CORTES GENERALES



DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS



COMISIONES



Año 2000 VII Legislatura Núm. 122



ECONOMÍA Y HACIENDA



PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. SANTIAGO LANZUELA MARINA



Sesión núm. 11



celebrada el miércoles, 13 de diciembre de 2000



ORDEN DEL DÍA:



Comparecencia del señor vicepresidente segundo del Gobierno para
Asuntos Económicos y ministro de Economía (de Rato y Figaredo) para
informar sobre:



- Las líneas generales de la política económica del Gobierno. A
petición propia (Número de expediente 214/000035) . . . (Página 3533)



- La posición adoptada por la Comisión Nacional de la Energía en
relación con la OPA de Unión Fenosa sobre Hidrocantábrico. A
solicitud del Grupo Parlamentario Socialista (Número de expediente
213/000097) . . . (Página 3533)



- Las propuestas de liberalización de los mercados energéticos
remitidas al Gobierno en el mes de junio. A solicitud del Grupo
Parlamentario Socialista (Número de expediente 213/000098) ...

(Página 3533)

Página 3534



- Las medidas a tomar por el Gobierno ante la subida del precio de
los hidrocarburos. A solicitud del Grupo Parlamentario Mixto (Número
de expediente 213/000135) . . . (Página 3533)



- La eficacia de las denominadas medidas liberalizadoras del Gobierno
en el control de los precios. A solicitud del Grupo Parlamentario
Mixto (Número de expediente 213/000136) . . . (Página 3533)



- Posición del Gobierno en la fusión Endesa-Iberdrola. A solicitud
del Grupo Parlamentario Socialista (Número de expediente 213/000191)
. . . (Página 3533)



- Medidas que piensa adoptar el Gobierno con el fin de garantizar el
aumento de la competencia en el mercado eléctrico español, ante la
anunciada fusión de Endesa e Iberdrola, y la reducción de las tarifas
que pagan los consumidores. A solicitud del Grupo Parlamentario
Catalán (Convergència i Unió) (Número de expediente 213/000193) . . .

(Página 3533)



- Posición del Gobierno ante la posible fusión de grandes grupos
energéticos como Endesa e Iberdrola. A solicitud del Grupo
Parlamentario Mixto (Número de expediente 213/000195) ... (Página 3533)



- La fusión de las empresas Endesa e Iberdrola y los mecanismos para
el desarrollo de la competencia en el sector eléctrico. A solicitud
del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida (Número de
expediente 213/000196) . . . (Página 3533)



- Las propuestas de liberalización de los mercados energéticos
remitidas al Gobierno en el mes de junio. A solicitud del Grupo
Parlamentario Socialista (Número de expediente 213/000208) ...

(Página 3533)



- La política de liberalización del sector eléctrico y sobre la
situación de los expedientes CTCs.

A solicitud del Grupo Parlamentario Socialista (Número de expediente
213/000209) . . . (Página 3533)



- Posición de la Comisión Nacional de la Energía en relación al
expediente de los CTCs. A solicitud del Grupo Parlamentario
Socialista (Número de expediente 213/000210) . . . (Página 3533)



Se abre la sesión a las diez y cinco minutos de la mañana.




El señor PRESIDENTE: Buenos días. Se abre la sesión.

Bienvenido, señor vicepresidente segundo del Gobierno para Asuntos
Económicos y ministro de Economía. Como SS.SS. saben, había doce
peticiones de comparecencia para el señor vicepresidente segundo y
también para el ministro de Economía como ministro competente de
varios asuntos que anteriormente estaban en otros departamentos.

A propuesta de la Mesa y de esta Presidencia, pediría a SS.SS., si no
tienen inconveniente, que acumulemos las doce comparecencias. La
primera es la solicitada por el vicepresidente segundo del Gobierno
para Asuntos Económicos y ministro de Economía. Después, hay seis
solicitudes de comparecencias, que no voy a leer porque SS.SS. las
tienen en el orden del día, del Grupo Socialista; tres, del Grupo
Mixto; una, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) y,
una, del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida.

Sin más preámbulos y para que comience con la primera de las
comparecencias, a petición propia, tiene la palabra el señor Rato.

El señor VICEPRESIDENTE SEGUNDO DEL GOBIERNO PARAASUNTOS ECONÓMICOS Y
MINISTRO DE ECONOMÍA (De Rato y Figaredo): Señorías, muchas gracias
por su presencia.

Comparezco por tercera vez en la presente legislatura a petición
propia y, además, para responder a las iniciativas planteadas por los
grupos parlamentarios que se refieren muchas de ellas a cuestiones
relacionadas con la política energética del Gobierno o con
iniciativas empresariales en este sector, como es el caso de la
posición de la Comisión Nacional de la Energía con relación a la OPA
de Unión Fenosa sobre Hidrocantábrico. También están referidas a la
opinión del Gobierno sobre las propuestas de liberalización en los
mercados energéticos planteadas por el Gobierno el pasado mes de
junio. Asimismo, sobre la evolución de los precios de los
hidrocarburos. Igualmente se refieren a las denominadas medidas
liberalizadoras del Gobierno tomadas en el mes de junio. Además,
tratan sobre la propuesta de fusión de las empresas Endesa e
Iberdrola. También sobre la situación del expediente de los costes de
transición a la competencia. Además, hay dos comparecencias, una
referida a la situación del expediente y la otra a la posición de la
Comisión Nacional de la Energía respecto de esta misma cuestión.

Al haber muchas propuestas coincidentes, como suele ser habitual, me
permitiré, siguiendo las instrucciones



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de la Presidencia, agruparlas y tratar de responder a todas ellas
estableciendo un orden. Primero haré un análisis de la situación
económica española con referencia al entorno internacional. En
segundo lugar, analizaré las medidas liberalizadoras adoptadas por el
Gobierno en el mes de junio, los efectos que las mismas han tenido y
su grado de desarrollo en estos momentos. Me referiré especialmente a
las que aluden al sector eléctrico, donde abordaré las cuestiones que
se plantean sobre los costes de transición a la competencia, así como
la posición en este momento del proceso de fusión planteado por
Endesa e Iberdrola. Finalmente, comentaré la posición de la Comisión
Nacional de la Energía referida a la OPA de Unión Fenosa sobre
Hidrocantábrico y una vez más a los CTC.

Con respecto a la situación de la economía española, en estos
momentos es conocido por prácticamente toda la opinión pública que el
año 2000 se saldará con un crecimiento del 4 por ciento, lo cual
supondrá el tercer año consecutivo con un crecimiento igual o
superior al 4 por ciento y, además, entraremos en el quinto año,
habida cuenta de que la recuperación por encima del 3 por ciento es
una realidad en nuestra economía desde el primer trimestre del año
1997. Esto podría indicarnos que la economía española se está
asentando en una fase de crecimiento sostenido y estable que, sin
duda, responde a la opinión del Gobierno, y me atrevería a decir de
muchos grupos parlamentarios si no de todos, en el sentido de crecer
de manera sostenida, con una intensa creación de empleo y acercando
nuestra convergencia real a Europa. En ese sentido, parece importante
recordar que el actual ciclo económico y el modelo económico
planteado por el Gobierno, ha permitido a la sociedad española la
creación, en cuatro años y medio, de dos millones y medio de puestos
de trabajo y que la tasa de desempleo se sitúe en estos momentos por
debajo del 14 por ciento, es decir, más de nueve puntos inferior a la
de finales del año 1995.

Me parece especialmente significativo en estas últimas semanas del
año hacer referencia al entorno internacional, puesto que se han
producido en las mismas clarificaciones de cuestiones que sin duda
son de gran relevancia, no sólo para la economía internacional en
general, sino para la economía europea y la economía española en
particular.

En primer lugar, quisiera destacar que en la Unión Europea el año
2000 será el mejor año de la década en crecimiento económico; que a
lo largo del año se ha producido una recuperación del crecimiento
prácticamente en todas las áreas económicas del mundo, y desde luego
en el conjunto de las economías de la OCDE, con la excepción de
Japón; y que, como he dicho, en las últimas semanas se ha producido
claramente una afirmación de la desaceleración de la economía
norteamericana. Como sabe muy bien la Comisión, el crecimiento de la
economía norteamericana, sostenido a lo largo de los últimos diez
años y con tasas muy
fuertes en los últimos trimestres, en algunos casos superiores al 5
por ciento, había producido un debate, no sólo en Europa sino en el
conjunto de las instituciones internacionales, sobre los riesgos de
una desaceleración brusca de la economía norteamericana. Los últimos
datos de todo tipo de dicha economía, así como las declaraciones de
sus principales responsables, nos indican una desaceleración de la
misma que podría llevar a un crecimiento en el año del entorno del 3
por ciento; es ya conocida la fuerte desaceleración, hasta el 2,4 en
el tercer trimestre, que tendría dos consecuencias, en mi opinión,
muy relevantes: la primera, una mayor sincronización ante el
crecimiento europeo y norteamericano, que puede tener como
consecuencia una mayor estabilidad cambiaría; y la segunda, que el
ciclo de incrementos de tipos de interés practicado por la política
monetaria norteamericana, según las estimaciones no sólo de
instituciones públicas sino también privadas, podría haber llegado a
su techo en este momento.

Al mismo tiempo, en Europa se ha producido una ligera ralentización
del crecimiento, en unas 3 décimas entre el segundo y tercer
trimestre, que vendría a reflejar, no tanto, en mi opinión, un
agotamiento de la capacidad de crecimiento europea como las
consecuencias del choque de oferta del petróleo sobre el crecimiento
europeo. En cualquier caso, las previsiones para el año próximo de la
OCDE sitúan el crecimiento en Estados Unidos en el entorno del 3,5;
en la Unión Europea ligeramente por debajo de esa cifra, en el
entorno del 3,1 ó 3,2; y para el conjunto del área de la OCDE en un
entorno del 3,3, como todos ustedes saben.

En Europa la desaceleración del crecimiento, aunque en tasas mucho
más modestas que en Estados Unidos -también es cierto que partíamos
de bases más modestas-, apuntaría, como los mercados están indicando
en este momento, no tanto a un techo de los actuales niveles de tipos
de interés de intervención del Banco Central Europeo, pero sí a un
horizonte en el que no son previsibles excesivos aumentos de los
tipos de interés. Esta cuestión, que es de gran importancia para las
empresas y para las familias, dependerá especialmente de lo que el
propio Banco Central Europeo ha denominado los segundos efectos del
choque petrolífero, es decir, la repercusión en costes, en márgenes y
en salarios del efecto sobre las economías europeas del incremento
del precio del petróleo.

Todavía -y SS.SS. son conscientes de ellos-, con respecto a la
economía norteamericana existen dudas sobre dos principales riesgos
que estarían relacionados con una desaceleración demasiado brusca y
sus consecuencias en los mercados financieros y en la cotización de
las monedas, y también con una situación de estrechez en los mercados
financieros para la financiación de las empresas. En cualquier caso,
los márgenes que tiene en estos momentos la economía norteamericana,
tanto desde el punto de vista de la política presupuestaria como de
la política monetaria, hacen que la mayor



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parte, por no decir la totalidad, de los escenarios centrales apunten
a un crecimiento en el próximo año en el entorno del 3 y el 3,5 por
ciento para la economía norteamericana.




La desaceleración de las economías de la OCDE, unido también a la
desaceleración en algunas economías emergentes, o en la mayor parte
de ellas, en la segunda parte del año está produciendo una reducción
de los precios máximos de cotización de la energía del petróleo que,
según los datos de los expertos, estaría apuntando en este momento a
un techo, no ya de 35 ó 40 dólares, como se podría haber mantenido en
los primeros meses del otoño, sino en el entorno de los 30 dólares,
con una práctica unanimidad de predicciones, en el sentido de que en
la segunda parte del año 2001 la cotización del petróleo irá
tendiendo hacia la zona que la propia Organización de Países
Productores ha considerado como adecuada, es decir, en el entorno
entre 22 y 28 dólares el barril. En ese sentido, dada la evolución de
los precios en el invierno, todavía es previsible que puedan
producirse oscilaciones y, por tanto, no podemos considerar que la
situación está totalmente orientada a un techo de 30 dólares el
barril, como he dicho, aunque parece claramente que esa es la
tendencia en la que nos estamos moviendo.

En resumen, desde el punto de vista del marco internacional en el que
se sitúa la economía española, nos encontraríamos con una
desaceleración de la economía norteamericana ya de manera muy clara,
en ámbitos de crecimiento en el entorno del 3 por ciento o
ligeramente por encima, según algunas previsiones de la OCDE, y con
el techo de tipos de interés en los niveles actuales. Por su parte,
en la economía europea estaríamos en una desaceleración más modesta,
manteniendo una situación muy sincronizada de crecimiento entre las
dos grandes economías de la OCDE, la europea y la norteamericana, y
también con una situación de tipos de interés más estable, que
dependerá de manera importante de los segundos efectos del choque
petrolífero en márgenes y en salarios.

Desde el punto de vista de la política monetaria europea, de gran
interés para nosotros puesto que estamos en el área euro, la mayor
restricción comenzada a finales del año pasado, es decir, hace
aproximadamente doce meses, se ha reflejado en una cierta
ralentización del crecimiento de crédito y de los agregados
monetarios en la Unión Europea y también en España. Como sabe la
Comisión, el crédito al sector privado está creciendo alrededor del
17 por ciento en España, que es una cifra muy considerable, pero
hemos de ser conscientes de que veníamos de un crecimiento del 20 por
ciento, y en la unión económica y monetaria, en el conjunto de la
zona euro, el crédito está creciendo a ritmos cercanos al 11 por
ciento, es decir, inferiores a los españoles. Desde el punto de vista
de la segunda variable que sigue el Banco Central Europeo, es decir,
la LM-3, en la zona euro estaría creciendo al 5,3, todavía por
encima del 4,5 fijado como objetivo por el Banco Central Europeo,
pero claramente mucho más moderado que en abril, que crecía al 6,7.

Yo creo que todos estos datos nos indican un mayor endurecimiento de
las condiciones monetarias, no de manera excesivamente estricta, ya
que todavía estamos con crecimientos de los agregados muy
importantes, pero en un proceso de desaceleración con respecto a la
primera parte del año.

Me gustaría, muy brevemente también, detenerme en la situación de
algunos países emergentes, especialmente en Iberoamérica, donde la
actividad no se ha recuperado con la fuerza inicialmente prevista a
principios de año, en parte como consecuencia de la apreciación del
dólar, que tiene una incidencia especialmente fuerte en muchos de sus
mercados, y también como consecuencia de la política restrictiva
norteamericana, que se ha trasladado a muchas de estas economías.

Me parece especialmente significativo referirme a la situación
argentina, que desde el primer trimestre del año 1998 se enfrenta a
una situación de ralentización del crecimiento. En el año 1999, el
producto interior bruto se redujo en un 3 por ciento, y en el
presente año, aunque había una expectativa de crecimiento del 3 por
ciento, todas las previsiones indican un crecimiento por debajo del 1
por ciento. Los esfuerzos realizados por los gobiernos argentinos y
por la sociedad argentina para la modernización y estabilización de
su economía han sufrido en los últimos años una disminución de
expectativas relacionada con su fuerte vinculación con el dólar; como
saben ustedes, tienen una relación de paridad fija. En las últimas
semanas, se ha producido en la economía argentina una situación de
aumento del diferencial con los bonos norteamericanos por encima de
los 800 puntos básicos, y en algunos momentos por encima de los 1.000
puntos básicos, y ha sido iniciativa del Gobierno argentino solicitar
del Fondo Monetario Internacional unas negociaciones para establecer
una línea de crédito, que todavía está en proceso de negociación, que
viene acompañada de un paquete de medidas -muchas de ellas
presupuestarias- que han sido aprobadas por las Cámaras argentinas.

El Gobierno argentino se dirigió al Gobierno español a finales del
mes de septiembre manifestando que, en el caso de producirse la línea
de crédito con el Fondo Monetario Internacional, valoraría muy
positivamente que hubiera una actuación bilateral del Gobierno
español, y no sólo a través del Fondo.

Como saben SS.SS., los gobiernos españoles han tenido siempre una
especial vinculación con los procesos de estabilidad de balanzas de
pagos de los países iberoamericanos, que se ha manifestado en muchos
casos; quisiera recordar la crisis mejicana de los años 1994-1995, la
crisis brasileña del año 1998 y, en este momento, la petición del
Gobierno argentino. Creo que es relevante el hecho de que el Gobierno
argentino valore positivamente un respaldo bilateral español y



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hemos acordado la posibilidad de establecer una línea de crédito de
1.000 millones de dólares, que se instrumentaría en una fórmula
novedosa: a través del Fondo Monetario Internacional, en las
condiciones y en los plazos que la propia línea de crédito del Fondo
fuera a aplicarse y con el mismo tipo de interés.

Los grupos parlamentarios están siendo informados de esta cuestión.

En estos momentos no podemos tomar una decisión definitiva sobre si
vamos a implementar o no esa línea de crédito, habida cuenta que
todavía no se ha producido el cierre de negociaciones entre el Fondo
Monetario Internacional y el Gobierno argentino. De ser así, se
produciría probablemente en las próximas semanas -finales de este año
o principios del que viene-. El Gobierno remitirá a los grupos los
borradores de los textos necesarios para implementarla, para que los
grupos estén informados. En cualquier caso, estoy a su disposición,
ahora o en cualquier otro momento, para informarles sobre esta
cuestión y sobre su evolución.

El Gobierno español, y creo que también la sociedad española, está
convencido de la fortaleza y potencialidad de crecimiento de las
sociedades iberoamericanas y, en concreto, de la argentina. Es una
posición tradicional del Gobierno español considerar que las crisis
de balanzas de pagos son merecedoras de atención por parte de los
organismos multilaterales, y también desde el punto de vista de la
política de ayuda al desarrollo, siempre que los países hagan
esfuerzos considerables, como es el caso de la sociedad argentina.

Paso ya, señor presidente, a referirme rápidamente a las previsiones
de crecimiento de la economía española en el año 2001. Los datos que
tenemos -hoy haré públicos en la Comisión los datos de comercio
exterior del mes de octubre- indican un crecimiento en el año 2001 en
la línea planteada por el cuadro macroeconómico presentado por el
Gobierno en septiembre, es decir en el entorno del 3,6. Es un
crecimiento más equilibrado desde el punto de vista de la aportación
negativa del sector exterior, que podría ser prácticamente nula en
algunos momentos de este mismo año, y desde luego un crecimiento más
cercano al potencial. Sin renunciar a los dos objetivos básicos que
plantea el Gobierno en su política económica, la convergencia real
con Europa y el crecimiento del empleo -importantes ambos en el año
2001-, crecer por encima de la media europea y con una intensa
creación de empleo nos permitiría alargar el ciclo económico
creciendo a niveles más cercanos a nuestro potencial y, por tanto,
asentarnos en un crecimiento sostenido y estable que, si el año 2001
transcurre tal y como parece probable, nos abrirá las puertas a un
sexto año de crecimiento y al incremento del número de puestos de
trabajo en esos seis años, que podrían situarse en los tres millones.

Sería un crecimiento más equilibrado, con una ligera desaceleración
del consumo de las familias, que pasaría del 4,3 al 3,4 el año que
viene. La formación bruta
de capital fijo, que ha sido el motor del crecimiento de la economía
española desde el año 1996, mantendría tasas de crecimiento muy
similares a las actuales, favorecidas probablemente por la evolución
de tipos de interés y por las previsiones del mantenimiento del
crecimiento de las economías europeas.

Desde el punto de vista del sector exterior, se producirá una
aportación menos negativa; nuestras previsiones indican que la
aportación negativa en el año 2000 será claramente menor que la
prevista. Inicialmente, la aportación era de menos 0,9; después, la
revisamos a menos 0,6 y, en estos momentos, será inferior a menos
0,6, con una clara recuperación de nuestras exportaciones, que van a
crecer en el año 2000 tres puntos por encima del comercio mundial y a
un ritmo en el entorno del 12,5.

Según los nuevos datos a mes de octubre, que paso a comentar, nuestra
importación sigue manteniendo niveles de crecimiento importantes,
aunque más moderados que en el pasado, lo cual indicaría que, a
ritmos todavía del 9,4 en las importaciones, la economía española
sigue creciendo de forma vigorosa pero más modera. Hemos de pensar
que las importaciones crecían en el año 1999 a ritmos del 13,3 y, por
tanto, estamos creciendo cuatro puntos menos en las importaciones que
hace doce meses.

Los datos a mes de octubre del comercio exterior nos dan un
crecimiento nominal de las exportaciones del 19 por ciento, que en
términos reales es un 12,5, y un crecimiento nominal de las
importaciones del 23 por ciento, que en términos reales se traduce en
un 9,4. El déficit comercial está creciendo en los últimos meses a un
ritmo del 30 por ciento respecto al año anterior, una cifra
claramente inferior al 52 por ciento del primer trimestre o al 38,3
del segundo; la tendencia en estos momentos situaría el incremento
del déficit comercial en el año 2000 por debajo del 36,5 por ciento
previsto, lo cual nos indicaría -repito- que tendríamos una menor
aportación negativa del sector exterior. Quisiera recordar que, como
todos sabemos, el 77 por ciento de este déficit comercial, es decir,
de este 36 por ciento aproximado de incremento del déficit comercial,
está directamente relacionado con el precio en dólares del petróleo.

El déficit comercial de los productos no energéticos crece apenas un
10 por ciento o, dicho de otra manera, de los 1,9 billones de pesetas
que crecerá el déficit comercial en este año, un billón se debe al
aumento del crudo y aproximadamente 270.000 millones a la
depreciación del euro.

La competitividad de la economía española ha sido objeto de debate
varias veces en la Comisión y en el Pleno, y me parece necesario
además de normal. Me gustaría referirme al comportamiento de nuestras
exportaciones, tanto dentro como fuera de la UE. Según nuestros
datos, estamos ganando cuotas de mercado, tanto dentro de la Unión
Europea, que es nuestro principal cliente, como fuera, en el área
dólar. Esta



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ganancia de cuotas de mercado de nuestra exportación fuera de la
Unión Europea se ve confirmada porque nuestras ventas en enero-
septiembre del año 2000 han crecido un 27,2, mientras que las
exportaciones de la propia Unión Europea al área del dólar -a países
terceros-, en el mismo período, han crecido un 23 por ciento; es
decir, hemos vendido más en porcentaje en el área de fuera de la UE
que el conjunto de los países de la Unión Europea. Nuestra
exportación a la Unión Europea en los meses enero-septiembre ha
crecido un 16,1 por ciento, ligeramente más de lo que creció la
exportación de los países europeos -la exportación intraeuropea-, que
lo hizo al 14 por ciento.

Como sabe la Comisión, también el sector turístico continúa
manteniendo elevadas tasas de crecimiento en el año 2000, que son
especialmente significativas teniendo en cuenta la base de la que
partimos en los años 1998 y 1999; el año 2000 se saldará con un
incremento ligeramente superior al millón de turistas y con datos
interesante que probablemente podrían ser objeto de un análisis más
pormenorizado, que realizaría el Gobierno, sobre desestacionalización
y diversificación geográfica, que creo que pueden ser de gran interés
para la Comisión.

