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DS. Senado, Pleno, núm. 139, de 28/09/1999
CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL
SENADO
Año 1999 VI Legislatura
Núm. 139
PRESIDENCIA DE LA EXCMA. SRA. DOÑA ESPERANZA AGUIRRE
GIL DE BIEDMA
Sesión del Pleno
celebrada el martes, 28 de septiembre de 1999
ORDEN DEL DIA:
Juramento o promesa de acatamiento a la Constitución de los
excelentísimos señores Senadores don Santiago Lanzuela Marina
(500/000315) y don Francisco Catalá Pardo (500/000316).
Primero
Lectura y aprobación, si procede, de las Actas de las sesiones
anteriores, celebradas los pasados días 14 y 15 de septiembre de 1999.
Segundo
Dictamen de la Comisión de Suplicatorios:
--En relación con la Excma. Sra. Dña. Beatriz Caro Nieto (publicado en el
«Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie I, número 735,
de fecha 16 de septiembre de 1999) (Número de expediente 504/000009).
Tercero
Mociones consecuencia de interpelación:
--Del GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA por la que se insta al Gobierno a
que reoriente los procesos de liberalización que no están dando
resultados en forma de introducción efectiva de competencia, y a que
estudie e instrumente medidas para evitar que determinadas empresas
evolucionen hacia situaciones de oligopolio (publicada en el «Boletín
Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie I, número 742, de fecha
27 de septiembre de 1999) (Número de expediente 671/000076).
Cuarto
Mociones:
--Del GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL SENADO por la que se insta a las
Comunidades Autónomas a que eviten adoptar medidas relacionadas con el
sistema de pensiones que, fuera de su ámbito competencial, puedan poner
en riesgo la existencia de un sistema público de pensiones que garantice
la igualdad de trato de los españoles en todo el territorio nacional
(publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie
I, número 742, de fecha 27 de septiembre de 1999) (Número de expediente
662/000197).
--Del GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA por la que se insta al Gobierno a
establecer la estación de Sagrera, en Barcelona, como estación intermodal
del tren de alta velocidad (AVE) entre Madrid, Barcelona y la frontera
francesa (publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales»,
Senado, Serie I, número 742, de fecha 27 de septiembre de 1999) (Número
de expediente 662/000196).
--Del GRUPO PARLAMENTARIO CATALAN EN EL SENADO DE CONVERGéNCIA I UNIO por
la que se insta al Gobierno a que en los trenes de largo recorrido de la
Red Nacional de los Ferrocarriles Españoles (RENFE) que atraviesen
territorios con diversas lenguas oficiales los anuncios que se realicen a
través de altavoz sean pronunciados en dichas lenguas (publicada en el
«Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie I, número 742,
de fecha 27 de septiembre de 1999) (Número de expediente 662/000195).
Quinto
Solicitud al Pleno de la Cámara de ampliación del objeto de estudio de la
Comisión Especial sobre la Manipulación Genética con Fines de Producción
de Alimentos (Número de expediente 650/000009).
Sexto
Conocimiento directo por el Pleno de Proyectos y Proposiciones de Ley
remitidos por el Congreso de los Diputados:
--Proyecto de Ley sobre concesión de varios créditos extraordinarios en
el presupuesto del Instituto Nacional de Empleo, para regularizar las
insuficiencias producidas en bonificaciones de cuotas de Seguridad Social
correspondientes a los ejercicios de 1996 y 1997 y en el premio de
recaudación de la cuota de formación profesional del período 1995 a 1997,
por importe total de 33.386.436.072 pesetas (publicado en el «Boletín
Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie II, número 147, de fecha
9 de julio de 1999) (Número de expediente S. 621/000147) (Número de
expediente C. D. 121/000165).
Séptimo
Dictámenes de Comisiones sobre Proyectos y Proposiciones de Ley remitidos
por el Congreso de los Diputados:
--De la Comisión de Trabajo y Seguridad Social en relación con la
Proposición de Ley de concesión del subsidio de desempleo y de garantías
de integración sociolaboral para los delincuentes toxicómanos que hayan
visto suspendida la ejecución de su pena de conformidad con lo previsto
en la legislación penal (publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes
Generales», Senado, Serie III B, número 41, de fecha 24 de septiembre de
1999) (Número de expediente S. 624/000025) (Número de expediente C. D.
122/000281).
SUMARIO
Se abre la sesión a las dieciséis horas.
Juramento o promesa de acatamiento a la Constitución de los
Excelentísimos señores Senadores don Santiago Lanzuela Marina y don
Francisco Catalá Pardo (Página 6566)
El señor Lanzuela Marina jura acatar la Constitución.
El señor Catalá Pardo promete acatar la Constitución.
Lectura y aprobación, si procede, de las Actas de las sesiones
anteriores, celebradas los pasados días 14 y 15 de septiembre de 1999
(Página 6566)
Se aprueban las Actas.
DICTAMEN DE LA COMISION DE SUPLICATORIOS (Página 6567)
En relación con la Excma. Sra. Dña. Beatriz Caro Nieto (Página 6567)
El dictamen se debate en sesión secreta.
MOCIONES CONSECUENCIA DE INTERPELACION (Página 6567)
Del GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA por la que se insta al Gobierno a que
reoriente los procesos de liberalización que no están dando resultados en
forma de introducción efectiva de competencia, y a que estudie e
instrumente medidas para evitar que determinadas empresas evolucionen
hacia situaciones de oligopolio (Página 6567)
El señor Gibert i Bosch defiende la moción. El señor Alierta Izuel
defiende la enmienda del Grupo Popular. El señor Gibert i Bosch expone la
posición de su Grupo Parlamentario respecto de la enmienda. En turno de
portavoces hace uso de la palabra el señor Cambra i Sánchez, por el Grupo
Catalán en el Senado del Convergència i Unió.
Se rechaza la moción del Grupo Socialista por 88 votos a favor, 126 en
contra y 5 abstenciones.
MOCIONES (Página 6570)
Del GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL SENADO por la que se insta a las
Comunidades Autónomas a que eviten adoptar medidas relacionadas con el
sistema de pensiones que, fuera de su ámbito competencial, puedan poner
en riesgo la existencia de un sistema público de pensiones que garantice
la igualdad de trato de los españoles en todo el territorio nacional
(Página 6570)
El señor González Pons defiende la moción. El señor Aleu i Jornet
defiende la enmienda del Grupo Socialista. El señor González Pons expone
la posición de su grupo parlamentario respecto de la enmienda. En turno
de portavoces, hacen uso de la palabra los señores Cámara Fernández, por
el Grupo Mixto; Albistur Marin, por el Grupo de Senadores Nacionalistas
Vascos; Vidal i Perpiñá, por el Grupo Catalán en el Senado de
Convergència i Unió; Aleu i Jornet, por el Grupo Socialista, y González
Pons, por el Grupo Popular.
Se aprueba la moción del Grupo Popular por 123 votos a favor, 104 en
contra y 4 abstenciones.
Del GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA por la que se insta al Gobierno a
establecer la estación de Sagrera, en Barcelona, como estación intermodal
del tren de alta velocidad (AVE) entre Madrid, Barcelona y la frontera
francesa (Página 6583)
El señor Oliart Pons defiende la moción. El señor Beguer i Oliveres
defiende una propuesta de modificación, firmada por los Grupos
Parlamentarios Socialista, Catalán en el Senado de Convergència i Unió y
de Senadores Nacionalistas Vascos. La señora Presidenta comunica la
Cámara que la propuesta de modificación que acaba de ser defendida no
puede ser admitida a trámite. El señor Luna Vivas defiende las enmiendas
propuestas por los Grupos Parlamentarios Popular y Catalán en el Senado
de Convergència i Unió. El señor Oliart Pons expone la posición de su
grupo parlamentario respecto de las enmiendas presentadas. En turno de
portavoces, hacen uso de la palabra los señores Román Clemente, por el
Grupo Mixto, Beguer i Oliveres, por el Grupo Catalán en el Senado de
Convergència i Unió; Oliart Pons, por el Grupo Socialista, y Lunas Vivas,
por el Grupo Popular.
Se rechaza la moción del Grupo Socialista por 104 votos a favor, 115 en
contra y 3 abstenciones.
Del GRUPO PARLAMENTARIO CATALAN EN EL SENADO DE CONVERGéNCIA I UNIO por
la que se insta al Gobierno a que en los trenes de largo recorrido de la
Red Nacional de los Ferrocarriles Españoles (RENFE) que atraviesen
territorios con diversas lenguas oficiales los anuncios que se realicen a
través de altavoz sean pronunciados en dichas lenguas (Página 6589)
El señor Varela i Serra defiende la moción. En turno de portavoces, hacen
uso de la palabra los señores Román Clemente, por el Grupo Mixto;
Martiarena Lizarazu, por el Grupo de Senadores Nacionalistas Vascos;
Armet i Coma, por el Grupo Socialista y Ferrer Roselló, por el Grupo
Popular.
Se aprueba la moción del Grupo Catalán en el Senado de Convergència i
Unió por asentimiento de la Cámara.
SOLICITUD AL PLENO DE LA CAMARA DE AMPLIACION DEL OBJETO DE ESTUDIO DE LA
COMISION ESPECIAL SOBRE LA MANIPULACION GENETICA CON FINES DE PRODUCCION
DE ALIMENTOS (Página 6593)
La señora Coloma Pesquera defiende la solicitud. No se consume turno en
contra. En turno de portavoces, hacen
uso de la palabra los señores Beguer i Oliveres, por el Grupo Catalán en
el Senado de Convergència i Unió, y Aleu i Jornet, por el Grupo
Socialista, así como la señora Coloma Pesquera, por el Grupo Popular.
Se aprueba la solicitud por 128 votos a favor, 94 en contra y una
abstención.
CONOCIMIENTO DIRECTO POR EL PLENO DE PROYECTOS Y PROPOSICIONES DE LEY
REMITIDOS POR EL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS (Página 6596)
Proyecto de Ley sobre concesión de varios créditos extraordinarios en el
presupuesto del Instituto Nacional de Empleo, para regularizar las
insuficiencias producidas en bonificaciones de cuotas de Seguridad Social
correspondientes a los ejercicios de 1996 y 1997 y en el premio de
recaudación de la cuota de formación profesional del período 1995 a 1997,
por importe total de 33.386.436.072 pesetas (Página 6596)
Se abre debate de totalidad. No se consumen turnos a favor ni en contra.
En turno de portavoces, hacen uso de la palabra la señora Flores
Fernández, por el Grupo Socialista, y el señor Fernández Menéndez, por el
Grupo Popular.
Se aprueba el proyecto de ley por asentimiento de la Cámara.
DICTAMENES DE COMISIONES SOBRE PROYECTOS Y PROPOSICIONES DE LEY REMITIDOS
POR EL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS (Página 6597)
De la Comisión de Trabajo y Seguridad Social en relación con la
Proposición de Ley de concesión del subsidio de desempleo y de garantías
de integración sociolaboral para los delincuentes toxicómanos que hayan
visto suspendida la ejecución de su pena de conformidad con lo previsto
en la legislación penal
El señor Conde Bajén presenta el dictamen.
Se abre debate de totalidad. No se consumen turnos a favor ni en contra.
En turno de portavoces, hacen uso de la palabra el señor Cardona i Vila,
por el Grupo Catalán en el Senado de Convergència i Unió; la señora
Flores Fernández, por el Grupo Socialista, y el señor Lamalfa Díaz, por
el Grupo Popular.
Se aprueba la proposición de ley por asentimiento de la Cámara.
Se levanta la sesión a las veinte horas y cincuenta minutos.
Se abre la sesión a las dieciséis horas.
La señora PRESIDENTA: Buenas tardes, señorías. Se abre la sesión.
--JURAMENTO O PROMESA DE ACATAMIENTO A LA CONSTITUCION DE LOS
EXCELENTISIMOS SEÑORES SENADORES DON SANTIAGO LANZUELA MARINA
(500/000315) Y DON FRANCISCO CATALA PARDO (500/000316).
La señora PRESIDENTA: Punto previo del orden del día: Juramento o promesa
de acatamiento a la Constitución.
Procede el juramento o promesa de acatamiento a la Constitución de los
Senadores designados por la Comunidad Autónoma de Aragón, excelentísimos
señores don Santiago Lanzuela Marina y don Francisco Catalá Pardo.
En primer lugar, ruego al excelentísimo señor don Santiago Lanzuela
Marina que se acerque a la tribuna. (Pausa.)
¿Jura o promete acatar la Constitución?
El señor LANZUELA MARINA: Sí, juro.
La señora PRESIDENTA: Habiendo prestado acatamiento a la Constitución, el
excelentísimo señor don Santiago Lanzuela Marina ha adquirido la
condición plena de Senador. (Aplausos.)
A continuación, ruego al excelentísimo señor don Francisco Catalá Pardo
que también se acerque a la tribuna. (Pausa.)
¿Jura o promete acatar la Constitución?
El señor CATALA PARDO: Sí, prometo.
La señora PRESIDENTA: Habiendo prestado acatamiento a la Constitución, el
excelentísimo señor don Francisco Catalá Pardo ha adquirido la condición
plena de Senador. (Aplausos.)
--LECTURA Y APROBACION, SI PROCEDE, DE LAS ACTAS DE LAS SESIONES
ANTERIORES, CELEBRADAS LOS PASADOS DIAS 14 Y 15 DE SEPTIEMBRE DE 1999.
La señora PRESIDENTA: Punto primero del orden del día: Lectura y
aprobación, si procede, de las actas de las
sesiones anteriores, celebradas los días 14 y 15 de septiembre de 1999.
¿Hay alguna observación a las actas? (Pausa.)
¿Pueden aprobarse por asentimiento? (Pausa.)
Quedan aprobadas.
DICTAMEN DE LA COMISION DE SUPLICATORIOS:
--EN RELACION CON LA EXCELENTISIMA SEÑORA DOÑA BEATRIZ CARO NIETO
(504/000009).
La señora PRESIDENTA: Punto segundo del orden del día: Dictamen de la
Comisión de Suplicatorios.
Dictamen en relación con la excelentísima señora doña Beatriz Caro Nieto,
publicado en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie
I, número 735, de fecha 16 de septiembre de 1999.
De acuerdo con el artículo 22.3 del Reglamento, de estos dictámenes ha de
ser informado el Pleno en sesión secreta. Por tanto, no debe haber
público ni medios de comunicación.
Se inicia la sesión secreta.
Se reanuda la sesión pública.
La señora PRESIDENTA: Continuamos la sesión con carácter público.
MOCIONES CONSECUENCIA DE INTERPELACION:
--DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, POR LA QUE SE INSTA AL GOBIERNO A
QUE ORIENTE LOS PROCESOS DE LIBERALIZACION QUE NO ESTAN DANDO RESULTADOS
EN FORMA DE INTRODUCCION EFECTIVA DE COMPETENCIA Y A QUE ESTUDIE E
INSTRUMENTE MEDIDAS PARA EVITAR QUE DETERMINADAS EMPRESAS EVOLUCIONEN
HACIA SITUACIONES DE OLIGOPOLIO (671/000076).
La señora PRESIDENTA: Punto tercero del orden del día, mociones
consecuencia de interpelación.
Del Grupo Parlamentario Socialista, por la que se insta al Gobierno a que
reoriente los procesos de liberalización que no estén dando resultados en
forma de introducción efectiva de competencia y a que estudie e
instrumente medidas para evitar que determinadas empresas evolucionen
hacia situaciones de oligopolio.
A esta moción consecuencia de interpelación se ha presentado una enmienda
por el Grupo Parlamentario Popular en el Senado.
Para la defensa de la moción originaria, tiene la palabra, por tiempo de
cinco minutos, el Senador Gibert.
El señor GIBERT I BOSCH: Muchas gracias, señora Presidenta, señorías.
Del debate de la interpelación de hace dos semanas se dedujo, a mi
entender con cierta claridad, que una de las claves para corregir la
actual tendencia al incremento del diferencial de inflación de España
respecto a algunos países de la Unión Europea y al promedio de ésta en
general, era, precisamente, incrementar y acelerar los procesos de
introducción de competencia en sectores donde ésta es nula o escasa y, de
una manera muy especial por su trascendencia económica, en los sectores
de suministro en red.
A partir de esta valoración, el primer punto de la moción propone
reorientar los procesos de liberalización --que según el Gobierno están
en marcha-- porque los procesos de liberalización más allá de la
intención, de las leyes promulgadas y de las actuaciones que emprenda el
Gobierno deben medirse en resultados y la valoración de esos resultados a
nuestro entender no es buena.
Voy a dar tres casos claros de suministro en red. En el caso de las
compañías eléctricas --ya lo dijimos el otro día--, los cuatro grupos
eléctricos que han quedado se ríen un poco del proceso de competencia y,
encima, quieren cobrar por una transición a la competencia que, en
realidad, no existe. En algunos puntos de España, como, por ejemplo, en
Cataluña, antes, por lo menos, aunque no se podía elegir, había dos
compañías, y ahora solamente hay una en la práctica. Por tanto, en
resultados debemos valorar que no se ha introducido competencia, por lo
menos hoy por hoy.
En el sector del gas, por ejemplo, se ha reducido el período en el que se
va a producir la liberalización, pero sigue siendo monopolio. Estamos
hablando de procesos que deben ser necesariamente graduales --lo
entendemos--, pero hay que pensar que no se trata de acortar el período
teórico, sino de empezar a abrir realmente estos procesos graduales,
aunque sabemos que en algunos casos van a durar años, lo que entendemos
que no se ha hecho en este caso.
En cuanto a las telecomunicaciones, por poner otro ejemplo claro, ya
dijimos el otro día que creemos que hay que hacer una reestructuración
tarifaria, que hay un monopolio temporal inevitable durante el período de
interconexión, que está tendiendo a durar demasiado. La verdad es que hay
una competencia --no se puede discutir--, pero bastante confusa en cuanto
al contenido de las ofertas y que, en datos, el resultado se traduce
negativamente en la práctica. Además, los datos no pueden ser más
explícitos. Poníamos el ejemplo de Alemania, con un punto de partida
bastante similar al nuestro en el tiempo, donde la tasa interanual de los
últimos 12 meses en las telecomunicaciones ha bajado un 10,3 por ciento.
En Francia están estabilizadas, en la Unión Europea han bajado un 4,3 por
ciento y en España han subido un 4,80. Algo falla, y precisamente por eso
pedimos al Gobierno que reoriente --nos parece lógico hacerlo--, que
intensifique, si se quiere, o que revise --no importa demasiado la
palabra que se utilice-- estos procesos de liberalización, que,
insistimos, no están dando resultados más allá de la intención o de la
legislación que se ha promulgado.
Respecto al segundo punto, consecuencia en parte del primero, el señor
Vicepresidente nos decía hace 15 días que no era partidario de
condicionar en qué invierten las empresas. Nosotros tampoco. Esa no es la
cuestión, Pero sí que es cierto que algunas empresas o grupos de
empresas, que todavía disfrutan en estos procesos de liberalización de
beneficios extraordinarios derivados de rentas de monopolio, invierten
sus excedentes --incluida la parte derivada de esta situación de
privilegio-- en crear, fomentar o en conseguir nuevas cuotas importantes
de mercado y, por tanto, crean nuevas situaciones de oligopolio en
sectores donde hasta ahora hay mercado, hay competencia, como, por
ejemplo, el de la comunicación, de tanta importancia presente y futura, y
nos preocupa que pueda derivar en una situación de control.
Desde los poderes públicos, desde luego, no debe limitarse la libertad de
inversión ni condicionar en qué sectores se debe invertir. Por el
contrario, se debe velar por evitar situaciones --eso sí-- de posición de
dominio, lo que supone, por un lado, instrumentar la gradual desaparición
de rentas monopolísticas preexistentes --introducción de competencia-- y,
por otro, evitar la configuración de nuevos oligopolios en sectores donde
hay mercado --defensa de la competencia.
Desde ese punto de vista no es conveniente lo que está ocurriendo, es
decir, que se están generando nuevas situaciones que tienden al
oligopolio en base a inversiones de empresas que todavía disfrutan de
rentas de monopolio. Para impedir estas situaciones de ventaja entendemos
que hacer eso no demuestra en absoluto un espíritu intervencionista, sino
todo lo contrario, es algo comparable --lo decimos en el preámbulo de la
moción--, a limitar participaciones significativas o de control por parte
de una entidad financiera en diversas empresas del mismo sector --una
iniciativa que anunció el Gobierno en su momento; por lo tanto, entiendo
que debe considerarse que era una medida correcta y que ha quedado en
aguas de borrajas--, o comparable en realidad a cualquier medida
«antitrust» clásica en defensa del mercado libre en régimen de
competencia. Por eso el segundo punto propone que el Gobierno, cuando
menos, analice y estudie lo que se debe y se puede hacer para evitar que
mientras subsistan situaciones de beneficios extraordinarios derivados de
rentas de monopolios --y sólo mientras subsistan-- se creen precisamente
situaciones de nuevos o potenciales oligopolios.
Es evidente que la clave debe consistir en acortar al máximo los períodos
que duran estas situaciones de privilegio residuales porque, en
definitiva, si ya no existieran, no estaríamos hablando de este punto y
con defender la competencia con medidas clásicas «antitrust» estaríamos
al cabo de la calle.
Por estas razones hemos presentado esta moción, esperando que merezca el
voto favorable de sus señorías, en el sentido de contribuir a acelerar, a
reorientar, a mejorar los procesos de introducción de competencia que en
alguna medida están en marcha.
Muchas gracias, señora Presidenta.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señoría.
Para la defensa de la enmienda, tiene la palabra, por el Grupo
Parlamentario Popular en el Senado, el Senador Alierta, por tiempo de
cinco minutos.
El señor ALIERTA IZUEL: Gracias, señora Presidenta.
Como quedó claro en la interpelación y en repetidas ocasiones lo ha
señalado nuestro Grupo, entendemos que los procesos de liberalización y
extensión de la competencia son muy importantes para la estabilidad de
precios, pero entendemos que no es el único factor y, además, debemos
decir que diferimos del punto de vista del Grupo Socialista en cuanto a
la situación de este proceso en nuestro país.
No es el único, porque aparte del proceso de liberalización de precios,
también es importante la lucha contra el déficit, como se señala
reiteradamente por todos los autores y las entidades que están encargadas
de la estabilidad de precios, como el Banco Central Europeo y el Fondo
Monetario Internacional. En consecuencia, nosotros en la enmienda que
hemos presentado manifestamos la importancia del déficit público, de
atender políticas activas de empleo, políticas de investigación y
desarrollo, de atención de infraestructuras, porque todos estos aspectos
también inciden en la estabilidad de precios.
Pero volviendo al tema de la liberalización, debemos decir que no
compartimos el punto de vista y el análisis que el Grupo Socialista hace
respecto a la situación de este proceso en nuestro país. No entendemos
que la frase «reorientar el proceso» sea la adecuada en este momento.
El proceso de liberalización en nuestro país ha avanzado mucho, está
avanzando, ha producido muchos frutos y esperamos que los siga
produciendo en el futuro.
Por eso entendemos nosotros, y así lo manifestamos en la enmienda que
hemos presentado, que es más correcto señalar, en lugar de reorientar,
que el Gobierno siga desarrollando una política de defensa de la
competencia activa para impedir prácticas que eviten la misma. Estamos de
acuerdo en que esa política debe seguir haciéndose pero en la línea en
que se está haciendo.
Asimismo se señala en la enmienda que el Gobierno debe continuar
profundizando en los procesos de liberalización ya iniciados,
principalmente en los sectores de servicios de suministro en red, que
permitan incrementar la competencia.
Es decir, nuestro punto de vista sobre la situación --y nuestro análisis
es más realista y refleja más la realidad-- es que hay que profundizar
los procesos en marcha y seguir desarrollándolos. No es necesaria una
política de reorientación porque eso daría la impresión de que hemos
tenido una situación de fracaso, y eso no es así. En los sectores que ha
mencionado el señor Senador, por ejemplo comunicaciones y eléctrico, se
han producido notables avances. Es evidente que hoy día cualquier español
que lea los periódicos y vea la televisión, a la vista de las propuestas
de tarifas, nuevas tarifas, contratarifas, nuevas mejoras en todos los
ámbitos de las telecomunicaciones, puede entender que aquí existe una
competencia real; y tan es así que incluso se manifiesta en el índice de
precios al consumo; porque su señoría ha dicho que aumenta el 4,8, cifra
que
correspondía al mes de julio, pero en el mes de agosto esa cifra es ya de
menos 1,4 por ciento. Es decir, que empieza a dar frutos en el campo de
la telefonía fija. Y debo señalar que, posiblemente, nuestro país está en
la situación en que está en este ámbito porque se empezó cuando se
empezó. En Inglaterra este proceso lo empezaron hace 10 años. En este
país se ha empezado hace tres. En consecuencia, tenemos que tener en
cuenta esta circunstancia. No es culpa del Gobierno Popular si se empezó
hace tres años y no se empezó --como en otros países-- hace más tiempo.
Este sector evidencia que se están produciendo una serie de avances. Los
procesos de convergencia tecnológica de este sector aseguran la
existencia de una competencia efectiva caracterizada quizás por su
dinamismo y por garantizar unas convergencias en tecnología que
permitirán en el futuro que el servicio a los consumidores esté mucho más
atendido. Por tanto, hay que vigilar este proceso en la dirección que se
empezó recientemente, puesto que --como digo-- está empezando a dar sus
frutos.
