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DS. Congreso de los Diputados, Comisiones, núm. 109, de 28/11/2000
CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
COMISIONES
Año 2000 VII Legislatura Núm. 109
ECONOMÍA Y HACIENDA
PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. SANTIAGO LANZUELA MARINA
Sesión núm. 10
celebrada el martes, 28 de noviembre de 2000
ORDEN DEL DÍA:
Comparecencia del señor ministro de Hacienda (Montoro Romero) para
informar sobre:
- Los efectos de la reforma del Impuesto sobre la Renta de las
Personas Físicas (IRPF). A petición propia. (Número de expediente
214/000030.) . . . (Página 3156)
- La privatización de la Empresa Nacional Santa Bárbara. A solicitud
del Grupo Parlamentario Socialista. (Número de expediente 213/
000064.) . . . (Página 3156)
- El marco de apoyo comunitario para España y, en especial, de sus
consecuencias para Galicia. A solicitud del Grupo Parlamentario
Mixto. (Número de expediente 213/000194.) . . . (Página 3156)
- Solicitud de comparecencia del señor ministro de Industria y
Energía para explicar las circunstancias que rodean la venta de la
Empresa Nacional Santa Bárbara a la multinacional General Dynamics.
Formulada por el Grupo Parlamentario Mixto. (Número de expediente
213/000009.) ... (Página 3156)
Proposiciones no de ley:
- Sobre el establecimiento de beneficios fiscales a las donaciones
realizadas con destino a las obras de reconstrucción y reparación del
Monasterio de Montserrat y su entorno. Presentada por el Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso. (Número de expediente 161/
000158.) . . . (Página 3187)
- Relativa al cierre de la central nuclear «José Cabrera», de Zorita
(Guadalajara) y la puesta en marcha de un plan de desarrollo de
energías alternativas en la zona de influencia. Presentada por el
Grupo Parlamentario Socialista. (Número de expediente 161/000170.) .
. . (Página 3188)
Se abre la sesión a las diez y cinco minutos de la mañana.
COMPARECENCIA DEL SEÑOR MINISTRO DE HACIENDA (MONTORO ROMERO) PARA
INFORMAR SOBRE:
- LOS EFECTOS DE LA REFORMA DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE LAS
PERSONAS FÍSICAS (IRPF). A PETICIÓN PROPIA. (Número de expediente
214/000030.)
- LA PRIVATIZACIÓN DE LA EMPRESA NACIONALSANTABÁRBARA. A SOLICITUD
DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA. (Número de expediente 213/
000064.)
- EL MARCO DE APOYO COMUNITARIO PARA ESPAÑA Y, EN ESPECIAL, DE SUS
CONSECUENCIAS PARA GALICIA. A SOLICITUD DEL GRUPO PARLAMENTARIO
MIXTO. (Número de expediente 213/000194.)
- SOLICITUD DE COMPARECENCIA DEL SEÑOR MINISTRO DE INDUSTRIA Y
ENERGÍA PARA EXPLICAR LAS CIRCUNSTANCIAS QUE RODEAN LA VENTA DE LA
EMPRESA NACIONAL SANTA BÁRBARA A LA MULTINACIONAL GENERAL DYNAMIES.
FORMULADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO. (Número de expediente
213/000009.)
El señor PRESIDENTE: Se abre la sesión.
Hoy, como SS.SS. conocen en el orden del día tenemos la celebración
de las siguientes comparecencias del ministro de Hacienda: En primer
lugar, a petición propia, para explicar los efectos de la reforma del
impuesto sobre la renta de las personas física. En segundo lugar,
para que informe sobre la privatización de la Empresa Nacional Santa
Bárbara. A petición del Grupo Parlamentario Socialista. Y en tercer
lugar, para
informar acerca del marco de apoyo comunitario para España y, en
especial, de sus consecuencias para Galicia. A petición del Grupo
Parlamentario Mixto.
Como hay también una solicitud del Grupo Parlamentario Mixto,
pidiendo la comparecencia del Ministro de Industria y Energía, en
relación también a la Empresa Nacional Santa Bárbara, si la Comisión
no tiene inconveniente, se acumularían las cuatro comparecencias, dos
de las cuales coinciden.
Señor Ministro, bienvenido a la Comisión de Economía y Hacienda y
tiene usted la palabra.
El señor MINISTRO DE HACIENDA (Montoro Romero): Señor presidente,
señorías, en 1996 el Partido Popular se presentó a las elecciones
generales en España con un programa electoral que en materia fiscal
se proponía abordar una amplia reforma. Esta reforma fiscal debía
estar orientada a estimular el empleo, el crecimiento, el ahorro y la
inversión, a partir de un reparto más equitativo de la carga
tributaria y de una estructura más sencilla y comprensible para el
contribuyente. La aplicación gradual de la reforma permitiría
reducir, al mismo tiempo, la carga fiscal de los contribuyentes y el
déficit público. Hoy, cuatro años después, podemos y debemos
comprobar el grado de acierto de los propósitos que entonces nos
planteábamos.
Dentro de la reforma de la fiscalidad española ocupaba un lugar muy
destacado el impuesto sobre la renta de las personas físicas. Este
impuesto, conocido por sus siglas, el IRPF, es, sin duda alguna, uno
de los pilares básicos de nuestro sistema tributario. Es un tributo
donde se conjugan los principios de capacidad económica, igualdad y
progresividad tributaria y, por ello, es el instrumento más idóneo no
sólo para financiar la recaudación del Estado, sino también para
mejorar la distribución de la renta y, por tanto, para garantizar los
principios de solidaridad tributaria. Ya al comienzo de la pasada
legislatura el Gobierno inició modificaciones fiscales para impulsar
la actividad económica, favorecer la neutralidad del impuesto e
impulsar el ahorro, modificaciones que anticiparon, en parte, la
reforma del IRPF. Así, el Real Decreto-ley 7/1996, modificó la
tributación de los incrementos de patrimonio irregulares,
estableciendo un régimen más acorde con las iniciativas presentes en
aquel momento en los países más avanzados, eso sí, manteniendo
transitoriamente los coeficientes reductores a los bienes adquiridos
antes del 31 de diciembre de 1994. Igualmente, y anticipándose un año
a la reforma, el régimen tributario de la renta de actividades
económicas se modificó en los términos actualmente vigentes por la
Ley 66/1997, de 30 de diciembre, mejorándose el tratamiento de las
mismas y facilitando el cumplimiento de las obligaciones formales de
los empresarios.
En el año 1998 se llevó a cabo la reforma definitiva del IRPF, con
una ley que ha supuesto una reducción de los impuestos para todos los
españoles. La reforma de 1988, además de suponer claramente un antes
y un después respecto a nuestro impuesto sobre la renta de las
personas físicas, mejorando mucho la situación de asalariados y
familias, especialmente de las rentas más bajas, es parte de un
proyecto global desde el punto de vista tributario y también
económico, en plena coherencia con las medidas, tanto tributarias
como de otro orden, aprobadas por el Gobierno del Partido Popular en
estos años. El impuesto vigente hasta la aprobación del nuevo IRPF
era claramente más injusto, ineficaz para crear empleo y estaba
alejado de las orientaciones y de las reformas que ya para entonces
se planteaban en la mayoría de los países de nuestro entorno. Era
aquel impuesto más injusto, decía, por tres motivos: porque resultaba
más gravoso para los que menos tienen; por su complejidad técnica,
que hacía imposible adecuar las retenciones a la verdadera obligación
de contribuir de los ciudadanos y, sobre todo, siendo el IRPF el
impuesto de la progresividad y pensado para incidir directamente
sobre la redistribución de la riqueza, era el impuesto que menos
crecía de nuestro sistema tributario, sin duda aquejado por su grave
ineficiencia. En el año 1991 ya se había elegido de cara a este
impuesto en nuestro país un camino diferente, incluso opuesto al que
seguían los países más avanzados de la OCDE, desde el punto de vista
de reducción de tramos, de simplificación del impuesto y de reducción
de sus tipos marginales. Así, en 1996 el IRPF español tenía 16
tramos, once más que la media de los países industriales y siete
puntos por encima del marginal de la media de los países
desarrollados. Esta era la realidad de la que partió la reforma
llevada a cabo por el Gobierno. Esa realidad nos llevó a plantear
unos objetivos que nos permitiesen aprovechar las oportunidades que
en ese momento se ofrecía a la economía española, sobre todo en
términos de aumentar nuestro crecimiento y nuestro empleo, y lograr
un reparto más equitativo y más justo de la carga tributaria.
Lo primero que nos planteamos fue cómo íbamos a poder aumentar la
capacidad de crecimiento de la economía española a través del nuevo
impuesto sobre la renta de las personas físicas. La respuesta era
clara y
única: mejorando las posibilidades del empleo. No cabe duda que desde
el punto de vista del crecimiento, una reducción de impuestos afecta
a la renta disponible de las familias, pero casi más importantes son
los efectos que tiene este impuesto sobre algo tan fundamental como
la capacidad de los ciudadanos para conseguir un puesto de trabajo.
Una de las consecuencias más importantes de la reforma está en el
aumento de la potencialidad del empleo en nuestro país. Se planteó
con la idea de que su reducción fuese mayor para los que percibiesen
rentas de trabajo. Esto era importante. Las rentas de trabajo iban a
reducirse más que cualquier otra renta en el impuesto. Además, la
nueva configuración del tributo iba a permitir avanzar en el
acercamiento de las retenciones de los trabajadores a las
obligaciones reales del pago de impuestos. De esta forma, íbamos a
poder subsanar gran parte de los errores del modelo vigente en
aquellas fechas. Pero para mejorar la situación de empleo, el
impuesto sobre la renta de las personas físicas tenía que estimular,
a su vez, el ahorro y la inversión necesarias para garantizar el
crecimiento de la economía. En ese sentido, en junio de 1996 tomamos
decisiones sobre la posibilidad de aumentar el ahorro de las familias
españolas y, sobre todo, de estimularlo, para que ese ahorro se
depositara en activos financieros de medio y largo plazo. Me gustaría
hacer un breve resumen de las consecuencias de aquellas decisiones en
materia tributaria.
Las medidas fiscales adoptadas en junio de 1996 por el Gobierno
tuvieron un efecto positivo en el desarrollo de los mercados de
valores y de las instituciones de inversión colectiva, dando un
fuerte impulso a la financiación de la economía. La reforma del IRPF
supone una reducción del impuesto para todos los ciudadanos, pero
especialmente para los de menores ingresos familiares y más en
concreto para aquellos que viviesen de rentas salariales o de una
pensión. De esta forma, entendíamos que se avanzaba en la
solidaridad, pero consideramos que todavía podíamos avanzar más,
haciendo más sencillo el impuesto, lo cual tendría a su vez efectos
positivos en la lucha contra el fraude, ya que a través de la
simplificación podrían liberarse recursos humanos y materiales para
destinarlos a este cometido.
Antes de pasar a exponer cuáles han sido los resultados del primer
año de aplicación, de vigencia del nuevo IRPF, quiero destacar que la
reforma aprobada en 1998 supuso la plasmación del nuevo modelo
económico hacia el que se orienta toda la política del Gobierno del
Partido Popular. Es un modelo de evolución económica, de crecimiento,
basado en la estabilidad presupuestaria, en la estabilidad de
precios, en reformas estructurales y en el apoyo de las políticas de
competitividad. Un modelo que contempla bajar los impuestos y mejorar
los gastos sociales. Un modelo que pretende conseguir como principal
objetivo un crecimiento vigoroso de nuestra economía, intenso en la
generación de empleo y que, además, mejore el bienestar de todos y
cada uno de los ciudadanos españoles. La reforma aprobada en 1998 ha
sido la más profunda de los últimos años, siendo la primera vez que
en democracia se han bajado los impuestos de manera generalizada en
nuestro país. La reforma ha supuesto una bajada de impuestos para
todos los ciudadanos españoles, pero de un modo especial es intensa
para asalariados y pensionistas, para familias y para los
contribuyentes de menor capacidad económica.
Por lo que respecta a la metodología utilizada para analizar los
resultados de la reforma, los cálculos se han realizado con el 97 por
ciento de las declaraciones procesadas y la totalidad de las
declaraciones por retenciones. Además, para hacer la comparación
efectuada, se ha aplicado a los declarantes de 1999, la normativa de
1998 y la vigente en 1999, es decir, la que corresponde al nuevo
impuesto sobre la renta. Los objetivos de la reforma han sido
conseguir un impuesto más equitativo, un impuesto más eficiente en
términos económicos y también un impuesto más sencillo, más accesible
al contribuyente. Ala luz de los resultados cuantitativos que ahora
resumiré, podemos decir que estos objetivos se han alcanzado de una
manera bastante plena. En efecto, los resultados de la reforma del
IRPF, que más adelante voy a exponer con mayor detalle, nos
demuestran que se han obtenido los objetivos propuestos. En síntesis,
los españoles nos hemos ahorrado 800.000 millones de pesetas. El
producto interior bruto ha crecido un 0,5 por ciento por el efecto
directo de la reforma. Sesenta mil nuevos empleos son imputables a la
reducción del IRPF. Han bajado más los impuestos de las rentas más
bajas y las rentas del trabajo. Ha aumentado considerablemente la
base del impuesto, sobre todo el número de contribuyentes. En 1999 ha
habido 700.000 nuevos contribuyentes que no estaban en 1998. Se ha
reducido en cinco millones el número de contribuyentes con obligación
de declarar.
La reforma del impuesto se plantea, en primer lugar, para mejorar su
equidad y con esa intención se introdujo la mejora del mínimo
familiar. El hecho de no gravar la parte de renta que cubre las
necesidades básicas personales y familiares del contribuyente, otorga
mayor progresividad a la escala. Por otra parte, el mínimo familiar,
al restarse de la base imponible, consigue que muchos contribuyentes
no tengan obligación de declarar. Con el sistema anterior a la
reforma era obligatorio hacer la declaración y alcanzar cuota
positiva para poder beneficiarse de las ayudas familiares. Los
resultados obtenidos con la reforma ratifican la mayor equidad del
impuesto; la reducción ha favorecido particularmente a los
contribuyentes con rentas más bajas. La cuota líquida total se reduce
en 800.000 millones de pesetas; es decir, supone un 13,7 por ciento
menos de lo que se habría alcanzado en caso de no haberse realizado
la reforma. La reducción para rentas inferiores a dos millones de
pesetas ha sido del 38,8 por ciento. Los contribuyentes no
declarantes -modelo 104- han experimentado una reducción del 30 por
ciento. La
reducción de la cuota líquida ha sido especialmente beneficiosa para
las rentas del trabajo: 14,55 por ciento. Cuando se deriva de
rendimientos del trabajo inferiores a dos millones, dicha reducción
es del 45,93 por ciento. En términos medios, la reducción de la
factura fiscal del conjunto de los contribuyentes supone 58.156
pesetas, siendo la reducción de los que declaran rentas del trabajo
el doble de la del resto de declarantes.
Otro elemento que demuestra el mejor trato recibido por las rentas
del trabajo es la reducción de su participación en la base imponible.
La participación de las rentas del trabajo en la base imponible
homogeneizada pasa del 82,2 por ciento, en 1998, al 81,1 por ciento
en 1999, a pesar de que estas rentas han aumentado su participación
en el conjunto del producto interior bruto como consecuencia de que
en ese año se registró, afortunadamente, un intenso incremento en la
creación de empleo. La proporción de cuota líquida que corresponde
a los rendimientos del trabajo pasó del 84,8 por ciento, en 1998, al
77,3 por ciento en el año 1999; ésta es la primera vez que se produce
esta tendencia a la reducción del peso en la cuota líquida de los
rendimientos del trabajo en la historia del impuesto. Por el
contrario, la proporción de cuota líquida que corresponde a rentas de
origen patrimonial pasó del 6,3 por ciento, en 1998, al 11,7 por
ciento en 1999.
Por otra parte, hay que destacar los efectos inmediatos del ajuste de
las retenciones. Esta rebaja de las retenciones y su mejor adaptación
a las verdaderas circunstancias de cada contribuyente permite a los
trabajadores disfrutar por adelantado del incremento de su renta
disponible y estimula la incorporación al mercado de trabajo al
mejorar el salario neto. La reforma consigue que, en 1999, se les
haya retenido a los contribuyentes 541.539 millones de pesetas menos
-un 9 por ciento-. La reducción de las retenciones ha sido notada con
mayor intensidad por los perceptores de rendimientos del trabajo
frente a los de rendimientos de capital. Las retenciones sobre
rendimiento de trabajo se reducen en 698.452 millones de pesetas
-13,8 por ciento, frente al 9 por ciento de reducción media-. Las
retenciones de trabajo a pensionistas -frente a las de los
trabajadores en activo- se reducen un 31 por ciento, 157.065 millones
de pesetas. En cuanto a los perceptores de nóminas más bajas -frente
a los de rendimientos mayores-, las retenciones de trabajo para las
rentas inferiores a 3.500.000 pesetas se reducen un 15 por ciento,
esto es, 295.659 millones de pesetas.
En segundo lugar, la reforma del impuesto ha conseguido que éste sea
más eficiente. La bajada de los impuestos reduce su incidencia sobre
las decisiones de las personas. Estas decisiones individuales
configuran la evolución de la economía y por eso, gracias a la
reducción del IRPF, la economía está menos condicionada y es más
eficiente. Además, los efectos derivados de la reforma no se
restringen sólo a un año, sino que modifican las condiciones de las
variables macroeconómicas de manera permanente y acumulativa.
Entre los efectos producidos por la reforma, podemos destacar
aquéllos que han generado formación de ahorro y los que han incidido
sobre el crecimiento económico. Respecto al ahorro, la reforma del
impuesto se planteó tres objetivos: reducir la desincentivación que
los altos tipos impositivos provocan sobre el ahorro privado,
competir con éxito frente al exterior y fomentar el ahorro a largo
plazo.
Se ha conseguido reducir el descenso del estímulo sobre el ahorro
privado. La reducción de los tipos impositivos del impuesto consigue
un doble efecto sobre el ahorro al incrementar a la vez la renta de
los contribuyentes y la rentabilidad neta del ahorro; este doble
efecto incrementa el ahorro de las familias en un 0,23 por ciento
sobre el PIB. También hemos avanzado en la capacidad de competir
frente al exterior desde el punto de vista fiscal. La reforma ha
supuesto una gran aproximación al tratamiento fiscal del ahorro en
los países más desarrollados de la OCDE y en los de la Unión Europea,
tanto en el tipo impositivo que se aplica a estas rentas como en los
plazos que se consideran para los rendimientos irregulares. Esta
aproximación reduce las posibilidades de deslocalización del ahorro
en función de la fiscalidad. Las modificaciones establecidas en el
Real Decreto 3/2000, de junio, profundizan en esta misma dirección al
reducir tanto el plazo como el tipo impositivo aplicado a las
ganancias de capital. Gracias a estas medidas, las desgravaciones
fiscales destinadas a fomentar el ahorro crecen en los Presupuestos
Generales del Estado para el año 2001 en un 145 por ciento.
Quiero subrayar también, señor presidente, el estímulo que se ha
introducido en cuanto al ahorro a largo plazo. La reforma diseña un
impuesto dirigido a primar el ahorro a largo plazo, que, sin duda
alguna, es fundamental para la financiación de la economía. Las
aportaciones a planes de pensiones que disfrutan de beneficio fiscal
han sido, en 1999, de 54.500 millones más que el año anterior, lo que
supone un crecimiento del 11 por ciento. Los depósitos a largo plazo
también han acusado el mejor trato que reciben con la reforma al
rebajarse sus retenciones y mejorar la tributación en función del
plazo. Dentro del ahorro de las familias, los depósitos a largo plazo
crecieron un 10 por ciento en 1999, mientras que en 1998 lo habían
hecho en el 1,2 por ciento. Los seguros de vida, como expresión de
ahorroprevención, ahorro a largo plazo, también se han beneficiado de
la reforma y han experimentado un aumento del 38 por ciento en 1999,
frente al crecimiento del 7,5 por ciento de 1998.
Además del ahorro a largo plazo en forma de activos financieros, la
reforma ha seguido primando de manera especial la inversión en
vivienda habitual. La nueva deducción aporta un tratamiento más
equitativo al primar la inversión en función del tiempo de compra y
limitar su cuantía. Esta mejora llevó a que, en 1999, el número de
declarantes inversores en vivienda habitual se incrementara en unas
200.000 personas, el 4 por
ciento más de las que ya utilizaban esta desgravación en 1998. El
total de declarantes que disfrutaron de deducción por vivienda en
1998 ascendió a cinco millones.
Otro aspecto a destacar de la reforma son sus efectos sobre el
crecimiento económico. El incremento de la renta disponible en
800.000 millones de pesetas consigue un impulso económico de más de
0,5 décimas del producto interior bruto; impulso que, en términos de
consumo e inversión, supone un incremento adicional del 0,7 y 0,6,
respectivamente. La renta neta declarada se incrementa un 10 por
ciento en 1999 y 1,8 puntos de ese incremento se deben al efecto de
la reforma, es decir, un 17 por ciento del incremento. Igualmente,
541.000 millones son la bajada de retenciones del año 1999 y 259.000
son el efecto en la cuota líquida, impuesto finalmente pagado en el
año 2000.
La recaudación efectiva del IRPF creció un 3,9 por ciento en 1999 y
el conjunto de recaudación del Estado lo hizo un 9 por ciento, por lo
que el porcentaje de ingresos tributarios sobre el producto interior
bruto se incrementó ligeramente en 1999 respecto de 1998. El mejor
cumplimiento impositivo y el crecimiento de contribuyentes, 700.000,
derivado de las nuevas personas que acceden a un empleo, motiva este
incremento de la recaudación, tanto en renta como en el resto de
impuestos. El ligero crecimiento del porcentaje de ingresos
tributarios sobre el producto interior bruto y la reducción del
déficit público acreditan lo que ha sido la política de saneamiento
presupuestario aplicada por el Gobierno. La reforma supone una mejora
de las expectativas de nuestra economía, que ha contribuido a
mantener la tendencia expansiva en un año, 1999, en el que el resto
de los países europeos acusó los efectos de la crisis financiera
mundial que se tradujo en una ralentización de su crecimiento
económico.
En cuanto al coste neto de la reforma, asciende a 543.279 millones de
pesetas, es decir, de los 800.000 millones de reducción de la cuota,
se recuperan 256.721 millones de pesetas por el impulso económico en
buena medida explicado por el efecto de la reforma, un 32,09 por
ciento de la rebaja. Esta tasa de retorno es del 22,5 por ciento, sin
considerar el avance, la mejora inducida de las cotizaciones
sociales. Por tanto, el efecto que la reforma tiene sobre la
recaudación de otros impuestos más ligados a la coyuntura consigue
que se recuperen 180.325 millones de pesetas. El detalle es el
siguiente: 106.787 millones de pesetas corresponden al aumento de la
recaudación del IVA inducido directamente por la propia reforma;
24.942 millones de pesetas corresponden a los impuestos especiales;
28.662 millones de pesetas corresponden al propio IRPF y 19.934
millones es el incremento de recaudación en el impuesto sobre
sociedades que se debe a la reforma del IRPF. A todo ello hay que
añadir los 76.396 millones de pesetas que se recuperan a través del
incremento de
recaudación en las cotizaciones sociales derivado de un incremento en
el empleo.
La principal característica de la evolución económica de los últimos
años ha sido precisamente la intensa creación de empleo. El
crecimiento económico se ha trasladado a puestos de trabajo,
mejorando la elasticidad del empleo con respecto al producto interior
bruto. El impulso de la creación de empleo ha sido uno de los
principales objetivos y sin duda el mejor logro de la reforma del
impuesto sobre la renta de las personas físicas. La rebaja de los
tipos impositivos, la inmediata adaptación de las retenciones y la
mejora en el tratamiento de los rendimientos del trabajo han
conseguido la creación de más de 60.000 puestos de trabajo
adicionales durante 1999, lo que supuso el 8,5 por ciento del empleo
creado en ese año según la encuesta de población activa. La
consolidación de la reforma conseguirá también incrementos
adicionales del empleo en los próximos años. Esta rebaja equitativa
de las retenciones incentiva la incorporación de nuevas personas al
mercado de trabajo y en particular la incorporación de mujeres. La
reducción del coste fiscal de trabajar induce a que muchos segundos
perceptores de renta encuentren más rentable incorporarse al mercado
de trabajo y añadir de esa forma una renta adicional a la familia.
