CORTES GENERALES



DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS



COMISIONES



Año 2000 VII Legislatura Núm. 52



EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE



PRESIDENCIA DELEXCMO. SR. D. EUGENIO NASARRE GOICOECHEA



Sesión núm. 4



celebrada el miércoles, 20 de septiembre de 2000



ORDEN DEL DÍA:



Mesa de la Comisión. Elección de secretario segundo. (Número de
expediente 041/000024) . . . (Página 1098)



Proposiciones no de Ley:



- Sobre creación de la licenciatura de filología asturiana y su
inclusión en el catálogo estatal de titulaciones universitarias
propuestas por la Universidad de Oviedo. Presentada por el Grupo
Parlamentario Federal de Izquierda Unida. (Número de expediente 161/
000026.) . . . (Página 1099)



- Relativa a la inclusión en el Plan nacional de castillos de la
consolidación o restauración de los de Narahío, Moeche y Andrade.

Presentada por el Grupo Parlamentario Mixto. (Número de expediente
161/000039.). . . . (Página 1102)

Página 1098



- Por la que se insta al Gobierno a aumentar los niveles de seguridad
en el transporte de escolares y de menores. Presentada por el Grupo
Parlamentario Socialista. (Número de expediente 161/000088.). . . .

(Página 1106)



- Sobre modificación de la Ley de reforma universitaria. Presentada
por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso. (Número de
expediente 161/000119.) . . . (Página 1109)



- Comparecencia del señor secretario de Estado de Educación y
Universidades (Iglesias de Ussel) para dar cuenta de las líneas
generales y programas que tiene previsto desarrollar desde la
Secretaría de Estado. A solicitud del Grupo Parlamentario Socialista.

(Número de expediente 212/000038.) . . . (Página 1112)



Se abre la sesión a las diez y cinco minutos de la mañana.




El señor PRESIDENTE: Buenos días, señoras y señores diputados.

Antes de comenzar el desarrollo de los puntos del orden del día de la
sesión de hoy querría dar cuenta de las alteraciones que se han
producido en la composición de esta comisión desde las vacaciones
parlamentarias. Se ha producido en el Grupo Parlamentario Popular la
sustitución de don Alejandro Francisco Ballestero de Diego por doña
Eva María Gorri Gil y de don Amador Álvarez Álvarez por don Juan
Manuel Moreno Bonilla; en el Grupo Socialista, la sustitución de doña
María Consuelo Rumí Ibáñez por doña Carme Chacón Piqueras; por el
Grupo Parlamentario de Coalición Canaria ya se incorporó en la pasada
sesión la señora Julios.

Con motivo de esta alteración, la secretaria segunda de la Cámara,
elegida en la primera reunión de esta Comisión, doña Eva María Gorri,
al pasar a formar parte del Grupo Parlamentario Popular, de acuerdo
con el Reglamento de la Cámara debe de someterse a una nueva elección
de la Secretaría segunda de esta Comisión. Como este punto no está en
el orden del día, someto a la consideración de la Comisión si se
incluye como punto primero del orden del día de esta sesión. (Pausa.)
Como no hay ninguna petición de palabra y todos estamos de acuerdo,
se aprueba esta modificación del orden del día.

En segundo lugar, quiero quiero decir que, en la legislatura
anterior, en esta Comisión era tradición que las votaciones de los
puntos que requirieran votación se acumulasen se había varias en la
misma sesión. Esta Presidencia considera que se debe continuar esta
práctica. Por tanto, en esta sesión, como hay cuatro puntos de debate
y votación de proposiciones no de ley, efectuaremos las votaciones en
un mismo momento y lo
haremos no antes de las doce de la mañana. Si a las doce de la mañana
ya se hubiera concluido el debate de las cuatro proposiciones no de
ley lo haremos en ese momento; si se hubiera concluido antes de ese
momento y estuviera en el uso de la palabra el señor secretario de
Estado de Universidades en su comparecencia, lo haremos después de
concluida su intervención.




MESA DE LA COMISIÓN.




ELECCIÓN DEL SECRETARIO SEGUNDO DE LA COMISIÓN.




El señor PRESIDENTE: Procedemos a la elección del secretario segundo
de la Mesa, una vez incluido este punto en el orden del día.

¿Candidatos para este puesto? (Pausa.)
El señor portavoz del Grupo Parlamentario Popular, señor Guerra
Zunzunegui, tiene la palabra.




El señor GUERRA ZUNZUNEGUI: Mi grupo, después de hablar con los demás
grupos, propone a doña Eva María Gorri para la Secretaría segunda de
la Mesa.




El señor PRESIDENTE: ¿Alguna intervención más sobre este punto?
(Pausa.) Vamos a proceder a la votación. Para ello, el señor letrado
irá leyendo los nombres de los señores diputados, empezando por los
vocales, después los portavoces y luego los miembros de la Mesa.




(Por el señor letrado se procede al llamamiento de los miembros de la
Comisión, que depositan su voto en la urna preparada al efecto.)
Efectuada la votación y verificado el escrutinio, dijo



Página 1099



El señor PRESIDENTE: El resultado de la votación ha sido el
siguiente: 28 votos a favor y uno en blanco. En consecuencia, queda
proclamada secretaria segunda doña Eva María Gorri, a quien pido que
ocupe su lugar en la Mesa.

Señor Guerra.




El señor GUERRA ZUNZUNEGUI: Señor presidente, si es posible, antes de
entrar en el orden del día, quería expresar, en nombre del Grupo
Popular, y espero que los demás portavoces así lo efectúen, nuestra
máxima condena por el atentado sufrido por el ex consejero de
Educación, don José Ramón Rekalde, así como los múltiples atentados
contra la librería Lagun, de doña María Teresa Castell, su esposa. En
alguna ocasión ya, esta Comisión, por unanimidad, condenó estos
atentados contra la citada librería, que, en definitiva, es un foco
de cultura. Pero especialmente queremos condenar el atentado contra
don José Ramón Rekalde, ex consejero de Educación en el Gobierno
vasco.




El señor PRESIDENTE: ¿Algún portavoz de los grupos parlamentarios
quiere intervenir sobre esta cuestión? Señora Valcarce.




La señora VALCARCE GARCÍA: Señor presidente, nuestro grupo apoya la
propuesta formulada por el portavoz del Grupo Popular, agradeciendo
el recuerdo que ha tenido para el ex consejero de Educación del
Gobierno vasco, que es militante socialista y además un militante por
las libertades, un militante por la paz en el País Vasco. Nosotros
nos sumamos a la propuesta.




El señor PRESIDENTE: Señora Castro.




La señora CASTRO FONSECA: Sobran palabras, señor presidente.

Izquierda Unida está de acuerdo.




El señor PRESIDENTE: ¿Algún otro portavoz?
La Comisión asume en su conjunto las palabras del portavoz del Grupo
Parlamentario Popular, con la adhesión del Grupo Parlamentario
Socialista y se adoptan esta declaración por unanimidad.




PROPOSICIONES NO DE LEY:



- SOBRE CREACIÓN DE LA LICENCIATURA DE FILOLOGÍA ASTURIANA Y SU
INCLUSIÓN EN EL CATÁLOGO ESTATAL DE TITULACIONES UNIVERSITARIAS
PROPUESTAS POR LA UNIVERSIDAD DE OVIEDO. PRESENTADA POR EL GRUPO
PARLAMENTARIO FEDERAL DE IZQUIERDA UNIDA. (Número de expediente 161/
000026)



El señor PRESIDENTE: Pasamos al punto segundo del orden del día:
proposición no de ley sobre creación
de la licenciatura de filología asturiana y su inclusión en el
catálogo estatal de titulaciones universitarias propuestas por la
Universidad de Oviedo. El proponente es el Grupo Parlamentario
Federal de Izquierda Unida, cuyo portavoz tiene la palabra.




El señor LLAMAZARES TRIGO: Señorías, es la segunda vez que una
iniciativa de estas características viene al Congreso de los
Diputados. Esta iniciativa pretende que el Congreso de los Diputados,
respetando las competencias que tiene cada uno de los órganos
institucionales, favorezca la creación de la licenciatura de
filología asturiana y su inclusión en el catálogo estatal de
titulaciones universitarias propuestas por la Universidad de Oviedo:
A facer, respetando lámbitu competencial de os distintos muérganos al
respeutu, cuantes xestiones sean afayadices pa la creación de la
licenciatura de filoloxía asturiana y la su inclusión nel catálogu
estatal de titulaciones universitaries propuesta pola Universidá
d’Uviéu.

Señorías, en septiembre de 1998, el último caso de este afer
lingüístico, el Consejo de Universidades rechaza por segunda vez la
solicitud de la Facultad de Filología de la Universidad de Oviedo,
aprobada por la junta de gobierno, para la creación de la
licenciatura de filología asturiana y su inclusión en el catálogo
estatal de titulaciones universitarias. La razón utilizada no es una
razón técnica. La razón utilizada es una razón de política
lingüística; de nuevo, la no consideración del asturiano como lengua,
según algunos expertos.

Con esta decisión, el Consejo de Universidades expresa no solamente
una clara ausencia de rigor y de desconocimiento sobre la situación
del asturiano sino, una vez más, un cierto menosprecio a la Comunidad
asturiana y a sus instituciones académicas y políticas, que se han
manifestado reiteradamente en contra de este menosprecio a nuestra
lengua. Falta de rigor y menosprecio en la medida en que los
estatutos de la Universidad de Oviedo, en su artículo sexto,
reconocen el asturiano como lengua y es a su vez asignatura como
tercera lengua en el plan de estudios de filología hispánica, textos
ambos publicados en el Boletín Oficial del Estado, parece ser que con
el desconocimiento del Consejo de Universidades. Existen además
titulaciones propias como la de experto y la de especialista en
lengua asturiana en la Universidad de Oviedo; expertos y
especialistas que están formando niños y estudiantes en asturiano en
todas las escuelas asturianas. Ello supone un desprecio a las
instituciones asturianas cuando la ley del asturiano explicita su
carácter de lengua y un desprecio al estatuto de autonomía, en su
artículo cuarto, donde se promueve, se apoya y se compromete a las
instituciones con respecto a la defensa del asturiano.

Esta decisión del Consejo de Universidades reitera de nuevo una
actitud de menosprecio a uno de los elementos centrales de la
identidad y del patrimonio cultural de nuestra comunidad. Esta
posición ha sido



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rechazada ya por segunda vez por la Junta General del Principado, por
el Parlamento asturiano, en la resolución 274, de 20 de octubre de
1995, y recientemente en la resolución de 1998 sobre esta negativa al
reconocimiento de la lengua asturiana como asignatura troncal en los
planes de estudio de filología románica, o de forma más general en la
resolución 25, subsiguiente al debate sobre orientación política del
Consejo de Gobierno, de octubre de 1997.

El precedente de esta iniciativa en esta Cámara es el debate de 13 de
diciembre de 1995, a través de una proposición no de ley del Grupo
Parlamentario Federal de Izquierda Unida, donde, por unanimidad, se
planteaba al Consejo de Universidades la reconsideración de esa
primera decisión de no admitir el asturiano como asignatura troncal
en el plan de estudios de filología. Por tanto, tenemos un precedente
de debate sobre esta asignatura en esta Cámara y una decisión unánime
de apoyo a esta asignatura como asignatura troncal en la Universidad
de Oviedo.

Por último, el 22 de octubre de 1998, de nuevo el Parlamento
asturiano manifestaba su profundo desacuerdo, también por unanimidad,
y su rechazo a la decisión del Consejo de Universidades de no aceptar
la propuesta de creación de dicha licenciatura en filología asturiana
propuesta de nuevo por la Universidad de Oviedo; consideraba este
hecho como una nueva expresión de menosprecio y de ignorancia hacia
la identidad del pueblo asturiano, hacia sus instituciones y hacia su
cultura e instaba al Gobierno asturiano para que, respetando el
ámbito de la autonomía universitaria, impugnase de manera inmediata
el acto del Consejo de Universidades en el que se rechazaba la
solicitud de la junta de gobierno de la Universidad de Oviedo para la
creación de la licenciatura de filología asturiana y su inclusión en
el catálogo estatal de titulaciones universitarias.




Señorías, quiero recordarles únicamente que, en el curso 1999-2000,
se han impartido clases de asturiano y de gallego asturiano en su
zona de influencia en un número que se ampliará en el curso 2000-
2001. En educación infantil la han impartido 47 centros; en educación
primaria, 181 centros; en educación secundaria, 13 centros.

Hay que recordar también que el asturiano está contemplado en el plan
de estudios del título de licenciado en filología hispánica de la
Universidad de Oviedo dentro de las materias obligatorias de la
Universidad, con una demanda, en el curso 1998-1999, seguida por el
francés y otras lenguas como el italiano, superior a 188 estudiantes.

La Universidad de Oviedo convoca plazas de profesorado con el perfil
de lengua asturiana. Existen, desde 1994, dos títulos propios de la
Universidad de Oviedo, de filología asturiana, creados con carácter
provisional hasta la puesta en marcha de la titulación de licenciado
en filología asturiana. Existe el título de especialista en filología
asturiana, con 56 créditos, y el
título de experto en filología asturiana con 42 créditos. En estos
momentos, están preinscritos como expertos 200 estudiantes y están
preinscritos 41 matriculados como especialistas.

Señorías, termino con una cita de Jovellanos en sus cartas a los
amigos Antonio Pons y Francisco de Paula. El asturiano es una lengua
viva de nuestro pueblo, todos la mamamos, por decirlo de alguna
manera, con la primera leche. Va pasando tradicionalmente de padres a
hijos y se continúa de generación en generación. Lásturianu ye la
llingua viva del nuesu pueblu, toos la mamamos, podecilo asina, cola
primer lleche, va pasando tradicionalñmente de pas a fios y
continuase de xeneración en xeneración.




El señor PRESIDENTE: ¿Turno en contra? ¿Para fijar posición? Señor
Rodríguez.




El señor RODRÍGUEZ SÁNCHEZ: Brevísimamente, señor presidente.

Respeto las iniciativas y los objetivos que puedan tener sectores de
la sociedad asturiana respecto de la instauración del asturiano como
una lengua digna de estudio institucionalmente, a pesar de que
podamos discrepar de la conceptuación lingüística de este problema.

Lo que no podemos aceptar como Bloque Nacionalista Galego es una
política lingüística que parte del supuesto de que hay una unidad
llamada asturiano en la Comunidad Autónoma de Asturias que absorbe
incluso a lenguas existentes que siempre se consideraron como tales
en toda la romanística, como puede ser la presencia del gallego en la
franja occidental de Asturias. Así como el Estatuto de Castilla y
León ha reconocido la existencia del gallego en la franja occidental
de su territorio, incomprensiblemente, el Estatuto de Asturias no lo
reconoce contra todo tipo de evidencia científica, histórica,
sociológica, que no se puede cambiar por cualquier tipo de
intencionalidad política o institucional derivada del Estado de las
autonomías.




Como gallego, conozco perfectamente bien las consecuencias que tiene,
primero, para los propios hablantes y, después, para la causa de una
lengua, adaptarla a la estructura administrativa de un Estado o bien
de una comunidad autónoma. Por ejemplo, en el caso del gallego y el
portugués, desde el año 1980 se creó la idea de que el gallego y el
portugués no tienen nada que ver, con lo que discrepamos
abiertamente. No podemos aceptar que ahora nos segmenten también una
parte de nuestro territorio lingüístico.

Por tanto, el Bloque Nacionalista Galego va a abstenerse ante esta
propuesta de Izquierda Unida.




El señor PRESIDENTE: Por Convergència i Unió, tiene la palabra el
señor Guardans.




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El señor GUARDANS I CAMBÓ: El Grupo Parlamentario Catalán se
abstendrá en la votación de esta proposición no de ley.




El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la
palabra la señora Palma.




La señora PALMA I MUÑOZ: Intervengo en nombre del Grupo Socialista
para fijar nuestra posición respecto a la proposición no de ley que
presenta Izquierda Unida. Queremos enmarcar nuestra posición a partir
de dos cuestiones que consideramos fundamentales. En primer lugar,
entendemos que una concepción claramente basada en el reconocimiento
de la pluralidad cultural y lingüística de España, una política
cultural y lingüística que considere todas las lenguas y culturas y
su preservación y promoción exige el máximo respeto, reconocimiento,
sensibilidad y apoyo a las políticas de recuperación, protección y
fomento del bable asturiano que se establece, de acuerdo con el
artículo 4 del Estatuto de Autonomía para Asturias y también con la
Ley 1/1998, de 23 de mayo, sobre uso y promoción del bable asturiano.

En segundo lugar, también queremos dejar claro que entendemos que hay
que tener muy en cuenta el marco competencial en el que se mueve esta
propuesta, en el sentido de que el objetivo de incluir una nueva
titulación de rango universitario en el catálogo oficial corresponde
acometerlo en el seno del Consejo de Universidades, como se ha hecho
en anteriores ocasiones y se ha dicho aquí, de acuerdo con el
artículo 27.10 de la Constitución, en el que se reconoce la autonomía
universitaria, y de acuerdo con la Ley de Reforma Universitaria que
desarrolla este precepto constitucional, que en su artículo 28.1
atribuye al Consejo de Universidades la competencia de proponer y de
informar de forma vinculante sobre los títulos que tengan carácter
oficial y validez en todo el territorio nacional, así como las
directrices generales de los planes de estudios que deberán cursarse
para su obtención y homologación. Estamos, pues, hablando de la
creación de un nuevo título universitario.

De acuerdo también con el preámbulo de la LRU, la autonomía
universitaria, entendida como la libertad académica en el ámbito de
la docencia y de la investigación, se manifiesta como un derecho
fundamental, que también reconoce la doctrina constitucional al
respecto, en la que la autonomía universitaria no se declara de la
institución universitaria en general sino especialmente de las
comunidades que la configuran en tanto que integrantes de las
universidades. Este derecho fundamental es el que ejerce la comunidad
científica y académica en el seno del propio Consejo de Universidades
y de acuerdo con las atribuciones de funciones que establece la
propia LRU.

Por todo ello, el Grupo Parlamentario Socialista, desde el máximo
respeto, consideración y apoyo al legado histórico-cultural que el
asturiano representa,
también desde la más estricta y escrupulosa necesidad de respetar el
ámbito competencial que el marco constitucional y jurídico establece
para la ordenación del sistema universitario y entendiendo que la
expresión de la pluralidad lingüística y cultural de España debe
llegar a los planes docentes y a las políticas de difusión pública,
cree que no es oportuno llevar al ámbito de lo político aquello que
corresponde al ámbito académico y científico. En el ámbito
universitario tenemos tristes recuerdos relativamente recientes de
injerencias del poder político en la propia autonomía universitaria.

Por todo ello, y en aras de que es necesario previamente, antes de
acometer cualquier iniciativa política de este tipo, alcanzar el
consenso académico y científico en el ámbito correspondiente, es
decir, en el Consejo de Universidades, no creemos que sea ni oportuno
ni beneficioso para el desarrollo cultural y lingüístico convertir
este tema u otros similares que podrían presentarse, en pugnas entre
el poder académico y el poder político. Por tanto, no podemos apoyar
la iniciativa que hoy presenta el Grupo Federal de Izquierda Unida.




El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Popular, señora
Castro.




La señora CASTRO MASAVEU: Permítame que haga una matización antes de
comenzar mi intervención. Como en esta Comisión estamos dos diputadas
que nos apellidamos de la misma forma, le rogaría que cuando se
dirija a nosotras nos cite con el segundo apellido, para que no dé
lugar a confusiones, puesto que además estamos en dos grupos
políticos diferentes.

Entrando ya en la cuestión que nos ocupa en este momento, quisiera
comenzar la intervención manifestando que el Grupo Parlamentario
Popular ve con una especial simpatía la proposición no de ley del
Grupo Federal de Izquierda Unida y más esta diputada que lo es por
Asturias, como no podía ser menos tratándose de algo tan nuestro como
es el asturiano. A través de la proposición no de ley se pretende
crear una licenciatura de filología asturiana, y yo tengo que decir
que, aunque no me gusta que esto sea así, vemos un intento de
patrimonialización del asturiano en la proposición del Grupo de
Izquierda Unida. Consideramos que la lengua debe ser un motivo de
unión y de cohesión de un pueblo y que todo aquello que vaya en
contra de esta unión y de esta cohesión provocaría una utilización
que yo creo que no sería beneficiosa. Y explico por qué digo esto.

Cuando Izquierda Unida presenta esta proposición no de ley estoy
completamente convencida de que es consciente y de que conoce
perfectamente cuál es el procedimiento para la creación de una
licenciatura y también que conoce perfectamente la Ley de Reforma
Universitaria, que recoge con claridad a quién corresponde la
competencia y el papel que desempeña el Consejo de Universidades.

Parece elemental que para pronunciarnos los que somos políticos y por
tanto



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no expertos científicos y académicos, como lo son los miembros del
Consejo de Universidades, que hacen los estudios respecto a este tema
y respecto a otros, debemos atenernos a lo que estas personas
concluyen. Y es que desde hace diez años existen en los archivos de
la Secretaría General del Conejo de Universidades documentos que
versan sobre esta materia, sobre los estudios que han hecho estos
expertos para llegar a conclusiones sobre la posible creación de la
licenciatura de asturiano.Y la conclusión es que fundamentos
jurídicos, científicos y lingüísticos de todo tipo les llevan a
rechazar la creación de la licenciatura de lengua asturiana por no
considerar al asturiano como una lengua de consideración científica.

Y quiero dejar bien claro que el matiz es de consideración
científica.

En el Partido Popular, como es lógico y como es obvio, respetamos y
acatamos lo que el Consejo de Universidades decide y toma en
consideración, porque creemos que debe ser así. En una democracia el
respeto a las opiniones de los demás siempre ha sido un principio
básico y más aún cuando se trata de la opinión de expertos en la
materia. Permítame que rechace además frontalmente, en la exposición
de motivos de la proposición no de ley, la serie de afirmaciones que
se hacen respecto al Consejo de Universidades, porque cuando se dice
que carecen de rigor las afirmaciones y los estudios llevados a cabo
por estos expertos y además se dice que suponen un desprecio para los
asturianos y las instituciones tanto académicas como científicas y
políticas de nuestra región, sinceramente yo creo que Izquierda Unida
se equivoca. Porque decir que carece de rigor es una gran osadía,
pues son, como vengo diciendo y repitiendo, expertos científicos en
materia lingüística los que se pronuncian. Además, la interpretación
de que sus conclusiones suponen un desprecio para Asturias hacen
suponer la presencia de un cierto complejo en algunos sectores de la
izquierda asturiana, que coinciden con aquellos que yo digo que
intentan patrimonializar el asturiano. Este complejo, señorías, no
existe en el sentido de la inmensa mayoría de los asturianos, que
aman su lengua y la defienden sin politizaciones absurdas que no
conducen a ninguna parte. El Partido Popular, en la Junta General del
Principado, ha manifestado, como ahora lo hacemos en esta Cámara, que
es necesario remitir a los foros académicos este tipo de decisiones y
respetar siempre sus conclusiones. Además, señor presidente,
permítame que recuerde que, como ya decía el portavoz de Izquierda
Unida, la Universidad de Oviedo imparte unos cursos de enseñanza no
reglada con títulos propios en asturiano bajo dos modalidades: la
modalidad de experto y la modalidad de especialista. En el Partido
Popular vamos a seguir defendiendo el asturiano, pero eso sí,
respetando siempre la autonomía de la universidad y los
pronunciamientos y decisiones de sus órganos.

