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DS. Senado, Pleno, núm. 124, de 24/03/1999
CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL
SENADO
Año 1999 VI Legislatura
Núm. 124
PRESIDENCIA DE LA EXCMA. SRA. DOÑA ESPERANZA AGUIRRE
GIL DE BIEDMA
Sesión del Pleno
celebrada el miércoles, 24 de marzo de 1999
ORDEN DEL DIA:
Primero
Preguntas:
--De D. PELLO CABALLERO LASQUIBAR, del Grupo Parlamentario de Senadores
Nacionalistas Vascos, sobre las detenciones practicadas en la madrugada
del 3 al 4 de marzo de 1999 en los municipios de Getxo y Leioa (Vizcaya),
que contaron con la presencia de dos cadenas de televisión privada
(publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie
I, número 651, de fecha 22 de marzo de 1999) (Número de expediente
680/000708).
--De D.ª CORAL RODRIGUEZ FOUZ, del Grupo Parlamentario Socialista, sobre
el conocimiento que tiene el Gobierno acerca de las conclusiones del
informe elaborado por las autoridades francesas, sobre los análisis de
ADN realizados con las muestras anatómicas extraídas en septiembre de
1997 de los cadáveres exhumados en un panteón del cementerio de la
localidad fronteriza de Biriatou, y entre los que se buscaban los restos
de Eduardo Moreno Bergareche, «Pertur» (publicada en el «Boletín Oficial
de las Cortes Generales», Senado, Serie I, número 651, de fecha 22 de
marzo de 1999) (Número de expediente 680/000715).
--De D. CASIMIRO CURBELO CURBELO, del Grupo Parlamentario Socialista,
sobre la fecha prevista por el Gobierno para hacer operativo el
aeropuerto de La Gomera (Santa Cruz de Tenerife), con las máximas
garantías de seguridad y comodidad para todos los ciudadanos (publicada
en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie I, número
651, de fecha 22 de marzo de 1999) (Número de expediente 680/000716).
--De D. JAIME LOBO ASENJO, del Grupo Parlamentario Popular en el Senado,
sobre las medidas previstas por el Gobierno a fin de acabar con los
accidentes de tráfico que se están produciendo en el acceso de la
autopista A-66, en el tramo comprendido entre Onzonilla y La Virgen del
Camino, en la provincia de León (publicada en el «Boletín Oficial de las
Cortes Generales», Senado, Serie I, número 651, de fecha 22 de marzo de
1999) (Número de expediente 680/000718).
--De D. LUIS ESTAUN GARCIA, del Grupo Parlamentario Popular en el Senado,
sobre las previsiones del Gobierno acerca de la conclusión del estudio
informativo del tramo de la carretera nacional N-240, entre las
localidades de Huesca y Lleida y el resto de las acciones precisas para
su transformación en autovía (publicada en el «Boletín Oficial de las
Cortes Generales», Senado, Serie I, número 651, de fecha 22 de marzo de
1999) (Número de expediente 680/000720).
--De D. JOSE IRIBAS SANCHEZ DE BOADO, del Grupo Parlamentario Popular en
el Senado, sobre si mantiene el Gobierno las previsiones de ejecución del
corredor navarro de alta velocidad, en los próximos diez años,
garantizando que, a partir del año 2002 y una vez ejecutada la línea de
alta velocidad entre Madrid y Zaragoza, la Comunidad Foral de Navarra
pueda comunicarse por vía ferroviaria con Madrid a través de la misma
(publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie
I, número 651, de fecha 22 de marzo de 1999) (Número de expediente
680/000721).
--De D. ARTURO ESTEBAN ALBERT, del Grupo Parlamentario Popular en el
Senado, sobre la situación en que se encuentra actualmente el proyecto de
obra de la presa del Andévalo (Huelva) (publicada en el «Boletín Oficial
de las Cortes Generales», Senado, Serie I, número 651, de fecha 22 de
marzo de 1999) (Número de expediente 680/000719).
--De D. JOAN LERMA BLASCO, del Grupo Parlamentario Socialista, sobre la
forma en que ha concretado el Gobierno los acuerdos del Consejo Europeo
extraordinario sobre empleo (publicada en el «Boletín Oficial de las
Cortes Generales», Senado, Serie I, número 651, de fecha 22 de marzo de
1999) (Número de expediente 680/000712).
--De D.ª MARIA GEMA DIAZ VILLEGAS, del Grupo Parlamentario Popular en el
Senado, sobre las actuaciones que ha llevado a cabo últimamente el
Gobierno para mejorar la calidad del Sistema de Formación Profesional
(publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie
I, número 651, de fecha 22 de marzo de 1999) (Número de expediente
680/000722).
--De D.ª MARIA CRUZ RODRIGUEZ SALDAÑA, del Grupo Parlamentario Popular en
el Senado, sobre las actuaciones que ha llevado a cabo el Gobierno para
fomentar el empleo de las personas discapacitadas (publicada en el
«Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie I, número 651,
de fecha 22 de marzo de 1999) (Número de expediente 680/000723).
--De D. FRANCISCO JAVIER ROJO GARCIA, del Grupo Parlamentario Socialista,
sobre la opinión del Gobierno acerca de que sus miembros compren a una
institución financiera, dependiente de administraciones públicas
gobernadas por su partido, un inmueble en la zona más cara de Madrid, por
un precio seis veces inferior al de mercado (publicada en el «Boletín
Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie I, número 651, de fecha
22 de marzo de 1999) (Número de expediente 680/000714).
--De D. JUAN ANTONIO AREVALO SANTIAGO, del Grupo Parlamentario
Socialista, sobre si el señor Ministro de Industria y Energía cuenta con
la confianza del Presidente del Gobierno (publicada en el «Boletín
Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie I, número 651, de fecha
22 de marzo de 1999) Número de expediente 680/000713).
--De D. VICENT BEGUER I OLIVERES, del Grupo Parlamentario Catalán en el
Senado de Convergència i Unió, sobre la autorización concedida para
comercializar la especialidad Propecia a un precio casi nueve veces
superior a la especialidad Proscar, que tienen idéntico componente y son
elaboradas por el mismo laboratorio farmacéutico (publicada en el
«Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie I, número 651,
de fecha 22 de marzo de 1999) (Número de expediente 680/000709).
--De D. VICTORIANO RIOS PEREZ, del Grupo Parlamentario Mixto, sobre la
posición que mantiene el Gobierno ante la posible puesta en marcha de una
central nuclear de seiscientos megavatios en Marruecos, teniendo en
cuenta su cercanía con la Comunidad Autónoma de Canarias y los evidentes
riesgos medioambientales que entraña (publicada en el «Boletín Oficial de
las Cortes Generales», Senado, Serie I, número 651, de fecha 22 de marzo
de 1999) (Número de expediente 680/000711)
--De D.ª FRANCISCA PLEGUEZUELOS AGUILAR, del Grupo Parlamentario
Socialista, sobre si forma parte de la nueva política del Ministerio de
Industria y Energía la concesión de subvenciones a las explotaciones
porcinas, con fondos destinados a la reactivación de las comarcas mineras
(publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie
I, número 651, de fecha 22 de marzo de 1999) (Número de expediente
680/000717).
Segundo
Interpelaciones:
--De D. ANTONIO SANCHEZ LUCAS, del Grupo Parlamentario Socialista, sobre
los planes del Gobierno para facilitar a los colectivos de discapacitados
la movilidad y la accesibilidad al transporte, al medio urbano y a la
edificación (publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales»,
Senado, Serie I, número 651, de fecha 22 de marzo de 1999) (Número de
expediente 670/000123).
--De D.ª PILAR COSTA SERRA, del Grupo Parlamentario Mixto, sobre el
desarrollo que ha tenido el Régimen Especial de las Illes Balears, el
grado de cumplimiento, las previsiones del Gobierno en relación con las
distintas comisiones mixtas de estudio y con la totalidad de medidas
recogidas en dicho Régimen (publicada en el «Boletín Oficial de las
Cortes Generales», Senado, Serie I, número 651, de fecha 22 de marzo de
1999) (Número de expediente 670/000125)
--De D. JOSE ANTONIO MARIN RITE, del Grupo Parlamentario Socialista,
sobre las medidas previstas por el Gobierno en relación con la situación
de la Administración de Justicia (publicada en el «Boletín Oficial de las
Cortes Generales», Senado, Serie I, número 651, de fecha 22 de marzo de
1999) (Número de expediente 670/000127).
--De D. FRANCISCO JOSE ZAMORANO VAZQUEZ, del Grupo Parlamentario
Socialista, sobre los resultados de la política del Gobierno de control
del crecimiento del gasto farmacéutico (publicada en el «Boletín Oficial
de las Cortes Generales», Senado, Serie I, número 651, de fecha 22 de
marzo de 1999) (Número de expediente 670/000126).
Tercero
Conocimiento directo por el Pleno de Proyectos y Proposisiones de Ley
remitidos por el Congreso de los Diputados:
--Proyecto de Ley por la que se autoriza la participación de España en la
ampliación del capital del Banco Europeo de Reconstrucción y Desarrollo
(BERD) (publicado en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales»,
Senado, Serie II, número 130, de fecha 25 de febrero de 1999) (Número de
expediente S. 621/000130) (Número de expediente C. D. 121/000152).
Cuarto
Dictámenes de Comisiones sobre Proyectos y Proposiciones de Ley remitidos
por el Congreso de los Diputados:
--De la Comisión de Economía y Hacienda en relación con el Proyecto de
Ley de adhesión de España a diversos Acuerdos del Fondo Monetario
Internacional (procedente del Real Decreto-Ley 14/1998, de 9 de octubre).
SE TRAMITA POR EL PROCEDIMIENTO DE URGENCIA (publicado en el «Boletín
Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie II, número 131, de fecha
15 de marzo de 1999) (Número de expediente S. 621/000131) (Número de
expediente C. D. 121/000146).
--De la Comisión de Industria, Comercio y Turismo en relación con el
Proyecto de Ley de tasas y precios públicos por servicios prestados por
el Consejo de Seguridad Nuclear (publicado en el «Boletín Oficial de las
Cortes Generales», Senado, Serie II, número 115, de fecha 22 de marzo de
1999) (Número de expediente S. 621/000115) (Número de expediente C. D.
121/000119).
--De la Comisión de Justicia en relación con el Proyecto de Ley Orgánica
de modificación del Código Penal y de la Ley de Enjuiciamiento Criminal
en materia de libertad sexual y malos tratos en el ámbito familiar (antes
denominado Proyecto de Ley Orgánica de modificación del Título VIII del
Libro II del Código Penal aprobado por la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de
noviembre (publicado en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales»,
Senado, Serie II, número 126, de fecha 22 de marzo de 1999) (Número de
expediente S. 621/000126) (Número de expediente C. D. 121/000087).
Quinto
Toma en consideración de proposiciones de Ley del Senado:
--Proposición de Ley para la asistencia y amparo de los españoles
privados de libertad en el extranjero. (Autor: Grupo Parlamentario
Socialista) (publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales»,
Senado, Serie III A, número 15, de fecha 26 de febrero de 1999) (Número
de expediente 622/000015).
SUMARIO
Se abre la sesión a las nueve horas y cuarenta minutos.
PREGUNTAS (Página 5822)
De D. Pello Caballero Lasquivar, del Grupo Parlamentario de Senadores
Nacionalistas Vascos, sobre las detenciones practicadas en la madrugada
del 3 al 4 de marzo de 1999 en los municipios de Getxo y Leioa (Vizcaya),
que contaron con la presencia de dos cadenas de televisión privada
El señor Caballero Lasquibar formula su pregunta. En nombre del Gobierno,
le contesta el señor Ministro del Interior (Mayor Oreja). En turno de
réplica, interviene de nuevo el señor Caballero Lasquibar. En turno de
dúplica, lo hace el señor Ministro del Interior (Mayor Oreja).
De D.ª Coral Rodríguez Fouz, del Grupo Parlamentario Socialista, sobre el
conocimiento que tiene el Gobierno acerca de las conclusiones del informe
elaborado por las autoridades francesas, sobre los análisis de ADN
realizados con las muestras anatómicas extraídas en septiembre de 1997 de
los cadáveres exhumados en un panteón del cementerio de la localidad
fronteriza de Biriatou, y entre los que se buscaban los restos de Eduardo
Moreno Bergareche, «Pertur» (Página 5823)
La señora Rodríguez Fouz formula su pregunta. En nombre del Gobierno, le
contesta el señor Ministro del Interior (Mayor Oreja). En turno de
réplica, interviene de nuevo la señora Rodríguez Fouz. En turno de
dúplica, lo hace el señor Ministro del Interior (Mayor Oreja).
De D. Casimiro Curbelo Curbelo, del Grupo Parlamentario Socialista, sobre
la fecha prevista por el Gobierno para hacer operativo el aeropuerto de
La Gomera (Santa Cruz de Tenerife), con las máximas garantías de
seguridad y comodidad para todos los ciudadanos (Página 5825)
El señor Curbelo Curbelo formula su pregunta. En nombre del Gobierno, le
contesta el señor Ministro de Fomento (Arias-Salgado y Montalvo). En
turno de réplica, interviene de nuevo el señor Curbelo Curbelo. En turno
de dúplica, lo hace el señor Ministro de Fomento (Arias-Salgado y
Montalvo).
De D. Jaime Lobo Asenjo, del Grupo
Parlamentario Popular en el Senado, sobre las medidas previstas por el
Gobierno a fin de acabar con los accidentes de tráfico que se están
produciendo en el acceso de la autopista A-66, en el tramo comprendido
entre Onzonilla y La Virgen del Camino, en la provincia de León (Página 5826)
El señor Lobo Asenjo formula su pregunta. En nombre del Gobierno, le
contesta el señor Ministro de Fomento (Arias-Salgado y Montalvo). En
turno de réplica, interviene de nuevo el señor Lobo Asenjo. En turno de
dúplica, lo hace el señor Ministro de Fomento (Arias-Salgado y Montalvo).
De D. Luis Estaún García, del Grupo Parlamentario Popular en el Senado,
sobre las previsiones del Gobierno acerca de la conclusión del estudio
informativo del tramo de la carretera nacional N-240, entre las
localidades de Huesca y Lleida y el resto de las acciones precisas para
su transformación en autovía (Página 5827)
El señor Estaún García formula su pregunta. En nombre del Gobierno, le
contesta el señor Ministro de Fomento (Arias-Salgado y Montalvo). En
turno de réplica, interviene de nuevo el señor Estaún García.
De D. José Iribas Sánchez de Boado, del Grupo Parlamentario Popular en el
Senado, sobre si mantiene el Gobierno las previsiones de ejecución del
corredor navarro de alta velocidad, en los próximos diez años,
garantizando que, a partir del año 2002 y una vez ejecutada la línea de
alta velocidad entre Madrid y Zaragoza, la Comunidad Foral de Navarra
pueda comunicarse por vía ferroviaria con Madrid a través de la misma
(Página 5828)
El señor Iribas Sánchez de Boado formula su pregunta. En nombre del
Gobierno, le contesta el señor Ministro de Fomento (Arias-Salgado y
Montalvo). En turno de réplica, interviene de nuevo el señor Iribas
Sánchez de Boado.
De D. Arturo Esteban Albert, del Grupo Parlamentario Popular en el
Senado, sobre la situación en que se encuentra actualmente el proyecto de
obra de la presa del Andévalo (Huelva) (Página 5830)
El señor Esteban Albert formula su pregunta. En nombre del Gobierno, le
contesta la señora Ministra de Medio Ambiente (Tocino Biscarolasaga).
De D. Joan Lerma Blasco, del Grupo Parlamentario Socialista, sobre la
forma en que ha concretado el Gobierno los acuerdos del Consejo Europeo
extraordinario sobre empleo.
Esta pregunta queda decaída.
De D.ª María Gema Díaz Villegas, del Grupo Parlamentario Popular en el
Senado, sobre las actuaciones que ha llevado a cabo últimamente el
Gobierno para mejorar la calidad del Sistema de Formación Profesional
(Página 5831)
La señora Díez Villegas formula su pregunta. En nombre del Gobierno, le
contesta el señor Ministro de Trabajo y Asuntos Sociales (Pimentel
Siles).
De D.ª María Cruz Rodríguez Saldaña, del Grupo Parlamentario Popular en
el Senado, sobre las actuaciones que ha llevado a cabo el Gobierno para
fomentar el empleo de las personas discapacitadas (Página 5832)
La señora Rodríguez Saldaña formula su pregunta. En nombre del Gobierno,
le contesta el señor Ministro de Trabajo y Asuntos Sociales (Pimentel
Siles).
De D. Francisco Javier Rojo García, del Grupo Parlamentario Socialista,
sobre la opinión del Gobierno acerca de que sus miembros compren a una
institución financiera, dependiente de administraciones públicas
gobernadas por su partido, un inmueble en la zona más cara de Madrid, por
un precio seis veces inferior al de mercado (Página 5833)
El señor Rojo García formula su pregunta. En nombre del Gobierno, le
contesta la señora Ministra de Justicia (Mariscal de Gante y Mirón). En
turno de réplica, interviene de nuevo el señor Rojo García. En turno de
dúplica, lo hace la señora Ministra de Justicia (Mariscal de Gante y
Mirón).
De D. Juan Antonio Arévalo Santiago, del Grupo Parlamentario Socialista,
sobre si el señor Ministro de Industria y Energía cuenta con la confianza
del Presidente del Gobierno (Página 5835)
El señor Arévalo Santiago formula su pregunta. En nombre del Gobierno, le
contesta el señor Ministro de Administraciones Públicas (Acebes
Paniagua). En turno de réplica, interviene de nuevo el señor Arévalo
Santiago. En turno de dúplica, lo hace el señor Ministro de
Administraciones Públicas (Acebes Paniagua).
De D. Vicent Beguer i Oliveres, del Grupo Parlamentario Catalán en el
Senado de Convergència i Unió, sobre la autorización concedida para
comercializar la especialidad Propecia a un precio casi nueve veces
superior a la especialidad Proscar, que tienen idéntico componente y son
elaboradas por el mismo laboratorio farmacéutico.
Esta pregunta ha sido retirada.
De D. Victoriano Ríos Pérez, del Grupo Parlamentario Mixto, sobre la
posición que mantiene el Gobierno ante la posible puesta en marcha de una
central nuclear de seiscientos megavatios en Marruecos, teniendo en
cuenta su cercanía con la Comunidad Autónoma de Canarias y los evidentes
riesgos medioambientales que entraña.
Esta pregunta ha sido aplazada.
De D.ª Francisca Pleguezuelos Aguilar, del Grupo Parlamentario
Socialista, sobre si forma parte de la nueva política del Ministerio de
Industria y Energía la concesión de subvenciones a las explotaciones
porcinas, con fondos destinados a la reactivación de las comarcas
mineras.
Esta pregunta ha sido aplazada.
Propuesta de modificación del orden del día de la Sesión Plenaria del 24
de marzo de 1999 (Página 5836)
Se aprueba la propuesta por asentimiento de la Cámara.
INTERPELACIONES (Página 5836)
De D. Antonio Sánchez Lucas, del Grupo Parlamentario Socialista, sobre
los planes del Gobierno para facilitar a los colectivos de discapacitados
la movilidad y la accesibilidad al transporte, al medio urbano y a la
edificación (Página 5836)
El señor Sánchez Lucas realiza la interpelación. En nombre del Gobierno,
responde a la misma el señor Ministro de Trabajo y Asuntos Sociales
(Pimentel Siles). Vuelve a intervenir el señor interpelante. En turno de
portavoces, hacen uso de la palabra los señores Albistur Marin, por el
Grupo de Senadores Nacionalistas Vascos; Vidal i Perpiñá, por el Grupo
Catalán en el Senado de Convergència i Unió, y Sánchez Lucas, por el
Grupo Socialista, así como la señora San Baldomero Ochoa, por el Grupo
Popular. Cierra el debate el señor Ministro de Trabajo y Asuntos Sociales
(Pimentel Siles).
De D.ª Pilar Costa Serra, del Grupo Parlamentario Mixto, sobre el
desarrollo que ha tenido el Régimen Especial de las Illes Balears, el
grado de cumplimiento, las previsiones del Gobierno en relación con las
distintas comisiones mixtas de estudio y con la totalidad de medidas
recogidas en dicho Régimen (Página 5844)
La señora Costa Serra realiza la interpelación.
En nombre del Gobierno, responde a la misma el señor Ministro de
Administraciones Públicas (Acebes Paniagua). Vuelve a intervenir la
señora interpelante. En turno de portavoces, hacen uso de la palabra los
señores Carrera i Comes, por el Grupo Catalán en el Senado de
Convergència i Unió; Garcías Coll, por el Grupo Socialista, y Font
Barceló, por el Grupo Popular. Cierra el debate el señor
Ministro de Administraciones Públicas (Acebes Paniagua).
De D. José Antonio Marín Rite, del Grupo Parlamentario Socialista, sobre
las medidas previstas por el Gobierno en relación con la situación de la
Administración de Justicia (Página 5852)
El señor Marín Rite realiza la interpelación. En nombre del Gobierno,
responde a la misma la señora Ministra de Justicia (Mariscal de Gante y
Mirón). Vuelve a intervenir el señor interpelante. En turno de
portavoces, hacen uso de la palabra los señores Capdevila i Bas, por el
Grupo Catalán en el Senado de Convergència i Unió, y Prada Presa, por el
Grupo Popular. Cierra el debate la señora Ministra de Justicia (Mariscal
de Gante y Mirón).
De D. Francisco José Zamorano Vázquez, del Grupo Parlamentario
Socialista, sobre los resultados de la política del Gobierno de control
del crecimiento del gasto farmacéutico
Esta interpelación ha sido aplazada.
Se suspende la sesión a las trece horas y cincuenta minutos.
Se reanuda la sesión a las dieciséis horas y cinco minutos.
CONOCIMIENTO DIRECTO POR EL PLENO DE PROYECTOS Y PROPOSICIONES DE LEY
REMITIDOS POR EL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS (Página 5860)
Proyecto de Ley por la que se autoriza la participación de España en la
ampliación del capital del Banco Europeo de Reconstrucción y Desarrollo
(BERD) (Página 5860)
Se abre debate de totalidad.
No habiéndose consumido turnos a favor ni en contra, en el de portavoces
hacen uso de la palabra los señores Serrano Alvarez-Giraldo, por el Grupo
Socialista, y Alierta Izuel, por el Grupo Popular.
Se aprueba el proyecto de ley por asentimiento de la Cámara.
DICTAMENES DE COMISIONES SOBRE PROYECTOS Y PROPOSICIONES DE LEY REMITIDOS
POR EL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS (Página 5862)
De la Comisión de Economía y Hacienda en relación con el Proyecto de Ley
de adhesión de España a diversos Acuerdos del Fondo Monetario
Internacional (procedente del Real Decreto-Ley 14/1998, de 9 de octubre).
SE TRAMITA POR EL PROCEDIMIENTO DE URGENCIA (Página 5862)
El señor Soravilla Fernández, Presidente de la Comisión, presenta el
dictamen.
Se abre debate de totalidad.
No habiéndose consumido turnos a favor ni en contra, en el de portavoces
hacen uso de la palabra los señores Galán Pérez, por el Grupo Socialista,
y Alierta Izuel, por el Grupo Popular.
Comienza el debate del articulado.
El señor Román Clemente, del Grupo Mixto, defiende la enmienda número 1.
El señor Alierta Izuel consume un turno en contra. En turno de
portavoces, hacen uso de la palabra los señores Román Clemente, por el
Grupo Mixto; Galán Pérez, por el Grupo Socialista, y Alierta
Izuel, por el Grupo Popular. Los señores Galán Pérez y Alierta Izuel
intervienen de nuevo en virtud del artículo 87.
Se procede a votar.
Se rechaza la enmienda número 1, del Grupo Mixto, por 2 votos a favor,
195 en contra y 2 abstenciones.
Se aprueba el texto del dictamen por 196 votos a favor, 2 en contra y 1
abstención.
El señor Presidente anuncia a la Cámara que queda definitivamente
aprobado por las Cortes Generales el Proyecto de Ley.
De la Comisión de Industria, Comercio y Turismo en relación con el
Proyecto de Ley de tasas y precios públicos por servicios prestados por
el Consejo de Seguridad Nuclear (Página 5870)
El señor Núñez Rodríguez, Presidente de la Comisión, presenta el
dictamen.
No se produce debate de totalidad.
Comienza el debate del articulado.
El señor Román Clemente, del Grupo Mixto, defiende las enmiendas números
1 a 11. El señor García Correa defiende la enmienda del Grupo Socialista
que postula la vuelta al texto del Congreso de los Diputados en los
modificado por la enmienda número 19 del Grupo Popular. El señor Bueno
Fernández da por defendida la enmienda número 23, del Grupo Popular, y
consume un turno en contra de las enmiendas que acaban de ser defendidas.
En turno de portavoces, hacen uso de la palabra los señores Albistur
Marin, por el Grupo de Senadores Nacionalistas Vascos; Simó i Burgués,
por el Grupo Catalán en el Senado de Convergència i Unió; García Correa,
por el Grupo Socialista, y Bueno Fernández, por el Grupo Popular.
Se procede a votar.
Se rechazan las enmiendas números 1 a 4, del Grupo Mixto, por 4 votos a
favor, 191 en contra y 1 abstención.
Se rechazan las enmiendas números 7 y 9, del Grupo Mixto, por 5 votos a
favor, 178 en contra y 13 abstenciones.
Se rechazan las enmiendas números 5, 6, 8 y 10, del Grupo Mixto, por 70
votos a favor, 113 en contra y 13 abstenciones.
Se rechaza la enmienda número 11, del Grupo Mixto, por 4 votos a favor,
114 en contra y 79 abstenciones.
Se rechaza la enmienda del Grupo Socialista que propugna la vuelta al
texto del Congreso de los Diputados en lo modificado por la enmienda
número 19 del Grupo Popular, por 73 votos a favor y 124 en contra.
Se aprueba la enmienda número 23, del Grupo Popular, por 112 votos a
favor, 3 en contra y 82 abstenciones.
Se aprueba la disposición adicional segunda del dictamen por 118 votos a
favor, 70 en contra y 9 abstenciones.
Se aprueban las disposiciones adicionales sexta y séptima y transitoria
segunda del dictamen por 126 votos a favor, 2 en contra y 69
abstenciones.
Se aprueban los restantes preceptos del texto del dictamen por 197 votos
a favor de los 197 emitidos.
El señor Presidente comunica a la Cámara el traslado de las enmiendas
aprobadas por el Senado al Congreso de los Diputados.
De la Comisión de Justicia en relación con el Proyecto de Ley Orgánica de
modificación del Código Penal y de la Ley de Enjuiciamiento Criminal en
materia de libertad sexual y malos tratos en el ámbito familiar (antes
denominado Proyecto de Ley Orgánica de modificación del Título VIII del
Libro II del Código Penal aprobado por la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de
noviembre (Página 5876)
El señor Moya Sanabria, Presidente de la Comisión, presenta el dictamen.
Se abre debate de totalidad.
El señor Prada Presa consume un turno a favor. El señor Iglesias Marcelo
consume un turno en contra. En turno de portavoces, hacen uso de la
palabra los señores Nieto Cicuéndez, por el Grupo Mixto, quien defiende
en este a acto las enmiendas números 7 a 10, presentadas por él mismo, y
29 y 30, originariamente presentadas por el señor Ríos Pérez; Zubia
Atxaerandio, por el Grupo de Senadores Nacionalistas Vascos; Capdevila i
Bas, por el Grupo Catalán en el Senado de Convergència i Unió, y Prada
Presa, por el Grupo Popular.
Comienza el debate del articulado.
El señor Iglesias Marcelo defiende las enmiendas números 12 a 23, 24
(sólo en los puntos 12 y 13) y 28, del Grupo Socialista. La señora Vindel
López consume un turno
en contra. En turno de portavoces, hace uso de la palabra el señor
Capdevila i Bas, por el Grupo Catalán en el Senado de Convergència i
Unió.
Se procede a votar.
Se rechazan las enmiendas números 7 a 10, del Grupo Mixto, por 72 votos a
favor y 123 en contra.
Se rechazan las enmiendas números 29 y 30, del Grupo Mixto, por 71 votos
a favor, 123 en contra y 1 abstención.
Se rechazan las enmiendas números 12 a 23, 24 (sólo en los puntos 12 y
13) y 28, del Grupo Socialista, por 71 votos a favor y 122 en contra.
Se aprueba la enmienda de modificación que hace referencia al artículo
189.1 bis por 122 votos a favor, 70 en contra y 2 abstenciones.
Se aprueban las restantes propuestas de modificación del texto de
dictamen por asentimiento de la Cámara.
Se aprueban los artículos del dictamen segundo, en lo que se refiere a
los artículos 178 y 187 del Código Penal, tercero, apartado 1, cuarto y
quinto por 193 votos a favor y 2 abstenciones.
Se aprueban los restantes preceptos del texto del dictamen por 123 votos
a favor, 70 en contra y 1 abstención.
El señor Presidente comunica a la Cámara el traslado de las enmiendas
aprobadas por el Senado al Congreso de los Diputados.
TOMA EN CONSIDERACION DE PROPOSICIONES DE LEY DEL SENADO (Página 5890)
Proposición de Ley para la asistencia y amparo de los españoles privados
de libertad en el extranjero. (Autor: Grupo Parlamentario Socialista)
(Página 5836)
El señor Díez González consume un turno a favor. No se hace uso del turno
en contra. En turno de portavoces, hacen uso de la palabra los señores
Nieto Cicuéndez, por el Grupo Mixto; Caballero Lasquibar, por el Grupo de
Senadores Nacionalistas Vascos; Carrera i Comes, por el Grupo Catalán en
el Senado de Convergència i Unió, y Jaén Palacios, por el Grupo Popular.
Los señores Utrera Mora, Aleu i Jornet y Carrera i Comes dialogan sobre
la posibilidad de aplazar el debate de esta proposición de ley, lo que se
aprueba por asentimiento de la Cámara.
Se suspende la sesión a las veinte horas y quince minutos.
Se abre la sesión a las nueve horas y cuarenta minutos.
La señora PRESIDENTA: Se abre la sesión.
PREGUNTAS:
--DE D. PELLO CABALLERO LASQUIBAR, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE SENADORES
NACIONALISTAS VASCOS, SOBRE LAS DETENCIONES PRACTICADAS EN LA MADRUGADA
DEL 3 AL 4 DE MARZO DE 1999 EN LOS MUNICIPIOS DE GETXO Y LEIOA (VIZCAYA),
QUE CONTARON CON LA PRESENCIA DE DOS CADENAS DE TELEVISION PRIVADA
(680/000708).
La señora PRESIDENTA: Punto primero del orden del día: Preguntas.
Pregunta de don Pello Caballero Lasquibar, del Grupo Parlamentario de
Senadores Nacionalistas Vascos, sobre las detenciones practicadas en la
madrugada del 3 al 4 de marzo de 1999 en los municipios de Getxo y Leioa
(Vizcaya), que contaron con la presencia de dos cadenas de televisión
privada.
Tiene la palabra el Senador Caballero Lasquibar.
El señor CABALLERO LASQUIBAR: Gracias, señora Presidenta.
Buenos días, señor Ministro.
Doy por formulada la pregunta en sus propios términos.
Muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, Senador Caballero.
Tiene la palabra el señor Ministro del Interior.
El señor MINISTRO DEL INTERIOR (Mayor Oreja): Gracias, señora Presidenta.
Señoría, la mejor respuesta es la determinación del juez posteriormente.
El juez dictó un auto de procesamiento por un presunto delito de
colaboración con banda armada, y decretó la obligación de la presentación
ante el juez los días 1 y 15 de cada mes, así como la obligación de la
comunicación de cambio de domicilio, con lo que interpreto que de alguna
manera se confirman una serie de indicios determinados por la Policía.
En cuanto a la presencia de dos cámaras de televisión, le voy a dar,
tanto mi opinión personal, como la del Ministerio. No le oculto que me
parece un error y un disparate poner en dificultad cualquier actuación
policial. Por tanto,
si la presencia de unas cámaras de televisión en las actuaciones
policiales significa un riesgo absolutamente innecesario, mi opinión al
respecto es que en esos momentos las cámaras, aunque puedan cumplir una
misión de carácter informativo, como digo, sólo sirven para generar
riesgos absolutamente inaceptables.
Gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Ministro.
En turno de réplica, tiene la palabra el Senador Caballero Lasquibar.
El señor CABALLERO LASQUIBAR: Muchas gracias, señora Presidenta.
Efectivamente, una de las circunstancias, a mi modo de ver insólita, es
la presencia de dos cadenas de televisión privadas en una actuación
policial; actuación que, además, se produce a altas horas de la madrugada
y en dos lugares diferentes. Y lo que hay que explicar, señor Ministro,
es lo que hacían allí esas dos cadenas de televisión, es decir, quién les
advirtió. ¿Es que casualmente pasaban por allí? Como esos mismos medios
han negado todo tipo de aviso --con lo cual, alguien está faltando a la
verdad--, insisto, ¿quién les advirtió de esa operación? Una operación
que, además, como ya he dicho, les permite estar presentes en dos
municipios diferentes y prácticamente de forma simultánea. ¿Con qué
intencionalidad se llevó a cabo?
Eso es lo que debe ser explicado, señor Ministro, porque desde nuestro
punto de vista esa publicidad violenta la presunción de inocencia a que
tiene derecho todo ciudadano. Por tanto, esa publicidad no debe ser
admitida en una operación policial.
Por otro lado, también merece ser explicada una segunda circunstancia,
señor Ministro, como es la puesta en libertad de esos detenidos. No voy a
caer en la torpeza de criticar a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del
Estado al modo y manera como se viene haciendo con la Policía vasca,
porque reconozco --y exijo ese mismo trato-- la tremenda dificultad que
encierra la persecución y puesta a disposición judicial, con todas las
garantías que el Derecho exige, de esos autores. Pero parece obvio que
las pruebas y demás circunstancias que deben obligar a iniciar un
procedimiento de detención en este caso tenían un valor probatorio e
incriminatorio muy débil; más débil de lo que la ley exige. Eso nos
obliga a decir que, aunque nos remitiremos a la sentencia, hoy por hoy
entendemos que esas detenciones fueron precipitadas, y ahí está el
resultado del auto de la Audiencia Nacional. Y esa precipitación puede
afectar al principio de seguridad jurídica que debe exigirse a la
Administración en todas sus actuaciones.
Termino, señor Ministro. Esta operación, cuya conclusión entendemos no es
otra que una detención arbitraria sin consistencia incriminatoria
suficiente y que queda patente en sede judicial, debe inquietarnos. Y a
mí me inquieta, señor Ministro, porque puede dejar en entredicho un
Estado de Derecho en el que todos creemos.
Muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, Senador Caballero.
Tiene la palabra el señor Ministro del Interior.
El señor MINISTRO DEL INTERIOR (Mayor Oreja): Gracias, señora Presidenta.
Señoría, ya he definido exactamente cuál es la posición del Ministerio
del Interior respecto de las cámaras de televisión. Pero no hable usted
de hechos insólitos. Mire, señoría, en julio de 1997, en Sopelana,
Vizcaya, se produce una detención por la Etzaintza de un colaborador del
«Comando Vizcaya», y eso está grabado por «Tele 5», es decir, por la
misma cadena. En febrero de 1999 se produce un registro por parte de la
policía francesa en la urbanización de Mont de Marsan, en que se incautan
300 kilos de explosivo, y también está grabado por un medio de
comunicación. Aquí estamos para controlar al Gobierno, pero no a las
cadenas de televisión, que siempre tienen la libertad de estar en un
momento determinado y, en ocasiones, consiguen tener una información de
un cuerpo u otro, pero no se ha producido ningún hecho insólito, señoría.
Señoría, no hay arbitrariedad en la actuación de la policía. Yo le he
leído la resolución judicial y le he dicho que esas personas han sido
procesadas, y lo que se ha decretado es una libertad provisional. La
actuación judicial ha confirmado los indicios policiales y lo que ha
significado esa decisión es que además del procesamiento y del
encarcelamiento, ha decretado simplemente una libertad provisional, pero
no por ello hay arbitrariedad, sino que la actuación judicial confirma la
actuación policial.
Por último, quiero decirle que me alegro de que me haga esta pregunta
porque esta mañana se han producido también otras detenciones y quiero
poner de manifiesto la competencia y la profesionalidad de las Fuerzas y
Cuerpos de Seguridad del Estado. Si se está avanzando --y ojalá sea así--
en el proceso de paz definitivo en el País Vasco, una de las razones
fundamentales es el buen funcionamiento del Estado de Derecho y el
reconocimiento, agradecimiento y expresión de apoyo pleno y total desde
el Ministerio de Interior a la actitud de las Fuerzas y Cuerpos de
Seguridad del Estado, que se merecen fundamental y simplemente el
agradecimiento más profundo de todos los vascos y de todos los españoles.
(Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Popular.)
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Ministro del Interior.
--DE DOÑA CORAL RODRIGUEZ FOUZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, SOBRE
EL CONOCIMIENTO QUE TIENE EL GOBIERNO ACERCA DE LAS CONCLUSIONES DEL
INFORME ELABORADO POR LAS AUTORIDADES FRANCESAS, SOBRE LOS ANALISIS DE
ADN REALIZADOS CON LAS MUESTRAS ANATOMICAS EXTRAIDAS EN SEPTIEMBRE DE
1997 DE LOS CADAVERES EXHUMADOS EN UN PANTEON DEL CEMENTERIO DE LA
LOCALIDAD
FRONTERIZA DE BIRIATOU, Y ENTRE LOS QUE SE BUSCABAN LOS RESTOS DE EDUARDO
MORENO BERGARECHE, «PERTUR» (680/000715).
La señora PRESIDENTA: Pregunta de doña Coral Rodríguez Fouz, del Grupo
Parlamentario Socialista, sobre el conocimiento que tiene el Gobierno
acerca de las conclusiones del informe elaborado por las autoridades
francesas, sobre los análisis de ADN realizados con las muestras
anatómicas extraídas en septiembre de 1997 de los cadáveres exhumados en
un panteón del cementerio de la localidad fronteriza de Biriatou, y entre
los que se buscaban los restos de Eduardo Moreno Bergareche, «Pertur».
Tiene la palabra la Senadora Rodríguez Fouz.
La señora RODRIGUEZ FOUZ: Muchas gracias, señora Presidenta.
Recordará el señor Ministro que, tras la apertura de ese panteón, esta
Senadora le pidió que buscaran también entre los cadáveres exhumados los
restos de Humberto Fouz Escobero, Fernando Quiroga Veiga y Jorge García
Carneiro, tres jóvenes coruñeses residentes en Irún y desaparecidos a
manos de ETA en 1973. Tras año y medio, y puesto que nadie nos ha
informado de los resultados de las pesquisas, le pregunto, señor
Ministro, si conoce las conclusiones de los análisis de ADN realizados,
si puede confirmar que ninguno de esos restos corresponde a «Pertur» o a
Humberto, Fernando o Jorge.
Muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, Senadora.
Tiene la palabra el señor Ministro del Interior.
El señor MINISTRO DEL INTERIOR (Mayor Oreja): Señoría, quiero decirle
que, en respuesta a una solicitud realizada por el Ministerio de
Justicia, ha habido un informe del perito francés del laboratorio de
Burdeos, establecido a petición del fiscal jefe del Tribunal de Bayona,
donde determina que los análisis de ADN realizados han establecido, sin
ninguna duda, que los restos humanos hallados en el panteón del
cementerio de Biriatou no podían ser los de Eduardo Moreno Bergareche y,
además, eran los de una mujer, según las conclusiones de este médico
forense, que participó en esas operaciones al lado del doctor del
laboratorio de Burdeos.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Ministro.
Tiene la palabra la Senadora Rodríguez Fouz.
La señora RODRIGUEZ FOUZ: Muchas gracias.
Muchas gracias, señor Ministro por esta información, que a día de hoy en
mi familia no conocíamos y que hemos esperado recibir en privado durante
muchos meses.
He utilizado esta tribuna para solicitarle estos datos oficiales porque
como ciudadana vasca y familiar de uno de los jóvenes que ETA hizo
desaparecer en los comienzos de su siniestra y frenética carrera
criminal, no puedo renunciar a conocer lo sucedido. No podemos renunciar
a saber la verdad. En Euskadi se nos pide que nos forcemos a olvidar los
horrores del pasado. El nacionalismo, tan dado a recuperar memorias
ancestrales de la patria, quiere que cuando se trata de nuestros muertos
no recordemos, pero ni podemos ni queremos olvidar.
Por ello, he querido traer a esta Cámara el recuerdo de Humberto Fouz
Escobero, el hermano de mi madre, de Fernando Quiroga Veiga y Jorge
García Carneiro. Sé que muchos oyen hoy por primera vez sus nombres. Los
asesinaron, enterraron sus cadáveres, no sabemos dónde. Veintiséis años
después sus cuerpos siguen sin aparecer. Los enterraron y quisieron
sepultarlos bajo la losa del silencio y de la impunidad. Añadieron a la
pesadilla un grado más de dolor y sufrimiento, dejando a sus familias con
la desgarradora incertidumbre de no saber de lo sucedido otra cosa que el
resultado: que Humberto, Fernando y Jorge ya no estaban. Creyeron fácil
enmascarar en una tupida telaraña de desmemoria y olvido lo que habían
hecho con tres jóvenes trabajadores gallegos, lo que habían hecho a tres
familias coruñesas. Pero seguimos aquí y seguimos esperando respuestas.
Por eso, aquí estoy y, como ciudadana vasca y desde este escaño al que me
han traído los votos democráticos de miles de guipuzcoanos, quiero romper
esa losa de silencio por Humberto, por Fernando y por Jorge. Reivindico
desde esta Cámara sus nombres, los nombres de tres jóvenes coruñeses que
acudieron al País Vasco en busca de trabajo y que una tarde de sábado, un
24 de marzo --como hoy-- de 1973, al atravesar la frontera con Francia se
toparon con ETA. Querían ir al cine y no volvieron, ETA los hizo
desaparecer. Creyeron que eran policías y los asesinaron y enterraron.
En estos tiempos de esperanzas e incertidumbres en los que se nos dice
que debemos perdonar y olvidar lo que hicieron a aquellos a quienes
queríamos y queremos inmensamente personajes de la calaña de Josu
Ternera, ahora aclamados y vitoreados por algunos como supuestos y
pretendidos artífices de la paz, en estos tiempos en los que algunos
pretenden --como lo han pretendido otros en Chile-- asentar la paz sobre
un lacerante e injusto olvido de los crímenes del pasado, en estos
momentos quiero decir que no caben indulgencias ni desmemorias. Luchamos
por la paz, pero por una paz con verdad, justicia y libertad porque no sé
de rincón en el mundo ni momento en la historia en los que la paz se haya
edificado sólidamente sobre unos cimientos de mentira e impunidad.
Por eso, señor Ministro, ahora que nos acaba de sorprender con el anuncio
solemne de que su departamento tratará de esclarecer lo que pasó con
«Pertur» porque, entre otras razones, fue compañero suyo de colegio,
quiero pedirle que no olvide que hay otras personas a las que ETA hizo
desaparecer y cuyas familias seguimos, cargadas de razones y de
legitimidad, esperando respuestas. Quiero solicitar su compromiso, el
compromiso del Gobierno, con la búsqueda infatigable e ininterrumpida de
esas respuestas.
Queremos saber dónde escondieron los cadáveres de Humberto, de Fernando y
de Jorge. Eran tres seres humanos y tres familias a las que nadie escuchó
ni ayudó; sólo
un sumario que apenas ocupó un mísero tomo de cuatro o cinco centímetros
de grosor y que ya en 1975 fue guardado en alguna caja de algún sótano de
un juzgado de instrucción de San Sebastián.
Muchas gracias. (Aplausos.)
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, Senadora.
Tiene la palabra el señor Ministro del Interior.
El señor MINISTRO DEL INTERIOR (Mayor Oreja): Muchas gracias, señora
Presidenta.
En primer lugar, quiero agradecerle su pregunta y sus palabras, y le
puedo asegurar que es justo, legítimo y admirable que usted no esté
dispuesta a renunciar a la verdad. Quiero agradecer su intervención
porque es un recordatorio para todos que siempre es útil y conveniente y
porque, sin duda, remueve conciencias y nos obliga a todos a
acostumbrarnos a pensar que la justicia y la paz son dos instrumentos y
dos objetivos que tienen que buscarse simultáneamente.
El Ministerio del Interior, como ya he dicho, ha abierto una línea de
investigación para el esclarecimiento de la desaparición de Eduardo
Moreno Bergareche, no por razones personales, sino por la simple y única
razón del esclarecimiento de la verdad, a través de la petición que ha
hecho su familia. Esa línea de investigación que abre el Ministerio de
Interior también está abierta para que podamos investigar simultáneamente
las desapariciones a las que usted hace referencia.
Quiero decirle que si hay algún ministerio que tenga un especial interés
en el esclarecimiento de los hechos, por las razones que le acabo de
exponer, es y será el Ministerio del Interior.
Estamos a disposición de los datos que puedan ofrecernos para potenciar e
impulsar esta investigación. (Aplausos en los escaños del Grupo
Parlamentario Popular.)
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Ministro.
--DE DON CASIMIRO CURBELO CURBELO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA,
SOBRE LA FECHA PREVISTA POR EL GOBIERNO PARA HACER OPERATIVO EL
AEROPUERTO DE LA GOMERA (SANTA CRUZ DE TENERIFE), CON LAS MAXIMAS
GARANTIAS DE SEGURIDAD Y COMODIDAD PARA TODOS LOS CIUDADANOS
(680/000716).
La señora PRESIDENTA: Pregunta de don Casimiro Curbelo Curbelo, del Grupo
Parlamentario Socialista, sobre la fecha prevista por el Gobierno para
hacer operativo el aeropuerto de La Gomera (Santa Cruz de Tenerife), con
las máximas garantías de seguridad y comodidad para todos los ciudadanos.
Tiene la palabra el Senador Curbelo Curbelo.
El señor CURBELO CURBELO: Gracias, señora Presidenta.
Señor Ministro, la pregunta que hoy tengo posibilidad de formular al
Gobierno es cuándo está previsto hacer operativo el aeropuerto en la isla
de La Gomera, de tal forma que se haga con las máximas garantías de
seguridad y comodidad para todos los ciudadanos.
Con ella, lógicamente, le doy la posibilidad de despejar una duda que hoy
se plantea en Canarias, concretamente en la isla de La Gomera, sobre qué
fecha va a fijar el Gobierno para que este aeropuerto sea operativo.
Créame que podía haber hecho la pregunta en el sentido de cuáles son las
razones para el retraso que se ha producido, pero la formulo en un
sentido positivo y la hago fundamentalmente por tres razones.
En primer lugar, porque este aeropuerto, esta infraestructura, está
concluida ya desde finales de 1998.
En segundo lugar, porque existe, como usted sabe, un convenio de
colaboración entre el ente público AENA y el propio Cabildo Insular de La
Gomera para resolver determinados aspectos que finalmente concluyen en la
operatividad y eficacia de la puesta en servicio de dicho aeropuerto.
En tercer lugar, porque se ha escrito y se ha hablado mucho sobre este
aeropuerto de La Gomera, hasta tal punto que desde que se inició la
expropiación del suelo para iniciar las obras ha transcurrido algo más de
una década, y además porque se han fijado muchas fechas para la
inauguración de dicho aeropuerto, y me gustaría que la relación que
existe entre el Gobierno del Estado y la propia Comunidad Autónoma fuese
más fluida y más coherente. Sabe usted, señor Ministro, que, entre otras
cosas, el propio Consejero de Turismo y Transportes del Gobierno de
Canarias, señor Olarte, también Vicepresidente del Gobierno, inauguró en
su momento las pistas de aterrizaje, con lo cual la pregunta que le estoy
haciendo no es ni siquiera cuándo lo va a inaugurar, que desde luego lo
debe hacer usted mismo. Pero existen una serie de incoherencias como la
que acabo de mencionar, e inclusive una más reciente: hace una semana el
propio Director General de Transportes fijaba fecha para la operatividad
y la inauguración del citado aeropuerto a finales de marzo. Sé que esto
no es posible y usted lo sabe igual que yo por varias razones. En
cualquier caso, me sentiría satisfecho con una respuesta precisa por
parte del Gobierno, por su parte, señor Ministro, para que los ciudadanos
gomeros tuviéramos la tranquilidad de una vez para siempre de que la
apertura de ese aeropuerto, que es una obra de infraestructura por la que
hemos apostado todas las fuerzas políticas en Canarias, así como el
Partido Socialista, del mismo modo que otras también lo han hecho, va a
ser un día posible y además próximamente.
Muchas gracias, señor Ministro.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señoría.
Tiene la palabra el señor Ministro de Fomento.
El señor MINISTRO DE FOMENTO (Arias-Salgado y Montalvo): Muchas gracias,
señora Presidenta. Muchas gracias, señoría.
Los servicios técnicos de AENA me pasan la información de que la apertura
del aeropuerto podrá producirse el
día 20 de mayo del presente año. Con el fin de proceder a su entrada en
servicio, se ha optado por autorizar en una primera fase operaciones
sujetas a lo que se denomina reglas de vuelo visual apoyadas en una carta
visual.
Señoría, por la dificultad de disponer de controladores de tránsito aéreo
que prestasen servicios en el nuevo aeropuerto y teniendo en cuenta por
otra parte el tipo y densidad del tráfico aéreo previsto, se ha
considerado inicialmente la apertura del mismo mediante la modalidad
recomendada por la Organización de Aviación Civil (OACI), que se denomina
Servicio de Información de Vuelo de Aeródromos (AFIS) modalidad mediante
la cual se prestan servicios de información y de alerta, y no de control.
Con tal finalidad, y dado que nuevas circunstancias se dan o pueden darse
en ciertos aeropuertos cuando el tipo y la densidad de tráfico aéreo no
justifique la prestación del servicio de control de aeródromo, se
promulgó hace poco tiempo el Real Decreto 1981 del año 1988, de 18 de
septiembre, para la regulación de los servicios AFIS y su correspondiente
inclusión en el Reglamento de circulación aérea.
Por tanto, señoría, pienso que la respuesta es precisa. Se va a abrir el
aeropuerto en las máximas condiciones de seguridad. Los servicios
técnicos de AENA entienden que el 20 de mayo podría realizarse esa
apertura.
Muchas gracias, señora Presidenta. Muchas gracias, señoría.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Ministro de Fomento.
Senador Curbelo, ha terminado su tiempo. Tiene la palabra pero sea breve,
por favor.
El señor CURBELO CURBELO: Seré muy breve, señora Presidenta.
Señor Ministro, me satisface su respuesta porque ha fijado fecha para la
apertura del aeropuerto de La Gomera el día 20 de mayo. Estamos casi en
plena campaña electoral, pero no hay ningún inconveniente, porque los
gomeros saben quién ha gestado esa obra de infraestructuras. Le animo a
que sea usted quien inaugure aquella obra tan importante para La Gomera y
para Canarias y, además, le pido que el sistema que se utilice para
garantizar la seguridad de aquel aeropuerto sea precisamente el de
posibilitar que haya controladores aéreos. Recuerde usted que presentamos
una enmienda a los Presupuestos Generales del Estado para la construcción
de aquella base de seguridad para los controladores aéreos, y ustedes la
desestimaron, pero después la reconocieron y hoy la están construyendo.
Muchas gracias, señora Presidenta.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, Senador.
Tiene la palabra el señor Ministro de Fomento.
El señor MINISTRO DE FOMENTO (Arias-Salgado y Montalvo): Muchas gracias,
señora Presidenta.
Señoría, haré todo lo posible por estar presente el día 20 de mayo en La
Gomera, entre otras razones porque una parte de mi familia procede de
allí, no sé si lo sabe su señoría.
Por otra parte, su señoría sabe que los controladores no se improvisan.
La plantilla de controladores es hoy escasa para cubrir las grandes
necesidades del servicio. Recientemente, se ha firmado un convenio
colectivo, que se está publicando en estos días en el «Boletín Oficial
del Estado» y que prevé la duplicación de la plantilla de controladores,
pero formar completamente una promoción de controladores lleva casi tres
años y, por consiguiente, el número del que disponemos en estos momentos
es escaso.
Muchas gracias, señoría. Muchas gracias, señora Presidenta.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Ministro.
--DE D. JAIME LOBO ASENJO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL SENADO,
SOBRE LAS MEDIDAS PREVISTAS POR EL GOBIERNO A FIN DE ACABAR CON LOS
ACCIDENTES DE TRAFICO QUE SE ESTAN PRODUCIENDO EN EL ACCESO DE LA
AUTOPISTA A-66, EN EL TRAMO COMPRENDIDO ENTRE ONZONILLA Y LA VIRGEN DEL
CAMINO, EN LA PROVINCIA DE LEON (680/000718).
La señora PRESIDENTA: Pregunta de don Jaime Lobo Asenjo, del Grupo
Parlamentario Popular en el Senado, sobre las medidas previstas por el
Gobierno a fin de acabar con los accidentes de tráfico que se están
produciendo en el acceso a la autopista A-66, en el tramo comprendido
entre Onzonilla y la Virgen del Camino, en la provincia de León.
Tiene la palabra el Senador Lobo Asenjo.
El señor LOBO ASENJO: Muchas gracias, señora Presidenta.
Señor Ministro, en la provincia de León, que tan bien conoce su señoría,
en el tramo de carretera que sirve de intersección a la carretera
Benavente-Onzonilla y al acceso sur de León, juntamente con la autopista
A-66, León-Campomanes, explotada por la empresa concesionaria Aucalsa, se
ha venido produciendo en los últimos meses una cadena de desgraciados
accidentes, que han originado al menos una decena de muertos y un buen
número de heridos graves.