Ese es un efecto muy positivo de la reducción de las tarifas del
impuesto, de la mejora del mínimo familiar en el impuesto y, en
definitiva, de la nueva configuración del impuesto en cuanto a
estimular una mayor igualdad de oportunidades reales entre los
ciudadanos y entre los miembros de una familia que en muchas
ocasiones, por los altos impuestos, se encuentran faltos de estímulo
para su incorporación a la población activa, en la búsqueda de un
empleo, precisamente debido al efecto negativo, desincentivador de
los altos impuestos. Quiero recordar en este punto, señorías, que
precisamente el 60 por ciento de los empleos creados en el año 1999,
416.000 de 699.000 empleos, fueron precisamente empleos para la
mujer. Asimismo, en 1999, 48.300 cónyuges han dejado de estar en
paro, lo que supone un 12 por ciento de la reducción del paro en ese
año.
La reforma reduce la brecha fiscal, es decir, reduce la diferencia
que existe entre el salario que paga la empresa y el que recibe en
forma de salario líquido el empleado, el trabajador. El coste
salarial de las empresas se reduce en forma de menores retenciones a
sus trabajadores, facilitando así la moderación salarial. En términos
agregados, en 1998 la carga que recae sobre los salarios en forma de
cotizaciones de empresas y trabajador y retenciones, representaba el
49,9 por ciento de los salarios brutos pagados por las empresas. En
1999, tras la reducción de las retenciones del impuesto sobre la
renta de las personas físicas, esa misma brecha fue del 47,1 por
ciento, es decir, se redujo en un año en un 5,6 por ciento. Los
gastos de personal de las empresas, que representaban en 1998 el 163
por ciento de los salarios líquidos, en 1999 representaron el 158 por
ciento. Debido
a la progresividad de la reforma, que reduce en mayor cuantía el
tipo de retención a los salarios bajos, los efectos sobre la brecha
fiscal son especialmente significativos para las empresas intensivas
en mano de obra. Las empresas personales experimentan una mayor
reducción de la brecha fiscal, un 7 por ciento; del 45,3 por ciento
en 1998 al 42,1 por ciento en 1999.
El tercer objetivo que se perseguía con la reforma del IRPF era
conseguir un impuesto más sencillo. Igualmente que con los dos
objetivos anteriores podemos decir que este efecto se ha conseguido
en bastante medida por cuanto el nuevo impuesto reduce el número de
declarantes, mejora el ajuste de retenciones, reduce los trámites,
agiliza las devoluciones y mejora el cumplimiento de las
obligaciones. En efecto, con la reforma se ha conseguido reducir el
número de declarantes. Así se ha liberado a cinco millones de
contribuyentes de la obligación de declarar. Dentro de este
colectivo, las opciones seguidas han sido las siguientes. En
1.657.400 casos se ha optado por presentar la declaración del
impuesto aun no estando obligados a hacerlo; los motivos principales
para ello, según hemos detectado a través de una encuesta realizada
entre los mismos, han sido los siguientes: el consejo de una persona
cercana, la fuerza de la costumbre y el desconocimiento del
procedimiento. En 1.938.903 casos se ha presentado la solicitud de
devolución rápida, solicitudes que se corresponden con 2.801.715
contribuyentes. En el resto de los casos, al no haber optado por
ninguna de las dos anteriores, cabe suponer que por lo general su
impuesto final ha coincidido con las retenciones practicadas. En el
año 1999 hay 700.000 nuevos declarantes, cifra que duplica el
incremento que se produjo en 1998. También se mejora el ajuste de las
retenciones. En este sentido, si nos fijamos en el número de
contribuyentes que presentan un grado de ajuste cuasi perfecto entre
retenciones y cuota líquida, entendiendo por cuasi perfecta una cuota
diferencial que por exceso o por defecto no sea superior a 25.000
pesetas, han aumentado un 30 por ciento. La mejora en el ajuste es
especialmente significativa para los contribuyentes que con rentas
inferiores a tres millones y medio de pesetas han solicitado
devolución rápida, dado que el porcentaje de ellas con ajuste cuasi
perfecto ha aumentado un 62,6 por ciento.
El nuevo impuesto también reduce los trámites. Con el sistema actual
el contribuyente para obtener su devolución ha tenido que
cumplimentar una sencilla solicitud en la que, a diferencia del
sistema previo a la reforma, no ha tenido que recopilar la
información, efectuar cálculos y liquidar el impuesto, cumplimentar y
presentar la declaración ni asumir la responsabilidad por la
declaración presentada. Además, la reforma del impuesto ha permitido
seguir avanzando todavía en mayor medida en el proceso de paulatina
agilización de las devoluciones. Así, en el presente ejercicio y en
virtud del nuevo procedimiento de devolución rápida loscontribuyentes
han empezado a percibir sus devoluciones
en el mes de marzo, y antes del 1 de mayo ya se habían efectuado
devoluciones a 1.400.000 contribuyentes. De este modo la reforma ha
permitido un avance relevante en el ritmo general de las
devoluciones, avance en el que también han contribuido los
continuados esfuerzos realizados en el campo de la información,
asistencia y utilización de nuevas tecnologías. Más de un 95 por
ciento de las declaraciones han sido elaboradas utilizando el
programa Padre, desarrollado por la Agencia Tributaria, y en el año
2000 se han presentado 115.214 declaraciones por Internet, con un
incremento del 434 por ciento con respecto a las presentadas en 1999.
Finalmente, se mejora el cumplimiento de las obligaciones fiscales.
Son varios los factores que, vinculados a la reforma del impuesto,
convergen en favorecer un mejor cumplimiento de las obligaciones
tributarias. En primer término, por la propia reducción de los tipos
impositivos, pues es un valor aceptado unánimemente que los impuestos
más altos incentivan el incumplimiento y los más bajos el
cumplimiento. En segundo lugar, por la asunción por la Agencia
Tributaria de las tareas y cálculos conducentes a la devolución de
los no declarantes, eliminando para los mismos el potencial riesgo de
liquidaciones incorrectas. Finalmente, por el nuevo modelo de gestión
vinculado a la reforma que inicia una tendencia que debe ir
acrecentándose, en función de la cual los menores costes de gestión
liberan recursos que permiten aumentar los destinados al control. En
conjunto, los tres factores descritos han reforzado la línea
estratégica de la Agencia Tributaria que, favoreciendo el
cumplimiento voluntario, con un esfuerzo decidido y sostenido de
aumentar las facilidades, incrementar y mejorar los servicios de
ayuda, perfeccionar la información y asistencia, y mejorando la
eficacia del control, está consiguiendo progresivamente mejores cotas
de cumplimiento fiscal. Lo anterior se constata observando que la
recaudación tributaria líquida ha crecido en 1999, aproximadamente,
un 30 por ciento más que el producto interior bruto, medidos ambos en
los mismos términos, sean éstos monetarios o reales.
Finalmente y antes de concluir, quisiera subrayar que el proceso de
reforma del IRPF es un proceso dinámico y, por tanto, no está
concluido. Recientemente hemos aprobado el Real Decreto-ley 3/2000,
que incluye una serie de incentivos fiscales del ahorro, cuya
finalidad última es contribuir al crecimiento estable de la economía
española y a la generación de empleo. En el mismo hemos mejorado la
tributación de las plusvalías y los seguros de vida y hemos ampliado
los beneficios fiscales para los planes de pensiones y las
mutualidades de previsión social. También en los proyectos de ley de
presupuestos para el año 2001 y en la ley de medidas que acompaña a
este proyecto de presupuestos, hemos avanzado en nuevas mejoras en el
IRPF, ampliando los mínimos para estar obligados a declarar,
mejorando el tratamiento de los seguros de decesos y de las
indemnizaciones por daños y permitiendo a los contribuyentes en
módulos la aplicación de las nuevas deducciones para el fomento de
tecnologías de la información y comunicación.
Quiero concluir, señor presidente, recordando que, gracias, entre
otras cosas, a la reforma del IRPF, los presupuestos del Estado hoy
pueden destinar más recursos a la inversión productiva y al gasto
social y pueden entrar ya en el próximo año en una etapa de
equilibrio presupuestario y esa etapa anticipa lo que será la
preparación y la implantación de una nueva fase de reforma del
impuesto sobre la renta de las personas físicas; una reforma que
comenzaremos a diseñar el año 2001, en la que tendremos en cuenta las
consecuencias derivadas de la aplicación del impuesto sobre la renta
de las personas físicas, lo que nos lleva, en primer lugar, a
destacar que la bajada del impuesto sobre la renta de las personas
físicas tiene un carácter permanente, es decir, no es una bajada
ocasional del impuesto, es una mejora permanente de la renta
disponible de los españoles a la que se sumará la segunda fase de
reforma del impuesto sobre la renta de las personas físicas. Esa
mejora de la renta disponible continuará en esta legislatura y
seguirá siendo especialmente beneficiosa para las rentas más bajas,
para las rentas medias y medias más bajas y para los contribuyentes
que tienen cargas familiares. En definitiva, seguiremos disponiendo
de una estructura de tarifa del impuesto que acerque nuestra
configuración del sistema tributario al que tienen los países más
avanzados de nuestro entorno.
Con lo expuesto anteriormente, doy por concluida la parte
correspondiente al informe sobre las consecuencias de la reforma del
impuesto sobre la renta de las personas físicas, y paso a las otras
dos cuestiones por las que los diferentes grupos parlamentarios
habían solicitado mi comparecencia. En primer lugar, me referiré a la
privatización de la Empresa Nacional Santa Bárbara.
Quiero recordar, señor presidente, en relación con la privatización
de Santa Bárbara, el sentido del plan estratégico de privatizaciones
iniciado por el Gobierno en 1996, a través del cual muchas de las
empresas que antes pertenecían al sector público se han incorporado
el sector privado, afrontando mejores condiciones y mayor eficiencia
para adecuarse a las reglas de un mercado cada vez más competitivo.
Durante años contamos con un importante número de empresas que
suministraban sus producciones a nuestra economía y que año tras año
necesitaban importantes inyecciones de capital procedentes de
recursos públicos para continuar existiendo. El tiempo ha demostrado
que solo con aportaciones de dinero no se garantiza la viabilidad de
las empresas ni los puestos de trabajo que de ellas dependen.
El entorno económico internacional al que se enfrentan estas empresas
ha cambiado y sigue cambiando radicalmente. Es imprescindible, por
tanto, llevar hacia
delante las privatizaciones necesarias que permitan amoldarse al
signo de estos nuevos tiempos para mejorar la capacidad de expansión
y de competencia de nuestras empresas y preservar e incluso
incrementar los puestos de trabajo en las mismas, siempre en
constante diálogo con las partes implicadas y, especialmente, con los
sindicatos de esas empresas.
La mayor interrelación de los mercados a incrementado
considerablemente la competencia, lo cual obliga a nuestras empresas
a mejorar sus inversiones en capital y tecnología, incrementar sus
redes comerciales, mejorar su organización y llevar a cabo alianzas
estratégicas. Los nuevos retos de un mercado global requieren que
dejemos a las empresas la libertad de acción suficiente para
asumirlos, sin que la Administración se convierta en un lastre o una
rémora para ellas. España se ha convertido en estos últimos años en
uno de los países con mayor grado de apertura entre los países
industrializados, y hoy contamos con un conjunto de empresas
multinacionales en sectores estratégicos, empresas que hasta no hace
mucho eran públicas, que han sabido incorporarse el proceso de
internacionalización con éxito y que están permitiendo la expansión
de nuestra economía, expansión que está referida a otros países,
fundamentalmente de Europa y de Iberoamérica. Detrás de ellas está
también expandiéndose un gran número de pequeñas y medianas empresas
y, por tanto, está detrás un proceso muy importante de creación de
empleo, tanto en España como en los países donde se está llevando a
cabo este proceso de inversión directa.
Con el Plan estratégico de privatizaciones se establecieron cuatro
categorías de empresas -las privatizables inmediatamente, las que
necesitaban previamente la desregulación del sector en el que
actuaban, las que requerían de un saneamiento previo desde el punto
de vista patrimonial y las no privatizables a medio plazo pero que
debían desarrollar alternativas de viabilidad-. Santa Bárbara ocupaba
la categoría de las que requerían un saneamiento previo. Esta empresa
llegó a una situación de quiebra técnica, con pérdidas acumuladas,
entre 1990 y 1996, de 110.000 millones de pesetas, al mismo tiempo
que se reducían considerablemente sus ingresos. Para poner fin a
aquella situación y conseguir su viabilidad, se puso en marcha un
plan que contemplaba un proceso de redimensionamiento, el
fortalecimiento de las actividades de I + D y un amplio programa de
inversiones para mejorar la competitividad de la compañía y su
posición en los mercados. Así, las pérdidas se han reducido
significativamente, pasando de 27.547 millones de pesetas, en 1995, a
2.289 millones de pesetas, en 1999, y se han desarrollado nuevos
productos con un importante nivel tecnológico. Para culminar este
proceso de adaptación competitivo llevado a cabo en la Empresa
Nacional Santa Bárbara también resulta imprescindible su alianza con
socios de capacidad tecnológica, industrial y comercial para
facilitar la consolidación de la compañía, garantizar un volumen
de negocio estable y que, al mismo tiempo, permitiera atender los
requerimientos de la defensa nacional. Se han buscado socios para que
Santa Bárbara reforzara sus propios procesos de innovación
tecnológica, potenciara los nuevos productos y mercados que
aseguraran la estabilidad en el empleo, garantizaran la actividad
productiva de todas las factorías y mejoraran la competitividad de la
compañía.
El proceso de privatización de Santa Bárbara está abierto. Se sigue
estudiando sin plazos, sin fechas, sin límites la opción más
conveniente desde todos los puntos de vista para, en el momento
oportuno, presentar las diferentes alternativas al propio Consejo de
Ministros. Como en el resto de las privatizaciones, en la decisión
del Gobierno se tendrán en cuenta criterios económicos y sociales,
criterios tan importantes como la viabilidad del proyecto
empresarial, la aportación tecnológica y la conservación de los
puestos de trabajo.
Por último, en relación con la solicitud de comparecencia relativa al
marco de apoyo comunitario y sus implicaciones para Galicia, señor
presidente, quiero precisar, en primer lugar, la aprobación por la
Comisión Europea, el pasado 18 de octubre, del marco de apoyo
comunitario 2000-2006 para las regiones españolas del Objetivo número
1, lo cual ha representado un momento importante, decisivo, sin duda
alguna, del proceso a través del que España va a acceder a los fondos
estructurales europeos que fueron consecuencia de la positiva
negociación de la Agenda 2000. En efecto, del total de fondos
estructurales que España podrá percibir en el período 2000-2006 -45
millones de euros de 1999-, el 84,5 por ciento será en virtud del
Objetivo número 1, cuya misión es favorecer la cohesión económica
y social de las regiones más atrasadas. En España, a pesar del fuerte
crecimiento económico experimentado en los últimos años, se incluyen
en esa condición Andalucía, Extremadura, Canarias, Galicia, Valencia,
Murcia, Asturias, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Ceuta y
Melilla. En conjunto, el producto interior bruto por habitante de
estas comunidades autónomas se sitúa en el 68 por ciento de la media
comunitaria. El marco de apoyo comunitario 2000-2006, cuya
negociación abrió la Comisión Europea el pasado mes de mayo,
constituye la culminación de un considerable esfuerzo de programación
estratégica iniciado con la elaboración del Plan de desarrollo
regional, presentado por España hace ahora casi un año, en el cual
han participado las distintas administraciones regionales españolas
interesadas y cuyo objetivo ha sido el de garantizar que la
aplicación de los fondos resulte plenamente eficaz para alcanzar el
objetivo de convergencia real. Aproximadamente un 73 por ciento de
los recursos comunitarios -más de 4 billones de pesetas- se
concentran en la financiación de aquellas políticas y actuaciones
orientadas a la modernización y mejora de la competitividad de su
tejido y sectores productivos, al impulso de su desarrollo
tecnológico y a la implantación
de la sociedad de la información, al desarrollo de su capital humano
y a la mejora de sus infraestructuras de transportes y
comunicaciones. También he de destacar el importante volumen de
fondos estructurales -más de 1 billón de pesetas- que se aplicarán a
la mejora del medio ambiente, el entorno natural y los recursos
hídricos, así como a promover el desarrollo local, urbano y del medio
rural -cerca de 700.000 millones de pesetas-Como es natural, esas
prioridades estratégicas de carácter general tienen una aplicación
concreta en cada región en función de sus características específicas
y de la problemática de cada una de ellas, así como de sus
respectivas potencialidades y oportunidades de desarrollo.
La distribución entre regiones de los recursos comunitarios es la
resultante de las negociaciones mantenidas, primero, a nivel nacional
y, después, con la Comisión Europea durante la elaboración del propio
marco, en la cual han participado directamente los gobiernos
regionales interesados. Los criterios de distribución aceptados por
la Comisión Europea han estado fundamentalmente basados en los
niveles relativos de renta por habitante de cada una de ellas y en
sus respectivos montantes de población. Así, las regiones más
pobladas van a absorber unos porcentajes más elevados de recursos
totales. Tal es el caso de Andalucía, que va a ser la primera y la
más destacada receptora de fondos, al absorber un 30,5 por ciento del
total de los mismos, lo que representa un total de 11.951 millones de
euros -1,98 billones de pesetas-. Acontinuación, se sitúan las de
Galicia, Castilla y León y Comunidad Valenciana, con el 13,8 por
ciento, 12 por ciento y 11,2 por ciento respectivamente.
Otra cuestión relevante es la importante participación que en la
gestión de los fondos estructurales van a tener las propias
administraciones autonómicas. Según el marco de apoyo aprobado, estas
administraciones van a gestionar el 37,6 por ciento de los recursos
que le han correspondido a España en virtud del Objetivo número 1.
Ese porcentaje que equivale a 14.882 millones de euros -cerca de 2,5
billones de pesetas-, es superior al que gestionaron en el período
1994-1999 -un 35,4 por ciento-. Ello significa, teniendo en cuenta
que los recursos totales que España va a percibir por Objetivo número
1 se van a incrementar notablemente, que los fondos estructurales que
se van a poner a disposición de estas administraciones para financiar
actuaciones de su competencia van a aumentar, en valores reales, un
22 por ciento respecto al período 1994-1999. Este incremento medio ha
sido a su vez modulado para cada una de las regiones en función de su
respectiva renta per cápita.
En el marco de apoyo comunitario aprobado se refleja también la
contribución a realizar por las administraciones nacionales para la
cofinanciación de aquellas políticas y prioridades a las que se
aplicarán los fondos estructurales. Dicha contribución se sitúa en
19.228,3
millones de euros -unos 3,2 billones de pesetas-, de tal forma que el
gasto público total estimado en el marco de apoyo aprobado se cifra
en 58.766,4 millones de euros --unos 9,8 billones de pesetas-. Este
gasto público de origen comunitario y de origen nacional va a tener
indudablemente un considerable impacto sobre la economía española en
términos de crecimiento y de empleo. Estos efectos podrán verse muy
ampliados si los recursos comunitarios y nacionales que se
comprometen a través del marco de apoyo comunitario son capaces de
movilizar un volumen importante de inversión privada. Así, se estima
que la inversión privada inducida va a ser de 26.000 millones de
euros -unos 4,3 billones de pesetas-, es decir, aproximadamente un 44
por ciento del total de recursos públicos comunitarios y nacionales
previstos en el marco de apoyo.
Por otra parte, es importante resaltar la importancia de los
rigurosos procedimientos establecidos en materia de gestión,
seguimiento, control financiero y evaluación de los fondos, así como
las fórmulas establecidas, según las cuales las administraciones de
las regiones van a ser corresponsables en la adecuada aplicación de
todos esos procedimientos. Además, se establecen fórmulas para
garantizar la mejor colaboración de la sociedad española, a través de
la participación de los agentes económicos y sociales más
representativos en los comités de seguimiento, en una adecuada y
eficaz gestión de los fondos.
En lo que se refiere a la participación de Galicia en el marco de
apoyo comunitario del Objetivo número 1, lo primero que hay que
destacar es que en Galicia, como decía anteriormente, se va a aplicar
un 13,8 por ciento del total de los fondos que le han correspondido
a España en virtud de ese objetivo. El porcentaje que representa la
población gallega sobre el total de la población española beneficiada
por el Objetivo número 1 es el 11,7 por ciento. Dicho porcentaje se
corresponde con un montante de 5.407,7 millones de euros, 899.766
millones de pesetas, si se deduce el 4,16 por ciento de los recursos
totales a aplicar, que retiene la Comisión Europea en concepto de
reserva de eficacia, y que se aplicará a partir del año 2004 si se
demuestra que ha existido una gestión eficaz hasta el año 2003.
Los fondos estructurales a aplicar en Galicia se destinan a nueve
grandes prioridades de gasto. Ayudas dirigidas a mejorar la
competitividad de su tejido productivo, incluyendo sectores tan
importantes en la región como la agricultura y la pesca, a mejorar la
cualificación de su capital humano y a desarrollar sus
infraestructuras de transportes. El total de esos recursos supone
casi un 73 por ciento, unos 656.000 millones de pesetas, de los
recursos procedentes de los fondos estructurales. Es especialmente
relevante el montante de fondos estructurales, más de 235.000
millones de pesetas, que cofinanciarán las inversiones en
infraestructuras de transportes y especialmente en materia de
carreteras y ferrocarril. Asimismo, son muy significativos
los fondos estructurales que se destinarán a cofinanciar inversiones
en materia medioambiental, casi 100.000 millones de pesetas, en
desarrollo tecnológico unos 62.000 millones de pesetas y en
desarrollo urbano y rural unos 78.000 millones de pesetas.
En definitiva, con la aprobación del marco de apoyo comunitario, se
formaliza el compromiso de la Unión Europea, de la Comisión, respecto
de los fondos estructurales que se van a aplicar en Galicia. Dichos
recursos, como hemos visto, son cuantiosos y se verán reforzados por
los procedentes del Fondo de cohesión, lo que va a permitir un
esfuerzo inversor muy importante precisamente en aquellos ámbitos que
resultan más decisivos para el desarrollo económico de la región.
El señor PRESIDENTE: Como SS.SS. saben, además de la comparecencia
del señor ministro a petición propia, hay otras tres solicitadas por
los grupos Socialista y Mixto, por lo que intervendrá en primer lugar
el Grupo Parlamentario Socialista.
Tiene la palabra el señor Sevilla.
El señor SEVILLA SEGURA: En primer lugar, una cuestión de
procedimiento. Nosotros no hemos objetado el orden del día, aunque
tengo que reconocer que no soy consciente de que en la reunión de la
Mesa y portavoces acordáramos la inclusión de la comparecencia para
explicar el marco comunitario de apoyo. Nos parece bien que así haya
sido, pero me gustaría que este tipo de cosas no volvieran a suceder
y que el orden del día reflejara lo que se acuerde por la Mesa y
portavoces, porque, insisto, en que no soy consciente de que
aprobáramos este tercer punto.
Señor Montoro, he seguido su intervención con el mismo interés y
entusiasmo con el que usted la ha leído y la verdad es que quiero
agradecérsela. Me parece que en un momento de tribulaciones, en el
cual hay algunas sombras sobre la situación de la economía española,
algunos nubarrones sobre su futuro y algunos problemas reales que
afectan mucho a los ciudadanos, que usted venga a contarnos un cuento
tranquilizador es un esfuerzo que agradecemos. Aunque quiero decirle
que como cuentista no se ganaría usted la vida, puesto que los
cuentos modernos para los niños intentan estimular su inteligencia,
su capacidad de reflexión, intentan en definitiva hacerles pensar y
el cuento que usted nos ha relatado hoy no tiene nada de eso.