Izquierda Unida sabe perfectamente que en esa defensa del asturiano
nos va a encontrar siempre, pero
en este caso y por las razones que acabo de exponer nos vamos a
pronunciar en contra de la proposición no de ley.




- RELATIVA A LA INCLUSIÓN EN EL PLAN NACIONAL DE CASTILLOS DE LA
CONSOLIDACIÓN O RESTAURACIÓN DE LOS DE NARAHÍO, MOECHE YANDRADE.

PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO. (Número de expediente
161/000039)



El señor PRESIDENTE: Concluimos así el punto 2 del orden del día y
pasamos al punto 3, que es el debate de la proposición no de ley
relativa a la inclusión en el Plan nacional de castillos de la
consolidación o restauración de los de Narahío, Moeche y Andrade.

El grupo proponente es el Grupo Parlamentario Mixto. El señor
Rodríguez tiene la palabra.




El señor RODÍGUEZ SÁNCHEZ: Frente a lo que se puede pensar de que
Galicia no cuenta con un rico patrimonio de fortificaciones
medievales, la realidad es muy otra. Se pueden cuantificar incluso
más de cien castillos en el territorio de Galicia, que dejan una
huella en la propia toponimia. Muchos topónimos de Galicia tienen la
forma castelo, castedo, castrelo, castreliño, castrelans, casteleiro,
castelau e incluso castela, el equivalente de la palabra castilla del
castellano. Son todos ellos castillos de la alta y de la baja Edad
Media, como corresponde a un país cuyo protagonismo fundamental está
situado en una etapa histórica que va desde el siglo IX hasta el
siglo XIV. Realmente, los castillos a los que hoy nos vamos a referir
están construidos en el siglo XIV, si bien alguno de ellos tendrían
antecedentes claros en etapas anteriores, es decir, una época, como
dije antes, en que Galicia tuvo una organización social, económica y
política propia e incluso un papel preponderante en todos los reinos
occidentales. El deterioro de los castillos, sobre todo a partir de
la etapa de los Reyes Católicos, la etapa de subordinación y de
dependencia de la Corona de Castilla, fue notorio, hasta el extremo
de que hoy están en un estado ruinoso que necesita una acción
restauradora.

Concretamente la elección por parte del Bloque Nacionalista Galego de
los tres castillos que son objeto de referencia se debe no solamente
a la pertenencia a la misma época sino a la ubicación en un
territorio que es coherente desde el punto de vista del hábitat,
desde el punto de vista de la historia e incluso desde el punto de
vista de la incidencia en la historia particular de Galicia y en la
también particular de Castilla, como después diré. Concretamente en
esta zona, donde están situados los tres castillos, una de las
grandes casas oligárquicas de fines de la baja Edad Media como la
casa de los Andrade, es donde tuvo el epicentro fundamental de
actuación; casa que acabó siendo un importante sector de la
oligarquía, que apoyó a las dinastías de los Trastamara



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e incluso fue adalid de la causa de los Reyes Católicos finalmente,
en un proceso de integración de la oligarquía gallega de forma
subordinada dentro de la oligarquía del reino de Castilla que sería
muy interesante analizar para ver algunas de las características de
la Galicia actual.

En concreto, el primero de ellos, el castillo de Narahío, está
situado en el Ayuntamiento de San Sadurniño, A Coruña, ubicado en un
promontorio rocoso en la margen derecha de la ribera del río Castro,
un río que acaba desembocando en el río Xubia, que da lugar a la ría
del Ferrol. Desde allí se puede observar una panorámica privilegiada
sobre un valle angosto que va a desembocar en una zona también
crucial, desde el punto de vista marítimo y mercantil en la Edad
Media, que fue la zona de Neda y Xuvia, la Galicia de tierra de
trasancos y la Galicia trastamárica que tuvo un papel fundamental en
la alta Edad Media. Tiene un papel defensivo de carácter estratégico,
es un castillo de estilo normando y que perteneció inicialmente a la
familia de los Piñeiro familia que en la guerra civil entre Pedro I y
Enrique de Trastamara fue totalmente leal a la causa de don Pedro,
rey que, todo hay que decirlo, también paseó su figura por esta zona
de Galicia, donde tuvo una base fundamental de su apoyo logístico en
los viajes incluso a Inglaterra.

Desde su contemplación actual, posiblemente este sea el que tenga más
necesidad de una restauración, de un apoyo que lo libre de un
deterioro fatal, incluso porque es un castillo que estuvo sometido a
las guerras irmandiñas, guerras de carácter civil, interiores en
Galicia, que colocaron precisamente la antesala perfecta para que el
reino de Galicia pudiese ser dominado y, en expresión de los
cronistas castellanos, castrado por los Reyes Católicos. La segunda
revolución irmandiña fue precisamente un acto de protesta contra una
oligarquía interior nacional a Galicia que sirvió de base a la
introducción de la monarquía castellana, primero so pretexto de poder
apoyar a los sublevados y después en alianza con la oligarquía,
precisamente tan denostada por el pueblo. En este sentido, el
Castillo de Narahío pasó de la familia de los Piñeiro, leal a Pedro
I, a la familia de los Pérez de Andrade, que fueron uno de los
bastiones favorables a Enrique de Trastamara en esta guerra civil.

En el caso de Moeche estamos sin embargo ante un castillo que es una
especie de pazo, también con capacidad defensiva, pero situado
prácticamente en la parte final de un valle que es uno de los más
amplios de los que existen en la provincia de A Coruña, un valle
destinado a faenas agrícolas y muy productivo. También fue víctima de
las revoluciones irmandiñas, hasta el extremo de que se tiraron
algunas de sus partes; esta ya es una construcción de la casa de los
Andrade, producto de las mercedes de Enrique de Trastamara, de las
donaciones que hizo el monarca castellano precisamente a la
oligarquía gallega que apoyó finalmente su causa. Las revoluciones
irmandiñas tuvieron allí un protagonismo
de tal calibre que aún hoy en la opinión pública quedan
imágenes o restos de esta sublevación popular de tal manera que se
pudo conectar con la tradición del pasado y hoy se celebra en este
castillo el festival irmandiño donde el pueblo vuelve a asaltar la
fortaleza. Incluso se celebra un festival de teatro y de música al
que acuden miles de personas. Para que ustedes vean hasta qué extremo
está ligado a la historia de un reino occidental como el de Castilla,
diré que allí viajaron el infante Enrique de Aragón y el conde de
Haro, precisamente después de la guerra de Enrique de Trastamara,
invitados por los Fernán de Andrade, con unos excesos y una opresión
contra el pueblo, hasta con banquetes pantagruélicos, que fue una de
las causas originarias de la revolución de un pueblo que estaba
sometido a una presión fiscal brutal.

En tercer lugar, el castillo de los Andrade, en el Ayuntamiento de
Pontedeume, recuerda ya más -por cierto es la Torre de Nogueirosa, a
la que alude el Grupo Parlamentario Socialista en su enmienda- al de
Narahío. También está situado en una roca altiva, A Peneda de
Leboreiro, desde la cual se contemplan prácticamente todas las
tierras dominadas por los Andrade. Es un espectáculo majestuoso. En
un radio de 5 kilómetros están nada menos que el Monasterio de
Monfero, una joya románico-barroca, el Monasterio de Caveiro, del
siglo XII, la iglesia románica de San Miguel de Breamo y por supuesto
el parque natural de las Fragas do Eume, un lugar privilegiado y
único en Europa porque es uno de los pocos focos de bosques
atlánticos situado a 3 kilómetros del mar.

En definitiva, son tres castillos pertenecientes a tres ayuntamientos
de pequeña entidad, sobre todo el de Moeche y el de Narahío, no así
el de Andrade que ya es un ayuntamiento de unos siete u ocho mil
habitantes; los tres son patrimonio de la Casa de Alba, lógicamente,
como ocurrió con todo el proceso de integración secundarizada de la
oligarquía gallega en la oligarquía castellano-andaluza. Las
iniciativas de las instituciones locales, precisamente por presión
popular, por debate político, provienen de hace varios años, en
concreto de hace dos, cuando el Bloque Nacionalista Galego presentó
por primera vez una proposición no de ley en este Congreso de los
Diputados, el Pleno de la corporación municipal de San Sadurniño,
gobernado por el Partido Popular, solicita de la Dirección General de
Bellas Artes y Bienes Culturales la inclusión del castillo de Narahío
en el Plan nacional de castillos. La corporación municipal de San
Sadurniño insta a todos los grupos parlamentarios del Congreso de los
Diputados a apoyar la proposición no de ley presentada por el Bloque
Nacionalista Galego, que no se llegó a debatir en la anterior
legislatura.

Ustedes saben que la anterior ministra de Educación y Cultura, doña
Esperanza Aguirre, se declaró favorable a la integración de estos
castillos en el Plan nacionalde castillos. Por supuesto, los
compromisos de los



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ayuntamientos son: en el caso de Moeche, claro, en el caso de San
Sadurniño también y en el de Pontedeume no habría tampoco ningún de
problema. La Administración autonómica en algún caso está ayudando a
la interlocución con la Casa de Alba para que haga una cesión en
usufructo de estos castillos. Por último, el secretario de Estado de
Cultura hace unos días dijo que algo se podría hacer.

En todo caso, tienen que saber que el alarmante deterioro de los
castillos empieza a partir de 1600 y llega hasta hoy; y si bien en
una época histórica es el pueblo el que tuvo responsabilidad -en la
medida en que desconocía su pasado-, al expoliar piedras para las
construcciones populares, desde luego en los últimos tiempos la
responsabilidad mayor es de la Administración y tienen que actuar
conjuntamente las tres administraciones, la autonómica, la local y la
estatal, para que este territorio del norte de Galicia, que ya ven
que tiene una gran coherencia de carácter histórica, cuando menos
pueda conservar, restaurar o en cierto sentido paliar o paralizar el
deterioro que sufren los tres castillos aludidos.




Para terminar, quiero decir que aceptaremos la enmienda presentada
por el Grupo Parlamentario Popular, porque no modifica para nada la
esencia de nuestra proposición no de ley. Respecto de la del Grupo
Parlamentario Socialista, que entienda que nuestra intención está
circunscrita a unos casos que están en coherencia con el territorio,
con el hábitat y con la historia y que las otras actuaciones que
proponen sobre algunos de los castillos en el resto de Galicia serían
objeto de una iniciativa diferente.

Por lo demás, vuelvo a repetir que la torre de Nogueirosa, que ya
figura también aquí, en concreto es el castillo de Andrade.




El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la
palabra el señor Guardans.




El señor GUARDANS I CAMBÓ: Señor presidente, brevemente voy a decir
que, como no podía ser de otra manera, mi grupo hace propios los
objetivos de esta proposición no de ley y evidentemente le dará su
voto favorable en los términos en los que quedará, por lo visto, con
la aceptación de la enmienda del Grupo Popular.




El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la
palabra el señor Hernández.




El señor HERNÁNDEZ CERVIÑO: Señor presidente, no podemos por menos
que estar de acuerdo con la proposición no de ley presentada por el
Bloque Nacionalista Galego y votaremos a favor.

Efectivamente, la relación de torres, castillos y fortalezas gallegas
son testimonio vivo, pero en muchos casos abandonado, de la historia
medieval y moderna de Galicia, como bien ha resaltado el señor
Rodríguez.

No podemos consentir que las generaciones venideras por nuestra
irresponsabilidad pierdan los restos históricos que atestiguan
nuestra memoria. Podemos utilizar muchos de los argumentos empleados
anteriormente a favor de la inclusión dentro del Plan de castillos de
los de Moeche, Narahío y Andarade, que también se retrató en Los
Castillos de Narahío, Moeche y Andrade en el año 1903. Es cierto que
la implicación de la ciudadanía en el cuidado del propio patrimonio a
través de sus representantes institucionales es la mejor garantía
para revitalizar dicho patrimonio precisamente; pero también lo es
que la Xunta de Galicia y el Gobierno central no han impulsado con la
debida diligencia un plan de conservación y utilización adecuados.

Esperemos que a partir de esta proposición no de ley, que será
aprobada, se tome conciencia de su papel relevante.

La propuesta del BNG nos parece positiva, pero el PSOE quiere más
ambición en este plan. Positiva porque permitirá tomar conciencia del
problema en la Administración obligandola además a que el Plan
nacional de castillos actúe decididamente en este caso. Decía que el
PSOE quiere más ambición porque en Galicia, como bien se ha señalado,
hay más de cien castillos, fortalezas y torres de los que una buena
parte necesita la inclusión urgente en dicho plan. Por eso mismo este
diputado gallego introduce una enmienda de adición que espera sea
admitida para que el interés histórico, turístico y patrimonial de
los distintos castillos, torres y fortalezas que existen en Galicia
sea puesto en valor y tras su catalogación, restauración,
consolidación o recuperación tengan el tratamiento y aprovechamiento
que corresponde a los pueblos que quieren conservar los restos de su
memoria histórica. Por ello se propone esta enmienda de adición, para
que en principio se añada al plan de castillos los que se citan a
continuación, siempre y cuando no estuvieran ya incluidos en el plan:
en la provincia de A Coruña, el castillo de Mesía, la torre de
Altamira; en la provincia de Lugo, el castillo de Caldaloba , el
castillo de Castroverde, la torre de Lonco y la torre de Tores; en la
provincia de Orense, la torre de Sandi y la torre de Sandias; en la
provincia de Pontevedra, el castillo de Fornelos, las fortalezas de
Gollán y las torres de Cira. Además debe incluirse en el Plan
nacional de castillos la consolidación, limpieza y recuperación de
todos aquellos restos de fortalezas, torres y castillos que están en
estado ruinoso y de abandono. También queríamos que se elaborase un
plan de uso y disfrute de castillos, fortalezas y torres, con un
convenio entre todas las administraciones, tanto locales como central
y autonómica, que permita la recuperación para la ciudadanía. Por
último, queríamos confeccionar un plan especial de protección
urbanística para evitar la construcción, en las áreas de dominio de
las torres, castillos y fortalezas citados, elementos arquitectónicos
que alteren su valor y sentido histórico.




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El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la
palabra el señor Fariñas.




El señor FARIÑAS SOBRINO: En aras de una mayor brevedad y agilidad de
la Comisión, no voy a repetir los argumentos que el Grupo
Parlamentario Popular suscribe literalmente en la descripción que ha
hecho el proponente, el señor Rodríguez, sobre las consideraciones
históricas y la situación física en la que se encuentran los
castillos de referencia de la proposición no de ley que hoy nos ocupa
en debate. Los dos somos de esa comarca, conocemos perfectamente la
situación espacial, temporal y física de los castillos y tengo que
decir que es cierta esa descripción y que lamentablemente, a pesar de
que ahora se pretenda por parte de otros grupos hacer una propuesta
genérica y general de los castillos de Galicia, es verdad que si
estamos aquí debatiendo este tema es porque eso no está hecho y antes
no se hizo nada por resolverlo.

Con respecto a la situación de estos tres castillos que hoy nos
ocupan en debate, desgraciadamente el paso inexorable del tiempo y la
ausencia, por fortuna, de la actividad primigenia para la que fueron
diseñadas estas fortalezas nos ha traído a la situación actual de
abandono, de deterioro, de ruina, en fin adjetivos similares que
pueden ser aplicados y que describen exactamente la situación en la
que estas fortalezas histórico-militares se encuentran hoy en día. Es
verdad que se han salvado, para su suerte, algunas, tanto por
iniciativa privada como la mayor parte gracias a las intervenciones
de las administraciones públicas, pero en cualquier caso soportando
un esfuerzo económico presupuestario importante, dada la abundancia
de este tipo de fortificaciones tanto en Galicia como en el resto de
España, que sí puede ser considerada una tierra de castillos, dado
que no hay pueblo o comarca que no tenga una fortificación insigne de
este calibre. Y es verdad que en la anterior legislatura el
Ministerio de Educación y Cultura se comprometió a elaborar un
inventario de los castillos susceptibles de ser evaluados para
futuras actuaciones, pero hay que reconocer también que dada la
amplitud, el gran número de fortificaciones, construcciones de este
tipo, el trabajo es arduo y muy duro y todavía está por finalizar. En
lo hecho hasta ahora de ese catálogo extensísimo, que sin duda será
el final, y de lo que se lleva realizado hasta el momento se puede
extraer una conclusión y es el deficiente estado en el que se
encuentran la mayor parte de ellos, con lo que pensar que se van a
rehabilitar todos es un sueño lindo que nos gustaría a todos vivir
algún día, pero que realmente es costoso y difícil. Y si el Estado de
conservación al que antes aludía es tan precario -y lo es; en algunos
casos es lamentable- y lo que es peor, imposible de recuperar la
titularidad -por ejemplo, es otro de los parámetros respecto a sus
regímenes de propiedad que son muy diferentes, que son distintos, en
muchos casos estrambóticos, adscritos a diferentes
organismos-, esto no hace sino empeorar la situación, empeorar los
trámites de gestión que se quieran iniciar en muchos de esos casos.

No es una situación deseable, pero es real y conduce a severos
problemas burocráticos y operativos, tan graves en algunos casos que
resulta imposible ni siquiera iniciar estos trámites. Tal podría ser
el caso concreto de uno de estos castillos que hoy nos ocupa, el
castillo de Moeche, en el que el propio alcalde, desde hace algunos
años, y el humilde diputado que hoy les habla han realizado gestiones
importantes con nuestro portavoz en la anterior legislatura, incluso
con la Casa de Alba y que se ha avanzado, lenta pero positivamente,
porque en ese castillo ya se están haciendo cosas desde el plano de
la conservación y de la actividad cultural. En cualquier caso, es una
situación difícil, complicada, que tenemos que resolver entre todos
con buena voluntad y con firmeza.

Motivos como estos que acabo de describir son los que utiliza la
Dirección General de Bellas Artes y Bienes Culturales del Ministerio
de Educación, Cultura y Deportes y lo esgrime muy justificadamente
para no realizar una programación dentro del Plan nacional de
castillos como se realiza, por ejemplo, con el Plan nacional de
catedrales, que son cosas bastante diferentes. Y si esto es así en el
apartado de la propiedad, también lo es en el de la gestión, en el
estado de conservación, y buena prueba de ello son los tres castillos
que hoy se traen a debate en esta proposición no de ley, por lo que
consecuentemente y dentro del plan nacional se le ha otorgado una
prioridad al inventario y al diagnóstico de estos castillos antes que
a actuaciones concretas que sin duda han de salir con posterioridad.

Entendiendo la raíz del problema de las fortificaciones, de las
edificaciones de las que hoy hablamos y con el objeto de que no siga
creciendo el número de castillos que inexorablemente desaparece de la
estructura cultural de nuestras tierras, el Ministerio se ha
concienciado -digámoslo así- de la necesidad de realizar estas
actuaciones iniciales imprescindibles, conducentes a la conservación
de esta arquitectura histórica para estas actuaciones transitorias en
tanto en cuanto no se finaliza la redacción del inventario. No
estamos parados, de hecho se sigue contando de forma importante con
el 1 por cien cultural para actuaciones de este tipo, por un lado, y
por otro, como refleja el anexo de inversiones reales de los
presupuestos generales del estado en su programa 458 C, de
conservación y restauración de bienes culturales, hay un subproyecto
que se denomina de arquitectura militar, que recoge este tipo de
actuaciones sobre las construcciones militares llamadas castillos.




El Grupo Parlamentario Popular, como no podía ser de otra forma, es
consciente y está preocupado por el futuro de nuestro patrimonio
histórico, insigne en muchos casos y que forma parte en cualquier
caso de nuestra historia como individuos y en la que además han
acontecido hechos sin duda trascendentes, que han



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marcado nuestro devenir como pueblo. Por lo tanto, considerando muy
positiva la presentación de esta iniciativa y manifestando nuestro
apoyo decidido a la recuperación de estas edificaciones y también el
acuerdo con la parte expositiva, mi grupo se permite presentar una
enmienda a la parte del acuerdo, que quedaría en los términos
siguientes: El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a,
primero, apoyar las acciones que la propiedad, los ayuntamientos
afectados y la Xunta de Galicia, como administración competente en
conservación de castillos en su ámbito territorial, presenten para
frenar su deterioro y una vez que finalice la redacción del
inventario. Dos, incluir dentro del inventario del Plan nacional de
castillos como posible objeto de actuación los de Moeche, Narahío y
Andrade.

Con esto finalizo, señor presidente, intentando dejar de manifiesto y
bien patente que el interés del Ministerio por este tipo de
construcciones militares queda más que palpablemente demostrado y el
apoyo del Grupo Parlamentario Popular, como no podía ser de otra
forma, será total a esta iniciativa.




El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Fariñas, y le ruego que traslade
a la Mesa el texto de la enmienda.

Entiendo que el señor Rodríguez en su intervención ya ha fijado
posición en relación con las enmiendas; por tanto, queda concluido el
debate y lo someteremos a votación como dije al principio de la
sesión.




- POR LA QUE SE INSTA AL GOBIERNO A AUMENTAR LOS NIVELES DE SEGURIDAD
EN EL TRANSPORTE DE ESCOLARES Y DE MENORES, PRESENTADA POR EL GRUPO
PARLAMENTARIO SOCIALISTA. (Número de expediente 161/000088)



El señor PRESIDENTE: Pasamos al punto 3 del orden del día: Debate de
la proposición no de ley que presenta el Grupo Parlamentario
Socialista por la que se insta al Gobierno a aumentar los niveles de
seguridad en el transporte de escolares y de menores.

Tiene la palabra la señora Valcarce, portavoz del Grupo Parlamentario
Socialista.




La señora VALCARCE GARCÍA: Señor presidente, el Grupo Parlamentario
Socialista presenta a la consideración de esta Comisión de Educación,
Cultura y Deporte una proposición no de ley para incrementar los
niveles de seguridad en el transporte de los escolares y de los
menores.

