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DS. Senado, Pleno, núm. 93, de 23/06/1998
CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL
SENADO
Año 1998 VI Legislatura
Núm. 93
PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. JUAN IGNACIO BARRERO VALVERDE
Sesión del Pleno
celebrada el martes, 23 de junio de 1998
ORDEN DEL DIA:
Primero
Lectura y aprobación, si procede, de las Actas de las sesiones
anteriores, celebradas los pasados día 9, 10 y 11 de junio de 1998.
Primero bis
Informe del Defensor del Pueblo correspondiente a la gestión realizada
durante el año 1997 (publicado en el «Boletín Oficial de las Cortes
Generales», Sección Cortes Generales, número 213, de 29 de mayo de 1998)
(Número de expediente S. 780/000003) (Número de expediente C. D.
260/000003).
Segundo
Mociones consecuencia de interpelación:
--Del Grupo Parlamentario Mixto, por la que se insta al Gobierno a que, a
la mayor brevedad, y en todo caso para su aprobación durante el próximo
período de sesiones, presente a las Cortes Generales un proyecto de ley
reguladora de la participación de las Comunidades Autónomas en la
política exterior del Estado; y a que envíe, a través de la Comisión
General de las Comunidades Autónomas, información previa en la
elaboración de los tratados y convenios internacionales y en las
negociaciones de adhesión a los mismos en las materias que afecten a sus
respectivos y específicos intereses (publicada en el «Boletín Oficial de
las Cortes Generales», Senado, Serie I, número 506, de fecha 22 de junio
de 1998) (Número de expediente 671/000047).
--Del Grupo Parlamentario Socialista, por la que se insta al Gobierno a
la adopción de determinadas medidas para paliar los daños ocasionados por
los temporales de lluvia e inundaciones sucedidos durante los meses de
noviembre y diciembre de 1997 y principios de 1998 en la Comunidad
Autónoma de Andalucía y, particularmente, en las localidades de Ecija y
Camas (Sevilla) (publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes
Generales», Senado, Serie I, número 506, de fecha 22 de junio de 1998)
(Número de expediente 671/000048).
Tercero
Mociones:
--Del Grupo Parlamentario Popular en el Senado por la que se insta al
Gobierno a que establezca, en coordinación con las Comunidades Autónomas,
objetivos dirigidos a reducir la incidencia y severidad del cáncer, la
osteoporosis y la depresión en las mujeres, fundamentalmente de mediana y
avanzada edad, y desarrolle políticas de salud para mantener la calidad
de vida de las mujeres de edad avanzada (publicada en el «Boletín Oficial
de las Cortes Generales», Senado, Serie I, número 506, de fecha 22 de
junio de 1998) (Número de expediente 662/000128).
--Del Grupo Parlamento Socialista por la que insta al Gobierno a elaborar
y poner en práctica un plan especial para fomentar el empleo de las
mujeres, en colaboración con las Comunidades Autónomas, y a aumentar las
medidas específicas adicionales y las políticas activas de empleo para
las mujeres, en el marco del Plan Nacional de Acción para el Empleo
aprobado recientemente por el Consejo de Ministros (publicada en el
«Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie I, número 506,
de fecha 22 de junio de 1998) (Número de expediente 662/000127).
Cuarto
Conocimiento por el Pleno de Tratados y Convenios Internacionales
remitidos por el Congreso de los Diputados:
--Protocolo al Tratado del Atlántico Norte sobre la adhesión de la
República de Hungría, hecho en Bruselas el 16 de diciembre de 1997. SE
TRAMITA POR EL PROCEDIMIENTO DE URGENCIA (publicado en el «Boletín
Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie IV, número 165, de fecha
3 de junio de 1998) (Número de expediente S. 610/000165) (Número de
expediente C. D. 110/000170).
--Protocolo al Tratado del Atlántico Norte sobre la adhesión de la
República Checa, hecho en Bruselas el 16 de diciembre de 1997. SE TRAMITA
POR EL PROCEDIMIENTO DE URGENCIA (publicado en el «Boletín Oficial de las
Cortes Generales», Senado, Serie IV, número 166, de fecha 3 de junio de
1998) (Número de expediente S. 610/000166) (Número de expediente C. D.
110/000171).
--Protocolo al Tratado del Atlántico Norte sobre la adhesión de la
República de Polonia, hecho en Bruselas el 16 de diciembre de 1997. SE
TRAMITA POR EL PROCEDIMIENTO DE URGENCIA (publicado en el «Boletín
Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie IV, número 167, de fecha
3 de junio de 1998) (Número de expediente S. 610/000167) (Número de
expediente C. D. 110/000172).
Quinto
Conocimiento directo por el Pleno de Proyectos y Proposiciones de Ley
remitidos por el Congreso de los Diputados:
--Propuesta de reforma del Estatuto de Autonomía de la Comunidad de
Madrid (publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales»,
Senado, Serie III-B, número 23, de fecha 27 de mayo de 1998) (Número de
expediente S. 605/000005) (Número de expediente C. D. 127/000005).
Sexto
Dictámenes de Comisiones sobre Proyectos y Proposiciones de Ley remitidos
por el Congreso de los Diputados:
--De la Comisión de Economía y Hacienda en relación con el Proyecto de
Ley sobre sanciones aplicables a las infracciones de las normas
establecidas en el Reglamento (CE) número 2271/96, del Consejo, de 22 de
noviembre, relativo a la protección frente a la aplicación
extraterritorial de la legislación de un país tercero (publicado en el
«Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie II, número 92,
de fecha 19 de junio de 1998) (Número de expediente S. 621/000092)
(Número de expediente C. D. 121/000103).
--De la Comisión de Defensa en relación con el Proyecto de Ley de
prohibición total de minas antipersonales y armas de efecto similar
(publicado en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie
II, número 93, de fecha 22 de junio de 1998) (Número de expediente S.
621/000093) (Número de expediente C. D. 121/000097).
Séptimo
Dictámenes de la Comisión de Incompatibilidades:
--En relación con el Excmo. Sr. D. Máximo Ramón Díaz-Cano del Rey
(publicado en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie
I, número 497, de fecha 10 de junio de 1998) (Número de expediente
542/000016).
SUMARIO
Se abre la sesión a las dieciséis horas y cinco minutos.
Lectura y aprobación, si procede, de las Actas de las sesiones
anteriores, celebradas los pasados días 9, 10 y 11 de junio de 1998
(Página 4245)
Se aprueban las Actas por asentimiento de la Cámara.
INFORME DEL DEFENSOR DEL PUEBLO CORRESPONDIENTE A LA GESTION REALIZADA
DURANTE EL AÑO 1997 (Página 4245)
El señor Defensor del Pueblo (Alvarez de Miranda y Torres) presenta el
informe. En turno de portavoces, hacen uso de la palabra la señora De
Boneta y Piedra, por el Grupo Mixto, y los señores Caballero Lasquibar,
por el Grupo de Senadores Nacionalistas Vascos; Capdevila i Bas, por el
Grupo Catalán en el Senado de Convergència i Unió; Lavilla Martínez, por
el Grupo Socialista, y Barceló Pérez, por el Grupo Popular.
MOCIONES CONSECUENCIA DE INTERPELACION (Página 4257)
Del Grupo Parlamentario Mixto, por la que se insta al Gobierno a que, a
la mayor brevedad, y en todo caso para su aprobación durante el próximo
período de sesiones, presente a las Cortes Generales un proyecto de ley
reguladora de la participación de las Comunidades Autónomas en la
política exterior del Estado; y a que envíe, a través de la Comisión
General de las Comunidades Autónomas, información previa en la
elaboración de los tratados y convenios internacionales y en las
negociaciones de adhesión a los mismos en las materias que afecten a sus
respectivos y específicos intereses (Página 4257)
El señor Ríos Pérez defiende la moción. El señor Ramírez Pery defiende
una enmienda del Grupo Popular. El señor Ríos Pérez acepta la enmienda en
nombre de su grupo. En turno de portavoces, hacen uso de la palabra los
señores Gangoiti Llaguno, por el Grupo de Senadores Nacionalistas Vascos;
Ferrer i Roca, por el Grupo Catalán en el Senado de Convergència i Unió,
y Pérez García, por el Grupo Socialista.
Se aprueba la moción del Grupo Mixto, con la incorporación de la enmienda
del Grupo Popular, por asentimiento de la Cámara.
Del Grupo Parlamentario Socialista, por la que se insta al Gobierno a la
adopción de determinadas medidas para paliar los daños ocasionados por
los temporales de lluvia e inundaciones sucedidos durante los meses de
noviembre y diciembre de 1997 y principios de 1998 en la Comunidad
Autónoma de Andalucía y, particularmente, en las localidades de Ecija y
Camas (Sevilla) (Página 4261)
La señora Arnáiz de las Revillas García defiende la moción. El señor
Esteban Albert consume un turno en contra. No se hace uso del turno de
portavoces.
Se rechaza la moción del Grupo Socialista por 88 votos a favor, 117 en
contra y 9 abstenciones.
MOCIONES (Página 4263)
Del Grupo Parlamentario Popular en el Senado por la que se insta al
Gobierno a que establezca, en coordinación con las Comunidades Autónomas,
objetivos dirigidos a reducir la incidencia y severidad del cáncer, la
osteoporosis y la depresión en las mujeres, fundamentalmente de mediana y
avanzada edad, y desarrolle políticas de salud para mantener la calidad
de vida de las mujeres de edad avanzada (Página 4263)
La señora López Garnica defiende la moción. La señora Fernández
Valenzuela defiende una enmienda del Grupo Socialista. La señora López
Garnica rechaza la moción en nombre de su grupo. En turno de portavoces,
hacen uso de la palabra la señora De Boneta y Piedra, por el Grupo Mixto,
y los señores Gangoiti Llaguno, por el Grupo de Senadores Nacionalistas
Vascos, y Cardona i Vila, por el Grupo Catalán en el Senado de
Convergència i Unió, así como las señoras Fernández Valenzuela, por el
Grupo Socialista, y López Garnica, por el Grupo Popular.
