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DS. Congreso de los Diputados, Comisiones, núm. 185, de 14/03/2001
CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
COMISIONES
Año 2001 VII Legislatura Núm. 185
JUSTICIA E INTERIOR
PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. JOSÉ MANUEL ROMAY BECCARÍA
Sesión núm. 20
celebrada el miércoles, 14 de marzo de 2001
ORDEN DEL DÍA:
Comparecencia del señor director general de Instituciones
Penitenciarias (Yuste Castillejo) para informar sobre:
- La situación del trabajo de los internos en las prisiones, así como
de los cursos de formación y reintegración profesional que se
celebran y en especial sobre los hechos que ha venido denunciando la
prensa de cursos pagados y no realizados. A solicitud del Grupo
Parlamentario Socialista. (Número de expediente 212/000364) . . .
(Página 5445)
- Distintos sucesos excepcionales ocurridos en la prisión de
Nanclares de Oca, tales como el intento de fuga del recluso Igor
Solana, el suicidio de un mujer interna de 32 años o el caso del
recluso contagiado de sida, según reciente diagnóstico, en un
accidente mientras hacía deporte en la propia prisión. A solicitud
del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV). (Número de expediente 212/
000382) . . . (Página 5454)
Preguntas:
- De la señora Del Campo Casasús (Grupo Parlamentario Socialista),
sobre impacto económico que han supuesto las excarcelaciones y
traslados a centro de menores, a la Dirección General de
Instituciones Penitenciarias, como consecuencia de la entrada en
vigor de la Ley orgánica reguladora de la responsabilidad penal de
los menores. (Número de expediente 181/000641) ...
- De la misma señora diputada, sobre edad y número de personas que
han sido excarceladas o trasladadas a centros de internamiento de
menores, desde la entrada en vigor de la ley orgánica reguladora de
la responsabilidad penal de los menores. (Número de expediente 181/
000640) . . . (Página 5467)
Comparecencia del señor director general de la Guardia Civil (Lopez
Valdivielso) para informar sobre:
- Criterios y actuaciones de la Dirección General en orden a la
adaptación al ordenamiento vigente de los estatutos de la Asociación
Pro-Huerfanos de la Guardia Civil, de modo que su funcionamiento
permita una plena transparencia y una participación efectiva de todos
sus socios. (Número de expediente 212/000349) . . .
- Razones por las que los 73.000 empleados de la Guardia Civil han
quedado excluidos de la paga compensatoria por la desviación del
Indice de Precios al Consumo (IPC) del año 1999.
A solicitud del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida.
(Número de expediente 213/000262) . . . (Página
5473)
Preguntas:
- Del señor Pliego Cubero (Grupo Parlamentario Socialista), sobre
razón por la que se ha ubicado en La Carolina (Jaén) la compañía de
la Guardia Civil que existía en Linares. (Número de expediente 181/
000412) . . . (Página 5478)
- De la señora Torme Pardo (Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso), sobre valoración de los objetivos alcanzados en la fase
incial de funcionamiento del sistema integrado de vigilancia exterior
desarrollado operativamente por la Guardia Civil. (Número de
expediente 181/000343) . . . (Página 5480)
- De la misma señora diputada, sobre principales líneas de actuación
que viene desarrollando la Guardia Civil en materia de defensa del
Patrimonio histórico y arqueológico en la Comunidad Autónoma de
Castilla y León. (Número de expediente 181/000350) . . .
- De la misma señora diputada, sobre medidas para la apertura y
flexibilización del sistema de enseñanza de la Guardia Civil. (Número
de expediente 181/000352) . . . (Página 5482)
- De la misma señora diputada, sobre resultados de la actuación
durante el último año de los llamados 'equipos EMUME' (Mujer y Menor)
de la Guardia Civil. (Número de expediente 181/000354) . . .
(Página 5483)
- De la misma señora diputada, sobre resultados de la puesta en
marcha de manera experimental de los llamados 'equipos de atención al
inmigrante' (EDATI) de la Guardia Civil. (Número de expediente 181/
000355) . . . (Página 5484)
- De la misma señora diputada, sobre balance inicial de la política
de convenios en materia de infraestructuras llevada a cabo por la
Dirección General de la Guardia Civil. (Número de expediente 181/
000419) . . . (Página 5485)
Se abre la sesión a las nueve y treinta y cinco minutos de la mañana.
COMPARECENCIA DEL SEÑOR DIRECTOR GENERAL DE INSTITUCIONES
PENITENCIARIAS (YUSTE CASTILLEJO) PARA INFORMAR SOBRE:
- LA SITUACIÓN DEL TRABAJO DE LOS INTERNOS EN LAS PRISIONES, ASÍ COMO
DE LOS CURSOS DE FORMACIÓN Y REINTEGRACIÓN PROFESIONAL QUE SE
CELEBRAN YEN ESPECIAL SOBRE LOS HECHOS QUE HA VENIDO DENUNCIANDO LA
PRENSA DE CURSOS PAGADOS Y NO REALIZADOS. A SOLICITUD DEL GRUPO
PARLAMENTARIO SOCIALISTA. (Número de expediente 212/000364)
El señor PRESIDENTE: Buenos días, señoras y señores diputados. Vamos
a dar comienzo a la sesión para desarrollar el orden del día
previsto.
Damos la bienvenida al director general de Instituciones
Penitenciarias, que va a realizar su primera comparecencia para
informar sobre la situación del trabajo de los internos en las
prisiones, así como de los cursos de formación y reintegración
profesional que se celebran, y en especial sobre los hechos que ha
venido denunciando la prensa de cursos pagados y no realizados. La
comparecencia es a iniciativa del Grupo Parlamentario Socialista.
El señor director general tiene la palabra. Le ruego que no se
extienda más allá de veinte minutos, si puede ser.
El señor DIRECTOR GENERAL DE INSTITUCIONES PENITENCIARIAS (Yuste
Castillejo): Entre los objetivos que la Ley Orgánica General
Penitenciaria encomienda a la Administración penitenciaria merece un
lugar destacado el de la reinserción; reinserción que hay que
entender de acuerdo con las importantes transformaciones
socioeconómicas habidas en nuestro país en los últimos años y que ha
de reflejarse en una actualización de los instrumentos a aplicar para
conseguir este objetivo. El período 1996-2000 ha estado destinado,
entre otros aspectos, a asumir estas reformas y a poner al día los
instrumentos propios de la Administración penitenciaria, destacando
tres líneas de actuación. La primera es la formación de los internos.
Siguiendo la tendencia general de los planes de educación permanente
de adultos, se ha asumido un concepto de formación integral del
interno que abarque tanto la enseñanza reglada como la práctica
deportiva y las actividades culturales y de ocio. En materia de
enseñanza reglada no universitaria, hay que destacar la homologación
de la enseñanza impartida en las cárceles con la general de las
personas adultas. En aquellas
comunidades en que ya se ha producido el traspaso de los profesores
de enseñanza general básica, se está procediendo a la firma de
convenios de colaboración entre las administraciones educativa y
penitenciaria que garanticen que esta homologación sea total. Se
cumple así la previsión contenida en la Logse, aprobada hace ya once
años, al permitir que los reclusos sean beneficiarios de las
políticas públicas sectoriales que correspondan, sin ningún tipo de
limitación salvo la derivada de su situación de privación de
libertad. En la actualidad, cursan algún tipo de enseñanza no
universitaria el 28,5 por ciento de los reclusos, la mayor parte de
los cuales están incluidos en programas de alfabetización, de
consolidación de conocimientos y de enseñanza secundaria obligatoria.
En materia de enseñanza reglada universitaria, existen sendos
convenios de colaboración con la Universidad Nacional de Educación a
Distancia y con la Universidad del País Vasco con el objeto de que
los internos en centros penitenciarios puedan seguir estudios de este
nivel. Los convenios han dado un buen resultado, por lo que cada año
se procura introducir mejoras cualitativas en ellos. El número de
alumnos que cursan estas enseñanzas es de 704, 447 en la Universidad
Nacional de Educación a Distancia y 248 en la del País Vasco. En los
centros penitenciarios se pueden igualmente cursar otras enseñanzas
no regladas, que no conducen a un título homologado, incluyéndose en
este bloque actuaciones tan significativas como cursos de español
para extranjeros, informática, etcétera. El número de alumnos que los
siguen es de 2.256. Por lo que respecta a cultura y deporte, se
propicia la integración de este colectivo en las políticas públicas
de cultura y deporte, a través de la especialización del personal de
los centros, con la suscripción de convenios con instituciones
especializadas en la materia o con la inclusión de los mismos en los
planes de las administraciones responsables. Prácticamente la
totalidad de la población reclusa realiza este tipo de actividades.
La segunda línea de actuación es la formación para la inserción
laboral. Esta inserción comprende cursos de formación profesional
ocupacional, módulos de orientación laboral y programas de
acompañamiento para la reinserción. Todas las acciones promovidas
directamente desde la Administración penitenciaria se financian con
subvenciones obtenidas del Instituto Nacional de Empleo o del Fondo
social europeo. En el primer caso, la Administración penitenciaria
participa en las convocatorias públicas que el Inem o las comunidades
autónomas -en los casos en que esta competencia estuviese
transferida- realizan anualmente. En el caso del Fondo social
europeo, la Administración penitenciaria cuenta con un programa marco
de actuación para el período 2000-2006, que es continuación de otros
aprobados con carácter plurianual para períodos anteriores, y con un
programa, Integra, del Fondo social europeo.
En cuanto a la programación y realización de las actuaciones en el
caso de las promovidas directamente por la Administración
penitenciaria, el proceso es el siguiente. Cursos del plan de
formación para la inserción profesional. Una vez realizadas las
convocatorias públicas plurianuales se solicitan cursos concretos en
función de las necesidades de formación de los internos en centros
penitenciarios. El Inem subvenciona o no el curso solicitado en
función de sus disponibilidades y del interés u oportunidad del
curso. Una vez aprobada la subvención en convocatoria pública, la
Administración penitenciaria gestiona la contratación de monitores y
la realización del curso. La contratación de los monitores se realiza
de acuerdo con los procedimientos normalizados al efecto. Cursos o
actuaciones del Fondo social europeo. En este caso, la Administración
penitenciaria se acoge a las convocatorias del Fondo social para
elaborar los programas marco de actuación, justificando sus
propuestas en los modelos normalizados y de acuerdo con las
instrucciones recibidas al efecto. Aprobado el programa marco, la
Administración penitenciaria ejecuta las actuaciones contratando
a los monitores y llevando a cabo el control de los cursos. En los
casos de actuaciones de orientación laboral y de acompañamiento para
la reinserción, se acudió a instituciones especializadas tras un
procedimiento de concurso público abierto de los previstos en la Ley
de contratos de las administraciones públicas, practicando el
oportuno seguimiento y los controles preceptivos que comprenden
amplias evaluaciones finales.
El número de internos beneficiarios de actuaciones de formación
profesional ocupacional de programas de acompañamiento o de módulos
de orientación laboral ascendió en el año 2000 a 12.728,
correspondiendo 10.292 a formación, 1.852 a orientación laboral, 395
a acompañamiento y 189 a programas específicos de jóvenes o mujeres.
En el año 1996 únicamente se desarrollaron programas de formación
profesional que seguían 5.133 internos. Con independencia de lo
anterior, la Administración penitenciaria autoriza el desarrollo de
intervenciones en las más diversas materias relacionadas con la
reinserción a ONG e instituciones especializadas en este contexto. En
algunas ocasiones, las intervenciones pueden consistir en cursos de
formación profesional ocupacional. En estos casos, la Administración
penitenciaria únicamente autoriza el desarrollo del curso en sus
locales, sin que se establezca relación administrativa con la
institución promotora de los cursos. La contratación de los monitores
en su caso es a cargo de la promotora, al igual que los gastos de
funcionamiento que pueda conllevar el curso. También corresponde a la
promotora, o en su caso a la institución subvencionadora el control
económico y administrativo de los citados cursos. Siguiendo este
procedimiento, desde el año 1995 se impartieron 85 cursos en los
centros penitenciarios. Los promotores de los mismos
son asociaciones como el Voluntariado Cristiano o instituciones
públicas como el Instituto de la Mujer, la Comunidad de Madrid,
etcétera; también fundaciones o empresas que colaboran con
instituciones públicas. En este último caso se englobaría la empresa
de Integración Formativa de Marginados, S.L., Ifomar, colaboradora
del Instituto Municipal para el Empleo y la Formación Empresarial, a
la que ha aludido la prensa. La empresa Ifomar ha venido
desarrollando cursos en los centros penitenciarios al menos desde el
año 1995 y sus actuaciones se enmarcan en las generales llevadas a
cabo por instituciones y ONG que colaboran en las labores de
reinserción. En este momento intervienen en los centros
penitenciarios casi 200 organizaciones no gubernamentales y 3.000
voluntarios o profesionales externos. Las actuaciones de Ifomar
fueron financiadas con fondos procedentes de instituciones ajenas a
la Administración penitenciaria, sin que en ningún caso se haya
establecido relación administrativa alguna entre Ifomar y la
Administración penitenciaria, o incluso entre la Administración
penitenciaria y la institución subvencionadora de Ifomar. Lo anterior
hace que la Administración penitenciaria no precise soportar, con un
expediente económico administrativo, ninguna de las actuaciones
realizadas por Ifomar o cualquier institución similar, toda vez que
los fondos destinados en su caso a la misma no tienen nada que ver
con los que recibe la Administración penitenciaria. A Ifomar
correspondería, en su caso, la contratación del personal
especializado que impartiese el curso, el material fungible aplicado
al mismo, el diseño de los contenidos, la metodología, el seguimiento
del curso o su evaluación final, así como todos los aspectos de
control. En estos casos, y en el de Ifomar en concreto, a la
Administración penitenciaria únicamente le corresponde poner a
disposición de la institución correspondiente los espacios para que
los cursos puedan desarrollarse, los alumnos que los reciban y, por
último, trasladar la actividad desarrollada por los internos a sus
expedientes personales a efectos de beneficios penitenciarios o lo
que proceda.
En las últimas semanas el Imefe solicitó de la Administración
penitenciaria que se procediese a la verificación de una lista
determinada de cursos impartidos en los centros penitenciarios. Esta
verificación fue realizada por los propios centros penitenciarios
llegándose a la conclusión de que desde el año 1995 Ifomar impartió
27 cursos en centros de Madrid desconociendo la Administración
penitenciaria cuántos tenía programados o la proporción que
representan los realizados en relación con los subvencionados.
Insisto en que esta no es una función de la Administración
penitenciaria.
La tercera línea de actuación es el trabajo productivo. Es en esta
línea en la que se han operado las mayores transformaciones desde el
año 1996. Conviene destacar la reorientación de la línea de
producción con elfin de adoptar las especialidades a las
características
del entorno productivo. Se ha llevado a cabo una labor comercial de
difusión de la actividad de los talleres productivos, se ha implicado
al sector empresarial en la gestión de los talleres penitenciarios y
se ha aplicado la previsión contenida en el reglamento penitenciario
de gestionar los servicios de cocina y economato bajo la fórmula de
taller productivo.
Por último quería señalar la elaboración del marco normativo de
gestión de la relación laboral con el fin de adecuarla a las nuevas
circunstancias socioeconómicas del país y a las especificidades de
los internos trabajadores. Así, el proyecto de real decreto de
relación laboral de los internos y de Seguridad Social de los mismos
a que hace referencia el artículo 21 de la Ley 14/2000, de 29 de
diciembre, de medidas fiscales, administrativas y del orden social,
actualiza algunos aspectos de la relación laboral especial
penitenciaria y establece el sistema de Seguridad Social de los
internos. En este momento se encuentra pendiente el informe del
Consejo de Estado, si bien lo relativo a la Seguridad Social se está
aplicando con efecto retroactivo desde el día 1 de enero de 2001.
Todo lo anterior ha supuesto un gran transformación de la actividad
productiva desarrollada en los talleres, que a grandes rasgos supuso
la multiplicación casi por tres del número de trabajadores
retribuidos, pasando de 3.407 en 1996 a 8.204 en el año 2000; la
aplicación de una normativa específica en materia de Seguridad Social
a los trabajadores reclusos que cubre todas las contingencias, y la
actualización de la oferta laboral que el proyecto de real decreto
liga aún más a la formación para la inserción y al acercamiento del
mundo empresarial a la cárcel, que, sin duda, favorecerá la futura
inserción laboral. Por último, y lo que es más importante, esta
transformación del trabajo está permitiendo afrontar la gradual
extinción de la redención de penas por el trabajo sin traumas en los
establecimientos penitenciarios; incluso ha supuesto indirectamente
una mejora de la calidad de servicios como la alimentación y la
cocina, en la que se ha fomentado la concurrencia, la publicidad y
los controles sanitarios. Los indicadores que siguen refrendan aún
más lo expuesto. El número de trabajadores se elevó en un 141 por
ciento en el período 1996-2000. La nómina anual abonada se incrementó
en un 178,9 por ciento en el mismo período. La nómina media anual
aumentó un 35 por ciento. El número de talleres activos pasó de 181 a
403. La generalización de la gestión de los servicios de cocina
y economatos bajo la fórmula de taller amplió el trabajo productivo en
todos los centros penitenciarios sin excepción, aunque lógicamente en
unos en mayor grado que en otros. Por último, el porcentaje medio de
ocupación productiva fue en el año 2000 superior al 21 por ciento,
cuando en el año 1996 no superaba el 9. Hay centros en que estos
porcentajes llegan incluso al 40 ó al 70 por ciento.
El señor PRESIDENTE: Por el grupo parlamentario solicitante de la
comparecencia, tiene la palabra la señora Gallizo.
La señora GALLIZO LLAMAS: Bienvenido, señor Yuste.
Como usted bien sabe, la Constitución española establece que las
penas privativas de libertad deben estar orientadas a procurar la
reeducación y la reinserción social, y usted sabe muy bien, porque
hace muchos años que es director general de Instituciones
Penitenciarias, que entre la población reclusa de nuestro país hay un
altísimo nivel de reincidencia y que aunque el fenómeno de la
drogodependencia ha descendido en los últimos años -y este viene
siendo desde hace mucho tiempo el elemento que está en la base de la
mayor parte de los delitos-, no ha habido una disminución de la
población reclusa, más bien al contrario, ha habido un incremento.
Por tanto, no es difícil concluir, señor Yuste, que su política
penitenciaria, desde la óptica de la reinserción social, es un
fracaso, y lo es porque ustedes no están aplicando correctamente dos
instrumentos importantísimos para que las prisiones cumplan no sólo
el objetivo de aislar de la sociedad a quienes han cometido delitos,
sino también el de procurar su reinserción social. Me refiero al
trabajo y a la formación, que son dos elementos fundamentales de toda
política penitenciaria moderna, no digo ya progresista, orientada a
la reinserción social de los reclusos. El fracaso de su gestión tiene
mucho que ver con la forma en que ustedes enfocan estos dos
instrumentos de reeducación, que son también derechos de las personas
privadas de libertad, porque, señor Yuste, estas personas no están
privadas de sus derechos básicos. Por eso le hemos pedido que
comparezca, porque queremos que nos explique qué es lo que están
haciendo ustedes con el empleo y la formación de la población
penitenciaria y porque le vamos a pedir explicaciones muy
contundentemente sobre el escándalo que ha salpicado a esa Dirección
General. El organismo autónomo Trabajo y Prestaciones Penitenciarias
es el que gestiona el trabajo de los reclusos. La normativa vigente,
la Ley Orgánica Penitenciaria y el reglamento, establecen, entre
otras cosas, que el trabajo tendrá carácter formativo, creador,
conservador de hábitos laborales, productivo o terapéutico y que
gozará de la protección dispensada por la legislación en materia de
Seguridad Social. Eso es lo que dice la norma que ustedes han
establecido y que hemos aprobado, pero eso no tiene nada que ver con
lo que sucede en las prisiones.
El Defensor del Pueblo, en sus visitas a diferentes centros
penitenciarios, ha detectado un muy bajo nivel de ocupación de los
internos, incluso una infrautilización de las infraestructuras, de
los talleres que existen en los centros penitenciarios, pero no sólo
es infrautilización; es que las características del trabajo distan
mucho de la creatividad, del carácter formador o del
contenido terapéutico que se debería pretender, a lo que la ley y la
norma obligan. Es escaso el trabajo al que tienen acceso los internos
en la mayoría de los centros penitenciarios, se trata de un tipo de
trabajo repetitivo, realizado en pésimas condiciones de seguridad e
higiene y, además, muy mal pagado, ridículamente pagado. Usted nos ha
aportado algunas cifras y porcentajes del número de personas que
participan de alguna actividad productiva, pero no nos ha dicho los
días que efectivamente estas personas trabajan al año, porque no se
trata solamente de que tengan acceso al trabajo ni de que obtengan
una remuneración que usted sabe que en muchos casos es imprescindible
para ayudar al sostenimiento de sus familias en el exterior; el
trabajo también es un instrumento para adquirir hábitos de vida y de
conducta que ayuden a la socialización de estas personas, a su
integración en la sociedad. ¿Cómo se pueden adquirir estos hábitos si
uno trabaja un día sí y dos no, una semana sí y otra no? De esta
manera, ¿cómo se puede ayudar a que las familias sobrevivan y a que
el recluso se sienta responsable de la suya si una semana tiene
ingresos y otra no y si los ingresos, en cualquiera de los casos, son
ridículos, para nada comparables a lo que se paga en el mercado por
las mismas horas de trabajo?
No tienen ustedes tampoco una política que incentive a las empresas a
ofrecer trabajo dentro de las prisiones. Además -lo he dicho antes-
el tipo de trabajo que se realiza en la mayoría de los centros
penitenciarios es de unas características poco adecuadas a la
formación que debería darse a estas personas: son trabajos mecánicos,
repetitivos, que no ayudan a adquirir destrezas ni habilidades y cuya
realización, además, no da lugar a las prestaciones y derechos que
tiene el resto de los trabajadores.
Hace unos años, señor Yuste, se produjo una denuncia por una presunta
estafa que se habría cometido en área del trabajo de las prisiones,
relacionada con los famosos teletubbies. Supongo que usted lo
recuerda, pero además de recordarlo, a este grupo le gustaría mucho
que nos dijera hoy cuáles han sido los resultados de la investigación
de esa estafa. Queremos también que nos diga qué piensan ustedes
hacer para corregir la situación que yo he descrito y que creo que
tiene más que ver con la realidad que las cifras y porcentajes, muy
relativos, que usted nos ha traído esta mañana aquí.
Hoy queríamos referirnos de una manera particular al tema de la
formación y no a las cifras o porcentajes de carácter general, sino
en relación con un formidable escándalo en el que están ustedes
implicados: la utilización irregular de los cursos de formación a
reclusos, con fines que desconocemos, pero que en cualquier caso no
nos parecen claros. El escándalo ha saltado a la luz en la Comunidad
Autónoma de Madrid, en la que una comisión del Ayuntamiento investiga
sobre la existencia de una red, presuntamente vinculada a personas
del Partido Popular, que percibía subvenciones públicas de fondos
españoles y europeos para cursos de formación que finalmente no se
impartían. Nos tememos que el escándalo no se quede únicamente en la
Comunidad Autónoma de Madrid, pero ya es bastante. Es muy grave,
señor director general, que sucedan estas cosas, que haya cursos que
no se controlan o que no se imparten, ¡pero que esto suceda en las
prisiones...! Nosotros creemos que es imperdonable; que se utilice a
las personas privadas de libertad para obtener un lucro ilícito es no
sólo escandaloso, es profundamente inmoral. Pero no sólo es
responsabilidad del defraudador. Los datos que yo tengo y a los que
me voy a referir revelan una inquietante falta de control por parte
de la Administración penitenciaria.
Usted nos ha explicado que hay diferentes fórmulas por las cuales se
realizan cursos en los centros penitenciarios y que la utilización de
una u otra de esas fórmulas obliga en algún sentido, o no, a la
Administración penitenciaria a ejercer algún tipo de control.
El señor PRESIDENTE: Señora Gallizo, le ruego vaya concluyendo, por
favor.
La señora GALLIZO LLAMAS: Le pido unos minutos más, porque querría
aportar algunos datos concretos al director general para que nos
contestase. Creo que estamos ante un tema de la suficiente gravedad.
El reglamento penitenciario establece que los servicios educativos
penitenciarios garantizarán la orientación académica, psicopedagógica
y profesional de los alumnos, en especial, en lo que se refiere a la
transición entre el sistema educativo y la actividad laboral. Este
asunto ha puesto en evidencia que no existe ningún control sobre la
formación ni sobre sus contenidos ni siquiera sobre si se imparten o
no los cursos. Estamos hablando de los cursos para desempleados del
Instituto Municipal para el Empleo y la Formación Empresarial, de
Madrid, que tienen financiación europea, y estamos hablando de la
empresa que supuestamente ha realizado cursos en los centros
penitenciarios, Ifomar, a la que ha hecho referencia, de la que ha
dicho que viene realizando cursos -en este caso las fechas me parecen
importantes- desde 1995, pero no son esos los datos que yo tengo.
Esta empresa se crea en 1995 y viene realizando cursos desde 1996,
supuestamente, porque, según la documentación a la que hemos tenido
acceso, hay certificaciones de los directores de los centros
penitenciarios en las que se pone de manifiesto que la mayor parte de
los cursos que esta empresa certifica no se han realizado. En el
centro penitenciario Madrid II, no se han realizado cuatro cursos que
figuraban como impartidos; el nombre de los alumnos aportados por la
empresa tampoco se corresponde con internos presentes en ese centro.
El director de Madrid III indica que no se ha realizado ningún curso
de dicho Instituto madrileño de formación en ese centro
penitenciario. El
director de Madrid VI también certifica que no se ha impartido ningún
curso. El centro de inserción social Victoria Kent también certifica
que no consta que se haya impartido ninguno de los cursos. Así
seguimos en una interminable lista, que revela un extraordinario
fraude. Es algo más que un fraude, es que en muchas ocasiones, para
presentar los papeles certificando que se han realizado estos cursos,
se han utilizado nombres de personas que no estaban en los centros
penitenciarios en ese momento y, sin embargo, esta empresa ha tenido
acceso a nombres de internos que en alguna época anterior si han
formado parte de los mismos.
El señor PRESIDENTE: Señora diputada, termine, por favor.
La señora GALLIZO LLAMAS: La conclusión es evidente, señor Yuste, ha
habido un fraude, hecho de una gravedad extrema, que no ha sido
detectado por los propios centros penitenciarios.
Quiero preguntar -y con esto concluyo, señor presidente- algunas
cosas al señor Yuste, concretamente qué investigación han abierto
sobre este tema y con qué resultados, qué medidas han tomado, qué
conclusiones han sacado. También queremos saber si se ha discutido en
las juntas de tratamiento y por parte de los equipos correspondientes
de los centros acerca de estas ofertas educativas y si se ha hecho en
los centros un seguimiento de las mismas. Queremos saber quién decide
cuáles son los cursos adecuados para los procesos educativos y de
reinserción de los internos, quién decide que cursos como el de
expendedores de estaciones de servicio son la adecuada formación para
las personas internas; queremos saber cómo se van a seleccionar los
cursos a partir de ahora y si van a adoptar algunas iniciativas de
tipo legal o judicial para esclarecer estos hechos y para limpiar el
nombre de la Dirección General de Instituciones Penitenciarias o del
organismo autónomo en este turbio asunto. Queremos saber qué
enseñanzas han sacado de esta experiencia y qué medidas piensan
tomar. Querríamos que nos contestase con claridad a estas preguntas.
El señor PRESIDENTE: ¿Grupos que desean intervenir? (Pausa.) Por el
Grupo Mixto, tiene la palabra el señor Aymerich.
El señor AYMERICH CANO: Quiero dar la bienvenida a esta Comisión al
señor Yuste. Creo que, por lo menos en esta legislatura, desde que yo
estoy, es la primera vez que comparece para informar sobre el trabajo
penitenciario. (El señor vicepresidente, Souvirón García, ocupa la
Presidencia.)
La reflexión que me venía al oírle hablar es que con los documentos
que elabora su Dirección General sucede lo mismo que con la Ley
Orgánica General Penitenciaria; es decir, sobre el papel, tenemos una
de las leyes más avanzadas de nuestro entorno, pero en la práctica
todas esas declaraciones de principios y esos avances se convierten
en papel mojado y en un sarcasmo. Ya lo dijo la interviniente
anterior, pero yo diría que el problema no parte del año 1996 sino de
bastante antes. En el Estado español el porcentaje de población
reclusa por habitante es el mayor de toda la Unión Europea, si mis
datos son correctos, que me parece que lo son, casi 50.000 reclusos.
En lo que se refiere al trabajo penitenciario, le ruego en primero
lugar que a través de la Mesa de la Comisión haga llegar, si puede, a
los miembros de la Comisión el expediente del real decreto, porque el
único documento que tengo es el informe del Consejo Económico
y Social, y me gustaría conocer el proyecto de real decreto y sobre
todo los informes del Consejo de Estado y del Consejo General del
Poder Judicial.
