CORTES GENERALES



DIARIO DE SESIONES DEL



SENADO



Año 1999 VI Legislatura
Núm. 141



PRESIDENCIA DE LA EXCMA. SRA. DOÑA ESPERANZA AGUIRRE
GIL DE BIEDMA



Sesión del Pleno



celebrada el jueves, 30 de septiembre de 1999



ORDEN DEL DIA:



Tercero



Dictámenes de Comisiones sobre Proyectos y Proposiciones de Ley remitidos
por el Congreso de los Diputados (Continuación):



--De la Comisión de Presupuestos en relación con el Proyecto de Ley sobre
concesión de créditos extraordinarios, por un importe total de
30.435.217.623 pesetas, para atender insuficiencias de crédito en los
ejercicios 1997 y 1998, por las subvenciones que se efectúan para la
cobertura de las diferencias de cambio de las divisas obtenidas en
préstamos concedidos a las sociedades concesionarias de autopistas de
peaje (Publicado en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado,
Serie II, número 142, fecha 20 de septiembre de 1999) (Número de
expediente S. 621/000142) (Número de expediente C. D. 121/000155).




--De la Comisión de Presupuestos en relación con el Proyecto de Ley sobre
concesión de un crédito extraordinario, por importe de 16.870.101.469
pesetas, para hacer efectivo el pago a las empresas colaboradoras de
asistencia sanitaria de la compensación económica establecida en la
Disposición Transitoria Sexta de la Ley 66/1997, de 30 de diciembre, de
Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social para 1998 (publicado
en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie II, número
143, de fecha 20 de septiembre de 1999) (Número de expediente S.

621/000143) (Número de expediente C. D. 121/000157).




--De la Comisión de Interior y Función Pública en relación con la
Proposición de Ley sobre adaptación de las normas de circulación a la
práctica del ciclismo (publicado en el «Boletín Oficial de las Cortes
Generales», Senado, Serie III A, número 13, de fecha 27 de septiembre de
1999) (Número de expediente S. 622/000013) (Número de expediente C. D.

124/000005).

Página 6698



SUMARIO



Se reanuda la sesión a las nueve horas y treinta y cinco minutos.




DICTAMENES DE COMISIONES SOBRE PROYECTOS Y PROPOSICIONES DE LEY REMITIDOS
POR EL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS (Continuación) (Página 6699)



De la Comisión de Presupuestos en relación con el Proyecto de Ley sobre
concesión de créditos extraordinarios, por un importe total de
30.435.217.623 pesetas, para atender insuficiencias de crédito en los
ejercicios 1997 y 1998, por las subvenciones que se efectúan para la
cobertura de las diferencias de cambio de las divisas obtenidas en
préstamos concedidos a las sociedades concesionarias de autopistas de
peaje (Página 6699)



El señor Tomey Gómez, Vicepresidente Primero de la Comisión, presenta el
dictamen.




Se inicia el debate de las propuestas de veto.




El señor Román Clemente, del Grupo Mixto, defiende la propuesta de veto
número 1. El señor Acacio Collado consume un turno en contra. En turno de
portavoces, hacen uso de la palabra los señores Román Clemente, por el
Grupo Mixto, Beltrán Miralles, por el Grupo Socialista, y Acacio Collado,
por el Grupo Popular. Los señores Beltrán Miralles y Acacio Collado
intervienen de nuevo en virtud del artícuo 87.




Se rechaza la propuesta de veto número 1, del Grupo Mixto, por 3 votos a
favor, 93 en contra y 65 abstenciones.




No se produce debate del articulado.




Se procede a votar.




Se rechazan las enmiendas números 1 a 3, del Grupo Mixto, por 66 votos a
favor y 95 en contra.




Se aprueba el texto del dictamen por 95 votos a favor, 3 en contra y 63
abstenciones.




De la Comisión de Presupuestos en relación con el Proyecto de Ley sobre
concesión de un crédito extraordinario, por importe de 16.870.101.469
pesetas, para hacer efectivo el pago a las empresas colaboradoras de
asistencia sanitaria de la compensación económica establecida en la
Disposición Transitoria Sexta de la Ley 66/1997, de 30 de diciembre, de
Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social para 1998
(Página 6704)



El señor Tomey Gómez, Vicepresidente Primero de la Comisión, presenta el
dictamen.




Se inicia el debate de las propuestas de veto.




El señor Román Clemente, del Grupo Mixto, defiende la propuesta de veto
número 1 y, al mismo tiempo, hace alusión a sus enmiendas presentadas al
articulado. El señor López Carvajal defiende la propuesta de veto número
2, del Grupo Socialista, al tiempo que defiende las enmiendas de su grupo
al articulado. El señor Fernández Menéndez consume un turno en contra. En
turno de portavoces, hacen uso de la palabra los señores López Carvajal,
por el Grupo Socialista, y Fernández Menéndez, por el Grupo Popular.




Se procede a votar.




Se rechaza la propuesta de veto número 1, del Grupo Mixto, por 74 votos a
favor y 107 en contra.




Se rechaza la propuesta de veto número 2, del Grupo Socialista, por 76
votos a favor, 104 en contra y 1 abstención.




No se produce debate del articulado.




Se procede a votar.




Se rechazan las enmiendas números 1 a 4, del Grupo Mixto, por 74 votos a
favor y 106 en contra.




Se rechazan las enmiendas números 5 a 8, del del Grupo Socialista, por 74
votos a favor y 107 en contra.




Se aprueba el texto del dictamen por 106 votos a favor, 74 en contra y 1
abstención.




La señora presidenta anuncia a la Cámara que queda definitivamente
aprobado por las Cortes Generales el proyecto de ley.




De la Comisión de Interior y Función Pública en relación con la
Proposición de Ley sobre adaptación de las normas de circulación a la
práctica del ciclismo (Página 6709)



El señor Cañellas Fons, Presidente de la Comisión, presenta el dictamen.




Se abre debate de totalidad.




Página 6699



No se consumen turnos a favor ni en contra. En turno de portavoces, hacen
uso de la palabra los señores Román Clemente, por el Grupo Mixto;
Martiarena Lizarazu, por el Grupo de Senadores Nacionalistas Vascos;
González López, por el Grupo Socialista, y Arribas Aragonés, por el Grupo
Popular.




Antes de iniciar la votación, se suspende la sesión unos minutos. Al
reanudarla, la Cámara acuerda por asentimiento alterar el orden el día de
la sesión Plenaria en el sentido de suprimir del mismo el dictamen que
acaba de ser debatido.




Se levanta la sesión a las doce horas.




Se reanuda la sesión a las nueve horas y treinta y cinco minutos.




La señora PRESIDENTA: Se reanuda la sesión.




DICTAMENES DE COMISIONES SOBRE PROYECTOS Y PROPOSICIONES DE LEY REMITIDOS
POR EL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS (Continuación):



--DE LA COMISION DE PRESUPUESTOS EN RELACION CON EL PROYECTO DE LEY SOBRE
CONCESION DE CREDITOS EXTRAORDINARIOS, POR UN IMPORTE TOTAL DE
30.435.217.623 PESETAS, PARA ATENDER INSUFICIENCIAS DE CREDITO EN LOS
EJERCICIOS 1997 Y 1998, POR LAS SUBVENCIONES QUE SE EFECTUAN PARA LA
COBERTURA DE LAS DIFERENCIAS DE CAMBIO DE LAS DIVISAS OBTENIDAS EN
PRESTAMOS CONCEDIDOS A LAS SOCIEDADES CONCESIONARIAS DE AUTOPISTAS DE
PEAJE (S. 621/000142) (C. D. 121/000155).




La señora PRESIDENTA: Dictamen de la Comisión de Presupuestos en relación
con el proyecto de ley sobre concesión de créditos extraordinarios, por
un importe total de 30.435.217.623 pesetas, para atender insuficiencias
de crédito en los ejercicios 1997 y 1998, por las subvenciones que se
efectúan para la cobertura de las diferencias de cambio de las divisas
obtenidas en préstamos concedidos a las sociedades concesionarias de
autopistas de peaje.

Para la presentación del dictamen, tiene la palabra el representante
designado por la Comisión, en este caso el Senador Tomey.




El señor TOMEY GOMEZ: Señora Presidenta, señorías, el proyecto de ley
sobre concesión de créditos extraordinarios, por un importe de
30.435.217.623 pesetas, para atender insuficiencias de crédito en los
ejercicios 1997 y 1998, por las subvenciones que se efectúan para la
cobertura de las diferencias de cambio de las divisas obtenidas en
préstamos concedidos a las sociedades concesionarias de autopistas de
peaje, tuvo entrada en esta Cámara, en el Senado, y fue publicado el 31
de mayo de 1999, abriéndose el correspondiente plazo de enmiendas, que
concluyó el día 11 de junio.

La Comisión de Presupuestos se reunió el 15 de septiembre y acordó no
designar Ponencia y dictaminar directamente el citado proyecto de ley.

A este proyecto de ley se han presentado una propuesta de veto y tres
enmiendas por parte del Senador Román Clemente, del Grupo Parlamentario
Mixto.

La Comisión dictaminó sin introducir modificaciones con respecto al texto
remitido por el Congreso de los Diputados y el dictamen fue publicado el
día 20 de septiembre.

Para su debate en el Pleno se ha presentado, por parte del Grupo
Parlamentario Mixto, un voto particular que postula mantener la propuesta
de veto y las tres enmiendas citadas.

Muchas gracias.




La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señoría.

Se ha presentado una propuesta de veto, que se va a debatir a
continuación, correspondiente al voto particular número 1, del Grupo
Parlamentario Mixto, originariamente presentada por el Senador Román
Clemente.

Para su defensa, tiene la palabra el Senador Román Clemente.




El señor ROMAN CLEMENTE: Gracias, señora Presidenta.

Nuestra propuesta de veto, breve en su argumentación --yo también lo seré
en su defensa esta mañana--, se basa en dos criterios fundamentales: El
primero de ellos, señorías, es que no compartimos el trato privilegiado
que se otorga a las sociedades concesionarias y, en especial, algunas
prácticas financieras que están desplazando hacia el Estado el coste
financiero de la deuda exterior de las mismas. El otro argumento es que
tampoco compartimos --porque nos parece injustificada-- la premura con
que se pretende dar cobertura presupuestaria a las subvenciones afectadas
si lo comparamos con otras de características similares en las que
aparecen afectadas empresas públicas.

