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DS. Congreso de los Diputados, Comisiones, núm. 182, de 13/03/2001
CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
COMISIONES
Año 2001 VII Legislatura Núm. 182
COOPERACIÓN INTERNACIONAL PARA EL DESARROLLO
PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. JESÚS LÓPEZ-MEDEL BÁSCONES
Sesión núm. 9
celebrada el martes, 13 de marzo de 2001
ORDEN DEL DÍA:
Comparecencia del señor secretario general de la Agencia Española de
Cooperación Internacional (Gracia Aldaz) para informar sobre:
- Las nuevas bases para la convocatoria de subvenciones a
organizaciones no gubernamentales. A solicitud del Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso. (Número de expediente 212/
000366.) . . . (Página 5364)
- Las nuevas bases para la convocatoria de subvenciones a
organizaciones no gubernamentales de desarrollo. A solicitud del
Grupo Parlamentario Socialista. (Número de expediente 212/000370.) .
. . (Página 5364)
- Actuaciones inmediatas en materia de ayuda humanitaria que ha
tomado el Gobierno español en relación con el terrible terremoto
sufrido en India, particularmente en la zona de Gujarat, el día 26 de
enero de 2001, así como sobre las actuaciones previstas a medio y
largo plazo para contribuir a la reconstrucción de dicho país. A
solicitud del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).
(Número de expediente 212/000367.) . . . (Página
5374)
Preguntas:
- Del señor Herrera Antonaya (Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso), sobre programas y proyectos de cooperación para el
desarrollo que se prevén desarrollar por la Agencia Española de
Cooperación Internacional (AECI) en la República Dominicana. (Número
de expediente 181/000400) . . . (Página 5380)
- Del señor Izquierdo Juárez (Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso), sobre estado actual y evolución en los últimos años de la
cooperación con la República Dominicana. (Número de expediente 181/
000435.) . . . (Página 5380)
- Del señor Ortíz Pérez (Grupo Parlamentario Popular en el Congreso),
sobre constitución de la Comisión Interterritorial de Cooperación
para el Desarrollo. (Número de expediente 181/000405)...
- Del mismo señor diputado, sobre valoración de la reciente
constitución de la Comisión Interterritorial de Cooperación para el
Desarrollo. (Número de expediente 181/000437.) . . .
- De la señora Quintanilla Barba (Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso), sobre programas en materia de escolarización llevados a
cabo por la Agencia de Cooperación Internacional en el norte de
África y en el África subsahariana. (Número de expediente 181/000417.)
. . . (Página 5383)
Proposiciones no de ley:
- Sobre ayuda humanitaria urgente a la ciudad de Tarifa para los
inmigrantes. Presentada por el Grupo Parlamentario Socialista.
(Número de expediente 161/000318.) . . . (Página
5384)
Se abre la sesión a las once y cuarenta minutos de la mañana.
COMPARECENCIA DEL SEÑOR SECRETARIO GENERAL DE LA AGENCIA ESPAÑOLA DE
COOPERACIÓN INTERNACIONAL (GRACIA ALDAZ) PARA INFORMAR SOBRE:
- LAS NUEVAS BASES PARA LA CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES A
ORGANIZACIONES NO GUBERNAMENTALES. A SOLICITUD DEL GRUPO PARLAMENTARIO
POPULAR EN EL CONGRESO. (Número de expediente 212/000366.)
- LAS NUEVAS BASES PARA LA CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES A
ORGANIZACIONES NO GUBERNAMENTALES DE DESARROLLO. A SOLICITUD DEL
GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA. (Número de expediente 212/000370.)
El señor PRESIDENTE: Señorías, buenos días.
Antes de comenzar el orden del día de la sesión de esta Comisión de
Cooperación Internacional para el Desarrollo, lo primero que quiero
hacer es felicitar al secretario general de la Agencia por su
valentía en comparecer hoy, porque es martes y 13, aunque estoy
seguro que él no es nada supersticioso y saldrá de esta Comisión con
el mismo espíritu y el mismo ánimo con que ha entrado.
Anuncio que se van a unir varias comparecencias y preguntas, al igual
que una proposición no de ley. Se van a tratar en primer término de
forma acumulada dos peticiones de comparecencia referidas a la
convocatoria de subvenciones a organizaciones no gubernamentales
presentadas por el Grupo Socialista y por el Grupo Popular. Se
tramitarán lógicamente de forma conjunta. Después se tramitará la
comparecencia para informar acerca de la ayuda humanitaria del
Gobierno español como consecuencia del terremoto sufrido en India, a
instancia del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).
Advierto también a SS.SS. que esta comparecencia será tramitada
conjuntamente -no tendría
sentido tramitarla con posterioridad- con la pregunta relativa a los
daños causados por el terremoto de India que ha presentado la
parlamentaria socialista señora Pajín. También hago la advertencia de
la acumulación de dos preguntas que están repetidas, concretamente
las números 400 y 435, referidas ambas a la República Dominicana.
Igualmente están repetidas las preguntas número 405 y número 437, a
propósito de la Comisión Interterritorial de Cooperación para el
Desarrollo, que presenta el señor Ortiz Pérez.
Una vez hechas estas advertencias previas en cuanto al desarrollo del
orden del día, comenzamos la sesión, agradeciendo la presencia del
secretario general de la Agencia y dándole el uso de la palabra para
que informe a esta Comisión de las nuevas bases para la convocatoria
de subvenciones a organizaciones no gubernamentales.
El señor SECRETARIO GENERAL DE LA AGENCIA ESPAÑOLA DE COOPERACIÓN
INTERNACIONAL (Gracia Aldaz): Señor presidente, señorías, es una
satisfacción estar de nuevo con ustedes para informar sobre la
actividad del Gobierno en materia de cooperación al desarrollo y, más
específicamente, sobre las nuevas bases para la concesión de ayudas a
las ONG cuya labor se realiza en el campo de la cooperación
internacional para el desarrollo.
Querría comenzar mi comparecencia explicando que el Gobierno en los
últimos años ha llevado a cabo un trabajo intenso de fomento de la
política española de cooperación al desarrollo y de la participación
de la sociedad en esta política a través de las organizaciones no
gubernamentales. Prueba de ello es el incremento del número de
organizaciones no gubernamentales que actúan en materia de
cooperación al desarrollo en España y el incremento también de los
recursos destinados a este capítulo presupuestario y a la
cofinanciación de las actividades de cooperación a través de
organizaciones no gubernamentales. Baste señalar que en 1993 el
Ministerio de Asuntos Exteriores destinó 3.100 millones de pesetas
para financiar proyectos presentados por las ONG mientras que en el
año 2000 se cofinanciaron proyectos por valor de más de 14.000
millones de pesetas con cargo al presupuesto de la Agencia Española
de Cooperación Internacional. Estas cantidades no son las únicas que
se destinan con fondos públicos a la financiación de estas ONG, ya
que hay que tener en cuenta las crecientes cantidades de recursos que
se destinan desde comunidades autónomas, ayuntamientos y diputaciones
para la cofinanciación de proyectos de desarrollo de las
organizaciones no gubernamentales, que deben ser ordenadas y tener un
contexto general en el marco de la Ley de cooperación al desarrollo y
del plan director, recientemente aprobado y presentado ante esta
Comisión por el secretario de Estado.
La razón de los instrumentos de planificación de los que se ha dotado
la política de cooperación al desarrollo es dar a esta cooperación de
unos principios de
actuación, unos objetivos y unas prioridades, tanto geográficas como
sectoriales que sean comunes a todos los financiadores y, por lo
tanto, facilitar este marco de actuación en el que,
independientemente del origen de los recursos, exista una coherencia
en la actuación de la política española en materia de ayuda al
desarrollo.
Hasta ahora el sistema de cofinanciación con las organizaciones no
gubernamentales se basaba en los proyectos de cooperación y en su
calidad individual, con un seguimiento pormenorizado de la actividad
de las organizaciones no gubernamentales y con una revisión
y evaluación de estos proyectos, pero había una atomización excesiva de
las actuaciones y la consiguiente pérdida de eficacia y de impacto de
nuestro trabajo. Por ello desde el Gobierno se tomó la decisión de
cambiar el sistema de financiación de proyectos de cooperación de las
ONG reordenando la actividad de tal manera que no solamente la
calidad técnica del proyecto sea tenida en cuenta -que se va a tener
en cuenta-, sino que podamos hacer una planificación conjunta mucho
más acertada y que permita una mayor presencia y un mayor impacto de
nuestra cooperación, sobre todo pensando en el beneficio de las
sociedades de los países en desarrollo.
Es importante también en este nuevo esquema el marco de estabilidad
que este modelo ofrece porque ya no solamente se deberá esperar a la
convocatoria de cada año y a la decisión administrativa del
otorgamiento de las subvenciones anuales, sino que va a permitir
establecer un marco de relaciones ya más estable para que las propias
organizaciones no gubernamentales puedan hacer su planificación y
cuenten con unos recursos previsibles en los próximos años, teniendo
una mejor capacidad de llevar a cabo estos proyectos de cooperación
en un plazo de tres o cuatro años como a continuación voy a explicar.
El nuevo régimen de subvenciones se articula en torno a tres
categorías: proyectos -se seguirá manteniendo un apartado para
proyectos de cooperación-, programas de cooperación y estrategias de
cooperación. Yendo de lo más particular a lo más general, empezaré
por las subvenciones para proyectos.
En las bases de la convocatoria se establece que se entenderá por
proyectos el conjunto de acciones diseñadas para la consecución de un
objetivo específico de desarrollo en un período de tiempo
determinado, no más de 30 meses, para una población determinada y
cuyos efectos perduran una vez finalizada la ejecución; esto es, la
descripción tradicional del proyecto que tiene por objeto solucionar
un problema específico en un período de tiempo limitado. A esta
modalidad se destinará al menos el 25 por ciento del presupuesto del
programa de subvenciones, que serán aproximadamente 3.500 millones de
pesetas como el suelo mínimo y que se podrá distribuir por proyectos
en dos plazos, uno hasta el 30 de marzo y otro hasta finales del mes
de agosto. Esto es así porque lo que no queríamos desde la
Agencia de Cooperación era perjudicar a algunas organizaciones no
gubernamentales que fueran a ir directamente a solicitar proyectos
porque no podían entrar en la categoría de programas o de estrategias
y, al no poder presentarse desde el inicio, podrían perder
oportunidades para llevar a cabo tareas en el corto plazo. Por lo
tanto, se va a mantener una convocatoria en la que habrá una
resolución inmediata en un primer momento sobre proyectos, para que
aquellos que sean de carácter más urgente puedan atenderse
inmediatamente y, posteriormente, podrá haber también una segunda
resolución a finales de agosto.
Las subvenciones para programas constituyen una de las novedades de
las bases del programa de financiación de las ONG. Entendemos por
programa el conjunto de acciones de desarrollo de carácter plurianual
-esta es una de las características- en un sector determinado o en
uno o varios países, de tal manera que haya dos criterios a la hora
de hablar de programa: o bien una especialización sectorial o una
especialización geográfica. Podemos hablar de un programa educativo
en varios países o en varias zonas del mundo o de un programa
integral en un solo país o en una región de un solo país. Los
programas tendrán una duración máxima de tres años y la cantidad
comprometida anualmente para cada ONG y para cada programa estará en
torno a un mínimo de 150 millones de pesetas y un máximo de 500
millones de pesetas. En conjunto, cada ONG no podrá recibir por
programas más de 800 millones de pesetas, es decir, una ONG puede
solicitar varios programas, pero el total no podrá superar la
cantidad de 800 millones de pesetas. En esta modalidad de subvención
puede darse el supuesto de que se presenten varias ONG formando un
consorcio tanto individualmente como bajo la figura de consorcio de
las ONG. El conjunto de las ONG que se presenten a los programas
deberá garantizar que financiarán con recursos propios al menos el 5
por ciento del coste total de la intervención.
La recepción de las peticiones para programas sobre la convocatoria
corresponde a una resolución de 20 de febrero, publicada en el
Boletín Oficial del Estado del 27 de febrero, y tendrá lugar en el
mes de agosto. Para este capítulo se podrá dedicar hasta un máximo
del 45 por ciento del presupuesto de la Agencia destinado a
subvenciones de las ONG, es decir, en torno a 6.300 millones de
pesetas. Si en proyectos había una cantidad mínima, que era un 25 por
ciento, en el caso de programas habrá una cantidad máxima, que es el
45 por ciento del total de la convocatoria.
Finalmente, quedaría el otro elemento más genérico, más amplio, que
es el de estrategias. Por estrategia de cooperación se entiende el
conjunto de acciones de desarrollo de naturaleza plurianual, al igual
que los programas, en diferentes sectores y en diferentes países,
incluidas las acciones de ayuda humanitaria y educación para el
desarrollo. Las estrategias tendrán una duración máxima de cuatro
años, con una subvención
anual que no superará los 1.000 millones de pesetas ni será inferior
a los 500 millones de pesetas. Es decir, estamos también ante un caso
de financiación plurianual en la que, a diferencia de los programas,
no hay una concentración sectorial o geográfica, sino que se permite
que la ONG presente una estrategia global, de tal manera que pueda
actuar en distintos sectores y en distintas partes del mundo. En este
caso, repito, la horquilla de financiación podrá estar entre los 500
y los 1.000 millones de pesetas por ONG.
Dada la complejidad de este instrumento, cada estrategia incorporará
un plan operativo anual en el que se detallen, para cada ejercicio
presupuestario, los objetivos, resultados, actividades, cronograma de
actuaciones, población beneficiaria y ámbito geográfico y sectorial
de las intervenciones previstas. Una ONG sólo podrá recibir una
subvención para estrategias. Esta es otra diferencia con los
programas; con los programas una ONG podía presentarse a varios
programas, y en el caso de las estrategias sólo habrá una estrategia
por ONG. El porcentaje de cofinanciación que debe asumir la ONG o el
consorcio de las ONG que se presenten a las estrategias será del 10
por ciento del total de la intervención. Aquí entendemos que existe
un mayor compromiso y que se trata de una ONG que tiene una visión
global más amplia y que, por lo tanto, tiene también una capacidad de
aportar recursos propios a esta estrategia superior a la que tiene
con programas, por lo que el mínimo es un 10 por ciento de
cofinanciación. El plazo de presentación de solicitudes para esta
modalidad de subvención concluye el próximo 30 de marzo, y la
decisión se hará pública antes del 7 de mayo. A las estrategias se
destinará una cantidad máxima del 30 por ciento del presupuesto del
programa, es decir, 4.200 millones de pesetas aproximadamente, según
nuestros cálculos.
Con todo esto, haciendo un resumen de lo que sería para nosotros el
nuevo esquema, hay unas bases del 24 de enero que regulan el sistema
nuevo con carácter general y que tienen una característica de
permanencia; una convocatoria específica para este año, aparecida en
el Boletín Oficial del Estado de 27 de febrero, mediante resolución
de 20 de febrero de 2001, y tres tramos que tienen distintas
características y distintos plazos de resolución: estrategias, que se
resolverán antes del 7 de mayo y que tienen un tope máximo de
financiación de hasta el 30 por ciento; programas, que van a ser
resueltos posteriormente y que tienen un tope de financiación de
hasta el 45 por ciento, y proyectos, que tienen un mínimo de
financiación del 25 por ciento. Los proyectos, como decía al inicio,
se resolverán en una primera instancia junto con las estrategias y
podrá haber un remanente de fondos para proyectos que se resolverían
al final de todo el proceso.