En segundo lugar, que el porcentaje de ocupación productiva sea sólo
de un 21 por ciento de la población reclusa no es para estar
especialmente contento, con independencia de que eso suponga un
avance respecto a situaciones anteriores, máxime cuando estamos
hablando de un derecho fundamental, recogido en el artículo 25, ya
sabemos que de aplicación progresiva, en atención a las
disponibilidades presupuestarias. También me gustaría saber qué
esfuerzo se ha hecho en este sentido en los últimos años.
Hay graves deficiencias en la regulación de la relación laboral
penitenciaria. La inexistencia de una regulación clara lleva a que,
por ejemplo, por problemas laborales se impongan sanciones
penitenciarias, cuando creo que el régimen laboral y el penitenciario
deberían ser dos ámbitos separados. Se habló ya de las retribuciones,
y a esas escuetísimas retribuciones habría que sumar que, como
consecuencia de convenios firmados entre la Administración del Estado
y muchas comunidades autónomas, entre ellas la gallega, cuando una
persona está cobrando una prestación no contributiva e ingresa en
prisión se le suspende el pago de la misma, con el argumento, a todas
luces falso, de que, como las prestaciones no contributivas tienen
como finalidad cubrir las necesidades vitales, esas necesidades
vitales ya las cubre la prisión, cosa que parece totalmente falsa, y
menos mal que hay tribunales que están reaccionando ya contra este
tipo de prácticas.
Al salario digno, sumaría otras cuestiones, como la de que hay que
poner coto a la explotación laboral. Sabemos que en el caso de las
prisiones gallegas Monterroso y A Lama, hay reclusos que están
fabricando el cableado para cierto tipo de vehículos, en concreto el
Citroën Xara, a través de la empresa Labauto, subcontratista de
Citroën en Vigo, y están cobrando al mes 20.000 pesetas por nueve
horas diarias de trabajo. Estas son las informaciones que tenemos.
Desde luego, 20.000 pesetas por nueve horas diarias de trabajo,
aparte de que la jornada -esa es otra de las observaciones que hace
el Consejo Económico y Social al proyecto de
real decreto- es superior a la legal de ocho horas, nos parece algo
cercano a la esclavitud pura y dura.
Formación laboral digna. También hizo referencia a ello el
interviniente anterior. ¿Quién decide el tipo de cursos que se dan?
Por ejemplo, ya está bien de que las mujeres presas hagan
prácticamente sólo cursos de costura o relacionados con lo que, desde
ciertas mentalidades prejuiciosas, se entiende que son los
aprendizajes adecuados de cara a lo que puede ser la reinserción
laboral de esas ciudadanas.
Querríamos conocer qué medidas adoptó su departamento para que en los
talleres productivos y en los establecimientos penitenciarios en su
conjunto se cumpla la legislación relativa a la seguridad e higiene
en el trabajo, que es a la que están acogidos los reclusos como
trabajadores, y para poner fin al trabajo a destajo. Ha dicho que con
efecto retroactivo desde el 1.° de enero de 2000 se está aplicando la
regulación que en materia de Seguridad Social aparece en el proyecto
de real decreto. Quiero preguntarle si esto supone que lo que en el
argot se denomina el subsidio taleguero, la prestación de Seguridad
Social que cobran los reclusos cuando salen de prisión después de
haber trabajado, se va a cobrar de forma inmediata, es decir, cuando
el recluso sale a la calle, y no, como sucede ahora o como venía
sucediendo -es lo que le rogaría que me aclarase-, dos o tres meses
después de esta salida de prisión.
Estas son las consideraciones y las preguntas que le ruego me
conteste, aparte de que nos haga llegar -por lo menos a este diputado
le interesa- el expediente de elaboración de ese real decreto.
El señor VICEPRESIDENTE (Souvirón García): ¿Señora Uría?
(Denegación.)
Por parte del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió),
tiene la palabra el señor Silva.
El señor SILVA SÁNCHEZ: Agradezco al director general de
Instituciones Penitenciarias su comparecencia, que aprovecharé para
formular algunas cuestiones señalando en primer lugar que represento
a una coalición que desde el Gobierno de Catalunya y desde 1994, en
que este Gobierno asumió las competencias en materia penitenciaria,
configuró el trabajo remunerado de los penados como uno de los
objetivos básicos de la política en esta materia, conociendo las
dificultades que se producen, desde la movilidad de la población
reclusa a la falta de formación y de hábitos laborales, aspectos
ambos que se trata de mejorar mediante la actuación de la
Administración competente, que ha entendido que hay que ir
abandonando aquellos trabajos exclusivamente manuales o de
manipulación para ir de una forma progresiva a otros más complejos
que posibiliten un aprendizaje profesional y sitúen al recluso en
mejores condiciones de acceder a la libertad.
Por razón de tiempo, querría, muy telegráficamente, formularle
algunas preguntas, a alguna de las cuales ya
ha contestado usted en la comparecencia, como es la relativa al
número de reclusos estudiantes universitarios. La pregunta es si
tiene pensado la Dirección General extender estos convenios que
señala que existen con la UNED y con la Universidad del País Vasco a
otra universidad a distancia, como es la Universitat Oberta de
Catalunya, por ejemplo, si se tiene en mente o se se está realizando
alguna gestión.
Nos ha dado algunos datos que nos permitirían concluir que la
supresión de la redención de penas por el trabajo no ha supuesto una
disminución del número de reclusos que están trabajando en las
prisiones. Ha dicho que su gradual extinción se está producido sin
traumas y que había tenido lugar una mejora de la calidad de los
servicios. He creído entender que a pesar de esa supresión de la
redención de penas por el trabajo, ha aumentado el número de reclusos
que trabajan en las prisiones. Le agradecería una respuesta más
explícita.
Otros grupos han hecho referencia al proyecto de real decreto de
regulación de la relación laboral de carácter especial de los
penados, proyecto que ha sido informado por el Consejo Económico y
Social, creo recordar el 10 de enero de 2001. Me gustaría conocer
cuándo se tiene prevista su aprobación por parte del Consejo de
Ministros.
Respecto a las tres fórmulas de gestión de los talleres existentes en
los centros penitenciarios: por parte del organismo autónomo Trabajo
y Prestaciones Penitenciarias, bajo la fórmula de taller productivo y
por medio de la gestión por empresarios externos, me gustaría saber
si esta última se ha incrementado con relación a situación histórica
y en qué porcentaje se encuentran cada uno de estos sistemas de
gestión. Ha hecho más hincapié en la formación, pero querríamos saber
qué medidas se han tomado desde la Dirección General de Instituciones
Penitenciarias para potenciar la actividad laboral de los penados,
así como también qué medidas han sido adoptadas para la plena
aplicación de la Ley 31/1995, de prevención de riesgos laborales, en
materia de higiene y seguridad en el trabajo, tema al que se ha
referido algún otro portavoz. Igualmente, nos parece interesante
conocer en qué medida se realiza una actuación coordinada entre la
Dirección General de Instituciones Penitenciarias y la única
comunidad autónoma, Cataluña, que tiene transferidas estas
competencias.
La Ley de medidas fiscales, administrativas y del orden social para
el año 2000 incentivó la contratación de los penados por parte de
empresas, también por entidades sin ánimo de lucro, estableciendo
algunos incentivos. ¿Cuál ha sido el efecto de estos incentivos? ¿Se
ha incrementado notablemente la contratación de los penados por parte
de empresas privadas y entidades sin ánimo de lucro o, por el
contrario, no ha tenido eficacia práctica esta modificación que se
introdujo en la mencionada ley de acompañamiento?
Nos interesa saber en qué medida se está potenciando a través de la
Dirección General de Instituciones Penitenciarias la formación de los
penados, quizá no en esas labores o en esos trabajos de mayor rutina,
sino incorporándolos a las nuevas tecnologías, que les van a permitir
ciertamente poder obtener un puesto de trabajo cuando salgan de
prisión.
Se ha hecho referencia también al proyecto internacional Integra.
Querríamos saber qué recursos financieros se obtienen actualmente de
este proyecto y qué programas se benefician de él.
Respecto a la formación profesional ocupacional de los penados, que
se financia tanto por el Instituto Nacional de Empleo como por las
comunidades autónomas que tienen competencia en materia laboral a
cargo del Fondo social europeo y por la propia Administración
penitenciaria, mediante el organismo autónomo, quisiéramos conocer
los porcentajes de participación de cada uno de estos organismos en
la financiación de dicha formación profesional ocupacional de los
penados.
Se había concebido el centro penitenciario de Segovia como un gran
centro de formación profesional, con posibilidad de impartición de
enseñanzas regladas y no regladas. ¿Cuántos reclusos se encuentran
actualmente cumpliendo condena en este centro y qué cursos de
formación se les ofrece?
Soy consciente de que a alguna de las cuestiones que le he formulado
posiblemente no esté en condiciones de responder sobre la marcha, a
bote pronto. Lo que sí le agradecería es que aquello que no pueda
contestar en estos momentos me lo haga llegar en la forma que tenga
por conveniente.
El señor VICEPRESIDENTE (Souvirón García): Por el Grupo Parlamentario
Popular, tiene la palabra el señor González Pérez.
El señor GONZÁLEZ PÉREZ: En primer lugar, quiero dar la bienvenida al
señor director general de Instituciones Penitenciarias a esta
Comisión, de nuevo, en otra etapa, con otro Gobierno y con otro
ministro como responsable del departamento.
He de decir que el informe que ha realizado respecto a la primera
comparecencia del orden del día, desde el punto de vista del Grupo
Popular, ha sido exhaustivo, transparente y, como no podía ser de
otra forma, llevado a cabo desde la seriedad y el rigor que
caracteriza no solamente al Gobierno del Partido Popular sino en este
caso a la Dirección General de Instituciones Penitenciarias. Los
datos que ha aportado el director general a esta Comisión sin ningún
género de dudas los podemos calificar de esperanzadores. La parte que
corresponde a las enseñanzas, a los trabajos penitenciarios, en fin,
todo aquello por lo que los que creemos realmente en la reinserción
apostamos, vemos cómo va
evolucionando positivamente para llegar a ese final que todos
deseamos, que es que los reclusos de las instituciones penitenciarias
consigan esa reinserción social y no vuelvan a delinquir en el futuro
después de cumplir sus penas.
Dicho esto, señor director general, con los datos que ha aportado
sobre porcentajes, números, cursos, etcétera, ha habido un momento en
esta Comisión en que me daba la sensación de que no estábamos en el
mes de marzo de 2001, sino allá por el año 1995, cuando el director
general no debía ser el señor Yuste sino algún otro y el ministro
responsable del departamento debía ser una persona cercana a la
circunscripción, si no es de la misma, de la diputada que ha
intervenido por parte del Grupo Socialista, y se estaba describiendo
una realidad que afortunadamente en estos cinco años ha cambiado
sustancialmente. Creo que hay que tener un poco más de seriedad a la
hora plantear los temas y procurar aportar cierta madurez cuando se
hacen ciertas afirmaciones. Hablar con la rotundidad con la que se ha
hecho aquí de escándalo formidable, y de fraude es una afirmación
absolutamente radical y dura y hay que ser un poco más serios a la
hora de hacer estos planteamientos.
En primer lugar, como bien ha dicho el director general, la Dirección
General de Instituciones Penitenciarias nada tiene que ver con la
gestión del problema que se ha traído aquí. En segundo lugar, en todo
caso, es la empresa Ifomar la que ha podido cometer, supuestamente,
una serie de fraudes, y los habrá realizado a otra empresa que se
llama Imefe, Instituto Municipal para el Empleo y la Formación
Empresarial, que es una empresa de carácter municipal y que, al
parecer, ha presentado una denuncia formal en los juzgados contra la
empresa Integración Formativa de Marginados S. L., que es Ifomar, con
lo cual está en el ámbito de los tribunales dilucidar si realmente ha
existido este fraude o no, pero nunca, bajo ningún concepto, cae en
el ámbito de Instituciones Penitenciarias, que, como bien ha dicho el
director general, queda al margen de este tipo de actuaciones
fraudulentas, si es que se han cometido. Por lo tanto, creo que
dentro de la colaboración que debe haber desde la lealtad de la
oposición, con relación a la fiscalización de aquellos temas que
entienda pertinentes la oposición, que es muy libre de plantearlos
como quiera, a Instituciones Penitenciarias en este caso, hay que
plantear los temas desde el rigor, como he dicho antes, y con la
seriedad que requiere un departamento tan sumamente importante en la
sociedad como es el de Instituciones Penitenciarias.
Hablar de política penitenciaria como fracaso global de la política
del Ministerio del Interior y, por supuesto, del Gobierno de España,
me parece que son afirmaciones excesivamente grandilocuentes. Claro
que uno ya lleva aquí algún tiempo y la posibilidad de asombro nunca
llega a colmarse, con lo cual todos los días tenemos esa capacidad.
Yo pediría, para terminar -señor
presidente, sé que hay otra comparecencia y el tiempo es limitado-,
más rigor a la hora de hacer las afirmaciones, porque de alguna
manera, si hay que contribuir a que se esclarezcan los temas que
pueden tener connotaciones negativas, que se haga allá donde se
tienen que hacer, no mezclemos autonomías o municipios con Gobierno
del Estado y que cada departamento y cada parte de la oposición que
corresponda en cada entidad haga su trabajo y no traslademos a este
Parlamento trabajos que corresponden a otras instancias
El señor VICEPRESIDENTE (Souvirón García): Para contestar a las
intervenciones de los grupos parlamentarios, tiene la palabra el
señor director general de Instituciones Penitenciarias, don Ángel
Yuste.
El señor DIRECTOR GENERAL DE INSTITUCIONES PENITENCIARIAS (Yuste
Castillejo): En principio, hablar en estos momentos de reincidencia o
del peso que tiene la drogodependencia del recluso en su trayectoria
criminal creo que queda un poco alejado de las cuestiones para las
que se me ha traído aquí. En cualquier caso, el incremento relativo
de los reclusos al que se hace referencia no es tal. En el año 1995
dependientes de la Administración penitenciaria había 41.000
reclusos; en este momento hay 39.000. Es decir, desde el año 1995 ha
habido un descenso general, por no decir que en el año 1996 había
36.000 reclusos. No quiero apropiarme de ese efecto coyuntura, que
obedece a otras razones, pero si usted mide la reincidencia como el
número de reclusos que está en prisión, su afirmación carece de todo
rigor.
En cuanto a que no existe una política en materia de trabajo y de
formación, no le voy a repetir los datos que demuestran un
crecimiento constante en todos los aspectos que integran de una forma
objetiva esa idea de reinserción y a los que usted misma ha aludido.
La implementación de un trabajo productivo se ha multiplicado por
tres y es evidente que con el 21 por ciento no he venido yo aquí a
expresar satisfacciones, sino a constatar realidades; el trabajo es
una preocupación fundamental de la Administración penitenciaria. Los
hechos demuestran claramente como ese esfuerzo está cristalizando en
unos resultados que, insisto, hacen crecer el número de talleres,
hacen crecer las nóminas, hacen crecer la nómina general, y no es
para tirar cohetes, pero sí para reconocer los frutos de un esfuerzo,
cuyos resultados no me puedo atribuir modestamente, porque
corresponden a los funcionarios de la Administración penitenciaria y
del organismo autónomo.
Respecto a la infrautilización de talleres, estamos ocupando más y
mejor los talleres, porque si en estos momentos están
infrautilizados, no quiero hacer la comparación con cómo estaban en
el año 1996. En ese sentido, el año pasado se hizo un contrato con
una empresa que ha hecho un diagnóstico de las circunstancias de
sanidad e higiene en los talleres penitenciarios
y aquellas deficiencias -que, por cierto, no son tantas- que se han
encontrado se están reparando en este momento.
La retribución del salario está fijada en el reglamento de 1996 y se
cumple escrupulosamente, en función de la tarea que realiza el
recluso y siempre con referencia al salario mínimo interprofesional.
En un medio tan judicializado como es el penitenciario, todas las
demandas que por este motivo los reclusos han realizado ante los
juzgados del orden de lo Social han sido desestimadas. Entender que
se está vulnerando la ley o que se está realizando un uso torcido del
marco que regula el salario me parece que tampoco se corresponde con
la realidad. El trabajo se autofinancia. El organismo autónomo
Trabajos Penitenciarios en lo relativo a esta actividad productiva no
recibe ningún tipo de subvención. Por lo tanto, no puede sino
gestionar diligentemente los recursos que tiene, y en este caso los
resultados, por no repetir los datos que he dado, avalan sobradamente
una gestión, insisto, extraordinariamente positiva.
En cuanto a lo que usted ha denominado escándalo que ha salpicado a
la Administración penitenciaria, discrepo de esa afimación, como no
podía ser de otra manera. Aquí ya se han hecho referencias a que el
organismo municipal, el Imefe, se ha querellado con la empresa
Ifomar, y pretender buscar una responsabilidad en la Administración
penitenciaria, cuya actividad ha sido prácticamente la que ha
permitido reconocer los cursos que se habían dado o no, me parece que
sólo puede hacerse desde determinados planteamientos que chocan con
la buena fe, sinceramente.
En cuanto a que no se incentiva a las empresas, he hecho referencia
al número de talleres que se han implantado y la lectura detallada de
la Ley de medidas permite ver que recoge unas bonificaciones para los
reclusos como trabajadores sometidos a un proceso de exclusión, que
antes no se utilizaban, que es una de las iniciativas más sociales de
este Gobierno, que también se acuerda de los reclusos y que lo hace
equiparándoles a los trabajadores más desfavorecidos, circunstancia
que antes no se daba.
Me habla usted de los teletubbies como una supuesta estafa. Fueron
unos muñecos que se realizaron en un centro penitenciario por una
empresa y, hasta donde a mí me llega, la responsabilidad que tiene
esa eventual empresa por un eventual delito es nula, es cero, no se
ha dado ninguna circunstancia ni de estafa ni ha ido más allá de
algún comentario interesado y ampuloso buscando un escándalo tan
inexistente como el del Imefe, si me permite la afirmación. Decir que
no existe ningún control de los cursos por parte de la Administración
penitenciaria me parece una frivolidad, habida cuenta que los cursos
que ha realizado Ifomar son un aspecto absolutamente secundario, casi
residual, dentro del volumen de cursos que realiza la Administración
penitenciaria, que son seleccionados por los equipos de
tratamiento, que son los que buscan la idoneidad del curso para
lograr una futura reinserción social. Además lo dice el reglamento
claramente. Es el equipo de tratamiento el que prioriza y el que
realiza la prelación de las personas que realizan actividades, porque
el trabajo en la institución penitenciaria es también un factor de
tratamiento. En cuanto a que han dado nombres de internos falsos o
preguntar qué cursos se han realizado, esa información la ha dado la
propia Administración penitenciaria, en un ejercicio de absoluta
transparencia, como no puede ser de otra manera. Insisto en que decir
que el organismo está manchado porque se ha producido esta
circunstancia me parece una afirmación voluntarista para mancharlo,
más que una realidad. Y no quiero recordarle la trayectoria en otras
épocas del organismo autónomo Trabajo y Prestaciones Penitenciarias,
cuyo presidente estaba ejecutoriamente condenado y a dos de las
personas más relevantes de su gestión también se les ha reconocido
por sentencia firme la creación de empresas paralelas. Eso es lo que
yo creo que es una mancha, que la actual administración está
intentando limpiar.
Respecto al Grupo Mixto, tengo que decirle en principio que no es
papel mojado la actuación de la Administración en materia laboral.
Los datos son constatables; no hay más que ir a la Seguridad Social y
ver el número de personas que están dadas de alta para darse cuenta
de que no estamos haciendo una especulación de autocomplacencia, sino
que estamos constatando una realidad; una realidad que, desde luego,
no puede ser complaciente porque el trabajo en materia penitenciaria
es complicado y los reclusos no disponen de ciertas habilidades, que
hay que crearles, ni de las aptitudes y demás circunstancias que se
dan en los trabajadores libres.
Respecto al expediente de real decreto, yo se lo haré llegar muy
gustosamente, entendiendo que lo que le puedo hacer llegar desde la
Secretaría General Técnica del Ministerio del Interior es el
proyecto, que hasta el momento ha merecido informes muy favorables
del Consejo General del Poder Judicial, del Consejo Económico
y Social y que en este momento está en el Consejo de Estado. Por lo
tanto, no es una norma definitiva, sino que se enriquecerá de estas
aportaciones, pero sí me interesa resaltar que la valoración que se
ha hecho, tanto por el Consejo General del Poder Judicial como por el
Consejo Económico y Social, que dice que usted tiene, es
extraordinariamente positiva, a pesar de que, lógicamente, aporte
algunas mejoras. Una de éstas, que pone de manifiesto el dictamen del
Consejo Económico y Social, es la que se refiere a la simbiosis que
se da entre la condición de recluso y la condición de trabajador, que
muchas veces es imposible disociar. El recluso puede protagonizar
altercados y puede utilizar los talleres para proveerse de objetos
prohibidos que ponen en peligro el régimen del centro, y deslindar,
como intenta hacer el proyecto, esas dos responsabilidades
tiene una complejidad evidente, aunque no se renuncia a
intentarlo.
Respecto a la retribución de 20.000 pesetas a la que usted hace
referencia, tengo que decirle que en este momento no estoy en
condiciones de confirmarla, pero sí le planteo mis dudas. Otra cosa
es que la jornada de estos internos sea de nueve horas. La jornada
laboral debe coexistir con otras medidas de tratamiento y con otras
actividades formativas no retribuidas, y en algunos casos con el
tratamiento de una drogodependencia incipiente o consolidada, lo que
hace que estas jornadas sean infrecuentes en el medio penitenciario.
Le he contestado ya respecto a las iniciativas que se han tomado en
los talleres para aplicar las normas de seguridad e higiene, y el
aspecto retroactivo es la aplicación de la Ley de medidas fiscales
para este año y sus previsiones; no, lógicamente, lo que usted llama
subsidio taleguero, que es el subsidio de excarcelación que los
reclusos siguen percibiendo cuando han estado condenados privados de
libertad y que puede cobrarse de una sola vez o mensualmente. Es una
decisión de la Seguridad Social en la que la Administración
penitenciaria no puede ni debe entrar, y yo lamento no poder
contestarle.
Agradezco al señor Silva el tono de su intervención y le digo que no
hemos contemplado ningún convenio con la Universidad Oberta porque la
mayoría de los reclusos interesados en esta formación, como se ha
dicho, están en los centros penitenciarios de Cataluña, que tiene
asumidas las competencias.
Al margen de los datos que le he hecho llegar, muy gustosamente le
informaré por escrito tanto del proyecto como de la incidencia del
programa Íntegra. Sí puedo decirle que el centro de Segovia alberga
en estos momentos a unos cien reclusos. Es verdad que se proyectó
para un centro de jóvenes y que la entrada en vigor de la Ley del
menor ha dado otra solución punitiva a los menores trasladándolos a
centros comunitarios, y en ese sentido es un recurso que ha perdido
parte de su vocación. No obstante, el centro mantiene su mismo
interés pedagógico, y muy gustosamente también le haré llegar la
relación de puestos de trabajo del centro y un programa que en este
momento se está confeccionando. Hay que tener en cuenta que no hace
más de tres semanas que han llegado los primeros reclusos al centro,
donde, lógicamente, la preocupación por las actividades formativas
tiene una importancia capital.
Al representante del Grupo Popular le agradezco también el tono de su
intervención. Lógicamente, coincido con sus afirmaciones, que
entiendo que responden a la más rigurosa realidad, respecto al
divorcio evidente que existe entre cualquier responsabilidad respecto
a Infomar y la Administración penitenciaria. Reitero también el
esfuerzo que, insisto, está cristalizando en resultados, respecto a
la implantación del trabajo formativo y el trabajo productivo. (La
señora GallizoLlamas pide la palabra.)
El señor VICEPRESIDENTE (Souvirón García): Señora Gallizo.
La señora GALLIZO LLAMAS: Solicito unos minutos para referirme a las
alusiones que ha hecho el señor director general en su intervención.
El señor VICEPRESIDENTE (Souvirón García): Señora Gallizo, le
recuerdo el carácter extraordinario de un segundo turno en una
comparecencia de este tipo y, sobre todo, la hora y el orden del día
que tenemos por delante.
La señora GALLIZO LLAMAS: Solicito que, por haber pedido la
comparecencia, me permita contestar a algunas de las alusiones que se
me han hecho.
El señor VICEPRESIDENTE (Souvirón García): Tiene un minuto.
La señora GALLIZO LLAMAS: Señor Yuste, no hemos venido aquí a hacer
un estudio comparado entre lo que pasaba en las anteriores
administraciones y en esta, entre otras cosas, porque la comparación
sería de usted con usted mismo, ya que usted ha sido responsable de
la Dirección General con diversas administraciones, aunque no quiero
entrar en ese tema. Desde el año 1995 hasta hoy han pasado muchas
cosas en la economía española, en el número de parados, en la
delincuencia, y el Gobierno al que usted representa en este momento
hace gala de esos cambios, pero no los reconoce cuando se trata de
poner en relación unas cifras con otras, que es a lo que yo me he
referido.
He dicho que su política es un fracaso desde la óptica de la
reinserción social, y lo mantengo. Si usted está satisfecho de los
logros de su política, eso responde a los objetivos y a los criterios
que usted tiene, que desde luego no comparto en absoluto. No hemos
pedido responsabilidades jurídicas, sino políticas, a su Dirección
General. Ustedes no controlan, y no ha dado respuesta a ninguna de
las cosas que yo le he dicho. Sólo faltaría que los centros
penitenciarios hubiesen ocultado los datos cuando se les han
requerido por la investigación que se estaba desarrollando. Están en
juego en este caso 100 millones de dinero público de unos cursos que
no se han impartido. Si a ustedes les parece que no tienen nada que
decir sobre este tema, en el que se ha utilizado a su institución y
en el que se han dado nombres de personas que están bajo la custodia
de instituciones penitenciarias, si piensan que no tienen nada que
decir a este respecto, tengo que decirle que nosotros no estamos de
acuerdo, que creemos que la posición que ustedes deberían mantener
tendría que ser muy diferente, y le manifiesto que nuestro grupo está
dispuesto a llegar hasta el final porque queremos saber cómo ha
accedido esta empresa a nombres de reclusos si no ha dado los cursos
ni ha estado en los centros. Y se lo seguiremos
preguntando hasta que nos dé una respuesta satisfactoria.
El señor VICEPRESIDENTE (Souvirón García): ¿Algún otro grupo quiere
intervenir? (Pausa.)
Tiene la palabra el señor director general.
El señor DIRECTOR GENERAL DE INSTITUCIONES PENITENCIARIAS (Yuste
Castillejo): Sobre la comparación conmigo mismo, salvo que usted me
haga responsable también de la muerte de Viriato, tengo que decirle
que yo soy un funcionario y llevo veinte años en la Administración
penitenciaria. Tengo el cargo político de director general desde que
este Gobierno está en el poder, desde el año 1996, y, lógicamente,
antes he tenido diferentes cargos en la Administración penitenciaria,
como le pasa a cualquier funcionario que tiene una carrera
profesional. Confundir los aspectos profesionales con los aspectos de
gestión política me parece peligroso, sinceramente.
Con respecto a las responsabilidades políticas, tengo que reiterarle
un hecho que es testarudo. El Imefe, que entiende perfectamente lo
que es la competencia, ha creado su propia comisión de investigación
y nos ha agradecido nuestra colaboración. Ni por un momento ha
intentado arrojar una sombra de duda, de sospecha o de
responsabilidad ni política ni jurídica ni de ningún tipo sobre la
Administración penitenciaria. Los nombres que nos han dado en algunos
casos correspondían a internos de otros cursos y otros eran
rigurosamente falsos y jamás habían pasado por el sistema
penitenciario. Hemos investigado y comprobado los nombres que se nos
han facilitado y por eso se sabe, porque lo ha dicho la propia
Administración, que algunos de esos nombres no pertenecían a reclusos
y que otros estaban duplicados de manera fraudulenta. Eso ha llevado
a que el Imefe haya interpuesto una querella por estafa a Ifomar. Me
parece muy loable que usted pretenda llegar hasta el final, créame
que en eso va a tener todo nuestro apoyo y nuestra comprensión. No
tenemos ningún interés en sembrar ninguna duda ni en aceptar ninguna
implicación con respecto a este tema. Somos los primeros interesados
en que la Administración penitenciaria no sea asociada a ese tema,
pero también comprenderá que nuestra postura sea de preocupación y
que en algunos casos sintamos cierta indignación cuando se pretende
asociar dos cosas que, desde nuestro punto de vista, no tienen nada
que ver.
