Ruta de navegación
Publicaciones
DS. Congreso de los Diputados, Comisiones, núm. 56, de 26/09/2000
CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
COMISIONES
Año 2000 VII Legislatura Núm. 56
ECONOMÍA Y HACIENDA
PRESIDENCIA DELEXCMO. SR. D. SANTIAGO LANZUELA MARINA
Sesión núm. 5
celebrada el martes, 26 de septiembre de 2000
ORDEN DEL DÍA:
Debate y votación de las siguientes solicitudes de creación de
subcomisiones y ponencias:
- Para impulsar el estatuto de la microempresa, del trabajador
autónomo y del emprendedor.
Formulada por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).
(Número de expediente 158/000008.) . . . (Página 1258)
- Para el estudio y análisis de la situación actual de las
microempresas. Formulada por el Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso. (Número de expediente 158/000009.) . . . (Página 1258)
- Para la puesta en marcha de una tasa sobre los movimientos
internacionales especulativos de capital. Formulada por el Grupo
Parlamentario Mixto. (Número de expediente 158/000010.) . .
(Página 1261)
- Para el seguimiento de los procesos de privatización y reconversión
de las empresas pertenecientes al sector público. Formulada por el
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso. (Número de expediente
158/000011.) . . . (Página 1263)
- Para el seguimiento de los procesos de privatización y reconversión
de las empresas pertenecientes al sector público. Formulada por el
Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) (Número de
expediente 158/000012.) . . . (Página 1263)
Comparecencia del señor presidente de la Comisión Nacional del
Mercado de Valores (Fernández Armesto Fernández España) para informar
sobre:
- Criterios y actuaciones de la Comisión en materia de información
privilegiada. A solicitud del Grupo Parlamentario Socialista. (Número
de expediente 212/000047.) . . . (Página 1266)
- La investigación abierta en relación a la posible información
privilegiada por parte del presidente de Telefónica, señor
Villalonga. A solicitud del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda
Unida. (Número de expediente 212/000055.) . . . (Página 1266)
- Medidas adoptadas a los efectos de garantizar el cumplimiento de la
Ley del mercado de valores. A solicitud del Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso. (Número de expediente 212/000057.) . . .
(Página 1266)
- El expediente abierto por la Comisión para la investigación de
posibles infracciones de la Ley del mercado de valores como
consecuencia de compras en el año 1998 de opciones sobre acciones de
Telefónica por parte de su presidente. A solicitud del Grupo
Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) (Número de expediente
212/000081.) . . . (Página 1266)
Proposiciones no de ley:
- Relativa a los montes vecinales. Presentada por el Grupo
Parlamentario Socialista. (Número de expediente 161/000068) . . .
(Página 1286)
- Relativa a las medidas del Gobierno para cumplir los objetivos que
la Unión Europea ha adoptado sobre porcentaje de consumo de energías
renovables. Presentada por el Grupo Parlamentario Socialista. (Número
de expediente 161/000101.) . . . (Página 1289)
- Por la que se acuerda la comparecencia cuatrimestal, en la Comisión
de Economía y Hacienda, previa remisión del informe correspondiente,
del secretario de Estado de Economía, de la Energía y de la Pequeña y
Mediana Empresa, para informar sobre la coyuntura de la economía
española; del secretario de Estado de Comercio y Turismo, para que
informe sobre la evolución del comercio exterior y del turismo, así
como del secretario de Estado de Hacienda, para informar sobre las
materias relativas al sistema tributario. A solicitud del Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso. (Número de expediente 161/
000113.) . . . (Página 1291)
- Sobre medidas de control con relación a las empresas privatizadas.
A solicitud del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida.
(Número de expediente 161/000166.) . . . (Página 1292)
Se abre la sesión a las diez y cinco minutos de la mañana.
DEBATE Y VOTACIÓN DE LAS SIGUIENTES SOLICITUDES DE CREACIÓN DE
SUBCOMISIONES Y PONENCIAS:
- PARA IMPULSAR EL ESTATUTO DE LA MICROEMPRESA, DEL TRABAJADOR AUTÓNOMO
Y DEL EMPRENDEDOR. FORMULADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO CATALÁN
(CONVERGÈNCIA I UNIÓ). (Número de expediente 158/000008.)
- PARA EL ESTUDIO Y ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN ACTUAL DE LAS
MICROEMPRESAS. FORMULADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL
CONGRESO. (Número de expediente 158/000009.)
El señor PRESIDENTE: Se abre la sesión.
El primer punto del orden del día es el debate y votación de las
siguientes solicitudes de creación de subcomisiones y ponencias: 1.
Para impulsar el estatuto de la microempresa, del trabajador autónomo
y del emprendedor, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència
i Unió) 2. Para el estudio y análisis de la situación actual de las
microempresas, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso. 3.
Para la puesta en marcha de una tasa sobre los movimientos
internacionales especulativos de capital, del Grupo Parlamentario
Mixto. 4. Para el seguimiento de los procesos de privatización y
reconversión de las empresas pertenecientes al sector público, del
Grupo Parlamentario Popular. 5. Para el seguimiento de los procesos
de privatización y reconversión de las empresas pertenecientes al
sector público, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i
Unió).
Solicito de las señoras y señores diputados si desean que los
tratemos conjuntamente o individualmente, o si quiere intervenir
algún grupo en defensa de su propuesta.
Tiene la palabra la señora Pisonero.
La señora PISONERO RUIZ: Señor presidente, si me permite, quizá por
afinidad de las propuestas, podrían debatirse la primera y la segunda
conjuntamente, la tercera en sí misma, y por último la cuarta y la
quinta, de manera que hubiera tres debates lo más rápidos posibles.
Ésa es la propuesta del Grupo Popular.
El señor PRESIDENTE: En primer lugar, tiene la palabra el
representante del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió)
señor Sánchez i Llibre.
El señor SÁNCHEZ I LLIBRE: Señoras y señores diputados, la iniciativa
parlamentaria que presenta la coalición de Convergència i Unió a la
Comisión de Economía sobre la creación de una subcomisión que estudie
un estatuto para las microempresas, para los trabajadores autónomos y
para los empresarios emprendedores no es nueva, sino que es la
continuación de una iniciativa parlamentaria que nuestro grupo ya
presentó en el Congreso de los Diputados la pasada legislatura, una
moción consecuencia de una interpelación sobre medidas de carácter
general para, por parte del Gobierno, impulsar y favorecer el
desarrollo de las microempresas. Dichas medidas, aprobadas en la
pasada legislatura por la mayoría de los grupos parlamentarios, se
plasmaban en una moción en la que se proponía la creación de una
subcomisión para el estudio de la situación de las microempresas, la
cual debía proponer un marco laboral tributario financiero y
administrativo favorable al desarrollo de este tipo de empresas.
La iniciativa que nuestro grupo parlamentario presenta hoy en esta
Comisión es más ambiciosa y más amplia que la que presentamos en la
pasada legislatura ya que, a la creación de una subcomisión para que
estudie un estatuto para las microempresas, añadimos todas
aquellas cuestiones relativas a los trabajadores autónomos,
completándola con la posibilidad de crear una subcomisión que estudie
todas aquellas iniciativas encaminadas a la creación de pequeñas
compañías, que es lo que nosotros definimos como la del empresario
emprendedor, que lógicamente abarcaría todas aquellas cuestiones
relativas a los jóvenes y mujeres, sobre todo, que en edades
comprendidas entre los 25 y 30 años pueden emprender la creación de
una microempresa. Por este motivo presentamos esta iniciativa
parlamentaria, que abarca tres ámbitos muy concretos. Un primer
ámbito, dirigido a realizar un estudio de la situación de las
microempresas, en el que se analicen los efectos de las reformas
llevadas a cabo en la anterior legislatura, básicamente los marcos
tributario, laboral, financiero y administrativo y se propongan
actuaciones de futuro al objeto de potenciar el desarrollo de este
tipo de empresas.
Por otra parte, como he dicho anteriormente, también proponemos
realizar un estudio sobre el régimen general de los trabajadores
autónomos de la Seguridad Social en el que se contemplen una serie de
actuaciones de futuro, al objeto de equiparar el actual régimen de
protección al vigente en el régimen general, haciendo especial
hincapié en las prestaciones por incapacidad y en la protección de
desempleo, ya que consideramos que la situación actual penaliza en
gran medida el desarrollo y el inicio de microempresas por parte de
los trabajadores autónomos.
También hay una tercera vertiente importante, a nuestro entender,
como es la de proponer un conjunto de medidas de carácter
administrativo, fiscal, laboral y financiero, al objeto de crear un
marco jurídico específico favorable al seguimiento y consolidación de
nuevas empresas, proyectos e iniciativas empresariales.
Entendemos que si esta Comisión acuerda la creación de esta
subcomisión haremos un gran favor al impulso de la economía
productiva y a todas aquellas cuestiones relacionadas con la creación
de empleo y la potenciación y el apoyo a las pequeñas y medianas
compañías y a las microempresas. Entendemos también que esta
subcomisión tendría que tener una duración máxima de seis meses desde
su constitución y tendría que estar constituida por tres diputados en
representación de los grupos mayoritarios, dos en representación de
los grupos con más de 10 diputados y un representante de los grupos
con menos de 10 diputados.
Por este motivo, pedimos el voto favorable al resto de los grupos
para que pueda ser efectiva la creación de esta subcomisión, ya que
la convocatoria de elecciones generales del pasado mes de marzo
imposibilitó la continuación de los trabajos que habían sido
aprobados por el Congreso de los Diputados.
El señor PRESIDENTE: La señora Pisonero tiene la palabra.
La señora PISONERO RUIZ: Intervengo para defender la propuesta del
Grupo Popular, pero en aras a llegar a un acuerdo sobre la creación
de la subcomisión manifestamos el apoyo de nuestro grupo a la
propuesta de Convergència i Unión, en el sentido de que el objetivo
y la filosofía son los mismos. Por lo tanto, apoyamos la constitución
de una subcomisión para impulsar las medidas adecuadas para la
pequeña empresa, desde lo que es el emprendedor al trabajador
autónomo, y la llamada microempresa.
Matizaríamos la propuesta de Convergència i Unió, en el sentido de
que en el segundo punto, cuando se hace referencia al estudio de las
medidas para los trabajadores autónomos, lo vinculemos a los estudios
y a las medidas que se evalúen en la Comisión del Pacto de Toledo,
por entender que es el ámbito donde debe analizarse ese tema, y que
no establezcamos un plazo tan breve, que vamos a incumplir a priori,
y que por lo tanto establezcamos un período de al menos 12 meses.
Por lo demás, vuelvo a repetir, creo que la propuesta del Grupo
Popular encaja perfectamente en la presentada por el Grupo
Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) y en ese sentido
manifestamos nuestro voto.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Socialista tiene la
palabra el señor Sevilla.
El señor SEVILLA SEGURA: La iniciativa de Convergència i Unió es la
número 8, la del Partido Popular es la número 9 y podía haber habido
un número 10 del Partido Socialista o un número 7 del Partido
Socialista, 8 de Convergència i Unió y 10 del Partido Popular. En
definitiva, creo que hay un cierto consenso en torno a la necesidad
de proceder a la creación de una subcomisión o ponencia que estudie
algo que creemos que hasta ahora ha faltado, que es el análisis de
las dificultades de los emprendedores, de los autónomos en España y
medidas que impulsen la creación de microempresas. Por lo tanto, mi
grupo va a apoyar la creación de esta subcomisión, pero me gustaría
que marcáramos un cierto plazo, es decir, que no nos tiráramos toda
la legislatura estudiando y al final se volvieran a disolver las
Cámaras sin haber llegado a una conclusión. En ese sentido, si los
grupos proponentes están de acuerdo, propondría que estableciéramos
la fecha de marzo para que las conclusiones a las que lleguemos
puedan ser incorporadas eventualmente en los presupuestos del 2002.
El señor PRESIDENTE: Señora Pisonero.
La señora PISONERO RUIZ: Dada la tramitación y en el período de
sesiones en el que estamos, presentarlo en marzo equivaldría a
trabajar en febrero y creo que es poco realista. Sería más práctico
establecer un período que permitiera plantear propuestas para los
próximos presupuestos y en su caso ley de acompañamiento.
El señor PRESIDENTE: Para continuar con las intervenciones de los
grupos, tiene la palabra el señor Llamazares por el Grupo Federal de
Izquierda Unida.
El señor LLAMAZARES TRIGO: Nosotros estamos de acuerdo, en general,
con la constitución de la subcomisión. Tenemos una cierta perplejidad
en cuanto a su finalidad. Nos parece que amplía mucho el campo
plantear pequeña y mediana empresa, autónomos, emprendedores. Habría
que preguntar qué nos queda para la Comisión de Economía.
En todo caso, como no queremos aparecer en contra de una iniciativa
de estas características, que nos parece conveniente, al menos en
algunas materias importantes, como es la situación de los autónomos o
de los emprendedores, creemos que debería aclararse el sentido de la
votación. No sabemos lo que vamos a votar en estos momentos porque la
iniciativa de Convergència i Unió no sabemos si incluye la del Grupo
Parlamentario Popular ni si Convergència i Unió acepta una enmienda
de supresión de lo relativo a los trabajadores autónomos y a su
régimen de Seguridad Social. Nos parece que esos temas deberían
aclararse, porque recuerdo que en esta Cámara hemos debatido en Pleno
una iniciativa sobre los trabajadores autónomos, no en la legislatura
pasada, sino en ésta, y se rechazó porque el tema de los trabajadores
autónomos se remitió al Pacto de Toledo.
Por lo tanto, nos gustaría saber de qué estamos discutiendo realmente
y qué vamos a votar.
El señor PRESIDENTE: ¿Restantes grupos que deseen intervenir?
(Pausa.)
¿El Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) está de acuerdo
con la propuesta que hace la señora Pisonero respecto al cambio de
los meses, es decir, seis a 12 meses?
El señor SÁNCHEZ I LLIBRE: La propuesta de nuestro grupo
parlamentario era poner un plazo de seis meses y no nos importaría
cambiarlo por 12 meses, entendiendo que esto no sea un inconveniente
para que el Grupo Parlamentario Socialista no vote esta iniciativa.
Es verdad que en seis meses podríamos finalizarlos y en 12
incorporarlos a los nuevos presupuestos para el año 2002.
Respecto a la otra cuestión, lo aceptamos sin sacar el punto 2 de la
subcomisión y emplazamos las conclusiones a las propuestas que puedan
surgir de la subcomisión creada para el Pacto de Toledo,
entendiéndose en esta cuestión que realizaríamos un estudio
exhaustivo sobre todo lo que representa el régimen general de los
trabajadores autónomos, así como su equiparación a los del régimen
general. Entendemos que esto tampoco debería servir para que el Grupo
de Izquierda Unida no la votara favorablemente.
El señor PRESIDENTE: Señor Llamazares, ¿entonces está de acuerdo?
El señor LLAMAZARES TRIGO: Quien tiene que estar de acuerdo son los
portavoces.
El señor PRESIDENTE: Me refiero a si está conforme.
El señor LLAMAZARES TRIGO: Estoy conforme con la propuesta.
El señor PRESIDENTE: Entonces pasamos a la votación de la primera
subcomisión.
Efectuada la votación, fue aprobada por unanimidad.
El señor PRESIDENTE: Señora Pisonero, entiendo que no hace falta
votar el segundo punto.
La señora PISONERO RUIZ: Nuestra propuesta queda retirada por
incorporarse a la primera.
- PARA LA PUESTA EN MARCHA DE UNA TASA SOBRE LOS MOVIMIENTOS
INTERNACIONALES ESPECULATIVOS DE CAPITAL. PRESENTADA POR EL GRUPO
PARLAMENTARIO MIXTO. (Número de expediente 158/000010.)
El señor PRESIDENTE: Pasamos al punto número 3, solicitud de creación
de una subcomisión de estudio en el seno de la Comisión de Economía y
Hacienda para la puesta en marcha de una tasa sobre los movimientos
internacionales especulativos de capital. Es una propuesta presentada
por el Grupo Parlamentario Mixto. El señor Saura tiene la palabra.
El señor SAURA LAPORTA: Señor presidente, como usted ha anunciado,
Iniciativa per CatalunyaVerds plantea hoy aquí la creación de una
subcomisión para que estudie la puesta en marcha de una tasa sobre
los movimientos internacionales especulativos de capital. Esta
propuesta intenta dar respuesta pequeñita a uno de los debates y
preocupaciones que hoy están surgiendo a nivel internacional en
relación con algunos de los efectos del actual proceso de
globalización. Una de las características negativas del proceso
actual de globalización es que la globalización económica manda sobre
la política, que no está pilotada por los Estados sino por las
grandes empresas transnacionales, y que existe una pérdida progresiva
de poder político para fijar objetivos sociales que, de alguna
manera, fijen las políticas y no la economía. Además, estamos
asistiendo al hecho de que algunos organismos internacionales,
algunos de ellos de dudosa legitimidad democrática,
decidan las orientaciones económicas en este proceso de
globalización.
Sobre los efectos del actual proceso de globalización, desde el punto
de vista de la igualdad, no hace falta que repita algunas cifras (es
por todos ustedes conocida la cantidad de niños y niñas que mueren
por hambre, los centenares de millones de personas que sobreviven con
menos de un dólar, los miles de millones de personas que no tienen
agua potable), basta decir simplemente que, de los 6.000 millones de
personas que vivimos en el mundo, solamente 1.000, entre los que nos
encontramos, estamos en situación de prosperidad. Recientemente,
tanto el programa PNUD de Naciones Unidas como la propia Asamblea de
Naciones Unidas han dado cifras de las desigualdades que son
escandalosas y lacerantes. Estamos en un proceso de globalización en
el que, al mismo tiempo que se crea mucha riqueza, se destruye mucho
y, al tiempo que se incrementa de forma vertiginosa la eficiencia, se
incrementan también las desigualdades.
Estas características y estos efectos han tenido respuestas sociales
importantes en Seattle, las están teniendo a otro nivel en Praga, hoy
mismo, ayer y mañana. El propio Fondo Monetario Internacional y el
Banco Mundial han reconocido últimamente la gravedad de la situación
y la necesidad de tomar medidas en este sentido.
No obstante, a nuestro entender, el tema más preocupante es la
libertad total de movimientos de capital especulativos que, de forma
instantánea y a nivel planetario, pueden hundir cualquier economía
regional o nacional. Piensen que estamos hablando de unos movimientos
de capital de más de 300 billones de pesetas diarios, de los que sólo
el 5 por ciento de las transacciones responde a transacciones reales,
ya sean de bienes o de servicios. Por tanto, en una era de triunfo de
la democracia, el alma de la democracia, que es la política, puede
estar enferma.
Desde este punto de vista, hace unos años, el premio Nobel de
Economía Tobin lanzó la idea de gravar con un impuesto reducido
-hablaba del 0,05 por ciento al 0,2 por ciento- aquellas
transacciones financieras a corto plazo que tengan carácter
especulativo. A partir de esa propuesta, que inicialmente fue tachada
de irreal desde ciertos sectores, cada vez han sido más voces y más
instituciones las que han considerado la necesidad de tomar medidas
en esta dirección. En el Senado belga se aprobó hace siete meses una
comisión de estudio para que tomara medidas en esta dirección; en el
Parlamento Europeo se perdió por muy pocos votos hace muy pocos
meses; en Inglaterra hay una iniciativa parlamentaria en este
sentido; el propio Jacques Delors se ha mostrado absolutamente de
acuerdo en avanzar en esta dirección. A nivel internacional y social,
desde Le Monde Diplomatique, Ignacio Ramonet está lanzando una
campaña importante en este sentido.
Lo que habría que estudiar sería qué tipo de transacciones habrían de
estar sometidas a este impuesto, qué tipo de nivel, cómo se recauda,
quién lo distribuye, teniendo en cuenta además que ésta es una medida
que no se puede tomar sólo a nivel nacional y, como mínimo,
necesitaría una orientación a nivel de la Unión Europea.
Quiero acabar mi argumentación diciendo que, cuando decía al inicio
de mi exposición que la economía gobierna a la política, esto
significa que, en general, los parlamentos estatales no opinan ni
debaten ni discuten sobre grandes temas económicos. Estamos
asistiendo a un proceso en el que las grandes decisiones económicas
se toman absolutamente al margen de los parlamentos estatales. En el
caso español, seguro que los representantes del Gobierno en el Banco
Mundial o en el Fondo Monetario Internacional están interviniendo hoy
en Praga y dudo que alguno de ustedes sepa exactamente qué van a
decir. En ese sentido, nosotros hemos solicitado la comparecencia en
el Congreso para saber qué dicen los representantes del Gobierno
español en Praga estos días.
En síntesis, las razones de nuestra propuestas son tres. Queremos
introducir elementos políticos en la economía, queremos simplemente
que, en la Comisión de Economía pueda haber una subcomisión de
estudio que, a la luz de lo que hoy es uno de los principales debates
y preocupaciones del proceso de globalización, emita una opinión
tanto a la sociedad española como a la Unión Europea.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la
palabra el señor Martínez-Pujalte.
El señor MARTÍNEZ-PUJALTE LÓPEZ: Señor presidente, habitualmente las
intervenciones se producen de mayor a menor, cerrando el Grupo
Parlamentario Popular, pero no tengo ningún inconveniente en
intervenir en primer lugar.
Mi grupo quiere agradecer la iniciativa que ha traído hoy a esta
Comisión el señor Saura. Las aportaciones del señor Saura son siempre
extraordinariamente sugestivas. Hoy debatimos la creación de una
subcomisión para estudiar la tasa Tobin. Esta idea fue planteada por
el premio Nobel de Economía de 1981, quien hablaba de crear un
impuesto de alrededor del 0,1 por ciento que gravara todas las
transacciones realizadas en los mercados de divisas. Esa idea del
profesor Tobin resucita en 1997 en un artículo de Le Monde
Diplomatique, que quiere enarbolar la bandera en todo este movimiento
antiglobalización que está surgiendo. De hecho, en Francia ha
cristalizado una asociación, la asociación por una tasa en las
transacciones financieras especulativas para ayuda a los ciudadanos,
que ya tiene presencia en España. También es cierto que ese
movimiento está empezando a tener una presencia política en los
parlamentos nacionales. Hoy tenemos esta iniciativa aquí y ha habido
otras iniciativas
de diversa índole en otros parlamentos, en Canadá, Francia,
Bélgica, Brasil. En Francia se solicitó, por ejemplo, que el Gobierno
enviara un informe al Parlamento, que fue presentado en agosto.
La verdad es que nos encontramos en un debate que tiene una
repercusión mundial y que responde a algunas de las consecuencias de
la globalización; globalización que tiene más factores positivos que
negativos y hay que luchar contra ellos. Decía el señor Saura que se
están estudiando en el Fondo Monetario Internacional y en el Banco
Mundial iniciativas para evitar esos castigos especulativos del
mercado a países que pueden ahondar en la pobreza de algunos países
terceros. Mi grupo entiende que algo hay que hacer para evitar la
inestabilidad en los mercados financieros de esos países que pueden
provocar consecuencias nefastas, aunque la tasa Tobin tenga más
inconvenientes que ventajas. Tiene una consecuencia directa, que es
un aumento de los costes de transacción en el intercambio de moneda,
que podría actuar como un arancel en las importaciones y un impuesto
a la exportación, de consecuencias no deseadas para el bienestar de
los ciudadanos.
El señor Saura hablaba del bienestar de los países terceros. La
globalización tiene muchos factores positivos en la mejora del
bienestar, tanto aquí como en países terceros, y volver a la política
de la implantación de aranceles excesivos, contra la que ya se está
luchando en el GATT, o volver a gravar con impuestos a la exportación
para frenar la salida de los productos al exterior, no parece que sea
el camino idóneo. Además, aumentarían los costes de intermediación
financiera, se distorsionaría el mercado de divisas, se reduciría la
trasparencia y por si esto no fuera suficiente, es de aplicación
supercompleja. Una tasa de este estilo no tiene sentido si no es
aceptada por todos los países, no sólo de la Unión Europea -luego me
referiré para concluir a ese aspecto-, sino de todos los países. Si
no se aceptara por todos los países con el problema que tiene la
aceptación por parte del conjunto de países tanto desarrollados, como
en vías de desarrollo, se plantearía un problema de deslocalización.
