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DS. Congreso de los Diputados, Comisiones, núm. 204, de 03/04/2001
CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
COMISIONES
Año 2001 VII Legislatura Núm. 204
JUSTICIA E INTERIOR
PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. JOSÉ MANUEL ROMAY BECCARÍA
Sesión núm. 23
celebrada el martes, 3 de abril de 2001
Página ORDEN DEL DÍA:
Preguntas:
- De la señora Del Campo Casasús (Grupo Parlamcntario Socialista),
sobre avances producidos para la creación de los cuerpos de
psicólogos, educadores y trabajadores sociales forenses, previstos en
la ley orgánica reguladora de la responsabilidad penal de los
menores. (Número de expediente 181/000639) . . .
- De la misma señora diputada, sobre dotación de las secciones de
menores de las distintas fiscalías y plazo en que se completará la
adscripción a ellas de fiscales y funcionarios administrativos.
(Número de expediente 181/000643) . . . (Página
6117)
- Del señor Barrero López (Grupo Parlamentario Socialista), sobre
concesión de subvención durante varios presupuestos a la Fundación de
la Asociación Profesional de la Magistratura «Justicia en el mundo» y
denegación de la misma a otras fundaciones de asociaciones
profesionales de jueces y magistrados que también la han solicitado.
(Número de expediente 181/000443). . . . (Página
6117)
- Del mismo señor diputado, sobre razones del mantenimiento de la
propuesta de reforma de la Ley orgánica del Poder Judicial en materia
de elección del Consejo General del Poder Judicial trasladada a los
medios de comunicación por el Ministerio de Justicia. (Número de
expediente 181/000444) . . . (Página 6120)
- Del mismo señor diputado, sobre previsiones acerca de la
elaboración de una ley de retribuciones a jueces y magistrados.
(Número de expediente 181/000445) . . . (Página
6123)
- Del mismo señor diputado, sobre medidas de las propuestas
presentadas por el Consejo General del Poder Judicial que el ministro
de Justicia considera más urgentes poner en funcionamiento. (Número
de expediente 181/000448) . . . (Página 6124)
- Del mismo señor diputado, sobre medidas de las propuestas por el
Consejo General del Poder Judicial que han sido efectivamente
implantadas. (Número de expediente 181/000449) . . .
- Del mismo señor diputado, sobre situación y grado de implantación
del programa Lince. (Número de expediente 181/000446) . . .
(Página 6127)
- Del mismo señor diputado, sobre forma en que se piensa hacer frente
a las graves deficiencias que con ocasión de la entrada en vigor de
la Ley de Enjuiciamiento Civil ha puesto de manifiesto el programa
Libra. (Número de expediente 181/000450) . . .
- Del mismo señor diputado, sobre actuaciones llevadas a cabo en
órdenes jurisdiccionales distintos del civil para que pueda aplicarse
de manera efectiva la supletoriedad de la Ley de Enjuiciamiento
Civil. (Número de expediente 181/000451) . . .
- Del mismo señor diputado, sobre previsiones acerca de la
presentación de un proyecto de reforma de la Ley orgánica del Poder
Judicial para adaptarla a la Ley de Enjuiciamiento Civil en lo
referente a los recursos de casación, extraordinario por infracción
procesal, o en interés de ley, abstención y recusación, nulidad de
actuaciones, forma de las resoluciones judiciales y capacidad de
resolución de los secretarios. (Número de expediente 181/000452) . .
. (Página 6127)
- Del mismo señor diputado, sobre forma en que se piensa hacer frente
a la necesidad planteada por el Consejo General del Poder Judicial de
incrementar el número de jueces necesarios para afrontar con
garantías la entrada en vigor de la Ley de Enjuiciamiento Civil.
(Número de expediente 181/000453) . . . (Página
6127)
- Del mismo señor diputado, sobre previsiones para hacer frente a las
necesidades económicas derivadas de la implantación de la nueva Ley
de Enjuiciamiento Civil. (Número de expediente 181/000454) . . .
(Página 6127)
- Del mismo señor diputado, sobre previsiones acerca de la puesta en
funcionamiento del Registro de rebeldes civiles. (Número de
expediente 181/000455) . . . (Página 6127)
- Del señor Villarrubia Mediavilla (Grupo Parlamentario Socialista),
sobre opinión del Gobierno acerca del modo de aplicación de la nueva
Ley de Enjuiciamiento Civil. (Número de expediente 181/000502) . . .
(Página 6127)
- Del mismo señor diputado, sobre medidas para que la Ley de
Enjuiciamiento Civil pueda ser aplicada adecuadamente por los
juzgados y tribunales. (Número de expediente 181/000503) . . .
(Página 6127)
- De la señora Alberdi Alonso (Grupo Parlamentario Socialista), sobre
medidas a tomar ante la gravedad de los retrasos en la administración
de justicia en la Audiencia Provincial de Madrid y la falta de medios
materiales y personales. (Número de expediente 181/000467) . . .
(Página 6135)
- De la misma señora diputada, sobre previsiones acerca de las
transferencias de medios materiales y personales de la Administración
de justicia a la Comunidad de Madrid. (Número de expediente 181/
000468) . . . (Página 6141)
- Del señor Barrero López (Grupo Parlamentario Socialista), sobre
razones del fracaso de las penas alternativas a la prisión,
establecidas en el Código Penal de 1995. (Número de expediente 181/
000441) . . . (Página 6143)
- Del mismo señor diputado, sobre razones que justifican la
disminución de los denominados juicios rápidos. (Número de expediente
181/000442) . . . (Página 6143)
- Del mismo señor diputado, sobre medidas para potenciar la
celebración de los llamados juicios rápidos. (Número de expediente
181/000447) . . . (Página 6143)
- Del señor Villarrubia Mediavilla (Grupo Parlamentario Socialista),
sobre previsiones acerca de presentar un proyecto de ley que regule
la materia de la nacionalidad. (Número de expediente 181/000504) . .
. (Página 6147)
- De la señora Rodríguez Díaz (Grupo Parlamentario Socialista), sobre
previsión en relación con la reforma legislativa necesaria para
incorporar al texto refundido de la Ley de procedimiento laboral el
contenido de su disposición adicional vigesimocuarta. (Número de
expediente 181/000614) . . . (Página 6147)
- Del señor Villarrubia Mediavilla (Grupo Parlamentario Socialista),
sobre previsión acerca de la construcción del nuevo edificio que
albergará los juzgados de Primera Instancia e Instrucción de Cervera
de Pisuerga (Palencia) (Número de expediente 181/000692) . . .
(Página 6149)
Se abre la sesión a las once y diez minutos de la mañana.
PREGUNTAS:
- DE LA SEÑORA DEL CAMPO CASASÚS, DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA,
SOBRE AVANCES PRODUCIDOS PARA LA CREACIÓN DE LOS CUERPOS DE
PSICÓLOGOS, EDUCADORES Y TRABAJADORES SOCIALES FORENSES, PREVISTOS EN
LA LEY ORGÁNICA REGULADORA DE LA RESPONSABILIDAD PENAL DE LOS
MENORES. (Número de expediente 181/000639)
- DE LA SEÑORA DEL CAMPO CASASÚS, DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA,
SOBRE DOTACIÓN DE LAS SECCIONES DE MENORES DE LAS DISTINTAS FISCALÍAS
Y PLAZO EN QUE SE COMPLETARÁ LA ADSCRIPCIÓN A ELLAS DE FISCALES Y
FUNCIONARIOS ADMINISTRATIVOS. (Número de expediente 181/000643)
El señor PRESIDENTE: Buenos días, señorías, vamos a dar comienzo a la
sesión y doy cuenta a SS.SS. de que, de acuerdo con los portavoces,
el debate se ordenará en dos partes. En primer lugar contestará el
señor secretario de Estado a las preguntas que figuran en los puntos
3.o, 4.o, 5.o, 6.o, 7.o y 8.o y a continuación intervendrá el
subsecretario para contestar a las preguntas que figuran en los
puntos 1.o, 2.o y 9.o hasta el final, con la salvedad de que las
preguntas de los puntos 22.o y 23.o han sido retiradas por los grupos
formulantes.
- DEL SEÑOR BARRERO LÓPEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, SOBRE
CONCESIÓN DE SUBVENCIÓN DURANTE VARIOS PRESUPUESTOS A LA FUNDACIÓN DE
LA ASOCIACIÓN PROFESIONAL DE LA MAGISTRATURA «JUSTICIA EN EL MUNDO»
Y DENEGACIÓN DE LA MISMA A OTRAS FUNDACIONES DE ASOCIACIONES
PROFESIONALES DE JUECES Y MAGISTRADOS QUE TAMBIÉN LA HAN SOLICITADO.
(Número de expediente 181/000443)
El señor PRESIDENTE: Sin más preámbulo por mi parte, agradeciendo una
vez más al señor secretario de Estado su presencia en esta Comisión,
vamos a dar comienzo al desarrollo del orden del día, y doy la
palabra a don Javier Barrero para que formule la pregunta que aparece
en el punto 4.o del orden del día.
Tiene la palabra el señor Barrero.
El señor BARRERO LÓPEZ: Me limitaré a formular la pregunta según
aparece recogida en el orden del día y a esperar la contestación de
la información que se solicita del secretario de Estado de Justicia.
La pregunta se limita a solicitar los datos que expliquen la
concesión de subvenciones durante varios presupuestos a la Fundación
de la Asociación Profesional de la Magistratura «Justicia en el
Mundo» y denegación de la misma a otras fundaciones de asociaciones
profesionales de jueces y magistrados que también la han solicitado.
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor secretario de Estado.
El señor SECRETARIO DE ESTADO DE JUSTICIA (Michavila Núñez): En
primer lugar, buenos días y muchas gracias, señor presidente,
miembros de la Mesa y portavoces de los grupos parlamentarios, por el
esfuerzo, yo creo que nos beneficia a todos, de racionalizar el
conjunto de preguntas. En aras de obtener la
señoras y los señores diputados una mejor información, el método
seguido es satisfactorio. El deseo en esta larga comparecencia, tanto
del secretario de Esado de Justicia, como del subsecretario de
Justicia es dar a SS.SS. toda la información solicitada y en todo
caso en los extremos que pudiera quedar alguna cuestión pendiente
asumimos el compromiso, como lo asumimos en alguna comparecencia
anterior y cumplimos satisfactoriamente, de trasladar a la Cámara la
información complementaria.
En relación con la pregunta concreta que formula el diputado señor
Barrero, veo que el señor Barrero no está satisfecho con la
contestación que hasta ahora se ha dado y quizá lo que le preocupe no
sea la respuesta sino el hecho de que sea esa institución la que
reciba la subvención nominativa. Lo digo porque ya tiene una
contestación escrita que obra en su poder y a su vez tiene
contestaciones verbales sucesivas a esta misma pregunta, formulada en
algunas ocasiones por él mismo y en otras ocasiones por compañeros de
su grupo parlamentario.
Quiero hacer una matización a la pregunta, que aun siendo un matiz
tiene un altísimo alcance, es decir no es una cuestión menor. No
estamos hablando de una subvención nominativa contemplada en la
sección 13 de los Presupuestos Generales del Estado a una asociación
judicial concreta, es decir a una asociación de jueces de la carrera
profesional específica, tal y como sería la Asociación profesional de
la magistratura; no se trata de eso sino de algo bien distinto, y
creo que es importante distinguirlo puesto que sería realmente
confundir una cosa con otra pensar que desde el Ministerio de
Justicia se está dando una subvención a una asociación judicial. El
Ministerio de Justicia no otorga subvenciones a ninguna asociación
judicial, sino que es el Consejo General del Poder Judicial el que lo
viene haciendo desde hace varios años, y el Ministerio de Justicia
respeta ese principio y le parece muy razonable mantenerlo. En ese
sentido, la subvención se da a una institución de alcance
internacional, que es la Unión internacional de magistrados, una
institución de ámbito internacional fundada en el año 1953, que en la
actualidad cuenta con 60 asociaciones judiciales que representan a
otros 60 países, instaurada en los cinco continentes y que es, sin
lugar a dudas -y este es un dato que no tiene réplica posible-, la
asociación internacional en el ámbito de la judicatura de mayor
relevancia mundial tanto por sus trabajos como por su desarrollo
histórico y por la cantidad de afiliados que tiene, que llega a más
de 100.000 jueces profesionales, como por el ámbito territorial en el
que viene trabajando. Esa asociación internacional tiene unos fines
que yo creo compartimos todos los demócratas y todos los que
trabajamos para la defensa de los derechos y libertades, que es la
fortaleza del Estado de derecho, promover y defender la independencia
judicial como instrumento para hacer posible en todos los países una
democracia desarrollada y avanzada
y garantizar finalmente, a través de una mayor profesionalización,
cualificación y formación de los jueces y magistrados en ella
asociados, una renovación y fortaleza de la justicia como poder y
también como forma de resolver los problemas de la convivencia
democrática.
La sede permanente de esa Unión internacional de magistrados se
encuentra en Roma, y el Comité ejecutivo internacional y el Consejo
central de la asociación decidió el 26 de septiembre del año 1996
constituir una fundación. A España le cupo el honor de ser nombrada
como sede permanente, y yo creo que independientemente de la sintonía
o afinidad que se pueda sentir o no con una asociación de carácter
internacional, para España es siempre un honor que una asociación de
esa relevancia en el mundo de la justicia decida establecer Madrid
como sede permanente. En ese sentido, el Comité presidencial decidió
el 26 de septiembre establecer la sede permanente en Madrid, y el
Comité de presidencia de la fundación de la Unión internacional de
magistrados constituyó el patronato el 8 de diciembre; como era
lógico al tener sede en Madrid, la fundación se inscribió en el
registro de fundaciones, y a partir de ese momento se solicitó del
Gobierno que hubiera una ayuda no a los trabajos de la fundación, no
a los trabajos de la Unión, sino a un objeto muy preciso y muy
específico que es otorgar anualmente un premio que la Unión
internacional de magistrados, y singularmente el patronato, viene
otorgando. El Ministerio de Justicia decidió en aquel momento, en el
año 1997, hacerlo efectivo para los presupuestos de 1998, y deseó
hacerlo y asumirlo con la máxima transparencia posible. Saben ustedes
-lo hemos hablado más de una vez- que de las diferentes figuras
presupuestarias que existen, hay una que por excelencia reúne todos
los requisitos de la máxima transparencia -y algunos de ustedes que
han manejado directamente el presupuesto lo saben-, que es la
subvención nominativa. Existiendo una subvención nominativa, es
evidente que lo que se hace es dar transparencia a esa subvención y a
su destino, y por tanto parece muy razonable que se mantenga esa
subvención, que no supone denegar nada a ninguna asociación judicial
española puesto que el Ministerio de Justicia no tiene competencia ni
responsabilidad de otorgar subvenciones a cualquier asociación
judicial española. Es indudable que si hubiera otra asociación
judicial de este rango, comparable en envergadura, en la entidad que
tiene en el ámbito mundial, con más de 100.000 magistrados y 60
países, el Gobierno consideraría alguna propuesta, pero todavía no ha
llegado por la sencilla razón de que no existe en el mundo una unión
internacional de magistrados con tal rango de implantación y
acreditación.
No sé si esta respuesta viene a ser suficiente, señor Barrero. En
todo caso, podemos seguir hablando de lacuestión.
El señor PRESIDENTE: Señor Barrero.
El señor BARRERO LÓPEZ: Voy a ser breve.
La respuesta puede o no ser suficiente; en todo caso hay ya una
respuesta en acta. A mí no me preocupa que haya un dinero destinado
por vía de transferencia corriente a una asociación del carácter que
sea. Es más, nosotros no hemos pedido en ningún momento que se
rechacen o se limiten esos apoyos o esas ayudas, pero creo que
deberíamos matizar la respuesta del secretario de Estado para que
tuviera al menos conocimiento de cuál es nuestra preocupación real.
No es una subvención a una asociación de la magistratura española que
tenga importancia de carácter internacional sino que a efectos
estrictamente presupuestarios se da por su connotación nacional. No
se habla de transferencia destinada al exterior, sino de una
transferencia corriente -lo estoy leyendo- dedicada a la fundación
Justicia en el Mundo que cuenta con una partida de 7.000.000 de
pesetas. La importancia de carácter internacional que pueda tener
esta asociación es muy plausible y se abunda en sus méritos, pero es
una transferencia corriente destinada a la fundación Justicia en el
Mundo, de la misma forma que hay otras instituciones sin fines de
lucro, como algunas que promueven el derecho de libertad religiosa,
dotadas con 14 millones, etcétera. Hay también unas transferencias al
exterior de la Conferencia de ministros de Justicia de países
iberoamericanos y demás que tienen otro tipo de transferencia y de
lectura presupuestaria; pero esta va destinada a una asociación que
se residencia en nuestro país; tendrá connotaciones internacionales,
pero se residencia en nuestro país y va dirigida estrictamente a la
parte nacional de esa asociación que, insisto, tendrá el carácter
internacional que usted le quiera dar o que realmente tenga. Hay otro
tipo de asociaciones, seguramente con una aportación internacional
menos brillante, muy limitada -a lo mejor no la tienen- pero que
cubren un espacio importante en nuestro país. Por ejemplo, la
asociación Antonio Carretero, que tiene otro tipo de ideas, de
espíritu, o una forma diferenciada de conocer el mundo judicial o de
entender los proyectos que a todos nos preocupan, no cuenta con
ningún apoyo ni ayuda del Ministerio. Se nos hace difícil la
argumentación de que por vía del apoyo o de los avales
internacionales, o ese tipo de argumentos, unos pueden tener algún
tipo de ayuda del Ministerio y otros no.
La ayuda que ustedes prestan a la fundación Justicia en el Mundo es
limitada en el tiempo -si no recuerdo mal sólo lleva cinco años- y
las ayudas de otras fundaciones no tienen todavía ningún precedente,
pero desde este grupo buscamos el máximo de apoyos, también por vía
del Ministerio, al resto de fundaciones. Si usted considera que es
preciso algún tipo de trámite o camino que permita que otras
fundaciones, también sólidas, importantes y que a lo mejor tienen
vocación internacional, y la transferencia corriente apoyaría esas
vocaciones internacionales;
si usted ve algún camino que pueda brindar la oportunidad
de que estas fundaciones tipo Antonio Carretero tengan también alguna
apoyatura por vía de presupuestos, haríamos buena su comparecencia.
No voy a decirle que en aras de buscar una vía que permita apoyos
a otras fundaciones dejase al margen aquello que pueda significar una
descortesía con el Ministerio, por tanto no hablaré de subvenciones
encubiertas ni nada por el estilo; pero insistiré en lo que aquí nos
trae. Estamos muy informados de la bonanza y de las virtudes que
adornan a la fundación Justicia en el Mundo, las aplaudimos, nos
parece espléndido, ya nos lo han dicho por escrito y de manera oral;
pero queremos poner de manifiesto que con más humildad, sin duda, con
más modestia parece que también hay otras fundaciones, como la
Antonio Carretero, de la que existen virtudes que también importa
destacar. Estoy seguro de que habrá fórmulas que permitan que ese
tipo de fundaciones se consoliden, que sean sólidas, que hagan bien
su trabajo también por vía presupuestaria. Eso es lo que queremos
poner de manifiesto.
El señor PRESIDENTE: Señor secretario de Estado, muy brevemente, por
favor.
El señor SECRETARIO DE ESTADO DE JUSTICIA (Michavila Núñez): Quiero
agradecer al señor Barrero el tono de su intervención; pero junto al
agradecimiento permítame que muestre mi satisfacción porque el
desarrollo de la misma me ha dado a entender cuál es el problema.
Vuelve usted a hacer imposible mi respuesta porque confunde que el
Ministerio de Justicia da una subvención a una fundación
internacional. Confunde esa financiación con el apoyo a una
asociación judicial concreta; en ese marco en el que usted se mueve
es como si estuviéramos financiando la Asociación profesional de la
magistratura y diciendo que estamos ayudando a su trabajo. Es bueno
distinguir, y usted lo hace en la segunda parte de su intervención
cuando dice que le preocupa no tanto la subvención a esa fundación
internacional como que se ayude a otra fundación nacional, y hace una
mezcla diciendo que quiere que se ayude a otra asociación judicial
concreta que está detrás de esa fundación concreta. En esa segunda
parte de su intervención usted distingue claramente entre la
fundación Antonio Carretero, que me merece todo el respeto y por la
que siento un gran aprecio tanto en su trabajo como por las personas
que lo hacen, cuando pide para la fundación y no pide para la
asociación; en cambio, no quiere hacer esa distinción cuando se
recibe para la fundación y no se recibe nada para la asociación. Como
sé que usted comparte esa clara distinción me alegro de que
finalmente sea así, que comparta que el Ministerio de Justicia está
dando una subvención nominativa, transparente, a una fundación
internacional dirigida por personas distintas, fíjese que los
miembros de ese jurado del premio internacional son el presidente
honorario,un magistrado alemán; don Mario Soares...
El señor PRESIDENTE: Señor secretario de Estado, le ruego que
termine, por favor.
El señor SECRETARIO DE ESTADO DE JUSTICIA (Michavila Núñez): Concluyo
muy rápidamente. Enrique Silva Cima, ex canciller de Chile, y
Federico Carlos Sainz de Robles, que es singularmente reconocido y no
pertenece a esa asociación judicial de la que usted dice que recibe
la subvención. Con esto nos aclaramos, no hay una subvención del
Ministerio de Justicia para una asociación y desde esa aceptación sí
estamos abiertos a que se pueda hablar en otras ocasiones de otras
fundaciones que merezcan ese prestigio, ese crédito internacional. Me
alegro de que esta reiterada pregunta por lo menos quede zanjada por
esta vez y espero que hayan quedado resueltas todas las dudas.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor secretario de Estado.
- DEL SEÑOR BARRERO LÓPEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, SOBRE
LAS RAZONES DEL MANTENIMIENTO DE LA PROPUESTA DE REFORMA DE LA LEY
ORGÁNICA DEL PODER JUDICIAL EN MATERIA DE ELECCIÓN DEL CONSEJO
GENERAL DEL PODER JUDICIAL TRASLADADA A LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN
POR EL MINISTERIO DE JUSTICIA. (NÚMERO DE EXPEDIENTE 181/000444)
El señor PRESIDENTE: Pregunta número 5, señor Barrero, por favor.
El señor BARRERO LÓPEZ: Señor presidente, debo llevarme al despacho
la información de que las únicas ayudas que se pueden prestar son a
fundaciones internacionales, no a fundaciones nacionales. Una vez
solventados todos los problemas de explicaciones, de diferencias, de
matices, quiero saber si las fundaciones nacionales merecen la pena,
y no estoy muy seguro de haber sido suficientemente informado. Le
brindo la oportunidad en algunas de las preguntas posteriores de que
nos la ofrezca. ¿Sólo se ayuda a fundaciones internacionales
o también a las nacionales?
El señor PRESIDENTE: Señor Barrero, estamos en la pregunta número 5.
El señor BARRERO LÓPEZ: Señor presidente, reitero lo que aparece en
el orden del día: Razones del mantenimiento de la propuesta de
reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial en materia de elección
del Consejo General del Poder Judicial trasladada a los medios de
comunicación por el Ministerio de Justicia.
El señor PRESIDENTE: Señor secretario de Estado.
El señor SECRETARIO DE ESTADO DE JUSTICIA: (Michavilla Núñez):
Permítame la Presidencia una breve mención a algo que ha dicho el
diputado Barrero. No ha sido deseo del Ministerio de Justicia decir
que sólo recibirán subvenciones las fundaciones internacionales sino
que esa partida está asentada desde hace varios ejercicios
presupuestarios y desde luego parece que hay razones que acreditan el
prestigio que supone para España tener la sede en nuestro país de una
fundación internacional, toda vez que usted ha reconocido claramente
que no se está ayudando a una asociación española sino a una
fundación internacional, mantener esa consignación presupuestaria
transparente y no rechazarla ni negarla. Esa decisión del Ministerio
de Justicia además usted la ha compartido en la medida en que incluso
ha dicho que aplauden la gran relevancia internacional de esa
fundación. Para concluir, entiendo que tanto usted como yo estamos de
acuerdo en no negar lo que se ha venido otorgando.