Estas son las dos razones fundamentales por las que presentamos la
propuesta de veto.

Nuestras enmiendas tienen coherencia con estas dos argumentaciones que he
defendido y que sustentan la propuesta de veto. Por tanto, las doy por
defendidas en los términos en que están expresadas.

Gracias, señora Presidenta.




La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, Senador Román Clemente.

Para turno en contra, tiene la palabra el Senador Acacio.




El señor ACACIO COLLADO: Gracias, señora Presidenta.




Página 6700



En su defensa de la propuesta de veto y de las enmiendas presentadas el
Senador Román Clemente da dos argumentos: la premura de tiempo y el
tratamiento privilegiado hacia estas empresas.

No entiendo qué quiere decir cuando me habla de premura de tiempo. No sé
si sabe cómo funciona el sistema de pagos de estos seguros de cambio de
divisas, porque el pago del Banco de España es automático; es decir, el
pago del Banco de España ya se ha producido y eso significa que
automáticamente se descuenta y aparece una cuenta del Banco de España con
el Tesoro Público. Lo que estamos haciendo ahora es, sencillamente,
recoger en presupuestos la situación que ya se ha producido y lo hacemos,
además, con rigor presupuestario, acogiéndonos y haciendo efectiva la Ley
de disciplina presupuestaria que nos dice que cuando se produzcan
diferencias en pagos de este tipo a favor del Banco de España lo que hay
que hacer es, por ley y dentro del ejercicio presupuestario, recogerlo en
los Presupuestos Generales del Estado, y eso es lo que estamos haciendo.

Me parecería más lógico lo contrario, que si no lo hiciéramos así usted
presentara una enmienda diciendo que no cumplimos la Ley de disciplina
presupuestaria. Tendría que hacerlo y, además, dentro de este ejercicio,
y podría usted acusarnos de ser negligentes o de tardar en hacerlo, pero
no entiendo que nos acuse de prematuros por reflejar en los presupuestos
los pagos que ya se han hecho. Espero que me lo pueda explicar mejor en
el turno de portavoces. Pienso que estamos actuando correctamente y,
además, la Ley 8/1972 nos obliga a hacer el pago de la diferencia de
cambio en divisas a las sociedades concesionarias de autopistas de peaje.

Este hecho viene motivado por las circunstancias de nuestro mercado
financiero en los años sesenta que, al no poder financiar este tipo de
obras, tenía que ir al exterior y, por tanto, se reglamentó de esa
manera. No voy a entrar a discutir la Ley de 1972, pero nos obliga, y
como ya se ha hecho el pago y lo que pretendemos es tener rigor
presupuestario, no entiendo su argumento de la premura en el tiempo.

Respecto al tratamiento privilegiado, tampoco lo hemos hecho nosotros.

Fue un acuerdo que se hizo en su día y no sólo en el cambio de divisas,
también hubo otras concesiones de favor a este tipo de obras como son las
autopistas, y nosotros estamos respetando ese trato.

En cuanto a su afirmación de que se están desviando hacia el Estado
gastos financieros de las empresas, he de decir que eso es lo que
establece la Ley de 1972, que el Estado tiene que cubrir la diferencia de
cambio de las divisas entre el momento en que se hacen los préstamos en
el exterior y aquel en que se hacen los pagos de intereses o de
amortizaciones. También le tengo que decir, porque ha dado a entender que
se estaba refinanciando de manera un tanto extraña, que en el año 1994 el
mercado financiero en España también había cambiado y se podían hacer más
operaciones, por lo que la Administración ya hizo más o menos lo que
usted refleja en su enmienda. Es decir, el período de financiación, que
es la mitad del período concesional, es lo máximo que se va a cubrir en
este seguro de cambios. Entre las diferentes interpretaciones al final se
llegó a un acuerdo con las empresas porque incluso existía el peligro de
que hubiera amortizaciones muy anticipadas que repercutían directamente
en los Presupuestos Generales del Estado. Por tanto, se llegó a un
acuerdo por el que las empresas adquirieron unos compromisos, entre otros
y uno de los más importantes, ir a financiarse en monedas que luego iban
a ser euros, entonces ecus, con lo cual ahora mismo el riesgo de cambio
en las monedas euro ya no existe.

No sé si usted tendrá nota de cómo está distribuida la deuda en monedas,
pero parece que, efectivamente, era una práctica que se hacía durante los
años ochenta y noventa, ir a monedas que eran más baratas en su
financiación pero que tenían el peligro de mayores riesgos de cambio, y
como esto no lo cubrían las empresas, era una manera de financiarse más
barato. Esto es cierto, pero se ha puesto orden y se ha llegado a un
acuerdo con las empresas. Hoy en día los riesgos en monedas euros están
en 130.000 millones de pesetas, en yen japonés, 39.000 millones, y en
francos suizos, 29.000 millones, lo que quiere decir que esos riesgos que
a usted le preocupaban de la financiación ya no existen. Se ha llegado a
un acuerdo y, le digo más, desde el año 1996 no se aceptan financiaciones
que no sean en monedas euro. Creo que a partir del año 1996 sólo se han
hecho tres operaciones entre las más de 40 realizadas, además por
empresas públicas. En cualquier caso, no creo que deba preocuparle,
porque si sabe cómo están distribuidos los riesgos en las monedas, no
tienen sentido ni el veto, porque no ha habido premura, ni el trato
privilegiado que usted ve aquí, ni las enmiendas, ya que una vez que se
ha llegado a un acuerdo con las empresas ya no tiene sentido la enmienda
que pretende un plazo máximo de financiación. Además, hay que tener en
cuenta que las últimas concesiones no tienen ni siquiera plazo de
financiación, y las que lo tenían, con los acuerdos alcanzados tampoco lo
van a tener. Por tanto, la enmienda de los plazos de financiación no
tiene mucho sentido y, técnicamente, ya no se podría llevar a cabo.

En cuanto a la enmienda número tres, que se refiere a los municipios y al
Impuesto de Actividades Económicas, éste es un tema presupuestario y, en
todo caso, lo podremos discutir cuando hablemos de financiación de
municipios o de la ley de presupuestos de este año, pero entrar ahora
aquí en una modificación presupuestaria, que además viene derivada de
situaciones legales en las que lo único que hacemos es aplicar la ley, o
en la financiación de los municipios, creo que está fuera de lugar y no
es donde debemos debatir esa enmienda.

Por lo tanto, por todas estas razones, que creo que han sido convincentes
y suficientes, y que quizás le lleven a decirnos que retira el veto y las
enmiendas usted verá, vamos a votar en contra tanto del veto como de las
tres enmiendas presentadas.

Nada más y muchas gracias.




La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, Senador Acacio.

Entramos en el turno de portavoces.

Por el Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra el Senador Román.




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El señor ROMAN CLEMENTE: Gracias, señora Presidenta.

Senador, he entendido bien que se refería a premura de tiempo, pero no ha
leído bien. Yo estoy de acuerdo en que se cumpla la ley, no me gusta el
procedimiento de los créditos extraordinarios; a pesar de que normalmente
solemos votar de forma favorable, no es un buen procedimiento. Yo quiero
que se cumpla la ley, pero su señoría ha querido plantear el debate en
términos de premura de tiempo; dice: premura en comparación con otras
situaciones --y en eso no ha entrado-- en las que intervienen empresas
públicas. Ha querido desviar la cuestión hacia un cumplimiento de la ley
por premura de tiempo, pero ha obviado intencionadamente la comparación.

Si es en todos los casos, cúmplase la ley en todos los casos, y dígame
por qué no en algunos.

La segunda cuestión que se plantea es que no desmiente la situación de
trato privilegiado. Dice: ésta es una situación que existía, se reguló en
su día y lo único que hacemos es respetarla. No dice si está de acuerdo o
no y, además, podían haberla corregido. Si no es correcto algo que está
regulado anteriormente, se puede y se debe mejorar, pero tampoco entra en
esa cuestión, simplemente dice que cumplen.

En consecuencia, no retiro la propuesta de veto y me reafirmo en que
nuestras enmiendas están en coherencia con los argumentos que hemos
planteado. No entiendo por qué no se puede atender una petición que hacen
los municipios de compensación económica, precisamente por la exención.

¿No se pueden modificar? ¿No han utilizado ustedes otros procedimientos
de ley para modificar lo que han creído conveniente cuando lo han creído
conveniente? Ayer mismo debatíamos el proyecto de ley de ordenación de la
edificación y vimos cómo se modificaban otros preceptos legales, y la ley
de acompañamiento la utilizan sus señorías con una pasmosa facilidad para
modificar todos los preceptos que estiman conveniente, aparte de que
habría que discutir algunas cuestiones sobre las modificaciones legales o
no. En todo caso, lo que los municipios necesitan es que se compense esa
exención y ese trato, y reclaman, como su señoría sabe perfectamente, que
se les atienda en sus peticiones.

Gracias, señora Presidenta.




La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, Senador Román.

¿Por el Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos? (Pausa.)
¿Por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió?
(Pausa.)
¿Por el Grupo Parlamentario Socialista? (Pausa.)
Tiene la palabra el Senador Beltrán.




El señor BELTRAN MIRALLES: Gracias, señora Presidenta.

Debe ser que a estas horas de la mañana las aceras aún no están puestas
porque yo no sé si algún Senador o Senadora de los que están escuchando
habrán entendido lo que se plantea, yo no he entendido nada, pero voy a
tratar de aportar algo y espero que al final de este debate no me pase lo
que me ha ocurrido durante todo el Pleno, en el que he tenido la
sensación de que hemos estado tres días debatiendo sobre lo que no hemos
dicho.

Senador Acacio, al hilo de su intervención me asaltaba el interrogante de
aquel poeta que se preguntaba cómo sería un mundo donde las piedras
pudieran elegir la forma de caer y los hombres no pudieran enmendar su
camino. Estaríamos ante un grave problema político. Estamos hablando de
30.000 millones, y no conviene olvidar dos datos fundamentales de este
proyecto de ley: un informe del Tribunal de Cuentas fechado a 29 de julio
de 1998. Comento la fecha, que no conviene olvidar, para ver si podemos
obviar el sonsonete de que: otros podían haberlo hecho y no lo han hecho.

Repito, el informe del Tribunal de Cuentas data del 29 de julio de 1998.

Este es un proyecto de ley legal. Evidentemente, nos obliga la Ley
8/1972. El problema es que aquí se reabre el debate de todo este año. De
esta manera, lo legal también es ético. Y eso es de lo que estamos
hablando.

