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DS. Senado, Pleno, núm. 150, de 30/11/1999
CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL
SENADO
Año 1999 VI Legislatura
Núm. 150
PRESIDENCIA DE LA EXCMA. SRA. DOÑA ESPERANZA AGUIRRE
GIL DE BIEDMA
Sesión del Pleno
celebrada el martes, 30 de noviembre de 1999
ORDEN DEL DIA:
Primero
--Lectura y aprobación, si procede, de las Actas de las sesiones
anteriores, celebradas los pasados días 16 y 17 de noviembre de 1999.
Segundo
--Elección para cubrir el cargo de Vicepresidente Primero de la Mesa
(Número de expediente 520/00001).
Tercero
Mociones consecuencia de interpelación:
--Del GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA por la que se insta al Gobierno a
remitir a las Cortes Generales, antes de finalizar la presente
Legislatura, el Plan Director de la Cooperación Internacional para el
Desarrollo que contempla la Ley 23/1998, de 7 de julio, en su artículo
octavo, así como los reglamentos dictaminados por el Consejo de
Cooperación y que desarrollan dicha Ley (publicada en el «Boletín Oficial
de las Cortes Generales», Senado, Serie I, número 788, de fecha 29 de
noviembre de 1999) (Número de expediente 671/000087).
--Del GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO por la que se insta al Gobierno a que
tome las medidas necesarias para que se reconozca el derecho a percibir
el complemento por residencia, en iguales condiciones, para el personal
funcionario y laboral de la Administración General del Estado, de la
Administración Tributaria y de la Administración de Justicia en la
Comunidad Autónoma de las Illes Balears equiparando, al mismo tiempo,
dicho
complemento al de la Comunidad Autónoma de Canarias, Ceuta y Melilla
(publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie
I, número 788, de fecha 29 de noviembre de 1999) (Número de expediente
671/000088).
Cuarto
Mociones:
--De los GRUPOS PARLAMENTARIOS POPULAR EN EL SENADO, SOCIALISTA, CATALAN
EN EL SENADO DE CONVERGéNCIA I UNIO, DE SENADORES NACIONALISTAS VASCOS Y
MIXTO, por la que se insta al Gobierno para que, en la proximidad de la
fecha que se señale para celebrar las elecciones generales, se lleve a
cabo una campaña específica, institucional y explicativa sobre la forma
de utilizar la papeleta oficial que en cada provincia se apruebe para
elegir los Senadores (Número de expediente 662/000223).
--Del GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL SENADO por la que se insta al
Gobierno a que respalde ante el Consejo de Europa la aspiración de la
Comunidad Autónoma de la Región de Murcia a ser sede del Instituto
Euromediterráneo de Hidrotecnia, y a que colabore en el posterior
desarrollo y puesta en marcha del referido Instituto (publicada en el
«Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie I, número 788,
de fecha 29 de noviembre de 1999) (Número de expediente 662/000222).
--Del GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA por la que se declara que la
consolidación de las expectativas de paz y valores democráticos requiere
la renuncia y la condena de los ataques, sabotajes y demás fenómenos que
constituyen la llamada violencia callejera como medio para conseguir
reivindicaciones políticas, por la que se exige a los grupos y
organizaciones que planean y realizan tales acciones el cese inmediato de
las mismas, y por la que se insta al Gobierno a la adopción de diversas
medidas a este respecto (publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes
Generales», Senado, Serie I, número 788, de fecha 29 de noviembre de
1999) (Número de expediente 662/000221).
--Del GRUPO PARLAMENTARIO CATALAN EN EL SENADO DE CONVERGéNCIA I UNIO por
la que se insta al Gobierno para que, a través del Consejo
Interterritorial de Sanidad, analice las necesidades sociales, número y
perfil profesional de médicos especialistas para los próximos diez años
en España (publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales»,
Senado, Serie I, número 788, de fecha 29 de noviembre de 1999) (Número de
expediente 662/000218).
Quinto
Tratados y Convenios Internacionales remitidos por el Congreso de los
Diputados:
--Protocolo, hecho en Copenhague el 17 de marzo de 1999, por el que se
modifica el Convenio entre España y Dinamarca para evitar la doble
imposición en materia de impuestos sobre la renta y sobre el patrimonio,
hecho en Copenhague el 3 de julio de 1972 (publicado en el «Boletín
Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie IV, número 266, de fecha
7 de octubre de 1999) (Número de expediente S. 610/000266) (Número de
expediente C. D. 110/000267).
--Habilitación de todos los días y horas del mes de diciembre de 1999
(Número de expediente 550/000032).
Tratados y Convenios Internacionales remitidos por el Congreso de los
Diputados (Continuación):
--Convenio celebrado con arreglo al artículo K.3 del Tratado de la Unión
Europea, sobre la competencia, el reconocimiento y la ejecución de
resoluciones judiciales en materia matrimonial, hecho en Bruselas el 28
de mayo de 1998, y Declaraciones que efectuará España al mismo (publicado
en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie IV, número
271, de fecha 27 de octubre de 1999) (Número de expediente S. 610/000271)
(Número de expediente C. D. 110/000272).
--Protocolo celebrado con arreglo al artículo K.3 del Tratado de la Unión
Europea, relativo a la interpretación por el Tribunal de Justicia de las
Comunidades Europeas del Convenio sobre la competencia, el reconocimiento
y la ejecución de resoluciones judiciales en asuntos matrimoniales, hecho
en Bruselas el 28 de mayo de 1998, y Declaraciones que efectuará España
al mismo (publicado en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales»,
Senado, Serie IV, número 272, de fecha 27 de octubre de 1999) (Número de
expediente S. 610/000272) (Número de expediente C. D. 110/000273).
--Segundo Protocolo establecido sobre la base del artículo K.3 del
Tratado de la Unión Europea, del Convenio relativo a la protección de los
intereses financieros de las Comunidades Europeas, hecho en Bruselas el
19 de junio de 1997, y Reserva que formulará España al mismo (publicado
en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie IV, número
273, de fecha 27 de octubre de 1999) (Número de expediente S. 610/000273)
(Número de expediente C. D. 110/000274).
--Texto revisado de la Convención Internacional de Protección
Fitosanitaria, hecho en Roma el 18 de noviembre de 1997 (publicado en el
«Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie IV, número 274,
de fecha 27 de octubre de 1999) (Número de expediente S. 610/000274)
(Número de expediente C. D. 110/000275).
--Protocolo de enmienda a la Carta Social Europea, hecho en Turín el 21
de octubre de 1991 (publicado en el «Boletín Oficial de las Cortes
Generales», Senado, Serie IV, número 275, de fecha 27 de octubre de 1999)
(Número de expediente S. 610/000275) (Número de expediente C. D.
110/000276).
--Protocolo establecido sobre la base del artículo K.3 del Tratado de la
Unión Europea, del Convenio relativo a la protección de los intereses
financieros de las Comunidades Europeas, hecho en Dublín el 27 de
septiembre de 1996 (publicado en el «Boletín Oficial de las Cortes
Generales», Senado, Serie IV, número 276, de fecha 27 de octubre de 1999)
(Número de expediente S. 610/000276) (Número de expediente C. D.
110/000277).
--Acuerdo de cooperación económica y financiera entre el Reino de España
y los Estados Unidos Mexicanos, hecho en Ciudad de México el 3 de
diciembre de 1998 (publicado en el «Boletín Oficial de las Cortes
Generales», Senado, Serie IV, número 277, de fecha 27 de octubre de 1999)
(Número de expediente S. 610/000277) (Número de expediente C. D.
110/000278).
--Protocolo establecido sobre la base del artículo K.3 del Tratado de la
Unión Europea, relativo a la interpretación, con carácter prejudicial por
el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas, del Convenio sobre
la protección de los intereses financieros de las Comunidades Europeas, y
Declaración relativa a la adopción simultánea del Convenio sobre la
protección de los intereses financieros de las Comunidades Europeas y del
Protocolo relativo a la interpretación con carácter prejudicial, por el
Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas, de dicho Convenio,
hechos en Bruselas el 29 de noviembre de 1996, y Declaraciones que
efectuará España a aquél (publicado en el «Boletín Oficial de las Cortes
Generales», Senado, Serie IV, número 278, de fecha 27 de octubre de 1999)
(Número de expediente S. 610/000278) (Número de expediente C. D.
110/000279).
--Acuerdo para la promoción y protección recíproca de inversiones entre
el Reino de España y la República de Sudáfrica, hecho en Pretoria el 30
de septiembre de 1998 (publicado en el «Boletín Oficial de las Cortes
Generales», Senado, Serie IV, número 279, de fecha 27 de octubre de 1999)
(Número de expediente S. 610/000279) (Número de expediente C. D.
110/000280).
--Convenio establecido sobre la base de la letra c) del apartado 2 del
artículo K.3 del Tratado de la Unión Europea, relativo a la lucha contra
los actos de corrupción en los que estén implicados funcionarios de las
Comunidades Europeas o de los Estados Miembros de la Unión Europea,
firmado en Bruselas el 26 de mayo de 1997, así como Reserva y Declaración
que España va a formular al mismo (publicado en el «Boletín Oficial de
las Cortes Generales», Senado, Serie IV, número 280, de fecha 27 de
octubre de 1999) (Número de expediente S. 610/000280) (Número de
expediente C. D. 110/000281).
--Canje de Notas constitutivo de Acuerdo entre España y China sobre
modificación del Convenio sobre transporte aéreo civil entre el Gobierno
del Reino de España y el Gobierno de la República Popular China, hecho en
Pekín el 19 de junio de 1978 (publicado en el «Boletín Oficial de las
Cortes Generales», Senado, Serie IV, número 281, de fecha 27 de octubre
de 1999) (Número de expediente S. 610/000281) (Número de expediente C. D.
110/000282).
--Acuerdo entre el Gobierno del Reino de España y el Gobierno de la
República de Moldova sobre transporte internacional por carretera, hecho
en Varsovia el 20 de mayo de 1999 (publicado en el «Boletín Oficial de
las Cortes Generales», Senado, Serie IV, número 282, de fecha 27 de
octubre de 1999) (Número de expediente S. 610/000282) (Número de
expediente C. D. 110/000283).
--Convenio entre el Gobierno del Reino de España y el Gobierno de la
República Eslovaca sobre la cooperación en materia de la lucha contra la
delincuencia organizada, hecho en Bratislava el 3 de marzo de 1999
(publicado en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie
IV, número 283, de fecha 27 de octubre de 1999) (Número de expediente S.
610/000283) (Número de expediente C. D. 110/000285).
--Protocolo Adicional a la Carta Social Europea, hecho en Estrasburgo el
5 de mayo de 1998 (publicado en el «Boletín Oficial de las Cortes
Generales», Senado, Serie IV, número 284, de fecha 27 de octubre de 1999)
(Número de expediente S. 610/000284) (Número de expediente C. D.
110/000286).
--Protocolo Adicional al Convenio para la protección de los derechos
humanos y la dignidad del ser humano con respecto a las aplicaciones de
la biología y la medicina, por el que se prohíbe la clonación de seres
humanos, hecho en París el 12 de enero de 1998 (publicado en el «Boletín
Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie IV, número 285, de fecha
27 de octubre de 1999) (Número de expediente S. 610/000285) (Número de
expediente C. D. 110/000287).
--Convenio entre el Gobierno del Reino de España y el Gobierno de la
Federación de Rusia sobre cooperación en materia de lucha contra la
delincuencia, hecho en Moscú el 17 de mayo de 1999 y Notas Verbales de
fecha 13 y 27 de julio de 1999 mediante las que España y la Federación de
Rusia han procedido a subsanar un error observado en la versión española
del artículo 2.3 del citado Convenio (publicado en el «Boletín Oficial de
las Cortes Generales», Senado, Serie IV, número 286, de fecha 10 de
noviembre de 1999) (Número de expediente S. 610/000286) (Número de
expediente C. D. 110/000284).
Sexto
Toma en consideración de Proposiciones de Ley del Senado:
--Proposición de Ley para la asistencia y amparo de los españoles
privados de libertad en el extranjero (Autor: Grupo Parlamentario
Socialista) (publicado en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales»,
Senado, Serie III A, número 15, de fecha 26 de febrero de 1999) (Número
de expediente 622/000015).
--Proposición de Ley de modificación del artículo 91 de la Ley 37/1992,
de 28 de diciembre, del Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA) (Autor:
Grupo Parlamentario Mixto) (publicada en el «Boletín Oficial de las
Cortes Generales», Senado, Serie III A, número 18, de fecha 28 de octubre
de 1999) (Número de expediente 622/000018).
SUMARIO
Se abre la sesión a las dieciséis horas y cuarenta y cinco minutos.
Lectura y aprobación, si procede, de las Actas de las sesiones
anteriores, celebradas los pasados días 16 y 17 de noviembre de 1999
(Página 7100)
Se aprueban las actas.
ELECCION PARA CUBRIR EL CARGO DE VICEPRESIDENTE PRIMERO DE LA MESA
(Página 7100)
Queda designado Vicepresidente Primero de la Mesa el Excelentísimo señor
Senador don Jaume Cardona i Vila.
MOCIONES CONSECUENCIA DE INTERPELACION (Página 7101)
Del GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA por la que se insta al Gobierno a
remitir a las Cortes Generales, antes de finalizar la presente
Legislatura, el Plan Director de la Cooperación Internacional para el
Desarrollo que contempla la Ley 23/1998, de 7 de julio, en su artículo
octavo, así como los reglamentos dictaminados por el Consejo de
Cooperación y que desarrollan dicha Ley. (Página 7101)
La señora Martín i Vigil defiende la moción. No se hace uso del turno en
contra. En turno de portavoces, hacen uso de la palabra los señores
Albistur Marin, por el Grupo de Senadores Nacionalistas Vacos; Varela i
Serra, por el Grupo Catalán en el Senado de Convergència y Unió, y
Bellido Muñoz, por el Grupo Popular.
Se aprueba la moción del Grupo Socialista por asentimiento de la Cámara .
Del GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO por la que se insta al Gobierno a que tome
las medidas necesarias para que se reconozca el derecho a percibir el
complemento por residencia, en iguales condiciones, para el personal
funcionario y laboral de la Administración General del Estado, de la
Administración Tributaria y de la Administración de Justicia en la
Comunidad Autónoma de las Illes Balears equiparando, al mismo tiempo,
dicho complemento al de la Comunidad Autónoma de Canarias, Ceuta y
Melilla (Página 7104)
El señor Cámara Fernández defiende la moción y comunica a la Cámara que
se ha presentado una propuesta de modificación, firmada por todos los
Grupos Parlamentarios. El señor Sanz Pérez defiende la emienda del Grupo
Popular. El señor Socías Puig defiende la enmienda del Grupo Socialista.
El señor Cámara Fernández expone la posición de su grupo parlamentario
respecto de ambas enmiendas. En turno de portavoces, hacen uso de la
palabra los señores Capdevila i Bas, por el Grupo Catalán en el Senado de
Convergència y Unió, y Socías Puig, por el Grupo Socialista.
Se aprueba la moción del Grupo Mixto en los términos de la propuesta
firmada por todos los Grupos Parlamentarios.
MOCIONES (Página 7108)
De los GRUPO PARLAMENTARIOS POPULAR EN EL SENADO, SOCIALISTA, CATALAN EN
EL SENADO DE CONVERGéNCIA I UNIO, DE SENADORES NACIONALISTAS VASCOS y
MIXTO por la que se insta al Gobierno para que, en la proximidad de la
fecha que se señale para celebrar las elecciones generales, se lleve a
cabo una campaña específica, institucional y explicativa sobre la forma
de utilizar la papeleta oficial que en cada provincia se apruebe para
elegir los Senadores (Página 7108)
En turno de portavoces, hacen uso de la palabra los señores Ruiz Rivero,
por el Grupo Popular; Arévalo Santiago, por el Grupo Socialista; Carrera
i Comes, por el Grupo Catalán en el Senado de Convergència y Unió; Zubia
Atxaerandio, por el Grupo de Senadores Nacionalistas Vacos, y Román
Clemente, por el Grupo Mixto.
Se aprueba la moción de los Grupos Parlamentarios Popular en el Senado,
Socialista, Catalán en el Senado de Convergència i Unió, de Senadores
Nacionalistas Vascos y Mixto, por asentimiento de la Cámara.
Del GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL SENADO por la que se insta al
Gobierno a que respalde ante el Consejo de Europa la aspiración de la
Comunidad Autónoma de la Región de Murcia a ser sede del Instituto
Euromediterráneo de Hidrotecnia, y a que colabore en el posterior
desarrollo y puesta en marcha del referido Instituto (Página 7109)
El señor Sepúlveda Recio defiende la moción. En turno de portavoces,
hacen uso de la palabra los señores Román Clemente, por el Grupo Mixto;
Gatzagaetxebarría Bastida, por el Grupo de Senadores Nacionalistas Vacos;
Beguer i Oliveres, por el Grupo Catalán en el Senado de Convergència i
Unió; Gallego López, por el Grupo Socialista, y Sepúlveda Recio, por el
Grupo Popular.
Se aprueba la moción del Grupo Popular por asentimiento de la Cámara.
Del GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA por la que se declara que la
consolidación de las expectativas de paz y valores democráticos requiere
la renuncia y la condena de los ataques, sabotajes y demás fenómenos que
constituyen la llamada violencia callejera como medio para conseguir
reivindicaciones políticas, por la que se exige a los grupos y
organizaciones que planean y realizan tales acciones el cese inmediato de
las mismas, y por la que se insta al Gobierno a la adopción de diversas
medidas a este respecto (Página 7114)
La señora Presidenta anuncia la presentación de una enmienda firmada por
los Grupos Parlamentarios Popular en el Senado, Socialista, Catalán en el
Senado de Convergència y Unió, de Senadores Nacionalistas Vacos y Mixto,
cuyo texto sustituye a la moción originaria. El señor Rojo García
defiende el nuevo texto de la moción. En turno de portavoces, hacen uso
de la palabra los señores Román Clemente, por el Grupo Mixto; Zubia
Atxaerandio, por el Grupo de Senadores Nacionalistas Vacos; Carrera i
Comes, por el Grupo Catalán en el Senado de Convergència y Unió, y
Escobar de las Heras, por el Grupo Popular.
Se aprueba la moción, en los términos del texto firmado por todos los
Grupos Parlamentarios, por asentimiento de la Cámara.
Del GRUPO PARLAMENTARIO CATALAN EN EL SENADO DE CONVERGéNCIA I UNIO por
la que se insta al Gobierno para que, a través del Consejo
Interterritorial de Sanidad, analice las necesidades sociales, número y
perfil profesional de médicos especialistas para los próximos diez años
en España (Página 7119)
El señor Cardona i Vila defiende la moción. La señora López Garnica
defiende la enmienda del Grupo Popular. El señor Cardona i Vila expone la
posición de su grupo parlamentario respecto de la enmienda. En turno de
portavoces, hacen uso de la palabra los señores Gatzagaetxebarría
Bastida, por el Grupo de Senadores Nacionalistas Vacos; Cardona i Vila,
por el Grupo Catalán
en el Senado de Convergència y Unió, y Arjona Santana, por el Grupo
Socialista, así como la señora López Garnica, por el Grupo Popular.
Se aprueba la moción del Grupo Catalán en el Senado de Convergència y
Unió, con la incorporación de la enmienda del Grupo Popular, por
asentimiento de la Cámara.
TRATADOS Y CONVENIOS INTERNACIONALES REMITIDOS POR EL CONGRESO DE LOS
DIPUTADOS (Página 7125)
Protocolo, hecho en Copenhague el 17 de marzo de 1999, por el que se
modifica el Convenio entre España y Dinamarca para evitar la doble
imposición en materia de impuestos sobre la renta y sobre el patrimonio,
hecho en Copenhague el 3 de julio de 1972 (Página 7125)
En turno de portavoces, hacen uso de la palabra los señores Carrera i
Comes, por el Grupo Catalán en el Senado de Convergència y Unió; González
Laxe, por el Grupo Socialista, y Morales Montero, por el Grupo Popular.
Se aprueba el protocolo por 122 votos a favor, 1 en contra y 93
abstenciones y se autoriza al Gobierno a prestar su consentimiento para
obligarse.
HABILITACION DE TODOS LOS DIAS Y HORAS DEL MES DE DICIEMBRE DE 1999
(Página 7126)
Se aprueba la habilitación por asentimiento de la Cámara.
TRATADOS Y CONVENIOS INTERNACIONALES REMITIDOS POR EL CONGRESO DE LOS
DIPUTADOS (Continuación) (Página 7126)
Convenio celebrado con arreglo al artículo K.3 del Tratado de la Unión
Europea, sobre la competencia, el reconocimiento y la ejecución de
resoluciones judiciales en materia matrimonial, hecho en Bruselas el 28
de mayo de 1998, y Declaraciones que efectuará España al mismo (Página 7126)
No habiéndose consumido turnos a favor, en contra ni de portavoces se
aprueba por asentimiento y se autoriza al Gobierno a prestar su
consentimiento para obligarse.
Protocolo celebrado con arreglo al artículo K.3 del Tratado de la Unión
Europea, relativo a la interpretación por el Tribunal de Justicia de las
Comunidades Europeas del Convenio sobre la competencia, el reconocimiento
y la ejecución de resoluciones judiciales en asuntos matrimoniales, hecho
en Bruselas el 28 de mayo de 1998, y Declaraciones que efectuará España
al mismo (Página 7127)
No habiéndose consumido turnos a favor, en contra ni de portavoces se
aprueba por asentimiento y se autoriza al Gobierno a prestar su
consentimiento para obligarse.
Segundo Protocolo establecido sobre la base del artículo K.3 del Tratado
de la Unión Europea, del Convenio relativo a la protección de los
intereses financieros de las Comunidades Europeas, hecho en Bruselas el
19 de junio de 1997, y Reserva que formulará España al mismo (Página 7127)
No habiéndose consumido turnos a favor, en contra ni de portavoces se
aprueba por asentimiento y se autoriza al Gobierno a prestar su
consentimiento para obligarse.
Texto revisado de la Convención Internacional de Protección
Fitosanitaria, hecho en Roma el 18 de noviembre de 1997 (Página 7127)
No habiéndose consumido turnos a favor, en contra ni de portavoces se
aprueba por asentimiento y se autoriza al Gobierno a prestar su
consentimiento para obligarse.
Protocolo de enmienda a la Carta Social Europea, hecho en Turín el 21 de
octubre de 1991 (Página 7127)
No habiéndose consumido turnos a favor, en contra ni de portavoces se
aprueba por asentimiento y se autoriza al Gobierno a prestar su
consentimiento para obligarse.
Protocolo establecido sobre la base del artículo K.3 del Tratado de la
Unión Europea, del Convenio relativo a la protección de los intereses
financieros de las Comunidades Europeas, hecho en Dublín el 27 de
septiembre de 1996 (Página 7127)
No habiéndose consumido turnos a favor, en contra ni de portavoces se
aprueba por asentimiento y se autoriza
al Gobierno a prestar su consentimiento para obligarse.
Acuerdo de cooperación económica y financiera entre el Reino de España y
los Estados Unidos Mexicanos, hecho en Ciudad de México el 3 de diciembre
de 1998 (Página 7128)
No habiéndose consumido turnos a favor, en contra ni de portavoces se
aprueba por asentimiento y se autoriza al Gobierno a prestar su
consentimiento para obligarse.
Protocolo establecido sobre la base del artículo K.3 del Tratado de la
Unión Europea, relativo a la interpretación, con carácter prejudicial por
el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas, del Convenio sobre
la protección de los intereses financieros de las Comunidades Europeas, y
Declaración relativa a la adopción simultánea del Convenio sobre la
protección de los intereses financieros de las Comunidades Europeas y del
Protocolo relativo a la interpretación con carácter prejudicial, por el
Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas, de dicho Convenio,
hechos en Bruselas el 29 de noviembre de 1996, y Declaraciones que
efectuará España a aquél (Página 7128)
No habiéndose consumido turnos a favor, en contra ni de portavoces se
aprueba por asentimiento y se autoriza al Gobierno a prestar su
consentimiento para obligarse.
Acuerdo para la promoción y protección recíproca de inversiones entre el
Reino de España y la República de Sudáfrica, hecho en Pretoria el 30 de
septiembre de 1998 (Página 7128)
No habiéndose consumido turnos a favor, en contra ni de portavoces se
aprueba por asentimiento y se autoriza al Gobierno a prestar su
consentimiento para obligarse.
Convenio establecido sobre la base de la letra c) del apartado 2 del
artículo K.3 del Tratado de la Unión Europea, relativo a la lucha contra
los actos de corrupción en los que estén implicados funcionarios de las
Comunidades Europeas o de los Estados Miembros de la Unión Europea,
firmado en Bruselas el 26 de mayo de 1997, así como Reserva y Declaración
que España va a formular al mismo (Página 7128)
No habiéndose consumido turnos a favor, en contra ni de portavoces se
aprueba por asentimiento y se autoriza al Gobierno a prestar su
consentimiento para obligarse.
Canje de Notas constitutivo de Acuerdo entre España y China sobre
modificación del Convenio sobre transporte aéreo civil entre el Gobierno
del Reino de España y el Gobierno de la República Popular China, hecho en
Pekín el 19 de junio de 1978 (Página 7129)
No habiéndose consumido turnos a favor, en contra ni de portavoces se
aprueba por asentimiento y se autoriza al Gobierno a prestar su
consentimiento para obligarse.
Acuerdo entre el Gobierno del Reino de España y el Gobierno de la
República de Moldova sobre transporte internacional por carretera, hecho
en Varsovia el 20 de mayo de 1999 (Página 7129)
No habiéndose consumido turnos a favor, en contra ni de portavoces se
aprueba por asentimiento y se autoriza al Gobierno a prestar su
consentimiento para obligarse.
Convenio entre el Gobierno del Reino de España y el Gobierno de la
República Eslovaca sobre la cooperación en materia de la lucha contra la
delincuencia organizada, hecho en Bratislava el 3 de marzo de 1999
(Página 7129)
No habiéndose consumido turnos a favor, en contra ni de portavoces se
aprueba por asentimiento y se autoriza al Gobierno a prestar su
consentimiento para obligarse.
Protocolo Adicional a la Carta Social Europea, hecho en Estrasburgo el 5
de mayo de 1998 (Página 7129)
No habiéndose consumido turnos a favor, en contra ni de portavoces se
aprueba por asentimiento y se autoriza al Gobierno a prestar su
consentimiento para obligarse.
Protocolo Adicional al Convenio para la protección de los derechos
humanos y la dignidad del ser humano con respecto a las aplicaciones de
la biología y la medicina, por el que se prohíbe la clonación de seres
humanos, hecho en París el 12 de enero de 1998 (Página 7129)
No habiéndose consumido turnos a favor, en contra ni de portavoces se
aprueba por asentimiento y se autoriza al Gobierno a prestar su
consentimiento para obligarse.
Convenio entre el Gobierno del Reino de España y el Gobierno de la
Federación de Rusia sobre cooperación en materia de lucha contra la
delincuencia, hecho en Moscú el 17 de mayo de 1999 y Notas Verbales de
fecha 13 y 27 de julio de 1999 mediante las que España y la Federación de
Rusia han procedido a subsanar un error observado en la versión española
del artículo 2.3 del citado Convenio (Página 7129)
No habiéndose consumido turnos a favor, en contra ni de portavoces se
aprueba por asentimiento y se autoriza al Gobierno a prestar su
consentimiento para obligarse.
TOMA EN CONSIDERACION DE PROPOSICIONES DE LEY DEL SENADO (Página 7129)
Proposición de Ley para la asistencia y amparo de los españoles privados
de libertad en el extranjero (Autor: Grupo Parlamentario Socialista)
(Página 7130)
El señor Díez González defiende la toma en consideración. La señora
Vindel López consume un turno en contra. El señor Díez González consume
un turno a favor.
La señora Vindel López interviene de nuevo en virtud del artículo 87. En
turno de portavoces, hacen uso de la palabra los señores Cámara
Fernández, por el Grupo Mixto; Caballero Lasquibar, por el Grupo de
Senadores Nacionalistas Vacos; Carrera i Comes, por el Grupo Catalán en
el Senado de Convergència y Unió, y Díez González, por el Grupo
Socialista , así como la señora Vindel López, por el Grupo Popular.
Se rechaza la toma en consideración de la proposición de ley del Grupo
Socialista por 94 votos a favor, 115 en contra y 8 abstenciones.
Proposición de Ley de modificación del artículo 91 de la Ley 37/1992, de
28 de diciembre, del Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA) (Autor: Grupo
Parlamentario Mixto) (Página 7137)
El señor Cámara Fernández defiende la toma en consideración. El señor
Utrera Mora consume un turno en contra. En turno de portavoces, hacen uso
de la palabra los señores Cámara Fernández, por el Grupo Mixto; Cambra i
Sánchez, por el Grupo Catalán en el Senado de Convergència y Unió;
Serrano Alvarez-Giraldo, por el Grupo Socialista, y Utrera Mora, por el
Grupo Popular. El señor Cámara Fernández interviene de nuevo en virtud
del artículo 87.
Se rechaza la toma en consideración de la proposición de ley del Grupo
Mixto por 11 votos a favor, 114 en contra y 76 abstenciones.
Se levanta la sesión a las veintidós horas.
Se abre la sesión a las dieciséis horas y cuarenta y cinco minutos.
La señora PRESIDENTA: Se abre la sesión.
--LECTURA Y APROBACION, SI PROCEDE, DE LAS ACTAS DE LAS SESIONES
ANTERIORES, CELEBRADAS LOS PASADOS DIAS 16 Y 17 DE NOVIEMBRE DE1999.
La señora PRESIDENTA: Punto primero del orden del día: Lectura y
aprobación, si procede, de las actas de las sesiones anteriores,
celebradas los pasados días 16 y 17 de noviembre de 1999.
¿Hay alguna observación sobre las actas? (Pausa.)
¿Se pueden dar por aprobadas por asentimiento? (Pausa.)
Se aprueban.
--ELECCION PARA CUBRIR EL CARGO DE VICEPRESIDENTE PRIMERO DE LA MESA
(520/00001).
La señora PRESIDENTA: Punto segundo del orden del día: Elección para
cubrir el cargo de Vicepresidente Primero de la Mesa.
Como, consecuencia de la renuncia del excelentísimo señor Senador don
Joan Rigol i Roig, está vacante el cargo de Vicepresidente Primero de la
Mesa de la Cámara. Para cubrir dicha vacante, el Grupo Parlamentario
Catalán en el Senado de Convergència i Unió y el Grupo Parlamentario
Popular han presentado la candidatura del excelentísimo señor don Jaume
Cardona i Vila. El artículo 6.º del Reglamento prevé que la votación para
la elección de este cargo se realice por papeletas.
En forma previa se ha sorteado el nombre del Senador por el que ha de
empezar la votación. En este caso, la votación comenzará por la Senadora
doña María Isabel Flores Fernández.
Quiero recordar a sus señorías que en las papeletas se escribirá un solo
nombre.
Ruego a los señores secretarios que procedan a llamar a los senadores
para votar.
Por la señora Secretaria Primera (Rodríguez Saldaña), por el señor
Secretario Segundo (Ríos Pérez), por el señor Secretario Tercero (Galán
Pérez), y por la señora Secretaria Cuarta (Gorostiaga Sáiz) se procede al
llamamiento de las señoras y los señores Senadores a partir de la citada.
Finalizado el llamamiento, dijo:
La señora PRESIDENTA: Por favor, abran las puertas por si hay algún
Senador que todavía no haya ejercido su derecho al voto. (Pausa.)
Vamos a proceder al escrutinio. (Pausa.)
Terminado el escrutinio, dijo:
La señora PRESIDENTA: Señores Secretarios, ¿cuál es el resultado de la
votación? (Pausa.)
Efectuado el escrutinio, el resultado es el siguiente: Votos emitidos,
211; a favor de la candidatura del excelentísimo señor don Jaume Cardona
i Vila, 127; votos en blanco, 82; votos, nulos, dos.
En consecuencia, ha sido elegido Vicepresidente Primero del Senado el
excelentísimo, señor don Jaume Cardona i Vila, a quien ruego que pase a
ocupar su lugar en la Mesa. (Aplausos.)
MOCIONES CONSECUENCIA DE INTERPELACION:
--DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA POR LA QUE SE INSTA AL GOBIERNO A
REMITIR A LAS CORTES GENERALES, ANTES DE FINALIZAR LA PRESENTE
LEGISLATURA, EL PLAN DIRECTOR DE LA COOPERACION INTERNACIONAL PARA EL
DESARROLLO QUE CONTEMPLA LA LEY 23/1998, DE 7 DE JULIO, EN SU ARTICULO
OCTAVO, ASI COMO LOS REGLAMENTOS DICTAMINADOS POR EL CONSEJO DE
COOPERACION Y QUE DESARROLLAN DICHA LEY (671/000087).
La señora PRESIDENTA: Punto tercero del orden del día: Mociones
consecuencia de interpelación. En primer lugar, moción del Grupo
Parlamentario Socialista por la que se insta al Gobierno a remitir a las
Cortes Generales, antes de finalizar la presente Legislatura, el Plan
Director de la Cooperación Internacional para el Desarrollo que contempla
la Ley 23/1998, de 7 de julio, en su artículo octavo, así como los
reglamentos dictaminados por el Consejo de Cooperación y que desarrollan
dicha Ley.
