CORTES GENERALES



DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS



COMISIONES



Año 2001 VII Legislatura Núm. 213



*********************************************************************



NOTA INFORMATIVA: En la edición impresa de este Diario, sus páginas
aparecieron, por error, numeradas desde la 2819 a la 2836. Tal error
ha sido corregido en la presente edición electrónica.

(Vease 'DS. Congreso de los Diputados' Comisiones, núm. 285)
*********************************************************************



SANIDAD Y CONSUMO



PRESIDENCIA DE LA EXCMA. SRA. D.a BLANCA FERNÁNDEZ-CAPEL BAÑOS,
VICEPRESIDENTA PRIMERA



Sesión núm. 12



celebrada el miércoles, 18 de abril de 2001



ORDEN DEL DÍA:



Emitir dictamen, a la vista del informe elaborado por la ponencia,
sobre el proyecto de ley por la que se crea la Agencia Española de
Seguridad Alimentaria. (Número de expediente 121/000024.) . . .

(Página 6420)

Página 6420



Se abre la sesión a las diez y veinticinco minutos de la mañana.




EMITIR DICTAMEN, A LA VISTA DEL INFORME ELABORADO POR LA PONENCIA,
SOBRE EL PROYECTO DE LEY POR LA QUE SE CREA LA AGENCIA ESPAÑOLA DE
SEGURIDAD ALIMENTARIA. (Número de expediente 121/000024.)



La señora VICEPRESIDENTA (Fernández de Capel Baños): Buenos días. Se
abre la sesión.

Como punto primero y único del orden del día, tenemos el debate y
votación del proyecto de ley por el que se crea la Agencia Española
de Seguridad Alimentaria, según el texto que propone la ponencia.

El régimen del debate seguirá los criterios habituales
y reglamentarios de aplicación en la Cámara. Lo iniciaremos con la
discusión del articulado, para pasar al preámbulo y examen de las
enmiendas que permanecen vivas por su orden, con un turno a favor de
diez minutos y otro en contra por el mismo tiempo.

Antes de iniciar el debate, les comunicamos que acumularemos las
votaciones, si SS.SS. no tienen inconveniente, que tendrán lugar no
antes de las 12 de la mañana. Si hubiésemos terminado la discusión
antes, tendríamos un descanso por el tiempo que fuese necesario para
proceder a la votación a esa hora.

Por último, debemos aclarar que hay que salvar la omisión de un texto
en el artículo 2.1 in fine. El señor letrado leerá el texto que han
acordado los portavoces.




El señor LETRADO: Hay un error por omisión de una parte del texto del
artículo 2.1 in fine, es decir, a continuación de las palabras
siguientes: serán objetivos específicos a) b) c). Dentro de este
número 1 figurará un nuevo apartado, que podría ser C mayúscula, que
dirá: Sus ámbitos de actuación son los siguientes: Primer guión: La
seguridad de los alimentos destinados al consumo humano, incluyendo
la nutrición y los aspectos de calidad con incidencia en la salud.

Segundo guión: La seguridad de toda la cadena alimentaria, abarcando
todas sus fases. Tercer guión: Aquellos aspectos de sanidad animal y
sanidad vegetal que incidan directa o indirectamente en la seguridad
alimentaria. Cuarto guión: Cualquier otro que se le asigne a la luz
de los avances científicos y las nuevas demandas sociales.

El texto es resultado de las enmiendas número 45 del Grupo Socialista
y 110 del Grupo Popular. Digo resultado porque coge en parte texto de
una de las enmiendas y, en parte, texto de la otra. No hay ninguna
modificación realmente, sino sólo la ordenación de acuerdo con ambas
enmiendas. (La señora Uría Etxebarría pide la palabra.)



La señora VICEPRESIDENTA: Sí, señora Uría.

La señora URÍA ETXEBARRÍA: Señora presidenta, con carácter previo,
aparte de estas sorpresas que nos dan ahora y que rogaría se nos
diesen por escrito, a poder ser, le pediría que no se hable de
acuerdo entre los portavoces cuando se trata solo de los portavoces
del Partido Popular y del Partido Socialista; los demás portavoces
-yo, por lo menos, y el portavoz del Grupo Mixto- no hemos tenido
noticia de esta introducción, que no es salvar un error sino un texto
largo, tal como lo ha leído el letrado.

A lo que iba ahora, quisiera preguntar a la señora presidenta cuál va
a ser el orden del debate. En las comisiones, cuando se debate un
proyecto de ley, es práctica habitual que los portavoces, además de
tomar posición sobre nuestras enmiendas, podamos hacer una
introducción de valoración del proyecto desde la perspectiva de
nuestro grupo. Quisiera saber si esto se va a hacer antes, a la vez
que la defensa de nuestras enmiendas, o con posterioridad en una
valoración global.

Me parece que es importante que nos lo diga para que cada uno sepa
qué sistema seguir a la hora de fijar su posición; si hacerlo en un
solo bloque o en dos distintos, según sea el tenor del debate.




La señora VICEPRESIDENTA: Señora Uría, la enmienda que se ha acordado
venía ya expresada en el informe de la ponencia, que dice: Se acuerda
sustituir su texto por el de las enmiendas 45 del Grupo Socialista
y 110 del Grupo Popular. Quiero decir que la sustitución se había
acordado previamente y lo que ha hecho esta Presidencia ha sido
manifestarlo. No se ha tomado ningún acuerdo que no hubiera sido
debatido previamente entre ustedes.




La señora URÍA ETXEBARRÍA: Me va a perdonar la señora presidenta,
pero estuve en la reunión de la ponencia y referirse a la enmienda
110 y a la 45 es referirse a dos textos legales casi enteros. No
conocía yo ese tenor y, desde luego, no se nos ha entregado el texto
completo a los portavoces. No quisiera empezar sembrando polémica,
pero me parece que resulta sorprendente el sistema de articulación o,
por lo menos, que se nos anuncie ahora in voce lo que no está
publicado como informe de la ponencia.




La señora VICEPRESIDENTA: Señora Uría, gracias por su intervención,
pero tengo que aclararle que no hay ninguna enmienda in voce, sino
que estaba acordado previamente; éste ha sido un arreglo de tipo
técnico sobre lo acordado durante la discusión del texto de la
ponencia. (Pausa.)
Vamos a proceder a la discusión del articulado según la normativa
expuesta anteriormente, y aclaro a la señora Uría que puede hacer su
valoración sobre el aspecto global del texto que vamos a debatir
cuando se realice la discusión del preámbulo de la ley. Gracias.




Página 6421



Al artículo 1 se mantiene viva para su defensa una enmienda de
Coalición Canaria. (La señora Pozuelo Meño pide la palabra.) ¿Sí,
señora Pozuelo?



La señora POZUELO MEÑO: Le pido la palabra para una cuestión de
orden, señora presidenta. Yo entiendo que si hay acuerdo entre los
portavoces de los grupos políticos sería más operativo que cada grupo
hiciera una intervención global que incluyera su posición sobre el
conjunto del proyecto de ley y la defensa de sus enmiendas en una
sola intervención, porque hacer una intervención artículo por
artículo puede ser muy prolijo y quizá nos lleve al mismo sitio. Si
le parece a la señora presidenta, pediría que se siguiera ese
procedimiento, que es el mismo que ha solicitado la señora Uría.




La señora VICEPRESIDENTA: Esta Presidencia no tiene ninguna objeción
que hacer para ordenar el debate de esta forma y, por tanto, si los
señores portavoces no opinan en contrario, procederemos a hacerlo de
la forma solicitada. ¿Algún grupo tiene objeción? (Pausa.)
Procedemos, pues, a la discusión de la ley.

En el turno de portavoces tiene la palabra el representante del Grupo
Parlamentario Mixto, señor Aymerich.




El señor AYMERICH CANO: Voy a intervenir para defender las enmiendas
de todos los partidos que están integrados en el Grupo Mixto y,
dándolas por defendidas, voy a hacer referencia especial a las
enmiendas presentadas por mí mismo en nombre del Bloque Nacionalista
Galego. Son enmiendas que desde luego vamos a mantener vivas para su
discusión en el Pleno, ya que la discusión ha sido avocada al Pleno,
porque nosotros pensamos que esta ley, aunque haya mejorado
parcialmente a partir de un pacto no entre los portavoces sino, como
se suele decir ahora, entre las dos únicas fuerzas que pueden
gobernar -son expresiones que se emplean-, nos deja insatisfechos por
varias razones. La primera de ellas es que no cumple en absoluto con
los requisitos que establece la Unión Europea en el Libro Blanco
sobre seguridad alimentaria; no es un organismo que goce, por
ejemplo, de las condiciones de independencia respecto del Gobierno,
respecto del poder político que establece ese libro blanco sino que
es simplemente un organismo incardinado en el Ministerio de Sanidad,
que es su administración matriz, y directamente dependiente tanto
orgánica como sobre todo funcionalmente de este Ministerio. Esto por
un lado. En segundo lugar, el proyecto de ley también nos suscita
muchas dudas desde el punto de vista competencial. Nosotros no
tendríamos nada que objetar a que la Administración del Estado creara
un organismo dependiente del Ministerio de Sanidad que integrara las
competencias que corresponden a la Administración del Estado en
materia de seguridad alimentaria y
que actuara, integrando también las competencias que pueden estar
dispersas entre diferentes órganos, como órgano de coordinación entre
esas competencias estatales y las que estatutariamente corresponden a
las comunidades autónomas de acuerdo con los artículos 148 y en
especial 149 de la Constitución.

Se ha optado por otra vía, como por otra parte dice hoy claramente la
prensa, que es la vía de utilizar esta ley y utilizar como excusa
ciertas crisis alimentarias, en las que el Gobierno no es inocente,
para recuperar competencias que constitucional y estatutariamente
corresponden a las comunidades autónomas. Yo creo que desde ese punto
de vista estamos ante una ley de dudosa constitucionalidad, y con una
enmienda como la que nosotros presentamos, y que el letrado intentó
no admitir ya a trámite -felizmente se mantiene viva y ya digo que
será objeto de discusión en el Pleno-, pretendíamos limitar el objeto
y el contenido de esta ley precisamente a que la Agencia de Seguridad
Alimentaria fuera un organismo que integrase las diferentes funciones
de la Administración del Estado y, a partir de ese organismo, la
Administración del Estado se coordinase y colaborase con los órganos
competentes de las comunidades autónomas, pero en ningún caso se
utilizase este organismo para recuperar competencias tanto ejecutivas
como normativas que ya hoy están ejerciendo las comunidades
autónomas.

