CORTES GENERALES



DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS



COMISIONES



Año 2001 VII Legislatura Núm. 144



ECONOMÍA Y HACIENDA



PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. SANTIAGO LANZUELA MARINA



Sesión núm. 12



celebrada el martes, 6 de febrero de 2001



ORDEN DEL DÍA:



Comparecencia del señor vicepresidente segundo del Gobierno para
Asuntos Económicos y ministro de Economía (De Rato y Figaredo) para
informar sobre la actualización del Programa de estabilidad para el
periodo 2000-2004 y la decisión adoptada por el Gobierno en la fusión
Endesa-Iberdrola. A petición propia. (Número de expediente 214/
000045) . . . (Página 4116)

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Se abre la sesión a las diez y cinco minutos de la mañana.




El señor PRESIDENTE: Señorías, se abre la sesión.

En primer lugar y como único punto del orden del día tenemos la
celebración de la siguiente comparecencia. A petición propia, el
vicepresidente segundo del Gobierno y ministro de Economía informará
sobre la actualización del programa de estabilidad para el periodo
2000-2004 y sobre la decisión adoptada por el Gobierno con relación a
la fusión de las empresas Endesa e Iberdrola.

Bienvenido, señor vicepresidente segundo del Gobierno y ministro de
Economía. Tiene usted la palabra.




El señor VICEPRESIDENTE SEGUNDO DEL GOBIERNO PARA ASUNTOS ECONÓMICOS Y
MINISTRO DE ECONOMÍA (De Rato y Figaredo): Muchas gracias, señor
presidente. Señoras y señores diputados, buenos días. Quiero, ante
todo, manifestar mi satisfacción por estar en la Comisión de Economía
prácticamente al principio del periodo de sesiones y hacerlo,
independientemente de que sea a petición propia del Gobierno o a
petición de los grupos, sobre dos temas que me parecen de
trascendencia, lo que le permite al Gobierno plantear un debate y
escuchar las opiniones de los grupos con una inmediatez sobre las
decisiones tomadas por el Gobierno, que es siempre positivo.

Empezando por la actualización del programa de estabilidad para el
periodo 2000-2004, como conoce la Comisión, éste es un procedimiento
establecido para los países euro, en el que hemos tenido ya
experiencia en la pasada legislatura, primero, con la revisión del
programa de convergencia y, después, a partir la entrada de la
economía española en el euro, con el primer programa de estabilidad,
que los Gobiernos remiten anualmente al Ecofin para su debate, lo que
nosotros hemos hecho a principios del mes de enero y que, en este
caso, cubre el periodo 2000-2004, que coincide con nuestro periodo de
legislatura. Paso a comentárselo. El debate sobre nuestras
perspectivas económicas y la política económica para los próximos
cuatro años tiene una especial significación en estas primeras
semanas o meses del año 2001, habida cuenta del cambio de
expectativas que se está produciendo en la economía mundial,
especialmente relacionado con la situación de la economía
norteamericana, y las repercusiones de este cambio de escenario en la
economía europea, y, por tanto, en la economía española, y cuál debe
ser la respuesta ante una situación que todos hemos de reconocer que
no había sido planteada en los términos actuales ni por el Gobierno
español, ni por los gobiernos europeos, ni por la Comisión Europea,
ni por el Fondo Monetario Internacional; esta situación no se
pensaba hace escasamente cuatro o cinco meses. En cualquier caso,
esta actualización de nuestro programa supone un cambio en las
previsiones que el Gobierno español plantea para los próximos cuatro
años, tanto desde el punto de vista del cuadro macroeconómico como
del de la política presupuestaria. Como todos recuerdan, el pacto de
estabilidad y crecimiento, que fue suscrito por los países europeos
previamente al lanzamiento del euro, supone compromisos
presupuestarios, con tendencia al equilibrio de las cuentas públicas,
lo que me parece que es especialmente relevante en un momento en que
la coordinación de políticas económicas europeas debe ser un
instrumento cada vez más visible y más relevante para la opinión
pública. En ese sentido, será muy interesante recoger las opiniones
de los grupos parlamentarios respecto a cuál debe ser no sólo la
política económica española, sino la coordinación de políticas
económicas en el seno del eurogrupo, habida cuenta de la importancia
que tiene para todos nosotros la coordinación de la políticas de los
países euro. La política económica que plantea el Gobierno español se
enmarca en un proceso de reforma y de estabilidad macroeconómica
comenzado en 1996, que, como sabe esta Cámara porque ha sido testigo
y protagonista, se basa en ejes centrales, como la consolidación
fiscal y las reformas estructurales -dentro de las cuales me gustaría
subrayar las reformas fiscales y las modernizaciones en el mercado
laboral-, que han supuesto que nuestra economía haya podido asentarse
en una fase de crecimiento sostenido y estable a lo largo de los
últimos cinco años, con consecuencias muy positivas para la mayoría
de las familias españolas y para el proceso histórico de convergencia
real. La revisión de los programas de estabilidad hay que enmarcarla
en el conjunto de decisiones o de programas que aprueban los
gobiernos y que son debatidos a nivel europeo, ya que todos ellos
coforman los instrumentos de coordinación de políticas económicas. Y,
junto con este programa de estabilidad, tenemos los planes de acción
para el empleo, que serán presentados por el ministro de Trabajo y
Asuntos Sociales en las próximas semanas para ser debatidos en los
consejos europeos, y el informe de progreso de reformas
estructurales, que nosotros hemos presentado en Bruselas, que es
consecuencia de las decisiones tomadas en la cumbre de Lisboa.

Con respecto a los resultados de la economía española en el año 2000,
como estos son bien conocidos por la Comisión, voy a mencionarlos
brevemente. Los últimos datos de crecimiento que se han hecho
públicos por el Banco de España sitúan el crecimiento en el 4,1 lo
cual supondría que estaríamos en un crecimiento en el entorno del 4
por ciento en los últimos cuatro años, con una creación de empleo a
lo largo del año 2000 en el entorno de los 650.000 empleos y con una
reducción del déficit público hasta tres décimas del producto
interior bruto y también con una insatisfactoria tasa de evolución



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de los precios, que se han situado en su tasa más alta desde el año
1996, en el 4 por ciento. Respecto a los dos últimos años, quisiera
decir también muy brevemente que la política económica española se ha
enfrentado a dos crisis internacionales sucesivas: la primera, la
crisis financiera de los años 1998 y 1999, con sus consecuencias
sobre el comercio internacional, y la segunda, el choque petrolífero
del año 1999-2000, lo cual no ha tenido consecuencias excesivas sobre
nuestro crecimiento, que ha sido vigoroso y sustancialmente superior
a la media europea, pero sí las ha tenido, como he mencionado
anteriormente, sobre todo la del choque petrolífero, en la evolución
de los precios, que en cualquier caso, según las previsiones del
Gobierno y de los organismos nacionales e internacionales, se van
a acompasar a lo largo del año 2001. El crecimiento de 1999, como todos
sabemos, se apoyó en la demanda interna, que compensó la caída del
sector exterior. A lo largo de los meses del año 2000, y
especialmente en la última parte, hemos visto un crecimiento más
equilibrado, con una contribución nula del sector exterior en el
último cuatrimestre del año 2000, según los últimos datos del Banco
de España, lo cual indicaría que nuestro crecimiento va a ser más
equilibrado en el año 2001, con una aportación más importante del
sector exterior y, en cualquier caso, como comentaré más tarde,
manteniendo el liderazgo de la inversión en el crecimiento de la
demanda interna. Un hecho especialmente relevante que debemos
subrayar y que al Gobierno le parece muy importante con vistas al año
2001 ha sido la evolución de la moderación salarial. Hemos podido
comprobar cómo la moderación salarial ha permitido no sólo el
beneficio de los trabajadores con empleo, sino también un buen
aumento del empleo en nuestro país. El Gobierno está convencido de
que en estos momentos de estabilidad macroeconómica y de precios en
la zona euro, y por tanto en España, y de una política monetaria que
desde luego no puede calificarse de restrictiva y que tiene sus
consecuencias positivas para los pagos de intereses de familias y de
empresas, el poder adquisitivo no se mide exclusivamente por el
índice de precios al consumo, sino que hay otros elementos, como las
reducciones de impuestos, desde luego la reducción de los precios de
los servicios públicos y los propios tipos de interés, que garantizan
hoy una situación de estabilidad del poder adquisitivo de las
familias que debe mantenerse en el futuro, de lo cual el Gobierno es
indudablemente responsable, sobre todo a través de su política
presupuestaria y de reformas. Una vez más aprovecho mi presencia en
la Comisión de Economía del Congreso para subrayar la importancia de
la moderación salarial y al adecuación de nuestros salarios a la
evolución de los costes en Europa. Desde el punto de vista del
empleo, el año 2000 se salda con un resultado satisfactorio no sólo
respecto a la creación de puestos de trabajo que he mencionado, sino
también respecto a la reducción del paro, que se
sitúa ya por debajo del 14 por ciento y que, como deberemos
comprobar, debería acabar esta legislatura por debajo del 10 por
ciento.

Paso a hablar ya del escenario de los próximos años. El objetivo
primordial de la política económica en los años 2001-2004 seguirá
siendo, en opinión del Gobierno, la convergencia real con Europa. El
Gobierno entiende que no sólo en esta legislatura, sino también en la
siguiente, el objetivo básico de la política económica española es, a
través de un crecimiento sostenido y estable, conseguir la
convergencia real y, por lo tanto, crecer por encima de la media
europea, profundizando en las políticas que nos han dado resultado y
han aumentado nuestro margen de maniobra en los últimos años. Por el
lado de la política fiscal, el año 2001 supondrá la desaparición del
déficit público en el conjunto de las administraciones públicas
españolas, así como profundizar en el equilibrio presupuestario, para
lo cual el Gobierno va a remitir a las cámaras una ley de estabilidad
presupuestaria que, en nuestra opinión, constituye un instrumento
extraordinariamente útil y válido para definir la política económica
española en los próximos años, perfectamente compatible con nuestra
estrategia de convergencia real y además indispensable para la
estabilidad macroeconómica de nuestra economía, habida cuenta de que
la política monetaria que se aplicará a España en los próximos años
no va a ser estrictamente la que se desprende de nuestra situación de
precios sino que responde a un área mucho más amplia. Como ya nos ha
demostrado la experiencia vivimos en un área en la que como
consecuencia, entre otras cosas, de nuestro diferencial de
crecimiento nuestros precios pueden situarse ligeramente por encima
de la media y, por tanto, la política presupuestaria tiene que jugar
un papel extraordinariamente importante en la estabilidad de la
economía. Además, estamos convencidos de que los superávit
presupuestarios ampliarán notablemente los márgenes de maniobra de
futuros gobiernos, como ya hemos comprobado en la Seguridad Social,
lo cual permitirá que las políticas de infraestructuras, las
políticas de mejora de la solidaridad, así como las políticas que
aumenten la igualdad de oportunidades en nuestro país vayan teniendo
cada vez mayores márgenes de actuación según aumentemos nuestros
superávit presupuestarios.

Para elaborar el programa de estabilidad que tengo el honor de
presentar ante la Comisión de Economía se han efectuado una serie de
previsiones, como es imprescindible, que tienen en cuenta la
evolución del contexto económico internacional y en las que hemos
seguido el consenso de los organismos internacionales. En estos
momentos es especialmente relevante cuáles sean las repercusiones de
la situación de la economía norteamericana en Europa y, por tanto, en
España. Todos somos conscientes de que se ha producido en los últimos
meses una clara desaceleración de la economía norteamericana que en
cualquier caso (y es bueno



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recordarlo) habrá crecido al 5 por ciento en el año 2000, y la
previsión es que se mueva en torno al 3 por ciento en los años 2001 y
2002. Hemos de ser conscientes de que, aunque en tasas
intertrimestrales la evolución de la economía norteamericana ha
sufrido una brusca desaceleración en el último trimestre del año 2000
y es previsible que continúe así en el trimestre actual del año 2001,
en tasas interanuales la evolución es mucho más moderada; en
cualquier caso, todos somos conscientes de los amplios márgenes de
maniobra financieros y tributarios o fiscales que tiene el Gobierno
norteamericano y la Reserva Federal, para lo cual hemos visto en las
últimas fechas reducciones muy intensas de los tipos de interés.

Probablemente, las repercusiones que tenga la desaceleración de la
economía norteamericana en la economía europea van a depender de la
duración de la desaceleración norteamericana más que de su intensidad
y de que no sólo (esto cada vez se asienta más en el consenso de los
analistas) es una cuestión de que las medidas monetarias tengan
efectos inmediatos sobre los mercados sino también que se produzca
una moderación en el crecimiento que acerque el crecimiento real al
crecimiento potencial en Estados Unidos para reducir algunos de sus
desequilibrios, sobre todo sus desequilibrios de ahorro e inversión
y su desequilibrio exterior. En cualquier caso, por parte de los
organismos multilaterales se está produciendo una revisión a la baja
del crecimiento mundial, que en el caso del Fondo Monetario
Internacional supone una reducción de siete décimas de las
previsiones del pasado otoño a las actuales. La Comisión Europea aún
no ha revisado las cifras del área euro ni del de la Unión Europea y
algunos gobiernos europeos, sin dar cifras exactas, han manifestado
que puede haber una ligera repercusión en la economía europea como
consecuencia de la desaceleración norteamericana. También es verdad,
y SS.SS. son conscientes, que la propia creación del mercado interior
y de la zona euro hace que las repercusiones del crecimiento de las
exportaciones a Estados Unidos vayan a tener en el conjunto de la
economía europea una repercusión muy moderada. Lo que sí parece
asentado en los mercados es que estamos en una fase en la que los
tipos de interés en Estados Unidos van a tender claramente a la baja,
como ya se ha demostrado en las últimas semanas. Desde el punto de
vista de la Unión Europea, la última comparecencia del presidente del
Banco Central Europeo nos indica que su posición en estos momentos es
neutral, lo cual sería un cambio respecto a las del pasado otoño;
que, como ellos mismos han definido, hay una posición de esperar y
ver, especialmente respecto a los segundos efectos del choque
petrolífero en las negociaciones salariales; que a todas luces se ha
producido una clara desaceleración del crecimiento de las magnitudes
monetarias en Europa, que estarían acercándose ya a los objetivos del
cuatro y medio en la M3 del Banco Central Europeo. Por lo tanto, en
ese sentido los mercados
están descontando una evolución a la baja de los tipos de
interés, también en Europa, a lo largo de este año. En cualquier
caso, el entorno de tipos de interés ha cambiado claramente, como
también el de las perspectivas de crecimiento, aunque en estos
momentos Europa puede y debe, en mi opinión, demostrar que las
reformas estructurales llevadas a cabo durante los pasados años han
tenido efectos positivos y que la economía Europea puede asentarse en
una fase de crecimiento sostenido, lo que no ha sido así en los
últimos años, y que, si bien desde el año 1997 la economía europea
está creciendo sostenidamente, es imprescindible que el año 2001
también demuestre que puede crecer sostenidamente en tasas cercanas o
iguales a su potencial. Para ello, en opinión del Gobierno español no
es suficiente con las reformas estructurales planteadas como
consecuencia del lanzamiento del euro. Hemos echado en falta -y así
lo hemos dicho en las reuniones del eurogrupo y a la opinión pública-
una mayor ambición en la estabilidad presupuestaria de las grandes
economías europeas y nos parece todavía más importante en estos
momentos. Eso, sin duda, daría márgenes adicionales a la política
monetaria y garantizaría una fase de crecimiento más largo y más
sostenido en Europa. El proceso de reformas estructurales, que no es
homogéneo en estos momentos en Europa, debe hacerse más ambicioso y
para ello entendemos que la cumbre de Estocolmo, la segunda cumbre de
reformas estructurales después de la de Lisboa, debería abordar
algunas de las cuestiones que en Lisboa quedaron desdibujadas:
calendarios más exigentes y además la introducción de unos
indicadores de reforma estructural en número reducido y
suficientemente explícitos para que el debate de las reformas
estructurales pueda ser seguido de manera constante, desde el punto
de vista de la coordinación de las políticas económicas, no sólo por
el eurogrupo sino por la opinión pública y desde luego por los
parlamentos Europeo y nacionales. El año 2001 debería ser a todas
luces el año de Europa por el crecimiento y la demostración de que la
construcción europea, respecto del mercado interior y del potencial
de crecimiento y de la creación de empleo, ha entrado en una fase más
vigorosa que la de la pasada década. En este contexto, la
contribución española a la evolución europea seguirá siendo positiva
ya que nuestras previsiones, respaldadas en estos momentos por el
conjunto de los análisis nacionales y europeos, son que creceremos
por encima de la media europea con una desaceleración entre el año
2000 y el 2001 en el entorno de las cuatro o cinco décimas, lo que
permitirá también una moderación de las tensiones de precios a lo
largo del presente ejercicio. En cualquier caso, las previsiones que
el Gobierno plantea para el cuadro macroeconómico -con esto entro ya
en el programa de estabilidad- del periodo 2001-2004 son moderadas.

Pensemos que, para una economía que ha crecido en el entorno o
promediodel 4 por ciento en los últimos tres años, el



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Gobierno plantea un crecimiento ocho décimas inferior, del 3,2, que
nos parece perfectamente obtenible. Eso va a permitir al mismo
tiempo, si se mantienen las actuales políticas económicas, aumentar
notablemente no sólo los márgenes de maniobra de la economía
española, sino los niveles de bienestar de los ciudadanos, como
pasaré a comentar.

En nuestras previsiones para los próximos cuatro años, la demanda
interna se va a ir desacelerando pasando de un 3,9 por ciento
previsto para el año 2001 a un 3,3 por ciento de media en el periodo
2002-2004 como consecuencia de una moderación del consumo de las
familias y también del consumo público; este crecerá a tasas
inferiores al crecimiento de PIB. Como he dicho antes, seguirá siendo
la inversión, la formación bruta de capital fijo, la variable más
dinámica de la demanda interna, aunque también con un crecimiento más
moderado, ligeramente por encima del 5 por ciento de promedio. Es
perfectamente justificable como consecuencia, por un lado, de la
desaceleración que he mencionado del consumo y, por otro, de una
evolución menos expansiva de las exportaciones de la que hemos vivido
en el año 2000 y que tiene su explicación, como es natural, en un
entorno internacional de menor crecimiento de la economía
norteamericana y también de algunas economías asiáticas. El sector
exterior tendrá por un lado una moderación en el crecimiento de las
exportaciones, que acabo de mencionar, y también un menor crecimiento
de las importaciones como consecuencia de la desaceleración del
consumo nacional. En ese sentido, planteamos un crecimiento de las
exportaciones en torno al 8,4 por ciento, creciendo las importaciones
ligeramente por debajo de esa cifra, en torno al 8 por ciento. Por
ello, la contribución del sector exterior seguirá siendo cada vez
menos negativa en el conjunto de los años previstos y nuestro
crecimiento más equilibrado. La creación de empleo también será más
moderada en los próximos años. Estamos hablando de que entre el 2001
y el 2004 se crearán cerca de 1.300.000 empleos en términos de
contabilidad nacional, que, como saben SS.SS., supone aproximadamente
1.500.000 en términos EPA, lo que va a dar lugar -es un dato
importante a tener en cuenta- a que en el periodo 1996-2004 (las dos
legislaturas en que ha sido responsable del Gobierno el Partido
Popular) la sociedad española haya creado en torno a los cuatro
millones de empleos. Es una cifra muy importante, con tasas de
crecimiento anuales superiores al 3 por ciento, situando la tasa de
paro por debajo del 10 por ciento por primera vez desde el comienzo
de los años setenta, permitiendo plantearse para la siguiente
legislatura el objetivo de pleno empleo, al que sin duda España no
debe renunciar, así como tampoco la Unión Europea, que no debe
conformarse con una tasa de desempleo estructural en el entorno del 9
por ciento, tal y como se está produciendo en estos momentos. La
población activa, que ha preocupado en varias ocasiones al Congreso
de los Diputados y a algunas de SS.SS., se está comportando
dinámicamente, siendo cada vez mayor el número de personas que entran
a formar parte del mercado laboral. En ese sentido, las previsiones
para los próximos años es que continuará creciendo a un ritmo similar
al de los últimos años, lo cual, como he dicho, no impedirá que nos
situemos en una tasa inferior al 10 por ciento al final de la
legislatura. Con respecto al índice de precios al consumo, la
tendencia que el Gobierno prevé a lo largo del año 2001 es una
desaceleración de las tensiones inflacionistas, consecuencia por una
parte de una clara moderación de los precios de la energía, por otra
de un comportamiento menos errático a causa de la climatología de los
alimentos no elaborados y en parte también como consecuencia de una
moderación de la demanda interna, que permitirá que nuestros precios
se acomoden a los objetivos del 2 por ciento del Banco Central
Europeo. Vuelvo a reiterar la importancia que las negociaciones
salariales tienen en este contexto, así como la relevancia que tiene
que la sociedad española haga uso de otros instrumentos para mejorar
su poder adquisitivo, uno de los cuales sin duda es la política
tributaria y otro las mejoras de calidad y de precios en los
servicios públicos y también la situación de tipos de interés que
pagan empresas y familias por su créditos.

Desde el punto de vista presupuestario, que es el eje principal del
programa de estabilidad, el Gobierno plantea un equilibrio
presupuestario en el año 2001 y en el escenario central del programa
sitúa un superávit equivalente al 0,3 del producto interior bruto en
los años 2003 y 2004, con una proyección de crecimiento de los
ingresos del 5,6 por ciento anual entre el 2001 y el 2004, lo cual
supondrá que a partir del año 2003 los ingresos reducirán su
participación en el producto interior bruto, siendo la intención del
Gobierno, como ha puesto de relieve en varias ocasiones, remitir a
las Cámaras una nueva reducción de impuestos directos y también de
impuestos empresariales a lo largo del año 2002. Por lo tanto, el
ajuste fiscal que permita el aumento del superávit presupuestario se
producirá por la reducción de los gastos. Los gastos corrientes en el
programa de estabilidad que presento a SS.SS. reducirán en un punto
su aportación al producto interior bruto, pero sin que por ello se
vean afectadas las políticas sociales, que se mantendrán a niveles
superiores al 11,5 por ciento del producto interior bruto en que se
encuentran en estos momentos. Serán los gastos de capital los que
incrementarán su participación en el producto interior bruto, y la
formación bruta de capital fijo por parte del sector público crecerá
en torno al 8 por ciento. El superávit en las cuentas públicas se
destinará en parte a seguir dotando el fondo de reserva de pago de
pensiones públicas, que en las previsiones de Gobierno podrá alcanzar
en torno a un billón de pesetas al final de esta legislatura. En este
contexto, lasnegociaciones que los grupos están manteniendo con



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respecto al Pacto de Toledo puedan aumentar la estabilidad de nuestro
sistema público de pensiones y además ampliar las posibilidades de
los ciudadanos de tener apoyos complementarios, que están siendo
debatidos por los grupos. Desde este punto de vista, el resto del
superávit de la Administración general del Estado se irá dedicando a
la amortización de deuda pública y, en el escenario central del
programa de estabilidad, la previsión del Gobierno es que la deuda
pública española se sitúe por debajo del 50 por ciento al final del
año 2004. En este escenario central, que tengo que calificar de
moderado según sus previsiones de crecimiento, se producen efectos
muy importantes para la política económica española presupuestaria y
para la política social. Si viéramos un escenario alternativo, que
por otra parte es clásico en estos programas, supondría una reducción
del crecimiento de medio punto en cada uno de los años previstos. Es
decir, entendemos que en un escenario alternativo, que es qué le
podría suceder a la economía española si, en vez de crecer en el
promedio del 3,2 que he mencionado, creciéramos en el promedio del
2,7 ó 2,5, como consecuencia de una desaceleración económica muy
profunda en Europa, los precios tendrían sin duda un comportamiento
más moderado, pero tendríamos también una menor reducción del paro,
que en cualquier caso se situaría ligeramente por encima del 10 por
ciento mantendríamos un equilibrio presupuestario con muy ligeros
superávit a partir del año 2002, situándose la deuda pública
ligeramente por encima del 50 por ciento en el año 2004. Con respecto
al escenario clásico de los tipos de interés, una evolución de un
punto en toda la curva, ya sea al alza o a la baja, tendría
repercusiones de aproximadamente dos décimas en las previsiones que
acabo de plantear a SS.SS.

