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DS. Congreso de los Diputados, Comisiones, núm. 217, de 24/04/2001
CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES CONGRESO DEL DE LOS DIPUTADOS
COMISIONES
Año 2001 VII Legislatura Núm. 217
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NOTA INFORMATIVA: En la edición impresa de este Diario, sus páginas
aparecieron, por error, numeradas desde la 2921 a la 2948. Tal error
ha sido corregido en la presente edición electrónica.
(Vease 'DS. Congreso de los Diputados' Comisiones, núm. 285)
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CONSTITUCIONAL
PRESIDENCIA DE LA EXCMA. SRA. D.a MARGARITA MARISCAL DE GANTE
Sesión núm. 7
celebrada el martes, 24 de abril de 2001
Página
ORDEN DEL DÍA:
Ratificación de la ponencia designada para informar el proyecto de ley
orgánica reguladora del derecho de petición. (Número de expediente
121/000021) ... (Página 6522)
Comparecencia del señor ministro de la Presidencia (Lucas Giménez) para
informar sobre las líneas generales de la política de su Departamento.
A petición propia. (Número de expediente214/000057) ... (Página 6522)
Decisión sobre la celebración de la siguiente comparecencia:
- Del señor ministro de la Presidencia (Lucas Giménez) para que
informe sobre el actual modelo audiovisual desde el punto de vista
del derecho fundamental a comunicar o recibir libremente información
veraz por cualquier medio de difusión. A solicitud del Grupo
Parlamentario Socialista. (Número de expediente 213/000364)
... (Página 6546)
Se abre la sesión a las once y diez minutos de la mañana.
RATIFICACIÓN DE LA PONENCIA DESIGNADA PARA INFORMAR EL PROYECTO DE
LEY ORGÁNICA REGULADORA DEL DERECHO DE PETICIÓN. (Número de
expediente 121/000021)
La señora PRESIDENTA: Buenos días, señorías.
Vamos a comenzar la Comisión, de cuyo orden del día tienen ustedes
perfecto conocimiento. Con carácter previo a la comparecencia del
señor ministro y a su bienvenida a esta Comisión, quisiera poner en
conocimiento de los miembros de la misma si no hay inconveniente en
que se ratifique por unanimidad la ponencia designada para informar
el proyecto de Ley orgánica reguladora del derecho de petición.
¿Existe algún inconveniente? (Pausa.)
Queda ratificada la ponencia designada.
COMPARECENCIA DELSEÑOR MINISTRO DE LA PRESIDENCIA (LUCAS GIMÉNEZ)
PARA INFORMAR SOBRE LAS LÍNEAS GENERALES DE LA POLÍTICA DE SU
DEPARTAMENTO, A PETICIÓN PROPIA. (Número de expediente 214/000057)
La señora PRESIDENTA: En segundo lugar, como saben SS.SS. tenemos la
comparecencia del ministro de la Presidencia, a petición propia, para
informar sobre las líneas generales de su departamento.
En primer lugar, y creo que como expresión de todos los miembros de
la Comisión, quisiera dar la bienvenida al señor ministro y
agradecerle su pronta comparecencia ante esta Comisión. Sin más,
señor ministro, tiene el uso de la palabra.
El señor MINISTRO DE LA PRESIDENCIA (Lucas Giménez): Gracias, señora
presidenta.
Señorías, he querido comparecer hoy ante esta Comisión para
explicarles las principales líneas de actuación de mi departamento en
esta intervención que, independientemente de cualquier otro aspecto
puramente político, tiene para este ministro cierto aire de recuerdo
y de nostalgia dada mi condición durante dos legislaturas de diputado
nacional y por consiguiente miembro de la Cámara Baja.
Quisiera comenzar mi comparecencia expresándoles mi más absoluta
disposición para con SS.SS. y mi deseo de que esa disposición se
transforme en una colaboración eficaz y provechosa entre el Congreso
de los Diputados y el Ministerio que tengo el honor de dirigir.
Tengan SS.SS. la seguridad de que será una de las prioridades al
frente del Ministerio.
No hace mucho, creo que no llega a un año, que el anterior ministro
de la Presidencia, don Mariano Rajoy, comparecía ante esta Comisión
para explicar la política del departamento. Entonces, el ministro de
la Presidencia
comparecía también en calidad de vicepresidente primero del
Gobierno; por ello, el hecho de que yo comparezca únicamente como
ministro de la Presidencia nos permitirá sin duda tratar los temas
específicos del departamento con algo más de detenimiento.
Voy a estructurar mi comparecencia siguiendo los sectores de
actuación integrados en el Ministerio. Haré referencia en primer
lugar a las funciones -que tanto tienen que ver con esta casa-
dependientes de la Secretaría de Estado de Relaciones con las Cortes,
a continuación me referiré a la Subsecretaría para terminar
analizando los organismos autónomos dependientes del Ministerio, es
decir el Centro de Investigaciones Sociológicas, el Boletín Oficial
del Estado, el Centro de Estudios Políticos y Constitucionales y el
Patrimonio Nacional. Hecha esta breve introducción, voy a comenzar,
como les he anunciado, refiriéndome a las funciones propias de la
Secretaría de Estado de Relaciones con las Cortes, fundamentalmente
del programa legislativo del Gobierno y de las relaciones de éste con
las Cortes Generales.
En el debate de investidura que se celebró en esta Cámara hace casi
un año el presidente del Gobierno hizo un repaso de lo que sería la
actuación del nuevo Ejecutivo. No eran pocos los retos que entonces
se plantearon, como tampoco lo son los logros conseguidos hasta hoy.
En lo que llevamos de legislatura, el Consejo de Ministros ha
presentado a las Cortes Generales 31 proyectos de ley, y destaco
entre ellos por su especial importancia el del Plan hidrológico
nacional, el de estabilidad presupuestaria o el de reforma de la Ley
de extranjería. Todos ellos son compromisos que el partido del
Gobierno llevó en su programa en las últimas elecciones generales. En
este sentido, quisiera hacerles notar que la mayoría absoluta que los
españoles otorgaron al Gobierno no supone en ningún caso un abandono
del diálogo por parte del mismo. Seguimos manteniendo el mismo
espíritu de colaboración y de diálogo de la anterior legislatura,
impulsando la misma línea que ya anunció el presidente del Gobierno
en su discurso de investidura para que ambas Cámaras sean el centro
de la vida política nacional. Buena muestra de ello es que todos los
proyectos de ley aprobados por las Cortes han contado con el apoyo al
menos de dos grupos parlamentarios. El diálogo, pues, ha sido la
herramienta que ha caracterizado la política del Gobierno y con la
que el Gobierno y el Grupo Popular han forjado amplias mayorías. No
tengan SS.SS. ninguna duda de que desde el diálogo seguiremos
gobernando para reforzar la importancia del territorio común y de
encuentro que son las Cortes Generales.
Como dije en mi comparecencia ante la Comisión Constitucional del
Senado el pasado jueves, mi objetivo es favorecer en la medida de lo
posible unas más fluidas relaciones entre la Secretaría de Estado de
Relaciones con las Cortes y las Cortes Generales. La buena sintonía
entre Ejecutivo y Legislativo -que son, no loolvidemos, dos de los
tres poderes que conforman
nuestro sistema democrático- pasa sin duda por una eficaz labor de la
Secretaría de Estado de Relaciones con las Cortes. Por ello, me
propongo poner en marcha lo que he venido en llamar una política de
puertas abiertas; una política de la que quiero que SS.SS., diputados
y senadores, sean partícipes manifestando todas aquellas sugerencias
y peticiones que sirvan para facilitar el trabajo de SS.SS. y para
mejorar la actividad legislativa. Estoy también en la línea de
agilizar la tramitación parlamentaria para que las pretensiones de
los grupos se contesten en tiempo y en forma.
En lo que se refiere a la reforma del Reglamento del Congreso de los
Diputados, sé que los trabajos están muy avanzados y creo que esa es
una noticia por la que todos debemos felicitarnos. Confío que en
pocas fechas llegarán SS.SS. a un texto definitivo. Creo incluso que
en el Pleno que comienza esta tarde ya se ha introducido alguna
novedad -mejor de uso que reglamentaria todavía- que redundará en una
mayor agilidad de la actividad parlamentaria. Se trata de una reforma
largamente perseguida y que estoy seguro traerá indudables beneficios
para esta Cámara. No tengo que decirles que el Ministerio de la
Presidencia está a disposición de SS.SS. para colaborar en la medida
de sus posibilidades a fin de que la reforma del Reglamento llegue a
buen puerto.
El Gobierno está cumpliendo -está tratando de cumplir- el compromiso
de hacer del Parlamento el centro de la vida política. Así, por citar
algunos datos, en menos de un año de legislatura el presidente del
Gobierno ha contestado a 47 preguntas orales ante el Pleno del
Congreso, los miembros del Gobierno han contestado a 515 preguntas
orales en el Pleno, se han debatido 308 proposiciones no de ley en
Comisión, 76 en Pleno, 60 interpelaciones, 56 mociones consecuencia
de interpelación, 196 preguntas orales en Comisión y se han
contestado 8.019 preguntas para respuesta escrita. En cuanto a las
comparecencias en Comisión, el Gobierno ha atendido un total de 206,
incluyendo la que se está produciendo ahora.
Otro de los avances que se han producido en cuanto a la
revitalización de la actividad parlamentaria ha sido la instauración
del sistema de comparecencia previa de los candidatos a aquellos
puestos de las instituciones del Estado reservados a la propuesta,
aceptación o nombramiento de las Cámaras. También era un compromiso
adquirido en el discurso de investidura. El presidente dejó muy claro
entonces que la política del Gobierno sería de mano tendida y de
diálogo y muy especialmente tratándose de asuntos de trascendencia
nacional o de aquellos que por su especial importancia hicieran
aconsejable buscar el consenso. Señorías, no tengan ninguna duda de
que mi voluntad es incrementar ese diálogo al que hacía referencia,
será uno de los objetivos prioritarios del Ministerio y para ello
vamos a potenciar la presencia en las Cámaras de la Secretaría de
Estado de Relaciones con las Cortes para que trasladen al Gobierno
sus inquietudes y para posibilitar un mayor tráfico de información
entre las Cortes y el Ejecutivo.
En cuanto a la Subsecretaría del Ministerio de la Presidencia es
conocido que desde el punto de vista funcional tiene un doble
carácter al desempeñar por una parte las funciones propias de toda
subsecretaría, y por otra aquellas relacionadas con la asistencia al
área de la Presidencia del Gobierno, los órganos colegiados del
Gobierno y al ministro portavoz. Todas estas funciones adicionales la
dotan de una naturaleza singular. Con el permiso de SS.SS.,
intentando a la vez facilitarles una información suficiente y ser lo
más sintético posible, señalaré las áreas de trabajo más importantes
de la Subsecretaría del Ministerio durante los próximos meses. Estas
áreas son: el impulso de actualización legislativa y calidad
normativa, la atención a los compromisos internacionales en el ámbito
de la Unión Europea y de los países iberoamericanos, la extensión de
las nuevas tecnologías, la actividad del Ministerio en materia de
publicaciones, la mejora de la calidad de los servicios, y por último
las actuaciones relacionadas con el reconocimiento a la víctimas del
terrorismo.
Siguiendo este esquema, quiero destacar en primer lugar el impulso a
determinados proyectos incluidos en el programa legislativo del
Gobierno y las medidas dirigidas a garantizar la calidad normativa.
Entre los primeros, quisiera subrayar por su indudable relevancia el
proyecto de ley orgánica reguladora del derecho de petición, que
pretende desarrollar este derecho fundamental recogido en nuestra
Carta Magna, derogando así la regulación preconstitucional contenida
en la Ley 92/1960, de 22 de diciembre. En este ámbito es innegable
que si bien la jurisprudencia del Tribunal Constitucional ha ido
adecuando la normativa vigente tanto al marco constitucional como a
la realidad social, estarán de acuerdo SS.SS. en que es necesario un
nuevo desarrollo legislativo de este derecho fundamental. Confío en
la buena disposición y en el buen hacer de SS.SS. para que en la
ponencia que está a punto de comenzar sus trabajos se consiga el
consenso formal y material que permita disponer en el plazo más breve
posible de una nueva regulación del derecho de petición.
Por lo que se refiere a la calidad normativa a que he aludido, el
Ministerio de la Presidencia tiene previsto elevar al Consejo de
Ministros un proyecto de acuerdo que contenga los criterios que
deberán tener presentes todos los departamentos para la elaboración
de disposiciones de carácter general. La claridad, certeza y
simplificación normativa son el objetivo principal de este acuerdo
que abordará prioritariamente la complejidad del proceso de
trasposición del derecho comunitario. Señorías, en el ámbito
internacional el Ministerio cuya titularidad ostento, está integrado
en lo que se llama Red Iberoamericana de ministros de la Presidencia
y equivalentes, que constituyen una de las redes ministeriales
surgidas y propiciadas por la dinámica cooperación marcada por las
cumbres iberoamericanas de jefesde Estado y de Gobierno. La
participación española en
esta red, cuya próxima reunión se celebrará en Argentina el próximo
mes de septiembre, será objeto de una atención prioritaria ya que
considero imprescindible reforzar los lazos con Iberoamérica, apoyar
los procesos de reforma administrativa y consolidación de los
sistemas democráticos de estos países y -no quiero dejar de
mencionarlo- aprender también de la experiencia de otros en asuntos
que a todos nos atañen. También en el ámbito internacional, quiero
señalar que en el anteproyecto de presupuestos del departamento para
el ejercicio 2002 se incluirán importantes consignaciones
presupuestarias para hacer frente a los gastos derivados de la
Presidencia española de la Unión Europea.
En materia de sistemas de información y nuevas tecnologías, estamos
comprometidos en el impulso y modernización de la red
interministerial, es decir la que conecta los distintos ministerios
con el de Presidencia y cuya mejora tiene una especial repercusión en
la tramitación de asuntos ante la Comisión general de secretarios de
Estado y subsecretarios, así como en la publicación de las normas y
disposiciones de carácter general en el BOE. La mejora a la que me he
referido, está sustancialmente unida al proyecto de implantación de
la firma electrónica como sistema general de envío de los asuntos
tramitados ante los órganos colegiados del Gobierno.
En cuanto a las publicaciones oficiales, el Ministerio de la
Presidencia tiene un decisivo papel en la planificación
y coordinación de las 3.685 publicaciones programadas por la
Administración general del Estado, a través de la Junta de
coordinación de publicaciones oficiales, órgano colegiado de carácter
interministerial al que estoy decidido a prestar una especial
atención. La calidad de los servicios es una prioridad básica que
orientará las actuaciones del departamento en general y de la
Subsecretaría en particular, puesto que su papel fundamental es
facilitar la actividad de todos aquellos órganos a los que se presta
su asistencia. A tal fin pretendo seguir las recomendaciones
incorporadas al Libro Blanco para la calidad de los servicios
públicos, elaborado y presentado al final de la anterior legislatura.
Señorías, necesariamente debo hacer referencia a las actuaciones
desarrolladas en el Ministerio en relación con las víctimas del
terrorismo. Como saben, en la Subsecretaría radica la Cancillería de
la Real Orden de reconocimiento civil a las víctimas del terrorismo,
que tiene encomendada la realización de las actividades necesarias
para la concesión de las condecoraciones a las víctimas. Aunque es
evidente que todos desearíamos que no hubiera víctimas del terrorismo
a las que recordar, creo que recojo el sentir general de la sociedad
española si afirmo que el reconocimiento y el apoyo para con estas
personas es un deber de todos, pero que de manera prioritaria también
corresponde al Gobierno. En este sentido, recuerdo con especial
emoción el último acto celebrado hace muy pocos meses en esta casa,
la casa de todos, y la cariñosa acogida que se dispensó por parte de
SS.SS. a las víctimas y a sus
familiares. Estoy seguro de que entendieron que, precisamente por
realizarse la imposición en el Congreso de los Diputados, el acto
contaba con la firme y decidida solidaridad de la sociedad española
en su conjunto.
Señorías, paso a continuación a referirme a los organismos autónomos
dependientes del Ministerio de la Presidencia. Quisiera subrayar mi
propósito de impulsar y fomentar su actividad para que en el futuro
ajusten su actividad a un contexto social que plantea demandas
crecientes de calidad, rigor técnico y eficiencia en el uso de los
bienes públicos. El Centro de Investigaciones Sociológicas, el CIS,
es un organismo autónomo dependiente con carácter administrativo, con
personalidad jurídica y patrimonio propios adscrito al Ministerio de
la Presidencia. Mi deseo es que en esta legislatura podamos contar
con el CIS del siglo XXI, que necesariamente debe estar no sólo a
disposición de la Administración sino abierto a todos los ciudadanos.
Precisamente con este objetivo hemos de saber aprovechar las ventajas
de los cambios tecnológicos en los sistemas de almacenamiento,
recuperación y distribución de la información y las enormes
posibilidades que se abren en el campo de la difusión a través de
Internet. Señorías, en este contexto podemos hablar ya de un
ambicioso proyecto que es la creación del nuevo CIS virtual. Son
varios pilares los que nos ayudarán a llevar adelante este proyecto.
En primer lugar, continuar enriqueciendo el archivo de estudios
sociales, Arces, que incluye los ficheros de microdatos de encuestas
de temas sociales de distintos ámbitos internacionales. En segundo
lugar, la página web del CIS creada en el año 1997 y que vamos a
impulsar de manera decidida modernizándola y configurándola como un
servicio de difusión de la información disponible para los usuarios.
Por darles un dato significativo a SS.SS., les diré que en el año
2000 se registraron un total de 108.219 accesos a la página principal
del CIS, un 43 por ciento más que el año anterior. Nuestro objetivo
será seguir aumentando las visitas para que la página web sea la
tarjeta de presentación del nuevo CIS. No quisiera finalizar mi
exposición sobre el futuro del CIS sin hacer referencia al impulso
que se pretende dar al departamento de banco de datos, responsable
del archivo de todas las investigaciones realizadas por el CIS, de
atender las peticiones de información y de la gestión informática del
centro, así como a la formación, toda vez que la inversión en capital
humano es una estratégica apuesta por la calidad del servicio.
Paso, a continuación, a referirme al Boletín Oficial del Estado. El
BOE -como se le conoce oficialmente- es un instrumento clave en
nuestro Estado de derecho. Tal y como señalé el pasado día 19 ante la
Comisión Constitucional de la Cámara Alta, el BOE es mucho más que la
mera prestación de los servicios de edición, distribución y venta del
diario oficial. Es la puerta de entrada de las leyes a nuestro
ordenamiento jurídico. La misma Constitución no estaría en vigor si
no fuera porque ha sido publicada en el BOE; del
mismo modo las sentencias del Tribunal Constitucional no tendrían el
valor de cosa juzgada si no fueran publicadas en el diario oficial.
Por eso, la actividad del BOE tiene una trascendencia fundamental;
trascendencia no sólo para la vida de la Administración sino para el
conjunto de la ciudadanía, toda vez que infinidad de aspectos de la
vida de nuestro país dependen, de una u otra manera, de las páginas
del diario oficial. La mejora de la capacidad técnica del personal al
servicio de este organismo y las innovaciones tecnológicas serán la
base sobre la que se cimentará el futuro del BOE.