Por estas razones, esperamos que el texto pueda mejorar tanto en el
debate en esta Comisión como después en el Pleno, pero nos reservamos
nuestro voto, que no creo que pueda ser favorable a este proyecto de
ley, y nuestras enmiendas van en el sentido de dar la independencia
a este órgano, precisar sus funciones y sobre todo hacer que esta ley y
el órgano que por ella se crea sea respetuoso del marco
constitucional y estatutario de distribución de competencias.




La señora VICEPRESIDENTA: El Grupo Parlamentario de Coalición Canaria
ha presentado también enmiendas al articulado, y para su defensa
tiene la palabra la señora Julios.




La señora JULIOS REYES: En primer lugar quiero señalar el esfuerzo
que yo creo que han realizado los portavoces y los grupos en el
transcurso de los trabajos de la ponencia para intentar llegar a
puntos de acuerdo y de consenso, de forma que creo que hoy estamos
discutiendo, afortunadamente, un texto de ponencia bastante
enriquecido, desde mi punto de vista, con respecto a la propuesta
inicial. Eso es importante para que aseguremos entre todos al máximo
posible la continuidad desde el punto de vista de los contenidos y de
la política de la Agencia de Seguridad Alimentaria por el bien de las
políticas de salud pública y de seguridad alimentaria en el futuro de
este país.

Una vez aclarado eso y también el magnífico trabajo -creo que hay que
decirlo- realizado por el letrado



Página 6422



con las múltiples enmiendas que se han tenido que ir refundiendo,
paso a resaltar brevemente las enmiendas que hoy por hoy mantenemos
vivas. Muchas de las presentadas, por ejemplo en cuanto a la
exposición de motivos, entendemos que han sido subsumidas por el
texto que hoy tenemos aquí delante en la medida en que se recogen en
algunos casos desde el punto de vista de la filosofía e incluso, en
otros, desde el punto de vista del propio texto muchas de las
enmiendas que nosotros planteábamos para resaltar la importancia de
la Agencia en la protección de la salud pública y en el de considerar
a la cadena alimentaria en su integridad incluyendo, además de los
aspectos de seguridad, los de calidad nutricional y los de promoción
de la salud. Aspectos como la participación de los Ministerios de
Agricultura, de Ciencia y Tecnología y de Medio Ambiente se han
recogido en los diversos artículos del nuevo texto, así como los
términos de salud, que han sido reforzados en muchos de los
articulados. Por otra parte, nosotros hemos propuesto que la Agencia
pase a denominarse Agencia española de salud y seguridad alimentaria,
lo que no ha sido aceptado por la mayor parte de los grupos, pero
como su contenido se refuerza en el articulado entendemos subsumida
nuestra enmienda.

Con respecto al artículo 2.1 tengo que decir que se ha puesto énfasis
en una de nuestras enmiendas, aquella con la que queremos introducir
algo que no se refleja en el texto originario: la protección al
consumidor. Esto ha quedado recogido, de la misma forma que la
relación que debiera tener la Agencia con el resto de las autoridades
alimentarias de las comunidades autónomas. Se ha reflejado en un
punto que habla específicamente de las relaciones con otras
autoridades alimentarias, recogiéndose el papel de la Agencia desde
el punto de vista de su coordinación con las comunidades autónomas.




He hecho llegar a los portavoces de los grupos parlamentarios las
enmiendas números 88, 89, 91 y 102 y ahora se las facilitaré a la
Presidencia y al señor letrado. Dichas enmiendas las hemos refundido
y hemos elaborado un nuevo texto teniendo en cuenta los aspectos que
no se han recogido en el que actualmente estamos discutiendo.

Queremos introducir en el artículo 2.2 un apartado b), con la
consiguiente modificación correlativa del resto de los apartados, que
diría lo siguiente: Elaborar planes anuales de actuación en donde se
especifiquen los objetivos a desarrollar por la Agencia en las
diferentes áreas de su competencia, los mecanismos de coordinación y
los indicadores de evaluación a utilizar. En dicha planificación se
tendrán en cuenta tanto las recomendaciones de la Unión Europea como
las necesidades específicas en materia de riesgo y seguridad
alimentaria de los diferentes territorios del Estado español. De esta
forma queremos dejar constancia de que, aun habiéndose recogido los
aspectos de programación que nosotros recomendábamos en las
enmiendas, no es suficiente, puesto que hoy en día tanto en el
ámbito de la empresa privada como en el de la pública trabajar por
objetivos y planificaciones anuales es algo que se impone cada vez
más. En ese sentido, al igual que la Agencia va a elaborar una
memoria anual que refleje de alguna forma la evaluación de la
situación de la seguridad alimentaria del país, dicha memoria debería
reflejar también la evaluación de las propias actividades de la
Agencia. Así, el ejercicio de planificación ha de hacerse tanto desde
un punto de vista teórico como práctico, de forma que la Agencia
pueda estar dotada de un plan anual en el que en sus diferentes
áreas, área de coordinación, de planificación, de investigación,
etcétera, se marquen los objetivos a cumplir durante el año ante una
materia tan dinámica, tal y como hemos tenido ocasión de comprobar
durante este último año, en el que han aparecido nuevas enfermedades
y riesgos. Insisto en que ha de hacerse un ejercicio de planificación
anual en función de la evaluación y de la memoria de ese mismo año y
que quede reflejado en un documento que sirva de guía a todas las
administraciones a la hora de actuar en este campo. Al ser una
función de la Agencia coordinar las diversas administraciones del
Estado, administraciones autonómicas y locales, es necesario reforzar
los nuevos mecanismos de coordinación para hacer frente a los
problemas que puedan surgir. Por eso creemos que es importante -se
han aceptado varias de las enmiendas que hemos refundido en este
sentido-, y lo hemos defendido a lo largo de los trabajos de la
ponencia, que esta planificación recoja las recomendaciones, como es
lógico, de la Unión Europea, pero también debe tener en cuenta la
diversidad que en materia de riesgos y de seguridad alimentaria puede
haber en los diferentes territorios del Estado. Cada comunidad
autónoma tiene sus competencias y las ejerce a la hora de dar
respuesta a sus riesgos específicos, pero es lógico que, si existe
una agencia estatal, también se compartan los recursos que ella pueda
tener a la hora de apoyar los riesgos emergentes. En Canarias, por
ejemplo, y también en otros territorios, existe un puerto abierto a
terceros países, y no me refiero a países de Europa, sino a África y
a otros, lo que implica una serie de riesgos emergentes, riesgos que
pueden ser diferentes de los de otros territorios del Estado,
debiendo ser contemplado como una posibilidad de apoyo por parte de
los comités científicos a la hora de dar respuesta a esa diversidad.

Entrando en el artículo 3, órganos de dirección de la Agencia, las
enmiendas que hemos planteado han sido más o menos recogidas en el
nuevo texto, habiéndose cambiado algunos nombres. Nosotros entendemos
que tiene que haber un director que tenga funciones de carácter
ejecutivo, que tiene que haber un consejo de dirección en el que se
encuentren representadas las comunidades autónomas y que dentro de
los órganos de dirección tiene que haber un comité ejecutivo de
coordinación, comité al que ustedes han denominado comisión
institucional, aunque en el texto se especifica que



Página 6423



su principal función será ejecutar la coordinación con las
comunidades autónomas. También creemos que debe haber un organismo de
participación más reforzado que el que existe en el texto originario.

Nosotros lo hemos llamado consejo de salud y seguridad alimentaria
y ustedes lo han denominado consejo consultivo. Asimismo, que haya un
comité científico que no sea único, sino que permita la configuración
de diferentes comités de expertos, puesto que la especialización
sobre el tema requiere de esa diversidad. Así se ha recogido.

Quiero llamar la atención sobre algo que me preocupa, puesto que
puede inducir a confusión. En el nuevo texto ya no aparece como
órgano unipersonal el presidente de la Agencia y estamos de acuerdo
con ello, pero creo que esto debiera aclararse. En el punto 5 se dice
que la comisión institucional estará presidida por el presidente de
la Agencia y esto hay que aclararlo, ya que, tal y como está
expresado, nosotros creemos que da a entender que en el consejo de
dirección se nombrará a un presidente del mismo y es que un
presidente del consejo de dirección no es lo mismo que un presidente
de la Agencia. No es lo mismo un órgano unipersonal presidido por el
presidente de la Agencia que por un presidente del consejo de
dirección. Eso puede inducir a confusión, por lo que debiera
aclararse.

En relación con la comisión institucional, entendemos que, igual que
se especifica en el consejo de dirección, debe haber un apartado en
el que se diga que la organización y el funcionamiento de la comisión
institucional será regulado por el estatuto de la Agencia. El
desarrollo reglamentario de dicha comisión institucional debe verse
recogido en el estatuto de la Agencia, pero esa referencia que
aparece en el consejo de dirección no existe en la comisión
institucional.

En lo que se refiere a las enmiendas al artículo 10, por supuesto,
entendemos que debe corresponder al Gobierno la aprobación del
estatuto de la Agencia, a iniciativa de los Ministerios de Sanidad y
de Agricultura y previo conocimiento de los restantes ministerios,
pero proponemos, tal como aparece en nuestra enmienda, que,
previamente a su aprobación, habrán de realizarse las pertinentes
consultas a las comunidades autónomas y sectores implicados, y
también habrá de remitirse el borrador del estatuto para su debate y
dictamen a esta Comisión de Sanidad del Congreso de los Diputados.

Entendemos que muchos aspectos de gran relevancia están remitidos al
estatuto y, por tanto, debería discutirse por los organismos que he
mencionado antes de ser aprobado definitivamente por el Gobierno.

No me voy a referir al resto de las enmiendas porque entendemos que
la mayoría, en su filosofía y en algunos aspectos, están recogidas en
el nuevo texto que hoy estamos aquí debatiendo. Como dije al
principio, creo que en la ponencia que ha trabajado en este tema ha
habido un talante de consenso apropiado, como merecía la importancia
del impacto que tiene hoy en día para los ciudadanos todo lo relativo
a la salud, pero sobre todo
los problemas de seguridad alimentaria. Esperamos que podamos
terminar los trabajos de esta Comisión haciendo el último esfuerzo de
consenso para conseguir que el resultado de esta legislación que hoy
estamos aquí debatiendo permita dotar a España, en su conjunto, de
una nueva norma que asegure la continuidad y la coherencia en las
políticas de seguridad alimentaria.




La señora VICEPRESIDENTA: Gracias, señora Julios. Antes de dar la
palabra a otro portavoz, quiero hacerle una aclaración.