En el caso español, y también hay que señalarlo, hay una
incompatibilidad con el Tratado de la Unión Europea que establece el
principio de libertad de movimientos de capitales dentro y fuera de
la Unión. Mi grupo entiende que la instauración de la tasa o de algún
mecanismo que anule los efectos negativos de la globalización, se
debe estudiar en el foro adecuado, que es el Parlamento Europeo. Por
suerte, pertenecemos a una zona con moneda única, la Unión Europea,
donde hay trasparencia y libertad absoluta en el movimiento de
capitales y el foro adecuado para estudiar este tema sería el
Parlamento Europeo. Desde luego, entrar en este Parlamento en una
dinámica de crear una comisión ad hoc para un problema que compete a
todo el territorio de la Unión,no es lo más adecuado. Por eso, a
pesar de entender la
buena sugerencia que hoy nos trae a esta Comisión el señor Saura, mi
grupo va a votar que no, de acuerdo con los compromisos
internacionales que tiene.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la
palabra el señor Sevilla.
El señor SEVILLA SEGURA: Si no entiendo mal, hoy no estamos aquí para
votar la creación ya y sólo en España de la tasa Tobin. Estamos para
discutir una propuesta sobre la creación de una ponencia o una
subcomisión de estudio. Tal y como está redactada dicha propuesta,
viene a traer a España una realidad y un problema que existe y que
tiene que ver con la configuración de la nueva arquitectura
financiera internacional, uno de cuyos aspectos, pero no el único, es
la eventual puesta en marcha de la llamada tasa Tobin.
El problema existe, los organismos internacionales están en esa línea
vinculándolo a lo que sería el nuevo diseño de arquitectura
financiera internacional. Como ha señalado en su intervención el
representante del Grupo Popular, hay otros parlamentos y otras
instancias políticas que están reaccionando ante lo que es una
preocupación real, no ya sólo de los ciudadanos, sino también de los
gobiernos e incluso de los mercados financieros, y, por tanto, no
podemos prejuzgar ya cuáles pueden ser las conclusiones a las que se
lleguen en esa subcomisión de estudio cuya creación se somete a
votación hoy aquí.
No me gusta que mi país quede en un papel secundario amparándonos en
la Unión Europea. Es más, me gustaría que fuéramos capaces de
presentar en esas instancias más iniciativas y un papel más activo en
este y en otros muchos asuntos y tampoco considero que el Parlamento
español tenga que estar alejado de la realidad y de las
preocupaciones sociales, por lo que mi grupo va a votar
favorablemente los términos en los que está redactada dicha
proposición.
El señor PRESIDENTE: Señor Llamazares, tiene la palabra por el Grupo
Federal de Izquierda Unida.
El señor LLAMAZARES TRIGO: Anuncio el voto favorable del Grupo
Federal de Izquierda Unida a esta iniciativa de creación de una
subcomisión de estudio sobre la tasa de movimientos internacionales
especulativos de capital.
Las transferencias y movimientos internacionales especulativos de
capital no son solamente una cuestión de la Unión Europea. Afecta a
todos los ciudadanos y a los parlamentos nacionales. Si llevamos el
tema al absurdo, podríamos llegar a la conclusión de que ni siquiera
es una cuestión de la Unión Europea, es una cuestión de organismos
multinacionales mucho más amplios como Naciones Unidas, Fondo
Monetario Internacional, Banco Mundial, etcétera. En todos los
ámbitos hay una preocupación sobre esa materia, en particular con el
contexto de la globalización, y hay
un ámbito político de intervención desde los parlamentos nacionales y
que esta iniciativa es, por tanto, pertinente.
Si, además, se pretende dedicar esta tasa a la lucha contra la
pobreza y la desigualdad, hay más razones para que estas iniciativas
no sean únicamente de la Unión Europea o de otros organismos
internacionales, sino que conciernan a los parlamentos de los Estados
miembros de la Unión Europea, a los parlamentos en general. Además de
esta iniciativa sobre la creación de una subcomisión de estudio que
aborde los problemas de las transferencias especulativas de capital,
los problemas de la pobreza y de la intervención política en la
economía, nos parece que todos estos aspectos son de suficiente
importancia como para que se tengan en cuenta en un parlamento
nacional. De otra manera, por la reducción al absurdo, este
Parlamento no tendría competencias prácticamente.
Estamos de acuerdo con la intervención del señor Saura y con la
pertinencia de la propuesta, pero no con derivar iniciativas de estas
características hacia otros ámbitos que seguramente tienen sus
competencias, pero también nosotros las tenemos.
El señor PRESIDENTE: Procedemos a la votación.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 11;
en contra, 16.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
- PARA EL SEGUIMIENTO DE LOS PROCESOS DE PRIVATIZACIÓN Y RECONVERSIÓN
DE LAS EMPRESAS PERTENECIENTES AL SECTOR PÚBLICO. PRESENTADA POR EL
GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO. (Número de expediente
158/000011.)
- PARA EL SEGUIMIENTO DE LOS PROCESOS DE PRIVATIZACIÓN Y RECONVERSIÓN
DE LAS EMPRESAS PERTENECIENTES AL SECTOR PÚBLICO. PRESENTADA POR EL
GRUPO PARLAMENTARIO CATALÁN (CONVERGÈNCIA I UNIÓ) (Número de
expediente 158/000012.)
PRESIDENTE:
El señor Pasamos al último punto de esta parte del orden del día,
sobre creación de una subcomisión en el seno de la Comisión de
Economía y Hacienda para el seguimiento de los procesos de
privatización y reconversión de las empresas pertenecientes al sector
público.
Tiene la palabra el señor Souvirón en nombre del Grupo Popular.
El señor SOUVIRÓN GARCÍA: El Grupo Parlamentario Popular propone la
creación, en el seno de esta Comisión de Economía, Comercio y
Hacienda, de una subcomisión para el seguimiento de las
privatizaciones de las empresas y las reconversiones de las empresas
públicas. Se trata de continuar los trabajos iniciados en la
legislatura anterior, en cuanto el programa de modernización del
sector público empresarial, aprobado por el acuerdo del Consejo de
Ministros del 28 de junio de 1996 y que tan importantes frutos ha
dado a la economía española, sigue teniendo vigencia.
La trasparencia en los procesos de privatización está, a nuestro
juicio, garantizada con el informe previo del Consejo Consultivo de
Privatizaciones y la fiscalización posterior del Tribunal de Cuentas
y de la Intervención General de la Administración del Estado. Sin
embargo, nos parece que este cuadro no estaría completo si el
Congreso de los Diputados, si esta Comisión de Economía, en función
de las competencias que tiene conferidas, no tuviera conocimiento
detallado de aquellas privatizaciones que ya están realizándose o que
se vayan a realizar en el futuro. Es por eso por lo que proponemos la
creación de un órgano especializado, dentro de esta Comisión, que es
esa subcomisión, que ya existió en la legislatura anterior, aunque no
siempre fue fácil su constitución. No hay que olvidar que las
privatizaciones no empezaron en 1996 y, sin embargo, hasta ese año no
hay una subcomisión que se encargue en el Congreso de esa materia.
Por tanto, desde el Grupo Parlamentario Popular nos parece un paso
importante para completar ese cuadro de trasparencias que creemos es
necesario.
Por razones de economía de tiempo y para evitar una intervención
posterior quiero mostrar, una vez leída con atención la iniciativa
del Grupo de Convergència y Unió, mi posición con respecto a la
misma. Estamos absolutamente de acuerdo con esta iniciativa si bien
tenemos que manifestar un matiz en cuanto a la fijación de un término
en esta iniciativa por cuanto entendemos que el término normal de
esta subcomisión sería el de toda la legislatura. En cualquier caso,
con la intención de acercar posturas, proponemos al Grupo
Parlamentario Catalán que, para que el plazo sea más realista,
estaríamos dispuestos a aceptar uno que tuviera el término de un año.
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el portavoz del Grupo Catalán
(Convergència i Unió), como autor de la segunda propuesta.
El señor SÁNCHEZ I LLIBRE: Nuestro grupo parlamentario de
Convergència i Unió ya presentó en la pasada legislatura una
propuesta de creación de una subcomisión, en el seno de la Comisión
de Economía y Hacienda, para el seguimiento de los procesos de
privatización y reconversión de las empresas pertenecientes al sector
público. Esta subcomisión aprobó un dictamen,
con fecha de 21 de diciembre de 1999, y dado que todavía
existen en estos momentos empresas vinculadas al sector público e
inmersas en procesos de privatización y reconversión, pensamos que es
necesario volver a crear dicha subcomisión para que vuelva a reanudar
sus trabajos y que desde el Gobierno, las entidades de control de los
procesos de privatización, Consejo Consultivo de Privatizaciones,
Intervención General del Estado, el Tribunal de Cuentas y las
empresas afectadas, se facilite su colaboración. Entendemos que la
creación de dicha subcomisión debería seguir velando por los
principios del programa de modernización de 1996, de trasparencia,
concurrencia y publicidad en los procesos, así como de la eficiencia
y economía, corrección de los desequilibrios presupuestarios, así
como por el fortalecimiento de la iniciativa empresarial y la
creación de empleo. Es por este motivo por el que hemos presentado
esta iniciativa parlamentaria en el sentido de volver a reanudar los
trabajos de esta subcomisión en el seno de dicha Comisión para que se
pueda realizar un estudio de la situación de los procesos de
privatización y reconversión que se enmarcan en el programa de
modernización del sector público empresarial del Estado, así como
también para que pueda emitir sus conclusiones.
Aceptamos de buen grado la enmienda transaccional que ha presentado
el Grupo Parlamentario Popular, en el sentido de poder ampliar el
plazo de seis meses a un año para que pueda finalizar los trabajos
dicha subcomisión. Por ello votaríamos nuestra propuesta con la
enmienda del Grupo Parlamentario Popular en el sentido de ampliar los
plazos de emisión de dictamen de seis meses a un año.
El señor PRESIDENTE: Le agradecería que nos dijera cuál es la que se
tiene que someter a votación.
El señor SÁNCHEZ I LLIBRE: He entendido, después de la intervención
del Grupo Parlamentario Popular, que votaría la nuestra, siempre y
cuando aceptáramos una enmienda relativa a ampliar el plazo de seis a
doce meses. Y dado que nosotros fuimos los padres de la criatura en
la pasada legislatura y hemos presentado esta propuesta, no
tendríamos ningún inconveniente.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la
palabra la señora Mendizábal.
La señora MENDIZÁBAL GOROSTIAGA: Independientemente de quien tenga la
paternidad o la maternidad, porque en estos temas las cosas suelen
resultar, y más ahora, un poco borrosas, en principio el Grupo
Socialista está de acuerdo con la creación de esta subcomisión, pero
me preocupa la intervención del parlamentario del Grupo Popular que
dice que se trata de continuar lo que pasó en la anterior
legislatura. La verdad es que lo que nosotros no queremos es que
continúelo que ocurrió con esta subcomisión en la anterior
legislatura porque fue una subcomisión en que la paternidad,
efectivamente, la tuvo el Grupo Catalán (Convergència i Unió). Fue
una subcomisión con la intención a priori de ir controlando o
conociendo los procesos de privatización y se convirtió, al querer
tener la paternidad el Grupo Popular, en una subcomisión que lo único
que hacía era tratar de controlar a posteriori los procesos. Pero es
que, además, fue una subcomisión que se creó a destiempo porque tardó
dos años. Las comparecencias, que era una de las partes más
consistentes y más importantes para el trabajo de esa subcomisión, se
hicieron de manera acumulada, muy tarde y no a conveniencia de lo que
necesitaba la subcomisión, sino de las agendas de los presidentes de
las empresas privatizadas. Además, la falta de información fue
importante, porque había informaciones que se negaban a la
subcomisión; no tuvimos acceso a las auditorías de la Intervención
General de la Administración del Estado y todo esto fue trufado,
tapado con una propuesta por parte del presidente de la SEPI diciendo
que teníamos toda la información en sus archivos, como si
estuviéramos haciendo cursillos de archiveros o de biblioteconomía .
Creo que a esta subcomisión se la debía haber dado una mayor
facilidad para trabajar. Por todo esto el Grupo Socialista se vio en
la obligación, en las conclusiones de esta subcomisión, de presentar
un voto particular con algún otro grupo de la Cámara.
Dicho todo esto, lo que quiero es expresar nuestras prevenciones
respecto a los trabajos de esta subcomisión. No nos podemos negar a
que exista esta subcomisión, pero que trabaje con la información que
solicite y que las comparecencias sean cuando la subcomisión quiera y
no cuando los presidentes de las empresas privatizadas lo decidan.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo de Izquierda Unidad, tiene la
palabra el señor Llamazares.
El señor LLAMAZARES TRIGO: Abrumado por la generosidad de los grupos
parlamentarios Popular y de Convergència i Unió en torno a la
iniciativa, y en la convicción de que no se trata de paternidad, sino
de asistir a un funeral, de quien oficia el funeral de las empresas
privatizadas, nosotros no vamos a estar de acuerdo con esta
iniciativa y no vamos a votar favorablemente la creación de la
subcomisión de privatizaciones. En primer lugar, porque no estamos de
acuerdo con el programa de modernización de las empresas públicas,
que ha sido finalmente un programa de privatizaciones, como han dicho
en diversas ocasiones los portavoces del Grupo Parlamentario Popular,
que va a llegar hasta el final y del que solamente se va a librar
probablemente alguna que otra empresa minera, porque nadie va a
querer comprarlas. Nosotros no estamos de acuerdo con este programa
de privatizaciones y, por tanto, no podemos asumir que esta
subcomisión sea la
que controle la eficacia en la aplicación del programa de
privatizaciones. En segundo lugar, los precedentes, en nuestra
opinión, no son malos, son nefastos. Los precedentes son una
subcomisión del Congreso de los Diputados que ha aparentado que
controlaba el proceso de privatizaciones, pero que no ha podido
controlar la mayor parte de las mismas, que le han venido dadas y, en
muchos casos, de las que ha visto hurtada la información y reducido
cualquier mecanismo de trasparencia. Por tanto, los precedentes sobre
el funcionamiento de esta subcomisión de privatizaciones no son
precisamente halagüeños.
Con respecto a la finalidad de la subcomisión en estos momentos,
cuando nos encontramos en el tramo final del proceso de
privatizaciones, nos da la impresión de que es una coartada del
Gobierno, una coartada del grupo mayoritario de esta Cámara para que
aparentemente haya una participación del Congreso de los Diputados,
pero en realidad no vamos a tener esa participación. Preferimos que
al menos la participación sea la habitual de control y de iniciativa
del Pleno del Congreso de los Diputados y de la Comisión de Economía
y no una subcomisión a la cual se van a remitir todo tipo de
iniciativas en relación a la política de privatizaciones, que
finalmente no funcionará como no funcionó, y en en la que no podremos
controlar el proceso de privatizaciones y mucho menos decidir sobre
su proceso.
Como no queremos hacer el ridículo oficiando el funeral de las
privatizaciones, consideramos que esta iniciativa lo que hace es
restar protagonismo al Parlamento y, por tanto, no la vamos a votar.
El señor PRESIDENTE: Si no hay ninguna otra intervención de los
grupos, pasamos a la votación de la propuesta de Convergència con la
modificación de seis por doce meses.
Señor Souvirón.
GARCÍA:
El señor SOUVIRÓN Evidentemente, no tenemos ningún problema, una vez
que queda clara la intención del Grupo Parlamentario Popular, en
votar la del Grupo Catalán (Convergència i Unió) con la modificación
o la enmienda transaccional que antes indiqué y que han aceptado de
que el término sea de un año para culminar los trabajos.
El señor PRESIDENTE: Procedemos a al votación.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 26;
en contra, uno.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada la solicitud de creación de la
subcomisión.
Se suspende la sesión por tres minutos. (Pausa.)
COMPARECENCIA DEL SEÑOR PRESIDENTE DE LA COMISIÓN NACIONAL DEL
MERCADO DE VALORES (FERNÁNDEZ-ARMESTO FERNÁNDEZ ESPAÑA) PARA INFORMAR
SOBRE:
- CRITERIOS Y ACTUACIONES DE LA COMISIÓN EN MATERIA DE INFORMACIÓN
PRIVILEGIADA. A SOLICITUD DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA. (Número
de expediente 212/000047.)
- LA INVESTIGACIÓN ABIERTA EN RELACIÓN A LA POSIBLE INFORMACIÓN
PRIVILEGIADA POR PARTE DEL PRESIDENTE DE TELEFÓNICA, SEÑOR
VILLALONGA. A SOLICITUD DEL GRUPO PARLAMENTARIO FEDERAL DE IZQUIERDA
UNIDA. (Número de expediente 212/000055.)
- MEDIDAS ADOPTADAS A LOS EFECTOS DE GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DE LA
LEY DEL MERCADO DE VALORES. A SOLICITUDDEL GRUPO PARLAMENTARIO
POPULAR EN EL CONGRESO. (Número de expediente 212/000057.)
- EL EXPEDIENTE ABIERTO POR LA COMISIÓN PARA LA INVESTIGACIÓN DE
POSIBLES INFRACCIONES DE LA LEY DEL MERCADO DE VALORES COMO
CONSECUENCIADE COMPRAS EN ELAÑO 1998 DE OPCIONES SOBRE ACCIONES DE
TELEFÓNICA POR PARTE DE SU PRESIDENTE. A SOLICITUD DEL GRUPO
PARLAMENTARIO CATALÁN (CONVERGÈNCIA I UNIÓ) (Número de expediente
212/000081.)
El señor PRESIDENTE: Como saben SS.SS., hay cuatro peticiones de
comparecencia del presidente de la Comisión Nacional del Mercado de
Valores, la primera del Grupo Parlamentario Socialista, la segunda
del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, la tercera del
Grupo Parlamentario Popular y la cuarta y última del Grupo
Parlamentario Catalán (Convergència i Unió). Si SS.SS. no tienen
inconveniente, se podrían acumular las cuatro comparecencias en una.
(Asentimiento.)
Por otro lado, como ha habido una duda en la primera parte de la
sesión, me gustaría preguntar a los portavoces si hay algún problema
para que reglamentariamente comiencen las intervenciones de los
grupos parlamentarios de menor a mayor.
El señor MARTÍNEZ SANJUÁN: Señor presidente, en estos casos lo
habitual ha sido que las comparecencias se hagan de mayor a menor en
función de los grupos parlamentarios que han solicitado la intervención
o la comparecencia, y luego fijen la posición los grupos
parlamentarios que no la han solicitado.
El señor PRESIDENTE: Creo que en la costumbre parlamentaria ha habido
las dos situaciones. Si uno coge el reglamento, literalmente dice que
es de menor a mayor, pero en este caso le propondría incluso que
fuera por el orden de presentación, por lo que intervendrían por este
orden el Grupo Parlamentario Socialista, Izquierda Unida, el Grupo
Popular y el Grupo Catalán (Convergència i Unió). Realmente, desde el
punto de vista reglamentario, si me piden que sea yo el que tome la
decisión, el orden sería de menor a mayor, pero si todos ustedes
están de acuerdo en que sea: Grupos Socialista, Izquierda Unida,
Popular y Catalán, para ser exquisitos con las fechas de presentación
de la petición de comparecencia, lo hacemos así. ¿Hay algún problema?
(Pausa.) Lo haremos así.
Señor Fernández-Armesto, bienvenido a la Comisión de Economía y
Hacienda. Tiene usted la palabra.
El señor PRESIDENTE DE LA COMISIÓN NACIONAL DEL MERCADO DE VALORES
(Fernández- Armesto Fernández-España): Muchas gracias, señor
presidente.
Señorías, me ha pedido el señor presidente que sea lo más breve
posible. Intentaré ajustarme lo más que pueda a la brevedad.
Las primeras palabras que quiero dirigirles a SS.SS. son de
agradecimiento y para resaltar la importancia que tiene para el
presidente de la Comisión comparecer ante sus señorías. Saben que el
presidente de la Comisión, por ley, tiene un deber de
confidencialidad y este deber de secreto solamente cede ante mi
superior obligación de comparecer ante ustedes. El Parlamento es el
único foro en que el presidente de la CNMV puede y debe revelar
detalles sobre las investigaciones del ente que preside. Por eso he
mantenido silencio hasta ahora y hasta este momento no he podido
explicar cuáles han sido los motivos, las razones y el desarrollo de
las investigaciones que han tenido lugar y SS.SS. saben que he estado
dispuesto, he estado deseoso y que he pedido comparecer ante SS.SS.
en cualquier momento, incluso antes del verano.
Era Leopold von Ranke, el gran historiador alemán, el que dijo que la
primera obligación del historiador es contar las cosas tal como
ocurrieron, y en este asunto, en el que ha habido tal nivel de
desinformación, más que en ningún otro tema, creo que es imperativo
atenerse a la recomendación del historiador y es importante hacer una
exposición cronológica y detallada de qué es lo que exacta y
realmente ha ocurrido. Empiezo, por tanto, con una cronología de los
hechos y empiezo en el año 1998. El 2 de enero de ese año don Juan
Villalonga, presidente de Telefónica S.A., suscribió con Argentaria
Bolsa un contrato en virtud del cual adquirió264.000 opciones sobre
acciones de Telefónica, con
un vencimiento -y esto quiero resaltarlo, es importante- a dos años y
medio, y a cambio de estas opciones satisfizo una prima de 198
millones de pesetas. En virtud de ese contrato, don Juan Villalonga
tenía derecho a que Argentaria Bolsa le entregara el 30 de junio de
2000 -es decir, hace unos pocos meses- estas acciones, 264.000, a un
precio de 4.620 pesetas.
El mismo 2 de enero el presidente de Telefónica me llamó por teléfono
para informarme de la operación y me expresó su opinión de que no
existía obligación de comunicarla al mercado. La argumentación legal
que esgrimió se basaba en el artículo 53 de la Ley del Mercado de
Valores y me he permitido traer para SS.SS. una serie de documentos,
el primero de los cuales es precisamente -lo digo para que puedan
seguirlo- el artículo 53 de la Ley del Mercado de Valores, en la
versión que tenía en el año 1998, y si ven ustedes el artículo 53,
empieza: Quien por sí o por persona interpuesta adquiera o transmita
acciones. No hay mención alguna a opciones y, por tanto, la
argumentación que hizo don Juan Villalonga es que no existía
obligación legal de informar.
Tras consultar con el vicepresidente de la Comisión y con el director
de sus servicios jurídicos, en conversación telefónica que tuve el
día 8 de enero con el secretario del consejo de Telefónica -el señor
Villalonga estaba fuera- le informé que en opinión de la CNMV, al
margen de consideraciones legales y basándonos en un principio de
trasparencia del mercado, debía remitir al mercado un hecho relevante
explicativo de lo que había hecho. El 18 de febrero recibí una carta
firmada por don Juan Villalonga -de la cual tienen ustedes copia en
el documento número 3 de los que les he entregado- en la que indicaba
que no había informado al mercado sobre la operación debido a que el
16 de enero la había deshecho.
Con posterioridad a estas fechas y como consecuencia de la
investigación que hizo la Comisión, que después detallaré se pusieron
de manifiesto tres hechos adicionales: en primer lugar, que los
fondos utilizados por don Juan Villalonga provenían de un préstamo
facilitado el 29 de diciembre del año anterior, 1997, por el grupo
Argentaria; en segundo lugar, que al deshacer la operación don Juan
Villalonga obtuvo un beneficio de 21 millones de pesetas; en tercer
lugar, que una sociedad, Percacer S.A., controlada por un consejero
de Telefónica, don Alberto Cortina, había suscrito un contrato de
análogas características, que se deshizo en la misma fecha.
Siguiente hito, 22 de enero. Quiero resaltarles esta fecha. Recuerdo
que a principios de enero es cuando tienen lugar estos hechos. El 22
de enero, es decir una semana después, la división de supervisión de
la Comisión Nacional del Mercado de Valores comunicó a Argentaria
Bolsa que iniciaba una inspección para analizar su situación, sus
procedimientos, sus sistemas de control y, sobre todo, este tipo de
operaciones que
venía realizando. La visita comenzó efectivamente el 30 de enero.
Recuerdo que estas operaciones tienen lugar el 2 de enero, que el 30
un equipo de inspectores de la Comisión entra en Argentaria y que
hasta junio de ese año realiza una inspección de la actuación de la
entidad.
