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DS. Congreso de los Diputados, Comisiones, núm. 166, de 27/02/2001
CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
COMISIONES
Año 2001 VII Legislatura Núm. 166
DEFENSA
PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. ROGELIO BAÓN RAMÍREZ
Sesión núm. 9
celebrada el martes, 27 de febrero de 2001
ORDEN DEL DÍA:
Proposiciones no de ley:
- Sobre la violencia en los cuarteles militares. Presentada por el
Grupo Parlamentario Mixto. (Número de expediente 161/000413) . . .
(Página 4796)
- Relativa a la adopción de medidas para evitar la exhibición de
objetos del régimen militar franquista con emblemas de ideología nazi
y fascista en el Museo Militar de Montjuic. Presentada por el Grupo
Parlamentario Mixto. (Número de expediente 161/000340) . . .
(Página 4798)
- Relativa a la devolución a los archivos militares de Ferrol (A
Coruña) de los fondos depositados en el Archivo General de la Marina
Álvaro de Bazán. Presentada por el Grupo Parlamentario Mixto. (Número
de expediente 161/000406) . . . (Página 4803)
- Sobre mecanismos de consulta al Parlamento ante determinadas
situaciones de crisis. Presentada por el Grupo Parlamentario
Socialista. (Número de expediente 161/000109) . . .
- Sobre rehabilitación de los combatientes guerrilleros
antifranquistas. Presentada por el Grupo Parlamentario Socialista.
(Número de expediente 161/000349) . . . (Página
4809)
- Para la desafectación de terrenos de la Defensa en el municipio de
Barbate (Cádiz). Presentada por el Grupo Parlamentario Socialista.
(Número de expediente 161/000361) . . . (Página
4812)
- Relativa a la utilización del parque y talleres de automovilismo
del Ejército de la localidad de Bonrepós i Mirambell (Valencia).
Presentada por el Grupo Parlamentario Socialista. (Número de
expediente 161/000417) . . . (Página 4812)
Se abre la sesión a las nueve y quince minutos de la mañana.
El señor PRESIDENTE: Buenos días, señoras y señores comisionados.
Iniciamos hoy la sesión de esta Comisión de Defensa con siete
proposiciones no de ley que, a petición de los portavoces, no vamos a
debatir según lo establecido en el orden del día para facilitar la
tarea de varios diputados que tienen que asistir a otras comisiones.
La metodología resultante de estos cambios va a ser la siguiente: en
primer lugar, se va a discutir la que figura con el número 6, a
propuesta del Grupo Mixto; a continuación, la número 2, también del
Grupo Mixto; en tercer lugar, la número 5; en cuarto lugar, la número
1, y, seguidamente, las números 3, 4 y 7.
Es propósito de esta Presidencia, como ya conocen perfectamente, no
ser exigente con los tiempos porque hay una exigencia tácita, es
decir, se sabe que si algún diputado se sobrepasa de forma
desmesurada la Presidencia le va a recordar su obligación, aunque
supongo que se mantendrá el talante que ha habido siempre para que
los intervinientes puedan expresarse con absoluta libertad, pero
cumpliendo en sentido laxo el Reglamento.
Las votaciones se celebrarán todas de conjunto y no antes de las doce
del mediodía, presumiblemente después, pero sí debo decirles a los
señores diputados que estén atentos a cómo vaya la discusión en su
momento.
PROPOSICIONES NO DE LEY
- SOBRE LA VIOLENCIA EN LOS CUARTELES MILITARES. PRESENTADA POR EL
GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO. (Número de expediente 161/000413)
El señor PRESIDENTE: Vamos a empezar por la primera proposición,
sexta en el orden del día, sobre la
violencia en los cuarteles militares, a propuesta del Grupo Mixto.
El señor Puigcercós tiene la palabra por el tiempo reglamentario.
El señor PUIGCERCÓS I BOIXASSA: La ONG Información para la Defensa
del Soldado ha denunciado de forma reiterada los abusos que sufren
los soldados dentro de los cuarteles. En un informe realizado por
dicha entidad, con el apoyo de la iniciativa Daphne de la Comisión
Europea, se demuestra la existencia de lo que se denomina violencia
paralela dentro del servicio militar. Así, se utiliza violencia
contra los reclutas para humillarlos y demostrar el poder de los
mandos militares. Esta situación es silenciada en los cuarteles,
donde las actitudes violentas son de hecho un signo de normalidad
castrense para someter a los soldados a la disciplina.
A la denominada violencia militar oficial, caracterizada por el
aislamiento de los soldados de su entorno social y el sometimiento a
una disciplina férrea, se añade un conjunto de perjuicios permitidos
por los cargos militares y que son sufridos directamente por los
soldados, y que en diversas ocasiones han culminado con la muerte o
daños irreparables. La organización altamente jerarquizada y la moral
establecida en el Ejército son consideradas en el estudio como las
bases que favorecen esta violencia, que en muchos casos es un ritual
más para ser considerado un buen soldado.
A pesar de que las denuncias han aumentado durante los últimos años,
debido a que los soldados han ido perdiendo el miedo a presentarlas,
un 98 por ciento de los casos tratados por los jueces militares son
de condena a soldados por abandono de destino y no por castigo a los
agresores que de forma regular violentan a los soldados que cumplen
de forma obligada el servicio militar. El hecho de que la mayoría de
los jueces militares no sean juristas, unido a la evidencia de que la
jurisdicción
militar condiciona la correcta represión de dichas violencias, agrava
la situación de los soldados.
Por estas razones, el Grupo Mixto-Esquerra Republicana de Catalunya
somete a votación de esta Comisión tres puntos. Los dos primeros de
la proposición no de ley hacen referencia a aspectos generales: en
primer lugar, realizar las gestiones pertinentes para la creación de
un observatorio permanente sobre la violencia cotidiana en los
cuarteles militares, es decir, poner un instrumento al servicio de
los soldados para que se controlen la estadística, los porcentajes y
los puntos negros, en el sentido de que hay que entender que hay
cuarteles que pueden tener una estadística de agresiones más elevada
que otros; en segundo lugar, exigir al Ministerio de Defensa la
supresión de la jurisdicción militar, que en este momento es un
obstáculo para proceder en igualdad con los demás ciudadanos del
Estado; y en tercer lugar, en un caso específico no tan general, sino
el catalán, solicitar al Ministerio de Defensa un informe sobre la
situación de los cuarteles militares situados en el territorio de
Cataluña.
La propuesta, en definitiva, lo que quiere es normalizar una
situación que se da en el resto de Europa occidental, salvo
excepciones, que las hay, y es la conciencia de que los reclutas, los
soldados, no son exactamente ciudadanos de primera categoría,
situación que se ha alargado durante muchas décadas y con la que hay
que terminar. Por estas razones entendemos que hay que buscar
soluciones. El observatorio es un instrumento válido para controlar,
repito, los puntos negros o las zonas de incidencia de mayor
prevalencia. En segundo lugar, entendemos que hay que acabar de forma
clara con la jurisdicción militar, que es un obstáculo, repito, para
llegar a condiciones de igualdad con los soldados que están
realizando el servicio militar.
Por estas razones, el Grupo Mixto-Esquerra Republicana de Catalunya
pone a votación esta proposición no de ley.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Puigcercós, por su
concisión.
A continuación, para fijación de posiciones, tiene la palabra, por el
Grupo Socialista, el señor Marsal.
El señor MARSALI MUNTALÁ: La iniciativa que presenta Esquerra
Republicana, como muy bien ha dicho, tiene su origen en un estudio
realizado por una ONG catalana, Información para la Defensa del
Soldado, relacionado también con un estudio italiano del fenómeno que
allí en Italia se llama el nonismo, es decir, la violencia, el abuso
dentro de los cuarteles. La reacción italiana del propio Ministerio y
del Parlamento fue bastante distinta que la reacción en España. El
Ministerio italiano colaboró en este estudio; en cambio, aquí en
España la respuesta del Ministerio no fue positiva, con lo cual
seguramente el estudio español tiene unas dimensiones más limitadas
que las que tuvo
el italiano. Una vez hecho el estudio en Italia, fue objeto de un
amplio debate dentro del Parlamento. De hecho, existe una publicación
de la Camera dei Deputati italiana de más de doscientas páginas que
recoge el debate que hubo alrededor de este estudio. Seguramente
aquí, por características y por reacciones diversas, esto es difícil
de realizar. ¿Qué es lo que propone este estudio, tanto el estudio
español como el italiano? Tiene dos aspectos: un aspecto que
podríamos llamar sociológico -los italianos lo llaman claramente
estudio y propuestas sociológicas- y otra parte de tipo más jurídico
y legal. En cuanto al primer aspecto, el aspecto de la violencia,
todos sabemos que es un hecho que ha habido en algunos momentos
fuerte incidencia de la violencia en los cuarteles de todo el mundo,
hecho que lleva a considerar en estos estudios que la violencia es un
fenómeno innato a organizaciones de estas características. Nosotros
no vamos a entrar en este tema, sólo reconocer que ha habido
violencias, que es un tema al que los distintos ministerios de
Defensa desde hace tiempo han intentado poner remedio y que ha
disminuido de forma importante. También hay que tener en cuenta que
con el fenómeno de la profesionalización la experiencia de los otros
países nos demuestra que se produce un cierto distanciamiento entre
la sociedad civil y las Fuerzas Amadas, lo cual en algunos países, en
las primeras etapas de profesionalización, ha producido una
reincidencia de los fenómenos de violencia. ¿Qué es lo que nos
proponen el Grupo de Esquerra Republicana y este estudio en el que se
basa su propuesta? Crear un observatorio, nombrado desde el
Parlamento, para que pueda hacer un seguimiento con una finalidad:
evitar las condiciones para que haya violencia en los cuarteles. Este
fue un tema que se nos planteó más en general en el debate de la Ley
del personal militar, y a propuesta de enmiendas de nuestro grupo se
introdujo el artículo 161, que establecía unos mecanismos especiales
para que, en los casos en que los derechos de los soldados, de los
militares en general, no fuesen observados, se pudiese llegar hasta
la propia inspección, dependiendo directamente del subsecretario. Nos
parece que la fórmula de un observatorio es una fórmula a considerar,
que no hay que dejar de lado, es un tema que tendríamos que discutir
más a fondo.
El segundo aspecto que nos propone el estudio español, que no el
italiano, es la desaparición de la justicia militar. Es cierto que en
este momento en los países europeos está habiendo un debate sobre el
futuro y la organización de la justicia militar; es cierto también, y
así lo reconocen los autores del estudio, que hay sentencias del
Tribunal Constitucional que reconocen plenamente la
constitucionalidad de la justicia militar; es también cierto que las
soluciones por las que están optando los países europeos son
diversas, en algún caso han optado por la desaparición de la justicia
militar y
subsumir dentro de la justicia ordinaria todos los casos que haya
relacionados con este mundo, mientras que en otros países se está
produciendo una reforma de la justicia militar. Nosotros hace poco
aprobamos una reforma de los códigos de justicia militar, creemos que
bastante positiva, y por tanto la formulación de la desaparición de
la justicia militar no nos parece que en este momento sea la
propuesta más adecuada. Sin embargo, no sería inadecuado realizar
estudios más a fondo sobre el funcionamiento y los problemas de
funcionamiento de la justicia militar.
La propuesta que nos presenta Esquerra Republicana nos parece
excesivamente genérica y, si se me permite, elemental. Sabemos que ha
entrado en la Cámara una propuesta más desarrollada por parte de
Iniciativa per Catalunya, una propuesta que nos parece más matizada,
que introduce más elementos y que, en su momento, puede ser elemento
de un debate más a fondo. Por eso, no vamos a poder votar
favorablemente la propuesta de Esquerra Republicana. Sin embargo, hay
algunos elementos de reflexión positivos en ella y por tanto nos
abstendremos.
El señor PRESIDENTE: A continuación, por el Grupo Popular, don Miguel
Campoy tiene la palabra.
El señor CAMPOY SUÁREZ: La proposición no de ley presentada por el
Grupo Mixto no por ser anacrónica deja de ser sorprendente, en primer
lugar, porque desconozco la fiabilidad y el origen de la información
con la que cuenta la ONG que ha mencionado S.S. y, sobre todo, la
época en la que obtuvo la misma. Estando en 2001, señor Puigcercós,
es decir, a punto de finalizar el proceso de profesionalización,
inmersos en una profunda transformación de nuestras Fuerzas Armadas,
hecho éste que arranca hace ya más de una década, integrados en la
OTAN, realizando un esfuerzo considerable por una modernización que
permita que las Fuerzas Armadas atiendan las nuevas misiones que la
sociedad le encomienda y, en fin, con unos ejércitos y una Armada con
un prestigio reconocido internacionalmente, afirmaciones como las que
realiza S.S. en la exposición de motivos me parece que no sólo son
gratuitas sino carentes de fundamento y extremadamente alejadas de la
realidad de nuestras Fuerzas Armadas. Me permito ilustrar a S.S. que
el 84 por ciento de la tropa es profesional, que la tropa de
reemplazo, desde hace ya años, viene gozando de permisos que
posibilitan la salida de los cuarteles diariamente, toda vez que han
finalizado su jornada, siendo, por tanto, mínimo el tiempo de
permanencia en recintos militares y gozando de una amplia libertad.
En segundo lugar, por la experiencia de este diputado en las visitas
que ha realizado a diversos cuarteles por toda la geografía española,
si algo he podido comprobar es la pulcritud casi obsesiva por la
consideración al recluta como sujeto de derechos y libertades,
profesando y
propagando una política de absoluto respeto a la persona. De ahí los
planes de formación y educación básica, el fomento del deporte y
actividades culturales, mostrando un cuidado exquisito al joven que
realiza el servicio militar que está, como todos sabemos, a punto de
extinguirse. Denominar la disciplina como violencia militar oficial,
a la vez que fundamentarlo en su carácter jerárquico y en la moral,
me parece retorcido. Dígame S.S. qué fuerzas armadas en el mundo,
como instituto armado, no están regidas por estos principios que son
esenciales y, por tanto, inseparables de este instituto.
Para concluir, quiero decir que este grupo que me honro representar
estima que la descripción de la situación que sirve de fundamento a
la proposición no de ley no se ajusta a la realidad; que de existir
lo fue en un pasado ya lejano, que las Fuerzas Armadas han realizado
a lo largo de los años un esfuerzo de concienciación y por la
eliminación de la violencia, adoptando todas las medidas necesarias
para su erradicación. Las llamadas novatadas hace ya tiempo que
desaparecieron de la vida militar, por tanto, no pueden considerarse
como un problema y, de existir algún caso, lo ha sido aisladamente y
entre soldados jóvenes, por tanto, como puede suceder en cualquier
otro entorno donde desarrollen su vida, sin que la condición de
militar incremente la casuística, sino más bien lo contrario. Yo he
obtenido un dato en el que se ve que durante el año pasado se dieron
43 casos de violencia sobre una población de 90.000 reclutas, es
decir, el 0,04 por ciento. Si esto lo podemos calificar de un
problema, creo que el dato es lo suficientemente ilustrativo. En todo
caso, existen medios suficientes de protección jurídica para todo
aquel que se sienta vulnerado en sus derechos, que están regulados
por ley y tutelados, como no podía ser de otra manera, por nuestra
Constitución.
Por último señor presidente, este grupo parlamentario votará en
contra de esta proposición no de ley por todo lo que he argumentado,
que no tiene más veracidad que la de la propia experiencia vivida en
la prestación de mi servicio militar.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Campoy, por transmitirnos
su experiencia. (Risas.)
- RELATIVA A LA ADOPCIÓN DE MEDIDAS PARA EVITAR LA EXHIBICIÓN DE
OBJETOS DEL RÉGIMEN MILITAR FRANQUISTA CON EMBLEMAS DE IDEOLOGÍA NAZI
Y FASCISTA EN EL MUSEO MILITAR DE MONTJUIC. PRESENTADA POR EL GRUPO
PARLAMENTARIO MIXTO. (Número de expediente 161/000340)
El señor PRESIDENTE: Pasamos a la proposición no de ley que figura
como número 2 en el orden del día,
relativa a la adopción de medidas para evitar la exhibición de
objetos del régimen militar franquista con emblemas de ideología nazi
y fascista en el Museo Militar de Montjuic, presentada por el Grupo
Mixto.
Tiene la palabra el señor Puigcercós.
El señor PUIGCERCÓS I BOIXASSA: Señores diputados, señora diputada,
este diputado, que no ha realizado servicio militar obligatorio, y a
mucha honra, como prestador de servicios sociales en su Ayuntamiento,
va a defender aquí una proposición no de ley que intenta acabar con
una situación que podríamos calificar, y esa sí que lo es, de
anacrónica.