Se aprueba la moción del Grupo Popular por asentimiento de la Cámara.
Del Grupo Parlamentario Socialista por la que se insta al Gobierno a
elaborar y poner en práctica un plan especial para fomentar el empleo de
las mujeres, en colaboración con las Comunidades Autónomas, y a aumentar
las medidas específicas
adicionales y las políticas activas de empleo para las mujeres, en el
marco del Plan Nacional de Acción para el Empleo aprobado recientemente
por el Consejo de Ministros (Página 4271)
La señora Navarro Garzón defiende la moción. La señora Díaz Villegas
defiende una enmienda del Grupo Popular. La señora Navarro Garzón rechaza
la enmienda en nombre de su grupo. En turno de portavoces, hacen uso de
la palabra la señora Costa Serra, por el Grupo Mixto; el señor Vidal i
Perpiñá, por el Grupo Catalán en el Senado de Convergència i Unió, y las
señoras Navarro Garzón, por el Grupo Socialista, y Díaz Villegas, por el
Grupo Popular.
Se rechaza la moción del Grupo Socialista por 88 votos a favor, 115 en
contra y 9 abstenciones.
CONOCIMIENTO POR EL PLENO DE TRATADOS Y CONVENIOS INTERNACIONALES
REMITIDOS POR EL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS (Página 4278)
Protocolo al Tratado del Atlántico Norte sobre la adhesión de la
República de Hungría, hecho en Bruselas el 16 de diciembre de 1997. SE
TRAMITA POR EL PROCEDIMIENTO DE URGENCIA (Página 4278)
Se aprueba el protocolo por 204 votos a favor y 3 en contra, y se
autoriza al Gobierno a prestar su consentimiento para obligarse.
Protocolo al Tratado del Atlántico Norte sobre la adhesión de la
República Checa, hecho en Bruselas el 16 de diciembre de 1997. SE TRAMITA
POR EL PROCEDIMIENTO DE URGENCIA (Página 4278)
Se aprueba el protocolo por 205 votos a favor y 3 en contra, y se
autoriza al Gobierno a prestar su consentimiento para obligarse.
Protocolo al Tratado del Atlántico Norte sobre la adhesión de la
República de Polonia, hecho en Bruselas el 16 de diciembre de 1997. SE
TRAMITA POR EL PROCEDIMIENTO DE URGENCIA (Página 4278)
Se aprueba el protocolo por 205 votos a favor y 3 en contra, y se
autoriza al Gobierno a prestar su consentimiento para obligarse.
CONOCIMIENTO DIRECTO POR EL PLENO DE PROYECTOS Y PROPOSICIONES DE LEY
REMITIDOS POR EL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS (Página 4278)
Propuesta de reforma del Estatuto de Autonomía de la Comunidad de Madrid
(Página 4278)
No habiéndose consumido turnos a favor ni en contra, en el de portavoces
hacen uso de la palabra los señores Nieto Cicuéndez, por el Grupo Mixto;
Zubia Atxaerandio, por el Grupo de Senadores Nacionalistas Vascos;
Carrera i Comes, por el Grupo Catalán en el Senado de Convergència i
Unió; Lissavetzky Díez, por el Grupo Socialista, y García-Escudero
Márquez, por el Grupo Popular.
Se aprueba la reforma del Estatuto de Autonomía de la Comunidad de Madrid
por asentimiento de la Cámara.
El señor Presidente anuncia a la Cámara que la propuesta queda
definitivamente aprobada por las Cortes Generales.
DICTAMENES DE COMISIONES SOBRE PROYECTOS Y PROPOSICIONES DE LEY REMITIDOS
POR EL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS (Página 4283)
De la Comisión de Economía y Hacienda en relación con el Proyecto de Ley
sobre sanciones aplicables a las infracciones de las normas establecidas
en el Reglamento (CE) número 2271/96, del Consejo, de 22 de noviembre,
relativo a la protección frente a la aplicación extraterritorial de la
legislación de un país tercero (Página 4283)
El señor Soravilla Fernández, Presidente de la Comisión, presenta el
dictamen.
No se produce debate de totalidad.
Comienza el debate del articulado.
El señor Castro Rabadán defiende las enmiendas números 1 y 2, del Grupo
Socialista. El señor Blancas Llamas consume un turno en contra. En turno
de portavoces, hacen uso de la palabra los señores Cambra i Sánchez, por
el Grupo Catalán en el Senado de Convergència i Unió; Castro Rabadán, por
el Grupo Socialista, y Blancas Llamas, por el Grupo Popular.
Se procede a votar.
Se rechazan las enmiendas números 1 y 2, del Grupo Socialista, por 85
votos a favor, 123 en contra y 1 abstención.
Se aprueba el texto del dictamen por 208 votos a favor y 1 abstención.
El señor Presidente anuncia a la Cámara que queda definitivamente
aprobado por las Cortes Generales el Proyecto de Ley.
De la Comisión de Defensa en relación con el Proyecto de Ley de
prohibición total de minas antipersonal y armas de efecto similar (Página 4286)
No se produce debate de totalidad.
Comienza el debate del articulado.
La señora De Boneta y Piedra, del Grupo Mixto, defiende las enmiendas
números 1 y 2. El señor Morales Montero consume un turno en contra. En
turno de portavoces, hacen uso de la palabra la señora De Boneta y
Piedra, por el Grupo Mixto, y los señores Caballero Lasquibar, por el
Grupo de Senadores Nacionalistas Vascos; Cabrera i Comes, por el Grupo
Catalán en el Senado de Convergència i Unió; Flores Flores, por el Grupo
Socialista, y Ceniceros González, por el Grupo Popular.
Se procede a votar.
Se aprueba la enmienda número 1, del Grupo Mixto, por asentimiento de la
Cámara.
Se aprueba una propuesta de modificación en relación con el artículo 3.3
por asentimiento de la Cámara.
Se aprueba el texto del dictamen con las modificaciones introducidas, por
asentimiento de la Cámara.
El señor Presidente comunica a la Cámara el traslado de las enmiendas
aprobadas por el Senado al Congreso de los Diputados.
DICTAMENES DE LA COMISION DE INCOMPATIBILIDADES (Página 4291)
En relación con el Excmo. Sr. D. Máximo Ramón Díaz-Cano del Rey (Página 4291)
El señor Rodríguez Gómez presenta el dictamen, que se aprueba por
asentimiento de la Cámara.
Se suspende la sesión a las veintiuna horas y cuarenta minutos.
Se abre la sesión a las dieciséis horas y cinco minutos.
El señor PRESIDENTE: Señorías, se abre la sesión.
--LECTURA Y APROBACION, SI PROCEDE, DE LAS ACTAS DE LAS SESIONES
ANTERIORES, CELEBRADAS LOS PASADOS DIAS 9, 10 Y 11 DE JUNIO DE 1998.
El señor PRESIDENTE: Señorías, entramos en el punto primero del orden del
día: Lectura y aprobación, si procede, de las actas de las sesiones
anteriores, celebradas los pasados días 9, 10 y 11 de junio.
¿Alguna observación a las actas? (Pausa.)
Quedan aprobadas por asentimiento.
--INFORME DEL DEFENSOR DEL PUEBLO CORRESPONDIENTE A LA GESTION REALIZADA
DURANTE EL AÑO 1997 (S. 780/000003) (C. D. 260/000003).
El señor PRESIDENTE: Entramos en el punto primero bis del orden del día:
Informe del Defensor del Pueblo correspondiente a la gestión realizada
durante el año 1997.
Tiene la palabra el Defensor del Pueblo.
El señor DEFENSOR DEL PUEBLO (Alvarez de Miranda y Torres): Excelentísimo
señor Presidente, señorías, nos incumbe hoy el deber de comparecer ante
esta Cámara para cumplir con el mandato constitucional de exponer ante
sus señorías un resumen del Informe anual de la Defensoría del Pueblo
correspondiente al año 1997, que ha sido elaborado, como es habitual y
como es lógico, con el concierto, con la ayuda y con el concurso de toda
la Institución del Defensor del Pueblo.
Como sus señorías conocen, esta Memoria ha sido ya debatida en el seno de
la Comisión Mixta y en el Pleno del Congreso de los Diputados, por lo que
trataré de no cansar a sus señorías repitiendo datos que ya han sido
analizados. Así, me centraré sobre todo en las principales cuestiones
abordadas por nuestra Institución el año pasado. Dedicaremos especial
atención a aquellos aspectos que, de alguna manera, tienen una especial
connotación de carácter territorial en la actividad del Defensor del
Pueblo, como son los que se refieren a las distintas Administraciones
autonómicas y locales, y a las relaciones institucionales.
Con el paso del tiempo nuestro Informe ha ido consolidando unas
características propias, especiales, que lo identifican, no sólo como un
retrato de la realidad social en la que se detallan los perfiles de la
relación entre las Administraciones públicas y el ciudadano, sino también
como un ámbito de propuestas, recomendaciones y sugerencias para resolver
los conflictos surgidos en esa relación. No en vano, el Defensor del
Pueblo --«médiateur», según la expresión francesa-- es el interlocutor
idóneo en ese diálogo constante con la Administración que gravita sobre
el individuo a lo largo de toda su existencia.