Señorías, por lo que se refiere a las innovaciones tecnológicas, el
Boletín es ya accesible a través de Internet de modo ininterrumpido y
gratuito, y contamos asimismo con una tienda virtual abierta al
público, que dispone de 5.000 títulos. La edición del BOE en Internet
(que alcanzó en el pasado mes de enero más de seis millones de
accesos, desde más de cien países) será perfeccionada -tengan la
seguridad- mediante los sistemas más adecuados de presentación de las
páginas y la ayuda de un buscador que facilite la selección de los
textos en el diario. El BOE tiene marcado también como objetivo la
creación de un portal legislativo que recopile información de otras
web y proceda a indexarla. Esto permitirá en un futuro próximo
ofrecer directamente la información demandada o facilitar conexiones
con los sitios de Internet donde hacer las correspondientes
consultas.
El BOE es un organismo puntero en la implantación de sistemas de
calidad de las administraciones públicas. Este proceso de cambio
sostenido se continuará a lo largo de la legislatura, en la línea de
la creciente preocupación que existe en la Administración general del
Estado en el desarrollo de la gestión de calidad en la organización
administrativa, con el fin último de mejorar la prestación de los
servicios a los ciudadanos. Por otra parte, el Ministerio de la
Presidencia ha firmado tres convenios de colaboración con las
comunidades autónomas catalana, gallega y valenciana, para la
publicación del BOE en las lenguas cooficiales correspondientes.
Animado por el mismo espíritu de colaboración con las comunidades
autónomas que ha inspirado la suscripción de los citados convenios,
este Ministerio está ultimando un convenio similar con la comunidad
autónoma balear.
Señorías, creo que coincidirán conmigo si afirmo que la mejor forma
de tener un contacto y un exacto conocimiento de la evolución y
profundo cambio que están experimentando los organismos dependientes
del Ministerio de la Presidencia es el conocimiento de los mismos
sobre el propio terreno. Por ello, quiero hacer extensiva a SS.SS. la
invitación que formulé la pasada semana, en mi comparecencia en el
Senado a los miembros de la Comisión Constitucional, para que SS.SS.
visitaran las instalaciones del propio diario oficial o las de
cualquier otro organismo dependiente del Ministerio de la
Presidencia. Sepan SS.SS. que desde este momento me pongo a su
disposición, si así lo desean,
para que físicamente puedan conocer más en profundidad las
instalaciones mencionadas.
Paso a continuación a referirme al Centro de Estudios Políticos y
Constitucionales. Mi propósito en relación con este organismo es que
el Centro se consolide como un observatorio privilegiado para
estudiar y dar a conocer algunos de los principales cambios
legislativos que el Gobierno va a impulsar en la presente
legislatura. Atal efecto, me propongo desarrollar un amplio programa
de jornadas y seminarios con personalidades del mundo académico y
representantes de las fuerzas políticas, que contribuyan a enriquecer
el debate sobre determinados aspectos normativos. Señorías, debemos
rentabilizar y potenciar el prestigio nacional del Centro
aprovechando circunstancias tan adecuadas para ello como la
celebración, en colaboración con las correspondientes comunidades
autónomas, de los aniversarios de distintos estatutos de autonomía
que tendrá lugar en fechas próximas. Asimismo, el Centro tiene
previsto impulsar convenios sectoriales de colaboración con la
Administración local para alcanzar un mayor acercamiento a la que
hasta hace bien poco podíamos considerar como la olvidada de nuestras
administraciones públicas.
Por lo que se refiere a la proyección internacional del organismo, me
parece necesario consolidar y potenciar la atención tanto en el
ámbito iberoamericano como en el de la Unión Europea. Especialmente
significativa, por su dimensión política y social, es la asistencia
constitucional a los antiguos países del este de Europa, y de forma
más concreta a aquellos que se encuentran muy próximos a su entrada
en la Unión Europea. Este trabajo es apasionante, y para el que
nuestra experiencia histórica más reciente puede ser de indiscutible
utilidad.
En cuanto a Patrimonio Nacional, quisiera comenzar diciendo que la
firme voluntad para esta legislatura es ponerlo de modo efectivo al
alcance de todos los españoles. Creo firmemente que hay que dinamizar
el gran acervo cultural e histórico que representa el patrimonio
nacional, fomentando que los ciudadanos se interesen, conozcan y
visiten los bienes que lo integran. Voy a hacer un breve repaso a los
principales proyectos que queremos acometer en los próximos años y
que se inscriben precisamente en la línea de actuación que acabo de
señalar. El más importante de los citados proyectos es sin duda el
museo de las colecciones reales. Gracias a este museo, los ciudadanos
podrán disfrutar de multitud de obras de arte que hasta ahora no se
podían admirar, permitiendo así hacer realidad un ansiado proyecto.
Patrimonio Nacional ya ha comenzado a desarrollar actuaciones
concretas relativas a las colecciones reales; así, por ejemplo, la
inauguración de las salas de exposiciones temporales, en las que se
vienen celebrando muestras relacionadas con las colecciones de la
Corona, y la reapertura de la real armería, que es sin duda la mejor
armería de Europa. Especial importancia tiene también el reciente
convenio firmado por Patrimonio
Nacional con la fundación Telefónica, por el que se ha puesto en
marcha la visita virtual al Palacio Real de Madrid. Internet es un
excelente medio para difundir el conocimiento y poner al alcance de
todos el patrimonio nacional. En los próximos meses pretendemos que
se lleven a cabo los trabajos para la visita virtual a varios
palacios y monasterios. Se pretende que esta visita se pueda realizar
a través de la página web de Patrimonio Nacional o de la propia
página web de la Casa Real. Por otro lado, hemos emprendido
importantes actuaciones de rehabilitación en el Real Sitio de la
Granja de San Ildefonso, y en breve haremos lo mismo en el Palacio de
Aranjuez, por citar sólo un par de ejemplos. En otro orden de cosas,
quisiera informar a SS.SS. que la residencia de Su Alteza Real el
Príncipe de Asturias estará terminada en próximas fechas. Patrimonio
Nacional, en coordinación directa con la Casa Real, ha elaborado un
proyecto y ha asumido la ejecución y la dirección de la obra.
Tras este repaso a las actividades de los organismos autónomos,
quisiera concluir mi intervención poniendo de manifiesto la
importancia que otorgo al carácter horizontal del Ministerio de la
Presidencia. Por ello, me propongo potenciar su función de
coordinación de actuaciones interministeriales en determinadas
materias. Así, como saben SS.SS., este Ministerio preside el Comité
especial de seguimiento de las encefalopatías espongiformes
transmisibles. Este Comité está formado por representantes de los
ministerios afectados, es decir, Sanidad y Consumo, Agricultura,
Pesca y Alimentación y Medio Ambiente; también participan en el mismo
destacados miembros de la comunidad científica. Quisiera dejar
constancia de que desde su constitución el Comité ha sido un ejemplo
de espíritu de colaboración y de trabajo en equipo, y sin duda está
sirviendo para adoptar las medidas más acertadas y respaldadas por
los conocimientos científicos y la experiencia de gestión en los
asuntos relacionados con esta enfermedad. Me van a permitir SS.SS.
que les diga que los resultados vienen a demostrar que estamos dando
las respuestas más adecuadas a una situación grave, en un contexto de
emergencia y tratando de anticiparnos a los problemas que van
surgiendo, de manera que podemos afirmar que la situación comienza a
presentar un horizonte relativamente más favorable.
Señorías, he procurado que mi intervención no fuera demasiado extensa
huyendo de fatigar a SS.SS. con datos puntuales. Quiero agradecerles
la atención que me han prestado y su amabilidad al permitirme
exponerles las líneas generales de la política de mi departamento. Mi
intención ha sido ofrecerles de la manera más precisa posible la
información más sustantiva de los objetivos que el Ministerio de la
Presidencia tiene marcados para el futuro.
Avanzadas quedan ya las líneas de actuación, en las que continuaremos
trabajando y sobre las que espero tener ocasión de volver a
informarles, puesto que volveré a comparecer en su día a dar cuenta
de lo que he
dicho ante esta Cámara, con el fin de exponerles el grado de
cumplimiento de los retos que nos hemos marcado. El Ministerio en su
conjunto, y este ministro el primero, dedicarán todo su empeño en
cumplir los compromisos que hoy -soy consciente de ello- asumimos,
con propósito de servicio a los intereses generales y con talante de
diálogo y acercamiento a la sociedad. Estaré abierto a las
peticiones, sugerencias, iniciativas de las cámaras, no sólo por lo
que me corresponde como ministro de la Presidencia, sino también por
convencimiento personal y político.
Quedo desde este momento a disposición de SS.SS. para contestar a las
preguntas que me quieran formular.
La señora PRESIDENTA: ¿Grupos que desean intervenir?
Por el Grupo Parlamentario Vasco, tiene la palabra el señor Erkoreka.
El señor ERKOREKA GERVASIO: En primer lugar, quisiera reiterar las
palabras de bienvenida formuladas al inicio de la sesión por la
señora presidenta de la Comisión. La Comisión, por su ámbito
competencial, tiene una relación privilegiada con el ministro de la
Presidencia. Esperamos que haya correspondencia por parte del
ministro, no dudamos de que será así y de que atenderá a todas las
solicitudes para comparecer ante esta misma Comisión a dar cuenta de
las actuaciones del Gobierno de las que es responsable.
El ministro ha expresado su propósito de centrarse en los problemas
específicos del departamento de Presidencia, marcando la
contraposición con lo que ocurrió hace un año con la comparecencia
del vicepresidente primero y entonces ministro de la Presidencia,
donde se plantearon cuestiones lógicamente vinculadas a sus
responsabilidades como vicepresidente primero del Gobierno, más allá
de las que le correspondían estrictamente a su condición de ministro
de la Presidencia. Yo voy a atender a su sugerencia y me voy a
centrar prácticamente en una sola de las atribuciones que, como
ministro de la Presidencia, tiene reconocidas en virtud del real
decreto que regula la estructura orgánica del Ministerio, en la que
hace referencia a la preparación, desarrollo y seguimiento del
programa legislativo del Gobierno y en especial de su tramitación
parlamentaria, expresamente recogida en el artículo 1.1 apartado e)
del real decreto que regula la estructura orgánica.
En su primera y creo que única comparecencia del vicepresidente
primero del Gobierno y entonces ministro de la Presidencia, nos
habló, cierto es que sin excesiva sistemática, de los proyectos de
ley que el Gobierno tenía previsto remitir a la Cámara a lo largo de
la legislatura. A la vista de su exposición -que yo calificaría de
deslavazada, como hice también en aquella Comisión porque no ofrecía
un cuadro completo y sistemático de las previsiones legislativas del
Gobierno sino que se limitaba a enunciar un título genérico por
cada proyecto de ley al que hacía referencia, sin aportar información
suplementaria alguna relacionada con la fecha aproximada de su
presentación ante las Cortes Generales o con su contenido-, le
pregunté si consideraba oportuno implantar en España una práctica
bastante arraigada ya en otros países de larga tradición democrática,
que consiste en formalizar al inicio de cada legislatura un documento
conocido como programa legislativo en el que se recogen ordenada e
individualizadamente todos los proyectos de ley que el Ejecutivo se
compromete a presentar en la Cámara durante su mandato, especificando
con respecto a cada uno de ellos informaciones como la relativa a la
fecha siquiera aproximada de su presentación y algunos datos que le
permitan a los diputados hacerse una idea mínimamente precisa acerca
de su contenido, su orientación política y el modo en el que tiene
previsto incidir en el ordenamiento jurídico.
El programa así elaborado -sostuve y defendí en aquella comparecencia
del entonces ministro de la Presidencia- podría constituir una
expresión jurídico-formal del programa de Gobierno, dicho de otra
manera, el instrumento que viniese a concretar el modo en el que el
ordenamiento jurídico se verá afectado por la puesta en práctica del
programa de actuación, defendido en la sesión de investidura por el
candidato a la Presidencia del Gobierno. Puesto que muchas de las
medidas previstas en el programa de Gobierno han de incidir sobre el
ordenamiento jurídico, van a traducirse en normas jurídicas que
alterarán o modificarán el ordenamiento jurídico, se trataría de
elaborar un programa legislativo en el que, entre otras cosas, se
identificaran qué leyes se van a ver afectadas, cuándo, cómo y en qué
sentido van a serlo. En el derecho comparado existen prácticas de
este tipo. La elaboración del programa legislativo responde en
general a una doble finalidad: por una parte, permite a los servicios
de la Cámara adoptar con la oportuna antelación las previsiones
necesarias para afrontar el debate de cada una de las leyes que va a
remitir el Gobierno a las Cámaras, contribuyendo de esta manera a
mejorar la planificación del proceso legislativo -no quisiera dejar
de recordar las actuaciones del Parlamento Europeo, a través de las
cuales insta a la Comisión a mejorar las relaciones con el propio
Parlamento a efectos de mejorar también la planificación del proceso
legislativo-, y, por otra, el programa legislativo así elaborado
dotaría a los grupos parlamentarios, no solamente a los de la
oposición sino también a los que apoyan al Gobierno e incluso al
propio Ejecutivo, de un preciso instrumento de control de la acción
legislativa del Gobierno.
A la pregunta que le formulé, el señor Rajoy me dio una respuesta tan
hábil como comprometedora. Hábil porque pretendió atribuirse la
paternidad de la iniciativa, quiso ponerse la medalla y hacer ver que
acariciaba la idea del programa legislativo desde antes de que yo le
formulara la pregunta; y comprometedora porque, como se empeñó en
dejar sentado que la idea no era
mía sino suya, no tuvo más remedio que responderme que sí, que
efectivamente iba a hacer un programa legislativo. Yo creo que sus
palabras son muy elocuentes y conviene recordarlas literalmente.
Decía el señor ministro de la Presidencia y vicepresidente primero
del Gobierno: Me ha preguntado si vamos a hacer un programa
legislativo y yo he avanzado un calendario legislativo, pero en sus
líneas más generales. Yo voy a hacerlo. Usted me ha preguntado por él
y yo creía que era una idea que se me había ocurrido a mí. Ya veo que
el crear un programa legislativo se le ocurre a más personas. Sí
tengo pensado hacerlo, está esbozado en sus líneas generales, a las
cuales antes he hecho referencia, pero yo sí haré un programa
legislativo, que lógicamente tendrá como idea básica el cumplimiento
del discurso de investidura y el programa electoral del Partido
Popular, porque es una buena forma de controlarse uno mismo, de
exigirse y de cumplir lo que ha prometido al conjunto de los
ciudadanos. ('Diario de Sesiones', Comisiones número 18, página 82).
Como corresponde a un diputado diligente que procura tomar cuenta de
los compromisos del Gobierno, con objeto de exigirle después
responsabilidades, algunos meses después formulé una pregunta al
Ejecutivo, interesándome por la fecha en que tenía previsto remitir
a la Cámara el programa legislativo que el vicepresidente primero y
ministro de la Presidencia se había comprometido a elaborar en su
primera comparecencia. La pregunta se registró, de entrada, el 29 de
junio de 2000, día de San Pedro y San Pablo; y tres meses después, el
día de San Miguel, 28 de septiembre, me vi obligado a recabar el
amparo de la Presidencia del Congreso, a fin de que requiriese al
Gobierno la adecuada y precisa contestación a la pregunta formulada.
La respuesta, fechada el 4 de octubre y registrada el día 9, no pudo
ser más decepcionante. En su comparecencia ante la Comisión
Constitucional del Congreso de los Diputados el vicepresidente
primero del Gobierno y ministro de la Presidencia ya avanzó a los
señores diputados las prioridades legislativas del Gobierno para la
VII Legislatura. El vicepresidente se comprometió a elaborar un
calendario político -ya no era legislativo, sino político- que
evidentemente sería fruto de las negociaciones con los diferentes
grupos parlamentarios. Es por ello -decía- por lo que no puede darse
a priori una fecha efectiva para la aprobación de los diferentes
proyectos del Gobierno en el sentido que manifiesta el señor diputado
en su pregunta, ya que este calendario está sujeto al curso de esas
negociaciones en las que se buscará el necesario consenso.
Como puede verse, la respuesta gubernamental venía a decir que de lo
prometido por el señor Rajoy, nada de nada. Difícilmente cabe
concebir un cambio tan radical en tan breve espacio de tiempo, de San
Pedro a San Miguel. Permítanme que les recuerde, una vez más, las
bonitas y prometedoras palabras que el señor Rajoy pronunciara
durante el mes de mayo ante esta misma Comisión en referencia al
programa legislativo. Voy a
leerlas directamente del 'Diario de Sesiones'. Decía: Voy a hacerlo.
Usted me ha preguntado por él y yo creía que era una idea que se me
había ocurrido a mí. Ya veo que el crear un programa legislativo se
le ocurre a más personas. Sí, tengo pensado hacerlo, haré un programa
legislativo, porque es una buena forma de controlarse uno mismo, de
exigirse y de cumplir lo que haprometido al conjunto de los
ciudadanos.
Pues bien, estas -insisto- tan prometedoras palabras se diluían al
término del verano como un azucarillo en un vaso de agua,
convirtiéndose en algo radicalmente distinto, en algo que ni es
propiamente un programa, porque se asegura que será fruto de las
negociaciones con los diferentes grupos parlamentarios, ni permite al
Gobierno controlarse a sí mismo, como afirmaba desear el señor Rajoy,
ni facilita el seguimiento de lo prometido a los ciudadanos. Se
convierte en un documento que ya no consiste en un conjunto de
previsiones de actuación elaborado ex ante, que es al final y en
definitiva lo que caracteriza a los programas, ya que se irá
confeccionando conforme avance la legislatura y se vayan consensuando
las diferentes iniciativas legislativas. Se convierte, insisto, en un
documento ex post, en una especie de memoria de lo ya hecho que nada,
absolutamente nada, aporta ya ni a la planificación del proceso
legislativo, que es un término acuñado por el Parlamento Europeo
(para que vea hasta qué punto esto del programa legislativo
efectivamente estaba homologado con las prácticas más sanas de las
democracias europeas), ni al debate parlamentario, ni a la
transparencia de la Cámara, ni al control político del Gobierno. La
contrariedad que esta artimaña, no sé si del Gobierno o del señor
Rajoy, provocó inicialmente en este inexperto y todavía ingenuo
parlamentario fue disipándose poco a poco a medida que el transcurso
del tiempo iba poniendo al descubierto la verdadera faz de la
política legislativa del Ejecutivo. Para Navidad ya me había dado
cuenta de que el Gobierno carece del mínimo interés en fijar en un
programa y por escrito sus compromisos legislativos, porque eso
pondría en evidencia más aún, si cabe, su caótica e improvisada
política legislativa, una política que olvida iniciativas ya
comprometidas, incorpora por sorpresa y con una inusitada urgencia
iniciativas nuevas que no estaban entre las previstas, y se apoya
excesivamente en dos fuentes normativas que debían revestir un
carácter claramente excepcional, que son: los reales decretos-ley y
las leyes comúnmente conocidas como de acompañamiento o leyes de
medidas. Una serie de ejemplos. Según dispone en su inciso inicial el
artículo 86.1 de la Constitución, el decreto-ley es un instrumento
normativo del que únicamente puede hacerse uso en caso de
extraordinaria y urgente necesidad. Pues bien, el año 2000 debió ser
un año plagado de urgencias y excepcionalidades, porque se aprobaron
nada menos que diez, algunos de los cuales, por cierto, afectaban a
los derechos, deberes y libertades de los ciudadanos, regulados en el
título I, en clara vulneración de lo dispuesto
en el citado artículo 86.1 de la Constitución que lo prohíbe
expresamente. Frente a ello cabe preguntarse: ¿Cuántas leyes
ordinarias se aprobaron? Pues un total de catorce de las que, si
restamos las cuatro meramente instrumentales que se limitaban a
articular medidas de carácter presupuestario, nos quedamos con diez;
es decir, que a lo largo de 2000 hubo tantos reales decretos- leyes
como leyes ordinarias, cuando el real decreto- ley, según previsión
constitucional, sólo procede en caso de extraordinaria y urgente
necesidad. En este año la proporción es todavía más escandalosa, se
invierte a favor del real decreto-ley. En lo que llevamos de año, el
Boletín Oficial del Estado ha alumbrado ya nueve reales decretos-ley
por tres leyes ordinarias. La proporción es abrumadoramente favorable
al real decreto-ley que, insisto, por previsión constitucional es un
instrumento legislativo que solamente debe utilizarse en caso de
extraordinaria y urgente necesidad.