Lo que pretendemos con este sistema es, en primer lugar, ordenar las
subvenciones a las ONGde tal manera que haya una mayor presencia y
una mejor eficacia
de los recursos públicos y privados destinados a la cooperación al
desarrollo y basados en los intereses de los países y las sociedades
beneficiarios; en segundo lugar, que haya también una previsión de la
actuación española y de la actuación de las ONG, facilitando las
propias ONG una capacidad de planificación mayor y una seguridad de
que van a contar con recursos públicos durante los próximos tres y
cuatro años, haciendo además todo esto compatible con el interés de
las ONG más pequeñas que tengan interés en proyectos de cooperación,
y por lo tanto manteniendo un 25 por ciento de los recursos para
proyectos de cooperación, que podrá ser aumentado en esta primera
convocatoria en tanto en cuanto no se otorgue todo el capítulo
reservado para estrategias o para proyectos. Es decir, habría un
efecto cascada derivado de que del capítulo reservado para
estrategias podría no cumplirse todo, porque no haya calidad de los
proyectos o porque no haya suficientes estrategias presentadas, y ese
remanente iría a programas; cuando se resuelvan los programas también
podremos ver si se dota toda la cantidad para programas o no, y el
remanente de los programas iría de nuevo a proyectos para que las ONG
que puedan presentar proyectos tengan una mayor capacidad de
financiación en este primer año.
Con esto vamos a iniciar un año complicado de diálogo y de
negociación con las distintas ONG en el que se pueda ir fijando el
trabajo de los próximos años, pero vamos a tener a cambio una
garantía de trabajo estable durante los próximos tres y cuatro años,
que nos va a permitir tanto al Gobierno como al sector no
gubernamental saber qué estamos haciendo y cómo podemos incidir de
una manera conjunta, con recursos públicos y privados, en las
políticas de desarrollo de los países prioritarios. Todo esto se hace
en el marco de la ley y en el marco del plan director aprobado por el
Gobierno y que fue sometido a esta Comisión de Cooperación hace unas
semanas.
Este sería, por tanto, el nuevo esquema de cofinanciación de las ONG,
que marca un rumbo importante en las relaciones entre la Agencia de
Cooperación y el sector no gubernamental en España.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor secretario general de la Agencia.
Habiendo solicitado la comparecencia dos grupos parlamentarios, y sin
perjuicio de que igualmente puedan fijar posición con posterioridad
otros grupos, tiene en primer lugar el uso de la palabra el Grupo
Parlamentario Socialista.
El señor GONZÁLEZ VIGIL: Agradecemos al señor secretario general de
la Agencia su comparecencia y manifestamos que en principio las
nuevas bases generales nos parecen un paso positivo. Creemos que
responden al interés compartido por las ONG, la Administración
y nuestro grupo de establecer nuevas formas
de relación en las subvenciones a proyectos de las ONG. Esta nueva
fase, con el sistema de ayudas que establece, como ha indicado don
Jesús, basado en marcos plurianuales y programaciones de carácter
estratégico, va a facilitar la estabilidad de las acciones y su
eficacia y va a simplificar su seguimiento por la Administración. No
obstante, creemos que algunas cuestiones no quedan suficientemente
claras y, por supuesto, que la citada orden y su desarrollo son
susceptibles de mejoras, como se han aplicado ya en algunos aspectos
de la convocatoria del 27 de febrero, lo cual corrobora nuestra
creencia de que a través del diálogo y de la negociación se pueden
mejorar algunos aspectos de la citada orden. Para una mayor claridad,
vamos a ir exponiendo nuestras dudas y nuestras propuestas siguiendo
el articulado de la orden ministerial.
En el artículo 1 se especifica que sólo serán elegibles las acciones
cuyo fin sea la lucha contra la pobreza en todas sus manifestaciones.
En el plan director, sin embargo, aparecen tres prioridades
horizontales en las estrategias de intervención: la lucha contra la
pobreza, la promoción entre la igualdad de hombres y mujeres y el
medio ambiente. ¿Es que van a ser excluidas este tipo de acciones?
Reconocemos que en la convocatoria de 27 de febrero, en el artículo
5, ya aparecen en ese desarrollo, pero para asegurar que figuren en
todas las convocatorias deberían incluirse en la orden.
El artículo 2.1 se refiere a proyectos y en él se establece que
tendrán la categoría de proyectos las acciones de educación para el
desarrollo y de sensibilización social, acciones a las que asimismo
se hace referencia en el artículo 2.3, relativo a las estrategias, y
donde se indica que se incluirán en lo que se denomina estrategias de
cooperación. ¿Por qué no existe una línea y una partida
presupuestaria específica para sensibilización y educación para el
desarrollo? Creemos que estas acciones, que en el plan director
tienen una dotación de 1.312 millones de pesetas para cuatro años,
deberían aparecer también en la modalidad proyectos, es decir, en las
tres modalidades. Reconocemos también que en los formularios que
acompañan a la convocatoria viene ya recogido; no obstante, pensamos
que debería recogerse en la orden. Sería conveniente fijar una
partida presupuestaria específica comprometiendo un porcentaje mínimo
de fondos y diferenciando estas actividades de las demás.
En el mismo sentido, entrando ya en los artículos 2.2 y 2.3,
relativos a proyectos y a estrategias, las acciones de ayuda
humanitaria y de emergencia requieren también un tratamiento
específico independiente de la cooperación al desarrollo. ¿Por qué no
se contempla una partida presupuestaria clara y única de proyectos
para ayuda humanitaria y de emergencia, independiente de la que
regula esta orden, a la que pudieran acogerse la mayoría de las ONG
que intervienen en países de alto riesgo? Por otra parte, para
acceder a las subvenciones para programas y estrategias de
cooperación al desarrollo
vemos que priman básicamente los criterios cuantitativos. ¿Por qué se
establece sólo este tipo de criterios para acceder a este nuevo
sistema de ayudas y no se fijan criterios cualitativos, como calidad,
eficacia, destinatarios, impacto de las acciones a desarrollar,
etcétera? Entendemos que la introducción de criterios cualitativos
reforzaría sin lugar a dudas la calidad de las actuaciones. Por otra
parte, para acceder a ambos tipos de subvenciones se establece la
condición de haber obtenido durante los últimos seis años unos
determinados volúmenes de financiación: 600 millones en las
convocatorias de la AECI o 3.000 de fondos privados para acceder a
programas y 2.000 ó 10.000 respectivamente para estrategias, lo que
sin duda limita el acceso de muchas ONG a dichas subvenciones. Según
nuestras cuentas, los requisitos para las subvenciones de programas
sólo los cumplirían 23 ONG mientras que los requisitos para las
subvenciones a estrategias sólo los cumplirían nueve: Intermón,
Médicos Mundi, Manos Unidas, Codespa, Fere, Solidaridad
Internacional, Promoción Social de la Cultura y Fe y Alegría. ¿Es una
apuesta clara del Gobierno que sólo unas pocas ONG puedan acceder al
sistema de estrategias y programas con las actuales bases? ¿Se
pretende perpetuar las mismas ONG de siempre independientemente del
trabajo que realicen? ¿Se ha tenido en cuenta que podrían acceder a
este tipo de subvenciones algunas ONG que no cumplen los códigos de
conducta de la Congde? No las voy a nombrar. ¿Cuál es la filosofía
que impide computar como fondos de las ONG la financiación que
proviene de proyectos de la Unión Europea, comunidades autónomas,
ayuntamientos, diputaciones, etcétera? Proponemos que se flexibilicen
los criterios, que no sean tan excluyentes, introduciendo
modificaciones como, por ejemplo, que, respecto a las cuantías
mínimas exigidas obtenidas en los últimos seis años con cargo al
programa de las ONG regulado en las bases generales de 1993 y 1996,
se puedan computar aquellas obtenidas a través de otros organismos
públicos como los que hemos citado antes, fundamentalmente de la
Unión Europea, de las comunidades autónomas, de las diputaciones y de
los ayuntamientos. En dicho apartado de la orden se establece
asimismo que la aportación de fondos, un 5 por ciento en el caso de
programas y un 10 por ciento en el caso de estrategias, debe proceder
de sus propios recursos privados. Esto, señor secretario general, nos
preocupa muchísimo. ¿No existe el peligro de mercantilizar a las ONG
en la búsqueda de financiación privada para poder acceder al sistema
de ayudas? Sin duda, ese peligro desaparecería si dicha aportación no
proviniese sólo de fuentes privadas y si se aplicase sobre la
financiación que otorga la AECI y no sobre el coste total de las
intervenciones.
En el apartado 4 del artículo 2 se obliga a que las acciones que se
subvencionen, y esto lo digo entre comillas, complementen las
emprendidas por la cooperación
oficial española. Aquí nuestras dudas son grandes. ¿Se
pretende con la orden de 31 de enero que las ONG españolas sean meras
gestoras de la política gubernamental de cooperación coartando su
autonomía? ¿Se las pretende convertir en unos actores más de la
política exterior sin tener en cuenta su independencia y su capacidad
de iniciativa ante las necesidades expuestas por la sociedad civil de
los países objeto de la intervención? No creemos realmente que sea
ésta la intención del Gobierno, pero, dado que este concepto de
complementariedad aparece a lo largo de toda la orden, sería
recomendable que se especificase con toda claridad que se refiere a
la consecución de los principios que rigen la cooperación oficial
española, de conformidad con los objetivos establecidos por la Ley de
cooperación y por el plan director de la cooperación española. Hemos
observado que en el artículo 6 de la convocatoria de 27 de febrero se
camina algo en ese sentido, pero es insuficiente.
En el artículo 7 se habla de la comisión de valoración. Pues bien,
vemos que dicha comisión está compuesta única y exclusivamente por
representantes de la Administración. Si unimos esto a que la mayoría
de los criterios, por no decir todos, son cuantitativos y a que no
está claro el concepto de complementariedad, ello sin duda va a dar
pie a que surjan más que razonables dudas sobre la objetividad en la
elaboración de sus propuestas. ¿Por qué razón no se incluye a
personalidades independientes, como se dice en muchas convocatorias
oficiales, de reconocido prestigio e incluso a algunos representantes
de las ONG? Nosotros seguimos primando la inclusión de personalidades
independientes, ya que sin ninguna duda garantizarían una mayor
transparencia y objetividad en el sistema de evaluación. Para que el
sistema sea transparente y objetivo, además de la inclusión de estas
personalidades independientes, deberían hacerse públicos tanto los
criterios de baremación como los resultados de la evaluación y las
puntuaciones obtenidas. En el artículo 9, que habla del seguimiento y
control de las intervenciones, se señala que las ONG están obligadas
a presentar un informe anual, en el caso de proyectos y programas; en
el caso de estrategias previamente a la firma del siguiente programa;
nos parece insuficiente. La AECI debería hacer un mayor seguimiento
de los proyectos, exigiendo informes intermedios y adoptando otro
tipo de actuaciones que midan la eficacia de las ayudas.
Por último, hay algo que no entendemos y, si le soy sincero, no nos
gustaría imaginar las posibles razones que haya tenido para ello la
Administración. ¿Por qué se excluyen de la financiación de la AECI
los gastos de funcionamiento, como electricidad agua y
comunicaciones, los de combustible y los de seguros y mantenimiento
de vehículos? Éstas son, en definitiva, nuestras dudas sobre la orden
y nuestras propuestas para mejorarla, ya que creemos,insisto -como
usted ha dicho y yo he mencionado al
principio-, que a través del diálogo y de la negociación va a mejorar
sustancialmente no la orden en sí sino, lo que es más importante, las
intervenciones, tanto en proyectos y en programas como en estrategia,
de las ONG españolas.
El señor PRESIDENTE: A continuación, tiene el uso de la palabra, en
nombre del Grupo Parlamentario Popular, el señor Izquierdo Juárez.
El señor IZQUIERDO JUÁREZ: Quiero pedir disculpas por mi afonía, que
no es debida a hablar mucho sino a una gripe que está incubándose,
que curiosamente está afectando a varios parlamentarios en la
garganta. (Risas.)
En primer lugar, el Grupo Parlamentario Popular quiere dar la
bienvenida, una vez más, al secretario general de la Agencia, y decir
que cuando formulamos esta iniciativa tuvimos la intención de debatir
en la Comisión las nuevas bases de convocatoria de subvenciones a las
ONG, porque sabíamos que el proceso estaba terminándose, que el
Gobierno había iniciado desde hacía meses un proceso de diálogo con
las organizaciones sociales, con los diferentes agentes y actores de
la cooperación española y que intentaba dar cumplimiento a uno de los
presupuestos más importantes y significativos de la Ley de
cooperación, del año 1998, a la que siempre nos referimos. En la
exposición de motivos de esa ley se dice -probablemente desde un
análisis independiente y motivado por las recomendaciones de
organismos internacionales, como el Comité de Ayuda al Desarrollo de
la OCDE, que hizo una evaluación de la cooperación española en el año
1994- que debíamos mejorar los aspectos de planificación y evaluación
de la cooperación española. En aquella exposición de motivos que
introduce una ley que fue aprobada con gran apoyo y consenso
parlamentario decíamos lo mismo: que la cooperación española adolecía
de evaluación y de planificación. La cooperación española era algo
más. Teníamos que intentar cambiar, de alguna manera, los conceptos
heredados de un sistema internacional de cooperación para el
desarrollo que había dado resultados que podían perfectamente
mejorarse. En esa mejora estaba Naciones Unidas y las conferencias
internacionales que provocó, con gran acierto, han revisado los
conceptos de cooperación.
Hace muy poco hemos tenido un encuentro muy importante, en mi
opinión, con una delegación de diputados de El Salvador y hemos
podido comprobar, con diferencias de matices, lo distintas que se ven
las cosas cuando se habla desde aquí y cuando se habla desde allí, y
qué clarificador resulta exponer las posiciones ideológicamente
distintas y legítimas sobre cómo se percibe la ayuda internacional.
Ha habido algo en lo que coincidían todos, desde la izquierda a la
derecha. En concreto, a mí me ha llamado mucho la atención la
posición firme y, desde un punto de vista conceptual
muy clara, del frente Farabundo Martí de Liberación Nacional, que
rechazaba un concepto de la cooperación asistencial, de la
cooperación como una simple transferencia de recursos o de
transmisión de ayudas sin que exista una priorización de necesidades
y un acuerdo entre las autoridades o las instituciones de un país y
de otro. En ese sentido, es muy clarificadora la posición de la
izquierda salvadoreña en contra de la condonación de la deuda externa
de su propio país. Explicaré por qué. Nosotros pensamos -y así lo
define la ley- que una parte muy importante de la cooperación
española es la que realizan las organizaciones sociales, las
organizaciones no gubernamentales, que son uno más de los actores de
la cooperación, pero sólo uno más. Lo digo con todo respeto, pero es
preciso recordarlo. El esfuerzo de este Gobierno y el de gobiernos
anteriores por incrementar el papel y el peso de las organizaciones
sociales en la cooperación pública, en la cooperación oficial, es muy
significativo. Lo ha dicho el secretario general y las cifras avalan
este comentario. En el año 1993, fueron 1.300 millones de pesetas,
aproximadamente, y este año pasamos a 14.000 millones de pesetas.
Pero es sólo una parte de la cooperación española.
Reconocemos el esfuerzo de desarrollo reglamentario que se hace con
estas bases de la Ley de cooperación para el desarrollo, que todos
aprobamos aquí. ¿Por qué? Porque coincidimos con el secretario
general en sus comentarios en que es un esfuerzo de planificación lo
que necesita la cooperación española; es un esfuerzo para mejorar
algo fundamental. El objetivo de la cooperación de la ayuda al
desarrollo no es la ayuda en sí misma, sino el desarrollo. Va siendo
hora de que empecemos a medir el esfuerzo de nuestro país o de la
comunidad internacional por el impacto efectivo que tienen esas
ayudas.
