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DS. Congreso de los Diputados, Comisiones, núm. 96, de 07/11/2000
CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
COMISIONES
Año 2000 VII Legislatura Núm. 96
JUSTICIA E INTERIOR
PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. JOSÉ MANUEL ROMAY BECCARÍA
Sesión núm. 9
celebrada el martes, 7 de noviembre de 2000
ORDEN DEL DÍA:
Proposiciones no de ley:
- Sobre el uso de las lenguas del Estado en las campañas de la
Dirección General de Tráfico y otras de carácter preventivo.
Presentada por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).
(Número de expediente 161/000006) . . . (Página 2756)
- Sobre prevención de la creciente presión impuesta por el fenómeno
de la inmigración ilegal sobre las costas orientales de Canarias.
Presentada por el Grupo Parlamentario Socialista. (Número de
expediente 161/000040) . . . (Página 2759)
- Relativa a medidas de prevención de accidentes y perfeccionamiento
de las normas de seguridad en las industrias pirotécnicas. Presentada
por el Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida. (Número de
expediente 161/000051) . . . (Página 2764)
- Sobre valoración y resultados obtenidos en aplicación de la Ley
Orgánica 4/1997, de 4 de agosto, por la que se regula la utilización
de videocámaras por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en lugares
públicos. Presentada por el Grupo Parlamentario Socialista. (Número
de expediente 161/000065) . . . (Página 2769)
- Sobre creación de un plan especial de emergencia de riesgos
químicos. Presentada por el Grupo Parlamentario Socialista. (Número
de expediente 161/000122) . . . (Página 2773)
- Sobre actuaciones en materia de seguridad ciudadana en el municipio
de Barbate, en la provincia de Cádiz. Presentada por el Grupo
Parlamentario Socialista. (Número de expediente 161/000253) . . .
(Página 2775)
- Sobre cesión al municipio de A Coruña del edificio y los terrenos
de la prisión provincial y construcción en dicha ciudad de un centro
penitenciario adecuado de régimen abierto. Presentada por el Grupo
Parlamentario Mixto. (Número de expediente 161/000085) . . .
(Página 2779)
Se abre la sesión a las diez y cinco minutos de la mañana.
PROPOSICIONES NO DE LEY.
- SOBRE EL USO DE LAS LENGUAS DEL ESTADO EN LAS CAMPAÑAS DE LA
DIRECCIÓN GENERAL DE TRÁFICO Y OTRAS DE CARÁCTER PREVENTIVO.
PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO CATALÁN (CONVERGÈNCIA I UNIÓ).
(Número de expediente 161/000006)
El señor PRESIDENTE: Buenos días, señorías. Vamos a dar comienzo a la
sesión.
El orden del día de la sesión de hoy incluye el debate y votación de
ocho proposiciones no de ley. La primera se refiere al uso de las
lenguas del Estado en las campañas de la Dirección General de Tráfico
y otras de carácter preventivo. (El señor Gil Lázaro pide la
palabra.)
Señor Gil Lázaro.
El señor GIL LÁZARO: Señor presidente, por coincidencia con otros
actos de la Cámara, incluso por el temporal, por el que tenemos algún
ponente aislado, el Grupo Parlamentario Popular pediría, si no tienen
los demás grupos inconveniente, que la proposición no de ley que
figura como número 4 del orden del día, la que hace referencia a que
los presos andaluces que cumplen condena puedan hacerlo en el
territorio de la Comunidad Autónoma de Andalucía, y la número 6,
referida a una cesión al municipio de A Coruña, puedan figurar como
últimos puntos del orden del día.
El señor PRESIDENTE: ¿Hay algún problema? (Denegaciones.)
Pasamos los números 4 y 6 del orden del día al final.
Antes de iniciar el debate del primer punto del orden del día, voy a
anunciar que la votación se hará al final de los debates y todo hace
pensar que no será antes de la una; a partir de la una, puede ser en
cualquier momento.
En relación con el punto primero del orden del día, el grupo
proponente tiene la palabra.
El señor GUARDANS I CAMBÓ: Para mí es una satisfacción volver a esta
Comisión, que ha sido la mía durante toda una legislatura, para
defender una iniciativa que, en cierto modo, está a caballo entre lo
que eran mis responsabilidades en la legislatura pasada y lo que son
algunas de las actuales, como portavoz en materia de educación y
cultura. De lo que estamos hablando, señor presidente, es de la
necesidad de que el pluralismo lingüístico se manifieste en todos los
ámbitos de la Administración del Estado y, en este caso concreto, en
las campañas publicitarias que organiza principalmente el Ministerio
del Interior -de ahí que esta iniciativa se plantee aquí- y,
particularmente, la Dirección General de Tráfico. No cabe duda de que
hemos extendido el ámbito de la proposición no de ley a otros
ámbitos.
En el terreno concreto de las campañas para prevenir los accidentes
de tráfico, se trata de campañas publicitarias que tienen lugar en
medios de comunicación escritos, en radio y en televisión. Son
campañas que, por definición, tienen por objeto sensibilizar,
incluso, en el ámbito concreto del tráfico, impactar seriamente al
público joven, y concienciarle de que reduzca el consumo de alcohol,
de que modere la velocidad y de que utilice las medidas de precaución
adecuadas. Cualquier campaña publicitaria, por definición, y
aplicando las reglas más elementales de la técnica publicitaria,
tiene
que utilizar aquellos medios que permitan una mejor penetración en el
público objetivo al que van dirigidas. No ha hecho falta un especial
esfuerzo para que cualquier compañía que quiera colocar un producto
en el mercado catalán realice su publicidad en la televisión catalana
en catalán, pero no por razones políticas, sino sencillamente porque
un fabricante de yogures, o un fabricante de vinos, o una compañía de
seguros, si quiere introducir ese producto en el mercado catalán,
sabe que hay una gran cantidad de población para la que la televisión
catalana o la radio en catalán es su medio de comunicación habitual,
por no decir el único, que tienen encendido en casa todo el día. Por
tanto, por razones estrictamente de eficacia publicitaria, esas
empresas saben que tienen que realizar esa publicidad en catalán.
De ahí la sorpresa de mi grupo cuando tuvo conocimiento de que,
alterando lo que había sido la tradición anterior, en un momento
dado, el Ministerio del Interior y la Dirección General de Tráfico
decidieron iniciar una campaña de prevención de accidentes
exclusivamente en castellano. Teóricamente se hizo por un argumento
de coste, que de hecho no se correspondía ni con la importancia de la
materia que estaba en juego -la prevención de la pérdida de vidas
humanas-, ni con la realidad financiera, puesto que, para doblar una
campaña al catalán, no hay que contratar actores distintos ni cosas
por el estilo, ya que la mayoría de esos anuncios son prácticamente
videoclips a los que hay que poner una voz en off en un idioma o en
otro. Nuestra reacción fue no sólo por razones conceptuales, por
razones políticas, porque no nos parecía correcto que el Ministerio
del Interior y la Dirección General de Tráfico realizarán una campaña
de este estilo exclusivamente en castellano, sino también por razones
de pura eficacia, ya que una campaña en castellano puede ser menos
eficaz, porque sencillamente se percibe como algo externo, como un
mensaje dado desde el poder público. Es mucho más fácil lograr la
complicidad con el destinatario de la campaña, en este caso el
público joven, si ese anuncio, ese toque de atención, que persiguen
las campañas de las que estamos hablando contra accidentes de
tráfico, consumo de drogas y todas aquellas que hacen referencia a
los riesgos de la población, se recibe en el propio idioma.
Por fortuna -y quiero dejar clara constancia de eso-, con
posterioridad a la presentación de esta proposición no de ley, el
Ministerio del Interior y la Dirección General de Tráfico
rectificaron. Este portavoz ha tenido ocasión de verificar esta
información con la Corporación Catalana de Radio y Televisión para
saber cuál era exactamente la situación al día de hoy, que es
distinta de la existente en el momento en que se presentó esta
proposición no de ley. Efectivamente, al día de hoy, según la
información que hemos recibido, la Dirección General de Tráfico ya ha
rectificado y ha anunciado que lo va a hacer así a partir de ahora.
Las campañas, como
ocurre también con las de la Agencia Tributaria -que estrictamente no
entrarían aquí-, ya se hacen en lengua catalana. El sentido que tenía
nuestra proposición no de ley, que era instar al Gobierno a
rectificar una situación, se convierte hoy en instar al Gobierno a
que siga haciendo lo que ya ha empezado a hacer. Por tanto, esta
proposición no de ley que aprobamos debe pasar a ser una especie de
frontispicio, de consigna o de regla que deberá ser respetada, como
ya lo viene siendo.
De todos modos, no creemos -y me refiero a la enmienda que había
presentado el Grupo Popular- que para conseguir este efecto haya que
cambiar la literalidad de la proposición no de ley. Esa es la gran
virtud que tienen los infinitivos en la lengua castellana. Nuestra
proposición no de ley decía: El Congreso de los Diputados insta al
Gobierno a realizar todas las campañas publicitarias, etcétera. Pues
bien, «instar a realizar» ya no tiene el sentido que tenía de
corregir una situación que nos parecía poco respetuosa no sólo con la
Constitución sino también con el objetivo de esas campañas, sino que
pretende instar a que eso que ya se está haciendo en presente -el
infinitivo también es presente- se continúe haciendo.
No creemos por tanto -y termino, señor presidente- que sea necesario
aceptar la enmienda del Grupo Parlamentario Popular, pero sí su
sentido. Aceptamos que el sentido de la enmienda es correcto, aunque
no su literalidad. Mantenemos nuestro texto en sus propios términos,
pero entendemos el interés del Grupo Popular, que compartimos, de
dejar claro que la situación actual ya no es la que era cuando se
presentó esta iniciativa, que la situación ya se ha corregido y que
lo que estamos pidiendo no es la rectificación de una conducta, sino
que errores como los que ha habido en el pasado no se vuelvan a
producir, y que de ahora en adelante se sigan realizando todas las
campañas en todas las lenguas del Estado, en atención y proporción,
como se dice en la proposición no de ley, a los criterios objetivos
de audiencia de los medios de comunicación en los que tienen que
llevarse a cabo.
El señor PRESIDENTE: ¿Grupos que han presentado alguna enmienda?
Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el señor De Juan
i Casadevall.
El señor DE JUAN I CASADEVALL: Entendemos que el objeto de esta
proposición no de ley del Grupo de Convergència i Unió no es otro que
promover el uso de las lenguas cooficiales en las campañas
publicitarias en radio, prensa y televisión, que realiza el
Ministerio del Interior en el ámbito de sus competencias en materia
de prevención de riesgos varios, de prevención del consumo de droga o
de prevención de accidentes de tráfico. El Grupo Popular quiere
manifestar su sensibilidad ante este tema. Bien es cierto que hemos
propuesto una enmienda transaccional en ese sentido, enmienda
que va a garantizar que se reconozca que esa circunstancia que
inicialmente denunciaban -y así lo ha dicho el portavoz de
Convèrgencia i Unió en la presentación de esa proposición no de ley-
se ha corregido en la actualidad. Postulamos que se reconozca que lo
que pide se está realizando ya, como ha puntualizado el proponente de
Convèrgencia i Unió.
Durante los últimos cuarenta años, la Dirección General de Tráfico ha
hecho exclusivamente campañas en castellano. En la actualidad ya se
ha ido programando en las distintas lenguas cooficiales del Estado y
el Ministerio del Interior ha seguido ese criterio de incorporar
otras lenguas cooficiales en la difusión de las campañas
publicitarias, como se ha hecho en otros ámbitos; pensemos por
ejemplo en el Plan nacional de drogas, en el que desde el año 1996 se
vienen utilizando las lenguas cooficiales.
Por tanto, votaremos favorablemente la proposición no de ley,
puntualizando esa literalidad, como bien ha dicho el ponente de
Convèrgencia i Unió, en el sentido de que debe interpretarse no que
se va a realizar, sino que efectivamente esas campañas se están
realizando ya en lenguas cooficiales.
El señor PRESIDENTE: ¿Grupos que no hayan intervenido y que quieran
hacerlo, de menor a mayor?
Por el Grupo Parlamentario Vasco, tiene la palabra la señora Uría.
La señora URÍA ETXEBARRÍA: Mi grupo no puede estar más de acuerdo con
el contenido de la iniciativa que presenta el Grupo Parlamentario
Catalán (Convergència i Unió), cuyo objetivo es no tanto promover el
uso de las lenguas, cuanto que el mensaje que se contiene en las
campañas determinadas que cita llegue a los ciudadanos, potenciales
destinatarios, en la lengua oficial que sea de su uso. Tiene razón el
señor Guardans cuando manifiesta que se trata de áreas como las
campañas de tráfico o las campañas de drogadicción, destinadas a un
público joven más que a la población adulta, que en el caso catalán y
en el caso vasco utilizan como vehículo de comunicación lenguas
distintas del castellano. Lo importante no es sólo promover el uso de
la lengua, finalidad que ya en sí sería muy interesante pero quizá
ajena al marco de esta Comisión, sino que los mensajes concretos que
se pretenden divulgar lo sean en la lengua usual de los ciudadanos
potenciales destinatarios, repito. Existen para ello, como ha dicho
bien el señor Guardans, razones políticas, razones de eficacia de la
campaña, e incluso razones jurídicas, elaboradas por todas las
comunidades que tenemos lengua cooficial. Existe, además, un
compromiso recientemente adquirido por esta Cámara, aunque todavía no
ha culminado su tramitación parlamentaria, que es la reciente firma o
tramitación de la Carta europea de lenguas regionales o minoritarias,
que contiene
importantes obligaciones de cara a los poderes públicos.
En el caso de las campañas a las que se refiere la iniciativa, y ya
se ha indicado, se ha subsanado esta deficiencia y nosotros, como el
resto de los grupos, nos felicitamos. Apoyaremos por supuesto la
iniciativa del Grupo Catalán. Repito que admitimos que el Gobierno ha
rectificado, pero nuestro deseo es que no sea necesario en el futuro
efectuar recordatorios de obviedades de este estilo, de la existencia
de la pluralidad lingüística.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Socialista, tiene la palabra el
señor Marcet.
El señor MARCET I MORERA: Quisiera, en el inicio de mi intervención,
hacer una brevísima reflexión sobre el hecho de que nos hallemos
debatiendo a 7 de noviembre una proposición no de ley presentada el
14 de abril de 2000, es decir, más de seis meses después de su
presentación. Si las proposiciones no de ley tienen algún sentido, y
más en Comisión, es porque son iniciativas que intentan impulsar la
política del Gobierno en un sentido determinado. Por tanto, aunque
sea redundante, no tiene ningún sentido que una proposición no de ley
que intenta el impulso de la política del Gobierno, que intenta
incentivar el Gobierno en una dirección determinada, sea vista en la
Comisión seis meses después de su presentación; lo es en este caso y
lo es en prácticamente todas las que están incluidas en el orden del
día de hoy, excepto la última, que sí se corresponde más o menos
temporalmente con la voluntad del grupo proponente de que sea vista
con una cierta premura. Señor presidente, en el Pleno de la Cámara,
muchas veces las proposiciones no de ley cuando son vistas han
perdido parte de su interés o de su actualidad, pero el calendario
que tiene un Pleno de la Cámara nos lleva muchas veces a esa
situación. No debería ser así en una Comisión, donde hay posibilidad
de incluir numerosas proposiciones en una sesión y que puede reunirse
tantas veces como sea necesario para que estas iniciativas no tengan
el desfase, que se da en la que debatimos ahora o en alguna de las
que iremos debatiendo a lo largo de la mañana.
Hecha esta reflexión inicial, que me parecía necesaria, me voy a
referir al contenido de esta proposición no de ley.
Como ya ha dicho la señora Uría, del Partido Nacionalista Vasco, no
debería ser necesaria una proposición no de ley con este contenido.
Efectivamente, contraponer el coste de una campaña mediática con la
aceptación o reconocimiento de la realidad plural y plurilingüe de
nuestro Estado no debería ser razón para que un grupo parlamentario y
un grupo de diputados tuvieran que presentar una iniciativa de este
carácter. Quiero decir, por otra parte, que no es cierto que las
campañas de la Dirección General de Tráfico u otras de similar
contenido se hayan hecho normalmente en castellano
durante los últimos cuarenta años. Será así hasta el año 1978, 1979 o
1980, pero le puedo asegurar, señor presidente, que desde los años
ochenta las campañas que se realizan, de carácter informativo o
divulgativo, en las diversas comunidades donde existen medios de
comunicación con lengua propia que responden a este carácter plural y
plurilingüe se han hecho normalmente (siempre puede haber alguna
excepción por falta de sintonía o por falta de sensibilidad por la
realidad) atendiendo a este carácter plural y a la existencia de
medios de comunicación que tienen otra lengua distinta del castellano
como lengua habitual en su transmisión, sean éstas televisiones,
radios, o medios de comunicación escritos.
Por tanto, debo desmentir este hecho que algún interviniente ha dado
como cierto diciendo que siempre se habían hecho en lengua
castellana, exclusivamente, las campañas de la Dirección General de
Tráfico u otras. No es cierto. Lo que sí es cierto es que en esta
ocasión ha sido necesaria, y no debería serlo más, una iniciativa del
Grupo de Convergència i Unió, que aplaudimos y que vamos a votar
favorablemente, para que se rectificara. Bienvenida sea la
rectificación de hecho, la rectificación por parte de las autoridades
gubernamentales del Gobierno del Partido Popular para que se
reconozca esta realidad plural, plurilingüe, de nuestro Estado y que
se realicen, a partir de esta iniciativa, las campañas de la
Dirección General de Tráfico u otras de carácter análogo en las
diversas lenguas de nuestro Estado. (El señor Gil Lázaro pide la
palabra.)
El señor PRESIDENTE: Señor Gil Lázaro.
El señor GIL LÁZARO: Simplemente quiero aclarar, como resultado del
debate, cuál sería el texto que se sometería a votación en su
momento.