Siguiente cuestión. España reclama una modernización, una agilización
y también reclaman los ciudadanos una despolitización de la justicia.
En ese sentido, agilización, modernización, despolitización deben ser
ejes de una justicia que se acompase al proceso de modernización
extraordinario que hemos protagonizado los españoles en los últimos
20 años. Por esta razón en ese proyecto de reforma de la justicia que
hemos presentado a todos los grupos parlamentarios, a todas las
asociaciones judiciales, a todas las asociaciones de fiscales, de
secretarios judiciales, a los sindicatos del personal al servicio de
la Administración de justicia, a las comunidades autónomas, a las
distintas instancias colegiales en el ámbito de la Justicia, al
Consejo del Poder Judicial y al propio Consejo fiscal, hemos
presentado una propuesta. Tenemos un modelo de designación del
Consejo General del Poder Judicial en el que hay unanimidad sobre que
es mejorable. Yo creo que no hay que mantenerse en el inmovilismo de
considerar que el actual modelo no tiene mejora posible y por tanto
proponemos mejorarlo. Esa propuesta la hizo el Partido Popular cuando
se presentó a los españoles en las elecciones generales, es la
propuesta que presentó el ministro en su primera comparecencia, y es
la propuesta que reitera en su comparecencia del 14 de febrero. Es
una propuesta destinada a hacer una justicia que sobre todo defienda
mejor el interés general y anclada sobre todo en una mejor tutela
efectiva de los derechos de todos los ciudadanos. Ese propósito anima
la propuesta, sobre la cual, ya lo dijo el ministro, está abierto al
diálogo y a que alguien, saliendo del inmovilismo, le ofrezca una
fórmula que supere las deficiencias del modelo actual.
El señor PRESIDENTE: Señor Barrero.
El señor BARRERO LÓPEZ: No aporta usted mucho, señor secretario de
Estado, con la contestación
que ha dado a la pregunta. La pregunta buscaba que en sede
parlamentaria por fin podamos saber ya de manera detallada cuál es el
modelo de elección del Consejo, lleno de modernidad al parecer, que
ustedes plantean, y hacerlo así para tener ya un conocimiento
detallado y claro de cuál es su posición, porque su posición depende
de que se haga una lectura de sus programas, de que se escuche al
ministro cuando viene por aquí o de que se tengan otras
conversaciones. Teníamos interés en saber hasta qué punto tienen una
voluntad seria, firme y consolidada por dar carpetazo al modelo
actual e iniciar un modelo distinto, en el que -no tengo que decirlo-
se enfrentarían seguramente no ya con el Grupo Socialista, sino con
el resto de los grupos que no ven las bondades acerca de la nueva
elección de los miembros del Consejo por vía que no sea la
parlamentaria. Para empezar a discutir y a debatir sobre ese tipo de
bondades, yo confiaba que hoy fuera el día que abriera la puerta para
un discurso más doctrinario, más fundado, más cerrado acerca de ese
tipo de bondades y hablar de las legitimaciones, si son mejores las
gremiales que las parlamentarias; hablar por fin aparte de las frases
redondas o hechas, de qué significa el inmovilismo cuando lo que se
hace es retroceder hacia posiciones de los años setenta; qué
significa modernización a efectos de elección de los miembros del
Consejo y cómo ustedes la plantean, por qué se habla de politización
en el modelo español y no en el francés o italiano donde incluso el
presidente del Consejo como usted sabe es un ministro. Esperábamos
hoy que los grupos políticos iniciáramos ya un proceso de información
clara acerca de qué es lo que les preocupa y les ocupa a efectos de
los cambios en la elección del Consejo. Seguimos sin saber con
seguridad en qué territorio se mueven; sabemos que quieren cambiarlo,
creemos que quieren volver al antiguo de un proceso de representación
que tenga su legitimidad en las asociaciones, este es el tema, el
sindicalismo si usted quiere decirlo de otra manera, y que quiera
conformar vías de modernidad que no compartimos y vías de
despolitización que no entendemos muy bien a qué se refieren cuando
existen en derecho comparado legitimidades similares a las nuestras
por vía parlamentaria que nadie del Gobierno francés o italiano se ha
permitido el lujo de decir que esté despolitizado o politizado un
Consejo por el hecho de que su máxima representación esté en manos de
miembros del Ejecutivo. En todo caso, quisiéramos ver cuál es de
verdad lo que ustedes quieren traer aquí, si es que hay voluntad de
traerlo al Parlamento, e iniciar ya por vía de esta pregunta algún
tipo de debate sobre ello y en todo caso un nivel de información
mayor.
Si no jugamos a los temas dialécticos, que he visto le gusta hacer -y
en la primera pregunta lo he podido comprobar-, me parece que es
mejorable el trámite y el método, y lo hemos dicho públicamente.
Usted sabe cuál es nuestra voluntad o nuestra decisión política en
este tema, que no es otra que mantener las reglas del
juego actuales en el tema de la elección del Consejo, pues entendemos
por muchas razones que su legitimidad es mayor. Creemos sin duda que
es mejorable el método y también hemos apuntado en más de una ocasión
cuáles pueden ser los instrumentos que mejoren el método de elección,
pero yo creo que en esa unanimidad estamos todos los grupos
parlamentarios. El método es mejorable, pues esto nace de la
experiencia en general. Cuando uno comprueba que determinados
instrumentos son mejorables con el transcurso del tiempo la
experiencia nos mueve generalmente a eso, pero me da la impresión de
que ustedes están bastante solos en este tema respecto al resto de
grupos políticos. Si no quiere dar una información más detallada o
una contestación más sólida sobre esta cuestión le asiste todo tipo
de prudencia y de derechos, pero deberíamos empezar ya en sede
parlamentaria a tener un debate serio sobre este asunto para que
todos vayamos viendo cuál es la posición real, sin frases de carácter
sociológico, destinadas a desarticular argumentaciones del otro,
mucho más profundas de las que merecen frases un poquito frívolas, en
todo caso muy sociológicas, de inmovilismo, modernidad, porque esto
permite otro tipo de frases contundentes que no voy a decir aquí, ya
que no es ésta la sede ni estamos en campaña, pero sí me produce
cierta frustración, señor secretario de Estado, que no intente
profundizar, por vía de información, en la visión que tienen y nos
adelante la decisión que debe estar medio adoptada por parte del
Gobierno, de acuerdo con la cual tendremos una nueva legitimidad en
cuanto a la elección del Consejo y una nueva conformación, por vía de
proyecto, de lo que debe ser un nuevo Consejo General del Poder
Judicial por vía de elección. Si puede hacerlo ahora se lo
agradecería, y si no me imagino que habrá motivos para un debate más
profundo sobre esta materia. Nosotros, desde luego, estamos pensando
incluso en presentar una interpelación que nos permita un recorrido
parlamentario más amplio sobre una cuestión que debería ocuparnos
bastante tiempo.
El señor PRESIDENTE: Señor secretario de Estado.
El señor SECRETARIO DE ESTADO DE JUSTICIA (Michavila Núñez):
Comprendo totalmente, su frustración, señor Barrero, pero quizás la
frustración venga de la decisión que el Grupo Parlamentario
Socialista adoptó en el año 1985. En ese año 1985 se impuso
unilateralmente una quiebra de un modelo consensuado en el año 1980,
que respondía al espíritu de la Constitución, y estoy seguro que no
se hizo por razones partidistas; se hizo con la mejor de las
intenciones, con el ánimo de resolver mejor los problemas que los
ciudadanos tienen cuando se dirigen a la justicia. Estoy seguro que
no se hizo por razones partidistas sino con el ánimo de fortalecer la
independencia del Poder Judicial.
Por eso comprendo la frustración cuando se ve que ese modelo del año
1985 no ha sido bueno, no ha funcionado. Ese modelo del año 1985 es
visto mayoritariamente por los ciudadanos como un modelo que ha
generado politización de la justicia, y la verdad es que no son
frases sociológicas. El Centro de Investigaciones Sociológicas hizo
un estudio exhaustivo, con dos mil y pico encuestas en diciembre de
1998, sobre Constitución e instituciones, en el que se advierte que
la mayoría de los encuestados considera que el actual sistema de
elección del Consejo perjudica a esta institución porque cree que se
reproducen las disputas entre partidos. Igual ocurre con el último
estudio hecho por Demoscopia a petición del Consejo General del Poder
Judicial sobre 1.200 entrevistas directas, personales, a domicilio y
no vía telefónica, en el que también se dice que la mayoría de los
encuestados manifiesta que no existe independencia judicial. Yo creo
que sí existe independencia judicial, pero los ciudadanos tienen una
percepción de politización, que, peculiarmente, tienen más los
votantes socialistas que los votantes del Partido Popular. Hay un
alto porcentaje de votantes del Partido Socialista que creen que está
politizada la justicia, que está excesivamente politizado el Consejo
General del Poder Judicial, y, si vamos a reformar la justicia, creo
que eso requiere una respuesta. No sería razonable que hiciéramos una
reforma en profundidad de la justicia donde toquemos la posición
institucional del Tribunal Constitucional, el papel del Tribunal
Supremo, la doble instancia en materia penal, la Ley de
Enjuiciamiento Criminal, la carrera profesional de jueces y
magistrados, el fortalecimiento del papel del ministerio fiscal,
donde reconsideremos la posición de los secretarios judiciales, donde
hablemos del nuevo estatuto del personal al servicio de la
Administración de justicia, donde hagamos un nuevo diseño de la
Oficina Judicial, donde hagamos una nueva demarcación, con más
juzgados y más cercanos, donde hagamos todos eso, hasta 20 capítulos,
con 20 ejes, de propuestas de reforma, en un documento importante,
intenso, elaborado también por el Partido Socialista, y dejáramos al
margen una cuestión que sin duda supone una preocupación de los
españoles y que, también sin duda, requiere una mejora.
Por eso hubiera sido absolutamente hipócrita y cínico el aceptar la
propuesta que desde el seno de ciertos grupos parlamentarios se nos
hace: aprovechen que tienen mayoría absoluta y hagan un Consejo a su
medida, como se hizo en legislaturas anteriores. Creo que haríamos un
flaquísimo servicio a la justicia, a ese órgano de gobierno de los
jueces, si administráramos de esa manera la legislación vigente. Por
eso creemos que es bueno, y además posible, modificar la legislación
actual. Creo que entre todos debemos evitar que se reproduzca
permanentemente lo que se observa en un dossier de prensa en el que
cualquier página que coja, en las crónicas de nombramiento de
cualquier puesto
de magistrado de presidente de la audiencia provincial, en cualquier
provincia española, se encuentra con lo siguiente: Hubo un acuerdo
entre dos vocales de CiU, uno del PNV y otros de mayoría progresista,
en este caso, para nombrar al presidente de una determinada audiencia
provincial. Esta noticia es de 31 de octubre del año 1997. Otra
noticia de 14 de octubre del año 1996, dice: El sector ideológico
conservador respaldó a fulanito; el sector progresista, nombrado por
el Partido Socialista, apoyó a zutanito. Creo sinceramente que cuando
zutanito o fulanito ejercen su magistratura con la etiqueta de haber
sido puestos por el PP, por el PSOE, por Izquierda Unida, por CiU,
por el PNV o por Coalición Canaria, a zutanito y fulanito les ponemos
difícil superar esa imagen de politización que la raíz de su
nombramiento tiene. Y ése es el esfuerzo que creo que entre todos
podemos hacer. Y lo podemos hacer respondiendo a una alianza. Usted
habla de que estamos solos, pero yo creo que es muy difícil sentirse
solo cuando se está con la mayoría de los ciudadanos, que demandan un
cambio, y con la Constitución.
El señor PRESIDENTE: Señor secretario de Estado, le ruego vaya
concluyendo.
El señor SECRETARIO DE ESTADO DE JUSTICIA (Michavila Núñez): Resumo
rápidamente.
La sentencia del Tribunal Constitucional -y usted la conoce muy bien-
hablaba de que ese modelo tenía un riesgo, el de la politización; de
que ese modelo corría ciertamente el riesgo, con una alta
probabilidad, de hacer posible una actuación contraria al espíritu de
la norma, repartiendo cuotas partidistas, y eso es lo que realmente
ocurrió, reconozcámoslo así. Dice usted que el mismo modelo podría
superar ese riesgo que existió y se produjo, pero la realidad es que
no logró superarlo. Y en este esfuerzo en que está el Gobierno del
Grupo Popular no dude de que nuestra propuesta es muy clara. Se hizo
una Constitución por consenso y se hizo una ley, en el año 1980,
también por consenso. Recuerdo que la Ley del año 1980 la aprobaron
todos los diputados de la Cámara menos 11, incluyendo su grupo
parlamentario, y que, rompiendo el consenso, unilateralmente, se
reformó en el año 1985. La unilateralidad no es mala si hubiera sido
bueno el resultado, pero el problema es que el resultado no fue
bueno, porque así lo dicen los ciudadanos y así lo demuestran los
hechos. Hagamos ahora un esfuerzo para superar ese modelo, que es un
modelo perfectible, y encontremos un modelo mejor. Nosotros hacemos
una propuesta que entronca con la Constitución, y estar con la
Constitución es estar siempre con la soberanía popular, puesto que la
esencia de la soberanía popular está exactamente en la Constitución.
Permítame un pequeño matiz. Me habla de gremialismo y de
sindicalismo. A mí, que procedo del mundo universitario y que estoy
muy satisfecho, como todos
los miembros de esta sala que pertenecen al mundo universitario, de
poder elegir a los rectores junto con el personal auxiliar y con todo
el personal administrativo, la verdad es que no me gusta que en el
mundo universitario se diga que, por una ley que hicieron ustedes, se
eligen democráticamente los órganos de gobierno de las universidades.
Creo que hay que cuidar los epítetos para no desprestigiar a las
instituciones. Me parece loable el esfuerzo que hace usted por
defender un modelo que aprobaron en 1985, pero, dado que los hechos
han demostrado que ese modelo es mejorable, esforcémonos en
mejorarlo. Y, sin duda, será el Parlamento quien lo haga. No dude
usted, señor Barrero, de que cuando sea el momento se hará. En este
momento estamos hablando con los grupos parlamentarios, estamos
hablando sobre una propuesta y esperamos que alguien nos convenza de
que existe una propuesta mejor.
- DEL SEÑOR BARRERO LÓPEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, SOBRE
PREVISIONES ACERCA DE LA ELABORACIÓN DE UNA LEY DE RETRIBUCIONES A
JUECES Y MAGISTRADOS. (Número de expediente 181/000445)
El señor PRESIDENTE: Pasamos a la pregunta número 6 y para formularla
tiene la palabra el señor Barrero.
El señor BARRERO LÓPEZ: La pregunta es muy corta: ¿Cuáles son las
previsiones acerca de la elaboración de una ley de retribuciones a
jueces y magistrados?
El señor PRESIDENTE: Señor secretario de Estado.
El señor SECRETARIO DE ESTADO DE JUSTICIA (Michavila Núñez): El
compromiso del Gobierno, el compromiso del ministro de Justicia,
expresado solemnemente, es abordar una deuda histórica que la
justicia tiene con los jueces desde hace 16 años, desde el año 1985,
la de superar el actual modelo retributivo que es de hace más de 21
años. Ese compromiso, que asumió esta Cámara en el año 1985,
esperamos que sea uno de los ejes fundamentales de una justicia más
moderna y reformada, que resuelva mejor los problemas que tienen los
ciudadanos cuando acuden a ese poder del Estado.
El señor PRESIDENTE: Señor Barrero.
El señor BARRERO LÓPEZ: El señor secretario de Estado viene
especialmente austero en el uso de la palabra, especialmente rácano
(Risas.) Espero que la palabra rácano sea constitucional y no
signifique nada que no sea políticamente correcto
El señor SECRETARIO DE ESTADO DE JUSTICIA (Michavila Núñez): No, pero
no sé si tiene el mismo sentido que usted le da.
El señor BARRERO LÓPEZ: Que los jueces no están bien pagados lo
sabíamos, y no sólo los jueces sino también los magistrados, los
fiscales y el mundo de la Administración de justicia, que tiene una
enorme responsabilidad en su trabajo y que, por mor de la
incompatibilidad y como consecuencia de ese nivel de trabajo
importante, debería tener un nivel retributivo equiparable, al menos,
con otros colectivos que seguramente tienen una responsabilidad
menor. Creo que en eso estamos todos de acuerdo. Sin embargo, yo
esperaba que nos avanzara algo, imagino que lo hará ahora, acerca de
qué elementos objetivos va a aplicar a la hora de plantear el
proyecto que permita una ley de retribuciones de mayor interés.
Nosotros hemos presentado, como usted sabe, en el Parlamento, en este
Congreso de los Diputados, una propuesta destinada a hacer posible
este cambio retributivo -no sólo una mejor retribución sino un cambio
retributivo- que consolide determinadas propuestas ya iniciadas en el
Consejo General del Poder Judicial, como la retribución por módulos,
el hecho de que haya unos registros de asuntos, poniendo de
manifiesto determinados elementos objetivos que permitan, primero,
valorar un trabajo bien hecho y, después, estimularlo de forma tal
que tenga consecuencias positivas a efectos de limitar o reducir la
tendencia de los asuntos pendientes en los órganos judiciales, que,
como usted recordará, se acercan ya a los dos millones en este
momento.
Seguramente todo esto tendrá consecuencias positivas, pero nos
gustaría que nos dijera qué tipo de módulos, qué tipo de elementos
objetivos van a configurar ese cambio normativo que ustedes plantean,
en el que confío podamos coincidir, y les invito a que esa
coincidencia se produzca en un plazo de tiempo cercano, con el debate
de la propuesta del Partido Socialista sobre el cambio retributivo en
jueces, magistrados y fiscales.
El señor PRESIDENTE: Señor secretario de Estado.
El señor SECRETARIO DE ESTADO DE JUSTICIA (Michavila Núñez): Señor
Barrero, me alegro de que corrija en sus palabras el texto de su
pregunta y que comparta con el ministro de Justicia su deseo de no
limitar la reconsideración y mejora retributiva sólo a jueces y
magistrados, y que la haya hecho extensible a lo que ha manifestado
el ministro de Justicia desde el principio, es decir, al ministerio
fiscal y al resto del personal al servicio de la Administración de
justicia. Hacen ustedes una propuesta que en este momento debemos
incorporar en ese diálogo del pacto de Estado. Me parece que todos
estamos de acuerdo en que el modelo retributivo es el eje fundamental
de una justicia
más moderna. Tenemos un régimen retributivo en el ámbito de la
justicia que se diseñó en el año 1980, pero con un modelo muy
superado ya en el propio año 1980 en el resto de las retribuciones
procedentes del Estado. Las retribuciones procedentes de los
Presupuestos Generales del Estado para el personal al servicio del
Estado en sus distintos ámbitos ya han sufrido unas modernizaciones
por las que todavía no ha pasado la justicia, en perjuicio, dicho sea
de paso, de los propios jueces. Creo recordar que en el año 1985 se
estableció ese compromiso de mejorar las retribuciones, de hacerlo
por ley; compromiso que no sólo se desoyó, sino que en el año 1989,
cuatro años después, en vez de asumirlo, lo que se hizo fue
desarrollar la vieja ley de retribuciones del año 1980 mediante el
Real Decreto de 21 de abril de 1989.
Nuestro deseo no se queda en palabras, creo que lo hemos demostrado
con hechos ciertos y evidentes. En el ámbito del personal laboral -al
que me remito, aunque no estaba en su pregunta, porque usted luego lo
ha citado-, por primera vez se llegó a un acuerdo con todos los
sindicatos, en el último trimestre del año pasado, por el que se
logró una mejora retributiva sustantiva que fue bien valorada por
todos los interlocutores sociales. También se acordó en el ámbito de
los secretarios judiciales, de los que usted se ha olvidado, no
deliberadamente, sino por pura omisión, y que también merecen
incorporarse en ese esfuerzo por hacer una justicia más moderna, al
igual que en el ámbito de fiscales, jueces y magistrados.
Sabe usted, señor Barrero, que desde el año 1985 estaba pendiente un
gran esfuerzo para evitar que la retribución estuviera muy por debajo
de la que debería corresponder a un servidor público que dedica,
primero, años de formación en la universidad, después, años de
esfuerzo para aprobar una oposición y, finalmente, tiempo de
formación en la escuela judicial. Para esa persona que invierte una
media de nueve años en formarse, las retribuciones de los grupos ocho
y nueve eran realmente muy bajas. Este equipo del Ministerio de
Justicia cuando empezó a reunirse con las asociaciones -cosa que sabe
usted viene haciendo periódicamente; mensualmente hay una reunión con
las asociaciones para afrontar esa modernización retributiva- comenzó
hablando no de compromisos en el aire, sino de decisiones concretas,
y adoptó una decisión muy nítida, que ha sido la primera decisión
desde el año 1985 que ha tenido una trascendencia retributiva
extraordinariamente importante, no sólo desde el punto de vista
cualitativo, sino también cuantitativo. Un porcentaje elevadísimo de
jueces del grupo nueve han pasado a cobrar 1.175.000 pesetas anuales
más, y 587.800 pesetas anuales más los del grupo ocho. Todos los de
los grupos ocho y nueve han visto incrementadas sus retribuciones
entre un 14 y un 23 por ciento. Eso ha afectado a un amplio número de
miembros de la carrera judicial y fiscal. No olvidemos que estamos
hablando
de casi 800 miembros de una carrera judicial y fiscal que tiene
3.400 profesionales de la judicatura y 1.519 profesionales de la
fiscalía. Es decir, en ese entorno de 5.000 personas un aumento
retributivo de casi el 20 por ciento a 800 personas, ha supuesto un
extraordinario esfuerzo, que tiene sus razones, que tiene sus
motivaciones. Viene motivado precisamente por la necesidad de hacer
que la justicia sea más ágil, más dinámica y sea para el ciudadano
una tutela más efectiva. Fíjese usted que estamos hablando de un
esfuerzo retributivo en el marco de unos presupuestos que se
presentan por primera vez, lo cual es un gran éxito de todos los
españoles, con un déficit presupuestario cero. Creo que ese éxito de
todos los españoles, que permite crear empleo, es la mejor medicina
para nuestra economía, y en ese marco el Ministerio de Justicia
aprueba una subida retributiva que supera en mucho ese entorno de
austeridad. No sé si la palabra rácano que usted utilizaba viene al
pelo, pero romper ese marco de austeridad precisamente en el ámbito
de la justicia ha sido extraordinariamente significativo. Así espero
que sea percibido por los profesionales que trabajan en el ámbito de
la justicia.
No se trata sólo de mejorar cuantitativamente, hay que mejorar
también cualitativamente. Creo que el esquema retributivo con
retribuciones básicas, que suponen un 44 por ciento, y retribuciones
complementarias, que suponen un 56 por ciento en este momento, es un
esquema rígido que genera injusticia. Estoy de acuerdo con usted en
que la modernización de la justicia pasa también por hablar de
elementos de mejora, de estímulo y de incentivación. Esto hay que
hacerlo desde tres ejes. Desde un eje en conjunto de la justicia.
El señor PRESIDENTE: Señor secretario de Estado, le ruego concluya,
por favor.
El señor SECRETARIO DE ESTADO DE JUSTICIA (Michavila Núñez): Resumo
muy brevemente.
Desde un eje en el que hay una apuesta clara por mejorar los medios
materiales y de personal que tiene la justicia, y ese aporte de
250.000 millones es un claro compromiso. Desde un eje de un diseño de
carrera profesional, puesto que no olvidemos que debe estar muy
vinculada una carrera profesional, que en este momento no existe,
donde sólo existe el criterio de antigüedad, a una mejora
retributiva, y, finalmente, también desde la propia composición de la
retribución final que reciben jueces, magistrados, fiscales,
secretarios judiciales y personal al servicio de la Administración de
justicia. Espero que acertemos entre todos en adoptar un modelo que
beneficie a esa justicia más moderna.