Parafraseando una información de su propio Ministerio, considero
absolutamente errónea la noticia que ustedes publican bajo el título
Objetivos y resultados de la reforma del IRPF. Se basa en
proyecciones mal realizadas, las comparaciones son incongruentes y la
información es errónea y enormemente parcial. Además no ha dado
información, ni siquiera lo ha intentado, sino propaganda. Este,
posiblemente, es un documento apropiado para lo que usted hizo, esto
es, hablar de él en una rueda de prensa antes de venir a contarlo
aquí, y probablemente es la información
que usted quería trasladar a los medios de comunicación, pero
es una información (más allá de las discusiones que siempre existen
sobre la cortesía parlamentaria y el hecho de contarlo antes o no a
los medios que al propio Parlamento) poco adecuada para suscitar la
reflexión y el debate, entre otras razones porque usted hace
afirmaciones como las siguientes. Por ejemplo, ¿por qué el impacto de
la reforma sobre el crecimiento del PIB ha sido del 0,5 y no del 0,4
o del 0,6? Porque no da absolutamente ningún argumento del análisis
que les ha llevado a esa cifra. Y lo mismo se puede decir acerca de
los empleos. ¿Por qué 60.000 y no 42.300 ó 72.500? No existe
información sobre la metodología de cálculo que ustedes han utilizado
para llegar a esas conclusiones y no es casual que no exista. No digo
que no exista y que se haya hecho a ojo, pero no es causal que no
exista, ya que, si existe y es pública, es susceptible de ser
contrastada y criticada y, por lo tanto, se puede llegar a
conclusiones diferentes. Quiero destacar lo que desde mi punto de
vista ha sido más interesante para el momento actual de toda su
intervención, que ha sido cuando ha centrado en cuatro puntos su
modelo económico. Ha dicho que está basado en la estabilidad
presupuestaria, en la estabilidad de precios en las reformas
estructurales y en la mejora de la competitividad. Si eso es así, su
modelo económico ha fracasado en toda regla. Estamos debatiendo unos
presupuestos para el año 2001 que están consagrando lo que yo me
atrevería a llamar el inequilibrio presupuestario. Es conocido lo que
es el equilibrio y lo que es el desequilibrio, pero ustedes han
inventado una tercera fórmula, que es el inequilibrio, es decir, el
falso equilibrio, el equilibrio puramente contable, el cual se basa
en que no existe toda la información y toda la contabilización de
ingresos y gastos y, sobre todo, en unas previsiones cara al futuro
con una creencia en que la inflación y todos aquellos gastos
vinculados de una manera u otra o bien a la inflación o bien al
crecimiento del PIB nominal van a estar en torno al 2 por ciento,
cosa que desgraciadamente creo que hasta ustedes saben que no va a
ser posible. Por lo tanto, estabilidad presupuestaria poca. Y en
cuanto a la estabilidad de precios, cuando se puso en marcha el Banco
Central Europeo, hubo mucha discusión sobre qué se entendía por
estabilidad de precios y al final se llegó al consenso de que el 2
por ciento era estabilidad de precios, pero desde luego nuestro 4 por
ciento no. Luego, tampoco tenemos estabilidad de precios en este
momento.
Reformas estructurales. Hace casi seis meses que ustedes aprobaron
por decreto-ley un último paquete de medidas urgentes de reformas
estructurales que no han desarrollado todavía. Seis meses después de
aprobar algo urgente todavía no lo han desarrollado. Más allá de la
valoración que nos mereció en su momento lo que califiqué y sigo
calificando como falsas liberalizaciones, el hecho de que no lo hayan
ni tan siquieradesarrollado demuestra no ya sólo que no era urgente y
que por lo tanto el recurso al decreto-ley era una maniobra de
propaganda más, sino el interés que ustedes tienen en que entren en
vigor incluso aquellas tímidas reformas estructurales que ustedes
aprueban. Mejora de la competitividad, sí, con los países de fuera
del euro, gracias a la depreciación del euro, pero con quienes son
nuestros principales socios comunitarios no. Los propios datos del
Ministerio de Economía -no sé si porque como ahora están separados no
coinciden con los del Ministerio de Hacienda- señalan claramente que
estamos perdiendo competitividad con los países de la zona euro. Por
tanto, si ese es su modelo, su modelo ha fracasado. Quizá sería más
interesante tener una discusión como esa y sobre esos elementos en un
momento como éste (en el cual todo el mundo intuye que estamos en un
punto de inflexión en el ciclo y, por tanto, las posibilidades que se
abren respecto de la evolución de la economía española en los
próximos meses están muy cargadas de incertidumbre) que venir aquí,
sin que se haya detectado por la calle una gran ansiedad de los
ciudadanos por conocer cómo ha ido la reforma del IRPF, para
contarnos este asunto; sobre todo porque lo hace a petición propia.
Es decir, para usted este tema es importante. Para usted, del
conjunto de asuntos que tendrá sobre su mesa y del conjunto de
asuntos que preocupan, por lo menos, a una parte de los miembros de
esta Comisión, que preocupan a los expertos, que preocupan a los
empresarios y que preocupan a los trabajadores, de ese conjunto de
asuntos, usted ha seleccionado este como al que merece darle la mayor
importancia, para que usted venga a contárnoslo. Eso denota dos
cosas, que no tienen por qué ser incompatibles: la primera, que no
quieren hablar del resto y, la segunda, que no se están enterando del
resto. Cabría una tercera interpretación, pero esa prefiero no pensar
que sea cierta.
Vamos a entrar en lo de la reforma del IRPF. En un mundo complejo,
como en el que por lo menos todos decimos que vivimos y algunos
creemos que es cierto, el encontrar una única causa que lo explica
todo resulta difícil y forzado. Yo creía que ustedes la habían
encontrado en la personalidad del presidente del Gobierno, yo creía
que el milagro era el señor Aznar, pero usted hoy ha venido aquí, en
un gesto que sin duda le honra, a decir que no, que el milagro ha
sido la reforma del IRPF. Que lo que explica todo lo que ha ocurrido
en la economía española en estos últimos años, todo o prácticamente
todo, es la reforma del IRPF. Como ejercicio académico usted sabe que
eso no pasaría un tribunal medianamente serio y como ejercicio
político me parece una tomadura de pelo. Con el tema de la reforma me
ha recordado ese viejo chiste que se contaba de los médicos que
decían: La operación ha sido un éxito, el paciente ha muerto, como si
fueran dos cosas distintas, lo que sería la parte técnica de la
operación, en este caso clínica, del resultado sobre el paciente que
ha sufrido dicho operación.
Su reforma del IRPF fue inoportuna en el tiempo, fue falaz en los
objetivos, fue mendaz en los medios y les ha creado serios problemas
en la financiación de las comunidades autónomas. Inoportuna en el
tiempo. Yo recuerdo, y sin duda usted también, cuando aparecieron las
primeras estimaciones sobre el impacto, el coste, que iba a tener la
reforma. Hubo muchas valoraciones al respecto y, al final, hubo un
cierto consenso en torno a que el coste de la reforma estaría
alrededor de los 750.000 millones de pesetas. Cuando esa cifra se
hizo pública, desde su Ministerio se salió como un basilisco a decir
que eso no era cierto, que eso era una exageración, que no iba a
costar tanto y que todo el resto del mundo salvo ustedes estaban
confundidos. Hoy viene usted a decir que ha costado 800.000 millones
de pesetas. Si aceptamos aquello de que rectificar es de sabios,
bienvenida sea la rectificación, pero temo que siguen con el mismo
estilo no ya sólo de contrarrestrar las críticas sino de
descalificarlas. En los últimos días hemos conocido algo que, más o
menos, estaba en el ambiente, el hecho de que ustedes, simplemente
por no haber deflactado la tarifa, no haber deflactado el mínimo
personal y no haber deflactado las deducciones, están retirando de
esos 800.000 millones, en los que usted estima la reforma, al menos
300.000 millones. Y su reacción ha sido la misma que tuvieron cuando
se anunció el coste de la reforma en 750.000 millones, la de negarlo
y descalificarlo e incluso (me atrevo a decir más, porque me lo ha
dicho personalmente la gente que ha trabajado en este asunto)
presionar a quienes discrepan de las cifras oficiales que ustedes en
cada momento estiman oportuno dar. Y eso me parece preocupante,
porque me parece no ya sólo un rasgo de intolerancia criticable sino
que en algunos casos -y sólo quiero apuntarlo aquí, salvo que a usted
le interese que le dé más detalles- resulta un comportamiento poco
acorde con el funcionamiento de un sistema democrático. Sin embargo,
el dato está ahí. El dato está en que ustedes hicieron una reforma
fiscal que inyectó 800.000 millones de pesetas sobre la economía
española, que está en la raíz, posiblemente, del 4 por ciento de
inflación que tenemos en estos momentos, que quizá no fue hecha en el
mejor momento cíclico de la economía -sí es posible que en el mejor
momento electoral para su Gobierno, pero desde luego no en el mejor
momento cíclico de la economía española-, como dicen hoy casi todos
los organismos internacionales. Y como consecuencia de esa reforma y
de ese efecto inflacionista de la reforma, así como del hecho de que
ustedes no hayan actualizado ni las tarifas ni los mínimos, los
ciudadanos estamos pagando más de lo que deberíamos pagar si no se
hubiera producido ese efecto inflacionista; es decir, estamos
devolviendo a Hacienda una parte de lo que se nos dio con la rebaja
de los impuestos y, por otra parte, perdiendo poder adquisitivo como
consecuencia de la desviación de la inflación, hasta el punto de que
podríamos hablar de que en buena parte se ha ido lo comido por lo
servido.
Creo que fue falaz en los objetivos. Usted hoy no ha tenido rubor en
seguir insistiendo en que esta reforma fiscal fomentaba el ahorro. Se
les llenó la boca de la idea del fomento del ahorro, idea por otro
lado muy cara a todo el pensamiento conservador económico en lo que
llevamos de siglo, posiblemente sin darse cuenta de que ya hay
globalización, movimientos de capitales, etcétera; pero usted hoy
sigue insistiendo en que esta reforma tenía como objetivo el fomento
del ahorro. Si eso es así, se han equivocado, ¿qué quiere que le
diga? Estamos en las tasas de ahorro de las economías domésticas más
bajas de la última década. Esta reforma lo que ha fomentado es el
consumo y no el ahorro. Por tanto, o no es verdad que el objetivo
fuera fomentar el ahorro o lo han hecho mal, porque si lo que
pretendían era fomentar el ahorro y lo que han fomentado es el
consumo el error es del cien por cien. También ha sido falaz en los
objetivos cuando siguen insistiendo en que facilita la moderación
salarial y la reducción de la brecha fiscal. Hoy usted ha hablado
menos de esta segunda parte. La moderación salarial en España empieza
a producirse a partir del año 1994, mucho antes de que nadie oyera
hablar de esta reforma fiscal, y las causas fundamentales que la
explican nada tienen que ver con ella. Es más, es un valor, el de la
moderación salarial, que en el contexto del euro deberíamos mimar,
especialmente el Gobierno. Y para eso ustedes deben rectificar dos
cosas; deben situar un objetivo de inflación para el año que viene
que sea creíble y, por tanto, tomado en cuenta por los interlocutores
sociales en las negociaciones salariales y, por otra parte, tienen
que no entorpecer el clima de diálogo social que en estos momentos se
está desarrollando. Todo lo contrario de lo que han hecho. La brecha
fiscal sólo se reduciría por rebaja de impuestos si el empresario se
apropia de ese menor pago impositivo, es decir, si se produce una
transferencia de rentas del Estado al empresario. Sólo en ese caso se
rebajaría la brecha fiscal. Es decir, que la menor carga fiscal, la
mayor renta disponible del trabajador no se traduzca en subidas de
salarios, en mejoras de los beneficios empresariales es la única
manera teórica que existe para la cual una bajada de impuestos rebaje
la brecha fiscal. ¿Es eso lo que están defendiendo? ¿Están
defendiendo que esos menores impuestos que cobra el Estado a los
trabajadores se le devuelvan al empresario a través de un menor
crecimiento de los salarios? ¿Están defendiendo esa transferencia de
renta del Estado a los beneficios empresariales? Bueno, es una opción
política como otra cualquiera. Es falaz, porque ustedes siguen
insistiendo en que esto es el colmo del progresismo. Es la reforma
fiscal que en términos de coherencia con los planteamientos
constitucionales se ajusta más al criterio de contribución en función
de la capacidad de pago. No sé si es o no discutible el criterio
constitucional de contribuir de acuerdo con las circunstancias
personales y la capacidad de pago; eso puede ser discutible. Pero
si no lo discutimos, es poco defendible que una reforma como ésta
haga que paguen más los que más tienen. Aquí hay dos vías
fundamentales: por una parte, la separación radical que han
establecido entre la tributación de las rentas del capital y las
rentas del trabajo y, por otra parte, llevar el mínimo vital de la
cuota a la base; dos operaciones fundamentales cuya consecuencia
clara es que pagan menos los que más tienen. Ustedes hablan en
términos de porcentajes. Es curioso que cuando hablamos de la
evolución de los precios de la gasolina en España no les guste hablar
de porcentajes. Entonces quieren hablar en términos absolutos. Es
curioso. Si alguien contribuye con dos pesetas, y le rebajan una, le
han reducido el 50 por ciento, claro, y si alguien contribuye con 200
millones, y le rebajan 100, también le han rebajado el 50 por ciento,
pero llamar a eso equidad me parece por lo menos no haberse leído la
Teoría de la Justicia de Rauls. Hay una pregunta muy clara y que
tiene que ver con la tributación de rentas de capital y rentas del
trabajo. ¿Cuántos contribuyentes que hayan pagado por incrementos
patrimoniales al 20 por ciento tienen un tipo medio inferior y
cuántos contribuyentes tienen un tipo medio superior? Esa es la mejor
manera de ver a quién ha beneficiado más la reforma fiscal, porque
evidentemente son muchos más los contribuyentes que sin esta reforma
fiscal hubieran pagado más por sus ingresos patrimoniales, que
aquellos contribuyentes que tienen tipos medios por debajo del 20 por
ciento; hasta el punto de que fue un error por su parte situar ahí el
20 por ciento, cuando el tipo mínimo en la escala del IRPF estaba en
el 18 por ciento. Se lo dijimos, no nos hicieron caso, y lo han
tenido que volver a rectificar ahora por el mecanismo de urgencia.
Es una reforma mendaz en los medios. Ustedes han vendido mucho lo de
la simplificación. No sé, señor Montoro, si usted se hace su propia
declaración de la renta o la encarga. Yo me la hago, y desde luego no
soy más torpe que la media de los españoles, y le aseguro que la
última declaración de la renta no me ha resultado más fácil de hacer
que la anterior, en absoluto. A los miles de ciudadanos que tenían
serias confusiones respecto a si debían hacer la declaración o la
comunicación por recibir ingresos menores de 3,5 millones tampoco les
ha resultado más fácil. A las empresas que tienen que llevar a cabo
las retenciones -y que después de la descalificación que ha hecho el
Tribunal Supremo a su sistema de retenciones están teniendo que
volver a cambiarlo todo de arriba abajo- tampoco les ha resultado más
fácil. Por tanto, decir que es una reforma inoportuna en el tiempo,
falaz en los objetivos y mendaz en los medios, es hacer una
valoración al menos con tanta argumentación técnica como el panfleto
que usted nos ha leído hoy. Pero además, les ha creado problemas con
las comunidades autónomas, como no podía ser menos, y como les van a
crear problemas otras muchas políticas que ustedes están
haciendo. Ustedes están decidiendo desde el Gobierno central sobre
figuras impositivas cuya competencia tienen transferida las
comunidades autónomas, y están jugando con ellas sin tener en cuenta
la compensación necesaria que tienen que arbitrar para ellas. Las
comunidades autónomas se lo dijeron. Por cierto, ¿es el 15 o el 30?
Porque en el compromiso de financiación para este quinquenio se
establecía que, al finalizar el mismo, las comunidades autónomas
dispondrían según la capacidad normativa de un 30 por ciento del
IRPF, y no lo han cumplido. Pero incluso sobre el otro 15 por ciento
es evidente que una reforma como ésta afecta a la financiación de las
comunidades autónomas. Ustedes tuvieron que reaccionar, y tuvieron
que hacerlo invalidando totalmente el principio de autonomía
financiera y buscando una nueva regla, una garantía, una red de
seguridad de financiación autonómica vinculada a la evolución del
PIB, es decir, nada que ver con la autonomía financiera.
Supongo que ustedes tienen estudiado el rédito electoral que esta
reforma les ha reportado. Personalmente, tengo mis dudas. No voy a
hacer como usted de la anécdota categoría, pero la gente con la que
hablo -y he hablado mucho en los últimos meses con gente de distintas
capas sociales, de distintas situaciones profesionales e incluso de
distintas edades- no tiene la sensación de que le haya tocado la
lotería con la reforma del IRPF, cuando ven cuál ha sido el efecto
real que ésta ha tenido sobre sus ingresos, digan lo que digan los
porcentajes. En cambio, sí que hay otra gente que tiene la sensación
de que este Gobierno les ha dado un número premiado de la lotería con
esta reforma del IRPF. Digo que no sé si ustedes han estudiado el
rédito electoral que les ha podido producir esta reforma; desde
luego, es el único objetivo con el que la han hecho, porque desde
cualquier otro punto de vista es, cuando menos discutible, sobre todo
con la perspectiva que ahora se abre para una segunda vuelta de la
reforma. Ahí está usted pillado, y yo lo entiendo; está pillado,
porque esto forma parte de un compromiso reiterado por usted y por el
presidente del Gobierno, pero ahora dice que una situación de
inflación elevada no es el mejor momento para hacer la reforma del
IRPF, o al menos eso es lo que yo le he creído entender. Pues esa
inflación elevada es responsabilidad suya. De alguna manera ustedes
son los responsables de que no sea el momento adecuado para plantear
una segunda vuelta de la reforma del IRPF, que desde luego le
adelanto que, si es más de lo mismo, volverá a contar con el voto en
contra del Grupo Socialista, que quiere bajar impuestos, pero quiere
hacerlo de otra manera y a otros grupos sociales.
Vamos con Santa Bárbara. Señor ministro, para mí lo que está
ocurriendo con Santa Bárbara es todo un modelo de mezcla de
ideología, de confusión y, sobre todo, de incompetencia
administrativa, qué quiere que le diga. En este momento ustedes no
han probado la
superioridad de la privatización de Santa Bárbara respecto a la
alternativa de que siga en el sector público; no lo han probado. Por
tanto, en este caso el planteamiento privatizador es claramente
ideológico, en un tema que afecta a un sector estratégico, porque no
estamos hablando de Seat -que por cierto, fue privatizada por el
Gobierno socialista- sino de una empresa de armamento. Por tanto, en
la medida en que no han probado la superioridad de la privatización,
seguir manteniéndola responde mucho más a criterios ideológicos que a
otra cosa. Pero además lo han hecho mal, o porque se precipitaron, o
porque no funcionan bien, o porque no están coordinados y los
distintos miembros de su Gobierno a altísimos niveles -estamos
hablando de secretarios de Estado y de subsecretarios, que asistieron
al consejo de administración de la SEPI hace siete meses, donde se
aprobó la venta de Santa Bárbara a General Dynamics- tomaron una
decisión sin haber preguntado antes -lo cual me parece grave en un
asunto como éste-, o porque ustedes se han encontrado luego con unas
reacciones de otros socios de la Unión Europea, que no fueron capaces
de prever y que demostrarían un estilo de tomar decisiones
excesivamente a la ligera. En este momento lo que más prima es la
situación de confusión. En este momento ya nadie sabe si está
decidida la privatización o no de Santa Bárbara, ya nadie sabe a
quién se le va a dar Santa Bárbara y, desde luego, nadie sabe en qué
condiciones y con qué resultados sobre las distintas plantas, sobre
la carga de trabajo y sobre el volumen de empleo de la empresa.
En ese berenjenal se han metido ustedes solitos; en ese berenjenal,
en el cual están jugando con el futuro de muchas familias que viven
de esta empresa y del que hasta ahora no han dado especiales pruebas
de saber salir, se han metido ustedes solitos, en una muestra, como
decía, de frivolidad política máxima.
Yo espero que se aclaren pronto, espero que conozcamos pronto las
decisiones que al respecto tome el Gobierno, espero conocer también,
por cierto, el informe del consejo de privatizaciones y espero que
dejen de jugar con cosas serias y planteen una solución consensuada,
como usted ha dicho, y que tenga como objetivo fundamental, y repito
casi textualmente sus palabras, garantizar el futuro de la empresa y
garantizar en la medida de lo posible el futuro de sus puestos de
trabajo.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Mixto, tiene la
palabra el señor Aymerich. (El señor Padrol i Munté pide la palabra.)
El orden es el que se ha venido siguiendo en las comparecencias, en
primer lugar tienen la palabra quienes han pedido la comparecencia.
El señor AYMERICH CANO: De todas maneras quiero tranquilizar al señor
Padrol, porque no voy a hablar mucho del tema del impuesto sobre la
renta de las personas físicas, aunque sí voy a mencionar un dato
que casi parece anecdótico pero que es cierto. Esta comparecencia de
hoy no es casual, por lo menos lo sabe el personal de Hacienda, que
tuvo que estar acelerando las devoluciones -aunque les puedo asegurar
que no se completaron- precisamente para que estuvieran acabadas
antes de hoy, o por lo menos esas son las directrices que a
inspectores y subinspectores les pasaron, no sé si desde el
Ministerio o desde la Secretaría de Estado, estos días.
Voy a centrarme en las comparecencias que pidió el Bloque
Nacionalista Galego a través del Grupo Mixto, que son las referidas a
Santa Bárbara y al marco comunitario de apoyo, con especial
referencia en el primer caso, de Santa Bárbara, a la fábrica de armas
de A Coruña y, en el caso del marco comunitario de apoyo, a Galicia.
Con relación a la privatización de Santa Bárbara, los últimos
acontecimientos -ya se ha dicho en esta Comisión- demuestran la
precipitación -incluso pueden demostrar algo más que precipitación-
con que en abril y por parte de un Gobierno en funciones se abordó la
privatización de esta empresa. En este momento nos encontramos con
que el acuerdo de transferencia de tecnología con Krauss Maffei está
paralizado -la empresa así se lo comunica, según informaciones de
prensa, y contradiciendo lo que el propio presidente de la empresa,
señor Vila, había manifestado en esta Cámara en su comparecencia del
9 de octubre-, a la espera de lo que suceda con la privatización,
y parece que el Consejo Europeo de Niza va a ser bastante importante en
este sentido, o por lo menos así amenazan los alemanes. No sé si el
señor Aznar, tan celoso en la defensa hacia dentro de la soberanía
española pero tan poco celoso hacia fuera, como demuestra el caso del
submarino de Gibraltar, será capaz de resistir estos embates y estas
presiones que -la prensa lo dice, repito- Alemania está dispuesta a
ejercer en la cumbre de Niza. Por tanto, nada que ver con la
tranquilidad que intentó transmitir el señor Vila el 9 de octubre, y,
por cierto, el 31 de diciembre es la fecha límite, después ya de una
prórroga, para formalizar el acuerdo de venta con General Dynamics.
Nos gustaría saber qué va a suceder, si se va a vender la empresa, a
quién y -esa sería nuestra postura-, si se va a suspender la
privatización de Santa Bárbara de acuerdo con lo que pide la inmensa
mayoría de los trabajadores del grupo, que así lo manifestaron en un
referéndum hace cuatro meses, si no recuerdo mal, y con lo que el
Bloque Nacionalista Galego también viene solicitando.
Con relación a la factoría de ACoruña, y seguramente también como
consecuencia -ya sé que no es exactamente el objeto de su
comparecencia- de este impasse en que se encuentra Santa Bárbara, le
quiero decir que también hay una gran preocupación entre los
trabajadores y que incluso el director -por eso yo vengo hoy aquí en
cierto modo como delegado indirecto del director de la fábrica de
armas de A Coruña- dijo a los sindicatos que a ver si podían
presionar en Madrid para
que inviertan allí algo, lo cual habla mucho de la capacidad de
influencia de ese director y de la fluidez de relaciones que existe
en la empresa. Esas son cuestiones que suceden en este momento en
Santa Bárbara, no sé cómo negociarán entonces con los alemanes o con
los americanos. Todo lo que dijo el señor Vila el 9 de diciembre está
también absolutamente desmentido por los hechos: no se están haciendo
nuevas inversiones, se está convirtiendo la fábrica de A Coruña en un
mero taller de montaje de piezas del nuevo fusil, incluso el
cartonaje ya viene desde Alemania, no se sabe qué piezas se van a
fabricar y no se sabe, sobre todo, cómo, de acuerdo con lo
manifestado por el señor Vila, se va a pasar del 20 por ciento actual
de carga de trabajo al 42 por ciento comprometido en el año 2001. Ya
sé que, como en este momento todo lo que se refiere a la industria
está atomizado y repartido en muchos ministerios, es muy fácil decir
que esto depende de Ciencia y Tecnología o de otro departamento
ministerial.