También me parece relevante resaltar que continúa el proceso de
inversión española en el extranjero, un proceso que, como saben muy
bien en la Comisión, ha sido uno de los grandes protagonistas de la
transformación económica española de los últimos años. Si en 1999 la
inversión directa de España en el exterior alcanzó la cifra de los
32.400 millones de euros, es decir, alrededor de los 5,4 billones de
pesetas, un 6 por ciento del PIB, situándonos como sexto inversor
mundial, en los ocho primeros meses del año 2000 ya hemos alcanzado
una cifra semejante, por tanto, muy considerable. También me parece
relevante, desde el punto de vista de la confianza que genera la
economía española, que en los ocho primeros meses del año se ha
multiplicado por tres las inversiones extranjeras en España.

Con respecto a la creación de empleo, como sabe muy bien la Comisión,
los ocupados alcanzan en el tercer trimestre del año la cifra
histórica de 14,6 millones, lo que supone que desde el primer
trimestre del año 1996 estaríamos en una creación de aproximadamente
dos y millones y medio de empleos y que en el año en curso estaríamos
hablando de un crecimiento del empleo de unas 670.000 personas, lo
cual supone que, una vez más, la economía y la sociedad española ha
aumentado significativamente las previsiones, que ya eran muy
ambiciosas, de medio millón de puestos de trabajo y a su vez los
últimos datos del mes de noviembre ponen de manifiesto que el total
de afiliados a la Seguridad Social asciende a 15.364.000 personas, lo
cual supondría un incremento en el año de 786.000 personas.

Algunas veces se ha manifestado la preocupación de los grupos
parlamentarios porque las cifras de disminución del paro estuvieran
relacionadas con una disminución de la población activa o por un
crecimiento menor de la misma. Como sabe la Comisión, se ha
incrementado en el último año en aproximadamente 445.000 personas,
con lo cual se alcanza la cifra histórica de 17 millones de personas
en lo que se refiere a población activa y nuestra tasa de actividad
sigue creciendo a niveles máximos históricos del 51,6 por ciento,
cifra que todavía está distante de los objetivos o de las medias
europeas. Esto indica la importancia de mantener ciclos económicos de
crecimiento a lo largo de los próximos años.

Sobre la tasa de desempleo, ya he mencionado que nos situamos por
debajo del 14 por ciento, a niveles similares a los de principios de
los años ochenta. Y con respecto a la evolución de los salarios,
estamos en torno al 3 por ciento en el proceso de negociación
colectiva. El Gobierno quiere una vez más subrayar, antes de que pase
a hablar del tema de la inflación, que es imprescindible que la
evolución salarial se acomode a una moderación y que no incorpore los
efectos claramente coyunturales del precio del petróleo y de la
depreciación del euro. Estas semanas estamos asistiendo a una
desaceleración del precio del petróleo, que todavía en el invierno
puede ser coyuntural pero que, en cualquier caso, indica una senda de
reducción de las presiones inflacionistas del petróleo, y sería un
gravísimo error, no sólo en España sino en el conjunto de la Unión
Europea, que tendría consecuencias en el crecimiento y en el empleo,
trasladar esta situación, que más o menos es homogénea en todos los
países europeos, a la negociación salarial y a los márgenes
empresariales. Una vez más, quiero subrayar que algunos de los
problemas inflacionistas, a los que ahora me referiré, de la economía
española están relacionados no con la evolución salarial sino con el
comportamiento de mercados o con márgenes salariales en mercados que,
por otra parte, están completamente abiertos a la competencia.

Como saben SS.SS., mañana -por tanto, en estos momentos no estoy en
condiciones de avanzarles ninguna cifra porque lo hará el Instituto
Nacional de Estadística- se conocerá la inflación para el mes de
noviembre, pero sí conocemos ya algunos datos de países europeos. Voy
a hacer referencia a los últimos datos de inflación conocidos, que
son los del mes de octubre y que, una vez más, el Gobierno reconoce
que no son satisfactorios, puesto que han situado a la inflación
española en el 4 por ciento. Como el Gobierno ha explicado, y vuelvo
a hacerlo con detalle, desde el punto de vista de la inflación
española, aproximadamente un punto, y esto es prácticamente lineal en
toda la Unión Europea, está relacionado con la evolución del precio
del petróleo y de la moneda. Esa ha sido la realidad en Alemania, en
Francia y en otros países. Además, en nuestro país la evolución de
los alimentos



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no elaborados ha supuesto aproximadamente un 0,73 del IPC general, lo
cual significa que los dos componentes más volátiles del índice son
responsables de una inflación de un 1,7, es decir, un 43 por ciento
del total de la inflación, aunque, como muy bien sabe la Comisión, no
llega al 20 por ciento de la cesta del IPC. En ese sentido, una vez
más quiero significar que el 43 por ciento de nuestra inflación, es
decir, aproximadamente 1,7 puntos, son elementos volátiles y
coyunturales que no deben ser tenidos en cuenta y el Gobierno hará
todos los esfuerzos, a través de la política presupuestaria y de
otras, para evitar que se puedan asentar en la economía española. Al
mismo tiempo, y hemos de reconocerlo, existen otros problemas
inflacionistas en España, principalmente relacionados con el índice
de precios de servicios, es decir, de los elementos más al abrigo de
la competencia internacional, que han tenido un repunte este verano
relacionado fundamentalmente con el precio de los servicios
turísticos pero también con otros, y que deben ser objeto de la mayor
atención por parte de la política económica del Gobierno. Algunas de
las medidas tomadas el pasado mes de junio iban en esa dirección,
como la liberalización de horarios comerciales, las relativas a las
ITV, al suelo y a otras cuestiones, pero es indudable que ese es el
centro del núcleo inflacionista que el Gobierno considera más
importante de la economía española. En cualquier caso, hemos
mantenido a lo largo de los dos últimos años un diferencial de
inflación con la Unión Europea prácticamente inamovible entre un 1 y
un 1,3 puntos, que el Gobierno considera excesivo y que, aunque en
este momento no tiene manifestaciones sobre nuestras exportaciones al
área euro, sin duda es un riesgo que debemos evitar, y el Gobierno
acepta las responsabilidades sobre la evolución de los precios en
este año. Como he dicho, en este momento conocemos la inflación en el
mes de noviembre de algunos países europeos, que nos indica
crecimientos en Francia, en Italia y en el Reino Unido. En Alemania
no se produce un crecimiento porque lo que han hecho ha sido
incrementar la base de octubre. Por tanto, en todos estos países
estaríamos en una inflación claramente por encima del objetivo del 2
por ciento que apuntaría, si ustedes me lo permiten, a pensar que
nuestro diferencial no se va a ver perjudicado por los datos de
noviembre, cosa que podremos todos conocer en detalle a partir de
mañana.

Paso, señor presidente, aunque comprendo que estas cuestiones son
todas de gran importancia, a subrayar una vez más que las líneas de
la política económica del Gobierno para el año 2001 están centradas
en aumentar los grados de maniobra y de estabilidad de la economía
española a través de la consolidación presupuestaria. Quiero señalar
ante la Comisión la importancia de la política presupuestaria de
estabilidad, especialmente para un país como España, que ya no tiene
política monetaria propia, que tiene una política monetaria de un
área en la que España representa exclusivamente
el 8 por ciento y que el objetivo de la economía española, y desde
luego de la política económica del Gobierno, es crecer por encima de
la media del área. Debemos ser conscientes de la importancia, no ya
en los años 2000 y 2001 sino en los próximos años, del proceso de
estabilidad presupuestaria que nos permita situarnos a finales de
esta legislatura en cifras de deuda pública en torno al 50 por ciento
del PIB. Espero tener ocasión de enseñar a la Comisión el nuevo
programa de estabilidad del Reino de España, que hemos de remitir a
Bruselas en las primeras semanas del año próximo.

También el proceso de políticas y de reformas estructurales forman
parte del eje de la política económica del Gobierno. En ese sentido,
además de las referencias que haré a las decisiones tomadas por el
Gobierno y por esta Cámara en el mes de junio, quisiera subrayar la
importancia de la modernización del mercado laboral. El Gobierno,
desde el comienzo de esta legislatura, y de manera muy enfática el
presidente del Gobierno recibiendo a los secretarios de los
sindicatos y al presidente de la CEOE, ha puesto de manifiesto que es
un objetivo prioritario de la política del Gobierno la modernización
del mercado laboral para asentar a España en una fase de crecimiento
del empleo que pueda continuar los avances logrados hasta este
momento. En ese sentido, también el diálogo social nos parece algo
extraordinariamente importante y esperamos que de las conversaciones
y de las negociaciones entre empresarios y sindicatos que, como es
conocido por la Cámara, han solicitado que se extiendan hasta el mes
de febrero, puedan darse pasos significativos en áreas muy
importantes para los ciudadanos españoles como es la estabilidad en
el empleo, una mayor eficacia de los contratos estables a tiempo
parcial, una racionalización y disminución de la temporalidad y una
modernización de nuestro sistema de negociación colectiva.

Paso, señor presidente, a referirme a las medidas adoptadas por el
Gobierno ante la subida o la evolución del precio de los carburantes.

La Comisión conoce muy bien, porque ha sido objeto de debate en el
Pleno y de aprobación de iniciativas del Gobierno, cuáles han sido
las negociaciones que el Gobierno ha mantenido con sectores sociales
especialmente perjudicados por la evolución del precio del petróleo,
pero también la posición del Gobierno de no reducir los impuestos
especiales sobre las gasolinas por entender, primero, que era una
medida contraria a los intereses generales españoles en un momento de
choque de oferta aumentar la propensión al consumo; segundo, que era
una medida regresiva en términos de medio ambiente y tercero, que
además era una medida que enviaba el mensaje incorrecto a la sociedad
española en un proceso de choque de oferta.

En ese sentido, yo creo que es bueno que los grupos parlamentarios
que hayan podido pensar de otra manera se coloquen en la situación
actual: si ahora el precio



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del petróleo empieza a disminuir y hubiéramos seguido sus consejos,
tendríamos que incrementar los impuestos que habíamos bajado hace dos
meses y no sé hasta qué punto el sentido común de la sociedad
española podría entender la política económica de un Gobierno que en
un momento en que los precios del petróleo a nivel internacional se
reducen aumenta los impuestos para que esa reducción no la perciba la
sociedad española, habiendo hecho lo contrario en el momento en que
los precios aumentaban. Creo que las políticas coyunturales o a corto
plazo, desde el punto de vista de los choques de oferta, nunca han
sido excesivamente beneficiosas para las sociedades y probablemente
el tiempo nos lo va a demostrar más pronto que tarde en beneficio de
todos. No me cabe ninguna duda de que lo que es bueno para la
sociedad española es que los efectos negativos del choque petrolífero
pasen lo antes posible y podamos beneficiarnos de una mejor situación
y de una mayor competencia como la que ya se está produciendo.

Además de una política de negociaciones para evitar los efectos más
duros en el sector agrario, en el sector del transporte y en el
sector de la pesca, el Gobierno desde el mes de junio y antes ha
incrementado la competencia y la transparencia en el sector de venta
de productos petrolíferos, lo cual nos ha permitido que la evolución
del precio de nuestras gasolinas se sitúe a lo largo de todo este año
igual o por debajo del índice ponderado de la media de la Unión
Europea, lo que indica la mayor flexibilidad de nuestro mercado. Como
saben SS.SS., porque he tenido ocasión de explicarlo, una de nuestras
medidas desde el punto de vista de la venta de carburantes estaba
relacionada con una mayor transparencia en los precios, a la que haré
referencia, y también a los límites de crecimiento de las estaciones
de servicio de las dos compañías dominantes en el mercado español, es
decir, Cepsa y Repsol, en un plazo de tres y cinco años
respectivamente.

Desde el punto de vista de la transparencia, como sabe la Comisión
-antes de pasar a otras políticas sectoriales-, una de las medidas
establecidas por el Gobierno era la publicación con carácter semanal
de los datos de evolución de los precios de todas las gasolineras en
España a través de los servicios web del Ministerio de Economía,
cuestión que se está realizando ya con aproximadamente 6.500
gasolineras. En estos momentos hay un proceso de captación de datos
de las 1.300 que faltan, que permite en estos momentos hacer una
comparación por parte de los usuarios de los precios de las gasolinas
en todo el territorio nacional, lo cual creo que lleva a una mayor
transparencia en los precios y a un debate más claro y más
consistente.

Hablando de las medidas liberalizadoras, paso a referirme a las
medidas en telefonía, adoptadas por el Gobierno en el mes de junio y
cuáles han sido sus consecuencias. En el caso de la telefonía fija,
el Gobierno está preparando la apertura a la competencia del acceso
al bucle local, que es el último paso y de gran importancia desde el
punto de vista de la total competencia en nuestro sistema de
telefonía, que quiero recordar a SS.SS. que estaba previsto que se
mantuviera como un monopolio hasta el año 2002 hasta nuestra llegada
al Gobierno. Por otra parte, los operadores de telefonía móvil
facilitan la portabilidad numérica desde el 25 de noviembre, fecha
posterior a la que el Gobierno hubiera deseado, pero en cualquier
caso ya está en marcha. Para conseguir un mayor ajuste de los precios
de acceso a la red, a los costes y favorecer con ello la presencia de
un mayor número de operadores, se han incrementado las exigencias de
información contable impuestas a los operadores dominantes, se ha
revisado la oferta de interconexión de referencia de Telefónica para
permitir que el resto de los operadores partan de las mismas
condiciones y puedan igualar las ofertas y también se ha establecido
una tarifa plana -cuestión que recuerdo que era de gran interés para
prácticamente todos los portavoces de la Comisión en mi primera
comparecencia- en horario reducido de 16,5 euros al mes y se ha
establecido un abono en horario reducido para las llamadas locales de
4,2 euros al mes por 600 minutos, es decir, unas 700 pesetas, y de
8,4 euros al mes, es decir, unas 1.400 pesetas, también por 600
minutos, pero sin límite horario durante el día.

Desde el 1 de agosto del año 2000 está vigente un nuevo marco
tarifario, basado en un modelo de límites máximos de precios anuales
para los servicios prestados por el operador dominante en telefonía
fija y en líneas susceptibles de arrendamiento. Para el período
inicial del 1 de enero de 2001 hasta el 31 de diciembre de 2002 no
podrá incrementarse el precio del servicio telefónico fijo en un
porcentaje superior al IPC menos 9, las cuotas de conexión en el IPC
menos 16,5 y las cuotas de abono a partir del año 2002, puesto que en
el año 2001 está previsto un incremento de 200 pesetas, en un IPC más
3,5. Pero teniendo en cuenta que el precio del servicio metropolitano
no podrá experimentar subidas y a su vez para mantener las
posibilidades de competencia, los precios de las llamadas de cada uno
de los servicios provincial, interprovincial e internacional no
podrán reducirse en más de un 50 por ciento y las llamadas desde
cabinas no podrán exceder en más de un 35 por ciento al precio del
mismo tipo de llamadas realizadas por una línea de abonado. Fruto de
la introducción de esta mayor competencia y del proceso de
liberalización en el sector de las telecomunicaciones se ha producido
un progresivo descenso del precio medio por cada minuto de telefonía
consumido, según los datos de la Comisión del Mercado de las
Telecomunicaciones, que se han reducido en un 7,2 por ciento en el
período 1998-1999 y esta reducción de los precios ha permitido una
línea ascendente en cuanto al número de clientes, tanto en telefonía
fija como en el tráfico medio por usuario real y también en telefonía
móvil.




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Paso, señor presidente, a hacer referencia a las medidas del mes de
junio con respecto al sector energético. Siguiendo las conclusiones
de Lisboa, que tuvimos ocasión de comentar en esta Comisión, el
Gobierno aprobó en el sector energético el Real Decreto 6/2000. Creo
que esta norma tiene un carácter absolutamente singular, pues se
trataba por primera vez de adoptar medidas para afrontar la principal
barrera que existe en el desarrollo de la competencia en el sector
energético, que está relacionada con la estructura de oferta. Me
gustaría sintetizar, puesto que son conocidas por la Comisión, los
tres bloques de medidas y después hacer referencia a su grado de
ejecución y cuál es la situación en este momento de ese grado de
ejecución. Los tres bloques de medidas son, por un lado, las que
estaban dirigidas a limitar la capacidad de expansión de los
operadores dominantes. Ya he mencionado el caso de Repsol y Cepsa en
el número de estaciones de servicio y también la Comisión conoce el
caso de Endesa e Iberdrola en el nivel de capacidad de producción en
la península durante los cinco y tres años siguientes. También la
existencia de una limitación del 70 por ciento de cuota de mercado
del operador del gas a partir del año 2003.

El segundo bloque de medidas se dirigía a favorecer la entrada de
potenciales competidores y, por un lado, se hace más objetivo y
transparente el acceso a infraestructuras de transporte, limitando
las participaciones del accionariado en empresas privadas, titulares
de redes, como CLH y Enagas y, por otro lado, se favorece la creación
de masas críticas de potenciales consumidores para lo que se aceleran
los calendarios de acceso a consumo cualificado. Todos los
consumidores de electricidad y gas a partir de la publicación del
real decreto de junio tendrán condición de cualificados el 1 de enero
de 2003, lo cual supone claramente una aceleración en el proceso de
liberalización y se obliga, a su vez, al operador dominante a poner
los contratos a disposición de sus competidores, en algunos casos
transitoriamente, como en el del contrato del gas de Argelia. También
se simplifica el trámite administrativo previo y necesario para la
instalación y se adelanta el fin de determinados períodos de
exclusividad, como el que existía en la construcción de redes de
distribución, que primero no era ninguno hasta el año 1996, después
era el 2015, más tarde era el 2008 y ahora es el 2005. También se
incrementan las modalidades de contratación existentes para los
comercializadores eléctricos, permitiéndoles una mayor competencia en
el mercado liberalizado, además de revisar las tarifas y peajes de
acceso a las infraestructuras.

Además de estos dos bloques, es decir, poner límites a los operadores
dominantes y favorecer la entrada de posibles competidores, había un
tercer bloque que estaba dirigido directamente a reducir los costes
del sistema, tanto los costes de información a los que se enfrentan
los consumidores de carburantes, como he dicho,
como los costes regulados, por ejemplo, la garantía de potencia o las
primas de uso del carbón de tarifa eléctrica. Éste es el resumen de
las medidas aprobadas por esta Cámara, a propuesta del Gobierno, el
pasado mes de junio y que se han puesto en marcha. Como he dicho, la
información periódica sobre precios de venta al público de los
productos y las marcas de distintas gasolineras ya están en la web
del Ministerio; reitero, hay 6.500 estaciones que informan
periódicamente y 1.300 que se están incorporando, la mayor parte de
ellas independientes. ¿Cuál es el grado de desarrollo de algunos de
los reglamentos? En el ámbito eléctrico se están ultimando reales
decretos referidos al establecimiento de tarifas de acceso a las
redes, la regulación de condiciones para ofertar al operador de
mercado por determinados titulares de las instalaciones en régimen
especial y, a su vez, los criterios para determinación de las tarifas
eléctricas, así como una orden ministerial sobre nuevas formas de
contratación de suministro a plazo, que se integran en el mercado de
producción de energía eléctrica. En todos estos casos las
organizaciones de consumidores ya han tenido acceso a las posiciones
y discusiones de los grupos de trabajo.

En el ámbito del gas, y en cumplimiento de los artículos 7 y 8 del
Real Decreto 6/2000, está en proceso la elaboración de un texto sobre
la regulación del funcionamiento del sistema gasístico, tanto en lo
que se refiere al acceso de terceros a las instalaciones y la
determinación de los criterios generales para el funcionamiento
técnico del sistema como al establecimiento del régimen económico de
las actividades gasísticas. Esto será puesto en conocimiento, para su
negociación, de las asociaciones de consumidores a lo largo de las
próximas semanas. Por otra parte, no hemos de olvidar que, según el
propio real decreto-ley, y para cumplir lo dispuesto en la
legislación vigente, estas disposiciones normativas tienen que
cumplir una serie de plazos, de trámites normativos, como la
audiencia a los interesados o los informes de la Comisión Nacional de
la Energía y del Consejo de Estado, a los que las remitiremos lo
antes posible.

Respecto a los efectos de estas medidas, diré que hemos de ser
conscientes de que, en el mercado eléctrico, los precios medios se
han reducido en España un 17 por ciento en términos nominales en
cuatro años, frente a una subida de un 40 por ciento en los años
anteriores y, por tanto, ha habido un claro beneficio desde el punto
de vista de las familias y de los consumidores. Los datos de la
Comisión Europea apuntan a una bajada media para las economías
domésticas y empresas entre 1996 y 1999 por encima del 15 por ciento
en el caso español, que, según los datos de Eurostat, sólo ha sido
superada por Finlandia y por Holanda. En el caso de las empresas de
tamaño medio la bajada se sitúa, según los datos oficiales, en el
18,4 por ciento, sólo superada por Suecia y, gracias a las medidas de
liberalización



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adoptadas en abril del pasado año, más de 50.000 pequeñas y medianas
empresas han pasado a ser consideradas, desde el 1 de julio de este
año, consumidores cualificados y, por tanto, podrán elegir libremente
suministrador. Nuestras estimaciones nos indican que aproximadamente
el ahorro que puede producirse para una empresa en el mercado
eléctrico al poder considerarse consumidor cualificado y poder elegir
libremente suministrador se sitúa en el entorno de las 370.000
pesetas al año. También diré, para poner un punto de referencia, que
el protocolo firmado por el Gobierno en el año 1997 con las empresas
eléctricas preveía una bajada acumulada del 8 por ciento entre los
años 1997 y 2001 y que esa bajada será del 18,5 por ciento. También
se han puesto en marcha otras medidas que son conocidas por la
Comisión, como la liberalización de horarios comerciales y los
efectos sobre el empleo de la misma, que el Gobierno cifra en
aproximadamente 25.000 puestos de trabajo al año relacionados
principalmente con el empleo juvenil.

Desde el punto de vista de las medidas tomadas en el mes de junio, me
parece importante la previsión del Gobierno para que las tarifas
eléctricas se redujeran a lo largo de los próximos tres años en un
máximo de un 9 por ciento. Además, el Gobierno tiene previsto aprobar
un real decreto de tarifas eléctricas para el año 2001, que está en
fase de elaboración, que contempla una bajada para los consumidores
domésticos del 4 por ciento en el año 2001.

Las señoras y señores diputados conocen los informes de los diversos
organismos sobre nuestro grado de reformas estructurales y las
recomendaciones de que continuemos por el camino emprendido, a pesar
de que algunos de esos informes, como el de la OCDE, lamentablemente
no habían tenido en cuenta las reformas del mes de junio.

Paso ahora a referirme a la política de liberalización del sector
eléctrico y a la situación de los expedientes relativos a los costes
de transición a la competencia. Como conoce la Cámara, durante la
pasada legislatura el Gobierno traspuso las directivas aprobadas en
materia de electricidad y gas, yendo más allá en los objetivos
planteados por las mismas directivas; es decir, que han sido
modificados y se han aumentado en las últimas decisiones tomadas por
el Gobierno.

