CORTES GENERALES



DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS



COMISIONES



Año 2001 VII Legislatura Núm. 202



JUSTICIA E INTERIOR



PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. JOSÉ MANUEL ROMAY BECCARÍA



Sesión núm. 22



celebrada el jueves, 29 de marzo de 2001



ORDEN DEL DÍA:



- Comparecencia del señor presidente del Consejo General del Poder
Judicial (Delgado Barrio) a fin de presentar la memoria sobre el
estado , funcionamiento y actividades del Consejo y de los juzgados y
tribunales de justicia, referida al año 1999. (Número de expediente
245/000002.) . . . (Página 6056)

Página 6056



Se abre la sesión a las diez y diez minutos de la mañana.




El señor VICEPRESIDENTE DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS (Camps Ortiz):
Buenos días. Quiero dar en primer lugar la bienvenida al presidente
del Consejo General del Poder Judicial, don Javier Delgado, y a los
vocales del mismo que nos acompañan en esta sesión, sesión que se
iniciará con la presentación de la memoria por parte del presidente
de dicho Consejo y que continuará según lo establecido en la
resolución de la Presidencia de 4 de abril de 1984 para este tipo de
comparecencias. Sin más, -ya que sé que ustedes conocen el
procedimiento-, si les parece, damos comienzo a la presentación de la
memoria del año 1999 por parte del presidente del Consejo General del
Poder Judicial. Señor presidente, tiene la palabra.




El señor PRESIDENTE DEL CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL (Delgado
Barrio): Señor presidente, señores diputados, comparezco ante esta
Comisión de Justicia con el respeto debido a la representación del
pueblo español, en el que reside la soberanía nacional; ante todo,
pues, con respeto, pero hoy también con una especial confianza. Se
está gestando el pacto sobre la reforma de la justicia, en el que el
Consejo ha puesto grandes esperanzas. La legitimidad de una
organización política tiene su fundamento en el respeto de los
derechos fundamentales. La tutela judicial efectiva es un derecho
fundamental, pero además es un derecho fundamental pórtico, en cuanto
que por su cauce se hacen efectivos los demás derechos fundamentales
cuando han sido desconocidos o vulnerados. La lentitud de la
justicia, bien conocida, así como su baja credibilidad en las
encuestas, -y sabemos cómo la credibilidad de la justicia es un
ingrediente esencial en un Estado social y democrático de derecho,
tal como con frecuencia pone de relieve el Tribunal Europeo de
Derechos Humanos- hacen necesaria una reforma y el cauce o la vía
adecuada para esa reforma parece claramente que es la del pacto. Una
reforma importante de la justicia, una reforma global, probablemente
no puede llevarse a cabo en una única legislatura, exige varias, y
ello hace necesario que exista un modelo final, una meta a la que
llegar, de suerte que las reformas que poco a poco se vayan
introduciendo sean coherentes con ese modelo final.

Mi comparecencia hoy tiene por objeto la presentación de la memoria
de 1999. Como es habitual y SS.SS. ya conocen por mis comparecencias
anteriores, no me parece oportuno limitarme a exponer la citada
memoria de 1999, que por otra parte SS.SS. ya conocen, sino que voy a
completar los datos con la situación de la justicia en el año 2000,
es decir a 1 de enero de 2001, y en algún caso concreto podré
referirme al estado de la justicia incluso con referencia a este
mismo mes, a 1 de marzo de 2001.

En el año 1999 la justicia Civil experimentó una disminución de la
litigiosidad en la primera instancia; en la segunda instancia también
hubo una disminución de la litigiosidad y, en cambio, se produjo un
aumento de asuntos en el Tribunal Supremo. Este aumento de asuntos en
la Sala de lo Civil, en la Sala Primera, del Tribunal Supremo ha
creado una situación que calificaría de angustiosa, y por ello
después me referiré más detalladamente al Tribunal Supremo y muy
especialmente a la Sala Primera. En conjunto, la jurisdicción Civil
experimentó durante el año 1999 una disminución de la pendencia. La
jurisdicción Penal, sin contar con las diligencias previas -el 80 por
ciento de las mismas se archivan o sobreseen y por eso prefiero
prescindir de ellas en la estadística penal-, en los juzgados
experimentó en 1999 un aumento de asuntos y, en cambio, disminuyeron
en las audiencias provinciales, en la Audiencia Nacional y en el
Tribunal Supremo. La pendencia de la jurisdicción Penal, globalmente,
aumentó un 14 por ciento.

En lo Contencioso-administrativo, como ya tuvimos ocasión de señalar
en mi última comparecencia, en el año 1999 aumentó la litigiosidad.

Ya comentamos cómo la creación de los juzgados de lo Contencioso, el
acercamiento de la justicia al ciudadano, había provocado también un
aumento de la litigiosidad, junto con otras causas. Al crearse los
juzgados de lo Contencioso, que absorben una parte importante -luego
lo veremos- de los recursos Contencioso-administrativos, ha
disminuido el número de asuntos que entran en las salas de lo
Contencioso tanto de los tribunales superiores de Justicia como de la
Audiencia Nacional, y desde luego las sentencias en lo Contencioso-
administrativo aumentaron muchísimo. En el año 1999, pues, por
primera vez, se produce un giro radical en la jurisdicción
Contencioso-administrativa, y luego veremos cómo ese giro del año
1999 se intensifica y se manifiesta ya, yo diría que espléndidamente,
en el año 2000; en 1999 se corta aquella tendencia inevitable de la
jurisdicción Contencioso-administrativa, que aumentaba todos los
años. La bolsa de asuntos pendientes o, mejor, la lista de espera de
asuntos pendientes aumentaba del orden de los 30.000 todos los años.

Cada año, al terminar, había 30.000 asuntos pendientes más que el año
anterior y por primera vez ya en el año 1999 cambia por completo la
tendencia y al final hay menos de los que había al empezar. En lo
Laboral, disminuyó también la litigiosidad en 1999, lo mismo que en
años anteriores, y disminuyó la pendencia. (El señor presidente ocupa
la Presidencia.)
En definitiva, las conclusiones relativas al año 1999 son una
disminución de la litigiosidad y de la pendencia en lo Civil y en lo
Laboral; en lo Contencioso-administrativo y en lo Penal, aumento del
número de asuntos, pero con resultado muy diferente; tanto en lo
Contencioso como en lo Penal aumentaron los asuntos,



Página 6057



pero, en cambio, la pendencia, que aumentó en lo Penal, disminuyó en
lo Contencioso-administrativo.

En el año 2000, en el ámbito Civil, la tendencia de años anteriores
se corrige en alguna medida y hay un cierto aumento de la
litigiosidad. En el Penal, como ya era habitual, aumenta también la
litigiosidad y vuelve a aumentar algo en lo Social; en cambio,
disminuye algo en lo Contencioso-administrativo. En el año 2000
(estoy refiriéndome ahora al 1 de enero del año 2001) la pendencia
aumenta en Civil y Penal y disminuye en lo Contencioso-administrativo
y en lo Social. De todo este examen conjunto de las distintas
jurisdicciones, lo más llamativo es el giro radical en la evolución
de la jurisdicción Contencioso-administrativa. En el año 2000 -repito
que me estoy refiriendo al 1 de enero de 2001-, a pesar de aquel
aumento tradicional de la bolsa de asuntos pendientes (la
jurisdicción Contenciosa terminaba con 30.000 asuntos más que al
empezar), se produjo un descenso de la pendencia de 30.000 asuntos.

Hemos pasado de una jurisdicción Contenciosa que acumulaba a la bolsa
de asuntos pendientes 30.000 a otra que a la bolsa de asuntos
pendientes le resta 30.000. En este sentido -luego me referiré más
precisamente a los juzgados de lo Contencioso-, podemos pensar que la
nueva Ley de lo Contenciosoadministrativo y más concretamente la
creación de los juzgados de lo Contencioso-administrativo han sido un
éxito.

Me voy a referir ahora ya específicamente a los problemas del
Tribunal Supremo. Naturalmente, la estadística que voy a tener en
cuenta es la del año 2000 y, por tanto, me voy a referir a la
situación de dicho Tribunal a 1 de enero de 2001. El panorama de
Tribunal Supremo varía por completo en la Sala Primera, por un lado,
y en las restantes salas, por otro. En la Sala Primera se ha
observado la evolución de un incremento todos los años de los asuntos
que ingresan. A principios del año 1990 ingresaban unos 3.000 y en el
año 2000 prácticamente han ingresado 6.000 asuntos; se ha
multiplicado por dos el número de asuntos que en diez años le llegan
a la Sala Primera del Tribunal Supremo. Además, tengo que advertir
algo. La opinión de los magistrados de la Sala Primera del Tribunal
Supremo es la de que con la nueva Ley de Enjuiciamiento Civil, con la
figura del interés casacional y con la figura del recurso
extraordinario por infracción procesal, que todavía le corresponde a
la Sala Primera, la tendencia va a ser de gran aumento en la llegada
de asuntos a dicha Sala Primera. Les diré que esta tiene, incluido el
presidente, diez magistrados. Independientemente de que puedan
adoptarse otras medidas e independientemente de que a la larga la
solución no sea la que voy a indicar ahora, sino que la solución
tiene que ser la de una disminución de asuntos que llegan al Tribunal
Supremo, ese número de magistrados de la Sala Primera resulta
absolutamente insuficiente. Les decía que el ingreso de asuntos en la
Sala Primera del Tribunal
Supremo ha pasado de los 3.500 del año 1990 a los 5.856 del año
2000, es decir, prácticamente se ha multiplicado por dos y,
paralelamente, los asuntos pendientes en la Sala Primera del Tribunal
Supremo van aumentando todos los años. Si el año 1990 acabó con 4.000
asuntos pendientes, el año 2000 ha acabado con 14.345; al empezar
este año había 14.345 asuntos pendientes. La situación es,
sencillamente, insostenible.

Les voy a contar a SS.SS. algo que decía Manresa, el excelente
comentarista, en lo que ahora importa, de la Ley de Enjuiciamiento
Civil. En el año 1862 -hace 140 años-, Manresa estudiaba la situación
de la Sala Primera del Tribunal Supremo y se horrorizaba porque había
468 asuntos pendientes y le parecía que ese número de asuntos
pendientes era el trabajo de dos años y medio para una Sala que
estaba integrada por un presidente y ocho magistrados, es decir,
nueve. Manresa decía que 468 asuntos son el trabajo, para nueve
magistrados, de dos años y medio. ¿Qué diría Manresa para una Sala
Primera, con diez magistrados en la que el número de asuntos
pendientes no es de 468 sino de 14.345? ¿Qué solución se utilizó en
el siglo XIX? Como la Sala estaba integrada por un presidente y ocho
magistrados, se dijo: añadimos otra sección con un presidente y ocho
magistrados, lo cual significaba multiplicar por dos el número de
magistrados: nueve por dos, dieciocho. Manresa, que sabía derecho y
derecho procesal decía que esa solución del aumento del número de
magistrados del Tribunal Supremo no era buena, porque se desviaba de
las exigencias del principio de unidad de doctrina; es decir, aunque
en este momento inexorablemente yo crea que la Sala Primera necesita
un aumento de magistrados, un aumento coyuntural, sí querría quedara
en el aire la idea de que la solución del Tribunal Supremo no puede
estar en el aumento del número de magistrados, sino en la reducción
de los asuntos que llegan a dicho Tribunal, en aquellos casos en los
que sea necesario para que pueda cumplir sus funciones, a las que
luego me referiré muy brevemente, porque SS.SS. las conocen igual que
yo o mejor. ¿Solución, pues? Si de los 3.000 asuntos que ingresaban
hemos pasado a 6.000 y esos 6.000 asuntos van a aumentar,
independientemente de la reconsideración que hay que hacer de la
posición de los tribunales superiores de Justicia a la que luego me
referiré, hay que tener una idea muy clara. Con el interés casacional
van a llegar muchos más asuntos, pero conviene distinguir dos cifras.


Una es la de la llegada de asuntos al Tribunal Supremo y otra es la
de los asuntos que realmente se admiten en el mismo. La cifra de
llegada es muy alta, la cifra de admisión tiene que ser
necesariamente más baja. Aquí es donde ya encontramos alguna idea
respecto a soluciones. La tarea de estudiar todos esos asuntos que
llegan al Tribunal Supremo para después concluir cuáles son
admisibles exige la ayuda de los letrados y los magistrados del
gabinete técnico de dichoórgano. Tengo que destacar que el citado
gabinete, integrado



Página 6058



por un corto número de magistrados y un número más alto de letrados,
está desarrollando una función importantísima y las cifras que manejo
y expongo a SS.SS. en este momento son buenas en gran medida por la
brillante actuación de ese gabinete técnico del Tribunal Supremo. De
manera que la situación de la Sala Primera exige medidas de urgencia.


La Sala Segunda ha variado en su trabajo al compás o en paralelo a
las reformas del artículo 14 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. En
1995, como se aumentaron las competencias de las audiencias
provinciales al modificarse el artículo 14 de la citada Ley, de
Enjuiciamiento Criminal, paralelamente aumentó el número de asuntos
que entraban en el Tribunal Supremo. En 1998, como se disminuyeron
las competencias de las audiencias provinciales con la reforma del
artículo 14 de la citada ley, el resultado es que está descendiendo
el número de asuntos que entran en la Sala Segunda del Tribunal
Supremo. Está haciendo un trabajo excelente; al empezar el año 2000
tenía pendientes seis mil y pico asuntos y, en cambio, al empezar
2001 tiene pendientes 5.800. La Sala Tercera está reduciendo la
pendencia en términos también brillantes. Recibió en el año 2000
9.845 asuntos y resolvió 12.200, es decir, termina más asuntos de los
que le ingresan. La Sala de jurisdicción Social es la que tiene más
agilidad, como consecuencia de un acertado procedimiento ya de
antiguo. Empezó en 2000 con 3.700 asuntos y lo terminó con 3.500, es
decir, también la Sala Cuarta resuelve más asuntos delos que le
llegan. En cuanto a la Sala Quinta, la sala de lo Militar, no plantea
ningún problema, dado que tiene un volumen de trabajo perfectamente
llevadero.

Nuestro Tribunal Supremo merece una especial atención teniendo en
cuenta su relevante significación. Desde el punto de vista de nuestra
tradición constitucional, la Constitución de 1812 hizo una larga
enumeración de competencias del Supremo. Después, las constituciones
posteriores se olvidaron prácticamente de él, con alguna alusión,
hasta llegar a la Constitución de 1978, que le dedica un precepto
específico para señalar la superioridad del Tribunal Supremo en todos
los órdenes, salvo lo dispuesto en materia de garantías
constitucionales. Esta superioridad, manifestada sobre jueces
independientes, no puede significar otra cosa que un conocimiento de
asuntos por vía de recurso. El recurso que la tradición ha acuñado
para su llegada al Tribunal Supremo es el de casación. Sus señorías
conocen la historia de la casación, cómo nace en Francia, fruto de la
desconfianza hacia el juez para la defensa de la ley, y cómo ha
llegado a los tiempos de hoy con alguna variante. La casación, como
señalaba Calamandrei, debe mantenerse en el terreno de la
interpretación de las normas. Calamandrei, que sabía algo de la
casación, decía que lo típico de la misma es que el juez de casación,
sin perder el tiempo -la expresión es muy gráfica- en los problemas
de hecho, se dedique a la tarea desnuda de aplicar la ley.

En definitiva, la superioridad del Tribunal Supremo es un concepto
teleológico que se llena de sentido con los principios de legalidad,
igualdad y seguridad jurídica. Recordaré al famoso juez Holmes, que
decía: La profecía de lo que van a decir los tribunales, y no otra
cosa de mayor entidad, eso es lo que yo entiendo por derecho. La
profecía de lo que van a decir los tribunales, la razonable
previsibilidad de las decisiones de los tribunales, la igualdad en la
aplicación de la ley, la correcta interpretación de la ley, esas son
las misiones del Tribunal Supremo. Potencialmente, toda materia
debería poder llegar al Tribunal Supremo, hablo del derecho estatal;
de hecho, sólo debe llegar aquello que tenga interés casacional.En
cualquier caso, la posición del Tribunal Supremo debe ser definida
muy en relación con los cometidos que se atribuyan a los tribunales
superiores de Justicia, respecto de lo cuales nuestra Constitución
hace una caracterización directa y otra indirecta. El Tribunal
Superior de Justicia culmina la organización judicial de la comunidad
autónoma, por un lado, y, por otro, se agotan las instancias dentro
de la comunidad autónoma, todo ello sin perjuicio de las competencias
del Tribunal Supremo.

Sus señorías saben que la Ley reguladora de la jurisdicción
Contencioso-administrativa al crear la figura de los juzgados de lo
Contencioso, como consecuencia del debate, los introdujo con una gran
cautela, dijo que estaban en período de rodaje, lo cual nos obliga a
hacer un seguimiento especial de estos juzgados de lo Contencioso-
administrativo, seguimiento que hacemos desde el consejo mes a mes.

Por eso aquí la estadística que les puedo dar es la del 1 de marzo de
2001. El reparto de asuntos entre los juzgados de lo Contencioso
y las salas de lo Contencioso, después de los debates, de las
fluctuaciones, después de dos años y dos meses de vigencia, con la
actual lista de competencias, se puede considerar, ya consolidado,
mitad y mitad. Concretamente, los juzgados reciben un 49,07 por
ciento de los asuntos y las salas un 50,93 por ciento, es decir,
prácticamente los juzgados y las salas se reparten el trabajo por
mitad. He de advertir, en cuanto a la terminación de los asuntos, que
los juzgados están terminando algo menos de lo que reciben y, en
cambio, las salas están terminando bastante más de lo que les entra.

No significa esto que hayamos de reducir el número de magistrados de
las salas para llevarlos a nuevos juzgados de lo Contencioso-
administrativo todavía. Yo no me atrevería a sentar una conclusión de
este tipo mientras dure aquella bolsa o lista de espera de asuntos
pendientes. En cualquier caso, sí que debe seguirse con cuidado la
marcha de los juzgados de lo Contenciosoadministrativo porque se
observa una tendencia a que no puedan resolver todo lo que les llega.


Otro tema del que tradicionalmente les vengo hablando es el de la
desertización, cómo está la desertización hoy. Las plazas que hoy
realmente tiene la carrera judicial son 3.949, casi 4.000. Están
pendientes de



Página 6059



creación 45. Acabamos de entregar los despachos a una promoción de
doscientos y pico el 15 de marzo y nos quedan vacantes 314 plazas.

Estas 314 vacantes se distribuyen por las comunidades autónomas con
mayor o menor homogeneidad o equivalencia. La movilidad de los
magistrados indica que en el año 2000 se han ido 29 magistrados de
Cataluña, 16 de Andalucía, 14 del País Vasco y 11 de Canarias. Luego
les indicaré el origen geográfico, por comunidades autónomas, de los
actuales alumnos de la Escuela Judicial. Con los actuales módulos de
trabajo, es decir, con el cálculo que tenemos hecho de lo que puede
resolver un juez en un año, pensamos que es necesario, a la corta, la
creación de 339 plazas y, a medio plazo, de 808.

En cuanto al ingreso dentro de la carrera judicial, el tercer turno
sigue dando mal resultado y, en cambio, ha cambiado radicalmente la
tendencia en el buen resultado del cuarto turno. En el cuarto turno,
el de concurso, por el cual se ingresa directamente por la categoría
de magistrado, este año 2000, como hemos cambiado el sistema y ya no
se hace globalmente el ingreso por la categoría de magistrado para
cualquier orden jurisdiccional sino que, como consecuencia de la
reforma de 1994, ahora se hace por órdenes jurisdiccionales, en el
año 2000 de las 25 plazas que convocamos en la jurisdicción Civil,
logramos cubrir 21; en la jurisdicción Penal, de 25 cubrimos 21; en
la Contenciosa, de 28 convocadas se cubrieron 19 y en lo Social, de
40 convocadas se cubrieron las 40. Este cuarto turno, el ingreso por
la categoría de magistrado por la vía del concurso, una vez que se ha
repartido por órdenes jurisdiccionales, está dando buen resultado. En
cambio, el tercer turno, el de ingreso por concurso-oposición, sigue
siendo escasamente fértil. Concretamente, en la oposición que ahora
estamos celebrando, de 300 plazas se reservaron para los licenciados
en derecho 75, aprobaron 10, pero de estos 10 hay que quitar una
chica que ingresó por el cuarto turno. Era una mujer excelente, una
magnífica jurista que ingresó por el tercer turno, por el
concursooposición, pero paralelamente se había presentado por el
cuarto turno de concurso y también ingresó. En la actualidad tenemos
convocadas conjuntamente las oposiciones de jueces y fiscales, de
acuerdo con la nueva ley que aprobó el Congreso en diciembre del año
pasado, oposición conjunta que viene a resolver el problema del
número de opositores que aprobaron a la vez judicatura y fiscales, lo
que provocaba como consecuencia que se quedaban vacantes en las dos
carreras. En la última oposición separada hubo 45 opositores que
sacaron jueces y 45 jueces y fiscales y como tenían que optar por una
o por otra, el resultado fue que se produjeron 45 vacantes entre los
dos escalafones. Actualmente hemos convocado ya la primera oposición
conjunta. El primer ejercicio se llevará a cabo a mediados de
septiembre y el segundo a mediados de mayo, de manera que en
septiembre podrán estar ya en la Escuela
Judicial. Esta es una visión esquemática de la situación de la
justicia.