En el campo de las compañías eléctricas ocurre lo mismo. Las tarifas
eléctricas que durante años no hacían más que aumentar llevan unos años
que están disminuyendo. Esto se refleja también en el Indice de Precios
al Consumo. En consecuencia, este proceso de liberalización está dando
sus frutos. Pero es más, aparecen en la prensa referencias a qué
compañías o empresas están sustituyendo --con arreglo a las normas de
liberalización que se han extendido-- sus proveedores de energía
tradicionales por unos nuevos.
Hace unos días se hacía referencia a una gran empresa que sustituía a la
proveedora de energía que le correspondía tradicionalmente por su mercado
por otra. Se está introduciendo la competencia en el sector eléctrico y
esta disminución de tarifas se aplicará a las empresas; en primer lugar,
a las grandes y, a continuación, a las pequeñas, con lo que se extenderá
a todo el sector eléctrico.
Estos procesos están en marcha y procedería seguir instando al Gobierno a
desarrollarlos, a profundizar en ellos, pero no es necesario un proceso
de reorientación. En algunos casos estamos más retrasados que en otros
países porque hemos empezado más tarde, como he señalado, pero no por
culpa del Gobierno al cual sostiene este grupo parlamentario.
En la enmienda mencionamos también un punto muy importante porque
entendemos que la competitividad de las pequeñas y medianas empresas, su
capacidad de competir en los mercados, puede introducir unos elementos
muy dinámicos en éstos y ayudar a la competencia. Por tanto, instamos al
Gobierno a que favorezca la competitividad de las pequeñas y medianas
empresas.
En su moción ha hablado usted de controlar la entrada de empresas en
determinados sectores. Esto tiene, evidentemente --como usted mismo ha
señalado--, muchas dificultades de tipo legal e, incluso, en algunos
casos, de tipo constitucional en cuanto que no se puede discriminar nada
en una Constitución que reconoce el principio de libertad de empresa.
Además, el que entren empresas con gran capacidad financiera en otros
sectores asegura que en estos sectores se introduzca la competencia.
Ha mencionado usted concretamente el caso de Alemania donde me dice que
están mucho más avanzados. En Alemania, frente a la compañía tradicional
que prestaba el servicio telefónico, una compañía muy estable,
establecida con gran capacidad financiera, con gran capacidad de gestión,
y que se llama Manesman, se introdujo en el mercado de las
telecomunicaciones, y esto ha producido un gran dinamismo en ese mercado
que usted mismo ha puesto como ejemplo.
Si en el mercado de las telecomunicaciones en nuestro país entran
empresas procedentes del sector que sea con gran capacidad financiera y
de gestión, ese mercado de las telecomunicaciones se va a ver favorecido.
Por tanto, señor Senador, lo que se potencia por un lado va a perjudicar
por otro y, además, puede tener consecuencias no deseadas. Evidentemente,
en este y en todos los procesos habrá que vigilar en el futuro cuál es la
dinámica del sector y estar permanentemente vigilando para que la
competencia se siga instalando. Pero no entendemos que esos mecanismos,
que son difíciles de adoptar, puedan, sin embargo, dar frutos en cuanto a
la competencia en la medida en que esto luego va a incidir en la
estabilidad de precios.
Para terminar, su señoría ha hablado en su intervención de rentas de
situación de privilegio. Esta ha sido la terminología que ha utilizado.
Puede ser una interpretación. Pero quiero señalarle una cosa, señor
Senador, porque es un poco chocante que utilice esa expresión ya que las
empresas a las cuales se refiere --no ha dado nombres, pero todos las
conocemos-- son las típicas empresas públicas en este país. Asignar a
empresas públicas que vienen de mercados controlados, administrados,
etcétera, la calificación de rentas de situación de privilegio es un poco
chocante por parte de representantes de un partido político que ha puesto
a esta empresa pública como pivote en su capacidad de organización en la
sociedad no hace muchos años. Es sorprendente que lo que nos ponían como
paradigma no hace muchos años, en este momentos nos lo califiquen con
estas palabras. Lo digo como motivo de curiosidad para que veamos cómo
evolucionan las cosas. Si esto es así hoy y tiene razón su señoría,
tienen que sacar consecuencias sobre lo que nos proponían ustedes no hace
mucho tiempo.
Muchas gracias, señora Presidenta.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señoría.
¿Desea intervenir el representante del Grupo Parlamentario Socialista,
autor de la moción originaria?
Tiene la palabra el Senador Gibert.
El señor GIBERT I BOSCH: Muchas gracias, señora Presidenta.
Intervengo para pronunciarme sobre la enmienda propuesta por el Grupo
Parlamentario Popular.
Yo le diría al señor Alierta que si la parte introductoria o no
dispositiva de su enmienda fuera un ejercicio menos inmoderado de
autocomplacencia, tal vez hubiéramos podido entrar en un diálogo de
transacción que hubiera podido incluir la sustitución de la palabra
reorientar por una palabra tal vez más digerible por el Grupo que da
apoyo al Gobierno, pero, dado el contenido literal del texto que nos
propone, creo que no nos queda otro remedio que decir que no aceptamos la
enmienda y pedir a la Presidenta que sea sometida a votación la moción
que originariamente hemos presentado.
Muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señoría.
Recuerdo a sus señorías que, según el artículo 173.2, en turno de
portavoces sólo pueden intervenir los de los Grupos que no han hecho uso
de la palabra.
¿Por el Grupo Parlamentario Mixto? (Pausa.)
¿Por el Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos? (Pausa.)
Por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió,
tiene la palabra el Senador Cambra.
El señor CAMBRA I SANCHEZ: Muchas gracias, señora Presidenta.
Señorías, intervengo muy brevemente para exponer cuál es el
posicionamiento de nuestro Grupo ante esta moción que ha presentado el
Senador Gibert y para decir que, utilizando el mismo término de dicho
Senador en referencia a la enmienda del Grupo Parlamentario Popular, por
una cuestión de literalidad, votaremos en contra de esta moción.
Compartimos los objetivos de liberalización y de introducción de la
competencia en los sectores a los que se ha referido el Senador Gibert.
Podríamos estar de acuerdo matizando, como él también ha estado dispuesto
a hacerlo, el término reorientar en cuanto al número 1 literal de su
moción, pero entendemos que el número 2 tal y como está redactado no
podemos votarlo favorablemente y, por tanto, no podemos votar a favor de
la moción conjuntamente.
Creemos que el formalismo que representa que esta Cámara apruebe una
moción y por tanto inste al Gobierno en este caso exige una mayor
claridad y una posibilidad de llevar a cabo medidas efectivas en
referencia a lo que aquí se persigue.
Compartimos los dos aspectos que contiene. Por un lado, estamos de
acuerdo en que hay que procurar acelerar al máximo las situaciones que
permiten que empresas privadas actualmente sigan manteniendo la
posibilidad de obtener rentas derivadas de situaciones de monopolio.
Compartimos que se actúe para acelerarlo. También compartimos que en
nuevos sectores, sobre todo en sectores emergentes y de gran crecimiento
se puedan crear nuevas situaciones de oligopolio provengan de donde
provengan, vengan de inversiones procedentes de estas empresas que aún
disfrutan de una situación privilegiada o vengan de otros grupos
financieros que no disfrutan de esa situación, pero también pueden crear
situaciones de oligopolio. Por tanto, entendemos que hay que actuar en
estas dos líneas, pero no podemos dar nuestro apoyo a vincular unas con
otras a través de alguna normativa, como aquí se propone. Por tanto, éste
va a ser nuestro voto.
Nada más y muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, Senador Cambra.
Vamos a proceder a la votación.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 219; a
favor, 88; en contra, 126; abstenciones, cinco.
La señora PRESIDENTA: En consecuencia, queda rechazada la moción.
MOCIONES:
--DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL SENADO POR LA QUE SE INSTA A LAS
COMUNIDADES AUTONOMAS A QUE EVITEN ADOPTAR MEDIDAS RELACIONADAS CON EL
SISTEMA DE PENSIONES QUE, FUERA DE SU AMBITO COMPETENCIAL, PUEDAN PONER
EN RIESGO LA EXISTENCIA DE UN SISTEMA PUBLICO DE PENSIONES QUE GARANTICE
LA IGUALDAD DE TRATO DE LOS ESPAÑOLES EN TODO EL TERRITORIO NACIONAL
(662/000197).
La señora PRESIDENTA: A continuación, pasamos al punto cuarto del orden
del día, mociones. La primera moción ha sido presentada por el Grupo
Parlamentario Popular en el Senado por la que se insta a las Comunidades
Autónomas a que eviten adoptar medidas relacionadas con el sistema de
pensiones que, fuera de su ámbito competencial, puedan poner en riesgo la
existencia de un sistema público de pensiones que garantice la igualdad
de trato de los españoles en todo el territorio nacional.
A esta moción se ha presentado una enmienda por el Grupo Parlamentario
Socialista.
Para la defensa de la moción originaria, tiene la palabra, por tiempo de
veinte minutos, el representante designado por el Grupo Parlamentario
Popular en el Senado: su portavoz, don Esteban González Pons.
El señor GONZALEZ PONS: Con su venía, señora Presidenta.
Señorías, el 31 de diciembre de 1998 la Junta de Andalucía, por medio del
Decreto 285/1998, estableció unas ayudas económicas complementarias a
favor de los pensionistas por jubilación e invalidez en sus modalidades
no contributivas. Es decir, la Junta de Andalucía adoptó la decisión de
incrementar unilateralmente la cuantía de las pensiones no contributivas
a los perceptores residentes en su Comunidad.
Algunos meses después, y tras mucha tinta y mucha saliva, el Govern de la
Generalitat decidió llevar a cabo una medida parecida, si bien en este
caso con una peculiaridad: la paga a los pensionistas se justificó por la
diferencia del IPC de Cataluña con el del resto de España, para --según
se dice por los responsables políticos de la Generalitat-- compensar la
pérdida de poder adquisitivo de las pensiones de Cataluña con respecto a
los del resto de España.
Desde ese momento, y durante todo este tiempo, se ha generado una
importante polémica sobre la unidad del Sistema
de Seguridad Social a la cual el Senado no puede ser ajeno y a la que
diariamente continúan incorporándose nuevos actores como, por ejemplo, el
Gobierno de Baleares, que está estudiando otra posible subida de las
pensiones no contributivas, aunque no se sabe en qué cuantía.
En esta polémica, señorías, hay dos materias que es conveniente deslindar
y distinguir para que el debate no se convierta en un revoltijo de ideas
confusas que impidan que aclaremos a la ciudadanía cuál es la posición de
la Cámara de representación territorial. Por un lado, está el debate
sobre la naturaleza y la cuantía de las pensiones: si deben subir, cuánto
deben subir y cuáles deben subir. Por responsabilidad, debemos dejar ese
debate en el ámbito del Pacto de Toledo y, particularmente, en la
Comisión que han creado todos los grupos parlamentarios en el Congreso de
los Diputados para la evaluación y el desarrollo del futuro Pacto de
Toledo.
Pero, en segundo lugar, hay otra materia que sí interesa a una Cámara de
representación territorial, y es el debate sobre la unidad del sistema
público de pensiones de la Seguridad Social, así como la respuesta a la
pregunta sobre si la subida o la bajada unilateral de las pensiones por
una Comunidad Autónoma puede suponer una quiebra del principio de
igualdad de todos los españoles ante el sistema. Ese sí es un debate para
el Senado.
A este respecto, en la Cámara todavía puede haber quien se pregunte si
realmente es importante la unidad del sistema público de pensiones. Dadas
las declaraciones que hemos oído sobre este asunto, todavía puede haber
quien se pregunte si es que realmente tiene importancia que el sistema
sea único y unitario. Yo respondería con una afirmación, que creo que es
fácilmente compartible por todos, y es aquella según la cual --y cito
textualmente--: Necesariamente un sistema público no contributivo
necesita, no sólo un diseño de la cuantía de las prestaciones y del
colectivo de beneficiarios, sino de una considerable unidad entre las
administraciones públicas para que la determinación de las situaciones de
necesidad no establezca desigualdades adicionales entre los ciudadanos.
Creo que la cita podría ser suscrita por cualquiera de los miembros de
esta Cámara. Su autor es Joaquín Almunia, y el año, 1988, cuando era
ministro del Gobierno. Y es que el sistema de pensiones no puede
subsistir sino en un clima y al amparo de un principio de unidad. Pero
aun así, admitiendo que es importante la unidad para la supervivencia del
sistema de pensiones, como hemos oído de todo en los últimos días,
también podría haber quien se preguntara: ¿Pero la unidad del sistema se
rompe porque una Comunidad Autónoma suba o baje unilateralmente las
pensiones? ¿Afecta eso a la unidad del sistema? Para nosotros, señorías,
sí. Para nosotros, el que una Comunidad Autónoma unilateralmente suba o
baje las pensiones afecta, sí, afecta a la unidad del sistema. El que los
pensionistas cobren distinto en función de la Comunidad Autónoma en la
que residan afecta a la unidad del sistema, quiebra el principio de
igualdad. Para nosotros y para los sindicatos, que abogan por mantener
una unidad de criterio para toda España por entender que este principio
es el que garantiza una igualdad de tratamiento en todo el territorio
nacional. Para nosotros y para el Consejo de Estado, que acaba de emitir
un dictamen por el cual sostiene que las Comunidades Autónomas no pueden
romper la uniformidad de las prestaciones no contributivas en todo el
territorio nacional. Para nosotros, señorías, y para el Tribunal
Constitucional, el cual en su Sentencia 124/1989, de 7 de julio, afirma
textualmente lo siguiente: La razón, la finalidad del sistema de
pensiones no es otra que preservar la unidad del sistema español de
Seguridad Social y el mantenimiento de un régimen público único y
unitario de la Seguridad Social para todos los ciudadanos que garantice
al tiempo la igualdad de todos los españoles en el ejercicio de los
derechos y deberes en materia de Seguridad Social.
Por eso, para el Tribunal Constitucional --cito textualmente-- el reparto
competencial entre el Estado y las Comunidades está dirigido --cito
textualmente al Tribunal Constitucional-- a garantizar la unidad del
sistema de Seguridad Social impidiendo diversas políticas territoriales
de Seguridad Social en cada una de las Comunidades Autónomas.
Recuerdo a sus señorías que según la Ley que dictaron las Cortes
Generales estando el Partido Socialista en el Gobierno, las pensiones no
contributivas corresponden al régimen de la Seguridad Social. Repito lo
dicho por el Tribunal Constitucional: ... impidiendo diversas políticas
territoriales de Seguridad Social en cada una de las Comunidades
Autónomas. Y a su vez, concluye el Tribunal Constitucional, las concretas
facultades de las Comunidades Autónomas en materia de Seguridad Social
serán aquellas que no puedan comprometer la unidad del sistema o
engendrar directa o indirectamente desigualdades entre los ciudadanos en
lo que atañe a la satisfacción de sus derechos y al cumplimiento de sus
obligaciones de Seguridad Social.
El cobro de cantidades distintas según la Comunidad Autónoma a la que
pertenecen un ciudadano u otro ciudadano, deberán decidir sus señorías si
son desigualdades entre los ciudadanos o no lo son, porque si son
desigualdades entre los ciudadanos, son desigualdades que, según la
doctrina del Tribunal Constitucional, quiebran el principio de unidad del
sistema de Seguridad Social.
Pero también, señorías, humildemente, en mi opinión y en la de mi grupo
parlamentario, consideramos que el mantenimiento de la unidad del sistema
de Seguridad Social lo están pidiendo a gritos los españoles, quienes
solicitan que la subida de pensiones sea igual en toda España y que
respaldan el punto de vista del Gobierno Popular, de los sindicatos, del
Consejo de Estado y del Tribunal Constitucional, según el cual ninguna
Comunidad Autónoma debe proceder a un incremento o a una bajada
unilateral de las pensiones.
Señorías, no estamos hablando de una cuestión baladí. Estamos hablando de
la unidad del sistema y estamos hablando de la igualdad de los españoles
ante la ley, ante la Constitución, y no sólo de una igualdad formal del
constitucionalismo liberal, sino de esta igualdad formal completada por
la igualdad real del constitucionalismo social. Pues bien, es nuestra
opinión, es la opinión que respalda esta moción, que el que cada
pensionista cobre una pensión
según su lugar de residencia --que es a lo que conducirían las medidas
que se están tomando y según las cuales algunas Comunidades Autónomas
suben o bajan unilateralmente las pensiones-- quiebra el principio de
igualdad y quiebra la unidad del sistema de pensiones. El sistema de
pensiones es el mayor soporte de la solidaridad entre los ciudadanos, de
la solidaridad entre las Comunidades Autónomas, de la solidaridad entre
las regiones ricas y las regiones pobres. Por eso, se quebraría también
el principio de solidaridad si se perturbara la igualdad de las
prestaciones de la Seguridad Social en todo el territorio nacional. Y aun
así, también puede que haya quien a última hora pregunte: Todo esto que
usted está planteando importante es, pero, ¿importa al Senado? ¿Importa a
la Cámara de representación territorial la cohesión territorial? ¿Pueden
importarle al Senado las desigualdades entre los distintos territorios de
España? Humildemente, y en nuestra opinión, sí.
Sí, porque la Constitución declara que el Senado es la Cámara de
representación territorial, y esto supone que el Senado tiene por mandato
constitucional una habilitación especial y propia para tratar, debatir y
adoptar acuerdos en relación con la organización territorial del Estado,
y singularmente respecto de los poderes territoriales en los que se
organiza el Estado; esto es, los Municipios, las Provincias y las
Comunidades Autónomas. A tal efecto, al Senado le corresponde un papel
decisivo.
Es dentro de ese marco en el que hay que encuadrar la presentación por
parte del Grupo Popular de una moción sobre las pensiones, en la que se
hace un llamamiento a las Comunidades Autónomas para que fuera de su
ámbito competencial, que, como hemos visto en la sentencia del Tribunal
Constitucional y sabemos por la legislación al respecto, no es el de la
Seguridad Social, eviten adoptar medidas relacionadas con el sistema de
pensiones que pongan en peligro la igualdad de todos los españoles en
todo el territorio nacional.
Ahora bien, visto que sobre cuestiones territoriales como puede ser la
solidaridad o el principio de igualdad el Senado puede pronunciarse, la
siguiente pregunta que debemos hacernos todos y cada uno de nosotros es:
¿Debe pronunciarse? ¿Debemos pronunciarnos al respecto? Una vez más y con
la misma humildad de antes, el Grupo Popular les dice, señorías, que sí,
que debemos pronunciarnos al respecto.
Esta moción tiene su origen en la petición reiterada por parte de
distintas Comunidades Autónomas de la existencia de un foro en el que
poder decir a otras Comunidades Autónomas: «No rompan el sistema de
pensiones. No nos hagan desiguales.» (La señora Fernández Valenzuela: ¡De
eso nada!) Porque una Comunidad Autónoma que no quiera quebrar la unidad
del sistema no tiene un foro al que poderse dirigir para que, haciendo un
llamamiento a la Comunidad que sí ha roto la unidad del sistema y que
está dispuesta a seguir haciéndolo, cese en esa actitud. (Aplausos en los
escaños del Grupo Parlamentario Popular.--Fuertes y prolongados rumores
en los escaños del Grupo Parlamentario Socialista.--Un señor Senador del
Grupo Parlamentario Socialista: ¡Es mentira! ¡Está mintiendo!)
Señorías, el Senado es la Cámara de las Comunidades Autónomas, la Cámara
en la que las Comunidades Autónomas pueden hacer oír su voz. Y
precisamente aquellas Comunidades Autónomas que más necesitan hacer oír
su voz, aquellas que necesitan reclamar la igualdad, aquellas a las que
más se perjudica cuando se quiebra la igualdad, aquellas que más
necesitan la solidaridad, aquellas a las que tradicionalmente antes se
les ha retirado la palabra son a las que hoy damos nosotros la palabra
para decirles: No rompan la unidad del sistema de Seguridad Social. ¡No
rompan la unidad del sistema de Seguridad Social! (Aplausos en los
escaños del Grupo Parlamentario Popular.--Rumores en los escaños del
Grupo Parlamentario Socialista.--La señora Fernández Valenzuela: ¡Qué
morro!)
En democracia se puede cuestionar todo, pero no se debe cuestionar todo y
sobre todo no se debe hacer a cualquier precio. (Un señor Senador del
Grupo Parlamentario Socialista: ¡Eso es falso!)
Ahora bien, a mi entender, la pregunta sobre si corresponde al Senado
garantizar la unidad del sistema de Seguridad Social y plantearse si
debemos hacernos esta pregunta, nos conduce a otro tema: al concepto de
España que sostengamos. Yo entiendo que quienes tienen un concepto
nacionalista de algunas Comunidades Autónomas vean lógico, puesto que por
ahí caminan sus programas de máximos, que los sistemas de pensiones
puedan llegar a descentralizarse. Lo entiendo, porque por ahí caminan sus
programas de máximos. Ahora, no entiendo que quien pretende defender un
único concepto de España defienda diecisiete conceptos distintos de
sistema de Seguridad Social. (Aplausos en los escaños del Grupo
Parlamentario Popular.) ¡No lo entiendo!
Creo que ésta es la Cámara en la que debería visualizarse si hay alguna
razón por la que los partidos que sostenemos un concepto de España
tenemos motivos para cuestionarlo. (El señor Rojo García: Pero ¿quién
defiende eso?)
¿Qué pienso que deberían votar sus señorías? La respuesta es fácil. De
todos ustedes, aquellos que consideren que las Comunidades Autónomas no
deberían adoptar medidas fuera de su ámbito competencial relacionadas con
el sistema de pensiones que puedan poner en riesgo la existencia de un
sistema público de pensiones que garantice la igualdad de trato de todos
los españoles en todo el territorio nacional que apoyen la moción; por el
contrario, aquellos que piensen que las Comunidades Autónomas fuera de su
ámbito competencial deberían poder adoptar medidas unilateralmente sobre
el sistema de pensiones que, eventualmente, pudieran poner en riesgo la
unidad del sistema de Seguridad Social y la igualdad de todos los
españoles en todo el territorio nacional tienen una opción: oponerse a la
moción.
Señorías, el objetivo que perseguimos es garantizar, con un
pronunciamiento de esta Cámara, que la Cámara de representación
territorial se dirige a las Comunidades Autónomas y les dice que hay que
procurar mantener la unidad del sistema de Seguridad Social; que es
importante mantener el sistema de Caja única, gracias al cual todos los
ciudadanos de distintas Comunidades Autónomas, de distintas generaciones
y de desiguales ingresos, contribuimos a equilibrar y a cohesionar la
realidad social española. Y para hacer efectiva esa cohesión social y
territorial, el Grupo Parlamentario Popular aspira a que la sociedad
española pueda disponer en cualquier parte del territorio nacional de los
mismos servicios básicos de calidad y de prestaciones sociales iguales,
de manera que no puedan generarse desigualdades. El Grupo Parlamentario
Popular aspira a que no haya pensionistas de Comunidades ricas, con
pensiones altas, y pensionistas de Comunidades pobres, con pensiones
bajas. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Popular.)
Señorías, queremos pensiones iguales en todas las partes de España y para
todos los pensionistas, con independencia del lugar en donde vivan.
Señorías, si son altas, altas para todos; si son bajas, señorías, bajas
para todos. (Rumores en los escaños del Grupo Parlamentario Socialista.)
Este es un objetivo digno de esta Cámara de representación territorial, a
la que corresponde --y todos los días estamos haciendo que corresponda--
el respeto a la identidad y a la autonomía de cada una de las Comunidades
que componen España, Cámara de representación territorial a la que
corresponde también la garantía de la unidad del sistema. Y hoy,
excepcionalmente --y creo que por primera vez en nuestra historia
constitucional--, en un asunto de Seguridad Social, en materia de
pensiones, en materia de solidaridad, en materia de igualdad, el Senado
debería hacer un llamamiento a la unidad, si no les molesta.
Muchas gracias. (Fuertes y prolongados aplausos en los escaños del Grupo
Parlamentario Popular.)
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, Senador González Pons.
Para la defensa de la enmienda presentada, por el Grupo Parlamentario
Socialista, tiene la palabra el Senador Aleu por tiempo de diez minutos.
El señor ALEU I JORNET: Gracias, señora Presidenta.
Nos corresponde en este turno justificar la presentación de la enmienda.
Cuatro son los motivos para haber presentado esta enmienda. El primero es
que la moción del Grupo Parlamentario Popular va dirigida a instar a las
Comunidades Autónomas. En una Cámara territorial --y estamos de acuerdo
en que debe serlo-- ésta sería una situación normal. Por lo tanto, desde
esta perspectiva la moción en sí no daría lugar a discusión. Pero hubiese
sido muchísimo más deseable que, para acentuar el carácter territorial de
la Cámara, ustedes hubiesen dirigido y solicitado un debate en la
Comisión General de Comunidades Autónomas, donde pueden participar todas
ellas, y hubiésemos podido escuchar lo que dicen todas y cada una de las
Comunidades Autónomas y no limitarnos a recibir lecciones de
constitucionalismo. (Varios señores Senadores del Grupo Parlamentario
Socialista: ¡Muy bien!)
