CORTES GENERALES



DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS



COMISIONES



Año 2001 VII Legislatura Núm. 191



RÉGIMEN DE LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS



PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. NASCÍS SERRA I SERRA



Sesión núm. 8



celebrada el miércoles, 21 de marzo de 2001



ORDEN DEL DÍA:



Preguntas:



- Del señor Ripa González (Grupo Parlamentario Socialista), sobre
criterios utilizados para repartir el complemento de productividad
entre los funcionarios de la Administración periférica del Estado.

(Número de expediente 181/000501.) . . . (Página 5592)

Página 5592



Comparecencia del señor secretario de Estado para la Administración
Pública (González González) para informar sobre:



- Los incrementos retributivos de los funcionarios y empleados
públicos en los ejercicios 2000 y 2001. A solicitud del Grupo
Parlamentario Socialista. (Número de expediente 212/000347.) ...

(Página 5596)



- El último informe elaborado por la Dirección General de Inspección,
Simplificación y Calidad de los Servicios del Ministerio de
Administraciones Públicas, referido al cumplimiento de las
obligaciones de declarar por los altos cargos, así como a los
incumplimientos cometidos en relación con la Ley 12/1995, de
incompatibilidades de los miembros del Gobierno de la nación y de los
altos cargos de la Administración General del Estado, y de las
sanciones impuestas. A solicitud del Grupo Parlamentario Socialista.

(Número de expediente 212/000361.) . . . (Página 5608)



Preguntas (Continuación):



- Del señor Martínez Sanjuán (Grupo Parlamentario Socialista), sobre
causas de la evolución del número de personal directivo en el año 2000.

(Número de expediente 181/000549.) . . . (Página 5619)



- Del mismo señor diputado, sobre causas de la evolución del número de
personal directivo en el período 1996-2000. (Número de expediente
181/000550.) . . . (Página 5619)



- Del mismo señor diputado, sobre las características de la oferta de
empleo público para el año 2001 a petición de los diferentes
departamentos ministeriales y organismos adscritos. (Número de
expediente 181/000553.) . . . (Página 5623)



- Del mismo señor diputado, sobre las medidas para evitar la alta tasa
de temporalidad en la Administración General del Estado. (Número de
expediente 181/000555.) . . . (Página 5623)



- Del mismo señor diputado, sobre previsión de aumento de plantillas
en los consulados españoles en el exterior. (Número de expediente
181/000554.) . . . (Página 5627)



- Del mismo señor diputado, sobre los planes del Ministerio de
Administraciones Públicas para negociar con los sindicatos de los
empleados públicos la recuperación del poder adquisitivo. (Número de
expediente 181/000557.) . . . (Página 5629)



Se abre la sesión a las nueve y cuarenta y cinco minutos de la
mañana.




El señor PRESIDENTE: Señorías, vamos a empezar la reunión de la
Comisión, que tiene un orden del día cargado.

Aunque ayer el Pleno de la Cámara ya se pronunció, se reúne hoy la
Comisión de Administraciones Públicas precisamente el día siguiente a
que un representante elegido de corporación local, Froilán Elespe,
haya sido asesinado. No hemos de hacer otra cosa que recordarle
y recordar que ayer ya nos pronunciamos a través del Pleno y decirles
que puesto que a las 12 en las escalinatas del Parlamento tendrá
lugar la reunión de protesta y en recuerdo de Froilán Elespe
cortaremos cinco minutos antes la reunión de la Comisión y la
reemprenderemos inmediatamente que regresemos de esta reunión.




PREGUNTAS:



- DEL SEÑOR RIPA GONZÁLEZ (GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA), SOBRE
CRITERIOS UTILIZADOS PARA REPARTIR EL COMPLEMENTO
DE PRODUCTIVIDAD ENTRE LOS FUNCIONARIOS DE LA ADMINISTRACIÓN
PERIFÉRICA DEL ESTADO. (Número de expediente 181/000501.)



El señor PRESIDENTE: Les decía que el orden del día es apretado. Por
un viaje, una de las preguntas, la del señor Ripa, que consta en el
orden del día con el número 3, va a ser formulada en este momento y,
por tanto, consultados los portavoces y el Secretario de Estado, que
han mostrado su acuerdo, vamos a iniciar esta reunión con la pregunta
número 3: criterios utilizados para repartir el complemento de
productividad entre los funcionarios de la Administración periférica
del Estado y luego seguiremos el orden del día normal de la Comisión.

Tiene la palabra el señor Ripa para formular la pregunta.




El señor RIPA GONZÁLEZ: Gracias, señor presidente y gracias a la Mesa
y a la Comisión por permitir a este diputado intervenir en primer
lugar. También querría sumarme a las palabras de inicio del
presidente con respecto al atentado de ayer, pero como estos individuos



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no deben marcarnos la agenda, vayamos a lo que nos ocupa.

No tengo muy claro si es bueno o malo aquello del café para todos si
se trata de incentivar la productividad de los trabajadores, en este
caso funcionarios de la Administración periférica del Estado, pero de
lo que estoy plenamente convencido es de que no es bueno -y lo digo
en plano positivo- que para que produzcan más y mejor unos tomen
café, otros tomen café con algún churro, otros café, churros y
croissant, unos poquitos café, churros croissant y zumos y la inmensa
mayoría nada. Sé que me va a decir que se lo pongo muy fácil, puesto
que este complemento viene recogido en la Ley 30/1984, de 2 de
agosto, de medidas para la reforma de la Función pública y como esta
canción la llevamos oyendo cinco años es bueno que el Partido Popular
asuma que lleva cinco años gobernando y, por tanto, si cree que algo
no está funcionando bien lo debe cambiar.

Por ello, en nombre del Partido Socialista hago al secretario de
Estado de Administraciones Públicas la siguiente pregunta: ¿Qué
criterios utiliza el Ministerio de Administraciones Públicas para
repartir el complemento de productividad entre los funcionarios de la
Administración periférica del Estado?



El señor PRESIDENTE: El señor secretario de Estado tiene la palabra.




El señor SECRETARIO DE ESTADO PARA LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
(González González): Señor presidente, antes de contestar al señor
Ripa queremos sumarnos, en nombre del Gobierno, a la condena por el
atentado de ayer y reiterar nuestra solidaridad a la familia y a
todas las personas que sufren esta lacra que todos tenemos encima.

Entrando en la respuesta al señor Ripa, los criterios que seguimos,
como usted dice, no son otros que los que están establecidos en la
propia ley, pero además con las peculiaridades que en el ámbito de la
Administración periférica del Estado se producen como consecuencia de
la aprobación de la Lofage. Como usted sabe esta norma supuso un
cambio radical en la organización de la Administración periférica que
supuso que pasaran a adscribirse al Ministerio de Administraciones
Públicas las delegaciones y subdelegaciones del Gobierno y con ellos
toda una serie de servicios de distintos ministerios que se
integraron dentro de la estructura de esas delegaciones y
subdelegaciones y que configuraron de una manera distinta lo que
hasta entonces era la Administración periférica. Eso ha tenido sus
ventajas y tiene también sus dificultades puesto que este es un
proceso que está en marcha, no es cerrado y que lleva a sumar
situaciones distintas, de procedencia distinta que es complejo
regularizar de repente, de una sola tacada.

En este sentido, siempre hemos tratado de hacer compatible unos
criterios generales en la aplicación de la productividad con el
respeto a las circunstancias personales de los servicios de
procedencia, porque como usted sabe el proceso de integración
significa que la integración es orgánica, no es funcional, es decir,
estos servicios están en la estructura orgánica de las delegaciones
y subdelegaciones, pero funcionalmente siguen dependiendo de los
departamentos de procedencia. Lo que nosotros hemos hecho es hacer
compatibles esos criterios generales de aplicación de productividad
con las peculiaridades de los colectivos de procedencia, y podríamos
diferenciar dos ámbitos: por un lado, el que se refiere a lo que son
los propios criterios del Ministerio de Administraciones Públicas que
están recogidos en una instrucción de la Subsecretaría de 25 de mayo
de 1998, que es la regla marco que ampararía los criterios de la
productividad en cuanto a límites, criterios de reparto, etcétera; y,
por otro lado, las peculiaridades de algunos servicios integrados que
se regirían por sus propias normas. En este sentido los criterios de
reparto serían de dos tipos: los que se refieren a las unidades
orgánicas y los que se refieren a las personas.

Desde el punto de vista de las unidades orgánicas, se parte de las
cantidades que esas unidades ya tenían asignadas en sus ministerios
de procedencia y eso es lo que se respeta a la hora de hacer el
reparto dentro de cada una de ellas en las distintas delegaciones y
subdelegaciones y, por otro lado, estarían las propias que se asignan
a los individuos. En cuanto a las unidades orgánicas, los criterios
que usted ya conoce son que esos créditos totales sólo pueden ser
modificados si varían las cuantías autorizadas al Ministerio de
Administraciones Públicas en relación con esas unidades de
procedencia y en ese caso se vería modificada la cantidad global para
la propia unidad. En segundo lugar, se establece que cuando haya
circunstancias excepcionales debidamente acreditadas por los
delegados y subdelegados del Gobierno la Subsecretaría del Ministerio
podría establecer modificaciones en cuanto a los volúmenes generales
de reparto para esas unidades.

Desde el punto de vista de los criterios individuales, lo que se
aplica es: por una parte, el nivel de dedicación de las personas de
las distintas unidades y el grado de cumplimiento de los objetivos
que se asignan a esas unidades; también que existan trabajos o
programas específicos de actuación para atender algunas necesidades
extraordinarias que se han producido -recientemente los problemas de
extranjería, como SS.SS. conocen-, también la mejora de gestión o el
rendimiento en algunas unidades, el pago de unas jornadas laborales
especiales que estén por encima de las 37,5 horas semanales y también
el respeto, como es lógico, al límite máximo de productividad por
niveles, que está fijado en esa instrucción y que es personal; luego,
el que la percepción de ese complemento de productividad obliga a las
personas que lo reciben a desempeñar



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una jornada de trabajo en régimen de dedicación especial de 40 horas
semanales en jornada partida. Esos serían los criterios generales que
se aplicarían desde el punto de vista de las unidades orgánicas
integradas y desde el punto de vista de las personas que prestan sus
servicios en ellas.

Junto a eso está el régimen especial de algunos servicios integrados
que se siguen rigiendo por sus normas específicas. Básicamente éstos
serían los colectivos de inspección, es decir, los procedentes del
Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, los que se refieren
a la objeción de conciencia, etcétera, que tienen asignada una
productividad por cumplimiento de objetivos, según los baremos
establecidos de cargas de trabajo que ya tenían en sus ministerios de
origen por razón de las inspecciones realizadas y los sigue fijando
el ministerio de procedencia. En razón a eso se les pagarían. También
tienen una retribución específica los gabinetes telegráficos. Como
usted sabe, éstos desempeñan un servicio especial 24 horas que tienen
que estar atendidos y se paga en razón de las horas de trabajo que
realmente realizan estas personas para mantener ese servicio 24
horas. Luego está el parque móvil del Estado que mantiene un sistema
de retribuciones específicas general, pese a que esté integrado, de
sus servicios de procedencia por razón de los servicios
extraordinarios que el parque móvil siempre va prestando para atender
a las distintas prestaciones de ese servicio que tienen que dar a
todas las personas.

Este es el sistema que en estos momentos está rigiendo los criterios
de reparto de productividad y es un sistema que le digo que trata de
combinar una situación que está todavía en desarrollo, como es la
integración de los servicios periféricos, con una serie de criterios
generales propios del Ministerio de Administraciones Públicas y trata
de ir haciéndolos compatibles en la medida en que el proceso se va
consolidando.




El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Ripa.




El señor RIPA GONZÁLEZ: Es verdad lo que acaba de decir, como no
podía ser de otra manera. Ninguna objeción a los criterios puestos
sobre el papel. Lo que ocurre es que después cuando vas a las
unidades y haces ciertas encuestas o preguntas se observa que los
funcionarios no lo ven así. Yo no sé si es que se quejan de vicio o
no.

Precisamente voy a empezar por un acta de la junta de personal de
Palencia -podía ser de Navarra, de donde soy yo, o de cualquier otro
sitio- en la que se dice: Para terminar, concluyamos el asunto de las
productividades, concepto éste que dicen que remunera el especial
rendimiento que ha observado el jefe en el trabajo de un determinado
empleado público. Por poner otro ejemplo práctico, ya que hemos
mencionado a la Subdelegación del Gobierno, vemos cómo en este centro
de trabajo un reducido y exclusivo grupo de funcionarios vienen
rindiendo de una manera tan especial, prolongada en el tiempo y sin
descanso, que ningún otro ha podido percibir una peseta por tal
concepto en los últimos 12 años, salvadas las contadas
incorporaciones al club de los privilegiados que se han dado en
sustitución de las bajas producidas por traslados o por desafección
al jefe. Y es que la relación personal con el jefe termina siendo el
criterio que rige el pago de la productividad; no hay más que ver
cómo trabajadores de probada capacidad y rendimiento no perciben una
peseta, en tanto que otros no dejan de establecer mecanismos de
mejora en la gestión y atención al público. Algunos ni atienden al
público. Año tras año, sin descanso, logrando hacer de la
Subdelegación del Gobierno, sin duda, el organismo mejor gestionado
de España. Esto es una muestra, pero seguro que si cogiéramos las
actas de otras juntas de personal veríamos que la mayoría diría algo
parecido.

Por tanto, sobre el papel, como digo, los criterios de reparto de la
productividad podríamos decir que son buenos, sin embargo la
percepción que tienen los funcionarios, repito, constatada a través
de varias encuestas realizadas, es que se trata de un complemento
cuyo reparto es injusto, incluso dicen que debería desaparecer; y es
injusto porque se realiza de una manera poco objetiva y más bien de
forma arbitraria, que se distribuye no tanto en relación con los
resultados de los puestos de trabajo sino con las personas que ocupan
determinados puestos de trabajo. Hay diferencias de percepciones en
cantidades, como por ejemplo, en las cuantías percibidas por un
director provincial de Fomento, 100.583 pesetas en diciembre de 2000;
un director provincial de Agricultura, 73.583 pesetas en diciembre de
2000, frente a un director provincial de Industria, 24.600. ¿Cómo se
explican semejantes diferencias cuando los puestos corresponden a una
misma categoría y las competencias están transferidas a la comunidad
autónoma en todos los casos? ¿Es que al Ministerio le interesa más
hacer brillar a la Dirección Provincial de Fomento con respecto a la
Dirección Provincial de Industria, digamos, propagandísticamente?
Cualquier responsable de personal deberá saber que el sentido de la
justicia lo tenemos las personas a flor de piel y se debe ser
tremendamente cuidadoso con la valoración que se haga sobre el
trabajo y los objetivos conseguidos por cada funcionario, sabiendo de
antemano que la evaluación suele ser muy difícil y a veces casi
imposible, porque las circunstancias que concurren en cada caso hacen
que resulte muy subjetivo, por no dar la definición de Ortega y
Gasset: Yo soy yo y mis circunstancias. Soy de los que piensan que
los servicios públicos deben funcionar tan bien o mejor que los
privados, con la máxima eficacia, que redunde en beneficio de los
ciudadanos, pero difícilmente se conseguirá este objetivo cuando se
perciben tales diferenciasen el trato por parte de la Administración.

Hay que



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optimizar el trabajo de la totalidad de los funcionarios y no sólo de
una parte de ellos y por tanto en algo estará fallando la
Administración cuando la productividad siempre está en las mismas
personas y no consigue, en general, generar nuevas expectativas en el
resto de las plantillas.

La Administración actual pretende vender la necesidad y la idea de
que hay que variar muchas cosas en la actual estructura de la función
pública para llegar a unos niveles de eficacia comparables con los de
la empresa privada y esto no es malo, me parece que está bien,
siempre que no olvidemos que hay que dedicar muchísimos recursos y
que los empleados públicos hacen un gran esfuerzo, a veces poco
reconocido, para que su trabajo redunde en beneficio de los
ciudadanos en general. La mayor parte de la formación de estos
funcionarios corre por cuenta del propio trabajador. Hay cierta
propaganda en contra del funcionariado, a veces se dice que son vagos
empedernidos; por parte de los administrados se tiene que acudir a
veces a las oficinas y allí nos damos cuenta de que ese adjetivo que
les hemos dedicado no es cierto, son menos vagos de lo que la
propaganda manifiesta. No parece que el reparto arbitrario de
incentivos económicos otorgados sin un aparente o real mayor
merecimiento por parte de quienes lo reciben sea la forma de lograr
un clima de interés o la plena dedicación al trabajo por parte de
quienes deben realizarlo.

Señor secretario de Estado, sé que es muy difícil, se lo digo desde
la propia experiencia como director provincial de Educación, pero por
lo menos hagamos que los criterios de reparto sean lo más objetivos
posibles porque si no cuando el funcionario ve que hay cierta
discriminación, cuando el funcionario ve que se reparte siempre a las
mismas personas, cuando el funcionario ve que las cantidades son
tremendamente desiguales, al final la productividad, que se creó
precisamente para producir más y mejor, está resultando
contraproducente.




El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor secretario de Estado.




El señor SECRETARIO DE ESTADO PARA LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
(González González): Empezando por el final, coincido con usted en
que la crítica tradicional al funcionariado es más un tópico que la
realidad, afortunadamente, y que hoy los servicios públicos funcionan
bastante mejor que hace años y esperemos que peor de lo que lo hagan
en el futuro.

Evidentemente lo que usted plantea en la cuestión de la productividad
es un tema tan viejo como la propia Administración: cómo se hacen los
criterios de evaluación y cómo se reparte la productividad. He
empezado diciendo que en concreto, en el ámbito de la Administración
periférica, es verdad que, por las peculiaridades en las que en estos
momentos nos encontramos en la
organización, hay una serie de diferencias que son arrastradas de la
propia situación de procedencia de los ministerios de origen, es
decir, que cuando hay distintas productividades entre un director
provincial de un área y otra, puede sorprender. No comparto con usted
la idea de que tengan que tener la misma productividad, tienen que
tener productividades distintas, lo que pasa es que en este momento
esas situaciones son simplemente la pura reproducción de la situación
originaria en los ministerios de referencia, no responde a un proceso
de evaluación global dentro de la propia Delegación o Subdelegación
del Gobierno. Por eso nosotros estamos elaborando una nueva
instrucción de productividad que trate de superar esa situación de
procedencia de departamentos estancos entre los distintos servicios
integrados funcionalmente para ir a lo que entendemos que debe ser un
tratamiento global, es decir, asignar las productividades por
provincias, de manera que sean los responsables de la provincia los
que repartan ese volumen global de productividad atendiendo a
distintos criterios, como las cargas de trabajo, la especial
dedicación, etcétera; criterios que siempre han estado en la
configuración de las distintas retribuciones de los empleados
públicos, no sólo de la productividad sino de los conceptos
retributivos restantes que se reciben, y eso siempre da lugar a todo
tipo de interpretaciones. Usted dice que hay gente que no está de
acuerdo con la productividad porque no la percibe. No, hay gente que
no está de acuerdo con la productividad incluso con la que percibe,
pero esto siempre va a ser así.

Hay una segunda cuestión que es inevitable, la asignación de
complementos que no son fijos ni periódicos y que valoran este tipo
de circunstancias siempre tienen un componente de subjetividad que
hay que colocar en manos de las personas que pueden evaluar, que son
los responsables, los superiores, etcétera, que tienen dentro de sus
responsabilidades asignar a las personas que trabajan con ellos los
incentivos necesarios para que saquen el trabajo del que él es
responsable, y en eso le irá bien que haga un buen reparto de
productividad y que valore al que lo merece y que no valore al que no
lo merece, porque se estará perjudicando. Creo que la gente en
general es lo suficientemente sensata como para hacer un buen reparto
de los medios que tiene a su alcance para conseguir que los trabajos
salgan razonablemente bien, por eso los servicios públicos cada día
funcionan mejor. En ese sentido, creo que hay que colocar a los jefes
la responsabilidad de la evaluación de sus propios subordinados con
todos los riesgos que eso tenga. No es cierto que haya gente que no
cobre productividad. En términos generales la inmensa mayoría de los
empleados públicos perciben productividad, algo que podríamos
discutir usted y yo si debe ser así. Probablemente los que no la
cobren sea porque las especiales dedicaciones horarias que siempre se
asocian a la productividad en algunos casos no sean interesantes para
los propios empleados públicos que



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libremente optan por mantener un horario distinto que no les exigiría
tener productividad.

Para terminar, somos conscientes de la problemática de la periferia,
estamos preparando una nueva instrucción que esperamos que en los
próximos meses salga, vamos a tratar de acabar con esa situación de
compartimentos estancos y vamos a tratar de establecer fondos de
productividad por provincias para que los propios responsables de
cada área puedan establecer criterios de reparto para todo el
personal, dentro de lo subjetivo u objetivo que se pueda, sin atender
estrictamente a las procedencias de los distintos departamentos
ministeriales.




COMPARECENCIA DEL SEÑOR SECRETARIO DE ESTADO PARA LA ADMINISTRACIÓN
PÚBLICA (GONZÁLEZ GONZÁLEZ), PARA INFORMAR SOBRE:



- LOS INCREMENTOS RETRIBUTIVOS DE LOS FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS
PÚBLICOS EN LOS EJERCICIOS 2000 Y 2001. A SOLICITUD DEL GRUPO
PARLAMENTARIO SOCIALISTA. (Número de expediente 212/000347)



El señor PRESIDENTE: Vamos a pasar al que era el primer punto del
orden del día de la Comisión, la comparecencia de don Ignacio
González, secretario de Estado para la Administración Pública, al que
agradezco su asistencia a la Comisión -no lo he hecho al inicio de la
reunión- para que informe sobre los incrementos retributivos de los
funcionarios y empleados públicos en los ejercicios 2000 y 2001.

Tiene la palabra el señor secretario de Estado.




El señor SECRETARIO DE ESTADO PARA LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
(González González): Voy a tratar de ser breve en la presentación de
este asunto porque creo que SS.SS. tienen bastante conocimiento del
mismo como consecuencia de los debates o de las presentaciones que
hemos hecho ante esta Comisión de los distintos presupuestos en los
que se contienen, como es lógico, las previsiones retributivas de los
empleados públicos para cada uno de estos ejercicios. Antes de entrar
en ello, creo que es necesario que hagamos una breve referencia, por
un lado, a cómo se configura la estructura retributiva en los
empleados públicos y, por otro, a cuáles son los criterios de
política general en los que debe enmarcarse la política retributiva
de los empleados públicos.

La estructura, como SS.SS. saben, desde la firma del convenio único
en el año 1998 prácticamente es muy semejante para la totalidad de
los empleados públicos, tanto funcionarios como personal laboral. En
ese sentido podríamos diferenciar dos ámbitos básicos de
retribuciones, por una parte, las retribuciones básicas, en las que
estarían integrados el sueldo, los trienios y las
pagas extraordinarias, que son iguales para todos los grupos de la
Administración pública en todas las administraciones públicas y, por
otra parte, las denominadas retribuciones complementarias que
básicamente se centrarían en dos complementos, el complemento de
destino y el específico, que van dirigidos a la retribución del grado
personal y a las especiales características del puesto que se
desempeña. La determinación de estos complementos se contiene en las
leyes de presupuestos, son públicas, deben incorporarse cada año y se
fijan por cada Administración. A ello se añaden una serie de
conceptos retributivos, que no son fijos ni periódicos en su devengo
pero que forman también parte de las retribuciones, que serían, por
una parte, la denominada productividad, a la que ya nos hemos
referido, y las gratificaciones por la realización de servicios
extraordinarios, que vienen a pagar la especial dedicación, el
especial rendimiento, la consecución de objetivos, la mejora en el
funcionamiento de los servicios, etcétera; esto configuraría, en
líneas generales, los principales conceptos retributivos de los
empleados públicos.

Desde el punto de vista de los objetivos a los que entendemos que
debe responder la política retributiva, éstos son enmarcables, como
es lógico, dentro de los objetivos de la política económica general
del Gobierno, es decir, el régimen retributivo debe responder a las
prioridades económicas que, como ustedes saben, están situadas en el
crecimiento de la economía, de la riqueza, de la creación de empleo,
el equilibrio económico, la reducción del déficit público y la
reducción de nuestros diferenciales con los países de nuestro
entorno, todo ello haciéndolo compatible con el objetivo prioritario
que es, lógicamente, en la prestación de los servicios introducir
criterios de mayor calidad, eficiencia, eficacia, mejorarlos día a
día y hacerlos compatibles con las prioridades políticas en las
distintas áreas de gestión que venimos señalando, como puede ser la
Administración de justicia, la sanidad, la seguridad, la reforma del
Ejército, la investigación, etcétera, y todo ello enmarcado dentro de
nuestros compromisos económicos internacionales, fundamentalmente
desde nuestra integración en la unión económica y monetaria y, por
tanto, respetando los objetivos económicos que nos vienen impuestos
en este sentido, por una parte, por el Plan de estabilidad y, por
otra, por los propios marcos financieros que nos marca el Banco
Central Europeo. En este contexto nosotros hemos venido situando la
política retributiva de los empleados públicos en estos ejercicios.

Por lo que se refiere al régimen retributivo de los empleados
públicos en el año 2000, responden a los criterios y prioridades
políticas a las que me acabo de referir. Se establece un incremento
fijo generalizado de las retribuciones que va asociado al objetivo de
inflación para el año, que fue del 2 por ciento para el conjunto de
los salarios. Como recordarán, este objetivo de



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inflación era el marcado ya por el Banco Central y a ello se
añadieron distintos acuerdos sectoriales de incrementos retributivos
para la mejora de servicios esenciales, así como la constitución de
un fondo de mejora en la prestación de los servicios públicos que
tenía un componente inicial de 10.000 millones de pesetas, ampliable
en 3.000 millones de pesetas, para la consecución de estos objetivos.