Le voy a leer lo que dijo el Vicepresidente Segundo del Gobierno y
Ministro de Economía y Hacienda en su presentación en el Congreso: Quiero
señalar que la presentación de este proyecto de ley ante el Parlamento
para su aprobación obedece a la clara voluntad del Gobierno de proceder a
la correcta regularización de las cuentas públicas en línea con las
recomendaciones preconizadas por el Tribunal de Cuentas en sus sucesivos
informes. ¿Qué dice al respecto la recomendación del Tribunal de Cuentas?
Afirma que el Estado no asuma ya todas aquellas operaciones que
determinadas empresas realizan, aquellas que tengan relación con
operaciones de endeudamiento que refinancien su deuda.

Yo no vengo con ánimo de hacer demagogia. Vengo con el ánimo de tener la
fiesta en paz, pero veamos si reflexionamos un poco. No quiero entrar en
la contradicción entre lo que afirman el Vicepresidente del Gobierno y el
Tribunal de Cuentas, ni quiero entrar en la velocidad punta con que se ha
gestionado el trámite de este proyecto de ley. Aunque en los bancos de la
derecha estén obligados a votar, no han perdido la capacidad para pensar
que con dicho proyecto el Gobierno se está pasando mucho, se está pasando
en 30.000 millones. Podríamos hablar del billón; podríamos hablar del
regateo en el dinero concedido a Andalucía por las inundaciones;
podríamos hablar del tema de Badajoz; podríamos hablar --y hace muy poco
tiempo-- de los damnificados de la presa de Tous, y en el día de ayer no
hubo manera de conseguir nada para la catástrofe originada por la sequía.

Y no quiero hacer demagogia. De ahí mi aseveración de que el estricto
cumplimiento legal pudiera no ser ético, incluso ser inmoral.

Si aprobamos el proyecto de ley, se conceden 30.000 millones de pesetas a
unos concesionarios de autopistas que ya han recibido suficiente trato de
favor. Y usted dice: ¿qué trato de favor? Yo le voy a ofrecer algunos
datos: la rebaja del IVA del 7 por ciento. ¿Cómo? Como normalmente lo
hacen, con una enmienda en la ley de acompañamiento de los presupuestos
presentada en el Senado. Además,



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el año pasado les prorrogaron la concesión a 75 años, y les recuerdo que
en el año 1972 era de 40 años. Por tanto, son 35 años más. ¿Puede
resultar ético concederles ahora más de 30.400 millones) Parece evidente
que se trata de hacer del principio de equilibrio financiero un factor de
desequilibrio porque en definitiva, lo que el Tribunal de Cuentas dice es
que ha detectado un abuso por parte de estas empresas que se siguen
aprovechando 27 años después de aquella situación inestable de 1972. Y
¿qué ocurre en la actualidad? Que estas empresas cambian créditos en
monedas extranjeras fuertes por créditos en monedas débiles que están
continuamente fluctuando, y esa diferencia tiene que pagarla el Estado,
es decir, todos los españoles. Esto es lo que descubrió el Tribunal de
Cuentas.

Por tanto, estamos financiando con créditos extraordinarios en moneda
extranjera a unas empresas boyantes -- hay que ver sus ganancias en la
Bolsa-- para que, además, inviertan fuera de nuestro país, no para que
rebajen los precios del peaje o para que los hagan más sociables, ni tan
siquiera para que mejoren tales infraestructuras, sino para que inviertan
y consigan concesiones en el extranjero. Por ello, 27 años después de
1972 tengo la sensación de que aquellas reglas de juego no son las mismas
que ahora y que además, poco tienen que ver en la actualidad con el
principio de equidad y con la ética.

Las concesionarias de autopistas fueron grupos inversores grandes
paralelamente a algunos grupos familiares importantes que crearon su
enorme capital con unas actuaciones que se producen en una época de 50
años, y ya sabemos a qué espacio de tiempo me refiero. En el año 1972
consiguieron una posición absoluta de privilegio. Ganaron cuando se les
otorgó la concesión; ganaron cuando las empresas crediticias les
concedían los préstamos, pero no podía ser de otra manera porque eran
ellos mismos. Ganaron cuando pedían los créditos; ganaron cuando se
establecieron las ayudas para realizar las inversiones y siguen ganando,
veintisiete años más tarde, cuando les vamos a dar 30.000 millones de
pesetas para arreglar una situación financiera que ellos mismos crearon
como consecuencia de pedir unos créditos a tipos de interés muy baratos,
pero con un ritmo en su volatilidad, en función de la divisa, realmente
alto. Por eso se da esa situación, porque en definitiva, lo que dice el
Tribunal de Cuentas es que ha detectado un abuso. Por consiguiente, el
Grupo Parlamentario Socialista votará a favor de las enmiendas que ha
presentado el Grupo Parlamentario Mixto y no podrá apoyar el texto del
proyecto de ley.




Nada más y muchas gracias. (Aplausos en los escaños del Grupo
Parlamentario Socialista.)



La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señoría.

Por el Grupo Parlamentario Popular tiene la palabra el Senador Acacio
Collado.




El señor ACACIO COLLADO: Gracias, señora Presidenta.

Ahora es cuando nos hemos enterado. Lo que ustedes podrían hacer --porque
les recuerdo que estamos hablando de temas presupuestarios--,
representantes del Grupo Parlamentario Socialista, cuando hablemos de
temas presupuestarios, es coger un bloc de notas y apuntar como si
estuvieran en clase para ir aprendiendo la lección, porque ustedes nos
dieron ejemplo de lo mal que hacían los presupuestos. Por si acaso algún
día surge la casualidad y tienen ustedes que volver a hacer un
presupuesto, no les vendría mal tomar notas.

Además, les puedo poner algunos ejemplos a ustedes que vienen aquí a dar
lecciones presupuestarias. ¿Cómo lo hacían ustedes? Y después, si
quieren, les hablo de los 700.000 millones de pesetas que nos dejaron de
pufo en los presupuestos; pero ahora vamos a tratar el caso concreto que
nos ocupa. ¿Cómo hacían los gobiernos socialistas el pago del crédito
extraordinario que nosotros hoy estamos aprobando? Llevaban a rajatabla
pagar la diferencia en el cambio de divisas, como está legalmente
establecido y como sigue estándolo, y voy a empezar a partir del año
1990, porque, si no, se nos hará un poco largo, voy a dar cifras redondas
para que cuadren los datos: En el año 1990 ustedes tenían pendiente de
aplicar al presupuesto 21.000 millones de pesetas; ese año se gastaron
9.000 millones de pesetas en el seguro de cambio; hicieron pagos
presupuestarios por valor de 13.000 millones de pesetas, con lo cual les
quedaron pendientes 16.000 millones de pesetas. En 1991 el gasto real fue
de 12.000 millones de pesetas, hicieron pagos por cero pesetas, con lo
cual acumularon, junto con lo anterior, 29.000 millones de pesetas. En
1992 los gastos reales fueron de 13.000 millones de pesetas, pagaron
6.000 millones de pesetas y quedaron pendientes 36.000 millones de
pesetas. En 1993 el gasto fue de 26.000 millones de pesetas, pagaron
15.000 millones de pesetas y quedaron pendientes 47.000 millones de
pesetas. En 1994 el gasto fue de 30.000 millones de pesetas, pagaron cero
pesetas y quedaron pendientes 78.000 millones de pesetas. En 1995 el
gasto fue de 32.000 millones de pesetas, pagaron 20.000 millones de
pesetas y dejaron pendientes 89.000 millones de pesetas. En el
presupuesto de 1996, ya con un gobierno del Partido Popular, tuvimos que
pagar por el gasto real de ese año, que eran 23.000 millones de pesetas,
105.000 millones de pesetas que ustedes dejaron pendientes en los
presupuestos, y, ¿por qué los dejaron pendientes? Porque así cuadraban
los presupuestos.

El Banco de España ya había pagado el dinero a las concesionarias, pero
ustedes, en lugar de liquidar con el Banco de España en las cuentas
presupuestarias para ofrecernos un presupuesto real, pagaban 15.000 donde
debían 47.000, no decían nada y nos dejaron a nosotros 89.981 millones de
pesetas pendientes de aplicar al presupuesto en 1995. ¡Así sí se cuadran
bien las cuentas de los presupuestos! ¡Así sí se puede venir a decir que
lo que había que hacer hoy es no aprobar este crédito extraordinario!
Con este crédito extraordinario estamos haciendo disciplina
presupuestaria; estamos pagando y poniendo en este presupuesto lo que es
de este presupuesto o de los anteriores, y no hacemos como ustedes, que
no lo ponían en el presupuesto y pasaban la pelota, dejándonos, no ya por
este concepto, sino por otros, 700.000 millones de pesetas, cuando entró
el Gobierno del Partido Popular, en pagos no



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hechos o en pagos que se habían hecho pero que no se habían contabilizado
en los presupuestos, y así es como cuadraban ustedes los presupuestos,
porque, si no, no les cuadraban.

En consecuencia, no vengan ustedes aquí a hablar de presupuestos; deben
venir a tomar nota por si acaso algún día surge la casualidad y tienen
que volver a hacer un presupuesto, para que al menos lo hagan con cierta
disciplina presupuestaria. (Protestas en los escaños del Grupo
Parlamentario Socialista.)
Respecto a los tratos de favor, son los mismos que ustedes hacían
también, porque vienen de atrás. Y ustedes también ampliaron los plazos
de concesión de las autopistas como, por ejemplo, en el caso de las
aragonesas. Por lo tanto, hacer hoy demagogia sobre algo que, además, es
presupuestario, cuando lo que hacemos es actuar con rigor presupuestario,
no es ni más ni menos que querer sacar un poco de partida política de
algo que, en realidad, no supone más que una política sin argumento
alguno, que es la que usted hace.

Al Senador enmendante vuelvo a decirle lo mismo: No hay premura; todo lo
contrario. ¿En comparación con qué? Le digo lo mismo que al Grupo
Socialista: que este pago está efectuado; que lo que estamos haciendo hoy
es contabilizarlo correctamente en los presupuestos. ¿Quieren que no
aprobemos esto? Imagínense ustedes que nosotros decimos que no aprobamos
hoy este proyecto de ley, este crédito extraordinario. En ese caso serían
ustedes los que dirían lo que yo les digo a ustedes que hacían mal
entonces. Dirían: No, apúntenlo, porque tiene que ir en los presupuestos.