Señora Julios, esta Presidencia entiende que su propuesta sobre la
comisión institucional, la presidencia del consejo de dirección,
etcétera, es susceptible de una enmienda transaccional que debe usted
formular para que sea sometida a la aprobación del resto de los
grupos. Le ruego que haga la propuesta ahora o antes de proceder a la
votación, pero sería conveniente que lo hiciera ahora para saber en
qué términos la hace y poder incorporarla al texto que se debate.

Por el Grupo Parlamentario Vasco (PNV), tiene la palabra la señora
Uría.




La señora URÍA ETXEBARRÍA: Como nota previa, quiero dejar constancia
de que a la formación política a la que pertenezco le parece mejor
este texto, el texto aprobado en ponencia, que el inicialmente
presentado por el Gobierno, y que estoy de acuerdo con la
representante del Grupo de Coalición Canaria en la corrección y hasta
en la amabilidad personal por las que se han regido las relaciones
entre los ponentes del texto; corrección y amabilidad que no quitan
para que, en lo técnico y hasta en lo político, tenga que poner pegas
al modo de tramitarse este proyecto de ley. Mi crítica al acuerdo
entre el Partido Popular y el Partido Socialista responde a que
creemos que se ha producido algún fraude en el proceso. Me explicaré.

Todos los grupos parlamentarios que no somos el Partido Popular y el
Partido Socialista hemos podido formular enmiendas al texto inicial
del Gobierno. El Partido Popular y el Partido Socialista, fruto de
sus conversaciones, conocían lo que iban a presentar y, troceado, han
presentado textos iguales o muy parecidos respecto de los cuales nos
han hurtado a las demás formaciones la posibilidad de presentar
enmiendas. No caben enmiendas a las enmiendas. Nuestra ocasión es
decir ahora lo que pensamos o presentar enmiendas en el Senado. El
Partido Socialista tiene que ser forzosamente consciente de esto
porque, por un tema parecido, más grave, tiene presentado un recurso
de inconstitucionalidad por haber introducido el Partido Popular, en
trámites sucesivos, ya en el Senado, en la Ley de acompañamiento del
año pasado, cuestiones respecto de las cuales se había hurtado a
todos los grupos la posibilidad de debate. En este caso, repito, nos
hemos visto privados de la posibilidad de enmendar determinadas
partes del proyecto. Diré lo que opino (espero que se me deje decir



Página 6424



lo que opino), a pesar de no poder tener enmiendas a esa parte,
porque no existía en el proyecto. Mi grupo podrá decir luego (porque
tenemos grupo de senadores, evidentemente) lo que opina, pero
formular enmiendas no podía, repito, porque no caben enmiendas a las
enmiendas. Lo correcto hubiera sido que, puesto que existía esta
voluntad de pacto o existe tanto acuerdo en determinadas cuestiones,
lo hubiesen hecho antes de la presentación del proyecto y lo hubiesen
presentado como proposición de ley las dos formaciones juntas para
que los demás hubiésemos podido formular enmiendas al todo y no
pronunciarnos sobre lo ya previamente pactado por estas formaciones
políticas.

Me parece también importante señalar en qué entorno político se
produce este debate. Es evidente que todos constatamos la
trascendencia y la esencialidad que en una sociedad moderna tiene la
producción y el consumo de alimentos, con evidentes repercusiones en
la protección y en el fomento de la salud de las personas y,
asimismo, con notables repercusiones económicas y sociales, y en
numerosos casos también hasta medioambientales. Distintos portavoces
se han referido a la importancia que tuvo para este debate, que es un
debate político, el Libro Blanco sobre la seguridad alimentaria
presentado a principios del año 2000 por la Comisión de las
Comunidades Europeas y cuanto en esta materia se ha ido recomendando
o advirtiendo por la Unión Europea.

Es forzoso también referirse a las propias resoluciones adoptadas por
este Congreso de los Diputados, en concreto, a la aprobada en junio
de 1999 (la exposición de motivos hace referencia a ella), con
ocasión del debate del estado de la Nación, en la que se insta al
Gobierno a constituir esta Agencia, pero con unas pautas. Existe, por
tanto, un mandato político al que creemos que debiera responderse, el
respeto a las competencias asumidas por las comunidades autónomas y,
también, unas finalidades, que son: asumir los mecanismos de
cooperación de todas las administraciones públicas responsables del
control sanitario e higiene de los alimentos; mantener las relaciones
técnicas y científicas que fueran pertinentes, de acuerdo con el
sistema competencial, con los organismos similares de la Unión
Europea y sus Estados miembros; promover la actualización de la
normativa básica sanitaria en materia de alimentos y, en general,
cuantas otras faciliten la salud y la seguridad alimentaria de los
ciudadanos. Es ésta una vinculación exclusivamente política, no
jurídica, pero que me parece que es importante y que ahí está.

Es forzoso también referirse (y así no lo tendré que hacer después en
cada enmienda) a los títulos competenciales que se utilizan, ya que,
según el proyecto de ley que examinamos, estamos hablando de sanidad
y, por tanto, deben tenerse en cuenta los pronunciamientos del
Tribunal Constitucional al respecto, sobre todo la jurisprudencia
habida en los años ochenta y singularmente la famosa sentencia -en
esta materia famosa- 32/1983,
referida al registro sanitario de alimentos y a coordinación
y planificación sanitaria. Por una vez diré cuál es su contenido,
puesto que toda la ley habla de coordinación constantemente y me
parece importante decir qué es lo que ha dicho el Tribunal
Constitucional para que quede constancia, cuando menos a los efectos
del 'Diario de Sesiones', de qué es coordinación general según el
Tribunal Constitucional. Primero, es un complemento de la noción de
bases, por lo que se trata de una competencia distinta de la fijación
de bases (no cabe fijar bases en esta ley, sino que estamos hablando
de coordinación); segundo, presupone que hay algo que debe ser
coordinado (esto es, presupone la existencia de competencias en las
comunidades autónomas que el Estado, al coordinarlas, debe respetar
sin que pueda dejarlas vacías de su contenido); tercero, significa no
sólo que hay que coordinar las competencias comunitarias, sino que
esa coordinación corresponde hacerla al Estado; cuarto, la
coordinación general debe ser entendida como la fijación de medios y
de sistemas de relación que hagan posible la información recíproca,
la homogeneidad técnica en determinados aspectos y la acción conjunta
de las autoridades estatales y comunitarias en el ejercicio de sus
respectivas competencias, de tal modo que se logre la integración de
actos parciales en la globalización del sistema sanitario. Esto y no
otra cosa es coordinación.

Se ha expresado que la ley, a pesar de que dice que utiliza el título
Sanidad, hace también referencia a la protección de los consumidores
y usuarios y el Tribunal Constitucional también tiene dicho que la
protección del consumidor genera problemas competenciales en la
medida que las normas que se refieren a ella pueden estar
comprendidas en más de una de las reglas delimitadoras de
competencias. A los efectos de la corrección de encaje en el sistema
del texto nos parece que debe ser tenido en cuenta a la hora de la
elaboración de todo el proyecto. Forzoso es también hacer alguna
referencia, aunque en el texto se ha querido obviar la competencia, a
que algún roce con la competencia Agricultura se tendrá y que
respecto de esto el artículo 148.1.7 de la Constitución establece que
es asumible por las comunidades autónomas de acuerdo con la
ordenación general de la economía. En el texto, a pesar de que se
dice que el título que se emplea es sólo Sanidad, hay referencias a
las competencias en materia agrícola y ganadera.

Entraré ya en el tenor del texto, refiriéndome a que al grupo al que
represento no le parece mal la articulación institucional que se hace
con encaje dependiente de un ministerio concreto. El que sea un
organismo adscrito nos parece que nada empece al contenido de las
competencias que pueda llegar a desarrollar. En concreto, las
enmiendas 60 y 61, que se defienden por el Grupo Mixto, no nos parece
que aportan esencialmente nada a cuál deba ser la misión del
organismo que se crea. En el apartado 1 del artículo 2 empiezan a sus
citarse



Página 6425



ya problemas más importantes o de mayor enjundia desde la perspectiva
de nuestro grupo. El Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i
Unió) mantiene viva su enmienda número 69, que evidencia lo que yo ya
decía respecto a que hay competencias de agricultura, puesto que en
el tenor de la enmienda que se sostiene se habla de unificar y
gestionar las competencias de la Administración general del Estado.

Si me permite la señora Riera decirlo, esto expresa de una forma
evidente que las competencias no están unificadas, que hay cierto
lío, que hay pelea entre Sanidad y Agricultura, lo cual todos sabemos
que es cierto pero no sé si está bien expresarlo de una forma tan
clara en un texto legal. Lo que se pretende en el texto de la
ponencia es promover que resulta algo más filosófico y, por tanto,
también más correcto. En cuanto al resto de las enmiendas que
sostiene la señora Riera nos parece -y por eso lo he dicho en el
inciso inicial- que el Tribunal Constitucional ya ha dicho lo que es
coordinación y que, por tanto, esta definición que aquí se contiene
tampoco añade nada al tenor de lo que queda ya expresado en el texto
del artículo, que siempre deberá interpretarse conforme a la
sentencia 32/83, salvo que, siendo llevado nuevamente al Tribunal
Constitucional, éste diga ahora algo distinto. En este mismo
artículo, al apartado 1.c) está presentada la enmienda 29, del Grupo
Vasco, que sostenemos, porque entendemos que es más correcta que el
texto que aparece en el informe de la ponencia, a diferencia de lo
que se contiene en la enmienda 110 como apartado c). Se hace para
seguir lo que se está haciendo en Europa. Al hablar de autoridad
única, creemos que es más correcta la expresión que se utiliza en
Europa que es la de foro, que -repito- ya está acuñada como tal. La
expresión centro hace referencia a lo prestacional y la Agencia que
nosotros creamos no va a prestar servicios. Centro de referencia de
ámbito nacional, que ahora se quiere resucitar respecto de la
formación profesional, según leí el otro día, remite a un vestigio
histórico que evoca una organización centralizada de aquel único
Insalud. Creemos que debería utilizarse la misma expresión que en los
ámbitos europeos. El resto de la enmienda número 29, presentada por
el Grupo Vasco, define lo que es constitucionalmente coordinación,
conforme a la sentencia que he citado reiteradamente. Nos parece que
debe desaparecer del texto de la ponencia la expresión especialmente,
que, si se me permite que me repita, es especialmente peligroso
porque parece que quiere decir que lo que este apartado contiene se
va a hacer siempre por el Estado y más todavía en algunas ocasiones.