El Museo Militar de Montjuic, gestionado por el Ayuntamiento de
Barcelona y el Ministerio de Defensa, acoge desde hace cuarenta años
una exhibición de objetos del régimen militar franquista con emblemas
de ideología nazi y fascista. Además, en la tienda del museo se
venden con finalidades comerciales y de difusión ideológica una serie
de objetos (encendedores, llaveros, recuerdos, souvenirs, etcétera)
con insignias fascistas, no sólo franquistas sino también del Tercer
Reich. Todo ello, en consonancia con el reglamento del citado museo,
que data de 1960, desarrolla una ley de las Cortes franquistas y
establece, entre otros fines de la institución cultural, la creación
de un museo militar que recoja la aportación de Catalunya a las
gloriosas efemérides de carácter nacional, el enaltecimiento del
recuerdo y la lección de los caídos por Dios y por España en el foso
de Santa Elena, y la conversión del recinto en lugar de veneración y
alegría.
Por si fuera poco, el 27 de mayo de este mismo año, coincidiendo con
el desfile de las Fuerzas Armadas en Barcelona, el museo editó una
guía en cuyo prólogo se indica que: «pretendemos reflejar el proceso
histórico y mostrar el rastro de nuestros antecesores, que sintieron
el orgullo de ser españoles, razón poderosa que justificó su decisión
de vivir». Dicho prólogo está firmado por el director del Museo
Militar de Montjuic, el coronel Luis Montesinos-Espartero, que ha
contestado a las críticas por la exhibición de símbolos franquistas
con una frase ambigua pero reveladora: «En el museo hay también
banderas de las vuestras», refiriéndose a las críticas que se llevó
por parte de los grupos de izquierda del consistorio barcelonés.
Montesinos-Espartero, que firma una clara alegoría del franquismo en
una sala repleta de banderas del antiguo régimen, ha añadido que no
es partidario de cambiar los contenidos por los que se rige desde
hace cuarenta años un museo que se encuentra en el castillo donde fue
fusilado Lluís Companys, presidente de la Generalitat de Catalunya en
los años treinta. En ese sentido, resulta sarcástico que en la misma
celda donde estuvo encarcelado el presidente de la Generalitat se
exhiba una estatua ecuestre del dictador.
Por todo ello, en la misma línea y sintonía que el grupo municipal de
Esquerra Republicana de Cataluña en el Ayuntamiento de Barcelona,
proponemos -y lo propusimos en el Ayuntamiento catalán- que se retire
la subvención de 7,5 millones de pesetas que anualmente concede el
ayuntamiento al Museo Militar de Montjuic, puesto que es necesario
reconsiderar a fondo sus funciones. Asimismo, entendemos que para ser
coherentes con esta decisión es imprescindible que se cierre el museo
y no vuelva a abrirse hasta que se hayan reorientado sus fines,
recuperándolo para el uso democrático y de servicio a la ciudad. Debe
recordarse en ese sentido que hace tiempo las autoridades cerraron en
Barcelona la librería Europa, de Cedade, después de que se denunciara
que en dicho establecimiento se difundía material nazi y fascista. Lo
que no se entendería de ninguna manera es que se cerrara una librería
que vende este tipo de parafernalia y se mantuviera abierto un museo
en el cual también se exhibe y vende material muy similar.
Barcelona es hoy una de las capitales europeas de destino turístico
de muchos ciudadanos del resto del mundo y no se entendería que
muchos de estos turistas, que suben por la vista panorámica y el
interés que puede tener el castillo de Montjuic, despistados por allí
entren en un museo y alucinados ellos vean cómo se exhiben souvenirs,
recuerdos con emblemas como la esvástica, el yugo y las flechas o con
los símbolos fascistas italianos del período de la Segunda Guerra
Mundial . Sólo faltaría esta típica y entrañable botella de vino
tinto con el rostro de Antonio Tejero Molina, que se vende en muchos
bares, para completar la gama de objetos de merchandising que pueda
recibir el Museo Militar de Montjuic. Entendemos que no es una
cuestión sólo estética de que los turistas tengan una imagen
distorsionada de lo que es hoy Barcelona, Cataluña e incluso el
Estado español, entendemos que es una cuestión de cultura democrática
y más cuando en Barcelona se va a celebrar en 2004 el foro de las
culturas, que es el foro de la paz de los pueblos. Sería
distorsionante, sería poco racional, entendemos que hay que tomar las
medidas necesarias y esta proposición no de ley, que tiene dos
puntos, va en esta línea: «1. Tomar las medidas necesarias para
cerrar el Museo Militar de Montjuic, en Barcelona, donde actualmente
se exhiben y venden objetos con emblemas de ideología fascista. 2.
Impedir que el citado museo vuelva a abrirse hasta que se haya
llegado a un acuerdo con el Ayuntamiento de Barcelona para reorientar
sus funciones y darle un uso democrático y de servicio a la ciudad.»
El señor PRESIDENTE: A esta proposición no de ley se ha presentado
una enmienda por parte de Grupo Socialista, que va a defender el
señor Nieto González, a quien le pido que haga conjuntamente su
fijación de posición.
El señor MALDONADO GILI: Señor presidente, querría presentar una
enmienda in voce, previamente pactada con los portavoces.
El señor PRESIDENTE: Supongo que la tendrá escrita (Asentimiento.)
Siendo así, tiene la palabra el señor Maldonado.
El señor MALDONADO GILI: Si me permite, señor presidente, voy a
empezar fijando posición y luego pasaré a la Mesa el redactado de la
transacción para que sea leída.
Señor presidente, señorías, no deja de ser triste que en pleno siglo
XXI tengamos que debatir este tema, que denunció el grupo municipal
de Convergència i Unió en el pleno del Ayuntamiento de Barcelona y
que extraña que el equipo de Gobierno no detectara en su momento;
a más a más, cuando en el debate Convergència i Unió denunció el hecho
no obtuvo la respuesta esperada.
Creemos que esta proposición no de ley presentada por el Grupo Mixto,
en este caso por Esquerra Republicana, es absolutamente lógica;
incluso el Grupo Parlamentario Catalán, en boca del diputado que les
habla, presentó en su día una pregunta escrita el señor ministro
pidiendo respuesta a esta problemática. Creemos que en un Estado de
derecho, en una democracia como la actual no tienen ningún sentido
exhibiciones de símbolos fascistas como estos, ni en un museo ni en
ningún sitio. Sabemos que las Fuerzas Armadas han hecho un esfuerzo
importante para democratizarse, pero hechos como estos empañan la
imagen del ejército y no hacen justicia a este esfuerzo que el mismo
ha llevado a cabo.
Un museo es un lugar de visita -se ha dicho antes- para jóvenes en
formación, para estudiantes y para turistas de países con larga
tradición democrática, que cuando visitan un museo como éste y pueden
observar emblemas de ideología nazi y fascista deben creerse que el
tiempo se ha parado y que el Estado español no ha avanzado. Esto no
es cierto, pero no nos ayudan nada hechos de esta naturaleza. También
se ha dicho que se da la paradoja de que el castillo de Montjuic y su
montaña es un lugar tristemente emblemático para el pueblo catalán.
Allí fue encarcelado y fusilado un presidente de Cataluña, Lluis
Companys, y es triste y rechazable que en la misma montaña donde
ocurrieron tales hechos aún hoy sean exhibidos símbolos fascistas
y nazis. Creemos que esto se debe subsanar rápidamente y que no tenía
que haberse llegado a este extremo, pero la realidad es esta y
lógicamente votaremos a favor de la proposición no de ley que
presenta el Grupo de Esquerra Republicana.
He anunciado la presentación de una transacción, cuyo redactado se
entregará a la Mesa para su lectura, y esperamos que, conjuntamente
con la enmienda del Partido Socialista, salga un texto que incluso
pueda
mejorar el de Esquerra Republicana, que ya anunciamos que votaremos a
favor.
El señor PRESIDENTE: Luego veremos cómo se ordena la votación. Lo que
es cierto es que si es transacción y la acepta el único enmendante
que hay, entonces decaería su enmienda, pero yo creo que vamos a
seguir dejando las cosas como estaban.
El señor MARSAL MUNTALÁ: Si me permite, señor presidente, creo que lo
que ha presentado el representante de Convergència es una enmienda in
voce. Nosotros ahora defenderemos la nuestra, que fue presentada en
tiempo y forma, y posteriormente será el señor Puigcercós, en el
turno de aceptación o no de las enmiendas, quien presentará la
correspondiente transaccional, de la que ya hemos hablado los grupos
proponentes de las enmiendas.
El señor PRESIDENTE: Esto ya es una pirámide complicadísima. Yo voy a
seguir el orden que marca el Reglamento, es decir, doy por recibida
ésta y luego veremos a ver qué pasa en el ancho universo. El Grupo
Socialista tiene ahora la oportunidad de defender su enmienda y fijar
su posición y al final ya veremos.
El señor PUIGCERCÓS I BOIXASSA: Yo creo que se tendría que leer la
enmienda la Convergència i Unió. Léala, por favor, porque no sabemos
exactamente cuál es el texto.
El señor PRESIDENTE: He dado por supuesto que ya la conocían.
El señor PUIGCERCÓS I BOIXASSA: Pero los demás diputados y
concretamente el Grupo Popular creo que no la conocen.
El señor PRESIDENTE: La Presidencia está dispuesta a leer esta
enmienda y muchas más cosas.
Redacción que se propone: El Congreso de los Diputados insta al
Gobierno a aprobar, previo acuerdo con el Ayuntamiento de Barcelona,
un proyecto de ley de modificación de la Ley 52/1960, de 21 de julio,
por la que se cede al Ayuntamiento de Barcelona el castillo de
Montjuic con sus fosos y glacis, y del correspondiente Reglamento por
el que se rige el Patronato del castillo de Montjuic, donde se
modifique el objeto de la cesión, con el fin de darle un sentido
acorde con la democracia, la pluralidad y la realidad histórica. ¿Se
dan por enterados los señores comisionados? (Asentimiento.)
A continuación, tiene la palabra el representante del Grupo
Socialista, señor Nieto.
El señor NIETO GONZÁLEZ: Para iluminarle un poco al presidente quiero
decirle que hay conversaciones tendentes a unificar la enmienda y el
texto de la
proposición no de ley, pero eso será posterior. En este turno yo voy
a defender la enmienda que ha presentado por escrito, en tiempo y
forma, el Grupo Parlamentario Socialista y también fijaré la posición
de nuestro grupo en relación con la iniciativa.
En primer lugar quiero lamentar, en nombre de mi grupo, la existencia
de un reducto como éste, que no tiene otro nombre, donde
desgraciadamente se ha estado haciendo durante mucho tiempo apología
de ciertos símbolos vinculados al nazismo y al fascismo. En ese
sentido desde nuestro grupo queremos agradecer la iniciativa del
Grupo Mixto, porque sus presentación ha propiciado que hoy estemos
hablando de estas cuestiones, que se haya abierto un debate en esta
Comisión y que tras la celebración del mismo busquemos una solución
para el funcionamiento adecuado de un museo, como es el Museo del
Ejército de Montjuic. Por tanto, nos parece adecuada la iniciativa
presentada por el señor Puigcercós, del Grupo Mixto; lo que pasa es
que no compartimos la solución que él propone, que es la de cerrar el
museo, porque nos parece que no es la adecuada, y en ese sentido nos
hemos permitido presentar una enmienda que intenta solucionar el
problema que en estos momentos representa la existencia de un museo,
con el contenido que tiene, con la exposición y el tipo de fondos que
en estos momentos tiene.
La enmienda que hemos presentado persigue fundamentalmente tres
cosas. En primer lugar, el Gobierno debe adoptar aquellas medidas
necesarias para democratizar la gestión y las estructuras del museo,
que evidentemente se han seguido rigiendo al pie de la letra por una
Ley de 1960, y esto nos parece que hay que arreglarlo, porque estamos
en 2001, y lo primero que hay que hacer es democratizar la gestión y
las estructuras de este museo. Como pensamos que el museo no debe
cerrarse, sino que lo que hay que hacer son otras cosas, planteamos
como segunda cuestión organizar los fondos del citado museo con
criterios diferentes, con criterios museísticos modernos y ordenarlos
y exhibirlos al público que quiera visitar el museo insertos en un
contexto diferente y evidentemente al servicio de una sociedad como
la que vivimos, una sociedad democrática que nada tiene que ver con
el momento en que se dictó la norma que regula el funcionamiento del
museo. En tercer lugar, lo que planteamos es que no se venda ningún
producto que pueda significar la apología del nazismo o del fascismo.
Ese es el sentido de nuestra enmienda. Por tanto, nosotros no creemos
que haya que cerrar el museo, sino que hay que organizarlo de forma
diferente. Yo leí hace un par de meses un artículo muy interesante
que se publicaba en el diario El País, en la edición de Cataluña, y
lo firmaba un historiador, Ricard Vicens, que proponía como solución
que debería ser un museo sobre la historia de los movimientos
sociales de los dos últimos siglos. Decía que este podía ser su mejor
destino. Es posible, yo no sé si
este es el mejor destino, puede ser uno, aunque sin duda puede haber
otros.
Nosotros consideramos que debe llevarse a cabo un proyecto museístico
nuevo, que contemple al menos algunas cuestiones para nosotros
claves, como una nueva organización de los fondos documentales
existentes. Creemos que no se debe suprimir ningún documento, pero sí
hay que exhibirlos de forma contextualizada, explicando el
significado que han tenido desde el punto de vista histórico y qué
significaron en cada momento, para que las nuevas generaciones que
vayan a visitar el museo entiendan el momento histórico en que se
produjeron; puesto que los documentos son muchos, hay que
organizarlos con criterios museísticos modernos, contextualizados y,
al mismo tiempo, hay que convertir el centro en un lugar de estudio y
divulgación crítica del contenido del museo. En ese sentido va
nuestra iniciativa. Creemos que hay que pasar página de una forma
clara y contundente, hacer un proyecto museístico moderno, ordenar en
su contexto todos los fondos del museo y ponerlos de una forma
crítica al servicio de aquellas personas que viven en una sociedad
democrática como la actual y que quieran visitar este museo para
conocer unos momentos determinados de nuestra historia.
Creemos que hay que evitar a toda costa la venta de cualquier objeto
que pueda significar la más mínima apología del fascismo o del
nazismo en el museo. Lo que pedimos a los grupos que componen esta
Comisión, especialmente al grupo mayoritario, es que tras las
conversaciones que vamos a tener ahora para intentar unificar el
contenido de la iniciativa presentada por el Grupo Mixto con la
enmienda presentada por el Grupo Catalán y la nuestra, intentemos
ofrecer un texto de consenso, que nos gustaría que fuera votado por
todos los grupos.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la
palabra el señor Moreno.
El señor MORENO BUSTOS: Señorías, algunos, será debido a nuestra
edad, cuando escuchamos los argumentos de algún grupo de esta Cámara
parece que oímos hablar al abuelo contando en el salón de casa al
lado de la chimenea batallitas de hace muchos años, que hacen posible
la existencia del abuelo y de su actividad, a través de un recuerdo
que a veces nada tiene que ver con la actualidad ni en tiempo ni en
ideas y posiblemente sea todo menos objetivo e imparcial. Eso es lo
que estamos oyendo esta mañana desde la mayor de las subjetividades y
desde la mayor de las imprecisiones.
Algunos pretenden, poniendo por excusa un museo militar, que se
suprima de un plumazo o, más bien, de un decretazo, una parte de la
historia de España, que, sin entrar a valorarla, ahí está y gracias a
Dios forma parte ya del pasado de nuestro país. Los pueblos que no
respetan su historia, haya sido más o menos positiva, y que no
aprenden de ella no pueden tener un futuro de respeto y de progreso.
Por ello no podemos estar continuamente recordando el pasado.
Puedo entender que haya grupos que, a falta de iniciativas, de
soluciones a los problemas que verdaderamente preocupan a los
ciudadanos -imagino que lo solicitado en esta proposición será una
gran preocupación- y de respuestas a las inquietudes del hoy y del
mañana y no de las del ayer, no tengan otra cosa que proponer más que
el cierre de un museo con el que la mayoría de los catalanes estoy
seguro están de acuerdo. Por otra parte, parece una contradicción que
llama poderosamente la atención que aquellos a quienes se les llena
constantemente la boca al hablar de la relación directa que existe
entre el mundo de la cultura y la izquierda política en este país
estén solicitando el cierre de un museo que lleva abierto a todos los
ciudadanos más de cuarenta años. ¿No será que también, o al menos en
este caso, la relación sea la del sectarismo? Es decir, o ponen en el
museo lo que yo diga y lo que a mí me gusta o que se cierre. Y si no
se cierra, quien no lo hace posible será tachado de fascista y no sé
cuántas cosas más. No es serio. Parece mentira que algunos no se
hayan dado cuenta que vivimos ya en el siglo XXI y que el pasado ahí
está y ahí debe seguir estando, para lo bueno y para lo menos bueno,
donde nosotros debemos ser un ejemplo de pluralidad, de libertad y de
respeto, porque todo ello es lo que nos debe unir y no separar.
