CORTES GENERALES



DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS



COMISIONES



Año 2000 VII Legislatura Núm. 21



RÉGIMEN DE LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS



PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. NARCÍS SERRA I SERRA



Sesión núm. 2



celebrada el miércoles, 31 de mayo de 2000



ORDEN DEL DÍA:



Ratificación de la celebración de las comparecencias acordadas por la
Mesa y los portavoces de la Comisión en su reunión de 23 de mayo de
2000. . . . (Página 168)



Aprobación de la delegación en favor de la Mesa a la que hace
referencia la resolución de la Presidencia de la Cámara de 2 de
noviembre de 1983, en relación con el artículo 44 del Reglamento del
Congreso de los Diputados. (Número de expediente 042/000002.) . . .

(Página 168)



Comparecencia del señor ministro de Administraciones Públicas (Posada
Moreno) para informar sobre:



- Las líneas generales de la política de su Departamento. A petición
propia. (Número de expediente 214/000006.) . . . (Página 168)

Página 168



- Las líneas generales de la política de su Departamento. A solicitud
del Grupo Parlamentario Socialista. (Número de expediente 213/
000025.) . . . (Página 168)



- Objetivos de su Departamento en la VII legislatura. A solicitud del
Grupo Parlamentario Mixto. (Número de expediente 213/000042.) . . .

(Página 168)



- Prioridades y políticas que piensa impulsar en relación a las
materias vinculadas a dicha Comisión durante la VII legislatura. A
solicitud del Grupo Prlamentario Catalán (Convergència i Unió).

(Número de expediente 213/000054.) . . . (Página 168)



Se abre la sesión a las diez y cinco minutos de la mañana.




RATIFICACIÓN DE LA CELEBRACIÓN DE LAS COMPARECENCIAS ACORDADAS POR LA
MESA Y LOS PORTAVOCES DE LA COMISIÓN EN SU REUNIÓN DE 23 DE MAYO DE
2000.




APROBACIÓN, DE LA DELEGACIÓN EN FAVOR DE LA MESA, A LA QUE HACE
REFERENCIA LA RESOLUCIÓN DE LA PRESIDENCIA DE LA CÁMARA, DE 2 DE
NOVIEMBRE DE 1983, EN RELACIÓN CON EL ARTÍCULO 44 DEL REGLAMENTO DEL
CONGRESO DE LOS DIPUTADOS. (Número de expediente 042/000002.)



El señor PRESIDENTE: Buenos días, señoras y señores diputados. El
motivo de la convocatoria de la Comisión es, evidentemente, la
comparecencia del señor ministro de Administraciones Públicas pero,
por ser ésta la primera reunión de la comisión en la presente
legislatura, tengo que proponerles, en primer lugar, la ratificación
de la decisión de la Mesa y portavoces de convocar la Comisión y, en
segundo lugar, que aprobemos la delegación en favor de la Mesa y
portavoces de la convocatoria de la Comisión de comparecencias en el
futuro. Creo que lo primero puede hacerse por asentimiento.

(Asentimiento.) Queda ratificado por asentimiento.

Por lo que se refiere a la delegación en favor de la Mesa,
acordaríamos el texto tipo que han aprobado las demás comisiones, que
ya viene de la anterior legislatura y que dice lo siguiente: 1) De
conformidad con lo establecido en la resolución de la Presidencia del
Congreso,
de 2 de noviembre de 1983, se delegan en la Mesa de la
Comisión las facultades a que se refiere el artículo 44 del
Reglamento del Congreso. 2) El rechazo de solicitudes de
comparecencia exigirá el acuerdo unánime de los miembros de la Mesa,
quedando avocada por la Comisión la decisión en caso contrario. Es
decir, si no tenemos acuerdo, habrá que venir siempre al pleno de la
Comisión para aprobar o rechazar una comparecencia. Esta es la
redacción tipo de este acuerdo. ¿Desean los portavoces que se vote
formalmente, o podemos aprobar esa delegación en la Mesa por
asentimiento? (Asentimiento.) Queda aprobado por asentimiento.




COMPARECENCIA DEL SEÑOR MINISTRO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS (POSADA
MORENO) PARA INFORMAR SOBRE:



- LAS LÍNEAS GENERALES DE LA POLÍTICA DE SU DEPARTAMENTO. A PETICIÓN
PROPIA. (Número de expediente 214/000006.)



- LAS LÍNEAS GENERALES DE LA POLÍTICA DE SU DEPARTAMENTO. ASOLICITUD
DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA. (Número de expediente 213/
000025.)



- OBJETIVOS DE SU DEPARTAMENTO EN LA VII LEGISLATURA. A SOLICITUD DEL
GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO. (Número de expediente 213/000042.)



- PRIORIDADES Y POLÍTICAS QUE PIENSA IMPULSAR EN RELACIÓN A LAS
MATERIAS VINCULADAS A DICHA COMISIÓNDURANTE LA VII LEGISLATURA. A
SOLICITUD



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DEL GRUPO PARLAMENTARIO CATALÁN (CONVERGÈNCIA I UNIÓ). (Número de
expediente 213/000054.)



El señor PRESIDENTE: Entramos en el único punto del orden del día,
que es la comparecencia del señor ministro de Administraciones
Públicas, que comparece a petición propia y también por solicitud del
Grupo Parlamentario Socialista, Grupo Parlamentario Catalán
(Convergència i Unió) y Grupo Parlamentario Mixto.

En la reunión de la Mesa estuvimos abordando las formalidades de esta
primera comparecencia. Por descontado, tendrá la palabra en primer
lugar, por el tiempo que desee, el señor ministro de Administraciones
Públicas, posteriormente daríamos la palabra a los grupos
parlamentarios que han solicitado la comparecencia, por orden de
mayor a menor, y a partir de ahí el resto de grupos que quieran fijar
su posición podrán hacerlo, cerrando el turno el Grupo Popular. Ésta
sería la mecánica. Sólo excepcionalmente, después de la respuesta del
ministro, daríamos, por muy breve espacio de tiempo, un turno de
intervención a los grupos que lo solicitasen. En principio la Mesa
acordó que intentemos que los grupos no se excedan de 15 minutos,
aunque el consejo es que hagamos un esfuerzo para que las
intervenciones de los grupos duren 10 minutos.

Agradezco al señor ministro su comparecencia en fechas tan tempranas
y le doy la palabra.




El señor MINISTRO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS (Posada Moreno):
Muchas gracias, señor presidente, por sus amables palabras. Debo
decir que estoy encantado de comparecer ante SS.SS. para explicar
cuáles van a ser las líneas generales de la política del
departamento.

Como sin duda saben SS.SS., comparecí anteayer en la Comisión de
Interior y Régimen de las Administraciones Públicas del Senado
porque, como allí dije y mantengo aquí naturalmente, el carácter de
Cámara territorial del Senado hace que resulte lógico que mi primera
exposición tuviese lugar en dicha Cámara, pero necesariamente tenía
que haber una segunda en el Congreso.Mi exposición, como es lógico,
va a ser muy similar a la que hice en el Senado puesto que las líneas
generales no cambian en dos días sino que se mantienen. Sí he
introducido algún cambio en mi exposición, nacido sobre todo de las
réplicas y observaciones que me hicieron los senadores de todos los
grupos en esa comparecencia puesto que creo que, algunas de ellas,
merecía la pena incorporarlas a esta exposición inicial que ahora
hago.

Comenzando por la política autonómica, como saben SS.SS., nuestro
país goza en estos momentos de un alto grado de descentralización
política. El Estado autonómico ha alcanzado su plena madurez y
estabilidad y hoy podemos hablar de un modelo territorial del
Estado que configura a España como una nación plural. Hoy, las
comunidades autónomas gestionan importantes políticas públicas y esto
ha sido posible por la enorme importancia cuantitativa y cualitativa
de los traspasos realizados.

Como ya hice en el Senado, quiero hacer un breve repaso de lo que ha
supuesto la política autonómica en la pasada legislatura, gracias a
la labor de mis predecesores en el Ministerio de Administraciones
Públicas y por supuesto de las comunidades autónomas que colaboraron
con ellos, lo que, indudablemente, ha logrado dar un gran impulso al
proceso autonómico. Por ejemplo, en la VI Legislatura se han
traspasado un total de 192.000 funcionarios a las comunidades
autónomas, casi la tercera parte del traspaso total de estos 20 años,
que es del orden de 660.000 funcionarios. En cuanto a las cifras de
coste de los traspasos, por poner un simple ejemplo, aunque esto se
ha ido produciendo a lo largo de los últimos 20 años, en los últimos
cuatro años el coste efectivo neto ha sido de un billón de pesetas.

Esta cifra indica que se ha llegado también a un alto grado de
descentralización del gasto público y cuando completemos algunos de
los traspasos ahora pendientes, fundamentalmente los de sanidad,
medios de justicia y políticas activas del Inem, esta distribución
será tal que la Administración general del Estado gestionará la mitad
del total del gasto público, dentro del cual estará incluida la
Seguridad Social, mientras que las administraciones territoriales
gestionarán la otra mitad, incluyendo las prestaciones de los
servicios públicos más importantes. Pero, a pesar de lo mucho que
ciertamente se ha conseguido en materia autonómica, es indudable que
todavía debemos progresar en la consecución de este marco coherente,
cuya esencia es toda una serie de valores constitucionales como la
solidaridad, la lealtad constitucional y el autogobierno, porque
debemos lograr que este sistema que ha conseguido integrar la
pluralidad en la unidad funcione cada vez mejor, siguiendo siempre,
como he indicado, sus principios inspiradores.

Hasta la fecha una parte importante de la política autonómica ha
estado constituida por los traspasos. Pues bien, también durante la
presente legislatura se dará gran importancia a la realización de
traspasos. A este respecto el Gobierno quiere concluir en esta
legislatura tres grandes traspasos, tanto desde el punto de vista
cualitativo como desde el punto de vista cuantitativo, que en estos
momentos están pendientes: las políticas activas de empleo, la
justicia -los medios materiales para la justicia- y la sanidad. En
cuanto al traspaso de las políticas activas de empleo que actualmente
gestiona el Inem, quiero resaltar que lo que se traspasa son las
actividades de promoción del empleo generalmente definidas en los
planes de empleo, bien sean las relativas a la formación de
desempleados, a la aprobación de actividades generadoras de empleo o
al otorgamiento de subvenciones. Es importante destacar



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la relevancia de este traspaso, ya que crear empleo estable será una
de las tareas prioritarias de la acción del Gobierno, que ya lo ha
sido, y desde el momento en que se realicen los traspasos pasará a
ser también una responsabilidad de las comunidades autónomas. Yo creo
que este traspaso, según la agenda que establecimos el otro día en el
Senado ante la pretensión de los señores senadores de disponer de un
calendario lo más preciso posible de traspasos, podría quedar
completado en el primer semestre del año 2001, dado que sólo quedan
por concretar los medios materiales, personales y financieros que han
de ser transferidos y espero la colaboración y la predisposición al
acuerdo de los gobiernos de las comunidades autónomas. Como saben SS.

SS., el traspaso está prácticamente concluido en relación con las
comunidades autónomas del artículo 151 y, en cuanto a las del
artículo 143, ya se ha alcanzado un acuerdo con Madrid, que gestiona
las políticas activas desde enero del presente año, y las
negociaciones con las comunidades de Extremadura y Castilla-La Mancha
están muy avanzadas.

El segundo gran traspaso pendiente es el de los medios materiales y
personales al servicio de la Administración de justicia, traspaso que
ya se ha hecho a todas las comunidades autónomas del artículo 151,
procediendo hacerlo ahora a las del artículo 143. Asimismo este
traspaso también reviste una gran importancia ya que, como ustedes
saben, la reforma de la Administración de justicia es uno de los
grandes compromisos de este Gobierno, siendo necesario lograr una
implicación de todas las administraciones públicas para conseguir que
este gran pacto sobre la justicia que se debe alcanzar entre todas
las fuerzas políticas nos conduzca a lograr esa justicia moderna y
eficaz que nos reclaman los ciudadanos. Pretendo que este traspaso
esté concluido en el segundo semestre del próximo año 2001, puesto
que también es importante que las comunidades autónomas puedan asumir
cuanto antes su responsabilidad en la consecución de este empeño.

En cuanto al último de estos grandes traspasos, el de los servicios
sanitarios de la Seguridad Social, del Insalud a las comunidades
autónomas del artículo 143, es obvio que es el más complejo. Esta
complejidad no es sólo por el hecho de que se trata de traspasar
aproximadamente dos billones de pesetas, que es el importe que
corresponde precisamente a la financiación del Insalud, sino por
otras muchas razones, entre las que quiero destacar que es necesario
lograr un sistema de financiación estable y suficiente, ya que sólo
es posible realizar este traspaso si se establecen los mecanismos
necesarios de garantía de equilibrio financiero que sean expresión de
la solidaridad entre los territorios. En todo caso, antes del 31 de
diciembre del año 2001 deberá aprobarse un nuevo modelo de
financiación de la sanidad, puesto que en esta fecha finaliza el que
está en vigor. Por tanto, ambas cuestiones, la preparación, aunque no
realización total, de los traspasos y el nuevo modelo de
financiación tienen que ser abordadas desde una óptica común, pero
además es necesario también resolver otras dificultades que, aunque
menores, son sustanciales, como el establecer sistemas de
compensación que permitan dar solución a los problemas que puedan
generar la atención a los desplazados de otras comunidades autónomas
distintas a las de residencia o resolver adecuadamente la dotación de
infraestructuras y recursos sanitarios según en qué comunidades
autónomas. Pues bien, yo creo que este traspaso de la sanidad nos va
a tener trabajando durante los cuatro años de la legislatura y es mi
intención, y desde luego creo que la intención de todos, comenzar
cuanto antes los trabajos para perfilar cómo van a hacerse, de
acuerdo también con la financiación, y que a lo largo de la
legislatura podamos resolver el traspaso total.

Para terminar con el tema de los traspasos, quisiera decir que
existen otras materias de menor calado -de menor calado según se
mire, claro está, quizás no de tanto volumen financiero- pendientes
de traspasar a algunas comunidades autónomas, como por ejemplo el
personal docente de las instituciones penitenciarias, los servicios
sanitarios y sociales del Instituto Social de la Marina o los centros
educativos del Ministerio de Defensa, así como otras de muy variado
carácter que tenemos pendientes con distintas comunidades autónomas
y que tienen que irse resolviendo poco a poco a lo largo de los
próximos meses.

Ahora bien, en el Ministerio de Administraciones Públicas no nos
vamos a dedicar solamente a concluir los traspasos o a llevar a cabo
los que están pendientes. Éstos han tenido un gran protagonismo
durante las legislaturas anteriores, pero ahora tienen que cederlo en
parte a otras facetas del desarrollo autonómico que hasta la fecha
han tenido menos importancia, pero que actualmente yo creo que son
trascendentales ante el grado de estabilidad que ha alcanzado el
Estado autonómico. Me estoy refiriendo al impulso que se dará a los
mecanismos de cooperación y colaboración, que servirán para coordinar
actuaciones y para alcanzar consensos, de manera que vayamos
sustituyendo la confrontación por el acuerdo. En este sentido se
pretenden potenciar las comisiones bilaterales de cooperación como
canal especialmente adecuado para resolver diferencias entre el
Estado y cada una de las comunidades autónomas. Esta potenciación se
hace más precisa por el papel central que les otorga la reforma
operada sobre la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional, que
convierte a estos órganos en foros de resolución de controversias de
primer orden.

Como primera medida para llevar a cabo este impulso habrá que
introducir algunas mejoras en el funcionamiento de estas comisiones
bilaterales que se han detectado en la relación entre las propias
comunidades autónomas, como la creación de la figura de los
secretarios de la comisión bilateral o la creación de grupos de
trabajo en su seno o el establecimiento de un procedimiento



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mínimo y común de trabajo para todas ellas. Igualmente se va a
potenciar al máximo la cooperación multilateral, es decir, la
cooperación sectorial. Para ello se pondrán en marcha una serie de
medidas, como la creación de la conferencia sectorial de cooperación
autonómica, en la cual pretendo que se analice, y eso lo veremos de
acuerdo con las comunidades autónomas cada seis meses o quizás
anualmente, en el plazo que se considere necesario por todos los que
formamos parte de ella, el estado general de la cooperación entre la
Administración central y las comunidades autónomas, marcando las
líneas generales y directrices de aquéllas para el futuro y
examinando sobre todo los problemas que se hayan podido plantear en
cualquiera de los ámbitos. También considero necesario flexibilizar
las posibilidades de utilización por las comunidades autónomas de las
subvenciones que reciben del Estado para el cumplimiento de los
objetivos marcados por la respectiva conferencia sectorial, de tal
forma que aquéllas tengan capacidad de decisión para la elección de
los medios y actividades concretas a realizar.

Otra de las tareas que pretendo abordar es proceder a la revisión del
conjunto de la legislación estatal a la luz del actual marco de
delimitación competencial. Se trataría sobre todo de identificar
aquellas normas, especialmente las preconstitucionales, que necesitan
ser modificadas como consecuencia de la propia dinámica y evolución
del sistema autonómico. Ésta, como se imaginan SS.SS., es una labor
que excede totalmente el ámbito de actuación del Ministerio de
Administraciones Públicas, pero yo creo que tengo la obligación de
impulsarla en el seno del Gobierno.

Por otro lado, a través de la cooperación bilateral se debe lograr
uno de los grandes retos que hoy tenemos planteados: reducir la
conflictividad. Después de la reforma de la Ley Orgánica del Tribunal
Constitucional, que tuvo por objeto reducir la litigiosidad mediante
una ampliación del plazo para interponer el recurso de tres a nueve
meses, las comisiones bilaterales de cooperación van a ser un
poderoso instrumento de negociación para evitar la apelación al
conflicto. Ya dije en el Senado que los hechos demuestran esta
afirmación. Por ejemplo, en 1999 se produjeron 32 impugnaciones ante
el Tribunal Constitucional, 15 por la Administración central y 17 por
las comunidades autónomas, pero mediante la cooperación y el diálogo,
y antes de la reforma de esta ley, se evitó que 19 asuntos llegaran a
conflictos en el Tribunal Constitucional. Ahora ya, con la reforma,
es más fácil hacerlo y les pongo un ejemplo. Estas negociaciones se
están utilizando ya con respecto a la Comunidad Autónoma de Canarias
en el proyecto de modificación de la Ley de régimen jurídico de la
protección de las obtenciones vegetales, ya que esta comunidad
considera que se invaden sus competencias.

No obstante, la reforma operada por la Ley Orgánica del Tribunal
Constitucional constituye un modo de evitar
la impugnación de una norma que ya ha sido aprobada, pero sería
conveniente prevenir la aparición de la controversia impulsando
nuevos mecanismos de relación en la fase de elaboración de la
normativa estatal y autonómica, es decir, considero conveniente crear
cauces institucionalizados de cooperación legislativa que permitan a
las comunidades autónomas y al Estado tener un conocimiento de los
proyectos legislativos respectivos con carácter previo a su
aprobación definitiva. Especial relevancia al respecto tendrían las
normas que se dicten en ejecución de normativa comunitaria, pues el
conocimiento y debate conjunto favorecerá una trasposición homogénea
y coordinada. Esta cuestión la vamos a analizar con mucho
detenimiento en el departamento, pues creo que es una buena idea para
reducir la conflictividad entre la Administración central y las
comunidades autónomas, pero también habrá que tener en cuenta la
necesidad de evitar demoras en la tramitación de los anteproyectos y
proyectos de ley, tanto de carácter nacional como autonómico.

En este marco de colaboración normativa también me estoy planteando
establecer mecanismos de cooperación entre Estado y comunidades
autónomas en el proceso de elaboración de las leyes básicas, que,
como ustedes saben, contienen las disposiciones mínimas comunes a
partir de las cuales puede ejercitarse la potestad legislativa
autonómica a desarrollar, y necesariamente el planteamiento de
cualquier ley básica supone un potencial conflicto, porque
lógicamente cada comunidad autónoma tiene que ver si considera o no
que esa legislación básica está invadiendo su ámbito de actuación, y
por parte de la Administración central, cuando se plantea una ley
básica, es porque se considera que hay unos ciertos elementos que
deben ser conjuntos. Por tanto, hay un conflicto latente en el mismo
momento en que se plantea la ley básica. Lo que se pretende es que lo
veamos antes de que esa ley básica vaya adelante. Por eso querría yo
que éstas fueran consensuadas previamente, pero vuelvo a decir lo
mismo, también hay que tener en cuenta que no debe haber una demora
excesiva, pero debe haber ese conocimiento, y yo creo que sería un
buen procedimiento -lo dejo aquí- que estas leyes básicas se
discutieran, antes de avanzar en ellas el propio Gobierno, en las
conferencias sectoriales correspondientes, y que ahí hubiera un
desmenuzamiento claro de cuáles son los planteamientos.