Para el turno a favor, tiene la palabra la Senadora Martín i Vigil.
La señora MARTIN I VIGIL: Muchas gracias, señora Presidenta.
Señorías, previamente a la defensa de la moción consecuencia de
interpelación, y dado que soy la primera persona que interviene esta
tarde en nombre del Grupo Parlamentario Socialista, quiero aprovechar
para mostrar nuestra felicitación, al recién elegido Vicepresidente
Primero de la Cámara, el Senador Cardona i Vila, y desearle toda suerte
de aciertos en su tarea, que redundarán en beneficio de los trabajos de
toda la Cámara.
El motivo de mi presencia en esta tribuna es la defensa de la moción
consecuencia de la interpelación que el Grupo Parlamentario Socialista
presentó hace quince días, es decir, el 17 del presente mes, en esta
misma Cámara, interpelación referida a la situación que al día de hoy
padece la ayuda española a la cooperación, concretamente, la ayuda
española oficial destinada a contrarrestar los efectos del huracán Mitch
en Centroamérica. En la interpelación que realizamos en aquella fecha
hicimos un repaso y expusimos unas reflexiones sobre lo que, a nuestro
juicio, es la deficiente situación del grado de ejecución de las ayudas
comprometidas en la zona de Centroamérica después del desastre que supuso
el Mitch, hace ya más de un año.
Entonces, preguntábamos al Gobierno qué había sucedido, por qué se había
ejecutado una parte tan pequeña de la ayuda comprometida, por qué la
cuantía de la ayuda había sido diferente a la que aparecía en un primer
momento y también por qué había preferido unos instrumentos más que otros
de los que se pueden arbitrar en aplicación de la Ley, aprobada hace ya
un año y medio, aunque es cierto que dicha Ley se encuentra aún hoy sin
desarrollar. Preguntábamos al Gobierno por esa cuestión y, en parte,
lógicamente, discrepábamos en la valoración sobre el grado de
cumplimiento de la ejecución de esas ayudas.
En cualquier caso, interesa hoy más a nuestro Grupo afirmar aquellos
aspectos que creemos compartir en el contexto de la ayuda oficial a la
cooperación para el desarrollo, es decir, en la coincidencia sobre la
necesidad de estructuración del marco legal que permita subsanar las
carencias que hoy en día todavía padecemos en cuanto a que el sistema
oficial de ayudas tiene necesidad de regulación, motivo por el cual, se
elaboró hace un año la Ley de cooperación, que también fue ampliamente
consensuada, ya que fue casi unánimemente aprobada en ambas Cámaras; una
Ley en cuya elaboración participaron con gran esfuerzo y trabajo no
solamente los partidos políticos y los grupos parlamentarios, sino
también la sociedad civil, las organizaciones no gubernamentales, los
sindicatos y algunos otros sectores.
En definitiva, de la respuesta del Gobierno, pero también de otras
expresiones que se produjeron en la Cámara, más concretamente, de la que
se produjo por parte del Senador Varela, en nombre del Grupo
Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió, entendimos que
una parte de la responsabilidad acerca del grado de incumplimiento de las
ayudas referentes al Mitch venía determinada por la falta de desarrollo
de la Ley, así como del resto de instrumentos del Plan Director que
señala la Ley y que ésta compromete para su desarrollo.
En ese sentido, el Gobierno, respondió poco. Es verdad que en aquella
ocasión, hace quince días, el Vicepresidente Primero del Gobierno tuvo a
bien pormenorizar las ayudas de los distintos Ministerios más que
explicar y comprometer
el desarrollo de la Ley; es verdad que se refirió a la buena marcha de
los cinco Reglamentos pendientes de aprobación por el Consejo de
Ministros; es verdad que no entró en el incumplimiento de la aprobación
del Plan Director, pero, en cualquier caso, nuestro Grupo, después de
escuchar la intervención del Vicepresidente Primero del Gobierno entendió
y entiende que hay interés en que eso ocurra, lo que pasa es que quizá la
confrontación evidente entre distintos Ministerios y quizá una escasa
voluntad política por agilizar --o dar cumplimiento, porque, a estas
alturas, ya no se trataría de agilizar-- esta cuestión, nos ha llevado,
un año y medio después de la aprobación de la Ley, a presentar una
iniciativa que pretende impulsar aquello que nos comprometidos a
desarrollar en su momento para dar cumplimiento a una Ley --insisto--
ampliamente consensuada.
Sus señorías saben con toda seguridad que el Plan Director es el que
orientará la planificación de las ayudas, no sólo en el tiempo, sino
también en las cuantías de los recursos, que habrá que dotar
presupuestariamente, así como su distribución y los incrementos, que
concretarán los diferentes planes anuales en los que también debe
desarrollarse el Plan cuatrienal.
Sus señorías también saben que dicho Plan ya fue dictaminado en el mes de
julio por el órgano pertinente, es decir, por el Consejo de Cooperación.
Hay que decir también que éste está formado por entidades, asociaciones e
instituciones, que trabajan y son responsables de ello y que quieren
seguir siéndolo, pero ha sido abandonado por sectores importantes que lo
integran. Hace más de un mes, más de 90 organizaciones no gubernamentales
abandonaron dicho Consejo, justamente por el incumplimiento del Gobierno
en la aprobación del Plan Director y hace unos pocos días los sindicatos
mayoritarios, Comisiones Obreras y UGT, lo abandonan por la misma razón.
La señora PRESIDENTA: Senadora Martín i Vigil, le ruego que concluya.
La señora MARTIN I VIGIL: Termino, señora Presidenta.
En consecuencia, la preocupación, la sensibilidad y la responsabilidad en
esta cuestión sobrepasa la de los grupos parlamentarios. Es decir, la
sociedad, las entidades y otras instituciones, están también preocupadas
y que el deseo de los grupos parlamentarios de que se desarrolle la Ley
de cooperación para cumplir mejor algo tan importante es compartido. Por
tanto, creo que podemos entender que esta Cámara también colaborará en
ese impulso, aprobando esta moción para que el Gobierno tenga a bien,
antes de que finalice esta legislatura, presentar el Plan Director y los
reglamentos ya dictaminados que desarrollarán la Ley.
Muchas gracias, señorías.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, Senadora Martín i Vigil.
¿En turno en contra algún Senador o Senadora quiere hacer uso de la
palabra? (Pausa.)
Pasamos al turno de portavoces.
Por el Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos, tiene la
palabra el Senador Albistur.
El señor ALBISTUR MARIN: Muchas gracias, señora Presidenta.
Anuncio, que nuestro Grupo va a votar a favor de esta moción,
fundamentalmente porque durante el debate del anteproyecto de ley, que
posteriormente se convirtió en Ley, mantenido en la preparación de las
enmiendas y en las discusiones mantenidas con los órganos
correspondientes del Gobierno, fue uno de los puntos en los que más
insistió, precisamente porque en los, proyectos presentados anteriormente
--el último en 1995--, en torno a una necesaria ley de cooperación, no
incluían ninguna planificación en materia de política de cooperación
internacional que no solamente hablara de las prioridades y de los
objetivos de tal política, sino que, además, diera cuenta de la
coordinación a tener con lo que se llama la cooperación descentralizada,
realizada por las Comunidades Autónomas y muchos municipios del Estado y,
además, la realizada e impulsada desde las organizaciones no
gubernamentales.
Se ha planteado siempre la diferenciación de dos tipos de planes, que el
artículo 15 de la Ley también recoge que deben ser presentados en el
Congreso de los Diputados, de forma inmediata a la aprobación de la Ley,
cosa que se hizo hace ya algo más de 15 meses.
Esto no se ha cumplido. Tampoco hemos tenido ningún plan anual. A la
altura de la legislatura en la que nos encontramos --habría que decir
prácticamente bajura de la legislatura--, la propuesta que hoy se hace a
través de esta moción es casi una acción voluntarista, pero que merece la
pena ser apoyada, fundamentalmente para destacar que en algo tan
importante, como la cooperación internacional, y con una Ley que
pretendía recoger la problemática general y llegar hasta la máxima
concreción posible de los estamentos e instituciones que realizan la
cooperación, nos encontremos --repito que a estas alturas-- sin tener una
idea clara de en qué objetivos y con qué fines se han gastado los
recursos destinados a la cooperación.
Además, habría que entrar en un asunto clave que no está suficientemente
clarificado, como es la distinción entre la cooperación técnica, la ayuda
humanitaria y los demás aspectos de la cooperación, dedicados
fundamentalmente a los temas de formación, educación, etcétera.
Mi Grupo va a apoyar esta moción, fundamentalmente por el aspecto
testimonial, para recordar al Gobierno que debería haberse presentado
ante estas Cámaras un programa, un proyecto o un plan que clarificara
cuál es el horizonte de la cooperación internacional. Ha habido
suficientes muestras de la necesaria solidaridad con países del Tercer
Mundo, con países emergentes, en respuesta a circunstancias ajenas a la
planificación humana. Las catástrofes han obligado a que los diferentes
Gobiernos de Europa, y en particular el Gobierno del Estado y las
Comunidades Autónomas, hayan tenido, que disponer de fondos para atender
de manera urgente necesidades de la población que ha sufrido graves daños
como consecuencia de dichas catástrofes originadas por diferentes
huracanes y terremotos. Todo ello debería haber sido contemplado y no
improvisado,
como se ha producido de hecho como consecuencia de la ausencia de un plan
director de cooperación internacional. Tenemos necesidad de ese plan, por
eso negociamos incluirlo en la ley, por eso surgió este artículo 8.º y
por eso el conocimiento de esta Cámara y del Congreso de los Diputados es
necesario para poder impulsar con un acuerdo unánime la política de
cooperación, que es absolutamente necesario que sea consensuada como una
expresión de los contenidos de solidaridad que comparte.
Nada más, sólo quiero reiterar que mi Grupo apoyará esta moción.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, Senador Albistur.
Por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergéncia i Unió,
tiene la palabra el Senador Varela.
El señor VARELA I SERRA: Gracias, señora Presidenta.
En nombre de mi Grupo, yo también anuncio que votaremos positivamente
esta moción que tan acertadamente ha presentado la Senadora Martín i
Vigil. Debo repetir lo que vengo diciendo desde hace un mes
aproximadamente en que tratamos este asunto aquí, primero en una pregunta
y después en el debate sobre la interpelación: que enfocamos esta
cuestión con un ánimo totalmente positivo porque sería lamentable que en
asuntos de cooperación internacional, de ayuda al Tercer Mundo tuviéramos
debates partidistas. Por tanto, desde este ánimo positivo, vamos a votar
a favor de esta moción.
Cuando hace quince días se produjo el debate respecto a la, interpelación
que presentaba la Senadora socialista, el representante del Gobierno, a
la acusación que le hacía dicha Senadora de que el Gobierno bloqueaba el
desarrollo de la Ley de cooperación, contestó que no era así, y yo le leí
entonces el prólogo de un libro que ha publicado una ONG tan importante
corno es Intermón sobre la realidad de la ayuda al desarrollo, que decía
que el contenido más importante del texto de la Ley de Cooperación es la
regulación del Plan Director, el cual no se ha desarrollado, y que esta
dilación ha originado una importante decepción en los representantes de
la sociedad civil que se ocupan de esas cuestiones. En su respuesta, el
Vicepresidente Segundo del Gobierno no contestó a esta cuestión de si
iban a presentar o no el Plan Director, si iba a ser debatido en las
Cortes. Por tanto, la moción que presenta la Senadora socialista es muy
pertinente, ya que si se acaba esta legislatura y el Gobierno no presenta
el Plan Director en las Cortes Generales para su debate, la política de
cooperación de este Gobierno se verá seriamente dañada, lo que sería una
lástima.
Por tanto, insisto, desde el ánimo positivo que caracteriza a nuestro
grupo, en que, aunque poco, todavía queda, un margen, de tiempo
suficiente para que este Plan Director sea debatido y aprobado; Plan que
fue aprobado por la Comisión Interministerial de Cooperación
Internacional el 23 de julio, para ser elevado al Consejo de Ministros.
Pensamos que ha habido tiempo suficiente para que su aprobación fuera un
hecho. No ha sido así. Debemos insistir al Gobierno para que no cause más
decepción en la sociedad civil que tan generosamente se ocupa de estos
cuestiones; que apruebe de una vez este Plan Director, que se produzca el
debate requerido por las Cámaras y, aunque sea al final de esta
legislatura, podamos tener un Plan Director que pueda regir de manera
coherente y planificada los próximos cuatro años.
En la Comisión de Cooperación del Congreso de los Diputados celebrada el
29 del pasado septiembre, el Secretario de Estado, señor Villalonga,
repitió dos o tres veces, su compromiso, con las siguientes palabras: Es
voluntad del Gobierno cumplir el compromiso de que este documento --el
Plan Director-- sea aprobado en Consejo de Ministros y se inicie su
tramitación parlamentaria, es decir, el debate en las Cortes.
Creemos todavía en la voluntad del Gobierno para que esto sea una
realidad. La verdad es que a medida que pasa el tiempo nos cuesta creer
que esta voluntad se ejercite, pero desde nuestro voto positivo a la
iniciativa presentada por la Senadora socialista animamos al Gobierno a
que presente de una vez el citado Plan Director para culminar de una
manera muy correcta la acción gubernamental en el tema de cooperación
internacional.
Muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, Senador Varela.
Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el Senador Bellido.
El señor BELLIDO MUÑOZ: Gracias, señora Presidenta.
Ante todo, quiero felicitar en nombre de nuestro Grupo Parlamentario, al
Senador Cardona por su, designación como Vicepresidente de la Cámara;
designación que personalmente, como Presidente de la Comisión de Sanidad
y Asuntos Sociales, me alegra, ya que es el portavoz de Sanidad del Grupo
Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió.
Nuestro grupo anuncia de antemano el voto favorable a la moción
presentada por el Grupo Parlamentario Socialista. Y va a ser favorable
porque intervienen muchas voluntades para que efectivamente, se lleve a
efecto lo que se pretende en esta moción: interviene la voluntad del
Gobierno cuando remitió el proyecto de ley de cooperación al Parlamento
español; la propia voluntad del Gobierno, puesta de manifiesto por
distintos miembros del mismo en cuanto a su decisión de aprobar el Plan
Director y los distintos decretos en la presente legislatura y,
fundamentalmente, la voluntad de las Cámaras, de los representantes del
pueblo, de todos en concreto, tanto en el debate de la propia ley como en
el debate de esta moción que impulsa y anima al Gobierno para que, antes
de terminar esta legislatura, lo apruebe.
La tramitación de este plan es larga, por lo que, en contra, de lo
comentado por el portavoz del Grupo Parlamentario de Senadores
Nacionalistas Vascos con respecto a lo que podían haber sido las ayudas
en el caso de los países afectados por el huracán Mitch si hubiéramos
tenido desarrollado
este Plan Director, he de afirmar que evidentemente en octubre o
noviembre de 1998 era imposible contar con él en base al proceso de
elaboración que ha seguido.
En su redacción han intervenido la Universidad del País Vasco, la
Universidad de Barcelona y la Universidad Complutense de Madrid. Ha sido
sometido a consulta de todas las Comunidades Autónomas, de la Federación
Española de Municipios y Provincias, de las organizaciones no
gubernamentales, de los sindicatos y de la patronal. Ha pasado por el
Consejo de Cooperación, así como por el Consejo Interministerial de
Cooperación al Desarrollo, contando con el consenso de toda la
Administración.
Por tanto, ha tenido un largo trayecto, en el que, como decía la semana
pasada el Secretario de Estado para la Cooperación Internacional y para
Iberoamérica durante una comparecencia ante la Comisión de Asuntos
Exteriores en esta Cámara, a preguntas del Senador Castro Rabadán, el
Gobierno se ha encontrado con dificultades de tipo competencial y
presupuestario. En cualquier caso, entendemos que el proceso de
elaboración ha sido transparente, abierto, participativo y consensuado, y
todos los grupos parlamentarios hemos aportado algo al mismo. Y no sólo
conocemos, por supuesto, las líneas básicas y estratégicas, sino incluso
todo el contenido del Plan Director.
Por ello --y con esto termino, señora Presidenta--, nuestro Grupo va a
apoyar esta iniciativa socialista en la seguridad de que antes de que
termine la presente legislatura el Gobierno de la nación dará
cumplimiento a la misma.
Muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, Senador Bellido.
Por tanto, ¿puede darse aprobada por asentimiento esta moción
consecuencia de interpelación? (Pausa.)
Así se considera. Muchas gracias.
--DEL GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO, POR LA QUE SE INSTA AL GOBIERNO A QUE
TOME LAS MEDIDAS NECESARIAS PARA QUE SE RECONOZCA EL DERECHO A PERCIBIR
EL COMPLEMENTO POR RESIDENCIA, EN IGUALES CONDICIONES, PARA EL PERSONAL
FUNCIONARIO Y LABORAL DE LA ADMINISTRACION GENERAL DEL ESTADO, DE LA
ADMINISTRACION TRIBUTARIA Y DE LA ADMINISTRACIóN DE JUSTICIA EN LA
COMUNIDAD AUTONOMA DE LAS ILLES BALEARS EQUIPARANDO, AL MISMO TIEMPO,
DICHO COMPLEMENTO AL DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE CANARIAS, CEUTA Y
MELILLA (671/000088).
La señora PRESIDENTA: Pasamos a la moción consecuencia de interpelación
del Grupo Parlamentario Mixto, por la que se insta al Gobierno a que tome
las medidas necesarias para que se reconozca el derecho a percibir el
complemento por residencia, en iguales condiciones, para el personal
funcionario y laboral de la Administración General del Estado, de la
Administración Tributaria y de la Administración de Justicia en la
Comunidad Autónoma de las Islas Baleares, equiparando, al mismo tiempo,
dicho complemento al de la Comunidad Autónoma de Canarias, Ceuta y
Melilla.
A esta moción consecuencia de interpelación se han presentado dos
enmiendas: una, por el Grupo Parlamentario Popular, y otra, por el Grupo
Parlamentario Socialista.
Para la defensa de la moción originaria, y por tiempo de cinco minutos,
en nombre del Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra el Senador
Cámara.
El señor CAMARA FERNANDEZ: Muchas gracias, señora Presidenta.
Al margen de que todos los grupos hayamos firmado --creo que en estos
momentos-- una propuesta que sería la síntesis de la moción que he
presentado, quisiera argumentar el tema de fondo, que ya fue motivo de
debate durante una interpelación en el Pleno anterior.
Para situar el problema hay que indicar que estamos hablando de la
retribución por residencia especial en algunas zonas del Estado español.
Esta retribución se viene percibiendo por parte de los funcionarios
públicos desde la Ley de Funcionarios Civiles del Estado de 1964. Las
cantidades a asignar se han ido regulando por acuerdo del Consejo de
Ministros del 23 de diciembre de 1992 y por desarrollo de la Orden
Ministerial de 29 de diciembre de ese mismo año.
En estos momentos se recogen las cantidades retributivas que perciben los
funcionarios públicos según los lugares de destino, siendo las mayores
las relativas a Ceuta y Melilla; a continuación, las establecidas para
otras islas del archipiélago canario; después, las correspondientes a las
islas de Gran Canaria y Tenerife, y finalmente, las previstas para las
islas Baleares y el Valle de Arán. Todos los importes fueron
recientemente actualizados de nuevo en el anexo octavo de una resolución
de la Secretaría de Estado de Presupuestos y Gastos del 4 de enero de
1999. Todo ello se refiere al personal funcionario.
En lo que se refiere al personal laboral, hasta este momento no ha habido
un trato igual. No existía con carácter general una normativa que lo
regulase, y dependía siempre de la situación de los más de 50 convenios
colectivos laborales en el ámbito de la Administración del Estado.
Recientemente, el 16 de noviembre de 1998, se firmó el convenio único. En
el artículo 75.6 de dicho convenio colectivo se establece que el personal
laboral incluido en dicho convenio percibiría un complemento de
residencia del 25 por ciento del salario base para Ceuta y Melilla y las
islas Canarias salvo Gran Canaria y Tenerife; para el resto, caso de las
Islas Baleares, los que estuviesen percibiendo complementos de residencia
mantendría este complemento, bastante inferior, por cierto, en sus
actuales cuantías, como complementos personales. Por tanto, no se
reconocía el derecho en las Islas Baleares del complemento de residencia,
sino a título fundamentalmente de complemento personal, sin tener en
cuenta ese aspecto fundamental.
Por tanto, hay que señalar varias cosas: primero, que en las Islas
Baleares tienen cuantías siempre inferiores, y segundo, que no está como
derecho de complemento de residencia, por lo que se firma una
discriminación.
El señor Acebes, ante la interpelación que formulé el pasado Pleno, me
contestó que se debe de modificar el complemento de residencia para
incluir al personal de las Islas Baleares que no está afectado por el
mismo o no tiene convenio más favorable. Nos dijo aquí que este tema
tendría que tratarse en la Comisión negociadora, con lo que yo estoy de
acuerdo, pues quedan por discutirse en esta Comisión los remanentes de la
masa salarial correspondiente al año 1999. Además, y esto es importante,
nos dijo también aquí que las modificaciones del complemento de
residencia para el personal laboral debería tener en cuenta la misma
proporción que existe en el personal funcionario entre las distintas
islas, adelantando que el coste aproximado estaría en torno a unos 51
millones de pesetas. Pero creo yo que el señor Acebes se refería a la
relación de las cantidades que el personal funcionario cobra por este
concepto que, como ya he expresado, es altamente discriminatorio con
respecto a otras comunidades. En este sentido, refiriéndose al personal
funcionario, el señor Ministro dijo que se está estudiando y trabajando
para que no exista ningún tipo de diferencia respecto a otras islas y
para que en situaciones de homogeneidad no haya diferencias entre
funcionarios. Para ello, dijo, se haría una resolución de la Secretaría
en la que se pudiese paliar cualquier otro detalle que evitase
diferencias entre unas y otras islas. Esto es lo que dijo el señor
Ministro.
Bien, señorías, en mi opinión, el artículo en cuestión en los laborales
incurre en vulneración de derechos fundamentales. La omisión del
archipiélago balear, en que incurrieron los firmantes --incluida, por
supuesto, la Administración-- del convenio colectivo vulnera el principio
de igualdad consagrado en el artículo 14 de la Constitución Española, que
tiene su trasposición en los artículos 4.l.c) y 17.1 del Estatuto de los
Trabajadores. No es el momento de entrar a premonizar repaso de la
indemnización por residencia en el ámbito funcionarial, o de los diversos
complementos por residencia pactados en múltiples convenios colectivos
sectoriales; baste constatar que se trata de un concepto remunerado de
gran tradición que pervive entre las retribuciones de los funcionarios
públicos y se mantiene en numerosos convenios colectivos. Su razón de ser
era de compensar las desventajas económicas que supone residir en
determinadas zonas del territorio nacional, ya sea por causas de la
insularidad, Canarias y Baleares, ya sea por su especial aislamiento,
Ceuta, Melilla y Valle de Arán, en su momento especialmente.
Voy a terminar diciendo, como referencia simplemente que el artículo 85.1
del Estatuto de los Trabajadores establece que los convenios colectivos
deben observar el debido respeto a las leyes, cuanto más a los preceptos
constitucionales.
Por su parte, el ya citado artículo 17.1 del mismo cuerpo legislativo
predica la nulidad de las cláusulas de los convenios colectivos que
contengan discriminación desfavorable o favorable en materia de
retribuciones.
Por último, la igualación del destino en las Islas Baleares debería
producirse con el de las islas Canarias mayores que tienen adjudicado un
10 por ciento del salario base, habida cuenta de su análoga capacidad de
comunicación, por más que la distancia sea mayor.
Independientemente de estas precisiones, quiero dar solución a este
problema. En la interpelación, el señor Ministro contestó de forma
positiva. Se trataba, fundamentalmente, de concretar en una moción esta
supresión de la discriminación. Nada más llegar el día de la
interpelación a mi Comunidad, unos trabajadores laborales me trajeron
unos cuantos folios en los cuales el Ministro de Trabajo y Seguridad
Social --el Ministerio-- no daba la razón a esos trabajadores y les
planteaba que, por tanto, no había lugar a una modificación del convenio
colectivo. De ahí esta moción de hoy.
Me alegro de que los diferentes grupos se muestren sensibles respecto a
la consecución de un acuerdo de todos sobre esta cuestión que permita
llevar este asunto a la Mesa Negociadora para el Personal Laboral en el
Convenio Unico, y a la Mesa de la Función Pública para los funcionarios,
con el fin de dar una solución definitiva a un problema de
discriminación. En el caso de que no se produzca esa solución, yo, como
es lógico, continuaré intentando conseguir que esto se modifique. Por
ahora prefiero pájaro en mano que ciento volando. Esta es la razón por la
que acepto la enmienda que también he firmado y, por supuesto, me
congratulo de que sea por unanimidad de todos los grupos.
Gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, Senador Cámara.
Para la defensa de la enmienda a la moción presentada por el Grupo
Parlamentario Popular en el Senado, tiene la palabra el Senador Sanz.
El señor SANZ PEREZ: Gracias, Presidenta.
No voy a entrar en algunas cuestiones que ha planteado el Senador Cámara,
porque él mismo las ha definido. Está contento con el resultado de la
interpelación que tuvo lugar con la presencia del Ministro en el Pleno
pasado, y que usted ha calificado de positiva. Me alegro de que opine
así, pues eso es prueba de que cuando el Gobierno detecta algún problema
se pone manos a la obra e intenta solventarlo.
Sus señorías saben que, tanto lo relativo al personal laboral como a los
funcionarios, se rige por normas sustancialmente diferentes, una de las
cuales es el Estatuto de los Trabajadores --todo el personal laboral--,
pero también, por la infinidad de convenios que existen, porque
afortunadamente hay un solo convenio único, que se firmó recientemente
para cerca de 70.000 trabajadores. Pero, en resumidas cuentas, hemos de
felicitarnos por el consenso alcanzado entre todos los grupos políticos.
La enmienda que se presenta como alternativa en el día de hoy en la
Cámara en el apartado del personal laboral plantea que el Senado inste al
Gobierno para que dé instrucciones a los órganos competentes y estudien
la modificación
del artículo 75.1.6 del Convenio Unico firmado hace escasas fechas, para
asignar el complemento de residencia a los trabajadores laborales de las
Islas Baleares. Por lo tanto, estoy totalmente de acuerdo en este
apartado. Creo que es importante que se plantee este asunto y se le dé
solución en la Mesa Negociadora del Convenio Unico para el personal
laboral de la Administración del Estado; que se incluya a este personal
laboral destinado en las Islas Baleares.
Hay que decir, sobre todo, que, como consecuencia de lo expuesto en la
interpelación, afortunadamente --repito-- podemos dar una solución y
analizar esa diferencia que existe en cuanto a los pagos de complemento
de residencia entre Ceuta y Melilla, donde se paga ese 25 por ciento, o
en Gran Canaria y Tenerife, que está en el 10 por ciento, y el resto del
archipiélago canario, que está en el 25 por ciento.
Me gustaría entrar a defender que lo más lógico es que sea la Comisión
Negociadora de este Convenio --hay que ser respetuosos y escrupulosos con
las palabras que se dan y con lo que se firma-- y, por lo tanto, me
reafirmo en lo dicho por el señor Ministro.
Respecto al segundo punto, que es el régimen general del complemento de
residencia para los funcionarios, estamos hablando de datos sumamente
importantes, y de ahí la trascendencia de que planteemos que se examine
el complemento por residencia del personal en activo del sector público
en el marco de la Mesa de la Función Pública, porque estamos hablando de
cerca de 26.000 funcionarios públicos; estamos hablando de que en Ceuta y
Melilla tenemos 7.291 funcionarios públicos que cobran un complemento de
residencia de 2.460 millones de pesetas; estamos hablando de que en las
islas menores de Canarias hay 1.845 funcionarios, a los que se les
asignan 495 millones; estamos hablando de que en Gran Canaria y Tenerife
existen 11.300 funcionarios, o estamos hablando de Baleares, en la que
existen 5.600 funcionarios. Por lo tanto, es una cuestión importante y
creemos que es necesario su estudio detallado y minucioso.
A este respecto quiero destacar algunos datos relativos al régimen de
complemento de los funcionarios. Hay normas importantes que arrancan de
la Ley de Funcionarios Civiles del Estado del año 1964, al igual que una
serie de órdenes y de reglamentos planteados desde el año 1992 hasta el
último, que es el anexo octavo de la Resolución de la Secretaría de
Estado de Presupuestos y Gastos, del 4 de enero de 1999.
En consecuencia, creo que es necesario, a la vista del tiempo
transcurrido, valorar en sí la situación actual, cuyas circunstancias han
variado, con objeto de adecuar los complementos por residencia a las
condiciones existentes en las diferentes zonas.
Entendemos también --y precisamente por ello presentamos el texto
alternativo a la moción-- que no aspira a que el Gobierno lleve a cabo
una equiparación de todas las zonas, sino que pretende estudiar y
analizar los complementos de residencia que en la actualidad se asignan a
los funcionarios públicos.
En este análisis que nosotros planteamos en esta enmienda alternativa
solicitamos, por ejemplo, la necesidad de estudiar o considerar la
evolución de diferentes factores. Es necesario estudiar para este
complemento de residencia la lejanía del territorio peninsular, porque no
es lo mismo la situación de un funcionario que viva en Baleares, que está
a 300 kilómetros de Valencia, por ejemplo, que la de un funcionario de
Canarias, que está a cerca de 2.000 kilómetros de la península, y no es
lo mismo hablar de las dificultades de transporte --afortunadamente cada
vez son menores-- que tienen los diferentes territorios, de la misma
manera que habrá de tenerse en cuenta, en mayor o menor medida, la
dificultad para proveer los diferentes puestos de trabajo.
Por lo tanto, hay que analizar diferentes factores, diferentes
condicionantes para solucionar este problema, y antes de que se inste al
Gobierno a que lo haga, es mejor, más positivo y más prudente instar al
Gobierno a que lo estudie y lo analice en coordinación y colaboración con
los que conocen mucho mejor este problema, que son los propios
funcionarios y representantes de los trabajadores. Por este motivo, la
segunda parte de la enmienda responde a que se considera que el método de
trabajo idóneo es analizar, como digo, estos y otros factores que inciden
en la cuantía del complemento de residencia para que el Gobierno,
posteriormente, adopte con elementos de juicio suficientes las medidas de
adecuación del complemento de residencia que se consideren procedentes.
Para terminar, señora Presidenta, quiero felicitarme por el consenso
habido entre todos los grupos políticos y, sobre todo, agradecer ese
consenso.
Muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, Senador Sanz.
Para la defensa de la otra enmienda presentada a esta moción por el Grupo
Parlamentario Socialista, tiene la palabra el Senador Socías.
El señor SOCIAS PUIG: Señora Presidenta, retiramos la enmienda en aras
del consenso y nos sumamos a la que ha presentado el Grupo Popular.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, Senador Socías.
¿Desea intervenir el representante del Grupo Parlamentario Mixto autor de
la moción originaria? (Pausa.) Tiene la palabra el Senador Cámara.
El señor CAMARA FERNANDEZ: Unicamente quiero agradecer la intervención
del Senador del Grupo Parlamentario Popular y, asimismo, dar las gracias
al resto de los grupos por su apoyo y recordar simplemente, sin acritud,
que lo del estudio de los funcionarios no es «ad kalendas graecas». El
señor Ministro dijo aquí que podía haber una resolución de la Comisión;
por tanto, se puede estudiar, efectivamente, pero recuerdo simplemente
que la cuestión del hecho insular se recoge en toda la legislación
existente actualmente, entre la que destaca una Ley orgánica que, por
supuesto, recoge el hecho insular como hecho diferencial. Por tanto,
nadie se puede escudar en la expresión «conjunto del Estado» para no
recoger el hecho insular
como un hecho diferencial importante en relación con la solución en este
caso del problema de los funcionarios de mi Comunidad Autónoma.
Muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, Senador Cámara.
¿Desea intervenir el representante del Grupo Parlamentario de Senadores
Nacionalistas Vascos? (Pausa.) Por el Grupo Parlamentario Catalán en el
Senado de Convergència i Unió tiene la palabra el Senador Capdevila.
El señor CAPDEVILA I BAS: Muchas gracias, señora Presidenta.
Aunque se dé por supuesto, vaya por delante, en primer lugar, mi
felicitación y la de mi grupo parlamentario, Convergència i Unió, al
Vicepresidente Primero de la Mesa del Senado por su reciente
nombramiento.
La moción consecuencia de interpelación presentada por el Senador Cámara,
del Grupo Parlamentario Mixto, insta al Gobierno a que tome las medidas
necesarias para que se reconozca el derecho a percibir el complemento por
residencia, en iguales condiciones, para el personal funcionario y
laboral de la Administración general del Estado, de la Administración
Tributaria y de la Administración de Justicia en la Comunidad Autónoma de
las Islas Baleares, equiparando, al mismo tiempo, dicho complemento al de
la Comunidad Autónoma de Canarias, Ceuta y Melilla en función del hecho
insular.