Entrando en el contenido de la proposición, tengo que hacer algunas
consideraciones. En primer lugar, tengo que aclararle al señor
Puigcercós que ya en la exposición de motivos reflejan grandes
inexactitudes, que más parecen hacerse eco de lo publicado por algún
medio de comunicación, que al parecer es contrario al museo, que por
la realidad de los hechos. Está claro que mezcla la tienda de
recuerdos, que tengo que decirle que es una concesión municipal, con
la propia esencia del museo, ajena a las actividades comerciales. El
museo ha recogido las banderas de las unidades de la región, que
fueron renovadas a partir de 1978, donadas por los ayuntamientos y
utilizadas en las distintas juras de bandera, pero también recoge
banderas de la Primera República y resalta la influencia de la
bandera cuatribarrada en la elección del modelo de bandera española,
roja y gualda, que hace ya Carlos III. El fusilamiento del presidente
Companys, como el de tantos otros españoles, es un episodio trágico
de nuestra historia. Creo que está respetuosamente recordado con una
lápida. No es cierto que en la celda en que estuvo encarcelado Lluís
Companys se exhiba la estatua ecuestre del dictador. La estatua
estaba en el centro de la plaza de Armas y se consideró oportuno,
hace ya algunos años, colocarla en una sala dedicada a generales
y mandos de la región militar. Introduce, por último, un factor de
confrontación política al atacar al
ayuntamiento de Barcelona, que quiero recordar que es del PSC, como
responsable de la subvención y de la situación, confrontación en la
que el patronato debe mantenerse al margen. Por otra parte, hemos de
constatar que hasta la fecha, las relaciones entre los mandos
regionales y los sucesivos ayuntamientos de Barcelona han sido
excelentes. El museo ha sido progresivamente enriquecido con
aportaciones de otras entidades culturales, con donaciones y con
depósitos. Sus colecciones de armas son consideradas en estos
momentos las segundas de España por su importancia y en la actualidad
está muy bien conservado.
A pesar de contar con personal facultativo y auxiliar muy
cualificado, no tiene plantilla en estos momentos, ni cuadro
numérico, ni personal municipal. Esta situación y el ámbito de
relaciones descritas precisan una indiscutible reordenación adecuada
a los tiempos actuales, labor que debe afrontar el propio patronato.
Esta labor ya había sido iniciada por impulso del Ministerio de
Defensa, más concretamente por la Subdirección de Patrimonio y por el
propio patronato. Entre estas acciones me gustaría destacar una nueva
edición de la guía del museo, versiones en castellano, catalán e
inglés, que ya está maquetada, incluida en el programa de
publicaciones del Ministerio para el año 2001; publicación de un
catálogo de armas; relación de un proyecto educativo para visitantes,
alumnos de centros de enseñanza; la redacción de un nuevo reglamento,
me parece lo más importante, cuyo borrador ya está terminado, y el
impulso a la catalogación de los fondos, utilizando las mismas
lenguas que en la guía. Por otra parte, el patronato deberá impulsar
otras acciones como regularizar la situación del personal. Deberá
estudiarse la posibilidad de creación de unas plantillas dependientes
del Ministerio de Defensa que complementen otras procedentes del
Ayuntamiento de Barcelona y afrontar el problema de la seguridad del
recinto y de sus valiosos fondos, regularizando el presupuesto anual,
aproximadamente de unos 30 millones de pesetas, mediante
aportaciones, liquidación, fiscalidad, etcétera.
En cuanto a la enmienda que presenta el Partido Socialista, creo que
es una enmienda -me van a perdonar- cara a la galería y para quedar
bien con alguna otra persona. Está claro que no debe ser al Gobierno
sino al patronato que dirige dicho museo al que se deberían trasladar
estas iniciativas, pero llama poderosamente la atención que el PSOE
parta de la base de que el centro no tiene una gestión democrática,
cuando el propio alcalde de Barcelona, de su propio partido, del
Partido Socialista de Cataluña, forma parte de ese patronato en
calidad de vicepresidente. Tengo también que recordar, porque al
parecer el PSOE no lo sabe o en su punto tercero no lo recogía, que
la tienda de recuerdos es una concesión municipal y nada tiene que
ver el propio museo. En cuanto a la enmienda in voce que ha
presentado Convergència i Unió, esperaremos a
la enmienda definitiva para tomar una decisión. Por tanto, una vez
despejado el rumbo de lo que debe ser el propio museo, esperamos y
deseamos que el futuro de este centro esté basado en el diálogo y en
el consenso que hagan posible una historia común para todos.
El señor PRESIDENTE: Yo quería sugerirles, para que el proponente no
agote su turno y dado que hay dos propuestas que deben ser casadas en
un nuevo texto, que se pospusiera la intervención de dicho portavoz
para aceptar las enmiendas sobre la proposición al término de todas
las discusiones, poco antes de votar. Con esto ganamos el tiempo
suficiente para que se redacte, porque como pueden suponer ustedes,
no hay turnos en contra, sino que, por adición, es una acumulación de
textos. Por tanto, creo que es mucho mejor que en los pasillos o aquí
se reúnan los concernidos y que redacten el texto que se vaya a
someter a propuesta y votación de todos los demás grupos al final de
la sesión. (El señor Maldonado Gili pide la palabra.)
Señor Maldonado.
El señor MALDONADO GILI: Yo no sé si cabe un turno por alusiones,
pero con la venia que siempre hemos recibido de la Presidencia, mi
grupo quisiera hacer constar en acta algún sentimiento.
El señor PRESIDENTE: Si lo va a hacer al final; lo único que pasa es
que en lugar de que vaya en el «Diario de Sesiones» ahora, irá cuando
se estudien las propuestas. El temor legítimo de la Presidencia es
que reabramos un debate sobre cada uno de los textos cuya discusión
va a ser inútil. Por eso, como quiera que hay un texto que debe
reclamar la mayor anuencia o consenso que sea posible, ustedes se
reúnen y al final tendrán la generosidad del presidente en cuanto a
conceder la palabra no solamente al proponente, que tiene legitimidad
para ello, sino también a los enmendantes. ¿Estamos de acuerdo?
(Asentimiento.)
- RELATIVA A LA DEVOLUCIÓN A LOS ARCHIVOS MILITARES DE FERROL (A
CORUÑA) DE LOS FONDOS DEPOSITADOS EN EL ARCHIVO GENERAL DE LA
MARINA ALVARO DE BAZÁN. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO.
(Número de expediente 161/000406)
El señor PRESIDENTE: Pasamos al siguiente punto, que es el que figura
con el número cinco del orden del día, relativo a la devolución a los
archivos militares de Ferrol (A Coruña) de los fondos depositados en
el Archivo General de la Marina Alvaro de Bazán. Su proponente es el
señor Rodríguez Sánchez, del Grupo Mixto, que tiene la palabra a
continuación. (El señor vicepresidente, González Pérez, ocupa la
Presidencia.)
El señor RODRÍGUEZ SÁNCHEZ: El Archivo General de la Marina Álvaro de
Bazán está situado en El Viso del Marqués, Ciudad Real, y su
capacidad de archivar está superada prácticamente desde el año 1968.
Aeste archivo fue adonde se enviaron desde el departamento marítimo
de Ferrol legajos muy importantes, en número de 20.134,
pertenecientes a los años entre 1717 a 1936. El envío se realizó
desde el año 1950 a 1968 y, por tanto, algo tiene que ver el mismo
con la superación de la capacidad de archivar del Archivo General de
la Marina Álvaro de Bazán. La documentación que hoy posee este
archivo proveniente del departamento marítimo del Ferrol no está
reglada, empleando la terminología técnica al uso, es decir, no fue
inventariada, de tal manera que hoy cualquier investigador o
cualquier persona que quiera acceder a los datos debe manejarlos por
las relaciones de entrega, tal y como fueron recibidos los documentos
desde su llegada de Ferrol. Esa documentación, según la propia guía
del museo Archivo General de la Marina, está francamente
infrautilizada. Este es uno de los motivos por los cuales pedimos la
transferencia a Ferrol, que cuenta o bien con un museo denominado
Regional Militar del Noroeste, o bien al archivo del propio
departamento marítimo, de donde fueron expoliados entre el año 1950 y
1968. ¿Por qué razón pedimos esa transferencia? Porque mejoraría, en
primer lugar, los archivos centrales, empezando por el Archivo
General de la Marina. En concreto el Archivo Álvaro de Bazán podría
pasar a recibir documentos del Ministerio de Marina que hoy están
depositados en el general de las administraciones o en el Servicio
Histórico de la Armada. Al mismo tiempo, esa transferencia a Ferrol
posibilitaría que fuesen mucho más utilizados, no solamente por
personas que tienen necesidad de acceder a ellos por motivos
científicos o por motivos relativos a sus derechos ciudadanos, sino
también porque existe una Facultad de Humanidades con la sección de
Biblioteconomía, en el campus de Ferrol, donde se podrían hacer
prácticas y, por tanto, con consecuencias muy importantes para el
arreglo de los documentos. En tercer lugar, porque como ustedes
comprobarán, de 1717 a 1936 está precisamente una parte importante de
la historia de Galicia y en particular de una ciudad que llegó a ser
la más grande entre 1717 y el siglo XIX, a consecuencia de la
ubicación de la construcción naval y por el carácter estratégico de
esta zona para la monarquía hispánica, a finales del siglo XVIII y
durante el siglo XIX. Aparte de esto, la prueba de derechos que
quedaron reflejados en los documentos haría muchísimo más fácil el
acceso a las personas afectadas por esta cuestión. Por tanto, sería
una aproximación más cómoda y racional y en consonancia con lo que es
la estructura del Estado de las autonomías.
Son curiosas las palabras de los académicos de la Historia don
Pascual Gallangos Arce y don Tomás Muñoz Romero cuando solicitaban
que el Archivo
Histórico Nacional continuase en Madrid. Decían lo siguiente
-cambiando la palabra España por Galicia puede valer perfectamente-:
Sirve para los extranjeros, si es que no continúa en Madrid, y no lo
pueden utilizar los nacionales, porque careciendo de fortuna los que
se dedican en España a cierta clase de estudio, no pueden pasar meses
y meses, años y años haciendo investigaciones (nosotros podríamos
decir en Madrid o en El Viso del Marqués, Ciudad Real, precisamente
sobre una documentación que afecta de forma particular, enfática y
cualitativamente distinta a Galicia).
En nuestra proposición no de ley proponemos tres medidas
fundamentales: la primera es que se transfieran al museo respectivo
en Ferrol -que puede ser uno de los dos que he señalado, el Regional
del Noroeste o el del departamento marítimo, de donde fueron
retirados- los documentos que se llevaron entre 1950 y 1968 al Álvaro
Bazán y que hacen referencia a la etapa histórica de 1717 a 1936; la
segunda sería que se devolviesen también los que están depositados en
la sección de la Marina del Archivo General de la Administración
y que fueron también expoliados del departamento marítimo de Ferrol; la
tercera se refiere los que pertenecen al período de la guerra civil,
1936-1939, que están en el Servicio Histórico de la Armada y que son
procedentes de Ferrol. Quiero recordarles que la transferencia no
perturbaría para nada el conocimiento de los acontecimiento
fundamentales de la guerra civil; de todos ellos hay copia en los
archivos, puesto que esa documentación se enviaba oportuna y
puntualmente al Gobierno franquista en Burgos, y no sólo hay
documentación retirada de Ferrol para transferirla al Servicio
Histórico de la Armada. Por último, les diré que, en mucho casos,
estos documentos fueron entregados incluso a instituciones de
carácter privado y no voy a citar ejemplos, algunos muy notorios. El
punto número dos de la proposición no de ley pide que, en caso de no
aceptar la propuesta, se acepte por lo menos el envío de la
reprografía de esta documentación a los archivos de Ferrol.
Para posibilitar la votación favorable de algunos puntos, hacemos una
enmienda in voce, que está en manos del señor presidente de la
Comisión, que consiste exclusivamente en convertir en un punto dos
las frases finales del punto uno, las que dicen: el correspondiente
al archivo de dicho departamento marítimo de los años 1936 a 1939
custodiada en el Servicio Histórico de la Armada. Esto pasaría a ser
punto dos bajo la forma siguiente: transferir la correspondiente al
archivo de dicho departamento marítimo de los años 1936 a 1939,
custodiada en el Servicio Histórico de la Armada. El punto dos
pasaría a ser punto tres. Pedimos, por tanto, votación separada de
estos tres puntos según la nueva formulación.
Una última petición, señor presidente. Quiero decir que en el punto
dos observamos una corrección que hacer porque no corresponde al
texto original de nuestra
proposición no de ley y viola la legalidad vigente, ya que el
nombre de la institución de Gobierno de Galicia es Xunta de Galicia y
no Junta de Galicia, hablemos en español, en inglés, en francés o en
cualquier otro idioma. Rogamos que se rectifique.
El señor VICEPRESIDENTE (González Pérez): Muy bien, señor Rodrígez.
Debo decirle que en el texto que tenemos de la proposición no de ley
viene con equis.
El señor RODRÍGUEZ SÁNCHEZ: En el Boletín Oficial de las Cortes, no.
El señor VICEPRESIDENTE (González Pérez): Consta su petición en el
«Diario de Sesiones», señor Rodríguez. ¿Grupos que desean intervenir?
(Pausa.)
Tiene la palabra don Guillermo Hernández, por el Grupo Parlamentario
Socialista.
El señor HERNÁNDEZ CERVIÑO: A la hora de discutir esta proposición no
de ley se hace realidad eso de que debemos convertir las necesidades
en oportunidades. Este punto, como otros que se refieren al
tratamiento que deben recibir los archivos y museos, plantea tres
problemas: los referentes a la memoria, al recuerdo y, sobre todo,
los que se refieren a la garantía de conservación de ambos, memoria y
recuerdo. Sin embargo, estamos en el siglo XXI y hay que estar acorde
con los nuevos tiempos; por eso decía que debíamos convertir las
necesidades en oportunidades.
Permítanme hacer unas consideraciones generales sobre archivos y su
formación. Es cierto que la nueva concepción del Estado, que ha
pasado de un Estado central a un Estado de las autonomías, requiere
otro enfoque, pero también lo es que esto origina problemas que por
otro lado pueden solucionarse; de hecho, hay múltiples procedimientos
técnicos para que todos conservemos nuestra memoria histórica. El
problema surge cuando en estos museos o archivos hay desidia y
abandono, lo que nos lleva a la necesidad de pedir aumento de
dotación de las plantillas de archiveros, bibliotecarios
y documentalistas, y medios técnicos y económicos suficientes. Creo que
todo esto sólo podemos solucionarlo con una posición a favor de la
conservación del recuerdo.
Hay argumentos a favor y en contra; hay razones históricas, técnicas,
políticas y culturales a favor del centralismo o de la
descentralización. Es cierto que el reparto significa visión
restrictiva del espíritu y la letra de la Constitución española, pero
también estaremos de acuerdo en que el nuevo modelo de Estado
requiere pactos entre autonomías. Ahí tenemos el ejemplo de 1982, con
el acuerdo firmado entre la Administración del Estado y la
Generalitat para hacer inventario y microfilmación de todos los
fondos. Por otra parte, alargumento de la desmembración de los
archivos históricos
se puede oponer el derecho moral a la conservación de esa memoria. La
Unesco sugiere que la documentación se quede donde está y que viajen
los microfilms y, además, los fondos deben conservarse también según
el principio archivístico internacional, que atiende a criterios de
procedencia y no a los de la pretendida unidad temática. Habría que
determinar cuántos documentos pertenecen a Galicia y, sobre esa base,
llegar a soluciones pactadas en las que utilicemos como argumento
máximo convencer sin vencer. Hay que reconocer la titularidad de
Galicia sobre los fondos y plantearlo como cesiones a los archivos
históricos nacionales, con cláusulas en cuanto a exposiciones e
investigaciones, y ampliar la técnica referida a la consulta
múltiple. Por estas razones, vamos a votar a favor los puntos uno
y tres de la proposición no de ley. Diferimos, en cambio, en el punto
dos, el nuevo punto planteado por el señor Rodríguez, en lo que se
refiere a transferir la documentación correspondiente a los años 1936
a 1936, que hoy está custodiada por el Servicio Histórico de la
Armada. Lo rechazamos porque se trata de una memoria conjunta y debe
permanecer así.
El señor VICEPRESIDENTE (González Pérez): Por el Grupo Parlamentario
Popular, tiene la palabra don José Rivas.
El señor RIVAS FONTÁN: El tema referente a museos, archivos y
galerías se presta, aquí y fuera de aquí, a discusión y a la
aplicación de diversos criterios y filosofías. Esta proposición no de
ley podría parecer lógica y defendible tras una lectura rápida, pero
quizá hay un desfase en el tiempo en su planteamiento. Quiero decirle
con todo respeto a mi compañero Paco Rodríguez, promotor de la
iniciativa, que quizá el planteamiento fuera válido hace unos años;
pero no podemos olvidar que el Estado de las autonomías ha
evolucionado mucho desde 1978. En estos veintidós años ha habido una
transformación absoluta en cuanto a legislación general se refiere y,
en particular, en la referida a museos, archivos o galerías;
legislación que en este caso nos afecta.