Como sus señorías conocen, el Informe correspondiente a 1997 mantiene una
metodología y una estructura sustancialmente idénticas a las del
anterior, constando de tres partes. La primera está configurada como un
compendio en el que se destacan los aspectos más relevantes de la
actuación institucional expresados de forma gráfica, numérica y
categórica, tales como datos estadísticos, investigaciones y oficio,
visitas efectuadas, Administraciones reticentes, relaciones
institucionales, etcétera.
La segunda parte del Informe está dedicada al examen de las quejas
recibidas en nuestra institución a lo largo del año, que se analizan
separadamente, según afecten a alguno de los derechos fundamentales
constitucionalmente reconocidos, o bien se refieran a actuaciones
irregulares de la Administración.
Y en la tercera parte se recoge la actividad del Defensor del Pueblo
relacionada con su legitimación ante el Tribunal Constitucional. Así, en
cuanto a los recursos de constitucionalidad formulados en 1997 se
refiere, de las veinte solicitudes recibidas se estimó la procedencia de
interponer dos sobre disposiciones que afectaban a la Comunidad Autónoma
Canaria. Por su parte, las trece peticiones de recurso de amparo no
fueron aceptadas, al considerar el Defensor del Pueblo que no resultaba
viable en ninguno de los casos acceder a la petición de los interesados.
En lugar destacado del Informe figura un capítulo en el que se estudian
seis temas que, dado su relevancia, han sido objeto de un tratamiento
monográfico. Estos temas abordan las siguientes materias. La primera de
ellas se refiere a las minas antipersonales, cuya erradicación definitiva
fue acordada en la Convención de Ottawa, suscrita por España. El segundo
tema es referente a la lentitud con la que se resuelven los expedientes
que se plantean ante los tribunales económico-administrativos y los
problemas que de ello se derivan; especialmente, en lo que se refiere a
la fianza que deben depositar los recurrentes, los interesados, a lo
largo de todo el procedimiento, ya que hasta el momento no se ha
conseguido que fueran retiradas transcurrido el plazo que tienen
concedido los tribunales económico-administrativos para resolver el
asunto.
El tercer tema versa sobre la necesidad de disponer de una estructura
administrativa para la coordinación de los medios destinados a impedir
los brotes de racismo y xenofobia relacionados con la inmigración. Este
es un tema en el que desde hace ya dos años venimos reiterando la
necesidad de una estructura coordinada para resolver de una manera, en mi
opinión, mucho más fluida los problemas que se plantean.
La cuestión monográfica cuarta habla de la necesidad de proteger a la
infancia frente a los mensajes agresivos de que es objeto por parte de
algunos medios de comunicación que, con sus imágenes y contenidos, puedan
perjudicar de una manera seria a los más jóvenes.
La quinta versa sobre las condiciones en que se encuentran los centros de
internamiento de menores.
Y la sexta y última, contempla todas las actuaciones de nuestra
Institución, que yo creo que han sido suficientemente numerosas y
detalladas en el informe, desarrolladas en relación con los derechos de
la infancia, cuestión que es de capital interés y de presencia constante
en el quehacer cotidiano del Defensor del Pueblo.
Sobre el análisis de los datos estadísticos relativos a las quejas del
pasado año, recordaré que el número total de las recibidas fue de 18.017
que, unidas a las 121 investigaciones de oficio, alcanzan un total de
18.138, de las cuales, 11.882 fueron individuales y el resto de grupos
colectivos. Se tramitaron ante las distintas administraciones públicas
4.725 y no fueron admitidas 5.515 por distintas razones, que fueron
absolutamente detalladas en el correspondiente apartado del informe.
Si considero que, quizá, pueda resultar de interés para sus señorías
conocer que han sido las Comunidades Autónomas de Madrid, Andalucía,
Castilla y León, Valencia y Galicia, por este orden, las que mayor número
de quejas han registrado y han sido enviadas al Defensor del Pueblo.
Mientras que los que registraron menos reclamaciones fueron --parece
lógico-- las Ciudades Autónomas de Ceuta y Melilla y las Comunidades
Uniprovinciales de La Rioja y Cantabria.
En cuanto a las quejas remitidas en régimen de colaboración por los
Comisionados Autonómicos, destacan las del Procurador del Común, 346; la
del Valedor do Pobo, 339; y el Defensor del Pueblo andaluz, 293.
Del exterior nos llegaron 285 quejas, principalmente procedentes del
Reino Unido, Francia, Alemania y Marruecos.
Junto a las conclusiones derivadas del tratamiento de las denuncias que
llegan directamente de los ciudadanos, se incluyen también las
recomendaciones de carácter general formuladas por el Defensor del Pueblo
para procurar la modificación de alguna norma o bien para propiciar un
cambio de actitud o de criterio de las conductas administrativas.
De las 112 recomendaciones dirigidas por el Defensor del Pueblo a las
distintas Administraciones públicas, a 31 de mayo de este año 1998,
habían sido aceptadas 67 --lo que porcentualmente no está mal--,
rechazadas 24 y se hallaban pendientes de contestación las 21 restantes.
De las 224 sugerencias que se formularon, han sido aceptadas 103 y
rechazadas 69.
Señorías, a lo largo del año 1997 los ciudadanos nos han remitido varios
escritos alegando la vulneración de sus derechos fundamentales. Ello nos
ha movido a incluir en nuestro informe anual un capítulo en el que, a
partir de las consideraciones de las quejas más significativas que
denuncian la violación de algunos derechos recogidos en el Título I de la
Constitución Española, se evalúa la situación de los derechos y
libertades en nuestro país. Ciertamente, han sido limitados los casos en
los que tales derechos han sufrido grave quebranto, pero quiero dejar
constancia de su repercusión, porque afectan esencialmente a la libertad,
a la intimidad o a la integridad física de las personas.
Nuestra Institución ha dedicado siempre un especial empeño en investigar
estos supuestos para que no vuelvan a repetirse. Y, una vez más, hay que
dejar constancia de que el Defensor del Pueblo actuará con el mayor celo
allí donde vea afectados los derechos y libertades de ese Título I de
nuestra Constitución o pueda existir un riesgo razonable de que se
produzcan dichas vulneraciones.
Entre las reclamaciones en materia de derechos fundamentales, los
ciudadanos se han quejado frecuentemente de los retrasos de la
Administración de Justicia, lo que supone, en algunos casos, una
violación del Derecho Constitucional a la tutela judicial efectiva. La
carencia de medios existente en las jurisdicciones civil y
contencioso-administrativa, así como la enorme carga competencial de
estos órganos, ha sido la causa principal de que se produzcan tales
dilaciones, conforme señala el propio Libro Blanco de la Justicia
elaborado por el Consejo General del Poder Judicial. Pero en otras
ocasiones las razones del retraso han sido consecuencia de la propia
dinámica interna de los juzgados y tribunales como, por ejemplo, los
casos en los que se han ido extraviando algunos expedientes,
circunstancia que el Defensor del Pueblo siempre ha puesto en
conocimiento del Fiscal General del Estado y del propio Consejo General
del Poder Judicial.
Señorías, quiero exponerles ahora un asunto que ha suscitado y viene
suscitando un indudable interés en la Institución del Defensor del
Pueblo, que es el relativo a la efectividad de las sentencias del
Tribunal Europeo de Derechos Humanos, habida cuenta de que nuestro
Ordenamiento Jurídico no ha establecido ningún procedimiento a través del
cual puedan ejecutarse dichas resoluciones.
Las sentencias del Tribunal de Estrasburgo tienen --ustedes lo conocen--
naturaleza declarativa, como se deduce del artículo 50 del Convenio de
Roma y como ha confirmado el propio Tribunal. La cuestión estaría
entonces en determinar cuáles son los efectos jurídicos que se desprenden
de esas sentencias. Del examen comparativo de los artículos del citado
Convenio Europeo se deduce la obligación que incumbe a los Estados que
resulten condenados a ejecutar esas sentencias. Pero cualquier
consideración sobre este asunto no debe llevarse a cabo sin conocer el
criterio superior de nuestro Tribunal Constitucional.
En su sentencia número 245, del año 1991, se contienen los razonamientos
jurídicos que clarifican cuáles son los efectos de las resoluciones
dictadas por el Tribunal de Estrasburgo. En el fundamento jurídico
tercero, literalmente se dice: «Que el Convenio no obligue a España a
reconocer en su Ordenamiento Jurídico la fuerza ejecutoria directa de las
sentencias del Tribunal de Estrasburgo, no implica la carencia de todo
efecto interno de la declaración realizada por dicho Tribunal sobre la
existencia de las infracciones de un derecho reconocido en el Convenio».
El Tribunal Constitucional concluye señalando que deberían aprobarse
--insisto, que deberían aprobarse-- las medidas procesales adecuadas que,
desgraciadamente, todavía no han sido elaboradas.
Por su parte, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos mantiene una línea
interpretativa del Convenio que no deja lugar a dudas. En la última
sentencia dictada en el mes de marzo de este año se dice: Una sentencia
que verifica una violación implica para el Estado demandado la obligación
jurídica de interrumpir la violación y borrar las consecuencias, de
manera que se restablezca la situación anterior.
En la misma resolución se reconoce a los Estados la posibilidad de elegir
los medios para eliminar dicha violación del Derecho, pero se les
recuerda que la obligación principal que les impone el Convenio es la de
garantizar el respeto a los derechos y libertades reconocidos en el
mismo.