Hubiese sido infinitamente mejor que esta moción --u otra análoga--
hubiese sido consecuencia de un debate promovido por ustedes en la
Comisión General de Comunidades Autónomas, porque ello nos hubiera
llevado a pensar que lo que usted afirma de la Cámara territorial se lo
cree. Porque en la coyuntura actual en la que ustedes, el Grupo
Parlamentario Popular, ha obstruido e impedido deliberada y
sistemáticamente el debate con las Comunidades Autónomas, en este momento
en que, lejos de potenciarse la Comisión General, ustedes la han
conducido al ridículo y a la obsolescencia, en estos momentos ustedes no
están legitimados para presentar una moción que inste a las Comunidades
Autónomas.
Ustedes, con su práctica de ignorar la Comisión General de las
Comunidades Autónomas, han conseguido que esta Cámara adolezca de
credibilidad territorial. ¿Saben cuántas veces se ha reunido la Comisión
General de las Comunidades Autónomas durante el pasado período de
sesiones? Cinco (Un señor Senador del Grupo Parlamentario Socialista:
¡Qué barbaridad!); dos, para las leyes del Pacto Local; una, para
dictaminar el Estatuto de Extremadura; y dos, a petición del Gobierno
para explicar el efecto 2000 y el Plan nacional de acción de empleo, sus
resultados de 1998 y las propuestas para 1999. (Un señor Senador del
Grupo Parlamentario Socialista: ¡Intolerable!)
En el período de sesiones anterior se reunió seis veces; cuatro, para
actividad legislativa, una, para dictaminar convenios; y otra, a petición
del Gobierno para explicar la nueva financiación de las Corporaciones
Locales. Por este motivo, presentamos nuestra enmienda instando al
Gobierno.
El segundo motivo para presentar la enmienda es el de la equidad, el de
la igualdad de trato de todos los españoles en todo el territorio
nacional invocado por la moción.
El Senador Gibert --y me acojo a su autoridad-- acababa la interpelación
al señor Rato en el pasado Pleno con las siguientes palabras: «... en el
Partido Socialista hay un vínculo muy potente que nos une a todos, a los
que estamos aquí, a los que no están, a los millones de personas que nos
votan, que es un compromiso muy serio y muy firme por la equidad...».
«Esto, además de ser un vínculo muy fuerte, es muy gratificante, se lo
aseguro, tan gratificante...» --le decía al señor Rato-- «... que si
usted lo conociera estoy seguro de que sentiría un poco de envidia».
La moción que ustedes han presentado, lejos de garantizar la igualdad de
trato de todos los españoles, lo que garantiza es la igualdad de trato de
todos los pensionistas. Como mucho, puede garantizar la de los
pensionistas que cobran pensiones de mínimos, contributivas y no
contributivas, esto es lo único que garantiza, porque la igualdad de
trato tiene que verse con una visión más amplia y más extensa también en
el tiempo. La diferencia de trato que el Gobierno del señor Aznar y del
señor Rato han dado al colectivo de pensionistas que cobran pensiones no
contributivas o pensiones mínimas y al colectivo que goza de rentas
elevadas es considerable. Ustedes han modificado el Impuesto sobre la
Renta de las Personas Físicas, y mientras que han aplicado una rebaja al
colectivo de rentas elevadas --con lo que indirectamente les han
aumentado su renta--, al colectivo de pensionistas de pensiones mínimas
y de pensiones no contributivas no les han aplicado ni una rebaja ni un
incremento. (Rumores en los escaños del Grupo Parlamentario
Popular.--Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Socialista.)
La reforma del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas no les ha
repercutido en nada, ¡en nada! Por tanto, su Gobierno es el que ha
introducido diferencias de trato entre todos los españoles, eso es lo que
ha hecho su Gobierno. A unos les ha incrementado la renta mientras que a
los otros se la ha dejado congelada.
No voy a utilizar nuestros cálculos, me sirven los que ustedes
explicaban, o los que explicó ayer el Ministro, señor Rato, al hablar de
los 700.000 millones que se han quedado por encima de las rentas por la
reforma fiscal que han hecho. ¿Creen que alguna peseta de éstas va a
parar al grupo de los pensionistas que cobran pensiones de mínimos o
pensiones no contributivas? (Varios señores Senadores del Grupo
Parlamentario Popular: ¡Sí!--Protestas en los escaños del Grupo
Parlamentario Socialista.) ¡No, ni un real! Al menos, no sean mentirosos.
Por eso, no están ustedes legitimados para decir que el pago que han
realizado diversas Comunidades Autónomas pone en peligro la cohesión
social. Y cuando un Gobierno, como el del señor Aznar, con su acción
positiva de gobierno o con su dejación permite que la diferencia de
rentas entre los colectivos más afortunados y los que necesitan de la
protección social se acentúe, no está legitimado para hablar de igualdad
de trato, y menos dentro del colectivo menos favorecido.
El argumento que hemos repetido los socialistas de que la bonanza
económica de la que disfrutamos, y que ustedes se atribuyen en exclusiva,
debe repercutir también en los pensionistas, no deberían echarlo por la
borda, no deberían tratarlo con la ligereza con que lo hacen. Les
recomendamos que además de leer el artículo 41 de la Constitución, se
lean el artículo 40, donde se habla de la distribución de la renta que
deben promover los poderes públicos --lo dice también la Constitución--,
y el artículo 50, donde se dice que las pensiones deben garantizar la
suficiencia económica de la tercera edad.
El señor Rato en la última intervención también dijo que seguramente el
responsable de campaña del Partido Socialista y le aseguro que el
responsable de campaña del Partido Popular pensarán en que se pueden
hacer muchísimas cosas con estas décimas de disminución del déficit en
lugar de reducir el déficit público. Pues bien, nosotros vamos a reducir
el déficit público, y este comportamiento sin duda alguna es bueno para
el conjunto de la economía. Pero no creo que sea bueno que hoy debamos
decir aquí que una parte de la reducción de este déficit, concretamente
80.000 millones, se haya hecho a costa de las rentas más bajas de nuestra
sociedad. ¡Se ha conseguido a costa de no subir las pensiones mínimas y
las no contributivas! (Protestas en los escaños del Grupo Parlamentario
Popular.) ¡Se ha hecho a costa de aquellos que tienen como único ingreso
la pensión mínima o no contributiva, y esto no es bueno para la cohesión
de la sociedad española! ¡No es bueno para la cohesión, aunque sea bueno
para la economía!
Y esto es así porque ustedes y sus socios parlamentarios han querido que
sea así. Nuestro Grupo ya presentó en el debate de presupuestos una
enmienda, que razonó, defendió y votó, para que se incrementaran las
pensiones en lo que ahora pedimos. No fue posible, y para reparar este
error nosotros hemos presentado el punto primero de la moción.
El tercer motivo para presentar la enmienda es el de la oportunidad. Aquí
se ha debatido ya y explicado muchísimas veces que el motivo real de la
presentación de esta moción es el de que algunas Comunidades Autónomas,
la andaluza y la de Cataluña, han tomado la decisión, por una vez y sin
que conste en las bases, de dar una ayuda a los colectivos que la
Comunidad Autónoma entiende que más lo necesitan, que son los
pensionistas beneficiarios de pensiones mínimas o de pensiones no
contributivas. Lo han hecho Comunidades gobernadas por el partido de la
oposición y una Comunidad gobernada por un Grupo que les apoya a ustedes
en el Gobierno. Y estas Comunidades lo han hecho amparándose en su
estatuto de autonomía que, a su vez, encuentra apoyo legal en el artículo
148.1.20.a de la Constitución. Y el Gobierno lo ha recurrido por
considerar que esta actuación vulnera el artículo 149.1.17.a de la misma
Constitución.
Nosotros pensamos que las Comunidades Autónomas acogiéndose a sus
competencias en asistencia social tienen derecho a hacer lo que han
hecho, que ha sido reconocer que el colectivo que vive de las pensiones
mínimas o no contributivas está en dificultades y han decidido ayudarles.
Pero esto es una cuestión que ya decidirá el Tribunal Constitucional,
aunque de momento está diciendo que esto es perfectamente legítimo por
parte de la Comunidad Autónoma andaluza.
He de hacerles otra consideración, la Comunidad Autónoma de Andalucía ha
realizado un esfuerzo efectivo en contención del gasto farmacéutico. Los
números aportados por el Gobierno demuestran que mientras que en el
período enero-agosto el incremento del gasto farmacéutico en la Comunidad
Autónoma de Andalucía ha sido del seis por ciento, en otras Comunidades
ha sido mucho más elevado; aproximadamente un tercio de ahorro en
incremento farmacéutico respecto del territorio Insalud y la mitad del
que se ha producido en Valencia, en Navarra, en Galicia, en Canarias o en
el País Vasco.
¿Podemos pensar que estas Comunidades Autónomas rompen la cohesión social
de España? ¿La Comunidad Autónoma de Andalucía puede dedicar el ahorro
que ha tenido en asistencia social al colectivo de los pensionistas?
Nosotros entendemos que sí, porque se trata de decisiones y de
prioridades, es decir, es una actuación de Gobierno.
Pero lo que nos preocupa más es que usted ha insistido repetidamente en
que esto rompe el sistema público de pensiones. No sé si usted habrá
visto muchas pensiones mínimas, pero la mayoría de ellas tienen una parte
contributiva y una parte no contributiva. Y las pensiones no
contributivas, por su definición, son no contributivas. El Pacto de
Toledo establece, en su punto número uno, la necesidad de diferenciar las
fuentes de financiación. Y tanto el complemento de mínimos como las
pensiones no contributivas
deben ser pagados por los presupuestos generales del Estado. Por lo
tanto, no se rompe para nada el sistema de pensiones contributivas, el
sistema de pensiones que cada vez más se entiende que son las
contributivas. Y si esta aportación se produce por una sola vez por parte
de una Comunidad Autónoma, no se rompe nada.
La señora PRESIDENTA: Senador Aleu, le ruego que vaya concluyendo, por
favor.
El señor ALEU I JORNET: Y tampoco creemos que nadie esté legitimado para
decir de que se rompe la solidaridad interterritorial cuando una
Comunidad gasta en pensiones. Por cierto, no concibo que una Comunidad
pueda gastar en pensiones, pero usted lo ha dicho varias veces. Este
mismo Grupo considera que no se rompe la solidaridad interterritorial
cuando se reconoce a las Comunidades la facultad de modificar el Impuesto
sobre la Renta de las Personas Físicas. No lo comprendo. (El señor
Laborda Martín: ¡Ahí, ahí!) Nosotros hemos presentado una enmienda que,
en su segundo punto, pide que se englobe todo lo que se entiende por
prestación social. Las Comunidades Autónomas, haciendo uso de sus
competencias, han establecido modelos distintos y estos modelos distintos
crean situaciones diferentes, que no necesariamente tienen que conducir a
desigualdades. Nosotros entendemos que el Gobierno debe promover una
situación de comunicación ordinaria con las Comunidades Autónomas para
establecer que estas diferencias no se puedan producir o se produzcan
mínimamente.
Por lo tanto, como entendemos que esta enmienda es mucho mejor que la
suya, que sencillamente insta a las Comunidades Autónomas a evitar --es
la negación de todo lo posible, mientras que la nuestra es mucho más
positiva--, por eso la presentamos, esperando que la acepten.
Muchas gracias. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario
Socialista.)
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, Senador Aleu.
¿Desea intervenir el representante del Grupo Parlamentario Popular, autor
de la moción originaria? (Asentimiento.)
Tiene la palabra el Senador González Pons, por tiempo de 20 minutos.
El señor GONZALEZ PONS: Con la venia, señora Presidenta.
Senador Aleu, le han hecho a usted un flaco favor haciéndole intervenir
en este debate.
Nos ha dicho que también habría estado bien realizar el debate de esta
moción la Comisión General de Comunidades Autónomas. En efecto, pero,
igualmente, está bien aquí. Esto es el Pleno de la Cámara. Nos ha
explicado el gasto farmacéutico de la Junta de Andalucía y yo le he
escuchado con interés y contrastaré los datos que ha aportado. Pero lo
que no nos ha dicho es lo que piensa el Partido Socialista respecto de la
posibilidad de que una Comunidad Autónoma pueda subir unilateralmente las
pensiones... (Varios señores Senadores del Grupo Parlamentario
Socialista: Sí, lo ha dicho.) ... Y si usted cree que la subida
unilateral de las pensiones por parte de una Comunidad Autónoma... (Un
señor Senador del Grupo Parlamentario Socialista: No te has enterado.)
Ahora te vas a enterar tú. (Aplausos en los escaños de Grupo
Parlamentario Popular.--Un señor Senador del Grupo Parlamentario
Socialista: Es una amenaza.) No es una amenaza. Como digo, perteneciente
al sistema de Seguridad Social es un riesgo para la Seguridad Social o no
lo es.
Digo que le han hecho un flaco favor, Senador Aleu, porque intuyo que
usted pertenece al PSC, al Partido Socialista de Cataluña, y digo también
que alguien se va a enterar ahora porque voy a leer lo que piensa el PSC
respecto de la subida unilateral de las pensiones por parte de una
Comunidad Autónoma. Leo teletipos bien recientes: Maragall califica la
polémica de las pensiones de subasta. Parece que todos tienen como
objetivo prioritario lanzar propuestas sobre el grado de incremento que
deben tener las pensiones, cuando lo más conveniente sería abrir un
debate serio.
Maragall: Parece que Pujol quiera comprar votos. El candidato del PSC a
la Presidencia de la Generalitat, Pascual Maragall, ha advertido hoy a
Jordi Pujol que subir las pensiones por parte de la Generalitat de
Catalunya da la impresión de que se quiere comprar el voto de los
electores.
Reventós acusa a Pujol de jugar con los sentimientos de la gente. El
President del Parlament de Catalunya, Joan Reventós, considera un error
el planteamiento de una subida de las pensiones mínimas, que piensa que
sólo puede ser electoralista y ha advertido que se ha de ir con cuidado
al subir las pensiones en las Comunidades Autónomas para no jugar con los
sentimientos de la gente. Yo suscribo estas declaraciones. Entiendo que
su señoría también, puesto que pertenece al mismo Partido político.
(Aplausos desde los escaños del Grupo Parlamentario Popular.) Lo que no
sé es si sus compañeros de Andalucía piensan que subir las pensiones
unilateralmente por parte de una Comunidad Autónoma es una subasta o es
jugar con los sentimientos de la gente. No sé si piensan lo mismo sus
compañeros de Extremadura, que según tengo entendido dejaron claro que su
Partido no consideraba correcto que la Junta de Extremadura subiera
unilateralmente las pensiones. No sé, en definitiva, qué es lo que piensa
su Partido, dependiendo de la Comunidad Autónoma a la cual represente. Y
es que, señorías, ustedes tienen un discurso sobre pensiones en función
del candidato que presentan.
Felipe González nos hizo la sesión de terror, advirtiendo a los
pensionistas que se iban a bajar las pensiones en 8.000 pesetas. Lo hizo
en una legislatura que acabó con una declaración del Congreso de los
Diputados, llamada Pacto de Toledo, en cuyo preámbulo puede leerse: Desde
hace dos años el presupuesto de la Seguridad Social registra crecientes
déficit, a pesar de las elevaciones de los tipos de cotizaciones y de las
medidas aplicadas durante los últimos ejercicios, con la finalidad de
trasladar a las empresas
los costes de las prestaciones que, hasta la fecha, venía cubriendo la
Seguridad Social.
Sigo leyendo: Esta situación es particularmente grave en el caso de
determinados regímenes de la Seguridad Social, que se encuentran en
situación de quiebra --sigo leyendo--, evitado únicamente gracias a la
absorción de sus déficit desde el régimen general.
Sigo leyendo: Estas problemáticas coyunturales y a corto plazo de la
evolución presupuestaria actual de la Seguridad Social se agravarán
--sigo leyendo-- con las problemáticas que pueden desencadenarse a medio
y largo plazo, a causa del envejecimiento de la población española --sigo
leyendo--, a causa del aumento del paro --sigo leyendo-- y a causa de la
estructura financiera del sistema de la Seguridad Social español,
fundamentado en un régimen de reparto.
Así lo votaron ustedes en el Congreso de los Diputados, terminando la
legislatura que había comenzado con la amenaza de Felipe González de que,
si Aznar ganaba las elecciones, las pensiones podían rebajarse 8.000
pesetas.
Pero poco tiempo después, Josep Borrell, el candidato a la Presidencia
del Gobierno, dijo en un debate del Estado de la Nación --recordarán
ustedes que fue en el de la Caja y el Devengo-- que la Seguridad Social
estaba en quiebra técnica. No ha pasado un año y ustedes no sólo dicen
que está en quiebra técnica, no sólo dicen que puede incrementar las
prestaciones, sino que, además, defienden que cada Comunidad Autónoma
pueda incrementarlas por su cuenta.
Pero, al mismo tiempo, hoy el Senador Aleu ha sostenido aquí un discurso
que va más allá. Cuando hicimos la reforma del Impuesto sobre la Renta de
las Personas Físicas sus señorías sostenían que se iba a producir una
reducción de tal calibre en los ingresos del Estado que no se iban a
poder pagar las pensiones y, sin embargo, hoy de nuevo vienen a decirnos
que no sólo tienen que pagarse las pensiones, sino que, además, el
beneficio que se ha producido en las arcas del Estado debe traducirse en
una subida todavía mayor.
En su enmienda dicen que las pensiones suban 28.000 pesetas. ¿Y por qué
no 30.000 ó 40.000? Se les dice que lo justifiquen y presentan esta
justificación. Si hacen así las cuentas, no me extraña que hayamos estado
casi en la quiebra. Lo que se pueda subir las pensiones a lo largo de
este año se debe a la gestión que se ha llevado a cabo en el régimen de
la Seguridad Social, a que una Seguridad Social que se recogió --votado
por ustedes-- en una situación próxima a la quiebra, va a estar el año
que viene en una de superávit, como consecuencia de cuatro años de
gestión seria de la Seguridad Social, en los que se le ha dado un
tratamiento adecuado, serio, riguroso y solvente. (Aplausos en los
escaños del Grupo Parlamentario Popular.)
También hay una segunda parte en su moción que dice: promover e impulsar
el funcionamiento ordinario de los mecanismos de cooperación y
coordinación entre el Gobierno de la Nación y las Comunidades Autónomas,
etcétera, en materia de pensiones.
Me gustaría decirle al señor Griñán, que fue el Ministro autor de la Ley:
las pensiones no contributivas, así como las contributivas corresponden
al régimen de Seguridad Social, que ustedes coincidirán conmigo que es
competencia exclusiva del Estado. En una materia que es competencia del
Estado y no de las Comunidades Autónomas no cabe la cooperación, sino el
respeto a la competencia del Estado, el respeto a la unidad del sistema
en todo el territorio nacional y a la igualdad de todos los españoles en
todo el territorio nacional.
Cuando presentan ustedes una enmienda hablando de cooperación y de
coordinación es porque ya necesitan la cooperación y la coordinación. Es
porque ustedes no encuentran o no sienten la capacidad de tener una
política única y necesitan coordinar políticas, porque la Junta de
Andalucía ha hecho exactamente lo que ha querido y cuando ha querido, sin
respetar al resto de Comunidades Autónomas.
Si realmente la decisión adoptada por la Junta de Andalucía era urgente:
¿Por qué no la ha adoptado el Gobierno de Castilla-La Mancha? ¿Es porque
en Castilla-La Mancha los pensionistas no tienen los mismos problemas que
en Andalucía? ¿Por qué no la ha adoptado el Gobierno de Extremadura? (Un
señor Senador del Grupo Parlamentario Socialista: Porque no le ha dado la
gana.) ¿Es porque en Extremadura no tienen los mismos problemas que en
Andalucía? Si Andalucía tenía que adoptar esa medida, ¿por qué no la han
adoptado todas las Comunidades Autónomas, si realmente era urgente? Si no
la han adoptado el resto de Comunidades Autónomas, ¿no será que la
Comunidad Andaluza se ha extralimitado en las facultades que se ha
querido atribuir? (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario
Popular.) ¿No parece más sensato pensar que se ha podido poner en riesgo
la unidad del sistema de Seguridad Social? Tengo más citas pero las voy a
evitar.
Entiendo que cada cual tiene que hacer políticamente el papel que le
corresponde en el momento en el que le corresponde. Entiendo que hay
momentos en los que los partidos políticos pasamos por dificultades y
esas dificultades se traducen en decisiones desordenadas, descoordenadas,
distanciadas las unas de las otras. Lo que no entiendo es cómo alguien
alguna vez ha permitido que los problemas, la descoordinación, la
desorientación pueda siquiera amenazar de lejos algo tan importante como
es la unidad de las prestaciones que reciben los españoles, el trato
igual de los pensionistas españoles, el que los pensionistas españoles de
regiones pobres reciban prestaciones idénticas a los pensionistas
españoles de regiones ricas. Señorías, no lo entiendo.
Muchas gracias, señora Presidenta. (Aplausos en los escaños del Grupo
Parlamentario Popular.)
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, Senador González Pons.
Por el Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra el Senador Cámara por
tiempo de diez minutos.
El señor CAMARA FERNANDEZ: Muchas gracias, señora Presidenta.
Señorías, es la primera vez que subo a esta tribuna, y les pido que sean
condescendientes sobre todo porque acongoja,
asusta un pelín sólo que haya tanta clac, aplausos, voces discordantes,
aunque algo estoy acostumbrado a ello. Sinceramente espero que como yo no
tengo clac al menos se escuche con cierto sosiego lo que voy a plantear.
Nosotros no deseamos romper el ámbito competencial de las Comunidades
Autónomas, queremos hacerlo todo en el ámbito de la Comunidad Autónoma y
sus competencias.
Por supuesto, nosotros no podemos, ni debemos, ni queremos poner en
riesgo la existencia del sistema público de protección social y mucho
menos que no garantice la igualdad de trato en el conjunto del territorio
nacional. Pero esto, dicho así, es decir, aceptar sin más esos principios
que compartimos, podría ser una trampa si no señalamos otras cuestiones.
Y es que aquí en esta tribuna me ha parecido, al menos en mi modesta
opinión, que todo el mundo es progresista y de izquierdas. Se ha hablado
de que hay gentes que quieren quebrar el sistema. Se ha hablado de
principios de igualdad, principios muy nobles por cierto. Se ha hablado
de que no se hagan desiguales ciertas políticas. En definitiva, todo el
mundo parece muy progre.
Sin embargo, para fijar posición, yo plantearía las siguientes ideas muy
por encima. Señores del Partido Popular especialmente, aunque otros lo
han hecho en etapas determinadas, no se puede presumir de que la economía
va muy bien, de que nuestro crecimiento económico está por encima de la
media, de que disminuimos nuestros déficit estructurales históricos con
la Europa rica y, a la vez, dejar que las prestaciones sociales sean de
ridículo en este país, sobre todo si atendemos a la consigna casi ya
dogmática de que España va bien. Si hacemos esta comparación realmente
las prestaciones sociales son de ridículo --insisto-- en este país.
La aceptación de subir las pensiones hace muy poco tiempo, por mucho que
se quiera capitalizar el acuerdo con los sindicatos, ha sido un gesto
--en mi opinión-- tardío y forzado, logrado por las iniciativas de
algunas Comunidades Autónomas y gracias a un debate producido como
consecuencia de este hecho no exento, desde mi punto de vista, de una
demagogia que yo no comparto.
Quiero aclarar --porque se ha mencionado aquí al Gobierno Balear-- que el
Gobierno de Baleares ha hecho una propuesta de mejora de las pensiones no
contributivas en el marco de ese debate y tras el acuerdo con los
sindicatos. Sin embargo, ese debate previo a las últimas elecciones
autonómicas y municipales no ha sido motivo de campaña electoral en
Baleares. Sí ha sido motivo de un programa de gobierno pactado para la
gestión de una política --en mi opinión-- de progreso y dentro del marco
competencial de la Comunidad Autónoma de Baleares. Quede bien claro que
es nuestra opinión.
Los beneficiados en Baleares con la propuesta del Gobierno balear serían
4.559 --lo digo para que sea escuchado por otros en la tribuna--
ciudadanos y ciudadanas con pensiones no contributivas por invalidez, y
3.431 por jubilación. Las pensiones asistenciales son sólo en Baleares
2.595. Por cierto, durante 16 años la Comunidad ha estado gobernada por
el Partido Popular. Hay que decirlo aquí. Las primeras cobran 37.500
pesetas y las segundas 24.500 pesetas. Además, no es un derecho
individual. Está supercondicionado. Se pretende que todos cobren --allí
en Baleares-- el 60 por ciento --algo muy escasito-- del salario mínimo
interprofesional, unas 42.000 pesetas. Plantearse esto con conciencia
social y ser cicateros me parece una auténtica burrada muy alejada de los
principios que se comentaban en las intervenciones iniciales.
Por otra parte, en Baleares --voy resumiendo-- las pensiones
contributivas están por debajo de la media del Estado como consecuencia
de la fuerte estacionalidad que hace que mucha gente no tenga derecho a
una pensión contributiva. Hablo del turismo, de la estacionalidad.
¿Entienden algo de eso ustedes? Creo que sí. Además, hay una excesiva
rotación y eventualización de nuestro mercado laboral que --dicho de otra
manera-- es el mercado laboral más productivo de toda España.