Este trabajo puso de manifiesto que fue precisamente en enero de
1998, precisamente en estas fechas, cuando Argentaria Bolsa había
comenzado a realizar un volumen significativo de operaciones OTC
sobre productos derivados (opciones sobre valores del índice Ibex,
básicamente Argentaria, Telefónica, Repsol, Fecsa) y -lo que es
realmente necesario resaltar- la contrapartida eran clientes no
institucionales, eran personas físicas. Estas operaciones son
normales, son muy frecuentes y se habían realizado anteriormente con
clientes institucionales, pero esta era la primera vez que se
realizaban con clientes que eran personas físicas. En este período,
entre enero y mayo de 1998, en total se detectaron 80 operaciones de
este tipo, entre las que estaban precisamente las suscritas por el
señor Villalonga y el consejero de Telefónica.
Una primera línea de investigación se centró en analizar los aspectos
técnicos de valoración, de control interno y de información a la
clientela de estas operaciones, y los inspectores llegaron a la
conclusión de que existían lo que nosotros llamamos debilidades en
los procedimientos internos de evaluación y de supervisión de
Argentaria. A la vista de que había estas debilidades, la CNMV pidió
al consejo de Argentaria Bolsa -que lo hizo el 8 de junio en una
sesión monográfica- que reforzara o modificara sus procedimientos
internos al realizar este tipo de operaciones. Estábamos en junio de
1998. Acontinuación, una vez que Argentaria internamente había tomado
estas medidas, el 19 de junio la Comisión envió la carta de
inspección, el documento final de la inspección a Argentaria,
requiriendo a la sociedad para que siguiera estrictamente las medidas
adoptadas por su consejo, y de facto lo que ocurrió es que estas
medidas desembocaron en que Argentaria paralizó la realización de
este tipo de operaciones con inversores individuales. La primera
conclusión que quiero que SS.SS. recuerden es que a partir de junio
Argentaria Bolsa cesó en la realización de este tipo de operaciones
con un carácter de alto riesgo con clientes individuales.
Las líneas de actuación de la Comisión no se dirigieron sólo a
Argentaria; también se dirigieron a Telefónica y el 24 de junio, a
instancias de los servicios de inspección de la CNMV, el consejo de
Telefónica aprobó un nuevo reglamento interno de conducta. Tienen SS.
SS. en el documento 4 una copia de este nuevo reglamento interno de
conducta. La Comisión había detectado que el reglamento interno de
conducta que ya tenía Telefónica -es obligatorio que todas las
empresas emisoras lo tengan- no cubría la adquisición de opciones por
parte de sus consejeros y presidente, y no la cubría porque era fiel
reproducción de los principios de la ley, que recuerdan ustedes que
tampoco
lo exigía. La Comisión le requirió a Telefónica que aprobase un nuevo
reglamento y que ampliase el ámbito objetivo del mismo. Si SS.SS. me
siguen al artículo 2 del nuevo reglamento, página 2, y van al
apartado 2.2., dice: Tendrán la consideración de valores, a los
efectos de lo dispuesto en el apartado anterior, acciones,
obligaciones, pagarés, activos titulizados y en general los derechos
negociables comprendidos en el artículo 2 del Real Decreto 291,
incluidos los derivados. Esto, los derivados y la mención a este
artículo 2, son las opciones y futuros. Es decir, que a partir de
junio -esta es la segunda conclusión que yo les rogaría que tuvieran
en mente- del año 1998, si se hubiera vuelto a realizar una operación
de adquisición de opciones por cualquier consejero o presidente de
Telefónica, no estaría sujeta a la ley, porque la ley era la que era,
pero sí al reglamento interno de conducta, y, por lo tanto, tenían
que cumplirse todos los requisitos, todos los trámites de
información, publicidad y registro que prevé dicho reglamento interno
de conducta.
No se cierran aquí los temas. La investigación continúa. Ustedes
recuerdan que la primera parte de la investigación estaba centrada en
la supervisión in situ en Argentaria, para ver si Argentaria había
actuado correctamente. Continúa la investigación hasta noviembre de
1998, ya en manos del inspector general de la CNMV. Quiero resaltar
que el inspector general de la CNMV es la máxima jerarquía dentro de
la inspección y era un funcionario, inspector de Hacienda, que
llevaba más de 10 años en la Comisión. Esta investigación estaba ya
centrada en determinar si había algún tipo de ilícito administrativo,
si había que imponer a alguien alguna sanción administrativa por los
hechos acaecidos. El 4 de noviembre el inspector general rindió
informe.
Me he permitido adjuntarles el siguiente documento, que es el informe
rendido por el inspector general el 4 de noviembre de 1998 al
presidente de la Comisión, el informe que pone fin a estos diez meses
de investigaciones. En este informe, que es mucho más extenso -les he
puesto exclusivamente el cuerpo del mismo; tiene 6 ó 7 anexos y en
total son cerca de 70 folios-, el inspector general analiza tres
aspectos: en primer lugar, posible uso de información privilegiada.
Sus señorías lo tienen en el punto 1, por parte de los adquirentes de
opciones. Me permiten que les lea, verbatim, las conclusiones del
informe: 'Por ello' -dice el inspector general- debe concluirse que
con los datos analizados no es posible definir con la claridad
necesaria para abrir expediente sancionador cuál pudo ser la
información privilegiada que motivó la formalización de las opciones
OTC... Parece claro, por tanto -continúa- que si no puede definirse
cuál era la información relevante que motivó la formalización de las
opciones y qué persona la poseía, así como a quién se le transmitió,
difícilmente se dan los elementos necesarios para proponer al consejo
de la CNMV la apertura del correspondiente
expediente sancionador'. Pero no solamente se investiga
este posible ilícito, sobre el cual después se han centrado las
discusiones. También analiza si hubo un posible incumplimiento del
deber de comunicación de participaciones significativas, si tenía que
haber informado. Ahí, punto 2, llega a la conclusión, se la cito
literalmente -es el punto 2, lo tienen ustedes delante-: «Quien
adquiere una opción no por ello adquiere los derechos inherentes al
subyacente (en especial el derecho a voto), por lo que, al menos
hasta el ejercicio de la misma, no puede decirse que se encuentra en
una posición de control. Desde esta perspectiva, la CNMV nunca ha
exigido la declaración de las opciones por parte de sus tenedores,
por lo que tampoco en el caso actual procede tal pretensión'. Yo aquí
quiero resaltarles que la práctica de la Comisión, ajustada a la ley,
fue la de no exigir la información sobre compra de opciones. Yendo
más allá de lo que era la estricta interpretación de la ley,
recomendé al presidente de Telefónica que lo hiciera, pero aquí se
resalta una vez más cuál era la situación legal entonces. En tercer
lugar, posible infracción del principio de paridad de trato a
clientes por parte de Argentaria Bolsa. La Comisión también analizó
si, dadas las relaciones que había entre el presidente y un consejero
de Telefónica con Argentaria, podía haber habido algún trato de
favor, y llega a la conclusión, es el punto 3, de que no ha habido
trato de favor.
A la vista de este informe, de 4 de noviembre, la CNMV adoptó la
única decisión legalmente posible, la de no iniciar un expediente
sancionador en relación con estos hechos. Con un informe del
inspector general diciendo que no hay indicios de actuación
irregular, la Comisión no puede hacer otra cosa que no abrir
expediente. También quiero resaltar que no se adoptó una decisión
expresa de cerrar el expediente. Sencillamente se hizo lo que se
suele hacer en estos casos. Se decidió, a la vista de los resultados
de esta investigación, que, al no haber indicios para la apertura, no
se iban a tomar más medidas. La persona que adoptó esta decisión es
la que de acuerdo con la ley, con la práctica y los procedimientos de
la Comisión, tiene que hacerlo, el presidente de la Comisión. Esta
decisión la conocieron los que según la ley y las prácticas de la
Comisión tenían que conocerla. La conoció el consejero responsable de
supervisión, el inspector general y el director general de
supervisión. A esta decisión no se le dio publicidad, pues la CNMV,
de acuerdo con la ley, por razones elementales de preservación del
buen nombre de los afectados, no publica el inicio o el cierre de
investigaciones. Es una medida básica para preservar el buen nombre
de los investigados. Año 1998.
Paso al año 2000. Me perdonan ustedes que sea tan minucioso, pero
creo que es importante para la tranquilidad de SS.SS. y de toda la
sociedad española que explique con detalle los actos que han tenido
lugar. El viernes 16 de junio un medio de comunicación publica
una información muy detallada sobre las operaciones a las que me
vengo refiriendo y afirma rotundamente que se ha violado el artículo
81 de la Ley de Mercado de Valores, que prohíbe el uso de información
privilegiada. Ante la gravedad de estas imputaciones y el efecto que
produjo sobre el mercado, ese mismo día -lo quiero resaltar-, viernes
16 de junio, convoqué a los responsables de la inspección y de la
unidad de vigilancia de mercados y les ordené que iniciaran
inmediatamente un expediente reservado de información, continuación
del que en su día dio lugar al informe del inspector general, el del
año 1998; de la apertura de este expediente precisamente en esta
fecha existe una prueba documental irrefutable: es el acta firmada
por el responsable de la inspección que tienen ustedes como documento
número 6. Este es un documento firmado por el empleado público
competente, el subdirector de inspección -el puesto de inspector
general estaba vacante en este momento; es, por lo tanto, la máxima
autoridad de la inspección-, y es una prueba: expediente informativo
de investigación iniciado el día 16 de junio sobre posibles
infracciones a la Ley del Mercado de Valores como consecuencia de las
compras en 1998 de opciones sobre acciones de Telefónica y otras
sociedades cotizadas por parte de don Juan Villalonga y otros.
Fechado el 16 de junio. Documento autorizado por empleado público
competente. Todos los que de ustedes sean juristas recordarán los
viejos tiempos, artículo 1.218 del Código Civil, los documentos
públicos hacen fe al menos de la fecha en que se escribieron. Este
documento es un documento fehaciente en cuanto a la fecha que se
escribió: 16 de junio de 2000. Tengo interés en recalcar que esta
decisión mía, sólo mía, fue adoptada precisamente el 16 de junio.
Quiero resaltar también aquí antes de continuar las competencias,
quién tiene las competencias para qué cosa dentro de la Comisión.
Para la apertura y cierre de investigaciones previas, de
investigaciones o de expedientes de este tipo, la decisión
corresponde al presidente, quien después, en casos excepcionales,
puede someter la decisión al consejo para que éste la ratifique, pero
la decisión es del presidente: abrir y cerrar investigaciones. En
cambio, la apertura de expediente sancionador formal es una decisión
que corresponde al consejo. La decisión sobre la imposición de
sanciones corresponde, en las infracciones muy graves -estas son muy
graves-, al ministro, a propuesta del consejo. Por tanto, quiero
resaltar que esta decisión adoptada por mí el 16 de junio se ajusta
plenamente a la distribución de competencias dentro de la Comisión,
de acuerdo con la ley y con las prácticas de la Comisión. Además,
y crean SS.SS. que he reflexionado mucho y muy intensamente sobre la
decisión tomada ese día sobre la marcha, creo que era la única
decisión correcta que podía adoptar en ese momento; no estaba reñida
con el hecho de que en noviembre de 1998 ya se hubiera realizado una
investigación sobre los mismos hechos, sin
encontrar indicios de infracción. La decisión no implicaba
desconfianza sobre los métodos o sobre la intensidad de la
investigación original, sino que era sencillamente expresión de la
diligencia in vigilando que corresponde al presidente de la CNMV. Si
en un medio aparecen graves imputaciones con respecto al presidente
y al consejero de la principal y mayor empresa cotizada en Bolsa, si
estas noticias tienen impacto en el mercado, el primer deber del
presidente es ordenar de inmediato que la situación se clarifique.
Nunca se puede excluir la posibilidad de que aparezcan nuevos
aspectos no tenidos en cuenta por la investigación original. En
consecuencia, afirmo rotundamente que tanto en noviembre de 1998 como
en junio de 2000 la Comisión y yo mismo como su presidente hemos
seguido en cada momento las pautas de actuación de un supervisor
diligente, profesional e independiente y que hemos adoptado
decisiones congruentes con una recta aplicación de la ley; son las
mismas decisiones que hubiera adoptado sin ninguna duda cualquier
supervisor de nuestro entorno.
Después de estas palabras vuelvo al relato cronológico. Esto era el
16 de junio. El miércoles siguiente, 21 de junio, convoqué un consejo
extraordinario de la CNMV en el que informé sobre el inicio de las
investigaciones que había ordenado el viernes anterior y el consejo,
por unanimidad, ratificó mi decisión y decidió hacer pública la
apertura de la investigación, pues el desbordamiento informativo que
se había producido en estos días -estoy seguro de que SS.SS. lo
recuerdan- hacía necesario dar certidumbre al mercado. Además, en
este momento lo único que podía hacer el consejo era ratificar. De
acuerdo con la distribución de competencias, la decisión válida y
correctamente adoptada puede ser ratificada por el consejo a efectos
de dar apoyo a la actuación del presidente.
La finalidad concreta de la investigación era, como se pueden
imaginar, depurar si se habían cometido infracciones a la Ley del
Mercado de Valores como consecuencia de las compras de opciones. Como
instructores fueron designados tres funcionarios de la máxima
jerarquía dentro de las áreas de inspección y supervisión de la CNMV,
cada uno con más de diez años de experiencia en la casa, quiero
resaltar este aspecto. Cada uno de estos funcionarios llevaba más de
diez años en la casa; cada uno de ellos era, en el momento en que fue
designado, la máxima jerarquía dentro de su división: el inspector
general, en primer lugar; el director en funciones de la inspección,
el director de la unidad de vigilancia de mercados, el subdirector en
funciones de la dirección de supervisión en la segunda investigación.
No se ha elegido a funcionarios a dedo; han sido los funcionarios a
los que naturalmente, de acuerdo con la jerarquía de la Comisión, les
correspondía y son funcionarios que llevaban diez años de trabajo
perfecto y dedicado en la casa. Eran los máximos especialistas en
estas áreas y, por supuesto,
tuvieron la máxima libertad para hacer todas las investigaciones que
quisieron, tanto en 1998 como en el año 2000. El 2 de agosto de este
año, un mes y medio después de recibir su encargo, los tres
instructores finalizaron su trabajo, entregaron su informe al consejo
de la CNMV y, en una decisión adoptada por unanimidad, el consejo
hizo lo único que podía hacer: recepcionó el informe y con ello dio
por cumplida la investigación ordenada por el presidente.
Tienen ustedes -es el último de los documentos entregados- una copia
del informe rendido por los tres instructores. En su conclusión
final, el informe dice: 'Los hechos y circunstancias puestos de
manifiesto en el presente procedimiento de investigación no
constituyen indicios suficientes que justifiquen la incoación de un
procedimiento sancionador por uso indebido de información
privilegiada'. Y para llegar a esta conclusión, que ratifica
plenamente las decisiones de la investigación inicial, hacen un
análisis de los requisitos objetivos y subjetivos que según la ley
exige la comisión de esta infracción y llegan al convencimiento, en
cuanto a los requisitos objetivos, de que la información no era
concreta ni secreta y, en cuanto al requisito subjetivo, que no ha
habido una utilización abusiva de la información privilegiada.
Con esto termino la explicación cronológica de los hechos, pero SS.
SS. también me han pedido algunas aclaraciones jurídicas sobre la
materia relativa a la información privilegiada y es importante que
todos conozcan y comprendan la ley, pues la CNMV, que es un organismo
público, sólo puede actuar dentro de los cauces que marca la norma.
Por tanto, quiero analizar con ustedes, señorías, dos aspectos: en
primer lugar, la obligación de comunicar compras de opciones y, en
segundo lugar, la lucha contra la información privilegiada.
En cuanto a la obligación de comunicar compras de opciones, ya he
recalcado que, de acuerdo con el artículo 53, tal como estaba en el
año 1998, no había obligación legal de informar al mercado de compras
de opciones. Ahora bien, esta norma ha sido modificada por la Ley de
acompañamiento de 30 de diciembre de 1999 -les he adjuntado,
documento 3, la nueva redacción del artículo 53-, modificación que se
introdujo en la disposición adicional decimoséptima y el párrafo uno
dice: 'Los administradores de las sociedades cuyas acciones estén
admitidas a negociación en una Bolsa de valores deberán también
comunicar, en los términos establecidos en el párrafo anterior' -el
primero del artículo 53- 'la adquisición o enajenación de derechos de
opción sobre acciones de la propia sociedad que realicen por
cualquier título'. Está claro que ahora, de acuerdo con la ley, es
obligatorio informar de las compras y ventas de opciones. Ya he
resaltado anteriormente que entonces la situación era radicalmente
distinta y que la recomendación que en aquel momento hizo la Comisión
estaba basada en unos principios generales de transparencia de
mercado y de buenas
prácticas de comportamiento de las grandes empresas cotizadas, pero
que no tenía un sólido argumento legal.
Paso al asunto de la lucha contra la información privilegiada, que,
quiero resaltarlo, es un tema diferente -una cosa es la obligación de
informar y otra si hubo o no información privilegiada-. El concepto
de información privilegiada está fijado por ley y no coincide
necesariamente con el concepto vulgarmente utilizado, que tiende a
ser mucho más amplio. En sentido legal, solamente es información
privilegiada la información concreta, es decir, no una información
genérica, sino de un hecho concreto. Además, tiene que ser una
información secreta, es decir, una información que no esté al alcance
de todos los inversores por haber sido distribuida por los medios de
comunicación. En tercer lugar, tiene que ser una información
relevante para la cotización, en el sentido de que su publicación
hubiera tenido un impacto en la cotización del valor. Aquí, en la
investigación realizada, los cuatro funcionarios que han investigado
han llegado unánimemente a la conclusión de que no existen indicios
que permitan considerar información privilegiada aquella información
de la que disponían los investigados, que, a efectos legales, que es
lo único determinante y relevante, no era información privilegiada.
Yo comprendo que hay una demanda social de que se extreme la lucha
contra el uso de información privilegiada y de que en la Bolsa
española todos los que invierten lo hagan con las mismas cartas, de
que expulsemos a los tahúres que juegan con cartas marcadas. Este
empeño, que sé que está íntimamente enraizado en la sociedad, lo
compartimos todos los supervisores del área europea. Precisamente
hoy, Fesco, el organismo que agrupa a todas las comisiones de valores
europeas, ha publicado sus conclusiones sobre prácticas abusivas del
mercado. Me he permitido entregar a SS.SS. una copia del informe.
Toda la prensa europea de hoy destaca su publicación. Es una pura
casualidad que yo esté aquí y hoy se publique. (Risas.-La señora
Pisonero Ruiz pronuncia palabras que no se perciben.) Es un informe
preparado por un grupo de expertos de los quince supervisores
europeos, las quince personas que dentro de Europa tienen más
experiencia en la lucha contra las prácticas abusivas y contra la
información privilegiada. Es un grupo de trabajo que he tenido el
honor de presidir, en el que los supervisores europeos proponen
conjuntamente a la Comisión Europea de Bruselas cuál es el marco de
normativa que desearíamos para ser más eficaces en nuestra lucha
contra las prácticas abusivas, para poder dar contestación a esa
demanda social que sabemos que existe. Este documento, señorías,
parte de una base incontestable como es la insatisfacción. Tengo que
decirles que todos los supervisores europeos estamos insatisfechos
con el bajísimo número de infracciones sancionadas en esta materia.
Es un hecho que he constatado en las reuniones europeas que en los
últimos cuatro años hay una
única sanción a una gran empresa financiera en Europa por el uso de
información privilegiada, un único caso que, me enorgullezco en
decirlo, es español. ¿Por qué hay tan pocas sanciones contra los que
tienen por naturaleza que ser los grandes usuarios, los grandes
abusadores de información privilegiada? Creemos que hay dos razones.
En primer lugar, que la normativa a nivel europeo y español es
desfasada e incompleta. En segundo lugar, es una normativa basada en
la represión de conductas que por su naturaleza son muy difíciles de
detectar y casi imposibles de probar. Por eso, mirando siempre hacia
el futuro, mirando en qué podemos mejorar, tomando como base las
propuestas de Fesco, en mi opinión, la lucha por un mercado bursátil
más limpio y más íntegro pasa por tres tipos de medidas: una
normativa más perfecta, unas medidas preventivas más eficaces e
insistir en una vigilancia continua.
En primer lugar, la normativa más perfecta. Cuando comparecí ante
esta Comisión hace un año, en junio de 1999, ya advertí que la CNMV
se ha encontrado con dificultades significativas en la aplicación del
derecho, pues la ley española no es suficientemente clara, y reclamé
entonces que se modificara la Ley del Mercado de Valores para
clarificar al menos cinco aspectos. Hoy, al reiterar mi petición de
que se clarifiquen estos aspectos, añadiría que también propongo que
las importantes mejoras técnicas que propone Fesco se incorporen en
esta reforma legislativa.
En segundo lugar, el énfasis sobre medidas preventivas. Créanme sus
señorías, una ley represiva es necesaria, pero una ley represiva,
aunque sea perfecta, no es suficiente. La detección de los ilícitos
en esta materia es una tarea tan ardua y tan difícil que aun con el
mayor esfuerzo y con la mejor normativa los éxitos son pocos. Además,
hay un elemento adicional que quiero resaltar. Los inversores
sofisticados disponen de instrumentos para dificultar enormemente la
detección y, ex post, si por casualidad son detectados, para
encontrar argumentos que justifiquen su actuación. Si SS.SS. se fijan
en cuál es el inversor típico que resulta sancionado por todos los
supervisores, por el español y por los extranjeros, incluida la SEC
americana, se encontrarán con que siempre o casi siempre son
inversores inexpertos e incautos. Siempre pongo la anécdota de que a
quien se caza es al novio de la secretaria, al pequeño inversor
incauto que invierte ingenuamente, a pecho descubierto. En cambio,
los casos en los cuales efectivamente se sanciona a los grandes
beneficiarios de la información privilegiada, a las personas que
efectivamente están perjudicando el mercado y beneficiándose, son
excepcionales. Este problema consustancial a la represión refuerza el
argumento que planteamos todos los supervisores europeos de que lo
que hay que hacer es introducir medidas preventivas que impidan que
las conductas ilícitas se lleguen a realizar. Esta es una de las
ideas-fuerza del documento que yo quería hacer llegar a SS.SS. Hay
medidas preventivas como reforzar que
las empresas mantengan el secreto de su información confidencial,
sancionarlas efectivamente si permiten que esa información salga del
seno de su empresa; obligar, por ejemplo, a directivas y a
accionistas a que de forma inmediata y con gran transparencia
informen de sus operaciones. Hay muchas más medidas y es importante
que nuestra normativa, que ya menciona un buen número de ellas, las
clarifique en esta reforma legislativa, las sistematice, las
desarrolle y se someta a sanción el incumplimiento de las medidas
preventivas.
El tercer instrumento -ya estoy terminando, señor presidente- es la
vigilancia continua. El tercer instrumento de lucha contra el abuso
tiene que ser lo que ya está haciendo la CNMV: tener una unidad con
suficientes medios humanos e informáticos que esté dedicada
exclusivamente a luchar contra el abuso de mercado. Fruto y prueba de
que en este mandato se ha intensificado la lucha contra el abuso de
mercado es que en mi mandato en estos casi cuatro años se han abierto
expedientes sancionadores por 31 actuaciones que pudieran constituir
prácticas abusivas en el mercado, es decir información privilegiada o
manipulación. Esta cifra de 31 expedientes se compara elocuentemente
con las 14 actuaciones que tuvieron lugar en el mandato
inmediatamente anterior al mío, en el cuatrienio 1993-96. Comprendo
que ni las cifras del primer mandato ni probablemente las del segundo
satisfagan enteramente las expectativas y las demandas sociales -de
ahí esa insatisfacción general que sentimos todos los supervisores-,
pero, por si les sirve o nos sirve a todos de consuelo, en los
últimos años el supervisor inglés no ha tenido un solo caso de
sanción de información privilegiada.
Señor presidente, señorías, termino. Estoy seguro de que les he dado
una explicación minuciosa, en todo caso, créanme, verídica y
documentada, de los hechos acaecidos. Quiero que mis últimas palabras
sean para la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), para
sus funcionarios. La Comisión es una institución fundamental para el
buen funcionamiento de nuestros mercados. En doce años de existencia
creo sinceramente que se ha labrado -gracias a la profesionalidad
y al esfuerzo de los que en ella trabajan- una reputación como
supervisor serio, solvente e independiente. Créanme, señorías, una
Comisión débil, una Comisión puesta en entredicho mina la confianza
de los inversores en nuestras bolsas y debilita la plaza financiera
española en esa dura competencia entre mercados financieros en
Europa. Una Comisión fuerte e independiente, celosa defensora de los
derechos de los inversores, ese es mi ideal y ese ha sido el objetivo
básico de mi mandato.