El portavoz del grupo parlamentario proponente, en su intervención,
ha señalado que el sentido de fondo de la iniciativa se viene ya
aplicando por parte del Gobierno. Ha precisado algunos términos
puramente terminológicos, y el Grupo Parlamentario Popular retiraría
su enmienda, aceptando la transacción terminológica que proponía el
Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), de manera que el
texto final que se sometería a votación, al que doy lectura y que
dejaré a disposición de la Mesa, en el bien entendido, como ha
señalado el grupo proponente, que ésta es ya una realidad que está
proyectada por el Gobierno para aplicar en los términos en que la
propia proposición no de ley solicitaba, sería: El Congreso de los
Diputados insta al Gobierno a realizar las campañas publicitarias de
radio, televisión y prensa destinadas a la prevención de accidentes
de tráfico, contra el consumo de drogas, u otras análogas de carácter
preventivo de riesgos para la población, en todas las lenguas del
Estado, en atención y proporción a criterios objetivos de audiencia
de los
medios de comunicación en los que deban llevarse a cabo.
El señor PRESIDENTE: ¿Acepta el grupo proponente la transacción?
El señor GUARDANS I CAMBÓ: Señor presidente, la transacción son los
propios términos originales de la proposición no de ley. No sé si la
transacción consiste en haber quitado «todas». ¿Que donde ponía
«todas las campañas» pase a decir «las campañas»? Si el problema del
Grupo Popular es que se quite «todas» me parece bien. «A realizar las
campañas publicitarias» creo que las incluye todas.
No acabo de entender el espíritu de la supresión del «todas». Creía
que el problema era un tema de tiempos verbales.
El señor GIL LÁZARO: Sencillamente se nos había propuesto que
suprimiéramos, conforme al texto de nuestra enmienda, «continuar
realizando» por «realizar». Es a lo que nos hemos acogido. Desde
luego, no se dé otra interpretación. (El señor Guardans y Cambó: ¿«
Todas» sigue vigente?) No estaba en el texto de la enmienda.
El señor GUARDANS I CAMBÓ: Está en el texto original. En el texto
original decía «todas».
Señor presidente, se acepta en estos términos, y no hay nada más que
decir.
El señor GIL LÁZARO: Señor presidente, mi agradecimiento al grupo
proponente e insistir en que esa aparición de última hora de la
palabra «todas» no tiene para nosotros ningún significado especial.
- SOBRE PREVENCIÓN DE LA CRECIENTE PRESIÓN IMPUESTA POR EL FENÓMENO
DE LA INMIGRACIÓN ILEGAL SOBRE LAS COSTAS ORIENTALES DE CANARIAS.
PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA. (Número de
expediente 161/000040)
El señor PRESIDENTE: Pasamos al segundo punto del orden del día,
después de clarificar los términos en que votaremos después. Este
segundo punto se refiere a la prevención de la creciente presión
impuesta por el fenómeno de la inmigración ilegal sobre las costas
orientales de Canarias. El grupo proponente es el Grupo Socialista.
Tiene la palabra el señor López Aguilar.
El señor LÓPEZ AGUILAR: En esta iniciativa parlamentaria el punto de
partida es muy análogo al que acaba de ponerse de manifiesto en la
sustanciación de la iniciativa anterior del orden del día, que es el
desacompasamiento de los tempos políticos y sociales y a menudo los
tempos históricos con los tempos parlamentarios,
que van aproximándose peligrosamente a los tempos judiciales. La
iniciativa no legislativa, la proposición no de ley está fechada el 3
de mayo del año 2000. Es una iniciativa que interpuse con toda
seguridad en los primerísimos días hábiles de operatividad del
registro de la Cámara en la presente legislatura y que, sin embargo,
sólo ahora, muy avanzado el segundo período de sesiones, ya entrando
en el mes de noviembre, viene a sustanciarse. Por tanto, los términos
en los cuales fue presentada esta proposición no de ley se
corresponden poco con los términos actuales de la cuestión, pero esto
no significa que la cuestión haya desaparecido, ni muchísimo menos,
no significa que el problema al que hace referencia esta iniciativa
haya desaparecido. Por eso, la actitud del grupo parlamentario
proponente, del Grupo Socialista, no podía ser su retirada, sino la
explicación en esta Comisión, ese era su destino, del problema que
representa la continuada vigencia de la presión impuesta por el
fenómeno de la inmigración ilegal en las costas orientales de
Canarias y, por consiguiente, su traída a esta Comisión, su
sustanciación y la disponibilidad de este grupo parlamentario para
convenir con los restantes grupos una redacción transaccional que
permita la adopción por esta Comisión de la proposición no de ley.
El punto de arranque es el de la constatación en el momento con que
se corresponde, la primavera de este mismo año 2000, de que se ha
llegado a un punto difícilmente sostenible de presión por parte de la
inmigración ilegal sobre las costas de Canarias. Es evidente que
Canarias, por su proximidad geofísica al continente africano y a los
países del Magreb, está especialmente expuesta a esta presión
inmigratoria, que es un signo de nuestro tiempo. Canarias, como parte
de España, y España, como parte de la Unión Europea, conforman un
todo, que si no lo es a efectos geofísicos, a efectos de contigüidad
geográfica, sí lo es a efectos geopolíticos, a efectos económicos.
Canarias está incardinada, en su condición de frontera exterior,
dentro de lo que es considerada en la geopolítica mundial como una
fortaleza de bienestar y de prosperidad. Es la Unión Europea y, por
consiguiente, Canarias es una plataforma de acceso a esa fortaleza de
bienestar y de prosperidad. En la medida en que está físicamente
próxima, Canarias ha estado padeciendo una presión inmigratoria de
creciente entidad, de creciente envergadura, cada vez más
insoportable y en particular vehiculada, como todos sabemos a estas
alturas, por la consolidación de mafias y de organizaciones
criminales que instrumentan el tráfico de personas desde el África
subsahariana, a través de los países del Magreb y de sus puertos
costeros, hacia la proximidad inminente de las costas orientales y en
particular de las islas de Fuerteventura y de Lanzarote. Esto
planteaba en la primavera de este año una amenaza tremenda a la
viabilidad de ninguna política razonable y global, como es el
propósito de los socialistas
conformar, de extranjería y que requiere respuestas que vayan
más allá de la acción legislativa.
Es sabido que, en nuestro sistema, la acción legislativa en materia
de nacionalidad, inmigración, asilo y refugio es competencia
exclusiva del Estado. Por tanto, es competencia exclusiva de este
Parlamento, de las Cortes Generales adoptar iniciativas legislativas
que regulen los aspectos legislativos que puedan quedar a cubierto de
esta problemática y, por supuesto, en la medida en que nuestro
sistema consagra una categoría especial de derechos, que son los
derechos fundamentales que la Constitución reserva a una modalidad
legislativa específica que sólo es disponible para el legislador del
Estado, la legislación orgánica, que también es competencia exclusiva
del Estado. De eso entendió la Cámara y el Senado en la legislatura
anterior. Se adoptó una ley orgánica de derechos y libertades de los
extranjeros y su integración social, actualmente sometida a un
procedimiento de reforma del que están entendiendo las Cámaras
parlamentarias. Ahora bien, como he subrayado, es evidente que la
problemática trasciende con mucho el espacio legislativo, el terreno
legislativo. Hay una insuficiencia, constatada de forma muy sensible
en Canarias, del servicio de vigilancia costera, que redunda en
impotencia por parte de las Fuerzas y de las unidades operativas de
la Guardia Civil y de la Policía Nacional para contener el fenómeno y
sus manifestaciones más flagrantes, más execrables, la arribada
continua de pateras saturadas, hacinadas de inmigrantes ilegales, que
luego pueden -no sé si en el mejor o en el peor de los casos- ser
aprehendidos in situ en el curso del primer tránsito al territorio al
que acaban de acceder, a las islas de Fuerteventura y Lanzarote
especialmente.
Hay una afectación, por tanto, de la dimensión de la seguridad no
solamente interior, sino exterior, en la medida en que afecta a
nuestra frontera marítima con los países vecinos. Hay necesidad de
contemplar, más allá de la acción legislativa, un impulso a la
cooperación exterior con los países del Magreb y del África
subsahariana en términos de codesarrollo, que el diseño y ejecución
de estrategias de codesarrollo nos ayuden a contener esos flujos de
inmigración ilegal y consiguientemente también la represión de esos
circuitos de explotación de personas procedentes de países africanos
a los que nos estamos enfrentando en toda la Unión Europea y de forma
muy dramática en España, afectando de forma muy caliente, muy física,
a Canarias. También hay necesidad de comprender toda esa dimensión
que afecta a las políticas sociales de las que son responsables las
comunidades autónomas, esa dimensión que toca a competencias de las
comunidades autónomas como son, sin duda, las de educación, sanidad,
servicios sociales, asistencia social, bienestar social y en especial
cuando afectan a los más desfavorecidos, a los más desprotegidos,
como están siendocrecientemente los casos de las mujeres embarazadas
o
de los menores, necesitados de asistencia muy inmediata, de la que
son responsables las comunidades autónomas.
En la medida en que la problemática no ha desaparecido desde marzo
hasta la fecha, desde las elecciones del 12 de marzo hasta la fecha,
ya que no ha hecho sino crecer; en la medida en que no podía -a pesar
de la reconducción de esta problemática, de acuerdo con los pasos y
las iniciativas que han sido adoptadas en los últimos meses- darse
señal de que el problema hubiera decrecido en intensidad o en entidad
con la retirada de la proposición no de ley, la actitud del Grupo
Parlamentario Socialista ha sido precisamente sostenerla y poniendo
un énfasis muy especial -por eso lo estamos señalando- sobre la
necesidad de una acción que toque de forma específica a la comunidad
canaria y a las islas más expuestas a esta presión inmigratoria. Es
evidente que la inmigración está afectando a toda Europa; es evidente
que la inmigración afecta fuertemente a Italia, tan expuesta a esa
presión por parte de los países balcánicos, con los que es frontera,
o con el Mediterráneo; es evidente que dentro de España afecta a la
totalidad del debate nacional y basta echar un vistazo al seguimiento
de la actualidad nacional que ofrecen los medios de comunicación para
comprender hasta qué punto desde marzo hasta la fecha el problema no
solamente no se ha desdibujado, no se ha disuelto, sino que ha
mantenido su virulencia y ha crecido en merecimientos de atención por
parte de la opinión pública. Pero también es evidente que hay
comunidades autónomas más especialmente expuestas al dramatismo que
este problema implica que otras y es evidente que Canarias se sitúa
muy bien y por muy buen fundamento a la cabeza de esta vivencia
dramática de la presión inmigratoria.
Por consiguiente, aún en este alcance modesto de una proposición no
de ley, merece la pena hacer un señalamiento especial sobre la
necesidad de continuar trabajando conjuntamente todos los actores
implicados, el Estado en colaboración con las comunidades autónomas,
de cara a la prevención de esa creciente presión impuesta por la
inmigración ilegal en las costas de Canarias, teniendo en cuenta
además que una de las innovaciones que está siendo en estos momentos
objeto de tramitación en la reforma legislativa que afecta a la ley
orgánica ya en vigor, la Ley orgánica 4/2000, de derechos y
libertades de los extranjeros y su integración social, toca
especialmente, toca bilateralmente a la comunidad canaria, porque
consiste en incorporar a la redacción de la ley una disposición ya
contenida en nuestro estatuto de autonomía, en el artículo 37, por la
cual se permite a la comunidad canaria participar en el diseño y
ejecución de políticas bilaterales en materia de inmigración ilegal,
en la medida en que permite proponer al Gobierno medidas políticas,
no legislativas -que son competencia exclusiva del Estado-, en
materia de residencia y régimen de trabajo de extranjeros
en la comunidad. Por lo tanto, es una señal de bilateralización
ahí donde, evidentemente, lo bilateral se justifica y donde tiene un
especial fundamento, máxime en el marco en el que nos desenvolvemos,
en el que, de acuerdo con el fortalecimiento de los mecanismos de
cooperación horizontal entre Estado, comunidades autónomas y
corporaciones locales involucradas en la materia, y también en el
marco europeo, en la tan traída y llevada proyección de las
resoluciones adoptadas en el Consejo Europeo de Tampere de mediados
de octubre de 1999, se contempla de forma señalada y expresa la
necesidad de fortalecer la cooperación al desarrollo con los países
emisores de inmigración, con los países de origen de los inmigrantes,
el control de los flujos migratorios, por tanto, y la lucha contra
las redes de inmigración clandestina. Todo ello nos obliga a
considerar la continuada vigencia del problema, y es por ello por lo
que planteo una proposición no de ley en la que se inste desde esta
Cámara al Gobierno a continuar trabajando en la adopción de medidas
no legislativas oportunas (por tanto, es una señal que se sitúa fuera
de la acción legislativa que en estos momentos está teniendo su
tramitación en estas Cámaras) que contribuyan a prevenir la creciente
presión impuesta por el fenómeno de la inmigración ilegal sobre las
costas orientales de Canarias. Esto se refiere implícitamente, por
tanto -subrayo-, a todas las medidas que trascienden la acción
legislativa pero que sí afectan a la seguridad exterior, a la
vigilancia de la frontera exterior de España y también de la Unión
Europea que es el archipiélago canario, a la necesidad de fortalecer
la cooperación internacional con los países africanos de los que
proceden los inmigrantes ilegales y a la necesidad de incrementar la
colaboración del Gobierno de la nación con el Gobierno de Canarias,
con las instancias autonómicas. Con ello se haría honor no ya a lo
que pueda ser la prospectiva de entrada en vigor de la disposición
adicional que se incorporaría a la Ley orgánica de derechos
y libertades de los extranjeros para contemplar la bilateralización de
la definición de políticas en materia de residencia y trabajo de
extranjeros en Canarias, sino también a un precepto ya vigente del
estatuto de autonomía de Canarias que tiene exactamente ese sentido,
para fortalecer la posibilidad de Canarias de influir, en
colaboración con el Gobierno de la nación, en una mejor asistencia
social, acogida y eventual internamiento de esos extranjeros que
están redefiniendo el paisaje social, el paisaje humano de las islas,
por lo que es obligación de todos los poderes públicos hacer
continuos señalamientos a que esa redefinición sea en términos
pacíficos, en términos de integración, en términos de cohesión social
y humana, y no en términos disruptivos y tan absolutamente
inaceptables como los que se están poniendo de manifiesto con el
brote sociológicamente sorprendente en una tierra de acogida, en una
tierra abierta siempre al mestizaje y a la influenciadel exterior
-porque esa ha sido su personalidad desde
siempre- como la canaria. Efectivamente, como estoy diciendo, la
Comunidad canaria se está viendo afectada por el surgimiento
sorprendente de brotes de xenofobia y de racismo que ya se están
poniendo de relieve y ante los cuales es preciso que todos los
poderes públicos mantengan una actitud de permanente vigilancia.
El señor PRESIDENTE: ¿Grupos que deseen hacer uso de la palabra en
relación con esta proposición no de ley? Por el Grupo Popular, tiene
la palabra la señora Barrios.
La señora BARRIOS CURBELO: Me ha parecido entender que el
representante del Grupo Socialista que ha defendido esta proposición
no de ley hablaba de una modificación en el texto de la proposición.
Me gustaría que en tal caso lo repitiera, porque no he entendido bien
cuál era su contenido.
El señor PRESIDENTE: Señor López Aguilar.
El señor LÓPEZ AGUILAR: Así es. La modificación, como he intentado
explicar, es la obligada por el momento en que se tramita esta
proposición no de ley en relación con el momento en que se redactó y
en el que se presentó ante el registro de esta Cámara. Estamos en
noviembre y, por tanto, ante una situación transformada con respecto
de la que desde el punto de vista político y legislativo se había
descrito en el mes de marzo. Es una situación en la que hay una serie
de iniciativas como, por supuesto, la modificación de la ley
actualmente en curso, pero también se ha producido la aprobación por
esta Cámara de una subcomisión en el seno de esta Comisión de
Justicia e Interior que se ocupe específicamente de esos problemas,
así como el diálogo entre Gobierno y el principal partido de la
oposición sobre las bases de un pacto de Estado en materia de
inmigración. Es en atención a esas coordenadas nuevas, pero no a la
desaparición del problema, que se sostiene la proposición no de ley
con la siguiente redacción: Se insta al Gobierno a continuar
trabajando en la adopción de todas aquellas medidas no legislativas
oportunas que contribuyan a prevenir la creciente presión impuesta
por el fenómeno de la inmigración ilegal sobre las costas orientales
de Canarias.
El señor PRESIDENTE: Señora Barrios.
La señora BARRIOS CURBELO: Gracias, señor portavoz del Grupo
Socialista, por su aclaración, porque yo no había entendido bien cómo
quedaba al final la redacción de la proposición no de ley.
Intervengo en nombre del Grupo Popular en esta iniciativa
legislativa. En relación con lo que se ha dicho sobre la primera
proposición no de ley por el representante del Grupo Socialista y
ahora por el señor López Aguilar en esta segunda proposición no de
ley, hablando de un desfase de tiempo respecto a la presentación
de la misma, tengo que decir, en nombre del Grupo Popular, que el
Parlamento nos permite optar por diferentes iniciativas legislativas,
una de las cuales puede ser, por supuesto, una pregunta oral ante el
Pleno, si se tiene mucho interés en un tema. Efectivamente, si un
grupo parlamentario tiene mucho interés en que ese tema se debata y
se explique, se podría plantear una pregunta oral como la que
formuló, por ejemplo, el Grupo Mixto ante el Pleno del Senado y que
se contestó el 17 de mayo de 2000 (precisamente en la misma fecha en
que esta proposición no de ley se registraba) por el ministro del
Interior en el sentido de que el secretario de Estado de Inmigración
y Extranjería había elaborado una serie de medidas, que ahora voy a
exponer, refiriéndose sobre todo a la problemática que
específicamente se está produciendo en Canarias por la llegada de
inmigrantes irregulares. Por tanto, si los grupos parlamentarios
tenemos mucho interés en determinadas iniciativas y determinados
problemas, también tenemos unos instrumentos parlamentarios por si
queremos que exista una respuesta y un conocimiento espontáneos.
