CORTES GENERALES



DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS



COMISIONES



Año 2000 VII Legislatura Núm. 44



COOPERACIÓN INTERNACIONAL PARA EL DESARROLLO



PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. PEDRO ANTONIO MARTÍN MARÍN



Sesión núm. 3



celebrada el miércoles, 28 de junio de 2000



ORDEN DEL DÍA:



Comparecencia del señor secretario de Estado de Cooperación
Internacional y para Iberoamérica (Cortés Marín) para informar sobre:



- Las líneas generales que aplicará en su actividad la Secretaría de
Estado de Cooperación Internacional y para Iberoamérica. A petición
propia. (Número de expediente 212/000025.) . . . (Página 898)



- Las medidas adoptadas en materia de educación básica en el marco de
la cooperación al desarrollo y las medidas que piensa adoptar en este
ámbito para hacer frente al compromiso adquirido por distintos países
en el Foro mundial sobre la educación, celebrado en Dakar

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(Senegal). A solicitud del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència
i Unió). (Número de expediente 212/000012.) . . . (Página 898)



- Las medidas adoptadas por España en la reconstrucción de Mozambique
después de las devastadoras inundaciones, sobre la situación en la
que se encuentra la condonación de la deuda oficial y comercial de
Mozambique y sobre qué medidas pretende impulsar el Gobierno español
en el seno de la próxima conferencia de donantes de Mozambique que se
celebrará en Roma. A solicitud del Grupo anterior. (Número de
expediente 212/000013.) . . . (Página 898)



Se abre la sesión a las once y cinco minutos de la mañana.




El señor PRESIDENTE: Buenos días a todos. Bienvenido a esta Comisión,
señor secretario de Estado.

Quiero reiterar a SS. SS. y a todos los miembros que se encuentren en
esta sala que los teléfonos móviles estén en situación de descanso
durante las intervenciones del compareciente y de todos los miembros
de esta Comisión.




COMPARECENCIA DEL SEÑOR SECRETARIO DE ESTADO DE COOPERACIÓN
INTERNACIONAL Y PARA IBEROAMÉRICA (CORTÉS MARÍN) PARA INFORMAR SOBRE:



- LAS LÍNEAS GENERALES QUE APLICARÁ EN SU ACTIVIDAD LA SECRETARÍA DE
ESTADO DE COOPERACIÓN INTERNACIONALY PARA IBEROAMÉRICA. A PETICIÓN
PROPIA. (Número de expediente 212/000025.)



- LAS MEDIDAS ADOPTADAS EN MATERIA DE EDUCACIÓN BÁSICA EN EL MARCO DE
LA COOPERACIÓN AL DESARROLLO Y LAS MEDIDAS QUE PIENSA ADOPTAR EN ESTE
ÁMBITO PARA HACER FRENTE AL COMPROMISO ADQUIRIDO POR DISTINTOS PAÍSES
EN EL FORO MUNDIAL SOBRE LA EDUCACIÓN, CELEBRADO EN DAKAR (SENEGAL).

A SOLICITUD DEL GRUPO PARLAMENTARIO CATALÁN (CONVERGÈNCIA I UNIÓ).

(Número de expediente 212/000012.)



- LAS MEDIDAS ADOPTADAS POR ESPAÑA EN LA RECONSTRUCCIÓN DE MOZAMBIQUE
DESPUÉS DE LAS DEVASTADORAS INUNDACIONES, SOBRE LA SITUACIÓN EN LA
QUE SE ENCUENTRA LA CONDONACIÓN
DE LA DEUDA OFICIAL Y COMERCIAL DE MOZAMBIQUE Y SOBRE QUÉ
MEDIDAS PRETENDE IMPULSAR EL GOBIERNO ESPAÑOL EN EL SENO DE LA
PRÓXIMA CONFERENCIA DE DONANTES DE MOZAMBIQUE QUE SE CELEBRARÁ EN
ROMA. A SOLICITUD DEL GRUPO PARLAMENTARIO CATALÁN (CONVERGÈNCIAI
UNIÓ). (Número de expediente 212/000013.)



El señor PRESIDENTE: El orden del día que tienen todos ustedes
empieza con la comparecencia solicitada por el secretario de Estado y
también por algunos grupos parlamentarios. A continuación de la
intervención del secretario de Estado, daré la palabra a los grupos
parlamentarios que también han solicitado la comparecencia para que,
después, si lo desean, intervenga el resto de los grupos
parlamentarios de menor a mayor, con el ruego al compareciente de que
se refiera en su intervención primera a las dos cuestiones planteadas
por el Grupo de Convergència i Unió, de tal manera que queden
subsumidas en ella. Después de las intervenciones de los grupos
parlamentarios, volveré a dar la palabra al compareciente para cerrar
el debate. Por último, se ha hecho llegar a la Mesa por todos los
grupos parlamentarios una declaración que someteré a la consideración
de esta Comisión.

Sin más, tiene la palabra el señor secretario de Estado.




El señor SECRETARIO DE ESTADO DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL Y PARA
IBEROAMÉRICA (Cortés Marín): Señor presidente, ésta es mi primera
comparecencia ante la Comisión de Cooperación Internacional para el
Desarrollo y se produce inmediatamente después de la comparecencia
del ministro la semana pasada. Advierto, por tanto, a la Presidencia
y a la Comisión que habrá reiteraciones inevitables, al mismo tiempo
que procuraré entrar en mayor detalle sobre aquellas cuestiones que
sólo fueronapuntadas por el ministro, al menos en la primera



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intervención. Si SS. SS. desean alguna concreción mayor sobre alguna
cuestión respecto de la cual no haya sido suficientemente preciso en
mi primera intervención o que ni siquiera me haya referido a ella
porque la planteó el señor ministro, podré volver sobre la misma.

El pasado miércoles, el ministro de Asuntos Exteriores comenzaba su
intervención expresando el sentido histórico de la evolución
económica y política de España y el punto de partida histórico de
nuestra cooperación. Lo refería en estos términos: Los últimos
veinticinco años han constituido para España una etapa de crecimiento
económico y transformación estructural sin precedentes. Nuestro país
está hoy en el grupo de vanguardia de los países desarrollados. Esta
España próspera no podía permanecer ajena a las necesidades de los
países en desarrollo y, con generosidad, viene dedicando importantes
y crecientes recursos al desarrollo. En pocos años, hemos pasado de
receptores de ayuda exterior a ocupar el duodécimo puesto como
contribuyentes netos de ayuda al desarrollo. Fin de la cita de lo que
expresó ante SS. SS. el ministro de Asuntos Exteriores.

La experiencia española en los últimos años se ha separado doblemente
de la de la mayoría de los países donantes internacionales, donde se
ha producido una disminución de esta ayuda tanto en términos
absolutos como porcentuales, en parte porque salíamos de unos niveles
más bajos de ayuda pública al desarrollo, pero en parte también
porque los sucesivos gobiernos y la propia sociedad española han
mostrado una enorme generosidad, tanto en términos porcentuales como
nominativos. Para decirlo con mayor concreción, en 1981, la ayuda
oficial al desarrollo española totalizaba 21.936 millones de pesetas;
en 1998, el gasto en este capítulo alcanzó los 208.100 millones de
pesetas. Para el período correspondiente a esta legislatura,
sincrónico con el de vigencia del plan director, al que luego me
referiré, el Gobierno espera incrementar gradualmente la ayuda
oficial al desarrollo hasta alcanzar la cifra en torno a los 300.000
millones de pesetas.

El hecho de que la evolución de la ayuda en otros países tenga un
sentido decreciente, porque se están revisando muchos criterios de
esta misma ayuda, y el que se tenga en paralelo esta evolución de la
ayuda española nos podría llevar a plantear dos interrogantes. Por un
lado, si la evolución internacional es negativa en sí misma y, por
otro, si está justificado el aumento del gasto público dirigido a
fines de desarrollo mientras otros países tienen una tendencia
inversa. La respuesta a la primera pregunta sería que no y a la
segunda que sí. Quiero explicar por qué ambas respuestas,
aparentemente contradictorias, son sin embargo coherentes. La
estrategia internacional para el desarrollo reposa sobre el
suministro, por parte del sector público, de elementos de base en
términos de capital humano y social, incluyendo la buena gestión de
los asuntos
públicos, pero también exige la expansión del sector privado y el
apoyo de dicha expansión en servicios financieros dinámicos y
fiables. Así -el Comité de Ayuda al Desarrollo de la OCDE lo ha
declarado con claridad y rotundidad-, el establecimiento de una
intermediación financiera predecible y duradera que asigne los
recursos hacia y dentro de los países en desarrollo, constituye un
elemento clave del desarrollo. Los sistemas financieros vienen
convergiendo desde hace una década en un único mercado internacional
de capitales, lo que redunda en mayores posibilidades de financiación
para los países en desarrollo y, por ende, de reducción de la
pobreza. Las economías de los estados en desarrollo necesitan capital
para financiar inversiones e infraestructuras y desarrollar sus
sectores privados, para continuar creciendo o para empezar a hacerlo,
según los casos. Por parte española decidimos que está justificado
aumentar la ayuda pública al desarrollo. Lo está porque la ayuda
española tiene unas áreas geográficas y unos sectores de
concentración preferente respecto de los cuales tiene sentido hacerlo
así. La razón de ser de los flujos de crédito oficial es llegar allí
donde los flujos privados no llegan -en general, las regiones más
deprimidas-, la prestación de asistencia para la transformación de
instituciones económicas y políticas y la satisfacción de necesidades
sociales básicas, especialmente los sectores más vulnerables. Estas
son precisamente las áreas de concentración coincidentes con la
estrategia de cooperación del Gobierno español, que tendrá su
traducción en el plan director, y lo son del Gobierno español como lo
han sido de los sucesivos gobiernos españoles, porque la evolución
que ha tenido la cooperación española tiene unos precedentes y una
continuidad. Este Ministerio tradicionalmente ha sido llamado
Ministerio de Estado, y si en alguno está justificada la política de
Estado (y así ha sido durante todos los años de democracia española)
es en éste, precisamente porque permanentes y estables son los
intereses de España y, gracias a Dios, permanentes y estables son los
valores que compartimos y defendemos dentro y fuera de nuestras
fronteras los españoles desde que se produjo el cambio de régimen,
con el fin de la dictadura y el inicio de la democracia en España.

La pobreza (evidentemente el objetivo principal de la ayuda al
desarrollo es contribuir a reducir la pobreza) no supone sólo la
falta de crecimiento o bajos niveles de renta. Si fuera así, la
inyección masiva de capital solucionaría el problema y, desde luego,
a partir de la segunda guerra mundial ha sido mucho el capital que se
ha transferido a países que necesitaban esta ayuda. Sin embargo, la
crisis de la deuda de los ochenta nos hace ver que es una visión
parcial de la cuestión. Las razones de la pobreza van más allá de que
haya habido una suficiente transferencia de capital; están la
inestabilidad política y deficiencias en materia de corrupción y buen
gobierno, y en este sentido creo que hay que ser



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también muy rotundo, como dijo el ministro de Asuntos Exteriores. Hoy
sólo hay una forma decente de estar en el mundo y es con esos valores
que compartimos y en los que creemos en las sociedades occidentales:
la democracia liberal, el Estado de derecho, la responsabilidad de
los poderes públicos ante la opinión pública, ante un sistema
judicial independiente, la libertad de expresión garantizada por unos
medios de comunicación plurales y libres, la extensión universal de
la educación, de la sanidad, el respeto universal de los derechos
humanos. Estos valores, que nos resultan irrenunciables en nuestras
sociedades libres y prósperas de occidente, son también valores
universales que debemos intentar extender a todo el mundo y exigir en
todo el mundo, y ésta es la mejor contribución que se puede hacer
para erradicar la pobreza.

Antes de venir aquí he participado en la inauguración de un coloquio
internacional de Acnur que tenía lugar aquí en España, en la Casa de
América. El título era algo así: la ayuda humanitaria en los
conflictos y la reconciliación. Se está hablando mucho, y ayer se
hizo en alguna reunión con los responsables de Acnur, de cómo su
labor debe orientarse prioritariamente a la prevención de los
conflictos más que a actuar cuando ya el desastre se ha producido. Si
miramos la historia del siglo XX, uno de los siglos con más
conflictos, con mayor número de víctimas y atrocidades consecuencia
de esos conflictos, hay sin embargo una característica en la que
muchas veces no se pone el suficiente énfasis. En el siglo XX, donde
ha habido todo tipo de guerras mundiales, regionales, étnicas, no ha
habido una sola guerra entre dos democracias. La última guerra entre
dos democracias se produjo en el siglo anterior, entre España y los
Estados Unidos. No es que no haya habido democracias que hayan
participado en guerras, pero nunca ha habido una guerra en el siglo
XX entre dos democracias. Creo que cuando se habla de la política de
prevención de conflictos, de la ayuda al desarrollo de estos países,
hay que poner el listón muy alto en la exigencia de esos mismos
valores. Las razones por las que ayudamos a otros es porque formamos
parte del género humano y nos consideramos obligados, existe una
razón de base que es la igualdad de los seres humanos en su dignidad
y, por tanto, nos sentimos parte de ese mundo cada vez más próximo
por avances técnicos, pero desde luego en razón de valores y
creencias que muchas veces tuvieron su origen en áreas más próximas a
nosotros, pero que hoy tienen un valor universal. Esta idea de que
nunca ha habido una guerra en el siglo XX entre dos democracias nos
debe llevar a poner un énfasis muy grande en que la lucha contra la
pobreza no se trata de una pura y simple transferencia de capitales,
sino en que haya instituciones democráticas y de participación
adecuadas y en atender las distorsiones económicas estructurales,
muchas veces en el marco y en el contexto de economías rígidas, no
diversificadas, dependientes, no abiertas al comercio mundial,
algo que, si siempre ha sido una conveniencia, hoy es una
absoluta exigencia. La inestabilidad política, casos algunas veces
demasiado extendidos de corrupción, alejamiento de lo que deber ser
las reglas del buen gobierno, marginación social y económica de
grupos de población, falta de acceso a la salud, a la educación; la
discriminación de la mujer en sociedades que se encuentran en unos
niveles inferiores de los deseables en cuanto a su desarrollo, todas
estas cuestiones plantean una dimensión cualitativa de ayuda al
desarrollo y éste es el sentido también del aumento de la ayuda del
Gobierno español al desarrollo, en una labor que, si ha tenido un
impulso, al mismo tiempo hay que proclamar la continuidad de esta
labor, como dijo el ministro de Asuntos Exteriores cuando hablaba de
política de España y no de política del Gobierno, porque siendo el
Gobierno quien tiene en cada momento la responsabilidad principal de
su ejecución, hay una continuidad en la misma que obedece a unos
intereses constantes y a unos valores permanentes y compartidos en
los últimos veinticinco años de nuestra convivencia.

Señor presidente, el marco legal aplicable a la cooperación española
viene dado por la Ley de cooperación internacional para el
desarrollo. Dicha ley suministra los principios, objetivos y
prioridades, así como los elementos de ordenación necesarios para
adaptar el día a día de nuestra cooperación a los retos que se
derivan de nuestra preocupación por incrementar tanto su cantidad
como su efectividad y, lo que es aún más importante si cabe, porque
nos emplaza a todos a trabajar en la misma dirección. Esta ley,
aprobada por el acuerdo de todas las fuerzas políticas de la Cámara,
garantiza esa unidad de dirección de la política de cooperación, que
es parte de la política exterior de España. Y aquí también hay una
nueva situación en la realidad española, nueva situación que no ha
empezado en las últimas elecciones, ni siquiera en las anteriores
elecciones, sino que se está produciendo al mismo tiempo que España
va cambiando. Es evidente que hemos pasado de un país aislado, donde
no había contactos con el exterior si no era a la defensiva o por la
emigración por razones políticas, por razones económicas o por la
salida voluntaria del país, a un país enormemente abierto como lo es
hoy España, y ya no es sólo el Ministerio de Asuntos Exteriores quien
actúa en el exterior, ni siquiera es solo la Administración quien
actúa en el exterior, es toda la sociedad española la que tiene una
actuación mucho más abierta y son muchos los agentes de acción en el
exterior. Desde luego, en el seno de la Administración, es evidente
que cuando se habla de política pesquera, de política turística, de
política de justicia e interior, de política cultural o deportiva,
está teniendo una dimensión exterior cada vez mayor, cosa que no
ocurría hace 25 ó 30 años y probablemente tampoco hace 20 años, y hoy
ocurre en mucha mayor medida que hace 15 ó 10 años, porquelos
españoles hemos tenido esta evolución y ha habido



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momentos en que estábamos demasiado ocupados en organizarnos a
nosotros mismos y con poner la casa en orden, pero con estas
actuaciones en el exterior se iban marcando objetivos prioritarios en
cada momento.

