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DS. Congreso de los Diputados, Comisiones, núm. 59, de 27/09/2000
CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
COMISIONES
Año 2000 VII Legislatura Núm. 59
CIENCIA Y TECNOLOGÍA
PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. XAVIER TRIAS I VIDALDE LLOBATERA
Sesión núm. 3
celebrada el martes, 27 de septiembre de 2000
ORDEN DEL DÍA:
Proposiciones no de Ley:
- Por la que se insta al Gobierno a que adopte las medidas necesarias
para que se universalice el servicio de información y comunicación,
incluido Internet. Presentada por el Grupo Parlamentario Federal de
Izquierda Unida. (Número de expediente 161/000010) . . . (Página 1370)
- Relativa a antenas de la telefonía móvil. Presentada por el Grupo
Parlamentario Mixto. (Número de expediente 161/000116) . . .
(Página 1374)
- Relativa al V Programa marco plurianual en el ámbito de la
investigación y del desarrollo tecnológico para el período 1998-2002.
Presentada por el Grupo Parlamentario Socialista. (Número de
expediente 161/000161) . . . (Página 1377)
- Sobre revocación de los cuatro contratos adjudicados por la
convocatoria del concurso público UMTS, así como realización de una
subasta restringida para adjudicar seis nuevas licencias UMTS.
Presentada por el Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida.
(Número de expediente 161/000202) . . . (Página 1381)
- Por la que se insta al Gobierno a realizar todas las actuaciones
necesarias para impedir el tratamiento masivo de datos de carácter
personal por parte de Telefónica, S.A. y otros operadores. Presentada
por el Grupo Parlamentario Socialista. (Número de expediente 161/
000207) . . . (Página 1385)
- Por la que se solicita la elaboración y presentación de un proyecto
de ley de comercio electrónico. Presentada por el Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso. (Número de expediente 161/000217) . . .
(Página 1388)
Se abre la sesión a las nueve y treinta y cinco minutos de la mañana.
PROPOSICIONES NO DE LEY:
- POR LA QUE SE INSTA AL GOBIERNO A QUE ADOPTE LAS MEDIDAS NECESARIAS
PARA QUE SE UNIVERSALICE EL SERVICIO DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN,
INCLUIDO INTERNET. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO FEDERAL DE
IZQUIERDA UNIDA. (Número de expediente 161/000010.)
El señor PRESIDENTE: Buenos días. Comenzamos el orden del día con la
proposición no de ley por la que se insta al Gobierno a que adopte
las medidas necesarias para que se universalice el servicio de
información y comunicación, incluido Internet.
Por el Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, tiene la
palabra el señor Llamazares.
El señor LLAMAZARES TRIGO: Como ha presentado el señor presidente, la
proposición no de ley pretende la universalización de los servicios
de telecomunicación. En ese sentido, la mayor preocupación de
Izquierda Unida es por las zonas del territorio español que tienen
peores niveles de accesibilidad y por aquellos sectores sociales que
necesitan una discriminación positiva para favorecer su acceso a las
nuevas tecnologías.
Con la entrada en vigor de la Ley 11/1998, de 24 de abril, General de
Telecomunicaciones, se produce la derogación casi total de la Ley de
Ordenación de las Telecomunicaciones. Este cambio debe considerarse
de gran trascendencia, ya que las telecomunicaciones dejan de ser
servicios esenciales y pasan a ser consideradas servicios de interés
general y directa o indirectamente
vinculadas en gran medida a los criterios del mercado. En la
Ley General de Telecomunicaciones, concretamente en su título III, se
enumeran aquellos servicios que están sometidos a obligaciones de
servicio público y se les divide en los grupos siguientes: el
servicio universal de telecomunicaciones, los servicios obligatorios
y otros servicios adicionales.
Con el servicio universal el Gobierno parecía pretender garantizar la
existencia de un conjunto definido de servicios que deberían ser
accesibles a todos los ciudadanos, pero realmente aquello que ofrecía
no era mucho más allá de un servicio telefónico básico que ya
existía. Por si alguna duda queda, fue evidenciado en el Real Decreto
1.636/1998, de 31 de julio, por el que se aprobó el reglamento por el
que se desarrolla el título III de la Ley General de
Telecomunicaciones en lo relativo al servicio universal de
telecomunicaciones, las obligaciones de servicio público y las
obligaciones de carácter público en la prestación de los servicios y
en la explotación de las redes de telecomunicaciones, donde la
calidad queda referenciada por los contratos concesionales
existentes, es decir, una calidad a la baja y unas velocidades de
acceso a la información en línea o a Internet, por ejemplo, que
dificultan sobremanera el posible desarrollo de las tecnologías de la
información y comunicación. Resulta por tanto desmotivador para los
ciudadanos, empresas y profesionales que viven o desarrollan sus
actividades en zonas geográficas no consideradas rentables por los
operadores de telecomunicaciones. Además, el Real Decreto 1.636/1998
no ha comprometido ni para Telefónica ni para los nuevos operadores
obligaciones de servicio público donde se incluya la extensión de
nuevos servicios y nuevas tecnologías a la educación, la sanidad o la
cultura, y para el caso de que la presión política o social le
obligase a incluirlo, lo ha diferido a dos años después de aprobado
el citado reglamento mediante la disposición transitoriaprimera,
punto ocho.
Dado que actualmente es evidente que las telecomunicaciones son un
elemento básico para evitar el crecimiento de los desequilibrios
sociales, económicos e interterritoriales, las regiones, empresas o
ciudadanos que se vean privados de la utilización de las
posibilidades que brindan estas telecomunicaciones no podrán obtener
los beneficios derivados de la situación de crecimiento económico, y
en consecuencia tendrán disminuidas las posibilidades de acceso al
trabajo, a la formación y a la cultura.
Es evidente que todo lo expuesto redunda sin ninguna duda en la
profundización de los actuales desequilibrios sociales y
territoriales. Los miembros de un Gobierno comprometido con el
desarrollo equilibrado de las comunidades autónomas deberían
sonrojarse de que actualmente zonas extensas de nuestra geografía,
como por ejemplo Galicia, León o Asturias, tan sólo dispongan de
sistemas de telefonía ya arcaicos, como la telefonía rural de acceso
celular, TRAC, que no posibilita de ninguna forma el desarrollo de
actividades soportadas por el progreso en el campo tecnológico. La
velocidad de acceso del TRAC a Internet es de 9.800 bits por segundo,
frente a los 28.800 bits por segundo que permite un teléfono fijo y a
los que hoy se plantean, que están en torno a 36.500 bits por
segundo.
Por otra parte, el carácter accesible del servicio universal de
telecomunicaciones para los discapacitados, pensionistas y jubilados,
cuya renta no excede del salario mínimo interprofesional, también ha
sido diferido en dicho decreto hasta que se promulgue la oportuna
orden ministerial. Otro aspecto negativo del reglamento es que
tampoco se facilita a los ciudadanos el ejercicio del derecho a
decidir el uso que hacen los operadores de sus datos personales. Los
operadores, por tanto, se aprovechan de la confusión de los
potenciales clientes.
De lo expuesto, resultan evidentes las dificultades en el compromiso
del Gobierno de mejorar la situación actual, tanto desde el punto de
vista social como territorial, así como el peligro de que la falta de
actuaciones pueda condicionar negativamente el desarrollo equilibrado
de las regiones, de los colectivos de renta baja y de las personas
que sufren discapacidades de cualquier tipo.
El Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida insta al Gobierno a
que adopte las medidas necesarias para lograr que las nuevas
tecnologías de comunicación e información, incluida Internet, puedan
ser accesibles en igualdad de oportunidades y costes a todos los
ciudadanos españoles, independientemente de su residencia.
El señor PRESIDENTE: ¿Algún Grupo quiere intervenir? (Pausa.)
Por el Grupo Socialista, tiene la palabra la señora Palma.
La señora PALMA I MUÑOZ: Señor presidente, intervengo en nombre del
Grupo Socialista para expresar nuestra posición favorable a la
proposición no de ley que presenta el Grupo Federal de Izquierda
Unida y para manifestar, una vez más, puesto que no es la primera vez
que se plantea este tema en la Cámara, la necesidad de dotar de
contenido a este concepto de servicio universal. Se debe continuar
insistiendo en que es necesario considerar el acceso a las nuevas
tecnologías, concretamente el acceso a Internet, como un servicio
universal y hay que concretar de qué forma y de qué manera debe
hacerse.
Es verdad que en estos momentos hay en tramitación en la Cámara una
iniciativa de rango superior a la que presenta hoy el Grupo Federal
de Izquierda Unida, que es la proposición de ley de modificación de
la Ley General de Telecomunicaciones que presentó el Grupo
Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) que en su trámite el
Grupo Socialista anunció que presentaría las enmiendas
correspondientes para mejorarla, dejando claro desde el principio que
nuestra posición era absolutamente favorable. Mientras se tramitan
estas iniciativas legislativas debemos insistir, una vez más, en que
la consideración de servicio universal tiene como objetivo principal
garantizar el acceso de todos los ciudadanos en condiciones de
calidad, con independencia de su ubicación territorial o localización
geográfica y, además, a un precio asequible. Por tanto, el objetivo
final es que, por parte de la Administración, debe existir una
actitud de velar por las garantías del usuario frente a los intereses
evidentemente económicos de las operadoras.
Los datos que arroja el balance del acceso a Internet de los
ciudadanos españoles en relación con los ciudadanos europeos
demuestran de forma contundente que es necesario adoptar medidas
activas para garantizar este acceso. Los datos del año 2000 nos
indican que existe un 7 por ciento de conexiones en España, frente
a un 14 por ciento de conexiones en Europa y frente a un 40 por ciento
de conexiones a Internet en Estados Unidos. Estos datos son mejores
que los de 1999, pero la proporción entre España, Europa y Estados
Unidos se mantiene en el sentido de que continuamos estando a la
mitad del nivel europeo y bastante por debajo de una cuarta parte del
nivel de Estados Unidos.
No es necesario insistir aquí en la importancia de estar o no en
Internet para poder acceder en condiciones de igualdad a las
oportunidades que nos ofrece este modelo de sociedad del conocimiento
y de la información. Esto se podría resumir afirmando que será
necesario estar en Internet casi, casi para estar en el mundo. Es
evidente que hoy mismo no está en las mismas condiciones un
estudiante que tiene conexión a Internet en su propio centro escolar
o en su propio domicilio que el que no la tiene ni tampoco tiene las
mismas oportunidades el pequeño empresario que tiene conexión a
Internet que el que no la tiene. Por tanto, la diferencia
de oportunidades entre unos y otros puede llegar a ser muy importante
en la cuenta de resultados del propio desarrollo individual y
colectivo a nivel social. Pero para hacer efectiva esta
universalización, entendida como desarrollo e implantación de la
sociedad de la información, es necesario dotarnos de instrumentos,
instrumentos que tienen mucho que ver con la competencia, tienen
mucho que ver con la liberalización del mercado, del acceso a las
nuevas tecnologías, tema sobre el que se ha debatido ampliamente
durante las últimas semanas y meses en esta Cámara, y tema en el que
el Gobierno nos ha demostrado que no hace lo que dice y a veces hace
lo que no dice. Ayer mismo asistíamos a un debate en el Pleno del
Congreso en el que una vez más por parte del Grupo Socialista se
ponía en cuestión la transparencia sobre los instrumentos utilizados
por parte del Gobierno en la concesión de las licencias de telefonía
móvil. Por ello, es muy cuestionable que estos procedimientos
utilizados por el Gobierno para otorgar licencias, de los que se
hablará en otros puntos del orden del día de esta Comisión,
favorezcan precisamente la universalización del acceso a Internet, y
es también cuestionable que la política de precios lo favorezcan.
Otros instrumentos importantes serían la educación y la promoción,
sobre los que el Gobierno también ha dicho muchas cosas y ha
practicado muy pocas.
No hace falta tampoco esperar a la normativa europea para profundizar
y extender los servicios que configuran hoy el carácter universal del
acceso a Internet, y debido a que este balance hasta la fecha es
bastante negativo, creemos que cualquier iniciativa que permita
discutir, debatir e insistir en instar al Gobierno a que este
servicio deba tener una consideración especial no es baladí. Por
tanto, vamos a apoyar la iniciativa de Izquierda Unida.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo de Convergència i Unió, señor Jané.
El señor JANÉ I GUASCH: Señorías, ya en la pasada legislatura nuestro
grupo parlamentario presentó en esta Cámara una proposición de ley
con la finalidad de que Internet tuviera la consideración de servicio
universal. La misma decayó con la disolución de las Cámaras, pero
nuestro grupo parlamentario, una vez reanudada la nueva legislatura,
entre sus primeras iniciativas parlamentarias volvió a presentar esa
proposición de ley, proposición de ley que ha sido tomada en
consideración por unanimidad de todos los grupos parlamentarios en el
Pleno de la Cámara, que además se ha visto complementada, señorías,
con una moción que también aprobó el Pleno del Congreso con una
enmienda de nuestro grupo parlamentario, Convergència i Unió, en la
que claramente se apoyaban los objetivos que hoy Izquierda Unida nos
trae a esta Comisión de Ciencia y Tecnología con su proposición no de
ley.
Consideramos innecesario el debate de hoy, en el sentido de que ya
será la tercera vez que esta Cámara tenga ocasión de pronunciarse
sobre un aspecto que nuestro grupo considera que ya ha suscitado la
unanimidad de todos: la necesidad de que se adopten todas las medidas
necesarias, tal y como dice la proposición no de ley, para que se
universalice el servicio de información y comunicación, incluido
Internet, para que, en definitiva, resida donde resida un ciudadano,
le pueda llegar a su domicilio en condiciones de igualdad y a un
precio asequible el servicio de Internet y las nuevas tecnologías. Es
un objetivo en el que todos debemos de coincidir y, repito, este
debate de hoy es reiterativo de otros debates precedentes en esta
misma legislatura. No obstante, nuestro grupo comparte plenamente el
sentido de la proposición no de ley, porque hemos sido los que hemos
impulsado que lo que es un mero mandato al Gobierno se convierta en
una ley. Creemos que es lo que en definitiva debemos aprobar en esta
Cámara: la ley que modifique la Ley General de Telecomunicaciones
y que considere a Internet servicio universal con la finalidad de que
Internet pueda llegar en condiciones de igualdad a todos los lugares.