Ahora me voy a referir a las actividades del Consejo General del
Poder Judicial, también extendiéndome más que a 1999 al 2000. Tengo
que recordar ahora a Marcelino Murillo, compañero mío de hace 45
años, preparábamos juntos las oposiciones, que ha muerto a fines del
año 2000. Ha sido un gran magistrado, un gran vocal del Consejo
General del Poder Judicial y para nosotros ha sido una pérdida muy
grave. En los distintos campos la actividad del Consejo ha seguido
desarrollándose como es tradicional. De la comisión de estudios
e informes, una comisión muy importante, SS.SS. conocen una buena parte
de los informes, puesto que, en definitiva, se refieren a proyectos
de ley. En la comisión disciplinaria, una vez más, -SS.SS. siempre me
preguntan por ella-, diré que hay una gran distancia entre las
denuncias y las sanciones. ¿Por qué? La mayor parte de las denuncias
que se producen no tienen el contenido posible de una infracción
disciplinaria, sino que son una queja por el contenido jurisdiccional
de la sentencia. En ese sentido, hubo 1.417 denuncias y 22 sanciones:
4 del pleno, 10 de la comisión disciplinaria y 8 de las salas de
gobierno de los tribunales superiores o de sus presidentes.

El Consejo pone un especial cuidado en todo lo relativo a la Escuela
Judicial. Tengo que destacar que la Escuela Judicial está
desarrollando una excelente actividad. Ante todo, se trata de
conseguir una formación pluri y multidisciplinar no sólo en el
terreno jurídico, en el cual en los programas de la Escuela se
insiste mucho en el derecho constitucional, sino también en otras
disciplinas que pueden ayudar al juez a una mejor administración de
justicia. Además, los alumnos de la Escuela pasan por organismos de
muy diferente corte, con objeto de que puedan conocer los distintos
aspectos de la realidad social que han de tomar en consideración a la
hora de interpretar la ley, tal como exige el artículo 3.1 del título
preliminar del Código Civil. Este es el futuro de la carrera
judicial, el futuro del Poder Judicial, la nueva savia. Los alumnos
de esta promoción son 248, de los que 166 son mujeres y 82 son
hombres; es decir, un 67 por ciento de mujeres y un 33 por ciento de
hombres. Más del doble son mujeres.

El origen. Tiene importancia que sepan SS.SS. cuál es el lugar de
residencia de los actuales alumnos de la carrera judicial, porque, en
general, cuando sean jueces procurarán llegar a sus sitios de origen.


Por comunidades autónomas, el origen de los actuales alumnos de la
Escuela Judicial es el siguiente: Madrid, 53; Andalucía, 50;
Valencia, 22; Galicia, 16; Castilla y León, 15; Asturias, 14;
Cataluña, 12; Canarias, 11; Aragón 10; País Vasco, 9 y así en
descenso hasta llegar a Extremadura que sólo tiene uno. La edad media
de los alumnos de la Escuela son 29 años. En cuanto a sus
preferencias de futuro en la materia, la mayoría, el 27 por ciento,
prefiereel penal; un 25 por ciento, el civil; menores, el 13



Página 6060



por ciento y familia, otro 13 por ciento y tienen menos interés el
contencioso, un 8 por ciento -con gran dolor de mi alma-, y lo
social, un 6 por ciento. ¿Qué interés tienen los alumnos de la
Escuela por las lenguas autonómicas? En primer lugar, en mayor o
menor medida, sin que les pueda garantizar el nivel que alcanzan:
catalán, 22; euskera, uno; gallego, 14 y valenciano, 14. ¿Quién tiene
interés por recibir enseñanzas de alguna lengua autonómica? El
interés por conocer una lengua autonómica es un dato relevante desde
diferentes puntos de vista y, desde luego, arroja luz sobre las
posibles intenciones de destino futuro. Hay 78 que quieren estudiar
catalán; gallego, 15; valenciano, 10, y euskera, 7. Con todo esto,
creo que algunas comunidades autónomas podrían desarrollar alguna
tarea de fomento, de estímulo para atraer la preparación de
opositores de la Escuela Judicial. Otro dato que tiene cierto interés
es si tienen algún pariente en el orden jurídico. De los 250, hay 65
que tienen un pariente abogado; 25 que tienen un pariente juez, y el
resto se refieren a distintas profesiones jurídicas.

Con esto, tienen SS.SS. una idea aproximada de la actual promoción de
la Escuela Judicial. Naturalmente, junto a la Escuela Judicial, es
objeto de atención constante la formación continua. La profesión
judicial exige una constante puesta al día y esto da lugar a que
organicemos numerosos cursos, tanto en la formación estatal como en
la descentralizada. Durante los años 1999, 2000 y 2001 los cursos
estrella han sido los de la Ley de Enjuiciamiento Civil y los de la
Ley reguladora de la responsabilidad penal del menor, de modo que la
práctica totalidad de los jueces de menores han participado en cursos
de formación relacionados con esta ley. También se están
desarrollando cursos sobre las más variadas materias; en general,
sobre temas de actualidad, pero destaco ahora los cursos para la
formación en derechos forales, especialmente en Cataluña, País Vasco
y Galicia. Y, como es natural, también se está abriendo paso la
formación a distancia.

Recordarán SS.SS. que recientemente aprobaron una ley que reducía la
estancia en la Escuela Judicial a año y medio. Mejor dicho, no la
reducía a año y medio, sino que la ampliaba sólo en seis meses, ya
que, tradicionalmente, la duración del curso había sido de un año. Se
aplazaba la entrada en vigor de los dos años y se establecía en año y
medio. La ley preveía que para estos alumnos que iban a estar en la
Escuela año y medio habríamos de organizar cursos de formación
continuada, que alguna de SS.SS. llamó cursos de formación inicial,
puesto que sustituían a seis meses de escuela. Esos cursos están
organizados y sobre muy variadas materias; concretamente, les cito
dos: sobre el servicio de guardia y sobre la inmediación y
comunicación.

La Inspección sigue desarrollando sus tareas. Estamos organizando
unos historiales en juzgados con soporte informático y también
historiales de juez de actualización continua -historiales de juez,
no sólo de
juzgados-. La informática va agilizando la actuación de la
Inspección, pero aun así son numerosas las visitas reales que se
hacen. En el 1999 estas visitas fueron algo menos, pero en el año
2000 fueron casi 300 las visitas del Servicio de Inspección y casi
400 las que hicieron los presidentes de los tribunales superiores de
Justicia.

Respecto a la oficina judicial, los datos que les doy son de marzo de
2001, es decir, de ayer. En la actualidad tenemos 93 servicios
comunes y tenemos en fase de preparación otros 27, lo cual significa
que alcanzaremos en breve la cifra de 120. En cuanto a la
informática, no podemos decir que tengamos lograda la plena
informatización. Esto de la plena informatización podemos decirlo del
País Vasco y de Cataluña porque en el resto falta algo. Lo que falta
es muy poco y, desde luego, el test de compatibilidad lo cumplen el
sistema Libra del Ministerio de Justicia, el sistema EJ del Gobierno
vasco, el sistema Temis de la Generalitat de Catalunya, el sistema
Adriano de la Junta de Andalucía; y actualmente se están instalando
el sistema Atlante en Canarias y el Cicerone en Valencia. En Navarra
se están haciendo los estudios correspondientes. En cualquier caso,
creo que este año 2001 podríamos llegar ya a una completa
informatización.

Sobre las relaciones institucionales, el Consejo mantiene relaciones
con muy diferentes órganos. Destacaré hoy la comisión Consejo-
Ministerio-comunidades autónomas. Se preparó una reunión el 1 de
julio de 1999 y se constituyó el 16 de diciembre de 1999. Esta
comisión Ministerio-comunidades autónomas-Consejo naturalmente tiene
que actuar en el marco del derecho, lo que significa que parte de la
base inequívoca de respeto de las competencias del Ministerio, de las
comunidades autónomas y del propio Consejo. Eso supone que lo que en
la comisión se pueda acordar -y aquí la palabra acordar la utilizo
entre comillas, incluso con un signo de interrogación- o decidir no
tiene más virtualidad que la de su fuerza convincente. ¿Qué sentido
tiene entonces esta comisión? En materia de Justicia hay competencias
del Consejo, competencias del Ministerio y competencias de las
comunidades autónomas. Cada uno de estos organismos puede ejercer sus
competencias sin hablar con los demás o hablando con los demás.

Entendemos que este foro de diálogo donde se cambian impresiones y
donde cada uno de los protagonistas oiga a los demás, puede ser
enriquecedor y puede contribuir a que el resultado final sea
coherente.

Futuro. Hemos celebrado otra reunión reciente, el 14 de diciembre de
2000, para estudiar los problemas que podría plantear la Ley de
Enjuiciamiento Civil y la Ley del Menor. Esa fue, repito, en
diciembre del año 2000, poco antes de la entrada en vigor de estas
leyes con objeto de cambiar impresiones sobre las medidas necesarias
para la aplicación de las dos. Creo que pronto tendremos otra, ya con
estas finalidades y también con algunos otros temas concretos. Esta
comisión está recién nacida, hasta este momento ha cumplido una



Página 6061



función escasa, tampoco podía nacer con una alta estatura, y este
camino habrá que hacerlo al andar; pero yo tengo esperanzas de que
tenga una virtualidad importante.




Las relaciones internacionales del Consejo van adquiriendo un gran
relieve. Personalmente tengo la sensación de que están adquiriendo un
relieve abrumador. Son relaciones deseables y probablemente
inevitables. La Unión Europea está tratando de organizar la justicia
en estos países de la Europa oriental que aspiran a ingresar en la
Unión Europea y nos ha hecho algún encargo. He de advertir que aquí
hay una gran competitividad, sobre todo por parte de Alemania,
Francia e Inglaterra; Alemania cree que es una tarea en la que le
corresponde el protagonismo indiscutible. Nosotros estamos realizando
estas tareas de apoyo a la organización de la justicia en alguno de
esos países y tenemos ya otra prácticamente encomendada.

Con el Consejo de Europa y la ONU también tenemos una colaboración
grande. Naturalmente la relación con Iberoamérica adquiere una
especial intensidad no sólo por el aula iberoamericana de la Escuela
Judicial de Barcelona sino también por los contactos bilaterales
frecuentes, siempre con el apoyo de la AECI; también con Iberoamérica
va a cumplir una función trascendental el Cendoj de San Sebastián. El
Cendoj es un centro que pasa un poco desapercibido y, sin embargo, su
función es importantísima para el conocimiento de la doctrina, de la
legislación y de la jurisprudencia, es decir, para la calidad de la
justicia está realizando una tarea importantísima. Lo cito ahora
porque el plan Iberius está también desarrollando estas funciones en
relación con Hispanoamérica.

De la Ley de Enjuiciamiento Civil y de la Ley del Menor los datos que
tenemos hasta ahora no me parece que permitan hacer afirmaciones
concluyentes. A primeros de abril vamos a hacer un primer examen que
tampoco creo que sea significativo; sí lo será en alguna medida, no
demasiada, lo que hagamos a finales de junio o primeros de julio,
cuando ya tengamos un semestre, porque ahora tenemos un trimestre
escaso. Sí queremos hacer un informe, a sabiendas de su
provisionalidad o de su escasa virtualidad, y si SS.SS. tienen
interés se lo podríamos mandar una vez que lo tengamos; más que el de
primeros de abril, que no creo que nos pueda decir nada, el de
finales de junio o primeros de julio, es decir, el primer semestre,
creo que ya puede tener resultados fiables.

Dos observaciones finales. Mi comparecencia ante esta Comisión de
Justicia está inevitablemente, y así debe ser, rodeada de un
formalismo lógico, con el debido respeto a esta institución y,
además, tiene un contenido global. Creo que, además de -no en lugar
de, naturalmente-, podría haber reuniones monográficas con alguno de
los vocales del Consejo o conmigo, eso no tiene la menor importancia,
porque hay muchísimas materias respecto de las cuales hay vocales en
el Consejo
que saben mucho más que yo y podrían dar su opinión sobre algún
punto concreto, monográficamente, incluso con mayor flexibilidad,
agilidad y sin formalismos, lo cual podría tener interés.

La última observación ya tiene un carácter estrictamente personal.

Esta es mi quinta y última comparecencia ante esta Comisión de
Justicia -es la quinta vez que comparezco aquí para presentar una
memoria- y, por consiguiente, tiene un claro aire de despedida. En
ese terreno, con plena sinceridad, tengo el deber de agradecerles las
atenciones que conmigo han tenido siempre en las ocasiones
anteriores.

Muchas gracias.




El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor presidente. Seguimos con
el desarrollo de la sesión, no sin antes expresar al señor
presidente, una vez más, nuestro reconocimiento por su presencia aquí
y creo que la satisfacción de todos por haberle escuchado. Es siempre
una una delicia asistir a sus comparecencias y me parece que todos
los grupos somos unánimes en esta apreciación. Aprovechamos esta
ocasión para expresarle, una vez más, nuestra admiración y
reconocimiento por su excepcional valía personal y por el talante con
que se ha pronunciado siempre ante esta Cámara.

Pasamos, a continuación, a la intervención de los grupos
parlamentarios. De acuerdo con las previsiones de este debate, saben
SS.SS. que el orden de intervención será de menor a mayor, comenzando
por el Grupo Mixto.

Tiene la palabra la señora Lasagabaster.




La señora LASAGABASTER OLAZÁBAL: Quería saludar al presidente del
Consejo General del Poder Judicial, señor Delgado, y en estos momento
en que finaliza su mandato -como él decía-, quería darle la
enhorabuena por los trabajos que el Consejo ha realizado durante todo
este tiempo.

Antes de entrar en las cuestiones concretas de la memoria que nos ha
referido y las complementarias de tiempo posterior, me gustaría
señalar el porqué de esta enhorabuena, en la medida en que creemos
que se han hecho grandes aportaciones para mejorar la justicia en
este Estado -las ha hecho el Consejo General del Poder Judicial,
también otros agentes como, por ejemplo, las comunidades autónomas,
los grupos parlamentarios en esta casa y el Ministerio en este
momento-, aunque queda la parte más complicada, que es cómo cocinar
las distintas aportaciones de unos y otros para conseguir este pacto
de Estado por la justicia.

Entre las grandes aportaciones del Consejo yo quería señalar tres
cuestiones. En primer lugar, el Libro Blanco de la justicia, tan
nombrado en los últimos años, que entendemos realizó un diagnóstico
certero de los problemas que aquejaban y aquejan a la justicia y las
propuestas que de ellas derivaron en el año 2000. Aunque



Página 6062



hemos de señalar que esas propuestas rebajaron el tenor de los
postulados del libro blanco en la medida en que trataban de buscar la
justicia moderna y ágil.

La segunda cuestión que queremos resaltar de estos años -y usted
mismo lo ha mencionado y nos parece relevante volver a citarlo porque
quizás no se le da la importancia debida- es la puesta en marcha, en
1998, del Centro de documentación judicial, a través de un convenio
con el Gobierno vasco, que es un instrumento muy importante de
modernidad y proyección del Consejo General y -por qué no decirlo- de
normalidad institucional al estar radicado en San Sebastián.

Ha sido también una aportación importante del Consejo buscar la mayor
implicación de las comunidades autónomas en los asuntos de la
justicia, articulando ámbitos de relación con su presencia. Ya lo ha
señalado usted, pero quiero mencionarlo yo también, que en 1999, más
continuadamente en el año 2000, se pusieron en marcha mecanismos de
coordinación con las administraciones con competencias en la materia
y la llamada comisión mixta de coordinación con el Ministerio de
Justicia y las comunidades autónomas. Estas tres aportaciones son de
amplio calado y de importancia sustantiva en el tiempo que ha durado
su mandato al frente del Consejo.

En relación con la memoria de actividades, quisiera hacer algunas
reflexiones. No van a ser ni mucho menos exhaustivas, pero, desde el
punto de vista de Eusko Alkartasuna, nos parecen importantes. Usted
ha mencionado la memoria de 1999, pero ha tenido la conveniencia y el
buen hacer de completarla, porque si no siempre se nos quedan un poco
lejanas las memorias, que difícilmente se pueden hacer con mayor
agilidad. Le agradecemos ese complemento porque permite dar un mayor
conocimiento y una visión más cercana al tiempo de lo que está
sucediendo al día a día en cada uno de los ámbitos de la justicia.

Todo esto es muy importante, aunque, si se puede, deberíamos intentar
agilizar las memorias para que tuvieran una mayor adecuación al
tiempo en que estamos examinándolas.

Quería señalar una cuestión relativa a esa comisión mixta con las
comunidades autónomas y el Ministerio de Justicia que usted
mencionaba. Algunas comunidades autónomas, en este caso tendré que
hablar -y lo digo por mi querido amigo el señor Ollero- más de la
Comunidad Autónoma del País Vasco, que es la más cercana y la que
mejor conozco, ciertamente, pero ha sido importante también el
protagonismo e impulso de la Comunidad Autónoma del País Vasco en la
creación esta de comisión. Nos ha sorprendido no ver la mención en la
memoria, -a lo mejor se nos ha pasado, pero no la hemos visto como
tal, de manera formal-, mientras que sí aparece, en la página 172, la
creación de la comisión mixta del Consejo con el Ministerio de
Justicia. Siendo ambos órganos de facto, que no carecen de
estructuras normadas, nos parecería importante
realzar esa coordinación y darle el rango que merece con la
explicación clara en la memoria.

Respecto a la actividad de la comisión en el libro blanco, merece una
especial felicitación; lo decíamos antes y queremos insistir en que
han sido muy buenos esos estudios y su actuación. Ha sido una pena
que el tono reformista que se utilizó en el libro blanco, desde
nuestro punto de vista, queda algo diluido en las propuestas
concretas que se elaboraron a lo largo del año 2000. Creemos que la
justicia está necesitada de reformas de calado y que algunas de las
propuestas relativas a la descentralización de la justicia, sus
vertientes jurisdiccional, gubernativa y administrativa,
especialmente el personal al servicio de la Administración de
justicia, fueron menos autonomistas que las propias ideas contenidas
en el libro blanco. Imaginamos que son necesidades del consenso.

Otra cuestión que nos parece importante, realizada en el año 1999, en
la medida en que estamos analizando esa memoria, es la relativa a la
suscripción del convenio en materia de normalización del euskera con
la Administración de justicia, que elaboró el lehendakari del
Gobierno vasco, hecho que nos alegra porque contribuyó sobremanera a
incentivar ese ámbito históricamente desactualizado en la
Administración de justicia. Gracias a ese convenio y también -cómo no
decirlo- al trabajo elaborado por el departamento de Justicia del
Gobierno vasco, se ha triplicado en cuatro años el número de jueces
que están realizando estudios de euskera y se ha posibilitado la
formación intensiva, con licencias para estudios, de varios de ellos;
tenemos contabilizados unos ocho jueces. Animamos al Consejo a seguir
en esta línea y su profundización para resolver esos déficit
históricos, valorando los avances que se han ido consiguiendo. Lo
mismo cabría decir del convenio para el aprendizaje del derecho civil
foral -al que se ha referido el señor presidente-, suscrito hace unos
meses, que permite el aprendizaje por vía telemática de un derecho
civil propio de algunos lugares.