Si dedico cierta atención a examinar este asunto es porque se han
recibido quejas en nuestra institución en las que los ciudadanos se
preguntan para qué les han servido las sentencias favorables, obtenidas
tras muchos años de complejos trámites judiciales, si finalmente no ha
producido efecto alguno.
Hasta finales de 1997, de las 14 sentencias referidas a España dictadas
por el Tribunal Europeo, en siete de ellas se produjo una declaración en
la que se reconocía alguna violación del Convenio, y en este momento hay
ocho casos más esperando su resolución.
Por ello, ante esta situación, el Defensor del Pueblo se dirigió al
Ministerio de Justicia formulando una recomendación en la que se instaba
a introducir reformas en nuestro ordenamiento para que se tuviera en
cuenta la necesidad de atender estas obligaciones internacionales
asumidas por España.
Esta recomendación no fue aceptada por entender el citado departamento
que no era urgente dicha reforma, al mismo tiempo que decía que no eran
bastantes los casos que podrían justificarlo. Dada la negativa recibida,
en el mes de octubre de 1997, señorías, se dirigieron sendas
recomendaciones al Presidente de esta Cámara y al del Congreso de los
Diputados, trasladándoles el problema, la preocupación expuesta por el
Defensor del Pueblo en los términos previstos por el artículo 28.2 de
nuestra Ley Orgánica.
Creo, señorías, sinceramente, que no se trata de un problema de cantidad,
y este Defensor del Pueblo no quedará conforme hasta que se introduzcan
en nuestro ordenamiento los mecanismos por los que se reconozcan efectos
jurídicos a las sentencias del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Si
somos consecuentes con nuestra suscripción de ese Convenio, con nuestra
declaración de europeísmo, ésa es nuestra obligación.
Señor Presidente, señorías, doy paso ahora a otro asunto, dentro también
del capítulo destinado a la consideración de las quejas referidas a los
derechos fundamentales. Siguiendo una sugerencia de esta Cámara, de sus
señorías, y como consecuencia de las reclamaciones que empezaron a
recibirse en el año 1997, nuestra institución estimó necesario elaborar
un estudio monográfico acerca de los malos tratos, de las agresiones, de
las lesiones que sufren las mujeres dentro del ámbito doméstico familiar.
Este planteamiento del problema ha venido condicionado por la
imposibilidad de intervenir en las quejas individuales, debido a que,
como ustedes conocen, en todos los casos o en casi todos existen
actuaciones judiciales, motivo que excluye la investigación directa y
concreta del Defensor del Pueblo, en aplicación del artículo 17 de
nuestra Ley Orgánica. Pero es evidente que una institución cuyo fin
esencial reside en la defensa de los derechos vulnerados, de los derechos
consagrados en el Título I del texto constitucional, no puede permanecer
impasible ante situaciones reiteradas
en las que se encuentra en peligro la integridad física de las personas
más vulnerables, con el consiguiente riesgo de pérdida de sus vidas.
Son muy pocos los casos de malos tratos que llegan a ser denunciados;
está admitido, tanto por la Administración como por las asociaciones y
colectivos de mujeres, que solamente se denuncia un 10 por ciento de los
casos que se producen. Las primeras cifras que se conocen, y que salieron
a la luz pública a través de los medios de comunicación, fueron ya
alarmantes. El número de casos parece que aumenta. En el último informe
elaborado por el Ministerio de Interior, las denuncias presentadas en
comisarías pasaron de 13.198 en el año 1996 a 24.641 en 1997. Bien es
cierto que el incremento constante que ha experimentado el número de
estas denuncias no significa que hayan aumentado en la misma medida los
casos de malos tratos, sino que las mujeres se atreven cada vez más a
sacar a la luz pública este tipo de agresiones al tener un mayor acceso a
la información y un mejor conocimiento de sus derechos y de los recursos
sociales que pueden tener a su disposición.
El Informe elaborado nos ha permitido conocer algunos datos, que sobre
todo han sido remitidos por la Comunidad de Madrid y que de forma
resumida me voy a permitir adelantarles por ser éstos los más actuales de
los que podemos disponer.
Estos datos son los siguientes: un 70 por ciento de las mujeres
maltratadas se encuentran unidas en matrimonio con su agresor. La edad
media de la mujer maltratada se sitúan alrededor de los 32 años, aunque
cada vez las víctimas son más jóvenes. Un 60 por ciento de las agredidas
tienen estudios primarios. Esta proporción se reduce al 1,34 por ciento
en estudios superiores. El 58 por ciento de las agredidas son amas de
casa y un 20 por ciento trabaja por cuenta ajena en labores de limpieza.
El número de hijos a su cargo generalmente suele ser de dos. La media de
convivencia con el agresor es de 10 años. El tiempo medio durante el cual
la mujer ha estado soportando los malos tratos suele ser de 7 años y
medio.
Toda esta información de que disponemos nos ha permitido formular a las
distintas administraciones públicas una serie de recomendaciones; algunas
se refieren a aspectos jurídicos de organización judicial como, por
ejemplo, la que aconsejamos que se suprima la posibilidad de sancionar
con pena de multa este tipo de ilícitos, tal y como parece ahora
contemplado en el artículo 617 del Código Penal. ¿Por qué? Por cuanto
que, en definitiva, en quien repercute esa sanción negativamente es en la
víctima, al detraer su importe del propio patrimonio de la unidad
familiar.
Otras recomendaciones versan sobre temas de educación, constatada la
decisiva importancia que tiene esa faceta para evitar que aparezcan
comportamientos violentos dentro del ámbito doméstico. Así, se ha pedido
al Ministerio de Educación y Cultura que se potencien dentro de cada
nivel educativo todos los contenidos destinados a lograr la efectiva
igualdad de derechos entre ambos sexos.
Un tercer grupo de recomendaciones alude a los aspectos sociales y
asistenciales del problema. Estos aspectos podrían ser medidas para
fomentar el empleo de las mujeres maltratadas, el incremento del número
de casas de refugio existentes en nuestro país, la creación de programas
de tratamiento psicológico, el aumento de información y publicidad en
esta materia, etcétera.
Una última serie de recomendaciones pretende que se adopten medidas de
discriminación positiva que favorezcan el acceso de las mujeres con
problemas de malos tratos a las viviendas protegidas.
Finalmente, la modificación de la legislación vigente, especialmente en
todo lo relativo a la adopción de las medidas cautelares de protección
hacia la mujer que denuncia malos tratos, sin descartar en estos casos la
implantación de programas de tratamiento para los agresores.
Señor Presidente, señorías, mucho más numerosas que las quejas sobre
vulneraciones de los derechos fundamentales han sido, como ustedes
conocen, las reclamaciones que tienen como objeto las irregularidades
cometidas en el funcionamiento de las administraciones públicas. Quisiera
hacer algunas consideraciones puntuales, que me llevan a hacer una
selección para que esta intervención no sea excesivamente prolongada;
selección que quiero aclarar que no excluye la importancia de otros
asuntos reflejados de igual manera en el informe.
Comenzaré refiriéndome a la situación de los extranjeros en España,
concretamente a las actuaciones llevadas a cabo en favor de los
ciudadanos de origen subsahariano, que se encuentran concentrados en
Melilla y cuyo número, como hemos dicho en otras ocasiones, implica no
sólo un problema de seguridad para la propia Ciudad Autónoma, sino
fundamentalmente una situación que no está acorde con la dignidad de las
personas, dado que los extranjeros permanecían en condiciones de
salubridad e higiene realmente inaceptables. A tales efectos se
realizaron varias visitas a la ciudad y dentro de unos días mantendremos
otros contactos. Vamos a celebrar unas jornadas de reflexión con
organizaciones no gubernamentales y una reunión con representantes de
diferentes organismos y Departamentos ministeriales para conseguir que,
finalmente, se ponga en marcha un programa de acogida de estas personas
en la península, aunque pienso que esta cuestión no puede considerarse
definitivamente resuelta.
En otro orden de cosas, los problemas suscitados en materia de tráfico
han constituido, como en años anteriores, una de las parcelas con mayor
número de quejas, relativas sustancialmente a la tramitación de los
recursos contra las sanciones impuestas, a las deficiencias en las
notificaciones, a las disfunciones de los expedientes sancionadores y las
reclamaciones contra las tasas para la renovación del permiso de
conducir. Concretamente en las notificaciones nuestra institución
recomendó la firma de un convenio específico con el Organismo Autónomo de
Correos para que se dejase un aviso del intento de notificación en
aquellos casos en que los interesados se hallasen ausentes de su
domicilio en el momento del reparto.
El aumento de las agresiones contra el medio ambiente durante el año 1997
ha motivado numerosas actuaciones del Defensor del Pueblo tanto en el
ámbito urbano como en el rural. En nuestro informe queda reflejada
también la limitada
regulación que existe tanto en la legislación de aguas como en la
planificación urbanística para garantizar que las edificaciones no se
realicen en zonas con riesgo de inundaciones, cuestión de indudable
importancia y que, sin duda, debe ser tenida en consideración dadas las
catástrofes que se han producido últimamente.
En cuanto a las viviendas protegidas, el principal problema detectado es
la obsolescencia de la normativa que regula esta materia. De forma
especial se señala la necesidad de adecuar dicha legislación a las
circunstancias actuales en cuanto a los beneficios fiscales. En este
aspecto concreto sería imprescindible el acuerdo entre la Administración
Central, Autonómica y Local dentro del marco de una nueva configuración
de los ingresos municipales.