Con respecto a la participación autonómica en los asuntos
comunitarios europeos, la gestión a desarrollar en los próximos años
va a tener por objeto profundizar y yo creo que avanzar en el modelo
ya establecido, que se basa en la Ley 2/1997, de 13 de marzo, y el
acuerdo de participación interna de 1994, que regula las relaciones
entre aquélla y las distintas conferencias sectoriales.




En cuanto a la presencia de representantes autonómicosen los consejos
de ministros europeos, considero



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-lo digo como ministro y a título personal, y lo dije en el Senado-
que ningún ministro del Gobierno debe asistir a una reunión del
Consejo de Ministros europeo sin conocer la posición de las
comunidades autónomas sobre el asunto concreto que se va a debatir,
más, naturalmente, si la reunión va a versar sobre competencias que
son exclusivas de las comunidades autónomas, pero aunque no lo sean
también debe conocer esa opinión. Sin embargo -y lo digo con toda
claridad-, no considero operativo o eficaz incluir en la delegación
española que acompaña al ministro a un representante que a su vez
represente a las 17 comunidades autónomas. Ahora bien, para buscar
ese conocimiento, para lograr esa integración de la voluntad de
Estado, hay muchos procedimientos -y esto es lo que tenemos que
desarrollar- que debemos estudiar con las comunidades autónomas, y yo
creo que fundamentalmente contamos con un procedimiento que considero
hoy por hoy que puede ser el más adecuado, que son las conferencias
sectoriales, que deben funcionar adecuadamente en todos los
ministerios.

Siguiendo en esta línea de actuación de avanzar en la cooperación y
con el objeto de institucionalizar y dar un cauce normativo adecuado
a este esfuerzo, yo propuse en el Senado impulsar un proyecto de ley
general de cooperación autonómica para reunir en un texto legal la
regulación de todos los mecanismos de cooperación y colaboración
actualmente existentes y que se encuentran en estos momentos
necesitados de una sistematización. No se pretende con ello más que
ordenar y desarrollar de forma coherente todas las posibilidades de
cooperación existentes en el marco jurídico. Este proyecto de ley,
que tiene que ajustarse a la jurisprudencia del Tribunal
Constitucional, que ha realizado limitaciones competenciales, es de
decisiva importancia para configurar las relaciones entre el Estado y
las comunidades autónomas, y yo parto de la base de que deberá ser
acordado por todas ellas. En este sentido, por si hay alguna duda,
quiero dejar muy claro que mi intención está muy lejos y no tiene
nada que ver con elaborar una ley de armonización, como hemos
hablado, no tiene nada que ver con esto, porque lo que se pretende es
sistematizar la situación actual para tener una visión que nos
impulse, y yo -lo digo aquí con toda claridad- no impulsaré este
proyecto si algunas comunidades autónomas no estuviesen de acuerdo
con su contenido, porque este proyecto es para favorecer la
cooperación y la coordinación con las comunidades autónomas, no para
crear conflictos.

Por otra parte, como bien saben SS.SS., una de las más importantes
tareas que en materia autonómica debe ser emprendida por el Gobierno
durante la presente legislatura es la reforma del vigente modelo de
financiación de las comunidades autónomas, que finalizará el 31 de
diciembre del año 2001. Esta reforma deberá además estar acordada a
tiempo para que sea posible la probable modificación de la Ley
Orgánica de
Financiación de las Comunidades Autónomas e incluir sus previsiones
económicas en la ley de Presupuestos Generales del Estado para el año
2002. Por tanto, tiene que estar aprobada, vista o resuelta antes del
1 de octubre del año 2001. El objetivo que se pretenderá a la hora de
abordar el nuevo sistema de financiación será crear un modelo con
vocación de permanencia. Cuando digo vocación de permanencia quiero
decir que nos gustaría que fuera un modelo permanente, pero eso nadie
lo puede asegurar. Veremos si dentro de cinco años hay que
modificarlo o no, pero la vocación es ver si conseguimos un modelo en
el que podamos ya confiar y que no haya que cambiar cada cinco años,
que incluya a todas las comunidades autónomas de régimen común y que
no queden fuera, como ha ocurrido en este vigente, las gobernadas por
el Partido Socialista, las tres que sabemos. Esos serían los
objetivos obvios de esta actuación.

Se pretende además que el gasto de las administraciones territoriales
evolucione de forma acorde a las competencias que han asumido y de un
modo armónico con la evolución del gasto de la Administración general
del Estado, así como que los ciudadanos perciban una relación directa
entre el nivel de gasto de las administraciones territoriales y la
carga fiscal que soportan, ya que, en definitiva, de lo que se trata
es de que cada administración sea responsable de financiar con sus
propios recursos los gastos adicionales que estime oportuno realizar.

El nuevo modelo sólo puede ser el resultado de la aplicación de
varios principios comúnmente aceptados por todas las fuerzas
políticas, que son la corresponsabilidad, la suficiencia financiera y
la solidaridad, así como -quiero insistir en esto, porque yo creo que
conviene dejarlo claro desde el primer momento, ya que va a estar
sobre la mesa- los compromisos que España -por tanto, Administración
central y comunidades autónomas- ha asumido en la Unión Europea y más
específicamente en la zona euro.

Quiero destacar la plena vigencia del principio de solidaridad, que
supone que debe impulsarse el mantenimiento de un desarrollo armónico
y adaptado a cada una de las comunidades autónomas, de tal suerte que
se establezcan mecanismos de financiación complementaria, tal vez
condicionada, para aquellas comunidades cuyo nivel de desarrollo o
crecimiento sea inferior respecto a la media existente. Para atender
a esta exigencia deberán combinarse variables tales como la renta por
habitante, la dispersión de la población, los crecimientos anuales
del PIB de cada comunidad, la presión fiscal autonómica existente o
cualquier otra variable que permita valorar las posibles
desigualdades de desarrollo económico y social. En conclusión,
señorías, el propósito fundamental de la política autonómica a
desarrollar en los próximos años es que el Estado de las autonomías
funcione cada vez mejor, con arreglo a sus principios inspiradores,
que no son otros que la cooperación,



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la colaboración, la solidaridad y la lealtad institucional.




En materia de corporaciones locales el pacto local vino a dar
cumplimiento a la Carta europea de autonomía local, en la que se
definía la autonomía local y se abogaba por que fuesen los poderes
locales los que, en virtud de los principios de proximidad y eficacia
tuviesen competencias específicas para dar respuesta y solución a los
problemas diarios de los ciudadanos. Con el pacto local se llevó a
cabo un proceso de descentralización de competencias estatales hacia
los ayuntamientos, que ahora debe tener su continuación en los pactos
locales de ámbito autonómico. Esta es una de las grandes tareas que
queda por hacer en el ámbito local, y en este sentido anuncio ya a
SS.SS. que, a lo largo del mes de junio y desde el Ministerio de
Administraciones Públicas, tendremos contactos con los partidos
políticos para plantear esta cuestión y establecer una metodología de
trabajo. Porque, efectivamente, para llevar a cabo estos pactos
autonómicos locales es necesario lograr un gran acuerdo entre todas
las fuerzas políticas con representación parlamentaria. Aunque el
protagonismo en esta actuación de transferir o delegar competencias
y su financiación de las comunidades autónomas a las corporaciones
locales corresponde, obviamente, a las comunidades autónomas, el
Ministerio de Administraciones Públicas, en mi opinión, está obligado
a impulsar este pacto nacional, para hacer posible la
descentralización, insisto, como transferencia, como delegación, de
competencias que hoy corresponden al ámbito autonómico, como la
educación -por decir algunas, no todas- el empleo, el medio ambiente,
el patrimonio histórico-artístico, la protección civil o la sanidad,
que reclamó en su día la Federación Española de Municipios y
Provincias en su documento sobre el pacto local. Sin embargo, creo
que no debe terminar aquí tan importante tarea. El Ministerio de
Administraciones Públicas no debe regatear esfuerzo alguno en
colaborar técnica y humanamente en todo aquello que las dos partes,
comunidades autónomas y corporaciones locales, consideren oportuno.

El esfuerzo, señorías, se hará, como les he indicado, conversando con
todas las fuerzas políticas del arco parlamentario, que realmente
creo que dio buenos resultados en las reuniones para elaborar el
pacto local que se llevó a cabo en la anterior legislatura.

Además, la Federación Española de Municipios y Provincias, que
engloba en su seno más del 75 por ciento de los ayuntamientos de
España y que cuenta con una amplia representación de los partidos
políticos, debe tener un protagonismo por ser la voz que canaliza las
inquietudes del mundo local. Si queremos que las entidades locales
dentro de su autonomía, constitucionalmente reconocida, avancen en un
mejor y racional funcionamiento, debemos entre todos actuar con la
generosidad y voluntad política necesarias, superando las
dificultades, que me doy cuenta de que existen,
de nivel competencial y de homogeneización, para conseguir que
los gobiernos locales sigan prestando los servicios más vitales y
cotidianos, mejorando así el legítimo derecho de los ciudadanos a una
mejor calidad de vida.

Otro de los grandes temas que quiero analizar en el ámbito local es
el fenómeno de las grandes ciudades y las áreas de influencia urbana.

En este sentido, debemos examinar una serie de medidas que hagan
posible dar más agilidad al funcionamiento de los ayuntamientos de
las grandes ciudades, extendiendo este estudio a los mayores recursos
que pueden necesitar para cubrir las especiales prestaciones que
exigen estas conurbaciones. En el desarrollo de todo este proceso
sobre las grandes ciudades, que podrían ser delimitadas en función de
criterios objetivos, como el número de habitantes, la continuidad
territorial, etcétera, es imprescindible la concurrencia de
voluntades entre las comunidades autónomas, en cada caso, y los
municipios afectados, ya que supondría también el ejercicio de
competencias de titularidad autonómica. Pero no sólo sería necesario
atender la problemática de los grandes municipios, sino que también
es preciso contemplar las dificultades de los pequeños, cuyos
reducidos medios materiales y personales dificultan en muchos casos
la prestación de esos servicios. Por ello quiero también prestar
atención y fomentar la constitución de mancomunidades. Además,
pretendo impulsar los programas de cooperación económica local, con
los que el Estado contribuye económicamente a la realización de
inversiones en infraestructuras, equipamientos y servicios de
competencia local, que hayan aprobado las diputaciones, cabildos,
consejos insulares y comunidades autónomas uniprovinciales en sus
respectivos planes y programas.

En el área de administración territorial quiero referirme a la
administración periférica del Estado. En este sentido, merece una
atención especial la creación de una nueva dirección general en el
Ministerio de Administraciones Públicas, la de la Administración
periférica del Estado. Nos hallamos ante una decisión importante,
desde el punto de vista político, que pone de manifiesto la labor
fundamental que realizan las delegaciones del Gobierno, como
representaciones y órganos directivos de los servicios de la
Administración general del Estado, en el territorio de las
comunidades autónomas. La finalidad que se persigue con la creación
de esta dirección general es mejorar el funcionamiento de la
Administración periférica, dar cumplimiento a uno de los objetivos
planteados por el presidente del Gobierno en el debate de
investidura, conseguir una administración moderna, adaptada al Estado
de las autonomías.

La Lofage llevó a cabo una importante transformación de la
Administración periférica, basada sobre todo en tres aspectos: la
potenciación de los delegados delGobierno, la sustitución de los
gobernadores civiles por



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los subdelegados del Gobierno y la integración de los servicios
territoriales de la Administración general del Estado en las
delegaciones de Gobierno. Este proceso integrador ha estado presidido
por dos principios esenciales: no generar incremento del gasto y
mantener, y en la medida de lo posible mejorar, la calidad de los
servicios prestados por la Administración periférica. La conciliación
de ambos criterios no ha sido fácil y ha exigido un importante
esfuerzo por parte de todos. Todos estos servicios integrados en las
delegaciones del Gobierno, bajo la dependencia directa del delegado
del Gobierno, serán ahora coordinados y supervisados, por lo que se
refiere a las competencias orgánicas que respecto a ellos
corresponden a este Ministerio, por la nueva dirección general
creada, que velará por el correcto funcionamiento de la
Administración del Estado en el territorio, asegurando su correcta
conexión con la Administración central, y que adoptará las medidas
que sean necesarias para conseguir una mayor eficacia de la acción
política del Gobierno en el territorio y la adecuada calidad y
agilidad administrativa en la gestión de los asuntos.

Entro ya en el área de administraciones públicas. Lamento la excesiva
longitud de mi intervención, pero es necesario tratar detalladamente
cada aspecto. En el área de administraciones hay que comenzar
recordando que en los últimos años se han dado pasos muy importantes
de cara a mejorar nuestra administración, haciéndola más accesible,
más ágil y más cercana al del ciudadano. Creo que de una forma
general -y debemos decirlo- ha habido una transformación de la
burocracia en estos últimos 20 años que entonces era sólo estatal
y ahora hay funcionarios estatales y de comunidades autónomas, con un
aumento muy grande de corporaciones locales, verdaderamente muy
notable, y esto es algo que debemos reconocer. La Administración que
ahora tenemos, con todos sus defectos -que como veremos ahora yo
reconozco y hay que mejorar-, es una administración notablemente
mejor que la que se tenía hace 20 ó 25 años. Creo que esto conviene
recordarlo, porque a veces la visión del cada día nos hace perder una
perspectiva global de lo que ha sido la mejora de la Administración
en estos años. Sin embargo, es necesario proseguir en este esfuerzo,
en un proceso que se podría denominar de continua innovación
administrativa, porque así lo exige una sociedad globalizada, más
moderna, más comprometida y más exigente en la prestación de los
servicios públicos. Para acometer este proceso resulta indispensable
lograr un alto grado de consenso con todos los agentes implicados. En
primer lugar, con la sociedad, en sentido amplio, para conocer su
opinión y dar satisfacción a sus expectativas y prioridades en
relación con los servicios públicos. Con los distintos grupos
parlamentarios, a los que desde este momento ofrezco toda mi
colaboración y disposición para cualquier propuesta que estimen
oportuna y que será debidamente considerada,
ya que tengo el propósito de llegar a acuerdos a lo largo de la
legislatura y en temas muy importantes con todas las fuerzas
políticas, porque el nuevo modelo de administración debe ser asumido
por todos. Y naturalmente con los empleados públicos y con sus
representantes, asociaciones, sindicatos, porque el diálogo con las
personas que integran la organización es un factor capital de todo
proceso.

La acción del Gobierno en materia de administraciones públicas se
puede estructurar en cuatro ejes: Primero, la mejora y
racionalización de las estructuras organizativas y de los
procedimientos administrativos. Segundo, el establecimiento de una
nueva política de recursos humanos. Tercero, la promoción de la
calidad en la Administración y, cuarto, la incorporación de la
Administración a la sociedad de la información y el conocimiento. El
primero de estos ejes alude a la necesidad de continuar con el
proceso de racionalización y simplificación en el que está inmersa la
Administración. Los objetivos a conseguir son, en primer lugar,
alcanzar una administración moderna, adaptada a un Estado de las
autonomías ya consolidado, evitando que las estructuras ministeriales
y las de los organismos y entes públicos se dupliquen con los de las
comunidades autónomas, pues hay que ver que estén orientadas a unas
relaciones interadministrativas que deben presidir ese funcionamiento
operativo del Estado autonómico, del que antes hablábamos, y no
duplicar las actividades. Al mismo tiempo, y dentro del modelo que
establece la Ley de organización y funcionamiento de la
Administración general del Estado, es preciso reforzar los órganos
encargados de las actividades de supervisión y regulación en la
Administración central, que paulatinamente van desplazando las tareas
de gestión en un Estado profundamente descentralizado como es el
nuestro. Otro objetivo es reforzar los órganos de la Administración,
cuyas competencias se ven aumentadas como consecuencia de nuestra
participación en la Unión Europea y de la mayor presencia
internacional que está asumiendo España en los últimos años, así como
reforzar los órganos que deben impulsar los avances de la sociedad de
la información. En definitiva, señorías, se trata de reforzar los
órganos en aquellos ámbitos que tienen una influencia decisiva sobre
el progreso económico y social de nuestro país.

Respecto a la Administración periférica, ya he dicho que se
continuará el proceso de integración de servicios en las delegaciones
del Gobierno, incrementando su papel coordinador. Y en la
Administración institucional se continuará con el proceso de revisión
y redefinición derivado de la Lofage. En concreto, por ejemplo, en
los próximos días se van a someter a la consideración del Consejo de
Ministros los estatutos de los organismos públicos de investigación,
los OPI, que por su relevancia van a ocupar un papel destacado en
nuestras actuaciones en esta materia. En todo caso, ypor parte del
Instituto Nacional de Administración



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Pública, se va a llevar a cabo en los próximos meses un análisis de
la evolución y de los resultados de la aplicación de la Lofage;
también, de la ley del Gobierno, pero sobre todo de la Lofage.

En cuanto a la reestructuración de procedimientos, de conformidad con
la Ley de régimen jurídico y del procedimiento administrativo común,
se impulsará el proceso de simplificación administrativa, en ese
marco de planes generales de simplificación administrativa que ya
está en marcha. Es intención del Gobierno, por ejemplo, generalizar
las ventanillas únicas y especialmente su vertiente empresarial. Hay
que destacar también la guía de procedimientos, prestaciones y
servicios, como una base de datos permanentemente actualizada para
informar al ciudadano; los puntos automatizados de atención al
ciudadano que existen ya en las 17 comunidades autónomas y
actuaciones de este tipo para lograr esa simplificación.

En el eje de los recursos humanos, el punto central está constituido
por la nueva política de recursos humanos que se plasmará en el
estatuto básico de la Función pública, y que se enviará nuevamente a
las Cortes tras valorar las de los grupos parlamentarios en el
Congreso al proyecto presentado al final de la pasada legislatura.

Como ustedes saben, se discutieron las enmiendas a la totalidad y no
pudo progresar el proyecto por la disolución de las Cámaras, pero sí
hubo tiempo para que los grupos presentaran las enmiendas a todo el
articulado y por lo tanto tenemos que examinarlas en profundidad.

Este estatuto, una vez examinado, yo pretendo -es mi deseo y aquí lo
digo- que vuelva al Congreso. También digo que pretendo conseguir el
máximo apoyo de los grupos políticos porque creo que un estatuto
básico de la Función pública es algo que se hace para muchos años,
debe hacerse para muchos años, por lo tanto, no es una cuestión de
mayorías y minorías, sino que es una cuestión de consenso máximo
posible; a lo mejor no podrá ser total, pero sí el máximo posible.

Este estatuto, en sus grandes líneas (naturalmente, sus grandes
líneas deben mantenerse tal como se presentó), implantará un modelo
de función pública que debe caracterizarse por dos notas: la
adaptabilidad y la flexibilidad, de manera que se concilien las
consecuencias del desarrollo del Estado autonómico, el proceso de
construcción europea y el nuevo papel regulador y supervisor que debe
asumir la Administración. Además, debe ser un estatuto adecuado para
las distintas administraciones públicas y los diversos campos en que
éstas deben desarrollar su actividad, manteniendo unas notas
caracterizadoras que configuren un tronco común a todo el empleo
público, con arreglo a los principios que recoge la Constitución.

Quiero señalar este punto. Yo creo que tiene que haber un cierto
tronco común, porque es un estatuto básico de la Función pública,
pero también creo que un estatuto básico no puede, bajo ningún
concepto entrar en temas en los que no debe entrar, que son de las
comunidades autónomas.

Ese estatuto básico no debe hacerse con ninguna pretensión de invadir
competencias, sino de dar lo que consideraríamos el común que deben
tener todas las administraciones públicas en España. Finalmente, debe
ser un estatuto que concilie las exigencias que plantea la sociedad
con las legítimas aspiraciones del personal. En todo caso, el proceso
de ordenación de la Función pública debe partir de una concepción
integral que relacione todos sus aspectos, vinculando selección,
provisión de puestos de trabajo, formación y movilidad. Un elemento
fundamental del nuevo modelo de función pública será la regulación de
esa función directiva de la que hablamos siempre en la función
pública. Junto a ello, debemos también contemplar la promoción
profesional de los empleados públicos, en lo que habrá de jugar un
papel fundamental la formación y el reciclaje profesional. Por
último, el nuevo modelo de función pública deberá atender
preferentemente a las políticas de movilidad y reubicación de
efectivos en función de las necesidades reales de las unidades
administrativas, favoreciendo al mismo tiempo el intercambio de
personal entre la Administración general del Estado, las comunidades
autónomas y las corporaciones locales, y la incorporación de
funcionarios a los organismos internacionales, aspecto éste al que se
dedicará una especial atención porque reforzará el papel de España en
las instituciones internacionales.

Dentro de este eje, quiero hacer una breve referencia a la Mutualidad
General de Funcionarios Civiles del Estado, en la que se va a
proceder ahora a armonizar su marco legislativo y su marco
financiero. Se hará un real decreto legislativo aprobando el texto
refundido de la Ley de seguridad social de los funcionarios civiles
del Estado y, desde el punto de vista financiero, habrán de
armonizarse los recursos económicos de acuerdo con el mismo proceso
que está llevando a cabo la Seguridad Social de separación de
fuentes.