En resumen, señor presidente, señorías, España puede plantear a sus
socios europeos, en la política de coordinación de políticas
económicas, un programa de estabilidad en el que claramente hacemos
una positiva aportación a la economía europea, convirtiéndonos en una
de las economías que va a mantener un más largo ciclo de crecimiento
(ocho años), por encima de la media europea durante todo ese periodo,
que va a cerrar estupendamente su diferencia de renta con Europa.

Ello afianza nuestra credibilidad como país receptor de fondos de
cohesión y de fondos estructurales, y lo produce en un marco de
estabilidad macro-económica, siendo también uno de los países que va
a hacer una contribución más considerable a la estabilidad a través
de la política presupuestaria. Nuestra coordinación de políticas
económicas con Europa y nuestra contribución a la política europea es
positiva y nos permite también ser exigentes respecto a lo que otros
países puedan hacer, independientemente de lo que a nosotros también
nos exijan. Debo insistir una vez más en que una Europa de reformas
estructurales que aumente no sólo la flexibilidad de sus mercados,
sino también la eficacia
del mercado laboral, es una Europa imprescindible si queremos
responder a nuestro desafío y a nuestro papel en la economía mundial.

En ese sentido, el ministro de Finlandia y yo mismo hemos remitido al
Ecofin para su debate una propuesta de cuál debe ser la posición que
planteen los ministros de Economía en el Consejo de Estocolmo, que
paso a resumir muy rápidamente.




En primer lugar, proponemos un marco macroeconómico presidido por una
política presupuestaria armonizada en sus principales aspectos y unos
sistemas de supervisión eficaces que consigan corregir las
desviaciones detectadas en la política presupuestaria común. El
objetivo de superávit presupuestario debe ser aceptado y seguido por
todos los países miembros del euro. En segundo lugar, dentro de las
reformas estructurales los sistemas impositivos deben ir
evolucionando hacia posiciones más neutrales de las políticas
tributarias que permitan un mayor dinamismo de los ciudadanos. En
tercer lugar, es imprescindible profundizar en el mercado único
fomentando la competencia y la integración real de los mercados
nacionales, evitando segmentaciones que distorsionen el sistema
europeo y estableciendo, en definitiva, un marco que permita a todos
los países obtener el máximo beneficio del mercado interior. Especial
mención debe hacerse en los debates europeos a la aceleración de las
reformas de los mercados financieros para adaptarlos a los cambios en
Europa y en el mundo, y que nosotros podemos comprobar en el
comportamiento que los ciudadanos y las familias están teniendo
respecto a los mercados de capitales ya en el año 2000 y que van a
ser objeto de debate en el Congreso y en esta Comisión. La propuesta
del grupo Lamfalussy para la transformación del papel institucional
europeo en la regulación de mercados es una propuesta válida y
esperamos que el Parlamento Europeo así lo entienda levantando
algunas de las dificultades que se están planteando en estos
momentos. Por último, tanto el ministro finlandés como yo mismo
subrayamos la necesidad de avanzar en reformas del mercado de trabajo
en los países de la Unión Europea que estén coordinadas, para lo cual
es necesaria una mayor implicación de los órganos decisorios de la
Unión Europea. Esas reformas laborales deben buscar un mayor
dinamismo y adaptabilidad del mercado de trabajo europeo a las
demandas de la nueva economía y deben estar presididas por la
búsqueda de la reducción del paro estructural en la Unión Europea. En
concreto, es necesario mejorar la adaptabilidad de los mercados de
trabajo a las crisis internacionales, estrechar la relación entre
salario y productividad y eliminar los obstáculos a la movilidad. En
este aspecto España también ha tenido una gran contribución a la
política europea con las reformas del año 1997 y en estos momentos
los interlocutores sociales están avanzando en nuevas reformas, que
el Gobierno remitirá a la Cámara a lolargo de este periodo de
sesiones, y que en opinión del



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Gobierno no deben limitarse a la regulación de contratos, a una mejor
y más eficaz regulación de la estabilidad en los contratos o del
contrato estable a tiempo parcial, sino también a cuestiones
relacionadas con la negociación colectiva, con el salario diferido y
también con una definición más justa de la lucha contra el fraude en
las distintas políticas sociales.

Señor presidente, paso al segundo punto de mi comparecencia, que es
la decisión de fusionarse tomada por los consejos de administración
de Endesa e Iberdrola; ya sabemos que han cambiado de opinión.

Quisiera repasar las fechas. El pasado 17 de octubre, los consejos de
administración de Endesa e Iberdrola adoptaron el acuerdo de fusionar
las dos mayores empresas eléctricas del país mediante la absorción de
Iberdrola, S. A., por Endesa, S. A. A partir de ese momento se inicia
un proceso que finalizó el pasado viernes cuando el Gobierno,
estudiados los informes del Tribunal de Defensa de la Competencia y
la Comisión Nacional de la Energía, acordó autorizar esa operación
subordinándola al cumplimiento de determinadas condiciones. La
operación estaba planteada con unas características, que la Comisión
de Economía conoce, en cuanto al volumen de negocio y cuotas de
mercado españoles de generación y comercialización eléctrica que
exigía la notificación obligatoria al Servicio de Defensa de la
Competencia, en cumplimiento del artículo 14.1 de la Ley de Defensa
de la Competencia del año 1989. Las empresas a su vez, además de
ponerla en conocimiento de la Comisión Nacional del Mercado de
Valores, lo notificaron al Servicio de Defensa de la Competencia el
18 de octubre, el cual, según los artículos 15 y 17 de la ley que he
mencionado, envió el expediente al Tribunal de Defensa de la
Competencia y éste en el plazo que tiene previsto remitió su dictamen
al Gobierno el 10 de enero. En paralelo y al mismo tiempo, la
Comisión Nacional de la Energía informó sobre la operación, a finales
de noviembre, en cumplimiento de lo dispuesto en la Ley de 1998, del
sector de hidrocarburos, y aunque los aspectos más relevantes de
ambos informes los conoce la Comisión, voy a resumírselos.

La Comisión Nacional de la Energía entendía que era posible aceptar
la fusión, pero sometiéndola a condiciones para evitar que la
operación de fusión perjudicase la situación de competencia y pudiera
permitir una mejor competencia en el mercado eléctrico. El informe
consideraba que, de acordarse la fusión, la empresa fusionada debería
enajenar la participación en Omel, la empresa gestora del mercado, y
no debería exceder el porcentaje del 10 por ciento. En relación a la
actividad de producción, la Comisión considera que la entidad
resultante de la concentración debería de mantener una capacidad de
producción instalada igual a la que en el momento de comunicación de
la operación tenía la compañía Endesa, entendiendo que esa capacidad
de producción era la real, es decir, descontadas las centrales que no
estaban operativas en los últimos dos años, y
que para ello tenía que presentar un plan de desinversión del exceso
de capacidad de generación. También el órgano regulador del sector
eléctrico abordaba el tema de los costes de transición a la
competencia y entendía que los mismos deberían vincularse a las
centrales correspondientes.

En razón del funcionamiento general del sistema eléctrico español, la
Comisión considera que los activos que se desinviertan lleven
incorporados los CTC remanentes que les fueron reconocidos, si
procede; y si en la ejecución del plan de desinversión aflorasen
plusvalías que tuviesen relación con el citado complemento, sería
adecuado que éstas se empleasen para disminuir los CTC pendientes de
cobro de cada instalación.

El informe también impone restricciones sobre las nuevas centrales de
ciclo combinado, que generan electricidad con gas natural, y entiende
que las nuevas peticiones de centrales correspondientes o de
capacidad equivalente a las que había solicitado la empresa Iberdrola
deberían enajenarse.

Con respecto a la distribución, la Comisión Nacional de la Energía
ofrecía dos posibilidades: una, mantener el actual nivel de
distribución de la empresa Endesa y otra, permitir que pudieran
mantener las dos empresas conjuntamente un nivel del 62 por ciento,
del que 21 puntos estarían administrados de manera independiente
hasta el 1 de enero del año 2004.

En relación con la actividad de comercialización, la Comisión
considera que la empresa fusionada debería configurarse de acuerdo
con el modelo que en la actualidad tiene Endesa, según el cual la
comercialización se realiza por una filial separada.

Por su parte, el dictamen del Tribunal de Defensa de la Competencia
entendía que la operación crearía una posición de dominio que
justificaría el que se declarara improcedente, salvo que se aplicasen
determinadas condiciones: limitar la capacidad de producción por
debajo de la actual capacidad de Endesa, que el mix de generación de
la entidad resultante respondiera a la estructura de la media
nacional, que la entidad debería enajenar todos sus activos de
transporte de electricidad de alta tensión, que la entidad resultante
no debería mantener una cuota de activos de distribución superior
a la actual de Endesa, sin la horquilla que ofrecía en el plazo de
tiempo la Comisión Nacional de la Energía, y que debería limitar al
40 por ciento la cuota de comercialización.




En cuanto al plan de cesión de activos, entendía el Tribunal de
Defensa de la Competencia que debería presentarse con una cierta
celeridad, dos meses desde la decisión del Gobierno, y que en el plan
de cesión o de venta de activos no podían producirse permutas de los
mismos. Planteaba también que se restringiese la participación de
empresas dominadas por capital público en el proceso de compra.

La Comisión conoce la estructura del sector y, por tanto, no voy a
incidir en la misma, pero sí pasaré a



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mencionar las condiciones del acuerdo del Consejo de Ministros del
pasado viernes. El Gobierno ha seguido, como hemos anunciado en
varias ocasiones -creo que lo hice en el mes de diciembre en esta
misma Comisión-, los criterios que le han marcado tanto la Comisión
Nacional de la Energía como el Tribunal de Defensa de la Competencia,
entendiendo además que el Gobierno ya había fijado criterios propios
sobre algunas cuestiones, que habían sido incluso objeto de debate en
la Cámara y de aprobación de normas con rango de ley, en el sentido
de que ninguna compañía en España podía superar, hasta el año 2005,
la actual cuota de generación de Endesa; entendiendo que la nueva
empresa, de producirse, debería mantener los proyectos de ciclo
combinado que había planteado Endesa y vender los de Iberdrola, que
debería vender sus participaciones en las centrales compartidas para
asegurar la independencia en la gestión -cuestión en la que también
incidía la Comisión Nacional de la Energía, pero no así el Tribunal
de Defensa de la Competencia-, que en cuanto a los activos a enajenar
debería de mantenerse el mix tecnológico de la media nacional -en ese
sentido, seguíamos las recomendaciones de ambos organismos-, que la
vida residual media de los activos a enajenar debería ser semejante a
la de los activos que mantuviese la empresa fusionada -también se
seguía así la recomendación de ambos organismos-, que los activos de
transporte deberían de ser vendidos a una empresa independiente -en
esto también se siguen las recomendaciones de ambos organismos- y
reducir la participación en Red Eléctrica Española al máximo legal
del 10 por ciento y también en Omel.

Respecto al mercado de la distribución, un mercado regulado como
conoce la Comisión y cuyas tarifas fija el Gobierno, el Gobierno
entendía que no había menoscabo para la competencia moviéndose en un
escenario inferior al 50 por ciento, por lo que seguíamos
parcialmente la recomendación de la Comisión Nacional de la Energía.

Con respecto a la comercialización, el Gobierno seguía la
recomendación del Tribunal de Defensa de la Competencia, pero
introducía algo que los dos organismos habían mencionado, aunque no
lo habían propuesto concretamente, la intensa relación de fidelidad
que existe entre los clientes de las empresas que tienen generación
con los que tienen comercialización. Entendía el Gobierno que en esta
operación, dada su trascendencia, era imprescindible que la empresa
resultante no pudiera tener una cuota superior al 60 por ciento del
mercado en aquellas zonas en las que mantuviese su presencia de
distribución.

Además, el Gobierno establecía algunas condiciones adicionales, una
de ellas planteada por la Comisión Nacional de la Energía respecto a
las ventas de activos con CTC y la consecuencia de las plusvalías que
pudieran aflorar en estas ventas. El Gobierno entiende que era
imprescindible que esta cuestión fuera abordada,
habida cuenta de la magnitud de las desinversiones que debían
producirse y que, a todas luces, en las mismas podía aparecer
-probablemente todos pensamos que era más que posible- plusvalías que
explicasen que, en esos activos al menos, los costes de transición a
la competencia no eran justificados. El Gobierno entiende que, en
esas condiciones, era imprescindible que esos costes no justificados
fueran así reconocidos y se redujeran del conjunto de los CTC que
mantuviese la empresa resultante.

El Gobierno planteaba también un proceso de desinversiones por
subasta, con un calendario de un máximo de catorce meses, ya que
entendemos que una de las consecuencias más trascendentales de esta
operación es que, durante el periodo transitorio, partes muy
considerables del negocio eléctrico español, en el entorno del 80 por
ciento, serían propiedad de una misma empresa, por lo que el proceso
de desinversiones tenía que ser muy rápido, incluso teniendo en
cuenta el ingente volumen de ventas que tenía que realizarse, y un
proceso que garantizase que la gestión de esos activos durante el
periodo transitorio fuera independiente.

Así se establecía en el acuerdo del Consejo de Ministros respecto a
la elección del consejo de administración de la empresa que englobase
los activos que fueran a ser objeto de venta, así como la
participación de la Administración, del Ministerio de Economía, en la
definición de todo el proceso y en la garantía de transparencia del
mismo, y por tanto su sometimiento al control parlamentario a través
del Ministerio de Economía en todas sus fases.

Además, el Gobierno acompañaba su decisión de un decreto-ley que nos
parecía imprescindible, habida cuenta que, si las empresas acordaban
la fusión, algunas cuestiones relacionadas con sus intereses en los
CTC tenían que quedar clarificadas antes de que las empresas tomaran
su decisión. En ese sentido, nos parecía imprescindible, en primer
lugar, aclarar que las plusvalías que se produjesen en las ventas de
activos con CTC por encima de los costes estándar tendrían que
revertir a la disminución de los CTC que mantuviese la empresa
fusionada, y en segundo lugar, entendiendo que el proceso de
titulización establecido en la Ley de acompañamiento del año 1999 no
había tenido virtualidad y no se había aplicado, volver a la
redacción de la Ley del sector eléctrico del año 1997, en la que el
conjunto de los costes de transición a la competencia serían
resarcidos por el sistema de diferencias.

Como sabe la Comisión y sabe todo el mundo, las empresas han decidido
no llevar a cabo la fusión. Tengo que decir -como ya tuve ocasión de
hacerlo en la Comisión de Economía que se celebró en diciembre, no en
esta misma sala, pero en otra parecida- que el Gobierno no era
impulsor de ninguna fusión. Es más, tuve ocasión entonces de saber
que algunos grupos parlamentarios ya tenían tomada posición favorable
sobre esta cuestión; cosa muy respetable. En cualquier caso,



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dicen que es de sabios cambiar de opinión, aunque a veces, si se hace
demasiado deprisa, puede sorprender. (Risas.) Pero esa no es la
cuestión; cada cual tiene que responder de sus posiciones. El
Gobierno no tiene ninguna valoración política que hacer sobre la
decisión de las empresas; no la tuvo cuando las empresas le
plantearon la fusión y no la tiene en este momento. Las condiciones
planteadas por el Gobierno eran las que los propios organismos
independientes nos habían planteado; unas condiciones que, en mi
opinión -y como es natural, esta es una cuestión discutible-, no
deberían haber sorprendido a las empresas. Es difícil creer que las
empresas pudieran pretender algo distinto, independientemente de que
los porcentajes puedan ser, un punto porcentual arriba o un punto
porcentual abajo, algo distintos de lo que el Gobierno ha planteado.

También tengo que decir que, desde el punto de vista de los costes de
transición a la competencia, la consecuencia de la afloración de
plusvalías tenía que tener a su vez otras consecuencias; cuestión que
si por casualidad no se había entendido así por quien fuera, debería
haberse tenido ya en cuenta a partir de finales de noviembre, cuando
la Comisión Nacional de la Energía lo anunció explícitamente. Por
tanto, independientemente de que el Gobierno no tiene por qué
discutir las estrategias de comunicación del sector privado, no nos
puede dejar de sorprender que alguien se pueda haber sentido
sorprendido de que fuera a haber limitaciones en generación, en
distribución y en comercialización, de que fuera a haber unas
consecuencias claras en los CTC y de que el proceso de venta iba a
tener que ser un proceso de subasta y no de intercambios de activos.

A partir de ahí, los matices, que no dejan de ser importantes, son
discutibles, y seguro que lo van a ser esta mañana aquí, pero no
podemos dejar de manifestar que las condiciones eran muy predecibles
por parte de cualquiera que hubiera seguido las posiciones del
Gobierno, y mucho más cuando los informes empezaron a ser conocidos.




Vuelvo a repetir que el Gobierno no hace ninguna valoración de la
decisión de los consejos de administración, que son ellos los que
tienen que tomar sus decisiones en beneficio de sus accionistas, pues
para eso existen los consejos de administración, pero sí quiero
manifestar una vez más que las decisiones del Gobierno estaban y
están dirigidas por el interés general, por las reglas que el propio
Gobierno se ha dado y que han sido debatidas en esta Cámara, y por
consideraciones que son públicas y que vienen avaladas por las
opiniones de los organismos independientes. Desde luego la existencia
de reglas para todos, independientemente de las posiciones
empresariales de cada uno, me parece una base imprescindible para
dotar de eficacia a la política económica de este Gobierno y de
cualquier otro.

Indudablemente, una vez que las empresas han tomado la decisión de no
continuar con sus proyectos de fusión, independientemente de que el
Gobierno responda
a las cuestiones que le planteen los grupos parlamentarios, hay
una parte considerable de la cuestión que ha dejado de tener
actualidad, que es el proceso que comenzaría a partir de los próximos
días y que sería el proceso de desinversión, un proceso muy
importante, pero que depende de la voluntad de los legítimos
propietarios de las empresas, que indudablemente son sus accionistas
y sus representantes en el consejo de administración.

Con eso, señor presidente, doy por concluida mi primera intervención.




El señor PRESIDENTE: En el turno de intervención de los distintos
portavoces de los grupos parlamentarios, tiene, en primer lugar, la
palabra el portavoz del Grupo Socialista, señor Sevilla.




El señor SEVILLA SEGURA: Señor Rato, qué cositas les pasan: las vacas
se vuelven locas, el paro se resiste a caer, hasta el presidente del
Gobierno levita y se despega de la tierra y ahora los accionistas se
rebelan. Es verdad que no podían haber sorprendido las condiciones
del Gobierno a los directivos de las empresas con las que ustedes las
han estado negociando, pero sin duda ni ustedes ni los directivos han
valorado la posición de los accionistas, porque o hemos asistido a la
mayor operación de simulación de la historia económica reciente de
España o ustedes han pegado un resbalón histórico como Gobierno
democrático, pues han estado dispuestos a ponerse colorados en favor
de sus amigos y éstos les han dejado compuestos y sin novia ante el
altar, un fracaso que ahora intentan hacer pasar por un triunfo.

Pero, señor Rato, si usted hubiera sabido con certeza el viernes que
los consejos de administración no iban a aceptar la fusión, ¿no
habría preferido proponer al Gobierno que tampoco la aceptara el
Gobierno? Si su estrategia era convertirse en el campeón de la
liberalización, ¿no habría sido mejor rechazarla, tal y como
dictaminaba el Tribunal de Defensa de la Competencia?
Ustedes han cometido un error de cálculo, un error político, jugando
con las instituciones y con el interés general, porque ustedes sí
habían apostado por la fusión claramente. ¿Quién sugirió a Repsol
retirar la OPA? ¿Quién alentó, desde altas instancias del Gobierno,
la fusión, según comentarios que han proliferado por todo Madrid
directamente de los presidentes de las empresas afectadas? ¿Quién se
ha empeñado en sacarla adelante, modificando incluso la legislación
de manera ad hoc para adecuarla a esta operación?
Ustedes han presionado al Tribunal de Defensa de la Competencia para
intentar obtener un dictamen que hiciera posible la fusión; ustedes
han seguido negociando las condiciones de la fusión con los
directivos de las empresas hasta el mismo jueves, un día antes del
Consejo de Ministros, incluso desde el AVE, cuandoéstos iban a
Sevilla y mantenían intensas conversaciones



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telefónicas sin preocuparse de los oídos que les pudieran escuchar.

(Rumores.) Ustedes han modificado las condiciones del Tribunal de
Defensa de la Competencia para hacerlas aceptables, y ustedes
presentaron, el viernes en el Consejo de Ministros y el sábado en una
rueda de prensa dada por el secretario de Estado de Economía, que
esta operación era determinante para la nueva fase de liberalización
del sector. Es decir, esta fusión formaba parte de su nueva política
eléctrica. Ustedes, por tanto, han apostado por la fusión, la han
negociado, han forzado la legislación para hacerla posible y les ha
salido mal, porque no han calculado, ni ustedes ni los directivos de
las empresas con quienes han negociado, la posición de los
accionistas. Esa es, en mi opinión, la única lectura seria de lo
ocurrido. Les han fallado los amigos, han calculado mal, porque,
insisto, su lectura no se sostiene, cuando podían haber hecho caso al
Tribunal de Defensa de la Competencia y directamente no haberla
autorizado. Su decisión del viernes era mala, y encima les ha salido
mal. Yo creo que han hecho el ridículo.