Ante la alarma que esta anormalidad supone, principalmente por no estar
desdoblada esta vía y no estar realizado el citado acceso sur a León,
desearía conocer qué medidas ha tomado o piensa tomar el Ministerio de
Fomento para la eliminación de este trágico punto negro.
Muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señoría.
Tiene la palabra el señor Ministro de Fomento.
El señor MINISTRO DE FOMENTO (Arias-Salgado y Montalvo): Muchas gracias,
señora Presidenta. Muchas gracias, señoría.
Efectivamente, en los últimos tiempos se han producido algunos accidentes
en la carretera que señala su señoría, y ello dio motivo a que tanto la
sociedad concesionaria como la inspección de explotación de la autopista
realizaran un análisis con el objetivo de poner en marcha una serie de
medidas que frenaran la accidentalidad en este tramo.
Efectuado el análisis, se ha decidido poner en marcha, de manera
inmediata, las siguientes actuaciones: En primer término, colocación de
las señales T-25, es decir circulación en los dos sentidos, dotadas de
señales luminosas TL-4, que es la triple luz ámbar intermitente,
colocadas en los tres vértices de cada señal. Dichas señales se han
situado en ambos extremos del tramo de carretera convencional afecto a la
concesión.
En segundo lugar, se reiterarán dichas señales T-25 a lo largo del tramo
y para cada sentido de circulación.
En tercer lugar, se reconsiderarán las actuales distancias de
visibilidad, adecuando las zonas con prohibición de adelantamiento, a fin
de adecuarlas a su vez a las velocidades de circulación y pintando las
correspondientes flechas de retorno --perdone usted que utilice la
nomenclatura de carreteras-- marca M-5.5, por aplicación de la norma de
carreteras 8.2-IC.
En cuarto lugar, se procederá al pintado de flechas rectas que indiquen
el doble sentido de la circulación, tanto en las zonas iniciales del
tramo de carretera convencional como en los subtramos, en los que está
prohibido el adelantamiento.
Los servicios de la Dirección General de Carreteras estiman que con estas
medidas se podrá eliminar la accidentalidad del tramo al que se refiere
la pregunta.
Muchas gracias, señora Presidenta.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Ministro.
Tiene la palabra el Senador Lobo Asenjo.
El señor LOBO ASENJO: Muchas gracias, señora Presidenta.
Gracias, señor Ministro, por la respuesta que nos ha dado. Bienvenidas
sean las soluciones que ustedes y la empresa concesionaria Aucalsa nos
ofrecen como posible solución.
Señor Ministro, los leoneses sabemos que la solución definitiva a este
problema en este nudo importantísimo de comunicaciones que será en el
futuro, se producirá cuando al fin se realicen los proyectos tan
anhelados por nosotros: el de la autovía Onzonilla-Benavente, el de la
autopista León-Astorga, el acceso sur a León desde Onzonilla y la ronda
sur de León.
Aprovechando que el Pisuerga pasa por Valladolid, señor Ministro, quiero
pedirle que estos proyectos tan importantes para nosotros sean agilizados
por su Ministerio a fin de que sean pronto una realidad; ésa es la
verdadera solución a este problema.
Muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señoría.
Tiene la palabra el señor Ministro de Fomento.
El señor MINISTRO DE FOMENTO (Arias-Salgado y Montalvo): Muchas gracias,
señora Presidenta.
Señoría, usted sabe que los proyectos a los que ha hecho referencia ya
están en marcha. Tengo la fundada esperanza de que tanto el tramo
comprendido entre Onzonilla y Benavente --que es el que requiere el
desdoblamiento--, como el de la ronda sur de León puedan estar en marcha
como muy tarde en el próximo ejercicio económico. Estamos pendientes del
cumplimiento de algunos trámites administrativos, pero la adjudicación de
la obra en lo que se refiere a la configuración como autovía del tramo
entre Benavente y Onzonilla, se podrá licitar el próximo año, en el 2000.
En cuanto a la ronda sur de León, su señoría sabe que todo el
procedimiento administrativo ya está en marcha. Espero que se pueda
licitar en el segundo semestre de este año.
Muchas gracias, señora Presidenta.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Ministro.
--DE D. LUIS ESTAUN GARCIA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL SENADO,
SOBRE LAS PREVISIONES DEL GOBIERNO ACERCA DE LA CONCLUSION DEL ESTUDIO
INFORMATIVO DEL TRAMO DE LA CARRETERA NACIONAL N-240, ENTRE LAS
LOCALIDADES DE HUESCA Y LLEIDA Y EL RESTO DE LAS ACCIONES PRECISAS PARA
SU TRANSFORMACION EN AUTOVIA (680/000720).
La señora PRESIDENTA: Pregunta de don Luis Estaún García, del Grupo
Parlamentario Popular en el Senado, sobre las previsiones del Gobierno
acerca de la conclusión del estudio informativo del tramo de la carretera
nacional N-240, entre las localidades de Huesca y Lleida y el resto de
las acciones precisas para su transformación en autovía.
Tiene la palabra el Senador Estaún García.
El señor ESTAUN GARCIA: Muchas gracias, señora Presidenta.
Señor Ministro, cuando el próximo lunes se desplace a Almacellas,
población leridana limítrofe con la provincia de Huesca, a inaugurar la
variante de la carretera nacional N-240, tendrá oportunidad de comprobar
que la situación de este eje de comunicaciones entre Lérida y Huesca no
es propio de finales del siglo XX.
El volumen de tráfico y el dinamismo económico de las poblaciones y
comarcas que se comunican mediante esta carretera hace necesario y
urgente su conversión en autovía. Aspiración que han hecho suya
Ayuntamientos, partidos políticos y las Comunidades Autónomas de Aragón y
Cataluña. Cabe destacar el hecho de que esta reivindicación ha
trascendido de una mera comunicación entre capitales de provincia, y la
han hecho suya instituciones y Cámaras de Comercio de cuatro Comunidades
Autónomas: Aragón, Cataluña, Navarra y País Vasco. El motivo de este
apoyo hay que buscarlo en que en la actualidad se concibe este tramo de
autovía como la pieza más inmediata de un proyecto mucho más ambicioso
que supondría la prolongación de esta autovía hasta Pamplona, de modo que
se convertiría en un verdadero eje de desarrollo para todo el noroeste
peninsular y, particularmente para Huesca, considerada como una isla
subdesarrollada dentro de este gran espacio económico.
Señor Ministro, el Ministerio de Fomento asumió y comprendió en su día la
importancia de la conversión de la N-240 entre Huesca y Lérida en
autovía, y por ello adjudicó un estudio informativo en enero de 1997 con
un plazo de entrega de doce meses; plazo que, en abril de 1998, fue
ampliado en ocho meses. Una vez vencidos los plazos marcados por su
Ministerio, todavía no sabemos si ya se ha finalizado el estudio; en caso
de que así fuera, nos gustaría conocer cuáles son las conclusiones del
mismo. Le aseguro que se esperan con verdadera expectación los resultados
de este primer trámite que debe superar este proyecto. Asimismo, he de
reconocer que desde el Partido Aragonés vemos con preocupación su
dilatación en el tiempo.
Por ello, señor Ministro, le preguntamos hoy cuál es la situación del
estudio informativo de la N-240 entre Huesca y Lérida y qué previsiones
tiene el Gobierno para su transformación en autovía.
Muchas gracias, señora Presidenta.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señoría.
Tiene la palabra el señor Ministro de Fomento.
El señor MINISTRO DE FOMENTO (Arias-Salgado y Montalvo): Muchas gracias,
señora Presidenta.
Su señoría ha descrito bien la tramitación que ha padecido hasta ahora el
estudio informativo de la autovía entre Huesca y Lleida. De acuerdo con
la información que me pasan los servicios técnicos de la Dirección
General de Carreteras, se finalizará en el verano. En estos momentos ya
se han recibido las respuestas a las consultas previas de carácter
medioambiental.
Las previsiones realizadas por el Ministerio son someter en el tercer
trimestre de este año el estudio informativo a información pública.
Previa la correspondiente declaración de impacto ambiental a emitir por
el Ministerio de Medio Ambiente, se podrá proceder a la aprobación
definitiva del estudio informativo. Una vez que el estudio informativo
esté aprobado, se procederá a dividir el tramo previsto en distintos
tramos --valga la redundancia-- y a elaborar las órdenes de estudios para
la redacción de los oportunos proyectos.
En todo caso, la pregunta de su señoría queda contestada fijando el
tercer trimestre de este año para que el estudio informativo salga a
información pública.
Muchas gracias, señora Presidenta; muchas gracias, señoría.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Ministro.
Tiene la palabra el Senador Estaún García.
El señor ESTAUN GARCIA: Gracias, señora Presidenta.
Señor Ministro, supongo que usted estará al corriente --si no, le podrán
informar mis compañeros Senadores aragoneses de la coalición electoral
Partido Aragonés-Partido Popular--, de que uno de los puntos
fundamentales en que se basó ese pacto electoral, concretamente el punto
número 5 de este programa que dio pie a este pacto electoral que tan
buenos rendimientos ha dado a este Gobierno, fue la ejecución, de forma
prioritaria, de esta autovía. El Partido Aragonés entiende como impulso
decidido y voluntad política, por citar un ejemplo, el ritmo de las obras
del AVE entre Zaragoza y Lérida, que a su paso por la provincia de Huesca
contrastan fuertemente con el retraso que acumula la variante de Binéfar
en este mismo eje carretero que es objeto de esta pregunta, la Nacional
240.
Por lo tanto, señor Ministro, le pedimos que impulse decididamente este
proyecto y que agilice en lo posible los trámites administrativos que
usted ha descrito de manera que pueda ser cumplido este compromiso en la
presente legislatura, habida cuenta de la perentoria necesidad de esta
autovía.
Muchas gracias, señor Presidente.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señoría.
--DE DON JOSE IRIBAS SANCHEZ DE BOADO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN
EL SENADO, SOBRE SI MANTIENE EL GOBIERNO LAS PREVISIONES DE EJECUCION DEL
CORREDOR NAVARRO DE ALTA VELOCIDAD, EN LOS PROXIMOS DIEZ AÑOS,
GARANTIZANDO QUE, A PARTIR DEL AÑO 2002 Y UNA VEZ EJECUTADA LA LINEA DE
ALTA VELOCIDAD ENTRE MADRID Y ZARAGOZA, LA
COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA PUEDA COMUNICARSE POR VIA FERROVIARIA CON
MADRID A TRAVES DE LA MISMA (680/000721).
La señora PRESIDENTA: Pregunta de don José Iribas Sánchez de Boado, del
Grupo Parlamentario Popular en el Senado, sobre si mantiene el Gobierno
las previsiones de ejecución del corredor navarro de alta velocidad, en
los próximos diez años, garantizando que, a partir del año 2002 y una vez
ejecutada la línea de alta velocidad entre Madrid y Zaragoza, la
Comunidad Foral de Navarra pueda comunicarse por vía ferroviaria con
Madrid a través de la misma.
Tiene la palabra el Senador Iribas Sánchez de Boado.
El señor IRIBAS SANCHEZ DE BOADO: Muchas gracias, señora Presidenta.
Señor Ministro, el gobierno de Navarra, sostenido por Unión del Pueblo
Navarro, y el Gobierno de la nación, del Partido Popular, de quien Unión
del Pueblo Navarro es socio, vienen manteniendo un fluido y fructífero
diálogo de cooperación y colaboración activa en materias de mutuo
interés.
Dichas relaciones en materia de comunicaciones tuvieron una fecha
señalada el pasado día 4 de febrero en que tuvo lugar una entrevista
personal entre el Presidente del Gobierno de Navarra, don Miguel Sanz,
acompañado de su Consejero de Obras Públicas, don José Ignacio Palacios,
y usted mismo.
Tras dicha reunión, desde el Ejecutivo foral se manifestó a la opinión
pública que el Corredor navarro del tren de alta velocidad será una
realidad como máximo en el próximo decenio, consiguiéndose ya, a partir
del año 2002, una reducción sustancial de los tiempos de conexión
Madrid-Pamplona y viceversa, merced al enlace que se realizará por la vía
de alta velocidad en Zaragoza y a otro tipo de actuaciones y mejoras en
la red ferroviaria.
Han pasado escasas fechas --bien es cierto que ya hemos llegado a las
preelectorales-- y quizá porque algunos desde la oposición no entendieron
bien lo que claramente se expuso o porque no les convenía entenderlo, lo
cierto es que en las últimas semanas se ha querido trasladar a los
navarros una cierta inseguridad acerca de que vayan a cumplirse en tiempo
y forma las previsiones y compromisos de que dio cuenta el Presidente del
Gobierno tras su encuentro con usted.
Pero no sólo por algunos se ha querido trasladar, irresponsablemente, esa
inseguridad o incertidumbre, sino que, más aún, dando ya por hecho un
hipotético incumplimiento --no sabemos por qué, tal y como van los
trabajos--, se ha querido deducir de todo ello, y así se ha querido
imputar al Gobierno Unión del Pueblo Navarro, el sometimiento como
vasallo al gobierno del Partido Popular, partido de quien se afirma
despectivamente no somos sus socios sino una sucursal.
Es curioso y paradójico que todas estas ofensivas actuaciones de
sucursalismo y sumisión --ironías de la vida-- las han realizado
representantes de partidos que no son sino la sucursal en Navarra, letra
a letra, de su oficina principal en Bilbao o en Madrid. Incluso, en este
último caso, por partidos que estarían deseando ser sucursales de su
gobierno de Madrid, si lo tuvieran, si bien, para su desgracia, ni la
sucursal ni la oficina principal merecen crédito suficiente, por no decir
que están en quiebra.
Señor Ministro, el objeto de la presente pregunta no es, pues, otro que
el de despejar cualesquiera incertidumbres que hubieran podido crearse y
confirmar ante esta Cámara de representación territorial y a todos los
ciudadanos, pública y formalmente, el interés del Gobierno central, el
interés de su Ministerio, por el Corredor navarro. Confirmarles que es
desde la lealtad recíproca, desde el trabajo conjunto, serio y riguroso,
como se están dando pasos decisivos para la consecución de este objetivo,
que no desde falsos victimismos ni desde la confrontación a que algunos,
interesada e irresponsablemente, parecen invitarnos, ni desde el
sucursalismo. Que lo negociado y lo establecido se está cumpliendo a los
ritmos previstos, paso a paso, dada la complejidad y envergadura del
objetivo, y con frutos que precisamente --qué casualidad-- están teniendo
lugar en la presente legislatura. Y todo ello en beneficio del impulso y
desarrollo de las infraestructuras y comunicaciones de la Comunidad
foral. En unos plazos, señor Ministro, que evidentemente no son los
utópicos (Rumores en los escaños del Grupo Parlamentario Socialista.) --a
qué Comunidad Autónoma no le gustaría tener ya su AVE-- ni siquiera
pretenden ser plazos electoralistas; a los ritmos más ágiles y razonables
posibles. Son los plazos que marcan en su compromiso, en sus actuaciones
sin pausa, en su cooperación mutua ambos ejecutivos, conscientes de la
importancia de esta infraestructura para Navarra y su desarrollo
económico y social, para todo el Valle del Ebro y para España. Desde la
política pragmática de los hechos y no de las palabras, como han hecho y
lo siguen haciendo con otras grandes obras, con el trabajo, la constancia
y la serena fuerza de la razón y la laboriosidad.
En relación con todo ello se formula al Gobierno la pregunta cuyo texto
doy por reproducido, a los efectos de conocer el interés y el compromiso
de su Gobierno respecto a la infraestructura a que he hecho mención.
Muchas gracias, señora Presidenta.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, Senador Iribas.
Tiene la palabra el señor Ministro de Fomento.
El señor MINISTRO DE FOMENTO (Arias-Salgado y Montalvo): Muchas gracias,
señora Presidenta. Muchas gracias, señoría.
Debo comenzar mi respuesta con una primera y rotunda afirmación: la
identidad de criterios y de objetivos entre el Gobierno de España a
través del Ministerio de Fomento y el Gobierno Foral de Navarra es plena.
Por tanto, hablamos siempre desde la coincidencia y discutimos única y
exclusivamente aquello que es susceptible de discusión: tiempos,
trazados, formas de colaboración específica.
Por lo demás, y desde esa identidad de criterios y de objetivos, creo que
el Ministerio de Fomento ha manifestado en todo momento su interés por el
corredor navarro de alta velocidad. Las pruebas se pueden aportar, no son
afirmaciones gratuitas.
Durante el año 1997 el Ministerlo de Fomento ha redactado el estudio de
alternativas de trazado del corredor navarro de alta velocidad. En ese
estudio se proponen tres opciones en el tramo entre Zaragoza y Pamplona,
dos en el entorno de Pamplona, y otras dos entre Pamplona y la conexión
con la «Y» vasca. Este estudio es conocido por el Gobierno de Navarra.
Por otra parte, el Ministerio de Fomento ha adjudicado un estudio de
demanda y de rentabilidad del corredor navarro de alta velocidad el
pasado 30 de noviembre. No ha adjudicado cualquier estudio, es un estudio
por un importe de 40 millones de pesetas y un plazo de ejecución de doce
meses. Y para continuar avanzando en la definición del corredor navarro
de alta velocidad, el Ministerio de Fomento, a solicitud del Gobierno de
Navarra, tiene previsto iniciar la redacción del estudio denominado
«Estudio informativo de la nueva red ferroviaria en la comarca de
Pamplona, eliminación del bucle ferroviario y nueva estación intermodal».
Con este último estudio se podrá avanzar en la definición del nuevo
trazado, en la ubicación de la nueva estación de Pamplona y en la
liberación de terrenos en el actual
trazado urbano. Para la realización de este estudio se negocia en estos
momentos con la Comunidad Foral de Navarra la firma de un convenio de
colaboración, en el que se indicará la aportación de cada una de las
administraciones firmantes.
La puesta en servicio de la línea AVE Madrid-Barcelona y el
encaminamiento por la misma de los trenes con origen y destino en
Pamplona y Logroño permitirá ahorros de tiempo muy considerables. La
instalación de un intercambiador en Plasencia de Jalón permitirá,
utilizando trenes de rodadura desplazable, encaminar trenes por la línea
AVE hasta ese punto y continuar por la línea actual hasta Castejón y
Pamplona. Hasta tanto se acometa durante el próximo decenio el corredor
navarro de alta velocidad, se van a llevar a cabo una serie de mejoras
que afectarán a la seguridad, capacidad y regularidad de la línea actual.
Todo ello supondrá una reducción significativa de tiempo, a la vez que se
mejorará el servicio, incrementando las frecuencias al encaminarse los
trenes al País Vasco por la Comunidad navarra.
Muchas gracias, señoría. Muchas gracias, señora Presidenta.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Ministro.
Tiene la palabra el Senador Iribas.
E1 señor IRIBAS SANCHEZ DE BOADO: Muchas graciás, señora Presidenta.
Muchas gracias, señor Ministro.
Como es lógico, no podemos sino alegrarnos de algo que se ha visto
plasmado hecho a hecho, día a día y paso a paso, que es la identidad de
criterios y objetivos de ambos Gobiernos socios, que colaboran desde la
lealtad, lógicamente, cada uno desde el ámbito de sus respectivas
competencias. Confiamos en que estos compromisos, claros, expresos,
públicos, ante la Cámara de representación territorial y, en definitiva,
en las Cortes Generales por parte de su Ministerio, vengan a dilucidar, a
desmentir cualquier tipo de incertidumbre que hubiera querido plantearse
--incluso, vamos a suponer que de buena fe-- y, por tanto, se zanje esta
cuestión y en el próximo decenio y en los plazos más breves posibles,
tenga usted familia o no la tenga en Navarra, sintamos la satisfacción de
tener la oportunidad de contar con su presencia para inagurar las
referidas obras.
Nada más y muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Gracias.
El señor Ministro no desea hacer uso de la palabra.
--DE D. ARTURO ESTEBAN ALBERT, DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL
SENADO, SOBRE LA SITUACION EN QUE SE ENCUENTRA ACTUALMENTE EL PROYECTO DE
OBRA DE LA PRESA DEL ANDEVALO (HUELVA). (680/000719)
La señora PRESIDENTA: Pregunta de don Arturo Esteban Albert, del Grupo
Parlamentario Popular en el Senado, sobre la situación en que se
encuentra actualmente el proyecto de obra de la presa del Andévalo,
Huelva.
Tiene la palabra el Senador Esteban Albert.
El señor ESTEBAN ALBERT: Muchas gracias, señora Presidenta.
Muy buenos días, señora Ministra.
La presa del Andévalo, en la provincia de Huelva, hace ya casi una década
que supone una anhelo del pueblo onubense por intentar recoger y embalsar
la mucha agua y los recursos hidrológicos de esa provincia, que, sin
duda, son beneficiosos para la misma y que otras veces ha sido motivo de
solidaridad con otras regiones y provincias de España.
Desde que el Partido Popular llegó al Gobierno, según manifestaciones
suyas, señora Ministra, así como de otros altos dirigentes de su
Departamento, se entendió que la presa del Andévalo era un compromiso del
mismo y se ha dicho hasta la saciedad en multitud de ocasiones.
El motivo de que hoy venga a hacerle la pregunta reiterativa sobre la
situación de la presa del Andévalo obedece una vez más a intentar fijar
el compromiso del Gobierno, por el que este Senador y el Partido Popular
no tienen la menor duda, a fin de que, de una vez por todas, si es
posible, lo conozca la oposición, en concreto, el Partido Socialista en
Huelva, porque cada vez que sale alguna noticia positiva sobre esta presa
dicen que no es verdad y que no se va a realizar, en esa idea que se
tiene en el Partido Socialista de que todo lo que no pensaron ellos no
existe y todo lo que no hicieron ellos no se puede hacer.
Quiero que sepa, señora Ministra, que para la provincia de Huelva y para
enclaves tan importantes como Doñana, el Plan Almonte-Marismas y las
zonas donde una regeneración hídrica es imprescindible, ésta es una obra
absolutamente necesaria. Por tanto, siendo una obra de especial
importancia para Huelva, es por lo que le formulo la pregunta a la que
anteriormente ha hecho referencia la señora Presidenta.
Muchísimas gracias, señora Ministra. Gracias, señora Presidenta.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señoría.
Tiene la palabra la señora Ministra de Medio Ambiente.
La señora MINISTRA DE MEDIO AMBIENTE (Tocino Biscarolasaga): Gracias,
señora Presidenta.
Senador, en efecto, una de las prioridades que tiene este Gobierno es dar
satisfacción a las necesidades de ese entorno tan necesitado de esta obra
de regulación, que no solamente va a llevar la consolidación de nuevos
regadíos, sino, sobre todo, abastecimiento a zonas muy importantes, como
las que su señoría acaba de enunciar.
Entiendo esa necesidad que sienten los onubenses, puesto que es un
proyecto que viene coleando desde el año 1990. Ya en el año 1995, en
cinco años, se había conseguido licitar, pero, desde luego, no se había
llegado a la contratación. Hemos tratado de desbrozar todo ese camino y
en este momento está pendiente ya del contrato de adjudicación para que
se pueda poner en marcha la ejecución de ese proyecto tan importante para
esa zona.
En cualquier caso, estamos ultimando los trámites en cuanto a problemas
de disponibilidad de terrenos que aún nos encontramos, pero creo estar en
condiciones de afirmar que el próximo mes de abril firmaremos este
contrato, por un importe de 7.440 millones de pesetas y, por tanto, esta
presa del Andévalo será una realidad muy inmediata.
Gracias, señora Presidenta.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora Ministra de Medio Ambiente.
El Senador Esteban no va a hacer uso de la palabra.
La pregunta de don Joan Lerma queda decaída.
--DE D.ª MARIA GEMA DIAZ VILLEGAS, DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL
SENADO, SOBRE LAS ACTUACIONES QUE HA LLEVADO A CABO ULTIMAMENTE EL
GOBIERNO PARA MEJORAR LA CALIDAD DEL SISTEMA DE FORMACION PROFESIONAL
(680/000722).
La señora PRESIDENTA: Pregunta de doña María Gema Díaz Villegas, del
Grupo Parlamentario Popular en el Senado, sobre las actuaciones que ha
llevado a cabo últimamente el Gobierno para mejorar la calidad del
sistema de formación profesional.
Tiene la palabra la Senadora Díaz Villegas.
La señora DIAZ VILLEGAS: Gracias, señora Presidenta.
Señor Ministro, todos sabemos la importancia y el valor dado por toda la
sociedad al hecho de poder desempeñar un trabajo que nos permita llevar
una vida digna y, por lo tanto, señorías, el desempleo es un problema a
resolver que situamos en primer lugar a la hora de establecer
prioridades.
España es todavía un país con un alto índice de paro, padecemos un 18 por
ciento, y éste es un dato que nos sigue estremeciendo por cuanto conlleva
de dureza y de angustia para todas aquellas personas que se encuentran en
esta situación, así como para todas aquellas familias que se ven
afectadas por la misma.
Es bien sabido, asimismo, que en estos tres años el Gobierno del Partido
Popular ha mejorado notablemente la situación, se ha marcado una
dirección muy adecuada y se está avanzando por ese camino. Basta recordar
que durante 1996 y 1997 en España se ha creado más empleo que en el resto
de los países de la Unión Europea juntos y que ello supone que la mitad
del empleo creado en Europa se ha creado aquí, en nuestro país, en
España. Recordemos también que en 1998 se crearon en nuestro país 440.000
nuevos empleos y que para 1999 la estimación es de 370.000. Todo ello nos
da un crecimiento tres veces mayor al de la media europea, y esto es algo
que hay que valorar muy positivamente.
Somos conscientes de que es mucho el esfuerzo que todos debemos realizar
para reducir ese injusto y preocupante 18 por ciento de personas
desempleadas, pero también creemos sinceramente que la situación respecto
al futuro es más esperanzadora, porque confiamos plenamente en que este
Gobierno va a seguir con su firme voluntad de continuar profundizando en
las políticas activas de empleo. Y desde el Grupo Parlamentario Popular
se piensa, señor Ministro --y esta Senadora así lo cree--, que dentro de
esas políticas activas la Formación Profesional ocupa un destacadísimo
papel a la hora de hablar de generación de puestos de trabajo, porque
existen estudios y datos rigurosos que avalan la afirmación de que
quienes poseen titulaciones de Formación Profesional tardan menos en
encontrar trabajo y que, por el contrario, quienes carecen de
cualificación o no tienen una formación sólida son quienes tienen más
posibilidades de estar y, lo que es peor, permanecer largo tiempo en el
desempleo. Por tanto, señor Ministro, creemos que es fundamental
continuar en la línea de prestigiar social y profesionalmente la
Formación Profesional, adecuándola a las necesidades reales y a las
demandas de las empresas en los nuevos trabajos que se generan, así como
en el esfuerzo de identificar Formación Profesional con calidad en la
preparación.
Por todo ello, señor Ministro, le agradeceríamos que nos diera respuesta
a qué actuaciones ha llevado a cabo últimamente el Gobierno para mejorar
la calidad del Sistema de Formación Profesional.
Gracias, señora Presidenta.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señoría.
Tiene la palabra el señor Ministro de Trabajo y Asuntos Sociales.
El señor MINISTRO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES (Pimentel Siles): Muchas
gracias, señora Presidenta.
Señoría, efectivamente, la Formación Profesional como política activa es
un elemento fundamental, nuclear, de cualquier política de empleo. Hablar
de formación hoy en día es hablar de empleo.
También es conocido por todas sus señorías que en nuestro país, para la
política de desarrollo y la política de empleo, tenemos que considerar a
nuestra gente como nuestro principal recurso natural, de ahí que la
inversión en formación --que es igual que decir la inversión en nuestras
personas-- deba ser siempre un elemento fundamental en la política de
empleo. Y así, en el Plan Nacional de Empleo para 1998 --Plan que, como
usted sabe, señoría, ha sido felicitado como el mejor plan de la Unión
Europea conjuntamente con el francés-- se recogen el conjunto de medidas
que hemos venido articulando para desarrollar la Formación Profesional.
También he de destacar que la base, el cimiento de este desarrollo, es
precisamente un importante acuerdo, el Segundo Acuerdo Nacional sobre
Formación Profesional que se alcanzó a finales de 1996 con empresarios y
sindicatos.
¿Qué pasos se han dado para desarrollar este programa nacional? En primer
lugar, se ha constituido ya --el Decreto está publicado-- el Instituto
Nacional de las Cualificaciones, que permitirá la gestión integrada de
los distintos sistemas de Formación Profesional con la participación de
todas las Comunidades Autónomas que tienen ya transferida
la gestión de la Formación Profesional. Este Instituto y su observatorio
permitirá la permanente adecuación de la formación profesional a las
necesidades de cualificación real de la empresa. Había un hecho muy
preocupante y es que no siempre dábamos la formación profesional que
nuestras empresas y que la nueva sociedad requerían. Por ello, hay que
buscar un sistema mucho más flexible para conseguir que la formación que
se imparta sea realmente la que demanda nuestro sistema productivo.
Tenemos que facilitar las transferencias de las cualificaciones y la
mejora de la formación permanente para permitir otra gran necesidad de
este país que es la movilidad profesional, geográfica y funcional de
nuestro trabajadores y de nuestras trabajadoras.
En el plano de la formación profesional ocupacional y continua destacaría
el desarrollo de un plan de acción para lograr la efectiva implantación
de los 135 certificados de profesionalidad, publicados en el «Boletín
Oficial del Estado» hasta el momento; 110 los hemos hecho desde mayo de
1996 y han supuesto una profunda renovación en la oferta de cursos de
formación profesional ocupacional.
Aparte de estos títulos y de la priorización de la programación de
aquellos centros colaboradores que ajusten sus especialidades a los
contenidos formativos, se ha creado, como también su señoría conoce, un
instrumento de talleres de empleo, dirigido a desempleados mayores de 25
años, especialmente desempleados y desempleadas mayores de 45 años, donde
se va a combinar el empleo con una formación profesional en el oficio y
la obtención de sus certificados de profesionalidad. Se ha modificado el
Real Decreto 797, en el que se establecen las directrices sobre los
certificados de profesionalidad.
Se ha avanzado profundamente facilitando el pago y la gestión en el
acuerdo de formación continua, que gestiona la FORCEM. Ya son más de un
millón de personas trabajadoras las que se benefician al año de los
programas de formación continua.
Por último, hemos mejorado el seguimiento, gestión y control, con
importante participación pública en los gastos de la FORCEM, donde antes
no participaba para nada el Instituto Nacional de Empleo y ahora es el
pagador y el ejecutor de todos los fondos de nuestro sistema de formación
continua.
Por tanto, señoría, constituyen un importante cúmulo de actividades pero
aún son insuficientes y tenemos que seguir profundizando para conseguir
mejorar la formación profesional.
Muchas gracias, señora Presidenta.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Ministro.
--DE D.ª MARIA CRUZ RODRIGUEZ SALDAÑA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN
EL SENADO, SOBRE LAS ACTUACIONES QUE HA LLEVADO A CABO EL GOBIERNO PARA
FOMENTAR EL EMPLEO DE LAS PERSONAS DISCAPACITADAS (680/000723).
La señora PRESIDENTA: Pregunta de doña María Cruz Rodríguez Saldaña, del
Grupo Parlamentario Popular en el Senado, sobre las actuaciones que ha
llevado a cabo el Gobierno para fomentar el empleo de las personas
discapacitadas.
La Senadora Rodríguez Saldaña tiene la palabra.
La señora RODRIGUEZ SALDAÑA: Muchas gracias, señora Presidenta.
Señor Ministro de Trabajo y Asuntos Sociales, desde la promulgación de la
LISMI --Ley de Integración Social del Minusválido--, el 7 de abril de
1992, se ha avanzado en lo que es la integración social, la integración
económica, la integración profesional de los minusválidos. Tanto en el
sistema social, en el sistema sanitario como en el sistema educativo se
ha trabajado conjuntamente para conseguir actuaciones de prevención, de
formación, en definitiva, actuaciones de inserción para las personas
discapacitadas, tanto físicas, psíquicas o sensoriales.
Hemos visto cómo se ha legislado, desarrollando la LISMI, tanto a nivel
autonómico, como a nivel local en todo lo que es accesibilidad, en todo
lo que es protección social y económica y en todo lo que significa
formación y reeducación para este colectivo tan importante.
Han sido transferidas las competencias a las Comunidades Autónomas --las
últimas fueron transferidas a las diez Comunidades Autónomas en el año
1996--. La colaboración entre las Comunidades Autónomas y el Estado se
produce ya a nivel de conferencia sectorial, y hemos visto cómo
recientemente se ha aprobado, dentro del Plan de Discapacidad, por parte
del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales un crédito de 600 millones
para colaborar en la inserción de estos discapacitados.
El cuarto eje del Plan de Acción del Reino de España también tenía un
objetivo concreto que era facilitar la igualdad de oportunidades, y
lógicamente mediante medidas de acción positiva, a un colectivo de
desfavorecidos como son los discapacitados.
El Gobierno ha aprobado un plan de formación profesional, en el que han
participado los agentes sociales, agentes económicos y también el
Ministerio de Educación, y en enero del año 1998 se aprobó un Real
Decreto incentivando también la contratación de estos discapacitados. Ha
habido un acuerdo con el Comité español de representantes de
minusválidos. En definitiva, las actuaciones hacia los discapacitados van
por un camino estupendo pero nos sigue preocupando el empleo, la
formación ocupacional, los centros ocupacionales y los centros especiales
de empleo. Yo creo que la colaboración con Educación en el campo de la
formación profesional adaptada y los programas de garantía social son
fundamentales, así como también lo es la colaboración con ese tercer
sector de las organizaciones no gubernamentales, que deben estar dentro
de los consejos de formación profesional, teniendo en cuenta las
tipologías y los programas de actuación que necesitan los discapacitados
en función de sus necesidades.
Yo sé que es una preocupación de su Ministerio el conseguir programas de
inserción y objetivos concretos para personas con discapacidades tanto
físicas como psíquicas y
sensoriales, para que puedan obtener un empleo tanto en centros de empleo
protegido como en sistemas más normalizados. Sé que, recientemente, su
Ministerio ha realizado algunas actuaciones tendentes a fomentar el
empleo de estas personas discapacitadas, y por eso le pregunto cuáles han
sido las últimas que ha llevado a cabo el Ministerio.
Gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señoría.
Tiene la palabra el señor Ministro de Trabajo y Asuntos Sociales.
El señor MINISTRO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES (Pimentel Siles): Muchas
gracias, Presidenta.
Señoría, efectivamente las políticas activas de empleo deben intentar que
éste favorezca a todos y a todas las ciudadanas de este país, por lo cual
hay que ser especialmente sensible con aquellas personas, como es el caso
de las que padecen alguna discapacidad, que tienen una necesidad añadida
de apoyo para conseguir esta plena integración. Consciente de esa
realidad, el Ministerio de Trabajo firmó, en el año 1997, un acuerdo
importante con el Cermi, el Consejo Español de Representantes de
Minusválidos, que ha dado pie a que se hayan ido aprobando sucesivas
iniciativas, que son muchas. Estamos muy satisfechos de la tarea que se
ha hecho al respecto, por lo tanto, sólo le voy a enumerar las más
destacadas.
En primer lugar, dentro de los centros especiales de empleo, modificamos
el tipo mínimo del número de discapacitados, que antes tenía que ser el
100 y ahora es el 70 por ciento, con el objeto de hacerlo más adaptado a
una economía y darle mayor viabilidad económica. Mediante la aprobación
de una Orden Ministerial de 16 de octubre de 1998, se actualizaron y se
ampliaron las ayudas públicas que se concedían a estos centros, y que
permanecían estables desde el año 1986, es decir, que subimos las
cuantías económicas después de once años. Ahora estamos elaborando un
borrador de real decreto para introducir mecanismos muy interesantes, muy
innovadores, que permitan a los trabajadores y a trabajadoras
discapacitados de centros especiales de empleo, pasar a empresas
ordinarias a través de los denominados enclaves temporales y los
mecanismos de tutoría que acompañarán estos traslados.
Asimismo, en otra orden ministerial, hemos aumentado las subvenciones
para hacer frente a intereses de préstamos solicitados por discapacitados
que hayan decidido comenzar una actividad por cuenta propia.
En la Ley de Acompañamiento del presente año, hemos introducido la
posibilidad de que los discapacitados y las discapacitadas que deseen
convertirse en autónomos puedan capitalizar la prestación por desempleo,
en el caso de que tengan derecho a ella, a fin de poder invertir en la
nueva actividad.
Dentro de la línea de empleo estable, se ha prorrogado para todo el año
1999 el programa de fomento del empleo --que ya venía desarrollándose
desde 1994--, por el cual se permite contratar durante un máximo de tres
años a trabajadores discapacitados incluyendo bonificaciones en las
cuotas de Seguridad Social para estas contrataciones. Es la única
excepción que tenemos en contrato temporal en este período, habiéndolo
suprimido para el resto de los trabajadores.
Por su parte, en un decreto del 8 de enero de este año, se ha
incrementado a 650.000 pesetas la bonificación para la contratación
indefinida de este colectivo, extendiéndola además proporcionalmente a
los contratos a tiempo parcial.
También para poder cumplir la cuota de reserva del 2 por ciento en las
empresas, cuyo sistemático incumplimiento hemos venido denunciando, hemos
facilitado sistemas alternativos como es la compra de bienes, productos o
servicios a los centros especiales de empleo. Se ha elaborado un baremos,
con lo cual las empresas a las que no les sea posible llegar al 2 por
ciento por no encontrar personas con la formación adecuada, puedan
acogerse a este sistema legal administrativo.
También vamos a abrir talleres de empleo --como decía-- para mayores de
cuarenta y cinco años, con el fin de que puedan acceder a él personas con
con discapacidad.
En general, todas las políticas activas contemplan esta especificidad
para personas con discapacidad.
Muchas gracias, señora Presidenta.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Ministro.
--DE D. FRANCISCO JAVIER ROJO GARCIA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA,
SOBRE LA OPINION DEL GOBIERNO ACERCA DE QUE SUS MIEMBROS COMPREN A UNA
INSTITUCION FINANCIERA, DEPENDIENTE DE ADMINISTRACIONES PUBLICAS
GOBERNADAS POR SU PARTIDO, UN INMUEBLE EN LA ZONA MAS CARA DE MADRID, POR
UN PRECIOS SEIS VECES INFERIOR AL DE MERCADO (680/000714).
La señora PRESIDENTA: Pregunta de don Francisco Javier Rojo García, del
Grupo Parlamentario Socialista, sobre la opinión del Gobierno acerca de
que sus miembros compren a una institución financiera, dependiente de
administraciones públicas gobernadas por su partido, un inmueble en la
zona más cara de Madrid, por un precio seis veces inferior al de mercado.
Tiene la palabra el Senador Rojo García.
El señor ROJO GARCIA: Muchas gracias, señora Presidenta.
Señora Ministra de Justicia, ¿cree usted que es ético y políticamente
correcto que Caja Cantabria, que está controlada y dirigida por el
Partido Popular, le haya hecho a usted un regalo en torno a los 100
millones de pesetas a la hora de venderle el inmueble? ¿Usted cree que la
mayoría de los españoles vamos a tener la oportunidad alguna vez de estar
en su situación o nos vamos a tener que limitar a, con mucha ilusión,
comprar un décimo de la ONCE para estar en sus mismas circunstancias?
Gracias, señora Ministra.
La señora PRESIDENTA: Gracias, Senador Rojo.
Tiene la palabra la señora Ministra de Justicia.
La señora MINISTRA DE JUSTICIA (Mariscal de Gante y Mirón): Muchas
gracias, señora Presidenta.
Señoría, al ver el texto de la pregunta y al realizarla en una Cámara, he
pensado que su señoría quería, de verdad, esclarecer algo sobre lo que
tenía alguna duda. Por lo tanto, me pongo a su disposición en este
momento para aclarar exactamente esto que usted ha denominado
irregularidad o falta de ética.
Señoría, el inmueble en el que la señora Ministra de Justicia vive desde
hace muchos años fue dado en el 96 en dación de pago a determinada
entidad financiera, entidad financiera que decidió venderlo completamente
entero. La mejor oferta realizada por ese inmueble fue la de un tercero
que ofertó 400 millones, bien entendido que los inquilinos manteníamos
nuestros derechos. Los inquilinos efectuamos una oferta global de 412
millones. Por lo tanto, señorías, no ha existido ningún trato de favor,
sino más bien todo lo contrario: unos inquilinos han ejercido sus
derechos sin querer que interviniese en ningún momento la Ministra de
Justicia.
Creo que estas explicaciones de las que hay constancia documental dejarán
a su señoría tranquilo. Lo que me agradaría, señoría, es que pudieran
darse en esta Cámara todas las explicaciones necesarias respecto de otros
«pelotazos inmobiliarios» por todos aquellos que los hayan podido
cometer.
Gracias, señoría. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario
Popular.)
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora Ministra.
Tiene la palabra el Senador Rojo.
El señor ROJO GARCIA: Muchas gracias, señora Presidenta.
Gracias, señora Ministra.
Me reconocerá, señora Ministra, que una entidad financiera como Caja
Cantabria no es un banco al uso en los términos que conocemos la banca
privada. Me reconocerá la señora Ministra que Caja Cantabria está
controlada por el Partido Popular. Me reconocerá la señora Ministra que
el Director General de Caja Cantabria está acusado por estafa,
apropiación indebida y falsedad en documento público. Me lo reconocerá.
Me reconocerá la señora Ministra que el portavoz del Partido Popular en
la Comisión de Justicia del Parlamento es el Letrado del señor Director
General de Caja Cantabria. Me reconocerá usted que es la Ministra de
Justicia.
¿Usted cree que esto lo entienden los españoles? ¿Usted cree que esto es
normal? Seguramente lo que usted ha contado estará muy legitimado en los
términos en los que usted lo está planteando, pero usted es la señora
Ministra de Justicia y usted tiene, evidentemente, que responder no
solamente en lo jurídico, sino también en lo ético y en lo político.
Mire usted, un destacado dirigente del Partido Popular, miembro de esta
Cámara, dijo hace tres días en Barcelona en una conferencia, que había
que echar una mirada al Gobierno de Tony Blair, pues alguno de sus
ministros había dimitido por algo tan importante como haber pedido un
préstamo de 90 millones que estaba pagando y que no había hecho constar
al hacer su declaración de intereses en la Cámara. Dimitió porque se
entendía que políticamente era incorrecto lo que había hecho. Eso no lo
digo yo. Lo decía el señor Vidal Quadras en Barcelona hace tres días. Yo
no sé si usted se da por aludida o no con esta cuestión. Yo creo que se
debía dar por aludida. Yo le digo, señora Ministra, que aquí hay, cuando
menos, un trato de favor. Y le diré más. Su piso estaba valorado por Caja
Cantabria en torno a los 66 millones de pesetas, que es un precio que no
tiene nada que ver con el de mercado que está en torno a los 140 o 150
millones de pesetas. Usted lo sabe. Y usted lo ha comprado por 22
millones y medio. Esto usted seguramente lo comprenderá y le parecerá muy
normal. Yo no lo entiendo. La mayoría de los españoles no lo entiende.
¿Usted qué cree que pueden pensar los jóvenes de este país cuando van a
acceder a una vivienda, no se sabe dónde, y les cuesta más de lo que le
ha costado a usted la suya? ¿Sabe lo que piensan? Que tiene usted un
morro que se lo pisa. (Fuertes rumores.) Eso es lo que piensan la mayoría
de los jóvenes. Pero si se lo preguntamos a los padres, que son los que
al final tienen que pagar las hipotecas de los hijos, ¿sabe usted lo que
piensan? Que tiene usted más cara que el cemento. (Fuertes rumores.) Eso
es lo que piensan los padres.
Por tanto, señora Ministra, no nos venga aquí a contar historias sobre lo
bien que ha hecho usted las cosas. Usted es la Ministra de Justicia, y el
Director General de Caja Cantabria está bajo sospecha por sus
irregularidades y por su vinculación al Partido Popular. Y usted tiene
que responder políticamente. De eso es de lo que tiene que responder.
Y le voy a decir a usted una cosa. Usted nos podrá acusar --porque
seguramente estará previsto que nos acusen ustedes de más cosas--, pero
yo, como usted comprenderá, le estoy contestando como miembro de esta
Cámara desde el derecho que tengo, y le digo a usted: esto no se lo
aprueba ningún ciudadano, ni siquiera los que les votan a ustedes.
Gracias. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario
Socialista.--Fuertes rumores.)
La señora PRESIDENTA: Gracias, Senador Rojo.
Tiene la palabra la señora Ministra de Justicia.
La señora MINISTRA DE JUSTICIA (Mariscal de Gante y Mirón): Gracias,
señora Presidenta.
Señoría, yo creo que lo que no aprobaría ningún ciudadano es que usted
haga uso de sus votos para insultar sin razón alguna. (Aplausos en los
escaños del Grupo Parlamentario Popular.--Fuertes rumores.)
Yo le pediría a su señoría que si de verdad usted piensa lo que ha dicho
en esta Cámara, lo repita fuera, porque así les dará a mis convecinos la
oportunidad de demostrar
que lo que usted está insinuando respecto de ellos también es
rigurosamente falso. (Rumores.) Pero usted se sienta ahí y habla,
amparado por su inmunidad parlamentaria, para que no tengan oportunidad
de defenderse personas que nada tienen que ver con la política, y cuyo
nombre se está poniendo en entredicho, señoría. Eso es lo que no aprueban
los ciudadanos. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario
Popular.--Fuertes rumores.)
Muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Gracias, señora Ministra de Justicia.
--DE D. JUAN ANTONIO AREVALO SANTIAGO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO
SOCIALISTA, SOBRE SI EL SEÑOR MINISTRO DE INDUSTRIA Y ENERGIA CUENTA CON
LA CONFIANZA DEL PRESIDENTE DEL GOBIERNO (680/000713).
La señora PRESIDENTA: Pregunta de don Juan Antonio Arévalo Santiago, del
Grupo Parlamentario Socialista, sobre si el señor Ministro de Industria y
Energía cuenta con la confianza del Presidente del Gobierno.
Tiene la palabra el Senador Arévalo Santiago.
El señor AREVALO SANTIAGO: Señora Presidenta, señorías, señores del
Gobierno, ¿goza el Ministro de Industria de la confianza del Presidente
del Gobierno?
Muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Gracias, Senador Arévalo.
Tiene la palabra el señor Ministro de Administraciones Públicas.
(Rumores.)
El señor MINISTRO DE ADMINISTRACIONES PUBLICAS (Acebes Paniagua):
Gracias, señora Presidenta.
Señoría, seguro que usted sabe, por las muchas manifestaciones y
declaraciones que en este sentido ha hecho el Presidente del Gobierno,
que el Ministro de Industria y Energía y Portavoz del Gobierno goza de la
total confianza del Presidente del Gobierno.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Ministro.
Tiene la palabra el Senador Arévalo Santiago.
El señor AREVALO SANTIAGO: Le hice la misma pregunta a la Ministra de
Justicia y me contestó el Vicepresidente Primero. Poco después la repetí
para el señor Alvarez-Cascos y respondió el señor Piqué. Hoy, no sé por
qué, responde el Ministro de Administraciones Públicas quien, sin duda,
no desea entrar en ese circuito. (Risas.--Rumores.)
Hace dos semanas, sin que nadie lo requiriera, el señor Piqué hizo aquí
una confesión. Dijo: En el caso de que resulte necesario adoptar
decisiones en el ámbito de la competencia del Ministro de Industria y
Energía que afecten directa o indirectamente a Fertiberia, que perteneció
al Grupo Ercros, presentaré inmediatamente por escrito mi inhibición en
este tema al Presidente del Gobierno. (Rumores.) El señor Piqué reconoce
así que con anterioridad no se ha inhibido, y que no debe hacerlo hasta
que se adopten decisiones.
Primero.La inhibición que tiene que hacerse por escrito, según el
artículo 2.3 de la Ley de 11 de mayo de 1995, se exige, no sólo para
tomar decisiones, sino también para tener conocimiento de los asuntos, y
nada de esto ha hecho Piqué.
Sigamos.El Consejo de Ministros ha tenido que tener conocimiento y
decisión en el verano de 1998 sobre la condonación de casi toda la deuda
de Ercros, es decir, 7.400 millones de regalo al Grupo que dirigió Piqué,
el cual no consta que se inhibiera.
Más.La curiosa sociedad Loreto Consulting --la de Piqué y su esposa,
únicos propietarios y trabajadores--, la consultora de Ercros, siguió en
activo siendo Piqué Ministro --y no aparece en el Registro de
actividades--, lo cual era incompatible, incurriendo, si así se
considera, en infracción muy grave: artículo 11 de la Ley de
Incompatibilidades.
Como según el artículo 13 quienes hubieran sido objeto de sanción no
podrán ser nombrados para ocupar, entre otros, el cargo de Ministro, el
señor Piqué sería baja por ley de su cargo, como lo debería ser por su
comportamiento.
Don Josep Piqué i Camps es titular del 98,89 por ciento de Loreto
Consulting. Loreto Consulting es propietaria de una vivienda que tiene
arrendada a un señor que se llama don Josep Piqué i Camps. Por tanto, me
imagino que en el contrato de arrendamiento debajo de la expresión «El
Arrendador» firmará don Josep Piqué i Camps, y que debajo de la expresión
«El Arrendatario» también firmará don Josep Piqué i Camps; autocontrato
que supongo que se reflejará beneficiosamente en su declaración de renta.
¿No es éste un comportamiento ejemplar que por sí solo exige el cese? Si
el señor Aznar conocía las turbias relaciones Piqué-Ercros-Loreto
Consulting no debió nombrarle Ministro. Y si el señor Aznar lo ha sabido
después, tenía que haberle cesado como Ministro. Pero, no: el señor Aznar
le ha permitido que siguiera en esos líos, que usara su Ministerio para
dar subvenciones irregulares, y por lo visto tampoco ha reparado en el
procedimiento en marcha por presunto alzamiento de bienes.
Con todo este bagaje, el señor Piqué fue entronizado como portavoz del
Gobierno, y el Partido Popular le hizo entre ovaciones protagonista de su
gran acontecimiento congresual. Alvarez-Cascos, Mariscal de Gante, Piqué,
los tres gozan de la confianza del Presidente del Gobierno, con lo que el
centro reformista está garantizado. (Risas desde los escaños del Grupo
Parlamentario Socialista.)
La señora PRESIDENTA: Le ruego que termine, señoría.
El señor AREVALO SANTIAGO: Sí, señora Presidenta. Termino.
Espero una respuesta responsable. Miren, ustedes ganaron las elecciones
de 1996 por los pelos, pero nosotros nunca discutimos su derecho a formar
Gobierno. Deseo que hoy se quiebre esa actitud...
La señora PRESIDENTA: Señoría, ha terminado su tiempo. (El señor Arévalo
Santiago pronuncia palabras que no se perciben.--Rumores.)
Tiene la palabra el señor Ministro de Administraciones Públicas.
El señor MINISTRO DE ADMINISTRACIONES PUBLICAS (Acebes Paniagua):
Gracias, señora Presidenta.
El Senador Arévalo sabe perfectamente cuál es el motivo por el que en
este caso contesta el Ministro de Administraciones Públicas. Su señoría
lleva suficientes años en esta Cámara como para haber aprendido que las
preguntas se dirigen al Gobierno y que cualquiera de sus miembros las
puede contestar.
Satisfecha esta duda, le diré que usted hoy ha formulado esta pregunta
--como también ha ocurrido con la desafortunada que hemos tenido ocasión
de escuchar con anterioridad-- por una exclusiva estrategia del Partido
Socialista que no está dirigida a conocer la verdad, porque todos los
interrogantes que usted ha planteado ante al Cámara han sido
suficientemente contestados por el Ministro Piqué en sede parlamentaria y
en múltiples ocasiones. Pero a usted no le importan nada las respuestas a
esas preguntas, que ya conoce, incluida la que hoy me ha formulado.
El Partido Socialista ha decidido tener una estrategia determinada,
derivada de su incapacidad para formular alternativas al Gobierno, para
realizar un proyecto constructivo o para proponer cualquier cosa positiva
para los españoles. (Protestas desde los escaños del Grupo Parlamentario
Socialista.) Y ante esa incapacidad de formular una alternativa,
pretenden desviar la atención hacia dos cuestiones, utilizando una
política destructiva y catastrofista y formulando acusaciones sobre las
cuales no les interesa conocer la verdad, sino que tienen por objeto
desviar la atención de los temas importantes. (Algunos señores Senadores
desde los bancos del Grupo Parlamentario Socialista pronuncian palabras
que no se perciben.) Pero no lo van a lograr. La política del Gobierno
del Partido Popular está consiguiendo el progreso, la prosperidad, el
bienestar y el empleo que, tras trece años de Gobierno socialista, no se
lograron, y lo está haciendo con unos equipos honestos y eficaces que
tampoco tuvieron los Gobiernos de González.
Gracias. (Fuertes aplausos desde los escaños del Grupo Parlamentario
Popular.--Fuertes protestas desde los escaños del Grupo Parlamentario
Socialista.)
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Ministro.
--PROPUESTA DE MODIFICACION DEL ORDEN DEL DIA DE LA SESION PLENARIA DEL
24 DE MARZO DE 1999 (550/000028).
La señora PRESIDENTA: Señorías, antes de empezar con las interpelaciones,
quiero darles noticia de que, al amparo de lo dispuesto en el artículo
71.4 del Reglamento, se propone al Pleno la siguiente modificación del
orden de examen de los asuntos incluidos en los puntos cuarto y quinto
del orden del día.