En el ámbito de la oficina judicial y de la informática, consideramos
que es uno de los elementos claves para el pacto de Estado por la
justicia conseguir esa justicia ágil, moderna y consustancial al
momento en que se plantean los problemas. Se ha colaborado mucho en
las comunidades autónomas y muy especialmente, como ha dicho el
presidente, con el Gobierno de la Comunidad Autónoma del País Vasco.

Se está implantando una aplicación informática más que aceptable de
gestión de primer nivel y se está haciendo una apuesta importante por
una organización más moderna y eficaz de las oficinas judiciales,
donde se implantan técnicas de protocolización de procesos y
especialmente de calidad. Por eso nos ha llamado la atención la
ausencia en la memoria, aunque el señor presidente la ha expresado
oralmente, de una mención a ese trabajo tan especial que están
realizando algunas comunidades autónomas -en este caso me remito a lo
que más conozco, la



Página 6063



Comunidad Autónoma del País Vasco- a pesar de que como decía usted es
pública y notoria esta situación así como la especial e importante
colaboración entre ambas instituciones: el Consejo y el departamento
de Justicia de la Comunidad Autónoma del País Vasco. Esta
colaboración no sólo es importante para este tema concreto sino que
desde nuestro punto de vista es fundamental para avanzar en este
galimatías, diría que competencial, de la justicia. Esas menciones
son relevantes para esta materia y para cualquier otra, pero en
justicia las diferentes competencias que tienen las instituciones
hace necesaria esa colaboración institucional leal, que creo está
existiendo.

Algunos datos que ha mencionado, especialmente de los años 2000,
incluso 2001 nos parecen muy interesantes y no vamos a entrar en
consideraciones respecto de la Escuela Judicial o cómo avanzar en la
solución de esa excesiva acumulación en algunas salas del Tribunal
Supremo. Esas observaciones que usted ha realizado nos parecen
importantes; pero, sin entrar en más cuestiones del pacto de Estado
de la justicia, que estudiaremos con detalle, haremos un pequeño
ruego en un tema que también es importante: la inspección. Vaya por
delante nuestra felicitación o agradecimiento a los servicios de
inspección, especialmente a los del País Vasco, que están haciendo
una muy buena labor. Quizás quede un poco diluida en el tiempo la
resolución de las decisiones que pueden hace necesario que el Consejo
lleve a cabo esas resoluciones -lo que corresponda en cada momento
después de la inspección llevada a cabo- con mayor cercanía en el
tiempo. Es algo muy importante en todos los ámbitos de la justicia,
también en éste, y por tanto simplemente insistir otra vez en nuestra
creencia de que las labores de inspección en el País Vasco se están
llevando muy bien y con mucho trabajo y esfuerzo.

Parece que van avanzando las cosas. A lo largo de este tiempo han
sido muy importantes las propuestas de unos y otros y en este caso,
dada su presencia las propuestas y aportaciones que el Consejo ha
hecho en estos cinco años para la mejora de la justicia, para una
justicia moderna y ágil. También ha habido buena colaboración; pero
creemos que se requiere una colaboración muy diligente y sobre todo
muy cercana entre las distintas instituciones, especialmente en la
última fase para conseguir llegar, concretar y materializar todas las
aportaciones que han hecho todos los agentes, incluida esta casa, y
que podamos poner en marcha cuestiones concretas que mejoren esa
justicia que los ciudadanos se merecen como servicio esencial para su
convivencia diaria.




El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Vasco (PNV), tiene la
palabra la señora Uría.




La señora URÍA ETXEBARRÍA: Es un honor para nosotros contar hoy en
esta Comisión con la presencia
del señor presidente del Consejo General del Poder Judicial, lo que
le manifiesto como portavoz del Grupo Parlamentario Vasco, que como
usted sabe siempre le recibe con toda atención y respeto. Tengo la
percepción -antes lo comentaba con alguno de sus colaboradores- de
que mi intervención en este trámite anual acaba resultando la más
crítica o quizás la más negativa, lo cual me sabe mal dado además el
tono de despedida que usted ha dado a esta intervención; pero también
tengo la percepción de que por magnífica que sea la publicación y el
contenido de la memoria, por brillante que haya sido la presentación
que el señor presidente hace de ella en esta Comisión, el trámite,
desde la perspectiva del grupo al que represento, evidencia que el
enganche entre el órgano de gobierno del Poder Judicial, órgano
constitucional impropio como suele decirse, y este órgano de la
soberanía popular quizás no está bien resuelto; a pesar de que cumple
absolutamente el tenor del artículo 109.1 de la Ley orgánica 6/1985,
tiene el defecto de la falta de inmediatez y usted lo ha manifestado
enseguida.

Esta memoria fue aprobada en un pleno de junio del año 2000, lo cual
quiere decir que se cerró con anterioridad. Desde luego, está
elaborada conforme al iter que marcan la propia ley y los reglamentos
de la Cámara; pero después puede y suele dar lugar a mociones que no
tienen otro efecto que el meramente declarativo. Queda la sensación
de que no hay auténtico control de la política judicial, que por
cierto el Consejo tampoco tiene atribuida con carácter de
exclusividad. Oída la presentación de la memoria prima desde nuestro
punto de vista la naturaleza del órgano como deliberante y de
reflexión más que ejecutivo, que lleva quizás a otra cuestión, ahora
que se habla de la posibilidad de la reforma de la ley y a la que mi
grupo se ha referido en numerosas ocasiones, y es el número excesivo
de sus miembros; hay que tener en cuenta que lo componen más miembros
que el propio Gobierno de la nación.

Es indudable que la presentación de la memoria lo es a los solos
efectos, como se dice en su exposición de motivos, de manifestar cuál
es el estado actual de la justicia y cuál es la actividad del Consejo
y el quehacer y la realidad jurisdiccional. Así se expresa en la
exposición y parte con una nota ciertamente negativa. Se dice en la
introducción que la nota fundamental de esta memoria es la
insatisfactoria situación que hoy presenta la Administración de
justicia y las preocupantes condiciones del funcionamiento de
nuestros juzgados y tribunales, lo cual se traduce -dice- en una
irritante degradación de los derechos fundamentales de la persona.




La perspectiva del grupo al que pertenezco no es tan negativa porque
también es cierto que entre el cierre de la memoria y su presentación
de hoy ha transcurrido el tiempo y se han hecho cosas. La legislatura
pasada fue ciertamente activa y a la finalización del año entraron en
vigor importantísimas leyes procesales como la Ley



Página 6064



de enjuiciamiento civil, la penal juvenil o dos años antes la Ley de
la jurisdicción Contenciosa. Es decir, ya hay cosas adelantadas y la
perspectiva desde la que yo le hablo es la de la realidad judicial
vasca, que me parece sensiblemente superior. Si uno comprueba las
cifras se ve que los retrasos, el ritmo de tramitación de los asuntos
es mejor en el ámbito vasco quizás por el esfuerzo que se ha hecho en
la dotación de medios materiales y en la gestión de los medios
personales. Por tanto, la percepción del grupo que represento, no es
tan negativa en cuanto a la situación actual de la justicia. Se nos
insta desde la memoria a la celebración de un pacto de Estado, y como
muy bien sabe el señor presidente ya estamos en ello, parece que con
visos de que algo puede hacerse y tenemos fundadas esperanzas de
avances importantes en esta legislatura.

En cuanto al contenido de la memoria propiamente dicho, es importante
señalar que el número de informes y estudios que el Consejo
desarrolla es importantísimo y su contenido suele ser de especial
calidad. Desde luego, tenga por cierto que el Grupo Parlamentario
Vasco los tiene como pauta para la elaboración de sus enmiendas a los
textos legales en aquellos supuestos que al Consejo se le hace caso.

Por ejemplo, en el texto de la memoria (página 20) se habla del
anteproyecto de Ley orgánica de modificación del Código Penal de 1995
en materia de delitos de terrorismo, proyecto de ley que decayó la
pasada legislatura por haber concluido el período correspondiente
para su disolución y que sin embargo luego no ha tenido traducción ni
ha vuelto a ser recogido al modificarse otra vez en materia
antiterrorista distintos tipos legales. Se trataba de recoger la
sentencia del Tribunal Constitucional 136/1999, de 20 de julio, y el
mandato que se contenía en los términos que el propio Consejo
recomendaba, repito, no ha sido recogido en la modificación posterior
que se ha realizado. También me parece especialmente light el
contenido que da el Consejo a su informe sobre el tan traído y
llevado anteproyecto de Ley de medidas fiscales, administrativas
y del orden social. Cierto es que el contenido de su informe tiene que
ceñirse al contenido, valga la redundancia, informable por el Consejo
y no todo el contenido de la ley, pero parecería adecuado que en
algún momento se vaya poniendo coto a esta pretensión de utilización
constante de las llamadas leyes de objeto diverso, que cada vez lo
son de objeto más diverso, y que tantos problemas crean, no sólo de
seguridad jurídica sino también de legislación de aluvión en cuanto
a los contenidos cada vez más inauditos, repito, de lo que en ella se
introduce. Bueno sería alguna llamada del Consejo en esta materia.

En cuanto a otras materias informadas, me ha interesado especialmente
(comparto con el señor presidente la afición por el orden
jurisdiccional Contenciosoadministrativo) el registro de sentencias
de este orden, que además se hace radicar y depender del Cendoj.

Además de lo que consta en la memoria, puesto que
ésta se cerró en tiempo, me gustaría saber qué evolución ha ido
teniendo y cuáles son las virtualidades actuales de las posibilidades
o el estado real de la tenencia de este registro de sentencias.

En cuanto a la potestad reglamentaria del Consejo, me ha interesado
especialmente la utilización que se ha hecho de ella en relación con
la regulación de los servicios comunes, que es ciertamente piedra
angular de toda buena oficina judicial. De lo que consta en la página
38 de la memoria, me gustaría saber en qué medida se ha considerado
recogido lo que el Consejo ha regulado en relación con el diseño de
oficina que se ha hecho en el ámbito vasco. Tengo la sensación de que
los roces que se vienen sosteniendo con la Administración del Estado
lo son en materia de personal, es decir son con el Ministerio y no
tanto por el propio diseño de oficina, en el que creo que ha sido
pacífica la aceptación en el modelo vasco de las pretensiones del
propio Consejo.

Espectacular resulta la memoria cuando nos ofrece los gráficos en
materia de responsabilidad. Estas gráficas en colorines resultan
absolutamente clarificadoras, pero también conoce el señor presidente
que en numerosas ocasiones me he quejado de algo que tampoco le
incumbe al Consejo sino a la propia normativa, y es que en materia de
Administración de justicia no rijan los principios tan amplios que
rigen respecto de la Administración general del Estado. El artículo
106 de la Constitución no se aplica, sino que se es más restrictivo
en cuanto al reconocimiento de responsabilidad patrimonial por
actuaciones judiciales. La comisión disciplinaria es evidente que
sorprende el número de casos archivados, y usted mismo lo ha
manifestado, y sí puede resultar sorprendente de cara al usuario de
la justicia, de cara a la percepción ciudadana, de cara a la relación
que puede tener el no abrir expedientes o no sancionar
disciplinariamente con el nivel de insatisfacción de la justicia. No
pienso yo que sea la clase judicial especialmente infractora y a lo
mejor tiene razón el presidente cuando manifiesta que existe un
número de denuncias que no lo son más que por la insatisfacción del
contenido de la resolución judicial y no tanto por una conducta
realmente inapropiada por parte del órgano judicial.

La parte referida a selección, formación y perfeccionamiento
evidencia, creemos, un notable esfuerzo. Se nota la preocupación del
Consejo por este aspecto fundamental, en el que algo también ya hemos
normado en lo que va de esta legislatura. Nos gustaría conocer
-sabido es que el Gobierno no es muy partidario de ello- el juicio
que le merecían los resultados que están dando el tercer y el cuarto
turno. Ya he evidenciado que en relación con el cuarto y los turnos
por especialidades se alientan, se tienen grandes esperanzas. Quizás
la pregunta va más bien orientada hasta qué punto se consideran con
capacidad de persuasión para convencer al Gobierno de que es una
buena vía o que es una vía útil



Página 6065



para cubrir un número importante de las plazas judiciales, repito,
desde que se ha evidenciado que los turnos por especialidades sí
reclutan profesionales capacitados y sí pueden suponer que gente ya
formada sin los problemas que tiene quien entra de nuevo ingreso en
la carrera judicial para llegar a desempeñar con eficacia este
servicio de la justicia. El diseño gráfico resulta también
espectacular en cuanto a formación y perfeccionamiento y a las
actividades que realiza la escuela -futuro de la carrera le ha
llamado usted- y ésa es también nuestra percepción.

Más crítica es nuestra postura en relación con los nombramientos de
suplentes y de sustitutos. Me ha oído decirlo también en otras
ocasiones el señor presidente. Somos especialmente críticos, quizás
porque en el ámbito de la comunidad vasca se ha dado con relativa
frecuencia, que se nombre para esta condición a personas cuyas
condiciones psicofísicas no siempre son las deseables; personas
mayores a las que quizás por hacer un favor, dicho sea entre
comillas, se les permite desempeñar función judicial de manera
intermitente, cuando es público y notorio -al menos en el ámbito más
cercano a ellos- que ya no están en esas debidas condiciones.

La capacitación psicofísica de los magistrados es un tema que se
mencionaba en el libro blanco, pero ahí queda siempre pendiente, y
nos parece que si en estos tiempos hasta a los árbitros de fútbol se
les hacen controles periódicos, les rogaría que tengan especial
cuidado; aun cuando sea para formar parte de salas, y así parece que
queda más diluida la responsabilidad, creemos que se tiene que tener
especial cuidado porque es piedra de escándalo y así lo percibe la
sociedad. Bien está que existan estas figuras de suplentes o de
sustitutos, pero téngase en cuenta que quien sea llamado, quien ocupe
estos puestos debe estar en condiciones psicofísicas, adecuadas de
equilibrio y de ponderación que la función judicial tan sensible
exige.

Las relaciones institucionales desde luego -en otras ocasiones ya se
lo he manifestado- resultan apabullantes, si bien debo manifestarle
que en algunos casos una misma actividad tiene tres entradas
distintas en la memoria. Le pondré como ejemplo un convenio entre la
Universidad de Deusto y el Consejo General del Poder Judicial, que
aparece en el apartado de convenios en las relaciones institucionales
con la universidad y también cuando se alude a la Comunidad Autónoma
del País Vasco. Es una pequeña trampa que sirve para rellenar la
pequeña broma; supongo que algo habrá tenido que ver mi compañero,
ahora vuelto a las lides políticas, Emilio Olabarría, en la
celebración de este convenio.

Me ha gustado especialmente la dedicación que el Consejo ha prestado
a la jurisdicción de menores, ahora tan en boca de los medios de
comunicación. Se ha esmerado especialmente en estar a la altura de
las circunstancias para cuando la ley entrase en vigor con la
formación de magistrados. Ha tenido pronta respuesta y creo que eso
se le debe agradecer a la totalidad del Consejo y quiero
singularizarlo en doña Esther Giménez- Salinas como vocal delegada
para esta jurisdicción. Habrá que seguir haciendo muchas cosas, pero
desde luego el esfuerzo, desde nuestra percepción, ha sido
extraordinariamente importante y por más que existan críticas, desde
la formación a que pertenezco somos firmes defensores de que la
entrada en vigor y el texto de la ley han resultado adecuados, aunque
toda norma desde luego puede resultar perfectible.

La Comisión mixta constituida por el Consejo General del Poder
Judicial y el Ministerio de Justicia sólo podemos desear que tenga el
mejor y más ágil funcionamiento, porque ello redundará en beneficio
de todos, puesto que de las competencias de ambos resulta luego la
conjunción de las que se tienen en relación con los juzgados
concretos e incluso también las que realizan las comunidades
autónomas.

En las relaciones internacionales, conoce el señor presidente que
siempre me ha dado la sensación de que el Consejo viaja bastante. No
digo que no existan obligaciones internacionales, tanto en el ámbito
europeo como en el iberoamericano, pero resulta un dato cierto que
existe una actividad internacional realmente sorprendente.




La actividad inspectora desde la memoria anterior, en la que hubo
alguna queja por parte de la representación del grupo al que
pertenezco, debo manifestarle que tengo la sensación de que ha
mejorado sensiblemente en el desarrollo de algunos de los apartados
del libro blanco, y que sobre todo la percepción con quienes la
desarrollan en el ámbito vasco, que es la que conozco de manera más
cercana, es también excelente.

Una última referencia a la comisión para el seguimiento de este libro
blanco, que quizá va perdiendo virtualidades en la medida en que se
van anunciando por parte del Gobierno cuáles son sus proyectos
concretos de reforma, pero que también la sujeción a un calendario
cierto de ejecución y la puntual información que se nos remite a los
portavoces de los grupos, recibe el beneplácito de la formación a que
pertenezco.

Y una última nota sobre la especial atención que desde el Consejo se
está prestando a hacer frente, de la manera más equilibrada posible,
sugiriendo mejoras normativas pero también con la creación de
juzgados especializados o poniendo en marcha lo que la Fiscalía
General del Estado pedía en su circular 1/98, en relación con la
violencia doméstica y el maltrato. Es una cuestión que genera
importantísima alarma social, es una lacra de la sociedad y creemos
que también se están haciendo esfuerzos importantes al respecto.

No quisiera concluir sin hacer alguna referencia (he hablado de que
la situación de retrasos en el ámbito vasco es menor que en otros
ámbitos; desde luego todo es perfectible), a las manifestaciones que
ha hecho sobre la acumulación de trabajo en el Tribunal Supremo



Página 6066



y el recurso de casación. Conocido es que la formación política a que
pertenezco pretendió que se aligerase notablemente la carga de
trabajo del Tribunal Supremo mediante el procedimiento de hacer
competentes en materia de casación a las salas de lo civil y lo penal
de los tribunales superiores de justicia de las comunidades autónomas
para todas las casaciones, excepción hecha de aquellas en las que se
invocaba la tutela o la garantía de derechos fundamentales.

Conociendo que nuestra postura no tenía el consenso de las demás
formaciones políticas, nos quedamos en lo que finalmente ha quedado
plasmado en la Ley de Enjuiciamiento Civil, pero es cierto que cuando
se haga la ley orgánica que debe acompañar a la Ley de Enjuiciamiento
Civil el quebrantamiento procesal será una importante fuente de
restar asuntos que ahora están en manos del Tribunal Supremo. En todo
caso, siempre hemos sido partidarios de la existencia de una sala de
admisiones, que podría limpiar de manera importante el número de
asuntos que finalmente se vayan a tener que verse, y por supuesto en
cuanto a los órganos de apoyo siempre se ha considerado conveniente
su existencia, debiendo quedar los magistrados para la deliberación,
siendo descargados de esta preparación documental e incluso doctrinal
de los asuntos que tienen encomendados.

Concluyo con unas últimas manifestaciones, haciendo uso del
ofrecimiento que ha hecho de acercar al presente esta comparecencia,
superando el perímetro estrecho de la memoria. Me gustaría
preguntarle por tres cuestiones que son de extraordinaria actualidad.


La primera es la llamada Ley de extranjería. El primer texto legal,
el primer proyecto que se realizó en la legislatura pasada, no fue
objeto de informe por parte del Consejo porque procedía de
proposiciones de ley, y el elaborado en esta legislatura inicialmente
no fue remitido a informe del Consejo; el Consejo se quejó,
finalmente se le remitió e hizo algunas observaciones que desde
nuestra perspectiva no es tan cierto que hayan sido aceptadas, como
gusta de manifestar en algunas ocasiones el Gobierno. Evidentemente,
no pretendo que se convierta el señor presidente en Tribunal
Constitucional, puesto que el asunto está ya en su tejado, pero sí me
gustaría conocer alguna aproximación a lo que fue la postura del
Consejo en relación con el texto legal, tal y como ha quedado
plasmado.

También me gustaría tener, puesto que creo que la sociedad así lo
demanda y sería bien visto, alguna explicación o algún comentario por
parte del señor presidente en relación con lo que consideramos
presuntos conflictos entre poderes, que también han entretenido mucho
a los medios e incluso a los políticos en los últimos tiempos.

Finalmente, hay una última cuestión referida al informe hecho por el
comisario de Derechos Humanos, señor Gil-Robles. Pensará que nada
tiene que ver con usted, pero se lo pregunto al siguiente efecto. Al
único miembro del Poder Judicial que él manifiesta haber
oído y con quien manifiesta haberse entrevistado es usted mismo.