Yo tampoco voy a juzgar lo que han decidido los consejos de
administración, no es esa mi función aquí, yo tengo que juzgar lo que
ha decidido el Consejo de Ministros, que fue aprobar la fusión con
unas condiciones que, evidentemente, a mi grupo no le satisfacen. Y
en la medida en la que no estábamos hablando de un matrimonio por
amor, sino de un matrimonio por intereses, las condiciones son
importantes, señor Rato. Ustedes han aprobado la fusión en contra de
la recomendación del Tribunal de Defensa de la Competencia, cuyo
primer punto dice claramente que resultaría adecuado declararla
improcedente. Pero, además, han modificado las condiciones, porque
para el hipotético caso en el que se aprobara, el Tribunal decía que
se deberían al menos reunir una serie de condiciones que ustedes
tampoco han cumplido. El Tribunal cifraba el 35 por ciento en
generación y ustedes han aprobado un 42 por ciento, ¿y por qué no un
41 ó un 43 por ciento? Los estudios técnicos que indican esto desde
luego no los conocemos. Para ello, incluso, han vulnerado el decreto-
ley en la actualidad que aprobaron en el mes de junio, hasta el punto
de que han tenido que hacer un nuevo decreto-ley el pasado viernes,
modificando la legislación de defensa de la competencia para hacer
compatible esa aceptación del 42 por ciento para la fusión con la
normativa que tan solo hace seis meses aprobaron de 40 por ciento en
generación.

Han ampliado del 41por ciento, que sugería el Tribunal, al 48 por
ciento en distribución -tampoco entiendo por qué el 48 y no cualquier
otra cifra- y lo mismo en comercialización. Me alegro de que ahora se
dé cuenta de que en aquellas empresas que tienen un control
simultáneo de la distribución y de la comercialización se produce un
poder monopólico, me alegro porque venimos diciéndoselo desde hace
meses. Si ustedes
querían liberalizar el sector, había que independizar las actividades
de distribución y de comercialización.

Yo creo que con la decisión del viernes ustedes manifestaron su
voluntad de consolidar un poder hegemónico en el sector eléctrico
todavía más fuerte que el actual, incrementando, además, la distancia
entre el tamaño de la primera empresa y el de la segunda empresa
competidora. De todo este proceso, de todos los informes, de todas
las alegaciones que se han presentado, si ha quedado una cosa clara
es que no hay competencia en el sector eléctrico y con la decisión
que ustedes adoptaron el viernes pretendían reducirla todavía más,
mostrando la peor cara del intervencionismo del Gobierno, el
intervencionismo discrecional, el no sujeto a reglas.

Ustedes se estrenaron en esto diciendo que sí a la absorción de
Enher, Fecsa y Sevillana, es decir, reduciéndolas de siete a cuatro,
entonces parece ser que el número de empresas no determinaba la
competencia. Dijeron que no a Fenosa e Hidrocantábrico por el
excesivo poder de concentración que significaba y ahora han vuelto a
decir que sí a Endesa e Iberdrola. ¿Existe alguna racionalidad entre
este sí, y este no, más allá de la interpretación razonable amigo-
enemigo? Además, modifican la normativa de la defensa de la
competencia para incrementar todavía más el poder de decisión del
Gobierno en el control de las fusiones sucesivas que se puedan
plantear. Y después de todo eso, les sale mal. ¿Qué pasa ahora con el
sector y con su regulación? Fracasado su intento curioso de caminar
hacia la liberalización pasando por el monopolio, ¿ahora qué? ¿Ya no
es válido fijar un tope a la distribución? ¿Ya no es necesario
limitar las posiciones dominantes en comercialización? ¿Ya no es
bueno que entren nuevas empresas en el sector? ¿Ya aquellas empresas
que controlan simultáneamente distribución y comercialización no
tienen con ello un poder monopólico?
De este lío yo creo que solo se puede salir con algo de dignidad si
vuelven a cambiar el marco normativo que regula el sector eléctrico
en su conjunto, y si lo hacen, con unos principios de defensa de la
competencia como hemos venido defendiendo desde el Grupo Socialista
desde hace tiempo, con una liberalización que no solo venga por el
lado de la demanda, sino que venga también por el lado de la oferta.

Su política de liberalización ha fracasado; eso, insisto, es uno de
los denominadores comunes de todos los papeles que se han elaborado y
presentado a lo largo de todo este proceso, el único punto en el que
han coincidido la Comisión de la Energía, el Tribunal de Defensa de
la Competencia y todas las empresas que han presentado alegaciones.

Su política de liberalización del sector eléctrico ha fracasado. ¿ Y
qué decir de los CTC? Me alegra que ahora, dos años después, lleguen
a la conclusión de que eran costes no justificados. Se lo dijimos
entonces. Con dos años de retraso han venido a darnos la razón a los



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socialistas cuando criticábamos el regalo que significaron las
sucesivas regulaciones que han hecho desde 1997 sobre este asunto.

Ustedes se equivocaron y nosotros teníamos razón y ahora nos la dan
con los decretos leyes que aprobaron el viernes y que supongo que
seguirán vigentes aunque la fusión no haya salido. Me gustaría que me
lo aclarara. ¿Y qué pasa con lo ya cobrado? Si, en palabras suyas,
eran costes no justificados, las empresas deberán devolverlos; digo
yo. Si el Gobierno ahora reconoce que eran costes no justificados, la
única conclusión lógica es que obliguen a las empresas a devolver lo
cobrado indebidamente a los usuarios con bajadas adicionales de
tarifas.

Han montado tal desbarajuste en el sector eléctrico con sus idas y
venidas, sus cambios constantes de regulación y su actuación
discrecional que no me sorprende que ningún inversor extranjero esté
dispuesto a invertir en el mismo; es más, incluso comprendo que haya
empresas españolas que se están planteando buscar negocios fuera de
aquí. En palabras de alguna de ellas, no están tanto expandiéndose
como botando con los pies.

Usted pensará que este desbarajuste lo ha heredado en gran parte del
anterior ministro de Industria, pero, señor Rato, usted ya era
vicepresidente económico entonces y, por tanto, corresponsable del
mismo. Deben redefinir completamente el marco legal eléctrico,
impulsar la liberalización y la competencia y definir normas claras
que refuercen la independencia de los reguladores, se lo venimos
diciendo desde hace tiempo, se lo dije en junio, en relación con el
decreto-ley que aprobaron, y se lo dije el otro día en su última
comparecencia en esta Comisión. Definan reglas de juego limpias y
claras para todo el mundo y, a partir de ahí, manos fuera; a partir
de ahí, no intervencionismo del Gobierno; a partir de ahí, no
discrecionalidad del Gobierno. Sé que le pido mucho, que ésa no es su
concepción de para qué uno gana unas elecciones ni de cómo se utiliza
el poder político para consolidar grupos de poder económicos.

Apostaron por la fusión y han fracasado por un error de cálculo.

Espero que, por fin, eso les ayude a acabar con una manera
determinada de hacer las cosas, una manera que, cada vez más, los
medios internacionales, incluso las agencias de rating -y usted lo
sabe muy bien-, empiezan a definir como el riesgo regulador -una
manera fina de referirse a la absoluta discrecionalidad en la
actuación normativa del Gobierno-; riesgo regulador que yo creo que
tiene mucho que ver con el futuro de la economía española y con la
primera parte de su intervención: la actualización del plan de
estabilidad y las líneas de actuación política para el futuro. Creo
que ustedes, aceptando aquello de que predecir es complicado,
especialmente el futuro, están definiendo escenarios de resignación,
es decir, escenarios en los que cualquier analista podría valorar
cómo cree que van a ir las cosas. Pero los analistas siempre dicen:
salvo actuaciones del Gobierno, y
el problema es que aquí no se prevén actuaciones del Gobierno que
puedan mejorar las posibilidades que ustedes están ofreciendo a los
españoles; es decir, en el mejor de los casos, si todo marcha en el
escenario más optimista, tardaríamos de 25 a 30 años en equiparar
nuestra renta per cápita a la media de la Unión Europea.

Ustedes han equivocado el modelo de crecimiento, entre otras cosas,
porque han practicado un modelo de crecimiento actuando a través de
la demanda, y creo que ese es un modelo equivocado en la medida en
que es el que ha generado las tensiones inflacionistas que están
poniendo fin a ese modelo de crecimiento. Y si tienen que cambiar
hacia una política económica que incremente el potencial de
crecimiento de la economía española, y que lo incremente desde el
lado de la oferta y desde el lado de la productividad, tienen que
acabar con el riesgo regulatorio; tienen que acabar con la sensación
de indefinición jurídica en la que se encuentran cada vez más los
empresarios que quieren tomar posiciones en España; tienen que acabar
con la sensación que han dado, también en este caso, de que las
decisiones que se toman no tienen más racionalidad que la de amigos/
enemigos y que se está dispuesto a cambiar toda la normativa que haga
falta para atender casos concretos que se tratan de manera singular y
diferente de cómo se han tratado otros. Y creo que este fracaso
debería llevarles a replantearse esa forma de hacer política.

Insisto: es difícil lo que le pido, ya lo sé; no han llegado ustedes
a la política para hacer las cosas así, pero creo que el interés
general, el interés de los usuarios y los consumidores y el hecho de
poder ofrecer una alternativa de futuro más ilusionante que la que
prefiguran en sus escenarios macroeconómicos para los próximos años
lo merece. Si están en esa línea, si están en la línea de reconocer
sus errores, si están en la línea de reconocer las certezas de
algunas de las críticas y de las proposiciones que nosotros le hemos
hecho, nos encontrará, y nos encontrará dispuestos a hablar y a
renegociar cómo se hacen las cosas, en este caso, en el sector
eléctrico. Y si no, pues pasará como hasta ahora: tardarán dos años
en darnos la razón, y mientras tanto perderán los usuarios, perderán
los consumidores y perderá el interés general.




El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència
i Unió), tiene la palabra el señor Sánchez i Llibre.




El señor SÁNCHEZ I LLIBRE: En primer lugar, agradezco la
comparecencia del vicepresidente económico, ante la Comisión de
Economía para informar sobre las dos cuestiones que nos tienen hoy
aquí presentes a los diputados de la Cámara.

En segundo lugar, el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i
Unió) va a hacer algunas consideraciones y algunas propuestas sobre
los comentarios que ha hecho el vicepresidente económico, referentes
a la



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actualización del Programa de Estabilidad del Reino de España durante
los años 2000-2004. El Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i
Unió) comparte en este caso la mayor, por decirlo de alguna forma
generalista, es decir, la tesis de que sólo desde la estabilidad y el
equilibrio macroeconómico podremos alcanzar la convergencia real con
la Unión Europea, una convergencia que, a nuestro entender, debe
medirse tal, y como expresaba la versión actualizada del programa de
estabilidad para el periodo 2000-2003, tanto desde el punto de vista
de renta per cápita como del punto de vista de la generación de
empleo. Nosotros coincidimos en este caso con el Gobierno y con los
objetivos del Programa de Estabilidad, en que debemos ser capaces de
desarrollar una economía sana, estable y dinámica y de responder y
afrontar los retos que se presentarán en el futuro.

A partir de ahí, nuestro grupo parlamentario quisiera hacer algunas
consideraciones, así como algunas propuestas, sobre algunos puntos
que hasta la fecha han sido los puntos negros de la economía
española. A nosotros nos preocupa la prospección y la estadística de
la inflación que se propone en este plan de estabilidad. Como decía
anteriormente, éste ha sido el punto negro de nuestra economía y, a
raíz de lo que ha ocurrido en el pasado, nos atreveríamos a decir que
la tasa de inflación propuesta en este programa de actualización, de
entrada, nos parece poco creíble. Si analizamos lo que ha sucedido
recientemente con la inflación en nuestro país, vemos que es cierto
que no se han cumplido las previsiones, ha habido unas diferencias
muy importantes y las explicaciones que ha dado el Gobierno en cuanto
a estas desviaciones han sido la carestía del petróleo, la
depreciación del euro, así como el comportamiento de los productos no
elaborados. Pero también es cierto que algunos países de la Unión
Europea han padecido las mismas consecuencias que nuestra economía y
la inflación se ha mantenido muchísimo más estable que en nuestro
país. Por tanto, nuestro grupo parlamentario insiste en que el
control de la inflación, como también ha planteado el ministro de
Economía, debe apoyarse en el rigor de la política presupuestaria, en
las medidas liberalizadoras y también en la buena defensa de la
competencia. Nosotros entendemos que no es suficiente liberalizar y
desregularizar la economía sino que también hay que asegurarse que el
buen resultado de una buena liberalización tendría que comportar un
buen resultado de la competencia, es decir, unos precios más
ajustados, con más calidad y con más innovación. Solamente cuando
esto suceda, que el resultado de las reformas liberalizadoras
comporte un incremento real de la competencia, entendemos que
estaremos en condiciones de atajar la inflación y además posiblemente
habremos contribuido a mejorar el funcionamiento de nuestra
estructura productiva y de nuestra economía. Por tanto, señor
ministro, desde nuestro grupo parlamentario, ponemos a su
disposición todas aquellas cuestiones que vayan en la dirección de
atajar la inflación para que esta magnitud macroeconómica pueda
finalmente comportarse en función de los resultados estimados en este
plan macroeconómico para los años 2000-2004. Entendemos que solamente
de esta forma podremos permitir que nuestras compañías y nuestro
tejido productivo sean competitivos con respecto al tejido industrial
del resto de países de la Unión Europea. En definitiva,
liberalización, desregulación, pero sobre todo más competencia.

También hemos observado y analizado atentamente las cifras
macroeconómicas que usted nos ha detallado y que hemos recibido todos
los grupos parlamentarios, y nos gustaría plantearle una pregunta,
que seguramente no responderá, pero entendemos que, desde el punto de
vista de la seguridad, es interesante una respuesta al respecto.

Vemos con satisfacción que durante este periodo habrá una reducción
de la imposición indirecta, del impuesto sobre la renta de las
personas físicas, a partir del año 2003, también podemos observar en
este plan el incremento de la inversión pública de hasta un 3,8 por
ciento del PIB, todo ello conjugado con un crecimiento más suave de
la economía española durante el periodo 2002/2004, a una tasa
intermedia, con un promedio del 3,2 por ciento. Nos gustaría saber
cómo piensa conjugar el Gobierno estas cifras, a nuestro entender muy
interesantes (rebaja de impuestos e incremento de la inversión), con
una ralentización del crecimiento de nuestra economía. Entendemos que
estas variables macroeconómicas tienen que conjugarse necesariamente
con reformas estructurales importantes tanto del mercado de trabajo
como de las telecomunicaciones, desde la energía o desde la
perspectiva de la morosidad. Por eso nos interesaría saber si está en
condiciones de adelantarnos cuáles serían las reformas estructurales
que podrían compaginar y conjugar que estos resultados fueran
finalmente como usted los ha expuesto.También quisiéramos saber los
criterios en los que se basan la Comisión y el Gobierno para que el
precio del barril de crudo se mantenga en 25 dólares durante estos
próximos cuatro años, ya que creemos que este precio y su fijación es
fundamental para que se puedan cumplir las condiciones
macroeconómicas apuntadas en el plan.

Desde el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) aplaudimos
que en este programa de estabilidad se recojan inputs importantes que
nosotros veníamos reivindicando y planteando al Gobierno y en el
Congreso de los Diputados, como son las medidas dirigidas
a introducir mejoras en la modernización del mercado de trabajo,
incrementando la tasa de actividad y desarrollando un mercado laboral
más eficiente, basado en tres premisas que a nuestro entender son
interesantes, como que en el sistema de negociación colectiva el
problema de la evolución salarial esté ajustado al comportamiento de
la productividad a nivel micro y macroeconómico; también, que estas
negociaciones



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colectivas se pudieran realizar desde una perspectiva lo más
descentralizada posible y que en función de los convenios pudieran
ser a nivel autonómico, provincial y, por qué no decirlo, en muchos
casos a nivel de empresa. Consideramos asimismo positivo que en esta
reforma estructural del mercado de trabajo se pueda incorporar el
fomento al desarrollo y el desarrollo del contrato a tiempo parcial
para que se pueda ir aclimatando y asimilando a la media de trabajos
a tiempo parcial que hay en el resto de países de la Unión Europea,
así como que se pueda ir reduciendo la temporalidad y la precariedad
en algunas modalidades de contratos de trabajo. Es muy importante que
en este aspecto se apoye de forma diferenciada la integración de
colectivos desfavorecidos, como el de mujeres, y colectivos menos
cualificados y de edad avanzada. Asimismo, en el caso de que no
hubiera acuerdos o avances significativos por parte de los agentes
sociales, que ya han empezado las negociaciones sobre la modificación
del mercado de trabajo y las negociaciones colectivas, cómo piensa
actuar el Gobierno o qué medidas piensa poner encima de la mesa a fin
de que no se retrase una reforma estructural tan importante como es
la modernización del mercado de trabajo. Consideramos muy importante
que el diálogo de los acuerdos surja especialmente de los agentes
sociales como sucedió en el año 1997.

Hemos estudiado también con atención el punto 9.3, de la política
económica y previsiones a corto y medio plazo, en cuanto a las
directrices de la política económica. Leyendo con atención este
documento, vemos que las directrices de la futura política económica
para el próximo cuatrienio se basan fundamentalmente en la ley
general de estabilidad presupuestaria. Hay proyectos de ley que ya
han entrado en el Congreso de los Diputados y creemos, como no podría
ser de otra forma, que es importante limitar el déficit público de
las diferentes administraciones territoriales, así como compartimos
el criterio global de que hay que controlar al máximo el gasto. Pero
también tengo que decir que vamos a ver cómo se desarrollan estas
leyes cuando se discutan en las diferentes comisiones, puesto que,
desde la perspectiva de los ingresos, si no hay una modificación
importante en las mismas o un buen comportamiento en el futuro
acuerdo de financiación que se va a llevar a cabo durante este
periodo para que las comunidades autónomas puedan disponer de un
nuevo marco de financiación en sus respectivos territorios, si no
contemplamos una mayor posibilidad de generar ingresos por parte de
las comunidades autónomas, entendemos que estas leyes vulneran de
entrada las competencias de dichas comunidades autónomas.

Estamos de acuerdo con el control del déficit público y que se tienda
a un déficit cero de las diferentes administraciones territoriales,
pero también creemos que es necesario modificar algunos aspectos de
estas leyes, en el sentido de que las comunidades autónomas
puedan disponer también en su momento de unos elementos importantes
para generar ingresos, ya que, tal como están planteados actualmente
estos proyectos de ley, van a tener muchas dificultades para poder
implicarse en los déficits previstos en estas programaciones
y directrices de política económica. Así pues, estamos de acuerdo con
los planteamientos generales, pero también queremos manifestar en
esta Comisión que en su momento se tenga la sensibilidad suficiente
para que las comunidades autónomas tengan posibilidades de generar
más recursos en los ingresos, así como más potestades para la
generación de los mismos. Y, cómo no, también quiero destacar que
asimismo vamos a participar, con el optimismo que siempre ha tenido
nuestro grupo parlamentario Convergència i Unió, en las próximas
negociaciones del futuro convenio de financiación de la
Administración central con las diferentes administraciones
autonómicas para lograr unos esquemas que nos permitan afrontar con
éxito los retos y conseguir unas financiaciones de acuerdo con las
modificaciones y las cuestiones que se han impuesto en este programa
de previsiones económicas para el período 2000-2004.

Con respecto a las explicaciones que usted nos ha dado de la
frustrada fusión entre Iberdrola y Endesa, en nuestra intervención en
su comparecencia del pasado mes de diciembre nosotros pedíamos al
Gobierno, concretamente al ministro de Economía que en aquel momento
comparecía, que tuviera mano dura y no le temblara el pulso a la hora
de, una vez escuchadas las condiciones de la Comisión Nacional de
Energía y del Tribunal de Defensa de la Competencia, poner encima de
la mesa unas normas para que finalmente, en caso de que se produjera
esta fusión, pudiera acarrear más competencia en el sector eléctrico
español, así como que ello comportara rebajas en las facturas
eléctricas de las economías domésticas y en las economías
industriales.




Pues bien, una vez analizado cómo se han desarrollado los hechos
estos últimos días, hay que decir públicamente que a ustedes no les
ha temblado el pulso a la hora de imponer unas condiciones que, a su
entender, eran necesarias para que hubiera más competencia. Nosotros
hemos analizado las propuestas provenientes del Tribunal de Defensa
de la Competencia y de la Comisión Nacional de Energía y las
impuestas por parte del Gobierno para que esta fusión pudiera tener
lugar y hemos visto que en unos aspectos han seguido las
recomendaciones de dicho Tribunal y de dicha Comisión y que en otros
han sido más sensibles y han dado más margen de maniobra para que la
fusión se pudiera producir, en el sentido de ofrecer más
posibilidades para que la empresa resultante de la fusión pudiera
tener más capacidad de producción y de generación de energía
eléctrica. Por eso nosotros valoramos la actuación del Gobierno
respecto de esta decisión como correcta, prudente y objetiva, según
las recomendaciones



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de estos dos organismos a los que ustedes habían pedido referencia.

Es cierto que la fusión no se ha producido finalmente. Convergència i
Unió acepta y respeta las decisiones de los diferentes consejos de
administración, que en definitiva no han hecho otra cosa que vigilar
y velar por los intereses de sus accionistas, y en este sentido no
tenemos nada que objetar. No obstante, queremos resaltar que al menos
las recomendaciones y objeciones que pusimos a la fusión, en el
sentido de que el Gobierno fuera prudente en sus decisiones, las han
tenido en cuenta, así como la sensibilidad de este grupo
parlamentario, que estaba muy preocupado porque con esta fusión no
hubiera más competencia y, consiguientemente, no se vieran defendidos
los intereses de las economías domésticas e industriales.

Pienso que de esta fusión no realizada hay que sacar la experiencia y
las conclusiones positivas. Desde Convergència i Unió vamos a seguir
colaborando con el Gobierno, de acuerdo con la legislación vigente,
para que en los próximos años se vaya produciendo unaliberalización
efectiva en el sector energético, para que sean las economías
domésticas y las industriales las que se puedan beneficiar de las
rebajas de las tarifas, como resultado de esta liberalización del
mercado. Se han dado algunos pasos significativos, pero pienso que
nos queda un horizonte empresarial y legislativo para que el mercado
se vaya ordenando, de acuerdo con los reales decretos sobre
liberalización de junio del año 2000. Por lo tanto, no nos queda más
que respetar las decisiones de los diferentes consejos de
administración de no fusionarse y valorar la actuación del Gobierno
para que esta fusión se pudiera realizar como correcta, prudente y
objetiva.




El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario de Izquierda Unida,
tiene la palabra el señor Llamazares.




El señor LLAMAZARES TRIGO: Sólo de forma retórica voy a agradecer la
comparecencia del ministro de Economía porque de nuevo, y no es la
primera ocasión en que desgraciadamente ocurre en esta Cámara, el
papel de este Parlamento es de mero notario. En este caso podríamos
decir que si hubiera -que creo que lo ha habido por parte del
Gobierno- la intención de apoyar esta fusión, el papel de este
Parlamento sería el de enterrador de esta fusión que finalmente ha
fracasado. Nosotros hubiéramos deseado que este Parlamento tuviese
una participación continuada en este proceso, una información
transparente y, finalmente, una comparecencia en el momento en el que
el Gobierno transmite al Parlamento su decisión y no cuando esa
decisión ha tenido sus consecuencias. Digo que hubiéramos deseado eso
porque nos hemos preocupado de preguntar al Gobierno sobre esta
materia. Yo he recibido una respuesta gubernamental, a preguntas de
este grupo, el
día 26 y la contestación del Gobierno no puede ser más lacónica: Este
es un tema que está en manos de las empresas. Nosotros, en su
momento, utilizaremos los mecanismos que nos da la ley para valorar y
para plantear los requisitos que sean necesarios para el proceso de
fusión.