Respecto al sector eléctrico, en noviembre de 1997 se incorporan las
previsiones de la directiva sobre normas comunes para el mercado
interior y se modifica sustancialmente la regulación eléctrica en
nuestro país, con una nueva ley que acaba con el sistema anterior y
que tenía por objetivo, como recuerda la Comisión, garantizar el
suministro, la calidad y el menor coste posible. Se abandona la
noción de servicio público y se sustituye por el concepto de servicio
esencial, y la planificación estatal queda ya restringida a las
instalaciones de transporte y, por tanto, se abandona la idea de una
planificación determinante de las inversiones
de las empresas eléctricas en general. Es decir, se fijan los
principios de objetividad, transparencia y libre competencia para el
funcionamiento del sector eléctrico, para avanzar en el ahorro, en la
calidad, la eficiencia energética y la política medioambiental.

Luego, como he hecho referencia, en el decreto-ley de 23 de junio se
aumentan algunas decisiones en esta dirección.

Paso a mencionar las cuestiones relacionadas con los costes de
transición a la competencia, que se producen como consecuencia de la
comparación entre los costes de inversión planificada que reconocía
el marco legal y estable, cifrados en 8 billones de pesetas, y los
costes que en ese momento se aprecia que podrían ser recuperados por
las empresas a través del mercado después de la Ley de 1997, que se
cifraban en 5 billones de pesetas. Por tanto, inicialmente había unos
costes de transición a la competencia cifrados en tres billones de
pesetas. A lo largo de la tramitación de la Ley de 1997, y con un
informe de la Comisión del sector eléctrico que existía entonces, se
cifra un máximo, en el entorno de 1 billón 988.000 millones de
pesetas, de los costes de transición a la competencia que serían
recuperados por las empresas, por tanto, se había reducido ya 1
billón a través de la tarifa y del precio del pool, siempre que
tuviera cifras superiores a 6 pesetas, en cuyo caso se produciría una
disminución del montante total de los CTC. Un año más tarde se
produce por parte del Gobierno la propuesta de establecer una
afectación al 4,5 por ciento de la tarifa de un billón de pesetas del
conjunto de los costes de transición a la competencia y se reducen
los mismos de 1 billón 900.000 millones a aproximadamente 1 billón
600.000 millones. Esta afectación, como fue explicado entonces por el
Gobierno, trataba de dar certeza al cobro de una parte de los CTC y a
la posibilidad de titulizar por parte de las empresas, posibilidad
que posteriormente, como sabe muy bien la Comisión, no se ha podido
llevar a cabo.

En paralelo, a partir de enero de 1998 la Comisión Europea entiende
que el artículo 24 de la directiva eléctrica, que contemplaba la
posibilidad de CTC, no era de aplicación en una serie de países, como
es el caso de Bélgica, Alemania, Austria y España, y en julio de 1999
la propia Comisión produce la decisión que excluye estos CTC de las
compensaciones previstas en ese artículo 24 de la directiva eléctrica
y, por tanto, lo considera ayudas públicas. Los países hemos
recurrido esa decisión de la Comisión, porque entendemos que vulnera
nuestras competencias, y seguimos creyendo que estos CTC o son
perfectamente asimilables o se les aplica el artículo 24 de la
directiva eléctrica.

En cualquier caso, en el procedimiento que abre la Comisión sobre si
estas ayudas públicas son o no compatibles con el tratado, en
diciembre de 1999 una consultora independiente (Oxera) emite un
informe a petición de la Comisión que concluye dando como válido
aproximadamente el 80 por ciento de los CTC en el caso español. Esta
cifra y este hecho están reconocidos



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por escrito por la Comisión. También es cierto -la Comisión lo sabe y
yo no lo voy a discutir- que esta opinión de una consultora
independiente no tiene por qué ser obligatoria y milimétricamente
seguida por la Comisión, pero desde el punto de vista de la posición
del Gobierno de España nos parece que tenemos una base para seguir
defendiendo, por un lado, que los costes de transición a la
competencia no son ayudas de Estado y por otro que, de serlo, serían
perfectamente compatibles con el tratado. En estos momentos estamos
a expensas de que la Comisión dé su dictamen final sobre nuestra
situación y la de otros países, algo que no se ha producido en las
últimas semanas, y desde luego no soy yo quien les va a decir a
ustedes cuándo se va a producir porque depende de la Comisión. Lo que
sí puedo decirles es que en función de lo que la Comisión nos diga
nosotros aceptaremos o no su posición; si entendemos que es
compatible con los intereses españoles, la aceptaremos; si no es así,
la recurriremos ante los tribunales europeos. Lo que ocurre es que en
el proceso de negociación y de discusión con la Comisión sobre el
carácter o no de ayudas de Estado de los CTC se produce un hecho
empresarial que yo no puedo dejar de mencionar -además, los grupos me
piden que lo haga- como es la posición de dos empresas privadas,
Endesa e Iberdrola, que representan el 80 por ciento del mercado
eléctrico español, y su deseo de fusionarse. Introduzco esta cuestión
al hilo de las reflexiones sobre los CTC porque, como la propia
Comisión Nacional de la Energía ha puesto de relieve en su informe,
puede tener consecuencias sobre lo que estoy diciendo a la Comisión,
que ha sido objeto de interés por parte de los grupos. El pasado mes
de octubre, como sabe la Comisión, los consejos de administración de
ambas empresas adoptaron el acuerdo de fusionarse. A partir de ahí, y
dadas las reglas de competencia del Gobierno, este establece un
proceso en el que tiene que oír al Tribunal de Defensa de la
Competencia y a la Comisión Nacional de la Energía. ¿En qué trámite
estamos en este momento? Estamos en el trámite de control de las
concentraciones. Es indudable que estamos ante una concentración de
dimensiones extraordinariamente grandes, que tiene discusiones sobre
su relación con el protocolo eléctrico y que, de llevarse a cabo,
supondría indudablemente un aumento -dependería de las condiciones-
de la presencia de una empresa eléctrica en el mercado español que,
si no hay condiciones, no sería compatible con las posiciones
planteadas por el Gobierno en los decretos del pasado mes de junio.

En ese sentido, el Gobierno continúa los trámites que marca la ley,
es decir, según los artículos de la Ley de defensa de la competencia,
remite al Tribunal de Defensa de la Competencia el expediente; éste
en los nuevos plazos aprobados por el Gobierno tiene que emitir su
dictamen antes del 10 de enero de 2001 -tiene dos meses- y además ha
remitido el proyecto
de fusión a la Comisión Nacional de la Energía, que sí nos ha dado su
informe.

El informe de la Comisión Nacional de la Energía es favorable a la
fusión con condiciones. La razón que arguye es que, siguiendo las
condiciones que plantea la empresa resultante y el mercado eléctrico
resultante en España, podría suponer una mejora en la situación de
competencia. Es indudable que, si se lleva a cabo con unas
determinadas condiciones, esta fusión va a afectar a una
redistribución del mercado eléctrico español de características
extraordinariamente amplias e importantes, como conoce la Comisión.

Como he dicho, el informe de la Comisión Nacional de la Energía
considera que, de acordarse la fusión, la empresa fusionada deberá
enajenar sus participaciones en REE y en OMEL que excedan de la
normativa vigente del 10 por ciento; que la capacidad de producción
instalada no debe ser superior a la de Endesa, es decir, la mayor de
las empresas en este momento, y que en el proceso de búsqueda de
compradores de los activos que deben ser enajenados no deben crearse
condiciones que directa o indirectamente discriminen o perjudiquen a
ningún comprador. El informe no entra a valorar el sistema en el que
las sociedades se desprendan de los activos, que serán gestionados en
todo caso por un gestor independiente hasta que se produzca su
enajenación. Respecto a los CTC, la posición de la Comisión Nacional
de la Energía es que deberán vincularse a las centrales
correspondientes, es decir, a las que se vendan. Entiende también
sobre las nuevas centrales del ciclo combinado (que generarán
electricidad con gas natural) que debe limitarse a las planteadas por
Endesa en las nuevas peticiones que se están negociando en este
momento con la Administración. En relación con la actividad de
distribución, la Comisión entiende que la entidad resultante puede
mantenerla con suministro a clientes a tarifa similar a la que en el
momento de la notificación de la operación tuviera la compañía mayor
de las dos interesadas, pero da una segunda alternativa que
consistiría en ceder la gestión de la actividad de distribución en lo
que exceda del porcentaje señalado hasta el propuesto por la empresa
-que es muy superior; al 62 por ciento- a un gestor independiente
hasta que se produzca la total liberalización de los mercados
energéticos el 1 de enero de 2004. En cuanto a la actividad de
comercialización, la Comisión considera que la empresa fusionada debe
configurarse de acuerdo con el modelo que en la actualidad tienen
Endesa e Hidrocantábrico, según el cual la comercialización se
realiza por una filial separada y plantea también la necesidad de que
la llamada inteligencia comercial, es decir, los datos históricos de
los clientes, en todo caso se hagan públicos por parte de la empresa.

Esta es la posición de la Comisión Nacional de la Energía que, como
es natural, el Gobierno está estudiando y que también tendrá que
compaginar con las propuestas que haga el al Tribunal de Defensa de
la Competencia, que, vuelvo a



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repetir, dará su informe antes del 10 de enero del año 2001, es
decir, en muy pocas fechas. En cualquier caso, quisiera ratificar a
la Comisión los criterios del Gobierno que, como es natural,
estudiará las posiciones que le planteen los órganos reguladores pero
que ya ha fijado criterios que la Cámara conoce y que incluso han
sido establecidos por ley. El primero es que consideramos fundamental
para el correcto funcionamiento del mercado español en estos momentos
-y subrayo la situación de una cierta isla eléctrica desde el punto
de vista de la entrada de electricidad de Europa en nuestro país- que
el número de operadores no disminuya de los actuales sino que en
cualquier caso aumente. Tampoco debe incrementarse la cuota de
generación de que actualmente dispone la principal empresa, como ya
se establecía en el Decreto-ley 6/2000. Y, según las recomendaciones
que nos planteen los organismos reguladores, cualquier decisión que
se tome tendrá que mejorar la situación de competencia y beneficiar
de manera más definitiva a los consumidores.

Uno de los grupos planteaba cuál era la situación de una OPA, la de
Unión Fenosa e Hidrocantábrico, en la que la Comisión Nacional de la
Energía emitió un expediente, que conoce la Comisión, en el que
sometía a algunas condiciones a la OPA, y el Tribunal de Defensa de
la Competencia la declaraba improcedente, que fue el criterio seguido
por el Gobierno. Voy a recordarles a continuación, porque seguramente
lo solicitarán, la posición de la Comisión Nacional de la Energía con
relación a los CTC. El ministro de Economía, es decir, yo mismo, el
pasado mes de junio solicitó de la Comisión Nacional de la Energía
una serie de propuestas para la liberalización de mercados, algunas
de las cuales están ya plasmadas en el real decreto del mes de junio,
como es la de limitar la capacidad de invertir en nueva potencia de
operadores dominantes, como las relativas a la necesidad de
normativas más claras en el procedimiento para el cálculo y revisión
de las tarifas, pero sin que la Comisión aportase ninguna propuesta
concreta, y también con respecto a las observaciones planteadas por
la Comisión acerca del desarrollo normativo, a la actividad de
producción y a la corrección de incidencias en el mercado mayorista,
que fueron incorporadas al Real Decreto-ley 6/2000, aparte de la que
se refiere a la regulación de los sistemas transpeninsulares, cuyo
reglamento se encuentra en fase de elaboración. Quisiera también
significar que el 1 de diciembre pasado el Consejo aprobó la
regulación del transporte, la distribución solicitada por la
Comisión, que es especialmente significativa en el tema de la
calidad, ya que se establece sin ningún tipo de dudas la
responsabilidad del distribuidor en todo caso, sea cual sea el
comercializador en la distribución de la energía eléctrica,
estableciéndose requisitos más estrictos de servicio y de mecanismos
de reclamaciones. Con respecto al aumento de la elegibilidad, que
también lo planteaba la Comisión Nacional de la Energía
a requerimiento del Ministerio, también han sido recogidas sus
propuestas en el real decreto, como las que se refieren a una mayor
implicación de los agentes de régimen especial al mercado mayorista.

Con esto, señor presidente, he tratado de contestar con la mayor
brevedad posible a las peticiones de los grupos, además de indicar
las posiciones planteadas por el Gobierno respecto a la situación
económica, sobre todos los temas. Como es natural, y no podía ser de
otra manera, estoy a disposición de los grupos parlamentarios para
ampliar cualquier cuestión que quieran dirigirme sobre estos o
cualesquiera otro temas.




El señor PRESIDENTE: Para iniciar el turno de intervenciones de los
portavoces de los distintos grupos parlamentarios en la mayoría de
los casos, además solicitantes de la comparecencia del señor
vicepresidente segundo, en primer lugar, tiene la palabra el portavoz
del Grupo Socialista, señor Sevilla.




El señor SEVILLA SEGURA: Muchas gracias, señor ministro, por su
comparecencia hoy aquí y especialmente por dos cuestiones que vinculo
a esta comparecencia. Parece que el excesivo amor al jefe empieza a
causarles problemas en su partido y en esta Comisión hubo un cierto
intento de impedirle a usted la oportunidad de explicar las demandas
que habíamos presentado en torno al sector eléctrico y a nosotros el
placer de oírle y contrastar opiniones. Por tanto, le agradezco que
resistiera ese excesivo amor al jefe que se planteó y haya aceptado
comparecer para hablar de las cosas que le habíamos solicitado; como
le agradezco también, sobre todo en la primera parte de su
intervención, que haya leído el informe de coyuntura del Ministerio
antes de distribuírnoslo y no después, como hizo su secretario de
Estado de Economía.

Si cada vez que está anunciada su comparecencia en esta Comisión baja
el precio de las gasolinas, venga más a menudo. (Risas.) Y lo digo
porque parece que usted tiene mano en eso. Al menos en la nota de
prensa de estas de: El Gobierno informa, que se distribuyó con motivo
de su comparecencia en las jornadas de The Economist, se reconocía
que en España gracias al Gobierno se había amortiguado el impacto que
las subidas del petróleo habían tenido sobre el precio final a los
consumidores. Esto a mí me sigue sugiriendo una pregunta, que me
ronda en la cabeza y que alguna vez he intentado formularle con poco
éxito, y es sobre que exista o no, o que haya existido o no, un pacto
del Gobierno con las compañías petrolíferas en torno a la cuantía o a
la cadencia con la que se transmiten o se han transmitido en España
al consumidor final las sucesivas alzas del precio del petróleo. Me
parece un tema importante, porque de no existir ese pacto, usted
debería desmentirlo con claridad y rotundidad y de existir debería
explicar en qué condiciones se ha establecidoel mismo y con qué
compensaciones. Dicho de otra



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manera, después de que se haya rechazado la OPA de Repsol sobre
Iberdrola, ¿usted tiene menos mano en esto de la subida del precio
del petróleo?
Viniendo esta mañana en el avión he visto un chiste en un periódico
en el que estaba un médico con un paciente y le decía: Como no
sabemos lo que tiene, le daremos una medicina cuyos efectos
desconocemos. Y cuando he leído el chiste me he acordado de usted, no
sé por qué, pero me he acordado un poco de usted, porque yo les veo
desconcertados, con problemas internos y dando palos de ciego. Es
verdad que en parte están siendo víctimas de lo que ha sido su propio
estilo de Gobierno, y de hacer las cosas en estos últimos años. Es
muy significativo que cuando la perspectiva de la economía española
era de crecimiento, parecía que sólo crecíamos nosotros y, por
supuesto, gracias a las medidas económicas del Gobierno y en estos
momentos que las perspectivas son razonablemente buenas, pero de una
desaceleración, usted haya insistido mucho en que la desaceleración
ocurre en todo el mundo, en Estados Unidos, en Europa y -cómo no- en
España. Es decir, cuando las cosas van bien es gracias a ustedes y
cuando las cosas no van tan bien, y no digo mal, parece que es culpa
de otros. Y ese desconcierto, que yo creo que les genera el cambio de
expectativas que justificada o injustificadamente se está percibiendo
o, al menos, algunos percibimos en la sociedad española y en los
agentes económicos que están vinculados a un proceso inflacionista,
que será coyuntural o no (el profesor Sampedro decía aquello de que
lo dura es estructura y lo que no es coyuntura, y este empieza a
durar ya lo suficiente como para empezar a pensar que no es tan
coyuntural), o el déficit exterior (ayer tuve contactos con un grupo
empresarial muy importante y, desde luego, no comparten su optimismo
respecto a que no estamos perdiendo competitividad en los mercados
europeos), o las alzas en los tipos de interés que afectan no sólo a
las perspectivas de crecimiento de las empresas, sino a las propias
economías domésticas; en ese contexto de relativo cambio, ustedes
están adoptando dos posiciones que, desde mi punto de vista, reflejan
ese desconcierto: en primer lugar, negar lo obvio. Ustedes han negado
en el Parlamento -consta en el «Diario de Sesiones»- cosas obvias
como que una desviación al alza del cien por cien en la tasa de
inflación significa pérdida de poder adquisitivo y afecta
negativamente a la competitividad de la economía española. Pero es
que han negado cosas tan obvias como que, si la reforma del IRPF
inyectó -ahora ya reconocen- 800.000 millones de pesetas en renta
disponible de las familias, algo habrá tenido que ver eso con nuestro
repunte inflacionista. El argumento que le he oído a usted al
respecto es: Esto no es así porque, a través de la mayor recaudación
por los impuestos indirectos, el Estado se resarce. Pero ahí olvida
que por el camino ha habido una pulsión sobre el consumo, que es lo
que ha presionado al alza los precios y sobre todo
confirma la crítica o al menos el comentario que desde el Grupo
Socialista hemos hecho, que con una mano han quitado lo que han dado
con la otra, y eso es lo que refleja el alza en la presión fiscal que
se experimenta en España en los años que ustedes gobiernan. Negar lo
obvio es una de las primeras actitudes que yo les percibo y la
segunda es aferrarse al pasado. Cada vez que se les hace una crítica
sobre la situación presente o una duda o una reflexión crítica
también sobre perspectivas de futuro, la tendencia mayoritaria es a
enrocarse en lo bien que lo han hecho en el pasado. Podemos discutir
mucho de cómo lo han hecho en el pasado, pero cuando ante
dificultades presentes o futuras un Gobierno se enroca en el pasado
es que empieza a sentirse pasado.

Los problemas internos es otro de los rasgos que a mí me llama la
atención y que creo que son vox populi. En su primera comparecencia
lo mismo que en la del ministro Montoro tuve ocasión de decir que, en
mi opinión, no había sido acertada la división del Ministerio de
Economía y Hacienda. La experiencia me está dando la razón. En estos
momentos existe una sensación, justificada o no, pero no sólo la
tengo yo, de que no están claros los interlocutores en temas
especiales para el funcionamiento de la política económica y para el
funcionamiento del país. No sé si esto se debe o no a problemas
personales de unos y de otros, no sé si esto se debe o no a la
división de los dos ministerios y que hace falta un período de
rodaje, no sé muy bien a qué se debe, pero la sensación de falta de
interlocutor existe. Eso en algunos casos como en el de la
financiación autonómica está llevando a una cierta paralización de un
tema relativamente importante y sobre el cual el Gobierno, cuando
decida quién es el interlocutor, debería haberse puesto en marcha ya.

Esa división interna la hemos percibido todos (cualquier lector de
cualquier periódico, incluso los que se proclaman más afines al
actual Gobierno) en todo el sainete vinculado a la fusión Endesa-
Iberdrola: OPAde Repsol sobre Iberdrola, si usted estaba apoyando o
no una opción, si otros estaban apoyando otras en el Gobierno, por
qué Iberdrola se ve forzada a adoptar una decisión en un consejo de
administración en contra del voto de sus accionistas mayoritarios, y
por qué priva a sus accionistas de tan siquiera considerar la oferta
económica que podría significar la OPA de Repsol. Se percibe también
en lo que los periódicos han llamado una cierta pelea suya con la
ministra Birulés respecto a las concesiones de nuevas licencias: si
eran de segunda generación, si eran de tercera, si había que dar sólo
dos, si había que dar cuatro. Se percibe también en la rectificación
clara que han hecho en el tema de los concursos de UMTS, donde, ante
la avalancha de críticas que sufrieron por el mecanismo con el que
las concedieron, actuaron en un primer momento con la prepotencia que
les caracteriza aquí de sostenella y no enmendalla, los contratos se
cumplen y no se modifican las condiciones (palabras casi textuales
del presidente del Gobierno), pero meses



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más tarde ustedes cambian las condiciones imponiendo una tasa.

Incluso se puede percibir en algunos otros asuntos que han ido
circulando, por lo menos a nivel mediático (y que no se sabe muy bien
si ustedes confirman, desmienten o simplemente miran al cielo), que,
lejos de asemejarse a lo que suele ser (en mi opinión
desgraciadamente) una práctica de la mayoría de los gobiernos de
lanzar globos sonda, denotan más bien estos problemas internos, estos
fallos de funcionamiento. Me estoy refiriendo, en concreto, al
problema de las cajas de ahorros, acerca del que no sabemos muy bien
si usted está o no preparando alguna normativa al respecto, así como
en relación con los CTC, porque no sabemos si hubo o no, de verdad,
el intento de presentar una enmienda a la ley de acompañamiento, en
el Senado, para suprimirlos. En ese contexto, en ese clima, están
dando algunos palos de ciego. El paquete de liberalización de junio
(no voy a repetir aquí el debate que tuvimos) es un conjunto de
medidas que quedaron aprobadas y que seis meses más tarde están sin
desarrollar. No voy a decir aquello de que queda demostrado que no
eran tan urgentes porque, si no, algo hubieran tenido que hacer o
algo más de preparación hubieran tenido que tener en esas medidas.

Pero es que, seis meses después, nos encontramos con que en el sector
de las telecomunicaciones se crea una plataforma en defensa de la
libre competencia porque casi todo el mundo, menos Telefónica, cree
que no se están cumpliendo las condiciones de competencia. Tengo aquí
unas declaraciones recientes del director general de Retevisión en
las que dice claramente que, en teoría, nuestra legislación es muy
liberal pero que, en la práctica, Telefónica sigue teniendo el 90 por
ciento del mercado y que las condiciones que la ley establece,
formalmente, para facilitar esa competencia no se cumplen, sin que ni
el Gobierno ni los órganos reguladores parezcan estar especialmente
preocupados por ello. Lo mismo sucede en el sector del petróleo y de
las gasolinas. Hay también una plataforma de empresas en defensa de
la competencia porque consideran que no se están practicando ni tan
siquiera las medidas que ustedes aprobaron (que nosotros consideramos
insuficientes) y que, por acción u omisión, el Gobierno está
consintiendo incluso en algunos casos (es la denuncia que ellos
hacen, y tengo entendido que la han presentado al Tribunal de Defensa
de la Competencia) que las empresas dominantes estén practicando
dumping. Pero sobre el gas anteayer en Barcelona el señor Folgado
hizo unas declaraciones antológicas. Cuando se le insistió en que
este es un tema muy importante y hace seis meses que han aprobado
ustedes las medidas, pero sin el desarrollo normativo no hay forma de
ponerlas en práctica, la respuesta (casi textualmente, tengo el
recorte por aquí, si le interesa) era algo así como: Es que este es
un tema muy complicado y necesitamos algo más de tiempo para ver cómo
se hace. Yo no dudo que es un tema complicado, evidentemente, pero
insisto en que o
debían que haberlo tenido ya algo más claro en junio o tenían que
haberlo abordado de una manera distinta a cómo lo hicieron. Dejo el
tema eléctrico para después.