El propio Senador Cámara ha puesto de manifiesto que el pasado día 17 de
noviembre, con ocasión de la interpelación presentada, de la que trae
consecuencia esta moción, el Ministro de Administraciones Públicas, señor
Acebes Paniagua, reconoció la percepción de la retribución consecuencia
de la indemnización por residencia de destino que vienen percibiendo los
funcionarios públicos desde la promulgación de la Ley de Funcionarios
Civiles del Estado de 1964, retribución que varía proporcionalmente de
mayor a menor cantidad en función de los distintos destinos y en el
siguiente orden: Ceuta o Melilla, todas las islas del archipiélago
canario, salvo la Isla de Gran Canaria y la de Tenerife que van a
continuación. Y finalmente, se contemplan las retribuciones previstas
para las Islas Baleares y el Valle de Arán, retribuciones que reconoció
el propio Ministro que fueron actualizadas el día 4 de enero de este año.
Respecto al personal laboral, se reconoció que tampoco existía una norma
generalizada, y que dicho personal se regulaba por medio de diversos
convenios que finalizaron con motivo de la firma del Convenio único para
el personal de la Administración del Estado de 16 de noviembre de 1998.
Por consiguiente, entendemos que la retribución por complemento de
destino para los funcionarios del Estado y para el personal laboral está
más o menos regulada en toda esa normativa y en el Convenio único. Lo que
no está previsto, y así lo puso de manifiesto este Senador con ocasión de
la interpelación, es la equiparación entre la retribución que perciben
los funcionarios de las Islas Baleares con respecto a los de las islas
Canarias, equiparación que con la enmienda, presentada por el Grupo
Parlamentario Popular, que ha logrado el consenso de todos los demás
grupos, viene a someter a estudio esta cuestión para lograr un mejor
equilibrio entre funcionarios y personal laboral de las Islas Baleares
con respecto a los de las islas Canarias.
Por todo ello, nuestro grupo parlamentario apoya la enmienda presentada
por el Grupo Parlamentario Popular y, por tanto, la transacción acordada
por todos los grupos parlamentarios.
Muchas gracias, señora Presidenta.
La señora PRESIDENTA: Gracias, Senador Capdevila.
Senador Socías, ¿desea intervenir? (Asentimiento.) Tiene su señoría la
palabra.
El señor SOCIAS PUIG: Gracias, señoría.
Nuestro Grupo considera de justicia lo que se solicita en la primera
parte de la moción consecuencia de interpelación, en el sentido de que se
equipare el complemento por residencia para el personal laboral con el de
los funcionarios de la Administración del Estado en las Islas Baleares.
Nos felicitamos por el alto grado de consenso que ha suscitado esta
moción en el sentido de dejar la puerta abierta a un posterior estudio de
modificación de los complementos de residencia en todo el territorio
nacional para que de alguna manera se pueda analizar la cuestión de las
distancias. No todos estamos a la misma distancia --como muy bien nos han
recordado, Canarias está a 2.000 kilómetros y Baleares a 300 kilómetros
de las costas levantinas--, y a eso hay que añadir la dificultad de
comunicación. Es decir, un territorio puede estar muy próximo a la
península y la dificultad de comunicación ser muy evidente, como sucede
en el caso de Formentera.
Por tanto, nuestro Grupo cree que, además de valorarse la distancia o la
facilidad de comunicación, también habrá que valorar en el estudio que
realice esta Comisión la doble o triple insularidad que a veces se
produce y que dificulta, a pesar de la cercanía con el territorio
continental, el desplazamiento a la hora de hacer gestiones, y es que,
por desgracia, en un Estado autonómico como el nuestro todavía tienen que
hacerse en la capital del Estado.
Pensamos que es importante atender a la equiparación de los territorios
no continentales, adaptándonos progresivamente a lo que marcan las
normativas de la Unión Europea respecto a los territorios insulares.
Para finalizar, quiero volver a felicitarnos por el elevado grado de
consenso alcanzado. En ese sentido, tan sólo he de decir que votaremos
afirmativamente la moción.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, Senador Socías.
¿Puede entenderse aprobada por asentimiento la moción consecuencia de
interpelación? (Pausa.)
Queda aprobada en los términos de la enmienda suscrita por los distintos
Grupos.
MOCIONES:
--DE LOS GRUPOS PARLAMENTARIOS POPULAR EN EL SENADO, SOCIALISTA, CATALAN
EN EL SENADO DE CONVERGéNCIA I UNIO, DE SENADORES NACIONALISTAS VASCOS Y
MIXTO POR LA QUE SE INSTA AL GOBIERNO PARA QUE, EN LA PROXIMIDAD DE LA
FECHA QUE SE SEÑALE PARA CELEBRAR LAS ELECCIONES GENERALES, SE LLEVE A
CABO UNA CAMPAÑA ESPECIFICA, INSTITUCIONAL Y EXPLICATIVA SOBRE LA FORMA
DE UTILIZAR LA PAPELETA OFICIAL QUE EN CADA PROVINCIA SE APRUEBE PARA
ELEGIR A LOS SENADORES (662/000223).
La señora PRESIDENTA: Siguiente punto del orden del día: Mociones. Moción
de los Grupos Parlamentarios Popular en el Senado, Socialista, Catalán en
el Senado de Convergència i Unió, de Senadores Nacionalistas Vascos y
Mixto por la que se insta al Gobierno para que, en la proximidad de la
fecha que se señale para celebrar las elecciones generales, se lleve a
cabo una campaña específica, institucional y explicativa sobre la forma
de utilizar la papeleta electoral oficial que en cada provincia se
apruebe para elegir a los Senadores.
Por acuerdo adoptado en el día de hoy por la Junta de Portavoces, sólo
habrá un turno de portavoces, de cinco minutos cada uno y de mayor a
menor, para la defensa de la misma.
Por lo tanto, comenzamos por el Grupo Parlamentario Popular. Tiene la
palabra el Senador Ruiz Rivero.
El señor RUIZ RIVERO: Muchas gracias, señora Presidenta.
Señorías, la proximidad de la convocatoria de las elecciones generales
supone --como ya es sabido por todos ustedes-- la puesta en marcha de
aquello que la Ley Orgánica de Régimen Electoral General, en su capítulo
III, define como el sistema electoral. Es cierto que, en la práctica, el
grueso de ese sistema electoral lo conforman los contenidos políticos de
las distintas campañas electorales promovidas desde las diferentes
formaciones políticas, o, cuando menos, la importancia de los mensajes
programáticos dejan en la sombra al resto de cuestiones que, no por ser
de menor complejidad, encierran menor importancia.
Si bien es cierto que las administraciones públicas no escatiman ni
esfuerzos ni recursos a la hora de procurar que los contenidos
programáticos sean capaces de llegar al elector --por ejemplo, con la
cesión gratuita de espacios televisivos a los distintos partidos que
concurren a los comicios--, también es cierto que todo eso, aun siendo
necesario, no es suficiente. Falta cerciorarse, asegurarse de que la
voluntad del votante queda manifiesta en el voto sin lugar a equívocos,
porque si la decisión del elector no fuera la que deja expresa en su
papeleta del voto, o ésta debe ser anulada por errores formales, todo el
esfuerzo anterior, tanto la elaboración de los programas y campañas
electorales de los partidos políticos como el intento por parte de la
Administración para que esos contenidos lleguen a todo el mundo, hubiera
sido inútil, resintiéndose notablemente el espíritu democrático de esa
consulta electoral.
Debemos de tener la seguridad de que el voto es reflejo fiel de la opción
por la cual se ha decidido el votante, y eso, que debería ser normal,
parece que se quiebra con cierta continuidad en las elecciones de los
representantes de esta Cámara. El número de papeletas del Senado
declaradas nulas por su uso incorrecto no parece disminuir en ninguno de
los comicios celebrados a tal efecto, y la causa más evidente de esa
incorrección es, a todas luces, la obligación de completar la papeleta
del voto para dejar clara la opción política más valorada personalmente
por el individuo, dejando atrás modelos más simples que se destinan a
otras instituciones, donde basta con el sencillo ejercicio del depósito
de la papeleta del voto en la urna. Ciertamente, ése es el motivo que
provoca esa confusión.
Con ese ánimo, con el de recoger el voto emitido y con el de recoger lo
más fielmente posible la voluntad del votante, el Grupo Parlamentario
Popular suscribe la moción que hoy se presenta aquí, para que el
Gobierno, a través de una campaña específica y ante la proximidad de las
elecciones generales, sea capaz de explicar a los electores el uso
correcto de la papeleta destinada a la constitución de esta Cámara.
Para acabar, señorías, quiero decir que, entre otras, es nuestra
obligación no solamente defender y mejorar el ejercicio de la democracia
sino que debemos también procurar que ponerla en práctica sea posible y,
además, sea fácil.
Gracias, señora Presidenta.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, Senador Ruiz Rivero.
Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el Senador
Arévalo.
El señor AREVALO SANTIAGO: Muchas gracias, señora Presidenta.
Señorías, uno de los primeros problemas con los que se encuentran los
miembros de las mesas de las elecciones generales son las consultas que
inmediatamente reciben sobre el uso de las papeletas para elegir el
Senado. En las últimas celebradas, las de 1996, creo que fueron mayoría
los colegios electorales que lucían cerca de las papeletas algún escrito
--hecho por el presidente, por alguno de los vocales o por los
interventores-- sobre la forma de completar la papeleta del Senado. En
numerosas ocasiones se elevaban consultas a las Juntas Electorales, pero
su resolución de última hora muchas veces no se hacía efectiva. Se da la
circunstancia de que los electores introducen en el sobre la papeleta sin
poner las cruces en los nombres deseados, señalan más de tres nombres,
tachan algún nombre, trocean la papeleta, etcétera.
Hay que reconocer que la Junta Electoral Central y todas las Juntas
Electorales han cuidado mucho esta cuestión y, con muy buen criterio, han
señalado una interpretación sobre el voto emitido que podemos resumir
así: es válida la papeleta que no contiene dudas sobre la voluntad del
votante
y es nula la papeleta donde no es clara la voluntad del votante. Esta
doctrina irreprochable no siempre es bien interpretada por algunas mesas
electorales.
Tenemos que reconocer que es una papeleta confusa, muy extensa y que, a
veces, se presentan muchas candidaturas para conseguir acceso a la
publicidad o al censo, sin ninguna aspiración a conseguir escaños, pero
que --como están en su derecho-- se dificulta la papeleta y se la hace
más complicada.
Por otra parte, la elección de los Senadores se lleva a cabo mediante un
sistema de listas abiertas, muy reclamado para tantas otras instituciones
y que, por sí mismo, necesita ser entendido y bien utilizado. Puesto que
es reclamado para otras instituciones nosotros deberemos cuidar de que
las listas abiertas, en el caso del Senado, sean bien entendidas e
interpretadas.
Las papeletas del Senado anuladas se cuentan por cientos de miles; por
cada una de las papeletas del Congreso de los Diputados que es anulada,
se anulan 5 del Senado. Por tanto, es una situación que hay que corregir
y no hay mejor manera para hacerlo que explicar a tiempo cómo se debe
hacer la votación con esta papeleta. La elección de los Senadores tiene
que facilitarse para que los españoles puedan expresar libremente en su
papeleta la opción que desean. Además, es de justicia que el Senado tenga
la consideración que constitucionalmente le corresponde, el
reconocimiento que su trabajo merece y la atención ciudadana que a su
representación corresponde. Es preciso que no sólo su trabajo sea del más
alto nivel, como sin duda lo es, sino también que cuando llega el día de
elegir a sus miembros, los votantes conozcan sin dificultades la forma de
ejercer su derecho al voto, eligiendo libremente los de su preferencia.
Para facilitar esta labor, el Gobierno debe cumplir puntualmente uno de
sus derechos en la campaña institucional, que haya una campaña propia
clara y objetiva, y que en los medios de comunicación --públicos y
privados-- se explique la forma de ejercer el derecho al voto para elegir
los Senadores de cada provincia. El Gobierno tiene que cumplirlo. Lo
necesitan los candidatos y lo agradecerán los electores.
Muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señoría.
Por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió,
tiene la palabra el Senador Carrera.
El señor CARRERA I COMES: Gracias, señora Presidenta.
Con suma brevedad, casi telegráficamente, intervengo no sólo para
confirmar nuestra posición favorable y unánime de toda la Cámara a esta
moción presentada conjuntamente con el resto de los grupos
parlamentarios, sino también para hacer constar que a uno le es difícil
reconocer que ni siquiera en el momento de votar los votantes saben qué
hacer con las papeletas del Senado. Vendría a ser como una frustración
general tener que reconocer públicamente, y en esta Cámara, que ni en
este momento el Senado tiene la suficiente personalidad como para que sus
votantes sepan qué es lo que hay que hacer.
Nuestro Grupo, aparte de dejar constancia de esta frustración, repito, ha
firmado esta moción, y la vamos a votar favorablemente confiando en que
sirva para clarificar e informar sobre la forma de utilizar la papeleta
oficial.
Nada más. Gracias, señora Presidenta.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, Senador Carrera.
Por el Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos, tiene la
palabra su portavoz, el Senador Zubia.
El señor ZUBIA ATXAERANDIO: Gracias, señora Presidenta.
El texto de la moción que tenemos en nuestras manos lo dice ciertamente
todo. Los portavoces que me han antecedido en el uso de la palabra lo han
matizado perfectamente y, por si fuera poco, nuestra firma al texto
presentado también lo pone de manifiesto. Señora Presidenta, nuestro voto
será favorable.
La señora PRESIDENTA: Gracias, Senador Zubia.
Por el Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra el Senador Román.
El señor ROMAN CLEMENTE: Gracias, señora Presidenta.
Intervengo para anunciar nuestro voto favorable y trasladar una
recomendación que me hacía el Senador Saavedra, que considero es
razonable, por si fuera posible. Se trataría de hacer una corrección en
el mismo contenido de la moción, que consistiría en que en donde se habla
de provincias se añadiera el término «o islas». En todo caso, señorías,
estoy de acuerdo con los argumentos planteados por los anteriores
intervinientes y nuestro grupo votará también favorablemente.
Gracias, señora Presidenta.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, Senador Román.
¿Puede considerarse aprobada por asentimiento? (Pausa.)
Queda aprobada por asentimiento.
--DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL SENADO POR LA QUE SE INSTA AL
GOBIERNO A QUE RESPALDE ANTE EL CONSEJO DE EUROPA LA ASPIRACION DE LA
COMUNIDAD AUTONOMA DE LA REGION DE MURCIA A SER SEDE DEL INSTITUTO
EUROMEDITERRANEO DE HIDROTECNIA, Y A QUE COLABORE EN EL POSTERIOR
DESARROLLO Y PUESTA EN MARCHA DEL REFERIDO INSTITUTO (662/000222).
La señora PRESIDENTA: Moción del Grupo Parlamentario Popular en el Senado
por la que se insta al Gobierno a que respalde ante el Consejo de Europa
la aspiración de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia a
ser sede del Instituto Euromediterráneo de Hidrotecnia, y a que colabore
en el posterior desarrollo y puesta en marcha del referido Instituto.
Para la defensa de la moción, por el Grupo Parlamentario Popular en el
Senado, tiene la palabra el Senador Sepúlveda.
El señor SEPULVEDA RECIO: Gracias, señora Presidenta.
La iniciativa que un grupo de miembros de la Asamblea Parlamentaria del
Consejo de Europa ha tomado a principios de este año para conseguir la
creación de un Instituto Euromediterráneo de Hidrotecnia, y que hoy
queremos respaldar en esta Cámara, puede culminar en un doble éxito para
España si prospera esta moción siguiendo la senda del diálogo y del
consenso que ha emprendido desde su andadura inicial. Y este éxito puede
ser para España, en primer lugar, porque la ubicación de este organismo
en nuestro territorio va a suponer un beneficio científico, económico,
social, para el tratamiento de los problemas derivados del agua, tan
importantes hoy en día y que afectan de una manera tan especial al área
mediterránea. Y, en segundo lugar, porque gracias a esta iniciativa,
Murcia puede convertirse en la sede de este instituto, lo que la
convertiría en foco y referencia obligada para el mundo científico en
general del conocimiento y tratamiento de los diversos problemas hídricos
existentes.
Señorías, Murcia ha sido y es desde siempre una región vinculada al agua,
a su exceso, a su carencia, a su cultura, lo que le ha permitido ir
acumulando el bagaje necesario para valorar y aprovechar al máximo este
recurso natural, pero sin desperdiciar la fuente de riqueza que entraña.
Prueba de ello es el importante crecimiento de los cultivos agrícolas,
que constituyen la base especial de su exportación. La Región de Murcia
no puede desaprovechar, por tanto, una oportunidad como la que ahora se
nos ofrece, entendiendo por tal el establecimiento de un Instituto
científico de estas características, que no puede sino beneficiar en
todos los órdenes a esta región, a la España árida y, por añadidura, a
toda la cuenca mediterránea.
Señorías, me estoy refiriendo a un región dinámica y moderna, que quiere
afrontar los retos futuros de su prosperidad y ve que ésta es una buena
ocasión para ampliar el campo de actuación de todas aquellas empresas que
se dedican a la ingeniería hidrotécnica, a la implantación de nuevos
proyectos tecnológicos, en definitiva, a crear riqueza y empleo en un
sector estratégico como el de la mejora y aprovechamiento del ciclo
integral del agua, ofreciendo, asimismo, la coyuntura ideal para el resto
de regiones españolas interesadas en el mismo ámbito de actuación.
Estas son, sin duda, algunas de las razones fundamentales por las que la
moción que hoy debatimos en esta Cámara ha recibido todo el apoyo de las
instituciones murcianas, tanto de su Gobierno autonómico como de los
círculos culturales y sociales más influyentes. La manifestación más
clara de este respaldo ha tenido lugar en un reciente Pleno, celebrado el
pasado 11 de noviembre, en la Asamblea Regional de Murcia, donde todos
los partidos políticos con representación parlamentaria abordaron esta
iniciativa desde el más saludable espíritu constructivo y de consenso.
Porque no hay que olvidar que hay muchos ejemplos en la historia reciente
de Murcia, en los que se ha hecho patente la inquietud de esta región por
superar la situación de aridez o sequía de esta tierra y por encarar su
recuperación, con notables aportaciones científicas y jurídicas, como el
Instituto de Orientación y Asistencia Técnica del Sudeste, que vio la luz
al principio de la segunda mitad de este siglo, responsable de la
realización de estudios e informes básicos relacionados con el acueducto
Tajo-Segura. Y más recientemente, en 1995, la creación de un Centro de
Investigación de Tecnologías Avanzadas de Regadío, de acuerdo con el
Convenio suscrito entre la Comunidad Autónoma de Murcia y el Centro
Superior de Investigaciones Científicas. Debo mencionar también, en el
ámbito de la ciencia jurídica, la importante colaboración que empezó a
desarrollar en los años setenta el Instituto de Derecho Agrario de Murcia
en relación con el conocimiento del derecho de aguas.
Todos estos antecedentes cierran, sin duda, una idea clave, y es que, si
bien hasta ahora las tecnologías del uso y gestión del agua han sido
utilizadas fundamentalmente para la producción agrícola, no es menos
cierto que el futuro inmediato se encamina hacia el avance científico de
las técnicas de uso y aprovechamiento racional del agua para el bienestar
general de la población. El agua es un elemento vital para la mayoría de
las actividades humanas, en la industria, en el sector energético, en la
agricultura, en el transporte, para los hogares, en el campo de la
medicina, etcétera. En todos estos casos nos enfrentamos a cuestiones de
disponibilidad de estado físico, de pureza, de concentración de materias
en suspensión o disueltas y sus efectos. El estudio del agua y la
comprensión de sus múltiples funciones y usos son fundamentales para
conformar una tecnología hídrica óptima. En un futuro próximo esos
conocimientos serán fundamentales para tratar de superar esa fuente de
conflictos potenciales que la prevista escasez de agua va a suponer en
muchas regiones del mundo.
Partiendo, pues, del convencimiento general de la existencia en todo el
mundo de una problemática común relativa al uso del agua, es por lo que
el Consejo de Europa se plantea el establecimiento de un Instituto para
la gestión del agua, con el fin de ayudar a resolver los problemas
hídricos específicos de la zona mediterránea. Esta especificidad
mediterránea surge no sólo de las estrechas relaciones de vecindad, sino
también de un entramado de intereses comunes que recaen sobre los mismos
recursos hídricos y sobre cultivos también similares. Esta coincidencia
de intereses obedece, además, a la confluencia de unos factores
climáticos con unos determinados tipos de suelos y de regímenes hídricos
parecidos, que son característicos de lo que conocemos como clima
mediterráneo.
De acuerdo con un reciente análisis mundial, los dos problemas más graves
y acuciantes de la Humanidad en el próximo siglo serán el del crecimiento
de la población y el de la escasez de agua en amplias zonas geográficas.
A primera vista, el del agua podría parecer un simple problema
socioeconómico, ya que habrá lugares que tendrán
recursos de agua y medios para explotarlos mientras que otros carecerán
de ellos. Son muchas las circunstancias que harán que en las próximas
décadas la disponibilidad del agua se convierta en un grave problema para
la Humanidad. Entre ellas podríamos enumerar la escasez de agua, que
puede ser captada para su uso a costo razonable, la desigualdad entre
zonas áridas y corrientes fluviales, la irrigación intensiva para
producir cosechas más abundantes, el despilfarro que supone el agua que
se pierde por fugas en las canalizaciones, la contaminación de las
industrias que no depuran el agua que utilizan, o la irrigación que
contiene gran cantidad de pesticidas y fertilizantes contaminantes, la
explosión demográfica precisamente en las zonas más necesitadas de agua y
el cambio climático, respecto del que, si se confirman las previsiones de
incremento de la temperatura del aire en 1,5 centígrados en unas pocas
décadas, esto significará una reducción de las lluvias y del agua
disponible en ríos y lagos. (El señor Vicepresidente, Aguilar Belda,
ocupa la Presidencia.)
Por la enumeración de estos factores se resalta la importancia que se
puede derivar para España de la instalación y funcionamiento del
mencionado Instituto Euromediterráneo de Hidrotecnia, pues, en realidad,
señorías, muchas son las cosas que se pueden hacer hoy en día para luchar
contra estos problemas.
Para ello, hay que partir de la base de que la ciencia y la tecnología
actuales ofrecen un amplio abanico de posibilidades. En concreto, la
tecnología hídrica se centra precisamente en la gestión de este recurso
para distintos propósitos y en diversas condiciones. Pertenece a un campo
muy complejo y muy importante de la ciencia y de la tecnología que versa
sobre los problemas de limpieza del agua, ingeniería hidrológica,
análisis de los sistemas de recursos hídricos, previsión de inundaciones,
gestión de embalses y cauces, desalinización del agua, reciclaje,
tecnología hidráulica aplicada a los pozos, tecnología aplicada a las
válvulas y a las condiciones hídricas, tecnología de la irrigación,
depuración, acuicultura y muchos otros temas que dan una idea de lo
importante que puede ser para España respaldar este proyecto de creación
del Instituto Euromediterráneo de Hidrotecnia y su consiguiente ubicación
en Murcia.
En este sentido, disponer en España de un centro de optimación centrado
en las aplicaciones tecnológicas de este sector resultaría de gran ayuda
para transformar los conocimientos existentes y emergentes en
aplicaciones industriales dirigidas a resolver los diversos problemas
hídricos. Dicho centro, al estar concebido como parte de una red de
cooperación con otros centros, estaría además en condiciones de
garantizar sus resultados en toda la región mediterránea.
Qué duda cabe que España goza hoy de una posición singular en el
Mediterráneo, lo que le permite desempeñar un papel especial con los
demás países ribereños y, especialmente, con los del sur ante sus socios
europeos. Esto nos permite tomar la iniciativa en cuantas acciones de
cooperación se adopten entre las dos riberas para fomentar la estabilidad
y la prosperidad en la zona.
Tanto por su pasado histórico como por su situación geográfica la España
actual puede desempeñar un importante papel en el diálogo euroárabe y en
los contactos con las organizaciones internacionales de las que España es
miembro. Este es, por ejemplo, el impulso dado en el denominado proceso
de Barcelona al enfoque colectivo y global de la Unión Europea en el área
mediterránea, así como nuestro compromiso en seguir desarrollando este
proceso y ejercitando políticas en pro de las regiones que componen el
arco mediterráneo, que pueden ser sustentadas con recursos financieros
adecuados. Así lo ha puesto de manifiesto la Ministra de Medio Ambiente,
doña Isabel Tocino, en la reciente conferencia de Turín, al resaltar que
la forma más efectiva de materializar esta solidaridad es a través de la
cooperación, que tanto ha apoyado España a través precisamente de
instrumentos de cooperación como la red mediterránea del agua, de
sistemas de información como el SEMIDE, o de sus programas financieros
como el MEGA.
En definitiva, señorías --y ya concluyo--, la moción que debatimos no
pretende otra cosa que pedir al Gobierno de la Nación que apueste
decididamente, en este caso concreto, por una inversión segura y
necesaria de futuro, acorde con el rico patrimonio ambiental español, que
nos convierte en el país europeo de mayor biodiversidad y que debemos
transmitir a las generaciones futuras.
Muchas gracias. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario
Popular.)
El señor VICEPRESIDENTE (Aguilar Belda): Muchas gracias, Senador
Sepúlveda.
¿Turno en contra? (Pausa.) Pasamos al turno de portavoces.
Por el Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra el Senador Román.
El señor ROMAN CLEMENTE: Muchas gracias, señor Presidente. Estando
plenamente de acuerdo con mis compañeros de Izquierda Unida en la Región
de Murcia, siento, señorías, una profunda --y entiéndanlo-- sana envidia
de que hayan conseguido en la Asamblea de Murcia ponerse de acuerdo en
una reivindicación tan importante.
Podría decirle en este momento ¿y por qué no Almería? Yo, quizás, hubiese
deseado que esa confrontación y esa batalla por el agua, en la que
estamos sumidos en Andalucía, nos hubiera permitido que el Parlamento
andaluz hubiera promovido alguna iniciativa de características similares.
Saben ustedes que ya hemos tenido ocasión de compartir reivindicación. Lo
fue con motivo de albergar un instituto que pudiera estudiar y tomar
medidas contra la desertización. Ni Murcia ni Almería tuvimos éxito. Al
final quedó muy lejos de una zona, unos lugares, dentro del arco
mediterráneo, que sufren especialmente el problema de la desertización y
con intensidad el del agua.
La exposición de motivos podría ser perfecta e igualmente válida para una
provincia como Almería, con un espectacular desarrollo, con un problema
profundo en las necesidades de agua, tanto para abastecimiento como para
uso agrícola y también, por qué no, compartir esos estudios, ese
instituto, que tiene que ver con la gestión del agua, algo que nosotros
también necesitamos con urgencia.
Y sana envidia y, por tanto, estamos de acuerdo con esa capacidad de
diálogo y de consenso, que ha permitido a la Asamblea de la Región de
Murcia traer al Senado una iniciativa. Tomo nota.
Asimismo, quiero hacer una reflexión para mis compañeros de todo color
político, de cualquier formación política en Andalucía para que podamos
aprender que desde el diálogo y el consenso podíamos conseguir --y
podíamos haberlo hecho, Senador Cobo-- para Almería, para Granada,
también dentro de ese arco mediterráneo, algo similar.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Aguilar Belda): Muchas gracias, Senador Román
Clemente.
Por el Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos, tiene la
palabra el Senador Gatzagaetxebarría.
El señor GATZAGAETXEBARRIA BASTIDA: Muchas gracias, señor Presidente. El
Senador Sepúlveda, representante de la Comunidad Autónoma de Murcia, ha
planteado una moción parlamentaria interesante porque Murcia es una
región española que padece una gran sequía, una gran escasez de agua y,
sobre todo, se han producido varios conflictos sociales y políticos, con
ocasión de diferentes trasvases que hubo a lo largo de la legislatura
pasada, como el conflicto que tuvo el señor Ministro Borrell con los
Presidentes de las Comunidades Autónomas, en su día con María Antonia
Martínez y con el señor Bono en la Comunidad Autónoma de Castilla-La
Mancha. También se hicieron gestiones para que pudiera ir a Murcia un
centro europeo que luchara contra la desertización.
Por tanto, esta iniciativa parlamentaria es interesante, es buena, trata
de traer a una zona mediterránea, con gran escasez de agua, un instituto
técnico sobre la planificación hidrológica y sobre la problemática del
estudio del agua.
En consecuencia, a nuestro grupo parlamentario le parece muy correcta la
moción que ha defendido el Senador Sepúlveda, por lo que vamos a
apoyarla.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Aguilar Belda): Gracias, Senador
Gatzagaetxebarría.
Por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió,
tiene la palabra el Senador Beguer.
El señor BEGUER I OLIVERES: Muchas gracias, señor Presidente.
Señorías, dice el preámbulo de la moción que acaba de defender el Senador
Sepúlveda que el agua origina debates y tensiones en todos los países y
que muy concretamente en la cuenca mediterránea, debido al reparto
irregular en el tiempo y en el espacio, con ciclos de sequía importantes,
la gestión de este recurso escaso es compleja y difícil. El preámbulo
expone el agua como elemento natural para el desarrollo de actividades
económicas y como recurso escaso, especialmente en zonas áridas, como las
del sureste español, pero no sólo existen las expuestas por el Senador
Sepúlveda de la Región de Murcia, sino que el Senador Román ha hecho otra
exposición referente a Almería, y probablemente podría extrapolarse a
otros puntos de la península. Dice el preámbulo que existen zonas áridas
en la España peninsular y también en la insular y que para aprovechar ese
bien escaso se ha ido agudizando el ingenio de los ciudadanos, y es un
ejemplo a seguir en el aprovechamiento de este recurso la actuación que
se ha hecho en tal sentido en el sureste español.
Quiero relacionar este aspecto con un libro que el Ministerio de
Agricultura, Pesca y Alimentación editó en 1994, titulado «El enigma del
agua en Al Andalus», que se refiere al problema que ha supuesto el agua
en un largo periodo de tiempo porque ha sido un bien y qué es lo que ha
hecho el hombre, la Humanidad, los hispanos a través de los siglos y a
través de los árabes para el aprovechamiento del agua. En su presentación
decía la entonces Secretaria de Estado de Medio Ambiente, doña Cristina
Narbona: como los árabes, nuestra sociedad debe resolver serios problemas
relacionados con el agua, fomentar el ahorro en algunas regiones, evitar
el deterioro de su calidad, asegurar el abastecimiento en lugares
deficitarios. Tenemos a nuestro favor --decía-- una tecnología avanzada y
mayores recursos económicos, pero nos hace falta poner en marcha la
imaginación y la voluntad. Quería relacionarlo porque justamente en el
preámbulo de esta moción se hace referencia a la necesidad del ingenio
para resolver cuanto se refiere a la problemática del agua, que además de
necesitar una política de solidaridad, requiere un gran conocimiento de
los problemas, de las distintas soluciones, una política de colaboración
en distintos niveles, no sólo a escala regional sino también nacional e
internacional. Insistimos en que se requiere imaginación, ingenio y
voluntad.
Aplaudimos por tanto la iniciativa parlamentaria que se está tramitando
en la actualidad en la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa para
crear el Instituto Euromediterráneo de Hidrotecnia capaz de estudiar y de
interrelacionar los proyectos y conocimientos de centros dedicados al
agua en toda la cuenca del Mediterráneo, establecer una red de
cooperación con distintos centros, realizar un esfuerzo en la
investigación de soluciones a estos problemas, lo que sin duda ha de
rendir frutos.
La propuesta, concretamente defendida por el Senador Sepúlveda, de que en
la Región de Murcia se albergue este Instituto Euromediterráneo de
Hidrotecnia nos parece perfectamente acertada, no sólo porque sea una
zona en la que existe una inquietud, bastante continuada
desgraciadamente, por la problemática de la aridez y de la sequía, sino
porque se ha demostrado, en primer lugar, porque el Senador Sepúlveda ha
hablado de diversos centros de estudio existentes en esta región y, en
segundo lugar, porque nosotros creemos que esta voluntad, esta
imaginación, este ingenio y esta preparación lo tienen las gentes de la
Región de Murcia y, por tanto, están plenamente capacitados, naturalmente
que con la ayuda tanto del Gobierno autonómico como del central y de
aquellas instituciones que en
un momento determinado, en estos momentos el Senado, pueda dar su apoyo.
La Región de Murcia está plenamente capacitada, repito, para albergar de
un modo eficaz el Instituto Euromediterráneo de Hidrotecnia y, por tanto,
nuestro grupo, el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de
Convergència i Unió, da pleno soporte a esta propuesta.
Nada más. Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Aguilar Belda): Gracias, Senador Beguer.
Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el Senador
Gallego López.
El señor GALLEGO LOPEZ: Gracias, señor Presidente.
Señorías, la exposición del portavoz del Grupo Parlamentario Popular,
señor Sepúlveda, es lo suficientemente clara como para que suscite
nuestro apoyo y sea fruto del consenso de todos, como han manifestado los
distintos portavoces. Sé que con ella, y detrás de ella, está la
tenacidad del Senador Fernández Aguilar que hace y seguirá haciendo un
seguimiento riguroso de los avatares de este tema ante el Gobierno y ante
el Consejo de Europa.