Conocerá también que la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de
Justicia del País Vasco fue enormemente crítica a este respecto, ya
que le hubiera gustado haber sido escuchada para haberle hecho llegar
directamente su parecer al respecto al señor Gil-Robles. Le quisiera
preguntar si se siente reflejado en la opinión que dio en relación
con el contenido del informe, o si a su criterio no hubiese estado de
más que el señor Gil-Robles hubiese oído a los órganos judiciales que
radican en el País Vasco. Entenderé que decida no contestarme, pero
creía mi obligación pedirle que lo haga.




El señor PRESIDENTE: Por el Grupo de Izquierda Unida, tiene la
palabra el señor Rejón.




El señor REJÓN GIEB: Buenos días.

En primer lugar, quiero agradecer en nombre de mi grupo, el Grupo
Federal de Izquierda Unida, al presidente del Consejo General del
Poder Judicial su comparecencia ante esta Comisión. Quiero
agradecérsela doblemente, por la propia comparecencia y por el
esfuerzo que está haciendo en la misma, así como por la información,
reflexiones y propuestas que nos ha trasladado en relación con la
institución que preside, y también respecto del estado de la justicia
española en general. Especial valoración hacemos por la coincidencia
de esa opinión que usted colocaba en el frontispicio cuando decía que
cualquier reforma tiene que ser producto de un pacto, porque al fin y
al cabo sólo a través de un pacto se puede conseguir un modelo final
que no esté al socaire de las matemáticas parlamentarias, producto de
la voluntad popular.

Por otra parte, quiero aprovechar su presencia ante nosotros para
hacer llegar al Consejo General del Poder Judicial a través suyo, las
preocupaciones de este grupo parlamentario en materia de justicia,
así como nuestra idea respecto a cómo acometer la siempre pendiente
reforma de la justicia española.

Dividiré el conjunto de impresiones e ideas que quiero transmitirle,
señor presidente, en dos grandes grupos, lo que llamamos asuntos de
índole técnico-administrativo y lo que podemos llamar asuntos de
relevancia político-constitucional. Entremos, por tanto, en las
materias técnico-administrativas. Dentro de este conjunto de asuntos
debemos abordar aquellas cuestiones que hacen que la Administración
de la justicia sea hoy percibida por todos los ciudadanos españoles
de forma muy negativa. El ciudadano medio español -usted lo sabe muy
bien- tiene una primera idea de la justicia muy clara: éste es un
servicio público, lento, caro y muy anquilosado. Es decir, si puede
evita entrar en contacto con la justicia; aquello del román paladino
pleitos tengas y los ganes o más vale un mal acuerdo que un buen
pleito. Sin duda, esta percepción contrasta con la que ese mismo
ciudadano tiene de otros servicios públicos y de otras
administraciones, a las que



Página 6067



puede valorar críticamente pero a las que usa con frecuencia.




No me quiero extender, pero todos sabemos que la justicia aparece de
forma machacona como el servicio público peor valorado por los
españoles. Pues bien, las causas de esta mala imagen son muchas y
variadas, pero no nos equivoquemos y entre las razones de ese
desprestigio citemos las siguientes: una gestión decimonónica de la
justicia, con técnicas propias de ese siglo, tremendamente alejada de
lo que es hoy la gestión pública de la Administración general del
Estado, de las comunidades autónomas e incluso de las provincias
y municipios; escasez de medios materiales, humanos y financieros; una
oficina judicial, con todos los respetos, digna del medievo; unos
empleados públicos en general muy mal pagados, y me estoy refiriendo
más a agente, auxiliar y al personal laboral que a jueces,
magistrados, fiscales o secretarios; una relajación muy extendida en
el cumplimiento de horarios, obligaciones laborales, impulso
procesal, atención al ciudadano e incompatibilidades, y un nivel de
informatización y ofimatización realmente muy bajo.

Este análisis no es derrotista, ni mucho menos, sino una mera
exposición de lo que la realidad judicial española ofrece a pie de
obra en el día de hoy y que este grupo parlamentario no sólo ha
percibido a través de los usuarios de la justicia sino también de los
propios funcionarios. A modo de simple ejemplo le transcribo algunas
impresiones que nos han hecho llegar por escrito funcionarios de la
justicia con motivo del plan Acebes, de reforma de la justicia
española. Una decía: No creo que lleguemos al 20 por ciento el
personal que pedimos que se cumpla el horario por parte de todos los
empleados de la justicia. Otra: No hay una verdadera distribución del
trabajo, todo el mundo hace de todo, con lo que en realidad no se
hace nada bien y la que sufre es la tutela judicial efectiva. Y una
última: La carencia de medios materiales es generalizada, y aunque
parezca mentira hasta el papel escasea. El otro día, la señora
consejera de Gobernación de la Junta de Andalucía ante el magistrado
de unos juzgados que tenía que poner los legajos en el suelo, decía:
Yo por lo menos mando dinero para que compren estanterías.

La pregunta que nos surge de forma inmediata es qué se puede hacer
ante esta situación tan dura. Queremos aportar algunas reflexiones a
este respecto. Hay que introducir, sin duda, técnicas modernas de
gestión pública de la justicia española. La justicia, en tanto que
Administración pública, debe abandonar el siglo XIX y al menos llegar
al siglo XX, no ya por supuesto al XXI. Nos estamos refiriendo a
cosas tan sencillas como a las relaciones de puestos de trabajo, a
una oficina judicial moderna que pivote entre los servicios comunes y
los de apoyo directo, con un papel más decidido y directo del
secretario judicial; a la inversión en infraestructuras, medios
informáticos y ofimáticos; a la mejora de las retribuciones; al
cumplimiento del horario, obligaciones
laborales, incompatibilidades, etcétera. Como se, podrá
apreciar no estamos hablando de nada excesivamente extraño ni
difícil, sólo hace falta voluntad y dinero para llevarlo a cabo.

Acabo mi repaso por los temas técnico-administrativos de la justicia
española con un reconocimiento que a este grupo parlamentario no le
duele en absoluto hacer: el plan Acebes, de reforma de la justicia,
contiene elementos interesantes en relación a la homologación de la
Administración de justicia con el resto de las administraciones
públicas españolas. Digo que a este grupo parlamentario no le duele
reconocer esto porque, a pesar de tener múltiples puntos de
divergencia con el citado plan, entiende que el equipo del señor
Acebes ha hecho un análisis adecuado respecto al retraso
administrativo de la justicia en España y parece que está dispuesto
a tomar algunas medidas muy pertinentes a este respecto. Pero de la
misma manera que no nos duele reconocer los méritos del ministro en
este campo, también le diré al señor presidente del Consejo General
que algunos de los ecos que nos llegan respecto a las futuras
relaciones de puestos de trabajo en la justicia son preocupantes. El
análisis del documento Acebes es bueno en materia administrativa pero
se han empezado a percibir síntomas de que en determinados temas se
puede estar buscando más un lavado de cara que una reforma en
profundidad. Por seguir con el ejemplo de las relaciones de puestos
de trabajo, la implantación de esta reforma exige cambiar de arriba a
abajo la organización judicial y no sirve dejarlo todo como está y
cambiar sólo el nombre.

Hablaba de dos bloques, uno de materias técnicoadministrativas y otro
de materias político-constitucionales. Entraré en el segundo. Por
otra parte la justicia, señor presidente, además de un servicio
público es también en nuestro ordenamiento constitucional un poder
del Estado. Y si este grupo parlamentario está preocupado por la
situación administrativa de la justicia aún lo está mucho más
respecto de la situación políticoconstitucional de la misma. Paso a
citar someramente algunos de los motivos de nuestra preocupación y
alarma. El primero es que a nadie se le oculta que el Partido Popular
pretende volver a convertir el Consejo General del Poder Judicial en
un órgano corporativo de expresión de la voluntad de las federaciones
judiciales conservadoras. No me extenderé mucho sobre este asunto,
pues creo que a todos se nos alcanza que la actual vinculación del
Consejo General del Poder Judicial a las Cortes Generales es la mejor
forma de hacer efectivo el mandato constitucional de emanación
popular de la justicia. No obstante, quiero dejar claro que el
intento de dejar en manos de los propios jueces la composición del
Consejo General del Poder Judicial no es sino un retroceso desde el
punto de vista democrático, en tanto que disminuiría la legitimidad
democrática de la institución clave para el gobierno de uno de los
trespoderes del Estado. Señorías, es perfectamente conocida



Página 6068



la postura de Izquierda Unida -la de otros grupos también-, así que
no me extenderé más sobre el mismo.

En segundo lugar, nos preocupa seriamente que el ministerio fiscal en
España, lejos de abandonar la tutela, intermediación y presiones del
Ejecutivo, es cada vez más sensible a las mismas. No parece que el
futuro nos vaya a traer en breve un fiscal general del Estado de
designación parlamentaria, como nosotros defendemos; pero entre eso y
un ministerio fiscal al servicio del Consejo de Ministros dista un
gran abismo. Tampoco es de agrado de este grupo parlamentario el
intento del Partido Popular (parece que de momento secundado por el
principal grupo de la oposición) de recortar el amparo ante el
Tribunal Constitucional y de alguna manera minorar los actuales
recursos de casación y revisión. No es un camino adecuado y leal
acabar con las dilaciones judiciales a través de reducir las
posibilidades impugnatorias del justiciable, y de la misma manera no
es un servicio a la justicia sino un ataque a la democracia y al
pacto constitucional, la reducción de la tutela de los derechos
fundamentales por parte del Tribunal Constitucional. Es sencillo,
pero regresivo desde el punto de vista democrático, reducir retrasos
judiciales a base de reducir derechos procesales de los ciudadanos.

Si algo ha aprendido el constitucionalismo del pasado siglo XX es que
un derecho sin posibilidad de tutela judicial efectiva no es un
derecho sino sólo un verso de un bello poema. Desde ahora les digo a
quienes tienen en su mano el reajuste entre los papeles del Tribunal
Supremo y del Tribunal Constitucional, es decir al PP y al PSOE, que
esta fuerza política, desde su humildad, no va a participar en una
reforma del amparo y del Tribunal Constitucional a favor del Tribunal
Supremo y en perjuicio de los derechos de los ciudadanos.




Diré una cosa más respecto al presunto atasco del amparo ante el
Tribunal Constitucional. Tomando datos del último lustro se demuestra
que este atasco no existe, que es falso, que es un invento u otra
cosa peor. El Tribunal Constitucional admite muy pocos recursos de
amparo de los presentados y de éstos sólo da amparo a una pequeña
parte. En el año 1995, por ejemplo, hubo 4.369 demandas de amparo,
sólo se admitieron a trámite 272, el 7,4 por ciento, y solamente se
concedió amparo a 83, el 1,9 por ciento de los solicitados. Los años
posteriores arrojan datos similares, en torno al 2 por ciento de
amparos concedidos del total de los solicitados. Estas cifras ponen
de relieve que no hay exceso de recursos de amparo ante el Tribunal
Constitucional, sino más bien un intento del Tribunal Supremo por
recortar el papel del Tribunal Constitucional. En este empeño no
cuenten -y lo digo desde la humildad- con esta fuerza política.

De la misma manera, a este grupo parlamentario no le gusta la música
que se escucha detrás de las propuestas de retoque -entre comillas-
del jurado. Esta institución,
el jurado, a nuestro entender no funciona mal. De hecho no
hemos tenido ni tiempo de saber si funciona bien o mal, pues acaba de
ser puesto en marcha y los informes que el propio Consejo General del
Poder Judicial ha realizado sobre los procesos en que ha intervenido
el jurado en los años 1997 y 1998, arrojan resultados muy similares a
los de procesos sin jurado. De estar probado algo, está probado el
sentido común de los ciudadanos cuando se les da la oportunidad de
administrar justicia; pero parece que a los sectores más
retardatarios de la justicia no les agrada la participación del
pueblo en la misma. Esos mismos sectores que intentan copar el
Consejo General del Poder Judicial recurriendo a la vieja táctica
caciquil del XIX de cambiar o reducir el censo electoral.

Finalmente apuntaré que lo que podemos llamar el estatuto de los
derechos del usuario de la justicia española no figura en el
frontispicio de la agenda de reforma de la misma del Gobierno. Esto
es especialmente grave, en primer lugar por hermanar la justicia con
el resto de los poderes del Estado del pueblo, pero sobre todo por no
ser de recibo que se haga una reforma de la justicia de espalda a los
justiciables. El papel del usuario de la justicia debe ser muy
diferente al actual, debe dejar de ser un sujeto pasivo para
convertirse en el sujeto activo por excelencia; un sujeto activo con
unos derechos que deben ser respetados también en materia judicial.

Todo esto son algunos negros nubarrones, técnicoadministrativo
y político-constitucionales, que este grupo parlamentario ve sobre la
justicia española a principios de este siglo. Una justicia lenta,
cara e ineficaz, en ocasiones mediatizada políticamente hasta cierto
punto, feudo de los restos de un pensamiento político
y administrativo ya pretérito, y que no considera al ciudadano el
centro de su actividad. Pues bien, ante todo esto, pregunto al
presidente del Consejo General del Poder Judicial qué es lo que la
institución que usted preside considera necesario reformar de forma
inmediata. Su opinión, desde luego, para nosotros es tremendamente
importante; pero a la espera de la misma le diré cuál es la que
Izquierda Unida considera que debería ser la palanca del cambio. A
Izquierda Unida no le agrada que los cambios en la justicia sean
exógenos, es decir impulsados por el Ministerio de Justicia y las
comunidades autónomas. Si nos creemos de verdad que el Poder Judicial
es eso que dice la Constitución, el tercer poder del Estado,
deberíamos asistir a dinámicas judiciales endógenamente gestadas. El
Poder Judicial debe ser capaz de autoadministrarse y de
autoorganizarse. El Poder Judicial, a juicio de mi fuerza política,
debe ser capaz de prescindir de cualquier tutela ministerial o de las
comunidades autónomas en su ejercicio diario. Junto con el concepto
del impulso endógeno y autónomo propio de todo poder estatal, quiero
introducir otra noción clásica del constitucionalismo moderno,la
responsabilidad.




Página 6069



Termino, señor presidente. El desgobierno actual del Poder Judicial
tiene como fundamental origen el que los jueces y magistrados son
independientes (lo cual es necesario y adecuado), pero también son
claramente irresponsables -entiéndase-, lo cual es evidentemente
disfuncional. Nuestros jueces y magistrados no responden de nada ante
nadie (a ello me refiero con lo de irresponsables), el derecho
disciplinario brilla por su ausencia, la responsabilidad civil o
penal es meramente un cuento y no hay ningún tipo de responsabilidad
política. Quiero hacer mención especial a este último concepto;
Izquierda Unida espera ver un Poder Judicial verdadero poder del
Estado, capaz de generar dinámicas judiciales propias, liberado de la
tutela e injerencias gubernamentales, pero también responsable desde
el punto de vista político. Hoy en España ni los jueces ni los
fiscales ni los magistrados ni el propio Consejo General del Poder
Judicial son controlables por el Congreso de los Diputados ni por las
Cortes Generales. La voluntad parlamentaria en nuestro actual marco
constitucional es la génesis del Gabinete y del Consejo General del
Poder Judicial, pero sólo puede controlar al primero, y quiero
decirle, señor presidente del Consejo General del Poder Judicial, que
la irresponsabilidad política del Poder Judicial es la madre de
muchos de sus males, tanto en el plano técnico-administrativo como en
el político-constitucional. Concluyo, pues, recomendando (desde la
humildad de este grupo parlamentario, pero también desde nuestro
interés en hacer aportaciones constructivas) que se oponga a alguna
de las nubes regresivas que amenazan a la justicia española, que
impulse dinámicas de modernización administrativa y que apueste por
un Poder Judicial autónomo y responsable, como deben ser todos los
poderes de un Estado social y democrático de derecho.

Para finalizar, a través de su persona, quiero hacerles llegar a
todos los miembros del Consejo General del Poder Judicial el apoyo y
aliento de este grupo parlamentario hacia el órgano de gobierno de la
judicatura, así como la plena y permanente disposición de este grupo
parlamentario a colaborar con cuantas instancias son responsables de
la marcha de la justicia española; entre ellas muy especialmente la
predisposición a colaborar con el Consejo General más allá de estas
protocolarias y escasas comparecencias parlamentarias. Y concluyo,
dándole de nuevo doblemente las gracias por su comparecencia.




El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència
i Unió), tiene la palabra el señor Silva.




El señor SILVA SÁNCHEZ: Enlazando con las últimas palabras del
portavoz de Izquierda Unida, deben ser también las primeras mías de
bienvenida y reconocimiento a la labor del Consejo General del Poder
Judicial. Reconocimiento que le solicito traslade a los vocales
del Consejo porque la percepción que tenemos es que el trabajo a
lo largo de estos cinco años ha valido la pena, se ha avanzado
notablemente en la solución de los problemas de la justicia, y por
tanto la valoración que hace mi grupo parlamentario respecto de la
actuación del Consejo a lo largo de estos cinco años es muy positiva.


He ordenado mi exposición al hilo de la memoria, aunque introduciré
también algún aspecto de los que ha comentado, de las novedades que
ha aportado el señor presidente. La memoria hace referencia en su
inicio, a una serie de datos que define como básicos, que nos
suscitan alguna reflexión y quizá incluso alguna preocupación. Uno de
los aspectos que se señalan en el inicio del tomo segundo de la
memoria es que en algunas jurisdicciones, a lo largo del año 1999, se
ha producido una disminución del número de asuntos, que sin embargo
no ha afectado a la pendencia en la medida en que ha ido acompañada
curiosamente de una disminución aún mayor del número de sentencias.

Por tanto, una de las cuestiones que querríamos que nos aclarara es
precisamente a qué se debe esta disminución del número de sentencias
(entiendo que quizá más que a sentencias se refiere a resoluciones
judiciales), que determina que habiéndose reducido el número de
asuntos que entran sin embargo la incidencia en la pendencia haya
sido muy escasa.

Hay un segundo aspecto, también de carácter general, que nos preocupa
(el señor presidente del Consejo General del Poder Judicial ha
incidido también en ese tema) y es la rotación del personal o lo que
pudiéramos denominar también la desertización de la justicia. Los
datos que nos aporta la memoria son muy significativos. No estamos
lejos de las ratios europeas en cuanto a oficiales, auxiliares y
agentes. Sin embargo, nos encontramos lejos por lo que hace
referencia a jueces y magistrados. Hemos ido avanzando, y en las
conversaciones previas del pacto de Estado para la justicia ha
quedado claro que hemos de ir a grandes unidades de gestión de
personal, bien sobre la base de los partidos judiciales, bien sobre
la base de los servicios comunes del personal al servicio de la
Administración de justicia. La pregunta es si no nos tenemos que
hacer también el planteamiento, aunque puede que se diga que es
excesivamente funcional, de que tenemos que ir a unidades más amplias
de gestión de jueces y magistrados ¿Qué es lo que quiero decir? Que
sobre la base de la existencia de una vacante, de una licencia, es
difícil que un juez o un magistrado que está al frente de su juzgado
asuma la carga de otro juzgado entero. Si fuésemos a un planteamiento
de unidades de gestión más amplias, como podría ser una Sala, es
posible que entre siete, ocho o nueve magistrados integrantes de una
Sala pudieran suplir la función de otro de los compañeros que puede
estar de licencia por enfermedad o por nacimiento y por cuidado de
hijos. El planteamiento puedeparecer muy funcional, pero si no, veo
difícil que podamos



Página 6070



hacer frente a este tema. Asimismo, tenemos que considerar los datos
suministrados por el presidente del Consejo en cuanto a la
distribución por razón de género de los alumnos de la escuela.

Tenemos una justicia, y me congratulo de ello, que se va feminizando,
y todos somos conscientes. Teniendo en cuenta el derecho que tiene
todo el mundo a hacer compatible y a conciliar la vida familiar y
laboral y por eso ha luchado mucho mi grupo parlamentario, debemos
pensar qué es lo que se va a producir en los siguientes meses y años
cuando dos tercios de los alumnos de la Escuela Judicial son mujeres
que querrán compatibilizar su vida laboral y familiar, que querrán,
en el ámbito de una decisión familiar muy libre, tener hijos y
cuidarlos. Querría saber si por el Consejo se ha observado este
fenómeno que es más que evidente y la incidencia que puede tener a lo
largo de los próximos años la necesidad de atender a estas licencias
por nacimiento y por cuidado de hijos. La de nacimiento de hijos es
la que es y también pueden estimularse las licencias de paternidad.