El conjunto de las mejoras retributivas del año 2000 ascendía a más
de 22.000 millones de pesetas, que se incorporaban a ese incremento
lineal del 2 por ciento y que configuraban, aproximadamente, un
incremento adicional por encima del 1,5 a las retribuciones globales
de los empleados públicos. A estas retribuciones, lógicamente, hay
que añadirles lo que se conoce en términos de retribuciones de empleo
público como los deslizamientos, es decir, aquellas otras
aplicaciones retributivas que se producen a lo largo del año y que
son fruto de la gestión de los recursos humanos, de la aplicación de
los criterios de reclasificación, de promoción, de carrera
profesional, de la productividad, de la evaluación del rendimiento,
etcétera; las gratificaciones a las que me he venido refiriendo
anteriormente. Todo ello ha hecho que el régimen retributivo en el
año 2000, el conjunto de las retribuciones de los empleados públicos
se haya situado en el entorno del 4 por ciento en el ámbito de la
Administración del Estado, es decir, en términos muy parecidos a lo
que ha sido la inflación real al final del año y, además, en términos
comparativamente superiores incluso a la evolución que se ha
producido de los salarios en el sector privado, que, como ustedes
saben y según las últimas informaciones que se han venido produciendo
al respecto, han evolucionado entre el 3,2 ó el 3,6, dependiendo de
las distintas fuentes que se manejen, lo cual ha colocado los
salarios del sector privado para el año 2000 en una media aproximada
de 231.969 pesetas, frente a una media de salario público en el mismo
ejercicio de 273.265 pesetas. Ese es el escenario, en términos muy
resumidos, de lo que ha sido el régimen retributivo a lo largo del
año 2000.

Por lo que se refiere al año 2001, los planteamientos de régimen
retributivo efectuados por el Gobierno han sido muy similares a los
que se produjeron en el año anterior. Se ha contemplado una previsión
de incremento generalizado de los salarios asociado al objetivo de
inflación, igualmente señalado por el Banco Central Europeo en el 2
por ciento, que es el que se ha consignado en la Ley de presupuestos
para el presente año. A este incremento se han incorporado otras
medidas económicas como la consolidación de los incrementos
retributivos del ejercicio anterior y de los distintos acuerdos que
se suscribieron a lo largo del año y, al mismo tiempo, algunos otros
acuerdos de trascendencia económica como mejoras puntuales desde el
punto de vista de las retribuciones del personal en el exterior o la
mejora de las retribuciones por complementos de residencia de
nuestros funcionarios en las islas o en
Ceuta y Melilla, así como otro tipo de retribuciones adicionales,
dietas, etcétera, a los empleados públicos. El planteamiento que hizo
el Gobierno desde el punto de vista de las retribuciones del año 2001
era seguir en la senda de la posibilidad de incorporar mejoras
retributivas asociadas a la mejora en el funcionamiento de los
servicios, y ese fue el planteamiento de la negociación que se
formuló a los empleados públicos en las distintas mesas de
negociación, sin que lamentablemente pudiéramos alcanzar acuerdos
como los que se suscribieron en el ejercicio anterior ante la
posición de los representantes de los trabajadores de insistir en un
incremento generalizado de cinco puntos, lo cual, a juicio del
Gobierno, constituía un incremento salarial excesivo en un momento en
que todas las autoridades económicas y monetaria exigían una
moderación salarial teniendo en cuenta el comportamiento de la
inflación en estos últimos meses. En ese sentido, el Gobierno reiteró
su disposición a seguir negociando y hablando en esta misma línea,
pero, como ustedes conocen, no ha sido posible llegar a ningún
acuerdo y las retribuciones de los empleados públicos han quedado
fijadas en ese incremento generalizado más la consolidación de los
acuerdos anteriores, más las distintas mejoras puntuales que se han
incorporado en este ejercicio. A ello, lógicamente, habrá que añadir
la gestión de los recursos humanos a lo largo del ejercicio, que
configura lo que ya he explicado de deslizamientos y que tendrá su
reflejo al final de año como consecuencia de las políticas de
reclasificación, de promoción, de productividad, evaluación,
rendimiento y mejora en el funcionamiento de los servicios. En
términos generales, este es el régimen retributivo establecido por el
Gobierno para los años 2000 y 2001.




El señor PRESIDENTE: Por el grupo parlamentario que solicitó la
comparecencia tiene la palabra doña Juana Serna.




La señora SERNA MASIÁ: Bienvenido, señor secretario de Estado. Ya
sabe que tenerle aquí siempre es interesante para hacer un debate
sosegado sobre lo que nos parecen dos modelos completamente
distintos, tanto de la Administración pública como de las relaciones
con los funcionarios y los laborales, en definitiva, con los
empleados públicos.

Usted ha partido de un hecho cuantitativo, que yo también quería
constatar, y es que en el año 2000 el incremento salarial fue del 2
por ciento en relación a lo que se había previsto de cara a la
inflación para el año 2000, pero que acabamos, como sabemos todos, en
una inflación del 4 por ciento. De nuevo el Gobierno insiste en los
presupuestos generales de este año en mantener el incremento salarial
en un 2 por ciento y la tasa de inflación también en ese 2 por
ciento, pero nos encontramos ahora en febrero con que la inflación
está nada menos que en el 3,8. En un cálculo muy simple



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eso significa que durante estos últimos catorce meses, todo el año
2000 y lo que llevamos del 2001, los empleados públicos han perdido
nada menos que 3,8 puntos de poder adquisitivo. ¿Por qué ocurre esto?
¿Por qué precisamente son los empleados públicos los que tienen que
acabar apretándose el cinturón? ¿No deberían ir acompañados de otros
sectores que aparentemente al menos están menos necesitados? Mirando
un poco hacia atrás, no mucho, en el año 1999 nos encontramos que de
nuevo viene a acontecer lo mismo, y es que el incremento salarial
también es del 1,8 por ciento y sin embargo la inflación fue del 2,9
por ciento. Sumando todo eso nos encontramos de nuevo que en estos
últimos 26 meses se han perdido 4,9 puntos de poder adquisitivo. Si
embargo, a partir de 1999 nos hemos encontrado con dos
acontecimientos de tipo económico bastante sorprendentes; por
ejemplo, que el Gobierno regala, desde nuestro punto de vista, un
billón 200.000,27 millones a las eléctricas, un regalo que ha sido
totalmente cuestionado por el Tribunal de Defensa de la Competencia y
por la Unión Europea. O nos encontramos que el año pasado las arcas
tributarias dejaron de ingresar unos miles de millones que se podrían
haber obtenido si el empecinamiento gubernamental hubiese permitido
que en lugar de por concurso hubiésemos tenido unos buenos ingresos
por subastas, y me estoy refiriendo al concurso de la telefonía móvil
de segunda generación. ¿Qué es lo que todo esto nos permite
constatar? Que hay sectores -en este momento estamos hablando de los
empleados públicos- que a menudo tienen que apretarse el cinturón
mientras el Gobierno trata de forma muy diferente a otros sectores,
como decía antes, bastante poco necesitados. Esto trae unas
consecuencias importantes.

Voy a leer lo que apareció publicado en Expansión, el lunes 19 de
marzo: A día de hoy cunde entre los funcionarios, que han perdido
sensiblemente poder adquisitivo en los últimos años, la apatía y el
desánimo, lo que tiene efectos negativos sobre el buen funcionamiento
de la Administración y del sistema económico. ¿Cuáles son las
consecuencias de estos malos cálculos que está haciendo el Gobierno
últimamente? En primer lugar y de una forma objetiva -aunque vamos a
debatirlo con usted después de haberle escuchado, porque según usted
sí que han ganado-, ha habido una pérdida de poder adquisitivo. Otra
consecuencia subjetiva es el desánimo entre los funcionarios públicos
y otra consecuencia objetiva es que genera nada menos que mal
funcionamiento en la Administración pública y mal funcionamiento en
la economía. Es sorprendente que esto ocurra, según este análisis de
Expansión, porque estamos escuchando continuamente al Gobierno decir
que hay que contener los salarios por el bien de la economía, para
que no aumente la inflación. Sin embargo, después de los datos que
hemos analizado, estamos constatando que a pesar de que se contengan
los salarios, la inflación sube y sube y sube. Ese empeño de
unir salarios bajos, o que no suben al mismo ritmo de la inflación, y
buen funcionamiento de la economía no es algo que solamente diga
usted. Por ejemplo, en Diario 16, el 9 de febrero de este año,
aparece publicado: Los eurodiputados del Partido Popular, José Manuel
García-Margallo y Alejandro Agag, presentaron ayer varias preguntas a
la Comisión Europea para que el responsable de asuntos monetarios
explicase las consecuencias que podría tener para la disciplina de la
eurozona la aplicación en España de la sentencia de la Audiencia
Nacional que rechaza la congelación de salarios de los funcionarios
del año 1997. Según algunas estimaciones, el pago estaría cerca de
900.000 millones de pesetas, lo que podría desembocar en un aumento
de la inflación. De todas maneras, los funcionarios están de suerte
en el mes de marzo porque la inflación ya no está unida a su sueldo,
está unida a las vacas locas. Así en El País, el día 20 de marzo,
podíamos leer: Apesar de los paños calientes y de las atropelladas
explicaciones del Gobierno, la subida del IPC en el mes de febrero
confirma la desastrosa evolución de la inflación en España. Las
explicaciones del Ejecutivo son una vez más inservibles y tendentes a
echar la culpa a todos menos a él mismo. Pero culpar de la inflación
a las vacas locas ya no se sostiene, porque a pesar de los malos
resultados en Francia y Alemania, donde los precios anuales se han
disparado hasta el 1,4 y el 2,6 -muy lejos de donde estamos los
españoles-, allí también existen vacas locas y son capaces de
contenerla. Acaba diciendo: En todo caso, debe aceptarse ya
públicamente que el objetivo del 2 por ciento es una entelequia. Pues
si es una entelequia, ¿qué piensa hacer el Gobierno para resolver el
problema que plantea que ese objetivo no se cumpla y que los
funcionarios vayan perdiendo poder adquisitivo año tras año? Le
recuerdo todo esto porque, según las posturas que vamos viendo en las
comparecencias, en las preguntas que les hacemos y en los debates con
el señor ministro, mi grupo mantiene un modelo totalmente distinto
respecto a las relaciones sindicales, el sueldo de los empleados
públicos, la concepción que tenemos de la calidad de los servicios
públicos y el buen funcionamiento de las administraciones públicas.

Pero no me gustaría que eso se quedara simplemente en una afirmación.

Quiero recordarle que cuando el Partido Socialista llegó al poder
recibió una herencia de inflación del Gobierno anterior, de la UCD,
nada menos que del 14 por ciento. (El señor Soriano Benítez de Lugo:
UCD la cogió al 25 por ciento.) Perdón, señoría, no le he entendido.




El señor PRESIDENTE: No; es que no debe entender. (Risas.)
Siga.




La señora SERNA MASIÁ: Estos son los datos que tengo, procedentes del
propio Ministerio y que saqué por Internet hace tres días.




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Esa es la herencia que se había recibido y se la dejamos a ustedes en
el 3,20 por ciento. Fueron años de mala economía, años en los que
hubo que apretarse realmente el cinturón. Ahora, en estos años de
buena economía, internacional pero también española -eso no se lo
niego-, estamos ya en el 3,8 por ciento. ¿Qué es lo que hicimos en
aquellos años en los que se luchaba por contener la inflación? Usted
conocerá los datos mejor que yo; se los puedo leer, pero no quiero
ser pesada con las cifras porque sé que son aburridas siempre.

Durante esos cinco años, el año 1988, seguro, y después los años 1990
a 1993, hubo cláusula de revisión salarial y, precisamente porque los
cálculos iniciales no eran los correctos, año tras año se aumentaron
las retribuciones de los empleados públicos con dicha cláusula. Eso
es importante porque para nosotros es una cuestión objetiva. La
cláusula de revisión salarial se aplica cuando acaba el año y se
conoce la tasa de inflación. De esa manera nadie pierde poder
adquisitivo, ya que va a las retribuciones básicas. Digamos que la
cláusula de revisión salarial se guía por el principio de equidad.

Sin embargo, ustedes suelen hacerlo a través de los fondos
adicionales, y esto se produce a mitad de año, cuando no se sabe cómo
va a acabar la inflación, por lo cual no cubre la subida la vida ni
del IPC, y por último, suele ir en función de la productividad, sobre
la cual debatiremos con sosiego usted y yo en una pregunta posterior.

Mi compañero, el diputado señor Ripa, decía que la productividad a
veces tiene algunos problemas en cuanto al reparto. En fin, me parece
que estos años van a ser duros, difíciles, con debates importantes,
pero nunca debemos perder el sentido del humor. Mientras le escuchaba
me estaba acordando de una anécdota que se cuenta siempre en
Albacete: una discusión entre tres agricultores manchegos porque
querían repartir catorce cerdos entre tres agricultores y las cuentas
no les salían exactas. Después de mucho pensarlo, uno de ellos acabo
decidiendo que lo mejor era repartir catorce entre tres y que tocasen
dos a siete y uno a na. Pues eso es lo que pasa con la productividad,
que se reparte entre algunos colectivos pero algunos se quedan en na.

Para concluir, los males de la inflación no provienen de los salarios
públicos, entre otras cosas porque estos se han ido conteniendo año
tras año y, sin embargo, la inflación ha ido aumentando. Según la
sentencia de la Audiencia Nacional -que entiendo que no es firme, lo
cual no le quita la calificación de sentencia-, el Gobierno está en
deuda con los funcionarios. Hay un desánimo en ellos que genera un
mal funcionamiento de la Administración pública y de la economía. Por
último, el reparto de fondos adicionales que acaba de explicar no nos
parece equitativo ni justo para la totalidad de los empleados
públicos.




El señor PRESIDENTE: Vamos a dar la palabra para fijar posición a los
grupos que no han presentado la solicitud.

Por el Grupo Parlamentario Vasco (PNV), tiene la palabra el señor
Erkoreka.




El señor ERKOREKA GERVASIO: En primer lugar, en nombre de mi grupo
quiero dar la bienvenida al señor secretario de Estado a esta
Comisión. En segundo lugar, quiero hacer una pequeña reflexión en
torno a una cuestión que tiene que ver con la planteada por la
portavoz del Grupo Socialista pero que no es exactamente la misma. En
la política retributiva del Gobierno en relación con los empleados
públicos hay una cuestión que nos ha llamado la atención porque
apreciamos que no obedece a un criterio excesivamente claro y
coherente. No sé si en el trasfondo existe, pero espero que el
secretario de Estado me la aclare. Se puede decir que esta cuestión
hunde sus raíces casi en los albores del Estado autonómico y que
tiene que ver con el carácter vinculante de los incrementos
establecidos por los Presupuestos Generales del Estado con respecto a
todas las administraciones públicas. Hay ya una jurisprudencia del
Tribunal Constitucional bastante consolidada en este sentido que
fundamenta en la competencia estatal, en materia de la ordenación
general de la economía, la capacidad para fijar incrementos
retributivos que vinculen a todas las administraciones públicas, sean
autonómicas o locales. Cierto es que durante los últimos años se ha
producido una auténtica cruzada por parte de la Administración del
Estado persiguiendo todo aquel incremento retributivo, acordado en
cualquier otra Administración pública que no sea la estatal, que se
aparte del fijado en los Presupuestos Generales del Estado. Incluso
hay un caso muy significativo en este sentido: un incremento acordado
por la Xunta de Galicia que formalmente se ajusta al establecido en
los Presupuestos Generales del Estado, pero que se acompaña de un
fondo especial que tiene que ver con el funcionamiento de la
Administración, los desplazamientos, cuestiones vinculadas a la
productividad y demás, y el Estado, como aprecia que la existencia de
ese fondo puede desembocar en un resultado final en el que el
incremento retributivo efectivo, real, de los empleados públicos de
la Xunta de Galicia es superior al del Estado, lo recurre por el
suyo. El Tribunal Constitucional le da la razón y considera, por
decirlo en términos inteligibles y claros, que el fondo previsto en
los Presupuestos Generales de Galicia es una especie de previsión
tramposa que permite, bajo una apariencia de legalidad, de adecuación
al incremento establecido por los Presupuestos Generales del Estado,
asegurar, de hecho, un incremento distinto para los empleados
públicos de la Administración gallega. Sin embargo, hemos apreciado
que últimamente el Estado, lo que consideró que era una previsión
tramposa en el caso de la Xunta de Galicia, lo ha hecho suyo y hemos
visto que durante alguno de los



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últimos años ha habido previsiones de fondos, acordados con los
sindicatos, para compensar diferentes cuestiones vinculadas a la
productividad en el seno de la propia Administración general del
Estado. En relación con esto hemos visto que con motivo del acuerdo
entre Administración y sindicatos del año 1999 se incluye un fondo,
al que ha hecho referencia el secretario de Estado en su
intervención, que de hecho hace que el incremento formalmente
previsto de retribuciones del 2 por ciento, ajustado a previsiones de
convergencia y a incrementos de la economía y demás, se convierta en
un incremento real, efectivo, cercano al 4 por ciento. El fondo está
previsto para un reparto que se llevará a cabo por una sola vez y con
vinculación a incentivos por el rendimiento. En los Presupuestos
Generales de este año vemos una disposición adicional undécima que
pretende consolidar el reparto de ese fondo que estaba previsto que
se llevara a cabo por una sola vez y con vinculaciones al
rendimiento. No sabemos hasta qué punto esto encierra una
contradicción. Es decir, consolidar una cosa que está prevista para
una sola vez y, por tanto, expresamente vinculada al ejercicio
presupuestario correspondiente al año 2000, consolidarla el año 2001
a través de la ley de presupuestos, efectivamente la ley lo puede
hacer, pero está estableciendo un esquema asimétrico con respecto al
resto de las Administraciones públicas porque se han tenido que
ajustar inexorablemente al incremento retributivo previsto en los
Presupuestos Generales del Estado, el 2 por ciento, sin poder
acogerse a la posibilidad de prever un fondo que se reparte por una
sola vez pero que la ley de presupuestos del año siguiente lo
consolida con carácter definitivo e irreversible. Hay aspectos de
esta política retributiva que se reflejan en esta medida que nosotros
no acabamos de comprender y quisiéramos que el secretario de Estado
nos los aclarase.




El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Ruiz, en nombre del
Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida.




El señor RUIZ LÓPEZ (don Antero): Desde el Grupo Parlamentario
Federal de Izquierda Unida queremos sumarnos también a la condena que
se ha hecho al inicio de esta Comisión por el acto terrorista
perpetrado ayer, y lo hacemos de la manera más contundente
y enérgica, como no puede ser de otra forma.

Señor secretario de Estado, respecto a los planes del Gobierno en
relación con la parte variable del salario de funcionarios y
empleados públicos, el Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida
quiere expresar su disconformidad con el sistema utilizado hasta
ahora por el Gobierno del Partido Popular, así como con los que
parecen ser sus planes en esta materia, también por lo que usted ha
explicado aquí esta mañana. A Izquierda Unida no le parece razonable
vincular la parte variable del salario de funcionarios y empleados
públicos al nivel del
puesto que ocupe cada trabajador, que es lo que ocurre en este
momento, pues ello implica que las retribuciones variables están más
vinculadas a las caracterizaciones de los puestos de trabajo que a la
productividad y los rendimientos efectivos. Este grupo parlamentario
considera más razonable vincular la parte variable del salario de
funcionarios y empleados públicos a objetivos de trabajo concretos,
mensurables y pactados con los sindicatos; insisto, concretos,
mensurables y pactados. Somos partidarios de que en las
administraciones públicas, como ya ocurre en muchas empresas
privadas, se trabaje por objetivos y la consecución de los mismos se
retribuya adecuadamente. Por el contrario, no somos partidarios de
una situación como la actual en la que la retribución variable no se
adjudica en función del cumplimiento de objetivos sino de las
caracterizaciones de puestos de trabajo, lo cual es utilizado como
una prebenda o como forma de atraer a cuadros medios, directivos y
ejecutivos de la empresa privada a la Función pública de forma
temporal. Nuestra postura no es ni poco flexible ni está anclada en
el pasado, como les gusta decir a muchas de SS.SS. respecto a
Izquierda Unida. Este grupo parlamentario acepta como interesantes
las retribuciones variables en el marco de las administraciones
públicas, pero le gustaría verlas fuertemente objetivadas, de forma
que se destierre cualquier uso arbitrario o de prevenda de este tipo
de retribuciones.

Una vez que he fijado postura en este tema, en nombre de Izquierda
Unida pido al secretario de Estado para la Administración Pública que
facilite a los miembros de esta Comisión datos precisos sobre las
retribuciones variables, por ejemplo, montos sobre el global de las
retribuciones, sectores de las administraciones públicas donde las
retribuciones variables son mayores, desviaciones presupuestarias
como consecuencia de las retribuciones, retribuciones variables de
los cargos de libre designación, etcétera, para poder controlar desde
la Cámara la ejecutoria del Gobierno en esta materia. No puedo
terminar esta intervención sin recordar, puesto que estamos hablando
de incrementos de salarios de los funcionarios, la postura del Grupo
Parlamentario Federal de Izquierda Unida en relación con la reciente
sentencia de la Audiencia Nacional relativa a la negociación
colectiva en el ámbito de la Función pública, que es bien conocida.

Izquierda Unida entiende que el Gobierno debe negociar con los
sindicatos, llegar a un acuerdo que incluya un calendario de pagos
y retirar cuantos recursos judiciales haya presentado hasta el momento.




El señor PRESIDENTE: Finalmente, en nombre del Grupo Parlamentario
Popular, don Rafael Merino tiene la palabra.




El señor MERINO LÓPEZ: Sean las primeras palabras de este grupo
parlamentario para manifestar nuestra repulsa por el asesinato, ayer
del teniente de



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alcalde del Partido Socialista y transmitir a su familia, a sus
allegados y al Partido Socialista el pésame y la condolencia del
Grupo Parlamentario Popular.

Quiero agradecer al señor secretario de Estado su comparecencia y su
intervención, porque ha sido clarificadora para aquellas personas que
quieran entenderla. No es la primera vez en esta legislatura que
hablamos de las retribuciones de los funcionarios en los años 2000 y
2001, y este grupo parlamentario está convencido de que no va a ser
la última. Ya en el debate de presupuestos del año 2001 tuvimos
ocasión de explicar numéricamente que, como bien ha dicho el señor
secretario de Estado, los funcionarios el año pasado no perdieron
poder adquisitivo, contradiciendo lo que aquí se ha dicho por algunos
portavoces y demostrando la realidad de lo que ha pasado en la
cuestión retributiva de los funcionarios. Ya se ha explicado por el
secretario de Estado el incremento del 2 por ciento, así como el
fondo que se estableció y los deslizamientos que se produjeron, lo
cual ha hecho que prácticamente el incremento de los funcionarios en
el año 2000 haya quedado equiparado al IPC real que ha existido en
ese año citado. Evidentemente, como decía el secretario de Estado -y
este grupo parlamentario apoya sus palabras-, debe existir un modelo
de política global económica que lógicamente tiene que afectar a las
administraciones públicas y a la retribución salarial de nuestros
funcionarios. La realidad demuestra que la política económica del
Gobierno del presidente Aznar en estos cuatro años y medio o cinco
años ha dado buenos resultados, y ese es un dato incontestable por
cualquiera de las personas que estamos en esta Cámara o por
cualquiera de los ciudadanos de España. El resultado electoral de
hace un año viene a refrendar las palabras que aquí estamos diciendo.

Es una política económica que ha sido buena para el conjunto de los
ciudadanos, pero también ha sido buena para el conjunto de los
funcionarios de las distintas administraciones de nuestro país,
porque los datos son objetivos y reales.

Dentro del ambiente de cordialidad y de respeto hacia todos los
portavoces, no voy a quitar ni un ápice de la habilidad que la señora
portavoz del Grupo Socialista ha demostrado en su intervención. Le
agradezco además el repaso a la prensa del último mes que nos ha
hecho a título informativo. La señora portavoz del Grupo Socialista,
como los números son sufridos, ha jugado muy bien con ellos para
defender su planteamiento, y curiosamente habla de las revisiones
salariales de los años 1988 a 1993, pero no de la situación real de
España en esos años. Cuando a uno le subían el 8 por ciento y tenía
la hipoteca al 17 por ciento, evidentemente había una pérdida de
calidad de vida, una pérdida económica, una pérdida que afectaba al
bolsillo del funcionario que a la señora portavoz del Grupo
Socialista se le ha olvidado. Pero curiosamente también la señora
portavoz del Grupo Socialista se olvidó
del año 1994, cuando el Gobierno socialista congeló las retribuciones
salariales de los funcionarios. Por tanto, debo felicitarle por cómo
ha jugado con los números, pero debo lamentar que no haya recordado
estas situaciones que se producían en la España de finales de los
años ochenta y noventa. Ha comentado también la situación que el
Partido Socialista se encontró a su llegada al Gobierno tras el paso
por el Gobierno de la UCD. Pero es que la situación que el Partido
Popular se encontró después de catorce años de Gobierno socialista
era bastante peor que la que ellos se encontraron con la UCD. Hay que
recordar que nos encontramos con más de tres millones de parados, con
una Seguridad Social en quiebra, con problemas sociales y sindicales
importantes y con una realidad de España que, como se pudo comprobar
en las elecciones del año 1996, no era deseada. Yo no puedo creerme
que el Partido Socialista realmente no piense que un incremento de la
política retributiva de los funcionarios no sea un elemento
tensionador de la inflación y un elemento que provoque inflación,
porque es un índice que luego es seguido por las empresas privadas en
las negociaciones colectivas. No puedo creerme que el Partido
Socialista diga seriamente que existía y existe la necesidad de un
incremento del 5 por ciento de las retribuciones salariales de
nuestros funcionarios. El Grupo Popular considera que la
Administración hoy es más eficaz y más moderna, que la sentencia de
la Audiencia Nacional tan comentada y tan debatida en esta Cámara -y
que me imagino que seguiremos debatiendo- ya se reconoce por algunos
grupos que no es firme y que por tanto no existe la obligación de
pagar, si bien algún grupo, como el de Izquierda Unida, mantiene la
necesidad de que se pague, lo cual no puede llegar a compartirse por
el Grupo Parlamentario Popular porque no se puede pagar algo que aún
por sentencia firme no se debe.

En conclusión, creemos que la política económica del Gobierno en su
conjunto, empezando por el incremento de la retribución salarial
fijada año tras año para los funcionarios en ese marco de política
global económica que como bien decía el secretario de Estado ha
supuesto para los funcionarios una bajada de impuestos, con lo cual
ha quedado más dinero en sus bolsillos para su consumo, ha logrado
unas hipotecas más baratas y más ajustadas a la realidad del
incremento de la vida, ha supuesto una creación de más de dos
millones y medio de puestos de trabajo en nuestro país y ha provocado
un descenso muy considerable de la tasa de paro en España, como digo,
las políticas económicas globales han beneficiado al conjunto de los
ciudadanos y de los funcionarios. Estamos convencidos de que se irá
viendo a lo largo de esta legislatura que esa línea de política
económica, ese proyecto económico del Gobierno del presidente Aznar,
seguirá dando frutos para toda la sociedad y en especial para todos
nuestros funcionarios.




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El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor secretario de Estado
para responder a las intervenciones anteriores.