Leyes de acompañamiento de medidas. Como todos sabemos, es una
práctica iniciada el año 1993, que pretende mantener subrepticiamente
la viciosa práctica de incorporar a la Ley de Presupuestos todo tipo
de disposiciones normativas sin respetar el contenido
constitucionalmente establecido para este tipo de leyes. Es habitual
que cuando se especifica en Comisión o en Pleno el problema de las
leyes de acompañamiento, los líderes del PP, los portavoces del grupo
parlamentario, reprochen a los portavoces del Grupo Socialista la
paternidad de este tipo de legislación. La Ley de acompañamiento -se
dice- no la inventamos nosotros, la hicieron ustedes. Yo tengo toda
la legitimidad del mundo para hablar porque el partido al que
pertenezco, donde ha tenido ámbitos de responsabilidad -y seguirá
teniéndolos durante los próximos años-, nunca ha promovido estos
instrumentos legislativos, nunca ha puesto en marcha leyes de
acompañamiento. ¿Qué pasa con las leyes de acompañamiento? Que tienen
muchos problemas. Como ha denunciado la mejor doctrina, estas leyes
incorporan un amplísimo y heterogéneo material normativo de muy
difícil sistematización. Pero como no estamos aquí para hacer
doctrina, vamos a hablar de la última ley, de la Ley 14/2000, de 29
de diciembre. Incluye 86 artículos, 39 disposiciones adicionales, 9
disposiciones transitorias, una disposición derogatoria y dos
finales. El desconcierto que esta enorme masa normativa genera en el
operador jurídico es ciertamente importante, no sólo por su volumen,
lo que en un texto de gran heterogeneidad material sería ya de por sí
suficiente para desorientar al más incisivo e incluso para disuadir
al más tenaz, sino también y sobre todo por su extraña sistemática;
unas mismas materias están reguladas en preceptos dispersos a lo
largo de la ley, dificultando su comprensión y su razonable
intelección: telecomunicaciones, por ejemplo, están reguladas en los
artículos 8, 14 y 15, después, per saltum, 55 y 56, nuevo salto hasta
el 66, nuevo salto al artículo 80, y además en las disposiciones
adicionales dos, once y dieciocho. Además, el criterio de distinción
entre los preceptos
incluidos en el texto articulado y los incorporados a las
disposiciones adicionales, si no es caprichoso, no siempre resulta
fácil de identificar.
El Consejo de Ministros aprobó el 18 de octubre de 1991 unas
directrices sobre la forma y estructura de los anteproyectos de ley,
cuya regla número 23 establecía que la disposición adicional
únicamente contendría regímenes territoriales personales, económicos
o procesales, mandatos y autorizaciones no dirigidos a la producción
de normas jurídicas y preceptos residuales. Pues bien, la ley de
medidas de este año incluye entre las disposiciones adicionales una,
la decimosegunda, que modifica preceptos materiales de la Ley 11/
1994, de 6 de julio, de responsabilidad civil por daños causados por
productos defectuosos, que no tiene ni limitación territorial, ni
personal, ni procesal, ni es un mandato o autorización no dirigido a
la producción normativa, ni desde luego contiene preceptos residuales
porque afecta a una ley ordinaria central del ordenamiento jurídico.
Otro problema de las leyes de acompañamiento es que plantean un
ordenamiento jurídico de extrema coyunturalidad. Através de las leyes
de acompañamiento, las disposiciones entran y salen del ordenamiento
jurídico con una fugacidad extrema, dando lugar a un marco normativo
absolutamente inestable y cambiante. La última Ley de medidas, la
número 14/2000, afecta en distinta medida, a través de derogaciones,
modificaciones, supresiones y adiciones de preceptos, a un total de
76 disposiciones con rango legal. Quiero matizar que el cálculo no es
exacto porque está contado a mano y es posible que sea una más, una
menos, dos más, dos menos, porque es difícil en esa maraña aclararse
suficientemente, pero modifica, deroga, suprime o añade a 76
disposiciones con rango legal, entre ellas, a cuatro reales decretos
legislativos dictados tan sólo seis meses antes de su entrada en
vigor, inutilizando el esfuerzo sistematizador llevado a cabo por
estos reales decretos legislativos como corresponde, entre otras
cosas, a este tipo de instrumentos que no sólo recogen toda la
normativa sino que la sistematizan y la ordenan.
Como muestra representativa del constante parcheo al que las leyes de
acompañamiento someten al ordenamiento jurídico, cabe citar la
disposición adicional séptima de la última Ley de acompañamiento que
modifica la disposición adicional trigesimocuarta de la del año
precedente, estableciendo una regulación cuyo título -me estoy
refiriendo al título, señor ministro, que es el que se supone que
contribuye a orientar al operador jurídico, el que indica al operador
jurídico donde está la norma y qué significa-, reza literalmente:
Liquidación de tarifas por servicios portuarios al amparo de la Ley
1/1996, de 28 de enero, sobre régimen financiero de los puertos
españoles, modificada por la Ley 18/1985, de 1 de julio, y de la Ley
27/1992, de 24 de noviembre, de Puertos del Estado y de la Marina
Mercante, modificada por la Ley 62/1997, de 26 de diciembre.
La señora PRESIDENTA: Señor Erkoreka, lleva consumido prácticamente
el doble del tiempo que el que le concede el Reglamento. Le ruego lo
tenga en cuenta a los efectos de sistematizar.
El señor ERKOREKA GERVASIO: Sistematizo y concluyo ya.
Los problemas, como usted sabe, son muchos. Más allá de las
anécdotas, parece evidente que una excesiva insistencia en estas
prácticas legislativas puede provocar una quiebra del principio de
seguridad jurídica que incorpora, entre otros valores, los de
certeza, legalidad y publicidad normativa, incompatibles todos ellos
con regulaciones que carezcan de la suficiente claridad como para
eliminar cualquier sombra de incertidumbre acerca de su contenido y
alcance, como claramente expresa la sentencia del Tribunal
Constitucional 235/2000, de 5 de octubre. Más claramente aún, el alto
Tribunal ha postulado que el legislador debe perseguir la claridad y
no la confusión normativa, debe procurar que acerca de la materia
sobre la que se legisle sepan los operadores jurídicos y los
ciudadanos a qué atenerse y debe huir de provocar situaciones
objetivamente confusas. Otra sentencia del año 1990 dice también
literalmente -y esta es la última, señora presidenta-: Resulta
inexcusable en este contexto el esfuerzo del legislador, tanto
estatal como autonómico, por alumbrar una normativa abarcable y
comprensible para la mayoría de los ciudadanos a los que va dirigida,
puesto que una legislación confusa, oscura e incompleta dificulta su
aplicación y, además de socavar la certeza del derecho y la confianza
de los ciudadanos en el mismo, puede terminar por empañar el valor de
la justicia.
Ante todo esto le pregunto. ¿Qué, señor ministro? ¿De lo dicho por
Rajoy, qué? ¿De las prácticas legislativas, qué? ¿Qué tiene que
aportar? ¿Qué tiene que decir?
La señora PRESIDENTA: Por el Grupo Parlamentario Catalán
(Convergència i Unió), tiene la palabra el señor López de Lerma.
El señor LÓPEZ DE LERMA I LÓPEZ: En nombre del Grupo Parlamentario
Catalán (Convergència i Unió), quiero sumarme, como es lógico y
natural, a las palabras de bienvenida de la señora presidenta de la
Comisión y agradecer al señor ministro de la Presidencia la
disponibilidad que en todo momento ha puesto en evidencia a los
efectos de unos resultados beneficiosos tanto para la Cámara como
para el Gobierno a quien representa en este acto.
Después de su exposición -que yo sí he encontrado ordenada, siguiendo
el guión de lo que está en el Boletín Oficial del Estado respecto de
su ámbito competencial- uno tiende a preguntarse si lo que ha
expuesto es sólo el ámbito en el que va a moverse como ministro o si
es mucho más. Si es sólo esto bien pudiera suprimirse el Ministerio y
repartirlo entre otros ministerios. Si es
algo más -es posible que lo sea- deberíamos conocerlo, señor
ministro, porque uno que lo conoce desde hace años no ve en usted una
vocación contemplativa sino más bien ejecutiva. Lo que hay es lo
existente y lo existente es lo que está escrito en el Boletín Oficial
del Estado, ¡qué le vamos a hacer! Voy a intentar repasar, siguiendo
el hilo conductor de su propia exposición, cuanto ha dicho y voy a
hacer algunas apostillas.
Dice usted que en su responsabilidad de relaciones con las Cortes,
con el Congreso de los Diputados y el Senado, le guía el mejor
espíritu de diálogo con los distintos grupos parlamentarios y que no
tiene otro objetivo que el que marcó el propio presidente del
Gobierno en su discurso de investidura, que es asegurar que las
Cámaras sean el centro político del país. Nosotros compartimos esa
idea. Siempre hemos procurado tener un perfil absolutamente
institucional. Creemos todavía en la división de poderes. Estando
bajo una fórmula de monarquía parlamentaria, lógicamente la primera
derivada es que las Cámaras legislativas, cada una en su ámbito y
competencia respectivos, sean el centro político del país. En esa
línea nuestro grupo parlamentario estará siempre a su lado.
Habla S.S. de incrementar la fluidez Gobierno-Parlamento después de
darnos un listado del número de preguntas respondidas, del número de
iniciativas legislativas aportadas por el Gobierno, del número de
comparecencias, del largo etcétera de la actividad legislativa y de
control de la Cámara respecto del Gobierno y nos dice que usted
piensa mantener una política de puertas abiertas, que nosotros
agradecemos. No obstante, le rogamos que la explicite más allá de las
propuestas, que aceptamos, de ver in situ algunas dependencias de su
Ministerio, en la línea de agilizar las tramitaciones parlamentarias,
no tanto aquellas cuyo tempo lo marca la Mesa del Congreso de los
Diputados o las respectivas mesas de las comisiones -el ritmo
parlamentario lo marca, por un lado, el Reglamento y, por otro lado,
los órganos de gobierno de las Cámaras- sino respecto de algo que es
de su exclusiva competencia, que son las preguntas orales, también
las preguntas por escrito, que hay un buen número de ellas como usted
ha citado. ¿Qué observa nuestro grupo parlamentario? Algo que usted
ha puesto de manifiesto y le honra, que no siempre se cumple con el
Reglamento por parte del Gobierno en los plazos fijados en nuestra
norma de organización interna. Lo ha dicho usted, se lo agradezco,
desde el reconocimiento de una realidad que va a tratar de corregir
para que se cumplan los plazos reglamentarios. Todos tenemos causas
pendientes -entre comillas-, yo tengo una de hace seis meses respecto
de una cuestión muy concreta de mi circunscripción. No entiendo por
qué no hay respuesta del Gobierno y menos cuando desde la Mesa de la
Cámara, como usted sabe muy bien, se les viene requiriendo de manera
automática al cumplimiento de esos plazos.
Además hay otro aspecto, que son las respuestas. Entiendo que a
libertad de pregunta hay libertad de respuesta, ¡faltaría más!,
estamos en un ámbito absolutamente político. Lo que ocurre es que hay
respuestas que no se adecuan a lo que se pregunta y entraríamos,
lógicamente, en matices muy subjetivos sobre si la respuesta que se
da es la que se corresponde al contenido de la pregunta y un largo
etcétera repleto de subjetividades. Lo que sugiero y pido como
parlamentario, en este caso como portavoz de mi grupo parlamentario,
es que el Gobierno no haga simple literatura para evadirse - también
dicho entre comillas-, sino que, en la medida que pueda -que puede
mucho y para eso es el Gobierno-, dé respuestas satisfactorias a
quien pregunta, que en este caso es un digno representante del
pueblo. Sólo a título de sugerencia -no me atrevería a decir otra
cosa- señor ministro, escoja de vez en cuando alguna respuesta, algún
colaborador suyo que la someta a su consideración y verá que ni a
usted le satisfaría. Estoy absolutamente seguro. En esta línea que
usted apunta de una mayor fluidez, de un mejor espíritu de diálogo,
de una mayor contribución a la causa común como es el buen
funcionamiento de esta Cámara y lógicamente al buen funcionamiento
del Gobierno por lo que respecta a esta Cámara, le hago esta
sugerencia con respeto a su persona y a lo que usted representa.
La reforma del Reglamento es algo que compete al Congreso de los
Diputados, a la Comisión correspondiente en primera instancia y al
Pleno en última instancia. Aquí poca cosa puede hacer el Gobierno
porque el ámbito es estrictamente parlamentario. ¿Disposición buena
del Gobierno? ¿Aquí hay una reforma del Reglamento? Me alegra oírlo,
aunque tenga poca incidencia en el manejo de las palabras y de las
frases, por lo tanto, en el escrito que se produce en esa revisión
del Reglamento. Lo que ocurre es que, a veces, uno tiene malos
pensamientos en el sentido de que no ve agilidad para dar a luz a un
reglamento cuyo hilo conductor, de hecho, nos lleva a las
legislaturas de los gobiernos socialistas, porque cuando uno observa
el proyecto en el que se está trabajando en esos momentos no alcanza
a ver grandes modificaciones respecto de algunos proyectos que
coordinó -pongo nombres y apellidos- un gran presidente de esta
Cámara como fue don Félix Pons.
Hay algo -no me atrevo a imputárselo a nadie- para que no se produzca
el parto del Reglamento. Me gustaría que la buena disposición del
Gobierno, que usted ha expuesto y que yo obviamente no puedo
negársela, fuera administrada con eficacia ya que hay excesivas
consultas a órganos que están por encima, pero no hay excesivas
respuestas -usted ya me entiende y me entienden mis compañeros- para
dar paso a un reglamento que tanto el Gobierno como los distintos
grupos parlamentarios -y no hago excepción- que apoyan o no al
Gobierno creemos que es bueno que exista dado que el que está en
vigor tiene un montón de resoluciones presidenciales, que no son otra
cosa que la buena voluntad del presidente o la presidenta de
turno, junto con la Junta de Portavoces, para llenar vacíos que
existen o ir un poco más allá de lo que son los hábitos
parlamentarios y regirlos a través de una norma escrita.
Respecto a la Subsecretaría del Ministerio -señora presidenta, quizá
me extienda en el tiempo, usted me avisa-, comparto la necesidad de
la claridad normativa. Compartir no quiere decir que vaya a depositar
toda la responsabilidad en el Gobierno, porque mayor responsabilidad
tiene el Parlamento que el Gobierno en aquello que es ley publicada
en el Boletín Oficial del Estado. Claridad, certeza y simplificación
en la normativa. Si en el ámbito de su competencia S.S. puede
conseguirlo en algo que enreda bastante como son los reglamentos, que
es el ámbito del Ejecutivo, mejor que mejor. Si esto se aplica a los
proyectos legislativos, también nos ayudará a todos. Usted apunta un
aspecto muy concreto, como es el relativo a la trasposición de las
directivas comunitarias. Ahí, primero, debemos velar por el buen fin
de lo que marca la propia directiva -es decir, que el resultado final
no sea contradictorio con los objetivos que marca la directiva- y, en
segundo lugar, que lo que salga en el Boletín Oficial del Estado
tenga relación en el ámbito jurídico de la Unión Europea que, al fin
y al cabo, es el objetivo final de las fuentes del derecho
comunitario.
Estamos absolutamente de acuerdo en esa red de ministros
iberoamericanos, a los efectos que usted ha señalado. España tiene
una ocasión de oro. Desde hace años se viene administrando buenamente
-permítame la expresión-, pero estimamos que se debe administrar con
mayor firmeza, como yo he podido deducir de sus palabras, señor
ministro, dando apoyo institucional, gubernamental y también
parlamentario, por qué no, al buen desarrollo de reformas
institucionales que en muchos países del ámbito iberoamericano no
sólo son necesarias, sino que podrían suponer una gran aportación
histórica de la España nacida de la Constitución de 1978. ¿Es posible
aprender de otros? Estoy en la línea que usted marca. No tenemos por
qué decir que somos los mejores y que somos indispensables. No es
cierto. No lo ha dicho usted y tampoco lo voy a decir yo, pero
quienes andamos trabajando desde hace años con responsabilidades o al
menos con presencia en ámbitos iberoamericanos, observamos unos
vacíos que si los puede cubrir España -lo digo desde el ámbito
Ejecutivo y también parlamentario-, mejor que mejor porque forman
parte de una cultura más allá de la derivada de la lingüística, una
cultura jurídica muy común.
Respecto a los órganos autónomos, el CIS, todo aquello que pueda
incidir en una mayor apertura a la ciudadanía -algo que usted ha
señalado y subrayado-, nos tendrá a su lado. Todo lo que sea acceso
al banco de datos, que cada vez es más importante, más riguroso y más
preciado desde una perspectiva histórica, mucho mejor. El CIS no
puede ser un instrumento al servicio del Gobierno de turno, con
copias al cabo de unos cuantos días para los grupos parlamentarios,
porque
así lo convinimos un buen día, que antes ni eso, sino que debe
ser un instrumento de prospección y de análisis posterior de la
realidad sociológica española. Mi beneplácito, señor ministro, como
es lógico, a los convenios que vaya suscribiendo con las comunidades
autónomas con lengua propia distinta del castellano. Todo eso ayuda a
una mayor comprensión, a un mayor respeto, a entender que, siendo
como somos un Estado complejo, la pluralidad forma parte del mismo y
que no debería ser en ningún caso un problema sino una satisfacción
mutua, de todos, de unos y de otros, sin exclusión de nadie.
Centro de Estudios Políticos y Constitucionales. Le damos nuestro
apoyo a la línea que usted marca. Tuvimos un Centro de Estudios
Políticos y Constitucionales en los años de Gobierno socialista muy
activo, lo digo así de claro, con una gran producción y muy rigurosa,
con participación plural. Yo he podido observar -quizás esté
equivocado porque tampoco uno lo sigue con el rigor que debiera-
cierta inclinación a la baja, cierta pérdida de protagonismo, cierta
pérdida de calidad, cierta pérdida sobre todo de pluralidad.
Deberíamos convertirlo en observatorio privilegiado, en impulsor de
seminarios, de jornadas, etcétera; incluir el mundo académico y
obviamente también el mundo parlamentario pues aquí, entre comillas,
fabricamos -es una terminología muy catalana- las leyes. La idea de
seminarios monográficos, al hilo de los aniversarios que ahora se van
a sucederse uno detrás de otro de estatutos de autonomía y abrirse
también a la Administración local, me parece un excelente panorama de
trabajo y una buena posibilidad de un mayor protagonismo del citado
Centro de Estudios Políticos y Constitucionales...
La señora PRESIDENTA: Señor López de Lerma, le tengo que rogar que
vaya terminando.
El señor LÓPEZ DE LERMA I LÓPEZ: Hace muy bien, señora presidenta, en
avisarme.
