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DS. Congreso de los Diputados, Comisiones, núm. 97, de 07/11/2000
CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
COMISIONES
Año 2000 VII Legislatura Núm. 97
NO PERMANENTE PARA LA VALORACIÓN DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS POR EL
PACTO DE TOLEDO
PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. FERNANDO FERNÁNDEZ DE TROCONIZ MARCOS
Sesión núm. 6
celebrada el martes, 7 de noviembre de 2000
ORDEN DEL DÍA:
Celebración de las siguientes comparecencias para informar sobre
temas relacionados con el objeto de la Comisión:
- De don José Antonio Herce, represantante de la Fundación de
Estudios de Economía Aplicada (FEDEA). A solicitud de los Grupos
Parlamentarios Socialista (número de expediente 219/000023) y Catalán
(Convergència i Unió) (número de expediente 219/000102). . . .
(Página 2784)
- De don Adolfo Jiménez, de la Organización Internacional de la
Seguridad Social. A solicitud del Grupo Parlamentario Socialista.
(número de expediente 219/000035) . . . (Página 2801)
Se abre la sesión a las diez y diez minutos de la mañana.
CELEBRACIÓN DE LAS SIGUIENTES COMPARECENCIAS PARA INFORMAR SOBRE
TEMAS RELACIONADOS CON EL OBJETO DE LA COMISIÓN:
- DE DON JOSÉ ANTONIO HERCE, REPRESENTANTE DE LA FUNDACIÓN DE
ESTUDIOS DE ECONOMÍA APLICADA (FEDEA).
A SOLICITUD DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA (número de expediente
219/000023) Y DEL GRUPO PARLAMENTARIO CATALÁN, CONVERGÈNCIA I UNIÓ
(número de expediente 219/000102)
El señor PRESIDENTE: Buenos días, señoras y señores diputados. Se
abre la sesión de la Comisión para la valoración de los resultados
obtenidos por el Pacto de Toledo, celebrando las comparecencias que
figuran en el orden del día. Las votaciones serán acumuladas al final
de la sesión, con lo cual no votaremos nunca antes de la una. Lo digo
a los efectos de que organicen adecuadamente su agenda.
En primer lugar, celebramos la comparecencia de don José Antonio
Herce, catedrático de la Fundación de Estudios de Economía Aplicada,
para que informe sobre los temas relacionados con el objeto de esta
Comisión y para cumplimentar dos comparecencias formuladas por el
Grupo Parlamentario Socilista y por el Grupo Parlamentario Catalán
(Convergència i Unió).
Como saben SS.SS., tenemos un orden de intervención y un orden de
llevar a efectos las sesiones de lo más libérrimo, en el sentido de
que dentro de que podamos entendernos suficientemente las peticiones
de palabra y la respuesta al señor compareciente se harán de la forma
que se considere más oportuna y adecuada a los efectos de ofrecer la
mejor ilustración que se trata de obtener por parte de la Comisión
del objeto de la comparecencia.
En primer lugar, el señor compareciente expondrá lo que tenga a bien,
al parecer lo va a hacer de pie, y nos va a poner una filminas, con
lo cual tendremos una Comisión muy relajada. A continuación,
intervendrán los portavoces de los diferentes grupos parlamentarios,
y también aquellos señores y señoras diputados que quieran intervenir
para formular preguntas y aclaraciones
que consideren oportunas. Seguidamente, responderá el señor
compareciente y, por último, si hubiese lugar a ello, abriríamos un
segundo turno a los efectos de obtener algún tipo de aclaraciones si
fuera necesario.
Sin más, tiene la palabra don José Antonio Herce, para que nos
ilustre y nos resuma los tres magníficos libros que ha escrito, y
hemos tenido ocasión de leer, sobre las pensiones en España.
El señor REPRESENTANTE DE LA FUNDACIÓN FEDEA (José Antonio Herce): En
primer lugar reitero mi agradecimiento por haber sido invitado a
comparecer ante esta Comisión y poder resumirles en el tiempo de que
dispongo algunas reflexiones que se encuentran, como efectivamente se
ha señalado, en algunos trabajos recientes de la Fundación de
Estudios de Economía Aplicada que dirijo. Debo agradecer además que
me hayan hecho catedrático, porque solamente soy profesor titular, de
manera que es una promoción inesperada para mí esta mañana. (Risas.)
Sobre todo, trataré de ser muy sintético al mostrarles las
principales cifras de los ejercicios de proyección a largo plazo de
gastos e ingresos del sistema español de pensiones contributivas que
hemos realizado en el pasado. Estos ejercicios se hacen con una
metodología que muy sucintamente les expondré un poco más adelante,
aunque me gustaría detenerme algo en indicadores básicos en el
momento actual y evolución reciente del sistema español de pensiones
contributivas. Como también se ha señalado, lo haré desde esta
tribuna, mostrándoles sucesivamente las diferentes transparencias con
dichos indicadores. Si podemos rebajar la luz que afecta a la
pantalla podremos interpretarlo mejor. De todas formas estos
indicadores están en la documentación que les hemos hecho llegar.
En primer lugar quiero destacar lo que todos ustedes conocen muy
bien, y es que tenemos un sistema de pensiones contributivas; me
referiré constantemente a esta caracterización, pensiones
contributivas, y no a pensiones no contributivas o universales de
otro tipo. Tenemos un sistema de pensiones contributivas masivo que
encuadra a la totalidad de la población virtualmente, bien en su
calidad de cotizantes, bien en su calidad de personas con derecho a
prestaciones. En 1999 en media anual puede hablarse de 7 millones y
medio de pensiones, de 6,9 millones de pensionistas. Reparen ustedes
en que hay una cierta concurrencia de pensiones, eso es algo bien
conocido del sistema español.Había también en 1999, en media anual,
unos 15 millones
de afiliados, entre los que se incluyen, a los efectos de los datos
que más adelante les mostraré, aquellos parados en cuyo nombre el
Inem realiza cotizaciones. Son afiliados, asimilados a los
trabajadores en activo, a los trabajadores ordinarios. Tenemos una
relación de efectivos pasivos y efectivos afiliados ventajosa en la
actualidad -luego me extenderé sobre ello- aproximadamente dos o algo
más afiliados por cada pensionista.
Observen que la tasa de concurrencia de pensiones es relativamente
importante, aproximadamente del 10 o el 11 por ciento en la
actualidad, pero que era mucho más baja, por ejemplo, a principios de
los años ochenta, de un 5 por ciento. Este aumento de la concurrencia
de pensiones es evidente en los últimos años y se debe a los
desarrollos del mercado de trabajo, a que se han incorporado al
mercado de trabajo, especialmente en el caso de las mujeres, personas
con derechos concurrentes a pensiones, bien sean pensiones de
jubilación generadas con base a sus propias carreras de cotización,
o bien sean pensiones de viudedad generadas por los derechos atribuidos
o asimilados a los afiliados en el curso de su vida activa. Este
fenómeno será creciente en los próximos años a medida que prosigan
las tendencias sobre incorporación de la mujer al mercado de trabajo,
pero también en el caso de los hombres por el reconocimiento gradual
de pensiones de viudedad y también por la incidencia de nuevos
estilos de vida, especialmente la formación de parejas que da lugar a
que esa concurrencia se manifieste, se materialice. Este es un punto
en el que las reformas del sistema de pensiones deberán incidir en lo
sucesivo. Seguramente no es el punto principal pero es un punto
importante, que se desprende claramente de las tendencias que marcan
estas cifras.
Otro indicador en el que quiero detenerme es en el número de altas de
nuevas pensiones. Pueden ustedes observar cómo a lo largo de los
últimos 20 años este número ha ido creciendo con algunos accidentes
puntuales debido a regularización de situaciones, a reformas
puntuales que han hecho aflorar nuevas altas en un momento
determinado. En el momento actual, aproximadamente se generan 450.000
nuevas pensiones de todo tipo que reemplazan a 350.000 pensiones que
desaparecen fundamentalmente por fallecimiento de sus titulares, de
manera que hay una tasa de sustitución material de pensiones
relativamente importante que hace que el stock del fondo de
pensiones, el número de pensiones en un momento dado crezca
constantemente. La tendencia en esta materia es a una cierta
ralentización, como seguramente saben ustedes y también les habrán
expuesto en otras comparecencias. El número de nuevas pensiones está
aumentando a un ritmo moderado fundamentalmente en este y los dos o
tres inmediatos años como consecuencia de la llegada a la jubilación
de las generaciones nacidas durante la guerra civil española, mucho
menos numerosas que las anteriores
y desde luego que las que le precedieron. Digo que para los
próximos años habrá una ralentización del número de nuevas pensiones,
lo cual supone una buena noticia para el sistema, y también a medio
plazo. Aproximadamente hasta el año 2010 se producirá una fuerte
retención, se produciría, mejor dicho -utilizaré el condicional-, una
fuerte retención del número de nuevas altas si las cláusulas sobre
jubilación anticipada se aplican tal como están vigentes en la
actualidad, es decir, si sólo en lo sucesivo pueden jubilarse antes
de los 65 años las personas que fuesen o que hubieran sido
mutualistas en enero de 1967. Como es lógico, esta cláusula afecta
cada vez a menos personas, con lo que estimamos que aproximadamente
en el año 2010 no habrá casi ningún activo en condiciones de acogerse
a ella, y todo el mundo debería jubilarse a los 65 años con la ley
vigente. Esto implicará que durante todos los años hasta el 2010
habrá una retención de nuevas pensiones puesto que sus posibles
titulares tendrán que esperar a cumplir los 65 años. De nuevo estas
son buenas noticias para el sistema, que se traduce en que en los
próximos 10 años el aumento del número de pensiones será
relativamente moderado respecto a la experiencia pasada y a lo que
cabe esperar para los años posteriores al 2010.
Otro indicador básico es el de la pensión media de cada una de las
altas, de cada una de las bajas y la pensión media total del sistema.
En 1999, los datos indicaban que esa pensión media de las nuevas
altas era de 82.600 pesetas por mes, en 14 mensualidades; la de las
bajas era de 66.700 pesetas por mes, también en 14 mensualidades. De
manera que hay una sustitución económica de pensiones bastante
apreciable, además de la sustitución física de pensionistas a la que
aludía anteriormente. La pensión media del sistema es de 74.300
pesetas. Detrás de esta cifra media para todas las contingencias,
todas las edades y todos los regímenes, se esconden pensiones de
jubilación, por ejemplo, de las nuevas altas del régimen general
razonablemente elevadas, a pesar de que muy a menudo nos referimos a
la escasa entidad de las pensiones mínimas de determinadas
categorías. Pero adviertan SS.SS. que con una pensión media de 74.300
pesetas en el año 1999, abarcando a todas las categorías que he
mencionado, lo que interesa constatar es que las nuevas pensiones de
las principales contingencias en los principales regímenes, el
régimen general en particular, adquieren una dimensión apreciable,
fundamentalmente ligada a los últimos salarios percibidos por sus
titulares.
Apartir de aquí los indicadores se refieren a una estimación de lo
que yo denominaría el déficit o superávit del sistema de pensiones
contributivas. Quiero distinguirlo explícitamente de lo que se conoce
normalmente como déficit o superávit, balance del sistema de
Seguridad Social en la terminología de los Presupuestos Generales del
Estado, que incluye, además de los flujos y saldos del sistema de
pensiones contributivas, los flujos
y saldos del sistema sanitario especialmente y de otros programas del
Estado del bienestar o de la Seguridad Social . En nuestra estimación
de ese concepto del déficit o superávit del saldo del sistema español
de pensiones contributivas -una estimación que no podemos contrastar
con datos equivalentes publicados oficialmente- llegamos a una
determinación que en los últimos 20 años ha seguido el ritmo que ven
reflejado en estos números. Aunque la situación no es comparable, por
lo que diré a continuación, en 1980 los ingresos contributivos de
este sistema de pensiones contributivas superaban a los gastos,
igualmente contributivos, por prestaciones contributivas en un 3,06
por ciento del PIB. Es un superávit muy apreciable que se utilizaba
en aquellos años, como saben muy bien, para la financiación de la
sanidad que, además, obtenía recursos del resto de los Presupuestos
Generales del Estado. A partir de 1985 ese indicador evoluciona de
una manera mucho más moderada y preocupante en algunos años, llegando
apenas al 1 por ciento del PIB entre los años 1985 y 1992,
manteniéndose incluso hasta 1994. Debo decir que los efectos de la
Ley de 1985, que eliminaron la aberrante práctica de la compra de
pensiones, tuvieron su secuela hasta bien entrados los años noventa.
Claramente fueron efectos positivos que contuvieron la tendencia que
se advierte entre 1980 y 1985. En los años 1995, 1996 y 1997 el
sistema español de pensiones contributivas tuvo un ligero déficit en
porcentaje del PIB. Debo decir que en el año 1985, no sé por qué
todavía, se bajaron las cotizaciones sociales, algo que no convendría
hacer en la actualidad. Ahí pueden apreciar el efecto inmediato que
tuvo esa disminución sobre los saldos del sistema. Posteriormente
aumentaron no tanto como habían descendido en 1995 las cotizaciones
sociales. Se recuperó la estancia financiera del sistema español de
pensiones contributivas, y en los últimos años hemos entrado
claramente, sobre todo por las cifras que conocemos del año 2000, en
un superávit, que no es que sea significativo en porcentaje del PIB,
pero equivale a unos pocos cientos de miles de millones de pesetas,
lo cual ha permitido dotar en primera instancia el fondo de
estabilización de la Seguridad Social o de pensiones, y esperemos que
esa tendencia continúe.
Como ya he dicho, estos indicadores reflejan algunas de las
tendencias aquí presentadas y en los próximos años habrá una
contención del número físico de pensiones, de pensionistas por tanto,
y las tendencias del empleo se mantendrán como en los últimos años,
aunque algo disminuidas si el ciclo económico se torna de menor
crecimiento. De mantenerse esas tendencias, los flujos de ingresos y
gastos del sistema español de pensiones contributivas determinarán un
saldo positivo casi con toda seguridad en los próximos 10 ó 15 años.
Como saben también SS.SS., puesto que fueron protagonistas de ello
hace unos años, el Pacto de Toledo dio lugar a un desarrollo
legislativo, previamente basado
en acuerdos entre los interlocutores sociales, que se plasmó en
algunas reformas del sistema español de pensiones contributivas en el
año 1997. De todas estas destacaría aquellas que tienen efectos más o
menos notables sobre los flujos de gastos e ingresos del sistema
español de pensiones contributivas. Hay medidas de signos
contrapuestos en esa iniciativa, como la Ley de consolidación de la
Seguridad Social de 1997. Entre las medidas que disminuirán el gasto
futuro en pensiones está la de aumentar hasta los 15 años, en el año
2002, el número de años considerados en el cálculo de la base
reguladora de la pensión. En la actualidad son 12 años los que se
consideran. Antes eran dos, de los ocho fijados en la Ley de 1985,
hasta los 15 que tendremos en el año 2002. Esa medida hace bajar
claramente la pensión de las nuevas altas de jubilación en el momento
en que se produce esta jubilación y afecta sólo a las nuevas altas,
pero gradualmente se extiende al conjunto de pensiones a medida que
pasa el tiempo. Por la circunstancia que muchas personas han sufrido
en nuestro país de altos períodos de desempleo en los años anteriores
a su jubilación, curiosamente esa medida va a hacer que las pensiones
medias aumenten en los próximos años, siquiera muy moderadamente,
porque va a permitir a muchas personas recuperar buenos años de
cotización, a medida que el número de años ha pasado, desde los ocho
hasta los 12 actuales y posteriormente hasta los 15. Pero en el curso
de los próximos cinco o 10 años la pensión media de las nuevas altas,
a medida que se regularizan las carreras de cotización, descenderá.
Seguramente a largo plazo la pensión media de las nuevas altas
descenderá en un 3 por ciento, que es un descenso moderado, aunque
eso tendrá algunos efectos sobre los gastos totales del sistema a
largo plazo.
Entre otras medidas también las hay de signo contrapuesto, como
mencionaba, y son aquellas que aumentan los gastos del sistema,
fundamentalmente porque se mejoran determinadas pensiones mínimas o
pensiones para determinados grupos de edad y determinadas
contingencias, especialmente las de las viudas o viudos de entre 60 y
64 años y también las de los huérfanos. Me refiero a la Ley de 1997.
De nuevo los efectos económicos son moderados, aunque de signo
contrapuesto a los de la medida anterior. En suma, la Ley de 1997
tendrá efectos moderados a largo plazo sobre el balance del sistema,
y no me extenderé más sobre ello.
Quiero pasar rápidamente a mostrarles esas proyecciones de gastos e
ingresos del sistema de pensiones al año 2050. Estas proyecciones
constituyen un ejercicio regular de nuestro grupo de trabajo en la
Fundación de Estudios de Economía Aplicada. Están basadas en
escenarios demográficos y macroeconómicos que les describiré
rápidamente a continuación y también en la aplicación de un modelo de
proyección, cuyas características también resumiré. Creo que en
anteriores comparecencias se les han mencionado las tendencias
demográficas fundamentales, pero me voy a detener en
algunos rasgos que me interesan para la explicación posterior en este
cuadro. Manejamos las proyecciones realizadas por don Juan Antonio
Fernández Cordón, del Instituto de Economía y Geografía del CSIC, que
son proyecciones recientes expresamente realizadas para el ejercicio
que les estoy comentando.
La población española, en la actualidad de 40 millones, no aumentará
mucho más en los próximos años y, según estas proyecciones, en el año
2050 pasará a ser de 34.200.000 personas, es decir, casi 6 millones
menos que en la actualidad, todo esto suponiendo que la tasa de
fecundidad que en la actualidad está en 1,15 hijos por mujer en edad
fértil se recupere hasta 1,52 hijos por mujer en edad fértil y
suponiendo también que los flujos migratorios se mantengan en el cupo
actual de 30.000 por año, sabiendo que no es realista especialmente
esta segunda hipótesis, pero luego diré algo sobre la inmigración.
Por tanto, con ese panorama que incluye una cierta recuperación de la
fecundidad tendremos 6 millones menos de personas en nuestra
población en el año 2050 según esta proyección. Reparen en que en el
grupo de edad de 16 a 64 años bajaríamos de 26,8 millones a 18,3
millones, es decir, casi 7 millones de personas menos en edad activa,
en edad de trabajar, y que en el grupo de 65 años y más, donde se
concentra el grueso de las pensiones pero no únicamente, pasaríamos
de 6,8 millones a 11,5 millones, es decir, 5 millones de personas más
en ese grupo de edad. La suma de ambos grupos nos da los 12 millones,
13 millones, 14 millones que unas u otras proyecciones pueden arrojar
y que ha sido puesto en clave de necesidades migratorias, por
ejemplo, por la Organización de Naciones Unidas en algunos de sus
estudios. De manera que estas proyecciones son coherentes con lo que
en otros muchos foros se ha venido manejando. Como consecuencia de
esa evolución demográfica se produce un deterioro importantísimo de
las tasas de dependencia, tanto de las personas de edad como de la
tasa de dependencia demográfica, aunque la tasa de dependencia de las
personas jóvenes permanece razonablemente estable a lo largo de todo
el período de proyección.
Me dirán ustedes que 50 años es un período demasiado largo, que es
una proyección a largo plazo, que es excesivo y que estas
proyecciones no son fiables. Con toda modestia y con toda discreción
insisto en que esta es nuestra única forma de explorar un futuro en
esencia incierto. Posteriormente enfatizaré la idea de que la
probabilidad de realización de esas proyecciones es sencillamente
cero. Estoy seguro de que ni la sociedad española ni sus responsables
en cada uno de los momentos que abarca este larguísimo plazo van a
permanecer impasibles, ni siquiera espontáneamente, ante los
acontecimientos, los ajustes y los cambios necesarios para evitar que
esto suceda, pero necesitamos explorar el futuro de alguna manera.
Esta es nuestra mejor manera de hacerlo y, sobre todo, si lo que esa
exploración nos rinde no es una buena noticia, yo prefiero
tomarla como el antídoto para o contra su cumplimiento; es
decir, si eso nos advierte de que tenemos algún problema, nos anima
también a la acción de manera que hagamos lo que esté en nuestra mano
para evitar su cumplimiento. Por la legislación constante y dadas
ciertas tendencias demográficas y macroeconómicas esto es lo que
sucedería según nuestras proyecciones. Naturalmente necesitamos un
escenario macroeconómico que les resumo también muy rápidamente.