Hasta ahora no hemos conocido sobre la posición de Gobierno más que
lo que ha dicho a través de los medios de comunicación. Y eso que ha
dicho a través de los medios de comunicación nos lleva a concluir que
el Gobierno tenía una posición clara en esta materia, porque no es
verdad que el Gobierno lo único que haya hecho sea plantear una serie
de requisitos para garantizar la competencia en el sector. No es
cierto, porque el Gobierno en casos similares bien se ha cuidado de
decir que su opinión era contraria a la fusión. Recuerdo casos en el
sector eléctrico donde el Gobierno ha dicho, y ahora está diciendo,
su posición contraria a la fusión, como el de Hidroeléctrica del
Cantábrico-Unión Fenosa, en la que el Gobierno es claramente
contrario a la fusión, o como el de la Compañía Hidroeléctrica
Portuguesa- Hidroeléctrica del Cantábrico, en la que el Gobierno es
claramente contrario a la fusión por el carácter de participación
pública que existe en la compañía portuguesa. No ha ocurrido esto en
la fusión Endesa-Iberdrola.

El Gobierno, desde un principio, ante una fusión cuyos antecedentes
iban en el sentido de rechazarla, ha dado la callada por respuesta o
ha dicho que esa fusión con determinadas condiciones podía ser
positiva para el sistema eléctrico español. Curioso sistema eléctrico
español donde la política de privatizaciones y liberalizaciones ha
dado lugar a menos ofertantes, a menos empresas en el sector; es
decir, la política de liberalizaciones y privatizaciones ha dado
lugar a una concentración en el sector eléctrico, a un oligopolio de
dos grandes empresas y no a la multitud de ofertas que en teoría,
dentro de lo que se llama la concurrencia, podrían facilitar más los
intereses de los consumidores. Curiosa consecuencia esta de la
política de liberalizaciones y privatizaciones. Pero, no contento con
esa situación del sector eléctrico, de oligopolio de oferta, en estos
momentos el Gobierno, ante el anuncio de la posible fusión entre
Endesa e Iberdrola, que no creemos que estuviera al margen de su
opinión, ha mantenido desde un principio la posición de no rechazo de
esa fusión cuando sí lo hizo en otros casos donde se ponía menos en
peligro la competencia, como en el caso de fusión de empresas
hidroeléctricas o eléctricas menores, que suponen un porcentaje mucho
menor del sector eléctrico. Sí lo hizo en este caso, porque desde el
primer momento planteó la posibilidad de que en determinadas
condiciones se pudiera producir esa fusión y así han ido las cosas a
lo largo de este periodo.

Lo llamativo es que, siendo complaciente con la fusión, el Gobierno
ha dejado en el camino no solamente su propia credibilidad en defensa
de la competencia,



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sino la de los instrumentos de defensa de la competencia. El Gobierno
no es verdad que haya seguido las orientaciones del Tribunal de
Defensa de la Competencia, ni de la Comisión Nacional de la Energía;
el Gobierno ha modificado esas orientaciones del Tribunal de Defensa
de la Competencia y de la Comisión Nacional de la Energía a favor de
la fusión entre las dos empresas. La cuestión es que al final el
Gobierno ha sido más papista que el Papa y ha propuesto una serie de
medidas que diluían las exigencias del Tribunal de la Competencia y,
finalmente, ese menú a la carta no ha sido suficiente para que las
empresas Endesa e Iberdrola decidieran esta fusión. Al final, la
dinámica de estas empresas les ha llevado a decidir lo contrario,
a decidir que no se fusionasen las dos empresas.

Comprendo que el Partido Popular tenga que estar nervioso en esta
cuestión, porque no ha salido muy bien parado ni el Gobierno ni los
instrumentos de competencia de esta fusión frustrada. Nosotros
estamos de acuerdo en que el Gobierno tiene capacidad de intervención
en mercados regulados y en mercados protegidos, como es el mercado
del sector eléctrico. Ahora bien, con lo que no estamos de acuerdo es
con la posición que ha defendido el Gobierno en esta fusión concreta,
porque no ha defendido los intereses generales. Esta fusión no
responde a los intereses generales, responde a otros intereses más
minoritarios. Esta fusión ponía en peligro aún más la situación de
nuestro sector eléctrico, lo configuraba no ya como un oligopolio,
que es en estos momentos de carácter privado, sino como un monopolio
privado y, por otra parte, el Gobierno no defendía tampoco ni los
intereses de los trabajadores ni los intereses de la política
energética nacional. Creemos que todos esos factores hubieran llevado
al Gobierno a ser beligerante frente a esta fusión, a intervenir en
defensa de la competencia y en defensa de los intereses generales
frente a la misma.

No estamos en desacuerdo en que ustedes intervengan. Creemos que en
un mercado como el eléctrico ustedes han de tener capacidad de
regulación y de intervención, y que también tiene que haber
mecanismos de defensa de la competencia lo más objetivos posible. El
problema está en que el Gobierno ha intervenido de parte, no ha
intervenido en función del interés general. Ha intervenido de parte
de aquellos que querían fusionarse y, finalmente, los que querían
fusionarse le han dejado un feo papel al Gobierno. El Gobierno ha
hecho el papelón, porque les ha dado la propuesta que ellos podían
querer, pero al final ni siquiera les ha valido ese menú a la carta
que les ha propuesto el Gobierno, dejando en mal lugar a la Comisión
Nacional de la Energía y más en concreto al Tribunal de Defensa de la
Competencia.

En nuestra opinión, es una situación que demuestra la desorientación
del Gobierno en estas materias, que demuestra la necesidad de una
mayor regulación del sector eléctrico en nuestro país, y no que dicho
sector
se encuentre en manos de la arbitrariedad que en cada caso se pueda
producir por parte del Gobierno. Vuelvo a resaltar que la vara de
medir del Gobierno es bien diferente. Es bien diferente cuando se
produce la posible fusión Unión Fenosa-Hidroeléctrica del Cantábrico
y cuando hoy se anuncia la OPA sobre Hidroeléctrica del Cantábrico de
otras empresas.

Creemos que el Gobierno no ha jugado un papel en defensa del interés
general, ha dejado en mal lugar al Tribunal de Defensa de la
Competencia y, finalmente, ha quedado en una situación desairada
cuando las dos empresas han tomado la decisión de no culminar su
proceso de fusión. De todas formas, lo que más nos preocupa no es el
papelón que se ha hecho; lo que más nos preocupa es el futuro de este
tipo de sectores, el futuro de la intervención del Gobierno y el
futuro de organismos de defensa de la competencia, que han salido
menoscabados en este proceso.

Ahora se abre de nuevo una situación muy fluida en el sector
eléctrico. La pregunta es cuál es el criterio del Gobierno en torno
al futuro del sector eléctrico. Nos gustaría conocerlo. No lo
conocemos porque, de un lado, se opone a fusiones de pequeñas
empresas y, de otro lado, apoya fusiones de grandes empresas; de un
lado, dice que cuatro empresas son las que tiene que haber en el
sector y, de otro lado, dice que lo importante no es el número de
empresas sino, a veces, la concentración que existe, la importancia
que tiene cada una de esas empresas en el sector. Nos gustaría saber
cuál es realmente la política del Gobierno en el sector eléctrico.

Hoy por hoy no la conocemos.

Ante un sector eléctrico muy abierto, donde se van a producir nuevos
casos similares a éste, nos gustaría saber cuáles son los mecanismos
de regulación y de intervención y qué posición tiene el Gobierno ante
los mismos. Es decir, ¿futuras decisiones del Tribunal de Defensa de
la Competencia van a ser seguidas por parte del Gobierno? ¿El
Gobierno va a hacer compatible su posición política y su intervención
con las decisiones del Tribunal de Defensa de la Competencia, y cuál
es, en ese sentido, el futuro de la regulación en el mercado
eléctrico español? Esa es nuestra inquietud y nuestra preocupación.

Nosotros creemos que las cosas no están claras en el sector eléctrico
y que al calor de esta fusión se han producido decisiones como la
reciente de los costes de transición a la competencia que, en nuestra
opinión, lejos de sanar el problema generado con dichos costes,
suponen nuevas dificultades, tanto en relación al mercado eléctrico
como en relación a la política de la Unión Europea con respecto a los
costes de transición a la competencia. En definitiva, señorías, no
estamos en absoluto de acuerdo ni con el papel que se asigna a este
Parlamento, de meros notarios de sus decisiones, y tampoco con la
posición política que ha defendido el Gobierno y que ha quedado, en
nuestra opinión, desairada



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con esta decisión final de los consejos de administración de las
empresas Iberdrola y Endesa.

En relación al plan de estabilidad, queremos comentar la cuestión que
más nos preocupa de esta adaptación del plan de estabilidad del Reino
de España. No estamos de acuerdo con hacer del superávit el único y
principal objetivo de la política económica de este país. Pensamos
que es importante la existencia de unas cuentas públicas saneadas,
pero ese es un instrumento para la política económica, no el fin de
la política económica, y el Gobierno ha convertido el déficit
público, en este caso el superávit, en el fin de su política
económica. No estamos de acuerdo con esta política que, en nuestra
opinión, limita las competencias de las comunidades autónomas y de
los municipios. El reciente dictamen del Consejo de Estado así lo
demuestra, obligando al Gobierno a modificar leyes en aspectos
básicos, por tanto dando más trascendencia política e institucional
a sus medidas de la que el Gobierno había previsto en un principio.

Esta cuestión no se puede administrar desde un gobierno que no tiene
en cuenta el carácter plural del Estado, que no tiene en cuenta a las
comunidades autónomas y que tampoco tiene en cuenta el papel del
Parlamento. Nos parece difícil admitir a un parlamento que se va a
autocensurar en relación a su política presupuestaria, es decir, un
parlamento que ya no tiene la política monetaria y que, ahora, no va
a tener la política de déficit, es decir, va a verse autocensurado en
la emisión de déficit en cualquier política presupuestaria.

Más allá de esas reflexiones, en nuestra opinión, la ley de
estabilidad presupuestaria supone un duro golpe a lo público en
nuestro país. En un momento en que se desacelera el crecimiento
económico, en un momento en que el presupuesto público debe jugar un
papel determinante en momentos anticíclicos, el Gobierno toma la
decisión de sacralizar la política de ajuste y la política
restrictiva, con la excusa de que esta sacralización supone el
saneamiento de las cuentas públicas. Nosotros no estamos en absoluto
de acuerdo, creemos que convertir un instrumento, en este caso el de
déficit, en el fin de la política económica, puede provocar graves
tensiones en la política económica de este país en un momento en que
puede ser necesaria una política económica de intervención pública y
en un momento en que es necesaria cada vez más una política de
inversión pública, de gasto público, de gasto social, que en nuestro
país sigue siendo muy inferior a la media comunitaria.

Resulta difícil admitir que el Gobierno vaya a poner coto al gasto
social porque, al mismo tiempo, ha puesto coto a los ingresos
públicos con sucesivas políticas de desfiscalización, que el Gobierno
vaya a poner coto al gasto social precisamente en un país como el
nuestro, que necesita todavía importantes inversiones públicas, que
necesita mejorar sus equipamientos y la formación y la tecnología en
nuestras empresas y que, además,
necesita gasto social en políticas activas de empleo y de protección
y servicios públicos universales.

En nuestra opinión, esta medida no es sólo un ataque y una
restricción a la autonomía de comunidades autónomas y municipios,
sino un ataque a la política pública en los servicios y en la
economía. Por tanto, expresamos nuestro desacuerdo con estas
correcciones del plan de estabilidad, que únicamente y en definitiva
corresponden a intereses que, de nuevo, no son los intereses
generales, de nuevo no son los intereses de los desempleados, de los
empleados precarios, no son los intereses de la gran mayoría que
utiliza y necesita de los servicios públicos, sino unos intereses
minoritarios.




El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Vasco (PNV), tiene la
palabra el señor Azpiazu.




El señor AZPIAZU URIARTE: Buenos días, señor presidente y señor
ministro de Economía.

Antes de nada, quisiera agradecer al señor Rato su presencia en esta
Comisión de Hacienda, para tratar de explicarnos los motivos por los
que el Consejo de Ministros del pasado viernes aprobó unas
determinadas condiciones, que hubieran tenido que haber respetado
Endesa e Iberdrola para llevar a cabo la fusión de ambas empresas. El
señor Rato ha aprovechado la ocasión para explicarnos la
actualización del programa de estabilidad. Tengo que decir que siento
no haber podido estar presente en su intervención por problemas de
Iberia, que son ajenos a todo el mundo, pero supongo que tendremos
oportunidad de hablar largo y tendido con motivo del proyecto de ley
de estabilidad presupuestaria que acaba de presentar el Gobierno. Por
otra parte, el señor Rato conoce cuál es la posición del Partido
Nacionalista Vasco en relación con este proyecto de ley que ya está
en la Cámara, y no le quepa ninguna duda de que trataremos de
defender nuestras posiciones con todas nuestra fuerzas.

Si agradezco la presencia del señor ministro hoy aquí, agradezco más
aún la rapidez con la que las empresas eléctricas han decidido
abortar esta operación. Me alegro por ello, fundamentalmente porque,
a juicio del Grupo Vasco, es bueno para la competencia y es bueno
para los intereses de Euskadi, intereses de progreso y de bienestar
para los ciudadanos. Tiene poco sentido hablar largo y tendido de lo
que hubiera supuesto, pero, a pesar de todo, creo que procede
criticar al Gobierno por su comportamiento en este asunto. Sabe
usted, señor vicepresidente, que nuestro grupo parlamentario es
favorable a la liberalización y a que exista una auténtica
competencia en los mercados. Nuestro grupo fue el único (a excepción
de Coalición Canaria, que lo hizo por el acuerdo de gobierno que
mantiene con el Partido Popular) que apoyó el Real Decreto-ley 6/
2000, de 23 de junio, de medidas urgentes de intensificación de la
competencia en mercados, bienes y servicios. Con motivo de la
discusión del citado



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real decreto, señalábamos -y permítame que lo reproduzca, porque
entiendo que es a todas luces relevante- que introducir competencia
en el mercado puede ser bueno para las empresas, que habrán de
adaptarse a la nueva situación, y es bueno también para los
consumidores, que ven ante sí una mayor oferta a precios más
competitivos. Estamos convencidos de que un proceso de desregulación
puede ser positivo para el crecimiento económico y el empleo. Por
tanto -continuábamos-, no estamos ni filosófica ni necesariamente en
contra de algunas de las medidas planteadas por el Gobierno. Más
adelante, decíamos que había que vigilar el proceso e impulsar los
mecanismos que condujeran a una efectiva liberalización. Estoy
pensando en impulsar al efecto el Tribunal de Defensa de la
Competencia y en apoyar a las organizaciones de consumidores.




Supongo, señor vicepresidente que comparte, al menos teóricamente,
estos planteamientos. Yo le he oído decir que el Gobierno defiende a
los consumidores frente a los intereses sectoriales o de empresas; le
creo y le aplaudo. También le he oído decir -y sinceramente quería
creerle- que en el asunto de Endesa e Iberdrola el Gobierno iba a
respetar las recomendaciones de la Comisión Nacional de la Energía y
del Tribunal de Defensa de la Competencia, y todos hemos podido
comprobar que esto no ha sido así en aspectos realmente importantes.

Sin ser un experto en la materia, me imagino que cuando el Tribunal
de Defensa de la Competencia establece unos determinados porcentajes
que la compañía fusionada debe respetar en generación, distribución y
comercialización -que son el 35, el 41 y el 42 por ciento,
respectivamente-, lo hace para garantizar la competencia del sector.

Modificar al alza, como lo ha hecho el Gobierno, tan sólo puede
interpretarse como una restricción a la competencia. La pregunta es:
¿Por qué, señor Rato? Pero el porqué de verdad.

Desde el Grupo Vasco nos planteamos multitud de interrogantes que nos
gustaría despejar. El primero es: ¿Por qué el Gobierno actual desoyó
los criterios del Tribunal de la Competencia? Este tribunal
desaconsejó la fusión y estableció los porcentajes ya señalados, si,
a pesar de todo, el Gobierno optaba por ir adelante en el asunto.

Sospecho que las presiones por parte de los máximos dirigentes de las
empresas y del propio Gobierno habrán tenido mucho que ver. Quizás,
señor Rato, no le quede otro remedio que decir aquello de donde manda
capitán no manda marinero. ¿Por qué, si no es para influir en el
tribunal, el 10 de enero, a las doce horas, se refirió usted a las
condiciones impuestas por el Tribunal de Defensa de la Competencia,
que envió su informe a las siete de la tarde? ¿Conocía el informe
siete horas antes de ser enviado por el tribunal o simplemente
pretendía influir en su decisión?
El plazo establecido por el tribunal para llevar a cabo el proceso de
desinversión fue de seis meses. ¿Por qué
el Gobierno lo amplió hasta catorce? Además, ¿no le parece ridículo
penalizar a la compañía con tan sólo catorce millones de pesetas por
día de retraso cuando estamos hablando de desinversiones en torno a
los tres billones de pesetas? Me imagino que con tal multa la empresa
fusionada habría desinvertido cuando hubiera querido o cuando más le
hubiera convenido. Existen muchos más interrogantes de este tipo,
pero creo que no merece la pena insistir más en ellos, teniendo en
cuenta que la fusión no se ha llevado a cabo.

Los accionistas ya no van a perder, según algunas estimaciones, esas
800 pesetas por acción por el capricho de unos responsables de las
empresas cuyos intereses son múltiples y seguramente inconfesables. A
un pequeño ahorrador de los muchos que hay en Euskadi, y que tenga,
por ejemplo, 5.000 iberdrolas, le habría costado cuatro millones de
pesetas. Los trabajadores de estas empresas ya no van a perder su
empleo, ya que, como saben, en cualquier proceso de reestructuración
sobran y se amortizan multitud de empleos. Al Grupo Vasco y al
Partido Nacionalista Vasco nos satisface que el domicilio social de
Iberdrola continúe en Bilbao y no se produzca una deslocalización de
las inversiones y de las actividades productivas. El impacto de esta
marcha en las empresas del entorno, relacionadas hoy con Iberdrola, y
en los futuros empleos habría sido muy importante. Es realmente una
buena noticia para Vizcaya y para Euskadi que al final el intento no
haya prosperado. El Gobierno, señor Rato, se ha equivocado y, más
tarde o más temprano, se sabrán los auténticos motivos de esta
decisión, la decisión de cambiar las condiciones del tribunal.

Si me permite, señor Rato, yo le diría que el Gobierno ha hecho el
ridículo apostando tan fuerte por la fusión de ambas compañías y que
ello pasará factura política. Las empresas han decidido en el sentido
correcto y el mercado les ha dado la razón: ayer, nada más conocerse
el fracaso del proyecto, las acciones de Endesa subieron un 4 por
ciento en el mercado americano.




Creemos desde nuestro grupo que sería conveniente, o que podría ser
una vía, crear una ponencia en esta comisión que sirva para definir
un nuevo marco del sector eléctrico del Estado en base al cual el
Gobierno pueda decidir con criterios claros. De esta forma contaría
también con el apoyo del Congreso en operaciones similares.

Para concluir quisiera decir que desde el Grupo Vasco respetamos la
decisión empresarial adoptada por ambas compañías eléctricas,
contraria a la fusión en las condiciones fijadas por el Gobierno
español. Mostramos nuestra satisfacción también porque la decisión
adoptada va a permitir que Iberdrola pueda seguir respondiendo a su
plena identidad empresarial y manteniendo su sede en Euskadi, con las
repercusiones fiscales inherentes, la mejor defensa del empleo



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generado y su mayor incidencia en nuestro entorno socioeconómico.

Quisiera poner también de manifiesto el fracaso del Gobierno del
Partido Popular en su intento de condicionar el futuro de ambas
compañías, cuando, de conocerse meses antes las condiciones
finalmente exigidas, se hubiera evitado un penoso proceso a todas
luces innecesario, pero aquí quizá quepa decir aquello de que bien
está lo que bien acaba.




El señor PRESIDENTE: El Grupo Parlamentario Mixto se dividirá el
tiempo. En primer lugar, tiene la palabra el señor Rodríguez.




El señor RODRÍGUEZ SÁNCHEZ: Para el Bloque Nacionalista Galego es muy
importante el informe del Tribunal de Defensa de la Competencia
cuando asevera que el nuevo marco de competencia establecido por la
Ley 54/1997 y el Real Decreto-ley de junio de 2000 no tuvo efectos en
ninguno de los segmentos concretos del mercado, y especialmente en el
sector de la distribución y de la comercialización. En la cuestión de
la comercialización habría que hablar, además, de la penosísima
calidad del suministro de la energía eléctrica en muchas zonas del
territorio del Estado español, y concretamente en Galicia. Pero es
cierto que este nuevo marco de la competencia es toda una incitación
a que, bajo la cantinela precisamente de la competitividad o de la
competencia, se posibiliten grandes operaciones financieras,
reestructuraciones empresariales e incluso el afán de
trasnacionalizarse por parte de las grandes empresas eléctricas.

Es curioso que uno de los argumentos empleados tanto por el señor
Martín Villa como por el propio señor Oriol se basaba en que, en todo
caso, la venta de activos en el Estado español posibilitaría grandes
operaciones en América Latina, al igual que la entrada de socios
extranjeros en el mercado de la electricidad en el Estado español.

Esta cuestión para nosotros es fundamental porque pensamos que la
lección no acaba hoy y que faltan aún muchos capítulos por escribir
en relación con la reestructuración del mercado eléctrico en el
Estado español en todos sus segmentos.