Por ponerles un ejemplo, en el mes de agosto de este año más de cien mil
personas han entrado y salido del Inem en Baleares y la mayoría de los
apuntados en menos de tres meses. Como hay una fuerte estacionalidad la
gente trabaja un montón de años, pero no llega nunca a tener derecho a
una pensión contributiva. Es muy difícil. El cálculo --como saben
ustedes-- que, por cierto, los amigos socialistas aprobaron en su momento
--yo he hecho algunas huelgas que otras--, baja sustancialmente la
prestación contributiva.
Por tanto, esa situación de nuestro mercado es lo que motiva que en una
de las Comunidades más ricas del Estado, con una renta per cápita por
encima de la media, con crecimientos por encima de la media, en Baleares,
el país de la abundancia, tengamos un reparto de la riqueza tremendamente
injusto, con pensiones muy bajas.
El Gobierno de Baleares ha propuesto un complemento para mejorar esas
pensiones. Es cierto que dicho complemento constituye una ayuda que no
resuelve el problema de fondo, pero que lo alivia. Y alivia a personas
con caras y con ojos; personas que están ahí, sufriendo esa escasez de
medios. Esto es lo que lo mitiga. Se puede teorizar mucho, hacer un
ejercicio intelectual, pero mi opinión, repito, es que alivia a personas
que tienen problemas para llegar no a fin de mes, sino a la mitad del
mes.
Esa es mi explicación de la situación de Baleares. Se puede decir también
que tiene algo de caridad, pero desde luego, en mi opinión, lo impulsa en
la intención un afán de justicia social indiscutible.
Por otra parte, es triste que en el momento de la Europa de la opulencia,
en el marco de una España que va bien --y Baleares, como ya he dicho,
bastante mejor-- pueda parecer una vez más que los pensionistas son
mercancía electoral. No todos hemos actuado igual y posiblemente las
intenciones no hayan sido las mismas, pero objetivamente se ha producido
un cierto frente para dignificar las pensiones que ha obligado a alcanzar
un acuerdo positivo con los sindicatos, pero claramente insuficiente.
Unidad, armonización, jacobinismo a tope. Lo que ustedes quieran, pero al
alza y no a la baja, en beneficio de nuestros pensionistas. Hago un
paréntesis para explicar el poco interés que ha habido por parte de los
diferentes Gobiernos de los últimos años para armonizar las rentas de
inserción
o el llamado salario social. ¡Qué poco interés existe!, porque son rentas
de inserción social muy distintas en cada Comunidad Autónoma. Por
ejemplo, se me ocurre proponerles la adopción de la iniciativa de una ley
que armonice al menos los mínimos de esas rentas. Hasta ahora no ha
habido el más mínimo interés. En este sentido --solamente en este
sentido, quiero aclararlo-- comparto el punto segundo de su enmienda a
esta moción.
Por último, quiero fijar mi posición porque he hablado, como ustedes
habrán comprobado, como representante de Izquierda Unida, pero
fundamentalmente como Senador de la Comunidad Autónoma, elegido
efectivamente por un pacto de diferentes partidos. Como digo, voy a fijar
con claridad la posición de Izquierda Unida con respecto a algunas
cuestiones.
En primer lugar, consideramos positiva toda mejora de las pensiones que
rompa estrictamente la relación con el IPC. Y este acuerdo último rompe
el tema del IPC propiamente dicho. El acuerdo en este caso no supone un
retroceso, por tanto, sobre la situación preexistente, como otros a los
que Izquierda Unida en otros foros, en otros lugares, se ha opuesto. El
acuerdo --quiero aclararlo porque se ha hecho bondad de él--, no
obstante, tiene las siguientes limitaciones: su modesta cuantía --lo digo
por relacionarlo con el tema de las ayudas--. Llama la atención que un
Gobierno que ha beneficiado ampliamente en materia fiscal
(bonificaciones, compensaciones, etcétera) a las rentas de capital y a
los sectores con rentas más altas ponga sobre la mesa de negociación una
oferta, ya pactada en su momento, de unos 60.000 millones de pesetas. En
mi opinión es ridículo, simplemente. La mayoría de las pensiones sigue
estando por debajo del salario mínimo interprofesional; no forma parte
tampoco de un plan de mejora gradual, de una línea estratégica de las
pensiones a medio y largo plazo que permita llegar a pensiones dignas, al
menos situadas por encima o igual que la media de los países europeos.
Para terminar, si alguien se pregunta si hay dinero, sí que lo hay,
depende de una posición progresista y de izquierda --todo el mundo parece
de izquierdas y progresista--. Se trata de saber exactamente dónde está
ese dinero.
En 1999 sólo la reforma del IRPF nos ha costado a los españoles 600.000
millones de pesetas. Es una reforma que beneficia más a los que más
tienen y nada a quienes ni siquiera perciben una renta que les obligue a
cotizar a Hacienda, y entre estos últimos, a los 5 millones de
pensionistas con ingresos por debajo del salario mínimo interprofesional,
la mayoría de perceptores del seguro de desempleo. Sin entrar en el casi
billón y medio que se pretende regalar a las eléctricas, los 300.000
millones del desempleo que han ido a parar a los empresarios para
incentivar las contrataciones que al final no cumplen con la letra de lo
acordado, etcétera, lógicamente sitúa ciertas generosidades fiscales en
detrimento o en contraste con la cicatería que se tiene hacia los
pensionistas. (El señor Vicepresidente, Aguilar Belda, ocupa la
Presidencia.)
Nosotros planteamos que se debe hacer una política más estratégica para
la mejora de todas las prestaciones sociales, y especialmente de las
pensiones por encima de lo que se ha hecho hasta este momento. La
precarización en el empleo, la pobreza y la exclusión han crecido de
forma masiva, al igual que crecía el empleo, aparentemente, pero con
mucha rotación. El salario mínimo interprofesional ha perdido doce puntos
de poder adquisitivo en los últimos años; las pensiones han perdido peso
en el producto interior bruto tras los sucesivos recortes de 1985 y de
1996; el seguro de desempleo está en su nivel más bajo tras el decretazo
y excluye al 60 por ciento o más de la población parada. Por tanto, la
subida de pensiones, acordada por el Gobierno con Comisiones Obreras y
UGT, es un paso significativo que alivia, aunque modestamente, la
situación de estos colectivos, pero no altera en lo sustancial la injusta
redistribución de la riqueza en el conjunto del Estado español.
Por todo ello y algo más, que el tiempo apremia, sinceramente creo que su
propuesta no es creíble porque su política no va en la línea de los
principios que yo aquí he intentado plantear muy resumidamente. Por
tanto, aunque esté a favor de los principios de la moción, estoy en
contra de sus intenciones porque no van acompañadas de una política
realmente de progreso ni de una mejor distribución de la riqueza en este
país.
Gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Aguilar Belda): Gracias, Senador Cámara.
Por el Grupo de Senadores Nacionalistas Vascos, tiene la palabra el
Senador Albistur.
El señor ALBISTUR MARIN: Muchas gracias, señor Presidente.
Señorías, este Senador que representa al Grupo de Senadores Nacionalistas
Vascos en el Senado, entiende que, dentro del espíritu generoso con el
que se deben interpretar las facultades de una Cámara como la que nos
ocupa para adoptar pronunciamientos sobre política general, se incluye,
como en muchos otros ámbitos de la vida institucional, y así se exige a
las Comunidades Autónomas, el principio de lealtad.
En mi opinión, con estas mociones ese principio queda vulnerado cuando en
las formas y en el modo de conducir las eventuales relaciones entre las
distintas instituciones no se guarda el debido respeto a la autonomía de
cada una de ellas y se intenta desvirtuar su capacidad e incluso su
dignidad al obviar el papel que les corresponde en el entramado jurídico
del Estado.
Probablemente no hacen falta demasiadas razones para entrever lo
inadecuado que representa el término instar para que una institución se
dirija a otras con las que no guarda una relación orgánica directa. En
todo caso, se trata de un término habitual en los mandatos que dirige el
legislativo al ejecutivo pero siempre dentro de un mismo ámbito de poder
político, plano en el que claramente no se encuentran las Comunidades
Autónomas respecto a las Cortes Generales, se mire por donde se mire el
orden constitucional vigente.
No sé qué sorpresa les causaría a ustedes, señorías, y a este Senado,
recibir la comunicación de una Asamblea Legislativa,
no de la nuestra en particular, sino de cualquier Comunidad Autónoma,
pidiéndole que en lo sucesivo se abstenga de aprobar leyes, preceptos,
artículos o disposiciones dentro de esas leyes, que invadan sus
competencias y pongan en riesgo la existencia del régimen
jurídico-político-autonómico.
Creo que con este tipo de pronunciamientos se puede caer en otros errores
más contradictorios si cabe, sobre todo cuando en el Estado no existen
cauces orgánicos institucionales que permitan a las Comunidades Autónomas
integrarse en lo que constituye el ejercicio de competencias del Estado,
tema pendiente todavía en la democracia española. Y, además, cuando
tenemos un modelo relacional sin diálogo previo y sin Cámaras o cauces
para ese diálogo previo; sin ningún tipo de participación, además, para
definir ese sistema público específico de pensiones sobre el cual hoy
estamos debatiendo. Vaya como ejemplo este hecho.
El único mecanismo que conoce el Estado cuando no impone su criterio es
la impugnación de la decisión autonómica ante el Tribunal Constitucional,
y no puede completarse con este pronunciamiento anticonsenso, como el que
hoy se nos propone en el Senado.
En relación con uno de los contenidos del debate que hoy nos trae esta
moción, el sistema público de pensiones y, en general, todo el sistema de
previsión social español se encuentra hoy deslegitimado por la falta de
criterios y de consenso definitivos sobre su modelo y sobre cómo inciden
realmente en el mismo los principios de igualdad y solidaridad, pese a
que estemos permanentemente apelando a ellos.
Aquí se han introducido tabúes en torno a conceptos como la Caja Unica
que sólo contribuyen a favorecer modelos de gestión centralizada y
excluyentes en cuanto a la definición y planificación de las políticas de
la Seguridad Social. Esto, desde luego, no se resuelve con
pronunciamientos institucionales contrarios a todo lo que sea búsqueda de
consenso, participación y, sobre todo, corresponsabilidad.
Por lo demás, a falta de claridad en la definición del Sistema de
Seguridad Social --tema en el que insisto--, no podemos oponernos a la
preocupación e iniciativas de los poderes autonómicos, que se
circunscriben en sus actuaciones a lo que resulta su competencia
exclusiva en materia de acción social y que esta cámara no puede negar.
Hoy, alcanzar unos niveles dignos de renta social es más una cuestión que
tiene que ver con el fenómeno de la exclusión social y con la
responsabilidad de los poderes públicos para garantizar las condiciones
de integración, en el ejercicio de sus derechos, a todos los miembros de
la comunidad, principio que creo no es discutible.
La cuestión entonces consiste en que unos están viendo que pueden creer
buscar la cohesión social, y que otros pueden creer que esta cohesión
social, por la acción de los anteriores, se está perdiendo. No entramos
en ese debate. hemos dicho que las Comunidades Autónomas tienen sus
competencias exclusivas en materia de acción social. Y todo ello sigue
siendo problema por la incomunicabilidad de los poderes públicos y de sus
representantes en el ejercicio de la misión respectiva, y alguien deberá
comprender y aceptar en este debate que detrás de todo esto hay personas
con caras y con ojos.
Hace poco, un profesor y experto precisamente en materia de pensiones,
escribía en la prensa de este país lo siguiente: La necesidad de mantener
la proporcionalidad profesional --dado que se trata de rentas sociales--
del sistema de pensiones contributivas, debería inmunizarlo de las
querellas partidistas y territoriales. Porque la verdad es que los siete
millones y medio de pensiones de esta naturaleza que existen en España en
la actualidad son otros tantos argumentos para evitar todo punto de
contacto con dichos riesgos. Sin embargo, un sistema de renta social está
más expuesto a su manipulación en le mercado electoral o a los conflictos
de competencias entre las administraciones territoriales y la
Administración central.
En mi opinión, y nuestro Grupo la comparte, ya es hora de que nuestro
sistema contributivo de pensiones se libere de su componente de
solidaridad, mal interpretado, trasladando éste hacia nuevos conceptos y
nuevas realidades sociales --y añado yo-- particularmente políticas, como
es el Estado de las Autonomías. Así, también prepararíamos el sistema
contributivo para las reformas ineludibles que deben contemplar la
estructura política del Estado en el futuro.
En opinión de nuestro Grupo, traer estos temas a la Cámara es una
simplicidad política --dicho con todo respeto y sin querer meter el dedo
en el ojo a nadie--, sobre todo cuando a esta cámara no se le reconoce en
la práctica su representación territorial --no nos engañemos--, empezando
por la representación estrictamente territorial, que es menos de un
tercio de los señores que ocupamos los asientos de este hemiciclo.
En todo caso, la representación es provincial, y reconozcan, sobre todo
los partidos mayoritarios, que la auténtica representación debe ser de
elección personal y directa, y permitan, por tanto, a los partidos
mayoritarios que exista esta actuación, y que cada uno de los que puedan
estar aquí representando a sus colectivos y a sus Comunidades pueda
entonces también reivindicar los derechos de su Autonomía, de su
estructura política y sobre todo de sus electores.
La Caja Unica, aquí apelada, no es, en opinión de nuestro Grupo, ni
garante de la solidaridad ni garante de las pensiones. Es sólo una simple
expresión de un símbolo de poder, y digo más, de poder discriminatorio.
Mientras los recursos de las pensiones provengan del trabajo y de la
actividad empresarial, sólo la acción conjunta de los agentes sociales y
poderes públicos puede garantizar el correcto reparto, la disponibilidad
de recursos. Pero en el Estado español los poderes públicos son también
las Comunidades Autónomas, y éstas tienen algo que decir en el reparto de
la riqueza, para lo que las pensiones y prestaciones sociales son una
parte representativa.
¿Qué diré, además, de aquellas Comunidades Autónomas que tienen aprobadas
por ley orgánica y por la mayoría de estas Cortes Generales en su
Estatuto de Autonomía la gestión por convenio de la Seguridad Social y
sus prestaciones y todavía duerme en la letra y en el sueño de los
justos dentro de su Estatuto la posibilidad de poder hacer esos
convenios, como es el caso de la Comunidad Autónoma vasca? Aquí sí que
hay un debate pendiente que cabe en esta Cámara si fuera de verdad de
representación territorial y políticamente rigurosa con la configuración
autonómica del Estado.
Hemos observado sobre todo que aquí no hay un debate de fondo sobre lo
que ha ocurrido este verano. Hay un debate entre partidos en el cual
nuestro Grupo no va a entrar. El problema sobre la configuración del
sistema de la Seguridad Social en el Estado de las Autonomías queda
pendiente, cuando la realidad social que se está imponiendo es que
estamos en una sociedad que incrementa sus pensionistas, incrementa los
perceptores de pensiones contributivas, o por decirlo de una manera más
rigurosa, de renta social y reduce sus cotizaciones. Ese es el verdadero
problema; un problema que debería abordarse no solamente en la Comisión
de seguimiento del Pacto de Toledo que ha sido creada en el Congreso de
los Diputados, sino que este Senado, como Cámara de representación
territorial, debería tener su participación en ese famoso Pacto de
Toledo.
Nada más y muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Aguilar Belda): Gracias, Senador Albistur.
Por el Grupo Parlamentario de Convergència i Unió, tiene la palabra el
Senador Vidal i Perpiñá.
El señor VIDAL I PERPIÑA: Muchas gracias, señor Presidente.
Quiero recordarle al señor portavoz del Grupo Popular que fue
Convergència i Unió quien, en el año 1993, impulsó este Pacto de Toledo
sobre el que tanto estamos hablando en este debate. Pero, además, este
mes de septiembre, a iniciativa de nuestro Grupo, se creó una Comisión de
seguimiento del Pacto de Toledo cuya misión es evaluar lo que se ha hecho
y observar cuáles son las pautas de comportamiento de futuro.
Por tanto, no entendemos la presentación de esta moción, tan sólo se
explica si lo que se pretende es que los grupos mayoritarios tengan un
debate en materia de pensiones.
Sinceramente, no entiendo, señor González Pons --y se lo digo con toda
cordialidad--, que se cree en el Congreso una Comisión de seguimiento del
Pacto de Toledo y a los pocos días se presente en esta Cámara la moción
que hoy estamos debatiendo.
Por cierto, quiero destacar el nerviosismo manifestado al principio de su
intervención; es más, me atrevería a decir que en los tres años y pico
que llevo de Senador no he oído nunca --y se lo digo también con toda
cordialidad-- un discurso más centrista y antiautonómico. Se lo digo con
toda cordialidad. Como dice la moción, en algunas Comunidades Autónomas
se han llevado a cabo determinadas iniciativas que pueden afectar
seriamente al sistema público de pensiones, haciendo mención al artículo
41 de la Constitución Española.
El contenido de la moción que se pretende aprobar --y puedo adelantar que
no será con nuestro voto-- empieza diciendo: «El Senado de España insta a
las Comunidades Autónomas a que eviten adoptar medidas relacionadas con
el sistema de pensiones...» He de decirle algo que ya ha apuntado algún
interviniente en este debate, que es la primera vez que el Senado
presenta una moción en cuyo encabezamiento se insta a las Comunidades
Autónomas. Le repito que es la primera vez que el Senado insta a las
Comunidades Autónomas, y además considero que no le corresponde.
¿Cómo puede el Senado español instar a las Comunidades Autónomas --y me
atrevo a decir--, incluso vulnerando la letra y el espíritu de la
Constitución? Es todo lo contrario, el Senado, como Cámara de
representación territorial y de acuerdo con la Constitución, debe
respetar la autonomía de las Comunidades Autónomas. Pienso, señor
portavoz del Grupo Popular, que ha sido un error de interpretación, y así
lo quiero imaginar.
En cualquier caso, se ha hablado mucho de la Caja Unica, de si se rompe
el sistema y de que unas Comunidades Autónomas han aprobado una serie de
ayudas para algunos pensionistas.
Me gustaría exponer y aclarar lo que ha hecho el Gobierno de la
Generalitat, que ha aprobado una ayuda económica para todas aquellas
personas que reciben en Cataluña una prestación no contributiva, con el
objetivo de compensar la pérdida de poder adquisitivo que han sufrido.
Con ello Convergència i Unió ha provocado y ha conseguido reabrir el
debate sobre las pensiones más bajas o impulsar nuevamente las reuniones
del Pacto de Toledo para conseguir un nuevo acuerdo y consenso político
que permita mejorar los ingresos de todos los ciudadanos que actualmente
reciben pensiones claramente insuficientes.
La decisión de la Generalitat no crea ninguna nueva pensión, tampoco
genera nuevos beneficiarios, simplemente establece, de acuerdo con sus
competencias exclusivas en materia de asistencia social, una ayuda de
carácter extraordinario, y que se paga de una sola vez, para aquellos
ciudadanos más necesitados que en Cataluña reciben una pensión no
contributiva.
Si queremos analizar el marco legal, en primer lugar debemos señalar que
la Generalitat tiene competencia exclusiva en el ámbito de la asistencia
social. Esta competencia tiene claro encaje constitucional, ya que el
propio artículo 148.20.ª de la Constitución permite a todas las
Comunidades Autónomas asumir esta atribución.
En segundo lugar, debemos tener en cuenta que los destinatarios de las
ayudas aprobadas por la Generalitat son personas con pocos ingresos y que
no pueden recibir una pensión de jubilación por no haber cotizado el
tiempo suficiente. Son, por un lado, personas necesitadas de una ayuda
económica y que actualmente reciben una prestación no contributiva que no
llega a las 38.000 pesetas mensuales. Además, estas personas han visto
cómo en Cataluña el nivel de inflación ha sido superior al de la media
estatal y, por lo tanto, su escasa prestación ha subido menos de lo que
lo ha hecho el coste de la vida.
En tercer lugar, el Tribunal Constitucional ha definido la competencia
autonómica en materia de asistencia social: como aquel conjunto de
acciones y técnicas de protección
que quedan fuera del Sistema de la Seguridad Social. En este punto es
donde más se pretende discutir la decisión de la Generalitat, pero cabe
recordar que cuando Convergència ha decidido compensar en Cataluña al
colectivo de personas más necesitadas lo ha hecho sin alterar el Sistema
General de la Seguridad Social. (La señora Presidenta ocupa la
Presidencia.)
Concretamente la ayuda aprobada por la Generalitat se paga con partidas
de su propio presupuesto; no altera la Caja Unica de la Seguridad Social
ni el régimen financiero de la misma. El propio Tribunal Constitucional,
en su reciente auto del pasado 21 de julio, en el que levantó la
suspensión de un decreto similar al Gobierno de Andalucía, declaró que no
quedaba demostrada en aquel caso la afectación del sistema de Caja Unica
de la Seguridad Social, ya que no se veían perturbados de manera directa,
en aquel supuesto, los fondos procedentes del Estado del sistema
unitario.
Por lo tanto, en este momento el marco legal existe y hace posible las
ayudas que ha aprobado la Generalitat que, además, han contribuido a
reabrir el necesario debate sobre las pensiones más bajas. Todo esto es
beneficioso y ahora debemos esperar que la responsabilidad y el consenso
de los diferentes grupos faciliten finalmente poder avanzar hacia una
mejora de las percepciones que reciben aquellas personas más necesitadas.
Termino. Por lo tanto, desde la coherencia con nuestros planteamientos y
desde la sorpresa, repito, que nos ha deparado el Grupo Parlamentario
Popular, vamos a votar en contra de esta moción.
Nada más y muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señoría.
Por el Grupo Parlamentario Socialista tiene la palabra el Senador Aleu,
por un tiempo de diez minutos.
El señor ALEU I JORNET: Gracias, señora Presidenta. Celebro que cite como
fuentes autorizadas a Pasqual Maragall y a Joan Reventós; en cualquier
caso, el PSC en su conjunto, y sus portavoces más cualificados, han
discutido con nuestros adversarios en Cataluña la oportunidad y el
electoralismo de la ayuda pero, en ningún momento, la legitimidad de la
misma. En ningún momento hemos discutido el derecho del Gobierno de la
Generalitat a conceder las ayudas que considere oportunas. Puestos a
hacer interpretaciones, dado que usted ha hecho muchas, le diré que lo
que ocurre es que ustedes se han dado cuenta de que han perdido el debate
de las pensiones. (Protestas en los escaños del Grupo Parlamentario
Popular.) Se han dado cuenta de que lo han perdido, que han ido siempre a
remolque y, ahora que han llegado a un acuerdo con los sindicatos y van a
subir las pensiones, el señor Arenas le habrá dicho que tiene que hacer
esta intervención, y yo creo que ha sido mucho más triste su papel que el
mío. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Socialista.)
De cualquier manera, comparto totalmente lo que dicen los dirigentes del
PSC, y ya me gustaría que ustedes compartiesen lo que dice el señor
Vidal-Quadras, al que han mandado no sé dónde. (Rumores.)
La discusión está en la manera de entender el Pacto de Toledo y lo que
son los complementos a mínimos y las pensiones no contributivas. En el
Pacto de Toledo se lee --es una fotocopia de un libro editado por el
Ministerio de Trabajo y prologado por el Ministro, señor Arenas-- en el
apartado a) de acuerdos sobre consolidación, párrafo tercero, lo
siguiente: dentro del sistema de protección social tienen naturaleza no
contributiva las prestaciones y servicios de asistencia sanitaria y los
correspondientes a los servicios sociales, salvo que se deriven de
accidentes de trabajo o enfermedades profesionales, las pensiones no
contributivas por invalidez y jubilación, y las prestaciones que se
conceden en concepto de complemento a mínimos de las pensiones
contributivas de la Seguridad Social, así como las prestaciones
familiares por hijos a cargo.
Es diáfano que el que una comunidad decida dar una ayuda a un colectivo
necesitado y que identifique a este colectivo y diga que su colectivo más
necesitado es el del conjunto de pensionistas que cobran pensiones
mínimas y pensiones no contributivas, entra dentro de lo que en todo el
mundo se reconoce como asistencia social y ésta es competencia de las
Comunidades Autónomas. (Un señor Senador del Grupo Parlamentario
Socialista: ¡Muy bien!) Por lo tanto, no vamos a apoyar su moción.
Hasta ahora nos habíamos limitado a presentar nuestra enmienda, pero no
queremos aceptar el maniqueísmo que usted ha utilizado al decir que el
que quiera esto que vote aquello, el que no quiera esto que no vote
aquello, y que el que quiera el sistema de pensiones público y para todos
los españoles por igual que vote la moción. Pues bien, nosotros queremos
el sistema de pensiones público --por cierto, lo queremos público,
mientras que ustedes, en sus elucubraciones teóricas, hablan de
privatizarlo-- y, además, no vamos a apoyar el recorte de las
competencias de las Comunidades Autónomas, que es lo que nos proponen que
votemos. (El señor Laborda Martín: ¡Muy bien!) Si el debate no se hubiese
producido y un extraterrestre bajase a la tierra se preguntaría qué era
lo que estaba ocurriendo para instar a las Comunidades Autónomas para que
evitasen hacer algo. ¿Qué debe pasar? Todos sabemos qué ha pasado: que ha
habido unas Comunidades Autónomas que han decidido hacer algo. Por tanto,
en este «decidido hacer algo» están asumiendo lo que nosotros entendemos
que son sus competencias, como es la asistencia social.