- DISTINTOS SUCESOS EXCEPCIONALES OCURRIDOS EN LA PRISIÓN DE
NANCLARES DE OCA, TALES COMO EL INTENTO DE FUGA DEL RECLUSO IGOR
SOLANA, EL SUICIDIO DE UNA MUJER INTERNA DE 32 AÑOS O EL CASO DEL
RECLUSO CONTAGIADO DE SIDA, SEGÚN RECIENTE DIAGNÓSTICO, EN UN
ACCIDENTE MIENTRAS
HACÍA DEPORTE EN LA PROPIA PRISIÓN. A SOLICITUD DEL GRUPO
PARLAMENTARIO VASCO (EAJ-PNV) (Número de expediente 212/000382)
El señor VICEPRESIDENTE (Souvirón García): Pasamos al segundo punto
del orden del día: Comparecencia del director general de
Instituciones Penitenciarias para informar sobre distintos sucesos
ocurridos en la prisión de Nanclares de Oca. Ha sido solicitada por
el Grupo Parlamentario Vasco (PNV).
Tiene la palabra el señor director general de Instituciones
Penitenciarias.
El señor DIRECTOR GENERAL DE INSTITUCIONES PENITENCIARIAS (Yuste
Castillejo): Esta segunda comparecencia tiene tres aspectos. En
primer lugar, abordaré el intento de fuga del recluso Igor Solana
diciendo que una de las obligaciones fundamentales de la
Administración penitenciaria es custodiar al interno garantizando su
permanencia en el establecimiento. A fin de garantizar este
principio, los centros penitenciarios disponen de elementos de
seguridad perimetrales específicamente destinados a evitar la
evasión: muros, dispositivos electrónicos, barreras de concertina y,
por último y fundamentalmente, la presencia en las garitas de
vigilancia de miembros armados de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad,
que, en el caso del centro penitenciario de Nanclares, pertenecen
a la Ertzaintza. Estos dispositivos se complementan con medidas de
seguridad interiores, tales como cacheos, requisas y la observación
de la conducta de los reclusos, así como otros controles previstos en
la normativa penitenciaria, los cuales están a cargo de los
funcionarios de Instituciones Penitenciarias.
En relación con el intento de evasión del interno Jon Igor Solana
Matarranz, en la noche del 17 al 18 de enero del presente año se ha
instruido por la inspección de la Dirección General de Instituciones
Penitenciarias la información reservada 10/2001 y se han abierto las
diligencias previas 141/2001 en el Juzgado de Instrucción número 2 de
Vitoria. El día 17 de enero el interno se encontraba ingresado en la
celda número 14 de la segunda fase del módulo 5, la misma que venía
ocupando desde su ingreso en el centro penitenciario de Nanclares por
motivos judiciales. Sobre las cuatro horas del día 18 de enero de
2001 el jefe de servicios de turno recibe una llamada del cuerpo de
guardia de la Ertzaintza, de servicio en el exterior, comunicándole
que un interno estaba tratando de evadirse por uno de los patios del
módulo 5. Tras el aviso, el propio jefe de servicio y tres
funcionarios más se dirigen a este punto, donde encontraron al
funcionario de servicio en ese módulo, que venía de efectuar una
revisión de los patios que utilizan los internos clasificados en la
primera fase y tránsitos, dirigiéndose a continuación al patio de los
internos clasificados en segunda fase. Al
llegar al lugar, efectivamente, observan a un interno que se
encontraba en el patio, de pie, junto al muro que delimita el recinto
exterior y que fue identificado como Jon Igor Solana. Se le ordenó
que se tumbase en el suelo, procediendo a inmovilizarle y a
trasladarle a una celda de seguridad sin que el recluso ofreciera
resistencia alguna.
El interno es cacheado, encontrando que se había vestido con dos
pantalones superpuestos, entre los que había colocado unos plásticos
y cartones a modo de almohadilla. En la parte superior lleva también
dos jerseys almohadillados de la misma forma. Se le intervino un
pequeño plano de la ciudad de Vitoria, otro elaborado a mano sobre la
situación de las garitas del centro penitenciario de Nanclares,
algunos apuntes sobre las inmediaciones del centro y una descripción
de posibles accesos a Vitoria, así como varios teléfonos y
direcciones y 51.000 pesetas en metálico, lo que hace suponer que
recibió esta información y apoyo de algún otro interno del centro o
que le fue introducida desde el exterior, ya que esa misma tarde el
interno había tenido una comunicación familiar con su padre. Una vez
cacheado, el interno es reconocido por los servicios médicos, sin que
apreciasen lesión alguna, tal y como consta en los partes médicos
extendidos al efecto, pasando al régimen de aislamiento provisional.
El jefe de centro ordena una requisa de la celda que ocupaba el
interno y del resto del departamento, encontrando los funcionarios
que uno de los barrotes de la ventana, de 2,5 centímetros de grosor,
había sido serrado, conformando así un hueco por el que el interno
salió al patio. Igualmente, bajo el lavabo se encontró un cubo de
plástico lleno de agua y que la cañería había sido manipulada,
echando en falta el codo de desagüe que conformaba la misma.
Interrogado el interno sobre la forma y medios empleados para serrar
el barrote, lo hace con evasivas, dando a entender a los funcionarios
que lo había efectuado con una sierra y que la había tirado al
recinto. Registrado el patio, los funcionarios encuentran una liana
confeccionada con trozos de sábana, que estaba colgada en los
alambres de la malla metálica que corona el muro del patio, no
encontrándose sierra alguna. Donde se encontró al interno, y apoyada
sobre el muro que delimita el patio, estaba colocada una especie de
escalera formada por las espalderas que había desatornillado en el
gimnasio anexo al patio presumiblemente la tarde anterior.
De las diligencias realizadas en la información reservada, de la
interpretación de los restos materiales de las operaciones realizadas
por el interno en su intento de evasión y de los útiles empleados se
puede deducir como hipótesis más aproximada, dada la escasa y lógica
colaboración del interno, que fue visto por última vez en su celda a
las 21,30 horas, cuando el funcionario entrante de vigilancia
nocturna en el módulo 5 realiza el recuento de relevo, quien declara
que no observó nada anormal ni en la celda ni en el interno en ese
momento. Durante estas horas, el interno se enfunda en dos jerseys y
dos pantalones, acolchándose para evitar las lesiones que las
concertinas que coronan el muro del patio pudieran producirle, sierra
el barrote y accede al patio. No se ha podido localizar el objeto con
el que se serraron los barrotes, pero, debido a la textura del corte
que presentaban los mismos, cabe suponer que utilizó una de las
llamadas sierras de pelo, las cuales, dado el tamaño de las mismas,
similar a una cuerda de guitarra, pero mucho más corta, son
fácilmente camuflables. Investigadas las actividades más relevantes
que el interno había realizado en las horas anteriores al intento de
evasión, cabe señalar que este interno salió para acudir al juzgado
el día anterior, siendo cacheado por los funcionarios de vigilancia
tanto cuando salió como cuando regresó al centro, sin encontrar nada
prohibido ni en su persona ni en sus pertenencias y mantuvo, como ya
he dicho, una comunicación familiar en la tarde anterior a los
hechos. Cabe destacar que la tentativa de evasión fue frustrada por
los funcionarios de servicio y por la Ertzaintza. No obstante, se
están valorando las conclusiones de la información reservada, habida
cuenta que por estos mismo hechos se han abierto diligencias en el
Juzgado número 3 de Vitoria por si de lo actuado en la investigación
judicial pudieran deducirse responsabilidades disciplinarias.
En relación con la segunda cuestión planteada, referida al supuesto
contagio de sida de un interno en un accidente, mientras hacía
deporte en el centro penintenciario de Nanclares de Oca, los datos
que se han recabado son los siguientes: Se trata de un interno penado
y clasificado en segundo grado de tratamiento. Este interno ingresó
en el centro penitenciario de Nanclares de Oca el 10 de noviembre de
1998 procedente de libertad y sin antecedentes sanitarios dignos de
interés. Con fecha 25 de diciembre de 1999, acude a consulta del ATS
del centro, en horario de tarde, para que le cure de una herida que
presenta en la rodilla izquierda, que refiere habérsela producido el
día anterior al golpearle con los dientes, en una caída fortuita, un
interno del que dice es seroposivo, mientras practicaba deporte. Se
le realiza serología VIH, el 28 de diciembre de 1999, con resultado
negativo. El 20 de enero de 2000 sufre un proceso respiratorio agudo,
que es tratado con antibióticos inyectables, remitiendo el cuadro. El
21 de febrero de 2000 sufre de nuevo una infección respiratoria, que
es tratada con antibióticos, resolviéndose así el proceso. El 17 de
marzo de 2000 se le practica nueva serología VIH con resultado
también negativo. El 3 de mayo de 2000 presenta una inflamación
ganglionar en región laterocervical izquierda y lesiones eritematosas
en el muslo derecho. Se le practica nueva serología VIH, el 1 de
junio de 2000, con resultado esta vez positivo. Se programa consulta
de medicina interna y asiste a varias consultas en el mencionado
servicio. Su situación a fecha de hoy es estable, asintomática y
pendiente de próximas valoraciones.
Del análisis de los hechos cabe concluir: que según refiere el
interno sufrió un accidente practicando deporte el 24 de diciembre de
1999, acudiendo a consulta el día después, 25 de diciembre, donde
recibe asesoramiento médico acerca de las medidas a adoptar.
Consultada la bibliografía existente sobre contagio accidental de
VIH, el tipo de accidente que refiere haber sufrido y las lesiones
que presentó, supuestamente producto de aquel accidente, pueden
calificarse de bajísimo riesgo para contagio por VIH. Si se aceptase
que fue ese golpe donde se contagió el interno, el equipo sanitario
del centro no pudo actuar de acuerdo a las recomendaciones de los
comités de consenso, iniciando la terapia comúnmente propuesta para
los casos de contagio, es decir la toma de antirretrovirales en las
primeras tres o cuatro horas tras producirse el accidente, dado que
el paciente no se presentó en la consulta hasta el día siguiente.
Se desconoce si el interno ha protagonizado otras prácticas de riesgo
susceptibles de favorecer el contagio por VIH de entre las aceptadas
por la comunidad científica como posibles; cabe señalar que mantiene
comunicaciones íntimas. Los hechos han sido puestos en conocimiento
por el interno ante el Juzgado de guardia de Vitoria-Gasteiz y por
gestoras proamnistía, estando pendiente la resolución judicial al
respecto. También se ha dirigido a través de sus abogados al Juzgado
de Vigilancia Penitenciaria de Bilbao, solicitando aplicación del
artículo 104 del reglamento penitenciario, al objeto de acceder a la
libertad condicional por padecer una enfermedad incurable, lo que ha
sido denegado por su titular, dado su estado de salud actual. En
cualquier caso, el Hospital Txagorritxu de Vitoria ha planteado hacer
el estudio genético viral de los pacientes, utilizando muestras de al
seroteca, para determinar si esta ha sido la vía de contagio y si el
recluso que dice portador del virus ha sido el que realmente ha
infectado a esta persona.
Respecto al tercero de los puntos referente al suicidio en el centro
penitenciario de Nanclares de una mujer interna de 32 años,
entendemos que se refiere al fallecimiento de la interna Elisabeth
Díaz Martín, acaecido el 23 de diciembre de 2000, si bien la interna
en el momento de su fallecimiento tenía 26 años de edad y no 32. Por
ser la única fallecida en aquel establecimiento durante el año 2000 y
dado el tiempo transcurrido desde el año 2001hasta el día de hoy,
pese a no coincidir este dato, entendemos que es este hecho sobre el
que se nos solicita información. Esta interna cumplía condena de tres
años por un delito de robo con intimidación. El motivo de
fallecimiento se debió a una acción suicida que protagonizó el día 23
de noviembre, mediante sistema de ahorcamiento, cuando se encontraba
en el interior de su celda, situada en el departamento 4 del módulo 2
de mujeres, en régimen de aislamiento provisional previsto en el
artículo 72 del reglamento penitenciario. El citado régimen le había
sido aplicado a la interna a las 9 y media de la mañana, tras
participar en una agresión física mutua con otra interna en el
comedor del módulo de mujeres 2 del establecimiento y mostrar
resistencia al cumplimiento de las órdenes para que cesara en su
actitud formuladas por las funcionarias de servicio. El motivo de la
pelea fue la desaparición de unas prendas de ropa de una bolsa
procedente de la lavandería.
Con posterioridad a que la interna fuera ubicada en su celda, sobre
las nueve y media, tras la aplicación del régimen de vida señalado,
fue visitada a las diez y cincuenta y cinco por un facultativo de los
servicios médicos del centro, en cumplimiento de lo establecido en el
ya citado artículo 72 del reglamento penitenciario. Dicho facultativo
emitió informe dirigido a la dirección del centro en el sentido de
que no existía inconveniente, desde el punto de vista médico, para
que permaneciese la aplicación de dicho régimen. Posteriormente,
también durante el horario de mañana, fue visitada por un ATS, que le
suministró la medicación prescrita a su tratamiento habitual. A las
diecinueve horas, cuando la funcionaria procede a la apertura de la
celda ocupada por la interna para cumplimentar una notificación,
constata que ésta estaba ahorcada con un cordón fino anudado al
cuello y sujeto a uno de los barrotes de la puerta de seguridad. El
cordón estaba anudado en el barrote de la celda a una altura
aproximada de metro y medio, las piernas flexionadas y con las
rodillas apoyadas en el suelo y vestida. Esta forma de ahorcamiento,
dado lo inusual, podría indicar una presumible conducta manipulativa
o de llamada de atención que tuvo un desenlace fatal.
El informe, emitido en fecha 13 de febrero de 2001 por el médico del
Instituto Anatómico-Forense de Vitora sobre la autopsia practicada en
fecha 24 de noviembre de 2000 al cadáver de la interna, señala en sus
conclusiones médico legales que la muerte es violenta, que la
etiología es suicida, que el mecanismo es por ahorcamiento, que la
causa de la muerte es asfixia aguda, que la muerte se estima ocurrida
hacia las 16 horas del 23 de noviembre de 2000. Señala, además, que
se descarta una muerte accidental o susceptible de criminalidad por
parte de terceras personas. En la documentación obrante en la
información reservada 230/2000, que en relación con tales hechos se
ha cumplimentado en el establecimiento, consta que la interna padecía
patologías de naturaleza psíquica diagnosticadas como trastorno
depresivo moderado y dependencia de opiáceos en terapéutica con
antagonistas. En relación con tales patologías, la interna recibía
tratamiento farmacológico y la evolución de las mismas era analizada
por los servicios médicos del centro. Se realizaron consultas
médicas, con una regularidad de seis visitas mensuales, durante la
estancia de la interna en el establecimiento penitenciario, a los
especialistas en psiquiatría adscritos al hospital Santiago de
Vitoria, Servicio Vasco de salud, y al equipo de intervención en
toxicomanías dependiente de
la Consejería de Justicia del Gobierno vasco y que desarrolla su
trabajo en este centro.
Los profesionales médicos que atendieron a la interna de sus
patologías, tanto los del centro como los especialistas de fuera,
nunca consideraron la necesidad de incluirla en un programa de
prevención de suicidios, ya que no tenía antecedentes de conductas de
naturaleza autolesiva. Del informe de las funcionarias se deduce que
no estaba abatida, que mantenía una buena relación con su marido
-también preso en el centro penitenciario de Nanclares de Oca- e
incluso estaba buscando patrocinio para salir de permiso y en futura
libertad condicional. Estas variables no se corresponden con el
perfil del interno suicida. Con relación a estos hechos se han
incoado diligencias previas 3090/2000 por el Juzgado número 2 de
Vitoria, estando pendiente la resolución judicial al respecto. Desde
el año 1997 se ha realizado un estudio científico en la Dirección
General, sobre casos incluidos hasta el momento en los programas de
intervención de suicidios, tendente a buscar los problemas
individuales o colectivos que son causa importante de las conductas
de autolisis. Igualmente quiero poner de manifiesto que las variables
de suicidio del centro penitenciario de Nanclares están por debajo de
la media y que, durante los últimos años, el porcentaje de suicidios
en los centros penitenciarios ha disminuido considerablemente, del
10,6 por ciento en 1990 al 4,6 en 2000. Entendemos que esta reducción
es consecuencia del trabajo que los profesionales de la institución
realizan con los internos de aplicación y seguimiento de las
intervenciones tendentes a evitar los suicidios, lo que se ha
traducido en un incremento de los suicidios frustrados. Desde 1997 no
se ha producido un solo suicidio en el centro de Nanclares y la tasa
de suicidios en centros penitenciarios españoles es una de las más
bajas de Europa.
El señor VICEPRESIDENTE (Souvirón García): En nombre del grupo
proponente de la comparecencia, tiene la palabra la señora Uria.
La señora URíA ETXEBARRíA: Muchas gracias, señor Yuste, por sus
explicaciones y reciba la bienvenida a esta Comisión en nombre del
Grupo Vasco.
Quisiera hacer un apunte previo, quizá más al presidente que al
compareciente, que no tiene culpa alguna de cómo confeccionamos
nuestros órdenes del día. He tenido la sensación de que se estaba
metiendo prisa a la primera interviniente y la verdad es que, si en
un solo orden del día se acumula tal cantidad de puntos, de lo que es
más responsable el grupo que tiene capacidad decisoria en la Mesa y
Portavoces, no deben urgirnos a los demás a que acortemos nuestras
comparecencias. Las autoridades vienen poco y creo que tenemos
derecho a cierto sosiego a la hora de trasladar en esta Cámara el
mensaje que queremos hacer llegar, en este caso concreto el director
general de Instituciones Penitenciarias.
Intentaré ceñirme a lo concreto sin divagaciones, pero ruego que me
permita disponer de tiempo puesto que la cuestión es importante, pues
son tres asuntos concretos a tratar.
El primer asunto por el que solicitaba la comparecencia es el
suicidio de la reclusa de etnia gitana. Aunque me voy a referir a los
tres casos, señor director general, lo que me importa, y con ello
concluiré, es qué está pasando en Nanclares o que se está permitiendo
que pase en esta prisión.
Se trata de un centro relativamente nuevo, sólo tiene veinte años; se
construyó en 1981 y anteriormente era un centro de cumplimiento
preventivo para mujeres cuyo edificio fue totalmente derribado. Como
centro de cumplimiento es nuevo y, en su día, fue modélico en cuanto
a instalaciones. Yo pertenecía ya entonces a los servicios jurídicos
del Gobierno Vasco y, con la esperanza de que en algún momento nos
sería transferido, teníamos ideas novedosas para poner en práctica en
la gestión y utilización del inmueble.
Pues bien, a pesar de que durante un tiempo fue considerado centro
modélico con la colaboración de todos los poderes públicos que actúan
en el territorio de Álava, se puede decir en este momento que es una
de las peores prisiones del Estado. Se ha permitido que se deteriore
tanto la calidad de sus instalaciones -luego haré algún pormenor de
cómo están- como el trato que reciben los reclusos. Decimos esto por
los sucesos que se han producido en un período de tiempo
relativamente breve y por la impresión recibida a través de las
asociaciones humanitarias, de las ONG, del Defensor del Pueblo Vasco
-el Ararteko- o de la Asociación de Derechos Humanos sobre cómo se
ejercitan las funciones que el centro tiene encomendadas. Desde
luego, son funciones de tutela de los internos, pero en el marco de
la salvaguarda de las garantías constitucionales y del respeto de los
derechos humanos, puesto que los reclusos sólo están privados de la
libertad.
Se vanagloriaba usted -o eso me ha parecido- del escaso número de
suicidios. ¡Hombre, solo faltaba que hubiese todos los días suicidios
en las prisiones! En el caso de esta reclusa concreta, he aludido a
los 32 años porque es el dato que me dio SOS Racismo; el director de
la prisión, por su parte, ha manifestado en todo momento que no tenía
nada que decir y que no iba a aclarar nada sobre el caso.
Se trata de una ciudadana de etnia gitana -tanto me da si tiene 24 ó
32 años- que se suicidó dentro de la prisión. Me he sorprendido el
relato pormenorizado que ha hecho de las causas por las que había
sido trasladada a la celda de aislamiento. Las versiones varían:
a SOS Racismo se le dijo inicialmente que la disputa había sido con una
funcionaria, luego parece que fue entre reclusas; insisto en que el
director ha declarado que no tenía nada que decir y que no pensaba
dar la versión exacta de los hechos ante nadie.
Las entidades humanitarias y las ONG que trabajan dentro de la
prisión o cerca de ella sospechan que se utilizan las celdas de
castigo más como medida preventiva, para evitar líos dentro de la
cárcel, que como medida sancionadora, que es la querencia del
ordenamiento jurídico vigente. En todo caso, usted ha admitido que
esta reclusa estaba en tratamiento por problemas psíquicos. ¿Está
indicada la celda de aislamiento para quien padece trastornos
psíquicos? El informe de la asociación Pro Derechos Humanos de España
aludía a ello en 1999 y lo desaconsejaba vivamente. El mismo informe
ponía el dedo en la llaga al señalar que las personas presas deben
poder acceder de manera fluida y eficaz a los tratamientos que la
salud mental actual ofrece, para lo cual es imprescindible romper con
la dinámica de hipermedicación a que se tiende en la prescripción de
psicofármacos, sin plantear terapias alternativas de probada
eficacia.
Nos ha dicho que se le dio medicación pero, según los datos que ha
barajado SOS Racismo, esta chica había intentado suicidarse días
antes y parece que sus antecedentes depresivos eran importantes. Lo
que pregunto es dónde está el informe médico previo al internamiento
en la celda de aislamiento de una persona que tenía antecedentes de
trastornos psíquicos de carácter depresivo.
Ocurre, además -y ya me he referido al silencio oficial-, que, en
todo caso, se trata de una reclusa sometida a la custodia del centro
penitenciario, que debería haberse hecho eco de las demandas de su
esposo o compañero de reconocimiento de culpa -evidentemente, ya no
se la puede volver a la vida- aunque sea in vigilando, puesto que
bajo custodia estaba, accediendo a la petición de indemnización. Lo
mejor en estos supuestos son siempre las explicaciones y, ante las
peticiones de entidades de carácter humanitario o de tutela
y garantía de derechos, la respuesta del actual director de la prisión
ha sido siempre la de que no tiene nada que decir. Es más, habiéndose
producido el suceso que requería autopsia en noviembre, en enero,
cuando salta a los medios de comunicación, el director dice que
todavía no sabe nada concreto ni nada de la autopsia. Parece que no
es lo más tranquilizador en cuanto a la situación interna de una
prisión que el director diga que lo mejor es callar y esperar a ver
qué resulta de las investigaciones. Es un suceso lamentable. Habrá
pocos, pero no debería haber ninguno y creo que éste merecía, cuando
menos, una petición de explicaciones.
En el caso del preso que ha resultado infectado de sida como
consecuencia presuntamente de un incidente en la práctica de deporte
en la prisión de Nanclares, la versión que maneja el grupo a que
pertenezco, extraída del debate de una moción sobre esta cuestión en
el Ayuntamiento de Vitoria, con intervención de todas las formaciones
políticas, es relativamente distinta.
El accidente se produjo en la mañana del día de Nochebuena, el 24 de
diciembre de 1999, cuando jugaban
al fútbol y la rodilla del recluso Sergio Fernández tropezó con la
boca del recluso seropositivo sangrando ambos. El recluso le dijo que
era seropositivo y en ese momento no había servicio médico en la
cárcel. No es que no sea visto hasta el día siguiente, es que, cuando
intentan que lo sea ese mismo día manifestando el chico que es
seropositivo, no hay nadie en la cárcel que le pueda realizar el
protocolo establecido para estos casos. Con posterioridad, y con el
paso del tiempo que señalan los protocolos, al cabo de seis meses
apareció el VIH positivo.
Podemos hablar de las condiciones higiénico-sanitarias de la prisión
-quizá tenga algo que ver el hecho de tratarse de un día navideño- o
de un caso de extraordinaria mala suerte (los servicios médicos del
hospital de Txagorritxu, que dan por cierto el contagio por ese
hecho, dicen que las probabilidades eran de 1/10.000); hay ocasiones
en las que se tiene una mala suerte tan extraordinaria como la que ha
tenido este chico, pero el contagio se produjo y la diligencia médica
no fue la que debía haber sido. Resulta muy esclarecedor al respecto
el debate de una moción sobre esta cuestión en el Ayuntamiento de
Vitoria, en la que todos los grupos reconocen la existencia del
accidente.
En el mismo debate, la señora Aguirre, diputada por mi grupo en esta
Cámara durante la legislatura pasada, aludía al declive tremendo que
ha sufrido la asistencia sanitaria en el centro de Nanclares y a la
ausencia de los programas que venían desarrollando anteriormente
dentro de la prisión el Ayuntamiento o la Diputación de Vitoria-
Gasteiz, coincidiendo con el acceso del Partido Popular a estas
instituciones. Recordaba ella cómo siendo diputada había preguntado
al entonces ministro, señor Mayor Oreja, por la posibilidad de
suscribir un convenio de asistencia social a la población reclusa
entre el Ayuntamiento de Vitoria, del que ella era concejala, y el
propio Gobierno, del que dependían Instituciones Penitenciarias. El
ministro se mostró entusiasta de tal posibilidad, hablaron de cifras
concretas y dijo: no dude la señora Aguirre de que en cuanto yo vaya
a Vitoria este convenio se suscribe. Corría el mes de diciembre del
año 1996 y nunca más se supo de este convenio.
Se nos dice, por las actuaciones humanitarias que prestan asistencia
dentro de Nanclares, que en el módulo 5, que es en el que está la
población reclusa con penas más altas, faltan cristales y
calefacción, y estamos hablando de la provincia de Álava, que es
ciertamente fresquita. Los que no tienen apoyo familiar, y son
bastantes porque a día de ayer hay 152 norteafricanos en Nanclares,
no tienen ni siquiera ropa de cama, les tiene que ser suministrada
por las asociaciones humanitarias, y a veces ni colchonetas. En estos
días, en los que hemos celebrado el Día de la mujer trabajadora y nos
hemos acordado de pretéritas pioneras en las labores políticas, me
gustaría traer a colación a la que fue directora de Instituciones
Penitenciarias, señora
Victoria Kent, de la que se dice que con idéntico presupuesto que
sus predecesores en Instituciones Penitenciarias logró comprar ropa
de cama nueva para toda la población reclusa española. Se ve que
buenas administradoras, hormiguitas en la gestión de los dineros
públicos, sí que somos, además de haber introducido otras prácticas
tan beneficiosas como el que los reclusos pudiesen tener acceso a los
medios de comunicación dentro de las prisiones.
El grupo municipal del Partido Nacionalista Vasco en Vitoria
solicitó, con ocasión del debate de esta moción, apoyado por otras
formaciones políticas, el que pudiese ser posible una visita a las
instalaciones de Nanclares por parte de los concejales. No parece que
lo hayan obtenido; en nuestro caso, siendo diputados, creo que
tenemos derecho a ello y le pido desde ahora, en nombre del grupo al
que pertenezco, y creo que también de algunas otras diputadas, poder
tener la ocasión de visitar Nanclares. Cierto es que, si la visita es
programada, para entonces ya habrán pasado los hojalateros, los
cristaleros, los albañiles, quizá hasta el calefactor, pero bueno
sería que, cuando menos, tengamos ocasión de comprobar in situ este
declive de un centro penitenciario que, repito, no tiene más que
veinte años. En tiempos anteriores, en época de dirección de la
Administración socialista -usted antes la ha criticado-, debo
manifestar que, tanto desde el Gobierno vasco como desde el
Ayuntamiento y la Diputación, se llevaron a efecto programas
auténticamente pioneros, llegándose en una ocasión a comprarse, por
el Ayuntamiento de Vitoria, pisos que pudiesen servir de residencia
a reclusos sin apoyo familiar en Vitoria para que pudiesen acceder a
terceros grados. Todas estas políticas han desaparecido en tiempos
recientes, coincidiendo con el cambio de color político en
ayuntamiento y diputación y en la gestión de las instituciones
penitenciarias.
Tiene cierto sarcasmo que, después de un suceso de este estilo, en el
que en la investigación se han evidenciado negligencias importantes
en el tratamiento médico, por lo menos en el momento de producirse el
accidente respecto de este chico, al debatirse la moción en el
Ayuntamiento de Vitoria por parte del Grupo Popular se quisiese
sustituir todas las críticas a la situación higiénico-sanitaria de la
prisión por una moción en la que se hablaba del intercambio de
jeringuillas. De poco le iban a servir jeringuillas limpias a un
chico que inicialmente estaba sano y que nunca ha sido
drogodependiente. Repito, investíguese con más claridad este asunto
y, sobre todo, tómense las medidas necesarias en cuanto a la
situación sanitaria del centro para que estas cuestiones no puedan
volver a ocurrir nunca.