Sí queremos hacer hincapié, señor ministro, no ya en las
interferencias políticas, en los desgobiernos en las decisiones
empresariales, cuestión que parece a todas luces legítima y lógica,
tal y como está montada la economía de mercado y cómo funcionan en
muchos aspectos las instituciones democráticas, pero sí para indicar
que estas interferencias tienen aspectos distintos y consecuencias
diferentes para los distintos territorios del Estado. Sin duda, usted
conocerá que a pesar de la prohibición que se establece a Endesa de
aumentar su capacidad de generación por cinco años, sí se permitieron
centrales de ciclo combinado, en concreto en Tarragona, una para
Endesa y otra para Iberdrola y la alemana que la acompaña. Sin
embargo, es curioso que, en el
caso de Galicia, después de haber sustanciado a una empresa como
Endesa, la central térmica de As Pontes de García Rodríguez, resulta
que las respuestas del Gobierno en relación con la posibilidad de
sustituir esa central térmica por una central de ciclo combinado es
la siguiente. Una vez reestructurado el sector y solucionado el
proceso de fusión Endesa-Iberdrola, habrá de volver a reconsiderarse
dicho proyecto en función de la demanda propuesta futura de la zona,
del agotamiento de los lignitos pardos y de la limitación de la
potencia instalada a los productores de energía eléctrica, según lo
dispuesto en el artículo 16, de enero de 2000, del Real Decreto-ley
6/2000. Es decir que, en el caso de Galicia, no se clarifica para
nada el hecho de que podamos pasar de producir el 21,66 por ciento de
la energía eléctrica derivada del carbón a ser prácticamente
eliminados del mercado en la producción de esta energía, con las
consecuencias catastróficas para un territorio como el de Galicia,
que hasta ahora siempre fue suficiente en energía eléctrica e incluso
la exportó. En este aspecto, nosotros creemos que el que se impida la
fusión viene a darnos un respiro, pero no a tranquilizarnos, en
absoluto, porque los interrogantes continúan en pié. Nosotros
pensamos que el Gobierno debía clarificar el funcionamiento del
sector eléctrico y, desde nuestro punto de vista, sin perder no
solamente su capacidad de regulación, sino incluso su participación
empresarial clara. Pensamos que uno de los grandes retrocesos de la
situación viene derivado de la falta de iniciativa pública en un
mercado que es estratégico y en una producción que es básica. En este
sentido nos parece que el modelo francés sigue siendo fundamental,
sobre todo si va acompañado de criterios de control democrático y de
equilibrio territorial.

Esta es, por tanto, nuestra posición. Nos alegramos momentáneamente
de este fracaso, pero seguimos muy preocupados con las consecuencias
de los procesos oligopólicos, que sin duda continuarán adelante, así
como sus consecuencias para territorios como el de Galicia que, por
darles el dato final, nada menos que tiene el 21,45 por ciento de la
energía hidráulica del Estado español -es muy importante la actuación
de Iberdrola en el Sil- y el 21,66 por ciento en la energía térmica.

No tenemos centrales de energía nuclear y sí otras de cogeneración
muy importantes.

Termino ya haciendo referencia al plan de estabilidad. Creemos que es
un plan continuista y muy preocupante para las comunidades autónomas,
porque tiene que tener en cuenta, señor ministro, que las comunidades
autónomas sólo tienen capacidad de endeudarse precisamente para
financiar proyectos de infraestructuras. Por lo tanto, hay etapas en
las que el déficit es evidente, etapas inversoras fuertes y etapas en
las que el déficit es muy pequeño. Por lo tanto, cuando se va a
aplicar un nuevo marco legal en esta cuestión se están vulnerando
competencias autonómicas que servían para sacar sobre todo a
territorios que no estaban en la



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media del nivel de vida del Estado, ya no digamos de la Unión
Europea, para unas más altas cotas de producto interior bruto y de
bienestar de carácter social. El control del funcionamiento de las
administraciones territoriales por la Administración general del
Estado pensamos que atenta a la autonomía financiera de las
comunidades autónomas cuando aún no se ha clarificado cuál va a ser
el modelo de financiación y pensamos también que, mientras que el
Gobierno central, con permiso del Parlamento, puede justificar
déficit públicos, que no lo puedan hacer las comunidades autónomas
nos sitúa ante un modelo asimétrico, peligrosísimo para el futuro,
que nosotros combatiremos lógicamente cuando se debatan estos
proyectos de ley.




El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Núñez Castain.




El señor NÚÑEZ CASTAIN: Señor vicepresidente del Gobierno,
coincidiremos todos en que el modelo constitucional del Reino de
España no es un modelo constitucional de un Estado centralista, único
y homogéneo; coincidiremos en que nos encontramos ante un Estado
todavía en proceso de cierre, de descentralización, esto que todos
hemos llamado el Estado de las autonomías, y, además, un Estado que
no sólo reconoce las singularidades culturales propias de cada pueblo
que conforma España, sino que también tiene obligación de reconocer
los desequilibrios.

Señor vicepresidente del Gobierno, yo siento un impulso interior de
rebelarme cada vez que escucho en este Parlamento, en este Congreso,
las medias con las que se retrata la situación actual, las medias con
las que se dibuja un escenario, dado lo mal que esas medias
fotografían la situación real de nuestro país, lo mal que fotografían
la media de algunos indicadores, como el empleo o la renta per
cápita. Todos tenemos la tentación de asomarnos y reconocernos en un
espejo y ver si cada uno de nosotros crece con respecto a años
anteriores, pero también podemos asomarnos a la ventana y darnos
cuenta de que, a pesar de que algunos de nosotros crecemos, todos no
estamos creciendo igual y todos los indicadores no funcionan
homogéneamente. A mí me gustaría, señor vicepresidente, que, al lado
de las previsiones globales -que naturalmente tienen que existir- del
Gobierno del Reino de España, existiera un reconocimiento de cuáles
son los mecanismos para conseguir un objetivo que va por encima de
esa media, el objetivo del reequilibrio, de la nivelación de
servicios, del equilibrio en el bienestar y en la calidad de vida de
todos los españoles.

Es razonable -y los andalucistas así lo pensamos- que todos cumplamos
ese escenario, ese pacto de estabilidad que se definió en la Unión
Europea; es razonable que todos queramos tener el mayor equilibrio
presupuestario; es razonable que el Gobierno coordine las estrategias
para llegar a ese marco que nos va a definir
a todos, pero, siendo razonable esto, es mucho más razonable que eso
se dibuje en una sala llena de diálogo, llena de consenso, que en una
concepción del Estado en que casi se niegue la autonomía económica,
que no es sino la autonomía política de las comunidades, y donde de
arriba abajo se marquen unilateralmente, en una vuelta hacia el
centralismo, esos indicadores. Incluso creo que hay buena experiencia
de lo realizado en estos años y que no hay ninguna razón de alarma
por la que el Gobierno tuviera que emplear medidas extraordinarias
con las comunidades autónomas porque se hubieran salido de ese
escenario de nivelación presupuestario que todos buscamos; al revés,
creo que ha habido un comportamiento de equilibrio presupuestario
mucho mayor en las comunidades autónomas que en el propio Estado, que
ha tenido mecanismos, como la utilización de todos los fondos de
privatización de empresas públicas, para emplearlos más
concienzudamente en la disminución de la deuda y no en el incremento
de otros activos.

Por tanto, en el escenario, si se confirman las tesis de los
borradores del proyecto de ley de estabilidad presupuestaria, si se
confirman las tesis de cuál va a ser la filosofía de ese modelo de
financiación autonómica nueva, donde se ofrecen cestas de impuestos
nuevos a las comunidades para que tengan ingresos, habría que hablar
de reequilibrio. Porque hablar de autonomía financiera es hablar de
autonomía financiera en el mismo tanto por ciento en todas las
comunidades. El mero hecho de cesión de impuestos linealmente puede
pervertir el sistema y hacer que algunas comunidades tengan hasta
superávit mientras que otras tengan déficit. En este Estado de las
autonomías habría que pactar un sistema en el que todos jugáramos a
las mismas cartas y todos tuviéramos el mismo equilibrio. Yo creo que
estaríamos de acuerdo en algunas de las cifras que ha expuesto usted
como escenario de los próximos años; seguramente la inflación es algo
que tiene bastante menos credibilidad ahora mismo que otros
macroindicadores, pero a mí me preocupa mucho más que esa media no
represente la media homogénea de las comunidades españolas. Así, por
ejemplo, en cuanto a esa búsqueda del pleno empleo que usted decía
para el cuatrienio 2004-2008, ya existe pleno empleo en algunos
lugares españoles, gracias a Dios, pero también existen tantos por
ciento de desempleo muy superiores a ese 14 o a ese 10 por ciento que
queremos alcanzar. Por lo tanto, es necesario hacer un mayor esfuerzo
en la corrección de estos desequilibrios, porque no son posibles
políticas equilibradoras en un Estado desequilibrado ya que cada uno
está en una posición. Hay personas que ya tienen piso en propiedad,
hay personas que están pagando las letras y hay personas que están
pidiendo el préstamo, y en esa situación no pueden tener la misma
política presupuestaria esos tres grupos de personas. Yo creo que no
podemos convertir en paradigma el superávit presupuestario; el
paradigma es



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resolver los problemas y ver si tenemos capacidad de resolverlos. Sí
es bueno buscar la estabilidad y es buena la vía del diálogo; creo
que hay un escenario donde es perfectamente posible armonizar estos
macroindicadores de forma consensuada y que hay que insistir, como
siempre, en la búsqueda del reequilibrio.

También me voy a referir, señor vicepresidente, a lo expuesto por
usted respecto a la fallida fusión de Endesa e Iberdrola. Yo pienso
que el talonario de cheques de neutralidad está agotado. Me parece
que no es creíble la neutralidad del Gobierno en este proceso, que no
es creíble la neutralidad de los poderes financieros en estos
procesos -hemos leído en la prensa cómo se mueven fichas- y que no es
creíble la neutralidad de los grupos políticos en este proceso. Aquí
nadie es neutral, aquí todo el mundo se ha posicionado. No es por
tanto creíble que el Gobierno se haya limitado a aplicar unas normas
y que esto sea lo que ha salido, sino que se ha apostado en una
dirección. El Gobierno tiene, como sabe S.S., muchos mecanismos para
apostar en una dirección y en otra, y se ha llegado al resultado que
se ha llegado. A mí particularmente me interesa mucho más el futuro
que el pasado; en todo caso, aprender de lo que ha sucedido. Me
interesa mucho más saber ahora cuál es la posición del Gobierno, de
S.S., ante este nuevo escenario, que desde luego no es estable; no se
ha cerrado la partida, no hemos llegado a un equilibrio de mapa
energético, eléctrico, ya cerrado, sino que se van a seguir moviendo
fichas. Y yo le pediría hoy, señor ministro, que nos indicara su
posición de aquí en adelante, más que enzarzarnos en la explicación
del pasado, de la cual en todo caso cada uno tenemos la nuestra.




El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la
palabra el señor Martínez-Pujalte.




El señor MARTÍNEZ-PUJALTE LÓPEZ: En primer lugar quiero agradecer la
rapidez del vicepresidente en comparecer en el Congreso de los
Diputados. Es muy positiva la inmediatez con la que se ha celebrado
este debate y además creo que es de agradecer la frecuencia con que
el vicepresidente del Gobierno acude a la Comisión de Economía.

Cerramos el anterior periodo de sesiones con la comparecencia del
vicepresidente económico del Gobierno y ministro de Economía y
abrimos este periodo de sesiones también con la comparecencia del
vicepresidente económico. No entiendo por tanto la afirmación que ha
hecho el señor Llamazares; de hecho, no en esta sala pero sí en esta
Comisión, se estuvo debatiendo en diciembre sobre cuáles eran las
perspectivas de la fusión de Endesa e Iberdrola, y lo que sucedió fue
que en esa comparecencia el señor Llamazares no estuvo presente o no
intervino.

Hoy estamos aquí para debatir dos cuestiones: la actualización del
Programa de Estabilidad del Reino de España y la posición del
Gobierno o la decisión del
Gobierno en torno a la fusión de Endesa e Iberdrola. Es un debate en
el que llevamos casi dos horas y media y, cuando se oye a los grupos
de la oposición, uno se queda confundido. En política se puede jugar
a hacer profecía, pero es que ayer mismo el nuevo secretario general
del Partido Socialista decía a media mañana algo así como que lo que
hace el Gobierno, al instar y promocionar estas fusiones, es caminar
en sentido contrario a los intereses de los consumidores. Y a la
misma hora que el secretario general del Partido Socialista creía que
la fusión se iba a llevar a cabo y que su discurso era decir que el
Gobierno la había instado -quizá le había aconsejado algún miembro de
su partido-, a la misma hora, los presidentes de las compañías parece
que estaban diciendo que no aceptaban las condiciones del Gobierno.

Es muy difícil justificar un discurso cuando el viernes se sale en
prensa diciendo que gran frustración porque una vez más el Gobierno
se pliega a los intereses de las empresas y luego las empresas no lo
aceptan. Pues no serían tantos los intereses a los que se había
plegado el Gobierno. Y el señor Llamazares todavía fue más lejos.

Este debate de hoy tiene esa contradicción que de algún modo
ridiculiza el cambio de posiciones que tienen que hacer los grupos de
la oposición para seguir oponiéndose al Gobierno.

Mi grupo, en primer lugar, quiere hacer una valoración de la
actualización del Programa de Estabilidad, porque nos parece muy
importante. No sé por qué el portavoz del Grupo Socialista no habla
en absoluto de un tema tan importante. Nos parece muy importante que
se fijen unos objetivos, nos parece muy importante que esos objetivos
sean ambiciosos y que de alguna manera se fije cuál es el camino para
llegar a esos objetivos. Yo siempre tengo una cierta sensación, en
los debates en esta comisión, de que al Grupo Socialista no le
preocupa la creación de empleo, no le preocupa el futuro, la
convergencia real con Europa, no le preocupa el crecimiento y se
dejara llevar más por el día a día de las acusaciones al Gobierno,
algunas veces tan incoherentes como las que vemos hoy, que son
distintas de las que se hicieron el viernes.

A nosotros nos parece que el Plan de Estabilidad plantea unos
objetivos económicos que prevén un crecimiento económico vigoroso,
prevén una creación de empleo importante y además un horizonte donde
España irá recortando la distancia con Europa. Yo creo que nadie
discute en esta Cámara que es bueno pasar del 25 por ciento de tasa
de paro al 8 por ciento, nadie discute que es bueno crear cuatro
millones de puestos de trabajo, nadie discute que es bueno ir
recortando la posición con los países más prósperos de Europa; nadie
lo discute. Y es evidente que la política del Gobierno ha hecho
posible caminar por una senda que permite ir corrigiendo la tasa de
paro. Decía el vicepresidente que estamos situados casi por debajo
del 14 por ciento, cuando veníamos de una tasa de paro de casi el 25
por ciento, que se ha creado empleo y que estamos recortando



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nuestra distancia en estos últimos años casi en cinco puntos con la
media europea. Y el análisis que hay que hacer y el análisis que hace
mi grupo es cómo se ha hecho y qué es lo que hay que seguir haciendo
en el futuro para que ésa sea la línea que nos permita llegar a los
objetivos. A nosotros nos parece muy importante lo que se ha hecho en
materia de recorte del déficit público (hace unos meses, desde la
oposición, se decía que esto de llegar al equilibrio presupuestario
era una manía contable); a nosotros nos parece muy importante el
esfuerzo porque creo que eso ha contribuido, y así lo dicen todos los
analistas, a sentar unas bases vigorosas que permitan el crecimiento
y la creación de empleo.

Este programa incluye en sus instrumentos la ley de estabilidad
presupuestaria. Yo agradezco al señor Llamazares que la considere un
texto muy importante y muy positivo. (El señor Llamazares Trigo:
¿Positivo?) No. Muy importante. Él cree que muy negativo y yo creo
que muy positivo. Pero tenemos una cosa común y es que creemos que es
un texto importante, que se ha hecho una ley importante; una ley que
hace que las administraciones tiendan a no gastar más de lo que
ingresan. Creo que ése es el camino. Él entiende que eso no es
positivo, que hay que ir a una política más de déficit público (él
hablaba también de anticíclica) y nosotros entendemos que es mejor la
estabilidad presupuestaria. Y lo entendemos empíricamente porque,
conforme se ha ido recortando el déficit público, ha ido aumentando
el empleo. Nosotros vemos que cuando se va pasando de un déficit
público casi del siete por ciento al equilibrio presupuestario, a la
vez, se va pasando de una tasa de paro del 25 por ciento a una tasa
de paro del 14 por ciento; conforme se van equilibrando las cuentas
públicas se va creando empleo. Creemos que ese es el camino y sentar
una base de estabilidad presupuestaria nos parece positivo para el
empleo. Hay que seguir con las reformas estructurales; se han hecho
muchas, han permitido liberalizar los sectores económicos y hay que
seguir con ellas. El Gobierno ha traído muchas reformas a esta
Cámara; casi siempre han encontrado el no de la oposición, excepto
una vez, con la reforma del mercado de trabajo; quizás en aquella
ocasión estuvieron más presionados por los sindicatos. Pero en el
resto, siempre han votado que no. Nosotros pensamos que hay que
seguir caminando en el planteamiento de reformas estructurales. Es
muy importante -en esta Cámara ya lo decía en diciembre y vuelvo a
insistir- abordar la nueva reforma del mercado de trabajo. Parece que
los agentes sociales están negociando, parece que esas conversaciones
van por buen camino; pero creemos que es muy importante seguir con
reformas estructurales y abordar la reforma del mercado de trabajo.

Hay que seguir modernizando el sistema fiscal. Se ha hecho mucho en
la anterior legislatura, en temas de ahorro, de pymes, bajando la
imposición a las pymes,
bajando la imposición del ahorro, bajando la imposición de la
familia, de asalariados, pensionistas; y se han abordado muchas
reformas para permitir internacionalización, reestructuración
empresarial, competitividad. Pero creemos que hay que seguir en ese
camino, que es lo que contempla el plan presentado por el Gobierno,
plan donde, con la base de la Ley de estabilidad presupuestaria, ya
ha anunciado el ministro de Hacienda importantes reformas
impositivas, incluso a corto plazo, en el impuesto de sociedades. Hay
que seguir apoyando la política de oferta. En eso coincido con el
señor Sevilla. Eso es una novedad de 1996. Antes se hacía más una
política por el lado de la demanda y nos alegra y nos parece positivo
que el Partido Socialista venga ahora a entender que lo que hay que
hacer es una política por el lado de la oferta, una política que
permita construir un tejido productivo que se sitúe en los segmentos
de la innovación, el diseño, la marca, etcétera.

Creo, señor presidente, y es la opinión de mi grupo, que estamos en
un momento importantísimo de la historia económica de Europa. El paso
de las monedas nacionales al euro va a suponer una revolución y son
los países que trabajen con más profundidad las reformas, los países
que mejor cumplan los deberes, los que conseguirán aprovecharse de
las oportunidades que nos va a abrir el euro. Por eso el plan
presentado por el Gobierno nos parece tan positivo, porque es un plan
que no mira al pasado. En el pasado se han hecho las cosas muy bien,
se ha crecido, se ha generado empleo, se ha conseguido mejorar el
bienestar de los ciudadanos. Pero es un plan que mira al futuro, que
plantea horizontes de futuro y plantea el camino para llevar a la
sociedad española a mejores posibilidades en el futuro, aprovechando
las oportunidades que se nos brindan. Lo que vamos a hacer desde este
grupo parlamentario es seguir trabajando en positivo y agradecería
que la oposición también se uniera al trabajo en positivo; hasta
ahora no hemos conocido propuestas positivas. La única oferta que se
hizo en el anterior periodo de sesiones fue bajar el impuesto sobre
la gasolina, cambió el mercado internacional del petróleo y nunca más
se supo de aquella interesantísima propuesta que hubiera conducido a
un desastre a la economía española. No se ha conocido ninguna otra
propuesta. El resto fue votar que no. La posición del Grupo
Parlamentario Popular, creo y afirmo, va a ser seguir planteando
reformas para el futuro de una manera positiva, de acuerdo con lo que
ha hecho el Gobierno. Felicito al vicepresidente por un programa que
no mira al pasado, sino que mira al futuro y permite aprovechar las
oportunidades para beneficio de todos los ciudadanos.

Ahora se plantea -se ha dicho esta mañana- qué pasa con la fusión de
Endesa e Iberdrola. Entiendo que es un debate que hay que hacer. En
mi opinión, ha pasado lo que todo el mundo preveía que iba a pasar o
han actuado los agentes como todo el mundo preveía que iban a actuar.

No hay grandes sorpresas y el Gobierno



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ha hecho lo que tenía que hacer. Esta mañana un comentarista escribía
en un periódico la siguiente frase, que a mí me parece muy
interesante: Al final, el Gobierno ha actuado como Gobierno, en
defensa de los intereses de los ciudadanos, y las empresas como
empresas. Y esto sigue pareciendo raro a mucha gente (Rumores.) Pero,
en mi opinión, el Gobierno ha hecho lo que tenía que hacer:
establecer reglas similares para todos, defendiendo los intereses de
los consumidores, impulsando y respetando la competencia y
anteponiendo intereses generales a cualquier otra opción. A partir de
ahí, las empresas han hecho lo que tenían que hacer, que es tomar sus
decisiones de una manera independiente y atendiendo a los intereses
de los accionistas. Decía el señor Azpiazu que ayer subió la
cotización de una de las empresas. Pues bien, esta mañana ha subido
más del 10 por ciento la cotización de Iberdrola y casi el 4 por
ciento la de Endesa. Las empresas han hecho lo que creían conveniente
y han actuado como han creído conveniente, de acuerdo con un marco
que el Gobierno ha establecido, que estaba dentro de su marco
competencial, para fijar unas reglas de juego que defendieran los
intereses generales y los de los consumidores. Yo desde luego no
creo, y así lo ha hecho constar también el vicepresidente, que las
empresas esperaran que se hiciera presentable a los accionistas de
esas empresas unas condiciones que el mercado no entendía. No creo
que las empresas esperaran otras condiciones que las que ha puesto el
Gobierno, unas condiciones que además se ajustan a lo que han dicho
los órganos independientes, la Comisión Nacional de Energía y el
Tribunal de Defensa de la Competencia, en casi todos los puntos. Por
otra parte, el tercer elemento en cuestión, que es la oposición, ha
hecho lo que estaba en su razón de ser en la última época, que es
oponerse a todo. Se opuso el viernes diciendo que las condiciones
eran suaves y se ha opuesto hoy en un discurso confuso diciendo que
si fracaso o no fracaso. Aquí ni hay fracaso ni deja de haberlo. La
política de competencia es una política intervencionista que limita
la libertad de empresa en favor del interés de los consumidores, en
favor del mercado, en favor del interés general. Esto es así y el
Gobierno ha hecho lo que tenía que hacer. La fusión se planteó hace
tres meses y se elaboró un informe por los órganos independientes,
Comisión Nacional de Energía y Tribunal de Defensa de la Competencia.

Y en Europa y en todos los países, cuando hay -procesos de fusión y/o
concentración, lo que se fija son las condiciones para autorizarla o
no y en qué marco. El Gobierno, ni sí ni no. Decía antes el portavoz
socialista si el Gobierno había aprobado o no había aprobado. El
Gobierno ni aprueba ni desaprueba. El Gobierno en todo caso autoriza
o no y en este caso lo que ha hecho, siguiendo la recomendación del
Tribunal de Defensa de la Competencia y de la Comisión Nacional de
Energía, ha sido autorizar con una condición. Por tanto, hablar de
éxito o de fracaso lo harán los
accionistas, juzgando a las empresas cuando lo crean conveniente.