Estamos en un Estado de las Autonomías, nosotros, los socialistas
catalanes y los del resto de España, lo defenderemos a capa y espada (Un
señor Senador del Grupo Parlamentario Socialista: ¡Bien!), lo mismo que
la territorialidad de esta Cámara. Pero, para eso, intentaremos potenciar
la Comisión General de las Comunidades Autónomas, no la silenciaremos, no
permitiremos que haya una petición de comparecencia de una Comunidad
Autónoma desde hace 14 meses sin que haya podido asistir a la Comisión
General (Un señor Senador del Grupo Parlamentario Socialista: ¡Bien!),
sencillamente, haremos que esto funcione como Cámara territorial. Por lo
tanto, los modelos que confrontamos son absolutamente distintos.
Por cierto, hablando de la gestión de la Seguridad Social, yo recuerdo el
dolor que produjo en el Partido la primera
reforma del Inem, que hizo el entonces Ministro Martínez Noval, y la
segunda reforma del entonces Ministro Griñán. Fueron reformas dolorosas,
pero de aquellas reformas viene su bonanza en la Administración del Inem.
(Protestas en los escaños del Grupo Parlamentario Popular.) De aquellas
reformas viene en buena parte la bonanza. Sí ya lo sabemos, ustedes se
negarán a reconocerlo, pero es que son así, esto es inevitable.
Finalmente, yo no me resisto a hacerles una última consideración; cuando
desde posiciones políticas se argumenta con la Constitución para evitar
un beneficio a las capas más débiles de la sociedad, a mí me da algo de
grima, me da miedo, porque se utilizan conceptos respetados, casi
sagrados, para una finalidad poco respetable. A mí me recuerda una
política que practicaron sus antepasados políticos, los cuales, «mutatis
mutandis», utilizaban la moral y las creencias para vetar los avances
sociales. No lo repitan ustedes. (Aplausos en los escaños del Grupo
Parlamentario Socialista.)
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señoría.
Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el Senador González
Pons.
El señor GONZALEZ PONS: Con la venia, señora Presidenta.
Senador Aleu, me rindo. Nosotros pretendemos decir nada más que ha sido
un error que una Comunidad Autónoma suba unilateralmente las pensiones, y
que eso afecta a la unidad del sistema y siembra la desigualdad entre
unos españoles y otros. Usted me dice que queremos privatizar el sistema,
que lo que hay se lo debemos a decisiones tomadas por ustedes en la
prehistoria y que, además, la Seguridad Social no estaba en quiebra
cuando nosotros la recibimos; me rindo, ya no tengo argumentos, no le
pido nada más.
A mí me parecía que una Cámara de representación territorial servía para
defender la singularidad y el derecho a la autonomía de cada una de las
Comunidades Autónomas, pero también para garantizar la unidad y la
cohesión del sistema; debo haberme equivocado. Como debo haberme
equivocado al leer las declaraciones de Pascual Maragall, con las que
aparentemente todos los del PSC coinciden y, por lo tanto, sostienen que
la subida de las pensiones es una subasta, como el señor Reventós, y que
la subida unilateral de las pensiones por parte de una Comunidad Autónoma
es jugar con los sentimientos de la gente. Creo, honradamente, que o me
he equivocado o se ha equivocado su Grupo al nombrar un representante del
PSC para intervenir en este debate en el que estaba en cuestión la Junta
de Andalucía. (El señor Carracao Gutiérrez: ¡Ni hablar!)
Ahora bien, dice usted que la decisión de la Junta de Andalucía afecta a
las capas más débiles. ¿No hay capas más débiles en Extremadura? ¿No hay
capas más débiles en Castilla-La Mancha? ¿Qué sucede, que sólo hay capas
más débiles en Andalucía? ¿No será más bien que en Andalucía se ha
utilizado electoralmente a las capas más débiles de la sociedad porque
había que utilizar electoralmente a las capas más débiles de la sociedad?
(Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Popular.)
Senador Cámara, le agradezco su intervención, le agradezco sus
argumentos, honestamente, y, además, vienen muy bien a mi argumentación,
porque, si no le he entendido mal, el Gobierno de Baleares se está
planteando esto y en función no de un criterio general, sino de un pacto
interno de Gobierno propio de las Islas Baleares y, además, en función
del nivel de vida de los ciudadanos de las Islas Baleares. Exactamente,
si se dan ustedes cuenta, aquello que nosotros decíamos que sería un
riesgo para el sistema, que las Comunidades Autónomas llegaran a
plantearse la subida de pensiones en función de pactos de gobierno
propios de la Comunidad Autónoma y en función, al mismo tiempo, del nivel
de vida de los ciudadanos en la Comunidad Autónoma; no en función de la
política de pensiones de todo el Estado español, ni en función de las
necesidades y del nivel de vida de los ciudadanos en todo el Estado
español no en función de la redistribución de la riqueza no en función de
la justicia social no en función de la igualdad, sino en función de las
distintas necesidades regionales. Y le agradezco, Senador Cámara, su
aclaración, puesto que de ese Gobierno del que usted está hablando
también forma parte el Partido Socialista. (Aplausos en los escaños del
Grupo Parlamentario Popular.)
Senador Albistur, me dice usted que es una incongruencia instar a las
Comunidades Autónomas. Le recordaré --con todo el afecto que le tengo--
que esta Cámara hace bien poco ha instado a todas las segundas Cámaras de
Europa, que nos pillan bastante más lejos que las Comunidades Autónomas,
y que éstas instan todos los días al Gobierno. Y por ponerle sólo algún
ejemplo de que no sólo instan al Gobierno, sino que van más allá, le diré
que en lo que llevamos de legislatura el Parlamento de Extremadura ha
instado 100 veces al Gobierno de España, incluso ha llegado a instar a la
Presidencia del Senado. Y le digo más: el Parlamento de Extremadura ha
llegado a instar al Gobierno de los Estados Unidos. (Rumores en los
escaños del Grupo Parlamentario Socialista.) Y el Parlamento de Andalucía
en 85 veces en lo que llevamos de legislatura ha instado al Gobierno
español y en 15 a las Cámaras nacionales.
Dice usted que estamos afectando al ámbito de competencias. La moción
habla de que no adopten decisiones fuera de su ámbito competencial.
Estamos respetando el ámbito competencial. Ahora bien, entiendo su
planteamiento, porque usted añade que la Seguridad Social es el asunto
que, en su opinión, queda pendiente en el Estado de las Autonomías. Y
eso, en su intervención, hace congruente todo lo anterior, lo que no
sucede en otros casos.
Lo mismo ocurre en la intervención del Senador Vidal, a quien le
agradezco el tono y las palabras que nos ha dirigido, y entiendo que para
usted la defensa de la unidad que estamos haciendo nosotros pueda parecer
una defensa centralista. Es congruente con su modo de pensar. Y entiende
usted --estoy convencido-- que la que nosotros hemos hecho es congruente
con nuestro modo de pensar.
Lo que no se entiende es que el Partido Socialista se encuentre en esa
posición, no sólo por sus posiciones históricas, no sólo por sus
posiciones ideológicas, no sólo por su tradición de Gobierno, sino porque
--fíjense sus señorías-- vamos a votar a favor de que no se quiebre la
unidad del sistema desde el Grupo Popular y en contra quien representa al
Gobierno de Baleares, que ha adoptado una decisión en función de la
gobernabilidad de Baleares, no de la unidad del sistema; el Senador
Albistur y el Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos, que
consideran que la reforma y descentralización de la Seguridad Social es
un asunto pendiente en el Estado de las Autonomías, el Grupo
Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió, que defiende
el incremento de pensiones realizado por la Generalidad de Cataluña, y
también el PSOE, que defiende el incremento realizado por la Junta de
Andalucía, pero contradice el incremento realizado por la Generalidad de
Cataluña. (Rumores y protestas en los escaños del Grupo Parlamentario
Socialista.)
Estas son las contradicciones a las que empiezan a acostumbrarnos
aquellos que no supieron garantizar el sistema de pensiones, que llevaron
a la Seguridad Social prácticamente a la quiebra (Protestas y rumores en
los escaños del Grupo Parlamentario Socialista), que requirieron de la
ayuda y del cambio de Gobierno para que las pensiones pudieran ser
pagadas. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Popular.)
Y permítanme que haga públicamente una confesión, admitiendo de antemano
que sé que realizar confesiones públicas, aparte de peligroso, es de
malísima educación. Pero, con el permiso de la Presidenta, haré una en el
terreno personal y puesto que el Senador Aleu ha apelado a mi historial
les diré que en 1982 yo voté al PSOE. Mis antepasados políticos son
ustedes.
Muchas gracias. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario
Popular.)
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, senador González Pons.
Vamos a proceder a votar la moción porque entiendo, Senador González
Pons, que la enmienda no ha sido aceptada. (Asentimiento.)
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 231; a
favor, 123; en contra, 104; abstenciones, cuatro.
La señora PRESIDENTA: Queda aprobada. (Rumores.--Aplausos en los escaños
del Grupo Parlamentario Popular.)
--DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA POR LA QUE SE INSTA AL GOBIERNO A
ESTABLECER LA ESTACION DE SAGRERA, EN BARCELONA, COMO ESTACION INTERMODAL
DEL TREN DE ALTA VELOCIDAD (AVE) ENTRE MADRID, BARCELONA Y LA FRONTERA
FRANCESA (662/000196).
La señora PRESIDENTA: Moción del Grupo Parlamentario Socialista por la
que se insta al Gobierno a establecer la estación de Sagrera, en
Barcelona, como estación intermodal del Tren de Alta Velocidad (AVE)
entre Madrid, Barcelona y la frontera francesa.
A esta moción se han presentado dos enmiendas, una por el Grupo
Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió, y otra por el
Grupo Parlamentario Popular en el Senado.
Para la defensa de la moción originaria, tiene la palabra el Senador
Oliart.
El señor OLIART PONS: Muchas gracias, señora Presidenta.
Antes de empezar mi intervención, quiero celebrar que el Senador Gonzaléz
Pons haya vuelto a sus orígenes y espero que otra vez vote con los
socialistas. (Rumores.)
Señorías, señora Presidenta, la llegada del AVE a Barcelona y su conexión
con la alta velocidad europea es un gran hito para España y a la ciudad
de Barcelona le abre unas grandes posibilidades de nuevos impulsos.
Existen ejemplos de otras ciudades europeas que han aprovechado las
potencialidades y las sinergias de un evento de esta categoría. Voy a
citar algunas: la estación con la llegada del Euroestar a esa capital, la
estación De Ville en Francia, en torno a la cual se creó una gran área de
negocios y de oficinas, o la famosa estación de Lyon-Satolas que es una
gran estación intermodal.
El ferrocarril ha renacido gracias a la gran velocidad y recupera para
las ciudades este poder de generar riqueza y desarrollo que tenía el
antiguo raíl.
Actualmente este poder se ostenta casi en exclusiva por los grandes
trenes europeos internacionales. Pero repito, la alta velocidad vuelve a
actualizar por donde pasa esas posibilidades de grandes desarrollos en
las ciudades.
Es deber de los gobernantes aprovechar estos eventos al máximo a su
favor, y Barcelona tiene una gran experiencia en este sentido. Recuerden
ustedes cómo se aprovechó el evento de los Juegos Olímpicos de 1992 para
dar un gran impulso a la ciudad de Barcelona con la transformación y
modernización de sus infraestructuras.
¿Qué características y requisitos habría de reunir la estación del AVE
para desplegar al máximo sus potencialidades? Nosotros queremos que sea
la gran estación central del AVE; que tenga carácter intermodal, es
decir, que concurran en esta estación distintos medios de transportes,
como son los trenes de cercanías, los trenes regionales, los metros,
estación de autobuses, un gran «parking», o sea, convertirlo en un gran
centro de comunicaciones.
¿Qué otros requisitos se necesitarían para conseguir todo eso? Que esté
situado en un área que permita una gran actuación urbanística y poder
convertir esa área en una nueva centralidad de la ciudad.
Por tanto, se precisa: a) una gran extensión de terreno en un lugar
céntrico, y b) un punto donde puedan converger
al máximo de líneas de metros y de trenes regionales y de cercanías, como
antes he mencionado.
Este lugar, señorías, existe en Barcelona y se llama Sagrera. Es una
antigua estación de mercancías de Renfe y actualmente es un gran
entramado de vías muertas que, además, obstaculiza la comunicación dentro
del mismo distrito entre los barrios de La Sagrera y de San Andrés. Son
230 hectáreas. Es un barrio en gran expansión. Pasan por allí varias
líneas de metro y es un sitio ideal para permeabilizar los trenes de la
costa de ambos lados de la ciudad. No es una asunto de improvisación del
Ayuntamiento de Barcelona porque Barcelona tiene elegido este lugar desde
hace muchos años. Es una opción lógica porque ha estado precedida de
otras decisiones anteriores como el Plan de Enlaces Ferroviarios, la
anulación de la antigua Estación del Norte, la decisión de que la
Estación de Francia dejara de ser la estación principal y de que en el
futuro Barcelona tuviese dos grandes estaciones como se merece una gran
ciudad como Barcelona, una la de Sans, que ya existe, y que en estos
momentos se encuentra casi en un punto de saturación, y otra la gran
estación de La Sagrera.
Además, la construcción de la gran estación de La Sagrera permitirá que
se haga una gran actuación urbanística, que la estación misma sea el
centro de esta gran actuación u operación urbanística. Para ello ya
existe la reforma de Sant Andreu-Sagrera, aprobada en 1996, otra prueba
de que no se está improvisando.
Esa reforma prevé una gran estación central del AVE de carácter
intermodal, zonas verdes, un centro comercial de 78.000 metros cuadrados
de tiendas y espacios recreativos, edificios de oficinas y servicios,
edificios de hoteles y la construcción --esto es muy importante-- de
7.800 nuevas viviendas. Este gran proyecto, señorías, está supeditado a
esa gran estación.
Los urbanistas de Barcelona prevén que esta zona será el centro de la
ciudad dentro de 50 años. ¿Y cómo ha de ser esta estación? Se ha hecho un
proyecto por una agencia pública, que se llama «Agencia Pública Barcelona
Regional», que prevé que esa estación sea la central del AVE intermodal
--lo repito--, que se soterren las vías existentes y las vías necesarias
para la nueva estación, que se construya esa estación a tres niveles,
tres plantas subterráneas, una para líneas ferroviarias, como el AVE,
otra para los trenes regionales y de cercanías y un tercer nivel para la
línea 6 del Metro que está en proyecto y se va a construir próximamente y
también para una lanzadera que comunique con otras dos líneas de metro
que pasarían muy cerca de esta estación, que son la línea 1 y la línea 5,
y, naturalmente, que tuviera en su seno un gran parque.
Este es un gran proyecto que todas las fuerzas políticas de Cataluña
aprueban y al que dan soporte, incluso diré que hay manifestaciones del
Partido Popular en Cataluña a favor de ese proyecto. Podría traer aquí
distintos recortes de periódicos que así lo atestiguarían, pero no es
necesario.
El Gobierno del Partido Popular tiene en esta cuestión
--sorprendentemente la verdad porque no lo entendemos-- una posición
errática y ambigua. Primero hizo una propuesta de una estación en El
Vallès, en Rubí o en Sant Cugat, alejada de Barcelona, que no
comprendíamos porque, lógicamente, el tren de alta velocidad ha de entrar
en la ciudad, porque si ha de competir con el avión en las instancias
medias lo lógico es que no nos tengamos que desplazar demasiado a buscar
el AVE, lo lógico es que pase por El Vallès perfectamente, pero que la
estación central esté en el centro de la ciudad. Esa es la gran
característica de la gran velocidad y en Madrid tenemos la muestra, una
gran estación donde está el AVE, pero que está en el centro de la ciudad.
Posteriormente, el Partido Popular al ver que había cometido un gravísimo
error, porque tal vez no conocía la geografía de Barcelona y del área
metropolitana, dijo: Sans. Pero claro, Sans ya existe, en Sans confluyen
multitud de líneas de ferrocarril, prácticamente todas las de Cataluña y
todas las que vienen fuera de Cataluña; es una estación saturada.
Por lo visto, el Gobierno desconocía este proyecto del que antes he
hablado del Ayuntamiento de Barcelona y de toda la ciudad, y al que todas
las fuerzas están dando soporte. Al final, como no tenía más remedio,
dijo: La Sagrera, pero sin especificar cuándo estaría construida y qué
características tendría. Podría ser un simple apeadero o una estación de
paso, esto nunca se ha sabido. Parece que el Gobierno tiene un estudio,
yo no sé si es un proyecto o un estudio terminado, lo que sí sé es que no
hace mucho apareció una información en los medios de difusión de Cataluña
que decía que este proyecto de estudio se había mostrado a una plataforma
reivindicativa de La Sagrera que pedía precisamente la implantación de
este proyecto. Este estudio no cumple ninguno de los requisitos de los
que estamos pidiendo ahora aquí. Tiene un único nivel de vía, con lo cual
tendríamos otra vez el distrito completamente separado; vías
insuficientes, en ese presunto estudio sólo se contemplarían ocho vías de
ancho internacional y cuatro vías de ancho ibérico; pero además
vulneraría el último Plan General Metropolitano e invadiría zonas verdes
que están precisamente fijadas en ese Plan, porque ocuparía unas zonas
verdes previstas. Pero lo peor de todo, a mi entender, son los retrasos
que se están produciendo. El año 2004 es la fecha para que llegue el AVE
a Barcelona y a la frontera francesa y empalme con la gran velocidad
francesa y europea. Naturalmente, con esos retrasos, eso va a ser
completamente imposible, y desearía equivocarme.
Por eso presentamos una moción de dos puntos: en el primero pedimos que
se establezca de manera clara que la estación central del AVE en
Barcelona será Sagrera, que será operativa en el 2004 y que se construya
de acuerdo con el proyecto cuyas características he descrito aquí; que se
constituya para ello, y creemos que es la mejor fórmula porque es donde
las administraciones pueden coordinarse y resolver todos los problemas
tanto políticos como técnicos que puedan ir surgiendo a lo largo de todo
ese proceso, un ente formado por el Gobierno del Estado, por el
Ayuntamiento de Barcelona y con la participación de la Generalitat de
Cataluña, ente --que quede claro-- que tendría que construir la estación
y desarrollar el plan urbanístico vigente de la reforma. Conseguiríamos
con ello la máxima colaboración, y otras administraciones, que no serían
la Administración del Estado, el Ayuntamiento o la Generalitat,
podrían también hacer inversiones y aportaciones económicas si fueran
necesarias.
Termino, señorías, la estación central de La Sagrera es una cuestión
vital para el desarrollo de Barcelona, y en un futuro para el desarrollo
de un distrito de 140.000 habitantes, el de San Andrés-La Sagrera.
Desarrollar al máximo las potencialidades de Barcelona y de Cataluña es
también una cuestión estratégica para España. Fíjense, esa gran estación,
ese gran nudo de comunicaciones, junto con el puerto de Barcelona y con
el gran aeropuerto internacional de Barcelona, forman una plataforma
logística de toda España proyectada a Europa que nos hace dueños del Arco
Mediterráneo o que nos pone como mínimo en una situación de privilegio en
esta zona. No desaprovechemos esta oportunidad.
Sagrera es la gran estación que mira a Francia y a Europa y, entre otras
cosas, rompe nuestra autarquía tradicional ferroviaria porque es de ancho
internacional, nos conecta de una vez por todas con Europa y nos impulsa
al siglo XXI.
Hagamos la estación grande y moderna, que sea un gran centro de
comunicaciones, que nos sirva para los próximos cien años. Esto es lo que
hemos de hacer, pero es necesario que esté lista para el año 2004, no
para las calendas griegas que podría ser la fecha para seguir esa
conducta errática que antes he denunciado del Gobierno del Partido
Popular. Queremos que dicha estación está operando en el año 2004;
queremos que no quepa duda de que Sagrera será la estación central del
AVE, así como un gran centro de comunicaciones intermodal.
Para concluir, señorías, en estos momentos existe en Barcelona una gran
expectación sobre el resultado de esta moción, lo que demuestra de manera
clara y evidente la importancia del proyecto para esa ciudad; moción que
hoy les presento para su estimación y aprobación.
Muchas gracias, señora Presidenta, señoras y señores Senadores.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señoría.
Se ha presentado una propuesta de modificación firmada por los grupos
parlamentarios Socialista, Catalán en el Senado de Convergència i Unió, y
de Senadores Nacionalistas Vascos, que supongo sustituye a estas
enmiendas. Nos informará de ello el Senador Beguer.
El señor BEGUER I OLIVERES: Muchas gracias, señora Presidenta.
Efectivamente, nuestro Grupo puede defender esta enmienda de modificación
suscrita por los Grupos Socialista, Catalán en el Senado de Convergència
i Unió y de Senadores Nacionalistas Vascos.
La moción que acaba de defender el Senador Oliart, del Grupo
Parlamentario Socialista, plantea un tema muy importante dentro de lo que
constituye el AVE en el trazado Madrid-Barcelona y la frontera. Sabemos
el éxito que ha supuesto en materia de comunicaciones el AVE
Madrid-Sevilla, y tenemos la certeza de que de la misma manera el AVE
Madrid-Barcelona-frontera francesa va a tener una gran importancia para
toda España no sólo en materia de comunicaciones y transportes, sino en
el aspecto económico e incluso en el político; desde la comunicación de
Sevilla hasta Francia y en concreto en aquellas zonas por las que va a
atravesar el nuevo trazado, es decir, Zaragoza, Tarragona, Lleida,
Barcelona y todo su entorno metropolitano, etcétera.
Pensamos que el AVE --y hemos de reconocerlo así-- con el trazado
Madrid-Barcelona-Francia está suponiendo un avance y que en algunos
aspectos se están cumpliendo a buen ritmo los proyectos, las obras y las
planificaciones que años pasados se aprobaron.
El problema que se plantea en la actualidad es muy concreto pero
importante en cuanto a la estación de Barcelona, que podemos afirmar que
si no afecta a toda Cataluña por cuanto Lleida y Tarragona tienen ya
claro su punto de conexión, sí afecta a toda su conurbación que supone,
aproximadamente, cuatro millones de personas.
La ratificación de la Sagrera como estación intermodal que propone la
moción del Senador Oliart, garantizando la comunicación con trenes
regionales y de cercanías, con las líneas de metro, de autobuses y demás
medios de transporte con los adecuados accesos, nos parece que debe ser
aprobada para que se asuma un punto tan esencial, para que en el año 2004
el trazado hasta Barcelona y Francia esté acabado, y que la estación de
Barcelona funcione a pleno rendimiento.
Convergència i Unió, como es conocido, apoya la moción en línea con lo
que en el debate sobre el estado de la Nación ya se señalaba: que el
objetivo del 2004 era claro para poner en funcionamiento la totalidad del
recorrido hasta la frontera francesa.
Por tanto, dentro de este soporte que damos a la moción, hemos presentado
una enmienda --que posteriormente se ha matizado y que cuenta con la
aprobación del Grupo Parlamentario Socialista y del Grupo Parlamentario
de Senadores Nacionalistas Vascos-- en el sentido de reafirmar el
compromiso de construir la estación de la Sagrera o, según el acuerdo
final, reafirmar dicha estación dentro de la ciudad de Barcelona como
estación intermodal.
Por otra parte, en cuanto al segundo apartado de la moción, entendemos
que puede mejorarse con la creación del ente que en ella se propone.
Nosotros proponemos, y así ha sido asumido, que participen en ello el
Ministerio de Fomento, el Ayuntamiento de Barcelona y la Generalitat,
pero hay que señalar de entrada esta participación en el redactado, ya
que de otra forma podría entenderse que la participación de la
Generalitat sería a una escala inferior.
No me extenderé en otros aspectos de la propuesta por falta de tiempo,
pero en cualquier caso diré que éstos únicamente matizan algunos puntos
de la moción sin modificarla sustancialmente.
Entendemos, por tanto, que el compromiso que se debería conseguir por
parte del Gobierno consistiría en la construcción de la estación de la
Sagrera como estación intermodal para que sea un centro de comunicaciones
de cara a los trenes regionales, de cercanías, con parking, con paradas
de autobuses y red de metro; que la obra esté acabada en el año 2004, y
que en el ente que deba gestionarlo todo, así como en la construcción de
esta central participen
de una forma abierta el Ministerio de Fomento, el Ayuntamiento de
Barcelona y la Generalitat de Cataluña.
Nada más y muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, Senador Beguer.
Me indica el Secretario General que la propuesta de modificación está
firmada por tres Grupos y que dichos Grupos no representan la mayoría de
la Cámara. Por tanto, la propuesta no sería admitida a trámite, por lo
que continúan vivas las enmiendas del Grupo Parlamentario Catalán en el
Senado de Convergència i Unió y la del Grupo Parlamentario Popular en el
Senado, para cuya defensa tiene la palabra el Senador Luna por tiempo de
diez minutos.
El señor LUNA VIVAS: Señora Presidenta, señorías, quiero decir, en primer
lugar, que para mí supone una gran satisfacción que sea ésta mi primera
intervención como Senador por la Comunidad Autónoma de Cataluña.
Quisiera empezar diciéndole al Senador del Grupo Socialista que es verdad
que nuestro Grupo Parlamentario está de acuerdo en lo que se refiere a la
estación de la Sagrera, pero no estamos de acuerdo en que tenga que ver
con una situación errática y ambigua, según ha dicho su señoría, en
relación con dónde se debe instalar, y mucho menos cuando usted no conoce
muy bien, o le han informado mal sobre el estudio existente relacionado
con el funcionamiento de la estación de la Sagrera. Creo que las
cantidades que usted ha dado de unidades de ancho de vía internacional y
de ancho ibérico no se corresponden con la realidad.