Perdón, señor presidente, por extenderme en este tema, pero sé que
era un tema interesante.
- DEL SEÑOR BARRERO LÓPEZ, DEL GRUPOPARLAMENTARIO SOCIALISTA, SOBRE
MEDIDAS DE LAS PROPUESTAS PRESENTADAS POR EL CONSEJO GENERAL DEL
PODER JUDICIAL QUE EL MINISTRO DE JUSTICIA CONSIDERA MÁS URGENTES
PONER EN FUNCIONAMIENTO. (Número de expediente 181/000448)
- DEL SEÑOR BARRERO LÓPEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, SOBRE
MEDIDAS DE LAS PROPUESTAS POR EL CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL
QUE HAN SIDO EFECTIVAMENTE IMPLANTADAS. (Número de expediente 181/
000449)
El señor PRESIDENTE: Pasamos a las preguntas números 7 y 8, que
formula el señor Barrero.
El señor BARRERO LÓPEZ: Voy a limitarme a formular las preguntas y a
confiar, esta vez sí, en que el secretario de Estado, al margen de
expresiones de carácter abstracto destinadas más a campaña electoral
que a la información en sede parlamentaria, nos concrete un poco más
y nos diga qué medidas de las presentadas por el Consejo General del
Poder Judicial el Ministerio de Justicia considera más urgentes y
cuáles de ellas han sido efectivamente implantadas. Señor presidente,
le doy ya todo el tiempo de mi réplica, porque no la voy a hacer. Me
gustaría que pudiéramos concretar un poco las preguntas y, por tanto,
la información que recabemos, porque las preguntas no tienen sólo el
carácter de intervención política destinada al desgaste mutuo; hay
ocasiones, como ocurre en este caso, en que el portavoz se limita a
solicitar información para usarla en otros momentos o para tener un
depósito suficiente de información. A eso es a lo que quiero
dedicarme esta mañana. Por tanto, confío en que esta vez podamos
conocer de manera más concreta lo que solicitan las preguntas 7 y 8,
que, repito, se refieren a las propuestas que se consideran más
urgentes y a las que efectivamente se van a implantar de las 107 que
remitió hace poco a esta Cámara el Consejo General del Poder
Judicial.
El señor PRESIDENTE: Señor Secretario de Estado.
El señor SECRETARIO DE ESTADO DE JUSTICIA (Michavila Núñez): Tanto el
secretario de Estado como el subsecretario hemos venido con el ánimo
de informar y agradecemos la naturaleza de esta comparecencia, que sé
que está presidida por el deseo de obtener más información. Voy a
tratar de sintetizar, señor presidente.
En cuanto a la coincidencia y a la urgencia, se las voy a resumir no
en mis palabras, que podrían tener interpretación de parte, sino en
las del Consejo General del Poder Judicial. Cuando recibió en una
sesión extraordinaria
de su Pleno, hace breves fechas, al ministro de Justicia y
al equipo del Ministerio para hablar de las propuestas de reforma de
la justicia, planteadas en sede parlamentaria primero y luego a todos
los grupos y a todos los interlocutores del ámbito de la justicia, el
Consejo, por unanimidad, dijo que compartía más del 95 por ciento de
las propuestas de reforma. Que el Consejo se sienta identificado con
las propuestas de reforma no tiene que quedarse en motivo de halago
para el Ministerio; que haya sintonía entre el Ejecutivo y el Consejo
General del Poder Judicial, por una parte, y entre el Ejecutivo y la
inmensa mayoría de los interlocutores, por otra, es un motivo de
satisfacción para todos los que estamos interesados en mejorar la
justicia. Se ha presentado un nuevo modelo de justicia más moderna,
ágil y eficaz, y los ejes esenciales de ese nuevo modelo son
compartidos por el Gobierno y el Consejo y por el Gobierno y el grupo
mayoritario de la oposición. Pocos son los temas de discrepancia
contenidos en el documento que tuvo la amabilidad el Grupo Socialista
de hacer llegar al Gobierno y que hemos debatido en alguna ocasión.
Son muchísimos más los puntos de coincidencia que los de
discrepancia.
Concretando, me referiré a los ya adoptados: las medidas número 33,
73, 74, 75, 76, 77, 95, 100 y 103. De las 107 propuestas, éstas han
encontrado una respuesta satisfactoria en decisiones adoptadas por el
Gobierno. Si quiere, luego le doy la información por escrito, no
tengo ningún inconveniente. Esto se recoge en las palabras del
Consejo General del Poder Judicial cuando ha ido dictaminando en
Pleno sobre las distintas iniciativas que ha impulsado el Gobierno.
El refuerzo del gabinete técnico del Tribunal Supremo, solicitado en
la medida 33, encontró en la Ley de medidas urgentes para la
racionalización de la justicia una reforma que, evitando rigideces
originarias, ha permitido una mayor adaptación de este importante
órgano. La adaptación de la planta y de los medios personales
y materiales a la entrada en vigor de la Ley de responsabilidad penal
del menor supuso la creación de 156 nuevas plazas de fiscales, que
fue recibida como ampliamente satisfactoria por el Consejo General
del Poder Judicial, y la creación de nuevos juzgados para el menor,
31 de ellos creados específicamente por Decreto de 24 de enero de
2000. Estos órganos judiciales son, a criterio tanto del Pleno como
de la Comisión Mixta del Consejo del Poder Judicial, órganos
suficientes para atender la propuesta número 73. Por cierto, he
hablado de 156 plazas de fiscales porque he sumado las 129 a las 36
que se crearon inicialmente y a las 17 que están comprometidas.
Que sea competencia de las audiencias provinciales la resolución de
los recursos de apelación contra las resoluciones de los juzgados de
menores, que fue la propuesta número 74, como recordará, también tuvo
usted ocasión de debatirlo en el Pleno de esta Cámara;y, aunque no
contó con el voto favorable a la ley, puesto
que se incorporaron reformas en algún aspecto, sí que hubo un
altísimo grado de consenso. El Grupo Parlamentario Socialista y el
Grupo Popular estuvieron de acuerdo en recoger esa medida que quedó
claramente establecida desde que entró en vigor la ley.
Por lo que se refiere a la especialización de los fiscales que
instruyen las causas de menores, ha habido cursos de formación a los
que han asistido 262 fiscales, lo cual supone ampliar con mucho la
necesidad de fiscales para cubrir los órganos judiciales de menores.
El Gobierno ha pedido que sea aplicado por el Consejo Fiscal, por la
Inspección y por cada una de las fiscalías en sus ámbitos de
responsabilidad el criterio orientativo de que la asignación de
fiscales de menores recaiga sobre aquéllos que tienen cualificación y
experiencia en el ámbito de menores. A veces da la impresión de que
la Ley del menor ha surgido ex novo y hay que recordar que ya existía
en nuestro país el régimen sancionador para los menores de 16 años,
administrado con acierto por las comunidades autónomas, desde hace
muchos años con competencia exclusiva; es decir, que existían ya
muchos y muy buenos fiscales de menores. El Ministerio ha querido
hacer llegar al Consejo Fiscal que sean fiscales especializados en
menores quienes ocupen las nuevas plazas creadas precisamente para
atender con suficiencia la nueva demanda.
En cuanto a la medida número 76, solicitud de unificación del sistema
de acceso a la carrera judicial y fiscal, quiero informarle de que,
con fecha 20 de marzo, se publicó en el Boletín Oficial del Estado la
convocatoria unificada. El proceso ha sido extraordinariamente
laborioso; exigió incluso una convocatoria extraordinaria de la
Comisión Mixta del Consejo General del Poder Judicial, a petición de
su presidente por parte del Gobierno, que es el secretario de Estado
de justicia, para tratar monográficamente este asunto. Después de esa
reunión, hubo una deliberación en el Consejo en la que algunos
vocales manifestaron dudas, que yo entendí razonables, pero insistí
en que podían ser despejadas; así ha sido.
Sabe usted que los temarios no eran absolutamente idénticos, aunque
eran fácilmente homologables. Las comisiones de selección no eran
idénticas y existía el deseo de ostentar siempre la presidencia de
los tribunales tanto por parte de la carrera fiscal como por parte de
la judicial. Al Ministerio de Justicia le pareció que había que
buscar una distribución equitativa de las responsabilidades tanto en
la composición de los tribunales como en la designación de miembros
no profesionales pertenecientes a cualquiera de los dos cuerpos. Se
solventaron todas las dificultades en un tiempo récord y creo que hay
que felicitarse por la celeridad con que han trabajado tanto la
comisión técnica del Consejo como la del Ministerio para hacer
efectivo lo que es un buen mensaje para obtener profesionales más
cualificados: una única convocatoria anual que permita a los
opositores no perder tiempo presentándose sucesivamente
a convocatorias de juez y de fiscal preparando temarios
distintos.
El señor PRESIDENTE: Señor secretario de Estado, le ruego vaya
concluyendo, por favor.
El señor SECRETARIO DE ESTADO DE JUSTICIA (Michavila Núñez): También
supondrá un ahorro para la Administración de justicia por la cantidad
de tiempo que en tantos tribunales pasaban muchos jueces, fiscales y
magistrados, no dedicándose a sus tareas ordinarias entretanto.
La medida número 77, tribunales calificadores de las pruebas
selectivas unificadas, está en consonancia con la anterior. No se ha
respetado totalmente la propuesta que hizo el Consejo, pero quiero
decirle que la decisión final se adoptó por consenso. El director del
Centro de Estudios Jurídicos de la Administración de Justicia también
ha hecho un extraordinario papel para entenderse con la dirección de
la Escuela Judicial.
La medida número 95, la de ampliar provisionalmente la edad de
jubilación de los magistrados, parece que a usted no le satisfacía
mucho. A nosotros nos gustó y por eso la hemos incorporado a la Ley
Orgánica 9/2000. Entendemos que es útil dentro del plan de choque
para superar lo que es una peculiaridad de la Administración de
justicia en el marco del servicio público: es el único sector en el
que hay más plazas de profesionales que profesionales que las
desempeñen, de modo que hay que nombrar para cubrirlas no a
profesionales sino a personas que no han pasado por la verificación
constitucional de los criterios de mérito y capacidad. Ese plan de
choque, estimulado por el Consejo General del Poder Judicial, fue
puesto inmediatamente en marcha. El régimen de Seguridad Social de
jueces y sustitutos, que forma parte también de la misma medida, fue
asimismo incorporado en la ley.
Medida número 100: convocatoria de 250 plazas. Quiero señalarle que
se han reservado 252, lo cual supone cumplir también la petición del
Consejo. Medida número 103: otorgar la jefatura de personal como
competencia de los secretarios judiciales. Precisamente es uno de los
ejes de la propuesta de reforma que estamos tratando con los grupos
parlamentarios.
En cuanto al resto de medidas, al margen del hecho de altísima
significación de que el Consejo en Pleno valore más del 95 por
ciento, la regulación del nuevo estatuto profesional de la carrera
judicial, el ingreso ordinario, el régimen de los turnos...
El señor PRESIDENTE: Señor secretario de Estado, concluya, por favor.
El señor SECRETARIO DE ESTADO DE JUSTICIA (Michavila Núñez): Acato su
orden, señor presidente, aunque no de buen grado porque tenía interés
enser exhaustivo en la información, tal y como me ha solicitado
el diputado. Por tanto, me acojo a la fórmula parlamentaria de darle
la información por escrito.
Sintetizo. Creo que en todos los ejes, carrera judicial, secretario
judicial, estatuto del personal, medidas legislativas -de vigilancia
penitenciaria y Ley de procedimiento criminal-, estatuto de derechos
del ciudadano, oficina de atención a los ciudadanos, modelo y diseño
de la oficina judicial, el plan de infraestructuras y el plan
estratégico de nuevas tecnologías, se viene a recoger un amplísimo
conjunto de las iniciativas. Es más, creo que la buena acogida que la
reforma ha recibido hubiera sido imposible sin tantos trabajos
previos tan elaborados, donde se ha reflexionado tanto. Quizá
convendrá usted conmigo, señoría, en que gracias a esas reflexiones
hoy podemos dar el paso imprescindible, que es pasar de la reflexión
a la decisión. Ese es el ánimo que impulsa al Gobierno y deseamos
hacerlo no unilateralmente sino contando con el mayor acuerdo y
consenso posible con todos los grupos de esta Cámara. Confío en que
así se va a hacer.
- DEL SEÑOR BARRERO LÓPEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, SOBRE
SITUACIÓN Y GRADO DE IMPLANTACIÓN DEL PROGRAMA LINCE. (Número de
expediente 181/000446)
- DEL SEÑOR BARRERO LÓPEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, SOBRE
FORMA EN QUE SE PIENSA HACER FRENTE A LAS GRAVES DEFICIENCIAS QUE CON
OCASIÓN DE LA ENTRADA EN VIGOR DE LA LEY DE ENJUICIAMIENTO CIVIL HA
PUESTO DE MANIFIESTO EL PROGRAMA LIBRA. (Número de expediente 181/
000450)
- DEL SEÑOR BARRERO LÓPEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, SOBRE
ACTUACIONES LLEVADAS A CABO EN ÓRDENES JURISDICCIONALES DISTINTOS DEL
CIVIL PARA QUE PUEDA APLICARSE DE MANERA EFECTIVA LA SUPLETORIEDAD DE
LA LEY DE ENJUICIAMIENTO CIVIL. (Número de expediente 181/000451)
- DEL SEÑOR BARRERO LÓPEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, SOBRE
PREVISIONES ACERCA DE LA PRESENTACIÓN DE UN PROYECTO DE REFORMA DE LA
LEY ORGÁNICA DEL PODER JUDICIAL PARA ADAPTARLA A LA LEY DE
ENJUICIAMIENTO CIVIL EN LO REFERENTE A LOS RECURSOS DE CASACIÓN,
EXTRAORDINARIO POR INFRACCIÓN PROCESAL, O EN INTERÉS DE LEY,
ABSTENCIÓN Y RECUSACIÓN, NULIDAD DE ACTUACIONES, FORMA DE LAS
RESOLUCIONES JUDICIALES Y CAPACIDAD DE RESOLUCIÓN DE
LOS SECRETARIOS. (Número de expediente 181/000452)
- DEL SEÑOR BARRERO LÓPEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, SOBRE
FORMA EN QUE SE PIENSA HACER FRENTE A LA NECESIDAD PLANTEADA POR EL
CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL DE INCREMENTAR EL NÚMERO DE JUECES
NECESARIOS PARA AFRONTAR CON GARANTÍAS LA ENTRADA EN VIGOR DE LA LEY
DE ENJUICIAMIENTO CIVIL. (Número de expediente 181/000453)
- DEL SEÑOR BARRERO LÓPEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, SOBRE
PREVISIONES PARA HACER FRENTE A LAS NECESIDADES ECONÓMICAS DERIVADAS
DE LA IMPLANTACIÓN DE LA NUEVA LEY DE ENJUICIAMIENTO CIVIL. (Número
de expediente 181/000454)
- DEL SEÑOR BARRERO LÓPEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, SOBRE
PREVISIONES ACERCA DE LA PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DEL REGISTRO DE
REBELDES CIVILES. (Número de expediente 181/000455)
- DEL SEÑOR VILLARRUBIA MEDIAVILLA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO
SOCIALISTA, SOBRE OPINIÓN DEL GOBIERNO SOBRE EL MODO DE APLICACIÓN DE
LA NUEVA LEY DE ENJUICIAMIENTO CIVIL. (Número de expediente 181/
000502)
- DEL SEÑOR VILLARRUBIA MEDIAVILLA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO
SOCIALISTA, SOBRE MEDIDAS PARA QUE LA LEY DE ENJUICIAMIENTO CIVIL
PUEDA SER APLICADA ADECUADAMENTE POR LOS JUZGADOS Y TRIBUNALES.
(Número de expediente 181/000503)
El señor PRESIDENTE: Pasamos al bloque número 7, que comprende las
preguntas que figuran con los números 9 a 17, y que va a formular el
señor Villarrubia.
El señor VILLARRUBIA MEDIAVILLA: Son nueve las preguntas que la Mesa
ha agrupado y ello me obliga, para no dilatar excesivamente la
intervención, a hacer un esfuerzo de síntesis que voy a tratar de
llevar a cabo haciendo una intervención más global e incidiendo en
aquello que nos parece de mayor relevancia para que informe el señor
secretario de Estado. Le agradecemos su presencia en esta Comisión,
aunque le doy un pequeño tirón de orejas -si me permite la expresión-
porque en el tema que nos ocupa, que preocupa mucho al Grupo
Parlamentario Socialista, que es la entrada en vigor y la aplicación
efectiva de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil,
desde el mes de mayo del año 2000, por esa tremenda preocupación que,
repito, tenemos en el Grupo Socialista, planteamos distintas
cuestiones, algunas de las cuales vamos a ver ahora, sin que hayamos
tenido ocasión de debatirlas en esta Comisión. Le recuerdo, señor
secretario de Estado, que esta ley nació, lamentablemente, sin el
suficiente y necesario consenso.
En esas preguntas que hicimos desde mayo del año 2000 lo que
planteábamos era que ya aprobada la ley, estando en el año de
vacatio, se adoptaran las medidas necesarias para que cuando entrara
en vigor no ocurriera lo que nos parece que en buena parte está
ocurriendo y que obedece a las preguntas de vigencia de la ley y de
problemas efectivos en su aplicación. Cierto es que cuando se aprueba
una nueva ley de esta envergadura, una reforma tan importante como es
la procesal civil subsidiaria además del resto de las jurisdicciones,
se produce una dificultad objetiva que es la que conlleva en sí misma
la propia reforma, porque la complejidad de su nueva aplicación
inicialmente asusta a todos los operadores jurídicos, desde los
jueces, fiscales y funcionarios, a los propios procuradores y
abogados. Siendo eso cierto, lo que más nos preocupa es la segunda
parte, relativa a la aplicación real y a las medidas adoptadas para
que sea eficazmente puesta en marcha. Le adelanto, señor secretario
de Estado, que en las fechas en que nos encontramos todavía es
posible que falten los datos objetivos suficientes para poder hacer
una evaluación, porque han transcurrido tres meses, pero lo cierto es
que cuando una ley procesal de esta envergadura entra en vigor, lo
que se ha producido en las semanas inmediatamente anteriores es una
proliferación de demandas con la antigua ley, por la propia seguridad
de los profesionales, que producen un pequeño colapso, pero no por la
aplicación de la nueva ley; sin embargo, las demandas que entran,
desde luego desde el 8 de enero, son con la nueva ley. Observamos -y
le pedimos su respuesta y su valoración- que aquello que veníamos
demandando y denunciando en cuanto a la falta de medios personales y
materiales está ocurriendo.
Todavía hay una clara insuficiencia de jueces para la aplicación
adecuada de los principios de concentración, inmediación y oralidad
que reconocemos que en buena parte, aunque no en la medida en que nos
hubiera gustado, recoge la nueva Ley de Enjuiciamiento Civil. El
propio Consejo General del Poder Judicial decía que había que llegar
a un número de jueces concreto, que establecía en 5.282, y exponía un
criterio para llegar a esta cifra en diez años, que era la selección
continuada, durante diez ejercicios, de 250 jueces. Pues bien, vemos
que al número insuficiente de jueces se une un doble problema, que
sabemos que no es sólo responsabilidad del Ministerio, que es la
falta de cobertura de
las plazas efectivamente creadas, que hasta hace muy pocas fechas
rondaban -y corríjame si no es así- los 577 jueces; parece ser que
hace escasas semanas se han debido cubrir -insisto, corríjame si la
cifra no es exacta- alrededor de 215. Es decir, hay una insuficiencia
en el número de jueces para la aplicación efectiva de la Ley de
Enjuiciamiento Civil que algunos cifraban en casi un tercio, al
margen del problema de los jueces sustitutos que no vamos a suscitar
en estos momentos. Los presupuestos del año 2001 recogían la cifra de
103, muy lejana, insisto, de los 250 necesarios. Pero a su vez hay
una falta de medios materiales evidente, al menos en buena parte de
los juzgados de primera instancia. Así se consideraba -así lo
consideramos nosotros al menos- como necesario e imprescindible una
sala de vistas por cada juzgado, que no existe, lo que hace necesario
un plan de construcción y de mantenimiento de edificios, un plan
plurianual que ya proponíamos en la enmienda de totalidad y en las
enmiendas parciales de los Presupuestos Generales de 2001; dos
cámaras de grabación en cada sala; una grabadora de sonido; una
terminal de ordenador en cada una de las salas con una impresora
para, directamente en sala, firmar las actas y entregar las copias;
los fax correspondientes; el programa informático que debiera
tramitar los procedimientos, tanto en la forma prevista en la ley
antigua como en la moderna, que están coexistiendo; mejorar el
sistema informático para darle algo de velocidad, ya que es
tremendamente lento; cámaras de vídeo portátiles para practicar los
reconocimientos, al menos una o dos en la delegación del decanato,
etcétera. Pues bien, estos medios no están disponibles en buena parte
de los juzgados.
Le adelanto ya, porque es una de las preguntas, que en buena parte de
los juzgados de primera instancia en los que al menos una parte de
estos medios sí existe no hay funcionarios que conozcan adecuadamente
el funcionamiento de los mismos. La disposición adicional tercera de
la ley obligaba al Gobierno, también a las comunidades autónomas en
el ámbito de sus competencias, a arbitrar los medios necesarios para
que existieran en el plazo de un año antes de la entrada en vigor
para la adecuada aplicación de la Ley de Enjuiciamiento Civil. En
resumen, nos parece -lo veníamos denunciando- que en buena parte la
inexistencia de medios personales y materiales puede producir -ojalá
nos equivoquemos, es a partir de ahora cuando eso se puede producir
por esa situación de paréntesis que comentaba con anterioridad- un
posible colapso si se quiere aplicar adecuadamente la ley en sus
propios términos.
Señor secretario de Estado, voy a dar unas pinceladas por encima,
para abreviar la intervención, de las preguntas concretas que le
hemos formulado. Le preguntamos, para que tenga ocasión de responder
a todo ello, por la situación y el grado de implantación del programa
Lince, que afecta a la informatización de las fiscalías. Ha mejorado
en relación con lo que el Consejo
decía hace escasamente dos años al hablar de auténtico desastre en su
aplicación, fundamentalmente en aquellas comunidades autónomas que
tienen las competencias transferidas, lo cual no es un dato que diga
mucho a favor del Gobierno, que debe hacer un esfuerzo para que en el
resto de las comunidades mejore en la misma medida que en estas
otras. No existiendo ese desastre que el propio Consejo manifestaba
hace escasamente dos años, sí hay disfunciones en las
informatizaciones de las fiscalías entre sí y también con los propios
juzgados, pero hay que subsanarlas para la eficacia y la mejor
aplicación de la Ley de enjuiciamiento civil. Un tanto de lo mismo
podríamos decir del programa Libra, por el que le preguntamos en la
pregunta 10 que viene en el orden del día, que afecta a juzgados y
tribunales. Parece ser que muchas de las aplicaciones no sirven y en
ocasiones -le decía con anterioridad- hay programas para los que las
personas, los funcionarios no tienen la preparación adecuada para
poder usarlos, deficiencia o carencia que también debemos resolver.
En la pregunta 11 le hablamos, señor secretario de Estado, del
conocido artículo 4 de la Ley de enjuiciamiento civil, del carácter
supletorio. Nos preocupa que no se hayan adoptado las medidas
necesarias para que esa supletoriedad sea efectivamente aplicada en
el resto de las jurisdicciones (laboral, penal, militar), y de forma
especial en la jurisdicción penal. Es comúnmente conocido (y sabemos
lo que hay en juego en la jurisdicción penal) que las actas a veces
son muy deficientes e incluso pueden llegar a dificultar (no es culpa
del Gobierno, pero sí es algo que se puede y se debe suplir, para eso
está la supletoriedad de la aplicación de la Ley de enjuiciamiento
civil) que la filmación, las grabaciones de los propios juicios
orales ayuden a una mejor aplicación de la justicia. Por eso, esas
grabaciones de los juicios penales nos interesan de forma especial.