Ahora bien, si se prefiere una proposición no de ley en Comisión -y
sabemos todos que las comisiones no se reúnen todos los días-, hay
que asumir que hay un plazo de tiempo del que no somos responsables
el resto de los grupos parlamentarios.
Respecto al contenido de la iniciativa legislativa, en la que
nosotros creemos que se utilizan algunas expresiones erróneas o no
adecuadas a la política de prevención que se está realizando desde el
Gobierno, tengo que manifestar la honda preocupación que tenemos
todos los canarios, todos los españoles y todos los europeos por la
llegada de forma irregular de determinados extranjeros a las costas
canarias, extranjeros utilizados -como muy bien ha dicho el portavoz
del Grupo Socialista- por redes de personas que a cambio de dinero
llegan a utilizar en muchas ocasiones determinadas necesidades que
llevan a los inmigrantes a acceder a las costas canarias de manera
infrahumana, encontrando muchos de ellos incluso la muerte en ese
traslado. Manifestamos, desde luego, nuestra honda preocupación ante
esta situación, que solamente refleja la imposibilidad de estas
personas de llevar una vida normal en sus países de origen. En ese
sentido, el Gobierno del Partido Popular está desarrollando desde
hace ya varios meses unas políticas preventivas que creemos que en
este momento la modificación del texto de la proposición no de ley
reflejan y en las que hay que continuar trabajando. Efectivamente,
hace muchos meses que se está trabajando desde el Gobierno del
Partido Popular en una serie de medidas preventivas. Sabemos que va a
ser muy difícil reducir el número de inmigrantes irregulares, porque
la llegada de estos extranjeros se debe a situaciones personales en
sus países de origen que son muy difíciles de eliminar, pero queremos
dar una salida a este problema. En ese sentido no compartimos las
aseveraciones respecto a que el
aumento de la llegada de extranjeros en situación irregular elimine
la viabilidad de una política inmigratoria razonable o que la
insuficiencia de medios para controlar las fronteras esté dando lugar
a una inseguridad en nuestra frontera marítima con países que nos
rodean. No hay que olvidar que Canarias es un territorio que está muy
cerca de África, que sus características físicas como islas facilitan
su llegada, por lo que muchas veces acceden a nuestra frontera sin
saber a qué lugar llegan; muchos preguntan si han llegado a Portugal
o a cualquier otro lugar de Europa. Por tanto, se está produciendo
una entrada creciente y en ese sentido lo que se ha hecho desde el
Partido Popular y desde el Gobierno es aumentar, desde el año 1998,
el número de patrulleras -que no existían- para retener a estos
inmigrantes. Estas retenciones superan el 90 por ciento de los
inmigrantes. Por tanto, hablar en la exposición de motivos de
impotencia de nuestras Fuerzas y Cuerpos de Seguridad nos parece
excesivo. Efectivamente, está llegando un gran número de inmigrantes
irregulares, pero lo cierto es que las retenciones que se están
produciendo por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en
Canarias han superado en el año 1999 a la media nacional en un 10,05
por ciento, siendo devueltos a sus países de origen 1.598 ilegales, y
en el año 2000 se está superando con mucho la media española de
retenciones y devoluciones. Por consiguiente, creemos que este plan
integral de seguridad para Canarias, único que ha elaborado el
Ministerio del Interior para nuestra comunidad autónoma, está
teniendo una eficacia y un grado de control bastante satisfactorio.
No obstante, todos sabemos que día a día va acudiendo a nuestras
fronteras un mayor número de inmigrantes.
La Secretaría de Estado de Comercio, dependiente del Ministerio de
Economía, ya que el portavoz del Grupo Socialista ha hablado de
aumentar las políticas de colaboración o coordinación con los países
de donde proceden estos inmigrantes irregulares, está encauzando
subvenciones, tanto con dinero del Gobierno español como europeo,
para la formación de los irregulares en sus propios países y para la
creación de empresas en los mismos. Creemos que la cooperación con
estos países es una auténtica medida preventiva para reducir los
flujos y el tráfico de inmigrantes irregulares. También estamos
aumentando las dotaciones de servicios sociales, como se recoge en
esta proposición no de ley, para atender puntualmente a los
inmigrantes que están llegando a nuestras costas. El pasado mes de
mayo se han realizado diferentes reuniones entre el Imserso y el
órgano correspondiente del Gobierno de Canarias para diseñar
políticas de asistencia ante el aumento de los inmigrantes. Este
plan, al que se le ha denominado actuaciones de emergencia y atención
humanitaria y se hace en colaboración con la Cruz Roja y otras
organizaciones no gubernamentales, es especialmente para Lanzarote y
Fuerteventura, dos islas que sufren el acceso de inmigrantes
irregulares con mayor asiduidad y en
mayor número por su cercanía. Se trata de dar asistencia legal,
asistencia sanitaria y certificaciones médicas y dotaciones de
material de aseo, ropa y calzado en un primer momento. Se han creado
400 plazas en centros de primera acogida con alojamiento. En la isla
de Gran Canaria, que también está sufriendo esta llegada de
inmigrantes irregulares, se ha creado en Míller Bajo un centro con
capacidad para 200 personas y dentro de muy pocas fechas se va a
inaugurar otro en la isla de Tenerife para otras 200 personas con
alojamiento, manutención, mediación social, aprendizaje del idioma
y habilidades sociales. La idea es, una vez llegados a nuestro
territorio canario, como bien ha dicho también el portavoz
socialista, a la vista de su permanencia, facilitarles la integración
con un plan de trabajo. Podrían acceder a este primer centro de
acogida, a puestos de trabajo, a un segundo centro de acogida si
fueran sectores muy vulnerables o trasladarles a otras comunidades
autónomas. Este convenio se ha dotado con 119 millones. También hay
que recordar que acaba de aprobarse un programa denominado Greco, que
no recibe ese nombre precisamente porque tenga que ver con la pintura
de este pintor griego, que a todos seguramente nos gusta muchísimo,
sino porque su denominación literal es programa global de regulación
y coordinación de la extranjería y la inmigración en España. Pues
bien, por este programa Greco se acaba de aprobar una subcomisión en
la que van a intervenir todos los grupos parlamentarios. En su
apartado cuarto se recogen 72 medidas, de tal manera que existe un
diseño global y coordinado de la inmigración como fenómeno. La
finalidad que se persigue es que todos aquellos inmigrantes que
llegan a cualquier lugar de España, especialmente a Canarias, que tan
cercana está, puedan entrar de forma regular y puedan integrarse por
medio de un estudio previo de políticas que hayan fijado la necesidad
de mano de obra; si no pudiera ser así, habría que implementar
políticas de colaboración con los países de origen para que no tengan
que salir de sus países por medio de estas mafias y redes de manera
irregular y muchas veces perdiendo la vida. A la vista de la
modificación que se ha pretendido llevar a cabo por el Grupo
Socialista aceptando que desde el Gobierno del Partido Popular se
están efectuando políticas de prevención para eliminar esta presión
de inmigración irregular que está llegando a Canarias, vamos a votar
afirmativamente diciendo siempre que creemos que bastante problema
tiene el inmigrante irregular, que se juega la vida para llegar a las
costas canarias, como para que muchas veces los partidos y los
políticos los utilicemos como instrumento de lucha partidista. Todos
tenemos que estar trabajando. Sabemos que en la Comisión
Constitucional se está aprobando en este momento una modificación de
la Ley de derechos y libertades de los extranjeros; se ha aprobado
también este programa Greco con una subcomisión que va a estudiar
estas medidas y, en su caso, aprobarlas y hacer
un seguimiento de su aplicación. No obstante, hay que decir que todos
los españoles y especialmente los canarios, tal como ha dicho el
portavoz del Grupo Socialista, somos personas abiertas y con una
cultura de integración a todo el que llega a nuestras costas y de
ayuda a todo aquel que recuerda aquella situación de los canarios que
desde hace muchos siglos hemos estado saliendo de nuestras islas para
poder conseguir, como mínimo, el sustento propio y de su familia.
Sabemos los problemas de estas personas que llegan a nuestras costas
en estas condiciones y estamos convencidos de que con una
modificación legislativa y unas medidas preventivas como las que se
están llevando a cabo podremos, si no reducir su número, integrar a
todas estas personas que tanto lo necesitan.
- RELATIVA A MEDIDAS DE PREVENCIÓN DE ACCIDENTES Y PERFECCIONAMIENTO
DE LAS NORMAS DE SEGURIDAD EN LAS INDUSTRIAS PIROTÉCNICAS. PRESENTADA
POR EL GRUPO PARLAMENTARIO FEDERAL DE IZQUIERDA UNIDA. (Número de
expediente 161/000051)
El señor PRESIDENTE: Concluido el debate de esta proposición no de
ley, pasamos a la siguiente, que es la número 3, y que se refiere a
las medidas de prevención de accidentes y perfeccionamiento de las
normas de seguridad en las industrias pirotécnicas. Por el grupo
proponente, que es el Federal de Izquierda Unida, tiene la palabra el
señor Centella.
El señor CENTELLA GÓMEZ: Voy a defender esta proposición no de ley
que entendemos que viene a encauzar un problema que ha causado gran
preocupación en parte de nuestra sociedad, como es la seguridad en un
sector que recientemente ha sufrido diversas catástrofes, en concreto
las explosiones de las fábrica pirotécnicas que se produjeron tanto
en Holanda como en Valencia. Causaron preocupación no solamente entre
la población sino entre los industriales del sector, ya que estamos
hablando de empresas que cumplían todos los requisitos legales. Por
tanto, lo que se ha puesto en evidencia es que los riesgos inherentes
a la manipulación de estos artefactos explosivos se viven con
preocupación en este sector. Recordemos que desde el año 1971 han
fallecido 113 personas por explosiones pirotécnicas en nuestro país.
También queremos recordar que en 1998 se aprobó un reglamento de
explosivos que contemplaba un conjunto de requisitos de seguridad que
se deben de cumplir por este tipo de empresas, tanto en lo que se
refiere a la prevención de los accidentes como al diseño y al
emplazamiento de los talleres. La catástrofe que se produjo en
Rafelcofer, en Valencia, parece indicar que este reglamento se ha
revelado totalmente insuficiente. También queremos señalar que el
riesgo no se circunscribe solamente al
ámbito de la fabricación, almacenamiento y transporte, sino también a
la manipulación del material pirotécnico en actos festivos, que puede
suponer un riesgo muy importante. Hay que señalar que el exceso de
confianza, la impericia y también, como en algunas ocasiones, la
negligencia por parte de las autoridades encargadas de cumplir y
hacer cumplir las normas pueden causar este tipo de accidentes. En
función de ello hemos presentado una proposición no de ley que insta
al Gobierno a que impulse una inspección general con carácter
extraordinario y urgente de todas las empresas pirotécnicas del país;
que presente posteriormente al Congreso de los Diputados un informe
sobre el grado de cumplimiento de las normas en vigor por parte de
este tipo de empresas y que estudie la conveniencia de proceder a una
revisión del Reglamento de explosivos de 1998 con el fin de que se
perfeccione la prevención de accidentes y las normas de seguridad en
todo lo que afecta a la producción, almacenamiento, transporte y
manipulación de productos explosivos pirotécnicos. Por tanto,
consideramos que con esta proposición no de ley -repito- se puede dar
cauce a lo que, a nuestro modo de ver es una preocupación que debe
ser recogida porque, como decía, el Reglamento de 1998 se ha mostrado
a todas luces insuficiente.
Aprovecho este turno de defensa de la proposición para decir que
admitimos la enmienda que se nos plantea por parte del Grupo
Socialista porque entendemos que viene a complementar, si no a
mejorar, nuestra proposición no de ley.
El señor PRESIDENTE: ¿Grupos enmendantes? Por el Grupo Parlamentario
Socialista tiene la palabra la señora Peris.
La señora PERIS CERVERA: Señor presidente, intervengo en nombre del
Grupo Socialista para fijar nuestra posición en relación a la
proposición no de ley que nos presenta hoy Izquierda Unida sobre
medidas de prevención de accidentes y perfeccionamiento de las normas
de seguridad en las industrias pirotécnicas.
Todos somos conscientes y conocemos la enorme alarma social que se
provocó a raíz del trágico accidente en Holanda y que a los pocos
días nos salpicó también a nosotros con el accidente que se produjo
en la empresa Hermanos Borredá en la provincia de Valencia, accidente
este que como ya conocemos en esta Comisión se saldó con la muerte de
siete personas y numerosos heridos. Entendemos que son dos accidentes
muy graves que han encendido la luz de alarma en el sector
pirotécnico, pero creemos que una parte importante de la industria en
nuestro sector está realizando los esfuerzos que exige la normativa
vigente para adaptar las fábricas y los talleres a las exigencias
legales. Cuando en la proposición no de ley de Izquierda Unida se
comparan los dos accidentes, tengo que decir que nosotros entendemos
que no podemos poner
en el mismo saco el accidente de Holanda y el que ocurrió en Valencia
porque las causas y la gravedad de los efectos fueron muy diferentes,
aunque afecten a un mismo sector. Por ello, quiero romper una lanza a
favor de una parte muy importante del sector en nuestro país que
fabrica productos pirotécnicos de gran calidad y con gran seguridad;
de hecho somos uno de los principales exportadores de la Unión
Europea.
Dicho esto y establecido este matiz que nos parece importante, ello
no es óbice para que nos planteemos que en nuestro país se están
produciendo accidentes, que en la mayoría de los casos son muy graves
y que en demasiada ocasiones se llevan muchas vidas por delante. Por
tanto y en sintonía con la proposición no de ley de Izquierda Unida,
nos planteamos una cuestión. Si tenemos una legislación adecuada que
responde a las necesidades del sector, según se manifestaba el
ministro del Interior en su comparecencia del 26 de septiembre cuando
decía que estaba satisfecho con las previsiones que regula la
legislación nacional, en concreto el Reglamento de explosivos de
1998, que establece una serie de medidas de seguridad que son
exhaustivas y minuciosas (son las palabras que aquí dijo el ministro
del Interior); si además tenemos unos empresarios que cumplen con
esta legalidad vigente -no tenemos que olvidar que la empresa de
Hermanos Borredá había acabado de pasar una inspección, de hecho en
diciembre de 1999 solicitó una ampliación que tras los trámites
pertinentes se le concedió porque reunía todos los requisitos-; si
tenemos, según manifestó el ministro, una legislación adecuada y unos
empresarios que cumplen con la legalidad vigente, y pese a todo esto
se está produciendo este tipo de accidentes, señorías, entiendo que
algo está fallando: o la ley no es adecuada o no se está cumpliendo.
Hay una máxima en seguridad, en concreto en el tema de prevención de
accidentes, que dice que controlando el riesgo se controla la
posibilidad de accidentes; cuando no se controla el riesgo la
posibilidad de accidentes es cuestión de buena o de mala suerte. Por
ello, cuando ocurre un accidente como el de Valencia podemos
escudarnos en frases retóricas diciendo que estamos satisfechos de
disponer de un reglamento que se adelanta a la normativa de la Unión
Europea, como dijo el ministro, un reglamento minucioso y exhaustivo.
Todo esto estaría bien y nos dejaría satisfechos si no ocurrieran
accidentes como el de Rafelcofer, que por la vía de los hechos nos
demuestra que no hemos sido capaces de eliminar los riesgos en la
industria pirotécnica. Y aquí queremos apelar fundamentalmente al
Partido Popular, que sustenta al Gobierno, porque puede mirar hacia
otro lado, quitarle importancia, relativizar el problema, hacerlo
pender todo incluso de una decisión judicial o de la investigación
o decir que esta Comisión no es competente para este tema, pero no nos
engañemos porque con este tipo de actitud no estamos solucionando el
problema.
El sector pirotécnico requiere en estos momentos alguna reforma o que
nos planteemos algunos problemas en varios frentes. En primer lugar y
en relación con la legislación referida a las fábricas y talleres,
tenemos que el sector está encuadrado dentro del Reglamento de minas
y explosivos, al que se acogen los mineros y los fabricantes de
armas. Éste no es el más adecuado para la actividad pirotécnica, ni
el texto más idóneo para garantizar la seguridad de las personas y
las instalaciones, entre otras cosas, porque hay una disposición
transitoria única en este reglamento que dice que la parte más
importante que pudiera afectar a la industria pirotécnica no es
aplicable hasta el 2003; por tanto, hasta dentro de tres años no
podremos exigir el cumplimiento de este reglamento. Por ello
entendemos que es necesario revisar la legislación vigente. Hay que
intentar consensuar con las partes implicadas un texto específico
adecuado a las necesidades del sector. Es necesario regular normas de
seguridad para los talleres y es necesario establecer disposiciones
mínimas para proteger la seguridad y la salud de los trabajadores.
Otro tema que nos preocupa es el de la seguridad laboral. Todos
podemos conocer el grave riesgo que corren los trabajadores en las
industrias pirotécnicas, porque estamos hablando de artefactos
pirotécnicos que pueden explotar. Nosotros entendemos que por lo
menos los trabajadores que manipulan este tipo de productos han de
tener una preparación adecuada. Para ello sería bueno que la
Administración estableciera, como dicen los sindicatos y la patronal,
una especie de carné manipulador que, pasadas determinadas pruebas,
habilitara a determinados trabajadores para manipular este tipo de
artefactos o de materia tan grave. Las inspecciones, que
efectivamente son periódicas en la industria pirotécnica, han de
velar no sólo por el cumplimiento de las medidas de seguridad en la
industria; también han de intentar velar por la seguridad laboral que
prevé nuestra Ley de prevención de riesgos laborales. No olvidemos
que los inspectores son técnicos en minas y que la Inspección de
trabajo no es competente para entrar dentro de la industria
pirotécnica. Por tanto, de alguna manera tendremos que buscar una
fórmula para que también la seguridad laboral que establece nuestra
Ley de prevención de riesgos laborales esté garantizada.