El señor SECRETARIO DE ESTADO PARA LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
(González González): Voy a tratar de seguir el orden de las
intervenciones para contestar a SS.SS. y, en primer lugar, como es
lógico, la intervención de doña Juana Serna, del Grupo Socialista.

Antes de entrar en las cuestiones concretas tengo que decirle dos
cosas, y es difícil que en función de esas dos cosas nos podamos
poner de acuerdo. En primer lugar, no compartimos el criterio de
pérdida de poder adquisitivo; lo hemos dicho, lo hemos reiterado y lo
hemos demostrado sucesivamente, y voy a tratar de convencerla de que
no ha habido pérdida de poder adquisitivo. Y en segundo lugar,
creemos que hay que mantener la coherencia constante en los
planteamientos de la política económica general y en los intereses
generales de la economía para el conjunto del país, se esté en la
oposición, se esté en el Gobierno o se esté en cada momento donde se
esté y se tengan las responsabilidades que se tengan, porque lo
contrario puede tener un cierto interés a corto plazo, pero a medio y
a largo plazo al final a uno siempre le acaban cogiendo. Como aquí no
se trata de coger a nadie, yo no tengo ningún interés en ese sentido,
lo que sí creo es que en estos asuntos debemos mantener una visión
más de Estado y más global para caminar en el interés común, que es
que las circunstancias económicas del país cada día sean mejores en
beneficio de los ciudadanos.

Dicho esto, ha empezado diciendo S.S. que el incremento salarial del
año 2000 fue del 2 por ciento. No. El incremento salarial del año
2000 hay que medirlo en términos de incrementos salariales del
conjunto de las retribuciones. El incremento salarial del año 2000
fue el 2 por ciento inicial más el resto de los incrementos
retributivos, a los que yo me he referido, que se produjeron a lo
largo del ejercicio, lo que da un saldo medio de incremento en el
entorno del 4 por ciento. Ese es el incremento salarial y decir lo
contrario es no ajustarse a lo que de verdad pasó. Ahí están los
datos y esa es la realidad. Podremos discutir si es mejor una fórmula
u otra, pero el salario medio de los empleados públicos evolucionó de
esa manera. Eso es salario. Y, si no, explíqueme usted dónde está el
diferencial del 2 al 4, en qué se ha ido si eso no es salario.

Dice usted que los empleados públicos han perdido un 3,8 por ciento
del poder adquisitivo en 14 meses. No sé de dónde saca este dato,
porque, aun entrando en su discurso, si hemos subido un 2 y el
diferencial es el 3,8, estaríamos en el 1,8, pero no en el 3,8. Si no
reconoce siquiera el incremento lineal del 2 por ciento del año 2001,
los números no me cuadran de ninguna manera. Pero tampoco es así.

Como usted ha señalado, la inflación del año 1999 fue ligeramente
superior al
incremento lineal recogido en la Ley de presupuestos, pero el salario
medio que al final se pagó en ese ejercicio fue superior y, por
tanto, no hubo pérdida de poder adquisitivo.

No me ha citado el ejercicio de 1998. Como ha dicho el representante
del Grupo Popular, ahí pasó lo contrario y con un diferencial enorme
a favor del incremento lineal. Pero es que el incremento lineal en el
año 1998 no fue sólo el incremento retributivo que recibieron los
empleados públicos, fue mayor; en términos de salario medio, fue
mucho mayor a lo que fue el incremento recogido en la Ley de
presupuestos, con lo cual el diferencial de inflación real sobre el
incremento salarial lineal de la Ley de presupuestos fue todavía
mayor al final del ejercicio. Eso hay que computarlo conjuntamente,
porque, si no, esas derivas de retribuciones, importantes en todas
las administraciones, ¿qué son? ¿Cómo se computan? ¿No es salario
eso? ¿No lo perciben los empleados públicos y se lo llevan a sus
bolsillos en su legítimo derecho? Eso son retribuciones y creo que
debemos tomarlas en consideración para hacer un análisis exacto de
sobre qué estamos hablando y dónde nos estamos moviendo.

Vuelve a mencionar S.S. los criterios que ya hemos oído en otras
ocasiones a representantes de su grupo: el regalo a las eléctricas,
el dinero que hemos perdido por la subasta-concurso. Tengo que
decirle que no hemos regalado nada a las eléctricas, hemos hecho un
plan de privatización y de apertura del sector eléctrico que está
recogido en la Ley del sector eléctrico aprobada por las Cámaras -por
esta Cámara-; en esa ley se contemplaba eso. SS.SS. aprobaron eso,
pero le voy a decir más: lo que ustedes llaman el regalo a las
eléctricas todavía sigue discutiéndose en los ámbitos de la Unión
Europea y yo no he oído todavía ninguna resolución de la Unión
Europea que diga que aquí se ha regalado nada. Incluso he leído
referencias a cómo se está planteando el modelo de apertura del
sector eléctrico en España, porque, como usted sabe, esta es una de
las asignaturas pendientes en Europa difícil de abordar y el modelo
español no está tan mal. En definitiva, aquí nadie ha regalado nada
y, en todo caso, fue decisión soberana de las Cámaras.

Recurre S.S. otra vez al viejo tema del concurso y la subasta. No voy
a entrar en esa polémica, sólo le diré que recientemente ha habido un
pronunciamiento en la Comisión en el que se señala que el régimen de
concurso seguido en España es un régimen correcto. Podremos
discrepar, pero en ningún caso podremos deducir que aquí ha habido
regalos de nadie. Es un procedimiento legalmente establecido en
nuestra legislación que se ha seguido con todas las garantías y que
es legítimamente usable; como cualquier otro. Aquí nadie ha regalado
nada, simplemente hemos seguido los trámites legales y tenemos un
reconocimiento de la Unión Europea de que el procedimiento seguido ha
sido absolutamente correcto.




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No he leído Expansión -y lo siento- sobre el desánimo de los
funcionarios. Tampoco sé exactamente cómo está medido. Me sorprende
porque no coincide con lo que acaba de decir su compañero, el señor
Ripa, al que he entendido que los servicios públicos funcionan cada
vez mejor. Respecto a esa ligazón entre el desánimo y el
funcionamiento, le diré que los funcionarios son todavía lo
suficientemente responsables y profesionales para, si no están de
acuerdo con sus retribuciones, cumplir adecuadamente con sus
servicios, y creo que lo están haciendo. No creo que esa ligazón que
usted hace sea correcta.

Tampoco estoy de acuerdo con que los salarios no afectan a la
inflación. Yo no soy un experto económico, pero leo, como usted, la
prensa y leo a todo el mundo y esto no sólo lo dicen las autoridades
monetarias y económicas españolas, sino también las autoridades
internacionales. Lo dice el comisario Solbes, por activa y por
pasiva. El señor Solbes afirma que hay que tener moderación en el
incremento salarial, porque, si no, eso puede iniciar la inflación.

Creo que es una persona solvente, con experiencia, que ha sido
ministro de Economía de este país y que, en mi opinión, lo hizo muy
bien. A mí me merece mucho crédito el señor Solbes cuando, como
comisario de la Unión Europea, hace esas recomendaciones.

Me sorprenden las referencias a la historia, no porque me parezcan
mal, sino porque espero que no se enfade su portavoz, al que parece
que le sienta bastante mal que se hagan referencias a la historia.

Usted se ha remontado no a su historia, sino a la historia de la
historia, que es la Unión de Centro Democrático. No voy a entrar en
esas consideraciones; me parecen bien. Es legítimo recurrir a qué es
lo que se hizo anteriormente y qué es lo que se está haciendo ahora,
pero lo que S.S. no podrá negar es que en el año 1996 no se cumplía
ninguno de los criterios de convergencia, ninguno, y el Gobierno tuvo
que adoptar toda una serie de medidas económicas, necesarias para
reconducir la situación y poder entrar en el euro en el momento en
que teníamos que entrar. Como digo, eso exigió una serie de medidas
económicas, discutibles o no, pero que tuvieron un resultado que ahí
esta, un resultado contrastable: entramos los primeros y cumpliendo
los criterios, cosa que no ocurría en marzo de 1996. Lo saben ustedes
porque en el año 1994 tuvieron que hacer una congelación salarial,
fruto de la propia situación económica en la que se encontraban; lo
saben porque en el año 1995 tuvieron que hacer una congelación de
disponibilidad presupuestaria, precisamente para frenar el déficit.
Y eso es consecuencia de la situación económica, por las variables que
sean, en las que yo no voy a entrar, pero esa es la situación real en
la que estaba el país en ese momento. Yo le agradecería que no
utilizáramos ese argumento recurrentemente, como lo estamos
utilizando, en lo que yo me refería al principio del corto recorrido.

Entiendo que es legítimo políticamente, pero
tenemos que mirar por encima de estas cuestiones, porque, si no,
vamos a dar a la sociedad un mensaje completamente distinto a la
realidad.

Podemos discutir sobre si es mejor una cláusula de revisión salarial
o un fondo adicional; cuál es la fórmula de establecer retribuciones
adicionales para los empleados públicos. Sinceramente, creo que la
cláusula de revisión salarial tiene sus ventajas y sus muchísimos
inconvenientes y que los fondos tienen muchas más ventajas que
inconvenientes porque responden más a los criterios de política
retributiva que debemos introducir, según me ha parecido entender de
todas las intervenciones de SS.SS., que serían asociar las mejoras
retributivas al mejor funcionamiento de los servicios y al
rendimiento de los empleados. Es difícil medirlo, estamos de acuerdo,
pero estamos intentando hacerlo. Es muy complejo, pero es por donde
debemos ir; por ahí van, como ustedes han dicho, las retribuciones de
las empresas privadas; por ahí van los criterios de retribución
moderna y hacia eso debemos caminar.

Ya que ha hecho una referencia a la historia, me va a permitir S.S.

decirle lo siguiente: que me hable usted de la cláusula de revisión
salarial cuando, en el año 1992 para ser exacto, se llevaron por
delante unilateralmente un acuerdo sindical que establecía la
revisión salarial, no deja de ser un poco sorprendente. Aquí hay que
mantener ciertas coherencias -he insistido en ello desde el
principio- en el planteamiento de las políticas económicas y
retributivas. Ustedes hicieron eso porque la situación económica que
tenían en el año 1992 era mala. Quisieron hacer una congelación
salarial y no pudieron por la presión y se inventaron una fórmula,
que desde entonces está en las leyes de presupuestos, para limitar la
masa global de los incrementos retributivos obligando a que todos los
acuerdos se ajustaran a ella, y a mí me parece una medida acertada.

Tuvieron que tomar esa medida porque la situación económica lo
exigía, pero se llevaron por delante de manera unilateral un acuerdo
con los sindicatos en el que establecían una cláusula de revisión
automática que les estaba produciendo que se les disparase la
inflación y que tuvieran una situación económica muy compleja. Consta
en los informes -que no voy a sacar aquí, pero que tengo en mi poder-
todo lo que se hizo en su momento, está en las leyes que se
aprobaron, y está claramente expresado, incluso por los propios
sindicatos, en muchas de las manifestaciones, pasquines, etcétera.

Hubo que hacerlo y lo hicieron. Por favor, no hagamos un uso
torticero -perdóneme la expresión, pero se lo digo con cariño- de las
situaciones en razón de lo que nos interese políticamente en un
recorrido a corto plazo; contemplemos la política económica en su
globalidad. A finales de 1995, el señor Solbes tuvo que adoptar una
serie de medidas económicas para tratar de enderezar un timón que se
nos iba y en el año 1996 nosotros tuvimos que adoptar también medidas
económicas para seguir controlando el gasto público, que la



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situación económica se recondujera y para conseguir lo que hemos
obtenido en estos años: un crecimiento de la economía por encima de
la media de los países de nuestro entorno, la creación de
prácticamente la mitad del empleo público en la Unión Europea, la
reducción del déficit público y el saneamiento de la Seguridad
Social. Esos son datos objetivos, de los que todo el mundo se tiene
que beneficiar, además de felicitarse por ellos. No voy a entrar en
el resto de los salarios diferidos, porque es un discurso que se ha
hecho sistemáticamente. ¿O es que la rebaja fiscal, en su propio
discurso, no es un regalo de 800.000 millones de pesetas a los
ciudadanos? ¿Cómo vamos a decir que eso es un regalo si es mejor
gestión en beneficio de los propios ciudadanos? Debemos utilizar
todas estas medidas de una manera razonable y explicar a los
ciudadanos los esfuerzos que todos estamos haciendo por reconducir la
situación económica hacia unas mejores pautas de comportamiento en
beneficio de todos. Eso es lo que está detrás de todas las medidas de
política económica que hemos adoptado y de algunas de las que tomaron
ustedes y que ahora parece que han olvidado, echándonos en cara otras
que son de igual o parecida naturaleza.

En relación con la sentencia, es una cuestión que está
suficientemente debatida. Me sigue sorprendiendo que ustedes ahora
pidan nada menos que la aplicación de la sentencia directamente, la
negociación con los sindicatos y la articulación de un sistema de
pago, además de las instrucciones dadas a las comunidades autónomas y
a las corporaciones locales de que ellos no tienen que pagar. El
representante del Partido Nacionalista Vasco ha explicado muy bien el
tema. Aquí hay una reclamación sindical en el ejercicio de un
derecho, que es muy legítima, de la que una sentencia, también muy
legítima, pero que nosotros no compartimos. En uso del derecho que
nos asiste y a tenor de lo que creemos es la defensa de los intereses
generales, interponemos un recurso ante el Tribunal Supremo,
totalmente legítimo. No se trata de desmerecer ni de criticar ni de
llamar irresponsable a nadie, sino simplemente de defender lo que
nosotros entendemos que es bueno para el interés general. A lo mejor
no estamos tan equivocados cuando, de momento, el recurso de súplica
que ustedes decían que no cabía, ya ha cabido. Vamos a ver qué pasa y
cuál es el pronunciamiento de los tribunales. El representante del
PNV ha explicado muy bien cuál es la tradición de la aplicación de
los criterios generales en materia de política retributiva y
económica y qué es lo que prima. Es una jurisprudencia reiterada del
Tribunal Constitucional y del Tribunal Supremo. Y no es que se diga
ahora, es que lo dijeron ustedes en el año 1994 cuando se presentaron
los recursos contra la congelación salarial. Exactamente igual. Lo
que no entiendo es por qué esta congelación y la presentación de
estos recursos es ahora una barbaridad y en su momento no lo fue; era
un ejercicio de responsabilidad de política económica. Sinceramente,
no lo puedo entender. No sé
dónde está la diferencia. El tema de la sentencia está
suficientemente debatido y no voy a entrar en lo que manifestó el
señor ministro hace poco en esta Comisión cuando vino a explicar la
posición que ustedes tuvieron frente a la congelación, ni voy a hacer
más referencias a cuál es la posición del Gobierno frente a la
sentencia. En estos momentos está recurrida y, cuando se pronuncien
los tribunales, veremos en qué sentido lo hacen y en razón de eso,
actuaremos.

Por lo que se refiere a la intervención del señor Erkoreka, debo
decir que me ha parecido inteligente y acertada. No sé si usted y yo
discrepamos o tenemos un matiz distinto, pero lo que sí le aseguro es
que el Gobierno en ningún momento hace trampas. En relación con la
reciente sentencia del Tribunal Constitucional, que yo sé que usted
conoce, relativa al recurso de Aragón, usted mismo se ha contestado
con el planteamiento que ha hecho. Esa sentencia, si no recuerdo mal,
venía a decir que lo que no se puede hacer es establecer incrementos
retributivos por encima de lo que fija la Ley de presupuestos, pero
añade que el establecimiento de fondos adicionales es legal. Lo que
dice es que la aplicación de esos fondos puede ser ilegal y depende
de cómo usted los aplique, puede dar lugar a que se salten los
límites retributivos generales establecidos en la Ley de
presupuestos. Esa es la diferencia de matiz con la que debemos jugar
para saber si un fondo es legal o no. El fondo, por su naturaleza, es
legal; lo que puede no ser tan legal es su aplicación. Si de la
aplicación deriva un incremento superior al de la Ley de
presupuestos, recurriremos y, si no deriva de la aplicación un
incremento generalizado por encima del límite que señale la Ley de
presupuestos, evidentemente será legal, como dice el Tribunal
Constitucional.

En cuanto a la intervención del señor Antero, portavoz de Izquierda
Unida, entiendo sus discrepancias sobre las retribuciones, pero me
gustaría reiterarle, una vez más -ya lo he explicado aquí- que las
retribuciones variables no se dan ni sólo ni exclusivamente ni más
a las personas que tienen más nivel, sino que se dan a todos los
empleados públicos con carácter general. Evidentemente, hay que tener
en cuenta una serie de referencias: responsabilidad, especial
dedicación, etcétera, pero además se tienen también en cuenta otros
criterios para establecer esos complementos retributivos de carácter
variable. Repito lo que ya he dicho antes, que en unas ocasiones
serán más acertados que en otras, a unos les podrán parecer más
justos que a otros no, pero le aseguro que no se dan con carácter
general ni por capricho ni sólo a unos pocos ni en razón del interés
torticero que parece tener el que administra el fondo. No creo que
esa sea la tendencia general de los responsables de los distintos
servicios públicos. En relación con la sentencia, ya he explicado
suficientemente cuál es la posición del Gobierno. Por supuesto, no
compartimos la postura de Izquierda Unida y creemos que no es
razonable teniendo en cuenta como está el iter procedimental



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que en estos momentos existe. Por lo tanto, esperaremos a que se
produzcan los fallos judiciales.

En relación con la intervención del representante del Grupo Popular,
estoy absolutamente de acuerdo, como no podría ser de otra manera,
especialmente en cuanto a que el conjunto de la política económica
del Gobierno ha arrojado unos resultados objetivos hasta la fecha que
son suficientemente explicativos de que, con aciertos y errores, el
conjunto de medidas que hemos venido tomando a lo largo de estos años
ha tenido un saldo bastante positivo para el comportamiento general
de la economía y la situación de los ciudadanos, hecho que ha tenido
su reflejo hace aproximadamente un año, cuando se ha ratificado la
política de estos años.




El señor PRESIDENTE: ¿Algún grupo desea intervenir?



En nombre del Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra la
señora Serna. Va a tener que intervenir de forma muy breve.




La señora SERNA MASIÁ: Voy a ser breve.

En primer lugar, quiero decir al secretario de Estado que siento que
se haya disgustado un poco. Es normal, puesto que nosotros tenemos un
modelo distinto de educación, de sanidad, de política del agua y,
desde luego, de Administración pública. Le voy a responder
telegráficamente a cada una de las cuestiones.

Señor González, en relación con la sentencia de los funcionarios de
la Audiencia Nacional, el Grupo Parlamentario Socialista nunca ha
hecho un análisis jurídico sino político. Que ustedes hayan
recurrido, nos parece correctísimo. Para empezar, están ustedes en su
derecho. Por otro lado, es un ejemplo que he puesto y que ya se ha
debatido tanto en el Pleno como en la Comisión de Administraciones
Públicas con el señor ministro, por lo que me parece que sería entrar
en un debate perdido. En el ámbito de lo político, quiero decirle que
no hace más de 15 días -usted lo habrá leído- todos los ministros de
Economía europeos le pedían al Gobierno lo mismo que en enero le
pidió el Grupo Parlamentario Socialista, esto es, que, previendo lo
peor, se sentase a negociar con los sindicatos. Me alegro mucho de
que lo que decía en enero el Grupo Parlamentario Socialista lo digan
ahora los ministros de Economía; sin entrar en la cuestión jurídica,
que no ha lugar, porque quien tiene que entrar es el Gobierno con los
jueces.

Dicho eso, usted plantea que tenemos muy difícil ponernos de acuerdo
en dos cuestiones. Primera, que no comparten el criterio de pérdida
de poder adquisitivo. Yo creo que no lo comparte nadie con ustedes;
esta mañana he traído diferentes recortes de prensa de todo signo
donde se ve que todos consideran que en estos momentos hay
desaliento, hay desánimo, porque hay pérdida incuestionable -literal-
de poder adquisitivo de los empleados públicos. Usted me dice -y me
parece
bien- que el señor Solbes habla de moderación salarial. El señor
Solbes habla de moderación salarial para contener la inflación, pero
no sólo él, el Grupo Parlamentario Socialista también habla de
moderación salarial. La cuestión es que esa moderación salarial sea
para todos. Sin embargo, los trabajadores del sector privado y los
pensionistas, para quienes también se contiene tanto los salarios
como las pensiones, tienen unas cláusulas de revisión salarial que se
niegan a los funcionarios, en definitiva a los empleados públicos. Es
en ese punto donde no estamos de acuerdo con ustedes. En cuanto a la
moderación salarial, estamos absolutamente de acuerdo y la hemos
practicado durante muchos años -es lo que quise decir- pero luego
añadíamos ese punto; ustedes añaden uno con el que no estamos de
acuerdo.

El segundo criterio del que usted hablaba es que también es difícil
ponernos de acuerdo porque quieren mantener la coherencia en el marco
general de la economía. Pues bien, nosotros también estamos
totalmente de acuerdo; precisamente porque creemos que hay que
mantener la coherencia en el marco general de la economía es por lo
que consideramos que no debería recaer sólo sobre los funcionarios.

Le he puesto ejemplos que no forman parte del debate, son simplemente
ejemplos ilustrativos de lo que se quiere decir en un ámbito
conceptual. Le he puesto el ejemplo del billón de las eléctricas y
jamás he dicho que el concurso de la telefonía móvil fuese ilegal
-estoy segura de que constará así en el «Diario de Sesiones»- sino
que nos parece que no fue la mejor opción.

Usted dice que el incremento salarial no hay que verlo de forma
lineal, el 2 por ciento que aparece en los Presupuestos Generales del
Estado, sino que hay que ver también el resto, con lo que se llega
hasta el 4 por ciento, y ha citado la consolidación de los
incrementos retributivos -sobre lo que ha hecho un buen análisis el
señor Ezkoreka, por lo que no tengo nada que añadir-, mejoras
puntuales y dietas. Mi grupo insiste en que eso, en mayor o menor
medida, no es para todos los empleados públicos, es para algunos. En
cuanto a las dietas, lo hemos debatido ya dos veces en esta Comisión;
me parece un poco fuerte decir que, gracias a las dietas, el poder
adquisitivo queda un poco mejor. Quiero recordarle, señor secretario
de Estado, respecto a las dietas por gastos de viaje, que se han
aumentado 4 pesetas los gastos de gasolina para los automóviles,
llegando a 28 pesetas, y 2 pesetas para las motocicletas, llegando a
11pesetas. Decir que la Administración paga dietas de gasolina por 28
y 11 pesetas, cuando la más barata está a 133 pesetas, lo tomaré como
una broma de la Administración, señor secretario de Estado.




El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor don Antero Ruiz.




El señor RUIZ LÓPEZ: Intervengo muy brevemente.




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Sobre las sentencias, señor secretario de Estado, independientemente
de la solución judicial final que tenga este asunto -porque aquí no
estamos hablando solamente de una cuestión judicial-, Izquierda Unida
sigue pensando que el derecho constitucional a la negociación
colectiva y su producto, que son los convenios colectivos, tal y como
es recogido por el artículo 37.1 de la Constitución, debe ser una
realidad también en el marco de la Función pública y el tenor literal
de los artículos 32 a 35 de la Ley 7/1990 también debe ser respetado
por el Gobierno. En definitiva, lo que pensamos y exigimos al
Gobierno, en su faceta de empleador, es que se comporte como un
empresario respetuoso con el marco constitucional y legal.

Si no reconoce un hecho constatado, como es la pérdida de poder
adquisitivo de los funcionarios en cerca de diez puntos en los
últimos años, ¿de qué vamos a hablar, de que el PSOE cuando estaba en
el Gobierno lo hacía peor? Los que están ahora en el Gobierno son
ustedes y es a quienes tenemos que pedir cuentas.




El señor PRESIDENTE: ¿Quiere hacer uso de la palabra el señor Merino?



El señor MERINO LÓPEZ: Lamento profundamente las situaciones creadas
por el Grupo Socialista respecto a las comparecencias del Gobierno.

No sé qué va a poder decir el Gobierno en estas comparecencias
porque, cuando interviene el señor ministro, califican su
intervención de arrogante, cuando lo hace el secretario de Estado
dicen que está enfadado y yo creo que, tanto en uno como en otro
caso, se produjo un análisis riguroso de la situación y de las
realidades respecto de los temas propios de las comparecencias.

Señora portavoz del Grupo Socialista, hay distintos modelos. Y se lo
voy a decir muy claro. Hay dos modelos, el del Partido Popular, una
sola voz en el Gobierno, en el grupo parlamentario y en el partido, y
el otro modelo, el del Partido Socialista, una amalgama de voces
donde sobre un tema que usted ha mencionado, el del agua, unos dicen
una cosa, otros afirman otra y otros se salen por la tangente.

Afortunadamente, hay distintos modelos y los ciudadanos los reconocen
cuando llega el momento de las votaciones, de las urnas y ven un
modelo de coherencia riguroso, un modelo que afecta a dos millones de
funcionarios, lo que quiere decir muchos miembros de muchas familias,
y me imagino que algunos de ellos habrá votado al Partido Popular,
que viene a demostrar que las realidades de las que hablan este
Gobierno y este grupo parlamentario son las realidades de España.

Comprendo que ustedes pretendan buscar votos aprovechando cualquier
ámbito porque es legítimo en política, pero no pueden negar las
realidades de España, las realidades de los funcionarios. Los
funcionarios de España hoy día tienen mejor situación económica que
la que tenían durante el Gobierno socialista. Eso es una
realidad no discutible hoy en día en este país. Hoy en día, la
Administración de este país es más moderna, más eficaz, está más
cerca del ciudadano y es más profesional que en la etapa del Gobierno
socialista. Claro que los ministros europeos están preocupados con
las consecuencias de la sentencia, lo mismo que lo está el Gobierno
de España, pero este grupo parlamentario está más preocupado con las
actitudes de los grupos de la oposición desde que la sentencia se
hizo pública. El Partido Socialista, señora portavoz, el día que se
conoció la sentencia, no decía lo que decían los ministros europeos;
ese día el Partido Socialista pedía que se pagara, porque no
contemplaba la posibilidad de que pudiera interponerse el recurso
ante el Tribual Supremo. El Partido Socialista no decía
tranquilamente: siéntense, negocien con los sindicatos, busquen
fórmulas para pagar en varios años. Ha empezado a decirlo a raíz de
que el Tribual Supremo aceptara a trámite el recurso presentado por
el Gobierno. Ustedes caen en contradicciones en el plazo de un mes.