No es algo que puntualmente se le ocurre a esta diputada. Quienes
somos portavoces en esta Cámara, además de en Justicia e Interior
también en Sanidad, hemos recibido en fecha reciente correspondencia
de laSociedad Española de Sanidad Penitenciaria, pidiéndonos
que reiteremos a este Congreso de los Diputados que cumpla las
proposiciones no de ley, una de junio de 1996 y otra de diciembre de
1999, que fueron aprobadas por unanimidad de los grupos políticos,
instando al Gobierno de la nación a integrar la sanidad penitenciaria
en el sistema público de salud y refiriéndose a las múltiples
deficiencias que tiene la sanidad que se presta en las instituciones
penitenciarias. La carta está remitida desde Castellón, para que vea
que no es crítica de origen vasco, y se refieren en estas críticas,
que resultan ciertamente duras en cuanto al tratamiento médico que
recibe la población reclusa, a la generalidad de la prestación
sanitaria, no a casos concretos de evidente desidia, como los que he
manifestado en relación con la reclusa que se suicida por
deficiencias en el tratamiento psiquiátrico o de este otro chico que
es contagiado por una deficiente asistencia médica.
El tercer supuesto al que yo me refería (y que ocurre en fechas muy
parecidas, los tres sucesos se producen en un pañuelo de tiempo y son
deficientemente conocidos por la opinión pública a lo largo del mes
de enero) es un intento de fuga de un recluso que se produce y que es
otra patología a señalar respecto a cómo funciona un determinado
centro penitenciario. Usted ha mencionado la madrugada de los días 17
y 18, yo creía que era entre los días 18 y 19 pero, en todo caso, los
hechos son exactamente los mismos. Este recluso, presunto miembro de
la organización terrorista ETA, es trasladado a Nanclares porque
tiene que prestar declaración en un juzgado de Bilbao. Tras prestar
la declaración, el cumplimiento de su pena se está realizando en el
penal de Valdemoro y está en Nanclares a la espera de que pueda ser
devuelto al centro donde cumplía. Estaba bajo custodia del personal
de la prisión, con la correspondiente vigilancia policial en el
centro, ambas dependientes del departamento de Interior.
Efectivamente, la Ertzaintza, puesto que estamos en terreno de
despliegue de una policía que se pretende integral, hace la
vigilancia perimetral y fue precisamente ésta la que descubrió que
había escapado al más puro estilo de las películas, utilizando las
sábanas como cuerda, lo cual requiere manipulaciones y choca pensar
qué sistema de vigilancia interno hay en la prisión para que todo
esto se pudiese producir.
También, según se contó en los medios de comunicación y según ha
trascendido, pudo salir de la celda -yo creía que de noche los
reclusos quedaban en las celdas encerrados- y llegar hasta el
gimnasio y hacerse con unas espalderas que, según parece de las
averiguaciones que se han efectuado, estaban ya sueltas, es decir,
alguien dentro le había dejado el material a punto. ¿Qué seguridad
hay en el centro para que todas estas manipulaciones sean posibles?
¿Cómo dispone de elementos cortantes? Porque parece que de algo
cortante sí que dispuso, puesto que usted también ha mencionado el
barrote. ¿Cómo pudo descolgarse con sábanas, repito, como en los más
clásicos films o historietas?
Estamos hablando, además, de un miembro de ETA, que se
supone que es un recluso respecto del cual la vigilancia debiera
intensificarse en alguna medida. ¿Cuándo se había revisado su celda,
si parece que tenía notas sobre rutas no sólo de Vitoria sino incluso
de Bilbao, un pequeño plano, teléfonos de contacto y dinero? ¿Puede
no detectarse todo esto? Creo que las maniobras para confeccionar la
cuerda con las sábanas, para coger las espalderas, tuvieron que ser
necesariamente aparatosas. Repito, ¿no hay nadie que pase por los
pasillos durante las noches? Resulta, cuando menos, sorprendente.
Nos gustaría saber -creemos que sí- si se ha efectuado un expediente
de averiguación de los hechos y, en caso de detectarse anomalías, qué
medidas se van a adoptar, qué sistema de seguridad interna se tiene,
qué se cree que falló y, repito, qué se está haciendo, una vez
ocurridos estos hechos, porque la llamada de atención para el
personal de la prisión tuvo que ser suficientemente importante.
Volviendo al centro de Nanclares, de los datos que me han sido
facilitados por las instituciones vascas, en concreto por el
departamento de Justicia, resulta evidente que en los últimos tiempos
las inversiones que se realizan desde ese departamento y el dinero
contante y sonante, efectivo, que se gasta en la prisión de Nanclares
es superior al que se invierte desde las instituciones del Estado, lo
cual sorprende cuando no ha habido transferencia en materia de
Instituciones Penitenciarias. Por cierto, siempre se dice que no se
solicita. Se ha solicitado una y otra vez desde el año 1981, -cuando
menos el Gobierno vasco andaba detrás de esto- y la última vez, el 13
de febrero, hubo un último acuerdo formal del Consejo de Gobierno
vasco instando la transferencia de Instituciones Penitenciarias. Es
conocido, además, el informe del Parlamento vasco que, con apoyo de
todas las formaciones políticas, acordó la petición de la
transferencia, describiendo de manera sumaria qué es lo que pedíamos,
que era organización, régimen y funcionamiento de los centros
penitenciarios sitos en la Comunidad Autónoma del País Vasco,
entendiendo, y así lo aprobó el Parlamento vasco, que esta
transferencia se halla unida indisolublemente a la elaboración de una
política penitenciaria autonómica, sin perjuicio de las facultades
estatales de coordinación penitenciaria, tal y como señala el propio
Estatuto de Autonomía y el 149.1.6 de la Constitución española.
Es asimismo destacable -ya se dice en lo que el Parlamento vasco
aprobó- que las instituciones autonómicas se encuentran inmersas en
cierta medida en la mejora material de los centros penitenciarios
sitos en la Comunidad Autónoma del País Vasco. Repito que, si uno
repasa lo invertido, por ejemplo, por el Ministerio del Interior en
la prisión de Nanclares, se encuentra que para el año 2000 hay
5.500.000 pesetas en lo que hace referencia a programas de
desintoxicación -porqueiré desglosándolo-, mientras que el Gobierno
vasco
ha invertido 19.356.355 pesetas. No parece que para negarse
rotundamente a la transferencia se tenga luego excesivo empeño en
mantener en debidas condiciones las instalaciones y los programas que
dentro deben prestarse.
El programa de asistencia legal penitenciaria se presta también por
convenios entre el departamento de Justicia y los colegios de
abogados de los tres territorios históricos, sufragándolo, por
supuesto, los colegios de abogados, que reciben la correspondiente
subvención del departamento de Justicia, de la misma manera que las
ayudas extraordinarias que reciben los centros penitenciarios lo son
a través del departamento de Justicia, o los convenios marco en
materia de ayuda sanitaria. Hay, además, un servicio de asistencia y
orientación social al detenido, con el que en este caso tampoco tiene
nada que ver el Gobierno: son el Gobierno vasco y el Consejo General
del Poder Judicial quienes lo prestan, e incluso en tiempos
pretéritos -ahora ya no, porque el Ayuntamiento de Vitoria ha dejado
de hacerlo- existían estos pisos que tenían la virtualidad de servir
a quienes no tenían vínculos familiares cercanos, como ocurre con
toda la población reclusa inmigrante, para poder, con pisos tutelados
desde el propio Ayuntamiento, acceder a una residencia estable y
pasar así a los terceros grados con la tutela de los servicios
sociales correspondientes.
Concluiré -veo que el señor presidente se está reprimiendo para no
decirme que vaya aligerando- refiriéndome a la pésima situación en lo
material, en los programas de atención y hasta en la dignificación de
la vida de los presos y presas que se encuentran en este penal. Le he
citado tres casos porque entre diciembre y enero se han conocido los
tres y cuando pedí la comparecencia me pareció que podían ser un poco
emblemáticos: un suicidio, que es ciertamente excepcional, pero se
produjo; un contagio de sida de un recluso y, en tercer lugar, un
intento de fuga de un interno presunto culpable de delitos que se
consideran graves. Creemos que eso merece una nota bajísima en cuanto
a la situación en que se encuentra Nanclares respecto a lo material,
a lo asistencial e incluso a lo policial, ya que parece que en
determinadas ocasiones ni la mera custodia de los internos está
garantizada.
Repito, si no hacen, dejen hacer, transfiérannos, transfieran al
Gobierno vasco Instituciones Penitenciarias y, sobre todo, en la
medida en la que pertenecen a la misma opción política de quien
gobierna en el ayuntamiento y en la diputación, incrementen la
sensibilidad social de quienes ahora tienen estas responsabilidades,
como se tuvo en tiempos pasados, en los que el señor director me
reconocerá que eran famosos los planes de atención a la población
reclusa que tanto el ayuntamiento como la Diputación de Álava, que
siempre han tenido medios suficientes, prestaban a esta prisión, lo
que repito que la convirtió en modélica, para ser ahora ejemplo de lo
contrario.
El señor VICEPRESIDENTE (Souvirón García): Gracias por su esfuerzo de
síntesis, señora Uría. ¿Grupos parlamentarios que desean fijar su
posición? (Pausa.) Tiene la palabra la señora Gallizo.
La señora GALLIZO LLAMAS: En primer lugar, quiero manifestar que mi
grupo tiene una preocupación sostenida por la situación de los
centros penitenciarios que no está previsto amortizar y por hacer un
seguimiento de las deficiencias que estos centros tienen. En este
sentido hemos escuchado con atención algunas de las cosas que ha
dicho la señora Uría, y algunos de los datos que ella aporta, que
supongo que están bien fundamentados, nos parecen tremendos. Mi grupo
se une al interés de la diputada interviniente para visitar ese
centro. Yo creo que las visitas a los centros penitenciarios son, por
una parte, muy instructivas para quienes las realizamos -y lo digo
por experiencia personal-, porque nos hacen entender muchas cosas que
sin conocer los centros son difíciles de entender en todos los
sentidos, desde el punto de vista de la Administración y desde el
punto de vista de las personas que allí están. Además, esas visitas
tienen una virtud añadida, y es que se suelen aprovechar para
adecentar un poco el centro, lo cual también está bien. Por tanto, yo
creo que deberíamos hacer el esfuerzo de visitar más a menudo los
centros penitenciarios. Yo me ofrezco, desde luego, para visitar
todos ellos en el tiempo preciso, por si me va bien a mí y va bien
también al propio centro.
Respecto de los temas concretos que se plantean en esta
comparecencia, quiero manifestar que nuestro grupo es partidario de
que la Administración penitenciaria dé exhaustivas explicaciones e
investigue con rigor todo tipo de inquietudes respecto de lo que
sucede en los centros penitenciarios, porque cuando se es responsable
de la custodia de las personas se tiene que ser exquisito en el
tratamiento, aunque las personas que están en prisión a veces lo
estén porque hayan cometido delitos repugnantes. Esa es una de las
grandezas de la democracia y de los demócratas, que somos capaces de
respetar con escrúpulo los derechos de todas las personas, incluso
cuando están privadas de libertad. Por tanto, compartimos, ante
cualquier preocupación, la necesidad de que se esclarezcan los
hechos.
En cuanto al tema del intento de fuga del recluso al que se hace
referencia, el señor director general nos ha dado unas explicaciones
y nuestro grupo quiere pensar que las medidas de seguridad que hay en
los centros penitenciarios son adecuadas; preferimos pensarlo, nos
conviene pensar eso, y por tanto vamos a darle este beneficio y
esperemos que no tengamos que arrepentirnos de la generosidad con la
que valoramos la gestión en este punto.
El tema de los suicidios también nos preocupa. Es verdad que ha
bajado el porcentaje de suicidios, también es verdad que hay muchos
más medios de vigilancia en el interior de los centros penitenciarios
y que
eso hace que se hayan impedido algunos intentos. Sin embargo, me
parece que es todavía muy alto ese nivel de suicidios -aunque no
hubiera más que un solo caso, sería preocupante- y que revela que hay
una violencia en el interior de las prisiones que no siempre se
expresa con motines, que a veces se traduce en situaciones personales
insoportables, y eso tiene que ser objeto de atención. Determinados
tratamientos, como sobre todo un recurso excesivo a las celdas de
aislamiento, quizá no son los más adecuados, teniendo en cuenta que
nuestra población penitenciaria, lamentablemente, está compuesta en
un porcentaje muy alto por personas con enfermedades importantes, lo
cual tiene una repercusión muy especial y muy negativa en su
personalidad. Creemos que hay que reforzar mucho más los equipos de
tratamiento porque nos siguen pareciendo insuficientes. Ese es el
camino para abordar esta problemática, que es de tensión, que a veces
genera conflictos hacia otros y en ocasiones conflictos hacia uno
mismo y que tenemos la responsabilidad de abordar.
El señor VICEPRESIDENTE (Souvirón García): Para manifestar la
posición del Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra su
portavoz señor Gil Lázaro.
El señor GIL LÁZARO: Con toda brevedad. En todo caso, quisiera
comenzar por una cuestión de procedimiento. Manifestaba la señora
Uría en su intervención que por parte de las autoridades -en este
caso supongo que se está refiriendo a las autoridades del Ministerio
del Interior- se comparece poco. Yo quisiera simplemente recordar que
este portavoz lleva trabajando en el ámbito de esta Comisión de
Justicia e Interior muchos años, y no recuerdo que en ningún momento
se hayan producido, como se vienen produciendo en la programación de
trabajos de esta Comisión desde el inicio de este período de
sesiones, sesiones semanales en las que ha prevalecido, por razones
de los temas que hay acumulados, fundamentalmente la tarea de
control. Recuerdo a la Comisión, a efectos del 'Diario de Sesiones' y
a efectos también del conocimiento de los medios de comunicación, que
en este momento han comparecido ya en esta Comisión, en este período
iniciado en el mes de febrero, el director general de la Policía, el
director general de la Guardia Civil y el director general de
Instituciones Penitenciarias, lo hará la semana próxima el secretario
de Estado de Seguridad y tiene fijada fecha igualmente el nuevo
ministro del Interior. Por tanto, no termino de entender esa
referencia a que las autoridades comparecen poco en el ámbito
concreto de los trabajos de esta Comisión.
Además, tengo que señalar -y esperaba que la señora Uría hiciera una
mención de ello en su intervención, con el buen sentido que la
caracteriza y que tiene consolidadamente reconocido en esta Cámara,
desde luego por parte de este portavoz y de mi grupo parlamentario-
la situación excepcional que se produce, excepcional en
relación con lo que ha venido siendo en otros momentos, respecto al
trámite de algunos asuntos que afectaban a la institución
penitenciaria. Haré un comentario al final porque alguno, en concreto
este portavoz, cierta experiencia tiene de ello. Quiero decir que
estaba convencido de que la señora Uría iba a hacer una mención de la
situación en relación con esta comparecencia.
A efectos del 'Diario de Sesiones' y del conocimiento de los medios
de comunicación, tengo que señalar -y tengo en mi poder en este
momento el documento oficial correspondiente de la Cámara- que esta
solicitud de comparecencia se registra ante la Secretaría General en
fecha 8 de marzo y hoy estamos a 14 de marzo, es decir han
transcurrido seis días naturales; descontando el sábado y el domingo,
que no son días de actividad, se da la circunstancia de que, desde el
momento en que se registra físicamente ante la Cámara esta solicitud
de comparecencia hasta el momento en que se está sustanciando ante la
Comisión, han transcurrido cuatro días, lo que demuestra un
compromiso muy serio del Gobierno, y desde luego del grupo
parlamentario que respalda al Gobierno, por dotar de la máxima
transparencia y agilidad a todos los asuntos que afectan a la
Administración penitenciaria, precisamente porque, como bien ha
señalado también la señora portavoz del Grupo Parlamentario
Socialista, son asuntos que tienen una dimensión muy singular, en
tanto en cuanto al final afectan a personas que se encuentran en una
situación especial, la situación de privación de libertad, y sobre
quienes no hay que añadir ninguna determinada carga aflictiva más
allá del estricto cumplimiento de esa pena de privación de libertad y
siempre en los términos que señalan nuestra Constitución y nuestro
ordenamiento vigente, orientado esencialmente a lograr, si es que ésa
es la opción personal del penado -lo subrayo, si es que ésa quiere
ser la opción personal del penado-, la posibilidad de su
resocialización.
En todo caso, me parece fundamental señalar lo que acabo de decir
como cuestión previa de procedimiento. Por una parte, todas las
autoridades del Ministerio del Interior están compareciendo en este
periodo de sesiones y esta Comisión viene celebrando sesiones
semanales desde el inicio de este periodo de sesiones; por otra
parte, el juego de las fechas en relación con el momento en que se
registra esta solicitud de comparecencia y el momento en que se está
celebrando, seis días naturales de diferencia, cuatro días reales de
tiempo utilizable parlamentariamente, me parece de sobra
significativo.
Tengo que señalar, y me permito hacer este comentario personal con
toda brevedad, que este portavoz, modestamente, sabe de lo que está
hablando. Durante el periodo 1993-1996, tuve el honor de ser portavoz
demi grupo parlamentario en los asuntos que afectaban a
política penitenciaria. Ciertamente, tuve por parte del Grupo
Parlamentario Socialista un partenaire parlamento destacado y creo
que, entre los dos, hicimos un buen trabajo, en la medida en que una
asignatura que parecía ciertamente olvidada debido a su escasa
presencia en los trabajos ordinarios de esta Cámara, se convirtió en
ese periodo de tiempo, 1993-1996, en uno de los asuntos que mayor
presencia tuvo en la actividad ordinaria de la Cámara. Aquel
partenaire del Grupo Parlamentario Socialista, que yo recuerdo con
enorme afecto personal y con reconocimiento, era entonces un
prometedor diputado, hoy el secretario general del Partido Socialista
don Jose Luis Rodríguez Zapatero. Creo que entre los dos conseguimos
mantener un clima serio y riguroso de debate, pero al mismo tiempo
con las autolimitaciones políticas que unos y otros nos imponíamos,
precisamente por la especialidad del asunto que estamos tratando.
Desde luego, como lo acredita hoy el tránsito de fechas, por pura
coherencia, ésta va a ser siempre la disposición del Grupo
Parlamentario Popular en lo que afecta a estos asuntos.
Por lo demás, en cuanto a las explicaciones dadas por el señor
director general de Instituciones Penitenciarias, no tenemos sino
añadir que nos parecen impecables, nos parece que centran
perfectamente el objeto concreto de la solicitud de comparecencia del
Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV) y, quizá precisamente porque
resultan impecables, el grupo parlamentario, en un ejercicio
absolutamente legítimo por su parte y que nosotros no tenemos por qué
comentar más allá del simple apunte de lo que voy a decir, ha
convertido la comparecencia en una especie de debate general sobre la
situación del centro penitenciario de Nanclares de Oca.
Tengo que apuntar una cosa. Cierto es que nuestra infraestructura
penitenciaria necesita ir avanzando día a día en la mejora de sus
condiciones materiales. Eso lo quiso hacer el anterior Gobierno, y
nosotros se lo reconocemos; eso lo está haciendo este Gobierno. A
veces, en la buena fe juegan fallos de planteamiento que impiden que
los resultados sean los deseables. Quiero recordar que probablemente
en ese fallo de planteamiento estuvieron las previsiones financieras
de verificación del primer plan de creación y amortización de nuevos
centros penitenciarios formuladas entonces por el Gobierno
socialista. Aunque la idea era buena, constituyó unos instrumentos de
financiación basados en la amortización de los centros que se
cerraban para la creación de nuevos centros, lo que resultó inviable,
entre otras cosas porque, cuando se ejecutó esa previsión, el
anterior Gobierno no contó con que no podía realizar esas
amortizaciones en la medida en que no disponía directamente de la
titularidad de los terrenos y de los centros a amortizar. Insisto,
creo que es bueno seguir manteniendo ese espíritu con el que
trabajamos conjuntamente el Grupo Parlamentario Popular, entonces en
la oposición, y el Grupo Parlamentario Socialista,
en el periodo 1993-1996. Nosotros somos coherentes con ello y prueba
de ello es la celeridad con la que se ha sustanciado esta
comparecencia, cuatro días desde que la registró ante la Cámara el
grupo proponente y la fecha de comparecencia del director general.
Simplemente quiero recordar, porque también viene a cuento al hilo de
lo que ha sido el debate anterior, que por vez primera este Gobierno
consideró que la titularidad de la dirección general de Instituciones
Penitenciarias, como expresión de confianza en la profesionalidad de
los trabajadores penitenciarios, convendría que no la ostentara una
persona proveniente del mundo político sino un profesional, como ha
recordado el señor director general, con veinte años de ejercicio en
la casa.
El señor VICEPRESIDENTE (Souviron García): ¿Señor Mayoral?
El señor MAYORALCORTÉS: No se extrañe S. S. de que pida la palabra
para una cuestión de orden, puesto que el señor Gil Lázaro acaba de
hacer una serie de menciones al comportamiento o la actuación de mi
grupo y a determinados precedentes de determinados portavoces
partenaires parlamentarios...
El señor VICEPRESIDENTE (Souvirón García): Todos buenos, señor
Mayoral.
El señor MAYORAL CORTÉS: Me gustaría hacer muy brevemente una
puntualización. La quiero hacer brevísimamente porque estamos
haciendo esperar al señor director general de la Guardia Civil.
Quería decir exclusivamente que me da la impresión de que el señor
Gil Lázaro atribuye a mérito lo que es un deber. El hecho de que se
celebren sesiones porque la oposición pide comparecencias, formula
preguntas y presenta proposiciones no de ley no es un mérito del
Gobierno, no es un mérito del Grupo Popular, es una consecuencia
lógica del funcionamiento de esta Cámara, que esperemos cada día sea
más normal. Por tanto, creo que sobra este tipo de comentarios.
De todas maneras, recordaremos una vez más que el señor ministro del
Interior tiene treinta comparecencias pendientes, algunas desde hace
ya meses.
El señor VICEPRESIDENTE (Souviron García): ¿Señor Gil Lázaro?
El señor GIL LÁZARO: Simplemente, para lamentar esta intervención del
señor Mayoral, porque era bastante claro el sentido de mi
intervención. Ahora me obliga a recordar que, en aquel periodo en el
que yo era portavoz de asuntos penitenciarios, costaba mucho,
muchísimo, traer ante esta Comisión al secretario de Estado de
asuntos penitenciarios, a sus sucesores y a los respectivos
directores generales. Lamento que el señor Mayoral haya desnortado en
cierta manera el sentido
de mi intervención y me haya obligado a hacer este recordatorio.
Por lo demás, respecto a algunos de los asuntos que hay pendientes,
convendría recordar al buen sentido de algunos grupos parlamentarios
que son asuntos que formalmente aparecen como pendientes pero que
están archirreiterados en el debate en esta Comisión.
El señor VICEPRESIDENTE (Souviron García): ¿Señora Uría?
La señora URÍA ETXEBARRÍA: Intervengo antes de que lo haga el señor
director, que tiene todo el derecho, porque es por esta misma
cuestión de orden.
Ruego al señor Gil Lázaro que no se me acalore, porque mi
intervención previa no tenía más trastienda que la de pedir un poco
más de tiempo en mi intervención. No me he quejado, porque no podía
ser de otra forma, por el tiempo que ha tardado en ser introducida
esta cuestión en el orden del día, sino de que el orden del día
establecido era realmente largo.
Por lo demás, al señor director de Instituciones Penitenciarias no le
hago ningún reproche. Ciertamente, ha comparecido, y lo que he dicho
es que una no tiene todos los días la posibilidad de hablar con el
señor director, no he dicho si hacía mucho o poco que hubiese venido,
y no ha habido queja en cuanto a la asistencia de los comparecientes.
Sólo quería pedir un poco más de tiempo, señor Gil Lázaro. No me eche
estos chorreos.
El señor VICEPRESIDENTE (Souvirón García): La verdad es que el orden
del día ha resultado ser largo, precisamente por la intención de la
Mesa de incluir en él todos aquellos asuntos que parecían de interés
a los grupos parlamentarios. (El señor Gil Lázaro pide la palabra.)
Señor Gil Lázaro, es que reabrimos el debate.
El señor GIL LÁZARO: Muy brevemente por la alusión de la señora Uría,
para decirle que desde luego chorreos, ninguno. Ya he mencionado la
valoración que a mi grupo y a mí personalmente me merece la señora
Uría. En todo caso, recordar a la señora Uría que esta comparecencia
conjunta, separada formalmente pero conjunta en la misma sesión, del
director general de Instituciones Penitenciarias y del director
general de la Guardia Civil se acordó porque algún grupo
parlamentario, no lo voy a citar, en reunión de Mesa y Portavoces,
señaló su interés por que el director general de Instituciones
Penitenciarias compareciera el mismo día que el director general de
la Guardia Civil, a lo que este grupo parlamentario, como es natural,
no se opuso, como no se opondrá nunca a favorecer todas las
iniciativas de control.
El señor VICEPRESIDENTE (Souvirón García): Para contestar a las
posiciones de los distintos grupos
parlamentarios, tiene la palabra el señor director general de
Instituciones Penitenciarias.
El señor DIRECTOR GENERAL DE INSTITUCIONES PENITENCIARIAS (Yuste
Castillejo): En principio, la construcción del centro penitenciario
de Nanclares es del año 1981, y discrepo de la calificación que se ha
hecho como una de las peores prisiones del Estado. Por entrar en los
temas concretos, no sé si no me hecho entender bien cuando constataba
los hechos -insisto, sólo hechos- de la reducción objetiva del número
de suicidios, lejos de mí vanagloriarme de circunstancias tan
trágicas como es el suicidio de un recluso o de una reclusa, una
persona joven. Entiendo que la misma sensibilidad que tiene cualquier
persona existe en los funcionarios de la Administración penitenciaria
y, modestamente, en mi persona.
Es evidente que varían las versiones del suicidio, sobre todo si la
ha hecho SOS Racismo, con una información, a mi juicio, poco
objetiva. La interna ya he dicho que presentaba un cuadro depresivo,
moderado, no sólo evaluado por los servicios penitenciarios sino
también por los servicios sanitarios del hospital de Santiago, en
Vitoria, con lo cual el alcance, las circunstancias y el tratamiento
que recibía la interna parece que eran sensiblemente similares a los
que recibía en la vida libre. Por otra parte, en cuanto a ese
oscurantismo que parece que flotaba sobre que no se informa a SOS
Racismo, la Administración penitenciaria tiene obligación de ser
transparente y de colaborar con las autoridades judiciales, con el
Defensor del Pueblo, con aquellas instituciones que tienen como
misión fiscalizar o controlar la función de la Administración
penitenciaria. Tampoco puede dedicarse a satisfacer la curiosidad de
todos y cada uno de los ciudadanos, sobre todas y cada una de las
circunstancias que ellos consideren de interés.
En ese sentido me va a permitir que la discusión de un hecho en el
Pleno del Ayuntamiento de Vitoria, cuando es el Ayuntamiento de
Vitoria una entidad que no tiene competencias penitenciarias, resulta
claramente extemporánea, desde mi punto de vista, y, en cualquier
caso, si ello fuera así, ofensivo para la Administración
penitenciaria, que se ve fiscalizada en un foro que no tiene ninguna
competencia para ello. Las explicaciones que el director ha dado a
cualquier representante legal o a cualquier persona que tenga un
interés legítimo y directo en este caso, han sido amplias y las que
yo modestamente puedo aportar en este momento desde luego también con
vocación de transparencia.
Se cuestiona el tratamiento higiénico-sanitario del centro
penitenciario por ese contagio, sobre el que también discrepan las
versiones. Tengo que decir que el centro penitenciario de Nanclares
de la Oca tiene un servicio de guardia médica permanente, por eso, me
resulta muy extraño que cuando ocurrió produce este incidente no
hubiera un médico allí. La información es
que estaba y la práctica habitual es que el servicio de guardia en el
centro de Nanclares es permanente.
En cuanto a la posibilidad a la que ha hecho referencia de que en el
hospital de Txagorritxu se está haciendo esa prueba serológica, la
idea que tenemos nosotros es que esa prueba no se ha realizado
todavía, por lo tanto no entiendo cómo puede afirmar, de forma
indubitada, que el contagio de VIH se ha producido por esa fórmula.
Para nosotros es una fórmula cuestionable. Usted misma reconoce el
alto e improbable número de posibilidades de que por esa vía se
produzca un contagio de esta naturaleza, y nosotros no queremos sino
constatar esa dificultad objetiva, sobre todo porque pasan casi seis
meses, con dos pruebas serológicas con posterioridad a ese incidente,
hasta que este interno da positivo a la infección por VIH.
Por otro lado, creemos que adicionar un suicidio que es un hecho
trágico, lamentable, pero que desde el año 1997 no habría ocurrido
otro en Nanclares, insisto, con la tasa de suicidio más baja de
Europa, con una circunstancia absolutamente excepcional, anudar a
esto un contagio altamente improbable, según la doctrina médica más
autorizada, y considerar que el hecho de que un recluso presuntamente
terrorista, digo presuntamente terrorista por imperativo legal,
porque parece que nos encontramos ante una circunstancia en que la
participación de esta persona en delitos gravísimos es bastante
evidente, consigue serrar un barrote y salir al mismo patio al que
sale todos los días a pasear, y con eso cuestionar la seguridad del
centro penitenciario, también me parece excesivo.