Señorías, la regulación de esta cuestión, que es de enorme
sensibilidad social, se hizo por Real Decreto del año 1983. Desde ese
año muchas cosas han cambiado en nuestro país, no solo desde el punto
de vista económico y social sino también desde el punto de vista del
propio sistema educativo y también de los avances tecnológicos, que
sin lugar a dudas han mejorado las condiciones técnicas de los
vehículos. También,
el volumen del tráfico y la seguridad vial nos obligan a
actualizar lo que fue un real decreto sin duda modernizador en su
tiempo pero que hoy las nuevas necesidades han dejado obsoleto.

Señorías, quiero recordarles que cerca de 1.000.000 de escolares
utilizan cada día de lunes a viernes el transporte escolar. Es por
tanto una cuestión que preocupa a muchas familias, a muchos
ciudadanos, y también debe ser una preocupación compartida por esta
Comisión de Educación.

Señorías, proponemos básicamente que después de alcanzar un acuerdo
con el sector, después de que la competencia está residenciada en los
Ministerios de Fomento, Interior y Educación, haya un amplio acuerdo
con las comunidades autónomas que tienen la gestión directa de la
educación. Para nosotros es esencial que se alcance el máximo acuerdo
que haga posible sacar adelante una nueva norma que suponga un avance
considerable en los niveles de seguridad en el transporte escolar y
el transporte de los menores que utilizan nuestros niños y jóvenes
cada día. Por eso, señorías, en primer lugar proponemos considerar
dentro de esta regulación que se eleve la edad a los 16 años, ello en
consonancia con lo que viene recogido en la Logse, que señala que la
educación obligatoria alcanzará hasta esta edad. Por tanto, sería una
puesta al día sobre la nueva regulación del propio sistema educativo.




Además, señorías, a nuestro juicio, para mejorar las condiciones de
seguridad habrá que hacer un control exhaustivo sobre los vehículos
que se dedican al transporte escolar, y fundamentalmente nuestra
propuesta va encaminada a reducir los límites máximos de antigüedad
de dichos vehículos. Pero no menos importante son el control y la
inspección de los mismos, a fin de que puedan incorporar las nuevas
tecnologías con aquellos elementos que garanticen la plena seguridad
en el trayecto que deben cubrir cada día los menores para acudir a
los centros educativos. También nos parece esencial que se exija el
cumplimiento de las prescripciones del Real Decreto 1561/1995, sobre
las jornadas especiales de trabajo, que se refieren a los
conductores, a fin de evitar cualquier riesgo de fallo humano.

Quizás lo más novedoso y lo que viene siendo ampliamente demandado
por las familias y por las asociaciones de padres, es la introducción
de la figura del acompañante. Esta figura es absolutamente
imprescindible para mejorar las condiciones de trabajo de los
conductores, que así podrán dedicar su atención única
y exclusivamente a la conducción. Es una manera de contribuir a evitar
el llamado fallo humano; pero la figura del acompañante también
permite aumentar la seguridad caso de que se produzca una situación
de emergencia o de peligro. Además, la figura del acompañante permite
que puedan utilizar el mismo transporte escolar alumnos de diferentes
edades sin ningunaposibilidad de riesgo. Para nosotros, el cuidador
ha de



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ser un profesional con capacitación suficiente; capacitación que
permita la perfecta inserción laboral de esta figura pero que además
constituirá un nuevo empleo de interés colectivo y de marcado
carácter social. Señorías, esta figura del acompañante creo que es
uno de los aspectos más novedosos pero también más modernizadores de
la propuesta que nosotros formulamos.

Por último, señalamos que sería muy conveniente que en la
organización de las rutas del transporte escolar en ningún caso los
escolares permaneciesen más de una hora en ese trayecto. Cuando
estamos señalando una hora no queremos decir en ningún caso que ésta
sea la situación óptima; pero también queremos comprender y compartir
con todos ustedes la preocupación que muchas familias, en especial
del ámbito rural, tienen en relación al transporte escolar. Es verdad
que una hora de trayecto es algo muy amplio, pero hay que respetar la
opción de muchas familias del ámbito rural que prefieren un largo
desplazamiento antes que separar a sus hijos del hogar familiar para
que permanezcan en residencias fuera de su entorno familiar y fuera
de la localidad en la que residen. Por tanto, señorías, a la hora de
limitar el máximo en una hora siempre ha de ser con la necesaria
flexibilidad con que los consejos escolares, en los que están
representados tanto los padres como los profesores, deben valorar la
mayor conveniencia de reducir estos topes máximos. Queremos dejar
bien claro que si una hora puede ser excesiva, no es más que para
recoger una necesidad ampliamente sentida en la escuela rural.

Hemos señalado antes que para sacar adelante esta nueva regulación
que modernice pero que también dé garantías a la sociedad española de
que las condiciones del transporte que utilizan los escolares y los
menores es un transporte seguro, es necesario alcanzar un amplio
acuerdo entre el Gobierno y las comunidades autónomas, porque,
señorías, son ellas las que tienen que implantarlo y ejecutarlo en
los territorios que gobiernan. Por eso nosotros comprendemos que esta
proposición, como toda mejora, siempre implica mayor gasto. Ésta es
una cuestión que queremos recordarle al Gobierno: ampliar estas
condiciones de seguridad supondrá también mayor gasto financiero, que
entendemos es el que debe acompañar a la propuesta que haga el propio
Gobierno. Entendemos que legisla quien tiene la competencia, en este
caso el Gobierno de la nación; pero afrontar los gastos de mejora que
estos suponen tendrán que hacerlo las comunidades autónomas. Por
ello, creemos que hay que habilitar los procedimientos necesarios
para una transferencia de recursos que permitan a las comunidades
autónomas poder financiar este plan de mejora.

Señorías, después de las conversaciones que hemos mantenido desde el
Grupo Parlamentario Socialista con los grupos enmendantes, hemos
podido llegar a un acuerdo transaccional, que mi grupo acepta en el
sentido siguiente. En primer lugar, incorporamos a modo de
introducción que «el Congreso de los Diputados insta al Gobierno a
que en el plazo de seis meses adopte estas medidas». Entendemos que
esto es claramente una mejora porque también supone dar un plazo que
permitirá que esta regulación pueda estar rápidamente en vigor. Del
mismo modo, sobre nuestro punto en el que se dice: introducción de la
figura del acompañante de forma obligatoria y mejora de su
cualificación, aceptamos la propuesta del Grupo Parlamentario Popular
en la que quedaría recogido la introducción de la figura del
acompañante de forma obligatoria y mejora de su cualificación
laboral, en los términos que se determinen reglamentariamente; por
tanto, añadiríamos: «en los términos que se determinen
reglamentariamente».




Aceptamos dos propuestas del Grupo Parlamentario Popular porque
también contribuyen a mejorar la propuesta en el sentido siguiente:
«Los vehículos que transporten alumnos con graves afectaciones
motóricas con destino a un centro de educación especial, deberán
contar con ayudas técnicas que faciliten su acceso y desembarco.

También la recogida y acompañamiento de los alumnos será siempre
desde y hasta el interior del recinto escolar».




El señor PRESIDENTE: Para fijar posición por el Grupo Parlamentario
Catalán (Convergència i Unió), tiene la palabra el señor Guardans.




El señor GUARDANS I CAMBÓ: Mi grupo comparte y hace suyos no sólo el
texto de la proposición no de ley, sino la justificación con que
viene introducida y que ha sido desarrollada en la intervención de la
portavoz del Grupo Parlamentario Socialista. Hay experiencias
recientes, y algunas de ellas sin ser estrictamente transporte
escolar en los términos en que esta proposición no de ley viene
planteada afectan a niños en edad escolar transportados por
carretera- que están en la memoria de todos y que acreditan que todo
lo que hace referencia a la seguridad de los autocares con menores,
con adultos también pero particularmente con menores, es
particularmente importante. Por tanto, hacemos propia esta iniciativa
y la apoyaremos.

Hay que decir, por poner un poco de contexto, que algo es discutible,
aunque no lo es jurídicamente en la medida en que el Tribunal
Constitucional ya se pronunció. A pesar de eso querría dejar
constancia de cierta discrepancia con todo el respeto al Tribunal
Constitucional, sobre el fundamento jurídico competencial de este
tema. En su momento el Constitucional en el año 1992 atribuyó al
Estado la competencia para regular las características técnicas de
los vehículos y, por tanto, esto que en el fondo no deja de ser una
competencia de transporte terrestre con repercusiones directas en el
ámbito educativo, competencias que están al cien por cien
transferidas claramente al Gobierno autonómico en el caso catalán,
pero aun así se mantiene la competencia



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estatal. Eso se respeta, pero quería dejar constancia de que la
Generalitat de Cataluña, aunque no tenga competencias, en el marco de
las suyas propias sí puede desarrollar su propia normativa y en el
año 1996 el 16 de mayo ya aprobó un decreto que incluye buena parte,
no todas pero sí buena parte de las medidas que hoy se plantean en
esta proposición no de ley. Por ejemplo, la propia existencia del
acompañante obligatorio, sus términos, sus funciones y su propia
regulación aparte de otras medidas como la duración del trayecto. En
el decreto se habla de una hora, pero en el ámbito catalán son
cuarenta y cinco minutos; paradas, señalizaciones, seguros, etcétera.

Quiero señalar, para conocimiento de los demás miembros de esta
Comisión, que éste es un tema que en el ámbito catalán, que es el que
conozco un poco más por razones obvias, aunque no es el único que me
preocupa puesto que en este Congreso somos diputados todos en el
ámbito de todo el Estado, ya existe una regulación y por tanto
bienvenida sea una complementariedad de esa regulación que tendrá
mucha más eficacia en otros ámbitos del Estado distintos del catalán,
en la medida que quizá no haya normas tan desarrolladas como la que
ya existe.

Para terminar, quiero subrayar algo que ha comentado la portavoz
socialista y que no es la primera vez que ocurre, especialmente en
los ámbitos propios de esta Comisión, aunque también en otros.

Precisamente por este juego de competencias, esto lo está haciendo la
Administración general del Estado por un real decreto basado en
términos de seguridad vial, pero la competencia educativa, y por
tanto la presupuestaria que se deriva de la educativa, está en las
comunidades autónomas. Por consiguiente, será el presupuesto
educativo de las comunidades autónomas el que tendrá que correr con
los gastos de una medida dictada desde la Administración del Estado
en el marco de la seguridad vial. Ésa es una contradicción flagrante
que hay que denunciar y poner sobre la mesa. Si la Administración
general del Estado considera que entre sus competencias está
incrementar los requisitos de seguridad, por ejemplo en este caso, o
en general adoptar determinadas decisiones que tienen consecuencias
presupuestarias evidentes, y lo hace en uso de competencias de la
Administración general del Estado pero sabiendo que las consecuencias
presupuestarias correrán a cuenta de las administraciones
autonómicas, su obligación es consignar la correspondiente partida
presupuestaria para que las administraciones autonómicas puedan
correr con esos gastos. Si no, estamos con una disfunción absoluta de
todo el sistema competencial que estableció la Constitución y con
algo que a la larga provocará problemas graves. Éste es un caso
concreto que ya ha sido puesto de manifiesto por la Conferencia
Sectorial de Educación en su momento: el Estado legisla, las
comunidades autónomas pagan. Ese principio no debe seguir existiendo.

Aquí va a ocurrir con lo que se deriva
de lo que hoy estamos aprobando. No es la primera vez, no será la
última, pero valga la denuncia bien clara y en su momento es de
esperar que el Gobierno, la Administración general del Estado tome
nota de que esto no puede seguir siendo así por razones de puro
sentido común. Lo digo bien claro también para que no quepa duda de
que en este caso no estoy hablando de un incremento de gasto
particularmente importante para Cataluña, porque en el caso catalán
la diferencia entre este real decreto cuando entre en vigor y la
normativa que ya está en vigor en términos presupuestarios no será
tan importante, aunque quizá será relevante en algún punto concreto.

Sin embargo, en otras comunidades autónomas sí será importante y, por
tanto, las palabras que acabo de pronunciar no son una reivindicación
presupuestaria desde Cataluña, sino una reclamación de principio. No
tiene sentido, y con esto termino, que se legisle -un decreto en
sentido amplio de la expresión también es legislación-, desde la
Administración del Estado cargando no el presupuesto de la
Administración general del Estado, sino el presupuesto autonómico.




El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la
palabra el señor Seco.




El señor SECO GORDILLO: Quiero comenzar la intervención felicitando
al Grupo Parlamentario Socialista y a la señora Valcarce por la
presentación de esta iniciativa porque todos coincidimos en la
conveniencia, en lo justo que es hacer todos los esfuerzos posibles
por mejorar la seguridad de los escolares cuando se trasladan desde
sus domicilios hasta el centro escolar. No es una iniciativa nueva,
ya en la pasada legislatura hubo diversas preguntas, varias
iniciativas, incluso esta misma proposición no de ley tuvo entrada en
el Registro de la Cámara, aunque no hubo tiempo para su discusión. Es
importante que la hayamos retomado al inicio de esta VII Legislatura
porque la seguridad de los escolares durante el transporte preocupa a
todos los grupos de esta Cámara, preocupación que también es
compartida por el Gobierno y así quedo patente en las diversas
contestaciones e intervenciones de los ministros respectivos en las
iniciativas a que he hecho referencia y que se sustanciaron durante
la pasada legislatura. Asimismo, la preocupación del Gobierno también
se puso de manifiesto en el impulso al inicio de los trabajos de
modificación del decreto de 1983 que regula el transporte escolar,
para lo cual contó con la inestimable colaboración de la Comisión
General de Educación. Prueba de este interés del Gobierno en impulsar
la modificación que propicie el incremento de la seguridad en el
transporte de los escolares es la remisión el pasado 6 de septiembre
-no quiero ser exhaustivo en la cita de actuaciones y por eso me
limito a esta última- a la Conferencia Sectorial del proyecto de
modificaciónde este Real Decreto de 1983.




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Coincidiendo con el Grupo Socialista en la conveniencia y la
oportunidad de esta iniciativa, en el Grupo Popular hemos considerado
la posibilidad de introducir algunas mejoras al texto ya bastante
elaborado que presenta el Grupo Socialista y que consistirían
básicamente en las siguientes: Que se inste al Gobierno a que aborde
las modificaciones en un plazo de tiempo limitado. Es una enmienda
que si me permiten por primera vez y sin que sirva de precedente,
introduce el Grupo Parlamentario Popular que sustenta al Gobierno,
cuando es más típica de los grupos de la oposición la limitación de
la actuación que debe desarrollar el Gobierno, pero el Gobierno está
en condiciones de hacerlo y desde todas las instancias pueden
agilizarse los trámites para que en ese plazo máximo señalado de seis
meses estén concluidos los trabajos y la reforma de este real decreto
sobre transporte escolar. Coincidimos con el Grupo Socialista en la
necesidad de dar cumplimiento pleno en este aspecto a la Ley de
ordenación general del sistema educativo, elevando la edad para
considerar incluidos en esta materia a los escolares de hasta 16
años. Coincidimos también en la necesidad de rebajar la antigüedad
máxima de los vehículos dedicados al transporte escolar, superando
algunos equívocos que hubo en la pasada legislatura y conviniendo en
que los 18 años de antigüedad máxima previstos hasta ahora conviene
reducirlos inicialmente hasta los 16 años, sin perjuicio de
ulteriores rebajas. Coincidimos también en la necesidad de
incrementar las medidas de control, los nuevos elementos de seguridad
activa y pasiva que incorporan los vehículos, como las barras
antivuelcos, los cinturones de seguridad, los air bag, etcétera en la
medida que sea técnicamente posibles deben ser incorporados a los
vehículos de transporte escolar. Coincidimos también, y esto creo que
es importante para quien aborda este problema desde cierta
especialización más en temas de seguridad vial que en temas
educativos, que cada menor disponga de su propia plaza o asiento. En
la regulación actual se establece el principio de tres niños por dos
plazas y siempre hemos pensado que eso es ciertamente preocupante y
que limita la eficacia de los sistemas de retención en general y de
los sistemas de protección y seguridad pasiva. Por eso vemos con muy
buenos ojos e impulsamos y apoyamos esta medida de que cada menor
disponga de su propia plaza o asiento para que así los sistemas de
seguridad puedan desarrollar toda su eficacia.

Por lo que se refiere al punto 5, relativo a la figura del
acompañante, ya ha hecho referencia la señora Valcarce a la
transacción a que hemos llegado y que consideramos es la más
conveniente para establecer el principio general de que debe ser
obligatorio y es conveniente que en el mayor número posible de casos
exista la figura del acompañante pero sin limitarlo en el texto de
esta iniciativa, es decir dejando cierto margen de maniobra a quienes
debe aprobar definitivamente el texto del real decreto y a quienes
deben colaborar activamente
también en su elaboración, incluida la conferencia sectorial.

Introducimos como enmienda a esta iniciativa del Grupo Socialista dos
nuevos puntos que creemos interesantes, que se refieren a alumnos con
afectaciones motóricas y que los vehículos donde son transportados
tienen necesidades técnicas específicas que deben ser abordadas y
tratadas convenientemente. Y un punto 7 sobre la responsabilidad del
acompañamiento de los niños, de forma que no haya zonas de sombra en
esta responsabilidad, y que la recogida y acompañamiento se haga
siempre desde y hasta el interior del recinto escolar, superando así
las dificultades que planteaban los problemas que pudieran originarse
en el trayecto desde el vehículo hasta la puerta del centro.

Coincidimos también en la necesidad de que las rutas de transporte se
hagan de forma que no superen la duración de una hora. Básicamente
hay coincidencia en la iniciativa con las enmiendas que proponemos, y
por tanto en los términos que hemos acordado votaremos
favorablemente.




Queda hacer referencia a un tema que se ha planteado aquí que
consideramos también importante y transcendente, que es el tema del
coste económico. Como toda nueva actividad, como toda nueva ocupación
la figura del acompañante va a generar un coste económico y plantea
el problema de quien debe soportarlo. Todos los grupos parlamentarios
somos conscientes de ello y somos conscientes de los problemas que
genera la definición de quien debe soportar este coste económico,
pero al menos algunos grupos parlamentario consideramos que en esta
iniciativa estamos hablando de seguridad de los escolares, y que
cuando hablamos de seguridad de los escolares un punto importante sin
duda como es el del coste económico debe ceder protagonismo, debe
ceder prioridad al punto que consideramos primordial que es la
seguridad de los escolares. Por eso, reconociendo e instando a que se
aborde el problema del reparto de las cargas y de los costes
económicos, no queremos enturbiar el texto de esta iniciativa que
creemos bastante completa, con referencia que sin duda generarían más
problemas que soluciones.

En este sentido, señor presidente, anuncio el voto favorable del
Grupo Parlamentario Popular en los términos pactados.




- SOBRE MODIFICACIÓN DE LA LEY DE REFORMAUNIVERSITARIA. PRESENTADA
POR EL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO. (Número de
expediente 161/000119)



El señor PRESIDENTE: Pasamos al punto 4 del orden del día que es el
debate de la proposición no de ley, presentada por el Grupo
Parlamentario Popular,sobre modificación de la Ley de reforma
universitaria.




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El señor Guerra Zunzunegui, en nombre del Grupo Parlamentario
Popular, tiene la palabra.




El señor GUERRA ZUNZUNEGUI: Quede bien claro que el sistema
universitario español ha sufrido grandes transformaciones
cuantitativas. En estos momentos tenemos más de 1.500.000
universitarios, aunque este número va disminuyendo por el problema de
la natalidad, y la mayoría por no decir todos los municipios de más
de 50.000 habitantes disponen hoy día de algún centro universitario.

La actual Ley de reforma universitaria es del año 1983, es decir
tiene 17 años. Hay que decir que esa ley supuso un avance positivo,
ahora bien, pasados estos 17 años indudablemente necesita unas
reformas. En la legislatura pasada se habló en esta Comisión, incluso
por parte del entonces Ministerio de Educación y Cultura, hoy de
Educación, Cultura y Deportes, de la modificación del título V;
modificación que nosotros creemos debe ser más amplia. Esto mismo ha
indicado también el informe terminado recientemente por el equipo del
ex rector Bricall y los representantes de todos los grupos
parlamentarios, los representantes de los rectores y de los
sindicatos de la enseñanza coincidían en la necesidad de modificar la
ley de 1983 en unas jornadas que se celebraron hace un año en la
Universidad Internacional Menéndez Pelayo.

El presidente del Gobierno, en su primera intervención en la sesión
de investidura, manifestó que era propósito de este Gobierno traer al
Parlamento en la actual legislatura una nueva ley universitaria. Es
indudable que esta Comisión debe entender, a nuestro juicio, que hay
que iniciar por parte del Ministerio los contactos con los diferentes
sectores del mundo educativo y, cómo no, con las comunidades
autónomas que tienen hoy día y ya hace más de una legislatura la
competencia sobre las universidades.

Por todo ello este grupo parlamentario entendía que era conveniente
que esta Comisión aprobara una proposición de ley, esperemos que por
unanimidad, cuyo texto es el siguiente: El Congreso de los Diputados
insta al Gobierno a iniciar los contactos con los distintos sectores
del mundo educativo, así como con las comunidades autónomas, con el
fin de dotar al sistema universitario español de una nueva ley de
universidades.

Esperamos, señor presidente, que el Gobierno inicie estos contactos y
que en esta legislatura uno de los trabajos importantes de esta
Comisión sea, sin duda, una ley universitaria. Antes de terminar
entro en un juicio positivo respecto de la ley de 1983, pero es
indudable que al cabo de 17 años la experiencia y la práctica nos
demuestra que hay que efectuar modificaciones importes. Rogaría a
todos los grupos de esta Cámara que aceptaran esta proposición no de
ley en la que se insta al Gobierno, como he dicho antes, a que se
inicien las conversaciones pertinentes con las comunidades autónomas
y con el mundo universitario.




El señor PRESIDENTE: Para fijar posición, por el Grupo Parlamentario
Coalición Canaria, la señora Julios tiene la palabra .




La señora JULIOS REYES: Brevemente para fijar la posición de
Coalición Canaria en el sentido de que estamos de acuerdo con la
proposición que se ha presentado.




En la medida que posteriormente va a comparecer el subsecretario de
Estado para los temas de universidad, me reservo las explicaciones
más ampliadas para dicha intervención.

Sí quiero resaltar que me parece interesante que se inicien los
trabajos de reforma de la Ley universitaria precisamente conociendo
la opinión e intentando un consenso con las comunidades autónomas y
con las entidades sociales afectadas.




El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Catalán, Convergència
i Unió, el señor Guardans tiene la palabra.