Seguirán hablando de los regalos a las eléctricas, de los regalos a
las licencias de telefonía, y los órganos europeos seguirán diciendo
que la política económica llevada a cabo por el Gobierno de España
debe ser un modelo a seguir, es la que más crecimiento está teniendo
dentro de los países europeos, es el país donde más empleo se está
creando, es el país donde se está disminuyendo el paro, etcétera. En
definitiva, a este grupo parlamentario le habría gustado contar con
ustedes para tomar ese conjunto de medidas; a este grupo
parlamentario le habría gustado que, cuando el Gobierno del
presidente Aznar presentó la reforma de la bajada de impuestos, el
Partido Socialista, para ayudar a los funcionarios, hubiera estado
junto al Partido Popular y al Gobierno apoyando esa bajada de
impuestos, porque habrían contribuido a mejorar la situación de los
funcionarios. ¿Dónde estaban ustedes ese día? Votando en contra,
diciendo que eso era una barbaridad y que no se podía hacer. ¿Dónde
están ustedes ahora? Diciendo que bajar los impuestos es de
izquierdas. Nosotros nos alegramos de que empiecen a reconocer las
situaciones que se producen en este país y en este Gobierno.

En definitiva, como el señor presidente me pide brevedad, diré que el
Grupo Parlamentario Popular comparte absolutamente los criterios del
Gobierno, que ratifica que no ha habido pérdida de poder adquisitivo
de los funcionarios, que los funcionarios han mejorado su situación
económica con respecto a etapas anteriores y que esperamos y deseamos
que el Gobierno siga en esta política global económica y de
crecimiento para el interés general y de los funcionarios.




El señor PRESIDENTE: Para cerrar el debate, tiene la palabra el señor
secretario de Estado.




El señor SECRETARIO DE ESTADO PARA LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
(González González): Voy a tratar de ser breve en las respuestas.




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Señora Serna, entiendo su planteamiento pero le reitero que no lo
comparto. Voy a dar algunas respuestas concretas a su intervención.

Empezando por la sentencia a la que ha hecho referencia, dice usted
que no han hecho un análisis jurídico, sólo político. Le pediría que
cogiera usted la página web de su partido y leyera lo que en ella
dijeron el día de la sentencia. Dice: Se trata de una resolución
jurisdiccional motivada y fundada, de acuerdo con el artículo 37 de
la Constitución; tiene fuerza vinculante equiparable a la ley entre
las partes. Yo no sé si este es un análisis jurídico o político.

Añade: El único recurso posible es el de interés de ley, que no
afecta al contenido del fallo sino a la doctrina legal de cara al
futuro. Yo no sé si este es un análisis jurídico o político.

Sinceramente creo que es más jurídico que político. No voy a seguir
leyendo, porque he dicho que no quiero hacer un uso excesivo de
papeles ya que, insisto, me parece que es mucho más importante
empezar a mantener la coherencia de los plan teamientos.

En relación con la valoración del poder adquisitivo, ya lo dije aquí
en la Cámara y lo voy a volver a repetir: la discusión sobre la
pérdida o no del poder adquisitivo es según queramos unos valorarlo
de una manera o de otra. ¿Sabe cuál cojo yo? La del acuerdo que
ustedes defienden, la de 1994, éste que firmó el señor Solbes, éste
me vale. ¿Sabe lo que dice para el mantenimiento del poder
adquisitivo? Se genera un fondo específico para el mantenimiento del
poder adquisitivo -esos fondos que no gustan a nadie- si a 31 de
diciembre el crecimiento del IPC resultara superior al previsto a esa
fecha y la masa salarial del conjunto de los empleados públicos
incluidos en el ámbito del presente acuerdo, en términos homogéneos
efectivos, hubiera crecido por debajo de dicho índice durante el año.

Exactamente eso es lo que estoy aplicando cuando digo que no ha
habido pérdida de poder adquisitivo, porque la masa salarial de los
empleados públicos ha crecido por encima del IPC real de final de
año. ¿A qué nos acogemos, a esto? ¿Al incremento solamente del IPC,
que es el que a usted le interesa para decir que sigue habiendo
pérdida de poder adquisitivo? A mí me vale este porque creo que es
muy serio. Este tema es tan serio que el propio acuerdo lo liga no
sólo a esto, sino que además añade: en consonancia con los objetivos
de crecimiento del PIB. Es decir, tiene que conseguirse el objetivo
del PIB y tiene que conseguirse el objetivo de reducción del déficit
público del conjunto de las administraciones públicas. Fíjese cómo se
calcula el valor del poder adquisitivo en el acuerdo de 1994 al que
ustedes dan tanto valor. Ese es el valor que yo le pido que siga
dando ahora al cálculo del poder adquisitivo.

No me voy a referir al Ecofin. En la reunión del Ecofin no existe
nada en relación con la sentencia de los funcionarios; hay un
comentario al margen de la reunión sobre la preocupación por la
sentencia. No voy a reiterar las palabras del representante del Grupo
Socialista.




Moderación salarial para todos. ¡Claro que para todos! Eso es lo que
nosotros pedimos. ¿Sabe S.S. lo que ha producido la política de
moderación salarial del Gobierno este año, si se coge usted la
encuesta de salarios del Instituto Nacional de Empleo, la encuesta
oficial? Que, en términos de incremento de salarios en el sector
público, estamos en el entorno del 4 por ciento. ¿Sabe cómo está el
incremento de salarios en el sector privado? Entre el 3,2 y el 3,6
por ciento. Por debajo, incluso con cláusula de revisión salarial.

Debemos utilizar los datos con absoluta transparencia. Ahí están
publicados y demuestran que la evolución de los salarios en el sector
público para nada es peor que la que se está produciendo en el sector
privado.

Me alegra muchísimo oír que ya no hemos regalado dinero con el
procedimiento de la telefonía, sino que simplemente ustedes discrepan
con el procedimiento elegido. Es muy distinto decir, como ha afirmado
usted en su primera intervención, que hemos regalado billones a las
empresas a que no comparte usted el procedimiento de selección pero
que lo respeta porque es legal, porque hay una diferencia muy
apreciable entre lo que significa una cosa y la otra. Le agradezco
que haya usted rectificado en eso.

Para terminar, quiero reiterarle que nosotros estamos absolutamente
preocupados por la situación de los empleados públicos y que estamos
dispuestos a hacer todos los esfuerzos para mejorar sus condiciones
laborales, retributivas y de formación. En eso vamos a trabajar, unas
veces nos pondremos de acuerdo y otras veces no; no pensamos que
ganen mucho ni que ganen poco. Creemos que, en términos generales, no
están mal y que todos los esfuerzos que podamos hacer por mejorarlos
siempre van a venir bien.

En cuanto a la intervención de don Antero Ruiz, si quiere otro día
hacemos una comparecencia sobre la sentencia, porque no me voy a
extender ahora. La negociación colectiva en el ámbito público no es
igual que la negociación colectiva en el ámbito privado. Llenas están
las sentencias del Tribunal Constitucional y del Tribunal Supremo en
las que explica por qué no se aplica en el ámbito público el artículo
37 de la Constitución; sí se aplica la Ley 7/1990, ley que estamos
aplicando. Lo que dice la citada Ley 7/1990 es que negociemos y que
lo que acordemos lo incorporemos y, si no, que incorporemos lo que
dice el Gobierno, porque esa ley dice que en todo caso habrá que
estar a lo que establezcan las leyes de Presupuestos Generales del
Estado, como no puede ser de otra manera. Ese es el límite que
diferencia la negociación colectiva en el sector público con respecto
al sector privado, donde también le diré que los convenios, tal y
como dice la reiterada jurisprudencia, están por debajo del valor de
una ley.

Para terminar, deseo sumarme a las manifestaciones del representante
del Partido Popular. Yo no voy a entrar tampoco en nuestros modelos
distintos y en si



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hay siete modelos dentro de cada uno. Algunas de las cuestiones que
se han explicado son bastante claras.

Quiero reiterarles nuestra disponibilidad y nuestro ofrecimiento -lo
saben los empleados públicos y sus representantes- a discutir cuanto
sea posible para ir avanzando en la mejora de la situación económica
y retributiva de los empleados.




- EL ÚLTIMO INFORME ELABORADO POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE INSPECCIÓN,
SIMPLIFICACIÓN Y CALIDAD DE LOS SERVICIOS DEL MINISTERIO DE
ADMINISTRACIONES PÚBLICAS REFERIDO AL CUMPLIMIENTO DE LAS
OBLIGACIONES DE DECLARAR POR LOS ALTOS CARGOS, ASÍ COMO A LOS
INCUMPLIMIENTOS COMETIDOS EN RELACIÓN CON LA LEY 12/1995, DE
INCOMPATIBILIDADES DE LOS MIEMBROS DEL GOBIERNO DE LA NACIÓN Y DE LOS
ALTOS CARGOS DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO, Y DE LAS
SANCIONES IMPUESTAS. A SOLICITUD DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA.

(Número de expediente 212/000361.)



El señor PRESIDENTE: Terminado el I punto del orden del día, pasamos
al II: Comparecencia para dar cuenta del informe elaborado por la
Dirección General de Inspección, Simplificación y Calidad de los
servicios de su Ministerio, referido al cumplimiento de las
obligaciones de declarar de los altos cargos.

Tiene la palabra el señor secretario de Estado.




El señor SECRETARIO DE ESTADO PARA LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
(González González): Como ustedes saben, tal como establece la Ley de
incompatibilidades, es obligación del Gobierno remitir cada seis
meses a esta Cámara un informe detallado sobre cómo se han comportado
los distintos altos cargos y ex altos cargos con relación al
cumplimiento de sus obligaciones con respecto a esa ley y su reflejo
en el registro que tutela la Inspección General de Servicios.

Voy a hacer una exposición, siguiendo el informe que se ha remitido
porque va a ser más ilustrativo para SS.SS. El artículo 10 de la Ley
de incompatibilidades, como ustedes saben, establece que para
asegurar la transparencia del control del régimen de
incompatibilidades previsto en la ley y sin perjuicio de las
competencias que se atribuyen a las autoridades administrativas
señaladas en la misma, el Gobierno, a través de la Inspección General
de los Servicios, remitirá al Congreso de los Diputados información,
cada seis meses, del cumplimiento de las obligaciones de declarar de
los altos cargos, así como de las infracciones que se hayan cometido
en relación con esta ley y de las sanciones que se hayan impuesto.

Esto es a su vez desarrollado por el
artículo 25 del reglamento que desarrolla la ley, que regula los
registros de actividades, bienes y derechos patrimoniales de los
altos cargos. El citado artículo 25 señala, en lo referente a esta
información, que cada seis meses el Gobierno, a través de la
inspección, remitirá la siguiente información. Por una parte, el
número de declaraciones y comunicaciones recibidas en el registro,
distinguiendo entre los distintos tipos de declaraciones a los que
ahora me referiré, el número de altos cargos que no han cumplido las
obligaciones de declarar y comunicar, el número de procedimientos
sancionadores que se han incoado y el número de procedimientos
sancionadores resueltos, indicando además las infracciones y las
sanciones que se han impuesto.

Para el cumplimiento de esta obligación, la Inspección de servicios
remite semestralmente al Congreso un informe que comprende cómo se
han comportado las obligaciones establecidas en la ley. Este informe
es agregado, cuantifica las declaraciones de los altos cargos que se
custodian en el registro, se especifican los aspectos concretos del
correspondiente semestre, señalándose también cuáles han sido los
incumplimientos que ha habido en el período de seis meses, los
recordatorios que se han realizado, los requerimientos que en
aplicación de la ley y el decreto se han efectuado y también se dice
si se han iniciado o resuelto los expedientes sancionadores que se
deriven de las infracciones que, en su caso, se hayan podido cometer.

En el informe que fue remitido el pasado mes de diciembre se recogen
las declaraciones custodiadas desde la entrada en vigor de la ley
hasta el 30 de noviembre de 2000 -que es el primer apartado de ese
informe-, así como los incumplimientos habidos en el período
exactamente comprendido desde el 1 de junio al 31 de octubre del año,
significándose también que los informes remitidos desde la entrada en
vigor de la ley están concatenados cronológicamente a las fechas de
remisión para que haya coherencia en la información que
periódicamente va llegando a la Cámara.

Entrando en el contenido del informe concreto del mes de diciembre
pasado, se puede comprobar cómo las declaraciones de altos cargos
custodiadas desde la entrada en vigor de la ley son 5.954 de bienes y
derechos y 4.616 de actividades. ¿Por qué son superiores las
declaraciones de bienes y derechos sobre las declaraciones de
actividades? Es evidente, porque desde el inicio de la ley, además de
una declaración de nombramiento y de cese, como saben, hay que hacer
una declaración anual que obliga el artículo 6.o,2 de la ley,
declaraciones que se han venido realizando entre el 15 de junio y el
15 de julio de cada año. Esta declaración es anual y únicamente
especifica bienes y derechos y no actividades, que es lo que explica
ese diferencial de número entre una y otra.

Los mismos datos del punto anterior -declaraciones de actividades y
bienes y derechos- se especifican en el informe del semestre que
viene a continuación



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-es decir, desde el 1 de junio hasta el 30 de noviembre-
distinguiendo si corresponden a declaraciones que están hechas al
nombramiento, al cese o a la declaración anual, que serían las tres
declaraciones que hay que presentar. Según se desprende de este
informe, se han recibido en el semestre 469 declaraciones al
nombramiento, de las cuales 235 son de actividades, 234 de bienes y
derechos, respecto de las de cese son 212 de actividades y 211 de
bienes y derechos, a lo que deben añadirse además 14 comunicaciones
por cambio de actividad tras el cese, tal como se fija en el artículo
9.1 del real decreto. Además, por último, se recibieron 554
declaraciones anuales, de las cuales 153 son de actividades y 401 de
bienes y derechos.

Para explicar esta diferencia hay que señalar que, aunque el número
contabilizado de altos cargos es aproximadamente de unos 600, las
declaraciones anuales son inferiores a estas cifras dado que en este
período ha ocurrido el cambio de Gobierno, con la incorporación
y cambio de ubicación de muchos de los altos cargos existentes. Esta
circunstancia hace que en el caso de que un alto cargo haya efectuado
su declaración de toma de posesión en la fecha que coincide con la
declaración anual, esa misma declaración sirve para cumplir con las
obligaciones de efectuar las correspondientes declaraciones anuales,
ya que la documentación es la misma, con lo cual se produciría ese
desfase; es decir, aproximadamente habría, en números redondos, unos
200 que habrían cambiado de sitio. Por otra parte se señala que no
existe obligación de enviar declaración de actividades junto con la
anual de bienes y derechos patrimoniales a que se refiere el artículo
6.o,2. Pese a ello, aunque sea esta declaración anual sólo de bienes,
aparecen 153 porque mucha gente lo que hace es mandar la declaración
completa.

El cumplimiento de la obligación de declarar a que se refiere al
artículo 10 de la ley se recoge en el punto 3 del informe remitido en
sentido negativo, es decir, se recogen cuantitativamente las
declaraciones que debían haberse recibido en el registro a 31 de
octubre de 2000, pero que no se han presentado a esa fecha. Como
puede apreciarse de los datos que están en el apartado 3.1, estos
incumplimientos han sido en este caso, en el período semestral
considerado, únicamente 22, de los cuales 13 son incumplimientos al
nombramiento y nueve al cese. (Son altos cargos que, pasados los
correspondientes plazos marcados por la ley, tenían aún pendiente la
presentación de sus declaraciones.) Además a esa misma fecha había
cinco altos cargos en activo que tenían pendiente de formular su
declaración del año 2000. Pues bien, tanto los 13 incumplimientos al
nombramiento como los nueve incumplimientos al cese ya han cumplido
su obligación de presentar la declaración, igual que los afectados
para los incumplimientos de las cinco declaraciones anuales han
regularizado ya su situación, enviando la correspondiente
declaración y, por lo tanto, en la próxima declaración semestral
aparecerá como cumplido.

En el apartado 3.2 se recoge lo que se denominan los recordatorios
que la Dirección General, de acuerdo con las funciones que se
contemplan en el artículo 22 del real decreto, efectúa cuando,
habiendo transcurrido los plazos que establece el decreto, no se han
recibido en el registro las declaraciones efectuadas. A eso se
refieren los recordatorios. Pues bien, aquí las cifras incluyen el
total de recordatorios que se han efectuado a lo largo del semestre
considerado. Estos recordatorios han sido, como figura en el informe,
37 a situaciones de nombramiento, 12 a situaciones de cese y 38 por
el retraso en el envío de las declaraciones anuales. Pues bien, todos
los altos cargos y ex altos cargos a los que se refieren estos
recordatorios, tanto al nombramiento como al cese, han regularizado
su situación, enviando la correspondiente declaración, y también las
38 declaraciones anuales que están ahí previstas. El apartado
siguiente se refiere a los requerimientos enviados en aplicación de
la ley. Ha sido necesario efectuar dos requerimientos a lo largo del
semestre, uno de los cuales fue contestado sin necesidad de seguir
adelante con las previsiones procedimentales y en cambio, se ha
producido la incoación de un expediente sancionador porque el otro no
ha atendido a los requerimientos en plazo.

El informe establece también, de acuerdo con el artículo 10, las
infracciones cometidas y las sanciones que se han impuesto. En este
sentido el informe de diciembre en su apartado 4 da cuenta del inicio
en el período de un expediente sancionador por incumplimiento de la
presentación de la declaración al cese de un alto cargo, una vez que
se le han pasado los plazos. Este es el expediente al que me refería
anteriormente y que acabamos de abrir.

Por último, se alude a la resolución de otro expediente iniciado en
el período del primer semestre de 2000 también por incumplimiento de
la obligación de declarar el cese y que ha sido sancionado con un
infracción grave y publicado en el boletín correspondiente.

En el informe de diciembre de 2000 hay que destacar que se observa un
alto grado de cumplimiento de las obligaciones, que podríamos situar
en el entorno del 97 por ciento, 98 por ciento, porcentaje que viene
en los últimos meses cumpliéndose en cuanto a las previsiones que la
ley contiene.




El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el Grupo Parlamentario
Socialista que solicitó la comparecencia. En su nombre, tiene la
palabra doña María José López.

Es conveniente que se ajuste a los diez minutos porque luego
cortaríamos la sesión para acudir a la fachada del Parlamento.




La señora LÓPEZ GONZÁLEZ: Quiero dar la bienvenida al secretario de
Estado, porque siempre es una satisfacción tenerle aquí.




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Después de su intervención tendríamos que hacer en primer lugar una
reflexión para saber exactamente en qué situación nos encontramos
respecto al cumplimiento de la ley y del reglamento. Hoy parece que
la cosa va de pasarela Cibeles, está claro, porque nos vamos a
referir a dos modelos diferentes de actuaciones en cuanto al modo en
que se lleva a cabo el cumplimiento de la ley y el cumplimiento del
reglamento que la desarrolla.




No nos puede pasar desapercibido, está claro, que la Ley 12/1995 es
una normativa que surge fundamentalmente para garantizar la
independencia y la imparcialidad de los altos cargos en el ejercicio
de sus funciones. Usted lo ha dicho muy bien cuando ha leído el
informe del último semestre, de diciembre del año 2000, que hace
referencia numérica a lo que han significado las declaraciones de los
altos cargos. Desde nuestro punto de vista, esta ley supone un gran
avance hacia ese eficaz funcionamiento de la Administración pública,
que es el deseable, estableciendo la constitución de esos dos
registros, el seguimiento de esos informes cuando se trasladan a la
Cámara, la gestión de la inspección y el control parlamentario que
deben tener esos informes.

En la misma situación nos encontramos si analizamos el reglamento, al
que usted también ha hecho referencia cuando nos ponía encima de la
mesa el último informe que hemos visto esta mañana. Yo creo que en
aquel momento desarrolló el objetivo que se había impuesto esta
Cámara, que es la Cámara legislativa y la que vela por el
cumplimiento de la ley de 1995 y su reglamento, con los que lo que se
pretendía no era otra cosa más que tener una transparencia, una
situación clara, real y cierta de lo que estaba pasando en la
Administración, y en concreto con los altos cargos que están
desarrollando esa actividad política en la Administración pública,
para saber cuál es su situación real, tanto privada como pública,
exclusivamente para mayor higiene democrática. Ese objetivo lo
cumplen las dos normas, tanto la ley como el reglamento.

También tenemos claro que esos altos cargos a los que van dirigidas
ambas normativas son el Gobierno de la nación, los secretarios de
Estado y los altos cargos que se definen en esas dos normas. Ese
reglamento, como decía, desarrolla ese objetivo y regula el
cumplimiento de las obligaciones previstas en la ley en relación con
los registros de actividades y de derechos patrimoniales; en
definitiva lo único que pretende, como usted bien reflejaba con
anterioridad, es esas declaraciones de cuándo se inicia una
actividad, cuándo se cesa en la misma y el período durante el cual se
está siendo alto cargo.

Quiero avanzarle una primera conclusión después de esta pequeña
precisión para saber cuál es la realidad: que tenemos una ley y un
reglamento. En aquel momento los partidos políticos quisieron
trasladar a esa ley una normativa de incompatibilidades muy rigurosa
con los cargos públicos, de las más rigurosas de nuestro
entorno, como así fue calificada, incluso dura en algunos
aspectos, pero no puedo decir lo mismo cuando analizo el control que
se está realizando de su cumplimiento. Fíjese que la ley es de 1995,
igual que el reglamento, y que durante todo el período del Gobierno
popular ha sido este Gobierno el que ha tenido la oportunidad de
desarrollar e interpretar esa normativa, tanto de la ley como del
reglamento, en su ejercicio político y público. ¿Por qué le digo
esto, se estará usted preguntando? Pues porque, desde la perspectiva
de este grupo parlamentario, la realidad actual no es la que llevaban
implícitos el espíritu y los objetivos que querían cumplir esa ley y
ese reglamento. ¿Por qué? Porque lo que nosotros pensamos que debe
ser algo transparente, algo perfectamente controlable, que fuese real
y cierto, nos encontramos con que no es así en demasiadas ocasiones,
señor secretario, y eso lo es porque el Gobierno popular así lo ha
decidido. Estoy convencida de que, cuando no se quiere hacer una
cosa, sencillamente no se hace, y creo que el Gobierno popular no
está dispuesto, o no lo ha estado hasta ahora, a hacer ese ejercicio
democrático, esa higiene democrática, esa salud democrática que nos
estaban facilitando esas dos normas. Se ha planteado no hacerlo de
esa manera, y esto está produciendo algunas consecuencias que a mí me
parecen graves. La primera es que se están aligerando las
obligaciones a la hora de las declaraciones de los altos cargos, se
están propiciando situaciones en las que no haya transparencia ni
control sobre cuál es la situación verdadera de los altos cargos y se
está provocando un conflicto de intereses que me parece grave, y lo
está propiciando el Gobierno de alguna forma con su actitud, con esa
confusión permanente entre lo público y lo privado.

Señor secretario, hay veces en que tengo la impresión de que el
Gobierno se ha convertido de alguna forma en una agencia de
colocación, pero en una mala agencia de colocación, en el sentido de
que no sabe controlar o hacer un seguimiento de qué pasa con las
personas que están en los cargos públicos cuando cesan en esos cargos
y qué está pasando durante el ejercicio de su actividad. Por eso me
parece que esa confusión es realmente preocupante. ¿Cómo están
haciendo ustedes eso? A mí me preocupó cuando en la Ley de medidas
fiscales, administrativas y de orden social, la Ley de acompañamiento
para 2001, ustedes realizaron toda una serie de modificaciones con
respecto a los artículos 38 y 39, que alteraban, y en algunos casos
sustancialmente, las disposiciones tanto de la ley como del
reglamento, y me refiero a los artículos 1.o,2; 5.o y 6.o de la Ley
de incompatibilidades. Por no cansar al señor secretario, hay algunos
aspectos que me parecen importantes, como por ejemplo la modificación
del artículo 1.o,2, donde con la redacción actual se excluye a los
directores del gabinete de los delegados del Gobierno de lanecesidad
de hacer ese tipo de declaraciones -me



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imagino que eso será como consecuencia del asunto de Melilla-; o por
ejemplo el artículo 5.o, que suprime la obligación de los altos
cargos de hacer la declaración de actividades en el momento del cese;
o el artículo 2.o, que, aunque no se modifica, en su nueva redacción
podría dar lugar a que la inspección no tuviese un control estricto y
no pudiese obligar al requerimiento en el incumplimiento de
actividades dos años después del cese como alto cargo; o el artículo
6.o, sobre su declaración de bienes y derechos, donde primero se
solicitaba por la ley y en el desarrollo del reglamento la
incorporación del IRPF más la declaración del patrimonio, y en este
caso ya no se va a exigir y no se van a poder cotejar esos datos.

En algún momento me hago una reflexión que quizá me parezca un poco
más grave, y es que esto podría implicar que hubiera la posibilidad
de que algunos datos se omitan o queden obsoletos. Por ejemplo, si un
alto cargo toma posesión en mayo del año 2000 y tiene necesidad de
presentar su declaración de patrimonio referente a ese año, estamos
teniendo la declaración de patrimonio del ejercicio 1998. ¿Por qué?
Porque la declaración, como usted conoce perfectamente, es a
ejercicio pasado y, por tanto, tendríamos una declaración del año
1998.

Según el artículo 6.o,1, las declaraciones tributarias se depositan
en el registro de bienes y, como usted bien sabe, sólo tienen acceso
a ellas las Cortes Generales. Es decir, en esas modificaciones hay un
cúmulo de dejaciones que a nuestro entender muestran que no se puede
hacer un control tan exhaustivo como se pretendía en el espíritu de
esa ley respecto a cuáles son las situaciones de los altos cargos.

Esto nos lleva a no poder tener ese control riguroso al que hacíamos
referencia. La razón de que este grupo esté sometido a esta ley es
porque las decisiones que se toman siendo altos cargos pueden
provocar otros conflictos que rocen con intereses privados que no
tienen nada que ver con los intereses públicos, que son los que
tenemos que defender.

Señor secretario, no quiero agotar su paciencia pero sí me hago toda
una serie de preguntas después de estas reflexiones. ¿Qué ha pasado
con el asunto de don José Manuel Villar? ¿Qué ocurre con don Carlos
Díaz Ruiz? ¿Qué ocurre con el señor Isla Álvarez? ¿Qué ocurre con el
señor Arias-Salgado? ¿Qué ocurre cuando ustedes en su informe dicen
que realizan averiguaciones? ¿Qué averiguaciones realizan ustedes?
¿Cómo realizan ustedes estas averiguaciones?
Señor secretario, ¿usted está convencido de que se están cumpliendo
las normas? ¿No cree, al igual que este grupo, que esto es una
cuestión de transparencia y que tenemos que ser como la mujer del
César, no sólo serlo sino también parecerlo?