Tras los números 21 y 22 del punto cuarto, relativos a los dictámenes de
los proyectos de ley de adhesión de España a diversos acuerdos del Fondo
Monetario Internacional, y de tasas y precios por servicios prestados por
el Consejo de Seguridad Nuclear, respectivamente, se debatirá el número
29, referente al dictamen sobre el proyecto de ley orgánica del Código
Penal. Seguidamente se examinará el punto quinto del orden del día,
relativo a la toma en consideración de la proposición de ley del Grupo
Parlamentario Socialista para la asistencia y amparo de los españoles
privados de libertad en el extranjero. Por tanto, se hará a continuación
y mañana jueves, cuando se continúe con el resto del punto cuarto del
orden del día y se debatirán todos los dictámenes referentes al
denominado Pacto Local, iniciándose con los números 26 y 27: proyecto de
ley orgánica de modificación de la Ley Orgánica del Régimen Electoral
General y de modificación de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional,
para, acto seguido, debatir los números 23 y 25, que contienen los
proyectos de ley de modificación de la Ley Orgánica sobre Protección de
la Seguridad Ciudadana, modificación de la Ley reguladora de las Bases
del Régimen Local y modificación de la Ley Orgánica reguladora del
Derecho de Reunión, respectivamente. Se concluirá con el número 28, que
es el relativo al proyecto de ley de modificación de la Ley Orgánica
reguladora del Derecho a la Educación, de la LODE.
¿Lo acuerda así el Pleno, tal y como me lo han comunicado los portavoces?
(Pausa.)
Queda aprobada por asentimiento la modificación del orden en que se
discutirán los asuntos del orden del día.
INTERPELACIONES:
--DE D. ANTONIO SANCHEZ LUCAS, DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, SOBRE
LOS PLANES DEL GOBIERNO PARA FACILITAR A LOS COLECTIVOS DE DISCAPACITADOS
LA MOVILIDAD Y ACCESIBILIDAD AL TRANSPORTE, AL MEDIO URBANO Y A LA
EDIFICACION (670/000123).
La señora PRESIDENTA: Comenzamos el segundo punto del orden del día,
interpelaciones.
En primer lugar, interpelación de don Antonio Sánchez Lucas, del Grupo
Parlamentario Socialista, sobre los planes del Gobierno para facilitar a
los colectivos de discapacitados la movilidad y la accesibilidad al
transporte, al medio urbano y a la edificación.
Tiene la palabra el Senador Sánchez Lucas para exponer la interpelación
por tiempo de quince minutos.
El señor SANCHEZ LUCAS: Señora Presidenta, señor Ministro, señorías,
inicio esta interpelación con la premisa de intervenir con todo el
respeto y prudencia que requiere un tema que afecta a tantos españoles y
españolas y que exige de todos nosotros alejar toda controversia y
demagogia.
Señor Ministro, la interpelación que tengo el honor de presentar en
nombre del Grupo Parlamentario Socialista pretende llamar la atención del
Senado, del Gobierno y de la sociedad sobre la grave situación a la que
tienen que enfrentarse cada día un elevadísimo número de españoles y
españolas para desplazarse por su vivienda, por el medio urbano, para
trasladarse, para acceder al trabajo y para comunicarse. Es una cantidad
tan grande, es tan difícil su situación, que estoy seguro, señor
Ministro, señora Presidenta, señorías, de que cuando acabe mi
explicación, y espero hacerlo acertadamente, todos comprenderemos y nos
comprometeremos a encontrar la mejor y, sobre todo, la más rápida
solución a una problemática que afecta a un gran número de personas, en
cuyo grupo podemos encontrarnos todos, sea temporal o permanentemente,
formando parte.
Este colectivo al que me refiero es denominado con diferentes nombres:
disminuidos, minusválidos, discapacitados, impedidos, etcétera; nombres
no siempre correctamente aplicados, pero para ajustarse a la problemática
real el nombre más adecuado y el que utilizaré en mi interpelación es el
de personas con movilidad reducida.
Como es bueno refrescar la memoria, me permito repasar la definición de
los conceptos más utilizados y que, a veces, crea cierta confusión su
empleo. Dentro del nombre genérico de personas con movilidad reducida
podemos encontrar los siguientes conceptos: discapacidad, deficiencia y
minusvalía. Según la Organización Mundial de la Salud, discapacidad es la
restricción o ausencia debida a una deficiencia de la capacidad de
realizar una actividad en la forma o dentro del margen que se considera
normal. Deficiencia es toda pérdida o anormalidad de una estructura o
función sicológica, fisiológica o anatómica. Y minusvalía es la situación
desventajosa a consecuencia de una deficiencia o de una discapacidad, que
limita o impide el desempeño de un rol, que es normal en su caso. Esta es
la definición de la OMS.
El concepto de persona con movilidad reducida relaciona, por tanto, la
capacidad con la movilidad. Se trata de un colectivo humano que debido a
una discapacidad física, psíquica o sensorial, y de forma temporal o
permanente, tiene reducida su movilidad. La movilidad es el concepto
sobre el que quiero llamar la atención del señor Ministro y de sus
señorías.
¿Qué situación lleva a una persona a ver afectada su movilidad? Aparte de
los dos grandes grupos, discapacitados y personas de edad avanzada,
también lo son los que han sufrido una lesión o accidente y tienen
disminuida su capacidad motora, las mujeres en avanzado estado de
gestación, las personas obesas, los enfermos del corazón, los
convalecientes de accidentes, los artríticos, las personas cargadas, las
personas con coches de bebés, etcétera.
Para ilustrar lo anteriormente expuesto daré a SS. SS. algunas cifras. En
el mundo, se estima que hay quinientos millones de personas afectadas por
incapacidades. Los resultados de encuestas de sectores de población,
unidos a las observaciones de investigadores experimentados, así lo
certifican. En la mayoría de países, como mínimo, una de cada diez
personas tiene una deficiencia física, mental o sensorial y al menos el
25 por ciento de toda la población se ve adversamente afectada por alguna
forma de incapacidad.
En la Unión Europea la cifra estimada de discapacitados se calcula en
unos 27 millones. Las personas que en España tienen dificultada su
movilidad, de forma temporal o permanente, son --como mínimo-- el 25 por
ciento del total y esa cifra va en aumento. Anualmente, en nuestro país,
cerca, de mil personas sólo por accidentes de tráfico pasan a formar
parte del grupo de parapléjicos o ven su movilidad reducida a una silla
de ruedas. También se sabe que, por diferentes causas, cada día, tres
ciudadanos de nuestro país tienen el triste privilegio de estrenar una
silla de ruedas para desplazarse.
En 1991, el entonces Inserso editó un documento titulado: La tercera edad
en España: Aspectos cuantitativos. En este documento se recogen una serie
de datos estimativos sobre los ritmos de crecimiento probables de la
población española para el año 2010 basándose, asimismo, en las
previsiones del Instituto Nacional de Estadística. Se estima que ese año
la población española será de aproximadamente 41.200.000 habitantes; casi
6.200.000 de estas personas tendrán sesenta y cinco años o más --por
tanto, buena parte de ellos serán candidatos a engrosar el número de
personas con movilidad reducida.
También el entonces Inserso en 1995 editó un documento titulado: Las
personas mayores en España. Reciprocidad familiar, en el que se analizan
datos sobre envejecimiento derivados de una encuesta realizada.
En cuanto a la población discapacitada, basándonos en datos de un estudio
del Instituto Nacional de Estadística del año 1987, se deducía que
2.508.000 personas no pueden subir escaleras; 855.000 no pueden andar o
padecen graves deficiencias motoras; 875.848 personas padecen graves
deficiencias visuales o son ciegas, y 1.028.491 personas padecen graves
deficiencias auditivas o son sordas. Estos datos nos dan la terrible
cifra de 5.267.339 personas con discapacidad. Quiero aclarar que estos
datos no corresponden al total de las personas con movilidad reducida
sino al colectivo formado por las que tienen algún tipo de discapacidad.
Estoy hablando de un estudio de 1987 que es dramático. Los datos
estadísticos oficiales son incuestionables y no necesitan comentarios,
por tanto, voy a pasar a hacer un breve repaso del marco legal de que
disponemos y qué nos exige ese marco.
Uno de los primeros documentos existentes, a nivel mundial, fue la
Declaración de Derechos del Deficiente Mental y de los Impedidos,
Asamblea General de la ONU 1971-1977. Otro documento es el Decenio de las
Naciones Unidas para los Impedidos, Asamblea General de la ONU
para el decenio 1983-1992, declarando el año 1981 como el Año
Internacional de los Impedidos. Después hay numerosas acciones
específicas de la ONU a través de la OMS, Unicef, Unesco, OIT;
Declaración de los Derechos de los Impedidos; Asamblea General de la ONU
del 9 de diciembre de 1975, y el Programa Acción Mundial para los
Impedidos, resolución de la ONU del 3 de diciembre de 1982.
En la Unión Europea, desde la primera resolución del Consejo del 27 de
octubre de 1974 relativa al establecimiento del I Programa de Acción
Comunitaria para la Readaptación Profesional de los Minusválidos hasta el
Programa Helios I, cuatrienio 1988-1991, iniciativa Horizon y Helios II,
existe un gran número de resoluciones en los diferentes campos. Asimismo,
los Estados miembros se han dotado de leyes y normativas al respecto.
En España queda patente en la Constitución cuando se afirma: para que los
españoles tengan los mismos derechos en la igualdad. De este modo se
manifiesta en los artículos 9, apartado 2; artículo 14; artículo 20 y,
sobre el tema al que nos referimos, queda manifiesto muy claramente en el
artículo 49, que cito textualmente: «Los poderes públicos realizarán una
política de previsión, tratamiento, rehabilitación e integración de los
disminuidos físicos, sensoriales y psíquicos, a los que prestarán la
atención especializada que requieran y los ampararán especialmente para
el disfrute de los derechos que este Título otorga a todos los
ciudadanos.»
Me permito solicitar su atención, señor Ministro, señorías, sobre las
expresiones «... la atención especializada...» y, sobre todo, «... los
ampararán especialmente...».
La Ley de Integración Social de los Minusválidos y normativa
complementaria, LISMI, de 7 de abril de 1982, declara también que los
principios que inspiran la Ley se fundamentan en este artículo 49, antes
citado. Le sigue un gran número de decretos y leyes que contemplan todos
los ámbitos. Las Comunidades Autónomas tienen asimismo legislado sobre la
accesibilidad, si bien en diferente grado, así como los ayuntamientos.
Podemos afirmar sin miedo a equivocarnos que se dispone de base jurídica
legal al respecto.
Aquí acabaría mi exposición. Me permito hacer un resumen conciso para
centrar el tema.
En primer lugar, existen personas con movilidad reducida: tercera edad,
discapacitados y personas con alteraciones temporales.
En segundo lugar, existen barreras arquitectónicas, urbanísticas, en el
transporte y en la comunicación.
En tercer lugar, debe haber, por tanto, soluciones políticas, técnicas,
económicas y sociales.
Este último apartado, señor Ministro, es el motivo de mi interpelación.
Señora Presidenta, finalizo mi intervención recuperando las
recomendaciones del Programa de Acción Mundial para los Impedidos de la
ONU de 1982, cuando se refiere a equiparación de oportunidades. Dice: La
experiencia ha demostrado que es en gran parte el medio el que determina
el efecto de una deficiencia o incapacidad sobre la vida diaria de la
persona. Una persona es minusválida cuando se le niegan las oportunidades
de que se dispone en general en la comunidad. De las personas con
incapacidades se debe esperar que desempeñen su papel en la sociedad y
cumplan sus funciones como adultos. Solemos ver la incapacidad que acusa
el bastón blanco, las muletas, las ayudas auditivas y las sillas de
ruedas. Pero no a la persona. Lo que se requiere es centrarse en la
capacidad del impedido y no en su incapacidad.
Esto es lo que la sociedad y las personas afectadas esperan de las
administraciones y sus representantes. Creo firmemente que es nuestro
deber exigirlo y pedir al Gobierno que adopte todas las medidas a su
alcance para que sea posible.
Gracias, señora Presidenta, señor Ministro, señorías.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, Senador Sánchez Lucas.
Para contestar a la interpelación, tiene la palabra en nombre del
Gobierno, el señor Ministro de Trabajo y Asuntos Sociales, por un tiempo
de quince minutos.
El señor MINISTRO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES (Pimentel Siles): Muchas
gracias, señora Presidenta.
Señoría, efectivamente ha planteado usted un tema importante en nuestra
sociedad, una sociedad que, constitucionalmente, se proclama como un
Estado social y en la que siempre tenemos que tener presente el
frontispicio de su mejora y de la igualdad de trato, de condición y de
oportunidades. Una sociedad que no esté libre de cualquier tipo de
barreras que puedan afectar --coincido con usted-- a los conceptos de
movilidad limitada, movilidad reducida y a los distintos tipos de
limitación, es una sociedad que no garantiza la igualdad para todos sus
ciudadanos y ciudadanas. Por tanto, el Gobierno acoge, con inquietud y
con interés, la interpelación que su señoría nos hace, y coincide con los
postulados y las necesidades básicas que en ella propone.
Tenía preparada una primera parte de mi intervención, pero dado que
coincidimos con sus postulados y con sus intereses, me voy a centrar en
las acciones que está previsto realizar y en las que ya se han llevado a
cabo. En principio, nos parece un debate de gran importancia. Creemos que
se están haciendo cosas, pero asumo de antemano que todavía nos quedan
muchas leyes, muchas normas y muchas inversiones por realizar. En todo
caso, quiero transmitirles --creo que usted las compartirá-- las
iniciativas que ha adoptado este Gobierno --algunas de ellas continuación
de otras del Gobierno anterior-- y estoy seguro de que habrá una
coincidencia básica en esta línea de trabajo.
Dentro del ámbito del propio Ministerio de Trabajo, el Imserso, como
usted sabrá, está desarrollando un programa de prestaciones técnicas, que
persigue la oferta y la búsqueda de soluciones para favorecer la
normalización de la vida de un colectivo de personas, que, por su
discapacidad, necesita apoyos especiales para poder desarrollar su vida
personal y de relación, en igualdad de condiciones que el resto de los
ciudadanos. Este programa se orienta en
varias direcciones relacionadas con la accesibilidad arquitectónica y
urbanística, la accesibilidad en el transporte y la accesibilidad en la
comunicación. Para ello, en 1999, el Imserso va a invertir, en su
conjunto, 1.200 millones de pesetas, lo que representa un incremento del
43 por ciento frente a los 840 millones de los que estaba dotada esta
línea en el año 1996.
En cuanto a la accesibilidad arquitectónica y urbanística, quiero
indicarles que el concepto de movilidad reducida afecta no tan sólo a las
personas con discapacidades, sino también a las personas que hayan
sufrido algún tipo de accidente o siniestro puntual, sea temporal o
permanente, y a las personas de la tercera edad, es decir, que estamos
hablando del 20 ó 25 por ciento de la población, que puede verse limitada
si las condiciones de movilidad y accesibilidad no son las indicadas.
Este proyecto de accesibilidad se está articulando en colaboración con la
Fundación ONCE, se inició hace unos años y ha quedado consolidado a
través de convenios específicos suscritos con dicha fundación. El
propósito básico de esta actuación conjunta consiste en generar una
cultura de accesibilidad que ponga de relieve ante las instituciones,
entidades interesadas y público en general, las ventajas inherentes a la
presentación de soluciones accesibles.
Actualmente, está vigente un convenio, firmado en 1998, entre el
Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales y la Fundación ONCE, que tendrá
vigencia hasta el año 2000. Este convenio establece la participación
financiera de ambas instituciones, con una previsión de aportación
conjunta de 2.550 millones de pesetas para las tres años, asumiendo cada
parte el 50 por ciento del total de la inversión. A esta cantidad hay que
añadir la aportación de las corporaciones locales, con lo que el total de
la financiación ascenderá prácticamente a 4.000 millones de pesetas,
exactamente 3.825 millones de pesetas.
También es muy importante la accesibilidad en el transporte,
especialmente en el transporte público. La integración social de las
personas con discapacidad, obviamente, pasa por la posibilidad del uso y
disfrute de los vehículos de transporte, tanto públicos como privados. En
esta línea, y centrándome por tipos de transporte, en el ferrocarril, el
Imserso formaliza anualmente un convenio de colaboración con la Renfe,
para desarrollar actuaciones conjuntas que favorezcan la accesibilidad de
los vehículos y estaciones de la red. En la actualidad, se han invertido
en este programa 1.400 millones de pesetas, desde 1993, siendo la
aportación prevista para este año 200 millones de pesetas. En años
sucesivos, continuaremos trabajando conjuntamente con Renfe, para que
este proyecto pueda acercar el transporte de personas con discapacidad o
con movilidad reducida.
En cuanto al autobús, y en línea con la planificación del Imserso,
pretendemos fomentar su accesibilidad como servicio urbano de transporte.
Para ello, proponemos la financiación del coste diferencial entre el
autobús convencional y el accesible de piso bajo. Desde la puesta en
funcionamiento de este programa ya se han invertido 3.800 millones de
pesetas, lo cual se traduce en la implantación de unos 1.500 autobuses,
concretamente de 1.446 autobuses accesibles.
En 1999 continuaremos en esta línea de renovación de autobuses. Es más,
tenemos previsto abrir una vía de colaboración en los niveles
correspondientes para favorecer la incorporación del transporte accesible
en las líneas regulares del servicio de autobuses de carácter
interurbano. Hasta ahora esta actuación se había limitado al área urbana,
pero vamos a ampliarla a la zona interurbana.
En cuanto al transporte por autotaxi, el Imserso está promoviendo la
extensión del servicio del taxi accesible como solución al transporte de
los grandes discapacitados. Para ello, se ha iniciado un programa, en
colaboración con la FEMP y la ONCE; fundación que desde el año 1995 ha
obtenido sucesivas prórrogas mediante convenios bilaterales formalizados.
En este caso, el Imserso y la Fundación ONCE apoyan la incorporación del
taxi accesible a la flota municipal de esta modalidad de transporte,
aportando cada entidad un millón de pesetas por vehículo. Por su parte,
la entidad local adscrita al convenio suele promover la utilización de
este servicio de transporte concediendo bonificaciones en su precio para
aquellos usuarios discapacitados.
También hay que tener en cuenta la accesibilidad en la comunicación, toda
vez que en nuestra sociedad el peso de las telecomunicaciones es cada vez
mayor; se está convirtiendo en el enlace de relación social más habitual
e importante, importancia que va a ir en aumento. Estas barreras son más
sutiles, si cabe, que las barreras arquitectónicas o de transporte, pero
cada día serán más tenidas en cuenta.
Respecto a la comunicación telefónica, se está trabajando intensamente en
el teléfono de texto; teléfono que ustedes conocen y para el que se han
venido concediendo ayudas económicas que han permitido la instalación de
3.000 equipos de teléfonos de este tipo. En 1997 el Ministerio de Trabajo
y Asuntos Sociales, a través del Imserso, formalizó un convenio de
colaboración con las Comunidades Autónomas para favorecer la instalación
de 8.000 nuevos equipos de teléfono de texto en todo el territorio
nacional con destino a uso público y privado. La aportación, en este
caso, ha sido de 260 millones de pesetas.
Para que el uso de este teléfono de texto sea una realidad es necesario
contar con un centro de intermediación desde donde se transmita la señal;
este centro de intermediación permitirá establecer comunicación entre
sistemas compatibles, de teléfono de texto a teléfono de texto, y entre
un sistema convencional y uno de texto. Para ello, el Imserso ha puesto
en marcha un centro de intermediación de teléfonos de sordos, que tiene
cobertura de ámbito nacional y que presta servicio a lo largo de las 24
horas del día de los 365 días del año. Es el Imserso el que corre con los
gastos de mantenimiento y con el precio de las llamadas de salida del
centro, siendo el coste de la tarifa el que corresponda. Hemos traspasado
esta línea de actuación al ámbito de la empresa privada, y estamos
colaborando con la Fundación Airtel para ampliar este servicio a la
telefonía móvil.
También hemos tenido en cuenta, porque resulta de extraordinaria
importancia como herramienta de unión, la
lengua; en este caso, hemos promocionado la utilización del lenguaje de
signos. Conforme a la insistente demanda del colectivo de personas
sordas, el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, junto con el
Ministerio de Educación y Cultura, está estudiando las consecuencias del
reconocimiento oficial de este lenguaje. A este fin, ofrece su apoyo
técnico permanente a las distintas instancias que están participando en
la evaluación de los efectos de estas medidas.
A este respecto y en relación con la proposición no de ley aprobada por
unanimidad por la Comisión de Política Social y Empleo, en la que se
instaba al Gobierno a la elaboración de un informe sobre las medidas que
podrían adoptarse, quiero informar a sus señorías de la constitución de
un grupo de trabajo integrado por representantes de los Ministerios de
Trabajo y Asuntos Sociales y de Educación y Cultura para el estudio de la
repercusión y evaluación de la oficialización del lenguaje de signos.
También querría resaltar, en forma de enumeración, por el tiempo limitado
del que dispongo, las actuaciones desarrolladas por el Ministerio de
Fomento.
En cuanto a la accesibilidad del transporte, y de acuerdo con las
Comunidades Autónomas, los objetivos mínimos que se persiguen en relación
con todos los autobuses nuevos que se adscriban a los servicios regulares
de uso general son los siguientes: Accesibilidad para personas que viajen
en su propia silla de ruedas; información sonora y en texto en el
interior de los autobuses; piso antideslizante; acceso gratuito a
perros-guía que acompañan a invidentes; reserva de asientos próximos a
las puertas de entrada para personas con movilidad reducida, y reserva de
espacio para utensilios, ayudas o aparatos que constituyan una ayuda
técnica o mecánica.
Es importante destacar las medidas de fomento de la accesibilidad que
está desarrollando el Departamento al incluir ya cláusulas de
accesibilidad en los pliegos de contratación y en los criterios de
valoración de las ofertas. En concreto, en las dos últimas concesiones
Badajoz-Murcia o Irún-Algeciras, los resultados fueron muy
satisfactorios, ya que las dos empresas adjudicatarias incluyeron también
entre sus ofertas anclajes para sillas de rueda, mecanismos de elevación
automática, sistema de emisión acústica conectada con la apertura de
puerta y pulsador acústico de aviso, situado en las plazas destinadas a
las personas con discapacidad.
Por otra parte, y en el ámbito del transporte aéreo, cabe destacar que el
Ministerio de Fomento ha elaborado recientemente un proyecto de
Real-Decreto que regula la accesibilidad en este medio, que será aprobado
con prontitud.
En cuanto a la accesibilidad de la vivienda, el Gobierno no sólo prevé el
cumplimiento de la normativa LISMI o la reserva del 3 por ciento de
vivienda --como su señoría conoce-- del programa VPO para discapacitados,
sino que cabe destacar el proyecto de ley de ordenación de la
edificación, recientemente aprobado por el Consejo de Ministros y
remitido a las Cortes. Este proyecto ha incluido, entre los requisitos
básicos relativos a la funcionalidad que define la calidad de los
edificios, la accesibilidad, de tal forma que permita a las personas con
movilidad y comunicación reducida el acceso y la circulación por el
edificio en los términos previstos en la normativa específica.
La colaboración entre el Ministerio de Fomento y el de Trabajo y Asuntos
Sociales se articula a través de sucesivos convenios, en los cuales se ha
elaborado una guía técnica de accesibilidad a edificación con la
colaboración del Centro Estatal de Autonomía Personal, CEAP, del Imserso
y la Fundación ONCE.
En materia de fiscalidad y en otro orden de cuestiones, se han tomado
distintas medidas que en este caso apoyan a personas con discapacidad
para que puedan desarrollar un trabajo en la empresa o puedan adaptar las
condiciones de trabajo en la empresa o en su propio domicilio para
trabajar en él.
Debo señalar que el mínimo personal y familiar se incrementa en 300.000
pesetas más cuando el grado de discapacidad está entre el 33 y el 65 por
ciento y en 600.000 cuando sea superior al 65 por ciento. Aumentan las
deducciones aplicables a los trabajadores discapacitados que se desplacen
a sus lugares de trabajo y tengan movilidad reducida, multiplicando por
dos las deducciones cuando el grado de discapacidad es del 33 por ciento
y por dos y medio cuando es superior al 65 por ciento.
Se regula una deducción en la cuota por las obras que realicen los
discapacitados en la vivienda, adicional a la establecida para la
adquisición de vivienda, con una cuantía máxima de dos millones de
pesetas, y por primera vez podrán constituirse planes de pensiones
específicos para que tengan una renta superior en favor de personas que
tengan la condición legal de discapacitados en grado igual o superior al
65 por ciento por parte de familiares de hasta un tercer grado de
parentesco.
Concluyendo, y coincidiendo con las palabras de su señoría, entiendo que
la sociedad española cada día es más consciente de este grave problema,
que limita el derecho de igualdad de todos los españoles. Se lleva
trabajando en ello hace tiempo y se ha hecho mucho en los últimos años,
con algunas medidas impuestas por el gobierno de su Partido, medidas que
en su gran mayoría hemos continuado y con otras que hemos ido
incorporando en nuestra acción de gobierno que van en la línea de
integrar a las personas con alguna discapacidad en el mercado de trabajo.
Considero que en esta materia todos tenemos que ser modestos, porque hay
que contar también con los movimientos asociativos de personas con
discapacidad. Lógicamente, el conjunto de partidos de esta Cámara tiene
una sensibilidad evidente sobre este problema puesta de manifiesto en sus
programas pero no debemos ser un monopolio político, sino que tenemos que
dar cabida a los que representan a este colectivo, pues son los que día a
día están más en contacto con este problema.
Por tanto, en relación con este movimiento asociativo tenemos que seguir
trabajando con intensidad para conseguir ciudades, pueblos, transportes,
viviendas, dignos, abiertos, accesibles para todos, a través de varias
líneas de actuación entre las que destacaría: potenciación de la
aplicación de las nuevas tecnologías en comunicación, autonomía personal,
transporte y adaptación al trabajo, incorporando los criterios de
accesibilidad y habitabilidad como
condiciones necesarias para aprobar las nuevas realidades urbanísticas,
eliminar barreras arquitectónicas, todavía existentes, y promoviendo
medios de transporte accesibles en acciones conjuntas con las
Administraciones Públicas.
En esta materia la combinación de ciencia y tecnología con solidaridad y
justicia es la mejor posible para aportar una integración real en nuestra
sociedad a las personas que sufren algún tipo de discapacidad. Por encima
del derecho, por encima de las medidas, debe estar el compromiso con la
igualdad de todos los ciudadanos, especialmente en estos casos en que más
lo necesitan. Puede tener su señoría la tranquilidad de que este Gobierno
siempre será sensible a las medidas que su grupo político o usted
personalmente puedan plantearnos por medio de una oportuna interpelación
o de cualquier otra iniciativa.
Muchas gracias, señora Presidenta.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Ministro.
¿Quiere hacer uso de la palabra el Senador interpelante? (Asentimiento.)
Tiene la palabra el Senador Sánchez Lucas al amparo del artículo 87 por
tiempo de cinco minutos.
El señor SANCHEZ LUCAS: Muchas gracias, señora Presidenta.
Señor Ministro, celebro que se estén haciendo cosas, que ya sabía y,
especialmente, que haya el máximo de audiencia y colaboración con las
asociaciones, que son las que en primer lugar y durante muchos años han
ayudado, incluso propiciado, a que los parlamentarios nos preocupemos por
este tema.
Me gustaría que me aclarase qué iniciativas de orden legislativo tiene
pensado desarrollar. Me ha hablado de un Real Decreto que es un borrador
de un proyecto del anterior Gobierno sobre el que se ha ido trabajando
hasta ahora y sobre el que ya hace tiempo que se trabaja. Me interesaría
conocer básicamente las iniciativas legislativas del Gobierno a nivel del
Estado español.
Nadie niega la sensibilidad y la preocupación por este tema, pero a veces
la realidad nos hace dudar de que vaya aparejada con dicha sensibilidad y
buenas intenciones. A título de anécdota, para que entonemos un «mea
culpa» los parlamentarios, el señor Ministro habrá observado que en este
hemiciclo hay muchas barreras arquitectónicas, o sea, no cuidamos ni de
nosotros mismos. Mire por donde quiera y verá que un parlamentario de
cualquier fila que no sea la última no podría acceder a su escaño ni a
esta tribuna. Y si vamos a la Sala Internacional, es dramático porque hay
ocho o diez escalones. Esto lo menciono para que seamos prudentes a la
hora de hacer maximalismos, que no permite el tema, y seamos también
consecuentes. En esta Cámara y también en el Congreso de los Diputados
hay muchas barreras para acceder al hemiciclo para los propios
representantes, empezando por la Presidencia. Quiero decir que ello tiene
que ser un aviso permanente para que no nos relajemos en este tema, y
nuestro Grupo no lo va a hacer.
Echo en falta algún tipo de plan nacional. No sé si está en la mente del
Gobierno, de su Ministerio, o del de Fomento llevarlo a cabo, pero
también lo necesitaremos para nuestra armonización con la Unión Europea.
Me gustaría que me diera alguna respuesta sobre este tema porque es
suficientemente importante y usted coincide conmigo con que no se puede
quedar, desde el punto de vista parlamentario, en una interpelación.
Dentro de la prudencia y el respeto que merecen este colectivo y de
nuestra responsabilidad, nuestro grupo parlamentario presentará una
moción, siempre constructiva, que no quiere decir que no se puedan hacer
las críticas que creamos oportunas al Gobierno.
Nada más y muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señoría.
Comenzamos el turno de portavoces.
¿Grupo Parlamentario Mixto? (Pausa.)
En nombre del Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos, el
Senador Albistur tiene la palabra.
El señor ALBISTUR MARIN: Gracias, señora Presidenta.
Intervengo para manifestar nuestro apoyo a la interpelación planteada por
don Antonio Sánchez Lucas.
Aunque la explicación del señor Ministro ha sido, a nuestro modo de
entender, satisfactoria y verdaderamente rigurosa desde el punto de vista
de la gestión de la administración, sin embargo, en nuestra opinión, en
esta materia quedan aún muchos temas pendientes por desarrollar, algunos
de los cuales, desde luego, corresponden a la responsabilidad de la
Administración Central, otros son de la competencia de las Comunidades
Autónomas y otros de los propios municipios y diputaciones.
A nuestro modo de ver, en esta cuestión debe existir una fuerte voluntad
respecto a las políticas de actuación concretas, en las licencias de
construcción y otras exigencias referentes a los proyectos de edificios
destinados a servicios públicos y otras actuaciones dirigidas a lo que, a
la postre, serán servicios utilizados por los ciudadanos. En nuestra
opinión --me imagino que es muy posible que esta interpelación pueda
seguir avanzando hacia una moción posterior--, las medidas a adoptar
deberían afectar también a las sanciones, pero sobre todo a la
prevención, a las exigencias respecto a los proyecto presentados para
diferentes usos, bien sean viviendas, instalaciones deportivas,
transporte, en materia sanitaria, o los mismos edificios públicos,
eminentemente destinados a ser utilizados en primera instancia por los
ciudadanos, que deberían ser vigilados y controlados en relación con la
movilidad y la accesibilidad. (El señor Vicepresidente, Rigol i Roig,
ocupa la Presidencia.)
Nos parece que queda una gran labor por realizar y en ese sentido
apoyaremos todas las iniciativas que busquen facilitar la movilidad y el
acceso a todos los colectivos de discapacitados en sentido amplio, porque
también muchos de estos aspectos podrían ser contemplados respecto a la
tercera edad o la infancia, dado el gran número de dificultades
existentes para los ciudadanos en general para acceder a la vivienda, al
transporte y a cualquier medio urbano que suponga un servicio para los
ciudadanos.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Muchas gracias, Senador Albistur.
Por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió,
tiene la palabra el Senador Vidal i Perpiñá.
El señor VIDAL I PERPIÑA: Muchas gracias, señor Presidente.
Señorías, señor Ministro, subo a esta tribuna en sustitución de mi
compañero el Senador Vicente Beguer, quien iba a intervenir en el debate
de esta interpelación pero que, debido a su afonía, se siente impedido,
como ustedes comprenderán, para poder ejercer de buen parlamentario.
Efectivamente, es muy serio el tema que estamos abordando en esta
interpelación que nos ha presentado el Senador Sánchez Lucas, del Grupo
Parlamentario Socialista, relacionado precisamente con las barreras
arquitectónicas que impiden al colectivo de discapacitados poder acceder
con facilidad al transporte, al medio urbano y a la edificación, como ya
se ha dicho por parte del interpelante, del señor Ministro y demás
portavoces.
El Grupo de Convergència i Unió está totalmente sensibilizado e
identificado con este colectivo de discapacitados, igual que el resto de
grupos de esta Cámara. Lo hemos demostrado en distintas ocasiones a
través de las diferentes iniciativas que hemos presentado tanto en el
Congreso de los Diputados, por parte del Diputado Carles Campuzano, como
yo mismo en esta Cámara, y también vamos a apoyar cualquier iniciativa,
venga del Grupo que sea, referente a este colectivo que hoy por hoy tiene
aún muchas dificultades, ya sea en los medios de transporte, ya sea en la
calle, en las plazas, en las vías urbanas y, como ha dicho el propio
interpelante, en esta misma Cámara.
Me complace la sensibilidad demostrada hoy por el señor Ministro --y
también me consta la de su antecesor, el señor Arenas--, como así lo ha
venido demostrando, por cuanto en la exposición que acaba de realizar nos
ha dicho que hay toda una serie de partidas del presupuesto que han sido
incrementadas. Yo espero que este incremento de presupuesto se vea
reflejado no solamente en el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales,
sino también en el Ministerio de Fomento, porque de alguna forma en un
Ministerio u otro es donde debemos solucionar estos problemas.
Me satisface este incremento del presupuesto y también los acuerdos a que
ha llegado este Ministerio de Trabajo vía convenio de colaboración con la
Fundación ONCE y las corporaciones locales para la supresión de barreras
arquitectónicas y el fomento de la accesibilidad integral a través del
programa de prestaciones técnicas del Imserso.
Desde el año 1982 hasta aquí ha habido toda una legislación --en 1982,
1989, 1990, 1994 y 1995--, pero todos entendemos, y aquí lo hemos venido
comentando, que aunque exista esta legislación no es suficiente. De todas
formas, esta legislación a nivel estatal también existe a nivel de las
Comunidades Autónomas pero quizá de unas a otras hay diferentes enfoques.
Como todos sabemos, respecto a arquitectura y vivienda, la Generalitat de
Cataluña, que tiene transferida esta materia, promulgó en el año 1991 una
Ley sobre promoción de accesibilidad y supresión de barreras
arquitectónicas con el objeto de garantizar a las personas con movilidad
reducida o cualquier otra limitación la accesibilidad y la utilización de
los bienes y servicios de la sociedad. Esta Ley iba encaminada
precisamente a la eliminación de las barreras arquitectónicas, pero
también se establecían medidas de comunicación para la recepción y
exposición de los mensajes, cuestión que posteriormente se desarrolló en
un Decreto que no voy a mencionar por ahorrar tiempo.
A este respecto, aquí se ha dicho que sería necesario hacer un plan
nacional. Yo no sé si es conveniente hacer un plan nacional para todos,
dado que cada Comunidad Autónoma ha ido desarrollando el suyo aunque haya
diferencias; quizá sería mejor una normativa indicativa.
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Senador Vidal i Perpiñá, se le ha
terminado el tiempo.
El señor VIDAL I PERPIÑA: Termino con un apunte: yo me congratulo sobre
todo por lo que hace referencia a Renfe y al AVE, pues me consta que
actualmente todas sus instalaciones nuevas y reformadas cumplen todas las
condiciones en cuanto a eliminación de barreras; asimismo, espero que en
las futuras reformas de estaciones de Renfe se vaya teniendo en cuenta
este tema.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Muchas gracias, señoría.
Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el Senador
Antonio Sánchez Lucas.
El señor SANCHEZ LUCAS: Señor Presidente, señor Ministro.
Creo que el tema queda claro, todos los grupos --como no podía ser de
otra manera-- están interesados y veremos si a la hora de presentar la
moción somos capaces de llegar a acuerdos, acuerdos correctos y acuerdos
posibles. Desde nuestro Grupo no va a faltar voluntad, y la prueba es
esta interpelación, que la hemos planteado, como habrá podido ver --y
celebro que hayamos coincidido en muchos aspectos con el señor
Ministro--, de la manera en que hay que presentar estos temas que afectan
a la sensibilidad de tantísimas personas y con los que no se puede
--permítanme la expresión-- jugar de ninguna manera. Espero que pueda
responder a mi pregunta sobre si tienen alguna iniciativa más, aparte de
este Real Decreto, que simplemente se refiere al transporte y no a los
otros apartados.
Es muy importante que los ayuntamientos participen en esto. Soy alcalde
de un pueblo pequeño, de 3.700 habitantes, y estamos a punto de firmar un
acuerdo con el Imserso, al que usted se ha referido, a través de la
Fundación ONCE, para hacer un estudio de las barreras que tenemos en
nuestro municipio. Después, según los presupuestos y en la medida de
nuestra disponibilidad, veremos si es posible la realización de algunos
de estos proyectos, siguiendo el orden de prioridades que nos marque este
estudio.
Todo este tema es complicado y urgente pero me permitiría recomendarle,
señor Ministro, que presten especial
atención a Renfe porque en las ciudades es una cosa, en el medio rural es
otra. Los diferentes tipos de trenes tienen diferentes alturas de
estribos, y algunos llegan a 60 centímetros o 50 el primer escalón, es
decir, para más del 40 por ciento de la población queda limitado su
acceso. Son municipios pequeños, algunos con las estaciones cerradas, lo
que quiere decir que si no se impulsa una decidida promoción e inversión
por parte del Ministerio de Fomento, en este caso, con la colaboración de
todos, va a ser imposible dar una respuesta. En la moción esto
pretendemos presentarlo de una manera constructiva pero al mismo tiempo
exigente.
Este Senador fue testigo de un suceso, que no llegó a ser un accidente,
de un muchacho de 13 años con una discapacidad --posiblemente fruto de
haber tenido la polio de pequeño-- que al acceder al tren cayó debajo de
las ruedas. El tren estaba parado, el revisor estaba atento y se pudo
sacar con muchas dificultades al muchacho. Si alguien ha vivido esto y si
además también es un representante, como yo, del pueblo español, no puede
estar tranquilo, y me atrevería sin dramatizar a decir que no puede
dormir tranquilo mientras sepa que la situación, por ejemplo, que yo me
encontré se puede repetir y se repite en muchos otros sitios con
resultados más trágicos.
Este es un tema --supongo que el señor Ministro también es consciente de
él-- que requiere un gran esfuerzo por parte de todos, empezando por los
ayuntamientos. Yo, como representante de un ayuntamiento, asumo mi
responsabilidad y es necesario que también en ello se trabaje.
Esperamos que en la moción que presentemos se demuestre de verdad el
interés y la sensibilidad de todos los grupos de la Cámara para que se
pueda instar al Gobierno a que tome las decisiones lo más rápidamente
posible, especialmente con la priorización de los temas, y en este caso
nos remitiríamos a las propias asociaciones a través del CERMI o a las
reuniones que tienen tanto con su Ministerio como con el de Fomento.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Gracias, Senador.
Por el Grupo Parlamentario Popular tiene la palabra la Senadora doña
Isabel San Baldomero.
La señora SAN BALDOMERO OCHOA: Muchas gracias, señor Presidente.
Senador Sánchez Lucas, le quiero dar millones de gracias por todas las
cosas que hoy aquí nos ha recordado y sobre las que durante tantos años,
ocho años en los que yo he estado en la oposición, en cada período de
sesiones planteé al anterior Gobierno, con montañas de interpelaciones o
de mociones, el tema de las barreras arquitectónicas, el de los perros
guías, el de los subtítulos de televisión, el de los eurotaxis, y tantas
y tantas cosas.
A veces, recordar esa sensibilidad o esa solidaridad que tenemos para con
los demás o que debemos tener como representantes públicos nos hace bien,
y hoy ha hecho usted bien a esta Cámara, y, desde luego, al Gobierno, en
recordarnos todavía cuántas personas en este momento no son iguales a
nosotros. Y la misma sensibilidad con la que puedo defender los temas de
igualdad en la mujer --la misma--, con la misma fuerza, con el mismo
ahínco, con la misma exigencia, es la igualdad que también hoy exijo,
pido, comparto con usted para con los más desiguales en las cuestiones de
inmovilidad, de sordera, de ceguera, de tantas cosas.
Hace unos días, estábamos un grupo de Senadores intentando comprender,
entender y tal vez transponer a nuestro país, a España, una ley que,
después de veinte años de debate en el Parlamento alemán, por fin se ha
puesto en marcha, y que es la ley de las personas dependientes. Nosotros
íbamos a ver esta ley para el tema de los mayores, que también son
personas con discapacidad. Un mayor tal vez sólo necesite que le corten
las uñas de los pies o que le bañen, pero es una persona discapacitada
también. Nos contaban que, después de veinte años de aunar esfuerzos, de
aunar criterios, de verlo desde todas las filosofías y los puntos de
vista, ya, con dos años de puesta en marcha, la tienen que reformar. Por
lo tanto, igual que, por ejemplo, la violencia doméstica en nuestro caso,
en el caso de las mujeres, son cosas que vienen de siempre, de siglos, y
que desgraciadamente las tenemos que ir atajando, pero que van a durar
mucho tiempo. Si somos reales absolutamente, en el tiempo que yo he
estado en esta Cámara he tenido mi propia deficiencia física: yo he
tenido que venir a esta Casa en silla de ruedas, y verdaderamente es
imposible acceder a montañas de servicios. Yo he tenido que ir --y se lo
tengo que agradecer al Senador Rodríguez Fontecha--, a que un día, en
unas Jornadas de la ONCE, me pusiera un pañuelo en la cara y me hiciera
andar sin ver. Hasta que nosotros mismos y la propia sociedad no sepa qué
es lo que está pasando, no comprenderá ese problema inmenso que es no ser
igual a los demás.
Pero fíjese. En esa ley que le estoy diciendo de los dependientes, los
problemas físicos se llevan a cabo como problemas personales, como
mínimos, incluso como de higiene personal, como si los fuéramos a dejar
en la última instancia de la persona. Los psíquicos ni siquiera entran en
esa ley de la dependencia. Y en la cuestión de los sensoriales, cuando
quiera, Senador Sánchez Lucas, le cuento lo que quiera, porque mi marido
es sordo. Por lo tanto, desde no comprender una película o desde que le
llamen en el ambulatorio por su nombre y no lo oiga y le suponga un
problema acceder a algo como es nuestra salud, ¿qué quiere que le cuente
que usted no comparta también conmigo?
Pero hay otro asunto. Cuando el Grupo Parlamentario Popular me encargó
que llevara la portavocía todos recibimos, y me supongo que todos y todas
lo leeremos, un documento que hace una recopilación de los medios de
comunicación respecto a la integración de las personas con deficiencia.
En el último ejemplar que yo tenía en el despacho, se habla de que
Galicia pone en marcha un taxi para minusválidos, Murcia que a través de
la Federación de Asociaciones Murcianas promueve un parque móvil
regional...
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Señora Senadora, terminó su
tiempo. Acabe cuanto antes.
La señora SAN BALDOMERO OCHOA: Gracias, señor Presidente.
Me gustaría, si es posible, explicar al Senador Sánchez Lucas y a la
Cámara un ejemplo como el que su señoría ha puesto. En un pueblo de La
Rioja un chico de catorce o quince años, por un problema, va en silla de
ruedas. El alcalde de ese pueblo, para que saliera de su casa y accediera
a la zona deportiva, ha hecho cuatro rampas. Los vecinos han protestado
enérgicamente porque les han incomodado.
Si me lo permite, señor Ministro, le diré, con todo el cariño del mundo,
que cuando le escuchaba hablar arriba, que se oye muy mal, me sonaban
igual, a veces, «accesibilidad» y «sensibilidad». Que siempre me suenen
igual y que usted siempre trabaje igual para que siempre puedan
confundirse la accesibilidad y la sensibilidad que para usted, señor
Ministro, son muy importantes y para nosotros más.
Gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Gracias, señoría.
Tiene la palabra el señor Ministro de Trabajo y Asuntos Sociales.
El señor MINISTRO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES (Pimentel Siles): Muchas
gracias, señor Presidente.
Señoría, creo que ha quedado patente lo oportuno de la interpelación. Es
importante, oportuno y conveniente que a cualquier gobierno se le
recuerden continuamente sus responsabilidades. Quiero agradecerles la
presentación de la interpelación y no tan sólo por su oportunidad, sino
por el tono constructivo con que se ha presentado la misma y por el
anuncio de la posterior moción. Este Gobierno siempre pensará que una
moción es un conjunto de propuestas, un conjunto de aportaciones que
habrán de servir, por tanto, para construir una sociedad española más
igual para todos.
Quiero agradecer especialmente las intervenciones del resto de los grupos
que avalan la sensibilidad mostrada por el conjunto de la sociedad y de
la Cámara y que, por lo que veo, han sido realizadas con el ánimo de
colaborar, de responsabilizarse en esta construcción de la moción. Un
agradecimiento muy especial quiero manifestarle a la portavoz del Partido
Popular porque ha utilizado esa hermosa figura de la sensibilidad para
hacer referencia a los motivos personales y a toda una trayectoria
política de dedicación personal. Si bien es cierto que ahora el conjunto
de la sociedad es extraordinariamente sensible no siempre fue así y esta
sensibilidad ha tenido que ser ganada día a día por personas como su
señoría que han hecho de este ejercicio una bandera a lo largo de todos
estos años.
No deben quedar en hermosas palabras y postulados lo aquí explicado. El
Gobierno estudiará, si se aprobara la moción, con todo cariño las
propuestas que se hagan que se abordarían con el conjunto de asociaciones
representativas con el ánimo de intentar articular mejoras en el ámbito
legislativo. Usted indicaba y es cierto que hay alguna iniciativa
legislativa ya en marcha, por ejemplo, la ley de edificación y también se
lleva un tiempo trabajando en un Real Decreto. Pero no sólo hay
iniciativas legislativas, sino presupuestarias y de gestión. Estoy seguro
de que la moción incluirá medidas de distinto tipo. Cuente, si se
aprueba, con un estudio riguroso para que en lo posible podamos construir
esa sociedad más igual para todos que sus señorías persiguen.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Muchas gracias, señor Ministro.
Se ha solicitado el cambio en el orden del debate de las dos
interpelaciones restantes. Al amparo del artículo 71.4 del Reglamento de
la Cámara, ¿lo acuerda así el Pleno? (Pausa.) Queda, por lo tanto,
aprobado por asentimiento. Muchas gracias.
--DE D.ª PILAR COSTA SERRA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO, SOBRE EL
DESARROLLO QUE HA TENIDO EL REGIMEN ESPECIAL DE LAS ILLES BALEARS, EL
GRADO DE CUMPLIMIENTO, LAS PREVISIONES DEL GOBIERNO EN RELACION CON LAS
DISTINTAS COMISIONES MIXTAS DE ESTUDIO Y CON LA TOTALIDAD DE MEDIDAS
RECOGIDAS EN DICHO REGIMEN (670/000125).
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): La siguiente interpelación la
formula doña Pilar Costa Serra, del Grupo Parlamentario Mixto, sobre el
desarrollo que ha tenido el Régimen Especial de las Illes Balears, el
grado de cumplimiento, las previsiones del Gobierno en relación con las
distintas comisiones mixtas de estudio y con la totalidad de medidas
recogidas en dicho Régimen.
Tiene la palabra la Senadora Pilar Costa Serra.
La señora COSTA SERRA: Muchas gracias, señor Presidente.
Señorías, señor Ministro, en junio del año pasado y no en mayo, como por
error se ha hecho constar en el texto de la interpelación, se aprobó
efectivamente el Régimen Especial de las Illes Balears. Han pasado ya
nueve meses desde su aprobación y el parto de las medidas recogidas en
dicho Régimen sigue sin llegar, salvo contadas excepciones.
El objetivo del REB, del Régimen Especial de Baleares, era desarrollar el
artículo 138 de la Constitución que reconoce expresamente el hecho
insular y que, por tanto, pretende ejecutar aquellas medidas necesarias
para compensar los efectos de la insularidad.
Nuestra insularidad nos provoca toda una serie de desventajas que el
propio Gobierno reconoce que deben ser corregidas y compensadas y que
afectan, entre otros aspectos, al transporte, a la sanidad, a la
educación, a nuestra competitividad, etcétera.
Este Régimen Especial se sigue incumpliendo yo diría que en un 90 por
ciento de los casos pese a los esfuerzos
del Govern Balear que manifiesta que un 50 por ciento de este Régimen
está cumplido. Pero como no se trata de entrar en una discusión sobre el
tanto por ciento cumplimentado, sino en saber exactamente qué medidas se
han adoptado para compensar nuestra insularidad, querríamos hacer un
repaso --y lo haremos tal y como vienen recogidas en el Régimen
Especial-- de estas medidas concretas que se expresan en la ley para
compensar esta insularidad.
En primer lugar, haré referencia al transporte, materia de la cual
precisamente el Gobierno ha hecho su bandera al incrementar los
descuentos en el transporte aéreo --y en eso estamos totalmente de
acuerdo, nos parece muy bien-- pasando éstos de un 25 a un 33 por ciento.
Creo que ésta es la única medida clara que se ha adoptado entre las
múltiples que recoge la Ley, pero para conseguir un aumento en los
descuentos no necesitábamos ningún régimen especial ya que hay que
recordar que los descuentos ya existían. Es decir, que lo que simplemente
se ha hecho ha sido aumentar el porcentaje, lo mismo que se hizo en el
archipiélago canario sin necesidad de aprobar ningún régimen especial a
tal efecto.
Por otra parte, el transporte marítimo, incomprensiblemente, no goza de
los mismos descuentos que el aéreo, si bien recientemente el Govern
balear se ha tenido que comprometer unilateralmente a elevar dichos
descuentos en tanto que el Gobierno central no asuma estos costes.
En segundo lugar, en lo que se refiere a las tarifas portuarias,
recogidas en el artículo 6 del Régimen Especial, se prevén reducciones de
hasta un 50 por ciento, si bien el aumento de precios por parte del
Gobierno de las tarifas portuarias que pagan las navieras por el uso de
las instalaciones de los puertos del Estado ha sido burlado, con lo cual
ha quedado sin efecto esta medida compensatoria.
Y siguiendo con el transporte, me referiré ahora al transporte marítimo y
aéreo de mercancías, que se recoge en el artículo 7, y para el cual se
estableció un plazo de nueve meses --plazo que cumple ahora-- para que el
Gobierno desarrollara reglamentariamente las medidas correctoras
oportunas para financiar un sistema de compensaciones que permita
abaratar el coste efectivo de dicho transporte marítimo y aéreo de
mercancías.
Pues bien, hasta la fecha no tenemos conocimiento de que dicho desarrollo
reglamentario se haya producido. Esperamos la respuesta del señor
Ministro para que nos diga en qué fase se encuentra dicha reglamentación
y, en su caso, cuándo entrará en vigor.
En el siguiente artículo, relativo al sector náutico, se prevé la
constitución de una comisión mixta compuesta por representantes de la
Administración central y de la autonómica para analizar las
potencialidades del sector náutico. Ya en su día, en la tramitación de la
ley, pudimos comprobar la redacción y la generalidad con que se recogen
algunas medidas. Creo que éste es un claro ejemplo, pero hasta la fecha
no se han creado estas comisiones.
Por otra parte, hay un tema muy importante a propósito del cual ya
hicimos en su día una reivindicación, me refiero a los precios de la
energía eléctrica, de los gases combustibles y de los hidrocarburos, que
se recogen en el artículo 13 de este REB. Se recoge en este artículo que
el precio para la energía eléctrica y para los combustibles será el mismo
que en el territorio peninsular para los consumidores a tarifa, y además
se establece que el Gobierno, en concordancia con lo establecido en la
Ley de Hidrocarburos, tendrá en cuenta la especificidad del hecho insular
a los efectos de garantizar a los residentes que los precios de los
hidrocarburos tiendan a aproximarse a los precios aplicables a la media
estatal. Pero la realidad es muy distinta, señor Ministro.
En Baleares se están aplicando para la gasolina los precios más altos.
Las empresas petroleras achacan este encarecimiento al transporte y, por
otro lado, el Gobierno declara que estos costes se verán compensados con
el Régimen Especial de las Illes Balears. Pero estas correcciones siguen
sin llegar y no se nos da una solución al encarecimiento de este
transporte. Por tanto, yo diría que estamos ante la pescadilla que se
muerde la cola; estamos ante aquello de que los unos por los otros, y el
problema sigue sin resolverse.
Ya desde el Ministerio de Industria se reconoció --y se facilitaron los
datos-- que Baleares es, efectivamente, la Comunidad donde más caro se
paga el combustible, y el Ministerio se comprometió el año pasado a
estudiar la posibilidad de destinar fondos públicos para equilibrar el
precio de los hidrocarburos.
Pero lo que está ocurriendo en la actualidad es mucho más grave. No sólo
se incumple este REB, sino que, además, la tendencia es la contraria, es
decir, en vez de tender a que disminuya la diferencia en los precios,
ésta tiende a aumentar.
Por tanto, agradecería que el señor Ministro nos explicara por qué no se
han tomado medidas contundentes --si es que eso no ha ocurrido-- para
paliar esta discriminación, o por qué no se adoptan medidas claras y
expresas con las partidas presupuestarias correspondientes. Y no nos
basta con que se diga que el Régimen Especial ya prevé toda esta
problemática, porque ésta la tenemos detectada, ya sabemos cuáles son los
problemas. Así pues, lo que necesitamos es que se lleven a la práctica
las soluciones.
En otro orden de cosas, en el artículo 15 se prevé, una vez más, la
creación de una comisión mixta para poner en marcha un plan que fomente
las energías renovables; especialmente, la eólica y la solar
fotovoltaica. Me pregunto si dicha comisión mixta está ya en
funcionamiento, señor Ministro, porque es incomprensible que, a estas
alturas, en una Comunidad como Baleares todavía no se haya trabajado en
ese sentido, cuando un país como Alemania, en donde no existe un
potencial natural, como ocurre en las Illes Balears, nos lleva la
delantera en lo que a energía solar se refiere, por poner sólo un
ejemplo.