La conclusión de todo esto es: ¿Cuándo, en febrero, en marzo del año
que viene, volverá usted a traer otro paquete de liberalizaciones,
dado que parece que éste no acaban de desarrollarlo? ¿Volveremos a
repetir otra vez ese círculo en el que estuvieron en la legislatura
pasada de anunciar cada seis meses medidas que, con independencia de
la valoración que merezcan, luego no acaban de cumplirse? Por lo
menos, esa es la opinión mayoritaria de los empresarios en esos
sectores, exceptuando, por supuesto, los de las empresas dominantes
en cada uno de ellos, porque si esas medidas las pactan con las
empresas dominantes, es lógico que ese sea el resultado.

También están dando palos de ciego (y usted lo ha mencionado antes,
aunque no, obviamente, en este sentido) con todo lo vinculado a la
negociación social. Yo estoy con usted en que este es uno de los
temas importantes que tenemos planteados cara al futuro inmediato de
la economía española. Desde luego, como no creo que mi información al
respecto sea inferior o distinta de la que usted pueda tener, yo
tengo la convicción de que, si dejamos a los interlocutores sociales
libertad para que negocien con calma y con tranquilidad las reformas
necesarias, en un plazo razonable de tiempo podremos tener un
conjunto de propuestas de reforma, no sólo de la negociación
colectiva, no sólo de las modificaciones en los contratos temporales,
en los contratos a tiempo parcial, sino también, posiblemente, en la
mejora de la protección social. Esa era mi convicción, pero uno se
sorprende cuando, en un clima (para qué lo voy a negar, ya me hubiera
gustado haberlo tenido en 1994) como el que había ahora en la
interlocución social, el Gobierno irrumpe como elefante en
cacharrería. Primero, el ministro Montoro amenazando con que si los
sindicatos no aceptan el abaratamiento del despido, él no va a
aceptar (como si dependiera de él, por otro lado) que los
complementos a mínimos sean no contributivos y, por tanto,
trasladados a los presupuestos del Estado; luego, el presidente Aznar
urgiendo a que si no se tomaba un acuerdo ya (entendiendo por ya
antes de final de año), el Gobierno, haciendo uso de sus
responsabilidades, lo impondría en la práctica. Eso ha generado
desconcierto, eso ha interrumpido las negociaciones y además eso ha
fortalecido a una de las partes negociadoras porque, casualmente,
todas las intervenciones del Gobierno han sido a favor de parte. En
este momento se han dado cuenta del error que significa esa irrupción
y me permito recomendarle que, en la medida en la que siga teniendo
la influencia en el Gobierno que todos le suponemos, sugiera que se
tranquilicen, que dejen a los interlocutores sociales negociar en los
plazos y en los calendarios que ellos han establecido. Yo, por lo
menos, no dudo de que el resultado que se puede alcanzar será
satisfactorio.




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Quiero cerrar este punto (donde he puesto algunos ejemplos en los que
ustedes están un poquito nerviosos y dan palos de ciego) con el tema
de la financiación autonómica. Amí éste me parece un asunto
importante, me parece que es un asunto en el cual la evidencia
disponible no permite estar especialmente satisfecho sobre cómo ha
funcionado el actual modelo y sobre el que además deberíamos empezar
a hablar ya, si queremos tenerlo listo en un plazo razonable de
tiempo. Yo sigo sin conocer ni quién va a ser el interlocutor (no
digo mío, digo de las comunidades autónomas) y, sobre todo, sigo sin
conocer cuál es la posición del Gobierno al respecto. No sé si es
prorrogar el actual sistema, no sé si es el mal llamado modelo
Zaplana, no sé si es un nuevo conejo que se quieren sacar de la
chistera, no sé cuál es la posición. No lo sé yo ni lo saben las
comunidades autónomas tampoco. Mientras, crece la conciencia,
seguramente a usted le parecerá injustificada, yo creo que no, pero
crece la conciencia sobre el excesivo intervencionismo del Gobierno y
sobre todo la discrecionalidad con la que ejerce ese
intervencionismo. Preocupa a los medios empresariales, preocupa a los
medios económicos, preocupa a los medios internacionales, incluso en
las agencias de rating, y yo creo que de alguna forma empieza a
constatarse que ustedes han montado un sistema institucional en el
que han ganado peso las decisiones del Gobierno y han perdido peso
las decisiones de los órganos independientes y de las normas, en un
entramado que, insisto, con justicia o no, mucha gente percibe como
un entramado en el que la relación amigo-enemigo es mucho más
importante que cualquier otra cosa a la hora de tomar decisiones por
parte del Gobierno. Yo creo que la economía va como va, pero que el
Gobierno anda más preocupado en otras cosas, y que las cosas en las
que anda preocupado el Gobierno es más en cómo se redistribuye y se
reparte el nuevo poder económico en España que en el bienestar de los
ciudadanos, que en adoptar medidas que puedan mejorar ese
funcionamiento de una economía que va como va.

En el sector eléctrico podríamos sintetizar muchos de los ejemplos o
de las apreciaciones que yo he hecho en mi intervención. Yo seguí por
la prensa todo el serial vinculado a la fusión Endesa-Iberdrola, OPA
de Repsol; algún periódico incluso, no sé si con razón o no, porque
obviamente no estuve, hasta señalaba en qué cafetería tuvo usted no
sé qué reunión con no sé qué presidente, que no sé si es cierto, eso
ya se apañará usted, no es mi problema, pero sí que confirma el
exceso de protagonismo y exceso de intervencionismo que el Gobierno
está teniendo. En el informe de la Comisión de la Energía hay dos
cosas que me han llamado la atención. En primer lugar, señala varias
veces que es una operación que ellos llaman abierta, y creo que la
llaman abierta por cortesía, porque en realidad lo que vienen a decir
es que se sabe bastante poco. Han planteado una operación en la que
no definen actuaciones
concretas y necesarias para las que la operación pueda considerarse
realmente existente. Pero hay otra cosa que me ha preocupado, porque
en la página 8 dice, tras insistir en que el informe que elaboran lo
es a petición del Gobierno de acuerdo con la Ley, que la propia
operación de fusión de las actividades reguladas de las dos empresas
y el plan de desinversiones de activos requerirán la autorización de
esta Comisión. ¿Quién va a decidir esto al final? ¿El Gobierno, la
Comisión? ¿El Gobierno va a poder poner unas condiciones y luego la
Comisión revisarlas y alterarlas? ¿Va a ser primero la Comisión la
que imponga las condiciones y el Gobierno se va a limitar a
aceptarlas? ¿Qué va a pasar con esta operación? La operación, que yo
creo que da un vuelco a la situación del sector eléctrico, y, en mi
opinión, da un vuelvo incluso a la estrategia que ustedes diseñaron
en junio de este año, y da un vuelvo no ya sólo porque permite
replantarnos el nivel de competencia que se establecía en aquella
normativa de junio sino también permite replantearnos, como usted ha
señalado, un problema que ha galopado en los últimos años sobre el
sector, que es el de los costes de transición a la competencia. Por
cierto, de transición, sin duda en lo que alguno malpensado podría
considerar un lapsus freudiano, usted ha dicho varias veces costes de
transferencia; es verdad que es una transferencia injustificada de
los usuarios y consumidores a las empresas, pero el nombre técnico es
costes de transición a la competencia.

Usted ha insistido, y hoy lo ha vuelto a hacer, que la competencia en
el sector eléctrico depende del número de operadores. Yo le tengo en
la suficiente estima como para saber que usted eso no se lo cree, es
decir, que el funcionamiento del sector eléctrico no depende tanto
del número de operadores como de la cuota de participación que los
operadores dominantes tengan en los distintos mercados. Si usted
tiene 50 operadores pero uno de ellos controla incluso el 40 por
ciento que ustedes limitan en junio, tal y como funciona el mercado,
el precio del pool eléctrico será el operador el que lo fije. Por lo
tanto -ahí lo vieron bien en junio, aunque la cifra en mi opinión fue
excesiva- es la cuota de participación en la generación la que
determina el nivel de competencia en el sector y no el número de
operadores. Y la cuota de participación que ustedes establecieron, en
opinión de mi grupo, y después de estudiar casos similares o
parecidos en otros países, consideramos que es excesiva, consideramos
que, aunque después de la fusión se quede en el 40 por ciento, la
empresa resultante seguirá teniendo un poder de fijación de precios
en el mercado de generación.

Pero es que además sobre distribución usted no ha manifestado
criterio; ha señalado las dos alternativas que se ofrecen en el
informe de la Comisión, pero no ha señalado criterio, y eso me
preocupa, no ya sólo porque yo crea que deberían de ser más exigentes
a la hora de exigir la separación clara del negocio de generación



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del de la distribución, no ya sólo porque me parezca que el 41 por
ciento, que es la opción que mayoritariamente propone la Comisión,
vuelve a reproducir parte de los problemas del mercado de generación,
es decir, sigue siendo una cuota excesiva que da un poder de
oligopolio muy fuerte a la empresa que lo tenga, sino porque no ha
descartado e incluso ha señalado la segunda alternativa propuesta por
una minoría de la Comisión que a mí me parece todavía peor, en
términos de defensa de la competencia, no en términos de defensa de
los intereses de la empresa resultante, claro. Por lo tanto, como no
ha manifestado usted criterio, si al final tiene que tomar una
decisión sobre el tema le rogaría que descartara esta segunda
alternativa, que incluso rebajara ese 41 por ciento máximo en
distribución; tampoco creo que debería aceptarse el que no estuviera
nítidamente separado los negocios de distribución de los negocios de
comercialización.

Más allá de las valoraciones y de lo que he mencionado -creo que esta
es una operación sobre la que además se han hecho muchas lecturas
políticas que yo no quiero insistir en ellas pero por lo menos
admitirá que caben- y más allá de que sea una operación que se puede
discutir en términos técnicos si es más sensata o no que la
alternativa que existía respeto a una OPA por parte de Repsol sobre
Iberdrola, incluso más allá de que en mi opinión da un cierto
revolcón a la situación que ustedes habían establecido en el mes de
junio para el sector, creo que si se aprovecha la oportunidad para
dar pasos que signifiquen no ya sólo fortalecer una empresa con
capacidad de competir en los mercados internacionales sino el que eso
no lo haga a costa de los usuarios y los consumidores españoles, es
decir, si se es capaz de hacerlo compatible con una mayor competencia
real en el sector, mi grupo no tendrá oposiciones a la operación.

Por concluir, hablaré de los CTC. Ahí, no voy ahora a reproducir
todas las polémicas. Entiendo, señor Rato, que usted hereda una cosa.

En el reparto que han hecho de los ministerios, los CTC que antes no
eran suyos, ahora le han tocado a usted. No eran suyos, pero usted
era el vicepresidente y quiero creer que alguna responsabilidad tuvo
en el asunto. Resulta difícil entender que más allá del debate que
hubo en su momento respecto a la cuantía -usted ha señalado las
sucesivas rebajas, pero no las propuestas que hizo en su momento la
Comisión del mercado, entonces eléctrico que, por supuesto, eran muy
inferiores-, más allá incluso de que la gran operación de
titulizaciones esté paralizada y que, por tanto, se está desmontando
un poco el asunto, más allá de las actuaciones de Bruselas -por
cierto, el informe de la consultora que usted ha citado con toda
corrección que no vincula a la Comisión, no lo entendió así el
anterior ministro de Industria que lo vendió como si la Comisión ya
hubiera aprobado en su momento los CTC para España-, incluso más allá
de algunas cosas que a mí me preocupan como país, comprendo
que el funcionamiento de la Comisión Europea es muy
complicado, y comprendo que haya gente en su partido y en su Gobierno
que esté intentando posicionarse de cara a la sucesión, si es que se
produce, pero, por favor, díganle a la comisaria, Loyola de Palacio,
que no haga el ridículo. No puede pretender tener competencia sobre
esto, cuando los artículos que invoca se refieren exclusivamente a la
energía nuclear y sólo para los casos que tienen que ver con
inversiones o con investigación y desarrollo.

Lo que pone en evidencia la fusión de Endesa e Iberdrola es que, aun
dejando al margen todo lo demás, unos costes que se supone que iban a
subvencionar unos activos que dejaban de tener valor como
consecuencia del nuevo marco regulador competitivo, ahora resulta que
tienen mucho valor en el propio mercado. El mercado le da mucho valor
a algo que suponíamos que no iba a tenerlo y por lo cual las
compañías eléctricas necesitaban ser compensadas con un impuesto
extraordinario sobre la tarifa eléctrica del 4,5 por ciento. ¿Qué
hacen ahora? Si aquello que no tenía valor y merecía una
compensación, resulta que hay quien está dispuesto a comprarlo por
mucho valor, esa compensación deja de tener sentido. Puede dejar de
tener sentido, en mi opinión, conceptualmente, pero seguro que deja
de tener sentido en la cuantía. ¿Van a comunicar formalmente esta
nueva situación a la Comisión? ¿Van a rebajar la cuantía en el
expediente que tiene abierto la Comisión, incluso la forma de pago de
los CTC? Porque en mi opinión se ha desmontado definitivamente el
argumento.

Es una situación complicada, no querría estar en su pellejo. Por eso
defiendo que estas cosas no las decida el Gobierno; prefiero que las
decidan los órganos independientes, reguladores de la competencia.

Por eso creo que es mejor que no haya este excesivo intervencionismo
del Gobierno en decisiones empresariales; es mejor un funcionamiento
a través de normas reguladoras y de organismos independientes. Cuando
usted tenga que tomar la decisión sobre si los activos de bombeo de
las empresas Endesa e Iberdrola se quedan en la nueva empresa o se
venden, honestamente no sé que hace un ministro de Economía
decidiendo esas cosas. Son dos maneras distintas de ver la situación
y de abordar los problemas. Una, la de ustedes, mucho más preocupada
por fomentar y reforzar el poder de las empresas dominantes en cada
uno de los sectores con un reparto distinto del poder, y otra, la
nuestra, priorizar los intereses de la defensa de la competencia de
los usuarios y los consumidores. Porque ahora tiene usted un problema
con la tarifa eléctrica. No me ha sorprendido que anuncie la rebaja
para el año que viene, pero ha salido en la prensa que las compañías
estaban pidiendo que subieran las tarifas. Lo más interesante no es
que pidan que suban, que me parece legítimo (frente al vicio de pedir
está la virtud de no dar), sinolos argumentos que han utilizado por
los cuales justificarían



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una subida el año que viene y es que el petróleo se ha encarecido y
que los tipos de interés están al alza. Lo cual quiere decir, si
vemos el negativo de la foto, que los años anteriores han bajado
porque el petróleo bajaba y porque los tipos de interés estaban a la
baja, no por la política de competencia y de liberalizaciones, que
ustedes no han hecho. De cara a la fijación de la tarifa el año que
viene, teniendo en cuenta todo este contexto y todas las
incertidumbres que gravitan respecto a los CTC, usted debería de
haber ido más lejos y haber incorporado explícitamente la supresión
del recargo del 4,5 por ciento de CTC que, sumado al 4 por ciento que
ha anunciado hoy, podía haber anunciado una bajada de tarifas del 8,5
por ciento que posiblemente, junto al adelantamiento de la capacidad
de elección para todos los usuarios y consumidores al año 2001,
hubieran sido dos noticias mejores para la inmensa mayoría de los
españoles, aunque peores para las compañías eléctricas.




El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència
i Unió), tiene la palabra el señor Sánchez i Llibre.




El señor SÁNCHEZ Y LLIBRE: Desde el Grupo Parlamentario Catalán
(Convergència i Unió), quiero agradecer, en primer lugar, la
comparecencia del vicepresidente segundo y ministro de Economía ante
la Comisión de Economía, voluntaria, por una parte, y también para
dar respuesta a las peticiones que le hemos planteado los diferentes
grupos de la Cámara.

Respecto a la exposición inicial que ha hecho sobre la coyuntura
económica actual de nuestro país, así como un informe de la coyuntura
económica internacional, desde el Grupo Parlamentario Catalán
(Convergència i Unió) compartimos las valoraciones respecto a la
situación económica actual de la política española, así como la
visión y las perspectivas de la coyuntura económica a nivel
internacional. Nuestro grupo parlamentario comparte sus análisis, sus
valoraciones. Es cierto que durante estos últimos años han existido
beneficios importantes como resultado del comportamiento de la
política española, así como de las diversas actuaciones que se han
hecho desde el Gobierno, en este caso del Partido Popular. También
nos hemos sentido integrados en estas actuaciones, que han redundado
en una mayor creación de empleo, más competitividad en nuestro tejido
empresarial, así como en las rebajas de los impuestos y reformas
estructurales que se han hecho a lo largo de la pasada legislatura.

Desde la óptica de las previsiones de futuro compartimos el análisis
que ha hecho el vicepresidente segundo del Gobierno, aunque he
detectado en su exposición cierta preocupación por algunos puntos
débiles que puedan subsistir en las previsiones económicas de los
próximos años. Estamos de acuerdo en asumir la responsabilidad de no
haber atajado desde el principio las
previsiones de inflación que se han hecho a lo largo de 2000. Tal
como ya hicimos en su primera comparecencia en el mes de mayo de este
año, compartimos la opinión del Gobierno en el sentido de que la
inflación ha sido el punto negro de la economía española durante este
año. Compartimos esta preocupación y animamos al Gobierno a que, de
cara a las actuaciones para el año 2001, tenga en cuenta que estas
previsiones no se puedan cumplir y que, aunque el vicepresidente
segundo en este caso no ha dado las previsiones de la inflación en el
mes de octubre, algunos medios de comunicación han adelantado que
probablemente nos vengamos manteniendo en una cuota del 4 por ciento,
con lo cual todavía estaríamos en unas previsiones de 1,3 puntos de
incremento por encima de los crecimientos de la inflación de los
países de la zona euro. Esto también nos permite manifestar que si
seguimos con esta tendencia vamos finalmente a perjudicar el tejido
competitivo industrial de nuestra economía productiva. Esta es una
preocupación que compartimos y a partir de este momento animamos a
que el Gobierno la tenga en cuenta y se anime a aplicar las
diferentes posiciones de corrección para que estas desviaciones no se
produzcan en el año 2001 y que por descontado estas desviaciones no
lleguen a enrarecer la competitividad de nuestro tejido empresarial,
porque lógicamente los más afectados siempre son los pequeños y
medianos empresarios, las microempresas y los trabajadores autónomos.

En esta comparecencia nos gustaría saber cuáles van a ser las
actuaciones que por parte del Gobierno se van llevar a cabo a lo
largo del ejercicio 2001 para atajar este diferencial de crecimiento
de la inflación que va a mantener nuestro país con respecto a los
demás países de la Unión Europea. También aprovechamos esta
comparecencia para manifestar que quizá sería interesante incorporar
algunas medidas para mejorar la competitividad de nuestro tejido
industrial, básicamente en aquellas que afectan, como he dicho al
comienzo de mi intervención, a las pequeñas y medianas empresas, a
los trabajadores autónomos y a las microempresas.

Desde el Grupo Parlamentario de Convergència i Unió nos animamos a
animar -valga la redundancia- al Gobierno en este sentido de que
pudiera modificar alguna de las directivas que ya se hayan aprobado
como, por ejemplo, sería actuar sobre la morosidad. Entendemos que
para no perder esta competitividad a la que antes he hecho mención
sería interesante actuar sobre algunos aspectos referentes a la
morosidad, porque la legislatura pasada ya lo habíamos hecho, y
quizás valdría la pena profundizar más en ello, como, por ejemplo, en
la recuperación del IVA en todas aquellas cuentas morosas que hasta
la fecha estaban en los dos años. A lo mejor ahora nos podríamos
plantear influir en esta cuestión para que, repito, pudiéramos
aplicar una competitividad más generalizada para nuestro tejido
empresarial.




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Respecto a las manifestaciones que ha hecho el vicepresidente segundo
del Gobierno y ministro de Economía sobre la preocupación que existe
por parte de los diferentes grupos parlamentarios en cuanto a la
fusión presentada por las dos grandes compañías Endesa e Iberdrola,
el Grupo Parlamentario de Convergència i Unió comparte la gran
preocupación por la futura fusión de estas dos grandes compañías por
la concentración que se produciría en el sector eléctrico español, ya
que las dos conjuntamente abarcan el 82 por ciento de la generación,
el 80 por ciento de la distribución y el 85 por ciento de la
comercialización. Por tanto, si finalmente tanto desde el Tribunal de
Defensa de la Competencia, como a partir de los informes de la
Comisión nacional del sector energético esto se llega a hacer,
anunciamos desde Convergència i Unió que vamos a exigir políticamente
que el Gobierno actúe en este caso con mano de hierro para que si
finalmente se produce la fusión entre Endesa e Iberdrola exista más
competencia en el mercado y sean finalmente los consumidores, tanto
domésticos como industriales, los más beneficiados por esta fusión.

Es cierto que defendemos desde Convergència i Unió que es muy
importante que de la fusión de estas dos grandes compañías, si
finalmente se produce, salga más competencia, más compañías
operadoras. El Gobierno ha manifestado en esta comparecencia y en
otras declaraciones que como mínimo, en el caso de que se produjera
esta fusión, tendría que haber cuatro compañías generadoras de
electricidad, pero nosotros añadiríamos un componente más para que
haya más competencia, que sería que existiera más regulación por
parte de los organismos correspondientes, ya que podría darse el caso
de que aunque existieran más operadores no fuera suficiente para que
se rebajaran los precios de la electricidad. Creemos interesante que
exista una regulación -es decir, más competencia y más regulación-
por parte de los organismos correspondientes para que las ganancias
que se pudieran producir por la fusión de estas dos grandes compañías
se pudieran trasladar desde las compañías a los consumidores finales.

Por tanto, más competencia, más operadores, más generadores. No sé si
el Gobierno o los organismos correspondientes habrían de modificar
los criterios iniciales de la liberalización de las medidas adoptadas
en el mes de junio de este año en el sentido de que si existen más
operadores en el mercado -ahora que va a haber una fusión importante-
quizá valdría la pena plantearse la posibilidad de disminuir el
potencial de generación que ahora está en un 40 por ciento por parte
de los operadores, para que quedara más repartido, más diluido y que
quizás se pudiera llegar a una fórmula como la inglesa donde la
capacidad máxima de generación por parte de los operadores no es del
40, sino del 20 por ciento, pero quizás una medida de este calado
permitiría más competencia. Sin olvidar lo que he dicho anteriormente
de que a nuestro criterio
es muy importante también regular y que esta regulación vaya
dirigida básicamente a que los incrementos de beneficio que se puedan
producir por estas fusiones o por estas operaciones comerciales
pudieran trasladarse, a través de esta regulación, a los consumidores
finales, tanto domésticos como industriales.