Hablamos nuevamente del agua en esta Cámara, y en unos días en que
llueve. Se ha hablado también de ella al aprobar la reforma de la Ley de
Aguas; en el Consejo de Ministros se trató del Plan Nacional de Regadíos,
y se dejó sobre la mesa para otra ocasión el Plan Hidrológico Nacional.
Son temas donde no ha sido posible el consenso, aunque en cuestiones de
agua éste es deseable, y aún necesario, así como el acuerdo y el
encuentro, pues el agua es un asunto de Estado.
Esta tarde hablamos de un tema de consenso, de acuerdo, por el cual me
felicito. Y al hilo de la propuesta del Grupo Parlamentario Popular para
que el Gobierno respalde ante el Consejo de Europa la aspiración de la
Región de Murcia a ser sede del Instituto Euromediterráneo de
Hidrotecnia, se me ocurren varias reflexiones.
Se ha citado ya que esta propuesta se hizo también mediante moción
conjunta de todos los Grupos en la Asamblea Regional y se ha indicado a
grandes rasgos la tarea que tiene un instituto euromediterráneo de
hidrotecnia en cuanto a los contenidos que no sólo se van a quedar en los
campos de la teoría sino que también habrán de tener aplicación práctica,
concreta e inmediata en las soluciones que se deriven de la investigación
y de la experiencia acumulada de los siglos.
La existencia de un centro que aglutine, estimule y difunda los
diferentes estudios y proyectos acerca del agua y la colaboración
científica internacional redundará en beneficio de una zona, el
Mediterráneo, sometida a una operación antropológica, agrícola, turística
e industrial que está cambiando sus características naturales. Hay una
labor ingente para este Instituto Euromediterráneo de Hidrotecnia
aplicada a lo que supone el consumo humano del agua. El Mediterráneo
atrae a sus márgenes a una multimillonaria población estable, a la que se
une la presión turística estacional que regenera; hay que buscar las
técnicas para el abastecimiento del agua, y no son suficientes los ríos,
ni las aguas subterráneas ni incluso las desaladoras que se están
construyendo. Esto genera una serie de vertidos y la depuración de los
mismos para su reutilización debe llevar a cabo también un estudio de
técnicas que abaraten su coste y se puedan aplicar de una manera más
eficaz.
Y qué decir del regadío, el histórico y tradicional regadío de un
Mediterráneo, cuyo clima y suelo es adecuado para una agricultura
intensiva que necesita agua. Puntos de referencia en este centro van a
ser las técnicas de aprovechamiento y ahorro de agua, de las cuales
algunas regiones son pioneras; en la industria, algunas consumidoras de
gran cantidad de agua y productoras también de gran cantidad de residuos;
otro tema que preocupa a todo el Mediterráneo: la prevención de
catástrofes en sus dos límites: las inundaciones y las sequías extremas;
ese fenómeno al que se ha hecho referencia, que es la desertización, la
erosión y, en definitiva, el cambio climático.
Todo ello se engloba en el concepto de desarrollo sostenible, con el
presupuesto básico de considerar el agua como un recurso frágil, escaso;
y aunque renovable, las previsiones de renovación están condicionadas por
la presión que sobre ella se ejerce con más demanda, con insuficientes
medidas de depuración y reutilización, y con el agravante de la
influencia ejercida por el cambio climático, que sobre todo afecta al sur
de Europa, como antes se ha dicho.
En este contexto solicitamos que la sede del Instituto Euromediterráneo
de Hidrotecnia sea Murcia, donde ya existe, por cierto, un Instituto
Universitario del Agua, que también se ha citado. Pero también lo pedimos
porque Murcia, por su tradición y su historia, siempre ha estado ligada
al agua; lo estuvo en el pasado, lo está en el presente, y lo estará en
el futuro. El agua es, pues, también el futuro de Murcia.
Por tanto, desde nuestra experiencia, nuestra realidad y nuestra historia
podemos ofrecer en el momento actual un entorno adecuado para que se
estudie todo lo relacionado con el agua. Pero Murcia debe ser considerada
en y desde el arco Mediterráneo, donde es conocida la política de la
Unión Europea de consolidar relaciones regionales supraestatales con la
idea de incentivar la cooperación en cuestiones comunes. En este sentido,
desde 1992 las regiones españolas ribereñas del Mediterráneo empezaron a
plantearse bases comunes de política territorial. La escasez de agua y la
necesidad de que exista una gestión similar son asuntos clave, aunque a
nivel europeo los problemas tienen características distintas si se trata
de Francia, Italia, o Grecia, y adquieren mayor complejidad si
contemplamos el norte de Africa y aun el Oriente Medio.
La Conferencia de Barcelona sentó bases para la interrelación con esos
países mediterráneos, los cuales tienen un rasgó común: a todos les
preocupa el agua y tienen una larga trayectoria en lo que a su uso y
tratamiento se refiere, aunque lo más conocido sea la experiencia de la
regulación del Nilo y las tecnologías punta que se utilizan en Israel;
por cierto, adaptadas y aplicadas en Murcia con bastante éxito.
Un centro de investigación y desarrollo como debe ser el Instituto
Euromediterráneo de Hidrotecnia tiene que
proporcionar un soporte científico para las decisiones políticas que
deben adoptarse a nivel de España, de la Unión Europea y de las
relaciones euromediterráneas.
El agua no suele aparecer bien ubicada en los informes europeos sobre
ordenación del territorio, agricultura, o turismo, por la diversa
incidencia de los recursos hídricos en los distintos países y por la
diferente problemática que se genera en cada caso. Pero si la ordenación
del territorio se puede considerar como la expresión espacial de las
políticas económica, social, cultural y ecológica de toda sociedad --tal
como fue definida en la Carta Europea de Ordenación del Territorio, en
1982--, la planificación territorial se muestra como un instrumento
adecuado para el desarrollo interregional; y en ella tiene cabida la
planificación hidrológica, que en sus grandes líneas debe ser
suprarregional, y en algunos extremos, supranacional.
Se abre, pues, un amplio campo de trabajo para los estudiosos del agua en
todo el Mediterráneo. La repercusión de sus investigaciones en otros
campos, como la economía y la sociología, dará lugar a expectativas
atrayentes; e incluso las decisiones políticas que se tomen en el
Mediterráneo habrán de tener en cuenta el agua: la que hay, la que falta,
las nuevas fuentes, y la depuración, por supuesto. Por eso también la
geoestrategia tendrá que considerarla.
Podríamos seguir enumerando razones y temas que llenan de contenido a un
organismo que está llamado a ser el punto de confluencia de todo lo que
hasta ahora está disperso en foros locales, desde los cuales emanarán
hacia el Instituto Euromediterráneo de Hidrotecnia los conocimientos
suficientes para aplicar soluciones eficaces a este problema.
Por todo ello, apoyamos esta moción --con el añadido particular de que yo
soy murciano--, y esperamos contar en España, en Murcia, con el Instituto
Euromediterráneo de Hidrotecnia.
Muchas gracias. (Aplausos.)
El señor VICEPRESIDENTE (Aguilar Belda): Gracias, Senador Gallego López.
Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el Senador
Sepúlveda.
El señor SEPULVEDA RECIO: Gracias, señor Presidente.
En primer lugar, agradezco el apoyo de los portavoces de todos los grupos
parlamentarios.
En cuanto al Senador Román Clemente, estoy convencido de que Almería
sería una magnífica sede de este Instituto, pero me va a permitir que en
este caso arrime el ascua a mi sardina y lo dejemos en Murcia, provincia
que, como bien se ha dicho aquí, cuenta con una sensibilidad especial
para todo lo relacionado con el agua.
También quiero tener un recuerdo especial para el Senador Gallego, del
que sé que lleva mucho tiempo defendiendo todos los intereses del agua de
Murcia y, por Murcia, para la región. Desde luego hay algo claro: desde
el consenso se pueden conseguir las metas más importantes para todos.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Aguilar Belda): Muchas gracias, Senador
Sepúlveda.
Terminado el debate, vamos a pasar a la votación.
¿Puede entenderse aprobado por asentimiento? (Pausa.) Queda aprobada.
--DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA POR LA QUE SE DECLARA QUE LA
CONSOLIDACION DE LAS EXPECTATIVAS DE PAZ Y VALORES DEMOCRATICOS REQUIERE
LA RENUNCIA Y LA CONDENA DE LOS ATAQUES, SABOTAJES Y DEMAS FENOMENOS QUE
CONSTITUYEN LA LLAMADA VIOLENCIA CALLEJERA COMO MEDIO PARA CONSEGUIR
REIVINDICACIONES POLITICAS, POR LA QUE SE EXIGE A LOS GRUPOS Y
ORGANIZACIONES QUE PLANEAN Y REALIZAN TALES ACCIONES EL CESE INMEDIATO DE
LAS MISMAS, Y POR LA QUE SE INSTA AL GOBIERNO A LA ADOPCION DE DIVERSAS
MEDIDAS A ESTE RESPECTO (662/000221).
El señor VICEPRESIDENTE (Aguilar Belda): Pasamos, a continuación, a
debatir la moción del Grupo Parlamentario Socialista por la que se
declara que la consolidación de las expectativas de paz y valores
democráticos requiere la renuncia y la condena de los ataques, sabotajes
y demás fenómenos que constituyen la llamada violencia callejera como
medio para conseguir reivindicaciones políticas, por la que se exige a
los grupos y organizaciones que planean y realizan tales acciones el cese
inmediato de las mismas, y por la que se insta al Gobierno a la adopción
de diversas medidas a este respecto.
A esta moción se ha presentado una enmienda por los Grupos Parlamentarios
Popular en el Senado, Socialista, Catalán en el Senado de Convergència i
Unió, Senadores Nacionalistas Vascos y Mixto. En consecuencia y de
conformidad con lo previsto en el artículo 2.1 de la norma supletoria de
la Presidencia del Senado sobre tramitación de mociones, se entenderá que
esta enmienda sustituye a la moción.
Para la defensa de la enmienda a la moción, tiene la palabra, por tiempo
de diez minutos, el Senador Rojo.
El señor ROJO GARCIA: Muchas gracias, señor Presidente.
Cuando el 16 de septiembre de 1998 ETA anunció el alto al fuego
indefinido, aquella decisión fue recibida por todos con alivio y
esperanza, también con prudencia, porque no era todavía la paz. Por fin
llegaba la hora de construir y de normalizar definitivamente la vida
política en Euskadi. Pero todos éramos conscientes de que la suspensión
indefinida de atentados terroristas se hacía bajo condición de satisfacer
las reivindicaciones políticas soberanistas de ETA y con la amenaza
implícita en la tregua de volver a cometer atentados, si no había tales
concesiones políticas. Esto desgraciadamente es lo que nos ha trasladado
ETA en su comunicado el 28 de noviembre.
Han transcurrido 14 meses desde entonces y este tiempo nos ha dejado a
todos claro el alcance del alto al fuego que ETA anunció. No fue una
tregua completa, sino limitada a la acción directa de otros comandos. No
fue una suspensión de todas las formas de violencia practicadas con fines
políticos de ETA y las organizaciones de su entorno, sino una suspensión
limitada a aquellas de mayor gravedad, como los secuestros y los
asesinatos. De este modo continúa ejerciéndose, como ocurría antes de su
tregua, violencia contra personas y sectores sociales con fines
políticos. No es una violencia que mata, pero sí es una violencia que no
deja vivir. Hoy sigue habiendo como antes continuas coacciones y amenazas
a ciudadanos del tipo y condición que ellos eligen.
Hasta abril pasado, el país padeció una fuerte oleada de coacciones,
amenazas y atentados de violencia callejera, que se interrumpieron tras
la Semana Santa, remitieron durante la campaña electoral de las
elecciones del 13 de junio, y han vuelto a recrudecerse en las últimas
semanas.
El 18 de mayo el «Lehendakari» y1os grupos parlamentarios nacionalistas
firmaban el acuerdo de bases de colaboración parlamentaria, que contiene
un capítulo de principios políticos que tratan de avanzar sobre una
apuesta inequívoca por las vías exclusivamente políticas y democráticas:
abogar por la desaparición plena de todas las acciones y manifestaciones
de violencia y obligación de afrontar las dificultades con el compromiso
de que todas las energías, iniciativas y respuestas sean canalizadas a
través de procedimientos estrictamente democráticos. Desgraciadamente
tampoco esta posición política ha conseguido ser eficaz hasta el momento
como las acciones continuas de violencia callejera se encargan de
demostrar.
El «Lehendakari» en el Pleno de política general del 24 de septiembre se
consideró moral y políticamente obligado a hacer expresa su posición
política sobre la violencia callejera. Para ello decía: Es preciso
también desterrar definitivamente la práctica de la violencia callejera.
No sólo anunció un objetivo, sino que fijó un compromiso: hay que ir a un
espacio de ausencia de violencia. La violencia no contribuye, dificulta
el proceso político, es una práctica contraria a los derechos humanos; es
una práctica que descalifica a quien la ejerce y sus objetivos, que
justifican el inmovilismo, que no se corresponde con una apuesta por las
vías políticas y democráticas. En definitiva, enfatizaba, cualquier tipo
de violencia es éticamente condenable, moral y humanamente rechazable y
políticamente injustificable. --Esto lo decía el «Lehendakari»,
transmitiéndolo a la sociedad vasca--.
Cuando han pasado dos meses, todo lo que el Lehendakari puso de
compromiso ha quedado en intenciones, y donde había ilusión ha quedado
frustración.
El Pleno del Parlamento Vasco del pasado 5 de noviembre debatió sobre la
violencia callejera. No hubo forma de que se llegara a un compromiso
entre las fuerzas políticas nacionalistas que apoyan al Gobierno; ni
tampoco prosperó un acuerdo entre todas las fuerzas políticas
democráticas en la Cámara vasca. No hubo acuerdo en nada. La pregunta
sería: ¿Por qué viene fracasando esta política en la erradicación de la
violencia callejera? A mi juicio, porque le faltan referentes de
principios. La violencia no es algo que habrá de desaparecer en el futuro
como consecuencia de un proceso, sino un factor incompatible con el
proceso mismo, si es que se quiere que éste sea democrático.
Me van a permitir que les lea lo que el Diputado General de Guipúzcoa
hizo público ante los recientes atentados de violencia callejera: Digan
lo que digan, por mucho que hablen de libertad, por mucho que se
consideren «abertzales» y «gudaris», por mucho que se refieran al
contexto y a no sé qué causas, quienes prenden fuego y queman la libertad
de pensamiento, persiguiendo y coaccionando a ciudadanos por su
ideología, son fascistas.
Señorías, hoy sigue habiendo, como antes, continuas coacciones y amenazas
a cargos públicos para impedirles el libre ejercicio de la representación
política de los ciudadanos que los han elegido. Hoy sigue habiendo, como
antes, amenazas a sectores sociales y a personas claves en el
funcionamiento democrático de la sociedad: a periodistas, para coartar la
libertad de información; a jueces y tribunales, para condicionar su
independencia a la hora de impartir justicia. Hoy sigue habiendo, como
antes, intentos de extorsión a empresarios, bajo amenaza de atentar
contra su vida y sus bienes si no contribuyen económicamente a ETA. Hoy
sigue habiendo, como antes, coacciones y amenazas a los enseñantes, para
impedirles el libre ejercicio en los institutos y en la Universidad. Hoy
sigue habiendo, como antes, actos de vandalismo y sabotaje contra sedes
de partidos políticos, bienes y establecimientos de cargos públicos,
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y empresas públicas y privadas.
Sabemos, además, que esta violencia con fines políticos obedece a una
estrategia planificada, y que la ejecución de ésta, hoy como antes de la
tregua, se ha encargado a personas y grupos cuya referencia política está
en el entorno de ETA.
Señorías, ETA es la única responsable de la situación de violencia que
padecemos y que, desgraciadamente, quiere recrudecer a partir del 3 de
diciembre. Esta violencia, señorías, se dirige selectivamente contra
quienes no estamos de acuerdo ni con la autodeterminación ni con la
soberanía ni con la construcción nacional vasca, entendidas como claves
políticas que conducen a la separación de España como meta política en el
sentido que la dogmática radical reivindica, y que nos lleva a la ruptura
social y no a la convivencia en paz.
Señorías, esta convivencia democrática en Euskadi se viene construyendo y
se construirá en el futuro desarrollando el proyecto político de
autogobierno que iniciamos con la Constitución Española y con el Estatuto
de Autonomía. Por eso, quienes creemos en estos valores, reclamamos
nuestro derecho a defender una política autonomista y constitucionalista,
con plena libertad, sin sufrir por ello coacciones, amenazas, extorsiones
o atentados. Y reclamamos más aún: la protección y el amparo de las
instituciones democráticas, del Parlamento y del Gobierno.
La tregua de ETA abrió una importante expectativa en la ciudadanía. Hoy,
esa expectativa se ha quebrado, ETA
es la responsable, y también aquellos que secundan sus órdenes.
La posibilidad de que termine la violencia como medio de conseguir
reivindicaciones políticas es deseada por todos. Los socialistas no
queremos frustrar ni contribuir a frustrar estas esperanzas, pero la
tregua no acabó con la violencia --hoy lo sabemos bien--, y no podemos
conformarnos con que esto siga siendo así. La violencia debe desaparecer
para que el debate político sea libre. Por eso, las expectativas
suscitadas en su momento por la tregua de ETA no nos llevaron a ser
complacientes con el entorno social que apoya y justifica la violencia,
sino muy exigentes. Ellos tienen que asumir que lo coherente con las
esperanzas de paz es que también se suspenda definitivamente toda
violencia. Y deben desaparecer sin condiciones. Es una cuestión de
principios democráticos, de derechos y libertades, que cualquier
demócrata debe defender con pasión. Lo contrario, señorías, es fascismo.
Cuando partidos políticos deben decidir sus posiciones bajo coacción y
amenaza, hay fascismo. Cuando sectores neurálgicos de una sociedad no
pueden ejercer su función sin sufrir coacciones o atentados, hay
fascismo. Y hoy, en Euskadi, desgraciadamente, señorías, hay fascismo, y
los comportamientos y agresiones fascistas los soportamos casi
exclusivamente quienes no claudicamos ante las reivindicaciones
extremistas.
Por eso, señor Presidente, señorías, el Grupo Parlamentario Socialista
plantea a la Cámara la aprobación de la moción que estamos debatiendo,
con las enmiendas que hemos suscrito los grupos parlamentarios, en la que
pedimos que el Senado apoye y ampare a todos los ciudadanos coaccionados,
amenazados o que se ven amedrentados por el mantenimiento de sus
legítimas ideas.
Señorías, lo que se plantea en esta moción es una básica cuestión de
libertad, no sólo de seguridad y solidaridad. El libre ejercicio de
pensar y expresar como uno quiere es el principio básico de la
democracia. Por eso, pido el apoyo de la Cámara y el compromiso de las
autoridades competentes para que promuevan las condiciones y remuevan los
obstáculos que vienen impidiendo esta libertad.
También se pide una declaración pertinente del Senado para la
consolidación de las expectativas de paz, la exigencia de la renuncia y
condena de la violencia como medio para conseguir reivindicaciones
políticas y, consecuentemente, solicitamos la condena de los fenómenos de
violencia callejera, la exigencia de que quienes la practican cesen de
inmediato en la misma y que el Estado persiga con diligencia y eficacia
tales acciones delictivas que garanticen la libertad y la seguridad de la
ciudadanía.
Para ello, señorías, resulta imprescindible la cooperación entre
gobiernos, el del señor Aznar y el del señor Ibarretxe, y la de todas las
fuerzas políticas democráticas por encima y más allá de que se comparta o
no la política.
Señorías, termino pidiendo a la Cámara el apoyo a esta moción. Se lo pido
por imperativo democrático, porque más allá de nuestras diferencias
políticas lo que reclamamos es libertad, algo que puede resultar
incomprensible en una sociedad democrática, pero es una realidad que no
podemos obviar.
Señor Presidente, señorías, tienen que saber una vez más los terroristas
y quienes les apoyan que no nos resignaremos ni un minuto a sufrir
coacciones, amenazas o violencias, que no consentiremos que la sufra
nadie por mantener opiniones contrarias al proyecto político de quienes
justifican la violencia para conseguir fines políticos, y que pediremos
en todo momento que las instituciones protejan la libertad y seguridad de
todos. Es un deber el que tenemos como miembros de esta Cámara para con
quienes sufren la violencia, y les pido por ello su voto favorable.
Gracias. (Aplausos.)
El señor VICEPRESIDENTE (Aguilar Belda): Gracias, Senador Rojo.
Abrimos turno de portavoces.
Por el Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra el Senador Román.
El señor ROMAN CLEMENTE: Gracias, señor Presidente.
Intervendré con brevedad, pero no por ello con menos intensidad, para
mostrar la satisfacción por el acuerdo al que hemos podido llegar todos
los grupos sobre este texto para el que se han hecho con generosidad
todos los esfuerzos y que refleja el sentir --así lo deseo y espero-- de
esta Cámara de hacer frente a esta grave situación, y mucho más en unos
momentos con una realidad distinta a la que existía en el momento en que
se registró la moción.
Por tanto, mis palabras serán, como he dicho antes, breves pero firmes en
la defensa de esta iniciativa que todos hemos acordado.
Gracias, señor Presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Aguilar Belda): Gracias, Senador Román.
Por el Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos tiene la
palabra el Senador Zubia.
El señor ZUBIA ATXAERANDIO: Gracias, señor Presidente.
Señorías, la iniciativa que en forma de moción nos trae a este Pleno el
Grupo Parlamentario Socialista está en la línea de otras que este mismo
Grupo ha presentado en las últimas fechas en distintas instituciones.
Recientes son, en este sentido, los debates habidos en el Parlamento
Vasco y en el Ayuntamiento de Bilbao, por citar dos ejemplos
significativos, que han tenido especial eco en los medios de
comunicación.
La base sobre la que se sustentan todas estas iniciativas, y por ende la
moción hoy defendida por el Senador Rojo, se halla en la denominada
violencia callejera o, si alguno de ustedes lo prefiere, en la no menos
conocida «kale borroka».
Ciñéndonos exclusivamente a la iniciativa presentada en esta Cámara, es
obligado decir de entrada que poco podía sospechar el grupo proponente el
día de su presentación, el 22 de noviembre, es decir, hace tan sólo ocho
días, que este debate de hoy se iba a producir en condiciones bien
distintas a las que se daban el referido día 22.
Debatimos la moción que nos ocupa en un contexto y unas circunstancias
que, desgraciadamente, poco o nada tienen que ver con las de hace ocho
días.
El Grupo Socialista presentaba su iniciativa estando plenamente vigente
la tregua de ETA, pero su defensa y consiguiente debate tienen lugar en
un momento en que esa tregua tiene fecha de caducidad. Es ésta una
realidad, una cruda realidad que no puede ocultarse, que debe estar
presente en el día de hoy en esa Cámara, y de la que procede dejar
constancia.
Me limitaré tan sólo a eso, a poner de manifiesto que la cuestión que
centra nuestro debate, la violencia callejera, con toda la gravedad que
encierra --que no es poca--, no es que vaya a pasar exactamente a un
segundo plano, pero sí pasa a encuadrarse dentro de unas coordenadas en
un escenario o marco mucho más amplio, que supera al actual, y que lo
hace mucho más inquietante y preocupante.
Este nuevo marco al que me refiero, señorías, nos exige a todos --y lo
digo con mayúsculas--, a todos, retomar de forma inmediata cuantos
esfuerzos sean necesarios para evitar, no ya que la violencia callejera
desaparezca, que también, sino que ETA vuelva a actuar.
No es momento, por tanto, de reproches ni de ahondar en diferencias.
Tampoco de resignación. Quedan tres días para llegar a ese 3 de diciembre
que todos hemos marcado en nuestro calendario y al que dirigimos
permanentemente la mirada. Aprovechémoslos para la reflexión, el análisis
y, sobre todo, y ahora más que nunca, para el diálogo.
Pero volvamos, señorías, al contenido estricto del debate de hoy, que es,
como decíamos, el de la violencia callejera.
Hace justamente dos meses, con motivo del debate de política general
celebrado en el Parlamento Vasco, el «Lehendakari», a la hora de hacer
una valoración de la situación del momento y del camino recorrido desde
la perspectiva del proceso de paz, señalaba expresamente que veía
indicadores positivos de avance más que indicadores negativos. Y
precisamente entre los elementos o indicadores negativos, señalaba de
manera expresa los brotes puntuales de violencia callejera.
Ya sé que a muchos de ustedes el término «puntuales» utilizado por el
«Lehendakari» a la hora de referirse a los brotes de violencia callejera
les parecerá excesivamente benevolente, pero, créanme, señorías, nada más
lejos de la intención del «Lehendakari» al emplear el mencionado vocablo
que minusvalorar u ocultar la gravedad de tales acciones violentas. Lo
que el «Lehendakari» quería resaltar era --y esto responde a datos
totalmente objetivos y contrastables-- que los actos encuadrados dentro
de eso que se ha dado en llamar violencia callejera, no sólo no han
aumentado desde la declaración de tregua de ETA sino que han disminuido,
y que tal disminución se ha producido, además, de manera muy notable y
muy considerable.
¿Y qué es lo que ocurre? Pues algo muy simple. Que hasta entonces, hasta
la tregua, la acción de ETA eclipsaba en muy buena medida esa violencia
callejera, que se movía en un discreto segundo plano --si se me permite
la expresión-- fundamentalmente por lo que a nivel de medios informativos
se refiere. Pero existía --¡vaya si existía!--, y con una virulencia en
nada comparable a la de los últimos 14 meses.
Desaparecida por suerte la violencia de ETA, la callejera adquiere un
mayor protagonismo que no significa, ni debe confundirse, con un
incremento o recrudecimiento de la misma, entre otras cosas porque, como
ha quedado dicho, lisa y llanamente no se corresponde con la realidad.
Señorías, precisamente ésta ha sido una de las cuestiones que nos
generaban una mayor preocupación en relación con el texto de la moción
que ahora debatimos, en tanto que en el mismo se habla --felizmente
podemos decir ya se hablaba-- de un recrudecimiento de la violencia
callejera desde que se celebraron las últimas elecciones autonómicas, lo
que era tanto como decir desde el anuncio de la tregua dada la práctica
coincidencia de fechas.
Como digo, en el texto final, consensuado entre todos los grupos
parlamentarios, ha quedado reflejado este extremo en lo que, sin duda,
son sus justos términos, ya que se habla, no ya de recrudecimiento, sino
de un fenómeno que persiste.
Podría pasar ahora a referir otras diferencias que manteníamos respecto
al texto originario de la moción, pero, vista la disposición del grupo
autor de la iniciativa --justo es reconocerlo-- y la posición abierta que
han mantenido todos los grupos, sin excepción, de esta Cámara a la hora
de buscar un acuerdo unánime, no tendría sentido por mi parte hurgar en
algo superado que ha quedado felizmente convenido. No es, además, momento
--lo decía con anterioridad-- de hablar de desencuentros o dudas, sino de
acuerdos. En este caso, el acuerdo se ha alcanzado y es pleno.
El texto consensuado viene a recoger el sentir y la posición de los
grupos de esta Cámara, incluido el del Grupo Parlamentario de Senadores
Nacionalistas Vascos. Todos, todos hemos aportado algo y todos, todos
hemos renunciado a algo, pero éste, y no otro, es el camino.
La moción que dentro de unos momentos vamos a aprobar consta de cuatro
puntos, además de su parte introductoria o expositiva. De ésta, de la
parte expositiva, tan sólo les diré que, si proceden a la lectura de su
primer párrafo, comprobarán que recoge, casi literalmente, el propio
discurso del «Lehendakari» en el último debate de política general. El
«Lehendakari», tras resaltar la necesidad de profundizar en los textos de
distensión y humanización, dedicaba todo un apartado de este capítulo a
la violencia callejera. Como el Senador Rojo ha dicho hace un momento,
decía: La violencia no contribuye, dificulta el proceso político; es una
práctica contraria a los derechos humanos; es una práctica que
descalifica a quien la ejerce y sus objetivos, que justifica el
inmovilismo y que no se corresponde con una apuesta por vías políticas y
democráticas. Añadía: En definitiva, quiero hacer expresa mi posición al
respecto de que cualquier tipo de violencia es éticamente condenable,
moral y humanamente rechazable, y políticamente injustificable. Palabras
éstas nada equívocas del «Lehendakari» que este grupo parlamentario hace
suyas y que forman parte, incluso literalmente, de la moción que vamos a
aprobar.
En cuanto a la parte dispositiva de la moción finalmente resultante, que
consta de cuatro puntos, he de señalar que el primero consiste en una
declaración del Senado; viene a ser una especie de compendio de cuanto se
contiene en el preámbulo, y a ello se ha referido expresamente el Senador
Rojo. Los tres restantes están dirigidos al Gobierno. No voy a entrar
ahora en la exposición pormenorizada de su contenido; lo ha hecho ya el
grupo autor de la iniciativa y, sin duda, lo harán también quienes me
sigan en el uso de la palabra.
Todos ellos, los cuatro puntos, tienen su importancia --lo digo para que
no haya dudas-- y con todos ellos estamos plenamente de acuerdo. Pero sí
deseo referirme, si quiera brevemente y de manera específica, al punto
número 3, es decir, a lo que denominamos en el texto consensuado gestos
de distensión y humanización y búsqueda de consenso para promover una
verdadera cultura de paz. Sin olvidarnos del resto, en este punto
depositamos una buena parte de nuestras esperanzas. No podemos, señorías,
estar más tiempo anclados en el enfrentamiento dialéctico, y lo ha dicho
también el «Lehendakari». Es necesario sustituir la fase de confrontación
por una fase de entendimiento; la cultura, si como tal puede
considerarse, de la confrontación debe ser sustituida por una cultura de
la paz.
Llegado a este punto, señorías, no puedo resistirme a la tentación de
leerles íntegramente el mencionado punto 3: Se insta al Gobierno a
profundizar en los gestos de distensión y humanización, y a promover
buscando el consenso político y la colaboración con las demás
instituciones, especialmente las autonómicas, una verdadera cultura de
paz, empezando por los comportamientos, las actitudes y los medios
empleados en la democracia para la defensa de las ideas, propuestas u
opciones de cada cual. ¡Ojalá! seamos capaces de poner en marcha este
texto, que dentro de unos momentos vamos a aprobar, desde ahora mismo.
Este, y no otro, es el deseo de este portavoz y de su grupo
parlamentario, que celebra el acuerdo alcanzado aunque el momento no se
preste precisamente a celebraciones.
Muchas gracias. (Aplausos.)
El señor VICEPRESIDENTE (Aguilar Belda): Gracias, Senador Zubia.
Por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió,
tiene la palabra el Senador Carrera.
El señor CARRERA I COMES: Muchas gracias, señor Presidente.
Señorías, en el transcurso de estos últimos días comentaba al portavoz
del Grupo Parlamentario Socialista, Senador Laborda, si dada la situación
actual --con el anuncio del fin de la tregua por parte de ETA-- tenía
razón de ser el debatir una moción sobre la violencia callejera. Incluso
había un párrafo --no digo hay-- en la exposición de motivos todavía más
explícito, que decía que la situación de violencia así generada es
contradictoria con el alto el fuego indefinido declarado por ETA en el
mes de septiembre de 1998 y, de persistir, frustrará la oportunidad y
expectativas de paz que aquella declaración suscitó en la sociedad vasca,
haciéndolas inverosímiles.
La situación ha variado y las expectativas de paz no dependen ahora de
más o menos violencia sino de otras coordenadas bien distintas. Por mi
parte, les diría todavía más, que el primer punto de la moción hacía
referencia a la consolidación de las expectativas de paz y valores
democráticos y sigo creyendo que hablar hoy de que las expectativas de
paz pueden variar según la violencia --cuando se ha roto la tregua por
parte de ETA-- en principio, deja o dejaba a la moción fuera de lugar en
el tiempo.
Haciendo un poco de historia les diré que incluso hablé con la Senadora
Vindel y ella me comentó la posibilidad de una declaración conjunta o
institucional que asumiera el fondo y el espíritu de la moción, y debo
decir que, en estos momentos de contactos, yo hubiera apostado claramente
por esta declaración institucional --que sin duda asumiera el espíritu de
la moción-- dado el momento en el que estamos.
Incluso, como recordará el Senador Laborda, apostaba en algunos momentos
por el hecho de que se hubiera retirado la moción y, con toda libertad y
franqueza parlamentaria, le planteaba si no sería bueno retirarla y
promover otro tipo de iniciativa. Me daba la sensación --aunque al final
voy a reconocer que no es así-- de que cuanto menos interfiramos en estos
momentos, aunque sea con pleno derecho porque lo tenemos, en la toma de
posiciones, contactos, estrategias y voluntades, será mucho mejor. De
todas formas, la situación es la que es, la moción está aquí y, por
tanto, mantenemos este debate y su votación correspondiente.
Se han planteado distintas posibles enmiendas, han continuado los
contactos a fin de encontrar una posición consensuada y, finalmente,
tenemos una enmienda de sustitución, defendida por el Senador Rojo, que
parece que vamos a apoyar todos los grupos. Esta es una situación nueva
que me parece que realmente hay que remarcar. Porque no es ésta una
cuestión que en estos momentos deba servir para posicionamientos
partidistas aunque éstos fueran legítimos.