¿Quiere decirse con esto que la Agencia va a sustituir a los
consejeros de Sanidad de las comunidades autónomas en la comunicación
a sus ciudadanos de una crisis? No nos ha parecido que ésta haya sido
la tendencia en las últimas existentes, cuando desde el Estado
constantemente se hacía referencia a que lo arreglen las comunidades
autónomas porque es cosa de ellas. Lo correcto, lo que
debe querer pretender la Agencia es que desaparezca esta expresión,
porque esta misión se hará sólo en situaciones especiales y no
siempre. De la misma manera, y tal y como me pronuncié en ponencia,
es mejor sustituir el término de emergencia por el de alarma. No es
que sean conceptualmente distintos, pero el término de emergencia,
por lo que he constatado, se emplea más en el ámbito de la protección
civil, mientras que el de alarma tiene más arraigo sanitario, y me
remito a cuando se habla de alarma farmacéutica, que todo el mundo
sabe a qué se refiere.

Paso al artículo 2.2. Bien está que en el artículo 2.2.a) haya
desaparecido la idea de coordinar políticas, porque según el Tribunal
Constitucional las políticas no se coordinan, lo que se coordinan son
las actuaciones. Ahora el texto de la ponencia lo dice bien. Pero
sugerimos que debiera aceptarse un combinado de las enmiendas 72, de
Convergència i Unió, y 30, de mi formación política, fusionando los
contenidos a) y b), llegando así a una redacción que creemos que es
más acorde con lo que debe pretenderse y que técnicamente es más
correcta. Tal y como consta en la enmienda 30, de la formación a la
que represento, la tarea de programar tiene un contenido gestor que
comprende inseparablemente la función política. Esta función política
creemos que pertenece al Gobierno correspondiente, que puede ser el
de las comunidades autónomas, por lo que no podrá ser encomendada a
la Agencia por invadir la esfera competencial constitucionalmente
asignada a las comunidades autónomas. Con el tenor de la enmienda 72
y de la 30 -repito- podría llegarse a un texto mucho más acorde con
lo que ha de ser el contenido y la finalidad de la Agencia que se
pretende. Lo mismo podría decirse de la enmienda número 31, del PNV,
y de la número 73, de Convergència i Unió, que ahora son la letra c),
volviendo a utilizar otro cambio de expresión, el de proponer por
instar. Ello evitaría reticencias. Debe desaparecer la idea de
programar e instar (programar como he dicho antes e instar como digo
ahora) porque lo que parece que se quiere hacer no es coordinar sino
mandar. Ya sabemos que es lo que se intentará, pero el mandato de la
Cámara era regular un organismo que coordine. La enmienda número 32,
del Grupo Vasco, al que represento, es una mejor redacción de la
letra h), respecto de lo cual también he oído -no se me ha comunicado
pero he oído- que había conversaciones previas a la entrada en esta
Comisión, en la que hemos estado sólo medio informados de lo que se
cocía. Ni aún en los términos en que me ha parecido intuir que se
acordaba nos parece correcto, porque tal y como está en la actualidad
la referencia a organismos internacionales va delante de Unión
Europea y el término europeo enerva la internacionalidad. Creemos que
debe hablarse de la Unión Europea, de la Organización Mundial de la
Salud y del Codex Alimentarius en la forma que se haya pactado, del
Consejo de Europa y añadirse después 'y demás organismos
internacionales'. Es decir,



Página 6426



lo internacional debe ir después, quedando claro que en este ámbito,
siendo un país europeo y europeísta, no debemos considerar
internacional a Europa, puesto que Europa ya no es internacional, y
la expresión debe ir de forma más correcta como aparece redactado
-repito- en la enmienda número 32, del Partido Nacionalista Vasco, en
ese aspecto en concreto.

Mi grupo no tiene enmiendas sobre otros apartados de este artículo
(no las podría tener ya que no existían en el texto inicial), pero
creo que estoy en mi derecho de poder decir algo y de formular las
correspondientes enmiendas en el Senado. La letra o) contiene la
expresión 'sirvan de referencia'. Creemos que lo que tiene que decir
este texto, si pretende ceñirse a los ámbitos competenciales, es que
'puedan servir de referencia'. Estamos hablando de la competencia de
elaborar procedimientos de certificados de control. Las comunidades
autónomas hacen y van a seguir haciendo cosas en esta materia, diga
lo que diga el texto. En el ámbito vasco existen los conocidos
labeles de calidad respecto de determinadas cuestiones. La
posibilidad de otorgar estas certificaciones acreditando calidades es
gestión y la gestión, señorías, se pongan como se pongan, corresponde
a las comunidades autónomas. Bien está que puedan servir de
referencia. Es decir, si desde el Estado, si desde la Agencia se hace
algo que es atendible y bueno para todos, nadie tendrá inconveniente
en que eso sea copiado; pero pretender que con carácter general la
elaboración de los certificados de control de alimentos o de ciertos
estándares de control vayan a corresponder por la creación de la
Agencia siempre a ella nos parece que no es acertado desde el punto
de vista de la delimitación competencial, por lo que debiera añadirse
la expresión 'puedan servir de referencia'. En la letra p)
encontramos otro problema cuando se habla de proponer la
simplificación y la unificación. Se reconoce aquí nuevamente una
evidencia -la normativa hasta ahora es compleja- que dista mucho de
ser unitaria y existe la dualidad de procedencia de las normas, lo
cual es sincero, pero trasladarlo a un texto legal no es
excesivamente correcto. Nos gustaría que se aceptase la enmienda
número 86, del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria, que habla de
promover la actualización de la normativa básica sanitaria en materia
de alimentos. Es sensiblemente más correcto que el tenor literal del
texto que ahora ha quedado.

En cuanto al artículo 3, debo manifestar al portavoz del Grupo
Popular, señor Mingo, que a partir de aquí han caído ustedes en manos
del Partido Socialista. La ley pasa a ser extraordinariamente
reglamentista en esta materia y la oposición es normal que quiera una
ley muy minuciosa, muy pormenorizada, que quede todo amarrado en el
texto para que al Gobierno le quede más bien poco en el reglamento,
pero ustedes han caído en la trampa. Cuando el Partido Socialista
mandaba era mucho más escueto; basta que revisen los textos en esta
misma materia sanitaria elaborados en aquellos tiempos.

Han metido ustedes todo lo que es reglamentario dentro del texto
de la ley.

Me referiré a otra de las cuestiones que se han debatido y a la que
Izquierda Unida sostiene enmiendas, que es la representación de los
consumidores y de los ayuntamientos en el consejo de dirección. Nos
parece que es una pretensión demagógica y que además genera agravios.

¿Por qué no también los sindicatos, como desde Izquierda Unida se
propone? Sobre todo nos parece que es muy poco operativo. Desde
nuestro punto de vista, la presencia de este tipo de entidades,
consumidores y ayuntamientos, debería estar en el consejo consultivo
y no en el consejo ejecutivo. Esto sería también coherente con la Ley
General de Sanidad que, con el carácter de básico -su artículo 5.2 es
básico-, habla de introducir a los sindicatos, y estos no están en
este momento ni en el consejo consultivo, por lo que hay que
introducirlos. Nuestra preferencia sería en el consejo consultivo no
en el ejecutivo, pero introducirlos hay que introducirlos, si bien el
artículo 102 hace referencia a quien haga política sanitaria, y
ciertamente política sanitaria aquí no se va a hacer, pero lo
correcto, lo adecuado sería introducirlos a todos en el consejo
consultivo. Además, queda mejor, más clara, más limpia -si se me
quiere aceptar esta expresión- la correlación de fuerzas en el
consejo de dirección, porque así estaría presente el Estado y las
comunidades autónomas (ustedes la cifran en cuatro-cuatro, mi
formación política propone otra cosa) y al Gobierno, quien gobierne,
cualquiera de los dos partidos con posibilidades de gobernar, como
ahora se dice, le queda la satisfacción de pensar que de las cuatro
comunidades autónomas que vayan a estar en el consejo siempre alguna
será de su propio color político, con lo cual sí se garantiza la
mayoría, que supongo que puede ser la pretensión última. Nuestra
enmienda 33 proponía elevar a siete el número de representantes de
las comunidades autónomas, y no lo hacíamos por capricho ni porque
sea un número cabalístico, sino porque las históricas en materia
sanitaria son siete. Entendemos por tales las que tienen competencias
asumidas en agricultura, en ganadería y en sanidad con carácter pleno
desde hace más tiempo. En todo caso, nos gustaría saber qué se
pretende con ese número de cuatro. Puesto que lo han pactado algo
habrá detrás de ello, y sería bueno que los portavoces del Partido
Popular y del Partido Socialista nos contasen a los demás el porqué
de ese número cuatro, de qué se está hablando en concreto.

Otro asunto es el de los vicepresidentes. Hablamos de uno o de
varios, porque se emplea la expresión en plural, y estamos hablando
de los necesarios o de los bastantes para empatar. Si se pone en el
consejo de dirección, como nosotros decimos, todo el número de
representantes que se pretende en el texto aprobado en ponencia, los
vicepresidentes serán los suficientes para que se produzca el empate
o para ganar, o es que existetambién algún pacto respecto de quién o
quiénes. Presidente



Página 6427



y vicepresidentes están fuera de lo que es representación del Estado.

Es decir, los del Estado son cuatro, y luego están el presidente y
los vicepresidentes, cuando lo más habitual en los órganos de
formación compuesta es que de entre ellos, de entre el número que
sea, se elija presidente y vicepresidentes. ¿Por qué los que son en
representación del Estado no tienen el mandato vinculado a los cuatro
años que tiene el resto y por qué sí el presidente y los
vicepresidentes? Suponemos que no es caprichoso y que algo habrá
detrás. Como no hemos tenido ocasión de poderlo examinar, estaría
bien que nos lo vayan contando.




La señora VICEPRESIDENTA: Señora Uría, le ruego brevedad porque ha
doblado el tiempo que le permite el Reglamento.




La señora URÍA ETXEBARRÍA: Señora presidenta, he pedido magnanimidad
en el uso del tiempo. Aparte de la importancia que tiene, puesto que
es el primer proyecto de ley que se aprueba en esta Comisión, no sólo
en esta legislatura sino también en la pasada, tiene la relevancia
social suficiente y, además, se nos ha hurtado parte del articulado
hasta un momento avanzado de la tramitación, con lo cual lógico es
que se nos deje pronunciarnos al respecto puesto que el trámite en
Pleno siempre es mucho más breve.




La señora VICEPRESIDENTA: Seré flexible en el tiempo, pero intente
ser breve.




La señora URÍA ETXEBARRÍA: Muchas gracias, señora presidenta. Me
queda ya muy poco. Únicamente quería dejar claro que nos parece bien
la idea de que exista un consejo de dirección. Nosotros proponíamos
un órgano que no se llamaba así pero que era de este estilo, pero
queremos que se nos explique exactamente la concreta plasmación
porque si no nos abstendríamos en este artículo 4.