Por otra parte, me parece especialmente importante el apartado de
sanidad. En el artículo 18 se recogió la creación de una comisión mixta
que determine los problemas derivados de la insularidad en el ámbito de
la sanidad pública respecto de los traslados de enfermos, pacientes y
familiares o acompañantes a centros asistenciales entre las islas y la
Península. Este es un gravísimo problema que estamos sufriendo, en
especial, en las islas menores, es decir,
en Menorca, Ibiza y Formentera. Y no se puede demorar ni un solo minuto
más, porque estamos hablando de la salud y de la vida de estos
ciudadanos. El propio Defensor del Pueblo ha dado la razón a los
pacientes y a sus familiares, quienes han reclamado que se les abonen los
gastos de desplazamiento sanitario, teniendo en cuenta que, ante las
carencias existentes en nuestros hospitales para determinados
tratamientos o especialidades, estas personas deben desplazarse, bien a
otra isla, bien a la Península.
Recientemente el Insalud ha reconocido que existe esta problemática, pero
ha tenido la osadía de decir que de momento no puede hacer nada, que éste
no es un problema sanitario, sino social, y que excede de sus
competencias. Pero, señorías, no podemos permitir que los diferentes
Ministerios se vayan pasando la pelota, que se vayan pasando los
problemas unos a otros, y que ninguno tome cartas en el asunto.
Actualmente, en Baleares se está pagando una dieta de 400 personas
diarias, y como cualquiera puede comprender, si estamos hablando de
traslados, con dicha dieta no se puede pagar ni tan siquiera el
desplazamiento en taxi.
Asimismo, quisiera resaltar la problemática específica de la sanidad en
la isla de Formentera. Cuando se aprobó este Régimen Especial,
precisamente el President del Govern Balear, don Jaume Matas, quiso hacer
una especial referencia a la isla de Formentera. Hay que tener en cuenta
que en dicha isla no existe ni un solo hospital, sino simplemente un
centro de salud que tiene que atender todos los casos que se le
presentan. Y un reciente y trágico accidente mortal en el helicóptero que
cubre los traslados urgentes entre las illes Pitiusas puso en evidencia
las carencias sanitarias; sobre todo, las más urgentes, de la isla de
Formentera.
Se da la paradoja de que, como el Insalud no pone a nuestra disposición
el personal sanitario suficiente para hacer esos traslados, cualquiera de
los médicos de medicina general del centro de salud tiene que abandonar
su puesto de trabajo para intervenir en las evacuaciones. Creo que
estamos hablando de un tema muy serio que el Régimen Especial reconoce
que hay que tratar, y no podemos seguir demorándolo, porque en ese caso
perdería sentido la aprobación de esta Ley.
El último punto que quiero citar por la importancia que tiene en nuestra
economía se refiere, tanto a la desestacionalización, como a la situación
de los trabajadores fijos discontinuos. En los artículos 31 y 32,
respectivamente, se hace una especial referencia a estos dos ámbitos,
estableciéndose el compromiso para la creación de sendas comisiones
mixtas para adoptar medidas en torno a esta problemática. Ya denunciamos
en su día, señor Ministro, que la tramitación de la Ley, la imprecisión,
la inconcreción y esta generalidad de la misma, plagada, además, de
comisiones mixtas, de las que todavía no sabemos ni tan siquiera si se ha
creado alguna, provocaba que se quede como una simple declaración de
intenciones si no existe una voluntad política clara de destinar las
partidas presupuestarias suficientes y necesarias para adoptar medidas
que realmente compensen nuestra insularidad.
Como no quiero ser muy pesada con el recordatorio de la multitud de
comisiones mixtas que existen en el Régimen Especial de las Islas
Baleares que, desde luego, yo no he provocado porque en su día ya me
mostré contraria a esta pluralidad que, como se ha demostrado, no ha
tenido la más mínima efectividad, para terminar diré que sí creo que es
necesario que las repasemos para que se ponga en evidencia qué medidas se
han tomado y qué comisiones se han creado y se nos pueda contestar
claramente.
En el artículo 7 se empieza hablando de que se creará una comisión mixta
para efectuar el seguimiento y evaluación del sistema de compensación en
el transporte de las mercancías, y en el artículo 8 de otra para analizar
las potencialidades del sector náutico.
En el artículo 15, párrafo primero, figura una comisión para promover la
diversificación energética, y en el párrafo segundo otra para analizar
las posibilidades de elaboración y puesta en marcha de un plan de fomento
de las energías renovables.
En el artículo 18, en el apartado de sanidad, hay otra comisión mixta
para determinar los problemas en materia sanitaria, con especial
referencia al traslado de enfermos, pacientes y familiares o acompañantes
a centros asistenciales. En el artículo 22, para adoptar las medidas
oportunas en orden a la preservación biológica de los caladeros de las
islas. En el artículo 23, para desarrollar el sector de la acuicultura.
En el artículo 28, para coordinar las administraciones públicas --que,
por tanto, le afecta a usted directamente, señor Ministro-- que analice
las potencialidades derivadas del desarrollo de la sociedad de la
información, así como el establecimiento del parque balear de innovación
tecnológica y las actividades de servicios relacionados con el sector de
la aeronáutica.
En el artículo 31 --penúltima comisión que se prevé, si no he omitido
alguna-- para estudiar medidas tendentes a conseguir la diversificación
de la oferta turística y la desestacionalización del sector. Y, la última
comisión figura en el artículo 32, relativa al ámbito laboral, y se
destinará al estudio de las circunstancias del mercado laboral, con
especial referencia a la situación de los trabajadores fijos
discontinuos.
En definitiva, señor Ministro, nos gustaría equivocarnos y poder afirmar
que el 90 por ciento de este Régimen Especial se ha cumplido, pero de lo
que tenemos expresa constancia es de todo lo contrario: el 90 por ciento
de este Régimen Especial sigue sin cumplirse.
Por ello se interpela al Gobierno, a través del señor Ministro, para
conocer qué desarrollo ha tenido el Régimen Especial de las Illes Balears
desde su aprobación, qué grado de cumplimiento y las previsiones del
Gobierno sobre la creación de las distintas comisiones mixtas de estudio
y sobre la totalidad de las medidas que recoge el Régimen Especial de
Baleares.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Muchas gracias, Senadora.
Tiene la palabra el señor Ministro de Administraciones Públicas.
El señor MINISTRO DE ADMINISTRACIONES PUBLICAS (Acebes Paniagua): Muchas
gracias, señor Presidente.
Señorías, no ha pasado un año desde que se aprobó la Ley del Régimen
Especial de las Islas Baleares y ya nos encontramos en esta Cámara dando
cuenta, a iniciativa de la Senadora Costa i Serra, de cómo se está
desarrollando la aplicación de la Ley, de cómo se está articulando la
creación de las distintas comisiones mixtas y de cómo se están cumpliendo
las variadas medidas que se contemplan para compensar la insularidad de
las Islas Baleares.
Cuando esta Ley se encontraba en sus últimos trámites parlamentarios, la
señora Costa nos manifestaba desde esta Cámara su incredulidad en cuanto
a que en el plazo de un año se pudiese notar en alguna medida esa
compensación. Ese año, señoría, se ha quedado reducido a siete meses y
medio. Es curioso que una ley que ha tardado más de veinte años en ser
presentada y aprobada y que, casualmente o no, lo ha sido gobernando el
Partido Popular, a los poco más de siete meses de su aprobación se nos
pida una valoración y se espere un completo o altísimo grado de
cumplimiento de la misma.
En cualquier caso, yo comprendo su interés por reducir ese plazo, lo
estamos intentando todos, pero el año se hubiese cumplido el 31 de julio
de 1999, aunque es posible que haya fechas intermedias en las que
interese hacer balance.
Es muy poco el tiempo que nos da su señoría, siete meses, para realizar
una tarea tan amplia, como la que usted misma ha vuelto a recordar desde
esta tribuna hace un momento, pero les puedo avanzar que tanto el
Gobierno de la nación como el de la Comunidad Autónoma de las Illes
Balears han trabajado y siguen trabajando intensamente en todas las
cuestiones que plantea la ley, hasta el punto de poder presentar hoy una
serie de resultados.
Tengo que advertirle, desde el primer momento, que en estos siete meses
se ha avanzado en los trabajos; que, lógicamente, nadie puede pedir que
se hayan cumplido la totalidad de las previsiones legales, pero trataré
de acreditar cómo se está trabajando y, sobre todo, que no se ha perdido
un solo momento en el desarrollo de las previsiones legales.
Para empezar, les diré que se han cumplido todos aquellos compromisos que
se derivaban de la aplicación directa de la ley. Este es el caso de una
cuestión tan importante para Baleares, como es el transporte, a la que
luego me referiré.
Estamos a punto de crear cuatro comisiones de las diez que contempla el
régimen especial y le avanzo que, para alguna de estas futuras
comisiones, ya se han producido los imprescindibles contactos
bilaterales, previos a su constitución, entre los representantes del
Estado y los de la Comunidad Autónoma. Insisto en que estos contactos son
previos para acometer su constitución, que espero veamos en las próximas
semanas, y éste es el caso de las comisiones relativas al sector
aeronáutico, a la sociedad de información, al turismo, etcétera, a las
que luego me referiré puntualmente.
En el ámbito laboral ya se han producido avances para el conjunto del
Estado que, lógicamente, están resolviendo la problemática de Baleares.
Finalmente, hay cuestiones --por ejemplo, las becas-- en las que se está
trabajando pero, por motivos temporales --como también intentaré
acreditar-- por el momento en que se aprueban, tendrán que entrar en
vigor el próximo curso.
En cuanto al transporte, he de comenzar diciendo que considero que aquí
se encuentra, como también ha dicho su señoría, una clave de los costes
de insularidad que sufre Baleares. La problemática de las becas, de la
agricultura o de la industria tienen su raíz en el sobrecoste que
representa el transporte. En este sentido, considero que era la cuestión
más importante que había que resolver. Ya sé, porque lo hemos vuelto a
escuchar ahora, que la Senadora Costa minusvalora este aspecto del
Régimen Especial como tal inclusión en el mismo, y hoy ha vuelto a decir
que para recoger descuentos en el transporte no hacía falta crear un
régimen especial. Sin embargo, yo creo que sí hay que destacarlo, ya que
es una cuestión esencial y el Gobierno se ha apresurado --y hay que
decirlo con toda claridad-- a cumplir este compromiso.
En este sentido, como conoce toda la Cámara, una vez aprobada la ley, el
Gobierno puso inmediatamente en conocimiento de las autoridades de la
Comisión Europea que el transporte marítimo y aéreo de viajeros dejarían
de tener una subvención del veinticinco por ciento para pasar a tener una
del treinta y tres por ciento en el tráfico entre la Península y
Baleares. También inmediatamente después de aprobarse la ley, por un real
decreto de finales de julio y tras la previa comunicación a la Comisión,
se aprobó la misma subvención del treinta y tres por ciento para el
transporte aéreo de viajeros entre las islas que, hasta entonces, sólo se
subvencionaba al diez por ciento.
En cuanto a las tarifas portuarias, es también un compromiso cumplido.
Estas tarifas han sido rebajadas por una orden ministerial de diciembre
del pasado año.
En contestación a su pregunta sobre el transporte marítimo de viajeros
entre las islas, respecto a lo único que queda por mejorar, he de
indicarle que próximamente pasará del 10 al 33 por ciento. En este
sentido, se ha tomado en consideración por el Congreso hace
aproximadamente un mes una proposición de ley del Parlamento canario en
la que se incluye esta cuestión, y el Gobierno pretende y tiene la
voluntad de que se cumpla este compromiso para los dos archipiélagos, tal
como prevé la propia Ley del Régimen Especial de Baleares.
Finalmente, para cerrar la materia de las interrogantes que formulaba su
señoría respecto al transporte de mercancías, sólo me queda referirme a
la subvención de este transporte marítimo y aéreo de mercancías.
En este apartado, la Ley nos dejaba un plazo de nueve meses, que no han
transcurrido todavía, para proceder a su desarrollo reglamentario. En
estos momentos, se ha remitido ya el borrador, los documentos y la
notificación previa a la Comisión, también imprescindible, y espero que
en breve plazo este articulado, este sistema de compensaciones abarate el
coste de transportes por mercancía.
Por tanto, el Gobierno se ha apresurado a poner en marcha uno de los
problemas esenciales, fundamentales y que repercute en todos los demás, a
pesar del poco tiempo transcurrido, con datos y con realizaciones
concretas.
En cuanto a los restantes sectores, iré siguiendo el orden que prevé la
propia Ley. En relación con el sector turístico,
nos encontramos ya con las primeras comisiones mixtas. En esta materia,
existe un acuerdo previo con el Conseller de Turismo, la Secretaría de
Estado de Comercio, Turismo y PYMEs para constituir las dos comisiones
mixtas para las que ya incluso se han nombrado los representantes por
parte del Estado: la correspondiente al sector náutico y la
correspondiente al sector turístico. Esta última Comisión tratará de los
diversos temas turísticos que contempla la Ley.
En materia de la defensa de la competencia, el Gobierno puede ofrecer
algún resultado. En estos momentos se está valorando por parte del
Secretario de Estado de Economía y del Conseller de Economía y Hacienda
la instrumentación de ese órgano de colaboración del servicio de defensa
de la competencia, que previsiblemente dependerá de la Consellería de
Economía y Hacienda y que ejercitará funciones de apoyo de la Dirección
General de Política Económica y Defensa de la Competencia del Ministerio
de Economía y Hacienda.
Por lo que respecta al sector energético, al que su señoría hacía una
especial referencia, son dos las comisiones mixtas que se van a crear: la
Comisión para promover la diversificación energética y la Comisión para
el fomento de las energías renovables.
En cuanto a la primera comisión, he de señalar que el primer objetivo que
se plantearía, relativo a la especial atención al gas natural y al
desarrollo de las infraestructuras inherentes a esta fuente de energía,
está en estos momentos siendo analizado en el seno de un grupo de trabajo
constituido en el Ministerio de Industria y Energía y por los
representantes de la Comunidad Autónoma.
El segundo objetivo de la Comisión, la promoción de medidas de gestión de
la demanda y eficiencia energética y el impulso de los beneficios de la
liberalización del sector energético, está muy relacionado con el
desarrollo reglamentario de las leyes eléctrica y de hidrocarburos para
las regiones insulares; aspectos sobre los que ya se está trabajando
también conjuntamente con el Ministerio de Industria y Energía en
desarrollo del compromiso que había adquirido el Ministro de Industria y
Energía, al que hacía referencia su señoría. En consecuencia, considero
que en estos momentos el camino está ya muy desbrozado de cara a la
creación de la correspondiente comisión mixta.
Con relación a la segunda comisión, la referente al fomento de las
energías renovables, tampoco se deben plantear especiales problemas para
su constitución. Existe una Comisión Nacional para el desarrollo del Plan
de Energías Renovables, en la que participan todas las Comunidades
Autónomas, y lógicamente la Comunidad Autónoma Balear, por lo que con la
nueva comisión mixta se trataría solamente de particularizar para las
Islas Baleares una parte de dicho plan nacional.
En materia de asistencia sanitaria se ha firmado ya un Protocolo de
colaboración entre el Ministerio de Sanidad y Consumo y la Comunidad
Autónoma Balear el día 8 de octubre de 1998, en el que expresamente se
contempla el acuerdo definitivo de constituir la comisión mixta prevista
en el artículo 18 de la Ley del Régimen Especial.
En este mismo Protocolo se dan diferentes soluciones sociosanitarias a
los distintos problemas que su señoría ha relatado aquí para cada una de
las islas, contemplándose entre ellas la construcción de un nuevo
hospital en las islas de Menorca e Ibiza y la mejora de la atención
especializada, mediante el desplazamiento de personal especialista y la
creación de una red de telemedicina en lo que respecta a Formentera.
Con independencia de estas actuaciones, que serán el elemento esencial
para resolver la problemática que venía teniendo Baleares desde hace
tanto tiempo, es preciso señalar, aunque su señoría ha hecho una
indicación, que hoy día, el Insalud concede una ayuda por desplazamientos
de enfermos y acompañantes, aunque no sea suficiente, lógicamente.
Finalmente, en octubre de 1998, se ha firmado un convenio entre el
Insalud y la Comunidad Autónoma, para contratar el servicio permanente de
helicópteros de ambulancia para el transporte urgente de enfermos desde
Formentera al Hospital de Ibiza, habiéndose creado una comisión paritaria
al respecto, que, además, analice los problemas que se deriven de los
mismos, alguno de los cuales ha puesto de manifiesto su señoría desde
esta tribuna.
Otros sectores a los que usted se ha referido son el sector aeronáutico y
la sociedad de información. En el sector aeronáutico existe en estos
momentos un acuerdo bilateral entre el Ministerio de Fomento y el
Conseller de Economía y Hacienda del Gobierno balear. En este acuerdo ya
se ha decidido la creación de la Comisión Mixta, y su primera sesión
constitutiva tendrá lugar los próximos días en Palma de Mallorca.
Lo mismo puede decirse de las cuestiones relativas a la sociedad de la
información. Hay un acuerdo entre el Secretario de Industria y Energía y
el Conseller de Economía y Hacienda, para constituir la correspondiente
comisión que analice esta cuestión. Esta comisión, se va a constituir
simultáneamente con la anterior, en Palma de Mallorca.
Existen otras comisiones en las que se está trabajando de manera
importante. El Ministerio de Medio Ambiente y el Gobierno de la Comunidad
Autónoma de las Islas Baleares han suscrito un convenio sobre actuaciones
en materia de recursos hídricos, infraestructuras hidráulicas y calidad
de las aguas, y se han realizado importantes inversiones que, si su
señoría lo cree conveniente, podemos pasar a destacar.
En cuanto al ámbito laboral, existe ya una comisión, formada por
representantes del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales y la
Consellería de Trabajo y Formación, que ha tratado en sus diversas
reuniones la problemática de los trabajadores fijos discontinuos en este
campo, con posterioridad a la aprobación del régimen especial. Tras dicha
aprobación se han conseguido importantes avances, habiéndose aprobado
diversas disposiciones que inciden directamente en el trabajo fijo y
discontinuo. Además existe un acuerdo del Ministerio de Trabajo y Asuntos
Sociales y del Secretario General de Empleo con la Comunidad Autónoma
balear para constituir la comisión mixta, quedando sólo en este momento
la determinación de lugar y fecha de constitución.
En definitiva, señorías, con este recorrido que hemos hecho de la Ley del
Régimen Especial de las Illes Balears, sobre los elementos esenciales que
ha planteado, creo haber demostrado el interés del Gobierno para que
Baleares se encuentre en una situación equiparable a la peninsular, y no
arrastre los mayores costes que acarrea su carácter insular. Asimismo,
creo haber demostrado que el Régimen Especial de las Illes Balears, a
pesar de algunas reticencias, se encuentra en pleno desarrollo y que está
siendo bueno y positivo para las islas, apenas transcurridos ocho meses
desde su operación.
Muchas gracias, señora Presidenta.
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol y Roig): Gracias, señor Ministro.
La Senadora Costa Serra tiene dos turnos, uno para dar respuesta y otro
por el Grupo Parlamentario Mixto.
La señora COSTA SERRA: Muchas gracias, señor Presidente.
Señor Ministro, no me siento nada satisfecha con la contestación que ha
dado hoy aquí, porque viene a reconocer que no se ha creado ninguna
Comisión pero que está a punto.
De acuerdo, está a punto, pero seguimos con la misma inconcreción que el
principio. Usted ha hecho referencia a que en los veinte años anteriores
no se había presentado una ley parecida, pero, señor Ministro, me
gustaría que de una vez por todas se centraran y se diesen cuenta de que
son ustedes quienes gobiernan, y por eso les interpelo a ustedes. Es en
esta legislatura cuando se ha aprobado esta ley y, por tanto, es a
ustedes a quien les exigimos su cumplimiento.
Señor Ministro, ha dicho que las cuatro comisiones están a punto de
crearse. Ha hablado de grupos de trabajo y de contactos, pero esto no es
suficiente. Evidentemente, tienen que darse unos contactos y un estudio
previo a la creación de las Comisiones, pero es que nueve meses después
seguimos sin que se haya creado una sola comisión. Los contactos de los
que habla no sabemos si son telefónicos o de pasillo ni dónde tienen
lugar, pero necesitamos de inmediato la creación formal de estas
comisiones; a estas alturas nos parece oportuno conocer los nombres y
apellidos de los representantes de la Administración Central y de la
Administración Autonómica que integrarán dichas comisiones.
Usted ha hecho referencia, una vez más, al tema del transporte. Pero
también ha reconocido que en materia de transporte marítimo no se
obtienen los mismos descuentos que en el aéreo. Se ha anunciado, no por
parte del Gobierno central, que, ante el incumplimiento del Gobierno
central y --como muy bien ha apuntado usted-- dadas las fechas en las que
nos encontramos, el Govern Balear, de forma unilateral, ha decidido
adelantar estos descuentos mientras no lo haga el Gobierno central.
Pero también se ha dicho aquí que, como consecuencia de una proposición
de ley presentada en el Congreso por Coalición Canaria, ya se ha
adquirido este compromiso. Ustedes mismos, señor Ministro, han reconocido
que gracias a la actuación de un grupo parlamentario y de una proposición
de ley, sin necesidad de contar con un régimen especial, se van a tomar
medidas en cuanto al transporte marítimo.
En cuanto al sector energético, se ha dicho que será necesario
particularizar los problemas de nuestras islas respecto al Plan nacional
de energías renovables. Determinación que pone en evidencia el
incumplimiento del Régimen Especial de Baleares, que prevé la creación de
una comisión mixta para el estudio de los problemas particulares que son
consecuencia de nuestra insularidad. Precisamente para eso se ha creado
el Régimen Especial de Baleares, para tratar los problemas concretos que
provoca la insularidad.
Por último, voy a hacer un breve apunte sobre algo que no he entendido
muy bien. Usted ha hecho referencia al protocolo de Sanidad, firmado en
octubre del pasado año, al anunciar que está prevista la creación de dos
nuevos hospitales: uno en Menorca y otro en Ibiza. Cuando habla de la
isla de Ibiza no sé si se está refiriendo a la reforma que se está
llevando a cabo en los servicios de urgencias, en la UCI y demás, porque,
desde luego, eso no es crear un nuevo hospital. Se trata de una reforma
que ya estaba prevista desde hace años, y por eso se está ejecutando la
partida presupuestaria asignada para el único hospital de Ibiza. Por
tanto, a no ser que el señor Ministro me diga lo contrario, entiendo que
se refiere a esta reforma, porque yo no tengo conocimiento de que esté
prevista la construcción de ningún nuevo hospital.
Se ha referido también al ámbito laboral. Primero ha dicho que ya existía
una comisión, pero luego ha corregido sus palabras y ha dicho que lo que
existe es un grupo de trabajo encargado de determinar el lugar y la fecha
de constitución, y al parecer se ha acordado la constitución de esta
comisión. Pero no necesitamos de ningún grupo de trabajo que acuerde la
creación de una comisión, porque esto ya lo recoge el Régimen Especial.
Lo único que hay que hacer es dar estricto y fiel cumplimiento a lo que
dice nuestro Régimen Especial en cuanto a la puesta en marcha de las
comisiones, pero hacerlo no por el mero hecho de ponerlas en
funcionamiento, sino para adoptar medidas concretas que compensen los
agravios de la insularidad.
Gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol y Roig): Muchas gracias, señoría.
¿Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos? (Pausa.)
Muchas gracias.
Por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió,
tiene la palabra el Senador Carrera.
El señor CARRERA I COMES: Señor Presidente, señor Ministro, señorías, la
base de la interpelación es, sin duda, conocer qué desarrollo ha tenido
el Régimen Especial de las Illes Balears, así como la previsión sobre la
totalidad de las medidas recogidas en dicho Régimen Especial.
La Senadora interpelante se ha referido a la proposición de ley de mayo
de 1998 y concreta algunos puntos en la
propia exposición que hacen referencia a medidas compensatorias del coste
insular en materia de transporte, educación, sanidad y otros, así como
desarrollo medioambiental y creación de comisiones mixtas, más un largo
etcétera.
El debate, a mi entender, se ha centrado en conocer cuál es el desarrollo
de este Régimen Especial, cuál es la situación actual e interpelar al
Gobierno para que se active la aplicación y puesta al día de este citado
Régimen. He intentado obtener información al respecto, lo que me permite
remarcar cuestiones, algunas coincidentes con la propia Senadora Costa
Serra, e indicar definitivamente cuál va a ser la posición de nuestro
grupo parlamentario en esta interpelación.
En primer lugar, el Régimen Especial de las Illes Balears, tal y como he
indicado, fue aprobado en el mes de mayo de 1998, y aun reconociendo --es
cierto, señor Ministro-- que llevamos menos de un año --usted lo ha
remarcado y así lo reconoce la propia Senadora-- y que el período de
tiempo no es exagerado, lo que sí es cierto es que la aplicación nos
parece lenta. Por lo tanto, si hiciéramos una simple composición de lugar
--sin demasiadas complicaciones, señor Ministro--, detectaríamos lo
siguiente.
Consideramos que sólo ha habido un cumplimiento serio en lo relativo a la
subvención para el transporte de viajeros de esta ampliación del 25 al 33
por ciento, y posteriormente se ha reducido por dos tasas que se aplican
en la actualidad y, por tanto, ha habido una reducción final. Sin
embargo, todavía no se están aplicando las actuaciones previstas en este
Régimen Especial, que son las siguientes: Para los universitarios que han
de salir de su isla se preveía contemplar en el plan de becas la
aplicación y canalización de dichas subvenciones y, sin embargo, no se
hace mención a las mismas. La Ley de Hidrocarburos debía prever que los
precios para las Illes no fuesen superiores a la media. No se aplican las
subvenciones a familiares y enfermos --nos referimos a acompañantes que
han de salir de la isla donde viven--. Tampoco se ha cumplido en cuanto a
los estímulos para fomentar la aplicación de la energía eólica y solar.
Otra cuestión importante que se viene incumpliendo es la de incentivar en
el Impuesto sobre Sociedades las medidas de protección ambiental. No se
han previsto las medidas para la modernización en la pesca y en la
agricultura, cuando ya debería haberse hecho. Y, de momento --toda vez
que se han dado las explicaciones oportunas--, no se han creado
comisiones mixtas.
Desde nuestro punto de vista éste sería un mínimo análisis de la
situación actual, que no sería otro que el siguiente. Llevan pocos meses,
es cierto, y así lo reconocemos, pero también han transcurrido los
suficientes para poder afirmar que se han cumplido pocos objetivos de
este Régimen Especial. Por lo tanto, no se avanza con fluidez, cuando lo
lógico sería que el Partido Popular, que es quien tiene el gobierno en
las Illes, fuera el primer interesado en presionar --entiéndase entre
comillas-- para que se cumpliera el Régimen Especial de estas Illes
Balears.
En consecuencia, reconociendo, señor Ministro --y así lo señalo--, que de
su propia intervención quizás saque la conclusión --digo quizá y lo
remarco-- de que su desarrollo está más avanzado de lo que en principio
tenía conocimiento --remarco, siendo poco el tiempo transcurrido--, nos
da la impresión de que debería ir todo con mucha más fluidez de lo que se
está haciendo.
Gracias, señor Presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Muchas gracias, señoría.
Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el Senador
Garcías Coll.
El señor GARCIAS COLL: Muchas gracias, señor Presidente.
Señor Ministro, ante todo quiero agradecer a la Senadora Pilar Costa que
haya presentado esta interpelación, que nos da la posibilidad de debatir
el cumplimiento por parte del Gobierno de las medidas fijadas en el
Régimen Especial para Baleares.
Después de la intervención de la Senadora Pilar Costa y del representante
de Convergència i Unió pocas cosas podría añadir sobre la falta de
cumplimiento por parte del Gobierno en la ejecución de esta ley. Creo que
hay temas importantes sobre los que el señor Ministro tampoco ha dado a
conocer cuál es la situación, como pueden ser el plan de pesca artesanal,
todos los planes sobre acuicultura y un capítulo muy importante en el
REB: las ayudas o los planes para mejorar la actividad industrial
tradicional. Es decir, tres apartados que el señor Ministro no ha
enumerado y que me gustaría conocer cómo se encuentran porque creo que ni
hay previsión de comisión.
Pero lo que me preocupa de la ejecución del propio REB es que en la
intervención del señor Ministro hay una satisfacción por haber dado
cumplimiento a la reducción en el transporte y, en concreto, en el
transporte para pasajeros. Toda su intervención se ciñe a que para
nosotros lo importante era el transporte y esta ley se aprobó
prácticamente para esto, impulsada en este caso por el Partido Popular y
aprobada mayoritariamente por esta Cámara. Pero creo que la ley era mucho
más y es mucho más, incluso mucho más que lo que el propio Ministro decía
que se estaba haciendo. Cuando escuchaba al Ministro hacía un repaso, no
de la Ley de Régimen Especial para Baleares, sino de las gestiones
normales que deben hacer dos gobiernos en colaboración. Es decir, es
lógico que en las competencias de sanidad, que son de la Administración
del Estado aún en estos momentos, se desarrollen unos trabajos de
colaboración entre las dos administraciones, por ejemplo, para señalar
cuáles tienen que ser las inversiones en esta Comunidad Autónoma, pero
esto se desarrolla tanto en esta Comunidad como en otras Comunidades
Autónomas. No tiene nada que ver que exista un REB o que no exista, ésta
es la gestión cotidiana, diaria, de los gobiernos de turno de cada una de
las administraciones correspondientes.
Por tanto, no añade nada el hecho de que tengamos un mapa sanitario, que
ya teníamos antes, lo único es que con el Gobierno del Partido Popular se
han hecho algunas matizaciones, pero no tiene nada que ver con el REB. El
REB en temas sanitarios tiene que ver con unas compensaciones
por el hecho insular, no por el hecho de que haya unos déficit en el mapa
sanitario; estos déficit, que pueden existir en otras Comunidades
Autónomas, se tienen que ir resolviendo con el trabajo de los gobiernos
respectivos, pero el Gobierno sí tiene que tener en cuenta que debe haber
una compensación por el hecho insular y, por tanto, tiene que haber un
plus. Creo que es difícil de entender para los ciudadanos la voluntad del
Gobierno del Estado si en los Presupuestos Generales del Estado, que son
la máxima expresión de la voluntad del Gobierno, no hay partidas
específicas para el cumplimiento del REB. En los presupuestos aprobados
para el año 1999 no hay ninguna medida específica para el cumplimiento
del REB. Podremos creer en la voluntad del Partido Popular en el momento
en que veamos que hay medidas específicas implementadas en los
presupuestos del Estado.
Otro apartado importante que el señor Ministro no ha señalado es el de
infraestructuras. Hay también un articulado en el que se señala todo un
conjunto de infraestructuras específicas y que tendrían que estar
determinadas en los Presupuestos Generales del Estado. Usted me dirá que
hay un acuerdo entre el Gobierno balear y el Gobierno del Estado sobre el
Plan de Carreteras para la financiación de determinadas autopistas.
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Senador Garcías, terminó su
tiempo.
El señor GARCIAS COLL: Gracias, señor Presidente. Voy terminando.
Me contestará eso, pero le repito lo mismo que antes: no hace referencia
al REB, sino a unos convenios que ya existían, como ya existieron en
otras épocas, sin necesidad de que hubiera un REB.
Por último, como decía la Senadora Pilar Costa, para hacer un aumento de
un ocho por ciento sobre la subvención del transporte para pasajeros no
se precisaba ningún REB, no se precisaba --y veo la voluntad-- que
hubiese un debate, incluso, en la propia Comunidad Autónoma. Ya el
Gobierno balear se atreve a plantear que el 50 por ciento de lo que se
plasmó en el Régimen Especial está aprobado. Creo que esto es pura
propaganda, que puede hacer creer a ciudadanos que nos siguen día a día
que puede ser realidad, pero, a la hora de ver qué ventajas les ha
ofertado el REB, se ve que no hay ninguna distinta de las que había en la
situación anterior.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Muchas gracias, señoría.
Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el Senador Font
Barceló.
El señor FONT BARCELO: Muchas gracias, señor Presidente.
Señor Ministro, señorías, voy a ser muy breve.
No se necesitaba ninguna Ley para aprobar los descuentos del 33 por
ciento en Baleares. El Grupo que usted representa, Senadora Pilar Costa,
porque usted también representa al PSOE en Ibiza y Formentera --y el
Senador Garcías Coll está en el PSOE--, tuvo trece años para hacerlo, sin
ley, con un decreto, y no lo hizo. En cambio, el Partido Popular entró y
lo hizo. Esta es la gran diferencia que hay entre ustedes y nosotros.
Señor Ministro, le agradezco muchísimo sus explicaciones. Ya dije en la
pasada intervención que a veces cuando hablamos del REB hay gente que se
lo toma a cachondeo y esto es más serio de lo que ustedes se piensan. Me
gustaría decirles que de aquellas cosas que tenían que entrar en
funcionamiento inmediatamente creo que se han cumplido todas, tanto en
las tarifas aéreas, sobre las que ningún Senador pregunta ya cuál ha sido
el descuento --hay descuentos entre islas que ascienden a 20.000, 25.000,
33.000, dos mil y pico pesetas y que sí afectan a los bolsillos de los
ciudadanos--, como en las tarifas marítimas de pasajeros, que sabemos que
próximamente tendrán un descuento del 33 por ciento. Y en el transporte
marítimo y aéreo de mercancías se ha cumplido escrupulosamente lo que
decía la Ley, porque ésta en su artículo 7 dice que, asimismo y
respetando los artículos 92 y 93 del Tratado de la Comunidad Europea, se
establecerán compensaciones al transporte para las exportaciones
dirigidas a Europa. Reglamentariamente y en el plazo de nueve meses se
determinará el sistema de concesión. Y el día 27 de enero de este año
--una de las fechas que le interesan a la Senadora Costa-- la Comisión
dispone ya de este documento para aprobar. Se podría haber hecho hasta el
día 30 de abril, plazo en el que se cumplirán los nueve meses, porque la
publicación en el BOE es el día 31 de julio.
Respecto a los contactos bilaterales mantenidos --usted pedía nombres y
apellidos--, le voy a dar un ejemplo. El día 9 de febrero, respecto al
tema energético, en el que son imprescindibles los contactos bilaterales,
se reunieron el Director General de Ordenación del Territorio, señor
Huguet, el Director General de Industria, señor Grimald, el Jefe de
Servicio de Energía, señor Nadal, el Director General de Energía del
MINER, señor Gomis, y el Subdirector General de Energía Eléctrica del
MINER, señor Vicent, intentando profundizar mediante estos contactos
bilaterales en lo que trabajará la Comisión.
Lo que es evidente es que hemos cumplido respecto a todos estos asuntos.
Usted sabe, Senadora Costa, que en el convenio que se firmó con el
Insalud no figura sólo la reforma del hospital de Can Misses, que ya está
en marcha, sino el compromiso del Gobierno para construir otro hospital
en Ibiza. Esto figura en el convenio y discutir ahora que no es así es
jugar, como decía don Antonio Garcías, con la gente que nos sigue en
temas concretos. Esto está firmado. Y esto no lo hizo antes el Partido
Socialista con Baleares, ni dijo nada de un hospital en Inca, ni dijo
nada de un hospital más en Menorca. Esa es la diferencia de este Gobierno
respecto a ustedes, así de claro.
Para terminar, me gustaría decirles que esto de negar el pan y la sal al
Régimen Especial, a que la Senadora Costa nos tiene acostumbrados, es un
poco lo que decía el Senador Ferrer i Roca cuando se aprobó la Ley: han
pasado 20 años para que se nos reconozca el hecho insular; trabajemos
juntos. Y no se preocupe, el Gobierno balear bien se va a ocupar de que
el Gobierno de la Nación cumpla sus compromisos. Lo único que les pido es
que, ahora que se acercan elecciones, no intenten dar una idea engañosa
de lo que es el REB.
Muchísimas gracias. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario
Popular.)
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Muchas gracias, señoría.
Tiene la palabra el señor Ministro.
El señor MINISTRO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES (Acebes Paniagua): Señor
Presidente, señorías, con toda brevedad, porque creo que ya están
absolutamente claras las posiciones de cada uno, aunque alguien se empeñe
en ni siquiera establecer el calendario adecuado, porque nos decía la
Senadora interpelante en su interpelación que era mayo, pero varios de
los que han intervenido en la tribuna han dicho que han transcurrido
nueve meses desde mayo. No, señores, fue el día 29 de julio, según está
publicado en el Boletín Oficial, es decir, han transcurrido poco más de
siete años. Y lo digo para poner las cosas en sus justos términos sobre
si se cumplen o no se cumplen los compromisos y para evaluar el interés
del Gobierno de la Nación y del Gobierno de Baleares para desarrollar
esta importante legislación.
Señorías, poco más de siete meses desde la publicación en el Boletín
Oficial. Pues bien, desde entonces todos y cada uno de los compromisos
directos se han cumplido, todos, cien por cien, y podremos decir si eso
era muy importante, era poco importante o nada importante, pero estoy
seguro de que a los hombres y mujeres de Baleares que se trasladaban
desde Baleares a Santiago de Compostela y a los que ahora les cuesta
20.295 pesetas menos cada uno de sus billetes sí les importará algo. El
Partido Socialista durante 20 años les hizo pagar 20.295 pesetas más y
ahora el Partido Popular les hace pagar 20.295 pesetas menos (Aplausos en
los escaños del Grupo Parlamentario Popular.) No sé si es mucho o no,
pero en siete meses eso es lo que hemos hecho. Igual ocurre con esas
cifras similares del 33 por ciento de descuento entre otras poblaciones,
por ejemplo Palma-Madrid.
Y respecto a los compromisos que no son directos, sino aquellos que se
tienen que desarrollar a través de comisiones mixtas, cuando se quiere
hacer un trabajo serio y riguroso --y muchas de sus señorías y sus grupos
parlamentarios lo conocen-- eso exige unos trabajos previos, es decir,
unas ponencias técnicas que desbrocen, que delimiten cuál va a ser el
campo de actuación para que puedan resultar realmente eficaces y redundar
en beneficio de los hombres y mujeres que viven en Baleares. Cuando se
quiere hacer sólo fuegos artificiales, entonces se crea una comisión
mixta para no hacer nada, y yo comprendo que el Grupo Parlamentario
Socialista, que no aprobó esta ley en 20 años, o la señora Costa que no
cree en las comisiones mixtas --por tanto, en la cooperación y en la
colaboración entre los distintos Gobiernos para acometer esos proyectos a
que nos hemos comprometido--, devalúen la importancia de una comisión
mixta. Los que queremos hacer un trabajo serio en materia de
infraestructuras, de turismo, de aguas, de agricultura --por cierto, en
agricultura habrá que esperar, pues algunas cosas de Baleares no se
pueden extraer de la importancia del conjunto, como es la Agenda 2000; de
todas formas hay trabajos iniciados y protocolos que ya se han suscrito
en materia de agricultura y otras tantas--, sabemos que se necesitan unas
ponencias iniciales, se necesita desbrozar un trabajo previo para que las
comisiones mixtas puedan hacer un trabajo efectivo. A lo mejor se podía
haber corrido más en siete meses y medio. No sé yo si en el análisis
comparado del trabajo que se puede hacer en siete meses y medio habrá
precedente de la eficacia en resolver las disposiciones de la ley. En
cualquier caso, todas se han hecho con antelación a los plazos allí
previstos, como era el de nueve meses a que hacía referencia ahora el
portavoz del Grupo Parlamento Popular.
Vamos a insistir, a trabajar sobre un proyecto que creemos era muy
importante, que es muy importante para Baleares, en el que se ha
conseguido un amplio grado de desarrollo. Espero la colaboración de todos
porque sólo va a redundar en beneficio de los hombres y mujeres que viven
en Baleares.
Gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Gracias, señor Ministro.
--DE D. JOSE ANTONIO MARIN RITE, DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA,
SOBRE LAS MEDIDAS PREVISTAS POR EL GOBIERNO EN RELACION CON LA SITUACION
DE LA ADMINISTRACION DE JUSTICIA (670/000127).
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): La siguiente interpelación la
formula el Senador don José Antonio Marín Rite, del Grupo Parlamentario
Socialista, sobre las medidas previstas por el Gobierno en relación con
la situación de la Administración de Justicia. (El Senador Garcías Coll y
la Senadora Costa Serra piden la palabra.)
Como habíamos pasado ya al siguiente punto del orden del día y me piden
la palabra varias de sus señorías, les pediría que renunciaran a ello y
comprendieran que no les he visto antes. Muchas gracias.
El Senador Marín Rite tiene la palabra.
El señor MARIN RITE: Muchas gracias, señor Presidente.
Señorías, señora Ministra de Justicia, se han cumplido ya tres años de
Gobierno, tres años de su Ministerio y, por lo tanto, un período de
tiempo suficiente para enjuiciar, si no la totalidad de la gestión en
materia de justicia y de lo que es la situación de la Administración de
Justicia, sí con una cierta solidez los aspectos fundamentales de lo que
ha sido la política de justicia, de lo que ha sido la política de su
Ministerio.
Quería empezar diciendo que no tiene por qué haber inconveniente --no lo
hay por mi parte-- en reconocer la
existencia de algunos logros. Por ejemplo, son logros la puesta en marcha
de los Juzgados de lo Contencioso, el inicio de las transferencias a las
Comunidades Autónomas o el Plan de Informatización; pongo estos ejemplos
por referirme a tres aspectos, a tres áreas distintas: al de los
juzgados, al de las transferencias y al de los medios materiales. Pero
esta labor lógicamente no me corresponde a mí y estoy seguro de que la
hará con la abundancia y el entusiasmo que le caracteriza mi colega el
Senador Prada.
Desde la primera comparecencia que la señora Ministra de Justicia hizo en
esta Cámara, el 26 de junio de 1996, le expresamos la opinión que
manteníamos de que los problemas de la justicia, en virtud de sus
especiales características, necesitaban del esfuerzo de todos,
necesitaban de un empuje, de un esfuerzo colectivo. Le decíamos, señora
Ministra, que usted debía liderar, dirigir, encauzar --utilícese la
expresión que se quiera, eso es lo de menos-- ese esfuerzo colectivo
porque se trataba, en definitiva, de un problema de Estado. En la
comparecencia a la que acabo de hacer referencia, usted dijo que era
imprescindible y que sólo desde el consenso se podían resolver los
problemas que usted entendía que la justicia tenía, y lo hacía usted
--cito literalmente-- de manera excluyente; decía: «sólo desde el
consenso se pueden resolver; no se pueden resolver de otra manera». Ese
era su propio discurso en aquellos días.
Señora Ministra, creo sinceramente que ha desaprovechado usted esta
oportunidad. Creo que no ha escuchado a todos como requería la situación
y como usted misma se había comprometido.
Pero, señora Ministra, le queda a usted todavía un año para hacerlo. Como
quiero poner esto en positivo le digo: coja usted el timón del
Ministerio. No escuche usted sólo a una asociación profesional o a algún
consejero áulico. Escuche usted al conjunto de las voces, también a estas
personas que usted escucha, naturalmente que sí, pero, insisto, a todos,
al conjunto de las voces que hoy reclaman un esfuerzo colectivo para
atender el gravísimo problema que tiene la justicia española.
Nosotros, señora Ministra, y usted lo sabe, hemos planteado desde el
principio esta cuestión y queremos dar un pequeño ejemplo o, por lo
menos, no hacer lo contrario de lo que decimos. Y ya desde ahora le
anuncio que esta interpelación no irá seguida de una moción. Sé que a
ustedes esto puede darles exactamente igual, o a lo mejor no, pero lo
hacemos simbólicamente. Es decir, que si nosotros estamos defendiendo la
necesidad de que usted impulse al conjunto y que, de alguna manera,
encauce un esfuerzo colectivo para solucionar los problemas de la
justicia, sería una contradicción ponerle delante, dentro de unos días,
una moción que usted y su Partido tendrían que votar. Por lo tanto, no lo
vamos a hacer.
Señora Ministra, la primera condición para resolver un problema es sin
duda reconocer su existencia. En aquella fecha de junio de 1996, le
expresábamos con toda sinceridad que los problemas de la justicia venían
de antiguo, y que no se podían echar exclusivamente sobre las espaldas
del Gobierno. Este Senador le ha dicho a usted este tipo de cosas, que
figuran en el «Diario de Sesiones». Manifestábamos entonces, en el año
1996 --repito--, que no era razonable echar sobre las espaldas del
Gobierno, que acababa de tomar posesión, los problemas antiguos de la
justicia española, algunos de ellos de decenas de años. Pues con la misma
sinceridad con la que le decía aquello, hoy tenemos que manifestar que ya
han pasado tres años, señora Ministra, y la situación, en términos
generales, no ha mejorado, sino que ha empeorado.
Por otra parte, esta situación se refleja de manera nítida en la opinión
pública. Es cierto --no quiero dejar atrás ningún elemento positivo-- que
la opinión de los usuarios de la justicia es mejor que la del conjunto,
eso es verdad, pero no es menos cierto que hay una mayoría de españoles
que piensa que la situación de la justicia es muy grave, y lo piensa el
Consejo General del Poder Judicial, que llega a decir que estamos en una
situación de alarma y que los españoles ponen en duda incluso el valor
fundamental de la justicia, que es el de la imparcialidad. En eso
estaremos todos de acuerdo. Usted y el portavoz de su Grupo pueden subir
a la tribuna, están en su derecho, y defender su gestión. Lo harán sin
duda, y podrán decir incluso que la culpa está en otro lugar. Pueden
hacerlo también. Pero lo cierto es que han pasado tres años; que los
problemas siguen estando ahí; que la opinión es la que es; y que ahora
son ustedes los que tienen que responder de esos problemas. Ahora es
fundamentalmente usted --es decir su Ministerio--, la que tiene que
responder de esos problemas.
En la comparecencia a la que me he referido antes, decía usted que los
objetivos de su Ministerio se podían resumir en dos: por una parte,
desarrollar plenamente el modelo constitucional de justicia y, por otra,
lograr una Administración de justicia ágil y eficaz. Esa era la síntesis
--digamos-- de su planteamiento, de su programa. Veamos, señoría, lo que
ha ocurrido con estos dos objetivos.
Para conseguir el primero de ellos, usted proponía, por un lado,
fortalecer el Consejo General del Poder Judicial. Creo que en aquellas
fechas confundía un poco lo que era el Poder Judicial --jueces y
tribunales ejerciendo la jurisdicción, que es lo que es el Poder
Judicial-- con su órgano de gobierno. Pero eso tampoco tiene demasiada
importancia. Usted hablaba --y voy a citar ahora literalmente-- de
devolver una serie de competencias al Consejo: en materia de horarios, de
jornadas de trabajo, las secretarías y las oficinas judiciales y la
determinación de plantillas en los servicios comunes, así como la
selección, provisión de destinos, ascensos y régimen disciplinario de los
secretarios judiciales. Además, señora Ministra, proponía usted modificar
el sistema de elección de los vocales del Consejo e introducir reformas
en el Estatuto que permitieran el cese de vocales a los cuales se hubiera
imputado algún delito. Para todo ello, para conseguir estos importantes
objetivos, usted proponía, como he dicho antes, el consenso, el diálogo
con las fuerzas políticas, porque usted era consciente de que su logro
era difícil y complicado.
Pues bien, ¿qué ha ocurrido? Ni se ha abierto ese proceso de diálogo ni
se han realizado las reformas a las que he hecho referencia.
Tengo que decir, para no crear ningún tipo de confusión, que nosotros
tenemos en algunos de estos asuntos importantes
diferencias con el Gobierno y con el Grupo que lo apoya. Pero, señora
Ministra --y creo que en esto podría obtener la aquiescencia de una gran
parte de la Cámara--, lo que no puede usted hacer en ningún caso es decir
que se va a modificar el sistema de elección de los vocales del Consejo
General del Poder Judicial porque la elección que actualmente se hace da
una imagen de politización del Consejo y después no hacerlo.
Si obra usted así, en lugar de fortalecer al Consejo está creando dudas
sobre su origen y está usted debilitándolo en lugar de fortalecerlo. En
definitiva, se consigue el resultado contrario al que se quería obtener:
un debilitamiento del Consejo mediante la permanente puesta en cuestión
de la forma de elección de los vocales del mismo.
Para conseguir este primer gran objetivo, se proponía usted también
reforzar la autonomía del Ministerio Fiscal. Señora Ministra, el
Ministerio Fiscal ha sido la cruz de su Ministerio. Algún fiscal me ha
comentado que podría también decirse al revés, que su Ministerio ha sido
la cruz del Ministerio Fiscal. Pero dejando a un lado el humor que no
conviene en estos temas tan graves, quiero decir que tenemos, sin duda,
una visión distinta sobre el Ministerio Fiscal. Es cierto. Lo hemos
hablado ya usted y yo en alguna ocasión en esta casa. Pero es también
cierto que hay una regulación constitucional del Ministerio Fiscal. Hay
una regulación en la Constitución y en el Estatuto del Ministerio Fiscal.
Siempre que habla usted del Ministerio Fiscal --así lo hizo en relación
con una interpelación de mi colega el Senador Arévalo-- lo hace como algo
ajeno al Gobierno, como algo en relación con lo cual tiene usted poca o
ninguna responsabilidad. Y esto, de acuerdo con la regulación
constitucional y estatutaria del Ministerio Fiscal, no es así. No es así.
El Gobierno interviene decisivamente en el nombramiento de la cúpula del
Ministerio Fiscal, en su nombramiento y en su cese.
El artículo 124 de la Constitución nos dice que el Ministerio Fiscal
funciona bajo los principios de unidad de actuación y de dependencia
jerárquica. Además, el artículo 8.º del Estatuto dice que el Gobierno
puede interesar actuaciones del Ministerio Fiscal. Luego si el Gobierno
nombra, cesa, si hay un principio de unidad de actuación y de dependencia
jerárquica y, además, puede interesar actuaciones, está clara la relación
estatutaria y constitucional entre el Ministerio Fiscal y el Gobierno.
Señora Ministra, con todo el respeto que, sin duda, merece un miembro del
Gobierno, y al que yo jamás le faltaré, creo que decir que la actuación
del Gobierno en relación con el Ministerio Fiscal ha ido en la línea de
fortalecer el modelo constitucional de justicia es sencillamente un
sarcasmo.
Los sucesos ocurridos en la Fiscalía de la Audiencia Nacional, donde se
consintió e, incluso, se apoyó una rebelión contra el Fiscal Jefe, señor
Aranda, fiscales a los que se trató con guante de seda, premiando a uno
de ellos nombrándole Fiscal Jefe de la Audiencia, y el mantenimiento de
los señores Cardenal y Fungairiño a pesar de haber hecho manifestaciones
claramente anticonstitucionales, son muy graves.
Señora Ministra, cuando se mantiene a un Fiscal General del Estado que
dice, y que dice por escrito, que el reconocimiento de las parejas
homosexuales y el derecho de éstas a adoptar equivale a premiar lo
vicioso, y cuando, por otra parte, se dice que el pluralismo es un vicio,
cabe preguntarse: ¿se puede mantener a una persona que dice estas cosas?
Se la puede mantener, pero no se puede decir al mismo tiempo que se está
desarrollando el modelo constitucional de justicia porque eso es una
profunda contradicción.
Se ha utilizado la Fiscalía de manera distinta a lo que indican los
principios constitucionales, llegándose a hacerla intervenir en
conflictos entre empresas privadas, lo que ha constituido un escándalo en
España y fuera de España.
Señora Ministra, con ocasión de una pregunta que este Senador le hacía
sobre el asunto Pinochet --no sé si lo recordará--, le dije que estos
fiscales volverían a crearle a usted problemas y que esos problemas
surgirían recurrentemente en virtud de su posición ideológica y de su
especial personalidad.
Y, efectivamente, así ha ocurrido. Cada poco tiempo surge una cuestión de
este tipo, y ha vuelto a ocurrir. Y hace muy pocos días, la Junta
extraordinaria de fiscales de la Fiscalía Anticorrupción adopta por
unanimidad un acuerdo: presentar una queja ante el Fiscal General del
Estado ya que estos fiscales entienden que no están siendo apoyados ante
una serie de coacciones, de amenazas gravísimas de las que están siendo
objeto, algunas de ellas por escrito y también públicas, que al mismo
tiempo, entienden ellos, perturban --y lo creo-- el desarrollo normal de
su actividad.
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol y Roig): Senador Marín Rite, terminó su
tiempo.
El señor MARIN RITE: Sí, señor Presidente.
Señorías, entendemos que estas actuaciones no pueden mantenerse y decir
al mismo tiempo que se está fortaleciendo el modelo constitucional de
Justicia.
En el siguiente turno hablaremos del otro punto a que usted hacía
referencia en aquella comparecencia, el lograr una Administración de
Justicia más ágil y eficaz, aunque nosotros entendemos que después de ese
conjunto de actuaciones, estamos más en presencia de una contrarreforma
que de una auténtica reforma de la Justicia, y créame que lamento tener
que decir eso.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol y Roig): Muchas gracias, Senador.
Tiene la palabra la señora Ministra de Justicia.
La señora MINISTRA DE JUSTICIA (Mariscal de Gante y Mirón): Señor
Presidente, señorías, comparezco a petición del Grupo Parlamentario
Socialista para exponer las medidas que el Gobierno ha puesto ya en
marcha para mejorar la situación de la Administración de Justicia en
España.
El Senador Marín Rite, que tiene experiencia en lides parlamentarias, da
por supuesto que a él le corresponde un papel y a la Ministra interpelada
le corresponde otro. Por tanto, a ese papel me voy a atener.