Señorías, no quisiera dejar de hacer una mención a las numerosas quejas
que se originan directamente por la actuación de las distintas
Administraciones municipales, que mantienen con el ciudadano un contacto
muy directo. La colaboración prestada por los municipios al Defensor del
Pueblo en la investigación de las reclamaciones que les afectan puede
considerarse en ciertos casos correcta, pero en otros se han producido
problemas, si bien es cierto que algunas veces no son atribuibles a la
falta de voluntad de las autoridades municipales, sino a la carencia de
medios técnicos, materiales y económicos, sobre todo en el caso de
pequeños municipios, excesivamente desamparados. Precisamente estos
ayuntamientos suelen ser los que en determinadas ocasiones no contestan a
los escritos del Defensor del Pueblo, desatendiendo con ello la
obligación de responder a nuestra institución. Quizás fuera conveniente
considerar su inclusión en el informe anual --como hacemos-- como una
especie de último llamamiento público y solemne.
Señor Presidente y señorías, nos cabe señalar que las relaciones
institucionales se han mantenido a lo largo de 1997 con frecuencia
constante con las Cortes Generales. Los encuentros con ambas Cámaras se
han llevado, en mi opinión, no sólo a través de las comparecencias para
debatir el informe, sino también mediante visitas institucionales, a
través del envío de estudios específicos, como, por ejemplo, el que fuera
el informe extraordinario sobre seguridad y prevención de accidentes en
las áreas de juego infantil que realizamos con Unicef-España.
Siguiendo una pauta tradicional, la Defensoría procuró intensificar las
relaciones institucionales con las Comunidades Autónomas. Además, durante
el año 1997 se desarrolló una fructífera colaboración con los
comisionados parlamentarios. Y así se celebraron --como es ya habitual--
las XII Jornadas de coordinación en Sevilla, con diversas sesiones de
trabajo, extrayéndose conclusiones importantes en materia de medio
ambiente, el fenómeno inmigratorio, así como con la intervención de los
defensores en la solución convencional de los conflictos.
Se firmaron también durante este año convenios de cooperación y
coordinación con el Valedor do Pobo, con el Defensor del Pueblo Andaluz,
con el Diputado del Común de Canarias. El objeto principal de estos
convenios es evitar duplicidades, asegurar la colaboración en la
investigación de las quejas, de modo que nuestras respectivas
instituciones sean más eficaces en la garantía de los derechos de los
ciudadanos, más ágiles en la supresión de las distintas administraciones
públicas.
Los beneficios que, sin duda, reporta la suscripción y correcta
aplicación de los convenios se apoyan en criterios que se derivan de la
misma distribución constitucional y legal de competencias entre el
Defensor del Pueblo y las figuras similares en las distintas Comunidades
Autónomas. Nunca estará de más, pienso, señorías, recordar estos
criterios competenciales para un mejor conocimiento del marco en el que
se mueven las relaciones de este Defensor del Pueblo con los comisionados
parlamentarios autonómicos. Permítanme sus señorías que los exponga de
una manera resumida.
Primero aun cuando las quejas que se refieren a la Administración del
Estado son de la exclusiva competencia del Defensor del Pueblo, razones
de eficacia e inmediatez aconsejan en ocasiones buscar la colaboración de
los comisionados autonómicos cuando afectan a los órganos periféricos de
dicha Administración estatal. En todo caso, la resolución final de estas
quejas corresponde al Defensor del Pueblo.
Segundo, las quejas referidas a las administraciones autonómicas en las
que concurren las competencias del Defensor y del correspondiente
comisionado parlamentario son investigadas y resueltas por la institución
elegida por los ciudadanos autores de la misma, cuya voluntad resulta
determinante para la atribución de la competencia. No obstante, en caso
de duplicidad, hemos convenido en que de ordinario la resolución
corresponde a los comisionados autonómicos, sin perjuicio de que el
Defensor del Pueblo pueda estudiar los aspectos generales a que puedan
referirse tales quejas.
Tercero, respecto de la administración local se reproducen los criterios
expuestos en los puntos anteriores, es decir, si la queja afecta a
competencias propias de las corporaciones locales, la competencia es del
Defensor; si se refiere a competencias transferidas o delegadas por la
Comunidad Autónoma, las competencias de la institución estatal y de la
autonómica serán concurrentes. Cuarto, otro criterio a destacar que
también inspira los convenios es el de la colaboración, siempre
voluntaria, de las respectivas instituciones en las actuaciones e
investigaciones, tanto ordinarias como iniciadas de oficio, que cada una
de ellas lleve a efecto en el ámbito de su competencia. Así, el Defensor
del Pueblo puede solicitar, si lo estima conveniente, la colaboración del
Comisionado autonómico en tales supuestos y, correlativamente, el
Comisionado autonómico puede solicitar la colaboración que estime
necesaria en aquellas actuaciones que desarrolle su Comunidad Autónoma
cuando éstas, por su naturaleza y trascendencia, incidan en el área de
actuación de la Administración del Estado. Es éste, señorías,
sucintamente expuesto, el marco en el que se desenvuelve la colaboración
del Defensor del pueblo con las figuras afines de las Comunidades
Autonómicas.
Aunque todavía jóvenes, pero ya dotadas de una amplia experiencia,
nuestras instituciones deben profundizar aún más en el camino de la
cooperación, para que su ejercicio,
exigiblemente leal y obligadamente generoso, contribuya al mejor
cumplimiento de la misión que todos tenemos encomendada: la más amplia y
eficaz garantía de los derechos de nuestros ciudadanos.
Concluyo, señor Presidente, señorías, dejando constancia, en el marco de
las relaciones internacionales, de la celebración, el pasado año, del II
Congreso anual de la Federación Iberoamericana de Defensores del Pueblo,
la FIO, que dio lugar en Toledo a una clausura que contó con la presencia
de Sus Majestades los Reyes de España. Esta Federación constituye,
créanlo señorías, un foro extraordinario de apoyo permanente a la
institución del Ombudsman en la difícil labor de defender los derechos
humanos en muchos de los países Iberoamericanos.
Como sus señorías conocen, hace ya tiempo que Naciones Unidas viene
trabajando en la preparación de un proyecto de estatuto de procuradores
de derechos humanos. La publicación de este documento contribuirá, sin
duda, a fortalecer esta figura, especialmente en los países en la que los
defensores de los derechos humanos sufren constantes amenazas.
En numerosas intervenciones este defensor viene reiterando su convicción
del carácter universal de los derechos humanos, que no admiten fronteras
ni límites ni barreras de ningún tipo. Consideramos que estos derechos
han dejado ya hace tiempo de pertenecer a la categoría de asuntos que
forman parte de la jurisdicción interna de los Estados. En consecuencia,
la sociedad de nuestros días tiene que encaminarse, cada vez más
decididamente, a cerrar un marco universal en el que el derecho-deber de
injerencia de carácter humanitario sea posible en el ámbito de la defensa
de los derechos humanos.
Nuestro horizonte está, hoy más que nunca, ante la conmemoración del 50
aniversario de la Declaración de Derechos Humanos, en conseguir un mundo
mejor, un mundo más justo, en el que toda persona sea respetada y alcance
la dignidad que le corresponde.
Muchas gracias, señor Presidente. (Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, don Fernando Alvarez de Miranda,
Defensor del Pueblo.
Se abre un turno de portavoces sobre el informe del Defensor del Pueblo
para los que deseen intervenir.
¿Grupo Mixto? La Senadora De Boneta tiene la palabra.
La señora DE BONETA Y PIEDRA: Muchas gracias, señor Presidente.
Señorías, aunque sin la presencia del Defensor del Pueblo, por la reforma
habida en la tramitación de este informe, tengo que agradecer, en primer
lugar, el exhaustivo informe que nos ha ofrecido así como el informe
global y común que hemos recibido a través de los «Diarios de Sesiones».
Y digo que debo agradecerlo de forma especial porque, al igual que en el
informe correspondiente al año 1996, el señor Defensor del Pueblo ha
tenido la delicadeza de centrar su intervención en aspectos del informe
que no habían sido tocados en el Congreso de los Diputados, haciendo así
complementarios el presentado en esa Cámara, y que ya hemos recibido a
través del «Diario de Sesiones», y el que nos ha expuesto hoy aquí,
puesto que, teniendo en cuenta la amplitud del trabajo desarrollado por
la institución, era prácticamente imposible que, en cualquiera de las dos
Cámaras o en ambas, el señor Defensor hubiera podido hacernos partícipes
de todos sus trabajos, conclusiones y recomendaciones.
Además de manifestar mi agradecimiento al Defensor del Pueblo por su
informe, como ya he dicho, querría empezar por una cuestión que no ha
sido tratada aquí, pero que me parece importante, y que él planteaba al
final de su intervención en el Congreso de los Diputados. Hablaba de una
proposición aprobada en 1995 en la Cámara Baja, en la que se proponía una
intervención del Gobierno en este tipo de debates, con lo cual resultaría
más efectiva y provechosa la del señor Defensor del Pueblo. Decía éste
que, como consecuencia de la disolución de las Cámaras, no se llegó a
cumplir esa proposición de ley de modificación de la tramitación de tal
informe; estamos en 1998 --él lo señalaba--, y todavía no ha sido
modificada. A mí me parece interesante esa sugerencia y espero que, como
es nuestra responsabilidad, la tomemos en consideración en ambas Cámaras.