El tercer eje de actuación está constituido por la introducción de la
gestión de calidad en la Administración general del Estado. Se están
desarrollando ya en los ministerios y organismos administrativos
programas de gestión de calidad basados en el modelo europeo de
gestión de calidad, como herramienta adecuada para introducir la
mejora continua en la prestación de los servicios. Vinculado a este
proceso, se continuará desarrollando el programa de premios a la
calidad y a las mejores prácticas, convocado por primera vez este año
y que pretende recompensar las iniciativas concretas de mejora de la
calidad de los servicios. Finalmente, y dentro de este eje, se va a
continuar promoviendo la elaboración de cartas de servicios, como
documentos suscritos por los responsables de los diferentes
organismos, que informarán a los ciudadanos de los servicios que
ofrece cada uno de ellos.

El último eje de actuación en el campo de la Administración pública
será lograr una Administración plenamente incorporada a la sociedad
de la información.




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Así, el objetivo del Gobierno será integrar las nuevas tecnologías de
la información y del conocimiento en la Administración, potenciando
estas herramientas para agilizar, simplificar y hacer más sencillas
sus relaciones con los ciudadanos. El presidente del Gobierno, en el
debate de investidura, dijo que muchos servicios públicos son ya
accesibles sin necesidad de presencia física del ciudadano, y debemos
marcarnos para el final de esta legislatura que esto sea predicable
de todos los servicios básicos. En este sentido se orientaban las
perspectivas de la Unión Europea en el último Consejo europeo
celebrado en Lisboa, que ha señalado la importancia del paso a una
economía digital, basada en el conocimiento como motor del
crecimiento, la competitividad y el empleo. Con esta pretensión,
vamos a avanzar en una serie de proyectos que sucintamente quiero
exponer a esta Comisión. En primer lugar, se va a crear una intranet
administrativa, una red multiservicio en el ámbito de la
Administración general del Estado, que permita la operabilidad segura
entre las diferentes redes de la Administración y de los organismos
públicos. Esta red permitirá articular las relaciones con los
ciudadanos, la prestación de servicios y la colaboración con otras
administraciones públicas, agilizando la tramitación y reduciendo los
costes. En segundo lugar, se va a constituir un portal único de
acceso a las administraciones públicas a través de Internet. Este
proyecto persigue explotar los resultados de los programas de
ventanilla única, permitiendo la transmisión telemática de documentos
entre las administraciones públicas. En tercer lugar, trabajaremos en
el desarrollo de una tarjeta del ciudadano o tarjeta única
administrativa, a través de la cual se canalizarían todas las
relaciones de los ciudadanos con la Administración, permitiendo la
autentificación de sus comunicaciones y operaciones electrónicas. Con
todo ello se espera conseguir una Administración que funcione, una
Administración pública ágil y eficaz, de calidad, que cumpla las
expectativas de la sociedad española.

Para terminar, quiero referirme muy brevemente al Instituto Nacional
de Administración Pública, organismo autónomo que depende del
ministro de Administraciones Públicas, porque creo que su aportación
va a ser muy importante de cara a esta configuración de una nueva
Administración pública. En este sentido, vamos a prestar una especial
atención al plan formativo. Yo creo que para los que aprueban una
oposición es fundamental ese primer curso que les abre la carrera en
la Administración; también de reciclaje. En él se incluirán
actividades para el personal directivo y se incrementará la oferta
formativa en nuevas tecnologías para todos los empleados públicos,
para todos. Además, el INAP pedirá la colaboración de las
delegaciones y subdelegaciones del Gobierno para el personal
periférico del Estado, de la misma forma que hacemos convenios para
formación de personal de las comunidades autónomas y de las
corporaciones locales. En el otro ámbito
de la actuación del INAP, la tarea investigadora, se dará una
prioridad especial a temas de estudio que tanta trascendencia tienen
para la Administración pública del tiempo presente y sobre todo del
próximo futuro, como pueden ser los conceptos de ciudadanía, la nueva
economía, el humanismo y la Administración, así como las reflexiones
sobre el papel de la Administración general del Estado en un modelo
compuesto y, por ejemplo, sobre el pacto local, donde deben estar
ubicadas las competencias. En este mismo ámbito pretendo además que
el INAP sea un foro para realizar jornadas de estudio o análisis
sobre los principales desafíos normativos y legislativos, con una
trascendencia superior a la que es la discusión política diaria o
actual de los temas que tenemos pendientes. Por ello, brindo el INAP
a todos los grupos parlamentarios de esta Cámara como un espacio para
el entendimiento, para el estudio sereno y para el intercambio de
ideas que luego cristalizarán o no en proyectos o en acuerdos, pero
que nos servirán a todos para conocer a fondo las ideas de los demás.

Para terminar, señorías, sólo me queda agradecerles la atención que
me han dispensado y asegurarles que mi propósito es que todas estas
líneas de actuación que esta mañana les he comentado las volvamos a
tratar en esta Comisión y en el Pleno. Por ello, desde aquí brindo mi
disposición para venir a la Cámara, y por supuesto a esta Comisión
cuando lo consideren conveniente.




El señor PRESIDENTE: Gracias, señor ministro.

Abrimos ahora el turno de intervenciones de los grupos parlamentarios
en el orden que ya indiqué al principio de la reunión de la Comisión.

Por ello, en nombre del Grupo Parlamentario Socialista, doy la
palabra al señor Rodríguez Zapatero.




El señor RODRÍGUEZ ZAPATERO: Quiero, en primer lugar, agradecer la
primera presencia en esta comisión del ministro para las
Administraciones Públicas. Es lógico reconocer que al señor ministro
le precede una reconocida fama de persona abierta al diálogo, al
consenso y espero que ése sea el tono que marque su relación con esta
Comisión y con los grupos parlamentarios.

He de decirle que su intervención ha tenido más contenido en algunos
casos propio de algún secretario de Estado que evidentemente deberá
comparecer en esta Comisión para desarrollar algunas de las
cuestiones concretas que usted ha enumerado, en alguna de las cuales
incluso ha intentado profundizar. Ello hace imposible abordar todo el
elenco de análisis, comentarios, iniciativas que usted ha puesto hoy
encima de la mesa. Creo sinceramente que su intervención debería
haber adoptado un tono quizá más político, especialmente en lo que es
la primera parte de su intervención, en todo lo que afecta al
desarrollo de la vertebración territorial del Estado por el calado y
la importancia de la cuestión y en ese sentido, también le llamo la
atención



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sobre una percepción que he tenido que es que no ha subrayado en la
medida de lo deseable la palabra consenso, la palabra diálogo, la
palabra acuerdo, en todo lo que afecta a la política territorial del
Estado y especialmente en el desarrollo del título VIII de la
Constitución. Si usted repasa su intervención, advertirá que ha hecho
más hincapié en lo que afecta a las administraciones locales en la
idea del gran consenso y del gran acuerdo que en lo que tiene que ver
con la política autonómica.

Ha habido también una cierta carencia en cuanto al modelo general que
quieren definir en relación con la política territorial del Estado.

Más que de iniciativas concretas, se debería poder extraer de la
voluntad del Gobierno cuál es ese modelo de construcción, de
delimitación, de desarrollo, de la vertebración territorial de España
y de esa relación permanentemente dialéctica entre Estado y
comunidades autónomas. Ha tenido una tendencia excesiva a plantearlo
desde la perspectiva de la bilateralidad o de la multilateralidad, es
decir, de relación Gobierno-distintas comunidades autónomas, una
carencia de hablar del diálogo en el seno de las Cortes Generales y
del acuerdo entre las grandes fuerzas políticas, especialmente, para
qué nos vamos a engañar, entre lo que es el Gobierno y el Partido
Socialista. Ahí debe situarse, en nuestra opinión, el primer terreno
a la invitación del diálogo, del acuerdo, antes de definir, si es que
de verdad se quiere hacer una la política de Estado, algunas de las
iniciativas que usted ha puesto encima de la mesa, independientemente
de su contenido. Después de mi intervención, podrá advertir que
tenemos terrenos de coincidencia, pero creemos que hay que partir de
ahí. Por ejemplo, en el tema de las transferencias es verdad que nos
ha situado el cuadro de desarrollo. Seguramente en el calendario no
tenemos nada que objetar, pero sí hay algunas cuestiones que debe
tener presente. En el tema de las políticas activas de empleo le
recuerdo cuál es la situación de Andalucía que se inscribe también en
una falta de capacidad del Gobierno de llegar a acuerdos con el
Partido Socialista.

Ha hablado de cuestiones relativas a la cooperación y a pesar de que
en algún momento y muy especialmente en la última campaña electoral
el partido que sustenta al Gobierno ha querido plantear un debate con
el Partido Socialista, incluso después de la campaña electoral,
tenemos que elevar el discurso a nivel de categorías y reconocer que
el necesario camino de profundización de la cooperación en el Estado
descentralizado es un rasgo federal que ustedes ponen encima de la
mesa. Lo ha expuesto, aunque en nuestra opinión con un nivel político
insuficiente. Sabe que el Partido Socialista tiene una propuesta
sobre la cual nos gustaría que reflexionaran y que es la conferencia
de Presidentes de comunidades autónomas y presidente del Gobierno
como nivel máximo de la cooperación política. Usted debe saber,
porque además ha sido presidente
de comunidad autónoma y ministro, que la cooperación, la gran
cooperación, la cooperación que aboca a la lealtad constitucional o
es una cooperación profundamente política o se perderá en el terreno
proceloso de los reglamentos, del diálogo, a un segundo o tercer
nivel, y será siempre insuficiente. Con esto no le desanimo de la
idea de la creación de esa conferencia sectorial de cooperación, sino
que le llamo a la reflexión sobre la conveniencia de que antes de
abordar un proceso o una nueva etapa en una laguna evidente de
nuestro funcionamiento del Estado, en materia de cooperación,
dialogue al menos con el Partido Socialista, con el Grupo Socialista,
para ver si es posible, antes de que tome la iniciativa, encontrar
más puntos de encuentro e incluso hacer de la cooperación un valor
fundamentalmente político. Igual que el segundo rasgo -que no sé si
en el Senado ha tenido más desarrollo-, el de la participación en la
formación de la voluntad estata, que es un rasgo nítidamente federal,
de un sistema de articulación descentralizado del Estado, no ha
merecido excesivos comentarios por su parte, salvo en lo que afecta a
la participación de las comunidades autónomas en la Unión Europea.

El papel del Senado sigue en una situación de indefinición, la
necesaria reforma como cauce posible, en principio teóricamente
posible, de la participación en la formación de la voluntad estatal
de las comunidades autónomas. En definitiva, señor ministro, más
política de Estado, más voluntad de acuerdo con los grandes grupos
parlamentarios, más conciencia de que esto no tiene una perspectiva
profunda si no hay ese gran acuerdo y si no se abordan las cuestiones
políticas pendientes. Tendremos ocasión, lógicamente, de profundizar
en lo que es toda la perspectiva de la política autonómica, pero no
hay un auténtico espíritu de desarrollo, de avance reformista, para
dar respuesta a los graves problemas que en este terreno tenemos si,
como le decía, el consenso en su más auténtico y generoso término no
preside toda la iniciativa.

Respecto al pacto local, insisten en que ha habido un pacto local.

Nosotros refutamos que las modificaciones legislativas sean un pacto
local porque creemos que es algo mucho más amplio, más profundo y sin
hablar de financiación de las corporaciones locales es muy difícil
diseñar una gran reforma del mundo local en nuestro país, que es
-usted coincidirá con nosotros- un clamor social en este momento
histórico. Los ayuntamientos, y las diputaciones no digamos en la
situación en la que están, atraviesan por un gravísimo problema de
financiación; los años del desarrollo democrático han sido los años
del impulso de la municipalidad, de la prestación de muchísimos
servicios, de acometer tareas que sin duda alguna es enormemente
positivo que se sitúen en ese nivel, en el nivel más cercano a la
ciudadanía. Creo que la vida municipal no aguanta más en este país
con el actual marco de financiación y que si ese elemento no lo
incorporamos en una visión integral,



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que sin duda requiere también un gran pacto de Estado en esta
ocasión, no estaremos a la altura de las circunstancias.

Nosotros queremos también impulsar un desarrollo y una reflexión
sobre las grandes ciudades. Hubo alguna iniciativa parlamentaria en
ese terreno. Sin embargo, no ha ido usted mucho más allá. Queríamos
saber, en efecto, si tiene la intención de presentar un proyecto de
ley; si es así, nos gustaría participar en el consenso desde el
primer momento. También es un tema de gran trascendencia, porque la
problemática específica de las grandes ciudades creo que agobia a
quienes tienen esa responsabilidad y desde luego tienen una
repercusión inmediata sobre millones de ciudadanos.

Acojo con optimismo esa nueva filosofía que intuyo de sus palabras
sobre la cooperación económica local del Estado, pero le recuerdo que
la legislatura de su Gobierno ha estado marcada por el profundo
recorte de recursos a los planes de cooperación local del Estado, que
ha llevado a una situación de infarto a las diputaciones y a una
situación de parálisis de los pequeños municipios en este país, que
no han podido acometer muchas obras. Especialmente en territorios
donde usted bien conoce este instrumento ha sido históricamente casi
la única vía de que muchos pueblos puedan realizar sus obras más
elementales. ¿Cómo va a potenciar la formación de mancomunidades?
Debería ir un paso más allá. Creo que el complejo elenco de fórmulas
de mancomunidades de servicios que hay en estos momentos en nuestro
país debería abrir una perspectiva de desarrollo de las comarcas que
inevitablemente tuviera una visión más integradora. Usted sabe que en
estos momentos hay miles de ayuntamientos agrupados, no sólo para
fomentar la prestación de servicios, de recogida de residuos, de
infinidad de prestaciones de servicios, sino también para el
desarrollo local, para lo que son las políticas de fijación del
territorio, de preservación del medio ambiente, muy directamente
vinculado con lo que son los planes de la Unión Europea. Y creo que
las mancomunidades quizá sean un instrumento insuficiente. Me parece
bien que se potencien, le pido que haga esa reflexión; creo que se
puede abrir ese debate, ese espacio, para muchas comunidades
autónomas, sabemos que la competencia es de las comunidades
autónomas, pero si hay desde el Estado instrumentos financieros de
incentivación de ese proceso de reordenación municipal que es sin
duda vital para gran parte del territorio nacional, sería un paso muy
importante.

Administración periférica del Estado. Yo le quiero recordar que lo
que hemos vivido en este último proceso en relación con la
Administración periférica del Estado no nos produce mucha
satisfacción en cuanto al balance que se puede poner encima de la
mesa. En términos cuantitativos, la integración de funcionarios de
esa Administración periférica ha sido claramente insuficiente y desde
luego lo único que ha producido, desde
nuestro punto de vista, ha sido la necesidad de reforzar las
estructuras centrales de la Administración. Y ahí debería haber una
reconsideración.

Sobre la Administración general del Estado, sobre las
Administraciones Públicas, sorprende un poco, porque la legislatura
pasada estuvo -voy terminando- marcada por el debate en buena medida
de la estructura central de la Administración del Estado. Yo creo que
usted es consciente de lo que ha sido la formación del Gobierno
actual, cuyo balance se sitúa en lo que pueden ser altos cargos y
directivos principales o niveles superiores de esa Administración en
un paso atrás, no ya, le quiero recordar, con las proclamas -porque
ya no se puede decir que eran programas sino más bien proclamas o
algaradas- que ustedes hicieron cuando eran oposición y que
principalmente formulaba mi compañero de circunscripción el señor don
Manuel Núñez, que iban a suprimir 5.000 altos cargos y a ahorrar
30.000 millones. Creo que aquello queda ya en la página de uno de los
sonrojos más graves que un partido responsable ha podido llevar al
debate de la opinión pública, pero le quiero recordar que la
estructura actual de la Administración del Estado de su Gobierno
tiene desde el nivel de ministros a subdirectores generales, en
gabinetes, 534 puestos, y la estructura del Gobierno anterior a las
elecciones del 12 de marzo, 486. Eso simplemente lo dejo como dato.

Le llamo a la reflexión sobre que hemos vivido también la legislatura
pasada un proceso intenso de transferencias y desde luego creo que
ese modelo de Gobierno que ustedes han concebido ahora tiene poco que
ver con las partes que luego ha abordado en relación con el cambio en
el funcionamiento de la Administración. Por tanto, en materia de
estructuras que han concebido en los decretos, creo que es evidente
el suspenso del nuevo Gobierno.

Sobre los procedimientos, sobre la simplificación, he observado que
hay una ruptura -quiero entenderlo así- entre lo que fueron los
últimos pronunciamientos y planes del Ministerio del señor Acebes y
lo que hoy usted ha dejado encima de la mesa. Hablando claro, la
Administración general del Estado es un ejemplo de mal
funcionamiento, desde hace años, y es un ejemplo de una organización
lenta, que no incentiva el desarrollo social, que no incentiva el
desarrollo económico, que está atrapada en múltiples procedimientos
obsoletos, y que hasta ahora no ha tenido, desde luego con su
Gobierno -y espero que cambie en la tendencia actual-, un plan
integral, que ha de ser, en mi opinión, mucho más madurado y
meditado. La aportación de la intranet o el portal único debería ser
algo que una Administración moderna y avanzada debería haber tenido
por lo menos hace tres años, y hoy nos lo anuncia como intención. La
mejora de las relaciones con los ciudadanos en lo que son los
procedimientos, por ejemplo, ha sido, creo, un fracaso, y hemos
vivido situaciones tan paradójicas que yo le llamo a la
reconsideración Por ejemplo, la creación de la ventanilla única



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empresarial en las Cámaras de Comercio, aumentando los órganos de la
Administración, aumentando la presencia de funcionarios, cuando, como
usted ha subrayado hoy, la tendencia natural es que los ciudadanos no
tengan que tener una presencia y que puedan realizar todas sus
relaciones a través de los medios telemáticos e informáticos. Eso nos
preocupa seriamente.

Y ha omitido lo que fue -no sé si es porque usted lo ha leído y habrá
coincidido con la apreciación que en su día hizo el Grupo Socialista-
ese gran programa estrella del libro blanco de los servicios públicos
de su anterior Gobierno, presentado casi al final. Le transmito cuál
es nuestra opinión sobre ese libro blanco, creemos que fue un fiasco,
que en él no había ni un diagnóstico del actual funcionamiento de los
servicios públicos que debería usted acometer a fondo. Más bien era
un refrito de aportaciones doctrinales y no había un listado de los
servicios críticos que en estos momentos claramente necesitan una
reforma urgente en la Administración. Nos sorprende que lo que fue el
libro blanco, el plan de calidad, haya sido omitido hoy. Usted ha
apuntado algunas cosas que van en la línea más modernizadora y
reformista, pero vemos que no hay continuidad, que no hay objetivos
claros, que no hay unas ideas que permanezcan en lo que ha de ser una
reforma urgente y profunda de nuestro modelo de organización
administrativa.

No quiero extenderme más, porque el presidente ya ha sido muy
benévolo en el tiempo. Le subrayo dos cosas, para terminar: Una, en
muchos de estos aspectos intentaremos profundizar con sus secretarios
de Estado de manera inmediata, en las comparecencias correspondientes
a sus respectivos ámbitos de competencia. Dos, lo que más nos ha
preocupado de su intervención es que no haya subrayado usted, en lo
que afecta a la vertebración territorial del Estado -transferencias,
financiación autonómica, cooperación-, la imperiosa necesidad de
buscar decididamente un acuerdo con el Grupo Parlamentario
Socialista, acuerdo que creemos imprescindible. Espero que haya sido
simplemente un lapsus bienintencionado y que la rectificación será
inmediata, porque es imprescindible como usted puede comprender.




El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència
i Unió), tiene la palabra el señor Jordi Jané.




El señor JANÉ I GUASCH: Señorías, en primer lugar, el Grupo
Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) quiere dar la bienvenida
al nuevo ministro de Administraciones Públicas, don Jesús Posada,
agradecerle su comparecencia hoy y mostrarle desde el primer día la
voluntad de nuestro grupo parlamentario de colaborar con su acción de
gobierno, una voluntad constructiva. Daremos respuesta positiva a su
oferta de diálogo en todos los temas que usted ha planteado,
señor ministro. Nuestro grupo parlamentario tiene un especial interés
en colaborar y llegar a acuerdos en todas las áreas de su Ministerio,
especialmente si tenemos en cuenta que, tal como ha señalado en su
intervención, va a afrontar el desarrollo autonómico del Estado. En
esto es necesaria la colaboración de todos; cuente con la
colaboración de Convergència i Unió como grupo político de esta
Cámara y como fuerza que gobierna en la Comunidad Autónoma de
Cataluña.