En una buena parte de nuestra historia más reciente la homologación y
la incorporación a las instituciones europeas ha sido una prioridad
absoluta, que casi llevaba a que fuese si no exclusiva sí muy
mayoritaria la concentración del esfuerzo exterior que hacía España.

Hoy, felizmente, España es un país muchísimo más abierto y son muchos
más quienes actúan en el exterior, pero esto hace todavía más
necesaria esta coordinación. De ahí que el presidente del Gobierno
anunciara en el debate de investidura la creación del Consejo
Superior de Política Exterior, que coordinará las actividades de
todos los departamentos y órganos de la Administración, y ahí será
donde la política de cooperación se trate como parte esencial de la
política exterior de España. La política de cooperación es una parte
de la política exterior de España y debe tener estas líneas
directrices, estas líneas generales que se marquen en este Consejo,
que serán las que se vean en la Cámara en los sucesivos debates y en
los acuerdos parlamentarios que aquí se logren y desde luego en la
coordinación de los distintos departamentos, donde es evidente que
por su especialización al Ministerio de Asuntos Exteriores le
corresponde la labor principal a la hora de marcar estas líneas y de
garantizar esta coordinación, así como la gestión del servicio
exterior de España.

La elaboración y la ejecución de la cooperación pasa no sólo por la
Administración, como decía, sino por la sociedad civil y su expresión
material, las ONG de desarrollo y otros agentes privados de
cooperación, donde juegan un papel cada vez más importante las
empresas. A la hora de ayudar al desarrollo de países que están en
situaciones infradesarrolladas tenemos que mirar también lo que ha
sido la experiencia española, y saber que un país que hasta el año
1981 era receptor de ayudas de cooperación y que 20 años antes era un
país claramente en vías de desarrollo, ha podido alcanzar los niveles
que hoy tiene gracias a la inversión extranjera, gracias a que se ha
abierto a las inversiones que han creado puestos de trabajo, que han
permitido que haya un ahorro que han podido capitalizar empresas
españolas, y que hoy, cuando se ha liberalizado nuestra economía,
cuando se han privatizado estas empresas, cuando se han abierto los
mercados, son capaces de tener una presencia fuera. Y hoy las
empresas españolas están también colaborando al desarrollo de muchas
zonas del mundo, particularmente de aquéllas con las que los vínculos
culturales, afectivos o históricos son más intensos, y están
contribuyendo al desarrollo de esos países en su sistema financiero,
en sus infraestructuras de telecomunicaciones o energéticas, en su
sistema de seguros, en todos aquellos elementos que contribuyen a que
una sociedad eleve su nivel de desarrollo. Me refiero a esto porque
ya en la
comparecencia del ministro tuve la oportunidad de escuchar a los
distintos portavoces parlamentarios este reconocimiento a la labor de
las empresas españolas, y yo hoy quiero hablar sobre las ONG de
desarrollo, que son una importante manifestación del generoso
sentimiento de solidaridad de los españoles hacia países en vías de
desarrollo. Basta remontarse, en los últimos años, a la crisis del
huracán Mitch, cuando las organizaciones no gubernamentales de
desarrollo ejecutaron proyectos por valor de 400 millones de pesetas,
de un total de 2.500 millones; a las inundaciones de Venezuela o las
ayudas asociadas a la crisis de Kosovo o al terremoto de Turquía y
otras catástrofes naturales o conflictos bélicos. Los fondos
recogidos por estas organizaciones en alguna de esas circunstancias
dramáticas constituyen una manifestación nítida de ese sentimiento de
solidaridad de nuestra sociedad, que el Gobierno, y estoy seguro que
la Cámara, reconocen en términos tangibles, dotando las partidas
presupuestarias que se destinan a la financiación de proyectos
presentados por estas organizaciones.

El programa de ayudas a las organizaciones no gubernamentales ha
crecido exponencialmente en los últimos años. En 1989 las ayudas y
subvenciones a las ONG de desarrollo procedentes del presupuesto de
la Agencia Española de Cooperación Iberoamericana totalizaban 2.005
millones de pesetas. Cinco años después, en 1994, la cifra global era
3.187 millones y ya en en 1999 se llega a 12.012 millones de pesetas
, lo que supone un aumento del 600 por ciento en el plazo de 10 años.

Entra dentro de los baremos que maneja el Gobierno que esa cifra se
incremente aún más. Sin embargo, el incremento cuantitativo de estas
cantidades, junto con las prioridades que marca la Ley de cooperación
y los propios criterios que establezca el plan director, debe
llevarnos también, y de acuerdo con las ONG -acuerdo, espero, de la
Cámara-, a un planteamiento adaptado a las nuevas necesidades y
circunstancias. Debemos procurar una excesiva dispersión, tanto
territorial como instrumental, a la hora de encontrar esta
cooperación. Será muy importante que las prioridades, tanto
territoriales como sectoriales, que marque el plan director se puedan
conseguir con las organizaciones no gubernamentales, para que haya
una concentración de esfuerzos en esas áreas y en esos objetivos.

Pero no sólo esta concentración de esfuerzos, sino también el poder
dar el salto a que los programas que se desarrollen junto con las
organizaciones no gubernamentales no estén limitados a convocatorias
anuales, sino que se puedan establecer acuerdos y programas marco que
permitan actuaciones de estas ONG en proyectos que se mantengan a
medio y largo plazo. Esto es un cambio, sin duda, en lo que se ha
venido haciendo hasta ahora de convocatorias anuales que se ofrecían
a todas las organizaciones no gubernamentales, a las que se exigía
unos requisitos y a las que se sometía a una evaluación, como no
puede ser de otra forma. Creemos



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que es muy importante que una cooperación tan eficaz realizada por
organizaciones especializadas, que tienen, además, ese plus del
compromiso personal de los que, de una manera voluntaria y generosa,
se dedican a esos objetivos, se pueda acometer no sólo con programas
anuales. En algún caso tendrá que haber, por supuesto, una parte de
la ayuda que vaya para convocatorias muy abiertas y en programas
anuales, pero deberíamos avanzar en que algunas organizaciones no
gubernamentales, las que han acreditado una mejor capacidad, las que
tengan una infraestructura y una presencia más importante, las que
cuentan con más recursos humanos y las que son capaces de movilizar
más recursos no públicos, puedan disponer de programas a medio y
largo plazo, en el marco de acuerdos con la Agencia de Cooperación,
que pueden tener un efecto multiplicador en su eficacia.

Esta mancomunación de esfuerzos exige la coherencia interna de las
organizaciones no gubernamentales, el esfuerzo público y de las
empresas, de la iniciativa privada y el refuerzo de las instituciones
que garantizan una economía libre de mercado, la única economía en la
que hoy en el mundo se puede avanzar en las condiciones de bienestar
de los ciudadanos. Esto requiere un marco institucional adecuado en
esos países, requiere una justicia que ofrezca garantías, requiere
una seguridad ciudadana que haga fiable el establecimiento en esos
países de esas inversiones, requiere programas de educación y
formación profesional, requiere el fomento de una cultura de empresa.

Todos los esfuerzos deben coordinarse y hay que arrimar el hombro en
la misma dirección al servicio de este objetivo. En ese sentido, la
actividad del Gobierno en materia de cooperación para el desarrollo
se orientará de acuerdo con algunos principios operativos, entre los
que quisiera destacar el equilibrio en la consecución de los diversos
objetivos y prioridades, así como la concentración de esfuerzos que
evite una excesiva dispersión en la ayuda.

Hasta aquí, señor presidente, el concepto. Permítanme que me extienda
sobre una idea ya más específica, sobre el entramado institucional
que debe contribuir a la mejor puesta en práctica de estas ideas. El
Gobierno atribuye una gran importancia a los órganos consultivos
colegiados establecidos en la ley, y muy en particular al Consejo de
Cooperación al Desarrollo. El ministro de Asuntos Exteriores, en su
reciente comparecencia, mencionó el Consejo de Cooperación al
Desarrollo como un órgano al que el Gobierno otorga una trascendencia
especial, y se quiere potenciar y optimizar su valor como gran foro
de encuentro de todos los actores de cooperación. Se trata, en último
término, de que pueda cumplir cabal y materialmente las funciones que
le atribuye la Ley de Cooperación. De la misma forma que ha aumentado
nuestra contribución al desarrollo, se han multiplicado los actores
que operan en la misma, los que la definen, la financian y la
ejecutan. No se trata ya sólo del Ministerio de Asuntos Exteriores
o del Ministerio de Economía y Comercio, no se trata tan sólo de
las organizaciones no gubernamentales como exclusivo vehículo de
participación social; hay otros actores públicos y privados. El
Gobierno quiere incluir a estos actores en este órgano consultivo, de
manera que pueda desarrollar toda su virtualidad de interlocución
entre la Administración y la sociedad española. Hay una pluralidad de
departamentos ministeriales que realizan una cooperación
cualitativamente muy importante, que deben estar presentes en este
órgano, y nuestro criterio es inclusivo para que el Gobierno y la
sociedad españolas se influyan mutuamente en todos y cada uno de los
aspectos de la estrategia del desarrollo.

Quedan además por aprobarse, y se refirió también el ministro a ello,
tanto el estatuto del cooperante como el estatuto jurídico de la
Agencia Española de Cooperación Internacional, así como la
reglamentación de las condiciones y plazos para el desempeño de
puestos de cooperación del Estado en el exterior, conforme al
artículo 30.5 de la ley. Como es bien sabido, el Gobierno elaboró
oportunamente un borrador del estatuto del cooperante, que habrá de
ser objeto de ulteriores análisis a fin de atender debidamente los
requerimientos de nuestros cooperantes. La Ley de Cooperación
atribuye a la Agencia Española de Cooperación Internacional, de la
que el secretario de Estado para la Cooperación Internacional y para
Iberoamérica es el presidente, la función de gestionar la política
española de cooperación internacional para el desarrollo. A este
efecto se acometerán también las modificaciones estructurales
oportunas, con objeto de permitir a la Agencia responder de forma más
efectiva a sus actuales responsabilidades. Creo que la experiencia
que tiene la Agencia es un criterio que debemos tener en cuenta para
que sea un elemento mucho más eficaz en la cooperación y pueda
adaptarse mucho mejor a las necesidades y requerimientos que tiene la
cooperación, porque la experiencia reciente nos muestra cómo hay
momentos en que faltan los instrumentos, faltan los mecanismos para
poder actuar con la debida eficacia.

Por otro lado, hay una nueva estructuración del Ministerio con tres
secretarías de Estado. Cada una de ellas tiene áreas geográficas y
áreas generales del Ministerio. La Dirección General de Política
Exterior para Iberoamérica depende ahora de la Secretaría de Estado
para la Cooperación y para Iberoamérica y la Dirección de Relaciones
Económicas Internacionales ha pasado a la Secretaría de Estado de
Política Exterior. La Secretaría de Estado que se me ha encomendado
tiene tres áreas de actuación: una geográfica, toda Iberoamérica, y
dos generales, como es la cooperación internacional y las relaciones
culturales y científicas exteriores. En la organización de la propia
Secretaría de Estado estas tres áreas se equilibrarán y se adaptarán
internamente, para que cada una de las unidades responsablesde estas
áreas pueda cumplir en plenitud y



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con mayor eficacia la misión que tiene asignada. La Agencia, que
tiene la responsabilidad de la cooperación, tiene que adaptar sus
estructuras e, insisto, tenemos experiencia suficiente para saber
cuáles son las cuestiones en donde hacen falta unas modificaciones
estructurales o en el marco de funcionamiento, porque se encuentran
muchas veces dificultades, que vienen de la propia estructura
organizativa, añadidas a las muy desdichadas dificultades que tienen
los países o las personas a las que tenemos que ayudar,
particularmente en el caso de las actuaciones por emergencias, pero
también en la propia coordinación de la actividad dentro de la
Agencia. Por ejemplo, los microcréditos dependían directamente del
secretario de Estado -siguen dependiendo jurídicamente-, pero no
tiene ningún sentido que no sean competencia de la Agencia, que tiene
todo el personal especializado, que tiene las personas en las
oficinas técnicas de cooperación en los distintos países con los que
se llevan a cabo estos microcréditos. La oficina de planificación y
evaluación, que también dependía directamente del secretario de
Estado, no tiene sentido que sea un elemento de control de lo que
hace la Agencia cuando ésta es presidida por el propio secretario de
Estado, sino que tiene que ser un elemento coadyuvante en la labor
que realiza la Agencia. Por lo tanto, es una de las instituciones de
la que creo que el conjunto de los españoles, pero desde luego la
Administración española, puede sentirse más orgulloso y más
satisfecho por la labor que ha realizado y que sigue realizando. La
Agencia Española de Cooperación Internacional tiene que ser reforzada
en sus funciones y dotarse de unos mecanismos de actuación que le
permitan ser todavía más eficaz en esta labor, insisto, por todos
reconocida, dentro y fuera de nuestras fronteras.

Señor presidente, comparezco también -y así se apuntó en la
comparecencia del ministro-, para hablarles del principal instrumento
de ejecución de la Ley de Cooperación, el plan director, que con
periodicidad cuatrienal establece las líneas generales y directrices
básicas que informan la política española de cooperación para el
desarrollo. El plan director introduce de esta suerte la
planificación plurianual con todos los componentes de racionalización
y adecuación a la naturaleza de la ejecución de programas y proyectos
de desarrollo que ello implica. El plan director es asimismo el
instrumento de coordinación de la política española de cooperación
para el desarrollo con otros donantes y, lo que es de mayor
importancia aún, el marco que propicia el encuentro entre los
programas de desarrollo a medio y largo plazo de los países en
desarrollo. La acumulación de actuaciones discretas, inconexas, entre
los donantes internacionales, con frecuencia poco congruentes con las
propias estrategias nacionales de los beneficiarios, no es un modelo
que lleve a maximizar estas actuaciones. La programación plurianual
otorga a donantes y beneficiarios la posibilidad cierta de cohonestar
sus esfuerzos y nos dará la posibilidad, por ejemplo,
con las organizaciones no gubernamentales, de poder establecer
estos programas-marco de una duración que vaya más allá de un solo
ejercicio presupuestario. Actualmente se está trabajando en la
adaptación del plan director al marco cronológico 2001-2004,
condensándose además sus líneas de trabajo, de forma que se disponga
de un documento ágil y eficaz. El plan director será un documento de
acuerdo amplio dentro y fuera de la Cámara, que refleje las generosas
aspiraciones de crecimiento de nuestra política de cooperación de
forma compatible con las proyecciones del plan de estabilidad. Una
vez aprobado el plan por el Gobierno, y tras el oportuno debate y
dictamen por parte del Congreso de los Diputados, será necesario
iniciar su aplicación mediante la ejecución de las correspondientes
estrategias sectoriales, geográficas y multilaterales. La aprobación
del plan director orientará a todas las administraciones públicas,
que, sin perjuicio de sus propias competencias, habrán de tomar en
consideración los objetivos y prioridades allí establecidos, así como
los recursos presupuestarios indicados a la hora de elaborar sus
propias previsiones de gasto. Ulteriormente, y sobre esta base,
deberá procederse a la elaboración del plan anual, que desarrollará
los objetivos, prioridades y recursos establecidos en el plan
director y que tendrá una tramitación análoga a la del plan director.

Los planes anuales representarán también una novedad importante
respecto de los PACI, los planes anuales de cooperación
internacional, desde el punto de vista del seguimiento. éste no
consistirá ya en una simple verificación de ejecución presupuestaria,
sino que se configura como un instrumento de evaluación de la
ejecución de una política pública y del cumplimiento del plan anual,
con indicación de su acomodación o desviaciones y su repercusión en
el cumplimiento del plan director. ¿En qué va a consistir el plan
director? Si vamos de lo general a lo particular, empezando por el
carácter cualitativo de nuestra cooperación, las prioridades
transversales, sectoriales y geográficas, puedo en esta comparecencia
avanzarles algunas de estas líneas.