Le pregunto si se contemplan los efectos de este fenómeno y qué
medidas se pueden adoptar para garantizar esa libre decisión del juez
o magistrado, que en esa proporción de dos tercios será una mujer.

En las páginas iniciales de la memoria se hace referencia al número
de abogados. Es muy clarificador saber que en España existe un
abogado por cada 400 habitantes. Da la impresión, aunque eso no
competa directamente al Consejo General del Poder Judicial, y no por
una valoración absoluta ni relativa, que ese número tan enorme de
abogados requiere adoptar medidas para garantizar que la función de
dirección letrada se ejerza en las condiciones de calidad que la
sociedad demanda y exige, sobre todo en aquellos supuestos en los que
ni siquiera existe libertad de acceso al abogado porque nos
encontramos ante la situación de justicia gratuita. En cualquier
caso, los datos claman, un abogado por cada 400 habitantes, por
tanto, cualquier medida de reforma de la justicia o cualquier pacto
de Estado en materia de justicia tiene que garantizar la calidad del
ejercicio de su profesión por parte de los abogados e incidir en el
acceso y mantenimiento en la profesión.

De la lectura de la memoria se extrae la impresión de que existe una
cierta crisis de los juzgados mixtos, esto es, de los juzgados de
Primera Instancia e Instrucción. Cuesta a veces interpretar los datos
y da la impresión de que en estos juzgados mixtos se está aumentando
la pendencia o se está disminuyendo el número de sentencias
y resoluciones judiciales, incluso comparándolo con el módulo
establecido por el Consejo se nos señala que es el órgano que más se
desvía. Me gustaría saber si hay razones de fondo para esta crisis de
los juzgados de Primera Instancia e Instrucción, si el Consejo está
valorando la modificación del módulo o si tenemos que ir
decididamente a la reducción muy notable de los juzgados
mixtos y configurarlos sobre la base de la especialidad.




Mi grupo parlamentario comparte una preocupación que ha manifestado
el presidente del Consejo por la situación de la jurisdicción Civil,
fundamentalmente en el Tribunal Supremo. Algunos grupos -antes hacía
referencia a ello la portavoz del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-
PNV), Margarita Uría- intentamos en su día hacer una opción fuerte
por el Tribunal Supremo, por la reducción del número de asuntos que
accedían al Tribunal Supremo, entendiendo que incluso convenía la
atribución de competencias a los tribunales superiores de Justicia
para configurarlos como aquel tipo de órgano que deseaba el artículo
152 de la Constitución. En su día no fuimos capaces de salir adelante
y esperemos que sí lo seamos con ocasión del pacto de Estado, pero
como señalaba el señor presidente, hay que adoptar medidas, da la
impresión; con mucha urgencia. Mi grupo parlamentario por dos años
consecutivos ha presentado enmiendas a la Ley de acompañamiento con
la idea de aumentar muy notablemente el número de letrados en el
Tribunal Supremo que pudieran facilitar o agilizar la resolución de
los recursos por parte de los magistrados. Al final, en la Ley de
medidas de choque llegamos a una situación un poco mixta, yo creo que
insuficiente, pero por lo menos se desgalizaba el número de letrados
que tendrían que integrar el gabinete técnico del Tribunal Supremo y,
por tanto, se permitía el incremento de ese número a través de
decreto, cosa que parece lógica, aunque si no hay una política muy
decisiva en este tema, será insuficiente.

La memoria pone también de manifiesto la difícil situación de las
ejecuciones en la jurisdicción Civil. Estamos ante una pendencia
equivalente a cinco años, lo cual a mi grupo le confirma que está en
el buen camino cuando señala que la ejecución ha de ser una labor
fundamentalmente atribuida a los secretarios judiciales, sin
perjuicio de la intervención de los jueces y magistrados cuando se
trate de actuaciones que afecten a los derechos fundamentales de la
persona y sin perjuicio de recurso ante el magistrado. Una pendencia
de cinco años es algo que no puede asumirse.

Y todavía conservamos una cierta preocupación respecto del número de
revocaciones que se produce en la segunda instancia Civil. Tengo que
agradecer el informe que nos ha suministrado el Consejo General del
Poder Judicial, que además hace una interpretación de los datos de la
memoria diferente, sin duda más correcta, de la que yo pude hacer
aquí hace un año, cuando compareció el presidente para presentar la
memoria correspondiente al año 1998. Sin embargo, sigo pensando que
si comparamos el grado tanto de recursos como de estimación de estos
recursos de la jurisdicción Civil, por ejemplo, con la jurisdicción
Penal, nos encontramos todavía ante un porcentaje de estimación de
las apelaciones a la jurisdicción Civil excesivo. Podrá ser respecto
de las apelaciones de ese 33 por ciento en lugar de



Página 6071



ese 42 por ciento que aparece a primera vista como el dato obvio.

Quizá si tenemos en cuenta también en qué supuestos se ha producido
una contradicción, el número de estimaciones lo aumentaría, pero nos
sigue preocupando el alto número de estimaciones en los recursos de
apelación. No he visto que se haya incluido en la memoria
correspondiente a 1999 la cifra de recursos de apelación por
sentencias dictadas en Primera Instancia. Es una cifra que se daba
respecto del año 1998, que era de un 51 por ciento y sin embargo, ha
desaparecido ese porcentaje de recurso o de sentencias recurridas
sobre las dictadas en la jurisdicción Civil en el año 1999. Nos
gustaría disponer de él.

Respecto de la jurisdicción Penal, la memoria hace referencia a la
reducción del número de presos preventivos. Esto permite una
interpretación positiva en el sentido de que la justicia actúa con
una agilidad que permite que el número de presos preventivos
disminuya notablemente. La verdad es que los datos comparativos que
se nos ofrecen respecto de otros países europeos llevan a este
planteamiento optimista. No desde la responsabilidad del Consejo,
pero sí desde la responsabilidad que le incumbe a mi grupo
parlamentario, permítame que le exprese la preocupación por lo que
pudiera ser una interpretación no tan positiva, y es que quizás hay
menos preventivos de los que debiera. A ninguno nos gustan los presos
preventivos, lo que queremos son presos juzgados. Ahora bien, si una
reducción notable de los presos preventivos va unida a un incremento
notable de la delincuencia (me voy a remitir a los datos que publican
prácticamente todos los medios de comunicación respecto de la
delincuencia en la ciudad de Barcelona), quizá la valoración que
hagamos de esta reducción de preventivos no sea tan optimista como
que la justicia es ágil, sino que quizás, haciendo un uso que podemos
respetar pero no compartir, se acuerdan menos prisiones preventivas
de las que se debiera, y esto me permite conectarlo con otra
preocupación ciudadana en estos momentos.

Sabe el señor presidente lo que supone el artículo 28 de la Ley de
responsabilidad penal de los menores, y es que las detenciones o
internamientos cautelares tienen una duración máxima de tres meses,
ampliable a otros tres meses. Yo sé que hay cosas que pueden ser
explicables desde una perspectiva jurídica, pero en la medida que
generan en la ciudadanía una cierta preocupación, también debemos
ponerlo aquí de manifiesto. Me gustaría saber si en los casos de
delitos graves, homicidios y asesinatos, y en las correspondientes
apelaciones, el Consejo va a prestar una especial vigilancia para que
la tramitación de estos procedimientos se realice sin merma de la
garantía de los derechos de los menores que están sometidos a este
tipo de procedimiento, pero al mismo tiempo con la agilidad debida
que permita ahorrar cierta impresión, si podemos definirlo de esta
manera, a la sociedad, que ve cómo menores que son en unos casos
acusados y en otros incluso condenados
por delitos graves deben ser puestos en libertad o no pueden
permanecer en un internamiento cautelar porque se ha excedido el
plazo de los tres meses más los tres meses. Por lo tanto, aquí sí que
pediríamos una especial vigilancia. Al Consejo le incumbe velar por
que no se produzcan dilaciones indebidas. En función de la
jurisdicción y del asunto, la dilación tiene una trascendencia u otra
o puede considerarse indebida de una manera o de otra.

Nos preocupa el pequeño porcentaje de juicios rápidos a que hace
referencia la memoria, un 3,3 por ciento. Aquí hay que hacer una
apuesta muy decidida por juicios rápidos y hasta me atrevería a decir
por juicios inmediatos, obviamente en aquellos casos en los que
pueden ser prácticamente inmediatos, en las 24 horas siguientes, por
delitos que generando una preocupación importante no podemos entender
o no son delitos muy graves y que al mismo tiempo son flagrantes, es
decir, se ha cogido al delincuente con las manos en la masa, por así
decirlo. Yo creo que es algo que contribuirla muy notablemente a
prestigiar la justicia ante los ciudadanos y a evitar esa impresión
que a veces tienen de que se entra por una puerta y se sale por otra.


Hay gente que está en la calle delinquiendo, que ha tenido 20
detenciones en los últimos meses y que todavía no ha sido juzgada.

Hay que intentar impulsar por todos los medios esos juicios, más que
rápidos, inmediatos; hay que garantizar el derecho a la tutela
judicial efectiva, hay que garantizar la asistencia de letrado, sólo
faltaría, pero hay que avanzar decididamente en este tema.

Respecto a la jurisdicción Contencioso-administrativa, como le
decimos siempre, nos congratulamos de la mejora que se está
produciendo. Al mismo tiempo, agradecemos el informe que se nos ha
suministrado y que había sido solicitado por mi grupo parlamentario
respecto a los principales problemas de competencia que se habían
producido entre los órganos de la jurisdicción Contencioso-
administrativa. Voy a formular una pregunta, quizás incluso lo
hagamos por vía de propuesta de resolución del Congreso: cuando se
habla de que en la jurisdicción Contencioso-administra el 11 por
ciento de los asuntos acaba en inadmisión, nos gustaría saber si
estamos hablando de la inadmisión inicial que prevé la Ley de lo
Contencioso o, por el contrario, si se trata de inadmisiones una vez
tramitada la totalidad del procedimiento. Tenemos curiosidad, en la
medida que fuimos los autores de la enmienda que determinó la
introducción en la ley de ese supuesto de inadmisión inicial, por
saber cuáles han sido los efectos.

Voy acabando ya, señor presidente. Respecto de los aspectos no
procesales, quería solicitar alguna aclaración. Yo creo que se ha
puesto de manifiesto la necesidad de hacer una reflexión sobre las
cifras de responsabilidad patrimonial del Estado, que se señalan en
la página 40 de la memoria. Nos resulta un poco sorprendente -y no
queremos, como decía la portavoz del Grupo Parlamentario Vasco, hacer
de ogros- que respecto



Página 6072



de los 185 expedientes en que el Consejo informa favorablemente la
responsabilidad patrimonial del Estado después se deriven única y
simplemente cinco al servicio de Inspección para la determinación de
posibles responsabilidades disciplinarias. Debe estar muy justificado
el planteamiento, pero no deja de sorprender. En cualquier caso,
también nos gustaría saber, y son preguntas que hemos ido reiterando
siempre en las comparecencias, si después hay algún supuesto de
repetición en relación con alguno de los jueces o magistrados o
titular del órgano jurisdiccional que hubiera podido dar lugar a la
existencia de esta responsabilidad patrimonial. También quiero
señalar (no digo sorpresa, ya que estamos convencidos de que está más
que justificado) el número relativamente escaso de expedientes
disciplinarios que acaban con sanción, cuando de las mil y pico
quejas, 467 diligencias informativas, al final acaba habiendo unos 22
expedientes con sanción. Ahí sí que nos gustaría que se exijan las
responsabilidades que se deban; ni una más, pero tampoco ni una
menos.

Para acabar, querría hacer dos o tres consideraciones, señor
presidente. Nos resultan muy clarificadoras las cifras que se nos han
suministrado respecto del origen de los alumnos de la Escuela
Judicial, y no puedo por menos que manifestar la preocupación de que
una comunidad como la Comunidad Autónoma de Cataluña, que tiene
aproximadamente el 16 por ciento de la población del Estado, al final
acabe teniendo, si llega, el 5 por ciento de los alumnos de la
Escuela Judicial. El propio Gobierno de la Generalitat tiene que
incidir en este tema y tiene que diseñar políticas para aumentar la
vocación judicial o el atractivo de preparar la oposición, además del
que supone, sin lugar a dudas, que la Escuela Judicial esté en
Barcelona, que no es un elemento menor. Señor presidente, yo pienso
que este es un problema de todos, porque pocos mecanismos puede haber
más efectivos de normalización de las lenguas oficiales en la
Administración de Justicia que los alumnos de la Escuela Judicial
tengan un origen geográfico relativamente equilibrado. En estos
momentos creo poder decir que no debe haber en Cataluña ninguna
persona de 28 ó 29 años, la edad media a la que hacía referencia el
señor presidente de los alumnos de la Escuela Judicial, que no
conozca muy bien y domine tanto el catalán como el castellano. Por lo
tanto, no lo entienda como una preocupación que debiera ser pura
y exclusivamente de la comunidad autónoma, sino que el hecho de
fomentar que exista ese equilibrio, por así decirlo, en el origen
geográfico y cultural de los alumnos de la Escuela Judicial es un
problema de todos y debe ser también, sin lugar a dudas, un problema
del Consejo General del Poder Judicial, como debe serlo del
Ministerio, como debe serlo nuestro y como debe serlo del Gobierno de
la Generalitat, porque estoy seguro que contribuiría muy eficazmente
a una correcta gestión de otros temas.

Finalmente -sé que estoy abusando de la paciencia-, me quedan sólo
dos cosas. Primero, en la medida que estamos culminando el mandato
del Consejo General del Poder Judicial, querría saber si el propio
Consejo o el presidente del Consejo se ha planteado si el
funcionamiento y la organización del Consejo General del Poder
Judicial es la correcta, sobre la base de los 20 miembros con
competencias prácticamente equivalentes, o si, por el contrario,
habría que ir a un sistema (no estoy hablando de designación, porque,
como saben ustedes, mi grupo parlamentario sostiene la actual) de
organización que fuese más ágil y quizá más eficaz. En segundo lugar,
incido en lo que ha planteado la señora Uría. El Libro Blanco de la
justicia hacía referencia a las condiciones psicofísicas de los
jueces y magistrados ¿no conviene avanzar más decididamente en este
tema? En tercer lugar, si existe algún tipo de control de los
resultados de la formación continuada de jueces y magistrados.

Nosotros valoramos muy positivamente esta formación continuada de
jueces y magistrados, pero no le voy a revelar nada al señor
presidente cuando se conoce -entre comillas- en muchísimos casos como
turismo judicial. Sí le rogaría que preste una especial atención a
este tema, así como a la existencia de un auténtico horario de
permanencia -no digo de audiencia pública- de los jueces y
magistrados en el juzgado.

En estos momentos estamos tramitando en el Congreso el proyecto de
ley de marcas, que ha merecido un informe del Consejo General del
Poder Judicial. No hemos sido capaces de ver en ese informe la
opinión que le merece al Consejo un aspecto que para nosotros resulta
de interés: la tasa que hay que pagar ineludiblemente para poder
interponer recurso administrativo contra los actos de la Oficina
Española de Patentes y Marcas. No le digo que lo conteste ahora, pero
quisiéramos conocer qué opina el Consejo de la introducción de un
elemento como es la tasa en una vía imprescindible para acceder a la
tutela judicial.




El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la
palabra el señor Barrero.




El señor BARRERO LÓPEZ: Señor presidente del Consejo General del
Poder Judicial, bienvenido a esta Comisión. Gracias por estar aquí y
por la información que ha dado y, como compruebo cada vez que miro
hacia la mesa, por el esfuerzo físico que está haciendo, que además
me consta por informaciones previas. Intentaré no ampliar su grado de
malestar haciendo una intervención breve; además, ya los demás grupos
parlamentarios han tenido ocasión de reiterarle una serie de
reflexiones en las que todos estamos de acuerdo. Por otra parte, soy
muy consciente de que la labor parlamentaria en esta comparecencia no
es de control, sino de solicitud de información, de recabar datos que
nos



Página 6073



permitan hacer más eficaz nuestra labor parlamentaria referida a la
Administración de justicia.

Quiero agradecerle los cinco años que lleva presidiendo el Consejo y
pedirle que trasmita este agradecimiento a todos los vocales por el
esfuerzo que con usted han hecho para que el Consejo funcione -así lo
cree mi grupo parlamentario y se lo quiere transmitir- de una manera
correcta; desde luego, de una manera bastante más pacífica que otros
consejos generales del Poder Judicial, cosa que, como todos los
grupos recordarán, desgraciadamente ha ocurrido. Pienso que el
distinto estilo de hacer oposición también habrá ayudado a que haya
sido posible rebajar la crispación. En todo caso, ha sido un Consejo
que ha tenido un período de tranquilidad y, estoy seguro, por ello
también ha podido tener buenos resultados, algunos de los cuales
aparecen en la memoria.

Como hemos tenido ocasión de comentar más de una vez, siento que por
problemas de disfuncionalidad de carácter interno la memoria del
Consejo General del Poder Judicial se vea y se reflexione en una sola
mañana y, además, aproximadamente año y medio después de haberse
presentado públicamente. Eso ha sido compensado, y también se lo
quiero agradecer al presidente, con una serie de datos de los años
2000 y 2001, porque creo, y ambos coincidimos, que tienen que
arbitrarse medidas de manera que la agilidad en el trámite no impida
que resulten obsoletas algunas de las cuentas, de los números que
aquí se plantean. Sé que ha intentado compensar, y con brillantez,
esas dificultades con datos del año 2001 y se lo agradezco en nombre
de mi grupo.

Aunque sea reiterativo, mi grupo no puede dejar de hacer una
reflexión que todos compartimos y de la que seguramente todos somos
responsables, sin duda, unos más que otros; el Gobierno el primero,
puesto que es su labor: impulsar los cambios en el ámbito de la
justicia. Seguramente todos somos responsables. Y yo que represento,
junto con mi grupo y todos los grupos parlamentarios, al pueblo, como
usted bien decía, señor presidente del Consejo General del Poder
Judicial, estoy preocupado por la opinión que se ha visto reflejada
en unos sondeos bien hechos que el propio Consejo General del Poder
Judicial realizó hace unos meses. Yo y mi grupo, y creo que todos los
grupos, estamos profundamente preocupados, y este es el sitio de
decirlo y usted una de las personas a las que debe llegar nuestra
preocupación, nuestra reflexión en voz alta, a ver qué podemos hacer
entre todos. Requerimos de usted alguna reflexión sobre ello, porque
no parece que la justicia vaya bien si sólo el 19 por ciento de los
españoles entiende que la justicia funciona. El 18 por ciento dice
que bien -por supuesto, usted conoce bien estos datos- y un 1 por
ciento dice que muy bien. El resto considera que la justicia funciona
regular, mal o muy mal. Estos datos no deben tomarse en una limitada
consideración porque estas personas son algunas de las que
tienen pendientes asuntos en nuestros juzgados y tribunales;
aproximadamente un millón novecientos y pico mil asuntos al día de
hoy. Eran 1.655.251, de acuerdo con la memoria que usted nos facilitó
-excluyo las diligencias previas-, los asuntos pendientes y creo, por
los datos últimos, que esta cifra ya rebasa 1.900.000; es decir, que
miles de españoles no sólo en sondeos, sino in situ, comprueban que
la Administración de justicia no funciona; comprueban algo más: que
la Administración de justicia funciona mal, un servicio público tan
delicado, tan sensible para el ciudadano, porque, como bien sabe S.