El señor Marín Rite recordaba que en mi comparecencia inicial como
Ministra de Justicia ante la Comisión de Justicia del Senado, en julio de
1996, establecí como primer principio lograr la realización plena del
modelo constitucional de Justicia. Evidentemente, eso fue así, y voy a
tratar de exponer ante sus señorías, qué es lo que ha hecho el Gobierno
para lograr esa realización.
Partiendo del máximo respeto a la autonomía y a las funciones propias del
Consejo General del Poder Judicial, como no podía ser de otra manera, se
ha estrechado de manera muy considerable la coordinación y la cooperación
entre el Consejo General del Poder Judicial y el Ministerio que dirijo,
como se pone de manifiesto con la constitución en 1997 de una Comisión
Mixta para el desarrollo de la planta y demarcación judicial, inexistente
hasta ese momento, la cual, a través de reuniones mensuales, viene
funcionando a plena satisfacción y con extraordinarios resultados; o la
celebración de múltiples convenios y trabajos como sucede con el
importante campo de la informática judicial. Y se han reforzado las
garantías de independencia e imparcialidad de los jueces y magistrados,
como queda de manifiesto con las normas que se contienen en la reforma de
la Ley Orgánica del Poder Judicial de 4 de diciembre de 1997.
En mis primeras intervenciones ante la Cámara me comprometí a respetar
escrupulosamente la autonomía del Ministerio Fiscal. Como sus señorías
recordarán, la situación que existía antes de que este Gobierno llegara a
gobernar en relación con alguna fiscalía, es decir, antes del inicio de
esta legislatura, no era precisamente la más adecuada para poder
transmitir a la opinión pública una imagen de trabajo sólido y eficaz al
servicio de la legalidad y defensa del interés público tutelado por la
ley.
Creo que todos convendrán en que en la actualidad se ha superado
felizmente esa situación desafortunada, y hoy ya nadie habla ni de
fiscales indomables ni tampoco de fiscales domesticados. He de decir que
esa labor de recuperación del prestigio deteriorado se ha podido hacer
desde el Gobierno gracias al cuidado que siempre se ha tenido en respetar
la autonomía y las funciones propias que, según la Constitución y el
Estatuto, corresponden al Ministerio Fiscal en nuestro ordenamiento
jurídico.
Por tanto, me ha extrañado sobremanera que en la justificación de esta
interpolación, y posteriormente en su intervención, se acuse al Gobierno
de instrumentalizar al Ministerio Fiscal, cuando es público y notorio que
no hay ni un solo caso, señoría, en que este Gobierno haya utilizado a la
Fiscalía y la haya puesto al servicio de sus propios intereses. Esa
acusación de manipulación resulta, en mi opinión, injusta, y aunque quizá
sea el reflejo de algo que se puede soñar pero que no ocurre, demuestra
un talante de hacer las cosas y afrontar las relaciones entre las
instituciones del Estado poco conforme a lo que debe ser un correcto
entendimiento de la finalidad de la Fiscalía en nuestro modelo.
El esfuerzo del Departamento también se ha encaminado, como ya anuncié en
mis primeras intervenciones, a sentar las bases para lograr una
Administración de Justicia más cercana a los ciudadanos, más ágil y
eficaz. Esa finalidad se ha desarrollado en dos grandes ámbitos. Uno,
dirigido al aumento y mejora de los medios personales y materiales para
una adecuada realización de la labor jurisdiccional. Y el otro, al de la
aprobación de nuevas normas jurídicas que faciliten al justiciable el
acceso a los procesos y la eficacia de las resoluciones que se dicten en
relación con sus derechos e intereses legítimos.
Puedo calificar de realmente extraordinaria la tarea que se está llevando
a cabo en materia de medios personales y materiales. El primer dato que
pone de manifiesto la importancia que para este Gobierno tiene la
Administración de Justicia es el del constante aumento presupuestario que
se ha producido en relación con el Ministerio de Justicia, especialmente
visible a partir de los presupuestos para 1998 y 1999, cuando ya se han
consolidado las transferencias realizadas en los años anteriores a
Andalucía y Canarias.
Las cifras al respecto son muy significativas. Así, por ejemplo, en
materia de suministros y material de oficinas, tras sanear la deuda
procedente de la legislatura anterior se consigue recuperar la confianza
de los suministradores y rebajar los costes, de forma que en 1997, sin
apenas incremento presupuestario, aumenta en un 10 por ciento la media
por órgano judicial para atender este tipo de gastos, finalizando el
ejercicio sin deuda alguna.
En relación con el capítulo 2, conviene destacar que el presupuesto de
1998 aumenta en un 61,74 por ciento, pasando de 7.503 a 12.136 millones,
mientras que en el presente año 1999 se incrementa en un 12,4 por ciento,
aumentando el crédito anterior en 1.503 millones. Con ello se pretende
--y se está logrando-- atender a todos los órganos judiciales, y
especialmente a los de nuevo funcionamiento, que tienen un coste añadido
por inauguración. Y todo ello, dentro de una política de control del
gasto confirmado por los cierres presupuestarios de 1997 y 1998, en la
que no se dejan deudas acumuladas de un año para otro.
Por poner otro ejemplo, en lo que se refiere al capítulo 6, dedicado a
inversiones, infraestructuras, mobiliario e informática, el crecimiento
también ha sido importante. Pero más aún lo ha sido la rebaja de costes y
la transparecencia del gasto, pues la mayoría de las obras se realizan
actualmente por subasta y las adjudicaciones se efectúan habitualmente
por importes inferiores a los de licitación.
En términos anuales, con el capítulo 6 de 1997, con crecimiento cero, se
acometen más obras que en los ejercicios anteriores, comenzando obras
planificadas en 1988, como los Palacios de Justicia de Palma de Mallorca
y Cáceres. En 1998 dicho capítulo aumenta un 34,3 por ciento, pasando a
ser de 4.128 millones, para atender las grandes obras iniciadas y los
nuevos órganos judiciales. En cuanto al presente año 1999, se aumenta en
un 87,3 por ciento, con un incremento efectivo de 3.473 millones, lo que
supone casi duplicar el crédito del año anterior.
En consecuencia, señoría, creo que no se puede afirmar seriamente que el
Gobierno no haya realizado un gran esfuerzo
presupuestario dirigido a aumentar las dotaciones destinadas a la
Administración de Justicia. Y ese esfuerzo se ha concretado, como no
podía ser menos, en muy diversos ámbitos.
Desde 1996 ha aumentado significativamente el número de plazas de jueces,
magistrados, fiscales, secretarios y personal auxiliar. Se han resuelto
los problemas en materia de suministros y material. Se ha iniciado la
construcción de importantes sedes judiciales y se han mejorado las
instalaciones e infraestructuras existentes, y se ha abordado, como su
señoría ha tenido la bondad de reconocer, la informatización integral de
los órganos judiciales y de las fiscalías.
Comenzando por la creación de órganos judiciales, tengo que señalar que
ha ido en aumento paulatino, año tras año, desde los 39 de 1996 a los 137
previstos para este año, pasando por los 80 de 1997 y los 114 creados el
año pasado.
Si manejamos los datos y cifras del Libro Blanco de la Justicia, al que
se ha aludido, tanto en el texto escrito de presentación de la
interpelación como en la intervención oral, vemos que en él se pedía la
creación de 300 nuevas plazas para jueces y magistrados para el año 2000.
El Ministerio de Justicia ha creado 331 en el trienio 1997-1999,
superando, por tanto, las peticiones realizadas por el Consejo General
del Poder Judicial. Este aumento de plazas judiciales se ha visto
acompañado de un incremento similar de las dotaciones de fiscales y de
los cuerpos dependientes del Ministerio de Justicia. En el trienio
1997-1999 se van a poner en funcionamiento 191 nuevas plazas de fiscales,
256 de secretarios judiciales, 2.179 de oficiales, auxiliares y agentes y
322 de personal laboral.
El Ministerio de Justicia ha convocado con periodicidad anual las
oposiciones a secretarios, médicos forenses y cuerpos auxiliares de la
Administración de Justicia, incluyéndose en las mismas, no sólo los
incrementos de plantilla, sino también la totalidad de las plazas
vacantes, lo que ha permitido la disminución del personal interino y la
mejora del nivel de profesionalización existente.
Si la labor realizada en materia de medios personales ha sido y sigue
siendo digna de ser destacada, otro tanto creo que se puede decir de la
que se refiere a los medios materiales necesarios para el correcto
desarrollo de las actividades de los órganos judiciales.
Respecto de los edificios judiciales, se han puesto en marcha tres planes
de reposición preferente, dos de ellos ya culminados, que han supuesto
hasta ahora la realización de 417 obras de reforma y acondicionamiento,
con un coste medio de 2 millones de pesetas. No se puede ignorar el
importante esfuerzo inversor que ha tenido que llevarse a cabo para
conseguir espacios que permitieran la puesta en funcionamiento de los
nuevos juzgados contencioso-administrativos, que son hoy una realidad,
después de casi 15 años desde que resultaron creados por la Ley Orgánica
del Poder Judicial.
Además de lo anterior, y como he indicado, se está desarrollando un
ambicioso plan de informatización judicial con nuevos equipos y
aplicaciones, que culminará a lo largo de este año y que abarca todos los
órdenes y órganos jurisdiccionales radicados en las Comunidades Autónomas
a las que no se han transferido las competencias en materia de justicia.
Este plan de informatización judicial entronca con otros ya realizados en
ámbitos dependientes del Ministerio de Justicia, que han supuesto una
gran mejora para el ciudadano. Me refiero a la informatización completa
del Registro de penados y rebeldes, que permite atender las solicitudes
de los usuarios sin demora, es decir, en tiempo real. O a la casi
finalizada del Registro general de actos de última voluntad y del
Registro general del Ministerio de Justicia. Desde octubre de 1996 se ha
iniciado la informatización del Registro Civil, del de la Propiedad y del
Mercantil, con lo que en breve plazo toda la información que en ellos se
contiene se podrá consultar y obtener de una forma sencilla e inmediata.
El segundo ámbito de la Administración de Justicia, que ha centrado los
esfuerzos del Ministerio, es el que se refiere a las reformas
legislativas en los distintos órdenes jurisdiccionales. He de decir que
la forma a través de la cual se han propuesto las distintas
modificaciones normativas ha sido, no sólo ortodoxa, sino también
transparente y receptiva de las opiniones, sugerencias y sensibilidades
de todos los sectores interesados. Digo esto porque en la justificación
de la interpelación se dice que en materia de justicia se ha abusado del
decreto-ley y de la delegación legislativa, lo cual no se corresponde a
la realidad, pues todos los textos salidos del Ministerio --y son
muchos-- lo han hecho como proyectos de ley, sometidos posteriormente al
debate parlamentario. Incluso un texto, como el del Proyecto de Ley de
Enjuiciamiento Civil, que podía haber sido objeto de una delegación
legislativa, se ha preferido presentar a las Cámaras en su integridad.
Comenzando con la jurisdicción contencioso-administrativa, ha de
señalarse que se ha puesto en marcha un plan de normalización de dicha
jurisdicción, que tiene como principal referente la aprobación en julio
pasado de la nueva Ley reguladora de la jurisdicción
contencioso-administrativa.
La aplicación de esta nueva norma está suponiendo una importante
descongestión de las salas de justicia y ha conseguido, gracias a los
juzgados de lo contencioso-administrativo, que los asuntos menores y de
ámbito local tengan una respuesta rápida, en unos tribunales cercanos al
ciudadano y a través de un procedimiento ágil y eficaz. Los primeros
datos que tenemos a este respecto son muy significativos: Un proceso que
ante los tribunales superiores de justicia duraba una media de treinta y
seis meses, ahora es resuelto por los juzgados en dos meses y medio.
En el orden jurisdiccional contencioso-administrativo no sólo se ha
aprobado la ley citada. Para acabar con una situación caracterizada por
la acumulación de asuntos y el retraso constante, se han aprobado
diversos planes de refuerzo de las salas de lo
contencioso-administrativo, de conformidad con la comisión mixta
Consejo-Ministerio, que está reduciendo progresivamente la demora
existente y que está previsto que se mantengan hasta que se alcancen
cotas de relativa normalidad. Con ello, creo que se da cumplimiento al
compromiso que asumí al inicio de la legislatura
de adoptar las medidas necesarias para mejorar el funcionamiento del
orden jurisdiccional, que adolecía de uno de los más bajos niveles de
agilidad y eficacia.
También se ha abordado en esta legislatura la reforma procesal civil,
unánimemente solicitada por todos pero que, hasta ahora, no ha tenido un
texto sobre el que poder trabajar. A este texto pronto se unirá una nueva
ley concursal que simplifique, unifique y aclare la compleja normativa
existente en la actualidad y también se está trabajando en una ley de la
jurisdicción voluntaria que complete el marco normativo del proceso
civil.
En el orden jurisdiccional penal también se han adoptado importantes
medidas legislativas y de dotación de medios materiales y, señoría,
aunque no es buena la situación de la Administración de Justicia, sí es
mejor que hace tres años. Además, puedo asegurarle que ese consenso que
ofrecí en mi primera intervención lo he querido mantener a lo largo de
estos tres años y puede preguntar a su grupo parlamentario si no ha
recibido ofertas para hablar de todos y cada uno de los temas. En esa
disposición de que la justicia es cosa de todos y que todos nos debemos
ocupar de ella, insisto en la necesidad de que trabajemos para dotar a
los ciudadanos de una mejor y más correcta Administración de Justicia.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Muchas gracias, señora Ministra.
Tiene la palabra el Senador Marín Rite.
El señor MARIN RITE: Muchas gracias, señor Presidente.
Señora Ministra, señorías, siempre tiene uno la esperanza de que cambien
las cosas, pero esas esperanzas muchas veces se desvanecen.
Señora Ministra, yo he hablado de la situación de la justicia y usted se
ha subido a la tribuna y me ha dicho las cosas que han hecho.
Las reformas que usted planteó en su comparecencia no se han hecho. En
relación con la Ley Orgánica del Poder Judicial y en relación con la
Planta se han hecho reformas parciales, pero aquellas reformas de las que
usted hablaba no se han hecho en absoluto, y eso es una realidad.
La situación de pendencia y de atasco que tiene la justicia no ha
mejorado, ha empeorado. Puede haber algún tribunal concreto --no voy a
negarlo-- en el que haya disminuido algo la pendencia pero, globalmente,
que es la forma en que hay que verlo, no ha disminuido.
Por otra parte, decía usted que iba a profesionalizar la justicia, porque
en España había una situación de falta de profesionalización con muchos
jueces suplentes y sustitutos y, en estos momentos, nos encontramos con
que media España está sin jueces. La mitad de los juzgados de España no
tienen jueces de carrera --eso es así-- y, por tanto, no se ha conseguido
el objetivo de la profesionalización. Puede usted subir a la tribuna y
decirme que se han creado órganos y plazas, porque es cierto, pero
también es cierto que la mitad de los jueces de España no son jueces de
carrera. Por lo tanto, el objetivo de la profesionalización tampoco se ha
cubierto.
Algunas veces hay que tomar medidas que son regresivas, por eso le
hablaba antes de la contrarreforma, como ha ocurrido con el artículo 14
de la Ley de Enjuiciamiento Criminal donde, en aras de una mayor rapidez,
se plantea una regresión en materia de colegialidad.
Además, señora Ministra, no soy el único que mantiene la existencia de
esa incomunicación --a la que le hacía referencia y de la que le animaba
a salir-- sino que la mantienen más personas. Hace unos días se han
reunido en Canarias los Consejeros de Justicia de todas las Comunidades
Autónomas que tienen transferidas las competencias --del País Vasco, de
Cataluña, de Galicia, de Valencia y de Andalucía-- y han explicado en un
documento que, aunque en un principio valoraron positivamente las
transferencias --como también he dicho en mi intervención--, hoy existen
problemas importantes en materia de transferencias.
Hay problemas de comunicación con el propio Ministerio. Usted sabe muy
bien --pienso que lo sabe-- que las competencias de justicia son
competencias complejas. En el reducido espacio de una oficina judicial
con unos pocos metros cuadrados, concurren competencias del Ministerio,
del Gobierno, del Consejo General del Poder Judicial y de las Comunidades
Autónomas. Se trata, repito, de competencias complejas que necesitan un
trabajo de mantenimiento y de coordinación. Eso no lo está haciendo
usted. Lo dicen los consejeros, que le están solicitando la creación de
una conferencia sectorial en materia de justicia.
Hay problemas con los depósitos judiciales. Ustedes han recurrido este
tema porque es un derecho que tienen. Pero también es cierto que el
Congreso de los Diputados aprobó una resolución en la que se afirmaba que
la gestión de los depósitos judiciales correspondía a las Comunidades
Autónomas. La contestación ha sido la presentación de un recurso
perfectamente posible. Están los temas relativos a la liquidación de
transferencias, al coste en materia de creación de nuevos juzgados, a la
ampliación de transferencias, etcétera. Las Comunidades Autónomas están
deseando hablar con usted de estos temas y se han tenido que reunir en
Canarias, adoptar un acuerdo por unanimidad de todos los consejeros y
enviárselo a usted.
Esto significa la existencia de una incomunicación que debe usted romper,
señora Ministra, porque si no lo hace va a haber gente que piense que la
justicia tiene muchos problemas, como decíamos al principio, algunos de
ellos muy antiguos, también es cierto, pero no dé usted lugar a pensar
que además de éstos, el principal problema de la justicia puede ser usted
o su Ministerio.
La manera de salvar esa situación es que usted haga un esfuerzo de
comunicación y escuche a todo el conjunto de personas y asociaciones que
sin duda están deseando colaborar.
Me alegro mucho de una noticia que usted nos ha dado y a la que por una
cuestión de elemental discreción no iba a referirme --usted puede
hacerlo--, pero hasta ahora, señora Ministra, usted debe entender que así
no hay manera de arreglar esta situación.
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Senador Marín Rite, termine, por
favor.
El señor MARIN RITE: Termino, señor Presidente.
Usted debe entender que han pasado ya tres años y que los problemas de la
justicia, de una serie de reformas de determinadas leyes importantes a
las que usted hizo referencia, el problema de la pendencia, el problema
de la profesionalización, no han mejorado sino empeorado. Esta es una
situación que no se resuelve con una relación de obras y de gestiones que
se hayan podido realizar en el Ministerio. Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Muchas gracias, señoría.
¿Grupo Parlamentario Mixto? (Pausa.) Por el Grupo Parlamentario Catalán
en el Senado de Convergencia i Unió, tiene la palabra el Senador Salvador
Capdevila.
El señor CAPDEVILA I BAS: Graciès, senyor President.
Señorías, señora Ministra, entiendo que la interpelación del Senador
Marín Rite, del Grupo Parlamentario Socialista, pone de relieve la mala
situación por la que atraviesa la Administración de Justicia, de la que
quedó constancia en el Libro Blanco de la Justicia, elaborado por el
Consejo General del Poder Judicial, que exige una acción enérgica por
parte del Gobierno a través del Ministerio de Justicia.
El señor Marín Rite se ha ido en su exposición por otros derroteros, pero
leyendo el texto se comprueba que puso de manifiesto en un principio la
existencia de un presupuesto insuficiente, la autorización abusiva de los
instrumentos del decreto ley y de procedimiento legislativo. Señoría,
usted ha dicho que esto no es así, sino que todas las iniciativas pasan
por las Cámaras. Sobre el hecho de que se haya producido una
instrumentalización del Ministerio Fiscal, la señora Ministra en su
comparecencia, tanto ante este Senado como en el Congreso de los
Diputados, en sus respectivas comisiones de justicia, hizo hincapié en
que este tema se iba a arreglar.
En cuanto al incumplimiento de los compromisos que formuló su señoría
ante las Cámaras en materia de impulso legislativo, entendemos que hubo
ya dos iniciativas. Esto lo encajo con el interés que el señor Marín Rite
ha mostrado --y que, evidentemente, también mostramos todos los grupos
parlamentarios-- acerca de que debía de haber un pacto de Estado en
materia de justicia. Esto fue objeto de una moción de Izquierda Unida en
el Congreso de los Diputados, que fue rechazada, simplemente, porque las
iniciativas comportaban una mayor globalización que no podía ser
discutida en el estrecho campo de una moción. Ya, en aquel momento, el
representante de Convergència i Unió, el señor Silva, puso de manifiesto
que nuestro grupo estaba elaborando una iniciativa, cuyo estudio estaba
muy avanzado, que solicitaba una serie de medidas para la modernización
de la justicia. Esta iniciativa fue presentada por nuestro grupo, fue
publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», el 17 de
noviembre de 1998, y fue aprobada por todos los grupos, con una serie de
enmiendas transaccionales, el 16 de febrero de 1999. Iba encaminada a la
reforma global del servicio público de la justicia, buscando el máximo
consenso posible, a partir de las propias recomendaciones del Consejo
General del Poder Judicial, emitidas en el Libro Blanco de Justicia.
Entendíamos que estas reformas no debían englobarse simplemente en estas
iniciativas del propio Libro Blanco, sino que debían abordarse reformas
funcionales, orgánicas, procesales y de cooperación económica, ineludible
en materia de justicia, requiriendo además un programa plurianual de
dotación de medios para la Administración de Justicia, sin el cual
difícilmente podría modernizarse ésta.
Así pues, estamos de acuerdo con todas las reclamaciones que ha hecho el
señor Marín Rite, y creemos que tienen encaje, precisamente, en esta
iniciativa de nuestro grupo parlamentario de Convergència i Unió, que fue
aprobada unánimemente mediante una enmienda transaccional de todos los
grupos. A partir de las iniciativas que allí se aprobaron, creo que se
conseguirá, si no un pacto de Estado en materia de justicia, sí un logro
generalizado de la modernización de la Administración de Justicia.
El día 12 de febrero de este año hubo una reunión en Canarias de todos
los Consejeros de Justicia de las Comunidades Autónomas que tienen
transferidas las competencias en materia de justicia, y acordaron lo que
ha manifestado el Senador Marín Rite.
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Senador Capdevila, terminó su
tiempo.
El señor CAPDEVILA I BAS: Termino en un par de minutos.
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Un par de segundos es algo
tolerable todavía.
El señor CAPDEVILA I BAS: Allí se puso de manifiesto, precisamente, esta
complejidad debida a la dualidad de competencias entre el Ministerio de
Justicia y el Consejo General del Poder Judicial.
Todas las iniciativas que vayan en el sentido de la que se aprobó en el
Congreso de los Diputados y en el de las que se engloban dentro de este
acuerdo de todos los Consejeros de Justicia, tendrán el voto positivo de
nuestro grupo.
Muchas gracias, señor Presidente, señora Ministra, señorías.
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Muchas gracias, señoría.
Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el Senador Prada
Presa.
El señor PRADA PRESA: Muchas gracias, señor Presidente.
Señorías, hace algún tiempo no muy lejano, tuve ya la oportunidad de
manifestar que el Gobierno del Partido Popular, en general, y el
Ministerio de Justicia, en particular,
estaban apostando de manera decidida, con firmeza, con hechos no con
palabras, por desarrollar un modelo de Administración de Justicia. Un
modelo que diseña la Constitución Española de 1978; un modelo para el
siglo XXI; un modelo de Administración de Justicia ágil y eficaz.
Bien, señorías, después de la intervención de la señora Ministra, el
Grupo Parlamentario Popular sólo puede reafirmar sus manifestaciones. No
por ello negamos que es cierto que la justicia tiene que mejorar, que
tiene que funcionar mejor, que necesita más medios y que la sociedad está
insatisfecha con el modelo actual de justicia.
Son reflexiones que se han hecho hoy y que nosotros compartimos. Pero no
con el espíritu destructivo --dicho sea con todo el respeto-- que ha
señalado el Senador Marín Rite, el Senador interpelante, sino que nuestra
autocrítica tiene un espíritu totalmente constructivo. Con espíritu de
seguir profundizando en las reformas necesarias y de seguir dotando de
medios materiales y humanos a la Administración de Justicia. Ello, porque
entendemos que dicha Administración, cumple una función capital: tiene
que ser la garantía última de los derechos de los ciudadanos. La
Constitución señala con claridad la independencia del Poder Judicial;
éste, y no otro, es el modelo constitucional de justicia y es el modelo
en el que creemos y defendemos. Porque la separación de poderes no ha
muerto, aunque algunos --hay que recordarlo-- quisieron enterrarla.
La sociedad está preocupada por la situación que atraviesa la justicia, y
por ello, señorías, es preciso abordar la mejora de la misma respetando
de forma exquisita el autogobierno del Poder Judicial. Esto significa que
cada cual debe asumir su responsabilidad. Para que la justicia preste un
servicio público de calidad, moderno y eficaz, hay que intensificar el
esfuerzo ya iniciado de dotar a la Administración de Justicia de medios
humanos y materiales. Pero que no se nos niegue, como se pretende en
ocasiones, el esfuerzo realizado en estos tres últimos años.
La señora Ministra ha puesto ejemplos muy significativos, pero yo quiero
recordar que en 1998 se crearon 1.388 plazas y que en la previsión de
1999 --y las ha señalado la señora Ministra-- se contempla crear 1.460
nuevas plazas entre jueces, magistrados, secretarios, etcétera. También
quiero poner de manifiesto que el presupuesto de este año ha sufrido un
incremento del 11,7 por ciento en lo que se refiere al Ministerio de
Justicia.
Si hiciéramos un repaso de la actividad legislativa de los tres últimos
años, podríamos afirmar con orgullo y satisfacción que el grado de
cumplimiento de este apartado es altamente positivo y acorde con lo que
nos comprometimos en su día. En este sentido, quiero hacer una mención
especial --se ha significado incluso por el Senador interpelante-- al
proceso de informatización de Juzgados, Tribunales y Fiscalías que la
señora Ministra puso en marcha desde la localidad leonesa de Ponferrada.
Este proceso de informatización ha servido de forma eficaz y decidida
para modernizar la Administración de Justicia.
Podríamos hacer también en nuestra interpelación, si fuese eso lo que
pretendiésemos, un balance de los cumplimientos e incumplimientos de los
distintos gobiernos, aportando cifras y datos. Estoy seguro de que podría
dar lugar a un debate muy apasionante, pero también estoy convencido de
que sería un debate totalmente estéril. Sin soluciones, sinpropuestas y
sin compromisos no se alcanzarán nunca los objetivos deseados, y por eso
desde el Grupo Parlamentario Popular preferimos, una vez más, ofrecer
diálogo, consenso, acuerdo y propuestas de futuro.
El Grupo Parlamentario Popular da respuesta a los que desconfían o están
insatisfechos con el funcionamiento de la Administración de Justicia. El
Grupo Parlamentario Popular apuesta por separar la justicia y la
política, así como por jueces independientes, profesionales y
responsables, tal y como se diseña en la Constitución de 1978.
Queremos alcanzar el acuerdo para, entre otras cosas, reformar el
Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal. Senador Marín Rite, una vez más,
le tengo que decir que la diferencia es probablemente de creencias.
Nosotros creemos en un Ministerio Fiscal independiente mientras que
ustedes, según se desprende de su exposición, no creen en ello.
Creemos necesario llegar a un acuerdo para diseñar la nueva Ley de
Enjuiciamiento Civil; una reforma que supone un hito histórico. Apostamos
por la constitución de un espacio judicial europeo y por la puesta en
funcionamiento del Tribunal Penal Internacional en materia penal;
proponemos diálogo y consenso para establecer una nueva fórmula de
elección de vocales del Consejo General del Poder Judicial.
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Senador Prada Presa, terminó su
tiempo.
El señor PRADA PRESA: Termino, señor Presidente. A nuestro juicio, no
debemos trasladar las cuotas políticas al órgano de gobierno de los
jueces. Esto, señorías, son planteamientos que no son ni exclusivos ni
excluyentes, son planteamientos abiertos; probablemente discutibles, pero
razonables, y de cara a dotar a nuestro país de una justicia moderna,
eficaz y adecuada al siglo XXI.
Hasta hoy --siento decirlo y lo lamentamos-- la respuesta de la oposición
ha carecido de fundamento, de rigor jurídico, han sido planteamientos
desfasados, anquilosados en el pasado. Hoy hacemos nuevamente un
llamamiento para hablar de futuro, para hablar de soluciones; un
llamamiento para dar respuesta a las demandas que tiene la sociedad
española.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor VICEPRESIDENTE Rigol i Roig): Muchas gracias, señoría.
Tiene la palabra la señora Ministra.
La señora MINISTRA DE JUSTICIA (Mariscal de Gante y Mirón): Gracias,
señor Presidente.
Muy brevemente, en primer lugar, deseo agradecer que, nuevamente, esta
Cámara hable de la situación de la Administración de Justicia y que todos
hayamos puesto de manifiesto nuestra preocupación y deseo de mejorarla,
de forma unánime si es posible, pero por lo menos dialogada. Quisiera
expresar públicamente al Senador Marín Rite este agradecimiento personal.
No puedo compartir lo que se ha afirmado de que las reformas no se han
hecho; no se han hecho todas, pero se han hecho muchas.
Su señoría ha criticado que no he profesionalizado la justicia. En la
medida en que el Ministerio de Justicia sólo tiene competencia sobre
fiscales, secretarios y personal auxiliar, forenses y personal laboral,
puedo asegurar a su señoría que he cumplido el objetivo casi al cien por
cien. Es cierto que existen plazas de jueces vacantes, pero es una
competencia que corresponde al Consejo General del Poder Judicial y sobre
la que, de forma reiterada en la Comisión Mixta, se ha llamado la
atención para dar la solución al auténtico problemade esa justicia
interina, representada por jueces, no por el resto del personal al
servicio de los juzgados.
Su señoría me ha criticado la reforma del artículo 14, pero debo exponer
ante esta Cámara que fue una reforma exigida --entre comillas--, pedida
por el Consejo General del Poder Judicial directamente a los grupos
parlamentarios. Estoy de acuerdo con ella, no es que esté disconforme,
pero no fue iniciativa del Gobierno.
Puedo asegurar a su señoría que no existe ningún problema de comunicación
con los consejeros de las Comunidades con competencias transferidas,
hasta el extremo de que, como su señoría recordará, los primeros meses en
que fueron transferidas las competencias a la Comunidad Autónoma de
Andalucía fueron meses difíciles, porque las competencias en materia de
justicia son complicadas, y contó con todo el apoyo del Ministerio de
Justicia, y así lo reconoció la Consejera de Gobernación y Justicia;
comunicación que se va a seguir dando, lo cual no quiere decir identidad
de criterios.
Sus señorías han hecho referencia a una reunión de consejeros celebrada
en Canarias, en la que, efectivamente, una de las conclusiones era la
creación de una conferencia sectorial. Pero hay un antecedente que sus
señorías o no conocen o no han querido poner de relieve, como se puso de
manifiesto por todos los consejeros, que contaba con el visto bueno de la
titular de Justicia para llevarlo a cabo.
En cuanto a los problemas concretos sobre depósitos judiciales considero
que transciende lo que es la Administración de Justicia en general, pero
sepan todas sus señorías que por parte del Gobierno, por parte de la
Ministra de Justicia, lo que desea es dejar la justicia mejor de cómo lo
estaba cuando tomó posesión de su cargo y que si lo hacemos entre todos
será un éxito que todos nos podremos apuntar.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Muchas gracias, señora Ministra.
Se suspende la sesión hasta las cuatro de la tarde.
Eran las trece horas y cincuenta minutos.
Se reanuda la sesión a las dieciséis horas y cinco minutos.
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Señorías, se reanuda la sesión.
CONOCIMIENTO DIRECTO POR EL PLENO DE PROYECTOS Y PROPOSICIONES DE LEY
REMITIDOS POR EL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS:
--PROYECTO DE LEY POR LA QUE SE AUTORIZA LA PARTICIPACION DE ESPAÑA EN LA
AMPLIACION DEL CAPITAL DEL BANCO EUROPEO DE RECONSTRUCCION Y DESARROLLO
(BERD) (S. 621/000130) (C. D. 121/000152).
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): El punto tercero del orden del
día es el de conocimiento directo por el Pleno de proyectos y
proposiciones de ley remitidos por el Congreso de los Diputados.
El primero de ellos es el proyecto de ley por la que se autoriza la
participación de España en la ampliación del capital del Banco Europeo de
Reconstrucción y Desarrollo.
No se han presentado enmiendas a este proyecto de ley, dentro del plazo
que al efecto se señaló.
¿Turno a favor? (Pausa.)
¿Turno en contra? (Pausa.)
¿Turno de portavoces? (Pausa.)
Tiene la palabra el Senador Serrano.
El señor SERRANO ALVAREZ-GIRALDO: Muchas gracias, señor Presidente.
Señorías, aunque nuestro Grupo va a votar favorablemente la propuesta del
Gobierno para ampliar el capital del Banco Europeo de Reconstrucción y
Desarrollo, el BERD, quisiéramos hacer algunas consideraciones con el
objeto de llamar la atención sobre ciertos aspectos que afectan a esta
entidad financiera de carácter supranacional, y de la que nuestro país
forma parte desde sus comienzos, hará muy pronto nueve años.
Ante todo conviene tener presente, a la hora de valorar la ampliación de
capital que se pretende, cuál es el objetivo central del BERD que, según
el artículo 1 del convenio constitutivo, no es otro que el de favorecer
la transición hacia una economía abierta y de mercado, así como promover
la iniciativa empresarial privada, especialmente las de las PYMEs, en los
países de Europa Central y Oriental que suscriban y apliquen los
principios de la democracia participativa.
Para cumplir con su mandato, el BERD presta o toma participaciones en
empresas de los países receptores de fondos, dotándolas de la
financiación que, por motivos diversos, no podrían obtener en el mercado
privado de capitales. El Banco también presta a gobiernos de los países
del Este para la realización de infraestructuras que faciliten el
desarrollo del sector privado, y, obviamente, los proyectos aprobados
serán realizados en la mayoría de los casos por empresas de los países
accionistas del banco.
Señorías, desde la fundación del BERD, España mantiene una buena
situación en el accionariado del Banco; es
el octavo, entre los más de sesenta países que lo integran, con un 3,4
por ciento de participación, en el Banco, por debajo tan sólo del G-7,
excepto Canadá que mantiene igual cuota, y Rusia. Se pretende ahora con
la ampliación del capital del BERD, hasta duplicarlo, que España
desembolse, hasta el año 2010, 76 millones y medio de euros, en distintos
programas anuales. No obstante, los socialistas tenemos claro que la
ampliación de capital, de seguir en la misma actitud el Gobierno, no va a
servir para aumentar su operatividad, ni para lograr mayor participación
de las empresas españolas, sino para salvar la liquidez del Banco y
obtener el máximo beneficio, porque además, según los datos que obran en
la memoria que acompaña al proyecto, nos parece que la contribución del
Gobierno español no se corresponde en estos momentos con la situación que
mantenemos en el Banco Europeo de Reconstrucción y Desarrollo. Por un
lado, España todavía no ha cubierto su cupo de personal adjudicado, y el
número de representantes españoles en el «staff» del Banco es muy
reducido. Le corresponde, por lo tanto, al Gobierno hacer el esfuerzo
necesario para que nuestra presencia sea mucho mayor.
Por otro lado, si nos atenemos al informe económico que acompaña al texto
que debatimos, de los cerca de quinientos proyectos aprobados hasta el
año pasado sólo hemos participado en seis, un tercio de lo que nos
correspondería por nuestra cuota, y, traducido a dinero, esos quinientos
proyectos han supuesto más de 12.000 millones de euros, de los que 1.088
millones de euros hubieran sido para España si sumásemos los créditos
vinculados y las subvenciones directas, pero de los que sólo han
percibido las empresas españolas 82 millones de euros.
Como ven, algo más se puede hacer desde el Gobierno, pues de continuar
con esta tendencia, la ampliación que vamos a aprobar servirá para
financiar las operaciones de otros países, algo que no se corresponde con
lo que mantiene la exposición de motivos del proyecto de ley, que dice
que se considera adecuado mantener la participación española por la
importancia que la zona del Este de Europa está teniendo y tendrá en el
futuro para las inversiones de las empresas españolas.
Señorías, queríamos hacer estas precisiones ante algunos aspectos de la
participación de nuestro país en el BERD. No quisiéramos que se las
tomasen a la ligera. Nuestro deseo es contribuir a que la
internacionalización de las empresas españolas sea cada día mayor y a que
nuestra presencia en el «staff» del Banco se vea aumentada hasta donde
nos corresponde y, cómo no, a que nuestras relaciones con los países
destinatarios de las ayudas, los países emergentes del siglo XXI, sean
más frecuentes y también, por qué no decirlo, más fáciles. Baste como
ejemplo de este último supuesto que les digo el caso que se ha aireado en
las últimas semanas del fin de la clausura de Chernóbil, cuyo reactor ha
vuelto a ser puesto en funcionamiento sin que el BERD, asesor del G-7
para asuntos económicos relacionados con Ucrania, haya conseguido
persuadir a las autoridades de este país para que desactivaran esa bomba
sin control que es la planta nuclear y cuyos efectos, en caso de
accidente, afectarían de nuevo a gran parte de Europa.
Por todo ello, a pesar de las matizaciones que he hecho, dado el carácter
de la entidad financiera, la necesidad de un verdadero crecimiento
estructural, económico y social de los países a los que dirige sus
proyectos y nuestro compromiso como impulsores de la idea inicial, nos
van a llevar, como he dicho al comienzo de mi intervención, a apoyar este
proyecto de ley.
Nada más y muchas gracias, señor Presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Muchas gracias, Senador Serrano.
Por el Grupo Parlamentario Popular tiene la palabra el Senador Alierta.
El señor ALIERTA IZUEL: Gracias, señor Presidente.
Utilizaré este turno de portavoces con toda brevedad para explicar la
posición del Grupo Popular que, evidentemente, es favorable a la
aprobación de este proyecto de ley, y la razón de la intervención radica
en salir al paso de unas afirmaciones realizadas por el portavoz del
Grupo Socialista referentes, en primer lugar, a la gestión que se lleva
en el Banco. No creo que sea éste el momento para incidir y explicar qué
es el Banco Europeo de Reconstrucción y Desarrollo, creado en 1990, que
ha venido funcionando desde entonces y que ahora se plantea una
ampliación de capital para llevar a cabo más operaciones.
Respecto a la incidencia que ha tenido en las empresas españolas, quiero
señalar que, puesto que se creó en 1990, hay que tener en cuenta que seis
años corresponden a Gobierno socialista y tres a Gobierno del Partido
Popular, y que en estos nueve años se han realizado seis operaciones con
empresas españolas, pero que en estos momentos hay nueve operaciones en
estudio por parte del Banco relativas a empresas españolas y otros seis
estudios en preparación que también afectarían a empresas españolas, es
decir, en estos momentos hay en análisis de estudio 15 operaciones,
cuando en nueve años, dos tercios de los cuales han sido de Gobierno
socialista, se han realizado seis operaciones. No quiero decir con esto
que nos sintamos satisfechos, pero sinceramente debemos señalar que las
observaciones por parte del Grupo Socialista referidas a la falta de
incidencia que en las empresas españolas ha venido tenido el Banco
Europeo de Reconstrucción y Desarrollo achacándoselo al Gobierno nos
parece totalmente infundado y fuera de lugar.
Esperamos que en el futuro, como se ha dicho, esta incidencia aumente.
Como es conocido, la Secretaría de Estado de Comercio tiene anunciados y
previstos unos seminarios entre empresas españolas para que éstas
conozcan cuál es el funcionamiento del Banco y que, por lo tanto, puedan
derivar mayores ventajas de los posibles créditos y operaciones que se
puedan llevar a cabo.
En última instancia, lo que esperamos es que las actividades del Banco
contribuyan a desarrollar los países de Europa Central y Oriental, que
tan necesitados están de proyectos, y a los cuales nosotros deseamos que
se incorporen a los niveles de vida de las economías occidentales.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Gracias a usted, señoría.
Propongo que sea aprobado por asentimiento. (Pausa.)
Así es y así consta la aprobación del proyecto de ley.
DICTAMENES DE COMISIONES SOBRE PROYECTOS Y PROPOSICIONES DE LEY REMITIDOS
POR EL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS:
--DE LA COMISION DE ECONOMIA Y HACIENDA EN RELACION CON EL PROYECTO DE
LEY DE ADHESION DE ESPAÑA A DIVERSOS ACUERDOS DEL FONDO MONETARIO
INTERNACIONAL (PROCEDENTE DEL REAL DECRETOLEY 14/1998, DE 9 DE OCTUBRE).
SE TRAMITA POR EL PROCEDIMIENTO DE URGENCIA
(S. 621/000131) (C. D. 121/000146).
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): El punto cuarto del orden del día
corresponde a dictámenes de comisiones sobre proyectos y proposiciones de
ley remitidos por el Congreso de los Diputados.
El primero de ellos, tramitado por el procedimiento de urgencia, es el de
la Comisión de Economía y Hacienda en relación con el proyecto de ley de
adhesión de España a diversos acuerdos del Fondo Monetario Internacional,
procedente del Real Decreto-ley 14/1998, de 9 de octubre.
Para la presentación del dictamen, tiene la palabra el Senador don
Roberto Soravilla.
El señor SORAVILLA FERNANDEZ: Muchas gracias, señor Presidente.
Señorías, el proyecto de ley de adhesión de España a diversos acuerdos
del Fondo Monetario Internacional, procedente del Real Decreto-ley
14/1998, de 9 de octubre, fue remitido por el Congreso de los Diputados
el pasado 5 de marzo, para su trámite en esta Cámara por el procedimiento
de urgencia contemplado en nuestro Reglamento. Como consecuencia de ello,
el plazo de presentación de enmiendas finalizó el 9 de marzo siguiente y
sólo se presentó una enmienda, lo que justificó que se decidiera eliminar
el trámite potestativo de Ponencia conforme a Reglamento y acudir al
dictamen directo de la Comisión, para lo cual se reunió el 10 de marzo
pasado, aprobando el texto remitido por el Congreso de los Diputados en
sus propios términos como dictamen, que es el que tengo ahora el honor de
presentar ante sus señorías para su debate.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Muchas gracias, Senador
Soravilla.
Comienza el debate a la totalidad.
¿Turno a favor? (Pausa.)
¿Turno en contra? (Pausa.)
Turno de portavoces. ¿Grupo Parlamentario Mixto? (Pausa.)
¿Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió?
(Pausa.)
Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el Senador don
Joaquín Galán.
El señor GALAN PEREZ: Muchas gracias, señor Presidente.
Excelentísimo señor Presidente, señorías, utilizo el turno de portavoces
para fijar la posición de mi Grupo, el Grupo Parlamentario Socialista,
respecto a este proyecto de ley de adhesión de España a diversos acuerdos
del Fondo Monetario Internacional; proyecto de ley que trae su origen en
el Real Decreto-ley 14/1998, de 9 de octubre, que fue publicado en el
«Boletín Oficial del Estado» el día 10 y entró en vigor al día siguiente
de su publicación.
De entrada quiero decir que nuestro Grupo está plenamente de acuerdo con
el contenido del proyecto, y lo estamos íntegramente. Estamos de acuerdo
con que España concurra al undécimo aumento de cuotas al Fondo, en base a
la resolución adoptada el 30 de enero de 1998 por la Junta de
Gobernadores de dicho organismo. Estamos conformes con que España se
adhiera a los nuevos acuerdos para la obtención de préstamos del Fondo
como miembro participante, conforme a la decisión del Directorio
Ejecutivo del 27 de enero de 1997.
De igual forma apoyamos, como no podía ser de otra manera, la
ratificación de la Cuarta Enmienda al Convenio constitutivo, aprobada en
Hong Kong el 23 de septiembre de 1997, cuya autorización se solicitó a
las Cortes el 4 de septiembre por el trámite normal de los convenios
internacionales y que esta Cámara ya aprobó el 1 de diciembre. Sin
embargo, no puedo expresar otra cosa más que extrañeza a que nos traigan
en este proyecto de ley un texto que ya ha sido aprobado y ratificado por
la Cámara.
Estamos de acuerdo, finalmente, con autorizar al Gobierno para que pueda
sumarse a la mejora del programa colectivo del Fondo Monetario
Internacional, atendiendo a la necesidad de recursos adicionales para
paliar la crisis financiera de determinados países latinoamericanos. Y lo
estamos pese a que el Fondo Monetario Internacional no ha sido capaz de
liderar la salida a esta crisis, obligando a Brasil a devaluar el real y
justificando que el Subdirector del Fondo, Stanley Fischer, en la Cumbre
de Davos planteara la reconsideración del programa de ayudas al que
España está autorizada a incorporar hasta 3.000 millones de pesetas. Y,
por supuesto, estamos de acuerdo con ese nuevo artículo 5 que permite que
el Estado otorgue al banco de España un aval que respalde su
participación en la operación multilateral de ayuda al Banco de Brasil.
Por lo tanto, el apoyo de nuestro Grupo a esta operación de Estado en
favor de Latinoamérica es total, absoluto y sin fisuras. No hemos querido
siquiera reiterar aquí las enmiendas mantenidas en el Congreso de los
Diputados relativas a la fórmula de instrumentación de los acuerdos a los
que se autoriza al Gobierno en el artículo 4, porque no queremos que haya
la menor sombra de duda en cuanto a nuestra conformidad con el contenido
del proyecto. No lo hemos enmendado, lo apoyamos enteramente y lo
votaremos a favor. No hay ningún intento de torpedeo por nuestra
parte, como en su día denunciaba injustamente el señor Montoro.
Pero dicho todo esto, quiero también recordar a sus señorías que este
proyecto que hoy debate la Cámara trae su causa en un Real Decreto-Ley
que, a nuestro juicio --retengan que digo a nuestro juicio--, supuso una
invasión por el Gobierno del señor Aznar de las atribuciones
constitucionales de las Cortes Generales. Y ello por cuanto, a través del
instrumento normativo extraordinario del Decreto-ley, se otorgó eficacia
jurídica inmediata a una decisión del Ejecutivo que requería la
autorización previa de ambas Cámaras y que dio lugar, por tanto, a un
planteamiento por nuestro Grupo de un conflicto de atribuciones del
Senado con el Gobierno de España que se debatió el 27 de octubre y que,
por decisión democrática de la mayoría de esta Cámara, no fue tenido en
cuenta. También, al día siguiente y con el mismo resultado, el Congreso
de los Diputados debatió una propuesta de conflicto de atribuciones
similar planteada en la Cámara Baja.
No teman, señorías, no pretendo ahora reabrir aquel debate que, sin falsa
modestia, creo que fue un debate de altura. No voy a insistir en que la
autorización para la prestación del consentimiento del Estado para
obligarse por medio de tratados a los que se refieren los artículos 93 y
94.1 de la Constitución está reservada en exclusiva a las Cortes
Generales y que su decisión no supone un acto legislativo, sino que de
autorización que legitima la acción del Gobierno. Tampoco voy a insistir
en la diferente naturaleza de los temas objeto en su día del Real
Decreto-ley y hoy de esta ley. No voy a perder más tiempo en explicar que
su contenido no es unívoco.
Nuestro Grupo planteó en su día la propuesta de conflicto, no por
frivolidad buscando un pretexto para desgastar al Gobierno, ni mucho
menos por mezquindad. Simplemente, lo hicimos porque creíamos y creemos
firmemente que el Real Decreto-ley 14/1998 es claramente
inconstitucional. Por ello, hemos interpuesto el oportuno recurso de
inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional, que ha sido
admitido a trámite, y a cuya decisión en su día gustosamente nos
someteremos.
Quiero salir al paso de algún intento interesado de tergiversación de la
posición socialista. El portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el
debate en Pleno del Congreso de este proyecto deducía de nuestra leal
colaboración al perfeccionamiento del texto un cambio de posición
respecto a la nuestra en el mes de octubre. De arrepentimiento lo
calificaba el Diputado Ollero. Nada más lejos de la realidad. Apoyo al
contenido del proyecto, todo. Radical a las formas utilizadas en su día,
también. Por tanto, arrepentimiento, cero. Orgullo por la posición
defendida, aunque haya sido derrotada, el máximo. Se intentó minimizar el
conflicto. De tormenta en un vaso de agua lo calificaron algunos, en
función de los parlamentarios presentes en aquel debate o del número de
periodistas asistentes. Me parece un criterio con el que no estamos ni
estaremos jamás de acuerdo. La importancia de un debate no deriva del
nivel de representación de los intervinientes ni de la repercusión del
mismo en los medios de comunicación, sino de la transcendencia real del
asunto y del rigor con que se aborde. Por tanto, nos parece que el asunto
no sólo es importante, sino básico, trascendental, pues se refiere al
respeto al equilibrio de poderes establecido constitucionalmente. Ese
equilibrio fue quebrado en su día por la aprobación por el Gobierno del
Decreto-ley que representó, a nuestro juicio, una invasión gubernamental
de las competencias de la institución parlamentaria y que no podía ser
soldado con la convalidación del Real Decreto, por cuanto esta Cámara, el
Senado, quedaba despojada de sus competencias.
Ahora se ha tramitado como proyecto de ley. El Senado puede opinar sobre
el contenido de los temas que fueron objeto de aquel Real Decreto. Pero
¿sus señorías han pensado qué pasaría si la voluntad de esta Cámara,
donde no hay mandato imperativo, fuera contraria al contenido del
Decreto? Nos encontraríamos con que no sería aprobado internamente algo
que ya ha sido autorizado y realizado desde el punto de vista
internacional. Por lo tanto, nos parece que la aprobación de este
proyecto, por muy loable que sea la voluntad de los que han decidido no
sólo convalidar el Real Decreto-ley, sino traer su contenido como
proyecto al debate de ambas Cámaras, no consolida o sana la irregularidad
inicial de la decisión adoptada.
Seguimos creyendo que el instrumento excepcional del Real Decreto-ley ni
era concorde con el contenido de los temas planteados, ni siquiera era
necesario por razones de urgencia.
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol y Roig): Senador Galán, vaya terminando,
por favor.
El señor GALAN PEREZ: Concluyo, señor Presidente.
Hubiera sido posible dese el consenso, desde el acuerdo salvar la
urgencia, ir a la Conferencia Iberoamericana de Oporto con los deberes
hechos sin atropellar ninguna exigencia constitucional, sin más apoyo que
un informe, erróneo a nuestro juicio, del máximo órgano consultivo; y
digo una vez más erróneo a nuestro juicio. Nunca he creído, señorías, que
ningún Grupo, ni siquiera el nuestro, ni siquiera el de la mayoría, esté
en posesión de la verdad absoluta. Pero déjenme que defienda aquí hoy con
rigor pero con apasionamiento nuestra verdad respecto al Real Decreto-ley
del que este proyecto, que apoyamos sin reserva y que votaremos
favorablemente, trae su causa.
Nada más y muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol y Roig): Gracias, Senador.
Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el señor Alierta.
El señor ALIERTA IZUEL: Muchas gracias, señor Presidente.
El proyecto de ley tiene por objeto la décima ampliación de fondos del
Fondo Monetario Internacional y otros temas sconexos y no es el fondo lo
que se debate, sino la forma.
Debemos decir claramente que nuestro Grupo está convencido de que lo que
se ha hecho se ha hecho bien, incluido
el Real Decreto-ley, y pasaré a continuación a explicarme esperando poder
conseguirlo en el breve plazo de tiempo que concede la Presidencia en
turno de portavoces, aunque le pediría que, dada la ocasión, pudiera
acumular también el turno a favor.
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Señoría, dispone usted de diez
minutos.
El señor ALIERTA IZUEL: En ese tiempo trataré de explicarlo.
Hoy estamos debatiendo un proyecto de ley. Digo esto porque en el debate
de conflictos de competencias parece que de lo que se estaba tratando era
de convenios internacionales. La experiencia --yo que pertenezco a la
Comisión de Economía y Hacienda-- demuestra que estos proyectos de
ampliación de organismos internacionales (Banco Africano de Desarrollo,
Banco Asiático de Desarrollo, Banco Mundial, etcétera) se tramitan como
proyectos de ley.
Hace un momento hemos aprobado una ampliación de capital del Banco
Europeo de Construcción y Desarrollo que se ha presentado como proyecto
de ley. Como es un organismo internacional no se tramita como convenio o
tratado internacional, sino como proyecto de ley. Por consiguiente, creo,
señor Galán, que aplicar a estos proyectos de ley las consideraciones que
habría que hacer con los tratados o convenios internacionales no procede,
dado que vienen tramitándose desde siempre como proyectos de ley. En
consecuencia, lo que puede afirmarse respecto a los proyectos de ley, en
la medida en que pueden hacerse por real decreto ley, es que si eso es
asumible para una serie de proyectos de ley, también lo puede ser en este
caso. ¿Son estos proyectos de ley susceptibles por su naturaleza de no
incluirse en aquellos que no son susceptibles de ser reales decretos ley?
De acuerdo con lo que dice la Constitución, parece ser que no, luego si
esto se tramita como proyecto de ley, lógicamente, también se puede
tramitar como real decreto-ley. Este es el resumen de la situación que
pasaré a explicar.
Los convenios constitutivos se tramitan como tratados, de acuerdo; las
ampliaciones, como proyecto de ley. Entonces a éste, que es una
ampliación, no se le debe aplicar lo referente a un tratado. En eso
estamos de acuerdo. Si esto es un proyecto de ley, si hay razones de
urgencia, podrá ser real decreto-ley. ¿Razones de urgencia? Siempre son
subjetivas, pero la situación del mundo financiero en septiembre y en
octubre de 1998, en plena crisis financiera internacional y con algunos
países de Iberoamérica en una situación de auténtico peligro financiero,
aconsejaba, justificaba o por lo menos daba pie a que la mayor parte de
las personas pensaran que había razones de urgencia para que estas
medidas que España adopta en apoyo del Fondo Monetario Internacional
(suscripción de sus cuotas, nuevos métodos de préstamos y un fondo
adicional para ir en ayuda de estos países) se hiciesen por un
procedimiento de urgencia y por real decreto ley. Por lo tanto, hasta
aquí no hay ningún problema.