Es un pago que está hecho y que, por ley, hay que incluirlo en los
presupuestos de este año; y eso es lo que estamos haciendo. Luego si
hiciéramos eso, se quejarían, pero también se quejan si hacemos lo
correcto. Aclárense. Empiecen a estudiar los temas presupuestarios pues
es algo en lo que parece que no están muy puestos. Y estamos a su
disposición para explicarles cualquier asunto que no entiendan.

Muchas gracias. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario
Popular.--El señor Beltrán Miralles pide la palabra.)
Por el artículo 87, tiene la palabra el Senador Beltrán.




El señor BELTRAN MIRALLLES: Gracias, señora Presidenta.

Creo que el Senador Acacio no ha entendido nada. Yo no he querido entrar
en analizar ni contradicciones ni debates, sino que he pretendido
decirles lo que estamos haciendo con esas concesionarias. Pero usted, no
sé por qué, tiene una agresividad que no es necesaria. Porque, mire
usted, cuando habla de disciplina presupuestaria debe tener en cuenta que
su Gobierno hizo una gran predicción, respecto a este proyecto de ley, de
11.000 millones de pesetas, y ahora vamos a darles 30.000 millones. Lo ha
triplicado. Si ésa es su disciplina presupuestaria, y si ése es su nivel
de acierto en la predicción, estamos yendo a la bancarrota.

Lo que tiene que hacer es ser serio. Porque yo le he dicho: Es legal. Y
he hecho la reflexión de que a veces lo legal, dado que las
circunstancias cambian, ya no es ético.

Pónganse más serios, gobiernen y rescaten ya las concesiones a las
autopistas.

Gracias. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Socialista.--El
señor Acacio Collado pide la palabra.)



La señora PRESIDENTA: Gracias.

Senador Acacio, sospecho que también pide la palabra en virtud del
artículo 87.

Tiene su señoría la palabra.




El señor ACACIO COLLADO: Gracias.

Sólo intervengo para decirle al representante del Grupo Parlamentario
Socialista que lo que sucede es que no toma notas. (Varios señores
Senadores pronuncian palabras que no se perciben.)
Me dice que he hablado con agresividad, que no he hecho las
comparaciones. (Pausa.)
Es que no sé lo que me ha dicho. (La señora Pleguezuelos Aguilar: ¡Es que
no ha tomado nota!--Risas en los escaños del Grupo Parlamentario
Socialista.--Varios señores Senadores del Grupo Parlamentario Socialista:
Se ha quedado en blanco.)
Ahora sí, es que no me acordaba de su argumento. Decía que había
diferencias en los pagos. Usted sabe que la diferencia en los pagos se
debe, primero, a que, cuando se hacen los presupuestos, falta más de un
año para que tengan lugar esos cambios de divisas, y es difícil
predecirlos. Segundo, porque hay pagos adelantados para la amortización
de esa deuda. Y tercero, si de lo que ustedes nos están acusando es de
que ponemos menos en el presupuesto de lo que en realidad habría que
poner, lo que entonces nos están diciendo no es que no hay premura, sino
que estarían acelerando el que lo hiciéramos así.

Usted se ha referido a la legalidad y a la moralidad, y les recuerdo que
no han sido capaces ni de presentar una enmienda a este proyecto de ley,
dedicándose únicamente, sin escribir y sin hacer nada, a venir aquí con
un debate pseudopolítico y pseudopresupuestario a rebatir una cosa que
creo que estaba bastante clara. Lo menos que podían haber hecho ustedes
es presentar enmiendas y alternativas a lo que aquí se ha expuesto. No lo
han hecho y, por lo tanto, tampoco creo que sean ustedes los que tengan
que venir a plantear tantas cuestiones como quieren hacer.

Nada más y muchas gracias.




La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, Senador Acacio.

Vamos a proceder a la votación de la propuesta de veto.

Se inicia la votación. (Pausa.)



Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 161; a
favor, tres; en contra, 93; abstenciones, 65.




La señora PRESIDENTA: Queda rechazada la propuesta de veto.

Señorías, procedería ahora el debate de las enmiendas, pero como el
Senador Román las ha dado por defendidas, salvo que alguien quiera
intervenir en el turno de portavoces,



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podríamos pasar a la votación de las enmiendas al articulado.

¿Alguien quiere intervenir en el turno de portavoces? (Pausa.)
Pasamos a votar las enmiendas.

En primer lugar, votamos el voto particular número 1 del Grupo Mixto, que
corresponde a las enmiendas números 1 a 3, presentadas por el Senador
Román.

Se inicia la votación. (Pausa.)



Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 161; a
favor, 66; en contra, 95.




La señora PRESIDENTA: Quedan rechazadas.

A continuación, votamos el texto del dictamen.

Se inicia la votación. (Pausa.)



Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 161; a
favor, 95; en contra, tres; abstenciones, 63.




La señora PRESIDENTA: Queda, por tanto, definitivamente aprobado por las
Cortes Generales el proyecto de ley sobre concesión de créditos
extraordinarios por un importe total de 30.435.217.623 pesetas, para
atender insuficiencias de crédito en los ejercicios 1997 y 1998, por las
subvenciones que se efectúan para la cobertura de las diferencias de
cambio de las divisas obtenidas en préstamos concedidos a las sociedades
concesionarias de autopistas de peaje.




--DE LA COMISION DE PRESUPUESTOS EN RELACION CON EL PROYECTO DE LEY SOBRE
CONCESION DE UN CREDITO EXTRAORDINARIO, POR IMPORTE DE 16.870.101.469
PESETAS, PARA HACER EFECTIVO EL PAGO A LAS EMPRESAS COLABORADORAS DE
ASISTENCIA SANITARIA DE LA COMPENSACION ECONOMICA ESTABLECIDA EN LA
DISPOSICION TRANSITORIA SEXTA DE LA LEY 66/1997, DE 30 DE DICIEMBRE, DE
MEDIDAS FISCALES, ADMINISTRATIVAS Y DEL ORDEN SOCIAL PARA 1998 (S.

621/000143) (C. D. 121/000157).




La señora PRESIDENTA: Pasamos al dictamen de la Comisión de Presupuestos
en relación con el proyecto de ley sobre concesión de un crédito
extraordinario, por importe de 16.870.101.469 pesetas, para hacer
efectivo el pago a las empresas colaboradoras de asistencia sanitaria de
la compensación económica establecida en la disposición transitoria sexta
de la Ley 66/1997, de 30 de diciembre, de Medidas Fiscales,
Administrativas y del Orden Social para 1998.

Para la presentación del dictamen, tiene la palabra el Senador que ha
designado la Comisión; en este caso el Senador Tomey.




El señor TOMEY GOMEZ: Gracias, señora Presidenta.

Señorías, el proyecto de ley sobre concesión de un crédito
extraordinario, por importe de 16.870.101.469 pesetas, para hacer
efectivo el pago a las empresas colaboradoras de asistencia sanitaria de
la compensación económica establecida en la disposición transitoria sexta
de la Ley 66/1997, de 30 de diciembre, de Medidas Fiscales,
Administrativas y del Orden Social para 1998 tuvo entrada en el Senado y
fue publicado el 31 de mayo de 1999, abriéndose el correspondiente plazo
de enmiendas, que en principio concluía el día 11 de junio aunque fue
ampliado hasta el 17 de dicho mes.

La Comisión de Presupuestos se reunió el 15 de septiembre y acordó no
designar Ponencia y dictaminar directamente el citado proyecto de ley.

A este proyecto de ley se han presentado dos propuestas de veto y ocho
enmiendas, correspondiendo la primera propuesta de veto y cuatro
enmiendas al Senador Román Clemente, del Grupo Parlamentario Mixto, y las
restantes propuesta de veto y enmiendas al Grupo Parlamentario
Socialista.

La Comisión dictaminó sin introducir modificaciones con respecto al texto
remitido por el Congreso de los Diputados, y el dictamen fue publicado el
día 20 de septiembre.

Para su debate en Pleno se han presentado, por el Grupo Parlamentario
Mixto, un voto particular que postula mantener la propuesta de veto
número 1 y las cuatro enmiendas presentadas por el Senador Román
Clemente; y por el Grupo Parlamentario Socialista, un voto particular que
postula mantener la propuesta de veto número 2, así como la totalidad de
las enmiendas presentadas.

Muchas gracias.




La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, Senador Tomey.

Terminada la presentación del dictamen, procede la defensa de la primera
propuesta de veto, correspondiente al voto particular número 1, del Grupo
Parlamentario Mixto, presentado originariamente por el Senador Román
Clemente.

Su señoría tiene la palabra.




El señor ROMAN CLEMENTE: Gracias, señora Presidenta.

En esta propuesta de veto que paso a defender valdría repetir lo mismo
que hemos dicho en el proyecto de ley sobre concesión de créditos
extraordinarios que acabamos de debatir: se trata de unos procedimientos
que normalmente no nos gustan, y por eso siempre los tratamos con
cautela. En cualquier caso, esta propuesta de veto nos permite abrir un
debate que, aunque de forma breve, quisiera plantearles esta mañana a sus
señorías.

El sistema público de salud está sufriendo un progresivo desmantelamiento
y, por tanto, nosotros consideramos que es coherente la fórmula de
empresas colaboradoras y el trato de favor que se les dispensa --así lo
entendemos nosotros-- mediante este crédito extraordinario que ahora
propone el Gobierno. Pero esto no viene sino a agudizar más esta
dualización del modelo sanitario, lo que carece de justificación desde
cualquier punto de vista, pero más concretamente desde el de una
necesaria asistencia pública universal y de calidad así como de una
correcta gestión de los fondos públicos destinados a la salud.




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Desde Izquierda Unida consideramos que se debe cuestionar --y esto es lo
que hacemos con esta propuesta de veto-- el mantenimiento de esta fórmula
de colaboración y, en consecuencia con lo que estoy planteando, la
transferencia de fondos públicos al ámbito privado que se contiene en
este proyecto de ley.

Las enmiendas que hemos presentado guardan relación con la propuesta de
veto. Las cuatro son, por tanto, enmiendas de supresión. Con ellas
reafirmamos nuestra oposición al desmantelamiento del sistema sanitario
público y que esta propuesta de colaboración hace precisamente más
patente ese desmantelamiento y esa dualización que se están produciendo
en nuestro sistema sanitario. Por eso, señorías, presentamos la propuesta
de veto, y en coherencia con ellas, las enmiendas.

Gracias, señora Presidenta.