Esta es mi última comparecencia como presidente de la CNMV. Quiero
agradecer a SS.SS. la posibilidad que me han brindado de comparecer
ante esta Comisión para explicar y justificar los planes, las
preocupaciones y las actuaciones de la CNMV. La labor de control del
Parlamento es fundamental. Querría terminar,
señorías, con esta última idea. La eficacia exige que los
supervisores sean independientes y que dispongan de intensos poderes
de control, investigación y sanción, poderes que pueden cercenar
derechos fundamentales, poderes que pueden ser incluso objeto de
utilización abusiva. El bien jurídico integridad de los mercados
nunca se puede alcanzar socavando el bien jurídico superior del
respeto a la ley y de las libertades y los derechos del ciudadano.
Cuanto más ejecutivos, cuanto más directos sean los poderes de los
supervisores, cuanto más independientes sean los supervisores, más
importantes son el imperio de la ley y el control por los
representantes de los ciudadanos, precisamente, la labor que SS.SS.
están ejerciendo.
El señor PRESIDENTE: Para la intervenciones de los grupos
parlamentarios, en primer lugar, tiene la palabra el portavoz del
Grupo Parlamentario Socialista, señor Martínez Sanjuán.
El señor MARTÍNEZ SANJUÁN: Mis primeras palabras son de
agradecimiento por la comparecencia del presidente de la Comisión
Nacional del Mercado de Valores. A nosotros también nos hubiese
gustado que hubiese venido antes. Bien decía el presidente que el
hecho que está siendo analizado esta mañana en esta Comisión con su
comparecencia a petición de los grupos parlamentarios, siendo el
Grupo Parlamentario Socialista el primero que la pidió, dio origen en
su día a centenares de páginas -las tengo aquí todas-. Qué curioso
que esta comparecencia no ha hecho correr ningún río de tinta ya.
Quizá la respuesta, la conclusión o el resumen de esta comparecencia
sean precisamente casi sus últimas palabras: es mi última
comparecencia en esta Comisión de Economía, porque nos está
anunciando, señor Fernández-Armesto, que no va a ser el próximo
presidente de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, cuyo
mandato expira en su plazo legal el día 5 de octubre, pero cabría la
posibilidad, como ha ocurrido en otras ocasiones, de su reelección.
Quizás este sea el titular triste de un hecho que ha sido muy
importante para el funcionamiento de los mercados, para la
credibilidad política de este país, para la credibilidad
institucional y económica y, sobre todo, para la credibilidad de la
Comisión Nacional del Mercado de Valores.
Yo tenía escritas unas breves notas para el comienzo de mi
intervención, en las que aludía a que no sabía si sería la última vez
que compareciera usted. Usted sabe, y lo quiero dejar muy claro como
posición del Grupo Parlamentario Socialista antes de decir otras
cosas, que no estamos para enjuiciar la labor general de su
responsabilidad. Ha tenido de todo, como es lógico en el desarrollo
de un cargo importante como es la presidencia de la Comisión Nacional
del Mercado de Valores, pero quiero que recuerde que nosotros le
dimos el apoyo cuando fue nombrado, que hemos colaborado lealmente
en las reformas legislativas y, sobre todo, en la Ley del Mercado
de Valores, que fue definitivamente aprobada al final de 1998, pero
que entró en esta Cámara en 1996, y si hubiese sido discutida y
aprobada antes, posiblemente algunas cosas que estamos analizando y
que no tenían soporte jurídico con la ley de 1988 lo hubiesen podido
tener entonces. Pero las circunstancias de las mayorías en aquel
momento hicieron que el trámite de la discusión de esta ley
importante fuera el que fue, y hemos ido a lo largo de estos años a
salto de mata -como se suele decir- regulando los agujeros que la
propia legislación y el propio quehacer y la práctica cotidiana nos
van mostrando. Tan es así, señor presidente, que concretamente en el
último mes y pico se ha tenido que publicar, el día 2 de agosto,
fecha en la que definitivamente se sustancia el expediente último al
que estamos haciendo referencia sobre el asunto de Telefónica, la
circular 4/2000 respecto a los modelos de comunicación de los
derechos del ciudadano. Después de todo lo que se ha hablado durante
este otoño y esta primavera, se tuvo que modificar con el Real
Decreto 1370, de 19 de julio, respecto a la comunicación de
participaciones significativas y la adquisición de acciones propias.
Se tuvo que regular, señor presidente, deprisa, corriendo y
posiblemente mal, en la Ley de acompañamiento del año 1999, con
vigencia para el año 2000, toda la información que modifica el
artículo 53 de la Ley del Mercado de Valores. Se podía haber
modificado o haber introducido en la ley de 1998, porque dicha ley se
aprobó al final, y todos los hechos que estamos analizando desde el
comienzo se están refiriendo a informaciones que surgen el 2 de enero
del año 1998. Así es que ha habido, primero, improvisación y no se
sabe qué intereses por parte del Gobierno y de los grupos
parlamentarios que han apoyado y que apoyan al Gobierno para no tomar
determinadas decisiones. Quiero que quede muy claro, porque nosotros
hemos apoyado en la modificación de la ley del año 1998 precisamente
evitar la discrecionalidad y endurecer la lucha contra la información
privilegiada; se lo pedimos en esa comparecencia a la que usted hacía
referencia, en junio de 1999 y este ha sido el planteamiento del
Grupo Parlamentario Socialista a lo largo de estos últimos años. Este
tema parece que tiene poca importancia desde el punto de vista de la
relevancia social, mediática, política o económica, porque
posiblemente ya han pasado las cosas que tenían que pasar y han
pasado durante el verano. Circunstancias por circunstancias,
casualidades por casualidades, mi grupo parlamentario, que no cree
tampoco en muchas casualidades, tiene que hacer una interpretación de
los hechos que posiblemente coincida en parte o no con la información
que usted nos ha dado.
No queremos poner en tela de juicio la credibilidad personal que
usted nos merece ni la de los técnicos de la Comisión Nacional del
Mercado de Valores, pero lascircunstancias son las que son, los
hechos son los que
son y las cosas pasan cuando pasan. No estamos hablando de un
ciudadano cualquiera -el señor Villalonga o el señor Alcocer- ni de
una empresa cualquiera; estamos hablando de Telefónica, a la que
muchos millones de ciudadanos de este país han confiado parte de sus
ahorros, y las decisiones, estas que parecen que no influyen y en las
que nadie tiene que ver nada con el asunto, han afectado a millones
de ciudadanos por la evolución de las cotizaciones, porque nada de lo
que ha pasado ha sido gratis, señor presidente. Aquí se ha hablado de
luchas de poder, se ha hablado en los medios de comunicación de
ajustes de cuentas y posiblemente no todos los medios de comunicación
hayan ido en la misma dirección, cada uno tiene una forma de pensar y
de escribir distinta, pero, en definitiva, todos han ido confluyendo
en determinadas conclusiones.
En esta historia, señor Fernández-Armesto, y como decía al principio,
nos hubiese gustado que usted hubiese comparecido en el mes de junio,
cuando usted quería venir, cuando usted dijo pública y privadamente
que quería venir al Parlamento. Uno tiene la sensación de que no le
dejaron. No le dejó la mayoría política que apoya a este Gobierno,
porque usted podía haber venido en el mes de junio y podía haber
venido en el mes de julio, si se hubiese querido, pero no se quería
que viniera usted hasta que no hubiese pasado todo. Y efectivamente
ha pasado, se ha cerrado el expediente, no ha habido razones
suficientes, lo mismo que no las hubo en el año 1998, para decir que
había habido o no había habido información privilegiada, que se
tenían que haber comunicado determinadas circunstancias, pero las
cosas han sido las que han sido. El mes de junio primero y el mes de
julio después han sido tremendamente importantes para las cosas que
están pasando. El señor Villalonga ya no es presidente de Telefónica.
Han pasado las cosas que han pasado y ya hoy nadie escribe sobre el
asunto, porque ya se escribió lo suficiente en aquel momento.
Yo no quiero poner calificativos a los acontecimientos -mi grupo
tampoco lo quiere hacer-, pero se han dado circunstancias sobre las
que quiero llamar la atención. En primer lugar, no quisieron que
viniera usted. No sé cuáles eran las razones -posiblemente, las
intuimos-, pero no les interesaba que usted viniera. Era mejor que
pasara lo que pasó, que se discutiera lo que se discutió, que se
llegara o no a los acuerdos a los que parece que se ha llegado, que
el presidente de una compañía telefónica ya no es el presidente y
que, incluso, nos enteráramos de quién iba a serlo antes de que fuera
al consejo. Da la sensación de que esto ha sido un gran acuerdo, un
ajuste de cuentas, y no solamente lo digo yo, sino que lo ha dicho el
presidente de KPN financieros y gente a nivel internacional, y hay
una gran cantidad de recortes de periódicos con informaciones que nos
hacen pensar lo que estamos diciendo. No quisieron que usted viniera
porque, posiblemente, se querían tomar las decisiones que se tomaron
después.
Todos los acontecimientos del mes de junio nos llevan a retrotraernos
-como usted ha hecho al comienzo de su intervención- a la primera
investigación del año 1998, cuando por parte de la Comisión Nacional
del Mercado de Valores, por el señor Ibarra, se investiga las
circunstancias que rodearon toda la información que se había
producido y que no se conoció desde el punto de vista mediático; la
conocieron ustedes, pero el mercado prácticamente no la conoció. En
aquel informe hay algunas cuestiones que nos llaman la atención. En
primer lugar, en el propio informe se señala que el expediente de
1998 (usted no ha hecho ninguna referencia a ello) se abre a partir
de una denuncia anónima; sin embargo, usted ha dado la sensación con
sus palabras de que se abre como consecuencia de la conversación que
tiene con el señor Villalonga respecto a la no declaración de la
compra de las opciones sobre acciones del día 2 de enero. En las
conclusiones del informe del año 1998 se dice que el expediente se
abre por denuncia anónima y además parece que se hace no para
investigar las actuaciones del señor Villalonga y del señor Cortina,
sino las actuaciones de Argentaria y de la posible información
privilegiada o no en el paquete de compraventa de opciones sobre
acciones del grupo Telefónica y de otras sociedades. Incluso,
aparecen listas de nombres, que luego dicen que no tienen nada que
ver con la operación, y también se habla de planteamientos de tipo
político, introduciéndose en aquellas listas el nombre de un familiar
del vicepresidente económico, señor Rodrigo Rato. Es decir, aparecen
muchas cosas en aquel momento, pero lo que sí parece es que no hay
razones suficientes para justificar ninguna actuación de tipo
sancionador para el señor Villalonga o para el señor Alcocer para el
señor Cortina, perdón, y no hay ninguna decisión al respecto.
Señor Fernández-Armesto, usted ha hecho referencia a la redacción, en
su día, del artículo 53 de la Ley del Mercado de Valores, que luego
fue modificado en la disposición adicional; sin embargo, el artículo
81 de la Ley del Mercado de Valores tenía entonces una redacción más
amplia que el concepto de acciones y mi grupo parlamentario quiere
hacer el conjunto de la interpretación a la luz del artículo 53 y del
artículo 81. El artículo 81, que se refiere a la información
privilegiada, dice en su punto 2: Todo el que disponga de alguna
información privilegiada deberá abstenerse de ejercitar por cuenta
propia o ajena, directa o indirectamente, las conductas siguientes:
preparar o realizar cualquier tipo de operación en el mercado sobre
los valores a que la información se refiera. Es decir, hay una
interpretación más amplia que el concepto de acciones. Habla de
operaciones en el mercado y, en definitiva, las opciones sobre
acciones son operaciones en el mercado sobre acciones.
Señor presidente, nosotros hubiéramos sido -quiero que lo sepa- más
exigentes en la interpretación del año 1998. Ustedes hicieron la
interpretación que
hicieron (yo no pongo en duda la credibilidad del señor Ibarra ni de
los servicios de inspección), pero si tan seguros estaban ustedes de
las conclusiones del año 1998, ¿por qué se reabre en el año 2000 el
expediente de 1998? ¿Sólo porque hay una información más amplia en
cuanto al tratamiento de información privilegiada? ¿Porque se lo
exigen o le presionan? Yo sé que usted ha guardado silencio, mi grupo
parlamentario y yo le creemos a usted; pero ¿por qué no le va a creer
al señor Ramallo? Entre comillas, vaya mi credibilidad hacia su
actuación (y no lo quiero poner al mismo nivel que usted), pero
usted, como yo, toda la Cámara y todo el mundo, ha leído que aquí el
que se ha apuntado el tanto de reabrir la información del año 1998 ha
sido el señor Ramallo, por sí o por inclinaciones y sugerencias del
Gobierno. Usted ha dicho que la abrió el 16 y nosotros lo creemos;
pero todo el mundo ha leído las declaraciones del señor
vicepresidente de la Comisión Nacional del Mercado de Valores
arrogándose la responsabilidad y la decisión política de reabrir el
expediente y de actuar como ariete en la formalización, de nuevo, de
este expediente, y eso, señor FernándezArmesto, no es gratis et
amore, responde a algo: responde a una decisión tomada desde fuera,
responde a un meritaje, responde a una vendetta, responde a una
responsabilidad o responde a no se sabe qué. Desde luego, las
circunstancias son las que son. ¿Por qué reabren de nuevo el
expediente si estaban tan seguros, y usted lo ha vuelto a decir aquí,
como es su obligación como presidente, de la eficacia y de la
responsabilidad de las personas que llevaron a cabo la investigación
en el año 1998? ¿Qué va a decir usted, señor FernándezArmesto? Que no
le ha presionado nadie, que en sus decisiones no ha influido más que
su propia conciencia, lo que llamaba su código deontológico, y su
papel de presidente (y yo le creo), pero la realidad puede ser casual
y estas cosas se han publicado, se ha insistido en ellas y están ahí.
Deshacer esa impronta y ese clima es verdaderamente complicado y
difícil. ¿Qué datos adicionales tenían para reabrir la información?
¿Sólo que sale publicado? Si usted estaba tan seguro, ¿por qué lo
reabre? Si usted estaba tan convencido, tenía que haber mantenido
firme la independencia de la Comisión Nacional del Mercado de
Valores, el trabajo de sus funcionarios y las decisiones de todo
tipo, pero no fue así. ¿Qué datos adicionales tenían? ¿Es que les
entraron dudas de si estaba mal cerrada la investigación anterior?
A nosotros nos entra la duda. ¿Por qué? Porque la línea entre lo ético
y lo legal, entre la información y la no información, entre todas
estas cosas es una línea muy delgada, señor presidente, muy delgada.
Eso tan bíblico de que la mano izquierda no se entere de lo que hace
la derecha está bien, debiera de ser así, pero las circunstancias son
las que son y la flaqueza humana es la flaqueza humana, incluso hasta
la de los dioses o de los que se han comportado como dioses.
Con ese planteamiento, señor Fernández-Armesto, nos surge una gran
duda, y ya se lo he dicho anteriormente. Si ya habían detectado
fallos en cuanto al juego que estaba dando la anterior Ley del
Mercado de Valores, en cuanto a la obligación de información y en
cuanto a lo que sería el tratamiento de la información privilegiada,
¿por qué no aprovecharon en sus contactos con el Gobierno durante
todo el año 1998 para corregir de una forma más seria y mejor la Ley
del Mercado de Valores que estaba en esta Cámara o en el Senado, no
recuerdo exactamente? La prueba es que si la ley se aprobó en
noviembre de 1998, tuvieron todo el año 1998 para haber incluido en
la misma -si es que ustedes lo tenían tan claro- que había que
informar de las opciones sobre acciones. ¿Por qué tuvieron que
esperar hasta el año 2000. ¿Qué ha pasado en todo esto?
En segundo lugar, creemos que en todo este planteamiento ha habido un
gran montaje, porque se han tomado decisiones fuera de la CNMV, fuera
de la propia sociedad. Ha habido unas decisiones, unos
enfrentamientos, una ruptura en la confianza del nombramiento y de la
gestión de unas determinadas personas, y esto tiene que ver con todo
un proceso de desavenencias que se han producido en el grupo
Telefónica en relación con el Gobierno desde hace más de un año,
desde las stock options, desde la posible fusión con KTN, desde
diferentes confrontaciones y enfrentamientos. Al final, uno tiene la
sensación de que ha habido un pacto de salida. ¡Qué casualidad!,
según sus declaraciones, el expediente iba a ser muy largo, si
hubiese habido proceso sancionador, más de un año, y, al final, se
cierra el día 2 de agosto, en un mes y pocos días, justo después del
famoso acuerdo del consejo de Telefónica en el que se nombra
sustituto. Uno tiene la sensación de que se ha pactado la salida del
señor Villalonga, de que ha habido una especie de compromiso de
impunidad. No quiero poner en solfa las declaraciones ni la actuación
de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, pero da toda la
sensación de que ha habido un acuerdo de impunidad y que, como luego
se publica, el señor Villalonga, abandonando la compañía Telefónica,
va a iniciar una nueva etapa profesional, posiblemente en Estados
Unidos, y necesita ir limpio de polvo y paja. ¿Por qué? Porque si
esto hubiese pasado -lo dicen ustedes en su informe- en los Estados
Unidos y Telefónica, en vez de ser una entidad que cotiza, hubiese
sido una entidad emisora, en Estados Unidos habría sido obligatoria
la información de la operación realizada, habría habido un
comportamiento delictivo por parte del señor Villalonga y habría sido
necesario y obligatorio que el señor Villalonga y otros resarcieran a
la compañía los beneficios obtenidos, y, claro, hubiese tenido que
hacer su carrera profesional en unas condiciones bastante malas.
Pero lo peor de todo, señor Fernández-Armesto, es que a todas estas
cosas que han pasado se añade un problema adicional: que, como
consecuencia de la actuación
y de la actitud del Gobierno y del Grupo Parlamentario Popular, ha
habido una pérdida de respeto a un organismo tan importante como es
la Comisión Nacional del Mercado de Valores, y esto es verdaderamente
dramático cuando es el máximo responsable de salvaguardar la ley y la
credibilidad de los inversores y de los millones de españoles que
confían sus ahorros al mercado bursátil, que han visto durante mucho
tiempo, durante meses y durante días poner en solfa su credibilidad.
Frases como: «La Comisión Nacional del Mercado de Valores da
carpetazo al expediente Villalonga». «Fernández-Armesto niega que
haya presiones políticas». «La Comisión concluye que no hay indicios
pero la Comisión se resiente ahora de las interferencias políticas».
«La Comisión Nacional del Mercado de Valores se investiga a sí misma
por el asunto Telefónica», todo esto, que ha sido publicado
profusamente durante días y días, hace un daño tremendo a la
credibilidad de la organización o de la Comisión que usted preside y,
tristemente, estos acontecimientos han afectado la credibilidad de la
Comisión y han afectado la credibilidad del presidente de la Comisión
Nacional del Mercado de Valores, también la del Gobierno; a ésta
sobre todo, porque creemos, aunque usted no diga lo contrario, que
aquí el Gran Hermano -entre comillas- ha sido el Gobierno a la hora
de manejar los hilos de determinadas cosas. Termino, señor
presidente, porque esto daría lugar para hablar durante muchísimo
tiempo.
Queremos extraer conclusiones y dar respuestas. ¿Por qué? Porque, al
final, la segunda inspección incluso termina de una forma un tanto
sorprendente, que es la duda, salvo mejor opinión, los técnicos que
suscriben este informe consideran que los hechos y circunstancias
puesto de manifiesto en el presente procedimiento no constituyen
indicios suficientes. No sabemos si no constituyen indicios o
indicios suficientes, posiblemente indicios sí, suficientes no, y por
eso cerramos el expediente, cerramos la investigación, y aquí no ha
pasado nada. Pero han pasado muchas cosas, demasiadas, y por esas
cosas que han pasado nosotros queremos establecer algunas
conclusiones y hacer algunas propuestas.
Conclusiones: primero, que la frontera ante la ética y la legalidad
es delgada, como decía anteriormente. La frontera es una línea muy
fina, en la que a veces está sólo la propia conciencia, y esto es
difícil de regular. Segundo, que la demostración de la información
privilegiada sigue siendo difícil, muy difícil, pero creemos que se
puede y se debe mejorar el control de la información privilegiada.
Tercero, creemos que a lo largo de estos años se han ido poniendo
parches y más parches a los huecos mal regulados, y siempre
determinados sectores financieros encuentran salida para vulnerar la
legalidad de este mercado. Cuarto, creemos que se ha puesto como
conclusión que aquí se ha querido echar a Villalonga. Nosotros no
tenemos nada contra él, hemos
criticado las cosas que no nos han gustado, seguiríamos haciéndolo en
debidas condiciones, pero aquí algunos posiblemente lo han
conseguido. Quinto, y quizá lo peor, es que el Gobierno ha
desprestigiado las instituciones y ha jugado con las personas, ha
hecho perder autoridad y respeto a la Comisión Nacional del Mercado
de Valores. Las cosas que han pasado, unas, por injerencia, el caso
del ministro y del Gobierno, y, otras, por debilidad, señor
Fernández-Armesto, vistas desde fuera, justifican nuestra creencia de
que tendrían que haber dimitido. La actitud de los grupos
parlamentarios de no aceptar cuanto antes la comparecencia y aclarar
todas estas cosas también ha sido puesta en una situación de
ridiculez, y aquí ha habido unos paganos que han sido los ciudadanos.
¿Por qué?, porque toda esta historia ha afectado clarísimamente las
cotizaciones de una empresa en la que millones de españoles tenían
puestos sus ahorros, y de esos parece que nadie habla, solamente se
habla del poder, sólo se habla del control, se habla de determinadas
actuaciones, y de los ciudadanos, nada, por mucho que con sus
palabras el señor Aznar intentara dar confianza, que no la dio, desde
China o desde Portugal.
Como creemos que han pasado estas cosas, desde el Grupo Parlamentario
Socialista queremos ofrecer alternativas. Por ejemplo, hay que
recuperar rápidamente el prestigio de la Comisión Nacional del
Mercado de Valores, y en los futuros nombramientos, una vez que el
señor presidente de la Comisión Nacional del Mercado de Valores nos
ha comunicado esta mañana que no va a seguir, la responsabilidad del
Gobierno es importantísima. Un nombramiento tan importante, aunque no
tenga que ser traído al Parlamento,debe ser conocido por el
Parlamento lo mismo que otros nombramientos, para que por lo menos
pueda establecer una opinión. Esperemos que en el próximo Consejo de
Ministros, posiblemente el viernes, no nos enteremos todos de quién
va a ser el presidente de la Comisión Nacional del Mercado de
Valores. Queremos que sea un independiente de reconocido prestigio y
que no se deje ni manipular ni deje que lleve la iniciativa ni el
vicepresidente ni otros órganos del Gobierno. Recuperar el prestigio;
reestudiar el tema de los controles de la inspección, con más medios
y más autonomía; incorporar legislativamente, más allá de los
términos en que está, el código de buenas prácticas comerciales, el
Código Olivencia; una reforma integral sin parches, estudiada y
consensuada, de la Ley del Mercado de Valores y todos los
instrumentos en cuanto a su desarrollo, en cuanto a la información
privilegiada; y, por último endurecer las sanciones en la información
privilegiada.
A lo largo de estos meses se han puesto en evidencia demasiados
fallos, demasiadas injerencias y demasiadas actitudes poco explicadas
y que han tenido una incidencia en los mercados, incluso en la
credibilidad de las personas, y lo siento por usted, señor Fernández
Armesto,
que posiblemente termine pagando el pato cuando no era su
responsabilidad, pero al final le han hecho pagar en su cabeza las
decisiones de otros.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Federal de Izquierda
Unida, tiene la palabra el señor Llamazares.