Voy a terminar diciendo que ese carácter horizontal que ha señalado
el señor ministro en sus últimas palabras referido a un problema que
tenemos respecto del vacuno es una herencia monotemática. Uno ya sabe
que en la Constitución las funciones de dirección y coordinación del
Consejo de Ministros corresponden al presidente del Gobierno y que
son intransferibles porque son ad hoc, como dice la Constitución.
Pero estoy convencido de que sería bueno que hubiera una coordinación
de ministerios y que usted tuviera esa función. No le corresponde
esto a usted, sino al presidente del Gobierno, pero quizá en esta
legislatura vaya uno observando, a medida que va transcurriendo el
tiempo, poca coordinación, como decía mi compañero del Partido
Nacionalista Vasco desde otra perspectiva, que es el conocimiento de
por dónde van los tiros -en el sentido pacífico de la palabra-
legislativos. Sería buenoque al Ministerio de la Presidencia, que uno
contempla,
como la mayoría de los ciudadanos, como el gran asistente de la
Presidencia del Gobierno, se le incrementaran las funciones de
carácter horizontal de coordinación de los trabajos de los distintos
departamentos ministeriales, para el mejor fin del buen gobierno del
país.
La señora PRESIDENTA: Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la
palabra el señor López Garrido.
El señor LÓPEZ GARRIDO: El Grupo Socialista le agradece, señor
ministro, su comparecencia y se une a darle la bienvenida a esta
Comisión, en donde esperamos verle más que a su predecesor, que
estuvo el primer día para hacer una presentación y a quien no hemos
vuelto a ver por aquí. Le agradecemos su disposición y su
colaboración con esta Comisión Constitucional, aunque nos tememos
que, por lo que ha dicho ya el Grupo Popular, nos veremos frustrados
en la primera ocasión para ello, que va a ser cuando acabe esta
comparecencia, por la petición del Grupo Socialista de que haya una
comparecencia suya para hablar del modelo audiovisual español. Así es
que una primera intentona de que usted venga por aquí y colabore con
esta Comisión Constitucional seguramente se va a ver frustrada dentro
de algunos minutos.
Realmente, su comparecencia ha tenido un perfil muy bajo. Ya nos
esperábamos algo de ello, pero desde luego no nos esperábamos un
perfil tan bajo como el que nos ha planteado. Básicamente, se ha
limitado a hablar del CIS, del BOE y del Patrimonio Nacional, como ha
sido ya planteado por algún grupo parlamentario -el señor López de
Lerma lo ha señalado-, y esperamos que el Ministerio que usted
preside no se limite a lo que nos ha contado aquí esta mañana, sino
que realice una labor política que vaya más allá de lo que usted ha
proyectado mediáticamente desde que ha sido nombrado ministro, que
han sido las loas constantes al presidente del Gobierno. Espero que
no se limite a expresar loas a José María Aznar, aunque es verdad que
está necesitado de ellas porque, según el CIS, el 52 por ciento de
los españoles confía poco o nada en el presidente del Gobierno. Pero,
a pesar de eso, yo creo que el Ministerio de la Presidencia debe
ocuparse de algunas cosas más, desde el punto de vista político, y
desde luego nosotros sí damos importancia -a lo mejor le damos más
importancia de la que ustedes mismos le dan- al Ministerio de la
Presidencia y exigimos más a ese Ministerio en cuestiones políticas
trascendentales, de las cuales este sistema parlamentario y este
Gobierno creemos que están necesitados.
Yo me voy a centrar fundamentalmente en tres ámbitos esenciales: el
primero, relativo a la coordinación de la actividad del Gobierno y
del programa legislativo, que me parece que es típica de un
ministerio como el de la Presidencia; el segundo, relativo a las
relaciones Gobierno-Cortes, sin duda un elemento nuclear del
Ministerio; y el tercero, relativo a algo que nos afecta y
nos interesa especialmente en esta Comisión, que es la pensada para
ello, que es todo lo que tiene que ver con derechos y libertades, y
en concreto con derecho y libertad de información. Estos son los tres
ámbitos en los que yo quería centrar mi intervención, y le pediría el
mayor detenimiento y concreción en su respuesta.
En cuanto a lo primero, la coordinación de la actividad del Gobierno
y del programa legislativo, quiero decir que, desde luego, en cuanto
a coordinación, este Gobierno está francamente necesitado de ella. Si
nos fijamos en algunas de las cosas que han salido a la luz respecto
a posiciones en ocasiones inesperadas o en las que han contrastado
claramente las opiniones de ministros o ministras, por ejemplo,
respecto a las vacas locas, el caos de posiciones y de declaraciones
ha sido impresionante y ha contribuido a una desinformación muy seria
de la población española, que no sabía exactamente lo que tenía que
comer o cenar todos los días; recientemente, teniendo ya usted la
responsabilidad de ministro de la Presidencia, la declaración
intempestiva de la ministra Villalobos sobre el copago de los
medicamentos por los pensionistas, que supuso, al parecer, una
reconvención no del ministro de la Presidencia, que sería quizá lo
más lógico, sino del ministro Portavoz; el asunto de las distintas
posiciones del vicepresidente Rato y de la ministra Birulés respecto
a las licencias de teléfonos móviles, también bastante reciente; las
posiciones distintas respecto a la reforma laboral, algo tan
importante, del vicepresidente de Economía, a favor de una reforma
laboral más dura, no tan dura de Aparicio. Está claro que hace falta
una coordinación en el Gobierno, y le animamos a que usted la lleve a
cabo, ya que hay serios problemas en cuestiones que llegan a la
opinión pública y la sumen en una cierta confusión o desconcierto.
Este es un tema muy importante, y le animamos a usted, que hasta
ahora no ha tenido responsabilidad a este respecto porque acaba de
aterrizar, por así decirlo, a enfrentarse con él. Pero esta
comparecencia, al tiempo que hablar del futuro, tiene también que
hablar del pasado, porque ha transcurrido un año de Gobierno del
Partido Popular y, lógicamente, también tiene que servir para hacer
una cierta dación de cuentas de lo que se ha hecho a este respecto
desde la responsabilidad del Ministerio de la Presidencia anterior.
En cuanto al programa legislativo, yo me sumo a las precisas palabras
del portavoz del Partido Nacionalista Vasco señor Erkoreka, respecto
a la ausencia de un programa legislativo coherente. Por ser precisos,
incluso, en las expresiones del señor Rajoy en su comparecencia, la
única que ha tenido en esta Comisión Constitucional en esta
legislatura, quería referirme, como ha hecho el señor Erkoreka, a un
párrafo de la intervención del señor Rajoy el 23 de mayo del año
pasado, que está reflejada en la página 58 del 'Diario de Sesiones'
del Congreso de los Diputados de la Comisión Constitucional de ese
día. El señor Rajoy decía en aquel momento: De conformidad con la
convicción manifestada en su día, y antes recordada, nos gustaría,
sin perjuicio
de que la voluntad de acordar, compatible con la defensa de las
propias convicciones, estará siempre presente en el ejercicio de la
acción del Gobierno, que llegásemos a acuerdos básicos en al menos
los siguientes temas. Y enumeraba el señor Rajoy ocho temas. Uno de
ellos era perfeccionar y fortalecer nuestras instituciones
democráticas, y de momento no sabemos que haya habido un gran
fortalecimiento especialmente de nuestras instituciones democráticas
ni parece que haya propuestas en ese sentido; incluso, la reforma del
Senado, que evidentemente debe ser constitucional porque si no no hay
reforma creíble de esa institución, parece ser que está dejada de
lado por el Partido Popular, que no piensa enfrentarse a ella. Otro
tema era la reforma de la Ley electoral, y no sabemos nada de ello.
Otro era la reforma de la financiación de los partidos políticos,
y tampoco sabemos nada. Otra cuestión era la reforma del modelo del
sistema público audiovisual, de la que tampoco sabemos nada;
queríamos saber algo haciéndole comparecer, y nos tememos que nos
vamos a ver frustrados dentro de unos minutos, como antes anticipé.
Otra cuestión era el pacto de Estado por la justicia, y sobre ello
hay algunas conversaciones abiertas. Otra era el diálogo social, que
hasta el momento tiene un cariz muy distinto del de la anterior
legislatura, y lo que hay es una ruptura del diálogo social; ha
habido un auténtico desencuentro respecto a cuestiones de reforma
laboral muy importantes, ha habido un acuerdo parcial con un
sindicato de los más representativos en el caso de las pensiones y
veremos qué sucede respecto a la negociación colectiva. Respecto a
otro tema, el de la renovación del Pacto de Toledo, no sabemos qué va
a pasar. En cuanto a la definición de un modelo de financiación
autonómica estable, que apuntaba también el señor Rajoy, tampoco
sabemos nada. Asimismo, no sabemos nada del fortalecimiento del papel
de las corporaciones locales. En cuanto al Plan hidrológico nacional,
existe un profundo desencuentro en este Parlamento al respecto. Y por
último, no sabemos nada de nada de un acuerdo nacional para
desarrollar un sistema moderno de formación profesional.
El señor Rajoy hizo hace un año ocho grandes propuestas para esta
legislatura y por el momento ninguna se ha plasmado con un mínimo
éxito, por lo que queremos saber qué pasa con las mismas y si usted
sigue manteniéndolas en nombre del Gobierno como propuestas para la
oposición. Aeste respecto, quisiera añadir mi deseo de saber qué va a
suceder con la reforma de la Ley de secretos oficiales, que quizá, al
igual que ha ocurrido con otras propuestas de reforma, también haya
pasado a la historia. Y en relación con la Ley de víctimas del
terrorismo, esperemos que se llegue a un acuerdo en esta Cámara para
que la misma se reforme y en un futuro no se puedan conceder honores
a familiares de personas como el funcionario de Policía Melitón
Manzanas.
Nosotros vemos que en esta legislatura no existe una definición de
proyectos. Quizá la mayoría absoluta
haya sido contraproducente políticamente para el Partido Popular,
puesto que no es posible adivinar un proyecto, ni legislativo ni
político, para esta legislatura, excepto el mantenimiento del poder.
No se sabe qué se piensa hacer en esta legislatura. Si teníamos
alguna esperanza de que surgiera algo de su comparecencia de esta
mañana, usted, que es el ministro que se supone coordina el programa
del Gobierno, tampoco nos ha dicho nada, con lo cual suponemos que el
Gobierno no tiene nada que decir a este respecto. El clima político
que nosotros observamos en esta legislatura es más bien un clima de
abandono de intentos de consenso una vez que se ha obtenido la
mayoría absoluta, puesto que para aprobar leyes en este Parlamento no
se necesita ninguna otra cosa. Desde luego, ha habido un cambio de
posición respecto del Partido Nacionalista Vasco, el cual ha pasado
de tener una actitud cariñosa en la anterior legislatura a tener una
actitud profundamente hostil en la actual, y no observamos una
actitud de consenso con respecto a otros grupos parlamentarios. Algo
tan fundamental como la Ley de extranjería se saldó con un fracaso en
este sentido por un empecinamiento todavía incomprensible por parte
del Gobierno. Y luego hay acuerdos con algunos grupos parlamentarios,
como por ejemplo con Convergència i Unió, algo que creemos tiene
mucho que ver con la situación del Parlamento de Cataluña. Al diálogo
social ya me he referido y lo que ha habido ha sido un cambio
absoluto de clima. En definitiva, nosotros observamos en el
Parlamento que el Partido Popular no tiene ninguna intención de
llegar a acuerdos y a consensos en aspectos básicos.
Entramos en el segundo punto que queríamos tocar, el de la relación
Gobierno-Cortes, que tiene que ver con esta actitud de consenso.
Usted ha reiterado en esta comparecencia un tópico que también ha
reiterado en otras ocasiones el señor Rajoy, esto es, que el Gobierno
quiere hacer del Parlamento el centro de la vida política. Pues bien,
desde nuestro punto de vista el Congreso de los Diputados no es para
nada el centro de la vida política española y cada vez lo es menos.
Durante esta legislatura este Parlamento no ha sido objeto de grandes
debates políticos. Se trata de un Parlamento que funciona con una
gran lentitud, alejándose de los problemas inmediatos. Suponemos que
por parte del Reglamento existe una cierta responsabilidad;
Reglamento que por cierto espero que reformemos, puesto que resulta
ser muy burocratizado en cuanto al funcionamiento de este Parlamento,
que, como digo, para nada es el centro de la vida política. Para ello
sería necesario que la actitud del Gobierno fuera otra en relación
con la oposición, puesto que, en última instancia, es la oposición la
que, utilizando los instrumentos reglamentarios, puede dinamizar la
vida parlamentaria. Con lo que nosotros nos encontramos es con que
hay multitud de iniciativas legislativas del Gobierno que no tienen
un acompañamiento financiero. Una serie de iniciativas legislativas
del Gobierno se aprueban alegremente, sin que haya una acompañamiento
financiero, encontrándonos con la
imposibilidad de llevar a cabo dichas iniciativas legislativas. Es
una forma un tanto frívola de legislar. Vemos cómo lo que tiene que
ver con la iniciativa legislativa del Gobierno se ha potenciado
extraordinariamente, y me sumo a las muy acertadas palabras y
contundentes cifras que ha dado el portavoz del Partido Nacionalista
Vasco sobre el abuso de los decretos-leyes. El señor Rajoy prometió
en una comparecencia que no se iba a seguir perpetrando ese abuso.
Admitió que podría haber habido abuso en la anterior legislatura -85
decretosleyes- y resulta que en la que estamos vamos por el mismo
camino. Y en cuanto a las iniciativas legislativas de la oposición,
tales iniciativas sencillamente son obviadas. Las proposiciones de
ley que con tanto entusiasmo planteamos martes tras martes el Grupo
Socialista y otros grupos en muchas ocasiones son obviadas
simplemente porque las presenta la oposición. Hoy tendrían ustedes
una ocasión estupenda de aceptar la toma en consideración de muchas
de esas iniciativas y luego en el trámite parlamentario modificarlas,
puesto que ustedes, entre otras cosas, no tienen problemas en cuanto
a mayorías parlamentarias. Pero no. Todo lo que venga de la oposición
es rechazado, negándosele a la misma un papel colaborador y
constructivo en la tarea legislativa en este Parlamento.
Respecto a la labor de control, ésta también va en la línea de esta
especie de obsesión de desgastar a la oposición, intentando hacer
bueno aquello que decía Andreotti de que lo importante es que la
oposición se desgaste. Creemos que es uno de los elementos políticos
de fondo que inspira la labor del Gobierno en este Parlamento. Las
preguntas que hace el Grupo Popular en los plenos me llevan en
ocasiones a escandalizarme. Son preguntas claramente obsequiosas con
el Gobierno, intentando copar lo más posible el tiempo de los
miércoles con el fin de que la oposición tenga el mínimo tiempo
posible para controlar al Gobierno. Es algo incomprensible. Las
preguntas que se hacen a los ministros en las comisiones o en los
plenos demasiado a menudo encuentran la no comparecencia de tales
ministros sin una justificación adecuada, porque tienen que hacer una
inauguración o alguna otra cosa por el estilo, cuando la principal
obligación política de un ministro es venir al Parlamento a
comparecer a instancias de la oposición. Eso es lo que se hace en los
sistemas democráticos parlamentarios. No quiero abusar de las cifras,
por lo que sólo voy a citar las siguientes. Al día de hoy, hay
pendientes de contestar en esta Cámara 279 preguntas en Comisión, así
como 398 comparecencias pedidas al Gobierno. Es decir, hay casi 400
comparecencias pedidas a ministros en este Congreso de los Diputados
que no se han desarrollado. Y no vale la fórmula, utilizada por algún
ministro, de venir e incorporar en la comparecencia, que a veces dura
un día entero, 25 ó 28 preguntas, una detrás de otra, con lo cual al
final no se sabe exactamente qué ha contestado. Las solicitudes de
información que se le hacen al Gobierno en demasiadas ocasiones
llegan tarde, mal y
nunca, habiéndose solicitado a la Cámara constantemente el amparo a
este respecto. La actividad de control deja mucho que desear por el
obstruccionismo del Gobierno a la actividad de la oposición, que es
especialmente importante cuando hay mayoría absoluta. Cuando existe
mayoría absoluta es especialmente importante que haya una actividad
de control fuerte del Gobierno, el cual muchas veces se ve tentado a
abusar de dicha mayoría absoluta.
En relación con otros órganos constitucionales importantes, se nos
niega sistemáticamente la posibilidad de que vengan a comparecer. El
fiscal general del Estado parece ser que no puede venir aquí y el
presidente del Consejo General del Poder Judicial tampoco y todo ello
unido a la ausencia de debates políticos. Salvo el debate sobre el
estado de la Nación, no hay debates políticos monográficos ni es
posible estar cercano a los intereses de los ciudadanos en este
Parlamento. Esperamos que se pueda mejorar algo desde el punto de
vista reglamentario, aunque esto es aparte de la voluntad política,
puesto que un reglamento se puede mejorar, pero no tener voluntad
política. En cuanto a la reforma del Reglamento, hay algunos temas
que nos parecen especialmente importantes -ya lo hemos anunciado
aquí- para agilizar la vida parlamentaria y estar más cerca de los
ciudadanos: las interpelaciones al presidente del Gobierno, que
queremos que se introduzcan, los debates políticos monográficos, que
también queremos que se produzcan en este Parlamento, y las
audiencias. Este Parlamento debería abrirse a los ciudadanos
peticionarios para hacer audiencias, algo que se realiza en otros
parlamentos democráticos del mundo, audiencias para ciudadanos que
quieren que el Parlamento oiga de su propia voz los problemas que
plantean. Tenemos una ocasión magnífica para poder hacerlo en la
inminente ley del derecho de petición.
La señora PRESIDENTA: Señor López Garrido, lleva consumido el doble
del tiempo que le concede el Reglamento, téngalo en cuenta S.S.
El señor LÓPEZ GARRIDO: Ruego benevolencia a la señora presidenta, la
misma que ha dispensado a otros grupos parlamentarios, teniendo en
cuenta que es la primera comparecencia del señor Lucas.
La señora PRESIDENTA: Daba por descontada la benevolencia, señor
López Garrido.
El señor LÓPEZ GARRIDO: Terminaré señalando nuestra posición respecto
de un tema que nos preocupa extraordinariamente, el de la libertad de
información, artículo 20 de la Constitución, en relación con el
funcionamiento de los medios públicos de comunicación.
Nosotros esperábamos que existiera la posibilidad de que usted
compareciese para hablar del modelo audiovisual, y tendremos ocasión
de ver si eso es posible con posterioridad a su comparecencia, pero
lo que
es claro es que en esta legislatura ha habido, acrecentándose, no sé
si con motivo de la campaña electoral vasca, un uso y abuso
extraordinario de los medios públicos de comunicación, especialmente
de Televisión Española, por el Gobierno. Algunos telediarios de
Televisión Española son sonrojantes y más bien propios de una
república bananera que de un sistema, de un país democrático, y no
sólo en cuanto al minutaje.