Vamos a apoyar esta proposición no de ley del grupo proponente,
aunque consideramos que va a ser una reiteración de lo que ya se ha
aprobado en esta misma legislatura en dos ocasiones. Cuando instamos
al Gobierno a realizar estas actuaciones no le estamos instando
a presentar un proyecto de ley, porque en esta Cámara ya existe una
proposición de ley tomada en consideración, cuyo plazo de enmiendas
está abierto. También quiero recordar que la legislación que
considerará a Internet servicio universal en España debe estar
adecuada al marco comunitario europeo. Desde Convergència i Unió
aprovechamos el debate de hoy para instar al Gobierno a que en el
ámbito de la Unión Europea impulse de forma decidida la directiva
comunitaria que debe obligar a todos los Estados a que Internet tenga
la consideración de servicio universal.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la
palabra la señora Mato.
La señora MATO ADROVER: Señor presidente, quiero anunciar que nuestro
grupo parlamentario va a utilizar turnos breves porque tenemos
intención de participar a las doce en el acto de las víctimas del
terrorismo. Intentaremos colaborar en lo posible para que todo el que
quiera asistir pueda hacerlo porque hayamos terminado la Comisión.
En cuanto a la proposición que hoy se nos presenta, como decían los
portavoces de otros grupos parlamentarios, todos estamos de acuerdo
obligatoriamente puesto que lo hemos manifestado en muchas ocasiones
en esta Cámara. Pero me da la impresión que, o no tenemos otra cosa
que hacer o nos dedicamos a reiterar lo mismo, porque parece que lo
que aprueba este Parlamento
no se toma suficientemente en consideración puesto que tenemos que
reiterarlo una y otra vez.
En mayo todos los grupos parlamentarios aprobamos por unanimidad una
proposición no de ley presentada por el Grupo Parlamentario
Socialista para que Internet fuera considerado servicio universal,
proposición no de ley que, como digo, incorporó enmiendas del Grupo
Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), del Grupo de Izquierda
Unida y del Grupo Popular. No siendo suficiente con esta proposición
no de ley, en el mes de junio se aprobó una proposición de ley, que
fue tomada en consideración también por todos los grupos
parlamentarios, para considerar a Internet servicio universal. Y no
sólo eso, en ese debate ya dijimos al Gobierno del Partido Popular,
que siempre ha apostado porque Internet fuera un servicio universal y
porque las nuevas tecnologías lleguen lo más rápidamente a toda la
población, que tomara en consideración esa proposición de ley, y hoy
está en tramitación. Por tanto, está bien como declaración de
intenciones, pero no está bien volver a votar una cosa que ya se ha
votado reiteradamente, porque, al final, parece que no estamos dando
la seriedad suficiente a las decisiones que toma esta Cámara.
Nuestro grupo no va a apoyar esta proposición en esta ocasión, no
porque no estemos de acuerdo con el contenido, que lo estamos y lo
hemos reiterado en una proposición no de ley y en una proposición de
ley que ya está en este Parlamento, sino porque creemos que no es
necesario instar al Gobierno, una y otra vez, a que haga una cosa que
ya está haciendo. Y digo esto, porque también hemos tenido ocasión de
escuchar en esta Cámara y de escuchar al Gobierno en el Consejo de
Ministros de la Unión Europea del 2 de mayo, en que se presentó por
parte de España una propuesta formal para que Internet fuera
considerado servicio universal. Y digo esto porque la finalidad del
servicio universal, como saben SS.SS., es garantizar la existencia de
un conjunto de servicios, con una calidad determinada, que tienen que
ser accesibles a un precio asequible a todos los ciudadanos. Ese
concepto de servicio universal está equiparado en todos los países.
Por tanto, ahora que se están modificando las directivas europeas,
España propuso formalmente que se ampliara el concepto de servicio
universal para que se incorporara dentro de ese concepto la
utilización de Internet por parte de los ciudadanos, cosa que fue
aprobada por todos los países miembros. Eso significa que ahora, en
la modificación de las directivas, se incorporará el concepto de
servicio universal ampliado a Internet. Por tanto, incorporaremos
a España a esas directivas y será obligado por ley que Internet sea
servicio universal. Es una justificación más para decir que no tiene
mucho sentido que volvamos a insistir en instar al Gobierno a que
haga lo que ya ha hecho, porque es tanto como decirle: oiga usted, ya
sabemos que lo ha hecho, pero no importa, le volvemos a decir que lo
haga; ya no lo puede usted hacer
más porque ya lo ha hecho, pero en todo caso insistimos en que hay
que hacerlo.
Estábamos hablando en el día de ayer -también la portavoz del Partido
Socialista lo ha recordado- de las licencias que se han concedido de
la nueva tecnología UMTS. Es verdad que el Grupo Socialista siempre
se queda con lo que le interesa, que al final es que se ha hecho por
concurso en vez de por subasta. Pues a mi me parece bien, pero lo
importante de la tecnología UMTS, y es con lo que yo me quedo, sobre
todo cuando estamos hablando de servicio universal y estamos hablando
de Internet, y con lo que nuestro grupo se queda y con lo que los
ciudadanos también se quedan es con que la tecnología UMTS va a
permitir que, en muy breve plazo de tiempo, Internet sea
universalizado a toda España, puesto que simplemente con un terminal
móvil, al que tienen acceso muchísimos ciudadanos en todos los
lugares de España, van a poder utilizar Internet. De todas maneras,
usted sabe, y con toda seguridad lo vamos a contemplar en el proyecto
de ley de presupuestos, que a través del proyecto INFO XXI el
Gobierno de España está intentando que la sociedad de la información
avance lo más rápidamente posible. Por eso también se hizo el
concurso, de manera que nosotros fuéramos pioneros y pudiéramos estar
por delante de otros países en unas tecnologías, en una nueva
sociedad, la sociedad de la información, en la que hoy
desgraciadamente todavía estamos rezagados, rezagados por motivos que
todo el mundo conoce. Hemos entrado en la liberalización de las
telecomunicaciones con unos cuantos años de retraso. Es verdad que se
ha avanzado muy deprisa, lo suficiente como para que en algunos
aspectos estemos en vanguardia, pero no obstante nos queda un camino
muy importante por recorrer y, por tanto, todo lo que sea incentivar
a que Internet se use lo antes posible es bueno. Por eso, el Gobierno
ha hecho el decreto-ley que aprobamos en el mes de julio en este
Parlamento, que también fue votado por todos los grupos, de medidas
urgentes en materia de telecomunicaciones, en el que se apostó por
que hubiera tarifas planas para familias. Creemos que es importante
-y también lo han dicho otros grupos parlamentarios- no solamente que
las grandes empresas estén conectadas con esa sociedad nueva en la
que estamos, sino que las familias, que tienen más dificultades,
puedan incorporarse, lo más rápidamente posible a esas nuevas
tecnologías. También se apostó por que las pequeñas y medianas
empresas pudieran incorporarse a esas tecnologías y por que las
empresas pudieran comprar ordenadores sin que eso supusiera un
salario en especie para los trabajadores. Por tanto, la apuesta es
importante y continuará en estos presupuestos que tendremos la
oportunidad de debatir, con más desgravaciones fiscales, con más
posibilidades para que todos los ciudadanos accedan a la sociedad de
la información y, como digo, por la apuesta por nuevas tecnologías,
tecnologías en las que somos pioneros, tecnologías en vanguardia, que
permitirán que todos los ciudadanos, con
independencia del lugar donde vivan, con independencia de su
posición, puedan acceder a Internet a través de múltiples fórmulas,
no solamente un ordenador en casa, sino un teléfono móvil pequeño en
un bolsillo, y eso sí, a un precio siempre asequible. Eso al final es
lo que se llama servicio universal y, como ustedes pueden comprobar
por lo que he dicho ahora, por lo que ya conocen y por lo que está
haciendo el Gobierno, nosotros desde luego estamos apostando por eso
y lo hemos propuesto en la Unión Europea. Lo incorporaremos en cuanto
se apruebe en la Unión Europea, porque como ustedes saben es un
concepto que se reparte entre todos los países y, por tanto, tenemos
que esperar a la directiva, y hay una proposición de ley del Grupo de
Convergència i Unió aprobada por todos los grupos.
Por tanto, señorías, estando absolutamente de acuerdo con el
concepto, habiéndolo reiterado en múltiples ocasiones y siendo el
grupo parlamentario que más está apoyando, sin llenarse la boca por
ello, que Internet sea accesible a todos los ciudadanos, en esta
ocasión no vamos a votar, por reiterativo y porque creemos que es una
falta de respeto al Parlamento, esta proposición no de ley que
presenta el Grupo de Izquierda Unida .
El señor PRESIDENTE: Trataremos de agilizar lo máximo posible el
debate para intentar que la gente pueda asistir al acto.
Intentaríamos que las votaciones fueran a las doce menos cuarto, pero
dependerá sobre todo de ustedes, porque lo que es evidente es que
vamos a hacer la sesión con plena autonomía de todo el mundo.
- RELATIVA A ANTENAS DE LA TELEFONÍA MÓVIL. PRESENTADA POR EL GRUPO
PARLAMENTARIO MIXTO. (Número de expediente 161/000116.)
El señor PRESIDENTE: El segundo punto del orden del día es el debate
de la proposición no de ley relativa a antenas de telefonía móvil.
Tiene la palabra el señor Vázquez, del Grupo Parlamentario Mixto.
El señor VÁZQUEZ VÁZQUEZ: Señor presidente, la proposición no de ley
que presenta el Bloque Nacionalista Galego trata de que el Gobierno
dé respuesta a una demanda que creemos bastante generalizada en la
sociedad y que se refiere a que se imponga una normativa básica y
mínima que acabe con la proliferación y descontrol absoluto en la
instalación de las torretas de telefonía móvil por parte de las
empresas. Desde cualquier punto de vista no parece razonable que el
territorio aparezca invadido por multitud de torretas de este estilo
en todos los medios, urbano y rural.
Este modo de actuar de las empresas dio lugar, y lo sigue dando, a
protestas de los ciudadanos, que asisten impotentes a la instalación
de estos artefactos en las cercanías de sus viviendas, que alteran el
paisaje sin la menor consideración y de los que no se conoce con
exactitud los riesgos que para la salud puedan conllevar, riesgos
que, aunque no estén plenamente comprobados, nadie descarta. Este
tipo de riesgos, por cierto, constituye una preocupación de diversos
gobiernos europeos y de instituciones. El Gobierno británico, por
ejemplo, encargó recientemente a un grupo independiente de expertos
un informe sobre los riesgos que para la salud puedan tener los
teléfonos móviles y las torretas a las que nos referimos. Tal informe
recomienda, entre otras muchas cosas, alejar estas instalaciones de
las escuelas; por algo será. También recomienda actuar siguiendo el
principio de la prevención, principio que se contempla en nuestra
Constitución y que, en todo caso, es de sentido común aplicar cuando,
aun no demostrado, pueda existir riesgo para la salud de las
personas. Además, ya he dicho antes que no parece razonable que la
ausencia de una normativa clara y básica permita a las empresas
actuar a sus anchas, en base al criterio exclusivo de la rentabilidad
económica o del interés de la propia empresa.
Sobre esta cuestión, de la que llevamos algún tiempo preocupándonos,
en respuesta parlamentaria a este diputado en octubre de 1999, el
Gobierno se refirió a una legislación en vigor sobre este tema, una
legislación que, curiosamente, no regula las condiciones de la
instalación, la distancia en núcleos habitados ni la aplicación de
medidas de otro tipo. En esa misma respuesta, el Gobierno reconoce
que la Administración está capacitada para exigir que se compartan
infraestructuras por razones de interés público, de política de
seguridad o de medio ambiente. Pero el Gobierno no utiliza esa
capacidad de que reconoce disponer y delega en otras administraciones
la responsabilidad de poner límites a las posibles anomalías en el
despliegue de esas infraestructuras. Esto, desde nuestro punto de
vista, resulta curioso; el Gobierno, que tan celoso está de sus
competencias en todos los campos, en éste parece renunciar a ellas.
Esa delegación de competencias, en la práctica, quizá por la
dificultad objetiva que tienen muchos ayuntamientos, que aun teniendo
voluntad de limitar esta disparatada actuación no cuentan con los
medios adecuados para hacerla frente, lleva a que el territorio esté
invadido por este tipo de artefactos. Mientras esto sucede, los
ciudadanos permanecen indefensos. Estamos ante una inexplicable falta
de voluntad política del Gobierno de poner coto a esta situación
y estamos también ante los resultados prácticos de estas políticas
neoliberales, que llevan a situaciones de este tenor que entendemos
se deben corregir.
No sé si los ejemplos que voy a poner son afortunados pero, a estas
alturas, a nadie se le ocurriría pensar que todas las empresas de
televisión tendiesen su propia red o que las compañías eléctricas o
las de telefonía fija hiciesen lo mismo, todo ello para poder
competir entre sí. Sin embargo, parece que, bajo las nuevas
directrices, estamos en el dejar hacer. Hace un momento comentaba con
un compañero -quizá esto no venga
ahora a cuento con lo que estamos tratando, pero tiene relación- que
esto sucede con este tema y desgraciadamente está sucediendo con otro
tipo de instalaciones. Por ejemplo, se abren calles de las ciudades y
pueblos para instalar distintas redes de diferentes empresas que
están ocasionando múltiples incomodidades a los ciudadanos
y dificultades en la planificación de los municipios, y todo a mayor
gloria y loa de la rentabilidad. En definitiva, los ciudadanos se
están quejando. Yo insisto en que existen diversas instituciones con
peso y criterio, entre ellas el Defensor del Pueblo, que expresan su
preocupación. En concreto, el Defensor del Pueblo lo lleva haciendo
desde años y en algún escrito, del que tengo conocimiento, solicita
que se adopten medidas del tenor de las que se presentan en esta
proposición no de ley. Por lo tanto, nosotros creemos que el Gobierno
-por más que las administraciones autonómicas y los ayuntamientos
tengan bastante que decir y haya que exigirles que se muevan y se
preocupen por este tema- no puede quedarse al margen lavándose las
manos.