Entre sus objetivos en el ámbito autonómico, nos decía que quiere que
el Estado funcione mejor. Lo ha dicho en dos ocasiones a lo largo de
su intervención y ha citado una serie de principios constitucionales
que informan el desarrollo autonómico: el principio de solidaridad,
el principio de autogobierno y el principio de corresponsabilidad. He
echado en falta dos principios que también están en la Constitución:
el principio dispositivo y el principio diferencial.

El gran pacto que supuso en su día la Constitución y que hizo posible
el título VIII y el artículo 2 fue un pacto que dejaba muchas puertas
abiertas. Voluntariamente, la Constitución no era imperativa en
muchos de sus planteamientos y muy especialmente en el autonómico. La
Constitución permitía lecturas diversas, no dejaba modelos cerrados.

Desde nuestro grupo parlamentario, creemos que es un acierto. Su
Ministerio debe tener en cuenta ese principio dispositivo. La
Constitución no cierra, sino que deja muchas puertas abiertas. Como
decía el portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, con el consenso
de todos los grupos de esta Cámara -en esta Cámara y fuera de ella-,
su Ministerio debe ser sensible a todos aquellos planteamientos que,
respetando el marco constitucional, quieran apostar por mayores
niveles de autogobierno. Si la Constitución no lo impide, no demos
por cerrado lo que ella no cerraba; sería un error. El dispositivo es
un principio no imperativo que estaba en la Constitución y de acuerdo
con la voluntad de que mejore el Estado autonómico, deberíamos
coincidir en que impregna la estructura del Estado que entre todos
nos hemos dado.

El otro principio que también está en la Constitución, como he dicho,
es el diferencial. La Constitución permite ritmos distintos, permite
que cada comunidad pueda alcanzar el nivel de autogobierno que desee,
de acuerdo con las Cortes Generales. En muchos aspectos se necesitan
leyes de las Cortes Generales, consenso en esta Cámara, pero la
Constitución no impide en ningún caso los tratamientos diferenciados,
lo demuestra en muchos de sus artículos. Todos deberíamos tener en
cuenta este principio diferencial, dentro de nuestra coincidencia de
objetivos, para que el Estado autonómico funcione mejor.

Ha hecho usted un repaso de los traspasos pendientes. Coincidimos en
su voluntad de impulsarlos, señor ministro, pero nos gustaría hacer
una reflexión. El traspaso de la sanidad o el de la justicia en
cuanto a medios materiales y personales que usted citaba, traspasos
que



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algunas comunidades autónomas tienen ya desde hace algún tiempo y los
están desarrollando, debe ir ligado siempre a un adecuado proceso de
financiación. Si es propósito del Gobierno traspasar a todas las
comunidades autónomas los medios personales y materiales de la
justicia, propósito en el que coincidimos, creemos que debemos
reflexionar en la línea del libro blanco que elaboró el Consejo
General del Poder Judicial, plantearnos dar plena eficiencia a ese
traspaso y suprimir el carácter de nacionales de los cuerpos de
personal al servicio de la Administración de justicia. Es un tema
pendiente que afecta al Ministerio de Justicia y a la voluntad de
diálogo con el que su Ministerio quiere impregnar todo el desarrollo
autonómico; es un asunto a tener en cuenta. En la Comunidad Autónoma
de Cataluña quedan traspasos pendientes, no voy a extenderme ahora en
decir cuáles son. Usted sabe que hay un listado de traspasos que
están prácticamente acordados; hubo una reunión el 23 de septiembre
de 1998 y se dejaron a punto de cerrar asuntos como la homologación
y convalidación de estudios extranjeros no universitarios y las becas y
ayudas a estudios universitarios y no universitarios. En cuanto a las
becas, hay acuerdo ya y es un tema que se viene arrastrando; yo le
pediría que se impulsara su traspaso definitivo cuanto antes.

Hay también, señor ministro, una serie de aspectos sobre traspasos
que nuestra fuerza política quiere llevar a efecto, que son posibles
en el marco actual de la Constitución y que debemos desarrollar si
queremos hacer realidad lo que decía la Lofage, la ley que impulsó el
Ministerio de Administraciones Públicas siendo ministro el actual
vicepresidente primero, el señor Rajoy. La Lofage hablaba en su
preámbulo de la voluntad de configurar a la Administración autonómica
como Administración ordinaria o única en su territorio. Para ello, la
propia Lofage cita el mecanismo del artículo correspondiente de la
Constitución. Esto es posible, no sólo de acuerdo con la
Constitución, sino que está dentro del marco político de aprobación
de la Lofage. Para profundizar en la Administración única, hay
diversos aspectos que deben ser traspasados a aquellas comunidades
autónomas que lo pidan, a las que deseen ese ámbito de autogobierno;
todo aquello que refuerce el carácter estatal de las comunidades
autónomas. Las comunidades autónomas son Estado.

Hablamos de quién tiene el poder en el Estado. El poder en el Estado
se comparte, es un Estado compuesto. Hay aspectos sobre los que
decide la Administración general del Estado y otros sobre los que
deciden las administraciones autonómicas, que son Estado, y eso
contribuye a desarrollar mejor el conjunto del Estado autonómico. Hay
que considerar los poderes estatales que tienen las comunidades
autónomas. La vocación de que lleguen a ser administración única en
su territorio seguro que nos lleva a una mejor eficiencia, a una
mejor estructura. Coincido en que quizá no tiene mucha lógica
incrementar las estructuras de la Administración
general del Estado -lo decía ahora el señor Rodríguez
Zapatero-, incrementar el número de cargos en la Administración
general del Estado cuando las comunidades autónomas, que están
recibiendo muchas más competencias, son también Estado. El proceso
lógico es ir a una simplificación administrativa, a evitar
duplicidades, a dar oportunidad a aquellas comunidades autónomas que
quieren realizar políticas en el ámbito autonómico. Por tanto, es una
estructura del Estado acorde incluso con los principios europeos de
la subsidiariedad, que viene definida en la Lofage y que gustaría que
se impulsara con fuerza durante esta legislatura.




En este sentido, debemos tener en cuenta que la referencia que ha
hecho el señor ministro a la Administración periférica del Estado
también está implícita en el articulado de la propia Lofage y después
en sus disposiciones finales el proceso de integración de la
Administración periférica dentro de la Delegación del Gobierno en
cada comunidad autónoma y un proceso de supresión de órganos de la
Administración periférica para evitar duplicidades. Usted ha dicho
que haríamos un análisis de cómo estaba aplicándose la Lofage. Yo le
felicito pues creo que es necesario hacer este análisis de cómo se
aplica la Lofage. Le pido por favor, señor ministro, que se mire en
ese análisis de qué forma estamos reduciendo estructuras de la
Administración periférica del Estado. Ello es necesario, va en la
línea de la Administración única que le pedía y, por tanto desde mi
grupo parlamentario creemos que es un camino en el que debemos
profundizar.

El señor ministro también hacía unas reflexiones sobre las relaciones
entre la participación de las comunidades autónomas en el ámbito de
la Unión Europea. Nos dimos una ley, señor ministro, en el año 1997
que creaba la Conferencia para asuntos relacionados con las
comunidades europeas. Mi grupo parlamentario tiene la impresión de
que esa ley no se aplica de forma suficiente. Decía que no quiere que
un ministro vaya al Consejo de Ministros de la Unión Europea sin que
antes haya conocido la opinión de los representantes autonómicos. No
es que no quiera, señor ministro, es que no puede hacerlo de acuerdo
con la ley. La ley obliga al representante del conjunto del Estado a
que cuando va a una reunión de la Unión Europea y ocupa el sitio del
Estado español en ese ámbito comunitario, si los aspectos son de
competencia autonómica, se haya reunido en el ámbito de esa
conferencia y saber cuál es la voluntad estatal. La voluntad estatal
es la voluntad del conjunto, la voluntad de esas comunidades
autónomas que son Estado y que se está afectando a competencias de su
ámbito material.

A mí no me ha gustado, señor ministro -la entiendo, pero no me ha
gustado-, una referencia expresa que usted hace. Dice que dicho esto,
no quiero en ningún caso que el lugar de España en ese ámbito europeo
pueda ser ocupado por un representante autonómico.




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Esa declaración tan taxativa no la comporto. ¿Por qué no? Otros
Estados, como Bélgica, lo hacen. Deberíamos mirar en cada caso a qué
reunión asiste, cuál es el ámbito material que se va a tratar. Pero
usted, que ha sido ministro de Agricultura, sabe que muchas veces un
tema agrícola que se debate en un órgano de la Unión Europea a lo
mejor sólo afecta de forma muy específica a una comunidad autónoma, a
lo mejor afecta sólo a Andalucía. ¿Por qué no puede sentarse en el
lugar de España y junto con la representación de la Administración
general del Estado un representante del Gobierno andaluz? ¿Por qué
negarlo de entrada? Yo nunca quiero. Desde este punto de vista, le
pediría el modelo abierto de la Constitución. ¿Verdad que esto no
está prohibido por la Constitución? No cerremos puertas al desarrollo
del Estado autonómico. ¿Por qué no puede sentarse en el sitio
reservado a España y en un futuro en el ámbito europeo un
representante de la comunidad autónoma cuando ese día se tratan en
esa reunión aspectos de la competencia exclusiva de esa comunidad?
Voy concluyendo, señor ministro. Sí que quiero hacer alguna reflexión
sobre otros aspectos que ha hecho en su intervención. Estatuto básico
de la Función pública. Usted hablaba del tronco común que considera
debe tener ese estatuto; por tanto, tronco aplicable a todas las
administraciones públicas. La Constitución habla de las bases del
régimen estatutario de la Función pública. ¿Qué deben ser estas
bases? Yo no sé si un tronco o unas raíces, porque debemos dar
posibilidades a las comunidades autónomas de crear su modelo de
Función pública. Eso es inherente a la autonomía. Autonomía es, en
primer lugar, poder autoorganizarte y poder autoorganizarte es poder
definir las bases de tu política de personal. De acuerdo que debe
haber unas bases en materia de Función pública, pero esas bases
tampoco deben un macrotronco, como usted señalaba, sino unos
principios que garanticen un buen funcionamiento de la Función
pública en España, buen funcionamiento en aspectos que deben tener
una reflexión, como los temas de las retribuciones, de las
estructuras horarias, de la formación continuada. Debemos hacer
convenios de colaboración para tramitar los fondos destinados a
financiar las acciones de formación continuada, pero hay que ser
respetuosos, señor ministro, con lo que deben ser las políticas
propias de personal de cada Administración pública.

En cuanto a la Administración local, mi grupo parlamentario comparte
la necesidad de analizar en cada comunidad autónoma qué aspectos
pueden ser objeto de transferencia a la Administración local. No
coincidimos en que esto sea una competencia de su Ministerio. Las
comunidades autónomas tienen competencia exclusiva en materia de
Administración local, en materia de régimen local y debemos superar
el carácter bifronte en este ámbito. La relación de la Administración
local en un territorio tiene que ser con su Administración
autonómica, y por tanto debemos ser respetuosos en este
ámbito con las competencias autonómicas, no provocar interferencias y
en cada ámbito territorial debe darse el proceso de acuerdo con las
fuerzas políticas de ese ámbito territorial. Creemos que este es un
buen modelo.

En esta legislatura, señor ministro, también deberemos abordar un
nuevo modelo de financiación local. El otro día se aprobó una
propuesta de mi grupo de suprimir el IAE y en esa propuesta va
implícita una nueva ley de haciendas locales que compense a los
ayuntamientos por esa supresión para que no pierdan ningún tipo de
ingreso estos ayuntamientos y debemos replantear -la nueva
jurisprudencia del Tribunal Constitucional también nos obliga a ello-
todo el ámbito de la financiación local.

Por último, señor ministro, mi grupo va a ser en su ámbito, y en
todos pero muy especialmente en el ámbito de las administraciones
públicas, un grupo con voluntad de diálogo, con voluntad de
colaboración. De entrada celebro su buen talante en este ámbito, que
lo ha demostrado en ocasiones precedentes, y por consiguiente
celebramos que usted haga esta oferta de diálogo a todos los grupos
de la Cámara. Puede contar con la colaboración de mi grupo y esa
colaboración será muy especial en algunas leyes que usted ha
precisado, como una ley general de cooperación o que intente poner
orden a los distintos sistemas de colaboración existentes. Celebro
que usted diga de entrada que no va a impulsar una ley así si no
tiene el consenso de los grupos de esta Cámara y de todas las
comunidades autónomas. Nosotros no nos negamos a hablar de posibles
instrumentos de colaboración, pero queremos hacerlo con diálogo y sin
que su mayoría absoluta dé un proyecto de ley ya cerrado. Usted dice
que quiere hablarlo y si no tiene ese consenso, no lo impulsará. Le
agradezco esa reflexión.

Nada más.




El señor PRESIDENTE: El Grupo Mixto también pidió la comparecencia.

Dividirán el tiempo el señor Aymerich y la señora Lasagabaster, que
tiene la palabra.




La señora LASAGABASTER OLAZABAL: Muchas gracias, señor presidente.

Intentaré ser breve por esa división del tiempo y además por creer
que estamos ante una comparecencia en la que tenemos que abordar
principios políticos de lo que van a ser las líneas generales de su
trabajo al frente del Ministerio y también de nuestras posiciones
políticas.

Agradezco también esta comparecencia y la explicación de los temas
que nos ha ofrecido, pero me gustaría hacer unas reflexiones
-permítame, señor ministro- desde el punto de vista de Eusko
Alkartasuna de cómoentendemos este Estado autonómico. Para nosotros
el



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Estado autonómico responde a una plurinacionalidad, a la existencia
de distintas naciones, que iría mucho más allá del concepto de
descentralización en la mera gestión. Habla usted de
descentralización política, pero yo creo que era el reconocimiento de
la existencia de hechos diferenciales políticos, que era y es un
concepto novedoso y que pretendía resolver los distintos problemas
histórico-político-jurídicos que existían y yo creo que existen en
este Estado.

Como consecuencia de todo ello, y en lo que a nosotros nos concierne,
llegamos a un pacto político singular, bilateral, como fue el
Estatuto de Gernika del año 1979, en el que yo creo -he de
reconocerlo y lo he dicho muchos veces en esta Cámara- hubo un
sincero compromiso entre las partes que negociaron y llegaron a ese
acuerdo y fue un elemento muy positivo en aquel momento poder llegar
a ese pacto político.

Dicho todo ello, lo cierto es que transcurridos más de 20 años nos
hemos encontrado con dos tipos de circunstancias. En la primera parte
de aquellos tiempos hubo agilidad, hubo una voluntad política muy
clara y unos compromisos entre las partes que intervinieron, tanto
por parte del Gobierno central como en aquel caso del Gobierno de la
Comunidad Autónoma del País Vasco para agilizar las transferencias de
las distintas competencias en materias y en naturalezas muy
complicadas y que realmente se realizó un esfuerzo muy interesante.

Tras esos primeros años, que podría ser hasta el año 1981 ó 1982, por
poner una fecha más o menos simbólica, lo cierto es que ha habido un
freno, nos hemos quedado en una paralización de las competencias y en
un bloqueo del desarrollo estatutario de ese instrumento que es el
Estatuto de Gernika; estatuto que por otra parte -quizás es
conveniente recordar las cosas de vez en cuando-, señala muy
claramente en la letra y por supuesto en el espíritu que siempre
salvaguardará la posibilidad de desarrollar los derechos históricos
que correspondieren al pueblo vasco. Lo dice claramente, por tanto
creo que es importante recordarlo porque en aquel momento y para
aquellas cuestiones en aquella situación aquel pacto estaba bien,
pero nos reservábamos la posibilidad de que en momentos históricos
posteriores fuera posible desarrollar otras cuestiones que pudieran
convenir más a un marco de convivencia entre las dos sociedades. ¿Qué
ha ocurrido a lo largo de todo este tiempo? Ha habido un freno, una
paralización. Recordarán SS.SS. y lo hemos dicho en muchísimas
ocasiones en esta Cámara que lo que nosotros quisimos hacer, nosotros
en general, las fuerzas políticas en la Comunidad Autónoma en el País
Vasco, fue un examen y un análisis de cómo estaba la situación a lo
largo de estos años. En este sentido creo que han sido muy
importantes los dos informes que ha aprobado el Parlamento vasco por
unanimidad, y estoy segura de que el señor ministro estará cansado de
escuchar las referencias a los informes, pero para nosotros son muy
importantes, porque en
definitiva vienen a ratificar que en este momento no es una petición
de determinada fuerza política, sino que se está pidiendo algo que el
Parlamento vasco, como conjunto de las distintas fuerzas que
representan a los ciudadanos, ha aprobado unánimemente en dos
ocasiones. Informes que han pretendido señalar dos cuestiones: una,
cuáles son las competencias que desde el punto de vista del
Parlamento vasco están incluidas en ese Estatuto de Gernika, ficha a
ficha, título a título competencial; y dos, el informe del año 1995
estableciendo qué prioridades se consideraban importantes para
realizar ese traspaso de competencias en función de la problemática
que teníamos suscitada en nuestra sociedad. Vuelvo a señalar que esto
es muy importante porque lo que estoy pidiendo, no lo que le pide
Eusko Alkartasuna que así lo hago, pero también dos informes que
responden a una petición unánime de todas las fuerzas parlamentarias
representadas en el Parlamento vasco, incluido por supuesto el
partido al que usted pertenece, es una petición unánime de una
sociedad y recoge cuestiones que desde un punto de vista política se
desechan rápidamente sin entrar ni tan siquiera en la valoración. Se
recogían dos áreas muy claras en cuanto a prioridades. El área de la
materia socio-laboral, económica o de desarrollo científico y
tecnológico y también un área relativa a la materia económico-
financiera, infraestructuras o justicia. Hablamos de políticas
activas, pero también pasivas de empleo, hablamos de la transferencia
del Instituto Nacional de Empleo, hablamos del Instituto Nacional de
Seguridad Social, hablamos de la gestión del régimen económico de la
Seguridad Social que creemos tiene la misma naturaleza que otros
títulos competenciales del mismo nivel que han sido ya transferidos,
llámese policía, sanidad u otros; por tanto, no vemos la dificultad
que pudiera llevar un traspaso de competencias en este nivel. Le
señalo de antemano que no queremos la gestión de los planes
estatales, clarísimamente; queremos tener la posibilidad de hacer una
política propia en esta materia. Creo que esto hace que sea difícil
que podamos llegar a un acuerdo; pero le digo algo que ha planteado
el Parlamento vasco de manera muy concreta con relación a lo que fue
el Estatuto de Gernika.

Se nos dice que no se quiere romper la caja única. No voy a entrar en
esta dinámina porque tendríamos que utilizar más tiempo del que
disponemos, pero una vez realizada esta declaración por parte del
Gobierno o por usted mismo en los días anteriores a esta
comparecencia, tenemos que señalar que incluso esa declaración no se
corresponde ni se cohonesta, por ejemplo, para realizar
transferencias en otras cuestiones, como en el Inem, cuando el
Tribunal Constitucional ha señalado claramente en dos sentencias
distintas que aunque ese instrumento se recaude con las cuotas de la
Seguridad Social no conforma la caja de la Seguridad Social; por
tanto vemos que aquí no subyacen problemas técnicos sino más bien
voluntad política.




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Habría que hablar de muchas cuestiones, pero me voy a centrar en tres
temas. El tema de la integración, de la participación de las
comunidades autónomas en la Unión Europea. Con relación a este tema
-se lo digo con toda sinceridad- me han generado cierta preocupación
las declaraciones que usted ha realizado en el día de hoy. Creo que
no se corresponde con lo que ha acordado esta Cámara. El 10 de marzo
de 1998 esta Cámara acordó por unanimidad dos cuestiones muy claras:
una, que los mecanismos de participación de las comunidades autónomas
en la Unión Europea no eran correctos con el sistema de Estado
autonómico y el sistema de distribución de competencias que teníamos
establecido en nuestro ordenamiento jurídico; que no era correcto y
había que rectificarlo y revisarlo. Dos, que necesariamente había que
establecer el mecanismo para que en las competencias exclusivas de
las comunidades autónomas un representante estuviera presente en los
órganos de decisión de las instituciones europeas. No es un problema
de que a usted le guste o no le guste, es que está acordado por esta
Cámara. Estas son las dos cuestiones claves. Tercero, se determinó
que en la medida que esto tenía cierta complejidad había que
establecer cómo se podía estudiar y analizar para que esa
participación fuera la mejor manera de defender los intereses de
todos, intereses de todos que tenemos tanto el Gobierno del Estado
como las comunidades autónomas.

Hemos tenido muchísimas comparecencias en relación con esta cuestión
en el seno de la Comisión mixta de la Unión Europea, es una cuestión
compartida entre el Ministerio de Administraciones Públicas y el
Ministerio de Asuntos Exteriores y hay suficientes informes jurídicos
que están rodando para determinar que ha llegado el momento de ver
cuál es esa participación. No es que le guste más o menos, es que
esta Cámara lo ha decidido. Vamos a ver si nos ponemos de acuerdo
para que realmente se ponga en práctica y en marcha ese mecanismo.