El proyecto de ley tiene cuatro artículos, como se ha señalado. El
primero, las cuotas; no hay problema. En el último, tampoco lo hay. Al
segundo me referiré más adelante. Pero con el tercero, en el cual hay una
modificación de un convenio, tampoco debería haberlo, porque sus señorías
saben y el señor Galán debería saberlo que el Gobierno solicitó
autorización con fecha previa a la tramitación del real decreto ley. Y es
más, cuando se convalida el Real Decreto-ley ha pasado --y esto es
incidental-- el período de presentación de propuestas o enmiendas,
durante el cual no se ha presentado ninguna propuesta. Por lo tanto, se
concede una autorización y, posteriormente, se inicia la tramitación del
proyecto de ley que, por razones de urgencia, se hace como Real
Decreto-ley. Tampoco hay problema hasta aquí.
Senador Galán, esta situación por la cual el convenio y el proyecto de
ley que permite suscribir las cuotas coinciden prácticamente en el
tiempo, no es la primera vez que se da en esta Cámara. En el año 1991, se
tramitaron en ambas Cámaras, al mismo tiempo, el convenio y el proyecto
de ley por el cual se autorizaba la contribución de España al Fondo
Multilateral de Inversiones por un importe de 50 millones de dólares. El
Congreso de los Diputados, el 4 de noviembre de 1993, autoriza el
convenio y aprueba el proyecto de ley de incorporación; la misma fecha.
Posteriormente, el Senado, el 1 de diciembre de 1993, autoriza el
convenio y aprueba la propuesta. Respecto a la pregunta que se hacía el
señor Galán hace un momento sobre qué pasaría si no aprobáramos ahora
este convenio o si el Senado no lo hubiera autorizado --porque el Senado
podría no haberlo autorizado--, debo decirle que la situación es idéntica
y que los problemas son idénticos a los que se suscitaron en 1993 con el
Fondo Multilateral de Inversiones, tramitado y promovido por un gobierno
socialista, y con el consentimiento de toda la Cámara, porque el Congreso
aprueba el proyecto de ley por el cual se autorizan 50 millones de
pesetas sin que el Senado haya dado su consentimiento. A fecha 4 de
noviembre de 1993, cuando el Congreso de los Diputados aprueba los 50
millones de dólares para este Fondo Multilateral de Inversiones, en el
Senado no se ha autorizado el convenio. Estamos en la misma situación.
Cuando en el Congreso se aprueba el Real Decreto-Ley que permite estas
aportaciones el Senado no lo hace. Estamos en la misma situación en la
que estaba Multinacionales de Inversiones en el año 1993. (La señora
Presidenta ocupa la Presidencia.)
Esta es una aportación que traigo aquí. Yo no soy constitucionalista,
pero sí que llevo muchos años con este tipo de proyectos de ley. Me he
ido a ver los antecedentes y me he encontrado con esto. Sí, señor Galán.
Es la misma circunstancia. El 4 de noviembre de 1993, el Congreso aprueba
una aportación de 50 millones al Fondo Multinacional de Inversiones cuyo
convenio constitutivo ni siquiera ha entrado en el Senado, y que se
aprobará posteriormente. ¿Y si el Senado no hubiera dado su
consentimiento y autorización? Hubiéramos estado en las mismas
situaciones que usted plantea. No estamos en una situación nueva. Es
normal porque, vuelvo a repetirlo, el convenio se tramita como tratado y
las aportaciones se tramitan como proyectos de ley. En este caso se hace
paralelamente. Y los dos expedientes parlamentarios, el de la tramitación
del tratado y el de la tramitación de la aportación, van al mismo nivel.
Y en este caso, las críticas que se puedan hacer son menos susceptibles
de tenerse en cuenta en cuanto que la autorización por parte del Gobierno
actual se solicita a primeros de septiembre y es a primeros de octubre
cuando se hace un Real Decreto-Ley aprobando las contribuciones, luego es
más favorable que en el año 1991. Es posible que haya algún elemento de
inconstitucionalidad, pero venimos haciendo esto tradicionalmente hace
años y sin ningún problema, y lo que puede aplicarse a esta situación
también se puede aplicar a otras.
Veamos el punto segundo del proyecto de ley que nos ocupa: el nuevo
sistema de préstamos. Es una resolución del Directorio del Fondo
Monetario Internacional por la que se crea un nuevo mecanismo al cual se
adhiere España y se hace por proyecto de ley. Si se hace por proyecto de
ley, y hay razones de urgencia para ello, también se podría hacer por
real decreto-ley, en cuanto que estas materias no son las excluidas.
Señor Galán, señores del Grupo Parlamentario Socialista, señoras y
señores Senadores, también para este caso hay antecedentes. En 1990, el
Banco Mundial crea el Fondo para el Medio Ambiente Mundial, Fondo que
luego gestionará con organismos de las Naciones Unidas, etcétera. Se hace
mediante un acuerdo. España participa con fondos, no hay ningún convenio.
No se tramita como tratado internacional, se tramita como proyecto de
ley. Es una decisión del Directorio del Banco Mundial y España hace la
aportación sin necesidad de que se tramite como tratado, sino simplemente
como proyecto de ley. Se entiende que las resoluciones del Directorio del
Banco Mundial se aprobaron en su momento por el tratado constitutivo y
estas aportaciones se aprueban como proyecto de ley.
Pero es más, en 1993 se crea el Fondo para el Medio Ambiente
Reestructurado, que se modifica, puesto que el que he mencionado
anteriormente se creó para tres años. Este Fondo para el Medio Ambiente
Reestructurado, que se crea por iniciativa del Banco Mundial, será luego
gestionado por el programa de las Naciones Unidas para el desarrollo y
por el programa de las Naciones Unidas para el medio ambiente, y la
contribución que hace España es mediante proyecto de ley, sin que nadie
plantee la necesidad de la modificación del tratado constitutivo ni la
necesidad de ninguna autorización previa de las Cámaras en cuanto a
convenio internacional.
En el mismo sentido, si en estos momentos el Fondo Monetario
Internacional crea unos nuevos préstamos o accesos a unos nuevos
préstamos, por resolución de su Directorio, la aportación que a España le
corresponde, y que viene detallada en el proyecto de ley que estamos
debatiendo, se aprueba sin que parezca necesario --como en los
antecedentes que existen en 1993 y en 1990, es decir, estando ustedes en
el Gobierno-- ninguna autorización previa del Tipo de convenio
internacional o tratado internacional.
Si se hubiera leído todos estos antecedentes, quizás esas críticas que ha
venido haciendo el Grupo Parlamentario Socialista hubieran sido más
cuidadosas. Han hecho ustedes bien en hacerlas, pero habrían sido ustedes
mucho más cuidadosos a la hora de hacerlas ya que existen precedentes. Y,
vuelvo a repetir, el Gobierno utiliza autorización previa bastantes días
antes de iniciar la tramitación del proyecto de ley o del real
decreto-ley.
En consecuencia, señores Senadores, después de estudiar los expedientes
que existen y de ver cómo se han tramitado estos proyectos de ley, debo
decir que pasaban por esta Cámara del mismo modo que pasaban por el
Congreso de una forma rápida, sin que fueran objeto de debate. Hasta
ahora todas estas aportaciones se han hecho como proyectos de ley. No
procede suscitar la cuestión de que deberían tramitarse como tratados. Y
en el único párrafo en que sí procede, existe la solicitud previa de
autorización, que tiene su antecedente en el año 1991 en una tramitación
conjunta. Entonces, señor Galán, ¿qué quiere usted que le diga?
En fin, sobre la base de todos estos datos estamos convencidos de que lo
que se ha hecho es correcto, igual que estamos también convencidos, señor
Galán, de que aquí se hizo mucho ruido simplemente por hacerlo, pero el
ruido ha ido disminuyendo conforme han ido allegando información y han
ido viendo que estos temas no tenían tantas posibilidades de crear
distorsiones como en un principio ustedes creyeron.
Mire, señor Galán, desde luego que la suya fue una buena intervención y
todos aprendimos, pero debo decirle que en realidad no estaba en su
sitio. Nos hablaba usted de tratados internacionales cuando estábamos
debatiendo sobre proyectos de ley. Y en cuanto al planteamiento del Grupo
Socialista en el Congreso, el de la Diputada Fernández de la Vega, o
incluso el del señor Estrella y todo eso que usted dice... Mire, señoría,
yo fui Diputado constituyente, llevo de parlamentario 17 años, y ya nos
conocemos todos. (Rumores.) Y le podría decir lo que me dijo un
Diputado de su Grupo hace 20 años sobre cómo practican ustedes la
oposición: leña al mono cuanto puedan. De pronto se abre la veda y les
dicen a ustedes en su Grupo: ¡Adelante! Y ustedes van adelante caiga lo
que caiga. (Rumores.) Pero en este caso, se van a dejar ustedes todos los
pelos en la gatera. Porque son temas serios de los que hay que hablar, y
hay que hacerlo con documentación. Váyanse ustedes a todos los
expedientes y a todas las leyes tramitados hasta ahora, y verán cómo lo
que las Cámaras han hecho, les quita totalmente la razón.
Muchas gracias, señora Presidenta. (Rumores.--Aplausos desde los escaños
del Grupo Parlamentario Popular.)
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señoría.
A continuación, vamos a proceder al debate del articulado.
En primer lugar, voto particular número 1 del Senador Román Clemente, del
Grupo Parlamentario Mixto.
Para su defensa tiene la palabra el Senador Román Clemente por tiempo de
diez minutos.
El señor ROMAN CLEMENTE: Gracias, señora Presidenta.
Mantenemos una enmienda a este proyecto de ley de adhesión de España a
diversos acuerdos del Fondo Monetario Internacional, procedente del Real
Decreto-ley 14/1998, de 9 de octubre.
En esta enmienda pretendemos crear una disposición adicional por la que
se establecen medidas y actuaciones urgentes en solidaridad con los
países del Caribe y Centroamérica afectados por el huracán Mitch.
La enmienda consta de dos puntos. En el primero pretendemos que a partir
de la entrada en vigor de esta ley quede condonada totalmente la deuda
pública de los países afectados por el huracán Mitch con el Estado
español, para que estos países destinen estos recursos a inversiones en
el sector productivo, sanitario, educativo y habitacional.
Hay un segundo punto, por el que se habilita un crédito extraordinario
por importe de 17.000 millones de pesetas en la Sección 12, Ministerio de
Asuntos Exteriores; Organismo 103, Agencia Española de Cooperación
Internacional; Programa 134, Cooperación para el desarrollo; Capítulo 7,
Transferencias de capital; Concepto: Solidaridad con los países afectados
por el huracán Mitch.
El crédito extraordinario a que se refiere el párrafo anterior se
financiará con deuda pública.
Señorías, estoy convencido de que, tal y como se produjo el debate
durante la tramitación de este proyecto de ley en el Congreso de los
Diputados, esta tarde me dirán ustedes que esta enmienda no tiene
ubicación en esta ley. Sin embargo, cuando desde nuestro punto de vista
lo que se está pretendiendo es buscar una solución a los problemas del
sistema financiero internacional, y posiblemente dar solución a problemas
de los países más ricos, es conveniente, necesario, e incluso diría que
imprescindible tener en cuenta los problemas de los países más pobres.
En el tiempo que media desde que se produjo el debate en el Congreso de
los Diputados hasta este que estamos manteniendo en esta Cámara también
se han hecho algunas aportaciones al debate internacional. En concreto,
me refiero a dos declaraciones del Presidente de los Estados Unidos,
señor Clinton, quien, por un lado, ha venido a decir que se deberían
establecer por parte de los organismos internacionales mecanismos para
perdonar la deuda pública de los países más pobres. Y se refería a países
africanos, pero también a otros. Asimismo, hizo declaraciones en el
sentido de que se establezcan ventajas para Centroamérica. Y venía a
decir más o menos que el objetivo de Estados Unidos es asegurar que
ningún país comprometido en reformas fundamentales tenga tal peso de
deudas que ello le impida satisfacer las necesidades elementales de su
pueblo.
Ese es un debate de actualidad. Por tanto, ¿por qué no tiene cabida en
este proyecto de ley? ¿Por qué negar la posibilidad de atender las
necesidades de países pobres, en los cuales el peso de la deuda es de tal
envergadura que les impide satisfacer las necesidades elementales de sus
pueblos?
Por ello, señorías, planteamos esta enmienda. Y espero que el interesante
y enriquecedor debate sobre el procedimiento --y, por cierto, Izquierda
Unida tampoco comparte el que siguió el Gobierno para la tramitación de
este proyecto de ley-- no impida durante esta tarde hacer algunas
reflexiones que estén en mayor sintonía con el debate internacional que
se está produciendo en estos momentos.
Gracias, señora Presidenta.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, Senador Román.
Para turno en contra, tiene la palabra el Senador Alierta, por tiempo de
diez minutos.
El señor ALIERTA IZUEL: Gracias, señora Presidenta.
Señor Román, creo que en su intervención se encuentran los fundamentos de
las razones por las cuales no consideramos oportuno introducir esta
enmienda. Y me explico.
Ha mencionado usted al señor Clinton, quien se ha referido a la
condonación de la deuda, y ha dicho su señoría que ése es un debate de
actualidad. Lo que hoy usted propone aquí es que nosotros hagamos una
condonación unilateral, pero ése no es el camino para resolver
verdaderamente el problema, porque la solución del problema de la deuda
pasa necesariamente por lo que podemos denominar multilateralidad. Para
que esto sea efectivo, para que tenga eficacia financiera, debe hacerse
por el conjunto de los países que oficialmente son deudores, lo que a
veces se denomina el «Club de París». Si a un país determinado
--africano, americano o asiático-- le condona una deuda otro cualquiera,
por estar en una situación apurada, lo único que puede significar, y que
es en lo que normalmente se traduce, es que le libera recursos para pagar
a otro país que no le ha condonado la deuda. Por tanto, ese sacrificio no
resuelve el problema, aunque siempre es bienvenido, pues realmente se
diluye en la deuda global que tiene el país con los restantes países.
En consecuencia, por brillante que sea esa iniciativa, la experiencia
dice que no acaba siendo efectiva. Para ese país la efectividad reside en
que el conjunto de países deudores o acreedores, a los que les debe, en
una instancia multilateral negociada hicieran una condonación global o,
por lo menos, que la mayor parte de los países --del mundo occidental,
Canadá, Estados Unidos, los países europeos, Japón, que son los grandes
acreedores y, en su caso, las instituciones financieras internacionales--
participaran de tal manera que entraran en esos procesos de acuerdo
respecto a la práctica totalidad de la deuda que tuvieran esos países con
el exterior.
En consecuencia, si nosotros hoy aquí introducimos una decisión
unilateral no va a ser eficaz para que estos países resuelvan su
problema. Es más, el camino eficaz pasa por las actuaciones que España ha
tenido, es decir, España, concretamente el Gobierno español ha llevado a
la Unión Europea la sensibilidad del problema de los países
centroamericanos, de los países iberoamericanos, de la necesidad de que
de una forma multilateral los Estados
europeos afronten la deuda de estos países, y en una reunión del
Ecofin del 1 de diciembre pasado la Unión Europea aceptó este
planteamiento e incluso se comprometió a llevar esta sensibilidad ante
instancias internacionales para que, si además son receptivas, como se
acaba de decir --personas significadas al otro lado del Atlántico también
lo son a este problema--, entre todos pueda llegarse a soluciones que
sean verdaderamente operativas.
Nuestra misión en el campo de la condonación de la deuda con respecto a
Centroamérica y a Iberoamérica en
general es más bien suscitar la sensibilidad del resto del mundo para que
se llegue a soluciones multilaterales, que no afecten únicamente a países
africanos, que también la necesitan, sino que también se pueda extender a
esos países. Por esa razón nosotros entendemos que la incorporación de
esta disposición adicional que ustedes proponen no es el camino, sin
negar que puede tener buena voluntad.
Por otra parte, debo decir que el Gobierno español ha tomado numerosas
medidas destinadas a solventar los problemas ocasionados por el huracán
Mitch como la ayuda a la reconstrucción, créditos en buenas condiciones,
donativos para llevar a cabo estudios de viabilidad y de recuperación,
otras ayudas de tipo diverso, pero, sobre todo --vuelvo a insistir--, ha
llevado la sensibilidad a los países de la Unión Europea ante la
necesidad de que la situación de deuda de estos países también entre en
la agenda de aquellos temas que deben ser prioritarios.
Muchas gracias, señor Presidente.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, Senador Alierta.
Entramos en el turno de portavoces.
Por el Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra el Senador Román
Clemente.
El señor ROMAN CLEMENTE: Muchas gracias, señora Presidenta. Con el texto
de la enmienda, Senador Alierta, no es posible que esta condonación de la
deuda pueda ser destinada al pago de la deuda a otros países. Es muy
explícita la enmienda al decir que los recursos serán destinados al
sector productivo, sanitario, educativo y habitacional de los respectivos
países a los que va dirigida dicha condonación.
Por otra parte, quiero contrastar en una breve intervención cómo es de
rápido todo el sistema financiero internacional para adoptar algunas
medidas cuando se trata de la supervivencia de los intereses de los más
ricos, pero cómo es de pesado y lento cuando se trata de hacer frente a
las necesidades de los más pobres.
Hacía esa reflexión que se está produciendo en este momento, esta llamaba
al G-7, al Fondo Monetario Internacional, al Banco Mundial precisamente
para adoptar medidas en la dirección de reducir drásticamente o condonar
la deuda pública de los países más pobres para que puedan hacer frente a
sus necesidades con la tremenda rapidez con que actúa el sistema
financiero internacional para hacer frente a lo que debe ser el
mantenimiento de sus intereses.
Por tanto, pensamos que esta enmienda viene a hacer justicia con los
países más pobres. No entendemos su rechazo. De todas maneras, señorías,
están en su derecho.
Gracias, señora Presidenta.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, Senador Román.
¿Por el Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos? (Pausa.)
¿Por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió?
(Pausa.)
Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el Senador Galán.
El señor GALAN PEREZ: Gracias, señora Presidenta.
Señorías, en relación con la enmienda del Senador Román Clemente he de
decir que nuestro Grupo, entendiendo perfectamente las razones
justificativas de la misma, sin embargo, comparte el argumento de la
necesaria multilateralidad que tendría que producirse para que fuera
coherente esa condonación de deuda a los países afectados por el huracán
Mitch por parte de todos los que participan y componen el Fondo Monetario
Internacional. Al no producirse dicha multilateralidad, nos parece
improcedente la citada enmienda y, por tanto, votaremos en contra.
En relación con la intervención del Senador Alierta, voy a hacer alguna
reflexión que quise evitar en mi primera intervención, pero que la suya
me obliga a hacer.
Senador Alierta, sinceramente no sé si su señoría no se entera o es que
no quiere enterarse. En su día dije --y he repetido hoy-- que el
contenido del famoso Real Decreto-ley 14/1998 no era un contenido
unívoco, era un contenido perfectamente diferenciado en cuatro temas,
cada uno de ellos en un artículo diferente.
En el primer artículo se hablaba de la autorización para que España
concurriera al undécimo aumento de cuotas al fondo en base a una
Resolución de 30 de enero de 1998. ¿Puede eso tramitarse por ley? Por
supuesto. Estamos hartos de tramitar por ley, no solamente a lo largo de
los años de los gobiernos socialistas, sino de todos los años de la
democracia, aumentos de cuotas para la financiación de organismos
internacionales. ¿Estos aumentos de cuotas suponen modificaciones de los
convenios constitutivos? No. Suponen aplicación de los convenios. Por
tanto, no existe necesidad alguna de utilizar las normas constitucionales
referidas a la autorización previa de las Cámaras para que el Gobierno
pueda obligarse a través de tratados o convenios internacionales.
El artículo 2 se refiere a un tema absolutamente distinto, la adhesión de
España a nuevos acuerdos para la obtención de préstamos del Fondo como
miembro participante. A nuestro juicio --y vuelvo a reiterar a nuestro
juicio porque el tema doctrinalmente es discutible y puede suceder que
nuestro Grupo en este punto no tenga razón--, pensamos que ese tema
debería haberse tramitado conforme al artículo 94 de la Constitución como
tratado o convenio internacional; que no era susceptible de tramitación
como ley, porque en esa tramitación el Senado se encuentra en una
posición diferente y absolutamente inferior a la que está cuando se
tramite una autorización como tratado o convenio internacional, donde la
situación de paridad con el Congreso es mucho mayor y donde interviene la
Comisión Mixta, según el artículo 74.2 de la Constitución.
Es cierto que respecto al tema de los acuerdos, artículo 2 del viejo Real
Decreto-ley, en los años 1991 y 1993 ha habido tramitación simultánea
como ley y como convenio o tratado internacional. Ese precedente que ya
conocía no me parece técnicamente correcto, pero es indudable que se ha
intentado cubrir ambos frentes. Me parece razonable que sus señorías,
tramitándolo como proyecto de ley, lo
podrían haber tramitado como tratado o convenio o, habiendo solicitado la
autorización como tratado o convenio, podrían haberlo incluido en el
texto del Real Decreto-ley o del proyecto.
Usted ha reiterado varias veces que lo que se puede hacer por ley se
puede hacer por Real Decreto-ley. No; ni materialmente, por razón del
contenido, ni porque se exige una urgente necesidad. Yo dudo mucho, por
ejemplo, respecto al undécimo aumento de las cuotas al Fondo, que si esta
Resolución fue del 30 de enero de 1998 y teníamos que dar cumplimiento a
la misma antes del 1.º de enero de 1999, dudo mucho que no hubiera habido
tiempo para tramitarlo como proyecto de ley que, como usted conoce,
además pasa raudamente en trámite de urgencia por ambas Cámaras sin
ningún tipo de enmienda, en vez de incluirlo en un Real Decreto-ley.
Usted sabe tan bien como yo --y si no lo sabe yo se lo digo-- que el
problema de la urgencia sólo era predicable para la autorización de los
3.000 millones para abordar la situación de la crisis latinoamericana.
Hemos reconocido desde el principio que el contenido del artículo 4 sí
justificaba su tramitación por Real Decreto-ley, que después hubiera
debido ser convalidado o tramitado como proyecto de ley, que es lo que se
ha hecho.
¿Qué es lo más grave que han hecho ustedes y donde creo que no hay
ninguna duda de que ustedes han infringido la Constitución? Tramitar el
contenido del artículo 3, es decir, la ratificación de la Cuarta
Enmienda, como Real Decreto-ley. Usted señala: previamente se había
pedido la autorización. Pues agilicemos la tramitación como Tratado. El
día 1.º de diciembre esta Cámara ultimó la tramitación. Podía haber sido
perfectamente antes. No hubiera sido necesario para nada que hubiera
estado en el contenido del Real Decreto-ley.
En definitiva, señor Alierta --y termino--, desde el diálogo, desde el
entendimiento, desde la buena voluntad entre los Grupos mayoritarios
hubiéramos llegado a un acuerdo en todo, a qué se debía tramitar como
Real Decreto-ley, a qué cosas eran susceptibles de tramitarse como
proyecto de ley y dar toda la agilidad del mundo al Tratado o Convenio de
ratificación de la Cuarta Enmienda del convenio constitutivo de Hong Kong
que modifica sustancialmente el Convenio del año 1947. A nuestro juicio,
es inconstitucional que el Gobierno, a través de la fórmula, del
instrumento jurídico del Real Decreto-ley, se autorice a sí mismo para
obligarse sin la previa autorización de ambas Cámaras.
Considero, señoría, que el tema está muy claro y en modo alguno le
acepto, Senador Alierta, ni a usted ni a su Grupo, que practiquemos
aquello de «leña al mono que es de goma». Jamás me oirá regatearles
elogios cuando ustedes aciertan en determinadas decisiones políticas, que
a veces lo hacen, pero no me pida que oculte o que sea excesivamente
flexible o comprensivo cuando entiendo que otras decisiones políticas,
adoptadas desde la soberbia, adoptadas desde la falta de diálogo,
adoptadas desde el convencimiento de que su mayoría --absolutamente
democrática-- en esta Cámara les autoriza para hacer lo que a ustedes les
parece bien, no me pida que sea excesivamente flexible cuando creemos
sinceramente que eso no es así. Hemos recurrido al Tribunal
Constitucional porque nos hubiera parecido un precedente infernal hacer
una modificación de un Tratado, como el constitutivo del Fondo Monetario,
a través de un Real Decreto-ley.
He expurgado todos los antecedentes. El último supuesto en el que por
Real Decreto-ley se ha modificado un Tratado constitutivo es del año
1962; se lo dije en su día al Senador González Pons y se lo digo a usted.
No me ponga ejemplos de temas que afectan a los artículos 1, 2 y 4 porque
de entrada le digo que, siendo discutible el tema del artículo 2, empiezo
por reconocer que no es unívoca la doctrina; que puede haber sentencias
que le den la razón a sus señorías y otras que nos la den a nosotros.
Pero lo que me parece absolutamente inconstitucional es modificar, a
través de la Cuarta Enmienda, el Tratado constitutivo del Fondo,
desconociendo absolutamente los trámites constitucionales que están
regulados perfectamente en el Capítulo Tercero del Título III de la
Constitución, a través de un procedimiento absolutamente autónomo que
nada tiene que ver con el procedimiento legislativo que está regulado en
el Capítulo Segundo, por lo tanto en una parte diferente, del Título III
de la Carta Magna. Ustedes se equivocaron en su día y cuanto antes
reconozcan que se equivocaron, mejor les irán las cosas; mientras
mantengan el «sostenella y no enmendalla», al final lo pagarán y se lo
digo, señorías, por experiencia. (Aplausos en los escaños del Grupo
Parlamentario Socialista.)
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, Senador Galán.
Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el Senador Alierta.
El señor ALIERTA IZUEL: Muchas gracias, señora Presidenta.
Senador Galán, sus intervenciones normalmente son ponderadas, nadie lo
discute, pero no todas las intervenciones del Grupo Parlamentario
Socialista son como las suyas, porque dice: aquí hay un tema del que
podemos hablar, y evidentemente así es, aunque, como dijo nuestro actual
portavoz en el debate, todos los temas jurídicos son susceptibles de
opinión. Incluso puede llegar alguien que nos diga que estamos todos
equivocados y que él tiene la razón.
Pero, ¿se ha leído usted el «Diario de Sesiones» del debate de
convalidación en el Congreso de los Diputados, y la intervención de la
Diputada Fernández de la Vega en cuanto al conflicto de atribuciones? (El
señor Galán Pérez hace signos afirmativos.) ¿Cree usted que eso es un
diálogo? ¿Cree que las declaraciones de muchos portavoces socialistas
sobre esta materia constituyen un diálogo? Son una colección de insultos
uno detrás de otro. Insultaron mientras pudieron, y cuando vieron que no
tenían argumentos para poder sostener los insultos, ahora dicen: vamos a
hablar y a razonar.
Senador Galán, llevamos en esto veinte años, y nos conocemos. Si ustedes
hubieran visto que esta presa tenía carne y que ustedes podían seguir
mordiendo, hubieran seguido
mordiendo y gritando, y hoy no gritan porque tienen muy poca chicha donde
morder. (Rumores en los escaños del Grupo Parlamentario Socialista.) Esto
pasaba en 1978, en 1979, en 1982, en 1981; pasó en otras instituciones
donde no se conocía la oposición, y vuelve a pasar en 1996. El Partido
Socialista tiene su forma de actuación, la tenía entonces y la sigue
teniendo ahora. (Protestas en los escaños del Grupo Parlamentario
Socialista.) ¿Ustedes creen que si en este tema del Real Decreto-ley
vieran que sigue habiendo chicha y que pueden seguir insultando, dejarían
de hacerlo? La señora Fernández de la Vega se ha cubierto de... --ustedes
pondrán la palabra-- con su intervención en el Congreso de los Diputados,
porque no hay fundamento para eso, y si ustedes nos pudieran poner
verdes, como hicieron entonces, lo seguirían haciendo. Lo que ocurre es
que el tema no da de sí y por eso ahora somos razonables. Y que conste,
Senador Galán, que usted es de las personas que en primer lugar excluiría
de estos comentarios que acabo de hacer, porque ahora usted nos hace una
versión del debate que hizo aquí que es moderadamente moderada y resumida
de lo que fue, y todos lo recordamos, porque todos sacamos la impresión
en esta Cámara de que se había tramitado como decreto-ley una cosa que
tenía que ser un tratado internacional. Esta es la impresión que sacó
cualquier Senador. Y ahora le vuelvo a decir que, con anterioridad al
Real Decreto-ley, el Gobierno había solicitado la autorización, y le
vuelvo a repetir en relación con el año 1991 lo que ya le he dicho, en el
número 3, que es donde puede haber coincidencia, hay una modificación del
Convenio, y con respecto a ese contexto, el Gobierno el 4 de septiembre
--un mes antes del Real Decreto-ley-- había solicitado la autorización
para tramitar los tratados y convenios internacionales por el
procedimiento correspondiente, es decir, estaba en trámite.
Posteriormente se hizo el Real Decreto-ley, y ustedes me dicen que se
podía haber esperado. Y yo le pregunto, señor Galán, que, puesto que
usted lo conoce, ¿me podía explicar por qué en el año 1991, en el caso
del Convenio del Fondo Multilateral de Inversiones no se espera a que el
Senado ratifique o autorice este Convenio, que lo hace el 1 de diciembre,
para iniciar el proyecto de ley sobre la aportación de los 50 millones de
dólares? ¿Por qué se tramitan conjuntamente? Porque si van tan rápidos
ahora y también iban tan rápidos entonces, ¿por qué el Gobierno en aquel
momento no esperó a que se autorizara por el Senado, en dos meses o en
veinte días, la ratificación del Convenio para la creación del Fondo
Multilateral de Inversiones y entonces aprobar y remitir a la Cámara el
proyecto de ley por el cual se aprueba la aportación de España, que son
50 millones?
Este proceso se hizo conjuntamente, no generó ningún problema y todos
entendimos que, al mismo tiempo, por la tramitación de tratados se
tramitaba, igualmente, el convenio que crea ese Fondo, es decir, al mismo
tiempo, por tramitación como proyecto de ley tramitamos el proyecto de
ley que autoriza los 50 millones y no se nos plantea ningún problema
constitucional ni a ustedes ni a nosotros, y como entonces iban
paralelamente con las mismas fechas, y como no se nos planteó ningún
problema entonces ni a ustedes ni a nosotros, no entendemos por qué se
les plantea a ustedes un problema cuando la autorización entra en el
Congreso de los Diputados un mes antes que el procedimiento legislativo
para la autorización de la suscripción de las cuotas.
Esa es la pregunta que tiene que contestar usted, señor Galán. Yo creía
que esto no lo conocía pero, si lo conoce, ha pasado usted por encima de
ese precedente y viene aquí y ¡leña al mono!
Señor Galán, el Tribunal Constitucional se podrá pronunciar sobre este
tema, pero también se tendrá que pronunciar sobre aquel otro y, si me
apura, sobre cómo hemos tramitado en esta Cámara desde la democracia
todos estos proyectos de ley, que no han generado ningún problema. A mí,
por alguna razón, me han nombrado ponente de multitud de ellos y,
normalmente, cuando llegábamos al Pleno, ni siquiera sabías si ibas a
intervenir o no. Lo que pasa es que en septiembre de 1998 el Partido
Socialista dijo: ¡Aquí hay carne. Hala, a por ella! Y ahí estamos.
(Protestas en los escaños del Grupo Parlamentario Socialista.--El señor
Galán Pérez pide la palabra.)
La señora PRESIDENTA: Gracias, Senador Alierta.
Por el artículo 87 tiene la palabra el Senador Galán por un tiempo de
cinco minutos.
El señor GALAN PEREZ: Decididamente, señor Alierta, no hay peor sordo que
el que no quiere oír. Usted por un lado, vuelve a salir con precedentes
que en ningún momento tienen nada que ver con lo que le he dicho. El
artículo 3 de ese Real Decreto-ley no se puede tramitar como Real
Decreto-ley ni como ley. Exige autorización previa de ambas Cámaras, y
usted insiste en que se pidió la autorización el 1 de septiembre, pero es
que hay que esperar a que las Cámaras la concedan. Pónganse ustedes de
acuerdo con todos los Grupos para que la tramitación sea urgente, rápida,
sin enmiendas, y la tengamos cuanto antes haga falta, pero no incluyan
ustedes en el Real Decreto-ley algo que no es susceptible de inclusión.
Usted sabe perfectamente que al margen de los estilos de cada cual, aquí
no se trata de un problema de coyuntura para insultar, para acusar, para
dar leña al mono. Se trata sencillamente de decirles que en este caso lo
han hecho mal, siguen empecinados en no reconocerlo. En su día, Senador
Alierta, se acordarán de lo que les digo. Aprendan a rectificar, que es
muy sano rectificar cuando uno se ha equivocado previamente. (El señor
Alierta Izuel pide la palabra.)
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.
Por el artículo 87 tiene la palabra el Senador Alierta.
El señor ALIERTA IZUEL: Muchas gracias, señora Presidenta.
Senador Galán, no tendremos ningún inconveniente, al menos este Senador,
en rectificar, pero cuando me explique por qué en el caso que se ha
mencionado del año 1991 se pudo tramitar el proyecto de ley sin que la
autorización se hubiera tramitado en el Congreso, y ni siquiera en el
Senado. Cuando usted me explique la inconstitucionalidad de
por qué en el año 1991 el Congreso de los Diputados tramita como proyecto
de ley la aportación de los 50 millones cuando el Senado todavía no lo ha
autorizado, cuando usted, señor Senador, me argumente cuál es la
inconstitucionalidad, entonces podré rectificar, pero si le están
ofreciendo a usted unas explicaciones y sigue sin entender esta cuestión,
difícilmente podremos rectificar si no nos da un argumento para poder
hacerlo.
Muchas gracias, señora Presidenta.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, Senador Alierta.
En primer lugar, sometemos a votación la enmienda número 1 del Senador
Román Clemente, del Grupo Parlamentario Mixto.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 199; a
favor, dos; en contra, 195; abstenciones, dos.
La señora PRESIDENTA: En consecuencia, rechazada la enmienda número 1.
A continuación se van a votar los artículos 1 a 5, disposiciones finales
primera a tercera y exposición de motivos del dictamen.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 199; a
favor, 196; en contra, dos; abstenciones, una.
La señora PRESIDENTA: Queda, por tanto, definitivamente aprobado por las
Cortes Generales el proyecto de ley de adhesión de España a diversos
Acuerdos del Fondo Monetario Internacional, procedente del Real
Decreto-ley 14/1998, de 9 de octubre.
--DE LA COMISION DE INDUSTRIA, COMERCIO Y TURISMO EN RELACION CON EL
PROYECTO DE LEY DE TASAS Y PRECIOS PUBLICOS POR SERVICIOS PRESTADOS POR
EL CONSEJO DE SEGURIDAD NUCLEAR (S. 621/000115) (C. D. 121/000119).
La señora PRESIDENTA: Dictamen de la Comisión de Industria, Comercio y
Turismo en relación con el proyecto de ley de tasas y precios públicos
por servicios prestados por el Consejo de Seguridad Nuclear.
Para la presentación del dictamen, tiene la palabra el representante que
ha designado la Comisión, el Senador Núñez Rodríguez.
El señor NUÑEZ RODRIGUEZ: Señora Presidenta, señoras y señores Senadores,
la Comisión de Industria me hace la encomienda y me confiere el honor de
presentar ante sus señorías el proyecto de ley de tasas y precios
públicos por servicios prestados por el Consejo de Seguridad Nuclear.
Dicho proyecto tuvo entrada en el Senado y fue publicado en el «Boletín
Oficial de las Cortes Generales», Senado, en fecha 28 de diciembre. Se
abrió un plazo de enmiendas que concluía, en principio, el 8 de febrero y
que fue luego prorrogado hasta el 13 de febrero. Se presentaron 11
enmiendas por el Senador Román Clemente, numeradas del 1 al 11, y 12
enmiendas por el Grupo Parlamentario Popular, que se numeran del 12 al
23.
La Comisión, en sesión celebrada el 9 de marzo, nombró una Ponencia,
integrada por los señores Bueno, Alegre y Burgués, acompañados de los
señores García Correa y Calvo Poch. Emitieron su dictamen el día 16 y en
la misma fecha la Comisión acordó aprobar el dictamen, incorporando las
enmiendas números 12 a 22, del Grupo Parlamentario Popular.
Han formulado votos particulares el Grupo Parlamentario Mixto, para
defender las enmiendas del Senador Román Clemente, el Grupo Parlamentario
Socialista, pidiendo la vuelta al texto original del Congreso de los
Diputados en lo modificado por la enmienda 19, del Grupo Parlamentario
Popular, y éste para la defensa de la enmienda 23.
Tal es la encomienda que se me hizo, que espero haber cumplido, con la
brevedad que el caso requiere y el orden del día impone.
Muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, Senador Núñez.
Comienza el debate de totalidad.
¿Turno a favor? (Pausa.)
¿Ningún Grupo quiere hacer uso del turno a favor? (Pausa.)
¿Turno en contra? (Pausa.)
Comienza, entonces, el turno de portavoces.
¿Por el Grupo Parlamentario Mixto? (Pausa.)
¿Por el Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos? (Pausa.)
¿Por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió?
(Pausa.)
¿Por el Grupo Parlamentario Socialista? (Pausa.)
¿Por el Grupo Parlamentario Popular? (Pausa.)
Pasamos al debate del articulado.
En primer lugar, voto particular número 1, del Grupo Parlamentario Mixto,
que corresponde a las enmiendas números 1 a 11, originariamente
presentadas por el Senador Román Clemente, y para cuya defensa tiene la
palabra su señoría.
El señor ROMAN CLEMENTE: Muchas gracias, señora Presidenta.
Tenemos 11 enmiendas al proyecto de ley de tasas y precios públicos por
servicios prestados por el Consejo de Seguridad Nuclear que voy a pasar a
presentar a sus señorías.
Con la enmienda número 1, al artículo 10.2.A) A.1), pretendemos una nueva
redacción del apartado A.1 y que es la siguiente: «Para todas las
Centrales Nucleares independientemente de su potencia autorizada, se
establece una cuota anual de quinientos sesenta millones de pesetas.»
La motivación es evidente. Consideramos que incluso en aquellas centrales
nucleares que tengan menor potencia porque sean más antiguas es razonable
que quizás, también por esa complejidad que deban suponer las
inspecciones, se exija el mantenimiento de la cuota que pretendemos
establecer.
Con la enmienda número 2, al artículo 10.2. C) C.1), pretendemos
establecer un recargo porque creemos que es razonable en función de la
actividad de los residuos. Así, se propone añadir «in fine» el texto
siguiente: «... No obstante cuando la concentración de actividad supere
ciertos valores que se establecerán reglamentariamente, podrá
establecerse, suplementariamente, un recargo que será función de dicha
concentración de actividad.»
La enmienda número 3, al artículo 10.2 D) D.1), es de adición. Se propone
añadir al final del apartado D.1) el siguiente texto: «... cuando la
actividad contenida en el núcleo no alcance un décimo de la existente en
una Central Nuclear típica de 1.000 Megavatios de potencia, en caso
contrario la cuota será la establecida en el artículo 10.A.1.»
La justificación es la que tienen sus señorías y que figura a
continuación del texto de nuestra enmienda. Creemos que entre las
instalaciones nucleares la casuística es muy distinta, no pudiéndose
considerar de la misma forma un pequeño reactor de investigación como el
antiguo
JEN-1 del CIEMAT o el proyecto presentado por Carlos Rubia que es de una
mayor envergadura. Por cierto, en relación con el CIEMAT nos hacemos eco
de lo que plantean los trabajadores que sospechan que las instalaciones
siguen o están contaminadas.
Con la enmienda 4, al artículo 13.1, pretendemos añadir al final del
texto lo siguiente: «... A efectos de almacenamiento transitorio se
considerarán tanto los almacenes transitorios centralizados (ATC), como
los almacenamientos de contenedores en seco, pero no las piscinas de
combustible irradiado de las propias Centrales Nucleares.» Entendemos,
como justificamos en nuestra enmienda, que las piscinas de combustible
irradiado aparecen reflejadas en otro artículo.
Con la enmienda número 5 al artículo 14.2 pretendemos una actualización.
Consideramos que la cuota es insuficiente y, por tanto, pretendemos una
sustitución de la cuota de 1 millones de pesetas por 3 millones de
pesetas. Algo similar proponemos en la enmienda número 6, creemos que la
cuota es también insuficiente y pretendemos sustituir en el artículo 29.2
la cuota de treinta y cinco mil pesetas por otra de cien mil pesetas.
Con la enmienda número 7 al nuevo artículo 29-ter, pretendemos la
actualización de tasas. La enmienda está redactada en los siguientes
términos: «Todas las tasas a las que hace referencia esta Ley se
actualizarán anualmente, como mínimo, con el valor del Indice de Precios
al Consumo previsto para el año.»
Con la enmienda número 8 a la Disposición Adicional Primera se propone la
modificación de la letra m) del artículo segundo de la Ley 15/1980, de 22
de abril, de Creación del Consejo de Seguridad Nuclear, que quedaría
redactada en los siguientes términos: «m)Informar a la opinión pública,
sobre materias de su competencia, sin perjuicio de la publicidad de sus
actuaciones administrativas en los términos legalmente establecidos.
Dicha información ha de ser inmediata respecto de las incidencias de
interés público, completa respecto de los datos y circunstancias
relevantes y de difusión general. En cualquier caso la información
suministrada por el Consejo de Seguridad Nuclear deberá adaptarse a lo
establecido en la Ley 38/1995 sobre derecho de acceso a la información en
materia de medio ambiente.» Viene motivada esta enmienda para cumplir con
un acuerdo que fue adoptado por unanimidad en la Comisión de Industria
del Congreso de los Diputados.
La enmienda número 9 es de adición a la Disposición Adicional Primera y,
en concreto, lo que pretendemos con ella es modificar la letra o) del
artículo segundo de la Ley 15/1980, de 22 de abril, de Creación del
Consejo de Seguridad Nuclear, añadiendo al final del texto la siguiente
redacción: «... contribuyendo a la realización de estudios
epidemiológicos.» Señorías, nosotros consideramos que estos estudios
permiten conocer las afecciones sobre la salud pública derivadas de las
radiaciones ionizantes.
La enmienda número 10 a la Disposición Adicional Primera es también de
adición. Se propone una nueva letra q), que viene a decir lo siguiente:
«Colaborar en el control de las instalaciones radiactivas del Ejército,
así como el poder vigilar y acceder a aquellas instalaciones en las que,
de forma accidental, pudiera aparecer material radiactivo.» Para
justificar la presentación de esta enmienda, recuerdo a sus señorías los
lamentables sucesos ocurridos en la factoría de Acerinox.
Por último, la número 11 es una enmienda a la disposición transitoria. Se
propone crear una nueva disposición transitoria, que quedaría con un
apartado número dos, que dice: «Dos. En el plazo de un año, el Consejo de
Seguridad Nuclear deberá disponer de una sala pública en la que pondrá a
disposición de todos los ciudadanos toda la información relevante sobre
seguridad nuclear, protección radiológica y otros asuntos que sean de su
competencia.» Señorías, no incorporamos nada nuevo con respecto a lo que
se viene haciendo en otros países en los que ya existen precedentes de
este tipo.
Con esto, señora Presidenta, doy por defendidas las enmiendas
presentadas.
Gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, Senador Román, especialmente por
haber renunciado al turno de 110 minutos que le correspondía.
A continuación, tiene la palabra el Senador García Correa, para consumir
un turno de diez minutos en la defensa de su voto particular número 3,
que corresponde a la vuelta al texto remitido por el Congreso de los
Diputados en lo modificado por la enmienda número 19, del Grupo
Parlamentario Popular.
El señor GARCIA CORREA: Muchas gracias, señora Presidenta.
Voy a ser muy breve, señorías, y además lo voy a ser de verdad, no como
sucede siempre que se dice, y después se está bastante tiempo en la
tribuna.
Nosotros pedimos la devolución al texto del Congreso. Lo que proponemos
es la supresión de la disposición adicional segunda, ya que entendemos,
en primer lugar, que no procede introducir una cuestión como ésta, sobre
residuos radiactivos, en una ley que es sólo y exclusivamente para
actualizar las tasas del Consejo de Seguridad Nuclear por servicios
prestados.
En segundo lugar, a pesar de que hemos repasado muy detenidamente el
artículo segundo de la Ley 15/1980, de 22 de abril, de Creación del
Consejo de Seguridad Nuclear, no vemos en ningún momento dónde se
establece, en dicho artículo, lo que dice la enmienda del Grupo
Parlamentario Popular a la disposición adicional segunda. Pedimos por
favor al portavoz del Grupo Parlamentario Popular que nos lo aclare,
porque se nos puede haber pasado por alto. La enmienda dice: «La gestión
de los residuos radiactivos generados en los supuestos excepcionales
previstos en el artículo segundo de la Ley 15/1980, de 22 de abril, de
Creación del Consejo de Seguridad Nuclear, ...». Nosotros no vemos en
ninguna parte de ese artículo segundo de esta Ley que haya supuestos
excepcionales. Si no lo hemos visto bien, rogamos al señor portavoz del
Grupo Parlamentario Popular que nos lo confirme.
En tercer lugar, decimos que no porque somos partidarios de que el que
contamine, pague. Pensamos que, en un asunto tan delicado como el de los
residuos radiactivos, el que los genera es el que debe pagar su
tratamiento, y que no se haga con fondos públicos, y menos aún, como se
prevé en la enmienda del Grupo Parlamentario Popular, con los fondos para
el coste de transición a la competencia de las eléctricas, o sea, con ese
impuesto que el señor Piqué va a poner a todos los contribuyentes
españoles a través del recibito de la luz, para pagar ese 1,3 billones de
pesetas. De ese dinero, se quiere pagar también el tratamiento de ciertos
residuos radiactivos que no tenemos muy claro cuáles son.
Por último, decimos que no porque la enmienda a la disposición adicional
dice al final: «... y así lo determine el Ministerio de Industria y
Energía». Nosotros, los socialistas, no queremos dar un voto de confianza
al Ministerio de Industria y Energía, y más viendo cómo se las gasta
últimamente el señor Ministro de Industria con sus amiguetes.
Muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señoría.
Para la defensa del voto particular número 2 del Grupo Parlamentario
Popular, que corresponde a la enmienda número 23, tiene la palabra el
Senador Bueno. Su señoría puede también hacer uso del turno en contra de
las otras enmiendas.
El señor BUENO FERNANDEZ: Muchas gracias, señora Presidenta.
Señorías, vamos a dar por defendida la enmienda número 23 en sus justos
términos. Por lo tanto, voy a realizar el turno en contra de las
enmiendas presentadas por el Grupo Parlamentario Mixto y del voto
particular del Grupo Parlamentario Socialista.
De las enmiendas del Grupo Parlamentario Mixto, del Senador Román
Clemente, ya tratamos en la Ponencia y en la Comisión. De las 11
enmiendas presentadas, 10 habían sido ya rechazadas en el Congreso. De
todas maneras, voy a hacer un repaso y voy a incidir más en la número 10,
que es totalmente distinta de las presentadas. Me voy a extender más, por
lo tanto, en esa enmienda.
Respecto de las anteriores, en realidad son unas enmiendas donde en la
mayoría de los casos hay una modificación de cuotas y tasas. Lógicamente,
la propuesta de ley --así lo establece la norma también-- se proporciona
a los costes estimados por la prestación de servicios. Obviamente,
cualquier modificación en ese aspecto llevaría, como consecuencia, una
modificación de todo el proyecto que se ha presentado y tendríamos que
hacer ya una valoración un tanto subjetiva que no se correspondería con
los gastos habidos.
De entre estas enmiendas hay dos, que ha comentado el señor Román
Clemente, que aluden a la información pública. Esto ya se contempla en la
Ley del Consejo de Seguridad Nuclear. Hay otra enmienda que hace
referencia a los estudios epidemiológicos que, en realidad, no nos añade
nada. También se menciona en ellas el tema de la sala pública para
conocimiento público de todo lo que hubiera en este aspecto.
Las enmiendas no nos aportan nada. Están ajustadas ya dentro de la ley.
Por lo tanto, voy a pasar a la enmienda numero 10 que solicita, en un
nuevo texto, su integración para colaborar en el control de las
instalaciones radiactivas del Ejército, así como la facultad de poder
vigilar y acceder a aquellas instalaciones en las que de forma accidental
pudiera aparecer material radiactivo.
En esta misma enmienda se hace luego mención al tema de Acerinox, pero en
realidad las instalaciones radiactivas de uso civil del Ejército están
sometidas al mismo régimen de licenciamiento y control e idéntico al
resto de las instalaciones radiactivas del país. El Consejo de Seguridad
Nuclear exige, además, servicios de protección radiológica propios de los
titulares de dichas instalaciones del Ejército cuando el Consejo lo
considera oportuno. No hay un tratamiento especial ni excepcional, sino
que se ajusta a la normativa.
Situaciones excepcionales, como lo ocurrido en la factoría de Acerinox,
sí quedan cubiertas por una enmienda, la o) bis que es la nueva p) en el
nuevo texto que hemos recibido del Congreso, presentada por el Grupo
Parlamentario Popular. Con esta enmienda consideramos que queda
perfectamente cubierta esta cuestión.
No voy a leer la enmienda completa, pero dice que hay que inspeccionar,
evaluar, controlar, informar y proponer a la autoridad competente la
adopción de cuantas medidas de prevención y corrección sean precisas,
etcétera. En la redacción viene como letra p). Se presentó como o) bis en
el Congreso y como letra p) en el texto remitido. Consideramos, por lo
tanto, que en ese sentido queda cubierta la parcela de la pretensión del
Grupo Parlamentario Mixto con la enmienda número 10. Asimismo, respecto
del Ejército he de decir que se ha constituido y está ya operativa una
comisión de trabajo
del Consejo de Seguridad Nuclear y del Ministerio de Defensa que tiene
por objeto estudiar y resolver cualquier cuestión bilateral que se
pudiera plantear en la materia.
Con esto entendemos que está cubierto. Valoramos y agradecemos la
aportación y la voluntad del Grupo Parlamentario Mixto y del Senador
Román Clemente, pero entendemos que está prácticamente contemplado en la
ley y que, lógicamente, no requiere una mayor aportación. La enmienda
número 10, que era la que quedaba de mayor contenido, a su vez está
incorporada con la letra p) en el nuevo texto, con lo cual rechazamos las
enmiendas del Grupo Mixto.
En cuanto al voto particular a la enmienda número 19 del Grupo
Socialista, en el que se pide la vuelta al texto remitido por el
Congreso, yo le diría que no significa ni más ni menos que la eliminación
de esa enmienda y no otra cosa, puesto que el texto no nos decía nada en
este aspecto. No entendemos que se pida que la enmienda que incorporamos
en su momento en Ponencia y en Comisión, y que ahora pretende incorporar
definitivamente el Grupo Parlamentario Popular, desaparezca para que el
texto vuelva de nuevo a sus orígenes.
Quisiera recordar que hay algún antecedente a este respecto.
Concretamente hubo uno en relación con ENRESA, ya que es la empresa de la
que se ha hablado aquí. En dicha empresa hubo situaciones anteriores
excepcionales, por ejemplo, con motivo de los pararrayos radiactivos
puesto que en el momento en que tuvieron que desmontarse hubo que
afrontar unos costos a través de esa entidad.
Por tanto, esto no es nada novedoso. De lo que se trata es de que en
momentos determinados, ante situaciones no previstas ni tampoco deseables
--pero que se pueden producir--, haya una agilidad para no tener que
estar pendientes además de otras situaciones parecidas a la que acabo de
comentar. Debe haber agilidad para que, como en este caso, a través de
esa empresa de residuos, fuera posible una retirada rápida y con los
fondos que he indicado.
Indudablemente, habría que buscar una forma ágil para esto porque, al
final, como esta empresa tendrá que participar de forma directa en la
retirada de los residuos, si eso está ya establecido, todo se haría mucho
más ágil y rápidamente.
Y volvemos a insistir en las mismas cuestiones con que he empezado. La
primera de ellas es la situación excepcional, situación que, de no
producirse, es obvio que no tiene por qué utilizarse lo establecido. En
segundo lugar, puede darse el caso de que la empresa ya lo haya hecho con
anterioridad. Estaremos entonces ante una circunstancia ya conocida y,
por tanto, no novedosa.
En cuanto a la preocupación sobre el Ministerio de Industria, quiero
decirle que estamos encantados con el trabajo realizado por el señor
Piqué en ese Ministerio y que, por tanto, tenemos toda nuestra confianza
en esa institución.
Muchas gracias. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario
Popular.)
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, Senador Bueno.
Turno de portavoces.
Veo que el Grupo Parlamentario Mixto no quiere intervenir.
Por el Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos tiene la
palabra el Senador Albistur.
El señor ALBISTUR MARIN: Muchas gracias, señora Presidenta.
Quiero manifestar que nuestra posición respecto de este proyecto de ley
va a ser la de aprobarlo.
Pero, aportando algunas posiciones críticas, más que sobre los contenidos
sobre las actuaciones paralelas que acerca de esta ley se están
produciendo, diré que no nos parece de recibo ni nos parece el
procedimiento adecuado --y así se lo hemos manifestado a los
correspondientes portavoces del Grupo Parlamentario Popular-- el que
todavía en estos momentos quede pendiente el voto particular número 2 a
la enmienda número 23 con tasas que nada tienen que ver con el contenido
del proyecto que hoy estamos debatiendo. Y mucho menos nos parece
adecuado que las enmiendas números 20, 21 y 22 hayan sido incluidas
también en el texto un poco por la puerta de atrás y sin referencia
alguna al contenido del proyecto de ley de tasas y precios públicos por
servicios que presta el Consejo de Seguridad Nuclear.