En primer lugar, el plan director tiene por objeto sistematizar la
intervención cualitativa de la cooperación española, a cuyo sentido
me refería inicialmente, es decir, ayudar a otras naciones a
conseguir los objetivos de vigencia de la democracia de la única
manera en que se puede entender la democracia y el Estado de derecho,
de observancia de los derechos humanos, de universalización de la
sanidad y la educación y del establecimiento de la economía de
mercado, de la protección de la cultura y del respeto y conservación
del medio ambiente. Estos principios representan otros tantos
objetivos de nuestra cooperación al desarrollo, siendo como son la
cifra última de la solidaridad de la sociedad española y la expresión
de la proyección exterior de nuestros valores culturales y de
convivencia. Por lo mismo, la racionalidad económica y presupuestaria
y el cumplimiento de los objetivos europeos de



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estabilidad seguirán inspirando nuestra actuación en este terreno,
sabiendo que son pre-requisitos para una actuación generosa y activa
de la sociedad española. En esto prestaremos un servicio tan
importante para el conjunto de la sociedad española como lo es para
los países en desarrollo, que esperan que el mundo desarrollado no
les exporte crisis económicas, como ha ocurrido en épocas pretéritas.

Si hoy España puede actuar con la generosidad con la que lo está
haciendo y se puede marcar todavía objetivos más ambiciosos con
muchos más agentes que el propio presupuesto del Estado, se debe a
que la economía española está en condiciones de afrontar nuevos
retos, tanto dentro como fuera de España, y de ser más generosa y
contribuir de una manera más decisiva a la ayuda al desarrollo a los
países que lo necesitan.

En segundo lugar, el plan director tiene como finalidad genérica
operar la unidad estratégica y temática de todos los esfuerzos de
cooperación de todos los sectores sociales e instituciones. Ya me he
referido a dichos agentes in extenso. Quiero ahora pormenorizarles el
sentido de esta univocidad estratégica. Todas las actuaciones de la
cooperación española tendrán una unidad temática determinada por las
prioridades transversales establecidas en la Ley de Cooperación. El
objetivo general de la política de cooperación para el desarrollo es
contribuir a erradicar la pobreza y sentar así las bases para un
desarrollo equilibrado. Ese es el objetivo que compartimos con la
Unión Europea y que ha incorporado también las instituciones
financieras multinacionales. La erradicación de la pobreza pasa a ser
el sustrato que inspirará el desarrollo a otras políticas
sectoriales, como la sostenibilidad del medio ambiente, la formación
de recursos humanos, el refuerzo de las instituciones democráticas o
la superación de situaciones de discriminación de mujeres en países
en los que no se han alcanzado ni de lejos los estándares que nos
resultan exigibles.

Históricamente España ha realizado la mayor parte de sus esfuerzos de
cooperación en infraestructuras, servicios sociales básicos y
desarrollo institucional. No por casualidad estas son prioridades
sectoriales que incorporará el plan director como tercer plano de
aproximación estratégica. El plan director recogerá estas líneas de
trabajo, procederá a desarrollarlas y establecerá objetivos
presupuestarios cuantificables. En el ámbito de las infraestructuras
el Gobierno tratará de asociar al sector privado, entendiendo en este
concepto tanto a la empresa española como al propio tejido productivo
de los países receptores. Avanzaremos de forma paralela en la
prestación de asistencia técnica en los ámbitos de la liberalización,
desregulación y estabilización macroeconómica de las economías en
desarrollo. Y, siendo la pobreza el objetivo principal, la provisión
de sanidad, educación y saneamientos básicos a los más desfavorecidos
es uno de los sectores ineludibles de intervención y el
establecimiento y el refuerzo
de las instituciones democráticas y el Estado de derecho el medio y
el fin. El buen gobierno, la participación social, la lucha contra la
corrupción y el fortalecimiento de las instituciones serán áreas de
actuación fundamentales. En este punto quisiera decirles lo
siguiente: el respeto e incluso el diálogo con sistemas culturales y
de valores diferentes será tan extenso y profundo como deba ser.

Nadie debe suponer que la interpretación de estas diferencias servirá
de justificación, sin embargo, a concepciones no democráticas o a la
discriminación de la mujer o de grupos sociales o étnicos. En
resumidas cuentas, tenemos la decisión de que los derechos humanos y
el Estado de Derecho merecen ser defendidos universalmente, o tendrá
muy poco sentido elaborar un plan director que precisamente reposa en
un sentido profundo en esa certidumbre.

Como cuarta línea de esta progresiva concreción del plan director y
segundo eje de concentración preferente de la cooperación española
están las áreas geográficas. Las áreas geográficas prioritarias
vienen determinadas por diversos criterios: en primer lugar, los
vínculos especiales de España con países que forman parte de nuestra
comunidad histórica y cultural; la proximidad geográfica, de la que
se derivan importantes consecuencias de política exterior y los
correspondientes intereses, determina un segundo área; y finalmente
situaciones especiales políticas o los intereses derivados de nuestra
proyección económica hacia el exterior condicionarán también nuestra
política de cooperación.

Quedan así configurados varios ámbitos geográficos que paso a
detallar. Iberoamérica es el principal receptor de los recursos de la
cooperación española; razones históricas, culturales y de demanda
social explican esa prioridad. Atales razones debe añadirse la mayor
eficacia relativa en el uso de los recursos; el impacto en desarrollo
de los fondos dedicados a la cooperación en los países
iberoamericanos hecho por España es sin duda mucho mayor que el que
se obtiene en otros países o el que en esos mismos países se obtiene
hecho por otros países con los que nosotros colaboramos en el seno de
la Unión Europea o en las organizaciones multilaterales, pero que no
tienen los vínculos lingüísticos, culturales y afectivos que tenemos
nosotros con este área. Les daré algunos datos objetivos de esta
cuestión. El total de la ayuda bilateral localizable en los últimos
años se ha venido moviendo en torno a los 125.000 millones de
pesetas. Naturalmente, este concepto excluye la ayuda multilateral
destinada a la Unión Europea y a otros organismos internacionales y
aquellos programas y proyectos, como transferencias a organizaciones
no gubernamentales de desarrollo, que por su propia naturaleza no
pueden ser asignados específicamente a áreas geográficas
determinadas. De esa cifra, casi 50.000 millones se destinan a
Iberoamérica. Y esas cifras representan constantes históricas que no
podrían desconocerse sin rehuir nuestra responsabilidad



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hacia esos países ni trastocar un cierto reparto en las cargas
internacionales.

Si pretendiéramos cambiar el destino de nuestra ayuda oficial al
desarrollo hacia otras áreas con el argumento de que se necesita más
capital público en los países menos desarrollados, estaríamos
incidiendo negativamente en el desarrollo de esa región y añadiríamos
muy poco al desarrollo de otras regiones, más bien interfiriendo con
otros esfuerzos en curso. Eso no excluye, sin perjuicio de esa
vocación iberoamericana, que se haga un esfuerzo en determinados
países de renta más baja, como Angola, Cabo Verde, Guinea Ecuatorial,
Mozambique, Santo Tomé y Príncipe, que son también objetivos
preferentes, por entender que estas áreas culturales y geográficas
incluyen también la lusofonía, como se ha planteado tanto en cumbres
iberoamericanas como en las bilaterales entre España y Portugal,
donde estamos planteando la posibilidad de actuar conjuntamente en
estas zonas.

No me extiendo sobre detalles del ámbito iberoamericano porque
tendría que repetir los tres criterios a los que se refirió ya el
ministro en su comparecencia, pero podría hacerlo si así lo
solicitaran sus señorías. Sí me importa mucho decir que en el seno de
la Unión Europea tenemos que mantener el respeto a los compromisos
adquiridos. En la primera reunión del Consejo de Cooperación Europeo,
al que asistí en representación del Gobierno español, y ahora
recientemente, en la firma que se ha hecho en Cotonu del acuerdo de
ayuda al desarrollo de 70 países, el secretario general de la Agencia
de Cooperación ha hablado con nuestros colegas franceses y
portugueses de que en el seno de la Unión Europea tenemos que
mantener el respeto a los compromisos ya adquiridos por la propia
Unión Europea, así como el equilibrio en la ayuda que la Unión
Europea hace al desarrollo, que no puede desequilibrarse, valga la
redundancia, porque se planteen nuevas prioridades que desvíen fondos
de lo que eran los compromisos que ya tenía la Unión Europea. Desde
luego, países como España han contribuido de manera muy decisiva a
que se incorporasen a las acciones, a las áreas en que la Unión
Europea prestaba su contribución al desarrollo.

El mundo árabe y mediterráneo son, evidentemente, un área prioritaria
para la cooperación española a consecuencia de vínculos históricos y
geográficos. Dentro de esta región se otorgará una especial atención
al Magreb y en particular a Marruecos, el primer receptor de
cooperación bilateral española -8.664 millones en 1998-, donde
nuestra cooperación se centrará en el desarrollo de la zona norte del
país, y ya se habló de esto en la comparecencia del ministro, de
acuerdo con el propio Gobierno marroquí, que quiere prestar especial
atención a una zona que históricamente no había sido tan atendida y
donde ese valor añadido que puede tener la cooperación española se
nota más todavía que en otras zonas del país. Es evidente que no
vamos a
actuar sólo al norte del Rif, pero sí va a haber una especial
atención a esa zona geográfica. Asimismo, se actuará en Mauritania y
Túnez de manera preferente.

En Oriente Medio, España seguirá colaborando activamente en el
desarrollo económico y social de la región y muy especialmente en los
territorios palestinos, con el fin de contribuir a la estabilidad en
la zona y al proceso de paz. España viene ayudando a la Autoridad
Palestina con más de 6.000 millones anuales en los dos últimos años,
lo que convierte a los territorios palestinos en prácticamente el
segundo receptor de la ayuda oficial al desarrollo española, con un
nivel de ayuda semejante al de Bolivia. Hace pocos días el presidente
de la Autoridad Palestina, Yasser Arafat, planteó aquí, en Madrid -lo
hizo al secretario general de la Agencia y a mí-, la importancia que
daban a esta cooperación y la conveniencia de que próximamente se
celebrase una nueva reunión de la Comisión mixta para evaluar los
proyectos en marcha y poder acometer otros nuevos.

Con respecto al África Subsahariana, ya he dicho antes que con toda
la zona lusófona asumimos unos lazos especiales y, por tanto, estamos
teniendo una actuación singular en Mozambique, en Angola, en Cabo
Verde, en Guinea Bissau, Santo Tomé y Príncipe, cuyo primer ministro
estuvo ayer mismo en Madrid, planteando algunos proyectos, que serán
acometidos siempre en coordinación con la política general de la
Unión Europea y de acuerdo con Portugal. En los Balcanes, España
apoya firmemente el Pacto de Estabilidad y continuará colaborando en
la reconstrucción de Bosnia-Herzegovina, Albania y Kosovo. Permítame,
señor presidente, que me extienda en este punto. Desde la firma de
los acuerdos de Dayton, España ha venido teniendo una presencia
significativa en los Balcanes. Ha habido de forma ininterrumpida una
brigada del ejército español en la región de Medujorge, en la región
Herzegovina, y las tropas españolas de mantenimiento de la paz han
continuado con la presencia española en el seno de la Kfor, cuyo
comandante actual es el general Ortuño. Ha habido también una
importante participación de personal civil español, que ha tenido una
gran trascendencia. Baste recordar la presencia del señor Pérez
Casado como administrador de la ciudad de Mostar en representación de
la Unión Europea, en circunstancias de gran dramatismo y enorme
dificultad, así como la de Carlos Westendorp como alto representante
de la comunidad internacional para el cumplimiento de los acuerdos de
Dayton. Esta participación constituía y constituye un elemento
cardinal en los esfuerzos de reconstrucción de la región, pero
también, paralelamente a esos esfuerzos cualitativos, de valor
inapreciable, hay otros que pueden cuantificarse. Por ejemplo, y sólo
en concepto de ayuda humanitaria, sin contar con lo que representa el
esfuerzo militar estricto sensu, el Ministerio de Defensa destinó en
1999, entre las varias actividades relacionadas con la prevención



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de conflictos en Bosnia y Kosovo, ayuda a refugiados en Albania y
Macedonia, satisfacción de necesidades básicas como sanidad,
alcantarillado, saneamiento y acciones en materia de desminado,
alrededor de 35.000 millones de pesetas. Otros departamentos y
unidades, desde el Ministerio de Asuntos Exteriores a través de la
Agencia Española de Cooperación Internacional, hasta la Dirección
General de la Guardia Civil y la Policía Nacional, pasando por
comunidades autónomas y ayuntamientos, contribuyeron con otros
programas y proyectos en 1999, de forma diversa e ingente. Por
ejemplo, a Albania se destinaron más de 1.853 millones, 1.574 se
destinaron a Bosnia-Herzegovina, varios cientos de millones más a
países como Bulgaria, Croacia, Macedonia y Rumanía, incluyendo
también a Serbia y Montenegro, donde, por las circunstancias del país
y la concurrencia de sanciones europeas, el esfuerzo de cooperación
no ha podido ser de mayor peso específico aún. Debo señalarles que ya
se ha establecido una oficina técnica de cooperación, con sede en
Sarajevo y responsabilidad sobre la cooperación española en la
región. Todas estas actividades se completan asimismo con la
recepción de miles de refugiados y desplazados de los conflictos de
Bosnia-Herzegovina y Kosovo en los últimos años.

Actualmente, España, además de mantener y reforzar todas estas líneas
de actuación, tiene una responsabilidad hacia la región desde el
punto de vista de la prevención de conflictos y mantenimiento de la
paz que trasciende la acción bilateral. Además de la participación en
las operaciones de la Sfor y de la Kfor en Bosnia y Kosovo
respectivamente, nuestro país actúa en la administración provisional
para Kosovo, en la mesa regional del sudeste europeo prevista en el
Pacto de Estabilidad y en la Agencia de la Unión Europea para la
reconstrucción del sudeste de Europa. Lo que les he señalado tiene un
objeto: subrayar la dimensión integral de la cooperación española,
tanto por la multiplicidad de agentes como por la diversidad de
sectores en las crisis y emergencias de carácter humanitario. En
este, como en otros casos, la solidaridad del Gobierno y de la
sociedad española tiene tres causas fundamentales: el propio impulso
de socorro humanitario, la proyección de la acción exterior de la
Unión Europea y las obligaciones internacionales que, como país cuyas
responsabilidades globales van en aumento, incumben a España.

Me he extendido, señor presidente, en ese punto porque de alguna
manera pretendo que esta intervención sea complementaria de la del
señor ministro y hubo un requerimiento de mayor información,
precisamente por parte del diputado señor Pérez Casado en esa
comparecencia, pero me estaba refiriendo a las áreas geográficas
prioritarias que van a marcar el plan director. La última es Asia.

Los esfuerzos se dirigirán a consolidar nuestra presencia en las
Filipinas y a reforzar nuestra cooperación con la China, donde se
encuentran estos
momentos el presidente del Gobierno y el ministro de Asuntos
Exteriores. En esta línea de concentración de esfuerzos, de evitar
una excesiva dispersión, es evidente nuestra vinculación con las
Filipinas, pero China y de alguna manera Vietnam son también dos
zonas en las que habrá actuaciones especiales de cooperación. Éstas
son las grandes líneas geográficas, pero no agotan los ámbitos de
actuación de nuestra cooperación. El plan director también contendrá
elementos de ordenación de la política de cooperación en el ámbito
multilateral y en el europeo en particular, puesto que la cooperación
española se canaliza en una medida considerable a través de
instituciones de carácter multilateral. España tendrá una
intervención más activa en los procesos de elaboración de propuestas
y decisión de los correspondientes organismos, trasladando allí
nuestros intereses y prioridades. La política en el ámbito
multilateral será decididamente selectiva, incrementando la presencia
en unas instituciones y modulándola en otras. Tal selección se
llevará a cabo a partir de criterios como la correspondencia con las
orientaciones y prioridades de nuestra política de cooperación,
niveles de eficacia operativa y nivel de participación de agentes
españoles en los organismos.

Finalmente, en lo que concierne a la Unión Europea, nuestro objetivo
básico es contribuir a la consolidación del peso y la influencia de
la Unión en el sistema internacional de cooperación para el
desarrollo, lo que implica superar las deficiencias que la política
comunitaria presenta en la actualidad. Junto a las actuaciones
comunes de la Unión, hay países miembros, como España, que tienen
unas vinculaciones especiales con áreas del mundo que se deben
aprovechar sobre la base de criterios de coordinación, coherencia y
complementariedad con la actuación de los donantes europeos. Si bien
las prioridades de la política española de cooperación para el
desarrollo coinciden grosso modo con las de la cooperación
comunitaria, no puede decirse lo mismo de las prioridades
geográficas. Nuestra orientación dominante hacia Iberoamérica
contrasta con la atención comunitaria a los países firmantes de la
convención de Lomé, antiguas colonias de algunos Estados miembros.