Me ha parecido entender, señor ministro -y espero que esté en un
error-, que usted está retrocediendo a posiciones del Ministerio de
Asuntos Exteriores y no a posiciones que el MAP ha defendido en esta
materia. Está defendiendo posiciones del anterior ministro de Asuntos
Exteriores en comparecencias en las cuales al final se llegó a la
conclusión de que no se podía mantener. El tema de la participación
de las comunidades autónomas en el proceso de integración europea es
muy importante, ha sido uno de los elementos que mayor conflictividad
judicial ha generado y recuerdo los múltiples recursos ante el
Tribunal Constitucional, desde el tema descendente de la aplicación y
ejecución de las decisiones comunitarias pasando por la formación de
la voluntad en esas instituciones europeas y terminando por una
sentencia del Tribunal Constitucional, de 26 de mayo de 1994, en la
que se señalaba que había dos cuestiones: la acción internacional y
la acción externa
de las competencias de las comunidades autónomas; por tanto es un
tema que tenemos pendiente.

En el tema de la Función pública, como bien ha dicho usted conoce las
enmiendas de totalidad. El proyecto de ley que se presentó no tiene
nuestra conformidad en la medida que escapa más allá de lo que
debieran ser las bases del régimen estatutario establecido en el
mandato constitucional, y en ese sentido no se corresponde con lo que
deben ser simple y escuetamente unas bases.

Voy a terminar con el tema de la Lofage. No voy a hablar de la
Administración periférica, ya se han dicho muchas cosas y muchas más
tendremos que decir, pero me preocupa una cuestión desde el punto de
vista de nuestra ocupación de control parlamentario. Usted señalaba
que una de las tres cuestiones básicas de la Lofage era la
potenciación de los delegados del Gobierno, yo lo comparto; pero
cuando se potencia una figura, unas competencias y unas actuaciones
se tiene que potenciar también cómo controlar esas actuaciones, y ahí
tenemos un problema que también hemos tenido en la legislatura pasada
en múltiples ocasiones y actuaciones de diferentes delegados del
Gobierno y es que son actuaciones que no se controlan
parlamentariamente en los parlamentos autonómicos, porque no les
corresponde, ni tampoco en esta casa por una práctica habitual
decidida. Por tanto, cuando se potencian las competencias de una
figura concreta, de un responsable político concreto, se tienen que
reforzar y establecer mecanismos de control parlamentario porque es
algo imprescindible en una sociedad democrática.

Concluyo, para no extenderme más. Señor ministro, le agradezco su
aportación. Sé que es un hombre dialogante, lo ha demostrado
anteriormente y estoy segura de que lo hará; pero voy a serle sincera
y leal. La lealtad es imprescindible basada en la sinceridad de las
posiciones y en el respeto a las de los demás. Nosotros queremos
superar el marco jurídico estatutario, lo hemos dicho; creemos que
cada momento histórico requiere un marco de convivencia diferenciado,
pero ¡ojo! siempre desde el respeto a lo que decidan los ciudadanos
y el respeto al ejercicio democrático. También le voy a decir otra
cosa: siempre hemos sido leales al marco jurídico actual, al estatuto
y seguiremos siendo siempre leales al estatuto; pero creemos que es
la última oportunidad de encuentro. Este desencuentro está generando
en nuestra sociedad consecuencias difíciles -yo no diría graves-
política, jurídica, económica y socialmente.




El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Aymerich.




El señor AYMERICH CANO: También deseo felicitar al ministro en nombre
del Bloque Nacionalista Galego, porque tanto personalmente como por
compañeros tengo referencias de que es efectivamente una



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persona abierta al diálogo; pero hoy no estamos aquí para juzgar el
talante de las personas sino para comentar y quizás criticar las
líneas políticas de lo que va a ser la tarea del Ministerio para las
Administraciones Públicas.

Mi grupo (bueno, esperemos tener grupo), mi organización no comparte
afirmaciones como nación plural porque pensamos que estamos en un
Estado plural en el que hay varias naciones; y a partir de ahí se
siguen varias consecuencias. Está muy bien hablar de la cooperación
y de la colaboración siempre y cuando la colaboración se circunscriba a
las materias en las que esa colaboración tiene que actuar, y me
refiero a aquellas materias sobre las que se proyecta una
concurrencia competencial entre el Estado y las comunidades
autónomas. Ahí sí es necesaria la cooperación, pero no en materias
como régimen local, grandes ciudades o áreas metropolitanas que, en
terminología del Tribunal Constitucional están completamente
regionalizadas o descentralizadas. Ahí el Ministerio podrá dar
impulso, pero la existencia de pactos autonómicos locales, el ritmo y
el contenido de los mismos dependerá de cada comunidad autónoma en el
ejercicio de sus competencias con independencia de cuál sea la
intención o el deseo del ministro y del Ministerio que representa
¿Qué es necesaria la colaboración? Sí, pero fijando previamente los
marcos competenciales respectivos. Por ejemplo, no solo revisando,
como anunciaba el ministro, legislación preconstitucional sino
también determinada legislación básica que se extralimita de una
lectura leal del bloque de constitucionalidad. Hay normas básicas que
agotan la regulación de la materia y otras normas básicas impiden que
las comunidades autónomas elaboren políticas propias a través de esas
normas de desarrollo, y también sería necesario avanzar en esa
revisión.

Colaborar en temas y en materias a las que el ministro no se ha
referido. Como han apuntado otros intervinientes, la colaboración en
relación con la participación directa de las comunidades autónomas en
el Consejo de la Unión Europea. Me preocupa una afirmación casi
obiter dicta del ministro diciendo que es necesario reforzar aquellos
órganos de la Administración estatal que van a ver ampliadas sus
competencias como consecuencia de la participación española en la
Unión Europea. Precisamente es una concepción contraria a lo que
nosotros propugnamos. Si el Ministerio cree que el Estado o su
Administración va a ver ampliadas sus competencias por la
participación en la Unión Europea será siempre a costa de las
competencias que constitucional y estatutariamente corresponden a las
comunidades autónomas. El proceso debería ser justamente el
contrario: respetar las competencias autonómicas y permitir que el
ejercicio de las mismas no solo se realice en el ámbito estatal sino
también en el ámbito extraestatal, y por tanto también en el ámbito
comunitario.

Otro ámbito en el que sería necesaria la cooperación, que además
viene exigida constitucionalmente, es en la elaboración de planes y
de programas económicos. El artículo 131.2 de la Constitución está
sin desarrollar y esta falta de desarrollo, esta falta de
constitución del consejo prevista en el artículo 131 provoca por
ejemplo que el Plan de desarrollo regional, elaborado por el
Gobierno, tenga ciertos defectos o deficiencias, que llegan
a traducirse en un retraso en la percepción de fondos que para
territorios como Galicia, mi país, son objetivo número 1 de la
Comunidad Europea.

Sobre financiación, el Bloque Nacionalista Galego no está de acuerdo
con el actual sistema de financiación y pretendemos avanzar hacia un
sistema de profunda autonomía financiera y de profunda
responsabilidad fiscal de las comunidades autónomas, en nuestro caso
de Galicia, no solo reclamando la gestión de los tributos sino
también la regulación de los mismos. Hablando de solidaridad, vamos a
proponer que una ley como la del impuesto de sociedades modifique lo
que se establece ahora: una sociedad que explota recursos naturales
en Galicia, que realiza actividades en Galicia pero que tenga su
domicilio social en otra comunidad autónoma tributa en esa comunidad
autónoma. Eso no parece muy conforme con un sistema de financiación
adecuado a la realidad plural del Estado. Esa va a ser una de
nuestras exigencias básicas.

Sobre política local le repito lo que ya avancé. Habría que ir en
sentido contrario al anunciado por el ministro; el carácter bifronte
debe ser superado a favor de una autonomización del régimen local,
que cada comunidad autónoma, en su caso y dentro del marco de la ley
básica -una ley básica seguramente adelgazada con relación a la de
1985- tenga plena autonomía, pueda elaborar una política propia en
materia de régimen local y que, por tanto, en cuestiones anunciadas
por el ministro (los pactos locales autonómicos, mancomunidades,
áreas metropolitanas) el Ministerio puede publicar estudios, elaborar
informes pero desde luego no condicionar un tipo de política. Avanzar
en este camino supondría también que la cooperación local del Estado
transfiriese esos fondos a cada una de las comunidades autónomas
competentes para que fuesen dichas comunidades las que otorgasen la
subvención. En estos momentos tenemos varios programas autonómicos,
estatales, de subvención a obras y servicios locales, muchas veces
con objetivos divergentes. Eso no habla mucho a favor de la
eliminación de estructuras paralelas ni eliminación de duplicaciones
entre el Estado y las administraciones autonómicas. Hay que avanzar
también en lo que se refiere a la financiación de las entidades
locales, no sólo compensando la posible eliminación del impuesto de
actividades económicas (y esto se comentó también y fue objeto de
debate hace, si no recuerdo mal, dos semanas en el Pleno de esta
Cámara) sino viendo qué sucede con la bonificación del 95 por ciento
a las entidades concesionarias



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de autopistas en el impuesto de bienes inmuebles. Habrá que ver cómo
se bonifica algo que algunos ayuntamientos gallegos tienen ya
recurrido.

En materia de empleo público -porque esta cuestión a la que me voy a
referir de retribuciones, sí es competencia estatal-, ¿está dispuesto
el Ministerio a compensar y recuperar el poder adquisitivo perdido
por los empleados públicos estos últimos ejercicios? Sería una
cuestión, porque parece que, de acuerdo con la jurisprudencia
constitucional, sí es competencia del Estado fijar la subida y la
masa de retribuciones de los funcionarios públicos, y creo que las
administraciones debían dar ejemplo. Esto puede ser algo que se
aborde en ese estatuto de la Función Pública, no acudir la
Administración, entendida en sentido amplio, a la contratación
precaria de personal, e incluir en la legislación de contratos de las
administraciones públicas -lo que también es competencia de esta
comisión y debe ser alentado por este Ministerio- condiciones
sociales, es decir que en las contrataciones de obras, de servicios
o de suministros que haga el Estado se exija a las empresas
suministradoras determinadas condiciones de tipo social, más allá de
lo introducido en la última reforma de esta ley el año pasado.

Brevemente también, sería necesario elaborar un estatuto del usuario
de los servicios públicos, y finalmente -no está aquí presente- creo
que también es peligroso el camino anunciado por el señor Rodríguez
Zapatero. Si la colaboración se entiende como un gran pacto entre las
dos fuerzas estatales, con el precedente, para mí un precedente
peligroso e incluso con graves dudas de constitucionalidad de los
acuerdos de 1992, creo que vamos por mal camino. La colaboración en
estos temas debe ser lo más amplia posible, y no sólo realizada en
las oficinas o en las sedes de los dos grandes partidos estatales,
sino con las demás fuerzas políticas, y desde luego con los demás
gobiernos y administraciones autonómicas y locales.

Reiterando la disposición de mi grupo -o de mi futuro grupo- a
colaborar en la medida de lo posible, pero desde luego desde estas
posiciones claras que acabo de exponer, le doy las gracias por su
intervención, y también a la Presidencia.




El señor PRESIDENTE: La Presidencia tiene que preguntar los grupos
parlamentarios que quieran intervenir y que no solicitaron la
comparecencia. (Pausa.)
Por orden de menor a mayor, si no me equivoco, tiene la palabra el
señor Rivero, del Grupo de Coalición Canaria.




El señor RIVERO BAUTE: Señor ministro, le expreso el agradecimiento
en nombre de Coalición Canaria por su prolija comparecencia,
detallando cada uno de los grandes asuntos en los que su Ministerio
es competente. En esta primera comparecencia le deseamos que tenga
mucha suerte a lo largo de esta legislatura
en un asunto tan complicado como el que le ha tocado dirigir,
pero la suerte que usted va a necesitar podrá ser bastante menor si
los grandes ejes por los que ha dicho que va a transcurrir su
política a lo largo de estos cuatro años se llevan a cabo. Desde
luego no hará falta mucha suerte si esa política se encauza desde el
diálogo en general, si se encauza desde el entendimiento con las
comunidades autónomas, si se hace desde el diálogo con los grupos
parlamentarios, si se hace con consenso y diálogo con los sindicatos,
que es el compromiso que usted ha adquirido ante esta Comisión.

Hablaba del proceso de descentralización del Estado, lo valoraba
positivamente, y esa valoración positiva en el proceso en el que ha
caminado la descentralización del Estado hasta ahora también es
compartida por Coalición Canaria. Sin embargo, ha anunciado el
traspaso de nuevas competencias a algunas comunidades autónomas,
fundamentalmente las que accedieron por el artículo 143, en políticas
activas de empleo, en justicia y en sanidad, y a nosotros nos
gustaría conocer, señor ministro, el calendario que tiene previsto el
Ministerio para el traspaso de competencias que en este momento se
contemplan en los estatutos de autonomía y aún no han sido
transferidas a las respectivas comunidades autónomas. A lo largo de
estos últimos años se ha producido la revisión de los
correspondientes estatutos de autonomía, hay nuevas competencias que
se contemplan en esos estatutos y es necesario un calendario de
traspaso de esas nuevas competencias.

Por otra parte, nos gustaría conocer el criterio del señor ministro
acerca de algunos asuntos que para nosotros, desde la visión canaria,
son muy importantes. Por ejemplo, nos gustaría conocer el criterio
del ministro respecto a la titularidad de las aguas archipielágicas
canarias. Canarias, con arreglo al estatuto del año 1982, se definía
como isla; a partir de la reforma aprobada en el año 1996 es un
Archipiélago, con el significado de un archipiélago y por tanto
abarcando las aguas entre las islas, y la situación actual es que
solamente son de jurisdicción española las aguas a 12 millas de cada
una de las islas. Eso hace que en estos momentos, salvo entre
Tenerife y la Gomera, donde la distancia que las separa abarca las 12
millas, entre el resto de las islas hay aguas de carácter
internacional, donde se producen vertidos, donde no hay capacidad
para regular y controlar esas aguas. ¿Qué criterio tiene el ministro
respecto a las competencias de esas aguas archipielágicas cuando ya
hay ejemplos -en Azores, en Madeira, en las islas Feroe- donde se han
declarado de titularidad estatal de cada uno de los respectivos
Estados esas aguas?
También nos gustaría conocer el criterio del ministro respecto a la
posibilidad de delegación, como prevé la Constitución, de algunas
competencia en función de las especificidades de algunas comunidades
autónomas, en concreto me refiero a la posibilidad de delegaciónde la
competencia en comercio exterior a Canarias.




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¿Por qué? Canarias, por su posición geográfica, con todas las
ventajas e inconvenientes que eso entraña, está a 100 kilómetros de
la costa africana, y una de las cosas fundamentales que en estos
momentos tenemos que fortalecer es la relación, la cooperación, el
comercio entre el territorio más cercano, que en este caso es el
archipiélago canario, y África. ¿Qué criterio tiene el ministro
respecto a este asunto?
Se ha hablado por los distintos portavoces -creo que casi todos lo
han mencionado- sobre la representación de las respectivas
comunidades ante la Unión Europea cuando se trata de asuntos
europeos. Hay algunas comunidades, y es el caso de Canarias, en cuyo
estatuto de autonomía se contempla, fundamentalmente dada la
especificidad canaria y la especificidad de determinados asuntos
canarios. Estamos hablando del REF, de la zona especial, del plátano,
de asuntos importantísimos para los intereses sociales y económicos
del Archipiélago que en estos momentos son singulares de Canarias.

Además se contempla, insisto, que la Comunidad Canaria tenga un
representante en la delegación española cuando se trate de asuntos
referidos a la comunidad autónoma. ¿Qué criterios tiene el ministro
respecto a este asunto? ¿Se va a impulsar? ¿Esto es café para todos o
se va a respetar lo que dicen los respectivos estatutos de autonomía?
En el Estatuto de autonomía de Canarias y dada la especificidad
geográfica de un territorio alejado, como reconoce la propia Unión
Europea que sí tiene en cuenta el carácter diferencial del
archipiélago canario aprobando esa condición de territorio
ultraperiférico, se contempla que en los convenios internacionales,
cuando determinados asuntos afecten al Archipiélago, se consulte
previamente al Parlamento de Canarias y se tenga que emitir informe.

Hasta ahora esto se está omitiendo por parte del Gobierno del Estado
y nos gustaría conocer el criterio del ministro respecto a este tema.

De la misma manera, nos gustaría conocer la posición del ministro
respecto al traspaso de algunas competencias que está demandando un
grupo de siete comunidades autónomas -en algunos casos, como el de
Canarias, se contemplan en sus respectivos estatutos de autonomía-,
como la gestión de los aeropuertos. ¿Qué criterios tiene el ministro
respecto al traspaso de esta competencia? ¿Es partidario de que los
aeropuertos de todo el Estado se sigan gestionando desde un órgano
centralizado; es partidario, respetando lo que dicen los estatutos de
autonomía que lo contemplan, de traspasar la gestión a las
comunidades autónomas, o es partidario de alguna fórmula compartida
de gestión, que puede entenderse como un consorcio donde participen
las distintas administraciones del Estado?
Sobre la política de costas, a nadie se le escapa, después de los
años vividos de experiencia, que se produce en las costas de todo el
Estado una superposición competencial, una interferencia entre las
comunidades autónomas, los cabildos en las islas y los ayuntamientos,
que hace muy dificultosa cualquier actuación en todo el litoral.

¿Piensa el ministro que, a lo largo de esta legislatura, se va hablar
sobre la posibilidad de delegar a las comunidades autónomas las
competencias en costas y poder realizar una gestión más coordinada de
la respecto a las actuaciones en el litoral?
Ha hablado de la financiación de la sanidad y ha puesto como eje
fundamental de ese nuevo modelo, que nosotros compartimos, la
solidaridad entre los distintos territorios. Ha mencionado algunos
parámetros que habría que tener en cuenta para reforzar esa
solidaridad, entre los que ha citado a los desplazados de otras
comunidades autónomas, pero no ha hecho referencia a los desplazados
de los Estados de la Unión Europea que van a determinadas comunidades
del Estado español, a los que tenemos que prestar los servicios. Este
es el caso de Canarias, que en este momento recibe casi 9 millones de
ciudadanos comunitarios. Nos gustaría conocer si es criterio del
ministro que, entre los desplazados, se contemple también a los
comunitarios, puesto que significan un costo añadido para la
comunidad autónoma que tiene que prestarles el servicio.

El proceso de transferencias, sobre todo en una etapa larga en el
tiempo pero corta para la importancia de descentralizar el Estado, se
ha hecho, en una primera parte, con un cierto voluntarismo en algunos
casos por el deseo de llegar a acuerdos entre las comunidades
autónomas con el Gobierno central. Eso ha hecho que determinadas
competencias se hayan transferido insuficientemente dotadas de medios
materiales y de medios económicos. Hablo de algunos servicios que
pudiéramos considerar esenciales, como pueden ser la sanidad y la
educación y como va a ser el caso de la justicia, que consideramos
también un servicio esencial. En una situación en la que ha habido un
cierto voluntarismo en la primera etapa, se está produciendo un
fenómeno que habría que corregir y nos gustaría conocer el criterio
del ministro. Cuando las transferencias no están bien dotadas,
fundamentalmente en servicios esenciales, no podemos garantizar un
mínimo nivel de prestación de esos servicios a todos los ciudadanos
del Estado, que deberían de tener una misma calidad. En algunas
comunidades que tienen posibilidades económicas, eso se está
corrigiendo con aportaciones adicionales de recursos propios o por la
sensibilidad especial que tenga una comunidad respecto a un
determinado asunto, pero eso nos lleva a desequilibrios en la
prestación de esos servicios. ¿Piensa el Ministerio revisar las
competencias que se han realizado desde el punto de vista de las
dotaciones económicas para nivelar la calidad de prestación de
servicios esenciales como los que acabo de indicar?
Voy terminando, señor presidente. En un Estado descentralizado,
utilizar mecanismos de cooperación, colaboración y diálogo entre los
distintos niveles de la Administración, a los que ha hecho
referencia, no solamentees positivo sino necesario, pues disminuye el



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conflicto entre las distintas administraciones y genera confianza en
los ciudadanos. Ha hablado de esa necesidad de cooperación y
colaboración también en la parte legislativa y en las leyes básicas.

Cuando se ha referido al Estatuto de la Función Pública, ha hablado
de remitir de nuevo a la Cámara la propuesta de la legislatura
anterior de incorporar las enmiendas, pero no ha hablado de tener una
reunión previa con las respectivas comunidades autónomas. ¿Es un
lapsus y el ministro quiere cumplir con su compromiso de que, en
leyes básicas como ésta, lo primero es el diálogo con la comunidad
autónoma y, luego, elevarlo al Parlamento? El éxito sería mayor si se
plantea desde esa perspectiva.