Hemos supuesto un escenario macroeconómico relativamente optimista
que supone un crecimiento del PIB en los próximos años sobre las
tasas elevadas que tenemos en la actualidad y hasta el 3 por ciento
en el año 2020, incluso casi hasta el 3 por ciento en el año 2025, un
crecimiento del empleo que, siendo importante en la actualidad, sin
embargo va a ser cada vez menos importante. No lo hacemos así por
capricho, sino por coherencia macroeconómica. Reparen ustedes en que,
probablemente, antes del año 2010 habremos alcanzado una tasa de
desempleo de pleno empleo alrededor del 5 por ciento o del 4 por
ciento si nos situamos en el año 2012 o en el año 2015. Esta tasa de
pleno empleo ha de ser compatible con una inflación que suponemos
moderada a lo largo del tiempo del 2 por ciento, porque creemos en la
Unión Monetaria a pesar de los avatares del euro, pero la coherencia
macroeconómica, incluso el agotamiento de todos los márgenes de
actividad de la población española -es decir, incorporación de la
mujer al trabajo, aumento de la tasa de actividad para una serie de
grupos de edad y, naturalmente, mayor crecimiento de la población
como consecuencia de una hipótesis de fecundidad algo más elevada- no
es suficiente para impedir que el empleo crezca a una tasa
suficientemente elevada. A partir de un cierto momento, un escenario
de este tipo tiene que contemplar no la destrucción de puestos de
trabajo, no la falta de empleo, sino simplemente la amortización de
puestos de trabajo, la desaparición de empresas seguramente
individuales sencillamente por falta de brazos. No es no haya empleo,
es que no hay brazos según este escenario. Este es un aspecto sobre
el que también quiero llamar la atención de SS.SS. No solamente la
retención de pensionistas será un fenómeno en los próximos 10 años
como consecuencia de lo que ya he mencionado, sino que habrá otro
fenómeno ligado al desarrollo del mercado de trabajo, que es la
restricción de brazos. Esta restricción de brazos sólo se resolvería
con un aumento de la población en edad de trabajar, motivado
fundamentalmente por una hipótesis muy favorable de evolución de la
fecundidad, pero especialmente por una hipótesis muy intensa de
aumento de los flujos migratorios a los que luego me referiré, sin
embargo en las circunstancias actuales la restricción de brazos está
servida dentro de los próximos 15 años aproximadamente.
Quiero también recalcar el hecho de que estamos habituados a medir el
progreso material de la sociedad a través de la tasa de crecimiento
del PIB real. Como
consecuencia de la amortización de puestos de trabajo, dada esa
restricción de brazos, ven ustedes que el crecimiento del empleo es
negativo -y fuertemente negativo en algunos años- en las décadas más
lejanas de este ejercicio de proyección. Naturalmente, dada la
evolución de la productividad del trabajo, la suma de la tasa de
crecimiento del empleo y de la tasa de crecimiento de la
productividad del trabajo da la tasa de crecimiento del PIB pero, en
condiciones de restricción de brazos, la tasa de crecimiento del PIB
es muy moderada, lo que puede llevarnos a la preocupación por el
bienestar material de nuestra sociedad. En realidad donde tendríamos
que poner el foco a partir de ese momento es en la evolución de la
productividad del trabajo. Este será el indicador por excelencia en
las próximas décadas del progreso material de una sociedad. Invito a
todos ustedes a que vayan pensando y haciendo que otras instancias
cambien el chip en esta materia. Pero es importante el crecimiento de
la productividad no sólo en el futuro, sino también en la actualidad
porque si el PIB crece tanto como el empleo o el empleo crece tanto
como el PIB, el crecimiento de la productividad, como saben SS.SS.,
es nulo y hay que preguntarse si, efectivamente, tenemos establecidas
las bases para el crecimiento futuro de la productividad.
La realización de escenarios demográficos y macroeconómicos en sí
mismos, sin necesidad de pensar en el ejercicio posterior de
proyección de pensiones que vamos a hacer, nos advierten de una serie
de acontecimientos futuros, que puede estar en nuestras manos o en
manos de la sociedad evitar su cumplimiento. Por tanto, este
ejercicio en sí mismo de preparación y reflexión sobre escenarios
macroeconómicos y demográficos tiene interés porque nos advierte y
nos obliga a crear incluso una terminología para fenómenos que hoy no
se están dando pero que se darán en los próximos años. Por eso
atribuyo valor a este tipo de proyecciones a largo plazo. En
realidad, los escenarios demográficos y macroeconómicos sirven a un
objetivo fundamental, como es la proyección de los gastos e ingresos
del sistema de pensiones en nuestro país. Como les decía, lo hemos
hecho con ayuda de un modelo creado para el caso en el seno de
nuestro grupo de trabajo. Se llama Modpens España y es un modelo que,
como hemos visto, contempla el escenario demográfico y
macroeconómico; es un escenario que sigue la evolución de la
población pensionista por edad puntual desde cero hasta 85 y más años
y también de la población activa, es decir, la población afiliada al
sistema. Naturalmente, los jóvenes menores de 16 años ni son
afiliados a la Seguridad Social ni son pensionistas, pero intervienen
en los flujos demográficos globales y por completitud del modelo me
refiero a ellos. También entran en este modelo los individuos por
régimen y contingencia. Contemplamos todas las contingencias de
pensiones del sistema español, el régimen general por un lado y el
conjunto de regímenes especiales por otro, de otra
forma el modelo sería excesivamente complejo. Se describe
detalladamente la operación del sistema español de pensiones
contributivas en la modelización. Tenemos incorporadas las fórmulas
de pensiones, especialmente las pensiones de jubilación, tal y como
operan en la actualidad, y la proyección se realiza suponiendo que la
legislación actual se mantiene invariable, aunque naturalmente
incluimos los desarrollos ya previstos, por ejemplo, el aumento hasta
15 en el número de años de la base reguladora en el año 2002.
Este modelo crea la historia de cotizaciones de un individuo
representativo de cada categoría, es decir, del complejo edad,
género, situación laboral, régimen. Recoge, por tanto, todos los
efectos de composición por edad de la población futura y lo hemos
utilizado para el análisis permanente de la sostenibilidad del
sistema español de pensiones, para simular las reformas paramétricas
o de las condiciones de elegibilidad del sistema de pensiones (por
ejemplo, cambios en las tasas de cotización, cambios en la fórmula de
pensiones, cambios en algunas de las condiciones de elegibilidad,
como la edad de jubilación); lo hemos utilizado para simular
transiciones hacia un sistema de capitalización; también, para
evaluar de manera ex post la Ley de consolidación de 1997, a la que
antes me refería, y para la simulación de escenarios demográficos y
de inmigración de manera permanente. También se ha extendido al caso
portugués por encargo del sistema de pensiones de Portugal.
En esta proyección, como les decía, tenemos en cuenta las fórmulas
actuales del sistema y quiero atraer su atención sobre una
característica de la fórmula actual en virtud de la cual se otorgan
las pensiones de jubilación. Se enfatiza mucho, y de hecho está en el
Pacto de Toledo de 1995, en la ley de 1997 y en los acuerdos sociales
de 1996, el aspecto de contributividad, de proporcionalidad entre la
pensión y la cotización (disculparán que esté en inglés la filmina)
pero esta es la fórmula de nuestro sistema de pensiones.
La pensión para un individuo de una edad cualquiera igual o superior
a 60 años se compone de tres bloques: una primera penalización por
año de jubilación anticipada (como ustedes saben de 8 puntos
porcentuales); un segundo bloque en el que se calcula la carrera de
cotización del individuo y se otorgan una serie de puntos por año
cotizado (el 50 por ciento con 15 años, un 30 por ciento más en los
siguientes 10 años y un 20 por ciento más en los siguientes 10 años
hasta un total de 35 años, que es la carrera completa de cotización
de nuestro sistema); y finalmente, aplicando las penalizaciones al
cómputo de la carrera total, se aplica un tercer bloque que es el
cálculo de la base reguladora, en la actualidad con 12 años,
actualizándose con el IPC de los 10 primeros (en realidad la base del
cálculo es mensual, pero aquí he simplificado por hacerla anual y más
legible).
Fíjense que en esta fórmula, que puede parecer muy complicada, sin
embargo no aparece el tipo de cotización,
que puede ser cero o puede ser el cien por cien de las bases de
cotización y la pensión no variaría. Ese es un aspecto en el que se
repara muy escasamente, y lo que determina la contributividad de un
sistema de pensiones es la relación entre la pensión efectivamente
recibida y las cotizaciones efectivamente pagadas. Aquí en absoluto
hay cotizaciones efectivamente pagadas, porque no figura el tipo de
cotización. De manera que la proporcionalidad de esta fórmula es muy
incompleta, aunque tiene que ver con el número de años de cotización
y tiene que ver con las bases de cotización, pero en absoluto,
insisto, con las cotizaciones efectivamente pagadas.
Históricamente determinado, el tipo de cotización actual está
sosteniendo un equilibrio financiero de gastos e ingresos de nuestro
sistema de pensiones, pero no hay ninguna fórmula en virtud de la
cual el tipo de cotización venga determinado. Como ustedes saben muy
bien, se determina por las presiones entre las partes a quienes
interesa su determinación, especialmente los interlocutores sociales
y el Gobierno, la administración de la Seguridad Social. Cualquier
movimiento para aumentar o disminuir el tipo de cotización no
alterará en absoluto la pensión que deban recibir los individuos pero
sí afectará al balance financiero del sistema de pensiones. También
quería llamar su atención sobre este aspecto, que naturalmente
tenemos que tomar en cuenta para nuestras proyecciones. Esa es la
fórmula que nuestro modelo reproduce puntualmente para cada categoría
de individuos, de manera que no es un modelo trivial, requiere
muchísimas semanas de programación, de chequeo, de contraste. Nos
arriesgamos además quienes los hacemos a que se nos critique por
hacer este tipo de ejercicios; pero deben creerme si les digo que los
efectuamos con el mejor interés de servir a la sociedad aunque el
patrocinio de estos estudios sea privado. Si no es público tendrá que
ser privado, pero creo que incluso estaríamos dispuestos a poner
dinero de nuestro bolsillo para poder hacerlo. Me perdonarán SS.SS.
este excurso, pero tengo que justificar de alguna forma por qué
hacemos estos ejercicios.
En el cuadro que les muestro presento los efectivos del sistema de
pensiones según surgen de nuestra proyección. Afiliados propiamente
dichos, 14,7 millones en la actualidad, hemos estimado, con 700.000
parados con prestaciones en cuyo nombre el Inem paga cotizaciones, de
manera que esto hace 15 millones y medio de afiliados, de personas
que cotizan al sistema. En el año 2050, dada esa restricción de
brazos, el número de afiliados apenas llegará a los 13 millones,
incluyendo también a los parados que cobran prestaciones, según
nuestra hipótesis de evolución del desempleo. El número de pensiones
pasará de 7.600.000 en la actualidad a 12.100.000 en el año 2050, de
manera que la relación entre afiliados y pensionistas pasará de algo
más de 2 en la actualidad, mejorará, como les decía, en el curso
de los próximos 10 años, pero en el año 2050 superará escasamente la
unidad: un afiliado por cada pensionista. Como anécdota les diré que
cuando yo cuento esto a un vecino mío que está jubilado me dice: ¿Qué
pasará con mi pensión si muere mi afiliado? (Risas.) No es tanto así,
no hay un afiliado detrás de cada pensionista, pero la anécdota
ilustra el temor que puede suscitar, y sobre todo la invitación a la
acción que surge de ese simple cálculo. Con todas las reservas,
insisto, la probabilidad de realización de ese escenario es cero, y
yo soy el primero que apostaría por eso, pero porque estoy convencido
de que alguna manera encontraremos para evitar que eso suceda. Pero
gotear este tipo de resultados me parece que es una forma de servir
el antídoto, como les decía, contra el cumplimiento de esas malas
noticias.
En el plano financiero, dadas las fórmulas actuales de cotizaciones y
de pensiones del sistema, los flujos de efectivos activos y pasivos
anteriores se traducen en los siguientes flujos económicos que están
establecidos en pesetas del año 2000 y se tienen en cuenta, como
decía, todas las fórmulas actuales del sistema. Me interesa que nos
detengamos en el balance de las cuentas del sistema en porcentaje del
PIB, que en la actualidad es de casi 2 décimas. Como ustedes saben,
el PIB en estos momentos es de unos 100 billones de pesetas, de
manera que 2 décimas de punto hacen 200.000 millones de pesetas.
Seguramente será mayor, vista la evolución, puesto que este ejercicio
está realizado a primeros del año 2000 y naturalmente las
estimaciones pueden verse afectadas a corto plazo. Verán que mejora
el saldo como superávit hasta el año 2010, por las razones que ya he
explicado anteriormente, pero a partir de 2015 se entra en una
escalada del déficit que puede llegar a superar el 6 por ciento en el
año 2045 ó 2050.
Respecto a la evolución de este saldo financiero del sistema de
pensiones, hay muchas cosas que decir. Yo en ningún caso lo
calificaría de quiebra del sistema de pensiones, me niego a utilizar
esos términos y ese tipo de mensaje; simplemente es lo que sucedería
si no hiciéramos nada y si se confirmaran las tendencias. También hay
que decir que estos ejercicios los hacíamos hace cinco años y
preveíamos una situación mucho peor en la actualidad, en el año 2000,
de lo que este nuevo ejercicio refleja. Por tanto, debo dar una
explicación, me parece que es lo primero que hay que hacer.
Efectivamente, nos equivocamos quienes en 1995, o incluso en años
posteriores, hacíamos estos cálculos, porque no supimos prever la
formidable creación de empleo que se ha dado en la economía española
entre los años 1995 y 2000. Esto queda aquí reflejado y no tengo
ningún reparo -todo lo contrario- en aclarar la razón de esa
equivocación y asumirla. De alguna manera el futuro no es lo que era
hace cinco años, pero me referiré exclusivamente, para la virtualidad
de esta frase, al futuro a medio y corto plazo. Las perspectivas
hasta el año 2015-2020 son ahora mucho mejores de lo que creíamos
hace cinco años, pero las perspectivas a largo plazo son las mismas.
El futuro a esos efectos es el mismo que era hace cinco años.
Discúlpenme esta formulación paradójica de la cuestión. Pero, si
traducimos ese déficit o esos saldos, que también son superávit hasta
el año 2015 aproximadamente, en fondo de reserva en porcentaje del
PIB, incluyendo los 60.000 millones que se adoptaron en el año 1999
para el presente, aunque luego han aumentado -no he tenido tiempo de
rehacer los cálculos-, vemos que ese fondo va creciendo hasta el 4
por ciento del PIB aproximadamente en el año 2015, lo cual es un
crecimiento muy sustantivo. Los superávit acumulados dan para crear
un fondo de relativa entidad.
Ahora bien, ¿qué es un fondo de reserva? ¿qué es un fondo de
estabilización? A menudo se dice en el debate entre las partes
sociales, especialmente los sindicatos, que el fondo debería cubrir
una mensualidad de pensiones. Una mensualidad de pensiones son
seiscientos y pico mil millones de pesetas. Eso es totalmente
insuficiente para un fondo de reserva. ¿Cuánto debería cubrir un
fondo de reserva? Depende de las perspectivas. Si las perspectivas
son estas, un fondo de reserva debería acumular, hasta el año en que
aparece el primer déficit, las suficientes reservas como para
sufragar todos los déficit a partir de ese año en lo sucesivo.
Pues bien, vean ustedes a dónde llegaría la deuda acumulada del
sistema de pensiones en el año 2050 de cumplirse esas perspectivas:
132,7 por ciento del PIB. Esta es una estimación incluso moderada y
que compara con todo lo que se ha venido diciendo, todos los estudios
de todo tipo de orientaciones de organismos internacionales
y expertos. Tampoco me detendré mucho sobre esto, pero quiero llamar su
atención sobre la naturaleza de un fondo de reserva, para qué sirve;
no es un fondo coyuntural, dado que el problema del sistema de
pensiones es un problema estructural, debería ser un fondo
estructural.
Voy a resumir en este gráfico dos de los indicadores que hemos visto
en la proyección: el indicador del balance del sistema en porcentaje
del PIB y la relación afiliados/pensionistas. En la escala a su
izquierda está medido ese déficit en porcentaje del PIB o superávit.
A partir de esta línea, que es la de cero, por encima tenemos
superávit. Ven ustedes cómo hasta el año 2004 hay un repunte,
precisamente por la jubilación de las generaciones nacidas durante la
Guerra Civil. A partir del 2004 empieza a operar la retención de
pensionistas debida a la aplicación de la cláusula de jubilación
anticipada, aproximadamente hasta el año 2012.
Como consecuencia de todo ello, la relación efectivos/ pensionistas
tendrá también una evolución de este tipo y la escala que la mide se
sitúa a la derecha. Coincide el cero por ciento del saldo financiero
con 2 afiliados por cada pensionista de la relación afiliados/
pensionistas. No es un número mágico, sucede así en
nuestros cálculos, podía haber sido el 2,15 o el 1,7, pero cuando la
relación afiliados/pensionistas cae por debajo de 2 el sistema, con
sus fórmulas actuales, hoy mismo, entraría en déficit; con sus
fórmulas actuales, el tipo de cotización y la manera en la que se
calculan las pensiones. Eso es lo que se observa en esta estrecha
correlación que presentan esos dos indicadores, con algunas
variaciones debidas al efecto composición por edades de la población.
Quiero detenerme ahora en este punto mágico -por así decirlo-, el
horizonte 2015. No es cuestión de tomárselo a broma, porque la
realización de todo esto a más largo plazo, 2050, puede suscitar
muchas reservas, pero los próximos 15 años van a pasar con mucha
rapidez y, desde luego, con las fórmulas actuales esta perspectiva
está servida, y perdónenme que insista en ello. Sería cuestión de
empezar a hacer algo ahora que nos garantizase que este escenario no
se va a cumplir.
Quiero llamar la atención sobre un aspecto: la jubilación anticipada.
Sin hacer nada -fíjense bien lo que les digo- el Gobierno, este o
cualquiera que tuviera esa circunstancia en su momento, puede hacer
que la edad de jubilación efectiva pase de los 62 años y medio en la
actualidad a los 65 años en el año 2010; sin hacer nada, no hay que
hacer ninguna ley; simplemente hay que hacer cumplir las que existen,
resistiéndose, por ejemplo, a las presiones para su modificación. Un
aumento de casi tres años en la edad efectiva de jubilación requiere
un esfuerzo considerable en cualquier sistema, en cualquier país
donde esto haya de negociarse y haya de hacerse a través de una
iniciativa social y legislativa. Requiere quemar muchos y muy
importantes cartuchos, mucha energía social y negociadora. En nuestro
país, sin hacer nada, se puede conseguir eso, siempre y cuando el
esfuerzo sea pasivo, naturalmente; resistir las presiones para
mantener la jubilación anticipada.
La población española necesita extremar su actividad. Ya he hablado
en nuestras proyecciones demográficas de incorporación todavía mayor
de la mujer al trabajo y aumento de las tasas de actividad por edades
y, naturalmente, agotamiento del fondo de desempleados. Todo ello
está servido en los próximos 10 ó 15 años, está ya descontado en
cualquier proyección que queramos hacer, de manera que necesitamos
todavía aumentar la actividad de la población española. Esta es una
de las vías, porque nuestros cálculos están realizados suponiendo que
se aplique la cláusula de ser mutualista en el año 1967 y, por tanto,
que la edad efectiva de jubilación en el año 2010 rozará los 65 años,
pero, aún así, vean ustedes la evolución que se produce. El escenario
macroeconómico y de actividad de la población española no puede ser,
en mi opinión, más favorable en este ejercicio, y aun así vean
ustedes el resultado.