S., nadie llega a la Administración de justicia por asunto banal,
sino por controversia importante, y no digamos ya si es asunto penal,
en cuyo caso hay ocasiones en que es vital. Y que el ciudadano sepa,
intuya que esta Administración de justicia va a ser lenta, va
a dilatar su asunto, significa, además de que tenga dificultades para
creer en la justicia, una tensión de carácter psicológico, en
ocasiones físico, importante. Es decir, entre todos estamos
sometiendo al ciudadano, y especialmente a aquellos que tienen
pendiente algún asunto penal, a una tensión, a una desazón que,
compartirá conmigo, no merece. Quizá por eso, recordando algunas
cifras, la labor de los tribunales de justicia es valorada de manera
muy negativa por la ciudadanía, hasta tal punto que sólo los partidos
políticos y los políticos estamos en una valoración menor. Los
partidos políticos y los políticos compensamos esta valoración tan
negra porque se nos valora algo más cuando nos convertimos en
parlamentarios -usted sabe que las Cortes tienen una valoración algo
mejor-, pero compartimos con ustedes algo que es preocupante: una
valoración muy negra. Hay ciudadanos que dicen que prefieren no
acudir a los tribunales de justicia. Es terrible que haya quien dice
que prefiere no acudir a la justicia, que depende del pueblo y sólo
la administran aquellos que, como usted, constitucionalmente tienen
encomendada esa enorme e ingente labor. El 82 por ciento no acuden y
el 84 por ciento no nos entienden; cuando acceden a la Administración
de justicia no entienden lo que decimos. Y no entienden lo que dicen
ustedes, pero sospecho que tampoco entienden, por la valoración que
nos dan, a los políticos cuando hablamos de la justicia, de su
justicia. Esto es preocupante. ¿Por qué? Usted antes lo comentó,
quizá demasiado rápido; porque conseguir que la imagen de la justicia
sea una imagen valorada es conseguir que el pueblo español confíe en
un valor constitucional imprescindible para que este país sea un país
democrático y no un país de segunda división. Somos muchos los que
compartimos la tesis de que, si la Administración de justicia no
funciona, este país nunca podrá presumir de ser un país de primera;
será, si no un país bananero, sí un país de segunda. Usted conoce los
datos relativos a esto, pero permítame que los recuerde en sede
parlamentaria. Si además comparamos estos datos con la valoración que
tienen en el resto de los países europeos -usted conoce estos datos,
permítame que los recuerde



Página 6074



únicamente en sede parlamentaria- de sus propios jueces, tribunales
y, por tanto, de la Administración de justicia, quedamos en una
situación muy mala. Algo hay que hacer sobre esto. En su última
comparecencia, hace un año, recordaba que había varias fórmulas,
hacía un esfuerzo por impulsarlas, reclamaba la atención del Gobierno
y de los parlamentarios en esa línea, hablaba de más jueces, de
oralidad, de la oficina judicial, etcétera, cosa que hoy ha
destacado, sin duda no subrayándola excesivamente porque también
sospecho que el hecho de que hoy estemos en su despedida significa
que quiere hacer también una labor más afectuosa que crítica, un poco
alejada de la pasión del gestor. Pero no cambiamos y año tras año
todos los grupos parlamentarios decimos lo mismo, los presidentes del
Consejo tienen que pasar por aquí diciendo prácticamente las mismas
cosas y quizás en esta ocasión estamos todos mirando hacia algo un
poquito diferente, que es la posibilidad de que haya un pacto por la
justicia -usted lo saludaba al principio para darle solemnidad al
saludo, imagino, e importancia a la posibilidad del acuerdo-; un
pacto por la justicia que parece cada vez más importante. Sepa, señor
presidente, que mi grupo no sólo está por la labor sino que está
haciendo el esfuerzo, acompañado por otros grupos parlamentarios,
para hacer posible ese pacto, porque creemos que es la terapia
indispensable para que vuelva a confiar en la justicia, de la que es
titular el pueblo español. No va a ser sencillo, sobre eso hay que
comentar algunas cuestiones, pero sepa que al menos los grupos
parlamentarios estamos por esa labor, que es una labor de Estado que
debe pasar por encima de cualquier acción partidaria.

Hay algunas cuestiones que deberíamos destacar, aunque sé que
coinciden con temas que ya han planteado los otros grupos. Nos
preocupa el hecho de la disciplina. Dirá usted que qué pesados somos
los grupos parlamentarios, que todos y cada uno de nosotros, todos
los años, a pesar de las justificaciones que se dan, reiteramos
nuestro asombro ante el hecho de que 1.417 denuncias, 900 y pico de
las cuales son archivadas porque sin duda no son correctas, den como
consecuencia 22 sanciones, la inmensa mayoría leves. No es un
problema de perseguir por vía de sanción una mayor eficacia en el
juez, en el que todos confiamos y sabemos además de su trabajo, en
ocasiones enormemente heroico, sobre todo por los medios que tienen a
su alcance; es que es difícil compaginar lentitud y no disciplina, es
difícil compaginar algunas de las controversias de carácter público
que han sido conocidas a través de los medios de comunicación y que
eso no lleve consigo algún tipo de sanción que ponga de manifiesto
también ante la opinión pública que el Consejo, los tribunales, la
Sala, etcétera, mantienen un nivel de tensión que obliga cada día a
estos funcionarios, a estos importantísimos servidores públicos a una
mayor dosis de responsabilidad en sus actuaciones como jueces. Por
tanto, hago mías las palabras de otros portavoces de
grupos parlamentarios a los que les parecía curiosa esta situación y
quisiera unirla al hecho de la lentitud y de la dilación de los
procesos.

A nosotros nos gustaría que usted incidiera un poco en el tema de la
formación en los jueces. Hace un año usted planteaba las dificultades
de formación, mejor dicho, la importancia que ustedes daban, como no
puede ser menos, a la formación y advertía que éramos uno de los
países en los que la formación era más limitada en el tiempo, no diré
más escasa, porque eso me imagino que será un problema de
profesionalidad de quien la imparte, pero sí más escasa en el tiempo,
y recordaba usted, con razón, que en Holanda el período de formación
son seis años, en Alemania creo recordar que son cinco, en Francia,
31 meses. Hemos pasado en este momento a una formación de 18 meses,
de acuerdo con el plan de choque, y no intento hacer una crítica al
Gobierno, que ya tuve ocasión de hacer porque nos pareció inoportuno
ese cambio, pero sí me gustaría saber si usted, señor presidente, no
sigue considerando imprescindible la formación dilatada en el tiempo,
no sólo la formación reiterada o habitual para mantener un nivel de
especialización en función de los cambios legislativos que se vayan
operando o de los cambios informáticos, de nuevas tecnologías,
etcétera, sino una primera formación dilatada en el tiempo, también
de carácter práctico, que permita que los jueces que salen y que
después tienen que administrar justicia no dilaten los asuntos, no ya
porque tengan muchos asuntos, sino porque son incapaces, a lo mejor,
en ocasiones, de ser técnicamente correctos para evitar una dilación
excesiva que lo que está es intentando justificar una incapacidad
técnica por razones de falta de formación. Algunas personas
consideran que este pudiera ser también uno de los motivos.

A la Escuela Judicial se accede a través de un modelo de carrera.

Usted conoce cuál ha sido nuestra posición en el tema del tercer y
cuarto turno, no la voy a reivindicar una vez más porque es conocida
desde el año 1985 y además en ese tema nos acompaña el resto de los
grupos parlamentarios, creo recordar, excepción hecha del Grupo
Parlamentario Popular. Creemos que es una buena forma de acceso. A
nosotros nos produce una cierta preocupación que de 300 y pico
aspirantes al final sólo sean aprobados cinco de ellos en el tercer
turno, en el acceso a través de los seis años y además. Tiene que
tener una justificación que seguramente es correcta, aunque no nos
parece fácil que esa justificación se dé. Me gustaría que
profundizara en ello. En el tema de especialistas parece que el
acceso tiene un nivel de coincidencia mayor entre el número de plazas
y el número de solicitantes y creo que es una buena noticia, pero nos
gustaría saber cuál es el problema que impide un mayor número de
aprobados, entre otras cosas para intentar obviar las dificultades de
un pase a la carrera judicial por esta vía tan limitada. Incluso en
los últimos datos que usted daba, señor presidente, se



Página 6075



veía que de 75 admitidos sólo nueve -eran diez, pero una aspirante
parece que entró por otro turno- habían sido aprobados. No dudo de
que el tribunal sea correcto ni de que se bareme bien o de que el
examen sea el adecuado. Estoy pidiendo información para ver cómo se
puede solucionar esta cuestión, señor presidente, porque yo sí creo
en el acceso por el tercer turno.

Tendremos que incidir en el tema de la informatización y pedirle,
señor presidente, que nos diga qué nivel hay, porque nos consta que
no es muy elevado; creo que usted ha sido demasiado blando en la
crítica en ese tema. Parece que el nivel de conocimientos o de uso de
los sistemas informáticos sigue siendo muy limitado en la oficina
judicial, sobre todo entre los funcionarios, jueces, fiscales,
etcétera, aparte de las dificultades por las que pasa el sistema
informático, porque según las noticias que tenemos, pasa mucho tiempo
averiado y, por tanto, desgraciadamente muchos ordenadores conviven
cerrados con los legajos de toda la vida en muchos de los juzgados,
especialmente, por cierto, en algunos de Madrid, según nuestras
informaciones.

Nos interesan mucho los datos que nos pudiera aportar acerca de la
ejecución de la Ley penal del menor y por supuesto también de la Ley
de Enjuiciamiento Civil -no sé si habrá datos suficientes en este
momento, ya que usted ha advertido que en el término de dos meses los
habrá más fiables-. Nos gustaría conocer datos sobre la primera,
porque es una preocupación importante en la que confluyen muchas
comunidades. Tenemos miedo, por razones que nosotros hemos criticado
-no es el momento ni el lugar de insistir en ello-, de que el nivel
de ejecución de una ley que consideramos buena en términos generales,
al margen de algunos problemas sobre prevención que ha citado el
portavoz de Convergència, pudiera ser menor del esperado como
consecuencia de dificultades por falta de fiscales, de especialistas,
de jueces, de medios, de dotaciones de seguridad, etcétera. Sí quiero
felicitarle porque creo que el Consejo General del Poder Judicial ha
aprovechado el año de carencia para hacer cursos de especialización
y cursos de formación, que estoy seguro que redundarán en beneficio de
las resoluciones judiciales a partir del 13 de enero que entró en
vigor la ley.

Me referiré, muy rápidamente, a dos o tres temas sobre los que me
gustaría, si es posible, que nos dijera algo. Violencia doméstica.

Según los datos que antes le daba, es curioso ver como en este
momento muchos ciudadanos piensan que las mujeres reciben peor trato
en los tribunales y en los juzgados que los hombres. En la encuesta
que ustedes realizaron, el 38 por ciento dice que las mujeres reciben
un peor trato y sólo el 12 por ciento considera que los hombres
reciben un peor trato; es decir, el 12 por ciento de los encuestados
considera que los hombres son mal tratados -por decirlo de alguna
manera-, según la apreciación de estos ciudadanos, y, sin embargo, un
38 por ciento considera que las mujeres no son correctamente tratadas
en los órganos
judiciales. ¿Esto forma parte del nivel de desconfianza ante los
tribunales o tiene alguna consideración especial? Por ejemplo, señor
presidente, el hecho de que no haya órganos secciones especiales o
fiscales especializados en esta materia ¿puede significar algo a
efectos de estos niveles de desconfianza de los ciudadanos hacia la
labor de tutela hacia la mujer, en concreto en estos temas de
violencia doméstica en los tribunales? Nosotros hemos solicitado en
el Congreso de los Diputados determinadas medidas sobre violencia
doméstica, incluso la posibilidad de la creación de una sección para
estos temas y la figura de un fiscal especializado. No sé si comparte
la opinión, pero sobre la base de las experiencias que hay en
Alicante, fundamentalmente, donde, además, ha habido un aumento en
pendencia sobre este asunto de un año a otro del 300 por ciento, me
gustaría saber cuál es su opinión y qué fórmulas podemos buscar desde
la vía parlamentaria, no sólo los planes de choque que ya tiene el
Ejecutivo, sino también desde la iniciativa legislativa, que
rompieran, frenaran y excluyeran de la realidad social esta lacra
tremenda que es la violencia doméstica.

Me gustaría que hiciera algún comentario -si a usted le parece
oportuno- acerca de algunos conflictos importantes entre el Ejecutivo
y el Poder Judicial en temas destacados, como es el asunto Gómez de
Liaño, sobre el que también ha solicitado que se pronuncie la señora
Uría, si usted lo considera oportuno; este es un lugar donde no debe
haber ningún prejuicio para hacer uso de la palabra con absoluta
franqueza y rotundidad y no es un tema menor. Los grupos
parlamentarios han tenido ocasión de pronunciarse y me gustaría saber
cuál es la opinión del presidente del Consejo.

Quisiera conocer asimismo su opinión sobre el tema relativo a la
elección del Consejo. Creo que antes el señor Silva se ha referido a
esta cuestión; no le pedía tanto opinión sobre la elección de los
miembros del Consejo por vía parlamentaria o no como sobre qué
fórmulas habría para hacer esta elección parlamentaria más correcta.

Insisto en ello yo también, pero me gustaría oír su opinión sobre la
elección parlamentaria o no del Consejo, porque he tenido ocasión,
señor presidente, de conocerla a través de un medio de comunicación
y quisiera que la pudiera transmitir aquí en sede parlamentaria a los
distintos grupos. Si le parece oportuno hacerlo ahora, conscientes de
que este tema no entra en el ámbito de la información sobre la
memoria, me gustaría escuchar sus palabras.

Quisiera conocer también -lo he dicho antes- qué piensa sobre el
tercer y cuarto turno y que consideración le merecen a todos los
efectos. Veo que el cuarto turno le merece una amplia consideración,
en cuanto al tercero creo que es menor, pero me gustaría que
profundizara sobre este asunto.

Le han solicitado también que nos dijera algo sobre el jurado. Sabe
usted que los grupos parlamentariostenemos una cierta división en
cuanto a la apreciación



Página 6076



de las bondades de jurado y su constitución, bien pura o bien como
escabinado. El 50 por ciento de los ciudadanos dice que si fueran
acusados en un juicio criminal preferirían que decidiese el jurado y
el 38 por ciento prefiere que decidieran los jueces. Da la impresión
de que la sociedad está de acuerdo con la implantación del jurado
actual, pero me gustaría conocer su opinión.

Gracias por la atención que me ha prestado, señor presidente.

Gracias, también al señor presidente de la Comisión por la
flexibilidad en el tiempo. Son muchas las cuestiones acerca de las
cuales a mi grupo le gustaría reflexionar aprovechando su presencia
en esta Comisión. Tomamos buena nota -ya lo dijo usted en la anterior
comparecencia- de las bondades que puede significar el sistema por el
cual seis grupos parlamentarios, es decir la Comisión, y el Consejo
tengan una relación más fluida para poder ser informados con más
profundidad de los temas y mantener una relación que nos permita un
nivel de doble información.

Termino como empecé. Señor presidente, no sé si será esta su última
comparecencia en esta Comisión. El presidente puede ser de nuevo
elegido por el Consejo y nosotros somos uno de los grupos que confía
en que el nuevo Consejo sea elegido por la representación del pueblo,
pero sea cual sea su futuro, sepa que nos sentimos como grupo muy
orgulloso, y ruego que lo traslade, por haber tenido un presidente
del Consejo General del Poder Judicial de sus características, de su
estilo, de su talante y de su talento.




El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Ollero, perdón señor
Barrero. Por el Grupo Popular tiene la palabra el señor Ollero.




El señor OLLERO TASSARA: Aprovecharé esa identificación instintiva
que acaba de producir para hacer mía en sus propios términos las
últimas palabras del portavoz del Grupo Socialista. En nombre de mi
grupo manifiesto que compartimos ese aprecio y reconocimiento al
trabajo que ha venido desarrollando a lo largo de estos años y la
absoluta confianza de que su trabajo no será desperdiciado en el
futuro en el ámbito que sea, con toda seguridad. Nuestro
agradecimiento no llega, sin embargo, al extremo de sugerir un
aprobado general en el tercer turno, aunque en el ámbito académico,
cuando el profesor sacaba una cátedra, a veces ocurría ese tipo de
situaciones, pero no creemos que eso contribuya mucho a elevar la
calidad de la justicia y puede que las encuestas acabaran
detectándolo, porque cosas más raras pasan a lo largo del tiempo.

Agradecemos especialmente su presencia en el día de hoy, en que su
condición física no es envidiable. Afortunadamente la equiparación
con los árbitros de fútbol que hacía la señora Lasagabaster no es
obligada, porque de lo contrario estaría el señor presidente sin duda
en una situación muy complicada. Ya hemos visto cómo se ha
sobrepuesto a esa situación en su exposición
e incluso ahora en esta laboriosa escucha de nuestros
argumentos.

Le agradecemos igualmente que haya actualizado los datos, porque, en
efecto, estas comparecencias se producen siempre en una situación un
tanto peculiar y no desde luego porque existan retrasos en el seno de
la Comisión. La memoria fue aprobada por el pleno del Consejo General
del Poder Judicial el 28 de junio del año 2000; fue presentada
públicamente con motivo de la apertura del año judicial en
septiembre; llegó a esta Comisión el 23 de noviembre de 2000, cuando
ya estábamos en el trámite presupuestario, al final del período de
sesiones; enero es un mes inhábil, como es sabido, y debido a la
carga de trabajo que tiene esta Comisión, en marzo estamos
analizándola. Parece una buena fórmula que por vía de hecho se ha ido
imponiendo la de añadir datos en ese aspecto. Precisamente el
obligado retraso da la posibilidad de tener datos de cierre del año
anterior. Lo que le sugeriría, siempre dentro de este comportamiento
que no cumple estrictamente los requisitos formales, es si no cabría
acompañar algún documento donde esos datos queden reflejados, sin
perjuicio de que el «Diario de Sesiones» ya cumple ese papel, pues
para nosotros sería un punto de referencia más útil para el resto del
año que la propia memoria, que ya se nos queda enormemente desfasada.


Como nosotros somos al fin y al cabo los responsables de las leyes
que luego no sin cierto trabajo tienen que intentar aplicar los
jueces a la realidad social, nos alegran mucho los datos que nos ha
aportado, sobre todo en el ámbito de lo Contencioso-administrativo.

Hicimos aquí una reforma de bastante calado, muy discutida en su
momento, incluso por usted mismo en alguna fase. Sin embargo, ahora
observamos un aumento de litigiosidad que hay que entender
positivamente, porque se ha acercado la justicia a los ciudadanos
y eso se ha traducido inicialmente en dicho incremento, aunque ya nos
ha señalado que en el año 2000 vuelve a recuperar un ritmo razonable.


Ha dicho usted que ha sido un éxito, en términos literales, de los
juzgados, y era perfectamente lógico que en su día, como algo que aún
no se sabía cómo iba a funcionar, hubiera reservas respecto a su
juego, a ese giro radical del que nos ha hablado, espléndidamente
consolidado, según sus palabras, en el año 2000 y que ha llevado a la
disminución de la pendencia en el ámbito de lo Contencioso, incluso
repercutiendo sobre la propia Sala Tercera del Tribunal Supremo,
según sus palabras, en términos brillantes. A la vez, en el ámbito
Civil nos preocupa lo que ha indicado sobre la Sala Primera. La Ley
de Enjuiciamiento Civil acaba de entrar en vigor y todavía no cabe
sacar ninguna conclusión; por otra parte, la casación tampoco va a
entrar en vigor, ni siquiera con la misma ley, por sus previsiones. A
todos los que estamos empeñados en ese pacto por la justicia nos
recuerda que es un aspecto al que convendría darun último toque y una
solución más efectiva.




Página 6077



Igualmente nos ha alegrado lo que le hemos oído sobre los resultados
de la reforma del artículo 14 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal,
que precisamente se realizó por una proposición de ley que partió del
Grupo Parlamentario Popular y que no sólo ha llevado a descargar
a las audiencias provinciales en algún caso -después de la reforma del
Código Penal la situación era comprometida- sino incluso a la Sala
Segunda del Tribunal Supremo, por lo que acabamos de oír en su
exposición.

En cuanto a la Ley del menor, que acaba de entrar en vigor, nos
tranquiliza esa noticia de que prácticamente todos los jueces de
menores han participado en cursos de formación, porque es una prueba
más de que, al igual que ocurre en el ámbito de las administraciones
correspondientes, salvo alguna autonomía que quizás no ha estado tan
despierta, aprovechando la vacatio legis de un año se han ido
poniendo los medios para que esta ley entre en vigor con las debidas
garantías. Se ve que también en el ámbito del Consejo General del
Poder Judicial se han asumido las propias responsabilidades.