La proposición no de ley que presentamos pretende que con una norma
legal básica y mínima se dé respuesta rápida y eficaz a una cuestión
que la merece. Planteamos en esta proposición no de ley cuestiones
que son perfectamente factibles, que para nada afectarían al
desarrollo de estas tecnologías ni a la obtención de beneficios por
las empresas.
En la letra a) de la proposición no de ley proponemos que el Gobierno
declare obligatorias estas infraestructuras alejadas de los núcleos
de población como algo elemental para evitar esos hipotéticos riesgos
para la salud. En la letra b) proponemos que se haga obligatorio por
ley el uso compartido por las distintas empresas de una red básica.
Creemos que esto es algo perfectamente viable, posible y, quiero
insistir, técnicamente posible. Así lo aseveran muchos expertos
cualificados en este tema. Y digo esto porque a veces se argumentará
que esto no es técnicamente posible. Si no se adoptan medidas rápidas
y eficaces, por propia lógica las empresas seguirán por la senda del
menor coste posible, buscarán instalar las torretas en lugares de
fácil acceso, de manera que los costes de construcción y
mantenimiento sean los más bajos posibles. Vuelvo a insistir en que
otras administraciones pueden y deben actuar, pero el Gobierno
también. Todos podemos llegar a la conclusión de que el desarrollo
tecnológico y las comunicaciones no pueden dar lugar a que por falta
de actuación del Gobierno impere la ley de la selva. Y esto es lo que
está imperando. El desarrollo y el beneficio empresarial no pueden
pasar por encima de los ciudadanos y de la lógica.
El señor PRESIDENTE: Para defender las dos enmiendas presentadas por
el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el señor Díaz
Díaz.
El señor DÍAZ DÍAZ: Señor presidente, señores diputados, coincidimos
fundamentalmente con la exposición hecha por el portavoz del grupo
proponente. Nosotros también somos testigos de que en los últimos
años estamos asistiendo a una proliferación incontrolada de las
instalaciones de servicios de telecomunicaciones, en especial de las
antenas de telefonía móvil. Existen diferentes estudios científicos
que nos informan sobre posibles efectos nocivos para la salud de
estas antenas. Este hecho, unido a la creciente sensibilidad
ciudadana ante temas medioambientales, está creando protestas
ciudadanas por la proliferación de estas antenas. En este contexto el
Gobierno hasta ahora no hace nada, como si el problema no fuera con
él. La realidad es que estas antenas se están multiplicando, sin que
exista ordenación general alguna; cada compañía instala su antena
allí donde lo ve más fácil, sin atenerse a otro criterio que el de
situarse lo mejor posible con los menores problemas. Ante este vacío
legal las administraciones locales comienzan a ordenar la ubicación
de estas antenas dentro de los núcleos urbanos, pero ello no
soluciona el problema. Es necesaria una normativa que minimice la
proliferación de antenas ya que no tiene sentido que cada empresa de
telefonía móvil disponga de su propia antena porque ello va en
perjuicio de la estética del paisaje y puede que también de la salud
de los ciudadanos. Es necesario, en consecuencia, compatibilizar
adecuadamente la necesaria funcionalidad de los equipos de
telecomunicación con los niveles de calidad requeridos y las
exigencias de preservación del paisaje urbano y natural, minimizando
la ocupación y el impacto que su implantación pueda producir.
Hoy en día hay una antena por cada compañía y nosotros pensamos que
no deben existir dificultades técnicas para que una misma antena dé
cobertura a varias compañías. Recordemos la polémica de la
unificación de los descodificadores que tanto preocupaba al Grupo
Parlamentario Popular. Pues bien, en estos momentos se impone la
unificación de las antenas, y eso exige una regulación por parte del
Estado. Por ello, en nuestras enmiendas, respetamos la propuesta del
grupo proponente de que una única antena dé servicio universal
(pensemos que hoy tenemos cuatro empresas de telefonía móvil y que
dentro de dos años podremos tener ocho o diez), ya que no tiene
sentido seguir multiplicando antenas, de ahí que apostemos por una
única antena de servicio universal. Pensamos también que el Gobierno
debe regular la distancia mínima entre la antena y los núcleos
habitados; por el contrario, deben ser los ayuntamientos, dentro de
sus competencias de ordenación urbana, los que deben fijar la mejor
ubicación para minorar el impacto estético paisajístico dentro de la
ordenación urbana.
En consecuencia, nuestra propuesta es la siguiente. En primer lugar,
que a la letra b), que habla de una antena universal, pase a la letra
a), en segundo lugar, que
pase a competencia del Estado la distancia mínima que debe existir
entre la antena de telefonía móvil y los núcleos habitados; y en
tercer lugar, que se delegase en las comunidades autónomas la gestión
de la ubicación final de estas antenas. Pensamos que no es un tema
menor y que debe ser regulado, y nos extraña mucho que la eficacia
que se apunta la señora portavoz para su Gobierno, en estos momentos,
aún no haya dado frutos.
El señor PRESIDENTE: ¿Algún grupo parlamentario quiere intervenir?
Tiene la palabra el señor Llamazares.
El señor LLAMAZARES TRIGO: Espero no recibir una nueva reprimenda por
parte del Grupo Parlamentario Popular porque ya llevamos varias.
Mi grupo parlamentario está totalmente de acuerdo con la propuesta y,
si se acepta, con la enmienda del Grupo Parlamentario Socialista.
Compartimos que existe una preocupación por parte de los ciudadanos
en relación no solamente con la estética sino también con el medio
ambiente y la salud humana, que está provocando reacciones por parte
de las asociaciones de vecinos y de organizaciones ciudadanas de
rechazo a estas antenas, en algunos casos situadas en el mismo centro
de las ciudades, en los edificios más altos. Esto tiene que regularse
de alguna forma. Es posible compatibilizar la competencia en este
sector con el carácter regulador o, pido perdón por la palabra, con
la planificación por parte del Estado y de las distintas
administraciones. En ese sentido, consideramos que las medidas que se
proponen son adecuadas.
Es verdad que otras administraciones están tomando ya sus propias
medidas (administración local, administraciones autonómicas), pero
hay también una responsabilidad compartida por parte de la
Administración central; que tiene que haber unas iniciativas de
regulación o de planificación que eviten la proliferación de este
tipo de antenas y que además regulen el lugar en que se ubican para
que tengan el menor impacto visual, medioambiental y, por supuesto,
con todas las precauciones, el menor impacto y la menor consecuencia
en la salud humana,que es una cuestión que está en estos momentos en
estudio pero, en todo caso, más vale prevenir que curar.
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra la señora Ana Mato.
La señora MATO ADROVER: Señor Llamazares, sepa usted que en ningún
momento he tratado de dar una reprimenda, no me atrevería, pero, en
todo caso, sepa que si hubiera sido una reprimenda hubiera sido
cariñosa.
Pero en cuanto al tema que hoy nos ocupa de la proposición que
presenta el Grupo Mixto de las antenas de televisión, es verdad que
es una inquietud de todos, todos compartimos que hay que tener mucho
cuidado
con la salud de las personas. Todos compartimos esa inquietud que en
estos momentos no tiene ninguna causa, porque no se conoce ningún
efecto y no se está demostrando, ni siquiera están analizándose, pero
parece que no hay ningún efecto para la salud. En todo caso, ese es
un tema del que nuestro grupo está haciendo un seguimiento muy
exhaustivo, hablando también con organizaciones de consumidores, con
organizaciones técnicas que conocen este tema, con organizaciones
ecologistas para ver el impacto que producen no solamente en las
personas sino en el medio ambiente. Estamos haciendo un seguimiento
muy expreso porque, como bien decían los otros portavoces de los
grupos, es primordial y así tiene que ser para todos.
En cuanto al impacto medioambiental también es muy importante. El
impacto medioambiental, como ustedes saben, es una competencia que
está transferida a las comunidades autónomas y también a los
ayuntamientos. Por tanto, el Gobierno no es que renuncie a ninguna de
sus competencias, en este caso el Gobierno es respetuoso con el
ámbito competencial de las distintas comunidades autónomas y de los
distintos ayuntamientos. Por tanto, el Gobierno tampoco puede entrar
a decir a las comunidades autónomas y a los ayuntamientos, en uso de
sus propias competencias, lo que tienen que hacer para cuidar o para
mejorar el impacto medioambiental o el impacto paisajístico, como
decía, que puedan tener las distintas antenas.
Me quedo prácticamente sin argumentos porque iba a decirles en cuanto
al primer punto acerca de la obligatoriedad de instalar las
infraestructuras fuera de los núcleos de población que, al parecer y
según los informes técnicos que nosotros conocemos y de los que
disponemos (porque por lo menos esta portavoz no está capacitada
técnicamente para decir si es posible o no es posible, si es factible
la instalación dentro o fuera de los núcleos urbanos), instalar las
radiobases de telefonía móvil fuera de los núcleos de población
técnicamente no resulta factible, por cuanto, según dicen los
técnicos, debido a las características de propagación de las bandas
de frecuencia que se utilizan, la capacidad de absorción de tráfico
que tienen esas radiobases y la cobertura en las grandes ciudades al
final comprende de 500 a 1.000 metros. Por tanto, su instalación
fuera de los núcleos urbanos supondría dejar sin cobertura la zona
urbana más céntrica. Ya me ha advertido algún portavoz que los
informes técnicos dicen eso pero que no es así. Ahí no puedo decir
mucho más. Los informes técnicos de los que disponemos dicen eso y,
por tanto, mientras no tengamos otros suficientemente acreditados que
digan lo contrario, nuestro grupo parlamentario, como digo, y esta
portavoz en concreto se tienen que fiar de esos informes técnicos,
que no son uno ni dos, si no unos cuantos, que dicen que las
radiobases de telefonía móvil técnicamente no resulta factible
instalarlas fuera de los núcleos de población, porque,
si no, dejaríamos sin cobertura la zona urbana más céntrica.
En cuanto a la ubicación física de las antenas para la prestación del
servicio de telefonía móvil, ustedes saben que cuando debatimos aquí
la legislatura pasada el proyecto de ley de edificabilidad ya
partimos, y todos los grupos lo compartimos, de que había que hacer
unas infraestructuras, de que las infraestructuras de los edificios
ya tenían que comprender lo que son las nuevas tecnologías, de manera
que cuanto menos antenas pusiéramos en los edificios, una en cada
sitio y una en cada ventana, sería mejor. Ya se hizo una normativa al
efecto. Esto lo aclaro para significar que el Gobierno nunca ha hecho
dejación de sus competencias. Ahora bien, es verdad que como decía al
principio, las administraciones territoriales (la central, la
autonómica y la local) en el ámbito de sus competencias tienen
potestades para imponer ciertas condiciones en la implantación de
infraestructuras de telefonía móvil, y nosotros, por supuesto,
tenemos que ser respetuosos con esas competencias. En todo caso,
sepan que a pesar de las dificultades técnicas, a pesar de los
problemas competenciales o de las posibles competencias concurrentes
entre las distintas administraciones, nuestro grupo parlamentario
seguirá haciendo un seguimiento exhaustivo de esta cuestión, sobre
todo por el primer tema que ustedes planteaban, por el impacto que
pueda tener en la salud de las personas y también por el impacto
medioambiental que pueda causar a todos los ciudadanos.
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Vázquez.
El señor VÁZQUEZ VÁZQUEZ: Intervengo a efectos de explicar brevemente
que vamos a aceptar la enmienda que nos presenta el Grupo Socialista
porque la letra a) se refiere simplemente al cambio de ubicación de
uno de los puntos de nuestra proposición de ley. En cuanto a la
enmienda a la letra b), hacemos una contrapropuesta que supongo que
aceptará el enmendante, y es que sea de adición y no de sustitución;
siendo de adición y no de sustitución también la aceptamos porque
mantiene lo que nosotros proponemos y, en todo caso, lo que matiza es
que el Gobierno sea el que fije las distancias a las que deben
instalarse las antenas fuera de los núcleos de población y añade que
sea competencia municipal la determinación de la ubicación en función
del impacto paisajístico y la ordenación urbana. Como no contradice
para nada nuestra proposición inicial, la vamos a aceptar.
El señor PRESIDENTE: Señor Díaz Díaz, ¿acepta que sea una enmienda de
adición?
El señor DÍAZ DÍAZ: Sin problemas, señor presidente.
- RELATIVA AL V PROGRAMA MARCO PLURIANUAL EN EL ÁMBITO DE
LA INVESTIGACIÓN Y DEL DESARROLLO TECNOLÓGICO PARA EL PERÍODO 1998-
2002. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA. (Número de
expediente 161/000161.)
El señor PRESIDENTE: Pasamos al tercer punto del orden del día,
proposición no de ley relativa al V Programa marco plurianual en el
ámbito de la investigación y el desarrollo tecnológico para el
periodo 1998-2002.
Tiene la palabra, por el Grupo Parlamentario Socialista, la señora
Riera.
La señora RIERA MADURELL: Señor presidente, señorías, el Grupo
Socialista presentó esta proposición no de ley relativa al V Programa
marco de la Unión Europea para su debate en esta Comisión tan pronto
como tuvimos conocimiento de los resultados de la primera
convocatoria de proyectos de dicho programa, ya que, como
desgraciadamente era previsible, al analizar dichos resultados
podemos comprobar que no habían sido, en absoluto, favorables a los
intereses de nuestros investigadores e investigadoras y, en
consecuencia, no lo habían sido para el conjunto del sistema ciencia-
tecnología español.
Decía que estos resultados, eran previsibles, señorías, porque desde
antes de la aprobación definitiva del V Programa marco, a finales de
1998, éramos conscientes, y así lo habíamos denunciado, de que las
principales líneas de actuación definidas en el V programa marco no
se adaptaban para nada a las necesidades y a las posibilidades de
participación en dicho programa, de nuestros investigadores tanto de
las universidades como de los organismos públicos de investigación,
ni tampoco se adaptaban a las necesidades y posibilidades de
participación de nuestras empresas.