Por lo tanto, es cierto que todas mis reflexiones anteriores, todas las
dudas que he comentado a sus señorías quedan superadas por el texto de
esta enmienda de sustitución, al quedar superados estos planteamientos
iniciales con la modificación del texto, ya que se habla de la
incorporación de la violencia callejera protagonizada por determinadas
bandas --que anteriormente no se hacía referencia a ello--; se remarca
que persiste todavía en el País Vasco y en Navarra --cosa de la que
tampoco se hacía mención--; se hace constar la supresión del alto el
fuego por expectativas y por la voluntad de paz existente en la sociedad
vasca, se incorpora que deben ser las autoridades policiales y judiciales
quienes persigan de oficio estas actividades delictivas, así como los
puntos concretos de la moción, en especial el 1, 3 y 4. En cuanto al 1,
se habla de incompatibilidad entre valores y principios democráticos y la
llamada violencia callejera; en el 3, se dice que hay que profundizar con
gestos --y éstos son importantes-- y, en el 4, se incorpora que hay que
buscar la cooperación eficaz entre las distintas administraciones y que
el País Vasco debe
adecuarse al marco de los acuerdos alcanzados en la Junta de Seguridad
prevista en el artículo 17.4 del Estatuto de Autonomía del País Vasco.
Finalmente, con este debate --me permito decir sereno y acotado--,
hacemos una buena y ajustada aportación a este momento delicado, pero
sigo creyendo que no está cerrado a algunas expectativas de futuro.
Por lo tanto, Senador Zubia, me sumo a este reto, a este grito de
responsabilidad que usted ha dejado en esta Cámara para que todos juntos
seamos capaces de superar este momento delicado y esta responsabilidad
conjunta ayude a estas expectativas de futuro.
Gracias, señor Presidente. (Aplausos.)
El señor VICEPRESIDENTE (Aguilar Belda): Gracias, Senador Carrera.
El Grupo Parlamentario Socialista no hace uso del turno de portavoces.
Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el Senador Escobar.
El señor ESCOBAR DE LAS HERAS: Gracias, señor Presidente.
Efectivamente, compartimos con quienes me han precedido en el uso de la
palabra que es tiempo de consenso, que es tiempo de unidad, y por ello no
quisiera apartarme del texto de la moción que vamos a aprobar, del debate
sereno y acotado --me parecen certeras esas palabras--, porque, señorías,
creemos que el texto final que esta Cámara aprobará ilustra
meridianamente la unánime voluntad --y esto es importante-- de los
partidos aquí representados y, por extensión, en general, a la sociedad.
En nombre de mi grupo --ahora con mayor motivo que nunca--, hemos de ser
una sola voz y debemos recoger el clamor de todo un pueblo, de toda una
sociedad, y apostar por la paz, y cuando se apuesta por la paz se ha de
hacer en toda su dimensión.
Señorías, construir la paz efectivamente implica atajar, perseguir,
condenar, con toda la firmeza que sea necesaria, todo tipo de violencia,
y todo tipo de violencia incluye por supuesto a la violencia callejera. Y
es menester recordar que, desdichadamente, se han producido 413 episodios
de violencia callejera en el País Vasco desde aquel lejano 16 de
septiembre de 1998. Y en este planteamiento y en este contexto este
partido mantiene y mantendrá el más firme compromiso en esa apuesta por
la paz desde el consenso, desde la colaboración, desde la firmeza y
también desde el marco constitucional.
Pero hablar de paz, señorías, en los municipios vascos es, en primer
lugar, reconocer una vez más la extraordinaria labor de todas las
administraciones responsables, la cooperación, la colaboración y entrega
de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, de la Policía Autónoma Vasca y de
los propios partidos políticos. Y en este contexto, es menester traer a
esta tribuna este anhelo compartido, hay que poner aquí de manifiesto,
recordar y ensalzar, que en la consolidación de la paz hay unos
protagonistas principales. Esos protagonistas son, precisamente, las
ciudadanas y los ciudadanos de la tierra vasca y, especialmente, aquellos
que, como nosotros, señorías, defienden unas siglas políticas; aquellos
que, como nosotros, militan, simpatizan o, simplemente, representan a su
gente, que es, en definitiva, lo que nosotros hacemos: representar a la
gente que nos ha elegido. Es ocasión de reconocer su ejemplar aportación
en la erradicación de la violencia callejera. Y es menester hacer un
ejercicio de reconocimiento colectivo a su labor, precisamente porque
conviven cotidianamente con la violencia callejera, porque la sufren,
muchas veces en silencio, de manera anónima, y porque están pagando
diariamente un precio callado para que esa paz titubeante pueda ser una
realidad cotidiana en el País Vasco. Es menester, insisto, señorías,
rendir un especial tributo a esa gente que, anónimamente, está desafiando
diaria y cotidianamente episodios de violencia.
Estas consideraciones nos llevan inevitablemente a lo que aquí se ha
planteado, a lo que planea en estos momentos sobre la mente de todos, que
es esa preocupación compartida que supone la ruptura de la tregua por
parte de ETA. Un hecho que, desdichada y desafortunadamente, nos hace
rebasar la letra de esta moción y parece condenarnos a retroceder en el
tiempo, en ese tremendo error, como decía el Presidente Aznar.
Señorías, el camino andado, el avance de toda una sociedad, no puede ni
debe desmoronarse así como así; muy al contrario, nos corresponde ahora a
los aquí presentes, a los Senadores y Senadoras, redoblar los esfuerzos
de todos en torno a la libertad, con serenidad, con firmeza, pero
también, señorías, con esperanza. Y aunque quizás éste no sea el momento
para licencias poéticas, ya que hablamos de andar, yo creo que es bueno,
saludable, permitirnos esa concesión a la licencia poética, a Machado, de
que se hace camino al andar y que al volver la vista atrás, se ve la
huella que nunca se ha de volver a pisar. Es tiempo de caminar juntos y
no volver a pisar huellas indeseables.
Es todo, muchas gracias. (Aplausos.--La señora Presidenta ocupa la
Presidencia.)
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señoría.
¿La moción enmendada puede entenderse aprobada por asentimiento? (Pausa.)
Queda aprobada.
--DEL GRUPO PARLAMENTARIO CATALAN EN EL SENADO DE CONVERGéNCIA I UNIO POR
LA QUE SE INSTA AL GOBIERNO PARA QUE, A TRAVES DEL CONSEJO
INTERTERRITORIAL DE SANIDAD, ANALICE LAS NECESIDADES SOCIALES, NUMERO Y
PERFIL PROFESIONAL DE MEDICOS ESPECIALISTAS PARA LOS PROXIMOS DIEZ AÑOS
EN ESPAÑA (662/000218).
La señora PRESIDENTA: Moción del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado
de Convergència i Unió por la que se insta al Gobierno para que, a través
del Consejo Interterritorial de Sanidad, analice las necesidades
sociales, número y perfil profesional de médicos especialistas para los
próximos diez años en España.
Tiene la palabra el Senador Cardona.
El señor CARDONA I VILA: Muchas gracias, señora Presidenta.
Señorías, en el Pleno celebrado el día 2 de noviembre pasado, el
Presidente Rigol decía en su despedida: Aquí todos somos políticos, y los
políticos sabemos dónde estamos hoy, pero no sabemos dónde estaremos
pasado mañana, porque nuestros cargos son provisionales. De hecho, en
democracia los cargos son del pueblo y nosotros vamos pasando por ellos
cuando así se nos indica. Y hacía referencia también a que no ejercemos
estos cargos simplemente ejerciéndolos, sino que también ponemos parte de
nuestros sentimientos.
Pues bien, señora Presidenta, señorías, yo he de ser más consciente, si
cabe, de la circunstancialidad del alto honor que sus señorías han hecho
al elegirme para este cargo. Déjenme expresarles los sentimientos que me
embargan en estos momentos y en los anteriores y decirles que los pondré
todos a disposición de la institución para mejor servirla.
Permitan también que muestre públicamente mi agradecimiento a mi Partido,
Unió Democratica de Catalunya, a la Coalición de la cual formo parte,
Convergència i Unió, y, de forma muy especial y particularmente, a mis
compañeros de Grupo, y decirles que procuraré estar a la altura del cargo
y de mi antecesor en él, el Presidente Rigol.
A todos y cada uno de sus señorías, a todas y cada una de las señoras
Senadoras y de los señores Senadores, moltes gràcies, muchas gracias.
Y ciñéndome ya a la moción, tengo que decirles que en un mundo como el
actual, con una gran tendencia a la globalización en todos los aspectos y
en el que las cosas se suceden con una gran rapidez, el futuro depende de
nuestra capacidad de adaptación a los grandes cambios técnicos, sociales,
de toda índole, que se preñen de inmediato. Toda sociedad que se precie,
tenga autoestima y no quiera perder el tren de la modernidad necesitará
tomar decisiones valientes, a su tiempo y razonadas, sobre la base de una
buena información y estudios correspondientes pero que la anticipen en lo
posible a las nuevas y grandes transformaciones.
Entre los retos a los que hay que hacer frente tenemos el de la formación
humana y técnica de nuestros profesionales, que, cimentada en una
adecuada base humanística y en adquisición de los conocimientos
tecnológicos más avanzados y pertinentes, sería el fundamento para
superar situaciones difíciles que representen una forma de ganar el
futuro. Tradicionalmente, las dificultades que se han ido superando con
una buena formación, siendo suficiente esta condición para encontrar un
lugar de trabajo que satisfaciera sus legítimas aspiraciones y diera
contenido a su vida y dignidad a su personas. A las generaciones
venideras, sin embargo, cada vez les será más difícil encontrar un puesto
de trabajo que llene sus ambiciones, por muy diferentes motivos, pero, en
todo caso, no bastará con un alto nivel formativo. Será menester, hará
falta acometer otras medidas de muy diversa índole, ciertamente, pero, si
no somos capaces de preparar su futuro, tal vez nos lo puedan criticar y
demandar.
Y como ocurre en otros ámbitos, asimismo sucede con las especialidades
médicas. En cuanto al proyecto SLIM de la Comisión Europea, respecto a la
simplificación normativa, la incorporación a la libre circulación de
médicos originarios del este europeo coincide con el preceptivo e
inmediato reconocimiento de títulos. El impacto de esta situación para
España dependerá de la capacidad de haber prevenido el ajuste entre la
formación de médicos especialistas y las necesidades de médicos
especialistas. La incorporación de cinco países del Este de Europa al
derecho comunitario de libre circulación de profesionales puede suponer
una consecuencia nada parecida a la libre circulación entre los actuales
socios de la Unión. Primero, porque las retribuciones de los médicos de
estos países del Este son muy inferiores y, segundo, porque el idioma no
les será obstáculo alguno, toda vez que las relaciones que durante años
han mantenido con países hispanoamericanos les pone en una situación
aventajada.
La evolución demográfica y las necesidades sociales cambiantes provocan
un desajuste entre la demanda social de prestaciones de salud y los
recursos humanos y económicos para atenderlas. Es fácil intuir, por
ejemplo, que en los próximos años habrá más demanda de expertos en
geriatría que en pediatría, dada la tendencia actual, y natural, al
envejecimiento de la población, o de siquiatras para aplicar los planes
de salud mental de la Administración.
La demanda social de médicos especialistas, en número y perfil
profesional, debe condicionar la estrategia de formación de médicos
especialistas, con el objetivo fundamental de adecuar la oferta y la
demanda.
Por tanto, es necesario ese encaje racional entre la cantidad de médicos
especialistas que se forman y las necesidades de éstos en número para
atender la demanda de prestaciones de la sociedad española en los
próximos años.
Con un buen análisis de las necesidades de médicos especialistas en los
próximos diez años y con la adecuación de las estrategias educativas de
pregrado y postgrado a los resultados de este análisis y de sus
necesidades, pretendemos conseguir los siguientes objetivos: En primer
lugar, prevenir las necesidades de salud de la sociedad española en los
próximos diez años, atendiendo a la evolución demográfica y definiendo
prioridades. Por tanto, el principal objetivo y el primer motivo debe ser
prevenir las necesidades de salud de la sociedad española.
En segundo lugar, adecuar la formación de médicos especialistas a las
necesidades de la sociedad previstas en estos próximos años.
En tercer lugar, sustituir una política sanitaria de acomodación a las
circunstancias, por una de real previsión de necesidades.
Y en último y cuarto lugar, defender los legítimos intereses de los
ciudadanos españoles, eso sí, sin vulnerar los preceptivos compromisos
europeos inherentes a la libre circulación de profesionales.
Un posible método operativo podría ser la creación de un grupo de trabajo
para el territorio Insalud y uno para cada una de las Comunidades
Autónomas que tienen transferida la sanidad. Asimismo, se podría crear un
grupo de trabajo coordinador, a nivel estatal, integrado por
representantes del Ministerio de Educación y Cultura, del Ministerio de
Sanidad y Consumo, del Consejo Nacional de
Especialidades, representantes de universidades, en concreto, facultades
de medicina, sociedades científicas, etcétera.
Por todo ello, tengo el honor de presentarles, en nombre del Grupo
Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió, la siguiente
moción: El Senado insta al Gobierno para que, a través del Consejo
Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, analice las necesidades
sociales, número y perfil profesional de médicos especialistas para los
próximos diez años en España.
Con el convencimiento de que será estudiada detenidamente por todos los
grupos y pidiéndoles el voto favorable a la misma, muchas gracias, señora
Presidenta, señoras y señores Senadores.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, Senador Cardona.
Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra la Senadora López
Garnica para la defensa de la enmienda.
La señora LOPEZ GARNICA: Muchas gracias, señora Presidenta.
En primer lugar, quiero felicitar al autor de esta moción por su reciente
elección como Vicepresidente Primero de la Cámara. Yo estoy convencida de
que estará a la altura de las circunstancias y le deseo toda clase de
éxitos por el bien del Senado.
El Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió
presenta esta moción, mediante la cual propone al Senado que inste al
Gobierno para que, a través del Consejo Interterritorial de Salud,
analice las necesidades sociales, número y perfil profesional de médicos
especialistas para los próximos diez años en España.
En estos momentos el Grupo Parlamentario Popular somete a la
consideración del autor de la iniciativa una enmienda transaccional al
texto, cuyo contenido voy a exponer y defender, con la convicción de que
va a ser aceptado tanto por el Senador proponente de la moción, como por
el resto de los grupos de la Cámara.
En primer lugar, las bases de la formación médica especializada en España
se recogen en el Real Decreto 127/84, que regula, tanto dicha formación
como el acceso al título de médico especialista. En este Real Decreto se
determinan las características del actual sistema de formación, que
permite obtener el título de especialista. Deben destacarse dos aspectos:
por una parte, el tipo de formación, y por otra, el tipo de acceso a la
misma.
En lo que se refiere al proceso formativo hay que señalar que esta
formación tiene lugar en centros y en unidades docentes pertenecientes al
sistema sanitario que están especialmente acreditados para ello. Esta
formación se desarrolla durante un período fijado en el tiempo de
práctica profesional supervisada y programada. Asimismo el proceso
formativo es supervisado por el personal del propio sistema sanitario.
Con respecto a la forma de acceso a la formación especializada, el Real
Decreto citado prevé como método general una prueba teórica anual de
carácter estatal, que es lo que conocemos vulgarmente como examen MIR.
Por otra parte, una directiva de la Comunidad Europea, la 86/457,
refundida en otra directiva, obliga a los Estados miembros a exigir a los
licenciados en medicina a partir de 1995 una formación específica en
medicina general para todos aquellos que vayan a ejercer como médicos
generalistas en el marco de un régimen de Seguridad Social. En España el
título que acredita esta formación específica es el de medicina familiar
y comunitaria, por lo que se debe abrir, y así se hizo, una posibilidad
de una plaza de postgrado en dicha especialidad a todos los licenciados
en medicina a partir de 1995, para los que se realiza una prueba de
ingreso específica.
En cuanto a su evolución en el tiempo, el número de centros acreditados
para la docencia por este sistema MIR ha pasado de los 96 existentes en
1987 a los 227 actuales, y el número de unidades docentes ha pasado de
1.500 a 2.300. En la actualidad, las plazas de formación son, unas 6.145.
De lo expuesto podemos concluir que la legislación actual exige que todos
los licenciados en medicina que desean formarse como médicos
especialistas o generalistas lo hagan a través de un único sistema
formativo que es el sistema MIR. Este sistema de formación, debido a su
especial imbricación en el sistema sanitario, tiene como característica
limitante, hay que reconocerlo, una marcada falta de elasticidad, lo que
podría impedir la absorción de manera rápida por unos excesos de demanda
formativa. Por último, el análisis de las tasas de médicos en activo y de
nuevos licenciados en países de nuestro entorno refuerza la idea de que
es necesario continuar en la trayectoria marcada durante los últimos años
de disminución del número de licenciados.
No me voy a extender mucho, pero hay que afirmar que para realizar
cualquier estudio de evaluación de necesidades de especialistas habría
que definir con precisión los conceptos de oferta y de demanda que habría
que manejar en el campo de cada una de las especialidades médicas, con el
objeto de llevar a cabo un análisis exhaustivo de la situación real a
partir de la cual puedan realizarse los correspondientes estudios
proyectivos en el tiempo, siempre de carácter estimativo, lo que
implicaría abordar muchas dificultades.
Por estos motivos, se considera que la realización de un trabajo de la
naturaleza del que el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de
Convergència i Unió plantea, exige la utilización de manera sucesiva y
secuencial de un enfoque cuantitativo y de otro posterior cualitativo en
el que sería conveniente recabar la colaboración de grupos de expertos
que podrían ser, como ya están actuando en este terreno, las comisiones
nacionales de las diferentes especialidades médicas y farmacéuticas a fin
de matizar los resultados obtenidos de los estudios de oferta y demanda.
Como bien conocerá el Senador Cardona, están llevando a cabo desde el
Ministerio de Sanidad y Consumo, acciones previas a cualquier tipo de
estudio exigido por la iniciativa y que son actuaciones de diseño,
necesarias para que pueda llevarse a cabo con posterioridad el estudio
que demanda su iniciativa.
En cuanto a la determinación de la oferta, que sería ni más ni menos que
cuantificar el número de especialistas de
cada especialidad, el Ministerio ya ha mantenido contactos con diferentes
subsecciones generales del propio Ministerio así como del Ministerio de
Educación y Cultura con el fin de generar un fichero en soporte magnético
que contenga una información tan completa como sea posible sobre las
titulaciones oficiales de especialidades de que disponen los facultativos
españoles en plena actividad. Fruto de estas actuaciones han sido las
cesiones del Registro de Médicos Generalistas y del Archivo de
Resoluciones conducentes a la expedición de títulos de facultativos
especialistas, que están siendo actualmente objeto de fusión y de
posterior depuración y, del mismo modo, se han realizado gestiones con
objeto de incorporar al fichero que se está elaborando el Registro de
Títulos del Ministerio de Educación y Ciencia.
En cuanto a la determinación de la demanda sería, ni más ni menos, que
cuantificar las necesidades de médicos en cada una de las especialidades
en el horizonte de los diez años que plantea la moción, se están
realizando actuaciones previas, como he dicho antes, consistentes en la
cuantificación de facultativos en activo en estos momentos en el Sistema
Nacional de Salud. Posteriormente, su cuantificación y fusión con los
datos determinarán que en el plazo de un año podamos ya contar con un
primer documento sobre las necesidades de especialistas que, una vez
analizado por las comisiones nacionales de las diferentes especialidades
se trasladará, como debe ser, al Consejo Interterritorial de Salud para
que inicie una fase de contraste con los datos estandarizados que vayan
suministrando tanto el Insalud como los distintos servicios de salud de
las Comunidades Autónomas.
Por todo lo expuesto, es criterio de este Grupo que, para que pueda
garantizarse con rigor la validez del estudio que se realice, es
necesario, antes de someterlo a la consideración del Consejo
Interterritorial de Salud, que se concluyan estas actuaciones previas a
las que me he referido, por lo que no consideramos oportuno que en este
momento se encomiende al Consejo Interterritorial la realización de un
nuevo estudio que no haría sino duplicar las tareas y, además, se corre
el riesgo de introducir algún grado de confusión.
Además, la orden ministerial anual del Ministerio de la Presidencia,
junto con los Ministerios de Sanidad y Consumo y Educación y Cultura, por
la que se convocan las pruebas selectivas para el acceso a las plazas
MIR, es anualmente informada con carácter previo por el Consejo Nacional
de Especialidades Médicas y por las diversas Comunidades Autónomas. Por
tanto, ha de suponerse que éstos habrán analizado, entre otros factores,
los que apuntaba el Senador Cardona como base de esta moción.
De una forma explícita, se contempla la intervención del Consejo
Interterritorial de Salud en la redacción del Real Decreto 1497/1999, de
24 de septiembre, por el que se regula un procedimiento especial al
acceso al título de médico especialista de los médicos sin titulación,
también llamados MESTOS; es decir, que ya se ha tenido en consideración
por este Consejo uno de los objetos de atención propuestos por el
impulsor de la iniciativa.
Por otra parte, España es miembro de un órgano consultivo del Consejo de
Europa, que se llama «La Unión Europea Médica de Especialidades», una de
cuyas funciones es realizar estudios demográficos para así recomendar a
cada país las necesidades que van teniendo en cuanto a especialistas.
Hay otras actividades parlamentarias, repito que sería muy largo de
explicar. Trato de dibujar la realidad; no partimos de cero. Tanto desde
el Gobierno como desde el propio Consejo Interterritorial de Salud, desde
Europa, desde las propias Cortes Generales se está trabajando en este
sentido, y esto es lo que justifica el texto de la enmienda transaccional
que, sin más, paso a leer.
Dice así: «El Senado insta al Gobierno para que prosiga los trabajos
actualmente en marcha dirigidos a analizar el número, perfil profesional
y situación de los médicos especialistas existentes, así como las
previsiones para los próximos diez años en cuanto a necesidades de
facultativos especialistas, número, perfil profesional, especialidad,
ámbito de trabajo, etcétera y para que en el menor plazo posible remita
el mencionado estudio de oferta y necesidades de profesionales médicos al
Consejo Interterritorial de Salud, al objeto de su estudio y toma en
consideración».
Se trata, señorías, de instar al Gobierno a la conclusión de unos
trabajos que ya están en marcha en diferentes frentes para posteriormente
someterlos a la consideración del Consejo Interterritorial de Salud para
la realización de un análisis definitivo sobre las necesidades de médicos
especialistas en los próximos diez años en España.
Por todo ello, termino solicitando al Senador Cardona, así como a los
demás grupos de la Cámara, que acepten el texto transaccional.
Muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Gracias, Senadora López Garnica.
Por el Grupo de Convergència i Unió, autor de la moción originaria, tiene
la palabra el Senador Cardona.
El señor CARDONA I VILA: Muchas gracias, señora Presidenta.
Aunque posteriormente intervendré en el turno de portavoces, en este
momento sólo lo hago para anunciar que aceptamos la enmienda.
Nuestra moción no prevé el método que se debe utilizar, y aunque yo me he
referido a uno, lo he hecho sólo por apuntarlo. En todo caso, me parece
conveniente el sugerido por la Senadora López Garnica, u otro diferente
si fuera más operativo.
Por tanto, aceptamos la enmienda ya que no modifica el fondo de nuestra
moción.
Muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, Senador Cardona.
Abrimos turno de portavoces.
¿Grupo Parlamentario Mixto? (Pausa.)
Por el Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos, tiene la
palabra el Senador Gatzagaetxebarría.
El señor GATZAGAETXEBARRIA BASTIDA: Gracias, señora Presidenta.
Después de haber escuchado atentamente las intervenciones del Senador por
Lleida, señor Cardona, nuevo Vicepresidente Primero, y de la Senadora
navarra, doña Rosa López, nuestro Grupo no tiene mucho más que añadir y
se incorpora al consenso que ellos han logrado. Nos encontramos
nuevamente ante un debate planteado por expertos y técnicos en la materia
--como lo son cada uno de ellos en sus respectivos ámbitos de actuación
médica--, que han centrado el tema en el escrito inicial del Grupo de
Convergència i Unió, con las incorporaciones propuestas por el Grupo
Parlamentario Popular.
Consideramos correcta la enmienda de modificación que se ha presentado,
ya que plantear en estos momentos al Consejo Interterritorial de Salud la
realización de un estudio es una labor nada operativa al encontrarse el
Consejo en la fase de terminación de todo su trabajo administrativo. No
podemos olvidar que tiene una composición paritaria, ya que está
integrado por diecisiete representantes de las Comunidades Autónomas, que
están siendo objeto de renovación, y por diecisiete representantes de la
Administración central que pueden verse en ese caso, bien gane las
elecciones el Partido Popular y llegue un nuevo equipo del Ministerio de
Sanidad, bien las gane el Partido Socialista.
Así pues, nos parece más correcto instar al Gobierno a realizar algo que
obviamente ya debe estar haciendo, porque en el territorio Insalud debe
contar con una previsión sobre las necesidades de asistencia y formación
de médicos especialistas. En el País Vasco, donde tenemos competencias
exclusivas en lo concerniente a la gestión del personal sanitario,
nosotros seremos obviamente los que digamos cuántos médicos especialistas
en cada una de las especialidades queremos en nuestros hospitales; y
deberemos acudir al mercado de los médicos que han sido objeto de
formación a través del procedimiento reglamentado, es decir, el acceso a
la formación mediante la superación de las pruebas de médico interno o
residente. En ese sentido, en el País Vasco cada dos años y medio o tres
se realiza un estudio en el ámbito del Osakidetza como el que aquí se
propone. Así pues, nos parece adecuado lo que se solicita a nivel del
territorio Insalud. (El señor Vicepresidente, Aguilar Belda, ocupa la
Presidencia.)
Pero también vamos a apoyar esta iniciativa porque, no solamente es
necesario un encaje entre la necesidad de médicos especialistas y la
formación que se debe dar a los médicos que salen de la universidad,
sino, además, un debate previo. Así, debemos preguntarnos: ¿cuántos
médicos hacen falta? ¿Qué tipo de coordinación o colaboración existe al
respecto con las universidades? Por tanto, al instar al Gobierno no sólo
estamos instando al Ministerio de Sanidad para que actúe en el territorio
Insalud, sino también al Ministerio de Educación, que es el competente en
materia de acreditación y expedición de títulos.
Pero hay que contar con un problema añadido en el ámbito de la autonomía
universitaria --que en lo concerniente a esa alta inspección ya ha sido
transferida a todas y cada una de las Comunidades Autónomas; creo que la
última ha sido la Comunidad Autónoma de Madrid--, y es hasta qué punto
puede incidir el Gobierno en la formación universitaria de licenciados en
medicina al existir esa autonomía universitaria, cuyo núcleo esencial
podría infringirse de alguna manera si el Gobierno entrara a regularla
tangencial o verticalmente. Pero esta Cámara, como reflejo de la
soberanía popular, sí tendría algo que decir sobre la necesidad de un
encaje en esa fase previa del número de licenciados en medicina que son
precisos para atender a las previsiones y a la problemática social y
asistencial que tiene en este momento la sociedad española.
Por las consideraciones explicitadas es por lo que nuestro Grupo
Parlamentario va a apoyar la moción con la enmienda transaccional del
Grupo Parlamentario Popular, aceptadas por el de Convergència i Unió.
Nada más y muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Aguilar Belda): Muchas gracias, Senador
Gatzagaetxebarría.
Por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió,
tiene la palabra el Senador Cardona.
El señor CARDONA I VILA: Muchas gracias, señor Presidente. Quiero
agradecer las intervenciones habidas hasta ahora, fundamentalmente la de
la Senadora López Garnica.
Voy a hablar sobre los antecedentes de esta iniciativa. A principios del
año 1998, en Cataluña se hablaba del temido e inevitable «numerus
clausus». Se constituyó una Comisión coordinadora para la orientación de
los estudios de la profesión médica, constituida a título personal por el
Presidente del Colegio de Médicos de Barcelona, el señor Miquel Bruguera,
el Director General del Instituto de Estudios de la Salud, el señor
Albert Oriol, y los rectores de varias universidades de Cataluña, que
elaboraron un documento con este título, planteando la necesidad de
reducir el número de alumnos matriculados a un ritmo de un 2 por ciento
anual en los próximos años, con el fin de que los recien titulados
pudieran ser absorbidos por el mercado laboral. Asimismo, el documento
propugnaba que la oferta global de plazas en las facultades de medicina
en los próximos años se acercase al índice de una plaza por cada diez mil
habitantes.
Estoy de acuerdo, por tanto, por completo con la intervención del Senador
Gatzagaetxebarría en el sentido de que sería procedente un análisis y un
estudio por parte de las Comunidades Autónomas, puesto que ellas son
precisamente las que tienen más a su alcance conocer dichas necesidades.
Durante los años sesenta y setenta, en Cataluña, como en el resto de
España, se produjo un incremento del número de licenciados, que motivó la
instauración de un cierto «numeras clausus», y se consiguió reducir la
cifra de 22.000 nuevos estudiantes de medicina por año a los 4.800
aproximadamente de ahora. Sin embargo, esta cantidad está todavía un 15
por ciento por encima de los máximos recomendables y, además, existe un
importante número de licenciados en paro o subempleados que no tienen
oportunidad de acceder al tan cacareado y único sistema de acceso
a las especialidades de formación de especialistas, como es el MIR.
Otros antecedentes son la constitución de una comisión de formación de
posgrado a mediados del año 1998, presidida por el Subdirector del
Servicio Catalán de la Salud, en el cual se hablaba de planificación de
necesidades futuras de especialistas tanto desde el punto de vista
cuantitativo --cuántos médicos harían falta-- como cualitativo --el
perfil de los profesionales--, teniendo en cuenta también la repercusión
sobre los profesionales ya en ejercicio y, sobre todo, en materia de
formación continuada, porque de ello depende en gran medida la salud de
los ciudadanos, que es lo que nos tiene que merecer mayor preocupación.
También se inició un llamado proyecto sinergia. Se hizo una primera
reunión de un comité de expertos, constituida por el propio ex Senador,
don Josep María Bertrán, Presidente del Colegio de Médicos de Tarragona,
el doctor Vilardell, Decano de la Facultad de Medicina de la Universidad
Autónoma de Barcelona, el señor don Luis Cavero, Presidente de la
Sociedad Española de Ginecología y Obstetricia, y el doctor Gallego de la
Sociedad Española de Medicina Rural y Generalista, y participaron también
representantes del Servicio Catalán de la Salud y del Instituto de
Estudios de la Salud.
Tampoco quiero dejar pasar la ocasión de recordar a los miembros de la
Comisión de Sanidad y al antiguo portavoz del Grupo Parlamentario
Popular, el Senador Bellido --la Senadora López Garnica también tiene
constancia de ello--, los contactos y las conversaciones que tuvimos con
el entonces Presidente de la Comisión, el doctor Sainz, buscando la
posibilidad de la constitución de una comisión de estudio en el propio
Senado o bien otra iniciativa parlamentaria. Esta es la iniciativa
parlamentaria que nosotros proponemos en este momento.
Asimismo, no quiero dejar de reconocer que hay noticias de que el propio
Ministerio de Sanidad está realizando estudios propios. La Senadora López
ha hecho referencia a estudios previos que pueden ser interesantes en
éste sentido, y que pueden suponer un primer paso y el inicio de esa
constitución.
Sólo me queda señalar que el propio Subsecretario del Ministerio de
Sanidad, el señor Castellón, decía en una revista profesional de este mes
de noviembre que sería conveniente tener un registro nacional de médicos,
y reconocía que quizá no se planifique con la finura con la que se
debería, a causa de la falta de datos, pero se hace. Nosotros podemos
saber qué enfermedades van a ser más prevalentes, qué avances técnicos se
van a producir, etcétera.
Sólo quiero dejar constancia de esto y, cómo no, agradecer tanto la
intervención de los portavoces de todos los grupos como su posición, a
expensas de lo que pueda decir el representante del Grupo Parlamentario
Socialista, que aún tiene que intervenir.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (AguilarBelda): Gracias, Senador Cardona.
Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el Senador
Arjona.
El señor ARJONA SANTANA: Señor Presidente, señoría, la moción que
presenta el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i
Unió pide al Gobierno que, a través del Consejo Interterritorial de
Sanidad, se analicen las necesidades sociales, número y perfil de los
profesionales médicos especialistas para los próximos diez años en
España.
Al Grupo Parlamentario Socialista le parece oportuno que se haga esta
reflexión, pues todo lo que sea analizar una situación que de hecho se
produce o puede producirse en el inmediato futuro puede y debe ser
estudiada para buscarle soluciones. Ahora bien, creemos que se exagera
cuando se plantea poco menos que una invasión pacífica de médicos de
países del Este, incorporados al Derecho Comunitario, por la libre
circulación de profesionales.
Creemos que estar en Europa tiene grandes ventajas, pero puede tener
algunos inconvenientes. En este caso, lo necesario es estudiar con
profundidad, que es el planteamiento que se trae a la Cámara, las
ventajas e inconvenientes de la incorporación de esos profesionales
médicos en el ámbito de nuestro país, de forma que podamos adaptar lo
mejor posible la oferta y la demanda que se produzca.