En la pregunta 12 -voy a ir rapidísimo, señor presidente, unos breves
minutos en total- deseamos que nos hable sobre la presentación de un
proyecto de reforma de la Ley orgánica del poder judicial, para
adaptarla a la Ley de enjuiciamiento civil en lo referente a los
recursos de casación, extraordinario por infracción procesal o en
interés de ley, abstención y recusación, nulidad de actuaciones,
formas de las resoluciones judiciales y capacidad de resolución de
los secretarios. Precisamente ayer o anteayer me han contestado a una
pregunta escrita, aunque con cierta frecuencia no contestan. Esta sí
la entiendo parcialmente, porque dicen, habida cuenta de la famosa
comparecencia del señor ministro el 14 de febrero, que esto pudiera
ir incluido dentro de la negociación del pacto de Estado, y en
función de eso las reformas de la ley orgánica pueden ser unas u
otras. Me alegra en la parte que deja abierto, al menos parcialmente,
un posible acuerdo para mejorar aquello en lo que aún estamos
seriamente en desacuerdo en la Ley de enjuiciamiento civil y la
correspondiente reforma de la Ley orgánica
del poder judicial. Pero le indico que aquí hay cuestiones de
coherencia entre la Ley de enjuiciamiento civil y la Ley orgánica del
poder judicial que no afectan al pacto de Estado (actos de
comunicación, etcétera), y hay disfunciones claras entre ambas leyes
que van a dar lugar a un prolijo número de recursos; sería importante
que fuéramos adoptando ya medidas correctoras para que eso no ocurra.
La pregunta 13 habla del sistema y del número de jueces necesarios
para la aplicación adecuada y de las necesidades económicas; en aras
de la brevedad, no voy a ampliar el parco y cicatero esfuerzo
económico, pese a que a los medios de comunicación ustedes les hayan
vendido lo contrario de los presupuestos generales del Estado en el
ámbito de la justicia, que supusieron poco más de 13.000 millones,
13.056 o algo así, que se lo llevaba casi el capítulo 1, un 80 ó 90
por ciento del programa 142.A, de tribunales de justicia y ministerio
fiscal. Pero ustedes han englobado las respuestas a todas estas
nuevas exigencias y a todas estas nuevas demandas de entrada en vigor
de las nuevas leyes, fundamentalmente Ley de enjuiciamiento civil y
Ley responsabilidad penal del menor (a la que no me voy a referir
porque no está incluida dentro de las preguntas, pero que también hay
problemas importantes en su aplicación y por la existencia de las
transferencias implícitas de competencias, y no implícitas también,
y explícitas de recursos). Por eso en la pregunta 14, en relación con
la 17, hablamos de la necesidades económicas para la adecuada
aplicación de la Ley de enjuiciamiento civil. Señor secretario de
Estado, ¿consideran, en definitiva, que se han adoptado esas medidas
que veníamos solicitando, que la propia ley exige y demanda para que
pueda ser aplicada con una normalidad y una eficacia que nos parece y
nos tememos que no va a tener?
Señor presidente, tiene que dedicarme una pequeña felicitación porque
he reducido a más de un tercio el tiempo que debería haber invertido
por la acumulación de las preguntas. Pero de lo que se trata, más que
de hacer una crítica (que de la manera más suave posible también he
realizado), es de pedir responsabilidad y soluciones al Gobierno;
sobre todo nos interesan en este caso las respuestas y la información
que el señor secretario de Estado pueda darnos en relación con todas
estas preguntas que tienen un denominador común que he tratado de
exponer.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias de verdad, señor Villarrubia, por
su esfuerzo de síntesis, que además revela una buena capacidad de
concreción, lo cual es meritorio y de agradecer.
Tiene la palabra el señor secretario de Estado para contestarle.
El señor SECRETARIO DE ESTADO DE JUSTICIA (Michavila Núñez): No sé si
lograré estar a la altura
de la gran capacidad de síntesis que ha manifestado el diputado señor
Villarrubia, pero me voy a esforzar. Voy a ver si después de su
extraordinario ejemplo soy capaz de emularlo, de hacer también el
esfuerzo de síntesis. Además le agradezco que lo haya hecho y que
hayamos podido resumir tantas cuestiones importantes en una, ya que
todas tienen un elemento y un denominador común. Estamos en un
momento de cambios en la justicia, en un gran momento y hay uno de
los ejes fundamentales de esos cambios de la justicia del que el
Gobierno es muy consciente. La justicia, para ser de verdad un
servicio público (no estoy hablando de lo que tiene de poder, sino de
lo que tiene de servicio a los ciudadanos) eficaz, que dé tutela
judicial efectiva a los ciudadanos, requiere de más medios, mejor
administrados, mejor organizados, más medios humanos, más medios
personales y materiales. Y esta situación descrita por el ministro
perfectamente tiene una respuesta por parte del Gobierno en ese plan
de reforma de la justicia, con un enorme apoyo en términos
presupuestarios, una dotación adicional de 250.000 millones de
pesetas, que ha sido valorado como satisfactorio y suficiente por el
Grupo Parlamentario Socialista, de lo cual tenemos que congratularnos
todos, y que ha sido bien visto por todos los interlocutores.
Desde esa situación también hay un denominador común, y es que hay
una nueva ley, que usted, señor Villarrubia, me decía que se hizo sin
consenso. A partir de esa premisa de que la ley se hizo sin consenso
(El señor Villarrubia Mediavilla: Suficiente.) suficiente, creí que
me iba a castigar por ello y luego he visto que no; se lo agradezco
porque es usted consciente de que no es este nuestro deseo. Es más,
nuestro deseo es hacer la Ley de enjuiciamiento criminal que hemos de
abordar en esta legislatura con consenso, con acuerdo, siendo una ley
pactada entre el Gobierno y los grupos parlamentarios, de tal manera
que dé un modelo de nueva justicia penal estable, un nuevo modelo más
ágil, que permita castigar con más eficacia el delito y también que
responda a esa exigencia permanente de la doble instancia con
carácter general. Nuestro deseo va a ser poder pactar esa Ley de
enjuiciamiento criminal y nos vamos a emplear a fondo en alcanzar ese
consenso. También es cierto que aquí hay que hacer un equilibrio.
Cuando las reformas son necesarias, a veces cuando alguien no quiere
dos no se ponen de acuerdo.
La Ley de enjuiciamiento civil era necesaria, no sólo es bueno que
sea la primera ley del milenio y del siglo; era necesaria porque la
anterior tenía más de 120 años y España y los españoles habíamos
cambiado mucho para mantener esa vetusta ley. Se hizo un gran
esfuerzo de consenso y usted mismo es testigo de ello. Es una buena
ley y se introducen principios de oralidad, de agilidad, de
simplificación, de carácter mucho más ejecutivo y también en muchos
aspectos es una justicia más barata. Usted mismo reconoce que es una
buena ley; es así que en su pregunta número 11 literalmente
me está pidiendo que extendamos los principios de esa ley a otras
jurisdicciones. Me dice que es bueno, que hay principios de esta ley
que son trasplantables. Me dice que puede ayudar el sistema de
cámaras y declaración grabada al ámbito penal. Le agradezco que le
reconozca a esa ley que tiene elementos positivos y que incluso
quiera hacerlos extrapolables, trasplantables a otros ordenamientos
judiciales; andaremos ese camino. Desde esa afirmación de que hay
principios buenos en esa ley estos pueden incorporarse en futuras
reformas.
El presidente del Consejo General del Poder Judicial compareció con
la autoridad que tiene, no solo institucional, sino también personal,
hace muy pocas fechas en esta Cámara, el pasado 29 de marzo, y decía
que todavía es pronto para hacer un balance, pero que la entrada en
vigor de la Ley de enjuiciamiento civil se ha producido de una manera
sumamente razonable. No sería usted de los que lo dijeron, pero se
oyeron muchas voces apocalípticas, catastrofistas, que auguraban que
esto iba a ser el acabóse de la justicia prácticamente en el mundo. Y
es algo a lo que sinceramente estamos acostumbrados quienes
trabajamos en el mundo del derecho desde hace algunos años. Yo soy
testigo y usted también conmigo, de cómo cuando se aprobó la Ley de
la jurisdicción contencioso-administrativa hubo voces realmente
apocalípticas que anunciaban también ese cataclismo. En la justicia
suele ocurrir, es habitual, que cuando se hace una gran reforma
siempre surgen los profetas de la catástrofe; a veces cuesta cambiar.
En el mundo cada vez que hay una cifra anual que finaliza en dos
dígitos, es capicúa o sus números pares suman lo de los impares o
cosas así de extrañas, siempre hay anuncio de catástrofes. Pues bien,
algo parecido viene a suceder cuando en la justicia se aprueba una
nueva gran ley. Al final, como la ley es razonable, la ley es una
buena ley, que hace una justicia que beneficia sobre todo a quien
debe beneficiar la ley, que es al ciudadano, ha entrado en vigor y va
marchando. Y se ha hecho un esfuerzo notable de todos; esfuerzo que
el Gobierno y el Ministerio de Justicia quiere agradecer. Se ha hecho
un esfuerzo de jueces y magistrados, se ha hecho un esfuerzo muy
notable -y que singularmente quiero agradecer- de los secretarios
judiciales, que cuando tomamos posesión en el Ministerio de Justicia
tenían muchos elementos de desconfianza hacia la ley y, sin embargo,
han tenido una conducta de colaboración con su eficaz y diligente
entrada en vigor, que quiero agradecer. Se ha hecho un esfuerzo por
parte de todo el personal al servicio de la Administración de
justicia, se ha hecho también un esfuerzo por las comunidades
autónomas y, como no podía ser menos, por el Ministerio de Justicia,
respaldado en gestión, hechos, cifras, magnitudes económicas y datos
concretos.
La ley recibió en su conjunto decisiones importantes. En ese contexto
de medios usted ha minusvalorado el incremento presupuestario del
capítulo justicia; yo no lo puedo minusvalorar. En un entorno (como
he
señalado en otra pregunta) de déficit presupuestario cero, que el
Ministerio de Justicia sea el ministerio que más crezca, con un
crecimiento cercano al 10 por ciento, exactamente 9,7 por ciento de
los presupuestos, sin duda fue motivado porque era preciso dotar de
mejores medios humanos, materiales y técnicos para la entrada en
vigor de esta ley, entre otras. Ese esfuerzo se ha notado en temas
muy concretos y muy cuantificables. Aumento de jueces y magistrados.
Comparto con usted ese análisis Hay que aumentar el número de jueces.
Lo comparto tanto que soy plenamente solidario con el impulso
extraordinario que en los cuatro años anteriores supuso para el
Ministerio de Justicia el incremento permanente de plazas judiciales,
el aumento de juzgados y de plazas de magistrados. Y para ese
esfuerzo por la Ley de enjuiciamiento civil se ha preparado
suficientemente nuestra plantilla. Es bueno (y en esto, señor
Villarrubia, estoy seguro que vamos a coincidir, porque usted también
tiene experiencia) ser muy precisos. Si de verdad vamos a afrontar
con rigor y también con decisión un impulso de modernización de
nuestra justicia, hay que hacerlo desde bases cuantitativas muy
firmes, estables y que no generen confusión, por eso es bueno saber
de qué hablamos. Cuando usted me dice que hay 103 nuevos juzgados y
que es insuficiente, puesto que el consejo reclama 250, me está
confundiendo unas magnitudes con otras; no tiene nada que ver. La
creación de nuevos órganos jurisdiccionales no tiene nada que ver con
la creación de nuevos jueces que van a desempeñar su trabajo bien en
los órganos jurisdiccionales ahora creados o bien en los órganos
jurisdiccionales creados con anterioridad, cubiertos por jueces no
profesionales. Esta es una distinción absolutamente esencial a la
hora de evaluar el ritmo de creación de plazas para acercarnos al
horizonte de las 5.282 que usted menciona, que podemos o no compartir
pero que ahí está y que es exactamente la que tenemos que analizar
con profundidad. Ello requiere, en primer lugar, un esfuerzo en el
que estoy convencido que vamos a poder avanzar eficazmente, que es un
esfuerzo estadístico, riguroso y serio, que nos demuestre las cargas
reales de trabajo, las modulaciones reales de las cargas de trabajo y
la incidencia de la nueva organización de la oficina en las cargas de
trabajo. Posteriormente tendré ocasión de hablar con su compañera,
doña Cristina Alberdi, de algo relativo a esta cuestión y referido al
ámbito concreto de Madrid. Es muy importante que en esta cuestión
sepamos de qué estamos hablando. A mí me parece que es un esfuerzo
prioritario. Resulta difícil (y ustedes tienen experiencias de haber
trabajado en otros servicios públicos) hacer proyecciones serias,
creíbles y rigurosas cuando no se sabe de qué cifras estamos
hablando, y en el mundo de la justicia todavía no se sabe de qué
cifras estamos hablando. No ocurre eso en otros servicios públicos
donde, afortunadamente, sabemos el número de escolares que entran y
salen cada año, sabemos
exactamente el número de pacientes que entran y salen cada año, pero
nos cuesta saber sinceramente en cada órgano judicial los asuntos que
entran, que salen y lo que tardan en resolverse, y ese es un esfuerzo
en el que el Ministerio de Justicia ha ofrecido su colaboración al
responsable auténtico, que es el Consejo General del Poder Judicial;
el Consejo aceptó esa colaboración y estoy convencido de que vamos a
poder avanzar mucho rápidamente.
Este trabajo estadístico habrá que realizarlo primero, pero no
discutamos ahora cifra, demos por válida la de 5.282 jueces. Me
interesa despejar esta cuestión porque es una constante decir si se
está creando o no al ritmo suficiente. Si hay una reserva de 252
plazas para la oposición de este año, a ese ritmo, en diez años -que
es lo que marca el Consejo-, es decir, para el año 2011, habremos
creado 2.520 nuevos jueces que, sumados a los 3.900 puestos actuales
o a los 3.400 puestos profesionales, serían 6.400; es decir,
estaríamos creando 1.200 puestos más de los que realmente quiere el
Consejo, si se fuera a ese ritmo que -insisto- es el del año pasado y
el de este año. No estoy haciendo una lectura cicatera para reducir
el número de creaciones, estoy tratando de explicar y hacerle
entender que hay una diferencia entre el número de profesionales que
acceden al cuerpo de jueces y magistrados y el número de órganos
judiciales. Y en eso sí le doy la razón: el número de órganos
judiciales que se crea en esta ocasión y que están presupuestados es
de 103. En esto estoy de acuerdo con usted (y lo estará usted
conmigo, si me he sabido explicar correctamente) en que el Consejo
General del Poder Judicial ha valorado suficiente esa cifra.
En relación estrictamente con lo que se refiere a la Ley de
enjuiciamiento civil para este ejercicio se crearon ya y están en
funcionamiento 74 nuevas plazas de juez o magistrado; 30 plazas de
magistrado en secciones de lo civil de las audiencias provinciales;
40 plazas en juzgados de Primera Instancia e Instrucción y 40 plazas
solo en juzgados de Primer Instancia, esfuerzo que va acompañado por
un deseo propuesto por el Gobierno en la Comisión mixta del Consejo
General del Poder Judicial de reducir el número de juzgados mixtos
que haga posible la división de juzgados mixtos de Primera Instancia
e Instrucción. De tal manera, hemos abordado ya, y se aprobó hace dos
Consejos de Ministros, la separación de los juzgados de Primera
Instancia en algunas provincias, en concreto en Castellón, en Málaga
y en Huelva; esperamos hacerla en otras nueve que están en estudio
por parte del servicio de inspección del Consejo General del Poder
Judicial y esa va a ser también una respuesta en el ámbito de la
primera instancia muy acorde con lo que debe ser la separación de
funciones para agilizar el tratamiento que requiere y merece la Ley
de enjuiciamiento civil. Para este año el Consejo General del Poder
Judicial ha planteado la creación de 103 nuevas plazas, se ha
debatido
en la Comisión mixta del pasado 20 de marzo y esperamos que sea el
Consejo quien apruebe la provisión de plazas, muchas de ellas se
crean por el tratamiento que requiere la aplicación de la Ley de
enjuiciamiento civil. Hemos atendido una petición del Consejo que nos
pareció extraordinariamente razonable: no creemos ya unilateralmente
las plazas; esperemos a la evaluación que el Consejo va a hacer a los
seis meses de la entrada en vigor de la Ley de enjuiciamiento civil
para ver dónde, a tenor de las cargas reales de trabajo conocidas en
ese momento, es necesario distribuir la dotación que el Consejo,
insisto, considera suficiente.
En lo que se refiere a los medios técnicos...
El señor PRESIDENTE: Señor secretario de Estado, le ruego vaya
concluyendo, por favor.
El señor SECRETARIO DE ESTADO DE JUSTICIA (Michavila Núñez): Muchas
gracias, señor presidente, voy a tratar de sintetizar.
Referente a los medios técnicos, cuando entró en vigor la Ley de
enjuiciamiento civil, en el territorio del Ministerio estaban
cubiertos al cien por cien. Ha mencionado usted dos cámaras de
grabación por sala, y quiero recordarle que el criterio del Consejo
del Poder Judicial es una sala de grabación -algunas tienen hasta
seis cámaras- por cada dos salas de vistas, y ese criterio,
considerado más que suficiente por el Consejo General del Poder
Judicial, fue el que el Ministerio acató inmediatamente y es el que
ha dado lugar a que en el ámbito de competencia en materia de
infraestructuras del Ministerio se habilitaran 346 salas de vistas y
260 salas de visionado. Es cierto que eso requiere un esfuerzo
adicional de formación de personal, que se ha hecho; si usted hablara
ahora con muchas personas que hace dos meses ponían el grito en el
cielo, comprobaría que la realidad es que las cosas están progresando
de una manera razonable. Se hizo un plan de formación urgente, que
fue satisfactorio a juicio de la inspección del Consejo General del
Poder Judicial y del Ministerio de Justicia. Se impartieron un total
de 274 cursos sobre la Ley de enjuiciamiento civil, a los que se
acogieron 7.480 personas del orden jurisdiccional civil. Quiero
señalar que hubo 930 secretarios judiciales, lo cual supone casi un
40 por ciento del total de la plantilla de secretarios judiciales,
teniendo en cuenta que atienden a todos los órdenes jurisdiccionales,
y 6.377 oficiales auxiliares agentes, que fue una cifra más que
satisfactoria para cumplir con las necesidades.
Agradezco que reconozca usted que se ha mejorado en el ámbito
informático, aunque luego ha hecho una matización, sobre todo donde
no es territorio del Ministerio de Justicia. Habrá que matizar mucho
luego esa matización porque donde no es territorio del Ministerio de
Justicia... Desafortunadamente, me parece que cinco de las siete
comunidades autónomas tienen un programa distinto del Libra, lo cual
significa que sólo
son dos las comunidades autónomas que lo tienen. Pero este sí que es
un terreno sobre el que tenemos mucho que hablar. Si queremos una
justicia más moderna, hay que reconocer que se ha hecho un gran
esfuerzo en los últimos años en dotación de medios tanto de software
como de hardware para el conjunto de la Administración de justicia,
pero indudablemente donde hay que hacer un esfuerzo es en la
formación del personal y en el diseño de nuevos ámbitos de
organización. En todo caso, quiero comunicarle que ya está implantada
en el ámbito de la Ley de enjuiciamiento civil la nueva versión, la
1.6, que supera a la versión 1.5, del programa Libra. Las
características de ese programa son: mayor rendimiento en la
aplicación y base de datos; un crecimiento más flexible; la facilidad
de instalarla en cualquier plataforma tecnológica; la potenciación
del entorno gráfico, lo cual era necesario con las nuevas técnicas de
la Ley de enjuiciamiento civil; el enlace de documentos; la
racionalización de la arquitectura de datos interna, fruto de la
experiencia de los usuarios, cualificados muchos de ellos; el enlace
automático a boletines oficiales; el envío automático de notas de
condena; el régimen de itineración entre órganos judiciales, que se
ha incorporado a la versión 1.6; el envío de notificaciones
a abogados y procuradores, que se está incorporando ya en algunas
provincias con un gran éxito; la incorporación de las adaptaciones a
las fiscalías y registros civiles o la posibilidad de incorporar ya
desde el principio del itinerario informático las demandas y los
atestados. Todo ello sin duda hace que ese programa esté en mejores
condiciones de atender las demandas.
El señor PRESIDENTE: Señor secretario de Estado, le ruego vaya
concluyendo.
El señor SECRETARIO DE ESTADO DE JUSTICIA (Michavila Núñez): Voy
concluyendo, señor presidente.
Cierto es que hubo (hay un informe que si quiere le puedo enviar)
algunas dificultades para la entrada en vigor, algunas de ellas, un
18 por ciento, fruto del desconocimiento de la ley y un 5 por ciento
fruto de las nuevas circunstancias de su aplicación.
En lo que se refiere al plan informático de las fiscalías, quiero
manifestarle mi satisfacción personal por el esfuerzo que ha hecho la
inspección de la Fiscalía General del Estado, y muy singularmente el
de los dos fiscales que designó el Consejo fiscal, para diseñar un
nuevo modelo informático de atención a las nuevas responsabilidades
del ministerio fiscal, como se hizo con la dotación de medios
suficientes y con la formación. Ese modelo, que contó con las
dificultades de otra nueva ley en sus orígenes, está funcionando
satisfactoriamente.
Hace usted una pregunta, que le contesto con sumo gusto, relativa al
desarrollo de la Ley orgánica del
poder judicial. Comparto con usted que la Ley de enjuiciamiento civil
no mereció todo el consenso que una gran ley de ese tipo merece. No
voy a hacer un análisis de culpa; ya le he dicho que cuando se está
en el Gobierno, parece muy razonable...
El señor PRESIDENTE: Señor secretario de Estado, le ruego que
concluya.
El señor SECRETARIO DE ESTADO DE JUSTICIA (Michavila Núñez): Voy
concluyendo, de verdad, acabo ya.
Repito que cuando se está en el Gobierno parece muy razonable
reformar una ley que tenía 120 años de vigencia, y que lo que hemos
decidido ha sido no poner en marcha esa ley orgánica, puesto que nos
parecía que el diseño de una instancia en casación y un recurso
extraordinario por infracción del procedimiento requería de un
diálogo con todos los interlocutores del mundo de la justicia; haber
hecho esa incorporación antes del 31 de diciembre del año pasado
hubiera podido generar un impacto no bien encajado por el ámbito de
la justicia, por lo que pensábamos que había que reflexionar. Y
además esa reflexión tiene lógica al hilo de su intervención y del
texto de su pregunta 11. Es verdad que tenemos que reflexionar sobre
el papel que tiene la casación como instrumento de tutela judicial
efectiva, pero también que debe tener una posición que no se
convierta en una instancia necesaria y siempre existente en nuestro
ámbito judicial en cualquiera de los órdenes jurisdiccionales. El
modelo casacional de la Ley de enjuiciamiento civil podría servir
como un modelo de derecho común, pero también hay que hacerlo con
mucho cuidado y tenemos que estudiarlo. Insisto: como en la Ley de
enjuiciamiento criminal el deseo del Gobierno es llegar a un consenso
lo más amplio posible con todos los grupos parlamentarios, y muy
singularmente con el grupo parlamentario mayoritario en la oposición,
tendremos ocasión de reflexionar sobre qué significa el instituto
casacional. Cuando decidamos la perfecta definición del instituto
casacional en el ámbito de lo penal podremos ver qué desarrollo
merece en el ámbito civil. Hoy por hoy, el deseo del Gobierno es que
no se debía modificar la doble trayectoria recurso de casación-
recurso extraordinario por infracción del procedimiento diseñado en
la nueva Ley de enjuiciamiento civil, pero no debíamos hacer tan
larga esa trayectoria atribuyendo a órganos jurisdiccionales
distintos el conocimiento de ambos procesos de revisión. Y de ahí que
hayamos mantenido ese statu quo hasta que nos pongamos de acuerdo en
cuál debe ser el modelo futuro.