Estas bases vienen a resolver, en nuestra opinión de manera muy
positiva y acertada, ese mandato de la ley, esa necesidad de
planificación de la cooperación. Y, lo que es más, son un marco de
estabilidad para la cooperación española, que coordina los esfuerzos
de los diferentes agentes y actores que intervienen en la
cooperación. Recuerdo que la Ley de cooperación, que es muy
respetuosa con la autonomía de los diferentes agentes y actores que
intervienen, que es muy respetuosa con el conjunto de las
administraciones públicas, establece -y ahí no hubo desacuerdo
parlamentario con ningún grupo político- como uno de sus objetivos y
prioridades, tanto sectoriales como geográficas, el conjunto de la
cooperación española donde se contemplan las organizaciones no
gubernamentales, las administraciones públicas, las empresas, las
universidades o los departamentos de la propia Administración
central. Definíamos en la ley, como elemento superador de esa utopía
de la coordinación, el principio de la coherencia. Cuando la
coherencia política es lo que anima las decisiones de un gobierno, en
este caso del actual, yo no tendría tanto
miedo a pensar que la complementariedad de la cooperación que
realizan las organizaciones sociales con la cooperación bilateral
oficial está lejos de ser un instrumento eficaz. Lo que puede hacerse
es criticar, desde posiciones también legítimas, por supuesto, la
falta de acierto en la planificación de la cooperación oficial
española, sus prioridades transversales, sus prioridades concretas
sectoriales o sus prioridades geográficas. Creo que sobre el
particular hay un gran acuerdo reconocido por las organizaciones
sociales. Desde nuestra posición, no tenemos miedo a pensar que ese
ejercicio reiterativo -se dice en el plan director de la
cooperación-, en los momentos adecuados, de complementariedad de las
acciones viene motivado por la necesidad de acertar y de ser eficaces
en la administración de esos recursos que, no lo olvidemos, son
recursos de los ciudadanos, que ponen en manos del Ejecutivo la
responsabilidad delegada de la administración de esos recursos. Por
tanto, esa intención nos parece acertada.
En ese esfuerzo de planificación también nos parece correcto el que
sobreviva el sistema de proyectos, seguramente con una intención de
continuidad. En el análisis que se hacía de los proyectos que las
organizaciones no gubernamentales presentaban, año tras año, a las
diferentes convocatorias de proyectos es fácil comprobar -en el BOE
están publicados los datos- la coherencia de las acciones de
desarrollo de las organizaciones no gubernamentales, de insistir en
la priorización geográfica y sectorial de sus acciones. No es algo
que venga determinado de arriba abajo, sino de abajo arriba, porque
cuando la cooperación es eficaz, así sucede. Las organizaciones no
gubernamentales saben que tienen que especializarse y coordinarse con
otras organizaciones no gubernamentales especialistas en otros
sectores. Es muy difícil suponer que, para llevar a cabo programas
integrales de desarrollo, una organización social española, europea o
internacional de las que conocemos actualmente pueda abarcar
diferentes sectores de especialización. No podemos estar más de
acuerdo con esa intención de concentrar los esfuerzos sectoriales, de
coordinar y complementar el trabajo de las organizaciones sociales,
que tiene la Agencia Española de Cooperación y que late en estas
bases.
Lo mismo podríamos decir de la priorización geográfica. España no
puede pretender acabar con la pobreza de un golpe. Ni siquiera lo
conseguiríamos aplicando los recursos que la propia sociedad demanda
en muchos años y de manera continuada; no existiría capacidad. España
tiene que concentrar sus esfuerzos allí donde es más eficaz. Lo dice
el plan director y lo recomiendan las organizaciones internacionales.
Cuando lo hacemos así, los efectos de la cooperación española son
evidentes, como en el caso de Centroamérica, donde así se ha
reconocido por la comunidad internacional.
Los nuevos sistemas de subvenciones a organizaciones no
gubernamentales, tanto programas como estrategias,
van a procurar un marco de estabilidad a las organizaciones
sociales, lo cual es muy importante, no tanto por su estabilidad
estructural, que se supone es responsabilidad de sus organizaciones,
cuanto por la estabilidad en sus acciones de cooperación, que les va
a permitir planificar con tiempo y coordinarse con otros agentes de
la cooperación y con las administraciones.
Voy a terminar, señor presidente, señor secretario general,
manifestando nuestro apoyo a las bases, porque las consideramos
adecuadas, y haciendo una última reflexión muy breve. Apoyamos
decididamente, como es palpable por los datos, el trabajo
importantísimo que realizan las organizaciones no gubernamentales
españolas. Estas bases van a servir para potenciar su trabajo y para
proyectarlo en el futuro, por tanto no son precisamente un paso
atrás, sino un paso hacia delante. La cooperación pública española es
afortunadamente una cooperación de prestigio; así lo reconocen las
organizaciones sociales aquí y fuera de aquí. Además, la cooperación
es un todo. Desde nuestra posición política, desde nuestra posición
no partidista ni partidaria, sino simplemente como diputados, tenemos
que romper hoy -si se me permite la expresión tan traída y tan
llevada- una lanza a favor de la cooperación pública española, de la
Agencia Española de Cooperación, que está haciendo un esfuerzo muy
notable en los últimos años. Bien es verdad que todo es perfectible y
mejorable, pero en eso estamos, y creemos que estas bases son un
instrumento adecuado para la cooperación en el futuro, y en la parte
que corresponde al impulso de las organizaciones sociales servirán
para desarrollar una mejor y más eficaz cooperación.
El señor PRESIDENTE: Señor Izquierdo, la valoración del esfuerzo de
la Agencia les corresponde a SS.SS., pero el resto de los
intervinientes le agradecemos, con el mayor respeto y valoración, el
esfuerzo del portavoz del Grupo Popular a la hora de exponer sus
convicciones con una voz tan debilitada.
Para fijar posición, por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència
i Unió), tiene la palabra el señor Campuzano.
El señor CAMPUZANO I CANADÈS: Quiero agradecer al señor Gracia su
comparecencia. No sé si ésta va a ser su última comparecencia ante
esta Comisión. Si así fuese, le deseo suerte en sus futuras tareas,
que estoy seguro ejercerá de manera responsable, como ha hecho
siempre en su carrera profesional.
Entrando en la cuestión que hoy nos ocupa, quiero hacer una reflexión
sobre el interés de que en el Parlamento podamos profundizar nuestras
relaciones con los parlamentarios de otros países, especialmente de
aquéllos con los que España establece, por razones más que evidentes,
una especial política. Como bien ha apuntado el señor Izquierdo,
discusiones como las que hemostenido esta mañana van a servir para
poner de manifiesto
algunas necesidades de la política de cooperación al desarrollo, como
un mayor y mejor seguimiento de la política que se deriva de los
fondos de ayuda al desarrollo, comprobando que esos recursos que son
de los más importantes que España destina a los países pobres se
dediquen efectivamente a aquellos objetivos de reducción de la
pobreza -esta mañana, poco o mucho, se planteaba esta cuestión-, o
como ser capaces de hacer desde España una gestión más activa de la
deuda externa. Hoy mismo se hablaba de la posibilidad de renegociar
buena parte de la deuda externa que tiene el Estado español con El
Salvador. Es una pena que en esta Comisión no hayamos podido crear
una subcomisión para poder analizar con calma y tranquilidad estas
cuestiones. Esta mañana todos los grupos hemos tomado buena nota de
los comentarios y podremos hacer un mejor seguimiento de nuestra
actividad.
Entrando en lo que hoy nos ocupa, todos los grupos coincidimos en
resaltar como positivo el hecho de que estas bases y los instrumentos
normativos que las desarrollan introducen una estabilidad de la que
era necesario dotar al conjunto de agentes no gubernamentales que
intervienen en la gestión de la política de cooperación al
desarrollo. Aquellos que seguimos desde hace años las cuestiones
relacionadas con el tercer sector y las administraciones, venimos
reclamando, no sólo en el ámbito de la cooperación al desarrollo,
sino en general en todas aquellas actividades que exijan una sinergia
de actuaciones por parte del sector público y del privado,
instrumentos que den estabilidad presupuestaria a las actuaciones de
las ONG, cuando reciben ayudas públicas. Coincidimos con los
objetivos de fondo del Gobierno en esta materia. En el caso de la
cooperación al desarrollo, esa necesidad de estabilidad tiene mayor
importancia, para dar utilidad y eficacia a esos recursos públicos
que destinamos desde el Estado a la sociedad civil para combatir la
pobreza en los países en vías de desarrollo.
Dicho esto, tan sólo quiero hacer cinco o seis comentarios sobre el
contenido de las bases y de las resoluciones que las desarrollan, que
uniré a algunas otras reflexiones efectuadas hoy aquí o a los debates
que se mantuvieron en el Consejo de Cooperación. Una primera cuestión
-es una propuesta que nos llega, aunque desconocemos el alcance que
podría tener y las posibilidades que ve el señor Gracia de que se
pudiera concretar- es que en el proceso de asignación de los recursos
sería interesante que los informes que hacen las diversas partes de
la administración que intervienen en ese proceso fuesen públicos, por
ejemplo el informe de la OTC de las embajadas, para que los
interesados en ese proceso tuviesen la máxima información posible. Es
normal que sea la Administración quien asigne los recursos. En cuanto
a la reivindicación que se planteaba en el Consejo de Cooperación de
que se incorporasen personalidades o las ONG en la gestión de los
recursos, entendemos, por nuestra experiencia,
que no es un buen mecanismo de gestión de recursos públicos,
pero sería interesante hacer públicos todos los informes que allí se
desarrollan.
Segunda cuestión, la puesta en marcha de las bases se plantea en un
momento en el que no termina de avanzar con la suficiente fuerza el
conjunto de recursos públicos que destinamos a las ONG al desarrollo.
En los debates del Consejo se habló de que las partidas que afectan a
las ONG llevan unos cuantos años en una situación muy estancada. Nos
gustaría saber por qué el Gobierno no ha aprovechado esta posibilidad
para incrementar su compromiso. Tercera -el portavoz del Grupo
Socialista también lo ha planteado-, en las condiciones de
elegibilidad para la categoría de estrategias y programas, al parecer
tan sólo se consideran los fondos derivados de la Secipi, no los de
otras administraciones públicas. ¿Cuál es el criterio que hace que el
Gobierno mantenga esa cuestión? Nos gustaría conocerlo. Cuarta
cuestión. Nos consta asimismo que en los debates del Consejo se ha
planteado la aceptación de las ONG, como posible criterio de
valoración o incluso de elegibilidad, el haber asumido alguno de los
muchos códigos de conductas que a nivel español o internacional están
funcionando. ¿Por qué no se ha considerado la cuestión de los códigos
de conductas?
Quinta cuestión. Ha habido también debates sobre la necesidad de
impulsar una convocatoria específica para proyectos de acción
humanitaria y de emergencia. Nuestro grupo va a insistir en esta
cuestión en este período de sesiones. Nos parece que tenemos poco
desarrollado nuestro operativo de acción humanitaria de emergencia.
Se han puesto de manifiesto algunas disfunciones en los últimos
debates sobre El Salvador y en el debate posterior sobre la India
vamos a volver a situarlo sobre la polémica cuenta corriente que
impulsó la Agencia, derivada de la insuficiencia de recursos, de la
falta de liquidez, etcétera. No sabemos por qué ahí no se ha
permitido esa incorporación de una línea específica.
Dos últimas cuestiones. En primer lugar, estimamos que ese 25 por
ciento que se destina a proyectos es una cifra consolidable para los
próximos años, cuestión que nos consta se había planteado en el marco
del Consejo de Cooperación. En segundo lugar, nos gustaría saber si
en los mecanismos de evaluación y asignación de recursos, ese valorar
los resultados que hayan obtenido las ONG en su actuación forma parte
o no de aquellos elementos que nos pueden permitir asignar bien los
recursos. No son cuestiones menores pues afectan a aspectos
importantes de la convocatoria. Partimos, eso sí, de esa coincidencia
de fondo con los objetivos que en esta materia el Gobierno se ha
marcado.
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra, a continuación,el secretario
general de la Agencia.
El señor SECRETARIO GENERAL DE LA AGENCIA ESPAÑOLA DE COOPERACIÓN
INTERNACIONAL (Gracia Aldaz): En primer lugar, quiero expresar mi
agradecimiento a todos los grupos parlamentarios por su comprensión y
por su apreciación genérica sobre esta reforma de las bases de las
ONG. Se lo agradezco porque quiero que entiendan que ha sido el
resultado de una reflexión teórica sobre cómo deben funcionar los
mecanismos de financiación de las ONG, así como de muchas discusiones
y diálogos con el Consejo de Cooperación, con grupos parlamentarios
y con expertos en materia de cooperación al desarrollo, tras los cuales
hemos llegado a la conclusión de que había que cambiar este sistema.
Lógicamente, a la hora de plasmar eso en una serie de textos, vienen
las diferencias o las observaciones que cada uno puede tener
legítimamente sobre el texto aprobado que es responsabilidad, en
última instancia, del Gobierno. Eso es lo que yo querría resaltar.
Sabiendo que era necesario mejorar el marco general de la
cofinanciación para las ONG, no solamente por interés del Gobierno,
sino en interés de las propias ONG y de la eficacia de la
cooperación, hay que mantener también esa coherencia en el texto, y
esa coherencia debe expresarse en la sucesiva plasmación de estos
textos en distintos documentos. Nosotros partimos de la Ley de
cooperación, seguimos con el plan director, hemos elaborado unas
bases y hemos realizado una convocatoria.
Se me dice que en la convocatoria no aparecen con todo el detalle,
pero como hay una referencia en las bases puede servir, aunque sería
mejor que se dijera en todos los textos. Lo que no podemos hacer es
repetir las mismas precisiones que ya están aprobadas por unos
reglamentos o por unas leyes de mayor rango legislativo. Por tanto,
no vamos a estar hablando de cuáles son los principios horizontales
de la cooperación española porque ya están en el plan director, y eso
ilustra y rige el sistema de la convocatoria de las ONG. Lo mismo
puede decirse de la educación para el desarrollo, etcétera. Como para
nosotros es también importante la sensibilización y educación para el
desarrollo, hemos hecho el esfuerzo de ponerlo en la convocatoria,
pero no es necesario repetirlo en todos los textos que surjan sobre
la financiación de las ONG.
El punto más discutible o que más llama la atención de SS.SS. es el
del procedimiento de selección de las ONG que pueden ir a programas o
estrategias. Hay que exigir a todos -a nosotros, al Gobierno, a los
grupos parlamentarios y, muy especialmente, a las ONG- una
responsabilidad en este sistema. Lo que no vale es decir: vamos a
organizar esto, vamos a ordenarlo para que tenga un mayor impacto,
para que sea más previsible, pero aquí todo el mundo puede entrar y,
por tanto, en vez de trabajar con veinte, treinta o cuarenta ONG,
vamos a trabajar con todas las que se presenten. Eso es algo
imposible de realizar. El Gobierno no decide ni prejuzga qué ONG son
las que deben trabajar, qué
número de ONG debe haber en España ni cuántas deben trabajar en
cooperación al desarrollo, pero sí tiene la responsabilidad de
adjudicar los fondos públicos de cofinanciación con las ONG y, por
tanto, poner unos criterios de acceso a esos fondos públicos. Se
puede elegir, efectivamente -y lo hemos barajado en distintos
borradores-, algún criterio cualitativo. Eso podría tener una mayor
cualificación a la hora de seleccionar las ONG que acceden a
distintos tipos de subvención, pero eso nos ha ocasionado grandes
problemas con la Abogacía del Estado, porque nos pide, siempre que
sea posible, que se atienda a criterios objetivos para que no
entremos en un grado mayor de discrecionalidad. Por otro lado, da una
mayor garantía a todas las participantes en este sistema al haber
unos criterios iguales para todos.