Hay que argumentar en favor de ese estudio las nuevas necesidades que
tenemos de especialidades o subespecialidades en patologías o situaciones
que se derivan de la evolución demográfica. Así, es una realidad que hoy
posiblemente sea muy amplio el número de pediatras y ginecólogos que
podemos tener debido a nuestra baja natalidad, y sea ya escaso el número
de geriatras, reumatólogos, oncólogos o neurólogos debido a nuestras
altas expectativas de vida y a la necesaria mejora de esa calidad de vida
y de un número muy importante --y cada vez lo es más-- de población por
asistir.
Creemos, por supuesto, que es importante estar preparados para cubrir las
necesidades de la sociedad española que se están demandando en un campo
tan importante como el de las especialidades médicas, así como adecuar
los contenidos y la formación de los médicos para que puedan cubrir esa
demanda que seguro se va a producir.
De cualquier forma, quisiéramos conocer --hoy aquí ya hemos conocidos
algo-- qué es lo que llevaba avanzado el Gobierno en este campo y si
tenía algún trabajo o estudio al respecto. Nosotros creemos que era
absolutamente necesario conocer esa cuestión, y hoy hemos tenido un
avance que ha presentado la portavoz del Grupo Parlamentario Popular.
Lo que conocíamos hasta ahora era el estudio más profundo que se ha
realizado en este campo, que se llevó a cabo en el año 1984, siendo
Ministro Ernest Lluch, y que creemos que hasta ahora había dado un buen
juego.
De cualquier manera, es bueno programar y atender las necesidades que
tenemos. Así, desde el Grupo Socialista pensamos que aun considerando que
es necesario el análisis de las necesidades que plantea la moción, tendrá
pocas o nulas consecuencias porque, a estas alturas de la legislatura,
sea cual sea el acuerdo que adoptemos, el destino de la moción,
posiblemente, será su decaimiento y habrá que volver a traerla a la
Cámara en la próxima legislatura.
En la enmienda transaccional que ha presentado el Grupo Popular se
plantea que se prosigan los trabajos que ya están en marcha --nos
alegramos hoy de haber conocido esos trabajos, porque no teníamos noticia
de los mismos-- en el menor plazo posible, pero no existe ningún plazo
posible para iniciar ese estudio puesto que, como decía anteriormente, la
legislatura está terminada y no tendremos oportunidad de poner en marcha
lo que aquí aprobemos hoy.
En todo caso, nuestro Grupo va a votar a favor por las consideraciones
anteriormente expuestas y por creer positivo que este tema en concreto
sea tratado, debatido y, como va a ocurrir en este caso, aprobado en esta
Cámara.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Aguilar Belda): Gracias, Senador Arjona.
Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra la Senadora López
Garnica.
La señora LOPEZ GARNICA: Gracias, señor Presidente.
En primer lugar, quiero agradecer al Senador Cardona la aceptación del
texto transaccional, así como el talante y el contenido de las
intervenciones de todos los portavoces.
Quiero comentarle al Senador Gatzagaetxebarría que el contenido de esta
moción no hace referencia al número de licenciados en medicina. Como ha
expuesto el Senador Cardona, ya se han implantado hace años, con carácter
más o menos general, aunque de manera desigual, los «numerus clausus», lo
que ha hecho disminuir el número de licenciados por año. Por el
contrario, la moción se refiere a la formación de especialistas, lo que
no tiene que ver con la autonomía universitaria, puesto que este programa
se hace exclusivamente en centros hospitalarios acreditados al efecto.
Creo que es importante que, aunque sea en las postrimerías de la
legislatura, esta Cámara haya adoptado un acuerdo con una visión de
futuro que adelanta a nuestra sociedad a las posibles necesidades y se
puede llegar con esto a hacer una estimación prospectiva en un plazo no
superior a diez años, porque tampoco es aconsejable un plazo mayor por
las variaciones demográficas.
En cuanto a lo que comentaba el Senador Cardona de no asustarnos por la
invasión de médicos de países del Este, en realidad no he hecho
comentarios sobre el argumento que el Senador Cardona ha utilizado en la
explicación de su moción debido a que desde el año 1986, fecha en que
España entró en la Comunidad Económica Europea, ha habido alrededor de
unas 900 solicitudes de médicos de la Unión Europea, es decir, no ha
habido una gran invasión y, por lo tanto, no se prevé lo contrario.
Los argumentos que exponía el Senador Cardona en la moción quizá estaban
un tanto confusos, de alguna manera entremezclados, pero nosotros los
hemos tomado en consideración porque solamente el factor demográfico, la
evolución demográfica, es razón suficiente como para que España haga un
estudio de este tipo.
En todo caso, quiero mostrar a todos los portavoces y a la Cámara mi
satisfacción, ya que en esta mi última intervención en el Pleno de la
Cámara --por lo menos de momento, porque tal y como decía el Senador
Cardona los políticos sabemos dónde estamos hoy, pero no sabemos dónde
vamos a estar pasado mañana--, se ha conseguido de todos los portavoces
este consenso y que hayamos elaborado una moción que mire al futuro
porque, como decía el Senador Cardona, cualquier sociedad que se precie y
que tenga autoestima debe mirar al futuro y más, desde luego, en el tema
de la atención sanitaria a nuestros ciudadanos.
Muchas gracias. (Aplausos.)
El señor VICEPRESIDENTE (Aguilar Belda): Gracias, Senadora López Garnica.
Por las intervenciones que han tenido en el debate, ¿se puede aprobar por
asentimiento? (Pausa.)
Queda aprobada por asentimiento la moción con la enmienda presentada por
el Grupo Parlamentario Popular.
TRATADOS Y CONVENIOS INTERNACIONALES REMITIDOS POR EL CONGRESO DE LOS
DIPUTADOS:
--PROTOCOLO, HECHO EN COPENHAGUE EL 17 DE MARZO DE 1999, POR EL QUE SE
MODIFICA EL CONVENIO ENTRE ESPAÑA Y DINAMARCA PARA EVITAR LA DOBLE
IMPOSICION EN MATERIA DE IMPUESTOS SOBRE LA RENTA Y SOBRE EL PATRIMONIO,
HECHO EN COPENHAGUE EL 3 DE JULIO DE 1972 (S. 610/000266) (C. D.
110/000267).
El señor VICEPRESIDENTE (Aguilar Belda): Pasamos al punto quinto del
orden del día: Conocimiento por el Pleno de Tratados y Convenios
internacionales remitidos por el Congreso de los Diputados. Protocolo,
hecho en Copenhague el 17 de marzo de 1999, por el que se modifica el
Convenio entre España y Dinamarca para evitar la doble imposición en
materia de impuestos sobre la renta y sobre el patrimonio, hecho en
Copenhague el 3 de julio de 1972.
En relación con este Protocolo, no se han presentado propuestas dentro
del plazo señalado al efecto.
¿Desea intervenir algún grupo parlamentario? (Pausa.)
Tiene la palabra el Senador Carrera.
El señor CARRERA I COMES: Muchas, gracias, señor Presidente. Voy a
intervenir con suma brevedad.
Tal y como manifestamos en la Comisión correspondiente en la sesión
celebrada el jueves pasado, el redactado actual de este Convenio
comporta, a nuestro entender, un gravamen económico para los funcionarios
de Embajada de España en Copenhague. Este debate lo mantuvimos en la
Comisión y, además, todos los grupos estábamos de acuerdo en que
realmente había que intentar resolver esta problemática.
Es cierto que en el transcurso de toda esta tramitación ha habido
intentos para solucionarlo. Hubo contactos e intentos a todos los niveles
para ver si existía la posibilidad
de que este asunto se pudiera resolver, pero no ha sido así. Por otra
parte, entendemos que tampoco resulta del todo fácil, y por eso mismo
dejamos constancia de ello. Pero también es cierto que el problema
continúa existiendo y que, por tanto, la solución final aún no ha
llegado.
Sobre la base de todo lo que acabo de exponer, nuestro Grupo
Parlamentario se va a abstener en la votación de este Convenio.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Aguilar Belda): Tiene la palabra el Senador
González Laxe.
El señor GONZALEZ LAXE: Muchas gracias, señor Presidente.
En la misma línea del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de
Convergència i Unió, nuestro Grupo considera que el problema continúa
ahí. Hemos dado un plazo de tiempo para que se pudiera solucionar la
demanda que plantean funcionarios no pertenecientes al Cuerpo Diplomático
y un grupo de personal laboral no perteneciente al cuerpo Diplomático que
trabajan en los distintos servicios de la Embajada de España en
Copenhague.
Por tanto, en la medida en que todavía no está solucionado ese problema,
debo anunciar que nuestro Grupo también se va a abstener en la votación.
El señor VICEPRESIDENTE (Aguilar Belda): Gracias, Senador González Laxe.
Por el Grupo Parlamentario Popular tiene la palabra el Senador Morales.
El señor MORALES MONTERO: Señorías, en aras de la brevedad voy a
contestar desde el escaño.
Como ustedes saben muy bien, ya en Comisión mantuvimos nuestro criterio,
y manifestamos que comprendemos el problema de esos funcionarios y
personal laboral que trabajan en nuestra Embajada, pero tengo que decir
que la cuestión que en este momento nos ocupa se ha planteado con
posterioridad a que sus compañeros en el Congreso, señorías, votaran en
favor de la ratificación de este Convenio. Por tanto, ha sido ya
ratificado en la otra Cámara.
El Grupo Parlamentario Popular entiende el problema y por eso mismo se ha
propuesto resolverlo, pero como sus señorías han reconocido, no se puede
resolver de inmediato. Se trata de un problema económico que posiblemente
se podrá solucionar en la próxima legislatura. Repito que nosotros
comprendemos el problema y reconocemos que tienen ustedes razón.
Pero yo quiero pedirles a sus señorías, que reflexionen en que esta
circunstancia no es sólo de Dinamarca sino también de todos los países
nórdicos: Suecia, Noruega, etcétera.
Señorías, ustedes saben que no es normal la no ratificación de un
convenio debido a problemas --llamémosles-- de índole doméstica. Por
tanto, nuestro Grupo va a ratificarlo, eso sí, con el convencimiento de
que vamos a solucionar el problema de esos empleados públicos y
laborales. Tengan ustedes la completa seguridad de que el Grupo
Parlamentario Popular va a intentar resolverlo.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Aguilar Belda): Muchas gracias, Senador Morales.
Vamos a votar la concesión de autorización del citado protocolo.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 216; a
favor, 122; en contra, uno; abstenciones, 93.
El señor VICEPRESIDENTE (Aguilar Belda): En consecuencia, se autoriza en
este acto que el Gobierno pueda prestar su consentimiento para obligarse
por medio del citado protocolo.
--HABILITACION DE TODOS LOS DIAS Y HORAS DEL MES DE DICIEMBRE DE 1999
(550/000032).
El señor VICEPRESIDENTE (Aguilar Belda): Quiero comunicar a sus señorías
que la Mesa del Senado, en sus reuniones de los días 23 y 30 de noviembre
de 1999, oída la Junta de Portavoces, ha acordado solicitar al Pleno la
habilitación de todos, los días del mes de diciembre de 1999 para la
tramitación de los Presupuestos Generales del Estado del año 2000, así
como la Ley de medidas fiscales, administrativas y de orden social y
cuantas iniciativas tengan entrada en la Cámara o puedan ser incluidas en
la sesión plenaria que comienza el día 13 de diciembre.
¿Puede entenderse aprobado por asentimiento? (Pausa.) Queda aprobado.
TRATADOS Y CONVENIOS INTERNACIONALES REMITIDOS POR EL CONGRESO DE LOS
DIPUTADOS:
--CONVENIO CELEBRADO CON ARREGLO AL ARTICULO K.3 DEL TRATADO DE LA UNION
EUROPEA, SOBRE LA COMPETENCIA, EL RECONOCIMIENTO Y LA EJECUCION DE
RESOLUCIONES JUDICIALES EN MATERIA MATRIMONIAL, HECHO EN BRUSELAS EL 28
DE MAYO DE 1998, Y DECLARACIONES QUE EFECTUARA ESPAÑA AL MISMO (S.
610/000271) (C. D. 110/000272).
El señor VICEPRESIDENTE (Aguilar Belda): Convenio celebrado con arreglo
al artículo K.3 del Tratado de la Unión Europea, sobre la competencia, el
reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales en materia
matrimonial, hecho en Bruselas el 28 de mayo de 1998, y Declaraciones que
efectuará España al mismo.
No se han presentado propuestas en relación con este convenio.
¿Algún grupo desea intervenir? (Pausa.) ¿Turno de portavoces? (Pausa.)
¿Puede entenderse aprobado por asentimiento? (Pausa) Queda aprobado.
--PROTOCOLO CELEBRADO CON ARREGLO AL ARTICULO K.3 DEL TRATADO DE LA UNION
EUROPEA, RELATIVO A LA INTERPRETACION POR EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LAS
COMUNIDADES EUROPEAS DEL CONVENIO SOBRE LA COMPETENCIA, EL RECONOCIMIENTO
Y LA EJECUCION DE RESOLUCIONES JUDICIALES EN ASUNTOS MATRIMONIALES, HECHO
EN BRUSELAS EL 28 DE MAYO DE 1998, Y DECLARACIONES QUE EFECTUARA ESPAÑA
AL MISMO (S. 610/000272) (C. D. 110/000273).
El señor VICEPRESIDENTE (Aguilar Belda): Protocolo celebrado con arreglo
al artículo K.3 del Tratado de la Unión Europea, relativo a la
interpretación por el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas
del Convenio sobre la competencia, el reconocimiento y la ejecución de
resoluciones judiciales en asuntos matrimoniales, hecho en Bruselas el 28
de mayo de 1998, y Declaraciones que efectuará España al mismo.
No se han presentado propuestas en relación con este protocolo.
¿Algún Senador desea intervenir? (Pausa.)
¿Turno de portavoces? (Pausa.)
¿Puede entenderse aprobado por asentimiento? (Pausa.) Queda aprobado. En
consecuencia se autoriza en este acto que el Gobierno pueda prestar su
consentimiento y obligarse por medio del citado protocolo.
--SEGUNDO PROTOCOLO ESTABLECIDO SOBRE LA BASE DEL ARTICULO K.3 DEL
TRATADO DE LA UNION EUROPEA, DEL CONVENIO RELATIVO A LA PROTECCION DE LOS
INTERESES FINANCIEROS DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS, HECHO EN BRUSELAS EL
19 DE JUNIO DE 1997, Y RESERVA QUE FORMULARA ESPAÑA AL MISMO (S.
610/000273) (C. D. 110/000274).
El señor VICEPRESIDENTE (Aguilar Belda): Segundo Protocolo establecido
sobre la base del artículo K.3 del Tratado de la Unión Europea, del
Convenio relativo a la protección de los intereses financieros de las
Comunidades Europeas, hecho en Bruselas el 19 de junio de 1997, y Reserva
que formulará España al mismo.
No se han presentado propuestas en relación con este Protocolo.
¿Algún grupo desea intervenir? (Pausa.)
¿Turno de portavoces? (Pausa.)
¿Puede entenderse aprobado por asentimiento? (Pausa.)
Así se acuerda y, en consecuencia, se autoriza en este acto que el
Gobierno pueda prestar su consentimiento para obligarse por medio del
citado Protocolo.
--TEXTO REVISADO DE LA CONVENCION INTERNACIONAL DE PROTECCION
FITOSANITARIA, HECHO EN ROMA EL 18 DE NOVIEMBRE DE 1997 (S. 610/000274)
(C. D. 110/000275).
El señor VICEPRESIDENTE (Aguilar Belda): Texto revisado de la Convención
Internacional de Protección Fitosanitarias hecho en Roma el 18 de
noviembre de 1997.
No se han presentado propuestas.
¿Algún grupo desea intervenir? (Pausa.)
¿Turno de portavoces? (Pausa.) ¿Puede entenderse aprobado por
asentimiento? (Pausa.) Así se acuerda y, en consecuencia, se autoriza en
este acto que el Gobierno pueda prestar su consentimiento para obligarse
por medio del citado texto.
--PROTOCOLO DE ENMIENDA A LA CARTA SOCIAL EUROPEA, HECHO EN TURIN EL 21
DE OCTUBRE DE 1991 (S. 610/000275) (C. D. 110/000276).
El señor VICEPRESIDENTE (Aguilar Belda): Protocolo de enmienda a la Carta
Social Europea, hecho en Turín el 21 de octubre de 1991.
Tampoco se han presentado propuestas en relación con este Protocolo.
¿Algún grupo desea intervenir? (Pausa.)
¿Turno de portavoces? (Pausa.)
¿Puede entenderse aprobado por, asentimiento? (Pausa.)
Así se acuerda y, en consecuencia, se autoriza en este acto que el
Gobierno pueda prestar su consentimiento para obligarse por medio del
Protocolo citado.
--PROTOCOLO ESTABLECIDO SOBRE LA BASE DEL ARTICULO K.3 DEL TRATADO DE LA
UNION EUROPEA, DEL CONVENIO RELATIVO A LA PROTECCION DE LOS INTERESES
FINANCIEROS DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS, HECHO EN DUBLIN EL 27 DE
SEPTIEMBRE DE 1996 (S. 610/000276) (C. D. 110/000277).
El señor VICEPRESIDENTE (Aguilar Belda): Protocolo establecido sobre la
base del artículo K.3 del Tratado de la Unión Europea, del Convenio
relativo a la protección de los intereses financieros de las Comunidades
Europeas, hecho en Dublín el 27 de septiembre de 1996.
No se han presentado propuestas.
¿Algún grupo desea intervenir? (Pausa.)
¿Turno de portavoces? (Pausa.)
¿Puede entenderse aprobado por asentimiento? (Pausa.)
Así se acuerda y, en consecuencia, se autoriza en este acto que el
Gobierno pueda prestar su consentimiento para obligarse por medio del
Protocolo citado.
--ACUERDO DE COOPERACION ECONOMICA Y FINANCIERA ENTRE EL REINO DE ESPAÑA
Y LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, HECHO EN CIUDAD DE MEXICO EL 3 DE
DICIEMBRE DE 1998 (S. 610/000277) (C. D. 110/000278).
El señor VICEPRESIDENTE (Aguilar Belda): Acuerdo de cooperación económica
y financiera entre el Reino de España y los Estados Unidos Mexicanos,
hecho en Ciudad de México el 3 de diciembre de 1998.
Tampoco se han presentado propuestas.
¿Algún grupo desea intervenir? (Pausa.) ¿Turno de portavoces? (Pausa.)
¿Puede entenderse aprobado por asentimiento? (Pausa.) Queda aprobado. En
consecuencia, se autoriza en este acto que el Gobierno pueda prestar su
consentimiento para obligarse por medio del Acuerdo citado.
--PROTOCOLO ESTABLECIDO SOBRE LA BASE DEL ARTICULO K.3 DEL TRATADO DE LA
UNION EUROPEA, RELATIVO A LA INTERPRETACION, CON CARACTER PREJUDICIAL POR
EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS, DEL CONVENIO SOBRE
LA PROTECCION DE LOS INTERESES FINANCIEROS DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS, Y
DECLARACION RELATIVA A LA ADOPCION SIMULTANEA DEL CONVENIO SOBRE LA PRO
TECCION DE LOS INTERESES FINANCIEROS DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS Y DEL
PROTOCOLO RELATIVO A LA INTERPRETACION CON CARACTER PREJUDICIAL, POR EL
TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS, DE DICHO CONVENIO,
HECHOS EN BRUSELAS EL 29 DE NOVIEMBRE DE 1996, Y DECLARACIONES QUE
EFECTUARA ESPAÑA A AQUEL (S. 610/000278) (C. D. 110/000279).
El señor VICEPRESIDENTE (Aguilar Belda): Protocolo establecido sobre la
base del artículo K.3 del Tratado de la Unión Europea, relativo a la
interpretación, con carácter prejudicial por el Tribunal de Justicia de
las Comunidades Europeas, del Convenio sobre la protección de los
intereses financieros de las Comunidades Europeas, y Declaración relativa
a la adopción simultánea del Convenio sobre la protección de los
intereses financieros de las Comunidades Europeas y del Protocolo
relativo a la interpretación con carácter prejudicial, por el Tribunal de
Justicia de las Comunidades Europeas, de dicho Convenio, hechos en
Bruselas el 29 de noviembre de 1996, y Declaraciones que efectuará España
a aquél.
No se han presentado propuestas.
¿Algún grupo desea intervenir? (Pausa.)
¿Turno de portavoces? (Pausa.)
¿Puede entenderse aprobado por asentimiento? (Pausa.)
Se aprueba y, en consecuencia, se autoriza en este acto que el Gobierno
pueda prestar su consentimiento para obligarse por medio del citado
Protocolo.
--ACUERDO PARA LA PROMOCION Y PROTECCION RECIPROCA DE INVERSIONES ENTRE
EL REINO DE ESPAÑA Y LA REPUBLICA DE SUDAFRICA, HECHO EN PRETORIA EL 30
DE SEPTIEMBRE DE 1998 (S. 610/000279) (C. D. 110/000280).
El señor VICEPRESIDENTE (Aguilar Belda): Acuerdo para la promoción y
protección recíproca de inversiones entre el Reino de España y la
República de Sudáfrica, hecho en Pretoria el 30 de septiembre de 1998.
Tampoco se han presentado propuestas.
¿Algún grupo desea intervenir? (Pausa.)
¿Turno de portavoces? (Pausa.)
¿Puede entenderse aprobado por asentimiento? (Pausa.)
Se aprueba y se autoriza en este acto que el Gobierno pueda prestar su
consentimiento para obligarse por medio del Acuerdo citado.
--CONVENIO ESTABLECIDO SOBRE LA BASE DE LA LETRA C) DEL APARTADO 2 DEL
ARTICULO K.3 DEL TRATADO DE LA UNION EUROPEA, RELATIVO A LA LUCHA CONTRA
LOS ACTOS DE CORRUPCION EN LOS QUE ESTEN IMPLICADOS FUNCIONARIOS DE LAS
COMUNIDADES EUROPEAS O DE LOS ESTADOS MIEMBROS DE LA UNION EUROPEA,
FIRMADO EN BRUSELAS EL 26 DE MAYO DE 1997, ASI COMO RESERVA Y DECLARACION
QUE ESPAÑA VA A FORMULAR AL MISMO (S. 610/000280) (C. D. 110/000281).
El señor VICEPRESIDENTE (Aguilar Belda): Convenio establecido sobre la
base de la letra c) del apartado 2 del artículo K.3 del Tratado de la
Unión Europea, relativo a la lucha contra los actos de corrupción en los
que estén implicados funcionarios de las Comunidades Europeas o de los
Estados Miembros de la Unión Europea, firmado en Bruselas el 26 de mayo
de 1997, así como Reserva y Declaración que España va a formular al
mismo.
No se han presentado propuestas.
¿Algún grupo desea intervenir? (Pausa.) ¿Turno de portavoces? (Pausa.)
¿Puede entenderse aprobado por asentimiento? (Pausa.)
Así se acuerda y, en consecuencia, se autoriza en este acto que el
Gobierno pueda prestar su consentimiento para obligarse por medio del
citado Convenio.
--CANJE DE NOTAS CONSTITUTIVO DE ACUERDO ENTRE ESPAÑA Y CHINA SOBRE
MODIFICACION DEL CONVENIO SOBRE TRANSPORTE AEREO CIVIL ENTRE EL GOBIERNO
DEL REINO DE ESPAÑA Y EL GOBIERNO DE LA REPUBLICA POPULAR CHINA, HECHO EN
PEKIN EL 19 DE JUNIO DE 1978 (S. 610/000281) (C. D. 110/000282).
El señor VICEPRESIDENTE (Aguilar Belda): Canje de Notas constitutivo de
Acuerdo entre España y China sobre modificación del Convenio sobre
transporte aéreo civil entre el Gobierno del Reino de España y el
Gobierno de la República Popular China, hecho en Pekín el 19 de junio de
1978.
No se han presentado propuestas.
¿Algún grupo desea intervenir? (Pausa.)
¿Turno de portavoces? (Pausa.)
¿Puede entenderse aprobado por asentimiento? (Pausa.)
Se aprueba y se autoriza en este acto que el Gobierno pueda prestar su
consentimiento para obligarse por medio del citado Canje de Notas.
--ACUERDO ENTRE EL GOBIERNO DEL REINO DE ESPAÑA Y EL GOBIERNO DE LA
REPUBLICA DE MOLDOVA SOBRE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR CARRETERA, HECHO
EN VARSOVIA EL 20 DE MAYO DE 1999 (S. 610/000282) (C. D. 110/000283).
El señor VICEPRESIDENTE (Aguilar Belda): Acuerdo entre el Gobierno del
Reino de España y el Gobierno de la República de Moldova sobre transporte
internacional por carretera, hecho en Varsovia el 20 de mayo de 1999.
No se han presentado propuestas.
¿Algún grupo desea intervenir? (Pausa) ¿Turno de portavoces? (Pausa.)
¿Puede entenderse aprobado por asentimiento? (Pausa.)
Así se acuerda y, en consecuencia, se autoriza en este acto que el
Gobierno pueda prestar su consentimiento para obligarse por medio del
Acuerdo citado.
--CONVENIO ENTRE EL GOBIERNO DEL REINO DE ESPAÑA Y EL GOBIERNO DE LA
REPUBLICA ESLOVACA SOBRE LA COOPERACION EN MATERIA DE LA LUCHA CONTRA LA
DELINCUENCIA ORGANIZADA, HECHO EN BRATISLAVA EL 3 DE MARZO DE 1999 (S.
610/000283) (C. D. 110/000285).
El señor VICEPRESIDENTE (Aguilar Belda): Convenio entre el Gobierno del
Reino de España y el Gobierno de la República Eslovaca sobre la
cooperación en materia de la lucha contra la delincuencia organizada,
hecho en Bratislava el 3 de marzo de 1999.
No se han presentado propuestas.
¿Algún grupo desea intervenir? (Pausa.)
¿Turno de portavoces? (Pausa.)
¿Puede entenderse aprobado por asentimiento? (Pausa.)
Se aprueba y se autoriza en este acto que el Gobierno pueda prestar su
consentimiento para obligarse por medio del Convenio citado.
--PROTOCOLO ADICIONAL A LA CARTA SOCIAL EUROPEA, HECHO EN ESTRASBURGO EL
5 DE MAYO DE 1998 (S. 610/000284.) (C. D. 110/000286).
El señor VICEPRESIDENTE (Aguilar Belda): Protocolo Adicional a la Carta
Social Europea, hecho en Estrasburgo el 5 de mayo de 1998.
No se han presentado propuestas.
¿Algún Grupo desea intervenir? (Pausa.)
¿Turno de portavoces? (Pausa.)
¿Puede entenderse aprobado por asentimiento? (Pausa.)
Queda aprobado por asentimiento y se autoriza en este acto que el
Gobierno pueda prestar su consentimiento para obligarse por medio del
protocolo citado.
--PROTOCOLO ADICIONAL AL CONVENIO PARA LA PROTECCION DE LOS DERECHOS
HUMANOS Y LA DIGNIDAD DEL SER HUMANO CON RESPECTO A LAS APLICACIONES DE
LA BIOLOGIA Y LA MEDICINA, POR LA QUE SE PROHIBE LA CLONACION DE SERES
HUMANOS, HECHO EN PARIS EL 12 DE ENERO DE 1998 (S. 610/000285.) (C. D.
110/000287).
El señor VICEPRESIDENTE (Aguilar Belda): Protocolo Adicional al Convenio
para la protección de los derechos humanos y la dignidad del ser humano
con respecto a las aplicaciones de la biología y la medicina, por la que
se prohíbe la clonación de seres humanos, hecho en París el 12 de enero
de 1998.
No se han presentado propuestas a este convenio.
¿Algún Grupo desea intervenir? (Pausa.)
¿Turno de portavoces? (Pausa.)
¿Puede entenderse aprobado por asentimiento? (Pausa.)
Queda aprobado por asentimiento y se autoriza en este acto que el
Gobierno pueda prestar su consentimiento para obligarse por medio del
protocolo citado.
--CONVENIO ENTRE EL GOBIERNO DEL REINO DE ESPAÑA Y EL GOBIERNO DE LA
FEDERACION
DE RUSIA SOBRE COOPERACION EN MATERIA DE LUCHA CONTRA LA DELINCUENCIA,
HECHO EN MOSCU EL 17 DE MAYO DE 1999, Y NOTAS VERBALES DE FECHA 13 Y 27
DE JULIO DE 1999 MEDIANTE LAS QUE ESPAÑA Y LA FEDERACION DE RUSIA HAN
PROCEDIDO A SUBSANAR UN ERROR OBSERVADO EN LA VERSION ESPAÑOLA DEL
ARTICULO 2.3 DEL CITADO CONVENIO (S. 610/000286.) (C. D. 110/000284).
El señor VICEPRESIDENTE (Aguilar Belda): Convenio entre el Gobierno del
Reino de España y el Gobierno de la Federación de Rusia sobre cooperación
en materia de lucha contra la delincuencia, hecho en Moscú el 17 de mayo
de 1999, y Notas Verbales de fecha 13 y 27 de julio de 1999 mediante las
que España y la Federación de Rusia han procedido a subsanar un error
observado en la versión española del artículo 2.3 del citado Convenio.
No se han presentado propuestas a este Convenio.
¿Algún Grupo desea intervenir? (Pausa.)
¿Turno de portavoces? (Pausa.)
¿Puede entenderse aprobado por asentimiento? (Pausa.)
Queda aprobado por asentimiento y se autoriza en este acto que el
Gobierno pueda prestar su consentimiento para obligarse por medio del
citado Convenio.
TOMA EN CONSIDERACION DE PROPOSICIONES DE LEY DEL SENADO:
--PROPOSICION DE LEY PARA LA ASISTENCIA Y AMPARO DE LOS ESPAÑOLES
PRIVADOS DE LIBERTAD EN EL EXTRANJERO (AUTOR: GRUPO PARLAMENTARIO
SOCIALISTA) (622/000015).
El señor VICEPRESIDENTE (Aguilar Belda): Punto sexto del orden del día,
toma en consideración de proposiciones de Ley del Senado. Proposición de
Ley para la asistencia y amparo de los españoles privados de libertad en
el extranjero, del Grupo Parlamentario Socialista.
No se ha presentado ninguna proposición de ley alternativa.
Para la defensa de la toma en consideración de la proposición de ley, por
el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el Senador Díez.
El señor DIEZ GONZALEZ: Muchas gracias, señor Presidente.
Señorías, en el pasado período de sesiones se trató de llegar a un
acuerdo parlamentario con todos los grupos de la Cámara que hiciese
posible la toma en consideración de esta proposición de ley. No fue
posible.
En éste penúltimo Pleno de la legislatura quisiéramos llegar a un acuerdo
que permita abordar en la próxima legislatura la mejora de la asistencia
de los españoles privados de libertad en el extranjero con la aprobación
de esta proposición de ley.
El trámite previsto en los Reglamentos del Congreso y del Senado, como
sus señorías conocen, permite tramitar una proposición de ley con la
participación de todos los grupos parlamentarios con el mismo
procedimiento que el establecido en un proyecto de ley del Gobierno, es
decir, con presentación de enmiendas, y poder modificar y adecuar en
interés de todos los grupos a través de un consenso que podía permitir
someter a la consideración del Parlamento una situación importante para
muchos ciudadanos españoles en prisión y para sus familias.
En el último Pleno del Senado vamos a discutir un texto importante que
hace referencia a los inmigrantes en España, partiendo precisamente de
una proposición de ley que en su día presentó en el Congreso de los
Diputados el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergencia i
Unió, que permitió a lo largo de esta legislatura que todos los grupos
parlamentarios pudiesen hacer aportaciones.
Por lo tanto, éste es el interés y la intención del Grupo Parlamentario
Socialista al presentar el 26 de febrero esta proposición de ley para que
pudiera ser discutida y poder llegar a un acuerdo parlamentario.
El artículo 25.2 de la Constitución Española reconoce que las penas
privativas de libertad y las medidas de seguridad estarán orientadas
hacia la reeducación y reinserción social, a la vez que concede
determinados derechos fundamentales a los condenados. En virtud de tales
principios fue redactada la normativa vigente en materia penitenciaria,
como es la Ley Orgánica General Penitenciaria, y como posteriormente se
ha venido desarrollando con los Reglamentos penitenciaros que hacen
posible el desarrollo de esa importante Ley Orgánica. Deseo referir a sus
señorías que esta Ley Orgánica es la primera que se aprueba en las Cortes
Generales después de aprobada la Constitución. No obstante, dicha
normativa no regula la singular situación de los nacionales españoles
privados de libertad en el extranjero. Ante el aumento progresivo de las
personas en esta situación, urge la necesidad de la presente proposición
de ley para que los referidos principios constitucionales y legales se
extiendan a dicho colectivo de afectados, de manera que los poderes
públicos españoles y sus representaciones diplomáticas u oficinas
consulares les asistan y les amparen.