Hablaba antes de que una manera de aumentar el número de efectivos
del sistema consiste en aumentar el cupo de inmigrantes, que en la
actualidad legalmente
está establecido en 30.000, aunque -como ustedes saben- hay un flujo
mayor de inmigrantes por año de lo que esa cifra indica, o también
considerar un aumento de la fecundidad. Les voy a mostrar las
consecuencias sobre el déficit del sistema en porcentaje del PIB de
permitir mayores flujos migratorios suficientes como para compensar
la disminución de la población en edad de trabajar. Eso llevaría a
los flujos migratorios en algunos años hasta 200.000 personas por año
y supondría un censo de inmigrantes en el año 2050 de unos 5 millones
de personas. Fíjense bien en las cifras a las que aludo. Pues bien,
el déficit del sistema mejoraría algo, pero no mucho más, pasaría a
ser algo menos del 5 por ciento del PIB en vez de ser algo más del 6
por ciento del PIB en el año 2050, con flujos de hasta 200.000
inmigrantes por año en los años más álgidos y con censos de hasta 5
millones de inmigrantes a largo plazo, en el año 2050. Como
economista me resulta muy difícil hacer una prospectiva de este tipo
y desde luego es lamentable que no la podamos hacer con confianza,
porque eso refleja que no tenemos bien asumido el fenómeno migratorio
y que no sabemos cómo copar con cifras de ese orden de magnitud. Pero
si reparan ustedes en ello, les he hablado antes de 12 millones de
inmigrantes a largo plazo, necesarios para compensar las tendencias
demográficas y mantener la relación afiliados/pensionistas en el
número 2 que se da en la actualidad. ¿Por qué la inmigración, incluso
en esos flujos tan importantes, no es la solución que se nos presenta
enocasiones? Sencillamente porque las personas que vengan a este país
a trabajar o que vinieran a trabajar y a cotizar también generan
derechos en el futuro y además son derechos sin contrapartida
financiera, como se sabe muy bien, por la naturaleza de un sistema de
reparto. De manera que les invito a que piensen en la inmigración,
que estoy seguro de que ya lo hacen, no como una forma de resolver
los problemas del sistema de pensiones, en mi opinión eso es algo
cínico, sino como un fenómeno en sí mismo que requiere una madurez
social mayor de la que desgraciadamente tenemos en estos momentos.
Pero si pensáramos en una recuperación de la tasa de fecundidad, de
nuevo estaríamos ante órdenes de magnitud sencillamente inabarcables.
Piensen que, para conseguir este mismo efecto, la tasa de fecundidad
debería estar cercana a 2 hijos por mujer, aproximadamente 1,8 hijos
por mujer, y para evitar el deterioro del sistema de pensiones en el
largo plazo, de su saldo financiero, deberíamos hablar de más de 3
hijos por mujer, lo cual creo que es volver al siglo XIX, salvo
cambios muy radicales en nuestra sociedad.
A pesar de todo, debo confesar que hablamos de las personas
interesándonos exclusivamente por su bolsillo, lo que les sacamos
como impuestos y lo que les damos como transferencias, y no nos
interesamos por su corazón, lo cual es un defecto de todos los
economistas
y de la mayor parte de los científicos sociales. Creo que
estas proyecciones no tienen en cuenta a la gente, tienen en cuenta a
los contribuyentes, a los pensionistas o a los afiliados como sujetos
de obligaciones y derechos económicos, pero no como individuos con
capacidad de reacción espontánea; porque se me hace muy difícil
imaginar políticas orientadas desde las administraciones públicas
hacia la natalidad, aunque es mucho más fácil imaginarlas hacia la
inmigración.
Terminaré mencionándoles dos aspectos que veo preocupantes y que creo
que merece la pena destacar. Se invoca a menudo la territorialización
del sistema de pensiones. Quiero mostrarles algunas diferencias
regionales, por comunidades autónomas, de dos indicadores básicos.
Por ejemplo, la pensión media en Galicia en el año 1999 era de 69.000
pesetas por mes, mientras que en el País Vasco era de 109.000 pesetas
por mes. Hay toda una gradación por las diferentes comunidades
autónomas, hay una diversidad que es evidente y que además es
natural, que se justifica por la especialización de los cotizantes en
cada territorio, como algunos de los aquí presentes conocen muy bien.
No saco esto a colación porque se hable de armonizar las pensiones
medias, que dadas las fórmulas existentes eso no sucederá,
afortunadamente, pero vean ustedes que hay una diversidad y que es
natural convivir con ella sin pretender que el más mínimo conato de
diversidad implique la armonización absoluta. Pero así como esa
diversidad de las pensiones medias se justifica, aquí hay una
diversidad más preocupante, que es la relación afiliados/
pensionistas por comunidad autónoma. En Asturias, Galicia, Castilla y
León, la relación mencionada apenas supera 1,15 afiliados por cada
pensionista, mientras que en comunidades autónomas como Madrid
o Canarias se acerca o supera incluso los 3 afiliados por pensionista.
Esto se justifica por otras razones, y ciertamente la cuestión de la
armonización es complicada.
Si quisiéramos territorializar los sistemas de pensiones, observarán
SS.SS. que en algunas comunidades autónomas, y desde luego no un
número menor, se produciría ya en la actualidad la situación que
hemos previsto para el conjunto del sistema español en el año 2050,
mientras que naturalmente algunas otras, pero no tantas, tendrían una
situación muy ventajosa, dado su buen balance activos-pasivos.
Cuando hablaba antes de la fecha del horizonte 2015 como algo
especial, insistía en que la buena noticia es que hasta ese año
aproximadamente no habrá problemas de financiación de nuestras
pensiones, con las fórmulas actuales, el fondo de reserva acumulará
unos saldos muy importantes en términos del PIB, hasta 4 por ciento
aproximadamente, pero desaparecerá rápidamente después de ese año
2015. Todo lo que se pueda hacer para evitar el deterioro a partir
del año 2015 debería estar haciéndose ya. No les voy a decir
exactamentequé es lo que se debería hacer, porque creo que
esta es una cuestión de debate y sobre todo corresponde a la
iniciativa legislativa impulsar las medidas oportunas, pero sí que
todo lo que se pueda hacer para evitar la situación que prevemos
después del año 2015 debería estar haciéndose ya, porque las medidas
que se adopten afectarán sólo a las nuevas pensiones, y me parece que
es una regla de oro aceptada por todos en este país que los actuales
pensionistas no van a ver ni deben ver, bajo ningún concepto,
alteradas sus pensiones, si acaso mejoradas en la medida de lo
posible. Pero los nuevos pensionistas, los que hoy son cotizantes y
serán pensionistas en el futuro, deben tener un horizonte claro y
despejado para formar sus propias estrategias de jubilación, por
tanto, hay que empezar cuanto antes.
Pero es que, además, hay otra razón. Las nuevas pensiones representan
sólo un 7 por ciento del total de pensiones, de manera que cuando las
nuevas medidas afecten a las nuevas pensiones sólo se generalizarán
al conjunto de pensiones pasados 15 ó 20 años. El progreso en esta
materia es muy lento, como lo es también en otros órdenes; cuando se
trata de introducir mejoras en los nuevos automóviles, por ejemplo,
para luchar contra la contaminación, sólo los nuevos automóviles
incorporan estas medidas, el parque de automóviles en su conjunto
sólo las incorporará después de que la renovación total haya tenido
lugar al cabo de diez o doce años.
Pero es que, además, la popularidad de las reformas depende de la
edad media de la población. En este último gráfico les muestro cuál
es en la actualidad la edad del elector mediano, no es del votante
mediano exactamente, porque no todos los electores votan, pero muy
aproximadamente representa la edad del votante mediano: en la
actualidad, menos de 42 años para los hombres y algo menos de 44 años
para las mujeres. En el año 2045, aproximadamente, la edad del
votante mediano masculino estará en los 55 años y la edad del votante
mediano femenino estará casi en los 59 años. Las reformas que se
hayan de introducir en el sistema de pensiones dependen de su
aceptación social y sabemos muy bien que con los actuales discursos
sobre ventajas e inconvenientes de uno y otro tipo de sistemas de
pensiones el apoyo al sistema, tal como existe en la actualidad,
inamovible, crece con la edad media de la población que vota. De
manera que cuanto más se demore la reforma del sistema de pensiones
nos encontraremos con una resistencia mayor a vencer, y perdónenme
que le llame resistencia, a lo mejor es un derecho legítimo,
seguramente es un derecho legítimo, pero me pregunto si tenemos todas
las claves sobre la mesa para interpretar correctamente las ventajas
e inconvenientes de uno u otro tipo de reforma.
Muchas gracias por su atención.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Herce.
Vamos a dejar que el señor Herce se siente y pueda descansar después
de su magnífica exposición.
A continuación, por el Grupo Socialista, tiene la palabra el señor
Griñán.
El señor GRIÑÁN MARTÍNEZ: Muchas gracias, señor Herce. Cuando el
Grupo Socialista pidió su comparecencia lo hizo consciente de que en
esto de lo que nos ha hablado es usted un catedrático y que podría
aportar, como de hecho así ha sido, información relevante para las
decisiones que haya de tomar esta Comisión.
¿Cuánto debería cubrir el fondo de reservas? Quizá ésa ha sido la
pregunta que más me ha interesado de su exposición, en la medida en
que me parece que todos estaremos de acuerdo en que los fondos de
reserva, que son fondos que prevén circunstancias distintas en el
futuro, deben ser capaces de afrontar incluso esa inquietante
realidad que se nos pinta de aquí a unos cuantos años. Cuando hacemos
la pregunta de cuánto debería cubrir el fondo de reserva me parece
que no solamente estamos haciendo una pregunta sobre el futuro sino
que merecería también un análisis, no digo yo histórico pero sí de
cuál ha sido la realidad histórica de la Seguridad Social y cuál es
el momento presente en la Seguridad Social, porque quizá tengamos que
decir que la Seguridad Social, tal y como la conocemos ahora mismo en
su naturaleza contributiva, siempre ha tenido enormes superávit
contributivos no contabilizados jamás. Hace años, a esto la doctrina
les llamaba transferencias negativas que hacía la Seguridad Social al
Estado. El Estado, hasta que no se hizo la primera reforma fiscal en
el primer gobierno democrático, se financiaba básicamente por la
Seguridad Social. Aquí no había impuestos y la Seguridad Social era
la única forma que tenía el Estado para pagar todo, podríamos incluso
hacer un elenco que produciría verdaderas carcajadas de lo que ha
llegado a pagar y a financiar la Seguridad Social hasta que llegó la
democracia. El primer gobierno de la democracia, después de efectuar
la reforma fiscal, entró en lo que debía ser la reforma de la
Seguridad Social. Por eso, a partir de los presupuestos de 1989, se
trató de diferenciar entre lo que eran gastos estrictamente
contributivos, que debían financiarse por las cotizaciones sociales,
de aquellos que tenían una naturaleza no contributiva, que debían
financiarse a través de los Presupuestos Generales del Estado, con
cargo a la fiscalía general. De hecho, ya desde 1989, se fueron
incrementando paulatinamente las aportaciones del Estado, algo que
después sería consagrado en 1995 en el Pacto de Toledo, y en esas
estamos, en que hoy ya la sanidad se financia prácticamente en su
totalidad con aportaciones del Estado; sin embargo, todavía quedan
algunos flecos de financiación por parte de las cotizaciones sociales
que deben asumirse por el Estado.
Por eso decía que cuánto debería cubrir el fondo de reserva y eso me
lleva también al primer cuadro que nos ha pintado, el cuadro de
indicadores del sistema de
pensiones, donde yo veía unas cifras negativas sobre lo que era la
diferencia entre lo que se recaudaba por cotizaciones y lo que se
pagaba por gastos contributivos. Bastaría con que conceptuáramos,
como de hecho la ley conceptúa, a los complementos a mínimos como no
contributivos para que mantuviéramos todavía una senda de superávit.
Es decir, ese déficit del 0,2, del 0,27, o del 0,10 por ciento de
1995, 1996 y 1997, respectivamente, se convertiría en un superávit
del 0,4, del 0,4 y del 0,6 por ciento, respectivamente. Eso nos
llevaría también a que si el fondo de reserva históricamente se
hubiera nutrido de todos esos excedentes que ha tenido en las
cotizaciones sociales nuestro futuro hoy sería mucho más radiante;
tendríamos dinero más que suficiente para afrontar un futuro cuyo
horizonte incluso podríamos ver a largo plazo.
Por eso nos parece que en las reformas del Pacto de Toledo quizá lo
más importante ha sido la necesidad de que exista un fondo de
reserva. Les recuerdo que, además del fondo de reserva, ya existían
antes lo que se denominaban los fondos de estabilización, que por
cierto nunca se utilizaron pero que existían como tales. Es ya cuando
conceptualmente separamos lo contributivo de lo no contributivo
cuando se ve claramente cuáles son esos excedentes y cuándo, en mi
opinión, deben ir todos ellos a nutrir el fondo de reserva. Es decir,
podríamos estar hablando ahora mismo de billones de pesetas,
incluidos en el fondo de reserva, que permitirían un optimismo mayor
que el que nos embarga cuando miramos los cuadros que nos ha
presentado usted.
Eso es el pasado y permítame que del presente simplemente le diga que
es cierto, que ya se están jubilando las generaciones que nacieron en
el entorno de la guerra civil, lo que ha provocado que en los últimos
tres o cuatro años el número de pensionistas haya dividido por dos el
crecimiento de las pensiones. Es decir, estamos en un incremento
anual de 80.000 pensiones cuando básicamente la media ha sido de
160.000. Por tanto, ya se está produciendo, dentro de lo que es ahora
mismo el momento actual, un menor gasto, fundamentalmente por esto
que he dicho. También es verdad que, a pesar del incremento de
afiliados, se está produciendo un incremento en términos reales menor
de la cantidad que aporta cada afiliado. Es decir, las cotizaciones
medias por afiliado, en términos reales contando la inflación, han
disminuido en los últimos años. Por tanto, también se está
produciendo una menor aportación por afiliado de la que se ha venido
produciendo históricamente. Si contáramos todas las reservas que
teóricamente se han producido en el pasado, ese pasado y es e
presente nos permitirían un determinado optimismo.
Del futuro, señor Herce, cuando veo los cuadros, comparto su
preocupación porque, teóricamente, el modelo de partida que usted,
ayudado por el profesor Fernández Cordón, nos ha mostrado, que es
prácticamente el que nos mostró en su momento cuando compareció
en esta Comisión la presidenta del Instituto Nacional de
Estadística, nos indica que efectivamente la tasa de reemplazo
generacional está muy lejos de conseguirse en fecundidad (estamos en
una fecundidad del 1,1 o del 1,2 cuando la tasa de reemplazo está en
el 2,1) y, además, como el aumento de la esperanza de vida,
afortunadamente, es mayor cada vez, trae como consecuencia que se va
a producir un envejecimiento de la población y una reducción de la
población comprendida entre los 16 y los 65 años.
He hecho un simple cálculo sobre el cuadro que usted ha pintado y,
dando por supuesto que no se produzca de aquí al 2050 ningún aumento
del empleo, es decir, manteniendo exactamente el empleo que hoy
tenemos, pasaríamos de una tasa de ocupación del cincuenta y tantos
por ciento que tenemos ahora a una tasa de ocupación del ochenta y
tantos por ciento, simplemente sin crear empleo; por tanto, nos
encontraríamos ante un fenómeno demográfico que tendría una
repercusión simplemente estadística, lo que nos lleva a que, si la
base de financiación del futuro de la Seguridad Social es simplemente
el empleo, vamos a tener serios problemas, porque no va a haber
población para crear empleo y los movimientos migratorios, por mucho
que nos empeñemos, se moverán como deban moverse y no porque nosotros
lo necesitemos. Eso de pensar que las migraciones se van a producir
en función de que nosotros, para financiar nuestro sistema de
pensiones, necesitemos movimientos migratorios es dejar preterido
algo que me parece mucho más importante que todo eso, y es que
debemos aspirar a que en los años 2030, 2040 y 2050 no haya
migraciones, es decir, que los países de procedencia tengan un nivel
de desarrollo suficiente para que esos movimientos migratorios no se
produzcan.
Por tanto, si queremos utilizar la voluntad y la política como norma
de comportamiento, deberíamos prescindir, como usted bien dice, del
hecho de las migraciones como determinante o no de lo que debe ser la
financiación futura del sistema de pensiones, porque es verdad que
aquellos que hoy trabajan serán mañana pensionistas; no solamente los
inmigrantes que vengan a España, sino también los nacionales. Es
decir, que el incremento del número de afiliados nos puede
proporcionar un determinado alivio hoy, pero teniendo en cuenta el
crecimiento de la población que nos espera no es nada, porque esos
afiliados de hoy serán pensionistas de mañana.
Mi grupo viene diciendo reiteradamente cuál es la variable de encaje
de todo esto: la productividad. La productividad es la que puede
permitir incrementos del producto interior bruto con menos población.
La productividad es la que puede hacer que todavía la correspondencia
o la relación que exista entre gasto de pensiones y PIB no sea
desmesurada. Hoy estamos en el ocho y pico de lo que gasta la
Seguridad Social enpagar pensiones respecto del PIB; si nos
mantuviéramos
en un nivel adecuado, me refiero a que estuviera entre el 9 y el 13 ó
14 por ciento, todavía podríamos pensar en que eso se puede
financiar, pero para que eso suceda, teniendo en cuenta la evolución
previsible de la población, la variable fundamental es que crezca, y
mucho, la productividad. Por tanto, llego a la segunda idea que
quería transmitir. Aparte el fondo de reserva, una de las políticas
más importantes para gobernar las pensiones en el futuro es
precisamente hacer una política hoy para aumentar la productividad.
Por eso, el debate de la productividad no se puede reducir
simplemente a que si hay más empleo hay menos productividad; no es
verdad. Estados Unidos tiene una tasa de casi pleno empleo y tiene
los mayores crecimientos de productividad que se han registrado en la
historia de ese país desde los años sesenta. Se pueden hacer cosas;
no sé si es la nueva economía del conocimiento, como ha dicho la
cumbre de Lisboa; no sé si son las nuevas tecnologías de la
información, pero sí tengo por cierto que la opción básica que debe
afrontar nuestro país es que los bajos salarios, o simplemente los
costes laborales bajos, no son la clave de la competitividad, sino el
conocimiento y producir con más calidad. Eso nos llevaría a otro tipo
de debate, que es necesario porque la fuente de sostenimiento de la
Seguridad Social en el futuro será, sin duda, lo que podamos acumular
ahora y también lo que podamos crecer productivamente en el futuro
porque -y con esto termino-, para el futuro, teniendo en cuenta los
escenarios pintados, solamente nos cabe actuar de doble manera, o
sobre la demografía o sobre las pensiones. Aparte del fondo de
reserva y aparte de la productividad, o actuamos sobre la demografía
o actuamos sobre las pensiones. La demografía tiene un inconveniente,
que muchas de las cosas que están repercutiendo negativamente en la
demografía son consecuencia de elementos enormemente positivos para
la ciudadanía. Uno de ellos es la prolongación de la vida y el otro
es la incorporación de la mujer al trabajo en igualdad de
oportunidades. Por tanto, deberemos ser capaces de actuar sobre la
demografía sin que esto signifique un retroceso y volver a una
sociedad patriarcal tipo siglo XIX. Por cierto, yo estoy en el umbral
del XIX, tengo tres hijos, pero deberíamos conseguir que eso fuera el
umbral del siglo XXI, actuando sobre la demografía, de manera que
este incremento de la natalidad no sirva nuevamente para que la mujer
tenga que ser la única que se haga cargo de él.
En cuanto a actuar sobre las pensiones, lo hemos venido haciendo. Se
hizo en 1985, se ha hecho en 1997 y se tendrá que volver a hacer.
Tendremos que preguntarnos muchas cosas, si puede mantenerse el
sistema de pensiones continuando la actual tasa de reposición
-estamos con una tasa de reposición en 35 años al cien por cien y
quizá sea alta-; si deben ser los quince últimos años o toda la vida
laboral; si la edad de jubilación son 65 años o no. Todo esto nos lo
deberemos plantear.
Insisto y termino: fondo de reserva, productividad, actuar sobre la
demografía y actuar sobre las pensiones. Es por lo que creo que
estamos convocados en esta Comisión del Pacto de Toledo y también por
lo que hemos querido convocarle a usted. Termino como empecé, nos ha
enriquecido mucho, le agradecemos su aportación y, sin duda, se
tendrá en cuenta a la hora de afrontar el futuro.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència
i Unió), tiene la palabra el señor Campuzano.
El señor CAMPUZANO I CANADÈS: También quiero agradecer la brillante
intervención del señor Herce. Como ha apuntado el señor Griñán, está
plenamente justificada su comparecencia en esta Comisión. Usted y su
equipo son ya de los clásicos en el debate en España sobre el sistema
público de pensiones, por lo que su comparecencia era absolutamente
necesaria. Voy a hacer simplemente tres o cuatro comentarios muy
breves y una pregunta.