Una cuestión que recordarán, porque son muchas las ocasiones que
hemos tenido de cambiar impresiones sobre las memorias, y que
preocupa a nuestro grupo, sobre todo teniendo en cuenta el esfuerzo
que viene haciendo el Gobierno en los últimos años por crear nuevas
plazas, es la existencia de vacantes dentro del Poder Judicial y por
tanto el obligado recurso a sustitutos y suplentes. Ya nos ha
explicado, por ejemplo, que 45 opositores habían obtenido plazas de
juez y de fiscal a la vez, lo que generaba automáticamente 45
vacantes. Nos alegramos de que la reforma legal que hemos hecho en
esta casa evite un porcentaje bastante considerable de esas vacantes.


Sin embargo, de su información, de la memoria y de los documentos que
nos ha hecho llegar el Consejo como consecuencia de las resoluciones
de esta Cámara sobre memorias anteriores, observamos todavía algún
que otro desfase, sin duda de menor entidad, pero pudiera ser útil
alguna iniciativa o sugerencia del Consejo sobre el particular. Por
ejemplo, nos ha dicho que en la última convocatoria se han convocado
96 plazas. Perdón, quizás no sea la última, estoy manejando varios
documentos y sin duda me equivoco porque debe ir referido a una
memoria anterior, pero lo digo como explicación del problema al que
quiero llegar. Existen 178 vacantes y en un momento dado, como digo,
se convocan 96 plazas. El Consejo sugiere en alguno de sus documentos
que el ritmo de convocatoria debería ser de 250 plazas, lo cual no sé
si plantea algún problema respecto a la Escuela Judicial, pero, en
fin, en primer lugar el Consejo estima que lo deseable serían 250
plazas. En el caso al que como mero ejemplo aludía, la explicación de
las 178 vacantes y la convocatoria de 96 plazas significaría que 59
de esas vacantes deberían proveerse entre jueces mediante el ascenso
a la situación de magistrado. En todo caso
quedaban otras 23 plazas que no se explica por qué no salían, imagino
que por estar desempeñando otros cargos sus titulares, no lo sé,
ignoro ese extremo, ese fleco que queda ahí. En alguno de los
documentos del Consejo -ya digo que he manejado varios- se alude a la
cifra de 29 plazas que no son objeto de convocatoria. Por otra parte,
también se señala que en un momento dado hay plazas disponibles de
magistrado, pero no hay jueces en condiciones de ascender, hay que
esperar a que tengan los requisitos para hacerlo. No sé si no cabría
-a lo mejor incluso sería necesario una reforma legal- un sistema un
poco más ágil que permita cubrir plazas sin que se produzcan estas
esperas. No tiene sentido que haya una plaza vacante cubierta por un
sustituto, porque no hay un juez en condiciones de ascender a
magistrado, y cuando ese juez asciende a magistrado tampoco hay un
juez que ocupe su vacante; a lo mejor podría haber un juez con las
pruebas superadas a la espera de que esa vacante se haga disponible
en la práctica. No creo que haya que llegar a sistemas de aprobados
sin plaza, pero algo se podría estudiar, porque lo que resulta
chocante es que por este formalismo extremo, a la hora de la verdad,
quien acaba teniendo la plaza es un sustituto o un suplente. Quizás,
como digo, haya ahí un formalismo extremo, no lo sé, pero tal vez
podría estudiarse esa situación.

En cuanto a la informática, que es otra de las cuestiones que siempre
nos preocupan, quisiera saber si no surgen problemas respecto a la
configuración de los sistemas informáticos de las diversas
comunidades autónomas y en qué medida desde el Consejo, que en ese
sentido es un observatorio privilegiado, se detectan o no esas
anomalías, porque sería bastante lamentable que se esté haciendo una
inversión creciente por parte del Ministerio y de las comunidades
autónomas que tienen competencias transferidas y a la hora de la
verdad eso genere más un caos informático que algo que ayude
realmente a una mejor prestación de la justicia.

Inevitablemente, en un trámite como éste, como ya se ha visto, acaban
sacándose a relucir cuestiones que no corresponden estrictamente a la
memoria. Desde luego, yo no le voy a preguntar, porque mis
conocimientos jurídicos me lo impiden, qué opina usted de los
conflictos que han surgido, cuando preside el órgano que tiene que
dirimir esos conflictos; vamos, es que ni se me pasa por la cabeza.

Cuente, por tanto, con que esa pregunta no se la voy a hacer.

En cuanto al pacto por la justicia, al que usted mismo ha aludido al
comienzo, quiero resaltar que recogimos con agrado una opinión que
con motivo del encuentro entre el ministro y el Consejo General llegó
a los teletipos -no precisamente en boca del ministro- hablando de un
nivel de coincidencia de casi el 95 por ciento. Por otra parte, si se
analizan las propuestas que el propio Consejo hizo sobre la reforma
de la justicia, el mérito está en gran medida en la capacidad
receptiva que ha tenido el Ministerio para acoger muchísimas ini
ciativas



Página 6078



de los mejores conocedores de estos problemas, que no en vano están
en el Consejo General del Poder Judicial. Por mucho que luego
discutamos cómo se eligen sus miembros o se dejan de elegir, está
claro que son personas de gran competencia y de gran conocimiento de
las materias que tienen encomendadas. Por tanto, nos alegra ese grado
de coincidencia y esa receptividad que sin duda se provoca cuando el
Ministerio ha perfilado algunas líneas básicas de ese posible pacto
por la justicia.

En cuanto al sistema de elección, que por lo visto es un tema
obligado en estos casos, tampoco voy a callarme. Hay dos cuestiones
que explican las discrepancias existentes sobre el particular dentro
de esta casa. Por lo visto las hay, porque se señalaban junto al
famoso 95 por ciento cuando se hablaba de que ese asunto es otra
cuestión, y ahí habría más cera que cortar. Es perfectamente lógico,
explicable y legítimo que dentro de esta casa haya discrepancia en
este asunto, por dos cuestiones que han salido aquí a relucir: en
primer lugar, el corporativismo. En el fondo, este Consejo existe,
entre otras cosas, para que determinadas decisiones que afectan a la
promoción de los jueces -y se entiende que indirectamente, por tanto,
a su propia independencia- no estén en manos del Poder Ejecutivo, del
Ministerio, que es quien antes se ocupaba de estas cuestiones. Por
tanto, hay un desapoderamiento de un poder del Estado para que sea el
órgano de gobierno de otro poder el que se encargue de estas
cuestiones. Por tanto, hay una clara voluntad de apartar de
determinada dinámica política estas cuestiones. ¿Se puede pensar que
otro poder del Estado, como es este nuestro, el Poder Legislativo, es
políticamente neutral y angélico? Evidentemente, no. Es más, es donde
los partidos, institución constitucional y legítima donde las haya,
tienen la oportunidad de conseguir cuotas de poder. Indudablemente,
las consiguen por vía electoral en primer lugar gracias a los
resultados, las prolongan luego a través de la conformación de
mayorías de un tipo o de otro y las proyectan a la hora de elegir,
sin duda alguna, representantes de las diversas instituciones, sobre
todo cuando no se trata tanto de una elección uninominal, en la que
indudablemente el consenso es obligado y más fácil, sino colectiva,
en la que el reparto de cuotas va en la naturaleza de las cosas, que
decían los clásicos. Ya podemos hacer discursos que a la hora de la
verdad, si estamos de acuerdo en el reparto y decimos que no ha
habido cuotas, queremos decir que el reparto ha sido igual que si
hubiera habido cuotas y por eso estamos tan de acuerdo. Es así de
fácil.

Yo comprendo perfectamente que determinados grupos, que gracias a eso
tienen cuotas de poder, defiendan el sistema, porque con otro sistema
no las tendrían. Esas cuotas de poder no las utilizan sólo para
arreglar la justicia; la utilizan para el Plan hidrológico nacional
o para lo que les interesa. Entiendo perfectamente que defiendan sus
cuotas de poder porque es su obligación,
porque son partidos políticos y es lógico que no renuncien a cuotas
de poder. Sería absurdo, serían pésimos partidos políticos si lo
hicieran así. Comprendo que sea fácil discrepar, sobre todo cuando
las mayorías a las que uno aspira a disponer, o está en condiciones
de disponer por unas razones u otras, son muy distintas. Si no
consiguen las cuotas de poder por ahí, no las van a conseguir por vía
electoral, bien por su condición de partido nacionalista, con un
ámbito reducido, bien por su condición de partido con menos apoyo
popular. Eso es obvio.

Por otra parte, se ha dicho hoy aquí una cosa muy interesante y es
que el problema no sería sólo de corporativismo, que a la hora de la
verdad su alternativa es que un poder político -en este caso no el
Ejecutivo sino el Legislativo y los partidos políticos que en él
juegan a través de los grupos parlamentarios- fueran el que se
ocupara del asunto; aparte del corporativismo, por lo visto, el
peligro es que una asociación, conservadora por más señas, sea la que
gobierne el Poder Judicial. Esto sí que es realmente curioso.

Primero, porque, como usted sabe mejor que yo, más de la mitad de los
jueces no están asociados a ninguna asociación, con lo cual no sé por
qué esa especie de profecía. Sí se sabe por qué, si es por entender
que los no afiliados van a votar más a esa asociación que a las
otras, estaríamos en un diseño, perfectamente legítimo por otra parte
pero que es bueno que sea trasparente, de reciclaje del Poder
Judicial. El Poder Judicial sería más conservador de lo que algunos
grupos políticos estiman oportuno y habría que reciclarlo a través
del Consejo General del Poder Judicial, elegido de determinada
manera, para que ciertas fórmulas de promoción obligaran al Poder
Judicial a cambiar de mentalidad y de actitud, porque de lo contrario
no serían promocionados. Gracias a eso, dentro de 10 años tendríamos
un Poder Judicial más progre, que por lo visto es lo que este país se
merece. Es una determinada postura política que entiendo
perfectamente, puesto que tiene una gran lógica y coherencia. Otra
cosa es que suscriba que el modo de elección del Consejo General del
Poder Judicial debe servir para reciclar mentalmente al Poder
Judicial y conseguir tener un Poder Judicial más a la altura de los
tiempos del que tenemos, que por lo visto está, no sé si por rutina,
desidia o falta de luces, sometido a una asociación conservadora,
asunto enormemente grave, a juzgar por lo que he oído aquí.

Eso es así de fácil y cada cual puede elegir el sistema que entienda
más oportuno. Al fin y al cabo, autores de gran prestigio han llegado
a sugerir que si tenemos un Tribunal Constitucional distinto del
Supremo es porque en aquel momento -hace ya 20 años- se entendía que
el Poder Judicial no estaría en las mejores condiciones de asumir las
responsabilidades que suponían las funciones del Tribunal
Constitucional, porque el recurso de amparo más bien pide a voces un
Tribunal Supremo que sea a la vez constitucional, como hay



Página 6079



modelos perfectamente conocidos, de control difuso y que están en el
mercado doctrinal hace mucho tiempo. Algunos piensan que 20 años
después hay que seguir reciclando al Poder Judicial. Están en su
derecho y yo no se lo voy a discutir. Lo que me alegra es que tengan,
como han tenido, la gallardía de explicar que defienden determinado
modo de elección de los miembros del Consejo General del Poder
Judicial por eso. Me parece espléndido, pero nuestro grupo no
comparte ese dictamen sobre la necesidad de actualizar mentalmente al
Poder Judicial, creemos que son personas muy maduras y libres que
piensan lo que les parece y que además saben, a la hora de cumplir su
función, deslindar, en la medida de lo posible, lo que puedan ser sus
obligados e inevitables prejuicios de lo que debe ser el juicio sobre
un caso sometido a derecho. Por tanto, no tenemos más que decir sobre
ese particular.

Muchísimas gracias por su paciencia dolorida de hoy y por su
atención. Muchas gracias, una vez más, por cómo nos ha ayudado en
todos estos años y por lo mucho que nos va a ayudar desde donde sea
en el futuro.




El señor PRESIDENTE: Se suspende la sesión unos minutos y la
reanudaremos enseguida.




Se suspende la sesión.




Se reanuda la sesión.




El señor PRESIDENTE: Señoras y señores diputados, para constestar a
los portavoces de los grupos parlamentarios, el señor presidente del
Consejo General del Poder Judicial tiene la palabra.




El señor PRESIDENTE DEL CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL (Delgado
Barrio): Una vez más, gracias por la cordialidad con que me han
acogido en la representación del Consejo que en este momento ostento.


Agradezco los elogios del Consejo que han hecho en su actuación
durante estos últimos cinco años y también agradezco las indicaciones
críticas que tienen un indudable valor y un indudable sentido al
venir de esta Comisión en la que concurren dos características: por
un lado, la importante formación jurídica que tienen sus miembros, y
por otro esa comunidad de intenciones con el Consejo en cuanto que
todos aspiramos a tener una justicia eficaz, una tutela judicial
efectiva de los derechos e intereses legítimos de los ciudadanos.

Recordaré, una vez más, que esa terminología tan querida para nuestra
Constitución, eficacia, eficaz, efectivo, incluso a veces eficiencia,
ha querido alejarse del tono declamatorio de nuestras constituciones
decimonónicas y quiere incidir de verdad en la realidad; esa
terminología, precisamente, es la que utiliza a propósito del derecho
fundamental a la tutela judicial efectiva.

Voy a tratar de contestar ya telegráficamente por razón de la hora,
pero antes quiero hacer un inciso. Estoy mucho mejor. Felicito al
Congreso de los Diputados por sus servicios médicos, un médico
excelente y una enfermera también excelente porque no he notado ni el
pinchazo, a pesar de que por lo visto la inyección era de las
dolorosas. Muchas gracias.

Señora Lasagabaster, es cierto que la memoria no ha recogido la
actuación de esta comisión, Consejo, Ministerio, comunidades
autónomas. El desarrollo de las actuaciones de esta comisión lo veo
más en el futuro, es decir, estoy seguro de que las futuras memorias
tendrán que recoger las actuaciones de esta comisión porque tengo fe
en el funcionamiento de este foro de encuentro y de diálogo.

En cuanto al convenio de normalización del euskera, para el Consejo
es una preocupación. Respecto a las lenguas autonómicas, no hace
falta reproducir aquí la doctrina del Consejo sobre las mismas.

Consideramos como la Constitución que son una riqueza, es decir
hacemos una valoración positiva de la existencia de las lenguas
autonómicas, aspiramos a que la cooficialidad tenga plena virtualidad
en el mundo de la justicia y siempre sobre la base, que es nuestra
opinión fundamental en este terreno, de la consideración de la lengua
autonómica como mérito, pero no como requisito necesario para ejercer
la judicatura en cada comunidad autónoma. En ese sentido y en esa
valoración como mérito, hemos hecho un reglamento que ya está siendo
aplicado.

En general la memoria, tiene razón señora diputada, debe insistir más
en el tema de las comunidades autónomas. En lo sucesivo procuraremos
que la memoria recoja con más extensión y más intensidad nuestra
relación con las mismas. La relación de la inspección con las
comunidades autónomas puede agilizarse, puede intensificar porque hay
datos que constan en la inspección y que pueden afectar a materias
que son competencia de las comunidades autónomas. Por tanto, son
datos que deben ser conocidos en la medida que el ejercicio de las
competencias de las comunidades autónomas puede verse orientado por
los resultados de esa inspección. En ese sentido, esos datos que son
materia propia de la competencia de las comunidades autónomas cabe
intensificar esa relación.

Señora Uría, tiene una capacidad de síntesis admirable, y en el
tiempo que le concede el Reglamento es capaz de acumular una larga
lista de preguntas, de objeciones, de críticas y también de elogios.

En cuanto al enganche -ha dicho S.S.-, la conexión del Consejo con
esta Comisión de Justicia me parece interesante que haya un
intercambio de opiniones, que podamos facilitar datos a la Comisión
de Justicia que pueden orientar su tarea, que pueden servir de base
para reformas legislativas. Nosotros, que conocemos los datos



Página 6080



estadísticos y los datos de la inspección, podamos proporcionarle
a esta Comisión elementos necesarios para la propuesta de resoluciones
en el Pleno o para la iniciación de reformas legislativas me parece
interesante y yo creo que podrían intensificarse y flexibilizarse con
criterios monográficos, bien con mi comparecencia, bien -quizá mejor-
con la del vocal o vocales, que conocen mejor el tema que en cada
caso vaya a ser tratado. Por nuestra parte, el Consejo está a la
plena disposición de esta Comisión para comparecer en todas las
ocasiones que se estime procedente.

Dice que la memoria tiene una visión pesimista del mundo de la
justicia. Sobre esto algunos portavoces han opinado en forma
distinta. Yo creo que hay datos que se prestan al optimismo. El dato
que he puesto de relieve hoy sobre la jurisdicción Contencioso-
administrativa es un dato optimista. Aun así, nuestra visión de la
justicia está dominada por un deseo de mejora y el deseo de mejora
conduce siempre a la autocrítica. En cuanto a las leyes de objeto
diverso, el Consejo General del Poder Judicial, señora diputada, poco
puede decir a ese respecto. El Tribunal Constitucional ya ha hecho
algunas observaciones en ese sentido; yo comprendo que el punto final
del ejercicio económico y el punto inicial de otro ejercicio pueden
dar lugar a esta acumulación de objetos diversos. En cualquier caso,
si quiere que le diga mi opinión personal, creo que la ley de objeto
diverso limita en alguna medida las posibilidades de intervención de
los parlamentarios y esa medida no puede considerarse como una
práctica ideal. El registro de sentencias de lo Contencioso-
administrativo está pendiente de creación. La oficina judicial del
País Vasco está excelentemente organizada y en ocasiones los
criterios de la oficina judicial del País Vasco nos han servido de
modelo. Hemos podido generalizar algunas técnicas que se han ensayado
con éxito en el País Vasco.

Responsabilidad patrimonial. Varios de ustedes me han hecho preguntas
sobre la responsabilidad patrimonial, voy a contestar ahora y les
ruego que se den por contestados aquellos que han hablado del tema
con posterioridad. Esta responsabilidad patrimonial está siendo
valorada por el Consejo con un criterio de gran amplitud. ¿Por qué
pasa pocas veces a la comisión disciplinaria? Sencillamente porque en
la inmensa mayoría de los casos esa responsabilidad patrimonial no es
consecuencia de la culpa del juez, sino que es consecuencia de la
situación existente en el juzgado o en el órgano jurisdiccional. Es
una responsabilidad desde el punto de vista del juez objetiva, deriva
de una situación en la que él está trabajando y está haciendo todo lo
posible.

Me gustaría recordar ahora el tema de los retrasos. Hace años, cuando
yo era magistrado del Tribunal Supremo, me refiero a cuando estaba en
activo dentro del Tribunal Supremo como magistrado, tuvimos un asunto
en el que se había sancionado a un juez a la vista
del retraso existente en el órgano jurisdiccional. Anulamos aquella
sanción, porque a la hora de sancionar a un juez por retraso lo
relevante no es lo que no ha hecho, sino lo que ha hecho. Es decir,
en una situación de retraso no podemos decir que hay pendientes
tantos cientos de asuntos o tantos miles de asuntos, puede ocurrir
que esa pendencia esté perfectamente justificada desde el punto de
vista del juez, no desde el punto de vista de la organización, si él
ha puesto un número de sentencias y si él ha trabajado lo suficiente
desde el punto de vista de los módulos que tenemos ya elaborados. De
manera que la no derivación a la comisión disciplinaria se produce
como consecuencia de que los retrasos no son imputables a una falta
de diligencia del juez. En cuanto a la distancia entre denuncias y
sanciones, también varios diputados me han preguntado por este punto.


Ya he dicho que la inmensa mayoría de las denuncias tienen su origen
en una discrepancia respecto del contenido de la sentencia o de la
resolución judicial. Es materia estrictamente jurisdiccional y por
tanto no es propia de una jurisdicción disciplinaria.

Tercero y cuarto turno. También varios de ustedes en sus
intervenciones me han hablado del tercero y cuarto turno. Ya he dicho
que el tercer turno no conseguimos que dé buen resultado; sí se
consigue que dé buen resultado el cuarto turno. ¿Por qué no da buen
resultado el tercer turno, el turno de licenciados en Derechos con
seis años de ejercicio? Porque la preparación inicial para la
actuación de la función judicial tiene que ser necesariamente alta.