A mí me da la impresión de que esto de impulsar grupos, impulsar
fusiones, impulsar compras es de otra época -también lo conocíamos-,
otra época en la que se potenciaban grupos y había llamadas diciendo:
entra en este sector o compra esta empresa. Eso ahora no funciona. No
todo es igual, algo ha cambiado desde 1996 y eso ya no funciona, no
funciona así. El Gobierno, lo ha manifestado el vicepresidente y
desde luego el Grupo Parlamentario Popular, es respetuoso con la
decisión que tomen las empresas y ha sido respetuoso además con la
opinión de los órganos independientes y no se ha manifestado en un
sentido ni en otro antes de que los órganos dijeran cuál era su
consejo, cuál era su opinión. De hecho, el único portavoz político
que expresó una opinión favorable a la fusión, con condiciones, fue
el señor Sevilla, adelantándose a lo que diría el Tribunal de Defensa
de la Competencia. Eso sí, él decía que había que poner condiciones,
que por cierto, son condiciones que también decían todos los
analistas, todos los que estaban escribiendo sobre este asunto, y que
se ajustaban a lo que también estaba diciendo la Comisión Nacional de
la Energía y el Tribunal de Defensa de la Competencia. Era lógico que
se pusieran condiciones; nadie podía esperar que no se pusieran. Yo
me he hecho un cuadrito, que es bueno verlo para entender qué hubiera
pasado si no se ponen condiciones a esta fusión. En generación, en
distribución y en comercialización, hubiera sucedido que España se
encontraba en una situación con una empresa monopolista. Y había que
poner condiciones, condiciones que se han puesto para garantizar
interés de consumidores, interés del tejido productivo, interés de
las pymes. ¿Y qué condiciones se han puesto? Condiciones
absolutamente normales. En generación, que no se supere la generación
de Endesa. El portavoz del Grupo Socialista ha dicho alguna vez que
ésa le parece mucha. Yo no sé si es mucha o poca. Desde luego es la
que había en el año 1996. En el año 1982, no llegaba al 20 por
ciento, creo que era el 15 por ciento o así. En el año 1996 era del
42 por ciento. Es lo que nos encontramos. No sé si eso era bueno o
malo en anteriores épocas. Entre 1991 y 1993, Endesa hizo opas sobre
tres empresas eléctricas y aumentó su capacidad de generación de una
manera bestial. Bien, mal, regular. Seguro que el señor ministro
adoptó la decisión que tuvo que adoptar en aquel momento o lo que
entendió conveniente. No la juzgo. Pero hablar de que el 42 por
ciento es mucho… Es la generación que actualmente tiene instalada
Endesa, que es la que nosotros nos encontramos. El Gobierno sigue un
mix en distribución entre lo que dice el Tribunal de Defensa de la
Competencia y la Comisión Nacional de Energía y en comercialización,
que es lo más pegado a los consumidores, es todavía más duro. A
partir de ahí, el marco en el que el Gobierno autorizaría la fusión;
las empresas son las que deciden.




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Lo que no se puede decir es una cosa en diciembre, decir que se
estaría de acuerdo si la fusión se hace con estas condiciones; otra
cosa el viernes, diciendo que se ha concedido a los amigos, previendo
que se va a llevar a cabo la fusión o que las empresas van a decidir
seguir con el proceso; y otra cosa el lunes, cuando las empresas
decían otra cosa. Así no hay quien debata seriamente ni sobre el
marco regulatorio del sector eléctrico ni de ningún tema. Las
opiniones de la oposición cambian cada 48 horas, dependiendo de lo
que hacen otros señores. Parece que no hay una opinión consolidada en
el grupo y, dependiendo de lo que hacen otros, fija su posición, para
ver si molesta más o menos al Gobierno.

Desde el Grupo Parlamentario Popular vemos que la decisión que adoptó
el Gobierno era la adecuada, que es una decisión que garantiza el
interés general, el interés de los consumidores. Por otra parte, creo
que el interés de los consumidores en España va bien, y sirva un solo
dato: 1988, suben las tarifas eléctricas un 5,50; 1989, un 4,10;
1990, un 5,50; 1991, un 6,80; 1992, un 3,20; 1993, un 2,90 -por
cierto, ocupando el señor Sevilla un cargo importante en el
Ministerio-; 1994, un 2,06; 1995, un 1,48; en 1996, en que ya tenemos
nosotros responsabilidad a la mitad del año, se mantiene la tarifa,
cero; y en 1997 baja un 3 por ciento, en 1998 baja un 3,63; en 1999
baja un 5,57; en 2000 baja un 4,85 y en el 2001 hay otra rebaja. No
les va tan mal a los consumidores con la política del Gobierno,
tampoco les va tan mal.

Yo creo, señor presidente, que este Gobierno lo que tiene que hacer
es seguir tomando medidas positivas, porque son las medidas que están
ayudando al crecimiento, a la creación de empleo. Y ladran, luego
cabalgamos, amigo Sancho, que decía don Quijote. (El señor Sevilla
Segura pide la palabra.)



El señor PRESIDENTE: Señor Sevilla.




El señor SEVILLA SEGURA: Señor presidente, al amparo del artículo
73.1 solicito la palabra.




El señor PRESIDENTE: Sabe usted que ya lo hemos discutido en otras
ocasiones, señor Sevilla, y también en Pleno. Es una cuestión que
está muy discutida en la Cámara.




El señor SEVILLA SEGURA: Si se lee el texto del artículo, creo que no
hay ninguna discusión.




El señor PRESIDENTE: Al final de la intervención del señor
vicepresidente, puede usted hacer alguna aclaración, tal y como se
viene haciendo en las comisiones. El artículo es muy restrictivo en
su aplicación en la Cámara.




El señor SEVILLA SEGURA: Insisto en que, si se lee, a nadie que haya
escuchado la intervención del
señor Pujalte le sorprenderá que yo solicite la palabra, de acuerdo
con ese artículo. Usted toma la decisión.




El señor PRESIDENTE: Hágalo en el mínimo tiempo posible, por favor.




El señor SEVILLA SEGURA: Cinco minutos es lo que marca el artículo.

(Rumores.)
Reconozco que es triste el papel que tiene que desempeñar un vocero
del Gobierno y también comprendo que no siempre se entiendan las
complejidades de las cosas. Para eso cada uno tiene las dotaciones
naturales, como decimos los economistas, adecuadas para entender las
posiciones que manifiestan unos y otros.

Intentar aprovechar un turno de supuesto cierre para descalificar
permanentemente, para lanzar infundios, para decir medias verdades,
que como se sabe es una manera fina de mentir, no creo que sea
hacerle ningún papel de realce ni a esta Comisión ni al Parlamento.

Comprendo que es complicado defender lo que les ha pasado con esta
fusión, pero de eso ya hemos hablado. La posición que el Partido
Socialista ha mantenido en este asunto desde el principio es
perfectamente coherente. Dijimos que no nos importaba tanto la
fusión, que en ese sentido no teníamos nada en contra, dependiendo de
las condiciones. Lo he dicho antes, esto no es un matrimonio por
amor, sino por intereses y, por tanto, las condiciones son
importantes. Consideramos que el Gobierno había autorizado la fusión
con unas condiciones que no eran convenientes y lo criticamos.

Consideramos que el Gobierno ha hecho mucho por defender esta fusión
y por tanto consideramos que el que no haya salido la fusión es un
patinazo político importante para este Gobierno.

Señor Pujalte, se lo puedo decir más alto, más claro, no. Y si no lo
entiende, después de esta sesión le daré clases particulares.

(Rumores.-Un señor diputado: ¡Qué barbaridad!)



El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Martínez-Pujalte.




El señor MARTÍNEZ-PUJALTE LÓPEZ: Señor presidente, yo no había hecho
ninguna alusión de tipo personal, como sí ha hecho el señor Sevilla.

Estudiamos la carrera juntos, yo sé que es un buen estudiante, puede
dedicarse a dar clases, incluso clases particulares, yo no las
necesito de él, pero hace un triste papel aquí defendiendo una
posición cuando el viernes defendía la contraria. Lo lamento y
lamento también que tenga que justificar los consejos que le da su
secretario general, que ayer hizo el ridículo hablando de lo que no
ha sido verdad, pero entiendo también que estamos aquí para defender
los intereses de los consumidores, para defender los intereses
generales y que el Grupo Socialista está más en la oposición negativa
que en las propuestas positivas. Señor Sevilla, se lo digo



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con todo cariño, ese es un mal camino para ser candidato a ministro
de Economía, como usted afirmaba que era recientemente en un
periódico, ese es un mal camino. Sería mejor camino aprovechar su
inteligencia para hacer propuestas positivas y para no estar hablando
continuamente en negativo.




El señor PRESIDENTE: Para contestar a los distintos grupos
parlamentarios, a sus portavoces, tiene la palabra el señor
vicepresidente segundo.




El señor VICEPRESIDENTE SEGUNDO DEL GOBIERNO PARA ASUNTOS ECONÓMICOS Y
MINISTRO DE ECONOMÍA (De Rato y Figaredo): Señorías, gracias por
todas las intervenciones. Comenzaré hablando de mi segunda
intervención, puesto que he visto que la mayor parte de los grupos
parlamentarios han encontrado más interés en discutir sobre las
propuestas empresariales y las cuestiones de competencia del sector
eléctrico que sobre el cuadro macroeconómico de la evolución de la
economía española, el empleo y las pensiones de los próximos cuatro
años. En ese sentido, sin dejar de hacer referencia a esa cuestión,
trataré de responder a lo que SS.SS. han puesto mayor énfasis. Como
muy bien ha dicho el señor Azpiazu, procede criticar al Gobierno. Eso
ha quedado claro. Lo único que no me ha quedado excesivamente claro,
y de puertas afuera es todavía menos claro y menos obvio, es que si
una propuesta de fusión de dos empresas privadas que, al parecer, hoy
todas SS.SS. -una parte de ellas, al menos- consideran bueno que no
se haya producido, no es consecuencia de las condiciones que impone
el Gobierno, en ese salto -y tenemos que seguir al señor Azpiazu-
procede criticar al Gobierno. Independientemente de que la fusión no
se produce como consecuencia de las condiciones que pone el Gobierno,
todos los grupos parlamentarios de oposición consideran que el
Gobierno ha hecho mal en poner esas condiciones pero que las empresas
han hecho bien en no llevar a cabo la fusión, como consecuencia,
repito, de las condiciones que pone el Gobierno.

No es fácil seguirles (Risas.); como tampoco tengo por qué hacerlo,
me limitaré a poner de relieve lo que les he entendido. Especialmente
difícil es seguir al Grupo Socialista, porque me plantea que el
Gobierno ha hecho el ridículo como consecuencia de unas condiciones
que, en su opinión, no debería haber puesto, porque entiende que
debería haber seguido las recomendaciones de los órganos
independientes. En primer lugar, el Grupo Socialista, en una posición
que yo reflejé como sorprendente, respetable, pero sorprendente, ya
el 13 de diciembre demostró su posición favorable a la fusión con
condiciones. Fue una posición absolutamente legítima, que yo encontré
arriesgada pero que en cualquier caso, como no tengo por qué hacerme
responsable de las posiciones de los grupos de oposición,
consideré perfectamente respetable. Pero no es posible decirnos hoy
que ha cambiado la posición como consecuencia de los mercados, porque
los mercados habían sancionado esta operación mucho antes de que el
Grupo Socialista dijera cualquier cosa e incluso antes de que lo
dijera yo. Lo que ya es más sorprendente es que el viernes el Grupo
Socialista considere que las condiciones que ha puesto el Gobierno
son crear un monopolio, regalar una situación de privilegio a unos
amigos y entender que los accionistas de esas compañías son tan
irracionales que prefieren no tener un monopolio. Eso, sencillamente
no es creíble, no lo es. Podremos discutir si el porcentaje de
generación que marca el Gobierno es el que debería marcar o no, pero
lo no creíble es decir que el Gobierno apuesta por una fusión
poniendo unas condiciones, que estas son, nada más y nada menos, un
regalo y un monopolio, y que en un mercado libre los accionistas de
unas compañías deciden rechazar el monopolio y el regalo.

Sinceramente, me es muy difícil no ya seguir un debate sino ni
siquiera unos consejos. La oposición podrá ser dura, blanda,
colaboradora o no, pero, por lo menos, tendremos que saber que tiene
alguna opinión que dura más de una fecha de caducidad de 24 ó 48
horas.

La argumentación que nos dan -y la han adoptado los demás portavoces
que han seguido la magnífica descripción del señor Azpiazu de:
procede criticar al Gobierno- es que el Gobierno se ha equivocado en
las condiciones porque él tendría que entender como vinculantes los
dictámenes de la Comisión Nacional de la Energía y del Tribunal de
Defensa de la Competencia. En el caso del Grupo Socialista esto es
todavía más llamativo, porque el Grupo Socialista, en una propuesta
por escrito en esta legislatura -no hablo de legislaturas anteriores-
nos ha planteado que en todos los temas de competencia sea la
Comisión Nacional de la Energía y no el Tribunal de Defensa de la
Competencia el que actúe en el sector energético, cosa que no ha
repetido otra vez, pero eso es porque las propuestas del Grupo
Socialista, en esto y en casi todo, tienen la fecha de caducidad como
los alimentos no elaborados y perecederos, porque no resisten más. En
este caso no podríamos seguir las dos posiciones vinculantes, porque
no son iguales. Es decir, si hubiéramos tenido lo que ustedes nos
piden, que es un sistema vinculante del Tribunal de Defensa de la
Competencia y de la Comisión Nacional de la Energía, tendríamos que
incumplir la ley, porque no son coincidentes. Y no es fácil que en
este tema sean coincidentes, porque las apreciaciones que hace sobre
el tema de distribución la Comisión Nacional de la Energía, que son
solventes, no son exactas a las que hace el Tribunal de Defensa de la
Competencia, probablemente porque cada una de las instituciones tiene
una visión sectorial del problema, legítima y acertada. Por eso,
nosotros no seguimos la recomendación del Grupo Socialista de que
todos los temas de competencia de telecomunicaciones los llevara la



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Comisión Nacional de las Telecomunicaciones y que todos los temas de
energía los llevase la Comisión Nacional de la Energía, porque estos
temas son más complejos. El que los informes de los órganos
independientes sean vinculantes, que es algo muy importante, es muy
discutible, tanto que la mayoría emanada de las elecciones del año
1986 consideró que no debería hacerse. O sea que, independientemente
de que estén ustedes en un relevo generacional, sus antecesores
políticos consideraban que el Gobierno democrático, sometido al
control parlamentario, debe tener un margen de actuación, del que
tendrá que responder, sin duda. Ustedes me podrán preguntar: ¿Por que
elige usted la fórmula de distribución que le plantea la Comisión
Nacional de la Energía corregida y no sigue la recomendación del
Tribunal de Defensa de la Competencia? Sin duda, es un debate
perfecto, que podemos tener. (El señor Sevilla Segura: Pues,
plantéelo.) Plantéelo usted si es capaz de mantener la misma posición
dos días seguidos, señor Sevilla, pero no me puede decir a mí que
tengo que tener las dos cosas vinculantes, con el antecedente de que
me ha pedido que haga que toda la política de competencia sectorial
dependa de los órganos sectoriales, que por cierto era una gravísima
equivocación, como se puede comprobar en este caso. Fíjense lo que
les digo, esto ya no tiene tanta importancia porque, como muy bien ha
dicho el portavoz del Grupo Andalucista, todo esto tiene un interés
de pasado. Lo que tiene importancia es que algunas de SS. SS. crean
que porque no se produce una fusión empresarial hay que plantearse un
cambio de marco regulatorio. Eso es una cosa equivocada, perdónenme.

Nos tenemos que ir acostumbrando a que haya más operaciones en las
que los servicios de defensa de la competencia, los órganos
reguladores y el Gobierno pongan condiciones que no hagan posible
fusiones, legítimamente planteadas pero que no pueden cumplir las
reglas que entiende el Gobierno que deben cumplir. Eso no quiere
decir que haya que replantearse la regulación del sector porque,
según eso -y aquí tengo una lista no exhaustiva-, por decisiones de
la Comisión Europea, tendríamos que habernos replanteado ya el sector
aeronáutico, el sector de televisión de pago, la televisión por
satélite, la distribución comercial, los productos químicos,
etcétera. No pasa nada porque un Gobierno, en el legítimo uso de sus
responsabilidades, controlado por el Parlamento, siguiendo las
recomendaciones, no vinculantes pero sí conocidas, de los órganos
reguladores, ponga unas condiciones acerca de las cuales los
responsables de una empresa digan que quieren hacerlo de otra manera.

Eso no supone que haya que cambiar el marco regulatorio. Estaríamos
dando una importancia absolutamente desproporcionada a los
planteamientos que hacen las compañías privadas en su legítimo deseo
de tomar decisiones. Estos señores han planteado una fusión,
legítimamente, -¿por qué no la iban a poder plantear?-, muy difícil
sin duda, y todos
éramos conscientes de su dificultad. El primero que se atrevió a
decir que la aprobaría con condiciones fue el Grupo Socialista. Tengo
que decir, como ha indicado el señor Martínez-Pujalte, que las
condiciones que el Grupo Socialista mencionó en la intervención del
13 de diciembre no son muy distintas de las que los demás hemos
planteado. Bueno, ahora ustedes querrán decir que son radicalmente
opuestas. En cualquier caso, esa no es la cuestión, la cuestión es
que entendíamos que la fusión era posible con condiciones.

En segundo lugar, se nos dice -y es otra cuestión- que el Gobierno ha
presionado al Tribunal de Defensa de la Competencia. Eso, señor
Sevilla, lo lleva usted a los tribunales. Si usted sabe que se está
presionando a personas, que no aceptarían la presión, además de que
supone insultar a las personas que forman parte de los órganos
reguladores, ha de acusar al Gobierno de actuaciones ilícitas. Eso,
señor Sevilla, por mucho que sea usted parlamentario, o lo demuestra
usted o no nos lo diga. El Gobierno no ha presionado a nadie, a
nadie, en ningún caso, y reírse después de decir una cosa de ese
calibre no es suficiente. (Varios señores diputados: Muy bien.) Desde
el punto de vista de operación determinante para la política
energética, la fusión era una operación muy importante porque
afectaba al 80 por ciento del mercado eléctrico español, pero no es
una política determinante para nada; es una política empresarial que
está sometida a condiciones, que han hecho que las decisiones
empresariales se revisen. Eso va a suceder en este caso, está
sucediendo en Europa en otros muchos y va a seguir sucediendo en
nuestra economía en más de una ocasión.

En cuanto a que no hay competencia en el sector eléctrico, ¿con qué
habría que medir esa afirmación? ¿Con el pasado? Me dirán ustedes: el
pasado ni mentarlo. En el sector eléctrico, lo comprendo. Pero la
comparación con el pasado es a todas luces a favor del actual marco.

¿Con las tarifas que pagan las empresas, que están en un mercado
libre, porque no están sometidas a tarifa? También. ¿Con la relación
de la apertura del mercado eléctrico en función de la directiva
europea y la normativa española? Nosotros vamos mucho más deprisa que
la media europea en el proceso de liberalización del mercado
eléctrico. ¿Que eso no les parece suficiente a determinados grupos
parlamentarios? Me parece legítimo que nos lo digan. Ni siquiera voy
a recordar cuál era su política eléctrica cuando tenían capacidad
política para definirla, porque no importa. Si creen que tenemos que
plantear alternativas, estamos totalmente dispuestos a escucharlas, a
ser posible que duren veinticuatro horas, o si es posible una
legislatura, pero, si no, nos tendremos que ir adaptando al cambio de
opiniones de algunos grupos parlamentarios. Lo que es importante es
recordar que los consumidores españoles, como consecuencia del nuevo
marco regulatorio que ha impuesto el Gobierno, se han ahorrado más de
400.000 millones de pesetas por las bajadas de tarifas



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desde el año 1997 al año 2001; depende de quien gobernase, claro.

Como he repetido, nosotros vamos a tener un sistema totalmente
liberalizado en el año 2003, mucho antes de lo que exigen las
directivas europeas, que estarían planteando una liberalización no
del cien por cien, sino del 29 por ciento en esa fecha. Una crítica
que han planteado varios grupos parlamentarios es que el Gobierno
actúa de manera distinta en operaciones similares. Voy a responder a
esa crítica. Las fusiones que se producen como consecuencia de la
absorción de filiales por parte de Endesa no me parecen equiparables.

Eran sociedades que ya estaban dominadas por Endesa. Se podrá
discutir si esa operación, empresarialmente, tenía o no sentido (yo
no me siento con capacidad para discutirlo), pero desde el punto de
vista de la competencia para empresas en las que el 40 o el 50 por
ciento del capital era ya propiedad de la sociedad central sus
consecuencias sobre la competencia no existían. Otra cosa es que se
pueda discutir o entender que desde el punto de vista político o
territorial eso se tenía que haber planteado de una manera o de otra,
pero en lo relativo a la competencia no existen similitudes con la
situación anterior. En el caso de Unión Fenosa e Hidrocantábrico -por
cierto, otro caso en el que, si hubiéramos tenido que seguir un
dictamen vinculante de la Comisión Nacional de la Energía o del
Tribunal de Defensa de la Competencia, no hubiéramos podido tomar
ninguna decisión, porque decían exactamente lo contrario, además
legitima y argumentadamente, en ambos- el Gobierno partía de una
posición distinta, porque las empresas no planteaban un plan de
desinversiones; no estaba en su planteamiento inicial. Por tanto, el
Gobierno entendió que no era posible. Es verdad que la argumentación
básica que motivó la negativa del Gobierno a esa fusión era la
desaparición de un operador. Bien, señor Llamazares, en el acuerdo
del Consejo de Ministros del viernes se dice que la fusión sólo es
posible con condiciones para que se produzcan no cuatro, sino cinco
operadores. Por tanto, el Gobierno sigue en la teoría -por otra parte
discutible y discutida- de que lo básico en este momento, con un
mercado eléctrico que prácticamente no tiene interconexión con
Francia, es el número de operadores. Esa es una teoría que puede
compartirse o no, pero lo que no se puede decir es que el Gobierno no
sigue sosteniendo esa teoría, porque el acuerdo del Consejo de
Ministros del viernes es precisamente una de las bases de las
condiciones de la fusión. Por tanto, el Gobierno ha actuado de la
misma manera, manteniendo los mismos principios que inspiran su
política del sector eléctrico.