Estaba claro, señorías, desde el primer momento que las líneas de
actuación incluidas en el V Programa marco favorecían claramente a
los países tecnológicamente más avanzados y a las grandes empresas
innovadoras que no son precisamente las más frecuentes en el tejido
industrial español. Quiero recordar, señorías, que este hecho había
sido denunciado en repetidas ocasiones por el Grupo Socialista en la
anterior legislatura, antes incluso de que el V Programa marco fuera
definitivamente aprobado, como he dicho, a finales de 1998, puesto
que era de todos conocido que durante la gestación del programa el
Gobierno español no había defendido adecuadamente los intereses de
España. El tiempo transcurrido desde entonces, señorías, no ha hecho
más que darnos la razón, porque desgraciadamente en los resultados de
la primera convocatoria los malos presagios no sólo se cumplieron
sino que fueron peores de lo que se podía prever. Señorías, si los
resultados han mejorado algo ahora, tras la segunda convocatoria,
debo decir claramente que ha sido gracias al esfuerzo
de nuestros investigadores e investigadoras y al apoyo de las
instituciones europeas no porque nuestros investigadores hayan
recibido, tras los malos resultados de la primera convocatoria,
ningún tipo de apoyo institucional adicional por parte del Gobierno
español. Nuestros investigadores, señorías, además de realizar su
trabajo científico habitual, han tenido que hacer un esfuerzo
adicional de organización y de redacción para intentar recuperar las
posiciones que habían alcanzado en anteriores ediciones del programa
marco y que ahora estaban perdiendo.
Afortunadamente debo decir que en las instituciones europeas, viendo
que se estaban obteniendo resultado por debajo de los mínimos
aceptables, se tomó conciencia del problema y se apoyaron algunas
medidas para paliar una situación absolutamente incomprensible,
conociendo el buen trabajo de nuestros investigadores y los buenos
resultados obtenidos en anteriores ediciones del programa marco. Si
la situación ha mejorado algo, señorías, ha sido por el esfuerzo de
nuestros investigadores y por el apoyo de las instituciones europeas.
La falta de apoyo del Gobierno español a las iniciativas de nuestros
investigadores y de nuestras empresas ha sido y es realmente
preocupante.
También debo decir que el desmantelamiento que por parte del Gobierno
español se está haciendo de la estructura de nuestro sistema de
ciencia y tecnología, una estructura que sin duda era mejorable pero
que estaba funcionando, sin organizar una estructura alternativa, en
absoluto contribuye a mejorar la situación de nuestros investigadores
y, en consecuencia, en absoluto contribuye a la buena marcha de la
ciencia y la tecnología en nuestro país ni a mejorar la posición de
nuestra ciencia en Europa. Por tanto, señorías, la oportunidad de
esta proposición no de ley es clara, puesto que de no reconducirse
esta situación los resultados para nuestra ciencia y tecnología
pueden llegar a ser realmente catastróficos.
Señorías, en la exposición de motivos de la proposición no de ley,
además de hacer referencia a la no adaptación de los programas y de
las líneas de investigación a la situación española, se habla también
de la dispersión y de la confusión existente en los mecanismos de
promoción, de la participación de los investigadores y de las
empresas en el V Programa marco y también menciona la escasa
operatividad de la Oficina Española de Ciencia y Tecnología en
Europa, aspectos todos ellos que deberían arreglarse si de verdad se
quiere mejorar la situación de nuestro sistema de ciencia y
tecnología. En este sentido, señorías, van cada uno de los puntos que
proponemos en nuestra proposición no de ley. En primer lugar, es
fundamental que los grupos de investigación continúen participando,
incluso incrementando su participación en los programas europeos.
Esto es necesario no únicamente para aumentar los retornos económicos
y recuperar el equilibrio perdido entre
retornos y aportación española -en este sentido, quiero decir que a
23 de junio del año 2000 este desequilibrio era de un punto
desfavorable para España y esto, señorías, es mucho dinero-, sino
también para mantener la competitividad de nuestros investigadores en
el contexto europeo. La universidad y los organismos de investigación
precisan de mayores y mejores mecanismos de incentivación para la
participación; de ahí, señorías, el punto primero de la proposición
no de ley que estamos debatiendo.
Tampoco hay duda de la importancia de que nuestras empresas
participen en el programa marco, pero nuestras pyme, nuestras
pequeñas y medianas empresas, encuentran, como SS.SS. saben, serias
dificultades en articular esta participación. Hacen falta mecanismos
que ayuden a estas empresas que frecuentemente encuentran
dificultades irresolubles para acceder a dichos programas; de ahí el
punto 2 de nuestra proposición no de ley. Y todo ello, sucede,
señorías, a pesar de la proliferación de unidades, entidades e
instituciones dedicadas a promover dicha participación, tanto en la
Administración del Estado, como en las administraciones autonómicas,
incluso en las locales.
Esto señala claramente la necesidad urgente, tal como apuntamos en el
punto 3 de esta proposición no de ley, de racionalizar y unificar las
unidades y los mecanismos que existen en la actualidad para promover
dicha participación.
La Oficina Española de Ciencia y Tecnología en Bruselas es una
excelente iniciativa, pero ha perdido eficacia al no haberse creado
una estructura para su funcionamiento que fuera adecuada a las
necesidades de nuestro país. De los funcionarios que allí están
trabajando nos consta su competencia, sabemos que están realizando
una excelente labor, pero se encuentran desbordados por el volumen de
trabajo y por no disponer de los medios adecuados que les permitan
ejercer eficazmente las funciones asignadas. Por ello, señorías, en
el punto 4 pedimos que se potencie la Oficina Española en Bruselas y
se la dote de personal y de medios adecuados para que puedan ejercer
con eficacia sus funciones.
Por todo lo que les acabo de argumentar, señorías, que nos parece
absolutamente razonable para mejorar la posición de nuestros
científicos y de nuestra ciencia en Europa, es por lo que les pido el
voto favorable a esta proposición no de ley.
El señor PRESIDENTE: ¿Algún grupo quiere intervenir? (Pausa.)
Tiene la palabra el señor Silva.
El señor SILVA SÁNCHEZ: Intervengo brevemente, señor presidente, en
aras de lo que ha sido solicitado por el Grupo Parlamentario Popular
y expuesto por el presidente.
Esta proposición no de ley es un calco un tanto adaptado de una
proposición no de ley que ya se presentó al final de la legislatura
pasada por el Grupo Parlamentario Socialista. Si bien en alguno de
sus puntos pudiera ser votado favorablemente por el Grupo
Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), lo que es cierto es que,
atendiendo a la exposición de motivos, que poco ha sido modificada de
la proposición no de ley de mayo de 1999 a la que ha sido presentada
en mayo de este año, lo que se produce no sé si para descalificar la
política científica del Gobierno con la descalificación del V
Programa Marco o, al revés, la descalificación del Gobierno para
descalificar al V Programa Marco, mi grupo parlamentario entiende -y
así se puso de manifiesto el 22 de mayo de 1998, cuando compareció
también ante la Comisión Mixta de Investigación Científica
y Desarrollo Tecnológico el director general de la Dirección General
XII- que uno de los aspectos positivos del V Programa marco es la
atención que presta a la pequeña y mediana empresa -recordemos que la
tercera acción, que además tiene la consideración de horizontal, va
dirigida precisamente a las pymes, a las pequeñas y medianas
empresas-. No puedo compartir la denuncia que efectúa el Grupo
Parlamentario Socialista del olvido y la pérdida de posiciones en
dicho V Programa marco respecto, por ejemplo, a las ciencias marinas
o a la ciencia y tecnología en el área de la alimentación. Si
atendemos al V Programa marco en la primera acción, tenemos claros
objetivos dirigidos a la industria agroalimentaria, a la agricultura
y a la pesca. Eso sería en lo relativo al primer tema de la primera
acción, calidad de vida y gestión de recursos vivos, pero también en
los temas tercero y cuarto de esa primera acción se salvaguardan
perfectamente los intereses que ostentamos en materias que se
mencionaban anteriormente, bien de acuicultura o de actuación
respecto a ecosistemas marinos sostenibles, energía, medio ambiente y
desarrollo sostenible, aplicado todo ello precisamente a las
tecnologías del mar.
Por lo tanto, reitero que algunos de los planteamientos que se
efectúan en la proposición no de ley son encomiables, pues
ciertamente hay que favorecer la comunicación de las pymes y el
acceso a la pequeña y mediana empresa a este tipo de actuaciones; sin
embargo, no podemos compartir la denuncia global que se efectúa del V
Programa marco.
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Llamazares.
El señor LLAMAZARES TRIGO: Intervengo para anunciar el voto favorable
de mi grupo parlamentario a la iniciativa del Grupo Parlamentario
Socialista. Nosotros pensamos que la iniciativa no es anacrónica,
sino oportuna, toda vez que el problema al que se refiere el Programa
marco sigue adoleciendo de las deficiencias que denuncia el Grupo
Parlamentario Socialista, pero
sobre todo también porque desde hace un año para acá, en nuestra
opinión, se han venido produciendo retrocesos en relación con la
política científica por el Gobierno español. Nosotros pensamos que
hoy el Plan nacional de investigación ya no es orientador de la
política científica de integración del Gobierno español, cada vez
menos. Parece que se ha olvidado del objetivo y las medidas
contempladas en el Plan nacional de investigación científica, que
cada vez tiene menor carácter orientador de las políticas de
investigación y de innovación tecnológica que se realizan en nuestro
país. Por otra parte, en nuestra opinión se está dando una situación
que podemos calificar de caótica muy alejada de la integración
administrativa de las políticas científicas. Hay una gran
incertidumbre tanto en el aspecto administrativo del propio
Ministerio como en las relaciones con otros ministerios que tienen
responsabilidades de investigación. Por último, mucho nos tememos
-miraremos el proyecto de ley de presupuestos con detenimiento- que
ese incremento tan importante que anuncia el Gobierno en materia de
investigación vaya destinado donde ha ido siempre, fundamentalmente a
investigación militar, y nos encontremos con que la investigación en
España mantiene su porcentaje exiguo del 0,85 por ciento del PIB, que
va a seguir siendo una deficiencia.
Este conjunto de deficiencias y de retrocesos hace que esta
iniciativa sea especialmente oportuna; lo era hace un año y lo es más
hoy en nuestra opinión.
Nada más.
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra la señora Blanca Fernández.
La señora FERNÁNDEZ DE CAPEL BAÑOS: Señorías, la proposición no de
ley que nos ocupa, por sorprendente, no deja de hacer notar que aún
desde el seno de esta Comisión no se entienden los conceptos, los
instrumentos, los objetivos y las principales líneas de orientación
que han dado lugar al V Programa marco de 1998-2002. No quiero ver en
ella un intento de descalificación del Gobierno, sino más bien una
errática concepción de lo que en este momento está siendo la ciencia
y la tecnología en toda Europa. Para mantener una lógica expositiva
empezaré argumentando sobre el apartado llamado motivación que se
plantea con unos déficit de conocimiento del V Programa marco que
invalidan toda la línea argumental posterior de dicha motivación. En
pura lógica, esta argumentación errónea de la premisa mayor nos lleva
ante un planteamiento inexacto de la argumentación que se hace por no
entrar en otra fase de consideraciones que, desde luego, provocan que
la propuesta esté falta de rigor y tenga observaciones, cuando menos,
gratuitas.
En primer lugar se dice que la posición española no defendió
adecuadamente los intereses de España. Nunca en las negociaciones de
un programa marco ni
en su proceso de aprobación ha destacado tanto un gobierno de España;
pero no miremos atrás, vamos a mirar en este momento lo que el
Gobierno hizo. En primer lugar esas motivaciones están muy alejadas
de la realidad porque la postura española fue, como se ha reconocido
internacionalmente, particularmente activa durante todo el proceso de
negociación y se concretó no en cuestiones argumentales
deshilvanadas, sino en una serie de puntos y de actuaciones concretas
que fueron pactadas y consensuadas con todos los organismos de la
Administración general del Estado relacionados con la materia y, por
tanto, con los organismos públicos de investigación y con toda la
estructura investigadora de España. Se realizaron por primera vez en
nuestro país una serie de ejercicios sistemáticos de consulta con los
principales agentes del sistema de ciencia, tecnología y empresa,
cosa que no se había hecho nunca. Todo eso fue plasmado en un
documento que recogió la posición española para tratar el V Programa
marco. Sistemáticamente se hicieron los comités de gestión de los
programas Crest del Parlamento Europeo y del Consejo, y se llevaron
allí las posturas que habían sido estudiadas por todos los elementos
que forman nuestro sistema de ciencia y tecnología. Se organizaron
una serie de reuniones previas al V Programa marco con diversos
países para coordinar las posturas, con una serie de acuerdos
preliminares, lo que favoreció no solamente la imagen activa de la
posición española, sino que fue un modelo sobre cómo debe gestionarse
un programa marco muy alejado de la pasividad que se quiere decir en
esta exposición de motivos. Por otro lado, la defensa de la discusión
presupuestaria, en la que España sí que planteó un bloqueo para
vincular de forma inteligente el V Programa marco a la discusión del
presupuesto comunitario, ha servido de ejemplo, porque no vale hacer
una discusión programática sin tener detrás una racionalidad
presupuestaria.
La modificación de la definición del concepto de acción clave ha sido
fundamental, puesto que en España se incluyó la posibilidad de formar
proyectos de reducido tamaño y no sólo de gran tamaño, como proponía
la Comisión Europea, en beneficio de los grandes grupos industriales
europeos y muy alejada de la estructura industrial española, que está
formada mayoritariamente por pymes. Así, España se alineó con otra
serie de países y la delegación española consiguió que al menos el 10
por ciento de los presupuestos de los programas se destinara a
financiar la participación de las pymes, concretamente en el programa
de tecnología de la sociedad de la información. De esta manera,
España obtuvo hasta más de 4.300 millones de pesetas, en su mayoría
para pyme en esta acción concreta. Luego se incluyeron una serie de
acciones clave que no se habían contemplado no solamente en esta
propuesta inicial del V Programa marco sino en programas anteriores,
acciones clave sobre patrimonio cultural, recursos marinos -hay que
dejarlo claro-, calidad de vida,
nutrición, empresas agroalimentarias, como aquí se ha dicho. A
iniciativa de la delegación española se incluyó también un amplio
sector empresarial que había quedado siempre fuera, que es el
turismo, que es una de las principales estrategias económicas de
nuestro país, y los proyectos de aplicación y demostración de esas
tecnologías del turismo. En crecimiento competitivo y sostenible se
incorporaron también una serie de líneas, por ejemplo, en materias
tradicionales españolas como son los sectores, como el calzado o la
industria textil española, que nunca se había contemplado, así como
la construcción, la seguridad en carreteras, etcétera.