Respecto a las quejas que usted me transmite de la sociedad de
sanidad penitenciaria, decirle que su queja fundamental no es por
déficit sanitario sino de demanda de que sean integrados en el
Sistema Nacional de Salud, circunstancia que esta dirección general
aprueba, postula e impulsa. Otra cosa es que no se efectúe con la
rapidez que los sanitarios desean y eso genere un legítimo deseo de
ser integrados. Desde un principio básico ellos accedieron a un
puesto laboral en la Administración penitenciaria, y cabe demandarles
un lógico sosiego para que ese trámite se cumpla con el tempo
necesario, no parece excesivo. He de reiterarle también que esta
misma sociedad y algunos médicos han demandado a la Administración
por prácticamente toda la plataforma reivindicativa que tienen ante
el Tribunal Superior de Andalucía, y se les ha desestimado la demanda
por considerar que no se está vulnerando ningún acervo patrimonial de
los sanitarios penitenciarios. Otra cosa, insisto, es el legítimo
deseo de que se mejoren sus retribuciones, de que se les pague la
colegiación o de que en un momento dado se les integre en el Sistema
de Salud, que es un tema que se puede abordar como proceso de
negociación, pero que, por la categoría de contenido económico de las
demandas, no hace referencia a una pérdida de la calidad sanitaria,
que ha sido elogiada en los diferentes informes del Defensor
del Pueblo, y yo creo que ha tenido un reconocimiento como un
descenso de mortandad, por ejemplo, en el campo del sida, con un
aumento de los programas de metadona, en fin, con temas que no voy a
reiterar aquí pero que son bastante patentes.
En principio, por volver al tema del intento de fuga, este interno no
se descuelga a ningún sitio, este interno lo único que hace es que
sierra el barrote. Evidentemente tampoco me voy a vanagloriar de que
un interno peligroso sierre un barrote, es un déficit de seguridad
que nosotros hemos investigado y que, insisto, habiendo sido abierta
una investigación en el juzgado de Vitoria, estamos pendientes, por
ser preferente la jurisdicción sobre la actuación disciplinaria, de
ver si de lo actuado en ese juzgado, como he dicho, se aporta algún
indicio añadido que permita encuadrar mejor el escenario
disciplinario que pueda haberse dado. Como digo, esta persona lo
único que hace es serrar un barrote y confeccionar con las sábanas
del centro una especie de liana, sin llegar a salir del patio. Los
sistemas de seguridad de que dispone el centro, me va a permitir que
no los divulgue en este foro, son suficientes y la actuación de la
Ertzaintza en ese sentido es ejemplar. Pueden tener los ciudadanos
españoles la garantía de que la seguridad en las prisiones es un
hecho que está constatado por el bajísimo índice de fugas de centros
cerrados.
En cuanto a las inversiones a las que usted alude, en este momento no
estoy en condiciones de cuestionar lo que usted afirma. Sí me parece
que las inversiones hechas en el Colegio de Abogados o en todos los
programas de asesoramiento jurídico a los internos tienen poco que
ver con las inversiones en el capítulo 6. Tengo mis dudas razonables,
insisto en que no estoy en condiciones en este momento de discutirlo,
pero sí lo comprobaré. Su demanda de que si no hacemos inversiones
-insisto, cosa que cuestiono-, se produzcan las transferencias, la
noticia que yo tengo del acuerdo al que usted ha hecho referencia y
ha citado la fecha de 13 de febrero, que es el único que conozco, no
ha dicho el año. El 13 de febrero es de 2001. (La señora Uría
Etxebarría: 2001.) Es decir parece que, con los años que el PNV lleva
gobernando en el País Vasco, tampoco ha debido ser una demanda
prioritaria si cuando la primera vez que presenta esa demanda formal
es el 13 de febrero de 2001.
No estoy de acuerdo tampoco con la pésima atención sanitaria a la que
hace referencia. En este momento en el centro de Nanclares, como
digo, hay una situación de guardia permanente y ha habido un descenso
espectacular de reclusos. Recuerdo, habida cuenta de mi trayectoria a
la que se me ha aludido en esta comparecencia penitenciaria, cuando
la prisión de Nanclares albergaba 1.000 reclusos y como las celdas no
han crecido ni aumentado, en este momento donde no se llega a 600
parece que la calidad de vida objetiva es evidente. El servicio de
guardia en este momento es permanente.
Se está intentando poner en marcha un programa de jeringuillas,
siendo además el único centro que en el País Vasco no dispone de este
servicio.
Lamento esa idea que ha flotado aquí de que nosotros adecentamos los
centros cuando se produce una visita. Le sugiero que vaya esta misma
tarde, para lo cual ya tiene autorización, y ha de ser complicado
que, siendo tan ineficaces y manteniendo la prisión en estado tan
lamentable, usted esta tarde la encuentre bastante más compuesta.
Quizás esa imagen negativa parte de que no ha visitado el centro. Le
animo a que lo haga y no me cabe la menor duda de que cambiará su
criterio. En relación con las carencias de calefacción, y de la ropa,
visité Nanclares, lamentablemente, por un hecho luctuoso, que fue el
asesinato del funcionario Máximo Casado, y esa noche tuve ocasión de
departir con los funcionarios que estaban de servicio y pasear por el
centro. No tiene esa semblanza de Dickens a la que usted se refiere.
Otra, muy recientemente también, para firmar un acuerdo con la
diputación general, para que haya un transporte específico que mejore
el acceso a Vitoria de las personas en tercer grado. También estuve
en el centro y estuve con los representantes sindicales. Nanclares en
ese sentido ha supuesto un incremento de la plantilla. Ha sido esta
dirección general y este Gobierno el que ha reconocido las
dificultades objetivas de prestar este trabajo allí, ha mejorado la
retribución de los funcionarios con un plus específico, ha aumentado
en casi un mes adicional un descanso psicológico por la intensa
presión a que se les somete a esos trabajadores en el País Vasco. No
como vanagloria sino como reflejo de los hechos, aunque que es
evidente que cabe mucho por mejorar todavía, hay que decir que
también que se ha hecho un esfuerzo importante.
A la responsable del PSOE, decirle que yo la animo a que visite más
los centros si realmente ella deduce que es un acicate para que
nosotros hagamos reformas. Decirle que son 3.000 los voluntarios que
visitan las cárceles españolas y casi 300 las ONG, como he hecho
referencia anteriormente. Las cárceles han dejado de ser esos sitios
oscuros e impenetrables a la sociedad, donde los ciudadanos se
pasean, ven lo que ocurre. Felizmente, el reglamento de 1996, que es
un reglamento elaborado durante la Administración anterior, ha
potenciado de forma muy importante la participación de la sociedad en
la recuperación de los reclusos. En este momento a las prisiones
acceden con cierta normalidad los medios de comunicación, las ONG y
en ese sentido resultaría bastante patético esa idea bananera de que
estamos esperando a barrer la prisión cuando viene una visita. Me van
a permitir que discrepe; si fuera así, su visita será doblemente
bienvenida: primero, porque tenemos a un representante del pueblo en
un centro penitenciario y, segundo, porque es un acicate para la
limpieza.
En el recurso excesivo a las celdas de aislamiento, tengo que
discrepar. En este momento hay una tasa de
primeros grados muy baja. Es verdad que el medio coercitivo es un
medio absolutamente excepcional, cargado de garantías, como no existe
en ningún otro ámbito cuando se adopta una medida restrictiva. En ese
sentido, se cumple escrupulosamente la ley y cuando sucede una
circunstancia trágica, como es la muerte de una persona, lo único que
podemos presentar ante el conflicto de dos personas que se están
golpeando, agrediendo mutuamente -porque si no se las separa y se les
adopta una medida coercitiva se va a producir un aumento del
conflicto, donde tomen bando otras personas y se amplifique el mismo-
es el recurso a la celda de aislamiento, que es el que prevé la ley,
con la proporcionalidad y la limitación que fija. Nosotros entendemos
que si cumplimos la ley no tenemos nada más que añadir, compartiendo
su preocupación por el respeto a los derechos de los reclusos, que
creo que a estas alturas nadie discute.
Agradezco al señor Gil Lázaro tanto su talante como su vehemencia a
la hora de resaltar los logros de la Administración penitenciaria y
decir que en mi caso comparezco cuando me lo dicen, con absoluto
agrado. Para mí es una satisfacción el interés que demuestran por los
temas penitenciarios.
El señor VICEPRESIDENTE (Souvirón García): Señora Uría.
La señora URÍA ETXEBARRÍA: Unas puntualizaciones, porque con las
prisas o con lo rápido que yo siempre hablo quizá no han quedado
claras determinadas cuestiones. En primer lugar, el contenido o el
tenor de la intervención era para hablar del deterioro de unas
instalaciones penitenciarias que conozco y las conozco de los tiempos
en los que eran modélicas en cuanto a las prestaciones sociales que
facilitaban a los reclusos de cara a la reinserción. En segundo
lugar, lo que no alentaba yo en esta comparecencia era una
reivindicación funcionarial de los médicos de prisiones. Simplemente
me he referido al documento, que no he querido leer, en cuanto a lo
que ellos señalan de deficiencias en la prestación de la asistencia
sanitaria, no a que sean funcionarios o no, que me parece una
pretensión dignísima, pero que no era a lo que yo iba. En tercer
lugar, en cuanto a la transferencia, le he indicado que yo pertenecía
al departamento de Justicia en el año 1981 cuando se hace y desde
entonces alentábamos la pretensión de que fuese transferida. Tengo
delante la sentencia del Tribunal Constitucional de 8 de junio de
1998 por un conflicto planteado por el Gobierno vasco, el 817/1984,
sobre el decreto de coordinación penitenciaria, que no tenía otro
motivo sino intentar que se nos transfiriesen en las condiciones que
el Gobierno vasco pretendía, las instituciones penitenciarias.
Quienes han sido ministros de Administraciones Públicas le dirán que
todos ellos han recibido, al recibir el extracto de las competencias
pendientes,
ésta. He citado la petición de 13 de febrero porque es la última que
existe, para que se vea que es una pretensión que mi partido ha
alentado siempre, mientras ha gobernado, solo o en compañía del
Partido Socialista.
El señor VICEPRESIDENTE (Souvirón García): Señor Gil Lázaro.
El señor GIL LÁZARO: Simplemente para leer el tenor de esta solicitud
de comparecencia que acaba de señalar la señora Uría, que era para
hablar de la situación del centro de Nanclares de Oca y, sin embargo,
su proponente el Grupo Vasco, según el documento oficial presentado
en el registro dice: Solicitud de comparecencia del director general
de Instituciones Penitenciarias ante la Comisión de Justicia e
Interior para explicar distintos sucesos excepcionales ocurridos en
la prisión de Nanclares de Oca, tales como el intento de fuga del
recluso Igor Solana, el suicidio de una mujer interna de 32 años o el
caso del recluso contagiado de sida, según reciente diagnóstico, en
un accidente mientras hacía deporte en la propia prisión. Por tanto,
no hay ninguna mención a la situación general del centro de Nanclares
de Oca. Dicho eso, nos parece magnífico que se haya hablado de la
situación general del centro de Nanclares de Oca.
PREGUNTAS:
- DE LA SEÑORADELCAMPO CASASÚS, DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA,
SOBRE IMPACTO ECONÓMICO QUE HAN SUPUESTO LAS EXCARCELACIONES Y
TRASLADOS A CENTROS DE MENORES, A LA DIRECCIÓN GENERAL DE
INSTITUCIONES PENITENCIARIAS, COMO CONSECUENCIA DE LA ENTRADA EN
VIGOR DE LA LEY ORGÁNICA REGULADORA DE LA RESPONSABILIDAD PENAL DE
LOS MENORES. (Número de expediente 181/000641)
- DE LA SEÑORADELCAMPO CASASÚS, DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA,
SOBRE EDAD Y NÚMERO DE PERSONAS QUE HAN SIDO EXCARCELADAS O
TRASLADADAS A CENTROS DE INTERNAMIENTO DE MENORES, DESDE LA ENTRADA
EN VIGOR DE LA LEY ORGÁNICA REGULADORA DE LA RESPONSABILIDAD PENAL DE
LOS MENORES. (Número de expediente 181/000640)
El señor VICEPRESIDENTE (Souvirón Garcímma): Pasamos al tercer punto
del orden del día, que son preguntas que han sido acumuladas por
parte de su autora, doña Carmen del Campo Casasús. Son dos preguntas
que tienen relación con la entrada en vigor de la Ley orgánica
reguladora de la responsabilidad penal de los menores. Para su
exposición, tiene la palabra la señora Del Campo.
La señora DEL CAMPO CASASÚS: Yo también quiero sumarme a la
bienvenida que hoy ha dado esta Comisión al señor Yuste y le
manifiesto que mi grupo parlamentario considera que hoy hemos tenido
suerte porque ha coincidido su presencia aquí para estas
comparecencias con la inclusión en el orden del día de unas preguntas
formuladas el 6 de marzo -lo digo también por si el señor Gil Lázaro
quiere tomar nota de la fecha y hacer algún comentario luego-, lo que
quizá nos va a permitir obtener hoy una respuesta rápida, aunque sea
fragmentaria porque de S.S. sólo puede venir una respuesta
fragmentaria a esta cuestión, a un problema que nos preocupa y además
permitirnos tener de inmediato alguna luz sobre el oscuro panorama
que presenta la entrada en vigor y la aplicación de la Ley orgánica
reguladora de la responsabilidad penal de los menores.
Señor Yuste, 48 horas después de la entrada en vigor de esta ley se
debió producir la revisión de expedientes y la excarcelación de los
jóvenes menores de 18 años que estuvieran en prisión preventiva.
Ayer, 13 de marzo, terminaba el plazo para la revisión de expedientes
y la excarcelación o traslado a centros de las comunidades autónomas
de los jóvenes que estaban en prisión pero que habían cometido el
delito cuando eran menores de 18 años. Quisiéramos saber qué número
de jóvenes se ha visto afectados por estas excarcelaciones
y traslados dentro de cada uno de los grupos, cuáles son las edades
medias de los jóvenes en cada uno de estos casos y qué impacto
económico han supuesto para la institución que usted dirige, la
Dirección General de Instituciones Penitenciarias, estos traslados y
estas excarcelaciones.
El señor VICEPRESIDENTE (Souvirón García): Para responder a la
pregunta, tiene la palabra el señor director general de Instituciones
Penitenciarias.
El señor DIRECTOR GENERAL DE INSTITUCIONES PENITENCIARIAS (Yuste
Castillejo): El número de internos preventivos que salió en libertad
o fue trasladado a un centro de reforma el día 13 de enero de 2001,
fecha de entrada en vigor de la Ley penal del menor, ha sido de 133,
de los cuales 115 salieron en libertad y 18 fueron trasladados a
centros de reforma. El número de internos penados que desde el día 13
de enero de 2001 a la fecha de hoy han salido en libertad o a un
centro de reforma ha sido de 276, de los cuales 242 han salido en
libertad y 34 a un centro de reforma. La edad de estas personas es la
siguiente: de 16 años, 3 internos -luego, si tiene interés, le puedo
pasar los datos-; de 17 años, 31; de 18 años, 79; de 19 años, 65;de
20 años, 63; de 21 años, 49; de 22 años, 43; de 23
años, 22; de 24 años, 15; de 25 años, 10; de 26 años, 6; de 27 años,
5; de 28 años, 8; de 29 años, 4; de 30 años, 3; de 31 años, 1; de 32
años, 1; de 33 años, cero, y de 34 años, 1.
El impacto económico que ha supuesto la entrada en vigor ha sido muy
liviano habida cuenta de que la mayoría de los gastos son fijos, es
decir, los gastos de electricidad, de calefacción, de vigilancia de
funcionarios son iguales por esta disminución, que, como ha visto, es
relativa. Tampoco tenemos los gastos que nos factura la Guardia Civil
por estos traslados a la Administración penitenciaria, y haciendo una
proyección razonable y teniendo en cuenta el coste unitario de este
tipo de prestaciones en los reclusos, se estima que el coste total no
será superior al millón de pesetas.
El señor VICEPRESIDENTE (Souvirón García): Señora del Campo.
La señora DEL CAMPO CASASÚS: La verdad es que el Grupo Socialista
viene teniendo un cierto complejo de Casandra con la entrada en vigor
de la Ley de responsabilidad penal del menor. Llevamos años
anunciando problemas sin que el Gobierno nos haga caso, y en el
momento en que los problemas se hacen realidad, el Gobierno se
desentiende alegremente de ellos.
La primera conclusión que saco de su información, señor Yuste, es que
parece ser, a juzgar por el número de internos que habían cometido el
delito antes de cumplir los 18 años y que estaban en prisión y por el
número de los que han sido excarcelados o trasladados, que todavía no
ha acabado el proceso de revisión que debería finalizar el 13 de
marzo, lo que no me extraña porque realmente la Fiscalía dispone de
pocos medios y han sido múltiples las quejas que han elevado los
fiscales sobre esta cuestión. No obstante, los datos nos permiten al
menos anunciar una cierta tendencia, que es que hay en estos momentos
unos 300 ó 400 jóvenes que ya han pasado bien a centros de
internamiento de comunidades autónomas o bien a depender de medidas
alternativas arbitradas por esas mismas comunidades autónomas, y que
las edades de esos jóvenes, según las indicaciones que usted me ha
dado, se sitúan en una banda en que las edades mayoritarias están
entre los 18 y los 23 años, es decir, una banda difícilmente
atendible para las comunidades autónomas que, de acuerdo con la ley
de 1992, debían atender a los menores de 16 años. Difícil es aplicar
a jóvenes de estas edades las mismas medidas que se aplican a niños
de entre 14 y 16 y mucho más difícil, por no decir imposible, es
arbitrar su convivencia en los mismos centros de reforma con niños de
14, 15 ó 16 años, que eran los que las comunidades autónomas tenían
hasta ahora. Por lo tanto, importante es el gasto que las comunidades
autónomas deben afrontar y que, por cierto, todavía no conocen con
certeza porque todavía no conocen el número de excarcelados y
trasladados a cada una de ellas. Se trata, en definitiva, de un gasto
que los esfuerzos previos a la entrada en vigor de esta ley y los
actuales de las comunidades autónomas no pueden cubrir por sí solas.
Ante esto, nos sigue preocupando, con el complejo de Casandra de que
le hablaba, que el Gobierno se haya sacudido alegremente esta
responsabilidad, ya que su postura oficial, reflejada en los informes
a las comunidades autónomas, es que no tienen por qué transferir ni
un céntimo porque esta cuestión no es de su competencia y que son las
comunidades las que deben hacer frente a estos gastos. Son los gastos
de permanencia en centros de internamiento, nada desdeñables, señor
Yuste, puesto que el mismo Gobierno calculaba el coste en unas 32.000
pesetas diarias por interno y las comunidades autónomas lo sitúan en
unas 35.000, frente a las 5.000 y pico pesetas que cuesta un interno
diariamente, según cálculos del mismo Gobierno, en una institución
penitenciaria. Estos gastos, desde luego, no serán asumibles si no se
realiza un esfuerzo de transferencia. Por ello precisamente hoy
queríamos pedirle estos datos, para tener una primera impresión -ya
le decía que fragmentaria pero real- sobre cuál puede ser el volumen
del gasto y cuál puede ser el problema que se origina a las
comunidades autónomas por la falta de colaboración del Gobierno, que
ni siquiera en la parca medida en que al Gobierno central le va a
suponer un ahorro por la salida de internos de Instituciones
Penitenciarias se ha ofrecido a colaborar con ellas en esta cuestión.
El señor VICEPRESIDENTE (Souvirón García): Señor director general.
El señor DIRECTOR GENERAL DE INSTITUCIONES PENITENCIARIAS (Yuste
Castillejo): Tengo que decirle que los datos de que dispongo son
consecuencia de la previa revisión, y por lo tanto no estoy en
condiciones de afirmar si ha terminado o no, pero creo que
básicamente se ha realizado la inmensa mayoría de las revisiones. La
mayor parte de los internos de 33 y 34 años son excarcelados,
lógicamente, de acuerdo con la ley penal más favorable y por haber
cometido los delitos cuando tenían 16, 17 ó 18 años, se ha reducido
sustancialmente su condena.
En cuanto a la colaboración del Gobierno, en la parte que a la
Administración penitenciaria le toca, ha sido exquisita con todas las
comunidades autónomas y tendente a realizar de una forma coordinada
la salida de los internos menores de prisión y su ingreso en los
centros. Desconozco la polémica a la que usted hace referencia sobre
los costes en los que estiman las comunidades autónomas el
tratamiento de estos menores y sus disponibilidades tanto de
infraestructura como de medios materiales.
El señor VICEPRESIDENTE (Souvirón García): Terminada la comparecencia
del señor director general de Instituciones Penitenciarias,
suspendemos la Comisión por el tiempo justo para despedir al señor
Yuste y recibir al señor director general de la Guardia Civil.
(Pausa.)
COMPARECENCIA DEL SEÑOR DIRECTOR GENERAL DE LA GUARDIA CIVIL (LÓPEZ
VALDIVIELSO) PARA INFORMAR SOBRE:
- CRITERIOS Y ACTUACIONES DE LA DIRECCIÓN GENERAL EN ORDEN A LA
ADAPTACIÓN AL ORDENAMIENTO JURÍDICO VIGENTE DE LOS ESTATUTOS DE LA
ASOCIACIÓN PRO-HUÉRFANOS DE LA GUARDIA CIVIL, DE MODO QUE SU
FUNCIONAMIENTO PERMITA UNA PLENA TRANSPARENCIA Y UNA PARTICIPACIÓN
EFECTIVA DE TODOS SUS SOCIOS. A SOLICITUD DEL GRUPO PARLAMENTARIO
SOCIALISTA. (Número de expediente 212/000349)
El señor VICEPRESIDENTE (Souvirón García): Señorías, al reanudar la
sesión de la Comisión, es obligado pedir disculpas al señor director
general de la Guardia Civil por la falta de correspondencia entre el
horario inicialmente previsto para la comparecencia y en el que ésta
se produce, sin duda por el interés que ha despertado la anterior
comparecencia y abusando, quizás, de la comprensión que el director
general de la Guardia Civil tiene sobre estos asuntos, por su amplia
experiencia parlamentaria en esta casa. (El señor Gil Lázaro pide la
palabra.)
Señor Gil Lázaro.
El señor GIL LÁZARO: Para una cuestión de orden, señor presidente.
Simplemente deseo señalar que tras la sustanciación de las
comparecencias que en este momento hay pendientes, el orden del día
contempla la contestación por parte del director general de la
Guardia Civil a una serie de preguntas. Por parte de mi grupo
parlamentario, desde luego para la comodidad de los señores diputados
y sobre todo para facilitar la tarea de control, no tendríamos ningún
inconveniente en que se alterara el orden de contestación a esas
preguntas, de manera que las tres preguntas que tiene planteadas el
Grupo Parlamentario Socialista y que están al final del orden del
día, pasaran a ser las primeras en contestarse. No tendríamos ningún
inconveniente en que así fuera.
El señor VICEPRESIDENTE (Souvirón García): Le agradezco su posición,
señor Gil Lázaro, pero le comunico que las dos preguntas del Grupo
Socialista, una ha sido retirada y la otra ha sido aplazada para una
sesión posterior, con lo cual, agradeciéndole su gesto, seguiremos la
tramitación en el orden previsto.
Señor director general de la Guardia Civil, tiene la palabra para
informar sobre el motivo de la comparecencia formulada por el Grupo
Parlamentario Socialista y relativa a la adaptación al ordenamiento
jurídico vigente de los estatutos de la Asociación Pro-Huérfanos de
la Guardia Civil.
El señor DIRECTOR GENERAL DE LA GUARDIA CIVIL (López Valdivielso):
Quiero decir que yo agradezco el que se me brinde la oportunidad de
hablar de la Asociación de Huérfanos de la Guardia Civil, porque este
es un asunto sobre el que en muchas ocasiones se suele tocar de oído.
Antes que nada, quiero dar lectura al artículo 60 del reglamento de
la Asociación de Huérfanos de la Guardia Civil, que fija las
competencias del director general de la Guardia Civil. Dice este
artículo: El director general de la Guardia Civil será presidente
honorario de la asociación y podrá representarla en los actos
oficiales y en sus relaciones con el Gobierno y altas autoridades,
ejerciendo sobre ella la más amplia y amparadora tutela.
Por otro lado, he de decir a SS.SS. que esta asociación fue creada
nada más y nada menos que en 1879 por una real orden circular del
Ministerio de la Guerra, que establecía -y leo también textualmente-,
las bases para el planeamiento de una asociación general del
Instituto, con el objeto de acoger y dar instrucción a los hijos y
huérfanos de ambos sexos de los jefes, oficiales y tropa del Cuerpo.
Pues bien, tras diversas calificaciones, denominaciones y vicisitudes
normativas, que tienen en común su razón de ser y su finalidad - esto
es, dar acogida y educación a los huérfanos e hijos de los miembros
de la Guardia Civil-, una orden ministerial de 16 de marzo de 1960
establece que la Asociación Pro-Huérfanos de la Guardia Civil es una
persona jurídica de interés público, calificación que permanece hasta
la actualidad, complementada con la declaración de institución de
beneficiencia, que tuvo lugar un año más tarde.
Digo todo esto para dejar claras dos cosas a SS.SS. La primera es que
la Asociación Pro-Huérfanos de la Guardia Civil no es la Guardia
Civil, no es un órgano de la Guardia Civil y nada tiene que ver
jurídicamente con la Guardia Civil, puesto que tiene personalidad
jurídica propia, con sus propios estatutos y sus propios órganos de
gobierno y administración. La segunda es que las competencias del
director general de la Guardia Civil se concretan en esa frase que
les he leído: que ejercerá sobre ella la más amplia y amparadora
tutela. Dejando esto muy claro, no es menos cierto ni menos claro que
nada que lleve el apellido Guardia Civil puede ser ajeno a este
director general y que aunque esté mal que yo lo diga creo haber
cumplido con tan amplias pero no menos etéreas competencias en
relación con la Asociación de Huérfanos.
En el ejercicio de la más amplia y amparadora tutela, y cuando empecé
a ejercerla, ¿con qué me encontré al
llegar a la Dirección General? Con algunos problemas, más de uno y
más de tres, pero me voy a referir sólo a los tres más graves con los
que nos encontramos. Había un problema fiscal grave y un problema
laboral no menos grave. Segundo, que la asociación no cobraba por los
inmuebles que tiene alquilados a la Guardia Civil, lo que suponía un
fraude a sus socios, esto es, a sus propietarios, esto es, a todos
los guardias civiles y un perjuicio para sus hijos y para sus
huérfanos y, tercero, una situación desactualizada, alegal, desde un
punto de vista jurídico.
Quiero referirme brevemente, señor presidente, a cada uno de estos
problemas. En principio, a los problemas laboral y fiscal. Lo primero
que hicimos fue regularizar la situación laboral de aquellas personas
que trabajaban en la asociación, que ni tenían contrato ni estaban
dados de alta en la Seguridad Social. Simplemente, procedimos a
formalizar los consiguientes contratos laborales en unos casos y de
arrendamiento de servicios en otros y los dimos de alta en la
Seguridad Social porque, insisto, estos trabajadores no estaban dados
de alta.
El problema fiscal era mucho peor. No se cumplía con ninguna
obligación fiscal ni tributaria, la asociación de huérfanos no estaba
dada de alta en el impuesto de actividades económicas y no presentaba
declaraciones del impuesto sobre sociedades; es decir, un primor
desde el punto de vista fiscal. ¿Qué hicimos? Arreglarlo. Hoy la
asociación está dada de alta en todas las actividades económicas que
desarrolla, que son muchas y que se las enumero para su información:
enseñanza, residencia de estudiantes, alquiler de viviendas y
locales, impresión y reproducción de textos e imágenes, edición de
libros, periódicos y revistas. Hoy, la Asociación de Huérfanos está
al corriente con Hacienda en los impuestos de IVA, IRPF y al tanto de
las cotizaciones de la Seguridad Social.
Por lo que se refiere al impuesto sobre sociedades, la cuestión es
más complicada. Se la explico brevemente. No se había presentado
declaración nunca, jamás, como le he dicho. En 1997 la Inspección
Tributaria levantó actas, porque tampoco había habido inspecciones
tributarias hasta el año 1997. No sé por qué la Inspección Tributaria
no actuaba en este sentido. La Inspección Tributaria levantó actas de
lo que podía, de los últimos cinco años, de 1990, 1991, 1992, 1993 y
1994, porque como saben, con más de cinco años todo prescribe. Esas
actas importaban 275 millones de pesetas, que tenía que afrontar la
Asociación de Huérfanos, porque no se habían cumplido hasta ese
momento sus obligaciones fiscales. Ejerciendo el derecho de todo
contribuyente, y tratando de defender los intereses de la asociación,
estas actas fueron recurridas ante el Tribunal Económico
Administrativo Regional de Madrid, que desestimó los recursos
presentados por la asociación. Por lo mismo que he dicho antes y
porque la esperanza es lo último que se pierde, los actuales gestores
de la asociación han recurrido por la vía contenciosoadministrativa,
ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, de cuyo fallo se
está a la espera. ¿Qué se hizo a partir de 1996? Se ha presentado la
liquidación del impuesto sobre sociedades, se presentó la de 1995,
que como saben se hace en 1996, se ha presentado la de 1997, la de
1998, la de 1999 y este año se presentará la del 2000, de acuerdo con
lo que marca la legislación. Este era, insisto, el desolador
panorama, afortunadamente aclarado y normalizado al día de hoy, en lo
que se refiere al tema fiscal.