Por último, nos gustaría conocer los criterios del ministro respecto
al nivel de descentralización del Estado. Se han ido ajustando las
competencias a cada una de las administraciones, de tal forma que, en
estos momentos, cada una de ellas tiene un referente claro respecto a
las competencias que le corresponden. ¿Cree el ministro que la
financiación de cada uno de los niveles de las administraciones se
corresponde con las competencias que tiene cada una de ellas en estos
momentos? ¿Qué piensa el ministro respecto a la situación financiera
actual de los ayuntamientos del Estado español y cómo cree que debe
mejorar su situación financiera?



El señor PRESIDENTE: En nombre del Partido Nacionalista Vasco, tiene
la palabra don Josu Erkoreka.




El señor ERKOREKA GERVASIO: En primer lugar, como los anteriores
portavoces, quisiera darle la bienvenida al ministro en mi doble
condición de vicepresidente segundo y portavoz del Grupo Vasco en
esta Comisión. En nombre del Grupo Vasco singularmente, le deseo todo
tipo de éxitos al frente del Ministerio que le ha tocado gestionar,
tarea que, con ese talante abierto que le caracteriza, podrá
desarrollar con acierto.

Voy a formular una serie de reflexiones y expresar unos puntos de
vista, en relación con las materias expuestas por el ministro en su
intervención, en el mismo orden en que él lo ha hecho.

En primer lugar, quisiera referirme a la política autonómica del
Ministerio. Si he entendido bien, el ministro ha venido a decirnos
sustancialmente que el proceso de desarrollo autonómico está a punto
de verse culminado y que es tiempo ya de que la fase reivindicativa,
por expresarlo en términos inteligibles, dé lugar a una fase distinta
que se vea caracterizada por la cooperación y colaboración entre los
entes públicos estatales y autonómicos. Afortunadamente, no nos ha
dicho algo que últimamente se escucha con frecuencia, y es que
estamos ante el país más descentralizado de Europa o que España es el
país más descentralizado del mundo; lo dijo el ministro que le
precedió en el cargo en la comparecencia que tuvo en esta misma
Comisión al
principio de su mandato, lo dijo también el presidente del Gobierno
en el debate de investidura y, de hecho, este tipo de frases
constituyen ya una especie de cláusula de estilo que se repite en el
discurso oficial casi de modo sistemático. Sin pretender negar el
importante esfuerzo descentralizador que ha desarrollado el Estado
español durante los últimos 20 años, una afirmación tan rotunda, tan
apodíctica, hablar de que España constituye el Estado más
descentralizado de Europa o del mundo, sin matices, constituye un
exceso, aunque admito que puede tener un efecto impactante muy
importante en el discurso político.

Medir el nivel de descentralización de sistemas o modelos de
distribución territorial de poder tan distintos, tan diferentes como
podemos encontrar en el derecho comparado, si me permite un símil
extraído del mundo animal, es como intentar comparar, confrontar la
silueta de un gato con la de una liebre, a efectos de determinar cuál
de las dos ocupa una superficie mayor. Aunque las gentes poco doctas
en el ámbito gastronómico puedan confundirlas en el plato, al gato y
a la liebre, ambos pertenecen a dos especies que aunque tengan
similitudes, parecidos, semejanzas en las dimensiones, en las
características, lo cierto es que revisten diferencias anatómicas tan
importantes que intentar compararlos es casi una operación ilusoria.

El lomo y las orejas de la liebre sobresaldrán siempre por encima de
las del gato, pero el gato será más largo que la liebre y tendrá una
cola bastante más prolongada que la achatada cola de la liebre.

Quiero decir con esto que comparar sistemas con estructuras
diferentes, pretender confrontar modelos tan distintos como puede
ofrecer el derecho comparado, en su concepción y en su plasmación
práctica, entraña dificultades que no pueden verse superados
solamente con la formulación de una consigna, por efectiva que ésta
sea en la dinámica política y por efectiva que sea también para poner
coto a algunas aspiraciones de autogobierno de las comunidades
autónomas.

Es cierto que este tipo de posiciones, que reservan al Estado español
el primer puesto en el ranking mundial o europeo en el grado de
descentralización política, a veces se ven acompañadas por una serie
de datos que pretenden darle más consistencia, más entidad. Con
frecuencia este tipo de afirmaciones vienen ilustradas con cifras
relativas, por ejemplo, al reparto porcentual del conjunto del gasto
público entre los diferentes niveles institucionales. La parte del
total del gasto público que en España es asumido por los niveles
autonómico y local, se suele decir con frecuencia, es mayor, es
parecida, es semejante a la parte que del gasto público total está
residenciada en los niveles autonómico y local en Alemania y en
Suiza, por ejemplo, de lo que se concluye que España es un país más
descentralizado que Alemania o Suiza.

Usted se ha referido a una serie de datos extraídos también del
reparto del gasto público según niveles



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administrativos, aunque no ha hecho esta comparación y no ha llegado
a alcanzar esta conclusión. No voy a negar validez al gasto público
como indicador válido para medir y mensurar el grado de
descentralización de una comunidad política, pero creo que puede
ponerse en entredicho la utilización del reparto del gasto público
entre los diferentes niveles administrativos como la única referencia
útil para evaluar los niveles de descentralización de un Estado.

Además del dato cuantitativo, además del dato que resulta del reparto
del gasto público, en la descentralización concurren contenidos
cualitativos muy importantes que no se pueden obviar a la hora de
evaluar un proceso. La autonomía es capacidad de gasto público,
capacidad de pago, pero sobre todo es capacidad de decisión política,
es tener poder para optar en la acción pública, es, en definitiva,
gozar de facultades para concebir, diseñar e implementar políticas
propias.

En el ámbito de la educación, por ejemplo, por citar un servicio
público de los más clásicos y arraigados, poco nos diría el nivel de
descentralización del gasto público si la instancia que efectúa dicho
gasto, supongamos la autonómica, lo emplea fundamentalmente en pagar
a unos profesores cuyo régimen de función pública está determinado
íntegra o mayoritariamente por el Estado central; o poco determinaría
el gasto para calibrar el nivel de descentralización de un Estado el
hecho de que el gasto público -este gasto público tan
descentralizado- se ocupara en construir y reparar centros públicos
en cuyas aulas se imparte unos programas educativos que están
determinados por el Estado central.

Quiero decir con esto que el gasto público es el referente válido;
pero no podemos circunscribirnos al gasto público a la hora de
evaluar, de medir los niveles de descentralización de un Estado,
porque es una referencia que cuando se utiliza en exclusiva puede
resultar muy engañosa si no se toman en consideración, además, otros
elementos de carácter cualitativo importantísimos a la hora de
evaluar el nivel de descentralización de un Estado. En nuestro grupo
pensamos que comparar los niveles de descentralización de sistemas
tan diferentes arroja poca luz para evaluar el sistema autonómico,
por lo que es mejor confrontar la situación autonómica actual con la
que resulta del bloque de constitucionalidad. Vamos a ver si el nivel
de descentralización que resulta de la Constitución y de los
estatutos se corresponde o no con el actual, con el real.

Hace ya tiempo que en el discurso oficial se ha esbozado una
respuesta afirmativa a esta cuestión. El Estado de las autonomías, se
afirma y se repite, es una realidad plenamente asentada y el proceso
de trasferencias, se sigue afirmando, se encuentra ya a punto de
concluir, por lo que toca ahora abrir una nueva fase del Estado
autonómico, concluyendo, como antes decía, la fase reivindicativa y
abriendo la fase de la cooperación.

Durante los últimos años, no lo voy a negar, hemos asistido a una
etapa fructífera en procesos transferenciales, pero en lo que se
refiere a la comunidad autónoma vasca, usted sabe, señor ministro,
que la fase reivindicativa todavía no ha concluido. No ha concluido
por dos razones: en primer lugar, porque la disposición adicional del
estatuto, que tiñe de provisionalidad el régimen de autonomía que se
establece en el mismo, no permitiría dar por concluida la fase
reivindicativa hasta el momento en el que el pueblo vasco -cito
literalmente- pudiera ver satisfechos los derechos que como tal le
hubieran podido corresponder en virtud de su historia.

Se podrá discutir lo que significa este enigmático pasaje del texto
estatutario, podemos discutir sobre su alcance y contenido, aunque
por otra parte es una previsión estatutaria de hondo arraigo en la
tradición autonómica del país. El año 1917 las diputaciones vascas
elaboraron un memorial solicitando la constitución de un sistema
autonómico para que agrupara a las tres provincias, y en ese memorial
afirmaban rotundamente que la autonomía posible en aquel momento no
significaba renuncia a los derechos que las diputaciones venían
defendiendo prácticamente desde la abolición foral. Por tanto, la
previsión del estatuto no es anecdótica, sino que responde a una
tradición abierta en la historia autonómica del País Vasco. Se podrá
discutir el alcance y contenido de esta previsión, pero lo que está
claro es que la misma no nos permite dar por concluida la fase
reivindicativa y que constituye una norma jurídica como las demás del
estatuto, con la misma fuerza de obligar que los restantes preceptos
del estatuto y que ha de interpretarse conjuntamente con el resto de
los preceptos de manera integradora.

En segundo lugar, además de por eso, nuestro grupo considera que la
fase reivindicativa no ha concluido en el País Vasco porque, como
usted sabe y ha puesto de manifiesto la representante de Eusko
Alkartasuna, del listado de transferencias pendientes que el
Parlamento vasco aprobó en 1992, con el voto favorable, entre otros,
de ilustres miembros del actual Gobierno del Partido Popular, quedan
todavía un total de 38 materias pendientes de traspaso.

Durante los últimos años las transferencias hechas al País Vasco han
tenido como contrapartida el voto favorable del Grupo Vasco en el
Congreso a determinadas iniciativas del Gobierno central. Se ha
actuado como si el Gobierno del Estado no tuviese por sí mismo
responsabilidad directa alguna en el desarrollo del Estatuto de
Guernica, como si el desarrollo del mismo fuese algo que sólo le
interesa al Partido Nacionalista Vasco. Esta es, señor ministro, la
frase que, a nuestro juicio, debe concluir: el avance de la autonomía
vasca no puede estar por más tiempo supeditado al caprichoso juego de
las mayorías parlamentarias, sencillamente porque la mayoría que en
la actualidad ostenta el Partido Popular podría dejar en el dique
seco el desarrollo del Estatuto



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de Guernica, cuando menos durante los próximos cuatro años. No
sabemos si más, pero los cuatro están asegurados.




Es urgente que el Gobierno, y singularmente el Ministerio que usted
dirige, tome la iniciativa e imprima un decidido impulso al proceso
transferencial elaborando, si me permite expresárselo, un plan para
el desarrollo del estatuto vasco que incluya un calendario concreto,
con fechas y materias identificables y perfectamente indentificadas
para la constitución de las ponencias técnicas que fueran precisas y
la consiguiente materialización de los traspasos aún pendientes.

Si finalmente decide sustraer el desarrollo autonómico del País Vasco
de la dinámica mercantilista en la que hasta ahora ha estado
sumergida y aplicar al proceso de transferencias una metodología
seria y rigurosa, no sujeta al mercadeo de los apoyos parlamentarios,
tan sólo le pediremos que tome en cuenta dos consideraciones: la
primera es que, aunque no hay transferencias desdeñables, le
rogaríamos que entre las prioridades incluyese algunas de las
materias más relevantes desde el punto de vista de su entidad,
importancia y envergadura. Sería un gesto que demostraría la seriedad
y la credibilidad de su planteamiento. Un indicador claro lo tiene en
el documento aprobado por el Parlamento vasco en el año 1995, donde
sí se identifican prioridades para las transferencias.

Segunda consideración, cuando concreten los términos en los que
formularán cada oferta de transferencias no se empeñen en
reconducirlas sistemáticamente al modelo estandarizado de
transferencias que imponen, que sugieren o que proponen a las
comunidades autónomas regidas por el Partido Popular. Léanse primero
detenidamente el Estatuto de Guernica, que tantas adhesiones parece
concitar ahora, incluso por parte de quienes votaron en su contra en
el momento de su aprobación, y reparen en el hecho de que, guste o
no, el Estatuto de Guernica es diferente a la gran mayoría de
estatutos, incluso, si me permiten la comparación, diferente al
catalán, en materias tales como la fiscalidad, la seguridad pública,
carreteras, transporte, medios de comunicación, empleo, Seguridad
Social, régimen electoral municipal, etcétera. Estas singularidades
del estatuto son una expresión jurídicamente positivista de los
importantes rasgos diferenciales que caracterizan a la sociedad vasca
desde el punto de vista sociopolítico. Revisten por ello una especial
significación política que no puede pasarse por alto ni ignorarse
desde planteamientos homogeneizantes, tan desacertados, por otra
parte, a la hora de responder a situaciones en sí heterogéneas, como
contrarios al bloque de la constitucionalidad que para nada busca la
homogeneización. El Estatuto vasco no es intercambiable con otros
estatutos, por lo que la materialización de los traspasos tampoco
puede hacer abstracción de esta circunstancia.

Respecto a la cooperación, convengo con usted en que es un gran reto
del Estado autonómico de cara al
futuro. La cooperación y la colaboración interadministrativa,
interentidades públicas es un valor constitucional que forma parte
integrante del sistema y que, por tanto, no necesita ser justificado
puntualmente en preceptos constitucionales concretos, como ha dicho
reiteradamente el Tribunal Constitucional. Pero sorprende que cuando
se aborda la cuestión de la cooperación, de la colaboración entre
entes públicos territoriales se mencione casi exclusivamente la
cooperación y colaboración que tiene que abordarse entre el Estado y
las comunidades autónomas, siempre asegurando lógicamente la
presencia del Estado. Si usted lee la Ley 4/1999, que ha introducido
algunas modificaciones en la Ley 30/1992 en relación con los
mecanismos y los foros a establecer para garantizar la colaboración
y la cooperación entre administraciones públicas, reparará en que
prácticamente la totalidad de los preceptos que se refieren a esta
materia hablan solamente de la cooperación entre la Administración
del Estado y las administraciones de las comunidades autónomas. La
colaboración entre sdministraciones de diferentes comunidades
autónomas se denosta, se ignora, no se impulsa, no se estimula, sino
que se ve exactamente como una especie de peligro para la
conformación del Estado de las autonomías.

De alguna manera es lógico que el planteamiento del Gobierno responda
a este esquema, porque el Gobierno tampoco es quién para impulsar o
facilitar la colaboración entre comunidades autónomas, pero confiamos
en que este modo de entender la cooperación no acabe convirtiéndose
en un pretexto para legitimar intervenciones del Estado en ámbitos
materiales excluidos ya de su ámbito competencial. Algunos ejemplos
que se aducen son verdaderamente preocupantes. Se citan algunas
materias en las que puede plasmarse esta colaboración, como vivienda,
etcétera (materias en las que la competencia estatal ha desaparecido
como consecuencia de la aprobación de los diferentes estatutos), y
mucho nos tememos que ello pueda acabar desembocando en un
planteamiento en el que el Estado pretenda recuperar su título de
intervención en algunas materias en las que ese título está ya
prácticamente eliminado como consecuencia de la aprobación, insisto,
de los estatutos de autonomía.

Me alegra especialmente la iniciativa a la que ha hecho referencia a
propósito de la revisión de la legislación preconstitucional, o de la
legislación que no se corresponde con la distribución competencial
vigente entre el Estado y las comunidades autónomas, pero le sugiero
que la labor de revisión que va a llevar a cabo el Gobierno, y
singularmente el Ministerio que usted dirige, no se circunscriba, no
se limite a la legislación en sí, sino también al carácter básico que
el Tribunal Constitucional ha atribuido a muchas de sus
disposiciones. Usted sabrá que el Tribunal Constitucional ha
declarado en numerosas ocasiones que el carácter básico o no de un
precepto ha de fijarse en función de la



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finalidad y de los objetivos que persiga la norma en la que tal
precepto se inserte, de suerte que un mismo precepto puede revestir
carácter básico en un determinado marco normativo y no hacerlo en un
contexto normativo distinto que persigue objetivos diferentes. Pues
bien, el Tribunal Constitucional ha declarado el carácter básico de
muchas disposiciones preconstitucionales que estaban vigentes en el
momento en que tuvo que emitir su sentencia en un contexto normativo
en el que los objetivos que perseguía la legislación en la que se
insertaban los preceptos caracterizados como básicos eran distintos a
los que con posterioridad a la Constitución marca la legislación que
pueda ser aprobada por el Estado. Por tanto, sí le sugerimos que la
revisión no se circunscriba, no se acote, no se reduzca a la
legislación, sino que se haga extensiva también a las declaraciones
hechas por el Tribunal Constitucional, en virtud de las cuales
algunos preceptos de leyes preconstitucionales revisten carácter
básico. Limpiar el ordenamiento jurídico del perturbador efecto de la
legislación preconstitucional exige no sólo revisarla, sino también
abandonar la pretensión de aferrarse a todo lo que el Tribunal
Constitucional ha declarado básico en relación con la misma.

Una observación sobre lo que ha dicho a propósito de la participación
de las comunidades autónomas en la política comunitaria. Ha hecho
referencia a la conferencia sectorial creada por la Ley 2/1997 y ha
declarado su voluntad y su empeño en impulsarla y potenciarla. Le
recuerdo que entre los instrumentos que el ordenamiento jurídico
arbitra de cara a la cooperación, además de las conferencias
sectoriales están también las comisiones bilaterales de cooperación y
que singularmente existe una relativa a esta materia entre la
Administración del Estado y la Administración de la Comunidad
Autónoma del País Vasco para asuntos relacionados con las comunidades
europeas. El acta de constitución de esta comisión bilateral dice que
la misma tiene por objeto aquellas cuestiones propias de la
participación en los asuntos relacionados con las comunidades
europeas que afecten en exclusiva a la Comunidad Autónoma del País
Vasco o que tengan para ella una vertiente singular en función de su
especificidad autonómica. Al margen, por tanto, de las cuestiones
a tratar, debatir o acordar en la conferencia sectorial, que constituye
un instrumento multilateral, el foro adecuado para el tratamiento de
los asuntos concernientes a las comunidades europeas que incumban o
afecten específica o singularmente a la Comunidad Autónoma del País
Vasco es esta comisión bilateral. Como usted sabrá, el departamento
ministerial que usted encabeza ocupa tres de los cuatro puestos
permanentes que corresponden a la Administración general del Estado
en esta comisión bilateral, y como también sabrá no faltan temas
propios de la comisión necesitados de tratamiento más o menos
urgente. Sin pretender obviar otros quisiera subrayar ahora, por su
gravedad y
por su extraordinaria importancia, el de la caracterización de los
beneficios fiscales acordados por las instituciones forales vascas
desde el punto de vista de las ayudas comunitarias, un tema, como
usted sabe, complejo y delicado que ha dado lugar muy recientemente
a episodios muy preocupantes, al menos para quienes, como el partido al
que represento, no conciben el concierto económico como una pieza
meramente ornamental que reconoce una autonomía fiscal ficticia, que
no se puede ejercitar, sino como un instrumento nuclear del sistema
autonómico vasco que habilita a las instituciones forales para el
ejercicio de una autonomía fiscal real y efectiva. Sería bueno, por
tanto, señor ministro, que se decidiera a impulsar esta comisión
bilateral, imprimiéndole una dinámica más activa que la que ha
caracterizado su actuación durante los últimos tiempos. La
importancia de los temas a tratar en ella aconsejan no acumular
mayores demoras.

Una última referencia al Estatuto de la Función Pública. Usted sabe,
señor ministro -ya veo que ha analizado los antecedentes-, que el
proyecto de estatuto que el Gobierno presentó ante esta Cámara en las
postrimerías de la pasada legislatura fue objeto nada menos que de
cinco enmiendas a la totalidad. Ello es reflejo de que el disenso, la
discrepancia con respecto a los principios y el espíritu en los que
se inspiraba el proyecto no era algo minoritario e irrelevante en el
seno de la Cámara, sino algo que afectaba a una parte no desdeñable
de los grupos representados en ella. Esta amplia oposición que el
proyecto recibió en sede parlamentaria constituye en principio algo
problemático para una norma que ha de nacer con una firme vocación de
permanencia y que, como todas las que aspiren a prolongar su vigencia
en el tiempo, ha de basarse en el máximo consenso posible a fin de no
verse afectada por el veleidoso juego de las mayorías parlamentarias.

No sé si el Partido Popular sentirá ahora la tentación de hacer valer
su mayor apoyo parlamentario para imponer el mismo texto que hace
todavía pocos meses concitaba tan radical rechazo en buena parte del
Congreso. El señor ministro ha asegurado que no, que buscará el
máximo consenso posible entre los grupos de la Cámara. Confío en que
así sea por el bien sobre todo de la Función pública, que al igual
que las restantes piezas de la arquitectura institucional, requiere
un marco estable y duradero, sustraído a los vaivenes electorales.

Confío en que los reiterados llamamientos del Gobierno al diálogo y
al consenso no se quebrarán a la hora de abordar un reto como el de
la ordenación de los recursos humanos de las administraciones
públicas, que sólo apoyándose sobre un amplio consenso de las fuerzas
políticas puede hacerse satisfactoriamente.