El señor GUARDANS I CAMBÓ: Quiero empezar mi intervención dedicando
un recuerdo al anterior presidente de la Comisión de Educación y
Cultura, don Pablo Castellano, porque creo que hoy sería uno de esos
días en que hubiera tenido una intervención brillante. Yo no voy a
estar a su altura; pero sin duda, con motivo de esta proposición no
de ley, hubiera tenido una de esas intervenciones que relajando el
ambiente de la Comisión, que no es que esté tenso pero tampoco está
especialmente divertido, hubiera sido particularmente interesante
porque con su tono socarrón habitual y a la vez tremendamente
inteligente siempre manifestaba sus reservas para luego acabar
votando a favor cuando el partido de la mayoría instaba al Gobierno
que ese partido de la mayoría apoya a hacer lo que por ley tiene
obligación de hacer y lo que políticamente ya está comprometido a
hacer. Ése es el caso en el que nos encontramos ahora. El Partido
Popular insta al Gobierno del Partido Popular a cumplir con el
programa electoral del Partido Popular y a cumplir con las promesas
que la ministra del Partido Popular ya ha formulado, que el
presidente del Gobierno en su momento asumió y que evidentemente el
Partido Popular no tiene más que hacer, y además le insta a que
cuando lo haga cumpla la ley y respete la Constitución y los
estatutos de autonomía porque le insta a que consulte a la sociedad
y consulte a las comunidades autónomas afectadas. Es fantástico.

Entonces ¿quién puede votar en contra de esta proposición? Son flores
lanzadas al aire, no se sabe si en términos de autobombo, no se sabe
cuál es el propósito político de una iniciativa como ésta. Es más, la
iniciativa en el fondo pone de relieve -aquí es donde entra realmente
la crítica política que mi grupo quiere hacer- pues da la sensación
de que empezamos hoy, con lo cual y si esto es así la situación es
absolutamente



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kafkiana porque lo que estamos haciendo es que a partir de hoy el
Gobierno -insisto en que es fantástico que se produzca a iniciativa
del propio Grupo Parlamentario Popular- inicie contactos con los
distintos sectores del mundo educativo, así como con las comunidades
autónomas, con el fin de dotar al sistema universitario español de
una nueva ley de universidades. De repente hoy descubrimos que quizá
sí convendría que hubiera una ley de reforma de universitaria -gran
descubrimiento del Grupo Popular- y vamos a ver si empezamos a
trabajar en ella para que quizá en algún momento la podamos traer a
esta Cámara. Todo ello bastante esperpéntico, señor presidente si me
permite que lo diga, con el debido respeto al autor de esta
iniciativa, que me lo merece todo.

Evidentemente, mi grupo no puede más que apoyar esta iniciativa pero
dejando claro, en primer lugar, que querríamos que esta ley estuviera
en la Cámara hoy; en segundo lugar, animamos al Gobierno a poner en
funcionamiento esos contactos con los distintos sectores del mundo
educativo y con las comunidades autónomas y esperamos que se
produzcan. Esperamos que el Gobierno no haya aguardado a la
autorización de esta Cámara para llevarlo a cabo. Queremos creer que
el Gobierno, como así nos consta, no ha esperado a la bendición de
esta Comisión, con la aprobación de esta proposición no de ley, para
empezar esos contactos con los distintos sectores del mundo educativo
y con las comunidades autónomas para traernos de una vez una
propuesta de ley de reforma universitaria en la que podamos estar
todos de acuerdo, en la que se llegue a un consenso, lo que supondrá
la parte más difícil, con los sectores implicados, con la propia
comunidad universitaria, pero que ese trabajo se haga con o sin
proposiciones no de ley, que lo único que hacen es una salida a la
galería y que en el fondo supone una especie de retraso de algo que
el Gobierno ya tendría que estar haciendo y queremos creer que lo
está llevando a la práctica.




El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Socialista, la señora
Valcarce tiene la palabra .




La señora VALCARCE GARCÍA: Señor presidente, de ninguna manera el
Grupo Parlamentario Socialista va a votar en contra de esta
proposición no de ley porque justamente es algo que demandamos hasta
en cinco ocasiones en la legislatura anterior; cinco ocasiones en las
cuales el Grupo Parlamentario Popular se negó a apoyar esta misma
posición. Además, en esas cinco ocasiones que hubo posibilidad de
debatir sobre esta cuestión el propio Gobierno hizo promesas más o
menos vagas de dar cumplimiento a lo que allí se demandaba.

Comprenderán, señorías, que nosotros recibamos hoy esta propuesta del
Grupo Parlamentario Popular con frialdad, sin ningún entusiasmo y con
gran incredulidad,
no porque no compartamos el fondo de la cuestión. Durante 17
años la LRU cumplió una función esencial de modernización de la
universidad española para dotarla de autonomía e hizo posible que se
duplicara el número de alumnos, el número de profesores y el número
de titulaciones, pero los cambios sociales y económicos unidos a los
cambios en el propio sistema académico hacen indispensable una
modificación de la LRU para afrontar cuestiones que se refieren a la
calidad de la enseñanza, a la racionalización de los propios órganos
de gobierno de la universidad y a su financiación.




Decimos, señorías, que nos produce incredulidad esta proposición por
lo que el Partido Popular y el Gobierno hicieron en la legislatura
pasada, pero, además, me permitirán que me refiera a las
declaraciones del propio Gobierno y del portavoz del Grupo
Parlamentario Popular aquí en esta Cámara, en esta Comisión de
Educación.

Señorías, es un clamor en el ámbito universitario la necesidad de la
reforma. Hemos podido conocer cómo la propia CRUE, a través de su
presidente, instaba al Gobierno de la nación a emprender urgentemente
esta reforma, pero la respuesta por parte del Gobierno y a través de
la ministra de Educación, es que cualquier proyecto de reforma no
sería estudiado por el Gobierno antes de junio de 2001. Ayer pudimos
conocer que el portavoz de educación del Grupo Popular, señor
Zunzunegui, pedía a los propios rectores -cito sus palabras
textuales- cierto reposo, retrasando la posibilidad de emprender el
debate de un proyecto de reforma universitaria hasta el año 2002 ó
2003. Después de ver esta iniciativa del Grupo Parlamentario Popular
comparecerá el secretario de Estado de Universidades y conoceremos
por tanto más en detalle cuáles son las previsiones del Gobierno en
esta cuestión.

Nuestro grupo va a apoyar esta proposición no de ley porque
compartimos el fondo, pero desde luego queremos dejar muy claro que
la posición planteada aquí nos parece poco seria si la cotejamos con
las manifestaciones hechas por el propio Gobierno y por el Grupo
Parlamentario Popular.




El señor PRESIDENTE: Ha concluido el debate de las proposiciones no
de ley.

Como recordarán, al principio de la sesión dije que las votaciones
serían en torno a las 12, por tanto y como faltan unos minutos
interrumpimos la sesión para que todos los miembros de la Comisión
puedan asistir a la votación.




Se suspende la sesión.




Se reanuda la sesión.




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El señor PRESIDENTE: Señoras y señores diputados, sometemos a
votación las proposiciones no de ley que hemos debatido, empezando
por la proposición no de ley número 1, sobre creación de la
licenciatura de filología asturiana y su inclusión en el catálogo
estatal de titulaciones universitarias propuestas por la Universidad
de Oviedo, que presentó el Grupo Parlamentario Federal de Izquierda
Unida.




Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor,
uno; en contra, 28; abstenciones, tres.




El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Votamos la proposición número 2, relativa a la inclusión en el Plan
nacional de castillos de la consolidación o restauración de los de
Narahío, Moeche y Andrade, presentada por el Grupo Parlamentario
Mixto. Se votaría con la adición de la enmienda aceptada por el
proponente. A lo largo del debate todos los grupos parlamentarios se
han manifestado a favor de esta proposición. Por tanto, si no hay
alguna intervención en contra por parte de algún grupo parlamentario,
hay dos posibilidades: hacerlo por asentimiento o someterla
a votación. El portavoz del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i
Unió) solicita que se someta a votación y así lo haremos.




Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 33.




El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.

Votación de la proposición número 3, por la que se insta al Gobierno
a aumentar los niveles de seguridad en el transporte de escolares y
de menores, presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, con la
inclusión de la enmienda aceptada ya por la portavoz del Grupo
Parlamentario Socialista, en los términos expresados por la
proponente.




Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 38.




El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.

Por último, votación de la proposición sobre modificación de la Ley
de Reforma Universitaria, presentada por el Grupo Parlamentario
Popular.




Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 37;
abstenciones, una.




El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.

CELEBRACIÓN DE LA SIGUIENTE COMPARECENCIA:



- DEL SECRETARIO DE ESTADO DE EDUCACIÓN Y UNIVERSIDADES (IGLESIAS DE
USSEL), PARA QUE DÉ CUENTA DE LAS LÍNEAS GENERALES Y PROGRAMAS QUE
TIENE PREVISTO DESARROLLAR DESDE LA SECRETARÍA DE ESTADO. A PETICIÓN
DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA. (Número de expediente 212/
000038.)



El señor PRESIDENTE: Pasamos al sexto y último punto del orden del
día, comparecencia del secretario de Estado de Educación y
Universidades para que dé cuenta de las líneas generales y programas
que tiene previsto desarrollar desde la Secretaría de Estado.

Doy la bienvenida a esta Comisión del Congreso de los Diputados al
secretario de Estado de Educación y Universidades, profesor Iglesias
de Ussel, que comparece a petición del Grupo Parlamentario
Socialista.

El profesor Iglesias tiene la palabra.




El señor SECRETARIO DE ESTADO DE EDUCACIÓN Y UNIVERSIDADES (Iglesias
de Ussel): Señor presidente, permítame, con carácter previo,
manifestar mi adhesión plena a la condena que se ha producido esta
misma mañana en esta Comisión por el atentado sufrido la semana
pasada por el profesor universitario y ex consejero vasco de
Educación, don José Ramón Rekalde. Al mismo tiempo, manifiesto mi
deseo de una total e inmediata recuperación.

Al comparecer por primera vez ante esta Comisión de Educación y
Cultura del Congreso de los Diputados, quiero expresar el honor y
respeto por estar en la sede de la representación del pueblo español.

Les expondré las líneas generales de actuación de la Secretaría de
Estado y los proyectos que con su colaboración se abordarán en esta
legislatura. La educación exige la participación de todos y muy
especialmente de los miembros del Congreso de los Diputados y del
Senado. Desde la Secretaría de Estado quiero ofrecer a todos los
grupos representados en esta Comisión la máxima disposición para
alcanzar, mediante el diálogo, los acuerdos que hagan posible los
impulsos más certeros para mejorar entre todos el sistema educativo
español.




Próximamente tendrá lugar la comparecencia de la secretaria General
de Educación y Formación Profesional, doña Isabel Couso, ante esta
Comisión. Por tanto, mi intervención aludirá exclusivamente a los
objetivos y medidas de política universitaria, si bien estoy a su
disposición en cualquier aspecto que quieran abordar. Me ceñiré en mi
intervención a las competencias de esta Secretaría de Estado
establecidas en el real decreto y que han sido reguladas de manera
análoga con el Ministerio de Ciencia y Tecnología, Real
Decreto 557/2000,



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de 27 de abril. Ese departamento ha asumido, como bien y 21 años,
cuenta aproximadamente con el 27 por ciento saben, las competencias
atribuidas a la extinguida de jóvenes de 18 a 21 años matriculados en
la universidad Secretaría de Estado en materia de investigación
científica y supone un 18 por ciento más de la media de y desarrollo
tecnológico. Sin embargo, esta reestructuración la OCDE. Los valores
relativamente altos de estudiantes ministerial no va a afectar en
absoluto a la en España se mantienen también en el siguiente
actividad investigadora desarrollada por la universidad grupo de
edad, de 22 a 25 años, que en esa cohorte y mucho menos a la
preocupación y actividad del generacional tiene un 17 por ciento más
de estudiantes Ministerio de Educación, Cultura y Deporte en esa que
la media de la OCDE, incluso más que Francia u materia, ya que
continuará estando el Ministerio plenamente otros países, y en el
grupo siguiente de edad, que realiza dedicado a impulsar esa
actividad en el escenario normalmente el doctorado o el tercer ciclo,
o sea, universitario. Eso nos llevará a promover y apoyar entre 26 y
29 años, España cuenta con un 9 por ciento medidas de respaldo a la
actividad investigadora, siempre, menos de estudiantes que la media
de la OCDE, aunque insisto, en estrecha colaboración, como hasta hoy
sigue en una posición ventajosa respecto a Francia - ocurre, con el
Ministerio de Ciencia y Tecnología y sin tiene un 41 por ciento más
que Francia-, pero peor afectar a sus respectivas competencias.

Hechas estas que Estados Unidos, etcétera. La realidad es que en
matizaciones, mi intervención se articulará en dos España se
matriculan bastantes estudiantes, sobre todo grandes bloques: primero
esbozaré un breve diagnóstico y cada vez más estudiantas, pero tardan
en terminar la del sistema universitario español; a continuación, y
carrera y bastantes estudiantes, sobre todo varones, no apoyándome en
él, examinaré los objetivos que nos terminan nunca. hemos marcado en
el departamento, así como las medidas Tercero. Pocos estudiantes
españoles terminan, en que para su consecución se impulsarán en la
presente efecto, la carrera, sobre todo si son varones. La situación
legislatura. parece mejorar algo pero muy despacio. Por consiguiente,
Primer punto: diagnóstico. La universidad española un objetivo básico
del sistema es conseguir ha atravesado un cambio institucional
vertiginoso en 20 que los alumnos que entren logren la necesaria
formación años. Nuevas universidades, facultades, títulos
universitarios, y también aprobar, superar y acceder a la
finalización departamentos, institutos universitarios, planes de su
carrera. En 1998, la proporción de personas de estudio, etcétera, han
cambiado por completo el que terminan la carrera en relación con las
que empezaron entramado institucional de la vida universitaria. En
primer es aproximadamente la mitad: 49 por ciento de lugar, el
alumnado universitario. El alumnado ha varones y 59 por ciento en el
caso de las mujeres. La aumentado mucho en el último medio siglo,
multiplicándose situación mejora pero muy lentamente y estamos en un
por diez el número total de estudiantes. Pero esta indicador peor que
la media del conjunto de la OCDE. pauta de crecimiento está
descendiendo relativamente, La tasa de personas que empiezan estudios
universitarios llegando a un nivel de estabilidad. La bajada de la
natalidad, es mayor en España que en otros países. Sin que cada vez
incide más en las generaciones de personas embargo, la tasa de
terminación de la carrera es mucho con 18 años, supone que si se
conserva los 1,6 menor. Ese es un desnivel significativo. La cuestión
no millones de puestos universitarios actuales, con 340.000 es tanto
la cantidad de jóvenes que deciden matricularse, nuevas personas
matriculadas cada año, en el año 2015 sino la baja -entendámoslo así-
productividad más del 90 por ciento de la cohorte generación inicial
del sistema, que no lleva a que un número significativamente podría
matricularse en alguna universidad. Esto significaría alto de alumnos
adquiera la formación suficiente que sin tener que aumentar los
puestos universitarios, e ingresen en su cohorte normal de nivel de
estudio. se podría lograr la universalización del acceso a Por tanto,
lo que se necesita primariamente, más la universidad, siempre
respetando las exigencias de que plazas o más que profesores, es
conseguir que las competencia profesional previa, me refiero al
equipamiento universidades sean más exitosas a nivel docente. básico.

A mediados de la década de los setenta Cuarto. En la universidad
española se ha producido se llega al medio millón de estudiantes
universitarios; un proceso muy rápido de feminización del
estudiantado. en 1988, a un millón y en 1995, al millón y medio. La
Actualmente existe una proporción mayor de mujeres proporción de
crecimiento ha sido extraordinariamente que de varones estudiantes.

Las mujeres terminan rápida y la proporción de estudiantes mujeres es
superior la carrera en bastante mayor proporción que los varones a la
media, el 53 por ciento, aunque la proporción y la proporción de
mujeres entre los nuevos matriculados de mujeres profesoras, el 33
por ciento, debe todavía varía de año en año, lo que sugiere que el
proceso aumentar bastante. El crecimiento del estudiantado
universitario de feminización no se ha estabilizado del todo o es
explicable en parte por el proceso de feminización. que depende de
otras variables, puesto que hay ciertas oscilaciones anuales. En
cambio, la proporción de Segundo. A nivel comparativo con los países
más mujeres profesoras aumenta de forma más lineal, aunque avanzados
del mundo, España tiene una tasa bastante todavía por debajo de la
proporción de estudiantes. alta de estudiantes en enseñanza superior,
sobre todo Hay un 54 por ciento de mujeres entre los nuevos en los
grupos de edad más jóvenes, es decir, entre 18 matriculados, el 53 en
el total de las carreras y solamente



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el 33 en el de profesores. El proceso de feminización es el más
importante en la enseñanza superior española durante el siglo XX, que
a su vez está estrechamente relacionado con el crecimiento del número
total de estudiantes.

Quinto. Los estudios universitarios producen un nivel bajo de
desempleo, sobre todo si se tiene ya experiencia en el trabajo. La
universidad española no es una fábrica de parados, como se decía hace
unas décadas; más bien lo contrario, es una fábrica de empleos. Eso
sin contar que la necesaria expansión de inversiones en I+D+I dentro
de la universidad puede también producir puestos de trabajo directa o
indirectamente. Las personas con educación universitaria tienen en
torno al 38 por ciento menos paro que la media nacional; el desempleo
a mediados de los años noventa era del 20 por ciento, pero entre
licenciados o licenciadas era sólo el 12 por ciento y la población
con estudios tiene sistemáticamente menos paro que la media. Las
personas con bachillerato, un 12 por ciento menos de paro; con
diplomatura, un 32 por ciento; con licenciatura, un 38, en torno al
año 1997, lo cual indica que el sistema universitario produce cierta
eficacia para el mercado de trabajo, en la medida que las tasas de
paro son inferiores al conjunto de la población.

Sexto. En España hay una proporción excesiva de profesorado
universitario con trabajo a tiempo parcial, inseguridad en el empleo
y salario bajo. El sistema de personal docente está excesivamente
estratificado, es además un sistema con pocos doctores, que es el
máximo nivel de la enseñanza y de la investigación. Casi la mitad del
profesorado público, el 45 por ciento, es profesorado no numerario,
los conocidos antes como PNN, aunque la situación es diferente en
estos momentos. Los y las profesores asociados con salarios muy bajos
y dedicación parcial representan el 36 por ciento del profesorado. El
profesorado numerario, es decir, funcionario con seguridad en el
empleo, se estratifica excesivamente. Hay un catedrático por cada
tres profesores titulares y en las escuelas universitarias, uno por
cada seis. En el conjunto del profesorado solamente hay un
catedrático de universidad por cada once profesores y en total
representan el 9,3 por ciento de todo el profesorado. El sistema es
jerárquico, garantiza poco la seguridad y no suele proveer un salario
decente para la mayoría. Es un tema a solucionar, que no puede
basarse en la expansión del profesorado a tiempo parcial sino lo
contrario. El conjunto de vertiginosas transformaciones -que he
mencionado brevísimamente, puesto que todas son conocidas por SS.SS.-
sufridas por la universidad en breve espacio de tiempo ha dado lugar
a problemas, sin duda, unos problemas que preocupan a la sociedad,
como lo prueba su resonancia y notoriedad en la opinión pública. Es
algo, por otra parte, que siempre ha pasado, nunca ha sido evaluada
en ninguna época histórica de manera positiva la situación
universitaria, pensemos en las críticas de Unamuno, Baroja,
Pla, la Institución Libre de Enseñanza o tantos otros. Sería absurdo
negar o mitigar los problemas de la universidad, pero quiero destacar
que son problemas, incluso graves, de crecimiento y de progreso, no
de estancamiento o de decadencia.

Me parece esencial resaltar este diagnóstico porque de él se deben
derivar las actuaciones que deben corresponder a todos los actores
del sistema. La universidad española, con las reformas adecuadas, se
encuentra en muy buenas condiciones para dar un salto cualitativo que
permita a un número significativo de sus centros situarse en la elite
universitaria europea y a la inmensa mayoría de esos centros ubicarse
en los niveles más altos de la media europea. Son problemas y graves;
no sólo por el desnivel de la realidad con nuestras aspiraciones,
incluso con nuestras obligaciones, sino también en relación con las
potencialidades reales con que hoy cuenta el sistema universitario.

Por no hablar de otros esfuerzos muy significativos en materia de
infraestructura, dotaciones de edificios, etcétera, sino, sobre todo,
por ceñirme a él, los recursos humanos disponibles son en conjunto
excelentes. Nunca en la historia universitaria ha contado España con
tal alto porcentaje de mujeres y varones universitarios, formados en
las mejores universidades del mundo, publicando en las revistas más
rigurosas y selectivas, trabajando en laboratorios y bibliotecas, hoy
informatizadas, plenamente integradas en redes europeas y mundiales
de investigación. Ha sido mucho el esfuerzo público de la
Administración central, autonómicas, universidades y multitud de
fundaciones, que han permitido cambiar sustancialmente la radiografía
de la vida universitaria de la sociedad española. Y todo esto
habiendo pasado simultáneamente de una universidad para elites, o al
menos muy minoritaria cuantitativamente, a una universidad de masas.

Si se examina con objetividad el precio en problemas, repito, incluso
graves, que se han creado por este gigantesco avance social, es muy
reducido. Naturalmente, esto no es toda la realidad. Insisto, hay
problemas de motivación, de productividad, de financiación, de
gestión y de tantas otras cuestiones. Pero, con la realidad
disponible, con sus luces y sus sombras, ahora sí, y nunca en el
pasado, el sistema puede dar un salto cualitativo importante. Ahora
estamos en condiciones, desde luego, de abordar nuevos objetivos, y
esa es la tarea de la universidad de hoy.

Para ello habrá que corregir deficiencias, impulsar la calidad y la
excelencia, y los niveles medios de nuestro sistema podrán mejorar
con rapidez. Para abordar los retos de futuro de la universidad
española es preciso modificar el marco normativo. La Ley 11/1983, de
Reforma Universitaria, respondió a parámetros y necesidades propias
de aquella época. La ley significó la adaptación de la universidad a
la Constitución. Hoy, las circunstancias políticas, económicas y
sociales, y desde luego universitarias, son diferentes. Es el momento
de abordar los cambios con la colaboración de los grupos



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políticos, comunidades autónomas, comunidad universitaria y todos los
agentes del sistema de enseñanza superior. Pero el objetivo hoy es
insertar plenamente a nuestra universidad en el espacio europeo de
enseñanza superior. Hay que tener presentes dos hechos inexistentes
en el momento de elaboración y de promulgación de la LRU: la
necesidad de regular una universidad, hoy de masas; y la necesidad de
mejorar el tratamiento de las comunidades autónomas, cuyo desarrollo
normativo, aún embrionario en aquella época, impidió contemplarlas
adecuadamente en la LRU.