Voy a tratar de enfocar las razones que tiene el grupo parlamentario
que represento, y el Gobierno en este caso, para no apoyar esta
iniciativa. En principio, conviene hacer un análisis de los conceptos
que contiene la proposición no de ley; aparentemente: devolución a
los archivos militares de Ferrol de los fondos depositados en el
Archivo General de la Marina Álvaro de Bazán entre 1950 y 1968; una
corrección de última hora se refiere a la custodia de los Servicios
Históricos de la Armada respecto a los documentos del año 1936 a
1939.
Se hacen afirmaciones que, con el ánimo de hacer aclaraciones, quiero
contestar con toda energía. Es obligación de quien tiene la
responsabilidad de custodiar documentación importante para la
historia de España no dejar que quepan interpretaciones de desidia,
abandono o falta de responsabilidad plena. Respecto al concepto
vertido de capacidad superada, no es cierto por las razones que
apuntaré más tarde. Sobre que la documentación no esté reglada, digo
exactamente lo mismo; luego diré por qué, quién la regla y cómo está
guiada. Que carece de inventario tampoco es exacto y tampoco lo es
que esté infrautilizada. En cuanto al concepto que tanto se ha
manejado y se maneja en las administraciones públicas de un
acercamiento más cómodo, racional y coherente con la estructura de un
Estado que se dice de las autonomías, si uno repasa los museos o los
archivos de España, se encontraría con que el mismo planteamiento que
se puede hacer para una localidad asentada en una comunidad autónoma
respecto a la capital del Estado se puede hacer igualmente, y se ha
hecho en mi tierra, respecto a la descentralización desde la propia
autonomía hacia museos o archivos locales o provinciales. Ejemplo de
ello se puede citar concretamente la importante documentación que
tiene el museo de Pontevedra, que es un museo provincial, y en
distintas ocasiones parte de esa documentación y de esos archivos han
sido requeridos por unas administraciones superiores o inferiores en
el orden administrativo. Pero mi respuesta y los argumentos que
quiero que consten en esta contestación o negativa a la aceptación de
la proposición no de ley se refieren en líneas generales a dos
aspectos: el primero de la legalidad, el segundo de la funcionalidad.
No se puede paliar ni olvidar que recientemente, concretamente en el
año 1996 -y aquí estamos diputados coetáneos con esta disposición-,
un decreto ordenó los museos y los archivos de los ejércitos y
concretamente el de La Armada, que se dio en llamar Museo Naval y que
le ha atribuido titularidad estatal. Esta titularidad no resta la
funcionalidad de este museo en tanto que -y aquí está una de las
claves del asunto que nos ocupa- ha creado concretamente cinco
órganos; sólo uno de esos órganos se denomina Archivomuseo don Álvaro
de Bazán -insisto archivo-museo-, mientras que los demás no son más
que museos, el Marítimo de Torre de Oro, el Naval de Ferrol, el Naval
de Cartagena y el Naval de San Fernando; con lo cual vemos que el
concepto de archivo queda restringido concretamente al Museo-archivo
don Álvaro de Bazán. Precisamente la creación de este importante
Museoarchivo don Álvaro de Bazán viene como consecuencia de que se
arrastró la documentación, se arrastraron disposiciones y se
actualizaron disposiciones legales para el archivo central del
Ministerio de Marina, que se incorporó a este importante archivo y
los archivos departamentales de Cádiz, Ferrol y Cartagena.
Respecto de la calidad de las instalaciones de este archivo-museo no
se puede olvidar que se ha efectuado una importantísima reforma -sin
entrar en detalle- en los años 1982 y 1983, pero desde el punto
concreto de la funcionalidad me gustaría ilustrar esta intervención
diciendo que los tiempos de hoy no son los de
hace cien años, acceder a archivos o museos es mucho más fácil desde
cualquier punto ya no solamente de España, sino incluso de fuera de
España y todos sabemos que hoy la informática nos ha llevado a
alcanzar documentos que hace muy poquito tiempo eran absolutamente
inalcanzables. Por eso es conveniente reseñar que el Archivo don
Álvaro de Bazán ha tenido a lo largo del año 2000 la presencia de 231
investigadores, que se han revisado 1.113 unidades o legajos y que
han sido hechas por correo 352 consultas, con un aporte de 19.959
fotocopias. Respecto de la funcionalidad a que me refería al
principio, no hemos de olvidar que este museo archivo tiene una
importante guía, editada en 1985, concretamente por la archivera doña
Ana María Vigón. Por tal motivo la documentación es extensa, el
estado y las condiciones físicas son buenos, no hay riesgo previsible
de pérdida o destrucción de la documentación allí existente y que
está a disposición, evidentemente, de todos los españoles.
Respecto ya de la última parte de lo que podría ser el último
impedimento dentro del marco legal actual, no podemos olvidar que en
el año 1998, concretamente el Real Decreto 2598, regula el sistema
archivístico de la Defensa. Este reglamento determina en líneas
generales lo que aquí he apuntado respecto de los contenidos que
estos museos departamentales tienen y el tiempo que pueden tener las
documentaciones y siempre en un tiempo limitado que no supera los
veinticinco años.
Por todo ello, concluyo afirmando que la posibilidad de trasladar los
fondos al propio archivo del departamento marítimo de Ferrol no sería
factible, porque aparte de su carácter de depósito intermedio -no
olvidemos y subrayemos intermedio- no tendría capacidad para albergar
esta documentación.
En segundo lugar, que el actual reglamento de archivos militares al
que me he referido no lo permite, puesto que declara al Archivo
general de la Marina Don Álvaro de Bazán archivo nacional y dispone
taxativamente en su artículo 19 que los archivos departamentales son
archivos intermedios, por lo que están obligados a remitir
periódicamente y en los plazos establecidos por el propio reglamento,
la documentación al histórico correspondiente. Por todo ello, nuestra
posición es negativa a esta iniciativa.
- SOBRE MECANISMOS DE CONSULTA AL PARLAMENTO ANTE DETERMINADAS
SITUACIONES DE CRISIS. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO
SOCIALISTA. (Número de expediente 161/000109.)
El señor VICEPRESIDENTE (González Pérez): Finalizado el debate de la
anterior proposición no de ley, pasamos a debatir en cuarto lugar la
proposición no de ley que llevaba en el orden del día el número 1,
del Grupo Parlamentario Socialista, para cuya defensa tiene la
palabra don Rafael Estrella.
El señor ESTRELLA PEDROLA: Señor presidente, la proposición que
presenta el Grupo Socialista es el objeto de una reflexión que hemos
compartido a lo largo de los últimos meses con otros grupos
parlamentarios. Si esta Cámara fue pionera estableciendo en 1995 en
un extenso informe los términos de participación de España en
operaciones de paz, parece claro que los acontecimientos producidos
en Europa a lo largo de los últimos años han desbordado ampliamente
el marco de aquella proposición no de ley, que nos hemos enfrentado
con supuestos que no se contemplaban y cabe prever que en el futuro
esas circunstancias se van a repetir nuevamente.
España tiene ahora desplegadas fuerzas en Bosnia Herzegovina, tiene
desplegadas fuerzas también en Kosovo y nuestro grupo considera que
siendo esas operaciones, por su propia naturaleza, operaciones que
implican riesgos para las fuerzas españolas allí desplegadas, sería
conveniente establecer un marco que sin menoscabo de las competencias
que la Constitución otorga al Gobierno, permitiera que las decisiones
que el Gobierno tiene que tomar contasen con el máximo respaldo
parlamentario, que el Gobierno no se sintiera sólo ante esas
decisiones; que no nos encontráramos, como en el caso de Kosovo, en
esta Cámara discutiendo sobre las formas cuando probablemente sí
estábamos de acuerdo en los elementos de fondo.
En la actualidad creo que la previsión de situaciones como esta en el
futuro es bastante alta, porque la Unión Europea, y con ella España,
está poniendo en marcha una política exterior y de seguridad común,
una política de defensa y seguridad común. Ello implica la creación
de una fuerza de despliegue rápido, a la que España ha comprometido
fuerzas, que evidentemente va a fortalecer la identidad y el peso
internacional de la Unión Europea, pero que al mismo tiempo va a
suponer, en el caso de crisis en Europa o fuera de Europa, la
eventualidad de asunción de compromisos de misiones en las que el
Gobierno tendrá que tomar decisiones como las que ha tomado en el
pasado.
Hay que recordar, señor presidente, que la puesta en marcha de la
política europea de seguridad y defensa no va a suponer en absoluto
una transferencia de soberanía a la Unión Europea, no va a hacer que
Europa nos defienda o que se ocupe de nuestros intereses de
seguridad. Antes al contrario se trata de un esfuerzo que permanece
en el ámbito de lo intergubernamental, con lo cual este parlamento, y
muy en particular esta Comisión, va a ver aumentadas sus
responsabilidades en la medida que la Unión Europea está dispuesta
también a asumir nuevas responsabilidades por esta vía del método
intergubernamental. Por tanto, el riesgo de vacío en cuanto a la
existencia o no de un marco de relaciones, de un marco de encuentros
entre los grupos parlamentarios, de un mecanismo que permita al
Gobierno consultar, conocer la opinión, no solicitar la autorización
de los grupos parlamentarios, cosa que se puede hacer
en cualquier caso por la vía de la iniciativa de un grupo
parlamentario mediante una proposición no de ley, lo tratamos de
hacer buscando entre todos, Gobierno y grupos parlamentarios, un
mecanismo que permita al Gobierno antes de comprometer formalmente su
participación en una misión -aunque haya notificado previamente que
está dispuesto a contribuir- contar, por el mecanismo que
establezcamos, con ese respaldo de los grupos parlamentarios. En
otros países se han producido cambios en este sentido. Hay países
como Dinamarca donde se han fortalecido los mecanismos de
autorización; hay otros países como Noruega donde sin requerirse la
autorización se ha creado un mecanismo que es la gran Comisión de
política exterior a la que, sin llegar a votaciones, el Gobierno
escucha a puerta cerrada las opiniones y consideraciones de los
grupos parlamentarios ante la participación en una misión
internacional. Podría seguir poniendo ejemplos, pero hay una
preocupación creciente que se aumenta, insisto, ante la decisión de
la Unión Europea de crear esa fuerza de intervención rápida.
En la Unión Europea existen procedimientos que diferencian a los
distintos países; hay países, por ejemplo, en los que las decisiones
que va a adoptar su Gobierno, los compromisos que va adoptar su
Gobierno en los distintos consejos europeos a los distintos niveles,
en determinadas situaciones requieren incluso una consulta previa al
Parlamento. Por tanto nos encontraríamos en una situación un tanto
atípica, en una situación como esta en la que España envía tropas a
que intervengan para evitar o para resolver una crisis con evidente
riesgo; si el Gobierno se cerrara solamente en sus competencias y no
buscara estar mucho más fuerte desde sus competencias pero desde la
complicidad, desde el consenso con los grupos parlamentarios, España
estaría fuera de lo que es la práctica cada vez más habitual en
Europa.
Por eso el Grupo Socialista ha presentado una proposición que tiene
dos puntos claramente diferenciados. El primero insta al Gobierno a
poner en marcha un proceso de consultas con los grupos parlamentarios
para desarrollar mecanismos formales de consulta y de información al
Parlamento de manera permanente en el supuesto de participación de
unidades españolas o de utilización del territorio español en
operaciones militares internacionales que puedan conllevar el uso de
la fuerza más allá de la legítima defensa. Estamos hablando de las
operaciones que la Unión Europea ha decidido asumir, lo que se llaman
misiones Petersberg, y que conllevan no solamente el mantenimiento de
la paz sino que se puede llegar a la imposición de la paz.
En segundo lugar, pedimos que el Gobierno se comprometa a comunicar a
la Cámara, con carácter urgente, cualquier decisión que haya adoptado
autorizando la participación de España en operaciones militares que
impliquen el uso de la fuerza o la utilización del territorio español
para dichas operaciones. Esa comunicación
debiera ser previa a la formalización del compromiso de esa
participación española y debiera contener, evidentemente, todos los
elementos necesarios para que esta Cámara pudiera expresar su
opinión, es decir cuál es el mandato, cuáles son los objetivos, los
términos, la duración de la misión; en definitiva, cuáles son los
regímenes de la autorización de uso, en caso de utilización del
territorio español. Esto debiera dar lugar a un debate en la Cámara,
sea en esta Comisión o en un ámbito conjunto de las dos comisiones, y
a una ulterior resolución de la Cámara en la que ésta pudiera
expresar su posición ante esta participación.
Esta es la propuesta que hace el Grupo Socialista en esos dos puntos
que, insisto, tienen elementos claramente diferenciados.
El señor VICEPRESIDENTE (González Pérez): Por el Grupo Popular, tiene
la palabra el señor Atencia.
El señor ATENCIA ROBLEDO: Señorías, me corresponde fijar la posición
de mi grupo, el Grupo Parlamentario Popular, en relación con la
iniciativa que acaba de ser defendida por el portavoz del Grupo
Socialista, señor Estrella, y aunque no se ha puesto en cuestión, ni
mucho menos lo que son las competencias constitucionales que a cada
institución le corresponden, bien sea al Gobierno, bien al
Parlamento, y al hilo de la cuestión, en el marco de la iniciativa
que se ha defendido, relativa a mecanismos de consulta al Parlamento
ante determinadas situaciones de crisis, me gustaría centrar, desde
el punto de vista constitucional y especialmente en lo que se refiere
a la materia de tratados internacionales, incluidos los de carácter
militar, lo que nuestra Carta Magna establece.
Como SS.SS. sin duda saben, señor presidente, la Constitución
establece una clara distinción entre las competencias del Parlamento,
a quien corresponde la autorización de este tipo de convenios
internacionales, así como las del Gobierno, que es el encargado de su
ejecución. Así, el artículo 94.1 de la Constitución española
establece que la prestación del consentimiento del Estado para
obligarse por medio de tratados o convenios requerirá la previa
autorización de las Cortes Generales en los siguientes casos; y el
apartado b) específicamente señala los tratados o convenios de
carácter militar. Por consiguiente, una vez autorizada la
participación de España, de nuestro país, en una organización de este
carácter, es al Gobierno, de acuerdo con las competencias que le
confiere el artículo 97 de la Constitución, a quien compete tomar las
decisiones derivadas de tal participación, excepto que se tratara de
declarar el estado de excepción o el estado de sitio, supuestos en
los que sería necesaria la intervención del Congreso de los
Diputados, en los términos establecidos en el artículo 116 de la
Constitución española.
Por lo que respecta a la situación de España dentro de la Alianza
Atlántica, esta autorización parlamentaria
se concretó en la resolución aprobada por el Pleno del Congreso de
los Diputados el 14 de noviembre de 1996, y que a iniciativa conjunta
de la mayoría de los grupos parlamentarios se acordó la participación
plena de España en la Alianza y en su estructura única de mandos.
Esta resolución, señorías, supuso el otorgamiento de un mandato
genérico que da autonomía operativa al Gobierno de la nación como
miembro del Consejo Atlántico para codecidir con sus 18 socios la
intervención de fuerzas militares españolas en los conflictos que
intervenga la Alianza Atlántica. Así sucedió en el caso de la
intervención en Kosovo, a la que se acaba de hacer referencia por
parte del señor Estrella; intervención que tuvo un único objetivo,
que se inscribe en el marco de las actuaciones de ayuda humanitaria,
es decir actuaciones para frenar la política de limpieza étnica
emprendida por el régimen serbio de esa zona, sin que ello supusiera
una declaración formal de guerra. Por tanto, señorías, debe
significarse que la actuación del Gobierno de España en este asunto,
o en otros similares que puedan plantearse en el futuro, está
amparada por el Parlamento en los términos constitucionalmente
previstos.
No obstante, y entrando a analizar el contenido de la iniciativa del
Grupo Parlamentario Socialista que acaba de ser defendida por el
señor Estrella, se considera desde el punto de vista del Grupo
Popular que la misma contiene aspectos que pueden ser valorados de
forma positiva por cuanto la indudable trascendencia de las
actuaciones de índole militar en territorio extranjero aconseja
establecer cauces fluidos de información al Parlamento, como sin duda
en esta misma línea manifestó el propio presidente del Gobierno en la
sesión de control del 12 de mayo de 1999, tal como figura en el
«Diario de Sesiones».
No obstante, el punto de la iniciativa que exige -aunque lo ha
matizado poco el señor Estrella- que la comunicación que se realice
al Congreso deberá ser efectuada con carácter previo a que la
contribución o autorización sea formalmente comprometida, como dice
el texto de la proposición no de ley, parece que tiene como finalidad
que esta Cámara autorice de facto la operación en cuestión, toda vez
que se especifica que la mencionada comunicación puede dar lugar a
debate y ulterior resolución. Tal pretensión no parece admisible,
porque el funcionamiento de un organismo como la OTAN, como la
Alianza Atlántica, que exige la adopción inmediata de decisiones para
responder con eficacia a misiones de seguridad, a misiones de
mantenimiento de la paz y de ayuda humanitaria que tiene
encomendadas, no puede estar sujeto de manera permanente, caso por
caso, a un régimen de autorización previa en los parlamentos de cada
uno de los Estados miembros, entre ellos España.