Por lo tanto, señorías, la argumentación carece de base cuando dicen,
ustedes antes de saber que se estaba gestionando, como era
previsible, que esto iba muy mal. Yo me imagino que ustedes tendrán
sus informadores, serán serios, no pienso que puedan ser informadores
adivinos que puedan adivinar a priori que las cosas van a ir muy mal
sin saber siquiera cómo se está haciendo la gestión. En la motivación
también se dice que había habido una gestión deficiente. Como han
reconocido todos los europeos, la postura de España ha sido la más
combativa en lo que supone simplificar la gestión de este V Programa
marco; a modo de ejemplo se ha defendido en todos los foros la
adopción de una tarifa común para los socios del proyecto, con la
consiguiente reducción de la tramitación administrativa en beneficio
de todos pero también de la propia Comisión para hacer más fácil las
actividades. Concretamente, en el V Programa marco se consiguió que
se aceptase como gastos generales de la entidad una cantidad fija
equivalente al 80 por ciento del coste del personal investigador, que
no necesitara justificación, reduciendo en gran manera no solamente
el proceso administrativo, sino resultando muy beneficioso para las
pymes por razones obvias.
Asimismo, también en la exposición de motivos S.S. dice que existe
una dispersión en las actuaciones de la administración, cosa que
sabemos que carece de fundamento, porque si algo ha demostrado este
Gobierno es la organización y haber recobrado el pulso de la
investigación que en el inicio de los noventa se había perdido.
A este respecto se destaca que en 1995, por ejemplo, el CDTI ya había
puesto en marcha una serie de ayudas, y ese centro ha comprometido
también más de 1.300 millones de pesetas que han conseguido un
retorno asociado de las empresas en nuestro país que supera los
12.000 millones de pesetas. Estas medidas financieras, junto con un
asesoramiento personalizado en todo el proceso, han resultado ser muy
eficaces, como lo demuestra además la incorporación de 1.100 empresas
a los programas europeos, con lo cual estamos hablando de que nuestra
empresa no se había puesto al día en algunas cuestiones. Pero,
señoría, si pasamos al texto en sí de cuatro puntos -intentaré ser
muy breve-, se habla con mucha ligereza de la disminución del nivel
de retorno. Me imagino que S.S. ha comparado el V Programa
margo con el IV. Comprenderá mi estupefacción. Nos deja
impertérritos, puesto que comparando líneas con conceptos,
estructuras y objetivos totalmente distintos, nada tiene que ver, por
ejemplo, el IV y el V Programa marco; la verdad es que no lo
entiendo.
Por tanto, dado el carácter de esta Comisión, que se ocupa de
investigación, sugiero a S.S. que haga público el sistema de
comparación utilizado, que probablemente será de gran complejidad,
para ilustrar a quienes no lo usamos. Seguramente será interesante, y
hasta le sugiero que lo patente, porque nos permitiría, por ejemplo,
poder comparar las dimensiones del arco iris y las torres de KIO. En
una comisión de investigación puede ser muy interesante esta
complejidad argumental de comparar cosas distintas, que ya en
primaria aprende uno que no son comparables.
En cuanto a los puntos 2 y 3, que hablan de que existan unos
mecanismos para racionalizar los actuales medios, nosotros sabemos
que estas ayudas que se han gestionado en el Plan nacional de I+D
para los centros públicos, universidades y organismos y desde el CDTI
para las empresas han sido muy favorables. Desde 1999 hasta junio de
2000 se han concedido 258 ayudas para cofinanciación de proyectos del
quinto programa marco por importe de 1.022 millones de pesetas, de
acuerdo a las normas y los criterios de las convocatorias, y se han
aprobado, por tanto, un 93 por ciento de las solicitudes presentadas,
quedando pendientes de resolución solamente 17 propuestas. Me parece
que la efectividad es notoria, pues para el período anterior se
habían aprobado 45 solicitudes de acciones especiales.
Teniendo en cuenta una serie de datos que se argumentan, desde la
capacidad de observación y de intuición de S.S. pero poco con una
justificación firme, la creación de una serie de departamentos
adscritos al nuevo Ministerio de Ciencia y Tecnología para actuar de
una forma coordinada en materia científica y tecnológica, y para
aprovechar con criterios no solamente de eficacia, sino también de
eficiencia, los recursos de los diferentes ámbitos públicos
afectados, así como la coordinación de la gestión y el seguimiento y
la evaluación de la política científica y tecnológica, ha sido más
que favorable.
Habla S.S. también de la potenciación de la Oficina Española en
Bruselas. Su señoría sabe -y, si no lo sabe, debería saberlo- que se
ha potenciado de forma relevante, considerándose que está
adecuadamente dotada de medios humanos, y se ha reforzado mediante la
adjudicación de una serie de becarios específicos, además de su
personal propio, mejorándose también su equipamiento. A este
respecto, se hace constar que su servidor de Internet funciona con
plena eficacia y es de los más visitados del contexto científico
español y ofrece unas prestaciones similares a las mejores oficinas
de otros países.
En resumen, basándonos en la ligereza argumental de su motivación y
en la abundancia de inexactitudes
-usted habla de organismos que ya no existen en nuestra
Administración-, vamos a rechazar su proposición no de ley. Su
argumentación, la exposición y la debilidad de la propia proposición
no de ley, donde no se habla de ninguna situación concreta, no
merecen el apoyo del Grupo Popular. Por tanto, votaremos en contra.
- SOBRE REVOCACIÓN DE LOS CUATRO CONTRATOS ADJUDICADOS POR LA
CONVOCATORIA DEL CONCURSO PÚBLICO UMTS, ASÍ COMO REALIZACIÓN DE UNA
SUBASTA RESTRINGIDA PARA ADJUDICAR SEIS NUEVAS LICENCIAS UMTS.
PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO FEDERAL DE IZQUIERDA UNIDA.
(Número de expediente 161/000202.)
El señor PRESIDENTE: Pasamos al debate de la proposición no de ley
sobre revocación de los cuatro contratos adjudicados por la
convocatoria del concurso público UMTS, así como realización de una
subasta restringida para adjudicar seis nuevas licencias UMTS.
Tiene la palabra el señor Llamazares, por el Grupo Parlamentario
Federal de Izquierda Unida. (La señora vicepresidenta, García
Alcañiz, ocupa la Presidencia.)
El señor LLAMAZARES TRIGO: De nuevo traemos a esta Cámara una
cuestión que nos parece relevante, independientemente de que haya
otros grupos que piensen que es una cuestión menor en la vida
política española. Nosotros pensamos que con relación a la
adjudicación de las licencias de telefonía móvil de tercera
generación ha habido un grave error por parte del Gobierno, un error
de precipitación y de método, que está en la base de la situación
actual, que no nos parece favorable para los intereses generales.
Nosotros pensamos que la convocatoria y la posterior adjudicación se
hicieron en un contexto que no permitía la transparencia, la
participación y la corresponsabilidad del conjunto de las
instituciones en una cuestión que nos parece relevante. El argumento
del Gobierno fue que se hacía de esa manera para colocar a España en
la cabeza de las nuevas tecnologías. Nos da la impresión de que ese
objetivo, con ser loable, no puede ser utilizado frente a la
necesaria transparencia y a mecanismos que nos parecen fundamentales
en democracia.
Un segundo aspecto en relación con estas adjudicaciones tiene que ver
con el procedimiento seguido. El problema no está, en nuestra
opinión, en que haya sido un concurso, un concurso-subasta o una
subasta. El problema está en que el Gobierno español no hizo una
valoración equilibrada entre los compromisos de las empresas en
materia industrial, de empleo y de difusión de las nuevas tecnologías
y los ingresos de la
Hacienda pública. Tenía que haberse producido un resultado
equilibrado y, sin embargo, nuestro país tuvo un resultado
absolutamente desequilibrado. Si bien el Gobierno español
continuamente hace hincapié en los compromisos de inversión e
industriales y en la agilización de la implantación de estas
tecnologías en España con relación al resto de la Unión Europea, nos
parece que, además de la importancia de esos compromisos, debería
haberse tenido en cuenta el precio del espacio radioeléctrico y los
retornos a la Hacienda pública española, que en nuestra opinión no
fueron los adecuados. En nuestra opinión se produjo una adjudicación
en saldo a las compañías adjudicatarias y un mal negocio para el
conjunto de la ciudadanía española. Se diluye también el aspecto
relativo a los compromisos industriales de empleo y a la agilización
de las inversiones cuando vemos que en otros procedimientos de
subasta, y en otras situaciones en las que se ha producido una
recaudación importante, estos compromisos son prácticamente
equivalentes a los adquiridos en el concurso español. No hay ni va a
va a haber grandes diferencias en relación con los compromisos
industriales de las empresas adjudicatarias entre Alemania,
Inglaterra y España; en lo único que sí hay una gran diferencia es en
cuanto a la recaudación que va a recibir España. De todas formas, nos
parece que el Gobierno ha intentado corregir esa situación. Antes
decía que lo importante no era el aspecto recaudatorio y ahora ya
sabemos, por el nuevo proyecto de presupuestos, que sí lo es, aunque
haya que hacerlo de forma equilibrada con los aspectos industriales y
tecnológicos. En ese sentido, el Gobierno ha instrumentado un
incremento de las tasas por el uso del espacio radioeléctrico para
equilibrar esos ingresos de la Hacienda pública española. A nosotros
nos parece que esas medidas, aunque reconocen el error, no lo
subsanan. Pensamos que las medidas se extienden, en primer lugar, a
un conjunto de compañías que no han tenido nada que ver con la
adjudicación de la telefonía móvil de tercera generación. Es decir,
con la excusa de equilibrar esta adjudicación se ha buscado una serie
de compensaciones de otras compañías, algunas de ellas delicadas,
como es lo relativo a la libertad de información, que a nosotros nos
parece una complicación del proceso más que una solución de los
problemas creados por el Gobierno español. Pero si nos atenemos
únicamente a lo que significa el incremento de la tasa a las
compañías adjudicatarias de la telefonía móvil de tercera generación,
tenemos que manifestar que esos 100.000 millones de pesetas anuales
nos parecen insuficientes y además se crean en el futuro más
inconvenientes en esas compañías. Nos parece que hubiera sido mejor
una cantidad inicial y no durante 20 años. La cantidad nos parece que
es muy reducida. El Gobierno defiende que son en torno a 2 billones
de pesetas, 100.000 millones anuales a lo largo de 20 años. Nosotros,
teniendo en cuenta el deflactor de inflación, creemos que es una
cantidad mucho más pequeña probablemente
supere con dificultades el billón y pico de pesetas, y que
equilibrando esa cantidad con los compromisos que mantienen las
empresas en relación con las inversiones, la agilidad de las mismas y
la creación de empleo sigue habiendo un desequilibrio la adjudicación
de UMTS entre España y otros países europeos.
Creemos que el Gobierno no soluciona el problema sino que pone un
parche al mismo. Probablemente nos veamos ante una nueva litigiosidad
en relación a esta materia y ante presiones de las propias compañías
para no cumplir los compromisos que han adquirido por esta nueva
tasa. En algunos casos ya se ha dicho que no se va a cumplir el
compromiso del inicio de las inversiones en agosto del próximo año,
han dicho las empresas que no lo van a cumplir, y en estos momentos
se están replanteando todos los compromisos adquiridos en el
concurso. Nos parece que aumenta la litigiosidad y que no soluciona
el problema, no equilibra el desequilibrio provocado por el Gobierno.
Por eso en esta iniciativa nosotros proponemos la solución que nos
parece más adecuada: la declaración de lesividad en relación a la
adjudicación de la telefonía móvil de tercera generación, la
revocación de las licencias, la convocatoria de un nuevo concurso-
subasta de carácter restringido que permita equilibrar las
inversiones y los compromisos de empleo con la recaudación de la
Hacienda pública y, por otra parte, que esas adjudicaciones no sean
ya de cuatro sino de seis licencias para favorecer una mayor
competencia en el sector y responder a otra de las preocupaciones que
decía tener el Gobierno español: la reducción de los precios en
relación a la UMTS en los consumidores. Creemos que con estas
iniciativas se solucionarían estos problemas. Sabemos que el Gobierno
no comparte esta posición de nuestro grupo parlamentario. El Gobierno
sigue en sus trece en relación al método, al procedimiento seguido y
a la modificación introducida en la ley de presupuestos. Pero estamos
convencidos de que esta sería una mejor solución y que lo que propone
el Gobierno va a dar lugar a un largo calvario que veremos en los
próximos años en relación a la telefonía móvil de tercera generación.
La señora VICEPRESIDENTA (García Alcañiz): A esta proposición no de
ley se han presentado enmiendas por el Grupo Socialista y para la
defensa de las mismas tiene la palabra el señor Lissavetzky.
El señor LISSAVETZKY DÍEZ: Como decía el señor Llamazares, este
debate, que es recurrente en la Cámara, tiene su importancia. Lo
primero que hay que saber es el estado de la cuestión, y yo creo que
podría decirse que tenemos un problema y no lo hemos resuelto. Cuando
estamos ante una situación de estas características es fundamental
hacer primero un diagnóstico para intentar posteriormente aplicar la
terapia adecuada y solucionar la situación. El diagnóstico quese ha
hecho a lo largo de estos días en que se ha debatido
en la Cámara y por lo que uno lee, escucha y aprende es el siguiente.