Sus aportaciones, tal como sucedía en el año 1995, obligan a la
Cámara a reflexionar sobre algunos de los problemas que están ahí. Es
evidente que debemos tomar siempre con muchísima prudencia las
proyecciones a medio y largo plazo, como ha hecho referencia en su
propia intervención. A veces, ese tipo de proyecciones puede provocar
una cierta visión tremendista sobre nuestro futuro social. Cuando
observo proyecciones a largo plazo, ya sean de carácter demográfico,
ya sean de carácter económico, yo siempre he sido partidario de
tomarlas como referencias, como posibles escenarios, pero no
fundamentar todas nuestras decisiones políticas en función
exclusivamente de esta evolución de las cifras. Sin embargo, su
análisis pone en evidencia unos límites de nuestro sistema de
protección social y señala algunas de las actuaciones que deberemos
impulsar en estos próximos años. Además, coincido con usted en dos
ideas. Una, en la línea de lo que también apuntaba el señor Griñán,
que no debemos mitificar el fenómeno de la inmigración desde la
perspectiva del mantenimiento del sistema de protección social; es
más, el propio informe de Naciones Unidas, al que ha hecho referencia
en su intervención, pone en evidencia el convencimiento de que en las
migraciones no está la respuesta a los déficit de protección social.
En el caso del Estado español, las proyecciones demográficas de
Marruecos a medio plazo ya nos indican que Marruecos ya no va a ser
el principal país proveedor de emigrantes a nuestra sociedad; es más,
Marruecos se va a convertir en un país que va a recibir ya
significadamente emigrantes del resto del continente africano. Por
tanto, nos ayuda a situar el debate sobre la inmigración en otras
perspectivas, no fundamentalmente desde la del sistema de pensiones.
Para mí, la importancia que tiene la relación inmigrantes/sistema de
pensiones, es
poner en evidencia que hoy, con toda la modestia que se quiera, las
personas que vienen a trabajar a España están contribuyendo al
mantenimiento de nuestro sistema de pensiones; este es un dato
pedagógico importante. Evidentemente, las cuestiones relacionadas con
la natalidad tienen que ver también con otras del modelo de sociedad,
no simplemente con el sistema de pensiones. En este sentido, estoy al
cien por cien de acuerdo.
Un último comentario, también en la línea de lo que se comentaba
anteriormente. La gran novedad que nos plantean sus gráficos es una
evolución de nuestra sociedad en la que los sistemas de valores, los
sistemas de protección social en un sentido absolutamente amplio, los
sistemas ideológicos, se van a fundamentar en la presencia muy
importante de la gente mayor. Esta es una novedad absoluta en la
historia de la humanidad. Todos tenemos que cambiar el chip para
poder organizar una sociedad basada en una serie de valores que van
a tener que seguir siendo básicos (la justicia social, la igualdad de
oportunidades, la equidad), en una sociedad que será radicalmente
diferente en esa composición de edades. La gran incógnita está en
cómo organizamos la democracia, el Estado de bienestar, en una
sociedad en la que el núcleo de personas mayores será fundamental.
Eso implica un cambio de chip brutal. Seguramente, eso va a enlazar
con el impacto que está teniendo la transformación de nuestras
economías. Seguramente todos, los investigadores y le aseguro que los
grupos políticos, andamos muy despistados para saber enfocar el
mantenimiento de esos principios en ese cambio tan brutal que vamos a
tener.
Voy a plantear una cuestión concreta. Ustedes han efectuado estas
reflexiones en el marco del Estado español, pero en esa perspectiva
del año 2050 o del 2030, ¿nos deberíamos plantear esas reflexiones,
como mínimo, en el marco de la Unión Europea? ¿Puede Europa
permitirse el lujo, en ese proceso de convergencia real que se deberá
producir, en ese proceso de construcción de una unidad política de
avance hacia una Europa social en el mantenimiento de sistemas de
protección social de carácter estatal? En el caso de que avanzásemos
hacia una visión global del conjunto de la Unión Europea, ¿cómo
podría repercutir eso? ¿No valdría la pena que nuestros análisis
tuviesen en cuenta esa proyección en el medio/largo plazo?
Insisto en agradecer, de verdad, su intervención.
El señor PRESIDENTE: El señor Txueka agradece la comparecencia del
señor Herce.
Por parte del Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el señor
Merino.
El señor MERINO DELGADO: Muchas gracias al profesor Herce que,
ciertamente, nos ha dado, una vez más, una lección de buen
conocimiento de una materia tan importante en la actualidad y que lo
va a ser más en el futuro.
He leído hace algunas semanas su trabajo sobre la reforma de las
pensiones, y hoy en lo que nos ha dado, que es en gran parte un
resumen de ese trabajo, algunos cuadros no deja de ser preocupantes y
otros datos llamativos. Me gustaría sacar alguna conclusión o
preguntarle alguna cuestión sobre ello. Hay un aspecto en el que
usted ha insistido, y es en el hecho de que, derivado de la
generación de la guerra civil, derivado de que habrá menos
jubilaciones anticipadas y de otra serie de factores, posiblemente ya
se empiece a notar un menor número de pensionistas o de personas que
van a percibir las pensiones. Lo que ocurre es que en estas
previsiones, como se ha demostrado, usted mismo lo ha dicho, en los
últimos años ha habido errores porque ha habido cambios en nuestra
sociedad, ha habido cambios en la economía para bien, y en las
previsiones que se hacen para el futuro puede ocurrir lo mismo que
cuando se hace una previsión a tan largo plazo. Por tanto, una de las
cuestiones que quería plantearle es si no puede ocurrir lo mismo en
los próximos diez años, teniendo en cuenta que no hay en este momento
una previsión real de lo que pueda ocurrir en nuestra economía.
Además hemos visto que lo que hace tres años o cuatro años parecía
imposible se ha producido; sin embargo, en los últimos cuatro, todos
los que hacían las previsiones y los trabajos se han dado cuenta de
que ha habido un error grave. Había una previsión en el año 1994-1995
sobre nuestra economía para los próximos ocho o diez que ha ido al
traste. ¿Puede ocurrir lo mismo en los próximos diez años? Es decir,
¿no se podría dar la circunstancia de que personas que en este
momento estén en determinados trabajos procedan a ser reestructurados
y pasen a ser prejubilados, de la misma manera que ha ocurrido en los
últimos cuatro, y eso no se haya previsto a la hora de introducirse
en los cuadros que usted ha manejado?
Por otro lado, también eso incide en el PIB. En el PIB de los últimos
años ha habido altibajos. Ha crecido el PIB de forma notable en los
últimos cuatro años, pero en los cuatro anteriores no habían subido
de esa manera. En 1990, 1991, 1992 el PIB creció muy poco, incluso no
creció, mientras que a partir del año 1996 se produce un crecimiento
más alto del previsto en el PIB. ¿Puede ocurrir lo mismo, con lo cual
se rompería esa tendencia a mantener un alto crecimiento del PIB que
usted ha mencionado para los próximos seis u ocho años, y que sin
duda incide mucho no sólo en la creación de empleo sino también en la
cuestión de las personas que van a percibir pensiones en los próximos
años?
Por otro lado, usted introduce en su trabajo una cuestión que aquí no
hemos tratado hasta ahora, pero que a mí sí me gustaría que usted nos
comentase. Es el criterio mixto de pensiones, es decir el sistema
público junto a un sistema privado, fondos de carácter público junto
a otros fondos de carácter privado que puedan ser compatibles entre
sí y que puedan complementar las
prestaciones futuras. Querría que usted nos explicase esa combinación
que en los próximos años se puede dar en los aspectos positivos de
ese sistema de capitalización frente al sistema de reparto, esa
combinación que puede ser interesante también y que, de hecho, puede
ayudar mucho a que el sistema público se pueda ver enriquecido, se
pueda ver complementado de alguna manera. Pero, por otro lado,
también tiene unos aspectos negativos sobre los que a mí me gustaría
preguntarle. ¿No cree usted que ese sistema mixto puede perjudicar a
aquellas regiones que tienen una población activa menor? Es decir, si
el sistema mixto se basa en que haya unos fondos públicos y además
unos fondos aportados por los particulares en aquellas regiones donde
la población activa es baja, porque hay un número de pensionistas muy
alto, puede darse el caso de que se esté perjudicando de alguna
manera la posibilidad de que todos esos activos puedan tener sus
propios fondos privados. Entonces, se daría una cierta discriminación
en esas posibilidades respecto a unas regiones más ricas, con más
población activa, con más creación de riqueza que para aquellas otras
que no lo tienen.
Estamos de acuerdo con usted en que todavía nos queda margen (con eso
ya termino) para crear empleo en el trabajo femenino y en la
inmigración. La productividad puede aumentar, pero para ello tal vez
habría que adoptar algunas ideas y algunos métodos de otros países de
nuestro entorno, que a veces no nos gusta mucho comentar, pero que
sería bueno adaptarlas, y tal vez habría que incidir también en una
reforma laboral que cada día se va haciendo más necesaria. Ya se hizo
en alguna ocasión, y va a tener que hacerse si queremos hablar de
productividad, porque los métodos, los sistemas de productividad
están cambiando. Si es cierto que en los últimos tres o cuatro años
se ha creado el fondo de reserva, se ha aumentado la productividad,
se ha aumentado el empleo, lo que está claro es que hay que seguir
incidiendo en esas medidas con una política económica adecuada
porque, si no, está claro que vamos hacia esos datos más pesimistas
que usted manifestaba sobre todo a partir de determinado año, el 2020
o el 2025, cuando ya los datos empiezan a ser más negativos.
Muchas gracias otra vez por su comparecencia y también por todos los
datos que nos ha aportado.
El señor PRESIDENTE: ¿Algún otro señor o señora diputado quiere hacer
algún otro tipo de preguntas al señor Herce? (Pausa.) Yo sí.
Una pregunta es relativa al modelo del que nos ha hablado. Quería
saber si en España existen otros tipos de modelos no públicos sino
privados, en cuanto a su autoría pública o privada, y el grado de
fiabilidad que tienen los diferentes modelos; si son o no parecidos;
si tienen cierto grado de contrastación entre sí; los diferentes
elementos que pueden tener tabulación en su modelo; las posibilidades
de ampliación a los efectos
de perfeccionamiento, y también el tiempo de tardanza, o bien, si
está informatizada absolutamente, lógicamente, si la salida de los
datos es inmediata.
También quería saber, en relación con este modelo, la disponibilidad
que tendrían para que lo prestasen a esta Comisión, lógicamente
utilizado por ustedes a los efectos de poder realizar y construir
diferentes escenarios, según los diferentes parámetros que se pueden
introducir. Quería saber si han hecho evaluación de las reformas que
están realizando en otros países europeos con el sistema público de
pensiones, a los efectos de introducción de su modelo en relación con
las diferentes soluciones que se vienen adoptando, y también en lo
que se refiere a los costes financieros y sus repercusiones
económicas.
Aquí se ha hablado siempre del sistema público de pensiones
contributivas, y quería saber si tienen un estudio sobre la evolución
de las pensiones no contributivas, aparte o separadamente del
complemento para mínimos, porque lógicamente irán disminuyendo con el
tiempo las aportaciones de los presupuestos del Estado a todo lo que
se refiere a las pensiones no contributivas en la medida que se ha
incrementado históricamente el número de las personas afiliadas al
sistema público de pensiones de la Seguridad Social.
También le reitero nuestro agradecimiento y, por supuesto, le pido
que esté a disposición de esta Comisión para facilitar nuevos datos,
a medida que vaya evolucionando en sus investigaciones, con la
periodicidad que considere oportuno.
Tiene usted la palabra.
El señor REPRESENTANTE DE LA FUNDACIÓN FEDEA (José Antonio Herce):
Muchas gracias, señor presidente, señorías, en primer lugar, por la
favorable acogida por su parte a mi intervención. Por la mía estoy
satisfecho y orgulloso de haber cumplido este trámite y también les
agradezco sus preguntas, sus comentarios y sus observaciones, que voy
a tratar de responder en el mismo orden en que me los han ido
haciendo.
También quiero dar las gracias, cosa que no he hecho antes, a los
grupos socialista y catalán por haber cursado la invitación para mi
comparecencia ante esta Comisión. Me alegra además que todos ustedes
hayan ojeado con más o menos profundidad la documentación que les he
hecho llegar, pero he constatado también que conocen desde hace
tiempo nuestros trabajos, lo cual me llena de satisfacción, porque
muy a menudo en nuestras alejadas torres de marfil de la academia nos
preguntamos si los dardos que lanzamos desde allí dan o no en la
diana, aunque no sea en el centro. Constato que esos dardos
benévolos, no son dardos envenenados precisamente, han hecho algún
impacto en la diana fundamental, en mi opinión, del debate social que
es esta casa, este Congreso.
El señor Griñán me pregunta sobre cuánto debería cubrir el fondo de
reserva o en qué porcentaje del PIB, y ha hecho una rápida alusión a
la historia de iniciativas parecidas a ésta del fondo de reserva.
Efectivamente, el mutualismo laboral, por ejemplo, se concebía como
un sistema de capitalización, pero al poco de nacer sus bases
técnicas quedaron completamente corrompidas por el reconocimiento de
derechos de pensión a personas que no tenían suficiente carrera de
cotización. Muy rápidamente los gastos por pensiones empezaron a
aproximarse a los fondos acumulados y en ese mismo día se acabó el
mutualismo laboral. Quizá no hemos reflexionado lo suficiente sobre
las lecciones de la historia en esta materia, pero a nada que lo
hagamos las tendremos bien aprendidas. Esta misma reflexión esta
mañana sirve para que expresemos implícitamente lo que no queremos
que vuelva a suceder con ningún fondo de reserva, con ningún fondo de
estabilización que se pueda crear. Porque anticipo que la idea de la
creación de un fondo de reserva en el Pacto de Toledo es magnífica.
La pregunta es la que hace el señor Griñán: cómo vamos a poder dotar
este fondo y cuánto debería tener. Ha hecho también una rápida
historia de cuánto podíamos haber acumulado de haberse mantenido los
complementos de mínimos fuera de la financiación del sistema por
cotizaciones. Efectivamente, de haberse hecho esto, ahora podríamos
disponer de unos cuantos puntos del PIB en ese fondo de reserva. Pero
carece de sentido seguir preguntándonos lo que podía haber sucedido
en el pasado, que no ha sucedido, esos contrafactuales no nos sirven
de gran cosa. Lo que nos interesa es saber cómo vamos a nutrir
y gestionar el fondo de reserva en la actualidad. Si definitivamente
los complementos de mínimos, como parece que debería suceder en este
mismo año 2000, quedan fuera de la consideración de gasto
contributivo y pasan a financiarse con los presupuestos generales, en
los próximos años podríamos acumular un fondo de reserva nada más que
dotándolos con el equivalente a los complementos de mínimos de varios
puntos porcentuales del PIB. Ahora mismo no estoy en condiciones de
decir cuántos, pero un cálculo apresurado me podría fijar la
referencia de diez puntos porcentuales del PIB en los próximos quince
años, si además hubiese el ritmo de dotación de reservas que se ha
venido teniendo este año 2000 y según lo que hemos previsto que
podían ser los superávit futuros del sistema. De manera que sí
tendríamos un fondo de reserva significativo. Pero llamo su atención
sobre el hecho de que los déficit que nuestras proyecciones arrojan a
partir del año 2015 ó 2016 serían tan importantes como para que esos
diez, hasta quince por ciento del PIB, acumulados en el fondo de
reserva, hicieran apenas un efecto moderado en el más largo plazo. De
manera que la pregunta de a cuánto debería cubrir el fondo de
reserva, tiene una respuesta muy complicada. Si nos fijamos un
horizonte en los próximos 20 ó 25 años, probablemente
ese fondo de reserva con los complementos de mínimos incluido podría
copar con la situación, pero más allá del año 2020 ó 2025
necesitaremos un fondo mucho mayor. Esta es una respuesta muy
complicada, y me da la impresión de que no deberíamos confiar
exclusivamente en la acumulación de un fondo de reserva suficiente
para afrontar las dificultades del largo plazo, aunque, insisto, el
fondo de reserva es muy necesario y debe seguir acumulándose al mayor
ritmo posible en todo caso. Esa es una opción de política de la que
nunca nos arrepentiremos en cualquier futuro que se nos pueda dar.
Las cotizaciones sociales son muy importantes en el curso futuro de
los ingresos y de la acumulación del fondo de reserva. Ya ha aludido
el señor Griñán a que las cotizaciones en porcentaje del PIB apenas
varían con el ciclo. Esto es natural porque si el empleo y el PIB
están creciendo prácticamente al mismo ritmo, como las cotizaciones
proceden del empleo, es natural que el cociente entre cotizaciones y
PIB se mantenga relativamente ajeno al ciclo. Esto es lo que sucede y
lo que va a suceder seguramente en el futuro, a menos que la
productividad crezca mucho más. Esto me permite enlazar con aquello a
lo que ha aludido el señor Griñán y también con otras intervenciones,
en particular con la del señor Merino, relativas a la productividad.
Hay que tener cuidado con poner de nuevo todas las esperanzas en el
crecimiento de la productividad para solventar los problemas de
sostenibilidad financiera de nuestro sistema de pensiones. Porque
como muy bien se ha destacado aquí la tasa de reposición de las
pensiones es del cien por cien de la base reguladora. La base
reguladora crece con la productividad, y con esa tasa de reposición
la pensión de las nuevas altas crece con la productividad. Si la
productividad crece, crecen los ingresos, pero crecen igual los
gastos. No he podido traer simulaciones de esa naturaleza, pero si en
nuestro escenario macroeconómico ponemos un mayor crecimiento de la
productividad, crecerán los ingresos por cotizaciones, crecerán los
gastos por pensiones y el déficit del sistema en porcentaje de PIB
apenas variará. Por esas razones técnicas no cabe cifrar en la
evolución de la productividad la sostenibilidad acrecentada del
sistema de pensiones. Las cotizaciones, sin embargo, no deben
disminuir, sobre todo si tenemos en mente la dotación del fondo de
reserva. Muy recientemente he podido escribir con algún colega un
artículo sobre si deben disminuir las cotizaciones sociales. Nuestra
opinión era que no deberían hacerlo las relativas al sistema de
pensiones. Hay otras cotizaciones sociales, por ejemplo las del
desempleo, cuyo sistema tiene en estos momentos superávit, y sí
pueden ajustarse cíclicamente a la situación del desempleo. Tampoco
soy partidario de que haya transferencias cruzadas entre unos
regímenes y otros, entre unos sistemas y otros del Estado del
bienestar.
Sobre qué actuamos. La demografía. Las políticas natalistas son
complicadas. Cuesta mucho imaginar cuán cara sería una política
natalista que buscase, por ejemplo, duplicar la actual tasa de
fecundidad de la población española. Sería extraordinariamente cara.
En términos de economía política, al menos en mi opinión, esos
dineros no irían finalmente ni a las familias ni a sus hijos, sino a
los vendedores de todo tipo de artículos para bebés, o a otro tipo de
grupos de interés, como sucede con las subvenciones a la vivienda. No
van a los compradores de vivienda, van a los promotores. La economía
política de las subvenciones nos dice que hay que tener mucho cuidado
con los estímulos para determinados comportamientos, porque
finalmente se los puede llevar el agente equivocado y además obligar
a la población a estrategias que colectivamente seguramente no son
deseables. Las políticas natalistas hay que mirarlas con ciertas
reservas, desde ese punto de vista de economía política. Pero sí diré
una cosa. Todas las encuestas en todos los países de la Unión Europea
revelan que las parejas europeas quieren tener más hijos de los que
tienen. Esto es importante para la formulación de políticas. No se
trata de obligar a las parejas a tener más hijos, ni de inducirlas
artificialmente el deseo de tener más hijos, sino de remover los
obstáculos existentes para que sus planes en esa materia se puedan
realizar. Los planes de las parejas en esa materia son planes
solventes. No desean tener un número arbitrario de hijos, sino
aquellos que pueden educar y hacer avanzar con los recursos con los
que cuentan, no necesariamente con recursos procedentes de otras
áreas o de terceros. La mejor política natalista es aquella que
remueva todos los obstáculos para que las parejas europeas,
y españolas en particular, tengan los hijos que desean tener. No tiene
por qué ser muy cara, porque esos obstáculos muchas veces no son
materiales. Son malos incentivos, son malas legislaciones, son falta
de flexibilidad en el lugar de trabajo. Si lográramos convencer a las
empresas de lo rentable que sería para ellas ayudar a sus
trabajadores a cumplir plenamente sus derechos sociales, cosa de la
que todavía no están convencidas, no necesitaríamos invertir grandes
sumas de dinero. Sería muy barato y muy efectivo. Eso es lo que puede
decir sobre las políticas natalistas, pero si actuamos sobre las
pensiones y las cotizaciones el panorama es muy complicado porque
para lograr el equilibrio financiero a largo plazo, según los
proyecciones que he mencionado, tendríamos o bien que bajar las
pensiones un 40 por ciento -las pensiones nuevas medias-, o bien
subir las cotizaciones un 70 por ciento, eso sin tocar las pensiones
ya causadas. Hay que advertir que, cuando yo hablo de que las
pensiones caerían a largo plazo un 40 por ciento, lo digo respecto a
lo que serían de no hacerse nada, y aun así la pensión real del año
2050 disminuida en ese porcentaje sería mayor que la pensión real
actual en términos de poder adquisitivo por la propia evolución de
las pensiones, pero claramente
eso equivaldría a hacer caer considerablemente la tasa de
reposición. Ello no querría decir que la pensión futura afectada por
esta reforma fuese menor en términos reales en poder adquisitivo que
la actual; sin embargo, el salario real habría aumentado mucho más.