Usted ha dicho que tiene que haber una gran expectación en torno a lo que
tengamos que decir o en relación con lo que se tenga que aprobar hoy en
el Senado. Señoría, ¿sabe cuál ha sido la gran expectación en Cataluña?
Poder contar de una vez por todas con un tren de alta velocidad que una
Madrid con Barcelona y Barcelona con la red europea. Esa era la gran
expectación que todos los catalanes teníamos, y que gracias al Gobierno
del Partido Popular es un hecho realizable y consumado casi en su
totalidad, diría yo. Solamente hay que viajar un poco para ver el avance
de las obras. Solamente hay que viajar un poco para ver que se está
levantando ese gran proyecto.
Y esto, señoría, posiblemente no les guste. No les gusta que lo que para
ustedes fue una voluntad, para nosotros --como muchas cosas más en
Cataluña-- sean hechos consumados. Y, ¿cómo no va a ser un hecho
consumado si incluso se ha puesto una fecha? El 2004 llega el tren a
Barcelona. Pero, como les ha cogido de sopetón esta fecha que el Ministro
ha anunciado, ahora tenemos que entrar en el debate de si en el 2004
llegará a Sans o a Sagrera. Pero esté usted tranquilo, que en el 2004
llegarán los convoyes a Barcelona.
Sepa que en Cataluña la gran expectación es que llegue lo antes posible,
eso es lo que se está pidiendo. Y llegar lo antes posible es llegar por
Sans, por cuestiones obvias. En primer lugar, porque es una estación
situada en el sur que no necesita de grandes obras para que entre en
funcionamiento el Tren de Alta Velocidad. En segundo lugar, porque a
usted se le ha llenado la boca hablando del aeropuerto y del puerto, y,
¿qué más próximo al puerto y al aeropuerto de Barcelona que la estación
de Sans?
Nosotros estamos de acuerdo en que debe haber otra estación u otras;
evidentemente, señoría. ¿Cómo no vamos a estar de acuerdo en que se
descentralice lo que ustedes, con su afán de centralizar, quieren hacer?
La descentralización --y se lo dice una persona de provincias-- hay que
aplicarla a las distintas provincias de Cataluña y al ámbito de la
ciudad. Porque tenemos que acercar los servicios a nuestros ciudadanos
dándoles mayor calidad.
Existe un estudio para que Sagrera, con todas sus posibilidades, sea
también esa estación que todos los catalanes --y, como usted ha dicho, el
Partido Popular de Cataluña-- desean. Poner hoy fecha a la estación de
Sagrera significa comenzar un proyecto, hacer un túnel que llegue hasta
allí, y requiere de una partida presupuestaria, pero no descartamos esta
propuesta y pensamos que Sagrera puede ser una buena estación.
Nuestra enmienda de modificación enriquece mucho la propuesta formulada
por ustedes, y no tiene por qué ir en contra de lo que ustedes quisieran
que nosotros apoyásemos. Coincidimos en la necesidad de que haya, no una,
sino dos o tres estaciones, pero lo que está claro es que Sagrera reúne
las mejores condiciones. Coincidimos, señoría, aunque no en el plazo.
Nosotros tenemos una fecha de hecho, el 2004, y las obras avanzan en esa
línea.
Por lo tanto, señoría, nuestra enmienda de modificación tiene que ver con
que no exista una única estación, y eso es lo que yo antes he tratado de
explicarle. La enmienda propone que se agilicen los estudios que ya están
en marcha. Lo único que pedimos es que haya una agilización de los mismos
para que, lo antes posible, se determine qué estación es la más adecuada.
Usted ya la ha elegido, pero nosotros estamos esperando a que el
Ministerio de Fomento la diseñe y nos lo comuniqué con la máxima
prontitud.
Le digo de todo corazón que esta enmienda recoge este espíritu de
agilización y conclusión de esos estudios. Y no padezca, nosotros, no
solamente agilizamos los estudios, sino que los llevamos a cumplimiento
lo antes posible.
El punto tercero de nuestra enmienda recoge que debe existir la
oportunidad de los terrenos de Sagrera a Sant Andreu. Ya se lo he dicho,
deben existir, y nosotros estamos de acuerdo en que Sagrera sea una de
las estaciones importantes de Barcelona.
También le decimos que debe haber una agilización por parte del Gobierno
en las actuaciones necesarias en la Sagrega para que éstas reúnan los
mejores servicios para los ciudadanos de Barcelona, para los ciudadanos
de Cataluña.
El espíritu de esta enmienda va en esa dirección, construir lo que tanto
ustedes como nosotros estamos de acuerdo. La única cuestión que resta es
que habrá que observar si esto es un oportunismo más, cuando han pasado
ya las elecciones municipales, o realmente estamos cerca de unas
elecciones autonómicas, a las cuales, incluido el Grupo Catalán en el
Senado de Convergència i Unió, les puede interesar formar parte y formar
coro.
Gracias, señora Presidenta.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, Senador Luna.
Por el Grupo Parlamentario Socialista, autor de la moción originaria,
tiene la palabra el Senador Oliart, por tiempo de 20 minutos.
El señor OLIART PONS: Señora Presidenta, si no he entendido mal, la
transaccional que en un principio habíamos acordado entre el Grupo
Catalán en el Senado de Convergència i Unió y el Grupo Parlamentario
Socialista no se admite a trámite al faltarle el requisito de estar
firmada por los Grupos que representen a la mayoría de la Cámara.
La señora PRESIDENTA: Los requisitos son dos: el primero, al menos tres
Grupos y, el segundo, que represente a la mayoría de la Cámara.
El señor OLIART PONS: Yo me pregunto, señora Presidenta, ¿qué opciones le
quedan a este Senador?
La señora PRESIDENTA: Puede aceptar o no las enmiendas presentadas por el
Grupo Catalán en el Senado de Convergència i Unió o por el el Grupo
Parlamentario Popular.
El señor OLIART PONS: Si se aceptase la enmienda del Grupo Catalán en el
Senado de Convergència i Unió ¿significaría que se sometería a votación
todo el texto presentado por el Grupo Catalán en el Senado de
Convergència i Unió?
La señora PRESIDENTA: Efectivamente, el texto de la moción originaria,
con la enmienda del Grupo Catalán en el Senado de Convergència i Unió.
El señor OLIART PONS: De acuerdo.
Señora Presidenta, señoras y señores Senadores, como habrán podido
adivinar, habíamos llegado a una transacción con el Grupo Catalán en el
Senado de Convergència i Unió en cuanto que estábamos de acuerdo, ya que
ellos presentaban un texto muy próximo al nuestro y únicamente había dos
detalles que nos alejaban pero que estábamos dispuestos a admitir.
Empleaban el término «reafirmar» en lugar de «establecer», que decíamos
nosotros.
Ahora surge un pequeño problema. En la transacción se omitía el
compromiso de construir. Como el Grupo Parlamentario Popular ha mostrado
claramente que no tenía ningún compromiso de construir la estación de la
Sagrera en el 2004, está claro que en la moción no se reafirma el
compromiso de construir absolutamente nada. Por ello habíamos omitido ese
párrafo y quedaba el texto claro y coherente con la voluntad de los dos
grupos.
En cuanto a la creación de un ente, nosotros estamos encantados de que
ese ente esté formado tanto por la Generalitat de Cataluña como por el
Gobierno Central y el Ayuntamiento de Barcelona al mismo nivel, con las
mismas competencias y, posteriormente, cuando desarrolle sus funciones,
se analizaría el grado de participación de acuerdo con cada una de las
competencias de estas administraciones. Por lo tanto, estábamos
completamente de acuerdo, pero al no ser posible la transacción, sobre
todo en lo relativo a reafirmar el compromiso de construir, anuncio que
vamos a mantener el texto inicial, que será el que se someterá a
votación.
En cuanto al Grupo Parlamentario Popular, lamento la intervención que ha
realizado su portavoz. Nosotros no podemos aceptar su enmienda, en primer
lugar, señor Senador, porque no asume el compromiso principal, ni nos
habla de la estación central e intermodal, es decir, ese carácter «sine
qua non» que consideramos ha de tener esa estación, ni tampoco se
comprometen ustedes en el año 2004.
Sobre la cuestión de llegar a Barcelona y a la frontera francesa en el
año 2004, tengo que recordarle, señoría, que también aquí el Gobierno ha
tenido una conducta errática porque le podría traer cantidad de recortes
de periódicos recientes, de hace escasamente un año, en los que el
Ministro de Fomento decía que a la frontera francesa se llegaría en el
año 2007. El Ministro de Fomento fue prácticamente obligado a decir que
el 2004 sería también el año de la llegada del AVE a la frontera francesa
primero, por la presión social que pudieran originar estas
manifestaciones y, segundo, porque esa presión social la tradujo en esta
Cámara el Senador Armet en una pregunta parlamentaria al Ministro de
Fomento. Fue entonces cuando el Ministro de Fomento se comprometió ante
la nación, en esta Cámara, a que también el AVE llegase a la frontera
francesa en el 2004.
Usted habla de dos estaciones, Sans y Sagrera, y nosotros estamos de
acuerdo; no pedimos que el AVE no pare en Sans --naturalmente el AVE debe
parar en Sans-- sino que estamos hablando, repito, de una nueva gran
estación, y ésa es la de Sagrera. No me puede decir que no hay conexión
--claro, usted no conoce Barcelona y, por lo tanto, no lo sabe-- porque
desde la estación de Francia hacia Madrid salían los trenes y cruzaban
por un sitio que se llama calle Aragón y las vías de la calle Aragón
todavía existen. Además, el propio Gobierno del Partido Popular ha
presentado ya el proyecto y pronto se va a empezar las obras de un
segundo túnel que irá de Sans a Sagrera por la calle Mallorca. Dice usted
que Sagrera queda desconectada del aeropuerto y del puerto pero, no es
así, hay otro ramal que pasa por la costa, que viene del aeropuerto, pasa
por el puerto y que va a Sagrera. Esta fue precisamente la alternativa
que presentó el Ayuntamiento de Barcelona, pero cuando el Gobierno del
Partido Popular propuso el túnel de la calle Mallorca, el Ayuntamiento
accedió porque no quería hacer de ello una cuestión de principios.
Señor Senador, espero que cuando hable lo haga con conocimiento de causa;
lo mejor sería que algún Senador representante de Cataluña defendiese
aquí esa moción porque, seguramente, conocería mucho mejor el tema que
usted. (Un señor Senador: ¡Vaya, hombre!--Rumores.)
Queremos la estación central en Sagrera y para el 2004, y el hecho de que
ustedes no estén de acuerdo es motivo más que suficiente para rechazar su
enmienda pero, además, ustedes rechazan también la coordinación
administrativa e institucional que nosotros estamos ofreciendo. Estoy
seguro de que están completamente de acuerdo en que para
sacar adelante un proyecto de esa envergadura es necesario que se
coordinen las instituciones y eso es lo que nosotros estamos ofreciendo
--una coordinación que pasaría por la creación de un ente participado por
el Gobierno central, el Ayuntamiento de Barcelona y la Generalitat de
Catalunya-- pero ustedes ni siquiera hablan de ello en su enmienda. Por
lo tanto, señor Senador, creo que he dado suficientes argumentos para que
se dé cuenta de que nos es completamente imposible aceptar su enmienda.
En cuanto a que ustedes realizan las cosas y el Gobierno socialista no,
he de decirle que el que implantó por primera vez la alta velocidad en
España fue el Gobierno socialista, el que conectó Andalucía con el centro
de la península fue el Gobierno socialista y el que proyectó el AVE de
Madrid a Barcelona-frontera francesa fue también el Gobierno socialista.
Esta cuestión ya estaba pactada, lo que pasa es que ustedes llevan cuatro
años en el Gobierno y todavía está por ver que en el 2004 llegue a
Barcelona y a la frontera francesa. Me gustaría equivocarme porque el que
se realicen los proyectos, tal como estamos pidiendo, es tanto para bien
de España como para bien de Cataluña y de Barcelona.
Muchas gracias, señora Presidenta.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señoría.
Entramos en el turno de portavoces.
Por el Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra el Senador Román.
El señor ROMAN CLEMENTE: Gracias, señora Presidenta.
Anuncio que votaremos favorablemente la moción.
La señora PRESIDENTA: Gracias, señoría.
¿Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos? (Pausa.)
¿Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió?
(Pausa.)
Tiene la palabra el Senador Beguer.
El señor BEGUER I OLIVERES: Gracias, señora Presidenta.
Según se nos ha expuesto con posterioridad no sólo a la presentación,
sino, incluso, a la defensa de la transaccional que habíamos firmado tres
grupos parlamentarios, tal transaccional realmente no puede tramitarse
por no contar con el apoyo de la mayoría de la Cámara. En consecuencia,
no hemos podido en su momento defender nuestra moción alternativa, pero
ahora brevemente tenemos que hacer hincapié en ella, y nos extraña
sobremanera que el Senador Oliart, que había asumido prácticamente en su
totalidad nuestra moción tras haber llegado a un entente respecto a un
punto muy concreto --donde nosotros decíamos el compromiso de construir
la estación de Sagrera se sustituía por reafirmar la estación de
Sagrera-- ahora no acepte nuestra moción alternativa únicamente por la
frase «el compromiso de construir». Nos extraña sobremanera que el
Senador Oliart sólo por eso ahora quiera someter a votación su moción sin
nuestra enmienda, que evidentemente nuestro grupo votará a favor. Pero
puestos a perder esta moción, porque sin duda el Senador Oliart sabe que
no obtendrá los votos de la mayoría suficiente, opta por el oportunismo
de mantener su moción y no aceptar la modificación propuesta por
Convergència i Unió que, a nuestro juicio, supondría mejorarla.
Lamentamos esta cerrazón del Grupo Parlamentario Socialista pero, en
cualquier caso, nuestro Grupo votará favorablemente su moción.
Nada más y muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, Senador Beguer.
Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el Senador
Oliart.
El señor OLIART PONS: Muchas gracias, señora Presidenta.
En primer lugar quiero agradecer el voto afirmativo anunciado por los
grupos parlamentarios que así lo han manifestado.
Senador Beguer, lamento que un hecho que no tiene nada que ver con la
voluntad política de las dos fuerzas parlamentarias haya impedido someter
a votación una moción transaccional, que creo que cumplía con todos los
requisitos políticos que ambos hemos estado defendiendo.
No es oportunismo que ahora sometamos a votación nuestro texto porque nos
es completamente imposible asumir algo del suyo desde un punto de vista
reglamentario, por al simple razón de que ya no sería una enmienda, sino
la moción del Grupo Parlamentario de Convergència i Unió. Si las dos
mociones son tan cercanas como en realidad lo son, tanto da que la moción
sea el texto originario del Grupo Parlamentario Socialista que el
presentado por Convergència i Unió. Es indudable que el espíritu
permanece: teníamos esa voluntad de transacción y ustedes están dando
soporte a un texto, que agradecemos infinitamente. Y esto va a ser muy
positivo. Este soporte va a ser muy positivo por una razón muy clara, y
es que si las dos fuerzas mayoritarias de Cataluña están de acuerdo en un
mismo proyecto, señor Beguer, señorías, este proyecto tardará más o
menos, pero se llevará a cabo.
Ahora bien, señores del Partido Popular, para que esto sea así, ustedes
se han de poner a trabajar de inmediato para que la estación de la
Sagrera está funcionando en el año 2004. El Gobierno del Partido Popular
ha de tomar buena nota del debate de hoy y del acuerdo al que hemos
llegado el Grupo Parlamentario de Convergència i Unió y el Grupo
Parlamentario Socialista y obra en consecuencia. La posición del Partido
Popular, señor portavoz, no la podemos entender, ni por razones
económicas, y le voy a decir por qué.
En ese plan urbanístico al que me he referido, 300.000 metros cuadrados
pertenecientes a RENFE y que en estos momentos tienen calificación de
servicio están recalificados como zona de edificación. Y las plusvalías
que de este hecho se originan sobrepasan el coste de la estación de
Sagrera.
Tampoco hay problemas técnicos. Y si los hubiera ese ente respecto al que
ustedes se niegan también a votar a favor, ese ente que nosotros pedimos
que se cree, sería precisamente
el organismo que solventaría o subsanaría los posibles obstáculos
técnicos que se pudiesen presentar.
Señorías, es un proyecto de toda Barcelona. Se trata de un distrito
--repito-- de 140.000 habitantes, que está a la espera de una decisión
política importante para su futuro. La reforma urbanística, la
construcción de equipamientos y la apertura de calles hoy sin salida
dependen de este proyecto.
Hoy el Grupo Popular comete un gravísimo error. Esperamos, señorías, que
ustedes lo subsanen muy pronto. Y si no, las circunstancias les obligarán
a hacerlo.
Muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Mucha gracias, Senador Oliart.
Por el Grupo Parlamentario Popular en el Senado, tiene la palabra el
Senador Luna.
El señor LUNA VIVAS: Señora Presidenta, señorías, en primer lugar, debo
decir al portavoz socialista que, cuando ha hablado de un gran proyecto
de futuro, la verdad es que en un principio me he asustado, porque no
sabía que hasta en el Senado esos proyectos de Convergència i Unió y el
Partido Socialista son un apéndice de lo que son en Cataluña.
Pero vayamos al tema concreto.
Usted ha estado diciendo que el Gobierno del Partido Popular no ha
cumplido con lo que tenía que hacer. Lo de ustedes en Cataluña han sido
siempre voluntades. Quizás, si hubiera continuado el señor Borrell, se
hubieran hecho algún día. Pero la verdad es que voluntades y hechos:
proyectos no hechos; y con nosotros, cumplidos: cumplidos como la
Nacional 340, cumplidos como la circunvalación de la pata sur de
Barcelona, cumplidos como el Canal Segarra i Garriga, conjuntamente con
el Gobierno de Convergència i Unió, y cumplidos un montón de proyectos
que ustedes iniciaron y no acabaron.
Pero, por favor, señoría, no me llame ignorante.
Yo soy de provincias, soy de Tarragona. No me llame ignorante. Existe un
estudio funcional, y yo, por muy ignorante que sea, por lo menos, sé leer
e interpretar. Por tanto, tengamos un poco de paciencia y esperemos la
conclusión de este estudio.
Y estoy completamente de acuerdo con usted, señoría, con que este estudio
va a coincidir con las necesidades que ustedes de una manera anticipada
están manifestando en este debate. Ponemos fecha: el año 2004. Pero no me
haga creer usted que dicha fecha para llegar a la frontera francesa lo es
gracias a su señoría, que se lo pidió al Ministro de Fomento. Es porque
se puede hacer y porque será una realidad, porque se va a llevar a cabo,
como todas las que el Gobierno del Partido Popular, el Gobierno de José
María Aznar, ha llevado a cabo.
Por tanto, no diga que no estamos de acuerdo con Sagrera. Nosotros
pensamos que Sagrera es una buena oportunidad, pero esperemos que
concluyan los informes y que nos digan lo que ustedes están diciendo.
Porque ustedes no hablan solamente de Sagrera --con lo que estamos de
acuerdo--, sino también de plazos y si es de primera o es de segunda
calidad.
Primero, cumplamos que llegue el AVE, lo que será un hecho; segundo,
tengamos un estudio complementario de lo que será toda la red ferroviaria
en la capital de Barcelona; tercero, veamos qué necesidades tienen los
ciudadanos en Barcelona; y cuarto, demos facilidades para que esa calidad
llegue lo más cercana posible a ellos. Quizás ese estudio nos diga que
esa estación central e intermodal debe ser la de Sagrera, pero deje que
el Ministerio acabe su informe.
Le vuelvo a insistir en que es una pena que ustedes no acepten nuestra
enmienda, ya que ésta va en la línea de lo que ustedes quieren, que es el
fundamento en el que nosotros creemos profundamente.
Y créame que en esa enmienda no se contenían los plazos fijados, como
ustedes acostumbran a hacer en otro Parlamento, pero esté seguro de que
existe la voluntad de que eso sea así. Todos apoyamos el mismo
fundamento: que lo mejor para los ciudadanos de Barcelona, para su
progreso económico sea lo que todos nosotros queramos.
Yo estoy convencido de que La Sagrera es un buen lugar, y aquí no se
discute que no lo sea, pero usted no puede pedirnos aquí fechas, horas,
lugares y, encima, decirnos si tiene que ser de primera, de segunda o de
tercera.
La verdad es que nosotros cumplimos. Los catalanes están enormemente
contentos porque el AVE se hará y es algo que Cataluña estaba esperando
hace mucho tiempo.
No tengo nada en contra de los andaluces, y mucho menos de mis
compañeros, pero también era ya hora de que alguien se acordara de
Cataluña, y ése ha sido el Gobierno del Partido Popular. (Aplausos en los
escaños del Grupo Parlamentario Popular.)
Muchas gracias, señora Presidenta.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, Senador Luna.
Terminado el turno de portavoces, vamos a proceder a la votación de la
moción.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 222; a
favor, 104; en contra, 115; abstenciones, tres.
La señora PRESIDENTA: Queda rechazada.
--DEL GRUPO PARLAMENTARIO CATALAN EN EL SENADO DE CONVERGéNCIA I UNIO POR
LA QUE SE INSTA AL GOBIERNO A QUE EN LOS TRENES DE LARGO RECORRIDO DE LA
RED NACIONAL DE LOS FERROCARRILES ESPAÑOLES (RENFE) QUE ATRAVIESEN
TERRITORIOS CON DIVERSAS LENGUAS OFICIALES LOS ANUNCIOS QUE SE REALICEN A
TRAVES DE ALTAVOZ SEAN PRONUNCIADOS EN DICHAS LENGUAS (662/000195).
La señora PRESIDENTA: Pasamos a la siguiente moción del Grupo
Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió por la que se
insta al Gobierno a que
en los trenes de largo recorrido de la Red Nacional de los Ferrocarriles
Españoles que atraviesen territorios con diversas lenguas oficiales los
anuncios que se realicen a través de altavoz sean pronunciados en dichas
lenguas.
Para la defensa de la moción, tiene la palabra el señor Varela.
El señor VARELA I SERRA: Muchas gracias, señora Presidenta.
La cuestión que se somete a la aprobación de sus señorías con esta moción
es muy sencilla. (Rumores.)
La señora PRESIDENTA: Senador Varela, le ruego espere un momento.
Señorías, por favor, guarden silencio.
Continúe, Senador Varela.
El señor VARELA I SERRA: Se trata, señorías, de que RENFE recupere su
buena tradición anterior de emitir sus avisos, sus anuncios por los
altavoces en los trenes de largo recorrido, por ejemplo, en el Talgo, en
las diferentes lenguas oficiales que va a recorrer el tren durante su
trayecto. Así, por ejemplo, si un tren va de Madrid a A Coruña debería
volver a emitir sus comunicados en castellano y en gallego. Era éste un
excelente hábito que contribuía a la normalización lingüística de este
país, al reconocimiento real de la pluralidad lingüística del Estado.
Estos avisos plurilingües eran para los ciudadanos de las diversas
nacionalidades de España una muestra de respeto y para el resto de
españoles que viajaban era una sencilla manera de acostumbrarse con
normalidad a tomar conciencia de la riqueza lingüística común.
Lamentable, inexplicable y sorprendentemente tal buena costumbre se ha
perdido desde hace unos meses. Este paso atrás es un error enorme, y por
eso se trata en esta moción de instar al Gobierno, que quizá no se ha
percatado de esta decisión, que reconsidere tal medida de RENFE y podamos
volver cuanto antes a la normalidad anterior.
Espero que esta vez el portavoz del Grupo Parlamentario Popular en su
intervención no me diga lo mismo que en el anterior Pleno, respecto a
otra moción que presenté, de que se trata de una petición aldeana
--seguramente lo dijo con cariño-- cuando yo pedía más inversión
científica para Cataluña. Entonces me apoyé en el Informe Mundial de la
Ciencia de la UNESCO que avala, como indiqué en aquel momento, la riqueza
y el estímulo que representa para la investigación potenciar la que se
hace en los pequeños territorios. De la misma manera, ahora, para
protegerme de estos socorridos comentarios he acudido a la respuesta que
el Comité de Ministros del Consejo de Europa ha dirigido a la Asamblea
parlamentaria en respuesta a un informe que ésta aprobó el año pasado
sobre la diversidad lingüística. En la respuesta oficial del Comité de
Ministros --por tanto, del Gobierno español que también la asume-- se
dice exactamente lo siguiente: La diversidad lingüística constituye un
rico patrimonio cultural que hace falta salvaguardar y proteger. Los
trabajos del Consejo de Europa --sigue la carta del Comité de Ministros--
son testimonio de la voluntad de los Estados miembros de salvaguardar la
riqueza y la variedad de las lenguas y las culturas que constituyen el
hecho específico de Europa.
Es un poco cansino, señorías, y hasta cierto punto decepcionante, tener
que estar recordando casi a cada momento estos principios, pero la
realidad es la que es, y nuestra obligación es intentar modificarla
cuando evoluciona de manera que consideramos insatisfactoria o no
satisfactoria.