Se ha hablado de oscuridad, opacidad frente a transparencia; se ha
hablado de una decisión apresurada e incomprensible; se ha hablado de
regalo y se ha hablado de chapuza. Coincido con todas estas
definiciones y creo que algunas se quedan cortas. No retiraremos lo
que pensamos de lo que ha sido la actuación del Gobierno hasta que se
presenten en esta Cámara, como se debe hacer correctamente, los datos
que faltan y que lo único que permiten es seguir aplicando estos
calificativos. Estamos, por tanto, con un diagnóstico de desastre y
lo que queremos es aplicar una terapia para intentar solucionar la
situación.
Decía el señor Llamazares ayer que esto era como una especie de
folletín, de novela por entregas, y lo calificaba de novela rosa. En
esto no voy a estar de acuerdo con él. Yo creo que es
fundamentalmente una novela negra que se ha escrito, y se ha escrito
mal, a lo largo de este tiempo por el Gobierno. (El señor presidente
ocupa la Presidencia.) Para escribir una novela de modo clásico yo
creo que hay que tener en cuenta tres aspectos: el planteamiento, el
nudo y el desenlace. En el planteamiento yo creo que vamos a estar
todos de acuerdo: la importancia de las nuevas tecnologías, las
tecnologías de la información y las comunicaciones, su importancia
para superar el atraso que tiene España con respecto a otros países
europeo, el desarrollo social, económico y tecnológico de nuestro
país, avanzar en cohesión territorial y social, etcétera. En ese
planteamiento estamos todos de acuerdo y no creo que haya ningún
problema. Empieza a haber problema cuando llegamos al nudo de la
cuestión. Yo creo que ustedes, los representantes del Partido
Popular, concretamente el Gobierno, se envuelven de alguna manera en
las nuevas tecnologías y creen que el fin justifica los medios. Yo
creo que se confunden porque hacen algo que podía calificarse como
chapuza, que es una obra hecha sin arte ni esmero. Evidentemente
ustedes no se han esmerado en la adjudicación -se refería a ello el
señor Llamazares- y por tanto no ha existido una transparencia,
basándose en que es muy importante implantar la tercera generación de
telefonía móvil y, en consecuencia, vamos a hacerlo deprisa y como
sea: chapuza con opacidad. Desde luego lo peor es el desenlace, es la
parte más negativa de esta novela que han escrito ustedes, porque
afortunadamente caben las comparaciones y aquí se han recaudado -no
solamente es cuestión de hablar de precio, como decía el otro día la
señora ministra- 86.000 millones mientras que en otros países se ha
recaudado una cantidad mucho mayor. Se ha hablado de regalo, yo creo
que más que un regalo es una regalía lo que se ha hecho con este
tema.
Se han hecho cálculos comparativos: cuánto perciben y cuánto se
lleva, entre comillas, en términos sociales un ciudadano inglés y
cuánto se lleva un ciudadano español si comparamos las cantidades de
adjudicación en cada uno de los países, 100.000 pesetas, 106.000
frente a 2.200. Ustedes, señores del Partido Popular, señores del
Gobierno, han de saber que deben, entre comillas, en términos
sociales a cada ciudadanos español más de 100.000 pesetas. Si quieren
que diga de una manera más clara lo que hemos dejado de percibir en
esta adjudicación lo diré. Cada día que nos levantamos, durante un
año, los españoles hemos perdido, entre comillas, 10.000 millones de
pesetas. Hoy nos hemos levantado por la mañana, si hubiéramos hecho
una adjudicación de 3 billones aproximadamente, tres billones
y medio, tendríamos 10.000 millones de pesetas para gastar eso un día,
hoy, mañana, pasado, al otro, etcétera.
Por tanto, el desenlace de esta novela negra que han escrito ustedes
no nos satisface y por ello apoyamos claramente la proposición no de
ley que ha presentado el Grupo Federal de Izquierda Unida y que de
alguna manera también en el conjunto global hemos defendido ayer en
la moción que presentó nuestro portavoz, el señor Pérez Rubalcaba, en
el Pleno. Con unos objetivos claros como el de transparencia, se
plantea por Izquierda Unida la anulación del concurso. Nosotros
añadimos que si eso no fuera posible o técnicamente inviable, en
función de los informes jurídicos adecuados, hay que buscar una
fórmula, que es la que planteamos concretamente en la enmienda que
hemos presentado. En segundo lugar, creemos que hay que devolver el
dinero a los españoles. Dicho de otra manera, hay que intentar sacar
la máxima rentabilidad del espacio radioeléctrico. Creemos que cabe
una posibilidad de recuperar eso que hemos dejado de percibir. Hay
que hacer un esfuerzo para, entre todos, intentar conseguir esos
recursos económicos que tanta falta hacen y que evidentemente -no es
el momento de entrar en ello- la subida de la tasa no compensa en
absoluto, como decía también el señor Llamazares, lo que ha dejado de
percibir la Hacienda pública española. En la tercera enmienda
queremos aumentar la competencia para que disminuyan los precios. El
teorema que ustedes han inventado de que cuanta más barata sea la
adjudicación más bajos van a ser los precios, desde el punto de vista
científico, no se sostiene de ninguna manera y, desde el punto de
vista económico, saben ustedes que tampoco.
Termino ya. Yo, que soy creyente en el racionalismo radical, pediría
a los diputados del Grupo Popular y a la señora Mato que practiquen
la racionalidad. Practicar la racionalidad ahora mismo es votar la
proposición no de ley de Izquierda Unida con las posibles enmiendas
del Grupo Socialista. Practiquen también la humildad, entonen ustedes
la palinodia, retráctense en público de lo que han hecho o dicho y,
señora Mato -la conozco desde hace bastantes años en otro
Parlamento-, como decía el señor Llamazares, no nos riña, no esté
eternamente enojada con nosotros. Estamos dispuestos a recorrer un
camino conjuntamente con el Gobierno del Grupo Popular en las medidas
que proponga. No tenemos ningún empacho en decirlo. En lo
que no estamos de acuerdo es en cómo se ha enfocado este problema y
en cómo se ha resuelto. Vamos a dar un pequeño paso atrás. Les
tendemos la mano para que si reconocen ese error que se ha cometido
podamos entre todos, con medidas consensuadas, intentar tapar este
agujerito negro que tiene la Hacienda pública por la actuación del
Gobierno. Se lo decía a la señora ministra en una pregunta hace algún
tiempo en el Pleno. Creo que en la Administración la gestión es
fundamental, es muy importante funcionar por objetivos, a veces,
desgraciadamente, se funciona por acontecimientos, pero la peor
patología que hay es funcionar por sobresaltos. No nos sobresaltan
más, por favor; rectifiquen y voten esta proposición no de ley.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Popular tiene la palabra la señora
Mato.
La señora MATO ADROVER: Señor presidente, voy a intentar también ser
más breve, por lo mismo que decía antes, que estamos un poco
ajustados de tiempo, y no es porque no tome en consideración la
importancia que le dan los otros grupos de la oposición a esta
proposición, sino que, como he dicho al principio, por la prisa que
tenemos por incorporarnos al resto de los diputados.
Decía uno de los portavoces que les encantaría hacer un camino
conjunto con el Gobierno en las medidas que adopte, ir todos juntos
por la misma senda. Me parece muy bien que ustedes expresen su
desacuerdo y que, ojalá fuera verdad, quieren emprender un camino
conjunto con el Gobierno en las medidas que adopta y que ya han sido
votadas por el mismo. Lo que pasa es que ustedes quieren caminar
conjuntamente si las medidas que adopta el Gobierno son las que
ustedes proponen, pero no quieren caminar conjuntamente si las
medidas que aprueba el Gobierno no son las que ustedes proponen en
esta Cámara. Por tanto, ojalá fuera verdad lo que usted dice, que
quieren caminar conjuntamente con el Gobierno, pero también con las
medidas que el Gobierno y el grupo parlamentario mayoritario
proponen.
Decía usted que había que hacer un planteamiento, un núcleo y un
desenlace -estaba hablando de un libro-, pues yo voy a ir exactamente
a lo mismo, por no repetir, aunque en todo caso nos vamos a repetir
porque llevamos ya varias semanas hablando de lo mismo. En cuanto al
planteamiento, existe una coincidencia unánime sobre la importancia
que el desarrollo de la sociedad de la información o de la sociedad
del conocimiento va a tener en el progreso económico y en el progreso
social en el futuro próximo. Internet y la sociedad de la información
están creando nuevos modelos de relaciones económicas, comerciales,
sociales e incluso personales, y precisamente es la telefonía móvil
de tercera generación la que se va a configurar como el principal
instrumento para acceder a Internet y
para consolidar ese nuevo modelo de sociedad. Teniendo en cuenta esa
circunstancia y los beneficios que la sociedad de la información
tiene para los ciudadanos y también los beneficios que la telefonía
móvil va a proporcionar a la economía y a la sociedad española, el
Gobierno ha realizado una apuesta decidida por la introducción de
esta revolucionaria tecnología, para lo cual convocó cuatro licencias
de telefonía móvil. De hecho, España es uno de los países pioneros,
como ustedes saben, en apostar por esta nueva tecnología. Fuimos el
segundo país a nivel mundial en otorgar las oportunas licencias. Con
ello se resolvía uno de los grandes problemas que aquejaba a nuestro
país en los últimos años, que siempre llegábamos tarde a las grandes
citas tecnológicas. Se hizo un concurso abierto, transparente y se
hicieron adjudicaciones conforme a los criterios objetivos que el
Gobierno enmarcó y que están especificados en la cláusula 16 del
pliego del que ustedes disponen. Por tanto, la polémica que ustedes
han creado -porque es una polémica creada artificialmente- se centra
en que el Gobierno español, al optar por el concurso en vez de por la
subasta, ha recaudado menos dinero que otros países de nuestro
entorno, y es verdad. Lo que pasa es que tampoco ahí hay polémica,
porque se trata exclusivamente de pensar si lo que se pretendía era
llenar las arcas del Estado o asegurar rápidamente la introducción de
una nueva tecnología, fundamental para el desarrollo de cualquier
país, y dotar al usuario de un mejor servicio a unos precios
razonables. Usted dice que los precios no van a ser razonables, que
no van a ser mejores y que científicamente o técnicamente
o económicamente -no sé exactamente el término que ha usado- no se
sostiene. Yo creo que siempre cuando a una empresa le cuesta más
barato un producto los precios son más baratos, cuando el producto es
más caro los precios suelen ser más caros. Eso no sé si es técnico o
científico, pero seguro que es bastante lógico. Si me cuesta más
barato el producto lo vendo más barato, si el producto me cuesta
muchísimo más caro lo tengo que vender un poquito más caro.
En todo caso, aunque ambos sistemas tienen sus ventajas y ambos
sistemas tienen sus inconvenientes, es en función de diversos
factores, en especial de los objetivos perseguidos, como hay que
valorar la idoneidad o la oportunidad de uno u otro. ¿Qué pretendía
el Gobierno al convocar el concurso? En primer lugar, recordar -y hay
que recordarlo- que es el sistema tradicionalmente utilizado por
nuestro ordenamiento jurídico para otorgar títulos que habilitan para
prestar servicios públicos de telecomunicaciones. En segundo lugar,
recordar también que la telefonía móvil de segunda generación, que ha
dado buenos resultados para España, se ha desarrollado de forma
extraordinaria. Hay que recordar que en cuatro años se ha pasado de
900.000 abonados a cerca de 15 millones de abonados, y se hizo
también por concurso. Yo creo que es también un dato importante por
el desarrollo que se ha producido con
esta tecnología. En segundo lugar, el Gobierno del Partido Popular
consideró como objetivo prioritario que España se pusiera a la cabeza
de Europa en el desarrollo de esta tecnología y consiguiera su mayor
y mejor implantación como medio de impulsar la sociedad de la
información. En tercer lugar, queríamos asegurar un volumen, un ritmo
y una calidad en la inversión en infraestructuras y unos precios
asequibles del servicio que nos permitieran dar el salto y ponernos a
la cabeza de Europa en la utilización de tecnologías de la
información. En cuarto lugar, se buscaba satisfacer mejor las
necesidades de comunicación de los ciudadanos en el nuevo modelo de
sociedad y un mayor grado de concurrencia para el que luego, al
mencionar las distintas partes de la proposición, comentaré que
también está previsto un informe para ver si se puede ampliar la
competencia. Por tanto, señorías, había una serie de prioridades, una
serie de objetivos por los que el Gobierno optó. Además, hay que
recordar que la situación de España -porque a menudo se nos olvida y
además no lo hemos oído comentar muchas veces en la Cámara- no es
exactamente igual que la de otros países. Es verdad que hemos sido de
los países más avanzados tecnológicamente para presentar el concurso,
pero también es verdad que la situación de España, con mucha menos
implantación tecnológica que otros países, con mucha menos población
y mucho más dispersa que otros países, hace que sean necesarias unas
inversiones mucho más importantes que las que requieren otros países
para ponerse al mismo nivel que nos vamos a poner en España. Por
tanto, también eso hay que tenerlo en cuenta.
Volviendo a lo de siempre, el sistema recaudatorio, la recaudación,
necesitamos más dinero, coger dinero, que es lo único que a ustedes
les interesa -no les interesa el avance de la sociedad de la
información sino recaudar más dinero-, se han cambiado las reglas de
juego y ahora el espectro radioeléctrico cuesta dinero. Estamos en un
mundo global -lo recordaba ayer- y si el espectro radioeléctrico
cuesta dinero en Alemania también cuesta en España. En todo caso, el
Gobierno, que lo tenía ya previsto en la Ley general de
telecomunicaciones que se aprobó en esta Cámara, ha puesto en marcha
lo que dice la ley. La ley dice que se puede cobrar una tasa por la
utilización del espectro radioeléctrico conforme a lo que valga dicho
espectro. Me parece que lo previsto en la ley de acompañamiento es
una tasa de 160.000 millones al año, que podremos discutir cuando
debatamos dicha ley. A lo largo de veinte años eso supone -yo soy de
letras pero mi compañero me ha ayudado a hacer la multiplicación-
tres billones 200.000 millones. Es lo mismo que en otros países; lo
que pasa es que se gasta cada año, y no todo en el primer año para
saldar la deuda pero dejando a las generaciones de los veinte años
siguientes sin una sola peseta por la utilización del espectro
radioeléctrico, porque el Gobierno español se lo ha gastó todo el primer
año y conseguió quitar el déficit. El Gobierno español prefiere
quitar el déficit de otra manera, ahorrando en otras cuestiones,
controlando más, gestionando mejor la Administración, y cobrar
160.000 millones de pesetas al año a efectos de tasa por utilización
del espectro radioeléctrico.