Sobre la nueva ubicación de la fábrica, seguimos estando -y están los
trabajadores- en una incertidumbre total, siempre con la espada de
Damocles de una operación especulativa sobre esos terrenos. Quiero
recordar simplemente que el 4 de julio de 1998 el anterior consejero
de Industria de la Xunta de Galicia, actual presidente de la
Autoridad Portuaria de A Coruña, dijo que en ese mismo año se
iniciaría la construcción de las nuevas instalaciones y que un año
más tarde entrarían en funcionamiento, simplemente porque todo el
mundo compartía entonces que la fabricación del nuevo fusil partía de
unas instalaciones nuevas. Quizás por eso estamos simplemente ante un
taller de montaje. Todo lo que se refiere a industria aeronáutica o a
fabricación de componentes aeronáuticos está completamente
abandonado, son simplemente planes de futuro que no se acaban de
concretar en pedidos y en iniciativas. Habla usted de la quiebra
técnica de Santa Bárbara cuando cogieron el grupo. Le podemos también
decir qué decisiones empresariales adoptadas en Santa Bárbara
coadyuvaron a esa quiebra técnica: la segregación de Santa Bárbara
Blindados, por ejemplo, que ahora se está pidiendo su reintegración
al grupo -podría también ser una iniciativa por parte del Gobierno
esa reintegración, en la línea de lo que se está haciendo con la
nueva Bazán-, o cuando se incorporaron en el año 1986 varias fábricas
dependientes del Ministerio de Defensa que duplicaron el personal de
Santa Bárbara sin duplicar ni mucho menos su cartera de pedidos, así
como toda una serie de decisiones que usted conocerá, ruinosas, de
reconversión o de reubicación de los trabajadores de la empresa
-discos duros de ordenador en A Coruña, un auténtico fiasco que está
ahora en los tribunales porque no se sabe a dónde fueron a parar casi
mil millones de pesetas en ayudas, etcétera-.
Como conclusión, el Bloque Nacionalista Galego cree que hay que
elaborar un plan de futuro para Santa Bárbara que parta de la
condición de Santa Bárbara
como empresa pública estratégica, fundamentado en lo siguiente: en
primer lugar, en el respeto al contrato entre el entonces INI y
Defensa de 1981, que, por cierto, tiene vigencia hasta el año 2006;
reintegración de Santa Bárbara Blindados en la Empresa Nacional Santa
Bárbara; desarrollar el acuerdo de colaboración entre Santa Bárbara y
Bazán de 24 de marzo de 1996; una mayor colaboración de Santa Bárbara
desde su carácter público con otras empresas extranjeras en programas
conjuntos de desarrollo de armas, y sobre todo de desarrollo de
productos civiles, y negociar cuál va a ser la participación de Santa
Bárbara en un futuro consorcio europeo de defensa, desde luego una
participación algo más importante que ese ridículo 5,5 por ciento que
tiene ahora CASA en EADS. Esto por lo que se refiere a Santa Bárbara.
Respecto del marco comunitario de apoyo, ya que hoy la comparecencia
nos obliga a pasar de un tema a otro sin solución de continuidad, los
datos ya sabemos lo que son. Depende de cómo se presenten, podemos
sacar de ellos una impresión negativa o positiva. Usted hizo una
comparación diciendo que se asigna a Galicia un 13,8 por ciento del
total de los fondos que, comparado con la población gallega, nos
daría un porcentaje positivo, porque la población gallega supone sólo
el 11,7 por ciento del total de las regiones Objetivo número 1 dentro
del Estado español, pero tenemos otras comparaciones. Podemos
comparar con el Fondo de compensación interterritorial, que en el
caso de Galicia supuso el 15,8 para el año 2001, con criterios muy
similares, o podemos atender a otros datos como puede ser qué
porcentaje dentro de esos fondos que se van a invertir en Galicia
supone la inversión estatal y qué porcentaje supone la aportación
autonómica. En esos porcentajes la inversión estatal supone el 48,6
por ciento, frente al 54,9 de la media de las regiones Objetivo
número 1, es decir, seis puntos menos que la media de las regiones
Objetivo número 1, media calculada incluyendo también a Galicia. Es
cierto que se mejora respecto del período 1994-99, cuando los
porcentajes eran 39,9 Estado y 53,7 Galicia, pero estará de acuerdo
conmigo en que con estos datos la impresión no puede ser muy
positiva. También baja la participación de Galicia en el PDR estatal
. Se pasa del 16,2 por ciento en el período 94-99 al 13,1 en el
período 2000-2006. Son datos que podemos sacar a colación y que no
arrojan conclusiones demasiado optimistas acerca de lo que Galicia
puede esperar de este Plan de desarrollo regional y de este marco
comunitario de apoyo para el período 2000-2006, a pesar -y eso se
dice incluso en el texto del marco comunitario de apoyo referido a
Galicia- de la especial situación de Galicia, con un 62,5 de la renta
media de la Unión Europea, dispersión poblacional, déficit en
infraestructuras. No son cosas que diga el Bloque Nacionalista
Galego, sino que están en este documento, cuestiones que, por cierto,
el conselleiro de Economía de la Xunta de Galicia, el señor
Orza, pensaba hacer valer, y se ve que no hizo valer en absoluto;
pero para eso sirve la sintonía política entre Xunta y Gobierno
estatal. Ya sabemos lo que supone el gobierno amigo, ya vamos
teniendo experiencia después de estos casi cinco años.
Decir que se van a invertir en Galicia casi un billón de pesetas -los
gallegos se van acostumbrando a oir estas cifras- dentro de este
marco comunitario de apoyo 2000-2006 de fondos estructurales, aparte
de la aportación estatal y de la aportación autonómica, no compensa.
A Galicia siguen sin compensarle estas ayudas respecto de lo que
eufemísticamente para el campo gallego se dice en el documento de
rápido e intenso proceso de ajuste de su estructura sociolaboral, con
una fuerte contracción de la población activa primaria. Es decir,
ahora estamos en un 24 por ciento de población activa primaria,
cuando hace diez años teníamos casi un 40, o que, por ejemplo, este
decrecimiento de la población activa primaria, sobre todo en el mundo
rural, no se ve acompañado de un aumento de la población activa
general. Estamos ante lo que algunos autores llaman la vía gallega al
desarrollo, que supone ser menos para que lo mismo dé a más, que es
lo que está sucediendo con este crecimiento negativo que experimenta
Galicia. Otro ejemplo: las subvenciones que el Fondo Europeo de
Orientación y Garantía Agraria da a la renta de los agricultores
gallegos, no compensa y es inferior a los cinco mil millones que van
a tener que pagar este año por la sobreproducción de leche. Podemos
hablar también de las subvenciones del IFOP y ver lo que sucede con
la pesca. El acuerdo con Groenlandia recién celebrado por la Unión
Europea, por cierto con una región parte de un país miembro,
Dinamarca, únicamente permite pescar en las aguas groenlandesas
a Alemania, Francia, Reino Unido y Dinamarca. Los pescadores gallegos,
que tradicionalmente pescaban en esas aguas, como consecuencia de un
acuerdo comunitario, se ven excluidos de esas pesquerías, por no
hablar de lo que sucede con el acuerdo con Marruecos, que el propio
ministro dice que no lo ve muy bien, que no hay que ser muy
optimistas. Podíamos recordar que hay barcos holandeses pescando en
esos caladeros, superarrastreros que, por cierto, dos de ellos tienen
más capacidad extractiva que toda la flota gallega y andaluza juntas.
Esa es la situación y esa es la valoración que desde el Bloque
Nacionalista Galego hacemos de este marco comunitario de apoyo.
Y ahora unas preguntas. Sobre los programas plurirregionales, cuál va
a ser el porcentaje de participación de Galicia en los programas
operativos plurirregionales que se contemplan dentro del marco
comunitario de apoyo para todo el Estado, dentro de esos programas no
regionalizados. Eso nos puede servir para tener una imagen más
precisa de lo que puede esperar Galicia -desde nuestro punto de vista
poco- de este marco comunitario de apoyo. Termino ya. Sé que me estoy
excediendo, pero estamos hablando de tres temas, y
quiero aclarar una cosa que en el propio documento se reconoce.
Hablando de infraestructuras ferroviarias, si el tramo Santiago-
Ourense se dice que hay que prepararlo para velocidades comerciales a
200 kilómetros por hora, esto quiere decir que no va a haber AVE en
Galicia, tal como se entiende el que va ahora de Madrid a Andalucía.
Por tanto, que por parte del parte del Gobierno español, el señor
Álvarez-Cascos, y por parte del Gobierno gallego dejen de hacer
propaganda. Cuando se habla del eje Atlántico no se va a conectar
Ferrol con la frontera portuguesa. Y cuando se habla de velocidades
de 180 kilómetros por hora, parece que tampoco se puede hablar de
AVE. Todo eso es lo que está negro sobre blanco en este documento
para aviso de navegantes.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència
i Unió), tiene la palabra el señor Padrol.
El señor PADROL I MUNTÉ: El Grupo Parlamentario Catalán (Convergència
i Unió) de Convergencia i Unió quiere agradecer su comparecencia para
informar respecto del balance de la aplicación del IRPF, cuando ha
transcurrido más de un año desde su entrada en vigor, si contamos
desde la aplicación del sistema de retenciones. Mi grupo considera
muy acertada la petición de comparecencia efectuada por parte del
señor ministro porque se trata de una reforma fiscal, la acometida en
virtud de la Ley 40/98, de indudable trascendencia económica
hacendística y también de carácter social por su impacto en la renta
disponible de los ciudadanos españoles, sin excluir otros focos de
interés que pudiera haber en el ámbito de la política económica,
financiera o hacendística de nuestro país.
Reformar uno de los tributos que son pilares claves del sistema
tributario siempre es complicado, sobre todo si nos viene impuesto
por la adaptación de la normativa europea, como pudiera ser el caso
conocido del IVA de 1986. Pero reformar el impuesto sobre la renta de
las personas físicas constituye, sobre todo, un reto especialmente
importante. Estamos hablando de la figura impositiva que es clave
para la consecución del objetivo de solidaridad y de justicia
tributaria en nuestro país por razón del carácter fuertemente
redistributivo que le acompaña, y estamos hablando también de la
figura impositiva que supone la principal fuente de ingresos
impositivos para las arcas de la Hacienda pública española, aunque
bien es cierto que en los últimos años ha venido recuperando terreno
el impuesto sobre el valor añadido con crecimientos importantes del
17,1 por ciento de recaudación; en el último año el IRPF sigue siendo
la principal figura tributaria desde el punto de vista de la
recaudación en España. Por ello la reforma de este impuesto es
especialmente importante, delicada y trascendente desde la óptica
económica y social. Los pilares, los hitos fundamentales de la reforma
se han comentado ampliamente no sólo hoy en su intervención, sino
con el amplio debate parlamentario en su tramitación que fue el
antecedente de la aprobación definitiva de la Ley 40/1998, pero es
importante recordarlos para traer a colación y recordar, como digo,
la trascendencia de esta reforma. En primer lugar, una de las ideas
inspiradoras de la reforma producida a finales de 1998 es
precisamente la necesidad de adaptar el impuesto sobre la renta de
las personas físicas en España al impuesto sobre la renta de los
países de nuestro entorno, y especialmente importante dentro de este
hilo conductor fue la creación de los mínimos personales
y familiares, de tal forma que el objeto del impuesto pasara a ser la
renta disponible para los contribuyentes españoles. Hubo también un
tratamiento específico favorable para las rentas del trabajo
personal, con establecimiento de una reducción específica para
rendimientos del trabajo, y desde este punto de vista mi grupo valora
positivamente los datos que ha ofrecido el señor ministro en su
comparecencia sobre la disminución de la cuota líquida respecto a
rendimientos del trabajo en un 14,55 por ciento; en el caso de rentas
inferiores a dos millones de pesetas la reducción ha sido del 45,93
por ciento; la reducción de la factura fiscal media que ha sido mucho
más elevada para contribuyentes con rendimientos del trabajo que para
contribuyentes con otras fuentes de renta, etcétera. Por tanto, este
tratamiento favorable a los rendimientos del trabajo personal deben
ser, obviamente, valorados positivamente por mi grupo parlamentario.
Otro de los objetivos fundamentales fue la neutralidad en el
tratamiento del ahorro, tema ampliamente debatido en la tramitación
parlamentaria, donde se incorporaron importantes modificaciones
respecto del proyecto de ley remitido a las Cámaras y en la que el
Grupo Parlamentario Catalán de Convergència i Unió tuvo un papel
francamente destacado. La verdad es que la búsqueda de la
neutralidad, que es siempre difícil de conseguir en cuanto a óptimo,
registró un muy importante avance respecto de la situación
antecedente que venía establecida por la Ley 18/1991. Se incentivó el
ahorro a largo plazo, fundamentalmente a través de los contratos de
seguro y es cierto que ha habido una buena evolución de los contratos
de los seguros de vida durante el año 1999, aunque también es cierto
que hubo un elemento estacional o singular no estructural en esta
favorable evolución de los seguros de vida de 1999 como es, como
todos recordamos, la plasmación del criterio, en julio del año 1999,
respecto de los unit link y posteriormente los cambios normativos
producidos en virtud de la Ley de medidas fiscales, administrativas y
del orden social para el año 2000, que incorporaban ese criterio
consagrado por la Dirección General de Tributos y que era fiel
reflejo, por otra parte, del contenido de las directivas europeas
sobre la materia aseguradora. Pese a ello es evidente que el impulso
al ahorro a largo plazo, a loscontratos de seguros de vida ha sido
importante.
Por otra parte, también la reforma producida en virtud de la Ley 40/
1998 fue un paso importante, pero un paso más en el iter evolutivo
que arranca del Real decreto-ley 7/1996, de junio, respecto de la
tributación del ahorro. Yo empleé una expresión en el debate de
convalidación del Real decreto-ley 3/2000 en el Pleno del Congreso de
los Diputados diciendo que no hay norma más injusta que aquella que
sólo existe sobre el papel, y es por ello que en la tributación del
ahorro en España debemos ser muy conscientes de que, si no miramos lo
que están haciendo otros países de nuestro entorno, determinadas
reformas, que podrían quedar extraordinariamente bien defendidas a la
vista de lo que ocurre cuando se plasman sobre un papel, resultarían
tremendamente ineficaces. Como todos sabemos el capital es móvil y si
países de nuestro entorno tienen un marco tributario distinto del
nuestro, de tal forma que penalicemos el ahorro producido en nuestro
país, resultaría que tendríamos estupendas normas, insisto, en el
BOE, pero que serían muy poco útiles desde el punto de vista de la
solidaridad, de la justicia tributaria y del esfuerzo de los
contribuyentes ante la Hacienda pública española. Es por ello que el
tratamiento del ahorro que se da en la Ley 40/98 lo consideramos
positivo, así como ese paso adelante adicional dado en el contenido
del Real decreto-ley 3/2000, de junio. De hecho, hoy aparecen
ampliamente difundidas en distintos medios de comunicación noticias
que mi grupo parlamentario valora muy positivamente respecto de los
acuerdos alcanzados en el Ecofín que se inició el domingo pasado por
la tarde respecto de la tributación del ahorro en el marco de la
Unión Europea; noticias absolutamente importantes, aunque cierto es
que con la apertura de un período transitorio largo del 2003 al 2010,
que va en la línea de establecer un tratamiento homogéneo del ahorro
en el ámbito de la Unión Europea, tratando de evitar situaciones de
ventaja de determinadas jurisdicciones fiscales, esencialmente el
caso de Luxemburgo. Cierto es que cualquier reforma de este tipo
requiere unos plazos y unos períodos de maduración realmente
importantes, pero lo que es trascendente en este caso es que los
objetivos están marcados y son absolutamente coherentes con la
política fiscal que se ha venido realizando en España en los últimos
años.
Qué duda cabe de que hay que hacer una breve referencia a otro punto
importante en la reforma del IRPF como es la rebaja de tipos
impositivos, la disminución de tramos, de escalones, la rebaja de
tipos que al fin y al cabo es la fuente esencial de la rebaja de la
factura fiscal media final media de los contribuyentes, situándose
entre un abanico del 18 al 48 por ciento; ha sido un paso adelante y
todavía queda trecho por hacer, como analizaré posteriormente en la
última parte de mi intervención. La verdad es que, como he indicado
anteriormente, esta norma, la Ley 40/1998, es un paso más dentro del
proceso de rebaja de impuestos en la que,
por otra parte, mi grupo parlamentario -y así lo quiero afirmar en
esta Comisión- siempre se ha considerado pionero dentro de los
distintos trabajos parlamentarios para proceder a una disminución de
la presión fiscal en España, recordando ya el papel decisivo de mi
grupo parlamentario en la reforma producida en virtud de Ley de 27 de
diciembre de 1995, del impuesto sobre sociedades, al establecer, por
ejemplo, el régimen especial específico para las pymes y que
posteriormente ha tenido continuidad en el apoyo dado al Gobierno en
las rebajas impositivas, fundamentalmente en el ámbito del IRPF. Pero
qué duda cabe de que este balance positivo que mi grupo comparte
respecto del balance de la reforma producida en virtud de la Ley 40/
1998 (además es una reflexión absolutamente entroncada con el más
elemental sentido común) nos lleva a decir que el trabajo nunca está
terminado, nunca está acabado y querría sugerir como parte final de
mi intervención una serie de reflexiones sobre cuáles podrían ser, a
juicio de mi grupo parlamentario, una serie de concretas líneas de
evolución futura respecto de la próxima reforma del IRPF. En primer
lugar, lógicamente, seguir profundizando en la rebaja de tipos de
gravamen. Es un compromiso del grupo parlamentario que da apoyo al
Gobierno y es un compromiso del Grupo Parlamentario Catalán de
Convergència i Unió, que figura en su programa, y que apuesta por
seguir produciendo una rebaja en la presión fiscal para los
ciudadanos españoles. En segundo lugar, una reflexión sobre el
sistema de retenciones. El sistema de retenciones qué duda cabe de
que ha sido una de las partes, una de las piedras angulares de la
reforma producida en el impuesto sobre la renta de las personas
físicas, una de las partes extremadamente complicadas en su
articulación práctica y compleja, y que tiene que tener, en primer
lugar, una valoración positiva por nuestra parte porque ha permitido
una mayor eficacia en el ajuste entre el cuántum de las retenciones y
el cuántum de la factura fiscal final del IRPF, y es un objetivo
realmente difícil de conseguir. Por tanto, cualquier logro relativo a
la disminución del número de declarantes como consecuencia del nuevo
sistema de retenciones o cualquier logro en la disminución de los
volúmenes de retenciones que finalmente no han tenido que ser
devueltos en la campaña del IRPF, es decir estos préstamos a tipo
cero que deben ser paulatinamente disminuidos, el juicio respecto de
esta materia debe ser positivo. Ahora bien, sí querría efectuar una
reflexión sobre una cuestión respecto de la cual entiendo que todavía
debemos de tratar de tomar alguna medida cara al futuro. El nuevo
sistema de retenciones ha supuesto respecto de los retenedores
-fundamentalmente las empresas y en mayor medida la situación es muy
valorada por parte de mi grupo parlamentario cuando sean pequeños
empresarios- una asunción de cargas formales mayor que el sistema
anterior. Posiblemente no había otro remedio, a corto plazo, para
tratar de ajustar el sistema de retenciones
o el importe de las retenciones a la factura final del impuesto, pero
desde este punto de vista de implantación mecánica, la mecánica de
los cálculos, etcétera, del nuevo sistema de retenciones, debemos
estudiar la posibilidad de que sea la Administración tributaria la
que asuma el desplazamiento de esta carga hoy siquiera en parte
asumida por los retenedores. Insisto en que quizá a corto plazo no
había más remedio, pero entiendo que si buscamos un sistema
tributario moderno, eficaz, justo, que sea menos perceptible en la
presión fiscal indirecta por los ciudadanos, entendiéndose
contribuyentes y retenedores, debemos profundizar en la búsqueda de
líneas de reforma de carácter normativo que permitan aliviar esta
presión fiscal indirecta sobre los retenedores, reconociendo también
los esfuerzos efectuados desde la Administración tributaria desde el
punto de vista de programas de apoyo, herramientas informáticas y
campañas de información, que se realizaron en su momento al efectuar
la implantación del nuevo sistema de retenciones.
En segundo lugar, dentro de esta línea de reflexiones y sugerencias,
me gustaría recordar la necesidad de que esta búsqueda de ajuste
entre retención y factura final del impuesto, que se pretendió con
esta reforma y qué duda cabe de que se ha conseguido en buena manera,
todavía es una labor no acabada, y así lo ha recordado, por ejemplo,
el Tribunal Supremo en dos recientes sentencias de 19 de mayo y 14 de
julio de este año, cuyos contenidos han sido ya asumidos en virtud de
reformas producidas en normas de carácter reglamentario. Pero
entendemos que todavía existen algunos colectivos a los que debe
ajustársele esta diferencia entre retenciones y factura final del
impuesto, particularmente en el ámbito de las pymes y en el ámbito de
miembros de consejos de administración de pequeñas y medianas
empresas, que siguen soportando un tipo de retención del 40 por
ciento, cuando -insisto- en el ámbito de las pymes posiblemente su
tipo efectivo de gravamen esté sensiblemente por debajo de este tipo
único de retención.
El último de los puntos al que quería hacer referencia es una
reflexión respecto de un régimen especial contenido en nuestro
sistema tributario, y es que a medida que se vaya acercando el tipo
de gravamen del impuesto de la renta sobre las personas físicas al
tipo de gravamen del impuesto sobre sociedades se requerirá una
reflexión para ver qué contenido normativo y práctico se le da a este
régimen especial, me estoy refiriendo a la transparencia fiscal. Es
posición reiterada por parte de mi grupo en distintas leyes de
acompañamiento en años anteriores la necesidad de establecer
modificaciones en el ámbito de la transparencia fiscal; transparencia
fiscal, insisto, plenamente justificada cuando apareció en el sistema
tributario español para evitar situaciones de constitución de
sociedades con carácter puramente abusivo y evitar el diferencial de
tributación entre renta y sociedades, pero que hoy en día, ante el
paulatino acercamiento del tipo de gravamen
del impuesto sobre la renta de las personas físicas al de
sociedades, pierde buena parte del sentido, sobre todo si se
consideran las complejidades de gestión que introduce el régimen de
la transparencia fiscal en el sistema tributario español.
Las líneas de reflexión son muchas. En primer lugar, y ampliamente
defendida por mi grupo en debates parlamentarios de leyes de
acompañamiento de otros años anteriores, una vía de reflexión es
promover la voluntariedad en el acogimiento al régimen de la
transparencia fiscal. Otra vía de reflexión es que de los tres tipos
de transparencia fiscal que existen, al menos en alguno de ellos
(realmente ya son muy parecidos o casi idénticos en lo que es el
desempeño normal de una actividad empresarial) desaparezca la
transparencia fiscal para este tipo de actividades. Estoy pensando,
fundamentalmente, en determinadas actividades profesionales en las
que hoy en día es prácticamente imposible distinguir una actividad
profesional con un mínimo de infraestructura de lo que es una
actividad empresarial. Y quizá, en aquel tipo de transparencia fiscal
en el que se justifica, desde la óptica de la justicia tributaria, no
hacer tributar a este tipo de sociedades en régimen de impuesto sobre
sociedades de carácter general (me estoy refiriendo a las sociedades
de tenencia de bienes y a las sociedades de valores), establecer un
acercamiento progresivo de su régimen de tributación al del IRPF, sin
necesidad de transparentar las rentas y, en cualquier caso,
manteniendo el respeto a las situaciones antecedentes de
transparencia fiscal, vía una forma de régimen transitorio de
voluntariedad u otra que se pueda estudiar. Insisto, son reflexiones,
no propuestas concretas, son reflexiones porque entiendo que a la
hora de hacer balance de una muy importante reforma como es la
producida en diciembre de 1998, en virtud de la Ley 40, además de
valorar los efectos producidos, debe realizarse también un mirar
hacia el futuro para ver cuál puede ser la evolución de esta tan
importante figura impositiva en nuestro sistema tributario.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Vasco, PNV, tiene la
palabra el señor Azpiazu.
El señor AZPIAZU URIARTE: Buenos días. Señor ministro, le tengo que
decir que siento no haber estado en su exposición. Iberia ha sido la
responsable de que no haya podido estar hoy aquí. Y digo que lo
siento porque creo que los diputados debemos estar presentes cuando
un ministro habla a la Cámara debido al respeto que debemos tener a
los miembros del Gobierno. Me hubiera gustado que el ministro de
Hacienda hubiera tenido la misma consideración respecto a las
señorías y hubiera hecho esta intervención antes de salir en los
medios de comunicación a explicar los resultados de la reforma del
IRPF. Sinceramente pienso, igual es por ingenuidad y porque llevo muy
poco tiempo aquí, quelos diputados en la Cámara se merecen un
poquitín de
respeto en este sentido. Entiendo que a veces la tentación política
sea la de salir en los medios y ponerse las medallas, pero hubiera
sido mucho mejor haberlo hecho después de haber explicado los
resultados de la reforma en esta Cámara. Se lo digo porque me
gustaría saber si en el futuro el Gobierno va a seguir actuando de la
misma forma, porque de esta manera no hubiese sido tan grave perder
el avión habiendo leído los periódicos.