El señor PRESIDENTE: Son exactamente las doce menos cinco minutos.

Suspendemos aquí la Comisión, y, como máximo, reemprenderemos los
trabajos de la Comisión a las doce y diez, con la fijación de
posición por parte de los grupos.




Se suspende la sesión.




Se reanuda la sesión.




El señor PRESIDENTE: Después de la intervención del grupo que había
solicitado la comparecencia, abrimos el turno de toma de posición.

Tiene la palabra el señor Erkoreka, en nombre del Grupo Parlamentario
Vasco.




El señor ERKOREKA GERVASIO: Con motivo de la comparecencia del
ministro de Administraciones Públicas ante esta Comisión el pasado 22
de febrero, tuvimos oportunidad de contrastar puntos de vista en
relación con la Ley 12/1995, de 11 de mayo, de incompatibilidades de
altos cargos, que es en la que centra fundamentalmente el motivo de
esta comparecencia. En aquella ocasión le expuse al ministro el punto
de vista del grupo al que represento en relación con el carácter
extremadamente riguroso de la ley en muchos aspectos. Efectivamente,
traía causa de que durante muchos años parecía que la Administración
general del Estado había padecido una situación no especialmente
modélica, desde el punto de vista de la integridad de la actuación de
algunos de los altos cargos que desempeñaban funciones en ella, y el
país vio la necesidad de tomar medidas, entre otras, legislativas,
con el fin de atajarla y esta ley es producto de aquella reflexión y
de aquel debate. La ley es muy rigurosa en lo que se refiere al
control sobre los intereses de los altos cargos y, también, en lo que
se refiere a las condiciones en las que regula su inhibición en el
conocimiento de los asuntos que interesen a empresas en las que los
propios altos cargos o algunos de sus parientes relacionados en la
ley hayan tenido responsabilidades de gestión más o menos directas.

Pero siendo la ley dura, lo cierto es que, como ha puesto de
manifiesto la portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, a veces da
la impresión de que esa dureza tiene una relación directa con la
desgana de la Administración por garantizar el efectivo cumplimiento
de sus previsiones. No es que lo diga yo. Recientemente, el fiscal
anticorrupción, Jiménez Villarejo, hacía unas declaraciones a la
prensa en las que afirmaba literalmente: Algo falla en las
estructuras de la Administración pública cuando nos vemos obligados
a actuar a través de noticias que se publican en los medios de
comunicación. El fiscal anticorrupción, en esta entrevista que
mantiene con un periodista -insisto, publicada muy recientemente en
un medio de comunicación-, acusa a las administraciones públicas de
un cierto déficit en todo lo que se refiere a la adopción de medidas
encaminadas a asegurar el efectivo cumplimiento de la ley. La verdad
es que yo no quiero sacar



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de aquí conclusiones desproporcionadas ni precipitadas. Yo no
considero que nos encontremos ante una situación de corrupción
generalizada oculta porque existan fantasmas dentro de la
Administración que impidan que esos temas afloren, pero hay unas
declaraciones del fiscal anticorrupción que, cuando menos, deberían
llevarnos a la reflexión. De hecho, hay un dato que de alguna manera
corrobora, a efectos de esta Comisión, lo que dice el fiscal
anticorrupción. Cuando el pasado 22 de febrero tuvimos oportunidad de
debatir sobre el informe de la Inspección General de Servicios en
relación con la situación del ministro Arias Cañete, lo cierto es que
el dossier informativo del que dispusimos los miembros de la Comisión
estaba basado en informaciones recogidas por la Inspección de
servicios, pero que habían sido publicadas en los medios de
comunicación. Es decir, el motor fundamental de la detección de
ciertas situaciones de irregularidad o que podrían ser irregulares
habían sido los medios de comunicación. La Inspección General de
Servicios actuó con diligencia y con rigor, pero lo hizo a instancias
o teniendo como base informaciones previas hechas públicas en
diferentes medios de comunicación. Esto quizá puede poner de
manifiesto cierto déficit en la Administración a la hora de arbitrar
medios con el fin de garantizar, insisto, el pleno y efectivo
cumplimiento de las previsiones de la ley. De poco sirve tener una
ley rigurosa, de poco sirve tener la ley más dura - como se ha dicho
por aquí- en el contexto europeo si, después, la desidia de las
estructuras administrativas, la incapacidad o la infradotación (no sé
exactamente dónde puede estar el problema) de las mismas hace que, de
hecho, o no se cumplan sus previsiones o que sean manifiestamente
incumplibles.

Desde nuestro grupo parlamentario consideramos que hace falta abrir
una reflexión seria en relación con esta ley. Han transcurrido ya
seis años desde su entrada en vigor y creemos que sería bueno
constituir, en el seno de esta misma Comisión, una subcomisión (que
podría estar formada por miembros de esta Comisión y representantes
del Ministerio de Administraciones Públicas) que evalúe la aplicación
de la ley, que evalúe si sus previsiones se están cumpliendo o no, en
qué medida se están cumpliendo, si los objetivos que perseguía la ley
se cumplen o no, si las finalidades que perseguía son una realidad o
no lo son; es decir, una subcomisión que evalúe todos estos aspectos
de la ley, pero no basándose en criterios subjetivos o en el capricho
de los que estamos aquí, sino con una metodología científica, que
existe ya para evaluar previsiones legislativas. Yo creo que la
situación es lo suficientemente preocupante como para que adoptemos
medidas, y esta que sugiero en nombre del grupo al que represento
podría ser una buena solución; una buena solución, insisto, no
solamente para analizar la actuación de la Administración y lo que
esta puede hacer en el futuro para que el cumplimiento de las
previsiones de la ley
sea más efectivo y para que la propia Administración sea el motor
fundamental de que la ley se traslade a la realidad y no tenga la
Administración que funcionar a impulsos de lo que digan los medios de
comunicación, sino además para garantizar que la situación de los
altos cargos de la Administración se corresponde con lo que quería el
legislador, y si de la subcomisión evaluadora resulta que hay que
modificar algunos preceptos de la ley porque son excesivamente
rigurosos o porque sencillamente son incumplibles, que se proceda a
la modificación. En cualquier caso, insisto, lanzo la propuesta, para
que conste en el «Diario de Sesiones», de que consideramos positivo
constituir una subcomisión de estas características que evalúe las
previsiones de la ley y, sobre todo, las medidas adoptadas y las que
pueda adoptar la Administración en el futuro para garantizar su
efectiva realización.




El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la
palabra don Rafael Merino.




El señor MERINO LÓPEZ: Agradecemos las explicaciones del señor
secretario de Estado en el informe semestral. Yo creo que todos los
portavoces han reconocido, al igual que hacemos nosotros, que la
norma es la más rigurosa del ámbito europeo, pero discrepamos de las
posiciones de los otros grupos en el sentido de que en el Grupo
Parlamentario Popular entendemos que también el control que ejerce la
Administración es de los más rigurosos del entorno europeo y también
lo hacemos en cuanto a los comentarios y las opiniones que se han
vertido sobre la desidia y la falta de voluntad de este Gobierno de
que se cumpla la ley. Nosotros creemos que el Gobierno está
cumpliendo y haciendo cumplir la ley, al igual que los altos cargos,
como bien ha dicho el señor secretario de Estado, están cumpliendo la
ley y el reglamento, y el dato de un 98 por ciento de declaraciones
presentadas y, por lo que nos ha dicho, de prácticamente el cien por
cien en estos momentos, una vez pasado el informe, viene a demostrar
la rigurosidad, la seriedad y la voluntad del Gobierno del presidente
Aznar de que haya transparencia y claridad en todo lo que pueda
afectar a los cargos públicos durante su ejercicio de los mismos y
después de haberlo hecho. Por lo tanto, nosotros no llegamos a
entender la sombra de duda que han generado aquí los grupos de la
oposición. Estamos convencidos de que la Administración actúa cuando
entiende que hay alguna situación anormal o irregular a través de los
mecanismos que para ello existen. Respetamos las reflexiones que
hacía la portavoz del Grupo Socialista en voz alta, pero en modo
alguno podemos compartirlas y no sabemos qué datos le llevan a sacar
esas conclusiones. Insisto en que el Gobierno y la Administración
tienen la voluntad de que esta ley se cumpla, así como toda la
normativa que la desarrolla; los altos cargos están cumpliendo con la
norma y con sus obligaciones, y si aparece



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alguna situación anómola, los órganos competentes actúan.

En cuanto a la reflexión que hace el portavoz del Grupo Parlamentario
Vasco (EAJ-PNV) sobre la conveniencia de evaluar la aplicación de la
ley, le manifiesto que en mi grupo parlamentario y en el Gobierno, en
el ámbito de absoluta transparencia que el Partido Popular ha
impuesto como norma de obligado cumplimiento desde su llegada al
Gobierno de España, estamos convencidos de que podemos evaluar la ley
y las normas que la desarrollan en el ámbito que le compete, pero
siempre partiendo de la premisa de que en este grupo parlamentario en
ningún momento se duda de la actuación del Gobierno ni del celo que
está poniendo en que esta norma se cumpla. Por supuesto, todas las
normas son mejorables y pueden ser modificadas, pero hacerlo tendría
que ser fruto de un debate que llevara a esa decisión. La conclusión
que nosotros sacamos a la vista del informe y de las palabras del
secretario de Estado es que se está cumpliendo la ley, cuyo contenido
es muy riguroso, y que los altos cargos están siendo también muy
rigurosos en la presentación y en el cumplimiento de esa norma. Por
lo tanto, desde nuestro punto de vista, debemos estar satisfechos de
tener la norma más rigurosa de Europa y de que nuestros altos cargos
estén cumpliendo con la máxima rigurosidad dicha norma.




El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor secretario de Estado.




El señor SECRETARIO DE ESTADO PARA LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
(González González): Voy a intentar recuperar el hilo argumental de
la exposición de la señora López en representación del Grupo
Socialista para tratar de seguir el mismo orden en mi contestación a
las distintas intervenciones. En primer lugar, debo decirle que de su
extensa reflexión no me ha quedado muy claro qué es lo que nos ha
querido decir, pero si es que nosotros no estamos haciendo una
correcta aplicación de la ley o que, de alguna manera, no estamos
siendo todo lo rigurosos que la ley dice que seamos, le digo de
antemano que no. Discrepo absolutamente y me parece que ese tipo de
afirmaciones deberían matizarse, porque tienen una lectura y una
trascendencia que puede ir más allá de lo que es la mera imputación
del mal funcionamiento de un servicio, y a mí me gustaría que
colocásemos las discrepancias en sus justos términos.

Dice usted que no queremos higiene democrática. Yo le pediría que no
fuéramos por ahí, porque yo he dicho antes y repito ahora que no
quiero remontarme a cuestiones de higiene democrática ni al: y tú
más. Creo que todos debemos buscar el mejor funcionamiento de todos
los servicios y el cumplimiento de las obligaciones legales, para eso
estamos. Habrá gente que las cumpla y habrá gente que las incumpla, y
al que las incumpla
habrá que castigarle e imponerle lo que la ley prevea y al que
las cumpla habrá que dejarle que siga cumpliendo con sus obligaciones
legales.

Dice usted que hay falta de control. Dígame dónde, porque, que yo
sepa, no hemos hecho en ningún caso dejación del cumplimiento de las
observaciones. Me dice usted que está de acuerdo con el informe, al
que creo que ha calificado de pasarela Cibeles. Yo no voy a entrar en
estas consideraciones. El informe que se remite a la Cámara lleva ya
acreditado seis años. Creo que es lo suficientemente riguroso como
para poner de manifiesto el cumplimiento de las obligaciones que
están en la ley y no voy a entrar en esas descalificaciones. Si hay
algo en el informe que a usted le parece mal, con mucho gusto estamos
dispuestos a aclarárselo y a mejorarlo, porque todo es mejorable, y
nuestro interés es facilitar la información, dentro del ámbito legal,
en los términos en los que la ley nos lo permite, pero, lógicamente,
con la mayor transparencia posible, porque aquí nadie, se lo aseguro,
tiene ningún interés en ocultar nada.

Ha dicho usted que somos una agencia de colocación, pero luego nos
acusa de que no sabemos qué pasa con la gente en los cargos públicos;
la verdad es que entonces somos una agencia de colocación malísima.

Yo le aseguro que nosotros no somos una agencia de colocación y que
sabemos muy bien o pretendemos saber, dentro de los términos en los
que está concebida la ley, qué pasa con los altos cargos, con los ex
altos cargos y con el cumplimiento de sus obligaciones legales.

Me habla usted de las modificaciones de la Ley de acompañamiento
dando a entender que lo que estamos haciendo es ocultar, flexibilizar
y querer excluir a alguien del control. No es así en absoluto. Si lee
usted bien las modificaciones legales -que ya lo hemos debatido en
esta Cámara, pero yo, con mucho gusto, se lo vuelvo a aclarar-, verá
usted que no hemos hecho eso en absoluto. A mí me gustaría que me
dijera cuál de las obligaciones legales existentes en la ley, antes
de la modificación de la Ley de acompañamiento, se ha eliminado, lo
que impide, como usted ha apuntado, que se realice un control con la
misma rigurosidad que establecía la ley antes de llevarse a cabo esa
modificación. No se pueden hacer esas declaraciones de carácter
general que siembran la duda si luego no se soportan con datos de
situaciones concretas. Estamos hablando de la honorabilidad de las
personas y en esto hay que ser muy cuidadosos. Nosotros tratamos de
serlo, probablemente no lo conseguimos en todas las ocasiones, pero
le aseguro que en general tratamos de ser bastante cuidadosos con la
honorabilidad de las personas, y más en el ámbito político donde hoy
lo que más vale es la acreditación y la apreciación personal. En ese
sentido, si usted revisa esas modificaciones, comprobará que sus
interpretaciones no son exactas.

Dice usted que hemos eliminado la obligación depresentar una
declaración al cese. No hemos eliminado



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ninguna obligación de presentar una declaración al cese. Lo que no
tiene sentido es presentar en la misma una declaración de actividad,
porque cuando uno cesa, en principio, la actividad no existe, salvo
que ya esté previamente determinado dónde va uno. Lo que mantenemos,
y lo mantiene la ley, es la obligación de comunicar qué actividad se
va a desarrollar. Esto es lo lógico, es lo que mantenemos está en la
ley y es lo único que tiene sentido. Estamos racionalizando la ley,
hemos hecho esa pequeña modificación, no sé si buena o mala en este
punto, pero que simplifica, racionaliza y permite hacer una adecuada
aplicación de la misma. En segundo lugar, hemos hecho otra
modificación que puede tener una apreciación distinta, tendente a que
la gente no rellene papeles por rellenar. Se trata de simplificar. Lo
único que hemos hecho ha sido cambiar el plazo de la presentación de
la declaración de actividades para asociarlo al mismo plazo de
presentación de las declaraciones tributarias, porque tanto la
declaración de la renta como la de patrimonio son las que sustentan
las declaraciones de bienes y derechos de los señores altos cargos;
por tanto, lo único que hacemos es permitir y exigir que esas
declaraciones se acompañen de las declaraciones tributarias.

Ha dicho usted una cosa que tiene razón y yo se lo reconozco y es que
posiblemente sea necesario complementar esa declaración para los
desfases de fecha entre las declaraciones tributarias y las
declaraciones patrimoniales. Le aseguro que como creo que tiene usted
razón, y lo vamos a estudiar y plantearemos, si es necesario, una
modificación para que eso no pase. No tenemos ningún interés en
ocultar nada, todo lo contrario; lo único que queremos es hacer
compatible el cumplimiento de las obligaciones con la simplificación
de los trámites administrativos. Si eso es así, le aseguro que
nosotros introduciremos las modificaciones que sean precisas para que
si eso se produce y hay alguna duda, se corrija. No tenemos ningún
inconveniente en hacerlo, pero, por favor, no vaya más allá en las
interpretaciones de las modificaciones, porque no es bueno dar la
sensación de que aquí somos una especie de panda de amigos que
estamos tapando corrupciones de altos cargos sin parar.

Ha llegado usted a decir algo que me preocupa. No sé si ha criticado
que el acceso a las declaraciones, tal y como está en la ley, se
reconozca a las Cortes, no sé si eso le parece bien, le parece poco o
le parece mal. Nosotros hemos sido escrupulosos en la aplicación de
la ley y hemos facilitado los informes a aquellos a los que dice la
ley, ni más ni menos. Por tanto, vamos a seguir haciéndolo en los
mismos términos que dice la ley. Si ustedes consideran que hay que
introducir modificaciones legislativas en este sentido, háganlo,
tienen ustedes la posibilidad. Nosotros no nos vamos a oponer a nada
que sea razonable desde el punto de vista del funcionamiento de este
asunto, pero no vamos a compartir, y en la parte que nos corresponde
no estamos
dispuestos a admitirlo, que se nos imputen comportamientos que no son
rigurosos ni transparentes en el control de las obligaciones y en el
cumplimiento de las exigencias de los altos cargos.

Cuando yo he hecho la exposición del informe, creo recordar que he
hablado de casi 6.000 declaraciones que se han producido desde el
principio de la ley hasta ahora. ¿Sabe usted cuántos expedientes
sancionadores se han culminado? Si usted de eso deduce que aquí
estamos ocultando, estamos encubriendo o estamos no queriendo
perseguir algo, le ruego a usted que lo ponga encima de la mesa y me
diga en qué casos, dónde y cómo, porque hasta el momento lo que está
haciendo la Inspección de los servicios es actuar de oficio en 6.000
casos y de esos, que corresponden a la generalidad de la gente que
cumple sus obligaciones, donde no se desprende absolutamente ningún
incumplimiento, nadie habla. El funcionamiento de la Inspección en
este caso, que además es el responsable directo y actúa con toda
libertad y autonomía en el cumplimiento de las obligaciones legales,
hasta el día de la fecha es absolutamente escrupuloso y desde mi
punto de vista correcto, incluso desde el año 1995 cuando se aprobó
la ley, y ha mantenido una coherencia de criterios en la aplicación
de la misma que entiendo que usted pueda no compartir, pero eso queda
en el ámbito de los propios servicios de inspección, que son
autónomos para la interpretación y aplicación de la ley, tal y como
la propia ley le reconoce. Nosotros somos muy respetuosos con los
criterios que hasta ahora se han establecido. Si usted no los
comparte, me parece bien, pero, por favor, no deduzca de ahí S.S. que
aquí lo que hay es una especie de trapicheo para ocultar
incumplimientos legales por parte de los altos cargos.

Me ha citado usted, como dejándolo caer, cuatro nombres de ex altos
cargos en estos momentos. ¿Qué me quiere usted decir? ¿Han incumplido
la ley? Dígame en dónde y en qué. ¿En qué han incumplido la ley esos
señores? ¿O me los ha citado como ejemplo de los que lo han cumplido?
No lo he entendido. Me gustaría que me lo aclarase y que me dijera en
caso de que usted considerara que la han incumplido, en qué lo han
hecho y dónde, porque lo que yo sé hasta ahora es que no la han
incumplido. Ha terminado usted su intervención, preguntándome si
considero que se cumplen las normas. Yo creo que se cumplen
escrupulosamente y le reitero que el volumen de actuaciones seguidas
por la Inspección hasta la fecha pone de manifiesto que el
cumplimiento es, con carácter general, el adecuado y el correcto en
cuanto a esta ley que todos convenimos que es absolutamente rigurosa,
escrupulosa y exigente en el cumplimiento de esas obligaciones.

En cuanto a la intervención del señor Erkoreka, me parece bien el
planteamiento general en cuanto a la necesidad de mejorar los
criterios de la ley. No comparto que se pueda hablar en estos temas
ni de impresiones ni de preocupante situación. Es un mensaje



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absolutamente injusto con la mayoría de altos cargos y ex altos
cargos de nuestro Gobierno o de gobiernos anteriores, que han sido
escrupulosos en el cumplimiento de sus obligaciones; creo que es
absolutamente injusto y que no se puede dar ese mensaje,
sinceramente. A partir de ahí podemos analizar la ley, la podemos
mejorar y podremos introducir todo aquello que sirva para hacer más
transparente o para mejorar el control, lo que ustedes consideren
oportuno, pero no se pueden utilizar ese tipo de expresiones.

Se ha referido usted a las declaraciones en un medio de comunicación
del señor Jiménez Villarejo. Si yo quisiera seguir con su línea
argumental en cuanto a justificar que aquí sólo se actúa por denuncia
de prensa, le diría al señor fiscal anticorrupción que si tiene
alguna queja -yo tampoco he recibido ninguna-, no sería correcto
desde mi punto de vista que nos la hiciera llegar a través de los
medios de comunicación, pero no voy a entrar en eso. Hay que ser
absolutamente rigurosos en el tema y aquí hay que hacer exactamente
igual que se hace en todos los servicios de inspección y de control.

Aquí se actúa de oficio o por denuncia, y la denuncia es siempre o de
particular o de un medio de comunicación o de la actuación de la
propia Inspección. Aquí lo que no se está poniendo encima de la mesa,
insisto, porque está en el informe, es que de 6.000 declaraciones, al
final, nos estamos centrando en unas pocas decenas de casos, en los
que además, hasta ahora, en líneas generales, que yo sepa, no se ha
demostrado ninguna vulneración de esta ley, salvo alguna excepción
posible que yo no puedo recordar ahora. Por tanto, cargar las tintas
en el sentido de que sólo se actúa por información periodística o
bien a instancia de parte no es decir nada; no es nada más que actuar
con carácter general, como se actúa en todos los servicios, a
denuncia de parte. Le digo más: no comparto que se dé por cosa
juzgada la alusión a determinado hechos por parte de un medio de
comunicación o la denuncia de un particular. Hay que ser respetuoso y
hay que actuar en consecuencia, pero no hay que deducir de ahí o
tener la impresión de que todo lo que se publica ratifica una
corrupción galopante; es un camino peligroso. Por mi parte, no quiero
entrar en asuntos mucho más graves, denunciados por medios de
comunicación, que terminaron como terminaron; y no por eso voy a
cuestionar ninguno de los procedimientos de control de esas
situaciones que existen en este momento.

Dicho esto, le aseguro que estamos dispuestos a analizar cualquier
mejora, cualquier modificación o cualquier evaluación que sirva para
avanzar en los objetivos de dar transparencia al sistema, controlar
adecuadamente las declaraciones de los altos cargos o mejorar las
informaciones precisas; no vamos a tener ninguna dificultad en eso.

Por lo demás, reitero lo dicho por el representante del Grupo
Popular: el sistema es transparente, es efectivo, es riguroso y, por
supuesto, se puede mejorar; nosotros siempre estaremos en esa línea.




El señor PRESIDENTE: ¿Desea intervenir algún grupo? (Pausa.)
Con la brevedad que hemos pedido ya en la comparecencia anterior,
tiene la palabra la señora López.




La señora LÓPEZ GONZÁLEZ: Muchas gracias, señor secretario de Estado,
por las precisiones que ha hecho a mi intervención. Quiero hacerle
muy brevemente algunas aclaraciones.

Yo pretendía trasladarle dos cosas que me parecen importantes. La
primera sería: ¿es conveniente tener una actitud pasiva, de espera?
¿O es adecuada, por el contrario, la actitud activa a que nos obliga
la responsabilidad que tenemos en la Administración; es decir, poner
los medios para evitar que puedan ocurrir determinadas cosas? ¿No es
más justo y adecuado que seamos más activos y que llevemos un control
mucho más exhaustivo? ¿No es eso lo que nos está pidiendo la
ciudadanía, por otra parte? No pongo en crisis las seis mil
declaraciones que se hayan podido efectuar, pero insisto en que la
actitud en el cumplimiento de esa norma debe ser mucho más activa; la
ciudadanía nos lo está demandando.

Quería decirle también que no debemos ser complacientes, y menos con
este tipo de cuestiones. Tenemos que ser estrictos y tratar de que la
situación personal de nuestros altos cargos quede reflejada como en
una foto, tal como realmente es. Por eso le decía que entendía -
y sigo entendiendo- que la modificación de la ley de acompañamiento
propicia un aligeramiento; ese es el término que he utilizado para
que no haya lugar a dudas. No he dicho que la modificación conduce a
incumplimientos, no; le he dicho, señor secretario, que las
modificaciones nos pueden llevar a aligerar la obligación para los
altos cargos de determinadas actuaciones. Usted ha reconocido una de
ellas, que yo le he dicho también: si se presenta sólo la declaración
de patrimonio, ésta no refleja la situación real del patrimonio de la
persona en el momento que toma la decisión de aceptar el alto cargo.

Como a ese, he hecho referencia a un montón de datos más que no tengo
ningún inconveniente en repetir. He dicho que en el artículo 5, que
se refiere a la declaración de actividades de altos cargos, la
modificación consiste en que se suprime la obligación de que los
altos cargos formulen declaración de actividades en el momento del
cese. Dice usted que no tiene ninguna relevancia; sí la tiene. No se
suprime la obligación de la comunicación al registro, pero la
modificación supone menos control y justamente tratamos de hacer lo
contrario: controlar, ser rigurosos y adecuarnos a la situación
actual.

Le decía que hay otra modificación de mayor calado: la del artículo 6
de la Ley 12/1995. La ley exige una



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declaración comprensiva de la totalidad de los bienes, derechos y
obligaciones, exponiendo además el objeto social de las sociedades de
cualquier clase en que tengan intereses; se ha de hacer en la toma de
posesión, anualmente y en el momento del cese. Pues bien, si con la
modificación sólo se exige la declaración del IRPF y no la del
impuesto de patrimonio, usted no sabrá si esa persona tiene o no
intereses o participaciones en sociedades. ¿Por qué? Porque no
aparecen en la declaración del IRPF, así de claro; eso se refleja en
la de patrimonio.

A esos asuntos me refería. Y creo, tal como le decía, que es
necesario que no se aligeren las cargas, sino al contrario: que
seamos estrictos y rigurosos en el cumplimiento de la ley. No creo
que esto haya sido adecuado para cumplir tales fines, y ya se lo
advirtió el portavoz de mi grupo en el debate presupuestario: se
estaba aligerando y se dejaban de controlar algunas cuestiones; pues
hoy se lo volvemos a poner de manifiesto.