La sensación de injusticia y desequilibrio entre pensiones
y salarios, que hoy no existe porque la tasa de reposición es del cien
por cien, sería mucho más aguda porque la tasa de reposición sería
aproximadamente del 60 por ciento; ni qué decir tiene que aumentar
los tipos de cotización en un 70 por ciento nos llevaría a tipos de
cotización superiores al 40 por ciento, lo cual es sencillamente
inconcebible.
El señor Campuzano, del Grupo Catalán, ha hecho también algunas
observaciones a las que quería responder. Estoy totalmente de acuerdo
con él respecto a la árnica con la cual hay que tomarse todas estas
proyecciones. No me cansaré de hacer el ejercicio de humildad
necesario para criticar, si ustedes quieren, mis propios ejercicios
de proyección, pero tampoco me cansaré de insistir en que es
necesario realizar estos ejercicios regularmente, cosa que
desgraciadamente no podemos hacer tan a menudo como quisiéramos,
porque nos faltan los recursos fundamentalmente humanos -el tiempo,
los investigadores necesarios- para hacerlo. Pero evitando el
tremendismo, que ciertamente no es necesario ni está justificado por
lo que he dicho de probabilidad cero de cumplimiento de la mayor
parte de estos ejercicios en el largo plazo, también es verdad que
hay que habituarse al debate sobre este tipo de ejercicios. Hay que
convivir con ellos, esa es la mejor forma, en mi opinión, de evitar
el tremendismo. En un debate fluido, cuando las instancias más
caracterizadas para él en el seno de la sociedad están habituadas al
mismo, el tremendismo desaparece de una manera natural. Cuando nos
conocemos quienes debatimos, cuando sabemos lo que pensamos, cuando
producimos novedades en nuestra percepción del problema, el
tremendismo sencillamente desaparece porque nuestro interés común
está en producir la opinión, la percepción, los datos más finos
posibles sobre un problema que nos preocupa a todos. El conocimiento
de las partes en el debate desactiva acusaciones que, en mi opinión,
muy a menudo son infundadas de intereses espurios en la realización
de este tipo de ejercicios que se cruzan o nos cruzamos entre unos y
otros, entre quienes participamos en este tipo de ejercicios. De
manera que no puedo estar más de acuerdo en que profundicemos en este
debate, dotemos de los recursos necesarios a los órganos pertinentes
para que estos ejercicios se hagan constantemente porque, a base de
habituarnos a ellos, empezaremos a ver cuáles son los problemas.
Respecto a la inmigración y a la natalidad me alegro de que
coincidamos. También hay que habituarse a hablar de inmigración en un
plano en el que todavía carecemos de claves suficientes porque,
insisto, es unaprospectiva extraordinariamente complicada para un
científico social, dados los valores predominantes en nuestras
sociedades occidentales, por lo general temerosas de un fenómeno que
entienden mal, desconocen o no ha sido suficientemente debatido. Pero
también es verdad que dentro de unos pocos años, o quizás no muchos,
el potencial migratorio de los países que ahora emiten esos flujos va
a ser menor y, por lo tanto, seguramente la situación cambiará
considerablemente.
Tenemos que acostumbrarnos también, como decía el señor Campuzano, al
papel de las personas mayores en la sociedad, papel que va a ser muy
renovado por las circunstancias de que van a gozar estas personas
tanto por estado de salud como por capacidad intelectual y
disposición para otro tipo de trabajos que no sean los
convencionales. Pero el papel para las personas maduras a partir de
una cierta edad todavía está por inventarse. Uno de los debates más
importantes también en nuestra sociedad sería cómo mantenemos la
actividad de la población más allá de la jubilación nominal, de la
jubilación formal o legal, y cómo conseguimos que esas reservas de
actividad que no se plasman necesariamente en euros o en dinero
contante y sonante se expresen en una moneda solvente que nivele los
derechos y obligaciones de todos los individuos; una moneda que no
tiene por qué ser material, sino, por ejemplo, cuentas de servicios
prestados a la comunidad en las que los individuos que hacen
determinadas prestaciones de tiempo, de cuidados a otras personas a
su vez los reciben más adelante. Esa es una moneda en el sentido
formal del término pero no precisamente material. Insisto en lo que
he dicho antes: miramos fundamentalmente al bolsillo de las personas
bien como cotizantes, bien como contribuyentes o bien como receptores
de prestaciones. Si me permiten la expresión vulgar, freimos a la
gente con impuestos y les adormecemos o sobornamos con prestaciones.
¿Por qué no empezamos a mirar el corazón de la gente y a tratar de
sacar lo mejor de los individuos en vez de preocuparnos por su
bolsillo a través de impuestos y subvenciones? En mi opinión, el
estado del bienestar del siglo XXI será no solamente una democracia
de derechos sino también una democracia de obligaciones, en la que me
da la impresión de que muy poco reparamos en la actualidad. El estado
del bienestar del futuro habrá devuelto responsabilidad a los
individuos pero también habrá aumentado sus opciones, que es la línea
de reforma por la que deberían de avanzar no sólo las pensiones, sino
muchos otros programas del Estado del bienestar.
Finalmente, se menciona el año 2050 y el marco de la Unión Europea.
Efectivamente, esto da idea de cuán retrasados andamos los grupos de
investigadores o de expertos que trabajamos en este tema, porque
todavía no hemos elaborado una prospectiva solvente, creíble de cómo
podía ser el tratamiento de las pensiones en un marco muy distinto al
actual, con una convergencia no sólo económica sino también de
sistemas de pensiones en el seno de la Unión Europea. Estamos
hablando de
un 2050, todavía muy lejano, con muchas novedades institucionales por
delante seguramente, pero sencillamente es que no tenemos tiempo.
Cuando yo reflexiono sobre el sistema de investigación en nuestro
país se reduce a unas pocas docenas de excelentes economistas, a unos
cientos de economistas que entienden su trabajo y que son
competentes, a muchos cientos más que están adormilados por la
endogamia en sus universidades o por la inestabilidad laboral y
apenas a dos docenas de centros de investigación de excelencia, todo
esto en un país de 40 millones de habitantes con una agenda de
investigación formidable por delante. Imagínense las dificultades que
tenemos los que pretendemos estar activos en este sistema de
investigación para abordar nuestras respectivas agendas de
investigación. Sencillamente no hay tiempo material para abordar los
diferentes temas. Y sé que llegamos tarde sistemáticamente, a pesar
de que muchos de nosotros tratamos de comparecer en el mayor número
de foros posibles para explicar lo que hacemos, pero, sobre todo,
publicamos para divulgarlo también, y no solamente en las revistas
profesionales técnicas.
Recibo también con satisfacción el agradecimiento que el señor Txueka
hace de mi comparencia y reitero el mío a todos ustedes por haberme
invitado.
El señor Merino, del Grupo Popular, me hace una serie de
observaciones, la principal de las cuales se refiere a nuestra propia
tarea como expertos. ¿Nos volveremos a equivocar de nuevo en estas
proyecciones? Yo le diría que sí; con una probabilidad muy elevada
nos volveremos a equivocar, pero el tenor de la equivocación va a ser
el mismo. Nos equivocaremos en el corto y medio plazo; en el largo
plazo volveremos a encontrar lo mismo que encontramos en los
ejercicios de 1995 y en los presentes, porque la restricción de
brazos y el envejecimiento de la población siguen estando en
cualquier ejercicio que podamos hacer, a menos que aprendamos a hacer
prospectivas muy diferentes de la que les he presentado, pero
ciertamente en el corto plazo nos vamos a equivocar porque nuestro
escenario macroeconómico, por ejemplo, no contempla una posible
recesión que puede darse en los próximos años y que alteraría algunas
de las conclusiones; insisto, solamente a corto y medio plazo. Eso no
me preocupa y estoy dispuesto a afrontar, como lo hago en esta
ocasión, las críticas sobre cómo nos equivocamos en el pasado cuando
hicimos las primeras proyecciones. Desde ahora descuento que lo vamos
a tener, de manera que en su momento habrá que ver las razones por
las cuales nos volveremos a equivocar. No hay sólo un problema de
ciclo económico en nuestro escenario, que hemos obviado porque en las
proyecciones a largo plazo buscamos tendencias estructurales de la
economía, aunque el escenario es optimista, sino que también podemos
equivocarnos en el tratamiento que hemos hecho de las
prejubilaciones. Ahí hemos sido muy directos y hemos pensado que en
el año 2010 todo
el mundo se tendrá que jubilar a la edad legal -en la actualidad de
65 años- porque nadie podrá acogerse al hecho de haber sido
mutualista en el año 1967. Es cierto que la presión de los
interlocutores sociales o las modificaciones de la economía, cambios
estructurales, reestructuración de trabajos y de empresas puede hacer
crecer o crear nuevos supuestos de jubilación anticipada, de manera
que si eso sucediera, si finalmente no se pudiera vencer la
resistencia para generalizar la jubilación anticipada en los próximos
años, las perspectivas serían peores de lo que he mencionado,
tendríamos unos pocos cientos de miles más de pensionistas en el
largo plazo, lo cual supondría mayores gastos para el sistema, y la
bonanza que hemos proyectado hasta el año 2015 se acabaría antes de
ese año, seguramente en el 2010 o quizá antes dependiendo de cómo la
jubilación anticipada se mantuviese o se generalizase. Esa sería una
mala noticia, pero insisto en que es algo que está al alcance de
cualquier Gobierno conseguir subir la edad efectiva de jubilación no
haciendo nada, pero sí resistiendo las presiones para generalizar la
jubilación anticipada, algo que además es contradictorio con el deseo
de aumentar la capacidad activa de la población española. Busquemos
nuevos trabajos, demos los incentivos necesarios para la orientación
de los trabajadores en edad más madura, pero no los apartemos ni de
la actividad ni del mercado de trabajo ni de la cotización.
Respecto a la productividad, me reitero en lo que he dicho
anteriormente. Hay que procurar que aumente la productividad, pero
por otras razones que no sean el mantenimiento del Estado del
bienestar, porque con las fórmulas actuales el aumento o disminución
de la productividad es inocuo para el futuro financiero del sistema.
La productividad nos interesa en sí misma por otras razones, como la
inmigración. Efectivamente, la reforma laboral es la vía para
aumentar la productividad en nuestra economía, aparte de otras vías
como la profundización de la nueva economía.
Finalmente, respondiendo al presidente de la Comisión, por supuesto
que nos tienen a mí y a nuestro equipo con nuestro ejercicio y
nuestros modelos a la plena disposición de esta Comisión siempre y
cuando dispongamos del tiempo necesario para hacerlo; pero
procuraremos disponer de ese tiempo, porque todo se puede conseguir
si hay buena sintonía y planificación de las tareas.
Algunas de las simulaciones que se han evocado en esta comparecencia
son muy sencillas de hacer; basta introducir un cambio paramétrico en
el modelo, darle a la tecla correspondiente y en cuestión de minutos
tendríamos nuevos resultados, de manera que es cuestión de planificar
las necesidades y los trabajos que podamos brindar a esta Comisión
para que ello sea posible. Debo decir que la realización de este tipo
de modelos ocupa en la actualidad a pocos expertos. En su día, en el
año 1995, surgieron varios estudios. Este, que me conste, es el único
que se ha actualizado de manera
exhaustiva, aunque también los estudios del Ministerio de Trabajo en
el año 1995 -precisamente el informe Griñán- han sido objeto de
actualización parcial por parte de expertos de Comisiones Obreras.
Desconozco actualizaciones adicionales de los trabajos del año 1995,
aunque me consta que algunos por ejemplo el Círculo de Empresarios,
están tratando de llevarlas a cabo. Lo que más me preocupa en esta
materia es que no haya una instancia oficial y permanente de trabajo
en este campo, un organismo o una agencia en el seno del sistema
español de Seguridad Social que con sus propios expertos elabore
constantemente este tipo de ejercicios. Sé que hay modelos en curso
de realización en el seno del sistema español de Seguridad Social,
pero no son transparentes y sobre todo no hay un diálogo fluido entre
los diferentes expertos en esta materia. Insisto, habituarse a estos
ejercicios es fundamental para saber dónde está la exageración y
dónde el realismo de los mismos.
Respecto a la evaluación que hayamos podido efectuar con nuestra
metodología para otros países, mencionaré el caso que ya he citado de
Portugal, pero fíjense bien SS.SS. en que esta evaluación exige
primero la construcción de un modelo ad hoc para cada país. A título
de ejemplo les diré que nuestro modelo son 30 ó 35 páginas de
programación en un lenguaje llamado Gauss, que exige muchísimas horas
para su puesta a punto. El modelo de Portugal también nos ha supuesto
un esfuerzo equivalente y el mismo un equipo de expertos portugueses
ha realizado simulaciones del sistema portugués para la Secretaría de
Estado de la Seguridad Social de ese país. Los resultados están en un
orden de magnitud de los que hemos encontrado para el caso de nuestro
país: un deterioro menos acusado de su sistema de pensiones, porque
el problema demográfico en Portugal no es tan importante, pero
también significativo, con un déficit del 4 por ciento del PIB en el
largo plazo y una acumulación correspondiente de deuda de Seguridad
Social o de pensiones y todavía una mayor restricción de brazos
todavía en Portugal que tiene en estos momentos una tasa de desempleo
de pleno empleo, el 3,7 por ciento de la población activa, de manera
que imagínense ustedes lo que es el futuro inmediato en ese país, sin
capacidad para aumentar el empleo, pero aumentando el número de
pensiones de manera constante.
Respecto a las pensiones no contributivas, no hemos hecho ninguna
simulación. Efectivamente, ese es un panorama que puede cambiar si a
su área se incorporan los complementos de mínimos, cosa que, en mi
opinión, debería suceder. Aunque es cierto que los complementos de
mínimos van a desaparecer con el tiempo a medida que los nuevos
pensionistas lleguen con carreras completas y por lo tanto con
pensiones bien superiores a las mínimas, el panorama de las pensiones
no contributivas puede hacerse considerablemente más complejo si
-como pienso que debería suceder- una
de las vías de reforma del sistema de pensiones consistiera en
reducirlo exclusivamente a prestaciones contributivas muy ponderadas
y muy calibradas con lo que a continuación diré, pasando al sistema
no contributivo todas las actuaciones que son de complemento de renta
y de seguridad económica de los ciudadanos a escala estatal, a escala
de comunidades autónomas o a escala municipal.
No he respondido al señor Merino sobre la cuestión del sistema mixto.
Lo haré a raíz de este último comentario sobre los sistemas no
contributivos. En mi opinión, el sistema de pensiones contributivo de
naturaleza pública y de reparto debe reformarse profundamente
segregando algunas contingencias que podrían pasar fácilmente a la
técnica de aseguramiento -público o privado; la cuestión es
irrelevante- y dejando en su seno contingencias ligadas
exclusivamente a la jubilación a partir de una cierta edad. Por
ejemplo, las contingencias de supervivencia podrían ser objeto de
aseguramiento segregándose del sistema actual. Pero en el seno de las
pensiones de jubilación también hay cosas que se pueden hacer,
básicamente con el objetivo de sacar el máximo partido de las
cotizaciones de los trabajadores. En la actualidad, poner todas esas
cotizaciones exclusivamente en un sistema de reparto es sacarles un
magro partido. Naturalmente, no se puede hacer el tránsito hacia un
sistema mixto en el que una parte sea un sistema de capitalización,
privada o pública -yo me inclinaría por la privada-, de una parte de
esas cotizaciones rápidamente, sin poner en riesgo el equilibrio
financiero a corto plazo del sistema de pensiones, ya que la parte de
las cotizaciones que pasaría a la capitalización dejaría de
ingresarse en el reparto, en el sistema público, y eso crearía
problemas. Para eso tendríamos un fondo de reserva, tendríamos otros
fondos adicionales, tendríamos un reequilibrio de algunas de las
partidas básicas del Estado del bienestar, pero, desde luego, sería
crucial sacar un mejor partido de las cotizaciones de los
trabajadores españoles de ahora en adelante, mediante un sistema
mixto de pensiones con las salvaguardas correspondientes, haciéndolo
con el máximo cuidado en un tiempo muy gradualmente establecido para
evitar el riesgo financiero del sistema público y para evitar también
a largo plazo los riesgos de falta de sostenibilidad de las pensiones
públicas.
Respecto a uno de los aspectos del sistema de pensiones de
capitalización en el seno de un sistema mixto, se ha aludido al
problema que podían tener determinadas comunidades autónomas o
regiones menos pobladas o con menor población activa. Pues bien,
precisamente un sistema mixto en su parte de capitalización podría
afrontar estas dificultades, porque básicamente la capitalización
individual de las cotizaciones es irrelevante en cuanto a las
incidencias de grupo; es decir, que esto se produzca en una comunidad
o en una región más o menos poblada o con más o menos cotizantes o
trabajadores, porque fundamentalmente se basa en el
método individual de capitalización de derechos de pensión sobre la
base de las cotizaciones propias acumuladas, de manera que una de las
grandes ventajas de la capitalización es que hace a cada individuo
protagonista de su propio futuro, al menos en la parte que le
corresponda dentro de ese sistema mixto, y eso es ajeno a cualquier
frontera territorial, a cualquier límite, a cualquier circunstancia;
simplemente responde a bases técnicas propias de cada individuo,
aunque el aseguramiento de grupo puede ayudar también a una cierta
salvaguardia de cada uno de los individuos. La capitalización
contribuiría a resolver algunos problemas que ahora el reparto tiene
también en ese ámbito territorial.
En definitiva, se trata de tener un sistema futuro de pensiones que
saque el máximo partido de las reservas de actividad de los
individuos, de responsabilidad respecto a su futuro y que les dote de
la máxima flexibilidad para elegir entre una gama suficientemente
amplia de opciones. No veo por qué, por ejemplo, un individuo sólo
puede cobrar pensión después de 15 años de cotizaciones. Lo lógico es
que cobrara desde la primera peseta y desde el primer día, tanto en
el sistema de reparto como en el sistema de capitalización, desde la
primera peseta y el primer día cotizados. Su pensión sería
insignificante, sin duda, y si necesita renta, que se lo complemente
un programa ad hoc del sistema del bienestar y de complemento de
rentas, pero no un sistema de pensiones, porque un sistema de
pensiones debe ser transparente para cada individuo y debe incentivar
a las personas a la responsabilidad individual, así de sencillo. Si
necesitan rentas, que se las aporte un sistema adicional de
complementos de renta, pero no un sistema de pensiones.
El señor PRESIDENTE: Muchísimas gracias, don José Antonio Herce.
Quiero agradecer nuevamente no solamente su comparecencia, sino que
siga permanentemente a disposición de esta Comisión para todas
aquellas informaciones que se le recaben. También le reitero que nos
envíe en la medida en que sea elaborada la diferente documentación
que produzcan ustedes.
El señor REPRESENTANTE DE LA FUNDACIÓN FEDEA (José Antonio Herce):
Cuenten con ello.