Estos cambios normativos deben afrontar, entre otras cuestiones, el
gobierno de las universidades, la selección del profesorado, el
régimen económico y financiero de estas instituciones, las
universidades privadas y la regulación de los centros de enseñanza
superior que imparten en España títulos conforme a sistema educativos
extranjeros. Nos encontramos ante una cuestión capital, como ustedes
conocen muy bien, y de máxima importancia para el futuro de la
sociedad española. Es algo más que una simple reforma, es la real
modernización del sistema universitario para que entre en una fase
dinámica que le pueda permitir homologarse y competir con los mejores
centros universitarios internacionales.




En segundo lugar, objetivos. Como señaló la señora ministra doña
Pilar del Castillo ante esta Comisión el pasado 14 de junio, los
objetivos del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, en materia
universitaria son, y cito textualmente, los siguientes: la mejora de
la calidad, el fomento de la movilidad tanto de estudiantes como de
profesores, la inserción de España en el espacio universitario
europeo y el respaldo a la acción de todos los elementos y actores
del sistema educativo a través del Ministerio. Con la mejora de estos
parámetros se podrá contar con un sistema universitario eficiente,
eficaz y flexible, atento a la innovación, que permita satisfacer las
demandas de la sociedad del conocimiento. Examinemos pues las
actuaciones en cada uno de estos objetivos.

Primero, la calidad. Transcurrida la etapa de cambios profundos y de
masificación de las aulas y estabilizada, si no en regresión, la
demanda futura de estudios universitarios por parte de los jóvenes,
este momento es muy propicio para impulsar sustancialmente la calidad
con las reformas necesarias. La misma evolución demográfica, con la
caída de la natalidad, permite abordar ahora los problemas de la
calidad de manera serena pero desde luego rápida. Afrontar el
objetivo de la calidad implica actuar en tres niveles: calidad del
sistema, calidad de la docencia y calidad de la gestión. Respecto a
la calidad del sistema universitario, supone, entre otras medidas, la
puesta en marcha de nuevos mecanismos de evaluación, incrementar y
mejorar las prácticas educativas de los universitarios, prestigiar y
reforzar el tercer ciclo y fomentar la excelencia.

El Plan nacional de evaluación de la calidad de las universidades
surgió a iniciativa del Consejo de Universidades y a propuesta del en
su momento Ministerio de Educación y Ciencia. Actualmente se está
trabajando en la elaboración del informe final de 1999. Y respecto al
informe del año 2000, la convocatoria se acaba de cerrar en el pasado
mes de junio. En este ámbito, a corto plazo se va a llevar a cabo,
desde el Consejo de Universidades, el seguimiento de las
recomendaciones que emanan los informes hasta ahora elaborados. Esta
medida se complementará con la posterior introducción de un sistema
contrastado de indicadores de situaciones universitarias que permitan
conocer la prestación del servicio público universitario y que podrán
emplearse en la financiación de algunos programas. Además, ese
instrumento servirá para que los estudiantes y sus familias puedan
elegir centro universitario con conocimiento de las peculiaridades
concretas de la titulación a la que deseen acceder. Dar impulso de
calidad al sistema universitario requiere también actuar en el
engranaje entre formación académica y mundo laboral. Un sistema
universitario de calidad precisa un contacto directo de los alumnos
con su entorno. Se requiere un serio esfuerzo de mejora en las
actividades prácticas de la enseñanza universitaria, pues
comparativamente, respecto a otros países punteros de la Unión
Europea, nuestra enseñanza es más deficitaria en la práctica que en
la teórica. Por eso creemos que es necesario, en primer lugar,
actualizar los reales decretos 1947/1981 y 1845/1994, del programa de
cooperación educativa, para que las actividades prácticas
desarrolladas por los alumnos universitarios se adecuen a la
situación actual del mundo universitario y de la realidad
empresarial.

Segundo, fomentar las prácticas universitarias, haciendo especial
hincapié en entidades sin ánimo de lucro o de marcado interés social.

Tercero, hacerlas extensivas a los alumnos de tercer ciclo con el
objetivo de facilitar también su inserción laboral. Cuarto, mejorar
la información disponible por los alumnos sobre los programas
concretos de prácticas que ofrecen las titulaciones donde quieran
matricularse; información que a su vez será un elemento dinamizador
de los esfuerzos del sistema universitario para activar sus
engranajes con el mundo empresarial y las actividades prácticas.

Respecto al tercer ciclo, el Real decreto 778/1998 reformó el sistema
y se han racionalizado los programas de doctorado en cuanto al
número, calidad de programas y número mínimo de alumnos por programa.

En este momento se ha modificado también el itinerario del doctorado
en dos fases, la fase de docencia y la fase de investigación, al
igual que la tesis doctoral y su defensa cuenta con filtros más
rigurosos. Quiero anunciarles que las medidas a adoptar en esta
fundamental etapa formativa serán las siguientes: se va a mejorar la
regulación de la suficiencia investigadora; se van a crear los
premios nacionales de doctorado, que hoy son inexistentes; vamos a
favorecer programas para que se



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evalúe esta etapa formativa y finalmente vamos a potenciar y reforzar
los programas de doctorados de calidad. Puedo adelantarles que en
estos momentos está a punto de publicarse en el Boletín Oficial del
Estado una resolución por la que se convocan ayudas para la
adquisición de material bibliográfico, informático e instrumental-
pedagógico por parte de las universidades para respaldar sus
actuaciones en la mejora de la calidad del doctorado. Por su
incidencia en la demanda de los estudios universitarios, dotar de
calidad al sistema también conlleva una revisión de la regulación de
los centros que imparten estudios conforme a sistemas universitarios
extranjeros. Se trata de evitar que la falta de información sobre la
validez de sus títulos o sobre sus características lesione legítimos
derechos ciudadanos.

Un último aspecto a tener en cuenta en la calidad del sistema es el
fomento de la excelencia. A) La Secretaría de Estado tiene la
voluntad de implantar y desarrollar distintas iniciativas destinadas
a estimular el estudio, la investigación y el esfuerzo de los
universitarios españoles. Entre ellas cabría destacar con carácter
inmediato el impulso a la difusión de las nuevas tecnologías de la
información del sistema universitario, el aumento del número de becas
de colaboración para los mejores expedientes académicos, el aumento
de las inversiones encaminadas a la actualización de los fondos
bibliográficos en los centros universitarios y la organización de
cursos especiales de verano para los alumnos con mejores
cualificaciones en las pruebas de acceso a la universidad. Sin
embargo, hay que decir que como en otros muchos aspectos de la vida
universitaria, se requiere la movilización de toda la sociedad para
exigir y respaldar la excelencia en la vida universitaria.




B) Otro nivel de actuación del proyecto de calidad es el ámbito
docente. Un gran sabio valenciano y humanista, Luis Vives, preocupado
por la universidad, resaltó hace quinientos años el carácter ejemplar
que debían tener los que desempeñan la responsabilidad de formar a
los jóvenes. Hágase profesores o maestros -decía- a quienes sean
capaces, por su ciencia y costumbre, de enseñar a los demás y merecer
a la vez la estimación pública. Por eso, el profesorado universitario
deber responder, como es de ley, a sus propios méritos medidos
y evaluados con objetividad y rigor y de forma que la selección gravite
sobre los conocimientos del candidato en las materias específicas a
las que opta y su historial académico. Además, debe estar prevista la
movilidad del profesorado de una universidad a otra, pues su
ausencia, además de representar una situación insólita en el ámbito
de la Función pública, hace imposible el intercambio enriquecedor de
distintas experiencias científicas y docentes. Afrontar el reto de la
calidad en el ámbito docente implica actuar simultáneamente en el
sistema de selección y acceso del profesorado, en los procedimientos
de incentivación de la calidad docente e investigadora, en el impulso
del Plan de estabilidad
del profesorado y en la delimitación del ejercicio de las funciones
académicas por parte de los profesores asociados.




Respecto a la selección del profesorado, el Ministerio va a abordar
la reforma del sistema, una cuestión que salta a la opinión pública
con frecuencia con el perfil de, entre comillas, la endogamia, y
quizás me atrevería a decir que está mal definida. El problema que
entiendo se suele criticar no es tanto el autorreclutamiento del
profesorado por las universidades, sino que se da por hecho que el
candidato local es peor que el foráneo. Es una cuestión muy compleja
y con muchos aspectos imposibles de analizar ahora. Quisiera indicar
únicamente que ha habido mucha endogamia como resultado de los
esfuerzos loables de la Administración central, administraciones
autonómicas, universidades y profesorado para consolidar y potenciar
grupos de investigación y trabajo. Estos esfuerzos han dado muchos
frutos y en muchas ocasiones muy positivos. Quiero decir que con la
endogamia ocurre -si se me permite el ejemplo- como con el
colesterol. Hay colesterol bueno y malo y es conveniente tanto en el
colesterol como en la endogamia diferenciarlo nítidamente.

Al Estado, ante la cuestión de la endogamia, le corresponde una
obligación ineludible: crear las condiciones adecuadas para que el
sistema elija a los mejores profesores. Esa es la responsabilidad
central: que el sistema promocione a los profesores con más méritos.

Las medidas que se adoptarán para fomentar la calidad docente del
profesorado en esta línea van a ser, entre otras: la modificación de
las pruebas de acceso a los cuerpos de funcionarios docentes,
manteniendo lógicamente los principios de mérito, capacidad y
concurrencia; la regulación restrictiva de los perfiles en las
convocatorias de las plazas; la mejora de la publicidad en la
convocatoria de plazas de profesorado numerario y el impulso a la
difusión de las plazas del no numerario; la modificación de la
composición, requisito de pertenencia y forma de designación de los
tribunales de las pruebas; el incremento en número y dotación de
ayudas encaminadas al perfeccionamiento formativo, sobre todo
docente, del profesorado universitario; la mejora del procedimiento
de incentivación de la calidad docente, investigadora y de gestión
mediante los sistemas de quinquenios y sexenios para los profesores
actuales; el desarrollo del Plan de estabilidad del profesorado; la
delimitación del ejercicio de las funciones académicas por parte de
los profesores asociados y el respaldo a la actividad investigadora
de las universidades como elemento esencial y constitutivo de la
actividad docente.

Conviene recordar a este respecto que en torno al 80 por ciento de la
investigación que se realiza en España se lleva a cabo en la
universidad, que tiene dos funciones ineludibles: crear con
conocimiento, es decir, investigación, y transmitirlo, docencia. El
Ministerio continúa pues manteniendo la responsabilidad directa



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de mejorar la calidad de la investigación universitaria, su promoción
e impulso, sin perjuicio de las competencias atribuidas al Ministerio
de Ciencia y Tecnología. Con las reformas normativas en la selección
del profesorado que he mencionado, con el fomento de la movilidad,
favoreciendo entre otras la impartición de cursos de doctorado o
seminario en otras universidades, y el respaldo a la excelencia en
las políticas de recursos humanos que tendrán que impulsar las
propias universidades, y las comunidades autónomas, la dinámica de
mejoras en este campo de la vida universitaria puede activarse
rápidamente a corto plazo.

C) No puede haber mejora de la calidad del sistema universitario y la
docencia si no se consigue mejorar al mismo tiempo la calidad de la
gestión. Esto supone actuar preferentemente en la financiación y en
los órganos de gobierno de la universidad. Respecto a la
financiación, en la actualidad, como saben, el gasto total en
educación superior representa un porcentaje del 1,1 por ciento del
PIB que si se incluye el gasto privado es en torno al 1,3 del PIB. La
proporción de recursos públicos en España es en torno al 76 por
ciento de recursos públicos, y la aportación privada del 24 por
ciento.

Teniendo en cuenta esta situación, las medidas a adoptar por parte de
la Secretaría de Estado serán las siguientes: mantener el sistema
público y privado de financiación vigente; aumentar los recursos
públicos a la enseñanza superior, incrementando las ayudas a los
estudiantes; conseguir que la participación privada se mantenga en
los niveles hoy vigentes en el conjunto de fondos de financiación de
las instituciones educativas universitarias y el compromiso por parte
de la Secretaría de Estado, en estrecha colaboración con la
Secretaría de Estado de Cultura, de conseguir que la Ley del
mecenazgo sirva como instrumento de canalización de recursos
económicos suplementarios hacia las universidades.




La modernización de la Universidad española requiere una modificación
de sus órganos de gobierno. La vigente Ley de reforma universitaria
optó por un modelo colegiado de gobierno que a la luz de la
experiencia adquirida en estos años parece que conviene revisar sin
producir ningún tipo de menoscabo al derecho y a la obligación de
todo miembro de la comunidad universitaria a participar en el
gobierno de dicha institución, y afrontar la reforma de los órganos
de gobierno supone articular bien las atribuciones de los distintos
elementos que regula la vida universitaria, una vez que se ha
desarrollado el sistema autonómico y que el Tribunal Constitucional
ha dictado distintas sentencias con incidencias sobre la universidad.

Igualmente, favorecer la capacidad de decisión de los rectores
dotando a su gestión de la máxima transparencia, garantizar la
eficiencia de los recursos públicos por parte del sistema
universitario, impulsar la gestión por programas y favorecer los
sistemas de evaluación de la gestión y su transparencia informativa.

Las reformas normativas en materia universitaria adaptarán los
sistemas vigentes a fin de incrementar el dinamismo, la eficacia y la
transparencia en la gestión de la universidad. Estas reformas serán
en todo caso consensuadas con las administraciones educativas de las
comunidades autónomas y la comunidad universitaria y discutidas en
este Parlamento, pero el objetivo de incrementar la transparencia, la
información y la publicidad es esencial, ya que constituyen
instrumentos básicos de control social y un régimen democrático se
fundamenta también en la información correcta del empleo de los
fondos públicos. Si a todo ello se añade que esa información y esa
transparencia van a permitir agilizar y dinamizar el conjunto del
sistema universitario, creemos que es una apuesta absolutamente
decisiva en pro de la mejora del sistema universitario.

Por ello, después de mencionar los objetivos y medidas en materia de
calidad del sistema, de la docencia y de la gestión, permítanme que
aborde otra cuestión vinculada desde luego a la calidad, que es la
movilidad. En su discurso de investidura, el presidente del Gobierno
insistió ante este Congreso de los Diputados en la necesidad de tener
-cito textualmente- unas universidades mejores, abiertas y sin
barreras de ningún tipo.

La sociedad española es, por lo menos hoy, una sociedad con muy poca
movilidad geográfica, pero en el ámbito universitario y profesional
la movilidad es sinónimo de emulación y de competitividad, y de ahí
que deba ser impulsada como elemento esencial del sistema.

En un momento de nuestra historia en el que el espacio común europeo
ya no es un futurible, sino una realidad concreta, estudiantes y
profesores no pueden limitar el horizonte de su formación e
investigación a la universidad más cercana de su lugar de nacimiento.

La movilidad de estudiantes y profesores es una prioridad. El
Gobierno concede una importancia fundamental a esta cuestión y
querría trasladar al ánimo de SS.SS. la necesidad que tiene la
universidad y también la sociedad de asumir la cultura de la
movilidad. Va a ser difícil, entre otras razones porque la sociedad
española no tiene incorporada esa cultura de la movilidad, al menos
en la esfera universitaria. Cuando en el pasado se producía esa
movilidad, era para ir a buscar la localidad donde se impartían
estudios universitarios, pero no porque se juzgara mejor otro centro
o se juzgara conveniente para la propia maduración de los jóvenes su
traslado a una localidad distinta a la residencia familiar. Se
consideraba un mal menor o un precio inevitable para poder llegar a
obtener un título universitario, pero no era un objetivo en sí misma,
como ocurre en otros países. De hecho, se ha dado ya un paso y bien
importante: el distrito abierto regulado por el Real Decreto 69/2000,
que elimina del sistema español las barreras geográficas, permite
progresivamente la libre circulación de estudiantes por las
universidades españolas y garantiza



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su derecho a elegir centro universitario. Su implantación se
completará, como bien saben, en el curso 2003/2004, y el pasado mes
de julio se establecieron los procedimientos, plazos y demás
previsiones para la adjudicación de dichas plazas. Para hacer
realidad este distrito abierto son necesarias las ayudas económicas
apropiadas. En estos momentos los alumnos tienen a su disposición las
becas universitarias intercomunidades y las becas Séneca. Las
primeras tienen como objetivo favorecer la movilidad de estudiantes
de una comunidad autónoma a una universidad de otra comunidad y se
destina su importe a cubrir gastos derivados de la residencia del
alumno fuera del domicilio familiar, a material didáctico y precios
públicos. Durante esta legislatura se van a flexibilizar los
requisitos económicos para su obtención y se va a aumentar la partida
presupuestaria para este programa de becas.

En segundo lugar, también se van a impulsar las becas Séneca de
movilidad. Éstas tienen por objetivo que los estudiantes puedan
cursar estudios parciales, es decir, durante tres, seis o nueve meses
máximo, en universidades distintas de aquella en la que realizan
habitualmente sus estudios. En la actualidad el importe de la beca
asciende a 50.000 pesetas mensuales, con una ayuda de viaje
suplementaria de 15.000, más una subvención de 20.000 pesetas por
alumno desplazado a la universidad de acogida, como incentivo y
compensación por los gastos administrativos de participación en el
programa. El Ministerio se compromete a incrementar la partida del
gasto presupuestario en el próximo presupuesto para aumentar las
posibilidades de movilidad por parte del estudiantado en esta esfera.

El fomento de la movilidad también implica actuaciones que la
faciliten fuera del territorio español. Se van a seguir potenciando
las becas Erasmus para el desplazamiento de estudiantes
universitarios por Europa. La presidencia española de la Unión
Europea va a ser un buen instrumento para que éste y otros programas
de movilidad internacional sean impulsados. Recuerdo únicamente que
España ocupa el tercer lugar del ranking de Erasmus, sólo por detrás
de Alemania y Francia, y una posición todavía mejor, dentro de los
cinco grandes países de la Unión Europea, si obtenemos los datos en
relación con el número de estudiantes universitarios. La política de
becas va a ir acompañada de un incremento en los préstamos de bajo
interés. En el año 2000, tercer año de existencia del programa, se va
a incrementar un 16 por ciento respecto al año anterior. Estos
programas se van a complementar con un conjunto de actuaciones
destinadas a facilitar el alojamiento de estudiantes en residencias
universitarias y colegios mayores. Pero la movilidad no puede quedar
circunscrita solamente a lo geográfico, también consiste en
garantizar la máxima flexibilidad en el acceso a los segundos ciclos
universitarios. Los estudiantes deben tener un sistema más permeable
que el que hay hoy para que puedan acceder a las titulaciones más
acordes con su vocación, porque el sistema es hoy demasiado rígido, y
el Ministerio se compromete a flexibilizar el paso desde un primer
ciclo a un segundo ciclo de otra titulación para hacer más fluido y
más adaptado a las situaciones vocacionales de los alumnos su
proyecto formativo.

Las políticas de movilidad también se van a extender al tercer ciclo.

Para ello se van a establecer por parte de la Secretaría de Estado
ayudas para que los doctorandos puedan cursar estudios fuera de su
universidad habitual. Esta misma semana, la señora ministra ha
firmado una orden ministerial de próxima aparición que contiene
ayudas de nueva creación para favorecer justamente la movilidad de
alumnos del tercer ciclo entre universidades. En cuanto a la
movilidad del profesorado universitario, al margen de los efectos que
pueda tener la reforma de su sistema de selección, creemos que
constituye uno de los elementos básicos del sistema, y el Ministerio
va a facilitar esa movilidad, porque se requiere para la mejor
competencia profesional y la calidad de las universidades, del
profesorado y del alumnado.

Un tercer objetivo es la inserción del sistema universitario español
en el ámbito internacional. Por lo que se refiere a Europa, España
participa en estos momentos, como firmante de la declaración de
Bolonia, en la construcción del espacio universitario europeo, con
unos objetivos, conocidos por todos ustedes, que promueven de una
manera muy relevante la movilidad. En consonancia con esa
declaración, el Ministerio va a llevar a cabo las siguientes
actuaciones: En primer lugar, vamos a potenciar la presencia de todas
nuestras instituciones educativas en el ámbito internacional,
especialmente en el de la Unión Europea e Iberoamérica. Concretamente
con el respaldo del Ministerio se ha conseguido en la conferencia de
Lisboa que la conferencia de rectores europeos del año 2001 se
celebre en nuestro país, y en el ámbito iberoamericano hemos puesto
en marcha el programa América, de formación de doctores. En segundo
lugar, vamos a completar las ayudas europeas al programa Erasmus de
movilidad universitaria. En este sentido, en el proceso de
negociación del incremento de los fondos Erasmus que se va a llevar a
cabo en el año 2003, el Gobierno llevará una política muy activa de
respaldo a ese incremento de los fondos Erasmus en la Unión Europea.

En tercer lugar, se va a revitalizar el programa Alfa, mostrando
nuestra oposición a cualquier intento de supresión por parte de la
Unión Europea de este programa, que concierne, como bien saben, a
Iberoamérica. En cuarto lugar, tenemos el firme compromiso de
impulsar los programas de movilidad de estudiantes y profesores
universitarios en el contexto internacional.

El logro de estos objetivos se va a ver favorecido por un hecho
importante. En el primer semestre del año 2002 España ostentará la
presidencia de la Unión Europea. El Ministerio de Educación, Cultura
y Deportes va a



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impulsar las medidas de contenido educativo de una manera decidida.

De hecho existen ya comisiones de trabajo internas para preparar los
proyectos que España va a impulsar durante su presidencia en esta
materia. Además vamos a organizar una conferencia ministerial de
educación de la Unión Europea, países asociados, países Efta, Chipre
y Turquía en el primer semestre del año 2001. Igualmente se va a
proponer la celebración de una cumbre entre los ministros de
Educación de la Unión Europea y los ministros de Educación de
Iberoamérica, y queremos activar los mecanismos necesarios para
garantizar la denominada puerta de la mundialidad entre Iberoamérica
y Europa.

Seguiremos potenciando nuestras relaciones multi y bilaterales con
Iberoamérica utilizando nuestros recursos en todo aquello que se
deriva de las nuevas tecnologías de la información. De hecho, como
les acabo de anunciar, recientemente hemos puesto en marcha el
programa América, que tiene como finalidad satisfacer la demanda -o
colaborar a la satisfacción de la demanda- de formación de doctores
en el ámbito iberoamericano, y se prevén medidas concretas como
favorecer programas de intercambio o de dirección de tesis doctorales
y otros proyectos de investigación y facilitar recursos económicos,
administrativos y organizativos para ello. Por otra parte, estamos
potenciando la presencia de la UNED en Iberoamérica y el desarrollo
de un ambicioso programa técnico y pedagógico para colaborar con
aquellas instituciones de enseñanza superior.