La última referencia es al título usado. Se dice en la disposición
adicional primera que es el 149.1.16.a En esto hay un pequeño
batiburrillo, una falta de corrección técnica en el proyecto, puesto
que en la exposición de motivos se habla de los principios que rigen
la ley y, dentro de los principios, además de lo que sí son
principios constitucionales, se ha metido el 149.1.16.a, que no es
principio sino delimitación competencial. Se ha utilizado una técnica
distinta de lo que suele ser práctica, que es el título competencial
que se utiliza en los artículos primigenios. Así está hecho en la Ley
General de Sanidad, pero con todo es una opción política. En todo
caso, el que se diga en la disposición adicional que el título usado
es Sanidad y sólo Sanidad, no tiene más efecto que el mero enunciado,
puesto que la ley será lo que materialmente es, con independencia de
lo que los legisladores digan que es.

Con estas aseveraciones que he hecho, dando por concluida mi
intervención, manifestaré que mi grupo
está en condiciones de votar a favor el texto de la ley, excepción
hecha del apartado 1 c) del artículo 2; del apartado 2 en sus letras
a), b) y c); del apartado 2 h), salvo que se altere la redacción que
se ha dado respecto de los organismos internacionales; y anunciamos
también la abstención al contenido del artículo 4.

Muchas gracias, señora presidenta, por su paciencia.




La señora VICEPRESIDENTA: La señora Castro tenía problemas de tiempo.

¿Va a intervenir ahora o en otro momento?



La señora CASTRO FONSECA: Quiero pedir disculpas porque tengo que
ausentarme, tengo pedida una comparecencia en la Comisión de
Educación, Cultura y Deportes. No voy a hacer ninguna valoración en
este momento porque tengo que irme, pero sí quiero decir que me
parece importante el trabajo que se ha realizado en la Comisión.

Pienso que se ha trabajado con muchísimo rigor, que hemos hecho todos
un esfuerzo importante para tratar de llegar a acuerdos, y que como
método es el camino indicado. Por tanto, me parece que es bueno que
resaltemos que ha habido un buen método de trabajo, con mucho rigor,
y desde luego ha habido una inestimable colaboración del letrado de
la Comisión, que nos ha facilitado mucho las cosas, a quien quiero
personalmente y en nombre de mi grupo agradecérselo.




Mantengo vivas las enmiendas de mi grupo y, como me tengo que
ausentar, no les voy a hacer perder más el tiempo.




La señora VICEPRESIDENTA: Por el Grupo Parlamentario Catalán
(Convergència i Unió), tiene la palabra la señora Riera.




La señora RIERA I BEN: Ante todo mi grupo, como han hecho también
otros portavoces, quiere manifestar la valoración positiva al talante
que a lo largo de los trabajos de esta ponencia han mostrado los
distintos portavoces representantes de todos los grupos en esta
Comisión.

Ojalá cundiera esta manera de intentar que prime la voluntad de
hallar puntos de encuentro por encima de los de disenso, que muchas
veces, a pesar de ser totalmente legítimos, inciden mucho más en
poner énfasis en las diferencias que en lo que puede tener de
positivo encontrar aquellas cosas que nos son comunes, con las cuales
todos estamos de acuerdo, y más sobre todo en un proyecto de ley como
éste, que nuestro grupo entendió que nació ya muy mal porque tras ser
presentado por el Gobierno, automáticamente, como pasó en un
principio, el principal grupo de la oposición y otros grupos de la
Cámara anunciaron enmiendas a la totalidad. Nos pareció que era un
desastre, por decirlo de forma clara, que en el contexto en que se
producía esta iniciativa, donde la preocupación por la seguridad
alimentaria en la población era una evidencia, el proyecto de ley



Página 6428



presentado por el Gobierno y al que se anunciaban enmiendas a la
totalidad no sólo no contribuía a tranquilizar a la población sino,
más bien al contrario, aumentaba y generaba mucho más una sensación
de desconfianza y desconcierto, que obviamente era lo contrario de lo
que pretendía este proyecto de ley. Mi grupo tuvo mucho interés en
colaborar y podemos decir que fuimos los que promovimos, una vez más,
este punto de encuentro. A partir de ahí hubo voluntad de reconducir
la situación, tanto por parte del grupo que apoya al Gobierno como de
los otros grupos de la Cámara, y el texto de la ponencia que hoy se
debate recoge en buena parte la sensibilidad y las enmiendas que
propusimos muchos grupos y que dista mucho del que presentó el
Gobierno, pero para mejorarlo.

Mi grupo presentó al texto inicial unas enmiendas dirigidas, por un
lado, a intentar justificar y definir mejor el objetivo de la Agencia
y, por otro, a dejar muy claro que el criterio centralista de la
Agencia de Seguridad Alimentaria no tiene por qué estar reñido ni ser
contrario a unas competencias que tenemos asumidas las comunidades.

En ningún momento entendíamos que la Agencia debía retrotraer estas
competencias, sino coordinar las de las comunidades autónomas con las
de otros órganos de la Administración central del Estado. Pensamos
que el texto de la ponencia que se trae a debate a la Comisión recoge
en buena parte este sentido. De las enmiendas que presentó mi grupo
damos por subsumidas todas las que hasta este momento hemos dejado
vivas, con excepción de la número 76 al artículo 3. A la espera de
ver cómo se manifiesta el portavoz del Grupo Popular, de momento nos
abstendremos en el texto de la ponencia, dejando viva nuestra
enmienda, porque algún criterio del artículo 3, por ejemplo cuáles
van a ser los miembros del comité directivo o por qué son cuatro los
representantes de las comunidades autónomas -mi grupo pedía seis- ,
nos parece que delimita mucho el contenido de estos órganos de
dirección, entra mucho en un aspecto reglamentista y consideramos que
este criterio no está justificado. Por consiguiente, señora
presidenta, a pesar de manifestar que mi grupo considera subsumidas
el resto de las enmiendas que hemos presentado y de nuestra adhesión
al texto en su gran mayoría, por decirlo de alguna manera en un 80
por ciento, dejamos esta cuestión pendiente de que pueda ser aclarada
en este trámite y si no en el Pleno. Agradecemos, como han hecho
otros grupos, el trabajo, la colaboración y la ayuda que nos ha
prestado en todo momento el letrado de la Comisión. Esperamos que, al
final, este proyecto de ley influya de manera positiva para que un
problema que durante esta legislatura ha sido uno de los más
importantes para la salud pública, que ha generado un debate social y
mediático muy importante, pueda salir con el mayor consenso posible y
sirva para devolver a la ciudadanía la confianza que deben tener en
los distintos órganos competenciales de las administraciones del
Estado y, cómo no, del Parlamento, buscando un amplio consenso para
que la seguridad alimentaria sea una de las prioridades del Gobierno
central y de los gobiernos autonómicos. Esperamos con esta voluntad
servir de acicate, de aliciente, y ser líderes en los órganos
competentes europeos, ya que en materia de seguridad alimentaria
valen pocos inventos. Lo que hay que hacer es coordinar políticas de
salud que tranquilicen a todos los ciudadanos, no sólo del Estado
español sino del entorno europeo, que se reconduzca lo que hasta
ahora muchas veces parece un sin sentido, es decir, que lo que se
admite en un Estado de nuestro entorno europeo en otro no. Debemos
ser conscientes de que la importancia de la Agencia de Seguridad
Alimentaria lo es a nivel español, pero también tiene que ser una
agencia que trabaje coordinada y dependiente de las directivas
y reglamentos que salgan de la Unión Europea, porque en la salud de las
personas en cuanto a seguridad alimentaria las únicas directivas y
los únicos reglamentos que llegan a tener sentido son aquellos que
nos unen como europeos.




La señora PRESIDENTA: Por el Grupo Parlamentario Socialista tiene la
palabra la señora Pozuelo.




La señora POZUELO MEÑO: Antes de entrar a valorar el proyecto de ley
y de defender de las enmiendas presentadas por el Grupo Parlamentario
Socialista, quería hacer algún comentario sobre lo expresado por la
señora Uría en su intervención. Quiero negar radicalmente que se haya
hurtado el debate y parte del articulado en los trabajos de la
ponencia. El Grupo Parlamentario Socialista, al igual que el resto de
los grupos parlamentarios, incluido el Grupo Parlamentario Vasco, han
tenido las mismas oportunidades para elaborar una serie de enmiendas
al proyecto de ley que presentó el Gobierno en esta Cámara, al que me
referiré más adelante. Las oportunidades han sido las mismas, el
trabajo desarrollado por cada uno de los grupos en la elaboración de
las enmiendas presentadas a ese texto han sido las que han sido y el
trabajo que se ha desarrollado en la ponencia ha permitido poner de
manifiesto que no se ha hurtado ningún debate ni ningún contenido del
texto al mismo, sino que ha existido la oportunidad de debatir
ampliamente el contenido de esas enmiendas presentadas por el
conjunto de los grupos políticos en base, es cierto, a las enmiendas
presentadas, alguna de carácter común y otras no, por el Grupo
Parlamentario Popular y el Grupo Parlamentario Socialista.

Entrando a analizar el proyecto de ley que debatimos en esta Comisión
de Sanidad, las recientes crisis de seguridad alimentaria que hemos
vivido en nuestro país y en el conjunto de la Unión Europea han
puesto de manifiesto la carencia de políticas de seguridad
alimentaria que padecemos, que han supuesto una pérdida de confianza
de la sociedad en la inocuidad de los alimentos y en las
administraciones públicas que deben garantizarla.




Página 6429



De todo ello se desprende que se hace necesario un profundo
replanteamiento de las políticas de seguridad alimentaria que
permitan afrontar los problemas asociados a la cadena de alimentos
con los mayores márgenes y cuotas de seguridad posible. De ahí que la
Unión Europea pusiera en marcha la elaboración de un libro blanco
sobre seguridad alimentaria con la idea de redactar el proyecto de la
agencia de seguridad europea basada en el análisis de riesgos
alimentarios bajo la triple consideración de la evaluación, la
gestión y la comunicación de los riesgos como la herramienta más
adecuada para promover los niveles de protección y de confianza entre
los consumidores.