Señorías, ¿qué es lo importante? Creo que todos compartimos que lo
importante es que la sociedad de la información llegue a todos. Lo
importante es que nuestro país sea competitivo respecto a otros. Hay
que recordar también que en estos momentos no estamos en la misma
situación de competencia que otros países porque tecnológicamente
hemos avanzado menos, nuestra sociedad está mucho más dispersa y
somos menos habitantes que en otros países; de modo que las
condiciones para convocar un concurso en España son diferentes a las
de otros países. En todo caso, ustedes y los ciudadanos tienen que
saber que el dinero no se ha perdido. El dinero se cobra por otra
cosa distinta; no por un concurso para vender una licencia, sino
porque el espectro radioeléctrico cuesta dinero a partir de ahora y
todos los operadores del mismo van a invertir ese dinero en la
Hacienda pública.
El señor PRESIDENTE: Señor Llamazares, tiene la palabra para
pronunciarse sobre las enmiendas que se han presentado.
El señor LLAMAZARES TRIGO: Asumo las enmiendas, señor presidente.
- POR LA QUE SE INSTA AL GOBIERNO A REALIZAR TODAS LAS ACTUACIONES
NECESARIAS PARA IMPEDIR EL TRATAMIENTO MASIVO DE DATOS DE CARÁCTER
PERSONAL POR PARTE DE TELEFÓNICA, S.A. Y OTROS OPERADORES. PRESENTADA
POR EL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA. (Número de expediente 161/
000207.)
El señor PRESIDENTE: Quinto punto del orden del día, proposición no
de ley por la que se insta al Gobierno a realizar todas las
actuaciones necesarias para impedir el tratamiento masivo de datos de
carácter personal por parte de Telefónica de España, Sociedad Anónima
y otros operadores. Tiene la palabra la señora Pleguezuelos, por el
Grupo Parlamentario Socialista.
La señora PLEGUEZUELOS AGUILAR: Señorías, antes del verano, millones
de españoles recibieron una hoja junto con la factura de Telefónica
que seguramente la gran mayoría almacenó con esa factura o la tiró
sin leerla, porque la publicidad que hace Telefónica en esa hoja es
sesgada e interesada, y les voy a razonar por qué. De los españoles
que hayan leído esta hoja, que sin duda han sido pocos, y de los que
la hayan entendido, porque además es bastante farragosa, pocoshabrán
observado que hay dos párrafos importantes
que paso a leerles en su literalidad: Telefónica de España solicita
su consentimiento para tratar, junto con los datos personales que
usted nos ha facilitado, los datos de facturación telefónica. El
párrafo anterior dice así: Telefónica de España le informa que sus
datos personales de contratación, junto a los obtenidos durante la
vigencia del contrato, están incorporados en ficheros automatizados
titularidad de esta empresa. ¿Qué significan estos dos párrafos?
Significan, ni más ni menos, que Telefónica quiere la autorización de
sus abonados para someter esos datos personales de facturación a
tratamiento informático; es decir, explotarlos, analizarlos,
copiarlos, exportarlos y ceder a entidades vinculadas a Telefónica
estos datos de carácter personal de sus abonados. Sin duda, tampoco
serán muchos los lectores que, tras haber leído esa hoja, hayan caído
en que en esos datos figura de forma muy detallada a qué teléfonos
hemos llamado, cuándo y a qué hora, por ejemplo. Esto implica,
señorías, así por encima, sin descartar algunos alardes imaginativos
del explotador de estos datos, que Telefónica puede saber a qué
números llaman sus abonados; si llaman a teléfonos eróticos, si
llaman a determinados partidos, si utilizan servicios de entidades
bancarias distintas de aquellas en las que tienen su domiciliación y
si tienen acciones; baste con que se llame a brokers de Bolsa, por
ejemplo. Todo ello, señorías, sin ocultar que, cruzando los datos,
seguro que se puede obtener y se obtiene alguna información sobre los
hábitos de vida de los ciudadanos porque conocen las llamadas
salientes, las llamadas entrantes, las no respondidas, incluso pueden
conocer muchos de nuestros hábitos de vida donde residimos.
El Grupo Parlamentario Socialista, en el debate de la ley, presentó
una serie de enmiendas para garantizar el derecho de los ciudadanos a
su intimidad que no fueron aceptadas. Nosotros entendemos que la
protección de los datos personales no es un problema menor y que hoy
le tenemos que dar solución. Con esta actuación, Telefónica se escuda
en una interpretación que entendemos incorrecta del artículo 65.3 del
Real Decreto que regula la Ley de las telecomunicaciones en su título
III. Lo que está claro, señorías, es que la Ley de protección de
datos sólo autoriza a los operadores a tratar los datos de
facturación cuando se trata de campañas concretas y esas campañas son
de promoción comercial de los propios servicios, en este caso de
telecomunicaciones. Entendemos, por tanto, que el real decreto exige
que esa autorización se considere otorgada sólo en estos casos y
cuando, en el plazo de un mes, el abonado que ha recibido la
solicitud no se haya pronunciado al respecto. Creemos que Telefónica
ha hecho una adaptación muy interesada, incluso yo diría que
magistral, de la normativa que clarísimamente tiene que proteger y
ofrecer a los ciudadanos todas las garantías para que no se lesionen
los derechos y libertades individuales de las personas. Telefónica lo
que pretende con esto es reducir al máximo el número de ciudadanos
que no le autoricen
a manipular sus datos. ¿Por qué? Es muy fácil, señorías. ¿Saben
ustedes qué es lo que ocurre cuando damos a Telefónica y a otros
operadores la posibilidad de conocer la vida privada de los
ciudadanos, cuando además lo hacemos por defecto y en la gran mayoría
de las ocasiones sin que se enteren esos ciudadanos? Le ofrecemos
capacidad de conocimiento del mercado, le ofrecemos diseño de la
oferta, análisis de la demanda y, en definitiva, lo que estamos
haciendo es darle capacidad de dirección de esa vida pública. Sin
duda nos estamos moviendo en el terreno comercial, con vinculaciones
importantes para la privacidad de las personas.
Decía antes que este no es un tema menor sino que es preocupante y
quiero destacar algunas cosas que preocupan a mi grupo. En primer
lugar, por supuesto, el respeto -insisto- del derecho a la intimidad
y a la privacidad de esos datos personales de los ciudadanos
y ciudadanas. Pero no olvidemos que junto a ello estamos hablando de la
seguridad personal de muchos ciudadanos, incluso de algunos de los
que hoy nos sentamos en esta Comisión, y además de esos aspectos
puramente comerciales y económicos, que también nos preocupan,
estamos hablando de derechos y de libertades individuales que tiene
que ser el Gobierno el que los garantice a todos los ciudadanos y
ciudadanas. El propio director de la Agencia de Protección de Datos,
la semana pasada, en su comparecencia en esta casa, reconocía la
dificultad que existe para proteger los datos en la red. Ustedes
saben que regular Internet por su globalidad es muy complicado, y
precisamente porque es complicado dar un tratamiento informático a
esos datos comporta vulnerar la intimidad, las libertades y derechos
individuales de los ciudadanos, pero también ofrece medidas que nos
dan cierto repelús -si me permiten ustedes la palabra- respecto a la
seguridad de los ciudadanos, porque pueden conocer dónde y cómo
estamos cada uno de nosotros, el punto concreto donde vivimos. Tengo,
la información de muchos de ustedes -también ocurre con mis datos-, a
través de la red, de dónde viven. Me parece que esto no es razonable.
El tratamiento de los datos tiene que ofrecer a los ciudadanos
garantías de seguridad y de intimidad.
Nuestra proposición no de ley no es un tema baladí. Todo lo
contrario. Cuando debatimos la Ley de protección de datos avisamos al
Gobierno de estos riesgos y presentamos enmiendas para evitar la
vulneración de los derechos y libertades individuales. Pedimos no que
las compañías o los operadores por defecto pudiesen actuar; todo lo
contrario, que se pidiese la autorización de los ciudadanos para
utilizar, para dar tratamiento informático a los datos personales.
Entendemos, por tanto, que el Gobierno tiene aquí una profunda e
importante responsabilidad de garantizarnos a todos esa seguridad y
el derecho a la intimidad. En ese sentido nuestra proposición no de
ley insta al Gobierno para que haga cuantas actuaciones sean
necesarias que impidanel tratamiento masivo de datos de carácter
personal
por parte de Telefónica y de otros operadores; porque este mismo mes
el grupo Endesa -está dirigida a mí la facturación y por eso puedo
aportarla- me ha dirigido, como digo, la facturación en los mismos
términos que estoy diciendo de Telefónica. Volvemos a encontrarnos
con que todos los operadores que se acojan a este sistema y hagan una
interpretación interesada, incluso diría que dolosa, de ese real
decreto pueden conculcar y están conculcando los derechos
individuales de los ciudadanos. Por eso pedimos al Grupo Popular que
se tome muy en serio esta iniciativa. Tratemos de buscar solución a
estos temas. La globalidad de la red nos lleva a que haya que
plantearse actuaciones mucho más duras para evitar que empresas
privadas o multinacionales, que al final sólo buscan sus intereses
comerciales y económicos, vulneren nuestros derechos, los derechos de
los ciudadanos y pongan en peligro incluso nuestras vidas.
El señor PRESIDENTE: Por el Partido Popular tiene la palabra el señor
De Juan.
El señor DE JUAN I CASADEVALL: Señor presidente, adhiriéndome al
criterio que ha manifestado ya en dos ocasiones la portavoz de mi
grupo, procuraré ser breve y sucinto.
Mi grupo comparte el interés, la preocupación y la sensibilidad que
anima la proposición no de ley en cuanto a la protección de la
intimidad, pero no puede compartir el planteamiento, el nudo ni el
desenlace, como se decía hace un momento, o la parte resolutiva que
se contiene en dicha proposición. Compartimos la preocupación que
late en el texto en orden a la protección del derecho a la intimidad.
Entendemos que en la sociedad de la información y de la
informatización existen diversos ámbitos de la realidad susceptibles
de convertirse en un terreno abonado precisamente para esas
intromisiones ilegítimas en el derecho a la intimidad. De ahí la
necesidad de arbitrar los mecanismos necesarios para que esos
procesos de información y de informatización no lesionen el derecho a
la intimidad personal y familiar que hoy reconoce y protege el
artículo 18 de la Constitución. Por tanto, entendemos que el
tratamiento, automatizado o no, de datos de carácter personal con
fines comerciales o de otra naturaleza, sea en el ámbito de las
telecomunicaciones o sea en otros ámbitos, afecten al operador que
ustedes citan precisamente en su texto o afecten a cualquier otro
operador, debe garantizar en todo momento el derecho a la intimidad;
es decir, debe garantizar una esfera de privacidad del ciudadano que
sea inmune a las intromisiones ilegítimas; dicho en otros términos,
debe garantizarse que sea el ciudadano en todo momento el que
determine qué ámbito de su privacidad es accesible al público y qué
ámbitos no. En ese terreno hemos de recordar que en la pasada
legislatura se aprobó una ley general de telecomunicaciones, la
Ley 11/1998, de 24 de abril, que concretamente en su artículo 50
dispone que todos los operadores que presten servicios de
telecomunicaciones al público o que exploten redes de
telecomunicación, en el ejercicio de su actividad, deben garantizar
el derecho a la intimidad en los términos que establece la
legislación de protección de datos, en la actualidad la Ley de
protección de datos, de diciembre de 1999, por tanto de la pasada
legislatura. Es una ley amplia que contempla diversos aspectos. Es
una ley garantista que en síntesis contempla un conjunto de
principios de protección de datos, como son el respeto a la calidad
de los datos, el derecho de información en la recogida de los datos,
el consentimiento del interesado, el deber de secreto, los datos
especialmente protegidos; es una ley que incorpora todo un elenco de
derechos en materia de protección de datos, desde el derecho de
consulta al registro general de protección de datos hasta el derecho
de acceso, de rectificación, de cancelación, de oposición; y sobre
todo es una ley que contempla una serie de mecanismos de
fiscalización para garantizar el cumplimiento de la misma y que
encomienda ese cumplimiento de la ley a un ente ad hoc que es la
Agencia de Protección de Datos, una entidad de derecho público que
vela, en el ejercicio de sus funciones, por el cumplimiento de esa
ley, que actúa con plena independencia respecto de las
administraciones públicas y a la que le corresponde, en definitiva,
velar por la protección de ese derecho a la intimidad con los
mecanismos de que le dota la ley: con la potestad de inspección, con
la potestad, en su caso, sancionadora, con los planes sectoriales de
oficio, etcétera, con una serie de mecanismos que SS.SS. conocen.
Visto este escenario normativo, el Grupo Popular votará negativamente
la proposición no de ley, pero lo hará no porque no comparta la
sensibilidad que en definitiva anima esa proposición no de ley, sino
porque entendemos que el lugar adecuado para plantear cualquier
vulneración del derecho a la intimidad por cualquier operador en el
sector de las telecomunicaciones o en cualquier otro sector y ámbito
de la realidad económica es la Agencia de Protección de Datos, que
vía denuncia es la que debe incoar los procedimientos administrativos
oportunos o actuar conforme a derecho para tutelar ese derecho a la
intimidad de los ciudadanos. Es decir, si hoy el habeas corpus se
dirime ante un juzgado de instrucción, lo que se llama modernamente
el habeas data, es decir, la protección de la intimidad desde la
perspectiva de los datos, debe sustanciarse ante la Agencia de
Protección de Datos. En ese sentido, votaremos negativamente aunque
compartiendo algunos criterios que se han oído. Ciertamente estamos
preocupados por la protección de la intimidad en el ámbito de
Internet. Somos partidarios de la protección de la intimidad on line
y off line y, por tanto, hemos de hacer un esfuerzo para caminar en
la protección de los datos desde esa perspectiva. Pero no es el
Gobierno el que
debe dilucidar si una empresa privada hace o no una interpretación
incorrecta del artículo 65.3 del reglamento de esa ley que está en
ejecución; no es el Gobierno el que debe determinar si una empresa
privada hace una interpretación interesada y magistral; el órgano
competente es la Agencia de Protección de Datos. Nosotros entendemos
que es ahí donde deben sustanciarse y plantearse estas actuaciones.