La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, Senador Román.

Para la defensa de la propuesta de veto número 2, del Grupo Parlamentario
Socialista, tiene la palabra el Senador López Carvajal.




El señor LOPEZ CARVAJAL: Señora Presidenta, señorías, voy a defender de
manera conjunta tanto la propuesta de veto como las diferentes enmiendas
presentadas por el Grupo Parlamentario Socialista a este proyecto de ley,
que tiene por objeto la concesión de un crédito extraordinario para hacer
efectivo el pago a las empresas colaboradoras por la asistencia sanitaria
prestada en el ejercicio de 1998, todo ello en virtud de lo que se
contiene en la disposición transitoria sexta de la Ley 66/1997, de 30 de
diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social.

Dicho precepto introduce una novedad en el pago de los débitos a las
empresas colaboradoras por cuanto con anterioridad a su entrada en vigor
éste se determinaba en función de la aplicación de un coeficiente
reductor de la base de cotización, en tanto que actualmente se opta por
una compensación directa.

La argumentación en que descansan las enmiendas presentadas por el Grupo
Parlamentario Socialista hace que éstas se puedan clasificar en dos
grupos: uno de naturaleza estrictamente económica, y otro de naturaleza
de política sanitaria y asistencial.

En primer lugar, quiero dejar patente que la compensación económica que
hoy se pretende aprobar afecta a 36 empresas colaboradoras que atienden,
aproximadamente, a un total de 219.000 trabajadores, y repito que el
importe que se pretende aprobar es de 16.870 millones de pesetas.

Nosotros entendemos que este importe que se solicita está calculado de
una manera un tanto aleatoria, y ni el Gobierno ni el Grupo Parlamentario
que lo sustenta han ofrecido a lo largo de la tramitación de este
proyecto de ley una explicación suficientemente razonada. Digo esto
porque la compensación del gasto por asistencia sanitaria está basada en
el riesgo asumido por las distintas entidades aseguradoras, bien sean
mutuas administrativas, entidades de seguro privado o las empresas que
anteriormente he citado.

El Gobierno del Partido Popular equipara el gasto de los 219.000
trabajadores protegidos por este sistema --es decir, un 0,5 por ciento de
la población española, que se corresponde básicamente con personas que
trabajan en grandes empresas de servicio-- con el gasto medio de la
población general. Esta es una premisa, desde nuestro punto de vista,
absolutamente errónea, pues, como es sabido, las personas empleadas en
estos sectores tienen un riesgo muy inferior al del conjunto general de
la población.

En segundo lugar, también es notorio que estas empresas colaboradoras
sólo protegen a los empleados en activo, por lo que no cubren los riesgos
de los pensionistas por jubilación o incapacidad laboral transitoria.

Para imputar esta diferencia de riesgo, el Gobierno aplica un coeficiente
corrector del 0,82 por ciento, sin que en ningún momento se justifique el
porqué de tal coeficiente.

Desde nuestro punto de vista, un cálculo conservador de las diferencias
de riesgo entre el colectivo protegido por el Sistema Nacional de Salud y
el adscrito a las empresas colaboradoras situaría este coeficiente en
torno al 0,65. Téngase en cuenta que las personas mayores de 65 años
generan un gasto superior en tres o cuatro veces a la media de la
población, según los diferentes estudios que existen al respecto.

Como tercer argumento, el Gobierno eleva un 5 por ciento la estimación de
los empleados de las mencionadas empresas colaboradoras para el último
trimestre del ejercicio de 1998. Una estimación que, desde nuestro punto
de vista, no debería producirse; ha pasado mucho tiempo desde que
finalizó el año 1998 y tendría que disponerse de datos absolutamente
fidedignos sobre la población a la que afecta este tipo de protección.

Repito, con los criterios empleados por el Partido Socialista, es decir
con un coeficiente corrector del 0,65, llegamos a la conclusión de que el
importe que hoy se pretende aprobar ascendería a 13.143 millones de
pesetas, lo cual supone una reducción de 3.524 millones de pesetas sobre
la cifra que se pretende aprobar en este Pleno.

La segunda de mis argumentaciones --y ya concluyo-- es de naturaleza
política, y hace referencia al futuro de las empresas colaboradoras en el
contexto del sistema sanitario español.

Señorías, el Gobierno no pide un crédito para el pago de la prestación
sanitaria de las empresas colaboradoras de forma excepcional teniendo en
cuenta que el año 1998 fue un año de transición entre el modelo antiguo y
el moderno; lo hace para 1998, tendrá que hacerlo para 1999 y, a tenor
del proyecto de presupuestos que se ha presentado, volverá a hacerlo para
el año 2000. Esto significa que el Gobierno apuesta por la vigencia del
modelo actual, mientras que el Grupo Socialista pide la integración de la
asistencia que se presta actualmente por las empresas colaboradoras en el
Sistema Nacional de Salud.

Y es que, señorías, desde la promulgación en el año 1986 de la Ley
General de Sanidad está configurado el derecho a la sanidad como un
derecho universal, para todos los ciudadanos y en igualdad de
condiciones. De una manera clara, podríamos decir que pretendemos una
cobertura de todos los ciudadanos y a todos los ciudadanos por



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igual, Este principio se ha venido consolidando en los últimos diez años
de forma evidente a través de la solidez de la financiación del Sistema
Nacional de Salud por la tributación impositiva y no por las cotizaciones
de la Seguridad Social. En este proceso, qué duda cabe, ha tenido una
gran importancia el Pacto de Toledo y, por supuesto, la Ley de
Presupuestos de 1989, que fue el primer punto de arranque.

Hoy nos encontramos con que en el ejercicio de 1999, por primera vez, en
efecto, la financiación del Sistema Nacional de Salud procede de los
ingresos del Estado y no de las cotizaciones de la Seguridad Social. Pues
bien, este modelo de asistencia sanitaria derivado del funcionamiento de
las empresas colaboradoras no se ajusta a los principios de la Ley
General de Sanidad por dos razones fundamentales: la primera, porque es
un sistema que encarece el sistema general y, la segunda, porque es un
sistema menos igualitario. Es más caro porque estas empresas sólo se
hacen cargo de los trabajadores en activo y de un tipo de patologías
selectivas; es menos igualitario toda vez que una parte de la prestación
sanitaria se vincula a la relación laboral, y nosotros, los socialistas,
defendemos una cobertura unitaria dentro del Sistema Nacional de Salud y,
por tanto, la eliminación de las diferentes coberturas entre los
diferentes colectivos de la sanidad española.

Es por todo ello que pedimos el voto favorable a nuestras enmiendas, que
tienen por objeto la supresión de este proyecto de ley sobre concesión de
un crédito extraordinario por un importe de 17.000 millones de pesetas
para pagar la asistencia sanitaria a las empresas colaboradoras.

Muchas gracias.




La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señoría.

Para el turno en contra, por el Grupo Popular tiene la palabra el Senador
Fernández Menéndez.




El señor FERNANDEZ MENENDEZ: Señora Presidenta, señorías.

Voy a hacer uso de la palabra en nombre del Grupo Parlamentario Popular
para hacerles constar que nuestra posición es la de rechazar los vetos
presentados a este proyecto de ley sobre la concesión de un crédito
extraordinario por importe de 16.870.101.469 pesetas, para hacer efectivo
el pago a las empresas colaboradoras de asistencia sanitaria de la
compensación económica establecida en la disposición transitoria sexta de
la Ley 66/1997, de 30 de diciembre.

Voy a contestar según el orden de intervención de los portavoces, y
aunque en algún caso la contestación será genérica, esta primera parte la
voy a dedicar a tranquilizar al portavoz del Grupo Mixto Senador Román
Clemente.

Yo le puedo decir en primer lugar que la coexistencia de empresas
colaboradoras en el Régimen General de la Seguridad Social no supone
ningún desmantelamiento del sistema público de salud. Las empresas
colaboradoras vienen existiendo desde los años sesenta, concretamente
desde 1966, extendiéndose hasta el inicio de la presente legislatura,
todo ello sin vulnerar el desarrollo del Sistema Nacional de Salud.

Además, las empresas colaboradoras se financian con recursos públicos y,
por lo tanto, son parte del sistema público sanitario.

En segundo lugar, Senador, efectivamente existe una transferencia de
fondos públicos --como usted manifiesta-- al ámbito privado, pero esta
transferencia se ha hecho mucho más transparente. Yo quería aclararle que
es más justa y racional con las nuevas modificaciones introducidas
mediante el mecanismo de compensación implícito en el proyecto de ley
sujeto ahora a aprobación. Hasta ahora las empresas colaboradoras se
financiaban con retenciones en la cotización social, quiere decirse con
coeficientes reductores. Por lo tanto, su financiación estaba relacionada
con el nivel salarial, punto con el que estoy seguro que usted no estaba
de acuerdo. Ahora se introduce un nuevo mecanismo de financiación
desligado de la Seguridad Social y relacionado con el coste asistencial
real de la población atendida.

Deben tranquilizarle dos cuestiones. Primera, que no afecta ni va a
suponer ninguna desaparición del sistema público de salud, que está
garantizado y, segunda, tiene lugar una financiación mucho mas justa en
tanto en cuanto el procedimiento que se aplica no está relacionado con el
nivel salarial que, como usted conoce, en las seis empresas que se han
mencionado anteriormente tienen un nivel salarial alto, lo que no quiere
decir que tengan más riesgos de salud. Por lo tanto, estamos en la línea
de lo sensato.

Seguidamente voy a dar respuesta a la justificación del veto número 2,
del Grupo Parlamentario Socialista. Para ello no voy a recordar nada del
pasado, sino que voy a hacer una justificación del proyecto de ley con
respecto a la propia legislación vigente.

En primer lugar, existe un gasto ocasionado en el año 1998, como
consecuencia de una disposición transitoria en la Ley de Medidas de 1998,
aprobada a finales de 1997, que ni siquiera fue votada en contra. En
dicha disposición adicional quedaba claro lo que ella misma determinaba.

Ahora bien, si además tenemos en cuenta que esa ley viene desde 1966,
vetar ahora este proyecto de ley para compensar económicamente el gasto
ya realizado a las empresas colaboradoras no me parece oportuno.

En segundo lugar, debo señalar que, históricamente, el presupuesto del
Sistema Nacional de Salud, canalizado a través del Insalud, incluía una
dotación destinada a la compensación económica a la Tesorería General de
la Seguridad Social --se decía pago por formalización--, cuya finalidad
era compensar a la misma por la menor recaudación derivada de la
aplicación de coeficientes reductores en las cotizaciones de las
empresas.