Respecto a los costes de transición a la competencia, a los que ha
hecho mención en su exposición el vicepresidente segundo del Gobierno
y ministro de Economía, nosotros, que en su momento cuando aprobamos
la liberalización del sector eléctrico aprobamos también la
posibilidad de que estos costes de transición a la competencia
beneficiaran a todas aquellas compañías que en un momento determinado
hicieron inversiones en una situación de oligopolio, no sabemos si
ahora, si finalmente las condiciones de esta fusión ponen encima de
la mesa la obligación de vender activos muy importantes de estas
compañías, que supondrán unos ingresos muy importantes en miles de
millones de pesetas para su tesorería, el Gobierno se ha planteado la
posibilidad de que estos costes de transición a la competencia
desaparezcan o si no desaparecen vieran disminuida su cantidad
inicial para que las compañías resultantes de esta fusión no
necesitasen de estos ingresos porque los recuperarían a través de las
ventas de los activos. Por tanto, pedimos al Gobierno que, si es
posible, en este momento nos aclare cómo podrían quedar los costes de
transición a la competencia en el caso de que se diera luz verde a
esta fusión, que lógicamente comportaría esta desinversión y unas
ventas importantes de activos que quizá podrían compensar en alguna
manera los costes de transición a la competencia, con lo cual
también, si esto fuera así, las tarifas eléctricas verían reducidos
sus precios tanto para el consumo industrial como doméstico.

Respecto al otro apartado que ha tratado el ministro de Economía, las
medidas a tomar por la subida de los hidrocarburos y propuestas de
liberalización de los mercados energéticos, nosotros habíamos pedido
la comparecencia para que nos informara también de cuáles serían las
propuestas que desde el Gobierno incidirían no en los sectores
pesqueros, agrícolas y transportes, donde ya se han tomado medidas al
respecto, sino en el resto de sectores de la economía productiva que
se están viendo afectados por el incremento de los precios de los
crudos. Esta semana ha habido noticias interesantes para los
consumidores en el sentido de que ha habido una cierta rebaja de los
precios petrolíferos que se está transmitiendo a los precios de los
carburantes. Cuando el Gobierno inició la ofensiva para la
liberalización de los precios de los carburantes, manifestó que
aseguraría el traslado de dichas liberalizaciones, para que puedan
bajar los precios de los carburantes, básicamente la distribución,
por actuación del Tribunal de Defensa de la Competencia, debido a la
actitud de ciertas compañías petroleras. No hemos de olvidar que en
España el 80 por ciento del sector de la distribución



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está en manos de Repsol, Campsa, Cepsa, BP y Shell y, si comparamos
este potencial de mercado en nuestro país es muy diferente al que
pueda existir en Francia, donde las grandes compañías solamente
adquieren el 40 por ciento de la distribución en su territorio.

Señor vicepresidente y ministro de economía, la pregunta es si
realmente ustedes van a intensificar las actuaciones a través del
Tribunal de Defensa de la Competencia, con el objetivo básico de que
se pueda garantizar la competencia en el sector de distribución de
los carburantes. Nosotros presentamos diferentes iniciativas en el
Congreso de los Diputados para saber si el Gobierno se había
planteado la posibilidad, al igual que se está realizando en algunos
países de la Unión Europea, de hacer rebajas selectivas en el coste
de los carburantes en función de las categorías profesionales de los
consumidores. Esta rebaja selectiva se está planteando en algunos
países de la Unión Europea y nos gustaría saber si el Gobierno, a
través de la Comisión de la Unión Europea, ha previsto esta
posibilidad para que determinados colectivos españoles puedan gozar
de unos beneficios importantes en el precio de los carburantes.

Señor ministro de Economía y vicepresidente segundo del Gobierno,
nuestro grupo parlamentario se había planteado presentar una
interpelación al Gobierno en el sentido de proponer medidas adecuadas
para la adaptación de las pequeñas y medianas empresas al euro. Esta
iniciativa parlamentaria teníamos previsto realizarla durante el mes
de diciembre, pero los presupuestos y otros debates parlamentarios lo
van a imposibilitar; de todos modos hemos querido aprovechar su
comparecencia para manifestar nuestra preocupación al respecto. Es
cierto que las pequeñas y medianas compañías, las microempresas,
hicieron un gran esfuerzo para establecer sus mecanismos contables,
comerciales, explicación de precios y pagos para el efecto 2000, y es
cierto también que a partir del 30 de diciembre del año 2001 finaliza
el plazo para la adecuación, por su entrada en vigor, de los billetes
y monedas euro en España. Por tanto, vamos a tener un año para
poderlo preparar, pero nos da la impresión de que existe una
relajación importante en este colectivo de pequeñas y medianas
empresas. Si atendemos las declaraciones que han hecho algunos
expertos, como el administrador y el delegado de la Asociación para
la Unión Europea, señor Bertrán Megrait, en Europa existe también una
gran preocupación por esta adecuación a la moneda y al euro por parte
de las pequeñas y medianas empresas. En España somos conscientes de
que existe una relajación respecto al efecto 2000, pero vale la pena
hacer un esfuerzo por parte del Gobierno, tanto a nivel de
información como de incorporación de medidas fiscales y económicas
importantes, para que las empresas se puedan adaptar en esta nueva
época a la moneda euro, a todas sus operaciones comerciales y a los
mecanismos para que realmente pueda ser efectiva esta iniciativa.

Por tanto, desde Convergència i Unió animamos al Gobierno para que
hagan este esfuerzo de información, pero al mismo tiempo pedimos que
nos pongamos de acuerdo todos los grupos parlamentarios de esta
Cámara, pues estoy convencido de que todos tendrán el mismo interés
que nosotros, para que podamos poner encima de la mesa propuestas
concretas que incentiven a los más pequeños a poner en marcha estas
adaptaciones. Nosotros de entrada ponemos encima de la mesa una
cuestión que estamos convencidos de que será muy bien acogida por
todo aquel sector de pequeñas y medianas empresas que justamente no
se han visto beneficiadas este año en las bonificaciones fiscales,
como podría ser el colectivo de empresarios sujetos a estimación
objetiva, sujetos a fiscalidad por módulos, de los cuales estamos
totalmente convencidos que si pusiéramos encima de la mesa que todas
aquellas inversiones que puedan hacer y que no estén sujetas al
incremento del empleo, como están en estos momentos, para poder
adecuarse a la nueva normativa del euro y la nueva emisión de
billetes, que esas inversiones pudieran ser deducibles y amortizables
fiscalmente durante el año 2001. Sería una medida beneficiosa para
que pudieran regularizarse inmediatamente y adaptarse más rápidamente
para el año 2002, y también fiscalmente quizás compensaríamos la
falta de sensibilidad, en el sentido de no rebajarles los módulos
para el año 2001, como habíamos mantenido siempre durante los últimos
años unas bonificaciones fiscales que oscilaban entre el 5 y el 7 por
ciento.

Por consiguiente, señor ministro de Economía, agradeceríamos de su
sensibilidad que dichas propuestas para agilización de las
inversiones y para que sea efectiva la puesta en marcha de la nueva
entrada de los billetes euro en la economía española, pudiéramos
darles estas facilidades, a fin de que no se vea descompensada
y tuviéramos que correr todos el último trimestre del año 2001, con el
perjuicio que ello acarrearía a un sector tan delicado como es el de
la microempresa, o el de la pequeña y mediana empresa.

También nos gustaría, señor vicepresidente, que nos aclarara una
situación que se ha aprobado en esta reciente cumbre de Niza, como es
la de que España ha levantado el veto para que se pudiera aprobar el
estatuto de la empresa europea. Consideramos esta iniciativa muy
positiva, y quisiéramos saber las razones si es posible, si no puede
contestar por carta porque no tenga los datos, que en estos momentos
nos pudiera explicar qué cambios comportará dentro de la legislación
española la aprobación por parte de la reciente cumbre de Niza del
estatuto de la pequeña empresa o de la empresa europea.

Voy a terminar diciendo, señor presidente, que desde Convergència i
Unió, vemos con muchísima preocupación otros efectos que están
ligados colateralmente a la liberalización del sector eléctrico
español. Hemos hablado de la fusión de Endesa-Iberdrola, la hemos



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mirado con preocupación, pero desde este grupo parlamentario también
observamos con mucha preocupación la situación en que están todos
aquellos industriales que hacen cogeneración de energía. No voy a
explicar aquí las excelencias y cuáles son los datos de la
cogeneración eléctrica en nuestro país, ya que todos los grupos
parlamentarios la conocen perfectamente; supone prácticamente el 19
por ciento de nuestra producción, y como consecuencia del alza de los
precios de los carburantes, a estos industriales se les pagan unos
precios por la cogeneración que hacen inviable el cash-flow para que
pueda amortizar los proyectos que iniciaron justamente cuando
nosotros apoyamos la liberalización del sector eléctrico en el año
1997. Por tanto, también nos gustaría -ya sabemos que la solución
usted no nos la puede dar- que sepa hay una gran preocupación en este
sector y que en algún momento el Gobierno deberá dar las soluciones
correspondientes.

Acabo aquí la intervención de nuestro grupo parlamentario, y vamos a
esperar la contestación del señor vicepresidente, para poder aplicar
o incorporar algunos puntos al respecto.

Muchas gracias.




El señor PRESIDENTE: Tiene ahora la palabra el portavoz del Grupo
Parlamentario Vasco (PNV), el señor Aizpiazu.




El señor AIZPIAZU URIARTE: Señor vicepresidente del Gobierno,
quisiera en primer lugar y en nombre del Grupo Vasco agradecer su
presencia y sus explicaciones en esta Comisión de Economía y
Hacienda.

Para no alargar más de lo necesario esta reunión, no voy a referirme
al análisis realizado sobre la situación económica, tendremos
oportunidad de hacerlo en otro momento; no rehuimos el debate
económico como usted bien sabe. Me gustaría centrarme en el asunto de
la fusión de Endesa e Iberdrola, que como usted sabe puede tener
notables repercusiones sobre la actividad y el futuro económico de
Euskadi. De ahí que trate de trasmitirle la enorme preocupación del
Grupo Vasco sobre el devenir de esas compañías eléctricas.

Como conoce perfectamente el señor ministro, esta fusión tiene entre
otras las siguientes consecuencias: traslado del domicilio social de
la sociedad fusionada a Madrid -como sabe bien, nos preocupa
enormemente-; pérdida de unos 5.000 puestos de trabajo en Iberdrola,
que también nos preocupa enormemente; igualmente pérdidas millonarias
de los accionistas minoritarios de Iberdrola -no olvidemos que gran
parte del ahorro vasco se encuentra en acciones de esta compañía-; y
creación de un auténtico monopolio en el mercado eléctrico. Con el
precedente de la negativa del Gobierno a la fusión proyectada por
parte de Unión Fenosa e Hidrocantábrico por violar la normativa sobre
competencia, parece obvio que si esas sociedades controlaban en
conjunto el 20 por ciento del mercado de
generación y comercialización de energía eléctrica en el Estado
español y la sociedad resultante de la fusión Iberdrola-Endesa
controla el 80 por ciento, la respuesta del Gobierno debería haber
sido claramente negativa. He aquí la sorpresa cuando los
representantes del Gobierno se posicionan a favor de dicha fusión
alegando, entre otras cuestiones, que ésta favorece a la competencia.




Conforme a los trámites previstos en la legislación y como nos ha
explicado usted antes, para la concesión de la autorización de fusión
se emite por la Comisión Nacional de la Energía el preceptivo
informe, voluminoso en páginas y disparatado en su contenido, en
tanto en cuanto, tras considerar, como no podía ser de otra manera,
que la fusión viola la totalidad de la normativa estatal comunitaria
-extraplanetaria diría yo- en materia de competencias, creando un
auténtico trust y un monopolio que distorsiona el mercado, concluye
emitiendo una serie de recomendaciones que son totalmente contrarias
a los razonamientos desarrollados en su estudio, y me explico. En
dicho estudio o informe se recogen las siguientes textuales
afirmaciones que creo son importantes para aclarar esta situación.

En la página 6 se dice: En el caso de la operación objeto del
presente informe nos encontramos ante una propuesta abierta que
requiere un tratamiento significativamente diferente. En efecto, las
empresas notificantes han planteado una operación en la que no
definen actuaciones concretas y necesarias para que la operación
pueda considerarse realmente existente, al tiempo que establece una
serie de condiciones autoimpuestas para cuando llegue el momento de
realizar las citadas concreciones; lo dice el propio informe.

Asimismo en la página 7 dice: No obstante lo anterior, surge la duda
de si la citada operación abierta es un mecanismo válido para la
presentación de la operación de fusión o debiera reencauzarse el
mismo. En este sentido es interesante la referencia que se plantea en
el apartado 38 del proyecto de comunicación de la Comisión sobre los
compromisos presentados a la Comisión conforme al Reglamento número
4.064/89 del Consejo y al Reglamento número 446/98 de la Comisión en
donde se señala: Las partes, al presentar un compromiso de cesión,
deberán ofrecer una definición exacta y exhaustiva del objeto de
cesión previsto. La inscripción debe ser suficientemente completa
para permitir la identificación inequívoca de todos los activos
pertinentes, materiales e inmateriales, actividades y servicios
incluidos en el conjunto, y lo que no es menos importante, no ofrecer
duda alguna sobre las actividades y servicios que no se incluyen;
también lo dice literalmente la Comisión.

Asimismo, en la página 23 se dice lo siguiente. El Tribunal de
Defensa de la Competencia declaró improcedente la fusión entre Unión
Fenosa e Hidrocantábrico, introduciendo en sus conclusiones lo
siguiente: El mercado eléctrico español presenta en la actualidad un



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grado de concentración muy elevado. El Tribunal considera que si bien
se dispone de una Ley del sistema eléctrico con una clara filosofía
procompetencia, la actual estructura del sector, junto con la
ausencia de un desarrollo normativo de dicha ley y la constatación de
que existen importantes barreras de entrada tanto en generación como
en comercialización, hacen que el grado de contestabilidad de estos
mercados sea reducido. Y en la página 24 continúa: Un consejero
señala adicionalmente que la decisión del Gobierno rechazó la
disminución de agentes que representaría la OPA, aunque el tamaño de
la nueva empresa hubiese sido mucho menor que la de los otros dos
grandes agentes, Endesa e Iberdrola. En esta decisión primó
básicamente la disminución del número de agentes frente a las cuotas
de mercado de los mismos y podría haber sido considerada
inconsistente si se hubiese analizado de manera aislada.




En efecto, si Unión Fenosa hubiese querido adquirir únicamente una
parte significativa de los activos de Hidrocantábrico se habría
mantenido el número de agentes, si bien el efecto sobre la
competencia hubiese sido similar al de la operación planteada. Pero a
la decisión sobre la citada OPA -continúa la Comisión- el Gobierno
añadió inmediatamente después una nueva normativa, el citado real
decreto-ley, que terminó de configurar un planteamiento tendente a
corregir de raíz los problemas de competencia que ostentaba el sector
eléctrico, estableciendo dos hitos normativos novedosos
y contundentes: en primer lugar, se estableció un límite del 20 por
ciento al tamaño de una empresa de generación, por encima del cual se
suponen problemas de competencia; en segundo lugar se impuso una
limitación al crecimiento de las dos empresas que superaban dicho
valor, con objeto de que la entrada de los nuevos agentes fuese
gradualmente disminuyendo la cuota de aquellos. Por tanto, la
decisión del Gobierno sobre la OPA debe ser considerada conjuntamente
con las medidas establecidas inmediatamente después por el propio
Gobierno mediante la promulgación del real decreto-ley. Esto también
lo dice la Comisión.

Y en otras páginas, por ejemplo, en las 52 y 53 continúa diciendo:
Sin embargo, los riesgos para el mantenimiento de la competencia
derivados de la presente operación no se refieren tanto a la
existencia de una posición dominante colectiva, sino a la creación o
reforzamiento de una posición dominante individual de la entidad
fusionada, que pudiera obstaculizar el mantenimiento de la
competencia efectiva. En el ámbito de la generación, la operación
objeto del presente informe contempla la ejecución de un plan de
cesión de activos correspondientes a la potencia instalada de la
empresa adquirida, con lo que las empresas pretenden mitigar el
efecto inicial de creación o reforzamiento de una posición dominante
individual en el mercado de generación de electricidad, si bien -dice
claramente- cabe resaltar que no se presenta un plan detallado de
activos que
permita a esta Comisión evaluar adecuadamente la operación. Me parece
importantísimo cuando dice: si bien cabe resaltar que no se presenta
un plan detallado de activos que permita a esta Comisión evaluar
adecuadamente la operación.

En estos momentos, el proceso se encuentra, como ha comentado el
señor vicepresidente, en el Servicio de Defensa de la Competencia,
quien deberá emitir su informe, previo a la preceptiva autorización
del Gobierno que conducirá a la celebración de las juntas de
Iberdrola y Endesa que acuerden la fusión.

Considerando todo lo anterior, señor vicepresidente, me gustaría que
me respondiera a las siguientes cuestiones, que a nuestro juicio son
cruciales para el futuro de la fusión de Endesa e Iberdrola, y en
definitiva para el futuro de la actividad económica de Euskadi.

En primer lugar, me gustaría saber si el Gobierno ha presionado sobre
Repsol, Gas Natural y el BBVA a fin de que no presenten una contra
OPA sobre Iberdrola o si en su caso admitiría o vería con buenos ojos
que se presentase dicha contra OPA de Gas Natural sobre las acciones
de Iberdrola, a fin de evitar el monopolio en el sector eléctrico.

En segundo lugar, quisiera saber si han existido presiones sobre los
componentes de la Comisión Nacional de Energía, toda vez que las
recomendaciones emitidas por este organismo son radicalmente
contrarias a los razonamientos utilizados en su informe, donde se
habla claramente de que la fusión proyectada supone la creación de un
monopolio en el sector eléctrico español.

En tercer lugar, me gustaría saber si el Gobierno entiende que en la
presente fusión existen condicionantes mucho más graves que los que
condujeron a denegar la autorización a la proyectada fusión entre
Unión Fenosa e Hidrocantábrico, quienes en su conjunto disponían del
20 por ciento de la generación y comercialización en el Estado frente
al 80 por ciento de la fusión proyectada entre Endesa e Iberdrola.

En cuarto lugar, si el Gobierno es conocedor de que la Comisión
Nacional de la Energía reseña en su informe que no ha recibido un
plan detallado de activos de las empresas Endesa e Iberdrola que le
permita evaluar adecuadamente la operación de fusión.

En quinto lugar, quisiera saber si la fusión proyectada transgrede la
propia normativa del Gobierno contenida en el Real Decreto-ley 6/
2000, así como la normativa comunitaria sobre la regulación de los
anti trust y de concentraciones económicas, creando un auténtico
monopolio en el sector eléctrico español.

En sexto lugar, si entiende lógico el Gobierno que a diferencia de lo
que ocurre en otros países de nuestro entorno y en concreto en
Estados Unidos respecto a la división de Microsoft, el Estado español
se encamine en dirección inversa constituyendo un monopolio que
propicie ulteriores desinversiones de activos, siendo más lógico que
se paralice desde este momento la fusión para evitar la distorsión
del mercado eléctrico y



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la penalización de los países de nuestro entorno, defensores de la
libre competencia.




El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el portavoz del Grupo Popular,
señor Martínez-Pujalte.




El señor MARTÍNEZ-PUJALTE LÓPEZ: En primer lugar, quiero agradecer al
vicepresidente y ministro de Economía su comparecencia hoy aquí. Es
la tercera vez que acude a la Comisión de Economía y Hacienda en lo
que va de legislatura; lo hace para responder a todas las
comparecencias que había previstas, y además por sugerencia del Grupo
Parlamentario Popular que estaba en la Mesa y fue el que lo propuso,
para responder a todas las comparecencias que habían solicitado los
grupos de la Cámara, sin exclusión de ningún tipo. No sé si algún
portavoz tenía información que no era la adecuada, pero fue el Grupo
Parlamentario Popular el que en la reunión de la Mesa celebrada para
la convocatoria propuso una Comisión amplia donde entraran todas las
comparecencias, pues nos parece oportuno que se hagan valoraciones
por parte del vicepresidente sobre la situación económica del país y
que además se valoren algunos temas que han sido objeto de muchas
páginas de periódicos en los últimos tiempos.

El Grupo Parlamentario Popular cree que la situación económica,
siguiendo el esquema del pensamiento del Grupo Socialista, va como
va, pero realmente va bien. Entendemos que la situación económica va
como va, pero va bien, y llevamos una temporada con una situación
económica que arroja unos datos francamente positivos. Llevamos cinco
años creciendo por encima del 3,5 por ciento este año lo vamos a
cerrar por encima del 4 por ciento, con un crecimiento económico que
se está consolidando como intenso generador de empleo y que ha tenido
siempre en estos años diferenciales positivos en relación con la
Unión Europea, lo cual pone de manifiesto que estamos recortando
nuestra distancia en relación con el resto de los países europeos.

Tenemos una situación económica positiva, lo cual no quiere decir que
no haya que estar continuamente tomando el pulso a dicha situación y
adoptando medidas. No se puede decir que la situación económica va
como va independientemente de lo que se haga. Algo habrá que hacer y
algo habrá que estudiar, analizar e instrumentar para que tal
situación obtenga buenos resultados. Creo, y desde mi grupo
parlamentario así lo valoramos, que lo que hay que hacer es plantear
unos objetivos, establecer cuáles van a ser los instrumentos y luego
evaluar los resultados. Algún portavoz se preguntaba para qué. Pues
bien, eso es algo que siempre hay que hacer con carácter previo a
cualquier análisis. ¿Para qué? Desde mi grupo parlamentario
entendemos que hay que garantizar una situación económica de
crecimiento estable y sostenido en el tiempo y que se convierta
en intenso generador de empleo. En España la situación
económica es de crecimiento y estamos generando empleo, pero todavía
hay que seguir impulsando nuestro crecimiento económico para llegar a
un nivel más elevado de convergencia real con los países europeos
y hay que seguir impulsando la creación de empleo para que nuestra tasa
de paro siga en esa línea descendente hasta llegar al pleno empleo.