No voy a entrar hoy en el debate económico por dos cuestiones: una,
porque no he estado presente y creo que no es oportuno entrar en un
debate sin haber escuchado lo que ha planteado el señor ministro, a
pesar de lo que he podido intuir por lo que he leído en la prensa;
y dos, porque entiendo que no es un foro adecuado para tratar las cosas
económicas con cierta calma y con cierta serenidad; calma y serenidad
con la que hay que tratar los temas, puesto que cuando el Grupo Vasco
plantea algún tema económico siempre desata las iras del Gobierno,
con lo cual prefiero reservarme para otros debates y en este momento
dejarlo pasar.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario de Coalición Canaria,
tiene la palabra el señor Mardones.
El señor MARDONES SEVILLA: En primer lugar, quiero agradecer la
información que ha facilitado a esta Comisión el señor ministro de
Hacienda en relación con los dos puntos que voy a tocar, el impuesto
sobre la renta de las personas físicas y el problema de la
privatización de la Empresa Nacional Santa Bárbara. Con respecto al
primer punto, mi grupo votó favorablemente en su día en esta Cámara,
en la legislatura pasada, la Ley 40 de 1998. Entendimos que era una
ley buena, una ley que avanzaba y en este primer año podemos realizar
un balance, como ha informado ante esta Comisión el señor ministro.
Mi grupo entiende que el balance es positivo tanto dentro del
contexto de la situación económica de España y en comparación con la
de Europa, como en la particularidad que pueda tener en distintos
aspectos. No fue una ley que cerraba, sino que, como bien ha dicho el
señor ministro, se anuncian ya prolegómenos para futuras
modificaciones de la ley del impuesto sobre la renta de las personas
físicas.
A nivel social, el contribuyente la ha aceptado con naturalidad y sin
ningún rechazo. No hemos percibido una contestación de desobediencia
fiscal del contribuyente normal, que está sometido sobre todo a la
contribución por las rentas de trabajo, en este caso, como impuesto
directo fundamental y clave en toda la política fiscal y de tipo
social de redistribución de renta. Por tanto, no ha generado ningún
malestar. No es que se trate de que haya o no lotería. La política
fiscal tiene unos efectos que el ciudadano percibe. Si nos
encontrábamos en una situación económica en la que se quería que no
decayera el consumo y esto se reflejara en el modo de vida de la
economía doméstica, con la rebaja
de los tipos impositivos del gravamen en su relación con el consumo y
el contexto de la situación económica en estos dos últimos años,
sobre todo en el último año de aplicación, se han visto unos
resultados, a juicio de mi grupo, participativos en este ambiente
social. No hemos percibido -por lo menos en la Comunidad Autónoma de
Canarias, cuyos datos tengo- una pérdida de la capacidad
recaudatoria. También hay una pacificación del comportamiento de las
comunidades autónomas, sin que haya habido una contestación a través
de la Comisión de Política Fiscal y Financiera. El Grupo de Coalición
Canaria siempre ha llevado este tema de discusión concreta al ámbito
de la Comisión de Política Fiscal y Financiera para fijar estas
situaciones, teniendo en cuenta además la peculiaridad de la
Comunidad Autónoma de Canarias, donde no podemos hacer efectos
comparativos con el IVA, dado que allí -como bien se sabe- no existe
la estructura impositiva IVA, sino que están los impuestos especiales
y específicos canarios, que se regulan por nuestra Ley especial de
régimen económico y fiscal de la Comunidad Autónoma de Canarias.
Se aprobó toda esta norma hace dos años con nuestro voto de apoyo y
nos sentimos cómodos y satisfechos con aquel voto y, por tanto, tengo
que reconocerlo aquí, ha habido una disminución sensible de la cuota
líquida y la disminución en la aplicación de los rendimientos de
trabajo personal que ha producido esta situación de normalidad, de no
rechazo y de aceptación plena. Una aceptación con naturalidad de la
neutralidad del tratamiento del ahorro, porque, tanto en esta Ley 40/
1998, como la futura que se pueda enfocar por el Gobierno y aprueben
las cámaras de la nación, el mantenimiento de la neutralidad en el
tratamiento del ahorro es positivo, sobre todo en las expectativas de
futuro. Lo que también pide mi grupo, señor ministro, es un favorable
tratamiento a la política de los seguros. Creemos que la cobertura de
los seguros de todo tipo, seguros de vida o cualquier otra extensión,
que puedan regular estas cámaras, a propuesta de iniciativa
legislativa del Gobierno, es necesaria e imprescindible en cualquiera
de los órdenes.
Al mismo tiempo, se debe buscar un equilibrio entre la rebaja de los
tipos impositivos o de gravamen que se puedan hacer, tanto desde la
horquilla del 18 al 48 por ciento, como las que se reduzcan, y la
participación de las comunidades autónomas. Hay que tener siempre
presente, señor ministro, que la Comisión de Política Fiscal y
Financiera debe opinar aquí para que haya un equilibrio de
participación de las comunidades autónomas. Porque las comunidades
autónomas sí son sensibles a poder pedir o cuestionar los porcentajes
de participación en el IRPF, sí son sensibles a que las cifras
globales de recaudación les perjudiquen en una menor recaudación,
sobre todo a comunidades autónomas que no tienen la aportación del
IVA, como puede ser en este caso la canaria, pero creo que el caso
podría ser extensivo
a cualquiera de las comunidades autónomas de ámbito peninsular en el
Estado español, por lo que se debería buscar un equilibrio entre la
rebaja de los tipos impositivos o de gravamen y la participación de
las comunidades autónomas.
Los sistemas de retención nos parecen una línea de trabajo en
perfeccionamiento, que son positivos, y estos sistemas de
retenciones, participando en lo que decía hace unos minutos el
portavoz del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), son
positivos. Todo lo que sea llevar, como se ha llevado en tramos
menores de renta a programas PADRE, a programas que faciliten al
ciudadano su disciplina fiscal y su contribución fiscal sin verse
obligado a engorrosos procedimientos de rellenar impresos que no
entiende o tener que recurrir a gestorías de intermediación para la
declaración de la renta, nosotros creemos que es positivo y que en
esta línea debe abundar y perfeccionar el Gobierno. Señor ministro,
le apoyaremos en cualquier línea de trabajo inmediato o futuro que
vaya en la línea de este perfeccionamiento de los sistemas de
retención y de la coparticipación de la Agencia Tributaria en esta
línea. Lo vemos positivo.
Por tanto, cierro mi intervención en este punto con una valoración
favorable a la vista de lo que está sucediendo con el contribuyente,
que es donde está el termómetro real de aceptación o rechazo de una
ley. Es el contribuyente como sujeto de un tributo el que tiene que
decir si la talla es estrecha o amplia, igual que el empresario se
define con respecto al impuesto de sociedades, si le aprieta o no le
aprieta, o le da oxígeno para seguir perviviendo en el mundo
financiero de su producción.
Paso al segundo punto, señor ministro, de su intervención que es el
tema de la privatización de la Empresa Nacional Santa Bárbara. Aquí
se han tomado unas opciones previas, afortunadamente no cerradas.
Frente a una empresa de estas características, la obviedad nos lleva
a decir que solamente existen dos opciones: privatizar o no
privatizar. Privatizar puede ser en totalidad, como parece que se
planteaba por la SEPI, o parcialmente, que es el sistema francés con
determinado tipo de empresas, entre las que está Santa Bárbara, que
son las empresas que se llaman estratégicas, es decir, que se dedican
a la industria del armamento, sin hacer otra cosa que tenga
aplicaciones civiles, como puede ser una fábrica de automóviles o una
fábrica de motores o de otro tipo. Está en una actividad que en
Europa muchos gobiernos consideran actividad estratégica. Prueba de
ello es que Francia abre unos períodos de privatización y dice que
esto es una advertencia, que es una empresa estratégica, y o me quedo
con ella previamente nacionalizada o acepto una coparticipación de
capital privado y hago una privatización solamente parcial,
reservándome las cuestiones importantes, por ser un factor de la
estrategia de la política nacional de defensa.
Ahora bien, de todas las opciones posibles, mi grupo cree que la peor
y la que ha generado el problema es haber escogido a General Dinamics
como empresa para situarse en Santa Bárbara. ¿Por qué decimos esto?
En primer lugar, porque es un disparate tecnológico. Si resulta que
Santa Bárbara está en un proceso de quiebra técnica y la solución es
el contrato del carro de combate Leopard, lo que parece un
contrasentido es que se le dé la empresa a otra que hace el tanque
que compite en el mercado mundial de este segmento de carros de
combate con el Leopard de la empresa alemana Krauss Maffei, porque es
el tanque Abrams el que viene a hacer un desembarco en Europa
contraviniendo incluso líneas políticas, porque, como he dicho aquí,
en el propio discurso de investidura del presidente Aznar, que
nosotros apoyamos, con relación al capítulo de defensa se habla de la
situación de la industria de defensa española en el ámbito de la
industria europea de defensa. Para ser congruente, hay que situar a
la industria española de defensa en el escenario de la industria
europea de defensa, igual que tenemos participaciones en el avión de
combate europeo, en la fragata y otros sistemas de armas que se están
desarrollando por distintos países de la Unión Europea en nuestro
propio ámbito incluso territorial, como es la empresa de
construcciones aeronáuticas, CASA, o la Empresa Nacional Bazán en el
campo marítimo.
Lo lógico sería que esta empresa esté en manos del grupo Krauss
Maffei, que es quien tiene el carro, que es quien da viabilidad y
saca de la quiebra técnica a Santa Bárbara, y así no habría problemas
ni de secretos de fabricación ni de cuestiones de cláusulas de
blindaje, porque es obvio que si el carro de la competencia se va a
hacer cargo de la fábrica le va a copiar los sistemas que están bajo
secreto tecnológico. Por tanto, nosotros vemos esto más en una línea
de solución lógica, porque entendemos que aquí hay no solamente un
problema financiero, un problema tecnológico, un problema de
viabilidad de una empresa, sino que están también los aspectos
laborales y políticos de correlación. Yo entiendo que políticamente
España está en todos los aspectos en el marco de la Unión Europea,
aunque con los norteamericanos esté en la OTAN, pero en el marco
europeo está dentro de una correlación con países, como es en este
caso Alemania, de cuya condescendencia política dependemos en el
manejo de fondos, por ejemplo, estructurales. Que no nos vuelvan a
plantear lo que quisieron plantear hace unos años y nuestra política
de correlación nos lleve a una lesión de los legítimos intereses
españoles en el uso de los fondos estructurales. Por tanto, mi grupo
es partidario de que si el Gobierno tiene que tomar una decisión no
la tome en el sentido de General Dinamics, porque nos va a llevar a
situaciones verdaderamente inviables. Que se respete el socio
tecnológico que aporta el carro, que se respeten incluso los
documentos que se formalizaron desde el Ministerio de Defensa de
anteriores administraciones.
Porque este asunto del carro de combate Leopard no viene de ahora,
viene de muchos años atrás, con administraciones incluso de los
gobiernos de UCD. Existen cartas de intenciones entre Krauss Maffei y
el Ministerio de Defensa en la época del Gobierno socialista,
y concretamente del ministro don Julián García Vargas, que se han
venido ratificando y que gozan de la aceptación de los técnicos del
Ministerio de Defensa para no desviarse de una cuestión sensible, que
debe ser resuelta desde el punto de vista de la sensatez, del sentido
común y de los legítimos intereses de España en el seno de la Unión
Europea.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la
palabra su portavoz señor Martínez- Pujalte.
El señor MARTÍNEZ-PUJALTE LÓPEZ: Dividiremos la intervención entre
dos portavoces. Al finalizar mi intervención el señor Delgado hará
una reflexión acerca del marco comunitario de apoyo en Galicia.
En primer lugar, quiero agradecer al señor Montoro, ministro de
Hacienda, su presencia en esta Comisión, y también quiero decirle que
a pesar de que la Cámara le haya obsequiado con un grado calorífico
tan elevado no es que queramos expresar con esto que nos sobran
recursos en la Cámara, aunque agradezco también el esfuerzo de los
servicios para intentar bajar la presión de calor que tenemos aquí
esta mañana.
Hace dos años dedicamos una gran parte del período de sesiones a la
aprobación del IRPF, ya que 1998 fue un año en el que en esta Cámara
trabajamos intensamente por aprobar un texto que significara la
reforma de un impuesto tan importante como el IRPF, un impuesto que
afectaba a más de veinte millones de ciudadanos con más de quince
millones de declarantes, un impuesto que era la columna vertebral del
sistema fiscal, la fuente impositiva que más contribuía a los
ingresos del Estado, y además un impuesto que tiene una relación
directa con el crecimiento y el empleo. Trabajamos intensamente en
esta Cámara para concluir con un nuevo IRPF que contara con un apoyo
mayoritario en la Cámara y que además supusiera una pieza -una pieza
más, pero una pieza- para contribuir al crecimiento, al empleo, al
bienestar de los ciudadanos españoles. Efectivamente, durante ese
ejercicio trabajamos intensamente y muchos grupos de la Cámara
apoyaron el proyecto que en ese momento traía el Gobierno. Yo creo
que es relevante para el Congreso de los Diputados que dos años y
pico después, al estar finalizando el año 2000, conozcamos si lo que
entonces aprobábamos, con los objetivos que aprobábamos, ha surtido
los efectos que entonces nosotros preveíamos. Creo que mi grupo debe
manifestar la satisfacción plena de que lo que entonces aprobamos ha
dado unos resultados espléndidos. Alguien puede decir que no es sólo
por esto, e indudablemente eso es innegable, pero es evidente
que ha sido una pieza clave en la política económica de los
últimos años. Yo no sé si algún grupo habrá hecho una reflexión
interna sobre el rédito electoral de la reforma o el rédito electoral
de votar que no. Desde luego, mi grupo parlamentario no afrontó la
reforma buscando ningún resultado electoral; hizo la reforma buscando
un resultado en crecimiento, en empleo y en bienestar, e
indudablemente cuando hay crecimiento, cuando hay empleo, cuando hay
bienestar, cuando los ciudadanos están mejor, cuando los ciudadanos
ven que las políticas económicas tienen los efectos apropiados,
apoyan al Gobierno que las aplica. Eso es evidente, pero no es un fin
en sí misma la reforma. No sé si los ciudadanos habrán entendido que
negarse radicalmente a bajar los impuestos no era el camino apropiado
y lo han castigado. Desde luego, señor ministro, creo que hablar en
esta Cámara de modelo fracasado o de que el paciente ha muerto, con
crecimientos del 4 por ciento, con más de 2.200.000 nuevos empleos,
cuando se reduce la tasa de paro de casi el 25 al 13 por ciento,
cuando España está liderando el crecimiento en Europa o está por
encima del crecimiento en Europa no sólo en el pasado, sino que, como
ayer dieron todas las previsiones y así lo manifestó el ministro
francés, España va a seguir creciendo al año que viene por encima de
la media europea, hablar de modelo fracasado, repito, creo que es un
alarde de imaginación o al menos es situarse fuera de la realidad que
vivimos los ciudadanos españoles. ¿Que hay que estar tomando el pulso
a la situación económica continuamente y que hay que impulsar las
medidas de política económica continuamente? Eso es evidente, y
seguro que el señor ministro conoce muy bien que uno no se puede
descuidar ni un solo día. Pero es evidente también que las medidas de
política económica que se han ido adoptando en los últimos años están
produciendo un resultado especialmente bueno. Y creo que quien
presenta aquí imágenes catastrofistas de pacientes muertos quizá se
está refiriendo a la visión que se tenía en España en el año 1996,
cuando no era posible estar en Europa, cuando no era posible avanzar
en el empleo, cuando el desempleo estructural tenía que situarse en
el 20 por ciento. (El señor Sevilla Segura: Y los niños se morían de
hambre.) Ahora bien, ciertamente, hoy estamos en mejor situación que
hace unos años. Eso es evidente. (La señora Mendizábal Gorostiaga:
¡Estaría bueno!) Y además las perspectivas son cada vez mejores. (La
señora Mendizábal Gorostiaga: Sobre todo para algunos.) Y las medidas
de política económica que se han adoptado algo habrán tenido que ver.
Yo comprendo que algunos grupos puedan creer que todo es fruto de la
providencia y que no ha tenido nada que ver, como decía algún
portavoz, el esfuerzo de estabilidad presupuestaria. Sin embargo,
algo habrá tenido que ver el esfuerzo de estabilidad presupuestaria
cuando se ha pasado de un déficit del 7 por ciento al equilibriopara
el año que viene. Además, quiero creer que si hay
algún grupo preocupado por el equilibrio presupuestario, ese grupo
tendrá la capacidad suficiente para apoyar una ley que quiere situar
el equilibrio presupuestario como un esquema de futuro permanente.
Creo que eso es importante. Algo habrán tenido que ver las medidas de
liberalización del Gobierno. Que se podría haber hecho más es
evidente, es innegable, no se puede decir otra cosa ante esa
afirmación, pero es evidente que se ha trabajado, y ahí están los
frutos, y es evidente que la reforma tributaria ha contribuido.
Desde 1996 estamos discutiendo en esta Cámara reformas tributarias.
Como decía el señor ministro, ya desde 1996 se empezaron a tomar
medidas que en algún sentido adelantaban lo que luego fue el impuesto
sobre la renta de las personas físicas. Ayer parece que se dio un
avance sustancial en la armonización fiscal comunitaria, en la
reunión celebrada creo que en Bruselas. Considero que el Gobierno del
Partido Popular adelantaba en la reforma de 1996 lo que ha sido el
camino que se ha adoptado por el conjunto de los países.
Efectivamente, creo que establecer una retención del 15 ahora, parece
que del 20 en el 2003, en algunos países, estaba adelantado por el
Gobierno del Partido Popular cuando modificó el marco fiscal del
ahorro reformando lo que hasta entonces había, que era una exención
por el transcurso del tiempo, de tal manera que un pequeño ahorrador
que optaba por un determinado activo de ahorro ya estaba cautivo para
siempre, perdía la neutralidad y se le primaba que no se moviera de
ese activo aunque hubiera otra fórmula de ahorro de mejor
rentabilidad financiera. (El señor Sevilla Segura: Lo del cambio
entre fondos.) Estaba preso por el marco fiscal. El Gobierno adoptó
una reforma, que trajo a esta Cámara y que fue convalidada, para
establecer un tipo impositivo del 20 por ciento. Eso hizo movilizar
el ahorro. (El señor Sevilla Segura: Hacia el consumo.) Eso hizo que
se movilizara el ahorro hacia la inversión y hacia el empleo, y los
resultados fueron que en 1996 se modificó la tendencia relanzando el
crecimiento y el empleo y hace tres meses se ha vuelto a avanzar en
el marco fiscal del ahorro. Decía muy bien el señor Padrol que en una
zona con moneda única hay que estar siempre vigilantes de lo que hace
el resto de los países respecto a la fiscalidad y el ahorro, porque
si no, con una breve entrada en Internet, un ciudadano puede
modificar su inversión e irse hacia costas fiscales más cálidas. Hay
que homogeneizar el ahorro y España se adelantó en esa tarea y sigue
por delante, y a nosotros nos parece que se hizo francamente bien.
Los datos que hoy conocemos respecto a que se ha impulsado el ahorro
a largo plazo son muy positivos. Me parece que es esencial para la
sociedad española, para la cohesión de la sociedad española, que
sigamos avanzando en el ahorro a largo plazo para que cada ciudadano
español pueda tener cuando se jubile una pensión en una mano y una
pensión complementaria en la otra. Me parecen positivos los datos de
ahorro a largo plazo que nos ha suministrado el señor
Ministro respecto a incrementos en fondos de pensiones, en seguros a
más de cinco y ocho años, porque estamos fomentando el ahorro a largo
plazo. Pero se siguió haciendo una reforma que llegó al conjunto de
las pequeñas y medianas empresas, adelantándose a la reforma del
IRPF, adaptando el sistema de módulos para que los pequeños y
medianos empresarios pudieran tener capacidad de deducirse las
inversiones que hacían, para que aquellos pequeños y medianos
empresarios que invertían modernizando el negocio tuvieran capacidad
de deducirse esas inversiones a través de las amortizaciones, cosa
que hasta entonces no tenían. Eso, indudablemente, ha colaborado al
crecimiento y al empleo, al igual que cuando se dejó de penalizar la
creación de empleo en las pymes ayudó a que los pequeños y medianos
empresarios fuesen motores en la creación de empleo. También me
parecen muy apropiadas las reformas que se hicieron, no ya
adelantando el IRPF, sino en otros impuestos como en sucesiones y
donaciones para que tras la sucesión en el negocio familiar no se
tuviera que vender la pequeña empresa o el pequeño comercio para
pagar los impuestos y que se pudiera dar continuidad a los negocios
familiares. Fueron importantes también las reformas, unas en
sociedades y otras en IRPF, para mejorar la internacionalización,
atrayendo inversiones, haciendo además que tuvieran un marco fiscal
mejor las empresas españolas que se iban al exterior y mejorando la
tributación de los desplazados españoles enviados por sus empresas.
También han sido importantes todas las modificaciones que se han
hecho en el marco de la innovación del I+D+I.
Se abordó una reforma del IRPF y hoy, dos años y medio después, vemos
que lo que decíamos, que íbamos a tener un impuesto más eficiente, es
verdad. ¿Ha contribuido al 0,5 por ciento? Decía algún portavoz que
no es la única causa que lo justifica todo. Evidentemente, en España
se ha crecido por encima del 3,5 por ciento todos los años y no ha
sido la única causa, es ésa y más, pero ha contribuido a que tengamos
un sistema tributario más eficiente, más apropiado para garantizar el
crecimiento. Asimismo, es importante comprobar cómo con la reforma
del impuesto se ha contribuido a que se creara más empleo. Pero
además vemos que lo que decíamos entonces era verdad, que estábamos
construyendo un impuesto que distribuía con mayor equidad la carga
tributaria. Y hoy vemos que con los datos reales (cuentos, no
cuentos, medio cuentos, cada uno hace la valoración que quiera, pero
son los datos de lo que se ha producido, no estamos proponiendo
modelos, estamos trayendo a esta Cámara y es muy importante y yo se
lo agradezco, señor ministro, los datos reales, luego las
interpretaciones son libres) se observa claramente que se ha
distribuido con mayor equidad la carga tributaria, que los ciudadanos
de menor renta han tenido una rebaja superior, que las familias han
tenido una rebaja superior y que los asalariados han tenido una
rebaja superior.
Aquí aprobamos un impuesto donde se introdujo un nuevo concepto -como
ha dicho muy bien el señor Padrol-, el de renta disponible, para
determinar cuál era el hecho imponible. Es decir, que los ciudadanos
pagaran por su capacidad económica real. Algún portavoz ha hecho
alguna valoración de si es bueno o no es bueno, pero quiero recordar
que los mismos que proponen ahora actualizar el mínimo personal y
familiar son los que llevaron al Tribunal Constitucional el mínimo
personal y familiar, que lo único que hace es que un ciudadano pague
por su capacidad económica real, siguiendo el viejo adagio fiscalista
de primum vivere, deinde tributum solvere, primero vivir y, después,
pagar tributo. Antes de estimar sobre qué cantidad había que pagar
hay que eliminar lo necesario para determinar la capacidad económica
real y ese mínimo personal ha sido positivo para que las familias
tengan una mayor intensidad en la rebaja del impuesto, y se ve en los
números, como se ve también que se ha conseguido uno de los objetivos
que entonces teníamos en esta Cámara, que es bajar la aportación de
las rentas del trabajo al impuesto sobre la renta de las personas
físicas. Y se ve que eso ha sido verdad con los datos reales. Eso nos
parece positivo. ¿Eso se llama brecha fiscal? Pues que cada uno lo
llame como quiera. Al final los trabajadores negocian el salario real
y el salario real tiene mucho que ver con el nivel de retenciones
y con la reducción de la carga fiscal que tienen las rentas del trabajo
con este nuevo impuesto a través de las reducciones. A mí me parece
positivo. ¿Que ha contribuido más o menos al empleo? Yo creo que ha
contribuido eficazmente a que se genere empleo.
Frente a eso que ha producido unos efectos que uno puede decir que no
han tenido nada que ver, pero que son los efectos reales,
crecimiento, empleo, bienestar, distribución equitativa de la carga,
otros grupos de la Cámara han votado siempre que no y creo que
votarían también que no al informe que se presenta, con los datos
reales. Se puede votar que no a la propuesta, pero los datos son los
que hay y no vamos a discutirlos. Pero siempre se ha votado que no y
se ha votado que no desde el principio de 1996 hasta hace dos meses a
todas las reformas fiscales que se han traído a esta Cámara, además
planteando a veces incoherencias en las alternativas. Se decía que no
al marco fiscal del ahorro, para luego acabar diciendo que sí, para
luego decir que medio sí, pero con otro sistema; porque sobre el
marco fiscal del ahorro, se ha pasado desde decir que no y seguir
defendiendo la exención por el transcurso del tiempo, a establecer un
tipo distinto según las rentas y a establecer últimamente una tarifa
de dos tramos. Se votó que no a la reforma de las pequeñas y medianas
empresas, pero desde el principio, la oposición votó que no a la
reducción de los módulos del 15 por ciento en 1996. Eso es real -y
está en las actas de la Cámara-, cuando se pasó del 8 al 15 por
ciento propuesto por el Grupo Parlamentario Popular, el Grupo
Socialista
votó que no. Se votó que no cuando se cambió el marco de las pymes
dejándolas deducir las inversiones. Se votó que no cuando se eliminó
el concepto de creación de empleo para determinar los rendimientos y
se votó que no a toda la reforma del IRPF.