Puesto que una activa política española ha logrado una mayor atención
hacia Iberoamérica y el norte de África, insistiremos en el
mantenimiento del esfuerzo europeo de cooperación hacia aquel
continente y el Mediterráneo; al mismo tiempo esta presencia
multilateral no se olvidará, sino que reforzaremos nuestras
actuaciones bilaterales en estas zonas del mundo.

No quiero ocultarles la trascendencia de lo que se ventila en este
concepto. La contribución española a los capítulos presupuestario y
contractual de Lomé, de la ayuda oficial al desarrollo comunitaria,
se sitúa en más de 55.000 millones anuales. Siendo como es la partida
mayor per se de nuestra cooperación, resultaría absurdo que
abandonáramos toda pretensión de trasladar orientaciones sectoriales
y geográficas a la política



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comunitaria. En esto quiero pedirles su anuencia y su apoyo, aunque
estoy seguro de que contaremos con ello, pues ha sido siempre una
constante de la política española en el seno de la Unión Europea y en
la línea de cooperación.

Señor presidente, tanto los programas de desarrollo como los
proyectos tienen su razón de ser y cada vez más la programación a
medio plazo aparece como el instrumento de mayor valor agregado, no
ya en cuanto al volumen de recursos asociados a la ejecución de
programas, sino porque asimismo permite una mayor coordinación,
ordenación y, por ende, maximización de la efectividad de esos
recursos. Al otro extremo del ciclo programático y en un ciclo
perfecto -el final debe informar el principio también- está la
evaluación. La evaluación es un instrumento esencial en la gestión de
la política de cooperación, es fundamentalmente un elemento de
control de la calidad de los proyectos y una manera objetiva de dar
cuenta al Congreso de los Diputados, a la opinión pública, a los
distintos agentes de cooperación de toda nuestra sociedad, de los
resultados de la política española de cooperación al desarrollo. Se
trata de un proceso que ya ha comenzado con la realización exitosa de
varias evaluaciones de creciente complejidad, pero que dista de estar
consolidada. A corto plazo, el principal reto consiste en la
introducción en el ciclo del proyecto, que incluye también la
programación e identificación de los resultados de las evaluaciones
realizadas, con la perspectiva de la implantación progresiva de una
cultura de la evaluación en la Agencia Española de Cooperación
Internacional y en los demás actores relevantes de la cooperación
española.

Estas son en síntesis las líneas principales que el Gobierno se
propone seguir en materia de cooperación al desarrollo en los
próximos cuatro años, sin perjuicio, naturalmente, de las directrices
que emanen de este Congreso, de acuerdo con lo previsto en la Ley de
Cooperación.




Me pedía el señor presidente que los otros dos puntos del orden del
día los incluyese en esta primera intervención. Quizás sean demasiado
específicos, pero comprenderán que el Ejecutivo está aquí para ser
controlado por el Legislativo y, por lo tanto, habrá que hacer lo que
disponga la Cámara y la Presidencia. Una de las dos cuestiones que se
planteaban era la cooperación española con Mozambique después de las
inundaciones. Se trata de un ejemplo concreto de algunas de las
cuestiones que he ido exponiendo a lo largo de mi comparecencia sobre
política de cooperación al desarrollo. Como SS.SS. saben, los pasados
días 3 y 4 de mayo tuvo lugar en Roma una conferencia para la
reconstrucción de Mozambique organizada por el Programa de Naciones
Unidas para el Desarrollo, a la que asistieron representantes de más
de 40 países donantes y un gran número de agencias internacionales y
organizaciones no gubernamentales de desarrollo. En dicha
reunión, el Gobierno de Mozambique presentó el programa diseñado para
la rehabilitación del país tras las graves inundaciones de febrero y
marzo, que fue valorado en 449,5 millones de dólares. Los
ofrecimientos de la comunidad internacional para financiarlo
superaron esa cantidad en algo más de tres millones de dólares.

España, que ha recibido la visita del presidente de Mozambique
recientemente, que vino a Madrid expresamente para agradecer al
Gobierno español la contribución a este programa, estuvo representada
por una delegación de alto nivel presidida por el secretario general
de la Agencia Española de Cooperación al Desarrollo. En su
intervención reiteró la prioridad que para España supone Mozambique
desde hace años, pues, como he comentado a los miembros de la
Comisión, Mozambique constituye una de las prioridades geográficas
del África subsahariana para la cooperación española, junto con otros
países, como Angola o los de la lusofonía, además, por supuesto, en
esa zona de Guinea Ecuatorial.

El ofrecimiento que nuestro país hizo y mantiene para la cooperación
con Mozambique alcanzó un total de 79 millones de dólares de ayuda
oficial al desarrollo, que se desglosan de la siguiente manera.

Acciones de emergencia en marcha, 11,5 millones de dólares, que
corresponden a los primeros envíos de alimento y financiación de
horas de helicóptero para el rescate de personas. A esto hay que
sumar los dispositivos puestos por la Agencia para el traslado de la
ayuda de emergencia recogida por organizaciones no gubernamentales,
el envío de tres helicópteros militares españoles, que participaron
en la distribución de las ayudas, más un hospital de campaña, que ha
dado asistencia sanitaria al campo de refugiados de Chobe, con más de
80.000 personas atendidas. Reorientación de los programas de
cooperación en marcha, que supone ocho millones de dólares. Algunos
de los proyectos acordados en la última Comisión mixta se dejarán
para más adelante, concentrándonos ahora en las áreas y sectores más
damnificados. Y condonación de la deuda bilateral por un importe de
44 millones de dólares. De estos 44 millones de dólares, 20
corresponden a los créditos FAD pendientes y 24 a la deuda de la
Comisión española de seguro a crédito a la exportación. Como SS.SS.

se dan cuenta, en este proceso España ha sido pionera, proponiendo en
diferentes foros al resto de los países y organismos acreedores de
Mozambique la condonación total y la concesión de nuevos créditos.

Asimismo, ha habido un ofrecimiento de nuevos créditos FAD por un
importe de 15 millones de dólares en condiciones muy favorables, pues
prácticamente el 80 por ciento son fondos no reembolsables. Se les ha
ofrecido también la apertura de un programa de microcréditos, que
inicialmente tendrá un monto de medio millón de dólares, para
facilitar la reconstrucción del tejido productivo del país. Hay que
considerar que las provincias más afectadas por las inundaciones han
sido Maputo y



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Gaza, motor económico del país, que hay que volver a poner en marcha
en cuanto antes. Finalmente, para completar el elenco de la ayuda
ofrecida por España, he de añadir que a esos 79 millones de dólares
de ayuda oficial al desarrollo que el Gobierno español dedicará a la
cooperación con Mozambique hay que sumar millón y medio de dólares
recaudados por las organizaciones no gubernamentales durante la fase
de emergencia, en clara respuesta al deseo de la sociedad española de
ayudar a este país, que ha mostrado su voluntad de desarrollo en un
marco democrático y que volvió a poner de manifiesto lo que todos
sabemos, la sensibilidad traducida en respuesta efectiva de la
sociedad española para con otros pueblos en momentos de especial
crisis y penuria, en este caso producida por las inundaciones.

Espero haber atendido con este informe la petición del Grupo
Parlamentario de Convergència i Unió, que lo había solicitado, así
como la información sobre educación en el marco de la cooperación en
el foro de Dakar. Del 26 al 28 de abril de 2000 tuvo lugar en Dakar
el llamado Foro mundial de educación bajo el lema Educación para
todos; en él participaron más de un millar de representantes de 181
gobiernos, organizaciones de derechos humanos y organizaciones no
gubernamentales. Como SS.SS. conocen, el marco de acción de Dakar
formula los siguientes objetivos: educación para todos, acceso de los
jóvenes al aprendizaje, acceso de adultos a la educación permanente,
eliminación de las disparidades entre sexos en la enseñanza, mejora
de la calidad de la educación, especialmente en lo referente a
resultados en lectura, escritura, cálculo y actitudes para la vida
cotidiana. Siendo estos objetivos de gran importancia y compartiendo
España la necesidad de alcanzarlos, quiero poner de manifiesto a SS.

SS. el significado jurídico de esta declaración, ya que no estamos
ante un tratado multilateral, jurídicamente vinculante, sino ante una
declaración de carácter político cuyos fines tienen también ese
carácter.

Para hablar del cumplimiento de esos objetivos he de referirme a la
Ley de cooperación, aprobada en julio de 1998, que ha establecido
unas prioridades sectoriales dentro de su objetivo primordial de
lucha contra la pobreza en todas sus manifestaciones, entre las que
figura en un lugar muy destacado la educación como un servicio social
básico, junto a los sectores de salud, saneamiento, seguridad
alimentaria y formación de recursos humanos. La ley se desarrollará
en el plan director y -como SS.SS. saben- a su vez en los documentos
de estrategia por países y sectores. Pues bien, uno de los documentos
de estrategia sectorial estará naturalmente dedicado a educación. La
Ley de cooperación prevé igualmente que una parte de los recursos del
fondo de ayuda al desarrollo se dediquen al desarrollo social básico,
entre cuyos fines principales se encuentran sin duda la salud y la
educación. Otra de las consecuencias de la aplicación de la Ley de
cooperación internacional para el desarrollo será la introducción
de criterios de especialización sectorial en la Agencia
Española de Cooperación Internacional, que convivirán con el enfoque
geográfico que ha venido existiendo hasta ahora.

Señor presidente, quiero concluir señalando que el principal sector
de cooperación de la Agencia Española de Cooperación Internacional es
el de la educación y formación de recursos humanos en general y, por
supuesto, la educación básica. Sin embargo, creo que mis palabras han
podido ser ya lo suficientemente extensas hoy. Dispongo de datos que
avalan esa información y ponen de manifiesto el esfuerzo económico
que se está realizando para llevarlos a cabo, y están a su
disposición, si SS.SS. lo desean puedo remitírselos por escrito o
bien hacérselos llegar en un momento posterior de mi intervención.

Insisto en que disponemos de estos datos de cooperación en materia
educativa, distribuidos por áreas geográficas, incluso por países,
pero me parece, señor presidente, que esto alargaría hasta límites
casi inaceptables mi intervención, que, por ser la primera, debería
tener algún gesto amable hacia SS.SS.




El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor secretario de Estado, por
su extensa exposición y por compartir con esta Comisión el principio
de economía procesal, que va a garantizar el trabajo de todos los
miembros de la misma.

Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el señor
Pérez Casado.




El señor PÉREZ CASADO: Muchas gracias, señor secretario de Estado. Yo
también me congratulo de que hoy sea imposible plantear en nuestro
país un libro como aquél del doctor Marañón, Españoles fuera de
España. Los españoles fuera de España hoy son gente, como siempre,
respetable y respetada. Agradezco personalmente sus palabras en lo
que a mi persona concierne, las haría extensivas a Carlos Westendorp,
que con mayor amplitud y tiempo se ha dedicado a Bosnia Herzegovina.

Quiero añadir a continuación que no me cabe la menor duda de que mi
grupo y yo mismo tenemos una actitud plenamente cooperante. Esta es
la Comisión de Cooperación y no le quepa la menor duda al señor
secretario de Estado, así se lo dijimos al señor ministro y usted
mismo es testigo, de nuestra actitud cooperante. Cooperante por
implicación política como grupo y cooperante incluso en términos
individuales. No de ahora. Nuestro ejercicio solidario es dilatado y
prolongado. Estoy viendo a alguno de mis compañeros y compañeras que
se han ocupado del Sahara, del huracán Mitch, de Iberoamérica, de una
manera tenaz y siempre generosa. Debo decirlo así para que quede
claro al principio.

Estamos en una comparecencia parlamentaria, en ámbito parlamentario,
escuchamos con atención laexposición del señor ministro de Asuntos
Exteriores y



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hoy la del señor secretario de Estado y hay algunos elementos
positivos que debo subrayar. En primer lugar, la afirmación de la
continuidad de una política de Estado. En este caso, nosotros nos
identificamos plenamente, como expresión de la voluntad mayoritaria
de nuestra ciudadanía y como expresión de un compromiso internacional
de nuestro país.

Señor secretario de Estado, recuerdo -era muy joven entonces, no es
que ahora sea muy viejo- el informe del Banco Internacional para la
Reconstrucción y el Desarrollo de 1960, cuando todos los indicadores
que hoy nos ocupan respecto de otros países, por ejemplo, la salud de
género, la salud de reproducción, tenían una incidencia muy elevada
en nuestro país. La mortinatalidad era muy elevada y también la
morbilidad en las mujeres. Todos los indicadores nos iban colocando
muy a la cola. El esfuerzo que hicieron millones de emigrantes
enviando sus remesas desde Alemania. Quien les habla ha sido
gastarbeiter, que es una expresión que me gusta poco, porque
trabajador invitado no es exactamente lo que hacíamos los españoles
en 1963 en la entonces República Federal de Alemania. El progreso
técnico, científico, económico, de salud social, en una palabra, que
concluyó en 1975-1977 con un tránsito ejemplar hacia formas
democráticas, nos hacen identificarnos con tantas cosas como nos dijo
el señor ministro la semana pasada y hoy el secretario de Estado.

Todo ello son manifestaciones en ámbito parlamentario y ahora hay que
ponerle -y lo digo con todo el respeto- calendario, fecha a los
compromisos y el quantum, donde, por supuesto, habrá discrepancias
pero que es básico, y el tiempo se nos echa encima.

Me referiré, en primer lugar, por hacerlo de una manera distendida a
que ya no va a ser posible el compromiso de la Ley de cooperación,
del plan 2000- 2004. El sentido común y las razones que se han
esgrimido así nos lo hacen aceptar, pero habrá que debatir una ley de
presupuestos en esta Cámara en el próximo mes de septiembre. En
consecuencia, las dotaciones presupuestarias para el año 2001
debieran ser objeto prioritario, a nuestro juicio, de atención y de
compromiso, como traducción precisamente de estas intenciones, de
cuya bondad no dudamos, ni dudamos tampoco de la voluntad política
por parte del Gobierno de llevarlas a término. Hemos de discutir el
plan director, no ahora evidentemente, puesto que el período de
sesiones concluye esta misma semana. El señor secretario de Estado
nos dirá cuándo podemos hacerlo. Pero, no obstante discutir ese plan
director, en aras del consenso, del acuerdo, de esa voluntad
cooperante, que en nombre propio y en el de mi grupo puedo exhibir,
tendremos que elaborar el presupuesto del año 2001. Con algunos
matices que son de interés y que se han deslizado tanto en la
intervención de la semana pasada como en la de hoy del señor
secretario de Estado, hay ámbitos geográficos, hay ámbitos sectoriales,
pero todo eso al final lo hemos de traducir en partidas
presupuestarias en lo que concierne a la Administración general del
Estado. Por tanto, nos gustaría tener esas precisiones temporales
tanto en lo que concierne al presupuesto del año 2001 como en lo que
concierne a la presentación, debate y discusión del Plan director.

Hay un segundo grupo de cuestiones que nos inquieta, y queremos
reforzar lo que la propia Ley de 1998 dice y lo que hemos ido
escuchando en estas dos comparecencias. El ámbito de la cooperación
internacional para el desarrollo es el ámbito del Ministerio de
Asuntos Exteriores y de la Secretaría de Estado para la Cooperación.

Nos interesa señalar esto particularmente para evitar confusiones, no
sólo en los aspectos presupuestarios o de coordinación -el secretario
de Estado se ha apresurado a decirnos que el Gobierno lo garantizará,
y yo lo quiero creer así-, sino además para reforzar ese carácter de
política exterior de España que tiene la cooperación internacional.

Se pueden mezclar las cuestiones de intereses económicos, legítimos
siempre, y que nosotros no desdeñamos en absoluto (no lo desdeñamos
cuando fuimos gobierno, no lo hemos desdeñado cuando hemos tenido
responsabilidades en otros ámbitos y no lo vamos a desdeñar ahora),
pero entendiendo que la política internacional de España en el ámbito
de la cooperación es una política básicamente generosa, que atiende a
objetivos generosos, tal como hemos escuchado esta misma mañana.