Señorías, en primer lugar, podemos concluir que, de conformidad con
lo dispuesto en el artículo 94 de la Constitución, el Congreso, de
acuerdo con la resolución
que adoptó el 14 de noviembre de 1996, acordó la incorporación
plena de España en la Alianza Atlántica y en su estructura de mandos
única, que esta resolución supuso el otorgamiento de un mandato
genérico que da autonomía al Gobierno para intervenir en las
operaciones militares que intervenga la OTAN, que como el reciente
supuesto de Kosovo, como dije antes, tiene por finalidad fundamental
el mantenimiento de la paz y la ayuda humanitaria.
En segundo lugar, como SS.SS. recordarán, un informe de la Comisión
de Asuntos Exteriores, aprobado posteriormente, creo que el 24 de
octubre de 1995 por el Pleno del Congreso de los Diputados,
establecía la necesidad de que una vez autorizada por el Gobierno la
participación de España en una operación de paz de Naciones Unidas,
en este caso el Parlamento debería recibir información documentada de
la decisión así como de los términos del mandato efectivo con que se
contribuya, financiación y plazo de duración previsto. En este
sentido tengo que decirles, señorías, que el Gobierno ha sido muy
escrupuloso con esta resolución, aprobada en el Pleno a que acabo de
hacer referencia, a la que ha dado total cumplimiento en cuantas
operaciones ha participado. Pero también queremos manifestar desde el
Grupo Popular que somos conscientes de la necesidad de revisar el
proceso y de adecuarlo a la situación actual, a la situación de
integración de España en nuevas estructuras de defensa, compromisos
internacionales, nuevos riesgos, etcétera. En esta línea, el
presidente del Gobierno, en la intervención a que antes hice
referencia del 12 de mayo de 1999, anunció la elaboración de un
informe en el que se establecerían las pautas generales o el código
de actuación en virtud del cual el Gobierno, en su relación con el
Parlamento, pueda establecer los mecanismos convenientes para
cualquier circunstancia que se pueda producir en operaciones de
carácter humanitario que la Alianza pueda llevar adelante. Así se
está trabajando en estos momentos por parte del Gobierno y distintos
ministerios están analizando el desarrollo de una norma que contemple
de forma genérica la participación de España en misiones como las que
hemos hecho referencia.
En tercer lugar, la presente proposición, como dije al inicio de mi
intervención, en cuanto recoge la necesidad de desarrollar mecanismos
formales de consulta e información permanente en estos supuestos,
siguiendo el criterio establecido en la anterior legislatura tanto
por el Congreso como por el propio presidente del Gobierno, merece
una valoración positiva pero no parece admisible la pretensión de que
el Parlamento conozca con anterioridad a la toma de decisión del
Gobierno y en consecuencia autorice cada una de las operaciones que
pudieran plantearse. Esta autorización previa, al margen de las
dificultades de orden práctico que supondría para el propio
funcionamiento de un organismo como la Alianza Atlántica,
desnaturalizaríala atribución competencial que la propia Constitución
española otorga al Gobierno en materia de ejecución de tratados
internacionales.
Por todo ello, no vamos a poder votar afirmativamente la iniciativa
que acaba de ser defendida por el señor Estrella, sin dejar de
manifestar desde el Grupo Parlamentario Popular la necesidad de
buscar una fórmula que, contemplando la inquietud que ha planteado el
Portavoz del Grupo Socialista, dé satisfacción a lo que es un deseo
de todos los grupos e incluso manifestado por el propio Gobierno y
por su presidente en sede parlamentaria. (El señor Estrella Pedrola
pide la palabra.)
El señor VICEPRESIDENTE (González Pérez): Señor Estrella, en este
momento procedimental no cabe la concesión de palabra.
- SOBRE REHABILITACIÓN DE LOS COMBATIENTES GUERRILLEROS
ANTIFRANQUISTAS. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA.
(Número de expediente 161/000349)
El señor VICEPRESIDENTE (González Pérez): Pasamos al debate de la
tercera proposición no de ley del orden del día sobre rehabilitación
de los combatientes antifranquistas, del Grupo Parlamentario
Socialista. Para su defensa, tiene la palabra el señor Pérez Casado.
El señor PÉREZ CASADO: Comenzaré mi intervención citando a un autor
francés que me gustaba mucho: puede que hoy yo no quisiera haber
hecho este discurso. Y con una reflexión, al hilo de unas
manifestaciones anteriores que decían que ocuparse de la historia
puede parecer tarea trivial. Parlamentos democráticos de larga
experiencia, como el Bundestag, Montecitorio, o el parlamento belga
han debatido y siguen debatiendo algunos elementos de las tragedias
del siglo XX, de sus secuelas y sus consecuencias.
La proposición no de ley que traemos hoy meditadamente pretende
restablecer la verdad por un lado, y por otro lado reconocer el
mérito, el esfuerzo y el sacrificio de hombres y mujeres cuyo
reconocimiento ha tenido lugar en otros países antes que en el
nuestro. Puede parecer anacrónico pero sigue siendo necesario. Sigue
siendo necesaria una reparación moral a aquellas personas que
entendieron que había que oponerse a un régimen que había conculcado
las libertades en 1936- 1939 y que escogieron la lucha militar en
forma de guerrilla como manera de oposición a aquel régimen;
guerrilla que por cierto tiene amplia tradición en nuestra historia,
e incluso ha dado nombre en otras lenguas a esa forma de guerra
irregular.
Concluidas las operaciones militares de la guerra de España en 1939
la lucha continuó. No lo digo yo, lo dijo el propio jefe del Estado
de entonces, general Franco, por ejemplo, el 1.o de octubre de 1946
en esta misma sede. Dijo, y cito literalmente: creíamos que con
nuestra cruzada conquistábamos la paz, y sin embargo vosotros lo
sabéis (dirigiéndose a los procuradores), llevamos 10 años de guerra.
Y remachaba el clavo el entonces célebre ministro de Hacienda el 1.o
de diciembre en 1946 en esta misma sede: las circunstancias de
excepción desgraciadamente no han cambiado; bajo un estado de paz
declarado oficialmente persiste un estado latente de insurrección más
peligroso que la propia guerra. Cierro las comillas de la referencia
del ministro de Hacienda, señor Benjumea.
Pero no sólo es esto. Al arsenal de medidas represivas que sucedió
dentro del propio desarrollo de las operaciones militares de la
guerra civil y subsiguientes se añade, por ejemplo, el Decreto-ley de
18 de abril de 1947, de represión del bandidaje y el terrorismo, como
respuesta a la acción guerrillera organizada de modo militar y
sistemático. Hay historiadores que ya han llegado al tema, desde
Salas Larrazábal, en su Historia del ejército popular de la
República, introduciendo un doble elemento, el elemento de combate en
la retaguardia, entonces llamada nacional por medios organizados; o
citando, como hacen otros historiadores, el ejemplo de la quinta
columna del ejército franquista, que fue agasajada y reconocida a lo
largo de décadas. También historiadores como Fernando Romeu y otros
han podido precisar el grado de organización militar de las
operaciones guerrilleras, y enfatizo lo de militar porque tiene que
ver con una exigencia que, si me permite el señor presidente ya que
en mi caso se confunde la condición de diputado con la condición
académica de historiador, es la documentación que caracteriza como
operaciones militares precisamente las acciones de guerrilla. (El
señor presidente ocupa la Presidencia.) La creación de un mando único
unificado a las órdenes del general Pizarro, gobernador militar de
Teruel, con mando sobre las provincias de Castellón, Teruel,
Albacete, Cuenca y Valencia demuestra bien a las claras que se estaba
ante un combate militar al que se respondía militarmente. De la misma
manera que las fuerzas de orden público militarizadas en el caso de
la Guardia Civil hicieron lo propio en esta área tan amplia que quien
les está dirigiendo la palabra conoce bastante bien.
Por consiguiente, aquí hay también un elemento de reparación de la
memoria en el sentido de la memoria justa y la justicia de la
memoria. Rehabilitación deestos conciudadanos que, además, deciden en
1949 abandonar la lucha armada por entender que existía la
oportunidad de oponerse al régimen franquista por otros medios, es
decir la lucha clandestina. No conseguirán su repliegue hasta 1952 y
en nuestra proposición de ley así se recoge.
En definitiva, se trata de recuperar por una parte páginas de nuestra
memoria que ahora yacen de manera desordenada en archivos que no
siempre son alcanzables al investigador, y desde luego quien les
habla ha tenido dificultades ciertas.
Por tanto, que la documentación, tanto la pública -que es
obligatorio- como la privada, pasen a los archivos nacionales es una
exigencia a la que, en principio, nadie debiera oponerse. Reconocer
el mérito de estos conciudadanos que entendieron que por la vía de la
oposición militar -en términos de operaciones militares- podrían
restablecer el sistema de libertades conculcado en 1936-1939, me
parece un acto de justicia histórica. Finalmente, que se estudie la
posibilidad de ese reconocimiento y, si hubiera lugar -se dice-,
reconocer el carácter. No se insta de una manera imperativa, sino en
un bien entendido punto de encuentro entre lo que fue un conflicto,
cuyos rescoldos puede que estén debajo de las cenizas, pero no basta
con echar más ceniza o más desmemoria a esos rescoldos, sino
enfrentarnos a ello, como se ha hecho en parlamentos de trayectoria
largamente democrática, como Italia, Alemania o Francia,
recientemente con la revisión del colaboracionismo de Vichy.
Tengo la convicción de que éste sería un buen momento para darnos la
mano, como han hecho en el Parlamento de Cataluña, no sé si en el
Parlamento regional de Madrid, como sí lo han hecho, me consta, en
algunas instituciones públicas, como la Diputación de Valencia, por
parte de todos los grupos políticos y que nadie se quedara solo en
esa reparación de la justa memoria, en esa reparación de que los
documentos vayan a los historiadores definitivamente y que se
reconozca a algunos de estos combatientes que nosotros proponemos,
como han hecho otros parlamentos y otros gobiernos en toda Europa
occidental.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Mixto, tiene la
palabra el señor Puigcercós.
El señor PUIGCERCÓS I BOIXASSA: Señores diputados, Esquerra
Republicana de Cataluña, seguramente en representación de todos los
partidos que componen el Grupo Mixto, votará favorablemente esta
propuesta del Grupo Socialista, por dos razones. En primer lugar
porque es un acto de reparación y de justicia histórica, en el
sentido de que un alzamiento militar contra la legalidad republicana
de 1936 tuvo una reacción democrática de unos ciudadanos que querían
que la sociedad española volviera a la democracia, volviera a un
modelo como tuvo y como disfrutó el resto de Europa occidental. La
desgracia para el Estado español, para sus ciudadanos y para la
sociedad española fue que a diferencia de la República Federal de
Alemania, de Francia o de Italia la democracia tardó más de 35 años
en consolidarse. Esta disfunción en el tiempo provocó que una serie
de ciudadanos, hombres y mujeres que entregaron parte de su vida por
la democracia, hayan quedado relegados no sólo de la historia
oficial, sino incluso de la protección del Estado por su contribución
al proceso democrático. Decía el señor Pérez Casado que en los países
de tradición democrática que consiguieron
llegar a la democracia en los años cuarenta, al final de la
Segunda Guerra Mundial, ha habido no sólo durante estos años procesos
de revisión de las dictaduras, de las personas que lucharon contra
ella, sino incluso ahora, hoy en día, como ocurre en Francia con la
persecución por parte del Estado democrático a los colaboracionistas
del Gobierno de Vichy, en Italia, donde ha habido un proceso de
desfascistización de la sociedad con leyes, o incluso en Alemania,
donde la misma Constitución aboga por la desnazificación o la
prohibición de partidos de ideología totalitaria, estos países han
hecho gala de que esto no es una rémora del pasado, no es un
anacronismo, sino entender el pasado para interpretar bien el futuro.
Lo que pasa es que a veces se entiende que algunas opciones políticas
no quieren renunciar a los votos de la extrema derecha; esto se puede
entender, tienen ahí un guiño permanente a determinados sectores
sociales que pueden tener cierto empuje electoral y de aquí pueden
deducirse actitudes contrarias o que esto se quiera enterrar en el
foso de la historia oculta o prohibida. Por estas razones, entendemos
que la proposición no de ley es necesaria, suficiente, justa y hay
que desempolvar y poner en la historia oficial a aquellos ciudadanos
del Estado que tenían ansia de lucha por la democracia.
Lo más surrealista es el último punto, que no tendría que ponerse a
votación: que hoy en día, partes que tendrían que ser materia de
estudio de todos los historiadores, sea cual sea su adscripción o su
forma de pensar, aún están secuestradas en los archivos de
información de la Guardia Civil. Esto conculca lo que podrían ser los
fundamentos de la ciencia histórica y del estudio.
Por estas razones, Esquerra Republicana de Cataluña y el Grupo Mixto
darán apoyo a esta proposición no de ley.
El señor PRESIDENTE: A continuación, para fijar posición, tiene la
palabra el portavoz del Grupo Popular, don Manuel Atencia.
El señor ATENCIA ROBLEDO: Señorías, miembros de la Comisión de
Defensa, antes de fijar la posición de nuestro grupo sobre la
iniciativa del Grupo Socialista me gustaría hacer alguna precisión al
hilo de la intervención realizada por el portavoz del Grupo
Socialista.
Señor Pérez Casado, el régimen que conculcó las libertades en España
no se circunscribió exclusivamente a los años 1936-1939. Ése fue el
período de duración de la guerra fratricida, de la guerra civil que
padecimos en nuestro país en el siglo pasado; el régimen que conculcó
las libertades desde su triunfo a partir del año 1939 -o en las zonas
donde ya imperaba- hasta el fallecimiento del dictador duró un
período de tiempo mayor. Sin duda, S.S. coincidirá conmigo en eso.
Señor presidente, con esta iniciativa el Grupo Socialista,plantea un
asunto que ya fue objeto de debate
desde la recuperación de las libertades en nuestro país desde la
transición política, la aprobación de las normas que en el primer
período de la monarquía, todavía sin instituciones democráticas en
nuestro país, y las decisiones que posteriormente adoptaron cuando
los españoles libremente pudimos votar -los que pudieron; yo no
porque no tenía edad para ello- en las elecciones del 15 de junio de
1977. A partir de las normas que nos dictamos, se analizaron todas
las cuestiones que afectaban a lo que era el proceso de
reconciliación nacional, que algunos partidos de la oposición habían
reclamado y que el conjunto de los españoles deseaban. Por tanto, al
amparo de las decisiones que se tomaron en su momento y de los
análisis que se hicieron, voy a fijar la posición del Grupo
Parlamentario Popular.
Debemos analizar la propuesta que hoy se realiza desde el punto de
vista del derecho positivo español vigente, y por tanto de las
decisiones tomadas desde la recuperación de las libertades en nuestro
país. Por consiguiente, entrando en el fondo del asunto, ha de
analizarse detenidamente lo que se ha dado en llamar la normativa
especial de guerra, es decir todo ese conjunto de disposiciones
reguladoras de las compensaciones por los perjuicios causados por la
Guerra Civil española del pasado siglo XX, incluida la revisión de
sanciones administrativas y las decisiones sobre indultos, amnistías
que tenían la finalidad de paliar las consecuencias derivadas de
aquella, en el marco, como dije antes, de una política de
reconciliación nacional que iguale los derechos originados por
circunstancias acaecidas en el período bélico, sea cual fuere el
bando en el que se produjeron, así como compensar las situaciones
discriminatorias producidas con posterioridad a la guerra y
fundamentadas en actuaciones u opiniones contrarias a los que
resultaron vencedores. Ahí es donde debemos enmarcar el debate de
naturaleza jurídica, independientemente de reconocimientos de otro
tipo que se han podido realizar y dentro del marco de las decisiones
de las Cortes Generales que tienen que ser coherentes con sus
decisiones anteriores. Así podemos ver, por una parte, que el Real
Decreto-ley de 30 de julio de 1976 declaró una amplia amnistía,
concediéndose la misma para todos aquellos delitos de intencionalidad
política, delitos de opinión y de rebelión y sedición militar,
etcétera, todo ello respecto de delitos y faltas cometidos con
anterioridad al 30 de julio de 1976. Posteriormente, como sin duda
SS.SS. recordarán, en el año 1977, antes de las primeras elecciones
democráticas, un nuevo Real Decreto-ley, de 14 de marzo de ese año,
amplió la amnistía a hechos no contemplados en el anterior.