En cualquier caso, quiero adelantarle que, en nombre del Grupo Vasco,
como ya expusimos en el debate de totalidad, nuestra discrepancia
respecto al proyecto -al proyecto que entonces presentó, lógicamente-
afecta tanto a cuestiones competenciales como a cuestiones



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de fondo; discrepancias unas y otras que tendremos, a buen seguro,
oportunidad de exponer con mayor detalle en el momento oportuno. Lo
que sí le sugiero es que aquí tendrá una excelente ocasión para
revisar no solamente la legislación preconstitucinal que existe en
materia de Función pública, sino también la caracterización como
básica que el Tribunal Constitucional ha hecho en relación con
algunos preceptos de la legislación preconstitucional, que tenía
sentido en el marco de una legislación que perseguía unos
determinados objetivos, pero que seguramente es posible que no lo
tenga ya en el marco de un Estado autonómico, con una legislación que
en materia de Función pública tiene necesariamente que perseguir
otros objetivos.




El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Ruiz.




El señor RUIZ LÓPEZ (don Antero): Señor ministro, sean mis primeras
palabras para desearle como persona y como ministro, en nombre del
Grupo Parlamentario de Izquierda Unida, lo mejor en su gestión.

En su larga alocución, pero al mismo tiempo amena, nos ha emplazado a
todas las fuerzas políticas a un hecho que yo creo que es de
agradecer, que es a trabajar en los temas concretos. Lo mismo que el
portavoz del Grupo Socialista, echo de menos también las palabras de
consenso. Quisiera que a lo largo de esta legislatura la palabra
consenso sea una constante en esta Comisión y en el Parlamento,
porque creo que vamos a necesitar de ese consenso. Desde luego, al
Grupo Parlamentario de Izquierda Unida le gustaría que esas tibiezas
que estamos viendo de marginación hacia nuestro grupo sean una nube
de verano y que trabajemos con la palabra consenso.

Su discurso, señor ministro, está lleno de buenas intenciones, pero
yo no he encontrado un modelo de Estado en el que usted vaya a
incardinar su acción, porque su acción no es nada más que la suma de
transferencias a una comunidad y luego a otra y a otra. Su acción,
desde luego, obedece a su diseño, a un modelo en el que va a
funcionar y a profundizar usted, del cual se decantan acciones
concretas.

El ministro que le precedió dijo que en el año 1998 las competencias
de educación estarían en manos de las comunidades autónoma. Tanto es
así que el modelo de financiación estaba condicionado a que en el año
1998 estuvieran las competencias de educación en todas las
comunidades, no en unas sí y en otras no, como ocurre todavía en
estos momentos, para acceder al 30 por ciento del IRPF. Por tanto, el
del año 1998 ha sido un compromiso concreto de aquellos acuerdos.

Hemos visto pasar el tiempo, el año 1998 ya es historia y estamos en
mayo de 2000, y tengo la impresión de que el tiempo se nos puede
escapar sin que ese compromiso de 1992 se cumpla definitivamente.

Después del año 1992 y después de la reforma del estatuto
de 1994, se produjo una reforma mayor en el año 1997. Han sido unas
reformas estatutarias que han tenido lugar ahora, en las que se
incorpora también la gestión ejecutiva de la sanidad. ¿Por qué hago
referencia a estas dos grandes competencias? Porque un modelo de
Estado cimentado en una profundización del Estado de las autonomías,
que yo creo que hoy está agotado, necesitado de un nuevo acicate que
apueste, a nuestro juicio, por un federalismo cooperativo, por un
proceso más federalista, desde la propuesta plurinacional y
plurirregional que tiene nuestro país de cara al nuevo futuro, pasa
porque haya una evolución de poder asentado en todas y cada una de
las comunidades, para diseñar unos parlamentos que de verdad sean
protagonistas de nuestro futuro.

Señor ministro, como prácticamente soy el último, voy a tratar de ser
lo más breve posible y de ir al grano en las cuestiones que a
nosotros, como grupo parlamentario, creemos que deben importar a esta
Comisión y en las que, desde luego, deberíamos centrarnos en el
futuro para un mejor funcionamiento de los temas. En primer lugar,
nos gustaría una administración civil cooperativa y única para el
ciudadano, que incremente la participación en la toma de decisiones y
en la gestión.




En segundo lugar, un estatuto de la Función pública básico para las
tres administraciones del Estado, cimentada en la negociación
colectiva y basada en la igualdad del acceso, transparencia en su
gestión y eficaz sistema de incompatibilidades.

En tercer lugar, una administración periférica simplificada, agrupada
en las delegaciones del Gobierno de cada comunidad autónoma y cercana
al ciudadano, ampliando la información y promoviendo la
participación.




En cuarto lugar, incidir en lo que ya he dicho antes, que es
profundizar en un Estado más federalista y solidario, a la vez que
profundizar en un carácter plural, con un sistema de financiación
autonómico pactado políticamente con las comunidades autónomas y
fuerzas políticas de amplia implantación, que profundice en la
autonomía financiera y la suficiencia de todas las comunidades, junto
a la corresponsabilidad fiscal, que supere los desequilibrios
territoriales y sociales actuales en todo el Estado.

En quinto lugar, ese gran reto que usted nos ha planteado, que es un
paso decidido a un pacto local, que implique fortalecer los
ayuntamientos de competencias y de capacidad económica, superando la
deuda contraída y reformando la Ley de régimen local y de haciendas
locales.

Señor ministro, en lo que se refiere a las preocupaciones sobre el
pacto local, fíjese que se lo digo desde la óptica de entender que
una de las asignaturas pendientes de un modelo de Estado moderno
diferente es el protagonismo de lo municipal, y le estoy hablando del
futuro. La Constitución non nata del año 1871 era



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una Constitución federal en la que uno de los pilares era la
autonomía y el fortalecimiento municipal de este modelo de Estado. Es
lo nuevo y a la vez tan antiguo de la historia de nuestro país. Los
ayuntamientos han estado prestando en los últimos quince o veinte
años un sinfín de competencias compartidas con comunidades y con el
Estado, que le ha hecho endeudarse a su propia realidad y capacidad.

La nueva dimensión del pacto local pasa por una resituación de la
capacidad financiera de los ayuntamientos, de la capacidad
competencial y de los recursos materiales y humanos para hacer frente
a esa nueva dinámica. Esta realidad debe venir de dos pilares, de las
comunidades autónomas y de la Administración periférica del Estado.

Ya son así algunas competencias y por eso no entiendo por qué tiene
que caminar solamente en una dirección.

Como usted es nuevo en el Ministerio, pero no en el Gobierno ni en
esta casa, permítame que siendo yo nuevo le traiga el recuerdo de
algunos elementos de su departamento, y con ellos voy a dar por
terminada mi intervención. ¿No hubiera sido mejor que usted hubiera
acompañado previamente a su comparecencia en esta Comisión un estado
detallado de la situación de transferencias a cada comunidad autónoma
del proceso de simplificación de la Administración periférica y del
estado efectivo del sistema de financiación autonómica desde que
entró en vigor en 1997? Es una pregunta pero a la vez es un deseo
para que en el futuro los componentes, las señorías de esta Comisión,
pudiéramos tener acceso a esos datos que harían el trabajo que
tenemos que realizar bastante más fácil. ¿Qué ha sido de aquella
Administración única? ¿Se va a quedar en esas ventanillas únicas?
¿Para qué administraciones y cuál será el cauce del trámite
administrativo de cada escrito registrado en ellas? ¿Para cuándo
serán efectivas las incompatibilidades en los altos cargos del
Gobierno, para que la mujer del césar pueda serlo y parecerlo
también? ¿De quién es el Libro Blanco de la reforma de los servicios
públicos? ¿Para qué le ha servido? ¿Qué servicios públicos tienen
previstos privatizar o poner en manos de conciertos o concesiones?
¿Cuántas nuevas tasas piensan ustedes promover? ¿Qué piensa hacer con
el Estatuto de la Función Pública para hacerlo realidad? ¿Cuándo van
a terminar con las transferencias de educación? ¿Para cuándo estarán
las competencias de sanidad en manos de todas las comunidades
autónomas?
Señor ministro, sin ánimo de abrumarle por las preguntas y sí para
que en el transcurso de la legislatura podamos ir desarrollando las
cosas, me gustaría preguntarle: ¿Para qué ha servido la anunciada
creación del fondo de nivelación de la financiación autonómica?
¿Cuánto ha pagado el Estado como compensación por menores ingresos
por IRPF a las comunidades autónomas en 1999 y cuánto le costará en
el año 2000? ¿Qué compromiso puede contraer en la negociación del
nuevo modelo de financiación? ¿Tendrán en cuenta más impuestos que
porcentajes de IRPF? ¿Tendrán en
cuenta el censo actualizado en el año 2000 para la variable de
población? Por último, señor ministro: ¿Piensa usted impulsar un
auténtico pacto local o lo reducen al ámbito de las comunidades
autónomas mientras suprimen los ingresos por IAE, suben el impuesto
de circulación a vehículos medios o proponen incrementos o creación
de nuevas tasas?
Como he dicho antes, señorías, iba a ser breve. Esos son los temas
que en el grupo municipal de Izquierda Unida nos inquietan y nos
gustaría que se desarrollaran y se contestaran a lo largo de las
sucesivas reuniones en el futuro.




El señor PRESIDENTE: Para terminar este turno de intervenciones, en
nombre del Grupo Popular, tiene la palabra don Rafael Merino.




El señor MERINO LÓPEZ: Señor presidente, mis palabras, en nombre de
todo el Grupo Parlamentario Popular, son para felicitar al señor
ministro por su designación. Le deseamos los mejores éxitos en su
gestión y le agradecemos la comparecencia a petición propia que ha
efectuado. Le pido al señor presidente, al señor ministro y a todas
SS.SS. benevolencia hacia mi persona al ser mi primera intervención
en esta Cámara y por si pudiera cometer algún error en contra de la
práctica parlamentaria.

Señor ministro, agradecemos y le felicitamos por la síntesis de su
exposición en esta comparecencia, en un marco de competencias tan
amplio como es el de su Ministerio, pero que viene a reflejar el
espíritu descentralizador que este Gobierno y el anterior tienen y
han puesto en práctica. El dato dado por usted de que han sido
traspasados 192.000 funcionarios en la VI Legislatura, una tercera
parte de lo llevado a cabo durante los últimos 20 años, viene a
demostrar ese talante.

Ha señalado usted como prioridades de la VII Legislatura continuar
con los traspasos de los servicios sanitarios del Insalud con un
elemento fundamental que es que el traspaso se realice con los
mecanismos de garantía de libre financiero, cuestión esta que desde
este grupo parlamentario apoyamos en todos sus términos, así como
establecer los sistemas de compensación necesarios para llevarlo a
cabo y realizar y aprobar un nuevo modelo de financiación de la
sanidad antes del 31 de diciembre de 2001. También ha hablado usted
del traspaso de las políticas activas de empleo que gestiona
actualmente el Inem y de los medios materiales y personales de la
Administración de justicia que ya están transferidos a las
comunidades del artículo 151 y que ahora se pretende hacer a las
comunidades cuya competencia corresponde al artículo 143.

El eje de su intervención ha sido que ha repetido, por las veces que
he podido contar, en más de 40 ocasiones la palabra diálogo,
consenso, evitar confrontación, solidaridad, palabras que desde este
grupo parlamentario, y como una autoexigencia del Grupo Parlamentario



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Popular, vamos a llevar a cabo a lo largo y ancho de esta
legislatura. Va a ser un elemento básico, no sólo ya del Gobierno
sino de este grupo parlamentario en esta Comisión, el diálogo con el
resto de los grupos parlamentarios, el cual ofrecemos desde hoy, no
sólo con el Partido Socialista sino con todos y cada uno de los
grupos parlamentarios que componen esta Comisión y la Cámara, porque
creemos que las competencias de este departamento ministerial, la
materia, temas y proyectos de ley que van a ser tratados en esta
Comisión necesitan necesariamente de ese diálogo, de esa búsqueda de
consenso con todos los grupos parlamentarios. Todos los portavoces, y
lo agradecemos desde este grupo parlamentario, han reconocido el
talante de diálogo del señor ministro, pero creemos que el señor
ministro ha ido más allá, no sólo ha demostrado ese talante en su
intervención sino que también ha señalado los instrumentos que van a
ser la base del diálogo que se va a llevar a cabo a lo largo de esta
legislatura. Potenciar las comisiones bilaterales de cooperación y
crear la conferencia sectorial de cooperación autonómica, creemos que
van a ser elementos fundamentales que, como bien se ha escuchado en
palabras del propio ministro, van a reducir la conflictividad.

En cuanto al tema autonómico, queríamos hacer un comentario: para que
pueda existir diálogo debe haber voluntad de diálogo por ambas
partes, no sólo por parte del Gobierno del Reino de España sino
también por parte de los miembros de los ejecutivos de las distintas
comunidades autónomas. Confiamos, creeemos y deseamos, por las
declaraciones que ha habido en los últimos días, que exista ese
espíritu de diálogo, que sea recíproco para ambas administraciones.

Asimismo destacamos lo dicho por el señor ministro en cuanto al
proyecto de ley general de cooperación autonómica que creemos que va
a ser un buen instrumento. Un elemento fundamental en esta
legislatura que ya ha comenzado va a ser la reforma del modelo de
financiación de las comunidades autónomas, donde todos debemos
aplicar los principios de corresponsabilidad, suficiencia financiera
y solidaridad que el señor ministro ha enunciado. Decía el presidente
Aznar en su discurso de investidura que se pretendía hacer que el
Estado de las autonomías funcione cada vez mejor con arreglo a sus
principios inspiradores, que son la cooperación, la colaboración, la
solidaridad y la lealtad institucional; principios que ha enunciado
el señor ministro en su comparecencia y que este grupo parlamentario
asume en su totalidad.

Desde el ámbito municipal, y creo que en esta Comisión hay insignes
municipalistas -no lo digo por mi persona sino por el señor
presidente y otros miembros destacados de la misma-, quería
agradecerle expresamente toda la referencia que ha hecho a las
grandes ciudades, pero especialmente a los pequeños municipios,
muchas veces los grandes olvidados de toda la estructura del Estado.

En cuanto al pacto local, y tuve la oportunidad
de ser protagonista en la anterior legislatura desde el comité
ejecutivo de la Federación Española de Municipios y Provincias, le
agradecemos expresamente ese impulso que usted va a dar al pacto
local autonómico, que creemos que es la continuación de la cadena y
necesario para llegar a esa descentralización de las autonomías hacia
los municipios, así como la reforma de la Ley reguladora de las bases
de régimen local para las grandes ciudades, que no sólo se quede para
Madrid y Barcelona sino que se amplíe a otras ciudades.

En cuanto a las administraciones periféricas, mostramos nuestra
conformidad y creemos que es un acierto la creación de la dirección
general de la Administración periférica del Estado y la modernización
que a través de todas las materias que ha indicado pretende llevar
a cabo en la Administración general del Estado.

Para concluir, y con brevedad, desde este grupo parlamentario no
queríamos dejar pasar una crítica que se ha hecho, que creemos que no
está justificada, con respecto a las designaciones de altos cargos.

No está justificada porque creemos que el Gobierno del presidente
Aznar ha demostrado en la anterior legislatura y en ésta austeridad y
rigor en cuanto al gasto y a las designaciones. Creemos que en el
ámbito parlamentario también hay que ser conscientes de las
actuaciones que se realizan fuera de este ámbito por los partidos y
organizaciones que están aquí representados y quiero devolver, con
toda la cortesía parlamentaria, un dato. Aquí se ha hablado de un
incremento de 48 altos cargos. Por dar un dato diré que en el
Ayuntamiento de Córdoba, desde que se produjo el pacto de sillones
entre Izquierda Unida y el Partido Socialista, tras las últimas
elecciones municipales, se ha incrementado con diez personas de libre
designación el número de altos cargos, lo cual supondría ya un 20 por
ciento de los enunciados con respecto al Gobierno de España. Pero no
queda ahí la cosa. Quien le habla, en el año 1999 alcalde de Córdoba,
tenía un sueldo de cuatro millones 500.000 pesetas. La actual
alcaldesa de Córdoba, de Izquierda Unida, tiene un sueldo de siete
millones 900.000 pesetas, un incremento de un 71 por ciento, y el
primer teniente de alcalde, hoy del Partido Socialista, tiene también
un incremento del 71 por ciento en el sueldo. Por tanto, rogamos
rigurosidad.

Reiteramos nuestro ofrecimiento de diálogo, de colaboración y de
búsqueda de consenso a todos los grupos parlamentarios a lo largo de
esta legislatura y nuestra felicitación al señor ministro.




El señor PRESIDENTE: Para dar la respuesta que considere adecuada a
las intervenciones de los grupos, tiene la palabra el señor ministro
de Administraciones Públicas.




El señor MINISTRO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS (Posada Moreno): En
primer lugar, quieroagradecer a todos los portavoces el tono y el
contenido



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de sus intervenciones. Con unas estoy más de acuerdo, con otras
menos, pero les agradezco a todos el tono y los elogios que ha tenido
respecto a mi trayectoria.

No quiero alargarme mucho, porque es una hora avanzada, pero les pido
un poco de paciencia porque aquí se han dicho cosas importantes y
pretendo contestar al mayor número posible. Algunas veces se han
planteado preguntas un poco retóricas, preguntas para contestar,
diríamos, a lo largo de toda la legislatura, porque es imposible que
yo pueda contestarlas, pero hay preguntas de carácter concreto, sobre
temas que yo he expuesto, que sí querría contestar.

El señor Rodríguez Zapatero, cuya intervención he seguido con
muchísima atención, pide un tono más político. Con toda sinceridad,
esa crítica no me preocupa. Siempre, en todos los puestos políticos
que he desempeñado, he intervenido en un tono muy político. Yo no
oculto nunca que, detrás de unos aspectos técnicos, importantes para
poder arreglar los problemas, para enfocar los asuntos, hay unas
decisiones políticas que es donde está la base de las decisiones
posteriores y a lo que venimos a esta Cámara; es decir, no somos
expertos en determinadas actividades que se suben a esta tribuna,
sino políticos, aunque llevemos temas de carácter técnico. Aquí
venimos como políticos y, por tanto, yo siempre estaré dispuesto a
hablar de política.

Al señor Rodríguez Zapatero no le parece que haya hablado bastante de
consenso, de acuerdo, de diálogo, y aquí sí tengo que decir que esto
es una figura retórica para poder decir cómo quiere él el diálogo. No
hace falta más que leer mi intervención y se verá que está llena de
esto que él reclama. Precisamente en este Ministerio se tratan temas
de trascendencia temporal, por lo menos, como es la construcción del
Estado, tanto desde el punto de vista de la propia Administración
general del Estado como desde el punto de vista de las comunidades
autónomas y las corporaciones locales. Todos esos temas son
trascendentes y, por tanto, necesitan un acuerdo lo más amplio
posible. Ahora bien, yo llevo muchos años en política y sé que no es
fácil conseguir un consenso total y que normalmente cuando se
consigue un consenso total es sobre algo inocuo, que no significa
nada. Yo quiero el mayor consenso posible y, desde luego, y lo digo
aquí, quiero el consenso con el Partido Socialista. En la
construcción autonómica futura, financiación autonómica, traspaso de
servicios, construcción del Estado -Constitución y estatutos-, todos
los partidos, y estoy pensando en los nacionalistas, son necesarios y
es conveniente que todos se sumen al consenso, pero el Partido
Socialista es indispensable. Y lo es no porque yo lo crea o lo deje
de creer, sino porque es el partido mayoritario de la oposición,
porque gobierna en seis comunidades autónomas y porque tiene
corporaciones locales de enorme importancia pero, sobre todo, porque
hay un hecho obvio: que el Estado autonómico, en su concepción, exige
el consenso entre los partidos. Voy a poner un ejemplo.

En el momento de máxima fuerza del Partido Socialista cuando sacó 202
diputados, en el año 1982, y en las elcciones siguientes, que fueron
inmediatamente, digamos que en la misma ola, no tuvo el Gobierno de
todas las comunidades autónomas; hubo comunidades con un Gobierno
nacionalista, como Cataluña y el País Vasco, y otras con un Gobierno
popular, que creo recordar que eran Galicia y Cantabria. Nunca hay
una coincidencia, nunca; nunca la ha habido y nunca la habrá. Por
tanto, el acuerdo entre el Gobierno y el principal partido de la
oposición -insisto en que no quiero excluir a ninguno- es
indispensable y marca cuando un tema tiene futuro y cuando no lo
tiene. En el año 1984 no hubo acuerdo en relación con la Ley 30/1984;
no hubo acuerdo entre el Gobierno socialista y el Partido Popular,
que entonces estaba en la oposición. Esa ley, que ha modificado
profundamente la Función pública, no ha sido una ley estable y ahora
tenemos que hacer un Estatuto básico de la Función Pública. En el año
1992 el Partido Socialista sí llegó a unos acuerdos importantes con
otros partidos y con el Partido Popular y, a tenor de esos acuerdos,
hemos podido hacer un desarrollo estatutario muy importante. Recuerdo
que con el señor Jaúregui hicimos la modificación del Estatuto de
Castilla y León, en el que yo participé, la de todos los estatutos,
se han transferido las competencias de educación y ahora podemos
enfrentarnos a las de sanidad. Por tanto, yo sí creo en esos
acuerdos.