Nuestra posición respecto al voto particular número 3 del Grupo
Parlamentario Socialista va a ser la de mantener el texto tal y como
figura. Pero también quiero manifestar que estamos muy cerca de las
propuestas realizadas en las enmiendas números 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11 del
Senador Román del Grupo Parlamentario Mixto, fundamentalmente porque nos
parece que todas sus aportaciones respecto a lo que es la transparencia
en esta materia son necesarios, como ya dijimos en la Ponencia --perdida
Ponencia-- en relación con los residuos radiactivos, que esperemos algún
día vuelva a resucitar como Lázaro y podamos volver a debatir en este
Senado manifestando más ampliamente en ella nuestras posiciones en
relación con las necesidades de información, transparencia, comunicación
y participación de los ciudadanos en esta materia.
Nada más, señora Presidenta.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, Senador Albistur.
Por el Grupo Parlamentario de Convergència i Unió, tiene la palabra el
Senador Simó.
El señor SIMO I BURGUES: Gracias, señora Presidenta.
Señorías, el pasado 15 de diciembre la Comisión de Industria, Energía y
Turismo del Congreso de los Diputados aprobó por unanimidad, y con
competencia legislativa plena, el dictamen del proyecto de ley de tasas y
precios públicos por servicios prestados por el Consejo de Seguridad
Nuclear. Hasta aquí, todo bien.
Sin embargo, nos ha sorprendido que en el trámite del Senado el Grupo
Popular haya presentado una serie de enmiendas
a un proyecto, cuyo texto, como digo, fue aprobado de forma unánime en el
Congreso. Y mayor es nuestra extrañeza ante la enmienda número 23, que
hace referencia a la tasa por utilización de espacios en museos y otras
instituciones culturales del Ministerio de Educación y Cultura, así como
al hecho de que el importe de esta tasa, en lo que afecta a los
organismos autónomos del citado Ministerio, formará parte del presupuesto
de ingresos del correspondiente organismo gestor. Como digo, nos extraña
muchísimo que esta enmienda, que no tiene nada que ver con el Consejo de
Seguridad Nuclear, se encuentre recogida en esta ley.
Muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, Senador Simó.
Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el Senador García
Correa.
El señor GARCIA CORREA: Muchas gracias, señora Presidenta.
En primer lugar, anuncio que mi Grupo va a votar a favor de las enmiendas
del Grupo Mixto números 5, 6, 8 y 10. Por otro lado, nos abstendremos en
la votación de la enmienda número 11, y votaremos en contra de las
números 1, 2, 3, 4, 7 y 9.
El proyecto de ley que estamos debatiendo pasó por el Congreso de los
Diputados, y el Grupo Parlamentario Socialista lo votó a favor sin
presentar una sola enmienda. Después, llega al Senado y, tal como hicimos
en el Congreso, tampoco presentamos ninguna enmienda. Pero, al igual que
ya ha ocurrido otras veces --por ejemplo, en la Ley de acompañamiento con
los 1,3 billones de pesetas de las eléctricas, en la fundación de la
sanidad pública, etcétera--, el Grupo Popular aprovecha el paso por esta
Cámara de este proyecto de ley, que sólo se refiere a la actualización de
las tasas que cobra por los servicios prestados el Consejo de Seguridad
Nuclear, para introducir un cambio en un gran número de leyes. Nos parece
que eso es impresentable, y queremos denunciarlo. Somos conscientes de
que alguna vez también lo ha hecho el Grupo Socialista, pero eso no
quiere decir que ésta tenga que ser la práctica habitual en esta Cámara.
Creo que eso va completamente en detrimento de la Cámara, por lo que no
debe seguir produciéndose de ninguna manera. Por eso, como ya hicimos en
Ponencia y en Comisión, vamos a abstenernos en la votación de las
enmiendas que no estén relacionadas con el Consejo de Seguridad Nuclear.
No entramos en el fondo de las enmiendas. Pero, en cuanto a la forma en
que se han presentado, insisto en que hay que denunciar esta práctica,
con la que hay que terminar, y esperamos que el Grupo Parlamentario
Popular nos ayude a ello. Asimismo, somos conscientes de que los ponentes
del Grupo Parlamentario Popular, e incluso algunos más, tampoco han
estado muy de acuerdo con el trámite de esta Cámara de este proyecto de
ley. Y nos consta que incluso en Ponencia y en Comisión se resistían a
que se incluyera la enmienda número 23, citada por el Senador Simó, que
hace referencia a los espacios ocupados en edificios del Ministerio de
Educación y Cultura, como museos, bibliotecas, etcétera.
Nos parece una barbaridad que en una Ley, que sólo regula las tasas que
cobra el Consejo de Seguridad Nuclear, se introduzcan enmiendas como ésta
y se modifiquen los espacios que se ocupen en museos, bibliotecas,
etcétera. Yo diría que puede crear hasta una alarma social porque muchos
pueden pensar que detrás de un Goya o un Velázquez puede haber un bidón
con residuos radiactivos. Es una verdadera barbaridad, señoría, y a
nosotros, los Socialistas, ya no nos extraña casi nada, no nos extraña
que esto ocurra viniendo del Ministerio que viene, de «La Casa de los
Líos», como le llaman algunos.
Nosotros hemos sido muy coherentes con lo que votamos en el Congreso de
los Diputados y no sólo vamos a votar a favor del texto del articulado y
de la exposición de motivos o de aquellas disposiciones que venían del
Congreso de los Diputados, sino que también hemos aprobado las enmiendas
que ha presentado el Grupo Parlamentario Popular en el Senado, pero que
hacen referencia al Consejo de Seguridad Nuclear.
Sin embargo, nos vamos a abstener respecto a las otras. Yo le pregunto a
su señoría: ¿Qué tienen que ver las tasas que cobra el Consejo de
Seguridad Nuclear por servicios prestados con la modificación de la Ley
17/1975, de 2 de mayo, sobre creación del Organismo Autónomo Registro de
la Propiedad Industrial, por ejemplo? ¿Qué tienen que ver con la
modificación de la Ley 32/1988, de 10 de noviembre, de Marcas? ¿Qué
tienen que ver con la modificación de la Ley 25/1998, de 13 de julio, de
modificación del Régimen Legal de las Tasas Estatales y Locales y de
Reordenación de las Prestaciones de Carácter Público? ¿Qué tienen que ver
toda esta serie de leyes con un texto que lo único que hace es regular
las tasas que cobra el Consejo de Seguridad Nuclear por servicios
prestados?
Por tanto, señoría, esto es una barbaridad y no debe repetirse más.
En cuanto al voto particular que presentamos pidiendo la supresión de la
disposición adicional segunda --ya hablaba el portavoz del Grupo
Parlamentario Popular de la disposición adicional segunda porque así
viene recogido en el dictamen de la Comisión--, usted no me ha contestado
a la pregunta que le he formulado y creo que cuando estamos legislando
tenemos que ser un poquito serios. ¿Cómo se puede decir, como lo hace
textualmente la disposición adicional segunda: la gestión de los residuos
radiactivos generados en los supuestos excepcionales previstos en el
artículo segundo de la Ley 15/1980, de 22 de abril, de Creación del
Consejo de Seguridad Nuclear? ¿Dónde se recogen estos supuestos
excepcionales en este artículo segundo? No es así. También lo dice la
enmienda presentada por el Grupo Parlamentario Popular: Así lo determina
el Ministerio de Industria y Energía. Esto significa dar un cheque en
blanco al Ministerio de Industria y Energía para que algunos residuos que
puedan ser generados por empresas se paguen con esos fondos públicos, que
se van a generar con esa
tasa puesta por el Ministro Piqué a todos los contribuyentes españoles a
través del recibito de la luz.
Por eso preguntaba al portavoz, y no me ha contestado --hablaba de los
pararrayos radiactivos-- porque no ha podido. Yo, lo único que pregunto
al portavoz del Grupo Parlamentario Popular es dónde están en el artículo
segundo de la Ley de Creación del Consejo de Seguridad Nuclear esos
supuestos extraordinarios de esos residuos que pueden generarse. No
aparecen y lo he leído siete veces, señoría. Yo creo que estamos aquí
para hacer las cosas bien. Cuando un jurista consulte el artículo segundo
de la Ley verá que no aparece absolutamente ninguno de estos supuestos a
los que hace referencia la enmienda del Grupo Parlamentario Popular.
Por tanto, señorías, anuncio ya, y termino, que nosotros vamos a votar a
favor del texto del articulado y de la exposición de motivos, lo mismo
que hicimos en el Congreso de los Diputados; que vamos a votar en contra
de la disposición adicional segunda y que nos vamos a abstener en esas
modificaciones que se hacen de una serie de leyes porque, aunque no he
entrado en el fondo de las enmiendas --incluso podemos asumirlas-- no
estamos en absoluto de acuerdo con la forma. Nos abstendremos en las
disposiciones adicionales sexta, séptima y la nueva, que supongo que será
una octava, que se acaba de introducir como consecuencia de la enmienda
número 23 del Grupo Parlamentario Popular.
Ya que por una vez el Grupo Parlamentario Popular ha sido un poquito
valiente y ha intentado decir a los técnicos de los Ministerios que no
hagan estas chapuzas, a ver si sirve de precedente y en el futuro no
viene una Ley como ésta.
Muchas gracias, señor Presidente.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, Senador García Correa.
Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el Senador Bueno.
El señor BUENO FERNANDEZ: Gracias, señora Presidenta.
Señorías, este portavoz quiere agradecer que finalmente, al margen de las
formas, prevalezca el fondo, y que esta Ley pueda continuar su camino;
ley en la que, por un lado, se han tratado de dejar más completas,
totalmente identificadas y desarrolladas todas las tasas y precios
públicos del Consejo de Seguridad Nuclear y, por otro lado, aun cuando no
sea --como decía el Senador García Correa-- muy correcto, era necesario
por dos razones concretas resolver el problema de patentes y marcas por
el Derecho de Marcas, que en su día se firmó en Ginebra y para nosotros
entra en vigor en el año 1999.
Por tanto, este gesto, esta necesidad la hemos entendido todos. Y, sin
entrar en el fondo y disculpando las formas, agradezco que mantengamos un
voto al menos no negativo en este aspecto porque estamos favoreciendo y
dando lugar a que se pueda resolver el período de transición hacia la
Unión Europea.
Con relación a la enmienda número 23, referente a culturas y museos, el
Senador García Correa afirmaba que se podía crear una alarma social y que
los socialistas no se extrañan ya de casi nada. Comprendo que después de
su experiencia no se extrañen de casi nada. Y lógicamente quiero entender
que no hay ninguna alarma social, sino sencillamente la posibilidad de
que los museos, y concretamente podemos hablar de alguno emblemático como
el Reina Sofía, tengan la posibilidad de que aquellos fondos que ahora se
destinan a la Caja de tesoro único, pudieran destinarse directamente al
desarrollo de sus actividades.
En este sentido, pidiendo disculpas por la forma, aceptando y solicitando
el voto favorable por el fondo y la necesidad que tenemos de sacarlo
adelante, he de decirle que cuando nos referíamos a la enmienda número 19
--que me ha recordado y he dejado para el final de mi intervención--
sobre la Creación del Consejo de Seguridad Nuclear, en su artículo
segundo, en el mismo párrafo primero, párrafo a), respecto a las
funciones del Consejo de Seguridad Nuclear debo entender que, aunque no
se diga textualmente, cabe perfectamente esta posibilidad, pero habría
que ser lo suficientemente generosos para que tuviera cabida y
consecuentemente se dé solución a otro problema. Y ya que hablamos de
pararrayos radiactivos y no nos asustamos por nada, me parece que vamos a
acabar con la votación de manera pacífica, con el problema resuelto y
esperando que de ahora en adelante, si surge alguna novedad novedosa,
tengamos que volver a intervenir.
A los señores Albistur y Simó, que han hecho alguna mención a nuestras
enmiendas, he de decirles que entiendo que lo entienden, que han de decir
alguna cosa que he de oír y que lógicamente he de contestar con un buen
gesto, con una sonrisa, y con mi agradecimiento por su voto.
Muchas gracias. (Aplausos.)
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, Senador Bueno. Vamos a proceder a
la votación de las enmiendas por su orden.
En primer lugar, vamos a votar las enmiendas del Grupo Mixto números 1,
2, 3 y 4.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 196; a
favor, cuatro; en contra, 191; abstenciones, una.
La señora PRESIDENTA: Quedan rechazadas.
Votamos las enmiendas números 7 y 9.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 196; a
favor, cinco; en contra, 178; abstenciones, 13.
La señora PRESIDENTA: Quedan rechazadas.
Votamos ahora las enmiendas números 5, 6, 8 y 10.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 196; a
favor, 70; en contra, 113; abstenciones, 13.
La señora PRESIDENTA: Quedan rechazadas.
Votamos a continuación la enmienda número 11.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 197; a
favor, cuatro; en contra, 114; abstenciones, 79.
La señora PRESIDENTA: Queda rechazada.
Voto particular número 3, del Grupo Parlamentario Socialista.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 197; a
favor, 73; en contra, 124.
La señora PRESIDENTA: Queda rechazado.
Votamos a continuación la enmienda número 23, del Grupo Parlamentario
Popular.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 197; a
favor, 112; en contra, tres; abstenciones, 82.
La señora PRESIDENTA: Queda aprobada.
Votamos a continuación el dictamen. En primer lugar, la disposición
adicional segunda.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 197; a
favor, 118; en contra, 70; abstenciones, nueve.
La señora PRESIDENTA: Queda aprobada.
Votamos las disposiciones adicionales sexta y séptima, así como la
disposición transitoria segunda.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 197; a
favor, 126; en contra, dos; abstenciones, 69.
La señora PRESIDENTA: Quedan aprobadas las disposiciones adicionales
sexta, séptima y la transitoria segunda.
A continuación, vamos a votar el resto del dictamen.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 197; a
favor, 197.
La señora PRESIDENTA: Queda aprobado.
Tal como dispone el artículo 90 de la Constitución, se dará traslado de
las enmiendas aprobadas por el Senado al Congreso de los Diputados para
que éste se pronuncie sobre las mismas en forma previa a la sanción del
texto definitivo por Su Majestad el Rey.
--DE LA COMISION DE JUSTICIA EN RELACION CON EL PROYECTO DE LEY ORGANICA
DE MODIFICACION DEL CODIGO PENAL Y DE LA LEY DE ENJUICIAMIENTO CRIMINAL
EN MATERIA DE LIBERTAD SEXUAL Y MALOS TRATOS EN EL AMBITO FAMILIAR (ANTES
DENOMINADO PROYECTO DE LEY ORGANICA DE MODIFICACION DEL TITULO VIII DEL
LIBRO II DEL CODIGO PENAL APROBADO POR LA LEY ORGANICA 10/1995, DE 23 DE
NOVIEMBRE (S. 621/000126) (C. D. 121/000087).
La señora PRESIDENTA: Dictamen de la Comisión de Justicia en relación con
el Proyecto de Ley Orgánica de modificación del Código Penal y de la Ley
de Enjuiciamiento Criminal en materia de libertad sexual y malos tratos
en el ámbito familiar (antes denominado Proyecto de Ley Orgánica de
modificación del Título VIII del Libro II el Código Penal).
Para la presentación del dictamen tiene la palabra, por un tiempo de diez
minutos, el representante que ha designado la Comisión, el Senador Moya
Sanabria.
El señor MOYA SANABRIA: Gracias, señora Presidenta.
El proyecto de ley que ha anunciado la señora Presidenta y que se somete
a la consideración del Pleno tuvo su entrada en el Senado el 11 de enero,
fecha de su publicación en el Boletín Oficial de las Cortes, terminando
el plazo de presentación de enmiendas el 17 de febrero del presente año.
Se presentaron 44 enmiendas (seis de la Senadora De Boneta y Piedra,
cuatro del Senador Nieto Cicuéndez, 18 del Grupo Socialista, dos del
Senador Ríos Pérez, una del Grupo Popular y trece del Grupo de
Convergència i Unió). (El señor Vicepresidente, Aguilar Belda, ocupa la
Presidencia.)
La Ponencia estuvo integrada por don Salvador Capdevila i Bas, don Juan
Iglesias Marcelo, don José Antonio Marín Rite, don Alfredo Prada y doña
Rosa Vindel, y emitió su informe el pasado día 3 de marzo. La Ponencia
acordó incorporar al texto del proyecto de ley las enmiendas números 11 y
27 y parcialmente las números 24 y 25, todas ellas del Grupo
Parlamentario Socialista; la número 31, del Grupo Popular, y la totalidad
de las enmiendas, bien en sus estrictos términos, bien con
modificaciones, presentadas por el Grupo de Convergència i Unió.
Asimismo, acordó modificar el preámbulo y llevar a cabo una nueva
ordenación sistemática del proyecto de ley, manteniendo en lo demás el
contenido material del texto remitido por el Congreso de los Diputados,
todo ello en los términos que figuran en el anexo del informe.
La Comisión se reunió para dictaminar el pasado día 15 de marzo. En el
transcurso de la sesión de la Comisión, la Ponencia propuso nuevas
modificaciones que se añadieron a las contenidas en el informe emitido y
publicado, resultando de todo ello un texto que fue aprobado por la
Comisión y que, como tal dictamen, ha sido publicado por el Boletín
Oficial de las Cortes, que obra a disposición de sus señorías.
A este dictamen se han formulado tres votos particulares que
corresponden, por orden de presentación, a los siguientes firmantes:
Senador Nieto Cicuéndez, Grupo Parlamentario Mixto y Grupo Parlamentario
Socialista.
El proyecto de ley, tal y como se somete a debate y votación del Pleno
del Senado, consta de 5 artículos y una disposición final, precedido del
preámbulo correspondiente.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Aguilar Belda): Gracias, Senador Moya.
Pasamos al debate de totalidad.
En turno a favor, tiene la palabra el Senador Prada.
El señor PRADA PRESA: Gracias, señor Presidente.
Señorías, los parlamentarios del Grupo Popular que tuvimos la oportunidad
en la legislatura pasada de participar en el debate del que hoy es el
vigente Código Penal, tuvimos también la oportunidad de poner de
manifiesto que el texto que se aprobaba sin el respaldo de nuestro Grupo
era un texto insuficiente, era un texto que iba a precisar reforzarse y
para ello habría que reformarlo. No es habitual que un texto legal de
esta envergadura se tenga que reformar con tal sólo dos años de vigencia
pero, señorías, si había una reforma urgente, una reforma necesaria, una
reforma adecuada, una reforma que demandaba la sociedad, era precisamente
la reforma que hoy vamos a debatir.
Señor Presidente, señorías, lo que se inició como una reforma parcial de
modificación del Título VIII del Código Penal, acaba como una
modificación no sólo del Código Penal, sino también de la Ley de
Enjuiciamiento Criminal, y en el Código Penal se tratan materias tanto
relativas a libertad sexual como de malos tratos en el ámbito familiar.
Señorías, se ha puesto de manifiesto la potestad legislativa del Senado.
Se ha puesto de manifiesto que el Senado está constitucionalmente
facultado en el ejercicio de su capacidad legislativa para introducir
enmiendas a los textos que le remite el Congreso de los Diputados. Y
destaco, señorías, esta obviedad, no sólo para despejar dudas de
polémicas no muy lejanas, sino para resaltar la excepcionalidad que se va
a producir al tener que retirar el Gobierno el texto que en materia de
malos tratos había remitido al Congreso de los Diputados, porque esas
propuestas están recogidas en el que hoy debatiremos y espero que
aprobaremos.
Señor Presidente, señorías, la reforma del Código Penal en materia de
libertad sexual pretende garantizar una auténtica protección de la
integridad y libertad sexual de los menores e incapaces. El vigente
Código Penal en lo relativo a los delitos contra la libertad sexual no
responde adecuadamente ni en la tipificación de las conductas ni en la
conminación de las penas a las demandas y exigencias de la sociedad en
relación con la importancia de los bienes jurídicos en juego.
Reintroducimos el delito de corrupción de menores o incapaces y se
revisan los delitos de acoso sexual y trata de personas; se castiga por
primera vez el acoso sexual en el trabajo cometido por un compañero; y
uno de los elementos más cualificados de esta reforma es el hecho de que
en los delitos contra la libertad sexual los plazos de prescripción no
empiecen a correr hasta el día en que la víctima alcance su mayoría de
edad. Y se ha recordado expresamente la necesidad de apreciar concurso
real entre los delitos relativos a la prostitución y corrupción de
menores y las agresiones o abusos sexuales.
Otro elemento cualificado de la reforma es el establecimiento del
principio de universalidad a los delitos de corrupción de menores o
incapaces por la trascendencia internacional de este tipo de delitos.
Con satisfacción, también con el acuerdo parlamentario, podemos
manifestar con orgullo que después de esta reforma no queda impune la
asistencia a espectáculos pornográficos donde se utilicen menores de
edad, ni tampoco queda impune la tenencia de material pornográfico cuando
se ha utilizado a menores de edad para su realización.
Señorías, podemos decir también con satisfacción, y previo a los acuerdos
parlamentarios, que esta reforma no ha quedado incompleta, que esta
reforma atiende las recomendaciones del Defensor del Pueblo, que esta
reforma atiende las resoluciones de la Asamblea Parlamentaria del Consejo
de Europa relativas a la explotación sexual de los niños, que esta
reforma atiende las recomendaciones del Consejo de la Unión Europea, que
esta reforma atiende las directrices de la UNESCO, acordadas en su
reciente reunión internacional sobre el tema «abuso sexual de niños,
pornografía infantil y pedofilia en Internet». Esta reforma atiende las
resoluciones del Congreso Mundial contra la explotación sexual de niños
con fines comerciales, que se celebró en Estocolmo en agosto de 1996.
Señorías, señor Presidente, siempre buscando una mayor y mejor protección
del menor, esta reforma también contempla como novedad importantísima en
el ordenamiento procesal español, el hecho de que los juzgados y
tribunales utilicen cualquier medio técnico o audiovisual para evitar la
confrontación del agresor con su víctima cuando ésta sea menor de edad.
Con esta novedad los juzgados y tribunales españoles podrán realizar las
comparecencias de los menores a través de circuitos cerrados de
televisión, de videoconferencia o a través de la red de Internet. El
objeto es lograr que los menores queden fuera del alcance de la vista del
agresor. Con esta medida, señorías, los menores víctimas de delitos
sexuales quedan suficientemente protegidos por el sistema procesal
español.
También hemos modificado los artículos 179, 182 y 183 del Código Penal
con el objeto de que se mejore y se perfile la tipificación de los
delitos relativos a agresiones sexuales y los abusos sexuales.
Si había una reforma legislativa urgente y necesaria ésta era la de
protección a las víctimas de malos tratos. Hace pocos días se celebraba
el Día de la Mujer Trabajadora. Son muchos e importantes los avances y
logros conseguidos por las mujeres en los últimos tiempos, pero, a
nuestro juicio, todavía son insuficientes. Y lo serán hasta que no exista
un auténtico plano de igualdad entre hombres y mujeres.
Uno de los problemas reales que sufre la mujer, y excepcionalmente el
hombre, es el maltrato, la violencia doméstica,
la agresión en el ámbito familiar. Para paliar esta candente cuestión, el
Gobierno y los grupos parlamentarios están adoptando medidas e
iniciativas, como ha podido ser la creación y puesta en funcionamiento de
las oficinas en las sedes judiciales de atención a las víctimas
agredidas, o la propuesta de modificación del Código Civil para
considerar este tipo de conductas como causa de divorcio. Pero, dentro
del plan contra la violencia doméstica que aprobó el Consejo de
Ministros, se recogía, entre otras medidas, reformar el Código Penal para
paliar, combatir y, en su caso, erradicar este tipo de conductas. Así
pues, esta reforma, cuya tramitación parlamentaria estaba iniciándose,
como he dicho antes, en el Congreso de los Diputados, se ha incluido en
otra y el adelanto que se ha producido es de casi un año, de tal forma
que estas modificaciones estarán en vigor en el próximo mes de mayo.
Las novedades de estos cambios legislativos podríamos resumirlas en tres:
por primera vez se recoge la violencia psíquica como delito con la
finalidad de proteger la dignidad de las personas como bien esencial y
derecho fundamental; se incluye como medida preventiva y, en su caso,
como pena accesoria la prohibición de aproximación del agresor a la
víctima, así como a personas de su entorno y, por último, se posibilita
el ejercicio de oficio de la acción penal en los supuestos de faltas por
malos tratos, al mismo tiempo que se adecua la imposición de la sanción
penal a las posibles consecuencias sobre la propia víctima.
Asimismo, con esta reforma se elimina la obsoleta referencia que se
contiene en la legislación vigente en relación con la desobediencia de
las mujeres respecto de sus maridos o de los hijos respecto de sus
padres.
Señor Presidente, señorías, desde el Grupo Parlamentario Popular no
podemos dejar pasar hoy la oportunidad, al consumir un turno a favor de
esta reforma del Código Penal, de rendir un sincero y emocionado homenaje
a todas las víctimas de los malos tratos, que han sido muchas en nuestro
país; homenaje que quiero extender a todas las asociaciones, a todas las
organizaciones no gubernamentales y a todos los responsables políticos
que luchan en defensa de la igualdad de derechos y en atención a las
víctimas de malos tratos en el ámbito familiar.
Estas medidas, estos cambios legislativos no son, seguramente, la panacea
universal, ni por sí solos contribuyen a erradicar este gravísimo
problema de la violencia doméstica, pero son necesarios y adecuados no
sólo para paliar sus efectos, sino para evitar que se produzca este tipo
de violencia. La educación, la información, la facilidad en la denuncia y
la respuesta contundente en el supuesto de la agresión física o psíquica
contribuirán de manera eficiente a evitarla.
Nada más y muchas gracias, señor Presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Aguilar Belda): Gracias, Senador Prada.
Para turno en contra, tiene la palabra el Senador Iglesias.
El señor IGLESIAS MARCELO: Señor Presidente, señorías, es evidente que un
turno en contra de un proyecto de ley que no ha recibido enmienda de
totalidad requiere una explicación. Y la explicación de esa posición es
precisamente lo que me mueve a intervenir en este turno del debate
parlamentario.
Este es un turno en contra que podríamos denominar turno en contra «iuxta
modum», ya que, por un lado, algunos aspectos de la Ley que se propone
hoy a la aprobación de la Cámara merecen nuestra discrepancia y nuestro
rechazo y, por otro lado, algunos otros aspectos de este proyecto de ley
merecen nuestra aprobación, como se verá, efectivamente, en el momento en
que procedamos a la votación final del mismo. Ese es el sentido de esta
intervención: explicar un turno en contra de una ley con la cual estamos
en discrepancia en algunos aspectos y estamos en aproximación y
aquiescencia en otros.
¿Cuál es el momento actual del proyecto de ley que nos ocupa? Este
proyecto ha sufrido un importante proceso de transformación a lo largo de
su tramitación parlamentaria, tanto en el Congreso de los Diputados, como
en el Senado. Este es un proyecto de ley notablemente mejor, a nuestro
juicio, que el que el Gobierno remitió al Congreso de los Diputados hace
ya tiempo. Por lo tanto, hemos avanzado. Estamos en un proyecto que
suscita menos discrepancias que las que teníamos al principio.
Mantenemos, no obstante, algunas y me referiré en este turno a las más
importantes de carácter general, dejando para el turno de defensa de las
enmiendas las más específicas.
Me interesa mucho que en este momento la posición del Grupo Parlamentario
Socialista quede expresa y claramente definida para que en el texto de
este debate parlamentario y para las futuras consultas de los
intérpretes, tanto para los que elaboren la teoría, como para los que se
encarguen de la praxis, de la aplicación práctica de la doctrina de esta
parte del Código Penal en los juicios, se pueda tener una referencia de
una visión del problema que no es coincidente en todo con la visión del
grupo mayoritario y que, por lo tanto, es una interpretación posible de
los preceptos cuya discusión nos ocupa en este momento. Es decir, se
trata de aclarar aquello que podríamos llamar el espíritu del legislador,
que en este caso no es un espíritu consensuado ni unánime, sino
coincidente en parte y discrepante en parte. Por tanto, lo que me
interesa en este momento es aclarar ese espíritu.
Hay objetivos compartidos que no tengo más remedio que expresar aquí y
desde el principio. Nosotros compartimos como objetivos de este proyecto
de ley el castigo decidido a la explotación sexual de los menores sin
ninguna duda; la tipificación criminal expresa de la venta y difusión de
material pornográfico en que intervengan menores como actores, sin
ninguna duda; la propuesta de una mayor pena para el delito de abuso
sexual en la condición de los abusos menores cuando las víctimas de esa
conducta sean menores, incapaces, etcétera, y proponemos una penalización
superior a la que incluye el Código Penal vigente actualmente; también
compartimos la ampliación de los plazos de prescripción, que es un tema
muy importante de la ley y, ¡cómo no!, la inclusión de los malos tratos
en el ámbito familiar y la reforma de todo el procedimiento que se
refiere a los menores y a las penas o a las medidas cautelares
que se pueden establecer respecto del tema de malos tratos en el ámbito
familiar, en el que, como no podía ser de otra manera, nos sumamos al
homenaje que el Senador Prada hace a las numerosas víctimas de los malos
tratos en el ámbito familiar, terrible acontecimiento de nuestros días
que deberíamos ser capaces, no sólo con el Código Penal, sino con muchas
más cosas, de erradicar, si no definitivamente --probablemente de un modo
definitivo no lo hagamos nunca--, sí de un modo significativo. Por lo
tanto, en esos objetivos estamos de acuerdo.
El Senador Prada ha dicho que han seguido las recomendaciones del
Defensor del Pueblo, los informes del Consejo de Europa, etcétera, pero
yo tengo que decir, porque me parece que es bastante claro, que la
reforma que el Partido Popular propone va más allá de lo que las
recomendaciones del Defensor del Pueblo, del informe del Consejo de
Europa de la Unión Europea, incluso de la primera proposición de ley que
se presentó en el Congreso de los Diputados apuntan. Lo que quiere es
aprovechar la circunstancia para modificar de alguna manera el ámbito y
el marco general de la consideración penal de los delitos contra la
libertad sexual.
Esa deriva hacia una consideración más amplia de aquello a lo que
responde estrictamente en su origen y en su fuente la redacción de este
proyecto de ley nos parece que es discutible, como mínimo. Por eso
nosotros expresamos esta discrepancia. Porque en una ley como ésta, que
se refiere a una parte del Código Penal, no hay que rasgarse las
vestiduras porque unos años después de la aprobación del Código haya que
revisarlo en alguno de sus aspectos. Y habrá que revisar más con el paso
del tiempo, porque en la actualidad, dadas las circunstancias en las que
vivimos de cambio profundo de modos, de costumbres, de hábitos, de formas
de vida, seguramente no habrá ningún código que tenga la vocación de
eternidad que tenían los del siglo XIX, que duraban un siglo o siglo y
medio. Ahora, es posible que el destino de las leyes sea el de ser
cambiadas más pronto, porque la velocidad con la que acontecen los hechos
es mucho mayor que antiguamente.
En este momento, y en la reforma del Código Penal, ¿qué es lo que tenemos
que hacer? ¿Adónde tenemos que mirar? ¿Cuál es la fuente de inspiración
para la reforma? Por un lado, debemos mirar hacia la legislación que se
queda atrás, que nos interesa menos, y a la legislación que pugna por
nacer, es decir, a esa frontera en la que la ley no nacida pugna por
aparecer, y justamente ahí es donde, como legisladores, jugamos nuestro
papel. No estamos con la ley hecha o dada, sino con la que no existe
todavía pero que quiere existir y pugna por lograrlo, que pide su
existencia. En esa frontera donde nace la ley, sobre la que se produce la
génesis de la ley, es en la que los legisladores hacemos una función como
de parteros de la legislación. Eso es lo que justifica mi intervención y
mi presencia en este debate parlamentario, porque yo soy poco experto en
leyes, pero me gusta ver cómo nace una ley, por qué, cuáles son las
presiones, las circunstancias, el ámbito en el que se mueve la ley que
pugna por nacer. Tenemos que mirar también a la sensibilidad social de
los acontecimientos que ocurren y que piden que haya una determinada
respuesta penal para determinados tipos de conducta que suscitan alarma,
que suscitan una enorme preocupación y que, sin duda, merecen ser
atendidos. Esa sensibilidad social, esa alarma, etcétera, exigen también,
por nuestra parte, que nos comportemos con un escrupuloso respeto a lo
que podríamos llamar el servicio a la justicia, en el que las emociones
deberían dejar paso a una férrea consideración racional sobre lo que es
un Código Penal, última frontera, última ratio de la represión de las
conductas indeseables. Por lo tanto, esas reformas no deben ocupar el
campo que deben ocupar otro tipo de reformas de contenido más social, y
en el que los principios del equilibrio, de la proporcionalidad, de la
función de la pena --que no es sólo la retributiva o la de la disuasión
anticipada de conductas futuras, sino también la de reeducación y la
reinserción social, cuya relevancia constitucional no se les oculta a sus
señorías--, y el equilibrio de todas esas instancias, ese espíritu de
servicio a la justicia, hace que los impulsos emocionales que piden la
reforma penal de determinados hechos tenga que ser moderada por la férrea
disciplina de la racionalidad, que es lo que me gustaría hacer presente
en mi intervención en este momento.
Aparte de lo que he expuesto, hay dos objeciones graves para que nosotros
mantengamos una discrepancia parcial sobre esta cuestión. Observamos un
cierto riesgo de confusión entre lo que son las instancias morales y
éticas del contenido de la sexualidad y lo que son las instancias penales
de las conductas que sean penalmente punibles, y esa confusión entre lo
moral y lo penal no es fácil de superar, porque vivimos en una tradición
en la que las instancias de la moral sexual han estado vigentes y han
sido dominantes socialmente durante mucho tiempo, tendiendo a convertirse
en normas punitivas, de manera que determinadas instancias de moralidad
sexual tenían como último respaldo la sanción penal. Hemos llegado a la
conclusión de que lo que es el contenido de la sexualidad, cuyo valor
jurídico universalmente admitido es el de la libertad, entendida negativa
y positivamente, deja fuera absolutamente la presencia de cualquier
instancia moral en el contenido del Código Penal. Y a través del concepto
de indemnidad, cuya detallada explicación hice en la Comisión, y que
naturalmente no quiero repetir aquí --me remito, pues, al contenido de
aquel debate--, y la resurrección del delito de corrupción de menores,
que nos parece que arrastra consigo, inevitablemente, una determinada
concepción de la moral sexual, confundiendo, a nuestro juicio, penalidad
con moralidad, nos parece que «emboca» la reforma del Código Penal en una
dirección arriesgada, peligrosa y, cuando menos, discutible.
Ayer discutíamos en esta Cámara el tema de la anorexia, que es una
preocupación importante para los senadores, y acordamos la creación de
una Ponencia. Pero, a lo mejor, podríamos definir el derecho a la
indemnidad de nuestros adolescentes, respecto de los modelos sociales que
a través de muchos medios se proponen como modelos de figura física y de
manera de estar en el mundo, de tal forma que esos modelos proporcionan
dosis enormes de depresión, de infelicidad, de enfermedad mental y, en
algunos casos, desgraciadamente incluso de muerte.
¿Tendrán derecho nuestros adolescentes a gozar del privilegio de la
indemnidad respecto de los modelos sociales que se plantean por parte de
determinados medios de comunicación o de determinados negocios?
¿Deberíamos introducir la indemnidad de los adolescentes en el Código
Penal como un derecho que tendría que ser defendido? Pregunto. Hay muchas
indemnidades que no son sólo la indemnidad sexual. Por lo tanto, se abre
un campo de interpretación extraordinariamente complicado.
Por último --y con esto termino--, creemos que en el planteamiento que
hace el Grupo Parlamentario Popular existe una modificación sutil, pero
firme, de lo que era el espíritu del sistema punitivo del Código Penal
del año 1995. En una intervención que tuve en esta misma Cámara y en la
Comisión ya dije que las penas privativas de libertad empiezan a
retirarse del centro de la escena punitiva y aparecen otras formas de
penalización que nos parecen más adecuadas a lo que son los objetivos
constitucionales y fundamentales de la pena. Volver a colocar las penas
de prisión de una manera recurrente y como núcleo esencial del sistema
punitivo en los delitos contra la libertad sexual, por lo menos en los
delitos menores, nos parece extraordinariamente grave, un paso atrás y
que casa muy mal con el espíritu de reinserción y de reeducación social
que la pena debe cumplir inevitablemente por mandato constitucional.
Por estas razones, nosotros expresamos nuestro rechazo a una parte de
este proyecto de ley, no a todo el proyecto de ley, a una parte del
mismo. Por lo tanto, éste es un turno de oposición o turno en contra
«iuxta modum» de la ley. No nos oponemos a toda la ley, sino a algunos de
sus aspectos y de esos aspectos nos interesa que queden muy claramente
establecidos los principios rectores de nuestra visión de este problema.
Más adelante podremos intervenir un poco más detalladamente, pero éstas
son las razones generales por las cuales nosotros expresamos nuestra
oposición a una parte de este proyecto de ley.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Aguilar Belda): Gracias, Senador Iglesias.
Abrimos turno de portavoces.
Por el Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra el Senador Nieto.
El señor NIETO CICUENDEZ: Muchas gracias, señor Presidente.
Señorías, voy a aprovechar este turno para hacer algunas consideraciones
generales, pronunciarme sobre la ley en su conjunto y, al mismo tiempo,
defender mis enmiendas y las del Senador Victoriano Ríos.
Empezaré haciendo una reflexión, al hilo de la intervención del señor
Prada, sobre una cuestión que a mí me parece importante. Porque se
plantea como un desdoro que haya que reformar el Código Penal cuando
solamente tiene dos años de vigencia, y a mí eso no me parece ningún
desdoro. Creo que el Código Penal ha de ser útil a la sociedad. De ahí
que necesite su rodaje para luego ser reformado. Lo malo es cuando las
cosas se van pudriendo, cuando la sociedad va por un lado y el Código por
otro.
El Código Penal ha entrado en vigor hace dos años y ha mostrado unas
lagunas que se intentan corregir con esta reforma. El Código Penal fue un
elemento positivo --independientemente de la posición que cada uno tomara
en su momento--, como también es positiva la reforma en su conjunto. Por
tanto, lo que hoy vamos a enmendar aquí es completamente necesario.
Cuestión diferente es que haya muchas maneras de enmendar; se pueden
enmendar las cosas para intentar mejorarlas, o bien aprovechar las
enmiendas para dar algún paso atrás en algunos aspectos.
Comparto la intervención del Grupo Parlamentario Socialista, Senador
Iglesias, y por tanto, no haré consideraciones al respecto, pero
cometeríamos un grave error si no consideráramos determinadas cosas. Por
ejemplo, ¡acaso es nueva la violencia doméstica en nuestra sociedad? No,
no lo es. Lo que ocurre es que, afortunadamente, la democracia, y también
las libertades, hacen que afloren todas las miserias de la propia
sociedad. No es que antes eso no existiera. Sí existía, pero,
lógicamente, no se manifestaba porque no había cauces culturales,
sociales, ni tampoco un clima adecuado para ello. Afortunadamente ahora
sí está aflorando y por eso hay que condenarlo y regularlo. Por tanto, en
ese sentido estamos de acuerdo en las medidas que se están tomando al
respecto.
En cualquier caso, quería poner esto de manifiesto ya que de otro modo
podría parecer que son fenómenos nuevos de la sociedad democrática cuando
resulta que tienen raíces mucho más profundas, condenables por supuesto,
y que hay que regular. Repito que en ese sentido estoy de acuerdo.
Las dos enmiendas que mantenemos vivas, puesto que la otra se deriva de
las anteriores, tratan de una cuestión a la que ya se ha referido el
señor Iglesias: la indemnidad. Regular la indemnidad en el Código Penal
en relación con la moral sexual es muy peligroso por lo difícil que
resulta acotar dónde termina lo penal y dónde hablamos de conceptos
morales. Y es que los conceptos morales son totalmente diversos. Hay una
moralidad judeocristiana, hay otra judeomasónica, hay una moral laica...,
hay morales con diversos conceptos en función de las condiciones de cada
vida. Por tanto, introducir en el Código Penal temas de indemnidad, que
tienen que ver más con el concepto de la moral que con el concepto del
delito en sí, conduce indudablemente a dejar unas lagunas difíciles de
acotar como acabo de decir.
Igualmente difícil resulta el querer resucitar de alguna manera el
concepto de la corrupción de menores. Otra cosa es lo que ya hemos
debatido aquí sobre pornografía y otra serie de cuestiones, pero el
concepto de corrupción de menores, o la cuestión de cuándo se es mayor de
edad sexualmente, etcétera, aunque son cosas ciertas, resultan muy
complicadas.
Por tanto, comprenderán que tengamos algunas dudas razonables quienes al
mismo tiempo que estamos de acuerdo en que la reforma de la Ley es
necesaria, consideremos que se introducen una serie de conceptos que, a
nuestro juicio, pueden ser regresivos puesto que la moralidad
no puede estar en contra de la libertad. Es decir, hay ahí un concepto
que entra en conflicto con otro aunque eso no tendría por qué ser así.
Por tanto, con esto doy por defendidas nuestras enmiendas, que tienen el
contenido que he manifestado. Por otro lado, y al igual que el Senador
Iglesias, portavoz del Grupo Socialista, aunque apoyamos la necesidad de
esta reforma, si esa cuestión no se corrige nos veremos en la obligación
de abstenernos.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Aguilar Belda): Gracias, Senador Nieto.
Por el Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos, el Senador
Zubia tiene la palabra.
El señor ZUBIA ATXAERANDIO: Muchas gracias, señor Presidente.
Señorías, estamos ante un proyecto de ley que modifica el Código Penal
aprobado por las Cortes Generales a finales de 1995; es decir, hace poco
más de tres años, o lo que es lo mismo: durante la pasada legislatura. Y
es cierto que, pese el escasísimo tiempo transcurrido desde la entrada en
vigor de este nuevo Código Penal, era preciso --si se quiere,
indispensable-- introducir determinadas reformas en el Título VIII del
Libro II, es decir, en lo que tiene que ver con los delitos contra la
libertad sexual.
Tal necesidad dio lugar a dos proposiciones de ley del Grupo
Parlamentario Popular instando al Gobierno a presentar un proyecto de ley
en el que se revisaran los tipos penales para garantizar una auténtica
protección de la integridad y libertad sexuales de los menores e
incapaces. Y ese proyecto es precisamente el que hoy estamos debatiendo
en esta Cámara.
Debemos decir de entrada, y lo hacemos con satisfacción, que el texto que
ha llegado al Senado poco o nada tiene que ver con el probado por el
Gobierno y remitido al Congreso de los Diputados. El proyecto que en su
día presentó el Gobierno tenía, sin duda, la finalidad de aumentar y
garantizar la protección del menor y del incapaz, pero a nuestro entender
distaba mucho de ser acertado. Ciertamente, fue objeto de varias
enmiendas a la totalidad, y nuestro Grupo parlamentario llegó incluso a
apoyar entonces la devolución del proyecto al Gobierno, amén de presentar
un total de 24 enmiendas al articulado. El propio Grupo Popular --es un
dato-- llegó a presentar hasta 15 enmiendas al texto remitido por el
Gobierno.
Si los comienzos en la tramitación parlamentaria no eran precisamente los
mejores, pronto se evidenció una actitud por parte del Grupo mayoritario
digna de aplauso, y así lo reconocemos. Los trabajos en Ponencia fueron
profundos, y se hicieron con la auténtica voluntad de búsqueda de la
mejor redacción y el más amplio consenso. La mejor prueba de cuanto digo
la constituye el hecho de que, tras los trabajos en Ponencia, tan sólo
tres de las 24 enmiendas que habíamos presentado quedaron vivas; tres
enmiendas que finalmente fueron retiradas en el debate en Comisión al
aceptarse, por una parte, una enmienda del Grupo de Convergència i Unió,
e introducirse una transacción «in voce». Nuestra apuesta inicial por la
devolución del proyecto al Gobierno se convertía así en un voto a favor
del dictamen de la Comisión.
Pasando al contenido estricto del proyecto, voy a dar dos primeros
apuntes en estos momentos. Dijimos entonces, y lo repetimos ahora, que
nos parecía exagerado establecer en los 18 años el límite de edad en los
abusos sexuales. En nuestra opinión, era excesiva la barrera de la
protección, que finalmente ha quedado establecida en los 16 años, cosa
que nos congratula.
También dijimos entonces que no teníamos muy clara la bondad de resucitar
el tipo delictivo de la corrupción de menores, pero debemos reconocer
ahora y aquí que fue el Grupo Parlamentario de Convergència i Unió el que
nos convenció de la necesidad de un tipo específico, a fin de que el
Tribunal Supremo no se vea en la situación, en la que se ha visto en más
de una ocasión, de tener que forzar la aplicación de otros tipos penales
para que determinadas conductas puedan ser objeto de sanción penal.
En cualquier caso, somos conscientes, como ya se ha dicho aquí por
anteriores intervinientes, de que la redacción final, por ejemplo, del
artículo 189.3, puede prestarse a crítica y achacarle alguna falta de
seguridad jurídica, pero también es verdad que no hemos sido capaces de
avanzar más en la búsqueda de un tipo más cerrado. De todas formas,
señorías, permítanme que les recuerde que lo que se castiga en este caso
como conducta típica es el obligar a participar, es decir, el forzar la
voluntad del menor y nunca el participar o realizar determinadas
conductas.
En cuanto a las mejoras o modificaciones --si se quiere-- introducidas en
el trámite del Senado, yo destacaría dos cuestiones: en primer lugar --en
esto estamos en total acuerdo--, el haber insertado o incorporado a este
proyecto las modificaciones planteadas en otro proyecto de ley, todavía
en trámite en el Congreso de los Diputados, de modificación del Código
Penal y de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, en este caso en materia de
protección a las víctimas de malos tratos. Es un proyecto necesario a
todas luces, que aplaudimos en sus contenidos y que, además, era mucho
más conveniente y sensato insertarlo en las modificaciones que ahora
estamos aprobando y que, en consecuencia, dieran lugar a un solo texto
legal. Repito que es lo que finalmente se ha hecho con buen criterio tras
la presentación, fundamentalmente por parte del Grupo Parlamentario
Catalán en el Senado de Convergència i Unió, de un buen número de
enmiendas.
En segundo lugar --para terminar--, quiero destacar la introducción en
este trámite del Senado de dos importantes correcciones en la Ley de
Enjuiciamiento Criminal que, por supuesto, también apoyamos, en virtud de
las cuales se establece en el primero de los casos que cuando los
testigos sean menores de edad el juez pueda acordar que sean interrogados
evitando la confrontación visual con el acusado, y en el segundo supuesto
que no se practicarán careos con testigos que sean menores de edad, salvo
que el juez lo considere imprescindible y no lesivo para el interés de
dichos testigos. (La señora Presidenta ocupa la Presidencia.)
Señorías, todavía no hace ni diez días que los medios de comunicación se
hacían eco de una noticia que, de haber
estado vigente la reforma que ahora aprobamos, no se hubiera producido.
La noticia decía escuetamente que la vista contra dos condenados por
violar a dos niñas se repite hoy en Barcelona porque no se carearon con
ellos. La adición que ahora introducimos en la Ley de Enjuiciamiento
Criminal evitará en lo sucesivo tristes episodios como el indicado.
En definitiva, y termino, señor Presidente, nuestro Grupo apoyó, como ha
quedado dicho, el texto del proyecto que finalmente aprobó el Congreso de
los Diputados y, tras las incorporaciones y correcciones habidas en esta
Cámara, no sólo mantiene su posición anterior, sino que la refuerza, dada
la conformidad que le merecen las variaciones ahora efectuadas.
Nada más y muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, Senador Zubia.
Por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió,
tiene la palabra el Senador Capdevila i Bas.
El señor CAPDEVILA I BAS: Muchas gracias.
Nuestro Grupo ha presentado, como ya ha puesto de relieve el portavoz del
Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos, señor Zubia,
varias enmiendas, 21 en el Congreso de los Diputados y 13 en la Comisión
de Justicia en esta Cámara que fueron totalmente aceptadas e incorporadas
en el texto, buscando en algunas ocasiones, de una u otra forma, el
consenso con los demás grupos parlamentarios.
Tal como se ha puesto de manifiesto por el Senador Iglesias, este
proyecto ha sufrido un proceso de transformación importante respecto del
texto original, tanto durante su debate en el Congreso de los Diputados
como en el Senado.
Se ha producido una mejora con enmiendas dirigidas a lograr una mayor
protección de los menores con inclusión de tipos para cubrir algunas de
las lagunas provocadas sobre todo por los avances de la técnica.
El bloque de enmiendas presentadas por nuestro Grupo en esta Cámara se
dirige fundamentalmente a buscar una mayor protección de los menores y,
sobre todo, a incorporar aprovechando la reforma del Título VIII del
Código Penal, estas medidas cautelares en favor de las víctimas de los
malos tratos.
De gran calado son las enmiendas encaminadas a la protección de la
víctima, familiares y demás personas, en cuanto a la privación del
derecho a residir en determinados lugares, a acudir a los mismos o a la
prohibición de aproximarse a la víctima; modificación que se introdujo en
el párrafo segundo, apartado g) del artículo 33; en el apartado f) del
propio artículo; en el apartado f) del artículo 39 y en el artículo 48,
todos ellos del Código Penal. Este último incluye la prohibición de
comunicarse con las referidas personas por cualquier medio de
comunicación, informativo, telemático o cualquier contacto escrito,
verbal o visual.
En segundo lugar, hay que resaltar también la adopción por el juez o
tribunal de medidas cautelares, una o varias de las señaladas en el
artículo 57 del Código Penal, atendiendo, bien a la gravedad de los
hechos, bien a la peligrosidad del delincuente. Es decir, ya no existe
aquella conjunción de las dos circunstancias para poder aplicar las
medidas cautelares que el propio artículo prevé y, además, se modifica en
el sentido de que el juez puede adoptar una o varias de estas medidas.
En el artículo 53 del Código Penal --ya ha sido mencionado por el Senador
Prada-- se introdujo igualmente una enmienda de nuestro Grupo
Parlamentario en la que se incluía la violencia, tanto física como
psíquica, sobre la víctima tanto por su cónyuge o ex cónyuge como por su
compañero sentimental, cosa que hasta ahora, en la legislación vigente,
no se contemplaba, por lo que se producía en cierto modo una laguna
legal.
Se define también el concepto de habitualidad de las agresiones a efectos
de reincidencia, con una precisión que acota y dificulta la exclusión en
su redacción actual; el hecho de que además tengan eficacia las
sentencias dictadas en el extranjero es un dato ciertamente importante a
efectos de la aplicación de la reincidencia, así como las enmiendas
encaminadas a introducir en la Ley de Enjuiciamiento Criminal estas
medidas de protección a las víctimas de malos tratos, buscando siempre,
como hemos dicho, el concurso con enmiendas similares a las de nuestro
Grupo.
Respecto a las presentadas en el Senado, destacaría la enmienda número
40, de adición, de un último párrafo al artículo 448 de la Ley de
Enjuiciamiento Criminal, sobre la adopción por el juez de las medidas
necesarias para evitar la confrontación visual de la víctima o testigo
menor de edad con el imputado.
En sentido semejante figura también la enmienda número 41 respecto a la
adición de un segundo párrafo en el artículo 455 de la propia Ley
procesal penal, en cuanto a la prohibición de la diligencia de careos en
general en que intervenga el menor de edad y la posibilidad de que el
Juez, de forma motivada, pueda aceptar dichos careos, pero adoptando las
medidas adecuadas.
En el mismo sentido, la enmienda número 43, de adición de un segundo
párrafo al artículo 707 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, pretende
que en la declaración de testigos menores de edad se evite la
confrontación visual.
La enmienda número 44 propone la adición de un segundo párrafo al
artículo 713 de la misma Ley en relación a la prohibición de los careos
entre testigos que sean menores de edad.
En definitiva, se pretende dar más amplitud de medios al juez o tribunal
para que no se produzca lo que el Senador Zubia ha puesto de relieve, que
es evitar la nulidad de juicios en los que se hubieran adoptado, como el
caso que ha expuesto, unas medidas cautelares que no estaban previstas en
el Código Penal.
Muchas gracias, señor Presidente.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señoría.
¿Grupo Parlamentario Socialista? (Pausa.)
Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el Senador Prada.
El señor PRADA PRESA: Gracias, señora Presidenta.
Señorías, voy a comenzar, en primer lugar, agradeciendo a todos los
grupos parlamentarios en general los acuerdos que hemos conseguido
alcanzar en esta Cámara en la tramitación de esta importante reforma,
como ha quedado perfectamente señalado, del Código Penal. Muy
especialmente debo agradecer la colaboración y el consenso alcanzado con
el Senador Capdevila, en representación del Grupo Parlamentario Catalán
en el Senado de Convergència i Unió, y con el Senador Zubia.
Efectivamente, Senador Zubia, el texto que llega al Senado no tiene mucho
que ver con el texto inicial, pero ello demuestra que las Cámaras,
Congreso y Senado, sirven para algo y que en su legítima competencia
modifican y enmiendan los proyectos de ley que inicialmente redacta un
gobierno.
También me tendrá que reconocer, señoría, que el texto que sale del
Senado nada tiene que ver con el texto que nos remitió el Congreso de los
Diputados y, como he señalado en mi primera intervención, considero que
ha quedado claro la competencia y la capacidad legislativa del Senado, de
la Cámara Alta. Efectivamente, debo agradecer el consenso y el apoyo
demostrado por su grupo a este texto.
Es cierto que hay que evitar situaciones como la que su señoría ha
referido y en la que yo quiero profundizar un poco más, ya que me parece
que no deberían producirse nunca más en nuestros juzgados, en nuestros
tribunales.
Señorías, para los que no conocían este hecho, mencionaré que dos niñas
de 6 y 10 años de edad fueron víctimas de delitos de abuso sexual. Los
hechos fueron juzgados por la Audiencia provincial de Barcelona, la cual
dictó sentencia en el año 1996, concretamente el 18 de octubre de 1996, y
fueron condenadas dos personas a 40 y a 14 años de prisión, siendo uno de
los condenados el padre de las menores. El sumario era el 6/95 del
Juzgado de Instrucción número 7 de Barcelona y el rollo el 3996/95 de la
Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Barcelona.