El Grupo Parlamentario Socialista, consciente de las carencias
existentes en nuestro país y de la importancia que tenía la creación
de una agencia de seguridad alimentaria, estuvo solicitándolo
reiteradamente desde 1996, pero hasta junio de 1999 el Grupo
Parlamentario Popular no apoyó en esta Cámara una resolución pidiendo
la creación de la agencia española. Así y todo, no hemos visto la
presentación de este proyecto de ley hasta finales de diciembre de
2000, cuando había estallado la crisis de la encefalopatía, la mayor
crisis de seguridad alimentaria sufrida en nuestro país desde el
envenenamiento del aceite de colza. En ese momento el Gobierno se vio
urgido a adoptar una serie de medidas para garantizar la salud
pública de sus ciudadanos y recuperar la confianza de los
consumidores en la seguridad de los alimentos y en la gestión del
Gobierno de la nación en esta grave crisis.

Este proyecto de ley, redactado con premura y con falta de previsión,
se presentó en esta Cámara sin el necesario debate previo y sin el
conocimiento y el consenso suficiente entre las distintas fuerzas
políticas, las administraciones autonómicas y locales y los sectores
afectados, asociaciones de consumidores y sectores económicos
referidos fundamentalmente a la producción, a la distribución y a la
transformación agroalimentaria. Un proyecto de ley que carecía, desde
nuestro punto de vista, de los principios de actuación y de las
líneas directrices imprescindibles para que la Agencia española fuera
equiparable a las existentes en el resto de los países miembros de la
Unión y al propio proyecto de agencia europea sobre el que se estaba
trabajando y, por tanto, incapaz de convertirse en un elemento
fundamental de contribución desde nuestro país a la construcción de
la seguridad europea en el marco de la Unión. Por todas estas razones
el Grupo Parlamentario Socialista elaboró un texto alternativo a este
proyecto de ley que sirvió de base para la discusión y negociación
con el Gobierno y con el Grupo Popular, lo que ha permitido llegar a
acuerdos y modificaciones sustanciales sobre el texto original a
través de las enmiendas presentadas por mi grupo parlamentario;
enmiendas en gran medida coincidentes en sus líneas generales con las
que han presentado otros grupos parlamentarios, lo que ha permitido
afortunadamente realizar
en la ponencia un trabajo muy importante de acercamiento de
posiciones y llegar a puntos de coincidencia y de acuerdo entre los
distintos grupos políticos sobre los principios, las funciones y las
directrices sobre las que ha de regirse la Agencia de seguridad
española. Nuestro grupo ha hecho un gran esfuerzo por lograr este
consenso con la convicción de que nuestro país, sobre todo nuestros
ciudadanos, no podía ver perdida la oportunidad de dotarse de un
instrumento imprescindible y eficaz para garantizar de una manera
integral, desde la producción hasta el consumo final, la seguridad
y la calidad de los alimentos; de gestionar tanto las situaciones de
normalidad como las de crisis o emergencia que puedan presentarse; de
tener un organismo que basado en los principios de independencia,
autonomía funcional, transparencia y excelencia científica tenga la
suficiente capacidad de coordinar las políticas de seguridad
alimentaria entre las administraciones del Estado, las comunidades
autónomas y los ayuntamientos, entre los que está repartido el ámbito
competencial en materia de salud pública y de consumo. Estos son los
principios que deben impregnar este organismo y que son
irrenunciables en el modelo socialista de agencia de seguridad
alimentaria. En este sentido, lógicamente, han ido nuestras
enmiendas, que han mejorado, como decía anteriormente,
sustancialmente el texto, junto con las aportaciones de los otros
grupos políticos.

A la exposición de motivos hemos presentado cuatro enmiendas que han
sido aceptadas en su integridad y que se refieren a reconocer que la
seguridad alimentaria, además de una exigencia constitucional, es una
obligación de los poderes públicos y una exigencia de los ciudadanos
para que prevalezca sobre cualquier otro tipo de intereses. Se
contempla también en estas enmiendas la necesidad de un profundo
replanteamiento de la política de seguridad alimentaria que
permitiera afrontar los problemas que puedan asociarse a la cadena
con mayores cotas de seguridad. Se refieren también a la
consideración de la Agencia como ese elemento fundamental dentro de
la construcción europea de la seguridad alimentaria que debe obedecer
a esos mismos principios que han dado lugar a organismos similares en
los países miembros de la Unión. También se prevé que, transcurrido
un tiempo suficiente desde la constitución de la Agencia, se
procederá a un análisis de su funcionamiento por si fuera conveniente
dotarla de un mayor ámbito de autonomía funcional del que se le
reconoce en el texto del proyecto de ley.

En la enmienda al artículo 2, sobre objetivos y funciones de la
Agencia, hemos querido resaltar que se crea con el objetivo general
de promover la seguridad alimentaria como un aspecto fundamental de
la salud pública y de ofrecer garantías e información objetiva a los
consumidores y a los agentes económicos del sector agroalimentario.

Por otra parte, hemos ampliado y definido las funciones y los ámbitos
de actuación de laAgencia en los apartados a, f, g, j, k, n, ñ, p y q
contenidos



Página 6430



en la enmienda número 46 al proyecto de ley del Gobierno. En algunos
de ellos, el a, g y q, existen diferencias de redacción con nuestra
enmienda, ya que el Grupo Popular quiere darle un carácter más
generalista y más descafeinado, desde nuestro punto de vista, a las
funciones a que hacen referencia estos apartados.

Las enmiendas a los artículos 3 y 4 que ha presentado nuestro grupo,
las números 48, 49 y 50, configuran los órganos de funcionamiento de
la Agencia y la naturaleza y la composición de los mismos, a los que
les hemos dado la máxima importancia. Así, se establecen como órganos
de la Agencia el consejo de dirección, la comisión institucional, el
consejo consultivo, un comité científico y el director ejecutivo,
excluyéndose de manera expresa de órganos de la Agencia al presidente
de la misma, lo cual sirve para aclarar en alguna medida las dudas
que se planteaba el Grupo de Coalición Canaria ante la redacción de
los siguientes artículos referidos sobre todo a la comisión
institucional y al consejo consultivo, en los que aparece como
presidente de estos órganos el presidente de la Agencia, y en las
enmiendas que nosotros mantenemos aparece como presidente de la
comisión institucional y del consejo consultivo el director ejecutivo
de la Agencia y no el presidente de la misma, precisamente por no
darle ese carácter de órgano más presidencialista de la Agencia que
el Grupo Popular quiere mantener. El consejo de dirección estará
formado por personas de reconocida solvencia profesional, según
nuestra enmienda, por un mandato de cuatro años y será nombrado por
el Gobierno de la nación y por las comunidades autónomas, en igual
número, por las corporaciones locales, por el Consejo de Consumidores
y Usuarios y por los operadores económicos del sector de producción,
transformación y distribución. En estos artículos, como digo, existen
diferencias con las enmiendas presentadas por el Grupo Popular y
recogidas en ponencia en el texto del proyecto de ley. No podemos
estar de acuerdo en que se incluyan uno o dos vicepresidentes como
miembros de más del consejo de dirección de la Agencia. Los
presidentes o vicepresidentes que haya, desde nuestro punto de vista
-y así se recoge en las enmiendas del Grupo Socialista- deben
elegirse de entre los miembros del consejo de dirección y no sumar de
más a los presentados por el Gobierno de la nación. Proponemos,
además, que se amplíen en dos los miembros nombrados por los
consumidores y usuarios y en otros dos los propuestos por los
operadores económicos, en lugar de uno y uno como propone el Grupo
Popular. Desde luego, no podemos estar de acuerdo de ninguna de las
maneras en que todos los miembros del consejo de dirección propuestos
por el Gobierno y por el resto de las instituciones no tengan igual
tiempo de mandato. La propuesta de la enmienda presentada por el
Grupo Popular, aceptada por la ponencia, recoge la excepción de que
los miembros propuestos por los distintos departamentos ministeriales
del Gobierno estén exentos de
un mandato determinado, mientras que el resto de los miembros
propuestos por comunidades autónomas, corporaciones locales, Consejo
de Consumidores y operadores económicos tendrán un mandato de cuatro
años renovable.

La comisión institucional, desde nuestro punto de vista -y así se
recoge en nuestras enmiendas- es el órgano encargado de establecer
los mecanismos eficaces de coordinación y de cooperación entre las
administraciones públicas con competencia en seguridad alimentaria
que se han visto tan necesarias y tan imprescindibles y se ha
mostrado ante los ciudadanos como uno de los principales fallos en la
última crisis que estamos aún viviendo y gestionando de seguridad
alimentaria de las encefalopatías espongiformes bovinas. El consejo
consultivo es el órgano de participación activa de la sociedad en la
Agencia de Seguridad Alimentaria y está compuesto por representantes
de las organizaciones de consumidores y de las organizaciones
económicas, profesionales y sociales, que tendrán cabida de esta
manera para poder hacer oír su voz en la Agencia española. El comité
científico proporcionará a la Agencia dictámenes científicos y
definirá el ámbito de los trabajos de investigación necesarios para
sus funciones coordinará los grupos de expertos y su composición
tendrá en cuenta la diversidad de disciplinas que requiere el
análisis y la gestión de los riesgos relacionados con la seguridad
alimentaria en un mundo tan complejo y con avances científicos tan
importantes y tan rápidos para los que se necesita un trabajo en red
entre los distintos comités científicos que operan en nuestro país,
como en el resto de países de la Unión Europea y del ámbito
internacional. El comité científico, por tanto, tendrá esas funciones
de cooperación, de representación y de relación en los ámbitos
nacional e internacional.