Nos encontramos con otro problema, un problema de alquileres. Les
explico en qué consiste. La Asociación de Huérfanos, es decir, los
guardias civiles, que son sus propietarios, tienen un importantísimo
patrimonio y una parte del mismo está ocupado por dependencias de la
Guardia Civil. Seguro que muchos de ustedes conocen el complejo de
Valdemoro. Allí tenemos una sección de la academía de guardias, el
servicio de retribuciones, el almacén de abastecimientos, el servicio
de desactivación de explosivos, el de actividades subacuáticas, la
UEI, que es la Unidad Especial de Intervención, el grupo rural de
seguridad número 1, el escuadrón de caballería, parte del servicio de
material móvil, la escuela de especialización, quizá me deje algo. Es
decir, son unas importantísimas instalaciones, una gran base que
utiliza una gran superficie que es una parte muy importante del
patrimonio de la Asociación de Huérfanos. Pues bien, ¿saben cuánto
percibía la Asociación de Huérfanos, es decir, los guardias civiles,
insisto, sus propietarios, por ello? Nada, cero pesetas. Ahí la
Administración, la Guardia Civil, estaba ocupando y utilizando un
patrimonio del que sus propietarios no obtenían ningún tipo de
beneficio. ¿Qué hicimos? Formalizamos unos contratos de arrendamiento
y hoy la asociación ingresa por ese concepto cerca de 300 millones de
pesetas al año, lo que permite mejorar las prestaciones para los
socios, sus hijos, y los huérfanos. Estos 300 millones por cinco
años, que son los que ha cobrado ya, son más de 1.600 millones de
pesetas, con las revisiones, por ahora. Ya supongo que ustedes se
darán cuenta de lo que hubiese supuesto en los trece años que otros
gobernaron. Hagan la cuenta y sabrán la cantidad de dinero que no ha
ido a parar a los socios, es decir, a los guardias civiles, a sus
hijos y a los huérfanos.
Tercer problema. La Asociación de Huérfanos estaba y está todavía,
aunque por poco tiempo, desde el punto de vista jurídico, en una
situación, como he dicho antes, anómala. Es cierto que no se puede
decir que fuese ilegal, reconozco que en la década de los ochenta
y buena parte de los noventa no se incurrió en ningún caso de
ilegalidad como en los casos laborales o fiscal. Pues bien, una vez
resueltos los problemas a los que me he referido, y puesto orden en
las cuentas, que estaban desordenadas, por ser benévolo, normalizada
la situación de los trabajadores, al día con Hacienda, formalizados
los contratos de arrendamiento y otras muchas cosas a las que no voy
a referirme porque se salen del objeto de esta comparecencia, quiero
apuntar que se ha conseguido un importantísimo incremento de las
prestaciones a los hijos de huérfanos, fruto de unos mayores
ingresos, a los que me he referido antes, y también por una mejor
administración, y eso a pesar de haber tenido que pagar las deudas
del pasado. Pues bien, esto se ha hecho en prácticamente tres años,
porque no lo he dicho, pero nada más llegar lo que se hizo también
fue renovar a todos los órganos de Gobierno, al presidente de la
asociación incluido, y una vez hecho todo esto, en el transcurso de
los tres últimos años ha llegado el momento de plantear la solución
jurídica definitiva. Que quede claro que de todo esto que he dicho
hasta ahora no me atribuyo ningún mérito. Yo no he hecho nada más que
ejercer la más amplia y amparadora tutela, porque el mérito y el
trabajo es de los actuales órganos de Gobierno de la asociación, de
los generales, de los oficiales, de los suboficiales, de los guardias
que la componen y que han desarrollado un excelente trabajo y han
hecho en tres años lo que no se había hecho en los más de 120 que
tiene la asociación que, como dije al principio, se fundó en 1879.
(El señor presidente ocupa la Presidencia.) ¿Qué vamos a hacer ahora?
La decisión no es mía, pero vamos a aconsejar a la asociación que se
convierta en una fundación. Desde la dirección general, desde la
subdirección general de personal, desde el gabinete técnico, la
asesoría jurídica, algún consejero externo que nos ha ayudado, hemos
llegado a la conclusión de que lo de la fundación es la mejor
solución. Se han realizado estudios sobre la normativa específica de
la asociación y la general sobre entidades similares de
beneficiencia, su evolución histórica y en especial se ha hecho un
estudio comparativo con otras instituciones que cuentan con entidades
parecidas, como el Ejército de Tierra, el Ejército del Aire, la
Armada, el Cuerpo Nacional de Policía, el Ministerio de Hacienda,
entre otros. Esto unido a una realidad social como la actual, muy
diferente a la de la época de la creación, y especialmente el marco
legal derivado de la Constitución que reconoce el derecho de
fundación para fines de interés general de acuerdo con la ley,
determinan que la reforma de la asociación se encamine hacia esa
fundación de carácter benéfico, de asistencia social, sometida a la
Ley 30/1994 de fundaciones. Esto es así por varias razones. La
primera, porque una fundación goza de un régimen fiscal muy favorable
en el impuesto sobre sociedades, quedando exentos del mismo los
resultados obtenidos en las actividades que le son propias, así como
determinados incrementos patrimoniales. El tipo de gravamen sobre la
base imponible se reduce del actual 25 por ciento al 10 por ciento; y
además gozaría de exención en determinados casos en el impuesto sobre
bienes inmuebles y en todos los casos en el impuesto sobre
actividades económicas. La
segunda razón es porque está fórmula de la fundación posibilita la
participación, una mayor presencia, porque presencia ya hay, y
responsabilidad de los socios, de sus dueños, de todos los guardias
civiles en los órganos de Gobierno de la asociación. Como saben, las
fundaciones tienen un patronato que las dirige, y en ese sentido
creemos -y lo hemos estudiado- que una parte de los miembros de ese
patronato podrían ser elegidos por los guardias; la fórmula sería a
través del consejo asesor de personal, cuya regulación orgánica ya
está en marcha. Aprovecho para decir que hace un par de semanas
comparecí en el Senado y el senador Barranco se interesó por este
asunto. Yo le dije que en breve enviaríamos el proyecto de regulación
orgánica. Pues ya está enviado el real decreto que desarrolle el
consejo asesor de personal. La tercera razón por la que nos hemos
inclinado para aconsejar la fórmula de la fundación es porque en los
tiempos que vivimos las cuotas obligatorias no tienen mucha razón de
ser. Por eso, la solución de la fundación supondría que la cuota sea
voluntaria para el que quiera apagarla. Esta es una apuesta de
futuro, pero la solidaridad que la mayoría de los guardias civiles
demuestran día a día en el cumplimiento de sus misiones, también se
va a mostrar en relación con esto, y estamos convencidos de que los
guardias civiles van a seguir pagando esta aportación, no ya de
manera obligatoria como hasta ahora, sino de forma voluntaria. Con
ello la asociación podrá mantener la finalidad y las prestaciones muy
importantes que presta a los hijos y los huérfanos del cuerpo de la
Guardia Civil.
Con esto, señor presidente, creo haber dado la información suficiente
en relación con lo que se me planteaba, porque poner a la Asociación
de Huérfanos de acuerdo con el ordenamiento jurídico no solamente es
con respecto a sus estatutos, sino también con las leyes fiscales y
laborales, como cualquier otra.
El señor PRESIDENTE: Por el grupo que ha pedido la comparecencia,
tiene la palabra el señor Mayoral.
El señor MAYORAL CORTÉS: Muchas gracias, señor director general de la
Guardia Civil, bienvenido también por parte nuestra a esta casa.
Por lo que se refiere a su intervención, tengo algunos elementos de
duda, aunque no sobre el tema central por el cual habíamos pedido su
comparecencia aquí, y de antemano quiero decirle que me ha resultado
bastante satisfactoria su contestación. A mi no me duelen prendas
y en realidad lo que hemos pretendido aquí es hacer una solicitud de
comparecencia para que el Ministerio del Interior, a través de S.S.,
explicara qué solución debería adoptarse en relación a esta cuestión.
De todas maneras, me gustaría hacer algunas precisiones.
En primer lugar, el director general de la Guardia Civil no solamente
es el tutor, ejerce una amplia tutela, como ha dicho S.S., nombra al
presidente y al vicepresidente
de la asociación según los vigentes estatutos de la misma. Por tanto,
algo más que tutela, pienso yo, si se designa y se designa con un
grado de discrecionalidad importante. En consecuencia, estamos ante
el ejercicio de una competencia bastante profunda y, por tanto, el
conjunto de responsabilidades que puedan derivarse de la actuación y
la gestión de la asociación, evidentemente, igual que los éxitos, le
tocan a su señoría.
Efectivamente, S.S. se ha encontrado una serie de problemas en la
Asociación Pro-Huérfanos, pero yo me temo que esos problemas serán
aproximadamente los mismos que existían cuando el señor Fraga
Iribarne fue ministro de la Gobernación. Ese es un problema que se ha
arrastrado durante muchos años y desgraciadamente la clase política,
por decirlo de alguna manera, tanto la que hizo los inicios de la
transición o pretransición, como posteriormente, hasta nuestros días,
hasta que S.S. posiblemente tenga la suerte, y le felicitaremos, de
resolver esta cuestión, pues no se había abordado este tema. Se
habían abordado ciertos elementos sobre la regulación de la vida, de
la asociación y desde luego desde una perspectiva de conseguir que
fuera una asociación que tuviera una vida plenamente dedicada al
cumplimiento de los fines para el cual fue constituida. En este
sentido, es verdad que podríamos decir que la situación anómala no
solamente puede ser atribuida - porque implícitamente he entendido
que S.S. trataba de atribuirla plenamente a un período anterior al de
su Gobierno- a épocas anteriores, porque nosotros también podríamos
aludir a determinadas anomalías que se han producido posteriormente
que a mí me parecería de muy mal gusto, señor director general, citar
en este momento. Le hemos pedido esta comparecencia no para hablar de
esta cuestión ni para tirarnos los trastos o hacernos reproches
mutuamente, sino para ver si de verdad esto tiene o no tiene una
solución; hemos pedido la comparecencia para que nos hablara de los
criterios y actuaciones en orden a la adaptación de la asociación al
ordenamiento jurídico vigente, basado en la Constitución.
Hemos oído que S.S. pretende que esta asociación se transforme, que
se constituya en fundación. A nosotros nos parece bien esa fórmula,
igual que si hubieran pretendido seguir con la fórmula asociativa. El
único problema que se planteaba aquí era si definitivamente se
cumplía con un elemento fundamental, que está implícito en el derecho
que deriva de nuestra Constitución, que es la participación de los
socios, la participación de los afectados, en definitiva, en la
gestión de una entidad que se dedica al cumplimiento de sus fines y
además utilizando recursos suyos, bien sean recursos acumulados
históricamente -y creo que esta Asociación Pro-Huérfanos ha acumulado
históricamente un patrimonio importantísimo, que creo que es de justo
beneficio de los asociados y de los hijos de los asociados- bien sean
los que se han venido dando por la aportación
de todos y cada uno de los socios, que hasta la fecha ha sido
obligatoria. Nos complace muy mucho que S.S. haya hablado de que el
régimen futuro también implica un grado de voluntariedad en la
adhesión y la participación en esta asociación.
Creo que le tengo que felicitar, pero le felicitaré definitivamente
cuando tengamos ya constituida la fundación. Me parece que S.S. va
por buen camino en la constitución de esta fundación. Nos parece muy
importante. La cuestión que tiene que resolver bien, señor director
general, es el tema de la participación y creo que hay modelos. Su
señoría podrá encontrar también modelos próximos respecto a lo que es
el funcionamiento de una fundación que adquiere un carácter
voluntario y donde se implican los sectores afectados, incluso el
departamento en el cual está inserta la fundación, porque yo no creo
que en el futuro ustedes no prevean una cierta participación del
Ministerio del Interior en el conjunto de patronos que deben
configurarla. Creo que la propia fundación que se constituyó hace ya
algunos años para lo que fue el colegio de huérfanos del Cuerpo
Nacional de Policía es un buen referente. Si ustedes cumplen y van en
esa dirección saldrá una solución que me parece que va a dejar
satisfechos a todos los sectores que en este momento han manifestado
cierto grado de inquietud y de desconfianza. Es verdad que cuando se
tiene una asociación en la cual se aporta permanentemente una parte
de su propio salario...
El señor PRESIDENTE: Le ruego que vaya concluyendo, señor Mayoral.
El señor MAYORAL CORTÉS: Voy terminando ya, señor presidente.
Sin embargo, no tienes la oportunidad de reflejar tu opinión, tus
intereses en cuestiones que nada tienen que ver con el ejercicio de
la profesión en sentido estricto, sino en la protección de los hijos
del cuerpo en este caso. Creo que cuando eso no existe tienen espacio
todo tipo de problemas derivados de desconfianzas, de desajustes.
En este sentido, estaríamos muy de acuerdo con esta solución, sobre
todo si al menos la mitad de los miembros de ese patronato son
elegidos libremente por los socios, es decir, por los guardias
civiles de los distintos niveles y escalas. Creo que esta sería una
buena solución, obviamente siempre que la presencia de la
Administración no sea tan determinante que finalmente sólo estén la
Administración, y S.S. como tutor, que en ese caso se va a sentir
posiblemente muy satisfecho porque dejará de serlo; supongo que la
traslación de su figura como tutor dejará de aparecer en esa futura
fundación y S.S. va a estar mucho más descargado de
responsabilidades.
Señor Valdivielso, cuando las cosas se hacen bien, y espero que se
culminen, nosotros no tenemos ni tendremosningún reparo en
reconocérselo.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Popular, que estén de acuerdo con
la fórmula que hemos planteado. tiene la palabra el señor Gil Lázaro.
Sólo voy a hacer dos precisiones. Me reconocerá que El señor GIL
LÁZARO: Simplemente quiero señalar no he hecho ninguna referencia y
lo tenía fácil. Soy que tenía razón el señor director general de la
Guardia muy consciente de a qué vengo aquí; no vengo aquí a Civil
cuando en el frontispicio de su intervención hablar de lo que
hicieron otros sino de lo que estoy decía que del asunto que hoy
motiva esta comparecencia haciendo yo, de lo que estamos haciendo
nosotros. Por muchas veces se habla o se toca -decía literalmente-
tanto, he hecho la mínima referencia al pasado. de oído. En segundo
lugar, quiero dejar muy claro que lo que Dicho eso, no tengo sino que
agradecer muy sinceramente vamos a hacer es aconsejar a la asociación
y vamos a -y no se vea ningún tipo de doblez en mi afirmación- dar un
impulso para que se pongan en marcha cuanto al Grupo Parlamentario
Socialista la presentación antes las gestiones para que inicien los
trámites para de esta iniciativa, porque gracias a ella hemos
transformarla en fundación. En cuanto a lo que se dice podido saber
-permítaseme la expresión coloquial- de la confianza es cierto.
Cuando uno no está en el día cómo estaba el patio y cómo está ahora,
afortunadamente. a día y tiene noticias parciales que no se refieren
a toda la realidad hay desconfianzas, pero le puedo garantizar Por lo
demás, confío en que esa magnífica orientación que en estos momentos
hay una gestión transparente y que ha mencionado el señor director
general de la que cuando haya más presencia de los representantes
Guardia Civil, y además en los términos en los que él -porque ya hay
guardias civiles en los órganos de mismo lo ha señalado, no de
autocomplacencia, sino de gobierno de la asociación- esas
desconfianzas desaparecerán. atribución, como es natural, del mérito
a las personas a Voy a dar un dato que no es conocido -y las que
corresponde, siga en la línea que en esta mañana aprovecho también
esta tribuna para decirlo-: en los se ha predeterminado en esta
Comisión. últimos años los ingresos han crecido un 15 por ciento
Finalmente, quiero decir que la historia a todo el y las prestaciones
a los huérfanos y a los hijos un 50 mundo juzga. Afortunadamente, no
todos somos iguales por ciento, lo que demuestra que ha podido haber
una y que sepa este grupo parlamentario, -y este portavoz anomalía
pero que, al final, la gestión de estos años que probablemente se
puede equivocar, pero creo ha sido muy importante. Vuelvo a decir
algo que ya he que no-, que el señor Fraga Iribarne no se ha fugado
dicho: el mérito no es mío, es de los actuales gestores nunca de este
país y que su confianza ha sido tres de la asociación. veces
sancionada por sus propios paisanos con mayoría absoluta.
- RAZONES POR LAS QUE LOS 73.000 El señor PRESIDENTE: Tiene la
palabra el señor EMPLEADOS DE LA GUARDIA CIVIL HAN Mayoral. QUEDADO
EXCLUIDOS DE LA PAGA COMPENSATORIA POR LA DESVIACIÓN DEL El señor
MAYORAL CORTÉS: Señor presidente, ÍNDICE DE PRECIOS AL CONSUMO (IPC)
en relación con las alusiones de mal gusto del señor DEL AÑO 1999. A
SOLICITUD DEL GRUPO portavoz del Grupo Popular diré que el señor
Fraga no PARLAMENTARIO FEDERAL DE IZQUIERDA se ha tenido que fugar,
efectivamente, solamente se UNIDA. (Número de expediente 213/000262)
fugan los delincuentes. Pero también tengo que decir que cuando el
señor Fraga era procurador en Cortes El señor PRESIDENTE: Pasamos a
la comparecencia hubo algunos que se tuvieron que fugar de este país,
siguiente, solicitada al ministro del Interior, que va pero se
fugaron además como huidos por defender sus a ser sustanciada por el
director general de la Guardia ideas. Civil, según acuerdo de la Mesa
y Portavoces, y que se refiere a las razones por las que los 73.000
empleados El señor PRESIDENTE: Señor Gil Lázaro. de la Guardia Civil
han quedado excluidos de la paga compensatoria por la desviación del
índice de precios El señor GIL LÁZARO: Intervengo para recordar al
consumo del año 1999. simplemente que no ha sido este portavoz el que
ha Tiene la palabra el señor director general. hecho la mención
inicial al señor Fraga.
El señor DIRECTOR GENERAL DE LA GUARDIA El señor PRESIDENTE: Tiene la
palabra el señor CIVIL (López Valdivielso): En relación con este
director general para contestar a los grupos intervinientes. tema
quiero decir que ya el ministro del Interior ha contestado alguna
pregunta parlamentaria, no sé si incluso ha comparecido en relación
con esta cuestión. Haré una El señor DIRECTOR GENERAL DE LA GUARDIA
pequeña precisión, si me lo permite el señor presidente, CIVIL (López
Valdivielso): Con toda brevedad, en relación con la formulación de la
solicitud de comparecencia. señor Mayoral, le diré que es para mí una
satisfacción Estos 73.000 no son empleados de la Guardia
Civil, ellos son la Guardia Civil; el término empleado aquí no
procede.
Dicho eso, ustedes conocen muy bien cómo se gesta todo esto, cómo se
produce el acuerdo, un acuerdo y una resolución del Gobierno, donde
se plantea un ámbito de aplicación. El acuerdo dice: Primero. Ámbito
de aplicación. El presente acuerdo será de aplicación al personal
funcionario representado en la mesa general de negociación de la
Administración del Estado y al personal laboral que se corresponda
con dicho ámbito: personal de la Administración Civil del Estado,
personal civil de la Administración, personal de la Administración de
la Seguridad Social, personal al servicio de la Administración de
Justicia, personal de las instituciones sanitarias públicas, personal
docente, personal de la entidad pública empresarial Correos y
Telégrafos, personal de los entes públicos representados en la mesa
general de negociación, Agencia Estatal de la Administración
Tributaria, Patrimonio Nacional y Agencia de Protección de Datos.
Posteriormente, en el mes de marzo, se incorporó el personal militar.
A partir de ese momento, teniendo en cuenta que efectivamente ni la
Policía ni la Guardia Civil estaban incluidos en el ámbito de
aplicación, desde la Dirección General de la Guardia Civil, con fecha
14 de marzo, cursamos un escrito al subsecretario del Ministerio del
Interior sometiendo a su consideración la posibilidad de que fueran
tomadas las acciones oportunas para que se pudiera extender la
aplicación del acuerdo al personal de la Guardia Civil, con un coste
calculado de 1.781 millones de pesetas. La contestación que se dio
fue que el acuerdo no era aplicable a la Guardia Civil debido a que
no está incluida en el ámbito de aplicación de ese acuerdo. Ni
Policía ni Guardia Civil, es decir, las Fuerzas y Cuerpos de
Seguridad del Estado no estaban incluidos en el ámbito de aplicación
de ese acuerdo. Como consecuencia de la no aplicación de esta medida,
el personal de la Guardia Civil ha venido cursando instancias,
solicitando la concesión de los beneficios del acuerdo, al igual que
los funcionarios civiles, personal laboral y personal militar. El
número de esas instancias ha superado la cifra de 4.500 y la
resolución adoptada por la Dirección General de la Guardia Civil ha
sido desestimar, como no podía ser de otra manera, dichas
solicitudes. Y digo como no podía ser de otra manera, porque no están
incluidos en el ámbito de aplicación y no tenemos tampoco la partida
presupuestaria para poder abonarlo. Existen también quejas planteadas
ante instituciones del Estado, como el Defensor del Pueblo,
interpelaciones y preguntas como ésta, y en eso estamos: haciendo
gestiones, de eso no les quepa ninguna duda, para ver la posibilidad
de que, de la misma manera que se incluyó con posterioridad al
personal militar, se pudiese incluir también a las Fuerzas y Cuerpos
de Seguridad del Estado, pero, hoy por hoy, la situación es que como
no estamos
incluidos en el ámbito de aplicación, no nos es aplicable.
Una vez dicho esto, he de añadir que la no aplicación de esta medida
al personal de la Guardia Civil y a la Policía Nacional, aunque yo
voy a hablar sólo de la Guardia Civil, sí que tiene un punto de
justificación, y es el incremento de la productividad que se ha
aplicado a la Guardia Civil desde 1996 hasta el año 2001. En el año
1996, la productividad era de 4.100 millones; en el año 2001 vamos a
tener 11.300, lo que supone un incremento del 184 por ciento, y
teniendo en cuenta cuál era la razón de ese complemento, que era para
compensar la desviación del índice de precios al consumo, el
argumento que se nos da es que hemos tenido una partida de
productividad muy importante, que ha cobrado aproximadamente el 85
por ciento de los componentes del cuerpo de la Guardia Civil, y
parece que esa desviación se ha podido corregir con esos incrementos.
Con esos incrementos se han podido efectuar los abonos que, por
sobresfuerzo en el servicio, se realizan mensualmente a los
componentes de la Guardia Civil, a los componentes de la institución,
bien por exceso de horas, bien por el trabajo nocturno festivo, bien
por su especial dedicación. Ésa es la situación.
No sé si es uno de los argumentos que SS.SS. iban a utilizar, pero
les adelanto que no puede justificarse la no aplicación de esta
medida a la Guardia Civil en razón de su naturaleza militar o porque,
no tenga sindicatos que la amparen porque mientras que un cuerpo de
naturaleza civil, con una fuerte implantación sindical como es el
Cuerpo Nacional de Policía -según mis datos cerca de un 90 por ciento
de sus integrantes están afiliados a un sindicato- no han cobrado
esta paga, sin embargo, el personal militar de las Fuerzas Armadas,
que son militares y no tienen sindicatos, sí que lo han cobrado. Por
tanto, yo descarto ese argumento.
Es verdad que ahora la reciente sentencia emitida por la Audiencia
Nacional sobre la congelación salarial de los funcionarios, pese a
las diferentes lecturas habidas, ha reactivado la inquietud expuesta
por los miembros de la Guardia Civil, porque tampoco estarían
incluidos. Ésa es la situación. Yo no puedo dar más argumentos. Es
decir, hay un acuerdo que dice a quién se aplica, en el que no está
incluida ni la Policía ni la Guardia Civil, y nosotros, desde la
Dirección General de la Guardia Civil, hacemos las gestiones que
consideramos oportunas para ver si se nos puede incluir. Se nos dice,
por un lado, que no estamos incluidos y, por otro lado, que esos
incrementos tan importantes de productividad han supuesto un aumento
importante de la masa salarial, de lo que ha percibido la gran
mayoría, el 85 por ciento de los miembros de la Guardia Civil. Pero,
en todo caso, sepan que desde la Dirección General de la Guardia
Civil y desde el Ministerio del Interior se están haciendo y se
seguirán haciendo todas aquellas gestiones que sean necesarias para
lograr que el trabajo, el servicio, la entrega y la dedicación de los
guardias civiles tengan el máximo reconocimiento también en la
compensación económica que puedan percibir. Es cuanto, señor
presidente, señorías, les puedo decir con respecto a esta cuestión.
El señor PRESIDENTE: Por el grupo solicitante de la comparecencia,
tiene la palabra el señor Alcaraz.
El señor ALCARAZ MASATS: Muchas gracias por su contestación, señor
Valdivielso, y por su presencia en esta Comisión.
Desde luego, estamos ante un tema que no tiene lógica, que es
incomprensible no sólo para los guardias sino para el resto de la
población. Le voy a contar una anécdota que me ha pasado esta mañana.
Un periodista me preguntaba qué tenía que hacer hoy, y yo le
respondía que, entre otras cosas, iba a defender el salario de la
Guardia Civil en la Comisión. ¿Un comunista como tú, sin solución (yo
le he corregido: sin solución de continuidad), defendiendo el salario
de la Guardia Civil? Le he comentado cómo está la Guardia Civil y qué
paradojas se producen, y yo no sé si al final me ha comprendido,
porque la situación no es comprensible. De ahí que haya tantísimas
demandas pidiendo una solución.
¿Sabe usted lo que hemos gastado desde 1992 en la antigua Yugoslavia?
193.000 millones de pesetas, y hay previstos para este año 38.000
millones de pesetas. Quiero decirle con esto que si se hubiera creado
un fondo específico de 1.781 millones de pesetas a lo mejor se
hubiese arreglado esta situación y no hubiese afectado excesivamente
al déficit cero, que después se ha consagrado como gran dogma. El
problema radica en algo de lo que usted ha dicho, no totalmente en
esa idea, en ese dogmatismo del déficit cero, sino en la idea que
usted ha expuesto corrigiendo semánticamente una expresión del texto.
Ha dicho usted: no son empleados de la Guardia Civil, son la Guardia
Civil. En ese sustancialismo, en ese esencialismo que se viene
arrastrando desde hace mucho tiempo y que les hace estar todavía
adscritos a Defensa (no son un cuerpo civil, no tienen derecho a
sindicación, no son obreros, empleados o trabajadores), en esa idea
radica una gran parte de la explicación y también radica por qué
estoy yo aquí defendiendo en este momento el aumento correspondiente
al IPC de 1999 a la Guardia Civil.
Usted ha sido más austero en sus comentarios, he de reconocerlo. Me
ha gustado más su expresión que la del señor ministro. Porque el
señor ministro, en plena respuesta al señor Mayoral, llegó a decir:
la Guardia Civil se lo merece todo. Si se lo merece todo, a ver si al
menos consigue algo, porque no vayamos a intentar solucionar este
problema con una llamada constante al honor y a los méritos. No,
estamos hablando de una cosa más laica, más simple, más profana y
prosaica: que se les suba ese déficit que tienen. Si quiere usted,
hablamos de lo que cobra un guardia civil. Da pena
repetirlo. Por ejemplo, 70.000 pesetas menos que un policía urbano de
Madrid. ¿Por dónde andan las dietas, señor Valdivielso? En 1999
estaba en 115 pesetas la hora de dietas de los días festivos y no
creo que ahora ande mucho más allá. Si a esto se suma la inadecuación
de las casas cuartel, las dificultades en la política de comunicación
ordinaria, la inadecuación, por las nuevas circunstancias surgidas
como consecuencia del acceso de algunas mujeres al cuerpo de la
Guardia Civil, en vestuarios o cosas por el estilo, llegamos a la
conclusión de que habría que solucionarlo, habría que presionar para
que, de cara al presupuesto, se llegara a una solución. Incluso la
productividad a la que usted alude no se corresponde exactamente con
las cifras que dio el señor ministro, cambian algo, pudiendo llegar a
una diferencia de 1.000 millones (creo que él habló de 12.000
millones, aunque no recuerdo bien). Pero, en fin, esa es una anécdota
al paso. Se trata de una productividad que siempre necesita el visto
bueno del mando correspondiente, y ahí aparece una cierta
discrecionalidad que dificulta constantemente la conversión de esa
esencia en gente que está empleada en un cuerpo. Son empleados de un
cuerpo del Estado, no otra cosa, no hay que darle mayor
trascendencia.