Recientemente ha habido una investigación, de un diario de tirada
nacional, Diario 16, que ayer y anteayer publicó una información muy
interesante sobre el tiempo que dedica televisión al Gobierno y el
que dedica a la oposición. Dice Diario 16 el domingo 22 de abril:
Televisión Española dedicó a Aznar, en marzo, siete veces más tiempo
que a Rodríguez Zapatero. Y en el número de ayer decía: Televisión
Española dedicó cuatro veces más tiempo al Gobierno y al PP que al
PSOE. Televisión Española dedicó al Gobierno y al PP el doble de
tiempo que a toda la oposición. Esto es lo que está sucediendo en
Televisión Española, lo cual es absolutamente escandaloso. Y lo es no
sólo en cuanto al enfoque de las informaciones. Si nos fijamos en los
grandes temas de los últimos tiempos, que han surgido en los medios
de comunicación, como el tema de las vacas locas, el Plan hidrológico
nacional, la inmigración, el submarino Tireless, el asunto de la
pesca, el diálogo social, siempre las informaciones están orientadas
en el sentido favorable al Partido Popular. Parecen fabricadas desde
la Moncloa, orientadas, y enviadas a Televisión Española para que
allí se editen como considera el Gobierno que deben editarse. Es
absolutamente escandaloso lo que se produce en televisión y nuestro
grupo no va a tolerar que siga produciéndose así, y no sólo por una
razón de relaciones entre el Gobierno y oposición o de interés de la
oposición respecto del Gobierno, sino porque está en cuestión aquí
mucho más que eso, está en cuestión el derecho a informar y a ser
informado, que es un derecho constitucional, esencial, que figura en
nuestra Constitución y sobre el que esta Comisión Constitucional
tiene que tener una especial preocupación por que se cumpla.
En estos días, ante la ausencia por enfermedad del señor González
Ferrari y la negativa del Partido Popular a que vengan otras personas
a hablar sobre Televisión Española en la Comisión de Control, vamos a
pedir en esta Comisión Constitucional su comparecencia, la del
ministro que usted considere oportuno o la de José María Aznar, si es
necesario, para controlar la acción de Televisión Española durante
este tiempo, porque no vemos otra fórmula, ya que está decretado el
cierre temporal de la Comisión de Control de Radiotelevisión
Española, por cierto en un momento muy importante, el de la campaña
vasca, en una televisión en la que ustedes han hecho desaparecer todo
debate. No hay programas de debate en la televisión pública. Por
tanto, no existe posibilidad de debatir y de contrastar opiniones y
de que tanto el derecho a informar, el
acceso a los medios, como el derecho a ser informados se puedan
garantizar.
Querríamos que nos dijera qué piensa hacer el Gobierno a este
respecto o si el Gobierno va a seguir en esta actitud respecto de los
medios de comunicación, de manipulación escandalosa de los medios de
comunicación públicos, que no tiene parangón con la Unión Europea. A
lo mejor tiene algún parangón, si gana Berlusconi las elecciones
dentro de unos días, y dispone de las televisiones públicas y las
privadas, el socio y querido amigo de José María Aznar, Silvio
Berlusconi, repito, en Italia. Esto es algo muy importante y
esperamos de usted que nos explique qué se piensa hacer a este
respecto.
Por último, querríamos que nos explicase cuál es la política que va a
seguir el Gobierno o si el Gobierno está preparando algo tan
importante como es la Presidencia de España en la Unión Europea el
primer semestre del 2002. En un momento en el que España claramente
pierde peso en la escena internacional en la Unión Europea, ¿cuáles
son los preparativos del Gobierno a ese respecto? Imagino que tendrá
usted que ver con ello, ya que la Presidencia de la Unión Europea sí
es algo que compete al conjunto del Gobierno y propicio a la
coordinación del mismo.
En cuanto a lo que ha dicho sobre el Centro de Investigaciones
Sociológicas y sus propósitos de apertura, esperamos que, como
consecuencia de los mismos, el Grupo Popular apoye la proposición no
de ley que acaba de presentar el Grupo Socialista, en la que se
solicita que se entregue al Parlamento, de forma inmediata, por el
CIS no sólo las encuestas de intención de voto, sino todas las que
haga, así como aquellos elementos técnicos necesarios para una mejor
valoración de las encuestas que realiza ese centro, dependiente del
Ministerio de la Presidencia.
La señora PRESIDENTA: Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la
palabra el señor Bermúdez de Castro.
El señor BERMÚDEZ DE CASTRO FERNÁNDEZ: Quisiera comenzar, como es
natural, dando la bienvenida al ministro de la Presidencia en esta su
primera comparecencia ante esta Comisión, como lo ha hecho el resto
de los grupos parlamentarios que han intervenido con anterioridad.
Quiero darle la bienvenida y agradecerle que haya iniciado su
intervención haciendo hincapié y recalcando su predisposición al
diálogo y a alcanzar el mayor grado de colaboración posible con todos
los grupos parlamentarios. Ello significa, sin duda, que la
mentalidad abierta y el talante dialogante que caracterizaron su
gestión en los años que estuvo al frente de la Junta de Castilla y
León van a seguir siendo la pauta, el principio, que se va a plasmar
en la política de su Ministerio, algo que sin duda nos alegra pero
que no nos sorprende, en absoluto, ni creemos que le vaya a suponer
un
gran esfuerzo porque, repito, su talante dialogante no se presume
sino que es bien conocido por todos los grupos parlamentarios.
Y si positivo es ese dato también lo es que el señor ministro haya
recalcado al comienzo de su intervención que la política de su
ministerio no será muy distinta de la de su predecesor en el cargo,
algo lógico si tenemos en cuenta que esa política se asienta en los
compromisos contenidos en el programa electoral con el que
concurrimos a las elecciones, compromisos que fueron contraídos
también por el presidente del Gobierno en su discurso de investidura;
compromisos que, en lo referente al impulso de la labor legislativa,
vemos que se van cumpliendo, puesto que ya se han presentado a las
Cortes, ni más ni menos, 31 proyectos de ley elaborados por el
Gobierno, de los alrededor 50 que venían contenidos en nuestro
programa electoral, lo que indica lo mucho, repito, que hemos
avanzado en este terreno en sólo un año de legislatura. Creo que es
un buen comienzo y una buena pauta, señor ministro.
Por ello decía que es lógico y coherente que su política sea de
continuidad, lo que en modo alguno significa que sea continuista, que
no lo es, dadas las importantes actuaciones y los ambiciosos
proyectos que en relación a los organismos dependientes de su
ministerio nos ha trazado en su intervención.
Una cuestión importante, yo diría que esencial, a la que se ha
referido el señor ministro esta mañana, así como otros grupos
parlamentarios, ha sido el ofrecimiento permanente al diálogo para
conciliar posiciones y alcanzar acuerdos; diálogo entre los grupos
parlamentarios y diálogo entre el Gobierno y las Cortes, cuestiones
éstas en las que el Ministerio de Presidencia, a través de la
Secretaría de Estado de Relaciones con las Cortes, cumple un papel
esencial.
Señorías, creo que esta no es una cuestión baladí y por ello me van a
permitir una breve reflexión. Hubo quien vaticinó que la
predisposición al diálogo no sería la pauta de comportamiento de un
gobierno respaldado por una cómoda mayoría; que esa predisposición,
plasmada en importantes acuerdos en la pasada legislatura, era fruto
de las ariméticas parlamentarias más que de la convicción. Pues bien,
del compromiso y del ofrecimiento a incrementarlo, que ha realizado
el señor ministro esta mañana, se desprende claramente que esos
augurios no iban bien encaminados. Es algo que nos satisface
plenamente porque, a nuestro juicio, la cultura del diálogo no debe
ser patrimonio de gobiernos débiles, por minoritarios, sino norma
permanente de conducta parlamentaria, ya sea en mayoría o en minoría.
Creo, señorías, que la cultura del diálogo no perjudica a unos y
favorece a otros, sino que nos fortalece a todos en la medida en que
el principal beneficiario del fruto de ese diálogo es el conjunto de
los ciudadanos. En ese sentido, no cabe ninguna duda, guste o no
guste, de que a lo largo de esta legislatura la actitud de diálogo ha
seguido siendo la pauta de comportamiento del Gobierno y de nuestro
grupo parlamentario. Prueba de
ello es que en la presente legislatura, como acertadamente señalaba
el señor ministro, todos los proyectos de ley aprobados por las
Cortes no sólo han contado con mayoría, sino también con compañía, y
por eso se han aprobado con el respaldo de al menos dos grupos
parlamentarios, actitud que sin duda esperamos que siga impregnando
todos los trabajos legislativos y parlamentarios hasta el final de la
legislatura. Y como se ha referido a ello algún portavoz, nuestro
grupo parlamentario también espera que los trabajos que mañana
iniciamos en ponencia para debatir el proyecto de ley orgánica que
desarrolle el derecho de petición culminen con el más amplio consenso
posible. Desde luego, mi grupo parlamentario realizará los mayores
esfuerzos para que eso se produzca.
Otra de las cuestiones planteadas en la intervención del señor
ministro, y que compartimos plenamente, es su manifestación de seguir
avanzando en todas las medidas que tiendan a favorecer la actividad
parlamentaria y a convertir el Parlamento en centro de la vida
política nacional. Eso tiene mucho que ver con los mecanismos de
control al Gobierno. Sin duda, los gobiernos tienen una legitimidad
de origen, pero tienen que ganarse también una legitimidad de
ejercicio, y para eso nada mejor que impulsar los mecanismos de
control parlamentario, al punto que se ha dicho, a mi juicio muy
acertadamente, que la acción de gobierno se fortalece precisamente
por el control parlamentario, como garantía de transparencia de la
vida pública. En ese sentido, hemos dado un paso muy importante al
inicio de esta legislatura, como recordaba el señor ministro en su
intervención, al introducir el sistema de comparecencia previa de los
candidatos a aquellos puestos del Estado reservados a propuesta,
aceptación o nombramiento de las Cámaras. Sin duda ese ha sido un
paso innegable, como también debería ser innegable para todos los
grupos que precisamente desde la llegada al Gobierno del Partido
Popular se están dando pasos muy importantes en la mejora de los
mecanismos de control al Gobierno y se sigue incrementando la
presencia de miembros del Gobierno para someterse al control de esta
Cámara, por lo que en modo alguno se puede hablar de obstruccionismo,
y mucho menos porque el Grupo Popular ejerza su derecho a preguntar
al Gobierno en los plenos del Congreso. En ese sentido, las cifras
que el señor ministro ha dado en relación con el número de respuestas
escritas, el número de comparecencias celebradas y el número de
respuestas orales por el Gobierno, tanto en Pleno como en Comisión,
en lo que va de legislatura, son tan contundentes como demostrativas
de esa voluntad de seguir revitalizando el Parlamento como eje de la
vida política nacional.
Por lo demás -porque no quiero extenderme-, señor ministro,
quisiéramos expresarle nuestro firme respaldo a los planes y
objetivos que nos ha expuesto de manera clara y pormenorizada en
relación con el Centro de Investigaciones Sociológicas, ese CIS del
siglo XXI que quiere construir y sobre el que sin duda tendremos
muchas más ocasiones de debatir. También quiero expresarle nuestro
apoyo para el portal legislativo en el que quiere convertir el
Boletín Oficial del Estado o para la potenciación del Centro de
Estudios Políticos y Constitucionales y para los proyectos e
inversiones en el Patrimonio Nacional.
También quisiéramos animarle a que siga impulsando la introducción de
las nuevas tecnologías de la información en los mecanismos de
comunicación de los diferentes centros directivos y organismos
dependientes de su Ministerio, en la medida en que eso será síntoma
de modernidad, de vanguardismo y de la necesaria adaptación de la
Administración a los nuevos tiempos.
Igualmente queremos pedirle que todo ese copioso y ambicioso proyecto
de publicaciones oficiales que debe coordinar -creo que ha hablado de
más de 3.600 publicaciones en el conjunto de la Administración
general del Estado-, en la medida de sus posibilidades, pueda tener
una mejor y más amplia difusión.
En definitiva, señor ministro, desde el Grupo Popular queremos
expresarle nuestro apoyo y nuestra colaboración para todos los
objetivos de su Ministerio que nos ha expuesto a lo largo de su
intervención. Un Ministerio que, si me permite la expresión, señor
ministro, ha ganado peso político. Su Ministerio y usted, señor
ministro, presiden la Comisión de secretarios de Estado y
subsecretarios, cuyos trabajos tienen mucho que ver con la buena
marcha del Gobierno, y presiden también, como ha mencionado, el
Comité especial de seguimiento de las encefalopatías espongiformes
transmisibles, lo que da idea de la relevancia que con ocasión de su
nombramiento se ha concedido al Ministerio de la Presidencia. En ese
sentido, nos gustaría que nos hiciera una valoración de la marcha de
los trabajos de ese comité.
Por último, quisiéramos desearle mucha suerte, puesto que si ese
deseo del Grupo Popular es común para todos los miembros del
Gobierno, especialmente lo es para el ministro de la Presidencia, en
la medida en que, como Ministerio horizontal, todos deseamos una
mayor y mejor coordinación del Gobierno, porque ello redundará en
beneficio del conjunto de la sociedad española.
La señora PRESIDENTA: Señor ministro.
El señor MINISTRO DE LA PRESIDENCIA (Lucas Giménez): Permítanme en
primer lugar unas palabras de reconocimiento para las intervenciones
de los distintos portavoces. Agradezco, a pesar de la crítica, el
tono de respeto parlamentario con el que se han desenvuelto.
Quiero referirme al representante del PNV señor Erkoreka, que ha
hecho un análisis crítico, en gran parte muy certero, sobre aspectos
de técnica legislativa. También en el ámbito periodístico los grupos
de la oposición han criticado todos los temas referidos al uso de las
leyes de acompañamiento, que aunque no están
inventadas por el Grupo Popular, es verdad que producen alguna
alteración. Ha hecho incluso un análisis sobre las disposiciones
adicionales y sobre la vulneración de los preceptos obligados que
deben regular las propias disposiciones adicionales y que se alteran
en la práctica. Algunos de estos temas, independientemente de la
crítica que se merece el Gobierno, tal vez sean de crítica puramente
parlamentaria a los propios grupos que lo aprueban, porque hasta ahí
no llega la intervención del Gobierno, pues aunque es verdad que
remite los proyectos de ley, también es verdad que una de las
obligaciones del propio Parlamento es mejorarlos y corregir esas
deficiencias. Con esto no trato de quitarme de en medio, pero sí
quiero decir que estoy seguro de que algunos de esos defectos se
hacen patentes también en el propio debate parlamentario, cuando se
presentan los propios proyectos de ley. Las disposiciones adicionales
tienen como fin complementar el régimen legislativo que regula la
ley, pero no creo sinceramente que se ponga en riesgo el principio de
seguridad jurídica, ni siquiera haciendo alusión a las sentencias del
Tribunal Constitucional, que, naturalmente como defensor de ese
principio básico en un Estado de derecho, aboga por la claridad y por
la transparencia que debe imperar en todo el cuerpo normativo para
todos. En todo caso, recojo su iniciativa en sentido positivo.
Naturalmente, mi obligación es trasladarla a los ámbitos de mi
competencia, incluido el Gobierno, porque considero que esta técnica
de mejora de los textos debe ser tenida en cuenta por el Legislativo.
Ha habido una crítica al uso abusivo de los decretosleyes. Hay que
recordar una vez más que el decreto-ley es una facultad
constitucional del Gobierno por razones de urgencia y que el propio
decreto-ley se remite a la revisión parlamentaria, a pesar de que se
ponga en vigor con anterioridad. Digo esto porque algunos de los
decretos-leyes publicados últimamente -estoy hablando del período que
llevo al frente del Ministerio-, como el decreto-ley de ayudas para
los ganaderos en el tema de las vacas locas o el decreto-ley sobre la
reforma laboral, no hay duda que tenían los condicionantes claros de
razones de urgencia, en algunos casos razones de mucha urgencia, y el
Gobierno estaba no sólo facultado sino obligado a regular esas ayudas
a los ganaderos o esas intervenciones en materia laboral, a pesar de
que será -insisto- el propio Parlamento quien revise al final la
legalidad e incluso la oportunidad del texto que en su día aprobó el
Consejo de Ministros. Pero tampoco hay que sacralizar una crítica
generalizada al sistema de decretos-leyes, diciendo: es bueno
elaborar 25 decretos-leyes en un año o es malo elaborar 28 ó 32. Son
las propias circunstancias y los criterios de oportunidad y de
urgencia los que determinan en muchos casos la necesidad de los
mismos. Yo recojo su sugerencia o su crítica a este punto, pero
defendiendo no sólo la legalidad, sino la oportunidad.
Ha examinado las intervenciones del anterior ministro de la
Presidencia y vicepresidente primero que, por
qué no decirlo, tengo obligatoriamente que hacerlas mías. La
elaboración de un programa legislativo sin duda no sólo está señalado
en el debate de investidura, sino que tampoco hay que excluir con ese
sentido de oportunidad futuras comparecencias del propio presidente
del Gobierno ante la Cámara, en las cuales pueden señalarse plazos de
remisión de textos legales. No se puede pedir un cuadro en el que se
señalen en los próximos tres años las fechas en las que se van a
remitir proyectos de ley, que algunas veces, por cierto, también
vienen determinados por condicionantes económicos, políticos o
sociales que no se pueden precisar, y no sólo eso, sino que a veces
no es ni siquiera la propia voluntad del Gobierno la que determina
los plazos. Quiero pensar en ello cuando, por ejemplo, como en la
mayoría de los casos ocurre, los proyectos de ley tienen
imperativamente que someterse al Consejo de Estado u otros órganos,
al margen del propio Gobierno, como informe preceptivo para su
aprobación y remisión a las Cortes. Quiero decir con esto que existe
la elaboración de un cuadro, si quiere usted, de carácter interno de
programa legislativo. En cuanto a la remisión como documento a la
Cámara, que se sacralice ese texto como un compromiso político claro,
con una fecha determinada, no me atrevería a decir que esto se
convierta en los antecedentes históricos de España, que no ha
existido nunca, pero en derecho comparado como norma. En cualquier
caso, yo recojo en sentido positivo su sugerencia, y tenga la
seguridad de que la estudiaremos, tal vez no para la legislatura,
pero sí para procesos más cortos, que en período más corto de tiempo
pudieran adelantarse las iniciativas que tiene previstas el Gobierno
para los próximos meses o para el próximo año o los próximos dos
años.
Al señor López de Lerma quiero agradecerle especialmente su
intervención que, por qué no decirlo, está también preñada de cierta
astucia, aunque quizá no sea el término correcto, de adivinanzas de
qué hay de más. La verdad es que lo que he dicho es lo que siento y
de lo que he hablado es de mis responsabilidades, que son las que me
otorga la ley y la voluntad del propio presidente, en algún caso
delegada, como en el tema de las vacas locas, pero en general no
vamos a jugar a futuribles y vamos simplemente a decir que la
comparecencia de este ministro, es verdad, viene muy centrada en
acelerar los compromisos que el Gobierno tiene con la Cámara Baja y
la Cámara Alta. Yo no sé lo que ocurrirá en los próximos meses, lo
único que digo es que en apenas 45 días que llevo como ministro de la
Presidencia he comparecido en Pleno tres veces -mañana me parece que
hay otra: cuatro-, he comparecido en el Congreso y en el Senado y he
tenido una relación con los portavoces de los grupos parlamentarios
asistiendo a sus sesiones, que creo no lo ha hecho nunca ningún
ministro -estoy hablando de la Junta de Portavoces-. Es difícil, por
no decir imposible, que en tan pocos días haya habido nadie nunca que
haya tenido tanta dación de cuentas a esta casa como la que ha tenido
este ministro,
y es mi voluntad establecer una relación permanente con los
grupos a través de la Secretaría de Estado de Relaciones con las
Cortes y personalmente yo también, por qué no, si es necesario, con
los portavoces. Yo necesito al Parlamento, lo necesito desde el punto
de vista político y desde el punto de vista institucional. No es un
trámite que pasados 45 días haya comparecido a petición propia en las
dos Cámaras, es un acto de convicción, y podrá tener todas las
críticas que se quieran, pero lo que sí digo es que la política de
los hechos, al menos en estos días, no advierte en un sentido de
huida del Parlamento, sino todo lo contrario.