En las siguientes enmiendas hemos definido y relacionado los
principios específicos de actuación de la Agencia, basados en la
transparencia y en la comunicación a los ciudadanos, que tendrán
acceso a los dictámenes científicos y a los acuerdos tomados por el
consejo de dirección de la Agencia. Asimismo, la Agencia comunicará
por su propia iniciativa la información relevante para la población,
especialmente en las situaciones de crisis alimentaria, para las que
elaborará un plan general de comunicación de riesgos. El consejo de
dirección presentará a las Cortes, al Gobierno de la nación y a los
gobiernos de las comunidades autónomas los programas de actividades y
la memoria de gestión de la Agencia. Nos parece importante haber
planteado esta posibilidad para que haya una incardinación y una
relación permanente de las comunidades autónomas y de las
corporaciones locales, no sólo con los órganos directos de gestión y
de dirección de la Agencia, a través de la participación de los
miembros nombrados por estas instituciones, sino también por el hecho
de que la Agencia tenga que elevar a los gobiernos autónomos y al
Congreso de los Diputados para su



Página 6431



conocimiento los trabajos, los planes de actuación y las memorias
relativas a sus actuaciones a lo largo del año. En este sentido y
dentro de este artículo de los principios de actuación de la Agencia,
el Grupo Socialista presenta una enmienda in voce que se añadiría al
final de este apartado y que desde nuestro punto de vista vendría a
reforzar la capacidad de autoridad moral de la Agencia, ya que el
contenido de la redacción que se propone puede ser ejercida de oficio
por cualquier administración del Estado. Diría así: La Agencia de
Seguridad Alimentaria, cuando en el ejercicio de sus funciones o con
ocasión de ella tuviera noticias de un hecho que pudiera revestir
carácter de delito, procederá a ponerlo en conocimiento inmediato del
ministerio fiscal. Como decía antes, este es un elemento que puede
ser ejercido de facto por cualquier organismo público o cualquier
institución, que no sobra recalcar y precisar en el articulado de la
ley que estamos debatiendo y que se aprobará próximamente por esta
Cámara. Por otra parte, a través de las enmiendas presentadas por el
Grupo Parlamentario Socialista se encomienda a la Agencia la
coordinación de las redes de alerta alimentaria existentes en el
Estado y será la responsable de su integración en el sistema
comunitario internacional de alerta alimentaria. En las situaciones
de crisis y de emergencia se establecerá un plan específico para cada
crisis y constituirá un comité de crisis y emergencia específico en
cada caso, dotándolo de los medios necesarios para la coordinación de
las actuaciones que se precisen. En cuanto a la financiación de la
Agencia, hemos planteado la eliminación, dentro del texto inicial
presentado por el Gobierno, de la posibilidad de que reciba
financiación externa de carácter privado, asegurando de esta manera
la financiación estrictamente pública para que no haya lugar a dudas
de que es un organismo de esta naturaleza.

La enmienda 58 de mi grupo parlamentario hace referencia -y no ha
sido recogido en el texto de la ponencia- a la necesidad de que a la
entrada en vigor de la presente ley el Gobierno encomiende a un grupo
de expertos la elaboración de un informe que sirva de base a la
redacción del proyecto de estatuto de la Agencia, informe que será
hecho público como documento de consulta por todos los sectores
implicados y, por supuesto, por el propio Congreso de los Diputados.

De esta manera creemos que el estatuto que salga, que se tendrá que
aprobar y redactar (nosotros apoyamos lo planteado por Coalición
Canaria en el sentido de que sea conocido por esta Comisión de
Sanidad previamente a su aprobación), será un elemento de trabajo
importante desde nuestro punto de vista antes de la redacción
definitiva del estatuto que regule el funcionamiento de la Agencia.

La enmienda número 59, que tampoco ha sido recogida en el texto de la
ponencia, hace referencia a que transcurridos tres años desde la
constitución de la Agencia -lo que en parte se recoge en la
exposición
de motivos pero que desde nuestro punto de vista debía recogerse en
el texto articulado de la ley- se procederá a un análisis del
funcionamiento de la misma con el fin de que se pueda proceder, en su
caso, a darle un mayor ámbito de competencia funcional a este
organismo, tal como recoge la disposición adicional décima de la Ley
6, de 14 de abril de 1997, de organización y funcionamiento de la
Administración general del Estado. La Agencia debe ser un organismo
que tenga una amplia capacidad de funcionamiento -y así lo
planteamos- porque es lo que le dará mayor credibilidad y autoridad
moral ante las distintas administraciones públicas, ante los sectores
afectados, consumidores y sectores económicos, y sobre todo ante el
conjunto de los ciudadanos, que tienen en gran medida perdida la
confianza en las administraciones públicas por las crisis
alimentarias que se han sufrido últimamente.

Termino ya, señora presidenta. Resumiendo, las aportaciones del
conjunto de los grupos políticos al texto inicial presentado por el
Gobierno de este proyecto de ley han sido de gran valía. Creo que se
ha hecho un buen trabajo en la ponencia y que afortunadamente, como
decía al principio, el texto que espero que salga finalmente aprobado
por las Cámaras sobre la Agencia de Seguridad Alimentaria nos va a
permitir tener un organismo homologado con los similares que tienen
los Estados miembros de la Unión Europea y el propio organismo que
creará la Unión Europea. Cree el Grupo Socialista que el papel que
debe hacer nuestro país a través de esta Agencia debe ser de la mayor
importancia en la coordinación y en las aportaciones a la seguridad
alimentaria de todos los ciudadanos en el proceso integral desde la
producción a la mesa y del trabajo en red, que debe entenderse desde
estos momentos la única forma de asegurar al ciudadano la inocuidad y
la calidad de los alimentos que van a consumir.




La señora VICEPRESIDENTA: Señora Pozuelo, le ruego que haga llegar el
texto de su enmienda in voce a la Mesa para facilitar la votación.

Tiene la palabra el representante del Grupo Popular, señor Castillo.




El señor CASTILLO JAÉN: En primer lugar, quiero decir que coincido
con mis compañeros de ponencia y portavoces de los diferentes grupos
en la gran responsabilidad política, el deseo y la capacidad de
acuerdo en el texto que hoy debatimos. Manifestar que el texto
inicial que recibimos del Gobierno al texto final hay una gran
diferencia, como decía la señora Uría, nosotros no lo consideramos un
engaño. Los ponentes del Grupo Popular, en el primer contacto que
tuvimos con el ministerio sobre el texto, le hicimos saber que
seríamos los primeros en presentar bastantes enmiendas, como así ha
sido, de las 125 enmiendas presentadas por los grupos. Se ha hecho un
esfuerzo de incorporación de filosofías diferentes en una ley que va
a tener gran



Página 6432



trascendencia para la vida de los españoles. A nuestro entender, esta
ley va a suponer un punto de inflexión en la defensa del consumidor.

De aquí -estoy seguro, señorías- nacerán otros organismos de
seguridad en otros ámbitos del consumo, como automóviles, cosmética,
transportes públicos. Me consta la importancia de esta ley puesto que
va a ser un punto de inflexión para nuevas creaciones en el ámbito de
la seguridad del consumidor. Creo que se ha hecho una ley importante
y además una ley buena. El Parlamento, con la aprobación de esta ley,
dotará a las diferentes administraciones públicas de un instrumento
oportuno e imprescindible para la defensa de la salud de los
consumidores. Hemos querido crear una agencia estatal fuerte, una
agencia estatal que sirva de instrumento de evaluación, de gestión y
de comunicación de riesgos, siempre dentro de la transparencia que
hemos querido dar a esta ley.

El articulado de esta ley quizá sea más propio de un desarrollo
estatutario o de un desarrollo reglamentario, pero así lo hemos
querido todos en aras de esa transparencia a la que aludía
anteriormente, en la que no hay nada oculto. Respeto absoluto a las
competencias de las comunidades autónomas, sin dejar a la Agencia en
un mero ente de recomendación, sino dotándonos de un marco nacional
de referencia que garantice la salud de los consumidores; respeto
también a las decisiones comunitarias al haber recogido las
directrices emanadas de las dos directivas comunitarias últimas
relativas a este tema.

Voy a responder a algunas de las cuestiones planteadas por los
diferentes grupos. Al representante del Bloque Nacionalista Galego he
de decirle que el respeto a las competencias de las diferentes
comunidades autónomas ha sido exquisito. Hemos hecho un gran esfuerzo
para asumir algunas de las enmiendas tanto de su grupo político como
del resto del Grupo Mixto. Nos hubiese gustado haber podido debatir
con su grupo en la ponencia pero no ha sido posible, quizá por la
dimensión del mismo.

A la señora Julios he de decirle que el texto refundido que nos
presenta en sus enmiendas números 88, 89, 91 y 92 ya está
perfectamente recogido en el proyecto que hoy debatimos en los
apartados f), g), h) y t). Respecto a la manifestación de la señora
Julios en el sentido de que no tiene claro la presidencia de la
Agencia o que pueda haber confusión, le remito al punto 1, letra b)
1. del artículo 4, que dice textualmente: El presidente del consejo
de dirección de la Agencia, que ostentará la presidencia del
organismo. Creo que con ello le despejo algunas de las dudas que
tenía.

A la señora Uría quiero decirle de manera categórica que no comparto
en absoluto la afirmación que hace sobre la ausencia de oportunidad
igualitaria en el debate. Ella ha participado de manera activa en las
diferentes reuniones de la ponencia y rechazo que diga que se ha
intentado ocultar algo puesto que ha existido una total transparencia
que yo nunca he tenido oportunidad
de ver en ponencia durante el tiempo que llevo en este Congreso. La
enmienda número 29, del Grupo Vasco, no la aceptamos puesto que
consideramos que interactuar sugiere que la Agencia, más que
coordinar, interactuaría con otras entidades análogas en el propio
territorio nacional, lo cual no se compadece con un centro que todos
queremos sirva de referencia y sea unitario a estos efectos. Todo lo
que viene a aportar está recogido principalmente en el artículo 2.1
a), 2.1 c) y 2.2 a) del texto resultante de la ponencia. La enmienda
número 30, también del Grupo Vasco, no nos es posible aceptarla
puesto que el término programar que figura en el proyecto y que se
pretende modificar se refiere a la responsabilidad del Estado frente
a organismos supranacionales o internacionales que, en virtud de
actos normativos vinculantes, requieren de aquél tal programación.

Entendemos que las razones de fondo expresadas en la enmienda, que
podrían compartirse si el significado del término no fuese el que se
acaba de exponer, quedan adecuada y suficientemente salvaguardadas
por las reiteradas menciones al marco competencial vigente recogidas
en todo el proyecto. Respecto a la número 31, reiteramos que no
renunciamos a la palabra instar sustituyéndola por proponer. Como ya
se comentó en varias ocasiones en la ponencia, queremos seguir
teniendo un marco competencial e intentar mejorar los elementos que
se han demostrado insuficientes e inadecuados. Como hemos dicho
anteriormente, esta ley nace para suplir algunas deficiencias aparte
de unificar. Respecto a la número 32, consideramos que no aporta nada
e incluso podría llegar a confundir un poco la claridad del texto.

En cuanto al artículo 3, no aceptamos la enmienda número 33, del
Grupo Vasco, porque creemos que entra en colisión frontal con el
modelo organizativo que ha merecido el consenso de la ponencia.

En el artículo 4 quedan vivas las enmiendas número 51 y 53, del Grupo
Socialista. En la ponencia ya hemos debatido todo lo relativo a estas
cuestiones y no tenemos nada que añadir.

Al artículo 10 se mantiene viva la enmienda número 58, del Grupo
Socialista. No admitimos la inclusión de un nuevo apartado 5, tal
como propone, para la creación de un grupo que prepare un informe que
sirva de base para la elaboración del proyecto de estatuto. El
estatuto será aprobado por decreto y en su tramitación administrativa
se asegura la participación e intervención de todas las partes
interesadas, por lo que no lo consideramos oportuno. Además, creemos
que el punto 2 ha sido integrado completamente en ponencia y, por
tanto, no admitimos la adición de un nuevo punto 5.