En cuanto al número de ONG que van a poder entrar en cada uno de
estos sistemas y por qué se utiliza el criterio de que sean fondos de
la Agencia, estamos hablando de los fondos públicos que maneja el
Gobierno en un tema tan sensible como es la cooperación para el
desarrollo, y de esta manera podemos coordinar los criterios
objetivos de la cantidad de recursos que hemos otorgado con un
criterio cualitativo, que es que tenemos la garantía -y podemos así
certificarlo- de que no solamente estas ONG han recibido estos
recursos, sino que los han gastado bien, porque han sido sometidas
a lo largo de estos últimos seis u ocho años a unos regímenes de
auditoría externa de todos y cada uno de los proyectos que se han
realizado con financiación de la Agencia y a unas evaluaciones
posteriores de la ejecución de esos proyectos. Por tanto, no
solamente está el criterio de la cantidad de recursos que han
recibido de la Agencia, sino también la buena ejecución y disposición
final de estos recursos. Esto no lo podríamos hacer, si tenemos en
cuenta, por poner un ejemplo, fondos de la Unión Europea, porque
nosotros no tenemos acceso al seguimiento de esos recursos de la
Unión Europea; sería una tarea mucho más incierta buscar cuál ha sido
la valoración de la Unión Europea sobre esos recursos. Sin embargo,
de esta manera sí que lo tenemos, y es un criterio general. Otro
elemento también clave es que la Agencia Española de Cooperación,
tanto en la administración del actual Gobierno como del anterior
gobierno que entra en el período del que estamos hablando, ha
trabajado con todas las ONG españolas que hacen cooperación al
desarrollo. Tenemos un abanico de ONG que participan con nosotros que
es más amplio que el de cualquier otra administración pública.
En cuanto a la complementariedad de la ayuda, es un falso dilema. A
veces tengo la impresión de que a SS.SS. les informan mal las ONG o
hay un doble discurso y un doble lenguaje. No me cabe ninguna duda de
que el trabajo que realizan las ONG, encomiable y muy importante en
la mayoría de los países, no es sólo complementario con la
cooperación oficial española
sino que buscan deliberadamente esa complementariedad, porque saben
que lo que importa en ese país es la presencia de España, la
solidaridad de los ciudadanos españoles, expresada a través de las
ONG y del Gobierno con los fondos públicos. Lo vemos incluso con las
ONG que pueden parecer más independientes respecto a cualquier
planeamiento gubernamental. Lo hemos podido ver en las visitas de
evaluación que hemos hecho a los distintos países.
No es que se trate de un concepto vago de la complementariedad o de
que nosotros queramos que esos proyectos hagan lo que nosotros no
podemos o no debemos hacer. Al revés, lo que queremos es que los
esfuerzos públicos y privados, sobre la base de la ley de cooperación
y del plan director, encuentren un punto de conexión que nos permita
ser más eficaces respecto a los beneficiarios que, como decía muy
bien el portavoz del Grupo Parlamentario Popular, tenemos que ver
cada vez más el concepto de cooperación más que el de la ayuda. El
objetivo final de nuestros trabajos no es el narcisismo de hacer muy
bien nuestra labor, sino el resultado final de aquellas personas que
esperan la ayuda española y de aquellas sociedades que se benefician
de esta ayuda. Estoy convencido -y hemos hablado mucho con las ONG-
de que no se trata de pedirles que sean gabinetes de estudios para
que hagan nuestro trabajo, sino de que de buena fe y respetando la
autonomía de cada organización, cuando quieran trabajar con la
Agencia Española de Cooperación saben que tienen un marco general,
consensuado y aprobado, como es el plan director, sobre el cual
podemos ponernos de acuerdo fácilmente y podemos tener, ellos y
nosotros, muchas más ventajas a la hora de trabajar juntos. Pido
también coherencia a las ONG y a SS.SS. en cuanto a los requisitos
que se les piden a las ONG. No se puede decir que las ONG quieren ser
independientes, quieren tener una capacidad de actuación propia y
quieren ser algo más que unos ejecutores de la política del Gobierno
y luego decir: sí pero, no nos obliguen a recaudar recursos privados
porque no es nuestra labor. Una ONG que no tiene una base social
capaz de recaudar recursos y de movilizar a la opinión pública en el
país, difícilmente va a ser algo más que un gabinete de estudios
camuflado de ONG. No compite con las mismas condiciones que los
gabinetes de estudios. Nosotros estamos absolutamente a favor de que
haya un mundo no gubernamental. Pero ser no gubernamental significa
que tiene que tener una capacidad de movilización social, una base
social y unos recursos propios, y la cantidad que hemos puesto no es
asfixiante ni agobiante para nadie. Tengan en cuenta SS.SS. que
estamos hablando del 5 por ciento en programas, cuando están
llevándose una gran cantidad de recursos públicos muy bien
administrados en la mayoría de los casos, y un 10 por ciento en
estrategias para aquellas ONG que tengan una visión global. Esto se
demuestra con que hay una gran cantidad de ONG hoy en día que están
recaudando
una buena parte de recursos en la sociedad española, y es un grado
mayor de independencia. Puedo decirles a SS.SS. que hay alguna ONG
que nos ha dicho directamente que no quiere trabajar con la
Administración española porque tiene recursos propios y no quiere
verse limitada por esos marcos generales de la Administración. Me
parece perfecto. Es coherente porque tiene una fuente de financiación
de recursos que le permite trabajar y tener esa política y esa
bandera de antigubernamentalismo en muchos casos. Eso es lógico y
perfecto. Lo que no se puede es decir: quiero recursos públicos
solamente, pero no me diga dónde los voy a gastar, porque yo soy no
gubernamental. Cuanto más independencia económica tengan las ONG, más
capacidad de decisión van a tener y más capacidad de negociación van
a tener con el Gobierno.
En cuanto al seguimiento, control y evaluación -ya lo he hecho en
alguna otra comparecencia-, quiero aquí romper una lanza, como decía
Pablo Izquierdo, a favor de las ONG. Nosotros sometemos a las ONG a
un control y a un seguimiento exhaustivo. Eso habla bien de las ONG y
de los gestores públicos, porque los ciudadanos pueden tener la
garantía de que las ONG que trabajan con fondos públicos de la
Agencia están sometidas a una revisión de todos y cada uno de los
proyectos por parte de una auditoría externa que se encarga
anualmente. Todos los proyectos son revisados en sus cantidades y en
la consecución de sus objetivos. Hacemos un seguimiento por muestreo
-lo hace el personal de la Agencia que visita los proyectos- y además
de eso encargamos evaluaciones ex post en una serie de proyectos o de
países. Por lo tanto, podemos decir que las ONG están trabajando
bien. No quiero ponerles una carga de duda ni de culpa; al revés, lo
están haciendo bien y tenemos confianza en ellas, pero la confianza
se basa en que vamos a seguir manteniendo el control y el seguimiento
de sus actuaciones.
En cuanto a la cuestión menor pero llamativa de por qué no se
incluyen cosas tales como la gasolina o algunos gastos indirectos,
debo decir que cuando las ONG nos lo han pedido y están trabajando a
10.000 ó 15.000 kilómetros de distancia en lugares muy remotos, estos
gastos son los que pueden dar lugar muy fácilmente a un fraude que es
un desprestigio y un desdoro para la cooperación en general y para la
ONG. Es preferible que eso se pague con fondos que pueden aportar las
organizaciones locales y evitar los casos que sí se han detectado
hace tiempo de que hayan falsificado alguna factura de gasolina o que
metan en las facturas de gasolina gastos que no son del proyecto. En
definitiva, es quitarle recursos a los ciudadanos que deben
beneficiarse de este proyecto.
Querría señalar que esto se hace en un contexto de apoyo al mundo no
gubernamental, de entendimiento con el mundo no gubernamental,
respetando nosotros su independencia, pero también respetando ellos
nuestracapacidad de decisión y nuestra capacidad de dirección
como gobierno. Y aunque podríamos pensar que puede aumentar la
financiación a las ONG, no sólo me remito al ejemplo que puse en el
inicio de mi comparecencia, que hemos pasado de 3.000 millones a
3.500 en 1993 y a los 14.000 del año pasado, sino que, además, en
todos los presupuestos de la Agencia el capítulo de ONG sube por
encima de la media del crecimiento del presupuesto de la Agencia, lo
cual quiere decir que hay un compromiso serio del Gobierno por seguir
fortaleciendo este sistema que creo que es beneficioso para todos.
- ACTUACIONES INMEDIATAS EN MATERIA DE AYUDA HUMANITARIA QUE HA
TOMADO EL GOBIERNO ESPAÑOL EN RELACIÓN CON EL TERRIBLE TERREMOTO
SUFRIDO EN INDIA, PARTICULARMENTE EN LA ZONA DE GUJARAT, EL DÍA 26 DE
ENERO DE 2001, ASÍ COMO SOBRE LAS ACTUACIONES PREVISTAS A MEDIO Y
LARGO PLAZO PARA CONTRIBUIR A LA RECONSTRUCCIÓN DE DICHO PAÍS. A
SOLICITUD DEL GRUPO PARLAMENTARIO CATALÁN(CONVERGENCIA I UNIÓ).
(Número de expediente 212/000367.)
El señor PRESIDENTE: A continuación, se va a sustanciar la siguiente
comparecencia, referida a las actuaciones que ha llevado a cabo el
Gobierno español en materia de ayuda humanitaria como consecuencia
del terremoto en la India. En primer lugar, va a hacer el uso de la
palabra el grupo que ha solicitado la comparecencia. Ruego a SS.SS.
-lo saben la Mesa y la Junta de Portavoces- que sean breves, ya que
hemos interrumpido el encuentro con la delegación de parlamentarios
salvadoreños y tenemos que reanudarla después. Eso no va a coartar,
en modo alguno, el debate de los asuntos pendientes en esta Comisión,
pero les ruego a SS.SS. que, por razones de tiempo, no sean
excesivamente prolijos en sus argumentaciones.
Para dar cumplimiento a la comparecencia solicitada, tiene la
palabra, de nuevo, el secretario general de la Agencia, para informar
a la Comisión sobre las ayudas del Gobierno español como consecuencia
del terremoto en la India.
El señor SECRETARIO GENERAL DE LA AGENCIA ESPAÑOLA DE COOPERACIÓN
INTERNACIONAL (Gracia Aldaz): Para dar tiempo a SS.SS. para que
puedan seguir con el encuentro con los parlamentarios salvadoreños,
que es de gran importancia y que me alegro de que vaya transcurriendo
con esa fluidez que marcan las relaciones entre nuestros dos países y
también entre los dos parlamentos, voy a ser breve en esta exposición
sobre la ayuda humanitaria a la India. (El señor vicepresidente,
Fariñas Sobrino, ocupa la presidencia.) Las cifras de la catástrofe
son tremendas, se habla de más de 19.000 muertos,
más de 165.000 heridos y 150.000 desaparecidos y una población
en una región muy específica que tardará mucho tiempo en poder
recuperarse.
En cuanto a la fase de rescate, hay que decir que el Gobierno indio,
por política propia, a diferencia de lo que ha ocurrido en otras
catástrofes, no hizo un llamamiento internacional de ayuda. Esto es
importante porque en un país como el nuestro que está alejado de la
India, donde no tenemos esa presencia como en otras zonas del mundo,
el hecho de que no exista esa alerta inmediata, temprana y sobre todo
que no exista esa petición de ayuda condiciona mucho la reacción en
un caso de catástrofe humanitaria, de respuesta humanitaria. Esta
falta de llamamiento se compensó cinco días después con una
autorización para que fueran entrando equipos de rescate, pero no hay
una llamada y una petición específica. Eso impidió que diéramos otro
tipo de respuesta y que, pasados unos días de la catástrofe del
terremoto, decidiéramos hacer una intervención selectiva, apoyando
humanitariamente la fase de rescate. Para eso, la Agencia concedió a
la Cruz Roja india, el 30 de enero, 18 millones de pesetas, 100.000
dólares, para la adquisición de material de asistencia a las víctimas
en el terreno, en la propia India: mantas, tiendas de campaña,
medicamentos y agua. Posteriormente, la Agencia fletó un avión
carguero para el transporte de 40 toneladas de material y equipo, por
valor de 22 millones de pesetas.
Durante este tiempo, y en una reunión que habíamos tenido previamente
con las organizaciones no gubernamentales de desarrollo, habíamos
detectado que la mayor preocupación de estas organizaciones era poder
hacer llegar a la India el material, porque no tenían medio de
transporte. Por tanto, en vez de gastar el dinero de la Agencia en
otro tipo de actividades, tomamos la decisión de fletar este avión.
En el mismo se incluyó carga de una unidad clínica móvil totalmente
equipada, con capacidad para atender a 30.000 personas, y de una
unidad de telecomunicaciones, que tienen un valor de 45 millones de
pesetas, en virtud de un acuerdo que existe entre las dos
organizaciones, la Agencia y la Cruz Roja Española. Además, se envió
material de distintas ONG, como tiendas de campaña de Médicos del
Mundo, medicamentos del Ministerio de Sanidad, mantas enviadas por la
Generalitat de Valencia, medicamentos y alimentos infantiles del
Movimiento por la Paz, el Desarme y la Libertad y agua destilada,
donada por Cofares, la organización patronal farmacéutica. El avión
aterrizó en Buj el día 9 de febrero, a las 18,30, y allí
representantes de las ONG españolas que tienen presencia en el
terreno se encargaron, junto con la Embajada de España, del traslado
y del reparto de esta ayuda.
Un aspecto que creo que hay que destacar, por los efectos positivos
que en este tipo de catástrofes tiene, es la coordinación con otros
agentes. Intentamos en unprimer momento, como señalaba, hacer un
envío de
equipos de rescate a la India. Hablamos con los ministerios de
Interior y de Defensa, que estaban dispuestos a hacer este envío de
personal de rescate, pero, al no haber una petición expresa del
Gobierno indio, se optó por esperar esta petición. Por otro lado, se
habló con las ONG. El 30 de enero se celebró una reunión en la
Agencia, a la que asistieron la mayoría de las ONG que son miembros
de la Coordinadora Nacional de ONG, y allí se tomó la decisión de
colaborar por esta vía de facilitarles el envío del material que
pudieran necesitar. Finalmente, en la fase de reconstrucción, el
Ministerio de Economía ha ofrecido 7.000 millones de pesetas, 38,8
millones de dólares, a la India, en forma de préstamos FAD, con un
grado de liberalidad del 80 por ciento. Esos créditos deben ser
aceptados por las autoridades indias, que deberán tomar la decisión
en las próximas semanas.
En definitiva, esta es la actuación del Gobierno, que se complementa
con la actuación de las organizaciones no gubernamentales y muy
especialmente con la Cruz Roja Española, que ha conseguido una
movilización importante de recursos privados, en torno a 600 millones
de pesetas. Asimismo, Intermón ha ingresado cien millones de pesetas
y Acción contra el Hambre, según nuestras cifras, ha ingresado un
millón de pesetas. Según estos datos, con respecto a la cooperación
gubernamental y la cooperación no gubernamental, España ocupa el
cuarto lugar entre los donantes de la Unión Europea para la India,
tras el Reino Unido, Alemania y Holanda, lo cual, aún en un caso
donde no tenemos una presencia tan importante como en América Latina
o como en los países del norte de África, hace ver que ha habido una
respuesta inmediata de la sociedad española y del Gobierno.
El señor VICEPRESIDENTE (Fariñas Sobrino): A continuación, tiene la
palabra el grupo solicitante de Convergència i Unió, a través de su
portavoz, señor Campuzano. (El señor presidente ocupa la
Presidencia.)
El señor CAMPUZANO I CANADÈS: La magnitud de la tragedia de la zona
de Gujarat es suficientemente potente como para justificar una
movilización de recursos, tanto públicos como privados, del Estado
español y dar respuesta a esta situación. Siempre que se habla de la
India las cifras nos superan a todos. Me ha parecido entender que el
secretario general hablaba de 19.000 muertos, y creo que es la cifra
más pequeña que hasta el momento he escuchado, porque en ocasiones se
han manejado cifras de 100.000 víctimas. Desconozco cuáles son las
últimas informaciones, pero es evidente que en la India los desastres
siempre tienen esa dimensión tan contundente. Además, Gujarat es una
zona industrializada de ese enorme país y, por tanto, tendrá
consecuencias muy importantes para el conjunto de la economía de la
India. Algunas cifras que
nos han llegado hablan de que el parón de la industria puede provocar
15.000 millones de pesetas de pérdidas más 65.000 millones de pesetas
en la recuperación de la infraestructura destruida; por tanto, la
dimensión del desastre es evidente.