Tampoco pedimos aquí nada aldeano, sino algo totalmente en sintonía con
el espíritu europeo y con el espíritu más universal porque, señorías, las
grandes palabras se han de concretar, aunque sea en hechos pequeños y
modestos, en hechos que sean palpables, y el que proponemos en la moción
es un hecho palpable. Así, la misma carta del Comité de Ministros
dirigida a la Asamblea del Consejo de Europa un poco más abajo señala que
las lenguas y la competencia lingüística son entidades dinámicas cuya
preservación exige que sean cuidadas de manera activa.
Además, señorías, nuestro Grupo pide en esta moción algo bastante común
afortunadamente en Europa, una Europa de la que estamos orgullosos de
pertenecer, pero, a veces, no somos demasiado diligentes en aplicar sus
principios y procedimientos.
El pasado fin de semana, señorías, asistí en Helsinki a una reunión
relacionada con los trabajos del Consejo de Europa formando parte de la
delegación española. En el aeropuerto de Helsinki los altavoces dan los
anuncios en finlandés y en sueco, a pesar de que en Finlandia la
población sueca no llega al seis por ciento, pues en total no debe llegar
a 300.000 el número de personas que hablan sueco en Finlandia. Sin
embargo, en Helsinki los anuncios por los altavoces se dan en sueco y en
finlandés.
En el avión de Finnair --tengo aquí la carta-- el menú está en finlandés
y en sueco. E1 avión de regreso se paraba en Bruselas. En Bruselas los
anuncios se dan en francés y en flamenco. Por tanto, señores, lo que
pedimos es una cosa absolutamente europea y universal.
Pido el apoyo de sus señorías a esta cuestión y solicito que no se
considere un tema menor, sino un tema importante porque es simbólico. Es
un tema que ha de servir, en definitiva, para evaluar la sensibilidad
real del Gobierno hacia la diversidad cultural y lingüística de España.
Tal vez es interesante --y con esto acabaré, señorías-- releer la
reflexión --y casi una advertencia-- que hace el Comité de Ministros en
esta citada carta --al final de la misma-- a la Asamblea. Dice lo
siguiente: El Comité de Ministros del Consejo de Europa --y, por tanto,
España está incluida-- reafirma su convicción de que las lenguas
regionales y minoritarias son de una gran importancia, no solamente para
preservar el patrimonio cultural europeo, sino también para favorecer la
tolerancia, la mutua comprensión y la estabilidad democrática en los
Estados europeos. Aquí acaba la cita.
Si a todo ello añadimos el hecho, que además debería ser el argumento
principal, de que en nuestra Constitución figura la obligación del Estado
de velar por la protección y fomento de las diversas lenguas que se
hablan en España, deseo y espero que habré dado elementos suficientes
para conseguir que tal moción sea aprobada y que, en consecuencia,
el avance conseguido en RENFE años atrás y que fue entonces aplaudido sea
afortunadamente recuperado.
Muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, Senador Varela.
¿Desea alguien intervenir en el turno en contra de la moción? (Pausa.) En
turno de portavoces, tiene la palabra por el Grupo Parlamentario Mixto el
Senador Román.
El señor ROMAN CLEMENTE: Gracias, señora Presidenta.
Intervengo con igual brevedad que en la ocasión anterior para decir que
vamos a votar favorablemente el contenido de la moción.
Gracias, señora Presidenta.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, Senador Román.
En nombre del Grupo de Senadores Nacionalistas Vascos, tiene la palabra
el Senador Martiarena.
El señor MARTIARENA LIZARAZU: Gracias, señora Presidenta.
Creo que no merece la pena redundar más en las argumentaciones a favor de
un asunto tan claro como éste y con la exposición tan rotunda que ha
hecho el Senador que la ha presentado. Simplemente quiero mostrar el
apoyo de mi Grupo a la moción.
Muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, Senador Martiarena.
¿Desea intervenir el señor Varela por el Grupo Parlamentario Catalán en
el Senado de Convergència i Unió? (Pausa.)
Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el Senador Armet.
El señor ARMET I COMA: Gracias, señora Presidenta.
Señorías, esta tarde asistimos a un gran debate, como dicen algunos, de
un calado institucional de primera magnitud, con relación a la voluntad
de instar a las Comunidades Autónomas y decirles lo que tienen que hacer,
con lo cual seguramente se ha producido uno de los atentados políticos
más importantes en el último período al autogobierno de las autonomías, y
después entramos en un tema que parece poco importante, pero es de gran
sensibilidad.
Me gustaría unir ambos temas brevemente en mi comentario, porque estamos
ante una carencia de sensibilidad autonómica. Y ésta es una Cámara de
representación autonómica que lo que tiene que hacer son movimientos de
afirmación, de profundización, de seguridad, de confianza y, lógicamente,
de resaltar las diferencias para encontrar aquellos puntos en común que
nos pueda permitir a todos ver dónde estamos y cómo avanzamos de una
forma armónica y positiva.
En este caso, nos encontramos ante un hecho que si algún Senador ha dicho
que son políticas aldeanas, a partir de la Constitución española, como
ésta ampara las lenguas españolas que son habladas en las distintas
Comunidades Autónomas, nos dice de forma muy taxativa que deben ser
objeto de especial protección y respeto, un principio fundamental que
otras Constituciones no tienen, y gracias a este principio, desde esta
Cámara se ha avanzado positivamente defendiendo en instancias europeas lo
que son las posiciones de las lenguas minoritarias europeas, y
curiosamente en España tenemos el orgullo de poseer seguramente la lengua
minoritaria no oficial estatal más importante de Europa, de la misma
forma que tenemos lenguas con una significación, una potencia y una
exclusividad, como es el vasco, que son patrimonio de la humanidad y que
deberían ser respetadas e impulsadas por todo el mundo.
Por tanto, desde este punto de vista, nosotros lo que decimos es que no
podemos retroceder en estos asuntos. Lo que no puede ser es que se
produzca un retroceso, lo que debe haber es una extensión y normalización
de las lenguas en el conjunto de instancias del servicio público; lo que
es dramático es que cuando se produce un elemento de retroceso, no se
reaccione, lo que quiere decir que estamos entrando en una fase que
posiblemente en algunos sectores empiezan a expresar sensibilidades
inequívocamente antiautonomistas, yo no digo centralistas porque a mí el
jacobinismo y el centralismo bien entendidos en determinados aspectos
hasta me pueden parecer razonables. Lo que no tiene ningún sentido es
empezar procesos de desconfianza hacia lo que forma parte de nuestro
ordenamiento constitucional y que nosotros nos hemos dotado como tales. A
partir de aquí, hemos de saber potenciar la autonomía local, la autonomía
que corresponde a nuestro cuerpo constitucional y, lógicamente, el nuevo
sentido de Estado que se deriva de nuestra Constitución.
Dicho esto, me gustaría decir con toda cordialidad, que el Grupo
Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió --y tengo un
gran respeto al Senador Varela, como a todos los Senadores, y cuando toca
estos temas me une a él una sensibilidad común-- es cierto que ha firmado
un de investidura y gobernabilidad. Y este acuerdo debe servir para crear
unos mecanismos de mutua confianza. Y yo quiero lanzar una espada a favor
de la mayoría del Grupo mayoritario, porque estoy convencido de que
también tiene y debe tener esta sensibilidad; en caso contrario, no
habríamos avanzado colectivamente como deberíamos haberlo hecho dentro de
un marco constitucional y estaríamos asistiendo a un proceso de
retroceso.
Desde este punto de vista, un tema aparentemente menor, no por su
significación porque no se puede retroceder, y en esto estoy de acuerdo,
debe tener lógicamente un vehículo normalizado de comunicación con el
Gobierno, una llamada telefónica, un contacto, etcétera. Y esto se
arregla inmediatamente; y si no es así surge un conflicto
político-institucional de primera magnitud. Entonces estaríamos ante un
tema que convendría rectificar; exigiríamos la rectificación de políticas
de gobierno ante un Gobierno
que no es sensible a una rectificación cuando se produce un retroceso en
estos campos.
Para terminar, quiero decir que vamos a dar apoyo a una moción que nos
gustaría que no se hubiera presentado porque da una sensación de
debilidad, de retroceso, de ruptura de acuerdo con la lógica anterior,
parece que damos pasos hacia atrás, en vez de afirmar, confirmar,
normalizar, extender dentro del sector público la realidad lingüística en
el conjunto del Estado, y creo que esto último es realmente positivo.
También nos hubiera gustado que el Grupo Parlamentario Catalán en el
Senado de Convergència i Unió jugara este papel de mediador en temas en
los que por parte del Gobierno posiblemente no existe la sensibilidad
suficiente. Hoy hemos tenido una prueba muy alarmante de una posición
gubernamental que situaba a esta Cámara por encima del conjunto de las
autonomías e instaba a las mismas. Es lógico que desde abajo se inste a
poderes superiores con un marco de competencia superior, pero no es
normal y, si me permiten, no es legítimo democráticamente hablando que se
inste a políticas ejecutivas limitando el marco de potencialidad que
representa nuestro marco político del que todos nos hemos dotado.
Ustedes nos van a encontrar siempre al lado de políticas de impulso real,
de extensión del hecho lingüístico, con una normalización y una
tranquilidad, que es como se hacen siempre estas cosas, evitando siempre
las batallas de lengua porque son batallas de sentimientos y negativas y
cuyo saldo nunca es bueno para nadie. Por tanto, apoyamos, como en su
momento apoyamos una moción importante de la Senadora Virgili defendiendo
las lenguas minoritarias de Europa, pidiendo la ratificación por parte
del Ejecutivo de este convenio tan importante y que Senadores de esta
Cámara ayudaron a crear.
En este espíritu nos van a encontrar siempre, y quiero que vean en mi
intervención una intervención de sinceridad institucional y de sinceridad
política.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señoría.
Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el Senador Ferrer.
El señor FERRER ROSELLO: Senador Armet, la Infantería de Marina
portuguesa inscribe en sus cuarteles una frase que dice: pregúntale al
enemigo quiénes somos. Recuérdeme que no le pregunte nunca su opinión
sobre nosotros, señor Senador.
Hay quien puede que piense que una moción sobre ferrocarriles y sobre
lengua es una cuestión menor, una cuestión incidental. Usted y yo sabemos
que esto no es así, porque sólo lo que forma parte de la vida cotidiana
de los ciudadanos acaba siendo real, y todo lo demás da como mucho para
una tesis doctoral.
La moción está indudablemente meditada, y estoy seguro de que a la hora
de redactar el texto su señoría ha tenido en cuenta diversos factores.
Estoy seguro de que ha tenido en cuenta y es conocedor de la entrada en
vigor el pasado mes de junio del Manual de comunicaciones y mensajes a
bordo que rige todo este tipo de cuestiones en los antiguamente
denominados trenes de largo recorrido. Tampoco me cabe la menor duda de
que ha tenido también en cuenta los objetivos que perseguía la
implantación de ese manual, y que no son otros que mejorar la
información, adaptar los textos y los mensajes a los nuevos usos y
costumbres del lenguaje y simplificar en los mismos las molestias que
producían textos muy largos, muy reiterados y traducidos en diversas
lenguas. Todo ello estaba pensado, teóricamente, en beneficio del
usuario.
También estoy convencido de que su señoría coincidirá conmigo en que ésta
es, en principio, una filosofía racional que está de acuerdo con los usos
y costumbres en el resto de compañías ferroviarias europeas. Cabe decir,
además, que en este momento las lenguas reconocidas en cada Estatuto de
Autonomía están siendo utilizadas en nuestros ferrocarriles,
especialmente en las fórmulas de bienvenida, en aquellos trenes que
tienen su origen en Comunidades con un idioma propio, en las de despedida
cuando tienen su llegada a esas Comunidades y, por supuesto, en los
anuncios de parada, en los que se utiliza siempre la toponimia oficial.
Podríamos concluir que en la práctica totalidad de los anuncios
ordinarios que se dirigen al usuario en los ferrocarriles de cada uno de
los territorios que cuentan con lengua reconocida se está utilizando esta
lengua.
Respecto de los anuncios extraordinarios, creo que su señoría coincidirá
conmigo en que cuantos menos haya mejor, y en que si en cualquier caso
oyéramos el grito de: ¡Fuego!, ni su señoría ni yo esperaríamos a la
traducción para abandonar el vagón. Lo haríamos, indudablemente, con la
celeridad propia de estos casos.
Pero si no cabe la menor duda de que su señoría ha tenido en cuenta estos
factores, estoy seguro también --sin minusvalorar, por supuesto, la
opinión del resto de grupos políticos-- de que ha tenido muy en cuenta la
posición del Grupo Popular respecto de esta cuestión, y es que el Senador
Varela conoce la sensibilidad del Partido Popular en este tema.
Compartimos su preocupación y su interés por preservar --cito el texto de
la moción-- la realidad plurilingüística de España por muchas razones. En
primer lugar, porque, como bien apunta en su moción, el plurilingüismo
es, ante todo, una realidad en España, y cualquier política que pretenda
resultar razonable debe encontrar su esencia última precisamente en esa
sabia administración de lo que es real. Además, coincidimos en que es una
realidad enriquecedora. Los españoles gozamos de la fortuna de contar con
una realidad lingüística plural que responde a la diversidad del país,
diversidad que creo es la misma esencia de lo español. Por tanto, esta
situación tan sólo cabe interpretarse en clave de privilegio, y así la
interpreta el Partido Popular.
Por otra parte, las distintas lenguas oficiales que junto con el
castellano están reconocidas por los Estatutos de Autonomía, constituyen,
sin lugar a dudas, una parte fundamental del patrimonio cultural, pero no
únicamente del de aquellos territorios en que estas lenguas son habla
común, sino del común de todos los españoles.
No es menos importante tampoco, como bien apunta su señoría al tratar de
lenguas reconocidas por los diferentes Estatutos de Autonomía, que éstos
forman parte del bloque constitucional y que, por tanto, estas lenguas
gozan del especial
amparo de la Constitución, lo que obliga a los poderes públicos a
realizar un esfuerzo extraordinario por cuidar y salvaguardar esta parte
fundamental de nuestro acervo cultural, buscando, eso sí, el sabio
equilibrio entre las ventajas que ofrece una lengua común y las que
depara el disfrute de la realidad plural de la que nos beneficiamos
todos.
Señoría, ésta es nuestra opinión y, por tanto, precisamente porque
entendemos que tan sólo lo que es cotidiano es real, y que tan sólo lo
que es cotidiano acaba siendo sensatamente admitido por la generalidad de
los ciudadanos, vamos a apoyar la moción sin lugar a dudas.
Muchas gracias. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario
Popular.)
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, Senador Ferrer.
¿Puede darse por aprobada la moción por asentimiento? (Pausa.)
Queda aprobada por unanimidad. (Aplausos.)
--SOLICITUD AL PLENO DE LA CAMARA DE AMPLIACION DEL OBJETO DE ESTUDIO DE
LA COMISION ESPECIAL SOBRE LA MANIPULACION GENETICA CON FINES DE
PRODUCCION DE ALIMENTOS (650/000009).
La señora PRESIDENTA: Pasamos al siguiente punto del orden del día. Punto
quinto: Solicitud al Pleno de la Cámara de ampliación del objeto de
estudio de la Comisión Especial sobre manipulación genética con fines de
producción de alimentos.
Veintiséis Senadores solicitan al Pleno de la Cámara la ampliación del
objeto de estudio de la Comisión citada al control de calidad y seguridad
alimenticia, de modo que su nueva denominación sería la siguiente:
Comisión Especial de estudio sobre la situación actual, las perspectivas
y las repercusiones en la salud y en el medio ambiente de la manipulación
genética con fines de producción de alimentos, y sobre el control de
calidad y seguridad alimenticia.
Para la defensa de la solicitud, en nombre de los Senadores firmantes,
tiene la palabra la Senadora Coloma por tiempo de diez minutos.
La señora COLOMA PESQUERA: Gracias, señora Presidenta.
Señorías, la alimentación es uno de los factores que con más seguridad e
importancia condicionan no solamente el bienestar físico, sino la salud,
el rendimiento, la productividad de los hombres, el desarrollo de las
colectividades y sus posibilidades de mejora en el futuro.
La alimentación es un fenómeno social que se manifestó en las primeras
épocas de la historia del hombre. La comida es, en efecto, un acto social
y, en la mayoría de los grupos humanos, un momento de reunión con el que
expresamos amistad, convivencia, etcétera. En nuestra sociedad las
celebraciones familiares y las reuniones de negocios se suelen realizar
en torno a la mesa. La obtención, preparación y consumo de alimentos en
una sociedad refleja no solamente la cultura, sino las condiciones
ecológicas de existencia de sus componentes.
E1 cuerpo humano es una máquina de combustión interna que necesita de un
combustible, que denominamos alimento, para producir energía y
desarrollar una actividad. De ese alimento que el hombre necesita no es
solamente importante --ni muchísimo menos-- la cantidad, sino que es
igualmente imprescindible reparar en su calidad. No hay ningún factor
aislado que ejerza tanta influencia sobre la salud y, en consecuencia,
sobre la vida como los alimentos. Por tanto, constituye un elemento
esencial entre todos los que inciden en la calidad de vida de las
comunidades.
La alimentación es la forma y manera de proporcionar al cuerpo humano
sustancias que le son indispensables para mantener la salud y la vida;
tales sustancias son denominadas alimentos. Asimismo, entendida como un
conjunto de actividades que sirve para seleccionar las sustancias
nutritivas, está relacionada a su vez con diferentes sectores: la
agricultura, la ganadería, la pesca, la industria, los almacenes
alimentarios, las tiendas de alimentación y demás establecimientos
comerciales y sociales que elaboran comidas. En todos ellos se debe
asegurar el control sanitario de los alimentos, así como garantizar la
calidad y seguridad de todos los productos que se consumen.
Entendemos por control de calidad alimentaria el control de la adecuación
de los productos alimentarios a las normas que regulan sus
características, procedimientos de elaboración y etiquetado.
El pasado día 23 de marzo de este año aprobamos en el Pleno de esta
Cámara, con la aquiescencia de todos los grupos políticos, la creación de
una Comisión Especial de estudio sobre la situación actual, las
perspectivas y las repercusiones en la salud y en el medio ambiente de la
manipulación genética con fines de producción de alimentos.
Todos coincidíamos en señalar que hay un debate en la sociedad y que
preocupa de forma importante a los consumidores y a la sociedad en su
conjunto. La causa puede estar en el desconocimiento, por falta de
información, de lo que son estos organismos modificados genéticamente, o
por otros muchos factores que en esta Comisión estamos estudiando y
escuchando de los comparecientes, todos ellos conocedores y preocupados
por el asunto en cuestión.
Hoy la propuesta que, desde el Grupo Parlamentario Popular, hago al Pleno
de esta Cámara es ampliar el objeto de estudio de la citada Comisión
Especial; ampliarlo al control de calidad y seguridad alimentaria. Todo
ello, para que los consumidores tengamos la garantía de que aquello que
consumimos cumple con los controles de calidad y seguridad alimentaria y
se eviten situaciones de alarma en los ciudadanos y --por qué no decirlo
también-- grandes fluctuaciones en los mercados que repercuten de forma
negativa en la economía de determinados sectores de producción y
comercialización.
Es importante tener en cuenta toda la red de comercialización del
alimento: lo referente a la producción, obtención, comercialización y
distribución, porque de todo ello depende que el alimento llegue en
buenas condiciones higiénicas y sanitarias al consumidor.
El pasado mes de junio tuvimos conocimiento de un episodio bastante
desagradable que ocurrió en la Unión Europea, una presunta contaminación
de pollos, que posteriormente se hizo extensible a derivados y,
finalmente, a todos los productos de origen animal procedentes de
Bélgica, incluyendo los productos de acuicultura y piscifactorías, ante
la eventualidad de que pudieran haber sido alimentados con piensos
contaminados por dioxinas.
Pocos días después era una famosa bebida, la Coca-Cola, la que estaba
contaminada, si bien es verdad que no la española, pero se tuvieron que
tomar por parte del Ministerio de Sanidad y Consumo las medidas oportunas
para retirar del mercado y de los almacenes todas las Coca-Colas que no
tuvieran etiqueta en castellano. Todo ello, como en otros casos
similares, provocaba situaciones de alarma en la población,
desorientación, preocupación e inseguridad con respecto a lo que
consumimos y, a su vez, una disminución del consumo y pérdidas económicas
en productores y comerciantes, que la mayor parte de las veces actúan
correctamente.
Por ello, entendemos que lo que debemos hacer no es sembrar la confusión,
sino difundir todos los conocimientos que tengamos en cuanto a control y
seguridad alimentaria, así como las medidas de protección de la salud
para que no se creen alarmismos.
La propuesta de ampliación de esta Comisión Especial debe responder al
estudio, por parte de la misma, de las siguientes cuestiones: En primer
lugar, conocer qué normativas legales, tanto a nivel comunitario como a
nivel del Estado español y de las Comunidades Autónomas, ya que gran
parte de estas materias están transferidas a las mismas, y son por las
que nos regimos para asegurar el mayor nivel de protección a los
consumidores. En segundo lugar, conocer qué pruebas científicas y qué
controles analíticos, actualizados en materia de higiene, control y
seguridad de alimentos y bebidas, se llevan a cabo por los servicios
correspondientes desde que el alimento se produce hasta que llega a las
manos de los consumidores. En tercer lugar, elaborar unas conclusiones
que garanticen y refuercen los controles que afectan a la producción, a
la calidad de las materias primas para la elaboración de los piensos que
se destinan al engorde de animales a lo largo de toda la cadena
alimentaria, así como al producto final, que es el alimento.
Nuestro grupo acoge con satisfacción --con enorme satisfacción-- la
aprobación de una propuesta surgida del último debate sobre el Estado de
la Nación con el fin de que se constituya en España una agencia para la
seguridad alimentaria, que servirá para garantizar ese derecho de los
consumidores, que somos todos, al control de calidad de los alimentos y,
en definitiva, a la protección de la salud.
Aprovechemos esta Comisión Especial de Estudio para elaborar un trabajo
serio y riguroso como consecuencia de las aportaciones de todos aquellos
comparecientes expertos y conocedores del tema y de otras muchas personas
que puedan aportar luz a la cuestión de una manera tranquila y reposada.
Si conseguimos esto, habremos aportado a la sociedad una mayor
tranquilidad, información y transparencia, y elevaremos su nivel de
bienestar.
Por todo ello, espero su voto favorable para la ampliación de dicha
Comisión al control de calidad y seguridad alimentaria.
Muchas gracias, señora Presidenta; gracias, señorías. (Aplausos.)
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, Senadora Coloma.
¿Turno en contra? (Pausa.)
Pasamos al turno de portavoces.
¿Grupo Parlamentario Mixto? (Pausa.)
¿Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos? (Pausa.)
Por el Grupo Catalán en el Senado de Convergència i Unió, tiene la
palabra el Senador Beguer.
El señor BEGUER I OLIVERES: Muchas gracias, señora Presidenta.
Señorías, hace ya seis meses --la Senadora Coloma nos ha indicado la
fecha exacta-- que se aprobó en el Pleno del Senado la creación de una
Comisión Especial sobre la manipulación genética con fines de producción
de alimentos.
El debate político y social que ha llegado hasta las más altas instancias
de la Unión Europea aconsejaban un estudio sosegado y profundo, en el que
el Senado podía ser un eficaz punto de estudio y de reflexión.
La información, la publicidad, el etiquetado, la preservación del medio
ambiente, la conservación de la biodiversidad, así como el estudio de
posibles efectos indeseados sobre organismos, daban pie a un estudio que
consideramos de mucho interés. La propuesta del Grupo Parlamentario
Socialista de crear esta Comisión se aprobó por unanimidad. En el
desarrollo de la misma debían hablar científicos, ecologistas,
agricultores, sociólogos, detallistas, investigadores, consumidores,
etcétera.
Los trabajos de la Comisión no se iniciaron hasta después de vacaciones,
concretamente el 7 de septiembre, es decir, en el actual período de
sesiones. Podemos asegurar que las dos sesiones efectuadas de la
Comisión, hasta el momento, han sido de sumo interés. El tema requiere un
debate amplio, contrastar criterios --a veces contrapuestos-- de los que
tenemos la obligación de extraer conclusiones que aporten alguna luz .
Por parte de los portavoces de los grupos mayoritarios, hace pocas
semanas, se cuestionó la viabilidad de llevar a cabo, y a buen fin, los
trabajos y realizar el correspondiente informe por hallarnos cerca del
fin de la legislatura. Saben los portavoces de ambos grupos mayoritarios
que este Senador se declaró firme partidario de acelerar los trabajos en
la medida de lo posible, para no dejarlos interrumpidos y evacuar el
preceptivo informe antes de finalizar el actual --y último de la
legislatura-- período de sesiones.
Poco diría en favor de esta Cámara que, deliberadamente, no se acabasen
los trabajos de una Comisión Especial, creada para tratar un tema que
está en debate en la sociedad española y en todo el mundo avanzado.
Ampliar el objeto de la Comisión Especial --como nos ha propuesto la
Senadora Coloma, en representación del Grupo Parlamentario
Popular-- introduciendo el control de calidad y la seguridad alimenticia
supondría claramente dejar los trabajos de la Comisión a medias, por muy
interesante e importante que pueda ser la ampliación que se nos propone.
¿Cómo es posible pretender ampliar los fines de la Comisión y cerrar los
trabajos en dos meses? Estoy hablando de una Comisión que fue creada hace
seis meses, con un intervalo en julio y agosto.