Respecto al Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), quiero
destacar, como de costumbre, el buen hacer profesional y político de
su representante, señora Riera. Sus enmiendas han sido subsumidas en
diferentes partes del texto y sólo queda viva la número 76, al
artículo 3, que no podemos aceptar, porque se



Página 6433



produciría un desequilibrio en la composición del órgano denominado
junta directiva, con una presencia de administraciones territoriales
netamente superior a la de miembros propuestos por el Gobierno del
Estado, aspecto que no cabe aceptar en una agencia estatal. Las
comunidades autónomas se encuentran perfectamente representadas.

Recuerdo que en la ponencia añadimos las ciudades autonómicas de
Ceuta y Melilla y, por tanto, consideramos nuestra posición de manera
firme.

Para terminar, quiero dejar constancia, a modo de epílogo, de la
disposición final del texto de la ponencia, refrendado por todos los
grupos. Dice literalmente: La ponencia desea hacer constar, por
último, que ha llevado a cabo un trabajo en el que se han podido
aunar muchos criterios para alcanzar un importante grado de
convergencia entre las fuerzas políticas con representación
parlamentaria, resultado que entiende positivo y espera que obtenga
el respaldo de estas Cortes.




La señora VICEPRESIDENTA: Antes de proceder a la votación, vamos a
ordenar las enmiendas, ya que algunos grupos han pedido la votación
separada de algunas de estas enmiendas y del texto propuesto por la
ponencia. ¿Alguien desea alguna aclaración? (Pausa.)
Tiene la palabra la señora Riera.




La señora RIERA I BEN: El señor letrado me hace señas de que ya está
recogida la petición de mi grupo parlamentario de que se vote por
separado el actual artículo 4 del texto de la ponencia.




La señora VICEPRESIDENTA: Durante diez minutos, la Mesa va a proceder
a la ordenación de las enmiendas y seguidamente votaremos.




Se suspende la sesión.




Se reanuda la sesión.




La señora VICEPRESIDENTA: Señorías, vamos a proceder a la votación.

En primer lugar, vamos a votar de forma conjunta las enmiendas de los
grupos parlamentarios y luego aquellas cuya votación se ha pedido a
la Mesa que se haga por separado. A continuación, votaremos el texto
propuesto por la ponencia teniendo en cuenta la votación separada
solicitada expresamente por los diferentes grupos parlamentarios.

En primer lugar, enmiendas del Grupo Mixto.




Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor,
uno; en contra, 21; abstenciones, 13.




La señora VICEPRESIDENTA: Quedan rechazadas.

Enmiendas de Coalición Canaria. Enmienda número 107 y enmiendas
transaccionales números 1, 3, 4 y 5.




Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 14;
en contra, 21; abstenciones, tres.




La señora VICEPRESIDENTA: Quedan rechazadas.




Enmienda número 2 de Coalición Canaria, que sometemos a votación con
el siguiente texto que ha sido facilitado a la Mesa.




El señor LETRADO: El texto consta de un apartado e) nuevo al artículo
4.2, que diría: La organización y funcionamiento de la Comisión
institucional se establecerá reglamentariamente.




Efectuada la votación, dijo.




La señora VICEPRESIDENTA: Queda aprobada por unanimidad.

Enmiendas del Partido Nacionalista Vasco.




Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor,
dos; en contra, 21; abstenciones, 15.




La señora VICEPRESIDENTA: Quedan rechazadas.




A continuación, se votarán las enmiendas presentadas por el Grupo de
Izquierda Unida.




Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos en contra,
23; abstenciones, 15.




La señora VICEPRESIDENTA: Quedan rechazadas.




Pasamos a votar la enmienda 76, del Grupo de Convergència i Unió,
propuesta al artículo 4 del texto de la ponencia.




Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor,
uno; en contra, 34; abstenciones, tres.




La señora VICEPRESIDENTA: Queda rechazada la enmienda.

Enmienda transaccional in voce del Grupo Socialista a la número 6,
cuyo texto se ha distribuido a SS.SS.




Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 13;
en contra, 23; abstenciones, tres.




Página 6434



La señora VICEPRESIDENTA: Queda rechazada la enmienda.

Votación del resto de las enmiendas vivas del Grupo Socialista, a
saber las números 46, 48, 49, 50, 52, 53, 58 y 59.

Señora Pozuelo, ¿es así? (Asentimiento.)
Procedemos a la votación.




Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 13;
en contra, 22; abstenciones, tres.




La señora VICEPRESIDENTA: Quedan rechazadas.




Pasamos a votar el texto propuesto por la ponencia, con votación
separada de las enmiendas que les han sido facilitadas a la Mesa y
que SS.SS. tiene recogidas en el resumen de votaciones que se les ha
entregado.

Votación separada pedida por el Grupo Vasco, PNV, a los artículos
2.1.c) y 2.2.a), b) y c). (Pausa.)



La señora URÍA ETXEBARRÍA: Señora presidenta, me gustaría saber si
estamos votando el texto de la ponencia entero o excepcionadas las
partes que algunos no queremos votar.




La señora VICEPRESIDENTA: Excepcionadas las partes. Votamos los
artículos que S.S. ha pedido separadamente y que acabamos de leer.

Repito que vamos a votar los artículos del texto de la ponencia cuya
votación se ha solicitado aparte y que son los artículos 2.1.c) y
2.2.a), b) y c).




Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 37;
en contra, uno.




La señora VICEPRESIDENTA: Quedan aprobados.




Votación separada, pedida por el Grupo Socialista, de los artículos
2..2.q); 4.1; 4. 2.c); 4.5.a) y b).

Señora Pozuelo.




La señora POZUELO MEÑO: Hemos pedido también votación separada de las
letras a) y q) del artículo 2.2.




La señora VICEPRESIDENTA: La letra a) del artículo 2.2 ya se ha
procedido a su votación, porque también lo había solicitado el Grupo
Vasco. (Rumores.)



Señorías, un momento. Quede claro que por la dificultad del texto hay
algún error y que podemos anular la votación sólo en lo que se
refiere al artículo 2.2.a), porque coincidía la petición del Grupo
Vasco, PNV, con la del Grupo Socialista. Sólo y exclusivamente para
ese apartado votaremos en este momento. ¿Están de acuerdo los grupos?
(Pausa.)



El señor MINGO ZAPATERO: Perdón, señora presidenta.




Si hemos hecho una votación que es correcta en relación con la
petición del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), podemos dividir
esta votación del Grupo Socialista en dos distintas.




La señora VICEPRESIDENTA: Señor Mingo, esto es lo que propone la
Presidencia, hacer extrapolación solamente de ese artículo y votarlo.

Se vota exclusivamente el artículo 2.2.a). Votación separada pedida
por el Grupo Socialista que también había solicitado el Grupo
Parlamentario Vasco (EAJ-PNV) y que se incluyó antes con todo el
bloque de peticiones separadas que pedía el Partido Nacionalista
Vasco. Repito que queda anulada sólo y exclusivamente para ese
artículo, y procedemos a la votación del artículo 2.2.a).




Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 22;
en contra, 13.




La señora VICEPRESIDENTA: Queda aprobado.

Pasamos a la votación de los artículos 2.2.q); 4.1; 4.2.c); 4.5.a) y
b), solicitados por el Grupo Socialista.




La señora POZUELO MEÑO: Le agradecería votación separada, por una
parte, del artículo 2.q) junto con el artículo 4.1, 4.5.a) y b); y,
por otra parte, del artículo 4.2.c).




La señora VICEPRESIDENTA: Procedemos a la votación de los artículos
2.2.q); 4.1; y 4.5.a) y b).




Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 22;
en contra, 14; abstenciones, tres.




La señora VICEPRESIDENTA: Queda aprobado el texto de la ponencia.

Procedemos a la votación separada del artículo 4.2.c) solicitada por
el Grupo Socialista.




Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 21;
abstenciones, 17.




La señora VICEPRESIDENTA: Queda aprobado.

Votamos el resto del artículo 4 del texto propuesto por la ponencia.

(El señor Mingo Zapatero pide la palabra.)
Señor portavoz del Grupo Popular ¿Qué desea?



El señor MINGO ZAPATERO: Pensaba que el Grupo Parlamentario Catalán
(Convergència i Unió) quería votación separada del artículo 4.




Página 6435



La señora VICEPRESIDENTA: Del resto del artículo 4 que no se ha
sometido a votación.

Señora Riera.




La señora RIERA I BEN: Mi grupo ha pedido votación separada del
artículo 4 en su conjunto, pero como otros grupos han pedido votación
separada de parte del citado artículo 4, se produce un solapamiento
de votaciones. Aprovecho este turno que me ha concedido para dejar
claro que al haber votado, a petición del Grupo Socialista en la
misma votación, parte de los artículos 2 y 4, mi grupo no ha podido
discriminar lo que sí comparte del texto de la ponencia del artículo
2 con lo que no comparte del artículo 4. No le damos mayor
trascendencia, pero quisiéramos dejar claro, si la presidenta me lo
permite, que mi grupo solicita votación separada del artículo 4 en su
integridad.




La señora VICEPRESIDENTA: Señora Riera, parte del artículo 4 ha sido
ya votado separadamente. En cuanto al resto de la votación de dicho
artículo, vamos a realizarla ahora.

Aclarado lo referente al artículo 4, votación propuesta por el Grupo
Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), sobre el resto del
artículo 4.




Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 34;
abstenciones, cuatro.




La señora VICEPRESIDENTA: Queda aprobado.

Vamos a someter a votación el resto del texto que no ha sido objeto
de votación.




Efectuada la votación, dijo



La señora VICEPRESIDENTA: Queda aprobado por unanimidad.

Queda dictaminado el proyecto de ley, de lo que se dará cuenta
inmediata a la señora presidenta de la Cámara para su sometimiento al
Pleno.

Quiero dar las gracias a todas las señoras y señores diputados por su
contribución a los debates porque ha sido un texto consensuado y
tratado, como ha quedado claro en la Comisión, con suma elegancia y
generosidad por todos los grupos. Señorías, quiero recordarles que el
mantenimiento de enmiendas para el Pleno deberá efectuarse por
escrito en el plazo de 48 horas, conforme al artículo 117 del
Reglamento. Esta Comisión se reunirá de nuevo el próximo miércoles 9
de mayo, a las 10 horas. Aunque sea una semana un poco peculiar en la
Cámara, ya estaba prevista la convocatoria, por la reunión de Mesa y
Portavoces.

Se levanta la sesión.




Eran las doce y cuarenta y cinco minutos del mediodía.