Un tercer tema es el de las importaciones, que ya esta diputada en la
comparecencia del ministro comentó. Estamos viendo en estos últimos
años cómo se incrementa la importación de pólvora de otros países
sobre cuyas garantías y seguridad planean serias dudas. Nosotros
instamos a la Administración a que controle la importación de una
pólvora que si no está en condiciones puede terminar en una explosión
-cosa que puede ocurrir en muchos sitios- porque es de bajo precio
pero también de baja calidad. Por tanto, hay que establecer un
control más riguroso sobre la procedencia y la garantía del material
pirotécnico.
En relación con el riesgo que existe en la manipulación del material
pirotécnico en actos festivos, que lo ha comentado el portavoz de
Izquierda Unida, es cierto que las autoridades competentes también
han de velar por que determinados productos no puedan ser manejados
por cualquier persona. En cualquier caso, creemos que es necesario
que se cree el carné de disparadores para habilitar sólo a
determinadas personas a que puedan efectuar disparos.
El Grupo Socialista ha presentado una enmienda con la que pretendemos
dos cosas básicamente: por una parte, que se estudie la posibilidad
de un reglamento específico para el sector y, por otra, que se cree
una comisión de pirotecnia o mesa de trabajo donde todas las partes
implicadas, que son las principales interesadas en que se mejore la
seguridad en la industria pirotécnica, estén presentes. Todas estas
propuestas que hoy el Grupo Socialista presenta han sido aceptadas y
asumidas por el subdirector de Ordenación Minera del Ministerio de
Economía, don Eduardo Ramos, en una reunión celebrada el 25 de julio
con la patronal y los sindicatos y que constan en un informe. Por
tanto, ante la disposición mostrada por el subdirector de Ordenación
Minera, entendemos que siempre y en cualquier ámbito es bueno
sentarse y dialogar. Creemos firmemente que estos dos instrumentos
que planteamos, tanto la creación de una mesa como reformar el
reglamento o crear un reglamento propio, pueden dotar de mayor
seguridad a esta industria que es excesivamente peligrosa. El camino
se hace andando. Entendemos, señorías, que este paso no tiene coste
político ni económico para nadie y puede tal vez evitar que, en el
futuro, en esta Comisión nos volvamos a plantear una proposición como
ésta para mejorar la seguridad porque un nuevo y grave accidente haya
vuelto a salpicar las primeras páginas de los diarios.
El señor PRESIDENTE: ¿Grupos que no han enmendado? Por el Grupo
Parlamentario Vasco (EAJPNV) tiene la palabra la señora Uría.
La señora URÍA ETXEBARRÍA: Mi grupo quiere felicitar al grupo
proponente por la iniciativa de traer a la Cámara estas cuestiones
atinentes a distintos títulos competenciales, a distintas ramas de
gestión de la Administración que, cuando se producen en términos de
patología, generan alarma social y generan sobre todo gravísimas
consecuencias por los daños personales que normalmente suelen
producirse.
Es ciertamente una materia compleja la que se aborda, porque hay que
deslindar la gestión de accidentes graves en los que intervengan
sustancias peligrosas y la prevención y previsión de los accidentes
en las instalaciones en los que estos se almacenan, que tiene
vertientes de protección civil y por tanto encuadrables en el ámbito
de esta Comisión, junto con otros aspecto claramente industriales o
laborales que afectarían a otros sectores.
Creemos que en la actualidad la normativa, tanto europea como
estatal, está recogida en la Directiva 96/82 y en el Real Decreto
1254/1999, por el que se aprueban medidas del control de los riesgos
inherentes a los accidentes graves en los que intervengan sustancias
peligrosas. Las comunidades autónomas han elaborado también
disposiciones en la materia. En lo que yo controlo, que es la
Administración vasca, existe una Ley de gestión de emergencias, del
año 1996, con los respectivos reglamentos, y un plan en el que están
implicados los departamentos de Industria, Interior, Sanidad y
Ordenación del Territorio, con los que se pretende establecer una
política de prevención de accidentes graves, un sistema de gestión de
seguridad, un informe de seguridad y un plan de emergencia interior.
Ahora bien, esta legislación propia de las comunidades autónomas
tropieza con que el Real Decreto 1254 excluye la materia de
almacenamiento de explosivos, según su propio Reglamento, el 230/
1998, de 16 de febrero, excepción hecha de lo que se refiere a los
planes de emergencia exterior. Nos encontramos, por tanto, con que,
salvo en lo relativo a los planes de emergencia exterior, la
competencia sobre estas materias es estatal, y bien está, por tanto,
la iniciativa que se presenta desde el Grupo de Izquierda Unida, pero
a los efectos de la elaboración del plan de emergencia exterior, la
Delegación del Gobierno donde radique el establecimiento remitirá al
órgano competente de la comunidad autónoma la documentación necesaria
para la elaboración del plan de emergencia exterior. Los
establecimientos de explosivos, desde el punto de vista de la
seguridad interior, son competencia exclusiva de la Administración
del Estado ejercida a través de sus delegaciones territoriales y
solamente a efectos de los planes de emergencia exterior las
delegaciones del Gobierno deben remitir a las comunidades autónomas
la normativa. Realmente existe una dificultad en abordar esta
normativa y estas diferencias competenciales en la materia. Los
planes de emergencia exterior, hasta la fecha, desconocemos que hayan
sido abordados por ninguna comunidad autónoma -también el reglamento
es del año 1999-, pero creemos que esta responsabilidad es en cascada
o que las obligaciones de establecer los planes no son inabordables.
Lo regulado a lo mejor no está mal; lo que debe hacerse es poner en
práctica por cada nivel competencial lo que le incumbe. Por ello no
nos parece mal la llamada de atención que la iniciativa contiene,
tanto por si merece ser revisada la normativa industrial, la
normativa sobre emergencias, sin desoír la llamada a la normativa de
seguridad laboral a la que ha hecho referencia la representante del
Grupo Socialista.
Por todo ello nos parece que es interesante que una cuestión tan
compleja, abordable desde tantos aspectos, pueda tener una reflexión
como la que la proposición no de ley presentada hoy en la Cámara por
el Grupo de Izquierda Unida a la Cámara nos facilita. Creemos que es
bienvenida y mi grupo la votará favorablemente.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergencia
i Unió) tiene la palabra la señora Pigem.
La señora PIGEM I PALMÉS: Intervengo en nombre del Grupo
Parlamentario Catalán, en primer lugar, para decir que valoramos
positivamente la iniciativa que ha presentado el Grupo de Izquierda
Unida en lo que se refiere a la filosofía de este tema.
Ciertamente, en el momento en que se presentó la iniciativa, a
finales de mayo pasado, habían ocurrido accidentes muy seguidos
cronológicamente y con graves consecuencia, que ya se han puesto aquí
de relieve, tanto en la ciudad holandesa de Enschede como en
Rafelcofer y se había creado una gran alarma social por el elevado
número de víctimas y también una inquietud ciudadana en las zonas
donde radicaban los talleres de fabricación, de almacenaje y de
distribución de los materiales pirotécnicos. Por ello nuestro grupo
parlamentario, haciendo uso de otra de las posibles iniciativa,
a finales de mayo concretamente, el diputado don Jordi Martí formuló
respecto a este tema una pregunta en el Pleno. En esta pregunta se
puso de manifiesto la inquietud y preocupación de nuestro grupo por
todos estos accidentes. En el texto de la pregunta se exhortaba
a intensificar las acciones de prevención y control sobre dicho sector
del que, a tenor de los datos que nos facilitó el ministro, existe en
Cataluña un número significativo de talleres y establecimientos de
almacenaje y distribución, así como un número muy elevado de
peticiones de autorización para concesiones eventuales con motivo de
las fiestas de San Juan. Por tanto, es un tema que en Cataluña nos
afecta muy especialmente. El señor Martí, al formular la pregunta,
planteó la posibilidad de abordar una eventual modificación de la
normativa si la misma se revelaba ineficaz en la prevención de
accidentes en este sector. Digo todo esto para sentar el interés y la
preocupación de nuestro grupo parlamentario con respecto a este tema.
En lo que se refiere a la iniciativa concreta propuesta por el Grupo
de izquierda Unida, nosotros queremos abordarla planteando tres
puntos de reflexión. En primer lugar, queremos reiterar lo que aquí
ya se ha dicho por la portavoz del Grupo Socialista en el sentido de
romper una lanza a favor de la industria del sector, diciendo que
efectivamente la industria está adaptándose a un cumplimiento exacto
de la normativa vigente; es justo reconocerlo. En segundo lugar, nos
consta que se realizan las inspecciones, como lo pone de relieve el
que acababa de pasar una inspección justamente la industria que
explosionó en Rafelcofer. Y en tercer lugar, queremos constatar que
afortunadamente estos incidentes no se han producido de nuevo y
también el que la última normativa que se aprobó es del año 1998,
aunque esa normativa -y debemos decirlo- no es específica para este
sector. Por tanto, respecto a la iniciativa de Izquierda Unida, en
principio podíamos
esperar un poco más a ver si se refería a un hecho puntual o si eran
hechos que podían producirse en más ocasiones y habría que tomar
medidas más específicas. Creemos que podemos pronunciarnos en el
sentido de que votaríamos favorablemente la iniciativa de Izquierda
Unida si la misma se circunscribiera justamente a la enmienda de
modificación que ha planteado el Grupo Socialista con respecto al
apartado tres. Si es así, votaríamos afirmativamente valorar la
necesidad de proceder a la elaboración de un reglamento específico en
la materia, porque creemos que este es justamente el punto que hay
que abordar.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Popular tiene la
palabra la señora Ferrando.
La señora FERRANDO SENDRA: Señorías, comparezco en nombre del Grupo
Parlamentario Popular y quiero comenzar mi intervención resaltando
que desde nuestro grupo no sólo no le vamos a quitar importancia al
tema, como parecía insinuar la portavoz del Grupo Socialista, sino
que lo que queremos resaltar es que la materia que hoy estamos
tratando es tan compleja y que requiere tan minucioso examen por
parte de la Administración que todas las funciones de inspección y de
control se ejercen a través de cuatro departamentos ministeriales
distintos, distribuyendo sus competencias entre los ministerios de
Economía, Defensa, Asuntos Exteriores e Interior. En cuanto al
control que señalaba la portavoz socialista, de los materiales que se
pueden importar de otros países, tengo que decirle que desde el
Ministerio de Asuntos Exteriores, a través de la Dirección General de
Relaciones Económicas Internacionales, se tiene competencia en cuanto
a la autorización de tránsitos procedentes de países
extracomunitarios por territorio español.
La regulación sobre fabricación de los materiales pirotécnicos se
encuentra recogida, como todos sabemos, en el Reglamento de
explosivos aprobado por el Real Decreto 230 de 16 de febrero del año
1998, y concretamente en el capítulo III y en el título III es donde
habla de los talleres de pirotecnia. También en la instrucción
técnica complementaria número 11 se recogen las normas de diseño y el
emplazamiento que deben tener las fábricas los talleres y los
depósitos.
Esta normativa, como se ha dicho aquí esta mañana, es de reciente
aprobación y es pionera entre los países miembros de la Comunidad
Europea. Además, refleja unas normas que son muy estrictas y
concretas sobre los talleres en donde se fabrican y se almacenan
productos pirotécnicos. Por ejemplo, en el reglamento se regula la
cantidad máxima de producción diaria así como la cantidad que pueden
tener depositada en cada momento los talleres pirotécnicos. También
se regula la localización de estos talleres, porque es preceptivo que
las plantas de fabricación en las que se contengan materiales
pirotécnicos se encuentren ubicadas dentro
de un recinto que esté dotado con un cerramiento adecuado. Además se
regulan las distancias mínimas que se deben cumplir respecto a su
entorno entre los locales peligrosos entre sí y también con otras
edificaciones habitadas, así como la cualificación tanto del
encargado del taller como del resto de los trabajadores.
Los departamentos que velan por el cumplimiento de la normativa del
reglamento son varios, como mencionaba antes. Por un lado, desde las
áreas de industria y energía de las subdelegaciones del Gobierno -y
en este punto es importante los artículos 99 y siguientes del
Reglamento- se realizan inspecciones periódicas en los talleres, y
así ha sido reconocido por otros grupos.
Por otro lado la Dirección General de la Guardia Civil, en asignación
de las funciones que le asigna la Ley orgánica del año 1992, de
protección de seguridad ciudadana, y la Ley orgánica de 1986, sobre
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, ejerce sobre todo
funciones de inspección en el marco de la seguridad ciudadana.
También hay que tener en cuenta que en estos talleres se elaboran
productos calificados y que están catalogados por el Ministerio de
Economía, de acuerdo con todas las líneas generales que se enmarcan
dentro de una directiva europea, relativa a la armonización de las
disposiciones sobre la puesta en el mercado y el control de los
explosivos con fines civiles. Hay que considerar que la pirotecnia no
tiene elaborada su propia normativa a nivel europeo.
Desde el 1 de enero de 1995 se aplica también obligatoriamente una
directiva que hace referencia a que cualquier máquina de uso en
pirotecnia ha de tener el marcado distintivo de la Comunidad Europea
y cumplir unos requisitos esenciales de seguridad que en ella se
establecen. Por otro lado, estas máquinas se enmarcan en el nivel
superior de riesgo y se incluyen en el anexo número 4 que es el más
restrictivo. Desgraciadamente, señorías, se trata de la fabricación
de unos artificios de riesgo elevado, en los que la probabilidad de
que se produzca un accidente es estadísticamente más alta que en otro
tipo de productos. A pesar de ello, la normativa que tenemos a nivel
nacional es mucho más avanzada que la de los restantes países
europeos.
A nosotros también nos preocupa la seguridad laboral, igual que al
Partido Socialista y a todos los grupos, y las acciones que en este
sentido ha desarrollado el Gobierno han sido varias. En el año 1999,
la Dirección General de Minas contrató por concurso a la sociedad
Aitemin para elaborar un proyecto sobre la evaluación de riesgos
laborales en la industria pirotécnica española. Este estudio fue
realizado sobre una serie representativa de empresas pirotécnicas, en
concreto 27, después se extrapolaron estos resultados al conjunto del
sector, y el objetivo concreto era evaluar el estado de las empresas
en lo que respecta a la seguridad y a la salud en el trabajo; dicho
de otra manera, los riesgos
laborales que sufren los trabajadores en los lugares de trabajo en
estas empresas del sector. Este proyecto fue entregado en marzo del
año pasado y se presentó públicamente al sector pirotécnico el 22 de
mayo, casi coincidiendo con el desgraciado accidente ocurrido en
Rafelcofer.
En segundo lugar, durante el presente año la Dirección General de
Política energética y Minas firmó un convenio con la Fundación
General de la Universidad Politécnica de Madrid, a través del
laboratorio oficial Madariaga, que es tanto un organismos de control
acreditado como un organismo notificado ante la Unión Europea. A raíz
de este convenio se ha desarrollado un plan de formación itinerante
para el sector pirotécnico. Actualmente no existen normas UNE para
estos productos y para estos artificios pirotécnicos, aunque sí ha
habido intentos de promoverlas en el ámbito europeo. Por tanto, lo
que se aplica son las instrucciones técnicas complementarias que
están incluidas en el reglamento de explosivos.
En base a esto y actualmente, la Dirección General de Política
Energética y Minas avala que sea Aenor quien ocupe la Secretaría del
Comité de la Comisión Europea referida al sector pirotécnico, porque
de esta manera España podrá pilotar la normativa europea que
presumiblemente va a desarrollarse en un futuro muy próximo.
En tercer lugar y actualmente, previo a los accidentes ocurridos
últimamente, dentro de este convenio general que mencionaba antes, el
laboratorio oficial Madariaga está desarrollando otro proyecto de
control de mercado de productos y materiales. Este proyecto se
concreta en la toma de muestras, en el control y en un ensayo de 70
productos que pertenecen a 15 empresas pirotécnicas distintas y lo
que se analiza, una vez puesto este material en el mercado, es el
grado de cumplimiento de las condiciones en que es entregado a los
usuarios por los fabricantes y suministradores. Además, en el marco
de este convenio se contempla que la continuación de las acciones de
control de mercado van a durar los próximos años.
Por otra parte, la Dirección General de Política Energética y Minas
está elaborando actualmente instrucciones técnicas complementarias
sobre el disparo de artificios pirotécnicos en lugares públicos y
sobre todas las medidas de seguridad tanto en los talleres como en
los depósitos que contienen este tipo de material.
Finalmente, señorías, es verdad que el sector pirotécnico es un
sector de alto riesgo, donde el factor humano es fundamental y que en
todo momento está sometido a la vigilancia y al control de la
Administración, siendo la Administración muy sensible en este tema a
cualquier petición que pueda conllevar una mejora en cuanto a la
seguridad de las instalaciones y, por supuesto, de los trabajadores.
En cuanto a los extremos que planteaba el Grupo Parlamentario Federal
de Izquierda Unida en la proposición
no de ley, no los podríamos votar a favor por los siguientes motivos.
En primer lugar, las empresas pirotécnicas tienen una inspección al
menos anual y, como he mencionado anteriormente, dado que las
competencias están distribuidas, por una parte están desde las áreas
y dependencias de industria y energía de las delegaciones
y subdelegaciones del Gobierno en cada provincia, y por otro lado se
realizan frecuentemente inspecciones desde la Dirección General de la
Guardia Civil, en el ámbito de su competencia, que es la seguridad
ciudadana.
En segundo lugar, el proyecto, que he mencionado anteriormente, de
evaluación de los riesgos laborales en la industria pirotécnica
española establece una serie de conclusiones y recomendaciones que se
trasladaron al sector de las empresas pirotécnicas.