Finalmente, en este marco de la amnistía las Cortes democráticas
elegidas el 15 de junio de 1977 aprobaron la denominada Ley de
amnistía, de fecha 15 de octubre de ese mismo año, cuyo artículo 7
establece los efectos y beneficios de la amnistía a que se refiere
dicha ley, que en cada caso serán los siguientes: Reintegración de la
plenitud de sus derechos a los funcionarios civiles sancionados, así
como la reincorporación
a sus respectivos cuerpos si hubieran sido apartados; la
eliminación de los antecedentes penales y notas desfavorables en los
expedientes personales, aun cuando el sancionado hubiere fallecido.
En definitiva, esta es la norma de referencia directa o indirecta
para la llamada legislación especial de guerra, unas veces por
mandato de la ley y otras por aplicación del espíritu de
reconciliación nacional que pretendía la amnistía y que imperó en
toda esta normativa.
Con posterioridad, durante la época en que los socialistas gobernaron
en nuestro país, se aprobó la ley de 22 de octubre de 1984, que
ampliaba los derechos reconocidos tanto en un real-decreto del año
1978 como en una ley de 1980 a favor de los miembros de las Fuerzas
e Institutos Armados al servicio de la República durante la guerra
civil. Como sin duda sabrán SS.SS., esta ley suponía que por primera
vez se contemplaban los derechos del personal que hubiera ingresado
al servicio de la República española en las Fuerzas Armadas y hubiese
obtenido un empleo o grado militar de al menos suboficial durante el
período comprendido, de acuerdo con esta ley, entre el 18 de julio de
1936 y el 1 de abril de 1939, así como de aquellos que hubieran
ingresado en las Fuerzas de Orden Público o en el cuerpo de
Carabineros. Más tarde, esta ley aprobada por las Cortes en 1984 fue
interpretada por la sentencia del Tribunal Constitucional 116/1987,
que modificó el ámbito de aplicación de los beneficiarios de dicha
ley, no delimitándose tal ámbito al 18 de julio de 1936, quedando
incluido en el mismo el personal que, habiendo participado en la
guerra civil al servicio de la República con anterioridad al término
de la misma, obtuvo un empleo con carácter definitivo en las Fuerzas
Armadas, en las Fuerzas de Orden Público o en el cuerpo de
Carabineros. A continuación, una sentencia del Tribunal
Constitucional, de 6 de junio de 1988, excluyó expresamente de la
aplicación de dicha ley del año 1984, referida a los militares, a los
miembros de las Fuerzas de Orden Público y a los del cuerpo de
Carabineros al servicio de la República, aquellos empleos que se
habían otorgado de forma provisional, tratándose por lo tanto de
nombramientos que no tenían carácter de definitivo. No quiero cansar
a SS.SS., pero existe más legislación, como una anterior del año
1984, que equiparó los beneficios de todos los mutilados, no sólo de
los que formaban parte del llamado Benemérito Cuerpo de Mutilados de
Guerra por la Patria, el bando triunfador, sino de todos los que
habían participado en la contienda civil. Y una ley del año 1982, que
otorgó los mismos derechos a los mutilados de carácter civil, así
como una serie de disposiciones adicionales, concretamente la número
18 de la Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 1990,
que regula las indemnizaciones a favor de quienes sufrieron privación
de libertad como consecuencia de los supuestos contemplados enla Ley
de amnistía de 1977.
En definitiva, señorías, de todo lo expuesto se deduce que la llamada
legislación especial de guerra constituye un conjunto normativo con
un amplísimo campo de aplicación en el marco de una política de
reconciliación nacional que, para paliar las consecuencias derivadas
de la guerra civil, pretendía dar solución a todos los problemas que
se planteaban, un conjunto normativo que tiene un ámbito temporal,
yendo desde las decisiones del primer tiempo, en que se querían
conquistar las libertades, pero todavía no se había hecho, y
afectando al período de la transición política en el sentido formal
de Cortes constituyentes, con la Ley de amnistía, que fue un elemento
clave, y abarcando decisiones adoptadas durante gobiernos y mayorías
distintas, bien en la época de Unión de Centro Democrático o bien en
la del Partido Socialista. Pero es que además hay que tener en cuenta
que en ninguna de todas estas normativas aprobadas se incluye la
situación del personal a que se refiere la propuesta del Grupo
Socialista. Contando esta casa con una amplia jurisprudencia tanto
constitucional como ordinaria, ha excluido a las denominadas milicias
populares, dada la inexistencia en tales milicias de las
características de profesionalidad, organización militar y condición
de combatientes necesarias para el reconocimiento de derechos al
personal que tomó parte en la guerra civil. Nosotros creemos que es
en este ámbito en el que hay que analizar la situación, considerando
el Grupo Parlamentario Popular que la situación a que se refiere la
propuesta del Grupo Socialista, que ha sido defendida por el señor
Pérez Casado, ya fue tratada y analizada a partir del año 1977 en la
elaboración de la sucesiva normativa promulgada al respecto, sin que
tales debates concluyeran con la inclusión de las personas que ahora
se pretenden incluir, con el mayor de los respetos, en el ámbito de
la aplicación de la normativa tanto de amnistía como de
reconocimiento de derechos y pensiones al personal combatiente en la
zona republicana durante la guerra civil. Además, la propuesta no
parece concordante con la finalidad de las normas antes citadas, esto
es, fundamentalmente cerrar heridas, evitar injusticias y compensar
situaciones, puesto que una norma que prevé la posibilidad de
conceder los beneficios pretendidos al colectivo de que se trata
debería suponer, en aplicación del principio de igualdad, que se
incluyera en dichos beneficios a los combatientes de la guerra civil
con la guerrilla o, por ejemplo, a los somatenes a los que tampoco se
consideró oportuno incluir en la legislación antes mencionada porque,
como en el supuesto contemplado, no tenían el único requisito exigido
de profesionalidad probada, que justificaría la adscripción de una
persona a la Función pública militar. Por tanto, señorías, los
argumentos en los que se fundamenta la posición del Grupo
Parlamentario Popular están amparados en el derecho vigente y en la
propia interpretación del principio de reconciliación nacional,
jurisprudencia- doctrina que desde la conquista de la libertad
de nuestro país se ha ido acrisolando con distintas mayorías y con
diferentes gobiernos.
Resumiendo, con el mayor de los respetos, este grupo parlamentario no
puede apoyar la iniciativa planteada por el Grupo Socialista y
respaldada por otros grupos por cuanto la normativa vigente impide el
reconocimiento de los derechos que se pretenden y ni en la Ley de
amnistía ni en la legislación referida a los militares que
participaron en la guerra civil se contempla la situación del
personal a que se refiere la propuesta del Grupo Socialista. Conviene
insistir además, a mayor abundamiento, en que si bien tal situación
fue tratada en la tramitación de tales normativas, se concluyó con su
no inclusión en el ámbito de aplicación de las mismas y así se
consideró durante los casi 14 años de Gobierno socialista, que no
amplió, que no cubrió y que no amparó lo que hoy se plantea,
limitándose a la normativa en vigor, que fundamentalmente tenía un
amplio consenso político y social, no tomando ningún tipo de
iniciativa rehabilitadora como la que hoy se plantea. Por todo ello,
y en coherencia con lo que ha venido haciendo el conjunto de los
españoles y las distintas mayorías en nuestras cámaras democráticas,
el Grupo Parlamentario Popular no puede respaldar la iniciativa que
acaba de ser defendida por el Grupo Socialista.
- PARA LA DESAFECTACIÓN DE TERRENOS DE LA DEFENSA EN EL MUNICIPIO DE
BARBATE (CÁDIZ). PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA.
(Número de expediente 161/000361)
- RELATIVA A LA UTILIZACIÓN DEL PARQUE Y TALLERES DE AUTOMOVILISMO
DEL EJÉRCITO DE LA LOCALIDAD DE BONREPÓS I MIRAMBELL (VALENCIA).
PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA. (Número de
expediente 161/000417)
El señor PRESIDENTE: Pasamos a continuación a debatir el punto 7, ya
que la proponente de la proposición no de ley número 4, del Grupo
Socialista, que es el que tocaría ahora, no se encuentra en la sala.
Así pues, don Francesc Romeu es el encargado de defender la
proposición no de ley número 7, relativa a la utilización del parque
y talleres de automovilismo del ejército de la localidad de Bonrepós
i Mirambell (Valencia). Tiene la palabra.
El señor ROMEU I MARTÍ: Señorías, tal como establece la exposición de
motivos que este proponente presenta, lo que fundamentalmente se
persigue es conseguir que en relación con el parque de talleres y
automovilismo de Bonrepós i Mirambell, perteneciente alEjército, se
determine cuál va a ser su finalidad, ya que aproximadamente hace
ahora dos años fue trasladada
su funcionalidad y su actividad a la vecina localidad de Paterna.
Esta instalación fue construida en 1934 y ampliada después de la
guerra civil, siendo el Ministerio de Defensa, según respuesta
escrita dada por él mismo a este diputado, propietario en pleno
dominio de la propiedad denominada parque y talleres de automovilismo
de Bonrepós, situada en el término municipal de Bonrepós i Mirambell,
habiendo sido declarada sin interés para los fines del Ejército de
Tierra y desalojada.
En ese sentido, los dos primeros puntos de la resolución pretenden
fundamentalmente que, dada la inutilidad que tiene ahora toda esa
instalación, el Gobierno proceda de la manera más inmediata a
ejecutar todas las obras y mejoras necesarias para conseguir que esa
instalación, mientras no tenga un uso definitivo y concreto, disponga
de todas las condiciones adecuadas, tanto de salubridad como de
higiene y, sobre todo, que se impida la fácil accesibilidad que en
este momento tiene, y así ha sido denunciado por las instituciones
locales, por cuanto es fácil acceder a la misma, con la peligrosidad
que ello supone. En ese sentido se manifiestan los dos primeros
puntos porque lo que el Grupo Socialista requiere, fundamentalmente,
es que se determine si va a haber o no una utilización de la misma.
El Gobierno ya parece que lo declara, diciendo que no tiene interés
para el Ejército de Tierra y que ya ha sido desalojada, por lo que sí
parece oportuno que se establezca cuál va a ser la finalidad y cuál
va a ser el contenido de la desafectación, sobre todo respecto al
beneficio que le corresponda al propio término municipal. Conforme
responde el Gobierno a este diputado, es cierto que se encuentra
pendiente de resolución el recurso de casación del Tribunal Supremo,
interpuesto por la Abogacía del Estado contra la sentencia de la
Audiencia Provincial de Valencia, del 13 de junio del año 2000, que
estimó que no se había corregido que una de las parcelas ocupadas por
el acuartelamiento fue objeto de adquisición por expropiación forzosa
y no por compraventa, como figura en la correspondiente escritura.
Entiende este diputado que en el expediente correspondiente por parte
del Gobierno constarán todas las adquisiciones del patrimonio que se
hicieron en su época, constará la compraventa y constará en aquellos
casos en que se hizo la expropiación forzosa, en los que, obviamente,
los propietarios requerirán, conforme a derecho, la reversión de esa
propiedad.
Independientemente de esto y conociendo que el Gobierno, en estos
momentos, sólo concreta la existencia de ese recurso, lo que sí es
claro es que hay una gran cantidad de ese patrimonio, prácticamente
la totalidad, según el Gobierno, a excepción de una parcela, que es
de pleno dominio del mismo y que, por tanto, sí que puede proceder a
la desafectación, fundamentalmente para que el término municipal
pueda concretar si para esos casi 60.000 metros cuadrados -son 70.000
según el Ayuntamiento y 53.000 según el Gobierno, lo cual es
fácilmente considerable, a partir de las fichas catastrales de las
diferentes parcelas-, que ahora mismo están inutilizadas, lo que, de
alguna manera, supone un perjuicio para ese término municipal en
concreto y para toda la zona de la comarca, se establezca, atendiendo
al Plan general de ordenación urbana del mismo, si una vez hecha la
desafectación y atendiendo al planeamiento urbanístico se puede
utilizar como una zona urbana residencial, industrial o terciaria, lo
que obviamente supondría un aumento del poder económico del
Ayuntamiento y, por tanto, redundaría en el beneficio general de la
ciudadanía.
Los tres puntos van dirigidos a la necesidad de que se establezca
cuál es la finalidad o cuáles son las intenciones del Gobierno, y a
algo que es lo más necesario y urgente, que es la necesidad de que no
se pueda acceder al recinto, porque el recinto ahora mismo no tiene
ningún tipo de vigilancia y es fácilmente accesible. Reitero esto
porque ha sido la denuncia fundamental de la vecindad de la zona, por
cuanto es fácil acceder incluso por niños o por grupos de jóvenes que
llegaron a hacer allí conciertos de rock sin ningún tipo de
autorización. Por tanto, es urgente que se proteja y se dé la
desafectación, una vez finalizado, por supuesto, el recurso de
casación, y a partir de ahí, y así finalizo mi intervención, se
establezca, en los términos a los que lleguen tanto el Ministerio
como el Ayuntamiento y conforme a derecho, que esa desafectación
recaiga en un patrimonio que dentro del planeamiento del Ayuntamiento
pueda ser beneficioso para la población del mismo.
Nada más.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Popular, doña Asunción Oltra tiene
la palabra.
La señora OLTRA TORRES: Señorías, intervengo para fijar la posición
del Grupo Popular respecto a la proposición no de ley presentada por
el señor Romeu i Martí, del Grupo Socialista, sobre el parque y
talleres de automovilismo del Ejército, sitos en el término municipal
de Bonrepós y Mirambell.
En dicha iniciativa y en la exposición de motivos, el Grupo
Socialista hace unas consideraciones previas con las que este grupo
no puede estar de acuerdo, para solicitar del Gobierno, en el último
punto de la parte dispositiva, la desafectación de los locales antes
mencionados y el inicio de negociaciones con las instituciones
locales, cosa que, como quedará patente en el transcurso de mi
intervención, ya ha tenido lugar por parte del Ministerio de Defensa.
Mi grupo no va a dar su apoyo a la iniciativa que se debate, por las
razones que paso a detallar. En primer lugar y como motivo
fundamental, hemos de decir que el Ministerio de Defensa está
procediendo a la depuración física y jurídica de la propiedad, como
trámite previo imprescindible para su enajenación. Sus señorías
deben conocer que en la actualidad el inmueble objeto de debate se
encuentra pendiente de sentencia en el recurso de casación
interpuesto por la Abogacía del Estado, en julio de 2000, ante el
Tribunal Supremo, contra la sentencia de la Audiencia Provincial de
Valencia, de 13 de junio de 2000, que estimó el recurso de apelación
interpuesto en representación de uno de los herederos de los antiguos
propietarios del suelo sobre el que se asienta el citado inmueble,
como así ha reconocido el diputado que formula la proposición no de
ley. En la mencionada sentencia, la Audiencia Provincial de Valencia
declaraba nulo el contrato de compraventa, por ausencia de
consentimiento del dueño de una de las parcelas donde estuvo ubicado
el parque y talleres de Bonrepós, recogido en escritura pública de 20
de diciembre de 1947, debiendo proceder las partes a reintegrarse las
prestaciones recíprocas, es decir, devolver la parte compradora, en
este caso el Estado, en su ramo de Defensa, la finca y la parte
vendedora el precio recibido y los intereses correspondientes.
Asimismo, hay que decir que varios causahabientes de antiguos
propietarios de terrenos adquiridos para la ubicación del mencionado
parque han formulado reclamaciones previas al ejercicio de acciones
civiles, que se encuentran en este momento pendientes de resolución.
Por tanto, por una razón de prudencia, entendemos que se debe esperar
a lo que dicte, en su día, el Tribunal Supremo, momento en el que se
procederá por la Gerencia de Infraestructuras y Equipamiento de la
Defensa a la enajenación onerosa de la totalidad de la propiedad o de
la parte que quede libre de reversión.
No obstante lo dicho anteriormente, esta diputada que les habla tiene
constancia de que ya ha habido contactos entre el Ayuntamiento de
Bonrepós y Mirambell y el Ministerio de Defensa, al objeto de conocer
el posible interés por adquirir el inmueble por parte del
Ayuntamiento. De hecho, la Comisión de Gobierno del Ayuntamiento de
Bonrepós y Mirambell acuerda, en sesión de 27 de noviembre de 2000,
contestar a un escrito del Ministerio de Defensa, y cito
textualmente; En el sentido de que, en principio, este Ayuntamiento
sí está interesado en su adquisición, pero dependería del precio por
el que se hiciese la venta y de que no hubiese conflicto con los
anteriores propietarios. Sería innecesario decir que para que se
cumplan esas condiciones es requisito indispensable esperar a la
resolución del litigio, no ya con uno sino con varios propietarios,
como he dicho anteriormente.
Hay que decir también que la propiedad se encuentra vallada en su
totalidad y que, para evitar posibles entradas no autorizadas, el
Ministerio ha solicitado la colaboración de las autoridades civiles
para incrementar la vigilancia. Asimismo y de conformidad con el Plan
de protección de propiedades en elaboración, se procederá a
establecer un adecuado sistema de vigilancia, con el objeto de poder
enajenar el inmueble en las mejores condiciones de habitabilidad
posible.