Por tanto, señor López Valdivielso, nosotros no estamos de acuerdo, y
ni siquiera entendemos, que es lo peor, la respuesta que dio el señor
ministro en el Pleno a una pregunta del señor Mayoral. Y vamos a
seguir insistiendo en esta idea, porque nos parece justa, máxime en
un colectivo de trabajadores que no tienen derecho a la sindicación.
Ellos mismos dicen: si no somos funcionarios y, al mismo tiempo, no
somos militares, ¿qué somos? ¿Centauros del desierto?
Ante esta falta de identificación y esta falta de plataforma para
defenderse se observa una injusticia social y laboral que nosotros
aquí estamos combatiendo y que vamos a seguir haciéndolo, señor
director general.
El señor PRESIDENTE: ¿Resto de los grupos que quieren fijar posición?
(Pausa.)
Por el Grupo Socialista, tiene la palabra el señor Mayoral.
El señor MAYORAL CORTÉS: Señor presidente, señorías, la verdad es que
éste es quizá el asunto más crudo de los que pueda tener el director
general de la Guardia Civil sobre su mesa. Lo digo porque tratándose
de unos agentes que todos consideramos que son los mejores de la
Policía española, sin embargo, son los peor pagados de toda la
Policía española, o al menos es una opinión bastante generalizada.
Efectivamente, es una contradicción que nosotros señalamos el día que
le preguntamos en Pleno al señor ministro sobre esta paga
compensatoria que, al parecer, había sido solicitada masivamente por
miembros del Cuerpo de la Guardia Civil pero que fue denegada.
Nosotros preguntamos y, como decía el señor Alcaraz, nos encontramos
con la respuesta del señor ministro de que la Guardia Civil se lo
merecía todo, incluso llegó a decir que se merecía la paga
compensatoria. Pues si se merece todo, incluida la paga
compensatoria, ¿a qué estamos esperando, señor López Valdivielso? ¿O
es que el déficit cero es un dogma tan irrebatible que ni siquiera
permite estos gestos de la Administración con un colectivo compuesto
por unos de los mejores servidores públicos? Estamos esperando que se
cumpla ese compromiso del ministro del Interior en su comparecencia.
Efectivamente, estamos ante un colectivo que tiene unas
retribuciones, comparadas con las de la Policía Nacional, la
Ertzaintza, los Mossos d'Esquadra, la Policía local de Madrid,
etcétera, realmente inferiores. Tenemos estudios comparativos entre
las distintas retribuciones (estamos hablando de retribuciones brutas
de agentes de la escala básica, y es posible que haya algún error,
porque obviamente no es lo mismo hacer las cuentas desde fuera de la
Administración que desde dentro, con todos los interventores y todo
el personal que tiene a su disposición cualquier mandatario para
hacer las cosas como Dios manda) y, según la información que tenemos,
un guardia civil tiene una retribución bruta de 208.471 pesetas; un
agente del Cuerpo Nacional de Policía cobraría 241.231 pesetas -estoy
hablando del año 2000-; un ertzaina, 299.304 pesetas; un mosso
d'esquadra, 280.494 pesetas; un policía local de Madrid, 279.481
pesetas. Son diferencias abismales. Entre los agentes de orden
público y de las distintas policías se habla de esto como de uno de
los problemas que existen y que debiera ser corregido. ¿Y por qué
debiera ser corregido? Yo apelaría al propio Partido Popular para que
cumpla uno de sus compromisos electorales, ya que se presentó a las
elecciones diciendo que se iba a producir una equiparación
retributiva entre las distintas policías o las distintas Fuerzas y
Cuerpos de Seguridad del Estado, evidentemente mejorando a aquéllos
que estaban en peor situación, que son los guardias civiles y el
cuerpo nacional de Policía.
Es verdad lo que decía el señor Alcaraz, hay ahí un problema de
definición. Cuando han solicitado esta paga compensatoria, los
agentes de la Guardia Civil han recibido una contestación del coronel
jefe del servicio de retribuciones de la Dirección General en la que
se dice que se niega la petición, efectivamente no utilizando razones
de fondo, es decir carencia de derechos, sino que se trata de que la
Guardia Civil es una fuerza de seguridad del Estado que no forma
parte de las Fuerzas Armadas, en consecuencia sus miembros no
pertenecen a las mismas. Los miembros de la Guardia Civil y de las
Fuerzas Armadas pertenecen a cuerpos o categorías funcionariales
configuradas con estructuras diferenciadas y definidas con
características propias. Hasta ahí, de acuerdo. Por tanto, desde esa
perspectiva, no tienen derechos. Van a administraciones
públicas y allí se les dice que no forman parte de la mesa de
negociación. ¿Cómo van a formar parte de una mesa de negociación si
no pueden negociar, como es conocido?
En conclusión, yo diría que todavía no hay solución de fondo desde el
punto de vista de la retribución y, desde luego, señor director
general, todavía no se ha regulado un instrumento, que usted ha
mencionado anteriormente, del que esperamos beneficios respecto a la
interlocución sobre las solicitudes profesionales de la Guardia
Civil, que es el consejo asesor de personal. Esperemos que, con la
sensibilidad del nuevo ministro y la regulación del nuevo consejo,
empiecen a arreglarse un poquito las cosas en el ámbito de la Guardia
Civil; estamos todos de acuerdo en que se lo merece.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Popular, tiene la palabra el señor
Gil Lázaro.
El señor GIL LÁZARO: Con toda brevedad, señor presidente, quiero
agradecer la claridad con la que el señor director general ha
abordado la cuestión. Ciertamente, podría haber acudido a
circunloquios y no lo ha hecho. Desde luego, desde nuestro grupo
parlamentario reconocemos y valoramos expresamente esa claridad.
Al mismo tiempo, agradecemos que se nos recuerden nuestros
compromisos electorales. En el recordatorio de nuestros compromisos
electorales, por ejemplo, no podemos dejar de mencionar la
existencia, en el año 1996, de 50.000 millones de pesetas de deuda no
reconocida en el Ministerio del Interior, con una perentoriedad
inmediata de satisfacción por afectar a facturas tan estratégicas
como la de la electricidad o la de telefonía, y que en el conjunto de
la actividad de los ministerios obligó a adoptar las medidas que el
Gobierno adoptó en su momento con los decretos de congelación.
Quiero decir que, aunque es absolutamente cierta esa explicación que
ha dado el señor director general de la Guardia Civil -y eso nos
obliga a seguir haciendo todos unos esfuerzos en la dirección que el
propio director general anunciaba-, no se puede obviar que, en estos
años bajo gestión del señor director general de la Guardia Civil, se
han producido avances notables en lo que se refiere a las condiciones
de ejercicio profesional de la Guardia Civil y también avances en
alguna materia muy específica, como en materia de reconocimiento
y retribución de horas extraordinarias.
Finalmente, por mencionar lo que parecía preocupación de alguien esta
mañana sobre la intervención del señor Alcaraz cuando -cito
textualmente las palabras- le preguntaba qué hacía un comunista
defendiendo el salario de la Guardia Civil, tengo que decir que me
parece que es la mejor demostración de que, enun régimen
constitucional y de libertades como el nuestro,
la Guardia Civil es patrimonio de toda la sociedad democrática y no
un instrumento al servicio de nadie.
El señor PRESIDENTE: Para contestar a los grupos, tiene la palabra el
señor director general.
El señor DIRECTOR GENERAL DE LA GUARDIA CIVIL (López Valdivielso):
Señor presidente, sólo voy a hacer algunas precisiones.
Se preguntaba el señor Alcaraz qué eran los guardias civiles, si no
eran funcionarios, si no eran nada, si eran centauros. Pues no,
centauros no, son simplemente miembros de las Fuerzas y Cuerpos de
Seguridad del Estado que, como usted bien sabe, tienen un régimen
especial. Policía y Guardia Civil son Fuerzas y Cuerpos de Seguridad
del Estado con un régimen retributivo especial, un estatuto especial,
consecuencia de su estructura, su organización y de las especiales
misiones que la sociedad les encomienda. Desde ese punto de vista,
creo que está claro, la Guardia Civil es un cuerpo de seguridad de
naturaleza militar y forma parte, junto con el cuerpo nacional de
Policía, de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, que no
estaban incluidas en este acuerdo. No quiero poner un ejemplo fácil,
pero es como si mañana se aprueba una paga para los notarios y
reclaman los bomberos. Esta es la situación actual, otra cosa es que
diga que tenían que estar incluidos. Ya que usted hablaba de ponerse
al frente de una manifestación para pedir más remuneración para los
guardias civiles, apúnteme para ir a su lado. No va a ser el director
general de la Guardia Civil el que diga aquí que los guardias civiles
ganan todo lo que debían de ganar; no, pero como otros muchos
servidores del Estado. Son miembros de las Fuerzas y Cuerpos de
Seguridad del Estado con un régimen especial, también retributivo.
Se ha referido al argumento de la sindicación o la no sindicación. Yo
me había adelantado, y le ponía un ejemplo. El cuerpo nacional de
Policía (que sí que tiene sindicatos y muy poderosos, por cierto)
tampoco lo ha cobrado; sin embargo, los militares (que no tienen
sindicatos) sí lo han cobrado. O sea que no tiene nada que ver con la
sindicación, con la no sindicación, con si son militares o si son
civiles, porque los militares ya han cobrado y los policías (que son
funcionarios, no son militares y sí tienen sindicatos) no han
cobrado. Desde ese punto de vista, yo creo que el argumento no vale.
Aunque, repito, este director general va a seguir insistiendo igual
que ustedes para que lo puedan llegar a cobrar, por supuesto.
El señor Alcaraz se ha referido a una serie de cuestiones. Yo le voy
a mandar copia de mi última comparecencia en el Senado, en la que se
recoge todo lo que hemos hecho en estos cuatro años (yo creo que
ahora no hay tiempo ni es el momento), para que vea que, también en
este terreno, se han hecho muchas cosas. Por primera vez (el señor
Lázaro se ha referido a ello),
los guardias civiles tienen un horario de servicio; por primera vez,
se están compensando las horas de exceso a 800 pesetas (que es muy
poco, pero de cero a 800, fíjese si hemos mejorado), las horas
festivas y nocturnas no se pagaban, luego a 115 pesetas y ahora a 150
pesetas. Insisto, sigue siendo poco, pero yo creo que estamos
avanzando muy notablemente en lo que son las condiciones de
prestación del servicio por parte de los guardias civiles. Por
primera vez en la historia, la Guardia Civil tiene una Ley de
personal propia -que ustedes conocen muy bien- que regula todo lo
relacionado con sus derechos, su estatuto profesional, el desarrollo
de su carrera, etcétera. Efectivamente, la productividad es un
concepto para remunerar especiales dedicaciones, pero tiene unas
normas objetivas de aplicación. Una cosa es que la asignen los
mandos, pero no depende, en absoluto, del capricho de los mandos. En
el caso de la Guardia Civil, para los que tienen fijado el servicio a
través de papeleta, eso se mide en horas de servicio, pero hay
también otros criterios. Usted sabe muy bien que la Administración no
reparte 11.000 millones de pesetas sin ningún tipo de control o,
simplemente, basándose en el libre albedrío de que tiene que
repartir. Para el reparto de productividad hay unos criterios que
están regulados por la ley y son los que se aplican, también, en la
Guardia Civil.
Por lo que se refiere a la intervención del señor Mayoral, le tengo
que decir lo mismo. La remuneración de los guardias civiles es muy
parecida a la del cuerpo nacional de Policía. Ha hablado de dos
cifras, 208.000 y 241.000 pesetas, que efectivamente son así, y es
cierto que hay una serie de complementos que existen en un cuerpo y
no existen en otro. La remuneración del cuerpo nacional de Policía y
la de la Guardia Civil es más o menos la misma; si hacemos la
comparación con otros cuerpos de seguridad, ya entraríamos en otro
asunto que no es materia de esta comparecencia. Por lo que se refiere
a esas remuneraciones, en estos cinco años han seguido las mismas
vicisitudes que las del resto de los servidores del Estado.
Poco más tengo que añadir. No utilicemos argumentos como si son
militares o no son militares, si tienen sindicatos o no los tienen,
porque eso no tiene absolutamente nada que ver. Lo que sí les digo es
que nadie puede tener más interés que yo en que, al final, se consiga
que el Gobierno decida que los guardias civiles reciban esta paga.
Respecto al comienzo de la intervención del señor Alcaraz, ahora que
se han cumplido 20 años del 23-F, si me permite, le contaré una
anécdota. En muchos pueblos de España, ciudadanos que eran conocidos
por su ideología y por su militancia comunista, a donde acudieron esa
noche fue al cuartelillo de la Guardia Civil, porque sabían que allí
era donde estaban más seguros.
El señor PRESIDENTE: Señor Alcaraz.
El señor ALCARAZ MASATS: Solamente una cosa, señor Valdivielso.
Fuimos a coordinarnos con la Guardia Civil, no a que nos guardaran en
los cuarteles de los pueblos, porque había que salir a la calle, ya
que no sabíamos cuál sería la reacción de los grupos de ultraderecha.
Eso por una parte. Además, sabíamos que la Guardia Civil, en la
inmensa mayoría de las partes, no iba a decantarse por soluciones
anticonstitucionales.
De otra parte, usted ha dicho, si a notarios y bomberos no les afecta
una subida, punto redondo. El problema es que notarios y bomberos
tienen muy definida su situación, y, segundo, pueden defenderse y
organizarse sindicalmente o como quieran.
Este es el problema que afecta a la Guardia Civil. Este es el
problema de fondo, por eso les digo que hagan un esfuerzo, el que
estamos haciendo nosotros ahora. Aquí consta hoy que usted defiende
menos que yo la subida de salarios de la Guardia Civil, y que conste
así para la historia.
El señor PRESIDENTE: Señor director general.
El señor DIRECTOR GENERAL DE LA GUARDIA CIVL (López Valdivielso):
Vuelvo a insistir en lo de la sindicación. De esto hemos hablado
mucho. Yo me acuerdo que cuando estaba en la oposición fijaba la
posición de mi grupo en relación con esta iniciativa que
permanentemente presentaba su grupo, la desmilitarización de la
Guardia Civil.
Mientras la Guardia Civil sea un cuerpo de naturaleza militar no
podrá tener sindicatos. Ahora nos planteamos otro debate. Si la
Guardia Civil tiene que ser militar o civil. Insisto en que no se
puede mientras tenga su naturaleza, que es la que tiene y es la de su
razón de ser, porque el modelo policial que tenemos que no es
exclusivo de España. Como saben, muchos países tienen un modelo
similar, con dos cuerpos de seguridad, uno de naturaleza civil, otro,
de naturaleza militar. Eso ocurre en Francia, Italia, Portugal,
Holanda. Hay muchísimos países avanzados, democráticos, modernos, en
los que ese modelo es parecido, y en ningún sitio ese cuerpo de
naturaleza militar tiene la posibilidad de pertenecer a un sindicato,
como no lo tienen en España tampoco los jueces y los magistrados. No
decimos que la Guardia Civil es la única que no puede sindicarse en
este país. Ni tampoco las Fuerzas Armadas, ni los jueces, ni los
magistrados. La Policía tiene unas limitaciones en los aspectos
sindicales, o sea, no aprovechemos una cuestión muy concreta para
replantear este tema. Las cosas en este punto están como están, son
como son, hemos hecho grandes avances, tanto en las condiciones en el
servicio del cuerpo de la Guardia Civil, como en su remuneración, vía
productividad, que es el único sitio por el que podíamos actuar, y,
como digo, yo voy con usted del brazo en ese intento de que los
guardias civiles estén cada día mejor remunerados.
El señor PRESIDENTE: Pasamos al trámite de preguntas, Señor Gil
Lázaro.
El señor GIL LÁZARO: Señor presidente, antes del comienzo de la
intervención del señor director general habíamos manifestado que por
parte de nuestro grupo, como es natural, para facilitar la tarea de
control, no teníamos ningún inconveniente en que las preguntas
formuladas por señoras y señores diputados del Grupo Parlamentario
Socialista pasaran a ser las primeras en contestarse. Se nos ha
informado que una de ellas ha sido retirada definitivamente, la otra
ha sido aplazada y, por tanto, mantenemos nuestra oferta.
La pregunta que en este momento subsiste, que es la del señor Pliego
Cubero, que figura en el número 12, no tenemos ningún inconveniente
en que pueda pasar a ser la primera.
El señor PRESIDENTE: ¿El Grupo Parlamentario Socialista está de
acuerdo? (Asentimiento.)
El señor GIL LÁZARO: Señor presidente, simplemente lo he dicho para
facilitar la tarea de control de las señoras y señores diputados, y,
en todo caso, cargar con la incomodidad los miembros del Grupo
Parlamentario Popular y no los de otros grupos.
El señor PRESIDENTE: Aceptamos esa explicación.
PREGUNTAS:
- DEL SEÑOR PLIEGO CUBERO (GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA), SOBRE
RAZÓN POR LA QUE SE HA UBICADO EN LA CAROLINA (JAÉN) LA COMPAÑÍA DE
LA GUARDIA CIVIL QUE EXISTÍA EN LINARES. (Número de expediente 181/
000412)
El señor PRESIDENTE: Pregunta número 12, del Grupo Parlamentario
Socialista. Tiene la palabra el señor Pliego.
El señor PLIEGO CUBERO: Entre los ciudadanos de Linares existe una
gran indignación por la medida que ha tomado el Gobierno del Partido
Popular de trasladar la 3.a compañía de la Guardia Civil desde la
ciudad de Linares al municipio de La Carolina.
Lo que quiero saber, señor director general de la Guardia Civil, es
si hay una sola razón desde, el punto de vista del interés de los
ciudadanos, que justifique esta medida.
El señor PRESIDENTE: Señor director general.
El señor DIRECTOR GENERAL DE LA GUARDIA CIVIL (López Valdivielso):
Como sabe S.S., la Policía y la Guardia Civil tienen repartidas sus
competencias,
por el hecho de que hay una serie de ellas que la Guardia Civil tiene
con carácter exclusivo en todo el territorio nacional. La Guardia
Civil es el resguardo fiscal del Estado, y tiene todas las
competencias en relación con la fabricación, uso, transportes,
comercio de armas y explosivos; tiene la responsabilidad exclusiva de
los puertos, los aeropuertos, las costas, las fronteras, el mar
territorial; además, es como la policía ecológica del Estado, a
través del Seprona, en todo el territorio nacional. Además de eso, de
lo que son las competencias exclusivas de la Guardia Civil en todo el
territorio nacional, luego está la seguridad ciudadana.
La policía está en las capitales de provincia y en los grandes
municipios, según dice el artículo 11 de la Ley Orgánica 2/1986, de
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, sin definir lo que son
grandes municipios, y deja al Gobierno la capacidad de determinar qué
municipios son competencia de la Guardia Civil y cuáles de la Policía
Nacional. Resulta que Linares es demarcación de la Policía Nacional,
y allí hay comisaría del cuerpo nacional de Policía. Ellos se ocupan
del casco urbano y nosotros del resto del término municipal.
Me decía que le diese una sola razón, ya se la estoy dando. Hemos
tomado la decisión en la Dirección General de la Guardia Civil de
concentrar nuestras estructuras, nuestros efectivos, en aquellos
lugares que son demarcación de la Guardia Civil. Como Linares es
demarcación de la Policía y La Carolina es demarcación de la Guardia
Civil, hemos decidido trasladar la compañía a lo que es nuestra
demarcación, y eso lo vamos a hacer en todos aquellos sitios en
donde, como consecuencia de esa reestructuración, nuestras compañías
se han quedado descolocadas. Por ello vamos a llevar nuestras
compañías a nuestra demarcación. Otra razón es que en La Carolina
estamos haciendo un nuevo acuartelamiento en el que los guardias
civiles van a estar mejor alojados, y vamos a disponer de mejores
instalaciones y mejores dependencias.
Dicho esto, como en Linares la Policía se ocupa sólo del casco urbano
y nosotros del resto del término municipal, vamos a mantener el
puesto que tenemos en Linares; es decir, que el término municipal de
Linares y los pueblos limítrofes van a seguir disponiendo de los
servicios que actualmente viene prestando la Guardia Civil, tanto en
materia de seguridad ciudadana como otros de carácter administrativo,
al estar prevista la continuidad del puesto con un catálogo de doce
efectivos: un sargento, un cabo, y diez guardias, una intervención de
armas y una patrulla del servicio de protección de la naturaleza. O
sea, que lo que hacemos es quitar la compañía de una estructura más
administrativa que operativa, y la vamos a llevar a nuestra
demarcación, al cuartel que estamos construyendo en La Carolina.
El señor PRESIDENTE: Señor Pliego.
El señor PLIEGO CUBERO: Señor Valdievielso, le voy a demostrar que lo
que usted dice no se ajusta a la realidad y que la única razón, y se
la diré con nombre y apellidos, de por qué la 3.a compañía de Linares
va a La Carolina es clientelar, partidista, y porque el alcalde de La
Carolina es don Ramón Palacios, esa es la única razón. Saltan ustedes
por encima del interés de los ciudadanos por una razón de esta
naturaleza.
En la provincia de Jaén hay seis compañías de la Guardia Civil; Jaén,
Úbeda, Andújar también son demarcaciones de la Policía Nacional, en
ninguna de ellas cambian ustedes la compañía y solamente lo hacen en
Linares.
En segundo lugar, geográficamente Linares es el centro de la comarca
afectada por los servicios administrativos que allí presta la Guardia
Civil. La cambian ustedes a un sitio que es más dificultoso para los
ciudadanos. La 3.a compañía, su equivalente en la legislación
anterior, ha estado siempre, desde tiempos inmemoriales, ubicada en
Linares, y la han cambiado ustedes con premeditación y alevosía.
Cuando el Partido Popular en el año 1996 entró en el Gobierno tenía
sobre la mesa una oferta de suelo del Ayuntamiento de Linares para
que dispusieran ustedes de él para la construcción de un nuevo
cuartel y, a pesar de ello, posteriormente ustedes tomaron el acuerdo
de gastar el dinero en La Carolina y llevar allí la 3.a compañía.
Por ello no existe ninguna razón que pueda entenderse, desde el
sentido común y pensando en el interés público de la seguridad de los
ciudadanos, para que la compañía de la Guardia Civil vaya de una
ciudad de 65.000 habitantes a un municipio de 12.000. Sabíamos que
algún coste tenía que tener el homenaje, con toda la parafernalia
típica del caso, que don Ramón Palacios le dio recientemente al señor
Mayor Oreja. Lo que no sabíamos es que los ciudadanos de Linares iban
a pagar en términos de prestación de servicio de la Guardia Civil las
consecuencias de esas circunstancias. Lo que le pido es que
rectifique y que, como ha acordado el Ayuntamiento de Linares en su
Pleno, cambien esa decisión y la 3.a compañía de la Guardia Civil
siga ubicada en Linares. Resulta intolerable, por una mera cuestión
de partidismo y de que el alcalde de La Carolina es don Ramón
Palacios -por otra parte, gran conocido de la afición por otro tema-,
que esa sea la única razón de por qué ustedes cambian la 3.a compañía
de Linares a La Carolina.
El señor PRESIDENTE: Señor director general.
El señor DIRECTOR GENERAL DE LA GUARDIA CIVIL (López Valdivielso): La
mayor dificultad que voy a tener en esta segunda intervención es
separar de la introducción de S.S. lo que es demagogia de lo que son
argumentos, pero, en fin, voy a intentarlo.
Dice usted que no es verdad nada de lo que he dicho. Si no es verdad
lo que dice la ley de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado con
respecto a demarcaciones territoriales, usted me dirá. Si no es
verdad que La Carolina es demarcación de la Guardia Civil y Linares
es demarcación de la Policía Nacional, usted me dirá. Si no es verdad
que estamos haciendo un nuevo cuartel en La Carolina mientras que en
Linares no lo estamos haciendo, usted me dirá. Y no lo vamos a hacer
porque, naturalmente, nuestra política de infraestructuras, nuestra
política de inversiones está dirigida a invertir en aquellos
municipios que son de nuestra responsabilidad y de nuestra
demarcación. Al final, no quiero dar un titular que, vista la
demagogia con la que usted se despacha, sería: El director de la
Guardia Civil dice que desaparecerá la Guardia Civil de Linares. Debo
decir que, en un plazo que soy incapaz de señalar, cada cuerpo deberá
estar implantado en aquellos sitios que, por ley, son de su
demarcación. Por tanto, las prioridades inversoras de la Guardia
Civil van a ser siempre en aquellos municipios que son de nuestra
demarcación. Por eso, entre construir un cuartel nuevo en Linares o
en La Carolina, decidimos -con premeditación dice usted, por
supuesto, no hacemos nada a la ligera- hacerlo en La Carolina porque
resulta que es demarcación de la Guardia Civil.
El señor PRESIDENTE: Le queda medio minuto.
El señor DIRECTOR GENERAL DE LA GUARDIA CIVIL (López Valdivielso):
Mientras cada uno esté atendiendo su demarcación, mantendremos a
efectos de seguridad ciudadana el puesto de Linares.
Quiero indicar una cosa, se lo he dicho antes ya, pero se lo repito.
Respecto a la seguridad ciudadana, nada tiene que ver el que haya una
compañía o no, la compañía es una estructura de mando y
administrativa, no operativa.
- DE LA SEÑORA TORME PARDO (GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL
CONGRESO), SOBRE VALORACIÓN DE LOS OBJETIVOS ALCANZADOS EN LA FASE
INICIAL DE FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA INTEGRADO DE VIGILANCIA
EXTERIOR DESARROLLADO OPERATIVAMENTE POR LA GUARDIA CIVIL. (Número de
expediente 181/000343)
El señor PRESIDENTE: Pasamos ahora a la pregunta 7 que formula la
diputada doña Ana Torme Pardo. Tiene la palabra.
La señora TORME PARDO: Señor director general, hoy le formulamos
varias preguntas. Todas ellas tienen un denominador común, que no es
otro que el interés que tiene mi grupo parlamentario en que pueda
informar aquí ante esta Comisión sobre aspectos que consideramos
novedosos en el ejercicio de las funciones que tiene encomendadas la
Dirección General de la Guardia Civil y que responden a las
exigencias nuevas por parte de nuestra sociedad. Así, en el caso de
la primera pregunta que le voy a formular, son exigencias que vienen
dadas por nuestra presencia en la Unión Europea.
Tras la firma del Tratado de Amsterdam, la Unión Europea asume el
reto de crear un espacio común de libertad, seguridad y justicia que
implica la desaparición de las fronteras interiores, así como el
refuerzo en el control de las fronteras exteriores. Ese nuevo espacio
exige por parte de todos los Estados miembros una solidaridad y un
sentido de la corresponsabilidad sin precedentes. Esa exigencia de
responsabilidad se incrementa en los Estados situados en la
periferia, ya que juegan un papel esencial en las labores de
vigilancia y de control de esas fronteras exteriores. Este es el caso
de España como frontera sur de la Unión. La proximidad geográfica de
España al continente africano le otorga, además, la condición de
puerta de entrada a Europa, lo que es aprovechado por organizaciones
dedicadas a tráficos ilícitos, no sólo de drogas sino también, lo que
es más dramático, de personas. Son precisamente el narcotráfico y la
inmigración irregular los dos principales problemas con los que se
enfrenta España como frontera sur de la Unión Europea. Para cumplir
con una mayor eficacia esa función de vigilancia y control de la
frontera, la Guardia Civil ha puesto en marcha el sistema integrado
de vigilancia exterior, conocido como SIVE, respecto al que
solicitamos al director general una valoración de los objetivos
alcanzados en su funcionamiento.
El señor PRESIDENTE: Señor director general.
El señor DIRECTOR GENERAL DE LA GUARDIA CIVIL (López Valdivielso):
Señora diputada, efectivamente, usted ha planteado los objetivos de
este programa SIVE, pero, centrándonos en la literalidad de su
pregunta, cuando hablamos de los objetivos alcanzados en la fase
inicial, tengo que decir que estamos cumpliendo todos los plazos que
nos habíamos planteado. En un principio se trataba de estudiar y
definir el sistema en sí mismo, que permitiese aumentar la eficacia
del servicio sin un elevado incremento de personal. Para el SIVE
hemos efectuado una serie de estudios y pruebas conducentes a conocer
los medios técnicos existentes que sean los más adecuados para el
cumplimiento de la finalidad que perseguía, determinar el despliegue
de dichos medios en coordinación con la fuerza disponible e iniciar
su adquisición e instalación. Hemos llevado a cabo minuciosos
exámenes de las características técnicas y las posibilidades
operativas de los sensores existentes para la detección de pequeñas
embarcaciones, que era una de las cuestiones técnicas más
delicadas dada la pequeña velocidad, la pequeña obra muerta de este
tipo de embarcaciones, y, una vez seleccionados los más adecuados, se
realizaron pruebas de campo para ver si, efectivamente, funcionaban.