Hoy nos podemos plantear como objetivo realizable llegar al pleno
empleo -no es un objetivo utópico-, debiendo hacer un mayor esfuerzo
en el empleo relativo a las mujeres y a los jóvenes. Objetivos para
mejorar el bienestar de los ciudadanos, y eso no se consigue sin una
determinada política económica, que tiene como primer factor, el
vicepresidente lo reseñaba y desde luego mi grupo lo ha defendido en
esta Cámara desde el primer día, el control del déficit público. Se
ha hecho mucho esfuerzo en el control del déficit público. Pasar de
un déficit de casi el 7 por ciento al equilibrio para el año 2001 ha
sido producto de un esfuerzo del Gobierno, que además exige
continuidad en el tiempo. Por tanto, mi grupo parlamentario cree que
es muy bueno que se apruebe cuanto antes en esta Cámara la ley de
estabilidad presupuestaria, que exija que las administraciones no se
gasten más de lo que ingresan. Nos parece que de haber seguido los
consejos del Grupo Socialista, que hace unos meses nos dijo que esto
del déficit público no era importante, o el consejo último de retirar
la Ley de estabilidad presupuestaria, habríamos hecho un flaco favor
a los intereses de los ciudadanos. Lo que hay que hacer es exigir a
las administraciones que equilibren sus ingresos con sus gastos y en
ese sentido nos parece muy importante el esfuerzo que ha hecho el
Gobierno para conseguir el equilibrio presupuestario, así como
también nos parece muy importante que esta Cámara se pronuncie y
apruebe una ley de estabilidad presupuestaria que garantice a todos
los ciudadanos españoles que las administraciones públicas van a
ajustar los gastos a los ingresos, porque eso es bueno para el
bienestar, para garantizar el crecimiento y el empleo y para
construir una sociedad más solidaria y más justa con las generaciones
futuras.

Aparte del control del déficit público, se ha llevado a cabo una
política que ha profundizado en las liberalizaciones. En esta Cámara
examinamos periódicamente medidas de liberalización que trae el
Gobierno. Desde 1996 se ha hecho mucho por la liberalización de los
sectores y creo que hay que seguir haciéndolo. Veo normal, como ha
dicho un portavoz anteriormente, que dentro de unos meses o dentro de
un año estudiemos nuevas medidas de liberalización, ya que pienso que
ese es un buen camino, así como también sería buen camino que alguna
vez algún grupo de la oposición las apoyara y no votara siempre en
contra. Sería la forma de construir lo que algún grupo está
predicando. Nosotros entendemos que las medidas que han sido
positivasdurante este tiempo son las que hay que seguir aplicando;



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las que se aprobaron en junio han sido medidas positivas y se están
aplicando. Algún grupo parlamentario tendrá que explicar su voto
negativo a medidas que ya han supuesto un beneficio para los
ciudadanos españoles, como los libros de texto. Ya los padres en
septiembre pudieron comprar libros de texto más baratos porque se
aprobó, con el voto en contra del Grupo Socialista, el
establecimiento de las rebajas en los libros de texto. Eso es
positivo. También se han aprobado rebajas en la fe pública. Como esas
hay otras muchas medidas de las aprobadas en junio que ya están
siendo aplicadas, y en esa línea hay que continuar. Como hay que
continuar en la línea de la reforma del mercado laboral.

A mí me ha alegrado mucho oír al portavoz socialista decir que iban a
apoyar y que iban a respetar los acuerdos de los agentes sociales.

Creo que los grupos parlamentarios tenemos que opinar en el tema
laboral, quizás el Grupo Socialista últimamente en este tema ha
mantenido un silencio muy acusado, no sé si estaría esperando a que
los sindicatos le fijaran la posición, pero mi grupo parlamentario
cree que hay que profundizar en la reforma del mercado laboral,
porque es uno de los hechos más importantes para garantizar el
crecimiento y la creación de empleo en el futuro. Es bueno construir
un mercado laboral más flexible, donde haya más empleo estable, donde
se considere también como empleo estable, que lo es, el empleo a
tiempo parcial, que puede ser una fórmula para incorporar muchas más
mujeres al mercado laboral, lo cual es muy positivo. Decir desde la
oposición que hay que rebajar las cotizaciones sociales de una manera
discriminada o, como se ha dicho últimamente desde la oposición, que
hay que subir las cotizaciones sociales al trabajo temporal sin más,
es una reducción de lo que debe ser un análisis a fondo de la reforma
del mercado laboral. Efectivamente, habrá que reducir las
contrataciones temporales que no se ajustan a las necesidades de esos
contratos temporales, habrá sectores que necesiten seguir con
contratación temporal, pero desde luego en España lo que se necesita
es muchísimo más empleo estable.

Otro gran pilar en el que se ha basado la política económica se
refiere a la modernización de nuestro sistema tributario. Oigo con
una cierta perplejidad que se nos diga, por una parte, que la rebaja
del IRPF ha contribuido a aumentar la inflación porque hemos puesto
más dinero en poder de los ciudadanos y, por otra, que hemos
aumentado los impuestos o que estamos aumentando los impuestos o que
lo que quitamos con una mano, lo recogemos con la otra. El IRPF fue
una reforma estructural de la imposición en España que fue la
conclusión de unas reformas estructurales que se venían aplicando
desde 1996 y que han contribuido a tener un sistema tributario más
eficiente, que diera más apoyo a los objetivos de política económica,
de crecimiento, de creación de empleo, de mejora del bienestar de los
ciudadanos, que diera también respuesta a una
distribución más equitativa de la carga tributaria y además que
rebajara la fiscalidad de todos los ciudadanos. Por eso se tomaron
medidas en la fiscalidad del ahorro para evitar que los ahorradores
no pudieran tomar sus decisiones de acuerdo con la rentabilidad
financiera, sino que tuvieran que estar fijándose continuamente en la
rentabilidad fiscal o simplemente que tuvieran que esperar tiempo en
un determinado activo de ahorro porque el salirse les penalizaba. Y
se mejoró la fiscalidad del ahorro, en 1996 se volvió a mejorar la
fiscalidad del ahorro en la reforma del IRPF y se ha vuelto a
reformar la fiscalidad del ahorro en las medidas que se aprobaron en
junio de una manera importante y que están contribuyendo
decisivamente a que tengamos ahorro suficiente para cubrir las
necesidades de formación bruta de capital. Se mejoró la fiscalidad de
las pymes no penalizando a aquellas que invirtieran y que
modernizaran su negocio, estableciendo bonificaciones o, a través de
las amortizaciones de esos gastos, fijando un marco fiscal para las
pymes que no penalizara la creación de empleo. Eso ha hecho posible
que las pymes contribuyeran de una manera eficaz al crecimiento y a
la creación de empleo. Se bajó la tributación de las pequeñas y
medianas empresas en régimen de módulos y de las pequeñas y medianas
empresas que tributaban por el impuesto sobre sociedades.

Posteriormente, se ha hecho una reforma del IRPF muy importante, que
efectivamente ha contribuido a dotar de mayor agilidad al crecimiento
económico español y a mejorar ostensiblemente la progresividad del
impuesto, como puso de manifiesto el ministro de Hacienda en su
comparecencia en esta Comisión hace unas semanas.

Efectivamente, ahora tenemos otros retos por delante. Creo que
tenemos que seguir profundizando en la modernización del sistema
tributario, uno de los ejes de política económica, pero previamente
es bueno equilibrar el presupuesto público, es bueno aprobar la ley
de estabilidad presupuestaria y es bueno afrontar la negociación de
lo que debe ser el marco de financiación autonómica para los próximos
años. El Gobierno ha sido claro y desde el grupo parlamentario
estamos absolutamente de acuerdo en que el momento procesal para
iniciar esa negociación, tanto en el Consejo de Política Fiscal y
Financiera como con los grupos políticos, es el 1 de enero de 2001 ó
principios del año 2001; es un sistema que concluye a final de 2001,
por lo que vamos a disponer de todo el año 2001 para establecer esa
negociación. Ojalá hubiera dispuesto de tanto tiempo el
vicepresidente del Gobierno cuando tomó posesión de su cargo en 1996
para la negociación de ese sistema, que se cerraba a final de 1996
porque tenía que entrar en vigor el 1 de enero de 1997, y hasta que
tomó posesión el Gobierno del Partido Popular no se había iniciado en
absoluto la negociación del nuevo modelo. Se empezó a mitad de año y
ahora vamos a disponer de un año entero para esa negociación que,
desde luego,



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tiene que concluir con un modelo que dé mayor estabilidad a la
financiación de las comunidades autónomas. Por tanto, una vez que se
ha avanzado notabilísimamente en los procesos de transferencias, hay
que construir un modelo con vocación de permanencia o que no necesite
ser abierto cada cinco años de una manera radical.

Otro de los ejes importantes de la política económica ha sido un
apoyo a la oferta productiva. El Gobierno, en los últimos años, ha
hecho posible que España tenga un tejido productivo más competitivo,
que esté posicionado en los segmentos del diseño, de la innovación.

Esa es la base para concluir con una mejora en nuestra participación
en los mercados internacionales, como se ha producido. España
necesita tener un tejido productivo que no compita sólo en precio,
tiene que competir en diseño, en innovación, y se están poniendo los
medios para que las empresas puedan tener más incentivos para I+D,
para innovación, puedan tener más incentivos para internacionalizar
su presencia en mercados exteriores. También, a través de las medidas
que aprobamos en junio, se ha avanzado en esa línea.

Creo que la consecuencia de estos cuatro ejes de la política
económica es que hemos obtenido unos resultados magníficos en
crecimiento, creación de empleo y bienestar de los ciudadanos. ¿Qué
ahora estamos en una situación determinada? Eso es obvio, estamos en
una situación que ha venido determinada por una tensión
inflacionista, derivada del precio del barril de petróleo, derivada
de la posición del euro frente al dólar, derivada de la climatología
y derivada también de algunas tensiones inflacionistas en algunos
sectores como los servicios. Pero eso exige seguir tomando medidas de
equilibrio presupuestario, de liberalización de los sectores, de
reforma tributaria y de apoyo a la oferta productiva. Justo en los
sectores en los que se ha introducido una mayor liberalización es
donde los precios se están comportando de una manera mejor. Hace
pocos días aparecía un artículo en Información comercial española que
decía que los precios de la electricidad en España son los que más
han bajado en el conjunto de la Unión Europea, igual que el precio de
la electricidad en los hogares. En telecomunicaciones también se
están viendo descensos importantes. Es justo en esos sectores en los
que ha habido mayor liberalización donde el comportamiento de los
precios es mejor. Por tanto, la conclusión no puede ser otra que
continuar en esa dirección.

Es desde ese punto de vista desde donde hay que enfocar la fusión de
Endesa e Iberdrola. No sé si esa fusión se va a producir. Creo que es
absolutamente apropiado que el vicepresidente del Gobierno no haya
manifestado cuál es su opinión, porque lo que hay que hacer es
esperar a los informes preceptivos. Ya hemos conocido el informe de
la Comisión de Energía; habrá que esperar al informe del Tribunal de
la Competencia, y luego habrá que analizarlos. Habrá que analizar la
posible fusión, que tiene aspectos positivos y otros que habrá que
cuidar en el trámite, si se llega a producir. España necesita
empresas suficientemente dimensionadas para competir en los mercados
internacionales. Esto es obvio y nadie lo puede negar. No voy a
entrar en las decisiones que hayan tomado los consejos de
administración de aceptar unos enlaces -entre comillas- y no otros,
pero en ellas habrá pesado también la necesidad de protegerse frente
a terceros que pudieran realizar alguna OPA sobre sus sociedades. Es
evidente que España necesita empresas dimensionadas para participar
en los mercados internacionales, pero también es verdad que
necesitamos competencia interior para garantizar a los consumidores
un buen suministro a un buen precio.

La fusión hay que observarla especialísimamente desde el lado de los
consumidores. Hay que garantizar a los consumidores que van a tener
competencia y que se van a ver beneficiados por esa competencia en
sus tarifas eléctricas. Hasta ahora se ha funcionado razonablemente
bien. Están bajando las tarifas eléctricas. Nos alegra el anuncio del
vicepresidente sobre la bajada del año próximo, que por otra parte
está dentro de los marcos que aprobamos en los decretos de junio, con
el voto en contra del Partido Socialista. Creemos que en el marco
aprobado en los decretos de junio y atendiendo especialísimamente a
la posición de los consumidores, habrá que tomar una decisión sobre
esta fusión. Desde luego, yo creo que la situación de la economía
española ahora mismo es positiva. Desde algún grupo político se han
hecho valoraciones -se ha pasado del vamos mal al vamos como vamos-
que no responden a la realidad, incluso se ha hablado de sensación de
incertidumbre en los interlocutores. No se puede hacer una buena
oposición guiándose simplemente por los medios de comunicación. Eso
sería más propio de revistas del corazón que de un análisis profundo
de la situación económica. No siempre las noticias que aparecen en
los periódicos son ciertas, y no se puede hacer oposición simplemente
con rumores, percepciones o dando ruedas de prensa sobre hechos que
al día siguiente no se producen, porque eso conduce a una cierta
confusión en la opinión pública sobre la posición del grupo principal
de oposición.

Yo creo, señor vicepresidente, que hay que continuar con la política
económica que se está realizando, creo que estamos en la buena
dirección y mi grupo anima a continuar por esta línea, que es lo que
va a conducirnos a mejorar nuestra convergencia real y el bienestar
de los ciudadanos españoles.




El señor PRESIDENTE: Antes de que el señor vicepresidente pueda dar
respuesta a las intervenciones de los distintos portavoces,
suspendemos brevísimamente la Comisión por tres minutos. (Pausa.)
Tiene la palabra el señor vicepresidente segundo del Gobierno y
ministro de Economía.




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El señor VICEPRESIDENTE SEGUNDO DEL GOBIERNO PARAASUNTOS ECONÓMICOS Y
MINISTRO DE ECONOMÍA (De Rato y Figaredo): Los portavoces de los
grupos parlamentarios, con su habitual cortesía, han agradecido mi
presencia aquí, pero es una obligación. Agradezco el tono de sus
intervenciones y el contenido de las mismas, lo que nos permite
avanzar en un debate político. Como es natural, no compartimos
siempre todas las posiciones, pero desde el punto de vista del
Gobierno y desde el mío, en particular, me permiten contrastar
opiniones y avanzar en propuestas que pueden ser positivas.

Tengo que decir que las intervenciones de los grupos en esta sesión
han sido en muchos temas de gran importancia. Voy a seguir el sistema
habitual, al menos en mi caso, de contestar a cada uno de los
portavoces, aunque puede que haya temas en los que la contestación
a uno me lleve a referirme a otros que han intervenido sobre la misma
cuestión.

El señor Sevilla, en primer lugar, se siente satisfecho de que yo
pueda explicarme ante la Comisión. Yo se lo agradezco, creo que es mi
obligación hacerlo. Es indudable que el Gobierno en las comisiones no
está sólo representado por los ministros, es algo que todos los
grupos parlamentarios lo saben. Los que hemos hecho oposición lo
sabemos muy bien. En el reparto de tiempos en las comisiones y en las
distintas sesiones que se celebran es intención del Gobierno y del
Ministerio de Economía que los responsables del Ministerio
comparezcan con la mayor asiduidad posible, siempre que la Comisión
establezca los calendarios posibles, de manera que no transcurra
demasiado tiempo -si pudiera ser incluso con carácter mensual, si la
Comisión así lo requiere- en que un responsable máximo del Ministerio
pueda venir a explicar cuestiones, independientemente de que los
grupos entiendan que ciertos temas no se agotan en un determinado
nivel de responsabilidad del Ministerio, sino que requieren debates
políticos probablemente al máximo nivel, o al nivel de ministro.

El señor Sevilla ha hecho una argumentación sobre los problemas
internos del Gobierno y de comunicación dentro del Ministerio de
Economía y el Ministerio de Hacienda. Como Madrid es una ciudad muy
pequeña, ya sé que dentro de pocos días vamos a leer en los medios de
comunicación un análisis de este estilo. Lo que no sabía es que
íbamos a tener música de acompañamiento previa en el Parlamento, pero
bienvenida sea. Era conocido en los medios políticos (y supongo que
SS.SS., que son centro de los medios políticos, lo conocían mejor que
yo) que esto lo vamos a leer y, en cualquier caso, hemos tenido lo
que se llama un anticipo en términos editoriales. Pero lo que ya se
compadece modestamente mal con esa supuesta incapacidad, en mi caso,
o del Gobierno, de entenderse es que al mismo tiempo un miembro del
Gobierno, en este caso modestamente yo, sea capaz de establecer la
cotización del euro, la cotización del brent, el precio medio de las
gasolinas en toda Europa a su conveniencia. Si un modesto miembro del
Gobierno de España fuera capaz de influir sobre los mercados
internacionales de la energía, la cotización de las monedas, y además
fuera capaz de influir sobre todos los grupos de empresarios europeos
para que la evolución de los precios de las gasolinas en venta al
público en Europa no se separen de los precios de venta al público en
media ponderada en España y, a su vez, esos precios los decide el
Gobierno, tendrían ustedes que reconocer que es difícil decir que no
éramos capaces, no ya de coordinarnos entre nosotros mismos, sino de
coordinarnos urbi et orbi. El Gobierno, coordinándose consigo mismo,
ya tiene un relativo trabajo. Cualquier persona que haya estado en un
gobierno es consciente de ello. Desde luego el Gobierno, que en esto
es totalmente laico, no cree en el milagro de poder influir rezando
para que el día antes de que venga el ministro a la Comisión de
Economía la cotización del brent o la cotización del euro varíe. Por
tanto, independientemente de las posiciones personales de cada cual
sobre la influencia del rezo, puedo asegurarles que en mi caso eso lo
he dejado totalmente a la libertad del mercado.

En cuanto a la insistencia, que por otra parte el señor Sevilla ya me
ha planteado en otras ocasiones, de que el Gobierno ha establecido un
pacto con las compañías, vuelvo a reiterarle que el precio en España
de los productos petrolíferos de venta al público se ha movido
ligeramente por debajo de la media europea ponderada, lo cual
indicaría que estaríamos influyendo no sólo en compañías españolas,
sino en compañías en toda Europa. Vuelvo a repetirle que no es
nuestra intención, puesto que creemos en las fuerzas del mercado.

Pero aunque estuviéramos obsesionados en hacerlo -usted conoce cuáles
son las capacidades de un ministerio-, sabe que sería completamente
imposible, independientemente de que sectores empresariales acusen a
otros de dumping, o sectores empresariales acusen a otros de que no
responden a la competencia. Eso sucede en todos los sectores, y es lo
lógico, pero para eso están los órganos de la competencia, para
responder.

El Gobierno, como es natural, lo que sí ha planteado (en las medidas
de junio que hoy hemos visto lo ha hecho con mucha intensidad, y
después volveré sobre ello) es la necesidad de que los precios sean
más transparentes, y hemos dado pasos significativos en esa
dirección, y que las marcas dominantes no puedan aumentar su
presencia, en el caso de las gasolineras, durante los próximos cinco
años. ¿El Gobierno está desconcertado? Eso, como es natural, es una
apreciación no sé si cuasi sicológica y no le voy a discutir. Si la
impresión del señor Sevilla es que estamos desconcertados allá él, yo
no le quiero inducir a esa sensación. Si un gobierno que ha aprobado
un paquete de medidas económicas a los dos meses de llegar al poder,
una ley de presupuestos con déficit cero, un Plan Hidrológico
Nacional, y además está



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planteando una ley de disciplina presupuestaria, está desconcertado,
otros grupos parlamentarios deben estar en un momento de total
desconcierto, porque no tenemos más propuesta que la conocida de
bajar el precio de las gasolinas a base de reducir los impuestos, que
es como menos discutible.

En cuanto a la acusación de que negamos lo obvio, probablemente
cualquier ser humano muchas veces niega lo obvio, no todos somos
capaces de ver la realidad. Eso nos llevaría ya a una comisión de
filosofía y no de economía. Pero en cuanto a la acusación sobre lo
obvio que me ha hecho el señor Sevilla, tengo algunos argumentos para
demostrarle que no es tan obvio lo que el señor Sevilla cree que es
obvio. Nosotros entendemos -y lo ha dicho muy bien el portavoz del
Grupo Popular- que la reforma del IRPF es una reforma estructural.

Sabemos -porque lo hemos dicho en debates cuando estábamos en ese
lado de la mesa y ahora en éste- que la posición de su grupo
parlamentario es que los impuestos deben ser un instrumento de
política coyuntural para actuar sobre la demanda. Por eso ustedes
nunca bajan los impuestos, porque cuando la demanda está fuerte no
los bajan, y cuando la demanda está débil no se atreven, aparte de
sus políticas presupuestarias. Nosotros entendemos que las reformas
impositivas son estructurales, que producen efectos
extraordinariamente beneficiosos a corto plazo sobre la coyuntura y a
medio plazo sobre las expectativas y funcionamiento de los mercados.

En ese sentido, nosotros nunca tomamos la decisión pensando que van a
ser los efectos a corto plazo. Es cierto que el hecho de bajar los
impuestos a las familias, a los trabajadores, incluso con su voto en
contra, ha producido que haya más gente que tenga empleo, hayan
consumido más y hayamos recaudado más. Pero eso no siempre es obvio.

Su señoría, que tiene una larga experiencia, ha vivido una
experiencia completamente distinta, que es subir los impuestos y que
baje la recaudación. Le recuerdo el IVAdel año 1995. No cabe duda de
que nosotros hemos bajado los impuestos y ha aumentado la
recaudación, y no hemos subido ni un solo tipo de los impuestos. Por
tanto, sobre política tributaria, en estos momentos en los que
vivimos, en esa coincidencia de posiciones sobre tantas cosas, que
además es muy saludable, sobre la oportunidad, sobre los
instrumentos, sobre para qué, por qué, en qué momento, su grupo
parlamentario y el mío no están de acuerdo, ni lo han estado antes ni
lo están en este momento, lo cual es enriquecedor para el debate
económico y para el debate político.

Respecto a aferrarse al pasado, no sé a lo que S.S. se refiere. Creo
que en la reciente crisis del choque del petróleo nosotros hemos
planteado una alternativa distinta a la que ustedes nos proponían.

Hemos entendido que se podían resolver los problemas concretos de
colectivos concretos sin afectar a la política medioambiental ni a la
política energética ni a la necesidad de no enmascarar el choque de
oferta, y vuelvo a repetir lo
que he dicho en mi primera intervención, creo que el tiempo nos va a
dar la razón más rápido que tarde, y que realmente sería sorprendente
que yo viniera hoy a anunciarles a SS.SS. que como baja el precio del
petróleo el Gobierno va a subir los impuestos sobre las gasolinas.

Imagínense ustedes no ya lo que ustedes me dirían, que probablemente
no me podrían decir nada porque es lo que me propusieron, pero en
cuanto saliéramos a la calle seríamos un gobierno, como ha dicho S.S.

antes, desconcertado.

Sobre los problemas internos, si quiere usted hablamos de los que
tienen grupos políticos, los grupos parlamentarios. El Gobierno no
tiene en este momento ningún problema interno, pero le voy a poner un
ejemplo. Su señoría me ha planteado con mucha insistencia la urgencia
de negociar la financiación autonómica. Yo comprendo perfectamente la
urgencia de su grupo. Ustedes hicieron una estrategia creyendo,
primero, que la financiación autonómica era la clave para nuestro
acuerdo con Convergència i Unió y, segundo, creyendo que el voto
andaluz cambiaría como consecuencia de su estrategia de financiación
autonómica, y nuestra relación con Convergència i Unió no se ha
resentido y precisamente no ha sido un éxito su estrategia en el voto
andaluz. Por tanto, comprendo perfectamente que ustedes tengan prisa
por que pasemos la página, habida cuenta de que a las comunidades
autónomas del Partido Socialista les ha costado 170.000 millones de
pesetas, sólo en el caso andaluz, la estrategia de la anterior
dirección del grupo parlamentario del partido. Esta prisa la
entiendo, pero esa es su prisa y usted comprenderá que España no se
puede regir exclusivamente por su prisa.