Nos decían: lo que ustedes proponen es la cuadratura del círculo.
Bajar impuestos, mejorar recaudación y hacer que se puedan aumentar
los gastos sociales. La cuadratura del círculo se ha cumplido porque
no era la cuadratura del círculo, era una política económica
coherente que fomentaba el crecimiento y el empleo y eso ha hecho
posible que todos paguen menos impuestos, pero que haya más
ciudadanos que contribuyen a la Hacienda pública. Ha hecho posible
que se bajen las cotizaciones de una manera discriminada para algún
tipo de contrato, pero que haya más ingresos por cotizaciones porque
hay más empleo y eso ha hecho posible que, a pesar de haber rebajado
drásticamente el déficit público, se hayan podido aumentar los gastos
sociales y los gastos de modernización de España.
La última vez que se subieron los impuestos fue en la última
legislatura del Grupo Socialista, que se subió el IVA un punto. En
ese momento, se subió el IVA un punto y bajó la recaudación.
Milagrosamente ese fue el efecto. A partir de 1996 se han ido bajando
impuestos, se ha ido reformando el sistema tributario y, sin embargo,
la recaudación tiene un vigor enorme porque hay más ciudadanos que
contribuyen a la Hacienda pública y porque hay más familias que
tienen un puesto de trabajo, porque hay más ciudadanos que
contribuyen a las cotizaciones de la Seguridad Social.
Señor ministro, es una satisfacción comprobar que lo que decíamos del
impuesto hoy se ha cumplido. Para mí, que fui el portavoz de mi grupo
que tuvo que defender la reforma del IRPF, comprobar hoy que ha
tenido esos efectos es una satisfacción. Es una satisfacción que nos
hace además impulsar con optimismo las reformas del futuro. Creo que
ahora estamos embarcados en un proyecto muy estimulante, que es el
equilibrio presupuestario. Ya se ha anunciado y creo que mañana hay
una reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera en la que se
estudiará el proyecto para aprobar por ley la estabilidad
presupuestaria, lo cual es un buen candado para que los políticos y
todas las administraciones públicas, en el futuro, tengamos que
ajustarnos a la estabilidad presupuestaria. Estamos embarcados en esa
tarea. Me parece que hay que afrontar un modelo de financiación de
comunidades autónomas coherente con el futuro. Desde luego, la
reforma del IRPF ha supuesto un acicate para las comunidades
autónomas. Hay algunas comunidades autónomas que no se han acogido a
esa reforma, yo creo que por motivos políticos, porque es muy
sospechoso que las tres únicas comunidades autónomas que no se han
acogido al modelo estén lideradas por el mismo partido y además sean
las que, por no acogerse al modelo, han perdido financiación (La
señoraMendizábal Gorostiaga: ¡Mentira! Argumentos.)
El resto de comunidades autónomas que aprobaron el modelo y que lo
están aplicando han tenido mejor recaudación con este IRPF. Y, como
ya se ha puesto de manifiesto en la última liquidación definitiva, no
ha sido por ningún mecanismo de garantía, sino por la evolución del
IRPF. Después de ese capítulo del nuevo modelo de financiación
autonómica, tendremos que abordar también nuevos capítulos en las
reformas fiscales, por ejemplo, de las pymes, para ir eliminando al
90 por ciento el IAE en las pequeñas empresas, como tenemos en
nuestro programa electoral, y una nueva reforma del IRPF. Señor
ministro, yo creo que es de agradecer su presencia y los datos que
nos ha suministrado.
Sobre Santa Bárbara, sólo quiero hacer una valoración muy breve.
Agradezco al portavoz socialista que, después de decirnos en la
reunión de la Mesa y portavoces que haría unos suaves comentarios
sobre la privatización de Santa Bárbara, sólo nos haya dicho que está
mal hecha, que somos incompetentes, que estamos descoordinados, que
es un modelo de lo que no se puede hacer, que es jugar con el futuro
de los trabajadores, que no sabemos salir del lío, que es una
frivolidad política y que debemos dejar de jugar. Yo le agradezco esa
suavidad en el tono, pero quiero decirle también que, frente a esa
suavidad en las críticas del Grupo Socialista, el señor ministro ha
lanzado aquí un mensaje de optimismo y de tranquilidad a los
trabajadores. Eso es lo positivo, que un ministro, hoy, en sesión
parlamentaria, lance un mensaje de tranquilidad a los trabajadores y
manifieste públicamente que cualquier proceso de reordenación o de
privatización de la empresa se va a hacer mejorando la gestión,
mejorando la capacidad tecnológica e innovadora de la empresa y,
además, garantizando los puestos de trabajo. Me parece que eso es
positivo y eso es lo que hay que reseñar en esta comparecencia, que,
por otra parte, como usted ha puesto de manifiesto, es una
comparecencia que se produce en un momento en el que no hay una
posición cerrada por parte del Gobierno. Lo que sí hay es una
evidencia y es que en los últimos años la gestión de la compañía,
desde el plan que hizo la SEPI, ha mejorado su gestión. La empresa
hoy es más viable, está fabricando nuevos productos, productos más
competitivos, y eso es positivo para el conjunto de los trabajadores;
además, son medidas que se están tomando en todos los lugares en los
que hay factorías, que son muchos en España, no sólo Galicia, de
acuerdo con todas las autoridades que tienen competencias en esos
territorios.
Señor ministro, agradezco su comparecencia y dejo que mi compañero,
el señor Delgado, concluya hablando del marco comunitario de apoyo.
El señor PRESIDENTE: Señor Delgado.
El señor DELGADO ARCE: Señor presidente, señorías, señor ministro,
con brevedad, quiero decir que nos dejan satisfechos sus valoraciones
y sus explicaciones
sobre la aprobación por la Comisión Europea el pasado 18 de
octubre del marco de apoyo comunitario para el período 2000-2006.
Creemos satisfactorias todas las explicaciones en orden a los
criterios seguidos en la programación estratégica, en cómo se ha
llevado esta negociación, en cuáles han sido los criterios de
distribución y reparto de estos fondos comunitarios.
Por lo que respecta a la Comunidad Autónoma de Galicia, a la que se
circunscribía la intervención del representante del Grupo
Parlamentario Mixto, del señor Aymerich, conociendo la problemática
con más detalle por ser de aquella comunidad autónoma, quisiera
manifestar que el reparto por habitante de los fondos procedentes de
la Unión Europea para las regiones Objetivo 1 colocó a esa comunidad
en una posición yo diría de privilegio, ya que la distribución per
cápita sobre la población gallega es superior en un 17,59 por ciento
a la media de otras regiones españolas Objetivo 1, de modo que cada
uno de los ciudadanos gallegos disfrutará de una ayuda comunitaria
valorada en 344.599 pesetas, frente a las 293.000 pesetas de la media
estatal. Galicia va a disponer, para este nuevo período, de un total
de 938.875 millones de pesetas, cuantía que supera en un 47,48 por
ciento la distribución de los fondos europeos del anterior período
1994-99. Además, la Comunidad Autónoma de Galicia es una de las
regiones Objetivo 1 de la Unión Europea más favorecidas, en este
caso, por el reparto de fondos estructurales para este período. En
concreto, Galicia se va a beneficiar del 13,80 por ciento del total
de las ayudas procedentes de Bruselas para estas regiones y sólo será
superada por Andalucía, como usted ha dicho, señor ministro, con un
30,50 por ciento. Y si la comparación se efectúa en términos de ayuda
regionalizada, Galicia se sitúa en un 75,21 por ciento, uno de los
porcentajes más altos de este tipo de ayudas. La distribución de la
cuantía del marco de apoyo comunitario para los próximos años indica
que el Gobierno de Galicia va a disponer de un total de 429.000
millones para cofinanciar inversiones, mientras que la Administración
central del Estado será beneficiaria de ayudas por valor de 276.500
millones de pesetas. Contrariamente a lo que se ha afirmado, el marco
comunitario de apoyo es el resultado de la aprobación de los planes
de desarrollo regional, en los que se incluyen todas las actuaciones
e inversiones susceptibles de ser cofinanciadas por los fondos
estructurales. Hay que recordar también que Galicia cuenta con un
plan estratégico de desarrollo, discutido en el Parlamento de
Galicia, en el que se define una estrategia autonómica para
incrementar la convergencia de la economía gallega e incrementar el
ritmo de creación de empleo. De este modo, los fondos comunitarios
van a cofinanciar justamente estas inversiones previstas en el plan
de desenvolvimiento de Galicia para el período 2006, en el que se
incluyen actuaciones para potenciar el tejido productivo gallego
-nuestro agro, nuestra pesca, nuestra industria, nuestro
sector servicios-, para potenciar la calidad y la competitividad del
territorio y para potenciar el capital humano. Así, pues, señorías,
los 938.875 millones de pesetas procedentes de Bruselas van a servir,
entre otras actuaciones, para cofinanciar inversiones precisas, para
que llegue a Galicia el tren de alta velocidad, para que se mejore
esa infraestructura férrea en el tramo Santiago-Ourense que citaba el
señor Aymerich, y también en el tramo Ferrol-frontera portuguesa, lo
que conocemos como lexo Atlántico; para que se construya la autovía
del Cantábrico, para que se realice la autopista Santiago-Ourense o
para que se pongan en marcha obras hidráulicas e infraestructuras ya
incluidas en el plan de desenvolvimiento regional.
Señorías, señor ministro, el tratamiento que en esta ocasión ha
tenido Galicia en este marco comunitario de apoyo merece una
valoración positiva. Tenemos el convencimiento de que estos fondos,
más los del Fondo de cohesión, servirán para que la media del PIB de
Galicia cada día converja más con la media de la Unión Europea. (El
señor Sevilla Segura pide la palabra.)
El señor PRESIDENTE: Señor Sevilla.
El señor SEVILLA SEGURA: Señor presidente, solicito la palabra al
amparo del artículo 73.1 del Reglamento.
El señor PRESIDENTE: Señor Sevilla, en este tipo de debates y en el
debate del Pleno es difícil establecer cuándo se puede aplicar o no
el artículo 73. ¿Se refiere usted a que se le ha contradicho en
alguno de los argumentos?
El señor SEVILLA SEGURA: Supongo que a ninguno de los presentes le
cabe duda.
El señor PRESIDENTE: Esta es una cuestión reiteradamente planteada en
los parlamentos, pero particularmente en éste. Cuando hay
intervenciones de distintos grupos, lógicamente, hay argumentos
contradictorios.
El señor SEVILLA SEGURA: Yo creo que no han sido argumentos
contradictorios, sino una argumentación dirigida expresamente a
contradecir, y con argumentos falsos, la argumentación que yo he
hecho. No ha sido una intervención para fijar su posición, sino
claramente dirigida a contrarrestar lo que yo he dicho, sabiendo de
antemano que no iba a tener ocasión de responderle. Me sigo amparando
en el artículo 73, presidente.
El señor PRESIDENTE: Yo le agradecería, señor Sevilla, que, por
seguir la dinámica del debate, ahora conteste el ministro y en las
puntualizaciones que normalmente se permiten hacer, pero que también
es a juicio de la Presidencia, si usted desea hacer alguna
puntualización sobre lo establecido en el debate, lo haga en ese
momento.
Para contestar a los distintos portavoces, tiene la palabra el señor
ministro de Hacienda.
El señor MINISTRO DE HACIENDA (Montoro Romero): Señor presidente, en
primer lugar, quiero agradecer las intervenciones de SS.SS.
El informe relativo a la reforma fiscal que hoy he traído a la Cámara
es un informe importante. La reforma fiscal es parte de las reformas
estructurales de nuestras sociedades y deben ser preparatorias de la
adaptación de nuestra sociedad, de la sociedad española, al siglo
XXI. Es un informe relativo al primer ejercicio de aplicación de un
nuevo impuesto que, como decía en mi primera intervención, es
fundamental en el conjunto del sistema tributario español y por tanto
se trata de un informe relativo a cómo deben concebirse los impuestos
en el siglo XXI, qué papel debe jugar en el sistema tributario un
impuesto sobre la renta y cómo, en definitiva, debemos financiar el
Estado en el siglo XXI, adaptando el Estado a los cambios que nos
exige la situación económica de nuestro país, su apertura
internacional, la innovación tecnológica, las respuestas a los nuevos
desafíos, como es el envejecimiento de la población, perfeccionando
los sistemas de financiación de nuestro sector público.
El informe es un informe anunciado por el Gobierno desde hace meses;
yo mismo lo hice en la Cámara con motivo de la defensa del proyecto
de los Presupuestos Generales del Estado para el año 2001 y anuncié
que durante las próximas semanas, una vez cerrada la campaña de la
liquidación del impuesto sobre la renta de las personas físicas,
estaríamos en condiciones de acometer y abordar ese informe. Es
normal que el informe de un miembro del Gobierno sea conocido en
primer lugar por el propio Consejo de Ministros y es normal que,
después de los informes que se hacen en Consejo de Ministros, se
trasmita a la opinión pública su contenido. A partir de ahí es
cuando, a petición propia, no a petición de ningún grupo alguno de
esta Cámara, el Gobierno comparece para presentar el informe y
sostener sin duda alguna un debate de criterios sobre lo que
significan las cifras, los contenidos exactos de ese informe y sobre
todo las proyecciones de futuro.
La reforma fiscal del impuesto sobre la renta ha supuesto situar a
España a la vanguardia de las reformas fiscales, como algunas de SS.
SS. ya han comentado. Hoy España es pionera en la transformación de
su sistema tributario y los resultados, que esta mañana hemos tenido
ocasión de analizar aquí conjuntamente, confirman que hay razones
para que otros países de la propia Unión Europa sigan la senda que
hemos abierto en España sobre la reforma de nuestro sistema
tributario, empezando por la reforma del impuesto sobre la renta. Y
era necesario que adaptáramos algunos de los componentes básicos de
nuestros impuesto sobre la renta a las tendencias que en todo el
mundo se están
acometiendo en materia de reforma tributaria desde hace más de 25
años.
Teníamos una necesidad urgente en materia de reformas estructurales
de la economía española y era reformar nuestro sistema tributario.
Nuestro sistema tributario se estaba conduciendo por pautas
equivocadas -ya lo he criticado anteriormente-, pautas que, además de
conducirlo hacia nuevas situaciones de inequidad tributaria, haciendo
recaer excesivamente el peso de la imposición directa sobre los
salarios y de una manera desproporcionada sobre los salarios más
bajos de la sociedad española, conformaban un sistema impositivo
sobre el ahorro que nos expulsaba en la competencia de mercados
financieros abiertos y que, por tanto, teníamos que adaptar en primer
lugar, adoptando las decisiones tributarias relativas a esa
acomodación. Esas tendencias de reforma fiscal están vivas en el
mundo, decía, desde hace más de 25 años y, ciertamente, las reformas
tributarias que se estaban practicando en nuestro país no iban en el
mismo sentido ni en la misma orientación. Supongo que había que hacer
también una adaptación doctrinal de algunos; está muy bien que se
haga. El libro citado, John Rawls y la teoría de la justicia, es un
libro publicado, señorías, en 1971, y es un libro que ha dado juego a
una nueva concepción del contrato social en el mundo, de lo que deben
ser las relaciones entre los diferentes grupos sociales en función de
su capacidad económica, de su capacidad de renta. Insisto, es una
obra intelectual muy importante y me alegra que algunos grupos de
esta Cámara lo hayan descubierto. Marca nuevas fases, nuevas etapas
de su doctrina. Nunca es tarde si la dicha es buena, que diría el
refrán.
Es claro que el informe que he traído abre un nuevo futuro para
nuestro país. Es el futuro, no ya el presente, como hemos mostrado
con cifras; que bajando los impuestos sobre los españoles, se mejora
la financiación del Estado, se mejora la capacidad de recaudar. En
definitiva, lo que hemos abierto y hemos confirmado esta mañana es
una línea de la que me atrevería a decir que ningún grupo
parlamentario se va a atrever ya a separarse durante mucho tiempo en
España. No hay futuro político para quien anuncie subida de
impuestos, y creo que ello es un gran hallazgo. En esta Cámara no era
ese el discurso normal que existía no hace mucho más allá de cinco
años, no hablo, señorías, de los tiempos en los que comenzó la
democracia. Hace bastante poco tiempo los discursos eran diferentes;
eran que España era un país con baja presión fiscal, que debíamos
subir los impuestos para ser más europeos, que nos iba a traer más
bienestar. Ahora hemos cambiado el rumbo y hemos mostrado que,
bajando los impuestos, se consigue más bienestar, se fomenta la
creación de empleo, se mejora la financiación de la economía del país
y se reduce el déficit público de manera que se garantiza mejor que
el Estado español pueda acometer las tareas que siguen siendo
imprescindibles en sus funciones, como es el caso de seguir
fortaleciendo la inversión,
el área social, las prestaciones sociales, dándole la seguridad
de que cobran esas prestaciones sociales en un Estado bien
financiado, en un Estado saneado y en un Estado en equilibrio
presupuestario.
Ese es el camino que se ha abierto y ese es el camino que yo entiendo
que va a ser muy fructífero en nuestro país, a partir del que la
competencia política es bajar los impuestos. Ciertamente, nos vamos a
mover durante mucho tiempo en esa competencia política y hemos de
reconocer que esa es la petición que hace una Cámara a un Ministro de
Hacienda, lo cual sin ninguna duda es satisfactorio. Es un equilibrio
que tendrá que tener el Gobierno de España, pero especialmente del
ministro que les habla, en cuanto a aceptar las demandas de SS.SS.,
en cuanto a seguir bajando impuestos en el futuro, acomodando esas
demandas a la necesaria financiación del Estado. Insisto en que es
una reforma tributaria muy positiva, con sus efectos, la que hemos
traído esta mañana y además es toda una concepción política, una
filosofía política del Estado. Es, sin duda alguna, ese Estado mejor
financiado y un Estado donde las relaciones tributarias con los
ciudadanos mejoran en términos de mejora de la equidad, mejoran en
términos de lo que es la contribución del nuevo impuesto a la
eficiencia económica de nuestro país, sobre todo, a la creación de
empleo del mismo, y mejora la simplicidad en la relación tributaria o
reduce los costes impositivos a la hora de pagar los impuestos.
He escuchado algunas consideraciones y algunas críticas que
agradezco, en primer lugar. En lo que se refiere al portavoz del
Grupo Socialista, creo que intenta reproducir en parte el debate de
presupuestos. Ya ha habido un debate de presupuestos en esta Cámara,
realizado por otro portavoz de su grupo, y yo mismo tuve la
oportunidad de sostenerlo, sobre el equilibrio presupuestario, su
contabilización y demás, y me remito a los argumentos ya expresados.
Voy a confesar al portavoz del Grupo Socialista que no le he
entendido bien la argumentación. Su señoría ha dicho que las cifras
que trae el Gobierno no se las cree. Siempre dice lo mismo; no se
cree ninguna de las cifras que trae el Gobierno. Señoría, me permito
recordarle las cifras. Supongo que S.S. sí se cree que las
retenciones han bajado el año pasado, el año 1999, 698.000 millones
de pesetas. Eso sí se lo cree. La bajada de retenciones es la que es,
la que se ha practicado. Si S.S. no se cree las cifras del impuesto,
¿por qué califica S.S. de inoportuna en el tiempo la bajada del
impuesto? Porque una de dos, o el impuesto no ha bajado, con lo cual
daría igual a efectos económicos, o si ha bajado, y S.S. dice que ha
bajado, es porque ciertamente ha tenido un efecto sobre renta
disponible, efecto que a S.S. nos ha dicho que no le ha satisfecho,
que es inoportuno, que no teníamos que haber bajado el impuesto en el
año 1999, que no teníamos que haber mejorado la renta disponible de
los españoles ese año 1999, porque por lo visto ese año la
circunstancia económica no aconsejababajarlo, dice su señoría.
Yo le tengo que recordar que a comienzo del año 1999 había una crisis
financiera mundial, que S.S. recuerda perfectamente, crisis que
perjudicó gravemente el desarrollo del comercio mundial, que también
S.S. recuerda, y que motivó una desaceleración económica en la Unión
Europea, de manera que los grandes países perdieron velozmente ritmo
de crecimiento, hasta el punto de que en la primavera de 1999 fue
cuando el Banco Central Europeo, sin duda alguna inducido por esa
situación de bajo crecimiento económico en la Unión Europea, llevó
adelante su política de bajar los tipos de intervención hasta un
mínimo histórico del 2,5 por ciento. Todo eso ocurría a comienzos del
año 1999. En España, en contraste, teníamos un crecimiento económico,
una situación de una economía que merecía la confianza de los
ciudadanos, teníamos una recuperación de renta disponible, teníamos
una creación de empleo, que es la que nos ha llevado -y supongo que
S.S. esa cifra también se la cree- a que en el año 1999 aparecieran,
llamémoslo así, 700.000 contribuyentes nuevos en el impuesto sobre la
renta de las personas físicas. ¿De dónde salió ese número de
contribuyentes si no fue de la creación de empleo de ese año? 700.000
nuevos contribuyentes en un año. ¿A S.S. le parecen pocos? ¿Realmente
le parece una cifra importante o no? Eso ocurrió en una sociedad que
estaba inmersa en un contexto internacional francamente difícil,
hasta el punto, insisto, en el que el riesgo que padecimos en aquel
momento fue el de la fuerte desaceleración de economías como la
alemana, la italiana o la propia economía francesa. En contraste,
nosotros tuvimos un crecimiento económico, que sin duda alguna está
causado por la evolución de las rentas de los ciudadanos, está
causado por las políticas económicas que aplica el Gobierno, y está
causado por esa reforma tributaria y la mejora de renta disponible
que aplica el Gobierno.
Ese es el argumento, señoría, y usted me dice: no me creo las cifras
que trae el Gobierno. Si no se las cree será porque no ha bajado el
impuesto, y si ha bajado el impuesto, le insisto, señoría, explíqueme
por qué dice que es inoportuno que en el año 1999 haya mejorado la
renta disponible de los españoles bajando los impuestos. Seguramente
sería inoportuno por razones políticas a las que se ha referido S.S.,
pero esas son otras razones. Y por supuesto que el Gobierno hace
política de interés general y política para cumplir sus compromisos
electorales, y hace política, como es absolutamente normal en una
democracia, para ganar elecciones; ese es el interés legítimo de un
Gobierno en democracia. Claro que hace política, y hace política
económica para que haya más bienestar, más empleo, que es el
resultado que se ha dado por primera vez a través, insisto, de una
bajada de los impuestos. Es más, bajando el impuesto sobre la renta y
aumentando la presión fiscal, como yo he citado esta mañana, que
aumentó la presión tributaria por ensanchamiento de las bases del
impuesto, el impuesto sobre la renta
ensanchó su base, lo hizo el IVA, lo hizo el impuesto sobre
sociedades en las cuantías que S.S. tiene delante, estimadas, de
acuerdo, por efecto directo, pero por efecto indirecto evidentemente
y por la evolución económica del país, explíqueme S.S. dónde está el
efecto inflacionista de los impuestos en el año 1999. Y si se reduce
el déficit público en la cuantía que lo hizo, dónde está el efecto
inflacionista. ¿En la política fiscal? ¿Eso es lo que teníamos que
haber hecho en 1999?
Señoría, los argumentos económicos hay que manejarlos con coherencia,
con base, porque si no estamos discutiendo siempre con diferentes
fuentes, como la que ha manejado S.S., que es la de llegar a decir en
la Cámara: además, realmente, por el efecto de no deflactación de las
tarifas y de los mínimos del impuesto hay una pérdida de poder
adquisitivo de 300.000 millones de pesetas. Eso es así porque se ha
publicado. Con todo el respeto a que se publique, explíqueme S.S.
cuáles son las fuentes de ese cálculo. Tiene usted que traer cifras
fundamentadas de acuerdo con sus cálculos y su evolución. (La señora
Mendizábal Gorostiaga: Las tiene que traer usted.) No me acumule
ejercicios. En el año 1999 dicen: no hubo deflactación, no hubo
bajada de las tarifas del impuesto. Señoría, en el año 1999 hubo
bajada de las tarifas del impuesto.