Dicho esto, quería exponer alguna consideración. Es evidente que el
Estado español no considera a la India como una de nuestras áreas
prioritarias de actuación -en el caso de Asia, creo recordar que son
Filipinas, China y Vietnam los países prioritarios-, pero también es
cierto que existe un tejido social muy vinculado a procesos de
cooperación en ese país y de manera muy emblemática existe la
Fundación Vicente Ferrer. Esa vinculación específica de los españoles
en ese país es importante.
Es evidente que las cifras de ayuda a la Cruz Roja y de envío de
material son pequeñas. Ahí entramos en un debate en el que, insisto,
vamos a ser reiterativos, y es en la escasa dimensión de la ayuda de
emergencia española. La coincidencia de la crisis de la India con la
crisis de El Salvador aún lo pone más de manifiesto, y es evidente
que difícilmente podemos estar en dos crisis de ese nivel al mismo
tiempo. Reiteramos al secretario general nuestra preocupación porque
no hemos avanzado suficientemente en la dotación de recursos líquidos
importantes para dar respuesta a esas necesidades, y que nuestros
operativos, en el ámbito de la ayuda de emergencia, continúan siendo
escasos. Según informaciones que podemos confirmar de algunas ONG
desplegadas en el territorio, la coordinación, sobre todo a través de
la Cruz Roja en la zona del desastre, era difícil. Muchas veces las
ONG que llevan tiempo ahí trabajando tienen mayor capacidad de
orientar esos recursos que la propia Cruz Roja de la India, incluso
hay críticas sobre un excesivo nivel de burocracia de la organización
en ese país. Es una cuestión que nos preocupa y quizás con operativos
más estables para intervenir en la ayuda de emergencia podríamos
superar estos problemas que se nos plantean.
El Gobierno -y ahora el secretario general ha hecho referencia a ello
de pasada-, unos cuantos días después de producirse ese desastre, el
domingo 11 de febrero, hizo referencia a esta ayuda de 7.000 millones
de pesetas, vinculándolos a la reconstrucción tras el terremoto de la
India. Por las informaciones que le constan a este grupo, esos 7.000
millones de pesetas en créditos FAD eran partidas ya asumidas con
anterioridad al terremoto. Nos gustaría saber la efectiva orientación
que el Gobierno piensa dar a esa cifra: si esos 7.000 millones de
pesetas se van a destinar a la zona de Gujarat para la reconstrucción
o si estamos hablando simplemente de partidas ya previstas en el
marco de los protocolos que tiene firmados el Gobierno español con el
Gobierno de la India. El nivel de información parlamentaria que
existe al respecto es muy escaso. Lo que nos incomoda es que si,
efectivamente, esos recursos ya estaban previstos antes del
terremoto, el Gobierno
afirme que se movilizan en función de esa desgracia. Yo creo que no
ayuda al rigor con el que desde la Administración pública se tienen
que tratar estas cuestiones y máxime recursos tan importantes. En
este sentido, creo que la valoración sobre el impacto de la ayuda
española en la India en función del terremoto es sustancialmente
diferente si esos 7.000 millones de pesetas los consideramos como
vinculados al terromoto o si simplemente consideramos los 100.000
dólares destinados a la Cruz Roja más los 22 millones de pesetas de
material. Si descontamos los 7.000 millones de pesetas en créditos
FAD, es evidente que las cifras que hemos destinado hacia la India
son escasísimas, seguramente de las menos importantes del conjunto de
la Unión Europea. Aclarar hoy esa cuestión nos parece que es
importante.
Un último comentario. Efectivamente, el Gobierno indio no hizo ningún
llamamiento de carácter internacional, pero, al menos por lo
publicado en la prensa, a partir del 28 de enero hubo despliegue de
colectivos de rescate de turcos, británicos y rusos, y ese mismo día
anunciaron ayuda financiera Irlanda, Bélgica, Australia, China,
Pakistán, Japón, Kuwait, el Reino Unido, Italia y Alemania. Ese mismo
día, el director de la OID, el señor Alberto Aza, informaba de que el
Gobierno estaba pendiente de esa petición formal del Gobierno indio.
En todo caso, es evidente que estos estados optaron por un criterio
diferente al del Gobierno español.
El señor PRESIDENTE: A continuación, por el Grupo Socialista tiene la
palabra la señora Pajín. Entiendo que se acumula a la pregunta que
tiene formulada.
La señora PAJÍN IRAOLA: Quiero agradecer al secretario general de la
Agencia su comparecencia en esta Comisión.
Coincido tanto con el secretario general como con el portavoz del
Grupo Catalán en las devastadoras consecuencias de un terremoto que,
sin lugar a dudas, ha destruido la mayor parte de la región de
Gujarat en un subcontinente, por decirlo de alguna manera, como la
India, especialmente afectado por la pobreza; una región
especialmente afectada por la sequía y por problemas extremos de
pobreza como pudimos comprobar la compañera Delia Blanco y yo en la
visita que hicimos una delegación parlamentaria precisamente para ver
proyectos de cooperación en salud reproductiva unas semanas antes del
terremoto. Coincido también en lo que supone que haya habido 150.000
personas afectadas por este terremoto y un gran número de ciudades y
viviendas destruidas, lo que constituye un panorama desolador después
de este terremoto. Con lo que no coincido, desde luego, es con la
contundencia con la que ha respondido el Gobierno español ante esta
situación, que, como decía, se ha caracterizado por un panorama
desolador. Cuanto menos, desde luego, nos parece poco contundente,
sobre todo cuando en las páginas de los periódicos
españoles donde se hacía la descripción de este panorama no aparecía
el más mínimo comentario del Gobierno español ante esta situación.
Es verdad, y lo comentaba el secretario general de la Agencia, que el
Gobierno de la India no hizo un llamamiento internacional, pero es
verdad también, como ponía de manifiesto el portavoz del Grupo
Catalán, que hubo otros países que dieron una respuesta inmediata,
y también ayer ponía de manifiesto el administrador del PNUD, en un
encuentro de diputados de esta Comisión, que le parecía cuanto menos
curioso que el Gobierno español aludiera a esa falta de llamamiento
internacional y a esas trabas cuando había sido la vez que más
facilidades había puesto el Gobierno de la India a la hora de recibir
ayuda, sobre todo y fundamentalmente por la dimensión de la
catástrofe.
También se ha hablado de la única ayuda que, como ha recordado mi
compañero portavoz, ascendía únicamente a 100.000 dólares y al flete
del avión con la ayuda humanitaria donada por las organizaciones no
gubernamentales. Desde luego, resulta chocante escuchar en el
telediario del domingo 11 de febrero y escuchar aquí, en esta Cámara,
que España iba a ayudar con 7.000 millones de pesetas a la
reconstrucción tras el terremoto de la India. Esto era con motivo de
una misión comercial del Gobierno español, con Rodrigo Rato a la
cabeza y 660 empresarios, a una feria industrial de la India. Además,
todo el mundo sabe que este viaje iba presidido por el príncipe de
Asturias y que estaba previsto con mucha antelación, así como la
firma del protocolo financiero que incluye la línea de crédito FAD
por valor de 7.000 millones para los próximos años. Tanto en
televisión como esta misma mañana en esta comparecencia se refirieron
al nombre completo de los FAD, que, no olvidemos, incluye la D de
desarrollo, referida al desarrollo de nuestro país, motivo por el
cual se instituye este instrumento.
Es indudable, señorías, que algunos de los programas que se financien
con el FAD podrán ser realizados -y ahora tendrá la oportunidad de
decírnoslo el secretario general de la Agencia- en la zona afectada
por el terremoto, según las licitaciones que salgan y los contratos
que ganen las empresas españolas, pero muchos otros no. La realidad
es que esos 7.000 millones no forman parte de la política de
cooperación. De hecho, la India no es un país prioritario en el plan
director, sino en la política comercial, que incluye el instrumento
FAD. Vender esto a la opinión pública como ayuda a las víctimas,
resulta, cuando menos, obsceno.
Es cierto que la India no es un país programa y que está fuera de
parte de los criterios que orientan la distribución geográfica de la
ayuda española, pero una cosa es la cooperación al desarrollo
planificada y a largo plazo y otra la atención a las víctimas tras
una catástrofe en una situación de emergencia. En estos casos, yéste
es un principio humanitario clave, todas las víctimas
son iguales y deben ser atendidas, no podemos establecer un criterio
de víctimas de primera y víctimas de segunda. Dada la cercanía con el
terremoto de El Salvador, podemos entender que la Agencia no
dispusiera de capacidad logística para poner a disposición de la
India, pero sí podía haber apoyado con recursos financieros la
actividad de las ONG españolas o de agencias internacionales activas
en la zona. Desde luego, se podría haber hecho un esfuerzo
presupuestario mayor, teniendo en cuenta las víctimas que ya hemos
citado, del que se ha puesto de manifiesto esta mañana en esta
comparecencia. Además, si la India es un país que no entra en las
prioridades de la ayuda española a la hora de atender de forma
directa a las víctimas del terremoto, no entendemos cómo se destinan
7.000 millones de pesetas, que computan como AOD, para proyectos a
ejecutar por empresas españolas. Cuando menos, es una falta de
coherencia.
También es verdad -lo reconocía el secretario general de la AECI- que
hubo una lentitud en la respuesta, en tanto en cuanto yo tuve la
oportunidad de hablar con las organizaciones no gubernamentales
españolas que trabajan en el territorio, que durante esos días
todavía no habían recibido la llamada de la Agencia. Pero lo que me
parece más grave es que incluso hubo organizaciones especializadas en
rescate que se pusieron a disposición de la Agencia para viajar y
buscar víctimas debajo de los escombros, y la Agencia contestó que
esta vez no coordinaba esa operación y que, además, el Gobierno de la
India no había hecho un llamamiento para que ese tipo de
organizaciones que tienen perros de rescate pudieran ir a salvar
víctimas. Es curioso que, al día siguiente, se pusieran en contacto
con la embajada de la India en España y automáticamente pudieran ir
por su cuenta a ayudar a los afectados. Además, se pone de nuevo de
manifiesto, como decía el portavoz del Grupo Catalán y como ya dijo
nuestro grupo en la discusión del plan director, que es necesario un
aumento de la dotación de recursos para este tipo de imprevistos y de
catástrofes naturales, además de una coordinación, una cooperación
mucho más estable de España en este tipo de catástrofes. Una vez más,
nos hubiera gustado una mayor actuación del Gobierno español, que en
este caso, y después de ver las víctimas y las características de
esta catástrofe, podemos decir que ha sido, cuando menos, poco
contundente, por no decir francamente que ha estado ausente.
El señor PRESIDENTE: A continuación, por el Grupo Parlamentario
Popular, tiene la palabra el señor Izquierdo.
El señor IZQUIERDO JUÁREZ: Yo creo que las comparaciones son odiosas
y en este caso todavía más. Las críticas son legítimas, pero,
establecer críticas por una actuación puntual, aunque sea legítimo,
yo no lo comparto. Diré por qué.
Está pendiente en esta Comisión un debate sobre la ayuda de
emergencia y lo tendremos. Estoy convencido de que cuanto tengamos
ese debate tendremos que concluir todos que la capacidad de España es
limitada y que, por tanto, España tiene que apoyarse en los
organismos internacionales para determinadas cuestiones; que España
tendrá que apoyarse en otros países, no por el interés ni por la
relación bilateral de estos países con determinadas zonas sino por la
proximidad geográfica, para realizar determinadas acciones.
Cuando juzgamos los recursos de la cooperación española casi siempre
tendemos, incluido nuestro grupo, a fijarnos de manera especial en la
cooperación bilateral, que es la que España hace país a país, o que
hace directamente con unos países y con otros, y casi siempre nos
olvidamos de la cooperación multilateral. Yo quiero recordar aquí que
la cooperación española es marcadamente multilateral, a diferencia de
otras cooperaciones de países bastante más importantes en riqueza y
en proyección internacional que España. Pondré algunos ejemplos, como
puede ser el de la cooperación norteamericana, y no lo digo desde la
crítica, pues sólo faltaría que en esta Comisión parlamentaria
intentáramos establecer algún tipo de iniciativas sobre lo que hacen
otros países. Es como cuando llegan mociones de grupos políticos a la
administración local instando a Administraciones superiores
cuestiones que no son de su competencia. En cualquier caso, la
dialéctica y el recurso de la oratoria también es libre.
Decía que no nos fijamos en la cooperación multilateral. España,
desde los inicios de la transición democrática, por decisión de
Estado, optó, primero, por obtener un respaldo internacional a
nuestro proceso democrático y, segundo por colocar a España en el
concierto internacional que le corresponde, por establecerse de
manera muy significativa y en función de sus propios recursos en los
organismos internacionales. Y esto sigue siendo así. No hay nada más
que ver las cifras de la cooperación española para comprobar que está
bastante equilibrado el esfuerzo que España hace en los organismos
internacionales con el esfuerzo que España hace en la cooperación
bilateral.
Yo les diría a los portavoces que han intervenido anteriormente que
hicieran el ejercicio de ver las contribuciones españolas, por
ejemplo, a la cooperación europea, al sistema europeo de cooperación
al desarrollo, al sistema de Naciones Unidas, a la Organización de
Estados Americanos, así como a las múltiples agencias u organismos, y
cuánto destinan esos organismos no financieros a situaciones de
emergencia en países a los que España no puede acceder de manera
inmediata. Entonces, a lo mejor podríamos establecer un debate
bastante interesante sobre la proyección de las políticas de
cooperación o, en este caso, de las políticas de ayuda humanitaria y
de emergencia de esos países en el futuro.
Yo quiero recordar que, en el debate sobre El Salvador, fue
significativo el comentario del secretario de Estado cuando
manifestaba el malestar de la Administración española (estaba
hablando de los huracanes en Centroamérica) porque todavía no había
llegado un solo euro de la cooperación europea a la región. Hacía esa
reflexión en función de lo que tenía que hacer España, como Estado
miembro, para impulsar una política de cooperación europea más
coherente, más sólida y más eficaz. Por eso digo que las
comparaciones son odiosas, que no podemos juzgar la actitud de un
Gobierno, que yo creo que ha sido rápida y diligente de apoyo a las
organizaciones no gubernamentales y de apoyo a un país como la India,
con el cual no podemos más que sentirnos solidarios por lo que ha
pasado. Otra cosa es que podamos sentirnos impotentes, que también es
algo perfectamente legítimo.
Quiero manifestar que desconozco los datos y que no sé si el
secretario general podrá ilustrarnos, ya que son datos de otro
departamento gubernamental, del Ministerio de Economía, en relación
con los créditos FAD. El terremoto de la India, a propuesta del Grupo
Parlamentario Popular, fue objeto de un pequeño debate con el
ministro de Asuntos Exteriores en el transcurso de una sesión de
control en el Pleno de la Cámara. Allí se anunció que se estaba
haciendo todo lo que se podía y luego se dijo que se destinarían
7.000 millones de pesetas del crédito FAD. Yo no tengo los datos,
como he dicho, pero quiero recordar que fueron las autoridades indias
las que no aceptaron la reorientación de esos fondos para la
reconstrucción con motivo del terremoto, ya que quizá tenían otras
prioridades. Reflejar esto es importante.
Para terminar, quiero decir que el Fondo de Ayuda al Desarrollo,
debido a la Ley de cooperación, es un instrumento de la cooperación
al desarrollo y no un instrumento única y exclusivamente de apoyo a
la empresa española en el exterior. No podemos satanizar la actitud
de la patronal farmacéutica, una empresa que está haciendo un
esfuerzo extraordinariamente importante para enviar agua destilada,
he creído entender, o medicamentos en otros casos, en situaciones de
emergencia. Tampoco podemos satanizar el importante esfuerzo que
muchas pequeñas empresas españolas están haciendo por ser portadoras,
en países en vías de desarrollo, de valores relacionados con los
derechos humanos de democracia y de libertad. Asimismo, no podemos
satanizar el extraordinario esfuerzo que muchas empresas españolas
están haciendo para apoyar a las organizaciones no gubernamentales
españolas en sus proyectos de cooperación y no solamente por una
cuestión conveniente desde el punto de vista de eso de lo que hoy
tanto se habla, del marketing con causa o del marketing social, sino
que va más allá. Somos conscientes de que en el mundo en que nos
movemos, por la situación abierta de las relaciones internacionales,
tanto económicas como políticas, sociales o culturales, la empresa
española puede ser un eficaz agente de desarrollo. Por tanto,
satanizar los créditos FAD no me parece muy correcto cuando se trata
de un instrumento de la cooperación al desarrollo establecido en la
Ley de cooperación. Se podrán juzgar o criticar no sólo en función de
los recursos que se apliquen, sino en base a los países y sectores a
los que se destinen. Y les recuerdo a SS.SS. que el desarrollo de
infraestructuras básicas de saneamiento, educativas y para los
hospitales, con las cuales se emplea de manera creciente el crédito
FAD, son necesarias también para el desarrollo.