En esta última parte aludiré al cuarto objetivo anunciado relativo al
apoyo a los actores del sistema universitario, que este departamento
tendrá siempre presente para el desarrollo de su política, no solo
desde la colaboración en las actividades que vienen desarrollando
sino fortaleciendo la presencia de los actores en todas las
instancias. Culminado el proceso de transferencias de funciones y
servicios a las comunidades autónomas, es primordial potenciar los
diferentes mecanismos de colaboración y de cooperación que el
ordenamiento jurídico y, sobre todo, la dinámica universitaria,
necesitan. El objetivo es alcanzar el mayor consenso posible en todas
las medidas que se van a poner en práctica por la Secretaría de
Estado. Para ello potenciaremos muy activamente el papel del Consejo
de Universidades como máximo órgano de encuentro entre el Estado, las
comunidades autónomas y las universidades. Respetando, naturalmente,
las competencias autonómicas y la propia autonomía universitaria, el
Consejo de Universidades tiene que realizar un trabajo esencial para
la coordinación, planificación, propuesta y asesoramiento en el
ámbito de la educación superior en un escenario de diálogo permanente
y de acuerdo con todas las instituciones representativas. Respecto a
la UNED vamos a incrementar no solo su presencia en Iberoamérica sino
sus recursos e instrumentos para que sirvan de punto de
referencia para estudiantes, profesores e investigadores
iberoamericanos.

En relación a la Universidad Internacional Menéndez Pelayo, vamos a
desarrollar su régimen jurídico, así como el nombramiento de su
patronato; estudiaremos la propuesta de evaluación de sus actividades
y se impulsará como lugar de encuentro entre profesores,
investigadores y estudiantes de distintas culturas y ramas del
conocimiento. En estos momentos estamos trabajando para que en el año
2002, coincidiendo con la presidencia española en la Unión Europea,
España pueda proponer a la Universidad Internacional Menéndez Pelayo
como sede universitaria para la realización de encuentros y
seminarios sobre enseñanza superior, sobre todo en relación con
Iberoamérica e igualmente para la valoración de estudios, análisis y
prospectivas universitarias, de tal forma que la conviertan en un
auténtico observatorio universitario europeo.

Las reales academias van a tener un decidido impulso, incluyendo el
presupuestario, y en esta legislatura continuaremos apoyando el
proceso de informatización de su biblioteca para poner a disposición
de universidades e investigadores su riqueza bibliográfica.

Señorías, de forma condensada les he expuesto las líneas básicas de
actuación del Ministerio en materia universitaria. Estamos firmemente
convencidos de que estas reformas activarán las dinámicas de cambio y
mejora de la calidad. Igualmente debo decirles que la enseñanza es
una responsabilidad colectiva. Sin una sociedad que respalde,
promueva e incentive la cultura del trabajo y del esfuerzo
continuado, el placer del conocimiento o el afán de descubrir o de
conocer el valor de la superación personal, de poco servirá contar
con recursos abundantes, normas acertadas o personas dedicadas con
pasión a la enseñanza. Me parece que nos queda mucho por recorrer en
este terreno para que en España la sociedad del conocimiento no quede
circunscrita a la proliferación de ordenadores.

Por todo ello y por su posición relevante, me atrevo a solicitar su
apoyo para el fortalecimiento educativo y cultural de la sociedad
española. Como universitario y responsable político les agradezco la
oportunidad que he tenido de intervenir en esta Comisión. Además de
intentar responder a las cuestiones que me susciten, tengan la
seguridad de que estudiaré sus sugerencias y críticas que, sin duda,
contribuirán al objetivo común de mejorar la calidad del sistema
universitario español.




El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Socialista,
solicitante de la comparecencia, tiene la palabra la señora Valcarce.




La señora VALCARCE GARCÍA: Señor secretario de Estado de Educación y
Universidades, en nombre del Grupo Parlamentario Socialista
bienvenido a esta Comisión de Educación, Cultura y Deportes del
Congreso de los Diputados.




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Agradecemos la exposición que ha realizado sobre los objetivos de su
departamento en materia de política universitaria. Señor Iglesias de
Ussel, también tenemos que expresarle nuestra preocupación por la
falta de concreción y, sobre todo, porque en la exposición que usted
ha realizado no hay compromisos que tengan una temporalización
cierta. Nos preocupa, señor secretario de Estado que, cuando es un
auténtico clamor de la comunidad universitaria, cuando la opinión
pública está reclamando reformas que usted, evidentemente, no ha
negado que sean necesarias no haya concretado cuáles son los
objetivos de su departamento para llevar a cabo esas reformas, en qué
tiempo y de qué manera piensan afrontarlas.

Señor secretario de Estado, la Ley de Reforma Universitaria,
efectivamente, necesita una modificación, una puesta al día. Muchas
cosas han cambiado en nuestro país que la hacen absolutamente
imprescindible. Nosotros queremos señalarle al menos tres cuestiones.

La primera, se refiere al sistema de selección y acceso del
profesorado. Nos preocupa también de manera especial la situación de
los alumnos y alumnas en la Universidad española y desde luego
aquellas reformas que se refieren al marco institucional de la propia
Universidad española.

Me va a permitir que comience haciendo referencia a los alumnos.

Usted ha hecho aquí un diagnóstico de la situación, marcando el
acento en el número de alumnos españoles que están en la universidad.

Nos hubiera gustado que fuese más optimista y que subrayase el éxito
de la sociedad española al ser uno de los países que tiene más
estudiantes universitarios. Usted ha destacado un rasgo, como es la
presencia de las mujeres en la universidad. A nuestro juicio esto se
debe, fundamentalmente, a que hay una correlación estadística con la
presencia de las mujeres en la propia sociedad española que están más
en la universidad cuando se asegura la gratuidad y la igualdad de
oportunidades -sin lugar a dudas también un éxito del conjunto de la
sociedad española-.

Igual que a usted como no puede ser de otra manera, nos preocupa la
eficiencia de la Universidad española, es decir, que no todos los
alumnos que ingresan en la Universidad española terminen sus
estudios; perdemos demasiados alumnos en ese trayecto. Nos hubiera
gustado que usted incidiese al menos en dos cuestiones que creemos
que repercuten de una forma importantísima. Sin duda habrá otros
factores pero espero que coincida con nosotros en que en ellos hay
dos cuestiones a destacar: una, el propio sistema de acceso a la
Universidad española: hay que garantizar más y mejor una prueba de
acceso que garantice que haya una mejor correlación entre las
vocaciones, entre lo que los estudiantes desean, su formación y la
capacidad de las universidades españolas para dar respuesta.

En segundo lugar, y no por ello menos importante, muy al contrario,
está la cuestión de las ayudas que
nuestros estudiantes reciben mientras están en la universidad. Y me
estoy refiriendo a las becas. Todavía -y es cierto que usted lo ha
señalado- la financiación de la universidad corresponde en un 24 por
ciento a la iniciativa privada; dicho de otro modo, este 24 por
ciento recae sobre las familias españolas que son las que pagan las
tasas universitarias. Este es, indudablemente, un aspecto importante,
unido al hecho de que todavía las becas en nuestro país son
insuficientes. Le recuerdo que en la pasada legislatura hemos tenido
40.000 becarios universitarios menos. Estas cuestiones no son ajenas
al abandono temprano de los estudios. Por eso, en las reformas que
usted plantea, la política de becas es muy importante para nosotros,
política de becas a la que exigimos no sólo que se incrementen las
cantidades dedicadas a las mismas, que se incrementen los umbrales de
renta de los alumnos que van a poder acceder a ellas. Igualmente nos
interesa subrayar que si la movilidad es un objetivo importante, que
compartimos, ese objetivo puede no llegar a buen puerto precisamente
porque las becas de movilidad, también las becas Séneca, tienen unas
cantidades que son claramente insuficientes para que los alumnos que
deseen acceder a ellas puedan cubrir las necesidades económicas
originadas por no vivir en su lugar de residencia.

Nos importa mucho además subrayar que en la puesta en marcha de los
créditos a bajo interés, que nosotros hemos pedido que sean créditos
a interés cero, de ningún modo aceptaremos que se puedan sustituir
más créditos por menos becas, que se puedan sustituir los créditos
por las becas. Es muy importante, señor Iglesias de Ussel, que quede
bien aclarado por su parte, porque es algo que preocupa enormemente a
los estudiantes universitarios españoles. Usted señalaba, y nosotros
compartimos, con orgullo que en nuestro país nuestros estudiantes
están a la cabeza de la Unión Europea en la utilización de las becas
Erasmus, pero aquí hay una sombra muy importante. Usted sabe también
que somos uno de los países que ocupa los últimos lugares del ranking
europeo en la cantidad de dinero de que disponen nuestros estudiantes
que disfrutan de una beca Erasmus y esto, desde luego, condiciona el
acceso a estas becas, lo condiciona de una manera definitiva.

Señor secretario de Estado, nos preocupa que no haya compromisos más
firmes en dos cuestiones, la que se refiere a la selectividad y la
que se refiere al distrito abierto. Ustedes durante el curso pasado
tuvieron que modificar dos veces la legislación sobre las pruebas de
acceso a la universidad. Desde nuestro punto de vista -y ya se lo
expresamos ahora- tendrán que volver a modificarla para que se pueda
garantizar la debida coordinación y la igualdad de oportunidades de
acceso de los alumnos al distrito abierto. Esta es una cuestión que
usted no ha señalado y que para nosotros también es muy importante.

El segundo gran eje de una necesaria e imprescindible reforma
universitaria en España es el que se refiere



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al nuevo esquema de profesorado. Usted, lamentablemente, como viene
siendo habitual en otros representantes de la administración
educativa, del Ministerio de Educación, en el campo de las
universidades, ha incidido otra vez en la endogamia. Sin embargo,
señor secretario de Estado, sobre esto, que se lo hemos escuchado en
la pasada legislatura a los dos ministros que ocuparon la cartera,
pero también a otros secretarios de Estado que le precedieron, hemos
podido ver cómo en esos cuatro años ustedes no tomaron ninguna
medida, a pesar de que lo hemos solicitado reiteradamente y hemos
tenido la oportunidad hace muy poco tiempo de señalar que en cinco
ocasiones se pidió en esta Cámara que el Gobierno afrontase la
reforma del título V de la LRU y, sin embargo, no hemos conseguido
que en ningún momento hubiese un apoyo por parte del Grupo Popular
y de que el propio Gobierno lo llevase a cabo. Bien es cierto, señor
secretario de Estado, que al final, muy al final de la legislatura y
ya muy in extremis, ustedes presentaron el programa de mejora,
estabilidad y promoción del personal universitario. Nosotros ya les
advertimos de las insuficiencias de este programa; todo programa de
mejora necesita una financiación, y también les advertimos de las
dificultades que se encontrarían al cargar la necesaria financiación
que comportaba el programa con cargo a los fondos de nivelación que
contempla el artículo 15 de la Lofca y que permitía situar 7.000
millones de pesetas para su cofinanciación con las comunidades
autónomas y con las propias universidades. Señor secretario de
Estado, usted sabe que este programa se aprobó va a hacer un año, en
diciembre de 1999 y, según los datos que obran en poder de nuestro
grupo parlamentario, ninguna comunidad autónoma ha firmado todavía
ningún acuerdo, ningún convenio para su puesta en marcha. Esto es
algo que nos preocupa y que da una idea de la parálisis
verdaderamente anquilosante en la que nos han situado y a la que no
vemos todavía ninguna solución.

Señor secretario de Estado, usted nos ha dicho que se modificará el
sistema de acceso del profesorado universitario y la composición de
los tribunales. Nos gustaría que en su réplica pudiese ampliarnos con
mayor precisión qué medidas concretas se van a poner en marcha en
este terreno.

El tercer gran eje sobre el cual queríamos que discurriera esta
comparecencia es el que se refiere a la calidad universitaria. Desde
luego, hoy no podemos sino concebir que la universidad española
necesita una modernización, usted lo ha señalado; es bien cierto que
los avances han sido importantísimos en lo que se refiere a la
reforma de los planes de estudio. Usted ha señalado también qué hay
que tener muy en cuenta la necesidad de flexibilizar para poder
adaptarlos a la declaración de Bolonia; usted ha hecho también
referencia a la próxima reunión en Praga, objetivos que nosotros
compartimos, sin lugar a dudas, y el objetivo de la excelencia
científica será algo por nosotros también
perfectamente compartido. Sin embargo, todo esto contrasta con
la parálisis que antes le señalaba. Señor secretario de Estado, usted
sabe que hay 200.000 millones de pesetas parados en proyectos de
investigación en las universidades españolas. No se ha dado ningún
paso, esto si no se desbloquea casa muy mal con los objetivos que
usted ha planteado aquí.

Compartimos -como no puede ser de otra manera- que ustedes ahora
también estén de acuerdo en la necesidad de fijar un sistema
contrastado de indicadores que permita establecer la medición de la
calidad de las universidades y su evaluación. Pero, señor secretario
de Estado, este grupo parlamentario en la legislatura pasada presentó
ya una proposición no de ley en este sentido para que se crease la
oficina estatal para garantizar precisamente el contraste y tener la
posibilidad de conocer y contrastar los indicadores de calidad en los
planes de evaluación de cada una de las universidades. El Grupo
Parlamentario Popular no apoyó esta propuesta del Grupo Parlamentario
Socialista. Nosotros, sin lugar a dudas, saludamos positivamente que
ustedes ahora recojan esa propuesta y esperamos que sea algo más que
una declaración de intenciones y que lo lleven ustedes a la realidad.

A nosotros, que compartimos la necesidad de una reforma de la LRU,
nos preocupa que usted no haya marcado hoy aquí un calendario, sobre
todo cuando ayer conocíamos, a través de todos los medios de
comunicación, cómo en la presentación del informe Universidad 2000
-por cierto, del que usted no ha hecho absolutamente ninguna mención,
lo que, sin duda, nos preocupa y esperamos que pueda aclararnos
alguna cuestión en su respuesta posterior- el presidente de la
Conferencia de rectores, en nombre de la CRUE, hacía un llamamiento
para que el Gobierno, a la mayor urgencia posible, presentase ya un
proyecto de reforma universitaria. Hoy, sin embargo, usted no ha dado
ninguna fecha, ningún calendario, bien es cierto que conocemos,
a través de las declaraciones de la señora ministra, que ustedes no dan
prioridad a esta reforma, sino que la retrasarán a lo largo del 2001;
otros portavoces del Partido Popular incluso lo retrasan al año 2002
ó 2003. Esperamos también que esto nos lo aclare.

Si hay unanimidad en alguna cuestión, además de en la necesidad y
urgencia de la reforma, es en la de establecer un plan de
financiación. Nosotros, señor secretario de Estado, no le hemos
escuchado ningún compromiso en este campo y, desde luego, es también
una cuestión unánime en todo el ámbito universitario, en toda la
sociedad española. Es una coincidencia de todos la necesidad de
mejorar el sistema de financiación de la universidad española.

Ha señalado usted que mientras que la participación de la
financiación de la universidad en el conjunto del PIB en España está
en el 1,1, la media de la Unión Europea se sitúa en el 1,6. Es verdad
que el indicador del gastopor alumno todavía no es el único que ha de
tenerse en



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cuenta, pero hay un dato que es importantísimo: nosotros todavía
estamos gastando 4.030 dólares por estudiante, mientras que en los
países más avanzados de la OCDE están en algo más del doble, es
decir, 9.830 dólares. La financiación es una cuestión esencial.

Cualquier reforma que se afronte para la modernización de la
universidad española, cualquier reforma que suponga más atenciones
a los estudiantes, mejoras en el capítulo de becas y una reforma del
estatuto del profesorado universitario, implica una financiación
adicional. De esa financiación adicional es de la que queremos que
haya compromisos por parte del Gobierno. Ninguna reforma será creíble
si no va acompañada de un compromiso presupuestario, de una
financiación suficiente.

Señor secretario de Estado, ha apelado usted al diálogo y al
consenso, ha apelado también a la necesidad de potenciar el Consejo
de Universidades. Indudablemente usted encontrará en el Partido
Socialista el apoyo que necesite para potenciar el Consejo de
Universidades. También encontrará diálogo en el Partido Socialista.

Pero, señor secretario de Estado, para nosotros es absolutamente
indispensable que cualquier reforma pase por un respeto fiel y
exquisito a la autonomía universitaria y que una conquista esencial
como ha sido la participación de toda la comunidad educativa en las
instituciones de gobierno de la propia institución universitaria
quede salvaguardada. Para nosotros esa es la piedra angular de la
cuestión.

Por último, señor secretario de Estado, sin duda habrá llegado hasta
usted la consternación que han producido en toda la comunidad
universitaria las declaraciones del ministro de Fomento en Ciudad
Real, que han sido recogidas por un medio de prensa de tirada
nacional, en las que se afirmaba que el señor Álvarez Cascos definía
a la universidad española como elefantiásica, esclerotizada, que era
conveniente liberarla de demagogos locales y que su objetivo debía
ser domesticar las emociones nacionalistas. Señor secretario de
Estado, como representante hoy aquí del Gobierno en materia de
universidades ¿comparte este análisis?



El señor PRESIDENTE: Grupos que desean intervenir. (Pausa.) Por el
Grupo Parlamentario de Coalición Canaria, tiene la palabra la señora
Julios.




La señora JULIOS REYES: En nombre de Coalición Canaria agradecemos al
señor secretario de Estado de Universidades su comparecencia y la
exposición de las líneas estratégicas de su área de responsabilidad.

Uniéndolo al punto anterior del orden del día en el que aprobamos la
proposición relativa a instar al Gobierno a que inicie los trabajos
de contacto con comunidades autónomas y agentes sociales implicados
para poner en marcha lo que es una nueva reforma de la LRU, quisiera
comentar algunos aspectos que nos parecen importantes, al hilo de lo
ya comentado por usted en su exposición.

Apostar por la educación y la cultura es una opción prioritaria para
nuestro grupo político. En ello nos va la base del futuro y del
desarrollo de nuestra propia sociedad. En este contexto la
universidad juega un papel importantísimo para impulsar y servir de
motor al desarrollo socioeconómico en general. Algunos de los
aspectos que quisiéramos plantear en el debate que se abrirá en torno
a la reforma van en torno a la línea de aspectos de mejora de la
calidad en la docencia y de la calidad en los aspectos de los
programas educativos. Quisiera hacer también una reseña en relación a
la necesidad de dotar a la universidad de un nuevo sistema de
financiación, que entendemos debe ser suficiente, pero también
estable.

Ahora mismo, en la Consejería de Educación del Gobierno de Canarias
estamos implicados en un proceso en este sentido. Entendemos que, si
bien estamos hablando de financiación suficiente y estable, también
es necesario que haya una contraprestación por parte de todos los
agentes que intervienen en la universidad en cuanto a la
corresponsabilidad. Tenemos que involucrarnos todos y entusiasmar a
los agentes que participan por una administración y una gestión
eficiente de los recursos. Hay que ligar estos objetivos de
financiación y de presupuestación a los objetivos de calidad y de
búsqueda de la excelencia científica y en general en todo lo que son
los productos de la universidad, tanto en el ámbito de la enseñanza
como en el de la investigación, como también al propio estilo de
relacionarse activamente la universidad con la sociedad.

Es necesario dotar a la universidad de una mayor capacidad y
habilidad para obtener financiación complementaria a la pública. En
ese sentido, creo que ya lo comentó en su comparecencia, es
importante ligar estos aspectos a que se desarrolle con urgencia lo
que significa la llamada ley de mecenazgo que, además de los aspectos
culturales, tiene una implicación importante con aspectos
relacionados con la universidad y con el I+D, fundamentalmente.

También creemos que es necesario apoyar e impulsar, dentro de los
mecanismos de financiación adecuados de la universidad, el
compromiso, no sólo de las administraciones autonómicas, sino de lo
que es la administración estatal y del Gobierno. Es importante
empezar a propiciar un debate en torno a los modelos de financiación
del sistema universitario en España. Dentro de una perspectiva
autonómica y descentralizada como es la realidad en la que nos
movemos en España, es necesario un incremento financiero importante
en la estructura del presupuesto, sobre todo en aquellos aspectos que
están ligados a la consecución de objetivos y resultados, es decir,
en los conceptos variables ligados a la productividad, y también en
lo que significa la aportación de los recursos propios desde la misma
universidad.

Dadas las circunstancias del desarrollo socioeconómico, de la
globalización en la que estamos inmersos, de la integración, del
desarrollo exponencial que están



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teniendo las tecnologías de la información, de la comunicación,
etcétera, queramos o no la universidad está abocada a ir creando un
contexto internacional de la enseñanza universitaria, y
fundamentalmente en nuestro contexto sería el europeo. Esto nos
obliga a todos a ponernos como objetivo que nuestras universidades
han de sentir la necesidad de ser competitivas. De lo contrario,
quedarán en un letargo que quizá profundizará en aspectos de
mediocridad, más que en aspectos de desarrollo y de progreso.

Quiero manifestar nuestra preocupación en cuanto a la necesidad de
dar impulso a las actividades de investigación y me gustaría que nos
aclarara la relación que habrá entre la universidad y el nuevo
Ministerio de Ciencia y Tecnología, que es una preocupación del mundo
universitario o, por lo menos, así se nos transmite. La creación de
este Ministerio ha sido una apuesta por impulsar la investigación en
ciencia y tecnología en España, pero sería importante conocer cuál va
a ser la relación de la universidad en su contexto para ir aclarando
ciertas incertidumbres.

Creemos que es muy importante estrechar los lazos con el mundo y con
el mercado laboral. Es importante dotar de flexibilidad a la
universidad para adaptar las titulaciones a las necesidades del
mercado de trabajo. Interesa igualmente propiciar las prácticas
universitarias en la empresa y en las instituciones públicas y
privadas.




En cuanto a la gestión y recursos humanos, consideramos que hay que
avanzar en el establecimiento de procedimientos que permitan evaluar
objetivamente la labor del profesorado. Habría que resolver el
problema del elevado número de profesores vinculados actualmente por
contratos precarios y modificar el sistema de acceso a los cuerpos
docentes -creo que ya se ha comentado-, buscando mecanismos que
adecuen los currículos, tanto desde el punto de vista docente como
investigador, de forma que se eviten ciertos problemas de endogamia
-también se ha dicho ya-.