Es más. Para que vea usted que no estamos tan desconectados, sé que
el responsable de la Hacienda pública española sí ha hablado con
usted sobre esta cuestión y ha hablado también sobre acuerdos que
pudieran afectar a la evolución de la Ley de disciplina
presupuestaria, sin demasiado éxito, y no tenía por qué tenerlo,
porque S.S. puede mantener las posiciones que quiera. Pero no me
hable del caso concreto de su grupo parlamentario y de S.S. Y otros
grupos parlamentarios que están aquí sentados me podrán decir: ¿Por
qué no hablan ustedes con nosotros ya? Lo dice un diputado con la
cabeza y con toda la razón. Modestamente, los que estamos tan
desconectados y que al parecer no nos hablamos de nada y vamos a leer
en los periódicos dentro de muy poco el grado de desconexión, sí sé
que lamentablemente esa conversación no nos ha llevado, de momento,
demasiado lejos, lo cual indica, primero, que el Gobierno sí está
dispuesto a hablar sobre financiación autonómica, faltaría más, con
el primer partido de la oposición.

En cuanto a la pregunta sobre quiénes son los responsables de las
relaciones sobre financiación autonómica, su señoría, que conoce muy
bien el funcionamiento del Ministerio de Economía y Hacienda, sabe



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que la presencia en el Consejo de Política Fiscal y Financiera
corresponde al ministro de Administraciones Públicas y al ministro de
Hacienda. Por tanto, su señoría tiene interlocutores absolutamente
válidos. Otra cosa es que indudablemente la coordinación de la
política económica corresponde a la Comisión Delegada de Asuntos
Económicos, que tengo el honor de presidir. Y por cualquiera de esos
caminos o por cualquier otro que S.S. quiera puede encontrar la
interlocución que quiera, pero que conste -no venía a hablar hoy aquí
de financiación autonómica- que nosotros sí hemos hecho la
iniciativa.

Sobre el tema que S.S. ha calificado de sainete, la OPA Repsol-
Iberdrola, es una calificación que S.S. hace bajo su propia
denominación. También el representante del PNV ha hablado sobre este
tema y por tanto lo abordo en este momento. El Gobierno no tiene
ninguna posición sobre lo que deban defender los intereses
minoritarios en un consejo de administración o en una junta de
accionistas y creo que SS.SS. no se lo deben pedir al Gobierno. Si
existen personas que crean que sus intereses no han sido
representados en un determinado consejo de administración tienen
vehículos en la legislación vigente para hacer lo que les parezca
conveniente y el Gobierno no se ha pronunciado sobre ninguna cuestión
de este tema ni ha intervenido en ninguna de las decisiones
empresariales. Otra cosa es que se interprete que cuando un
administrado o un representante de una sociedad administrada se
entrevista con el Gobierno, el Gobierno está interfiriendo. Eso es un
poco simplista, porque ustedes reconocerán que lógicamente los
administrados desean hablar con los responsables políticos, no sólo
con el Gobierno, también con los responsables políticos de los grupos
parlamentarios. Y muy lejos estaré yo -desde luego a mí no me van a
coger diciendo eso- de dudar de la independencia de SS.SS. porque se
hayan entrevistado con unos y con otros, ni porque hayan tratado de
influir en unos y en otros, pero es que en esta misma comparecencia y
antes de que acabe de hablar podemos poner de relieve la absoluta
falta de consistencia que tiene tratar de relacionar que las
personas, los grupos o los intereses particulares se entrevisten con
la Administración o con los grupos políticos con las decisiones que
la Administración tome. El Gobierno no ha interferido en las
decisiones de los consejos de administración de ninguna de estas
sociedades ni de ninguna otra y a partir de ahí los responsables de
los consejos de administración deben responder ante los accionistas,
que para eso tienen esas responsabilidades, que no las tienen ni
ustedes, ni el Gobierno, ni ningún responsable político. Y yo, si me
admiten un consejo -que desde luego no tienen por qué admitírmelo-,
les digo que eso es responsabilidad de otros. Y si alguien se siente
perjudicado tiene caminos muy expeditivos en la legislación española
para garantizar que sus intereses se le defienden.

Sobre las cajas de ahorros me he cansado de decir a su grupo
parlamentario en varias ocasiones que el Gobierno no tiene ninguna
intención de modificar la Ley de órganos rectores de las cajas de
ahorros. A partir de ahí S.S. puede insistirme sobre esa cuestión,
pero el Gobierno en este momento no plantea esa reforma y en
cualquier caso, si la plantease, la Cámara la conocería, como es
natural.

Su señoría ha aducido que el paquete de medidas está sin desarrollar.

Eso no es exacto. Es verdad que hay unos retrasos, y yo los he
mencionado, retrasos importantes en los que acepto la
responsabilidad. Antes de fin de año todos estos reales decretos del
ámbito eléctrico y del ámbito del gas deberían estar aprobados y no
lo van a estar, es cierto. Están en trámites, es cierto, algunos de
ellos, del Consejo de Estado o muy próximos, y en trámites de
audiencia de los consumidores. Por tanto, es verdad que va a haber un
retraso, pero eso no quiere decir que no haya habido otros muchos
temas en los que no ha habido ningún retraso; otras cuestiones que se
han planteado que habían sido muy altamente debatidas en esta
Comisión y en otros órganos de esta Cámara, como era, por ejemplo, la
participación de competidores en el contrato de Argelia o la
participación de competidores en CLH o en Enagas, están en estos
momentos en trámites muy avanzados de propuestas de las empresas para
su aplicación. Yo acepto perfectamente las críticas de que no todas
las medidas contenidas en los decretos de junio hemos sido capaces de
desarrollarlas en seis meses. Creo que lo va a poder hacer el
Ministerio en un tiempo muy corto y, por tanto, esta crítica ya no
tendrá vigencia dentro de algunas semanas. Pero otras muchas, que se
refieren a la tarifa plana -y las he mencionado y también lo han
hecho los portavoces de los grupos Popular y Convergència i Unió-, ya
han sido cumplidas. Algunas medidas, que fueron aprobadas en junio,
nos van a ser muy útiles para un debate de gran importancia que se ha
planteado hoy en esta Comisión, que es el debate del sector
eléctrico; medidas que, por otra parte, eran muy novedosas en nuestra
legislación porque no existían.

En cuanto a la previsión que S.S. me hace de nuevo paquete
liberalizador en febrero, creo que no hace falta que la oposición
haga previsiones. Uno de los problemas de estar en el Gobierno es que
sí hace falta hacer previsiones. Pero no corra usted esos riesgos, no
los corra, no es necesario. Tiene usted argumentos suficientes para
decirme que no está el reglamento del gas, tiene razón; pero no corra
el riesgo de anunciar nuevos paquetes liberalizadores a plazo fijo.

Acepto las críticas de desarrollar los reglamentos complejos y
técnicamente importantes a los que me he referido -alguno de los
cuales se acaban de aprobar, como el del sector eléctrico, el 1 de
diciembre, y otros están en trámite-, pero ahora debemos dar una
estabilidad al proceso de regulación en España sobre sectores muy
importantes que han sufrido una transformación en un plazo de 4 ó 5
años



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histórica, independientemente de que la transformación pueda ser
valorada en 100, en 40, en 50 o en cero, por los grupos
parlamentarios. Vuelvo a repetirle que no creo que sea éste un
problema de debate de previsiones, pero es indudable que el Gobierno
actuará con todo dinamismo cada vez que vea una oportunidad de
aumentar la política de oferta y la competencia en nuestro país.

Sobre la negociación social, le entiendo. Ya sé que ustedes quieren
que vengamos aquí con un acuerdo con los sindicatos. Ya lo sé. Como
tengan ustedes que pronunciarse sobre el interés general, sin tener
un acuerdo con los sindicatos, van a estar en una posición difícil.

Ya lo entendí la legislatura pasada y lo entiendo ésta. Yo voy a
hacer y este Gobierno va a hacer todo lo posible, no porque ustedes
no tengan que pronunciarse, sino porque creemos que el acuerdo
sindicatos y empresarios es muy bueno para los intereses generales.

Pero vayan pensando si esto no pasa. No sé lo que piensa su grupo,
pero nosotros pensamos que el empleo es una responsabilidad de los
grupos políticos y, dada la trayectoria histórica de su grupo y la
importancia que ha dado a la democracia y al peso de la
representación popular en las decisiones económicas, estoy seguro de
que su grupo coincide con esto. Una cosa es que los interlocutores
sociales lleguen a un acuerdo y todos lo queramos, y otra cosa es que
no tengamos unas obligaciones con los electores que nos eligieron el
pasado mes de marzo. Desde luego, nosotros en el tema del empleo nos
sentimos emplazados por los ciudadanos a actuar, aunque también nos
sentimos emplazados a que los interlocutores sociales lleguen a
acuerdos. Permítame que le diga, señor Sevilla, que es verdad que 14
años no es igual que 4, pero en acuerdos sociales no han estado mal
nuestros 4 años; por tanto, alguna capacidad de conseguir acuerdos
sociales tenemos. No voy a hablar aquí de las capacidades de los
anteriores, pero, si no me equivoco, el último acuerdo social
importante se debió producir antes de que llegáramos nosotros, por el
año 1983. En ese sentido, nosotros vamos a hacer todo lo posible.

Entiendo que políticamente para ustedes es más cómodo y esperamos que
estén cómodos, pero vayan pensándoselo, porque la estabilidad en el
empleo, la necesidad de que se incorporen al mercado de trabajo
mujeres y jóvenes, la reducción de la temporalidad y la modernización
de la negociación colectiva puede que se lo traigamos resuelto, pero
si no es así, tendrán ustedes que opinar. Entiendo perfectamente
cuáles son sus sugerencias.

Su señoría me acusa de excesivo intervencionismo y de
discrecionalidad. Bien. Ésa es una acusación que S.S. puede hacerme.

Pero yo quisiera poner de manifiesto que cuando nosotros llegamos al
Gobierno, el Gobierno no estaba, por ejemplo, obligado por ley a
impedir que dos grupos bancarios pudieran tener participaciones
dominantes en dos telefónicas o en dos eléctricas. No estaba, se
permitía. Que cuando nosotros llegamos
al Gobierno, las eléctricas ya se fusionaban, desde hacía mucho
tiempo, y no pasaban por el Tribunal de Defensa de la Competencia.

Que cuando nosotros llegamos al Gobierno, las concentraciones tampoco
pasaban obligatoriamente por el Tribunal de Defensa de la
Competencia. Y que cuando nosotros llegamos al Gobierno, que ya
existía Enagas, que ya existía el mercado del gas, que ya había un
dominio por parte de Endesa del mercado eléctrico y por parte de
Iberdrola el segundo y por parte de Repsol en gasolineras, y por
parte de Fecsa en gasolineras, no existía norma alguna que limitase
el tamaño de estas empresas durante un período de tiempo. Por tanto,
independientemente de que S.S. siempre puede exigirnos más, y hará
bien en limitar la discrecionalidad del poder político y en aumentar
la transparencia, yo, modestamente, compararía los últimos cuatro
años con otros cuatro años que S.S. quiera en el proceso de
transparencia y en el proceso de que el Gobierno se sienta obligado
por reglas que los ciudadanos y la Cámara conocen antes de que se
produzcan los acontecimientos. Y en este debate sobre la fusión,
nosotros, no ustedes, no es que ustedes nos hayan puesto unas reglas,
nosotros, voluntariamente, nos hemos puesto unas reglas que han sido
aprobadas por esta Cámara, si no me falla la memoria, sin su voto,
por las que el Gobierno ya tiene unas pautas de conducta que pueden
ser objeto de discusión, como ha puesto de relieve el representante
del Partido Nacionalista Vasco.

La economía va como va. Ese podría ser el motor de la legislatura,
eso no lo vamos a discutir. Va como va y no va mal. S.S. lo ha
reconocido, yo también lo reconozco, tenemos un riesgo en precios y
S.S. hace muy bien en criticar al Gobierno por ese riesgo, y el
Gobierno debe ser capaz de superar esa situación lo antes posible.

En cuanto al sector eléctrico, S.S. ha puesto de relieve algo que en
mi opinión no se compadece con algunas de sus afirmaciones de nuestra
capacidad de influir en las empresas. Es que la propuesta que hacen
Iberdrola y Endesa efectivamente es una propuesta que está hecha
después de que nosotros aprobamos un paquete de medidas, en el que
decimos taxativamente que ninguna compañía tendrá mayor generación
que Endesa. Por tanto, verá usted que la gente suele hacer lo que le
conviene, independientemente del Gobierno que esté y desde luego si
puede; otra cosa es que las reglas se lo permitan. ¿La decisión de
quién es? La decisión es del Gobierno, según las leyes. Ya sé que S.

S. quiere que todas las decisiones en materia de competencia las
tomen los órganos reguladores. Al principio de la legislatura quería
que fueran las comisiones sectoriales; ahora ya parece que no es sólo
así. Esa decisión tan importante yo se la dejo para cuando S.S. tenga
la capacidad de gobernar. Le veo a S.S. tan interesado en que el
Gobiernono tenga ninguna capacidad de actuación sobre la



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competencia que no puedo privarle del placer a S.S. de que lo haga S.

S. cuando S.S. gobierne. Pero si no lo hace, porque cuando llegue al
Gobierno S.S. descubre que no lo hace, porque tiene otras cosas que
hacer que le urgen más, yo lo único que le pediría es que, al menos,
los nombramientos que se ejecuten entonces no sean directamente de la
Secretaría de Estado de Economía a la Defensa de la Competencia;
simplemente, fíjese. De la Secretaría de Estado de otra cosa o del
Ministerio de otra cosa, lo aceptaría, pero de la Secretaría de
Estado de Economía al Tribunal de Defensa de la Competencia siempre
me pareció que era un poco excesivo. Con ello no digo que las
personas no sean capaces de ser independientes, aunque hayan sido una
cosa y después sean la contraria. Pero eso me parece un poco
excesivo. Porque la teoría de que, cuando uno pierde unas elecciones,
lo que tiene que proponer al Gobierno es que renuncie a toda su
capacidad de actuación para trasladárselo a órganos reguladores, se
la traspaso completamente a S.S. para que S.S. la aplique cuando
llegue al Gobierno. Entre otras cosas porque, independientemente del
respeto que me merecen todos los órganos reguladores y la
independencia de todos sus miembros, independientemente de quién los
haya nombrado y de su origen, yo también tengo un cierto respeto por
el Gobierno, entre otras cosas, porque el Gobierno, de todas las
instituciones que hay en este país, es la más controlada, la más
transparente y la sometida al Parlamento de manera más directa. Por
tanto, independientemente de que los planes de desinversión de una
determinada compañía los deba de aprobar o no una determinada
institución, el hecho de que los apruebe el Servicio de Defensa de la
Competencia de momento abre todo el debate político de manera
directa. Porque fíjese que S.S. hoy mismo -y yo no le voy a preguntar
a S.S. con quién se ha entrevistado porque S.S. es muy libre de
entrevistarse con quien quiera- ya nos ha dicho que es partidario de
la fusión Endesa e Iberdrola. Con condiciones. Es que si fuera sin
condiciones sería espectacular. Pero ya nos han aventurado que
ustedes ya son partidarios, antes incluso de conocer el dictamen del
Tribunal de Defensa de la Competencia, que, como se nos ha recordado,
en una ocasión anterior manifestó una posición -es verdad que no era
exactamente la misma, porque las empresas no planteaban
desinversiones- y, además -y es lo más importante en mi opinión,
aunque yo no me voy a pronunciar-, porque la opción que puede
producir ese proceso de desinversiones permite una transformación del
mercado eléctrico en la dirección que S.S. ha apuntado y que ha
apuntado el Grupo Popular y que han apuntado otros grupos de mayor
competencia y de empresas que, a su vez, puedan competir en mercados
internacionales, lo cual no es un desafío pequeño. Pero me ha
sorprendido, tengo que decirlo que su grupo ya se ha manifestado
partidario. Bien lo sea. Si lo he entendido mal, rectifico, pero he
entendido claramente
que su grupo es partidario de la fusión con condiciones, lo cual me
parece perfectamente legítimo. Lo único que quiero decir es que el
Gobierno -y el Gobierno yo creo que está obligado a ello- tiene en
este momento un primer informe de un órgano regulador, que es un
informe importante, que SS.SS. han leído, tiene que recibir un
dictamen del Tribunal de Defensa de la Competencia y, a partir de
ahí, el Gobierno tiene que tomar una decisión, decisión que, como
todas las decisiones tomadas por un órgano democrático, es recurrible
ante los tribunales y que, desde luego, siendo del Gobierno, es
absolutamente sometida al control parlamentario. Como S.S. sabe muy
bien -y con esto también contesto al portavoz del PNV-, en el proceso
de desinversiones que se marque en esta operación, si es que se llega
a aprobar -y quiero subrayar eso-, será un plan de desinversiones que
las compañías tendrán que someter al Servicio de Defensa de la
Competencia, como en todos los casos en los que se producen
desinversiones. No es el ministro el que vela esas desinversiones,
sino que son los funcionarios del Ministerio de Economía y Hacienda,
que, desde luego mi experiencia es que son personas independientes,
solventes, profesionales y que velan por la ley y por el interés
general, como no podía ser de otra manera.

Vamos a las bajadas de las tarifas. Su señoría, perdone que le diga,
no creo que esté acertado en dos cuestiones sobre el sector
eléctrico. La primera es la teoría que S.S. defiende, o al menos así
le he entendido yo, porque a lo mejor le he entendido mal y es culpa
mía. Que el número de operadores no es relevante, que sólo es el
tamaño que ocupan. Eso no es exacto, porque los operadores pueden
tener tecnologías muy distintas y un operador de menor tamaño, con
tecnologías más avanzadas y costes más cortos, puede ser un buen
competidor. En cualquier caso, yo me inclino más por la teoría del
Tribunal de Defensa de la Competencia que por la de S.S., es
legítimo, y es que el número de operadores sí es relevante. También
lo es, pero es que en la vida se puede ser excluyente o no. Es
relevante el número de operadores y es relevante el tamaño de los
operadores. Tan relevante es que por primera vez en la historia
económica española un gobierno ha dicho a un operador que en cinco
años no puede aumentar. ¿S.S. hubiera hecho otra cosa? Pues
díganoslo, propónganoslo. Claro que entendemos que el tamaño del
operador en distribución es relevante. ¿Cómo no lo va a ser si hemos
puesto un límite de cinco años? Por cierto, vuelvo a repetirlo,
parece que a nadie se le había ocurrido que ése era un sistema para
evitar que las compañías crecieran, pero es un sistema que nosotros
creemos que puede darnos importantes resultados. Pero además S.S.

insiste, en el tema de las tarifas, en una teoría conocida por alguno
de los colaboradores o de los miembros de su partido que han tenido
responsabilidades cruzadas entre la Administración y los órganos
reguladores, que todas las tarifas que se reducen lo son sólo gracias
a la



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evolución de los tipos de interés y de las monedas. S.S. se olvida de
que las tarifas se reducen en primer lugar porque hemos abandonado el
marco estable. Porque si el marco estable daba 8 billones de
remuneración a las compañías y el actual sistema da 5 en el mercado y
2 en CTC, hay un margen de 1 billón largo ya para reducir las
tarifas. Pero si S.S. no me cree, que no tiene por qué creerme y
además estoy seguro de que S.S. no me cree muy a menudo, lo que S.S.

puede hacer es ir a ver los datos contables auditados, que están en
la Comisión Nacional del Mercado de Valores, y ver cuál es el negocio
de generación de las compañías eléctricas y descubrirá S.S. que las
tarifas bajan a costa de los resultados. Porque si sólo fuera a costa
de los tipos de interés y de la cotización no lo veríamos en los
resultados.

Por tanto, indudablemente que los tipos de interés y la cotización de
la moneda tienen un papel, qué duda cabe, pero este tema, igual que
en el número de operadores, es un poco más complejo. Y no le vamos a
hacer caso en bajar las tarifas un 8,5, señoría, como no le hemos
hecho caso en bajar los impuestos en plena crisis energética, porque
lo que no quiero es encontrarme con que dentro de cuatro meses
tengamos todos que venir a la Cámara a darnos cuenta de que hemos
causado un perjuicio inmenso a las compañías básicas de la economía
nacional. Una bajada del 4 por ciento es una bajada considerable en
las tarifas domésticas y, si S.S. hace números, se dará cuenta de que
es una bajada importante. A partir de ahí, estando en la oposición,
como decía recordando creo que una película de los hermanos Marx el
presidente Felipe González, y dos huevos duros. S.S. se apunta a esa
teoría, pero no le vamos a hacer caso en esto y pienso que va a ser
en beneficio de todos y en beneficio de que podamos seguir en esta
política de tener empresas importantes, empresas competitivas,
empresas que puedan prepararse a mercados globalizados y al mismo
tiempo ventajas desde el punto de vista de los consumidores.

Coincido totalmente con S.S. en que si el Tribunal de Defensa de la
Competencia y el Consejo de Ministros, que es el que tiene que tomar
la decisión, aceptasen esta fusión, es una oportunidad para hacer
cosas importantes. S.S. ha apuntado temas concretos, en los que
entraremos si es menester, es decir, si el Consejo de Ministros
avanza en esa dirección. Son importantes, tanto desde el punto de
vista de la comercialización como desde el punto de vista de la
distribución, como desde el punto de vista de otras cuestiones que S.

S. no ha tenido a bien mencionar, como puede ser la posibilidad de
que desaparezcan las participaciones cruzadas en las mismas
instalaciones. Creo que en todas esas cuestiones vamos a tener
oportunidades si el Consejo de Ministros tomara la decisión, que el
Consejo de Ministros no la ha tomado y que no va a crear criterio
hasta que no conozca el dictamen del Tribunal de Defensa de la
Competencia, probablemente porque el Gobierno no debe hacerlo.