Me dice usted que no nos fijemos en algunas cosas que han venido
ocurriendo, que no actuemos a impulsos de referencias periodísticas y
que no se den éstas por causa juzgada. Tengo que decirle que es
verdad que, a preguntas del portavoz de mi grupo, señor Martínez
Sanjuán, sobre determinados altos cargos, hemos recibido respuestas
del Gobierno que denotan que algunas cosas se corrigen a impulsos. No
quiero extenderme porque ya ha sido suficientemente debatido pero, si
usted me dice en su exposición que lo que pretendían era que los
modelos no fueran papeles para rellenar por rellenar, tengo que
recordarle que en la declaración del señor Arias Cañete no había
ningún apartado relleno; me refiero a la situación de
incompatibilidad de la que hablamos en la comparecencia del ministro
de Administraciones Públicas.

Si pasamos a don Carlos Díaz Ruiz, a preguntas realizadas por este
grupo el Gobierno contesta: Hay que señalar que el señor Ruiz cesó
con fecha 19 de diciembre de 1998, con lo cual el día 19 de diciembre
de 2000 expiraron las obligaciones previstas en el artículo 2.4 de la
citada Ley 12/1995 y la declaración de cese se realizó el 28 de enero
de 1999. Bien, pues tenemos referencia por la información mercantil
de que don Carlos Díaz Ruiz comenzó a desempeñar el cargo el 3 de
mayo de 2000; no había transcurrido todo el tiempo que indica la ley
para poder realizar una actividad - director general de AC Hoteles-
que tenía relación directa o indirecta, como usted quiera
calificarla, con el cargo público desempeñado.

En cuanto a la pregunta de este grupo sobre la situación de don Pablo
Isla Álvarez de Tejera, el párrafo final de la contestación del
Gobierno confirma la situación del modo que voy a leer a
continuación. Dice: Realizadas las averiguaciones oportunas para
determinar si el inicio de dichas actividades privadas podrían
conculcar la legislación de incompatibilidades, y obtenida la
información pertinente, se concluyó que no había habido ningún
incumplimiento de la Ley
12/1995, de 11 de mayo, de incompatibilidades de los miembros del
Gobierno y de los altos cargos de la Administración. De ahí que,
cuando yo terminaba mi exposición, le preguntase a usted que cuántos
altos cargos han declarado a lo que se van a dedicar y cuántos
realmente se están dedicando a lo que han dicho. Por eso, con esta
conclusión también le preguntaba cuántas declaraciones finalmente
controlamos y sabemos que coinciden con la realidad.

Nuestra intención, señor secretario, en absoluto es dejar en el aire
la duda, sino todo lo contrario. Queremos tener la certeza de que la
actuación del Gobierno, del Ministerio de Administraciones Públicas,
en definitiva, la actuación de su Secretaría, está encaminada a tener
una actitud activa y no tolerante con situaciones que no nos conviene
a ninguno, menos aún en la situación en la que nos hemos visto en
estos últimos tiempos.




El señor PRESIDENTE: El señor Erkoreka tiene la palabra.




El señor ERKOREKA GERVASIO: No sé si mis palabras anteriores daban
objetivamente pie a pensar que lanzaba una especie de acusación
generalizada de corrupción. Algunos de los pasajes de mi intervención
desmienten absolutamente esta conclusión. He podido hablar de que
esto producía una impresión, como ha apuntado el señor secretario de
Estado, y de que la situación era preocupante, pero es que he hecho
referencia a unas declaraciones del fiscal anticorrupción hechas en
la prensa. No entro en si la vía era la correcta o no, si esos son
los mecanismos de comunicación de las preocupaciones del fiscal
anticorrupción, si en lugar de salir en la prensa tenía que haber
optado por otras vías, seguramente sí, pero el dato cierto
incuestionable, incontrovertible, es que ha salido a los medios de
comunicación y ha hecho unas declaraciones que, cuando menos, a
cualquier lector objetivo le suscitan preocupación. He leído un
pasaje de su intervención, pero hay otro todavía mucho más rotundo.

Dice: Hay una losa o pacto de silencio. En mi intervención yo he
descartado que esto existiera, pero él dice que hay una losa o pacto
de silencio en aquellos servicios de inspección de la Administración
pública, cuyo cometido es detectar casos de corrupción, pero que
dejan mucho que desear. Esto lo señala el fiscal y es una acusación
terriblemente grave; lo que no sé es, si tiene constancia de esto,
por qué no actúa, porque el fiscal está para actuar y no para hacer
declaraciones en la prensa. Las declaraciones están en los medios de
comunicación, los ciudadanos las leen y nos preguntan a los
responsables políticos, que estamos aquí, entre otras cosas, para
controlar al Gobierno. Nos preguntan: ¿Qué hay de eso? ¿Es verdad que
hay un pacto? ¿Qué hacéis para impedir que haya pacto? Esa es la
preocupación que yo he expresado aquí y que he pretendido trasladar,
una preocupación que creo que, con motivo de estas declaraciones,



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está en la calle, en la sociedad, y nosotros no podemos por menos que
hacernos eco de ellas y abordarlas en la medida en que nos compete.

De ahí que yo haya lanzado la propuesta a la Comisión. Es decir, el
fiscal no plantea denuncias concretas sobre casos concretos, no dice
que fulano de tal esté incumpliendo la ley o que le consta que fulano
de tal esté incurriendo en incompatibilidades, no, hace una acusación
contra el sistema. El sistema está organizado de tal manera que la
Administración no pone el celo suficiente, no actúa con la diligencia
necesaria para hacer efectivas las previsiones de la ley.

Precisamente esto corresponde a quienes estamos aquí, asegurar que el
sistema funcione. De ahí mi propuesta, vamos a analizar qué denuncias
hay y qué situación hay.

El secretario de Estado se ha centrado, lógicamente, tenía que ser
así, en la cuestión de las declaraciones de actividades civiles y de
derechos, porque es lo que planteaba la solicitud de comparecencia,
pero la Ley de incompatibilidades suscita otras cuestiones en las que
seguramente mi propuesta de evaluación tiene más sentido que esta,
porque aquí al final es contabilizar exactamente cuántos han hecho
las declaraciones, si se cumple o no, si quienes son nombrados hacen
las declaraciones que les exige la ley y si se produce la declaración
anual que también prevé la Ley de incompatibilidades. Pero existe,
por ejemplo, el caso de la inhibición en asuntos que afectan a su
círculo de intereses en el que podemos hacer otras indagaciones,
otras valoraciones, podemos establecer un control más efectivo del
Parlamento sobre la actuación administrativa. Creo que se pueden dar
pasos hacia adelante en relación con la mejora del sistema, porque la
acusación genérica del fiscal hace referencia al sistema, y es sobre
lo que nosotros podemos actuar.

No voy a entrar en supuestos concretos de altos cargos o de ex altos
cargos que estén en situaciones de incompatibilidad porque ni me
constan, ni quiero, porque exista esta declaración, lanzar esa sombra
de duda sobre el conjunto del sector público o de los altos cargos
públicos, ya que sería absolutamente injusto. La alarma está lanzada
por el fiscal general, vamos a cogerla y vamos a actuar de manera que
nadie nos pueda acusar de estar contribuyendo a la existencia de un
sistema en el que la Administración, como dice el ministro, o los
servicios de inspección responsables de esto, actúan bajo un pacto de
silencio. En lo que nos toca, actuemos, de ahí mi propuesta, que no
encubría ni encerraba ninguna intención de lanzar acusaciones
generalizadas de corrupción ni a esta ni a ninguna otra
Administración.




El señor PRESIDENTE: El señor Merino tiene la palabra.




El señor MERINO LÓPEZ: Este grupo parlamentario en la primera
intervención que ha tenido ha querido
mantener un talante de responsabilidad y mirar hacia el futuro y
no hacia el pasado, sobre todo lo digo por la intervención de la
portavoz del Grupo Socialista, que ha reiterado su planteamiento en
su segunda intervención. A este portavoz le cuesta trabajo no hablar
del pasado ni de casos concretos pero, desde el Grupo Parlamentario
Popular, no vamos a utilizar esos argumentos. Lo que sí demandamos a
la portavoz del Grupo Socialista es responsabilidad y seriedad en los
planteamientos, porque ha pretendido sembrar en su intervención mucha
duda, mucha sombra y mucha opacidad sobre la actuación del Gobierno y
sobre la actuación de la Inspección, y eso puede ser legítimo
políticamente pero no ser justo ni realista con la situación.

Cuando la señora López habla de actitud pasiva y de que los
ciudadanos piden una actitud positiva, dicho así, tal y como ella lo
ha citado, deja a uno preocupado y asustado. Pero nosotros nos
preguntamos: ¿dónde está la actitud pasiva del Gobierno o la actitud
pasiva de la Inspección? ¿Qué es esa actitud positiva que dice usted
que pide la ciudadanía? Porque si los altos cargos hemos reconocido
que tenemos la ley más rigurosa de toda Europa, si el señor
secretario de Estado ha dicho que en estos seis años de normativa se
han presentado y formulado 6.000 declaraciones, si en el último
informe se reconoce que el 98 por ciento de los altos cargos han
cumplido con su obligación, ¿dónde está la pasividad, tanto de la
Administración, de la Inspección y del Gobierno, como de los altos
cargos que estaban obligados a formular sus declaraciones? ¿Por qué
se pretende sembrar esa duda cuando los datos y los hechos demuestran
una realidad contraria a lo que la portavoz de Grupo Socialista está
planteando, y añade ella que no se debe ser complaciente? No hay
ninguna complacencia, lo que hay es una rigurosidad, tanto por parte
de la norma como por parte del Gobierno y de los órganos de la
Administración competentes en esa materia. Luego ha hablado de la Ley
de acompañamiento, en la que ya tuvimos oportunidad de entrar
extensamente en el debate parlamentario, por eso no lo quiero
reproducir. Este portavoz que les habla sacó un cuadro donde les
demostrábamos que la información que se exige es más completa que la
que anteriormente se requería y que no ha disminuido en ningún
momento la obligación de declarar ni han dejado de presentarse datos;
todo lo contrario. Lo que sí se ha hecho es evitar una duplicidad de
documentación que parece absolutamente innecesaria y que en una
sociedad moderna y en una administración moderna no debe existir.

Se ha comentado el caso concreto de la declaración del ministro Arias
Cañete. Creo que en esa comparecencia y en el debate que tuvimos en
Comisión tanto por parte de los órganos del Ministerio como por parte
de este grupo parlamentario quedó perfectamente acreditado que no era
necesario rellenar esa declaración porque no había nada que se
hubiera que declarar enese momento. Cuestión distinta es que, por una
información



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aparecida en la prensa, el Grupo Socialista se creía que había
pillado, entre comillas, al ministro Arias Cañete. Pero quedó
manifiestamente claro que lo único que había era una falta de
actualización en el registro mercantil y que, ante algunos casos que
se decía que había tomado posesión, el ministro Arias Cañete
acreditaba documentalmente que estaba en Bruselas cumpliendo
obligaciones propias de su cargo, con lo cual era materialmente
imposible que pudiera estar tomando posesión de algún cargo que se le
atribuía.

Por tanto, son situaciones que se generan desde el Grupo Socialista
para intentar sembrar dudas sobre la actuación legal de los altos
cargos, que lo son ahora mismo o que lo han sido en anteriores etapas
del Gobierno del Partido Popular, cuando es el Partido Popular el que
ha traído la transparencia, la rigurosidad y el control sobre las
situaciones de los distintos altos cargos. Todos los altos cargos en
sus declaraciones manifiestan su situación; cuestión distinta es que
a usted le guste o no que los altos cargos estén cumpliendo con sus
obligaciones. Pero no se puede tener la presunción de que, a pesar de
que se están presentando las declaraciones, a pesar de que se está
llevando a cabo el control, a pesar de eso, se está incumpliendo la
ley. Esas presunciones no se pueden tener. Si se están presentando
las declaraciones, si las inspecciones actúan y se analizan las
documentaciones y no se observa ninguna irregularidad, no se puede
empeñar uno en decir que el Gobierno diga que hay irregularidades. No
las hay. Son seis mil cargos y no hay irregularidades. Por tanto, no
se puede venir a esta Cámara a plantear hipótesis generales y
después, en dos casos concretos que cita usted, lee la propia
respuesta que le da el Gobierno. ¿Qué mayor transparencia y qué mayor
claridad quiere usted del Gobierno si contesta a S.S. sobre dos casos
concretos que usted ha planteado? Eso viene a demostrar que el
Gobierno controla, que los altos cargos cumplen sus obligaciones y
que la transparencia es absoluta.

Respecto al planteamiento que ha reiterado el portavoz del PNV sobre
las declaraciones del señor fiscal, usted mismo se ha contestado: que
actúe el señor fiscal si entiende que hay algo que no se está
llevando a cabo y que no se ajusta a la normativa vigente, por lo
cual nosotros no tenemos nada más que añadir.




El señor PRESIDENTE: Para cerrar el debate, tiene la palabra el señor
secretario de Estado.




El señor SECRETARIO DE ESTADO PARA LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
(González González): Señora López, por la brevedad que me piden, voy
a decirle solamente una cosa: creo que en estas cuestiones deberíamos
hacer el esfuerzo de concretar. Dice que la ciudadanía pide un
control más exhaustivo, que tenemos que ser más estrictos, que esto
puede llevar a que se oculte o pierda la información, etcétera. Diga
usted dónde, por favor. No sigamos hablando de generalidades
y concretemos algo más. Porque le vuelvo a decir lo mismo. ¿a cuántos
controlamos? A seis mil. ¿Cuántos han cumplido sus obligaciones?
Hasta el día de la fecha, salvo doce sanciones que hemos puesto y un
expediente que tenemos en marcha, en general, todos los demás, como
usted bien sabe, todo han cumplido. ¿Y cómo lo hemos hecho? Actuando
activamente, no pasivamente, exigiendo las declaraciones, analizando
las declaraciones, comprobando que se ajustan a la propia ley. Y por
eso no hemos actuado más, solamente hemos actuado allí donde esas
seis mil declaraciones han apuntado a algún tipo de incumplimiento. Y
a partir de ahí, en el Estado de derecho también funciona el sistema
de denuncias. Si usted tiene algún conocimiento de alguna corrupción,
de algún incumplimiento, dígalo; nosotros actuaremos, no tenemos
ningún inconveniente, lo hemos hecho siempre. Pero no siga con las
generalidades, no siga dejando en la duda si el señor Carlos Ruiz fue
o no incompatible; si el señor Arias-Salgado fue o no incompatible;
si el señor Villar fue o no incompatible. Señoría, sobre todas esas
cuestiones les hemos contestado a todas las preguntas que nos han
hecho. Ustedes han formulado más de 25 preguntas sobre altos cargos y
el tema de las incompatibilidades y les hemos facilitado todos los
datos.

En concreto el señor Villar -se lo hemos dicho- es un señor que ha
sido secretario general de Telecomunicaciones, es abogado del Estado
y se ha incorporado a su despacho. ¿Es eso incompatible? ¿Está
incumpliendo la ley? ¿Es poco claro el señor Villar? ¿Qué quiere, que
le ponga yo un señor todo el día sentado a su lado en su despacho
para ver si hace un dictamen que tenga algo que ver con alguna cosa
que pudo hacer o decir? Por favor, cuando tenga usted conocimiento de
algún incumplimiento del señor Villar, no le quepa ninguna duda de
que, si usted nos lo hace llegar, nosotros actuaremos en consecuencia
en aplicación de la ley. ¿Qué le pasa al señor Arias-Salgado? Le han
lacerado ustedes durante toda la legislatura pasada: que si estaba en
una empresa de seguridad... Sobre eso se han abierto todo tipo de
investigaciones y se ha concluido que el señor Arias-Salgado no tenía
ninguna incompatibilidad. Y el señor Arias-Salgado ocupa ahora la
presidencia de una empresa bastante conocida y ustedes han ideado que
eso se lo han dado porque, a cambio, uno de los socios, que tienenn
el 3 por ciento de esa sociedad, es socio de referencia de una
licencia de telefonía que el señor Arias-Salgado… Yo creo que por ahí
vamos por un mal camino. Insisto. Y no me quiero remontar a
situaciones del pasado para que no se enfade su portavoz, porque yo
coincido con él en que hay que correr un tupido velo sobre algunas
cuestiones que creo que no son edificantes para nadie.

En ese sentido le puedo seguir hablando de don Carlos Ruiz. Don
Carlos Ruiz ha sido director general de Turismo, ha montado una
empresa, han pasado ya los



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dos años de incompatibilidad y ¿sabe usted cuál es la diferencia
entre la incompatibilidad de un director general, de un subsecretario
o de un secretario de Estado? ¿Es la misma incompatibilidad? No es la
misma incompatibilidad. ¡Claro que no! ¿Sabe hasta dónde llega la
incompatibilidad de un director general? A no poder participar en
aquellos asuntos en los que ha dictado resolución, sólo en los que ha
dictado resolución. Eso es lo que se hace constar cuando los altos
cargos que han tenido rango de director general comunican sus
actividades. Si el señor Ruiz ha dictado alguna resolución o ha
intervenido en alguna cuestión turística en la que él ha dictado
resolución, díganoslo, actuaremos en consecuencia, pero no siga
levantando falsos testimonios ni con el señor Ruiz ni con ningún
otro. Díganoslo. Y puedo seguir enumerando hasta los 28 altos cargos
sobre los que les hemos dado información. Si usted tiene conocimiento
de algún incumplimiento, díganoslo, que vamos a actuar; no tenemos
ningún inconveniente, hemos sancionado ya a doce altos cargos. No
tenemos ningún problema, tenemos varios expedientes en marcha y lo
vamos a seguir haciendo. Pero no siga por esa dirección, yo se lo
agradecería, y no dé la sensación de que aquí estamos en una actitud
pasiva, de que no queremos actuar, de que el señor Arias Cañete no
dijo nada… ¡Pero si su propio portavoz sabe -y tiene la información
que le hemos dado- que claro que tenía cosas de las que estaban
declaradas ahí! ¿Cómo no va a tener en su declaración muchas de las
empresas que figuraban? Otras no tenía por qué tenerlas y eso ha
quedado acreditado en la información que les hemos dado. No sigan por
la dirección de, cuando no les gusta lo que la ley dice respecto a
altos cargos del Partido Popular, sembrar la duda. Si hay algún
incumplimiento, de verdad, díganoslo, que nosotros no vamos a tener
ningún problema para actuar en consecuencia y aplicar la ley con toda
su extensión y todo su rigor. Pero no siga por ahí.

Controlamos a todos los altos cargos que han sido y han dejado de
serlo con los medios racionales y normales que tenemos los servicios
de control de esta Inspección o de cualquier otra. Le aseguro que
estamos, día a día, analizando cada una de las declaraciones que se
producen. ¿Por qué usted, en vez de pensar que cuando la Inspección
actúa está encubriendo a alguien, no piensa que lo que está haciendo
es el ejercicio profesional de sus competencias y que de él lo que se
deriva es que la inmensa mayoría de los altos cargos cumple la ley?
¿Por qué tenemos que pensar lo contrario? No pensemos, demostremos
cuándo se está actuando mal y actuemos en consecuencia.

Por lo que se refiere a la intervención del señor Erkoreka, le
agradezco la aclaración. Yo no he querido decir que se sumase, sino
que algunas de sus intervenciones podía dar una impresión que
nosotros no queremos que se dé porque no la compartimos. Dice usted
que le preocupan las declaraciones del fiscal. No sabe
lo que me preocupan a mí. Que un señor fiscal Anticorrupción pueda
decir, y quedarse ahí, nada más y nada menos que hay una losa o pacto
de silencio en aquellos servicios de inspección de la Administración
pública cuyo cometido es detectar casos de corrupción, pero que dejan
mucho que desear, es una acusación lo suficientemente grave como para
que, si eso es así, el señor fiscal Anticorrupción actúe en
consecuencia; si no, haría un buen servicio a todo el mundo si
matizase, aclarase o rectificase estas declaraciones, porque no son
buenas para ninguno de los que nos encontramos aquí y además son
absolutamente injustas con el funcionamiento y el trabajo que están
desarrollando los servicios de inspección. Le agradezco esa
matización y le reitero que nosotros siempre vamos a estar abiertos a
la mejora de la normativa en esta materia o en cualquier otra, pero
siempre con el objetivo de mejorar en razón del interés general, no
con el objetivo de corregir cosas que para nosotros no existen.




El señor PRESIDENTE: Termina así este punto del orden del día.




PREGUNTAS (Continuación):



- DELSEÑOR MARTÍNEZ SANJUÁN, (GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA), SOBRE
CAUSAS DE LA EVOLUCIÓN DEL NÚMERO DE PERSONAL DIRECTIVO EN EL AÑO
2000. (Número de expediente 181/000549.)



- DEL SEÑOR MARTÍNEZ SANJUÁN (GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA), SOBRE
CAUSAS DE LA EVOLUCIÓN DEL NÚMERO DE PERSONAL DIRECTIVO EN EL PERÍODO
1996-2000. (Número de expediente 181/000550.)



El señor PRESIDENTE: Pasamos a las preguntas que quedan por
contestar.

En primer lugar, las números 4 y 5, que el señor Martínez Sanjuán ha
solicitado agrupar.

Tiene la palabra don Ángel Martínez Sanjuán.




El señor MARTÍNEZ SANJUÁN: Efectivamente, voy a agrupar las preguntas
4 y 5, pues, aunque se refieren a períodos distintos, se relacionan
con el mismo tema.

La verdad, señor secretario de Estado, es que me cuesta empezar a
hablar de las preguntas, cuando en determinados momentos he estado
sobrevolando en el anterior debate. Ajustémonos al tiempo, a las
preguntas y a la cuestión. Es cierto que hace aproximadamente un mes
y pico, me parece que fue el 14 de febrero, tuve la oportunidad de
presentar una pregunta oral en el Pleno al ministro de
Administraciones Públicas sobre este tema. Es un tema realmente
importante, el funcionamiento



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de la Administración, por lo menos así pensaban ustedes -hablando de
coherencia- hace unos años. La verdad es que dos minutos y medio de
preguntas y respuestas en el Pleno dan para poco, y por esa razón el
tema fue simplemente esbozado y no demasiado aclarado. Con estas dos
preguntas, señor secretario de Estado, pretendo aclarar el tema y
obtener una información. No vea detrás de mis preguntas nada más; no
vea falsas interpretaciones, más allá de una razonable crítica
política, que espero que asuman con deportividad, sobre la base de
esa coherencia que el secretario de Estado recordaba en su primera
intervención de esta mañana. No sé si hablaba de coherencia o de
cierta coherencia; con cierta coherencia me conformo.




El lunes día 12 de febrero, se publicaron en un medio de comunicación
unos cuadros estadísticos que, basándose en los datos específicos del
boletín estadístico del Registro central de personal, mostraban una
evolución de los cargos directivos en el conjunto de la
Administración, es decir niveles 27, 28, 29 y 30. No les llamaré
altos cargos, porque sé separar los altos cargos de los cargos
directivos, cosa que, en el pasado, algunos no sabían hacer y nos
metieron en un debate histórico y político que, cuando han asumido
responsabilidades, no han podido sostener. Ahora, a pesar de que han
cambiado de criterios, no les he oído anunciar el no despilfarro del
Gobierno del Partido Popular con la misma fanfarria con la que
anunciaban el despilfarro del Gobierno socialista. Como agua pasada
no muele molino, señor secretario de Estado, centrémonos en la
cuestión, en los datos estadísticos y en las explicaciones que estoy
seguro que tendrá -además de la información sobre la puesta en marcha
de la Lofage, la adaptación de los nuevos proyectos, etcétera- sobre
esta evolución que S.S. conoce.

El primer ministro de Administraciones Públicas del Gobierno del
Partido Popular, hoy vicepresidente primero, señor Rajoy, decía que
reconocía que, en el comienzo de la legislatura del Partido Popular,
existían exactamente 7.949 cargos directivos; hoy, parece que son
12.260. No sé si en aquel momento estaba incluido el nivel 27, pero
desde luego el crecimiento ha sido verdaderamente importante. Hemos
visto una evolución muy importante sobre todo en el último año, en el
año 2000, como consecuencia de la nueva adaptación del Gobierno del
Partido Popular surgido tras las elecciones del día 12 de marzo, que
trajo consigo nuevas estructuraciones de ministerios y creaciones de
nuevos organismos y organizaciones adaptados al modelo que el
Gobierno y el presidente del Gobierno, en función de sus facultades,
que nadie discute, había presentado. Esto se compadece mal con las
cosas que se decían, pero -insisto- no voy a entrar en eso. Detrás de
las estadísticas, detrás de los cuadros, detrás de las evoluciones,
siempre hay una decisión política por la que se hacen las cosas.

Aparte de una explicación de carácter técnico -que nos la dará-, mi
grupo parlamentario quiere conocer el organigrama y la evolución del
papel de la Administración. La sensación que tenemos, señor
secretario de Estado, es que el Gobierno del Partido Popular está
avanzando -y se ha acelerado en el último año- en un modelo de
Administración con una gran cabeza y un cuerpo directivo realmente
importante -a la que por cierto no se ha dado solución, desde el
punto de vista del papel de los cargos directivos y su función dentro
de la estructura de la Administración y sus responsabilidades-, que
cada vez contrata más en el exterior, que cada vez busca más
colaboraciones exteriores para determinados servicios. Se trata de un
modelo de Administración que parece que se puede trasladar en función
de estos cuadros estadísticos. Es una Administración que aumenta en
función de estos altos cargos, cargos directivos, a partir del nivel
27, y lógicamente las decisiones de nombramiento son fundamentalmente
prototipo de una Administración digital; digital en el sentido de que
es nombrada no con alta tecnología, sino por la gracia divina de
quien los nombra, es decir por libre designación. Se avanza hacia una
Administración, desde nuestro punto de vista, bastante adaptada,
bastante conformista y con un cierto grado de discrecionalidad en sus
retribuciones en materia de productividad, como se decía
anteriormente. Esa es la sensación que tenemos nosotros. Espero que
nos convenza de lo contrario. No voy a entrar en si esa es una
Administración buena o mala o si es la que necesita este país, porque
tiempo tendremos para hablar de esas cosas.