La Senadora Coloma nos ha expuesto con detalle las funciones que tendría
que ejercer la Comisión, como si faltasen dos años para finalizar la
legislatura. El programa de sesiones de la Comisión, condicionado por los
Plenos y demás actividades de la Cámara --estando, además, a punto de
debatir los Presupuestos Generales del Estado-- imposibilita totalmente
llevar a cabo el número de comparecencias y estudios necesarios para
ampliar el objeto de la Comisión y efectuar el informe final, debatirlo,
presentar enmiendas y proponer su aprobación a la Comisión y al Pleno
antes de Navidad.
El Grupo Parlamentario Popular no nos ha explicado cuáles son las
motivaciones últimas que le han conducido a proponer la ampliación del
objeto de la Comisión.
Mi Grupo no puede apoyar la propuesta porque ello sería contribuir
deliberadamente a disminuir --por no decir desactivar-- las actividades y
fines para los que fue creada la Comisión.
Nada más, muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, Senador Beguer.
Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el Senador Aleu.
El señor ALEU I JORNET: Muchas gracias, señora Presidenta.
Nos encontramos en la necesidad de pronunciarnos respecto de la
ampliación de los objetivos de la Comisión Especial de estudio sobre la
situación actual, las perspectivas y las repercusiones en la salud y en
el medio ambiente de los organismos modificados genéticamente, al del
control de calidad y seguridad alimenticia. Yo tengo que serle sincero,
leído el papel, dudaba. He escuchado a la Senadora y creo que me ha
convencido, pero me ha convencido de que a lo mejor es necesario crear
una comisión nueva. Es decir, no ponemos en duda que la seguridad
alimentaria merece un estudio por parte del Senado creemos que lo puede
merecer, a pesar de que las competencias en alimentación están
transferidas a todas las Comunidades Autónomas, pero pensamos que la
agencia, que se debe crear porque obedece a un acuerdo fruto del debate
sobre el estado de las autonomías, puede ser una solución.
Ahora bien, como ya se ha explicado, la Comisión sobre los organismos
modificados genéticamente ha empezado a andar y las comparecencias,
coincido con los dos oradores que han intervenido antes, han sido muy
interesantes. Nos han dado una consideración más precisa de lo que
nosotros podíamos pensar. En concreto, este portavoz ha elaborado unas
conclusiones preliminares, que no tienen nada que ver con las que podamos
sacar. Estas conclusiones son, en primer lugar, que la investigación en
biotecnología y en genética no es una imposición de las multinacionales,
ni propia de Estados Unidos. La primera planta modificada genéticamente
es producto de la investigación en la Universidad de Gante, en Flandes,
Bélgica. Muchos investigadores europeos han contribuido al avance de esta
práctica. La segunda constatación, y para ello fue crucial la
comparecencia de don Daniel Ramón, es que en nuestro país en estos
momentos hay muchísimas líneas abiertas de investigación en modificación
genética y muchos científicos trabajando e investigando en mejorar
plantas con las tecnologías de ingeniería genética. La tercera
constatación es que la inmensa mayoría de estos trabajos se está
realizando en el sector público: universidades, Centro Superior de
Investigaciones Científicas, Instituto Nacional de Investigaciones
Agrarias y sus homólogos en las Comunidades Autónomas. Es decir, el peso
de la investigación se está pagando con dinero público. También hasta
este momento hemos constatado que no se ha debatido suficientemente la
cuestión de los riesgos, sobre todo, de los riesgos medioambientales. La
última constatación es que esta Comisión ha despertado expectación y
esperanza en el conjunto de la sociedad española, entendiendo que es en
el seno de esta Comisión donde se puede producir un debate, sereno,
tranquilo, equilibrado, donde pueden comparecer todas las personas que
tengan algo que decir o que quieran decir algo sobre los transgénicos, y
esta esperanza debe continuar latente en la sociedad española.
Ahora bien, la mezcla de ingeniería genética con la seguridad y calidad
alimentaria, es decir, acabaremos hablando de la salmonelosis, de las
dioxinas, o de la enfermedad espongiforme bovina, no será bien recibida
por el sector que está trabajando en el asunto. Pero, además, nos hacemos
otras preguntas: ¿Entenderán los consumidores que se ponga en un mismo
saco los problemas clásicos de seguridad alimentaria con los nuevos que
pueden tener los alimentos modificados genéticamente? ¿Son los mismos
riesgos? ¿Son suficientemente específicos e importantes como para
mantenerlos en un estudio único o los juntamos con los riesgos clásicos?
¿Van a manifestarse satisfechas las organizaciones ecologistas con el
tratamiento que hemos hecho de los riesgos medioambientales? ¿Debemos
asumir el riesgo, como ya dice alguna organización ecologista, de que
esta Comisión sea tachada de fantochada con la que hacemos de pantalla a
los intereses del sector de producción y a las multinacionales?
Entonces, y si además conocemos el compromiso que tiene el Gobierno de
crear una agencia para el control de la calidad alimentaria y que ha sido
anunciado por el Ministerio en sede parlamentaria, ¿por qué se hace esta
propuesta? Sencillamente, no lo entendemos. Y como no entendemos las
bondades de la propuesta, no la vamos a votar favorablemente.
Pero, además, hay otra valoración que quiero que hagan. Esta Cámara se ha
caracterizado por tener Comisiones de Investigación con un prestigio
considerable. En esta Cámara se produjo en los primeros momentos de la
democracia un informe sobre la investigación científica y el desarrollo
tecnológico y más recientemente se han realizado
informes sobre la drogodependencia, sobre los incendios forestales, sobre
la violencia en el deporte, y mucho más recientemente, en la anterior
Legislatura, sobre los contenidos televisivos. Todos ellos han dado
prestigio a la Cámara. Por el contrario, no tengo claro, en absoluto, que
el añadir objetivos a la finalidad de estudio concreto de los organismos
modificados genéticamente dé ningún prestigio a esta Cámara.
Por estos motivos, nuestro Grupo va a votar en contra de la propuesta de
modificación.
Muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señoría.
Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra la Senadora Coloma.
La señora COLOMA PESQUERA: Gracias, señora Presidenta. Gracias, señorías.
La verdad es que no entiendo ninguno de los planteamientos que han
manifestado para oponerse a la ampliación de esta Comisión tanto el
Senador Beguer, del Grupo Parlamentario de Convergència i Unió, como el
Senador Aleu, representante del Grupo Socialista.
En primer lugar, Senador Beguer, usted argumenta que no puede aceptar que
esta Comisión se amplíe al control de calidad y seguridad de alimentos, y
el motivo que aduce para ello es que no se van a acabar los trabajos en
esta legislatura. Ante eso, he de decirle que intentaremos acabarlos,
pero lo que sí hemos manifestado, creo que no sólo mi Grupo, sino todos
los Grupos Parlamentarios, es que se ha hecho un trabajo serio y riguroso
y que a cuantos comparecientes tengamos la oportunidad de escuchar,
mejor, porque cuantas más aportaciones haya en este campo será mucho más
positivo. Por tanto, debo manifestarle, de verdad, que me parece muy poco
acertado por su parte el negarse a que se amplíen los trabajos de la
Comisión al control de calidad y seguridad alimentaria.
Senador Aleu, debo decirle que tampoco entiendo que haya que crear una
comisión especial distinta de la que tenemos, ya que, tanto en la
Comisión Especial ya creada, como en la propuesta, el fin último es la
producción de alimentos. Y si no recuerdo mal --y, además, leo palabras
textuales de cuando usted presentó precisamente en este Pleno la creación
de esta Comisión Especial--, su señoría decía que lo que debía tratar
esta Comisión era, en primer lugar, la seguridad alimentaria, de manera
que el alimento no sea tóxico, no sea alergénico y tenga una composición
nutricional idéntica a aquel del que proviene. No entiendo, entonces, a
qué viene ahora el no admitir que se amplíen los trabajos a seguridad y
control de todos los alimentos.
Dice usted que otro de los motivos es que esta materia está transferida a
las Comunidades Autónomas. Efectivamente, y nosotros no vamos a restar a
las Comunidades Autónomas las competencias que tienen en esta materia, ni
muchísimo menos. Esto es otra cosa distinta. Creo que usted conoce muy
bien lo que significan las comisiones especiales de estudio. Precisamente
son comisiones de estudio, no son de otra cosa.
Respecto a la Agencia de Seguridad Alimentaria, quisiera hacerle
simplemente una apreciación para que conste en Acta. Usted dice que se
aprobó en el debate del Estado de las Autonomías y creo que es en el del
Estado de la Nación.
Mi Grupo entiende que esta ampliación es oportuna y, además, necesaria en
el seno de esta Comisión. Hemos podido oír a algunos de los científicos
que han comparecido en nuestra Comisión que, como muy bien sabe, existe
el mismo riesgo en los organismos modificados genéticamente con
producción de alimentos que en otro tipo de alimentos. Además, el que se
amplíe la mezcla de los primeros con los segundos será comprendido tanto
por parte de los consumidores, como de los ecologistas, como de cualquier
organización de la sociedad, siempre que sepamos dirigir esta Comisión
hacia la realización de un trabajo serio que garantice la seguridad, la
tranquilidad y la transparencia para todos los consumidores, que somos
todos nosotros.
Nada más y muchas gracias. (Aplausos en los escaños del Grupo
Parlamentario Popular.)
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, Senadora Coloma.
Vamos a proceder a la votación.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 223; a
favor, 128; en contra, 94; abstenciones, una.
La señora PRESIDENTA: Queda aprobada la solicitud de ampliación del
objeto de estudio de la Comisión mencionada.
CONOCIMIENTO DIRECTO POR EL PLENO DE PROYECTOS Y PROPOSICIONES DE LEY
REMITIDOS POR EL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS:
--PROYECTO DE LEY SOBRE CONCESION DE VARIOS CREDITOS EXTRAORDINARIOS EN
EL PRESUPUESTO DEL INSTITUTO NACIONAL DE EMPLEO, PARA REGULARIZAR LAS
INSUFICIENCIAS PRODUCIDAS EN BONIFICACIONES DE CUOTAS DE SEGURIDAD SOCIAL
CORRESPONDIENTES A LOS EJERCICIOS DE 1996 Y 1997 Y EN EL PREMIO DE
RECAUDACION DE LA CUOTA DE FORMACION PROFESIONAL DEL PERIODO 1995 A 1997,
POR IMPORTE TOTAL DE 33.386.436.072 PESETAS (S. 621/000147) (C. D.
121/000165).
La señora PRESIDENTA: Pasamos al punto sexto del orden del día:
Conocimiento directo por el Pleno de proyectos y proposiciones de ley
remitidos por el Congreso de los Diputados.
Proyecto de ley sobre concesión de varios créditos extraordinarios en el
presupuesto del Instituto Nacional de
Empleo, para regularizar las insuficiencias producidas en bonificaciones
de cuotas de Seguridad Social correspondientes a los ejercicios de 1996 y
1997 y en el premio de recaudación de la cuota de formación profesional
del período 1995 a 1997, por importe total de 33.386.436.072 pesetas.
No se han presentado enmiendas a este proyecto de ley dentro del plazo
que al efecto se señaló.
En turno a favor, ¿algún Senador o Senadora desea intervenir? (Pausa.)
En turno en contra, ¿algún Senador o Senadora desea intervenir? (Pausa.)
Turno de portavoces.
¿Grupo Mixto? (Pausa.)
¿Grupo de Senadores Nacionalistas Vascos? (Pausa.)
¿Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió?
(Pausa.)
¿Grupo Socialista? La Senadora Flores tiene la palabra.
La señora FLORES FERNANDEZ: Gracias, señora Presidenta.
Voy a intervenir muy brevemente para manifestar que vamos a votar a
favor, como ya hicimos en el Congreso de los Diputados, pero sí quiero
hacer constar nuestra posición contraria a la forma en que el Gobierno
está financiando las políticas activas de empleo. Desde luego, no es la
primera vez que lo hemos dicho y creemos que vamos a tener ocasión de
volverlo a reiterar y, además, va a ser próximamente porque, por lo que
sabemos, los presupuestos generales del Estado para el año 2000 siguen la
misma tónica.
No creemos que sea lo mejor financiar, repito, las políticas activas de
empleo con cotizaciones y recargos de gastos sociales. No nos parece
lógico que a una empresa se le subvencione la contratación de
determinados colectivos y a la vez se le cobre a cuenta de prestaciones
por desempleo que luego no van a ese fin, sino que se dedican a otros
menesteres. Creemos, repito, que no es coherente.
Aún así, y en aras a no poner trabas a que se paguen unos compromisos que
ya están cumplidos, vamos a votar a favor, aunque anunciamos que vamos a
seguir defendiendo nuestra posición sobre cómo se deben de financiar este
tipo de políticas.
Nada más y muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señoría.
Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el Senador Fernández
Menéndez por tiempo de diez minutos.
El señor FERNANDEZ MENENDEZ: Gracias, señora Presidenta.
Señorías, el Grupo Parlamentario Popular hace uso de este turno de
portavoces para anunciar su voto favorable a este proyecto de ley que
tiene por objeto la concesión de varios créditos extraordinarios en el
presupuesto del Instituto Nacional de Empleo para regularizar
insuficiencias producidas en bonificaciones de cuotas a la Seguridad
Social y en el premio de recaudación de la cuota de formación
profesional.
Como bien se refleja en el proyecto, con estos créditos se cubre un
desfase presupuestario en los ejercicios de 1996 y 1997, ocasionados por
las partidas económicas consignadas para atender las bonificaciones de la
Seguridad Social y el gasto real, que ha sido superior en 21.117.410.712
pesetas, al ser mayor el número de contratos laborales realizados y la
mejora de la calidad de los mismos. El resto del crédito, hasta completar
el total de 33.386.436.072 pesetas, es para atender el pago del premio de
recaudación a la cuota de formación profesional correspondiente al
período 1995-1997.
Señora Presidenta, señorías, termino con la aclaración de lo que ya el
propio proyecto en sí mismo deja perfectamente reflejado en su texto y en
la exposición de motivos.
Quiero agradecer a los grupos parlamentarios la aceptación del mismo,
pues entiendo que al no presentar enmiendas a este proyecto aceptan y ven
viable y correcta la posición del Gobierno.
Asimismo, manifiesto la satisfacción que el Grupo Parlamentario Popular
tiene por el origen de este gasto porque está ocasionado, precisamente,
por un mayor crecimiento de empleo y una mayor calidad del mismo. Por
tanto, creo que es motivo suficiente para que todos nos alegremos.
Muchas gracias, señora Presidenta.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, Senador Fernández.
¿Puede darse aprobada por asentimiento? (Pausa.)
Se aprueba entonces y, en consecuencia, queda definitivamente aprobado
por las Cortes Generales el proyecto de ley de concesión de varios
créditos extraordinarios en el presupuesto del Instituto Nacional de
Empleo, para regularizar las insuficiencias producidas en bonificaciones
de cuotas de la Seguridad Social y en el premio de recaudación de la
cuota de formación profesional, por importe de 33.386.436.072 pesetas.
DICTAMENES DE COMISIONES SOBRE PROYECTOS Y PROPOSICIONES DE LEY REMITIDOS
POR EL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS:
--DE LA COMISION DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL EN RELACION CON LA
PROPOSICION DE LEY DE CONCESION DEL SUBSIDIO DE DESEMPLEO Y DE GARANTIAS
DE INTEGRACION SOCIOLABORAL PARA LOS DELINCUENTES TOXICOMANOS QUE HAYAN
VISTO SUSPENDIDA LA EJECUCION DE SU PENA DE CONFORMIDAD CON LO PREVISTO
EN LA LEGISLACION PENAL (S. 624/000025) (C. D. 122/000281).
La señora PRESIDENTA: Punto séptimo del orden del día: Dictámenes de
Comisiones sobre proyectos y proposiciones de ley remitidos por el
Congreso de los Diputados. Dictamen de la Comisión de Trabajo y Seguridad
Social en relación con la proposición de ley de concesión del subsidio de
desempleo y de garantías de integración sociolaboral
para los delincuentes toxicómanos que hayan visto suspendida la ejecución
de su pena de conformidad con lo previsto en la legislación penal.
No se han presentado votos particulares a esta proposición de ley.
Resulta de aplicación, por tanto, lo dispuesto en el artículo 120.
Para la presentación del dictamen tiene la palabra el representante
designado por la Comisión, el Senador Agustín Conde.
El señor CONDE BAJEN: Muchas gracias, señora Presidenta.
Señora Presidenta, señorías, la proposición de ley de concesión del
subsidio de desempleo y de garantías de integración sociolaboral para los
delincuentes toxicómanos que hayan visto suspendida la ejecución de su
pena de conformidad con lo previsto en la legislación penal tuvo su
entrada en la Cámara el día 7 de junio de 1999.
El plazo de presentación de enmiendas finalizó el día 18 de junio. Se
presentó una sola enmienda. La proposición fue debatida directamente por
la Comisión que se reunió el día 21 de septiembre decidiéndose aprobar
como dictamen de la Comisión el texto remitido por el Congreso de los
Diputados. No se han presentado votos particulares.
Muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, Senador Conde por la presentación
del dictamen en nombre de la Comisión.
Comienza el debate de totalidad.
¿Turno a favor? (Pausa.)
¿Turno en contra? (Pausa.)
Turno de portavoces. (Pausa.)
¿Grupo Parlamentario Mixto? (Pausa.)
¿Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos? (Pausa.)
Por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió,
tiene la palabra el Senador Cardona.
El señor CARDONA I VILA: Muchas gracias, señora Presidenta.
Quiero anunciar nuestro voto favorable a la proposición de ley porque la
reincorporación social de los drogodependientes ha de ser uno de los
objetivos principales de cualquier política de drogas; y la concesión de
un subsidio de desempleo, la atención prioritaria a las políticas activas
de empleo como garantía de integración sociolaboral y la sustitución del
subsidio de desempleo por acciones específicas de formación, promoción o
reconversión profesional, han de constituir unas medidas esenciales para
una sociedad que quiera considerarse justa tal y como las actuales
circunstancias demandan.
En definitiva, la ley va destinada a ampliar los beneficios que ya recoge
la legislación vigente en esta materia a este colectivo de delincuentes
toxicómanos rehabilitados equiparándolos a cualquier otra persona que
sale de la prisión y recogiendo el significado que la aportación de un
subsidio tiene en su proceso de recuperación social siempre difícil en
estas circunstancias.
Desde esta perspectiva, señora Presidenta, señorías, nuestro Grupo va a
apoyar con su voto favorable y, además, con suma satisfacción, esta
proposición de ley.
Nada más y muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Gracias, Senador Cardona.
Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra la Senadora
Flores.
La señora FLORES FERNANDEZ: Gracias, señora Presidenta.
Señorías, termina hoy el trámite parlamentario de una proposición de ley
que tuvo su origen en sendas iniciativas de los grupos Socialista e
Izquierda Unida del Congreso. Es una propuesta que no ha levantado mucho
ruido, ha tenido una tramitación rápida, más bien silenciosa y además
consensuada. Yo, en nombre de mi grupo, me congratulo de ello, porque es
de esos temas delicados que afectan a colectivos de personas muy
vulnerables, y además de los que tienen, por llamarlo de alguna manera,
mala prensa.
Pretendíamos con nuestra iniciativa poner nuestro granito de arena en lo
que es la reinserción sociolaboral de estas personas, y no sólo queríamos
hacerlo mediante la ampliación del subsidio del desempleo, sino que
queríamos su articulación mediante un sistema de becas e incentivos a la
formación, que lo pudieran incluso sustituir.
No era la primera vez que el Grupo Parlamentario Socialista lo intentaba,
ya lo habíamos hecho mediante enmiendas a lo que después fue la Ley
66/1997, de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social, aunque
en aquella ocasión no tuvimos tanta suerte, no pudo haber el consenso
deseado. Hoy, afortunadamente, no ha sido así, y llegamos al final con un
texto que ya no es de los grupos parlamentarios que lo presentaron sino
que es de toda la Cámara. Creemos que cumple el objetivo que se
pretendía, que es dar cobertura social a unas personas que tienen
especiales dificultades en un momento, además, crucial de sus vidas, que
es cuando están en esa encrucijada en la que pueden optar por su
integración en lo que podríamos llamar la normalidad, o bien pueden
volver a situaciones no deseadas por nadie.
Son personas, como les decía al principio, muy vulnerables, que necesitan
de la solidaridad de todos, y no sólo la concesión de unas pesetas sino
también la posibilidad de beneficiarse de políticas activas de empleo que
les facilite una mayor garantía de integración. Son, sus señorías lo han
dicho, ex-toxicómanos y ex-penados, mal aval para encontrar empleo sin la
ayuda de los poderes públicos. Era y es nuestra obligación darles ese
empujón como respuesta al: y ahora ¿qué?, que normalmente nos dicen
cuando acaban un proceso de rehabilitación y salen libres.
La lucha contra la drogadicción y sus secuelas tiene, como sus señorías
saben, tres pilares: la prevención, la deshabituación o rehabilitación y
la reinserción social. Yo creo honradamente que todos hemos hecho un
esfuerzo y que se ha logrado mucho, los datos están ahí, pero hay que ir
dando pasos en aquellas direcciones que vemos que aún presentan
carencias, que se van viendo conforme se avanza, por eso es importante el
paso que hemos dado, con
todas las diferencias y matices que hemos podido tener, pero creemos que
lo fundamental es que por encima de ellos ha estado presente siempre el
ayudar a solucionar un problema, repito, de personas que atraviesan un
momento difícil.
Desde mi Grupo esperamos poder seguir este camino; nosotros no vamos a
escatimar esfuerzos, y la prueba es esta ley, que llega sin enmiendas
porque no hemos mantenido para el Pleno la que habíamos mantenido hasta
el momento del dictamen de la Comisión.
Nada más y muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, Senadora Flores.
Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el Senador Lamalfa.
El señor LAMALFA DIAZ: Gracias, señora Presidenta.
Señorías, anuncio el voto favorable del Grupo Parlamentario Popular a
esta proposición de ley de concesión del subsidio del desempleo y de
garantías de integración sociolaboral para los delincuentes toxicómanos
que hayan visto suspendida la ejecución de su pena, de conformidad con lo
previsto en la legislación penal.
Uno de los objetivos de las políticas sobre drogas es lograr la
incorporación social de los drogodependientes con diversas políticas de
rehabilitación e integración. Con la entrada en vigor del nuevo Código
Penal, en el Título Tercero y en el Capítulo Tercero, Sección Primera, se
obliga a abordar medidas que promuevan la integración social y laboral de
los toxicómanos delincuentes a los que, como en ella se dice, les son
suspendidas sus penas privativas de libertad por haber cumplido un
tratamiento oportuno de deshabituación, y aclara que deberá existir la
decisión judicial correspondiente, como no puede ser de otra forma.
También se modifica el artículo 215.1.1 del Texto Refundido de la
Seguridad Social, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/1994, de 24 de
junio, en su apartado d), donde se determina como beneficiarios del
subsidio por desempleo a los liberados de prisión y que no tengan
derecho, dice asimismo, a esta prestación, y aclara que servirá para los
privados de libertad durante un tiempo superior a los seis meses.
Igualmente se modifica la Ley 67/1997, de 30 de diciembre, de Medidas
Administrativas Fiscales y del Orden Social en su artículo 41, y lo
amplía a los menores liberados de un centro de internamiento pero siempre
--dice la Ley-- que tengan una edad superior a los 16 años.
Por todo ello, con esta proposición de ley se equiparan las necesidades
de integración de los delincuentes toxicómanos rehabilitados a los de
cualquier otra persona que salga de prisión, con lo que lógicamente se
continúa claramente avanzando. Debemos aclarar que con la sola percepción
del subsidio no se garantiza la integración social de estos colectivos,
que deben recibir una atención pública específica en las políticas
activas de empleo para conseguir esencialmente dos objetivos: la
recuperación y la integración social de los toxicómanos. Esto se podría
conseguir sustituyendo incluso el subsidio por desempleo por acciones
específicas de promoción, formación o reconversión profesional
determinadas en los organismos públicos de empleo.
Termino agradeciendo el apoyo que a esta proposición de ley han prestado
y anunciado con el voto favorable el resto de los Grupos de la Cámara.
Quiero decir finalmente que hoy se consigue, como decía la portavoz del
Grupo Parlamentario Socialista desde esta tribuna, que sin grandes
alharacas y sin mucho ruido, avancemos en las labores sociales que tan
importantes son para este grupo de colectivos.
Muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señoría.
¿Puede darse por aprobada por asentimiento esta proposición de ley?
(Pausa.)
Queda aprobada.
En consecuencia, queda aprobada definitivamente por las Cortes Generales
la proposición de ley de concesión del subsidio de desempleo y garantía
de integración sociolaboral para los delincuentes toxicómanos que hayan
visto suspendida la ejecución de su pena de conformidad con lo previsto
en la legislación penal.
Mañana el Pleno se reunirá a las nueve horas y treinta minutos.
Se levanta la sesión.
Eran las veinte horas y cincuenta minutos.
CORRECCION DE ERRORES: En el «Diario de Sesiones» número 137,
correspondiente a la Sesión Plenaria del martes 14 de septiembre de 1999
aparece un error en el nombre del Defensor del Pueblo. El nombre correcto
es: D. Fernando Alvarez de Miranda y Torres.