En tercer lugar, hay que recordar que el anterior reglamento de
explosivos que teníamos tuvo una vigencia de 20 años. El actual, para
nosotros, no se ha agotado y se cumple escrupulosamente. Solamente
tiene dos años y parece un poco prematuro proceder a su revisión,
pero esto no significa que no se pueda seguir desarrollando, tal y
como permite la norma.
Por todas estas razones, señor presidente, que se las voy a
concretar, reciente aprobación, exigencias de que las normativas se
cumplan tanto por parte de la Administración y sobre todo, como se ha
mencionado anteriormente por el propio sector de empresarios, y por
otro lado el control exhaustivo de la Administración, con todas las
inspecciones y controles que se realizan, y la coordinación entre los
distintos departamentos ministeriales, no podríamos aprobar esta
proposición no de ley tal y como viene planteada. Sin embargo, el
Grupo Parlamentario Popular votaría a favor de la iniciativa
planteada si se sustituyera el texto completo por la enmienda al
punto tercero que ha presentado el Grupo Parlamentario Socialista, de
tal manera que el único punto que tuviéramos que aprobar fuera el
tercero, y los puntos primero y segundo de la proposición no de ley
fueran sustituidos.
El señor PRESIDENTE: Concluido el debate de este punto, en ausencia
del señor Centella...(El señor Gil Lázaro pide la palabra.)
Señor Gil Lázaro.
El señor GIL LÁZARO: Señor presidente, como el señor Centella no
está, quiero determinar la postura del Grupo Popular.
Como ha señalado la señora Ferrando, en el supuesto de que el grupo
proponente aceptara el texto de enmienda que figura al punto 3,
presentado por el Grupo Parlamentario Socialista, y fuera el único
petítum de la proposición no de ley, el Grupo Parlamentario Popular
apoyaría el texto. (El señor Mayoral Cortés pide la palabra.)
El señor PRESIDENTE: Señor Mayoral.
El señor MAYORAL CORTÉS: A reserva de la presencia del señor
Centella, nosotros compartimos la misma posición, porque lo que más
interesa a mi grupo es la elaboración de ese reglamento específico al
que hace alusión nuestra enmienda. Esperemos que el señor Centella
nos resuelva la dificultad.
El señor PRESIDENTE: Clarificados los extremos, pasamos al punto
siguiente del orden del día.
- SOBRE VALORACIÓN Y RESULTADOS OBTENIDOS EN APLICACIÓN DE LA LEY
ORGÁNICA 4/1997, DE 4 DE AGOSTO, POR LA QUE SE REGULA LA UTILIZACIÓN
DE VIDEOCÁMARAS POR LAS FUERZAS Y CUERPOS DE SEGURIDAD EN LUGARES
PÚBLICOS. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA. (Número
de expediente 161/000065)
El señor PRESIDENTE: Entiendo que el punto cuarto ha sido retirado y
los grupos están de acuerdo en que quede para una sesión posterior.
Pasamos al punto 5, que se refiere a la valoración y resultados
obtenidos en aplicación de la Ley orgánica 4/1997, de 4 de agosto,
por la que se regula la utilización de videocámaras por las Fuerzas y
Cuerpos de Seguridad en lugares públicos, a iniciativa del Grupo
Parlamentario Socialista.
Para la defensa de esta proposición no de ley, tiene la palabra el
portavoz señor Mayoral.
El señor MAYORAL CORTÉS: Nuestra proposición no de ley insta al
Gobierno a elaborar en un plazo determinado un informe para el
Congreso de los Diputados sobre aspectos concretos y sustanciales
relativos a la aplicación de esta ley orgánica. Nos ha llevado a este
planteamiento la consideración de que estamos ante una ley orgánica
que regula aspectos extraordinariamente delicados, cuya cuestión de
fondo es la armonización de dos valores constitucionales, el valor de
la libertad y el valor de la seguridad, y particularmente, en el
ámbito de las libertades, todo lo que se refiere a garantías sobre el
derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia
imagen.
Es evidente que ante la necesidad de utilización de medios técnicos
cada vez más complejos y sofisticados en la lucha contra el delito
por parte de los Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, es
preciso introducir de forma correlativa garantías suficientes para no
dañar el ejercicio de las libertades que he mencionado anteriormente.
No se trata solamente de que en la elaboración de esa Ley del año
1997 se preservara ese conjunto de valores, se trata también,
señorías, de la necesidad de preservar en la práctica y en lo que se
refiere a la aplicación cotidiana de esa ley, la verificación y el
cumplimiento de las garantías de esos valores. (El señor
vicepresidente, Seco Gordillo, ocupa la Presidencia.)
Es evidente que se trata de una ley garantista -y es una cuestión que
considero muy importante subrayar-, porque introduce garantías para
el uso del sistema de grabación de imágenes y sonidos por parte de
las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Es una ley garantista,
porque en el simple enunciado de los aspectos sustanciales de la
misma se aprecia el establecimiento de un régimen de autorización
previa. Efectivamente, el delegado del Gobierno autoriza, pero tiene
que haber un informe previo, preceptivo y vinculante por parte de una
comisión presidida por el presidente del Tribunal Superior de
Justicia de la correspondiente comunidad autónoma. Esta ley establece
una duración máxima de las autorizaciones. Establece también el deber
de destruir en el plazo de un mes las imágenes y sonidos que hubiesen
sido grabados, salvo aquellos que resulten determinantes como
supuestos de prueba en la comisión de delitos. El público -y es otra
cuestión muy relevante- debe ser informado sobre la existencia de
tales videocámaras, y, por otra parte, todas las personas interesadas
gozan del derecho de acceso y cancelación de las imágenes recogidas.
También es necesario subrayar la importancia que tiene el control de
aplicación de las videocámaras móviles, cuya utilización queda
supeditada a la existencia de un peligro concreto y demás requisitos
que establece el artículo 6 de esta ley. Precisamente este artículo
establece los principios de utilización de las videocámaras. Estos
principios son la proporcionalidad entendida en términos de idoneidad
de la medida para el cumplimiento del objetivo que se propone, y la
proporcionalidad entendida como intervención mínima. En este caso,
estamos ante un supuesto determinante del contenido de la ley, el
principio de intervención mínima, puesto que, como he dicho
anteriormente, su utilización roza derechos fundamentales como el
honor, la propia imagen y la intimidad de las personas. Pues bien, la
utilización de videocámaras, en la medida que está prevista por la
ley, solamente se concibe en el supuesto de existencia de riesgos
razonables para la seguridad ciudadana o de un peligro concreto.
Repito, estamos ante una ley profundamente garantista y restrictiva.
Por este motivo mi grupo quiere conocer cuál es la eficacia de la ley
en sí misma, en tanto implica las limitaciones que he dicho
anteriormente. Particularmente, queremos saber cómo se ha traducido
su aplicación respecto a la persecución de actos delictivos,
protección de personas y bienes y la utilización pacífica de los
espacios públicos. La ley es garantista, y queremos saber como se ha
realizado el cumplimiento de las garantías que prevé.
Finalmente, quiero decir que por parte de mi grupo no existe ningún
prejuicio previo en relación con la cuestión que estamos debatiendo.
No estamos en contra de la utilización, siempre que se haga de
acuerdo y
en las condiciones que se establecen los límites y garantías
previstos por la ley.
Por último, la proposición no de ley del Grupo Parlamentario
Socialista se basa en una lógica que consideramos absolutamente
indiscutible. Si la propia ley establece la necesidad y el deber de
las autoridades que autorizan las videocámaras de informar al público
sobre su instalación, es decir que tiene que ser conocido por los
ciudadanos, cuánto no debe ser también el deber que corresponde al
Gobierno para informar a estas Cortes sobre el cumplimiento de las
prescripciones establecidas por el proyecto de ley, que es en
definitiva la verificación del control sobre unos principios y unos
derechos constitucionales que consideramos intangibles. Desde esta
perspectiva, pedimos la comprensión de los restantes grupos en orden
a la aprobación de esta proposición no de ley, que consideramos
realmente inspirada en la preocupación por el cumplimiento de
principios constitucionales.
El señor VICEPRESIDENTE (Seco Gordillo): ¿Grupos que desean fijar su
posición? (Pausa.)
Por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), tiene la
palabra la señora Pigem.
La señora PIGEM I PALMÉS: Intervengo en nombre del Grupo
Parlamentario Catalán, y quiero manifestar que ya en el trámite
parlamentario de esta Ley orgánica 4/1997, de 4 de agosto, el Grupo
Parlamentario Catalán, a través de su ponente en la ley el señor
Guardans, tuvo ocasión de manifestarse en un doble sentido. En primer
lugar, se felicitó por la aprobación del texto legal, por la
explicitación que suponía de la voluntad de utilizar todos los medios
que la ley y el Estado de derecho ponen a nuestro alcance para luchar
contra los violentos, contra la violencia callejera y contra la
violencia en todos sus aspectos. Dijimos ya entonces que
considerábamos que esta ley era una buena ley. Su finalidad, por
desgracia, sigue siendo de vigentísima actualidad, y por ello debemos
seguir felicitándonos por su existencia, en la medida que nos ayuda a
erradicar la violencia. También dijimos entonces -y éste es el
segundo sentido en el que nos manifestábamos en aquel momento- que
distintas organizaciones de ciudadanos nos habían hecho llegar el
recelo de que el instrumento de la videovigilancia pudiera suponer
una merma de los derechos y libertades de los ciudadanos. Por ello,
siendo, como ya se ha dicho por el portavoz del Grupo Parlamentario
Socialista, una ley de equilibrio entre libertad y seguridad, nuestro
grupo, que intervino muy activamente para que la ley fuera lo que la
ley es a través de las enmiendas que presentó, pretendió por encima
de todo la protección de los derechos y libertades de los ciudadanos,
mejorando globalmente las garantías que la ley daba a los mismos, por
considerar que una mala aplicación de la ley conculcaría sin duda
derechos fundamentales.
En este sentido ya en el debate pusimos de manifiesto que la puesta
en práctica de la ley, puesta en práctica que dependía y depende de
personas concretas, y la búsqueda de la eficacia no podía hacer
perder en ningún caso el aspecto absolutamente excepcional de la
norma por el carácter limitativo de derechos que tiene la instalación
de cámaras en la calle.
Pues bien, transcurridos más de dos años desde su entrada en vigor
creemos que el Grupo Socialista ha tenido el acierto de plantear una
valoración de la aplicación de la ley, de desvelar, en definitiva, el
grado de eficacia que la misma ha desplegado en orden a las razones
que justificaron su aprobación, así como la valoración del
funcionamiento de las garantías que la propia ley preveía para
justamente minimizar los riesgos que podían producirse en su
aplicación.
Por todo ello, valoramos positivamente la iniciativa, enriquecida sin
duda con las enmiendas que se han presentado, y en principio nos
pronunciamos favorablemente al voto de la misma. (La señora Uría
Etxebarría pide la palabra.)
El señor VICEPRESIDENTE (Seco Gordillo): Efectivamente hay una
enmienda presentada a esta iniciativa por parte del Grupo
Parlamentario Popular. La señora Uría había solicitado la palabra,
pero al haber una enmienda intervendrá en primer lugar el señor Gil
Lázaro, en nombre del Grupo Parlamentario Popular.
El señor GIL LÁZARO: Sí, señor presidente, pero no tengo ningún
inconveniente, si lo considera oportuno el señor presidente y además
me parece de elemental cortesía, que intervenga la señora Uría. En
realidad nuestra enmienda, como se verá en mi intervención, coadyuva
al sentido de la proposición original, y por tanto si el señor
presidente lo estima oportuno que intervenga el grupo vasco.
El señor VICEPRESIDENTE (Seco Gordillo): Creo, señor Gil Lázaro, que
en esta ocasión la cortesía debe ceder ante la normativa
reglamentaria y, por tanto, tiene la palabra para defender su
enmienda.
El señor GIL LÁZARO: Haré lo que disponga la Presidencia, pero que no
parezca en modo alguno falta de cortesía de este grupo.
Nosotros, señor presidente, hemos presentado una enmienda de
modificación que viene a coadyuvar, como decía, con el sentido de
fondo de la iniciativa presentada por el Grupo Parlamentario
Socialista, una iniciativa que nos parece oportuna, compartiendo la
filosofía de fondo de la intervención del señor Mayoral en nombre del
Grupo Parlamentario Socialista, razón por la cual no me alargaré en
exceso.
Creo que conviene señalar, como han hecho todos los grupos
parlamentarios, que la tramitación de la Ley orgánica 4/1997 fue sin
lugar a dudas ejemplar. Partimos en un momento determinado, en el
inicio de ese
camino legislativo, de posiciones legítimamente distintas de los
diferentes grupos, y entre todos los grupos parlamentarios, a través
de un ejercicio de diálogo, de respeto recíproco, de compromiso y
búsqueda del consenso, fuimos capaces de llegar a un amplísimo
espacio común de coincidencia, con la finalidad de hacer compatibles
dos bienes jurídicos que no debían entrar en modo alguno en colisión:
la necesidad de incorporar elementos propios de las nuevas
tecnologías para así garantizar mejor la seguridad de bienes y
personas, y al mismo tiempo sin que ello pudiera suponer menoscabo
alguno de la garantía de los derechos fundamentales de la persona,
especialmente de su derecho a la intimidad.
En ese ejercicio de diálogo, de búsqueda de consenso y de respeto
recíproco entre las posiciones de los distintos grupos, creo que se
alcanzó un texto legislativo que en términos de norma jurídica
garantizaba perfectamente esa coexistencia de ambos bienes jurídicos,
y como es natural porque en otro caso nos hubiéramos quedado en un
mero desideratum, también servían los instrumentos técnicos precisos
para en la práctica, como bien resaltaba el señor Mayoral, hacer
perfectamente posible esa coexistencia.
En modo alguno, y se puso de manifiesto por parte de todos los grupos
parlamentarios durante la tramitación del aquel proyecto de ley, se
podía considerar que podían existir razones de eficacia que pudieran
supeditar en un momento dado lo que podían ser las necesidades de
garantizar bienes y personas, es decir las necesidades de seguridad
sobre el cuidado y la preeminencia de esos derechos esenciales y
fundamentalmente de ese derecho básico a la intimidad.
Llegados a este punto nos parece muy oportuno que el Congreso de los
Diputados reciba un informe que constate la valoración, apoyada en
datos concretos como es natural, que realiza el Gobierno de lo que ha
sido la aplicación práctica de esta Ley orgánica 4/1997. En ese
sentido nuestra enmienda no colisiona en absoluto con el sentido de
fondo y con el petítum de la proposición original; entendemos que
simplemente produce una mera mejora técnica en orden a la
determinación de los aspectos que debe incorporar ese informe.
En consecuencia, según esta enmienda, el texto que nosotros en este
momento sometemos a la consideración del grupo proponente diría: El
Congreso de los Diputados insta al Gobierno a elaborar y remitir a la
Comisión de Justicia e Interior en el Congreso, en el plazo máximo de
seis meses, un informe de valoración sobre la aplicación de la Ley
orgánica 4/1997 desde su entrada en vigor hasta el final del año
2000, así como los efectos que ésta ha tenido en la prevención de
actos delictivos, la protección de personas y bienes, y la
utilización pacífica de espacios públicos, incluyendo en el citado
informe cuantos otros extremos que puedan resultar de interés al
efecto de determinar las consecuencias y resultados obtenidos en la
aplicación de la citada ley, tales como constitución y funcionamiento
de
las comisiones de garantía, número de informes y recomendaciones
elaboradas por éstas, número de instalaciones fijas de videocámaras
autorizadas, uso de videocámaras móviles, número de procedimientos
sancionadores abiertos por infracción de lo previsto en esta ley, y
ejercicio del derecho de acceso y cancelación por los particulares.
En definitiva, nos parece esencialmente útil para contribuir a
garantizar los fines y objetivos de aquella Ley orgánica 4/1997 que
el Congreso de los Diputados disponga de esta información, en el bien
entendido de que estamos dispuestos y creemos que es esencialmente
útil mantener el espíritu de consenso, de diálogo y de respeto
recíproco que permitió el alumbramiento de este proyecto de ley,
mantenerlo en el presente y en el futuro, en todos aquellos extremos
que sirvan para un mejor desarrollo y también para un mejor control
de la aplicación de esta ley a lo largo de las iniciativas
parlamentarias que los diferentes grupos puedan plantear en el
futuro, pues efectivamente hay extremos conexos con lo que puede ser
la aplicación de esta ley, o con materias comunicadas con lo que
podría ser la aplicación de esta ley que pueden ser susceptibles de
posteriores iniciativas o de otros trámites parlamentarios.
A propósito de lo dicho, a propósito precisamente de esa invocación
al diálogo, al consenso, a la búsqueda de espacios comunes y de
coincidencias, a la búsqueda, en definitiva, de puntos de identidad
entre los distintos grupos parlamentarios para preservar esas
exigencias de seguridad y de respeto a los derechos fundamentales de
la persona, este grupo parlamentario quiere volver a hacer mención de
su disposición permanente a que ese afán de diálogo, de respeto
recíproco y de búsqueda de consenso, de primacía siempre de los
puntos de identidad y de coincidencia sobre las discrepancias, pueda
seguir en el futuro definiendo la relación entre los grupos
parlamentarios, y mucho más cuando estamos hablando de dos bienes
jurídicos tan esenciales, como son el de la libertad y el de la
seguridad.
El señor VICEPRESIDENTE (Seco Gordillo): Tenía solicitada la palabra
la señora Uría, advirtiéndole que debía haberla solicitado en su
momento y, por tanto, que con brevedad se refiera al asunto.
La señora URÍA ETXEBARRÍA: Gracias, señor presidente, pero las
ocupaciones que siempre penden sobre los grupos pequeños me ha hecho
andar entrando y saliendo, y lamento no haber estado presente en el
momento que se ofrecían turnos de palabra.