Sentado que el ámbito de la cooperación es el del Ministerio de
Asuntos Exteriores, por tanto de la Secretaría de Estado, y en sede
parlamentaria es esta Comisión quien debe ocuparse de los temas de la
cooperación, quiero insistir en varios elementos, algunos de los
cuales han sido aludidos hoy de pasada y el otro díacon mayor
intensidad. Por tanto, no hay reproche alguno, sino que se trata de
unir las dos comparecencias y las dos respuestas en un solo ámbito.

Es el caso, por ejemplo, de la deuda y el tratamiento de los temas
conexos con ella. Aquí quiero hacer una llamada seria y rigurosa,
porque ya hay iniciativas -lo dijimos el otro día- en las que España
podría ser líder, pero hay otros ámbitos en los que ya casi se nos
han anticipado. El Parlamento italiano, el martes 13 de junio,
discutía ya una proposición de ley de condonación o reconversión de
la deuda. Es decir, tenemos ejemplos de nuestros propios socios de la
Unión Europea cuyos pasos no nos resultaría grave ni difícil seguir o
incluso adelantar, pero desde luego desde este ámbito.

Hoy mismo es noticia en los periódicos la reunión entre las Naciones
Unidas, la OCDE, el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional,
para abordar el tema de la deuda, que, como bien se ha dicho, no es
solamente un acto de generosidad, sino también un acto de interés;
interés que puede ser para todos, ya que en la medida en que se
liberan recursos, hay más oportunidadespara intervenir en los
procesos de crecimiento



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y cambio -cambio político y cambio económico- en los países
receptores de nuestra ayuda. Para lograrlo, la ley prevé instrumentos
como el Consejo de Cooperación para el Desarrollo; y aquí he de
volver a la secuencia temporal, para pedirles que nos digan cómo y
cuándo se va a empezar. Tenemos noticia de que en la anterior etapa
hubo una retirada de la representación de las ONG, que habría que
corregir. El ministro dijo -y creo haberlo escuchado hoy también- que
el Consejo interministerial debía ser la palanca eficaz para que
desde este ámbito parlamentario, que es el nuestro, pudiéramos seguir
la acción de Gobierno, evaluarla, objetarla y, en todo caso,
consensuarla llegado el momento.

También atribuimos importancia a la Comisión interterritorial. La
cooperación descentralizada crece. Se nos puede objetar que no es el
ámbito competencial del Estado. Creemos que la Administración central
tiene los recursos y los mecanismos, no para imponer a nadie sus
objetivos, pero sí para indicar las directrices y lograr acuerdos.

Nos tememos que puedan existir disfunciones en algún caso. Yo, el
otro día, utilicé una palabra demasiado fuerte, que era el
despilfarro de los esfuerzos, pero sí pueden existir elementos
contradictorios en una política que, evidentemente, es la política
exterior de España, como usted ha afirmado, y que nadie en el ámbito
autonómico podrá objetar, desde el principio de la coordinación y de
la eficacia, y, si se quiere, en último extremo, con la reserva
expresa constitucional de que la política exterior de España la
dirige el Gobierno de la nación. Sin entrar a coartar a nadie, porque
son iniciativas generosas y con frecuencia muy útiles, sí hay que
tener en cuenta esta necesaria coordinación.




Coincido en los enunciados de este plan director. Cómo no estar de
acuerdo con la transversalidad, que es uno de los ejes de nuestro
discurso político. No hablaré del discurso político electoral, ni del
programa electoral del Partido Socialista, pero sí diré que son
compromisos nuestros la igualdad de género, la aplicación de
políticas respetuosas con el medio ambiente, la creación de
microempresas, etcétera. (Un señor diputado: Coincidimos.) Pues si
coincidimos, la próxima vez nos votas.

Hay un elemento que nos vuelve a inquietar. Han afirmado con los
datos en la mano -los datos siempre son sufridos, tengo alguna
experiencia profesional al respecto- que en una etapa de crecimiento
de la economía, de crecimiento de la competitividad de nuestro país,
se pueden reunir la exigencia social, la voluntad política -creo que
mayoritaria en esta Cámara- y el crecimiento de las transferencias
para el desarrollo. Me permito detenerme en un inciso: hay que
distinguir las acciones humanitarias de la acción al desarrollo,
procurando no mezclarlas, aunque el esfuerzo sumado sea el que hace
nuestro país en términos de solidaridad.

Sin entrar en el debate sobre las cifras, les puedo decir que en el
informe más reciente del Comité de Ayuda al Desarrollo de la OCDE se
registraba un ligero retroceso de una décima sobre el producto
interior bruto de España, frente a crecimientos de otros países de la
propia OCDE. Son datos de ellos. Pero, a mi juicio, no sería bueno
entrar en esa discusión, porque la reservaría, con el permiso de la
Presidencia, para cuando veamos la propuesta de presupuesto 2001 que
nos hace el Gobierno y que tendremos que incorporar a la Ley de
Presupuestos del Estado. Ese sería el momento de ver si efectivamente
estamos en la senda de crecimiento que nosotros deseamos o estamos en
una senda de contención o de ligero retroceso. No será en absoluto
eje de mi intervención en el día de hoy la discusión sobre esas
cifras, que en algunos casos son liquidaciones y en otros son
previsiones de liquidación, y nunca en los términos que explicita la
Ley de 1998.

Quería hacer alguna referencia también a las empresas. Naturalmente,
somos partidarios de que la mejora de nuestra competitividad
empresarial se traduzca en acción internacional, pero queremos
retener dos aspectos que con frecuencia se olvidan. No lo voy a
atribuir al señor secretario Estado, al menos en esta su primera
comparecencia, porque, señor secretario de Estado, a usted sí que le
esperamos con mucha asiduidad. El ministro ya nos aclaró que la
agenda de un ministro de Exteriores -me consta- es más compleja, pero
a usted le esperamos con mayor asiduidad. ¿Qué elementos podemos
señalar en relación con las empresas? Seguir con una recomendación
antigua de la OCDE - creo que del año 1976-, algo así como el código
ético de las multinacionales. ¿Referido a qué? A dos o tres aspectos
que en su propia propuesta indicativa de plan director nos dice:
transversalidad, derechos sociales, junto a los derechos humanos,
trabajo infantil, respeto al medio ambiente, a las minorías étnicas y
culturales, etcétera. Creemos que ahí sí se puede hacer un esfuerzo
desde el Gobierno, en la medida que los gobiernos sucesivos -y éste
también- ayudan a nuestras empresas a extender su ámbito de
influencia y de trabajo en el mundo.

En cuanto a cláusula social, no recuerdo bien si fue en la
conferencia de Seattle, se dijo: Los derechos se incluirán siempre en
las acciones de las multinacionales. Yo enfatizo especialmente porque
creo que es abrumador el trabajo infantil, el cual está conduciendo a
un dumping social más grave, si cabe todavía, que el que nos hacen en
otros ámbitos, puesto que afecta a uno de los objetivos de la
política internacional, y dentro de la política internacional, a la
política de cooperación. Además, en los aspectos geográficos de esa
acción estaríamos siempre de acuerdo en una concentración. Pero no
nos olvidemos de que, a veces un pequeño recurso puede aliviar una
gran tensión, aunque sea un pequeño país, aunque sea una pequeña
acción. Hemos de estar incardinados en la política exterior común. Es



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un gran logro que conseguiremos en la Unión Europea en los próximos
años, pero no debemos olvidar nunca nuestros intereses más próximos,
no sólo los históricos.

Se ha citado hoy a Iberoamérica o el ámbito lusófono, que a mí me
parece especialmente atractivo en la medida en que siempre hemos
hablado de España y Portugal de espaldas unos a otros, cuando tenemos
una tradición común, a veces inspirada en alguna confrontación, pero
en el siglo XIV o XV. También los temas que derivan de nuestra
presencia cultural e histórica, no sólo en Iberoamérica, sino por
ejemplo, en el Sahara, y en este caso en el doble ambiente. Entiendo
que el ministro de Asuntos Exteriores, en lo que concierne a los
aspectos de aplicación de los acuerdos y el plan de paz, el plan
Baker, fuera extremadamente cauteloso. Quizá tendríamos una opinión
algo más radical pidiendo al Gobierno -no es este el ámbito- que
presione para que el referéndum de autodeterminación se lleve a cabo.

Pero sí hay acciones donde se puede contribuir sin inmiscuirnos en
los delicados equilibrios de esa política internacional, que es la
ayuda humanitaria a los ciudadanos saharauis que han desplegado con
una actividad encomiable cientos de instituciones españolas. A ese
respecto hay alguna iniciativa. Aprovecho para pedir que el Gobierno
español contribuya también a ese ámbito específico, a la segunda
pata, no a la cooperación sólo, sino a la ayuda humanitaria como
pueden ser unas vacaciones de verano para los niños.

Finalmente, si lo he resumido bien, nos preocupan los plazos, nos
preocupa la cuantía de esa cooperación para el año presupuestario
inmediato. Necesitamos, no sólo cumplir la ley, para eso está, es un
recordatorio retórico, sino cumplir los compromisos internacionales
de nuestro país. Estos días se ha celebrado la conferencia de
Ginebra, la Copenhague más cinco en al jerga local. Existen unos
compromisos adquiridos en 1995. Se habrá realizado un balance de lo
hecho en estos cinco años que desearíamos conocerlo también y seguir
la senda de los compromisos que España ha ido adquiriendo,
entendiendo que su cumplimiento nos alegrará siempre y que su
incumplimiento nos llevará a la exigencia -no quiero decir
palabrotas- de responsabilidades.




El señor PRESIDENTE: Por el Grupo de Convergència i Unió, tiene la
palabra el señor Maldonado.




El señor MALDONADO GILI: Permítame, señor secretario de Estado que,
por cortesía parlamentaria, empiece dándole la bienvenida en nombre
de Convergència i Unió, deseándole suerte en su nueva singladura.

Como ha hecho el portavoz socialista, quiero mostrar nuestra
voluntad, creo que ha dicho cooperante, voluntad cooperadora desde el
punto de vista de aunar esfuerzos. Quiero también agradecerle su
exposición. Cuando uno es nuevo en cualquier lid, en cualquier tarea
o en cualquier campo procura no errar. Yo no he empezado mis palabras
de esta forma, pero oyendo a
un maestro en las lides parlamentarias como el señor Pérez Casado,
voy a personalizar muy brevemente y decirle que para Convergència es
muy importante la cooperación internacional y el desarrollo. Pero
para este diputado que habla es apasionante el tema. Cuando uno ha
tenido la suerte durante 21años de conocer, año tras año, África y
conocer la África profunda, sus realidades rurales, étnicas y
sociales, el hecho de escucharle suma el interés del grupo al interés
personal. Por esto, señor secretario de Estado, le agradezco su
exposición y nuestro grupo la valora positivamente. No será una
posición crítica ni negativa. Todo lo contrario, la valoramos
positivamente. Hay lagunas, hay lapsus, pero no hay errores.

Necesitamos más explicaciones, pero ahora no es el momento. Usted
acaba de llegar y necesitamos seguir lo que usted ha explicado.

Esperamos su presencia en esta Comisión reiteradamente, así lo ha
ofrecido usted. Nosotros se lo recabaremos. Creemos que hará falta
porque está claro que el Ministerio y los grupos parlamentarios
tienen que ir por el mismo camino. Esta no debería ser una comisión
de enfrentamiento político porque es una comisión dedicada a sectores
marginales, a sectores necesitados, en último término a cooperación.

Por tanto, sí es cierto que desde los diferentes criterios políticos
hemos de encontrar los puntos que nos unen para sumar y para ir más
allá. Por eso decía que su exposición la valoramos positivamente y la
agradecemos. Nosotros seguiremos recabando de vez en cuando su
presencia.

Si me permite, empezaría mi exposición al revés de la suya. Usted ha
empezado dando una macro explicación de las líneas de actuación del
Ministerio y de su Secretaría de Estado y ha terminado contestando a
las dos preguntas de Convergència i Unió. Yo empezaré por las dos
preguntas que le hicimos por escrito y acabaré haciendo referencia a
su exposición amplia. La primera era sobre Mozambique. Su explicación
ha sido suficiente y nos damos por contestados, sobre todo oyendo que
en la conferencia de Roma la aportación ofrecida por Europa pasaba la
petición del gobierno mozambiqueño en tres millones de dólares. Por
tanto, la petición del Gobierno de poder rehacer lo que la inundación
deshizo en este país ha quedado satisfecha. Es verdad que Mozambique
ha sufrido una brutal agresión desde el punto de vista climatológico,
etnográfico, etcétera. Han sido las inundaciones más fuertes de los
últimos 50 años. Antes de las inundaciones Mozambique ya presentaba
unas cifras tristes. Desde el punto de vista del desarrollo humano,
ocupaba la posición 167 de 174 países, por tanto ya estaba en
situación de inferioridad respecto al resto del mundo o a la inmensa
mayoría de países. En cuanto a la mortalidad infantil, de cada mil
niños que nacían, 117 morían. La esperanza de vida rozaba los 43
años. Con una catástrofe climatológica como esta estos parámetros
aumentan, y cualquier ayuda, española, europea, mundial, no hará sino
parar este drama humano que tiene Mozambique como país.




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Me ha quedado una pequeña duda que le rogaría, si es tan amable, que
me la conteste. Cuando hablaba de la condonación de la deuda, se ha
referido a millones de dólares y no he entendido si era el cien por
cien de la deuda comercial de Mozambique o era una parte de este cien
por cien. Sí entendimos que en su día, en la conferencia de El Cairo,
España se comprometió a condonar el cien por cien de la deuda.

Supongo que es el cien por cien, pero no estaría de más una
matización por parte del señor secretario de Estado. No tengo más que
decir respecto a Mozambique, sólo rogar al Gobierno de España que
siga muy de cerca las ayudas que se vayan a seguir dando, vía
créditos u otras, porque es harto conocido que desgraciadamente en
estas catástrofes muchas veces la ayuda no llega a su fin o no va
bien dirigida. Por tanto, recabamos del Gobierno español y del
Ministerio al que usted pertenece que se siga muy de cerca esta
ayuda, que llegue a quien tiene que llegar, que es al pueblo de
Mozambique.

Respecto a la conferencia de Dakar, ya no soy tan optimista. Usted ha
dicho que los acuerdos no eran vinculantes y, por tanto, la sociedad
europea y los Estados que la conforman tienen que acoger la parte de
responsabilidad que les toca. No voy a incidir en responsabilidades,
pero sí en preocupación. Usted sabe que en abril de 2000 se celebró
en Dakar el Fórum Mundial para la Educación, que se llegó a denominar
conferencia de Dakar, a la que asistieron 181 países. Esta
conferencia se realizaba diez años después de la Conferencia Mundial
sobre la Educación, celebrada en Tailandia. Desde el punto de vista
de resultados tendríamos que catalogarla como un fracaso, si tenemos
en cuenta los compromisos asumidos en su momento y la realidad
actual. Los compromisos fueron que en el año 2000 todos los niños y
niñas deberían estar escolarizados, que se incrementaría la ayuda
para la educación básica, que el Fondo Monetario Internacional
incorporaría compromisos para la educación, asimismo que el Banco
Mundial reforzaría sus programas educativos. ¿Cuál es la realidad
actual? La realidad actual es que hay 125 millones de niños y niñas
en todo el mundo que no reciben ningún tipo de educación, que 150
millones de niños dejan esta educación básica previo su inicio, lo
que quiere decir que no llegan a aprender ni a leer ni a escribir,
que su desarrollo humano es tendente a la pobreza y a la degradación.

La situación actual es que los niveles de ayuda a la educación básica
están más bajos que nunca. La ayuda a África, por ejemplo, se ha
reducido en 3.000 millones. Lo que los países ricos destinan como
ayuda básica a la educación de los países subdesarrollados se
mantiene en un porcentaje inferior al 2 por ciento. Al menos doce
países americanos han reducido sus presupuestos educativos bajo la
presión del Fondo Monetario Internacional.

Todo esto nos hace entender que la conferencia de Dakar ha
visualizado muchísimo que la situación de la educación va a la baja,
y va a la baja en zonas de múltiples
necesidades. ¿Con ello qué queremos decir? Que España, por su
parte, en el porcentaje que le corresponde, ha de incidir en que esto
se supere, en que estos acuerdos que se hicieron en su día lleguen a
mejor puerto, porque las generaciones que vienen son futuras
generaciones de bajo nivel de calidad de vida.