Hay muchas otras cuestiones que son de su interés y siento no
contestarle, pero quiero ser dócil y obediente a la Presidencia para
que el tirón de orejas amable con el que usted inició su intervención
no se vea también
acompañado de otro de la Presidencia, que ya me parecería mucho más
grave.
El señor PRESIDENTE: El señor Villarrubia, tiene la palabra.
El señor VILLARRUBIA MEDIAVILLA: Yo no sé por qué tiene mucha más
calidad el tirón de orejas del presidente que el de este humilde
diputado. (Risas.)
SECRETARIO El señor DE ESTADO DE JUSTICIA (Michavila Núñez): Porque
está más cerca el presidente y, por lo tanto, podría hacerlo real.
El señor VILLARRUBIA MEDIAVILLA: Bien, por la proximidad física.
Voy a intervenir telegráficamente, señor presidente, pero hay algunas
pequeñas cuestiones que no quiero dejar de mencionar. Hay algunas
cuestiones que no se han contestado como la pregunta 15, sobre la
puesta en funcionamiento del registro de rebeldes civiles, que ni
siquiera se ha mencionado y que es una obligación del Ministerio. No
se ha creado, no se ha cumplido, y por ello quisiera que nos
contestara, aunque fuera en unos segundos, qué ocurre con esta
cuestión.
El señor secretario de Estado ha hecho algunas afirmaciones que no se
ajustan -para ser suave- a la realidad. Es normal que cada uno arrime
el ascua a su sardina, como dice el refrán popular pero tampoco hay
que partir de premisas que no son (y en el «Diario de Sesiones»
constará) las que responden a mis afirmaciones. En ningún caso yo he
dicho que la Ley de enjuciamiento civil sea buena, como usted ha
manifestado. Ha dicho que tan es así, que en la pregunta 11 se
plantea por qué no se aplica a otras jurisdicciones. Hablamos de unos
aspectos concretos y del artículo 4 de la ley que trata del carácter
supletorio de ésta. Normal, si hay aspectos positivos que nunca hemos
negado. Por supuesto que esta ley es mejor que la anterior, hasta ahí
podríamos llegar. Pero sólo a título de ejemplo le recuerdo algunas
diferencias importantes: el sistema de recursos en su conjunto (le
agradezco que haya reconocido su error, aunque lo ha hecho suavemente
de forma dialéctica); la improcedencia de esa regulación del recurso
extraordinario por infracción procesal, que no tiene cabida de ningún
tipo y que habrá que retomar; la figura del juez en la regulación de
la Ley de enjuiciamiento civil; la fase probatoria, especialmente la
prueba pericial, etcétera. Estos aspectos marcan las diferencias
entre su proyecto y la postura de fondo respecto a la ley de mi
grupo.
Me alegra la referencia a la Ley de enjuiciamiento criminal. Por
supuesto que vamos a coincidir en el aspecto de la doble instancia en
el ámbito penal, residenciada posiblemente en los tribunales
superiores de justicia a los que hay que dar contenido; de acuerdo,
perfecto. En cuanto al aspecto presupuestario, tenemos que diferir.
No vuelva a decir lo mismo porque desde
mi postura de oposición no se lo puedo permitir dialécticamente. Ese
gran incremento que usted manifiesta del 10 por ciento, en primer
lugar, no es tal sino el 8,2, pero partiendo de una base tan
pequeñita como ciento cincuenta y tantos mil millones; es decir, que
sobre una base cortita, parca -por no utilizar el adjetivo de mi
compañero- se produce en 13.000 millones un incremento del ocho por
ciento. Nuestra propuesta, que coincide con esos 250.000 millones que
dicen que van a poner sobre la mesa para el pacto de Estado -cuando
lo veamos estaremos de acuerdo, nos felicitaremos todos y
felicitaremos al Gobierno si llegamos a esas conclusiones-, se acerca
al 2 por ciento del conjunto de los Presupuestos Generales del
Estado, muy lejano del 0,8 por ciento actual. Ese es el dato objetivo
que tenemos. No hablemos de incrementos ficticios aunque se ajusten a
una parcial lectura porque exactamente son 13.096 millones. Entra en
vigor la nueva Ley de enjuiciamiento civil, la Ley de responsabilidad
penal del Menor, la necesaria creación de nuevos órganos
jurisdiccionales, no en plaza sino también en edificios...
Evidentemente, con esto no hay ni para pipas, entre comillas. Luego,
la voluntad de futuro se la reconocemos pero la realidad, el presente
es lo que le estoy manifestando.
Rapidísimamente y termino. Dice que la ley (es el fondo del conjunto
del debate) ha entrado bien en vigor. Se ha olvidado usted de la
premisa que le he indicado. El día 8 de enero entra en vigor, con lo
cual lo que se ha producido es una entrada en los juzgados de Primera
Instancia de muchos cientos de miles de asuntos para que se tramiten
con arreglo a la antigua ley. ¿Cuál es la realidad? No la
desconozcamos. Hemos explicado que hay razones objetivas y otras de
ámbito subjetivo. La realidad es que existe una tremenda e importante
preocupación en jueces, fiscales, secretarios, procuradores,
abogados, etcétera, para la adecuada aplicación de esta ley. Esa es
la realidad, al igual que la de que (aunque estadísticamente aún no
hayan transcurrido las fechas suficientes por lo que hablábamos) en
buena parte nuestros juzgados de Primera Instancia no tienen los
medios materiales adecuados y otros que, teniéndolos, no cuenta con
el personal preparado para su aplicación, lo que conlleva algo que
ojalá no ocurra. No quiero ser pájaro de mal agüero, y créame, señor
secretario de Estado, que ojalá la aplicación sea adecuada, efectiva
y que el servicio público de justicia mejore y funcione. Ese es mi
deseo personal y el de mi grupo. Pero tenemos serias dudas (y el
tiempo inmediato nos lo va a demostrar) de que esta ley no genere ese
colapso en el ámbito civil si se pretende aplicar adecuadamente. Nada
más. Contésteme, en este turno a lo que pueda y en aquello que
quedara pendiente nos daríamos por satisfechos si nos enviara la
respuesta por escrito, para que no le tire de las orejas el que
físicamente tiene a su izquierda (Risas.)
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor secretario de Estado.
El señor SECRETARIO DE ESTADO DE JUSTICIA (Michavila Núñez): Señor
presidente, esa brevedad la tendremos ya que quedan todavía muchas
señoras y señores diputados que tienen que formular preguntas.
No he manifestado que usted haya dicho que la Ley de enjuiciamiento
civil es buena, yo no le haría esa faena porque si lo hiciera quien
le tiraría de las orejas sería su propio grupo parlamentario. (El
señor Villarrubia Mediavilla: ¡Qué va!) No quiero hacerle la faena de
decir que la ley es buena, pero tendrá que reconocer que en su
pregunta número 11 dice que hay cosas buenas en la Ley de
enjuiciamiento civil y que es bueno que ellas se trasladen a otros
órdenes jurisdiccionales. Es bastante satisfactorio ver que esa ley,
que nació con tantas agorerías de cataclismo, sea suficientemente
buena no sólo para resolver los problemas en el orden jurisdiccional
civil, que tanto interesa a los ciudadanos, sino también para
resolverlos en otros órdenes jurisdiccionales. Es un avance que yo no
había oído antes de su grupo parlamentario y me felicito por ello. Sí
había oído que tenía cosas buenas, pero no tanto como para llevarlas
a otro sitio; me felicito de esa posición. Ya que le acepto esa
matización, permítame que matice mis propias palabras respecto a cómo
las ha entendido usted en otro tema.
No estoy hablando de que sea un error el recurso extraordinario por
infracción de procedimiento sino que hay que mantenerlo. No queríamos
poner en marcha la doble instancia o el doble ámbito jurisdiccional
para conocer el doble procedimiento porque nos parecía un momento en
el que había que asimilar primero una innovación tan abrumadora, tan
importante y de tanto calado, con tanta profundidad como la que ya
contemplaba en el resto de sus aspectos la Ley de enjuiciamiento
civil. En aras de un deseo del equipo del Gobierno, y muy
singularmente del ministro de Justicia, de alcanzar un acuerdo, un
consenso con el conjunto de los denominados operadores jurídicos, es
decir todos los que trabajan en el ámbito de la justicia, se ha
decidido posponer esa decisión y hacer un análisis más en
profundidad. Va a ser una contribución. Esa percepción que existía y
que ustedes mismos nos echaban en cara de que teníamos en pie de
guerra a todo el mundo ya no existe. Es verdad que hay una
preocupación, que por otro lado comparte toda persona responsable
ante una gran novedad. Es evidente que, cuando se produce una novedad
de la envergadura de una ley que viene funcionando desde hace 120
años y en la que se han formado, educado y trabajado generaciones y
generaciones de juristas, parece elemental que haya una preocupación
por ponerse en condiciones de sacar el máximo partido a esa ley que
es buena, que es novedosa y que usted mismo ha reconocido que era
imprescindible
y necesaria. En ese sentido, la acogida que ha tenido la ley es la
que suelen tener las grandes reformas. Insisto en ello porque ese
ejemplo lo tenemos muy cerca. En la Ley de la jurisdicción
contencioso-administrativa yo, como usted, he sido testigo de tantas
voces en contra porque mi trabajo profesional habitual no es el de
secretario de Estado sino el de profesor universitario de derecho
administrativo, y en mi propio departamento la inmensa mayoría de
catedráticos, profesores titulares, compañeros míos, hoy reconocen
claramente que cuando hicieron tanto catastrofismo de la ley se
equivocaron. El propio Consejo reconoce hoy que las pegas que puso a
la entrada en vigor de la Ley de la jurisdicción han provocado que
esté funcionando mucho mejor. Estoy seguro de que compartimos ese
buen deseo para la ley, como usted ha expresado: que funcione bien,
que resuelva mejor los problemas de los ciudadanos. Es cierto que no
ha pasado tiempo suficiente y que los profesionales de la abogacía
preferían acudir al modelo anterior por aquello de acogerse a más
vale lo malo conocido. Pero también es cierto que podemos hablar con
datos de algo muy concreto y que fue muy cuestionado, el monitorio.
El monitorio es hoy una realidad, es un instrumento que está
facilitando claramente el trabajo. Si habla usted con los ciudadanos,
con los abogados que llevan pleitos en abundancia y con los propios
jueces sabrá que el monitorio está llevando a decisiones importantes,
incluso en el ámbito de la intermediación financiera, de contratos en
masa de ciudadanos, de abaratamiento de coste de contratos en masa
que sin duda van a ser muy significativos. En consecuencia, hay
institutos muy notables en la ley que están funcionando muy
razonablemente.
Con relación al siempre debatido tema presupuestario, no me diga que
porque su postura es hacer oposición no podemos ponernos de acuerdo
en las cifras. Yo creo que eso no puede ser así, yo creo que podemos
ponernos de acuerdo en las cifras y luego las debatimos; podemos
decir que es insuficiente, pero tenemos que ponernos de acuerdo en
las cifras. Cuando yo le digo que el incremento es cercano al 10 por
ciento y usted dice que es sólo el 8,2 por ciento, permítame que haga
un nuevo esfuerzo -no será nunca el último- de ponernos de acuerdo en
el porcentaje de incremento.
En un presupuesto que crece el cero por ciento no es lo mismo hablar
de un 8,2 que de un 9,7, y usted estará de acuerdo conmigo en que no
es lo mismo, porque un punto y medio de crecimiento es mucho
crecimiento. Si usted me dice 8,2, está hablando del gasto en
conjunto de la sección 13, y yo estoy hablando de justicia, es decir,
he quitado objeción de conciencia y registros, que bajan, es verdad,
ahí hay una pérdida -y ahí me lo pone mejor, estoy de acuerdo, hay
capítulos dentro de la sección 13 en los que se baja en el
presupuesto-. Pues fíjese si se mejora de verdad en materia de
justicia, es decir, órganos judiciales, creación de órganos, dotación
de medios y de infraestructuras para el capítulo
que a usted y a mí nos interesa más, que es la justicia de los
ciudadanos, que incluso superamos esa media del conjunto de la
sección del 8,2 para alcanzar el 9,7 en el crecimiento.
Usted me puede decir: no es suficiente. Estoy de acuerdo en que
siempre es poco, hasta que hagamos un aporte en condiciones, tal y
como ha comprometido el Gobierno, siempre es poco lo que la justicia
recibe, pero no me diga que es palmariamente insuficiente como para
hacer unas pinturas en negro sobre negro tan dramáticas de la entrada
de la Ley de enjuiciamiento civil. Yo creo que esa creación de nuevos
órganos judiciales, de 74 nuevos puestos creados ya y la posibilidad
de disponer de una ampliación de 103, muchos de ellos para la Ley de
enjuiciamiento civil, sin duda ha sido vista satisfactoriamente por
el Consejo General del Poder Judicial.
El señor PRESIDENTE: Señor secretario de Estado, vaya terminando.
El señor SECRETARIO DE ESTADO DE JUSTICIA ( Michavila Núñez): Acabo
ya, señor presidente.
Tiene razón en que omití la respuesta a la pregunta número 15, quizá
porque no le oí a usted hacer mención a ella y creí que la había
retirado. El reglamento se encuentra ya elaborado e informado por la
Secretaría General Técnica y esperamos que en muy breves fechas sea
aprobado por el Consejo de Ministros. Creemos que ese reglamento,
unido al de sentencias que exige la Ley del menor, que se aprobarán
conjuntamente, son dos reglamentos que establecerán un registro que
va a ser bueno tanto para quien recibe el servicio directo de la
justicia como para el conjunto de los ciudadanos.
- DE LA SEÑORA ALBERDI ALONSO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA,
SOBRE MEDIDAS A TOMAR ANTE LA GRAVEDAD DE LOS RETRASOS EN LA
ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA EN LA AUDIENCIA PROVINCIAL DE MADRID Y LA
FALTA DE MEDIOS MATERIALES Y PERSONALES. (Número de expediente 181/
000467)
El señor PRESIDENTE: Pasamos a continuación a las preguntas que
figuran con los números 18 y 19, que se van a agrupar también, que
formulará la diputada señora Alberdi.
La señora Alberdi tiene la palabra.
La señora ALBERDI ALONSO: Señor secretario de Estado, hace ya muchos
meses que venimos asistiendo a las quejas fundadas de responsables
del Poder Judicial en torno a los notables retrasos que sufre la
Administración de justicia en la Audiencia Provincial de Madrid.
Recurrir un pleito civil puede suponer un retraso de hasta cuatro
años, dado que la AudienciaProvincial de Madrid acumula 30.000
asuntos civiles
pendientes. Desde 1996 se han creado más juzgados civiles en primera
instancia sin que se haya aumentado correlativamente el número de
salas en la Audiencia, de tal modo que la acumulación es constante y
creciente. (El señor vicepresidente, Souvirón García, ocupa la
Presidencia.)
A nadie se le oculta la importancia de la jurisdicción civil, donde
se dilucidan litigios de enorme cuantía y donde se ventilan
cuestiones en las que están en juego miles de millones de pesetas y
que afectan, por tanto, a la seguridad jurídica en una materia muy
sensible para la marcha económica del país. Los que conocemos la
profesión de la abogacía sabemos que la inseguridad que esta
situación está generando es notable y cómo los profesionales buscan
fórmulas alternativas para evitar los juicios interminables y los
trastornos de todo tipo que originan. Para un país miembro de la
Unión Europea es un bochorno tener una justicia en estas condiciones,
y el Gobierno debería dar prioridad política a la resolución de un
tema tan candente que puede afectar, y de hecho ha afectado en alguna
ocasión, a las inversiones en España.
Otro aspecto grave, dentro de los juzgados civiles, lo constituye la
materia de familia, que también padece los retrasos. El Gobierno
plantea planes con mucha propaganda contra la violencia que sufren
las mujeres, contra los malos tratos, pero no hace nada por remediar
uno de los temas que más ayudaría a resolverlo, el acceso rápido y
eficaz a la justicia, y, por tanto, resoluciones rápidas sobre los
problemas matrimoniales.
Ustedes hablan mucho de pacto por la justicia, de los grandes temas
de política judicial, que saben que requieren tiempo y consenso, pero
no se aplican en resolver los problemas de la gente, los problemas
del día a día, las necesidades que de verdad hay que atender y que
nos situarían al nivel de nuestros homólogos europeos y por supuesto
al nivel de un país democrático avanzado con una ciudadanía que
pudiera ejercer sus derechos a una tutela judicial efectiva, como
predica nuestra Constitución. Llevan ustedes gobernando ya un lustro
y la justicia sigue igual, desatendida, sin medios suficientes y
aquejada de males endémicos, como el colapso y el retraso de asuntos.
Por ello, la razón de nuestra pregunta está más que indicada: ¿Qué
medidas piensa tomar el Gobierno ante la gravedad de los retrasos en
la Audiencia Provincial de Madrid y la falta de medios materiales y
personales?
Hemos tenido -y con esto termino, señor presidente- una respuesta en
el pasado mes de marzo, que ha aparecido con gran aparato en los
medios de comunicación, sobre un plan de choque que han denominado
«Plan de choque Aceves», en el que 30 jueces cobrarán un sobresueldo
para hacer horas extra y paliar el atasco de pleitos civiles. Esto
genera nuevos problemas. ¿Dónde se van a ubicar las nuevas secciones
a las que se alude, de qué funcionarios van a nutrirse, qué
disponibilidad va a tener la abogacía para actuar por la tarde
cuando normalmente los abogados reciben sus visitas en la hora
vespertina? También ha habido una reacción negativa de los jueces de
lo penal, que están al día, según dicen, gracias a su esfuerzo.
Queremos que esta respuesta nos la pueda explicar lo más
exhaustivamente posible. Esa es la razón de nuestra pregunta, así
como poner en evidencia la diligencia del magnífico presidente de la
Audiencia Provincial de Madrid, que ha contribuido a que por lo menos
se produzca esta respuesta que le pedimos que nos explique y
profundice.
El señor VICEPRESIDENTE (Souvirón García): Señor secretario de
Estado.
El señor SECRETARIO DE ESTADO DE JUSTICIA (Michavila Núñez):
Permítame, señor presidente, que muestre mi satisfacción por tener un
debate parlamentario con la señora Alberdi, con la que hemos tenido
muchos debates en otras circunstancias, algunos muy constructivos. La
verdad es que me alegro de tener ocasión de debatir con la diputada
Alberdi y de tenerla en la Cámara.
Comparto con la diputada el interés por la necesidad de resolver la
situación en la que se encuentra la Audiencia Provincial -así lo hizo
explícito el ministro el 7 de febrero de este mismo año en el Senado-
y comparto también con usted que desde hace muchos meses, tantos como
160, la Audiencia Provincial de Madrid viene sufriendo un colapso.
Son muchos años, no sé con exactitud, pero creo que son 16 años.
Desde el año 1985 en la Audiencia Provincial de Madrid hay un gran
atasco y colapso. (La señora Alberdi Alonso hace signos afirmativos.)
Veo que asiente porque lo conoce, porque usted ha sido abogada en
ejercicio. Llevamos muchos años de retraso (16) en resolver una
situación crítica en la Audiencia Provincial de Madrid. Nosotros
hemos decidido que eso hay que afrontarlo. Cada uno tiene su
responsabilidad, aunque comparto con usted que el presidente de la
Audiencia está haciendo un buen trabajo, pero vamos a ver si lo que
podemos hacer entre todos es suficiente. Le voy a describir alguna
cuestión porque creo que debe compartir conmigo que se ha empezado a
avanzar. En este momento, el problema de la Audiencia Provincial de
Madrid no es de déficit estructural, sino de cúmulo de causas
pendientes. Es importante partir de ese análisis, pues no es lo mismo
un problema en un órgano judicial en el que entran más asuntos de los
que resuelve, y por tanto haría falta ampliar la dotación de medios,
de órganos, de jueces, de magistrados, en este caso incluso de
secciones, como usted ha mencionado, que un órgano judicial en el que
lo que entra sale. El problema es lo que entró y no se resolvió. Ahí
es donde de verdad está claramente el problema en la Audiencia
Provincial. Lo vamos a ver con cifras y espero que nos pongamos de
acuerdo en el análisis, señora Alberdi, puesto que del diagnóstico
tiene que salir la receta y la solución.
Hoy es posible resolver lo mismo que entra precisamente por un
esfuerzo que se ha hecho, no desde hace 160 meses, que es cuando
empezó el problema de la Audiencia Provincial, sino desde hace 38 ó
39 meses, desde el año 1996, en que empezó a ampliarse la plantilla.
En este momento, en la Audiencia Provincial hay una planta de 87
magistrados, en 25 secciones, y 14 son civiles, con 54 magistrados.
¿Sabe usted que al empezar el año 1996 había sólo 41? Yo creo que un
incremento de 13 magistrados sobre 41 es un incremento notable, y es
una medida estructural, no coyuntural, que permitió que en la
Audiencia se empezaran a resolver aquellos problemas que estaban
pendientes desde hacía tantos años; es decir, que salga lo que entra.
Estoy de acuerdo con usted en que habría que completar el número de
magistrados en las secciones de lo civil, y una de las propuestas que
hemos hecho en la mixta del Consejo General del Poder Judicial es que
se amplíe su número hasta que todas las secciones de lo civil tengan
cuatro magistrados. Ese incremento ha permitido, incluso, que se
resuelvan más asuntos. Si en esa época se resolvieron 12.933 asuntos
en lo civil, a finales de 2000 se habían resuelto 15.207 asuntos, lo
cual ha reducido de alguna manera la pendencia. No deja de existir un
amplio cúmulo de pendencia (2.000 asuntos de pendencia es la
diferencia entre los que entraron y los que se resolvieron), pero es
evidente que en este momento se ha reducido notablemente el nivel de
pendencia porcentual.
Podemos decir que hoy lo importante son dos medidas que usted ha
apuntado, o incluso tres. Una -que la ha apuntado indirectamente-,
referida a la especialización. No sé si usted comparte conmigo que en
la Audiencia Provincial la especialización sólo se da en dos
secciones, la 22 y la 24, especializadas en derecho de familia, pero
veo que comparte conmigo que es bueno seguir insistiendo en la
especialización, y ése es el deseo que el Ministerio de Justicia ha
trasladado al Consejo General del Poder Judicial. Nos parece muy
razonable que, habiendo 14 secciones civiles en la Audiencia, los
ciudadanos demanden que haya más especialización, sobre todo en temas
como los que usted ha mencionado y a los que este Gobierno da una
especial prioridad porque afectan muy sensiblemente al ciudadano; y
este secretario de Estado tiene una especial sensibilidad (estoy
seguro de que en eso me dará la razón) hacia los temas relativos a
los malos tratos a la mujer y a la familia. Creo que si somos capaces
de conseguirlo mejorará notablemente la estructura organizativa que
va a permitir un mejor tratamiento de estas cuestiones, pero sabe
usted que la responsabilidad de la especialización no la podemos
adoptar en sede parlamentaria, ni siquiera en sede del Ejecutivo,
sino que hay que adoptarla donde debe adoptarse. Nuestro deseo es
estimular a la especialización de juzgados en el ámbito de la familia
y de ese tipo de situaciones en las secciones de lo civil.
Hay otras medidas que podemos y que debemos adoptar. Si estamos de
acuerdo en el análisis de que la situación en el ámbito de lo civil
no es estructural, sino coyuntural, fruto de la pendencia acumulada,
tendremos que hacer un plan de medidas, pero no crear nuevas plazas
de magistrado que en el futuro no sean necesarias o sean redundantes,
sino de hacer un plan de choque o de refuerzo que dé solución a los
pleitos pendientes. Esa ha sido la propuesta y la apuesta del
Ministerio de Justicia. Usted dice que conocida con alharaca por los
medios, pero sabe que la fuente de información no ha sido el
Ministerio de Justicia, que en esto hemos preferido callar y hacer
las cosas; hemos preferido trabajar y hacer lo siguiente. El 7 de
febrero, el ministro se comprometió a un plan e inmediatamente, el 13
de febrero, hubo una reunión del director general de relaciones con
la Administración de justicia, el vocal responsable del Consejo
General del Poder Judicial en Madrid, Teófilo Ortega, el presidente
del Tribunal Superior de Justicia de Madrid y el presidente de la
Audiencia Provincial de Madrid, en la que se trató el diseñar un plan
de una manera coordinada. En muy poco tiempo, el Ministerio tuvo en
condiciones un plan, solicitó al Consejo General del Poder Judicial
celebrar una comisión mixta Consejo-Ministerio de Justicia para
abordar este tema y, el día 20 de marzo, como punto muy singular y
ampliamente tratado en la mixta, el Ministerio presentó una
propuesta. Esa propuesta recibió el visto bueno de todos los miembros
del Consejo General del Poder Judicial allí presentes, que
manifestaron su satisfacción tanto por el conjunto de las medidas
como su celeridad y su contenido.