Con el mismo espíritu que ha animado al resto de los intervinientes
en esta proposición no de ley, quiero recordar a la Cámara que la ley
cuyos desarrollos se pretende sean traídos a la Comisión de Justicia
e Interior fue hecha por una iniciativa ciertamente no habitual,
puesto que además de proceder del Gobierno del Estado procedía
también de la iniciativa de quien
entonces era consejero de Interior del Gobierno vasco y que, por
tanto, la participación del Grupo Parlamentario Vasco en la
elaboración y tramitación de esta ley fue especialmente intensa.
Se ha aludido por todos los presentes al espíritu que presidió a los
ponentes y al interés que todos tuvimos en el escrupuloso respeto al
derecho fundamental a la intimidad, pero también creo yo que está
implícito el derecho a la libertad, como ya tuvimos ocasión de
expresar en numerosas ocasiones, y se intentaba cohonestar lo que el
artículo 104 de la Constitución establece como cometido de los
Cuerpos y Fuerzas de Seguridad, que tienen como misión proteger el
libre ejercicio de los derechos y libertades y garantizar la
seguridad ciudadana, para cuyo cumplimiento deben actuar con absoluto
respeto a la Constitución y al resto del ordenamiento, tal y como
recoge el artículo 9.1 de la propia Constitución y el artículo 5.1 de
la ley reguladora de estos cuerpos y fuerzas. Repito, hubo
inicialmente enmiendas a la totalidad, luego enmiendas parciales de
los grupos, pero el espíritu que animó a todos y las posibilidades de
mayorías que finalmente se obtuvieron fueron admirables y bueno sería
que este consenso se siguiese manteniendo hasta el momento.
En lo que hace referencia a las especialidades que la disposición
adicional primera reconoce a las comunidades autónomas que tuviesen
competencia para la protección de las personas y los bienes, me
interesaría señalar que en el ámbito vasco se desarrolló antes que en
el ámbito del Estado el régimen de autorización y utilización de las
videocámaras mediante norma reglamentaria y que igualmente se creó
antes que en el Estado la comisión de videovigilancia y de
libertades. Ambos instrumentos, tanto el procedimiento por el que se
articula como la comisión creada, el órgano, creemos que han
funcionado a entera satisfacción y lo que ahora se pretende, por la
iniciativa socialista que hoy se trae a la Cámara, se viene
cumpliendo en el ámbito vasco año a año presentando al Parlamento la
memoria de las actividades realizadas durante los sucesivos períodos
por la comisión de videovigilancia y de libertades. Tengo delante los
datos referidos a los años 1999 y 2000, en los que se hace pormenor
de los distintos cauces por los que se han concedido autorizaciones,
bien sea de instalaciones fijas bien de aquellos otros supuestos en
que la autorización se solicita a posteriori por urgencia o
imposibilidad de obtener en el tiempo la autorización recibida e
incluso en los supuestos de autorización de videocámaras móviles en
las jefaturas de comisarías durante determinados períodos
especialmente conflictivos como las fiestas de los pueblos en agosto
o la utilización de éstas desde helicópteros en fechas concretas.
Repito, lo que ya se viene efectuando en el ámbito vasco y a plena
satisfacción, por lo que parece de todos los grupos en cuanto a la
información que se recibe y a la utilidad que está teniendo el
instrumento, nos parece adecuado que también se exija respecto
del Congreso de los Diputados. Estaría en condiciones de facilitar a
la Cámara lo referido al País Vasco en cuanto ámbito afectado por la
normativa a que la resolución se refiere.
El señor VICEPRESIDENTE (Seco Gordillo): A los solos efectos de
aceptación o no de la enmienda, tiene la palabra el señor Mayoral.
El señor MAYORAL CORTÉS: Señorías, manifiesto en nombre del Grupo
Parlamentario Socialista que aceptamos la enmienda que nos plantea el
Grupo Parlamentario Popular, porque entendemos que recoge los
aspectos sustanciales de nuestras preocupaciones y de nuestras
propuestas. (El señor presidente ocupa la Presidencia.)
En este sentido, tengo que manifestar mi satisfacción por la actitud
de apertura que pone de manifiesto el portavoz y coordinador
parlamentario del Grupo Popular, en el entendimiento de que es un
camino por el cual debemos transitar y que será favorable para
solventar tantos y tantos problemas que en estas materias que aquí
abordamos tan delicadas habitualmente tiene el pueblo español. Mi
grupo, una vez aceptada la propuesta y en relación a un aspecto que
nosotros incluíamos en nuestra proposición, en lo que se refiere a la
aplicación de esa medida al ámbito de la seguridad privada quiere
manifestar que se reserva la capacidad para instar al Gobierno una
información similar sobre las medidas que se hayan adoptado y sobre
la eficacia que pueda tener la aplicación de videocámaras referida a
las autorizaciones que a particulares se hayan podido otorgar, porque
también consideramos que es un ámbito en el cual la responsabilidad
del poder público y la responsabilidad de estas Cortes se tiene que
poner de manifiesto, en la medida que tenemos que preservar en ese
ámbito las mismas garantías y derechos que tenemos que preservar
cuando estas medidas las aplican directamente los Cuerpos y Fuerzas
de Seguridad del Estado.
El señor PRESIDENTE: Señor Gil Lázaro.
El señor GIL LÁZARO: Simplemente para agradecer al señor portavoz del
Grupo Parlamentario Socialista la aceptación de nuestra enmienda.
Como he señalado en mi intervención, esta cuestión por ser muy
importante no se agota ni debe agotarse aquí, puede y debe dar pie a
otro tipo de iniciativas parlamentarias. Finalmente, señalarle con
toda cordialidad al señor Mayoral que el espíritu de diálogo, de
cordialidad, de respeto a las posiciones de los demás y de búsqueda
permanente del acuerdo sobre la divergencia es característica no
solamente de mi compromiso y de mi personalidad política, sino que es
algo mucho más importante, metapolítico: es mi forma de ser.
- SOBRE CREACIÓN DE UN PLAN ESPECIAL DE EMERGENCIA DE RIESGOS
QUÍMICOS. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA. (Número
de expediente 161/000122)
El señor PRESIDENTE: Concluido el debate de este punto, pasamos al
siguiente, que es el número 7, teniendo en cuenta que el 6 lo
habíamos dejado para el final. El punto 7 se refiere a la creación de
un plan especial de emergencia de riesgos químicos. Es proponente el
Grupo Parlamentario Socialista. Tiene la palabra el señor Simón de la
Torre.
El señor SIMÓN DE LATORRE: Esta proposición no de ley tiene como
intención llevar la tranquilidad a los ciudadanos de dos comunidades
autónomas, Castilla y León y Euskadi, ya que en sus poblaciones, en
un área de cinco kilómetros, está ubicado un gran número de empresas
químicas. El hecho de que estos municipios pertenezcan a dos
comunidades autónomas hace que no exista un plan de emergencia común,
aun siendo comunes los riesgos para la población. Como ya expone la
propia proposición, estos ciudadanos han vivido en distintos momentos
accidentes muy peligrosos en algunas de las empresas de su entorno o
bien han vivido algún atentado terrorista. Así, se puede señalar que
uno de los primeros incidentes fue un atentado de ETA sobre
instalaciones de Repsol en Álava, justo en el límite de esta
provincia con la ciudad de Miranda de Ebro, en Burgos. Otro incidente
importante se produce poco tiempo después y es el escape de gases
producido en una de las torres del proceso de fabricación de la
empresa general química, situada en Álava, y la formación de una nube
tóxica que avanzaba hacia la población de Miranda de Ebro. Tiempo
después y en la misma empresa, se produjo otro escape de gases que
formaron otra nube tóxica, nube que iba de una comunidad autónoma a
otra en función de dónde iba el viento y siendo la única solución
dada por las autoridades que los ciudadanos se encerraran en sus
casas.
En posteriores ocasiones y sin tener la magnitud de los accidentes
mencionados, han ocurrido bastantes más, algunos no divulgados por
razones obvias, pero que han obligado a las empresas de una y otra
comunidad autónoma a coordinar sus esfuerzos. Así entre ellas han
quedado acciones comunes. Todas estas empresas poseen sus planes de
emergencia tanto exteriores como interiores; pero no es suficiente.
Los hechos han demostrado que se necesita algo más, y esto es que las
distintas administraciones se coordinen, sean capaces de coordinar la
acción a realizar y sobre todo se tenga claro cuáles son los medios
de que se dispone y quién ha de dirigirlos; es decir, la creación de
un catálogo de medios, así como de medidas a adoptar. Ésta es la
voluntad de la proposición. Pensamos que la acción directa de la
Administración central puede conseguir a
través de un plan de emergencia para toda la zona que quede
perfectamente determinado quién debe ser la autoridad responsable de
la coordinación de todos los elementos activos en caso de accidente,
la creación de un catálogo de medios pertenecientes a todas las
empresas, así como las disponibles por la subdelegación del Gobierno
en Burgos y el correspondiente de la Diputación foral de Álava.
Igualmente, la experiencia ha demostrado que con la aprobación de
esta proposición no de ley desarrollaríamos la norma básica de
protección civil, que contempla un posible interés nacional al
establecer que será objeto de planes especiales en aquellos ámbitos
territoriales que lo requieran, mencionando esencialmente los casos
derivados de las instalaciones químicas de alto riesgo. En
definitiva, señorías, con la aprobación de esta proposición no de ley
tratamos de trasladar a los más de 50.000 habitantes de la zona la
tranquilidad de que si vuelve a ocurrir un accidente las
administraciones sepan qué deben hacer y con qué medios y no que sean
la improvisación y la buena fe la que como hasta ahora han marcado la
pauta. Lo que estamos pidiendo es coordinación, organización y esto
no requiere inversiones, sino voluntad política para garantizar a
esos ciudadanos algo de tranquilidad y seguridad.
El señor PRESIDENTE: ¿Grupos que quieren hacer uso de la palabra?
(Pausa.)
Por el Grupo Popular, la señora Torme.
La señora TORME PARDO: Señorías, todos los grupos parlamentarios
compartimos la preocupación ante determinadas situaciones de riesgo y
emergencia que pueden llegar a producirse como consecuencia de
accidentes en los que intervienen sustancias peligrosas y ante los
efectos que pueden producir en las personas, en los bienes y en el
medio ambiente. En determinados ámbitos territoriales, en los que se
ubican empresas químicas cuyas actividades pueden originar
situaciones de emergencia, es necesario, sin duda, contar con una
política de prevención de accidentes graves, así como con un sistema
de gestión de seguridad que contemple medidas de prevención y control
de riesgos. En este sentido, la Ley de protección civil y el real
decreto por el que se aprueban medidas de control de los riesgos
inherentes a los accidentes graves en los que intervengan sustancias
peligrosas establecen la obligación de los titulares de este tipo de
empresas de disponer de un plan de emergencia interior para la
prevención de riesgos y el control inmediato de los siniestros que
puedan producirse. Por otra parte, estas normativas disponen que las
autoridades administrativas competentes podrán requerir toda la
información necesaria para desarrollar un plan de emergencia exterior
que junto con el plan de emergencia interior constituyen un único
e integrado plan de actuación.
Pues bien, en el ámbito territorial al que se refiere la proposición
no de ley que debatimos en estos momentos y que abarca las provincias
de Burgos y Álava, pertenecientes, por tanto, a distintas comunidades
autónomas, hay que señalar que tanto la Comunidad Autónoma de
Castilla y León como la del País Vasco, en el ámbito de sus
competencias y en cumplimiento del citado real decreto así como de la
directriz básica para la elaboración y homologación de los planes de
emergencia del sector químico, han elaborado respectivamente los
correspondientes planes de emergencia exterior. En ellos se contienen
estudios de seguridad con los accidentes graves hipotizados, el
alcance máximo previsible de los mismos, las guías de respuesta,
instrucciones de intervención para los equipos operativos, medidas de
protección a la población, estructura de dirección, coordinación y de
los equipos operativos, así como los procedimientos de notificación
y activación.
Los planes exteriores de emergencia de las empresas químicas de Álava
y Burgos que se encuentran en el ámbito de aplicación de este real
decreto han sido homologados por la Comisión Nacional de Protección
Civil y por tanto están vigentes y operativos. Pero, por otra parte,
y teniendo en cuenta los estudios de seguridad, se ha podido colegir
que determinados accidentes hipotizados en el estudio de seguridad de
la empresa Elf Atochem, de Miranda de Ebro, pueden afectar al término
de Ribera Baja, en Álava. Asimismo, determinados accidentes
hipotizados en los estudios de seguridad de las empresas General
Química y Acideca, ubicadas en el Polígono Industrial de Comunión, en
Lantarón, pueden afectar a áreas de Miranda de Ebro. Por ello, sobre
la base del artículo 5 de la directriz básica anteriormente citada,
las comunidades autónomas del País Vasco y de Castilla y León, por
propia iniciativa y de acuerdo con la Dirección General de Protección
Civil del Ministerio del Interior, están trabajando en la redacción
de un protocolo de cooperación de manera que se asegure la
coordinación, aspecto al que hacía referencia el portavoz del Grupo
Socialista, de las actuaciones de emergencia cuando un suceso
ocurrido en una de las industrias que se han señalado, radicada en
territorio de una de las dos comunidades autónomas, pueda
potencialmente afectar a la población de la otra comunidad autónoma.
Todo ello con la finalidad, efectivamente, de mejorar la coordinación
y de que no se pueda producir una desconexión de medios, de autoridad
competente ni de ningún otro aspecto.
Este protocolo, una vez finalizado y acordado entre ambas comunidades
autónomas competentes, así como el resto de partes concernidas, será
remitido a la Comisión Nacional de Protección Civil para su
conocimiento y formalización. Contiene, desde luego, aspectos y
elementos que son esenciales para asegurar que funcionen bien todos
los mecanismos de coordinación en un supuesto de riesgo, como son la
identificación de los
sucesos y accidentes que, originados en la empresa Elf Atochem,
ubicada en Miranda de Ebro, puedan afectar a la población de
Lantarón, y, asimismo, los sucesos o accidentes que, originados en
las empresas que se encuentran en Lantarón, puedan afectar a la
población de Miranda de Ebro. Contiene también el intercambio de la
información sobre sustancias tóxicas que puedan estar involucradas,
instrucciones operativas a los servicios de intervención para tales
sucesos, medidas de protección a la población adecuadas en cada caso,
incluyendo control de accesos necesarios, confinamiento y evacuación;
identificación de los centros de coordinación competentes por ambas
partes, procedimientos y canales de notificación, alerta temprana
y coordinación para estos sucesos, constitución de centros de
coordinación integrados, aspecto que quiero destacar porque me parece
clave, por una parte, por la comunidad autónoma en donde radique la
empresa que sufre el accidente, con participación de un representante
o representantes de la otra comunidad autónoma afectada y, en su
caso, con representantes de la Administración general del Estado.
Alternativa o complementariamente, se puede constituir un centro de
coordinación integrado por el ayuntamiento donde radique la planta
siniestrada, con participación de representantes o enlaces del otro
ayuntamiento afectado y un pacto de ayuda mutua entre las empresas
señaladas; asimismo, contiene un pacto de ayuda mutua entre los
servicios operativos, autonómicos y municipales, de una y otra parte
y, en su caso, estatales.
El Grupo Parlamentario Popular va a votar en contra de esta
proposición no de ley, teniendo en cuenta que la competencia para
actuar en esta materia y en este ámbito territorial corresponde a las
comunidades autónomas del País Vasco y de Castilla y León y que en el
ejercicio de esa competencia han aprobado los planes de emergencia
exterior correspondientes y están trabajando en la elaboración de un
protocolo de cooperación, con el apoyo y colaboración del Ministerio
del Interior a través de la Dirección General de Protección Civil.
Las medidas que se contemplan en este protocolo de cooperación al que
he hecho referencia van a posibilitar que, cuando se pueda producir
una situación de riesgo, se actúe de una forma coordinada y con la
máxima eficacia en la utilización de todos los medios disponibles.
- SOBRE ACTUACIONES EN MATERIA DE SEGURIDAD CIUDADANA EN EL MUNICIPIO
DE BARBATE, EN LA PROVINCIA DE CÁDIZ. PRESENTADAPOR EL GRUPO
PARLAMENTARIO SOCIALISTA. (Número de expediente 161/000253)
El señor PRESIDENTE: Concluido el debate de este punto, pasamos al
siguiente, que es el número 8 y que se refiere a actuaciones en
materia de seguridad ciudadana en el municipio de Barbate, en la
provincia
de Cádiz, cuyo proponente es el Grupo Parlamentario Socialista.
Para su defensa, tiene la palabra la señora Romero.
La señora ROMERO LÓPEZ: Ha tenido que producirse la muerte del cabo
de la policía local Diego Pérez Rodríguez en la población de Barbate,
para que el Gobierno responda ante la situación que este municipio
vive desde hace unos años y que ha deteriorado claramente el clima de
convivencia ciudadana. Pero la situación sigue actualmente sin
resolverse. Ha habido tres secuestrados en los últimos tiempos y aún
hay una persona que permanece desaparecida en manos de los
narcotraficantes. Hay jóvenes que cobran 150.000 pesetas solamente
por avisar cuando viene la patrulla de la Guardia Civil, comercios
que proliferan del dinero del narcotráfico, padres que tienen que
mandar a sus hijos a las escuelas de los pueblos vecinos,
asociaciones que inician la prevención contra la forma de vida que se
ha instaurado en ese municipio desde los seis años y una juventud que
ha encontrado una ciudad en la que puede campar a sus anchas y en la
que no tiene freno. Veinticuatro kilómetros de costa no tienen más
que una pareja de vigilancia. Además, de todos es conocido lo que
suponen las costas gaditanas y el comercio del hachís procedente de
Marruecos.
El pueblo ha reaccionado con una plataforma. Los grupos rurales que
el Gobierno ha puesto en marcha después de originarse esta situación
no son suficientes; amortiguan, pero no van a la raíz; pretenden
impedir los efectos, pero no las causas. Las promesas del Gobierno no
llegan. La petición de los fiscales de legalización del hachís, en
éste último fin de semana, es una denuncia clarísima de la carencia
de medios. Lo que era un problema de alternativas económicas se ha
convertido, por la inoperancia y por la falta de respuesta, en un
problema de seguridad ciudadana. El Gobierno del Partido Popular aquí
y allí, en el ayuntamiento, porque también gobierna el Partido
Popular, tiene la responsabilidad del deterioro de estos últimos
años. Es también, por lo tanto, responsable de las soluciones.