Por lo tanto, siendo cierto, como ustedes afirman en el veto y señalan en
su propuesta, que es una situación anacrónica, la realidad es que este
sistema de cobertura sanitaria ha estado vigente todos estos años y, en
consecuencia, desde la aprobación de la Ley General de la Sanidad.

La Ley 66/1997, de 30 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas
y del Orden Social, ante la inminente separación de las fuentes de
financiación del Sistema Nacional de Salud, modifica el sistema de
compensación económica que se venía aplicando a las empresas
colaboradoras, por la percepción de un importe por titular y mes cuyo
máximo lo constituye el costo medio del Insalud. Con la



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aprobación del presupuesto para 1997, en el que el Estado asume toda la
carga financiera del sistema sanitario, conmina el proceso de separación
de las fuentes de financiación. Por lo tanto, tampoco podemos decir que
en el año 1999 sea el mismo.

En la motivación de la propuesta de veto que ustedes presentan, se hace
constar que a través del proyecto de ley se incluye un cálculo arbitrario
en el importe del crédito extraordinario --y usted lo manifiesta en su
intervención--, alegando que se está financiando en exceso a las empresas
colaboradoras. Tengo que señalar al respecto que el importe fijado para
el crédito extraordinario queda por debajo del crédito total dotado para
esta finalidad en ejercicios anteriores en el presupuesto del Insalud,
como es el caso del año 1994, en el que el crédito destinado a las
empresas colaboradoras ascendió a 18.939 millones de pesetas, unos 2.100
millones más; además, el tope del coste medio del Insalud de las
prestaciones que cubre la colaboración ha supuesto una minoración de los
importes que venían percibiendo con anterioridad las empresas, por lo que
la medida indicada en la citada disposición transitoria resulta acorde a
los criterios de rigor en el gasto público que dirigen la actualidad
política presupuestaria, resultando procedente la concesión del crédito
extraordinario propuesto a fin de darle cumplimiento.

Por otra parte, el cálculo de coste medio del Insalud en ningún momento
puede ser tildado de arbitrario, por los siguientes motivos: en primer
lugar, porque el punto de partida es la cuota de asistencia
médico-farmacéutica por enfermedad común y accidente no laboral que
corresponde satisfacer a los colectivos ajenos al Sistema Nacional de
Salud, publicada en una orden ministerial del Ministerio de Trabajo y
Asuntos Sociales el 26 de enero de 1998, por la que se establecen las
normas de cotización a la propia Seguridad Social. En segundo lugar, dado
que --como usted muy bien decía-- el riesgo sanitario del colectivo
protegido por las empresas colaboradoras no es equiparable ni homogéneo
con el de la población general cubierta por el Sistema Nacional de Salud,
se han aplicado coeficientes correctores con el fin de homogeneizar los
costes para ambos colectivos. Se ha hecho una corrección por edad al
tratarse de la atención sanitaria de una población más joven; se ha hecho
otra corrección por patologías invalidantes, por tratarse de la atención
sanitaria de una población que no presenta muchas patologías
invalidantes. Ambos coeficientes reductores están suficientemente
explicados --aunque usted diga que no hay datos-- en la memoria
justificativa que acompaña al proyecto de ley objeto de veto. También
tengo que decirle que el coeficiente reductor que se ha aplicado está
prácticamente rayando el 25 por ciento a la baja del coste de la media de
los habitantes que tienen derecho a la asistencia en el Sistema Nacional
de Salud. Por lo tanto, se han tenido en cuenta unos coeficientes
correctores que, durante los 14 años que duró su Gobierno, no se
atendieron, y si daban más dinero a esas más de 30 empresas que estaban
colaborando en la atención a la asistencia sanitaria era porque,
efectivamente, tienen salarios altos y menos riesgos. Por eso, estamos
valorando los riesgos a la baja del propio Sistema para retribuir a las
mismas.

La disposición transitoria sexta de la Ley 66/1997, de 30 de diciembre,
establece los criterios para proceder a la determinación de las
compensaciones a las empresas colaboradoras sin que, de su redacción, se
pueda desprender el importe de las mismas, por lo que no fueron
consignados créditos para su cobertura en el presupuesto de 1998, como le
aclaré al principio de mi intervención. En consecuencia, al no existir el
crédito adecuado en dicho presupuesto para atender estas compensaciones,
de conformidad con lo previsto en el artículo 64.1 del Texto Refundido de
la Ley General Presupuestaria, procede la tramitación de este crédito
extraordinario. Por ello, se rechazan las propuestas de veto planteadas a
este proyecto de ley.

La verdad es que a mí me ha extrañado que nos intentemos cargar de un
plumazo y que no sirva para 1998 ni para el futuro lo que ha valido
durante tantos años y ha prestado una gran colaboración al Sistema
Nacional de Salud. Además, he tenido conocimiento de que su Grupo
Parlamentario ha presentado una proposición de ley en el Congreso de los
Diputados para que, por el trámite legal correspondiente, se suprima el
sistema pero, al mismo tiempo, también han reconocido ustedes algo que en
este proyecto de ley se contempla, que no ha sido abusivo el crédito de
16.870.101.469 pesetas ya que piden que se transfieran al Insalud nada
menos que 1.000 millones de pesetas más para atender a los mismos
trabajadores y a las mismas personas con derecho a la asistencia que
están prestando las empresas colaboradoras. Por lo tanto, aquí hay una
contradicción, reciente porque que es de anteayer, por eso, francamente,
me extraña bastante la posición de ustedes, sobre todo después de los 14
años que estuvieron en el poder.

Gracias, señora Presidenta.




La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, Senador Fernández Menéndez.

¿Alguien quiere intervenir en el turno de portavoces? (Pausa.)
Tiene la palabra el Senador López Carvajal.




El señor LOPEZ CARVAJAL: Gracias, señor Presidente.

Quisiera hacer una salvedad con respecto a los catorce años a los que
usted alude de una manera un poco reiterada. Ciertamente, las empresas
colaboradoras llevan funcionando mucho tiempo, eso es cierto y no se
puede negar. Pero lo que usted parece no comprender es que el sistema de
financiación de la sanidad española ha tenido una modificación sustancial
en los últimos años, y que a partir exactamente de 1999 consolida, como
anteriormente le he dicho, el principio de que se financia con cargo a
los impuestos y no a las cotizaciones. Entonces, hay un cambio
cualitativo fundamental.

Esta actitud del Grupo Parlamentario Socialista con respecto al crédito
de hoy no es tanto de rechazo al mismo para la asistencia en el año 1998,
que evidentemente se ha prestado, como una advertencia sobre la forma que
ustedes tienen de abordar este crédito. Le he dicho con anterioridad que
ustedes no solicitan la aprobación del crédito con una argumentación de
carácter excepcional. El año 1998



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pudo ser un año de transición entre la fórmula antigua y la actual y
tenemos que superarla, pero tenemos una perspectiva de futuro. Ustedes no
tienen una perspectiva de futuro con respecto a las empresas
colaboradoras o, mejor dicho, sí la tienen: quieren mantenerlas en la
situación actual. Nosotros estimamos que esta situación tiene que
corregirse, que hay que dialogar y llegar a un punto de acuerdo en virtud
del cual la asistencia que prestan estas empresas se integre en el
Sistema Nacional de Salud.

A eso es a lo que apelamos fundamentalmente cuando estamos oponiéndonos
con el veto a la aprobación de este crédito. Queremos advertir seriamente
que esta situación es de privilegio, rompe el principio de igualdad de
acceso de los ciudadanos al derecho de la prestación sanitaria, y tiene
que corregirse. Frente a esa perspectiva de futuro, reitero que ustedes
están estancados en la situación actual, y hay que cambiarla.

Muchas gracias.




La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señoría.

¿Algún otro Grupo desea intervenir? (Pausa.)
Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el
Senador Fernández Menéndez.




El señor FERNANDEZ MENENDEZ: Gracias, señora Presidenta.

No somos sólo nosotros los que estamos a favor de este servicio, yo
podría enseñarle informes firmados por los sindicatos Comisiones Obreras
y UGT, por ejemplo; usted lo sabe igual que yo. En ellos se está
reconociendo que precisamente la colaboración de estas empresas está
dejando más espacio en las salas de espera de los ambulatorios. Esto lo
sabe usted, y no crea que nosotros hemos hecho crecer las aglomeraciones
en las salas de espera; es todo lo contrario, las hemos hecho disminuir
en las salas de espera y las listas de espera, las dos cosas. Se ha
hablado mucho de las lista de espera para intervenciones quirúrgicas,
pero no se habla de las salas de espera para la consulta ambulatoria, y
ha disminuido también.

En segundo lugar, ha mencionado usted el costo, y yo le puedo decir que
cada familia tiene un costo de 1.260 pesetas menos por mes que en el
Sistema Nacional de Salud. Y esto no quiere decir que tengamos que
privatizar el Sistema Nacional de Salud, no es eso; es para que no sirva
de argumento el costo para la eliminación del sistema.

En cuanto al futuro, en la asistencia sanitaria, al igual que en todos
los ámbitos de la vida, ya dirá la propia sociedad lo que necesita y cómo
hay que hacerlo. Tenga confianza en que nosotros hemos hecho cosas, desde
el punto de vista económico y desde el punto de vista social y, como
usted sabe y no hace falta recordarlo más, las cosas van bien en ese
aspecto.

Yo creo que ha habido un largo período en el que se han adoptado
decisiones legislativas y aprobado órdenes ministeriales y reales
decretos de ley para ir modificando el Sistema Nacional de Salud. No
puedo decir que ustedes lo hayan hecho mal, sería injusto, posiblemente
han actuado de acuerdo con las necesidades de cada momento, pero no me
diga ahora que éste es un problema preocupante; no lo es ni para los
asistidos que tienen derecho a esta asistencia ni para la economía
nacional.

Gracias, señora Presidenta.




La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.

Concluido el debate de las propuestas de veto, pasamos a la votación.

(Pausa.)
Vamos a proceder a la votación de las propuestas del veto, por su orden
correspondiente.

En primer lugar, votamos la propuesta de veto número 1, del Grupo
Parlamentario Mixto, originariamente presentada por el Senador Román
Clemente.

Se inicia la votación. (Pausa.)



Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 181; a
favor, 74: en contra, 107.




La señora PRESIDENTA: Queda rechazada.