Además, el Defensor del Pueblo explicaba el tipo de informe, que, como
todos los años, sigue la misma sistemática: el número de intervenciones,
el número de quejas y recomendaciones aceptadas y no aceptadas. También
en la primera parte del informe hablaba del tratamiento monográfico de
algunos asuntos de especial interés, como el que traemos hoy mismo a esta
Cámara, que están relacionados con las minas antipersonal --hoy se va a
debatir el proyecto de ley--, con el procedimiento
económico-administrativo, con la emigración y el racismo, con la
explotación de la juventud y de la infancia, en especial con el
internamiento en centros de menores según la Ley de Protección del Menor
aprobada, así como con las actuaciones de esta institución respecto a los
derechos de la infancia. Todos los estudios que hemos ido recibiendo a lo
largo del año son muy interesantes, y creo que debe quedar constancia en
el «Diario de Sesiones» de nuestro agradecimiento por la profundidad y el
interés que estos estudios tienen para nosotros y para nuestra actividad
legislativa.
Tengo que coincidir con el señor Defensor del Pueblo en el especial
hincapié que ha hecho en su exposición de hoy respecto a la preocupación
que todos tenemos, y en especial la institución, sobre la violencia
doméstica con las mujeres, así como con su precisión de que es una
violencia que no aumenta sino que se ha manifestado siempre, lo cual no
hace que sea menos grave. El Defensor del Pueblo considera que quizá lo
que ahora se produzca sean más denuncias debido a la mayor facilidad para
llevarlas a cabo y al mayor número de cauces institucionales y judiciales
existentes en este momento. En todo caso, creo que tenemos que
profundizar en todos los aspectos legislativos que mejoren esta
situación, puesto que es muy grave --y también incidía en esto el señor
Defensor del Pueblo al hablar de la modificación de las medidas
cautelares en estos casos-- que un 70 por ciento de las mujeres
maltratadas en sus propios domicilios, como él ha indicado, continúen
unidas en matrimonio a su agresor. También hay que tener en cuenta las
características, la media de edad --ha dicho 32 años--, el número de
hijos y que en un 58 por ciento las mujeres son amas de casa. Yo creo que
todas estas cuestiones nos deben hacer reflexionar y tomar muy en serio
las modificaciones legislativas pertinentes para tratar de erradicar esta
violencia y esta discriminación para con las mujeres.
Y si hablamos de discriminación he de decirles, por cierto, que en el
propio informe del Defensor del Pueblo se hace referencia a que durante
este año, en función de las quejas recibidas, la situación en materia de
educación o de salud ha mejorado porque hay muchas menos quejas. No
obstante, continúa habiendo un gran número de quejas en relación con el
derecho al trabajo y a la vivienda. El informe, al hablar de
discriminación, dice una cosa que a mí me parece muy importante, que los
ciudadanos del Estado español siguen considerando que hay mucha
desigualdad, que hay mucha discriminación. Yo creo que esta percepción de
no igualdad tiene que ser el objeto prioritario de las reformas para
evitar que esto continúe existiendo, así como otra serie de cuestiones
que ha tocado, como las referentes a la Administración de justicia y a la
dilatación de los procedimientos, sobre todo en materia
contencioso-administrativa y civil.
En su informe toca también los problemas de la Administración
penitenciaria con especial preocupación. Habla de los temas relacionados
con el fallecimiento de presos, de la higiene y sanidad en los casos en
que los presos comparten celdas, del problema de las drogas en las
prisiones y de algunas experiencias piloto, como la de la cárcel de
Villabona en Asturias, que pretende recomendar el tratamiento que se está
dando allí a otras, y la de la prisión vasca de Basauri de Vizcaya que,
aunque no lo dice el informe, también se ha puesto en marcha.
Quiero terminar felicitando, de nuevo, al Defensor del Pueblo por su
exhaustivo informe y por haber estado presente en ambas Cámaras, así como
por sus criterios de colaboración y de delimitación de funciones, pues en
algunos casos ha colaborado con los comisionados, con los defensores del
pueblo de las Comunidades Autónomas.
Quiero felicitarle, por fin, por algo a lo que ha hecho referencia en su
informe en el Congreso, por su preocupación por el mantenimiento de
barreras arquitectónicas en muchos de nuestros centros oficiales y en
muchas de las instituciones. Y digo que quiero felicitarle porque en el
Congreso de los Diputados el señor Defensor del Pueblo ha dicho que este
mismo mes de junio --me parece que el día 29-- iban a inaugurar dentro de
la propia sede de la institución la eliminación de esas barreras
arquitectónicas y la puesta en marcha de un teléfono especial que ha de
ser utilizado por personas con dificultades de audición, por los sordos y
también, con el método Braille para los ciegos.
A mí me parece que se debe avanzar por este camino y no solamente en la
institución del Defensor del Pueblo, sino en todas.
Comparto también las preocupaciones en materia de inmigración y de
tratamiento de los inmigrantes, así como algunas modificaciones que se
recomiendan y no se han aceptado en la Ley de Extranjería, como por
ejemplo, la necesidad de tres años de matrimonio para no solicitar el
visado, cuestión que a mí me parece importante que se tenga en cuenta,
así como otros aspectos que hacen referencia a la situación de los
inmigrantes dentro de las fronteras del Estado español y muy
especialmente de los inmigrantes subsaharianos, que han sido objeto de
muchas proposiciones y de muchos planteamientos en esta Cámara, en la
ciudad de Melilla.
Nada más, señor Presidente, y muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, Senadora De Boneta.
Por el Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos, tiene la
palabra el Senador Caballero.
El señor CABALLERO LASQUIBAR: Gracias, señor Presidente.
Señorías, recibimos nuevamente en esta Cámara al Defensor del Pueblo,
señor Alvarez de Miranda, a quien queremos agradecer su presencia en esta
sesión plenaria y felicitarle por la labor desarrollada durante el
ejercicio 1997, que hoy somete a nuestra consideración; agradecimiento y
felicitación que hacemos extensiva a todos los miembros de su
Institución. (El señor Vicepresidente, Rigol i Roig, ocupa la
Presidencia.)
La urgente e imprevista inclusión en el orden del día de este trámite de
comparecencia y, en su caso, de la aprobación del Informe, no se
corresponde con la importancia del mismo. Creemos que merece un mejor
tratamiento, más acorde con la trascendencia de la labor que realiza el
Defensor del Pueblo.
En todo caso, y centrándonos en el contenido de la documentación
presentada, debemos confirmar una preocupante continuidad, y en algunos
casos agravamiento, de aquellas cuestiones, hechos y circunstancias cuyo
anómalo funcionamiento incide directamente en los derechos y libertades
protegidos por la Constitución. Resultan tremendamente preocupantes, una
vez más, los retrasos denunciados en la resolución de los procedimientos
judiciales en todos los ámbitos de la Magistratura; y, al mismo tiempo,
demuestran las graves deficiencias estructurales del sistema que, tanto
el Ejecutivo como en cierta medida el Poder Legislativo, nosotros, no
acertamos a remediar.
Igual consideración merece la denuncia que se realiza desde los medios de
comunicación sobre las agresiones de las que son objeto el menor y el
joven. Debemos constatar la escasa respuesta de todos al cúmulo de
propuestas y recomendaciones que, desde la Institución del Defensor del
Pueblo, se nos transmite para paliar este problema. Coincidimos con el
Defensor del Pueblo en la necesidad de combinar las actuaciones de los
poderes públicos con las provenientes del sector privado; sector en el
que consideramos básico alcanzar un consenso que permita la elaboración y
aceptación de un código deontológico propio que posibilite un compromiso
de dicho sector en la protección del menor.
El tema del menor y su protección ha estado siempre presente en esta
Cámara Alta, que en la actualidad ha
asumido la necesidad de reflexionar sobre un problema tan trascendental
como es el del menor, sujeto activo y pasivo de la violencia. Esta
reflexión, prácticamente en fase de remate, ha llevado a la Ponencia
creada al efecto a revisar en profundidad nuestro propio ordenamiento
jurídico respecto a todos aquellos aspectos que se refieren al menor, así
como a un examen crítico de los centros de acogida y retención del menor
que delinque. Las recomendaciones que se nos han venido haciendo desde la
Institución del Defensor de Pueblo han constituido una aportación
sustancial que, unidas a nuestras propias conclusiones, servirán --y en
ello confiamos-- para llevar a cabo una mejora y modernización del
sistema judicial del menor.
Mención aparte merece la situación de la Administración penitenciaria.
Compartimos las preocupaciones que al respecto se derivan del Informe
porque, desde nuestro punto de vista, constatan un relajo cuando no una
falta de política general en materia penitenciaria por parte del actual
Gobierno. Tiempo habrá para plantear en el foro parlamentario adecuado
esta conclusión a la que me he referido, así como para contrastarla con
las respuestas del propio Ejecutivo. Baste decir ahora que constatamos un
retroceso en nuestro sistema penitenciario que, a nuestro entender, es
preciso reconducir.
Señor Presidente, obviando una referencia a un buen número de temas que
obran en el Informe de tanta importancia como a los que me he referido,
voy a concluir no sin antes decir que todos ellos suponen para nuestro
grupo un cúmulo de información útil para nuestra labor legislativa y de
control.
Termino agradeciendo una vez más al Defensor del Pueblo su comparecencia
y anunciando nuestro voto favorable a la gestión realizada. Nada más y
muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Muchas gracias, Senador Caballero
Lasquibar.
Por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió,
tiene la palabra el Senador Salvador Capdevila.
El señor CAPDEVILA I BAS: Gracias, señor Presidente.
Otro año más el Defensor del Pueblo cumple con el mandato constitucional
y nos da cuenta, en este caso, del ejercicio de 1997.
Debemosagradecerelesfuerzo empleado, y vaya por delante la aprobación del
Informe por parte de nuestro grupo.
Creo que debemos congratularnos de que en dicho Informe figuren pocos
supuestos estrictamente considerados como violación de derechos
fundamentales. Así, en la encuesta del Centro de Investigaciones Sociales
se detecta un incremento del 36 por ciento en cuanto al conocimiento de
los derechos fundamentales por parte de la población española. Creo que
esto es bueno, ya que demuestra el grado de madurez alcanzado por nuestra
sociedad.