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el secretario general de la
Agencia.
El señor SECRETARIO GENERAL DE LA AGENCIA ESPAÑOLA DE COOPERACIÓN
INTERNACIONAL (Gracia Aldaz): Muy brevemente.
Quiero señalar que siempre existe un dilema entre la emergencia y el
desarrollo, siendo muchas veces lo que llega a la opinión pública y
lo que más llama la atención la emergencia, puesto que son
catástrofes lo que todos los días vemos en los telediarios y en los
medios de comunicación. La verdad es que es difícil quedarse
impasible ante ello, pero hay que tener en cuenta que, a la larga,
todo es una cuestión de opciones, debiéndose calibrar qué se hace en
una emergencia y no tomarla solamente como el elemento de cooperación
más importante, sino que tiene que estar en el contexto del
desarrollo. Por eso quiero comunicar a SS.SS. que la Agencia de
Cooperación ha elaborado un protocolo de actuaciones para emergencia
que tiene en cuenta las distintas fases y que trata de dar una
respuesta modulada y gradual a cada una de las emergencias que se
puedan producir. Una fase de rescate, que es la que estamos
coordinando con el Ministerio de Defensa y con el Ministerio del
Interior, para proporcionar los primeros auxilios inmediatos a las
víctimas. Una fase de emergencia, consistente en la adquisición y
transporte de bienes, equipamiento y medicamentos de primera
necesidad. Y una fase de rehabilitación y reconstrucción del país, en
la que convergen tanto los recursos propios de la Agencia como los
del Ministerio de Economía. Precisamente, ayer nos decía el
administrador general del PNUD que en la mayoría de estos casos, en
el ámbito internacional, ellos se quedan hasta la rehabilitación,
pero la reconstrucción la hace el Banco Mundial. Mutatis mutandis,
eso se podría aplicar también al caso español. Es decir, hay un
momento en que se proporcionan créditos, siendo la única manera de
llevar a cabo una reconstrucción sólida y duradera para el futuro.
En el caso concreto de la India, no se trata tanto de que se
considere por parte del Gobierno como un país prioritario o no, sino
de una cuestión de eficacia y de reparto de la responsabilidad
internacional. En la catástrofe de El Salvador ningún país europeo
tomó un liderazgo
y una responsabilidad, como lo hizo España, y es lógico que así sea,
y el resto trabajaron conjuntamente. En el caso de la India no
podíamos tomar ni esa responsabilidad ni ese liderazgo y, por tanto,
la eficacia que nosotros podíamos tener en estos apoyos era mucho
menor que la de otros países y hemos preferido que haya otro tipo de
liderazgo en esta fase de emergencia. Sin embargo, hemos trabajado
con la India, hemos enviado recursos y hemos puesto nuestros recursos
a disposición de las ONG. En el caso concreto de la fase de rescate,
para nosotros, que no tenemos oficina de cooperación y que no tenemos
una infraestructura importante en la India, nos es más difícil actuar
que a otros países que sí la tienen y que tienen un conocimiento de
primera mano, independientemente de lo que les digan las autoridades
gubernamentales indias. En este caso preguntamos a través de nuestra
embajada y ese cauce al final fue más lento porque las autoridades
indias no quisieron pronunciarse sobre este tema. Otros países,
evidentemente, tienen sus programas estables de cooperación con la
India, lo que les hace tener un conocimiento de la realidad más
inmediato, más directo, sin necesidad de pasar por esos controles que
nosotros debemos pasar para saber lo que podemos hacer en este caso.
Por otro lado, hemos trabajado intensamente con la Unión Europea,
como señala el portavoz del Grupo Popular. Y una buena parte de los
recursos españoles han ido a la India, a través de la agencia
humanitaria ECHO. Por tanto, ha sido una labor razonable e importante
la que hemos tenido en la India.
En cuanto a los créditos blandos, el sistema de los créditos FAD
-como SS.SS. saben- lleva en funcionamiento desde el año 1976 y
permiten la reconstrucción, el equipamiento y la inversión en el
país, pero que, en definitiva, dentro de la buena política de
desarrollo es una elección y una decisión del Gobierno tomar o no
tomar esta posibilidad. Por tanto, el Gobierno español ha puesto a
disposición estos recursos, que podrán destinarlos a lo que quieran,
a una parte o a otra, pero que sería lo lógico dedicarlos en buena
medida a la reconstrucción de la zona más afectada por este
terremoto.
Para concluir, ya que a veces los medios de comunicación no hacen
justicia de todo lo que realizamos y estamos hablando de emergencias
y de catástrofes, quiero informar a SS.SS. que el Gobierno, a través
de los fondos de la Agencia, ha contribuido a la emergencia en
Mozambique con 600.000 dólares, a través del PMA, el Programa mundial
de alimentos, para algo que no es muy vistoso y que no aparece
nuestro signo por ningún lado, pero que es importante que lo sepan, y
es para aquello que más necesitaban en ese momento los mozambiqueños
en las inundaciones: financiar el transporte de helicópteros dentro
del país. Con ese dinero han podido estar operando durante 30 días en
esa zona sacando a personas de los lugares
más aislados. Hemos dado esa información a los medios de
comunicación, pero quería que SS.SS. conocieran que hemos dado
600.000 dólares al PMA para esta labor, que es la que nos han
requerido en este momento. (El señor Campuzano i Canadès pide la
palabra.)
El señor PRESIDENTE: Señor Campuzano, ¿a qué efectos solicita la
palabra?
El señor CAMPUZANO I CANADÈS: Para efectuar una petición.
El señor PRESIDENTE: Brevísimamente, por favor.
El señor CAMPUZANO I CANADÈS: Brevísimamente. El secretario general
ha hablado de la existencia de un protocolo para supuestos de
emergencia. He de entender que el protocolo ya está elaborado. Si
fuese así, solicitaría que sea enviado a los portavoces de los grupos
parlamentarios a efectos de información y, además, en previsión del
debate que en la Comisión tendremos cuando se sustancie la petición
de comparecencia que nuestro grupo ha hecho sobre esta cuestión.
Quiero agradecer esta última información porque, además, mi grupo
tiene planteada una pregunta escrita sobre la situación en Mozambique
y la información de hoy nos resuelve parte de nuestras dudas.
El señor SECRETARIO GENERAL DE LA AGENCIA ESPAÑOLA DE COOPERACIÓN
INTERNACIONAL (Gracia Aldaz): De momento se trata de un documento
interno de trabajo. En cuanto esté aprobado por todas las partes,
porque implica a distintos ministerios, lo haremos público porque
debe ser un punto de referencia para la reacción ante emergencias
y catástrofes.
El señor PRESIDENTE: Estamos seguros de que cuando esté ya ultimado,
además de hacerlo público, será remitido con la máxima rapidez a esta
Comisión para hacerlo llegar a todos los portavoces parlamentarios.
PREGUNTAS:
- DEL SEÑOR HERRERA ANTONAYA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL
CONGRESO, SOBRE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE COOPERACIÓN PARA EL
DESARROLLO QUE SE PREVÉN DESARROLLAR POR LA AGENCIA ESPAÑOLA DE
COOPERACIÓN INTERNACIONAL (AECI) EN LA REPÚBLICA DOMINICANA. (Número
de expediente 181/000400.)
- DEL SEÑOR IZQUIERDO JUÁREZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL
CONGRESO, SOBRE ESTADO ACTUAL Y EVOLUCIÓN EN LOS ÚLTIMOS AÑOS DE LA
COOPERACIÓN CON LA REPÚBLICA DOMINICANA. (Número de expediente 181/
000435.)
El señor PRESIDENTE: A continuación, vamos a sustanciar las preguntas
que figuran en el orden del día. En primer lugar, hay dos preguntas
referidas a los programas y proyectos de cooperación para el
desarrollo que se prevén desarrollar por la Agencia en la República
Dominicana, la primera formulada por don José Francisco Herrera y la
segunda por el señor Izquierdo.
Señor Izquierdo.
El señor IZQUIERDO JUÁREZ: Señor presidente, ambas preguntas las
formulará el diputado Herrera Antonaya.
El señor PRESIDENTE: Señor Herrera, tiene la palabra para formular
ambas preguntas.
El señor HERRERAANTONAYA: Ambas preguntas son la misma.
Señor secretario general, comienzo, como es lógico, agradeciéndole la
distribución en esta Comisión de la memoria de actuación de la
Agencia Española de Cooperación Internacional en República Dominicana
entre 1997 y 1999, que sin duda complementa de manera exhaustiva su
respuesta a la pregunta que hoy le formulo.
En cualquier caso, no quiero dejar pasar la oportunidad para resaltar
el esfuerzo realizado por la sociedad dominicana en los últimos
tiempos, que merece toda la atención de la cooperación internacional.
Desde principio de los años noventa, la República Dominicana ha
emprendido una serie de reformas muy importantes que le han hecho
transformar una economía pobre, basada en la agricultura, en otra
mucho más competitiva, basada en el sector servicios,
fundamentalmente en el turismo. En el campo institucional, también se
han producido mejoras dignas de ser reconocidas y, en momentos duros
como los sufridos tras diversas catástrofes naturales, toda la
sociedad dominicana ha sabido unir esfuerzos en la misma dirección.
Este proceso de apertura ha tenido efectos muy positivos,
especialmente tras la vinculación del país dominicano al Programa
XXI, adoptado en la cumbre de Río, que ha permitido cambiar los
enfoques de desarrollo articulando el crecimiento económico con la
equidad social y la protección del medio ambiente.
En cualquier caso, a pesar de esos importantes esfuerzos llevados a
cabo en sectores tan importantes como la educación, la salud o los
servicios sociales básicos, aún hoy más del 55 por ciento de los
dominicanos vive en condiciones de pobreza y el 20 por ciento de
ellos lo hace en condiciones de extrema pobreza, lo que refleja muy a
las claras hacia dónde deben ir dirigidos y canalizados
nuestros esfuerzos. La situación se agrava muy especialmente a
lo largo de la frontera con Haití o en el noroeste del país, dando
lugar a importantes diferencias entre dos mundos que conviven al
final en el mismo país. Precisamente a cubrir ese tipo de
desequilibrios es hacia donde se debe canalizar la cooperación
internacional y específicamente la cooperación española.
De una lectura rápida del documento que nos ha entregado hoy, me
gustaría destacar, por un lado, el esfuerzo realizado por la
cooperación española en sectores tan importantes como el
fortalecimiento y la modernización institucional, el desarrollo
humano sostenible, la modernización de los sectores productivos y las
infraestructuras y la cooperación cultural. Entendemos que en ese
camino en el que ha trabajado la AECI se debe perserverar en las
actividades futuras, a las que se referirá en su respuesta. Por otro
lado, como también se refleja en el documento que nos ha entregado,
el gran número de agentes implicados en la cooperación española en
este país obliga a un esfuerzo aún mayor de coordinación que permita
concentrar el trabajo allí donde sea necesario.
Teniendo como base el magnífico trabajo que han realizado en los
últimos años en República Dominicana, me gustaría conocer los
programas y proyectos que tiene previsto realizar la Agencia Española
en los próximos años.
El señor PRESIDENTE: El señor secretario general tiene la palabra.
El señor SECRETARIO GENERAL DE LA AGENCIA ESPAÑOLA DE COOPERACIÓN
INTERNACIONAL (Gracia Aldaz): Voy a tratar de ser breve porque el
documento entregado al que hace referencia S. S. es bastante
significativo. Complementaré algunos aspectos del documento
simplemente señalando que República Dominicana no solamente es un
país prioritario para la cooperación española sino para toda nuestra
acción exterior. Es un país importante dentro de la comunidad
iberoamericana. El próximo año 2002 albergará la cumbre
iberoamericana y, además de ello, es un país de interés tanto humano,
a través de los flujos migratorios en un sentido y en otro en los
últimos años, como por los flujos de inversión que se han dado en
esta isla por parte española, que hacen que sea uno de los
interlocutores más relevantes en la política exterior española.
Consecuente con todo ello, el Gobierno ha realizado una política de
ayuda al desarrollo que complementa esta acción política, esta acción
exterior, estas acciones de emigración y estas inversiones, con la
búsqueda de la corrección de esos desequilibrios y el apoyo al
Gobierno dominicano para luchar contra la pobreza y para la
construcción de una sociedad más equitativa. En ese sentido son
destacables los esfuerzos que hemos hecho conjuntamente con el
Gobierno de la República Dominicana y que seguimos manteniendo en
sectores tales como la reforma y modernización del Estado, quehan
dado lugar a un mayor fortalecimiento institucional.
Aquí querría referirme específicamente al programa de apoyo a la
justicia dominicana, que es posiblemente uno de los más exitosos en
América Latina, reconocido por el Banco Mundial y reconocido por el
Banco Interamericano de Desarrollo, que ha permitido cambiar
enormemente el sistema de organización y de gobierno judicial que
tiene la República Dominicana, dando a los miembros de este poder del
Estado una mayor permanencia y una mejor capacitación, como tuvo
ocasión de comprobar Su Majestad el Rey durante el viaje oficial a la
República Dominicana el año pasado, en el que tuvimos ocasión de
hablar con el presidente de la Corte Suprema de Justicia y de ver que
la justicia es uno de los valores que el propio Gobierno dominicano
esgrime en la comunidad internacional como un elemento de atracción
de inversiones. El acceso fácil a la justicia, tanto de los
ciudadanos como de las empresas, es un elemento que proporciona un
entorno favorable a la inversión extranjera en el país y al
crecimiento económico y bienestar de los ciudadanos.
No solamente trabajamos en esta materia, trabajamos también en
programas de desarrollo humano sostenible. Aquí quisiera hacer
referencia especialmente a lo que decía S.S. sobre la zona tan
sensible de la frontera entre República Dominicana y Haití. Uno de
los proyectos más importantes del programa Araucaria, de medio
ambiente, trata de compaginar la preservación del medio ambiente en
la frontera entre República Dominicana y Haití, una zona muy sometida
a deforestación y que sufre una presión demográfica muy alta,
procurando dar oportunidades de trabajo a los ciudadanos dominicanos
en esta zona y un tratamiento adecuado para la emigración haitiana
que sufre la zona de Bahoruco.
En cuanto a la educación y capacitación de recursos humanos, no
solamente son importantes los programas de fortalecimiento del
Ministerio de Educación y del sistema educativo dominicano, sino que,
dentro de los programas de las cumbres iberoamericanas, República
Dominicana fue uno de los países que puso en marcha el programa de
alfabetización básica de adultos, que es uno de los que ha tenido una
mayor repercusión en todo el continente americano y que ha permitido
reducir de una manera importante el analfabetismo entre los adultos
en República Dominicana. Este programa no solamente ha recibido una
importante financiación por parte española, con fondos públicos
españoles, sino que ha permitido trabajar básicamente a todos los
sectores de la educación dominicana, con un presupuesto que ha sido
superior a los 600 millones de pesetas, con una participación
importante del propio Gobierno de la República Dominicana. Ylo que es
más importante, una vez que termine este año el programa de
alfabetización de adultos con participación española, este programa
ha quedado como una de las direcciones del Ministerio de Educación
dominicano, por lo que tiene asegurada una estabilidad en el futuro.