Ahora entro ya en el tema de los CTC. Para empezar, en el tema de los
CTC, S.S. sabe muy bien que el famoso 4,5 por ciento de la tarifa no
es un recargo -lo sabe, pero es más bonito lo de recargo-, es una
afectación, que no es lo mismo. Eso quiere decir que no es que la
tarifa la hayamos incrementado en un 4,5 por ciento, porque la tarifa
el año de los CTC bajó. Podía haber bajado más Eso es lo que S.S.

dice, pero la tarifa no la incrementamos en un 4,5. Lo que hicimos
para que se pudiera titulizar es decir que en todo caso del 4,5 de la
tarifa se cobrarían los CTC. Por lo tanto, no se conduce una cosa con
la otra, y S.S. lo sabe. Pero yendo al tema de los CTC, ya he visto
que S.S. -cosa que es muy libre- ha tomado partido por el señor Monti
frente a la vicepresidenta de la Comisión en su debate de
competencia. Si tienen ustedes tiempo para meterse en esas
cuestiones, yo me alegro muchísimo. Yo no voy a tomar partido, entre
otras cosas porque creo que al Gobierno no le interesa tomar partido
sobre las luchas de competencia en instituciones europeas. Yo voy a
esperar a ver qué decide la Comisión, que me parece más lógico. Que
S.S. es más partidario del señor Monti o de que el señor Monti tiene
razón porque su grupo parlamentario lo ha decidido, pues nos damos
por enterados. Pero sobre el debate de si la energía nuclear está o
no y los CTC de la energía nuclear deben ser decididos por la
comisaria de Energía o por la comisaria de Competencia yo voy a
esperar a que decida la Comisión, que es el único que tiene que
decidir. Pero ya sé que su grupo parlamentario es partidario de una
sola cuestión.

En cuanto al informe de la famosa consultora independiente, la
Comisión si no lo sigue, habida cuenta que lo eligió ella, tendrá que
tener una base para no seguirlo. No hay una vinculación jurídica,
pero hay una posición. La propia Comisión en escritos de la Comisión
lo reconoce. Por eso yo creo que, en el debate de las CTC con la
Comisión, la propia existencia de CTC no va a ser discutida. Sabe
usted que ha habido algunas discusiones por encima del 15 por ciento
en el caso del carbón, cosas técnicas que tampoco pienso que
políticamente nos lleven en este momento muy lejos. Otra cosa es que,
como apunta la Comisión Nacional de la Energía, el tema de la fusión
tiene ahí cuestiones que debemos decidir si es que se aprueba la
fusión por el Consejo de Ministros.

El señor Sánchez i Llibre me plantea que en la situación actual el
punto negro -lo ha calificado así- es el IPC. He insistido, y vuelvo
a hacerlo, en que el Gobierno reconoce las críticas, las entiende y
las acepta, de la evolución de los precios y considera que puede
tener consecuencias no deseadas para la economía española y una vez
más reitero que una parte de este IPC está muy relacionado con la
evolución energética en España y en el conjunto de la Unión Europea.

En ese sentido, la moderación de márgenes, la moderación de salarios,
la política presupuestaria son elementos muy



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importantes para que España pueda absorber el efecto del choque
petrolífero y dejarlo atrás lo más rápidamente posible. Ésa va a ser
una de las claves del ejercicio del 2001 y del 2002, al menos desde
el punto de vista del Gobierno.

Coincido en la preocupación de S.S. sobre la morosidad. Yo espero -y
es otra cosa que el Gobierno no ha cumplido y, por lo tanto, lo
reconozco- que una ley concursal pueda ser un cumplimiento que SS.SS.

tengan encima de la mesa lo antes posible y creo que ahí podremos
avanzar en dar mayor seguridad al tráfico mercantil en nuestro país.

Habla S.S. de mano de hierro, que viniendo de S.S. es una expresión
prácticamente histórica, creo que no la ha debido utilizar nunca, en
el tema de más competencia si se produce la fusión. El Gobierno lo ha
dicho -y comparto lo que han dicho los grupos parlamentarios-, que en
el caso de que se autorizase esta fusión por el Consejo de Ministros,
indudablemente los objetivos básicos serían una mayor competencia en
beneficio de los consumidores dentro del marco de mercados
globalizados y de grandes empresas a nivel mundial. Ha mencionado el
tema de los CTC en el caso de la fusión, como ya le he dicho al señor
Sevilla, y la propia Comisión Nacional de la Energía lo reconoce,
creo que ese es uno de los temas que se pone sobre la mesa en esta
cuestión.

En cuanto a los precios de los carburantes y el precio profesional,
quiero recordarle que en el momento en que España negoció su
incorporación y la adhesión a las directivas sobre la energía,
nosotros no negociamos precios profesionales. Acambio de eso, sí
tenemos precios e impuestos sustancialmente inferiores a la media
europea. En el debate sobre la imposición energética en Europa, que
lo vamos a tener antes que tarde, es indudable que muchas de estas
cuestiones se van a volver a plantear. La posición tradicional, y yo
creo que fundada, de gobiernos españoles, de este y de anteriores, ha
sido que, desde el punto de vista energético, España tiene
consideraciones muy importantes que hacer y que la imposición
energética afecta no sólo a cuestiones medioambientales, como
pretenden algunos países, sino a cuestiones de competitividad y de
precios. En ese sentido nosotros creemos que al mismo tiempo también
habrá que abordar todo el inmenso cúmulo de excepciones que los
países que por un lado defienden la armonización energética pero por
otro lado están llenos de excepciones también tendrán que plantearse
y algunas de ellas, sin duda, se refieren a los precios
profesionales. Nosotros, cuando se negoció nuestra incorporación, no
pusimos precios profesionales, pero sí nos mantuvimos
tradicionalmente con una imposición mucho más baja que nuestros
competidores. Y creo que esa línea, en mi opinión, es acertada.

Respecto a la transición al euro, efectivamente este tema es de gran
importancia que está en su final, desde el punto de vista del último
año. Desde el punto de vista
del pequeño comercio, el Gobierno da una gran importancia a una
iniciativa europea, que es la euroetiqueta, esperamos poderla
promocionar masivamente a lo largo del año que viene. Esto supondrá
que los comercios y los establecimientos que la ostenten se
comprometen a devolver euros desde el 1 de enero del año 2002 y
creemos que, a través no solo de pequeños establecimientos, sino de
los establecimientos de todo tamaño, será fundamental responsabilizar
al sector comercial español en esta importantísima e histórica
transición de las monedas nacionales al euro. Los costes de
transición, como sabe S.S., las administraciones públicas europeas no
los van a sufragar. Entendemos que hay ventajas indudables para todos
en esa transición, en los tipos de interés en España ha sido obvias,
y hay una posición clara en el Ecofin y en los gobiernos de que los
costes de la transición no van a ser sufragados financieramente por
el Estado o por las administraciones públicas en ningún caso.

Efectivamente en la cumbre de Niza se ha desbloquedado el estatuto de
la empresa europea, que es un estatuto que llevaba, si no me falla la
memoria, decenios discutiéndose y que el desbloqueo permitirá a
España tomar una decisión definitiva sobre la cuestión de las
relaciones industriales en casos de fusión, siempre como derecho
supletorio, cuando la directiva se trasponga en España. También
quiero subrayar ante la Comisión de Economía que estamos hablando
exclusivamente de la sociedad anónima europea desde el punto de vista
de relaciones industriales; que cuestiones como el derecho mercantil
o el derecho tributario no han sido armonizadas y, por tanto, es un
primer paso en una dirección que a mí me parece muy importante, la de
que puedan existir sociedades anónimas europeas que se puedan
residenciar en cualquiera de los países, pero comprenderán SS.SS. que
van a tenerse que armonizar no sólo aspectos de relaciones
industriales sino otros, como los tributarios o los mercantiles,
incluso los regulatorios, desde el punto de vista de las sociedades
y de los órganos de regulación de los mercados de capitales, si
queremos que la sociedad anónima europea sea una realidad.

En cuanto a los cogeneradores, quiero insistirles en que las medidas
que hemos tomado constantemente en la dirección de beneficiarlos han
sido muy importantes y que la revisión de los precios se hace, creo,
con una periodicidad anual y se hará a principios del año que viene,
por lo que esas disparidades que S.S. plantea serán corregidas.

El señor Azpiazu me plantea de manera monotemática la fusión de
Endesa e Iberdrola y califica esta cuestión de enormemente
preocupante para su grupo parlamentario. Me propone tres asuntos que
el Gobierno no puede abordar. En primer lugar, en cuanto al traslado
del domicilio social, entiendo perfectamente que las comunidades
autónomas son felices cuando los domicilios sociales se trasladan
allí y son infelices cuando



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se trasladan a otro sitio. Acaba de producirse una fusión muy
importante en el sector financiero que ha residenciado su domicilio
fiscal en Bilbao y comprenda que yo no tengo ninguna capacidad para
influir en eso. Las compañías toman sus decisiones en función de sus
propios criterios, pero estoy seguro de que las relaciones con las
autoridades vascas en cuanto a todo tipo de actividades serán fluidas
y que el mantenimiento de la actividad será muy intenso allí. En
cuanto a la pérdida de puestos de trabajo, soy de la opinión de que
los acuerdos entre las empresas y los sindicatos deben ser respetados
y no sé exactamente a lo que se refiere S.S., si son prejubilaciones
pactadas o en qué situación se encuentran.

En cuanto a los accionistas minoritarios, me refiero a lo que ya he
dicho antes. Si existen personas que no estén satisfechas con el
tratamiento de los consejos de administración de alguna empresa, la
legislación mercantil española y órganos como la Comisión Nacional
del Mercado de Valores son suficientemente operativos sobre estas
cuestiones y el Gobierno no puede actuar, me parece a mí, en ninguna
dirección.

El precedente de Unión Fenosa e Hidrocantábrico es indudablemente
importante. Hay algunas diferencias obvias en esta cuestión. En
primer lugar, las propias compañías ofrecen una desinversión
considerable; en segundo lugar, hay una oportunidad que sin duda ha
valorado la Comisión Nacional de la Energía, en el sentido de que la
transformación del mercado eléctrico puede ser de tales dimensiones,
habida cuenta de que estamos hablando de cifras muy considerables
-del treinta y tantos por ciento del mercado eléctrico- que puede ser
una oportunidad. Con esto no estoy afirmando en ningún caso que
nuestra posición vaya a ser favorable y desde luego vamos a esperar y
a leer con gran detalle lo que nos proponga el Tribunal de Defensa de
la Competencia.

Su señoría califica de disparatado el informe de la Comisión Nacional
de la Energía. Yo no tengo nada que decirle. Creo que no lo es, que
es un informe riguroso en un tema muy complejo, en el que
indudablemente plantea y recibe cuestiones que están abiertas. Las
compañías no le han planteado un plan de desinversiones, entre otras
cosas porque el plan de desinversiones no lo van a aprobar las
compañías, sino que tendrá que aprobarlo el Servicio de Defensa de la
Competencia, como en cualquier otro caso, si se produce, vuelvo a
repetir una vez más, la autorización del Consejo de Ministros. Creo,
como ha puesto de relieve el señor Sevilla, que este es un tema muy
importante, la mix de activos que vayan a desprenderse de la compañía
si es que se produce la fusión.

Nosotros no hemos presionado sobre nadie. Su señoría sabe
perfectamente que las compañías suelen hacer, como es su obligación,
lo que responde a sus intereses en los mercados y a los intereses de
sus accionistas; no hemos presionado sobre la mayoría de la Comisión
Nacional de la Energía y estoy seguro que S.S. no ha presionado sobre
el voto particular. Estamos todos en las mismas condiciones, nadie ha
presionado sobre nadie. Creo que hay que respetar a las personas,
independientemente de que tengan un origen u otro, cuando actúan en
el marco de su responsabilidad, porque si no estamos invalidando
nuestras propias decisiones y nuestras propias elecciones de
personas. Yo estoy convencido de que todos los miembros de la
Comisión Nacional de la Energía, los que han votado una cosa y los
que han votado otra del informe, lo han hecho cumpliendo con su
obligación. No creo que sea admisible pensar que unas personas han
sido presionadas y otras no o todas sí. No lo creo ni creo que ellas
lo hubieran admitido en ningún caso; desde luego yo ni lo he hecho ni
lo voy a hacer.

Sobre el plan de desinversiones, le repito cuál es el procedimiento
que se ha seguido en todas las operaciones en las que se ha marcado
un proceso de desinversión como consecuencia de una fusión. En el
caso de Microsoft, que ya ha salido en algún debate parlamentario,
quiero recordarles que hay una sentencia judicial. El Gobierno de
Estados Unidos no ha dicho nada a Microsoft; ha habido un juez que ha
dicho a Microsoft lo que tienen que hacer; el Gobierno sólo ha sido
parte en ese procedimiento. Nosotros no tenemos ese procedimiento,
pero si SS.SS. quieren plantearlo, cada cual debe proponer las cosas
bajo su propia responsabilidad.

Al señor Martínez-Pujalte le agradezco su reconocimiento por mi
comparecencia. Creo sinceramente que la situación económica española
terminará en el año 2000 con una posición razonablemente buena,
habida cuenta del efecto importante del precio del petróleo en
nuestra actividad y en la de otros. Sin duda, como han dicho otros
portavoces, el señor Sevilla y el señor Sánchez i Llibre, a la
cuestión de los precios es a la que el Gobierno tiene que dedicar
mayores esfuerzos. Respecto a esta cuestión las críticas son
perfectamente entendibles, aunque el Gobierno subraya la importancia
de los efectos más volátiles, pero también de otros que tienen que
ver más con el sector servicios, en el que los grados de competencia
van aumentando probablemente con lentitud, y también los efectos de
la política monetaria, que nos van a ser más beneficiosos y ya lo
están siendo en este momento, como lo demuestran los datos de la
evolución de los agregados monetarios.

Coincido, como no podía ser de otra manera, en que los objetivos de
esta legislatura son la convergencia real y el empleo y en que hace
falta una determinada política económica para ello. Nosotros hemos
puesto de manifiesto la nuestra durante cinco años y desde luego el
déficit público es el centro de la política económica del Gobierno
-ratifico lo que ha dicho el señor Martínez-Pujalte-. Creo
sinceramente que España va a ver aumentada en un grado muy importante
la estabilidad y, por tanto, el margen de maniobra cuando se asiente
en una cultura de estabilidad presupuestaria,



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que también es muy importante que se asiente en todas las
administraciones públicas. Quiero manifestar algo que SS.SS. saben,
pero que me parece de justicia recordar, y es que el déficit cero del
año 2001 se obtendrá también porque las comunidades autónomas en el
año 1997 llegaron a un acuerdo en el Consejo de Política Fiscal y
Financiera para obtenerlo. Por tanto, es imprescindible que haya un
consenso, que espero que se pueda traducir en acuerdos políticos y
legislativos, si son posibles. En cualquier caso, el Gobierno da una
máxima importancia a que haya un acuerdo político sobre la
conveniencia de la estabilidad presupuestaria que cada cual
manifieste como políticamente le sea más cómodo o más razonable.

Nosotros entendemos que una ley de disciplina presupuestaria puede
ser muy útil, no a nosotros sino a las administraciones públicas, en
un nuevo entorno europeo como en el que estamos viviendo.

Efectivamente, yo creo que muchas de las medidas que se tomaron en
junio han tenido efectos, como ha recordado el señor Martínez-
Pujalte. Me refiero a los libros de texto, a la fe pública y yo he
recordado la cuestión de Internet, de teléfonos, de tarifas
eléctricas. El Gobierno debe cumplir con los plazos y si no lo hace
debe ser criticado, pero estoy convencido de que esa crítica va a
durar poco tiempo porque el Gobierno está en trámite de aprobar todos
los decretos que antes he mencionado.

El mercado de trabajo es un mandato ineludible de las pasadas
elecciones; por lo tanto, no debemos pensar que esta es una cuestión
que al menos desde el punto de vista del Gobierno y del Grupo Popular
puede quedar en un mero deseo. España necesita una modernización del
mercado laboral, como la necesitaba en 1997, para que cientos de
miles de personas se incorporen a él. España tomó decisiones en 1997
cuando todavía muchos gobiernos europeos no se las planteaban.

Todavía no está en el debate europeo la modernización del mercado
laboral, pero estén seguros SS.SS. de que estará y de que cuanto más
tiempo gane España en ese sentido, mejor será para el empleo en
nuestro país. Respecto al sistema tributario, coincido plenamente en
que nuestra reforma del IRPF era claramente estructural y creo que
las consecuencias han sido muy positivas. Sobre el plazo de la
financiación autonómica creo que ya he manifestado mi posición sobre
la cuestión.

En cuanto a la fusión entre esas dos empresas, creo que es una
decisión de las mismas, independientemente de que unos grupos la
consideren positiva o negativa o estén dispuestos a estudiarla. Ya
contamos con un informe, que contiene muchísimas cuestiones que
debemos tener en cuenta. Pienso que va a ser muy importante el
dictamen del Tribunal de Defensa de la Competencia, como no puede ser
de otra manera, y que a partir de ahí el Gobierno tendrá que ejercer
su responsabilidad y las Cámaras se la podrán exigir; será una
responsabilidad razonada, en la que nosotros explicaremos
qué decisión tomamos y por qué. En ese sentido, muchas
cuestiones que SS.SS. han citado, no sólo los CTC sino otros asuntos,
son importantes y espero que en el caso de que el Gobierno tenga que
abordar estos temas como consecuencia de la autorización, con
condiciones, de la fusión, esta Comisión tenga oportunidad de
debatirlos ampliamente y en profundidad y de pedirle cuentas al
Gobierno de todas sus decisiones. (El señor Sevilla Segura pide la
palabra.)



El señor PRESIDENTE: Señor Sevilla, le ruego que sea muy breve.




El señor SEVILLA SEGURA: La verdad, señor Rato, es que parecen saber
tan bien cómo debe hacerlo la oposición que merecen volver a ella;
sin duda, lo harán mejor que nosotros, como yo estoy convencido que
nosotros haremos mejor gobierno que ustedes.

Madrid es muy pequeño, efectivamente, y uno se entera de muchas
cosas. Esa idea de que la actuación del Gobierno respecto a
actividades empresariales equivale a la que pueda efectuar la
oposición es evidente que ni usted mismo se la cree, entre otras
razones porque usted es el que toma la decisión; por tanto no tiene
el mismo sentido uno u otro tipo de contactos. Ha desvelado -tampoco
era un secreto- un contacto que tuve personalmente con el ministro de
Hacienda y me deja preocupado lo que usted ha dicho, porque el objeto
de la entrevista no era precisamente la financiación autonómica. Fui
yo el que sacó el tema y precisamente le pregunté quién sería el
interlocutor. Usted hoy me ha dicho que sería él y él aquel día me
dijo que sería usted. No lo sé, pero la realidad es esa.

Creo que usted está mucho más atado por el pasado que yo y en lugar
de hacer comparaciones con lo que se está haciendo hoy en otros
países, prefiere siempre echar la vista atrás. Yo prefiero ver lo que
están haciendo otros países, y en temas como el del sector eléctrico,
el modelo del Reino Unido, que ha citado otro portavoz, con un máximo
en el mercado de generación del 20 por ciento, me parece bastante más
defensor de la competencia que el que usted propone.

Por último, no sé si alegrarme o entristecerme de confirmar que
ustedes no van a reforzar los órganos independientes controladores de
la defensa de la competencia. Tenga la seguridad de que nosotros lo
haremos, entre otras cosas porque confirma algo que es tradicional en
la historia de España y es que la izquierda siempre ha sido más
liberal que la derecha.




El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor vicepresidente segundo
del Gobierno.




El señor VICEPRESIDENTE SEGUNDO DEL GOBIERNO PARAASUNTOS ECONÓMICOS Y
MINISTRO DE ECONOMÍA (De Rato y Figaredo): Señor Sevilla,
efectivamente, cada cual toma sus decisionesbajo su responsabilidad.

Ustedes se han manifestado



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respecto a determinadas cuestiones diciendo que les parecían bien con
condiciones. No son el Gobierno, pero son ustedes, no se quite usted
importancia. Es muy importante lo que usted ha dicho hoy aquí, no
crea usted que no. Es más importante que lo haya dicho usted que lo
haya dicho yo, fíjese lo que son las cosas, de lo cual yo creo que
usted era consciente. Es muy importante que ustedes lo hayan dicho y
yo no lo critico, como tampoco criticaría que hubieran dicho lo
contrario. Yo no soy responsable de lo que dice usted, ni usted de lo
que digo yo; cada cual tiene que ser responsable de sus palabras.

Sobre la financiación autonómica S.S. puede hablar con quien quiera.

Puede hablar conmigo, puede hablar con el señor Montoro. No va a
haber inconveniente, porque nos vamos a contar lo que hablemos. Yo
entiendo la urgencia de S.S., pero también comprenda S.S. que
nosotros tenemos un año entero, ya que hasta el año que viene por
estas fechas no tenemos que tener un nuevo modelo. No es que estemos
más que dispuestos, lo voy a decir enfáticamente: nos parece
imprescindible contar con el concurso de su partido, de su grupo
parlamentario y de las comunidades autónomas con gobiernos de su
partido. Nos parece imprescindible. Por tanto, en este momento
estamos más que dispuestos a llegar a acuerdos sobre temas tan
importantes como la financiación autonómica y la financiación
sanitaria del año que viene. La pasada legislatura, de tres
cuestiones, llegamos a acuerdos con ustedes en dos, la financiación
sanitaria y la financiación de los ayuntamientos, y no llegamos a
acuerdo en la financiación autonómica. Espero que en esta legislatura
seamos capaces de llegar a acuerdo en las tres, en beneficio de las
comunidades autónomas y del funcionamiento institucional. No le quepa
ninguna duda de que estamos abiertos a todo diálogo. Quizás tengamos
un poco menos de prisa, hoy; a lo mejor en otro momento las cosas son
distintas, eso pasa en las negociaciones, pero no le quepa ninguna
duda de que damos una gran importancia a poder establecer entre los
dos partidos
marcos de acuerdo que me parecen imprescindibles de cara a la
financiación autonómica, lo que sería importante habida cuenta de
que, si no me falla la memoria, la financiación autonómica en la
década pasada nunca ha sido apoyada ni por los grupos parlamentarios
ni por las comunidades autónomas. Quiero recordar cómo se aprobó el
último sistema de financiación autonómica anterior a nuestra llegada:
con el voto del Gobierno y de la comunidad autónoma catalana; eso
también podría habernos sucedido a nosotros, no quiere decir nada.

En cuanto al máximo de generación, es una posición. Yo no digo que
ustedes no tengan o puedan tener razón al decir que España debería
tener 10 compañías de generación. Son opciones. No sé si eso se
compadece bien con tener empresas que puedan competir a nivel global
y después, en un momento dado de apertura del mercado europeo, que
también se puede abrir como consecuencia de operaciones mercantiles,
en qué posición podrían quedar esas empresas. No lo sé, es una
discusión abierta. En cualquier caso ustedes también deben tener en
cuenta que Endesa no la inventamos nosotros. Me da igual quién la
haya inventado, pero estaba ahí y tiene un determinado tamaño. El
marco estable produjo unos resultados concretos en su momento, los
que fueran, por las razones que fueran; el intercambio de activos en
los años ochenta también. Yo no conozco al detalle cuál ha sido la
historia del mapa eléctrico inglés. No sé si es equiparable a la
nuestra, pero si la posición de su grupo parlamentario es que ninguna
empresa de generación debe tener más del 20 por ciento, nosotros la
escucharemos con toda atención y tomaremos nuestra decisión bajo
nuestra responsabilidad.




Muchas gracias.




El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor ministro. Muchas gracias,
señorías.

Se levanta la sesión.




Eran las dos y cincuenta minutos de la tarde.