Ha manifestado el señor López de Lerma dos cuestiones que también
tienen interés político: las preguntas tardan mucho y a veces no se
contestan de manera suficientemente completa. El Gobierno las
contesta como cree que debe contestarlas. Es verdad que esa es una
censura generalizada siempre de Gobierno y oposición, censura en la
que -por qué no decirlo- he participado yo cuando estaba en la
oposición en esta misma Cámara, es decir, que las respuestas que se
dan por parte de los ministros no cubren las aspiraciones de los
diputados respecto a lo que son sus propias exigencias de dación de
cuentas por parte del Gobierno. Yo recojo esa petición que me hace el
señor López de Lerma y trataré de corregir aspectos que él ha
denunciado.
La reforma del Reglamento, como bien ha señalado él, compete a los
grupos. Dice que tiene malos pensamientos. Yo creo que no son malos,
son buenos pensamientos. Los grupos son soberanos en el ejercicio de
su actividad y el Gobierno, en la independencia que tiene y en el
respeto a la propia soberanía, entre comillas, de los grupos, anima a
ese acuerdo, que creemos que es positivo, tratando de hacer un
reglamento que no se merezca elogios o censuras según se esté en el
Gobierno o en la oposición, porque también hay antecedentes
parlamentarios, nacionales y autonómicos, en los que, según se esté
en el Gobierno o en la oposición, se alaba o no a los reglamentos de
los distintos parlamentos.
Le agradezco su apoyo al tema de la calidad normativa y al tema de
los ministros iberoamericanos, que tampoco está de relleno. La
conferencia de ministros de la Presidencia y equivalentes a propósito
de las conferencias iberoamericanas yo creo que merece un apoyo
especial, y no sólo por esa actitud mental que tenemos de facilidad
de comunicación con el mundo americano, no sólo idiomática sino de
otros muchos aspectos, sino porque creo que podemos enriquecernos de
su propia experiencia, sin creernos tampoco poseedores exclusivos de
la verdad, y aportar un sentimiento de colaboración en lo que es la
construcción de su cuerpo legislativo.
Es verdad que se va a abrir el CIS, y se va a abrir por un acto de
convicción de que el CIS virtual va a ser conocido con las legítimas
y lógicas reservas que establecen las garantías técnicas de lo que
son datos informáticos, y como no podía ser menos Convergència iUnió
apoya la edición del boletín en varios idiomas,
que yo espero que sea realidad en el próximo convenio que firmemos
con la comunidad balear, donde me parece que, por cierto, el idioma
oficial es el catalán.
La coordinación de las vacas locas, por no referirme exclusivamente a
este asunto como uno de los encargos específicos del presidente del
Gobierno, es una comisión muy importante en la que tenemos un triple
objetivo. El primer objetivo es que ninguna vaca loca pase a la
cadena alimentaria; por encima de la protección a la cabaña ganadera
y por encima de la protección al medio ambiente, el primer requisito
es garantizar la salud de los consumidores, que ninguna vaca loca
pase a la cadena alimentaria. Por consiguiente, los esfuerzos van
dirigidos a esa actitud preventiva mediante los análisis que se están
haciendo en todas las comunidades autónomas en más de 60.000 vacas,
con 41 positivos confirmados a fecha de hoy. En Baleares, dos; en
Castilla y León, ocho; en Cataluña, uno; en Galicia, 21; en Navarra,
cinco; en el País Vaso, uno y en Asturias, tres. Llevamos dos semanas
sin que haya aparecido ningún caso, lo cual no debe generar una
actitud de falso optimismo, sino de prudencia y de seguir trabajando,
siguiendo las instrucciones de los que asisten todos los miércoles,
presididos por este ministro, que no son sólo los ministerios, sino
también los expertos, los sabios, los conocedores de estos asuntos
que son los que elaboran los criterios técnicos para prevenir esta
enfermedad que, por qué no decirlo, preocupa al Gobierno. Nosotros
debemos prevenir haciendo esos análisis, evitando que pase a la
cadena alimentaria y protegiendo nuestra cabaña ganadera, ya que para
eso está el decreto- ley donde se otorgan 14.000 millones de pesetas,
hace dos consejos de ministros, y también una tercera vía de
protección que son las garantías de uso correcto de destrucción de
los productos MER, materiales específicos de riesgo. Sobre esto tengo
que decir que ha habido una solidaridad importante por parte de la
Generalitat de Catalunya. Es un tema que está razonablemente
coordinado, pero no oculto que al Gobierno le produce una seria
preocupación. Si se alteran las condiciones o surgen motivos de
preocupación añadida sobre este asunto, adquiero el compromiso de
venir a esta Comisión a informar de los problemas graves que puedan
surgir en el seno de cualquiera de los tres ministerios afectados.
Quiero agradecer al señor López Garrido su intervención, que ha
iniciado, como es lógico, haciendo una crítica a la ausencia -me
imagino que previsible- de este ministro del modelo audiovisual. Le
voy a decir una cosa, y es que en la actual legislatura el Gobierno
acordó adscribir el Ente Público Radiotelevisión Española a la SEPI ,
y desde el pasado 1 de enero, a través de la Ley de acompañamiento de
los Presupuestos Generales del Estado, con el fin de elaborar un plan
de viabilidad financiera y de reforma institucional. No parece muy
acertado discutir hoy sobre el actual modelo audiovisual -que si el
Parlamento determina que esté el Gobierno, estará, porque ni el
Gobierno ni ningún
ministro omite nunca la presencia cuando es llamado por esta
casa- cuando el Gobierno se ha comprometido a presentar a las Cámaras
en pocas fechas un nuevo modelo. Tanto el ministro de Hacienda en la
interpelación que presentó Izquierda Unida en el Pleno del Congreso
del 4 de octubre, como el vicepresidente primero y ministro de la
Presidencia en la pregunta oral en el Pleno del Congreso el 14 de
junio de 2000, han adquirido el compromiso de que el plan de empresa
elaborado por la SEPI y Radiotelevisión Española sea remitido al
Congreso para su conocimiento y debate en los próximos meses. Una vez
que esté preparado este plan de viabilidad, comenzaremos a debatir el
nuevo modelo del sector audiovisual. Por tanto, lo más acertado es
esperar a que se presente el nuevo modelo, porque cualquier otra
discusión resultaría estéril.
Respecto a un dato del CIS, ha manifestado que confía poco o nada en
el presidente del Gobierno. Yo no quiero entrar en un debate
electoral, señor López Garrido. Lo que diga el CIS importa mucho,
pero lo que digan los ciudadanos importa más. Y los ciudadanos hace
un año dijeron lo que pensaban del presidente del Gobierno. Por
consiguiente, no voy a hacer una sacralización de lo que piensa el
CIS, sino de lo que piensa la soberanía popular reflejada en las
urnas. En ese sentido la tranquilidad es que si los datos del CIS
señalan que el grado de popularidad o el grado de prestigio de un
líder, sea de la tendencia que sea, es la que dicen los ciudadanos o,
mejor, la que dice el CIS en un momento dado, tenga la plena
seguridad de que se hará públicoese dato, beneficie o no al Partido
Popular.
Ha hecho un análisis sobre la coordinación del programa legislativo y
distintas críticas a manifestaciones de los ministros que, en algunos
casos, por qué no decirlo, están más o menos justificadas que otras
veces con carácter puntual. Son puntos de vista sobre temas concretos
que a veces la propia expresión de los mismos en los lugares donde se
hace dan lugar a un aparente choque entre los ministerios, más
aparente que real. Ha hablado de las vacas locas, de la reforma
laboral o de la telefonía móvil. Son aspectos en los que no quiero
entrar, pero lo que sí le digo, y son mis palabras como ministro, es
que en el Gobierno hay un grado de unidad interna excepcional. Pero
los gobiernos están hechos por personas con puntos de vista que en
algunos momentos pueden no coincidir en aspectos accidentales, pero
en lo que es la programación, el diseño político y el compromiso con
la acción de gobierno, es una responsabilidad colegial unánime y
absolutamente compartida por todos los ministros.
En cuanto al programa legislativo, ha empezado hablando de la reforma
de la Constitución. Escuche al portavoz socialista en el Senado,
porque están dispuestos a negociar la reforma del Reglamento sin
necesidad de modificar la Constitución. Entiende que el texto se
mejora sin necesidad de una reforma constitucional. Ni para el
Partido Popular ni para el Gobierno ni paranadie la Constitución es
la Biblia. ¿Se puede modificar
la Constitución? Naturalmente que sí. Ya se ha modificado varias
veces. (El señor Marcet i Morera: Una.) Una, luego se puede
modificar. En estos momentos, ¿a qué hay que hacer alusión? A que la
modificación de un texto que costó tanto elaborar entre todos los
grupos aquí presentes tiene que recuperar el espíritu con que nació
aquel consenso. Tal vez políticamente este momento no sea el más
oportuno para modificar la Constitución. En cualquier caso, el
Gobierno entiende que es perfectamente posible la reforma del
Reglamento del Senado sin necesidad de modificar la Constitución,
y que se puede emprender en sentido positivo. Le voy a decir más: tengo
esperanzas de que se produzca esa modificación.
Ha hecho una crítica, me parece que injusta y generalizada, en un
tono que, a mi juicio, no corresponde a esta sesión, que yo respeto
pero que no comparto, sobre la voluntad de diálogo del Gobierno en
temas como la justicia, el diálogo social, la financiación autonómica
y el plan hidrológico. Podríamos mantener un debate sobre cada uno de
estos puntos. Incluso ha habido debates puntuales sobre estos temas a
la hora de discutir esos textos legales. En el tema de la justicia no
se puede criticar un plan presentado con la ambición con la que lo ha
presentado este Gobierno y con voluntad de acuerdo en sectores en los
que parecía imposible conseguir ese acuerdo hace unos meses. Y parece
que salvo algunos de los temas relativos a la forma de elegir el
Consejo General del Poder Judicial, su grupo no es el más crítico con
algunas de estas iniciativas políticas del Gobierno. Al contrario, he
oído elogios de dirigentes socialistas sobre la reforma de la
justicia, fuera, insisto, del sistema de elección de los miembros del
Consejo General del Poder Judicial. Por consiguiente, también hay
motivo para la esperanza, hay motivo para poder llegar a un acuerdo y
discutir los aspectos que afectan a uno de los poderes del Estado,
que es el Poder Judicial, y que tiene tantisimo interés a la vista
del grado de consideración por parte de la sociedad española.
Diálogo social. Permítame una anécdota personal. Cuando aquí había
huelgas generales, en Castilla y León firmaba yo con Comisiones, UGT
y los empresarios acuerdos por el empleo; cuando aquí hubo huelgas
generales, no con un Gobierno popular. Yo no lo voy a traer a
colación aquí, cada uno es muy dueño en la acción de Gobierno de
hacer la política que considere oportuna; en aquel momento fue una
política de choque frontal con los sectores afectados, sindicatos y
empresarios. Yo no voy a decir si el Partido Socialista ha dejado
huérfano a uno de los sindicatos cuando han visto el grado de apoyo
que había para una huelga general, lo que sí le digo es que la
voluntad del Gobierno es entenderse con los sindicatos. Dos no se
entienden si uno no quiere, tenga la plena seguridad. Pero la
voluntad del Gobierno con un sindicato se demostró documentalmente
con los empresarios. ¿Fue imposible el otro acuerdo, a pesar de
recoger muchas de sus hipótesis en el texto aprobado? Fue imposible,
pero el 90
por ciento de las aspiraciones del mundo sindical -lo dijo el
presidente del Gobierno en el Pleno de la semana pasada- estaban
recogidas en el texto. Yo respeto la independencia de los sindicatos
para firmar o no firmar, pero no se puede decir que había ausencia de
voluntad política del Gobierno, porque incluso se había prorrogado
dos meses más el plazo para llegar a un acuerdo, hasta el punto de
llegar a finales de febrero.
Financiación autonómica. Veremos lo que pasa con la financiación
autonómica, ojalá se llegue a un acuerdo con los criterios con los
que el Gobierno entiende la financiación autonómica: criterios de
suficiencia financiera, de corresponsabilidad, de solidaridad. Esos
son los criterios que van a guiar. Sólo una nota; hubo comunidades
autónomas que no firmaron el sistema de financiación anterior. ¿Sabe
usted cuál fue la crítica mayor que recibimos las comunidades que lo
firmamos? Que perdíamos dinero, que era un peor sistema de
financiación de las comunidades autónomas y que las comunidades más
despobladas iban a sufrir unas consecuencias económicas graves. ¿Sabe
usted cuál es la primera exigencia de las comunidades autónomas que
no firmaron? Pedir el dinero que se les debe del sistema anterior.
Eso significa que no sería tan malo. El sistema de financiación de
las comunidades autónomas no debe ser un pulso permanente entre el
Gobierno y las comunidades autónomas, sino que tiene que ser un lugar
de encuentro, porque independientemente de los partidos que gobiernen
en cada una de las comunidades autónomas está afectando al bienestar
de miles de ciudadanos. Hay que saber que la financiación de las
comunidades autónomas no puede hacerse sólo con criterios de
población, que no es lo mismo dotar de recursos a una comunidad con
2.500.000 habitantes en una población como Madrid, por ejemplo, que
dotar de recursos a una comunidad con 2.500.000 habitantes dispersos
en 7.000 núcleos de población con carreteras, con teléfonos, con
agua, con una infraestructura infinitamente superior. Hay que
utilizar el criterio de solidaridad, que es uno de los principios que
inspiran la Constitución. Tenga la plena seguridad de que va a ser
ése y omito cualquier referencia ideológica, porque está al margen de
cualquier ideología, ya que en este tema coinciden muchas más
comunidades con los mismos problemas que comunidades que gobiernan
los mismos partidos. Créame que tengo base para decir esto. En ese
aspecto he estado más cerca de comunidades que en algunos casos no
eran las ideológicamente más cercanas.
Plan hidrológico. Que no hay voluntad de acuerdo. No sé que decirle.
Se ha discutido este asunto. El plan hidrológico obtuvo un respaldo
importante en el Consejo Nacional del Agua, votando a favor incluso
comunidades socialistas. Dicen: es que no se obtuvo el cien por cien.
Le digo que siempre va a ser imposible obtener el cien por cien en
algún proyecto ideológico que se presente en España. El plan
hidrológico es uno de los proyectos más ambiciosos que ha emprendido
nunca ningún gobierno y para el que este Gobierno
pide ayuda al Grupo Socialista, grupo que en la historia reciente de
España siempre se ha distinguido precisamente por mantener un
criterio de solidaridad entre las tierras de España. Esto no va
contra nadie, esto no es un campeonato, no es un pulso y no puede
perjudicar a ninguna comunidad autónoma. En esa voluntad estamos.
Espero que las comunidades más afectadas, como es en estos momentos
la comunidad aragonesa, lleguen a la convicción de que esto es así.
Fíjese si me importa este tema que en los pocos días que llevo al
frente del Ministerio sólo he salido oficialmente a una comunidad
y ha sido a Aragón, para asistir a una inauguración con el presidente
de esa comunidad. Creo que desde el Gobierno hay que atender aquella
comunidad autónoma, porque entiendo que en este tema es una comunidad
que está especialmente sensible, pero tiene que llegar a la
convicción de que el Gobierno está apoyando el desarrollo de Aragón,
no sólo de sus infraestructuras, no sólo en sus proyectos
industriales de comunicaciones del tren de alta velocidad, sino que
está, y es la firme voluntad del Gobierno, contribuyendo a superar el
sentimiento que sin duda anida en estos momentos en una parte de la
sociedad aragonesa.
Tampoco la Ley de extranjería tiene motivos de crítica, ni siquiera
voy a referirme a declaraciones que hizo el secretario general de su
partido sobre si habría recurso de inconstitucionalidad o no. Sólo se
lo digo como jurista, ¿cómo es posible que no recurrieran la ley
socialista elaborada por ustedes ante el Tribunal Constitucional? Yo
me he permitido hacer un estudio de esa ley. Tiene más condiciones de
inconstitucionalidad que la actual. Es una ley más restrictiva en el
derecho de asociación, en el derecho de reunión, en el derecho
sindical, incluso en el derecho de la asistencia judicial gratuita,
señor López Garrido, créame; una ley que elaboró con mayoría
suficiente el Grupo Socialista y que en estos momentos trata de
descalificar a una ley sobre uno de los grandes problemas que tiene
la sociedad, que es la inmigración, donde el Gobierno quiere, para
evitar lo que hemos visto hace muy pocos días en esas imágenes de
barcos cargados de personas necesitadas de una subsistencia mínima,
explotadas a través de mafias, ir a ideas de legalidad, de
generosidad, de solidaridad, no restrictivas sobre el mundo del
Magreb y, sobre todo, con la sociedad iberoamericana. Estoy seguro de
que el Gobierno quiere en este tema llegar a que los inmigrantes que
vengan a España lo hagan en condiciones de absoluta legalidad y
vengan en la certidumbre de que no son explotados por nadie, ni
mujeres ni hombres, porque es un drama que afecta a la sociedad
occidental, donde una sociedad hambrienta pide una parte del pastel
de una sociedad saciada que es el mundo occidental, donde 6.500
millones de personas en el mundo nos encontramos con 500 millones de
personas que tienen derecho a educación, a asistencia, a alimentos,
mientras que existen miles de millones que están en un estado de
subsistencia. Hay que ser sensibles, pero también hay que reconocer
las condiciones para asimilar, en condiciones
dignas, a las personas que nos vengan, en primer lugar, por
convicción, por solidaridad, pero, si me permite usted, también por
un sentido de que el futuro en gran parte de la actividad laboral de
España está centrado alrededor de los extranjeros.
Dice usted que el Congreso no es el centro de la vida política, que
los ministros no vienen, que no contestan. Podemos discutirlo pero yo
tengo datos que no coinciden con lo que usted dice. Es verdad que,
por ejemplo, en el Congreso se han presentado 10.643 preguntas, se ha
contestado a más de 8.000 y quedan preguntas sin contestar. Hoy mismo
se podrían presentar otras 2.000 y estarían fuera de plazo pero
tampoco voy a retrotraerme hacia atrás. En el discurso de investidura
del presidente marcó un antes y un después sobre alguno de los temas
que afectan a su presencia en el Parlamento. Sólo le voy a dar un
dato, y no me gusta referirme a la conducta de otro Gobierno. (La
señora Conde Gutiérrez del Álamo: Lo ha hecho varias veces.-El señor
Marcet i Morera: ¡Pues no lo haga!) Lo voy a hacer. En cuanto al
Parlamento, sólo en la pasada legislatura el presidente Aznar
contestó a más preguntas que Felipe González en 14 años. (La señora
García-Alcañiz Calvo: Eso es absolutamente cierto.) Sólo en cuatro
años se contestó a más preguntas que en 14 años. ¿Esa es la
transparencia por la que usted aboga?
Habla de exigencias, de presencias del fiscal general del Estado, del
presidente del Consejo General del Poder Judicial. Señor López
Garrido, es que no les manda comparecer el Gobierno, son las Cortes.
No responsabilice usted tampoco al Gobierno de que no viene aquí el
fiscal general del Estado.