Nosotros creemos que no puede retrasarse más la solución de esta
situación. Se necesita una actuación de urgencia que opere no
solamente para incrementar las fuerzas de seguridad, que no pueden
ser provisionales, sino que tienen que ser permanentes, sino que
tiene que ir más a la raíz de los acontecimientos.
Por lo tanto, creemos que esta situación solamente tiene solución si
se ponen los medios, y los medios no pueden ser provisionales, sino
que tienen que ser permanentes. Por eso, los grupos rurales no son,
desde nuestro punto de vista, en absoluto suficientes para
restablecer el clima de convivencia ciudadana que la ciudad necesita,
como tampoco lo son las medidas ofrecidas hasta este momento. Esta
ciudad necesita, como toda la costa gaditana, un mayor refuerzo de
todas las unidades de investigación, unas actuaciones mayores
de la Fiscalía y de la Policía judicial, unas actuaciones mayores del
Servicio ejecutivo de prevención de blanqueo de capitales, un mayor
refuerzo del Servicio de Vigilancia Aduanera, una mayor vigilancia en
las costas y una mayor operatividad del programa del Servicio
Integral de Vigilancia del Estrecho. Pero, desgraciadamente, en los
presupuestos del Estado todos estos capítulos se han visto mermados.
Por lo tanto, nuestro grupo desconfía de que estas actuaciones puedan
llevarse a cabo. En la memoria de los presupuestos del Estado -página
129- figuran 1.000 recursos menos en investigación de los que había
previstos para el año 2000. Para los grupos operativos fiscales de la
Guardia Civil se ha pasado de 1.700 a 750. Las embarcaciones de la
Guardia Civil siguen siendo las mismas para el presupuesto de 2001.
Los medios humanos para la vigilancia de costas han pasado de 4.100,
en el año 2000, a 600 para el 2001, y así todo. Con esta carencia de
medios, reflejada en los presupuestos del Estado, creemos que no se
va a poder llevar a cabo lo que esta población está demandando.
Estas son las razones por las cuales nuestro grupo cree que el
incremento provisional que ha habido no es suficiente y que tiene que
ser permanente. Además, tienen que incrementarse sustancialmente
todos los medios previstos en nuestra legislación, dotándolos
presupuestariamente. Tiene que haber una actuación contundente que
restablezca la convivencia ciudadana y el desarrollo futuro de esta
zona. Se da la paradoja de que cuando tenemos un comisario como el
señor Espigares, elevado a presidente de la Interpol, existen jóvenes
de menos de 25 años, como el conocido Antón, paseándose con un león
de la mano por las calles de Barbate. No parece muy lógico que todas
estas bandas de narcotraficantes, de chavales de menos de 25 años, no
tengan el freno de una sociedad que tiene en la seguridad la garantía
de la libertad y de la convivencia.
El señor PRESIDENTE: ¿Grupos que quieren hacer uso de la palabra?
(Pausa.)
Por el Grupo Popular, tiene la palabra el señor Romero
El señor ROMERO GIRÓN: Intervengo en nombre del Grupo Parlamentario
Popular para fijar la posición de nuestro grupo con respecto a esta
proposición no de ley.
En efecto, la situación de Barbate, localidad costera de la provincia
de Cádiz, con unos 22.000 habitantes, es en la actualidad complicada.
Pero entendemos que es necesario reconocer que esta situación le
viene dada porque la ciudad tiene una serie de problemas
estructurales, lo que ha provocado una decadencia continua, que ha
generado muchas complicaciones. Los problemas no aparecen de la noche
a la mañana, sino por una serie de hechos que provocan la realidad
por la que hoy atraviesa Barbate. No es, por tanto, como se expresa
en
la exposición de motivos de esta proposición no de ley, la
paralización de la flota pesquera desde noviembre de 1999 y las
servidumbres de su territorio para las necesidades de defensa las que
obstaculizan su desarrollo; son problemas estructurales que viene
padeciendo la ciudad desde hace muchos años -se lo recuerdo a la
proponente-, gobernada precisamente por personas de su grupo político
hasta el año 1999. Son problemas relativos a educación, porque la
Junta de Andalucía se ha olvidado de este pueblo, que tiene carencias
importantes en infraestructura educativa; son problemas urbanísticos,
con un plan general de ordenación urbana que no ha respondido a las
necesidades económicas de la ciudad; es el problema de la pesca, que
en la actualidad es el principal sustento económico de Barbate,
convirtiéndose en freno del desarrollo económico y social de la
ciudad, porque es verdad que estamos pendientes del acuerdo pesquero
entre la Unión Europea y Marruecos y la flota está paralizada, pero
también es verdad que los sucesivos convenios que se han venido
firmando han ido disminuyendo desde el año 1983 las posibilidades de
captura, lo que sin duda ha provocado un deterioro de la economía
local; es el problema de la droga, quizás el más grave que existe en
la actualidad, ya que los jóvenes, a raíz de la falta de perspectivas
laborales y económicas, se han metido en ese negro mundo del
narcotráfico a pequeña y gran escala.
Todos estos problemas han generado en la ciudad un clima de malestar
que, al final, provoca problemas de seguridad, a los que
indudablemente hay que responder, y ya le puedo asegurar que se están
tomando medidas para ello.
Pero también es necesario tener un poco de memoria histórica y
recordar que durante los gobiernos socialistas la plantilla de la
Guardia Civil disminuyó y que desde el año 1996 hasta la fecha la
dotación ha aumentado de 30 guardias civiles a 49 en la actualidad.
También es necesario recordar que en el año 1983 fue desmantelada la
comisaría de Policía que existía en la localidad y que contaba con
siete inspectores y 33 policías nacionales, sin ninguna
contrapartida. En la actualidad se están adoptando medidas que sin
duda van a paliar en parte los problemas que se vienen padeciendo.
El Gobierno está haciendo un gran esfuerzo para dotar de medios
humanos y materiales a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.
En efecto, el Real Decreto 327/2000, de 3 de marzo, prevé para este
año la convocatoria de 1.000 plazas para el Cuerpo Nacional de
Policía en la escala básica y 150 en la escala ejecutiva. El Real
Decreto 201/2000 aprueba la oferta de empleo para la Guardia Civil,
autorizando la convocatoria de 1.262 plazas. Por otra parte, el Real
Decreto 1447/2000 aprueba una oferta extraordinaria de empleo para la
Guardia Civil de otras 1.000 plazas.
En lo que se refiere a la dotación de medios materiales, los
presupuestos para el año 2001 contemplan un
incremento de 47.858 millones, lo que supone un crecimiento del 7,4
por ciento respecto al pasado ejercicio. Pero, además, tengo que
manifestar que en Barbate ya se están tomando medidas urgentes que
van a dar respuesta a los problemas que están planteados. Así, se
está en fase de acuerdo para que el Servicio de Vigilancia Aduanera
se instale en el edificio de la Ayudantía de Marina; el Servicio
Integral de Vigilancia Exterior está en fase de adquisición de
material sofisticado para detectar la entrada de droga. Igualmente,
se está estudiando la posibilidad de cortar el río en determinadas
horas para evitar la entrada de droga por esa vía. Se ha solicitado a
la Junta de Andalucía que la EPA, la empresa pública de puertos de
Andalucía, proceda a cerrar debidamente el perímetro del puerto. Hace
escasos días, como reconoce S.S., se ha desplazado a la localidad una
dotación de 18 miembros del grupo rural de seguridad de la Guardia
Civil.
Estas son medidas concretas que ya se han adoptado y, por tanto, no
podemos compartir el texto de la proposición no de ley. No obstante,
le ofrecemos una transaccional que iría redactada en los siguientes
términos: El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a continuar
desarrollando las actuaciones necesarias para garantizar los debidos
niveles de convivencia y seguridad ciudadana en el municipio de
Barbate. Si el grupo proponente acepta esta transaccional, nosotros,
como es lógico, estaríamos dispuestos a votarla favorablemente y si
no es así, nos veríamos obligados a votar en contra.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Socialista, tiene la palabra la
señora Romero.
La señora ROMERO LÓPEZ: Mi grupo no puede aceptar esta transaccional
porque no se trata de continuar; se trata de empezar. El
Ayuntamiento, gobernado por el Partido Popular, urge al ministro
Mayor Oreja a que adopte medidas. Cuando los fiscales de Cádiz están
pidiendo la legalización de esa droga es porque se sienten con
absoluta carencia de medios. La plantilla de la Guardia Civil es
absolutamente insuficiente, aunque hayan venido los grupos rurales,
que, como digo, atienden solamente a los efectos de retirada de
carnet y sobre algunos abusos claros que se habían cometido. Pero el
problema es más de raíz y no basta sólo con cerrar un río, porque hay
muchos más en la provincia de Cádiz; el problema es poner los medios,
no solamente humanos, porque no puede haber únicamente una pareja de
vigilancia en las costas de Barbate, tiene que haber también una
mayor eficacia en la investigación y tiene que afrontarse de raíz lo
que está pasando en esa población. Por tanto, desde nuestro punto de
vista, no se trata de continuar desarrollando las medidas, porque
hasta ahora la población no las ha visto; si las hubiera visto no se
habría creado una plataforma. Existe una plataforma que se reúne
todos los viernes a
principios de mes. Cuando quieran los diputados del Partido Popular
pueden ir allí y verán cómo la población está urgiendo a que esa
demanda, que es un clamor, sea una realidad. No podemos de ninguna
manera aceptar esa enmienda, porque sería contradecir lo que
expresamente la plataforma de todos los ciudadanos de Barbate me ha
pedido, y es que hoy aquí denuncie la situación. (El señor Romero
Girón pide la palabra.)
El señor PRESIDENTE: Señor Romero.
El señor ROMERO GIRÓN: Le pediría la palabra por un minuto.
El señor PRESIDENTE: La tiene su señoría.
El señor ROMERO GIRÓN: Siento de verdad que el grupo proponente no
haya aceptado esta enmienda transaccional, porque propone lo que está
pidiendo el pueblo de Barbate. No es que vayamos por ahí, es que el
Grupo Popular está allí todos los días, puesto que gobierna en el
municipio de Barbate, y conocemos perfectamente la situación, señora
Romero. Usted también, y parece ser que desde una visión partidista
no le conviene que esta proposición no de ley, con una enmienda
transaccional que expresa todo lo que desea el pueblo de Barbate,
salga adelante. Al parecer, a usted lo que le conviene es: mientras
peor, mejor.
El otro día, en la intervención que tuvo S.S. ante los manifestantes
convocados por la plataforma en Barbate, hubo -y se lo digo
cariñosamente y en términos taurinos- división de opiniones. Lo que
el pueblo de Barbate está pidiendo es que se actúe, está pidiendo que
hoy salga de aquí un compromiso por parte de todos los grupos
políticos, un consenso, y S.S. no quiere que sea así; no el grupo
proponente, parece ser que S.S. es la única que no quiere que esto
salga adelante, y realmente nosotros lo lamentamos.
El señor PRESIDENTE: Señora Romero.
La señora ROMERO LÓPEZ: Señor presidente, no tiene más remedio que
darme la palabra porque se ha reabierto el debate. Si le ha concedido
la palabra a él no tiene más remedio que dármela a mí.
El señor PRESIDENTE: Consuma un turno y ya cerramos el debate.
La señora ROMERO LÓPEZ: El pueblo de Barbate es consciente de que
esas medidas se tienen que poner en marcha. No podemos aceptar una
enmienda que hable de continuar, porque el pueblo de Barbate todavía
no ha visto las medidas; si no ha visto las medidas, ¿cómo es posible
que aceptemos una enmienda que diga continuar, cuando todavía no han
empezado? Es el propio ayuntamiento del Partido Popular el que lo
está demandando, y el Gobierno es el responsable de
poner esos medios, porque esta responsabilidad es exclusivamente del
Gobierno. Luego lo que es increíble es que el señor diputado del
Partido Popular descalifique a la oposición cuando está exigiendo
responsabilidades. Es increíble que el diputado del Partido Popular
diga que a la oposición lo que le conviene es que cuanto peor vayan
las cosas, mejor. Nos hubiera sido muy fácil decir que, como la
responsabilidad es del Gobierno, la oposición no tiene nada que hacer
en este tema. ¡Allá el Gobierno! Pero nuestra responsabilidad es
pedir que haya fuerzas de seguridad que restablezcan ese clima de
convivencia ciudadana, si no lo hacemos así sería un gran error por
nuestra parte. Si el diputado del Partido Popular cree que esta
petición es partidista, pongo por testigo a toda la población de
Barbate. (El señor Mayoral Cortés pide la palabra.)
El señor PRESIDENTE: Señor Mayoral.
El señor MAYORAL CORTÉS: Como portavoz del grupo quisiera hacer una
precisión en relación a la intervención del diputado del Partido
Popular, y es que me ha parecido una licencia más que retórica
considerar que la actuación de doña Carmen Romero, diputada del Grupo
Socialista, es a título particular; es una actuación que mi grupo
apoya, sustenta e impulsa y, por tanto, quisiera que quedara
suficientemente claro que la actuación de doña Carmen Romero tiene
toda la confianza y toda la cobertura del Grupo Socialista. (El señor
Gil Lázaro pide la palabra.)
El señor PRESIDENTE: Señor Gil Lázaro.
El señor GIL LÁZARO: En los mismos términos que el señor Mayoral,
quiero señalar que la actuación y los pronunciamientos de don Aurelio
Romero cuentan, como es natural, con todo el respaldo del Grupo
Parlamentario Popular. Y, como él ha dicho, quiero lamentar que hoy
no podamos atender, por la posición denegatoria del Grupo
Parlamentario Socialista, lo que hubiera sido, sin lugar a dudas, un
instrumento político y de cohesión muy importante para el municipio
de Barbate, esto es, que esta Cámara, por unanimidad, por consenso,
se pronunciara sobre la necesidad de continuar desarrollando esas
actuaciones. Estoy absolutamente seguro de que se vienen aplicando
medidas desde hace al menos 18 años. ¿O es que algún grupo
parlamentario entiende que en el período de los últimos 14, 15 ó 16
años no se ha tomado ninguna medida en el municipio de Barbate? Estoy
seguro de que sí, estoy seguro de que anteriores gobiernos tuvieron
también una preocupación, la misma preocupación que tiene este
Gobierno.
La oferta transaccional presentada por nuestro grupo pretendía
simplemente dar sustento a ese consenso, que es el mejor instrumento
que en este momento se le puede ofrecer a la población de Barbate, y
poner las cosas en sus justos términos, porque decir que no se está
haciendo nada, esto es, que Barbate es una especie
de ciudad sin ley, nos parece cuanto menos un exceso o una licencia
excesiva. Hay un compromiso de actuación, se está actuando y lo mejor
que hoy podríamos hacer todos es ofrecerle a esa población de Barbate
el compromiso de consenso, de seguir haciendo todos juntos los
esfuerzos pertinentes, sabiendo, como es natural, y lo dice este
grupo parlamentario, que la responsabilidad principal es de quienes
gobiernan, esto es, de la Junta de Andalucía en determinadas medidas
que afectan a disposiciones de carácter social y económico adecuadas
para solventar esos problemas estructurales que tiene el municipio, y
del Gobierno de la nación, como es natural, en lo que afecta a las
materias estrictas de seguridad.
Quisiera hacer una última invocación a la consideración de todos, y
especialmente del grupo proponente, para que pudiéramos ofrecerle al
municipio de Barbate hoy esa expresión de consenso y de compromiso de
todos. (El señor Mayoral Cortés pide la palabra.)
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Mayoral y cerramos el
debate.
El señor MAYORAL CORTÉS: La intervención que ha hecho el señor Gil
Lázaro iba mucho más allá de las explicaciones que he tratado de
hacer en relación con la intervención del diputado del Grupo Popular
por Cádiz.
Esta mañana, señor Gil Lázaro, hemos encontrado algunos consensos y
ojalá encontremos muchos en el futuro, pero el consenso siempre tiene
unas condiciones previas que lo hacen posible: cuando las posiciones
están cerca, cuando las preocupaciones son compartidas y cuando las
soluciones son compartidas. Posiblemente compartimos ambos la
preocupación acerca de la situación que se vive en Barbate, pero no
compartimos las soluciones. Creo que se ha hecho bien evidente en la
intervención del diputado por la provincia de Cádiz y en la
intervención de doña Carmen Romero que no hay aproximación en lo que
se refiere a las soluciones que, desde nuestro punto de vista, se
deben aplicar en relación a la situación que padece Barbate.
No hay coincidencias porque nos parecen realmente insuficientes
-decimos honestamente que nos parecen insuficientes, señor Gil
Lázaro-, a pesar de que el Gobierno se ha movido, pero se ha movido
poco. Por eso mantenemos la proposición no de ley que ha defendido mi
grupo en los términos en los que creo que satisface más profundamente
las aspiraciones de la población de Barbate. Es evidente que desde el
Gobierno siempre se tiende a considerar que las medidas tomadas son
eficacísimas y definitivas. Creo que el sentir popular en Barbate hoy
día, como ha dicho doña Carmen Romero, es que son radicalmente
insuficientes y que la culpa -esta cuestión de la culpa es un
concepto metafísico, señor Gil Lázaro...
El señor PRESIDENTE: Señor Mayoral, le ruego concluya.
El señor MAYORAL CORTÉS: Creo que aquí no hemos venido a juzgar las
actuaciones que a cada administración pública corresponden en
términos generales. No hemos venido aquí a juzgar la actuación de la
Junta de Andalucía; hemos venido a juzgar una actuación del Gobierno,
y es desde esa perspectiva de la actuación del Gobierno desde la que
nos parece insuficiente, como a la mayor parte de la población de
Barbate.