La Agencia de Protección de Datos tiene los recursos y los medios
suficientes para garantizar ese derecho llamado a la
autodeterminación informativa, es decir, a la protección de los datos
de la intimidad sujetos a tratamiento automatizado o no.
- POR LA QUE SE SOLICITA LA ELABORACIÓN Y PRESENTACIÓN DE UN PROYECTO
DE LEY DE COMERCIO ELECTRÓNICO.
PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO. (Número
de expediente 161/000217.)
El señor PRESIDENTE: Pasamos al punto sexto del orden del día,
proposición no de ley por la que se solicita la elaboración y
presentación de un proyecto de ley de comercio electrónico.
Por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, tiene la palabra
el señor Javier Gómez Darmendrail.
El señor GÓMEZ DARMENDRAIL: Señorías, el comercio electrónico, esta
nueva modalidad mercantil, es uno de los fenómenos que, de acuerdo
con todas las previsiones de los expertos, va a ser cada vez más
importante en la vida de los ciudadanos y de las empresas. No cabe
duda de que el comercio electrónico va a influir en la vida de todas
las personas: más productos al alcance, mayor nivel de información,
mejores precios, menos costes, más oportunidades laborales, más
tiempo libre, y desde el punto de vista empresarial permite mejor
aprovechamiento de las economías de escala, lo que a su vez facilita
la reducción de costes.
En general, la economía se va a expandir y va a ser posible que todo
llegue a todas partes. Saben muy bien SS.SS. que la globalización ha
supuesto un incremento de la competencia en muchos sectores al
permitir que cualquier empresa del mundo pueda ofrecer sus servicios
en lugares que antes resultaban inaccesibles. Este incremento de
competencia también tiene un efecto importante en el bolsillo de
todos los ciudadanos. Tanto compradores como vendedores tienen la
posibilidad de conocer más rápidamente los precios y los productos
que ofrece el mercado. Al aumentar la transparencia, los costes
disminuyen, se pasa de una gama de productos nacional a una mundial y
la competencia se refuerza.
Otro factor en el que tiene importantes efectos es en la creación de
empleo. Saben SS.SS. que durante mucho tiempo se consideró a la
tecnología como un
enemigo directo del empleo. Hoy sabemos que no sólo no es un elemento
que potencie el paro, sino que, bien utilizada, sirve como
instrumento para combatirlo. Sólo es necesario poner en marcha
políticas que permitan llevar a cabo transiciones suaves. Con la
formación adecuada, el comercio electrónico ofrece crecimiento en
riqueza y en empleo. Los puestos que pudieran perderse como
consecuencia de una mayor competitividad o de los cambios que su
desarrollo conlleva pueden compensarse con creces con los empleos que
requiere en áreas científicas, técnicas, logísticas, etcétera. Así
está sucediendo ya en Estados Unidos y en Alemania y no tardará
demasiado en pasar en España.
A pesar de que su aparición es relativamente reciente, el comercio
electrónico presenta unas perspectivas envidiables. Los más
pesimistas opinan que en menos de diez años su tamaño se multiplicará
por cinco respecto del actual y los más optimistas opinan que se
multiplicará por diez en los próximos tres o cuatro años. De momento,
casi el cien por cien de las grandes empresas europeas utilizan ya el
comercio electrónico como instrumento de distribución de sus
productos. En España casi un 5 por ciento de los comerciantes al por
menor lo utilizan. El 13 por ciento de las empresas industriales,
unas 20.000 compañías, utilizan Internet en sus procesos de
producción. Son cifras, señorías, evidentemente todavía pequeñas,
pero si se las compara con las de hace algunos años, demuestran un
gran desarrollo y ponen de manifiesto la existencia de una verdadera
apuesta de nuestros emprendedores por la alta tecnología. Por otro
lado, la Asociación española de comercio electrónico estima que el
comercio electrónico de empresas con consumidores superará en el 2002
los 200.000 millones de pesetas; otros opinan que en el 2005 una de
cada cinco compras se hará por Internet. Señorías, a pesar de este
esperanzador panorama el desarrollo de esta modalidad comercial puede
verse entorpecido por algunos factores si no se adoptan algunas
medidas correctoras. Existe un amplio sector de la población que no
se atreve o simplemente no considera útil este medio. Hay en general
cierto desconocimiento del fenómeno. Además, no sólo hay una carencia
de seguridad normativa, también hay desconfianza respecto a la
seguridad operativa y técnica de los instrumentos utilizados. Nadie,
señorías, realiza operaciones si no conoce con seguridad cómo
funciona o si no se siente respaldado por el marco normativo, de la
misma manera en que lo está cuando realiza sus compras en cualquier
medio físico. Por otra parte, la manera en que opera el comercio
electrónico, ausencia de contacto personal, directo, ubicación
desconocida, inexistencia de fronteras, crea un escenario
especialmente atrayente para aquellos que desean actuar al margen de
la ley. La fácil movilidad que ofrece la red, la dificultad de
localizar a posibles estafadores o la existencia de marcos legales
nacionales diferentes en cada país hace que comprar en Internet sea,
de momento, una operación
que supone un riesgo mayor que las transacciones realizadas a través
de canales tradicionales.
También las pymes tienen problemas para adaptarse. Los costes de
creación de redes de alta tecnología y de formación de personal son
por el momento muy altos, razón por la cual las empresas de gran
dimensión pueden competir en mejores condiciones que las pequeñas.
Voy concluyendo, señor presidente, pero no sin antes decir que en la
actualidad las empresas que operan en la Unión Europea se enfrentan a
quince marcos legales diferentes. Es necesario, por consiguiente, un
consenso general en el que participen gobiernos, consumidores,
empresas, sindicatos y demás agentes sociales de todos los países. En
ese sentido, la Unión Europea ha aprobado recientemente una directiva
que marca las líneas básicas de lo que debe ser el marco regulador
vigente en cada país miembro de la Unión. Este importante proyecto
permitirá acabar con la inseguridad jurídica que la ausencia de
normativa está produciendo y que constituye un enorme freno al
desarrollo del comercio electrónico. La normativa europea contiene
una serie de definiciones y de principios armonizadores que deben ser
respetados por todos los países. Sin embargo, buscando alcanzar la
mayor flexibilidad posible y evitar un exceso de regulación, deja un
amplio margen a los países para construir su propia ley. Por eso es
necesario realizar dentro del marco normativo una serie de
iniciativas que aceleren y completen lo antes posible el texto
europeo que próximamente será incorporado a nuestras leyes. Además,
la rapidez en la adopción de acciones eficaces es una cuestión clave
en el proceso de adaptación a las exigencias del entorno actual.
Señorías, desde el Grupo Popular creemos que hay que adoptar medidas
legislativas que permitan, por un lado, fomentar la incorporación y
competitividad de las pymes para que estas participen en los mercados
de igual a igual con las grandes compañías y, por otro, que maximicen
las garantías a los consumidores. La directiva, señorías, no está
considerada como una norma más de carácter económico o tecnológico,
sino que se ha encuadrado dentro del esfuerzo normativo que los
socios europeos están llevando a cabo para proteger a los
consumidores, de forma que por encima de todo prevalezca el derecho
que tienen a recibir los servicios que demanden con plena seguridad,
garantía e información, pero también para fomentar la incorporación
de la familia al comercio electrónico, para agilizar la adaptación al
cambio de las empresas, de los trabajadores y de los profesionales
que deben formar a los nuevos integrantes del mercado laboral. Por
todas estas razones, señor presidente, señorías, el Grupo
Parlamentario Popular ha presentado esta proposición no de ley por la
que solicita al Gobierno la elaboración y presentación de un proyecto
de ley de comercio electrónico.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la
palabra el señor Heredia.
El señor HEREDIA DÍAZ: Señor presidente, señoría, cuando uno empieza
a leer la motivación de esta proposición no de ley, tiene la
sensación de que el Partido Popular está cada día más contento de
haberse conocido. Es más, si continúa leyendo, uno piensa que en el
párrafo siguiente se va a decir que el gran inventor y el gran
impulsor de Internet a nivel mundial no es otro que el señor Aznar.
(Varios señores diputados: ¡Por supuesto!) Hay, sin embargo, cosas
que en esta magnífica motivación no dicen, como es el hecho de que a
los españoles a los que mejor les ha ido con eso de las nuevas
tecnologías han sido los compañeros de pupitre del señor Aznar. Eso
no lo dicen ustedes en la motivación. También confunden algunos
conceptos porque hablan de tarifa plana cuando deberían hablar de
tarifa intermitente o de tarifa ondulante. No es bueno mezclar los
conceptos. También hablan de la importancia de Internet para las
empresas y el comercio, pero no dicen que recientemente el presidente
de la Cámara de Comercio declaraba que la aplicación de lo que
ustedes denominan -mal llamada- tarifa plana excluye a las empresas.
Los socialistas consideramos que el Partido Popular debería hacer
menos anuncios y plasmar más realidades; que el Partido Popular
debería comprometerse a reducir los precios de conexión a Internet en
los horarios de trabajo de empresas, colegios y universidades, que es
donde se forma a los futuros usuarios, porque si el Partido Popular
pretende realmente impulsar el papel de España en las nuevas
tecnologías, debería tener esto muy en cuenta. Por cierto, tampoco
dicen ustedes en su motivación absolutamente nada de los 4 billones
de pesetas que se han perdido por la concesión de licencias de
telefonía móvil y que podrían haber servido, entre otras cosas, para
abaratar el coste de la conexión a Internet.
Sespués de dos folios de motivación se da uno cuenta de que lo que
ustedes quieren verdaderamente plantear se recoge en el último
párrafo de la motivación, y lo único que dicen es que existe una
directiva comunitaria que ustedes deben incluir en el ordenamiento
jurídico, pero no ponen ningún plazo. Dicen que lo llevarán a cabo en
el menor plazo de tiempo posible, pero cuando el Partido Popular dice
esto es que en realidad no lo van a hacer, por lo menos, en cuatro
años. Por tanto, nosotros lo que planteamos es que se dé un plazo
concreto de tiempo y hemos presentado una enmienda para que la
directiva comunitaria se incluya dentro del ordenamiento jurídico en
el plazo máximo de tres meses. La segunda enmienda que los
socialistas presentamos es para que se incluya: en el marco de la
directiva comunitaria, porque si bien lo dicen en la motivación, no
lo contemplan en la redacción de la proposición no de ley.
El señor PRESIDENTE: ¿Se aceptan las enmiendas por parte del Grupo
Popular?
El señor GÓMEZ DARMENDRAIL: Señor presidente, no estamos encantados de
habernos conocido, como dice el portavoz del Grupo Socialista, pero sí
hay que decir que a comienzos de 1996 España contaba con uno de los
mercados de telecomunicaciones más cerrados y monopolísticos de toda
la Unión Europea. (Risas.)
La pasada legislatura se aprobó un texto legal que regulaba la firma
electrónica. Se puso en marcha la comisión Info 21 con el objetivo de
lograr una sociedad de información para todos, que cuenta con una
dotación de 450.000 millones de pesetas para los próximos tres años.
Este mismo mes hemos aprobado en el Pleno una moción en la que se
instaba al Gobierno... (Rumores.)
El señor PRESIDENTE: Le pediría, por favor, que se ciña a decir si
acepta o no las enmiendas.
El señor GÓMEZ DARMENDRAIL: Que no cunda el pánico.
El señor PRESIDENTE: No cunde el pánico, pero realmente lo que procede
ahora es decir si acepta o no las enmiendas.
El señor GÓMEZ DARMENDRAIL: No vamos a aceptar las enmiendas porque el
Gobierno va a presentar esta ley en las próximas semanas, la va a
someter a un debate público y en enero del año 2001 debatiremos esta
ley en esta sede parlamentaria.
El señor PRESIDENTE: Vamos a empezar las votaciones. Quiero agradecer
a SS.SS. que hayan facilitado la agilidad de este debate, que nos
permite acabar en la hora exacta en que habíamos dicho que
empezaríamos las votaciones.
Vamos a votar en primer lugar la proposición no de ley número 1,
presentada por el Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, por
la que se insta al Gobierno a que adopte las medidas necesarias para
que se universalice el servicio de información y comunicación,
incluido Internet.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 14;
en contra, 21.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Votación correspondiente a la proposición no de ley número 2, relativa
a antenas de telefonía móvil, con la inclusión de las dos enmiendas
presentadas por el Grupo Socialista.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 12;
en contra, 21; abstenciones, dos.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Votación del punto 3 del orden del día, proposición no de ley relativa
al V programa marco plurianual en el ámbito de la investigación y del
desarrollo tecnológico para el período 1998-2002.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado; votos a favor, 12;
en contra, 23.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Punto número 4 del orden del día, proposición no de ley sobre
revocación de los cuatro contratos adjudicados por la convocatoria del
concurso público UMTS, así como realización de una subasta restringida
para adjudicar seis nuevas licencias UMTS, con la incorporación de
tres enmiendas del Grupo Socialista.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 13;
en contra, 23.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Quinta proposición no de ley, por la que se insta al Gobierno a
realizar todas las actuaciones necesarias para impedir el tratamiento
masivo de datos de carácter personal por parte de Telefónica de
España, S.A. y otros operadores.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 15;
en contra, 21.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Proposición no de ley número 6 por la que se solicita la elaboración y
presentación de un proyecto de ley de comercio electrónico.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 23;
abstenciones, 15.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.
Se levanta la sesión.
Eran las once y cincuenta minutos de la mañana.