- DE DON ADOLFO JIMÉNEZ, ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL DE LA SEGURIDAD
SOCIAL. A SOLICITUD DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA. (Número de
expediente 219/000035)
El señor PRESIDENTE: Señoras y señores diputados, pasamos a la
comparecencia de don Adolfo Jiménez -lamento lo escueto de la
designación, pero son los datos que tengo-, de la Organización
Internacional de la Seguridad Social, para informar a la Comisión
sobre los temas objeto de su competencia, siendo el
autor de la petición de comparecencia el Grupo Parlamentario
Socialista.
Es conocido perfectamente por las señoras y señores diputados el
orden que venimos siguiendo para el desarrollo de este tipo de
intervenciones y le diré a don Adolfo Jiménez que lo solemos hacer de
la siguiente forma. En primer lugar, intervendrá él para relatarnos
aquello que tenga a bien en relación con los resultados y la
valoración que le merezca el Pacto de Toledo, así como el futuro del
sistema público de pensiones en España. A continuación, intervendrán
los grupos parlamentarios y las señoras y señores diputados que
tengan a bien formularle preguntas, algún tipo de aclaraciones
o ampliación sobre lo que usted haya manifestado, tras lo que les
contestará usted de la forma y manera que tenga por conveniente. He
de decirle que, en principio, no tenemos establecido ningún tipo de
limitaciones de tiempo para realizar las intervenciones y que luego,
si hubiera lugar a ello, abriremos un último turno -que debo decirle
que no solemos hacerlo- a efectos de realizar algún tipo de
puntualizaciones de última hora.
Sin más, le cedo la palabra a los efectos de que nos manifieste sus
impresiones acerca del objeto de la competencia de esta Comisión.
El señor REPRESENTANTE DE LA ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL DE LA
SEGURIDAD SOCIAL (Don Adolfo Jiménez): Muchas gracias, señor
presidente. Estoy muy satisfecho de estar compareciendo ante esta
Comisión del Pacto de Toledo, donde me parece oportuno señalar que
dicho pacto ha cumplido una importante función en la consolidación
y desarrollo del sistema de pensiones de la Seguridad Social. Aparte
del decisivo, importante y clave consenso político y posteriormente
consenso social, creo que hay que destacar dos aspectos que
facilitaron el acuerdo y, además, su eficacia: disponer de un modelo
de protección definido de acuerdo con nuestra Constitución y el
conocimiento de la realidad, así como la previsión de evolución del
sistema, sobre la base del estudio actuarial que se realizó en 1995 y
publicado por el Ministerio de Trabajo bajo el título La Seguridad
Social en el umbral del siglo XXI. He traído conmigo un ejemplar de
esta publicación.
Esta previsión actuarial -y subrayo lo de actuarial-, realizada bajo
la hipótesis de legislación constante, permitió conocer la evolución
de la Seguridad Social en los años siguientes, así como el resultado
de un análisis de sensibilidad que mostraba la incidencia en el
sistema de pensiones, considerando la variación de determinados
factores del mismo. Por tanto, los grupos políticos pudieron adoptar
las recomendaciones que consideraron oportunas, disponiendo de una
previsión realista y bastante ajustada sobre el futuro del sistema.
Pues bien, con la finalidad de contrastar la utilidad y conveniencia
de disponer periódicamente de los correspondientes
estudios actuariales, especialmente cuando se van a tomar
decisiones que pueden afectar al futuro de la Seguridad Social, del
sistema de pensiones, voy a hacer una breve referencia a algunos
datos del citado trabajo que indican la actualidad de su pronóstico.
En 1995, en el referido cálculo actuarial, se estimó que en el año
2000 en el sistema de Seguridad Social, a legislación constante, se
produciría una diferencia entre gastos e ingresos contributivos
equivalente a una décima del PIB, es decir, una necesidad de
financiación correspondiente a esta cuantía -figura en el libro la
cuantificación-. A la vez, se mostraban una serie de hipótesis de
equilibrio cuantificando sus efectos, entre las que figuraba la
alternativa de introducir una mayor proporcionalidad en el cálculo de
la pensión de jubilación, tanto en lo que se refiere a la
distribución del porcentaje en función del tiempo cotizado, como al
número de bases de cotización que se tomaban para determinar la base
reguladora. Se calculaba que si se adoptaba esa hipótesis, se
reduciría el gasto en una proporción equivalente a décima y media del
producto interior bruto. Si se tomaba esa medida, tras su aplicación,
lógicamente, el resultado sería que tendríamos en el año 2000 un
superávit de media décima del PIB. Pues bien, la realidad es que
después de la aplicación de la Ley 24/1997, de consolidación y
racionalización, que introdujo, entre otras medidas, las
anteriormente citadas, el sistema muestra un superávit
afortunadamente algo superior al calculado, pero sin grandes
diferencias con las previsiones realizadas hace cinco años. Por
tanto, cuando se reflexiona sobre el futuro de la Seguridad Social y
del sistema de pensiones, creo que es más necesario disponer de
estudios actuariales realizados desde la propia Seguridad Social que
garantizan su independencia, pues permiten conocer con anticipación
la evolución de los sistemas previsionales con bastante aproximación.
En este sentido, quiero señalar que este tipo de trabajos no debe ser
sustituido por las proyecciones económicas y financieras que suelen
hacerse con mucha espectacularidad pero sin ninguna capacidad de
acercarse a la realidad por falta de rigor y de aplicación de la
técnica adecuada. No es lo mismo una proyección económica y
financiera que un estudio actuarial, lo sabrían muy bien los técnicos
del seguro o de los sistema previsionales.
Hecho el anterior comentario, voy a referirme a algunos aspectos de
la Seguridad Social que desde una posición estrictamente profesional
considero que deberían ser motivo de reflexión, pensando en el futuro
de nuestro sistema de pensiones. En primer lugar, en concordancia con
el contenido de la recomendación decimoquinta del Pacto de Toledo,
que se refiere al análisis y seguimiento de la evolución del sistema,
creo que sería conveniente disponer en los próximos meses de un nuevo
estudio actuarial. Me parece importante que en el momento en que se
hace una evaluación de losresultados obtenidos por la aplicación de
la recomendación
del Pacto de Toledo y se reflexiona sobre el futuro del sistema se
pudiera conocer el resultado de un nuevo estudio actuarial que,
realizado desde la Seguridad Social, a legislación constante y sobre
la base de la información de afiliados y pensionistas del sistema,
considerando además los factores exógenos que le afectan, previera la
evolución para los quince o veinte próximos años, introduciendo un
análisis de sensibilidad frente a diversas hipótesis de cambio.
En segundo lugar, frente al futuro, si se da continuidad al Pacto de
Toledo, parece oportuno que sobre la base de la eficacia social y
situación económica del sistema de Seguridad Social, considerando las
conclusiones que puede aportar el estudio actuarial, se reafirme el
modelo de protección social, sin perjuicio de las reformas que deban
introducirse en el mismo, lo cual permite a los ciudadanos,
especialmente a los trabajadores más jóvenes, hacer sus previsiones
sobre cómo configurar su cobertura social frente a las diversas
contingencias, eliminando incertidumbres y desconfianza sobre su
situación futura.
En tercer lugar, por razones de equidad contributiva, creo que se
debe seguir reforzando la proporcionalidad del sistema de pensiones,
continuando el camino que comenzó la Ley 26/1985 y ha continuado la
Ley 24/1997, no dando por agotado el contenido de la recomendación
novena del Pacto de Toledo que señala literalmente que es preciso que
las técnicas de cálculo de las pensiones contributivas permitan en el
futuro y de forma progresiva que quienes realizan similar esfuerzo de
-y subrayo- cotización alcancen prestaciones equivalentes. Es un
proceso que ha seguido con más intensidad la mayoría de los países de
la Unión Europea, Alemania, Italia, Bélgica, Francia, no solamente
por equidad contributiva, sino también para lograr un mejor
equilibrio financiero de los sistemas.
En mi opinión, los sistemas tienen diversos equilibrios en el orden
económico, pero hay dos que son esenciales. El primero es el que se
debe alcanzar a nivel del sistema, es decir, desde la perspectiva de
agregado de prestaciones y regímenes, que es una visión
macroeconómica, que compara el conjunto de las cotizaciones con la
totalidad de los gastos contributivos. El segundo trata de lograr el
equilibrio a nivel de cada prestación individual, contraponiendo o
comparando lo que se percibe con lo que se ha contribuido, incluyendo
las aportaciones de las empresas. En el equilibrio macroeconómico es
decisivo que se produzca una adecuada relación entre afiliados y
pensionistas o la más real de cotizaciones y pensiones. Pues bien,
estas relaciones se están deteriorando progresivamente debido
principalmente al envejecimiento de nuestra población. Así podemos
observar que, según datos del Instituto Nacional de Estadística, las
personas con 65 o más años que en 1981 suponían el 11,24 por ciento
de la población se estima que en el 2000 asciendan al 17,15 por
ciento, situación que a efectos de la Seguridad Social se agrava
al considerar la población con 60 o más años que en este año
supondrá el 21,89 por ciento, es decir, bastantes puntos por encima
del 15,48 en el año 1981. Además, la mayor parte de esta población
con 60 o más años pueden acceder legalmente a la jubilación. La
anterior evolución, en mi opinión, explica, entre otras razones, que
la relación entre activos y pensionistas tenga una tendencia
inexorablemente decreciente en los últimos 20 años, pues, mientras
que en 1980 era del 2,46, en 2000 se estima en el 2,2, según datos
del propio informe económico financiero de la Seguridad Social del
año 2000.
Si se establece la relación entre el número de cotizaciones de
ocupados, que tiene un reflejo económico más real, pues comprende el
número de aportaciones de los ocupados con trabajo único así como los
correspondientes a pluriempleados o en situación de pluriactividad,
con el de pensiones, incluyendo las correspondientes a las
situaciones de pluripensionistas, la ratio del 2,4 cotizaciones por
cada pensión que había en el año 1980 decrece al 2,02 en el año 2000,
según reflejan los datos del propio informe económico financiero de
la Seguridad Social que se acompaña a los presupuestos para el año
2001. Esta tendencia, más allá de la coyuntura, no parece que a medio
y largo plazo pueda invertirse, no tanto porque pueda escasear la
oferta de posibles afiliados o, desde otra vertiente, de demandantes
de empleo, sino porque la capacidad de ocupación, aun en buenos
momentos de crecimiento económico, no compensa el envejecimiento de
nuestra población y por tanto no es posible reconstruir la relación
que existía al principio de la década de los ochenta. Todo ello hace
cada vez más necesario que se fortalezcan otros equilibrios del
sistema.
El equilibrio a nivel del sistema es una condición necesaria en un
sistema de reparto, pero no suficiente para lograr la estabilidad
económica a medio o largo plazo; debe existir, además, una
equivalencia contributiva en las prestaciones económicas a largo
plazo, sin perjuicio del grado de solidaridad de que explícitamente
se quiera dotar al sistema. De este modo, se evitaría hacer depender
la estabilidad del conjunto del sistema exclusivamente de la
coyuntura económica. Así pues, además de razones de equidad, reforzar
el carácter contributivo de las prestaciones de forma individual
tiende a mejorar la estabilidad del propio sistema y es en este
aspecto, sin perjuicio de computar un periodo cada vez más amplio,
donde, en mi opinión, hay un punto de gran debilidad en nuestro
sistema de pensiones. Resulta que, por una parte, la cuantía de las
pensiones está en función del tiempo cotizado (el porcentaje que se
aplica a la base reguladora) y de las bases de cotización que
determinan la base reguladora. Las bases de cotización han ido
aumentando desde 1980, acercándose a los salarios reales, lo cual ha
mejorado en términos reales la función de sustitución de rentas de la
pensión.Por otra parte, los tipos de cotización, desde 1980, han
descendido del 34,3 al 28,3, lo que ha supuesto que el ingreso en
pesetas constantes por cotizante sea igual o menor que en aquellas
fechas, a pesar del aumento de las bases de cotización. En
definitiva, nuestro sistema de cálculo permite elevar la cuantía de
la pensión futura sin variar, e incluso reduciendo las cotizaciones
por afiliado; dicho de otro modo, no pone verdaderamente en relación
el importe de la prestación con el esfuerzo real de contribución, lo
cual supone una tendencia desfavorable respecto al equilibrio
económico y por tanto a la estabilidad.
Creo que para corregir esta situación debería establecerse una
fórmula de cálculo que relacionase mejor la cotización
correspondiente a cada afiliado, realizada por la empresa y el
trabajador directamente, en el periodo establecido y en términos
reales con la cuantía de la prestación, reforzando así el carácter
contributivo y estableciendo una mayor solidez económica del sistema
de pensiones. Todo ello sin modificar la tasa actual de reposición
que supone la cuantía de las pensiones, la cuantía real de las
mismas, y sin perjuicio de la solidaridad propia del sistema de
reparto, que debería concentrarse en la mejora de las pensiones de
menor cuantía.
En cuarto lugar, creo que el crecimiento de la esperanza de vida
plantea un reto importante a los sistemas de pensiones puesto que los
equilibrios que se configuraban en un pasado lejano se han roto o
cuando menos han quedado bastante desfigurados. Así vemos que, en
España, la edad de jubilación de los 65 años data de principios de
siglo; el retiro obrero de 1919 ya contemplaba la edad de 65 años. Si
bien no son comparables las situaciones de principio y fin de siglo,
lo cierto es que afortunadamente la esperanza de vida está creciendo
de modo significativo. En los últimos 56 años, el promedio de la
esperanza de vida de la población ha pasado de 50,1 años en 1940 a
78,3 años en 1996, siendo mayor la esperanza de vida de las mujeres
que la de los varones. La esperanza de vida a los 65 años se ha
incrementado de 10,96 años en 1940 a 18,22 en 1996. Este aumento de
la esperanza de vida ha originado que, en España, las personas con 65
o más años, en los últimos 50 años (de 1950 hasta 2000), hayan pasado
de suponer el 7,2 por ciento de la población al 17,1, con una
previsión para 2020 que alcanzará el 21,05 por ciento. A su vez, la
población mayor de 80 años ha aumentado significativamente, ya que la
proporción del 1,9 que suponía en el año 1981 se sitúa en el 3,9 en
el año 2000, y previsiblemente en el 6,1 en 2020.
En contraste con el incremento de la esperanza de vida, la edad media
de las altas en jubilación en nuestro sistema de pensiones es de
62,32 años en el régimen general y de 63,19 en el conjunto del
sistema, según datos a junio de este año. Esto pone de manifiesto un
problema muy importante de la Seguridad Social, reflejando además el
efecto negativo que producen las jubilaciones anticipadas, que sin
duda es uno
de los graves peligros que afectan tanto al equilibrio global del
sistema, deteriorando cada vez más la relación activos pasivos, como
al equilibrio de la prestación individual, pues acorta el periodo de
aportación y agranda el de perfección de la prestación. Solamente
unos datos para reflejar la magnitud del problema. A fecha 31 del
pasado mes de agosto, según el informe económico financiero de la
Seguridad Social, en el total del sistema, el número de afiliados en
el tramo de edad de 55 a 59 años era de 976.931 personas, el 6,5 del
total de afiliados ocupados; en el tramo de 50 a 59 años alcanza la
cifra de 2.323.117, el 15,3 por ciento del conjunto de la población
afiliada, cifras que potencialmente pueden suponer en buena parte
colectivos susceptibles de acogerse a jubilaciones anticipadas,
trasladando un coste financiero muy importante a los sistemas
previsionales.
Así pues, es fácil imaginar que la combinación del aumento de la
esperanza de vida y la práctica de las jubilaciones anticipadas
constituye, en mi opinión, una amenaza muy seria al futuro de nuestro
sistema de pensiones. Realmente, la situación descrita plantea un
reto a la Seguridad Social ya recogido en la recomendación décima del
Pacto de Toledo, que justifica la reflexión en relación con el
cálculo de la pensión de jubilación, de modo que se considera la
conveniencia de combinar y ponderar el esfuerzo real de aportación
con la esperanza de vida en el momento de jubilarse. De este modo, la
anticipación de la jubilación tendría un efecto neutro desde la
vertiente del equilibrio económico, como es el caso de Suecia y
especialmente de Brasil después de la reforma de diciembre del pasado
año. La fórmula adoptada por Brasil permite una adaptación continua y
progresiva del sistema de pensiones a la variación de la esperanza de
vida, sin introducir cambios bruscos, y a la vez permite flexibilizar
la edad de jubilación sin repercusión económica en el gasto global
del sistema. La situación de envejecimiento citada anteriormente
exige que se estudie la necesidad de establecer la prestación por
dependencia que facilite la ayuda por tercera persona a las personas
fuertemente dependientes, previendo las necesidades que se puedan
derivar del envejecimiento de nuestra población y en concreto del
colectivo tan importante de pensionistas con 85 o más años del
sistema, 752.106 contributivos, a 31 de diciembre del pasado año, el
9,95 por ciento del total.
Por otra parte, en nuestro sistema conviven dos situaciones
diferentes y discriminatorias en cuanto a pensiones de jubilación.
Así, en función del origen de la pensión de jubilación -invalidez o
vejez-, dos pensionistas perceptores de pensiones de jubilación con
igual dependencia -el 75 por ciento o más de discapacidad- tienen
distinto tratamiento en la Seguridad Social. Uno, cuya pensión de
jubilación derivó de una gran invalidez, percibe un complemento del
50 por ciento de su prestación para ayuda de tercera persona.
El otro, con igual edad y dependencia o incluso mayor por su
discapacidad, no percibe ningún complemento porque su pensión deriva
del concepto de vejez, aunque los dos son ya perceptores de pensión
de jubilación y se encuentran con igual grado de dependencia. Es,
pues, una situación de discriminación que en mi opinión debería
corregirse, extendiendo para todos en igual situación de incapacidad
el complemento para ayuda de tercera persona en la cuantía que se
determinase.
En quinto lugar, creo que, paralelamente a ir introduciendo una mayor
contributividad en el sistema, se deberían reforzar los componentes
solidarios de nuestro sistema de pensiones, en concordancia con la
recomendación decimotercera del Pacto de Toledo, de modo que los
esfuerzos se sitúen en los ámbitos de mayor necesidad social. En este
sentido, creo que debe plantearse una acción continua a favor de las
pensiones mínimas, en la medida de las posibilidades del presupuesto
del Estado, y homogeneizando los límites de recursos para tener
derechos al complemento de mínimos con el mínimo exento en el IRPF,
el impuesto sobre la renta de las personas físicas. Paralelamente, me
parece conveniente señalar que las posibilidades de mejorar la
capacidad adquisitiva de las pensiones debe centrarse en las más
inferiores por razones de solidaridad, así como para evitar que, una
vez jubilados, las revalorizaciones incrementen las diferencias
reales entre las pensiones que se perciben, además de que la
capacidad económica del propio sistema establece un límite en este
sentido, según se ponía de manifiesto en el estudio actuarial de
1995.
En sexto lugar, en cuanto a la estructura del sistema de Seguridad
Social, debería abordarse la simplificación e integración de
regímenes especiales que prevé la recomendación sexta, tendiendo a
lograr la homogeneización del sistema público de pensiones de todo el
sector laboral del Estado, de modo que se vayan configurando dos
regímenes, el régimen general por cuenta ajena y el especial por
cuenta propia o autónomos, dando acogida a las particularidades
necesarias de los colectivos mediante la especificidad de los
sistemas especiales que pueden integrar los dos anteriores.
En séptimo lugar, respecto a la financiación, creo que debían
aplicarse plenamente, en un horizonte no muy dilatado, las
recomendaciones primera, segunda y cuarta, previstas en el Pacto de
Toledo, en un mismo bloque de cobertura financiera del sistema.
Respecto a la separación y clarificación de las fuentes de
financiación, se debería lograr la coherencia de lo dispuesto en el
artículo 86 de la Ley general de Seguridad Social con la disposición
transitoria decimocuarta, cuya redacción da a entender que, en el año
2000, quedarían plenamente financiadas todas las prestaciones no
contributivas a través de la aportación del Estado, incluyendo los
complementos a mínimos que cita el artículo 86 de la ley.
En la financiación del Insalud, por rigor técnico y por sujeción a lo
dispuesto en la Ley general de Seguridad Social, en el artículo 86,
la parte que gestiona de asistencia sanitaria derivada de los riesgos
profesionales, aproximadamente un 10 por ciento del total, al ser
considerados legalmente como contributivos según el artículo 86, debe
ser financiado por las cotizaciones sociales correspondientes a la
fracción de las tarifas de accidentes de trabajo y enfermedades
profesionales, aplicables a la prestación sanitaria de los riesgos
profesionales, pues además no es coherente que la cobertura
financiera de estas prestaciones, las de los riesgos profesionales,
sea por impuestos.