La labor asistencial y de ayuda previstas en la presente proposición de
ley tienen como fin primordial velar por los derechos humanos de los
nacionales españoles en el ámbito penitenciario de países extranjeros,
contribuyendo con ello en las tareas de reeducación, reinserción y
resocialización de los detenidos o recluidos, en virtud de sentencias que
contemplan penas y medidas de seguridad privativas de libertad. El
contenido de la proposición de ley, por lo tanto, lleva al ámbito de la
responsabilidad de las oficinas consulares o de la Administración
española en el exterior una serie de disposiciones generales, que abarcan
el ámbito objetivo y subjetivo de aplicación, las autoridades
competentes, el respeto a la soberanía y leyes del país de condena, la
asistencia y amparo de los españoles privados de libertad en el
extranjero, la regulación del uso de los datos de carácter personal, el
ingreso en un establecimiento
penitenciario, la ubicación en el centro de detención o penitenciario, la
agrupación de los presos españoles, los servicios durante la privación de
libertad y las necesidades básicas, la asistencia sanitaria, los medios
de información y cultura, los paquetes y encargos, los objetos
personales, la transferencia de fondos, la colaboración con la asistencia
jurídica, los registros y cacheos, las comunicaciones y visitas, la
comunicación y acceso con los afectados, la comunicación al Ministerio de
Asuntos Exteriores español, las gestiones consulares a favor de los
condenados, el Libro de Registro de Visitas, la periodicidad de las
visitas, el plan de visitas, la información facilitada a las personas
privadas de libertad, las peticiones y quejas ante la Administración
penitenciaria, las entidades colaboradoras, las medidas de seguridad y
medidas disciplinarias, y el tratamiento penitenciario. En definitiva, un
conjunto de artículos que terminan con los servicios de Seguridad Social,
la solicitud de traslado, el procedimiento de traslados, gastos del
traslado, etcétera. En total, 46 artículos, dos disposiciones adicionales
y una disposición final.
Recientemente, el Consejo General de la Emigración, reunido en Madrid los
pasados días 15, 16 y 17 de noviembre, representativo, como sus señorías
conocen, de 1.500.000 españoles residentes en el extranjero, aprobó por
unanimidad una resolución que afectaba precisamente a la necesidad de
atención a los ciudadanos españoles privados de libertad en el
extranjero. No es casual que sea el Consejo General de la Emigración, es
decir, los representantes de los ciudadanos españoles que están
residiendo fuera de España, quienes se preocupen por una realidad como es
la de nuestros compatriotas que están en dificultades. Dificultades que
en gran medida son atendidas por los representantes de ese Consejo de la
Emigración en el exterior, en comunicación directa con nuestras
autoridades consulares y con nuestra representación diplomática en el
exterior. Este Consejo General de la Emigración también se preocupaba por
la situación de estos nacionales españoles y planteaba la necesidad de
una norma legal que permita resolver los problemas no resueltos por la
Ley General Penitenciaria, en aspectos y capítulos muy importantes,
pendientes de resolución en estos momentos, que afectan, lamentablemente,
cada día a un mayor número de familias y ciudadanos españoles.
De ahí que, a la vista de que no se ha presentado ninguna proposición
alternativa, pidamos un gesto en este penúltimo Pleno de esta
legislatura, que permita abordar en la próxima legislatura un problema
nuevo que las Cortes Generales tienen la obligación de abordar porque, en
definitiva, con esta proposición estamos atendiendo a una situación de
manera que se tienda a garantizar los derechos constitucionales y legales
de los nacionales privados de libertad en el extranjero, que coinciden
con los derechos humanos fundamentales de los ciudadanos.
Y en ese sentido, espero de sus señorías un apoyo a esta proposición de
ley, que no es otra cosa que buscar abordar un problema latente de la
sociedad española, aunque nuestros nacionales estén en prisión fuera de
España.
Nada más. Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Aguilar Belda): Gracias, Senador Díez.
Para turno en contra, tiene la palabra la Senadora Vindel.
La señora VINDEL LOPEZ: Señor Presidente, señorías, subo a esta tribuna
para consumir un turno en contra de la hipoteca parlamentaria que nos
acaba de presentar el Senador Díez.
La proposición que acaba de defender desde esta tribuna el Senador Díez
para la asistencia y amparo de los españoles privados de libertad en el
extranjero obedece, es cierto, a un muy loable propósito y a una
motivación, señorías, digna de todo aprecio, porque lo que intenta es
mejorar las condiciones de vida de los ciudadanos españoles, ya sean
detenidos, presos o condenados en el extranjero, y garantizar, además, la
plena efectividad de sus derechos fundamentales, incluso fuera de nuestro
país.
En el Grupo Popular nos hubieran gustado dos cosas: En primer lugar, nos
hubiera gustado que esta proposición de ley --transcendental, desde
luego-- hubiera venido acompañada de los requisitos que exige el artículo
108 del Reglamento. Y, además, también nos hubiera gustado que se hubiera
elaborado --como así quedamos-- un texto por consenso, pero luego, al
final de mi intervención, me referiré a él. (El señor Vicepresidente,
Cardona i Vila, ocupa la Presidencia.)
En cuanto a toda esta panoplia de artículos, repartidos en tres títulos,
dos disposiciones adicionales y una final, quiero decir, en relación con
su contenido, que es necesario tener muy presente, a la hora de tramitar
esta proposición, el principio de territorialidad, de forma que los
ciudadanos españoles detenidos, procesados y condenados en el extranjero
están plenamente sometidos a la legislación del país en que se
encuentran. No es posible, por lo tanto, desde un punto de vista técnico,
aplicar en ningún aspecto el ordenamiento jurídico español.
Así, por lo tanto, resulta muy dudosa la eficacia de una norma que lo que
pretende es incidir en cuestiones propias de la política penitenciaria de
países extranjeros. Me estoy refiriendo a las condiciones de la prisión
--artículos 6 y 7 de la proposición--, al agrupamiento de presos
españoles --artículo 8--, a las medidas de seguridad y disciplina
--artículo 27-- y al tratamiento penitenciario --todo el título III--,
cuando, además, la propia iniciativa del Grupo Socialista reconoce esta
misma limitación ya en el artículo 3 de esta proposición.
Además, algunos de sus artículos son innecesarios, señorías, porque se
refieren a derechos ya reconocidos en otras normas vigentes del
ordenamiento, por ejemplo, el artículo 4, que se refiere al respeto de
los españoles y a los derechos de los españoles y al principio de
igualdad; o, si lo prefieren, el artículo 5, uso de datos de carácter
personal; o, si prefieren, el artículo 18 y siguientes y concordantes,
actuación de los órganos consulares; o, por ejemplo --se me ocurre sobre
la marcha--, el artículo 38, solicitud de medidas de gracia; y, por
último, en este apartado de artículos completamente innecesarios, el
artículo 40, sobre la libertad condicional. Esto sólo por citar unos
cuantos de
los 46 artículos, por lo que se refiere a los que son innecesarios.
Pero es que, además, hay otros que presentan graves deficiencias técnicas
e imprecisiones o presentan un detalle más propio de un reglamento. Por
ejemplo, señorías, el artículo 7.2. Este artículo es el relativo a
españoles privados de libertad que tengan hijos menores de edad, de cuyo
traslado a España deberá hacerse cargo la representación diplomática
española. Pero el texto presupone que ese menor también es español que,
además, no existen parientes en el país de condena, ni hay oposición por
parte de las autoridades locales a que ese menor salga; no exige el
consentimiento de la persona detenida, ni tampoco contempla el supuesto
de que no sea el padre o la madre, sino que sea un simple tutor. O, si lo
prefieren sus señorías, otro ejemplo, también en este artículo 7, pero en
su número 3, que otorga al representante diplomático o consular unas
funciones cuasi jurisdiccionales, al establecer que, en caso de conflicto
entre los cotitulares de la patria potestad de un menor de tres años,
será dicho representante --el consular-- quien decida si el menor debe
permanecer en prisión con el progenitor o se le traslada a España, nada
más, señorías, y nada menos.
Pero, además, la inexigencia del consentimiento del detenido también
aparece en otros artículos, que, si se interpretan literalmente, van en
contra de sus derechos a la libertad y a la intimidad y, por tanto,
podrían ser tachados desde ya como inconstitucionales, como, por ejemplo,
el artículo 12, en cuanto a la recepción de paquetes por la Oficina
Consular o el artículo 21, que se refiere al Libro de Registro de Visitas
de los afectados o, si lo prefieren, el artículo 44, que concede el
derecho a solicitar el traslado a España para el cumplimiento de la
condena. Y cito textualmente con comillas: «En caso de no existir
Convenio.» Se cierran las comillas.
Precepto, señorías, dificilísimo de entender, porque los traslados para
el cumplimiento de condena se fundamentan en la existencia de un convenio
bilateral o multilateral que los regule, pero si no lo hay no hay
traslado.
Para el excesivo nivel de detalle, yo les remitiría, señor Presidente,
señorías, al artículo 9, que, en sí mismo, es contradictorio con el
número 3. Pero, además, en virtud de esta proposición y de este
despropósito, las Oficinas Consulares quedarían transformadas en
servicios sociales penitenciarios, algo, desde luego, para lo que no
están concebidas ni permitidas en un país extranjero. Por otra parte,
desde aquí tampoco pueden regularse las condiciones penitenciarias en el
extranjero.
Y, finalmente, en cuanto a nuestra oposición de fondo, les diré que,
además, esta proposición de ley supone conceder --fíjense qué ironía--
más derechos a los presos españoles en el extranjero que en cárceles
españolas. Ni más, ni menos.
Aprovechando, señor Presidente, que me queda algo de tiempo, quiero hacer
referencia a un par de cosas que ha manifestado el Senador Díez.
En primer lugar, permítanme, señorías, que les refresque la memoria. Esta
proposición de ley fue retirada en mayo de 1991, en virtud de un
consenso, al cual todos dijimos sí. Posteriormente, fue incluida dos
veces en el orden del día de sucesivos Plenos y, por tanto, fue también
retirada dos veces porque no la hemos vuelto a ver. Evidentemente,
tendríamos los meses de junio, julio --agosto no lo voy a contar--,
septiembre, octubre, noviembre. Senador Díez, casi cinco meses para
elaborar un texto de común acuerdo. Yo, sinceramente, no entiendo qué
entiende usted por consenso y por acuerdo. Porque aquí, lo único que
usted hace, aparte de enviar al Congreso de los Diputados una muy buena
hipoteca parlamentaria, es decir: Este es nuestro texto y si ustedes
están de acuerdo, vótenlo. Muy bonita manera de entender su señoría el
consenso. Si esta proposición de ley, señorías, va al Congreso de los
Diputados, no se aprueba; y ustedes lo saben porque la Legislatura va a
terminar.
Por tanto, esta bellísima iniciativa, que, con la aportación de todos los
grupos parlamentarios, seguro que habríamos hecho un magnífico trabajo
tiempo atrás para el Congreso de los Diputados y se podría haber aprobado
en condiciones y, sobre todo, en tiempo real, se queda en un mero brindis
al sol, Senador Díez.
Si a usted no le importan las expectativas y la ilusión que genera en las
familias de los presos españoles que están en el extranjero, al Grupo
Parlamentario Popular sí, y, por tanto, vamos a votar en contra.
Muchas gracias. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario
Popular.)
El señor VICEPRESIDENTE (Cardona i Vila): Muchas gracias, Senadora
Vindel.
Para turno a favor, tiene la palabra el Senador Díez.
El señor DIEZ GONZALEZ: Muchas gracias, señor Presidente.
Señora Vindel, tiene usted muy mala memoria, la cual debiera refrescar.
Si el Grupo Parlamentario Socialista retiró en su momento en el Pleno de
mayo, al que usted se refiere, la iniciativa, fue, precisamente, a
propuesta suya, tratando de buscar un acuerdo, el cual debiera proceder
de esos escaños porque la proposición estaba aquí. Hay un texto que usted
ha ido diseccionando, artículo por artículo, y parecía la disección del
debate. A mí me estaba alegrando porque esperaba que supondría, y supone,
el debate parlamentario de una proposición de ley. Es decir, la
presentación de enmiendas, su discusión, incluso de una enmienda a la
totalidad, que cabe, como su señoría conoce perfectamente, en el debate
de una proposición de ley y, en definitiva, tratar de resolver entre
todos los grupos parlamentarios, un problema que existe y que usted no ha
negado.
Ha entrado a diseccionar un texto, y el Grupo Parlamentario Socialista
todavía está esperando, desde hace bastantes meses, a propuesta de su
señoría, la aportación de un texto alternativo por parte del Grupo
Parlamentario Popular. Usted lo ha llamado hipoteca; todas las leyes
tienen una cierta hipoteca, obligan hipotecariamente al Gobierno. Se
refería usted a que no se ha cumplido el artículo 108 del Reglamento.
Este grupo parlamentario no tiene ninguna responsabilidad. Esta
proposición de ley ha sido
calificada por la Mesa de la Cámara y ha entrado reglamentariamente en el
debate parlamentario que en este momento estamos realizando. En el pasado
período de sesiones lo hemos presentado en dos Plenos, y el Grupo
Parlamentario Popular no ha presentado ningún texto alternativo, porque
la realidad es que no tiene voluntad de que se discuta este asunto. Usted
decía, y es una ironía, que con esta proposición de ley vamos a procurar
que los ciudadanos españoles detenidos privados de libertad fuera de
España vayan a tener mayores derechos que los ciudadanos españoles
detenidos o privados de libertad en España. Es una cierta ironía, porque
usted conoce perfectamente la circunstancia difícil de la mayoría de los
ciudadanos españoles que están en prisión fuera de España. Es más, lo que
garantizamos en esta proposición de ley es que nuestra Administración,
nuestro Servicio Exterior fuera de España tenga mayores obligaciones
legales, que en este momento únicamente las tiene por vía de reglamento
interior del Ministerio de Asuntos Exteriores, como pueden ser las
circulares interiores de dicho ministerio. En definitiva, hay vacíos
legales en la Ley General Penitenciaria, en el Reglamento Penitenciario.
No es casual que ni en la Ley General Penitenciaria que es del año 1979
ni en el Reglamento que la desarrolla no se haga referencia alguna a la
situación de ciudadanos españoles trasladados desde otros países para
cumplir condenas en España.
Hay otra serie de circunstancias que están en el articulado que podemos
discutir en cuanto este texto vaya al Congreso de los Diputados, que se
puede recuperar perfectamente en la próxima legislatura y discutirse, y
le he puesto un ejemplo: la proposición de ley que Convergència i Unió
presentó recientemente y que va a ser motivo de importante debate en el
próximo Pleno de esta Cámara. Este es el sentido de esta proposición, no
es un sentido de brindis al sol, señoría, ni muchísimo menos, es el
sentido de una realidad, de un problema que tenemos y al que debemos dar
alternativas posibles a través de una Administración, a través de un
Servicio Exterior de España que quiere además más competencias, y usted
lo conoce perfectamente, quiere tener esas competencias para cumplir
mejor sus obligaciones.
Me ha parecido un sarcasmo, y me gustaría que lo retirase, que diga su
señoría que nuestras Oficinas Consulares se van a convertir en servicios
de atención a los presos españoles en el exterior. No es ésa la
pretensión, ni mucho menos, porque, además, una de las obligaciones de
las Oficinas Consulares españolas fuera de España es precisamente atender
las circunstancias de necesidad de los nacionales fuera de España,
circunstancias de necesidad que van por todos los sitios, también a los
nacionales que están en prisión. Y su señoría sabe que en muchos casos se
atienden fuera de reglamento, fuera de norma, y hace falta que la norma
esté establecida.
Y si le decía que los días 15, 16 y 17 de este mes, el Consejo General de
la Emigración, que representa a ese millón y medio de residentes
españoles fuera de España, se reúne en Madrid y aprueba por unanimidad
una resolución que solicita a los poderes públicos una regulación
adecuada de este problema, no es ninguna casualidad, porque nuestros
residentes y los representantes del Consejo de la Emigración fuera de
España tienen también que suplir a veces deficiencias de nuestra propia
Administración y atender no solamente a los ciudadanos españoles privados
de libertad fuera de España sino también y fundamentalmente a sus
familias, porque es un problema de doble sentido: el problema del
ciudadano o de la ciudadana que se encuentra en prisión fuera de España y
el problema de las casi 1.500 familias de ciudadanos españoles que están
precisamente acusando la deficiencia de un Servicio Exterior que en
ocasiones no tiene las competencias debidas para resolver y dar sentido a
algo tan elemental como, por ejemplo, hacer llegar un paquete o unas
gafas a un ciudadano que está en prisión y las necesita.
Señoría, creo sinceramente que usted en el fondo está de acuerdo con la
proposición. Otra cosa son las directrices que ha recibido del Gobierno.
Sabemos que al Gobierno no le gusta en modo alguno esta proposición de
ley. Usted tiene que hacer su papel, pero sabe perfectamente que el
sentido reglamentario de una proposición de ley no es otro que abrir un
debate, buscar un consenso por el procedimiento que las Cámaras se han
otorgado; la presentación de enmiendas, incluso a la totalidad o de
textos alternativos. La realidad es que si en el debate del mes de mayo
su señoría abundó y ofertó un consenso en torno a esta proposición y a
este texto, mi Grupo y otros grupos parlamentarios hemos estado
esperando, quizás en vano, que ese texto llegara, así como esa voluntad
política, que a veces se traduce por las palabras, cosa que no ha
ocurrido.
Este brindis al sol, como su señoría lo ha llamado, se necesita en este
momento, hay muchos ciudadanos y ciudadanas españolas que están esperando
una actuación real de las Cortes Generales para cubrir lagunas que no
están suficientemente resueltas en la legislación española, y ya no hablo
de la Ley General Penitenciaria y el Reglamento que la desarrolla, sino
de otros ámbitos a los que nuestro Servicio Exterior está pidiendo
aquellas herramientas, aquellos mecanismos que permitan atender mejor a
ciudadanos que necesitan de esa atención.
Nada más, señor Presidente. Muchas gracias. (Aplausos desde los escaños
del Grupo Parlamentario Socialista.--La señora Vindel López pide la
palabra.)
El señor VICEPRESIDENTE (Cardona i Vila): Muchas gracias, Senador Díez.
Senadora Vindel, ¿en concepto de qué quiere intervenir?
La señora VINDEL LOPEZ: Por el artículo 87 del Reglamento. Además, creo
entender que hay dos turnos a favor y dos en contra.
El señor VICEPRESIDENTE (Cardona i Vila): Sí, pero tienen que ser de
grupos diferentes. En cualquier caso, tiene la palabra por el artículo
87.
La señora VINDEL LOPEZ: Muchas gracias, señor Presidente.
Voy a intervenir con brevedad. Senador Díez, siento muchísimo que le haya
molestado que haya leído su texto y que lo califique como un mal texto,
porque lo es. Un texto que puede ser tachado de inconstitucional, que se
olvida del principio de territorialidad y que lo único que hace es
aprobar una ley en papel mojado, realmente no merece la pena.
Dice usted que a mí me gusta ese texto y al Gobierno no. No nos gusta a
nadie porque es muy malo. Señoría, como le he dicho al comienzo de mi
intervención, su intención es muy loable y digna de mérito, aplauso y
aprecio. Y si usted quiere que además le ponga una medalla, se la pongo.
Senador Díez, ¡qué más da! Pero vamos a ser serios. No juguemos con el
calendario. No juguemos con la buena voluntad y las buenas intenciones de
la gente, y no me venga diciendo a dos semanas de acabar una legislatura
que hay muchísimos ciudadanos que están esperando esto porque lo llevan
haciendo ya mucho tiempo, y usted lo ha reconocido en la tribuna.
No sé si usted habrá pensado, por no pertenecer al Grupo mayoritario de
la Cámara, que éramos nosotros los que debíamos adoptar esta iniciativa.
Pero, Senador Díez, ¡es que en el Grupo Popular no nos hacen falta
medallas! He estado esperándole en mi despacho desde el mes de mayo, lo
mismo que el resto de los portavoces. Es más, incluso hemos comentado
entre nosotros: ¡Qué extraño que el Senador Díez, con el empeño que tiene
en este tema, no nos haya convocado a una reunión! Porque estábamos muy
dispuestos a trabajar y, como le he dicho antes, a conseguir un buen
texto. Y a lo mejor habríamos llegado a tiempo.
Comprendo que su Grupo no haya podido operar conforme establece el
artículo 108 del Reglamento. Está claro. ¿Cómo van a presentar una
Memoria explicativa si ni siquiera saben ustedes las cantidades que se
pueden asignar porque dejan ese tema como un concepto jurídico en blanco?
Por tanto, no le eche la culpa a la Mesa. La culpa es suya.
Entiendo, señor Presidente, que este segundo turno tiene por objeto
convencernos de que votemos a favor, pero tras la intervención del
Senador Díez no nos queda más remedio que reafirmarnos en nuestra
postura.
Para finalizar, Senador Díez, siento decirle que al presentar una
proposición de ley a tan solo dos semanas de que finalice esta
legislatura usted no ha hecho un papel, sino un «papelón».
Muchas gracias. (Aplausos desde los escaños del Grupo Parlamentario
Popular.)
El señor VICEPRESIDENTE (Cardona i Vila): Muchas gracias, Senadora
Vindel.
Senador Díez, ¿desea intervenir en este momento? (Pausa.)
Entonces, abrimos turno de portavoces.
Por el Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra el Senador Cámara.
El señor CAMARA FERNANDEZ: Gracias, señor Presidente.
Quiero expresar el acuerdo de nuestro Grupo --el mío en este caso, porque
en estos momentos me encuentro solo-- con esta proposición de ley por
considerar que es oportuna, que es el momento de presentarla. E
independientemente de la dialéctica que se utilice en esta Cámara, creo
que éste es un tema de razones. Por tanto, si la toma en consideración de
una proposición de ley se considera positiva, de pertenecer al Grupo
mayoritario de esta Cámara yo no perdería ni un minuto y correría a
estudiar qué introducir con el fin de mejorarla. Ni más ni menos. Y los
rifirrafes deben estar al margen del tema de fondo, que consiste en qué
hacer para proteger, defender y favorecer a los presos y sus familias, a
los ciudadanos españoles que se encuentran en el extranjero en esas
condiciones.
Insisto, hay que emplear la dialéctica con razones y no para hacer un
brindis al sol negando lo que es evidente: la oportunidad de esta
proposición de ley. Así pues, vaya por delante nuestro voto a favor.
Gracias. (Aplausos desde los escaños del Grupo Parlamentario Socialista.)
El señor VICEPRESIDENTE (Cardona i Vila): Muchas gracias, Senador Cámara.
Por el Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos, tiene la
palabra el Senador Caballero.
El señor CABALLERO LASQUIBAR: Gracias, señor Presidente.
Desde el escaño anuncio nuestro voto favorable a esta proposición de ley
que presenta el Grupo Socialista para la asistencia y amparo de los
españoles privados de libertad en el extranjero.
En anteriores intervenciones a propósito de este asunto nuestro Grupo ha
manifestado el deseo y la necesidad de regular esta materia desde el
consenso, dada la trascendencia de este asunto y su contenido. Sin
embargo, parece obvio que en la presente sesión y en esta legislatura no
va a ser posible que prospere esta proposición, a pesar de que
aparentemente estamos todos de acuerdo en su necesidad e importancia.
Sirva, pues, nuestro voto favorable, no sólo como lógica continuidad de
nuestro criterio, sino también como recordatorio y toma de posición para
una futura legislación que habrá de llegar, toda vez que estamos hablando
de la protección de los derechos y libertades de ciudadanos de nuestro
país, que deben ser protegidos en todo tiempo y lugar conforme a los
principios contenidos en el Título I de la Constitución, que definen
nuestra común concepción del hombre y de sus intrínsecos valores.
Muchas gracias. (Aplausos desde los escaños del Grupo Parlamentario
Socialista.)
El señor VICEPRESIDENTE (Cardona i Vila): Muchas gracias, Senador
Caballero.
Por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió,
tiene la palabra el Senador Carrera.
El señor CARRERA I COMES: Senyor President, senyorias. En esta iniciativa
también tengo mis dudas sobre
qué utilidad va a tener si la toma en consideración de esta proposición
de ley fuera aprobada cuando estamos al final de la legislatura, y este
interrogante va a ser, más que mi hilo conductor, el que me lleve a la
posición final de nuestro grupo.
Como digo, no sé cuál podría ser la utilidad, tampoco para qué va a
servir el debate de esta iniciativa, cuando ya lo tuvimos en el mes de
marzo, que fue cuando lo presentó el Grupo Parlamentario Socialista.
Entonces hubo consenso general de todos los grupos para retirarla e
intentar presentar un texto conjunto, es decir, una proposición de ley
avalada por los cinco grupos parlamentarios presentes en esta Cámara, e
incluso este Senador terminaba su intervención diciendo que también su
grupo se sumaba al seguimiento y control para que se acotara a un tiempo
prudencial lo que podría ser el debate posterior. Efectivamente este
tiempo prudencial, por lo que sea, no se ha producido.
Así estamos. El nuevo texto no ha llegado. Por tanto, el Grupo
Parlamentario Socialista, aunque sea de una manera testimonial, ha tomado
la decisión de presentarla de nuevo con el mismo texto anterior.
Señorías, les digo que aunque desconozco el camino final y su utilidad,
que lo veo con todas las nebulosas del mundo dado que no se ha avanzado
en un nuevo texto, y como sea que la toma en consideración permitiría en
sus trámites posteriores --eso es cierto--, si los hubiera, la
incorporación de todas las aportaciones del resto de los grupos, tampoco
pasaría nada si prosperase esta iniciativa aunque fuera, como decía
antes, como posición testimonial. Estas eran un poco mis reflexiones,
aunque luego al final la votación no sé si va a ser del agrado de sus
señorías.
Pero realmente es así: si estamos en este punto; si se produjo el debate;
si, además, al ser una toma en consideración permite todas las
aportaciones posibles de los grupos que puedan intervenir, tampoco,
repito, pasaría nada si prosperara y siguiera su camino esta proposición.
¿Por qué digo esto? Porque sin entrar en el texto ni en el contenido de
los 46 artículos --como ha hecho la Senadora Vindel con conocimiento de
causa-- ni tampoco en las disposiciones adicionales y finales, nuestro
grupo dice que la exposición de motivos contiene consideraciones que
compartimos. Además me pareció que, además, hay informes totalmente
contradictorios a este texto y, por lo tanto, deberían tenerse en cuenta.
Pero lo que es la exposición de motivos, por tanto, la filosofía de lo
que es la propia ley, nuestro Grupo la comparte. Así en la misma se dice:
«El artículo 25.2 de la Constitución reconoce que las penas privativas de
libertad y las medidas de seguridad estarán orientadas hacia la
reeducación y reinserción social, a la vez que concede determinados
derechos fundamentales a los condenados. En virtud de tales principios
fue redactada la normativa vigente en materia penitenciaria.» «No
obstante --continúa--, dicha normativa no regula la singular situación de
los nacionales privados de libertad en el extranjero. El aumento
progresivo de los mismos, urge a la necesidad de la presente ley para que
los referidos principios constitucionales y legales se extiendan a dicho
colectivo de afectados de manera que los poderes públicos españoles y sus
representaciones diplomáticas u oficinas consulares les asistan y
amparen» --voy haciendo un paréntesis de este propio texto inicial--.
«Los servicios regulados en la presente Ley se llevarán a cabo atendiendo
al principio de individualización científica en la ejecución del
tratamiento penitenciario de tal manera que se produzca una atención
individualizada para cada recluso...» --creo que en esto estamos todos de
acuerdo--. Sigo: «Principio inspirador del cumplimiento de la asistencia
y amparo penitenciario regulados en la presente Ley será la consideración
de que el detenido o condenado es sujeto de derecho y no se halla
excluido de la sociedad, sino que continúa formando parte de la misma,
siendo acentuada dicha consideración ante la particular situación de los
detenidos y presos y en países extranjeros.» Compartimos todo esto, y
estoy convencido de que también lo hace el resto de la Cámara.
«Por todo ello, la vida en prisión debe tomar como referencia la vida en
libertad en el entorno habitual del recluso, por lo que las autoridades
competentes procurarán reducir al máximo los efectos nocivos de la
detención o el internamiento en países extranjeros, favoreciendo y
fortaleciendo los vínculos entre los detenidos o reclusos con sus
familias y las comunidades de donde proceden...» Va hilvanando todo esto
un hilo conductor, que se basa en la reflexión que yo hacía llegar a sus
señorías en cuanto a la posición, por lo menos en lo que se refiere a
este texto, antes de llegar al articulado. Y continúo, pero ya voy
llegando al final, señor Presidente. «... el contenido de la presente Ley
debe ser una adaptación de la normativa actualmente vigente para el
interior a las particulares circunstancias de una asistencia y amparo en
territorio extranjero, siempre teniendo en cuenta la soberanía de dicho
territorio. En consecuencia, esta norma supone una respetuosa
intervención de las autoridades españolas en su cometido, sin menoscabo
alguno...» (El señor Carrera i Comes hace una pausa para beber agua.)
Perdón; si me permiten el inciso les diré que ésta es la repercusión
emocional de otras situaciones vividas esta mañana fuera de este
hemiciclo. (Aplausos y risas en los escaños del Grupo Parlamentario
Popular.)
El señor VICEPRESIDENTE (Cardona i Vila): Somos conocedores de esa
situación, Senador Carrera. Le felicitamos. (Risas en los escaños del
Grupo Parlamentario Popular.)
El señor CARRERA I COMES: Muchas gracias.
Sigamos, por favor, señorías. Perdonen el paréntesis cuando estamos
hablando de un asunto que sigo remarcando que es de suma importancia.
«En consecuencia, esta norma supone una respetuosa intervención de las
autoridades españolas en su cometido, sin menoscabo alguno de la
jurisdicción territorial y del respeto de las normas propias de cada
país.
En definitiva, la presente Ley tiende a garantizar los derechos
constitucionales y legales de los nacionales privados de libertad en el
extranjero, que coinciden con sus derechos humanos fundamentales.»
Todo encaja en un sentido que deberíamos compartir todos. A lo mejor
algunas de sus señorías me van a decir, cuando manifieste el sentido de
nuestra votación, que tampoco entienden; pero esta actividad
parlamentaria también pasa por aquí.
Esta es la situación final en la que estamos. Repito que a nuestro Grupo
le parece asumible --y lo es-- la exposición de motivos o introducción, y
pienso que también lo es para el resto. No sé en cuanto al articulado,
pero sí en cuanto a la exposición de motivos. Por el debate se ve que hay
opiniones e informes que no están muy de acuerdo con el articulado.
Conforme. No obstante, la tramitación posterior --repito-- podría haberse
mejorado sin duda. Lo que pasa es que creo que no hay tiempo para más,
Senador Díez. Estamos fuera del calendario. Me duele, pero es así.
Estamos en un debate que continúo considerando importante, pero estamos
fuera de tiempo. No da para más y, por tanto, esta iniciativa no va a
avanzar. Y en este caso no tanto por la propia oposición frontal
--digamos-- desde el punto de vista del Grupo Parlamentario Popular: es
que no hay calendario. Estamos aquí parados y, por lo tanto, esta
iniciativa no va prosperar en ninguno de los sentidos.
Lo lamento, pero le adelanto que nos vamos a abstener.
Muchas gracias. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario
Popular.)
El señor VICEPRESIDENTE (Cardona i Vila): Moltes gràcies.
No sé si los aplausos corresponden a la felicitación de la Cámara por la
parte que le corresponde o por la intervención. En cualquier caso: moltes
gràcies, Senador Carrera.
Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el Senador Díez.
El señor DIEZ GONZALEZ: Muchas gracias, señor Presidente.
Ante todo, quiero agradecer la posición que los grupos parlamentarios que
me han precedido en el uso de la palabra --el entusiasmo del Grupo Mixto,
y el Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos, ambos a
través de sus respectivos portavoces-- han expresado ante esta iniciativa
y, por qué no decirlo, también quiero dar las gracias al Senador Carrera
porque, en el fondo, apoyan nuestra iniciativa, a pesar de la abstención,
y es que entendemos que a veces algunas hipotecas de las que aquí han
sido citadas --y no por mí precisamente, sino por el Grupo Parlamentario
Popular-- llevan a estas situaciones que, siendo excesivamente generoso,
pueden ser calificadas como paradójicas, aunque se podría decir otra
cosa.
No es comprensible que esta situación se produzca al final de la
legislatura en una Cámara de adultos, de Senadores que conocen
perfectamente el Reglamento y lo que es una proposición de ley,
susceptible de ser enmendada en un trámite de Ponencia, Comisión y Pleno
en el Congreso de los Diputados y, posteriormente, en el Senado, porque
lo que estamos pidiendo en este momento es una voluntad política para que
en la próxima legislatura podamos abordar un texto entre todos, el que
sea.
Quizá el ejemplo más palmario sea la reforma de la Ley de Extranjería a
través de una iniciativa precisamente de su Grupo Parlamentario, de
Convergència i Unió, que hicieron suya otros grupos parlamentarios en el
Congreso de los Diputados, que estuvieron enmendando y que va a llegar
dentro de dos semanas a esta Cámara. Se trata de una iniciativa loable
que va a resolver un problema importante de muchos ciudadanos que están
residiendo en España o que van a llegar a nuestro país.
Ese procedimiento es el que quizá vaya a cercenar el Grupo Parlamentario
Popular con la votación siguiente, y es ese procedimiento el que nosotros
estamos pidiendo.