- SOBRE CESIÓN AL MUNICIPIO DE A CORUÑA DEL EDIFICIO Y LOS TERRENOS
DE LA PRISIÓN PROVINCIAL Y CONSTRUCCIÓN EN DICHA CIUDAD DE UN CENTRO
PENITENCIARIO ADECUADO DE RÉGIMEN ABIERTO. PRESENTADA POR EL GRUPO
PARLAMENTARIO MIXTO. (Número de expediente 161/000085)
El señor PRESIDENTE: Pasamos al último punto del orden del día, que
es el que figuraba con el número 6, y que se refiere a la cesión al
municipio de A Coruña del edificio y los terrenos de la prisión
provincial y construcción en dicha ciudad de un centro penitenciario
adecuado de régimen abierto, presentado por el Grupo Mixto, Bloque
Nacionalista Galego. Para defender esta proposición no de ley le doy
la palabra al señor Aymerich.
El señor AYMERICH CANO: Esta es la segunda iniciativa que en esta
legislatura presenta el Bloque Nacionalista Galego respecto de la
prisión provincial de A Coruña. Una prisión que en la actualidad,
según dice el Gobierno en respuesta dada a una pregunta también por
mí formulada, es un centro penitenciario clausurado, si bien se sigue
utilizando provisionalmente como centro de inserción social. Yo me
preguntaría, haciendo un pequeño inciso, cómo un centro clausurado se
puede seguir utilizando provisionalmente y, sobre todo, cuánto tiempo
va a durar esa situación de utilización provisional. Y digo cuánto
tiempo va a durar, porque en los presupuestos para este año no parece
que el Grupo Popular esté demasiado flexible a la hora de admitir
enmiendas de los demás grupos. Hay una enmienda del Bloque
Nacionalista Galego precisamente dirigida a que se doten los créditos
necesarios para construir un nuevo centro penitenciario en A Coruña
para el cumplimiento de estos arrestos de fin de semana y de estas
penas en régimen abierto. Estos presupuestos nos auguran, como
mínimo, dos o tres años más de utilización provisional de un centro
penitenciario en el que seguramente, como está clausurado, no se
invierte ni siquiera una peseta. No sé si diputados pertenecientes
a esta Comisión han tenido ocasión de ver cómo está el centro por
dentro, pero no responde no digo ya a las reglas mínimas de las
Naciones Unidas
relativas al cumplimiento de penas privativas de libertad, sino a lo
previsto en la Ley Orgánica General Penitenciaria. La higiene general
del centro es claramente deficiente: colchones sin funda, con
manchones, etcétera, y si lo que se pretende es la reinserción
social, me parece que lo que se consigue es todo lo contrario. Este
es, por tanto, uno de los objetivos de esta proposición no de ley,
que se clausure, pero que se clausure de verdad, el centro
penitenciario de A Coruña, que no se use provisionalmente, porque no
cumple los mínimos de dignidad exigidos para las personas que allí
tienen que cumplir penas privativas de libertad, que se adopten otras
soluciones y se inicie inmediatamente la construcción de un nuevo
centro adecuado a esos fines.
La proposición no de ley tiene otra finalidad, que es la cesión en
unos términos justos -y diré cuáles son para el Bloque Nacionalista
Galego- del edificio de esta prisión provincial de A Coruña al
ayuntamiento de esa ciudad; cesión que ha sido solicitada por el
Ayuntamiento de A Coruña y que la legislación vigente permite que sea
gratuita. La Ley de Patrimonio del Estado, en su artículo 77 -y así
se hace constar además en la proposición no de ley-, prevé la cesión
gratuita entre administraciones públicas cuando la instalación de
infraestructura cedida se destina a fines de utilidad pública e
interés social. Las alternativas que se barajan para este edificio de
la prisión provincial de A Coruña, van desde un nuevo museo, como
defiende el gobierno municipal, a un centro cultural, como defienden
vecinos de la zona; son, en cualquier caso y sin entrar en ese debate
porque es ajeno a esta Comisión, fines indudablemente de interés
público o utilidad social.
Parece ser que el Grupo Socialista va a votar a favor de esta
proposición no de ley y yo no puedo más que congratularme de ese voto
favorable, porque en cierto modo confirma lo que este diputado
sostuvo en su momento frente a ciertas interpretaciones -seguramente
por falta de información- de compañeros del Partido Socialista.
Entendían que, habiendo una negociaciones en marcha entre el
Ayuntamiento de A Coruña e Instituciones Penitenciarias, estaba de
más una iniciativa parlamentaria como la que hoy estamos discutiendo
aquí. Nosotros pensamos que no es que esté de más, sino que coadyuva
al éxito de esas negociaciones que en esta Cámara, en el Congreso,
con transparencia, se dé cuenta del estado en que se encuentran esas
negociaciones y en qué términos plantea la Administración del Estado
realizar la cesión de ese edificio. Nos parece que la ciudad de A
Coruña no tiene por qué pagar dos veces la cárcel provincial. En los
años veinte, la ciudad de A Coruña cedió gratuitamente los terrenos a
la Administración del Estado y, por tanto, parecería ahora, sobre
todo atendiendo a esa previsión legal, como digo, al artículo 77 del
texto refundido de la Ley de Patrimonio del Estado, a todas luces
inconsecuente, sería contrario al principio de buena administración,
que el Ayuntamiento de A Coruña
tuviese que compensar a Instituciones Penitenciarias con algo que no
fuesen terrenos para la construcción de ese nuevo centro
penitenciario para cumplimiento de arrestos de fin de semana y
cumplimiento de penas en régimen abierto.
Me congratulo del apoyo del Grupo Socialista y espero, porque creo
que éste es el camino, que este acuerdo sea el anticipo de otros más
ambiciosos, no sólo en esta Cámara, sino en Galicia, que permitan una
alternativa de gobierno distinta a la que está gobernando el país.
El señor PRESIDENTE: ¿Grupos que desean hacer uso de la palabra?
(Pausa.)
Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra la señora
Marón.
La señora MARÓN BELTRÁN: Sean mis primeras palabras para decirle al
diputado que acaba de hablar que no tiene nada que ver el apoyo
puntual a una iniciativa con otros apoyos en otras instituciones y en
otras iniciativas que puedan plantearse en esta Cámara. Eso como
punto y aparte de lo que va a ser mi intervención.
Es cierto que desde la entrada en funcionamiento del nuevo centro
penitenciario de detención de Teixeiro, en Curtis, la antigua prisión
de A Coruña ha quedado sin contenido, a excepción del espacio que se
dedica a reclusos de régimen abierto.
Hacer un poco de historia no vendrá mal. En el año 1924, y después de
acuerdo plenario votado por unanimidad, el ayuntamiento adquirió
diversas fincas a distintos propietarios con la finalidad de cederlos
al Estado para la construcción de una nueva prisión. Adquiridas las
parcelas, se hace una agrupación de las mismas en una sola parcela de
una hectárea setenta y cinco áreas que se inscribe en el registro de
la propiedad y se valora en 19.730,85 pesetas, un dato curioso para
el año que vivimos. El 12 de enero de 1925 se formalizó la escritura
ante notario, libre de cargas y sin condición ni limitación alguna.
Dicho esto, que forma parte de la escritura notarial que obra en los
archivos municipales, comparto, en líneas generales, la iniciativa
presentada fundamentalmente en la parte dispositiva, porque desde
luego es obvio que el primer punto sería muy deseable: la cesión
gratuita al ayuntamiento del edificio y terrenos de la antigua
prisión. El segundo punto también sería muy necesario: la
construcción en la ciudad de un centro de inserción social para
reclusos en régimen abierto. Así lo venimos reclamando.
En esa línea, el Grupo Socialista votará afirmativamente esta
iniciativa, porque es la línea que hemos mantenido la pasada
legislatura con la presentación de diversas iniciativas con esta
finalidad. Yo tengo aquí una respuesta del Gobierno a una pregunta
mía donde reconoce la existencia de negociaciones entre el
Ayuntamiento de A Coruña y la Dirección General de Instituciones
Penitenciarias y el intercambio de valoraciones
entre ambas instituciones con el fin de la recuperación de este
patrimonio. En estos momentos, las negociaciones continúan por parte
del ayuntamiento, incluso con ofrecimiento de terrenos para la
construcción del nuevo centro de inserción social para régimen
abierto, desde luego desvinculado del lugar que ocupa actualmente la
vieja prisión. Desde la clausura de la misma y el fin del uso, es una
constante reivindicación del ayuntamiento muchas veces -quiero
decirlo- más ceñida a negociaciones institucionales -porque así lo
entendemos- que a reivindicaciones parlamentarias, y cuando las
negociaciones institucionales, que llevan su camino, van
adecuadamente, a veces puede ser una injerencia la presentación de
algún caso que pueda entorpecer esa relación.
Dado el tiempo transcurrido sin que se cierren las negociaciones, es
deseable la agilización de las mismas por parte del Ministerio para
dar a ese edificio y esos terrenos un uso que sea deseable por la
mayoría de los ciudadanos. Mi propuesta al grupo que sustenta al
Gobierno sería que hiciera una enmienda transaccional que pudiéramos
aceptar, que recogiera el sentimiento del grupo proponente, del Grupo
Socialista -que en este momento es consciente de las negociaciones
existentes- y del propio Gobierno. Eso sería deseable.
Para terminar, señor Aymerich, lo que ya no comparto, y lo avala la
evidencia, es la alegación que hace en su exposición de motivos sobre
falta de equipamiento comunitario. Se lo digo con la más cordial
cortesía parlamentaria, porque creo que, dada la superficie que tiene
el barrio de Monte Alto y la población que tiene, es el lugar que más
equipamiento cultural y social tiene por metro cuadrado. Basta con
decirle que hay un centro cívico y social con biblioteca pública,
comedor social, aulas de actividades, equipos interdisciplinares,
centro de día de niños discapacitados psíquicos, un moderno centro de
tercera edad, cuatro emblemáticos museos, como pueden ser la Domus,
el Acuario, Bellas Artes y el Arqueológico, equipamientos deportivos,
etcétera. No quiero ser exhaustiva en este tema, pero lamento que en
su exposición de motivos haga esa alusión. Ello no quiere decir que
la ciudad no tenga que recuperar ese espacio, ese edificio, esos
terrenos y que se les dé el uso social y cultural que reivindica el
Ayuntamiento de la ciudad, para que beneficie a todos los ciudadanos
y ciudadanas coruñeses.
Reitero el voto afirmativo a esta iniciativa y la urgencia de que por
el Gobierno, por el Ministerio de Justicia, se adopten las medidas
necesarias para cerrar esa negociación.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Popular, el señor Pérez Corgos.
El señor PÉREZ CORGOS: Señorías, planteamos aquí una cuestión que
deriva de la inauguración y laapertura, en la pasada legislatura, de
un nuevo centro
penitenciario en la provincia de A Coruña, la prisión de Teixeiro,
que, como se dice en la exposición de motivos de la proposición no de
ley que hoy debatimos, hace que pierda su utilización tradicional la
prisión de la ciudad de A Coruña.
Se nos insta a que exista una cesión gratuita de este edificio hacia
el Ayuntamiento y saben SS.SS. que el centro penitenciario de A
Coruña está incluido en la relación de centros a amortizar dentro del
Plan de amortización y creación de centros penitenciarios. Y de
acuerdo con ese plan, lo saben también SS.SS., sobre todo los
portavoces que han intervenido, no puede existir una cesión gratuita
del edificio de la vieja cárcel de A Coruña al municipio de A Coruña.
Sin perjuicio de esto, y tal y como ha dicho la señora Marón, es
cierto que se están llevando a cabo negociaciones entre el
Ayuntamiento y el Ministerio de Justicia, negociaciones en las que no
hay inconveniente alguno para que pueda llegarse a un acuerdo para
transmitirle en su momento la propiedad de este inmueble al
Ayuntamiento a cambio de una compensación económica, sea en dinero o
en otros inmuebles de similar valor. Insisto en que no hay
inconveniente alguno.
En cuanto a esa enmienda transaccional que se nos propone, de
contrario, que formulemos, creo que carece de sentido. No podemos
instar al Gobierno a que agilice, porque el Gobierno se toma las
cosas con la máxima diligencia. De la misma manera, somos conscientes
de que el Ayuntamiento de A Coruña también se toma las cosas con la
máxima diligencia, por lo que tampoco vamos a instar al Ayuntamiento
de ACoruña a que agilice ningún trámite, porque todos los están
agilizando, seguro que sí.
Por lo que se refiere al segundo punto, a la creación de un centro
adecuado para el cumplimiento de las penas por los reclusos
clasificados en el tercer grado y los condenados a arresto de fin de
semana, debo señalar que ya se han adoptado las previsiones oportunas
y que existe un acuerdo del Consejo de Ministros del año 1998 por el
que se revisa el Plan de amortización y creación de centros
penitenciarios y que prevé la creación de ese centro de inserción
social en A Coruña.
Por tanto, señorías, el Grupo Parlamentario Popular no puede votar a
favor de la proposición que hoy se nos plantea. No vamos a presentar
una enmienda transaccional por las razones que he dejado expuestas y
vamos a votar, en consecuencia, en contra de la proposición no de
ley.
El señor PRESIDENTE: Señor Aymerich.
El señor AYMERICH CANO: Muy brevemente para señalar a Carmen Marón,
compañera de circunscripción y amiga, que cuando se habla de déficit
de infraestructuras y de dotación comunitaria es porque nunca estamos
satisfechos con lo que hay. Lógicamente todo depende del parámetro
que se adopte, pero tenemos
también el derecho de reclamar más, y vuelvo a congratularme del
apoyo del Grupo Socialista a esta iniciativa.
También al compañero de circunscripción y amigo, señor Pérez Corgos,
quiero señalarle que dice que el Gobierno ya ha realizado las
previsiones oportunas para crear un nuevo centro de inserción social
en A Coruña y también dice que esto se remonta a un acuerdo del
Consejo de Ministros de 1998, pero usted sabe que todos estos
acuerdos si no cuentan con el respaldo económico...,
El señor PRESIDENTE: Señor Aymerich, con la mayor brevedad, porque no
hay un segundo turno en este trámite.
El señor AYMERICH CANO: ...con dotación presupuestaria y cobertura
presupuestaria suficiente no sirven absolutamente para nada. En el
proyecto de presupuestos de este año, que seguramente va a quedar
como está por la mayoría que tienen ustedes, no hay ni una sola
peseta destinada a este fin. Por tanto, ¿cuándo se va a realizar este
centro?
Lo que yo le digo es que si algo hay urgente de lo que estamos
discutiendo en esta proposición no de ley es la situación de quienes
tienen que cumplir arrestos de fin de semana, así como sus penas de
privación de libertad, en régimen abierto, en la prisión de A Coruña.
Es decir, hay unas malas condiciones porque tampoco en la prisión de
A Coruña se invierte ni una peseta para tapar goteras y realizar
reparaciones que deberían realizarse, por lo que, desde nuestro punto
de vista, se trata de una situación urgente y que requiere una
respuesta urgente. Desde luego no puedo más que lamentar que el Grupo
Popular no lo vea así.
El señor PRESIDENTE: Señor Pérez Corgos, 10 segundos.
El señor PÉREZ CORGOS: Diez segundos, señor presidente, para replicar
en el sentido de que no me creo que no se invierta una sola peseta en
reparar goteras, eso no es cierto, y para señalar, por otra parte,
que la previsión es del año 1998, que llevamos sólo dos años y que
ésta parece la Cámara de las urgencias para algunos diputados y para
algunos grupos, no para otros.
El señor PRESIDENTE: Damos por concluido el debate de todos los
puntos del orden del día y suspendemos la sesión por unos minutos,
para celebrar la votación a la hora prevista. (Pausa.)
Señorías, vamos a iniciar la votación de los puntos debatidos en esta
sesión.
Votamos, en primer lugar, la proposición del Grupo Parlamentario
Catalán (Convergència i Unió), que figura como número 1 en el orden
del día de la sesión, en los términos resultantes de la enmienda
transaccionalaceptada.
Efectuada la votación, dijo
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada por unanimidad.
Votamos a continuación la proposición no de ley que figura con el
número 2 en el orden del día, en los términos resultantes de la
enmienda del propio Grupo Socialista.
Efectuada la votación, dijo
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada por unanimidad.
Votamos, a continuación, la proposición no de ley que figura con el
número 3 en el orden del día, en los términos resultantes de la
enmienda del Grupo Socialista que, según nos ha manifestado el señor
Centella, ha sido aceptada. (El señor Gil Lázaro pide la palabra.)
Señor Gil Lázaro.
El señor GIL LÁZARO: Efectivamente, en los términos de que el texto
único de la proposición resultante es el que figuraba como enmienda
al punto 3, el que comienza por «valorar». Ese sería el texto único
de la proposición que se somete a votación.
El señor PRESIDENTE: De acuerdo. Procedemos a votar dicha
proposición.
Efectuada la votación, dijo
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada por unanimidad.
Votamos a continuación la proposición no de ley que figura como
número 5 en el orden del día, en los términos resultantes de la
enmienda del Grupo Parlamentario Popular.
Efectuada la votación, dijo
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada por unanimidad.
Votamos a continuación la proposición no de ley que figura con el
número 7 en el orden del día. No existiendo ninguna enmienda a la
misma, la votamos en los términos en que ha sido presentada.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 12;
en contra, 24.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Votamos a continuación la proposición no de ley que figura como
número 8 en el orden del día. No existiendo ninguna enmienda se vota
en los términos propuestos.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 13;
en contra, 23.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Por último votamos la proposición no de ley que figura como número 6
en el orden del día. No existiendo ninguna enmienda se somete a
votación en los términos propuestos.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 13;
en contra, 23.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Muchas gracias, a todos por su trabajo.
Ruego a la Mesa y portavoces que se queden para celebrar la reunión
que teníamos prevista.
Se levanta la sesión.
Era la una y cinco minutos de la tarde.