Se acordó hacer un grupo de trabajo mixto, puesto que la decisión no
compete al Ministerio de Justicia sino que el Ministerio de Justicia
impulsa -y quiere hacerlo- el que se adopten decisiones, y se decidió
que por parte del Consejo General del Poder Judicial se iban a
designar tres miembros, y esperamos que en un plazo razonable -y es
el deseo del Ministerio de Justicia-, en el entorno del 20 al 30 de
abril, se presente un informe aprobado por esa comisión técnica
mixta, de tres vocales del Consejo General del Poder Judicial, en la
cual participa personalmente el propio director general.
También se pidió, y fue una sugerencia del Ministerio de Justicia
aceptada por el Consejo, que participe la Inspección del Consejo
General del Poder Judicial, de tal manera que se le dote de medios
técnicos, entendiendo la Inspección no como un instrumento de
sanción, sino para hacer un seguimiento de la eficacia real
y operativa de las medidas que se han diseñado y que se van a poner en
marcha inmediatamente. Asimismo, se solicitó que se pudiera hacer un
análisis prototipo, un análisis, por así decirlo, pionero tipo, de
aquello tan importante de lo que hablaba con su compañero, un
análisis muy fehaciente de carácter estadístico.
Sabemos cuál es la carga de trabajo de la Audiencia, pero creo que
hay que avanzar en saber cuál es la etiología y cuáles son las causas
de esa carga de trabajo para tomar decisiones correctas, por ejemplo,
en la especialización. Parece muy razonable que una posible apuesta
por la especialización, no sólo en materia de familia sino también en
materia mercantil, puede ser extraordinariamente útil. Fíjese usted
en que hay una serie de pleitos que a muchos jueces, a muchos
magistrados, a muchos órganos colegiados, les generan una enorme
carga de trabajo y muchas veces una dificultad para acceder a
entender la naturaleza del propio pleito, toda vez que se está
hablando de sistemas sofisticadísimos en el ámbito de las relaciones
mercantiles, en el ámbito de las filiales financieras de relaciones
societarias. Es decir, en todo ese derecho que ha sufrido una
transformación vertiginosa en muy pocos años, que se ha incorporado a
nuestro ordenamiento jurídico, creemos que si se hace una apuesta por
la especialización, también en la Audiencia Provincial, se podrá
tender a resolver con más agilidad, con más celeridad, así como con
más seguridad jurídica, que usted la ha mencionado como un principio
básico y comparto, este tipo de procesos.
En el ámbito de lo penal la verdad es que la situación es también
complicada, puesto que hay una alta pendencia, pero el diagnóstico es
mejor, porque no sólo se resuelve lo que entra sino que se está
abordando una reducción de los temas pendientes. Si a finales de 1998
había 5.570 casos pendientes, en este momento se han reducido en un
20 por ciento. Son muchos todavía los 4.600 casos pendientes, pero
ahí sí creemos que las cosas van a mejor ritmo. En todo caso estamos
trabajando, y es uno los elementos de nuestro plan global, en un plan
de choque para desatascar la Audiencia Provincial en lo civil y en lo
penal, y una de las medidas puede ser tratar de introducir el cuarto
magistrado.
Creemos que hay que trabajar -y ése es el diseño- en hacer un
conjunto de secciones, que pudiéramos llamar secciones bis, de
carácter transitorio. Nuestra propuesta es, incluso, alcanzar el
número de 14 secciones bis en lo civil que durante dos o tres años
puedan estar desempeñadas por magistrados a los que habría que
determinar el ámbito territorial de una oferta pública que supusiera
un plan de refuerzo para desatascar todas las causas pendientes.
Creemos que ésa es una medida que puede ser eficaz y que parece
necesario acometer en la Audiencia Provincial.
Sin embargo, ha de tener en cuenta que eso siempre genera la
posibilidad de agravios comparativos. Desgraciadamente, la pendencia
de la justicia no ocurre sólo en la Audiencia Provincial de Madrid,
pero el Ministerio, que no es muy partidario, en términos generales,
de los planes de refuerzo, es partidario de que cuando estos son
necesarios tiene que estar muy acreditada su necesidad, muy
documentada su justificación y muy avalada su eficacia. Esos tres
requisitos los pedimos
en la primera ocasión en la que el equipo actual se reunió con el
Consejo General del Poder Judicial, y esos tres requisitos se los
pedimos a los pleitos que ya estaban en marcha y los pedimos también
ahora. Creemos que aquí se produce la acreditación de las necesidades
y de ahí que queramos diseñar que se incorpore a la Inspección del
Consejo General del Poder Judicial algo que permita avalar la
eficacia de las medidas e ir evaluando también su correcto
funcionamiento.
Finalmente, hemos avanzado con el Consejo General del Poder Judicial
la posibilidad de establecer secciones desplazadas. Es una
posibilidad que, en este caso y en Madrid, podría tener una lógica.
Generar secciones desplazadas en Móstoles, en Getafe y en Alcalá de
Henares podría suponer una reducción del 20,4 por ciento de los
asuntos ingresados. No es una cuestión definitivamente cerrada,
esperamos que el Consejo también nos dé su opinión, es la propuesta
del Ministerio. La propuesta de Getafe parece muy razonable, puesto
que abarcaría a partidos judiciales homólogos en el ámbito penal,
como Aranjuez, Leganés, Getafe mismo, Parla y Valdemoro, donde hay un
conjunto de población bastante significativo.
Creemos que ese desplazamiento de secciones tiene algunas
dificultades, no podemos desconocer que hay algún sector profesional
al que genera alguna dificultad tener que desplazarse, pero puede
ayudar a otra de las líneas de trabajo del plan de choque propuesto
por el Ministerio, que es la atención a una mejora de las
infraestructuras. Efectivamente, la sede de Ferraz puede sufrir
algunas modificaciones, algún desahogo de personal y de medios que,
si se produjeran estas secciones desplazadas, se facilitaría
notablemente, y se pueden hacer algunas reformas en un edificio que
no es de los peores que tiene la Administración de justicia, pero que
tiene una superpoblación.
Hay una cuestión que merece atención, el hecho de redoblar con
secciones bis. Usted se ha atenido a un guión que ha dado una de las
partes en el análisis y creo que quizá merezca una reflexión. El
crear secciones duplicadas, en este caso, parece oportuno, parece una
buena solución. Sinceramente, veo buena la posibilidad de que la
Justicia atienda a los ciudadanos por la tarde y además muy
razonable; el que los ciudadanos sean atendidos por las tardes en la
Administración de justicia es un avance de modernidad, ocurre en
todos los países de nuestro entorno. Creo que no hay que confundir
las cosas, no necesariamente eso va a perjudicar a los abogados. El
ministro de Justicia, el equipo del Ministerio y yo mismo nos hemos
reunido con el conjunto de los abogados y están muy satisfechos con
la medida y dispuestos a que sea viable. Creemos que es muy razonable
que la Justicia tenga la posibilidad de atender a los ciudadanos por
la tarde. Si estamos hablando de un servicio público en el que hay
tantos retrasos y demoras, la posibilidad de que el ciudadanose vea
atendido por la tarde nos parece una propuesta
razonable y estamos convencidos de que, entre todos, seremos capaces
de que esa propuesta, que es razonable, sea también eficaz en su
aplicación y sea útil para aquél por quien todos trabajamos, el
ciudadano.
Usted me manifiesta desconfianza de los abogados, de la que he sido
consciente, pero cuando nos hemos sentado con los abogados, con sus
representantes, con los decanos, con los colegios de abogados, hemos
visto que no hay obstáculos insalvables que impidan que una medida
razonable acabe siendo una buena medida, como a todos nos interesa,
para atender mejor a los ciudadanos.
El señor VICEPRESIDENTE (Souvirón García): Señora Alberdi.
La señora ALBERDI ALONSO: Usted dice, en nombre del Gobierno, que van
a afrontar el problema y, como siempre, alude a las situaciones
anteriores. Qué duda cabe que es cierto que ha habido retrasos en la
Administración de justicia desde hace mucho tiempo, pero en esta
etapa esperábamos que pudiera acometerse una solución del problema
con cierta eficacia, puesto que ustedes lo consideraron una
prioridad, pero lo cierto es que han topado con los mismos problemas
con los que toparon anteriores gobiernos, puesto que el tema, aparte
de tener dificultades en sí mismo, requiere una serie de
coordinaciones, encuentros y consensos con todos los que intervienen
en la Administración de justicia, con todos los interlocutores en ese
ámbito.
Estoy de acuerdo con usted cuando dice que hay un diagnóstico, que es
el atraso. Es decir, la Audiencia Provincial, con la estructura
actual que tiene, si no fuera por el atraso acumulado podría ir
funcionando y la acumulación sería pequeña, no sería una acumulación
tan espectacular -usted ha dicho 2.000 anuales- como la que arrastra.
Efectivamente, la Administración de justicia siempre -desde que el
Consejo General del Poder Judicial asume la coordinación en estos
temas, puesto que hay muchas medidas gubernativas que tiene que
tomar- ha hecho planes de choque. Cuando en una sala del Tribunal
Supremo o en una sala de una audiencia o en el tribunal que sea, ha
habido una acumulación extraordinaria, se ha ido a un plan de choque.
Entonces, la alternativa del plan de choque nos parece bien, porque
en el diagnóstico estamos de acuerdo. Ahora, lo que habría que
conseguir es que ese plan de choque sea de verdad efectivo. Ha habido
planes de choque en el tiempo, con anterioridad. Yo recuerdo el plan
de choque que se hizo en los tribunales de Trabajo hace mucho tiempo,
que fue efectivo, pero ha habido otros planes de choque que no lo han
sido. Es necesaria la coordinación y también la especialización, que
empieza ahora a tener más predicamento. Es necesaria esa estadística
para ver qué especialidad requiere de un tribunal especializado
porque haya suficiente número de asuntos para justificar esa
especialización de sala.
Sin duda, en las salas de familia se requiere y sería muy oportuno
que hubiera más, y en esto coincido, pero puede haber otras
especialidades que haya que analizar el número de asuntos que tienen
para justificar la creación de una sala especializada.
En cuanto a la participación del Consejo General del Poder Judicial y
que exista una comisión de tres vocales, naturalmente lo damos por
bueno, porque como no podía ser de otra manera, el Consejo General
del Poder Judicial, por las razones antes dichas, tiene que
participar y, por supuesto, también la Inspección del Consejo.
Por lo que se refiere a los temas más puntuales de este plan de
choque, que son además novedosos, porque tanto las secciones bis como
la posibilidad de actuar por la tarde son nuevos, empezando por lo
segundo, la posibilidad de actuar por la tarde, me han llegado ecos
de ciertas dificultades por parte de los profesionales, pero si esas
dificultades o esos obstáculos se han salvado, muy bien salvados
están, puesto que utilizar los mismo edificios u otros que pudieran
constituirse en zonas desplazadas, o coadyuvar de esa forma con la
utilización de la tarde para poder despachar los asuntos pendientes
nos parece positivo si esto da buenos frutos. Es un planteamiento
nuevo que ojalá dé esos frutos apetecidos.
En cuanto a las secciones bis, que dice que van a ser 14, me parece
un número adecuado, así como que durante un año o dos esas secciones
bis actuarán con carácter transitorio. Si luego se llega a una carga
de trabajo parecida a la actual que se corresponda con la estructura
que tiene actualmente la Audiencia Provincial, esas secciones bis
habrán cumplido su función y desaparecerán, no tendrán que permanecer
en el tiempo. Más problema plantea el tema de las secciones
desplazadas, que sin duda pueden ser muy útiles y pudiera ser que a
la larga sean una buena solución. Es decir, que el sur de Madrid
pueda tener salas en Móstoles, en Getafe, con la litigiosidad, sobre
todo en el ámbito penal, porque se ha aludido a Aranjuez, Leganés,
Parla, Valdemoro, que esas zonas pudieran resolver allí mismo sus
problemas con una ubicación territorial desplazada, a mí me parece
desde luego que puede ser bueno. Pero habrá que ver cómo se
desarrolla, sobre todo por el funcionamiento de los colegios, de los
mismos profesionales y de los tribunales en esas zonas.
Por otro lado, no me ha dicho nada, aunque supongo que será por un
olvido o porque siempre el presidente alude a que no nos extendamos
mucho, del tema de los funcionarios, que también es bastante
importante en esta materia. En cualquier caso, muchas gracias, señor
secretario de Estado, por sus explicaciones, y desde luego ojalá que
este plan de choque pueda ser útil y eficaz para la justicia en
Madrid.
El señor VICEPRESIDENTE ( Souvirón García): Señor secretario de
Estado.
El señor SECRETARIO DE ESTADO DE JUSTICIA ( Michavila Núñez): Voy a
ser breve, pero querría agradecer la buena acogida de ese plan de
choque que manifiesta la diputada, señora Alberdi, y esperamos tener
el diseño definitivo y poderlo comentar con más detalle. Voy a
matizar alguna cuestión. No me refiero a fijar necesariamente el
número en 14 secciones, puesto que el Ministerio acepta llegar
incluso a 14 secciones bis; lo que hay que hacer es esperar a que el
Consejo y el Ministerio hagan la propuesta. Es una cuestión que me
interesa matizar para no generar confusión de expectativas.
En cuanto a las secciones desplazadas, nosotros somos conscientes y
usted también que ha estado en el Gobierno, de que al final toda
decisión siempre genera dificultades. Lógicamente, este tipo de
decisiones genera en algunos profesionales la dificultad del
desplazamiento, incluso la dificultad de trabajar por las tardes en
algunos sectores, pero creemos que merece la pena hacer una apuesta
para superar dichas dificultades. Lo que usted ha manifestado al
principio de su intervención es la regla de oro. En justicia es muy
difícil adoptar decisiones que funcionen si se hacen unilateralmente
y por eso estamos buscando el acuerdo, el entendimiento y el diálogo,
en primer lugar con el propio responsable, con el presidente de la
Audiencia con quien se está haciendo ampliamente; en segundo lugar
con el responsable del Consejo del Poder Judicial para Madrid y en
tercer lugar tanto con los responsables del plan de choque como con
los miembros de la Comisión mixta. Creemos que desde ese
entendimiento es desde donde hay que hacerlo, así como con los
profesionales -procuradores y abogados-, que van a ver que se produce
una distorsión en lo que ha venido siendo su método de trabajo
habitual. Es un esfuerzo que solicitamos se haga por parte de todos.
En el entorno de Alcalá de Henares hay una población de 533.000
habitantes. Estamos hablando de un ámbito en el que hay 21 juzgados
de primera instancia e instrucción y tres juzgados de lo Penal, que
son los órganos ad quo de los que procede la revisión en la Audiencia
Provincial. En total hay 23 órganos judiciales, pareciendo muy
razonable que la revisión de los mismos esté próxima a los
ciudadanos, que sea una justicia de proximidad, que haya una atención
a pie de la cuestión. No se trata de una especialización en el
sentido técnico-profesional, pero cuando se habla de lo penal, del
tipo de tratamiento que hay que dar a un determinado ámbito de
delincuencia más cercano a la realidad, hay que resolver si el turno
se hace por una sección desplazada o se tiene que hacer entre 11
secciones de lo penal, algo que siempre dificulta la adopción de
medidas cautelares, preventivas o provisionales.
Cada uno de los partidos judiciales de Torrejón, Alcalá de Henares,
Coslada y Arganda del Rey tiene una población, y usted lo sabe bien
ya que conoce esta
zona tan importante de Madrid. En Torrejón hay 128.000 habitantes; en
Alcalá hay 180.000 y siete juzgados de primera instancia y tres de lo
Penal y en Arganda hay 94.000 habitantes. La propuesta nos parece muy
lógica y esperamos que pueda hacerse realidad, para lo cual estamos
tratando de superar todos los obstáculos. Pero aparte de ese efecto
extraordinariamente importante de acercar la solución de los
problemas a los ciudadanos, existe otro también muy importante: la
posibilidad de contar con nuevos edificios, con nuevas sedes y nuevas
infraestructuras para la Audiencia provincial de Madrid y así
descongestionar Ferraz, algo que sin duda sería extraordinariamente
útil.
Respecto a Aranjuez, Leganés, Getafe, Parla y Valdemoro, estamos
hablando de 527.000 habitantes, de 25 órganos ad quo de primera
instancia, de 23 juzgados de primera instancia e instrucción y de dos
juzgados de lo Penal. Es una unidad que tiene suficiente coherencia,
habiéndose estudiado el tema muy a fondo. Se han barajado distintas
opciones, entre ellas la posibilidad de hacer Valdemoro y sacarlo de
ese entorno. Al final, la propuesta es ésta, propuesta sujeta a
debate con los propios magistrados de la Audiencia, los cuales
seguramente van a comprender que es muy buena para los ciudadanos.
Existe dimensión suficiente de órganos jurisdiccionales para adoptar
esa decisión.
Finalmente, en el ámbito de Móstoles, estamos hablando de un conjunto
de población que supera incluso a los anteriores, son 627.000
habitantes. El partido judicial de Navalcarnero, de Móstoles, de
Alcorcón y Fuenlabrada suman juntos 28 órganos, ad quo 25 juzgados de
primera instancia e instrucción y tres de los Penal; parece razonable
que tratándose de una primera instancia tan voluminosa y que genera
tantos recursos de apelación en la audiencia provincial, pueda haber
una sección desplazada. Ahí está la lógica de la propuesta; nos
parece buena para el ciudadano y me alegro, señora Alberdi, de que
usted apruebe el plan.
Los resultados de este plan no los veremos pronto, llevará tiempo
verlos; harán falta dos o tres años para que sea definitivamente útil
y eficaz. Por mi parte, espero que vaya acompañado de reformas que
pactemos entre su grupo parlamentario y el mío y que serán de ayuda.
Hace falta un diseño mejor de la oficina judicial, que tendría en la
Audiencia provincial un extraordinario impacto, mayor que en ningún
otro órgano jurisdiccional, y una ventanilla única judicial en Madrid
tendría también un gran efecto. Creemos que es perfectamente posible
hablar de todas esas cosas cuando hagamos un plan de nuevas
tecnologías y hablemos del nuevo diseño de la oficina judicial.
Por todo ello, creo que no hay que tener esperanza sólo en este plan
que usted ha calificado de novedoso, sino también en las novedades
que entre todos podamos introducir en la justicia en su conjunto.
Muchas gracias por su paciencia, señor presidente.
- DE LA SEÑORA ALBERDI ALONSO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA,
SOBRE PREVISIONES ACERCA DE LAS TRANSFERENCIAS DE MEDIOS MATERIALES
Y PERSONALES DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA A LA COMUNIDAD DE MADRID.
(Número de expediente 181/000468)
El señor VICEPRESIDENTE (Souvirón García): Señora Alberdi.
La señora ALBERDI ALONSO: Llevamos varios años hablando de las
transferencias de medios materiales y personales de la Administración
de justicia a la Comunidad Autónoma de Madrid, dentro de las
previsiones de traspasos en esta materia a las comunidades autónomas
que aún no los tienen.
Dentro de los problemas generales que este tipo de transferencias
provocan, sobre todo en lo atinente a las previsiones económicas que
las acompañan, es innegable que el caso de Madrid es singular por la
enorme litigiosidad derivada fundamentalmente de la domiciliación en
la ciudad de las grandes y medianas firmas financieras, y desde luego
de su población mucho mayor que la de otras comunidades autónomas.
Además, el hecho de la capitalidad y de residenciarse aquí la cúpula
del Poder Judicial, el Tribunal Supremo y la Audiencia Nacional,
añaden nuevos elementos a tener en cuenta en cuanto a la ubicación de
edificios, coordinación entre ellos y tantas otras medidas de
carácter organizativo que afectan al buen funcionamiento de la
justicia.
No se nos oculta que aquí hemos de atenernos al traspaso de medios
materiales y personales de la región de Madrid, pero ello está sin
duda ligado a su singularidad. De hecho, el Gobierno viene
prometiendo desde hace cuatro años la ciudad de la justicia para
Madrid, un gran centro donde se ubicarían todos los órganos
judiciales. Buena promesa, que suscitó esperanzas que han resultado
vanas, pues con esa excusa no se ha invertido apenas en nuevos
edificios ni en medios materiales en cuatro años. Por ello, en los
traspasos habrá que plantear en primer lugar que el traspaso sería
deficitario si se hiciera en estas fechas, que esa inversión cero ha
de ser compensada y que en la próxima legislatura una vez que la
comunidad asuma las competencias, habrá de invertir sumas
extraordinarias.
Nos encontramos ciertamente en una situación difícil, pues el
Gobierno de la comunidad autónoma quiere cerrar las transferencias de
justicia, y naturalmente apuntarse el tanto político correspondiente.
¿Conviene hacerlo en estas condiciones que se están barajando, cuando
no se ha invertido nada o apenas nada en los últimos año, más que en
parches y planes de choque? Habría que incorporar el coste de lo no
invertido, y nos han dicho los interlocutores autonómicos que la
ponencia técnica se reúne el mes que viene y que se trabajará
bajo la premisa del coste efectivo, asumiendo como en otras ocasiones
arrendamientos, titularidad de edificios y los aproximadamente 300
componentes del personal laboral. ¿Es esto adecuado ante la
precariedad en que nos movemos, las necesidades extraordinarias que
tiene Madrid, y sobre todo contando con la promesa que se hizo de la
ciudad de la justicia para Madrid?
En cualquier caso, señor secretario de Estado, entendemos que hay que
asegurar que los medios personales y materiales que se obtengan en
los traspasos sean suficientes para poder hacer frente al servicio
público de la justicia. Por ello queremos que nos explique más
pormenorizadamente la situación a día de hoy y cuáles son las
previsiones que tiene el Gobierno en materia de transferencias de
medios materiales y personales a la Comunidad Autónoma de Madrid.
El señor VICEPRESIDENTE (Souvirón García): Aun entendiendo que los
tiempos reglamentariamente establecidos para este trámite se nos
quedan cortos por la importancia del debate, le ruego un especial
sentido de síntesis al señor secretario de Estado dada la hora que es
y los asuntos pendientes.
Señor secretario de Estado.
El señor SECRETARIO DE ESTADO DE JUSTICIA (Michavila Núñez): Este
tema creí que había renunciado a formularlo porque estaba acumulado
con el otro, pero con mucho gusto le contesto porque es una cuestión
en la que el Ministerio tiene especial empeño.
La política del Ministerio en materia de transferencias es muy clara:
en este momento el diseño es desequilibrado, no parece que el mapa de
siete comunidades con competencias transferidas y otras once con
competencias no transferidas permita un modelo de justicia ágil y
eficaz. Nosotros estamos absolutamente convencidos de que a las
comunidades autónomas hay que darles un papel importante en la
gestión eficaz de una justicia más moderna. También creemos que en
ese diseño competencial hay extraordinarias disfunciones. Lo creemos,
lo hemos dicho en el seno de la Comisión sectorial, que quiero
recordarle está teniendo una actividad sin precedentes, nos hemos
reunido en muy frecuentes ocasiones desde que Ángel Acebes, el
ministro de Justicia tomó posesión, y con ellos hemos venido hablando
de que efectivamente hay que perfeccionar el modelo. Es una de las
propuestas, uno de los ejes básicos del documento de trabajo que
hemos repartido a su grupo parlamentario hacer una mejor definición,
más completa, más concreta de las competencias que asumen las
comunidades autónomas con un único objetivo y es que al final los
ciudadanos perciban y reciban una mejor calidad en la atención de la
justicia.