Aboga por un sistema incluso de audiencia a los ciudadanos. Resuelvan
los grupos, estúdienlo. Está pendiente la reforma del Reglamento y
está el derecho de petición en marcha. Modifíquese. En casi todo
puedo estar más o menos de acuerdo, como le he señalado, con su
intervención, excepto en un tema: en televisión y la presencia que
pide del ministro de la Presidencia. Primero, porque Televisión
Española ni orgánica ni funcionalmente depende de Presidencia. Tome
usted nota. Existe una actitud legítima de reclamar la presencia del
ministro de Presidencia, que vendrá siempre que le reclame la Cámara,
a explicar un tema como es la información que se hace en televisión,
donde, por cierto, todavía no he visto detrás de cada gol ninguna
sigla del Partido Popular ni he oído al presidente de Radiotelevisión
Española decir que hará todo lo posible para que no gobierne el
Partido Socialista. Todavía no he llegado a eso. Pero lo que sí le
digo es una cosa: Hágase toda la crítica que se merezcan los medios
de comunicación públicos, pero hágase donde corresponda, en la
Comisión de control. Y si usted me dice que está enfermo el director
general de Radiotelevisión Española, arbítrese por parte de la Cámara
la sustitución a través de los medios orgánicos que correspondan,
porque hay más directivos en esa casa. Si ustedpretende que al
director general de Radiotelevisión
Española le sustituya el ministro de Presidencia, le digo que si me
lo manda la Cámara, encantado vengo también. Pero contestaré como
estoy contestando todos los miércoles a las preguntas que me hace su
grupo. Preguntas legítimas, pero preguntas que tratan de huir del
lugar donde se debe de hacer ese debate, que es en la Comisión de
control, que está ideada para eso. En cualquier caso, el Gobierno
está a disposición de la Cámara y este ministro vendrá, siempre que
le pida la Cámara que venga, a contestar sobre Radiotelevisión o a
contestar sobre ese barco que está naufragando en Italia, vendrá
siempre y tratará de explicar, según su leal saber y entender, lo que
cree que es en esos momentos la situación política del problema que
se plantee. Por consiguiente, los medios públicos tienen su margen,
su punto de referencia. Yo comprendo perfectamente el momento
político en que nos encontramos, en vísperas de una campaña
electoral, puedo comprender todo lo que usted quiera, pero tampoco
voy a referirme a momentos pasados.
La Presidencia española de la Unión Europea. Efectivamente, se está
preparando por Exteriores. El ministro de la Presidencia, en el
anteproyecto de presupuestos para el año 2002, presentará una
dotación presupuestaria capaz de dar respuesta, con criterio de
austeridad, a nuestra presencia en Europa, a la Presidencia de la
Unión, y dará respuesta satisfactoria a las expectativas que sin duda
demanda en todos los países europeos la propia Presidencia.
La señora PRESIDENTA: Tiene la palabra el señor López Garrido.
El señor LÓPEZ GARRIDO: Quisiera consumir un turno de réplica al
ministro en esta intervención, que ha sido mucho más dilatada que la
primera.
La señora PRESIDENTA: Un momento, señor López Garrido.
De forma extraordinaria, vamos a conceder el turno de réplica, turno
de réplica que señalo a SS.SS. que será de menos de cinco minutos.
Sus señorías saben perfectamente lo que dice el Reglamento al
respecto, y voy a ser benevolente, pero no hasta el extremo de que no
haya ninguna regla.
Por el Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), tiene la palabra el señor
Erkoreka.
El señor ERKOREKA GERVASIO: Señor ministro, voy a hacer una pequeña
anotación en relación con los comentarios que ha hecho a propósito de
mi intervención sobre el programa legislativo. Usted ha sido más
cauto que el señor Rajoy: no ha pretendido apuntarse la idea ni
comprometerse de manera que después puedan exigírsele
responsabilidades.
La referencia al programa legislativo no la he inventado yo, sino que
está expresamente recogida en el real decreto que regula la
estructura orgánica de su
departamento.Como anteriormente he citado, se refiere expresamente a
la preparación, desarrollo y seguimiento del programa legislativo del
Gobierno y en especial de su tramitación parlamentaria. Es cierto que
puede haber distintas maneras de concebir un programa legislativo: se
puede considerar que un listado asistemático de iniciativas
legislativas sin orden ni concierto es un programa legislativo, o se
puede considerar también que para que sea programa legislativo al
menos tiene que ser un cuadro mínimamente sistemático y completo que
recoja no necesariamente con fecha improrrogable, pero sí
aproximadamente cuándo, y sobre todo qué orientación, qué contenidos
y qué manera de incidir en el ordenamiento juridíco va a tener el
conjunto de proyectos que el Gobierno tiene previsto remitir al
Parlamento. Nosotros creemos que para que pueda hablarse de programa
legislativo tienen que darse estas últimas condiciones. No todo
listado de proyectos puede merecer la denominación de programa
legislativo. Yo no voy a hacer referencia al marco comparado, pero sí
tiene una referencia muy cercana: ese Gobierno vasco que, según los
informativos de Radiotelevisión Española, es prácticamente el
infierno, ese Gobierno hace ya muchos años que tiene implantada la
práctica de elaborar al principio de la legislatura siempre, en todas
las legislaturas, un programa legislativo en el que se recogen todos
estos elementos: fecha orientativa, elementos que lo van a integrar,
orientación política y demás.
Le voy a hacer también una pequeña consideración -y final ya, señora
presidenta-. Me dice que las observaciones que le he hecho en
relación con el contenido natural de las disposiciones adicionales no
afectan a la seguridad jurídica. Si eso es lo que me ha entendido, es
que no me he expresado bien. Yo he dicho que lo que puede afectar a
la seguridad jurídica -y he citado jurisprudencia del Tribunal
Constitucional en ese sentido- son determinadas prácticas normativas
articuladas fundamentalmente a través de la Ley de acompañamiento y
los múltiples vicios que la acompañan. Voy a poner sólo un ejemplo
muy breve que no me resisto a traer a colación. En la Ley 14/2000,
reiteradamente citada durante mi intervención, la última Ley de
acompañamiento, hay una disposición adicional undécima que es
absolutamente opaca, de un estilo rotundamente críptico, que dice:
Con efectos económicos de 1 de enero de 2001, la norma primera del
número 5 del artículo 10 de la Ley 74/1980, de 29 de diciembre, de
Presupuestos Generales del Estado para 1981, será asimismo de
aplicación al cargo de adjunto al Defensor del Pueblo de España. No
me diga que no parece un jeroglífico de una película de Indiana Jones
que contiene una información importantísima sobre un nuevo objeto que
conviene mantener oculto al común de los mortales. Este estilo se
aproxima a lo que quería reflejar Franz Kafka en aquel conocido
relato que se titulaba Ante la Ley, en el que ponía de manifiesto que
era
imposible para el campesino acceder a la ley, campesino que en el
relato muere después de haber pretendido toda su vida acceder a la
ley sin conseguirlo, y son estas prácticas las que pueden perjudicar
la seguridad jurídica.
La señora PRESIDENTA: Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la
palabra el señor López Garrido.
El señor LÓPEZ GARRIDO: Gracias, señor ministro, por su respuesta,
algo más amplia que su primera intervención, y también por el tono
que ha utilizado. En todo caso, en su intervención ha estado muy a la
defensiva, y es que no acaban ustedes de cambiar una característica
de la argumentación política del Partido Popular desde que está en el
poder, que es utilizar constantemente el pasado como argumento. Eso
puede valer una, dos, tres veces, pero si siempre se argumenta sobre
el pasado, el mensaje que se transmite a los ciudadanos es que no
tienen argumentos para poder responder, sino que utilizan el pasado
una y otra vez.
Lo cierto es que nosotros no estamos situados en esa dinámica sino
planteando la apertura a un diálogo. Diálogo del que usted ha hablado
y que como frase declamatoria es utilizable pero que hasta ahora, en
dos temas fundamentales como la Ley de extranjería y el Plan
hidrológico, no se ha manifestado en la realidad. En el resto de las
cuestiones que enumeró en su momento el señor Rajoy y que yo he
vuelto a recordar, la verdad es que no he recibido respuesta por su
parte. Usted se ha referido explícitamente al tema de la Ley de
extranjería, donde claramente hay una involución respecto de la Ley
4/2000, que fue aprobada en esta Cámara también con el consenso del
Partido Popular. Esa involución ni se ha producido ni tiene
precedentes en Europa; una involución tan fuerte de desaparición de
derechos fundamentales para miles de personas de la noche a la mañana
cuando a la Ley 4/2000 la sustituye la Ley 8/2000. La idea de la
legalidad se contradice con una regulación que fabrica a pasos
agigantados gente irregular e ilegal, que no tiene otra forma de
poder llegar a trabajar en los países europeos o en España que pasar
siempre por la ilegalidad.
En cuanto al tema del control, usted hace reiteradas alusiones a que
el Parlamento decide que el fiscal general del Estado no viene porque
el Parlamento lo dice, que el presidente del Consejo General del
Poder Judicial no viene porque el Parlamento lo dice. Vamos a ver,
señor ministro, ¿tiene realmente el Grupo Parlamentario Popular, que
es el que decide en la Mesa del Congreso o en la Mesa de las
comisiones, autonomía respecto del Gobierno? (Un señor diputado:
Toda.) ¿Tiene autonomía política real el Grupo Parlamentario Popular
respecto del Gobierno para poder decir algo diferente a lo que el
Gobierno quiere? (Rumores.- Varios señores diputados: Sí.) Este es un
Parlamento dominado por mayoría absoluta por el Partido Popular,
mayoría absoluta dominada a su vez por el Gobierno.
Luego este es un Parlamento dominado por un Gobierno, no un
Parlamento dominado por una mayoría parlamentaria. Por tanto, este
tipo de decisiones fundamentales para el control dependen
absolutamente del Gobierno y no de un grupo parlamentario que no
tiene autonomía política respecto de ese Gobierno.
Por último, en cuanto a Televisión Española, no me ha respondido
respecto de los datos escandalosos y espectaculares sobre el dominio
de Televisión Española y de sus informativos por parte del Gobierno,
simplemente se ha refugiado en que no depende del Ministerio de la
Presidencia porque Televisión Española es un ente autónomo según su
estatuto; estatuto absolutamente obsoleto del año ochenta.
Televisión Española no es un ente autónomo. Es un ente autónomo en lo
que la norma señala, porque su director está nombrado por el Gobierno
y por tanto Televisión Española depende absolutamente del Gobierno.
Ese modelo de nombramiento del director por el Gobierno hace que
Televisión dependa de la buena voluntad de un Gobierno en cuanto a si
quiere manipular o no Televisión, y desde luego este Gobierno ha
decidido que sí va a manipular Televisión porque es una de las
características básicas de la política del Gobierno del Partido
Popular, y no de esta legislatura sino de antes. (Rumores.) Los
medios de comunicación públicos y los medios paragubernamentales de
comunicación están sometidos absolutamente a la directriz
gubernamental. Esa es una realidad que todo el mundo conoce y que a
estas alturas es inútil reiterar. (Continúan los rumores.) Por tanto,
la responsabilidad política sobre Televisión la tiene este Gobierno
que es quien nombra al director de Radiotelevisión Española. Nosotros
entendemos que este es sin duda uno de los enclaves autoritarios del
sistema político español. La televisión pública es uno de los
enclaves autoritarios que tiene este sistema y, por tanto, una de las
cosas que hay que cambiar urgentemente, como se le ha demandado y se
le sigue demandando por parte del Grupo Parlamentario Socialista. Yo
entiendo que es usted el ministro que tiene que responder
políticamente de ello. Si no es usted ese ministro, díganos quién es
porque hasta ahora es usted quien está respondiendo a las preguntas
sobre Televisión en el Pleno. Díganos quién o si no que venga el
presidente del Gobierno a responder sobre este asunto. Pero es claro
que la responsabilidad del Gobierno existe sobre Televisión y que
este Parlamento tiene derecho a conocer -lo veremos a continuación-
el modelo audiovisual que defiende este Gobierno en todo momento,
porque creemos que debe debatir esta cuestión.
La Comisión de Control de Radiotelevisión Española está cerrada
porque el señor González Ferrari está enfermo y el Grupo Popular se
niega a que venga otra persona. Por tanto, este Parlamento tiene que
controlar los medios de comunicación, como dice la Constitución, y si
no es en esa Comisión, que está cerrada, tendrá
que ser en la Comisión Constitucional a través del ministro
correspondiente, que creemos que debe ser usted, y si no le ruego que
nos diga cuál es el ministro al que hay dirigirse -si no será al
presidente de Gobierno- para que este control se produzca sobre un
elemento esencial de una democracia, como son los medios de
comunicación y especialmente los públicos.
La señora PRESIDENTA: Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la
palabra el señor Bermúdez de Castro.
El señor BERMÚDEZ DE CASTRO FERNÁNDEZ: Voy a realizar una serie de
puntualizaciones, dadas las constantes alusiones que el portavoz del
Grupo Socialista ha realizado al Grupo Parlamentario Popular.
Yo creo que se sigue haciendo referencia a lo que algunos entienden
que se está produciendo, que es un menoscabo a las labores de control
parlamentario, y dicen para ello que siempre sacamos el pasado. Yo
creo que si decimos que se ha mejorado sustancialmente en las
cuestiones de control parlamentario, comprenderán SS.SS. que con algo
tendremos que compararnos. Creo que sería bueno que repasáramos
sucinta y brevemente los ratios comparativos de las cifras de control
al Gobierno en la presente y en la pasada legislatura en relación con
las anteriores en que gobernaba el Partido Socialista. En todos
ellos, sean comparecencias, preguntas escritas, interpelaciones,
mociones, como ha dicho el señor ministro, en las respuestas a las
preguntas orales en Pleno del presidente del Gobierno, en todos
ellos, claramente se pone de manifiesto que se han mejorado los
mecanismos al control al Gobierno, y eso es algo innegable. Le pongo
algunos ejemplos: en la pasada legislatura se produjo un incremento
de más de un 50 por ciento de las comparecencias del Gobierno en
relación con las anteriores, al igual que se respondieron el doble de
preguntas escritas en relación con las anteriores legislaturas y, por
supuesto, como bien ha dicho el señor ministro, el presidente del
Gobierno Aznar contestó a 157 preguntas en Pleno, muchas más de las
que el presidente González había contestado en anteriores
legislaturas, poniendo de manifiesto y convirtiendo en una costumbre
semanal lo que antes era un acontecimiento excepcional. En esta
legislatura, a la vista de las cifras que ha expuesto el señor
ministro en su intervención, vamos camino de superar los ratios de
las anteriores.
Nos hablan de ausencia de diálogo y de consenso. Lo ha dicho el señor
ministro. El diálogo y el consenso no dependen sólo de una de las
partes, sino de las dos. El diálogo no conlleva necesariamente
unanimidad; el diálogo, a nuestro juicio, consiste en que los textos
que finalmente se aprueben estén enriquecidos con las propuestas de
los diferentes grupos, que no recojan enteramente las posiciones de
una fuerza política determinada,
pero que tampoco marginen a nadie. Y eso es lo que ocurrió
precisamente en el debate de la Ley de extranjería, en la que se
incorporaron más de medio centenar de enmiendas, el 60 por ciento de
las enmiendas que presentó el Grupo Socialista, una ley que no
olvidemos obtuvo el respaldo de tres grupos parlamentarios y de más
de 200 diputados en su votación en Pleno. Eso es diálogo, señorías.
Otra cosa es que algunos consideren el diálogo darle la razón o que
nosotros, el Grupo Parlamentario Popular y el Gobierno, renunciemos a
aplicar el programa electoral que obtuvo el respaldo mayoritario en
las urnas. En eso, desde luego, no podremos estar de acuerdo. ¿Que se
puede seguir impulsando el diálogo, que se pueden mejorar los
mecanismos de control al Gobierno? Sin duda. Siempre hay lugar para
mejorar. Es el más amplio espacio de que disponemos, y en ello
nuestro grupo parlamentario, lo repito, pondrá todo su empeño.
Por último, en relación con las alusiones que se han realizado a
Radiotelevisión Española, quiero afirmar que aquí nadie quiere
menoscabar la labor de control al Gobierno en materia de
Radiotelevisión Española; aquí ningún grupo, y mucho menos el Grupo
Popular, se ha negado a que el Gobierno comparezca para que informe
sobre el modelo audiovisual. A lo que nos negamos es a que comparezca
el ministro de la Presidencia, que actualmente no tiene ninguna
competencia para ello. Esa es la línea que hemos mantenido a lo largo
de la presente legislatura en algunos precedentes y esa es la línea
que anuncio mantendremos en el debate posterior.
Por último, señor ministro, su afirmación de que usted necesita al
Parlamento, necesita a los grupos parlamentarios de esta Comisión, le
honra y demuestra lo que afirmé en mi primera intervención: su
mentalidad abierta y su talante dialogante, bien conocido por todos,
para lo que, le repito, contará con todo nuestro apoyo y nuestra
total colaboración.
La señora PRESIDENTA: Para finalizar la presente comparecencia, tiene
la palabra el señor ministro.
El señor MINISTRO DE LA PRESIDENCIA (Lucas Giménez): El señor
Erkoreka, en nombre del PNV, me ha preguntado qué se entiende por
programa legislativo, porque, efectivamente, por programa legislativo
podemos entender todo. El hecho de que éste forme parte de una
estrategia, de una actitud del País Vasco, de Euskadi, me parece muy
bien, y hay que felicitarle por ello, pero tampoco eso supone la
verdad absoluta. Respecto a la garantía de presentar el programa
legislativo, bien en el discurso de Investidura, de una manera más o
menos resumida, bien en comparecencias posteriores, sin que
documentalmente se presente al inicio de la legislatura,
convirtiéndole en un documento un tanto sacrosanto, le he dicho que
recojo su iniciativa y que me parece positiva su aportación,por qué
no decirlo.
En cuanto a las garantías de la seguridad jurídica, creo que ha
quedado claro. Ha hecho unas alusiones de carácter legislativo que
quiero recordar, pero que no competen en parte al Gobierno, porque en
parte los textos que manda el Gobierno se modifican aquí.
Hay una acusación generalizada del momento actual, a este gobierno y
al anterior y al anterior, que usted como jurista conoce
perfectamente, la de que causa cierto estupor la complejidad de los
términos legislativos comparativamente con el Código Civil, por dar
un dato, en el que aparece un uso del idioma no sé si más correcto
pero sí, desde luego, menos complejo que el de ahora. En esto vuelvo
a lo que decía Federico de Castro: Importa mucho la letra de la ley.
No tanto hasta convertirla en soberana. Colocar la letra por encima
de la equidad, cerrar los ojos ante los absurdos resultados de una
interpretación literal, hiere el sentimiento natural de justicia. En
cualquier caso, me pregunta qué me parece una disposición legislativa
como la que ha leído. Pues un desastre, qué quiere que le diga.
Me pregunta el señor López Garrido que a quién acude. No sé cómo
decirlo: al director general de Radiotelevisión; a la Comisión de
Control de RTVE, donde por cierto, tienen voz los representantes
socialistas. Creo que se está equivocando de estrategia, incluso
perdiendo el lujo de controlar al Gobierno todos los miércoles
haciendo uso de una pregunta en el vacío, la de qué piensa el
Gobierno de RTVE. Mire usted, ni hago los telediarios ni me importa.
Las quejas que en este tema ha habido, que no son nuevas en el debate
Gobierno-oposición, llegaron al climax -y vuelvo otra vez a decirlo-
cuando yo era presidente de la comunidad autónoma; en cuatro años
creo que sólo ha salido aquella comunidad una vez para decir que
había un caso de clembuterol; si no, no sale. Con eso quiero decir
que esas críticas se han hecho siempre y que hay que corregirlas si
se tiene base. ¿Y cómo se corrigen? Ante el órgano que tiene que
resolver, pero no ante el Ministerio de la Presidencia, que no
resuelve.