Comparando los datos, vemos que el Ministerio de Administraciones
Públicas, que es verdad que ha tenido en los últimos años una
reorganización importante, que conozco, casi ha triplicado los cargos
directivos de nivel 27 a 30, entre los años 1996 y 2000. ¿Eso se
justifica con la adaptación que se ha producido en el propio
Ministerio en la medida que han llegado al mismo organizaciones
territoriales, Administración periférica, Parque Móvil Ministerial,
etcétera, o ha habido otras razones que a mí o a mi grupo
parlamentario se le escapan? En el Ministerio de Trabajo y Asuntos
Sociales se han duplicado los cargos directivos, pasando de 893 a
1.773, entre el año 1996 y el 2000. Se trata de un crecimiento
importantísimo, sobre todo en el mencionado período. Estoy seguro de
que tendrá su explicación. En el Ministerio de Economía y Hacienda y
en el Ministerio -separado/pegado, pegado/separado- de Ciencia
y Tecnología, la posibilidad de ajustar estadísticamente las sumas,
restas, subidas y bajadas complica un poco la situación, pero también
ha habido una evolución muy importante, consolidando datos, en
materia de cargos directivos, con la particularidad de que este
Ministerio no debe estar todavía muy ajustado. La prueba está en que
ahora parece que se habla de crear una nueva Secretaría de Estado de
Industria, con sus correspondientes direcciones generales, con su
correspondiente



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organización, etcétera. No sé si esto se tiene que plegar a los
intereses políticos de algunos ministros, pero realmente estamos ante
una permanente evolución de los organigramas de la Administración,
que tiene su reflejo en la evolución de los cargos directivos. Medio
Ambiente ha tenido un crecimiento de los cargos directivos de un 50
por ciento, y Justicia, de un 20 por ciento. Otros ministerios, como
Agricultura, Educación, etcétera, que han tenido precisamente una
pérdida importante en sus efectivos, como consecuencia de los
procesos de transferencia, siguen manteniendo unos niveles
verdaderamente altos. Esto produce, señor secretario de Estado, una
estructura y una evolución que quisiéramos conocer a qué responde y
cuál es el interés político.

Concluyo. Además de pedirle toda la información que le estoy
solicitando ahora, uno tiene la sensación de que las cosas que
dijeron en su momento no valen, que hay que tener coherencia
histórica, no solamente la oposición sino también el Gobierno, y
reconocer que muchas cosas antes se criticaban y no había tanta
razón. Y pregunto qué piensan hacer con este modelo de Administración
a la que conducen sus decisiones en función de la evolución de los
cargos directivos que se han podido conocer en medios de comunicación
y siguiendo los boletines estadísticos del Registro central de
personal.




El señor PRESIDENTE: Para responder a las dos preguntas, tiene la
palabra el señor secretario de Estado.




El señor SECRETARIO DE ESTADO PARA LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
(González González): Señor Martínez Sanjuán, usted ha empezado
contestándose. Ya el señor ministro de Administraciones Públicas,
hace muy pocas fechas, le dio respuesta a su petición de cómo habían
experimentado en sus evoluciones los niveles superiores de la
Administración y lógicamente yo me voy a referir a los mismos datos
que el ministro manejó, porque son los que explican esa evolución.

En cuanto a los compromisos del pasado y su evolución, también se ha
contestado usted, como lo hizo el señor Rajoy en otras muchas
comparecencias. Yo a ellas me remito y las asumo, como usted dice, en
coherencia con los planteamientos que hemos hecho.

Sí quiero hacerle dos matizaciones iniciales. Una, yo creo que, por
la coherencia, lo que no podemos hacer es, cuando descendemos a los
datos concretos y al uso de los porcentajes, volver a mezclar los
niveles directivos con los altos cargos, porque entonces nos hacemos
un poco de trampa en el uso de los números. Dos, también es muy
importante concretar el alcance del compromiso político del Partido
Popular, recogido en su programa electoral, que es que apostábamos
por una reducción de altos cargos y una racionalización en el número
de efectivos. Ese era el compromiso político
concreto del programa del Partido Popular. A partir de ahí, en
coherencia, lo que hay que ver es cómo se ha comportado la evolución
de los niveles directivos de la Administración en estos años y ver si
realmente estamos respondiendo a nuestro compromiso político o no.

Como usted sabe, si nosotros cogemos el acumulado de los años 1996-
2000, que sería la segunda de las preguntas que usted ha formulado,
sumando los niveles 27 a 30, se ve que hay un incremento efectivo de
2.093. Ese incremento, sin embargo, hay que desglosarlo para ver
cuáles son las causas que lo han producido. En primer lugar, hay una
parte importante de ese incremento que es consecuencia de decisiones
anteriores a mayo de 1996; en concreto, esas decisiones afectan a un
total de 798 de los 2.093 efectivos. ¿Qué decisiones son esas?
Decisiones que derivan, en el primer caso, de la propia gestión de
personal a la que yo me he referido a lo largo de esta mañana en
sucesivas ocasiones. En marzo de 1996, se decidió, por ejemplo,
incrementar los niveles de complemento de destino de los funcionarios
de la Inspección de Trabajo, de la Seguridad Social, y de los
servicios periféricos de la Seguridad Social, y eso afectó a un
colectivo de 745 personas. Además, se aplicaron los criterios de
gestión de personal derivados de la aplicación de los niveles de
acceso de los distintos grupos y hay grupos que, como usted sabe, se
les reconocía ya un nivel de acceso a la Administración Pública entre
los niveles 27 y 30. Por tanto, por aplicación de la propia normativa
anterior a mayo de 1996, cuando estas personas acceden a la función
pública pasan a ocupar puestos de esos niveles; y hemos tenido 53 de
estos supuestos, en concreto colaboradores del Cesic, que tenían
nivel 27 y pasaron a engrosar ese grupo. Pues bien, si, de 2.093
efectivos, descontamos los 798, la evolución de los niveles
superiores en este período de mayo de 1996 al 2000 se sitúa en 1.295.

La causa del incremento de estos niveles corresponde fundamentalmente
a los mismos criterios de gestión de personal que nosotros, en
términos generales, hemos seguido aplicando exactamente igual que
antes de mayo de 1996. Hay un importante numero de puestos como
consecuencia de las distintas ofertas de empleo público que se van
celebrando, que van incorporándose y que, por tanto, entran a formar
parte de la estructura de los cuerpos y de los puestos de la
Administración con los niveles que corresponden, entre ellos los
niveles 27 y 30, y tenemos un colectivo de casi 600 personas, 585, en
distintos cuerpos, que, si quiere, se los digo: profesores de
investigación, inspectores de Hacienda, investigadores científicos y
científicos titulares del Consejo Superior, etcétera. Además, hay que
añadir los niveles superiores de la Inspección de Trabajo, alrededor
de unos 30 ascensos de promoción interna. A ello hay que incorporar
el cambio operado como consecuencia de la Lofage; al modificar la
Administración periférica, los gobernadores civiles, como usted



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sabe, se convirtieron en subgobernadores, con un estatus parecido al
de los funcionarios, rango de subdirectores generales y niveles 30,
que son 43 personas de nueva creación en estos niveles que pasan a
computar este colectivo.

Luego hay un colectivo bastante importante derivado de la aplicación
de las resoluciones de marzo de 1996 a los secretarios de Estado de
Hacienda y Presupuestos y de Administraciones Públicas, que, como
usted sabe, y son conocidos en la Administración, dan lugar a los
denominados mochileros, el paracaídas que se asignó a aquellas
personas que ocupaban puestos de trabajo de libre designación o que
estaban en servicios especiales y que, al reingresar, se les mantiene
el puesto de procedencia y, por tanto, se les consolida en los
niveles que tenían en ese momento en que fueron a ocupar ese tipo de
puestos. Ahí tenemos aproximadamente unos 230 efectivos.

Aeste volumen de efectivos hay que añadir, a su vez, como usted bien
ha dicho, lo que se deriva de la reestructuración ministerial de la
última formación de Gobierno, que, como usted sabe, ha dado lugar a
la aparición, entre otras cosas, de dos nuevos Ministerios, y ha
tenido su reflejo básicamente en la estructura. Pero el gran volumen
de incremento de niveles 30 en este caso ha sido fruto del
desdoblamiento del Ministerio de Economía y Hacienda, que pasa a ser
un Ministerio de Economía y otro de Hacienda, y la estructura común
de las subsecretarías prácticamente ha tenido que separarse, dando
lugar a la generación de las correspondientes subdirecciones en el
ámbito del Ministerio de Economía. Eso aproximadamente ha llevado a
un total de 19 puestos con rango de Subdirección general.

A esto es básicamente a lo que responde el cambio operado en los
altos cargos a lo largo de estos ejercicios, que, como usted sabe,
responde a este tipo de criterios.




Me dice usted que no le interesa el pasado, sino la decisión
política. La decisión política ha sido aplicar los mismos criterios
de gestión que ya se estaban aplicando con anterioridad a mayo de
1996. A eso responde esta evolución de cargos, con la diferencia de
que, como usted ha explicado muy bien, la organización de los nuevos
departamentos ministeriales es una competencia del presidente del
Gobierno, que los ha organizado para atender a esas prioridades
políticas. Y dice usted una cosa realmente sorprendente: Dice: Ha
hecho usted con esto una Administración digital. La misma digital que
había antes. Ahí sí que no nos hemos aprovechado de las nuevas
tecnologías, hemos hecho lo mismo, el mismo dedo, el mismo dedo y con
paracaídas.

Deberíamos ser un poco más coherentes en este asunto con la realidad
de las situaciones. La misma digitalización, ahí no nos ha cogido la
revolución, pero sí el paracaídas. A esto es a lo que responde la
evolución. De aquí usted deduce que estamos en un modelo de
Administración de mucha cabeza. No ha dicho nada
de los pies, pero dice que hay mucho contrato externo y que eso es un
modelo de administración distinta. Yo no creo que esto se pueda decir
así, si nosotros observamos cómo es la evolución del empleo público.

Si usted observa cuál es la evolución del empleo público, verá que el
número de efectivos, en términos generales, en el ámbito de la
Administración del Estado se mantiene en niveles constantes;
decrecemos muy poco, prácticamente en estos años habremos decrecido
en torno a dos mil y pico efectivos, en el conjunto de la
Administración central del Estado. Deducir de ahí que lo que estamos
haciendo es ir a una Administración, poco más o menos de niveles
superiores metidos a dedo, bien retribuidos, sobre la base del
criterio del que gobierna, como ha dado usted a entender, y el resto
contratados de servicios, no se compadece con la realidad, como los
números que usted tiene del Registro de personal le enseñan.

En definitiva, la evolución, como ve, es moderada, razonable,
derivada de lo que han sido las propias políticas de recursos humanos
que han seguido los criterios que ya estaban establecidos en mayo de
1996 y que han dado lugar a un crecimiento fruto, en términos
generales, de la propia aplicación de esos criterios.




El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Martínez Sanjuán.

Ruego, por la hora que es, que vayamos haciendo las intervenciones lo
más breves posible.




El señor MARTÍNEZ SANJUÁN: No se preocupe, señor presidente. Además
estoy, como en el período de ofertas, dos preguntas por una.

Quería sólo matizar una cuestión al señor secretario de Estado. Me
dice: No confunda S.S. altos cargos con cargos directivos. Yo no lo
he confundido nunca. Los que lo confundieron fueron ustedes. Lo
confundieron los portavoces del Partido Popular durante muchísimos
años en esta Cámara, diciendo que, cuando llegara el Gobierno del
Partido Popular, iban a reducir en 5.000 los altos cargos. Yo le
pregunto: ¿Esta Administración ha tenido alguna vez 5.000 altos
cargos, de los que son altos cargos? No los ha tenido nunca. Nunca.

Lo que pasa es que se mezclaban cargos directivos o cargos de libre
designación con lo que eran altos cargos. Yo no lo he confundido
nunca. Estoy hablando de cargos directivos en el sentido más
estricto, subdirectores, asesores, inspección de servicios, etcétera,
a partir del nivel 27. ¿Sabe quien lo confundía? Lo confundía incluso
el actual vicepresidente primero del Gobierno, señor Rajoy, cuando
entró, porque, en una de sus primeras comparecencias, decía: Hoy
existen 3.000 altos cargos más, en 1996, con relación a 1990. Seguía
confundiendo el vicepresidente primero, entonces ministro de
Administraciones Públicas, lo que eran altos cargos. Esta
Administración, en el concepto de alto cargo, no ha tenido nunca esos
niveles. Los que estaban confundidos



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eran ustedes, porque se decía: Se va a hacer una reestructuración
razonable en la Administración para eliminar y para reducir estas
cosas. Y no se ha hecho. Son absolutamente entendible las
reclasificaciones, adaptaciones, etcétera. Además, si avanzamos hacia
una Administración, y no me contradijo con lo que ha dicho
anteriormente -no me lo cambie-, creemos que una Administración
profesionalizada, tecnificada, debe tener unos niveles directivos y
unos niveles de especialización importantes. Lo que pasa es que hay
que regular bien el acceso, el funcionamiento, la autonomía, la
separación, de la designación, con su papel, la profesionalización,
la libertad, la responsabilidad, etcétera, cuestiones que, a partir
de estos momentos, tendremos que discutir en esta Comisión y en otros
sitios para buscar fórmulas e ir adaptando un modelo de
Administración pública del siglo XXI, con todas sus consecuencias,
avanzando en un proceso permanente de descentralización, de tamaño
adecuado, de niveles, de responsabilidad, etcétera. Pero, insisto,
señor secretario de Estado, mi grupo parlamentario no confunda unas
cosas con otras.




El señor PRESIDENTE: Señor secretario de Estado.




El señor SECRETARIO DE ESTADO PARA LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
(González González): Yo no he dicho que lo confunda, que ya sé que no
lo confunde, sino que, a la hora de descender al recuento de los
números, no mezclásemos unos con otros.

Quiero reiterarle que el compromiso político que el Partido Popular
ha defendido siempre y sigue defendiendo es la reducción de altos
cargos, y usted convendrá conmigo que lo hemos hecho, porque el
número de altos cargos, estrictamente de altos cargos, hoy es
bastante inferior del que había cuando llegamos en mayo de 1996. Al
mismo tiempo, racionalizar los niveles superiores en la
Administración. Aunque yo sé que a usted no le gusta, solamente por
el dato, la evolución que se ha producido de los niveles superiores
de la Administración, desde el año 1996 a aquí, significa un
crecimiento del 13 por ciento, frente a un crecimiento acumulado, de
1989 a 1996, del 132 por ciento. Esto, podremos compartirlo o no,
pero lo que significa es que hasta la fecha hemos sido bastante
coherentes con el compromiso político.




- DEL SEÑOR MARTÍNEZ SANJUÁN (GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA), SOBRE
LAS CARACTERÍSTICAS DE LA OFERTA DE EMPLEO PÚBLICO PARA EL AÑO 2001
A PEPTICIÓN DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS MINISTERIALES Y ORGANISMOS
ADSCRITOS. (Número de expediente 181/000553.)



- DEL SEÑOR MARTÍNEZ SANJÚAN (GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA), SOBRE
LAS MEDIDAS PARA EVITAR LA ALTA TASA DE TEMPORALIDAD EN LA
ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO. (Número de expediente 181/000555.)



El señor PRESIDENTE: Pasamos a la pregunta número 6 del orden del
día.

Para formularla, tiene la palabra doña Juana Serna.




La señora SERNA MASIÁ: En primer lugar, quería indicarle que, igual
que mi compañero el portavoz, señor Martínez Sanjuán, voy a unir las
preguntas que corresponden al punto 6 y 8 del orden del día, que se
refieren a oferta de empleo público y a la alta tasa de temporalidad
en la Administración.

Espero que en mis intervenciones, de una forma parcial o global,
coincida ahora más con el secretario de Estado para la Administración
Pública. Si no es así, no ocurre nada. Ustedes seguirán con sus
criterios y nosotros seguiremos usando el derecho que la Constitución
y el Reglamento de esta Cámara nos da a disentir, cuando tengamos
razón para ello, de los criterios seguidos por la Administración o de
los resultados que se obtienen.

En primer lugar, entrando en el punto del orden del día número 8,
medidas para evitar la alta tasa de temporalidad en la
Administración, quería indicarle lo siguiente, y espero que en
algunas cosas podamos estar de acuerdo. Usted sabe que la
temporalidad va unida a la precariedad en el empleo, en general, y a
la siniestralidad laboral. Espero que usted esté de acuerdo, porque
precisamente el presidente Aznar, preocupado por el aumento
espectacular que ha habido, un 40 por ciento, de accidentes graves en
los últimos cuatro años, pidió un informe sobre este asunto al señor
Durán, presidente de la CES. En ese informe aparece que hay 245
accidentes graves de trabajo semanalmente. Estamos hablando desde un
punto de vista general, pero eso tiene una cierta relación con la
Administración pública, porque, en su comparecencia, cuando
hablábamos de los Presupuestos Generales del Estado para el 2001,
veíamos cómo, de cada 100 muertos por accidente de trabajo, ocho eran
empleados públicos. Espero que lo recordará, porque sus cifras y las
mías coincidían en este asunto.

Además, si hablamos de la temporalidad, centrándonos en las
administraciones públicas, la tasa que vemos es muy alta, es de un 20
por ciento. De manera que, de cada cinco empleados, uno está en
régimen temporal. No se entiende mucho por qué ocurre esto en la
Administración española. En el Pleno del miércoles pasado veíamos un
ejemplo que demuestra que precisamente la Administración pública
española no es una Administración excesiva. Uno de los ejemplos que
se vieron es que, en la media europea, por 5.000 trabajadores hay un
inspector de trabajo. Sin embargo, en España, solamente hay un
inspector de trabajo para 17.000 trabajadores. A nosotros nos parece
que esa temporalidad



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podría reducirse, porque lo que está ocurriendo es que se producen
una serie de consecuencias bastante negativas. En primer lugar, eso
significa precariedad en el empleo, que la calidad en la
Administración pública baja y supone una mala imagen de lo público y,
forzosamente, que también hay reducción en los servicios públicos, lo
cual da lugar a que a menudo haya, como decía antes el señor Martínez
Sanjuán, contrataciones externas. Además (y es el último punto que
quería tratar en relación a esta cuestión de la temporalidad), la
evolución de la temporalidad en el sector público ha sido mucho más
negativa que en el sector privado. Quiero recordarle que en el sector
privado se ha reducido casi 3 puntos porcentuales -si quiere, luego
le doy las cifras exactas- y, por el contrario, en el sector público
el camino ha sido inverso y ha habido un aumento del 3,9. La pregunta
que queremos hacerle después de estas consideraciones es precisamente
qué medidas va a llevar a cabo la Administración para evitar esta
alta tasa de temporalidad. Y unía esta pregunta al punto del orden
del día número 6, la oferta de empleo público, porque nos parece que
precisamente la oferta de empleo público sería una buena manera de
llevar a cabo estas medidas para evitar la temporalidad.

En relación con eso, y espero que también estemos de acuerdo en las
cifras, el Consejo de Ministros del 9 de febrero aprueba la oferta de
empleo público de 2001. Para la Administración general del Estado y
para los entes públicos se ofertan 2.519 plazas; para la
consolidación de empleo 10.648 y para la promoción interna de
funcionarios 1.705. Hay una serie de subpreguntas que quiero hacer al
respecto para entender los criterios que se han seguido. La primera
es obvia, teniendo en cuenta la tasa de reposición que ustedes usan:
¿El criterio seguido para llevar a cabo esa oferta de empleo público
ha sido el del 25 por ciento? ¿Eso significa que de cada 4 empleados
públicos que se han marchado se ha repuesto uno? ¿Responden las
plazas ofertadas a las bajas producidas? Ese aumento del 25 por
ciento, si ese es el criterio que se ha seguido, es por departamentos
ministeriales y organismos adscritos? ¿También lo es globalmente?
Quiero decir que si se puede aplicar también el 25 por ciento a las
plazas de laborales y de funcionarios. Le hago esta serie de
preguntas porque, aunque usted sabe que nunca hemos estado de acuerdo
con ese criterio, es el que ustedes siguen. Lo que me ha sorprendido
es que en un momento dado en el proceso de elaboración de esta oferta
de empleo se produce -parece ser, no lo afirmo- un plantón sindical
y, a partir de él, se aumentan 100 plazas. Ya digo que no estoy de
acuerdo con el criterio del 25 por ciento, pero es un criterio,
aunque si va variando según los plantones o los acuerdos sindicales
parecería completamente arbitrario. Espero que lo reconozca así. Por
otro lado, quiero recordarle por qué no estamos de acuerdo con ese 25
por ciento. En primer lugar, porque esa tasa de reposición significa,
como estábamos diciendo, que se favorece la temporalidad, la
precariedad y además, como hay servicios que quedan sin cubrir, las
administraciones autonómicas y fundamentalmente las corporaciones
locales -alguna vez hemos hablado de esto- hacen contrataciones
externas. Por último, yo insisto mucho en que baja la calidad de la
Administración. Se produce una mala imagen de lo público, los
servicios públicos disminuyen y fundamentalmente -y eso me preocupa-
esa percepción ciudadana ante estas cuestiones es lo que legitimaría
-no estoy hablando de legalidad, sino de legitimidad- socialmente el
que la Administración sea cada vez más pequeña y ustedes vayan
privatizando los servicios que hasta ahora ha venido haciendo la
Administración española.




El señor PRESIDENTE: Para responder a las preguntas, tiene la palabra
el señor secretario de Estado.




El señor SECRETARIO DE ESTADO PARA LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
(González González): Gracias por la acumulación de preguntas, porque
yo coincido con la señora Serna en que esto tiene una relación
bastante directa. También lo estoy en el análisis sobre la
preocupación que tenemos con la temporalidad en el sector público.

Como ella sabe, no hemos hecho otra cosa que reiterar nuestra
preocupación a lo largo de todo el ejercicio anterior; incluso en el
año anterior, cuando suscribimos el acuerdo sindical del año 1999
para el año 2000, ya recogíamos la necesidad de impulsar medidas que
mejorasen la calidad del empleo público y que fueran en la dirección
de combatir la temporalidad.

Señora Serna, voy a tratar de ser claro. Es verdad que la
temporalidad en el sector público crece, en las administraciones
territoriales más que en la Administración central del Estado, porque
en ésta la evolución de las tasas de temporalidad se mantiene
constante. La temporalidad es una cuestión mucho más compleja que la
mera referencia a la tasa de reposición. La tasa de reposición es un
referente de ordenación de los recursos públicos, de racionalización
de los recursos y su mejor aprovechamiento, pero nosotros no vemos
tan claro, como ustedes sostienen y como en algunas ocasiones han
sostenido los sindicatos, que sea un elemento que provoque esos
crecimientos de la temporalidad en el sector público. Si repasa y
analiza las leyes de presupuestos de estos años verá cómo la tasa de
reposición prácticamente se aplica con carácter excepcional. Es
decir, los grandes colectivos del sector público, que normalmente
responden a las políticas prioritarias, están excluidos de la
aplicación de la tasa de reposición; la sanidad, la justicia, la
seguridad, la defensa están excluidos, como también lo están los
servicios de bomberos, las policías locales, las policías
autonómicas, los ayuntamientos de menos de 50.000 habitantes.

Probablemente, en el conjunto del empleo público la



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tasa de reposición tiene un índice de aplicación menor. La prueba es
que después de las flexibilizaciones, especialmente entrando en el
ámbito de las corporaciones locales, solamente hemos conseguido
-prácticamente dejando sin aplicación la tasa- minorar un punto la
tasa de temporalidad como consecuencia de esa modificación. Luego,
esa asociación entre la tasa de reposición y la precariedad no está
suficientemente acreditada. Es necesario profundizar más en el
conocimiento de las políticas de recursos humanos de las otras
administraciones, que es donde tenemos realmente el problema, para
ver cuáles son las razones que lo motivan. Nosotros, como usted sabe,
a lo largo del año pasado hemos hecho todo tipo de ofrecimientos a
los representantes de los trabajadores y a las otras administraciones
públicas para la constitución de una mesa de negociación acerca de la
temporalidad, con el fin de poder estudiar en cada caso cuáles son
las circunstancias que la motivan. Hemos hecho público nuestro
compromiso de que las conclusiones que se derivasen de esa mesa
tendrían el reflejo normativo que fuera preciso e incluso
presupuestario si fuera necesario introducir alguna medida de esa
naturaleza. Lamentablemente, eso no ha sido aceptado por los
representantes de los trabajadores, pese a que este es uno de los
problemas más importantes que tenemos en estos momentos en el empleo
público. Pese a eso, no hemos dejado de trabajar en ese asunto. Hemos
seguido analizando la situación, sobre todo en el ámbito del Estado,
y estamos pidiendo la colaboración de otras administraciones, del
Instituto Nacional de Empleo y de la Seguridad Social, para ver si
podemos realizar un análisis -estamos en ello- profundo de cuáles son
las distintas causas y los diferentes colectivos en los que esto se
produce. De hecho, estamos viendo con el Ministerio de Trabajo la
posibilidad de introducir medidas que nos permitan tratar de
reconducir ese comportamiento de la temporalidad que a ninguno nos
satisface.

Me ha preguntado qué medidas podemos tomar para evitar la alta tasa
de temporalidad. Estamos adoptando toda esa serie de medidas a las
que me he referido antes. La política de oferta de empleo público,
como usted ha dicho, lógicamente tiene que ayudar a corregir dicha
tasa de temporalidad. En el ámbito del Estado eso lo estamos
consiguiendo, ya que, como le decía al principio, si nos guiamos por
la fuente EPA para saber cómo se ha comportado la tasa de
temporalidad, tomando como referencia el cuarto trimestre de 1996 y
el cuarto trimestre de 2000, vemos que tenemos un índice de empleo
temporal en la Administración general del Estado que se mantiene
constante. ¿Y qué medidas hemos adoptado? En primer lugar, hemos
hecho exclusiones de la tasa; es decir, como usted sabe, hoy
prácticamente están excluidas las Fuerzas Armadas, las Fuerzas y
Cuerpos de Seguridad del Estado, la Policía autonómica, la Policía
local, los bomberos, la Administración de Justicia, la educación, las
corporaciones
locales, la sanidad, los entes de nueva creación y todos aquellos que
tengan una alteración sustancial de sus competencias. Pero además
hemos establecido en la Ley de presupuestos medidas que restringen la
incorporación de personal temporal y el nombramiento de funcionarios
interinos, limitándolo a casos absolutamente excepcionales, con
previa autorización de los ministerios económicos y por supuesto del
Ministerio de Administraciones Públicas y estando condicionado a su
cobertura definitiva, es decir, a la consolidación estructural de
esos puestos en 10 meses. Si eso no es así, asumimos el compromiso de
incorporarlo a la oferta de empleo público del año siguiente para
evitar que se convierta en un temporal indefinido. Además, hemos
seguido con los procesos de consolidación del empleo temporal y de
sustitución del empleo interino. En ese sentido, hemos incorporado al
decreto de oferta que usted citaba una medida de consolidación del
empleo temporal, tomando como fecha de referencia la que establecimos
para la consolidación del personal laboral en el acuerdo del convenio
único, el 2 de diciembre de 1998. A partir de ahí, vamos a llevar a
cabo los procesos de consolidación del empleo temporal, con lo que,
junto con las limitaciones de contrataciones anteriores, pretendemos
evitar radicalmente la nueva entrada de temporalidad en ese sentido.