En cuanto a los traspasos, he expuesto la idea global. Hay algunos en
los que hay que acelerar. Por ejemplo, en Andalucía hay un nuevo
clima y yo quiero que ese clima fructifique. No lo podremos resolver
todo inmediatamente -lo digo aquí y yo creo que tanto el presidente
Chaves como su Gobierno son conscientes de eso, son conscientes de
que no se puede arreglar en dos días un desencuentro de mucho
tiempo-, pero sí hay que poner los medios posibles y, por ejemplo,
las políticas activas de empleo son un asunto que deberíamos empujar
lo más rápidamente posible, y yo me comprometo a hacerlo.

En cuanto a la conferencia del presidente del Gobierno con los
presidentes de las comunidades autónomas, es una propuesta que
considero, ¡cómo no la voy a considerar! Si alguien va a las
hemerotecas verá que yo proponía eso cuando era presidente de
Castilla y León. Entonces insistí mucho en que el presidente del
Gobierno debía reunirse con los presidentes de las comunidades
autónomas. A mí me gustaría que eso se hiciera, y así lo dije en el
Senado, en el seno de esa Comisión general de Autonomías, en la que
se ha creado una ponencia para establecer un debate general sobre el
Estado autonómico que continúe la tradición de 1994 y 1997, pero que
lo haga más interesante y más operativo. Ahí hay una buena ocasión
para que tenga lugar esa reunión del presidente del Gobierno con los
presidentes de las comunidades autónomas.




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En cuanto a la participación de las comunidades autónomas en la
voluntad estatal, para luego elevarla a las comunidades europeas, voy
a dar una contestación general porque ése es un asunto del que ya se
ha hablado mucho. Insisto en que estoy dispuesto a aplicar esos
acuerdos, a aplicar el acuerdo del Congreso y a aplicar la ley a la
que antes me refería. Vamos a hacerlo. Yo he avanzado una opinión
personal, nacida de mi propia experiencia como ministro de
Agricultura, y cuando decía que no concebía que un ministro vaya a
negociar sin conocer la posición de las comunidades autónomas sobre
algún tema, voy más lejos, porque no me refiero sólo a las
competencias exclusivas ni a lo que a ellos les afectas, sino a las
competencias compartidas y a competencias que afectan a otros, pero
sobre las que ellos pueden opinar; es decir, creo que debe haber un
conocimiento muy completo. Lo que he dicho es que a mí,
personalmente, no me parece útil, o no me parece conveniente su
presencia en los consejos de Ministros, no en otros órganos de la
Comisión, en donde hay representantes de las comunidades autónomas,
como se recoge en ese acuerdo. Todo eso lo tenemos que ver con las
comunidades autónomas. Se me ha dicho que me pongo más en la posición
de Asuntos Exteriores que de Administración territorial. No es
cierto, yo estoy abierto a ver este tema, creo que tengo alguna
experiencia y lo podemos ver y me gustaría que se llegara a un
acuerdo que satisfaciera a todos. En el pacto local yo creo que sí ha
habido un acuerdo importante, y ahora hay que hacer un segundo pacto.

Claro que tiene que existir el tema de financiación, y aprovecho para
contestar a todos. Con el tema del IAE hay que hacer una
compensación, pero es que, además, la Ley de haciendas locales, en
opinión del Gobierno, tiene que sufrir una modificación importante
para dar respuesta a los planteamientos que se hacen. Esto es algo
que tenemos que plantearnos. En general, para no reiterarme con las
respuestas que daré a continuación, cuando hablo de grandes ciudades,
cuando hablo del pueblo, cuando hablo de mancomunidades, yo sí creo,
lo digo un poco por principio aunque comprendo que se puede opinar a
favor o en contra, que el Ministerio de Administraciones Públicas
debe impulsar y debe intervenir. Sí creo que hay una relación del
Ministerio de Administraciones Públicas con las corporaciones
locales, pero también creo, como he dicho en mi exposición y lo
mantengo, que son las comunidades autónomas las verdaderas
protagonistas de este tema. Por eso, desde aquí, vamos a buscar
consenso, vamos a desarrollar, en lo posible, ese fomento de las
mancomunidades, sabiendo que esa es una competencia de las
comunidades autónomas, pero creo que esa es la cooperación que
debemos buscar, y yo estoy dispuesto a darla.

En el tema de altos cargos que señalaba, ya ha sido contestado de
forma más particular por el portavoz del Grupo Popular. En los datos
que yo tengo, en los que
falta el personal eventual, que son siete por ministerio con
categoría de subsecretario (nivel 30) y que es a nombramiento del
ministro, sin esos datos, en el último Gobierno socialista había,
desde ministros a directores generales, 441, y cuando el Partido
Popular hizo su primer Gobierno lo bajó a 336, lo que supone una
disminución de un 24 por ciento. Hemos visto en cuatro años lo que ha
ocurrido. Yo creo que ese descenso fue excesivo. ¿Había que hacerlo?
Sí, porque había una tendencia a crear nuevos puestos que estaban
inflando la Administración y había que cortarlo, pero el corte, en mi
opinión, fue excesivo. ¿Hubo un ahorro? Indudablemente hubo un ahorro
fuerte y necesario, pero un corte excesivo. En efecto, en la Unión
Europea hay algunas actuaciones importantes que tiene que hacer el
Gobierno y que antes no hacía porque hay unas funciones de
coordinación, por ejemplo en aspectos económicos, que son necesarias.

Hay otros casos en que se está actuando en otros campos en los que ha
sido preciso hacer una actuación más fuerte como, por ejemplo, en
inmigración, mientras que en otros el ministerio es igual pero
durante cuatro años hemos visto que había una situación de
insuficiencia y entonces se ha producido un incremento que, insisto,
creo que ha sido muy moderado, en el que se mantiene la austeridad
pero se consigue un aumento relativo. Según mis datos es del seis por
ciento, según los datos del señor Rodríguez Zapatero se pasa de 486 a
534, lo que supone un 10 por ciento; voy a admitir los suyos, el 10
por ciento. Es decir, redujimos un 24 por ciento y cuatro años
después hemos aumentado un 10 por ciento. Yo creo que hemos llegado a
un punto bastante lógico para compaginar una austeridad que es
necesaria con una necesidad de personas con un cargo suficiente para
hacer una labor más que de gestión de planificación y previsión. Yo
creo que esa discusión no conduce a nada más.

Contestando al señor Rodríguez Zapatero, cuando hablaba en general de
todo el tema de administraciones, he de decir que no ha habido una
ruptura con el señor Acebes. Yo no he hablado del Libro Blanco de los
servicios públicos porque es algo que ya es conocido por la Cámara,
pero naturalmente que nosotros continuamos la labor de ese libro
blanco. No puede haber cambios bruscos en la mejora de los servicios
públicos, en la mejora de los funcionarios, porque este es un proceso
muy largo que se incardina muy en el pasado y que seguirá en el
futuro. Y aquí hay un tema en el cual yo me permito disentir del
señor Rodríguez Zapatero, y se lo digo con toda cordialidad, pero
quiero llamar la atención sobre ello. No me parece bien que se diga
que la Administración es un ejemplo de mal funcionamiento. No es así
ahora cuando está el Gobierno del Partido Popular y no lo fue tampoco
hace 10 años cuando estaba el Gobierno del Partido Socialista. No es
así. Hay una tendencia -quizás porque se olvida el pasado, quizás
porque hay una reacción hacia este Estado autonómico, que realmente
es más complejo pero también es



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mucho mejor y es una gran oportunidad histórica que España ha tenido
y que nos ha permitido a todos avanzar- a decir: Yo me acuerdo de
hace 25 ó 30 años, entonces sí que funcionaban bien las cosas. No es
verdad. Yo, que tengo ya bastantes trienios encima como funcionario
puedo recordar aquella época y eso no es verdad. Ahora, la
Administración es mucho más ágil, más eficiente y está mucho más
volcada en los ciudadanos, naturalmente con fallos, claro que sí,
pero se ha progresado extraordinariamente y yo creo que lo que
tenemos que hacer es progresar más. A mí me parece bien que por parte
de la oposición se indiquen los puntos en los que no se está de
acuerdo y se considere que han fracaso proyectos del Partido Popular,
me parece muy bien, pero no digamos que la Administración es un
ejemplo de mal funcionamiento porque no es así.

Sigo avanzando un poco y con cierta rapidez para contestar al señor
Jané, a quien agradezco sus palabras y su colaboración para el
desarrollo autonómico del Estado. Me ha hablado de dos principios que
yo no había citado y de los cuales recojo el que denominaba
dispositivo, que hay muchas puertas abiertas en la Constitución, que
hay visiones diversas. Estoy de acuerdo. Yo he hablado de la visión
que se da desde el Ministerio, precisamente porque lo que quiero es
concretar la labor del Ministerio, pero yo dejo abiertas esas
interpretaciones, naturalmente que sí; no es que las deje abiertas
yo, las deja abiertas la Constitución y yo estoy abierto a
considerarlas. Claro que sí. Esto es algo que en cualquier momento
debemos ver porque es lo que caracteriza a nuestra Constitución, que
no hay un modelo absolutamente cerrado. Me cuesta más, lo digo con
sinceridad, hablar de ese principio diferencial -que también está
recogido, pero yo matizo, al igual que creo que hacía el señor Jané-,
diferencial sin privilegios, obviamente, pero naturalmente hay
posibilidades de diferenciar. Todo eso lo podemos ver. Me pregunta si
tenemos alguna previsión del artículo 150.2. Yo no tengo en estos
momentos ninguna previsión de utilizar ese artículo, pero eso no
quiere decir que no pueda estudiarse de acuerdo con la Constitución
puesto que el modelo que yo defiendo es el de Constitución más
estatutos, y el artículo 150.2 está en la Constitución; por tanto,
podemos estudiarlo y podemos verlo, claro que sí, pero yo, como
ministro, no tengo ahora ninguna previsión.

A mí me gustaría que, en efecto, hubiera una tendencia a la
Administración única, creo que lo he dicho en mis intervenciones.

Quiero que se eviten duplicaciones de órganos y duplicaciones de
actuaciones todo lo que podamos; a mí me parece que ése debe ser un
objetivo de todos. Vuelvo a insistir en lo que decía antes con
respecto a la representación en la Unión Europea; es importante que
el que represente la idea de la Administración central y las
comunidades autónomas en las comunidades europeas tenga una visión
global de todo, con competencias exclusivas y no exclusivas.

Estatuto básico de la Función Pública, y aquí aprovecho para
contestar a otros planteamientos nacionalistas. El señor Jané dice
que ese tronco del que yo hablo él lo ve como un macrotronco. Yo
comprendo esa visión, pero estoy seguro que por parte de varios
partidos, no sólo del mío, va a haber políticos que vean que es un
tronquito y en cambio las que son enormes son las ramas. Es una
cuestión de perspectiva. Vuelvo a insistir en que hay unas bases que
debemos compartir. Yo defiendo eso -si no se admiten la discusión es
muy difícil, prácticamente imposible-, pero insisto en que esas bases
no deben ser en absoluto una forma de intervenir en las competencias
de las comunidades autónomas. Sé que es más fácil decirlo que luego
hacerlo. Yo no quiero que este estatuto básico de la Función pública
signifique decirle a las comunidades autónomas cómo tienen que actuar
fuera de lo básico. Vamos a hacer un esfuerzo para establecer lo que
es básico. Por mi parte, desde luego no estará el querer expandir lo
básico para dejar muy poco campo a las comunidades autónomas. Me
gustaría que fuera básico lo que el sentido común dice que lo es.

La señora Lasagabaster tendrá que comprender que su discurso es
diferente al que yo podría hacer. Yo respeto mucho esos acuerdos
unánimes de desarrollo de 1992 y 1995 del Parlamento vasco, pero hay
que ver cómo se desarrollan. Permítame que le haga varias preguntas,
aunque sólo sea a efectos puramente dialécticos. ¿Se podría repetir
en 1999 ese acuerdo unánime? Yo tengo mis dudas. Hay dos partidos,
PNV y Eusko Alkartasuna, que estoy convencido de que lo repetirían,
pero en aquel momento había un compromiso pleno y total con el
estatuto y ahora creo que no lo hay. ¿EH admitiría sumarse a una
actuación de este tipo? ¿Se sumarían en estos momentos el Partido
Popular y el Partido Socialista? ¿Qué indica esto? No quiero decir
-que conste, y lo digo taxativamente- que los citados acuerdos de
1992 y 1995 no sean válidos porque no los haya en 1999, los considero
perfectamente válidos, ¿Por qué propongo esto? Porque las situaciones
políticas influyen. Yo quiero decir aquí -y aprovecho para contestar
al portavoz del PNV- que pretendo que las relaciones entre el
Ministerio de administración territorial y el Gobierno vasco sean
unas relaciones institucionales en las que nos respetemos mutuamente
y tengamos plena relación institucional. Esa relación institucional
debe mantenerse incólume y funcionar al máximo. Ese es y será en los
próximos meses mi propósito. Si aquí estamos hablando de política, no
sería práctico olvidar las diferencias y las posiciones políticas
distintas que hay en muchos aspectos. Yo pretendo que las relaciones
institucionales se mantengan con una transparencia y una claridad
meridiana y una cordialidad. Ya he hecho alusión a la posición que
tenemos sobre la Función Pública. Pretendo realizar ese desarrollo
estatutario y, desde luego, estoy dispuesto a tratarlo con el
Gobierno vasco.




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Al señor Aymerich, del BNG, quiero decirle que, en efecto, tenemos
unas diferencias claras. Nosotros opinamos que España es una nación
plural y ellos, que es un Estado plural de naciones. La cooperación
no debe hacerse donde no haya competencias exclusivas de la comunidad
autónoma sino en todos los campos. En cuanto a que ampliamos algunas
funciones en la Unión Europea, muy probablemente, porque son
necesarias, pero eso no quiere decir que se les supriman a las
comunidades autónomas. Es una discusión que habrá que tener más en
profundidad. Sobre las corporaciones locales, hay una visión clara de
su posición bifronte o no. Yo sí creo que hay una posición bifronte
y, por lo tanto, hay una relación entre el Ministerio de
Administraciones Públicas y las corporaciones locales.

Al señor Rivero, quiero decirle que ya he tenido una reunión con el
consejero de Presidencia de Canarias, hemos visto los temas que hay
pendientes y en algunos casos hay unas transferencias, a las que yo
había hecho ya referencia, al Instituto Social de la Marina como, por
ejemplo, empleo y formación; personal docente a Instituciones
Penitenciarias; profesores de religión; encomiendas de FEGA,
etcétera. Quiero sacar cuanto antes todo esto. ¿Por qué no he puesto
fecha? Son temas que se han atravesado, por decirlo de alguna forma,
porque tienen dificultades. No pongo fechas porque quiero desatascar
el tema ya mismo. Eso no quiere decir que lo pueda conseguir en dos
meses, porque estos asuntos son complicados. No se han traspasado
antes porque no se ha encontrado la fórmula, pero lo haremos en
cuanto podamos. Tenemos que ver el transporte aéreo interinsular muy
cuidadosamente, así como otro asunto que sirve para otros casos: la
gestión de los aeropuertos. Mientras esté el modelo actual, que es el
de AENA, y que funciona bien, como ministro de Administraciones
Públicas digo que, si hubiera un cambio de modelo, me parecería
razonable que las comunidades autónomas plantearan qué consecuencias
conllevaría. El Ministerio estudiará su petición de participación en
el nuevo modelo, junto con el de Fomento, pero a mí me parece una
posición muy razonable. Si hay un cambio de modelo veremos cómo las
comunidades autónomas pueden participar en él.

Si me permite, no voy a contestar algunas de las preguntas que me ha
hecho. Me han llegado algunas notas que mi secretario de Estado y mis
directores generales conocen mucho mejor que yo porque requieren una
contestación muy técnica, como, por ejemplo, la relativa a la
competencia en las aguas archipielágicas. En costas ya ha habido unas
transferencias, pero todo esto es algo que está abierto a debate.

¿Qué ocurre con el tema de las insuficiencias financieras? Lo quiero
tratar también con carácter general. Reitero que aspiramos a tener un
presupuesto equilibrado el año que viene, lo cual supone sacrificios
para todos: para la Administración central del Estado y para las
comunidades autónomas. No dudo, porque he sido
testigo de cómo se han recibido competencias, que en las comunidades
autónomas haya una gran base cuando dicen que las competencias no
estaban suficientemente dotadas. Estaban dotadas como estaban. Yo
creo que hubo la actitud positiva de dar a cada uno lo suyo teniendo
en cuenta el presupuesto de la Administración central para toda la
competencia. ¿Que esa cantidad era insuficiente? Muy probablemente.

Pero ahora las comunidades autónomas cuando hagan -que las harán-
algunas transferencias o delegaciones a las corporaciones locales,
verán cómo los ayuntamientos dirán que se les da mucho menos de lo
que necesitan. Y probablemente tendrán razón, pero hay lo que hay.

Sin decir que no debamos tratar este tema, creo que lo debemos hacer
con la mentalidad de que los recursos son escasos. Siempre lo son,
pero en este caso especialmente.




En cuanto a la pregunta sobre el Estatuto de la Función Pública,
antes de traerlo al Congreso quiero hacer una reflexión profunda
sobre las enmiendas, una búsqueda de acuerdo con comunidades
autónomas y, por supuesto, con los grupos parlamentarios, de tal
forma que cuando lo volviéramos a traer tuviera el mayor apoyo
posible y, si no lo apoyan totalmente, ver en qué punto hay
diferencias. Tampoco quiero negar -todos ustedes son conscientes- que
hubo un acuerdo, en febrero de 1998, con comunidades autónomas, con
sindicatos de la Función pública y con corporaciones locales que
supone mucho, porque no partimos de cero en este tema. Vamos a ver si
buscamos un acomodo de los que disienten, pero hay que destacar que
fue un acuerdo importante, alcanzado después de muchas horas de
conversación con los agentes sociales. Reitero que a mí me gustaría
que hubiera acuerdo.

Al señor Erkoreka le agradezco su intervención, pero le señalaría que
ha empezado diciendo que le parece bien que yo no diga que este es el
Estado más descentralizado de Europa o del mundo y, a continuación,
ha esgrimido su argumentación para demostrar que no es así. Es que no
lo había dicho, como tampoco había dicho que una fórmula de medir la
descentralización es el porcentaje de gasto público. Es obvio que es
una medida, pero no es la más importante. Aveces, con muy poco gasto
público se tiene un poder de decisión muy superior a otro caso con
mucho gasto público, es algo obvio.

Naturalmente, la cooperación la veo dentro de la unidad y la
pluralidad. La cooperación se establece en beneficio de la comunidad
autónoma, del Estado, de España, y de los ciudadanos de esa comunidad
autónoma que son españoles. Yo quiero una cooperación no para
deslindar diciendo: aquí que no entre éste o que no entre aquél. Al
revés, la cooperación es precisamente para ayudar a que esa división
de competencias beneficie a los ciudadanos. Vuelvo a repetir mi
decisión y mi propensión a tener unas relaciones institucionales con
el Gobierno vasco.




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Al señor Ruiz le quisiera decir que he tomado nota de todas sus
preguntas y obviamente no las voy a contestar aquí, porque en eso
consiste precisamente el desarrollo de la legislatura, pero sí le voy
a hablar del compromiso de 1998, a que S.S. se refería, para
transferir la educación. No se hizo en 1998; no se pudo hacer, pero
gracias a ese compromiso estamos en el año 2000 y está transferida la
educación. ¿Qué es lo que quiero yo en sanidad? A mí me gustaría
hacerlo en esta legislatura, y creo que lo vamos a hacer. Me pregunta
si es seguro y que a lo mejor termina la legislatura y queda alguna
comunidad sin transferir. Claro que puede quedar, pero a mí me
gustaría que estuviese todo de tal forma que si queda algo por
transferir sea un simple fleco. Es muy importante lo que ha dicho S.

S. sobre el pacto local y creo que debemos dar un protagonismo
a las corporaciones locales. Coincido con S.S. en los dos frentes:
comunidad autónoma y Administración periférica del Estado. Esa es la
posición que nosotros tenemos.

Finalmente, agradezco al portavoz del Grupo Popular su intervención y
quiero decir que si este Gobierno y este ministro pueden sacar algo
adelante es con el apoyo del Grupo Popular.




El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor ministro. Con su
intervención hemos terminado el orden del día.

Se levanta la sesión.




Era la una y veinticinco minutos de la tarde.