En los casi dos meses que llevo aquí, fuera de la felicitación formal
del director general, la verdad es que ni he tenido contacto alguno
con RTVE ni creo que lo tenga en los próximos seis meses, por lo
menos no lo tengo previsto. Esa es la idea. Ustedes están
absolutamente obsesionados porque entienden que ése es un punto de
debilidad del Gobierno. Y yo les digo: si es un punto de debilidad
del Gobierno, use usted las armas parlamentarias; vaya a la Comisión
y exija una dación de cuentas. Incluso me he molestado en preguntar a
los servicios del propio Gobierno los minutos dedicados al Gobierno y
a la oposición, al señor Rodríguez Zapatero y al señor Aznar, pero ni
los doy. Si es que no me interesa; si es que no importan los minutos,
si lo que importa, a veces, es lo que se dice, sin hablar de minutos.
Por consiguiente, el tema del minutaje, como acusación generalizada,
ni siquiera sirve como positivo o negativo, no depende de los
minutos. Pero, insisto, se trata de
una competencia que no me corresponde y no voy a entrar en el debate
de los minutos y las intervenciones. El climax fue cuando el otro día
me hablaron de que criticara la opinión que un periodista había dado
en Televisión o en Radio Nacional. Lo que faltaba, que no sólo no
hiciéramos un canto a la libertad de expresión, sino que también
censuráramos la libertad de opinión. Si es incorrecta esa postura,
acúdase a la Comisión de control, y si esa postura tiene una actitud
delictiva, acúdase a los tribunales.
Vuelvo a insistir. No me hable usted de la última Ley de extranjería,
la del Partido Popular, háblame de la suya, la Ley de extranjería de
1985. Insisto: No resiste un análisis comparativo con la actual en
relación con ninguno de los derechos básicos de las personas, y le
digo esto porque tengo base para decirlo.
En cuanto al Plan hidrológico, un partido como el Partido Socialista,
que tiene una vieja historia, que tiene un sentido de solidaridad
entre los hombres y demás, no puede tener una actitud como la que ha
tenido frente al Plan hidrológico y a la Ley de extranjería. Recurro
o no recurro, esta comunidad sí, esta no, depende de si llego a un
acuerdo, la reforma del reglamento puede evitar el recurso. Si usted
está viendo que una ley es inconstitucional, con independencia de lo
que diga el reglamento, tiene obligación de acudir al recurso. Todo
lo hacen con criterios de oportunidad política; legítimos, pero no
compartidos. ¿Tiene autonomía el Grupo Popular? Usted y yo sabemos lo
que son los sistemas parlamentarios como el nuestro. Tiene autonomía.
El Grupo Parlamentario Popular apoya al Gobierno, pero tiene
autonomía. No me diga usted que mande sobre el Grupo Popular, no me
diga usted que legisle o que ordene que venga aquí el fiscal general
del Estado, porque el Gobierno tiene muchas competencias, pero no
tantas. A lo mejor, el Grupo Popular determina que, en algunos casos,
la comparecencia del ministro de la Presidencia no es oportuna porque
es una materia que no le corresponde; sin embargo, está sometido a la
disposición de la Mesa. Por cierto, no estaría de más en este asunto
que averiguáramos si esta mañana se ha debatido en la Mesa la
comparecencia del director de Radiotelevisión Española porque, por
unanimidad, parece que estos temas han sido objeto de tratamiento.
Quiero decir con esto que a los órganos de esta Casa, el ministro de
la Presidencia no va a darles instrucciones ni a decirles lo que
tienen que hacer.
Gracias, presidenta. (Varios señores diputados: ¡Muy bien!)
La señora PRESIDENTA: Muchísimas gracias, señor ministro.
Antes de continuar con el orden del día, vamos a despedir al señor
ministro.
Se suspende la sesión por dos minutos. (Pausa.)
DECISIÓN SOBRE LA CELEBRACIÓN DE LA SIGUIENTE COMPARECENCIA:
- DEL MINISTRO DE LA PRESIDENCIA (LUCAS GIMÉNEZ) PARA QUE INFORME
SOBRE EL ACTUAL MODELO AUDIOVISUAL DESDE EL PUNTO DE VISTA DEL
DERECHO FUNDAMENTALACOMUNICAR O RECIBIR LIBREMENTE INFORMACIÓN VERAZ
POR CUALQUIER MEDIO DE DIFUSIÓN. A SOLICITUD DEL GRUPO PARLAMENTARIO
SOCIALISTA. (Número de expediente 213/000364)
La señora PRESIDENTA: Vamos a continuar con el orden del día. Les
recuerdo a SS.SS. que el próximo punto es: Decisión sobre la
celebración de la comparecencia del ministro de la Presidencia, para
que informe sobre el actual modelo audiovisual, desde el punto de
vista del derecho fundamental a comunicar o recibir libremente
información, que ha sido solicitada por el Grupo Socialista.
La Mesa ha acordado que tenga el uso de la palabra, en primer lugar,
el grupo solicitante de la comparencia. Ruego a SS.SS., dada la hora,
que intervengan de forma breve. Como siempre, el orden de los grupos
es de menor a mayor.
Tiene la palabra el señor López Garrido.
El señor LÓPEZ GARRIDO: El Grupo Socialista ha presentado una
solicitud de comparecencia urgente del ministro de la Presidencia
ante esta Comisión sobre el modelo audiovisual español, desde el
punto de vista del derecho fundamental a comunicar o recibir
libremente información veraz por cualquier medio de difusión. Ese es
el objeto de esta comparecencia, cuestión política que corresponde
conocer por su materia a esta Comisión. Entendemos que el Gobierno
debe venir a esta Comisión a explicar su posición respecto a este
modelo audiovisual, lo mismo que los demás grupos parlamentarios
pueden y deben intervenir al respecto.
Nos parece que el modelo audiovisual español es obsoleto y uno de sus
puntos básicos, el Estatuto de la Radio y la Televisión, de 1980, ha
sido claramente sobrepasado por la realidad política, por nuestro
desarrollo constitucional, así como por la realidad tecnológica y
económica. Han aparecido posteriormente televisiones privadas; hay
toda una serie de focos a través de los cuales se desarrollan las
informaciones, se accede y se recibe la información. Tanto desde el
punto de vista público como privado, estimamos que es un debate
esencial en este momento en este país, sobre el que algo tendría que
decir el Gobierno. Por eso hemos pedido la comparecencia del Gobierno
en la persona del ministro de la Presidencia.
Específicamente, el Gobierno tiene mucho que decir respecto del
modelo audiovisual español, que, repito, va más allá de lo público y
se extiende a las televisiones privadas, a las radios privadas, a la
prensa privada. El
modelo audiovisual sobrepasa los medios públicos de difusión, pero el
Gobierno tiene una especial responsabilidad porque de él depende
Radiotelevisión Española -Televisión Española por un lado y Radio
Nacional de España por otro- en cuanto que nombra al director de
estos medios. El Gobierno, que orienta y dirige esa información
-desgraciadamente es así, a pesar de las palabras que hemos escuchado
hoy del ministro de la Presidencia, como si no tuviera nada que ver
con la información que se destila a través de Radiotelevisión
Española- tiene también, desde ese punto de vista, que venir aquí a
informar sobre lo que opina de ese modelo audiovisual. Da igual si
piensa en el futuro hacer tal o cual plan, lo importante es que en
este momento el Parlamento considera que es un debate oportuno y
necesario, que tiene que ver con la forma en que se está
desarrollando la acción de los medios públicos de comunicación, que
nosotros hemos calificado de escandalosamente favorable y orientada a
favor del Gobierno.
Las expresiones del ministro sobre que no ve los telediarios y que no
sabe lo que pasa, son frases; no es en absoluto creíble que al
Gobierno le dé exactamente igual lo que pase en los medios públicos
de comunicación. Si el director de Radiotelevisión Española empezase
a hacer una información neutral y diese un tratamiento parecido al
Gobierno y a la oposición, sin duda alguna duraría muy poco en ese
cargo. Es claro que la neutralidad con la cual funcionan esos medios
es inexistente. En todo caso, como creemos que tiene que ver también
con el modelo, es un debate que tiene que producirse en esta Comisión
Constitucional.
Hemos pedido que sea el ministro de la Presidencia el que venga, es
el ministro que contesta a las preguntas sobre Radiotelevisión en el
Pleno y nos parece que es el que tiene que venir. Si no es así, nos
tendría que decir el Gobierno quién tiene que venir. Nosotros
aceptaríamos en este instante que nos dijera el Grupo Popular que
vendrá otro miembro del Gobierno a hablar de este asunto. Que nos
diga exactamente cuál es el miembro del Gobierno que va a , pero está
claro que una mínima sensibilidad ante la importancia de que estos
debates se celebren en el Parlamento y que haya una mínima capacidad
de control del Parlamento sobre el Gobierno debe llevar a que se
acepte esta solicitud de comparecencia que, repito, no es sólo algo
relativo a los medios públicos de comunicación, sino también a los
medios privados, al modelo audiovisual, y en última instancia algo
fundamental para esta Comisión Constitucional, que es el debate sobre
los derechos fundamentales y, en este caso, el derecho a comunicar o
recibir libremente información veraz por cualquier medio de difusión.
La señora PRESIDENTA: Por el Grupo Parlamentario Vasco, tiene la
palabra el señor Erkoreka.
El señor ERKOREKAGERVASIO: La posición del Grupo Vasco en relación
con este tema parte de un punto que es insoslayable en la cuestión
objeto de debate, y es
que no hay zona de la actividad del Gobierno que esté exenta del
control de la Cámara; no debe haber ninguna zona, ningún ámbito,
ningún espacio de la actividad gubernamental sustraído por definición
a la actuación de control que esta Cámara tiene que desarrollar por
mandato constitucional sobre el Ejecutivo. La Cámara, por tanto,
puede exigir al Gobierno la comparecencia de cualquier autoridad
gubernamental responsable de las materias sobre las que se vaya a
ejercer el control.
Cierto es que en relación con Radiotelevisión Española hay dos
disposiciones específicas que regulan algunos aspectos de este
control parlamentario, que son: la disposición final quinta del
Reglamento y la resolución de la Presidencia de la Cámara de 14 de
diciembre de 1983. Es preciso reseñar que ambas se refieren
exclusivamente a las materias propias de la competencia del Ente
Público Radiotelevisión Española, y hay otros muchos temas que tienen
también que ver con el ente público pero que no son materias
competenciales asignadas como funciones específicas al mismo, por
ejemplo, una propuesta para reconsiderar el estatuto del ente
público, un posible cambio del modelo en el que se inspira, posibles
modificaciones en la ley que lo regula, el propio sistema de elección
del director general, que supongo que se podrá reconsiderar y
debatir. Lógicamente el foro en el que se tenga que discutir esa
cuestión no es la Comisión específicamente creada al efecto donde el
compareciente por antonomasia es el propio director general; tiene
que haber otro foro, tiene que haber un responsable que responda ante
estas cuestiones. ¿Quién es el responsable? Aquí se ha hablado de la
posible incidencia del Ministerio de Ciencia y Tecnología, del SEPI,
del Ministerio de Hacienda, en la medida en que, a partir de la Ley
de acompañamiento de 2000, Radiotelevisión Española está adscrita al
SEPI. Cierto es que la adscripción formal que el real decreto de
estructura orgánica del Ministerio de la Presidencia del año 2000
hacía del Ente Público Radiotelevisión Española al Ministerio de la
Presidencia está alterado de alguna manera por la previsión de la Ley
de acompañamiento, en la medida en que la adscripción ahora está
hecha al SEPI, pero alguien tendrá que comparecer.
Por mucho que he analizado -y lo he hecho- los espacios
competenciales, las atribuciones que tienen tanto el Ministerio de
Ciencia y Tecnología como el Ministerio de Hacienda o la Sociedad de
Participaciones Industriales en relación con los entes públicos que
dependen de la misma, como es el caso de Radiotelevisión Española, no
encuentro ningún enganche que pueda justificar la comparecencia de la
ministra de Ciencia y Tecnología, ni del ministro de Hacienda, ni del
responsable de la SEPI para responder a estas cuestiones, que tienen
que ver con el desarrollo de los derechos fundamentales, con el
funcionamiento, la organización y la estructura del Ente Público
Radiotelevisión Española y que, a mi juicio, no encajan para nada en
las previsiones a las que hacen referencia tanto la disposición final
quinta como la resolución de la Presidencia de esta Cámara
de 14 de diciembre de 1983. En la medida en que lo que está en juego
es un derecho fundamental el emplazamiento puede ser esta Comisión y
el responsable puede ser el ministro de la Presidencia, como de
alguna manera implícitamente lo ha aceptado el Gobierno cada vez que
en las sesiones de control de los miércoles quien responde a las
preguntas en relación con estas cuestiones no es ni la ministra de
Ciencia y Tecnología, ni el responsable del SEPI, que lógicamente no
puede porque es una sesión de Pleno, ni el ministro de Hacienda, sino
que es el ministro de la Presidencia.
Nosotros votaremos a favor de que comparezca el ministro de la
Presidencia, y si alguien nos explica qué otro ministro tiene una
competencia más justificada para comparecer y nos convence de ello,
perfecto, que sea otro quien comparezca, pero lo que no puede ser es
que por un trasiego de repartos competenciales entre ministerios
aflore un espacio de actuación gubernamental que va a resultar
absolutamente ajeno a la labor de control de la Cámara y quede exento
de control.
La señora PRESIDENTA: Por el Grupo Federal de Izquierda Unida, la
señora Urán.
La señora URÁN GONZÁLEZ: El Grupo Parlamentario Federal de Izquierda
Unida va a apoyar la solicitud de comparecencia del ministro de la
Presidencia para que informe sobre el actual modelo audiovisual desde
el punto de vista del derecho fundamental a la información.
Señorías, que el modelo audiovisual que hay en nuestro país es
obsoleto no es nuevo, y creo que recoge prácticamente la unanimidad
de esta Cámara, puesto que en la legislatura pasada se creó una
ponencia para estudiar el modelo de radiotelevisión española, y se
analizaba que fundamentalmente era un modelo que, con el transcurso
de los años, había quedado obsoleto con diversos problemas a la hora
de poner en práctica los derechos constitucionales y el Estatuto de
Radiotelevisión Española. El hecho de que en aquel momento no se
pudiera llegar a ningún acuerdo sobre el actual modelo, no quiere
decir que no exista el problema que hoy aquí se suscita, y desde
luego algún Ministerio tendrá que darse cuenta de cuál es el modelo
que tiene el partido que gobierna, cuál es el modelo que puede
plantear para que el derecho fundamental a comunicar o a recibir
libremente la información veraz quede salvaguardado. Si siempre se ha
criticado que los medios públicos de comunicación no eran imparciales
-mi grupo parlamentario lo ha denunciado prácticamente en todas las
legislaturas, por no decir en todas-, en los últimos momentos mi
grupo parlamentario cree que cada vez más existe una falta de
objetividad, una falta de pluralismo a la hora de transmitir la
información a los ciudadanos, quedando totalmente sesgada cuando no
manipulada, confundiéndose en la mayoría de las ocasiones lo que es
información con opinión concreta de las personas que la están
emitiendo en este momento.
to. Precisamente por esa laguna que se ha originado después de la
constitución del último Gobierno y del pase de Radiotelevisión
Española, a través de la Ley de Acompañamiento de los Presupuestos,
a una dependencia que parece no haber quedado muy clara -en principio
decía el Gobierno que era una dependencia orgánica que no funcional-
de la SEPI, consideramos que el ministro de la Presidencia es el más
adecuado para informarnos porque puede reunir la información diversa
o dispersa que pueden tener distintos ministerios.
Señorías, nuestro grupo parlamentario, en aras a un funcionamiento
democrático y de transparencia no solamente informativa sino también
de esta propia Cámara, va a apoyar la solicitud de comparecencia.
La señora PRESIDENTA: Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la
palabra el señor Bermúdez de Castro.
El señor BERMÚDEZ DE CASTRO FERNÁNDEZ: Quiero manifestar nuestro
criterio con relación a la verificación de esta comparecencia,
solicitada por el Grupo Parlamentario Socialista, aunque yo creo
que en el debate anterior ya hemos expuesto claramente nuestra
posición. Nuestro grupo entiende que no es procedente atender esta
solicitud de comparecencia tal y como está definida, en la medida en
que, si tenemos en cuenta el actual marco organizativo y de distribución
de competencias y funciones de los distintos miembros del Gobierno, el
ministro de la Presidencia no tiene al día de hoy ninguna competencia
sobre la materia objeto de la comparecencia. Nuestra posición en este
tema es bien conocida, pues ya nos hemos manifestado en esta misma
legislatura sobre un tema similar. Nosotros creemos que los miembros
del Gobierno pueden y deben ser controlados sobre materias de su
competencia, pero no podemos exigirles que comparezcan para informar
sobre asuntos de los demás. En ese sentido, ya tuvimos ocasión de
explicar en la reunión de Mesa y Junta de Portavoces la pasada semana,
que si bien podría ser ésta la Comisión en la que se debatiese acerca
de la situación actual o del futuro modelo audiovisual español -en este
tema no entramos en el día de hoy-, lo cierto es que en ningún caso
debería ser el ministro de Presidencia quien viniese obligado a
comparecer, pues actualmente, repito, su Ministerio no tiene ninguna
competencia en este tema. Es cierto que durante muchos años, yo creo
que desde el año 1981, el Ente Público de Radiotelevisión Española
estaba adscrito al Ministerio de Presidencia, pero no es menos cierto
que ha dejado de estarlo a partir de la aprobación de la pasada Ley
de acompañamiento, en que se adscribe el Ente Público de Radiotelevisión
Española, y no sólo desde un punto de vista formal, a la Sociedad Estatal
de Participación Industriales, la SEPI, a su vez adscrita al Ministerio
de Hacienda. Ello sin perjuicio, claro está, de las competencias que con
relación a la propuesta normativa relativa al régimen jurídico de la
radiodifusión sonora y la televisión y de los contenidos en medios
audiovisuales, tiene atribuidas el Ministerio de Ciencia y Tecnología.
Tan es así, que en octubre del pasado año -y aquí está presente la
señora Urán, que fue quien interpeló al ministro-, cuando ya se
conocía el criterio de adscribir el Ente Público Radiotelevisión
Española a la SEPI, fue el ministro de Hacienda y no el ministro de
Presidencia quien, en nombre del Gobierno, respondió a una
interpelación de Izquierda Unida sobre el modelo de televisión pública
en España, su modelo de financiación y su marco jurídico.
Señorías, está bastante claro y, en consecuencia, el Grupo
Parlamentario Popular entiende que no ha lugar a la verificación de
la comparecencia del ministro de la Presidencia en los términos
solicitados por el Grupo Socialista.
La señora PRESIDENTA: Como existe discrepancia, vamos a pasar a la
votación para la estimación o desestimación de la iniciativa propuesta
por el Grupo Parlamentario Socialista.
El señor BERMÚDEZ DE CASTRO FERNÁNDEZ: Quería preguntar, señora
presidenta, si procede en este momento anunciar las sustituciones de
nuestro grupo.
La señora PRESIDENTA: Si las tienen por escrito, les ruego que las
pasen a la Mesa.
Procedemos a la votación de la petición efectuada por el Grupo
Parlamentario Socialista de comparecencia del ministro de la
Presidencia para informar acerca de la política audiovisual en
relación con el derecho fundamental de recibir libremente información.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 15; en
contra, 21.
La señora PRESIDENTA: Queda rechazada.
Se levanta la sesión.
Eran las dos y veinticinco minutos de la tarde.