Para acabar sobre este tema tendría que decir que la educación básica
para España no es en absoluto un objetivo prioritario. Nuestro
porcentaje representa menos del 3 por ciento y también estamos en
cuotas muy bajas. Señor secretario de Estado, por esta sensibilidad
que ha demostrado en su discurso, esperamos que aporte su cuota de
solidaridad hacia esta necesidad mundial que existe.

Pasando a su amplia exposición, que he dicho antes que valoramos
positivamente, nos decía que estábamos bien situados, que de la
explicación del señor ministro en su última comparecencia se había
expuesto que España estaba en duodécimo lugar. Es cierto que España,
por su situación histórica de país receptor, está siendo un país
donante en un nivel importante, pero también es cierto que estábamos
en los últimos lugares de la parrilla de salida y que, por tanto, de
estar en ese lugar a ir subiendo quiere decir que teníamos el listón
muy bajo. El listón lo hemos subido, creo que estamos en un nivel
aceptable. ¿Qué hace falta ahora? Ahora hace falta planificar. Ahora
hay que dirigir mucho la cooperación. La cooperación ha de estar
planificada, dirigida, tipificada. Esperamos con ansiedad y con
ilusión el plan director. Nos gustaría, viendo su talante y su
exposición, que este sea un foro de debate de este plan director.

No hace muchos días, en la Comisión de Defensa, de la que yo soy
portavoz, se recriminaba al señor ministro -no a él, porque acaba de
llegar, pero sí a su antecesor- que el Libro Blanco de Defensa había
sido conocido por los medios de comunicación y que había sido
aprobado sin que en el Congreso los grupos parlamentarios tuvieran el
debate previo. Tuvimos por parte del ministro palabras de
colaboración y de talante dialogante. Aprovechando aquella
explicación de la Comisión de Defensa, le pedimos al secretario de
Estado que el plan director también tenga su debate previo en el
Congreso, no un debate para aprobación o para conocimiento. Es
importante que los grupos políticos aporten. Usted ha oído la
explicación del Grupo Socialista, que ha sido de total colaboración,
la del Grupo Catalán es la misma. Esta es una Comisión en la que a la
fuerza tiene que haber voluntad de diálogo, de consenso, de
colaboración. Habrá disfunciones, enfrentamientos, este es un debate
de diálogo político, pero en general es una Comisión en la que
tenemos que planificar de futuro ayudas a países terceros, y esto en
política es fácil de entender, pero es fácil si previamente hay
exposición y diálogo.

El plan director nos interesa. Es una buena idea y esnecesario. Desde
Convergència i Unió recabamos la



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necesidad de participar con ánimo constructivo de colaboración, de
aportar, que es la que nos corresponde. El Gobierno tiene mayoría
absoluta para aprobar lo que quiera, pero el talante democrático
también se demuestra en planes directores.

España tiene una gran oportunidad. Usted ha dicho que estamos bien
situados, yo le he dicho que salíamos de una parrilla de salida
histórica en mal lugar. España tiene un crecimiento económico
importante, está creciendo social y económicamente, es un país
moderno y avanzado, es un país con futuro, pero el Estado español si
quiere visualizar modernidad y justicia tiene que ser solidario y
sensible, y la cooperación es la gran vitrina de la solidaridad y de
la sensibilidad. Nosotros le damos ánimos a usted y a su Gobierno
para que sigan recabando, vía presupuestaria, la ayuda que hace falta
a países que no tienen la suerte de estar en nuestro nivel, a países
que, si no se les ayuda, son fuente de emigración, emigración que
padece España y Europa. Por tanto, esta cooperación no tiene que ir
sólo dirigida a los países en crisis, a los países que sufren
catástrofes, que lógicamente también y debe ser inmediata, pero tiene
que haber una cooperación preventiva, planificada. Hay que
adelantarse a ella. Si queremos que cesen estos movimientos
migratorios, la cooperación es clave, y para que sea clave
necesitamos aportar no sólo desde el punto de vista económico sino
desde el punto de vista de la planificación.

Utilizando términos económicos, hay que invertir en sanidad, en
educación, en desarrollo industrial, en desarrollo humano, en calidad
de vida. Nadie huye de un país dejando la vida en el camino, como
vemos tristemente en el estrecho de Gibraltar, como vemos tristemente
en vehículos que vienen de países asiáticos con gente que muere;
cantidades ingentes de muertes. Nadie muere porque sí, por aventura o
por capricho. La gente huye de la miseria, la gente busca calidad de
vida, dignidad humana, y nosotros, que ahora podemos decir que
formamos parte de los países ricos europeos, de los países que tienen
un cierto bienestar, tenemos la obligación y el reto de ayudar a
estos países, pero también de intentar evitar estos movimientos
migratorios que a veces también desestabilizan otros países. Por
tanto, hay que invertir en sanidad, en educación, en desarrollo
industrial y en planificación en estos países preventivamente para
intentar equilibrar la sociedad, para equilibrar el mundo.

Usted ha hablado de ONG. Creemos que sigue siendo muy importante dar
apoyo a las ONG por muchas razones: por su espíritu solidario, por su
conocimiento in situ y también porque muchas veces la actuación de
las ONG en estos países es muchísimo más positiva que actuaciones
estatales que a veces sabemos que son mal dirigidas o no bien
ejecutadas. Nuestro grupo tiene un interés especial en que la
colaboración con las ONG vaya in crescendo.

El tema es largo y necesitaríamos hablar de muchísimas cosas, pero
quisiéramos hacer un expreso hincapié en el pueblo saharaui por
razones históricas, por vínculos, por conocimiento y por relación. La
Comunidad Autónoma de Cataluña lleva a cabo colaboraciones históricas
con el pueblo saharaui, por eso quisiéramos pedirle sensibilidad,
pedir ayuda para un pueblo que necesita también cooperación intensa.

No me alargaré más. Sólo quisiera reiterar nuestra voluntad de
colaboración, nuestra voluntad de estar presentes en los debates.

Sepa que desde Convergència i Unió la colaboración es importante y
creemos que el Gobierno del Estado, en un momento en que está
preparando los Presupuestos, tiene que aumentar su interés por la
colaboración de España con el resto del mundo.




El señor PRESIDENTE: Aunque en algún momento he visto a los
representantes de los grupos de Coalición Canaria y del Partido
Nacionalista Vasco, en estos momentos no hay nadie de esos grupos.

Tiene la palabra el señor Izquierdo, del Grupo Parlamentario Popular.




El señor IZQUIERDO JUÁREZ: El diputado Pérez Casado ha hecho
referencia a ese buen libro del doctor Marañón, Españoles fuera de
España. Seguro que conoce también el buen libro, en su segunda
edición, de su nieto titulado Hispanomanía. Qué diferente, señor
Pérez Casado, la visión o la presencia que de España se tiene ahora,
después de cien años. En ese buen libro nos habla, por ejemplo, de
ese inglés magnífico, financiador del levantamiento de Torrijos, que
fue fusilado junto a este último en Málaga y que dio origen al escudo
de esa entrañable ciudad que es la mía: la primera en la defensa de
las libertades. Qué diferente es, después de 200 años, el papel que
España está jugando en el concierto internacional, precisamente en un
día como hoy donde Naciones Unidas, el Fondo Monetario Internacional,
el Banco Mundial y la OCDE van a impulsar un plan de choque contra la
pobreza, donde uno de los elementos es la deuda externa de los países
en vías de desarrollo, que no es sino uno más de los elementos de un
plan de choque importante.

Precisamente hoy, con apenas una semana escasa, el Gobierno ha
generado, en opinión de nuestro grupo parlamentario, dos documentos
de extraordinaria importancia. La intervención del ministro de
Asuntos Exteriores en la Comisión de Cooperación de la semana pasada,
que ha quedado plasmada en el «Diario de Sesiones», y hoy la
intervención del secretario de Estado de Cooperación Internacional.

En opinión de nuestro grupo, son dos documentos fundamentales porque
ambas intervenciones indican continuidad porque la política de
cooperación es una política de Estado, pero también de reformas, de
proyectos y de cambios.




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Hoy hemos asistido, señorías, lo digo con una cierta emoción y con un
reconocimiento total, a la intervención del secretario de Estado de
Cooperación que se me antoja, lo he dicho antes, extraordinaria y
fundamental para el presente y el futuro de la cooperación española.

Una intervención ágil y sintética que recoge con precisión y estilo,
por qué no decirlo, una década de análisis, de debates, de propuestas
y de sugerencias sobre los retos de la cooperación en el próximo
siglo, siglo que empezará el próximo día 1 de enero. Y hablaba de
emoción porque hace ya muchos años que me une con el secretario de
Estado una vieja amistad, amistad universitaria de esfuerzos por la
democracia y libertades en una transición ejemplar. Las palabras del
secretario de Estado están dictadas desde una trayectoria personal
que me consta y de la que he sido testigo afortunado, donde la
libertad y la lucha por las libertades tiene la más alta
consideración. Luego explicaré por qué digo esto.

Cuando hace pocos años el programa nacional de Naciones Unidas para
el desarrollo nos decía que el futuro de la cooperación dependería de
las decisiones que los gobiernos de los países desarrollados tomasen
a finales de siglo, yo siempre me preguntaba qué decisiones cabría
tomar a fin de siglo para desarrollar un modelo de cooperación
distinto, mejor al que tenemos hasta este momento. La intervención
del secretario de Estado le sugiere a nuestro grupo un modelo de
cooperación integral, al que se ha referido al final de su
intervención, donde el sistema de ayuda internacional, poco a poco,
va a dar paso a un sistema de cooperación propiamente dicho.

Las jóvenes democracias iberoamericanas lo vienen reclamando desde
hace años, desde el término de la década ominosa de las dictaduras
militares y el restablecimiento de la democracia en la mayoría de los
países iberoamericanos; una democracia que hoy nos preocupa, desde
Europa y desde España, a todos los grupos parlamentarios. Las jóvenes
democracias iberoamericanas, desde hace años, vienen reclamando apoyo
para sus procesos de integración, apoyo para sus procesos de
apertura, apoyo para sus procesos de asociación. Piden al mundo
desarrollado que no aplique tantas cláusulas de condicionalidad. Que
se aplique la cláusula de condicionalidad democrática, la cláusula de
condicionalidad medioambiental, cláusulas de condicionalidad sociales
para desarrollar con ellos políticas de cooperación, naturalmente que
sí, pero lo que sobre todo piden es un proceso de asociación con el
donante, un proceso de corresponsabilidad.

Yo creo que la intervención del secretario de Estado y el documento
que da naturalmente origen a dicha intervención indica, señorías, la
madurez de la cooperación española; documento que es una decisión
política basada fundamentalmente en el derecho al desarrollo que
hunde sus raíces en los derechos fundamentales, en las libertades, en
la democracia y en los derechos
humanos. Estas son cuestiones transversales en las que todos estamos
de acuerdo pero que tienen también aplicación concreta. No son
discursos ni son planteamientos previos, exposiciones de motivos a
leyes a las que desde la ignorancia no culpable, por supuesto, se les
da valor en sí mismas. No hay leyes milagro, hay desarrollos
legislativos, hay políticas, hay actuaciones, hay decisiones que
pueden operar probablemente el milagro del desarrollo. En ese
sentido, el Grupo Popular, señor presidente, señorías, señor
secretario de Estado, comparte plenamente la estrategia española de
ayuda al desarrollo que hoy usted ha expuesto y pensamos con usted
que la pobreza no sólo supone la falta de crecimiento, naturalmente,
o los bajos niveles de renta. Decir eso sería como condicionar el
desarrollo al crecimiento y tampoco está condicionado. Cito sin ser
textuales las palabras del secretario de Estado que me han parecido
especialmente importantes. Implica también a instituciones
inadecuadas, economías rígidas e independientes, inestabilidad
política, corrupción y ausencia del buen gobierno, marginación
social, marginación económica, deficientes sistemas de acceso a la
salud y a la educación y, qué duda cabe, discriminación de la mujer.

La lucha contra la pobreza -se ha dicho y es verdad- no puede
limitarse a una mera transferencia de capitales. Es el binomio
comercio por ayuda vigente desde la Segunda Guerra Mundial y al que
hacíamos referencia en la comparecencia pasada del ministro en esta
Comisión de Cooperación. Desde ese punto de vista, donde la ayuda
sigue siendo importante -el impacto puntual sobre las necesidades
básicas de urgencia, la seguridad alimentaria, atajar de manera
rápida cualquier violación de derechos fundamentales y humanos- la
dimensión cualitativa de la cooperación cobra un valor de
extraordinaria importancia. Esto no significa que otros debates no
sean importantes. El aspecto cuantitativo es importante, pero la
dimensión cualitativa, qué duda cabe, que cobra un valor
extraordinario.




El esfuerzo de donante de España, el esfuerzo de la Unión Europea, el
esfuerzo de la comunidad internacional en el futuro se va a medir
más, si somos capaces de aplicar correctos sistemas de evaluación,
por el impacto de sus políticas sobre el desarrollo que por el
volumen de las mismas. Y no es algo que diga yo, sino que es algo que
dicen los expertos y nos reiteran de manera insistentemente desde la
OCDE, desde Naciones Unidas, desde los organismos financieros
internacionales y también desde los no financieros. Porque el
objetivo de una política de cooperación al desarrollo, señorías, es
precisamente el desarrollo, no puede ser la ayuda en sí misma.

Estaríamos en el símil de la pescadilla que se muerde la cola y
estaríamos inmersos en el desasosiego y en la fatiga a la que a veces
se llega al comprobar los índices de desarrollo que todavía existen
en este mundo globalizado.




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Se ha referido el señor secretario de Estado al marco legal, y en los
últimos meses de la pasada legislatura, el debate sobre la unidad de
dirección de la cooperación estuvo muy presente. Yo creo que ese
debate ha sido en exceso simple y agradezco la orientación que el
secretario de Estado le ha dado, porque en la cooperación española,
que es parte de la política exterior y de la acción exterior de
España, como dice la Ley de cooperación, intervienen diferentes
actores: Estado, administraciones públicas, que tienen sus propias
competencias, comunidades autónomas y entidades locales y sociedad
civil y, dentro de esta última, diferentes actores -organizaciones no
gubernamentales, empresas, universidades, etcétera-. Nos planteamos
mucho este debate en el transcurso de la Ley de cooperación y hay un
artículo 4 en dicha ley que es el del principio de coherencia.

Intentábamos todos juntos superar el viejo concepto de la
coordinación. Cuando cualquiera de nosotros tiene un problema o tiene
que dar explicaciones de algo, recurre -yo creo que por un recurso
nos manda la oratoria- al principio de la coordinación. Es preciso
mejorar la coordinación. Esto es verdad, no lo digo desde el punto de
vista despectivo, pero el principio de coherencia, tal y como está
redactado en la ley, en nuestra opinión supone una superación de la
retórica sobre la coordinación. Coordinación no es regulación;
coordinación es, como se ha dicho, diálogo, acuerdo; coherencia es
estar de acuerdo en una serie de principios generales básicos y
orientaciones y también desde el punto de vista indicativo y
presupuestario e intentar desarrollarlo. Coherentes pueden ser los
diferentes departamentos ministeriales y diferentes administraciones
públicas en el ámbito de sus competencias, pueden ser perfectamente
coherentes en sus políticas de cooperación al desarrollo. Sus
políticas de acción exterior pueden ser perfectamente coherentes. Por
eso la Ley de cooperación establece una serie de órganos consultivos
a los que el secretario de Estado ha dado la máxima importancia, como
son el Consejo de Cooperación o la Comisión Interterritorial. Pero
las organizaciones no gubernamentales también están dentro. La Ley de
Cooperación para el Desarrollo no es una ley de la cooperación
pública, es la ley de la cooperación internacional española, y las
organizaciones no gubernamentales están dentro de la política
española de cooperación al desarrollo. En ese sentido le anuncio que
nos parecen de extraordinaria importancia las reformas que se van a
introducir en el programa de subvenciones a organizaciones no
gubernamentales porque la reivindicación es un valor en las
organizaciones sociales que debe permanecer. La reivindicación ha
sido durante mucho tiempo sinónimo de frustración, sinónimo de
confrontación, sinónimo de falta de acuerdo y, sobre todo, sinónimo
de desconfianza. Yo creo que esto ha sido debido fundamentalmente a
años de desencuentro, de promesas incumplidas, de intereses
distintos. Hoy tenemos los instrumentos adecuados para que esa relación
de desconfianza se convierta en una relación de confianza y ese
instrumento puede ser perfectamente el convenio marco, los convenios
programa, etcétera.