El modelo de remuneración de los profesores constituye un elemento
clave para potenciar un sistema universitario competitivo. Es
importante ligarlo a incentivos y a objetivos de calidad. Ahora mismo
está abierto un proceso de debate y negociación en diversas
comunidades autónomas sobre los sistemas de retribuciones
complementarios ligados a objetivos de calidad y a indicadores de
productividad. Somos conscientes de que hay competencias sobre
aspectos retributivos que recaen hoy por hoy en el Estado, pero en
las comunidades autónomas se sufren los efectos financieros de
cualquier medida que se adopte. Por tanto, tiene que haber
colaboración y coordinación entre lo que se desarrolla a nivel de las
comunidades autónomas y lo que se hace en el Estado en materia
legislativa y de financiación. Desde luego, es necesario mejorar la
situación retributiva del profesorado en general en España; hace
falta un esfuerzo por parte de todos, pero también
habría que complementar la financiación transferida por el Estado a
las comunidades autónomas por los avances en las mejoras retributivas
del profesorado.

Sobre los estudiantes universitarios, además de lo ya dicho sobre el
espacio internacional de la enseñanza universitaria y la
competitividad que debe ir adquiriendo, estamos de acuerdo en
desarrollar el distrito abierto en el Estado español. Previamente,
habría que dotar a las universidades para ponerlas en unas mínimas
condiciones de partida desde el punto de vista de la financiación
y de la calidad. Antes de desarrollar el distrito único, se necesitan
medidas de apoyo y medidas compensadoras para los estudiantes que se
encuentran en zonas geográficas alejadas, es el caso de Canarias. Los
estudiantes canarios asumen un mayor coste para poder trasladarse a
otras universidades del resto del Estado. Quizá hay que desarrollar,
sin menoscabo de que se incrementen las líneas de becas que usted ha
comentado, otras líneas como pudiera ser la de las becas-préstamo. En
este sentido creemos que hay experiencias importantes en el ámbito
europeo, también en el ámbito de nuestra comunidad autónoma, ya que
nuestros cabildos tienen una trayectoria de utilización de este
concepto de becas-préstamo para la movilidad interinsular y también
hacia la península. Nos parece que es importante profundizar en eso.

Nos gustaría conocer su opinión -aunque creo que ha manifestado algo
en este sentido- sobre la necesidad de una mayor dotación para las
políticas compensatorias, para la movilidad de nuestros estudiantes
en el ámbito europeo, porque actualmente creemos que son
insuficientes y se necesita un impulso por parte del Estado.

Creo que me he pasado algo del tiempo. De todas formas, quiero
agradecer nuevamente su comparecencia y esperemos que, tal como se ha
aprobado hoy en una proposición en esta Comisión, podamos entre todos
propiciar un consenso que permita que sin traumas pero sí con un
desarrollo acelerado, por así decirlo, nuestra universidad pueda
dotarse de los marcos legislativos y financieros necesarios para
afrontar los nuevos retos.




El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència
i Unió), tiene la palabra el señor Guardans.




El señor GUARDANS I CAMBÓ: Señor secretario de Estado, muchas gracias
por su intervención que ha sido efectivamente como se planteaba en la
petición de información a esta Comisión. Por tanto, desde mi Grupo
tampoco le voy a hacer ni una valoración de lo que es el diagnóstico
de la universidad española ni muchas preguntas sobre el contenido
concreto de la intervención, porque efectivamente cada uno de los
puntos, de los objetivos, de las medidas, habrá que irlas discutiendo
cuando se conviertan en medidas legislativas



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concretas, al hilo de la propuesta de la ley de reforma universitaria
que en su momento esperamos que venga a esta Cámara.

Nosotros compartimos en muy buena medida el conjunto del diagnóstico
que ha formulado y también las medidas que ha planteado, aunque es
cierto que más bien ha apuntado hacia dónde tienen que ir, sin que
quede muy claro exactamente cómo se van a plantear ni mucho menos el
calendario. Ahí también pediría - como hacía la portavoz del Grupo
Parlamentario Socialista- un poco más de precisión sobre el cómo y
sobre el cuándo; sobre todo sobre el cuándo, sobre el cómo entiendo
que en cuanto que hay que hablarlo -lo comentábamos antes en un
debate al hilo de una proposición no de ley del Grupo Parlamentario
Popular- con las comunidades autónomas, hay que hablar todavía mucho
con la comunidad universitaria, es cierto que algunas de las medidas
que ha planteado las ha dejado bastante abiertas, cuando ha hablado
de la endogamia, del colesterol bueno y el colesterol malo - comparto
eso, pero no encontramos precisión en esas palabras-, medidas sobre
publicidad, reforma de los tribunales, etcétera por poner unos
ejemplos. Hasta ahí estaríamos todos de acuerdo. Cuando ya vamos al
paso siguiente de concretar la propuesta que el Gobierno va a poner
sobre la mesa, vamos a ver si coincidimos y si eso lo acepta
pacíficamente la comunidad universitaria.

Precisión sobre el cómo, no; un poco más de precisión sobre el
cuándo, quizá sí. Nos consta la voluntad de diálogo con la comunidad
universitaria, con los rectores, con los profesores, con el personal
y con las propias comunidades autónomas que tiene la Secretaría de
Estado. Sobre eso, aplicamos una presunción positiva, presunción que
esperemos no tenga que venir otro ministro que tendría que estar
pronunciándose sobre la situación de los transportes o sobre las
inversiones en los trenes de alta velocidad y al que de vez en cuando
por lo visto le da también por pronunciarse sobre el estado de la
universidad española. Yo animaría a que se clarifique un poco este
tema y a que sepamos que los portavoces del Gobierno, cuando tienen
que pronunciarse sobre el estado de la universidad, proceden del
Ministerio de Educación y a ellos nos referiremos. Porque yo no le
voy a imputar a usted las cosas que diga otro ministro por ahora,
pero, si se empieza a generalizar que hay otras voces del Gobierno a
las que les da por hacer juicios, que nos parecen temerarios y
bastante superficiales, sobre el estado de la universidad, entonces
habrá que empezar a contestar, cosa que en este momento no haré.

Digo, pues, que mi interés particular como portavoz será hoy escuchar
el conjunto de su intervención. Yo le subrayaría dos afirmaciones,
que las hago especialmente mías, de mayor calado o profundidad. La
primera, destaco que la universidad no es hoy una gran fábrica de
parados, y son muy importantes las cifras que ha puesto usted sobre
la mesa. Y la segunda, que, sin ocultar
ni uno solo de los problemas que tiene la universidad planteados
en este momento, que son los que usted ha dicho y quizá alguno más,
pero que son básicamente los que han aparecido ahí y los que con
mucho más detalle aparecen en el espléndido informe Bricall, son
problemas de crecimiento, y eso también es muy relevante en términos
de percepción por parte de la sociedad española. No son problemas de
parálisis, no son problemas de un cuerpo enfermo; son los problemas
de un cuerpo que crece y que, en la medida en que crece, necesita un
reajuste de toda su estructura. Eso me parece que en términos de
imagen de la corporación académica, en términos de prestigio de la
propia institución universitaria es un mensaje que hay que transmitir
a la sociedad. Porque todos dedicamos mucho tiempo a insistir en que
la universidad tiene problemas muy graves y venimos repitiendo la
necesidad de una nueva ley de reforma universitaria, de afrontar esos
problemas, pero, a veces, podemos con ello contribuir a dar la
sensación de que la universidad española está patas arriba, y no es
verdad. La universidad española no está patas arriba, tiene un montón
de problemas que derivan precisamente de su propio éxito, de su
propio crecimiento y de la propia situación en la que se mueve, el
propio marco europeo en el que estamos, etcétera. O sea, cada uno
tiene su propio diagnóstico, pero el diagnóstico en conjunto -y lo
comparto absolutamente con el secretario de Estado- no es fruto de la
parálisis, sino del crecimiento.

Le matizaría ciertas cuestiones brevemente: en primer lugar, la
preocupación que tiene mi grupo por el acceso a la universidad a los
mayores de 25 años. Es un tema sobre el que no se ha pronunciado,
pero sobre el que le pediría que tomara nota; si puede adelantar
alguna cosa, también se lo agradeceré, pero si no, cuando menos, le
pido que tome nota de ello, porque ese es un asunto en el que en este
momento falta seguridad jurídica, no hay claridad normativa y además
hay situaciones concretas de perjuicio para las personas afectadas
que, por pura razón estadística, social, sociológica -utilícese la
expresión que se quiera- son mayoritariamente mujeres. Por tanto,
cuando estamos hablando del acceso a la universidad de los mayores de
25 años, de hecho, estamos hablando del acceso a la universidad de
mujeres que, en su momento, no accedieron; en teoría, también de
varones, pero estadísticamente, las solicitudes de acceso a la
universidad de mayores de 25 años son mayoritariamente de mujeres,
amas de casa, que deciden reincorporarse a la universidad, empezar
estudios universitarios que, en su momento, por razones sociológicas,
no iniciaron. Ahí hay una serie de problemas evidentes, tampoco todo
el mundo puede entrar en la universidad ni se puede discriminar o
llegar a agravios comparativos con respecto a los alumnos que acceden
a la universidad por el cauce normal. Pero lo cierto es que ese
problema crece, hay cada vez mássolicitudes; hay unas reservas de
plazas que se calcularon



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en función de las solicitudes que existían y que este año han
provocado graves distorsiones, porque esas reservas de plazas no se
han correspondido por primera vez en muchos años (no me atrevo a
decir primera vez en el total, respecto a siempre, pero, en todo
caso, respecto a muchos años) con lo que era habitual. Por primera
vez hay una serie de personas que habiendo aprobado los exámenes de
acceso para mayores de 25 años se han quedado sin poder entrar en la
universidad, provocándose distorsiones. Por consiguiente, tendríamos
que ir a algún tipo de prueba que permita su entrada con el debido
respeto a la autonomía universitaria con absoluto respeto a la
autonomía universitaria, sin introducir discriminaciones respecto de
las personas que legítimamente aspiran a entrar en la universidad;
hay un juego con las plazas. Es lógico que haya una reserva y un
límite de plazas, pero hay que estructurar mucho mejor esas pruebas
de acceso de los mayores de 25 años, la movilidad entre los que han
aprobado el acceso a la universidad para que puedan entrar en la otra
universidad -hablaba el secretario de Estado de movilidad, y también
debe regir aquí- y, por tanto, esto precisa algún tipo de norma
nueva, de regulación nueva.

Hay un punto preciso sobre el que le quería preguntar, ya que me
consta que en este momento no hay acuerdo con las distintas
comunidades autónomas y en concreto con la que más conozco, que es la
catalana, y es el convenio para la promoción de la estabilidad del
profesorado. Sé que existe falta de acuerdo y, si puede hacerlo en
este momento, me gustaría que desarrollara un poco ese punto.

Comparto alguna de las preocupaciones del Grupo Socialista en materia
de becas y, por tanto, en términos presupuestarios. No digo que haga
mías el cien por cien de sus palabras, pero sí la sensibilidad y
alguno de los planteamientos. No los voy a reiterar, pero sí quiero
manifestar que hago propias buena parte de esas palabras y que
tampoco tenemos un acuerdo claro en materia de transferencias. Desde
Cataluña venimos solicitando la transferencia del sistema de becas,
pero falta llegar a un acuerdo. Sé que hay una propuesta planteada,
pero no ha sido aceptada. Como digo, ese es uno de los temas en el
que en este momento no hay acuerdo.

Finalmente, quería hablarle de la frontera, en el marco de la
investigación, entre su Ministerio y el Ministerio de Ciencia y
Tecnología. Ese es un asunto que nos preocupa y que habrá que seguir,
ya que hay que tener cuidado de que no se produzca alguna distorsión
por el hecho de que, en cierto sentido, la investigación se supone
que está ahí, pero las universidades están en otro Ministerio. Eso,
en teoría, puede funcionar muy bien, pero en la práctica no. Ahora le
propondré otro ámbito muy concreto, en el que quizá se podría hacer
un poco más de lo que se hace, el ámbito de la cooperación
internacional. Desde el mundo universitario, como en tantos otros
frentes, también se contribuye
-y no digo se puede contribuir, sino que lo digo en presente- a la
acción de la cooperación exterior española. Hay programas generosos e
importantes -generosos incluso en términos personales- de algunas
universidades catalanas, por ejemplo, con universidades del norte de
África, de Marruecos, y que son programas que están arrancando, fruto
de su propia iniciativa, con una cierta colaboración con la Agencia
Española de Cooperación Internacional. Yo me pregunto -y no vea
crítica en mis palabras, porque simplemente pongo un tema sobre la
mesa para que lo tenga en la agenda- hasta qué punto su Ministerio,
el Ministerio de Educación, Cultura y Deportes, podría contribuir,
podría apoyarlo un poco más o, por decirlo de alguna forma,
impulsarlo un poco más; es decir, que sea algo que no nazca
simplemente de la iniciativa de tal rector o de dos o tres rectores.

Por ejemplo -le cito un caso concreto-, en el marco del Instituto
Catalán del Mediterráneo se decide firmar un acuerdo con
universidades marroquíes, viene el ministro de Educación marroquí a
Barcelona, se llega a un acuerdo, etcétera. Todo eso está muy bien,
pero a lo mejor se puede hacer más; a lo mejor, en el caso catalán ya
hacemos todo lo que se puede; no lo sé, creo que no, pero, en todo
caso, estoy seguro de que en el resto de las universidades españolas
se puede ir un poco más allá y alguien tendrá que impulsar, sugerir o
poner sobre la mesa determinadas iniciativas con recursos que
probablemente tendrán que proceder de la AECI (la Agencia Española de
Cooperación Internacional), pero que tendrán que ser coordinados,
impulsados o promovidos en buena medida desde su Ministerio. Insisto
en que aquí no hay una crítica, no les estoy diciendo que no hagan
esto o lo otro, simplemente les sugiero que tengan en cuenta ese
frente: la cooperación universitaria, no sólo en una faceta ya
bastante evidente, que es la atención que dan las universidades
españolas a personas con becas procedentes de otros países o con
becas de la propia Agencia Española de Cooperación, como en el caso
de sudamericanos, norteafricanos o gente de otros países europeos,
por ejemplo, del este de Europa, sino que me refiero a la acción
exterior de las propias universidades españolas, que puede tener, y
la tiene, una enorme repercusión en algunos países, por ejemplo -cito
el caso que más conozco-, Marruecos.

Como ve, no he querido abundar en el diagnóstico, complementar el
diagnóstico de la situación universitaria y lo único que le rogaría
es mayor precisión sobre cuándo vamos a discutir una ley de reforma
universitaria, un texto articulado con unas propuestas o, por lo
menos, unas reuniones de trabajo para ir a la redacción de ese texto
legislativo.




El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la
palabra el señor Guerra Zunzunegui.




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El señor GUERRA ZUNZUNEGUI: Mis primeras palabras en nombre del Grupo
Parlamentario Popular son para dar la bienvenida al profesor Iglesias
y congratularnos asimismo por la amplia exposición que hoy ha
efectuado ante esta Comisión.

El diagnóstico es el que es y, por lo tanto, no lo voy a repetir,
pero he anotado dos temas, uno por preocupación y otro en el sentido
de pregunta. La preocupación es que casi el 50 por ciento de los
alumnos que ingresan en las universidades no terminan sus estudios,
es decir, no se licencian o diploman. Eso significa que en la
universidad hay algo que debemos mejorar, como bien ha dicho el señor
secretario de Estado. El otro tema que tengo anotado porque me llama
la atención se refiere al número de estudiantes colocados; encuentra
empleo un porcentaje mayor de diplomados que de licenciados. Me
gustaría conocer la opinión del señor secretario de Estado pero me
parece que eso indica que no sólo en España, sino también en el
entorno europeo, hay un gran número de estudiantes que se dirigen
hacia las diplomaturas de tres años porque les facilita el trabajo;
luego, una parte de esos estudiantes sigue con la licenciatura e
incluso algunos hacen el doctorado.En cuanto al número de
doctorandos, he anotado que España también está a la cabeza, junto
con Finlandia, que es un país pequeño y con características
diferentes al nuestro. Este porcentaje puede venir porque hasta ahora
en España se entendía que los que estudiaban el doctorado lo hacían
exclusivamente o en gran mayoría para seguir luego la carrera
docente, cuando es cierto que en la mayor parte de las universidades
de Europa y en las americanas el tercer ciclo, el doctorado, no se
dirige exclusivamente a los que quieren seguir la carrera docente
sino fundamentalmente para conseguir mayor preparación. Pero la
empresa española todavía no evalúa mejor a aquellas personas
universitarias que tienen el doctorado.

En los objetivos estamos totalmente de acuerdo, fundamentalmente en
la mejora de la calidad, movilidad e inserción europea. Muchas veces
hemos dicho, y lo ha repetido el señor secretario de Estado, que en
cuantificación ya tenemos número suficiente, que además irá bajando
por el problema de la natalidad. Pero ha mejorado la calidad de
nuestras universidades, desde la gestión hasta la financiación,
pasando por otros aspectos que nos ha indicado el secretario de
Estado. En I+D, es decir, en investigación, el 80 por ciento lo
aportan las universidades españolas. Es un dato positivo aunque
quizás aquí tengamos que alentar, como ha dicho el secretario de
Estado, a una mayor participación de la empresa y de la sociedad
independientemente de la universidad.




En cuanto a las becas, indudablemente celebramos el anuncio que nos
ha hecho el secretario de Estado de que en el presupuesto que va a
entrar en la Cámara en los próximos días van a aumentar en cifra
considerable los importes destinados a las mismas, sobre todo para
las de movilidad. Compartimos exactamente lo que ha dicho el
secretario de Estado así como lo que ha indicado la ministra en
diferentes declaraciones respecto de la necesidad de movilidad de
estudiantes de unas universidades a otras. No tiene razón de ser que
en el programa Erasmus seamos el segundo país de Europa en número de
estudiantes y en cambio la movilidad entre las universidades en
nuestro Estado sea muy baja. También estamos totalmente de acuerdo y
celebramos, aunque aquí no se haya dicho por parte de los grupos, que
en la UNED haya un aumento de recursos. Es la única universidad,
exceptuando la Menéndez Pelayo, que depende del Ministerio y nos ha
hablado de aumento sensible, lo que celebramos porque indudablemente
la Universidad a Distancia en estos momentos tiene alrededor de unos
140.000 estudiantes. Especialmente es así por aquellos estudiantes
que están en ella bien porque estén trabajando o porque quieran hacer
una segunda carrera, pero no por otros que van a la Universidad a
Distancia porque no han podido entrar en las facultades que ellos
solicitaban por problema de notas.

Señor secretario de Estado,nos ha producido satisfacción lo que
respecta a los préstamos a bajo interés. Aquí sí quiero indicar algo,
porque he oído a algún grupo parlamentario que ha intervenido que
pide interés cero. En nuestro país, y en general fuera tampoco, el
interés cero, lo que se regala, no es conveniente. Hay que poner un
interés bajo pero que el estudiante sepa, en definitiva, lo que le
aporta la sociedad y algo de lo que él tiene que restituir, mediante
los créditos al honor, etcétera. Por cierto, estos créditos a bajo
interés no existieron hasta la legislatura pasada y, por eso, nos
congratula que el nuevo equipo indique la necesidad de aumentarlos,
así como el éxito que los mismos han tenido en las entidades de
crédito que han participado en estos préstamos sin interés.

En lo que respecta a la selección de profesorado, etcétera, estamos
totalmente de acuerdo en que eso se tendrá que plasmar en el proyecto
de ley de la nueva ley universitaria y es indudable que arrastramos,
por la propia LRU, un problema con los asociados a tiempo parcial.

Hemos dicho muchas veces que en la propia Ley de Reforma
Universitaria el espíritu era que los asociados a tiempo parcial
fueran profesionales de éxito, para mantener a esos profesionales en
la universidad. Doy un ejemplo que conozco. Si en el actual despacho
de Garrigues -actualmente ya no está el profesor Garrigues al frente-
hay ilustres abogados, que los hay, que quieren estar en contacto con
la universidad y a su vez es conveniente que la universidad esté en
contacto con esos ilustres profesionales sería bueno ese acuerdo
(esto puede aplicarse a medicina, etcétera). Es indudable que ese era
el espíritu. Después se añadió que a tiempo parcial o a tiempo
completo, y coincido con el secretario de Estado cuando indica que
especialmente en los de tiempo completo se ha utilizado por parte de
las universidades un profesorado barato. Ya ha



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anunciado el secretario de Estado que todos estos temas se tienen que
contemplar en la nueva ley universitaria. Respecto a ella quiero
decir algunas cosas para que queden claras. Las recientes
manifestaciones de este portavoz han sido que podría estar en vigor
en los años 2002 ó 2003. Tengamos en cuenta que un proyecto de esta
naturaleza y de este calado sin duda primero tiene que llevar a cabo
-como se ha indicado- las reuniones con las comunidades autónomas,
luego con todo el mundo universitario (profesorado, sindicatos,
etcétera) y, por fin, tiene que venir ese proyecto aquí, que como ha
dicho la señora ministra en el 2001 puede llegar. Pero no olvidemos
que un proyecto de esa importancia llevará cuatro, cinco o seis
meses, más después dos meses en el Senado, etcétera. Por tanto, ojalá
que en el 2002 esté en vigencia. El compromiso del presidente de
Gobierno en el discurso de investidura fue que estaría en esta
legislatura. A veces oímos a algunos portavoces decir que ya deberían
estar aquí. El Grupo Popular cumplió todo su programa en la
legislatura anterior, y esto es algo que debe hacerse a lo largo de
la legislatura.