El señor LLAMAZARES TRIGO: Quiero agradecer, en primer lugar, y
hacerlo de forma encarecida, sincera, la comparecencia del señor
presidente de la Comisión Nacional del Mercado de Valores ante esta
Comisión, y quiero agradecerle también el rigor en su exposición,
pero sobre todo el que haya presentado ante esta Comisión la
comunicación de que no va a continuar en la presidencia. Y se lo
agradezco, señor presidente, porque demuestra un respeto a esta
Comisión del Parlamento español que no han demostrado aquellos que
han impedido hasta ahora que usted compareciese ante esta Comisión y
aquellos que han impedido hasta ahora que conociéramos de primera
mano el proceso, la investigación y sus resultados. Por tanto, en
primer lugar y de forma encarecida, agradecerle su comparecencia,
aunque sea extemporánea y aunque tengamos que admitir que ha habido
interferencias para que usted no estuviera aquí en el momento
adecuado. Porque hubo momentos adecuados, señoría, sobre todo cuando
aparecieron informaciones en los medios de comunicación y podían
haberse despejado las dudas, las incertidumbres que usted comentaba
en su intervención y que, al parecer, motivaron la apertura de un
nuevo expediente. Creemos que podía haberse tomado otra decisión.
¿Por qué en ese mes de junio, en vez de abrir un nuevo expediente, no
se hace público por parte de la Comisión Nacional del Mercado de
Valores, para tranquilizar a los accionistas y a la sociedad, el
resultado de la primera investigación de 1998 si no había ningún dato
nuevo entre aquella investigación y esta reabierta, si el único dato
nuevo era que aparecía públicamente una parte de esa investigación?
Probablemente la finalidad no fuera únicamente tranquilizar a los
accionistas o a la sociedad que se alarmaba ante esa información,
probablemente habrá que buscarla no en los hechos sino en el
contexto, señoría.
A mí me gustaría hablar más del contexto que de los hechos, porque
los hechos explicados como usted lo ha hecho, de forma encadenada,
tienen su lógica, tienen la lógica y la legalidad interna de la
Comisión Nacional del Mercado de Valores. La pregunta es: ¿cómo se
compatibiliza esa lógica con la lógica de las circunstancias, con la
lógica del contexto? En mi opinión, es difícilmente compatible,
porque esa lógica formal del trabajo de la Comisión Nacional del
Mercado de Valores se da en unas circunstancias que realmente son las
que ponen en cuestión los resultados de ese trabajo, en 1998, cuando
existía una identificación entre el Gobierno y la presidencia de
Telefónica y no existían
incompatibilidades sino un matrimonio bien avenido. En ese contexto
es donde se produce la primera investigación, donde se dan las
conclusiones que parece que no apuntan ninguna irregularidad, al
menos ilegalidad, y donde se produce un cierre o una latencia de la
primera investigación.
A mí me gustaría preguntar al señor presidente de la Comisión
Nacional del Mercado de Valores, uniendo texto y contexto, si para
entonces ustedes ya habían detectado que la normativa no era adecuada
a esas circunstancias ni a la información privilegiada ni a la
necesaria publicidad de las opciones sobre acciones, si se dirigieron
al Gobierno para orientar un cambio en dicha normativa; qué
propuestas hubo a continuación de esa resolución para cambiarla, pero
no solamente en relación a Telefónica, sino a lo ocurrido con
Argentaria. Da la impresión de que Argentaria fue cogida en falta;
cuando se realiza un tipo de actividades que inmediatamente después
de la investigación se suprimen, no es que se cambien sino que se
suprimen de forma abrupta, da toda la impresión de que Argentaria no
creía que estuviera haciendo las cosas bien. ¿Qué plantean ustedes al
Gobierno, además del cambio de la normativa, en relación a aspectos
como los reflejados en la investigación sobre Argentaria? Nos
gustaría conocerlo para saber qué nivel de compatibilidad existe
entre la lógica interna de la Comisión Nacional del Mercado de
Valores y el idilio que entonces mantenían Argentaria, Telefónica y
el propio Gobierno.
Pues bien, este idilio se rompe y el contexto cambia. Hay un divorcio
entre el Gobierno y la presidencia de Telefónica, y es cuando aparece
en los medios de comunicación, sin lugar a dudas filtrada desde la
Comisión Nacional del Mercado de Valores, con un nivel de detalle muy
importante, una información sobre la primera investigación. Habría
que saber en qué medida la Comisión Nacional del Mercado de Valores
ha intentado averiguar de dónde ha salido esa información si, como yo
creo, ha salido de la propia Comisión Nacional del Mercado de
Valores, y qué lectura hace la misma de que esa filtración se
produzca ahora, en época de divorcio, no cuando había un matrimonio
bien avenido.
Le vuelvo a reiterar que mi grupo parlamentario no entiende la
reacción que usted tiene ante la información que aparece en los
medios de comunicación. Si existía una investigación previa con unos
datos concluyentes que decían que no había habido ilícito y que
tampoco había habido irregularidades, de acuerdo con la normativa, en
las opciones sobre acciones de Telefónica, si eso era lo que había
concluido la primera investigación, si eso estaba claro y no había
habido entre la misma y su publicación ningún dato nuevo, la pregunta
es por qué usted prefirió abrir una nueva investigación en vez de
hacer pública los resultados de la anterior. Yo creo que hubieran
tranquilizado más a los mercados, en mi opinión (usted decía que uno
de los factores fundamentales en su resolución fue dar un mensaje de
tranquilidad
a los mercados), las conclusiones de la primera investigación si eran
firmes, como lo eran, porque de alguna manera hubieran negado lo que
en esos momentos estaba siendo comentario en los medios de
comunicación y en la opinión pública. Pero no, usted toma la decisión
de abrir una nueva investigación. El traslado de la apertura de la
nueva investigación no da la seguridad que hubieran dado unos
resultados de una investigación cerrada, sino que abre nuevas
especulaciones, nuevas dudas, en relación a algo que ya está en los
medios de comunicación; es decir, refuerza las dudas y las
especulaciones que aparecen en los medios de comunicación en relación
a la licitud o ilicitud de esas actividades por parte de la
presidencia de Telefónica. Desde luego, tiene usted que explicarlo
bien, porque el Grupo Parlamentario de Izquierda Unida no entiende
claramente por qué tomó usted esa decisión. La única explicación, y
ahí vuelvo otra vez al contexto, es que ya no estábamos en período de
idilio sino de divorcio y, por tanto, lejos de asegurar que no había
habido nada, lo que podía interesar era mantener la incertidumbre de
que podía haber algo y seguir con una confrontación entre el Gobierno
y el presidente de Telefónica que ha terminado con la dimisión del
mismo. Creemos que esa decisión, que usted ha asumido como propia y
además como parte de sus atribuciones, es fundamental en todo esto y
que debe explicar, al margen de la lógica interna de la Comisión
Nacional del Mercado de Valores, en el marco de la lógica pública que
se está creando en ese momento en relación a las informaciones que
aparecen sobre la compañía Telefónica.
Lo más llamativo de todo esto es que, lejos de cerrar la
investigación de forma inmediata, señoría, si existían tantos datos
de la investigación anterior y no había habido ninguna información
nueva, ustedes vuelven a cogerse un tiempo precioso para que la
resolución sobre esta nueva investigación se produzca después de la
dimisión del presidente de Telefónica. Creemos que tampoco puede
considerarse casual. Podían haber contribuido a esa tranquilidad de
los mercados si la investigación, que tenía ya una base importante,
hubiese sido una investigación ágil que hubiera provocado una
resolución clara y cierta. Es verdad que con una nueva normativa,
pero con una nueva normativa no aplicable a hechos de 1998, me
imagino. No es así, sino que se mantiene esa investigación, se impide
su comparecencia ante esta Cámara antes de finalizar la investigación
y se publica la investigación cuando ya, finalmente, la cacería ha
terminado. Cuando todo ha terminado es cuando se hace público que esa
investigación demuestra, al parecer, que, al menos aplicando la
normativa existente, no ha habido ilícitos en esos casos de la
compañía Telefónica y de la compañía Argentaria.
Todas estas cuestiones tienen que aclararse, porque si no, nos da la
impresión de que lo que ha habido es una patrimonialización, no
solamente de una empresa privatizada por parte del Gobierno, sino una
patrimonialización
e instrumentalización de las instituciones económicas de
este país, entre ellas, la Comisión Nacional del Mercado de Valores,
y ése es un tema muy serio, mucho más serio que el caso individual,
por muy importante que sea su empresa, del señor Villalonga; queremos
saber si ha habido o no una patrimonialización e instrumentalización
para favorecer intereses del Gobierno de instituciones económicas
como la Comisión Nacional del Mercado de Valores. Nos parece un hecho
de enorme gravedad que tiene que aclararse en esta comparecencia
parlamentaria, señor presidente.
Podemos decir también que no hay mal que por bien no venga, refrán
español que tenemos que utilizar al final, porque ahora sabemos que
la normativa es insuficiente y anacrónica; porque ahora sabemos
también que hay, en mi opinión, una situación de asintonía, por
llamarlo de alguna manera, entre el funcionamiento de la Comisión
Nacional del Mercado de Valores y los intereses del Gobierno en
determinados momentos, y no hay mal que por bien no venga porque
probablemente, después de esto, se busque una cabeza de turco.
Yo, ayer mismo, señoría, decía claramente que la credibilidad de la
Comisión Nacional del Mercado de Valores había sido menoscabada, por
no decir que estaba bajo mínimos, y que, si no se aclaraban las
circunstancias, su situación en la Comisión Nacional del Mercado de
Valores era insostenible. Creo que era insostenible, creo que sigue
siendo insostenible, y usted lo ha dicho en su comparecencia, al
final de su intervención.
Sin embargo, a nosotros nos preocupa que ahora todo esto termine con
una cacería y con una cabeza de turco; nos preocupa porque, para
nosotros, lo fundamental está pendiente. Lo fundamental es qué va a
hacer el Gobierno en relación a la ley que regula el mercado de
valores para que circunstancias que hoy son lícitas desde el punto de
vista ético sean penalizadas y se incorporen a una ley más actual,
más adecuada, sobre el mercado de valores. Nos preocupa también lo
que usted decía al final de su intervención: una Comisión Nacional
del Mercado de Valores fuerte e independiente, porque es una parte
muy importante, además de la ley, de la vigilancia permanente que
usted citaba, incluso de los mecanismos preventivos. Pues bien, no
tenemos garantía alguna de que eso se vaya a producir. Nos gustaría
que fuese así. Nos da la impresión de que el Gobierno, después de
este proceso, va a salir con más ganas de controlar la Comisión
Nacional del Mercado de Valores. Igual nos confundimos, igual nos
equivocamos; nos gustaría equivocarnos y que el Gobierno nombrase en
el futuro una dirección de la Comisión Nacional del Mercado de
Valores realmente independiente, fuerte desde el punto de vista
técnico, capaz de hacer esa función de vigilancia y de seguimiento,
eso nos gustaría. No sabemos si el Gobierno tiene esa voluntad. Mucho
nos tememos que las conclusionesde los buenos resultados de su
estrategia sean
las contrarias; sean que se puede seguir con la misma ley, que se
puede seguir con el mismo funcionamiento instrumental en algunos
casos que interesan de la Comisión Nacional del Mercado de Valores.
No estamos en absoluto de acuerdo con esa patrimonialización, con esa
instrumentalización que hemos vivido; tampoco estamos de acuerdo con
la patrimonialización de las empresas públicas privatizadas, y de
aquellos polvos, señorías, vienen estos lodos.
Quiero terminar agradeciéndole, de nuevo, su comparecencia, su rigor
y, sobre todo, haber presentado ante esta Comisión su responsabilidad
en este tema, que no nos parece su responsabilidad en exclusiva y que
es una responsabilidad sobre todo de quienes le han impedido
comparecer ante esta Cámara y de quienes además han instrumentalizado
la Comisión Nacional del Mercado de Valores; en plata: el Gobierno y
el Partido Popular.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la
palabra el señor Martínez-Pujalte.
El señor MARTÍNEZ-PUJALTE LÓPEZ: Señor presidente, en primer lugar,
quiero agradecer la comparecencia del presidente de la Comisión
Nacional del Mercado de Valores y, además de agradecer su presencia
en esta Comisión, deseo manifestarle nuestro agradecimiento por el
detallado informe que nos ha traído a la Comisión, el cual ha ayudado
a que conozcamos todo el proceso de lo que hoy estamos debatiendo.
Quiero empezar diciendo que a lo largo de esta legislatura se ha
aprobado una modificación de la ley del Mercado de Valores que ha
contado con una mayoría muy importante en el Parlamento, que ha
contado con los votos favorables tanto del Grupo Socialista, del
Grupo Parlamentario Popular, CiU, PNV, etcétera, y en esa
modificación abordamos todos los asuntos que en ese momento
entendimos que era conveniente regular y aceptamos muchas enmiendas
del resto de los grupos para mejorar nuestro objetivo: dar mayor
transparencia al mercado y proteger a los accionistas, sobre todo, a
los pequeños accionistas. Por cierto, en ese momento no se presentó
ninguna enmienda para dar un marco jurídico de sanción al hecho que
hoy nos tiene reunidos en esta Comisión, que sí se reguló en la Ley
de acompañamiento para el año 2000 -creo que no está el señor
Llamazares-, por cierto, con el voto en contra no del señor
Llamazares, que no era en ese momento diputado, sino con el voto en
contra de su grupo parlamentario, lo cual es significativo.
Señorías, a mí me parece que esta comparecencia se produce en el
momento correcto, y mi grupo así lo ha mantenido. Nos parece
dramático -por utilizar un calificativo que se ha empleado en
intervenciones anteriores- intervenir en las actuaciones que
independientemente está realizando la Comisión Nacional del Mercado
de Valores. Creo que es absolutamente lógico que
la comparecencia se produzca una vez concluidas las investigaciones
independientes realizadas. De hecho, uno de los documentos
importantes que hoy nos trae el compareciente a esta Comisión es el
documento del cierre de la investigación, firmado el 2 de agosto de
2000. Me parece muy importante que esta comparecencia se produzca
después, porque mi grupo parlamentario actúa con dos principios: uno,
transparencia del mercado, protección del pequeño accionista y, dos,
independencia de la Comisión Nacional del Mercado de Valores.
Hoy aquí se han vertido muchas acusaciones, muchas insinuaciones
sobre falta de independencia. Quiero reafirmar que mi grupo tiene
clarísimo que la Comisión Nacional ha actuado a lo largo de estos
cuatro años con absoluta independencia, en todos los casos, también
en el que hoy nos ocupa; por cierto -haciendo también una referencia
al motivo de la comparecencia de hoy-, estamos hablando de un
expediente abierto por la Comisión Nacional del Mercado de Valores a
Telefónica por el posible uso de información privilegiada. No estamos
hablando de ningún contexto, de ningún marco, sino de si ha habido o
no ha habido uso de información privilegiada por parte, en este caso,
de dos señores que forman parte del consejo de administración de una
compañía; porque si no podemos estar hablando del contexto, del
Gobierno, de la Unión Europea, del mundo mundial y no centrarnos en
lo que de verdad hoy se suscita, y es un caso: el uso de información
privilegiada por parte de dos componentes del consejo de
administración de Telefónica.
Me parece, señorías, señor compareciente, que lo importante de su
informe de hoy es que nos ha detallado que, en este caso concreto
para el que se ha pedido su comparecencia, las actuaciones de la
Comisión Nacional del Mercado de Valores han sido correctas y han
estado respaldadas por el marco jurídico que este Parlamento le ha
dado, porque es verdad que a veces en este Parlamento se puede hablar
de condiciones éticas y de condiciones jurídicas, de marco jurídico,
y decía el señor Martínez Sanjuán que la barrera es muy tenue, pero
la barrera son las leyes que aquí aprobamos, no otras, la barrera es
el marco legal que aquí aprobamos, en concreto el marco legal de la
Ley del Mercado de Valores que aprobó esta Cámara con el voto
favorable del Grupo Popular, del Grupo Socialista y de otros grupos
que la apoyaron en ese momento. Eso es lo importante, porque si no
podemos estar haciendo música celestial y de condiciones éticas que
no se sabe si las pone un medio de comunicación, un grupo
parlamentario por razones partidistas o cualquier otro elemento de la
sociedad, cuando de lo que estamos hablando es de condiciones
jurídicas que este Parlamento tiene la obligación de regular. Eso es
lo importante, y lo que después de esta Comisión tiene que quedar
claro es si con el marco jurídico que nos hemos dado estos dos
señores y la Comisión Nacional del
Mercado de Valores han actuado correctamente. En opinión de mi grupo,
la Comisión Nacional del Mercado de Valores ha actuado
correctísimamente, no correctamente sino correctísimamente, y luego
me detendré un momento en ese punto.
Hay que reconocer que la Comisión Nacional del Mercado de Valores
-además en este momento procesal coincide su comparecencia con la
finalización de un mandato- ha hecho un trabajo ingente a favor de la
transparencia del mercado y a favor de la protección del pequeño
accionista. En estos últimos años se ha multiplicado por tres la
cuantía del mercado de valores, se han aumentado las actuaciones de
la Comisión Nacional del Mercado de Valores en todos sus capítulos,
son años en los que ha habido una mayor presencia en el mercado de
valores de las familias, que han aumentado su participación del 22 al
35 por ciento; en estos años la Comisión Nacional del Mercado de
Valores ha tenido que hacer un esfuerzo complementario muy
importante, que ha desarrollado, en nuestra opinión, muy muy bien.
En lo que aquí nos reúne -y así lo hicimos constar cuando en la
Diputación Permanente se habló de este tema- lo importante es que
todos los grupos parlamentarios nos comprometamos en un objetivo, en
erradicar el uso de la información privilegiada poniendo todos los
medios para conseguirlo. Usted mismo, señor Fernández- Armesto,
declaró en su día que el uso de información privilegiada era un
elemento que desprestigiaba el mercado, que hacía que se incrementara
la prima de riesgo, que dificultaba la financiación empresarial y que
además hacía aumentar su coste. Además, el uso de información
privilegiada ralentiza el desarrollo de los mercados de valores,
evita la correcta formación de los precios, dificulta la llegada de
inversores del exterior y perjudica fundamentalmente a los pequeños
accionistas, a las familias que acuden al mercado de valores. Por
estos desequilibrios que ocasiona el uso de información privilegiada
mi grupo entiende que cuando se abre un expediente por parte de la
Comisión Nacional del Mercado de Valores para investigar si hay uso
de información privilegiada, la Comisión tiene que tener los medios
técnicos, los medios humanos y el marco jurídico adecuado para que lo
pueda desarrollar. Además, los grupos políticos, también el Gobierno,
tienen que dejar actuar con absoluta independencia a la Comisión
Nacional del Mercado de Valores; eso es lo que ha sucedido en este
caso. Quizá algunos grupos políticos, buscando intereses partidistas
o intereses políticos distintos de lo que significa la protección del
pequeño accionista e intereses distintos de lo que significa la
transparencia del mercado, están intentando mostrar un desgaste en la
actuación del Gobierno, están intentando montar una película de unión
entre la Comisión Nacional del Mercado de Valores y el Gobierno o
están intentando hacer un marco, que es el que ellos se inventan, sin
ningún dato, por cierto, aportado aquí, de falta de independencia
de la Comisión. Pero lo que se pone de manifiesto es que hay una
actuación de la Comisión Nacional del Mercado de Valores
independiente, profesional y que lo que busca es esclarecer unos
hechos que se produjeron en 1998. Lo que nos ha aportado hoy aquí
ayuda a los grupos que intentamos ver si esos hechos tenían marco
legal o no, si había uso de información privilegiada o no, porque a
los que intentan buscar otras ramificaciones del problema o que
intentan que esta comparecencia no sea sobre si alguien usó
información privilegiada sino sobre si el presidente es independiente
o no o si había otras razones políticas, el expediente de 1998 o el
del año 2000 no les sirve para nada; no están intentando, repito,
entrar en la cuestión de si hubo uso de información privilegiada sino
en el contexto, como bien ha dicho el señor Llamazares, a quien no le
preocupaban los hechos sino el contexto. A mí me preocupan los
hechos, porque lo que da o quita credibilidad al mercado son los
hechos y no el contexto; lo que da o quita credibilidad al mercado es
si ha habido uso de información privilegiada o no y si la Comisión
Nacional ha actuado con diligencia o no. Eso es lo que, en mi
opinión, la Comisión Nacional del Mercado de Valores ha hecho
correctamente.
Nosotros modificamos en el Parlamento, en la Ley de acompañamiento
para el año 2000, el marco legalde la Ley del Mercado de Valores. Eso
contó con el voto favorable también de muchos grupos políticos, hoy
es una realidad; por tanto, la Comisión ha actuado correctamente. Si
en el año 2000 se decide empezar de nuevo una investigación y mi
grupo solicita su comparecencia en un momento en que los hechos se
ponen encima de la mesa por parte de algún medio de comunicación, nos
parece que lo lógico sería iniciar otro proceso de investigación. Nos
parece -y no quiero entrar en eso porque pertenece al marco de las
competencias del propio presidente- que si usted no hubiera iniciado
la investigación en ese momento le estarían diciendo cosas todavía
más graves, porque le estarían acusando de no hacerse eco de nuevos
datos que se podían haber suscitado con motivo de los hechos de 1998.
En mi opinión, usted lo hizo correctamente, en cualquier caso actuó
de acuerdo con el marco competencial que tenía y creo que eso es lo
correcto, que cada uno actúe de acuerdo con el marco de actuación que
las leyes le dan. Posteriormente es cuando hay que comparecer en el
Parlamento para dar cuenta de la gestión efectuada.
Por tanto, yo creo que hoy aquí hemos recibido una información
adecuada, una información puntual, una información que satisface a mi
grupo parlamentario. Desde luego, nosotros compartimos con otros
grupos políticos la necesidad de dotar cada vez de más transparencia
a la Comisión Nacional del Mercado de Valores. Así hemos estado
actuando desde 1996, con la puesta en marcha de la nueva Ley del
Mercado de Valores, con las reformas puntuales que se han hecho
posteriormente para aclarar algún punto confuso. Además,
debemos hacer un esfuerzo político todos los grupos para mejorar la
situación de los pequeños accionistas y dar transparencia al mercado.
Ahí debo hacer constar que mi grupo va a estar abierto a cualquier
sugerencia que se ponga encima de la mesa, porque nos parece
importante que en la medida en que al mercado de valores se van
incorporando familias, pequeños accionistas, es más importante que el
mercado actúe con transparencia, que no haya distorsiones y que no
haya uso de información privilegiada. En ese sentido mi grupo está
abierto a cualquier reforma como lo ha estado a lo largo de estos
años, porque ha sido en estos años cuando se ha aprobado el Código
Olivencia y cuando ha empezado a funcionar. Posiblemente necesite
mejoras en el futuro y que algunos de sus preceptos se integren en el
ordenamiento jurídico. Mi grupo está dispuesto a estudiar eso con el
resto de los grupos políticos para dar transparencia al mercado.
Señor Fernández- Armesto, le quedamos muy agradecidos por el
documento que hemos conocido del Fesco que, seguro, nos ayudará a
mejorar el marco jurídico, incorporando alguna de estas conclusiones
al mismo.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència
i Unió), tiene la palabra el señor Sánchez i Llibre.
El señor SÁNCHEZ I LLIBRE: Señoras y señores diputados, en primer
lugar, quiero agradecer la comparecencia del presidente de la
Comisión Nacional del Mercado de Valores ante la Comisión de Economía
y Hacienda a petición de los diferentes grupos parlamentarios, entre
ellos el Grupo Parlamentario de Convergència i Unió. De antemano ya
le puedo avanzar, señor Fernández-Armesto, que sus manifestaciones
han sido claras, diáfanas y solventes y nos han ayudado a disipar
algunas dudas que nosotros teníamos respecto a la investigación
iniciada por la Comisión que usted preside.
Respecto a si usted había de venir antes, durante o después de la
Comisión de investigación abierta en el seno de la Comisión Nacional,
el Grupo Parlamentario de Convergència i Unió ya expuso en la
Diputación Permanente celebrada el 13 de julio de este año que
nosotros preferíamos que su comparecencia se efectuara una vez
hubiera finalizado el expediente con el que se investigaba si hubo o
no hubo información privilegiada por parte de algunos miembros de la
compañía Telefónica. Es cierto que la Comisión acabó sus
investigaciones el día 2 de agosto. Hoy todos los grupos
parlamentarios disponemos de las conclusiones. La conclusión final
que su Comisión al respecto ha manifestado es que, salvo mejor
opinión, los técnicos que suscriben consideran que los hechos y
circunstancias puestos de manifiesto en el presente procedimiento de
investigación no constituyen indicios suficientes que justifiquen la
incoación de procedimiento sancionador
por uso indebido de información privilegiada. Nosotros en
nuestra intervención, cuando fijamos posición el pasado 13 de julio,
manifestamos que, en caso de que hubiera habido uso de información
privilegiada, pediríamos lógicamente las responsabilidades políticas
que pudieran desprenderse. No es éste el caso, ya que las
conclusiones son claras y diáfanas; no ha existido uso de información
privilegiada, por lo tanto, nuestro grupo no va a pedir
responsabilidades políticas ni a la Comisión ni lógicamente al
Gobierno.