Asimismo, hemos introducido medidas relativas a la oferta, como el
adelanto de la aprobación de las ofertas al primer mes del año. Así,
tanto en el 2000 como en este año hemos aprobado -aunque en febrero-
la oferta de la Administración del Estado. Lo que hemos hecho en ese
decreto ha sido adelantar las remisiones de las convocatorias para
informe del 30 de septiembre al 15 de mayo, así como la publicación
de la convocatoria del 15 de diciembre al 30 de septiembre, para
avanzar en los procesos selectivos y evitar que haya un decalaje
excesivo entre lo que es el proceso selectivo y la incorporación del
personal, evitando la necesidad de introducir personal contratado.

A esto es a lo que responden las medidas en el ámbito propio de la
Administración general del Estado, donde nosotros lógicamente
controlamos la oferta. En el ámbito más general de las otras
administraciones seguimos trabajando en la línea que le he dicho, en
conversación con los sindicatos, con el propio Instituto Nacional de
Empleo, con la Seguridad Social y a través de las comunidades
autónomas. Espero que podamos seguir caminando en esa dirección y
alcancemos el acuerdo que llevamos ofreciendo desde hace un año para
que algún día pueda ser una realidad, ya que beneficia a todas las
administraciones públicas.

Con respecto a las preguntas que me ha hecho en relación con la
oferta, esta sigue respondiendo a los criterios generales de la misma
en estos años. Es decir, hemos seguido con la racionalización y mejor
aprovechamiento de los recursos humanos y con una distribución
interna de efectivos para aprovecharlos mejor; se



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prima las áreas fundamentales de la política del Gobierno: la
investigación, la defensa, la seguridad ciudadana, etcétera;
mantenemos el régimen generalizado de excepciones de la tasa de
reposición, al que me he referido antes; proseguimos con las
políticas de consolidación, de funcionalización y de promoción para
mejorar la calidad del empleo público; atendemos a los compromisos
internacionales de reserva de permisividad de acceso de extranjeros
de países miembros de la Unión, que ya el año pasado supuso un 73 por
ciento de las plazas convocadas y hemos adoptado medidas para
acelerar los procesos selectivos, así como medidas para limitar la
entrada de empleo temporal, como le señalaba anteriormente. Aesto es
a lo que responde el decreto de oferta, y a él se le tiene que
adicionar, como es lógico, el decreto de oferta de las Fuerzas
Armadas, que responde al plan de profesionalización del Ejército, que
está incluido en las cifras que usted citaba, y también los decretos
de oferta de la Guardia Civil y de la Policía Nacional, que siguen su
línea específica, que uno se sujeta a lo que es la propia ley de la
Guardia Civil y el otro a los criterios generales de la política de
empleo público, en este caso excluidos de la tasa de reposición, que
próximamente se aprobarán.

Después me ha hecho algunas consideraciones singulares sobre la
oferta. Me pregunta: ¿Se ha aplicado la tasa de reposición? Claro que
sí. No podemos hacerlo de otra manera, aplicamos la tasa de
reposición puesto que está en la ley y porque es un criterio
coherente de racionalización y gestión de los recursos. ¿La aplicamos
por departamentos? No, aplicamos con carácter general la tasa de
reposición, tomando como referencia las bajas evolutivas del año, y
sobre eso se hace un cálculo generalizado que luego se distribuye en
razón de las prioridades que debemos atender con la oferta de empleo,
en coherencia con lo que son las necesidades de los propios recursos
y las políticas que evidentemente se impulsan.

Me hace una referencia al plantón sindical, pero se lo han contado
mal. (La señora Serna Masiá: Lo leí en la prensa.- La señora López
González: Lo dicen los sindicatos.) No solamente no hemos tenido
plantón sindical sino que, en plena situación de conflictividad
laboral, hemos cumplido con las obligaciones de la Ley 7/1990. Nos
hemos sentado a negociar la oferta y hemos tenido varias reuniones. Y
precisamente (dado que nuestra vocación es la de dialogar con los
sindicatos y llegar a un acuerdo, como la semana que estaba previsto
aprobarse, por el compromiso que habíamos asumido de aprobar en el
primer mes del año la oferta, y que no pudimos cumplir porque los
sindicatos mantenían discrepancias) retiramos el asunto del Consejo
de Ministros para conseguir ese acuerdo. Este no consiste en regalar
plazas a cambio de nada, sino simplemente en atender a una petición
de aumentar las plazas de promoción interna para los empleados
públicos, cosa que nos interesa a todos y que es una buena política
para la
mejora en el funcionamiento de nuestros servicios. Por tanto, de
estos plantones queremos muchos.

Para terminar, señalaré que ha hecho usted una asociación de ideas en
cuanto a que la temporalidad baja la calidad, disminuye los servicios
y alienta una determinada política de externalización. Ligar eso es
ir más allá de lo que significa la propia temporalidad, porque no
significa que eliminemos gente en el trabajo del empleo público
directo sino que tenemos una situación de no fijeza en el desarrollo
del trabajo, pero el número de efectivos está ahí, naturalmente
presta los servicios y los sigue prestando bien. Le recuerdo las
palabras de su compañero al principio de esta comparecencia,
reconociendo que cada vez los servicios funcionan mejor. No sigamos
diciendo que los servicios funcionan peor y que la gente que trabaja
en nuestros servicios se hace mal. En cuanto a la otra consideración
respecto de la externalización, ésta nada tiene que ver con la
evolución de la temporalidad ni de la oferta de empleo público. Se
trata de un modelo distinto en el que el peso del sector público
tiene que ser menor y lo importante es prestar bien el servicio, da
igual cómo se preste, siempre y cuando la relación coste-beneficio,
eficiencia y calidad del servicio satisfaga las necesidades de los
ciudadanos.




El señor PRESIDENTE: Señora Serna.




La señora SERNA MASIÁ: Como sabe, nunca hemos estado de acuerdo con
lo del 25 por ciento, pero después de escucharle a usted todavía
estoy más en desacuerdo, porque no acabo de ver que sea un criterio
coherente. Es un criterio que no se puede aplicar a los grandes
colectivos (sanidad, defensa, justicia, policía, bomberos, etcétera);
es un criterio que no está siguiendo la mayoría de las corporaciones
locales ni las comunidades autónomas, como acaba de reconocer, como
es obvio y evidente y sé que les ha preocupado muchísimo. En este
momento no han conseguido sentarse para hablar de este asunto de la
temporalidad para ver cuáles son las consecuencias reales que tiene
en vez de presentar las imaginarias. Me ha sugerido usted una
estupendísima proposición no de ley al respecto, que la presentaré en
su día, pero que la tengo que pensar un poco más. Sin embargo, en las
reflexiones que ha hecho usted en torno a la temporalidad y a la
imagen de lo público y la calidad de sus servicios, no coinciden, por
ejemplo, los que desempeñan un trabajo temporal. Le recuerdo que,
precisamente por la conjunción de estas cuestiones, hemos estado a
punto de tener una huelga de médicos interinos en cuya paralización
todos los ciudadanos estamos de acuerdo. ¿Sabe lo que ocurre con lo
que le preguntaba yo del 25 por ciento? Que, haciendo un análisis de
los números, ha habido 3.696 bajas laborales -si tengo bien los
datos, que espero que sí- y sólo se han ofertado 319 plazas, lo que
significa que el 25 por ciento no se ha



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cumplido en este caso. Eso quiere decir que la tasa de reposición en
el ámbito de lo laboral está entre el 8 y el 9 por ciento y para los
funcionarios se acerca al 30. Es decir, el 25 por ciento no se aplica
a grandes colectivos y no permite en absoluto que se vaya
desacelerando la temporalidad, que en el ámbito de la Administración
general del Estado simplemente permanece constante -como usted dice-
y ha subido en el de las administraciones autonómica y local. En
definitiva, hablando de racionalización de recursos -y estoy
completamente de acuerdo con las críticas que usted hace a este
respecto-, no veo por qué siguen manteniendo ese criterio que tan
malísimos resultados esta dando. Presentaremos una proposición no de
ley al respecto y espero que podamos llegar a un acuerdo a fin de
conseguir que haya un verdadero diagnóstico sobre la temporalidad,
sabiendo qué es lo que le interesa al país, que es lo que deseamos
tanto ustedes como nosotros.




El señor PRESIDENTE: El señor secretario de Estado tiene la palabra.




El señor SECRETARIO DE ESTADO PARA LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
(González González): Señora Serna, al final no he entendido muy bien
esta intervención de réplica. Las comunidades autónomas y las
corporaciones locales siguen el 25 por ciento de la tasa de
reposición. Eso es lo que yo he dicho, y añado que la temporalidad
crece en su caso, cosa que no ocurre en el Estado. No está
demostrado, y usted tampoco me lo ha demostrado ahora, que haya una
conexión entre el crecimiento de la temporalidad y la tasa de
reposición; nosotros creemos que no es así. Ya le he dicho que los
grandes colectivos están excluidos, claro que lo están, por eso
insisto en mi argumento de que la tasa de reposición no es el gran
factor que alienta la temporalidad. Debe de haber otros, que son los
que estamos analizando.

Ha citado usted la sanidad; no voy a entrar en ello. Simplemente le
recuerdo que la interinidad y la temporalidad en sanidad tienen una
media de existencia de diez años. Estamos trabajando para ver si las
podemos reducir; le aseguro que ahí nos vamos a encontrar.




El señor PRESIDENTE: Suspendemos dos minutos la Comisión. (Pausa.)



- DEL SEÑOR MARTÍNEZ SANJUÁN (GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA), SOBRE
PREVISIÓN DE AUMENTO DE PLANTILLAS EN LOS CONSULADOS ESPAÑOLES EN EL
EXTERIOR. (Número de expediente 181/000554.)



El señor PRESIDENTE: Punto séptimo del orden del día, pregunta sobre
el aumento de plantillas en los consulados españoles.

Tiene la palabra el señor Martínez Sanjuán.




El señor MARTÍNEZ SANJUÁN: El señor secretario de Estado ha dicho
antes que en la reformulación de efectivos para el año 2001 tendrían
en cuenta la prioridad que daba el Gobierno a la necesidad de
plantillas en determinados servicios, y así ha sido presentada la
oferta de empleo público para el año 2001. Quisiera que me dijera
cuál es la previsión que han establecido para el año 2001 tanto en
personal funcionario como laboral o contratado para los consulados
españoles y cuál va a ser la distribución de estas nuevas plantillas
por consulados.




El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor secretario de Estado.




El señor SECRETARIO DE ESTADO PARA LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
(González González): Como usted sabe, señor Martínez Sanjuán, esta es
una cuestión propia del Ministerio de Asuntos Exteriores, que es al
que corresponde hacer las previsiones sobre personal de consulados.

El Ministerio de Asuntos Exteriores, por el conocimiento que nosotros
tenemos, está haciendo un estudio sobre las necesidades de refuerzo
de los consulados para atender determinadas políticas derivadas, como
usted bien sabe, de la política de inmigración. En ese sentido, lo
que el Ministerio de Asuntos Exteriores ha hecho hasta el momento ha
sido presentar un avance de estudio de carácter global que no afecta
sólo a consulados sino también a embajadas, y que en estos momentos
estamos analizando. Esa es la situación que en este momento tienen
los consulados y embajadas dentro de las previsiones de dotación de
efectivos para el año 2001.




El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Martínez Sanjuán.




El señor MARTÍNEZ SANJUÁN: No sabía que era un secreto de Estado el
conocimiento de la evolución de las plantillas. Tengo la sensación de
que su Ministerio, que participa en los órganos de decisión de la
oferta de empleo, de la distribución de efectivos y de la necesidad
de adaptación de determinados efectivos a lo largo del año 2001,
tiene conocimiento, o debe tenerlo, de las necesidades y de las
peticiones del Ministerio de Asuntos Exteriores para el servicio
consular en los respectivos consulados españoles. Quisiera saber si
es verdad que el aumento de efectivos previsto concretamente para el
de Argentina es de cuatro plazas -dado que usted no me lo ha dicho se
lo pregunto directamente- y para el resto de los consulados españoles
en Iberoamérica es de cero plazas. Quisiera saber, repito, si esto es
así. Hubiese preferido que me hubiese contestado de verdad, con todos
los datos reales en su primera intervención para poder hablar no de
suposiciones sino de cifras ciertas, que son las que debería haber
dicho



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usted. Si se confirma la información -le vuelvo a preguntar de forma
indirecta si es verdad-, esto me haría pensar que el Gobierno,
sabiendo -y usted hacía referencia a ello- la evolución de los
problemas relacionados con la Ley de extranjería y las previsibles
cargas de trabajo que va a haber en muchos consulados que no son los
argentinos, quizá no vaya a dotar suficientemente bien a los
consulados según la carga de trabajo que van a tener en Ecuador, en
Colombia, en Uruguay y en otros países iberoamericanos o
centroamericanos. Si por el contrario es cierto -lo pregunto- que va
a haber un aumento de plazas, concretamente en los consulados de
Argentina -que parece que puede ser verdad-, esto me obligaría a
pensar que por qué en Argentina sí y en otros países no. Ahora parece
que Argentina está de moda en viajes, actividades de algunos ex
presidentes de comunidades autónomas -no sé si es verdad o mentira-
para poder actuar sobre los censos electorales, para actuar sobre
determinadas cuestiones, no quisiera pensar, señor secretario de
Estado no quisiera pensar -lo digo con ironía y por segunda vez-, que
el aumento de efectivos en los consulados de Argentina, si se llega a
confirmar esta petición de información que le hago, tuviera que ver
más con resolución de problemas que con el aumento de los censos de
españoles residentes ausentes, que es, como S.S. sabe,
responsabilidad, y ahora de oficio, de los consulados españoles. Hay
elecciones en Galicia dentro de poco tiempo y no sé si las
directrices que emanan por parte de algunos miembros del Gobierno, en
el caso hipotético de que se cumpla este aumento de plantilla, tengan
que ver más con este problema que con la resolución de los auténticos
problemas que tiene este país en materia de inmigración.




El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor secretario de Estado.




El señor SECRETARIO DE ESTAPO PARA LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
(González González): Comprendo que no le haya gustado mi respuesta,
pero no tiene nada que ver con su planteamiento. Llevo diciendo a lo
largo de la mañana que creo que hacer esas conexiones entre previsión
de dotaciones de plazas y uso torticero de censos electorales,
señoría, me parece que está fuera de lugar, y si lo he entendido mal
le pido disculpas, pero me ha parecido que alguna conexión había.

En cuanto a la evolución de las dotaciones, me pide usted datos y yo
le voy a dar los que conozco. Como usted sabe, el proceso de
regularización de extranjeros, que es básicamente uno de los motivos
que justifica las dotaciones mayores de las oficinas,
fundamentalmente de consulados, se inició el año pasado. Como
consecuencia de este proceso, se dotaron y se incrementaron los
efectivos de los consulados y embajadas de los países que estaban
afectados por esos procesos de regularización
y además se hicieron consignaciones presupuestarias
específicas para atender a ese problema en tres ministerios
básicamente, que fueron el de Interior, el de Administraciones
Públicas y el del Exteriores. Esas cantidades son de las que aparecen
consolidadas en las retribuciones de este año, porque se ha procedido
a la consolidación de gran parte de ese personal para hacer frente a
estas necesidades. Al mismo tiempo, ahora como consecuencia de las
previsiones del Plan Greco y la evolución del segundo proceso de
regularización, está en estudio unas dotaciones hacia los consulados
y embajadas en general, no sólo consulados sino embajada, del
Ministerio de Asuntos exteriores. Eso es lo que yo conozco. Junto a
eso están las previsiones propias de la oferta, que para este año en
el ámbito del Ministerio de Asuntos Exteriores han subido por encima
del 11 por ciento respecto a la oferta del año pasado. O sea, hemos
procedido a la consolidación del proceso de regularización del año
pasado, hemos ampliado, hemos beneficiado de alguna manera respecto
a otros departamentos ministeriales la oferta del Ministerio de Asuntos
Exteriores y además tenemos un estudio que está haciendo el
Ministerio de Asuntos Exteriores y que no está cerrado sobre dotación
de efectivos para atender a estas nuevas necesidades, tanto en
embajadas como en consulados. Ese estudio abarca aproximadamente a
doscientas y pico personas, personal laboral y personal funcionario,
y abarcaría en total entre embajadas y consulados a más de 30. Esos
son los datos que yo conozco del estudio que está en estos momentos
en funcionamiento, derivado de estas necesidades a las que yo me
refería, y son los datos que el Ministerio de Administraciones
Públicas tiene. En el momento que se confirme, se consolide y se
apruebe, con mucho gusto yo le daré el dato detallado y de la
desagregación, pero creo, señoría, que las dotaciones de personal que
se atienden responden a las necesidades de los servicios, a dar una
buena atención a los ciudadanos y a nada más. (El señor Martínez
Sanjuán pide la palabra.)



El señor PRESIDENTE: Muy brevemente.




El señor MARTÍNEZ SANJUAN: Ha dicho si era una pregunta torticera. No
es ninguna pregunta torticera, señor González, en absoluto. De
acuerdo con la Ley orgánica del régimen electoral general, los
consulados -ahora de oficio, con la última modificación- tienen la
obligación de realizar el censo de residentes ausentes. Es su trabajo
y yo puedo entender que si la carga de trabajo es importante porque
se pretende ampliar este censo electoral, se necesite personal. No es
ninguna pregunta torticera decir en qué pone el énfasis el Gobierno a
la hora de distribución de efectivos. Punto.




El señor PRESIDENTE: Señor secretario de Estado.




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El señor SECRETARIO DE ESTADO PARA LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
(González González): Como ya le he dicho antes, si yo le he entendido
mal, le pido disculpas.

Quiero reiterarle que el Gobierno pone el énfasis en atender las
necesidades de funcionamiento de los servicios.




- DEL SEÑOR MARTÍNEZ SANJUÁN, DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA,
SOBRE LOS PLANES DEL MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS PARA
NEGOCIAR CON LOS SINDICATOS DE LOS EMPLEADOS PÚBLICOS LA RECUPERACIÓN
DEL PODER ADQUISITIVO. (Número de expediente 181/000557.)



El señor PRESIDENTE: Para formular la última pregunta del orden del
día sobre los planes del Ministerio de Administraciones Públicas para
negociar con los sindicatos de los empleados públicos la recuperación
del poder adquisitivo, tiene la palabra doña Juana Serna.




La señora SERNA MASIÁ: Hace tiempo que formulamos esta pregunta sobre
los planes del Ministerio de Administraciones Públicas para negociar
con los sindicatos de los empleados públicos la recuperación del
poder adquisitivo. Desde luego cada uno elige la manera en que quiere
relacionarse y comunicar sus decisiones a los ciudadanos. A mí me
hubiese gustado muchísimo que hoy nos hubiese dado usted alguna
noticia al respecto, pero ya me he enterado. Me enteré el lunes de
qué piensan ustedes hacer precisamente para mejorar esas condiciones;
me he enterado a través de la prensa.

Antes leí, en la primera intervención, un pequeño fragmento, le leo
ahora el último, es muy breve: La degradación del sistema público se
manifiesta también en el abandono de los mejores profesionales del
servicio público atraídos por las mejores remuneraciones y
condiciones de trabajo que ofrece la empresa privada. Expansión,
lunes 19 de marzo. Le digo esto, y entonces, permítame pero tengo que
cambiar un poco la pregunta. Se dice que las mejoras de los salarios
que están estudiando irán ligadas a los planes de pensiones
complementarios y a fórmulas de retribución variables ligadas
a objetivos. Yo les deseo la mejor fortuna porque será curioso ver esos
objetivos, qué criterios se van a fijar para ver esos objetivos, en
qué consisten, cómo se van a financiar esos planes de pensiones, y si
eso es una forma de mejorar el poder adquisitivo de los empleados
públicos qué plazos va a tener para presentar esto que a través de la
prensa nos ha contado a la sociedad y a los diputados de este país,
qué reuniones y, en última instancia cerramos el círculo. Nosotros,
el Grupo Parlamentario Socialista, le insistimos en lo que
le hemos dicho a primera hora de la mañana: que la mejor forma de
recuperar el poder adquisitivo para todos los funcionarios desde
luego es una cláusula de revisión salarial, lo cual no significa que
efectivamente ustedes no puedan implantar algunas otras fórmulas que
de alguna manera mejorasen algunos sectores.




El señor PRESIDENTE: Señor secretario de Estado.




El señor SECRETARIO DE ESTADO PARA LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
(González González): Señora Serna, ¿qué planes tenemos para la
recuperación del poder adquisitivo? Ninguno, porque como le he dicho
nosotros no entendemos que haya habido pérdida de poder adquisitivo,
por tanto no tenemos ningún plan para recuperar algo que no se ha
perdido. Sí tenemos planes y deseos de introducir permanentemente
mejoras en el funcionamiento de los servicios, mejoras en las
condiciones laborales y mejoras en las condiciones retributivas de
los empleados públicos. Ya lo hicimos el año pasado en la negociación
al ofrecer la posibilidad de asociar retribuciones a la consecución
de objetivos, lo seguimos haciendo y además incorporamos otras
fórmulas de retribución que ya están absolutamente experimentadas
dentro y fuera de la Administración, porque no nos estamos inventando
nada. Los fondos asociados a la consecución de objetivos, como hemos
tenido oportunidad de debatir aquí a lo largo del día, ya han
existido, planes de pensiones existen ya en administraciones y en
organismos públicos.

Ha empezado usted haciendo una referencia a que la gente se va porque
hay mejores condiciones en el sector privado. Claro, ahora, antes y
siempre, porque ya sabemos aquí que las condiciones del sector
público, desde el punto de vista exclusivamente retributivo, nunca
han sido y probablemente no lo serán, ojalá podamos aproximarnos, las
del sector privado. En este caso el planteamiento es distinto, lo
cual no quita para que nosotros estemos permanentemente intentando
mejorar las condiciones retributivas y hacerlo de una manera moderna,
en la misma línea que lo hacen las empresas privadas, porque estos
fondos de mejora son bastante extendidos en ellas. En las grandes
corporaciones privadas el salario variable de los empleados
practicamente supera con mucho el 40 por ciento, y eso está asociado
a la consecución de los objetivos de la corporación. Esa fórmula en
el ámbito de las administraciones públicas, como hemos dicho hoy es
compleja, difícil de articular, es difícil de medir; pero
indudablemente es una manera de incentivar y motivar a los empleados
públicos y de mejorar el funcionamiento de los servicios.

Los planes de pensiones, ¿cómo no van a ser una forma de retribuir a
los empleados públicos? Igual que a los empleados privados, igual que
usted si tiene un plan de pensiones. Es un salario diferido que a
usted le



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mejora las condiciones retributivas en el momento de su jubilación, y
eso es interesante para los empleados públicos y para los empleados
privados; es una forma de salario que está acreditada desde hace
muchos años, tanto dentro como fuera del sector público. Estas
fórmulas o cualquier otra que entendamos es beneficiosa para mejorar
la situación de los funcionarios, estamos dispuestos a estudiarla y
analizarla para ver cómo la podemos aplicar. Eso sí, siempre dentro
del escenario presupuestario que el Gobierno ha establecido y de los
objetivos de política económica, que son el referente que nos tiene
que marcar -como he explicado esta mañana- nuestra política
retributiva en los próximos años para seguir consiguiendo los
objetivos de crecimiento que hasta ahora hemos tenido.

Ya le he dicho que nosotros no compartimos el tema de la cláusula de
revisión en los términos que ustedes lo hacen, y comprendo que hace
bien en seguirla defendiendo, lo que no entiendo es por qué la
suprimieron unilateralmente en el año 1994.




El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra la señora Serna.




La señora SERNA MASIÁ: He estado esperando anhelante cómo va a llevar
a cabo esas negociaciones. De todas las intervenciones que he
escuchado esta mañana y todo lo que vamos leyendo estos días,
solamente ustedes consideran que los empleados públicos han ganado
poder adquisitivo. Espero que alguna vez sean conscientes de que no
es así. El criterio que tienen, tanto para la oferta pública del 25
por ciento como para la alta tasa de temporalidad, no lo comparto.

Ustedes dicen que están aplicando medidas, pero cada vez evoluciona
peor la tasa de temporalidad y cada vez evoluciona peor la capacidad
adquisitiva de los empleados públicos. Usted me habla de un año en
que efectivamente hubo que congelar los salarios, pero podíamos estar
así continuamente. Yo le puedo hablar de los años anteriores -espero
que cinco años pesen más que uno- en los que sí hubo cláusula de
revisión salarial.

Estoy absolutamente convencida -me tendrá que demostrar lo contrario
y a lo largo de esta mañana no ha sido así- de que la inflación -como
continuamente les oigo decir- está fuertemente relacionada con los
salarios de los empleados públicos. Que haya moderación salarial;
estamos totalmente de acuerdo, siempre la hemos defendido; pero con
algunas cláusulas que del mismo modo que en el sector privado y en el
ámbito de los pensionistas se pueden recuperar ese poder adquisitivo,
en el ámbito de los empleados públicos también pueda hacerse así. Al
margen -nosotros estamos totalmente de acuerdo- de que hagan mejoras
y que incentiven el trabajo de los empleados públicos.




El señor PRESIDENTE: Para terminar tiene la palabra el señor
secretario de Estado.




El señor SECRETARIO DE ESTADO PARA LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
(González González): Señor presidente, no voy a reproducir el debate
muy interesante de esta mañana, pero reitero a la señora Serna que la
productividad o la pérdida de capacidad adquisitiva estoy dispuesto a
medirla, como el acuerdo de 1994. Le recuerdo que la supresión de la
cláusula de revisión no la hicieron por la congelación de 1994, la
hicieron en 1993 y después congelaron; es decir, si quieres una taza,
toma dos: primero la eliminación de la causa de revisión en el año
1993 y en el año 1994 congelación. Insisto en que las medidas de
carácter económico, dentro del enfoque general, creo que son siempre
justificables.

En cuanto a las mejoras retributivas de futuro, no se preocupe usted
que nosotros seguiremos hablando con los empleados públicos para ver
en qué medida podemos ir introduciendo esas mejoras que a todos nos
interesan, por supuesto a ellos, pero a nosotros desde nuestra
responsabilidad también.




El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor secretario de Estado.

Terminado el orden del día, levantamos la sesión.