Como resultado de estos estudios, se ha tomado la decisión de
desplegar a lo largo de la costa estaciones sensoras, cada una
compuesta por un radar, una cámara de visión nocturna y otra de
visión diurna, que obtendrán la información precisa de la situación,
cuyas informaciones se transmitirán mediante un sistema de
comunicaciones a centros de mando y control en las cabeceras de
comandancia, desde donde se darían las órdenes de actuación a la
fuerza para interceptar todos los tráficos ilícitos, tanto los de
inmigración irregular como los de narcotráfico o contrabando.
La situación del programa es que en estos momentos, terminada la
asistencia técnica y habiendo ya adjudicado el centro prototipo a una
empresa española, Amper, por valor de 1.520 millones de pesetas,
esperamos que este centro prototipo esté funcionando definitivamente
en agosto de 2002, pero ya en este verano tendremos la posibilidad de
iniciar su funcionamiento. También está prevista la entrega en junio
de este año de un radar para Fuerteventura, para cuya implementación
optrónica se están preparando los pliegos. En definitiva, este
proyecto, que es muy ambicioso, con un importe total de cerca de
20.000 millones de pesetas, se está desarrollando tal y como habíamos
previsto, y no podremos tener resultados de valoración operativa
hasta que no esté en funcionamiento, como he dicho anteriormente, la
primera fase de la primera implantación piloto en el verano de este
año 2001 y el centro operativo totalmente en el verano del 2002.
- DE LA SEÑORA TORME PARDO (GRUPO PALAMENTARIO POPULAR EN EL
CONGRESO), SOBRE PRINCIPALES LÍNEAS DE ACTUACIÓN QUE VIENE
DESARROLLANDO LA GUARDIA CIVIL EN MATERIA DE DEFENSA DEL PATRIMONIO
HISTÓRICO Y ARQUEOLÓGICO EN LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CASTILLA Y LEÓN.
(Número de expediente 181/000350)
El señor PRESIDENTE: Pasamos a la pregunta 8, también formulada por
la señora Torme.
La señora TORME PARDO: La Constitución española, en su artículo 46,
determina que los poderes públicos deberán garantizar la conservación
de nuestro patrimonio histórico, artístico y cultural, con
independencia de cuál sea su régimen jurídico o titularidad. Los
riesgos a los que se enfrenta ese patrimonio son variados y van desde
su deterioro por falta de mantenimiento a su expolio, robos, hurtos,
contrabando o falsificaciones. La Guardia Civil, a través del grupo
de Patrimonio Histórico y creo que en determinados casos
también a través del Seprona, fundamentalmente en lo que se refiere
al patrimonio arqueológico, desarrolla una importante labor de
protección en una doble vertiente tanto preventiva como represiva. En
esa labor que ejerce la Guardia Civil hay que tener en cuenta que
entre los bienes que forman parte de nuestro patrimonio, aquellos que
son más relevantes tienen una adecuada protección al estar bien
custodiados en museos o en instituciones oficiales. Sin embargo,
constituyen una mínima parte de los bienes que integran nuestro
patrimonio, ya que la mayor parte, como ocurre en el caso concreto de
la Comunidad Autónoma de Castilla y León, se encuentran en iglesias,
ermitas de pequeñas localidades, yacimientos arqueológicos ubicados
en puntos aislados, incluso en casas de particulares. Se trata de
bienes para los que se dispone de menores medidas de seguridad y en
algunos casos de ninguna. Se encuentran en su práctica totalidad en
lugares comprendidos en la demarcación de la Guardia Civil, cuyo
despliegue es especialmente apto para ejercer la labor de protección
del patrimonio, al disponer de puestos en casi todas las poblaciones.
Teniendo en cuenta el papel que juega la Guardia Civil en este
ámbito, así como la riqueza del patrimonio cultural y arqueológico de
la Comunidad Autónoma de Castilla y León, la extensión de su
territorio y dispersión, por tanto, de los puntos donde se encuentran
los bienes, la abundancia de los mismos y recordando además alguna
operación realizada en esa comunidad autónoma en la que se han
intervenido numerosos objetos sustraídos, le pido la siguiente
información: principales líneas de actuación que viene desarrollando
la Guardia Civil en materia de defensa del patrimonio histórico y
arqueológico en la Comunidad Autónoma de Castilla y León.
El señor PRESIDENTE: Señor director general.
El señor DIRECTOR GENERAL DE LA GUARDIA CIVIL (López Valdivielso):
Señora diputada, las líneas de actuación en relación con esta
cuestión son varias. En primer lugar, están las actuaciones de tipo
preventivo. Con el propósito de disuadir de acciones delictivas, las
unidades territoriales y las unidades del Seprona, el servicio de
protección de la naturaleza, están diseminadas a lo largo de todo el
terrritorio de la Comunidad Autónoma de Castilla y León, constituyen
el escalón más cercano y realizan labores de vigilancia sobre
aquellos puntos sensibles susceptibles de ser objeto de robo o
expolio, como pueden ser iglesias, ermitas, castillos, yacimientos
arqueológicos, etcétera. Dentro de esta línea de prevención hay una
importante labor de sensibilización a los propietarios de esas obras
de arte, susceptibles de ser objeto de hurto o de robo o de cualquier
tipo de delito, para que tomen medidas, para que no se tengan
abandonadas y para que estén en buenas condiciones, tanto para su
conservación, que
sería otra cuestión, como para preservarlas de quienes pudiesen
atentar contra ellas.
Otra línea es la del control del comercio. Indudablemente, estos
delitos se cometen para obtener un lucro con la venta posterior de
las obras de arte. Con el compromiso de controlar el comercio de
antigüedades y obras de arte, las unidades de la Guardia Civil
realizan inspecciones periódicas de los comercios dedicados a tales
actividades y de las salas de subasta, en este caso ubicadas en la
Comunidad Autónoma de Castilla y León. Otra unidad de actuación es la
obtención, recepción y análisis de la información con el propósito de
orientar la prevención y la investigación de toda la información
relacionada con los delitos de esta materia y que es centralizada en
el ámbito provincial por las unidades orgánicas de policía judicial
de cada comandancia, que las ponen en conocimiento de la unidad
orgánica de la zona, que es de ámbito autonómico, como ustedes saben,
para que se pueda evaluar la información recibida de todos e
integrarla con todos los datos disponibles.
Por último, una línea de investigación con el fin de esclarecer este
tipo de delitos. En principio, la investigación es encomendada a
grupos especializados dependiendo de la complejidad del hecho. Así,
en un primer momento se encarga al grupo de patrimonio de la sección
de investigación de la unidad orgánica de policía judicial de cada
comandancia. Si el desarrollo de la investigación afecta a dos o más
provincias de la comunidad autónoma o los hechos revisten una
especial gravedad, la investigación es asumida por el grupo de
patrimonio histórico-artístico de la unidad central operativa del
servicio de policía judicial a nivel central, que es competente para
actuar en todo el territorio nacional y en los casos que se requiera
cooperación internacional.
Las actuaciones en Castilla y León han sido muy importantes y,
además, prácticamente todas han sido desarrolladas por este grupo
central. Entre las operaciones que se han producido en el año 2000
podríamos citar la detención de 8 personas que constituían una banda
dedicada al robo de obras de arte en palacetes y en segundas
residencias en distintas localidades de la comunidad autónoma. Fruto
de esta operación se han recuperado 115 objetos de arte y se han
esclarecido un total de 14 robos, así como la recuperación -y lo
señalo por su importancia- de un calvario compuesto por tres imágenes
del siglo XV que había sido sustraído de una ermita de la localidad
de Astudillo, en Palencia. Un dato alentador es que, si vemos la
evolución de los robos de obras de arte que se han producido en
Castilla y León en los últimos años, hemos pasado de 64 en el año
1998 a 39 en 1999 y a sólo 26 en el año 2000, lo que demuestra que
esa tarea de prevención y de sensibilización está dando sus
resultados. Pero como, indudablemente, se seguirán produciendo estos
robos, estas unidades van a seguir siendo potenciadas, ya que
consideramos que es un tipo de delito que podría incrementarse en el
futuro, aunque estamos preparados para neutralizar esa posible
acción.
- DE LA SEÑORA TORME PARDO (GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL
CONGRESO), SOBRE MEDIDAS PARA LAAPERTURA Y FLEXIBILIZACIÓN DEL
SISTEMA DE ENSEÑANZA EN LA GUARDIA CIVIL. (Número de expediente 181/
000352)
El señor PRESIDENTE: Para formular la pregunta número 9, tiene la
palabra la señora Torme.
La señora TORME PARDO: Una de las principales conclusiones a las que
se llegó en la primera convención sobre enseñanza en la Guardia
Civil, celebrada en septiembre del año pasado, fue precisamente la de
la necesidad de dar un nuevo impulso a la formación de los
profesionales de la Guardia Civil para afrontar con garantía los
nuevos retos que el futuro demanda, retos que exigen una permanente
actualización de los conocimientos. En ese foro se parte del análisis
del estado actual de la enseñanza, así como de las exigencias
futuras, planteándose como reto la mejora de la calidad de la
enseñanza. Para ello se apuntan las líneas básicas que han de
orientar su reforma, entre las que destaca la de conseguir una
enseñanza más abierta y flexible. El Grupo Parlamentario Popular
considera que en toda institución el elemento fundamental para
garantizar el adecuado ejercicio de las funciones encomendadas es el
humano, las personas que integran esa institución. De ahí que también
consideremos prioritario en el seno de la Benemérita una adecuada
formación de sus recursos humanos, de sus profesionales. Por ello,
quisiera que nos informara sobre las medidas adoptadas para la
apertura y flexibilización del sistema de enseñanza en la Guardia
Civil.
El señor PRESIDENTE: Señor director general.
El señor DIRECTOR GENERAL DE LA GUARDIA CIVIL (López Valdivielso):
Señora diputada, efectivamente, la enseñanza es un aspecto
fundamental en el seno de la Guardia Civil. Si pensamos que el mayor
activo de la Guardia Civil son los hombres y las mujeres que la
integran, si queremos que sea un cuerpo cada vez más eficaz, es
imprescindible dar una mejor formación a sus miembros. Por eso,
estamos actuando muy directa y decididamente sobre todo lo
relacionado con la enseñanza, superado ya el momento de la
reestructuración que hicimos, que supuso una reducción de los centros
de enseñanza, pues pasamos de 11 a cinco, lo que nos ha permitido
aprovechar mejor las capacidades de nuestra infraestructura y hacer
una mejor utilización de las posibilidades de nuestro personal
docente.Superado eso, ahora estamos intentando plantear un
sistema que permita ir modificando permanentemente los planes de
estudio. Esta es una actuación muy dinámica, surgen nuevas formas de
delito, evolucionan las formas de delito tradicionales y para
combatir todos los delitos es preciso que nuestros guardias tengan
cada día una mayor y mejor formación.
El sistema de enseñanza de la Guardia Civil es un sistema integrado
en el sistema educativo general, es un sistema unitario y abierto. Es
muy importante también que los guardias civiles puedan tener
contactos con otros ámbitos de la enseñanza fuera de lo que es la
Guardia Civil y por eso hemos impulsado mucho los contactos y los
acuerdos con centros nacionales o extranjeros, tanto de naturaleza
civil como militar. Simplemente, por referirme a un caso que creemos
que es muy relevante, he de decir que hemos firmado un acuerdo con la
Universidad Carlos III para crear el instituto universitario de
estudios de seguridad Duque de Ahumada, por el que ya han pasado
1.187 alumnos, está funcionando a la perfección y este año vamos a
iniciar los trámites para convertirlo en un instituto universitario
modelo. En general, tenemos contactos con muchas universidades
a nivel nacional, con la Universidad Nacional de Educación a Distancia
y otras que tienen una especial dedicación en temas que pueden
afectar a nuestras misiones, como es el caso de la Universidad de
Granada, con la que estamos desarrollando un programa muy importante
de ADN, y con centros de la Administración pública. Es decir, que se
trata de un sistema abierto para intentar que nuestros guardias
tengan contacto no solamente con nuestro sistema de enseñanza sino
con otros. Ya me he referido a los planes de estudio, se hizo una
modificación y ahora estamos inmersos en una renovación de los planes
de estudio para hacer más hincapié en aquellas materias que son las
más importantes para el desarrollo de nuestra función. Además de la
enseñanza general básica, otro aspecto muy importante en el seno de
la Guardia Civil es la especialización. ¿Por qué? Porque como les he
dicho, las cosas cada día son más complicadas, los delincuentes
utilizan técnicas y sistemas más especializados y desde ese punto de
vista debo decirles que hemos hecho un esfuerzo muy importante, que
ha supuesto el haber formado en estos últimos cuatro años a un total
de 6.530 especialistas.
Esto, junto a los contactos con las universidades nacionales y
extranjeras, con la mejora de la capacidad de nuestro profesorado,
porque es muy importante la actitud del profesorado, al que hay que
tener estimulado e incentivado, habiendo tomado medidas en esa
dirección, nos hace ser optimistas con respecto al objetivo de
mejorar la formación tanto básica como especializada de los hombres y
mujeres que componen la Guardia Civil.
- DE LA SEÑORA TORME PARDO (GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL
CONGRESO), SOBRE RESULTADOS DE LA ACTUACIÓN DURANTE EL ÚLTIMO AÑO DE
LOS LLAMADOS «EQUIPOS EMUME» (MUJER Y MENOR) DE LA GUARDIA CIVIL.
(Número de expediente 181/000354)
El señor PRESIDENTE: Pasamos a la pregunta número 10. Para formularla
tiene la palabra la diputada señora Torme.
La señora TORME PARDO: Para el correcto y eficaz funcionamiento de
las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado -ya hemos tenido
ocasión de hacer mención a ello- es fundamental una adecuada
formación y especialización en el ejercicio de las misiones que se
les encomiendan. Hay determinados delitos, como son los malos tratos,
de los que son víctimas fundamentalmente las mujeres y los menores,
delitos que requieren una atención prioritaria y una formación
especializada del personal que ha de atender a estas personas en esa
situación de vulnerabilidad. Para dar cumplimiento a esta exigencia
se crean en la Guardia Civil los equipos EMUME, equipos de atención a
la mujer y al menor. Este Gobierno está haciendo un gran esfuerzo de
lucha contra la violencia doméstica. Por primera vez se ha puesto en
marcha un plan nacional contra la violencia doméstica, con una
inversión que ha supuesto más de 8.000 millones de pesetas en el
desarrollo de las distintas medidas que en ese plan se contemplan
y dentro de las cuales quiero destacar precisamente la creación de
estos equipos. Por ello, quisiera, señor director general, que nos
informara de los resultados de la actuación durante el último año de
los equipos de atención a la mujer y a los menores.
El señor PRESIDENTE: Señor director general.
El señor DIRECTOR GENERAL DE LA GUARDIA CIVIL (López Valdivieso):
Señora diputada, este es un asunto que nos preocupa. La Guardia
Civil, en desarrollo del mandato constitucional que le asigna la
protección del libre ejercicio de los derechos y libertades de los
ciudadanos, ha venido realizando en los últimos años un gran esfuerzo
en la creación de unidades especializadas y en la adopción de una
serie de medidas tendentes a prestar atención preferente a los
sectores más débiles de la sociedad, en este caso a las mujeres y a
los menores que han sido víctimas de hechos delictivos contra la
libertad sexual o en relación con comportamientos violentos en el
ámbito familiar. Esta reacción institucional ha venido incardinada en
el III Plan para la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres
y en el Plan de acción contra la violencia doméstica 1998-2000,
recientemente concluido.
Las tareas concretas de los Emume, los equipos mujer-menor, son
asesorar a las unidades territoriales,
a los puestos, a iniciativa propia o respondiendo a consultas, sobre
los problemas que sufre la mujer y el menor y mantener informados al
resto de los componentes del cuerpo de su demarcación de los
procedimientos a seguir, así como de los recursos asistenciales
disponibles en las distintas localidades de la provincia. Cuando se
produce un caso relevante, estos Emume se hacen cargo de todos los
aspectos relativos a la investigación criminal, siguiendo el caso
hasta su completo esclarecimiento y realizando todas las gestiones,
así como instruyendo las diligencias judiciales necesarias y
asistiendo personalmente a las víctimas. El tercer área de actuación
de los Emume es propiciar y mantener contactos tanto con
instituciones de todos los niveles, Administración central,
autonómica o local, como con asociaciones relacionadas con este
ámbito de actuación, al objeto de favorecer actuaciones de carácter
preventivo y asistencial, así como participar y colaborar en
jornadas, reuniones, seminarios, etcétera, para intercambiar
información, pero también para obtener de estos colectivos sus
inquietudes y estudiar sus soluciones.
De las actuaciones propias de las unidades territoriales se elabora
un informe-resumen para remitirlo al Emume central, situado en la
sección de investigación del comportamiento delictivo de la Jefatura
de servicios y delincuencia, para su análisis y difusión. Estos Emume
están concebidos para constituir el escalón más especializado a nivel
provincial, pero no son el único instrumento con el que cuenta la
Guardia Civil para hacer frente a este problema de la mujer y el
menor. Hemos diseñado un sistema en el que se integran los diferentes
dispositivos policiales desplegados en cada comunidad -las unidades
territoriales, los equipos de Policía Judicial territoriales-, y la
verdad es que estamos muy satisfechos del balance del funcionamiento
de los Emume. En relación con la atención a menores, por ejemplo,
durante el año 2000 los Emume han llevado a cabo 3.732 actuaciones,
un 20 por ciento más que el año anterior, y se ha detenido a 440
presuntos autores de delitos en relación con este asunto. En cuanto a
la atención a mujeres, durante el año 2000 los Emume han realizado
7.922 actuaciones, un 11 por ciento más que el año anterior, y se ha
detenido a 1.041 presuntos delincuentes. Por último, como dato
adicional, hasta el año 2000, los guardias civiles que han formado
los Emume y que han recibido formación especializada han sido 143,
con lo que de momento se cubre nuestro despliegue, porque las
unidades y los equipos de Emume encuadran a 118 efectivos por toda la
geografía nacional, de los que 104 son mujeres y 14 varones. Esto
esta funcionando a plena satisfacción. Tenemos Emume en todas las
comandancias y estamos pensando en extender este tipo de equipos a
otros ámbitos de nuestras unidades territoriales.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor director general.
- DE LA SEÑORA TORME PARDO (GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL
CONGRESO), SOBRE RESULTADOS DE LA PUESTA EN MARCHA DE MANERA
EXPERIMENTAL DE LOS LLAMADOS EQUIPOS DE ATENCIÓN AL INMIGRANTE
(EDATI) DE LA GUARDIA CIVIL. (Número de expediente 181/000355)
El señor PRESIDENTE: Para formular la pregunta número 11, tiene la
palabra la señor Torme.
La señora TORME PARDO: Siguiendo con la especialización del personal
de la Guardia Civil para responder a las exigencias de la sociedad
española, le voy a formular la siguiente pregunta, que hace
referencia a la creación de los equipos de atención al inmigrante. La
inmigración es el auténtico reto que tenemos en España de cara al
siglo XXI. Por primera vez España tiene una auténtica política de
inmigración. Para ello se ha creado un órgano encargado del impulso
de esa política de inmigración, que es la Delegación del Gobierno
para la extranjería y la inmigración, y se ha puesto en marcha un
programa que, de una forma global, contempla las distintas
actuaciones que desde todos los departamentos ministeriales, así como
desde otras instituciones, han de llevarse a cabo para regular de una
forma armónica, garantizando la convivencia democrática y en paz,
este fenómeno de la inmigración. De ahí que nos parezca interesante
que nos pueda informar de cuáles están siendo los resultados de la
puesta en marcha de manera experimental de los llamados equipos de
atención al inmigrante de la Guardia Civil.
El señor PRESIDENTE: Señor director general.
El señor DIRECTOR GENERAL DE LA GUARDIA CIVIL (López Valdivielso):
Señora diputada, tras su implantación en junio de 2000, hemos podido
constatar el altísimo grado de aceptación que ha tenido esta
iniciativa entre la población inmigrante y también en las entidades,
en los organismos públicos y privados relacionados con el problema de
la integración de los inmigrantes en nuestro país, de lo cual se han
hecho eco los medios de comunicación, tanto locales como nacionales,
y creemos que se han cumplido ampliamente los objetivos iniciales que
nos habíamos propuesto con su creación.
En el marco de la política de acercamiento al ciudadano, que en los
últimos años hemos impulsado desde la dirección general, y dado que
uno de los problemas más candentes, como S.S. ha planteado, puede ser
el relativo a la inmigración en el aspecto de su integración en la
sociedad, en la primavera del año 2000 decidimos crear y formar a
unos grupos operativos dentro del propio cuerpo, con la misión
fundamental y casi exclusiva de prestar asistencia a este colectivo,
especialmente en lo que se refiere a la tutela de sus derechos
en el ámbito de las funciones y de lo que son las Fuerzas y Cuerpos
de Seguridad del Estado. Una de las principales causas que nos
aconsejaron acometer este proyecto era el hecho de que las personas
que componen el colectivo de inmigrantes llegan a España con un
desconocimiento absoluto de sus derechos, siendo por este motivo
objeto de desamparo y abusos ilícitos, circunstancia que tiene
repercusión directa en la seguridad ciuda-dana.
Con la creación de estos equipos se pretendía estar cerca de las
preocupaciones del inmigrante, estableciendo un contacto permanente
con él y tutelando sus derechos en el ámbito de las funciones propias
de la Guardia Civil. Siguiendo esta idea de actuación con espíritu
fundamentalmente asistencial, el famoso espíritu benemérito con el
que se califica a la Guardia Civil, se concibieron como cometidos
para desempeñar por los Edati los siguientes: informar a los
inmigrantes de los derechos que los asisten; recibir, atender,
canalizar las demandas y necesidades de los inmigrantes en materia de
seguridad; facilitarles la tramitación de la documentación relativa a
su estancia o residencia en España en el ámbito del asesoramiento,
puesto que no es competencia directa nuestra lo que es la tramitación
de la documentación, pero sí se les asesora; velar por el
cumplimiento de la normativa, que regula su contratación laboral por
propia iniciativa o en colaboración con otros órganos de la
Administración; orientar e informar a los inmigrantes de las
actividades que promueve su integración y faciliten su estancia en el
territorio nacional y servir de enlace con las instituciones
implicadas.
Como quiera que esto era una faceta nueva del servicio de la Guardia
Civil, su implantación ha sido en principio con carácter
experimental, estableciéndose un Edati en Almería, en el puerto
principal de Roquetas de Mar; otro en Murcia, en Torredonpacheco;
otro en Valencia, en el puesto principal de Tabernes Blanques y otro
en Barcelona en el puesto principal de Premià de Mar. Como ve S.S.,
hemos elegido localidades donde la concentración de inmigrantes es
mayor. Cada uno de estos Edati tiene una dotación de tres guardias
civiles, entre los que uno es mujer, y todos tienen conocimientos
preferentemente de francés, árabe o inglés. En la selección de este
personal se ha procurado que sea idóneo para las misiones que ha de
desempeñar. Hemos realizado una serie de cursos de preparación
específica en los campos de normativa laboral y asistencial sobre
inmigración, peculiaridades culturales de los colectivos de
inmigrantes, realidad social del inmigrante y las dificultades para
su integración y también idiomas, como he dicho antes,
preferentemente francés, árabe e inglés. Por último, he de decir que
la actividad de estos equipos es intensa y muy diversa, destacando,
una vez más, las labores informativas y asistenciales, así como la
redacción de denuncias en los casos de explotación. Quiero destacar
muy especialmente que para el desarrollo de esa iniciativa se han
establecido relaciones
que han sido fructíferas e intensas con las ONG, así como con
diversos colectivos interesados en esta materia. Sabemos que la
Comisión de Justicia e Interior de esta Cámara ha aprobado
recientemente instar al Gobierno continuar desarrollando en el menor
tiempo posible el despliegue futuro de los Edati, y así lo vamos
hacer. Nuestra intención es continuar en esa línea y llegar a un
mínimo de doce Edati a finales del año 2001.
- DE LA SEÑORA TORME PARDO (GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL
CONGRESO), SOBRE BALANCE INICIAL DE LA POLÍTICA DE CONVENIOS EN
MATERIA DE INFRAESTRUCTURAS LLEVADA A CABO POR LA DIRECCIÓN GENERAL
DE LA GUARDIA CIVIL. (Número de expediente 181/000419)
El señor PRESIDENTE: Pregunta número 13. Para formularla, tiene la
palabra la señora Torme.
La señora TORME PARDO: En el marco del esfuerzo que viene realizando
el Gobierno desde 1996 en orden a conseguir un equilibrio
presupuestario, desde el Ministerio del Interior se vienen
intensificando las fórmulas y cauces de colaboración con otras
instituciones, no sólo para rehabilitar, sino también para acometer
la construcción de nuevas infraestructuras. En ese sentido quiero
destacar la política de convenios en materia de acuartelamientos que
viene impulsando la Dirección General de la Guardia Civil, mediante
acuerdos con distintas comunidades autónomas, diputaciones
provinciales, corporaciones locales y otras entidades tanto públicas
como privadas. Es precisamente ese marco el que nos lleva a
plantearle la siguiente pregunta: ¿Cuál es el balance inicial de la
política de convenios en materia de infraestructuras llevada a cabo
por la Dirección General de la Guardia Civil?
El señor PRESIDENTE: Señor director general.
El señor DIRECTOR GENERAL DE LA GUARDIA CIVIL (López Valdivielso):
Señora diputada, como muy bien sabe S.S., uno de los grandes
problemas que tiene la Guardia Civil y al que, por tanto, estamos
dedicando grandes esfuerzos para poder resolverlo, es el estado de
sus cuarteles, el estado de sus instalaciones. Yo suelo decir que de
los 2.300 acuartelamientos que tenemos, un tercio está en buen
estado, un tercio en estado regular y un tercio en pésimo estado.
Y aunque estamos utilizando una parte muy importante de nuestros
presupuestos, tanto en el capítulo VI de inversiones, como el
capítulo II de reparaciones, la verdad es que nuestros presupuestos
no son suficientes para desarrollar, al ritmo que a nosotros nos
gustaría, esta política de mejora de nuestras infraestructuras. Por
eso, una de las líneas de actuación de la dirección general, desde el
inicio de la legislatura anterior, fue establecer una política de
convenios encaminada a conseguir la colaboración tanto de las
distintas administraciones públicas, como S.S. apuntaba, como de
instituciones privadas, para la obtención de los recursos financieros
que, unidos a los nuestros propios, de nuestro presupuesto, nos
permitan ir más deprisa en este plan de rehabilitación y reparación
de cuarteles. Esto ha permitido que se hayan emprendido actuaciones
que si se hubieran tenido que realizar sólo con cargo a nuestros
presupuestos, no hubiesen podido acometerse tan a corto plazo, y
sobre todo no hubiera incluido un número tan elevado de
acuartelamientos. Entre otros convenios, me gustaría destacar por su
importancia los firmados con la Junta de Castilla y León, con la
Junta de Extremadura, con la Fundación Marcelino Botín, por hablar de
una institución de carácter privado, para reparar los cuarteles de la
Comunidad Autónoma de Cantabria, o los que tenemos con las
diputaciones provinciales de Huesca, Granada y Cuenca, y me refiero a
éstas especialmente porque son aquellos convenios que nos han
permitido reparar un mayor número de acuartelamientos. En total,
entre comunidades autónomas, diputaciones provinciales y
ayuntamientos hemos formalizado, en el período 1996-2000, más de 50
convenios de colaboración, que están aportando recursos por valor de
cerca de 3.000 millones de pesetas, complementando los aprobados por
los Presupuestos Generales del Estado para acuartelamientos. Quiero
significar también que aparte de financiación, casi todos los
ayuntamientos nos ceden la parcela sobre la que ha de construirse el
cuartel y muchos de ellos
también financian el proyecto de ejecución de las obras. Vamos a
seguir manteniendo esta política de convenios, hasta el punto de que
en estos momentos hay pendientes de aprobación o formalización un
número de convenios aproximadamente igual a los que ya tenemos
firmados y otros 50 están ahora en trámites. Ya digo, es una manera
de mejorar, de incrementar nuestra capacidad de mejora de nuestras
infraestructuras. Estos convenios también son un reflejo de la
necesaria y obligada colaboración que debe existir en materias que
afectan a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y en las que
la política de Estado aúna las necesidades que en esta cuestión
tienen tanto las comunidades autónomas como las diputaciones y los
ayuntamientos. Por esta vía de convenios y colaboración hemos podido
arreglar aproximadamente 360 cuarteles, que de otra forma no se
hubiesen podido reparar. Es decir, que en estos cuatro años hay 1.200
ó 1.300 cuarteles que están en mejores condiciones que hace cuatro
años, y de ellos 360 han podido ser reparados gracias a esta política
de convenios puesta en marcha desde la dirección general.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor director general.
Concluido el orden del día, sólo resta reiterar el agradecimiento al
director general por su comparecencia ante la Comisión, a las señoras
y señores diputados su presencia en la misma, y levantar la sesión,
lo que hago en este momento.
Se levanta la sesión.
Era la una y cincuenta minutos de la tarde.