En cuanto a las reservas, que están previstas en la Ley general de
Seguridad Social desde su origen, debe hacerse algunas reflexiones en
base a la reordenación financiera que prevé el Pacto de Toledo. La
primera es que aquellos ingresos derivados de la capitalización de
las pensiones de los accidentes de trabajo y enfermedades
profesionales que gestionan las mutuas e ingresan en la Tesorería
general deberían constituirse como reserva específica para la
financiación de estas prestaciones. En cuanto al resto de las
pensiones, la cuantía de las reservas debería, a ser posible, tender
a ser concordante con otras regulaciones que contiene la Ley general
y el reglamento de colaboración, como es el caso del fondo de
estabilización que deben constituir las mutuas y que se sitúa en el
15 por ciento de los ingresos por cuotas, lo que supondría la
aplicación de los excedentes a la constitución de un fondo de
capitalización colectiva que dé estabilidad al sistema en los
periodos bajos del ciclo económico, permitiendo que en esos años
puedan revalorizarse las pensiones con cargo a las reservas,
atenuando así la carga contributiva en esos periodos. En definitiva,
se trataría de que el sistema pueda corregir posibles desigualdades
de resultados económicos entre diferentes ejercicios presupuestarios,
como ya se recoge para las prestaciones para riesgos profesionales
que gestionan las mutuas.
Por último, sólo voy a hacer referencia a algunos otros aspectos
concretos, para dar una visión de globalidad del sistema, en lo que
se refiere al sistema de protección, en el sentido de que debería
avanzar en el campo de la protección social. Quiero referirme a la
mejora de las prestaciones de protección a la familia, tendiendo a
equipararlas con los niveles vigentes en otros países europeos, la
mejora de las prestaciones de muerte y supervivencia, reflexionando
sobre la función que corresponde a esta prestación en un entorno
laboral y social muy distinto a aquel en el que se configuró. Hay que
reflexionar sobre el tratamiento específico de los discapacitados en
el sistema de Seguridad Social para evitar situaciones
discriminatorias y el efecto expulsión que a veces se produce, no
favoreciendo la integración laboral de este colectivo; hay que
considerar la posibilidad de potenciar la participación de las
empresas en la gestión de la incapacidad temporal en
límites semejantes a otros países de la Unión Europea; analizar en
profundidad el tratamiento de límites, fiscalidad de los planes y
fondo de pensiones y su incardinación en el conjunto del sistema de
protección, buscando una mayor coordinación entre el sistema
obligatorio y el complementario que favorezca el esfuerzo de los que
disponen de menor renta económica; en último lugar y desde un punto
de vista global, tender a buscar la convergencia en los niveles
medios de protección social en Europa, en concordancia con la línea
seguida respecto a los criterios fijados por la moneda única.
Para terminar, he de señalar que mis consideraciones son las de un
profesional que analiza el sistema conociendo que no existe una
verdad objetiva en las opiniones estrictamente técnicas y que, en
cualquier caso, las modificaciones en los sistemas de protección
social deben compatibilizarse con el criterio de oportunidad y
posibilidad de lograr consensos sociales y políticos en torno a las
reformas.
Nada más por mi parte y espero las preguntas que SS. SS. quieran
formularme.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, don Adolfo Jiménez.
Por parte del Grupo Socialista, tiene la palabra la señora
Cortajarena.
La señora CORTAJARENA ITURRIOZ: Quiero dar las gracias al
compareciente. Tenemos constancia de su gran cualificación y su gran
desvelo por las materias que nos ocupan en esta Comisión, el Pacto de
Toledo y el desarrollo de la Seguridad Social.
Hay tres aspectos importantes que usted ha reseñado. En primer lugar,
la necesidad de los estudios actuariales y que éstos deben de hacerse
siempre desde la propia Seguridad Social para no errar en las
previsiones que ellos mismos manejan con sus datos, yo diría que con
un cierto oscurantismo en la actualidad, porque a veces nos resulta
difícil hacer un seguimiento de qué está pasando en la actualidad,
con la Seguridad Social. También hay que reafirmar que el modelo de
protección social en España -y estamos convencidos de que es un
modelo contributivo- permite hacer previsiones del futuro, sobre todo
de la juventud. Sin embargo, nos estamos encontrando con tres
variables, de las que ha anunciado dos, la baja tasa de natalidad y
la esperanza de vida, que se prolonga de una forma importante y
evidente. Un tercer elemento que no hemos tocado ahora sería la
inmigración. Algunos de los intervinientes anteriores lo han
mencionado como elemento de reflexión que nos ayude a elaborar una
propuesta sobre las tareas que tiene encomendadas esta Comisión.
Me parece que ha habido una contradicción. Se dice que se mejore la
contributividad y, sin embargo, se apoya la mejora de las
prestaciones de los ingresos más
bajos. Esto es un poco complicado, aunque puede que no lo haya
entendido correctamente.
En los regímenes especiales, me gustaría conocer qué tipo de
hipótesis ha ido planteando con relación al problema del régimen
agrario y de empleadas de hogar. Si queremos homogeneizar las
prestaciones que perciben los cotizantes en estos sistemas,
automáticamente tenemos que ser conscientes de que no pueden estar
pagando la contributividad que se abona en el régimen general y por
lo tanto pensar qué medidas podemos poner en marcha para ir acotando
estos ámbitos que creemos que son ámbitos de cotización y de
regímenes que generan mucha desigualdad. Querría conocer cuál es su
opinión.
Ha hecho una mención especial a la invalidez y a la vejez y al
diferente tratamiento que tienen. Nosotros hemos intentado instar a
la Seguridad Social a que se tenga en cuenta las situaciones de
dependencia que muchas personas mayores tienen, aunque no tengan
reconocido el grado de discapacidad o invalidez. Muchas veces se
produce la situación francamente grave de personas mayores que están
cobrando la jubilación y su grado de dependencia es altísimo,
mientras que hay algunos con invalideces que no han generado esta
dependencia. Creo que tendrían que tener un tratamiento distinto o
por lo menos que tendría que ponerse en marcha lo que se llama el
seguro de la dependencia. Me gustaría, dada su experiencia y su
conocimiento, que nos hablara un poco de cómo lo ve, de cuál es su
valoración.
Quisiera preguntarle qué tipo de prestaciones hay a la familia. Se
dice en su informe el tratamiento que ha dado al problema de la
Seguridad Social en el umbral del siglo XXI, las proyecciones que
usted ve y las soluciones que se pueden aportar con relación a las
prestaciones a la familia. Cómo podríamos intentar adecuar, en el
marco de la Unión Europea, este tipo de prestaciones, porque creemos
que la incorporación de la mujer al trabajo ha sido un éxito, logrado
por la mejor formación que se tiene; sin embargo, todavía recaen en
las mujeres mayoritariamente las cargas familiares de la atención a
los hijos y a los ancianos y a los discapacitados, con lo cual vemos
que la doble jornada no es algo ilusorio sino que es una realidad
palpable y evidente en nuestro país.
Sí que me ha parecido importante la propuesta, y es la primera vez
que lo he escuchado, con relación a la convergencia con la Unión
Europea, para conseguir homologar aunque sean las medias de
cotización, etcétera. ¿Qué tipo de proyectos le parece que podríamos
utilizar o cómo lo podríamos ir encarrilando?
El señor PRESIDENTE: Por parte del Grupo Parlamentario Catalán
(Convergència i Unió), tiene la palabra el señor Grau.
El señor GRAU BULDÚ: Muy brevemente quiero agradecer a don Adolfo
Jiménez su comparecencia en esta Comisión y sumarme al agradecimiento
de su intervención, que ha sido muy interesante.
Me gustaría saber si se han calculado en su estudio actuarial las
posibles actuaciones para la extensión de la responsabilidad en los
casos de viudedad o para transmitir a un determinado cotizante las
prestaciones que puedan repercutir de un jubilado o un pensionista en
las personas de su familia que, por alguna razón de salud o por ser
amas de casa, hayan cotizado. También, si esta convergencia, como
decía el anterior interviniente, con la Unión Europea la vislumbran
desde la óptica de crear una colaboración más estrecha con todos los
países de la Unión Europea, para marcar un modelo que sea más
comparable, dada la convergencia que ya se está haciéndo en estos
momentos, tanto en el euro como en el área económica; si en lo social
podría establecerse un modelo actuarial. Usted ha explicado en su
intervención la existencia de actuaciones en diferentes países de lo
que son las prestaciones sociales, muy distintas de las que tenemos
en el Estado español. Cómo vislumbra de alguna forma la Seguridad
Social ir sumando estas acciones y encontrar una acción más o menos
común para que esta convergencia que representa esta Comisión del
Pacto de Toledo tuviera su plasmación no solamente los cálculos
actuariales? Como usted nos ha dicho, que lógicamente preconizaban la
necesidad de una actuación que luego resultó la de 1997, que usted
prácticamente ya marcaba como posible si se actúa o no en los
resultados, si en esta convergencia se podría llegar a una idea
europea al menos de pensiones.
El señor PRESIDENTE: A continuación, por parte del Grupo Popular,
tiene la palabra el señor Burgos.
El señor BURGOS GALLEGO: Señor Jiménez, mi grupo desea también
mostrarle nuestra satisfacción por su presencia y nuestro
reconocimiento por su aportación, sin duda destacada, dada su
experiencia, sus responsabilidades pasadas y presentes y su nivel de
implicación en la Seguridad Social, que este país recibió en el año
1996, cuanto menos, aunque evidentemente su trabajo en esta materia
sigue estando en estos momentos también de actualidad.
Quiero valorar precisamente que esa experiencia y supongo que una
cierta distancia del devenir político, al menos desde el punto de
vista del análisis y de la reflexión, avalan su exposición. Y a eso
hay que sumar esa atalaya que constituye su puesto en la
organización, yo creo que iberoamericana. No sé si me equivoco pero,
cuando se nos comunicó la existencia de una organización
internacional de la Seguridad Social, llegamos a dudar. Yo creo que
es la organización iberoamericana de la Seguridad Social, que, como
digo, sin duda avala algunas de las reflexiones que hoy nos ha
trasladado, en especial la que aboga que seamos capaces de mantener
un adecuado marco de consenso político y social. Este adecuado marco
de consenso político y social era recomendable cuando la Seguridad
Social atravesaba momentos complicados desde el punto de vista de su
situación financiera y lo es hoy también si queremos sentar bases
sólidas de futuro que prevean situaciones diversas, pero en todo caso
complicadas si atendemos a las exposiciones ya numerosas que hemos
venido viendo desarrollar en esta Comisión.
El consenso implica renuncias por todas las partes, como es evidente,
y obviamente para subir las pensiones mínimas en un país no hace
falta consenso. Cualquier Gobierno que tenga consignación
presupuestaria suficiente lo puede hacer por sí mismo. Yo creo que la
piedra de toque está en ejercer una responsabilidad de futuro y una
racionalidad que nos haga a todos trabajar pensando no en las
próximas elecciones sino en las próximas generaciones. Esta Comisión
tiene por objeto revisar la vigencia de esas quince recomendaciones
del Pacto de Toledo y, aunque no es mi deseo y mucho menos después de
su intervención someterle a usted a un tercer grado, sobre todas y
cada una de las recomendaciones, sí al menos conocer cuál piensa
usted que ha sido la recomendación mejor desarrollada y la que en
estos momentos adolece de mayores problemas para su implementación,
para su ejecución. Desde su experiencia, desde su opinión, dónde cree
usted que cabe hacer el mayor esfuerzo, dada la evolución de estos
últimos cuatro años, y cuáles son las dificultades más importantes
que usted ve para desarrollar algunas de las recomendaciones, tal vez
las más complicadas.
Hemos abierto el diálogo político, el diálogo social.
Afortunadamente, mi grupo piensa que ya sin la espada de Damocles
sobre nuestras cabezas de una situación cuanto menos complicada en el
pasado. Creo que esta situación debe implicar un plus de normalidad,
de sosiego y de responsabilidad a la hora de afrontar estos
problemas. Hay quien piensa y dice que en el diálogo social el
Gobierno debe oír, ver y callar y no debe opinar, para no interferir.
Hay quien piensa también que es posible aislar el debate de la
protección social, su sostenibilidad, palabra esta que creo que
causaría escalofríos a don Fernando Lázaro Carreter, de otras
cuestiones como puede ser la reforma laboral, como puede ser la
búsqueda de un déficit público cero o cercano a cero. En definitiva,
el debate que hoy se ha suscitado sobre la capacidad de nuestro
entorno económico para aumentar su propia productividad. Mi grupo
entiende que la fortaleza futura de nuestro sistema de protección
social radica también y de modo muy especial en la capacidad que
nuestra sociedad tenga para mantener un crecimiento económico
importante, para seguir incrementando nuestras tasas de afiliación a
la Seguridad Social, pero también para aumentar nuestra capacidad de
incrementar esa producción por empleado, la capacitación del factor
trabajo y la mejora en la organización
del proceso productivo. Me gustaría conocer cuál es su opinión sobre
el factor que puede jugar esta apuesta por el incremento de la
productividad de nuestra economía en el futuro de nuestro sistema de
protección social. El anterior compareciente no creía que fuera
demasiado positivo residenciar en el aumento de la productividad
nuestras esperanzas en el sostenimiento de la protección social. Me
gustaría conocer también su opinión al respecto. Nosotros entendemos
que, si no toda, gran parte de esa esperanza puede residenciarse en
este incremento de la productividad. Por eso entendemos que el debate
de esta Comisión no puede estar ajeno ni puede desligarse y
desconectarse de otros debates al menos tan importantes, si no más,
como son por ejemplo los de la reforma laboral en nuestro país.
A la luz de las intervenciones realizadas hoy, hay un aspecto que se
deduce de sus palabras y que resulta para mi grupo absolutamente
incontrovertible. La lógica matemática y el sentido común abogan por
la imposibilidad manifiesta de sostener, por un lado, prestaciones in
crescendo, aumentando, fruto también de la presión social y de los
intereses de los sectores en juego, y, por otro lado, apelaciones
continuas a la disminución de la vida laboral, fundamentalmente por
la vía del anticipo de la edad de jubilación. Es decir, más años de
vida y más exigencias de prestaciones y menos años de aportación
laboral constituyen para nuestro grupo una ecuación que no cuadra. En
ningún caso va a permitir mantener estos parámetros sin generar un
conflicto evidente. Un fundamento estadístico para las actitudes
respecto a la edad en el moderno panorama del mercado de trabajo se
manifiesta en la reducción gradual del marco temporal en que la gente
está empleada. Citando un texto de reciente aparición, en Estados
Unidos la cantidad de hombres de 55 a 64 años que trabajan ha
descendido de casi el 80 por ciento en los años setenta al 65 por
ciento en estos momentos. Las cifras del Reino Unido son virtualmente
las mismas. En Francia, el número de hombres que trabajan al final de
la llamada edad mediana ha bajado del 75 por ciento a poco más del 40
por ciento. En Alemania de casi el 80 por ciento a un poco más del 50
por ciento. Esto no hace más que predecir por parte de algunos
sociólogos muy destacados que el tiempo de trabajo real podría
reducirse a poco más de 30 años en las próximas décadas; una edad
laboral entre los 24 y los 54 años, con una esperanza de vida
aproximada de 80 años. Es decir, un período de vida productiva
reducido a la mitad de la vida biológica y con los trabajadores
abandonando la escena mucho antes de estar mental o físicamente
incapacitados. A la luz de estas cuestiones ¿es usted partidario de
promover actuaciones que desde la voluntariedad impliquen retrasos en
la edad de jubilación? Es decir, no sólo con cumplimiento real de la
edad legal de jubilación, sino la posibilidad de incorporar medidas
que puedan implicar retrasos en esa edad de jubilación ¿O es usted un
convencido de que ante los guiños
de algunos sectores el eslogan «menos gente trabajando menos y con
mayores prestaciones» es cada vez más imposible de frenar? ¿Cuál cree
que son las prioridades en un sistema que, dada nuestra situación,
tiende a crecer más en el gasto que en los ingresos? ¿La separación
de fuentes? Ha abogado usted hoy por eliminar cualquier aportación de
la Seguridad Social a cualquier prestación no estrictamente
contributiva y hacerlo en este mismo año 2000. Esto prácticamente es
imposible si tenemos en cuenta que los complementos a mínimos, en
todo caso, y suponiendo una aportación total del Estado, no podrían
asimilarse por el Estado antes del año 2001. ¿Cree usted que
realmente la prioridad es la separación absoluta de fuentes en estos
momentos? ¿Lo sigue siendo a la luz de estos últimos años? Se ha
citado aquí por la interviniente del Grupo Parlamentario Socialista
la equiparación de regímenes. ¿Es usted partidario de incrementar
cotizaciones, por ejemplo en el régimen agrario, para los empresarios
agricultores, que son la mayoría, como han opinado otros grupos? ¿Qué
vías considera más oportunas para la progresiva equiparación de
regímenes y cuáles son los límites de esa equiparación? A mi grupo
también le interesa mucho esta cuestión. Ha afirmado que es posible
llegar a un punto en el cual existiera un único régimen por cuenta
ajena y un único régimen por cuenta propia, o esa ha sido la
conclusión que he extraído de sus palabras. Si esto es así, ¿cuál es
el horizonte temporal que usted juzgaría posible y realista para
alcanzar este objetivo? ¿La contributividad? Durante su experiencia
de Gobierno, los años computados para la percepción de una pensión
pasaron de dos a ocho; en esta última etapa se ha extendido de ocho a
quince y en estos momentos estamos en doce años. A la luz de su
experiencia ¿en qué horizonte considera que en este país podríamos
acercarnos al cómputo total de la vida laboral para establecer la
base de la pensión? ¿Cuál considera que debería ser la gradualidad
razonable con la que podríamos afrontar esta cuestión?
Sin abusar en esta comparecencia de su amabilidad, no quiero
finalizar mi intervención sin solicitar su opinión sobre uno de los
aspectos que recurrentemente están presentes en esta Comisión, el
fenómeno de la inmigración y su incidencia futura. Desde el punto de
vista de una organización iberoamericana de Seguridad Social, no cabe
duda de que si una inmigración puede y debe ser muy tenida en cuenta
por nuestro país es la proveniente de Iberoamérica. Sus afinidades
culturales e idiomáticas la hacen excepcional como modelo de
integración y de posibilidades de futuro. ¿Qué perspectivas contempla
usted sobre esta cuestión? ¿Puede ser nuestro sistema de protección
social un factor de atracción para esa inmigración? ¿Lo estamos
favoreciendo de forma suficiente y eficaz? Nada más alejado de mi
planteamiento que ningún tipo de colonialismo que relegue a estos
países a ser nuestros reservorios de mano de obra. Ya se ha afirmado
esta mañana que tampoco
podemos utilizar la inmigración como un esperanzador argumento de
cara a acometer los problemas de protección social que tenemos por
delante, pero sí parece claro que en las relaciones de España con
Iberoamérica puede existir un modo adecuado de interés común para
nosotros y para muchos ciudadanos de esos países de acometer un
fenómeno ordenado de inmigración. Me gustaría conoce su opinión al
respecto, agradeciéndole una vez más su comparecencia.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias señor Burgos por aclararnos qué
significaba la I, que no significa Internacional sino Iberoamericana.
He de decir a la Comisión que, sin embargo, en mi papel, que mi
imagino que es igual que el suyo, fugura Internacional y no
Iberoamericana.
Tiene la palabra don Adolfo Jiménez.
El señor REPRESENTANTE DE LA ORGANIZACIÓN DE LA SEGURIDAD SOCIAL (Don
Adolfo Jiménez): Quiero hacer una aclaración respecto al último
comentario. Es Organización Iberoamericana de la Seguridad Social,
pero es un organismo internacional. Por tanto, entre unas cosas y
otras lo damos por admitido.