Vamos a votar a continuación la propuesta de veto número 2, del Grupo
Parlamentario Socialista.

Se inicia la votación. (Pausa.)



Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 181; a
favor, 76; en contra, 104; abstenciones, una.




La señora PRESIDENTA: Queda rechazada.

Procedería ahora el debate de las enmiendas, pero puesto que algunos de
los portavoces han dicho que su intervención era también relativa a la
defensa de las mismas, si nadie desea intervenir pasamos directamente a
su votación.

Votamos en primer lugar las enmiendas 1 a 4, que corresponden al voto
particular número 1, del Grupo Parlamentario Mixto, presentadas por el
Senador Román Clemente.

Se inicia la votación. (Pausa.)



Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 180; a
favor 74; en contra, 106.




La señora PRESIDENTA: Quedan rechazadas.

A continuación, votamos las enmiendas 5 a 8, que corresponden al voto
particular número 2, del Grupo Parlamentario Socialista.

Se inicia la votación. (Pausa.)



Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 181; a
favor, 74; en contra, 107.




La señora PRESIDENTA: Quedan rechazadas.

A continuación votamos el texto del dictamen.

Se inicia la votación. (Pausa.)



Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 181; a
favor, 106; en contra, 74; abstenciones, una.




La señora PRESIDENTA: Queda aprobado.




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Queda definitivamente aprobado por las Cortes Generales el Proyecto de
Ley sobre concesión de un crédito extraordinario por importe de
16.870.101.469 pesetas, para hacer efectivo el pago a las empresas
colaboradoras de la asistencia sanitaria de la compensación económica
establecida en la disposición transitoria sexta de la Ley 66/1997, de 30
de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social
para el año 1998.




--DE LA COMISION DE INTERIOR Y FUNCION PUBLICA EN RELACION CON LA
PROPOSICION DE LEY SOBRE ADAPTACION DE LAS NORMAS DE CIRCULACION A LA
PRACTICA DEL CICLISMO (S. 622/000013) (C. D. 124/000005).




La señora PRESIDENTA: El siguiente dictamen es de la Comisión de Interior
y Función Pública en relación con la Proposición de Ley sobre adaptación
de las normas de circulación a la práctica del ciclismo.

No se han presentado votos particulares a esta proposición de ley, y,
para la presentación del dictamen, tiene la palabra el representante
designado por la Comisión, el señor Cañellas.




El señor CAÑELLAS FONS: Gracias, señora Presidenta.

Señorías, el texto de la proposición de ley que vamos a debatir
seguidamente, remitido por el Congreso de los Diputados, tuvo entrada en
esta Cámara el día 7 de junio del corriente año, y fue publicado el mismo
día en el Boletín Oficial del Senado. No se presentaron al mismo
proposiciones alternativas ni propuestas de veto, pero sí seis enmiendas:
cuatro del Grupo Parlamentario Popular y dos del Grupo Parlamentario
Socialista.

La Ponencia se reunió el día 20 de septiembre y emitió su informe,
aceptando dos enmiendas por unanimidad y cuatro por mayoría. La Comisión
fue convocada el pasado día 23 de septiembre para dictaminar dicho
informe. En el trascurso de la sesión se retiraron las dos enmiendas que
quedaban pendientes, y además la Ponencia acordó modificar el informe,
revocando la inclusión en el mismo de dos de las enmiendas que se habían
incorporado. El nuevo informe fue votado y aprobado, con una abstención,
por todos los miembros de la Comisión. Por tanto, no quedan enmiendas
pendientes de debate.

Nada más. Muchas gracias.




La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señoría.




¿Turno a favor? (Pausa.)
¿Turno en contra? (Pausa.)
¿Turno de portavoces? (Pausa.)
Tiene la palabra el señor Román Clemente, por el Grupo Parlamentario
Mixto.




El señor ROMAN CLEMENTE: Gracias, señora Presidenta.

Efectivamente, la proposición de ley que, entre otras cuestiones, tiene
también origen en la Ponencia que en la Comisión de Interior y Función
Pública tuvimos oportunidad de desarrollar, en su tramitación ha sufrido
no pocas modificaciones, pero en el dictamen final recoge el contenido
fundamental del trabajo de la Ponencia. Nuestro voto será favorable, tal
y como hemos expresado en el trámite de Comisión. Creemos que, de esta
forma, también guardamos esa coordinación que ha seguido esta proposición
de ley en el Congreso de los Diputados, y somos respetuosos con las
conclusiones a las que llegó la Ponencia de la que nos dotamos en esta
Cámara. Por todo ello, insistimos en que votaremos favorablemente la
proposición de ley.

Gracias, señora Presidenta.




La señora PRESIDENTA: Gracias, señoría.

Por el Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos tiene la
palabra el Senador Martiarena.




El señor MARTIARENA LIZARAZU: Gracias, señora Presidenta.

Esta proposición de ley tiene su origen, como comentaban anteriormente,
en una iniciativa del Senado así como en una iniciativa anterior del
Congreso de los Diputados, propiciada fundamentalmente en el Senado por
el Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos. Aunque en su
tramitación algunos grupos parlamentarios han tenido ciertas vacilaciones
en relación con algunos de sus preceptos, como la extensión a las autovía
de la prohibición actualmente vigente en las autopistas, salvo cuando no
exista vía razonable alternativa para realizar el desplazamiento, y
también en relación con la obligación de utilizar el casco en los
desplazamientos interurbanos en las condiciones que reglamentariamente
queden establecidas, la posición finalmente adoptada al respecto ha
repuesto el equilibrio entre los tres aspectos bajo los que se ha
trabajado la iniciativa: el apoyo a la práctica en un deporte, el fomento
de un medio de transporte sano y ecológico y la protección de la
seguridad ciudadana, incluida la de los propios ciclistas, siempre
dejando claro que la prohibición de circular con tasas de bebidas
alcohólicas o sustancias psicotrópicas superiores a las
reglamentariamente previstas les es de afección con la proposición de ley
actual.

En todo caso, aunque no es más que un aspecto formal, yo propondría que
en el preámbulo del texto aprobado por la Ponencia, concretamente en el
apartado tres de las modificaciones principales, se vuelva al texto
original, porque yo creo que, debido a un lapsus, en dicho apartado se ha
suprimido una línea de estas modificaciones principales, que se refieren
a la moderación de la velocidad y, en ciertos supuestos, a ceder la
preferencia de paso. Aunque no es más que un aspecto formal, pienso que
el preámbulo quedaría más completo con la introducción de esta línea que
sí estaba incluida en el texto original remitido por el Congreso de los
Diputados.

Anunciamos nuestro apoyo total a esta iniciativa y a esta ley, que
recibimos con alegría.

Muchas gracias, señora Presidenta.




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La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, Senador Martiarena.

Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el Senador
González López.




El señor GONZALEZ LOPEZ: Gracias, señora Presidenta.

Señorías, vuelve al Senado la proposición de ley sobre la adaptación de
las normas de tráfico a la práctica del ciclismo, una vez que han sido
superados ya los trámites parlamentarios en el Congreso.

En primer lugar, me gustaría recalcar, como ya ha hecho el compareciente
anterior, que esta proposición de ley sale del Senado, si bien fruto de
los trabajos que se llevaron a cabo en la anterior legislatura en el
Congreso de los Diputados, pero es en esta Cámara donde, ante la
pasividad de las administraciones públicas, esta proposición de ley toma
forma y trata una de aquellas recomendaciones que figuraban en los
magníficos trabajos de la anterior legislatura, en el Congreso, como es
la de adaptar las normas de tráfico a la práctica del ciclismo. Es
necesario repetirlo aquí, porque la Ponencia creada en el Senado partía
de un consenso previo en el estudio del asunto que nos trae, con dos
objetivos fundamentales.

El primero era que todos estábamos de acuerdo y partíamos del hecho de
que la práctica del ciclismo, en todas sus modalidades, es buena, es
beneficiosa, no perjudica a nadie y, además, puede ser una solución al
grave problema del tráfico, de la polución y de los atascos. Por lo
tanto, todos tenemos la obligación de fomentarla, de potenciarla y de
facilitarla.

El segundo era respecto a la necesidad de mejorar todos los elementos del
tráfico, entre los que se encuentran, por supuesto, los ciclistas,
quienes, en la mayoría de los casos, no tienen otra carrocería que su
propio cuerpo.

No obstante, pensar que con esta proposición de ley vamos a solucionar
todos los problemas del tráfico relacionados con los ciclistas es ser un
iluso, porque todavía queda mucho por hacer. Se podía haber hecho más,
pero aún quedan por cumplir los demás objetivos que nos recomendaban en
aquellos magníficos trabajos del Congreso de los Diputados.

Hay que concienciar a las distintas administraciones de que no se pueden
seguir cerrando los ojos ante esta realidad emergente que es la práctica
del ciclismo; que las bicicletas están ahí para usar las vías públicas, y
no sólo los potentes vehículos de motor.

Debemos seguir avanzando en el cumplimiento de los demás objetivos. Hay
que intentar que, a la hora de planificar y de diseñar nuevas
infraestructuras, se cuente con estos elementos nuevos que hoy aparecen
en la realidad vial de nuestro país, como es la bicicleta. Y de lo que sí
tenemos que concienciarnos todos es de que la base para un comportamiento
apropiado, correcto y cívico, es la educación vial, primero, en las
escuelas, pero también para el resto de los ciudadanos: en las
autoescuelas, con monográficos dedicados a los «ciclos», en asociaciones
de ciclistas, en las federaciones, facilitando y dando información a sus
asociados.

Hemos repetido muchas veces los argumentos por los que es importante
tener en cuenta esta realidad; no obstante, hay algunos que quizá no se
hayan dicho y que a mí, brevemente, me gustaría repetir.

La bicicleta es el vehículo de transporte más utilizado del mundo. Hay
más de 800 millones de bicicletas frente a 400 millones de vehículos. En
España es también el vehículo más usado para el transporte. Prácticamente
en todos los hogares españoles hay bicicletas, y no una, sino incluso
dos, tres y hasta cuatro. Solamente un dos por ciento de españoles no
monta nunca en bicicleta. Además, el primer contacto con la bicicleta se
suele tener a muy temprana edad. Es un vehículo que permite autonomía al
individuo y ya a los cinco años el 36 por ciento de las personas han
montado en bicicleta, y entre los cinco y los ocho años un 48 por ciento.