Finalmente, otro de los elementos importantes detrabajo en República
Dominicana es el programa de
microcréditos (el programa de apoyo a la micro, pequeña y mediana
empresa de República Dominicana) que recibió, en el año 1999, 1.500
millones de pesetas para un programa de microcréditos que está
alcanzando a una gran cantidad de microempresarios de República
Dominicana, y que estamos estudiando ampliar este año, el año 2001, a
otras entidades privadas de este país, para extender todavía más la
frontera de créditos para los microempresarios de República
Dominicana.
Simplemente voy a hacer una referencia final a la labor en materia de
turismo, puesto que es el rubro principal de la economía dominicana
en este momento y coincide también con el de mayor importancia en la
inversión española en la isla. En el sector turístico, hemos creado
con el Gobierno de República Dominicana, con la Secretaría de Estado
de Turismo, un centro de formación básica en hostelería, que se está
desarrollando en la ciudad de San Cristóbal, al lado de Santo
Domingo, y que está permitiendo la formación de los recursos humanos
de alta calidad y de formadores en el sector turístico para obtener
una mayor calidad en el turismo dominicano y, por tanto, obtener una
mayor atracción de recursos económicos a través del turismo, como uno
de los elementos estratégicos en la política económica de República
Dominicana.
Quiero señalar que en el año 2000 la inversión de la Agencia Española
de Cooperación Internacional en República Dominicana alcanzó la
cantidad de 876 millones de pesetas, y que vamos a seguir manteniendo
unas cifras similares en los próximos años y una cooperación estable
con este país.
- DEL SEÑOR ORTÍZ PÉREZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL
CONGRESO, SOBRE CONSTITUCIÓN DE LA COMISIÓN INTERTERRITORIAL DE
COOPERACIÓN PARA EL DESARROLLO. (Número de expediente 181/000405.)
- DEL SEÑOR ORTÍZ PÉREZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL
CONGRESO, SOBRE VALORACIÓN DE LA RECIENTE CONSTITUCIÓN DE LA COMISIÓN
INTERTERRITORIAL DE COOPERACIÓN PARA EL DESARROLLO. (Número de
expediente 181/000437.)
El señor PRESIDENTE: Para formular las preguntas 5 y 9 del orden del
día, de modo conjunto, tiene la palabra el señor Ortíz Pérez.
El señor ORTÍZ PÉREZ: Efectivamente, se acumulan las dos preguntas
que figuran como números 5 y 9 en el orden del día de esta Comisión.
Señor secretario general, como bien conoce, la Ley de cooperación
prevé la constitución de un órgano con
sultivo del Gobierno, cual es la Comisión interterritorial para la
cooperación.
Dada la importancia de la cooperación descentralizada, esta mañana
hemos podido comprobar, en una reunión que hemos tenido con
parlamentarios de El Salvador, que una de las preocupaciones era una
descentralización y estaban buscando fórmulas para que las
corporaciones locales o ayuntamientos tuvieran mayores competencias.
También el Gobierno español está sensibilizado y, por lo tanto, ha
procedido a la creación de este órgano de coordinación entre el
Gobierno y el resto de las administraciones públicas.
Como no podía ser de otra manera, el Gobierno, en cumplimiento de lo
que establece la ley, elaboró y aprobó un real decreto en el que,
entre otras cuestiones, se fijaban las competencias, funcionamiento y
composición de la citada comisión.
Finalmente, el 6 de noviembre del año 2000 se constituyó la Comisión
interterritorial en el Ministerio de Asuntos Exteriores, presidida
por el titular de esta cartera. Es pronto para saber una valoración
muy exacta dado que es muy reciente su constitución. Sin embargo,
queremos saber cuál es la valoración que hace el Gobierno, por lo que
le formulo las preguntas que figuran en el texto del orden del día.
El señor PRESIDENTE: Señor secretario general de la Agencia.
El señor SECRETARIO GENERAL DE LA AGENCIA ESPAÑOLA DE COOPERACIÓN
INTERNACIONAL (Gracia Aldaz): Efectivamente, esta es una de las
características de la cooperación española en la participación de
multitud de agentes, entre ellos la cooperación descentralizada a
través de comunidades autónomas, diputaciones provinciales,
ayuntamientos, etcétera, que contribuyen de una manera notable a la
política española de cooperación al desarrollo.
Esta presencia de múltiples factores en la cooperación
descentralizada hizo que en la Ley de cooperación en un primer
momento, y después el real decreto, se establecieran unos mecanismos
de concertación y de apoyo para dar una mayor coherencia a la
política española de cooperación al desarrollo y evitar que esa
multiplicidad, que es una riqueza en sí misma de participación
ciudadana en todos los temas de cooperación al desarrollo pudiera
convertirse en un rompecabezas de difícil solución y de poca
eficacia.
Con ese criterio y con el apoyo de la ley y del reglamento que regula
este consejo interterritorial, el 6 de noviembre de 2000 el ministro,
como presidente de la Comisión interterritorial, reunió a la misma
con participación de representantes de la Administración general del
Estado, comunidades autónomas, ayuntamientos y diputaciones
provinciales. En ella el ministro destacó el carácter de colaboración
y concertación de este órgano de la Comisión interterritorial destacó
la
importancia que tiene la cooperación multilateral (que con cifras del
año 1999, del seguimiento del PAC, Plan anual de cooperación,
alcanzaba una cantidad de 31.000 millones de pesetas, es decir, el 23
por ciento de la ayuda española al desarrollo bilateral, no del
total) y el mandato de la ley en el sentido de que esta colaboración
se haga dentro de un marco normativo y de un marco de referencia
común para todas las administraciones públicas. Esto es, debemos
aprobar el plan director, debemos tener un marco general de
referencia que permita a todos los actores trabajar con unos mismos
principios y objetivos tal y como marca la ley y debemos dar,
también, capacidad de participación a todos estos actores
facilitándoles esa labor y pensando siempre en el beneficio de los
países en desarrollo.
En ese sentido, se presentó para dictamen el Plan director, que fue
aprobado por la Comisión interterritorial; se habló de los nuevos
mecanismos de concertación y coordinación entre las distintas
administraciones; se creó un comité ejecutivo de esta Comisión
interterritorial que debemos reunir en las próximas semanas y que
será el órgano que nos va a permitir un diálogo franco entre las
distintas administraciones que gestionamos recursos públicos en
cooperación al desarrollo y les va a dar a estas administraciones la
certeza de que aquellos recursos que se están invirtiendo van a poder
tener una eficacia mayor. Para eso estamos elaborando, de acuerdo
también con la Ley de cooperación, unas estrategias sectoriales y
unas estrategias de país en materia de cooperación al desarrollo que
nos van a permitir a todos trabajar con un marco de referencia mucho
más concreto todavía que el Plan director, que es lo que vamos a
discutir y ofrecer a los agentes de la cooperación descentralizada
para que tengamos todos un consenso básico en esta materia y una
posibilidad de adjudicar los recursos de una manera más coherente.
En definitiva, la reunión de la Comisión interterritorial fue una
buena oportunidad, una primera oportunidad para tomar el pulso de lo
que es este esfuerzo de la sociedad española. El comité ejecutivo que
se crea en esta Comisión interterritorial va a ser un instrumento más
eficaz para tener un diálogo continuado y mejorar la eficacia de la
ayuda española al desarrollo.
- DE LA SEÑORAQUINTANILLA BARBA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN
EL CONGRESO, SOBRE PROGRAMAS EN MATERIA DE ESCOLARIZACIÓN LLEVADOS
A CABO POR LAAGENCIA DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL EN EL NORTE DE ÁFRICA
Y EN EL ÁFRICA SUBSAHARIANA( Número de expediente 181/000417.)
El señor PRESIDENTE: Para concluir la fase de preguntas, la señora
Quintanilla va a formular la que figura en el orden del día con el
número 6.
La señora QUINTANILLA BARBA: Señor secretario general, todos sabemos
que la educación es la herramienta más poderosa para luchar contra la
pobreza, salva vidas y da a los pueblos la oportunidad de mejorar su
vida, en definitiva, les otorga la voz. Es verdad que en la
actualidad existe un fuerte consenso internacional en cuanto a que la
educación es vital para erradicar la pobreza, para el crecimiento
económico y para la democracia.
Sin embargo, la comunidad internacional se ha mostrado incapaz para
afrontar la crisis de la educación de manera convincente. En 1990 los
líderes mundiales se reunieron en una conferencia en Tailandia y se
comprometieron a liberar al mundo del azote del analfabetismo.
También se comprometieron a realizar un plan que proporcionaría a
cada niño y a cada niña del mundo una calidad de enseñanza para el
año 2000. Desde mi punto de vista fracasaron. Los hechos hablan por
sí solos y me va a permitir facilitarle simplemente unos datos: en el
África subsahariana 16 países han sufrido un descenso en las tasas de
matriculación en el período comprendido entre 1999 y 2000. Dos
tercios de los menores en África del norte no van a la escuela y,
precisamente, son niñas. En el África subsahariana uno de cada cuatro
adultos son analfabetos.
Señor secretario general, esta diputada es consciente del fuerte
compromiso del Gobierno de España para desarrollar programas de
cooperación en el África subsahariana y en el norte de África.
También soy consciente de que el Plan director recoge como países
prioritarios los de África del norte y África subsahariana. Por ello,
me va a permitir que le realice la siguiente pregunta: ¿cuáles son
los programas en materia de escolarización, llevados a cabo por la
Agencia de Cooperación Internacional en el norte de África y en el
África subsahariana?
El señor PRESIDENTE: Señor secretario general.
El señor SECRETARIO GENERAL DE LA AGENCIA ESPAÑOLA DE COOPERACIÓN
INTERNACIONAL (Gracia Aldaz): Señoría, agradezco la pregunta y la
introducción que venía con esa pregunta porque la educación es
posiblemente la herramienta más importante del desarrollo y la falta
de educación es una de las causas del subdesarrollo y no solamente
una consecuencia de él. En ese sentido, permítame que añada que desde
el punto de vista del Gobierno la educación en los países en
desarrollo no es solamente un proceso temporal educativo en el que
los niños van a la escuela y si no han perdido el tiempo, sino que
las características de las sociedades en desarrollo exigen que sea un
proceso continuado, un proceso progresivo y que la educación no se
considere como un momento singular en la vida de las personas, sino
una actividad permanente que nos permita trabajar tanto en la
infancia como en la educación de adultos,
etcétera, tal y como llevamos a cabo en distintos programas.
En el caso de la cooperación con el norte de África y África
subsahariana tenemos programas educativos importantes, especialmente
-y voy a señalarlo en primer lugar- en el norte de África, en
Marruecos, donde tenemos un apoyo al programa del Ministerio de
Educación marroquí con la construcción de centros escolares rurales
en Alhucemas y en Nador, por valor de 50 millones de pesetas en
Alhucemas y 57 millones de pesetas en Nador; establecimiento de siete
escuelas educativas en el norte de Marruecos, que se están haciendo
con el objetivo de reducir la tasa de analfabetismo infantil, y apoyo
a la Unión de Acción Femenina marroquí para desarrollar un proyecto
de alfabetización en Tánger.
Junto con esto, estamos trabajando en la provincia de Tetuán para
permitir la escolarización de 200 niños, financiando una iniciativa
de la ONG Sodepaz, y todo esto junto con un apoyo continuado al
Ministerio de Educación marroquí para establecer y mejorar la
educación, tanto en establecimientos educativos como en contenidos
educativos, en el norte de Marruecos, que es la zona prioritaria de
nuestra cooperación dentro del país.
En el caso de Mauritania, estamos trabajando con distintas ONG y con
el Gobierno mauritano en la construcción de una escuela primaria en
la ciudad de Atar. Trabajamos con la ONG Sodepaz también en la región
de Nebaghya y de Trarza para la escolarización de población infantil,
y este es uno de los elementos básicos de nuestra colaboración en las
convocatorias de ONG para Mauritania.
Mención aparte merece la cooperación española con el pueblo saharaui,
que se hace básicamente a través de distintas organizaciones no
gubernamentales, tales como Solidaridad Internacional, Paz y
Cooperación, etcétera, que están llevando a cabo tareas de
alfabetización de niños, educación primaria y mantenimiento del
idioma español.
Más importante si cabe es la colaboración en el África subsahariana,
en aquellos países que son objeto de la prioritaria atención del
Gobierno español, especialmente en Angola, Mozambique, Guinea
Ecuatorial y Sudáfrica. En Angola estamos trabajando con distintos
proyectos, por un valor de 52 millones de pesetas, en rehabilitación
de escuelas en barrios marginales de Luanda, construcción de una
escuela de profesores en la provincia de Bengo y con distintas ONG en
el resto del país.
Mozambique es uno de los países más importantes de cooperación
española en África subsahariana, y en él estamos trabajando en un
programa importante de escolarización en la provincia de Sofala con
la ONG Intermon; estamos trabajando en los barrios pobres de Maputo
con Manos Unidas; estamos trabajando en Quelimane con la ONG Sur; en
la provincia de Gaza,
con 23 millones de pesetas, también estamos trabajando a través de la
ONG Cesal; en la construcción de centros de formación profesional con
Manos Unidas, con una cantidad importante, superior a los 600
millones de pesetas en los últimos cuatro años; estamos trabajando
con Cáritas, con Iepala, con Ayuda en Acción. En definitiva, la mayor
parte de nuestra cooperación con ONG españolas en Mozambique se ha
hecho en el sector educativo, y muy especialmente en la zona de Cabo
Delgado, que es uno de los elementos de concentración de nuestra
cooperación.
Mención especial merece la acción de nuestra cooperación en Guinea
Ecuatorial, que, dadas las dificultades del país y la importancia de
la preservación del español en ese país, estamos llevando a cabo con
la Federación Española de Religiosos para la Educación, con una
financiación superior a los 2.368 millones de pesetas en los últimos
años y que seguimos manteniendo como el elemento prácticamente más
importante de todo el sector educativo en Guinea Ecuatorial.
En definitiva, en el África subsahariana estamos teniendo en los
últimos cuatro años una importante participación, que supera los
4.000 millones de pesetas en distintos programas educativos, con una
concentración muy especial en Mozambique y en Guinea Ecuatorial, pero
que abarca también al resto de los países con pequeñas acciones con
ONG o con centros religiosos en muchos de los países del África
subsahariana.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias al secretario general por la
contestación a la pregunta. Despedimos, por tanto, hoy al secretario
general de la Agencia. Le agradecemos de nuevo el hecho de que haya
estado hoy con nosotros para dar contestación a las comparecencias
y a las preguntas formuladas y le deseamos también mucha suerte.
PROPOSICIONES NO DE LEY:
- SOBRE AYUDA HUMANITARIA URGENTE A LA CIUDAD DE TARIFA PARA LOS
INMIGRANTES. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA.
(Número de expediente 161/000318.)
El señor PRESIDENTE: Continuamos casi sin solución de continuidad, y
dadas las razones que antes expresaba me permito de nuevo reiterar a
quienes vayan a intervenir en el último punto del orden del día la
mayor capacidad de síntesis a la hora de trasladar su posición.
Proposición no de ley sobre ayuda humanitaria urgente a la ciudad de
Tarifa para los inmigrantes, formulada por el Grupo Parlamentario
Socialista.
Para su defensa, tiene la palabra la señora Romero.
La señora ROMERO LÓPEZ: Sin duda, muchos componentes de esta Comisión
se estarán preguntando
hoy qué hace una proposición no de ley como ésta en un sitio como
éste. Un tema como el de la inmigración en Tarifa podría ubicarse
teóricamente en muchas comisiones y depender de muchos ministerios.