Sin embargo, estando de acuerdo en el fondo de la cuestión, en que,
según este informe, no ha existido uso de información privilegiada ni
obligación de declarar, sí nos ha preocupado durante todo este tiempo
las formas que han rodeado, básicamente desde la vertiente mediática,
esta investigación, así como la imagen de la Comisión Nacional del
Mercado de Valores en el sentidode que pudiera verse perjudicada por
la forma en que se han ido produciendo las noticias y los hechos que
hoy son motivo de discusión. Lo que desea nuestro grupo
parlamentario, tal como he dicho al inicio de mi intervención, es
reforzar la imagen de la Comisión Nacional del Mercado de Valores al
máximo para que pueda continuar defendiendo, como ha hecho hasta la
fecha, la transparencia del mercado en beneficio del mismo, de los
accionistas y de los pequeños inversionistas. Estamos totalmente
convencidos de que en esta comparecencia resolverá la mayoría de las
dudas que nosotros teníamos al respecto, y me imagino que también las
del resto de los grupos parlamentarios, y aclarará los hechos
acaecidos -lo he dicho al inicio de mi intervención-, para que de
esta forma la Comisión Nacional del Mercado de Valores pueda
recuperar, si es que ha sido así, el pulso, la fuerza, la imagen que
se merece esta institución. Dentro de este contexto nuestro grupo
parlamentario quisiera fijar su posición sobre algunas de las
cuestiones que ha expuesto el presidente de la Comisión Nacional del
Mercado de Valores.
Nosotros estamos de acuerdo en que su intervención clarifica los
hechos y las actuaciones de la Comisión Nacional del Mercado de
Valores y la suya propia respecto a las diligencias efectuadas
durante la investigación. Lo que ya no sé es si la opinión pública
entenderá la obligación de declarar las opciones en unas fechas
determinadas y las acciones al respecto. Es una cuestión que usted ha
dejado muy clara en su exposición, pero lo que no sabemos es si la
trascendencia de su exposición llegará a la opinión pública de forma
tan clara como le ha quedado al menos al Grupo Catalán (Convergència
i Unió). También quisiéramos saber su opinión particular -porque la
opinión de la Comisión al respecto ya la ha manifestado en su
intervención- sobre por qué tanto el ex presidente de Telefónica como
el consejero independiente no hicieron caso de sus recomendaciones
respecto a declarar unas opciones de futuro, teniendo en cuenta -tal y
como se desprende del dictamen que usted nos ha remitido al Parlamento-
que no eran inversiones especulativas, sino a largo plazo. Suponiendo
que hubiera hecho estas manifestaciones públicamente, entiendo que
hoy no estaríamos discutiendo esta cuestión aquí en el Parlamento,
teniendo en cuenta básicamente lo que yo he leído en el informe, que
no eran inversiones especulativas, sino inversiones a medio y largo
plazo.
Otra cuestión que nos alegra y se desprende de su exposición es que,
efectivamente, existe una independencia real -que es lo que al menos
nuestro grupo parlamentario ha perseguido siempre en sus
manifestaciones- entre la Comisión Nacional del Mercado de Valores y
el Gobierno. Su decisión valiente el día 16 de iniciar otra
investigación como complemento a la investigación del año 1998 lo
ampara. Estas decisiones vienen a demostrar que realmente existe una
independencia real entre el Ejecutivo y la Comisión Nacional del
Mercado de Valores. Hago estas manifestaciones porque de las
declaraciones surgidas en diferentes medios de comunicación, de
algunas manifestaciones yo diría que no afortunadas de algún
vicepresidente de la Comisión que usted preside, así como también de
algunas manifestaciones efectuadas el día 20 -y digo el día 20 y no
el día 16- por el presidente del Gobierno, podría llegar al ánimo de
la opinión pública que, efectivamente, usted inició una investigación
en base a unas informaciones de su vicepresidente o en base a algunas
afirmaciones de algunos miembros del Gobierno. Hoy usted lo ha
manifestado públicamente y ha dicho que inició la investigación el
día 16 y no el día 20, con lo cual yo pienso que ha hecho un gran
favor a la Comisión en el sentido de delimitar claramente que existe
una independencia real y formal entre la Comisión Nacional del
Mercado de Valores y el Ejecutivo. No queda claro para nuestro grupo
parlamentario, y por eso queremos preguntarle si la Comisión del
Mercado de Valores inició la investigación sobre la base de un
anónimo que se recibió en la sede de su Comisión. Usted no lo ha
dicho en su exposición, pero consta en el informe que nos han enviado
al Parlamento, y nos gustaría saber si se debió a un anónimo o a
informaciones que les llegaban de la Agencia de Argentaria Bolsa.
En cuanto a las acciones de futuro, lógicamente, para el Grupo
Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) son bienvenidas todas
aquellas modificaciones, aclaraciones y nuevas legislaciones que
puedan incorporar más fuerza y más independencia y todas aquellas
acciones que puedan incorporarse para luchar contra la información
privilegiada. Por descontado, las vamos a apoyar a través de todas
nuestras acciones parlamentarias para que finalmente sea cierto algo
que usted ha dicho en su exposición: que desaparezca la información
privilegiada, ya que esta llega a contaminar el mercado de valores y
también va, lógicamente, en detrimento de todas aquellas inversiones
de familias y pequeños inversionistas que han depositado su confianza
en la Comisión y en los mercados de valores.
No quisiera terminar mi intervención sin antes felicitarle por su
gestión al frente de la Comisión Nacional del Mercado de Valores
durante estos últimos cuatro años. No sé si sus manifestaciones en el
sentido de que esta será su última comparecencia en el Congreso dan a
entender que usted no va a continuar en el cargo, pero queremos que
sepa que el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió)
considera que siempre ha habido una buena actuación desde su
presidencia y estimamos que ha hecho un buen trabajo a favor de la
Comisión y a favor de la transparencia en el mercado de valores.
El señor PRESIDENTE: ¿Grupos parlamentarios que desean intervenir?
Por el Grupo Vasco (EAJ-PNV), tiene la palabra el señor Azpiazu.
El señor AZPIAZU URIARTE: Muchas gracias, señor presidente de la
Comisión Nacional del Mercado de Valores, por su comparecencia y por
su intervención hoy aquí. Quiero agradecerle, como el resto de los
grupos, la información y las explicaciones que nos ha dado en torno
al tema de referencia, si bien tengo que decirle que, dado que se ha
producido una vez que ha pasado la actualidad de este tema, para
nuestro grupo, sinceramente, no tiene excesivo interés. No obstante,
con la documentación podremos hacer con tranquilidad un estudio
pausado y analizar la cuestión tranquilamente, a modo de un trabajo
de historia económica. De todas formas, le agradecemos su presencia y
no ponemos en cuestión que haya estado usted hoy aquí y no
anteriormente por otros motivos, pues el tema no tiene mayor interés
para nuestro grupo.
Ayer leía un artículo en Expansión que se refería a usted de una
forma muy positiva y en el que se describían las actuaciones que
había llevado usted a cabo a lo largo de estos años. Sinceramente, yo
no tenía mucho conocimiento de las actuaciones de la Comisión
Nacional del Mercado de Valores, pero, a tenor de las actuaciones que
en el artículo aparecen, entiendo que usted ha trabajado intensamente
en esta Comisión, lo cual es de agradecer. También decía el artículo
que había una sombra en su actuación, que era la sombra del caso
Telefónica, el caso que hoy nos ocupa, sombra sobre la que los grupos
de la oposición, fundamentalmente, han vertido sus opiniones y han
dicho lo que pensaban al respecto. Contrastaremos estas opiniones de
la oposición con la información que usted nos ha dado, y yo
personalmente trataré de sacar mi propia opinión. No quisiera decir
mucho más a este respecto, pero lo que sí me parece importante es
que, con todo este rifirrafe, se ha producido una falta de
credibilidad de la Comisión Nacional del Mercado de Valores o al
menos sobre la Comisión se han vertido una serie de sospechas de
falta de independencia o de credibilidad. No vamos a hablar del
pasado, y menos si usted no va a estar en el futuro, pero quisiera
manifestar que para que exista la independencia, que es importante y
que debe presidir la actuación
de la CNMV, el presidente de la Comisión no tendría que ser
necesariamente nombrado por el ministro de Economía, podría ser
nombrado por esta Cámara o, en el caso de ser nombrado por el
ministro de Economía, con el apoyo de la mayoría de los grupos de
esta Cámara. Yo creo que esto podría facilitar el consenso y que
actuara el presidente con mayores dosis de independencia.
Hay otra cuestión que no viene a cuento y que es prácticamente ajena,
pero que a mí me preocupa más que el tema de hoy, que es la
pretensión del Ministerio de Economía de desmutualización de las
bolsas dando cabida en las mismas a operadores no socios y a socios
que no tengan que ser necesariamente operadores, en detrimento de las
sociedades de valores y de las agencias de valores. Y si usted
también quiere decir algo, me gustaría saber cómo ve el futuro de las
bolsas regionales. Sé que este no es el objeto de la reunión de hoy,
pero me gustaría que apuntara algo en este sentido.
Para concluir, quiero volver a agradecerle su presencia y su
documentación. Nosotros haremos nuestro análisis y formaremos nuestra
propia opinión.
El señor PRESIDENTE: Para contestar a los distintos portavoces, tiene
la palabra el presidente de la Comisión Nacional del Mercado de
Valores, señor Fernández- Armesto.
El señor PRESIDENTE DE LA COMISIÓN NACIONAL DEL MERCADO DE VALORES
(Fernández Armesto-Fernández España): En primer lugar, quiero que
sepan que si utilizo alguna argumentación contundente con respecto a
algunas de las opiniones vertidas por SS.SS. lo haré siempre desde mi
posición de respeto institucional, como he resaltado en mi
intervención ante SS.SS., pues son fundamentales para el control de
un órgano independiente como es la Comisión.
Sus señorías me van a permitir que conteste en el orden inverso a la
intervención de los grupos parlamentarios. En primer lugar, lo que le
diría al señor Azpiazu, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), es
que creo que hay muchos temas que son interesantes y que la Ley del
Mercado de Valores prevé la comparecencia del presidente de la
Comisión una vez al año para dar cuenta y razón, por ejemplo, del
tema de la desmutualización, del futuro de los mercados, de lo que
está ocurriendo en Europa respecto a supervisión. Creo que es un
debate importante e interesante, y, por supuesto, saben que tienen al
presidente de la Comisión a su entera disposición cuando SS.SS. lo
deseen para tener un debate en profundidad sobre lo que está
ocurriendo en el mercado de valores.
En segundo lugar, quiero agradecer al Grupo Parlamentario Catalán
(Convergència i Unió) su felicitación, que viene bien en estos
momentos no solamente por mí, sino también por todas las personas que
componen la Comisión Nacional del Mercado de Valores, que es
un grupo profesional dedicado que realmente trabaja duro por cumplir
con su tarea.
Respecto al anónimo, me disculpo porque en el texto que yo tenía
escrito había una mención expresa al anónimo que recibió la Comisión
Nacional del Mercado de Valores. Al separarme del texto y leer un
tanto deprisa para abreviar, lo he obviado, y está claro que lo que
he obviado les parecía importante a SS.SS., con lo cual no he tenido
mucho éxito en los cortes que hice. Efectivamente, los inspectores de
la Comisión que estaban realizando su labor recibieron en el verano
de 1998 un anónimo en un papel que aparentaba ser de Argentaria y que
contenía la descripción de los hechos, los cuales eran perfectamente
conocidos por la Comisión, y unas imputaciones sobre el posible uso
de información privilegiada por parte de las dos personas a las que
nos venimos refiriendo. Pues bien, una cosa es que en el seno de la
investigación se recibiera ese anónimo, al cual se le dio la
importancia que se da a los anónimos, que es baja, y otra que la
investigación es una unidad que comienza con la visita de supervisión
a Argentaria y que continúa con la investigación que realiza el
inspector general, la cual termina en noviembre. Y menciona también,
al igual que menciona la primera actuaciónrealizada in situ en
Argentaria, que en el ínterin ha recibido también un anónimo. El
anónimo es importante, en cambio, para un tema que puede ser
tangencial, pero que a mí me interesa resaltar, y es que yo era muy
consciente desde el principio de que dicho anónimo, que lo recibió la
Comisión y otros supervisores, circulaba y de que este tema podía
salir a la luz pública.
En cuanto a mi opinión sobre la actuación de don Juan Villalonga,
tengo que decir que una de las cosas que realmente me ha dejado
satisfecho en esta intervención es que todos los grupos
parlamentarios han coincidido en no poner en duda la fundamental de
las conclusiones. Después de una exhaustiva investigación -algunos
han dicho que demasiado exhaustiva- se ha llegado a la conclusión de
que no ha habido una infracción del ordenamiento. Esto no se ha
puesto en duda y yo creo que es algo extraordinariamente importante,
puesto que reivindica la esencia de lo que hemos hecho. Que a nivel
jurídico no haya nada que se pueda reprender, no quiere decir que yo
a título individual, como presidente de la Comisión, no pueda aplicar
otros estándares. El estándar no es un estándar ético, porque a mí no
me gusta hablar de ética, sino de las buenas prácticas, best
practices que dicen los ingleses, las mejores prácticas que se pueden
exigir a un presidente de la principal empresa cotizada en España. Si
aplicamos ese estándar, que es un estándar de buenas prácticas, el
reproche nunca puede ser jurídico, sino a otro nivel, un reproche que
se puede hacer a nivel personal, pero nunca a nivel institucional. Yo
diría que hay dos temas. El primero es que, cuando se pregunta a un
supervisor cuál es su opinión, las recomendaciones del supervisor
constituyen una buena práctica el seguirlas. No es
una buena práctica para un supervisado preguntar y después no seguir
las recomendaciones. Por lo tanto, las buenas prácticas del mercado
exigen que el presidente de una gran empresa que pregunta cuál es la
opinión de la Comisión acerca de una determinada materia la siga,
y la prueba es que otros presidentes de otras grandes empresas que
hicieron la misma pregunta y recibieron la misma contestación
publicaron sus operaciones.
Hay una segunda buena práctica que se puede decir que no ha sido
cumplida, que es la práctica que exige que se respete por parte del
equipo directivo la independencia de los consejeros, consejeros
independientes de acuerdo con el reglamento de Telefónica, con el
código de buen gobierno que aprobó el Gobierno de la Nación y la
Comisión Olivencia. De acuerdo con todos los estándares
internacionales, un consejero independiente se define como la persona
que no tiene vínculo económico de ningún tipo ni con la sociedad ni
con su equipo directivo. Estas operaciones ponen de manifiesto que ha
habido unos vínculos económicos estrechos entre un consejero
independiente y el presidente de una sociedad cotizada, lo que no es
sancionable en absoluto, pero tampoco es una buena práctica de
mercado.
En relación con el Grupo Popular, he recogido su idea de que hay
unanimidad por parte de todos los grupos de que no ha habido una
infracción. Agradezco que haya mencionado algunos de los éxitos de la
Comisión y me hubiera encantado poder celebrar una sesión monográfica
ante SS.SS. para poderles explicar cómo ha explotado el mercado
bursátil durante estos cuatro años, la transformación cultural y
empresarial que ha habido en España. No sé si SS.SS. son conscientes
de que por primera vez en la historia de España tenemos un grupo de
multinacionales españolas que son capaces de financiar en la Bolsa
española, con ampliaciones de capital, con acciones cifradas en
euros, una expansión internacional. Les recuerdo Repsol-Ypf o las
operaciones de Telefónica en Hispanoamérica y, para coger otro nivel,
les recuerdo la adquisición por Sol Meliá de Krasnapolsky. Son
operaciones en las cuales -fíjense ustedes- por primera vez en la
historia una acción de una sociedad española, cotizada en Madrid,
Barcelona, Valencia y Bilbao, es un valor que se puede dar a cambio
para adquirir empresas en todo el mundo. Este es un cambio
profundísimo y extraordinariamente positivo. Los países ricos son los
que tienen multinacionales. Yo por supuesto no me irrogo ni la
Comisión se irroga el haber sido la causa, puesto que la sociedad
española ha sido la que ha logrado esto, pero sí que me apunto con
orgullo el tanto de que la Comisión haya acompañado al mercado en
este desarrollo y que haya hecho el entorno regulatorio, el entorno
de seguridad, el entorno de limpieza que hace posible que un holandés
esté dispuesto a recibir a cambio de una acción holandesa una acción
española, o que un argentino esté dispuesto a recibir a cambio de una
acción argentina una acción española, o que un americano, última
operación, esté
dispuesto a recibir una acción española a cambio de una acción que
cotiza en allí. Estoy muy orgulloso de que haya holandeses,
argentinos y americanos que estén dispuestos a aceptarlas.
Con respecto al Grupo de Izquierda Unida, creo haber leído en la
prensa que ayer, antes de oírme, habían pedido mi dimisión y que
después de haberme escuchado no la han pedido, con lo cual entiendo,
señor presidente, que le he convencido, por lo que en ese sentido me
siento muy satisfecho de mi capacidad de convicción y de oratoria.
Como SS.SS. seguro que están pensando en el almuerzo, si el señor
Llamazares quiere que después lo hablemos personalmente, estaré
encantado de hacerlo con él.
Me queda por referirme a la intervención del señor Martínez Sanjuán,
del Grupo Socialista. Hay muchos aspectos en los que coincidimos,
pero hay algunos otros que me gustaría rebatir y entiéndalo desde la
legítima defensa de lo que creo que ha sido mi actuación. Creo, y
esto sí que es una petición que yo haría a todos los grupos de esta
Cámara, que el mercado de valores está cambiando a una velocidad
vertiginosa. La normativa del mercado de valores por definición
siempre va en España y en todos los países por detrás de la realidad.
Es muy importante que toda la sociedad española, los usuarios, el
Gobierno, la Comisión Nacional del Mercado de Valores, el Parlamento,
centremos más la atención en los cambios legislativos que son
necesarios. Yo comparecí aquí hace un año y expliqué una serie de
cambios que me parecían importantes, siendo uno de ellos cinco
medidas para mejorar la lucha contra la información privilegiada,
medidas que deberían adoptarse, y he hecho propuestas en materia de
buen gobierno de las empresas y en temas de autocartera. Creo que es
importante que toda la sociedad haga una amplia reflexión sobre la
normativa del mercado de valores, habiendo hablado algunos de los
comparecientes de precipitación y de falta de técnica legislativa.
Hay mucho que hacer en materia de que el proceso legislativo sea
mucho más reflexivo, técnicamente más perfecto, más completo y que
realmente sirva, es decir, al final éstas son leyes de servicio y no
leyes que tengan una carga ideológica profunda, con algunas
excepciones, pero en general para los grupos parlamentarios no tienen
carga ideológica, sino que son leyes que lo que tienen que hacer es
servir al mercado. Luego es importante que el mercado participe, cosa
que hace poco, y es importante que haya una amplia reflexión sobre
hacia dónde debemos ir. Es muy importante, además, que prestemos
atención a lo que está ocurriendo en Europa, que también es una
reflexión que me atrevo a hacer en este momento. En cuatro o cinco
años habrá un sistema, el que sea, unificado de supervisión europea
y tendremos que estar dentro de los parámetros que marcan todos los
mercados de la Unión Europea.
No es pensable que España tenga un régimen significativamente
diferente del de Francia, del de Alemania
o del de Italia. Por tanto, es muy importante que vayamos modificando
nuestro régimen en paralelo con lo que está ocurriendo en Europa y
que hagamos un gran esfuerzo para participar en ese proceso europeo.
Uno de los grandes esfuerzos de mi mandato ha sido intentar que
España participe muy activamente en ese proceso de decisiones en
Europa.
El señor Martínez Sanjuán ha hablado de luchas de poder, ajustes de
cuentas, ha aparecido la expresión gran acuerdo, gran montaje. Yo de
eso no sé nada. No puedo saber nada. Yo no sé absolutamente nada de
eso, yo sólo sé de derecho, de norma. Cuando yo soy regulador,
sancionador, solamente puedo saber de normas y lo que puedo decir es
que la única vara con la que se me puede medir es la vara del
derecho.
Varios comparecientes me han pedido que justifique la decisión que
tomé el 16 de junio de 2000, de volver a poner en marcha el
expediente informativo. Hago un paréntesis. Yo no sé si S.S. tenía
claro que este es un expediente informativo y, por tanto, anterior al
expediente sancionador. Es una pura investigación interna dentro de
la Comisión para ver si hay indicios que puedan llevar a la apertura
de un expediente sancionador. Se tienen que probar esos indicios
para, después, imponer la sanción. Por tanto, estamos en un momento
muy previo de las investigaciones.
En primer lugar, la decisión de 16 de junio de 2000, ¿es ajustada a
derecho? Esa es la gran pregunta. Y eso nadie ha podido ponerlo en
duda y yo, ante mi conciencia, no tengo la más remota duda de que es
ajustada a derecho. Es una decisión adoptada por el órgano
competente, en un momento en el cual, tras analizar lo que está
ocurriendo, piensa que esa es jurídicamente la decisión que debe
adoptar.
El señor Sánchez i Llibre recalcó que esta decisión era anterior a
cualquier mención, por parte de cualquier órgano de fuera de la
Comisión, de si debía o no debía investigarse. Es una decisión que se
toma -y quiero decirlo- el mismo día 16. No hay físicamente tiempo
para que se produzcan interferencias. ¿Qué alternativas tenía? Cuando
ese día 16 convocó a las tres personas, para ver qué opinan, ¿qué
alternativas tenía? Ordené primero que se sacara el expediente
original de la caja fuerte de la Comisión. Podía haber dicho u
ordenado que no se hiciera nada. O podía haber ordenado lo que
ordené, que se investigara otra vez.
Si llego a ordenar que no se investigara, estoy absolutamente seguro
de que hoy aquí hubiera tenido más reproches. Incluso hubiera tenido
reclamaciones de que presentara mi dimisión porque había intentado
encubrir unas actuaciones. Aquí todo el mundo estaría diciendo: Es
evidente que hubo información privilegiada. No hay duda alguna de que
hubo información privilegiada, y usted, señor presidente, no tiene ni
la más remota idea de que ese informe histórico adolece de errores.
No ha tenido en cuenta estos nuevos hechos. Es evidente que hubo
información privilegiada y usted, por un apaño
-y entonces empezaríamos con los apaños de amistad, con no sé qué y
no sé cuántos-, lo que ha hecho es echar tierra sobre el asunto. Es
evidente que ha habido información privilegiada. Ese sería un
reproche que me harían hoy aquí.
Cuando decidí investigar era absolutamente consciente de que el
reproche sería el contrario: Está usted siguiendo, por supuesto, las
indicaciones del presidente del Gobierno. Ya se sabe que usted no es
independiente, que está usted puesto ahí y que sigue órdenes.
Yo me sentí en la misma situación (perdone que lo diga así, pero es
que es la decisión más importante de mi vida y con el debido respeto
se la quiero explicar y quiero convencer a S.S.) que el militar que
puede tomar dos decisiones y que las dos son trágicas. Y los que
hemos hecho la mili in illo tempore recordamos que hay que escoger la
decisión más audaz. Un supervisor tiene clarísimo, ante dos
decisiones malas, cuál tiene que elegir: investigar. El supervisor
tiene por misión investigar y está clarísimo que estoy mucho más
satisfecho de que se me acuse hoy de exceso de celo en la
investigación y que nunca nadie pueda acusarme de que, por razones
que no son correctas, he intentado ocultar, he intentado echar tierra
a una actuación incorrecta.
Realmente mi situación en este asunto -voy a utilizar un término
fuerte- es trágica. Fíjense SS.SS., yo tenía que elegir entre esta
doble decisión el día 16, cualquiera de las dos sujeta a críticas.