Cuando S.S. vive en estabilidad de precios, el concepto de
deflactación de los impuestos también tiene que actualizarlos, porque
no es lo mismo vivir en un marco de estabilidad de precios que en un
marco en el que la inflación es la constante general que define el
sistema. La estabilidad de precios es el marco en el que vive la
economía española desde que fundamos el euro. Es más, para eso
fundamos el euro, para tener estabilidad de precios, y la estabilidad
de precios no la marca una decisión arbitraria, sino un enfoque de
política monetaria en un país. Y esa política monetaria tiene que ser
ayudada y soportada por el enfoque de la política fiscal de un país,
dentro de ella por la política tributaria y por el conjunto de
reformas estructurales que se acometen en un país. Pero la definición
de precios y de estabilidad de precios en los países modernos la
marca la política monetaria. Para eso tenemos bancos centrales
independientes, señoría; lo tienen los países más desarrollados desde
hace muchos años y para eso España desarrolló la autonomía, la
independencia de su banco central. A partir de ahí vivimos en una
estabilidad de precios donde tiene lugar el comportamiento y el
efecto económico de los impuestos, y sobre el que trata de incidir la
evolución de los mismos. Y esa evolución es la que yo le he traído
esta mañana, en porcentajes, claro que sí, porque es en porcentajes
como tenemos que medir la progresividad de un impuesto. ¿O es que la
progresividad de un impuesto lo mide alguna de SS.SS. en valores
absolutos? Esto sí que es para nota. La progresividad del impuesto,
señoría, es una escala porcentual de variación de la participación de
la renta a la aportación de la cuota líquida. Esa es la progresividad
de un impuesto, o creía yo desde hace muchos años, cuando empecé a
estudiar estas cosas, cada vez hace más años, ciertamente. La
progresividad es una escala proporcional.
Cuando se produce esa distribución de renta, señorías, que tienen
ustedes ahí, que es la distribución del peso de la participación de
las rentas en la cuota líquida, bajando las rentas del trabajo,
bajando las rentas del capital, mejorando proporcionalmente en las
cuantías respectivas, y se obtiene un resultado que es la curva de
Lorenz, que tienen SS.SS. ahí expresada, eso es mejorar la equidad
del impuesto sobre la renta; esa es la curva que representa que hay
una aportación de población de contribuyentes que ha mejorado en su
aportación de cuota líquida, en el sentido de liberar a una mayor
masa de contribuyentes en su aportación final al impuesto. Esa es la
equidad y la progresividad del impuesto. Y, por cierto, S.S. ha
vuelto otra vez a referirse a otra circunstancia que tampoco he
entendido bien, porque ha dicho: lo mismo que me hace el Gobierno en
materia de imposición especial. No, en imposición especial es al
revés, señoría. El impuesto especial sobre hidrocarburos no es
proporcional sino fijo, es un número de pesetas que tiene el Estado
sobre los litros y por tanto no es un impuesto proporcional; no lo
compare S.S. con este efecto. Por eso decía que me ha mezclado. El
Gobierno cambia el sistema de presentación. Lo que cambia es el
impuesto y la definición de lo que es el impuesto. El impuesto sobre
hidrocarburos no es sobre el valor, sino una cantidad fija. El
Gobierno tiene que presentar el resultado de un impuesto de acuerdo
con sus características esenciales básicas, y ese es el resultado
relativo a los impuestos especiales. En España el impuesto especial
es comparativamente bajo cuando lo comparamos con el resto de los
países de la Unión Europea. Además es comparativamente bajo en lo que
representa ese impuesto especial sobre hidrocarburos sobre el precio
final en relación con lo que es el nivel de renta per cápita de
España, ahora ya expresado en porcentaje, en relación con la media de
los países de la Unión Europea. Las cosas son como son, señoría, y
las cifras se constatan con gran facilidad.
Es muy importante insistir en el planteamiento de la necesidad que
tiene España; anunciar que tenemos que seguir bajando la fiscalidad
sobre los salarios en nuestro país. Eso es lo importante. Se trata de
reducir la brecha fiscal, que el salario pague menos impuestos. Que
el salario pague menos impuestos no significa que haya una
transferencia al empresario, en absoluto; significa sencillamente que
el salario paga menos impuestos. Al pagar menos impuestos y reducirse
la diferencia entre salario bruto y salario líquido, favorecemos la
contratación, especialmente la de personas con salarios más bajos.
Ese debe ser el enfoque de los pasos siguientes que demos en materia
de reforma tributaria en España, para seguir favoreciendo la
contratación y el empleo,
especialmente el de las personas menos cualificadas; para seguir
favoreciendo, en definitiva, a aquellas empresas situadas en ámbitos
de actividad intensivos en materia de empleo. Eso es lo que tenemos
que hacer en nuestro país.
Cuando bajamos el impuesto sobre la renta y mejoramos la brecha
fiscal no se produce transferencia alguna a favor de la empresa,
señoría, por mucho que usted lo pinte y que diga que teóricamente es
así; cuantifíquemelo, porque su argumento me ha dejado totalmente
desconcertado. Eso ocurre cuando usted baja las cotizaciones a la
Seguridad Social a cargo de la empresa, que es un tributo que recae
sobre la actividad empresarial que contrata el factor trabajo, pero
no pasa cuando reduce el impuesto sobre la renta y alivia el volumen
de retención que corre a cargo de la empresa. No hay ninguna
transferencia de renta a favor de la empresa; existe un estímulo para
la empresa al favorecer el trabajo; al propiciar el aumento del
número de personas que quieren entrar en el mercado de trabajo,
estamos favoreciendo la creación de empleo, que es el objetivo que
nos debe reunir.
En el ahorro y el consumo, los hechos en cuanto a la evolución de las
figuras en que los españoles depositan su ahorro a medio y largo
plazo son claros y contundentes, y ya me he referido a ellos:
instituciones de inversión colectiva, planes de pensiones, depósitos
a largo plazo, seguros de vida. Ahí está cómo han evolucionado y cómo
venían evolucionando hasta el año 1998. A partir de ahí, tenemos que
ver que ha habido una mejor estructura de la disposición del ahorro
financiero de los españoles, sin olvidar que siguen haciendo un uso
muy intenso de las posibilidades que el impuesto sobre la renta les
ofrece para adquirir vivienda. Es otra forma de ahorro, sin duda
alguna, y otra forma de constituir patrimonio a medio y largo plazo
con la que debemos ser respetuosos y que debemos estimular.
En los cambios fiscales acometidos no ha habido ningún perjuicio para
las comunidades autónomas. Hay un sistema de garantías que ha vuelto
a reproducirse en lo que significa la transferencia. Será importante
la negociación política que el Gobierno acometa a comienzos del año
próximo sobre la fijación de los extremos de la financiación
autonómica. Recibiremos las opiniones de todos los grupos políticos,
para conocer sus inclinaciones en cuanto a cómo fundamentar la
financiación autonómica en el futuro.
El Grupo Socialista, como ha recordado su portavoz, votó en contra de
esta Ley. Por eso no me extraña que no le guste el resultado. Y ha
anunciado que seguirá votando en contra de las iniciativas que traiga
el Gobierno para llevar adelante la reforma fiscal. Lo hará
legítimamente y tendrá que explicar cuál es su distribución de la
carga tributaria; entre estos grupos de contribuyentes, a cuáles les
va a subir el impuesto, a qué grupo de contribuyentes está anunciando
que les va a subir el impuesto en el futuro. En suma, su posición
política en cuanto a las fases siguientes de la reforma fiscal en
España. Yo les anuncio una vez más que el propósito del Gobierno es
cumplir sus compromisos electorales trayendo cuanto antes a esta
Cámara una reforma tributaria que complete el éxito de aplicación de
esta reforma fiscal; reforma fiscal que ha permitido tener un
impuesto más equitativo, más eficiente como estímulo de actividad
económica y que ha mejorado la relación con el contribuyente, puesto
que es un impuesto más simple que ha permitido que millones de
contribuyentes se acojan al sistema de devolución rápida haciendo que
progrese o mejore la eficiencia tributaria a la que debemos aspirar.
Completando la visión de los diferentes grupos sobre los efectos de
la reforma del impuesto sobre la renta de las personas físicas,
quiero señalar al señor Aymerich que no se ha extendido mucho en este
punto; no parece que al BNG le importe mucho esta cuestión. Es una
postura legítima, sin duda, pero es interesante destacarla, si me lo
permite S.S. Me ha llamado la atención en un debate de estas
características. Hay otros grupos ausentes de este debate, y también
es importante marcar las ausencias. No siempre se tienen debates en
esta Cámara sobre el contenido de una reforma tributaria y su
aplicación, no es lo normal. Se bajan los impuestos y se trae este
debate a la Cámara y hay grupos parlamentarios ausentes. Ellos sabrán
por qué; sin duda alguna, tenían hoy obligaciones mucho más
pertinentes que discutir con el Gobierno sobre la calidad y la
intensidad de la reforma fiscal. Insisto en que éste es un gran
asunto.
Quería aclarar al señor Aymerich que los servicios de la Agencia
Tributaria tienen la instrucción del ministro de devolver al
contribuyente que tiene ese derecho cuanto antes, no le quepa ninguna
duda. No hacía falta que hiciera el señor Aymerich ningún tipo de
investigación secreta con ningún inspector ni gestor tributario a ese
efecto; la instrucción es muy clara. Hemos acelerado la devolución al
contribuyente que tenía derecho a ella, ahí están las cifras y, si S.
S. se toma la molestia de leérselas, verá el avance y la rapidez con
que se han hecho las devoluciones a que tenía derecho el
contribuyente. El avance ha sido enorme este año. Le agradezco la
información, pero estaba bastante fuera de lugar, señor Aymerich.
Celebro la valoración tan positiva que hace el portavoz de
Convergència i Unió, señor Padrol, sobre la importancia e interés de
la reforma. Su grupo parlamentario tiene responsabilidad a la hora de
acometerla, por lo que tiene todo el derecho a disfrutar de los
resultados, puesto que empujó, apoyó en todo momento la realización
de la misma. Entiendo que la valoración tan positiva que hace y las
sugerencia que ha traído esta mañana al debate anuncian que seguirá
apoyando la reforma fiscal que el Gobierno del Partido Popular va a
acometer en esta legislatura. Es un hecho que celebro y me parece muy
positivo contar con la colaboración de su grupo parlamentario
para avanzar a la hora de completar esta reforma. Es excesivo hablar
de reforma inacabada, como S.S. decía. Podemos avanzar a la hora de
completarla. Todavía nos queda un trabajo importante por hacer y el
Gobierno quiere ser ambicioso en su proyecto de reforma tributaria en
esta legislatura. Estoy convencido de que en ese mirar hacia el
futuro que marcaba en su intervención, con la sugerencia de
preocupaciones que ha expresado esta mañana, que son las mismas que
yo tengo y que comparto plenamente, podremos trabajar para seguir
mejorando la relación tributaria con el contribuyente.
Con relación a la intervención del portavoz del Partido Nacionalista
Vasco, lamento su demora, señoría; de todas formas, la información la
tenía disponible. (El señor Azpiazu Uriarte: No la he recibido.) Se
remitió ayer a los grupos parlamentarios. Es cuestión de mejorar el
sistema porque lamento que el portavoz no haya podido emitir una
opinión cualificada. Decía que el Gobierno discrepa siempre. Yo
siento que el Partido Nacionalista Vasco no se pronuncie sobre un
tema tan importante como es la reforma fiscal; esto es lo que
realmente cuenta en un debate como éste.
Agradezco al señor Mardones su valoración positiva de los efectos de
esta reforma, así como la sensibilidad que marcaba el portavoz del
Grupo de Convergència i Unió respecto a las comunidades autónomas.
Tenemos que seguir trabajando y espero que despejemos el futuro de
esa financiación autonómica de una manera conjunta. No ha habido
problemas en materia de financiación de comunidades autónomas
derivados de la implantación del nuevo impuesto, porque además era
una reforma anunciada en el programa del Gobierno y era perfectamente
coherente y encajada con un planteamiento que también modernizó la
financiación de nuestras comunidades autónomas la pasada legislatura.
Agradezco la intervención del portavoz del Grupo Parlamentario
Popular, que creo que tiene motivos suficientes no para estar en una
posición de autocomplacencia, como ha demostrado con sus palabras,
sino para mostrar que cuando hay coherencia en política y cuando los
programas políticos se llevan a gobiernos genera una confianza en la
sociedad que convierte a esa iniciativa política en un motor de
desarrollo, de crecimiento de bienestar y de creación de nuevo
empleo. Desde el punto de vista del Grupo Parlamentario Popular,
comprendo que exista esa satisfacción, porque la reforma fiscal en
nuestro país, la bajada del impuesto sobre la renta, era una de sus
enseñas más reconocidas por la opinión pública. Ahora podemos
constatar cuáles son los efectos positivos de un diseño de impuestos
que aspiramos a que se convierta en una reforma estructural que
garantice que la sociedad española entra en el siglo XXI fortalecida
en su crecimiento, en la creación de empleo y acercando sus niveles
de desarrollo y de bienestar a los que tienen los países más
avanzados de la Unión Europea. El paso dado ayer en el Consejo de
Ministros de Economía y Finanzas de la Unión Europea
es importante de cara a la armonización tributaria. Nuestro país
apoya esa armonización tributaria -en concreto del ahorro- que está
abriendo un proceso de integración política en la Unión Europea,
donde participa el Gobierno español y abre un nuevo horizonte a toda
la sociedad española en el siglo XXI.
Pasando al asunto de Santa Bárbara, en primer lugar, agradezco la
preocupación de los grupos parlamentarios y las sugerencias que se
han hecho. La posición del Gobierno es llevar adelante una
privatización, pero, insisto, señorías, sin prisas, midiendo bien las
consecuencias de la misma, de la inscripción de la empresa en un
nuevo proyecto industrial, en la aportación tecnológica de ese
proyecto y en la garantía de los puestos de trabajo y de los centros
de producción. Efectivamente la estructura de centros de producción
también tiene que ser de la mayor importancia a la hora de tomar
decisiones finales sobre la privatización, teniendo en cuenta, como
es inevitable, los aspectos relativos a la mejora de la defensa
nacional, que es lo que da sentido a una industria de armamento que
ha mejorado sus resultados a través de las incorporaciones de estos
últimos años relativas a la mejora de gestión, a la incorporación de
proyecto de I+D y a la apertura de mercados. Ahora queremos completar
todo este avance positivo de los últimos años en forma de una
privatización, que no sólo es garantía de puestos de trabajo; es una
forma de abrir un mejor futuro para los trabajadores de las empresas.
Realmente la privatización no es una amenaza para ningún puesto de
trabajo; es una forma de progresar mejor de lo que pueda ser la
pertenencia a empresas que, por su situación económica deficiente, no
tienen posibilidades de llevar adelante la propia mejora de sus
trabajadores. Esa es la perspectiva de la privatización. Desde esa
confianza y convicción, el Gobierno está aplicando una política de
privatización que en estos últimos años ha contribuido
sustancialmente a abrir este período de crecimiento económico y de
creación de empleo, especialmente en la pequeña y mediana empresa.
Con relación al marco de apoyo comunitario, agradezco las expresiones
del portavoz del Grupo Popular, señor Delgado, que, si cabe, ha
completado y ha hecho más expresivos los datos que ha aportado el
Gobierno relativos a Galicia. El Gobierno tiene una responsabilidad
a la hora de repartir los fondos del marco de apoyo comunitario entre
las comunidades autónomas. Ha utilizado unos criterios objetivos
entre los cuales figura la población. En ese sentido, es cierto que
Galicia mejora no sólo en lo que se refiere al volumen de recursos
utilizados, sino que también tiene una financiación per cápita que
vale la pena que destaquemos esta mañana.
No he entendido bien al señor Aymerich respecto a este punto. Si él
cree que debería haberse hecho otra distribución, tendría que haber
explicado a qué comunidad autónoma el Bloque Nacionalista Gallego le
quería quitar los recursos, si quería otro tipo de distribución,
porque este sí que es un juego de suma cero, señor Aymerich, y
la suma cero significa que cuando alguien pregona que una comunidad
autónoma no ha recibido lo suficiente, es a costa de otra comunidad
autónoma. Debemos evitar ese tipo de discurso político, que creo que
es claramente insolidario. Una cosa es que se defiendan los
territorios y otra que no juguemos todos con las mismas piezas del
mismo tablero. El marco de apoyo comunitario es una financiación que
recibe España precisamente para apostar por el crecimiento, el
desarrollo y el empleo en las regiones más atrasadas
comparativamente. Por tanto, tenemos que hacer una distribución
equitativa y eficiente de esos fondos, a efectos de que la gestión de
esos fondos nos impulse la convergencia real dentro de España.
Por último, señor presidente, hay un matiz que quiero significar.
Creo que lo último que puede hacer un parlamentario en la Cámara es
decir que viene en representación del director de una sucursal de la
empresa pública -lo doy por borrado-, como ha hecho el señor
Aymerich, diciendo que viene a representar al director de la fábrica
de Santa Bárbara en La Coruña. Supongo que esto se aclarará
enseguida. Por supuesto, S.S. es un representante de la soberanía
nacional y, como tal, nos representa a todos, pero de ahí a decir que
viene representando al director... es un poco extraña esa figura de
la representación, usted viene a defender unos legítimos intereses,
que son los que el Gobierno defiende en cuanto a centros fabriles de
Santa Bárbara, que serán especialmente atendidos en el proyecto de
privatización.
El señor PRESIDENTE: Señor Sevilla, le ruego que, aunque esta
Presidencia en las últimas comparecencias ha hecho de lo excepcional
lo habitual, lo cumplamos por si hay algún otro portavoz que quisiera
hacer ahora alguna aclaración, matización o pregunta al señor
ministro. Le ruego que sea singularmente breve, señor Sevilla, por
favor.
El señor SEVILLA SEGURA: Señor Montoro, no sé qué me preocupa más, si
saber que no cree en lo que dice o pensar que pueda creerlo; dado
que, además, usted es la única persona sobre la tierra que
sistemáticamente no me entiende, si es una argucia parlamentaria, por
favor, trate de rectificar.
Yo no he dicho que no me crea los datos, digo que no sé de dónde
salen, entre otras cosas porque ustedes no han publicado la memoria
de la Agencia Tributaria desde el año 1996, porque no están dando la
información que necesitamos los parlamentarios sobre la evolución de
las rentas y de la recaudación. Sí que sé una cosa. Este cuadro que
usted ha citado (la participación de las rentas en la cuota líquida)
es falso porque está comparando cantidades que no son homogéneas. La
cuota líquida del año 1998 no se calculó de la misma
manera que la de 1999; por tanto, o está hecho con error o con
voluntad de engañar.
Insisto en que es preocupante que ustedes se limiten a lanzar datos
sin establecer cuál es la metodología con la que han llegado a ese
cálculo. Son ustedes los que están haciendo no creíbles esos datos,
entre otras razones porque vive usted en un mundo de estabilidad
monetaria que, por otro lado, no entiendo cómo se compatibiliza con
el hecho de que la inflación actual dificulte la segunda vuelta del
IRPF. Si vivimos en el mundo de la estabilidad monetaria, a pesar de
que la inflación sea del cuatro por ciento, no entiendo qué le impide
hacerla.
Dos matizaciones más. Lo de la brecha fiscal se lo explico en clase
particular porque de verdad creo que merece la pena su explicación.
No puedo dejar de pasar de largo su insistencia en negar el dato, ya
que le gustan tanto, de que la tasa de ahorro de las familias
españolas es la más baja de la década. Se habrá canalizado hacia unos
u otros instrumentos, pero esta reforma fiscal no ha fomentado el
ahorro, que usted sigue diciendo que era uno de sus principales
objetivos, porque el análisis que yo he hecho de la reforma fiscal no
es comparándolo con un modelo alternativo que nosotros pudiéramos
presentar, sino un análisis de consistencia respecto a lo que ustedes
dijeron y a lo que en realidad ha sido. Creo que ese análisis de
consistencia demuestra el fracaso de esta reforma, que sólo puede ser
salvado con una información, que seguramente figura elaborada por su
propio gabinete y con el membrete del Ministerio de Economía porque
no han encontrado ningún servicio serio del Ministerio que lo avale,
porque es una información anónima. Nadie explica cómo se llega a esos
datos. Publiquen ustedes las memorias de la Agencia Tributaria desde
el año 1996 hasta aquí y, a partir de esa información, ya le adelanto
que solicitaremos de nuevo su comparecencia en esta Comisión para ver
de verdad qué es lo que está pasando en nuestro sistema tributario.
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Aymerich, a quien
ruego que, por favor, sea muy breve.
El señor AYMERICH CANO: Creo que las alusiones del ministro merecen
cierto tiempo, porque parece que viene hoy a examinarme o es que no
me entiende. Pienso que el ministro ha venido a hacer propaganda,
porque este documento consiste en unas transparencias realizadas con
Power Point e impresas. Esto no es un informe, es propaganda que hace
usted -es problema suyo-, que lo repartieron ayer por la noche y
desde luego la posición del BNG acerca del IRPF y acerca de las
reformas la viene manifestando en diferentes debates, con
proposiciones, por ejemplo, acerca del tratamiento fiscal de los
autónomos y ustedes sabrán también cuál es su posición. Ahora bien,
el BNG y este diputado no van a hacer de comparsa de actos
propagandísticos
de su Ministerio. Usted viene aquí a dar cuentas, a que
lo controlen y no a realizar chanzas, o a decir que si está fuera de
lugar... Lo que está fuera de lugar es que no conteste a determinadas
cuestiones o que me tenga que decir a mí lo que tengo que hacer
-usted sabrá lo que hace- o que me tache de insolidario. Lo que yo
digo es que podría haber hablado de Santa Bárbara con el mismo
interés y la misma precisión que dedicó a hablar del IRPF. Ya sé que
era su tema y ya sé que el fin de semana pasado, en rueda de prensa,
lo publicitó. Allá usted.
Lo que me trae hoy aquí, porque son las comparecencias que pidió el
Bloque Nacionalista Galego, es la situación de Santa Bárbara y el
marco comunitario de apoyo. Siento que se haya ido el diputado
gallego. Siempre hacen igual, mandan a diputados gallegos a ejercer
una labor en cierto modo vergonzosa, porque hablan en contra de
Galicia -ustedes sabrán; no me extraña que se haya ido-. En el caso
de Santa Bárbara dice usted: privatizar sin prisa. Le recuerdo que
antes del 31 de diciembre tienen que adoptar una decisión acerca de
la venta a General Dynamics. Dicen que hay que privatizar midiendo
bien las consecuencias. Es decir, en abril no las midieron bien y
ahora se dan cuenta que no hay transferencia de tecnología, que el
programa Leopard corre peligro, que Defensa y los militares presionan
y que a principios de diciembre, en Niza, se las van a tener que ver
muy gordas, y ahí veremos la fuerza y la resistencia que los
representantes de la soberanía nacional tienen a las presiones con
Schröder, Fischer y compañía.
Su afirmación de que la privatización es la forma de abrir un mejor
futuro para los trabajadores me parece una afirmación dogmática que
explíquesela usted a los trabajadores. Yo no vengo en representación
del director de Santa Bárbara, pero el director de Santa Bárbara
pidió que se ejerciese presión aquí para que ustedes realicen
inversiones en esa fábrica. Pues será insolidario también el director
porque pide inversiones para una fábrica en detrimento de otras.
Explíqueselo usted a él. Simplemente digo lo que dijo a los
trabajadores y lo que dijo en la prensa de Coruña la semana pasada;
problema suyo y de él, pues forman parte de la misma administración.
En cuanto al marco de apoyo comunitario, al Bloque Nacionalista
Galego y al nacionalismo en general es fácil tacharlo de insolidario.
Lo que le digo es que me parece muy bien incrementar la convergencia,
pero es que ni el plan 1994-1996-2000 ni este van a incrementar la
convergencia. Galicia sigue situada a la misma distancia de la renta
media española y de la renta media comunitaria. La tasa de paro crece
y la vía gallega al desarrollo, que es la que su partido parece que
nos está imponiendo -disminuir la población para que la misma riqueza
toque a más entre menos-, tampoco está resultando, porque disminuye
la población activapero por primera vez tenemos una tasa de paro
superior
a la media estatal; o sea que si ese es el camino, ustedes sabrán;
desde luego no es el camino del Bloque Nacionalista Galego. Lo que le
digo es que hay otros criterios objetivos que no van en detrimento de
nadie, criterios objetivos que son no sólo la población, sino también
deficiencias en infraestructuras, dispersión de la población,
precisamente el alejamiento relativo respecto de la renta media
española o de la renta media europea. El señor Delgado y usted pueden
explicar el resto a Orca, conselleiro de Economía, que ve cómo cada
una de sus propuestas y de sus planes se van frustrando y van siendo
rechazados, y usted se lo explica también a los gallegos, ya que
también es representante de la soberanía nacional y Galicia, no a la
luz de los presupuestos sino a la luz del reparto de fondos, también,
por ahora, forma parte de esa nación como la llaman ustedes.