Podría estar ubicado en Asuntos Sociales, donde se ha discutido la
ponencia, después el proyecto de ley y donde el programa Greco ha
sido discutido con numerosas intervenciones, pero es evidente que no
se cubren las necesidades previstas con el programa Greco; tampoco en
Fomento, con salvamento marítimo, porque se ocupa de salvar vidas en
el mar; tampoco en Interior, con el programa SIVE, que coordina todo
lo que se refiere a la vigilancia en el Estrecho; tampoco en
Protección Civil, porque no son españoles; tampoco en Exteriores,
porque se ocupa de convenios de repatriación. tampoco en Sanidad,
porque es sanidad exterior. Sin embargo, esta proposición no de ley
ha sido aceptada a trámite aquí. Si está aquí es porque este problema
no es de nadie. No son españoles. Es una emergencia y, como las
catástrofes (la de El Salvador, la de la India) se ve aquí, pero ésta
es una catástrofe lenta, de goteo y sucede en nuestras playas y, para
nuestra vergüenza, ante la carencia de medios, tenemos ONG de
cooperación, como Médicos sin Fronteras, atendiendo esta situación.
Esta proposición no de ley es itinerante, como lo son los
inmigrantes.
Muchas veces nos gusta más, y lo digo aquí, en general, mirar a la
cooperación con países lejanos; pero en este caso los tenemos aquí y
el Gobierno está mirando para otro lado. Hoy vamos a recordar aquí a
los diputados del Partido Popular y a los diputados de otros grupos,
porque algunos es posible que no tengan conocimiento de la situación,
lo que en este momento se hace y lo que no hace el Gobierno. ¿Quién
gestiona y con qué presupuestos todos los temas de menores
inmigrantes? La Junta de Andalucía. ¿Son andaluces? No son andaluces.
¿Existe convenio? No existe convenio. ¿Quién ha puesto los módulos de
emergencia en las playas de Tarifa y quién ha puesto todo el proyecto
de centro de acogida para los inmigrantes? La Diputación Provincial
de Cádiz. ¿Son andaluces, son gaditanos? No son andaluces; no son
gaditanos. ¿Existe un convenio con la Diputación Provincial de Cádiz
para atender esos módulos? No existe convenio. Lo hace la sociedad
cuando ayuda a las necesidades más inmediatas. ¿Quién ha financiado
las mínimas necesidades de Cruz Roja, de Médicos sin Fronteras, de
Algeciras Acoge? Los 40 principales, como en las mejores épocas,
cuando para atender a las necesidades de los minusválidos o de los
discapacitados se acudía a las corridas de toros, a los festivales, a
los conciertos, pero las ayudas que han recibido ya se las han
comido; sobre todo lo hace la asamblea local de Cruz Roja, que presta
los primeros auxilios pidiendo al hospital de Algeciras, a los
centros de salud, material fungible, lo mínimo que están necesitando;
y lo hacen los voluntarios, que son los grandes héroes que se echan
al
mar de día, de noche, de madrugada, a buscar cadáveres con riesgo de
su vida.
Hasta ahora, que sepamos (y no estamos hablando de los programas que
lleva a cabo Interior, porque el programa SIVE, como antes dije, es
de vigilancia del Estrecho y aquí estamos hablando de ayuda
humanitaria), lo que el Gobierno tiene es un convenio con sanidad
exterior para un médico, un ATS y una ambulancia, cuyo contrato de
tres meses tuvimos que mantener con sacacorchos porque cuando se les
acabó pasó más de mes y medio sin que se les renovara. Todo lo demás
es hasta este momento improvisación y caridad, y si hay alguna otra
información sobre algunas otras actuaciones de la que no dispongan
las organizaciones no gubernamentales nos gustaría tener conocimiento
de ello en esta Comisión.
La proposición del Grupo Socialista tiene la finalidad de pedir al
Gobierno que la ayuda humanitaria, que ahora mismo no está siendo
suficiente, se ponga a disposición de estas organizaciones no
gubernamentales. Es urgente la firma de un convenio con Cruz Roja
para mantener los módulos puestos por la Diputación Provincial de
Cádiz para atender a los inmigrantes; son urgentes ayudas para
identificación de desaparecidos y localización de la familia; son
urgentes ayudas a las ONG para los trámites de repatriación de
cadáveres, etcétera. Hoy están perdidos 60 cadáveres que aún no
sabemos si se acercan a nuestras costas, con esa comunicación que
estamos oyendo de las pateras que están perdidas y que sus familiares
quieren localizar. Llevan unos días sin venir a las playas de Tarifa
pateras e inmigrantes, pero, en expresión de los gaditanos, con esta
calmería -como dicen ellos-, cuando vengan los vientos esto puede ser
el desembarco de Normandía.
Probablemente van a votar que no a esta proposición no de ley, porque
la enmienda que han presentado que habla de continuar con los
esfuerzos que se están haciendo no podemos aceptarla, porque quieren
llamarle mejora técnica a negarles ese presupuesto a estas
organizaciones no gubernamentales, y no creemos que sea esa la
justificación para negarse a apoyar esta proposición no de ley. Quizá
puedan decir que ese no es un problema de España, sino de Europa,
pero es responsabilidad también de este Gobierno el requerir a todos,
cualesquiera que sean, el comportamiento de un país como un país
digno que atiende a sus inmigrantes, porque después tiene que adoptar
políticas de racionalización de flujos. Pero no es así, y si van a
decir que no se lo van a decir a las ONG para estas emergencias, pero
van a continuar negándoselo porque, que sepamos, hasta ahora estas
emergencias no están atendidas.
El señor PRESIDENTE: El Grupo Parlamentario Popular ha presentado una
enmienda. Para su defensa, tiene la palabra la señora Torme.
La señora TORME PARDO: El Grupo Parlamentario Popular ha presentado
una enmienda de sustitución en
relación con esta proposición no de ley que ahora debatimos,
considerando que es fundamental realizar el esfuerzo necesario para
atender debidamente a los inmigrantes que acceden irregularmente a
España y que, precisamente por esa situación en la que llegan, se
encuentran en condiciones verdaderamente dramáticas. Ese esfuerzo ha
de ser especial en el caso de Cádiz, de Tarifa, ya que por su
situación geográfica es uno de los principales accesos de inmigrantes
a través de nuestras costas.
Las condiciones en que llegan esas personas requieren que se les
facilite una atención de emergencia en distintos aspectos, en el
sanitario, también emergencia alimenticia, y que se les facilite
alojamiento. Para ello las distintas administraciones, la del Estado,
la Junta de Andalucía, la Diputación de Cádiz, las corporaciones
locales, están desarrollando programas de atención de emergencia,
contando con las organizaciones no gubernamentales que, por supuesto,
realizan una labor esencial, pero que cuentan con el apoyo de todas
las instituciones para realizar esa labor. Entre estas medidas que se
están llevando a cabo, quiero destacar la convocatoria de ayudas y
subvenciones del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales para la
realización de programas de cooperación y voluntariado sociales con
cargo a la asignación tributaria del IRPF, en la que se contemplan
una serie de programas para la atención de necesidades sociales de
interés general, que se consideran de carácter prioritario. Entre
ellas se encuentran precisamente los programas para inmigrantes,
solicitantes de asilo, refugiados y desplazados.
Dentro de este programa se atienden necesidades tan importantes como
la acogida temporal, la información, orientación y apoyo legal, el
apoyo al acceso a la vivienda y al alojamiento, acogida y atención a
menores extranjeros sin tutela familiar. En 1999, el Ministerio de
Trabajo y Asuntos Sociales concedió a distintas ONG un total de algo
más de 1.200 millones en la convocatoria del IRPF. Además, dentro de
la convocatoria general de subvenciones, se concedieron subvenciones
por más de 422 millones. Asimismo, dentro de la distribución
territorial a comunidades autónomas de créditos presupuestarios
destinados a subvenciones para realizar programas de servicios
sociales que cada año se aprueban por acuerdo del Consejo de
Ministros, la Comunidad Autónoma de Andalucía es una de las que más
financiación recibe para la realización de proyectos del plan de
integración social de inmigrantes. Por tanto, sí que hay colaboración
y apoyo del Ministerio a las distintas comunidades autónomas y en
concreto a la de Andalucía, que es la que puede tener este problema
de una forma mucho más acuciante.
De igual forma, el Instituto de Inmigraciones y Servicios Sociales ha
suscrito un convenio de colaboración con la comunidad de Andalucía
para la realización de un programa de acogida básica a inmigrantes,
el cual tuvo una financiación, en el año 2000, de 165 millones de
pesetas por parte del Inserso. En el año
2000, el total de recursos empleados en programas de integración
social de inmigrantes supera los 7.000 millones. Son cifras que
denotan el esfuerzo que se hace y que deberíamos valorar. Por otra
parte, la Diputación de Cádiz , lo ha señalado la portavoz
socialista, ha firmado un convenio con la Cruz Roja para prestar
atención a inmigrantes. Todas las instituciones están colaborando
haciendo ese esfuerzo, cosa que no podemos negar.
Se ha señalado en la exposición de motivos que el programa Creco,
programa global de regulación y coordinación de la extranjería y la
inmigración en España, no contempla la ayuda humanitaria a aquellos
inmigrantes que vienen en esas condiciones y que la necesitan, pero
sí se han previsto actuaciones concretas de la administración
dirigidas a atender, con la colaboración de las ONG, las situaciones
denunciadas y que motivan que se presente esta proposición no de ley.
Se contemplan las posibilidades apuntadas en esa proposición con un
horizonte material y temporal así como con un ámbito subjetivo más
amplio que en esta proposición. En ese sentido, puedo destacar
acciones como, por ejemplo, la acogida y atención de extranjeros que
se encuentran en situaciones de vulnerabilidad, con medidas como la
construcción de centros de estancia temporal para inmigrantes. Hay
algunos que ya se han puesto en marcha. Se ha hecho un esfuerzo
considerable y además en unos plazos cortos de tiempo, como son los
de Ceuta y Melilla. Se van a construir más centros de estancia para
inmigrantes en distintas comunidades autónomas. En ellos se acogerán
a extranjeros en los que concurran circunstancias de carácter
humanitario. En estos centros de carácter público, donde se trabaja
en la primera acogida de los inmigrantes, se va a prestar esa
atención humanitaria de carácter de emergencia. Ya se está haciendo
en los que están funcionando.
Por otra parte, también se contempla la creación de plazas de acogida
en colaboración con organizaciones no gubernamentales. El objeto de
esta medida es dar cobertura social a los inmigrantes que, por
distintos motivos, se encuentran en esas situaciones de
vulnerabilidad. Concretamente, se contempla en el plan Greco que se
cree una red nacional de acogida de inmigrantes con la colaboración
de las organizaciones no gubernamentales de ámbito estatal. Esta
colaboración se concretará mediante la adopción de acuerdos o
convenios. En todas estas actuaciones es imprescindible la
colaboración de comunidades autónomas y corporaciones locales, entre
otras cosas por el reparto competencial. De ahí que se contemplen
medidas para apoyarlas. Se contemplan convenios con comunidades
autónomas puesto que, como decía antes, comunidades autónomas
y Administración local tienen atribuidas competencias en materias clave
para la integración de los inmigrantes, como son la sanidad,
servicios y prestaciones sociales, vivienda, educación, cultura, por
lo que se articularán mecanismos de actuación coordinada y de
colaboración en todas estas materias. Se firmarán convenios de
colaboración y cooperación interadministrativa con las comunidades
autónomas para la realización y puesta en práctica de proyectos de
actuaciones dirigidos a la integración de los inmigrantes. Estos
convenios tendrán un ámbito nacional o regional atendiendo a las
necesidades específicas que se detecten y al objeto del mismo. En
ellos se especificarán los compromisos que cada parte asume. También
se contempla el apoyo, como no podía ser de otra manera, a
organizaciones no gubernamentales. Se impulsará su fortalecimiento,
promoviendo la realización de programas basados en las necesidades
que se identifiquen sobre los inmigrantes, mediante firma de acuerdos
y concesión de subvenciones a todas aquellas organizaciones que
colaboren y trabajen en materia de inmigración.
Por otra parte, el Greco establece que se impulsará el
fortalecimiento de estas organizaciones que, sin ánimo de lucro,
trabajen para la integración de los inmigrantes en nuestro país a
través de ayudas económicas y facilitando recursos materiales en
relación con sus actividades específicas.
Ha mencionado algunas de las actuaciones que se llevan a cabo
directamente por el Ministerio del Interior, la Dirección General de
la Guardia Civil, el programa SIVE. Además, querría hacer mención a
la puesta en marcha de los Edati, los equipos de atención a los
inmigrantes, cuya actuación está siendo valorada de forma muy
positiva y que se van a seguir desarrollando e implantado
progresivamente en aquellas zonas donde sea más necesaria su
actuación.
Otro tema que yo creo que es capital es la evolución presupuestaria,
evolución de recursos empleados en programas de integración social
del colectivo de los emigrantes, que es acorde con la evolución que
está experimentando la inmigración en nuestro país, de manera que
desde 1996 se ha duplicado el presupuesto, existiendo un total de
7.400 millones de pesetas presupuestados para el 2001. Todo ello pone
de manifiesto que hay un esfuerzo y un compromiso para garantizar una
adecuada regulación del fenómeno de la inmigración en nuestro país,
teniendo en cuenta las distintas situaciones en que pueden estar los
inmigrantes.
Por todo ello, reconociendo ese esfuerzo y compromiso de todas las
instituciones públicas, así como de las organizaciones no
gubernamentales, hemos presentado una enmienda de sustitución a la
proposición no de ley que no pretende, como ha señalado S.S., negar
presupuesto, pero sí reconocer que se viene efectuando este esfuerzo.
Esta enmienda de sustitución tiene el siguiente texto: El Congreso de
los Diputados insta al Gobierno a continuar llevando a cabo todos los
esfuerzos que se vienen realizando para facilitar ayuda humanitaria
de urgencia destinada a las personas que acceden irregularmente
a España en las costas de Tarifa. Consideraríamos que sería bueno que
pudiéramos llegar a un acuerdo, que el grupo proponente aceptara
nuestra enmienda
de sustitución y que así huyéramos de lo que es la confrontación
partidista, que yo creo que no es nada deseable en un tema como es el
fenómeno de la inmigración, y que desde el diálogo y el acercamiento
de posturas pudiéramos encontrar puntos de coincidencia.
El señor PRESIDENTE: Señora Romero, tiene la palabra a los efectos de
fijar posición. Aunque ya antes lo había manifestado, puede
intervenir ahora exclusivamente a esos efectos.
La señora ROMERO LÓPEZ: Exclusivamente a esos efectos, señor
presidente.
Por lo visto, la señora portavoz del Partido Popular no ha entendido
el sentido de la proposición no de ley. Se refería a Tarifa. Ha sido
una explicación de todo el presupuesto que el Gobierno destina a la
integración...
El señor PRESIDENTE: Señora Romero, por favor.
La señora ROMERO LÓPEZ: Estoy fijando mi posición, señor presidente,
sobre la enmienda. (Rumores.)
El señor PRESIDENTE: No. Por favor, señorías.
Señora Romero, usted ha fijado su posición en su turno de
intervención tanto sobre la proposición no de ley que su grupo ha
presentado como sobre la enmienda que ha presentado el Grupo Popular.
Ahora se trata exclusivamente de que diga si acepta o no acepta, no
procede más debate.
La señora ROMERO LÓPEZ: Me ha dado la palabra para hablar de si
acepto o no y le tengo que explicar que...
El señor PRESIDENTE: Señora Romero, por favor, no tiene que explicar,
únicamente tiene que decir, y usted lo sabe muy bien, si acepta o no
la enmienda.
La señora ROMERO LÓPEZ: Es muy fácil para la señora portavoz del
Partido Popular: que vaya a explicarles la enmienda que ha propuesto
a las ONG de Tarifa y que les explique por qué el Gobierno no tiene
presupuesto para atender a esas situaciones de emergencia.
El señor PRESIDENTE: No ha sido aceptada la enmienda de sustitución
que planteaba el Grupo Parlamentario Popular. Por consiguiente, se
somete a votación únicamente la proposición no de ley en los términos
en que había sido presentada por el grupo proponente.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 13;
en contra, 21.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada la proposición no de ley.
Muchas gracias, señorías. Se levanta la sesión.
Eran las dos y quince minutos de la tarde.