Pero cuando después, el día 2 de agosto, decidimos seguir la opinión
de los investigadores y, por tanto, que no había habido información
privilegiada, también estábamos sujetos a críticas. Si decía que no
había habido información privilegiada dirían: Es un gran arreglo, ya
se sabe que aquí ha habido un pacto por detrás; como ha dimitido
entretanto el señor Villalonga ya se sabe que esto es un pacto. Era
consciente de esa crítica.
Sin embargo, si los instructores llegan a la conclusión opuesta y la
Comisión llega a la conclusión de que había que abrir expediente
sancionador, también habrían llovido las críticas y alguien diría:
Intentó históricamente echar tierra sobre el asunto y sólo gracias a
la labor de los medios de comunicación por fin se ha podido descubrir
la realidad.
Era una situación para la que los ingleses tienen una expresión, el
no way situation. Es una situación en que cualquier acto es
criticable. Existe este grito desgarrador de Lutero, en la dieta de
Worms, cuando se le critica y al final grita: No puedo de otra forma,
mi conciencia no me permite actuar de otra forma. Yo en este asunto
me he sentido como Lutero, sólo he podido escoger la alternativa
menos mala. Y creo que escoger la menos mala es lo mejor que pude
hacer.
Quisiera terminar diciendo algo para el futuro, haciendo una
reflexión de democracia, respecto a los que somos independientes. Yo
de verdad me siento independiente. Me siento independiente porque no
tengo vínculo alguno que me pueda someter a la
influencia de nadie. Pero la independencia no es solamente la
sensación interna, no es solamente el procedimiento de elección, no
es solamente la inmovilidad, hay más. La independencia es también la
aceptación por la sociedad de que se es independiente. No puede haber
supervisores, comisiones, jueces o fiscales independientes si la
sociedad no acepta que lo son. Y no acepta que son independientes
salvo que se demuestre que han actuado incorrectamente.
Le voy a poner un ejemplo y con esto termino, señor presidente. Si
usted coge un juez que es de La Coruña -que yo soy de La Coruña- y un
acusado que es de La Coruña igualmente y el juez le absuelve, la
reacción de la sociedad plasmada en sus representantes es: Ya se
sabe, siendo los dos gallegos, con los niveles de vinculación que
existen entre los gallegos, es evidente que esto no puede ser una
decisión tomada de una forma independiente. Perdónenme que haya
cogido la ligereza de este ejemplo. Esto es lo que pasa cuando a un
supervisor no se le presume la independencia. A un supervisor hay que
criticarle porque no ha seguido el procedimiento correcto, porque se
ha ido de lo que son los procedimientos correctos.
Por ejemplo, si hubiese nombrado a dedo a los instructores, si no
hubiera cogido a los instructores que naturalmente correspondían,
sería criticable. Eso sería una critica: Señor Fernández-Armesto,
usted se ha separado del procedimiento correcto. O si la decisión
adoptada es jurídicamente discutible: Señor Fernández- Armesto, ha
adoptado usted unas decisiones que por ésta, y esta y esta razón es
una decisión jurídica incorrecta. Totalmente aceptado. Son críticas
que acepto porque me parecen razonables. Lo que no es válido es
decir: Si ya se ve, se ve por los medios, por las connotaciones, por
las relaciones, ya se ve que aquí ha habido un gran montaje, un gran
acuerdo, un ajuste de cuentas, unas luchas por el poder. No, ahí yo
creo que todos tenemos que aprender a que hay que defender -me
atrevería a acuñarlo- la presunción de independencia del que por ley
es independiente.
Señor presidente, le agradezco enormemente el tiempo que me han
dedicado y espero haber dado contestación a todos los grupos
parlamentarios.
El señor PRESIDENTE: Señor Martínez Sanjuán, tiene la palabra de
forma muy breve para hacer alguna pregunta o aclaración.
El señor MARTÍNEZ SANJUÁN: Como he dicho anteriormente, voy a
intervenir muy brevemente.
Antes no se lo he preguntado al señor FernándezArmesto, porque se me
ha olvidado, pero me he quedadocon las ganas y se lo pregunto ahora:
En el expediente abierto sobre el caso en cuestión, ¿por qué no se ha
tomado declaración al señor Villalonga? ¿Es una coincidencia o es que
el señor Villalonga no tenía nada que decir? En la relación
exhaustiva de la documentación
que nos ha presentado no figura que se le haya tomado
declaración al señor Villalonga; yo no lo he encontrado, no sé si no
he sabido buscar bien. ¿No era relevante en la investigación lo que
hubiese podido decir el señor Villalonga?
Solamente quiero decirle dos cosas. Una: No quiero entrar a rebatir
ni mucho menos su intervención, pero usted decía: el 16 tomé una
determinación. Si hubiese tomado una, me hubiesen dicho esto. Sabía
que si tomaba la decisión el día 16 -lo ha dicho usted- me podían
acusar de hacer seguidismo al presidente del Gobierno. El presidente
del Gobierno no se había pronunciado el día 16, lo hizo después.
¿Usted sabía que el presidente del Gobierno le iba a decir que
abriera la investigación o que confiaba en el papel investigador de
la Comisión Nacional del Mercado de Valores?
Segunda cuestión. (Un señor diputado: Es kafkiano.) No sé si será
kafkiano, pero ninguno de los titulares de los medios de comunicación
de estos días dice que el Partido Socialista destapa una crisis
interna por la investigación a Villalonga; no. La investigación de la
Comisión Nacional del Mercado de Valores sobre Juan Villalonga fue
promovida por Luis Ramallo; es el vicepresidente de la CNMV quien
destapa una crisis interna por la investigación a Villalonga. Esto ha
hecho mucho daño. Y al señor Ramallo, señor Fernández Armesto, no lo
hemos nombrado nosotros; tenga la seguridad de que no lo hemos hecho.
Mi grupo parlamentariovalora su silencio, pero a veces los silencios
producen más daño del que realmente se pretende evitar, por eso hay
que buscar siempre un equilibrio.
Por último, no sé si al final de mi intervención ha quedado muy clara
la actitud de mi grupo parlamentario. Mi grupo parlamentario ha
creído siempre en su credibilidad personal y en su honorabilidad
profesional. Creo que en algún momento le ha tocado convivir con
alguna mala circunstancia. A mí me molestaría que usted se llevara la
sensación de que mi grupo parlamentario se va conforme con la manera
en que se va usted. Le deseamos lo mejor, todos los éxitos
personales, y quiero que sepa que tiene nuestra credibilidad
personal. Lo único que ocurre es que en la vida social, en la vida
política y en la vida profesional, a veces nos toca bailar con la más
fea.
El señor PRESIDENTE: ¿Algún otro portavoz desea intervenir? (Pausa.)
Señor Fernández-Armesto, tiene la palabra para responder al señor
Martínez Sanjuán.
El señor PRESIDENTE DE LA COMISIÓN NACIONAL DEL MERCADO DE VALORES
(Fernández- Armesto Fernández-España): Quiero agradecer sinceramente
las palabras que ha dicho sobre mí el señor Martínez Sanjuán. La
honorabilidad, el buen nombre es lo único que nos queda al final a
los quesomos profesionales; es lo más sagrado que tenemos.
Sus preguntas han sido muy incisivas. El señor Martínez Sanjuán se
debería dedicar a la abogacía; sería un duro contrincante por las
preguntas tan incisivas que hace. Primera: ¿Por qué no se ha tomado
declaración al señor Villalonga? No tengo ninguna contestación
excepto la siguiente: los instructores tuvieron absoluta libertad
para tomar declaración a las personas a las que entendieron que era
importante tomar declaración. Una vez que lo hicieron -y tomaron
declaración a múltiples personas-, llegaron a las conclusiones, y una
vez que llegaron a ellas, no precisaron de la declaración del señor
Villalonga. Es su decisión. Si hay algo que yo he respetado siempre,
especialmente en esta operación, ha sido la independencia de los
instructores. Ellos son los que asumen la responsabilidad de su
dictamen, y ellos son los que han obtenido las pruebas que estimaron
necesarias.
Sobre lo que quería o pensaba el señor presidente del Gobierno el día
16 de junio, no tengo la más remota idea. Por tanto, nunca puedo
haber dicho que el señor presidente del Gobierno, el día 16, tenía
una opinión o la otra. Malamente puedo haber dicho eso, porque no lo
sabía, y en los últimos cuatro años nunca he hablado con el señor
presidente del Gobierno.
Si hay algo que me ha dolido de todo lo que se ha dicho aquí es el
daño a la credibilidad. He dedicado cuatro años de mi vida a luchar
por la Comisión, y cada palabra que se dice negando su credibilidad
va a lo más profundo de mi corazón, es una puñalada en mi corazón,
porque es lo contrario de lo que he intentado alcanzar. Sólo puedo
hacer dos manifestaciones: Una, que yo he luchado denodadamente por
una Comisión realmente respetada, y dos, que pediría a todos los
grupos parlamentarios que luchemos todos por una Comisión con
absoluto reconocimiento y credibilidad en el mercado, porque es
importantísimo para España como plaza financiera.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Fernández-Armesto.
Antes de continuar la sesión, ruego a los señores portavoces que se
acerquen un momento a la Mesa. (Pausa.)
Anuncio a los miembros de la Comisión que la votación se hará a las
dos y media, si es que no hemos terminado antes.
PROPOSICIONES NO DE LEY:
- RELATIVA A LOS MONTES VECINALES.
PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA. (Número de
expediente 161/000068.)
El señor PRESIDENTE: Punto número diez, debate y votación de la
proposición no de ley relativa a los montes vecinales, del Grupo
Parlamentario Socialista.
Para su defensa, tiene la palabra el señor Díaz.
El señor DÍAZ DÍAZ: Señor presidente, señoras y señores diputados, la
proposición no de ley que presentamos hace referencia a la necesidad
de que el Gobierno derogue la Ley 50/1998, en lo referente a la
aplicación del impuesto sobre sociedades a las comunidades de monte
vecinal en mano común, y que se remita al Parlamento una ley que
desenvuelva un régimen fiscal específico para estas comunidades.
Nosotros pedimos un tratamiento fiscal específico para lo que es
diferente.
Podemos decir que los montes vecinales en mano común tuvieron un
desamparo legal que se prolongó a lo largo de casi un siglo, desde
los intentos de desamortización de los montes públicos, con los que
fueron confundidos a mitad del siglo pasado y de los que se salvaron
en buena medida por la resistencia activa de las comunidades
vecinales.
En el franquismo, estos montes fueron usurpados por el patrimonio
forestal del Estado mediante consorcios obligatorios firmados con
ayuntamientos y diputaciones. Esto agudizó la crisis del mundo rural
en algunas partes del Estado, en concreto en Galicia, y aceleró la
emigración, por dejar a las familias sin complementos necesarios de
rentas, al tiempo que generó conflictividad social en el campo y
proliferación de incendios forestales.
El comienzo de su recuperación por los vecinos tomó como base la Ley
de montes vecinales del año 1968, una ley con múltiples cautelas, que
obligaba a un proceso declarativo de la Dirección Forestal, que
normalmente lo frenaba. La Ley de 1980 consolida e impulsa la Ley de
1968 y permite impulsar la clasificación de los montes, fase previa a
su devolución a las comunidades vecinales. Las comunidades que
reciben estos montes ya no son las comunidades a las que les fueron
usurpados, sino que son unas comunidades nuevas, con otra
problemática, y el problema es integrar estos montes en estas nuevas
comunidades e integrarlos en la actividad productiva.
En Galicia se elabora una ley en el año 1989 que trata de impulsar la
organización de las comunidades y su actividad económica, pero hasta
hoy la administración autonómica fracasa en el cumplimiento de
algunos mandatos, como son el deslinde de la propiedad de los montes
vecinales, la realización de planes de ordenación y aprovechamiento y
la puesta en marcha de la organización de los mismos.
Quiero resaltar, aunque sea con brevedad, que lo que estamos
solicitando para Galicia lo hacemos extensible a otras comunidades en
las que existe este tipo de propiedad. Debo decir que en toda la
legislación se repite que estamos ante una propiedad colectiva
atribuida a los vecinos de una aldea o parroquia determinada, con
unas características de base germánica: indivisibilidad,
inalienabilidad, imprescriptibilidad e inembargabilidad, que la
confieren naturaleza de bien común y social, lo que las sitúa fuera
del tráfico
comercial. Estas comunidades cumplieron tradicionalmente y cumplen
una triple función: una función económica -complemento de rentas de
explotaciones familiares, más complemento en economía minifundista-,
una función social -propiedad de todos y, en consecuencia, fuente de
recursos para los más necesitados- y una función ecológica -un
sistema de aprovechamiento que evita la degradación del monte-.
Con evidentes transformaciones esto sigue teniendo vigencia en la
actualidad, por lo que no se puede reducir el monte vecinal en mano
común a una empresa, en primer lugar, porque el comunero no es un
socio, ya que la condición de comunero se adquiere por la simple
vecindad, con lo cual ser comunero no es un acto voluntario, sino que
está ligado a la vecindad en un lugar determinado.
Para ver un poco la correlación de la norma con la realidad, voy a
poner el ejemplo de Galicia. En Galicia hay 619.000 hectáreas
inventariadas como montes vecinales en mano común. De ellas, 184.600
están arboladas con madera de pino fundamentalmente, con un variable
valor económico; otra parte está recientemente reforestada, pero la
mayoría, 480.000 hectáreas, se encuentran en estado de abandono. Eso
por lo que se refiere a la parte económica.
Por lo que se refiere a la situación organizativa, hay aún montes sin
clasificar, o sea, sin ser devueltos a las comunidades; hay también
muchos montes que no tienen elegidos sus órganos de gobierno; en
otros todavía no hay estatutos que rijan los destinos de la comunidad
y la mayoría están pendientes de deslinde entre la propiedad vecinal
y la propiedad privada. Solamente un tercio de los 2.150 montes
vecinales en mano común tienen comunidad de montes y están
correctamente organizados.
En este contexto es en el que se establece la obligatoriedad de
tributar por el impuesto sobre sociedades. La Ley 50/1998 fija la
condición de sujetos pasivos del impuesto sobre sociedades de las
comunidades de montes, equiparándolas a empresas mercantiles. Es
cierto que en una parte de estos montes hay una actividad económica
que puede generar beneficios, pero también lo es que la mayoría de
las comunidades de montes no reparten beneficios entre los comuneros
y los dedican a reinvertir en el propio monte o a equipamientos
comunitarios y sociales, como asfaltado de caminos, traída de aguas,
saneamientos comunitarios, alumbrados públicos, zonas deportivas,
etcétera. Son obras y servicios, financiados con recursos de las
comunidades de montes, que complementan las obras y servicios que
prestan los ayuntamientos. Las dos entidades, ayuntamientos y
comunidades de montes, mejoran la calidad de vida de los vecinos.
Tenemos, pues, unos montes infrautilizados en su mayoría, que
pertenecen a unas comunidades que se están autoorganizando y que se
ven obligadas a tributar por el impuesto sobre sociedades cuando no
son sociedades
y, aún más, cuando su proceso de organización interna acaba de
empezar. Por ello, ante estas carencias, nos parece una contradicción
tratar a las comunidades como sociedades organizadas para la gestión
del impuesto. De ahí que nuestra proposición tenga por objeto,
primero, derogar los preceptos relativos a la inclusión de los montes
vecinales en mano común en la tributación del impuesto sobre
sociedades, sustituyéndola por la tributación por IRPF para el caso
de las comunidades que reparten beneficios entre sus comuneros; y en
segundo lugar, la cesión de la gestión de ese tributo a las
comunidades autónomas, con mandato expreso de su control y la
incentivación de la incorporación de estos montes a la actividad
económica.
Nosotros defendemos un tratamiento fiscal específico para montes
vecinales en mano común que tenga en cuenta su realidad y, al mismo
tiempo, estimule su mejor aprovechamiento económico. Quiero decirles
que la normativa actual está teniendo efectos perversos, ya que no
favorece ni incentiva el aprovechamiento económico de estos montes,
que en Galicia son el 22 por ciento de la superficie cultivable del
país, sino que fomenta su abandono por el desinterés de unas
comunidades que no quieren hacerse responsables de una gestión y una
fiscalidad para las que no están preparados, y además porque muchos
de estos montes tienen problemas previos de organización que no están
resueltos, y por eso parece que aplicar este tratamiento fiscal va a
llevar más al abandono del monte que a su aprovechamiento económico,
que es una asignatura pendiente que existe por interés común.
El señor PRESIDENTE: ¿Grupos parlamentarios que desean intervenir?
(Pausa.)
Por el Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra el señor Vázquez.
El señor VÁZQUEZ VÁZQUEZ: Muy brevemente, voy a expresar la opinión y
el punto de vista del Bloque Nacionalista Galego acerca de la
proposición no de ley que tratamos, presentada por el Grupo
Socialista, y que nosotros creemos que hace referencia a un problema
real. El modelo impositivo acordado, por el que las comunidades de
montes vecinales en mano común tributarán vía impuesto sobre
sociedades, no se ajusta, según nuestro criterio, a las necesidades y
características específicas de estas asociaciones.
A pesar de las advertencias, entre otras las de mi grupo, el Gobierno
se empeñó en buscar una salida, nosotros creemos que fácil, sin
considerar la especificidad de este tipo de organización, de gran
raigambre e implantación inmemorial en Galicia, y también en algunas
comunidades autónomas limítrofes, aunque en menor medida.
Efectivamente, antes de la promulgación de la ley de la que hablamos,
el Bloque Nacionalista Galego solicitaba a través de una proposición
no deley, que se debatió en mayo de 1998 en esta Cámara,
que el modelo impositivo para las comunidades de montes vecinales en
mano común se adaptase a su realidad y que los beneficios obtenidos
por estas comunidades estuviesen exentos de tributación cuando se
reinvirtiese en el propio monte, en su mejora y productividad,
o cuando se destinasen a obras de interés de la propia comunidad. Por
cierto, como saben SS.S., muchas veces a través de estas comunidades
se cubren necesidades que las administraciones no cubren. En el caso
de reparto de beneficios entre los comuneros, que tributasen vía IRPF
creemos que sería un régimen fiscal más adecuado a esta realidad. Ya
entonces hacíamos mención expresa a que el impuesto de sociedades no
era el modelo fiscal adecuado para estas organizaciones.
Este nuevo modelo de fiscalidad impuesto por el Gobierno, deben saber
que cuenta con el rechazo de muchas comunidades de montes a las que,
por cierto, no se les oyó, y si se les oyó, no se tuvieron en cuenta
sus planteamientos. Aveces, al legislador le cuesta entender o, más
bien, le resulta imposible entender que existen formas de
organización distintas, específicas. Cuesta entender que para
realidades diferentes no sirven leyes iguales u homogéneas. Ya hizo
referencia el portavoz del Grupo Parlamentario Socialista a que
estamos ante un modelo de organización, los montes vecinales, que son
formas específicas de propiedad de los vecinos, indivisibles,
inalienables, imprescriptibles e inembargables, es decir,
específicas. En este sentido, y como es sabido, el Bloque
Nacionalista Galego presentó una proposición de ley reguladora de
este régimen tributario de los montes vecinales de mano común que
esperamos se debata pronto. Por lo tanto, no me voy a extender en
argumentos ya expresados en su día, que volveremos a expresar cuando
se debata esta proposición de ley, y también reiterados muy bien por
el portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, señor Díaz. Mientras
tanto, vamos a apoyar esta proposición no de ley, porque es
coincidente no sólo con nuestros planteamientos sino con los de
muchas comunidades de montes.
Una consideración final. Estamos ante unas comunidades que están
jugando un papel decisivo en la conservación de nuestros montes, que
orientan su actividad considerando las variadas funciones de los
mismos (económica, ecológica y social.) Unas comunidades cuya
importancia es mayor, si cabe, en un momento como este en el que
merecen ser apoyadas por la administración, y no que se le pongan
obstáculos o dificultades que en algunos casos las lleven a la pura
desaparición. Yo les puedo asegurar, y aquí hay más de un diputado
gallego que no me desmentirá, que en la organización del mundo rural
y en la conservación de nuestros montes son simplemente
insustituibles.
El señor PRESIDENTE: ¿Algún otro grupo desea intervenir? (Pausa.)
Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el señor Pérez
Corgos.
El señor PÉREZ CORGOS: Al margen de las discrepancias sobre la
naturaleza jurídica de la institución jurídica de los montes
vecinales en mano común, teniendo en cuenta que la proposición no de
ley que hoy debatimos tiene un contenido estríctamente fiscal, no voy
a hablar de otras complicaciones o dificultades jurídicas que a esta
institución jurídica le afecta. Sí es cierto que antes de la
promulgación de la Ley de acompañamiento para 1999, la Ley 50/1998,
existía una confusión entre la Dirección General de Tributos y la
propia Agencia Tributaria, confusión que nos llevaba a veces a la
incertidumbre sobre si tendrían que tributar por el impuesto de
sociedades o por el impuesto sobre la renta de las personas físicas.
La Ley 50 terminó con esta incertidumbre. El Gobierno en aquel
momento, tomando el problema en sus justos términos, reunió a un
grupo de expertos de la Dirección General de Tributos, de la Agencia
Tributaria, del Instituto de Estudios Fiscales, etcétera, pero
también a representantes de las comunidades autónomas, no sólo de la
de Galicia, sino de otras donde esta figura tiene presencia, y
también a representantes de los colectivos afectados, para abordar la
solución de este problema. A partir de ahí se encontró lo que, a mi
juicio, fue una solución práctica y a la vez sencilla. No estoy de
acuerdo en la afirmación que se ha hecho de que se somete a las
comunidades de montes vecinales en mano común al impuesto de
sociedades como si se tratara de empresas mercantiles. El apartado 2
del artículo 135 bis de la Ley 50, nos dice que las comunidades
titulares tributarán por el tipo impositivo previsto en el apartado 2
del artículo 26 de la ley, es decir, el mismo tipo impositivo que se
aplica a las entidades sin ánimo de lucro que tampoco son sociedades.
Pero también es cierto que, tal y como se pide en la proposición no
de ley que hoy debatimos, no están exentas de tributación las rentas,
pero sí hay una reducción de la base imponible cuando el producto de
la explotación se destine a obras de interés social, a obras de
interés ecológico o a obras de infraestructura en el propio monte.
Por lo tanto, si reducimos la base imponible en la medida en que se
invierten los beneficios, si la inversión es total, la base imponible
será cero y el 25 por ciento de cero sigue siendo todavía cero.
El producto de estas explotaciones deberíamos considerarlo ajeno al
tráfico mercantil. Pero no es cierto. Se permite que el producto de
las explotaciones en algunos casos se reparta a los comuneros. ¿Los
eximimos de tributación? No. La Ley 50 los sujeta al impuesto sobre
la renta de las personas físicas, entendiendo que se trata de un
incremento patrimonial generado en un período superior a un ejercicio
económico. Los comuneros que tendrán que tributar en el impuesto
sobre la renta de las personas físicas, deducen de las cantidades
recibidas el 25 por ciento que la comunidad ha pagado ya por el
impuesto de sociedades.
Por lo tanto, la proposición no de ley que presenta el Grupo
Parlamentario Socialista, más que venir a solucionar
algún problema, lo que viene es a hacer nudos en la madeja, y la
vamos a rechazar. Además, hay problemas técnicos insalvables, desde
mi punto de vista. De aprobar esta proposición no de ley, estaríamos
instando al Gobierno a modificar dos leyes orgánicas: la Ley de
financiación de las comunidades autónomas y una ley orgánica con un
plus especial, que es el estatuto de autonomía de las comunidades
autónomas correspondientes. Además, se nos pide que se establezca un
tributo específico, es decir, un gravamen sobre el impuesto sobre la
renta, que en este momento no existe. Sus señorías saben que el
Gobierno está pendiente de elaborar un proyecto de ley de montes y de
aprovechamientos forestales. Será en ese debate parlamentario donde
tendremos ocasión de abordar de nuevo la fiscalidad de los montes
vecinales en mano común. En consecuencia con todo lo expuesto, el
Grupo Parlamentario Popular va a votar en contra de la proposición no
de ley que estamos debatiendo.
- RELATIVA A LAS MEDIDAS DEL GOBIERNO PARA CUMPLIR LOS OBJETIVOS QUE
LA UNIÓN EUROPEA HA ADOPTADO SOBRE PORCENTAJE DE CONSUMO DE ENERGÍAS
RENOVABLES. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA. (Número
de expediente 161/000101.)