Finalmente, señor presidente -y esto no tiene relación con el
secretario de Estado-, cuando se hacen aquí citas, especialmente de
un ministro, y máxime siendo diputado y por tanto no pudiendo estar
en esta Comisión, hay que hacerlas dentro del contexto. Voy a
aclararlo, porque algunos portavoces no conocen este tema. El
ministro de Fomento fue invitado por el director de la Escuela de
Obras Públicas de Ciudad Real, don José María Ureña -magnífico
rector-, a la inauguración del curso. El noventa por ciento de su
intervención fue sobre temas técnicos: autovías, autopistas, trenes
de alta velocidad, etcétera. Pero al comienzo de su intervención hizo
una cita del profesor Víctor Pérez Díaz, en una conferencia en
Santiago de Compostela, que decía, y cito textualmente: Un nuevo
diseño en la vida universitaria para que se puedan consolidar
experiencias prácticas cotidianas de distancia, libertad,
autodisciplina, comunicación, competición y cooperación, sobre las
cuales se pueden construir los hábitos correspondientes, cuyo
resultado sería eventualmente la formación de un carácter de gentes
libres. Esto lo decía el ministro de Fomento en el sentido de que, a
su juicio, y como persona que ha pasado por una escuela técnica, como
es la de obras públicas, no solamente es importante la formación
técnica de los universitarios, sino también la formación humana,
cualquiera que sea la elección de su carrera. Luego hacía una
comparación con las principales universidades americanas. Por ejemplo
en Boston -que yo conozco personalmente-, la Universidad de Harvard
tiene 18.000 alumnos y el MIT tiene 9.900 alumnos. Eso lo comparaba
con algunas universidades españolas que sufren una elefantiasis, como
la Universidad Complutense, que tiene 83.000 alumnos de licenciatura,
25.000 alumnos de licenciatura en centros adscritos y 6.500 alumnos
de postgrado. Para que quede reflejado en el «Diario de Sesiones»,
decía concretamente: Con estos simples datos -haciendo referencia a
la comparación entre universidades americanas y universidades
españolas-, da escalofríos escuchar a los que defienden la
continuidad del elefantiásico modelo universitario actual. Sólo los
datos de la Universidad Complutense….etcétera. Me van a perdonar el
secretario de Estado, puesto que éste no es un tema exacto de su
comparecencia, y el señor presidente, pero quería aclararlo para que
no se saquen de contexto las manifestaciones que hace un ministro
cuando inaugura un curso en una escuela técnica, como es la Ciudad
Real.

Finalmente, quiero dar las gracias al señor secretario de Estado y
rogarle que esta no sea su última comparecencia. Sin duda se
sucederán sus comparecencias a lo largo de esta legislatura, cosa de
la que nos congratularemos, ya que siempre que un grupo ha pedido la
comparecencia del señor secretario de Estado él ha venido. Como no
faltaría más, tienen usted y el Ministerio el apoyo absoluto del
Grupo Popular en esos objetivos que se ha fijado y que nos ha
expuesto.




El señor PRESIDENTE: Para contestar a los grupos parlamentarios,
tiene la palabra el señor secretario de Estado.




El señor SECRETARIO DE ESTADO DE EDUCACIÓN Y UNIVERSIDADES (Iglesias
de Ussel): Quiero comenzar mi intervención agradeciendo muy
sinceramente todas las observaciones que se me han hecho llegar,
porque evidentemente todas las críticas van a enriquecer mi
conocimiento de los asuntos y el tratamiento que haga de los mismos.

Voy a intentar responder a todas las observaciones de las que haya
podido tomar nota, aunque algunas de ellas son transversales, puesto
que han sido tocadas por varios de los señores y señoras
intervinientes, aunque con distintos perfiles. En ese sentido, las
contestaré con carácter general al principio y después haré los
matices necesarios en cada caso.

Una cuestión que me parece bastante central es la del calendario de
la reforma. Evidentemente, el programa que he expuesto aquí es de
actividades de la Secretaría de Estado, que sobrepasa ampliamente la
Ley de Reforma Universitaria. Por consiguiente, una buena parte del
paquete de medidas está en marcha, incluso hay algunas ordenes
ministeriales correspondientes que ya están firmadas por la ministra.

Por tanto, las actuaciones que componen el paquete de la Secretaría
de Estado están todas en marcha. La reforma específica, que es una
parte de la actividad de la Secretaría de Estado, la reforma de la
legislación vigente en materia de la LRU tiene un calendario
específico. Es un calendario conocido y, aunque pueda haber más o
menos preocupación al respecto, es bastante público porque la
ministra de Educación, Cultura y Deportes lo anunció



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aquí mismo en su comparecencia y dijo que esa medida se abordaría en
la primera mitad de la legislatura.

De los calendarios que se han mencionado, un calendario en el que
pudiera estar vigente la norma y que entre en las próximas sesiones
parlamentarias me parece realista, porque el escenario que
contemplamos es la finalización de su trámite en dos años como
máximo. En ese sentido, no ha habido ningún propósito ni ningún
objetivo de parálisis de esa reforma porque es un elemento
importante, aunque a mi manera de ver no es un elemento decisivo ni
suficiente. No creo en el poder traumático ni curativo de una nueva
ley de reforma universitaria, pero hay que hacerle un nuevo traje a
la vida universitaria con rapidez, y así se va a emprender en la
primera mitad de la legislatura; esperemos que esté todo resuelto en
ese tiempo en esa materia específica. El conjunto de medidas que he
ido adelantando tienen carácter inmediato, y en muchos casos, como ya
he mencionado, ya están firmadas las correspondientes órdenes
ministeriales.

Otro aspecto sobre el que ha habido varias intervenciones, no sólo la
de la portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, es sobre la falta
de concreción. Es difícil articular una exposición que tenga un
tiempo razonable y sobre la que podamos llegar a unos perfiles
absolutos de concreción. En algunos puntos determinados ya existe, al
menos en las medidas. Quiero mencionar una que preocupa claramente a
SS.SS, la reforma del sistema de acceso al profesorado universitario.

Se ha anunciado media docena de puntos concretos, sin poder
desarrollarlos aquí, como la modificación de las pruebas de acceso,
es decir, los ejercicios; la regulación restrictiva de los perfiles;
la mejora de la publicidad de las convocatorias; la composición,
requisito de pertenencia y formas de designación de los tribunales,
etcétera. Hay un grado de concreción de las medidas que permiten
comprender las propuestas, que van a ser ejes de negociación por
parte del Ministerio. En ese sentido, tanto en la concreción como en
la temporalización del calendario, hay en mi intervención, respetando
opiniones contrarias, un nivel suficiente para hacer una
comparecencia soportable en términos temporales.

En materia económica S.S. había planteado la política de becas,
concretamente la política de la sustitución de créditos por becas.

Eso no es un objetivo del Ministerio ni está en el escenario; ambas
tienen que crecer autónomamente, tanto la política de becas como la
del incremento de créditos, pero en ningún caso una está sustituyendo
a la otra. Son dos escenarios que deben tener vitalidad propia y
desarrollo autónomo. En la política de becas -comparto una de las
dimensiones que el Ministerio y la sociedad española tienen que
hacer- hay que hacer un esfuerzo sustantivo y sostenible porque hay
que incrementar la cuantía de las ayudas públicas; no sólo eso, sino
que hay que mejorar bastante la política de información y no sólo me
refiero a las becas de carácter público. A través del Consejo de
Universidades vamos a hacer un esfuerzo para posibilitar la
divulgación del enorme número de instituciones de todo tipo -en
algunos casos son públicas (ayuntamientos) o semipúblicas (cajas de
ahorros, etcétera)- que ofrecen becas, y tal vez por una cierta
opacidad su existencia no llega a los destinatarios más necesitados.

Vamos a hacer una política -a ver si responden las instituciones
privadas- que impulse la divulgación de los enormes esfuerzos
realizados por multitud de instituciones u fundaciones para que las
personas que más lo necesiten tengan acceso al conocimiento de esas
becas. En todos los escenarios de la vida universitaria -acceso,
movilidad interior, movilidad exterior e igualmente posgraduado- el
Ministerio va a hacer un esfuerzo sostenible de incremento porque es
una necesidad instrumental básica no sólo de la justicia social, sino
también de la consolidación del sistema universitario.

He querido contemplar con optimismo el crecimiento del número de
alumnos del sistema universitario y creo que no he dejado traslucir
ninguna crítica. Es más, he dicho que es un avance sustantivo, un
cambio verdaderamente revolucionario que tan alto número de alumnos
haya accedido a la universidad. No tengo una óptica negativa, otra
cosa distinta es si el sistema universitario ha ofrecido a estos
alumnos la suficiente calidad, rigor y orientación. Hasta el momento,
tengo algunas dudas y creo que hay que hacer un esfuerzo sostenible,
pero el hecho en sí mismo es estupendo, lo cual no quiere decir que
la pirámide educativa española no sea atípica en relación con la de
sistemas educativos de otros países europeos. Lo cierto es que se
trata de un avance positivo para la sociedad española y que hace
falta ofrecer al porcentaje tan alto de alumnos que acceden a la
universidad y continúan sus estudios universitarios los niveles de
calidad y de rigor a los que tienen derecho y que se necesitan en un
escenario de integración europea.

Comentaba S.S. que yo había incidido en la endogamia. Más bien me he
desmarcado porque es un problema muy complejo, largo y sería
conveniente debatirlo en un seminario o curso de verano o invierno.

Justamente he hablado de la necesidad de que el sistema público
establezca unos mecanismos que posibiliten que los márgenes de error
-y no digamos los márgenes de injusticia- que se puedan producir en
la selección del profesorado no aparezcan. He querido transmitirles
que el sistema público debe ofrecer unos mecanismos que posibiliten
la selección de los mejores. Hacia ese camino van orientados los
criterios de la reforma, lo que hace falta es mejorar todos los
mecanismos de selección de candidatos en todos los casos. Luego, que
sean del mismo sitio o de otro, es algo accesorio en sí mismo,
aunque, naturalmente, hay que partir de la base de que a las
universidades les conviene el flujo humano. La responsabilidad
pública se debe centrar en facilitar que, con carácter habitual, el
sistema seleccione a las mejores personas sin preguntar su procedencia



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geográfica ni su destino, problema ajeno. Ahí es donde tenemos que
incidir. La notoriedad del problema de la endogamia puede producir el
ocultamiento de otros más sustantivos que son los que el sistema
público debe abordar. Además -lo digo explícitamente-, no creo que
toda la endogamia sea mala. Hay endogamia que es buena y positiva
para la universidad. Si una universidad, un grupo de investigación o
una facultad han promovido que sus mejores universitarios hayan ido a
los mejores centros universitarios del mundo, hayan conseguido las
mejores becas y tengan una óptima calidad, no veo cuál sería la
ventaja para el sistema decirle a ese candidato excepcional que se
vaya necesariamente a otro sitio. Eso rompería equipos de trabajo. Lo
que hay que buscar es la competitividad y la calidad, no tanto la
ubicación geográfica o regional, que puede ser un problema accesorio,
y para lo cual vamos a cambiar los sistemas de selección del
profesorado.

En cuanto a la endogamia, el debate está planteado mal socialmente,
al final de la carrera universitaria, que es donde hay preocupación
social en la selección de los catedráticos, y donde los márgenes de
maniobra son reducidos por circunstancias muy diversas. Donde
probablemente hay que favorecer la no endogamia es al principio, no
al final, cuando se tiene un profesor en formación, promovido con
becas. Las universidades van a tener que empezar a contemplar unos
alicientes económicos dentro de la política de recursos humanos
porque las ventajas que ofrece la movilidad de profesores hoy en el
sistema universitario son muy escasas al final de la carrera
académica. Habría que situar la problema de la endogamia al
principio, no al final. Esa cuestión tendría incidencia en la
endogamia en cuanto a la no selección de los mejores; en ese sentido,
sí que ha tenido una incidencia muy grave en el sistema
universitario. En una perspectiva de futuro, lo que hay que impulsar
no es la movilidad geográfica del profesorado como tal a la hora de
las oposiciones, sino que hay que primar y garantizar de una manera
más notoria la selección por la calidad por los mecanismos que he
mencionado entre otros. Una de las medidas que tenemos prevista es
mejorar los conductos que nos ha mencionado de la carrera
universitaria, que están muy compartamentalizados por el momento.

En el sistema de indicadores de universidades está trabajando el
Consejo de Universidades. Nosotros vamos a seguir respaldando la
actuación del citado Consejo de Universidades no sólo en su
elaboración, que lo tiene muy adelantado, sino que también vamos a
promover universidades dinámicas de cumplimiento hacia los umbrales
medios de cada uno de esos indicadores.




Me significaba también que no había hecho mención al informe 2000,
elaborado por la CRUE. Por respeto al Congreso de los Diputados,
hasta que no se presente ese informe aquí no me parecía oportuno
hablar de él, pero no tengo inconveniente en decir que me parece
muy positiva su existencia ya que como tal informe (es obra de muchas
personas y muchas manos) tiene estilos y contenidos diferentes,
aspectos de mayor y menor calidad, con algunos me siento más cercano
y con otros me encuentro más distante. Socialmente su mera existencia
es un elemento sin lugar a dudas positivo. Analizándolo en una sesión
monográfica probablemente aflorarían muchos aspectos en los que, como
comprenderá S.S., no creo que deba entrar, aunque no hay problema por
mi parte. Insisto en que es bueno que esté disponible para la
sociedad española. La lástima es que solamente haya uno que no se
haya seguido el modelo de los informes análogos, inglés o francés, en
cuanto a su propia elaboración, pero eso no significa una matización
respecto a su contenido sino todo lo contrario, que podría hacerse
otros con otras características. Comparto el juicio general de que la
financiación es un elemento esencial de la reforma del sistema
universitario, pero tengo que añadir que si no cambiamos otros
elementos no cambiaría mucho el sistema. Ya sé que S.S. no se estaba
pronunciando por un sistema. Hay que adoptar un conjunto de medidas
y, en un engranaje entre ellas, el incremento de la financiación, y
todo eso en conjunto servirá para mejorar la efectividad y la
eficiencia de la actuación del sistema universitario, porque en
muchas ramas no estamos peor que otros países. Hay ramas de
investigación y de trabajo en las que las inversiones son
extremadamente altas y costosas, pero en otras como equipamientos,
disponibilidades, etcétera, no estamos mucho peor que otros países,
lo cual no obsta para que en conjunto el sistema requiera recursos
a todos los niveles, tanto para profesorado como para becas e
instalaciones.

Uno de los peores eslabones del sistema universitario español son las
bibliotecas, que no se han mencionado aquí. Probablemente es lo que
más nos distancia de los niveles medios en el mundo desarrollado y en
universidades punta. Evidentemente el sistema necesita financiación
como el oxígeno. El Ministerio va a asumir sus responsabilidades en
esta materia con una voluntad de entendimiento, de acuerdo, de
negociación y de acertar entre todos en el respaldo de una política
seria de mejora de la calidad, para lo cual esperamos el apoyo de
todos los grupos, porque estamos ante una institución que no está
fácilmente sometible a los vaivenes por el bien del país. No sé si
con eso contesto a todas sus intervenciones. Si no, me lo hará saber
S.S.en la réplica.

Respecto al Grupo de Coalición Canaria, me ha indicado su portavoz
varios aspectos que querría mencionar. Comparto su juicio sobre la
necesidad de que las universidades sean competitivas. No sólo es una
necesidad, sino que es una realidad. La competitividad de las
universidades la imponen Europa, el mercado de trabajo, el descenso
de los alumnos, etcétera. No es que las universidades vayan a ser
cambiadas por las leyes, sino que la sociedad inserta a las
universidades en una



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dinámica tal que inexorablemente las que quieran mantener sus niveles
de calidad y de eficiencia van a tener que activar sus mejoras
internas. Comparto su apreciación sobre el distrito único y las
medidas de apoyo específico para la movilidad estudiantil en el caso
de las comunidades con problemas específicos. Lo contemplaremos para
ver si hay alguna fórmula de solventarlos.




Hay otro tema que usted ha suscitado, al igual que el portavoz del
Grupo Parlamentario Socialista, que es la relación del Ministerio de
Ciencia y Tecnología con el Ministerio de Universidades. En eso hay
que disipar cualquier preocupación, no sólo porque las competencias
están perfiladas con exactitud y porque hay personas que están
trabajando, sino por algo que quizá a mí me es más fácil y es que la
investigación en las universidades contaba con tal especificidad, el
plan nacional de la ciencia tenía tal relevancia que la cultura de la
relación entre los investigadores Rosario Pino -que es la calle donde
estaban-, o San Fernando de Alcalá, que es donde está la Agencia
Nacional de Evaluación, estaba muy asentada. Desde el punto de vista
administrativo, la creación del Ministerio, que me parece
absolutamente positiva para el sistema universitario, que va a ser el
primer beneficiario del incremento de las inversiones en I+D+I, no
significa una superposición de administraciones o de burocracia
puesto que, como digo, la gestión de los proyectos de investigación
tiene una especificidad propia que se va a hacer de una manera
análoga, sin necesidad de duplicar tareas, actividades, banco de
datos, etcétera. Se está trabajando en ese tema para lograr unos
objetivos de eficiencia clara de la Administración.

Se va a facilitar que la universidad mejore su fuente de recursos
externos también con el mecenazgo. El Ministerio respalda todas las
medidas para consolidar un modelo universitario competitivo, con
calidad docente y con una financiación estable, como claramente
mencionaba S.S. Ya he anunciado la necesidad de vincular algún tipo
de financiación con los resultados y programas de las universidades.

El portavoz de Convergència i Unió, además de referirse al calendario
y a las medidas, mencionaba su preocupación por el acceso de los
mayores de 25 años. En este aspecto querría decir que, por fortuna,
es una cuestión estadísticamente cada vez menos relevante. Es muy
importante desde el punto de vista humano, pero el problema es menor
porque el flujo de alumnos, la expansión del sistema de enseñanza ha
sido muy grande, afortunadamente, por lo que significa de conquista
social. Cuando nació este programa se trataba de un clamor social en
la medida en que venía a cubrir las lagunas que durante décadas se
habían producido en el sistema educativo que habían cortacircuitado
la promoción y los desarrollos educativos de generaciones de personas
que a los 25 años cerraban la puerta a una promoción legítima. Como
hoy el sistema es más justo, la
gravedad cuantitativa del problema es menor, pero evidentemente hay
que abordarlo. No obstante, para sorpresa nuestra no estaban
reguladas las pruebas específicas de acceso de mayores de 25 años y
por eso hay una enorme disparidad de prácticas en el sistema. Hay
quien hace pruebas de acceso para una titulación en concreto, otros
para el área de humanidades por bloques y otros genéricas para la
universidad. Hay una enorme diversidad de prácticas y un vacío legal
que requiere ser cubierto. La Administración debe establecer unos
sistemas que faciliten la regulación del problema para que, al mismo
tiempo, no se vuelva a suscitar el aprobado sin plaza -por así decir-
en el caso de los mayores de 25 años, segmento particularmente
hiriente para que se produzcan estos desajustes.

Voy a contestar con carácter general a otra cuestión que han
suscitado varias señorías, no solamente el representante de
Convergència i Unió, relativa al convenio de estabilidad del
profesorado, aprobado sin el voto en contra en el Consejo de
Universidades. Ha habido un cierto retraso, el ritmo de concreción ha
sido más lento, pero no hay tanta tardanza si ponemos el reloj en el
momento en que se envió el borrador del convenio a las universidades,
en la segunda quincena de julio. El modelo del convenio con las
universidades y las comunidades autónomas se ha repartido entre las
comunidades autónomas y las universidades en la segunda quincena de
julio. Luego ha venido el mes de agosto en que ha habido una cierta
paralización y ahora se acaba de dar información. Las noticias de las
que disponemos es que en algunos casos existe la necesidad de ampliar
la información. Hay conversaciones, pero nosotros no hemos constatado
oposición, como alguna de SS.SS. ha mencionado, o anuncio del fracaso
del programa, como me ha parecido entender de algunas de las
intervenciones, aunque no de la suya. Sólo quiero puntualizar que las
conversaciones están en un momento de información. La medida es
positiva, la materialización concreta del documento se ha hecho de la
manera más flexible para las propias universidades en relación con el
déficit y la deuda y, por consiguiente, tenemos la voluntad de firmar
dichos convenios con rapidez. Cuando hay un convenio tienen que
firmar las dos partes y evidentemente si la otra parte no quiere
firmar, no lo podremos hacer, pero el dinero está presupuestado para
este año. Insisto en que no ha habido ningún voto en contra en los
trámites que este tema ha suscitado. Tenemos la esperanza de que
durante las próximas semanas, incluso a ser posible, en este mismo
mes de septiembre, se firme. Es algo bueno para el sistema y lo vamos
a implantar.

Tomo buena nota de la intervención final sobre la cooperación
exterior española. Hay un enorme esfuerzo de múltiples universidades
en materia de acción exterior. En la convicción de que es bueno, como
existe en otros países, para facilitar su divulgación, sistematizar
los esfuerzos autónomos de cada una de las instituciones,



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voy a promover que el Consejo de Universidades articule algún
documento sistemático para mejorar la información de lo que cada
universidad quiere hacer en este campo. Efectivamente podemos
impulsar, coordinar, difundir las actuaciones legítimamente, porque
eso puede beneficiar al sistema en su conjunto.

Un problema de difícil resolución si no es a través de las
comunidades autónomas, es que en ocasiones la acción exterior de las
universidades, que es absolutamente autónoma, genera problemas a
veces graves. Estamos intentando resolver un problema de cierta
magnitud en España cual es el que un importante país ha prohibido las
becas hacia España como consecuencia de actuaciones de algunas
universidades que autónoma y legítimamente las han contemplado como
una acción poco coordinada dentro de su propio sistema. En ese
sentido es importante la coordinación y la actuación acertada de
todos los esfuerzos que sin duda existen con países de Iberoamérica o
de África. Las universidades están haciendo un esfuerzo muy notable
en mejorar sus prestaciones, sus servicios y su cooperación con esos
países, pero (reafirmo con ello el acierto de la solvencia de la
cooperación) en ocasiones esas acciones extraordinariamente positivas
desencadenan problemas institucionales que conviene evitar en el
futuro mediante la mejora de la información.

Por último, respecto a la intervención del representante del Grupo
Popular sobre el porcentaje de alumnos que no se licencia, debo
matizar que es en el momento debido, pero que ello no quiere decir
que no obtengan la titulación, que puede haber retrasos. Ha
mencionado
asimismo el tema de los diplomados y su acceso al empleo. El
Ministerio considera que las diplomaturas tienen que mantenerse como
tal y que su valoración social tiene que obtenerse por otros
conductos, pero la política de convertir diplomaturas en
licenciaturas es mala para el sistema, para los alumnos y, por
consiguiente, vamos a ser extraordinariamente restrictivos. De hecho,
uno de los aspectos en que más se diferencia España de otros países
no es tanto en los alumnos de licenciatura, sino en carreras del
ciclo corto, donde tenemos un porcentaje de alumnos inferior al que
nos corresponde por el nivel de nuestro sistema universitario.

Respecto al problema de los asociados a tiempo parcial, que en buena
parte tiene una raíz común con el específico de las enseñanzas
médicas, la propuesta del Ministerio es justamente recuperar el
espíritu inicial de la norma; eran unas personas que, con carácter
transitorio, prestaban unos servicios a la universidad y nunca como
sucedáneo de profesores de tipo regular.

Agradezco su paciencia y sus intervenciones y tomo buena nota de
todas las sugerencias y críticas que me han presentado. Muchas
gracias por su atención.




El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor secretario de Estado, por
su comparecencia y su intervención. Gracias también a los señores
portavoces por las suyas.

Se levanta la sesión.




Eran las dos y treinta minutos de la tarde.