Desde esa posición de que hace falta redefinir algunos elementos, sin
embargo tampoco creíamos necesario hacer un parón, es decir esperar a
la redefinición
para seguir el proceso. Nos parece que no era necesario perder tiempo
y por eso la apuesta que hizo el ministro muy claramente en su
primera comparecencia y que mantiene en el documento de trabajo, es
que aquellas comunidades autónomas que lo deseen -y aquí el principio
dispositivo, es decir, el principio de voluntariedad es esencial-
tendrán esas transferencias. Nosotros somos partidarios de hacer las
transferencias a las comunidades que estén en condiciones de
asumirlas y que lo soliciten.
Madrid lo ha solicitado. No sé si la conclusión que se deduce de sus
palabras es que usted no desea esa transferencia. Hubo un momento en
que creí que usted se oponía a la transferencia y no quiero yo
tenerle que decir al consejero de Madrid que hay un diputado en el
Parlamento nacional que se opone a las transferencias, pero parece
que eso es lo que dice. Si no dice eso, ¿dice que ahora no porque
primero hay que hacer inversiones y luego transferencias, primero hay
que hacer la ciudad de la justicia y después las transferencias? si
tampoco dice eso, entonces no la he entendido mucho porque realmente
usted ha puesto demasiados reparos al proceso de transferencias que,
insisto, hemos iniciado en Madrid por petición de la propia
comunidad.
La Comunidad de Madrid tiene todos los elementos para ser una
comunidad en la que se proceda a hacer la transferencia de
competencias en las mejores condiciones. Hay un abundante número de
asuntos ante los tribunales, hay un abundantísimo número de órganos
jurisdiccionales, hay un abundantísimo número de personal en los
distintos ámbitos de la Administración de justicia, tanto jueces y
fiscales, como secretarios judiciales; por eso se reúnen todas las
condiciones. A su vez, permítame decirlo, hay un equipo muy solvente.
La Consejería de Justicia de Madrid tiene un consejero, el señor
Mayor Oreja, extraordinariamente solvente que creo está impulsando
una decisión política muy clara y una apuesta por mejorar la calidad
de la justicia de los madrileños con esa solicitud, hecha
adecuadamente, de las transferencias. De hecho venimos trabajando en
distintos temas. Este plan de choque de la Audiencia lo hemos podido
comentar con la Consejería de Justicia de Madrid, así como algunos
otros planes para mejorar la justicia en Madrid los queremos abordar
y lo vamos a hacer conjuntamente.
He tenido tres encuentros con el consejero de Justicia de la
Comunidad de Madrid. El consejero tuvo un encuentro con el ministro
de Justicia. El ministro de Justicia atendió esa propuesta. Hemos
puesto en marcha los equipos técnicos y el propio director general de
Justicia, después de Semana Santa (no sé precisarle la fecha porque
no la he traído apuntada, aunque ya está puesta, pensando en que
había renunciado a la pregunta, pero se la puedo decir para
informarle) continuará trabajando; se está trabajando con los mismos
elementos de coste con los que se ha venido haciendo. Usted sabe que
en la Administración de justicia en las transferencias
hubo un modelo inicial y luego un modelo que han seguido las
otra siete comunidades. Sobre ese modelo de evaluación de costes, de
efectivos, de personal, de costes de infraestructura, de
mantenimiento y de inversiones, se está trabajando, básicamente
capítulo 1 y capítulo 6, y sobre eso es sobre lo que se tienen que
poner de acuerdo, en primer lugar los equipos técnicos.
Sinceramente confío en que esas transferencias se puedan hacer en el
marco de esta legislatura, se podría hace quizá en dos fases, medios
personales y medios materiales, quizá en una fase, quizá atendiendo a
la naturaleza de algunos órganos, que es otra propuesta bastante
razonable. Confío que se haga en esta legislatura y también estoy
convencido de que va a ser bueno para los madrileños.
El señor VICEPRESIDENTE (Souvirón García): Tiene la palabra la señora
Alberdi.
La señora ALBERDI ALONSO: Muy brevemente, señor presidente, para
agradecer la intervención del secretario de Estado, sus explicaciones
y hacer votos para que esas transferencias se produzcan. Quiero
aclararle que yo sí que las deseo, pero desearía que esa situación de
déficit de medios que hay en Madrid pudiera cubrirse. Naturalmente,
el coste efectivo implica atenerse al capítulo 1 y al capítulo 6,
pero ciertamente quiero dejar constancia de las expectativas que
había respecto a esa ciudad de la justicia que no se han cumplido y
que ahora, en el momento de efectuarse los traspasos, no se va a
tener en cuenta. Sería bueno que se tuviera en cuenta esa deficiencia
y que se incorporara de alguna forma un complemento, como
excepcionalmente se ha hecho en algunos otros temas, y quiero
recordarle el tema de las transferencias de educación precisamente a
la Comunidad Autónoma de Madrid, donde se hizo una excepción.
El señor VICEPRESIDENTE (Souvirón García): Tiene la palabra el señor
secretario de Estado.
El señor SECRETARIO DE ESTADO DE JUSTICIA (Michavila Núñez): No
quisiera que de mis palabras se deduzca que hay un abandono del plan.
Sabe que hay un compromiso del Ayuntamiento y de la Comunidad.
Creemos que efectivamente dentro de la situación de la Justicia en
Madrid las infraestructuras merecen una singular atención. El propio
Ministerio está trabajando, y es una de las propuestas, no sé si la
número 19, del documento de trabajo, en hacer un plan de
infraestructuras en el que un eje prioritario es precisamente la
Comunidad de Madrid. Estoy convencido de que ese plan de
infraestructuras, el día que tengamos ocasión de presentarlo, va a
ser satisfactorio también para la señora diputada.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Souvirón García): Muchas gracias, señor
secretario de Estado. Le reiteramos las gracias por su comparecencia,
ampliada un poco por la prórroga.
Suspendemos la Comisión el tiempo justo para despedir al secretario
de Estado y recibir al subsecretario. (Pausa.)
- DEL SEÑOR BARRERO LÓPEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, SOBRE
RAZONES DEL FRACASO DE LAS PENAS ALTERNATIVAS A LA PRISIÓN,
ESTABLECIDAS EN EL CÓDIGO PENAL DE 1995. (Número de expediente 181/
000441)
- DEL SEÑOR BARRERO LÓPEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, SOBRE
RAZONES QUE JUSTIFICAN LA DISMINUCIÓN DE LOS DENOMINADOS JUICIOS
RÁPIDOS. (Número de expediente 181/000442)
- DEL SEÑOR BARRERO LÓPEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, SOBRE
MEDIDAS PARA POTENCIAR LA CELEBRACIÓN DE LOS LLAMADOS JUICIOS
RÁPIDOS. (Número de expediente 181/000447)
El señor VICEPRESIDENTE (Souvirón García): Todos estaremos de acuerdo
en que, dada la hora, debemos ser estrictamente reglamentarios.
Dado que se han acumulado las preguntas 1, 2 y 3, para su formulación
tiene la palabra el señor Barrero.
El señor BARRERO LÓPEZ: Gracias, señor subsecretario por su presencia
ante la Comisión, imagino que habrá dado fácilmente con la sala.
Siempre es bien venida una persona como usted que pertenece a la
casa, y en más de una ocasión hemos tenido la oportunidad de charlar
de otros asuntos. Es bueno que hoy nos venga a hablar con mucha
información, porque estoy seguro de que usted es una persona muy
sólida, de dos cuestiones que nos tienen preocupados. Voy a formular
muy rápidamente las preguntas, estaré a resultas de la información
que usted dé y seguramente no ejerceré mi derecho de réplica.
El primer asunto que nos trae aquí y que aparece en el orden del día,
son las razones del fracaso de las penas alternativas a la prisión,
establecidas en el Código Penal de 1995. Quisiera que no se parara
demasiado en la expresión fracaso sino más bien en las razones y las
causas que llevan a que unas penas que en 1995 fueron consideradas
como unas penas alternativas a la prisión, de una configuración
moderna de lo que debe ser no sólo la acción represiva frente al
hecho delictivo sino también la acción rehabilitadora, tan
constitucional y tan querida por todos, que este tipo de penas
debería ir consolidándose en el tiempo, y de su consideración se
deduciría su fracaso o no. En aquel momento éramos
muchos los ponentes que confiábamos en que su consolidación en el
tiempo permitiría su éxito y que poco a poco iríamos conformando otro
estilo de consideración de la pena. Estamos hablando fundamentalmente
para supuestos de carácter menor o de hechos que tienen una
tipificación que lleva consigo penas menos graves.
Los datos que tenemos ponen de manifiesto que las penas alternativas
a la prisión impuestas por los tribunales -somos conscientes de que
son los tribunales quienes tienen que hacerlo- tales como el arresto
de fin de semana o los trabajos en beneficio de la comunidad, no
están imponiéndose en los tribunales. Merece la pena hacer una
reflexión en esta sede, no sea que no todos hayamos cumplido con los
deberes que nos imponía el Código Penal -también me refiero a la
Administración central del Estado, al Ejecutivo-, y como consecuencia
de esa dejación no existan depósitos suficientes para arrestos de
fines de semana -que bien sabe usted que se precisan-, de módulos
específicos en prisión o de depósitos en ayuntamientos u otras
instalaciones que precisan de medios, que precisan de una voluntad
seria tendente a ver en esto un proyecto político importante. No es
así, es decir no hay arrestos de fines de semana, no hay trabajos en
beneficio de la comunidad, excepción hecha de algunas comunidades
autónomas, y tendrá usted datos señor subsecretario similares a los
nuestros. Por ejemplo, parece que en Cataluña sí hay una mayor
aceptación y una mayor aplicación del Código Penal con medidas de
este tipo. Esto debe tener una responsabilidad compartida, aunque no
nos importa tanto la responsabilidad como la información y las causas
si es que tenemos. Este nivel de información es el que solicitamos.
Esta responsabilidad compartida tiene que tener algunas causas y
sobre todo, señor subsecretario y es lo que queríamos mover a su
consideración, tiene que tener alguna explicación de carácter
político. Dicho de otra manera, y por ampliar la pregunta, ¿el
Ejecutivo cree de verdad en estas penas? ¿El Ejecutivo está
habilitando las fórmulas en la parte de responsabilidad del Ejecutivo
que las hagan posibles? ¿Está estimulando, en la política criminal
que permite la instrucción al fiscal, fórmulas que recaben de los
jueces las penas alternativas? Digámoslo de otra manera: ¿qué está
haciendo el Ejecutivo para que el Código Penal, que fue un proyecto
de un Ejecutivo, que este Parlamento hizo suyo y que hoy es ley, se
cumpla también en este apartado?
Después hay una segunda y una tercera pregunta, señor subsecretario,
que entra un poquito dentro de la misma reflexión. El artículo 790 de
la Ley de Enjuiciamiento Criminal es el que en la preparación del
juicio oral define un poquito los medios, la tramoya, los
instrumentos, las fórmula para hacer posibles los juicios rápidos.
Los juicios rápidos tuvieron, -y tienen-, una experiencia positiva
hacia los años 1992 y 1993, sobre todo como consecuencia de ciertos
acontecimientos en Barcelona y en Sevilla, para determinados asuntos
de
carácter menor, todos ellos penales como es evidente, y sin embargo
desde los últimos cinco años hay un descenso del 50 por ciento en la
aplicación de estos juicios rápidos; es decir, hoy día hay el 50 por
ciento de juicios rápidos menos que con anterioridad a estos últimos
cinco años. Ha descendido claramente la aplicación de este artículo y
por tanto la celebración de estos juicios rápidos, datos que conforma
la memoria del ministerio fiscal. Es verdad que es distinta la
aplicación de estos asuntos en unas comunidades que en otras y en
algunos juzgados diferente que en otros. En Barcelona y Sevilla se
sigue potenciando al parecer, esta figura, aunque se ha rebajado,
quizá porque tienen esa experiencia acumulada; en Madrid, en
absoluto. Sin embargo, de hacer posible este tipo de celebración de
juicios rápidos estaríamos rebajando sustancialmente algunas de las
cifras que usted conoce en los juicios penales y que son muy
preocupantes. Me parece que la pendencia penal está cercana a los
700.000 asuntos; para ser exactos, sin diligencias previas al año
1999 eran 500.000 y con diligencias previas e indeterminadas
estaríamos cercanos a los 900.000 asuntos, es decir una pendencia muy
importante y que seguramente podría solventarse con ese tipo de
medidas alternativas, con la toma en consideración de medidas
alternativas y sobre todo con la ejecución o aplicación procesal de
los denominados juicios rápidos. No sé si el señor subsecretario
tiene algún dato que nos pueda ayudar a ir conformando una solución a
estos problemas. Vale también la pregunta anterior: ¿creen ustedes
que esto puede solucionar determinados asuntos de carácter menor en
términos penales en el momento actual? Es decir, ¿creen ustedes en
los juicios rápidos? Si eso es así, ¿han estudiado las causas? Si así
lo creen, ¿cuáles pueden ser las fórmulas de solución de esta rebaja
de juicios rápidos para volver otra vez a los parámetros que existían
un poquito antes de los últimos cinco años, que son los datos que
tenemos? No sé si he sido capaz de conformar un poquito lo que a
nosotros nos preocupa en estas preguntas. Si no fuera así,
lógicamente estoy a resultas de lo que el subsecretario quiera
complementar de parte de este grupo en el correspondiente trámite de
réplica.
El señor VICEPRESIDENTE (Souvirón García): Que intente administrar
adecuadamente los tiempos no es razón suficiente para que no demos la
bienvenida al subsecretario del Ministerio de Justicia a esta
Comisión, agradeciéndole su presencia en esta Comisión y en esta
casa, que conoce tan bien.
Tiene la palabra el señor subsecretario.
El señor SUBSECRETARIO DE JUSTICIA (Astarloa Huarte-Mendicoa):
Empiezo, como es obligado, agradeciendo las palabras de bienvenida
del señor presidente y del señor portavoz del Grupo Socialista. Como
esta es una circunstancia especial y transitoria no voy a olvidarme
de dónde está la sala en ningún
caso. Me alegro especialmente que mi primera intervención en una
nueva condición en esta casa sea en respuesta a las preguntas de un
parlamentario como don Javier Barrero con quien me une una vieja
relación ya entrañable y al que intentaré dar respuesta en la medida
de mis posibilidades tratando de administrar el tiempo bien para no
retrasar más esta sesión que ya va siendo larga de la Comisión.
Tanto la primera como la segunda pregunta entiendo que se pueden
agrupar en su formulación porque en el fondo están planteando una
cuestión que tenemos encima de la mesa y de la que yo creo que es
bueno partir para dar alguna respuesta útil. Plantea S.S. dos
problemas diferentes pero que tienen que ver con la necesidad de
introducir cambios significativos en algunas cosas para que nuestra
justicia funcione mejor y, como estamos en tiempos de reformas, bueno
es que estudiemos con detalle y en profundidad alguna de las
cuestiones que, en efecto, parece que pueden ser objeto de una
reforma para mejorar el funcionamiento de la justicia y, en general,
del conjunto de nuestro aparato jurídico.
En lo que se refiere a las penas alternativas a la prisión, decía
bien el portavoz del Grupo Socialista cuando comentaba que
probablemente la expresión no es fracaso. Cabe decir que no se están
produciendo con la asiduidad -y aquí ya tendría que añadir un juicio
de valor- que hubiese sido considerada más deseable o menos deseable,
pero no quiero entrar en esta respuesta a hacer juicios de valor
acerca de si en su momento se advirtió si era el mejor procedimiento
o si era el momento oportuno, si estaba maduro nuestro país para
recibir novedades tan significativas como las que se introducían por
esta vía en el Código Penal de 1995. En todo caso, prescindiendo de
eso, que no es del día de hoy, usted conoce bien que tanto la
doctrina como instituciones -algunas de ellas tan significativas como
el Consejo General del Poder Judicial que elaboró expresamente un
informe sobre esta cuestión en julio de 1999- vienen explicando que
la razón por la cual no se puede hablar de la asiduidad deseada o
deseable no es una razón única, que procede de una suma larga e
importante de causas. Precisamente eso -y ahora intentaré hacer un
examen más pormenorizado de las mismas-, la conciencia de eso es lo
que ha llevado al Gobierno -y en concreto al Ministerio de Justicia-
a poner en marcha la comisión técnica que hoy está estudiando la
reforma del sistema de penas.
Hay una conciencia -usted lo decía y lo decía muy bien- de que es
necesario pensar sobre esto, es necesario reflexionar si
efectivamente acertamos en la letra de la ley, tal y como se expresó
en su día, y si estamos acertando o no en las medidas que desde la
letra de la ley se han podido adoptar. Permítame que le diga, porque
me parece que es la primera vez que en esta legislatura se habla con
algún detalle en esta Comisión deesa otra Comisión técnica, que es
importante destacar
que tiene un papel relevante que jugar en la cuestión que, con
fortuna, S.S. plantea en el día de hoy. Estamos hablando de una
comisión técnica, cuya composición conocen bien, es de la máxima
relevancia; que está no solo trabajando, sino avanzando de una forma
silenciosa, lleva ya más de una decena de reuniones; que está
reflexionando precisamente sobre las cuestiones que planteaba S.S. y
haciéndolo desde una visión global. Yo creo que es importante que se
destaque que hay que hacerlo desde una visión global. No se trata
solo de estudiar por qué tal o cual pena ha funcionado mejor o pero,
sino tener claro cuál es el modelo que tenemos en vigor, cómo
fortalecerlo, cómo introducir en ese modelo algunas reformas que
puedan permitir que nos dé mayor satisfacción. Es decir, se trata de
resolver los problemas prácticos que se han detectado, se trata de
ver si está funcionando ese sistema de penas con eficacia,
respondiendo a los criterios de proporcionalidad debidos, facilitando
lo que entiendo que fue la gran filosofía que inspiró esas novedades
en su momento, como la propia reinserción y rehabilitación de estas
personas e incluso introduciendo en esa reflexión - todo ello con una
visión general- las nuevas tendencias que uno aprecia en la realidad
criminal y en los mecanismos de los que dispone el Estado para
afrontar la realidad criminal, el uso de las nuevas tecnología,
etcétera. Yo no me voy a entretener en hacer una descripción de lo
que está desarrollándose en los trabajos de la comisión, tampoco me
voy a detener en los tipos de delitos en los que fundamentalmente se
está haciendo el análisis, el contraste, de cómo ese sistema de penas
está funcionando. Pero sí diré que, en todo caso, por la propia forma
de trabajar, por la propia agenda que ha dibujado la comisión para
sus trabajos, va a proporcionar a este Parlamento una información muy
valiosa, entiendo, para que fortalezcamos, reconduzcamos, en la
medida en que sea necesario, permitamos ganar al futuro con mayor
solvencia las alternativas que en su día se establecieron a la
prisión en el Código Penal. Y como he dicho alguna vez -no en esta
casa, en esta casa lo digo hoy por primera vez, pero lo he dicho con
anterioridad- esta Comisión no está revisando la filosofía de todo lo
que entonces se planteó, esta Comisión está profundizando en mejorar
el sistema del que nos dotamos en el año 1995 para conseguir, entre
otras cosas, lo que S.S. planteaba, que es que funcione mejor.
No quiero dejar de hacer una breve incursión, tal y como usted me
apelaba, en las causas que se han podido apreciar. Yo las dividiría
en tres órdenes de razones. Por un lado, se ha insistido -y se ha
insistido mucho- en las propias deficiencias de la letra de la ley.
Por ejemplo, el informe del Consejo General del Poder Judicial hacía
una larga enumeración de ello. Yo no me voy a detener en eso, porque
no he venido esta mañana a tratar sobre esa cuestión. Entro
directamente en lo que usted me planteaba respecto a las otras dos
órdenes de causas. El segundo orden, al que yo llamaría de
dificultades de puesta en práctica, donde -si me permite-
distinguiría tres grandes realidades. Por una parte, cuál está siendo
la actitud del aplicador, obviamente no es al Ejecutivo al que
corresponde -como usted también decía muy bien en sus palabras- la
aplicación fundamental de esas novedades. El aplicador fundamental,
que es el juez, se queja de -entre comillas- determinadas
incertidumbres que justificarían que en muchas ocasiones, pudiendo
hacerlo, no le lleve a dictar una pena de estas características.
Desde causas mayores hasta causas menores; desde el desconocimiento
de cuál es la oferta de puestos de trabajo que puede existir para que
se vaya a los trabajos alternativos en beneficio de la comunidad
hasta cosas tan menudas como la inexistencia en nuestro sistema
judicial de algo como el archivo de solvencia económica, que permite
conocer con detalle, cuando uno tiene a un señor delante, cuál es su
capacidad económica en relación con la multa que se le puede imponer.
Hay un segundo orden de intervención. Usted lo ha mencionado y ha
sido quién ha hecho mayor hincapié: el del sistema penitenciario y el
conjunto de administraciones que tienen que intervenir en el impulso,
por un lado, y en la ejecución, por otro lado. Diré dos cosas. La
primera, que desde el Real Decreto 690/1996 y las circulares que
luego han venido a desarrollarlo la Administración general del Estado
ha hecho, como usted decía antes, los deberes en la medida que le
correspondía y ha abierto unas vías, fundamentalmente a través de los
convenios con las corporaciones locales, que posibilitaban la
disponibilidad de los medios necesarios para la puesta en ejecución
con una cierta solvencia de este tipo de penas. No obstante lo cual,
tengo que coincidir plenamente con usted en que el conjunto de
actuaciones de las administraciones públicas -no quiero referirme
sólo a la Administración General- no ha llevado a una circunstancia
en la que podamos decir que están resueltas todas las cuestiones de
organización que permiten, a través de una red segura, una aplicación
masiva de este tipo de penas. Y esto por una suma de causas en las
que no me voy a detener porque sería prolijo hacerlo, aunque sí diré
que algunas son de orden mayor y otras de orden menor, como la
lejanía de las propias personas afectadas de los centros en los que
van a ser internados para el arresto de fin de semana. Alguna vez se
ha hecho el comentario de que ese tiempo se gasta en el autobús de ir
y volver, por la lejanía misma debida al proceso de concentración de
los centros penitenciarios y por la evidente dificultad de
disponibilidad de establecimientos, a pesar de los convenios. Además,
son establecimientos especiales, porque no estamos hablando de
mezclar a las personas que están cumpliendo la pena por esta vía con
otras que están cumpliendo un régimen ordinario de prisión. De hecho,
otro de los comentarios que me ha llamado la atención a la hora de
estudiar esta cuestión con una
cierta profundidad es que uno de los efectos que se ha producido,
precisamente por la especialidad de esos establecimientos, es un
cierto aislamiento de las personas que son internadas en este tipo de
centros especiales, en los que no pueden estar en contacto con otras
personas.
En relación con las otras penas alternativas, podríamos hacer
comentarios de la misma naturaleza. Como trabajos al servicio de la
comunidad se han planteado cosas muy menudas, pero muy significativas
a la hora de conseguir que esto funcione en el día a día de una forma
solvente y, aparte de la realidad nacional, de las dificultades que
genera el paro, existe la dificultad de los niveles de preparación
para acceder a trabajos adecuados, el propio hecho de la necesidad
del consentimiento del interesado, etcétera.
Aun aludiré a una tercera cuestión: el propio desarrollo de la
realidad criminal puesto en contraste con la letra de la ley. Creo
que SS.SS. conocen bien que en la mayoría de los casos para los
cuales se pensó -como usted decía antes, un determinado tipo de
delitos- este tipo de penas alternativas son casos en los que se está
produciendo un alto nivel de reincidencia, con lo cual estas
previsiones de la ley serían aplicables a un tipo de sujeto que sería
el reo habitual, justamente el tipo de sujeto que choca con las
previsiones para las cuales la ley está establecida. Sume usted todo
esto y verá que tenemos un panorama de dificultades de ejecución y de
aplicación.