El señor PRESIDENTE: Pasamos al siguiente punto del orden del día,
proposición no de ley relativa a las medidas del Gobierno para
cumplir los objetivos que la Unión Europea ha adoptado sobre
porcentaje de consumo de energías renovables.
Para su defensa, tiene la palabra el portavoz del Grupo Parlamentario
Socialista, señor García Breva.
El señor GARCÍA BREVA: Señor presidente, señorías, quiero empezar
explicando los antecedentes y el origen de esta proposición no de
ley, ya que, al tratarse de energías renovables, en estas fechas se
puede dar a entender que estamos planteando ya una iniciativa dentro
de la actual crisis del petróleo y del incremento de los productos
derivados del petróleo. Sin embargo, el origen de esta proposición
nace de una decisión que tomó el Consejo de Ministros del anterior
Gobierno, el 30 de diciembre pasado, cuando aprueba el Plan de
fomento de las energías renovables, plan que al día de hoy no se ha
presentado a esta Cámara, lo que ha motivado esta proposición no de
ley. Pero vamos más allá, ya que en el mismo Consejo de Ministros del
30 de diciembre, al que me he referido, se aprueba también la rebaja
de las primas al régimen especial, con lo que se toman dos acuerdos,
a mi modo de ver, contradictorios, por los cuales se pretenden
fomentar las energías renovables, pero disminuyendo los incentivos y
ayudas para su desarrollo.
En la tarifa eléctrica para el año 2000 también desaparecen, según
decisión del anterior Gobierno, algo más de 5.000 millones de pesetas
para los programas de gestión de la demanda que, como SS.SS. saben,
se destinan a programas de ahorro y eficiencia energética. Sin
embargo, se mantienen los costes de transición a la competencia y la
garantía de potencia.
Posteriormente, con el nuevo Gobierno, asistimos a una modificación
del organigrama del Consejo de Ministros, donde los temas de energía
quedan en una situación, para mi grupo, confusa, ya que mientras las
decisiones de política energética se toman en un ministerio, el
Ministerio de Economía, los instrumentos para desarrollar estas
políticas energéticas están en el Ministerio de Ciencia y Tecnología.
En el mes de mayo aparece una propuesta de directiva de la Unión
Europea, que presenta la vicepresidenta de la Comisión, Loyola de
Palacio, en la cual se establecen, a modo indicativo, unos objetivos
de consumo de energías renovables que, en el caso de España, con la
gran hidráulica, se trataría de que en el año 2000, el consumo de
energías renovables adquirieran el 29,4 por ciento, y sin la gran
hidráulica, el objetivo que se establece para el año 2010 de consumo
de energías renovables es el 17,5 por ciento. Esta directiva fija
otra serie de medidas, como, por ejemplo, que el Gobierno debe
facilitar el acceso prioritario a la red de las energías renovables,
que se debe revisar el marco normativo para hacer posible este
objetivo, obliga a que los gobiernos emitan un informe anual sobre el
cumplimiento de estos objetivos y a crear un sistema de certificación
de origen de fuente de energías renovables. Esta propuesta de
directiva viene a modificar los objetivos que se establecían no
solamente en la ley eléctrica, sino en ese plan de fomento de
energías renovables que aprueba el Gobierno el 30 de diciembre pasado
y que, como no lo ha presentado, nos motiva, primero, a presentar la
proposición y también a ver cómo se pretende, por parte del Gobierno,
cumplir ese objetivo y los requerimientos que la Comisión Europea
está estudiando.
Nosotros también hemos seguido con interés las comparecencias que han
tenido tanto el vicepresidente segundo y ministro de Economía como la
ministra de Ciencia y Tecnología, y en los «Diarios de Sesiones» no
hay referencia alguna al desarrollo del sector de energías
renovables.
Hay otro elemento que quiero introducir porque me parece también
importante. En la directiva a la que antes me refería, en la propia
justificación del Plan de fomento de las energías renovables se
encuentra la exigencia del cumplimiento de los compromisos de Kioto,
es decir, de la limitación de las emisiones contaminantes a la
atmósfera. También hemos encontrado un informe del antiguo Ministerio
de Industria y Energía en el que, hablando de la energía en España en
el año 1998, plantea un escenario pre-Kioto en el cual las emisiones
de gases de efecto invernadero previstas
para el año 2010 se incrementarían cerca de un 21 por ciento y en el
caso de las emisiones relacionadas con la combustión lo harían en el
21,6 por ciento. En ese informe se habla de dos líneas de actuación
-hablo del año 1998-: una, el desarrollo de las energías renovables
y otra, el alargamiento de la vida de las centrales nucleares, tema del
que ya tendremos ocasión de hablar en otro momento. Parece que son
las únicas medidas que el anterior Gobierno se ocupó de llevar
adelante.
Este verano hemos visto como el IDAE (Instituto de Desarrollo y
Ahorro Energético) ha presentado un estudio, encargado a una
auditoría, sobre el impacto ecológico de las distintas fuentes de
energía, en el cual se concluye, mediante un sistema que por fin se
ha podido cuantificar en una medida que se llama ecopunto, que el
impacto de las energías renovables es 31 veces inferior al impacto de
las energías fósiles. Sin embargo, lo planteo aquí porque en esa
presentación el Gobierno no dio la impresión de que fuera a utilizar
ese estudio para tomar decisiones con respecto al desarrollo de las
energías renovables. Simplemente anunció que el famoso decreto u
orden ministerial que va a regular la conexión a red de la energía
solar fotovoltaica se tratará en el mes de octubre cuando lleva ya
casi dos años de retraso.
Todos sabemos lo que ha pasado este verano no voy a incidir en ello
con respecto al incremento del precio del petróleo, por lo que
considero necesaria una reducción de nuestra dependencia energética,
una diversificación de nuestras fuentes de energía y una mejora de la
eficiencia energética. Hoy precisamente se ha hecho público -así lo
he podido ver antes de entrar en esta sala- el informe mundial de la
energía de la ONU, y ahí se dan datos muy interesantes con respecto a
las posibilidades que hay en este momento de ahorro energético, ya
que habla de aproximadamente un 45 por ciento, pero el dato más
importante, a mi modo de ver -y hablo de una lectura rápida-, es la
tendencia a la baja en el coste de las energías renovables. Es decir,
a medida que hay mayor demanda de energías renovables y se atiende
esa mayor demanda sus costes disminuyen, y esta es una noticia
importante que creo que hace más necesario que nunca el desarrollo de
las energías renovables.
Por ir abreviando, creo que es importante saber cómo el Gobierno
piensa llevar a cabo esas perspectivas financieras y los objetivos
que se plantean en el Plan de fomento de las energías renovables,
donde se habla de un billón 700.000 pesetas de inversión, de unas
ayudas públicas de más de 800.000 millones de pesetas, que serán
menos por el recorte de las primas a las que me he referido al
principio, y de un sistema de innovación, desarrollo y demostración
de las energías renovables que se evalúa en unas inversiones de
aproximadamente 5.000 millones de pesetas.
A mí me gustaría saber -y le gustaría saberlo al Grupo Parlamentario
Socialista- cómo se van a cumplir esos compromisos adquiridos por el
Gobierno a través de ese acuerdo del Consejo de Ministros, por el
cual se pretende incrementar la generación de electricidad de
energías renovables de 18.000 a 30.000 megavatios en el año 2010. Hay
toda una serie de medidas fiscales, de medidas normativas y de
medidas financieras que hasta ahora no hemos visto que tengan un
reflejo en la gestión y en las decisiones que toma el Gobierno.
Ya para finalizar, quisiera decir rápidamente que desde el Grupo
Parlamentario Socialista creemos que hay que desarrollar las energías
renovables por muchas razones y por muchos objetivos: para mejorar la
calidad de vida de los ciudadanos, para sustituir las actuales
fuentes de energía por otras nuevas, para diversificar las fuentes de
energía y reducir el actual grado de dependencia energética de
nuestro país, para impulsar el desarrollo tecnológico y la innovación
en el sector de energías renovables, ya que es un sector
económicamente importante, que puede tener un auge mucho mayor y que
puede ser -seguramente lo es en estos momentos- uno de los
principales yacimientos de empleo de España. En el Plan de energías
renovables se habla de 200.000 puestos de trabajo a crear de aquí al
año 2010 y en toda Europa de más de un millón de puestos de trabajo.
Quisiéramos plantear ese desarrollo a través de una serie de medidas.
Creemos que se tiene que facilitar el acceso de las energías
renovables a la red, al mercado eléctrico. Se tiene que instrumentar
una nueva política fiscal energética que incentive las energías
renovables con propuestas que ya están en marcha y que están
dictaminadas por la propia Unión Europea. Se tiene que fomentar la
investigación, el desarrollo y las acciones de demostración en
energías renovables, nos parece que debe ser un sector prioritario en
el I+D español. Se tiene que fomentar la arquitectura bioclimática,
es decir, la adaptación de los edificios y de las construcciones para
que puedan integrar las energías renovables. La política regional, a
través de los fondos europeos y fondos estructurales, tiene que
aprovechar y potenciar el desarrollo endógeno que, sobre todo para
las regiones más pobres, pueden tener las energías renovables. En el
sector agrario las inversiones que se hagan y los recursos que se
administran también a través de los fondos estructurales de la PAC,
tienen que impulsar el desarrollo de aquellos cultivos que afectan al
desarrollo de la biomasa. Creo que es un sector que con ese
desarrollo tecnológico puede tener una gran capacidad para ayudar a
la internacionalización de nuestras empresas, a abrir nuevos mercados
y a desarrollar un sector económicamente importante. Para finalizar,
esas acciones ejemplarizantes, de demostración y de concienciación en
los sectores productivos, sectores profesionales que están vinculados
a las energías
renovables, tenían que traducirse ya en programas y actuaciones
concretas por parte del Gobierno.
El señor PRESIDENTE: ¿Grupos parlamentarios que desean intervenir?
(Pausa.)
Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el señor
Souvirón.
El señor SOUVIRÓN GARCÍA: El contenido de la proposición no de ley el
Grupo Parlamentario Socialista, por concretar, propone que se amplíe
el objetivo de participación de las energías renovables en la balanza
energética española en el horizonte del año 2010 y, por ser aún más
específicos, que instemos al Gobierno en el día de hoy para que
adopte las medidas precisas, de manera que en esa fecha las energías
renovables puedan cubrir el 17,5 por ciento del consumo total en
España, frente al 12 por ciento comprometido.
Aseguro al representante del Grupo Parlamentario Socialista el
decidido empeño del Grupo Parlamentario Popular por el desarrollo de
las energías renovables, porque sin ninguna duda facilitan y hacen
posible una mayor calidad ambiental, porque van a facilitar también
el desarrollo sostenible y nos ayuda al cumplimiento del protocolo de
Kioto, además de facilitar un equilibrio en nuestra balanza
energética que es importante teniendo en cuenta, sobre todo, la
escasez de fuentes energéticas primarias que lamentablemente tenemos
en nuestro suelo. Por tanto, en el campo de los deseos creo que
estamos absolutamente de acuerdo con el representante del Grupo
Socialista y además la verdad es que saludamos con interés la pasión
con que defiende el tema, que incluso le lleva a ir más allá de las
primeras propuestas en su iniciativa. Estoy seguro de que durante la
legislatura, en la medida en que en el Grupo Parlamentario Popular,
como decimos, también creemos que hay que impulsar este desarrollo
energético, llegaremos a numerosos acuerdos.
Lamentablemente, en el campo de la realidad las cosas son como son,
una vez más, y no como nos gustaría que fueran. En este momento
solamente hay un 6 por ciento de energías renovables que se ocupan en
el consumo total y final de la energía, y esto es así porque no se
puede improvisar, porque son necesarios instrumentos legales que
faciliten este desarrollo y porque esos instrumentos legales no han
llegado hasta la Ley del sector eléctrico en el año 1997 y el plan de
desarrollo de las energías alternativas, al que se ha referido
también el portavoz socialista, aprobado en diciembre de 1999,
instrumentos, por tanto, posteriores al año 1996. Al Grupo Popular se
le plantea por tanto, una vez más, esa contraposición entre la
realidad y el deseo. Queremos hacer que se cumpla el deseo, pero
siendo realistas, y en ese sentido solamente podemos oponernos a la
proposición no de ley que nos plantean en los términos en que está
redactada, puesto que nos parece que la mejor forma de conseguir
el objetivo es siendo realistas. No podemos plantearnos unas
metas que no podemos cumplir, porque muchas veces no poder realizar
lo que se pretende es una falta de estímulo para lograr esos
objetivos.
Desde el punto de vista económico y financiero, es difícil llegar al
objetivo que se fija. Tenga en cuenta que para alcanzar el 12 por
ciento es necesaria una inversión de 1,7 billones de pesetas; que la
Unión Europea sólo se compromete a participar con una subvención del
72,8 por ciento y que el resto, en cuanto a que no va a subir esa
colaboración de la Unión Europea, debería ser cubierto con fondos
privados. Por tanto, vamos a dejar las cosas como están, así como el
matiz del objetivo mínimo del 12 por ciento en el año 2010 y vamos a
trabajar para que las energías renovables adquieran cada vez un mayor
desarrollo en la economía española. Con arreglo a estos argumentos,
no podemos más que oponernos a esa proposición no de ley.
En cuanto a las preguntas que suscita el portavoz socialista, quien
puede responderle es el Gobierno. Lo recoge en el primer punto de
esta proposición no de ley, pero nos parece que no hay que
articularlo pro esta vía. Le sugerimos que pida la comparecencia del
secretario de Estado de Energía para que podamos abrir ese debate.
Desde el Grupo Parlamentario Popular lo vamos a hacer en este
momento.
- POR LA QUE SE ACUERDA LA COMPARECENCIA CUATRIMESTRAL EN LA COMISIÓN
DE ECONOMÍAY HACIENDA, PREVIA REMISIÓN DEL INFORME CORRESPONDIENTE,
DEL SECRETARIO DE ESTADO DE ECONOMÍA, DE LA ENERGÍA Y DE LA PEQUEÑA Y
MEDIANA EMPRESA, PARA INFORMAR SOBRE LA COYUNTURA DE LA ECONOMÍA
ESPAÑOLA; DEL SECRETARIO DE ESTADO DE COMERCIO Y TURISMO, PARA QUE
INFORME SOBRE LA EVOLUCIÓN DEL COMERCIO EXTERIOR Y DEL TURISMO, ASÍ
COMO DEL SECRETARIO DE ESTADO DE HACIENDA, PARA INFORMAR SOBE LAS
MATERIAS RELATIVAS AL SISTEMA TRIBUTARIO. A SOLICITUD DEL GRUPO
PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO. (Número de expediente 161/
000113.)
El señor PRESIDENTE: Para la defensa de la proposición no de ley
siguiente, del Grupo Parlamentario Popular, por la que se acuerda la
comparecencia cuatrimestral en la Comisión de Economía y Hacienda,
previa remisión del informe correspondiente, del secretario de Estado
de Economía, de la Energía y de la Pequeña y Mediana Empresa, para
informar sobre la coyuntura de la economía española; del secretario
de Estado de Comercio y Turismo, para que informe sobrela evolución
del comercio exterior y del turismo, así
como del secretario de Estado de Hacienda, para informar sobre las
materias relativas al sistema tributario, tiene la palabra la
portavoz del Grupo Parlamentario Popular, señora Pisonero.
La señora PISONERO RUIZ: Dado que ha tenido la amabilidad de dar
lectura a todo el texto de la proposición no de ley, creo que se
defiende en sus justos términos, puesto que lo que hacemos en la
actual legislatura es consolidar lo que ya venía siendo una tradición
en esta Comisión de Economía, que es la comparecencia de los máximos
responsables, para dar cuenta con una periodicidad trimestral de la
evolución de la economía en el ámbito de sus competencias.
El señor PRESIDENTE: ¿Algún portavoz desea intervenir? (Pausa.)
Señora Mendizábal.
MENDIZÁBAL La señora GOROSTIAGA: Señor presidente, efectivamente la
proposición se defiende en sus propios términos, con los que el Grupo
Socialista está de acuerdo. Lo que no quisiéramos es que se convierta
la tradición en ley y que estas comparecencias que están aprobadas
por una proposición en esta Comisión se vayan evitando por parte del
Gobierno, como ha sucedido en otras ocasiones. Esperemos que en esta
legislatura todo vaya mejor.
El señor PRESIDENTE: Eso esperamos todos, que todo vaya mejor.
- SOBRE MEDIDAS DE CONTROL EN RELACIÓN A LAS EMPRESAS PRIVATIZADAS. A
SOLICITUD DEL GRUPO PARLAMENTARIO FEDERAL DE IZQUIERDA UNIDA. (Número
de expediente 161/000166.)
El señor PRESIDENTE: Pasamos al punto siguiente y último. Para la
defensa de la proposición no de ley sobre medidas de control en
relación con las empresas privatizadas, tiene la palabra el portavoz
del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, señor Llamazares.
El señor LLAMAZARES TRIGO: Muy brevemente, esta iniciativa tiene que
ver con la defensa de la economía mixta que se consagra en nuestra
Constitución, así como con la defensa de la participación del sector
público en la economía, pero más en concreto con todo lo que tiene
que ver en relación con la autorización administrativa previa o la
llamada acción de oro, sobre todo a raíz de la amenaza de utilización
de la autorización administrativa previa por parte del Gobierno en
relación con la fusión Telefónica-KPN.
Una mala utilización de este procedimiento, que en nuestra opinión es
útil para la defensa de los intereses
generales en sectores estratégicos, es lo que ha propiciado la
intervención y la denuncia de la Unión Europea. Por lo tanto, lo que
se plantea en la iniciativa es la defensa, en primer lugar, de la
acción de oro, de la autorización administrativa previa en las
empresas privatizadas de sectores estratégicos, y su consiguiente
defensa ante la Unión Europea; en segundo lugar, que para una buena
utilización de la acción de oro se garantice la participación del
Congreso de los Diputados en la aprobación y también en la efectiva
utilización de la acción de oro en empresas privatizadas; también se
incluyen otras propuestas, la tercera y la cuarta, relativas a la
participación pública e institucional tanto en España como en la
Unión Europea. En definitiva, lo que se pretende es defender el
mecanismo de la acción de oro, pero que en el mismo participe el
Congreso de los Diputados.
El señor PRESIDENTE: A esta proposición no de ley se han presentado
dos enmiendas del Grupo Parlamentario Socialista. Para la defensa de
las mismas tiene la palabra el portavoz de dicho grupo, señor Suárez.
El señor SUÁREZ GONZÁLEZ: Trataré de ser tan escueto como lo ha sido
el autor de la iniciativa, el señor Llamazares.
Con las dos enmiendas que hemos presentado buscamos fundamentalmente
dos cosas. En primer lugar, recordando que la acción de oro fue
introducida por una ley aprobada en el año 1995, a instancias del
Gobierno socialista, presidido por Felipe González, la Ley de 23 de
marzo de 1995, de régimen jurídico de enajenación de participaciones
públicas en determinadas empresas públicas, recordando eso y que esa
ley buscaba salvaguardar el interés público, quiero decir que ha
habido un uso muy abusivo por parte del Gobierno actual de la acción
de oro y en algunos casos no perfectamente justificado desde lo que
era el objetivo que en aquella ley se definía para las acciones de
oro. Por lo tanto, la primera enmienda va dirigida a destacar la
necesidad de que las acciones de oro se mantengan y lo hagan
cumpliendo estrictamente los objetivos que para ellas se
establecieron en la ley a la que hacía referencia antes, la Ley 5/
1995, de 23 de marzo, de régimen jurídico de enajenación de
participaciones públicas en determinadas empresas, porque eso es, a
nuestro entender, lo que puede posibilitar salvaguardar el interés
general, que era lo que se buscaba con esta ley y con la acción de
oro, y evitar un cierto uso abusivo, no perfectamente justificado ni
ateniéndose mucho al interés público, que se ha hecho en los últimos
tiempos por el Gobierno del Estado.
En segundo lugar, nosotros pensamos que debe mantenerse -y aquí ya
hago referencia a la siguiente enmienda- la participación pública e
institucional en las empresas de los sectores estratégicos en los que
aún sigue habiendo participación pública para asegurar
también una efectiva utilización de la acción de oro en empresas
privadas. Somos partidarios, por consiguiente, de esto y ponemos el
ejemplo reciente de lo que está ocurriendo con la Empresa Nacional
Santa Bárbara, empresa ésta del sector de la defensa. En todos los
países de nuestro entorno los Estados suelen mantener un fuerte
control, bien directo o indirecto, sobre tales empresas. Aquí se ha
tomado ya la decisión en primera instancia, no definitiva, de
venderla a la multinacional americana General Dynamics. Eso está
teniendo consecuencias, porque se pone en riesgo la ejecución de un
programa muy importante que tiene la empresa en estos momentos, que
es el programa Leopard, que debe asegurar el futuro y la viabilidad
de la empresa, estabilizándola. Esa decisión pone en riesgo, cómo no,
el futuro de la Empresa Nacional Santa Bárbara al poner en riesgo el
programa Leopard. No tiene sentido que una empresa que va a ejecutar
el programa Leopard, que es tecnología alemana, sea vendida a la
competencia, a una empresa americana que compite directamente con la
empresa alemana que ha vendido la tecnología Leopard o ha llegado a
un acuerdo con la Empresa Nacional Santa Bárbara para desarrollar el
programa Leopard. Por lo tanto, apostamos también, cómo no, por
mantener, en su caso, la participación pública en las empresas
estratégicas que aún siguen siendo públicas o en las que haya
acciones de oro. No consideramos, viable lo que plantea Izquierda
Unida en el otro apartado en cuanto a lo de retornar, que se entiende
como revertir de nuevo al sector público aquellas empresas que hayan
sido privatizadas. Es lo que buscamos fundamentalmente con estas dos
enmiendas que hemos presentado en el día de hoy: por un lado,
reafirmar la importancia de las acciones de oro, defender su
mantenimiento, recalcar que tienen como objetivo salvaguardar el
interés general y, por otro, seguir defendiendo la necesidad de que
las empresas con un cierto carácter estratégico sigan siendo
públicas.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la
palabra el señor Souvirón.
El señor SOUVIRÓN GARCÍA: No sé en qué sentido el representante del
Grupo Socialista habla de un uso abusivo de la autorización
administrativa previa, porque salvo que él diga lo contrario, el
Gobierno lo ha utilizado una sola vez. Por tanto, el sentido del
término abusivo en este caso tendría que ser matizado y
suficientemente aclarado. (Rumores.) Dicho esto, quiero manifestar
que vamos a oponernos a la proposición no de ley del Grupo
Parlamentario de Izquierda Unida simple y llanamente porque lo mekor
que podemos hacer en defensa del efecto práctico de la autorización
administrativa previa es atenernos a su fundamento legal contenido en
la Ley 5/1995, de 23 de marzo, donde se considera como un instrumento
de mínima intervención que se activa precisamente cuando los
interesados solicitan autorización para realizar actos de singular
importancia recogidos en la normativa que les resulte de aplicación.
Por tanto, a la ley y a su estricto cumplimiento nos remitimos . Nos
parece que es la mejor defensa del efecto práctico de la acción de
oro.
El señor PRESIDENTE: El señor Llamazares tiene la palabra para
comunicar la aceptación o no de las enmiendas.
El señor LLAMAZARES TRIGO: Se aceptan las enmiendas.
El señor PRESIDENTE: Vamos a pasar a la votación de los cuatro puntos
que restaban en el orden del día. En primer lugar votamos la
proposición no de ley relativa a los montes vecinales.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 13;
en contra, 16.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Segunda proposición no de ley, relativa a las energías renovables.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 15;
en contra, 19.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Votación de la proposición no de ley relativa a las comparecencias
cuatrimestrales de distintos altos cargos del Ministerio de Economía
y Hacienda.
Efectuada la votación, dijo
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada por unanimidad.
Votamos el último punto del orden del día, proposición no de ley
presentada por el Grupo de Izquierda Unida sobre las medidas de
control con relación a las empresas privatizadas, teniendo en cuenta
que las dos enmiendas presentadas por el Grupo Socialista han sido
aceptadas por el grupo proponente.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 15;
en contra, 19.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada la proposición no de ley.
Se levanta la sesión.
Eran las dos y veinticinco minutos de la tarde.