Es verdad que el Gobierno aprueba un decreto-ley sobre las CTC en la
misma fecha. Por cierto, señor Sevilla, entiendo que es retórico,
porque los decretosleyes aprobados están en vigor. No sé si S.S. se
define como algunos de nuestros compañeros como un fino jurista, pero
sin ser siquiera fino ni jurista se sabe que
los decretos-leyes una vez aprobados están en vigor, y que el
Gobierno no los puede retirar, aunque la Cámara puede votarlos en
contra, indudablemente. El Gobierno toma esta decisión porque, una
vez que autoriza la fusión, entiende que algunas cuestiones
relacionadas con los costes de transición a la competencia tienen que
quedar establecidas y, como entiende que hay base para establecerlas,
le parece que es un momento adecuado para hacerlo. La oportunidad de
los decretos-leyes es debatible siempre, el Gobierno entiende que hay
razones para ello. En segundo lugar, el Gobierno no cambia la Ley de
competencia, lo que introduce es que las mismas sanciones que hay en
notificaciones de conductas se extiendan, en el mismo montante
exactamente, al incumplimiento de los acuerdos del Consejo de
Ministros, que por cierto, señor Azpiazu, se suman a las que ya
existen, porque sepa usted -probablemente no lo recuerde- que cuando
se incumple un acuerdo de concentración se puede imponer una multa de
hasta el 10 por ciento del volumen anual de las ventas -no está mal
en este caso-. Además introducimos una más para equiparar el
incumplimiento de unas condiciones de concentración al incumplimiento
de las notificaciones para las propias concentraciones. Por tanto, no
sería sólo una multa de dos millones de pesetas día, sino que sería
el 10 por ciento de las ventas; yo no sé en estos momentos las ventas
de estas compañías conjuntas, pero el déficit cero se aproximaría
notablemente. ¿Qué pasa con el sector -me plantean tanto el señor
Sevilla como algunos de los otros portavoces-? Pasa lo que ya está
previsto, el sector ya está liberalizado en el año 2003, eso es lo
que pasa, mucho antes de lo que va a suceder con otros sectores
eléctricos europeos y, en cualquier caso, con un ritmo de cambio de
un marco legal y estable de intervención pública en el año 1996 a un
mercado liberalizado en el año 2003 que el Gobierno considera que ha
sido muy positivo, pero es lo que pasa con el sector; no tenemos que
plantearnos una nueva regulación de nada porque unas empresas decidan
fusionarse o no. Por tanto, yo no estoy de acuerdo para nada en que
haya que plantear un cambio de marco normativo en ningún caso. Se
sigue con unos criterios que mantiene el Gobierno sobre el número de
operadores, se sigue con un criterio que el Gobierno ha planteado en
los decretos-leyes de junio de que por encima del 40 por ciento de
generación ninguna empresa podrá aumentarlo hasta el año 2005 y, a
partir de ahí, el Gobierno no tiene ninguna intención de cambiar el
marco normativo ni el marco regulatorio.

Con respecto a los costes de transición a la competencia, no son
costes no justificados, señor Sevilla, no lo son, y además eso no lo
ha dicho nadie. (El señor Sevilla Segura: Sí, usted.) No, perdone, yo
he dicho que, si se venden unos activos y se afloran unas plusvalías
por encima del coste estándar, se demostraría que en el caso de ese
activo -si no lo he dicho así, lo digo ahora, perdóneme, no me he
explicado bien- hay una



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injustificación de los costes de transición, en ese caso, pero no del
conjunto -a lo mejor yo le he entendido también mal a usted-. Por
tanto, no es que todos los costes de transición a la competencia
estén injustificados, es que lo estarían aquellos que se produjeran
en ventas en las que aflorasen plusvalías. Ya son ganas de no
ponernos de acuerdo en nada. Eso es lo que usted sostenía exactamente
el 13 de diciembre; sea usted capaz de sostener algo durante quince
días. (El señor Sevilla Segura: Usted ha cambiado de opinión.) Yo no
dije nada, yo en aquel momento le escuché con gran atención y tengo
que decir que con gran sorpresa; la sorpresa era justificada habida
cuenta que ahora tiene usted que hacer que nos olvidemos de aquello.

En cualquier caso, los costes de transición a la competencia
continúan tal y como fueron aprobados, con una diferencia,
efectivamente, de titulización. El Gobierno entiende que, al no
haberse utilizado el sistema de titulización, no tiene ningún sentido
mantenerlo, y fija un calendario para que, por el sistema de
diferencias, estos costes puedan satisfacerse, siempre que no se
demuestre activo por activo, en ventas concretas, que son
injustificados. Decir en el día de hoy que el Grupo Socialista cree
que no van a venir inversores extranjeros al mercado eléctrico
español es ya más arriesgado todavía que lo del 13 de diciembre;
usted sorprende a la afición. Eso es tremendo, porque está pasando
ahora mismo. Vamos a no acordarnos de eso. El marco regulatorio
español es por lo menos igual de estable y de atractivo que el del
resto de los países o más, a juzgar por lo que estamos viendo todos
los días en la Bolsa. En este mismo momento me acaban de pasar un fax
-no sé si lo sabe S.S.- de lo que está pasando. El atractivo de
nuestras empresas eléctricas es claro. Es más, el señor Llamazares me
llama la atención sobre esa cuestión en el caso de Hidrocantábrico.

Por tanto, nuestro riesgo regulatorio no es dramático. Otra cosa -y
vamos a no equivocarnos- es que las empresas a las que se les cambia
de un marco legal y estable, en el que tenían garantizada la
retribución de los activos, a un sistema de competencia se quejen de
que el marco regulatorio no les gusta. Claro, en cuanto sacamos a las
empresas de la situación en la que todo está supergarantizado, sobre
todo las que están acostumbradas a ese sistema, se quejan, y lo
entiendo perfectamente desde su punto de vista. Con eso no quiero
decir que el Gobierno no deba ser extremadamente cuidadoso en cambios
de marcos regulatorios. Yo sí lo creo, y en eso las críticas se le
tienen que dirigir a este Gobierno y a cualquiera. También es verdad
que este Gobierno ha tomado la decisión de cambiar muy intensamente
el marco regulatorio eléctrico y hemos llegado a un punto en el que
las cosas tienen que estar estabilizadas, independientemente de
problemas concretos, críticas concretas o apreciaciones de que hay
cambios de que no son buenos o que no son suficientemente buenos o
son
equivocados, algo lógico en un tema en el que no me parece fácil
tener posiciones inamovibles para nada.

El Gobierno no ha apostado por la fusión. Porque si el Gobierno
hubiera apostado por ella, ni hubiera aprobado los decretos-leyes de
junio ni hubiera hecho todas las declaraciones que ha hecho. Porque
S.S. podrá no votar al Partido Popular, podrá incluso considerar que
somos mucho menos capaces que ustedes, pero llegar al límite de decir
que el Gobierno apostara por una fusión que produce la concentración
del 80 por ciento de generación, cuando se plantea un mes después de
que el Gobierno acaba de pasar por las Cortes unos decretos-leyes
haciendo lo contrario, realmente, señoría, demuestra que tiene usted
de nosotros una opinión catastrófica. Yo incluso me siento dolido de
que pueda usted pensar que nuestro nivel de incapacidad de entender
las cosas nos lleva a ese límite. Por favor, dénos usted un poco de
crédito. El Gobierno no ha apostado por esta fusión; de todas maneras
esta fusión era muy complicada para el Gobierno, como se está
poniendo de manifiesto en esta comparecencia. Imagínense ustedes esta
comparecencia si las empresas hubieran dicho que sí, entonces no le
digo ya donde estaríamos en este momento. El señor Azpiazu entonces
estaría… en lo que ustedes quieran. (Risas.) El Gobierno entendía…
(La señora Mendizábal Gorostiaga: Le ha salido hecho.) No es que le
haya salido hecho, señorías. Pero es que no nos tiene que salir ni a
ustedes ni a nosotros, ni bien ni mal. (El señor Sevilla Segura:
Haber dicho que no.) Vamos a ver, cuando el Gobierno niega las
posibilidades de las empresas de tomar decisiones, no es una cosa
caprichosa ni que tiene que tomar en función de que le venga bien o
que le venga mal. Usted me pide que seamos estables en la regulación,
pues bien, seamos todos estables en la regulación. Las empresas
tienen derecho a tener sus estrategias, máxime cuando estamos en
mercados globalizados. Otra cosa es que en España el mercado
eléctrico no sea precisamente un mercado globalizado. (El señor
Sevilla Segura: Como la OPA de Repsol.) Bueno, no vamos a entrar en
una discusión como la que mantiene usted con el señor Martínez
Pujalte; yo todavía estoy protegido aquí arriba. (Risas.) En cuanto a
la segunda parte de mi intervención sobre el programa de estabilidad,
es muy difícil, señor Sevilla, sostener que este Gobierno ha
potenciado la política de demanda, cuando lo que ha hecho es reducir
el déficit público históricamente del 7 por ciento del producto
interior bruto a cero. Ya sé que el Grupo Socialista considera que
bajar los impuestos es una política de demanda, pero esa es una
posición que yo no comparto, porque al mismo tiempo que bajamos los
impuestos bajamos el déficit. Sus compañeros de la Internacional
Socialista, no, y ahí sí que hay una clara política de demanda, pero
no en nuestro caso. Sobre política de oferta todas las críticas y
aportaciones bienvenidas sean.




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El señor Sánchez i Llibre plantea -le agradezco sus coincidencias- el
tema de los puntos negros, especialmente el tema del IPC. Yo estoy de
acuerdo, he aceptado las críticas, las entiendo. Efectivamente, la
economía española en el año 2000 ha tenido una desviación de precios
que no le conviene. No se manifiesta esa no conveniencia en el ritmo
de exportaciones en la zona euro, puesto que fuera de ella ustedes me
dirían que la devaluación del euro nos enmascara nuestra pérdida de
competitividad; por lo tanto, no se está produciendo en este momento
una pérdida de competitividad. Lo que sí es cierto es que nuestro
diferencial se mantiene en el entorno de un punto o un punto coma dos
y que, en opinión del Gobierno -y el Gobierno en el año 2000 no ha
sido capaz de cumplirlo- ese diferencial tiene que reducirse. El
objetivo de inflación es indispensable en un marco de estabilidad, y
España, como el conjunto de la zona euro, vive en un marco de
estabilidad, no tanto para fijar cuestiones de poder adquisitivo como
de política monetaria La política monetaria en Europa está fijada en
función del objetivo de inflación y, además, con objetivos
monetarios. Por tanto, la economía española -que va a tener tipos de
interés de una determinada magnitud como consecuencia de ese objetivo
de inflación y ahí sí que va a tener un impulso monetario que se
traslada automáticamente a la demanda- ha de adecuarse a esos
objetivos de inflación. Ya ese objetivo el Gobierno no va a renunciar
y en lo que es de su responsabilidad, que es el presupuesto,
independientemente de las críticas que le pueda generar, tiene que
mantener esa posición, si queremos tener una política macroeconómica
coherente. Coincido plenamente con el señor Sánchez i Llibre en que
nuestros problemas de competitividad van a estar tan relacionados con
el diferencial de precios -por no decir mucho más- como con la
calidad de los productos, el proceso de investigación y desarrollo,
el aumento de la competencia y la desregulación. Por cierto, la
competencia no sólo la imponen las administraciones centrales; es
decir, hay sectores en los que la competencia es responsabilidad de
las comunidades autónomas, no piensen ustedes -y el portavoz del
Grupo Andalucista nos lo ha recordado- que vivimos en un país
centralizado. Eso no sólo quiere decir que tiene que haber una
política de solidaridad o de redistribución, sino también una
asunción de competencias y de responsabilidades territoriales, y en
la política de desregulación y de liberalización es posible que todos
pudiéramos hacer un poco más.

Sin duda, el Gobierno cree que en esta legislatura hay que avanzar en
el proceso de reforma del impuesto sobre la renta de las personas
físicas realizado en el año 1999 y en los procesos, por ejemplo, de
modificación del impuesto de actividades económicas, para establecer
un tipo cero para actividades de un volumen de facturación o de
beneficios que situamos en tres millones de pesetas, pero que será
fijado en el debate parlamentario. Al mismo tiempo, algunas de las
modificaciones
que se han producido por parte del Gobierno, por ejemplo, en el tema
de las plusvalías, han tenido efectos muy positivos en la actuación
de las familias y sus ahorros y la diversificación de instrumentos
financieros, como pueden comprobar SS.SS. en la evolución del mercado
de capitales español en el año 2000. La hipótesis de 25 dólares por
barril que plantea el Gobierno es para este año; no establecemos
hipótesis más allá de este año, pero para este año es compartida por
la mayor parte de los organismos, incluida la Comisión Europea.

Coincido absolutamente en lo que ha dicho sobre la armonización del
mercado laboral, la necesidad de aumentar la estabilidad, de regular
más justamente la temporalidad y el fomento del contrato a tiempo
parcial estable. Comparto la importancia que S.S. da a la necesidad
de estabilidad presupuestaria no sólo en la Administración general
del Estado, sino en las comunidades autónomas, y quiero resaltar que
nuestra previsión de superávit presupuestario se basa precisamente en
la Administración general del Estado, manteniendo la situación de
equilibrio presupuestario que ya tenemos en el 2001 en las
administraciones territoriales. Sin duda, el debate de la
financiación autonómica jugará un papel en esta cuestión.

El señor Llamazares dice que el Parlamento es un enterrado y un
notario. El señor Llamazares verá la labor de control del Gobierno
como quiera; yo no creo que sea así. Seguro que hay muchas ocasiones
en las que ustedes me pueden criticar por venir tarde, pero
precisamente, en el tema de la fusión, salvo que nos hubiéramos visto
ayer para cenar, era difícil que pudiera venir antes. Sinceramente,
el Parlamento juega el papel que tiene que jugar. ¿Usted cree
sinceramente que el Parlamento va a debatir cada una de las fusiones
empresariales que se planteen previamente? Lo puede hacer; supongo
que no hay ningún inconveniente en que la Mesa de la Comisión
califique las iniciativas, pero no sé. En fin, cada grupo tiene sus
iniciativas. No quiero repetir argumentaciones. Esta es una fusión
empresarial, por decisiones empresariales, que se modifica una vez
que se conocen las condiciones que implanta el Gobierno. Si ustedes
siguen las recomendaciones de los organismos, verán que el Gobierno
no se ha apartado para nada de las recomendaciones. En algunos casos
ha seguido las de un organismo y en otros casos las de otro, sin que
en el caso de que no haya seguido la de uno la divergencia haya sido
notable. En cualquier caso, tienen ustedes que pensarse realmente lo
de hacer informes vinculantes; desde luego, yo no soy partidario. En
estos momentos el sistema funciona, el Gobierno tiene que explicar
sus decisiones y la prueba es lo que estamos viendo. En cuanto al
tema de Hidroeléctrica del Cantábrico y Unión Fenosa, ya me he
explicado. En el caso de Electricidad de Portugal no estamos ante una
fusión, sino ante la compra de un paquete significativo de una
compañía eléctrica española por una compañía pública extranjera. El



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Gobierno entiende que eso es algo que el propio Gobierno debe
considerar en cada caso, por muchos motivos: primero, por razones de
reciprocidad y, segundo, porque tiene poco sentido que en sectores
privados españoles pueda haber compañías importantes de gobiernos de
otros países en los que, por ejemplo, nuestras empresas no puedan
entrar. Y ahí los grados serán bien distintos; seguramente no es lo
mismo el grado de intervencionismo político de un Estado que de una
administración territorial o de un ayuntamiento. En cualquier caso,
nosotros ya hemos trasladado a las administraciones portuguesas
nuestra preocupación por esta cuestión y tendremos que seguir
avanzando en lo que yo espero que sea un mercado eléctrico ibérico.

Además, tengo que decirle que en la cumbre luso española del lunes y
martes de la semana pasada hubo una coincidencia en ese sentido, que
creo que es positivo para todos, y Electricidad de Portugal va a
jugar sin duda un papel en ese mercado ibérico. Yo no creo -perdone
que le diga, señor Llamazares- que la credibilidad de las
instituciones se haya perjudicado. Es claro que las dos instituciones
han dicho que no podía hacerse la fusión sin condiciones y han sido
muy coincidentes en ellas. Probablemente, en lo que han sido menos
coincidentes ha sido en la apreciación del mercado de generación, y
las argumentaciones son sólidas y tienen sentido en ambos casos.

En cuanto al Programa de Estabilidad, aparte de lo que he dicho,
señor Llamazares, yo no establezco una relación público-déficit
público, perdone que se lo diga. Es más, creo que es lo contrario:
creo que las administraciones que crean déficit irán reduciendo cada
vez más sus presupuestos en lo público para pagar deuda. Y yo no
considero que el pago de los intereses de la deuda sea una política
pública; considero que es algo que hay que hacer. Por lo tanto, yo le
puedo asegurar que el ministro de Hacienda de hoy tiene muchas más
posibilidades de gastar dinero en sanidad, en educación y en
carreteras que el ministro de Hacienda de 1996, que era yo, y que si
el plan de estabilidad del Gobierno que he planteado a esta Comisión
se cumple y tenemos menos del 50 por ciento de deuda pública en el
año 2004, el ministro de Hacienda de entonces, que será del Partido
Popular, tendrá mucha más capacidad de hacer política presupuestaria
de la que tiene el actual y, desde luego, de la que tuve yo. O sea
que si ustedes equiparan déficit público con política pública, tengo
que decirles que en eso estoy radicalmente en desacuerdo. Yo creo que
es todo lo contrario y que en esa cuestión las cosas están
meridianamente claras: lo que la gente quiere no es que paguemos
intereses de la deuda, sino que hagamos políticas de solidaridad, de
infraestructuras o de igualdad de oportunidades. Espero que en el
debate de la ley que el Gobierno va a enviar a la Cámara podremos
discutir las cuestiones competenciales que se han planteado y, si es
posible, llegar a acuerdos.

El señor Azpiazu ha sido muy claro: procede criticar al Gobierno, el
Gobierno lo ha hecho mal, las empresas lo han hecho bien, el mercado
lo ha hecho bien; todo el mundo lo ha hecho bien menos el Gobierno.

Tengo que decir, que desde el punto de vista de la oposición, es una
estrategia muy nítida, pero, ¿qué quiere que le diga?. Es una
posición que su grupo puede plantear en cualquier caso. Es claro que
su grupo nos dijo que la cuestión del domicilio fiscal de las
empresas era determinante para su posición, pero entonces entenderán
ustedes si sucede al contrario en otros casos. Espero que se den
ustedes cuenta de que en otros casos también puede suceder al
contrario y que los diputados de Madrid o de Castellón o de Valencia
o de Cataluña podrán pensar de la misma manera. Me parece muy bien,
es una posición que espero que su grupo parlamentario sea capaz de
mantener en el tiempo. Yo tengo que decirle que, independientemente
del deseo de toda administración territorial de que le paguen
impuestos en su circunscripción -lo que me parece lógico al menos por
parte de quien administre los fondos-, desde el punto de vista del
empleo no comparto su tesis. Estoy seguro de que hay un montón de
empleos en el País Vasco que proceden de empresas que no están
domiciliadas en el País Vasco. No sé si el Partido Nacionalista Vasco
quisiera que eso no fuera así, pero, por suerte para los vascos, la
historia va por otro lado y, por lo tanto, seguirán creándose empleos
en el País Vasco y en el resto del mundo de empresas que no tienen su
domicilio fiscal allí, lo cual yo creo que es bueno para todos.

Como se ha centrado en el tema de la fusión, tengo que decirle que he
dado ya mi opinión y que no voy a repetirla. Lo único que quiero
resaltar una vez más es que no veo ningún motivo para cambiar un
marco regulatorio porque una fusión empresarial, por grande o pequeña
que sea, se lleve a cabo o no, porque entonces, señorías, el marco
regulatorio en este país sobre un montón de sectores (financieros, de
telecomunicaciones, etcétera) no tiene ningún sentido. Las empresas
tienen que saber que tendrán que cumplir el marco regulatorio si
quieren llevar a cabo operaciones de concentración, y en el caso de
que haya que poner condiciones, esas condiciones se pondrán siguiendo
el procedimiento que hemos aplicado en este caso y que me parece que,
independientemente de las opiniones políticas, ha sido
suficientemente transparente y claro.

En el tema de As Pontes, señor Rodríguez, la contestación del
Gobierno se refiere a que indudablemente, si se producía la fusión,
había que ver si afectaba directamente a las desinversiones que se
pudieran plantear no sabemos si en esa central o en otra. Como no se
ha producido la fusión, yo espero que pueda avanzarse en las
propuestas que a S.S. le interesan. ¿El Programa de Estabilidad que
presenta el Gobierno es continuista? Sin ninguna duda. Sí, es nuestra
política económica. No le quepa a usted ninguna duda.




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Vamos a seguir por donde hemos ido en los últimos años; sin el voto
de S.S., pero con cuatro millones de empleos. Por tanto, sí, vamos a
seguir por ese camino. Y tengo que decir que aceptamos el debate
político con todo el respeto a sus posiciones, pero también con un
cierto respeto a las nuestras.

El señor Núñez Castain dice que el modelo constitucional no es
centralista -estoy absolutamente de acuerdo- y que el reequilibro
regional es imprescindible. Yo creo que en España hay muchas
políticas de reequilibrio regional que no las ha puesto en marcha
este Gobierno sino que las ha continuado y ha intentado
perfeccionarlas. En el propio sistema de financiación autonómica yo
quiero recordarle que hay elementos variables, por hablar con
propiedad, que son muy importantes en el proceso de redistribución o
de reequilibrio regional y que, por tanto, no partimos de cero. Sería
muy injusto que se dijera que partimos de cero en las políticas de
reequilibrio regional. Se han dedicado fondos muy importantes en los
últimos 10 ó 15 años al reequilibrio regional, no siempre con efectos
aparentes, pero también ahí yo creo que las políticas de las
administraciones territoriales juegan un papel, precisamente porque
no somos un país centralista. Creo que el sistema de financiación
autonómica, en sus variables, que no fueron modificadas en el año
1996 porque tuvieron un consenso que no es fácil de cambiar, tiene
elementos muy poderosos, y si no fíjese S.S. dónde está la
financiación per cápita en España y para quién, y verá, como sabe muy
bien, que en España hay un proceso de transferencia de solidaridad
importante; yo no digo que sea el máximo que se pueda hacer, ni
muchísimo menos, como es natural, pero creo que hay que tener en
cuenta que ya está en nuestro sistema. Por tanto, si vamos a hablar
de esa cuestión tenemos que saber que ya está en el sistema porque si
no podemos llegar a una situación inexplicable para una serie de
ciudadanos que viven en comunidades en las que se está produciendo
esa aplicación del sistema.

Coincido plenamente con S.S. que en el pacto de estabilidad hay que
ir a un modelo de diálogo; es más, yo tuve la satisfacción de ser uno
de los dos miembros del Gobierno que llegó a ese acuerdo. En el
Consejo de Política Fiscal y Financiera se acordó aprobar el pacto de
estabilidad, que nos ha permitido llegar al déficit cero en el año
2001, con todas las comunidades autónomas. Por tanto, no sólo no
tengo ninguna queja sino que tengo el convencimiento de que habrá que
llegar a un acuerdo con las comunidades autónomas. Otra cosa es que
en las Cortes, ustedes y yo que también soy diputado, votemos una ley
de estabilidad presupuestaria. ¿Que tendrá que ser respetuosa con las
competencias? Sin duda, pero que también es parte de nuestras
competencias. Entiendo que eso es compatible y espero que lo pueda
ser.

Su señoría ha hecho hincapié en el futuro del sector eléctrico. Yo
creo que el futuro del sector eléctrico
español va en el camino de una mayor competencia y de una apertura en
el año 2003, con un ritmo de reducción de los costes para los
consumidores y las empresas importante y con unas decisiones públicas
de política que no hay que confundir con las decisiones
empresariales. Y vuelvo a reiterar que no podemos interpretar que el
que unas empresas decidan fusionarse o no fusionarse es un éxito o no
de la política del Gobierno, del marco regulatorio; es una decisión
de ellos, que a lo mejor la toman por otros motivos que no nos van a
contar, que a lo mejor la iban a tomar en cualquier caso, o a lo
mejor no. Las condiciones del Gobierno seguro que han sido
determinantes; pero es que las condiciones del Gobierno, como he
tratado de decir en mi primera intervención, eran las posibles.