El secretario de Estado ha hecho referencia al Consejo de Cooperación
como un gran foro de encuentro de todos los actores, el estatuto de
la Agencia Española de Cooperación y el estatuto del cooperante. Yo
quiero hacerme eco de la importancia que supone la reforma del
estatuto de la Agencia y la potenciación de sus funciones y de los
anuncios concretos de incluir en la Agencia Española de Cooperación
la Oficina de Planificación y Evaluación o la gestión del
microcrédito.

Se ha extendido finalmente en exceso sobre el plan director y yo se
lo quiero agradecer personalmente, porque hay una batería de
iniciativas extraordinarias para el mes de septiembre sobre el plan
director. El secretario de Estado ha hecho una intervención muy
extensa sobre las líneas generales de lo que será el plan director.

Ahí yo, personalmente, y nuestro grupo, nos quedamos enormemente
tranquilos en cuanto al problema que otros portavoces han señalado en
la cuestión de los plazos. Yo creo que si esta legislatura en su
inicio tiene que significar algo es la normalización de las
estructuras de cooperación que diseñó la Ley de cooperación. Creo que
es mejor que el plan director tenga su entrada en las Cortes y sea
previamente informado por el Consejo de Cooperación o la Comisión
Interterritorial, como dice la ley, a que lo haga directamente. Para
algo tienen que servir esos órganos de cooordinación, de diálogo y de
información previa al Gobierno como estamentos que asisten al
Ejecutivo en la toma de decisiones antes de que el plan director
llegue a las Cortes para su debate y dictamen. Por eso nos parece
extraordinariamente acertado adecuar el plan director al marco
cronológico 2001-2004. Las consecuencias, los párametros establecidos
en un borrador de dicho plan, que ya existía desde la pasada
legislatura, se están aplicando hoy.

Señalo a continuación algo sobre el plan director, en mi opinión de
extraordinaria importancia y que ha de orientar la política de todas
las administraciones públicas y también sus previsiones de gasto. El
esfuerzo que España está haciendo es notablemente desigual y todos
debemos reflexionar hasta dónde ha de llegar la participación del
resto de las administraciones públicas en lo que es ayuda pública al
desarrollo en un país como el nuestro, donde el gasto público está
extraordinariamente descentralizado. Esta es una reflexión desde la
serenidad y desde la responsabilidad que todos debemos hacer antes de
exigir a la Administración central cuotas de ayuda pública al
desarrollo, que probablemente se puedan exigir. Estoy muy de acuerdo
con los planteamientos de unir este esfuerzo al plan de estabilidad.

No puede ser de otra manera. España tiene que mantener sus cuotas de
desarrollo para poder generar ahorro,como ha dicho el secretario de
Estado, y para poder



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destinar parte de ese ahorro a la cooperación internacional.




Finalmente, señor presidente, señor secretario de Estado, no podemos
menos que compartir su inquietud sobre el ámbito multilateral y la
continuidad que ha expresado sobre las áreas geográficas de la
cooperación española. El ámbito multilateral es probablemente una de
las asignaturas pendientes de la cooperación española. No quiero
extenderme ni profundizar sobre los problemas de la cooperación en la
Unión Europea, conocidos por todos, con ulteriores crisis a las que
todos hemos contribuido desde la responsabilidad no precisamente a
tapar sino a superar. La cooperación al desarrollo en la Unión
Europea está excesivamente burocratizada, con poca transparencia, con
poca información; el Consejo de Cooperación al Desarrollo de la Unión
Europea es un órgano que apenas funciona y la presencia de España en
la Unión Europea, tanto en políticas de cooperación como en otras
políticas o en otro tipo de organismos internacionales -creo que en
esto estaremos todos de acuerdo- no se debe medir tanto -aunque sí-
por la presencia de personas como el diputado Pérez Casado, de
altísimo nivel y responsabilidad, sino por la presencia de muchas
otras personas de niveles intermedios o de otro tipo de niveles para
que la presencia de España tenga efectivamente un peso y un papel
importantes. Para ello, la evaluación a la que se ha referido el
secretario de Estado, los resultados y la transparencia son aspectos
de gran importancia.




Termino, señor presidente, diciendo que hoy, en mi modesta opinión,
hemos asistido a la puesta de largo - si se me permite la expresión-
de un modelo de desarrollo basado en la corresponsabilidad de todos,
de donantes y receptores; un modelo que hunde sus raíces en la
consideración. Decía antes que las políticas de cooperación no pueden
seguir siendo simples políticas asistenciales, con ser esto
importante, simples políticas instrumentales subsidiadas o que
generan dependencia sino que, como se ha dicho, son políticas basadas
en la defensa de los derechos humanos, en la justicia internacional
y en la libertad.




El señor PRESIDENTE: Entendiendo por las palabras del señor Maldonado
que han sido respondidas las preguntas por parte del compareciente.

Cedo la palabra al secretario de Estado para cerrar este debate.




El señor SECRETARIO DE ESTADO DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL Y PARA
IBEROAMÉRICA (Cortés Marín): Señor presidente, quiero empezar
agradeciendo a todos los portavoces sus intervenciones. Una vez más
me siento muy esperanzado porque las reiteradas referencias a la
actitud cooperante -valga la redundancia- en la Comisión de
Cooperación y las actitudes tanto personales como políticas de
quienes han intervenido son una garantía para el éxito
de la política española de cooperación al margen del mayor o menor
acierto que pueda tener en la gestión quien no tiene más que
responsabilidades eventuales.

Efectivamente, señor Pérez Casado, no tengo memoria personal de la
situación de España en 1960 tal y como la describía ese informe de
las Naciones Unidas porque por entonces yo tenía dos años. Sí tengo
memoria personal de lo referido por el portavoz del Grupo
Parlamentario Popular de lo que estaba pasando en España en los años
1975, 1976 y 1977, años en los que estábamos los dos en la
universidad y juntos en las Juventudes de UCD. Desde entonces las
cosas han cambiado mucho, y mucho más si nos remontamos a 1960,
cuando empiezan las primeras aperturas económicas en España y las
cosas empiezan a cambiar. Desde 1975, básicamente a partir de 1977,
los cambios han sido muy grandes y desde entonces uno de los
principales activos de que ha dispuesto España y que le han permitido
hacer muchas otras cosas -y hablaría de ello casi como de un
prerrequisito para la situación en la que nos encontramos ahora- es
que ha habido muchos acuerdos básicos entre los españoles que además
han tenido su expresión política y se han mantenido incluso en los
momentos de mayores dificultades y tensiones y menores entendimientos
en la vida parlamentaria entre quienes están en el Gobierno y quienes
están en la oposición. Como digo, a lo largo de estos 25 años de
historia de España -vamos a celebrar el 25 aniversario de la llegada
del Rey al trono- me parece que ha habido unos acuerdos básicos en la
posición que debería tener España en el mundo, en los valores
permanentes que debe defender España tanto dentro de sus fronteras
-nuestro modo de convivencia- como hacia fuera; siempre ha existido
ese acuerdo básico. Cuando hablamos de política de Estado, que debe
venir guiada por la continuidad y el impulso que corresponde a cada
quien -caso del Ministerio de Asuntos Exteriores en este momento-
muchas veces no viene motivada porque haya que corregir líneas
erradas sino porque hay que adaptarse a circunstancias que han
cambiado. Es evidente que los cambios tecnológicos, eso que se viene
en llamar la globalización, la experiencia acumulada de estos años,
nos permite actuar de otra manera, con conocimiento, con un nuevo
impulso, con nuevos instrumentos sobre los que ahora hablaré; pero el
acuerdo parlamentario es fundamental, no sólo por una cuestión de
presente -siempre es bueno sumar esfuerzos- sino, mucho más
importante, por una cuestión de futuro: que exista un acuerdo básico,
no sobre la gestión pero sí sobre las líneas de la política exterior,
en este caso en materia de cooperación, en general o en tantas otras
políticas que han contado en España y que siguen requiriendo de esos
acuerdos básicos, me parece que es un enorme activo -insisto, hoy
sigue siendo un prerrequisito- para que la política de España sea
fiable e inspire confianza porque tiene que ser compartida por
fuerzas que están en este Parlamento en situaciones



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transitorias dado que la democracia lleva implícito el cambio, la
alternancia. Por lo tanto, ese acuerdo parlamentario, saber que
cualquiera que sea el resultado de unos momentos electorales, de unos
cambios administrativos o políticos, va a haber y se van a mantener
unas líneas constantes de la política exterior -estamos hablando en
esta Comisión, subespecie política, de Cooperación- me parece que es
algo enormemente importante. El que los portavoces parlamentarios que
han intervenido lo hayan expresado de una manera tan rotunda es algo
de lo que el Gobierno se felicita, y dice mucho a favor de la
responsabilidad personal y política de quienes lo han hecho. Eso para
nada quita los niveles de exigencia que corresponde jugar a cada cual
en esta Comisión y en esta legislatura.

Las diferencias que pueda haber sobre expresiones concretas de la
acción política sobre peticiones atendidas o no, en modo alguno
pueden afectar a lo que son los acuerdos básicos. Me parece que el
que haya quedado reflejado en el «Diario de Sesiones», significa una
renovación de ese compromiso, de esa línea de actuación que han
mantenido las fuerzas democráticas españolas desde el año 1977 en una
constante; es algo muy importante y una base muy firme para que
España pueda dar el salto que está en condiciones de dar, porque hay
unas circunstancias económicas que lo permiten, porque hay una
posición internacional que lo aconseja, porque hay unos avances
tecnológicos que nos ofrecen nuevas oportunidades para hacerlo. Pero
este impulso también va a estar marcado en la continuidad de esas
líneas, buscando también para las nuevas circunstancias ese acuerdo
básico que me congratulo tanto de haber encontrado en la Cámara.

Tiene razón el señor Pérez Casado, y ahora lo plantea en el rol que
le corresponde de portavoz de la oposición. Estamos de acuerdo en las
líneas básicas, pero ahora hay que poner calendario, hay que poner
plazos, hay que poner cifras. Y ahí a lo mejor resulta que hay
discrepancias, que hay matices. Espero que no, pero eso en modo
alguno afectaría a lo que es el acuerdo básico y que tanto me importa
resaltar en esta primera comparecencia.

Se refería el señor Pérez Casado al plan director. En estos momentos
había un borrador, que era demasiado extenso, demasiado prolijo, con
muchas referencias de enorme utilidad y valor doctrinal, pero
pensamos que el plan director debe tener una mayor flexibilidad,
porque la concreción irá viniendo en los planes anuales. Existe un
borrador elaborado por el Ministerio de Asuntos Exteriores y lo
estamos hablando con el Ministerio de Economía y Hacienda y con otros
ministerios implicados. Estoy seguro de que en septiembre se podrá
dar a conocer el texto. Como bien conoce, hay unos trámites previos
del Consejo de Cooperación, que tiene que informarlo, y esta es la
otra cuestión que quizás pueda hacer que estando el texto definitivo
en septiembre no tenga el marchamo formal de aprobación.

No es cuestión menor la de las dotaciones presupuestarias. Respecto a
las dotaciones presupuestarias -estoy también completamente de
acuerdo con el señor Pérez Casado en el marco, no sé si lo estaremos
también en las cifras- se tiene que remitir a la Cámara a finales de
septiembre el proyecto de presupuestos para el año 2001. Para
entonces ya tendrá que tener una expresión contable la primera
anualidad de ese presupuesto cuatrienal, es evidente. Por tanto,
espero que en septiembre pueda estar también con la expresión
contable. Sí me importa decir en estos momentos, cuando no es posible
por mi parte dar la cifra precisa de cuál va a ser la cantidad que se
destina a ayuda oficial al desarrollo, como dijo ya el ministro en su
comparecencia, que se mantendrá la tendencia de crecimiento
ininterrumpido que ha tenido la ayuda española a la cooperación.

Desde los 65.000 millones de 1989 a los 155.000 de 1992, hasta los
208.000 de 1998, que es la última cifra consolidada. Desde el punto
de vista del presupuesto directamente dependiente de la secretaría de
Estado para la Cooperación Internacional y para Iberoamérica, esta
tendencia de crecimiento nos ha llevado hasta los 37.000 millones en
la Agencia en el año 1999, y la proyección que tenemos para el año
2000 es en estos momentos de un crecimiento superior a la media del
crecimiento de los Presupuestos Generales del Estado. Este es el
horizonte en el que nos estamos moviendo, con un incremento
porcentualmente mucho mayor todavía en los microcréditos, que en este
ejercicio están ya en los 8.000 millones y tendrá un crecimiento
porcentual todavía mayor. Dentro del marco de elaboración del
proyecto de presupuestos -en estos momentos se están celebrando las
reuniones bilaterales de los distintos ministerios con el poderosos
Ministerio de Hacienda- es en el que nos vamos a mover y en el mes de
septiembre tendremos ya la precisión de los datos. Por tanto, hay un
horizonte de plazos y un horizonte en cifras, pero no puedo entrar
mucho más allá en el detalle.

Planteaba el señor Pérez Casado que eso se ha de hacer en el ámbito
del Ministerio de Asuntos Exteriores. Creo que estaremos también de
acuerdo, pero voy a plantear la posición del Ministerio de Asuntos
Exteriores a ver si es verdad que estamos de acuerdo. El Ministerio
de Asuntos Exteriores tiene encomendada, por ley, la responsabilidad
de la política exterior de España dentro del Gobierno, va de suyo,
pero hay otros muchos ministerios que también tienen acción exterior
en el ámbito de su responsabilidad, incluso hay otros ministerios que
tienen acción exterior en materia de cooperación, y creo que eso es
bueno, como también la tienen comunidades autónomas, ayuntamientos y
universidades, esas instituciones que están en el ámbito intermedio
entre lo público y lo privado. Me parece que lo importante es que
pongamos el énfasis en lo sustantivo; lo sustantivo es la
cooperación, lo sustantivo es la ayuda al desarrollo, lo sustantivo
es contribuir para



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echar nuestro cuarto a espadas de la manera más eficiente posible
para erradicar la pobreza allí donde tengamos posibilidades, eso es
lo sustantivo. No digo que lo adjetivo sea irrelevante, no lo es,
pero es adjetivo que esas competencias, que esa partida
presupuestaria, estén en el Ministerio de Asuntos Exteriores, en la
Agencia de Cooperación, en la Secretaría de Estado de Comercio, en el
Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, en el Ministerio de
Administraciones Públicas, en el Ministerio de Defensa, en el
Ministerio del Interior o en las comunidades autónomas, que también
suman. Es verdad que hay que hacer un gran esfuerzo de coordinación,
que tiene que haber una dirección única de esa política, que esa
dirección única tiene que ser nacional y que corresponde al
Ministerio de Asuntos Exteriores la dirección de esa política. Para
ello, me he referido antes al papel decisivo que tiene que jugar el
Consejo Superior de Política Exterior. Me imagino que, si se va a
crear un Consejo Superior de Política Exterior es porque se ha
percibido la necesidad de aumentar, reforzar, la coordinación de un
país. Precisamente porque han cambiado las circunstancias, porque es
un país mucho más abierto, porque hemos pasado de ser un país que
sólo recibía inversión extranjera a tener ahora empresas españolas
que invierten en el extranjero de manera muy decisiva, porque hemos
pasado de ser un país donde ya había terminado el flujo de salida de
emigrantes a ser un país que recibe inmigrantes, porque es un país
mucho más abierto, porque es un país mucho más presente en el
concierto internacional, hace falta este órgano de coordinación. Esto
no se ha hecho porque al presidente le guste verse con los ministros
y con algunos otros de sus colaboradores, ya que tienen muchas
oportunidades, sino porque se ha percibido la necesidad de reforzar
la coordinación debido a las nuevas circunstancias.