Señora Vindel, es un texto modesto. No voy a utilizar - términos
displicentes, como su señoría ha hecho desde el escaño. Aquí no hay
ninguna intención de colgarse medallas, ni mucho menos. Aquí hay una
intención política para asumir en un debate político, en una Cámara
parlamentaria, un problema que queremos abordar, si se quiere, con la
entidad que los grupos parlamentarios han expresado antes; si se quiere,
con la entidad de la exposición de motivos con la que el Grupo
Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió esté
absolutamente de acuerdo.
Su señoría no tiene razón en algunas consideraciones que ha hecho sobre
algunos artículos de la proposición, pero no quiero entrar en ese debate,
porque no es el debate de este momento, sino aceptar o no que queramos
discutir sobre un problema. Esa es la cuestión, y el Grupo Socialista
plantea un articulado que asume y trata de resolver ese problema, y aquí
está claro que hay unos grupos parlamentarios que quieren debatir sobre
ese problema y hay un grupo parlamentario que no quiere hacerlo.
Y a usted, que ha hablado de hipotecas, le recuerdo, aunque usted se ha
sonreído antes, que la verdadera hipoteca que tienen ustedes es la de un
Gobierno que no quiere asumir ese problema. Esa es la impresión que tengo
por el conocimiento que poseo de las posiciones del Gobierno en relación
con esta cuestión. Esa es la realidad de una votación que es política.
Estamos aquí para resolver problemas desde la política, no de entrar en
el tiquismiquis de que este artículo falta o sobra. Tenemos la
oportunidad de hacerlo posteriormente. Aquí lo que estamos pidiendo es
una voluntad política a la Cámara, y la Cámara tendrá que expresar con
los votos cuál es su voluntad política para resolver un problema.
Señorías, muchas gracias a los grupos parlamentarios que van a apoyar
esta proposición, y gracias también al Grupo Parlamentario Catalán en el
Senado de Convergència i Unió porque, implícitamente --entiendo la
dificultad que tienen para apoyar esta iniciativa-- apoyan el fondo del
debate que estamos planteando.
Nada más, señorías. (Pausa.)
El señor VICEPRESIDENTE (Cardona i Vila): Muchas gracias, Senador Díez.
Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra la Senadora Vindel.
La señora VINDEL LOPEZ: Muchas gracias, señor Presidente.
Intervendré con toda brevedad porque me da la sensación de que el asunto
está más que debatido.
Tiene razón el Senador Díez cuando dice que estamos aquí para resolver
problemas.
Tiene toda la razón. Es cierto. Lo que no sé es si además estamos para
crearlos; pero si lo estamos, mi grupo, desde luego, no va a contribuir a
ello ni siquiera medio minuto. Y es que, realmente, no entiendo
absolutamente nada cuando a una Cámara de adultos --como ha dicho el
Senador Díez-- se le plantea, a dos semanas del cierre de una
legislatura, nada más y nada menos que una proposición de ley que trata
de aprobar derechos fundamentales de los ciudadanos españoles presos en
el extranjero. Menos mal que su señoría ha reconocido que aquí no ha
habido ningún consenso, y que lo único que ha hecho el Grupo
Parlamentario Socialista es un planteamiento a través de esta proposición
de ley.
Yo creía que las voluntades políticas se expresaban en esta Cámara vía
mociones, vía declaración institucional suscritas por todos, insisto,
suscritas por todos.
Señor Presidente, señorías, a nada que se hubiera empeñado el Senador
Díez, puesto que él tomó la primera iniciativa, podíamos haber hecho un
buen trabajo; podíamos haber hecho un trabajo extraordinario enriquecido
por las aportaciones de los cinco grupos parlamentarios. Sinceramente, he
de lamentar que se haya preferido no intentarlo y hacer pasar una
proposición de ley por un consenso cuando en realidad se trata de un
trágala. No se entra en el detalle porque no se tiene capacidad para
rebatir lo que yo he dicho.
Pero déjenme que les diga lo último. El Grupo Parlamentario Popular,
insisto, no va a consentir que se defrauden expectativas, anhelos e
ilusiones de muchas familias. Nada más y muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Cardona i Vila): Muchas gracias, Senadora
Vindel.
Terminado el debate, vamos a proceder a la votación de la proposición de
ley.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 217; a
favor, 94; en contra, 115; abstenciones, ocho.
El señor VICEPRESIDENTE (Cardona i Vila): Por consiguiente, queda
rechazada la toma en consideración de esta proposición.
--PROPOSICION DE LEY DE MODIFICACION DEL ARTICULO 91 DE LA LEY 37/1992,
DE 28 DE DICIEMBRE, DEL IMPUESTO SOBRE EL VALOR AÑADIDO (IVA). (AUTOR:
GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO) (622/000018).
El señor VICEPRESIDENTE (Cardona i Vila): Pasamos al siguiente punto del
orden del día: Proposición de ley de modificación del artículo 91de la
Ley 37/1992, de 28 de diciembre, del Impuesto sobre el Valor Añadido.
No se ha presentado ninguna enmienda alternativa.
Para la defensa de la toma en consideración de la proposición de ley,
tiene la palabra, en nombre del Grupo Parlamentario Mixto, el Senador
Cámara. (Pausa.)
El señor CAMARA FERNANDEZ: Muchas gracias, señor Presidente.
Señorías, estaba esperando a ver si se marchaba la gente pero todavía
queda bastante. Se me acaba de ocurrir algo, y es que empiezo a tener más
éxito que mi amigo Julio Anguita en aquella ocasión en que defendió el
tema de las 35 horas, porque --si no recuerdo mal-- hubo unas catorce
personas. (Un señor Senador pronuncia palabras que no se perciben.) Sí,
faltó mucha gente y precisamente de los grupos mayoritarios.
Tengo la impresión de que esta iniciativa que presento --insisto
impresión-- es bastante testimonial. Pero creo que de vez en cuando hay
que hacer algún gesto testimonial, entre otras cosas porque la política
también es proponer ideas, aunque sea a través de aspectos tan sencillos
como es la reducción del IVA --detrás se esconden más concepciones sobre
la vida y las cosas--, y, por tanto, a mí no me supone ningún problema
salir aquí en su defensa; y lo hago aun sabiendo que nadie ha venido a
verme, que es uno de los gestos fundamentales por los que uno ya sabe si
le van a apoyar o no en la aprobación final: si nadie te viene a ver,
estás solo en la votación. Pero, a pesar de ello, creo que es conveniente
defender ideas y posiciones independientemente de que las voten o no,
porque queda constancia de ello; por lo tanto, me voy a limitar a
defenderlas.
Como soy una persona muy animosa, espero conseguir el máximo de adhesión,
e incluso la de aquellos grupos que todavía no lo tienen muy claro. La
proposición de ley que presento pretende favorecer el transporte
colectivo y propone disminuir tendencialmente o congelar los precios del
mismo, y esto se hace en un momento en el que los empresarios...
(Rumores.) ¿Puedo seguir? Señorías, se puede hablar, pero más bajito.
El señor VICEPRESIDENTE (Cardona i Vila): Senador, tiene usted parte de
razón, pero le agradecería que me dejase ordenar el debate.
El señor CAMARA FERNANDEZ: Lo siento, señor Presidente. Yo soy así, tengo
un pronto muy fuerte. Pero comprenda que si están hablando en voz alta yo
me despisto, y no quiero que me despiste nadie. Así que ruego, señor
Presidente, que llame al orden.
El señor VICEPRESIDENTE (Cardona i Vila): Senador Cámara, puede continuar
con el turno a favor en la defensa de la proposición de ley.
El señor CAMARA FERNANDEZ: Decía que es un momento en el que los
empresarios anuncian subidas en el transporte colectivo de viajeros.
Pero, además, es una pequeña aportación a la redistribución de la riqueza
--por cierto, finalidad del sistema fiscal-- defender lo público y
colectivo por encima de lo privado.
A fin de cuentas, es una medida de discriminación positiva frente al uso
del vehículo privado, como se verá por la argumentación que luego haré.
Aunque indirectamente, esta proposición de ley también colaboraría con la
necesidad de cuidar el medio ambiente, en una tendencia que tarde o
temprano se impondrá, como es el uso del transporte colectivo por encima
del privado; por tanto, haciendo una discriminación positiva del
transporte colectivo por encima del transporte privado.
Quiero recordarles, para cuando luego me contesten sobre esta
Proposición, que en Europa existen IVAs reducidos para el transporte
público colectivo, desde luego por debajo del 7 por ciento, en varios
países: en Bélgica, está en el 6 por ciento; en Francia, en el 5,5 por
ciento; en Irlanda, está exento de IVA; en Italia, está exento el
transporte municipal colectivo; en Luxemburgo, está en el 3 por ciento;
y, en Portugal, en el 5 por ciento.
En el debate que tuvo lugar en su momento sobre la proposición y el
proyecto de ley que modificó la Ley de 1992, de 28 de diciembre, ya
entonces se veía la conveniencia de suprimir cualquier diferencia o
discriminación entre las distintas clases de transporte de viajeros y, en
especial --según las observaciones indicadas por la Comisión de la Unión
Europea--, entre los transportes de igual naturaleza; también se decía
que había que determinar la necesidad de cumplimentar lo antes posible
las previsiones contenidas en la disposición transitoria undécima de la
ley del impuesto derogado, para que a partir de la fecha de entrada en
vigor del presente Real Decreto-ley, todos los transportes de viajeros
--sean terrestres, marítimos o aéreos-- tributen al mismo tipo
impositivo, el reducido del 7 por ciento. Cuando se pasó del 16 al 7 por
ciento, se dijo que esa medida además impulsaría necesariamente la rebaja
del precio de utilización de las autopistas, con el consiguiente efecto
económico favorable para el desarrollo de nuestra economía y también que
más allá de los transportes de viajeros y sus equipajes del Anexo H de la
Sexta Directiva que comprende las operaciones que puedan disfrutar de
tipos reducidos en el Impuesto sobre el Valor Añadido, lo que se ligaba
al tema del peaje.
Alguna de las razones utópicas o idealistas por las que presento esta
proposición de ley es que el transporte público de viajeros tiene, en mi
opinión, comparado con el individual una serie de ventajas fáciles de
enumerar: ahorro energético y menor contaminación ambiental; una mayor
eficiencia económica frente a un despilfarro de recursos; menor uso del
espacio, es decir, del territorio, etcétera. Esas ventajas tienen una
correspondencia en la legislación y en el ordenamiento urbano y
territorial. El transporte, la movilidad, supone una de las causas de
gasto de energía, generalmente de procedencia fósil e importada, lo que
explica parcialmente --sólo parcialmente-- que dado el nivel de
desarrollo económico de nuestro país se gaste proporcionalmente más
energía por unidad de producto que en otros. La consecuencia principal,
en términos económicos, es que el valor añadido bruto de nuestra economía
podría tener un crecimiento mayor si se evitase la práctica común de
utilizar transportes individuales o privados y, además, hay que tener en
cuenta el efecto contaminante de esas prácticas, que redundan en
perjuicio del bienestar general y, por tanto, también en la economía.
Ultimamente, en determinados núcleos urbanos la densidad del ozono ha
llegado a ser sumamente preocupante; sólo en Madrid --según la asociación
Ecologistas en Acción-- desde el pasado 14 de julio de 1999 se ha
superado el valor de 180 microgramos por metro cúbico de ozono en 69
ocasiones, mientras que en 1991 se superó en 48. En Cataluña, por
ejemplo, se han registrado 31 episodios en períodos estivales.
Coyunturalmente, en 1999 el alza del petróleo ha sido vertiginosa hasta
el punto de que el Ejecutivo se escuda en ella para justificará que se
supere el crecimiento previsto de los precios de este año.
Otra explicación añadida es la pretensión del Gobierno del Partido
Popular de dibujar un modelo fiscal cada vez más regresivo que no tenga
en cuenta la capacidad económica y que descanse en la imposición
indirecta en función del consumo. Ello implica que el Estado obtiene una
parte creciente de sus ingresos de los impuestos indirectos afectos al
consumo de energía vía IVA o impuestos especiales.
Esta política tiene varias consecuencias. Si hay tensiones
inflacionistas, el Gobierno tiene como elemento prioritario el precio,
que es el que se computa a efectos de medir el índice de precios sobre la
eficiencia, que se mediría por la cantidad usada de un bien. Así, se
puede dar la paradoja aparente de que el Gobierno busque una reducción de
precios y favorezca un aumento del consumo energético, de ingresos
fiscales indirectos y de los beneficios de empresas oligopolistas.
Por lo tanto, desde una visión diferente y desde esquemas que defiendan
un desarrollo sostenible, se debería buscar una estrategia que aunara
planos ecológicos, fiscales, progresistas y de bienestar social y
económico. Desde el plano ecológico, la respuesta sería la reducción del
consumo de energías fósiles; desde el fiscal, entrando en el detalle de
la imposición indirecta, utilizando la versatilidad de los tipos
diferentes de IVA de forma discriminatoria para mejorar la distribución
de la renta disponible y los impuestos especiales para realizar una
política de demanda en sectores o bienes acordes con ese propósito.
En este último apartado fiscal ya ha habido demandas sociales bastante
elaboradas; por ejemplo, la Confederación de asociaciones de vecinos
consumidores y usuarios de España, en su propuesta vecinal prioritaria,
reclama la aplicación del IVA reducido del 4 por ciento en todos los
suministros domésticos: agua, gas, electricidad, teléfono, vivienda
pública, transportes. Por supuesto sólo me refiero al transporte, el
coste sería muy importante.
El señor VICEPRESIDENTE (Cardona i Vila): Senador Cámara, ha transcurrido
su tiempo. Le recuerdo que le queda todavía un turno de portavoces de
diez minutos.
El señor CAMARA FERNANDEZ: Voy terminando, señor Presidente.
También está enmarcada en la carta ciudadana suscrita entre otros por
Izquierda Unida y PSOE antes de la celebración de las últimas elecciones
locales, dada la apuesta que se hace por unos ciudadanos de un consumo
sostenible
crítico y racional. Por si fuera poco, esta propuesta está avalada por la
Sexta Directiva 77/388 de la CEE del año 1977 y en la Exposición de
Motivos de la reforma parcial del IVA realizada en el año 1997 con motivo
de reducir la imposición a los peajes de autopistas, como antes he
mencionado.
Además, desde el punto de vista de la armonización fiscal europea, la
media impositiva de los países miembros de la CEE es del 5,2 por ciento,
por lo que es razonable la reducción del actual 7 por ciento al
superreducido del 4 por ciento, una discriminación positiva hacia
prácticas más sostenibles.
La medida de reducir el tipo de IVA del transporte de viajeros tendría
otros efectos económicos, entre ellos posibilitar una reducción o una
congelación de las tarifas en esos servicios de transporte colectivo que
tienen que soportar un aumento de los precios de la energía que consumen.
Ello no impediría al Gobierno realizar las acciones precisas para una
mejora de la concurrencia y la disminución de los beneficios
extraordinarios de empresas oligopolistas.
La posible tendencia --y termino-- en la desviación del tráfico terrestre
desde el uso privado al colectivo sería beneficiosa para todos, para los
usuarios de dichas medidas y para la economía en general y, por lo tanto,
también para la sociedad. Yo abogo por un IVA reducido en el transporte
colectivo como medida discriminatoria para favorecer el transporte
colectivo por encima del uso privado.
La propuesta de enmienda significa que se mantiene el 7 por ciento de IVA
para el peaje y otras cuestiones y un IVA superreducido para el
transporte colectivo de viajeros.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Cardona i Vila): Muchas gracias, Senador Cámara.
¿Turno en contra? En nombre del Grupo Parlamentario Popular, tiene la
palabra el Senador Utrera.
El señor UTRERA MORA: Muchas gracias, señor Presidente.
Intervengo con suma brevedad para manifestar nuestra posición,
efectivamente contraria a esta enmienda. Hemos asistido a un discurso
ciertamente vehemente sobre la política de transportes, favorable al
transporte colectivo y contrario al transporte individual de viajeros,
por motivos la mayoría muy loables, pero quizá poco receptivo al hecho de
que la política de transportes es muy compleja, y un único instrumento
como el fiscal no permite, ni mucho menos, la solución, ni tampoco las
propuestas que aquí se han formulado.
Se nos ha hecho un discurso casi de sociología política, de utopía
idealista, y efectivamente hay falta de realismo al traernos la toma en
consideración de una proposición de ley a estas alturas de la
legislatura, cuando sabemos que es de imposible tramitación, y sobre una
cuestión a la que somos ciertamente receptivos, somos sensibles, pero
también con una argumentación muy endeble.
Se nos dice en la exposición de motivos --que, por cierto, procede de la
justificación de la enmienda que el Grupo de Izquierda Unida ha
presentado en el Congreso de los Diputados, donde ha sido ya rechazada--
que el Gobierno está implicado en una política fiscal regresiva y que,
consecuencia de ello, y para conseguir una política o un crecimiento
sostenible, la solución es adoptar medidas fiscales, concretamente
reducciones impositivas en el Impuesto sobre el Valor Añadido.
Nosotros nos alegramos de que sea así, de que desde Izquierda Unida o
desde cualquier otro grupo parlamentario se propongan reducciones
fiscales allí donde sean necesarias, pero entendemos que esta medida por
sí sola no contribuye al transporte colectivo, y sí otras que el Gobierno
ha venido adoptando durante esta legislatura, como han sido la reducción
de peajes, la reducción fiscal para que los contribuyentes dispongan de
rentas para el transporte colectivo, individual, o cualquier otro,
sabiendo que para nosotros sigue siendo un objetivo político primar el
transporte colectivo.
En definitiva, entendemos que esta propuesta con sus méritos, que los
tiene, indudablemente, resulta demasiado limitada para los objetivos que
pretende y está fuera de plazo en cuanto a sus posibilidades de
tramitación real, por lo que manifestamos nuestra oposición a la misma y,
por tanto, votaremos en sentido contrario.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Cardona i Vila): Muchas gracias, Senador Utrera.
Antes de pasar al turno de portavoces, una cuestión de orden.
Transcurridas cinco horas de debate, pido autorización a la Cámara para
poder continuar con la sesión. (Pausa.) Queda autorizado.
Pasamos al turno de portavoces. Por el Grupo Parlamentario Mixto, tiene
la palabra el Senador Cámara.
El señor CAMARA FERNANDEZ: Muchas gracias, señor Presidente.
Efectivamente las políticas de transporte son más complejas. Soy
consciente de que esto solo no lo soluciona; es una medida muy parcial y
así lo he expresado en la tribuna. Por tanto, no pretendo, lógicamente,
solucionar todos los problemas, realmente sería lunático, que no utópico,
si pensase de esta manera.
Pero hay una cuestión que voy a responder al Senador del Grupo
Parlamentario Popular. Todavía no me ha dado tiempo, pero voy a comprobar
si al Senado ha llegado en la Ley de Presupuestos una proposición de su
Partido en el Congreso de los Diputados, en la que se solicita el IVA
reducido al cuatro por ciento para el sector del mueble de los cuartos de
baño. Debe ser por los grifos de Teka o de Roca. Es decir, de vez en
cuando ocurren estas cosas; depende del grupo de presión. Yo aquí,
inocentemente o no, he expuesto una propuesta avalada y discutida con la
CAVE, Confederación de Asociaciones de Vecinos, que efectivamente se
expresó también en el Congreso de los Diputados para volverla a presentar
en el Senado, y se rechaza.
En cualquier caso, quede claro que el IVA reducido al 4 por ciento está
estipulado en un montón de sectores. Ustedes plantean --al menos, en el
Congreso de los Diputados--
un IVA reducido, superreducido, del cuatro por ciento para el sector de
los muebles de cuarto de baño.
Creo yo que es más útil aplicar IVA reducido al transporte colectivo,
fundamentalmente para favorecer a las rentas más bajas y a la cantidad de
gente que utiliza ese medio de transporte, en una serie de
discriminaciones positivas.
Nada más. No pretendo polemizar. Desde el principio, he dicho que era una
apuesta, por mi parte, bastante arriesgada el pretender convencer a esta
Cámara sobre esta cuestión, pero, en cualquier caso, mi obligación,
utópicamente y de forma idealista --porque así soy, efectivamente--, era
defenderlo como mejor he podido, como seguiré defendiendo en el Senado
cuantas ideas se me ocurran, aunque sean muy parciales, para mejorar la
política o la vida de los ciudadanos.
Nada más. Gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Cardona i Vila): Muchas gracias, Senador Cámara.
Por el Grupo Parlamentari Catalá al Senat de Convergència i Unió, tiene
la palabra el Senador Cambra.
El señor CAMBRA I SANCHEZ: Muchas gracias, señor Presidente.
Muy brevemente intervengo para fijar la posición de nuestro Grupo ante
este texto de proposición de ley.
Nuestro Grupo votará contrariamente a su toma en consideración y no
porque no tengamos sensibilidad por los temas del transporte. Han sido
varias las iniciativas que hemos tenido a lo largo de esta Legislatura
que han afectado concretamente a las tarifas de los peajes de autopistas,
así como otras iniciativas de tipo fiscal respecto a las mismas, pero
entendemos que hay dos motivos fundamentales para nuestro voto.
El primero de ellos es el momento en que se trae a esta Cámara esta
proposición de Ley al final de la Legislatura. Entendemos que el texto
concreto de esta proposición no es un instrumento para abrir un debate
sobre la política de transportes, por cuanto que es un texto muy concreto
y muy limitado a una medida de tipo fiscal como es la del IVA. Y ahí
entra el segundo motivo por el cual vamos a votar en contra, es decir,
por coherencia. Es conocido que nosotros estamos prestando apoyo a la
política fiscal y presupuestaria del Gobierno y, por tanto, entendemos
que una medida fiscal de esas características debería, en cualquier caso,
haberse trabajado y consensuado con el Gobierno, al menos, por nuestra
parte y en coherencia con nuestra posición. Por tanto, si se hubiera
tramitado, como inicialmente se hizo en el Congreso de los Diputados,
como enmienda a los Presupuestos o a la Ley de Medidas de Acompañamiento,
ante una enmienda de esta envergadura, hubiéramos consensuado nuestra
posición con el Gobierno, en coherencia --insisto-- con nuestra posición.
Y éste es el motivo básico de nuestro voto.
Nada más y muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Cardona i Vila): Moltes gràcies, Senador Cambra.
Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el Senador
Serrano.
El señor SERRANO ALVAREZ-GIRALDO: Muchas gracias, señor Presidente.
En la exposición de motivos de la proposición de ley que estamos
debatiendo expresa el autor, el Senador Cámara, una serie de
consideraciones generales con las que nuestro Grupo Parlamentario está
fundamentalmente de acuerdo, si bien cabría hacer algunas reflexiones
para matizar aquellos conceptos sobre los que se apoya su argumentación.
Es cierto, señorías --nadie puede negarlo--, que el transporte público de
viajeros tiene una serie de ventajas indudables si lo comparamos con el
individual. Ahorro energético, descongestión del tráfico rodado, menor
índice de contaminación ambiental, mayor aprovechamiento del espacio de
los recursos económicos son sólo algunos indicadores que todos los
expertos atribuyen a este medio de transporte, frente a la masiva
utilización del individual. De ahí que todas las administraciones lo
hayan tenido en cuenta al adaptar su legislación a fin de incrementarlo y
favorecerlo.
Sin embargo, señorías, al margen de las consideraciones ventajosas que
hacemos sobre este tipo de transporte, algo más se impone para
incentivarlo --es cierto-- pues, a pesar de las medidas que se han ido
adoptando a lo largo de muchos años para incrementar su uso por las
autoridades correspondientes, lo cierto es que todavía queda un largo
trecho para que podamos considerar idónea su utilización. Sin compartir
radicalmente afirmaciones como las que hace el Senador Cámara sobre la
incidencia, en términos economistas, que en el valor añadido bruto podría
tener un crecimiento mayor del transporte público frente al individual,
pues para ello sería necesario alcanzar unos niveles de uso impensables
en estos momentos, estamos de acuerdo en que pequeñas medidas pueden dar
lugar a grandes remedios, razón por la que consideramos fundamental que
puedan adoptarse disposiciones tendentes a conseguir paliar los efectos
negativos que se ponen de manifiesto en la exposición que ha hecho su
señoría. ¿Cómo no coincidir con la necesidad de racionalizar el gasto de
las energías fósiles? ¿Quién no suscribiría en estos momentos, Senador
Cámara, la contención de los precios de los carburantes en nuestro país,
mediante una adecuada política antimonopolista? ¿Qué razón podría
movernos a menospreciar lo que usted ha dicho sobre la contaminación
atmosférica que producen las actividades desarrolladas por el tráfico de
vehículos?
Los principios generales, insisto, sobre los que se apoya la motivación
de la reforma que se pretende, son tan importantes que nos resulta
difícil negar su evidencia, pero es justo reconocer, señoría, que frente
a estas reivindicaciones, subsisten una serie de condicionantes que van a
determinar nuestra postura en la votación final de la proposición de ley.
En definitiva, lo que se pretende --usted lo ha dicho rápidamente-- es,
pura y simplemente, modificar el párrafo primero del apartado 2 del
número 1 del artículo 91 de la
Ley 37/1992, para aplicar el tipo del 7 por ciento al IVA de las
motocicletas y los turismos que transporten viajeros utilicen las
autopistas en régimen de concesión y, asimismo --aquí viene la parte
importante de su proposición--, llevar al punto 2 del mismo artículo el
transporte de viajeros y sus equipajes, de forma que se vean afectados
por el tipo superreducido del 4 por ciento en los peajes de las
autopistas.
Pero, señorías, en primer lugar, veamos los antecedentes que apoyarían la
postura de los proponentes. Pensemos en las ocasiones que la Ley 37/1992
ha sido reformada. Muy pocas. En contadas ocasiones. Justamente porque la
materia regulada, el IVA, es tan delicada que aconseja sopesar mucho los
cambios para que al tirar de una punta de la red legal que la sustenta,
no dejemos al descubierto otras partes de su aplicación. Por eso,
respecto al transporte público de viajeros, en concreto, nunca se ha
adoptado ningún criterio regulador distinto al que contempla la Ley,
porque son muchos los flecos que habría que tocar --y lo han dicho otros
portavoces antes que yo-- en este asunto y, probablemente, alguno se nos
quedaría en el caminos de no ejercer una visión global de todos sus
aspectos.
Asimismo, no podemos olvidar que la Ley que se pretende modificar está
afectada desde el principio hasta el fin por la sexta Directiva de la
Comunidad Económica Europea y por las modificaciones subsiguientes
sufridas, que son muchas. Esta Directiva es meridianamente clara al
concretar, por ejemplo, las exenciones y excluir de ellas expresamente el
transporte de viajeros, como lo hace en su artículo 13. Lo mismo ocurre
al materializarse las deducciones, en su artículo 17, o los tipos
reducidos que pueden aplicarse, en su artículo 28 y en el anexo 8 de esta
disposición. Ante esta realidad que impone la norma elaborada por el
Consejo Europeo no nos podemos sustraer por más que queramos, so pena de
afrontar un procedimiento sancionador por la infracción de la Directiva
comunitaria.
Además, tampoco podemos obviar las fechas en las que estamos discutiendo
la toma en consideración de esta proposición de ley. Su tramitación
ordinaria impide que pueda ser aprobada en este período de sesiones que
finaliza y que va a coincidir con el final de la Legislatura. Por este
camino no podemos llegar a ninguna parte. Unicamente si el Partido
mayoritario de esta Cámara la apoyase, podría llegar a buen puerto y no
están por la labor, señoría, aunque antecedentes no les faltarían, pues
no hace mucho sus socios parlamentarios han conseguido que ciertos tramos
de autopistas de peaje en régimen de concesión vayan a quedar libres para
sus usuarios, y otros verán reducida su cuantía para viajeros habituales
e, incluso, tendrán descuentos lineales para determinado tipo de
vehículos, a pesar de la sexta Directiva.
Señorías, de todas formas, nuestro Grupo no ha visto claro ninguno de
estos procedimientos --me estoy refiriendo a estos últimos-- y, por mor,
de la coherencia, entendiendo la utopía a la que aludía el Senador
Cámara, vamos a abstenernos en la votación de esta proposición de ley.
Muchas gracias, señora Presidenta.
El señor VICEPRESIDENTE (Cardona i Vila): Muchas gracias, Senador
Serrano.
Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el Senador Utrera.
El señor UTRERA MORA: Muchas gracias, señor Presidente.
Deseo recordar al Senador Cámara, pues se le ha olvidado, que si he
hablado de utopía o de idealismo ha sido porque él mismo había utilizado
esos términos y en ese sentido me he limitado a recordárselo y, de alguna
manera, a ponerle enfrente de la contradicción que supone la falta de
realismo de no presentarla en tiempo y forma, para que, realmente, se
pueda tramitar.
Aparte de este asunto, Senador Cámara, hay en realidad motivos de fondo.
El Senador Serrano ha hecho una muy buena intervención en la que ha
reflejado algunos de esos graves inconvenientes. Entiendo que su Grupo se
abstenga en la votación, pero de su intervención, lo que he deducido es
que debería de votar en contra de la toma en consideración de la
proposición de ley presentada por el Grupo Parlamentario Mixto, y lo
entiendo así porque el Senador Serrano, del Grupo Parlamentario
Socialista, ha incidido en los puntos clave.
Senador Cámara, el IVA superreducido al 4 por ciento se reserva
exclusivamente para productos básicos y culturales, se reserva
exclusivamente para alimentos, medicamentos, libros y productos de la
industria cultural. No es verdad que se haya propuesto una reducción al 4
por ciento de los muebles de cuartos de baño, sino que se ha reducido el
tipo impositivo para igualarlo al de las entregas de vivienda, porque
hasta ahora teníamos la contradicción de que las entregas de vivienda
iban a un tipo, mientras que las entregas de los muebles incorporados a
las viviendas iban a otro tipo de Impuesto sobre el Valor Añadido, y eso
daba lugar a disparidades de criterio que hacían difícil la gestión de
ese concreto artículo, de ese concreto ítem de Tipos Impositivos en el
Valor Añadido.
Además, tampoco es cierto que en Europa estén bajando los impuestos de
forma tan pronunciada como usted ha señalado sobre el transporte
colectivo. En países tan significativos --supongo que reconocerá que lo
son-- como Alemania, Italia, Austria o Suecia, con un tipo del 12 por
ciento sobre el transporte colectivo de viajeros, se están aplicando
políticas de transporte bastante eficientes, y eso nos demuestra que no
es estrictamente necesario, aunque podría ser conveniente. Y vuelvo a
repetir que desde una perspectiva del objetivo de promoción del
transporte colectivo su proposición tiene indudables virtudes, sin
embargo no podemos en modo alguno creernos --y creo que tampoco debería
hacerlo usted, señor Senador-- que una política de transporte eficiente,
ni siquiera desde un punto de vista parcial, tiene dependencia de medidas
exclusivamente fiscales por Impuesto sobre el Valor Añadido. Son muchas
otras las consideraciones que hay que adoptar y por esa razón, porque el
IVA superreducido tiene que estar reservado para unos capítulos muy
concretos y porque se ha hecho un gran esfuerzo durante esta legislatura
para
abaratar los peajes sin necesidad de reducir los tipos impositivos de
peajes, nos vamos a oponer y vamos a votar en contra de su proposición de
ley, agradeciéndole que la haya presentado para su consideración.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Cardona i Vila): Muchas gracias, Senador Utrera.
(El señor Cámara Fernández pide la palabra.)
Senador Cámara, ¿por qué concepto pide la palabra?
El señor CAMARA FERNANDEZ: Por el artículo 87. ¿Es así, señor Presidente?
El señor VICEPRESIDENTE (Cardona i Vila): Es así, señoría. Tiene la
palabra.
El señor CAMARA FERNANDEZ: Sólo quiero agradecer el tono y las
argumentaciones que, aunque no las comparta, me sirven. Escucho con
atención y algunas me parecen ajustadas, aunque no esté de acuerdo. Me
alegra también comprobar la pluralidad de todo tipo que se expresa en
esta Cámara.
Al Senador Serrano quería ponerle enfrente, iba a decir de su
incoherencia, pero en todo caso de su profunda equivocación, porque ha
hecho una argumentación final de por qué no se admite esta proposición de
ley sobre la base de la argumentación que ha hecho el Grupo Parlamentario
Popular a la anterior proposición de ley: el tiempo, que no hay plazo,
que no ha sido consensuada, etcétera. Hay que tener cuidado para no
pillarse los dedos y hacer la misma argumentación política de quien
realmente está haciendo lo contrario ante otra proposición, justamente
anterior a ésta.
Por último --y termino--, los datos respecto al IVA superreducido en
Europa proceden de la Comisión Europea. (Rumores.)
El señor VICEPRESIDENTE (Cardona i Vila): Por favor, silencio, señorías.
El señor CAMARA FERNANDEZ: Estos datos los ha dado el Gobierno del
Partido Popular en contestación a una pregunta por escrito de un
parlamentario de Izquierda Unida. Por tanto, no he mentido, simplemente
he expresado lo que ustedes mismos han notificado a un parlamentario de
nuestro Grupo.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Cardona i Vila): Muchas gracias, Senador Cámara.
A continuación, sometemos a votación esta proposición de ley.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 201; a
favor, 11; en contra, 114; abstenciones, 76.
Queda rechazada la toma en consideración de esa proposición de ley.
Se levanta la sesión.
Eran las veintidós horas.