El señor PRESIDENTE: ¿Algún otro portavoz desea intervenir? (Pausa.)
Señor Martínez-Pujalte, muy brevemente.
LÓPEZ:
El señor MARTÍNEZ-PUJALTE Simplemente quiero decir que las memorias
de la Agencia Tributaria están en Internet y este grupo parlamentario
ha tenido ocasión de consultar periódicamente las últimas memorias.
(El señor Sevilla Segura: Sin datos.) Las páginas no están vacías,
tienen unos datos; no sé si les satisfacen más o menos, son páginas
llenas de datos que les pueden gustar más o menos.
Quiero decir también que mi grupo parlamentario, señor ministro, le
agradece su comparecencia. Creo que estamos asistiendo hoy a una cosa
por lo menos novedosa (El señor Sevilla Segura: Histórica.) y es
informar de las reformas tributarias. Creo que hoy es un buen día
porque en el Parlamento no sólo se legisla, sino que también se
examinan y analizan los resultados de lo que se ha legislado. Yo creo
que eso es positivo y en esa línea hay que seguir actuando. Mi grupo
así lo hará. Si a uno le pueden gustar más o menos los resultados, es
evidente que contra los gustos no hay nada escrito. Auno le puede
gustar más o menos que se crezca o no se crezca. A mi grupo
parlamentario le gusta que en España se crezca y con un diferencial
positivo. A un grupo le puede interesar más o menos que no se cree
empleo. A mi grupo parlamentario le interesa que se siga creando
empleo y además con un diferencial positivo, y mi grupo valora muy
positivamente que ese crecimiento y ese empleo se distribuya de una
manera mucho más equitativa, como se hace con el impuesto sobre la
renta que aquí aprobamos.
El señor PRESIDENTE: Señor Delgado, muy brevemente, por favor.
El señor DELGADO ARCE: Por supuesto, muy brevemente, quiero que no
quede en el ambiente de esta sala ninguna duda sobre lo muy
beneficiosas que
han sido para la Comunidad Autónoma de Galicia las cifras obtenidas
en este marco comunitario de apoyo. Los que representamos la
soberanía popular tenemos muy claro que estamos aquí por la voluntad
de los electores, y en ese sentido las políticas desarrolladas en
Galicia bajo la responsabilidad del Partido Popular día a día se ven
acrecentadas por un mayor respaldo popular, en las elecciones. El año
2001 será un año electoral en Galicia y veremos si estas políticas de
convergencia real, de crecimiento de empleo, de crecimiento de
nuestra economía y de mejora de las infraestructuras son propaganda o
son el mejor aval para la confianza que nosotros aspiramos a merecer
día a día.
El señor PRESIDENTE: Señor ministro, si desea hacer alguna aclaración
o dar alguna contestación a las últimas intervenciones, tiene la
palabra.
El señor MINISTRO DE HACIENDA (Montoro Romero): Voy a contestar ya
con toda brevedad. En primer lugar, como decía el portavoz del Grupo
Parlamentario Popular, la memoria de la Agencia Tributaria está en
Internet y la última está publicada desde el mes de agosto, algo que
además reprodujo la prensa económica en nuestro país durante ese mes.
(La señora Mendizábal Gorostiaga: Sin estadística del IRPF.) En
relación con la evolución de la cuota comparada, el portavoz
socialista ha hecho una afirmación que creo que conviene clarificar,
y es que lo mínimo que se puede comparar es, efectivamente, la cuota
de un año con la cuota de otro, y no se puede decir que sea falsa esa
comparación. La cuota es la resultante de aplicar dos regímenes
tributarios diferentes, obviamente, para eso hemos cambiado el
impuesto, y lo que analizamos es la consecuencia del cambio del
impuesto. No entiendo lo que ha dicho S.S. respecto a que es falsa la
comparación, si es al revés. Ojalá pudiéramos hacer toda la
comparación del impuesto en términos de lo que se pagaba en 1998 y lo
que se paga en 1999, señoría. Para eso se ha hecho la modificación.
(La señora Mendizábal Gorostiaga: Los porcentajes, no) ¿Pero cómo no
van a ser porcentajes, señoría? Se coge cien, como total de cuota, y
se ve cuáles son las fuentes de esa cuota. Más sencillo el ejercicio
no puede ser, y S.S. dice que es un ejercicio falso. Eso se dice en
el calor del debate; por eso le decía que le aconsejo que repose los
datos, que haga las evaluaciones pertinentes, que los analice y sobre
todo que elija bien las zonas de crítica y las zonas de exposición,
(El señor Sevilla Segura: Dígame de dónde lo saca.) porque está
comprometiendo a un grupo sin duda importante.
En relación con la preocupación por el rebrote inflacionista, que es
la que tiene el Gobierno, la obligación del Gobierno cuando se
produce es, efectivamente, poner sobre la mesa los instrumentos que
están en su mano para contribuir a corregir esa inflación, pero
ningún experto podrá negar que el escenario de inflación
de España tiene que tender al 2 por ciento por razones de la
definición de la política monetaria. Ese es el mismo concepto del
Banco Central Europeo y de la política monetaria única que nos hemos
dado y, por tanto, tenemos que entender que el repunte inflacionista
que está viviendo nuestro país, está originado por una causa como es
la crisis internacional del petróleo, que es una causa que nos
tenemos que tomar en serio en España, porque sin duda alguna nos está
anunciando una relativa escasez de energía frente a la que tenemos
que reaccionar como país y adaptarnos a su consecuencia, pero es una
causa que no debemos reproducir en la continuidad de la inflación. La
inflación es la subida general de los precios de la economía de un
país y esa subida no tiene que estar causada por ninguna subida de
precios relativos, por muy importante que sea el concerniente a una
materia prima como es el petróleo. Tenemos que apelar al sentido de
la sociedad misma, porque el objetivo del 2 por ciento de inflación
no es un objetivo del Gobierno, sino de la sociedad, de sus agentes
sociales y, por tanto, tenemos que conducir nuestra conducta,
nuestras interpretaciones y nuestras críticas políticas precisamente
hacia la formulación de políticas coherentes con la consecución del
objetivo del 2 por ciento de inflación, que es el que nos conviene
a todos como país.
El Grupo Socialista tendrá oportunidad de llegar a reflexiones más
profundas y más convincentes relativas a lo que es el planteamiento
de una reforma fiscal y tendremos ocasiones durante toda la
legislatura de seguir debatiendo el contenido de los proyectos de
reforma fiscal que irá planteando el Gobierno, dentro del tratamiento
positivo que recibe Galicia, dentro del marco de apoyo comunitario y
de lo que representa para el Gobierno la concreción de sus políticas
de crecimiento económico y de creación de empleo actualmente en la
comunidad gallega.
Finalizo, señorías, diciendo que hoy es un buen día. Efectivamente,
es un buen día porque hemos podido traer a la Cámara los resultados
de una política tributaria que está llamando a la siguiente. Por eso
es un buen día, no para el Gobierno, sino para los españoles, porque
las conclusiones del informe sobre la reforma del impuesto sobre la
renta de las personas físicas indican que estamos en condiciones de
seguir acometiendo en esta legislatura nuevas reducciones de dicho
impuesto, que sin duda seguirán promoviendo que este sea un
instrumento más equitativo aún, reduciendo la carga sobre los
contribuyentes de menor capacidad económica y que más familia tienen
a su cargo, reduciendo y mejorando la fiscalidad relativa a las
actividades empresariales, profesionales y de trabajadores autónomos
y poniendo en mejor disposición todos los instrumentos de fomento del
ahorro a medio y largo plazo en nuestro país. Esa es la conclusión
auténtica del informe y por eso me atrevía a concluir que, puesto que
el informe lleva al anuncio de nueva bajada del impuesto sobre la
renta de las personas físicas en nuestro país en esta legislatura, es
un buen día para los españoles cuando puedo traer a la Cámara este
anuncio.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor ministro, por sus
comparecencias respondiendo a las distintas peticiones que había de
los grupos parlamentarios.
PROPOSICIONES NO DE LEY:
- SOBRE EL ESTABLECIMIENTO DE BENEFICIOS FISCALES A LAS DONACIONES
REALIZADAS CON DESTINO A LAS OBRAS DE RECONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DEL
MONASTERIO DE MONTSERRAT Y SU ENTORNO. PRESENTADA POR EL GRUPO
PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO. (NÚMERO DE EXPEDIENTE 161/
000158)
El señor PRESIDENTE: Continuamos con el siguiente punto del orden del
día, que es la proposición no de ley presentada por el Grupo
Parlamentario Popular sobre el establecimiento de beneficios fiscales
a las donaciones realizadas con destino a las obras de reconstrucción
y reparación del monasterio de Montserrat y su entorno.
Por el Grupo Parlamentario Popular tiene la palabra el diputado señor
Sanz.
El señor SANZ PALACIO: El pasado día 10 de junio se produjeron en
Cataluña pérdidas humanas y numerosos daños materiales a consecuencia
de las lluvias y el viento. Uno de los puntos más afectados fue la
montaña y el monasterio de Montserrat. Mi grupo, sensible a lo
acaecido, dio respuesta a esta situación impulsando una serie de
iniciativas por la importancia histórica, cultural y religiosa, así
como el valor emblemático que para la sociedad española y para la
sociedad catalana significa Montserrat.
Entre otras iniciativas, mi grupo presentó la proposición no de ley
prevista en el orden del día de hoy y se hizo así por considerar en
aquel momento que la vía más adecuada para impulsar la participación
de la sociedad civil en la reconstrucción de Montserrat era la de
establecer beneficios fiscales a las donaciones realizadas para el
ejercicio 2001, tanto para personas físicas como para sociedades. La
gran actividad que desarrolla esta Comisión, señor presidente, ha
hecho imposible que la proposición no de ley de mi grupo se debatiera
antes. Por ello, mi grupo parlamentario, aplicando criterios de
coherencia, rigor y seriedad en los planteamientos, incluyó en el
proyecto de ley de presupuestos una enmienda que recoge en su
integridad los motivos que en su momento inspiraron esta proposición
no de ley. Dicha enmienda fue aprobada en el seno de la Comisión de
Presupuestos, por lo que, señor presidente,
cumplidos los fines de la misma, retiro la proposición no de ley que
iba a ser objeto de debate.
El señor PRESIDENTE: Señor Sanz, le he entendido que el Grupo Popular
retira la proposición no de ley.
El señor SANZ PALACIO: Efectivamente, señor presidente, por los
motivos que he expuesto en mi intervención. (El señor Bel i Queralt
pide la palabra.)
El señor PRESIDENTE: Señor Bel.
El señor BELI QUERALT: Muy brevemente, señor presidente.
La retirada es obvia, puesto que el tema está incluido en los
presupuestos, aunque no exactamente como se presentó la proposición
no de ley. En segundo lugar, quiero poner de manifiesto que nosotros
no valoramos que haya tanta agilidad en el funcionamiento de la
Comisión como ha señalado el parlamentario que me ha precedido; que
una proposición no de ley presentada el día 29 de junio y que aparece
en el Boletín Oficial de las Cortes Generales el 19 de julio, para
instar al Gobierno a recogerla en los presupuestos -es decir antes
del 30 de septiembre, porque entonces ya están entregados-, se vea el
27 de noviembre supone una velocidad de diligencia, no es diligencia.
- RELATIVA AL CIERRE DE LA CENTRAL NUCLEAR «JOSÉ CABRERA», DE ZORITA
(GUADALAJARA) Y LA PUESTA EN MARCHA DE UN PLAN DE DESARROLLO DE
ENERGÍAS ALTERNATIVAS EN LA ZONA DE INFLUENCIA. PRESENTADA POR EL
GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA. (NÚMERO DE EXPEDIENTE 161/000170)
El señor PRESIDENTE: Pasamos al último punto del orden del día,
proposición no de ley relativa al cierre de la central nuclear José
Cabrera, en Zorita, en la provincia de Guadalajara, y a la puesta en
marcha de un plan de desarrollo de energías alternativas en la zona
de influencia.
Por el Grupo Parlamentario Socialista, que es el proponente de esta
iniciativa, tiene la palabra el señor García Breva.
El señor GARCÍA BREVA: El mes de octubre del año 1999 el Gobierno
aprobó la renovación del permiso de explotación de la central de
Zorita por un período de tres años, después de un informe del Consejo
de Seguridad Nuclear, en el cual rechazaba la petición que la
compañía propietaria hacía de un permiso de explotación por nueve
años e informaba a favor de un permiso por tres años, exigiendo a la
compañía titular de la central la elaboración y la mejora de los
planes de seguridad -eso figura en el informe del Consejo de Seguridad
Nuclear, referido al año 1999- y concedía al titular de la
central un período de seis meses para presentar esos nuevos planes y
programas de seguridad, para que dos o tres meses después el Consejo
informa sobre la primera solicitud de prórroga por otros seis años,
para completar los nueve años de prórroga del permiso de explotación
que pedía Unión Fenosa.
El pasado día 11 de julio, el Consejo de Seguridad Nuclear emite un
segundo informe, no satisfactorio, sobre los planes de seguridad de
la central de Zorita. El Grupo Socialista solicitó dicho informe, que
nos fue entregado a finales del mes de octubre. Quiero leer en esta
Comisión dos instrucciones complementarias, en las cuales el Consejo
de Seguridad Nuclear considera no satisfactorio el informe y el plan
de seguridad que la central de Zorita ha presentado. Se dice lo
siguiente: El titular deberá implantar modificaciones en la sala de
control, para reducir de forma significativa el impacto en el riesgo
que actualmente tiene la disposición de los paneles de dicha sala. A
continuación, dice: El estudio presentado por el titular no se ha
considerado satisfactorio. En la instrucción complementaria
siguiente, el informe del Consejo de Seguridad Nuclear dice: El
titular deberá analizar en detalle las actuaciones a llevar a cabo en
caso de necesidad de abandono de la sala de control y adoptar las
medidas necesarias para garantizar la parada segura. A continuación
dice: El titular ha propuesto la instalación de un panel de abandono
temporal de la sala de control. La propuesta presentada debe
completarse con análisis probabilistas de incendios en los paneles de
la sala de control, para identificar los supuestos de incendios
localizados que dejarían inhábil la capacidad de mantener la parada
segura de la planta.
El Grupo Parlamentario Socialista presentó esta proposición no de ley
en el mes de julio pasado pero, a la vista de este informe, hemos
exigido que se debatiera este tema lo antes posible en la Comisión de
Economía porque nos parece que este segundo informe supone una
gravedad importante respecto al nivel de seguridad que tiene la
central nuclear de Zorita, ya que la sala de control no responde a
los requisitos para hacer frente a una situación de emergencia ni
tiene los dispositivos necesarios para detener su funcionamiento en
caso de incendios.
Creo que está más que justificada la primera autorización por tres
años que dio el Consejo de Seguridad Nuclear y luego aprobó el
Gobierno y no autorizar los nueve años que pedían los titulares. Hay
que resaltar que estos informes del Consejo de Seguridad Nuclear han
sido totalmente distintos en el caso de los otros permisos de
explotación que han sido concedidos a Garoña, Almaraz y Vandellós II.
Está claro que el Consejo de Seguridad Nuclear no quiere dar un
permiso de larga duración a una central nuclear que no cumple con la
normativa actual de seguridad y que no puede seguir funcionando sin
realizar inversiones adicionales. Seríamás conveniente cerrar que
realizar cuantiosas inversiones
que no van a corregir las deficiencias estructurales de la central,
ya que se trata de dos insuficiencias graves, en caso de accidente y
en caso de incendios, y que el origen de las mismas es, simplemente,
que se trata de una central tecnológicamente obsoleta, es una central
que ha cumplido ya 32 años -es la más antigua de España- y está claro
que la sala de control no es válida para situaciones de emergencia y
no puede cumplir la normativa vigente. Creo que el Consejo de
Seguridad Nuclear ha actuado bien en este caso. No está satisfecho
con Zorita y el titular no está dando la respuesta que el Consejo de
Seguridad Nuclear esperaba. Por eso el Grupo Parlamentario Socialista
pide el cierre ordenado y programado de la central de Zorita y que, a
partir de esa decisión, se establezca una gestión finalista
encaminada a la clausura y desmantelamiento de dicha central. Creemos
que la gestión de los activos debe ser finalista y consensuada con la
compañía propietaria, de manera que se pueda llevar a cabo este
proceso con normalidad.
En nuestra proposición no de ley planteamos también un plan
alternativo de desarrollo de la zona basado en el desarrollo de las
energías renovables. Conocemos ya un documento del IDAE en el que se
hace una previsión de plan de desarrollo de la zona de Zorita basado
en las energías renovables. No voy a insistir porque seguramente
tendremos ocasión de tratar este tema en otro momento en esta Cámara,
pero sí quiero destacar la responsabilidad del titular de Unión
Fenosa en este tema, sobre todo en el mantenimiento de una situación
insatisfactoria para el Consejo de Seguridad Nuclear y yo creo que
grave de cara a la seguridad de la central. Por los periódicos hemos
conocido las inversiones que está haciendo Unión Fenosa en estos
últimos meses, por ejemplo, cómo ha invertido más de 170.000 millones
de pesetas en Egipto para introducirse en el mercado del gas en
España, cómo ha comprado tres compañías eléctricas en Colombia por
47.000 millones de pesetas o cómo va a invertir 4.500 millones de
pesetas en un parque de energía eólica en Cataluña. Yo creo que Unión
Fenosa en este momento está anteponiendo los criterios de
rentabilidad a los de seguridad; criterios que está claro que el
Consejo de Seguridad Nuclear ha rechazado. Últimamente estamos viendo
las gestiones que se están haciendo para la fusión de Endesa e
Iberdrola y quizá podría hacerse la de Unión Fenosa con otras
centrales nucleares, como las de Trillo y Almaraz, pero creo que el
titular de esta central nuclear sigue anteponiendo los criterios de
rentabilidad económica frente a los de seguridad, y aquí ya entramos
en el ámbito de lo que considero que es responsabilidad del Gobierno,
en el sentido de que el Consejo de Seguridad Nuclear no tiene una
capacidad ejecutiva. Al Gobierno le corresponde adoptar la decisión
final de prórroga del permiso de explotación o de cierre, en el caso
en que se tome esa decisión, y hay que tener en cuenta que ante dos
informes del Consejo de Seguridad Nuclear que son ya insatisfactorios,
y que yo calificaría de negativos, esa decisión se
plantea como algo urgente e inmediato.
Quisiera aludir también a que la compañía titular Unión Fenosa ha
echado mano de un nuevo informe que el día 28 de julio emitió también
el Consejo de Seguridad Nuclear, pero deseo dejar bien claro que el
informe del Consejo de Seguridad Nuclear que se nos ha enviado a
través del Gobierno, tiene como finalidad establecer las condiciones
indispensables que a juicio del Consejo de Seguridad Nuclear ha de
tener la central para proceder a una nueva renovación del permiso de
explotación de la planta. El informe que también remitió el Consejo
de Seguridad Nuclear a esta Cámara el día 28 de julio, tiene por
objeto la situación de estructuras, sistemas y componentes de la
central nuclear José Cabrera, afectados por fenómenos degradatorios
causados por el envejecimiento y el procedimiento de vigilancia de
los mismos.
Quisiera terminar haciendo una reflexión. Me parece un poco ligero
tomarse el Gobierno a risa algunos sucesos importantes que tienen que
ver con la energía. No voy a hablar del submarino de Gibraltar, pero
sí de la dependencia energética cuando plantean que hay que consumir
menos o usar menos el coche. Ésas son las respuestas que el Gobierno
está dando al Grupo Socialista respecto al grado de ejecución del
Plan de energías renovables. Tomarse estas cuestiones con relativa
superficialidad me parece grave puesto que están afectando
a generaciones futuras, están afectando al futuro de la calidad de vida
de nuestros hijos y de los hijos de nuestros hijos y es un elemento
importante a tener en cuenta. Se debe anteponer la seguridad a los
criterios de rentabilidad económica y en ese sentido de la
responsabilidad nos basamos para pedir que se apruebe la proposición
no de ley que hemos presentado.
El señor PRESIDENTE: ¿Grupos parlamentarios que desean intervenir?
(Pausa.) Por el Grupo Popular, tiene la palabra el señor Souvirón.
El señor SOUVIRÓN GARCÍA: Mi intervención se va a centrar
exclusivamente en el asunto de la central de Zorita y voy a evitar
cualquier manifestación sobre teoría general de mi grupo en el asunto
de la energía. En ese sentido, está claro que hace un año el entonces
Ministerio de Industria y Energía autorizó la renovación del permiso
de explotación a la central de Zorita para un período de tres años,
previo informe favorable del Consejo de Seguridad Nuclear. Nadie duda
de la independencia, del alto grado de especialización técnica y de
la solvencia del Consejo de Seguridad Nuclear ni de la seriedad de
sus informes. Tampoco lo hace el grupo proponente que ha basado su
intervención en esos informes, pero nosotros queremos referirnos al
informe en su totalidad, a sus conclusiones finales y no a las
medidas que el Consejo pone enmarcha para que se cumplan esas
soluciones finales
que hacen que las centrales nucleares estén a la última y en perfecto
estado de funcionamiento con arreglo a los protocolos
internacionales.
Reconocida la solvencia del Consejo de Seguridad Nuclear, no hay
motivos, por tanto, para no tener en cuenta el informe que ha
fundamentado la ampliación del permiso de explotación de la central
de Zorita para los próximos tres años, que se emitió tras evaluar la
evolución de la central durante el tiempo de duración de la última
autorización y comprobar que se ha operado de manera satisfactoria,
que se han implantado las medidas de seguridad requeridas y que se
han cumplido los límites y condiciones sobre seguridad nuclear y
protección radiológica. Eso lleva al Consejo a dar una ampliación de
tres años en el permiso de explotación.
El representante del Grupo Parlamentario Socialista hablaba de
informes del Consejo de Seguridad Nuclear, con algún matiz negativo.
Lo tengo delante y dice textualmente que fijaba el plazo de tres años
porque debían incrementarse los niveles de seguridad de determinados
sistemas asociados a la gestión de accidentes que tienen una
probabilidad muy baja de ocurrir y como había que mejorar eso, ese
hecho improbable, se daban tres años. Una vez que se solucione en
este tiempo, se ampliaría hasta cumplir el plazo previsto de vida
para las centrales nucleares en el quinto Plan de residuos
radioactivos que fue aprobado por el Gobierno sin oposición en esta
Cámara.
Por tanto, al Grupo Parlamentario Popular le parece que el órgano que
tiene que decidir sobre la historia, el que lleva a cabo con absoluto
rigor el control y la inspección de la seguridad nuclear, ha dado luz
verde para que este permiso de explotación se prolongue durante tres
años, y no hay ningún motivo para que el Parlamento entre en esta
historia. Lo que sí aseguro al Grupo Parlamentario Socialista es que,
si hubiera alguna duda
sobre riesgo cierto de seguridad de la central nuclear de Zorita o
cualquier otra, el Grupo Parlamentario Popular sería el primero que
adoptaría las medidas oportunas para que ese riesgo desapareciera.
Nos parece que no hay motivos suficientes, que el Consejo de
Seguridad Nuclear precisamente establecer la seguridad hasta sus
últimas consecuencias, a nosotros nos parece bien, y cualquier
decisión que se tomara en otro sentido, además de quebrar el sistema
que nos hemos dado y que va funcionando en cuanto a la seguridad
nuclear, crearía problemas financieros para el segundo período del
ciclo del combustible y crearía, cómo no, problemas para los propios
trabajadores de la central, ya que por más que se pusiera en marcha
un programa de energías alternativas no podría absorber el grado de
capacitación y riqueza que produce para los ciudadanos que allí viven
el hecho de que la central nuclear en este momento esté allí.
Por consiguiente, nos parece que cualquier solución que se tomara en
ese sentido sería perjudicial para todo el mundo, y vamos a votar
negativamente esta iniciativa.
El señor PRESIDENTE: Tomen asiento, señorías, vamos a proceder a la
votación de la proposición no de ley.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor,
nueve; en contra, 16; abstenciones, una.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada la proposición no de ley.
Se levanta la sesión.
Eran las dos y diez minutos de la tarde.