Pues bien, el Tribunal Supremo en este caso al que se han referido los
Senadores Zubia y Capdevila, en Sentencia de fecha 16 de junio de 1998
estima el recurso de casación y declara la nulidad de la sentencia
dictada por la Audiencia Provincial de Barcelona, la cual deberá proceder
a la celebración de un nuevo juicio. En concreto, el Tribunal Supremo
declaró en su resolución, entre otros extremos, que la declaración de la
hija debió celebrarse en condiciones de verdadera contradicción, de la
que fue privado al evitar que la niña fuera confrontada con su padre.
Efectivamente, con el ordenamiento procesal vigente es correctísima,
desde un punto de vista jurídico --ésa es la opinión de este Senador-- la
Sentencia dictada por el Tribunal Supremo.
Con la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal que efectuamos,
aparejada a esta reforma del Código Penal, este tipo de sentencias no
podrán volver a producirse, porque hemos permitido que los juzgados y
tribunales españoles eviten la confrontación del agresor con la víctima
cuando ésta sea menor de edad y, de esta forma, se puedan utilizar medios
tan novedosos y tan innovadores, como señalaba en mi primera
intervención, como puede ser la Red de Internet, la videoconferencia o el
circuito cerrado de televisión.
El Senador Nieto ha hecho también una referencia a sus enmiendas y, como
quiera que el turno en contra de las enmiendas por parte del Grupo
Popular lo realizará mi compañera, la Senadora Vindel, no voy a entrar en
el contenido de sus apreciaciones. Simplemente debo decirle que, a
nuestro juicio, el término de indemnidad --también me refiero al Grupo
Socialista-- no tiene ningún significado moral. El término indemnidad es
un concepto jurídico, probablemente más amplio, y es un concepto
innovador, es un concepto de futuro.
El Grupo Parlamentario Socialista ha realizado un turno en contra y no he
apreciado en él, salvo en lo que ya reflejan sus enmiendas, ninguna
novedad para oponerse a este proyecto de ley. La finalidad de este
proyecto de ley, en su conjunto, es proteger más y de mejor forma a los
menores, y estoy convencido de que el Grupo Parlamentario Socialista
participa de este criterio. En lo que está de acuerdo, y que profusamente
ha comentado el Senador Iglesias, evidentemente no vamos a entrar. Las
propuestas que nosotros hacemos son discutibles, pero son propuestas
razonables y adecuadas.
La lección a la que habitualmente nos acostumbra el Senador Iglesias, de
tipo filosófico-político, yo creo que no viene al caso de lo que estamos
modificando, porque realmente compartimos sus reflexiones en cuanto al
proceso de reforma de las leyes, al espíritu de la justicia o a la
racionalidad. Pero en este texto no se puede hacer una lección --valga la
expresión--de moralidad versus penalidad; si sus señorías me permiten, no
se pueden dejar impunes conductas como éstas: el que induzca, promueva,
favorezca o facilite la prostitución de una persona menor de edad o
incapaz será castigado, etcétera. El que determine, empleando violencia,
intimidación o engaño, o abusando de una situación de superioridad o de
necesidad o vulnerabilidad de la víctima, a persona mayor de edad, a
ejercer la prostitución, etcétera. Esta es la modificación de los delitos
relativos a la prostitución y a la corrupción de menores, y sus señorías
lo pueden leer en el correspondiente boletín, por lo que, evidentemente,
no creo que eso sea hablar de moralidad, cuando lo que estamos buscando
es penalizar conductas de este tipo.
Señoría, se lo decía antes: prácticamente desde el Grupo Parlamentario
Popular compartimos esas reflexiones, pero nosotros miramos al futuro;
legislamos para las generaciones del siglo XXI, y lo que les ocurre a los
representantes del Grupo Parlamentario Socialista --e intentan
disfrazarlo en un brillante discurso-- es que no reconocen lo que no
aceptan: que el Código Penal de 1995 no es un buen Código Penal, y no
fueron capaces de alcanzar el acuerdo de todos los grupos políticos por
las prisas o probablemente por necesidades políticas.
En Comisión ya decía mi compañera la Senadora Vindel --y me gustaría
repetirlo ahora-- que aquello que empezó llamándose, de manera ostentosa,
el Código Penal de la democracia, se ha reducido a Código Penal de la
etapa socialista, a Código Penal del señor Belloch, y si seguimos
buscando calificaciones, probablemente desaparecerá el
sustantivo Código; desaparecerá el propio Código. (El señor
Vicepresidente, Aguilar Belda, ocupa la Presidencia.)
Nada más y muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Aguilar Belda): Gracias, Senador Prada.
Pasamos al debate del articulado. Se han defendido en el turno de
portavoces del Grupo Parlamentario Mixto las enmiendas de dicho Grupo, y
queda vivo el voto particular número 3, del Grupo Parlamentario
Socialista, que se corresponde con las enmiendas 12 a 23, 24 (sólo en los
puntos 12, 13) y 28.
Tiene la palabra el Senador Iglesias, para su defensa.
El señor IGLESIAS MARCELO: Muchas gracias, señor Presidente.
Voy a referirme ahora, de forma un poco más cercana al texto que
debatimos, a nuestras enmiendas, aunque no renunciaré a hacer alguna
excursión de carácter más general, porque si no damos visiones globales,
me parece que nos perdemos.
Nuestra primera enmienda se refiere --ya lo he dicho y no voy a
reiterarlo-- a la supresión del término indemnidad. Opino que este
término tiene una estructura negativa y que, para entender lo que dice,
necesita un contrapunto, que no puede ser más que un determinado modelo
de sexualidad respecto del cual se define lo que es dañoso o lo que no lo
es. Dado que los modelos de conductas sexuales son múltiples, son
variopintos, y el principio de libertad, constitucionalmente establecido,
permite un amplio abanico de opciones, de conductas sexuales diferentes,
las indemnidades podrían ser definidas de muchas maneras. Por tanto, dejo
ahí la cuestión. Por otra parte, ¿por qué aparece el término indemnidad
solamente en este sitio del Código Penal? Abre una puerta de
consideración que no sabemos adónde nos puede llevar.
En la enmienda número 14, relativa al artículo 179, manifestamos nuestra
discrepancia con la expresión «reo de violación». Estamos de acuerdo en
las conductas descritas, y estamos de acuerdo en la penalidad impuesta a
las conductas descritas y a la rectificación que mediante una enmienda
transaccional vamos a introducir a continuación ampliando el catálogo de
las conductas descritas. Con todo ello estamos completamente de acuerdo,
pero tenemos dudas de que el conjunto de conductas descritas merezcan
todas ellas la denominación universal y genérica de violación. Creemos
que algunas de esas conductas podrán ser descritas como fenómenos de
violación, como conductas de violación, pero de otras nos parece
difícilmente aceptable, y yo creo que va a haber una polémica jurídica
porque hablar de violación en determinados tipos de conducta va a
resultar un poco estridente, no porque las conductas descritas no sean
extraordinariamente graves, repulsivas y merecedoras de un castigo penal
serio --que nosotros compartimos y que no hemos enmendado--, sino
simplemente porque aplicar el concepto de violación a un conjunto que
abarca como mínimo cinco conductas, y con la adición bastantes más,
seguramente no se corresponde ni a la tradición jurídica ni a lo que, en
el buen entender de los que hablan desde el punto de vista del derecho,
se entiende como violación, y por eso nosotros manifestamos nuestra
discrepancia.
Respecto del artículo 180, que incluye los tipos agravados de agresión
sexual, tanto las agresiones mayores como las agresiones que podríamos
denominar menores, estamos completamente de acuerdo con la penalidad de
los tipos agravados, pero discrepamos en la apreciación de las
circunstancias que definen los tipos agravados, porque creemos que en
algún caso vienen a solaparse con agravantes genéricas que se contemplan
en otra parte del Código Penal, solapándose lo que son agravantes
genéricas con lo que son agravantes específicas, y nosotros creemos que
si las agravantes genéricas dan origen a una penalidad en la mitad
superior de la pena que establece el Código, la penalidad de los tipos
agravados está por encima de esa penalidad y, por lo tanto, deberían
establecerse diferencias entre las circunstancias definitorias de los
tipos agravados y las circunstancias agravantes genéricamente de los
tipos básicos de conducta. Por lo tanto, discrepamos en la definición de
las personas que pueden intervenir (relación de superioridad, menores de
13 años, etcétera) que son agravantes genéricas que contempla el Código
en la primera parte.
En el artículo 181 encontramos una de las razones más serias de
discrepancia con el contenido de esta reforma del Código Penal, y se lo
diré con toda claridad. Los abusos sexuales, es decir para actos que no
llevan violencia ni intimidación, sin consentimiento o con consentimiento
viciado, entre mayores de edad y capaces, se propone una penalización de
uno a tres años de prisión. Sorprendentemente, el tipo agravado de ese
mismo delito de abuso sexual no merece una penalidad superior, sino la
misma. Cuando el abuso sexual se comete con menores de edad, con personas
que no están capacitadas o que están privadas de sentido, resulta que la
penalidad de un acto y del otro es la misma, lo cual resulta
absolutamente sorprendente. ¿Por qué no se penaliza más el abuso sexual
en el tipo agravado, como ocurre en las agresiones sexuales? ¿Por qué
establecen una diferencia de trato respecto de los dos tipos de delitos?
Les diré por qué. Porque estableciendo la penalidad de uno a tres años de
prisión en el tipo básico de abusos sexuales entre personas mayores y
capaces, si aumentasen la penalidad de los tipos agravados,
inmediatamente se solaparía con las penas que se imponen a las agresiones
sexuales, con lo cual resulta un conjunto punitivo que es verdaderamente
dislocado y, por lo tanto, como no pueden aumentarlo mucho, tienen que
mantener para los tipos agravados la penalidad misma que se establece
para los tipos básicos. Por esa razón resulta la sorprendente conclusión
de que los tipos más graves, que responden a lo que decía el Senador
Prada de la protección de los menores, los abusos sexuales de los que son
víctimas menores, incapaces o personas que no se encuentran en plena
posesión de sus facultades, etcétera, no merecen una penalidad de tipo
superior a la que merece el tipo básico, lo cual resulta absolutamente
inexplicable.
Objetamos también el sistema porque creemos que hay una evidente
desproporción en la penalidad, justamente a
partir de la que se establece en el artículo 181. Existe una evidente
desproporción punitiva que hace que la penalidad para un acto de abuso
sexual --recuerdo: sin violencia, sin intimidación, sin consentimiento,
entre personas mayores de edad, e imaginen ustedes cualquier conducta que
encaje en ese tipo, cualquiera, da lo mismo; no hablamos de abusos
sexuales mayores, con acceso carnal, con engaño o sin consentimiento, o
con consentimiento viciado, que merecen una punición ejemplar, sino de
ese tipo básico-- sea de uno a tres años de prisión; para muerte por
imprudencia, de uno a cuatro años de prisión, prácticamente igual. Darle
un beso por sorpresa a alguien perdonen que me coloque en el límite es lo
mismo que causarle la muerte por imprudencia. Y sigo: lesiones básicas,
de seis meses a tres años; aborto consentido, de un año a tres años;
torturas, de un año a tres años; coacción, de seis meses a tres años, en
la coacción hay violencia, en los abusos no. Desde luego esos abusos
entre mayores y capaces tienen mayor punición que los delitos de
injurias, calumnias, receptación, delitos societarios, de omisión del
deber de socorro, delito ecológico básico, etcétera. Me parece que hay
una desproporción punitiva absolutamente evidente y clara.
¿Que hace falta alguna pena de privación de libertad en delitos de abuso
sexuales? Lo reconocemos, y rectificamos nuestra opinión del año 1995,
porque cuando uno encuentra que hay razones suficientes no deben dolerle
prendas. Y, efectivamente, había una escasa punición en los delitos de
abusos con menores y en los delitos de abusos agravados proponemos penas
de prisión de entre seis y dos años.
Pero, comparativamente, en el sentido de la proporción de lo que es un
sistema punitivo, que naturalmente no es una colección de penas ni una
colección de preceptos, sino que persigue objetivos claramente definidos
y tiene que cumplir determinados requisitos de la pena, que no son
solamente la retribución de la injusticia o la persuasión de los efectos
futuros en otros posibles delincuentes, sino otros efectos de reinserción
y reeducación. En los casos, no diré de agresiones mayores, pero sí de
abusos sexuales de tipo menor, las penas que permiten la reinserción
social, la reeducación de los condenados por esos delitos deberían tener,
parece lógico, es evidente, es razonable, una carga de capacidad de
reinserción mayor que a través del sistema de multas. Se podrían
establecer los arrestos de fines de semana, el trabajo en beneficio de la
comunidad, etcétera. Es decir, todo el sistema complementario de penas
que define el Código debería tener una importante presencia. Por lo
tanto, nos parece que ahí hay una especie de dislocación en el sistema
punitivo que se plantea a la consideración de la Cámara, y que a mí me
parece que va a dar lugar a evidentes distorsiones en el transcurso de
los juicios y en las actuaciones de las personas interesadas.
También nos parece bastante arbitrario el cambio de edades que se
establece en el Código. Se eleva de doce a trece años, cuando los doce
años ha sido la edad tradicionalmente vigente en en nuestras costumbres
jurídicas que, por otra parte, recomienda el Fiscal en su informe como la
edad por debajo de la cual el consentimiento se presume siempre como
inválido, con lo que estamos de acuerdo.
Luego establecen algunas fronteras más respecto a determinados actos y
conductas delictivas que resultan extraordinariamente complejas y
difíciles de entender.
Les diré con claridad lo que pienso. Hay que mirar con una extraordinaria
cautela la cuestión relativa a la evolución de los adolescentes y las
edades, porque nadie ha podido establecer ni demostrar fehacientemente
desde el punto de vista científico que a determinadas edades se haya
madurado, puesto que hay una enorme dispersión de situaciones. Por tanto,
dado que el abanico de posibilidades de maduración y evolución personal
de los chicos y chicas en su introducción en el mundo de la sexualidad es
enormemente variado, lo aconsejable sería ir a los límites mínimos en los
cuales estuviéramos universalmente de acuerdo, porque, de lo contrario,
dejamos la puerta abierta a que cuando se produzca cualquier innovación
de la ciencia cuando la psicología demostrase que en la madurez ocurre
tal o cual hecho, tendríamos que rectificar el contenido de nuestros
códigos. Por tanto, las modificaciones de las edades nos parecen
extraordinariamente arbitrarias en esta reforma.
Recuerdo a sus señorías, por ejemplo, que un menor a partir de los 12
años tiene que prestar consentimiento válido para ser adoptado, o que a
los 14 años uno se puede casar con licencia del juez. Por tanto, al
casarse entra en la vida sexual. Y no sólo eso, sino que puede tener
hijos, etcétera. Por tanto, determinadas limitaciones temporales que
establece el Código resultan absolutamente incongruentes. Así, si a una
exhibición de un espectáculo pornográfico asistiera un chico o una chica
de 17 años y medio, que es menor de edad, podría dar origen a una
penalidad para los que intervengan en dicho espectáculo, siendo posible
al mismo tiempo que a esa edad un sujeto puede estar en la plena posesión
de su vida sexual, matrimonial, paternal, educativa de sus hijos, y, si
es capaz de haber asumido compromisos de tanta envergadura como tener
pareja, tener hijos y educarlos, es evidente que su participación en un
acto de ese tipo que se describe es, cuado menos, discutible.
Y voy a terminar. Tengo que agradecer y manifestar mi sorpresa agradable
porque en la enmienda introducida en esta Cámara acerca de los asistentes
a los espectáculos públicos o privados en que intervengan menores el
Grupo Popular haya sido sensible a los argumentos que se exhibieron en la
Comisión y hayan decidido suprimir el adjetivo «meros» junto al
sustantivo «asistentes». Evidentemente, me parece un acierto. Diría que
el tipo delictivo que ustedes dibujaban en su precepto era imposible.
Ahora es un tipo delictivo posible. Es perfectamente posible tal y como
figura y, por tanto, tengo que decirles que me parece perfecto el que
ustedes lo hayan aceptado. En su conjunto, el precepto sigue mereciéndome
alguna discrepancia, pero tengo que agradecer su actitud porque,
efectivamente, no es frecuente que los argumentos de la oposición
consigan convencer a los Senadores de la mayoría. Así ha sido o, al
menos, así lo creo y, por tanto, tengo que declarar mi satisfacción, no
tanto porque yo tenga poder de persuasión, sino, sin duda, porque su
señoría --estoy seguro de que la Senadora Vindel tiene una parte muy
importante que ver
en esto-- ha sido sensible a los argumentos que se habían esgrimido.
Por último, quiero referirme al riesgo que corremos con el apartado
tercero del artículo 189 para que los juicios sobre delitos contra la
libertad sexual se conviertan en un campo de pelea psicológica ante los
tribunales de Justicia. Se convertirán en los campos de la
«psicologización» de la Justicia. Así como el sistema penitenciario
inevitablemente se convierte en un sistema «medicalizado»,
«psiquiatrizado» y «psicologizado» de aplicación de las penas --y vamos
irremediablemente en esa dirección--, los tribunales de Justicia se van a
convertir en el campo de las disputas psicológicas. Cuando haya que
interpretar qué actos son aquellos de significación sexual o erótica que
perturban la evolución o el desarrollo de la personalidad de los menores
o incapaces, los sujetos que introduzcan o presenten ese tipo de actos
serán penados con seis meses a un año de prisión. ¿Qué es lo que perturba
la evolución y el desarrollo de la personalidad de los adolescentes?
¿Quién puede decir en qué consiste la pauta, la norma y la evolución de
la psicología y de la personalidad de los adolescentes y puede decir esto
daña, perturba o perjudica y esto no daña, no perturba o no perjudica?
¿Cómo se puede entrar en un campo en el que la batalla científica es una
batalla terrible, inmisericorde, haciendo pender de un hilo tan débil los
juicios y las actuaciones de los tribunales de justicia? «Psicologizar»
los tribunales y los procesos por esta cuestión es un riesgo que no
deberíamos correr, y si hubiéramos sido capaces de tipificar
adecuadamente las conductas que se quieren penar lo habríamos evitado.
Pero el riesgo es evidente.
Por estas razones de fondo y de detalle nosotros mantenemos nuestras
enmiendas y las someteremos a la votación de la Cámara.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Aguilar Belda): Gracias, Senador.
Para turno en contra, la Senadora Vindel tiene la palabra.
La señora VINDEL LOPEZ: Muchas gracias, señor Presidente.
Senador Iglesias, déjame que empiece con una opinión personal que voy a
manifestar ante todas sus señorías: yo no soy excesivamente partidaria
del matrimonio, y me refiero al matrimonio entre personas mayores de
edad, capaces y responsables, evidentemente. No le digo ya lo que me
parece el matrimonio de un menor de 14 por mucha autorización del juez
que tenga. Efectivamente, a pesar de ello, su señoría tiene razón: con 14
años uno se puede casar. Cosa distinta es lo que haga.
Señoría, no se extrañe y no me agradezca estas últimas transaccionales.
El texto sale ganando, pero refleja varias cosas: en primer lugar, el
talante de este grupo parlamentario. (El señor Rojo García: Y el de
éste.) No, reflejan el de éste (Señalando los escaños del Grupo
Parlamentario Popular.) aceptando los criterios que se dieron en Comisión
y reflexionando. En segundo lugar refleja que es muy lamentable que el
talante de este Grupo Parlamentario, que cuando debatíamos el Código
Penal en 1995 era el minoritario-mayoritario, no tuviera en ustedes el
reflejo y la aceptación que ha tenido esta enmienda de la cual hablamos
el otro día, porque seguramente, señorías, señor Presidente, hoy no
estaríamos debatiendo esta modificación del Título VIII en cuanto a la
libertad sexual. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario
Popular.)
Voy a intentar hacer un turno en contra en conjunto de las enmiendas que
acaban de defender tanto el Senador Nieto como el Senador Iglesias,
pertenecientes a los grupos Mixto y Socialista.
Al comienzo del debate se ha dicho que este proyecto de ley responde a
dos iniciativas que se aprobaron por unanimidad en 1996 y en 1997, que
venían a instar al Gobierno a presentar un proyecto de ley de revisión de
tipos penales que garantizaran adecuadamente una auténtica protección de
la integridad y de la libertad sexual de los menores e incapaces. A estas
dos iniciativas se unían varias recomendaciones, una del Defensor del
Pueblo, una resolución del Consejo de Europa, la acción común adaptada
por el Consejo de la Unión Europea y, por último, los requerimientos de
la sociedad española, francamente alarmada ante la disminución de la
protección jurídica efectiva en los delitos contra la libertad sexual del
vigente Código Penal.
Es cierto, como decía el Senador Prada, que el proyecto es novedoso
porque incorpora determinadas actuaciones delictivas, que no aparecían
reguladas, y es coherente al mismo tiempo porque modifica el contenido de
algunos delitos contra la libertad sexual, especialmente de los menores.
Hasta ahora existían deficiencias en la protección penal de la libertad
sexual que se proyectaban con particular intensidad en relación con los
miembros de la sociedad más vulnerables, más necesitados de protección,
como son los menores, y que con este texto se intentan corregir.
El proyecto, pues, es una defensa de los derechos fundamentales, una
garantía de su ejercicio y de su protección, impulsado por
recomendaciones internacionales, por tratados, por informes de órganos
constitucionales y, por lo tanto, quiero negar desde este momento que
tenga nada que ver con la imposición de morales determinadas que, dicho
sea de paso y a estas alturas, señorías, me parece un debate trasnochado
y francamente superado.
En líneas generales, y aunque luego me detendré en algunas de ellas, las
enmiendas que acaban de ser defendidas giran sobre tres cuestiones: la
introducción del término indemnidad, la elevación de la edad, a efectos
del consentimiento, de doce a trece años, y la recuperación para el
Código del delito de corrupción de menores.
Como ya tuve oportunidad de manifestar durante el debate en Comisión, la
referencia a la indemnidad sexual que aparece en el artículo primero no
hace referencia en ningún momento ni a la honestidad ni a la moral
sexual, sino al libre desarrollo de la personalidad del menor, que es un
bien jurídico constitucionalmente protegido, al igual que su propia
libertad. Indemnidad es el estado o situación del que está libre de
padecer daño o perjuicio, y ya que hablamos de menores, indemnidad sexual
equivale, por lo tanto,
al desarrollo de la personalidad en los aspectos sexuales del menor y,
por consiguiente, al de su libertad para ejercerla.
Yo comprendo que puede causar una cierta aprensión o, si lo prefieren,
una cierta cautela introducir conceptos nuevos en el Código Penal, pero
tengan en cuenta, señorías, que estamos legislando, como muy bien decía
el Senador Prada, para el próximo siglo, y que aun cuando el Código
Penal, sea la época que sea, siempre será un catálogo de miserias,
conviene ir abriéndose a las innovaciones, pero manteniendo siempre un
alto nivel de protección.
La acción común se refiere a la trata de seres humanos y explotación
sexual de niños, y nos ha reclamado la revisión de las legislaciones
penales internas para garantizar que los delitos de abusos sexuales o
trata con fines de explotación sexual de los que sean víctimas tanto los
menores como los adultos se castiguen con penas eficaces, con penas
disuasorias y con penas proporcionadas, penas que han de ser, al menos en
los casos graves, según la propia acción común, privativas de libertad y
de entidad suficiente.
Independientemente de la disminución de la condena por razón de la edad,
a la que también me referiré después, fue el propio Defensor del Pueblo
el que solicitó, junto con el Consejo de la Unión Europea, la elevación
de la edad de doce años, como estaba y está todavía en el Código Penal
vigente, a trece años. Porque, señor Presidente, un menor de doce años no
puede dar su consentimiento a una determinada actividad sexual que,
sinceramente, no va a potenciar su libertad sexual sino que, muy al
contrario, va a facilitar la actuación de bandas organizadas y de
pedófilos. Tengan por seguro, señorías, que estas bandas organizadas y
estos individuos pueden buscar varias cosas: seguramente satisfacer sus
perversiones sexuales y sus necesidades económicas, pero, desde luego,
nunca --nunca-- potenciar la libertad sexual del menor ni la del incapaz.
La gran enmienda: corrupción de menores. El delito de corrupción de
menores significa incorporar al menor a una actividad sexual envilecedora
y degradante; incorporarle a una actividad sexual depravada, que va a
atacar su libertad sexual de tal manera que, cuando se desarrolle como
persona, va a tener auténticas limitaciones en su orientación sexual. Con
su vuelta al Código Penal, estamos permitiendo de forma efectiva la
adecuada sanción de conductas, que no se agotan en un ataque aislado a la
libertad sexual del menor, sino que por su propia intensidad, su
persistencia o su continuidad pueden alterar el proceso normal de
formación o el desarrollo de la personalidad del menor.
Esta reforma --ya se lo decía-- protege a los menores y adolescentes
frente a los ataques sexuales no consentidos o, si se prefiere, frente a
las conductas que, de manera más directa, impiden la libre determinación
de los jóvenes en materia sexual. En el Código Penal siempre se ha
distinguido entre prostitución y corrupción de menores, y la definición
de lo que contiene el artículo 189, en su número 3, objeto de enmiendas,
no es en absoluto un concepto moral: era y es un delito, como muy bien
dice el Tribunal Supremo. Yo creo sinceramente, señorías, que fue una
grave equivocación eliminar el delito de corrupción de menores del actual
Código Penal por unos tics de tintes progresistas. ¿Por qué? Porque
supuso una disminución inmediata en la protección de los menores.
Su reintroducción en el Código, a menos de tres años de su entrada en
vigor, la ha solicitado el Defensor del Pueblo en su informe de 1996 que,
al hacerse eco de diversas quejas en las que un colectivo de padres y
varias asociaciones de mujeres juristas manifestaban que los hechos que
se tipificaban en el vigente artículo 181 no guardaban proporción con la
pena que se impone a los mismos, recomendaba, y cito textualmente, que se
sancionen adecuadamente tales conductas sin que el tener 12 o más años
suponga, cuando se es víctima del delito de corrupción de menores, una
disminución de la pena en los términos en los que aparece actualmente.
Fin de la cita.
Su reintroducción en el Código también la ha solicitado, señor
Presidente, señorías, don Javier Urra, el Defensor del Menor en la
Comunidad de Madrid. Y como último argumento de autoridad, también lo han
hecho los miembros de la Sala Segunda del Tribunal Supremo en dos
sentencias. El 16 de septiembre de 1996 manifiestan la necesidad de fijar
de nuevo el delito de corrupción de menores porque existe una laguna
legal.
La demostración más palpable de la grave equivocación que se cometió en
1995 con la desaparición del delito de corrupción de menores data,
precisamente, de esa fecha. La Audiencia de Madrid condenó por un delito
de corrupción de menores a cuatro años, nueve meses, 11 días y una multa
de más de 300.000 pesetas. ¿Quieren saber qué conducta se sancionaba?
Pido perdón porque les cito textualmente el testimonio de la sentencia.
La conducta sancionada era la siguiente: El acusado acariciaba y besaba
los senos y los órganos genitales cada vez con más frecuencia de una hija
suya de 12 años de edad, llegando, incluso, en alguna ocasión a
introducirle los dedos en éstos.
Tan repugnantes actos fueron inicialmente condenados por la Audiencia de
Madrid, ya les digo que a cuatro años, nueve meses, 11 días y más de
300.000 pesetas de multa. Se recurrió ante el Tribunal Supremo y en
aplicación del nuevo Código Penal se anuló la sentencia inicial y se
condenó al autor de esos repugnantes actos a 10 meses de multa con una
cuota diaria de 1.000 pesetas.
No queremos que sentencias como ésta puedan volver a repetirse, señorías.
No lo queremos. Espero que con estos ejemplos haya quedado lo
suficientemente claro por qué en el Grupo Parlamentario Popular creemos
que debe volver al Código Penal, de donde nunca debió salir, el delito de
corrupción de menores.
Señor Presidente, quisiera ahora referirme al resto de las enmiendas
presentadas por el Grupo Parlamentario Socialista a este proyecto. Nunca,
desde luego, ni mi Grupo ni yo misma hemos discutido el perfecto
reglamentario que asiste a cada Grupo de presentar las enmiendas que
considere oportunas, pero cosa distinta, señorías, es la discusión sobre
su contenido. Y sobre este punto sí quiero decirles que en las enmiendas
socialistas que han llegado vivas a este trámite ni tan siquiera se
plantean textos alternativos a los artículos comprendidos en este título.
Todas ellas son de supresión y, por lo tanto, de vuelta al texto del
Código Penal vigente que se pretende modificar --no lo olvidemos-- por un
mandato unánime producido en el 96 y en el 97 en el Congreso de los
Diputados.
En conjunto, señorías, ni más ni menos lo que vienen a hacer es ensalzar
o justificar los criterios del Código Penal que ahora se reforma. Así,
nos encontramos con trece enmiendas de las cuales, señorías, casi la
mitad son de supresión a secas, tres de supresión por modificación, dos
de modificación por supresión y tan sólo dos, verdaderamente, son de
sustitución por otro texto.
El Grupo Parlamentario Socialista --vamos a decirlo claro-- no quiere que
se incluya el término violación porque dice que no aporta nada, que
perturba y que no tiene nada que ver, señorías, con la libertad sexual.
Déjenme que les cite un ejemplo. Con el nuevo Código Penal, el del 95, se
empeñaron en que desapareciera la expresión violación. Es decir, llevamos
cuatro años en que la violación a efectos penales no existe. ¿Se han
preguntado ustedes qué concepto tiene la opinión pública, si ya se le ha
olvidado la violación?
Déjenme que les muestre un ejemplo: Hace cuatro años desapareció esa
expresión del Código Penal. Titular de «El País» de fecha 16 de marzo del
99, es decir de hace ocho días: «La vista contra dos condenados por
violar a dos niñas». No existe esa conducta y, sin embargo, tanto la
opinión pública como la prensa la sigue reflejando y, desde luego, la
gente de la calle. Por lo tanto, lo perturbador en este caso es que haya
desaparecido del Código y no que se vuelva a incluir.
Pero es más. El Grupo Socialista no quiere que se agraven las penas
cuando hechos tan repugnantes como las agresiones sexuales se cometen por
dos o más personas en vez de cometerse por tres, como hasta ahora, o
cuando se hace uso de armas y, desde luego, cuando se cometen sobre
menores de trece años.
El Grupo Socialista, señorías, tampoco quiere que en caso de abusos
sexuales se eleve la pena de prisión hasta tres años y la multa hasta los
24 meses, volviendo a incluir el arresto de fin de semana. Tampoco le
gustan a este Grupo los nuevos apartados que definen el acoso sexual,
reivindicación, por cierto, de múltiples colectivos y asociaciones de
mujeres. Y la misma suerte corren para el Grupo Socialista las nuevas
penas más elevadas que se asignan, tanto a la exhibición obscena ante
menores de edad o incapaces, como a la venta, difusión o exhibición de
material pornográfico entre menores, porque considera dicho Grupo que las
conductas descritas son de menor entidad que el llamado derecho penal
sexual, olvidando que estamos, señor Presidente, ante un proyecto que lo
que precisamente busca es aumentar la protección penal de los menores
que, además, es lo que nos ha reclamado la Unión Europea.
Y finalmente, no me resisto a citar la última modificación, que, también
por la vía de la supresión, naturalmente, pretende que desaparezca el
término «corrupción» del artículo 189. Pero este empeño del Grupo
Parlamentario Socialista hace que sea imposible la actuación del
Ministerio Fiscal en un caso concreto, cual es que se pueda privar de la
patria potestad y tutela a aquella persona que, teniendo bajo su
potestad, tutela, guarda o acogimiento a un menor, y conociendo que está
inmerso en una situación perversa y depravada, no hace nada por poner fin
a la misma. Por tanto, tal y como pretende el Grupo fiscal tan sólo puede
privar de la patria potestad a esa persona cuando ésta conoce, cuando
sabe que el menor está siendo prostituido, pero no puede privarle de la
patria potestad cuando la persona no actúa en evitación de ello.
Señorías, si éste es su modelo de protección de menores, como diría un
castizo de mi tierra, que venga Dios y lo vea. Cualquier parecido con lo
que ustedes votaron de forma unánime junto con el resto de los Grupos en
el Congreso de los Diputados es una pura quimera.
Este proyecto responde, señor Presidente, a la política criminal europea
en materia de delitos sexuales. Las penas que en él se contemplan son
adecuadas, son eficaces y son proporcionadas y confiamos en que, desde
luego, sean más disuasorias. Como ya dicho, este proyecto persigue
aumentar la protección jurídica de la libertad sexual de los menores y,
naturalmente, votaremos en contra de las enmiendas socialistas.
Pero déjenme que acabe este turno diciéndoles que he tenido ocasión de
repasar el debate que sobre el Código Penal realizamos aquí hace casi
cuatro años, en el año 1995. ¡Qué tristeza, señorías! Yo acababa diciendo
en aquel debate que les animaba a ser coherentes. Es una pena que cuatro
años después sigan ustedes en las mismas y les tenga que volver a pedir
coherencia. Voten lo mismo que votaron en las proposiciones de ley y no
de ley del Congreso de los Diputados.
Nada más, señor Presidente. Muchas gracias. (Aplausos en los escaños del
Grupo Parlamentario Popular.) El señor VICEPRESIDENTE (Aguilar Belda):
Gracias, Senadora Vindel.
Entramos en turno de portavoces.
¿Desea hacer uso de la palabra el Senador Nieto? (Pausa.) ¿Grupo
Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos? (Pausa.) Por el Grupo
Parlamentario Catalán en el Senado de Convergencia i Unió tiene la
palabra el Senador Capdevila.
El señor CAPDEVILA I BAS: Gracias, señor Presidente.
Quiero dejar constancia muy brevemente de la posición favorable a este
proyecto de ley por parte de nuestro Grupo Parlamentario, así como del
rechazo a las enmiendas que se mantienen vivas en este Pleno.
Creo que toda posibilidad de consenso se ha agotado, incluso cuando,
estando en pleno debate en el Pleno, valga la redundancia, se admitían
una serie de sugerencias del propio Grupo Parlamentario Socialista.
Entendemos que hemos buscado las mejoras técnicas que cabían para este
proyecto y sin ninguna reticencia política. Por eso mismo consideramos
que el proyecto de ley que va a salir de esta Cámara sale muy reformado y
con una base jurídica muy buena.
Haré a continuación unas simples referencias a las enmiendas presentadas
por el Grupo Parlamentario Socialista. En cuanto al desarrollo de la
personalidad y la corrupción, entendemos, tal y como han manifestado el
Senador Prada y la señora Vindel, que se trata de conceptos jurídicos.
Por otro lado, consideramos que no son conceptos morales sino que más
bien se trata de conceptos referidos a derechos constitucionales que, por
consiguiente, merecen todo tipo de protección.
En segundo lugar, también estoy de acuerdo con las alegaciones del
Senador Prada, en cuanto a que los ejemplos que ha puesto de manifiesto
el Senador Iglesias en este debate no tienen prácticamente nada que ver
con el texto que se está discutiendo. Entendemos que la penalidad no
privativa de libertad que se propugna no tiene el sentido que persigue la
propia reforma, cual es disuadir a los infractores, lo que, además, se
hace siguiendo las sugerencias --cómo no-- de la Asamblea Palamentaria de
la Comisión Europea, que así nos lo ha recomendado. Es decir, se propone
una mayor tipificación de estos actos y una mayor penalidad.
En cuanto a la violación, entendemos que está debidamente definida en la
reforma. El artículo 178 define la agresión sexual, que viene
caracterizada precisamente por esa violencia o intimidación. Son
conceptos o características que ya contemplaba el antiguo Código Penal.
Por tanto, el artículo 180 agrava esa situación y define la conducta de
violación con una serie de actos que se recogen perfectamente. Respecto a
la penalidad, entendemos que existe una buena relación en la reforma y,
por tanto, los actos punitivos lo son sobre hechos cualificados y muy
graves, por lo que merecen esa penalidad más grave.
Por lo que se refiere a la diferenciación entre mayores y capaces sin
consentimiento, entendemos, Senador Iglesias, que está debidamente
contemplada en la reforma, y que precisamente ese consentimiento se
obtiene por la vía de la superioridad. No se trata del mismo supuesto, y
no se establece la misma pena. Véase, repito, el contenido del artículo
178, que contempla la agresión sexual, con pena de uno a cuatro años, y
la violación, establecida en el artículo 180, con una mayor penalidad.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Aguilar Belda): Gracias, Senador Capdevila.
¿Grupo Socialista? (Pausa.) ¿Grupo Popular? (Pausa.) Terminado el debate,
vamos a proceder a la votación.
En primer lugar, pasamos a votar las enmiendas números 7 a 10, ambas
inclusive, del señor Nieto Cicuéndez.
Se inicia la votación. (Pausa.) Efectuada la votación, dio el siguiente
resultado: Votos emitidos, 195; a favor, 72; en contra, 123.
El señor VICEPRESIDENTE (Aguilar Belda): Quedan rechazadas.
Votamos a continuación las enmiendas números 29 y 30, del Grupo
Parlamentario Mixto, suscritas por el Senador Ríos.
Se inicia la votación. (Pausa.) Efectuada la votación, dio el siguiente
resultado: Votos emitidos, 195; a favor, 71; en contra, 123;
abstenciones, una.
El señor VICEPRESIDENTE (Aguilar Belda): Quedan rechazadas.
Sometemos a votación las enmiendas números 12 a 23 y 24, sólo en los
puntos 12 y 13, y 28, del Grupo Parlamentario Socialista.
Se inicia la votación. (Pausa.) Efectuada la votación, dio el siguiente
resultado: Votos emitidos, 193; a favor, 71; en contra, 122.
El señor VICEPRESIDENTE (Aguilar Belda): Quedan rechazadas.
Hay nueve propuestas de modificación del dictamen firmadas por los
portavoces de todos los grupos parlamentarios. ¿Se pueden aprobar por
asentimiento? (El señor Aleu i Jornet pide la palabra.) El señor
VICEPRESIDENTE (Aguilar Belda): Tiene la palabra el señor Aleu i Jornet.
El señor ALEU I JORNET: Muchas gracias, señor Presidente. Nuestro Grupo
ha firmado para que se pudiese tramitar la enmienda de modificación, que
hace referencia al artículo 189.1 bis y que tiene el registro 58.238.
Desearíamos que se votase aparte de las demás.
El señor VICEPRESIDENTE (Aguilar Belda): Votamos a continuación la
enmienda al artículo 189.1 bis, con registro 58.238.
Se inicia la votación. (Pausa.) Efectuada la votación, dio el siguiente
resultado: Votos emitidos, 194; a favor, 122; en contra, 70;
abstenciones, dos.
El señor VICEPRESIDENTE (Aguilar Belda): Queda aprobada.
¿Podemos votar conjuntamente el resto de las propuestas de modificación
del dictamen y aprobarlas por asentimiento? (Pausa.) Quedan aprobadas por
asentimiento.
Pasamos a votar el dictamen. En primer lugar, votamos el artículo segundo
en lo que se refiere a los artículos 178 y 187, el artículo tercero,
apartado uno, y los artículos cuarto y quinto.
Se inicia la votación. (Pausa.) Efectuada la votación, dio el siguiente
resultado: Votos emitidos, 195; a favor, 193; abstenciones, dos.
El señor VICEPRESIDENTE (Aguilar Belda): Quedan aprobados.
A continuación, votamos el resto del dictamen.
Se inicia la votación. (Pausa.) Efectuada la votación, dio el siguiente
resultado: Votos emitidos, 194; a favor, 123; en contra, 70;
abstenciones, una.
El señor VICEPRESIDENTE (Aguilar Belda): Quedan aprobados.
Tal y como dispone el artículo 90 de la Constitución se dará traslado de
las enmiendas aprobadas por el Senado al Congreso de los Diputados para
que éste se pronuncie sobre las mismas en forma previa a la sanción del
texto definitivo por Su Majestad el Rey.
TOMA EN CONSIDERACION DE PROPOSICIONES DE LEY DEL SENADO:
--PROPOSICION DE LEY PARA LA ASISTENCIA Y AMPARO DE LOS ESPAÑOLES
PRIVADOS DE LIBERTAD EN EL EXTRANJERO. AUTOR: GRUPO PARLAMENTARIO
SOCIALISTA (622/000015).
El señor VICEPRESIDENTE (Aguilar Belda): A continuación, pasamos a
debatir el punto quinto del orden del día, toma en consideración de
proposiciones de ley del Senado. Proposición de ley del Grupo Parlamento
Socialista para la asistencia y amparo de los españoles privados de
libertad en el extranjero, publicado en el «Boletín Oficial de las Cortes
Generales», Senado, Serie III-A, número 15, de fecha 26 de febrero de
1999. No se ha presentado ninguna propuesta.
En turno a favor, tiene la palabra el Senador Díez González.
El señor DIEZ GONZALEZ: Muchas gracias, señor Presidente.
Señorías, la toma en consideración de una proposición de ley en sí mismo
supone, por el trámite parlamentario y lo establecido en los Reglamentos
tanto del Congreso de los Diputados como del Senado, la búsqueda del
consenso ya que, evidentemente, ese debate hace que tanto en Ponencia
como en Comisión y en Pleno puedan manifestarse los grupos parlamentarios
y, por supuesto, introducir las enmiendas correspondientes, así como
modificar en origen esa proposición de ley, repito, en la búsqueda del
acuerdo adecuado a la misma. (Rumores.)
El tema que nos ocupa, y que ha hecho posible que el Grupo Parlamentario
Socialista presentase esta proposición de ley, afecta a muchos ciudadanos
españoles. El Grupo Parlamentario Socialista está por llegar a un acuerdo
con el resto de los grupos parlamentarios representados en esta Cámara.
De esta forma lo ha venido haciendo en el origen de la proposición cuando
en los meses de mayo y junio del pasado año discutimos una interpelación
al Gobierno y presentamos una moción consecuencia de esa interpelación...
El señor VICEPRESIDENTE (Aguilar Belda): Senador Díez un momento. Ruego
silencio a sus señorías. Hay un Senador en el uso de la palabra y no se
le puede escuchar por el murmullo que hay en la sala.
El señor DIEZ GONZALEZ: Muchas gracias, señor Presidente. (Rumores.)
El señor VICEPRESIDENTE (Aguilar Belda): Senador Díez, espere un momento.
Ruego silencio a sus señorías. Si tienen que hablar salgan fuera del
hemiciclo.
Puede continuar, señor Díez González.
El señor DIEZ GONZALEZ: Muchas gracias, señor Presidente. Decíamos que la
esencia de esta proposición de ley nace de la discusión de la moción
consecuencia de la interpelación que tuvimos la ocasión de votar en el
pasado mes de junio. Ya entonces el Grupo Parlamentario Socialista
anunció la presentación de esta proposición de ley. Todos los grupos
parlamentarios presentes en aquel debate aceptamos esa hipótesis de
trabajo como una hipótesis razonable, y hoy contamos con esta proposición
que se publicó el pasado 26 de febrero en el «Boletín Oficial de las
Cortes Generales», Senado, y a la que no se ha presentado ninguna
propuesta alternativa.
Sin embargo, el Grupo Parlamentario Popular nos propuso hace un par de
días, a la vista del contenido de la misma y del interés que dicho Grupo
tenía en esta proposición y en la esencia de la discusión de la misma,
hablar con el resto de los grupos parlamentarios para ver si existe la
posibilidad de presentar conjuntamente una proposición de ley avalada por
los cinco grupos parlamentarios presentes hoy en esta Cámara.
El Grupo Parlamentario Socialista, en aras a la búsqueda del consenso y
del acuerdo en un asunto de indudable interés e importancia, un asunto
que consideramos de Estado, desearía que el aval de todos los grupos
pudiera hacer posible el trámite parlamentario y que el acuerdo llegase a
que este asunto pudiese resolver los problemas planteados en la
proposición de ley, y no tiene inconveniente en darse un plazo de dos o
tres semanas para que conjuntamente estudiemos la proposición y podamos
conseguir presentar en esta Cámara una proposición avalada por los cinco
grupos parlamentarios para iniciar el trámite ordinario que los
Reglamentos del Senado y del Congreso establecen al respecto.
El ánimo del Grupo Parlamentario Socialista está en ese acuerdo que hemos
mantenido siempre, que ha hecho posible que desde hace muchos meses el
portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, Juan José Laborda, tuviese
una reunión con el Ministro de Asuntos Exteriores, que hayamos discutido
mociones de este interés y que hayamos tenido acuerdos previamente. Muy
recientemente, una delegación de esta Cámara ha hecho gestiones para
resolver asuntos que, de alguna manera, están tratados en esta
proposición.
Desde ese entendimiento, desde el conocimiento que tenemos de la
posibilidad para llegar a un acuerdo y a un consenso, el Grupo
Socialista, sin renunciar, evidentemente, a la esencia que esta
proposición de ley tiene, propone a la Cámara, a la Presidencia, el
aplazamiento de esta
discusión en aras de buscar ese consenso que se ha demandado, no
solamente por el Grupo Parlamentario Popular, sino por el resto de los
grupos de la Cámara.
Nada más, señor Presidente; muchas gracias.
E1 señor VICEPRESIDENTE (Aguilar Belda): Gracias, Senador.
¿Turno en contra? (Pausa.)
Abrimos un turno de portavoces.
Por el Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra el Senador Nieto.
El señor NIETO CICUENDEZ: Señorías, con brevedad, y desde el escaño, debo
manifestar, en primer lugar, mi alegría ante la sensibilidad que existe
en un tema de esta envergadura y el intento de que sea una cuestión lo
más consensuada posible, ya que lo lógico sería que un tema de esta
naturaleza fuese consensuado por todos los grupos de la Cámara.
Por lo tanto, de entrada debo manifestar mi apoyo a esta iniciativa y a
que nos demos ese plazo y busquemos el consenso entre todos los grupos
parlamentarios de la Cámara. El Grupo Parlamentario Mixto, y este Senador
en concreto, está autorizado para buscar ese consenso. Consideramos que
estos temas deben trascender la política partidaria, menuda y de corto
alcance, y deben ser políticas globales, políticas de Estado. En
definitiva, debemos ser capaces de elaborar un texto, que incluso le
vendría bien al Senado, para que esta Cámara aparezca como una Cámara
legislativa capaz de establecer un marco y un consenso para elaborar una
ley como la que propone en este caso el Senador Díez a través del Grupo
Parlamentario Socialista.
Nada más y muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Aguilar Belda): Gracias, Senador Díez.
Por el Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos, tiene la
palabra el Senador Caballero Lasquibar.
El señor CABALLERO LASQUIBAR: Gracias, señor Presidente.
Intervengo solamente para felicitar, primero, al Senador Díez, por su
generosidad al retirar esta propuesta y proponer la búsqueda de un
consenso, puesto que realmente la materia lo exige. Estoy de acuerdo en
que es un tema de Estado, que el Estado debe contemplar porque afecta al
ser humano, a su familia, en un contexto de un drama que, por desgracia,
viven un montón de personas en el extranjero.
También debo señalar al señor Díez que nuestro Grupo intentará por todos
los medios alcanzar el consenso que todos deseamos.
Nada más y muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Aguilar Belda): Gracias, señor Caballero.
Por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergencia i Unió,
tiene la palabra el Senador Carrera. (Rumores.) Ruego de nuevo a sus
señorías guarden silencio.
Señoría, puede iniciar su intervención.
El señor CARRERA I COMES: Muchas gracias, señor Presidente. También con
brevedad y en línea con las intervenciones habidas por parte del resto de
portavoces, debo manifestar, Senador Díez, que nos congratula la
reconducción de su iniciativa. Si siempre es interesante y positivo
intentar el consenso, muchísimo más y de una manera definitiva cuando se
trata de cuestiones como esta proposición de ley. Su señoría tenía la
oportunidad y el derecho a defender y a mantener su propuesta con el
consiguiente debate, y así podía hacerlo. Nuestro grupo apoya su decisión
final y, sin duda, asume el compromiso de colaborar en los trabajos con
las aportaciones necesarias para intentar un texto final consensuado. El
tema lo requiere y no dudo que la voluntad de todos los grupos también.
Por cierto, nos sumamos también nosotros al seguimiento y control para
que se acote al tiempo prudencial lo que puede ser el debate posterior.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Aguilar Belda): Gracias, Senador Carrera.
Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el Senador Jaén.
El señor JAEN PALACIOS: Muchas gracias, señor Presidente.
Señorías, mis primeras palabras han de ser también para sumarme a esta
postura, yo creo que de agradecer, del Grupo Parlamentario Socialista y
de su portavoz, de retirar esta de proposición de ley y de que entre
todos los grupos podamos aportar un texto en el cual estemos de acuerdo.
El tema lo requiere; es un tema de interés que afecta prácticamente a un
millar y medio de personas, a unas mil quinientas familias, por
redondear. No obstante, debemos ser reflexivos para saber qué contenido
hemos de hacer, qué medidas aportar, qué estudio comparado existe al
respecto y, desde luego, estaremos en esas reuniones de trabajo con un
tono de aportación constructiva, para así solventar un problema como
éste, que afecta a compatriotas que cumplen condena o están detenidos
fuera de España.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Aguilar Belda): Gracias, Senador Jaén.
Esta Presidencia entiende que la proposición de ley no ha sido retirada,
sino que lo que se pide es el aplazamiento. La figura parlamentaria del
aplazamiento no existe en el Reglamento, pero si hubiera consenso en la
Cámara para el aplazamiento del debate, no para la retirada de la
proposición de ley, si todos los portavoces se manifiestan de acuerdo y
por asentimiento así me lo manifiestan, quedaría aplazado el debate.
¿Puede quedar aplazado el debate a posteriori? (Pausa.) Así se aprueba,
por asentimiento. (El señor Utrera Mora pide la palabra.) Terminado el
punto quinto del orden del día..
Tiene la palabra, Senador Utrera.
El señor UTRERA MORA: Muchas gracias, señor Presidente.
Nosotros habíamos entendido que esta proposición se retiraba a la espera
de suscribir una por todos los grupos parlamentarios, que sería
presentada en el plazo más breve posible, pero partimos de la base de que
ésta se retira.
El señor VICEPRESIDENTE (Aguilar Belda): Senador Utrera, yo he creído
entender, por la intervención de otros portavoces, que efectivamente se
suscribiría una por todos los grupos parlamentarios que reavivara el
debate que aquí se ha tenido; es decir, que sería un aplazamiento de ese
debate, pero con un texto suscrito por todos los grupos parlamentarios.
(El señor Aleu i Jornet pide la palabra.)
Tiene la palabra, Senador Aleu.
El señor ALEU I JORNET: Muchas gracias, señor Presidente.
Lo que nuestro grupo entendía es que dejábamos de debatirlo en este pleno
para, entre éste y el pleno siguiente, buscar un texto acordado entre
todos los grupos, pero desde luego nuestro grupo en ningún momento está
dispuesto a retirarlo, sin llegar previamente al acuerdo, y esto es lo
que se comunicó y lo que entendimos.
El señor VICEPRESIDENTE (Aguilar Belda): Gracias, Senador Aleu. (El señor
Carrera i Comes pide la palabra.) Tiene la palabra, Senador Carrera.
El señor CARRERA I COMES: Muchas gracias, señor Presidente.
No sé cómo podríamos llegar a la conclusión final de este debate. El
espíritu y la voluntad de todos los grupos, no sé si haciendo constar que
se retira o no, vista la posición del Grupo Parlamentario Socialista, es
que sí habrá necesidad de un nuevo texto, y que eso se articule como sea.
Yo le comentaba al proponente de la iniciativa, Senador Díez, que si
transcurrido este tiempo prudencial, no llegábamos a un acuerdo para
presentar un nuevo texto, tenían la oportunidad de volver a presentar
esta iniciativa.
Por lo tanto, señor Presidente, no sé cuál puede ser el encaje final.
El señor VICEPRESIDENTE (Aguilar Belda): La Presidencia ha entendido --no
sé si también el resto de los portavoces-- que se pospone el debate de
esta proposición de ley hasta tanto se llegue al acuerdo de un texto por
todos los grupos parlamentarios, y en el supuesto de que no se llegara a
ese acuerdo, por supuesto el grupo proponente tendría la posibilidad de
traer a debate el texto de su proposición de ley. (El señor Albistur
Marin pide la palabra.) Tiene la palabra el señor Albistur.
El señor ALBISTUR MARIN: Perfectamente, señor Presidente. Nosotros lo
entendemos textualmente como usted lo ha dicho.
El señor VICEPRESIDENTE (Aguilar Belda): Por el Grupo Parlamentario
Popular, tiene la palabra el señor Utrera.
El señor UTRERA MORA: Para nosotros es aceptable esta proposición. De
todas maneras, indicamos nuestra sorpresa, porque lo que hacemos constar
en este momento es que nuestro apoyo será al nuevo texto que se redacte
de común acuerdo con todos los grupos y en modo alguno a éste que queda
aplazado --no sabemos exactamente en qué situación.
El señor VICEPRESIDENTE (Aguilar Belda): Vuelvo a repetir, porque no sé
si así interpreto el sentimiento de todos los portavoces.
Se pospone el debate de esta proposición de ley en aras de la búsqueda de
un nuevo texto consensuado por todos los grupos. En el supuesto de que no
se llegara a ese tipo de consenso, el grupo proponente tendrá la
oportunidad de traer a debate la proposición de ley.
Por favor, atiendan porque veo que estamos disminuidos en la Cámara y a
la hora de decirles el comienzo de la sesión de mañana será preciso que
lo transmitan a sus compañeros.
Se suspende la sesión y mañana comienza a las nueve y media, igual que
hoy.
Muchas gracias.
Eran las veinte horas y quince minutos.