Concluyo, señor presidente. Ami grupo no le cabe la menor duda de que
ambas administraciones, el Ayuntamiento de Bonrepós y Mirambell y el
Ministerio de Defensa, de una parte, están igualmente interesadas en
la conservación, en las mejores condiciones, del citado inmueble y
que, por tanto, harán lo que esté dentro de sus posibilidades para el
correcto mantenimiento del mismo, y, de otra, que en el momento
oportuno -mi grupo entiende que no es éste, señorías- se planteará
por parte de la Gerencia de Infraestructuras y Equipamiento de la
Defensa la enajenación, bien mediante la firma de un convenio con el
Ayuntamiento, que posibilitará que se dé a este inmueble el uso que
en su día estime pertinente la corporación local o, en caso de no
prosperar este convenio, mediante subasta pública.
Por estos motivos, votaremos en contra de esta proposición no de ley.
El señor PRESIDENTE: Para el último punto del orden del día, tiene la
palabra el portavoz socialista.
El señor MARSAL MUNTALÁ: Señor presidente, debido a algún problema de
comunicación que en este momento desconozco, la proponente de la
proposición no de ley no puede estar presente. Por tanto, pediría de
la benevolencia de esta Presidencia que se posponga la presentación y
debate de esta proposición no de ley a una siguiente Comisión en la
que haya proposiciones no de ley.
El señor PRESIDENTE: Por parte de la Presidencia, petición concedida,
salvo que haya algún reparo. (Denegaciones.)
Entonces vamos a rematar la enmienda transaccional que se estaba
gestando en torno al punto segundo del museo Militar de Montjuic. El
proponente era el señor Puigcercós, del Grupo Mixto, que es a quien
corresponde hacer la presentación del texto consensuado, si es que se
ha llegado a algún acuerdo.
Tiene la palabra el señor Puigcercós.
El señor PUIGCERCÓS I BOIXASSA: Antes de nada, abusando de su
benevolencia, quisiera matizar algunas cosas que se han dicho, porque
creo que son bastante graves y hay que matizarlas.
En primer lugar, el portavoz del Grupo Popular ha dicho .
El señor PRESIDENTE: Perdón, señor Puigcercós, evidentemente es un
debate contradictorio, porque es inevitable que en la fijación de
posiciones se manifiesten los turnos en contra, pero eso no le
permite a usted reabrir el debate. Es lo que dice el Reglamento y
somos estrictos en su aplicación. Habrá visto que la Presidencia es
tolerante y permisiva en conceder siempre la palabra. Limítese a
contestar si admite o rechaza las enmiendas, y no hace falta que dé
las razones por las que lo hace. De todas maneras, le dejaría si se
trata de
una explicación sumaria y no personalizada. ¿Me ha entendido? Pues
adelante.
El señor PUIGCERCÓS I BOIXASSA: De todas maneras, señor presidente,
después de explicar la transaccional y de hacer la fusión de las dos
enmiendas, le pediría un momento para aclarar algunos puntos que se
han dicho aquí, porque hay alusiones que hay que matizar. Aquí se han
dicho cosas muy graves, señor presidente. Por ejemplo, se ha venido a
decir, casi, casi, que una esvástica es un hecho subjetivo, o que la
agresión que puede producir determinada ideología fascista no es
importante. El Grupo Popular ha hecho aquí afirmaciones con las que
no podemos estar de acuerdo, que incluso son insultantes para esta
Cámara y que dicen muy poco a favor de la tradición democrática, que
existe y es real, del Partido Popular, que la ha demostrado cada día
en su acción de Gobierno y en su acción política. Ha dicho que
intentar explicar la historia como es y dejar actitudes totalitarias
a un lado son historias del abuelo. Esto me recuerda la novela La
hoguera de las vanidades, cuando el juez dice al final de la novela
que la decencia es lo que nos enseñan los abuelos. La decencia en la
historia también va en este sentido. Expresiones como las que se han
utilizado aquí están fuera de lugar en esta Cámara, y suponen un
menosprecio a las personas que lucharon en la guerra civil, lucharon
por la democracia y lucharon por la República. Entiendo que esto
responde más a actitudes que están fuera del Partido Popular -es así
y está contrastado-, a actitudes de cachorro franquista que no
responden a ningún tipo.
En cuanto a las enmiendas, señor presidente, vamos a aceptar las
enmiendas de Convergència i Unió y del Grupo Socialista, y vamos a
proponer una transaccional. A partir de la enmienda del Grupo
Socialista, sustituiríamos el primer punto de los tres que tiene
dicha enmienda por la que ha presentado el grupo de Convergència
i Unió. El primer punto de los tres sería el que ha propuesto el Grupo
de Convergència i Unió, que empieza: El Congreso de los Diputados
insta al Gobierno a aprobar, previo acuerdo con el Ayuntamiento de
Barcelona..., y sigue. Y el segundo y el tercer punto serían
propiamente los de la enmienda que ha presentado el Grupo Socialista.
Desde el Grupo Mixto, Esquerra Republicana acepta estas enmiendas y
las somete asimismo a votación.
El señor PRESIDENTE: A continuación, de menor a mayor, tiene la
palabra el representante de Convergència i Unió, que se tiene que
referir también a esta enmienda. En la medida en que he hecho una
recomendación al anterior orador, se la repito también, señor
Maldonado.
El señor MALDONADO GILI: Antes he pedido la palabra por alusiones.
Usted, como siempre, muy amablemente,
nos ha dicho que hablaríamos posteriormente. Mi transacción
in voce ha sido aceptada por el grupo proponente. Por tanto, quisiera
intervenir por alusiones. Incluso le agradezco, señor presidente, que
haya sido usted tan hábil políticamente para pedirnos que
pospusiéramos nuestra intervención, porque yo, sinceramente, en aquel
momento habría sido más apasionado, menos moderado y me habría dejado
llevar por unos sentimientos en caliente. Esto no quiere decir que
ahora no tenga el mismo sentimiento, pero espero que mis palabras
sean más meditadas.
Me he sentido muy ofendido como catalán. Ya sé que para el Grupo
Popular las palabras de su compañero pueden no ser ofensivas. Yo,
como miembro de la coalición de Convergència i Unió, me he sentido
profundamente dolido y triste. Soy un político que hago del consenso
y del diálogo un norte y un objetivo, y por primera vez en el
Congreso he sentido tristeza. Señor portavoz del Grupo Popular, ha
empezado mal. Ha empezado mal diciendo: Esto debe ser tema de la
edad. Me he girado enseguida, porque he pensado que se trataba de un
diputado que hablaba así por cuestiones de edad, porque era muy mayor
y se refería a su edad propia. Cuando he visto que el que nos hablaba
era un diputado joven, no he entendido lo que significaba el tema de
la edad. Quizás a lo que se refería no era a un problema de edad,
sino a un problema de concepto político y social. Ha estado muy
desafortunado, señor portavoz; ha estado ofensivo con una nación, que
es Cataluña. Parecía que estaba contando un cuento, parecía que
estaba narrando Heidi y el abuelito, cuando estaba hablando de
Cataluña y de sus problemas. Perdone, señor diputado, esto es muy
serio y muy triste. Ya sé que ha levantado alguna sonrisa en algún
compañero suyo; seguro que no ha sido con mala intención, pero en
Cataluña estas sonrisas nos duelen profundamente. Usted ha dicho
entre otras cosas que el pasado está ahí, para lo bueno y lo menos
bueno; le ha faltado decir: y para lo malo. Ha habido cosas buenas y
cosas malas, pero no positivice todo el pasado. El pasado está ahí,
lo hemos de tener presente, y hemos de valorar lo bueno y lo malo, no
sólo lo bueno y lo menos malo, no se puede dejar patente sólo lo
bueno, porque también ha habido cosas malas. Ha dicho una cosa para
mí muy dolorosa. Ha dicho: La muerte de Luis Companys fue igual que
la de tantos españoles que fueron ejecutados. Claro, pero añadiendo
que Luis Companys era presidente de la Generalitat de Cataluña y,
cuando fue ejecutado lo fue como representante del Gobierno catalán.
Es doloroso oír esas expresiones. Como bien ha dicho el representante
de Esquerra Republicana, el Partido Popular ha dado aquí muchas veces
muestras de sentido común, de consenso y de diálogo; sus palabras
finales han sido éstas, lástima que hayan existido las anteriores.
Espero que su partido le repruebe sus palabras y no se las acepte.
Seguro que su intención no era ofender,pero ha ofendido. No es cierto
que la mayoría de
los catalanes compartan y acepten símbolos nazis. Usted ha dicho: El
museo del castillo de Montjuic no preocupa a la mayoría de los
catalanes. Sí preocupa a la mayoría de los catalanes. Le invito a que
pasee por las calles de Cataluña y verá si nos preocupa o no que haya
símbolos como las cruces gamadas y otros símbolos fascistas. Esto
preocupa a la inmensa mayoría de los catalanes; esto y el contenido
que pueda tener cualquier museo situado en Cataluña.
El señor PRESIDENTE: El portavoz del Grupo Popular ha pedido
aclaraciones, pero yo creo que procede que lo haga al final. (El
señor Atencia Robledo pide la palabra.) ¿Qué desea, señor Atencia?
El señor ATENCIA ROBLEDO: Simplemente, si correspondía en este
momento, sin perjuicio de la intervención de mi compañero, pedir al
señor Puigcercós que retirara la expresión peyorativa que ha
realizado de carácter perruno. Quería pedir, por alusiones, una
intervención de cara al decoro de este grupo para solicitarle que la
retirara.
El señor PRESIDENTE: Procesalmente corresponde la palabra al Grupo
Socialista, y después daré satisfacción a las aclaraciones o
peticiones que ha dejado el debate en el camino, aunque no será
objeto de debate, pero el señor Maldonado ha hecho un debate de
contenido sustancial y puede comprobar S.S. que la Presidencia es muy
generosa porque, si no, le hubiese retirado la palabra, pero he
tenido esa generosidad. Por eso tengo que permitir aclaraciones al
grupo replicado.
El señor MALDONADO GILI: Yo se lo agradezco, he hecho constancia de
su benevolencia y de su ágil actuación permitiendo que hablemos y que
debatamos temas que nos preocupan.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la
palabra el señor Nieto.
El señor NIETO GONZÁLEZ: En primer lugar, le agradezco esta segunda
intervención para aclarar la posición. En relación con la enmienda,
quisiera decir que el Grupo Socialista acepta la transacción que
oferta en este caso del autor de la iniciativa, en la parte que
corresponde a nuestra enmienda, en los términos que la ha planteado
el señor Puigcercós como enmienda de transacción, Dicho esto, yo
quisiera decir también, en relación con la intervención que ha tenido
el portavoz del Grupo Parlamentario Popular, que me he sentido mal
cuando he estado escuchándole. Evidentemente yo no soy catalán, y me
he sentido mal, y entiendo que se hayan sentido mal los diputados que
han intervenido por su condición de catalanes. Yo me he sentido mal
por mi condición de demócrata, de español, de castellano -que no
tiene nada que ver desde el punto de vista
geográfico con Cataluña-, porque creo que ha sido una intervención
desafortunada. No se puede hacer una intervención frívola, como la
que se ha hecho, no dando ninguna importancia a que se exhiban de una
forma o de otra una serie de símbolos fascistas y nazis, que era el
sentido que tenía el museo tal como estaba organizado hasta el
momento -supongo que estos días, cuando se ha levantado la polémica
en los medios de comunicación, habrán introducido algunos cambios; yo
no lo he visto en los últimos tiempos-, pero la intervención era
complaciente con la organización de un museo en el que se hacía
apología de la simbología nazi y fascista, y eso me ha preocupado y
me ha dolido. Yo creo que ha sido una intervención, insisto,
desafortunada por parte del portavoz del Grupo Parlamentario Popular,
que seguro que nos va a aclarar ahora, seguro que no ha querido decir
lo que ha dicho, pero lo ha dicho. Si no ha sido así, yo le pido que
nos lo aclare, porque no se puede ser frívolo con estas cosas.
Lo que tenemos que hacer entre todos -para eso estamos en este caso,
y por eso la enmienda transaccional que presentamos al conjunto de la
Comisión nos parece que es positiva y que debería ser apoyada por el
Grupo Parlamentario Popular- es posibilitar la reforma de la
legislación que en estos momentos existe en relación con la
organización del museo al que estamos haciendo referencia, hacer
posible la elaboración de un proyecto museístico nuevo, con criterio
moderno, donde todas y cada una de las piezas que existen en ese
museo, sean las que sean, se pueden y se deben exhibir, pero de forma
contextualizada, explicando su significado histórico, y que los
ciudadanos españoles o del mundo que visiten el museo lo vean así.
En ese sentido, insisto, pido el apoyo de todos los grupos a esta
enmienda transaccional, especialmente al Grupo Parlamentario Popular.
Si no lo hace, evidentemente no va a salir adelante; por eso yo creo
que es su responsabilidad apoyar esta enmienda transaccional.
En segundo lugar, termino pidiendo al portavoz del Grupo
Parlamentario Popular que reconduzca su primera intervención, que en
mi opinión ha sido lamentable por lo que significaba de aceptación,
de beneplácito y de aplauso a tal como estaba organizado el museo
hasta el momento actual. (El señor Puigcercós i Boixassa pide la
palabra.)
El señor PRESIDENTE: Usted intervendrá después, señor Puigcercós.
Por las alusiones de que ha sido objeto, tiene el derecho a replicar
el señor Moreno Bustos, que tiene la palabra.
El señor MORENO BUSTOS: Sinceramente estoy perplejo, porque me
gustaría que el resto de los grupos, pasadas ya unas horas, leyeran
el literal de lo que yo he dicho esta mañana aquí y se dieran cuenta
perfectamente del contenido y de lo que de verdad se quería decir.
Por eso estoy perplejo. La interpretación está abierta a lo que cada
uno quiera entender. En ningún caso he querido ofender absolutamente
a nadie. Bien es cierto que otros grupos no han hecho lo mismo ahora
en la réplica, aunque no voy a entrar a valorar determinados
comentarios que califican ya sobradamente a quien los hace. Es cierto
que he dicho algunas cosas. Señor Maldonado, tengo que decirle que en
ningún momento he querido ofenderle con temas de edad, porque eso,
por suerte o por desgracia, es una enfermedad por la que espero que
pasemos todos, tarde o temprano todos cumpliremos años y nos haremos
mucho más mayores de lo que somos ahora. Simplemente era una forma de
hablar. Yo creo que decir a estas alturas que eso puede ofender llama
poderosamente la atención, y más en un parlamento, cuando se habla de
determinadas cosas.
De Cataluña, señor Maldonado, no he dicho absolutamente nada, ni una
palabra. Me he referido a que yo pienso que la mayoría de los
catalanes no está de acuerdo con el cierre del museo, no he hablado
de otra cosa, y yo creo que la mayoría de los catalanes no está de
acuerdo. Puede usted decir lo contrario, de acuerdo, pero yo creo que
no es así. En cuanto al presidente Companys, le vuelvo a repetir, lea
literalmente lo que yo he dicho. En ningún momento he querido
menospreciar ni ofender, lo que he hecho ha sido nombrar al señor
Companys porque venía en la exposición de motivos, pero en ningún
momento he aludido positiva ni negativamente al señor Companys.
Léalo, por favor, y podrá comprobarlo. No obstante, si eso le ha
ofendido, le pido disculpas, si con eso se siente plenamente
satisfecho, porque mi intención no era esa. Cuando dice que hablo de
cosas más buenas o menos buenas, será mi carácter optimista, siempre
veo el lado positivo de las cosas y no me gusta hablar de malas
cosas, pero claro que han ocurrido en la historia de este país
muchísimas cosas lamentables. Es una forma de hablar y absolutamente
nada más.
Sí tengo que decir al portavoz del Grupo Socialista, que habla de
frivolidad complaciente, que usted es capaz de subirse al carro que
sea con tal de vender algo esta mañana aquí. Desde el primer momento
le he dicho que usted está ofendido porque en esa tienda se venden
determinados productos, que a mí me parece lamentable, pero le vuelvo
a decir exactamente lo mismo, es una tienda de recuerdos que depende
del Ayuntamiento de Barcelona, ¡qué quiere que le diga!, y su
alcalde, del Partido Socialista de Cataluña, es el vicepresidente del
patronato, que es el que tiene que reconducir esa situación. (Risas.)
Lo que pasa es que usted siempre tira para arriba, que es muy fácil,
usted quiere pasar de puntillas en este tema, como si este tema no
fuera con usted, y adherirse absolutamente a todo lo que digan los
demás. Eso sí es frivolidad y querer interpretar las cosas a su
gusto.
En ese ánimo de pluralidad, de consenso y de diálogo que ha sido mi
final -y quiero que sea el mismo
para ahora-, y en prueba de ese respeto hacia absolutamente todo el
mundo y por supuesto hacia los miembros de esta Comisión, el Grupo
Popular quiere presentar una enmienda que iría acorde a lo que hemos
estado comentando esta mañana y que, si me permite el señor
presidente, leo inmediatamente para que sea valorada por el resto de
los grupos. La enmienda diría: El Congreso de los Diputados insta al
Gobierno a elaborar un proyecto de ley de modificación de la Ley 52/
1960, de 21 de julio, por la que se cede al Ayuntamiento de Barcelona
el castillo de Montjuic con sus fosos y glacis y del correspondiente
reglamento por el que se rige el patronato del castillo de Montjuic.