También es verdad que existe una Comisión interministerial de
Cooperación y una Comisión interterritorial de Cooperación al
Desarrollo, como establece la ley. No me he referido a ellas porque
ya lo había hecho el ministro. Me he referido sólo al Consejo de
Cooperación al Desarrollo, que es el que quedó pendiente en la
comparecencia del ministro. En este punto estoy totalmente de acuerdo
con la intervención del portavoz del Grupo Popular. Es decir, la
coordinación, que es un valor en sí, se tiene que lograr en los
múltiples organismos que existen, pero sobre todo con la voluntad de
tener esa coordinación. Es verdad que cada uno tiene que hacer su
tarea. Se puede reclamar al Gobierno que hasta ahora no haya líneas
claras de prioridades geográficas y sectoriales en las que tengamos
que estar comprometidos. Se puede decir que la causa de la dispersión
está en la ausencia del plan director, y sería cierto. Esta es la
razón por la que ya hay un borrador de plan director, y espero que en
el mes de septiembre podamos tener el documento, aunque existen
requisitos formales para su plena aprobación por el Gobierno,
como el informe previo del Consejo de Cooperación, para venir luego
al Congreso de los Diputados.

Me voy a referir ahora al Consejo de Cooperación, para hablar luego
de la deuda, aunque el orden en la intervención del señor Pérez
Casado ha sido distinto. La voluntad del Gobierno es potenciar el
Consejo de Cooperación. Nos hemos encontrado con que el que existe es
satisfactorio, pero creemos que se puede ir más allá. Además,
pensamos que el propio texto de la ley permite y casi reclama que se
vaya más allá. El artículo 22 dice: El Consejo de Cooperación al
Desarrollo es el órgano consultivo de la Administración general del
Estado y de participación en la definición de la política de
cooperación internacional al desarrollo. En el punto segundo dice: En
el Consejo de Cooperación al Desarrollo, además de la Administración,
participarán los agentes sociales, expertos, organizaciones no
gubernamentales, etcétera. En la actual redacción, la única
representación de la Administración es el secretario de Estado para
la Cooperación y para Iberoamérica. Creemos que la ley aprobada por
acuerdo de toda la Cámara requiere que haya una presencia mayor de la
Administración, precisamente porque es mucha la acción que ésta
desarrolla en el exterior en sus distintas expresiones. No se trata
de ir a un consejo para votar y ganar votaciones o perderlas, sino de
ir a coordinar esfuerzos, a intercambiar experiencias, a conocer
información, a plantear cuestiones, ya que es un órgano consultivo.

No se trata de que sobre nadie de los que está previsto que deben
estar en el Consejo de Cooperación sino de reforzarlo. Esto es lo que
puedo explicar más extensamente de lo que dijo el ministro en su
comparecencia reciente, en la que S.S. tuvo ocasión de debatir con
él.

El señor Pérez Casado se ha referido a la deuda. Él conoce este tema
mejor que yo, ya que, como recordaba el señor Maldonado, algunos
somos nuevos en esto, yo desde luego lo soy (El señor Pérez Casado:
Yo también soy nuevo.), no en las tareas parlamentarias, ya que llevo
algunos años en esta casa, primero en los bancos de la oposición -he
sido elegido varias veces diputado- y luego compareciendo aquí, pero
en estas materias reconozco la veteranía del señor Pérez Casado, al
que le pido que tenga condescendencia con quien todavía no lleva el
tiempo suficiente para hablar con precisión de estas cuestiones por
no haber conocido suficientemente los dossieres que existen sobre
ellas. En algunas reuniones a las que he tenido ocasión de asistir,
particularmente en el Consejo de Cooperación Europeo -lo conoce mucho
mejor que yo el señor Pérez Casado-, la condonación de la deuda
externa es un debate abierto en el que se está planteando ir con
prudencia para que no vayan a pagar justos por pecadores. A lo mejor,
a lo que lleva la pura y simple condonación de la deuda es a que se
elimine como mecanismo de ayuda al desarrollo. El hecho de que hoy
haya deuda se debe, en muchos casos, a que ha habido desgracias,



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falta de desarrollo y países que no han podido cumplir como era su
deseo con las obligaciones de la deuda, y ésta actúa sobre ellos como
un lastre. Pero no es menos cierto que en otros muchos casos hay
deuda vigente porque ha habido gobiernos corruptos que han dado
destinos indeseables a los fondos que se dieron como reembolsables.

Hay muchos gobiernos decentes que dicen: No nos priven ustedes de un
instrumento que nos puede ser muy útil. Por tanto, nosotros no
queremos que desaparezcan los créditos que deban ser reembolsables.

La idea universal de la condonación de la deuda, sin más, llevaría
inmediatamente a que no vuelva a haber más créditos, porque como ya
se sabe que no se van a devolver ¿para qué se van a prestar esos
fondos? Por eso digo que es un debate abierto y en el Club de París y
en otras instancias se está acudiendo a tratamientos selectivos y a
reconversiones de la deuda, condicionadas muchas veces, país por país
y conociendo las circunstancias y las necesidades, para reutilizarla
con unos mejores criterios de condicionalidad, de finalidad de esos
recursos. No obstante, seguro que el señor Pérez Casado conoce la
evolución de la reconversión de la deuda en España. En el año 1989 no
era nada; en el año 1993 ya eran 406 millones; en el año 1995, 7.600
millones; en el año 1997, 13.000 millones; en el año 1998, 20.000
millones, y sigue creciendo. Estamos en esa línea, pero es un debate
que está abierto y en el que me parece que atender lo que debe ser el
objetivo final de todos nosotros, que es el contribuir y ayudar al
desarrollo de las naciones en vías de desarrollo, nos debe llevar a
tratar con sumo cuidado esta cuestión de la deuda. Muchas veces son
países deudores los que dicen: Cuidado aquéllos que dentro de
vuestros países hablan de que a lo que hay que llegar es a la
condonación universal; muchas veces se dice desde instancias que son
más expertas en cuestiones teológicas que en manejos económicos.

Queda muy bien eso de pedir la condonación de la deuda, que para eso
es el jubileo y el perdón de los pecados y de la deuda, todo junto.

Cuidado, pero cuando digo cuidado es porque lo plantean muchos de los
países deudores, muchos de los gobiernos decentes, que dicen:
Nosotros queremos que nos den créditos, pero queremos devolverlos,
porque necesitamos ese aporte extraordinario de capital para poder
acometer proyectos de infraestructuras o de dotación de servicios
básicos. Dicho todo lo cual, España es uno de los países más activos
en la condonación de la deuda en relación con sus posibilidades y
dentro de este esfuerzo que le he planteado que realiza España que
son más de 200.000 millones al año en materia de cooperación.




Celebro que el señor Pérez Casado haya expresado el acuerdo del Grupo
Socialista, al que representa, en los ejes transversales del plan
director que he enunciado. Tampoco se trata en estos puntos de hacer
grandes innovaciones sino de expresar en un documento lo que ha sido
una constante con nuevas incorporaciones.

Nadie o muy poca gente hablaba hace veinte años de políticas sobre
igualdad de la mujer porque no estaban asumidas dentro del acervo
común, ni había una sensibilidad tan aguda como felizmente la hay
ahora sobre cuestiones sociales. Es un acervo al que se han ido
incorporando nuevas cuestiones, pero es evidente que los puntos que
he manifestado como transversales en el texto de borrador de plan
director que tenemos redactado y está en elaboración interna del
Gobierno no son sino la expresión de cuestiones que si se acude a los
acuerdos ya logrados en los continuos debates de sucesivos
responsables de la política exterior o de la cooperación con los
distintos portavoces forman parte de ese acervo común al que me
refería al principio.

El señor Pérez Casado ha planteado otra cuestión que me parece de
especial interés y sobre la que creo que es bueno que se siga
hablando. Decía que hay que distinguir entre la ayuda humanitaria y
la ayuda al desarrollo; yo también lo creo intelectualmente. Ahora
bien, seamos conscientes. Como soy nuevo en esto escucho cosas
nuevas. Acabo de llegar, como les decía, de la reunión de Acnur esta
mañana y ayer por la tarde también estuve con muchos de ellos. Estoy
de acuerdo en que la ayuda humanitaria y la ayuda al desarrollo son
instrumentos distintos, pero muchas veces los límites no son fáciles
y hay terrenos de colisión. Lo dijeron los de Acnur: Si estamos
intentando ayudar a los refugiados por conflictos, vamos a intentar
ayudar a los seres humanos a que no sean refugiados porque hayamos
evitado el conflicto, porque al final el refugiado es un ser humano
en especiales y difíciles circunstancias, pero nuestra ayuda debe ir
dirigida a los seres humanos que lo necesiten. Ojalá no lleguen a
tener el estatus de refugiados. Por tanto, hay una serie de políticas
preventivas que se pueden plantear y que tienen muchas veces que ver
con el desarrollo. No vale el discurso de quien dice que la culpa de
que se hagan las atrocidades, de que les corten manos, etcétera, la
tiene el subdesarrollo. No. Esas crueldades las cometen unos
personajes indeseables que son los únicos responsables de cometer
aquellas atrocidades por las que deberían ser perseguidos en su país
e internacionalmente.

Dicho lo cual, hay conflictos que en unas condiciones de mejor
desarrollo se pueden evitar porque existe un mejor gobierno en esos
países, por haber contribuido a elevar el nivel educativo del que
hablaba el señor Maldonado. Por tanto, estoy completamente de acuerdo
en la distinción intelectual de la ayuda humanitaria y la ayuda al
desarrollo, pero en el buen entendimiento, que estoy seguro que
comparte el señor Pérez Casado conmigo, de que hay unas influencias
recíprocas muy grandes y unas zonas que no se sabe si son ayuda
humanitaria o ayuda al desarrollo y conviene que los límites entre
ambas no sean demasiado rígidos.

Sobre el papel de las empresas y la conveniencia de la cláusula
social no puedo estar más de acuerdo. Afortunadamente, las empresas
españolas tienen en este



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punto un comportamiento básicamente correcto y es muy encomiable para
ellas que sepan que en la Cámara se respalda y se valora su labor
como elemento que contribuye también al desarrollo, además de a lo
que debe ser su objetivo, que es su cuenta de resultados y la
atención de sus accionistas.

Respecto de la concentración geográfica, es excesiva la dispersión.

España no está en condiciones de actuar en más de cien países, pero
hay que tener en cuenta que España ahora no sólo actúa bilateralmente
sino a través de organismos multilaterales; actuamos también con la
Unión Europea. Es preferible que en esos países que no entran dentro
de nuestras prioridades geográficas por nuestra acción directa que
estimulemos que sean otros los que lo puedan hacer, y que tengamos
también esta coordinación y este nivel de exigencia en el seno de las
organizaciones multilaterales, en la Unión Europea, porque si se ven
las cifras en países que están tan mal, el que la cooperación
española sea de 8 millones o de 20 millones de pesetas mal no hará,
pero esos esfuerzos concentrados y puestos en un país con el que hay
unas afinidades culturales y geográficas de especialidad tienen un
valor añadido mucho más grande, y aunque España dedica muchos
recursos a la cooperación, desde luego, son muchísimos menos de los
que necesita el mundo cooperado y, por tanto, vamos a procurar una
mayor eficacia.

Respecto del Sahara, me sumo al elogio que hizo el señor Pérez Casado
de la prudencia del señor ministro. No yendo mucho más allá en su
intervención comprenderá que si ese elogio lo ha hecho de la
prudencia del señor ministro estoy seguro de que lo hará también de
mi referencia, y no es éste el ámbito para entrar en cuestiones que
van más allá de la cooperación.

Al señor Maldonado le repito lo que he dicho al principio en la parte
general de mi intervención sobre la voluntad cooperadora y ese plus
que añade en su caso de esa vinculación personal con los países en
desarrollo, esa posición favorable genéricamente que ha planteado
y el recabar mi presencia en esta Comisión. Estoy enteramente a su
disposición, tanto en la Comisión como en la medida en que alguien
sin mucha experiencia en esto pueda lucrarse de la experiencia
personal de SS.SS. en esta materia de la cooperación o en el
conocimiento de países precisos, sin necesidad de que se llegue a una
comparecencia parlamentaria.

Sobre la cuestión de la deuda en Mozambique reitero los datos. La
condonación de deuda bilateral suma 44 millones de dólares, de los
cuales 20 millones corresponden a los créditos FAD pendientes
(entiendo que son todos los que estaban pendientes), 24 millones
a deuda de la Comisión Española de Seguro a Crédito a la Exportación.

No estoy en condiciones de decirles si esto es el 100 por ciento de
la deuda que tiene Mozambique con España, pero si no le importa a S.

S. se lo responderé por escrito y facilitando la misma información,
a través de la Presidencia, a todos los miembros de la Comisión.

Respecto a la Conferencia de Dakar, efectivamente no es un acuerdo
multilateral, lo cual no quita que siendo un acuerdo político no
suponga un compromiso de los distintos países que están presentes.

Creo que estoy básicamente de acuerdo con lo que ha dicho S.S.: los
objetivos que se plantearon hace diez años no se han cumplido. Lo que
sí he planteado es que desde el punto de vista español, tanto por las
previsiones de la Ley de Cooperación como por las sucesivas
actuaciones y por el desglose del esfuerzo que se está haciendo en
materia de educación en los distintos países en los que actuamos, la
contribución española está siendo satisfactoria, sin perjuicio de que
la situación global de la educación en el mundo, muy particularmente
en los países más pobres, diste mucho de ser satisfactoria. Vuelvo a
lo mismo que decía al principio. Se está avanzando mucho más en la
educación, y al final en todo, en aquellos países donde no hay
conflictos. Es muy difícil hacer algo en materia educativa en
Eritrea, en la zona de los Grandes Lagos, en Sierra Leona o en
Liberia. El continente africano está especialmente castigado por
estas situaciones, responsabilidad de gobernantes indeseables que
actúan de esta manera. El compromiso europeo de ayudar a los países
africanos, en concreto el español expresado en la reunión de El Cairo
por el presidente del Gobierno, se está cumpliendo y las cifras de la
cooperación española hacia África demuestran este incremento. Pero
estoy plenamente de acuerdo en el diagnóstico de la situación y en
que básicamente en África estamos muy lejos de llegar a los objetivos
que la propia comunidad internacional se había marcado. La reunión de
Dakar ha sido en buena medida la constatación de un fracaso, pero en
esta Comisión de lo que respondemos es de lo que está haciendo España
y creemos que hemos tenido un comportamiento correcto
multilateralmente en la conferencia de Dakar y en nuestra actuación
concreta, en la que la cooperación en materia de educación básica es
cuantitativa y cualitativamente nuestro primer objetivo de
cooperación en lo que hace la Agencia de Cooperación Internacional.

No puedo estar más de acuerdo, aunque ya lo he dicho antes, con que
hay que planificar. Comparto el interés de S.S. por el plan director.

Espero que las referencias directas al señor Pérez Casado, tanto las
numéricas como las de plazos y el proceso del plan director, le
resulten satisfactorias. No sólo estamos dispuestos sino que pedimos
la participación de esta Comisión, más allá de la que exige la ley.

Por eso he dicho que antes de que se cumplan los trámites que exige
la ley, es intención del Gobierno que SS.SS. dispongan de un
documento, que no será el plan director pero sí el texto que el
Gobierno aspira a que sea el plan director, para que puedan
conocerlo, porque efectivamente lleva un retraso respecto a las
previsiones y a los deseos. Es bueno que la Cámara y los agentes de
cooperación



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conozcan estas directrices que he planteado ante SS.SS., que tienen
más interés por el hecho de que figuren formalmente en un sitio que
por lo que tienen de novedosos, porque aquí una vez más existe esta
constante que reitero, señor presidente, y es la impresión más grata
y esperanzadora que me llevo de esta primera comparecencia.




El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor secretario de Estado.




- ACUERDO DE LA COMISIÓN.




El señor PRESIDENTE: Antes de finalizar esta sesión, como les había
anunciado, quiero someter a la consideración de esta Comisión el
texto que han hecho llegar a esta Mesa todos los grupos
parlamentarios, que dice lo siguiente: La Comisión de Cooperación
Internacional para el Desarrollo del Congreso de los Diputados,
ante la reunión de la mesa de donantes del plan de Colombia
que se celebrará en Madrid el próximo mes de junio, observando con
atención y esperanza las vías de diálogo puestas en marcha para la
construcción de la paz en este país, declara su preocupación por la
situación de riesgo cierto en que viven los pueblos indígenas de la
Amazonia colombiana y exhorta a las partes, a la comunidad
internacional y al Gobierno de España, para que promuevan la
inclusión de la problemática indígena en la agenda del plan general
de los acuerdos de paz. ¿Se aprueba? (Asentimiento.)
Se dará traslado de este acuerdo a la Mesa del Congreso para que, si
lo estima oportuno, dé traslado al Gobierno a los efectos que recoge
este mismo acuerdo.




Se levanta la sesión.




Era la una y cincuenta y cinco minutos de la tarde.