Por último, resumiendo la esencia de su pregunta, yo hablaría, junto
a la cuestión de la letra de la ley y de los problemas de ejecución,
de un tercer factor, que es la dificultad que hay en esto y en tantas
otras cosas de que los cambios culturales y con visión de conjunto de
determinadas novedades sociales, y en este caso jurídicas, se
introduzcan en el día a día de la vida social. Como decía al
principio de mi contestación, no voy a hacer juicios de valor sobre
el debate parlamentario que hubo en su día respecto a si esto
constituía o no un ejercicio de voluntarismo, pero sí digo que en
todo caso, para que efectivamente calen estas realidades, es
necesario el esfuerzo cultural general de muchas personas. En ese
sentido, y para terminar esta primera parte de la respuesta en
relación con la cuestión del Código Penal, yo diría que de esa
Comisión técnica que está trabajando y de las consecuencias que en su
caso esta Comisión, entre otros, pueda sacar de los trabajos de esa
Comisión, espero que pueda nacer el impulso que permita que toda la
organización asuma culturalmente algo que va contra la tradición, que
es novedoso, que genera dificultades de aplicación, porque además de
decirnos qué ha ido bien y qué no ha ido bien, dónde nos hemos
equivocado y dónde no, dónde no hemos puesto todos los medios que
eran necesarios para que esto cuajase, nos va a decir una segunda
cosa importante para esta previsión legislativa y en general para
todas las previsiones legislativas, a mi juicio, que es que al
mismo tiempo que se regula la realidad que se quiere disciplinar
tengamos claros cuáles son los cambios organizativos, los medios y
los recursos necesarios para que no sea un puro brindis al sol que la
voluntad de la ley diga una cosa y luego, efectivamente, la sociedad
y el aparato público no tengan capacidad para que desde el minuto
siguiente se pueda llevar a ejecución.
El señor VICEPRESIDENTE (Souvirón García): Le ruego que sea muy
breve, señor subsecretario.
El señor SUBSECRETARIO DE JUSTICIA (Astarloa Huarte-Mendicoa): Sí,
señor presidente.
En cuando a los juicios rápidos -y con toda brevedad-, tengo que
decir que comparto al cien por cien lo que ha dicho en su
intervención el portavoz del Grupo Socialista. Creo que no sólo toda
la historia reciente de nuestro sistema judicial y procesal, sino
también toda la historia del sistema judicial y procesal es la
historia de un desiderátum, que es conseguir luchar contra las
dilaciones, conseguir tener una justicia ágil, que responda
inmediatamente a las circunstancias que provocan su intervención,
etcétera. Usted sabe muy bien que ha habido muchas propuestas de
reforma -1982, 1992, 1998-, revisión de ley tras revisión de ley, que
caminan en esa dirección, y esa es la dirección. ¿Por qué no se
alcanza el nivel -vuelvo a utilizar la palabra- deseable de
utilización de esta figura? Pues también por una suma de causas, en
las que, además por la llamada de la Presidencia, tampoco me voy a
detener especialmente, pero sí quiero decir que, en todo caso, igual
que para la cuestión anterior he dicho que se ha abierto una
importante reflexión y que es bueno que la aprovechemos porque hay
cosas que cambiar para que funcione como queremos que funcione, aquí
lo digo todavía con más intensidad. La figura de los juicios rápidos
es una de las figuras más importantes que tenemos encima de la mesa
para propiciar algo en lo que estamos trabajando todos, que es la
mejora y la reforma de la Administración de justicia, por una suma
importantísima y larga de motivos: por el índice de litigiosidad -la
necesidad de desatascar que usted mencionaba frente a las cifras
importantísimas que tenemos encima de la mesa-; por la necesidad de
proporcionar a los ciudadanos una justicia que actúe bajo los baremos
de la celeridad, la agilidad, la prontitud de las resoluciones,
etcétera; por la necesidad que tenemos, para organizar bien nuestro
modelo judicial, de discriminar el tratamiento de los asuntos
pequeños, menos graves, de los asuntos complejos. Me parece además
que todo eso es especialmente visible en el ámbito de lo penal,
primero porque están en juego derechos muy importantes de las
personas, tanto de la víctima como del agresor, y, segundo, porque
además el tipo de delitos al que usted se refería y para el que está
pensada de forma fundamental la figura del juicio rápido acaba
conformando, si se multiplica y no recibe una respuesta inmediata
satisfactoria de forma que el ciudadano note que efectivamente se da
respuesta a esa situación, un clima de inseguridad ciudadana.
Esto son cosas significativas, son palabras mayores. Por ello,
abundando en la última parte de su intervención, yo diría que
constituye uno de los elementos básicos de la reforma que tenemos
entre manos, que, además, para que funcione y funcione bien, tiene
que afectar al menos a cuatro órdenes de razones. En primer lugar,
una reforma de las reglas procesales para agilizar, sin merma de las
garantías, el enjuiciamiento de delitos menos graves y flagrantes
que, en la medida en que lo hagamos bien, tiene que tener un efecto
saludable inmediato, perceptible por el ciudadano de que
efectivamente el procedimiento ha cambiado. Esto está ligado con la
planta judicial, con la posibilidad de acercar la justicia al
ciudadano y resolver los pequeños asuntos de la forma más próxima al
ciudadano, etcétera. En segundo lugar, la reflexión sobre la
estructura del proceso criminal. No voy a introducir ahora aquí el
debate que tendremos que tener con mucha intensidad sobre quién debe
realizar la instrucción en el futuro porque no solamente se trata de
quién hace la instrucción sino para qué y cómo; es decir, la
posibilidad de que esté previsto un trámite en nuestro ordenamiento
que agilice y permita con rapidez el desarrollo de las diligencias,
el desarrollo inmediato de la acusación, etcétera. En tercer lugar,
cómo no aludir a ello, la necesidad de modificar los medios
disponibles para llevarlo a cabo. Difícilmente vamos a poder
establecer juzgados de guardia con fiscales en turno de guardia que
estén en condiciones de afrontar la tarea que se precisa para poder
desarrollar los juicios rápidos sin mejores medios. Y, en fin -no
quiero dejar de mencionarlo también-, una mejor dotación y
funcionamiento del turno de oficio ya que se precisa aquí también y
de forma significativa la colaboración de los abogados, porque igual
que decía anteriormente respecto de la primera cuestión -una cuestión
global que afecta a toda la organización-, también tengo que decir
que para que esto funcione de forma efectiva tiene que estar el juez,
tiene que estar el fiscal, tiene que estar el abogado colaborando en
la ejecución efectiva de las previsiones legales.
- EL SEÑOR VILLARUBIA MEDIAVILLA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA,
SOBRE PREVISIONES ACERCA DE PRESENTAR UN PROYECTO DE LEY QUE REGULE
LA MATERIA DE LA NACIONALIDAD. (Número de expediente 181/000504)
El señor VICEPRESIDENTE (Souvirón García): Pasamos al noveno bloque
de las preguntas organizadas hoy en la Comisión, que se corresponde
con la número 20 del orden del día. Para su formulación tiene la
palabra el señor Villarrubia.
El señor VILLARRUBIA MEDIAVILLA: Con muchísima brevedad, señor
presidente, para cumplir con lo que venimos diciendo, aunque veo que
la actitud del Grupo Socialista no ha sido correspondida a lo largo
de la mañana con la actitud de la Presidencia en cuanto a los
tiempos, a los que hemos renunciado de manera importante y que se
están ocupando en fines distintos a lo que es la mera función de
control, lo cual quiero dejar sobre la mesa. No obstante, quiero dar
la bienvenida al señor subsecretario y decir que, respecto a esta
pregunta, relativa a las previsiones que el Gobierno tiene acerca de
presentar un proyecto de ley que regule la materia de nacionalidad,
como quiera que el Grupo Parlamentario Socialista ha presentado una
proposición de ley, publicada en el Boletín Oficial de las Cortes
Generales con fecha 9 de marzo actual, y como quiera que, a su vez,
el Grupo Popular, sin duda alentado por nuestras constantes
solicitudes de que trajera este proyecto, ha presentado finalmente
una proposición de ley, que consideramos conservadora y restrictiva
en este ámbito, vamos a retirar la pregunta para colaborar en aquello
que desde el comienzo de la mañana hemos dicho que íbamos a
colaborar.
- DE LA SEÑORA RODRÍGUEZ DÍAZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA,
SOBRE PREVISIÓN EN RELACIÓN CON LA REFORMA LEGISLATIVA NECESARIA PARA
INCORPORAR AL TEXTO REFUNDIDO DE LA LEY DE PROCEDIMIENTO LABORAL EL
CONTENIDO DE SU DISPOSICIÓN ADICIONAL VIGESIMOCUARTA. (Número de
expediente 181/000614)
El señor VICEPRESIDENTE (Souvirón García): Pasamos a la pregunta
número 21, correspondiente al punto décimo, que formulará la señora
Rodríguez Díaz. Tiene la palabra.
La señora RODRÍGUEZ DÍAZ: Señor presidente, muy brevemente también.
En la Ley 50/1998, de 30 de diciembre, se le daba al Gobierno un
plazo de nueve meses para reformar el Texto Refundido de la Ley de
procedimiento laboral, con el fin de que pudiera transferirse a la
jurisdicción social el conocimiento de las pretensiones relacionadas
con las resoluciones administrativas relativas a la regulación de
empleo y en materia de traslados colectivos, hasta ese momento
adjudicados a la vía contenciosoadministrativa. Los nueve meses que
tenía de plazo el Gobierno para modificar la Ley de procedimiento
laboral han sido superados en más de dos años. Señor subsecretario:
¿Para cuándo tiene previsto el Gobierno realizar la reforma legal que
incorpore al Texto Refundido de la Ley de procedimiento laboral el
contenido de su disposición adicional vigesimocuarta, por el que se
establecía que los órganos jurisdiccionales de orden
social conocerán de las pretensiones sobre: (apartado b), las
resoluciones administrativas relativas a la regulación de empleo y
actuaciones administrativas en materia de traslados colectivos?
El señor VICEPRESIDENTE (Souvirón García): Señor subsecretario.
El señor SUBSECRETARIO DE JUSTICIA (Astarloa Huarte-Mendicoa): En
efecto, como dice la señora diputada la previsión contenida en lo que
era la disposición final tercera de la Ley 29/1998, reguladora de la
jurisdicción contencioso-administrativa, que luego se vio afectada
por la disposición adicional vigesimocuarta de la Ley 50/1998, de
medidas fiscales, prevé en los términos que S.S. ha dicho la
modificación del Texto Refundido de la Ley de procedimiento laboral.
Esa es una de las tareas que el nuevo equipo tenía encima de la mesa
cuando tomó posesión hace menos de un año en el Ministerio de
Justicia. Igual que con otras que estaban encima de la mesa
inmediatamente se pusieron en marcha los trabajos necesarios para
llevar adelante esa previsión. La mayoría de esos trabajos pendientes
han ido viendo la luz. Como S.S. lo conoce bien, no voy a hacer un
desarrollo de esos temas: la Ley del menor, la Ley de enjuiciamiento
civil, que han preocupado y ocupado a esta Comisión, han entrado en
vigor en los meses pasados; otras iniciativas legislativas ya están
en marcha y en funcionamiento. Y esta también, si bien permítame que
le haga tres observaciones que explican que la contestación exacta,
precisa que doy a la pregunta que usted me hace es: estamos
trabajando en ello y espero que esta Cámara pueda ocuparse pronto del
correspondiente proyecto de ley que dé satisfacción a esa previsión;
pero añado un matiz, que el Gobierno, en la medida en que en este
momento está en fase de estudio gubernativo y posteriormente esta
Comisión y esta Cámara cuando les corresponda, tendrán que
reflexionar con cuidado, con detalle, con profundidad, para acertar a
la hora de dar efectiva ejecución a esa previsión de que en el texto
refundido se incluyan las previsiones que en su día estableció para
los órganos jurisdiccionales del orden social la Ley de la
jurisdicción contencioso-administrativa. Digo esto porque en el
desarrollo legislativo, que efectivamente está pendiente y que hay
que hacer, inciden tres tipos de consideraciones que a mí me parecen
remarcables y con las que hay que contar, insisto, en sede
gubernativa y en sede parlamentaria.
En primer lugar, el hecho en sí del trasvase de jurisdicción no es
sencillo. No estamos hablando de una cuestión que podamos resolver
con una pequeña reunión y una pequeña reflexión de pocos minutos.
Estamos hablando de una cosa significativa que es el fruto de años, y
fíjese, señoría, tanto en la previsión que existía en la redacción
originaria de la Ley de la jurisdicción
contencioso-administrativa como luego, cuando se estableció el
plazo al que S.S. ha hecho referencia en la Ley de medidas fiscales,
administrativas y de orden social, del año 1998, en ambos casos, se
ha previsto una doble cautela: un plazo para aprobar (equis meses
para que el Gobierno presente al Parlamento y el Parlamento apruebe)
y un segundo plazo, que en esa aprobación -y se prevé expresamente-
se determine cuál es el plazo que se establece para su entrada en
vigor. ¿Qué nos está diciendo el legislador dos veces y con el mismo
mensaje? Nos está diciendo: esto no es una cosa que se puede hacer de
hoy para mañana, esto es una cosa que tiene repercusión
significativa, esto es algo que hay que hacer con cautela en el
tiempo para que no provoquemos un resultado contrario al que
realmente se persigue, agilizar con el trasvase a la jurisdicción del
orden social la tramitación del tipo de asuntos que la Ley de lo
contencioso ha previsto que efectivamente se trasvase.
Hay una segunda cuestión sobre la que quiero llamar también la
atención, y es que la reforma a la que S.S. se refiere no es la única
reforma procesal que tenemos pendiente. Hace un momento, en respuesta
a la pregunta anterior, estábamos hablando, por ejemplo, de algunas
reformas que la experiencia nos está dictando que van a ser
necesarias en un plazo inmediato -el tema de los juicios rápidos-; S.
S. tiene con seguridad conocimiento de que hay otras reformas
procesales en este momento en estudio obligadas por la propia
exigencia de directivas comunitarias -estoy pensando en el desarrollo
de las acciones de cesación y cómo eso va a repercutir prácticamente
en todos los órdenes jurisdiccionales-, y aún están por venir a esta
Cámara proyectos legislativos que han sido comprometidos por el
Gobierno, por el ministro de Justicia en esta misma tribuna, y que no
son proyectos pequeños, como por ejemplo el proyecto de ley concursal
o por supuesto el nuevo proyecto de ley de reforma de la Ley de
Enjuiciamiento Criminal, que van a tener una incidencia decisiva en
ese cuadro de reformas procesales al que hace un momento me refería.
Entiendo que es bueno, y en ese sentido estamos trabajando en el
Ministerio, que no se estudien ni prevean cada una de las reformas
parciales aisladas del conjunto de las reformas que inmediatamente le
van a suceder, porque, si no, probablemente lo que estaría pasando
sería que estaríamos trayendo una reforma para traer la reforma de la
reforma a esta misma Comisión al día siguiente, y de lo que se trata,
como usted conoce bien, es de que la reforma permita los objetivos
que se pretendían con la Ley de la jurisdicción contenciosa, para que
pueda asentarse y funcionar sin necesidad de tener que modificarla al
primer minuto.
Para terminar, en esas reflexiones que estamos teniendo en cuenta en
sede gubernativa y en las que en su momento haya que tener también en
las CortesGenerales, y concretamente en el Congreso, yo añadiría
un elemento más, y es que empezamos a disponer ya de forma
significativa de datos y de estadísticas que nos permiten conformar
un primer juicio acerca de cómo está funcionando la nueva y
afortunada legislación de que nos hemos dotado sobre la jurisdicción
contencioso-administrativa.
Sume S.S. todas estas circunstancias y, como le decía antes, espero
que en esta Cámara podamos debatir pronto ese proyecto de ley,
teniendo en cuenta todas estas consideraciones y haciendo el proyecto
de ley más asentado y más estable que resulte posible para resolver
la cuestión que en definitiva pretendemos resolver.
El señor VICEPRESIDENTE (Souvirón García): Tiene la palabra la señora
Rodríguez Díaz.
La señora RODRÍGUEZ DÍAZ: Muy brevemente. Gracias, señor
subsecretario, por las explicaciones que nos ha dado. Lo único que
quiero es que tome en consideración que esta reforma afecta a mucha
gente, a muchos trabajadores sobre todo, muchos de los cuales ya
llevan esperando tres y cuatro años para que se dicte sentencia en
cuestiones relativas a sus derechos. A partir de ahora tomaremos en
consideración las explicaciones que ha dado, porque estimamos que
esta reforma, que no es un texto muy difícil, va a traer como
consecuencia, como el señor subsecretario ha dicho, otras reformas
que ya señalaba usted anteriormente. Lo único que le decimos desde
aquí es que esperemos que en breve, por lo menos a mitad de
legislatura, tengamos esta reforma y la podamos debatir en este
Congreso de los Diputados.
El señor VICEPRESIDENTE (Souvirón García): Tiene la palabra el señor
subsecretario.
El señor SUBSECRETARIO DE JUSTICIA (Astarloa Huarte-Mendicoa): Sólo
quiero añadir una cosa en línea con las últimas palabras de la señora
diputada. Esperemos que así sea.
Como usted decía, el Gobierno es muy consciente de que esto afecta
desde hace muchos años a muchas personas. No tenga usted ninguna duda
de que todos los elementos que he ido desgranando en mi contestación
anterior convergen en la misma conclusión, que es que en el momento
en que se haga lo que se tiene que hacer será para conseguir el
objetivo que queremos conseguir. Es decir, si la idea es que la
jurisdicción contencioso- administrativa se ha buscado su salida para
este tipo de procesos, porque se considera una jurisdicción en la que
los procedimientos son más gravosos y de más larga duración y se ha
buscado una alternativa, lo que tenemos ahora pendiente es una
reforma que ha de realizarse en el momento en que tengamos toda la
seguridad, para las personas que en este momento o en el futuro
puedan estar afectadas, de que vamos a un procedimiento menos
gravoso, que resuelve con mayor prontitud estas cuestiones. Ese es el
objetivo que en
este momento tiene el Gobierno a la hora de operar con todos los
elementos que le he comentado.
-DEL SEÑOR VILLARRUBIA MEDIAVILLA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO
SOCIALISTA, SOBRE PREVISIONES ACERCA DE LA CONSTRUCCIÓN DEL NUEVO
EDIFICIO QUE ALBERGARÁ LOS JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA E
INSTRUCCIÓN DE CERVERA DE PISUERGA (PALENCIA). (Número de expediente
181/000692)
El señor VICEPRESIDENTE (Souvirón García): Pasamos a la última
pregunta del orden del día, la número 24, que formulará el señor
Villarrubia. Es una de las pocas preguntas en la sesión de hoy que no
está acumulada a ninguna otra. Quisiera decirle, en cuanto a su
comentario anterior, que acumular las preguntas no es lo mismo que no
tener que contestarlas. Las respuestas, normalmente -por lo menos
esta Presidencia así lo ha entendido-, requieren mayor tiempo, sobre
todo cuando el Gobierno está dispuesto a ello, que la pregunta en sí.
A eso creo que se ha debido la enorme extensión de esta sesión de
hoy.
Tiene la palabra para formular la pregunta.
El señor VILLARRUBIA MEDIAVILLA: No vamos a entrar en ese debate.
Cuando vea el contenido literal de la sesión se contestará usted
mismo qué es lo que ha ocurrido a lo largo de esta mañana.
Esta es una pregunta muy concreta y por eso rogaría también al señor
subsecretario una respuesta concreta. La cuestión que se plantea es
que en el presupuesto de Justicia del año 2000 se recogía como plan
bianual, es decir, a realizar entre los ejercicios 2000 y 2001, la
construcción de un nuevo edificio que albergara los juzgados de
Primera Instancia e Instrucción de la localidad de Cervera de
Pisuerga, en Palencia. Las consignaciones iniciales eran de 20
millones para el año 2000 y de 100 millones para 2001, es decir, un
plan bianual de 120 millones. Cuando se presentaron los presupuestos
de 2001, corríjame si no es así, nos llevamos la sorpresa de que la
dotación de 100 millones prevista para dicho año se convirtió en tan
sólo 15. Esta cuestión, un tanto extraña y que causó cierta
preocupación a los afectados y al diputado que habla, parece que se
haresuelto en tanto en cuanto que en respuesta escrita, de fecha 2 de
marzo, se nos dice que, en efecto, está el proyecto, que se va a
ejecutar esta obra, que el solar ya está cedido por el ayuntamiento y
que en fechas próximas se llevará a cabo el encargo para la redacción
del proyecto. La pregunta es muy concreta: ¿Se mantiene la voluntad
de realizar la construcción de este edificio en los plazos
comprometidos? ¿Existe consignación presupuestaria para ello? ¿Se va
a adjudicar el proyecto? ¿En qué fechas, en qué plazos? ¿Dónde está
la consignación presupuestaria? ¿Con cargo a qué partida se
va a realizar? Pero, en definitiva, más que con cargo a qué partidas
y dónde están las dotaciones, que también nos interesa, lo que
fundamentalmente nos importa es si efectivamente se va a realizar
esta obra y cuándo.
El señor VICEPRESIDENTE (Souvirón García): Señor subsecretario.
El señor SUBSECRETARIO DE JUSTICIA (Astarloa Huarte-Mendicoa): La
concisión de la pregunta merece la concisión de una respuesta
concisa. Lo intentaré.
En primer lugar, he de decir con claridad que el Ministerio tiene
constancia de las deficiencias que afectan a las actuales
instalaciones que están albergando los dos juzgados de Primera
Instancia e Instrucción de Cervera de Pisuerga y por ello, como S.S.
ha planteado, el plan de inversiones públicas correspondiente al
Ministerio establece la programación de la obra para edificio de
nueva planta en dicha localidad. Como usted conoce muy bien, y no
digo nada nuevo, se dispone desde hace tiempo de solar, ya se ha
redactado el pliego de cláusulas técnicas y administrativas para la
adjudicación del proyecto y en este mismo mes de abril se encarga el
proyecto con una redacción estimada de tres meses, más la supervisión
técnica que corresponda, de forma tal que podamos iniciar la
licitación de la obra después del verano de este mismo año y empiece
a desarrollarse la misma en el último trimestre y durante el año
2002. Efectivamente, como es obligado respecto de lo que le acabo de
decir, existe la consignación presupuestaria necesaria para realizar
los trabajos que haya que realizar este año y culminarlos el año que
viene.
El señor VICEPRESIDENTE (Souvirón García): Señor Villarrubia.
El señor VILLARRUBIA MEDIAVILLA: Le agradecería, dentro de que es una
pregunta y una respuesta concisa, que me concretase un poco más qué
es lo que se va a ejecutar en el año 2001 y qué consignación
presupuestaria existe.
El señor VICEPRESIDENTE (Souvirón García): Señor subsecretario.
El señor SUBSECRETARIO DE JUSTICIA (Astarloa Huarte-Mendicoa): Como
le decía, en la medida en que resulte posible, el inicio de la obra
será en el último trimestre de este año, en la idea de concluirla el
próximo ejercicio.
En cuanto a las disponibilidades presupuestarias, como usted ha
dicho, ya existe la consignación que existe para este año; se ha
vuelto a jugar con la idea de la doble anualidad. En el plan de
infraestructuras que con carácter general está elaborando el
Ministerio, no sólo para este supuesto concreto sino para todo el
conjunto de los edificios judiciales (del que espero que algún día
podamos hablar con detalle en esta Cámara), está prevista la
terminación de esa obra a lo largo del ejercicio que viene, sin lugar
a dudas. Podría hacer una broma añadida, y es que conozco de buenas
fuentes (porque me lo ha dicho el subsecretario de Justicia) que
existe la consignación presupuestaria suficiente para que eso sea
así, pero, en todo caso, es así.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor subsecretario. Le agradecemos, de
nuevo, su presencia en esta Comisión. Despidiéndole hasta una próxima
ocasión, levantamos la sesión.
Eran las dos y cuarenta y cinco minutos de la tarde.