Me preguntaba la diputada señora Cortajarena sobre los estudios
actuariales por la Seguridad Social. Creo que cuando estemos hablando
de conocer la evolución futura (no pasa sólo en la Seguridad Social,
está pasando en las técnicas del seguro y en los fondos y planes de
pensiones) cuando a una empresa de seguros se le establece un
análisis, la Dirección General de Seguros le pide un estudio
actuarial, no le pide una proyección de gastos e ingresos. Pues bien,
en la Seguridad Social se dispone de los mejores actuarios que hay en
España, con 20 ó 30 años de experiencia trabajando y que se conocen
el sistema. Es imprescindible no sólo conocer las técnicas
actuariales sino también el sistema, por tanto, nadie mejor que
ellos. Los que lo han realizado en la época de finales de los setenta
y principios de los ochenta, los que lo han realizado a mediados de
los ochenta y a mediados de los noventa y que pudieran realizarlo
ahora son las mismas personas o parecidos expertos que, en mi
opinión, son de los mejores que hay. No son nada ocultistas. Están
dando una información continua anual a través del Informe Económico
Financiero. Es curioso que cuando en algunas de esas proyecciones
realizadas en 1995 observamos que en un año se habían desviado en
tres puntos del cálculo de la pensión, los expertos de la Seguridad
Social no tenían ningún mérito. En el proyecto de presupuesto para el
2001 se calculan las pensiones que se prevé que haya en diciembre de
2001. Están haciendo ese cálculo continuamente y se está publicando.
Por tanto, insisto en que nadie mejor que los propios expertos de la
Seguridad Social para hacer el estudio. Por otra razón, además,
porque ninguna proyección se ha realizado
siguiendo las técnicas actuariales, que es ni más ni menos que
fundamentarse en la base de datos que tiene el sistema por regímenes,
por clase de pensión, por edades, por sexos, sacar las pensiones
directas y las derivadas. Ninguno ha realizado una técnica actuarial,
y ellos sí que la realizan porque tienen la información y pueden
penetrar en un registro muy sensible en cuanto a intimidad, que
difícilmente yo sería partidario de abrirlo a la opinión pública; es
un registro extraordinariamente sensible respecto a la intimidad de
las personas; me atrevo a decir que es el más sensible de todos los
que tenemos en el Estado español porque contiene más datos. Por
consiguiente, nadie mejor que los expertos de Seguridad Social para
realizar los actuarios. No se trata de que no haya otros actuarios
expertos fuera del sistema, pero sinceramente creo que son los que
conocen mejor el sistema. La reafirmación del modelo es importante,
por una razón, porque las personas que entran en el mercado laboral a
los 30 ó incluso después, a los 31 o 32 años, están pensando si las
cotizaciones de hoy les van a servir para hacer su modelo de
previsión social para el futuro. Y ojo que no solamente deben pensar
en la pensión de vejez, tendrán que pensar en la pensión de invalidez
o en la de muerte y supervivencia, pero es necesario que tengan una
proyección de continuidad y de reafirmación de la continuidad.
Amí la baja tasa de natalidad, desde el punto de vista estrictamente
del sistema de pensiones, no es algo que me inquiete. Después lo
pondremos en relación con la emigración. Estoy hablando desde el
punto de vista de la relación de activos y pasivos. Recuerdo la
década de los sesenta en Alemania, donde el sistema de Seguridad
Social adolecía de un importante número de activos. Pues se
trasladaron allí unos tres millones de españoles que fueron tan
cotizantes como los alemanes y que han generado sus propias pensiones
contributivas. Por tanto, digamos que hay un mecanismo -no entro en
otra consideración-, desde el punto de vista de los sistemas de
previsión, que puede sustituir a la baja tasa de natalidad. Por
consiguiente, es una contestación directa que las emigraciones pueden
sustituir y pueden ser un paliativo muy importante a ese problema de
la pirámide poblacional en cuanto a baja tasa de natalidad. El
crecimiento de la esperanza de vida sí que incide y no hay otra
solución que hacer frente al encarecimiento de las prestaciones o a
equilibrar el período de cotización con el período de percepción de
la pensión. Sinceramente no hay otras consideraciones. Cuando se
habla de un sistema de capitalización individual, en algunos países
donde se ha introducido, el tema es que la capitalización individual
se está constituyendo en un fondo y si en vez de vivir 10 años vives
15 años ese fondo lo distribuyes en 15 años. Por tanto, están
automáticamente adaptando el esfuerzo contributivo al beneficio
prestacional.
Mejorar la pensión contributiva y mejorar las pensiones más bajas no
creo que sea incompatible. Yo
pienso que se ha hecho a lo largo de toda la vida más moderna o
democrática del sistema de pensiones. Se ha aumentodo el carácter
contributivo, la Ley 26 del año 1985 y la Ley 24 del año 1997, y se
han ido incrementando las pensiones mínimas. Si se pone en relación
con la separación de financiación que pone de manifiesto la
recomendación primera del Pacto de Toledo tendría la solución. Los
complementos a mínimos no debían financiarse con cotizaciones
sociales y, por tanto, no deberían perjudicar la estabilidad
económica del sistema contributivo.
Respecto a los regímenes especiales, todo el mundo tiene una gran
preocupación; me estoy refiriendo al régimen especial agrario. El
sector del campo posiblemente necesite una solidaridad en cuanto a la
configuración del sistema de protección social. Lo que es dudoso es
que esa solidaridad deba recaer sólo en las cotizaciones sociales.
Dicho claramente, no soy partidario de poner el 28/30 de cotización
del régimen general al régimen especial agrario, pero tampoco soy
partidario de que lo sostenga la gente del régimen general solamente
y no el conjunto de la población, con esfuerzo, a través de
impuestos. Se tiene que combinar la aportación. Si me permiten, desde
una posición de experto -creo que lo puedo decir- diré que si hay que
subvencionar al campo tal vez no sea el mejor sistema hacerlo a cargo
del sistema contributivo de la Seguridad Social.
En cuanto a la prestación por dependencia, se han hecho estudios por
el Imserso, antes y ahora, que ponen de manifiesto la bomba de
relojería que tenemos en la población española con las personas de 85
o más años que se encuentran cronificadas. El que no se haya acercado
a esa realidad no puede imaginarse la marginación que hay en las
personas fuertemente cronificadas en sus propios domicilios, con sus
familiares o incluso en residencias inadecuadas. Voy a poner un
ejemplo de un problema de dependencia, si me lo permite el señor
presidente. Es un caso real. Dos empleados de la Seguridad Social,
marido y mujer, administrativos, con dos hijos y que con sus ingresos
podían financiarles perfectamente estudios universitarios. Entre los
dos podrían alcanzar las 400.000 ó 500.000 pesetas mensuales. Fallece
el padre de uno de ellos, le queda una pensión de viudedad mínima a
la madre, que se cronifica profundísimamente, en parte como
consecuencia del trauma del fallecimiento del marido. Como tienen
unos ingresos de cerca de las 500.000 pesetas, la madre no está
dentro del límite que le exigen de menores recursos para entrar en
una residencia del Imserso o el equivalente en las comunidades
autónomas, es decir, de carácter público, y tiene que ir a una
privada donde le exigen 200.000 pesetas y no están muy satisfechos de
la atención, pero no tienen más remedio que situarla porque trabajan
el hombre y la mujer. Quitan 200.000 pesetas de unos ingresos de
cuatrocientas y pico mil y están insatisfechos, porque para tener una
atención adecuada
les pedían 250.000 pesetas. Esa familia ha pasado de una clase
media a una clase pobre por la mala atención, en cuanto a
dependencia, que nuestro sistema de protección social ofrece al
ciudadano. No es nuestro país el único que tiene esa inquietud, la
tienen muchos, y Alemania ya ha introducido dentro de la Seguridad
Social la prestación por dependencia. Hay muchas fórmulas y no quiero
indicar una, pero hablando de la Seguridad Social podría contemplar
esa prestación por dependencia o analizar cómo ha sido la experiencia
en Alemania, aunque es muy reciente, de esa prestación dentro del
sistema de Seguridad Social.
Respecto a prestación a familias, yo creo que no tenemos que inventar
demasiado sino fijarnos en lo que hay dentro de la Unión Europea y
ver cómo se compatibiliza el trabajo de la mujer, concretamente la
atención a la familia. Si hablamos también del problema de la
natalidad, se trataría de que la familia no se vaya acortando cada
vez más. Por tanto, me inclinaría por ir convergiendo en los niveles
de protección que tiene la media de la Unión Europea; me daría por
satisfecho desde el punto de vista de la protección social. ¿Cómo se
podría converger con la Unión Europea? Creciendo en protección social
ligeramente por encima de la media de la Unión Europea. No trato de
que tengamos un problema de competitividad. Estamos, evidentemente,
muy lejos de los tres mejores en protección social, que superan el 30
por ciento del PIB y, por tanto, estamos hablando de acercar ese
veintiuno y pico por ciento que tenemos en el momento actual, en el
año 1997, según los últimos datos del Seepros, de la Unión Europea,
al 28 por ciento que es el promedio. Es decir, debería trazarse un
camino a recorrer para que en un plazo prudencial alcanzásemos ese
promedio de la Unión Europea.
No sé si he entendido bien la primera pregunta del señor Grau pero
voy a contestarla rogándole que perdone si no le ofrezco una
respuesta precisa. Ponía S.S. en relación la pensión de viudedad con
las de jubilación. Por si no me ha entendido bien, lo que yo quería
decir es que soy partidario de incrementar las pensiones mínimas de
viudedad. Y soy partidario de que, sin llegar a la conclusión final,
en un sistema contributivo y conociendo que es una prestación
derivada se analice la función de la prestación de viudedad en el
contexto de la sociedad actual y posiblemente de la próxima década,
porque cuando se introdujo esa prestación iba dirigida eminentemente
a evitar la pobreza en caso de fallecimiento del cabeza de familia,
pero hoy, cuando el cabeza de familia puede ser hombre o mujer, si la
mujer se incorpora al mundo del trabajo, tendríamos que contemplar un
análisis sobre si cumple la pensión de viudedad esa función de evitar
la pobreza -pondré un ejemplo: para algunos de nosotros la pensión de
viudedad de su esposa no sería decisiva para mantener el nivel de
vida de su familia- y quizás esos recursospodrían concentrarse en las
pensiones más bajas o en
las personas con rentas más bajas.
Debemos ir tendiendo a una convergencia en protección y en modelo,
como ya se ha mencionado. No creo que la protección social saliese
perjudicada si fuésemos convergiendo hacia un modelo centroeuropeo,
que es el origen de nuestra Seguridad Social; si fuésemos
convergiendo, tanto en requisitos como en gestión y protección, por
ejemplo, hacia un sistema francés o un sistema alemán. El sistema
alemán computa toda la vida para el cálculo de la prestación y se
trataría de ir tendiendo a ello progresivamente. Al fin y al cabo,
desde el año 1985 a acá tenemos 12 años. ¿Cuál sería el ritmo? El que
prudencialmente permitiera un cierto acuerdo social y político.
El organismo internacional tiene la denominación de Organización
Iberoamericana de Seguridad Social.
Preguntaba el señor Burgos cuál sería la mejor y la peor
recomendación en cuanto a la evaluación del cumplimiento del Pacto de
Toledo. Son visiones particulares. Para mí, un cumplimiento bueno es
la financiación de la asistencia sanitaria del Insalud con esa
observación técnica que ha formulado de que no tiene importancia
cuantitativa pero sí la tiene en el sentido de que no paguemos con
impuestos la cobertura de prestaciones provenientes de riesgos
profesionales. Es una mera apreciación o quizás un poco de rigor
técnico. Sinceramente, en complementos de mínimos había en el año
1995 una aportación del Estado de 235.000 millones de los que se
financiaba el 40 por ciento, y a partir de 1997 inclusive hay 16.000
millones, lo que supone un dos y pico por ciento de financiación de
dicho complemento de mínimos. Por tanto, habría que hacer un esfuerzo
en ese tema. Más aún. Cuando se estudia y se enseña la Seguridad
Social hay algo que resulta confuso. Si nos vamos al artículo 86
vemos que es taxativo, claro, define concretamente cómo son las
prestaciones, su naturaleza y cuál es su financiación. Pero si vamos
a la disposición transitoria decimocuarta el primer párrafo dice:
Antes de 2000. Después hay un párrafo que dice que tendremos que
determinar la naturaleza de la prestación en la Ley de presupuestos.
¡Pero bueno, si está dicho en el artículo 86! Hay una confusión -se
trata meramente de un comentario técnico- que supongo producto de las
prisas que muchas veces introducen los debates presupuestarios para
adaptar las discusiones que afectan a los textos legales. En
definitiva, hay una aclaración, que pone de relieve cualquier
experto, de que más allá de la propia financiación del complemento de
mínimos, que tiene una gran importancia, por el conjunto o por las
aportaciones del Estado a la Seguridad Social, también habría que
clarificarlo desde el punto de vista de la normativa legal. El
incremento de las pensiones mínimas ha sido una actuación positiva.
En cuanto a la revalorización del conjunto de las pensiones, tengo
que decir que el esfuerzo que se ha hecho debería haberse dedicado
exclusivamente a las pensiones mínimas, por una razón, que no es
baladí. Es una
lástima que no haya traído la transparencia porque un experto vería
que una revalorización de un punto por encima del coste de la vida
haría totalmente infinanciable nuestro sistema de Seguridad Social.
La exponencial de la curva es espectacular. Nosotros lo ponemos de
manifiesto y no solamente nosotros sino cualquier experto. Además, no
sé hasta qué punto el que perciba la pensión máxima, que se le ha
revalorizado en términos, si fuese un punto, de 40.000 pesetas, tiene
que tener más revalorización con la aportación que pueda hacer una
persona que tenga en activo menos ingresos que en pasivo, que una
pensión mínima que con un punto son 5.000 ó 6.000 pesetas al año. Por
tanto, no contamos el carácter contributivo, que tiene otro problema
importante en mi opinión, que es decir que si me revalorizan por
encima del coste de la vida -estoy pensando en pensiones medias-
altas-, ya me lo mejorará el Gobierno de turno. Por ello el carácter
contributivo tiende a disminuir. Otra cuestión es que estemos
aumentando las pensiones más bajas para evitar situaciones de
necesidad. Yo no soy partidario de que a la pensión máxima se le
aumente el poder adquisitivo y soy partidario de que esos recursos se
dediquen a las pensiones más bajas. Obviamente, son opciones. ¿La más
complicada? La más complicada, sin duda, es la equiparación de los
regímenes. Se lo digo por experiencia. Como trabajé en la Ley 26 del
año 1985 y de 12 regímenes tuvimos que simplificarlo a seis, sé las
dificultades que encierra. Sé que incluso después algunas de esas
particularidades quedan recogidas en los sistemas especiales. Pero
sinceramente creo que es necesario hacer ese esfuerzo, si no se va ir
comprendiendo poco que una persona pague mucho y otra pague poco,
percibiendo igual prestación. Sinceramente, en mi opinión, eso
perjudica la percepción contributiva del conjunto de los ciudadanos.
Si habla con ámbitos de la población en los que convivan el régimen
especial agrario, y estoy pensando en cuenta propia, con un
trabajador de la construcción, la verdad es que hay una queja: al
final el sistema es lo mismo, pagues lo que pagues recibimos todos
igual. Eso creo que es negativo para la sostenibilidad o, dicho de
otra forma, para la estabilidad de nuestro sistema de pensiones y
rompe el principio que recoge el Pacto de Toledo de la equidad
contributiva. Insisto en que otra cuestión es que al sector del
campo, como el de la minería, como el del régimen del mar, haya que
financiarlo, pero no a través exclusivamente de cotizaciones
sociales, sino también, a lo mejor, de impuestos, en la medida en que
sea posible, evidentemente. ¿Soy partidario de que se apliquen
retrasos a la edad de jubilación? En el momento actual me parece que
no es urgente cambiar la edad de 65 años. Es urgente el que no se
jubilen a los 62 años. Es urgente que se cumpla plenamente la edad de
jubilación. Se decía por el anterior compareciente que esto podría
terminar en el 2010 ó en el 2011. Nosotros también lo tenemos
calculado viendo la edad de los que estaban afiliados el 1 de enero
de 1967 a una mutualidad laboral, pero la Ley 24 del año 1997 ya abre
un resquicio nuevo: con 40 años y determinados procesos se podrá
jubilar con una reducción del 7 por ciento. No me asusta lo que esto
abre; me asusta el camino, la puerta que se abre. Hay peticiones
desde ámbitos sociales para la extensión a todos los ciudadanos de la
posibilidad de jubilarse a los 60 años. No me preocupa el que haya un
período de 10 años más en el que vaya decreciendo el número de
personas que se pueden jubilar anticipadamente; me preocupa que en
contra de estar reflexionando, como Dinamarca, que tiene la edad de
jubilación a los 67 años, nosotros estemos en el camino de ir
anticipando la edad de jubilación. ¿Cuáles son las prioridades? Una
combinación de medidas. Creo que es prioritario, que es importante,
que se empiece a incrementar la aportación del Estado para financiar
los mínimos. Es importante, en mi opinión, y lo he comentado aunque
no me han preguntado ustedes por ello, analizar la fórmula de cálculo
de la prestación, que no resguarda el carácter contributivo del
sistema. Vuelvo a insistir: puedo incrementar mis bases de cotización
pagando igual o menos y, por tanto, haber contribuido menos; es
decir, que estoy incrementando mis bases de cotización -lo estamos
haciendo en función del Pacto de Toledo, y por otra parte desde la
década de los ochenta se vienen acercando las bases de cotización a
los salarios reales, de modo que estamos aumentando la tasa de
sustitución e incrementando la cuantía de las pensiones- y la
cotización puede ser igual o inferior. Me parece que ahí hay una
disfunción en la que, por lo menos, es necesario pensar para ver cómo
se podría solucionar; hay que ser consciente de que hay una situación
que tiende al desequilibrio en nuestro sistema de pensiones: puedo
cobrar más y puedo pagar menos. La verdad final no son los años de
cotización, es la cuantía cotizada y la cuantía de las prestaciones.
Por último, quiero señalar que es necesario analizar qué han hecho
otros países para evitar que se cambie de golpe la edad de
jubilación. En muchos países -Chile, Argentina, Uruguay-, a pesar de
haber pasado a un sistema de capitalización individual, han retrasado
a la vez la edad de jubilación. Yo no soy partidario de modificarla,
soy más partidario de la fórmula que ha adoptado Suecia o, más
recientemente, Brasil, que es muy inteligente; algunas veces,
consideramos que en Europa lo hacemos mejor sin darnos cuenta de que
en
otros países están haciendo cosas realmente interesantes. Brasil ha
podido compatibilizar el sistema de reparto, que no lo ha cambiado en
su reforma de diciembre de 1999, con la introducción de una
contributividad en la que pondera la cuantía de la pensión en función
de la esperanza de vida en el momento de jubilarse; evidentemente,
esto obliga al Instituto correspondiente -en España sería el
Instituto Nacional de Estadística- a determinar la esperanza de vida
año por año.
El problema de la inmigración no nos perjudica para nada desde el
punto de vista de los sistemas previsionales. Supone una capacidad de
incorporar afiliados al sistema si nuestro consenso productivo y el
crecimiento económico tienen capacidad para ello. El problema de la
inmigración no lo es tanto desde el punto de vista de la protección
social como desde la receptividad de la sociedad a la inmigración. No
creo que la situación de los inmigrantes o la venida de
iberoamericanos a nuestro país -de otros iberoamericanos a España,
mejor dicho, porque también nosotros lo somos- esté motivada por el
sistema de protección social. Vienen huyendo de la pobreza, del
desempleo fuerte y de la inestabilidad en algunos países; igual que
nosotros fuimos inmigrantes allí en algunos momentos, y bien lo saben
los gallegos en Argentina, en Uruguay o en México. Creo que seríamos
malos iberoamericanos y malos ciudadanos españoles si no fuésemos muy
sensibles a la necesidad de la emigración iberoamericana. Por otra
parte, nuestro sistema de Seguridad Social, a través de los convenios
bilaterales, está bastante adaptado a los sistemas de Seguridad
Social iberoamericanos.
No tengo más remedio que decir -y no solamente por estar en la
Organización Iberoamericana de Seguridad Social, sino como ciudadano
de España- que, igual que estamos trasladando nuestra actividad
económica a Iberoamérica, donde es muy apreciada, deberíamos ser
solidarios con el traslado de otros ciudadanos de Iberoamérica a
España.
Por mi parte, no tengo nada más que decir, si no hay ninguna pregunta
adicional.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, don Adolfo Jiménez, de la
Organización Iberoamericana de Seguridad Social.
Sin más asuntos que tratar, se levanta la sesión.
Era la una y treinta y cinco minutos de la tarde.