Asimismo, el informe detecta una conciencia colectiva de la sociedad
hacia el rechazo de cualquier práctica entendida como discriminatoria y
en relación con la condición social, lo que enlaza con la madurez de la
sociedad española antes apuntada.
La estadística acerca de los supuestos de infracción de los derechos
fundamentales ha mejorado respecto del análisis efectuado en el año 1989.
Entendemos que ésos eran el objetivo y las aspiraciones de la sociedad
española, pero falta bastante camino por recorrer. Debemos estar
vigilantes ante la actuación de la Administración, tal y como ha puesto
de relieve el propio Defensor del Pueblo.
Como en años anteriores, se observa la celeridad con que la Institución
tramita y resuelve las quejas. Hay que tener en cuenta que las atendidas
directamente por la línea 900 son 5.228, que la información proporcionada
vía telefónica da una cifra de 11.556 llamadas, y que las visitas han
llegado a ser 5.813.
El Defensor ha mencionado, aunque de pasada, que considera necesaria la
inclusión en el propio Informe de un apartado en relación con aquellas
Administraciones o instituciones que no han contestado a los
requerimientos de su Institución. Pero quizá yo iría un poco más allá.
Entiendo que sería necesario incluir un apartado en cada uno de los
informes del Defensor del Pueblo donde se haga constar con precisión
todas aquellas Administraciones e instituciones que no hayan contestado a
las recomendaciones del Defensor o que lo hayan hecho de forma negativa.
Pienso que debería haber un seguimiento de dichas recomendaciones, puesto
que hay temas puntuales que se escapan en determinadas situaciones, que
claman por una urgente solución, y que en algunos casos tienen una
repercusión social muy importante.
A este respecto, tenemos un par de ejemplos que ya fueron comentados con
ocasión del Informe del Defensor del Pueblo del año 1996. En uno de los
casos se le recomendaba al Defensor del Pueblo la nulidad y vuelta a la
confección de liquidaciones del Impuesto sobre Bienes Inmuebles del año
1990, pero no solamente las correspondientes al ciudadano que impugnó
dichas liquidaciones, sino también las referidas a toda la localidad en
cuestión, todo ello sobre la base de que los valores catastrales vigentes
revisados por el correspondiente ayuntamiento habían incurrido en una
infracción del ordenamiento jurídico por cuanto que el valor asignado en
el Impuesto sobre Bienes Inmuebles no surte efecto hasta el año siguiente
al de su notificación. Pero no sólo hay esta sentencia que comentaba el
Defensor del Pueblo en el Informe del ejercicio de 1996, sino que he
encontrado otra sentencia, en este caso del Tribunal Superior de Justicia
de Extremadura, de 25 de julio de 1997, que es del mismo parecer.
Pues bien, esta recomendación, de grandes y graves repercusiones
sociales, ha quedado en el olvido. No hay seguimiento al respecto. Lo que
yo propongo es que en el Informe del Defensor del Pueblo de cada año se
vayan recogiendo, en el consiguiente apartado, las recomendaciones no
aceptadas, rechazadas o no contestadas, efectuándose por la Institución
el seguimiento oportuno.
Otro tema silenciado en el presente Informe es la inquietud ciudadana
frente a las líneas de alta tensión. En el Informe del año 1996 se puso
mucho énfasis en el cúmulo de quejas que venían arrastrándose a este
respecto desde el
año 1994. El Parlamento Europeo, en Resolución de 5 de mayo de 1994 sobre
la lucha contra los efectos nocivos provocados por las radiaciones no
ionizantes, considera asimismo imprescindible optimizar la exposición
humana a las radiaciones electromagnéticas ante la sospecha de que se
pueda incrementar el cáncer, y aconseja el establecimiento de un pasillo
eléctrico dentro del que tiene que ser excluida cualquier actividad
permanente, incluidas las viviendas. Lo importante era reducir a la
mínima expresión la radiación que en la actualidad padecen las personas
por el efecto del trazado de las líneas de alta tensión.
El principio de prevención, que se halla en la base de la protección de
la salud como bien constitucionalmente protegido en el artículo 43.2 de
la Constitución, reclama una intervención al respecto y, por
consiguiente, un examen acerca de si el ordenamiento eléctrico español
--especialmente, el correspondiente al transporte aéreo de energía por
conductores de alta tensión-- responde a este principio de cautela.
Como ya he dicho, en el anterior Informe del Defensor del Pueblo se
aconsejaba la modificación del vigente Reglamento de líneas de alta
tensión, con la exigencia previa de la evaluación de impacto ambiental
para toda línea cuya tensión fuera igual o superior a los 220 kilovatios.
Sin embargo, en el Informe actual no se encuentra ningún apartado que
continúe con dicha investigación, y sólo contiene dos recomendaciones
puntuales. La primera, referente a la modificación del trayecto de la
línea de alta tensión Otero-Ventas-Alcorcón, en el sentido de que se
arbitren las medidas necesarias para el enterramiento de dicha línea o,
caso de que eso no fuera posible, que se efectúe su desvío. Dicha
recomendación fue aceptada. La segunda es la relativa al desvío de la
línea de alta tensión Vergel-Teulada-Benidorm a su paso por una
urbanización, y actualmente se encuentra pendiente de la decisión que
adopte al respecto la Administración valenciana. Por tanto, éste es un
tema de constante actualidad y lo suficientemente importante como para
que se lleve a cabo el estudio y la correspondiente investigación de las
innumerables líneas de transporte aéreo que atraviesan España por sus
cuatro puntos cardinales.
Por lo que se refiere a los temas monográficos escogidos por la
Institución, evidentemente, todos ellos son importantes. En cuanto a las
minas antipersonales, entiendo que este tema monográfico quedará resuelto
en breve. Precisamente, el 1.º de junio de 1998 tuvo su entrada en el
Senado el texto aprobado por la Comisión de Defensa del Congreso de los
Diputados, con competencia legislativa plena, que actualmente se
encuentra en trámite en esta Cámara. En dicho texto se contemplan los
objetivos establecidos por la Convención de Ottawa --tal como ha puesto
de relieve el Defensor del Pueblo en este acto--: se prohíbe el empleo,
almacenamiento, producción y transferencia de minas antipersonales; se
prevé la destrucción de las mismas; asimismo, se prevén programas de
detección, limpieza, desactivación y desmantelamiento de las minas, y se
establece un apoyo a los citados programas de desminado, así como un
apoyo a los programas de cooperación y asistencia a las víctimas de las
minas antipersonales. Por tanto, las inquietudes expuestas en el Informe
emitido por el Defensor del Pueblo sobre el particular quedan cubiertas
por el expresado proyecto de ley, y confiamos en que muy pronto podamos
ver cumplidas las previsiones de la citada normativa.
El segundo tema monográfico se refiere al procedimiento
económico-administrativo. En ese sentido, se detecta por parte de la
Institución la existencia de graves retrasos en la emisión de fallos.
Este es un problema importante de toda la Administración de Justicia,
pero endémico en el caso de los tribunales económico-administrativos. De
continuar así, se prevé una demora entre los seis y los diez años, lo que
es inadmisible. Es bueno, pues, que la Institución dirija recordatorios a
la citada Administración --en este caso, a los tribunales
económico-administrativos--, a fin de que se dicten las resoluciones en
el plazo previsto, que es de un año. Como es lógico, estamos de acuerdo
con la medida prevista por el Defensor del Pueblo acerca de que sea la
Administración la que asuma los gastos e intereses de las garantías o
bienes afectados por las mismas una vez haya transcurrido el plazo legal
de un año para la resolución de las reclamaciones. Así pues, la solución
razonable sería la exigencia de avales o garantías única y exclusivamente
durante el plazo máximo en que deban resolverse dichas reclamaciones.
El tercer tema trata de la Ley de Justicia de Menores y la situación de
los centros de internamiento. En este sentido, el desarrollo del artículo
19 del Código Penal de 1995, sobre la elevación penal de la edad de los
menores, provocará un mayor número de ingresos de menores infractores en
los centros de internamiento. En Cataluña hace tiempo que se viene
desarrollando dicho artículo, por lo que sus centros ya están realizando
el tratamiento para los jóvenes de edades comprendidas entre los 16 y los
18 años. Asimismo, el informe del Síndic de Greuges --aportado
precisamente al Informe del Defensor del Pueblo-- indica que los catorce
centros inspeccionados por el propio Síndic de Greuges están
completamente regulados por lo que se refiere a los medios materiales y
personales adecuados para responder a las necesidades que se derivarán de
la entrada en vigor de la nueva edad penal, mostrando así el grado de
preocupación existente en nuestra Comunidad Autónoma sobre este tema.
Además, de los 70 juzgados de menores previstos, entendemos que es
preciso la creación de los 32 que restan y, a ser posible, debe existir
una previsión mínima de un juzgado por provincia.
Hay que ofrecer a los menores actividades formativas, laborales y de
ocio. La creación y desarrollo de dichos talleres es de vital
importancia.
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Senador Capdevila, termine cuanto
antes, por favor.
El señor CAPDEVILA I BAS: Muchas gracias, señor Presidente.
Termino enseguida.
Son también importantes los posteriores convenios con empresas para
períodos de prácticas, a fin de su paulatina incorporación al mundo
laboral.
Se observan deficiencias en la prestación social psicológica. Es un tema
importante y creemos que es necesario prestar mucha atención, pues es
esencial un buen servicio psicológico para los menores. En general, son
menores con cierto grado de conflictividad y el objetivo de dichos
centros debe ser conseguir su integración total en la sociedad.