Si son cuatro años la media de preparación de las oposiciones, es
difícil que un licenciado en Derecho, recién salido de la Facultad de
Derecho, con seis años de ejercicio profesional tenga una formación
equivalente. Hay que ver qué clase de ejercicio, qué intensidad de
ejercicio. Piense usted en el licenciado en Derecho que acaba de
terminar la carrera y ha pasado seis años matriculado en el Colegio
de Abogados. Seis años es difícil que den esa formación equivalente a
la de los cuatro años, muchas veces más largos de la oposición; de
manera que la diferencia entre el tercer turno y la oposición está
clara. El opositor que se ha pasado cuatro, cinco o seis años
estudiando en su casa generalmente tiene unos conocimientos
superiores a los que han podido proporcionar el ejercicio de la
licenciatura en Derecho en alguna de las ramas. En cambio el cuarto
turno, con la diversificación de órdenes jurisdiccionales, nos está
dando un buen resultado. Tradicionalmente no; cuando el cuarto turno
era global, cuando significaba un concurso para cualquier orden
jurisdiccional daba mal resultado; ahora, cuando va por órdenes
jurisdiccionales, cuando ya permite una especialización, los
resultados son buenos, hasta el punto de que en el orden social de 40
plazas se han cubierto 40, y en el orden civil, penal y contencioso
no se han cubierto todas, pero hemos tenido un resultado de cierta
brillantez.




Página 6081



Capacidad psicofísica de los sustitutos. No sé si se está refiriendo
a algún caso concreto que yo no conozco. Parto de la base de que el
sustituto debe tener la capacidad psicofísica propia del que va a
ejercer una función jurisdiccional con carácter excepcional, porque
naturalmente el ideal a lo que aspiramos es a que no haya sustitutos.


A propósito de alguna otra pregunta que me han hecho volveré a
insistir en este punto. La figura del sustituto es sencillamente un
fracaso. Si nuestra Constitución quiere jueces de carrera, la figura
del sustituto no es un juez de carrera y estamos hablando del titular
del órgano jurisdiccional al que corresponde la tutela de los
derechos e intereses legítimos del ciudadano. El personaje que
dispensa, que presta esa tutela de los derechos e intereses legítimos
del ciudadano la Constitución quiere que sea un juez de carrera y con
el sustituto no tenemos el juez de carrera.

La actividad internacional está adquiriendo grandes vuelos en el
Consejo General del Poder Judicial, pero como consecuencia de una
necesidad sentida no sólo por nosotros, sino sobre todo desde fuera;
el Consejo de Europa, la Unión Europea, la ONU, el Banco
Interamericano de Desarrollo nos están pidiendo muchas actuaciones
que son especialmente obligadas con el mundo iberoamericano, dada la
comunidad histórica de naciones que integramos, tal como dice nuestra
Constitución.

Violencia doméstica. Varios diputados me han hablado de la violencia
doméstica. Hemos hecho un dictamen hace unos días, y si les interesa
puedo mandárselo; puedo mandarles el dictamen que hemos aprobado
sobre la violencia doméstica. En síntesis, el dictamen de la
violencia doméstica obedece a dos ideas fundamentales.

Tradicionalmente, desde el punto de vista procesal, la mujer que
viene a denunciar la violencia doméstica es una fuente de prueba, un
medio de prueba. Resulta que esa persona, esa mujer que viene a
denunciar la violencia doméstica, además de ser un medio de prueba es
una mujer destrozada a la que le han fallado los aspectos más
importantes de su engarce social. En ese sentido, la consideración de
mujer destrozada de la persona que es un medio de prueba nos ha
llevado a un dictamen según el cual se trata fundamentalmente de
armonizar las exigencias del principio de intervención mínima que es
inexcusable en el campo del derecho penal, con el aprovechamiento al
máximo de las posibilidades que el proceso ofrece para la protección
de la víctima. Ésa es la doble idea: intervención mínima, pero
también aprovechamiento al máximo de todas las posibilidades que el
proceso ofrece para la protección de la víctima, especialmente en un
tipo de delitos que desgraciadamente tiende a reiterarse. No es lo
normal que el que maltrata a su mujer lo haga una vez y no lo vuelva
a hacer. Les mandaré el dictamen sobre la violencia doméstica.

En cuanto a la Ley de extranjería, conocerán SS.SS. nuestro dictamen.


En él manifestamos alguna preocupación;
nuestra preocupación respecto a los derechos de
manifestación, reunión, etcétera. Naturalmente, en este momento mi
opinión no puede ser más que ésta; me remito a lo que dijimos
entonces y que el Tribunal Constitucional diga lo que estime
procedente.

Conflictos entre poderes. Comprenderá que el presidente del Tribunal
de Conflictos no hable de conflictos entre poderes en este momento.

Sí le diré que este tribunal resuelve 15 ó 20 conflictos cada año;
quiero decir con esto que no es un problema nuevo.

Informe Gil-Robles. En primer lugar, diré que en el informe Gil-
Robles indica que ha mantenido conversaciones con algunos jueces,
aparte de con otras personas. No da nombres por razones de seguridad,
pero el informe Gil-Robles recoge, alude a entrevistas que había
tenido con varios jueces. Después, menciona expresamente la que tuvo
conmigo. En este terreno, señora diputada, considero que una
entrevista que me pide el comisionado de Derechos Humanos del
Parlamento Europeo es materia reservada, aunque naturalmente él puede
hacer de ella el uso que estime procedente. En cuanto a si debió oír
o no a la Sala de Gobierno del País Vasco, diré que el método que
utilice el señor Gil-Robles para desarrollar las tareas preparatorias
de su informe le corresponde determinarlo al señor Gil-Robles.

Señor Rejón, ha hecho usted una exposición amplia de su visión de la
justicia; ha hecho una descripción de la percepción de la justicia
por parte de los ciudadanos, un diagnóstico general y una indicación
más que de reformas concretas, de la orientación. Es un estudio
respetable sobre el cual yo no tengo nada que opinar de manera
concreta. Sí ha aludido usted a la percepción de los ciudadanos de la
justicia, como también algunos otros portavoces. En la percepción que
el ciudadano tiene de la justicia -y con esto contesto a varios
diputados- hay, digamos, defectos de fotogenia. No digo que nuestra
justicia sea maravillosa, pero sí que tendemos a salir mal en la foto
de las encuestas; por un conjunto de razones a las que no me voy a
referir ahora, no hemos acertado en el traslado de la realidad de la
justicia al ciudadano. Es cierto que en ese dictamen al que ha
aludido el señor Barrero hay aspectos que vienen a indicar que el
ciudadano distingue entre la persona del juez y el resultado de la
organización judicial. Valora mejor la persona del juez, le atribuye
y le reconoce una competencia, una honradez, pero en cambio valora
mal el resultado de la organización. Todo esto es cierto, pero no
conseguimos que el ciudadano conozca bien la justicia. No digo que no
haya defectos, la lentitud es evidente, llevo cinco años poniendo de
relieve la extraordinaria lentitud, pero no conseguimos que el
ciudadano sepa exactamente cómo funciona nuestra justicia. El ejemplo
típico. He hablado con varios compañeros que han presidido juicios de
jurado; al terminar un juicio por jurado el juez les suele preguntar
a los juradosqué les ha parecido. Generalmente, todos los que han



Página 6082



sido jurados coinciden en estas ideas. Primera, de ninguna manera
querían ser jurados; segunda, manifiestan su sorpresa por el conjunto
de garantías que el proceso ofrece, se muestran sorprendidos,
impresionados y admirados de las garantías que el proceso ofrece, de
cómo se hacen las cosas; tercera, insisten en que no volverían a ser
jurados por nada del mundo. Pero, cuando han conocido el
funcionamiento de la justicia -los jurados conocen muy bien el
funcionamiento de la justicia-, descubren las dificultades que tiene
la tarea, en sus deliberaciones descubren lo difícil que es eso de
valorar una prueba, y descubren también cómo el desarrollo del
proceso ofrece garantías y que éstas se cumplen bien.

Independientemente de esto, la imagen de la justicia es mala; los
porcentajes que el señor Barrero ha citado son perfectamente claros
y, aparte de la imagen -aunque insisto en que salimos en la foto peor
de lo que deberíamos-, tenemos el defecto de la lentitud.

El señor Silva llamaba la atención sobre un problema que en su
momento me produjo una gran preocupación, hasta el punto de que
encargué una investigación a la Inspección de tribunales: la
disminución de sentencias en el año 1999. Se estudió profundamente el
tema, porque me preocupó, y la Inspección expuso como causas las
siguientes. En primer lugar, el aumento del número de autos, es
decir, habían terminado menos asuntos con sentencia pero muchos más
por auto. En segundo lugar, la intensidad diferente de los planes de
urgencia, de los planes de apoyo en las distintas anualidades. En
tercer lugar -esta es una sospecha mía, lo confieso-, creo que hubo
algún desfase por el cambio de sistemas estadístico y eso condujo a
que no coincidieran los resultados de un año con los de otro. Para mí
este es el dato que considero fundamental.

Vacantes, licencias; qué se puede hacer con un juzgado cuando hay una
vacante. Naturalmente, el Consejo tiene su propósito, su proyecto
sobre este tema. Para mí el ideal es que tengamos cubiertas todas las
plazas del escalafón con jueces titulares, no habrá jueces
sustitutos, pero además deberíamos tener un cuerpo de aspirantes, es
decir, jueces que han hecho la oposición, que han estado en la
Escuela Judicial y que salen de la Escuela Judicial sin plaza
concreta, pero a los que podemos ir destinando a esos juzgados en los
que se da una de las situaciones que S.S. indicaba y que además
podrían servir de apoyo en órganos jurisdiccionales que estuvieran en
un momento de atraso.

Naturalmente, nuestro interés en la calidad de los abogados es grande
y estamos en la línea de apoyar cualquier técnica que signifique una
mejora.

Hablaba de los juzgados mixtos. Llevar a la vez materias distintas,
órdenes jurisdiccionales distintos, Civil y Penal, es siempre una
dificultad. Que conste que, por experiencia personal, la época en que
yo fui juez de Primera Instancia e Instrucción -fui doce años juez de
Primera Instancia e Instrucción- la considero extraordinariamente
formativa. Independientemente de
eso, añadiría que ha sido la época de mi carrera, de los cuarenta y
tantos años, que recuerdo con más satisfacción. Por lo demás, esa
dificultad de llevar Civil y Penal sin duda puede dar lugar a que se
tomen en consideración esas dificultades disminuyendo el número de
módulos. Los módulos no los tenemos elaborados todavía con un
criterio fijo e inexorable, están pendientes de perfeccionamiento.

El número de letrados del gabinete técnico. Efectivamente la Ley de
medidas de choque que aprobaron SS.SS. en el mes de diciembre pasado
deslegaliza ya el tema de los letrados; por consiguiente, espero que
el Ministerio de Justicia atienda nuestras indicaciones en relación
con el número de letrados del gabinete técnico del Tribunal Supremo.

Las revocaciones. Efectivamente es un número alto; con que nos
quedemos con un 30 por ciento es un número alto. Hay que tener en
cuenta que la mayor parte de los juzgados de pueblo están servidos
por jueces sustitutos, y naturalmente los jueces sustitutos están
haciendo una tarea importante y ponen todo su entusiasmo y su
ilusión, pero, claro, el juez sustituto no es el juez de carrera.

Disminución de preventivos. Francamente yo no lo tengo ni como motivo
de optimismo ni como motivo de pesimismo. Esta es una materia de
índole jurisdiccional y el juez acuerda lo procedente en materia de
los criterios establecidos por la ley.

En cuanto a las tramitaciones de los procedimientos de menores, les
decía antes que tendremos una primera impresión a primeros de abril,
pero no creo que sea demasiado expresiva, no tengo demasiada ilusión
en que lo que sepamos en abril sea suficiente como para sentar unas
conclusiones significativas; quizá con un semestre podamos decir
algo, sin duda provisional, pero desde luego no con carácter
demasiado indicativo.

El origen por comunidades autónomas. El problema del origen de los
aspirantes a la carrera judicial, el problema de los opositores, el
origen por comunidades autónomas, en cuanto que tiene trascendencia
para conseguir la estabilidad del juez en un destino y el
conocimiento de la lengua autonómica, es un problema que le afecta y
le interesa mucho al Consejo General del Poder Judicial, pero no
tengo demasiadas ideas al respecto. ¿Qué puede hacer el Consejo para
fomentar que en cada comunidad autónoma se pueda estimular que haya
opositores a la carrera judicial? Con toda franqueza, no tengo ideas
en ese sentido.

Organización del Consejo. Podría pensarse en una cierta
departamentalización. Hay ya alguna distribución de funciones en los
vocales y yo creo que en esa línea debe ir una organización más
eficaz del Consejo General del Poder Judicial.

En cuanto a la formación continuada, le diré que estamos satisfechos;
está dando un buen resultado. No se trata sólo de la valoración que
los asistentes hacen



Página 6083



del curso, que es alta, sino también de la que hacen los
conferenciantes y ponentes.

Finalmente, por lo que respecta a la tasa a la que usted se refería,
con carácter general le diré que tenemos organizado un curso sobre
los costes de la justicia y creo que se va a celebrar en el mes de
julio. En ese curso creo que estos temas podrán tener un tratamiento
adecuado.

Señor Barrero, estoy de acuerdo en que este debate global de la
memoria acumulando tantos temas en una mañana puede resultar poco
efectivo y adquirir el aire de una formalidad. Aun así, desde mi
punto de vista -para mí oírle siempre ha sido interesante-, creo que
podría completarse -como ya he señalado antes- con otras
comparecencias más de tipo monográfico y con la persona adecuada que
mejor pueda proporcionar datos y conocimientos sobre los temas de que
se trate.

En cuanto a los sondeos, ya he dicho antes que también el Consejo
está profundamente preocupado por los sondeos y tiene que buscar la
manera de que nos conozcan más. Yo creo que las oficinas de prensa de
los distintos órganos jurisdiccionales deberían tener una gran
importancia. Es decir, los jueces, las sentencias, tradicionalmente
vienen saliendo cuando se trata de un asunto que tiene una gran
repercusión pública. Sin embargo, hay sentencias, especialmente en la
jurisdicción Social, que tienen una gran trascendencia para la
sociedad, para los ciudadanos, y esas quedan más en la penumbra. Con
las oficinas de prensa, que ya tenemos varias, concretamente en el
Tribunal Supremo ya tenemos una, estamos consiguiendo que no sólo
salga en los periódicos esa gran sentencia que afecta al gran
personaje, sino también otras sentencias civiles de la jurisdicción
Social que plantean problemas de gran trascendencia para la vida
diaria del ciudadano, sentencias que sientan una doctrina que para el
ciudadano de a pie es mucho más importante que la que se siente en el
asunto de gran trascendencia.

El pacto por la justicia. El Consejo espera que se produzca y espera,
naturalmente, que se llegue a una solución que resulte beneficiosa
para la justicia. De las denuncias ya he hablado anteriormente.

La formación limitada en el tiempo. Es cierto que nuestra Escuela
Judicial tiene una duración más corta que otras escuelas, pero hay
que tener en cuenta una importante diferencia y es que a nuestra
escuela se llega mediante una oposición cuya preparación dura varios
años, de suerte que el elemento humano que accede a nuestra Escuela
Judicial llega con una formación jurídica superior a la que tienen
los que llegan a las escuelas de otros países. En ese sentido,
nuestro sistema tradicional ha sido el de la oposición, hay otro
sistema en el que a la escuela llega mucha más gente y poco a poco se
va eliminando. Nuestra alternativa tradicional ha sido la de la
oposición.

Al tercer y cuarto turno ya me he referido antes.

Informática. Las noticias que yo tengo es que este año podría estar
completada. Es cierto que hay fallos. El problema, más que en la
instalación de los instrumentos necesarios, lo vemos en la formación
de los funcionarios, que es esencial.

Ley de Enjuiciamiento Civil, Ley penal del menor, son temas sobre los
que les he dicho ya que les podría enviar un informe. En abril tiene
poco sentido, quizá otro en julio de mayor entidad. Mi preocupación
fundamental en la Ley del menor está en los equipos técnicos, en la
formación de personas especializadas en este terreno. No me refiero a
los jueces, que ya todos han hecho cursos, lo cual no quiere decir
que sean unos superespecialistas, pero para eso están los equipos
técnicos de asistencia. Por ahí es por donde va mi preocupación
fundamental en España.

Sobre violencia doméstica también les he contestado. En cuanto a los
conflictos, también lo he señalado antes.

La elección del Consejo General del Poder Judicial es un tema que el
Consejo ha rehuido siempre. Resulta difícil para un Consejo que es el
fruto de una elección íntegramente parlamentaria pronunciarse sobre
este tema. Si nosotros decimos que el ideal es la elección
íntegramente parlamentaria, la verdad es que eso suena a un
autoelogio; si nosotros decimos que el ideal es la elección por los
jueces de 12 vocales y 8 por el Parlamento, parece que estamos
diciendo que nosotros lo estamos haciendo muy mal y que hay que
cambiar el sistema. El Consejo no se ha pronunciado nunca sobre este
punto. Yo lo que he dicho en alguna ocasión es que los dos sistemas
que hemos tenido hasta ahora, el inicial de elección de 12 vocales
por los jueces y 8 vocales por el Parlamento, y el actual, la
elección íntegra por parte del Parlamento, son dos sistemas
radicalmente opuestos y quizás pudieran encontrarse fórmulas de
concordia. Aquí la imaginación puede encontrar no una, varias
fórmulas de concordia.

En cuanto al jurado, en las propuestas hemos hecho algunas
observaciones. La más llamativa de todas es la consideración del
jurado como una opción de la persona que va a ser juzgada para elegir
entre ser juzgada por el juez profesional o por el jurado. En el
libro de propuestas puede ver este planteamiento. Seguro que ya lo ha
visto.

Señor Ollero, tomo nota. Lo dejaré dicho para las próximas
comparecencias en esta casa, ante esta Comisión de Justicia. Como el
presidente actualiza los viejos datos de la memoria con otros nuevos,
sería interesante, efectivamente, que esta exposición no fuera sólo
oral, sino que hubiera ido precedida por una entrega, por mi parte,
de documentos en este sentido. Es cierto.

El tema de las 96 plazas no sé de dónde sale. En la oposición que se
está celebrando estos días hay convocadas 300 plazas y en cinco años
que nosotros llevamos en el Consejo no ha habido ninguna oposición de
menos de 200 plazas. Puede ocurrir -la confusión a lo mejor



Página 6084



es nuestra porque no lo hemos reflejado bien en la memoria- que se
haya tenido en cuenta, no la cifra convocada para las oposiciones
sino la cifra global del cuarto turno, pudiera ser que en alguna
ocasión la suma de los cuatro órdenes jurisdiccionales fuera 96; pero
no hay ninguna oposición de menos de 225 ó 250 plazas, y la que ahora
mismo se está celebrando es de 300 plazas.

En cuanto al plazo para el ascenso a magistrado, es cierto que dichas
plazas podrían cubrirse con jueces dejando vacante el juzgado,
normalmente de pueblo, y en manos de un sustituto. Yo me resisto a
pensar que todos los juzgados de pueblo llegaran a estar servidos por
sustitutos, es algo que no acaba de gustarme. Es una idea, pero la
posibilidad de ascender en cualquier momento, en cuanto haya vacante,
tiene la grave consecuencia de dejar todos los pueblos, toda la
geografía española que no está servida por magistrados, en manos de
jueces sustitutos.

Compatibilidad. Me aseguran que con uno o dos niveles distintos la
compatibilidad está perfectamente garantizada en todos los sistemas
autonómicos, de manera que llegará un momento, que espero que sea
este año, en que desde el Consejo se podrán manejar los datos de
todos los sistemas informáticos y conocer los datos de cualquier
juzgado inmediatamente, es decir, los test de compatibilidad
elaborados por el Consejo se cumplen. Y las reuniones de vocales del
Consejo con la Comisión de Justicia para temas monográficos me
parecerían excelentes.

Esto es todo lo que tengo que decirles, muchas gracias.




El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor presidente. ¿Desean los
grupos parlamentarios una nueva intervención? (Pausa.)
Agradecemos al presidente del Consejo General del Poder Judicial su
comparecencia y que se haya sobrepuesto a sus dificultades para
hacerla de una forma tan cumplida, tan amplia y tan brillante como
nos tiene acostumbrados.

Se levanta la sesión.




Eran las dos y veinticinco minutos de la tarde.