Organizar los fondos del citado museo con criterios historiográficos
modernos, de acuerdo con los principios y valores de la Constitución
española de 1978 y recuerda la necesidad de que en los
establecimientos comerciales vinculados a esa institución se impida
la venta de cualquier objeto que pueda significar la apología del
genocidio de cualquier otra doctrina totalitaria. (El señor
Puigcercós y Boixassa pide la palabra.- Rumores.)
El señor PRESIDENTE: Ruego a las señoras y señores comisionados que
guarden silencio. El presidente ha visto al señor Puigcercós y además
sabe que él lleva la iniciativa porque la propuesta es suya, pero le
daré la palabra a su debido tiempo.
Doy por cerrado el debate de mala interpretación para unos. Sólo
queda de este tema una petición del Grupo Parlamentario Popular de
retractación del término -me ha parecido- perruno, que a la
Presidencia le parece ofensivo y que vulnera la cortesía
parlamentaria, gran acervo de esta Cámara y que lo va a seguir
siendo. Como tiene que referirse a ese asunto como proponente de la
proposición no de ley, le ruego que subsuma en una misma intervención
las dos cosas. Tiene la palabra el señor Puigcercós.
El señor PUIGCERCÓS I BOIXASSA: Por respeto y porque conozco a muchos
diputados del Partido Popular en Cataluña, que me merecen todo el
respeto, voy a retirar la expresión. Ya que estamos en la Comisión de
Defensa, puede decirse que esto se ha producido en el fragor de la
batalla, pero quiero reiterar que me he sentido ofendido, como se ha
expresado el señor Maldonado. Por esas mismas razones retiro la
expresión. Si esto sirve para mejorar el ambiente y para que la
transacción pueda avanzar, nos podemos felicitar todos.
Queda entendido que acepto la enmienda del Grupo Popular y así
cerramos un capítulo que consideramos lo suficientemente negro, para
que no tenga más trascendencia.
El señor PRESIDENTE: Hace suya la enmienda del Grupo Parlamentario
Popular, que es la que se va a votar.
Dada la hora, y como la Presidencia había anunciado que la votación
no sería antes de las doce, voy a suspender la sesión unos minutos en
la inteligencia de que a las doce y cinco debemos estar todos aquí
para someter a votación las distintas proposiciones no de ley.
Se suspende la sesión.
Se reanuda la sesión.
El señor PRESIDENTE: Señorías, se reanuda la sesión.
Vamos a someter a votación las distintas proposiciones conforme
figuran en el orden del día oficial, pese a que haya habido
alteraciones en el orden de debate. (El señor Estrella Pedrola pide
la palabra.)
Señor Estrella, me imagino que quiere hacer una observación de tipo
formal. Adelante.
El señor ESTRELLA PEDROLA: Habiendo escuchado al portavoz del Grupo
Popular que no existen objeciones de fondo y su preocupación por que
la proposición pudiera afectar a competencias constitucionales (él
mismo después expresaba su despreocupación porque entendía que no
afectaba a competencias constitucionales) creemos que había motivos
para que se votase favorablemente; no obstante, habiendo constatado,
como lo ha hecho el portavoz del Grupo Popular, que el presidente del
Gobierno lleva quince meses ya reflexionando sobre esta cuestión, no
tendríamos inconveniente en incluir una fecha, que podría ser el 12
o el 13 de mayo -un buen día para la reflexión-, para que el Gobierno
cumpliese el primer punto de la proposición. Por ello solicitamos
votación separada.
El señor PRESIDENTE: Esta Presidencia no puede objetar nada puesto
que la proposición consta de dos puntos. ¿Hay alguna objeción por
parte del representante del portavoz del Grupo Popular?
El señor ATENCIA ROBLEDO: Quería plantear una cuestión de orden.
El señor PRESIDENTE: Plantéela.
El señor ATENCIA ROBLEDO: Señor presidente, reglamentariamente no hay
ningún problema para la votación, solamente cabe la votación
separada. En cualquier caso, nosotros entendemos que la iniciativa
constituye un conjunto y, por tanto, nuestra votación será coherente.
El señor PRESIDENTE: ¿Hace falta que el presidente lea los dos puntos
de la propuesta? (Asentimiento.) Está publicada. (El señor Maldonado
Gili: Se pueden desglosar.)
La proposición consta de dos puntos y vamos a proceder a efectuar la
votación del párrafo primero sobre la proposición no de ley sobre
mecanismos de consulta al Parlamento ante determinadas situaciones de
crisis.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 11;
en contra, 19, abstenciones, una.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Votación del párrafo segundo.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 11;
en contra, 19; abstenciones, una.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
A continuación sometemos a votación el segundo punto del orden del
día: Proposición relativa a la adopción de medidas para evitar la
exhibición de objetos del régimen militar franquista con emblemas de
ideología nazi y fascista en el Museo Militar de Montjuic. Como el
debate de dicha proposición no de ley ha sido el más largo de la
sesión, vamos a aclarar que es una propuesta del Grupo Mixto a la que
se han incorporado dos enmiendas, una in voce, del Grupo
Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) y otra, por escrito en
tiempo y forma, del Grupo Socialista. Posteriormente eso se ha
convertido en enmienda transaccional, pero en el curso del debate ha
habido otra propuesta, también in voce, del Grupo Popular, legitimada
de la misma manera. Por lo tanto, si el proponente acepta, como ha
dicho, la enmienda del Grupo Popular, queda en el vacío la otra
enmienda transaccional. (El señor Marsal Muntalá pide la palabra.) Si
está aclarado el asunto se vota la proposición del grupo Perdón.
Tiene la palabra el señor Marsal.
El señor MARSAL MUNTALÁ: Solicitaría a la Presidencia que se leyese
el texto exacto que queda.
El señor PRESIDENTE: El texto resultante de la transacción que ha
hecho el proponente del Grupo Mixto con el Grupo Popular es el
siguiente. El Congreso de los Diputados insta al Gobierno: primero, a
elaborar un proyecto de ley de modificación de la Ley 52/1960 de 21
de julio, por la que se cede al Ayuntamiento de Barcelona el Castillo
de Montjuic, con sus fosos y glacis y el correspondiente reglamento
por el que se rige el patronato del Castillo de Montjuic, y segundo,
a organizar los fondos del citado museo con criterios
historiográficos modernos, de acuerdo con los principios y valores de
la Constitución española de 1978, y recuerda la necesidad de que en
los establecimientos comerciales vinculados a esa institución se
impida la venta de cualquier objeto que pueda significar la apología
de cualquier doctrina totalitaria. (El señor Puigcercós i Boixassa
pide la palabra.)
Por el grupo proponente tiene la palabra el señor Puigcercós.
El señor PUIGCERCÓS I BOIXASSA: Cuando el portavoz del Grupo Popular
ha leído la enmienda transaccional, este diputado ha creído entender
que no era un calco, sino una remodelación de la propuesta in voce
que ha hecho el Grupo Catalán. De un texto a otro hay una pequeña
sutileza que hay que aclarar. El texto que ha propuesto el Grupo
Popular dice: El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a
elaborar un proyecto de ley de modificación. Hasta aquí correcto,
pero la propuesta de Convergència i Unió, en la que, por lo que se
ve, se ha basado el Grupo Popular, decía otra cosa: El Congreso de
los Diputados insta al Gobierno a aprobar, previo acuerdo con el
Ayuntamiento de Barcelona, Lo que se aprobaría aquí se podría
interpretar de forma extensiva que implicaría que pasásemos de la
situación actual, la cesión al Ayuntamiento de Barcelona, a revocar
tal cesión. No estaríamos aprobando exactamente lo mismo (pido
disculpas por todo el trance), pero cuando se ha leído, yo he
entendido que era según la propuesta de Convergència i Unió. Si no
figura previo acuerdo con el Ayuntamiento de Barcelona, no puedo
aceptar esta enmienda. (El señor Marsal Muntalá pide la palabra.)
El señor PRESIDENTE: En este caso, el señor Marsal tiene la palabra.
El señor MARSAL MUNTALÁ: En el mismo sentido. Cuando el portavoz del
Grupo Popular ha procedido a dar lectura a la enmienda, nosotros
hemos entendido que hacía referencia al acuerdo previo con el
Ayuntamiento de Barcelona. De hecho, en el texto que tenemos escrito
así consta, lo que pasa es que después está tachado. Por esto, hemos
pedido la lectura, para saber exactamente qué era lo que se proponía.
No entendemos por qué ha desaparecido la frase previo acuerdo con el
Ayuntamiento de Barcelona.
El señor PRESIDENTE: En cualquier caso, el grupo enmendante tiene que
definir si mantiene el texto tal como ha sido leído por el presidente
o, por el contrario, se añade lo que originariamente era un párrafo
que está tachado aquí en el texto.
El señor Atencia tiene la palabra.
El señor ATENCIA ROBLEDO: La enmienda de nuestro grupo es respetuosa
con la situación que hay actualmente de cesión al Ayuntamiento de
Barcelona. Hay una ley del año 1960 que cede precisamente el castillo
de Montjuic al Ayuntamiento de Barcelona y en el texto que hemos
propuesto se habla de modificar esa ley pero exclusivamente en los
términos que se plantea. Por tanto, es reiterativo hablar del
Ayuntamiento de Barcelona, que lógicamente es el que va a ser objeto
de la cesión y en términos procedimentales está mucho mejor redactada
tal como figura en el texto que hemos propuesto porque lleva
implícita toda la realidad actual, pero lógicamente en la medida de
adaptarla a las nuevas
circunstancias, incluso del propio desarrollo del reglamento. Me
parece que este era el tenor del texto, interpretando la posición de
cada grupo.
El señor PRESIDENTE: El presidente entonces tiene que preguntarle al
grupo proponente si sigue en su idea aquí manifestada últimamente de
que no acepta esa enmienda transaccional. Entonces votaremos dos
enmiendas.
El señor PUIGCERCÓS I BOIXASSA: No, votaremos una, porque si yo no la
acepto, decae. El Reglamento es suficientemente explícito.
Señor presidente, si no deja claro y explícitamente, como ponía la
enmienda del Grupo de Convergència i Unió -y a mí me sabe mal, porque
esto ya lo solucionábamos y nos lo quitábamos de encima-, que es
previo acuerdo con el Ayuntamiento de Barcelona, yo no puedo aceptar
la enmienda, lo digo así de claro, por una razón, porque de la
lectura que se hace aquí, y la interpretación es muy libre, puede
interpretarse libremente y de forma diferente el espíritu de la
proposición no de ley.
El señor PRESIDENTE: ¿Alguna aclaración quiere hacer algún otro
grupo? (Pausa.) El Grupo Popular está consultando. Por favor, ocupen
sus asientos, señorías. (El señor Atencia Robledo pide la palabra.)
El portavoz del Grupo Popular tiene la palabra.
El señor ATENCIA ROBLEDO: En aras de que la iniciativa pueda tener el
respaldo de todos los grupos y se interprete en el tenor literal la
voluntad de todos los grupos, estoy en condiciones de ofrecer que se
haga referencia al Ayuntamiento de Barcelona para que figure: previa
consulta al Ayuntamiento de Barcelona. Fundamentalmente ¿con qué
finalidad? Con la de mantenernos en lo que estamos. Se va a cambiar
una ley donde se hace una cesión al Ayuntamiento de Barcelona y, en
segundo lugar, la capacidad legislativa está en manos de quien está
y, lógicamente, los ayuntamientos todavía no tienen capacidad
legislativa, y para atenernos al papel de esta Cámara, Hay una
iniciativa que desde el punto de vista de la técnica legislativa a lo
mejor puede resolver todo. Leo el primer punto: El Congreso de los
Diputados insta al Gobierno a elaborar, manteniendo en todo caso la
actual concesión al Ayuntamiento de Barcelona, un proyecto de ley de
modificación Respeta lo que hay, no deja ninguna duda
interpretativa y, fundamentalmente, lo que trata de modificarse se
señala específicamente. En el segundo aspecto incidimos en lo que a
todos nos preocupa como son los símbolos de características
totalitarias.
El señor PRESIDENTE: Señor Puigcercós, ¿aceptaesta última
modificación? (Asentimiento.)
Antes de someter a votación la enmienda propuesta por el Grupo
Popular, aceptada de consenso por los demás grupos, el señor letrado
va a dar lectura de la modificación.
El señor LETRADO: El Congreso de los Diputados insta al Gobierno,
primero, a elaborar, manteniendo en todo caso la actual concesión al
Ayuntamiento de Barcelona, un proyecto de ley de modificación de la
Ley 52/1960, de 21 de julio, por la que se cede al Ayuntamiento de
Barcelona el castillo de Montjuic con sus foros y glacis y el
correspondiente reglamento por el que se rige el patronato del
castillo de Montjuic y, segundo, a organizar los fondos del citado
museo con criterios historiográficos modernos de acuerdo con los
principios y valores de la Constitución española de 1978, y recuerda
la necesidad de que en los establecimientos comerciales vinculados a
esa institución se impida la venta de cualquier objeto que puede
significar apología de cualquier doctrina totalitaria.
Efectuada la votación, dijo
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada por unanimidad.
Sometemos a votación la tercera proposición no de ley sobre
rehabilitación de los combatientes guerrilleros antifranquistas, a la
que no se ha presentado ninguna enmienda.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 11;
en contra, 20.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Sometemos a votación la quinta proposición no de ley relativa a la
devolución a los archivos militares de Ferrol (A Coruña) de los
fondos depositados en el Archivo General de Marina Alvaro de Bazán.
(El señor Mancha Cadenas pide la palabra.)
Señor Mancha.
El señor MANCHA CADENAS: Señor presidente, muchas gracias por su
benevolencia. Este diputado mudo desea hacer constar su satisfacción
por que la portavoz de la proposición no de ley número 4, señora
Romero, se encuentre perfectamente. No entendía el motivo por el que
no se había debatido dicho punto puesto que hacía media hora que la
había visto en la puerta de esta sala de comisiones. Deseo dar al
Grupo Parlamentario Socialista la seguridad de que si S.S. lo tiene a
bien se volverá a debatir en la próxima sesión. La señora diputada se
encuentra bien y eso es una alegría para nosotros.
El señor PRESIDENTE: Ese interés tan irónico por la salud de la
señora Romero es de agradecer después de oír al portavoz socialista;
tiene S.S. la palabra. (Rumores.)
El señor MARSAL MUNTALÁ: Agradezco al portavoz del Grupo
Parlamentario Popular su interés por la salud de los diputados y
diputadas del Grupo Parlamentario Socialista y solamente deseo
clarificar que si la señora Romero no ha podido llegar en su momento
no es responsabilidad suya, como alguien podría entender, sino
únicamente responsabilidad del portavoz de este grupo, que la asume
en su totalidad.
El señor PRESIDENTE: Muy bien, muy bien el sentido de la
responsabilidad. (El señor Puigcercós i Boixassa pide la palabra.)¿
Voto a favor o voto en contra, qué quiere ahora el portavoz del Grupo
Parlamentario Mixto? (Risas.)
El señor PUIGCERCÓS I BOIXASSA: Señor presidente, si no me he perdido
estamos a punto de votar la propuesta que en el orden del día
original era la número 5.
El señor PRESIDENTE: Sí, la número 5, relativa a la devolución a los
archivos militares de Ferrol.
El señor PUIGCERCÓS I BOIXASSA: Eso es, y a petición del Grupo
Parlamentario Mixto (Bloque Nacionalista Galego, don Francisco
Rodríguez) deseo saber si en esta proposición no de ley se pueden
votar los tres puntos por separado.
El señor PRESIDENTE: Se pueden votar pero quiero aclararlo. En el
documento original había solo dos puntos y después se ha introducido
uno a mano. Pero, si hemos sido permisivos y tolerantes con otras
enmiendas, ¿no vamos a serlo también con el señor Rodríguez? Así
pues, se votan por separado los tres puntos.
Punto primero.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 11;
en contra, 19.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazado.
Punto segundo.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor,
uno; en contra, 29.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazado.
Punto tercero.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 11;
en contra, 19.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazado.
El señor PRESIDENTE: Sometemos a votación el punto VI del orden del
día, proposición no de ley sobre
la violencia en los cuarteles militares, que tampoco ha recibido
enmiendas.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor,
uno; en contra, 19; abstenciones, 10.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazado.
El señor PRESIDENTE: Votamos el punto VII del orden del día,
proposición no de ley relativa a la utilización
del parque y talleres de automovilismo del Ejército, de la
localidad de Bonrepós i Mirambell (Valencia).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 11;
en contra, 19.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazado.
Sin más asuntos que tratar, se levanta la sesión.
Eran las doce y veinticinco minutos del mediodía.