Las estadísticas dicen que son más de 700.000 practicantes durante los
fines de semana. Por lo tanto, hay que tener en cuenta que ésta es una
realidad emergente y que hemos de tenerla presente siempre.

La proposición de ley que hoy traemos aquí ha sido modificada en su
estructura por la Ponencia en el Congreso de los Diputados. Se ha
modificado el artículo dos según había salido de aquí. Queda toda la
parte reglamentaria, alegando que, desde el punto de vista
técnico-legislativo, no parecía muy correcto hacer una proposición de ley
cada vez que tuviéramos que modificar una norma reglamentaria. Estamos de
acuerdo en que se haya producido esa modificación ; no obstante, pediría
a los reglamentistas, a los técnicos que vayan a elaborar el reglamento,
que tuvieran en cuenta todas las recomendaciones que se hicieron en la
Ponencia del Senado, que eran fruto de muchas comparecencias y de las
reflexiones de los propios ponentes, como la calzada y los arcenes, el
transporte de menores, el adelantamiento de los ciclistas, la velocidad,
las prioridades de paso o los elementos de seguridad.

Me gustaría hacer alguna valoración sobre los aspectos más polémicos en
la tramitación de esta proposición de ley. En primer lugar, el uso de las
autovías. Celebro que el texto recoja la excepcionalidad del uso de las
autovías porque en el anterior debate celebrado con ocasión de la toma en
consideración de esta proposición de ley prácticamente me había quedado
sólo en esta defensa. Habíamos entendido y entendemos que circular por
autovía es un peligro para los ciclistas y son ellos mismos los que lo
evitan, pero cuando no hay una vía alternativa es necesario recoger esa
excepcionalidad. Lo que queremos matizar aquí es que hay que contemplar
dicha excepcionalidad no como una autorización individual al ciclista,
sino como una autorización para circular por esos tramos donde no se
contempla una vía alternativa para, de esta forma, no conculcar los
derechos de los ciclistas de circular por las vías públicas.

Otro asunto polémico ha sido el uso del casco. Es cierto que la
obligatoriedad de llevar el casco no es una medida aceptada socialmente,
sobre todo por los practicantes. Usar el casco no es malo, aunque desde
luego tampoco tiene la eficacia que sus defensores pregonan, ni siquiera
tiene la eficacia que pueden tener otros sistemas de seguridad como puede
ser el cinturón, etcétera. También es cierto que últimamente ha aumentado
el uso del casco de una



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forma voluntaria fruto de la concienciación del propio ciclista.

Sinceramente, espero y deseo que esta obligatoriedad no vaya a ir en
contra del objetivo fundamental de la Ponencia, que era fomentar la
práctica del ciclismo, porque puede ocurrir que quizá esta
obligatoriedad, en algún momento, haga que decaiga el número de
practicantes, y si así fuera habríamos hecho un flaco favor. Pienso que
es mejor y mucho más sano montar en bicicleta sin casco que no montar
nunca.

Asimismo, celebramos que se haya retirado el artículo sexto, relativo a
las pruebas de alcoholemia, pruebas que no tenía ningún sentido aplicar a
los ciclistas. El texto nos llegó así del Congreso, pero en el Senado
hemos llevado a cabo una modificación con el acuerdo de todos los grupos.

Como digo, no tenía sentido que se determinara la práctica de pruebas de
alcoholemia a los que practican el ciclismo, cuando todo el mundo sabe
que dicho deporte es incompatible con la bebida. Con ello se daba la
sensación de que todo aquel que montara en bicicleta era un bebedor
habitual de alcohol, cuando eso no es cierto. Por tanto, como digo, nos
alegramos de que dicho artículo se haya retirado en la Ponencia.

En cuanto al uso de las vías fronterizas, también entendemos que no tenía
ninguna razón de ser. En nuestra opinión, todas las normas de tráfico
deben regirse por el principio de territorialidad y debe evitarse la
discrecionalidad. Por tanto, no sería muy lógico, por ejemplo, que en el
caso de dos ciclistas, uno, procedente de Francia, y otro, de España, uno
de ellos fuera multado con 15.000 pesetas por no llevar casco, mientras
que al otro se le permitiera circular advirtiéndole que comprara un casco
a 20 kilómetros. Insisto, pues, en que celebramos que se haya retirado
ese artículo de esta proposición de ley.

Finalmente, estamos convencidos de que esta ley no va a ser la panacea
que solucione los graves problemas de tráfico existentes en relación con
los ciclistas, porque todavía queda mucho por hacer, como ya he dicho.

Pero si con ella conseguimos que se ayude al fomento de la práctica del
ciclismo y contribuimos a la seguridad del propio ciclista, algo habremos
logrado con este propósito. Si no fuera así, estaríamos dispuestos a
rectificar.

Muchas gracias.




La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señoría.

Por el Grupo Popular, tiene la palabra el Senador Arribas.




El señor ARRIBAS ARAGONES: Gracias, señora Presidenta.

Señorías, me cabe el honor de representar al Grupo Popular para
manifestar la posición del mismo respecto del dictamen emitido por la
Comisión de Interior y Función Pública, en su sesión del jueves 23 de
septiembre de 1999, por el que se aprueba el texto de la proposición de
ley sobre la adaptación de las normas de circulación a la práctica del
ciclismo.

Como es obvio, la posición de nuestro Grupo es la de aprobar dicho texto
en los términos contenidos en el dictamen de la Comisión. Pero faltaría a
la justicia si aquí no reconociese públicamente y no dejara constancia de
nuestro agradecimiento por la flexibilidad de criterio, armonía y la
disposición sin límites hacia el consenso existente en todos los grupos
para llegar a un acuerdo en orden a la regulación de la normativa que nos
ocupa.

Ese ánimo de todos y la sensibilidad expuesta por los distintos
portavoces de los grupos, tanto en las intervenciones habidas en su
primera elaboración en el Congreso, cuanto en las reuniones de su segunda
lectura en el Senado, han hecho posible que se ofrezca ahora a la
aprobación de esta Cámara un texto prácticamente consensuado, que creemos
cumple con el objetivo de lograr esa situación equilibrada y una óptima
utilización de las vías públicas por los distintos medios de transporte
que por ellas transitan a través de fórmulas que se refieren tanto a la
ordenación del espacio físico, como a la reglamentación viaria
favorecedora del uso de la bicicleta. Así se recoge en el preámbulo de
esta ley, en el que se parte de reconocer que la bicicleta es un eficaz
medio de transporte que representa una alternativa cotidiana viable para
muchas personas.

En esta línea de concordancia, admitimos la sugerencia hecha por el Grupo
de Senadores Nacionalistas Vascos en lo que afecta al preámbulo. De ahí
el interés que nos ha movido a todos a adaptar las normas de tráfico
desde la perspectiva de la seguridad vial para intentar corregir esas
dramáticas cifras de siniestralidad en relación con los ciclistas, cifras
que, como señalaba la Dirección General de Tráfico, se elevan a 123
fallecidos en 1995; a 102, en 1996, y en 1997, a 116 fallecidos y 2.490
heridos.

Los principios que han regido para la persecución de esa seguridad vial
que se pretende, pueden concretarse en cinco puntos fundamentales que
reseño con la mayor brevedad.

Primero. La utilización de los arcenes por los ciclistas, y la
utilización, en ocasiones, de tales arcenes como carriles para
bicicletas. Segundo. La extensión a las autovías de la prohibición que
actualmente sólo regía para las autopistas de su utilización por los
ciclistas, salvo las excepciones que se prevén. Tercero. La obligación
impuesta a los conductores de vehículos a motor de extremar las
precauciones, moderar su velocidad y, en determinados supuestos, ceder la
preferencia de paso a los ciclistas. Cuarto. La imposición a los
ciclistas de ciertas obligaciones para reforzar su visibilidad y al mismo
tiempo incrementar su seguridad. Quinto. El recordamiento respecto a los
ciclistas de la prohibición de circular con tasas superiores a las
reglamentariamente permitidas de bebidas alcohólicas, estupefacientes,
etcétera.

En síntesis, señorías, con el dictamen de la Comisión se trata de
fomentar el uso de la bicicleta sometiéndolo a una exigencia básica cual
es el respeto a la potenciación de la seguridad vial del ciudadano. Se ha
buscado para ello el equilibrio entre el fomento de su uso y la
potenciación de la seguridad vial.

Porque creemos que ese equilibrio se consigue con este texto, mi Grupo,
señora Presidenta, señorías, votará favorablemente el dictamen de la
Comisión.




La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señoría.




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Entiendo que puede aprobarse este dictamen por asentimiento. ¿Es así,
señorías? (Pausa.)
En ese caso, vamos a proceder a la votación. (Pausa.)
Señorías, mientras los portavoces se ponen de acuerdo, aprovecho para
darles dos avisos. El primero, que la Comisión de Redes Informáticas
prevista para esta tarde se reunirá a las doce horas de esta mañana. El
segundo, que la Mesa y Portavoces de la Comisión de Asuntos Exteriores se
reunirá al finalizar el Pleno en la Sala 20.003 para examinar los asuntos
pendientes. (Pausa.)
Se suspende la sesión por un tiempo máximo de diez minutos. Se reanudará
a las doce menos cuarto. (Pausa.)



Se reanuda la sesión.

Señorías, a esta Presidencia le ha llegado la propuesta de los portavoces
de los grupos parlamentarios en el sentido de alterar el orden del día
para que no figure el dictamen de la Comisión de Interior y Función
Pública en relación con la proposición de ley sobre adaptación de las
normas de circulación a la práctica del ciclismo.

Para su constancia en el «Diario de Sesiones», los señores portavoces
pueden manifestar su acuerdo con esta propuesta en este momento.

¿Portavoz del Grupo Parlamentario Mixto? (Asentimiento.)
¿Portavoz del Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos?
(Asentimiento.)
¿Portavoz del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i
Unió? (Asentimiento.)
¿Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista? (Asentimiento.)
¿Portavoz del Grupo Parlamentario Popular? (Asentimiento.)
Por lo tanto, a propuesta de los portavoces, esta Presidencia, de acuerdo
con el Reglamento, acuerda proponer al Pleno la alteración del orden del
día.

¿Manifiesta el Pleno su conformidad con la alteración del orden del día?
(Asentimiento.)
¿Puede considerarse aprobado por asentimiento? (Pausa.)
Por lo tanto, queda suprimida del orden del día la propuesta de dictamen
que estábamos debatiendo.

Se levanta la sesión.




Eran las doce horas.