Independientemente de que fueran cuatro puntos porcentuales para
arriba o cuatro puntos para abajo, el Gobierno iba a poner límites en
la generación, en la distribución y en la comercialización; y dijo
que iba a tener consecuencias en los CTC, que el sistema de venta de
activos tenía que ser mayoritaria o totalmente por subasta, que el
mix tenía que ser la media del mix nacional y que la vida útil de las
centrales tenía que ser la vida útil de las centrales que se quedaban
y de las que se vendían. ¿Qué iba a decir el Gobierno? Es que eso era
lo lógico. En ese sentido, no creo que nadie se pueda llamar a
sorpresa salvo que se quiera sorprender, y contra el que se quiere
sorprender ya no hay nada que hacer.

El señor Martínez-Pujalte reconoce que he venido deprisa. Se lo
agradezco. En este caso no tiene que hacer ningún papelón (Risas.)
porque más deprisa, imposible. Por una vez, aunque SS.SS. no me lo
reconozcan, así es.

Creo sinceramente que la actualización del Programa de Estabilidad es
muy importante. Es decir, que la economía española pueda plantearse
creíblemente un ciclo de crecimiento sostenido de ocho años que lleve
nuestra economía a una tasa de paro del 9 por ciento, que nos sitúe
en un superávit presupuestario claro, que sitúe nuestra deuda pública
por debajo del 50 por ciento, que nos deje una herencia de un fondo
público de pensiones de un billón de pesetas y en el que la sociedad
española cree cuatro millones de puestos de trabajo es sinceramente
una transformación histórica de nuestra sociedad que nos acerca a la
convergencia real. ¿Que al ritmo que estamos creciendo en estos
momentos la convergencia real va a tardar en llegar al 100 por cien
de la europea? Sin duda; pero sería muy fácil decir que si este ritmo
se hubiera llevado desde el año 1986 estaríamos en otro caso y ni
siquiera eso me vale. Lo que pasa es que cada Gobierno tiene sus
responsabilidades y su momento, y en estos momentos, este Gobierno,
la mayoría parlamentaria de esta legislatura y la de la siguiente,
van a tener oportunidades especiales para la convergencia real como
consecuencia de una serie de circunstancias europeas de todo tipo que
no se



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van a repetir. Es imprescindible que seamos capaces de mantener
largos ciclos de crecimiento. Sólo con largos ciclos de crecimiento
las políticas que SS.SS. quieran aplicar en beneficio de los
ciudadanos, independientemente de las posiciones políticas de cada
uno, serán posibles y, por tanto, la estabilidad presupuestaria es un
elemento indispensable para que, si SS.SS. gobiernan, puedan aplicar
su programa. En ese sentido, hemos avanzado bastante entre todos,
independientemente de las críticas que se planteen. En los próximos
meses, con el debate de la ley de estabilidad presupuestaria y el
debate en Bruselas de nuestro Programa de Estabilidad, avanzaremos
todavía más.

Señor presidente, quiero agradecer a la Comisión una vez más su
paciencia y su amabilidad.




El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor vicepresidente. (El señor
Sevilla Segura pide la palabra.)



Dígame, señor Sevilla.




El señor SEVILLA SEGURA: Querría hacer un comentario sobre las
explicaciones del señor vicepresidente.




El señor PRESIDENTE: Señor Sevilla, como sabe S.S., esta Presidencia
y esta Mesa conceden excepcionalmente algo que se está convirtiendo
en costumbre. Creo que el artículo del Reglamento es muy claro: es
para formular alguna pregunta escueta o para hacer alguna aclaración
también escueta si es que alguno de los portavoces lo estima
conveniente. Me gustaría que S.S. fuera lo más escueto posible
precisamente en aplicación del Reglamento.




El señor SEVILLA SEGURA: Gracias, señor presidente.




Señor Rato, no sé si quien no tiene opinión no puede cambiar de
opinión. No sé si ustedes tenían o no opinión sobre el sector
eléctrico, pero en 1997 adoptaron unas normas, en 1999 las cambiaron,
en 2000 las volvieron a cambiar y en 2001 las han vuelto a cambiar y
ahora parece que las vuelven a cambiar, porque a usted el viernes le
parecía bien limitar al 48 por ciento la capacidad de distribución y
al 40 por ciento la de comercialización y que las posibilidades de
quien controlaba la distribución y la comercialización en
determinadas zonas quedaran limitadas al 60 por ciento y hoy ya no lo
piensa. El viernes lo pensaba, hoy ya no lo piensa porque si hoy lo
sigue pensando tendrá que llevarlo a la ley. Creo que en lo único que
no han cambiado es en ir incrementando, a través de más de 10
modificaciones de la Ley de defensa de la competencia, el poder
discrecional del Gobierno y reducir el poder de los órganos
independientes. No sé a usted, pero a mí las empresas no se me quejan
tanto del cambio de normas, sino de la ausencia de las mismas, de la
absoluta discrecionalidad del Gobierno.

El señor PRESIDENTE: Señor Llamazares, muy escuetamente, por favor.




El señor LLAMAZARES TRIGO: Sí, muy escuetamente.




En primer lugar a mí me ha llamado la atención la banalización de
esta operación, que, sin lugar a dudas, es la operación más
importante que se ha producido en el sector eléctrico en los últimos
años. El Gobierno intenta banalizar la operación y no soy capaz de
detectar cuáles son sus razones, pero ha intentado hacerlo.

En segundo lugar, en relación con el silogismo lógico que ha
utilizado, la cuestión sería la siguiente. Estamos de acuerdo con el
silogismo lógico, pero ¿qué hubiese ocurrido si la medida del
Gobierno, a pesar de intentar acercarse a los deseos de las empresas,
no hubiera sido suficiente? Es decir, el silogismo que usted hace es
correcto, pero resulta que si la medida del Gobierno, que en nuestra
opinión intentaba diluir las condiciones y acercarse a la posición de
las empresas, no es considerada finalmente como aceptable para esas
empresas, el silogismo podría ser distinto. No sería el silogismo en
el cual se plantea el absurdo de una crítica al Gobierno por la
decisión tomada el viernes y de una crítica al Gobierno por el
fracaso de la fusión.

He deducido de su intervención que ustedes creen que nosotros
estábamos en desacuerdo con la intervención política del Gobierno y
no es así. Nosotros creemos que debe haber intervención política,
somos partidarios de la planificación en el sector y de la
intervención pública. Ahora bien, ¿con qué objetivos? El interrogante
es que el objetivo que ustedes se han planteado en esta intervención
no es el mismo que con respecto a EDP o a Unión Fenosa, vuelvo a
reiterarlo. Y no se trata tanto del número de empresas en el sector
como de la concentración. A nosotros nos parece que la propuesta de
fusión era desde un principio, en función de lo que ustedes reclaman,
en algunas ocasiones de forma clara en los medios de comunicación,
rechazable. El hecho de que el Gobierno diera la callada por
respuesta era significativo. No hizo lo mismo en Unión Fenosa y no ha
hecho lo mismo en EDP, a pesar de que esas empresas no concentraban
apenas nada en el sector o no eran tan importantes.

Y por último, en relación con la ley de estabilidad, bien está que
usted no contradiga dicha ley con el gasto público. De todas maneras,
nosotros estamos muy preocupados por esa ley. Creemos que no es una
ley menor -en eso estamos de acuerdo con el portavoz del Grupo
Parlamentario Popular-, sino muy importante, precisamente porque
intenta sacralizar su política a todos los niveles, en los niveles
autonómicos y municipales, hoy y para gobiernos futuros, que verán
dificultada la posibilidad de establecer una política económica al
margen de esta ley de estabilidad, y modificarla tendrá algún coste.

En todo caso, señor Rato, le digo que me parece que esta iniciativa
es una nueva ley de armonización,



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en este caso de armonización económica, y que tiene muchas
dificultades constitucionales a tenor incluso del propio resultado en
el Consejo de Estado. Creo que se meten ustedes en un berenjenal;
esperamos, que dicho berenjenal no sea solamente autonómico, sino
también económico y que haya una contestación social a esta política.




El señor PRESIDENTE: Señor Azpiazu.

Por favor, les rogaría que fueran más escuetos todavía.




El señor AZPIAZU URIARTE: Sí, voy a ser muy breve.

Señor vicepresidente, sigo pensando que en el tema de Endesa y de
Iberdrola procede criticar al Gobierno.

Una cosa que me satisface es que haya dicho usted que, efectivamente,
éste es un Estado descentralizado, que hay un sistema de comunidades
autónomas y de corporaciones locales y que en el proceso de discusión
de esta ley de estabilidad presupuestaria se va a respetar la
voluntad de todos y se va a tratar de llegar a acuerdos. Por lo menos
eso es lo que yo he entendido de su intervención y me gustaría que
fuera así.




El señor PRESIDENTE: Señor Núñez.




El señor NÚÑEZ CASTAIN: Señor Rato, le agradezco su voluntad de
diálogo en esta ley de estabilidad presupuestaria y además me
reconforta, ya que el borrador que tenemos entre las manos traduce
problemas, pero, habiendo una actitud de negociar, espero que
lleguemos a un buen acuerdo entre todos.

Yo quisiera decirle, porque ha habido ya muchos debates en relación
con los desequilibrios, que no se trata tanto de decir que no hay
políticas de reequilibrio, que claro que las hay, sino de que existen
desequilibrios que no se están corrigiendo de forma adecuada. Por
tanto, hace falta un esfuerzo mayor -no se trata de negar lo que hay,
pues claro que lo hay-, quizás la mayor parte del esfuerzo de
reequilibrio que ha habido ha sido un esfuerzo europeo, y se requiere
que también desde España, que es la que dibuja cómo se distribuyen
esos fondos europeos con sus socios, se incremente, porque si no
reconocemos que hay desequilibrio a lo mejor es que estamos conformes
con las políticas de reequilibrio que existen y que son bastantes. Yo
creo que S.S. reconocerá conmigo, porque así lo ha reconocido la
Cámara hace mes y medio por unanimidad de todos los grupos, que los
desequilibrios existen y que hay hacer un mayor esfuerzo del actual
en corregirlos.

Respecto a lo que usted ha dicho en cuanto al escenario de los
próximos cuatro años, cuando se habla de desempleo me permitirá S.S.

que pegue un salto en la silla al ver que sólo se manejan las cifras
medias de desempleo, porque son medias con una dispersión muy grande
entre unos lugares y otros. Esos esfuerzos tienen que ser coordinados
entre comunidades autónomas,
corporaciones locales, empresas y Administración central y Unión
Europea; absolutamente de acuerdo. No se trata tanto de averiguar
quién es el mayor responsable, sino de reconocer que esa situación de
desequilibrio existe y que esos objetivos presupuestarios y de
estabilidad que plantea el Gobierno debían de tener preñado un
apartado claro de consecución de reequilibrio en el crecimiento de
nuestro país.




El señor PRESIDENTE: El señor Rodríguez tiene la palabra por un
minuto.




El señor RODRÍGUEZ SÁNCHEZ: Señor ministro, el ejemplo de la central
térmica de As Pontes de García Rodríguez es sintomático de cómo a
veces las influencias políticas mezcladas con los intereses
empresariales dan como resultado la marginación de territorios que,
sin embargo, contribuyeron sustancialmente a la capacidad energética
del Estado español. Por lo tanto, puede tener consecuencias nefastas
una política que no se base en el criterio de interés público y del
equilibrio territorial, en primer lugar.

En segundo lugar, respecto de la ley de estabilidad, debo decirle que
en todo caso usted mismo reconoce que se abre un nuevo panorama
económico en el Estado español. Responder con las mismas medidas a un
nuevo marco económico y político pensamos que es equivocado, aparte
de las dificultades que eso va a provocar para muchas comunidades
autónomas a la hora de poder impulsar su economía para acercarse a la
media del Estado español. Ustedes les van a retirar un resorte
fundamental, por lo menos de gobiernos alternativos al del Partido
Popular.




El señor PRESIDENTE: Señor Martínez-Pujalte.




El señor MARTÍNEZ-PUJALTE LÓPEZ: Simplemente deseo agradecer al
vicepresidente su comparecencia hoy aquí, pero también he de decir
que para mi grupo parlamentario, aun sabiendo que el real decreto-ley
aprobado el viernes por el Consejo de Ministros ya está en vigor, era
importante que este debate se celebrara en la Cámara y se celebrara
cuanto antes. Mi grupo ha planteado que se celebre el próximo jueves.

Sin embargo, el Grupo Parlamentario Socialista, en el no continuo a
las propuestas del Grupo Parlamentario Popular, mientras hoy aquí
está diciendo que el decreto se debata cuanto antes, sin embargo, en
la Mesa y Junta de Portavoces del Congreso se ha opuesto a que el
debate se celebre el jueves. Lo tendremos otro día. Nos parece que
así no se va a ningún sitio. Hay que trabajar conjuntamente para
buscar medidas positivas.




El señor PRESIDENTE: Señor vicepresidente, tiene la palabra para
hacer cualquier tipo de aclaraciones.




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El señor VICEPRESIDENTE SEGUNDO DEL GOBIERNO PARA ASUNTOS ECONÓMICOS Y
MINISTRO DE ECONOMÍA (De Rato y Figaredo): Señor Sevilla, S.S. es
consciente de que cuando unas empresas plantean un proceso de
concentración, en el caso de que por ejemplo se cree una empresa que
ya sea por tamaño de generación, en este caso eléctrica, o por
recursos financieros va a tener una posición dominante en el mercado,
si se aprueba con condiciones, algunas de esas condiciones son más
restrictivas para esa empresa, que es el operador dominante, que para
las otras. En ese sentido, todos los acuerdos, no sólo en nuestro
caso sino en el de gobiernos anteriores, en las operaciones de
concentración producen algo que a las empresas no les gusta nada -se
concentran para algo, lo cual es lógico-, y es que su mayor pujanza
viene compensada por restricciones a veces superiores a las del resto
del mercado. Tengo que decir que S.S. puede plantear una operación en
este momento de limitación de todo el mercado eléctrico español. Yo
creo que es algo que tenemos que pensar, y que precisamente en esa
evolución de la estabilidad regulatoria deberíamos también ser
conscientes de que la liberalización total en el año 2003 va a
producir efectos. Sin duda, la crítica que se le puede hacer al
Gobierno es que garanticemos que esos efectos van a ser ciertos y que
nuestro sistema de mercado sea más eficiente de lo que es -estoy
absolutamente de acuerdo con él-, pero no interpretemos, porque creo
que no es correcto, que unas condiciones que se ponen a una
determinada empresa de un tamaño concreto en un determinado mercado
el Gobierno pretende plantearlas al conjunto de empresas en ese
mercado. Eso no es exacto y estoy seguro de que eso no es lo que S.S.

me planteaba. Otra cosa es que piense, y tiene base para
considerarlo, que la relación distribución-comercialización en
nuestro país en el sector eléctrico es un tema que vamos a discutir
más en el futuro.

Señor Llamazares, el Gobierno no banaliza nada. ¿Por qué va a
banalizar el Gobierno las decisiones empresariales? El Gobierno ni es
quien para banalizar ni tiene criterios para hacerlo y, además, estoy
seguro de que nadie le creería. Los mercados están demostrando todos
los días que tienen sus propios criterios y que los gobiernos no
influyen en ellos por mucho que lo pretendan. El Gobierno lo único
que tiene que hacer en estas cuestiones -y ahí está si acierta o no-
es tratar de mantener una restricción en la capacidad de actuación de
las empresas en beneficio de la competencia, y todo lo demás es
meterse en asuntos que no son de su competencia y en los que si se
mete, se equivoca. El Gobierno no es quién para discutir si esta
operación tuvo sentido cuando se planteó, si tiene sentido hoy o si
lo deja de tener. El Gobierno puede decir: Nosotros, para respetar la
situación de competencia en España, como consecuencia de que surja
una empresa de este determinado tamaño y con estas determinadas
características,
le imponemos estas restricciones, una vez que hemos sido
informados por los organismos reguladores y la opinión política y
pública.

Su señoría dice que es la operación más importante del sector
eléctrico. Hoy sí, pero ya veremos lo que va sucediendo en el sector
eléctrico. Hay muchas cosas que pueden suceder en España y en Europa
y que nosotros esperamos que sigan sucediendo, aunque nuestro
criterio -y S.S. puede no compartirlo- sigue siendo que en un mercado
como el nuestro, en el que no tenemos más allá del 5 por ciento de la
electricidad que viene de fuera, el número de operadores es
determinante. ¿Es lo único determinante? No es lo único determinante,
pero es determinante. Eso nos obliga a llevar una política de
intervención y ese criterio no lo hemos cambiado.

Me plantean que el Gobierno va a sacralizar su política. Eso es lo
que todos los gobiernos quieren hasta que gana otra mayoría
parlamentaria, así que es bastante efímero. Otra cosa es que a los
españoles les guste la estabilidad presupuestaria y haga muy difícil
que otro gobierno la cambie, pero no porque el Gobierno actual
sacralice su política más allá de los resultados electorales de las
próximas elecciones, que es todo lo que uno puede sacralizar en un
sistema democrático, lo que pasa es que las políticas que a la gente
le gustan, después no son tan fáciles de cambiar. Y cuando la gente
ha descubierto que menos déficit son menos impuestos, entonces la
gente empieza a pedirles a ustedes que tengan otra posición política,
pero, señor Llamazares -perdone que se lo diga-, ese es su problema,
no el nuestro. Estamos encantados de que tenga usted ese problema.

Nosotros no sacralizamos nada. Como usted comprenderá, ya tenemos
todos bastantes años para saber que las mayorías parlamentarias en un
Estado democrático no deben sacralizar nada más que la opinión
pública y los votantes. Eso contradice que me diga que va a haber una
gran contestación social, porque si hay una gran contestación social
no estamos consolidando nada, pero si no sucede y a la gente le
gusta, entonces, señor Llamazares, el que va a tener que cambiar su
política es usted, pero, le vuelvo a repetir, ese es otro problema,
que, por suerte, no es el mío.

El señor Azpiazu tiene su posición, no la abandona. Hace bien;
además, es muy clara: Procede criticar al Gobierno. Con eso se puede
ir muy lejos sin meterse en mayores honduras. Le diré que los
acuerdos son imprescindibles en las relaciones entre
administraciones, pero -y es algo que me pasaba con su partido y con
su grupo- los acuerdos son cosa de dos. Para llegar a acuerdos tienen
que pactar los dos, y eso requiere plantearse las cosas con ganas de
llegar a acuerdos. Estoy seguro de que en el tema de la estabilidad
presupuestaria vamos a tener posiciones de acuerdo. Otra cosa es que
tengan que ser todas, pero vamos a tener posiciones de acuerdo,
independientemente de que una mayoría parlamentaria en el Parlamento
nacional tengasus propias competencias. Ustedes, que tan a menudo



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son tan celosos de sus competencias, alguna vez podrían pensar que
las competencias del Parlamento nacional también existen y que
nosotros tenemos nuestras propias competencias que, sin meternos en
las de los demás, también queremos ejercer como diputados en cada
momento, en la oposición o en el Gobierno.

El señor Núñez me dice que el desequilibrio exige más esfuerzo. Sí,
más y mejor. Las políticas territoriales tienen su importancia, no es
lo mismo un presupuesto de una comunidad autónoma que no dedica nada
a inversión pública que un presupuesto de una comunidad autónoma que
sí lo hace. Esa es una opción política que yo no critico, hay una
mayoría parlamentaria en esa comunidad autónoma y la gente la elige.

Por tanto, desde mi posición la podré criticar como miembro de un
partido, pero como Gobierno no tengo nada que decir. Pero, no me
digan que eso no incide en el reequilibrio regional, porque sí
incide, como la política de deuda va a incidir en el reequilibrio
regional. Si un responsable presupuestario de una comunidad autónoma
tiene que dedicar cada vez mayores recursos al pago de la deuda
pública de esa comunidad autónoma destinará menos dinero a otras
cuestiones. Cada cual, señor Núñez, tiene que responder ante sus
electores y no estar siempre pensando que la descentralización
administrativa quiere decir que la responsabilidad sigue siendo
central, pero que las competencias están descentralizadas. No digo
que S.S. lo diga, pero quiero aclarar mi posición.

Sin duda España tiene que hacer un esfuerzo, no sólo mejor sino
mayor, en las políticas de reequilibrio nacional, pero todos tenemos
que hacer ese mayor esfuerzo, porque la experiencia de los últimos
años nos indica que no sólo es una cuestión de dinero, no es sólo una
cuestión de recursos. España tiene los recursos que tiene y no
podemos cambiar nuestra política presupuestaria, de la noche a la
mañana, con recursos ingentes. Hemos dedicado muchísimos recursos a
esa política y creo que se pueden obtener mejores resultados. En ese
sentido, creo que los últimos planes de desarrollo regional aprobados
tienen una gran responsabilidad y espero que entre todo podamos
aumentarlos.

El tema del empleo está claro que no es el mismo en toda España, sin
duda, pero también las políticas tienen
que existir. El empleo no es una variable independiente, el empleo es
una consecuencia de la política económica, de la política
empresarial, del intervencionismo administrativo, de la política de
suelo y de muchas otras políticas, de la política de formación, de la
política de educación, de la política de lucha contra el fraude y de
la política de movilidad. Por tanto, no es una variable que nada
tenga que ver con las demás, al contrario. Creo que entre todos
podemos hacer muchas más cosas de las que estamos haciendo.

El señor Rodríguez vuelve a hablarme de As Pontes. Creo que una vez
que conocemos una decisión, que indudablemente es de gran
trascendencia para el mercado eléctrico español, sabemos que otras
consideraciones administrativas podrán movilizar ese recurso que
plantea.

Efectivamente, hay una filosofía en la ley de estabilidad, y es que
el resorte al que tengan acceso las administraciones públicas para
llevar a cabo sus políticas no sea el déficit. Eso no quiere decir
que no tengan capacidad. Pueden bajar otros gastos o subir impuestos.

Pero no es correcta esa teoría de que el déficit es un recurso
gratis. No, el déficit constituye los impuestos de la siguiente
administración. Políticamente, eso es discutible. Usted podrá tener
una posición u otra, pero no me diga que las administraciones
públicas pierden capacidad de actuación porque no tengan déficit. No,
pueden tenerla, pueden subir los impuestos, pueden bajar otros
gastos, lo pueden hacer. Creemos que hay que ir en esa dirección si
queremos aumentar nuestra posibilidad de crecimiento. S.S. puede
tener otra posición, pero no es una restricción de la capacidad de
actuar, ni muchísimo menos, es otra manera de ver la capacidad de
actuar.

Señor presidente, una vez más quiero agradecer a la Comisión su
paciencia y su amabilidad en este debate.




El señor PRESIDENTE: Muchas gracias a usted, señor vicepresidente, y
muchas gracias a los portavoces.




Se levanta la sesión.




Era la una y cuarenta y cinco minutos de la tarde.