Hay previstas 600 plazas en toda España, de las cuales, 150 son en
régimen cerrado y 450 en régimen abierto o semiabierto. Según
estadísticas del año 1997, hay 143 jóvenes en prisión, de edades
comprendidas entre 16 y 17 años, que pasarán a dichos centros.
Por tanto, entendemos que debemos estar preparados para la llegada de la
reforma y la puesta en práctica de la mayoría de edad penal. De acuerdo
con la opinión de la Institución del Defensor del Pueblo, entendemos que
la distribución de estas plazas debería realizarse por centros próximos a
su entorno familiar.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Muchas gracias, Senador
Capdevila.
Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el Senador don
Félix Lavilla.
El señor LAVILLA MARTINEZ: Muchas gracias, señor Presidente.
Señorías, nos encontramos aquí, en el Senado, como cada año, ante el
Informe que el Defensor del Pueblo debe presentar ante las Cámaras. Hoy,
precisamente, se presenta el del año 1997.
En primer lugar, en nombre del Grupo Parlamentario Socialista en el
Senado, quisiera dar la bienvenida al Defensor del Pueblo, don Fernando
Alvarez de Miranda, así como a sus dos adjuntos, presentes en este
momento, señores Rovira y Uribarri, y a todo su equipo, por el trabajo
que han desarrollado.
Como cada año, el informe supone una radiografía de la sociedad,
especialmente de sus sectores más desfavorecidos o sensibles que, en
ocasiones, han perdido la esperanza en casi todo y recurren a la
Institución del Defensor del Pueblo como último recurso ante la
desesperanza.
Desde ese punto de vista, y con el fin de que la Institución siga siendo
útil a la cohesión social y en el impulso para recobrar la esperanza en
nuestro Estado de Derecho en la defensa de los derechos fundamentales, la
institución del Defensor del Pueblo ha de contar con los recursos humanos
y presupuestarios suficientes, así como con la respuesta sensible, y no
burocrática, de la Administración a sus propuestas y recomendaciones. Se
recogen temas tan importantes, como el paro, la salud, la vivienda, la
educación, el problema de la igualdad, las libertades.
En este análisis sosegado y sistemático que el Defensor del Pueblo
presenta sobre el grado de cumplimiento por parte de las Administraciones
de los derechos y deberes fundamentales, debiéramos escapar en su debate
de dos extremos: Por un lado, la autocomplacencia y, por otro, la crítica
extrema, fijándonos más, sobre todo, en los problemas que tienen las
personas.
En este asunto, y tal como ha señalado también el portavoz del Grupo
Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió, echamos de
menos alguna referencia a algún tema monográfico, que en el informe del
año 1996 se recogió como tal, en concreto el de las líneas de alta y
media tensión. En este sentido, el Grupo Parlamentario Socialista,
recogiendo incluso el anuncio que hicimos ya en el debate del año pasado
sobre este tema monográfico, ha pedido el censo de centros escolares
afectados por dichas líneas y, concretamente, el señor Ministro de
Industria y Energía se comprometió --entendemos-- el día 2 de abril a
elaborar este censo de centros escolares afectados por esta situación,
dado que la cautela preventiva por el posible caso de cáncer obliga a
actuar con prontitud en este tema.
Según publican algunos medios de comunicación, se están destinando fondos
de la Unión Europea y de las propias arcas municipales para este fin.
Sería necesario incrementar la vigilancia y también implicar, si fuera
posible, a las propias compañías eléctricas que, según han publicado, han
pasado en sus beneficios de 144.828 millones de pesetas en el año 1988 a
256.503 millones en el año 1995. No estaría fuera de contexto que una
parte de estos beneficios se destinara a subsanar los posibles problemas
para la salud que las líneas de alta y media tensión pudieran generar en
el ser humano.
Una preocupación también complementaria se refiere a la proliferación en
algunas zonas, por ejemplo de Castilla y León, de parques eólicos que sin
regulación alguna plantean barreras de más de 30 kilómetros en todo lo
que es una extensión o paraje natural. Las personas individuales que
forman nuestro pueblo --y de ahí el acertado título de Defensor del
Pueblo-- esperan precisamente el seguimiento de estos temas.
Desde esta perspectiva, en defensa de los más desfavorecido, cabe señalar
precisamente que, según un informe de Cáritas, en España existen
8.509.000 personas que viven con menos de 44.000 pesetas al mes, lo que
supone el 22,1 por ciento de la población, sólo inferior a Portugal y
Grecia. Precisamente el informe del Cáritas le da un sesgo nuevo a la
distribución de la pobreza, y si en informes anteriores ésta se ubicaba
en personas de mayor edad, hoy se concentra, fundamentalmente, en los
jóvenes y en los núcleos urbanos.
Por tanto, con acierto, el Defensor del Pueblo concede extraordinaria
prioridad en su informe a la juventud y a la infancia, destinando en la
presente anualidad nada más y nada menos que tres temas monográficos
relacionados con este sector, lo que supone el 50 por ciento de todos
ellos: el primero, protección de la juventud y la infancia y los medios
de comunicación social; el segundo, la nueva ley de la justicia de
menores y los centros de internamiento y, el tercero, las actuaciones del
Defensor del Pueblo en relación con los derechos de la infancia.
Las estadísticas, en ocasiones, no son sino una referencia y, como tal,
debemos entender el incremento de las quejas en el año 1996, ya que en
1995 hubo 13.214 y en 1996 fueron 25.875, si bien el propio informe
reconocía que este aumento del 72 por ciento se debía, en parte, a los
denominados grupos de quejas, o lo que es lo mismo, conjunto de
ciudadanos que se quejan sobre un mismo asunto. En el presente informe
han bajado las quejas denominadas de grupo, que suelen ser más uniformes;
pero, señorías, se han incrementado las quejas individuales alcanzando la
cifra de 11.882. En este test social precisamente los colectivos más
indefensos, la juventud y la infancia, por diversas razones no recurren,
en general, a la Institución del Defensor del Pueblo, puesto que es el
Gobierno y las distintas Administraciones quienes tienen la tutela
constitucional de proteger a la juventud y a la infancia.
Los otros tres temas monográficos se refieren a las minas antipersonas,
con la aprobación parlamentaria respectiva y en los que, dado que otros
portavoces han hecho referencia, no me extenderé; los problemas también
reiterados, año tras año, en la jurisdicción contencioso-administrativa,
y la inmigración y el racismo, apuntando a la necesidad de una estructura
administrativa de coordinación.
Señorías, 1997 fue declarado como el año europeo contra el racismo y la
xenofobia, señalándose en España ciertos brotes de estas características.
Las principales organizaciones no gubernamentales españolas de
inmigrantes nos recuerdan que el fenómeno en Europa es alarmante y que
los europeos no podemos ignorar que 40 millones de personas en nuestro
territorio son inmigrantes, lo que supone el 10 por ciento de la
población actual.
Dentro de esta tutela constitucional nos volvemos a encontrar en el
presente informe con un tema monográfico, que ya lo fue en el anterior
del año 1996, como es el relativo a los contenidos televisivos, pero en
el presente año de 1998 se centra precisamente en la juventud y en la
infancia. El Grupo Parlamentario Socialista en el Senado, en el debate
sobre el informe del Defensor del Pueblo, subrayó precisamente la
necesidad de avanzar en la línea de las conclusiones, que por
generalizado consenso, tras presentarles la Comisión Especial de
Contenidos Televisivos, se aprobaron en esta Cámara en el año 1995.
En dicho informe el Grupo Parlamentario Socialista recordaba la necesidad
de crear un consejo superior de lo audiovisual, que parte del consenso
parlamentario citado, y que el propio Defensor del Pueblo, en el informe
de 1996, recogía en su página 29, de la misma forma que también nos
hacíamos eco de la preocupación que en esta materia mostró, precisamente
en esta Cámara, la Ministra de Educación, doña Esperanza Aguirre, que
dijo estar muy preocupada como madre y como ministra.
En dicho debate reclamamos que esta declaración ministerial no fuera una
mera declaración de intenciones, y solicitamos medidas activas del
Ministerio de Educación para evitarlo. Hoy, señorías, un año más tarde,
el propio Defensor del Pueblo nos alerta sobre la situación y nos
advierte de que el sistema de control, si no se modifica en la dirección
anteriormente apuntada, devenga completamente ineficaz, y los menores
vean debilitada o incluso anulada la protección de la que son acreedores.
Literalmente el informe del Defensor recoge en este tema la siguiente
reflexión: Lamentablemente la propuesta del Defensor del Pueblo de crear
una autoridad independiente, desvinculada del Poder Ejecutivo, que
específicamente tuviera la misión de analizar los contenidos de la
publicidad y la programación de las diferentes cadenas de televisión,
hasta el momento actual no ha sido acogida favorablemente.
Ayer, señorías, el propio Ministerio de Fomento, ante las preguntas del
Grupo Parlamentario Socialista, no nos tranquilizó.
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Senador Lavilla, vaya terminando,
por favor.
El señor LAVILLA MARTINEZ: Ya termino, señor Presidente.
La nueva Ley de Justicia de Menores es un tema que preocupa e inquieta, y
así figura en el informe del Defensor del Pueblo. Han transcurrido ya dos
años de la actual legislatura sin que se regule esta cuestión desde la
aprobación del Código Penal, que establece la edad penal a los 18 años.
Se resaltan también las quejas recibidas en cuanto a la disminución y
ausencia de servicios de pediatría, donde existe una clara discriminación
entre los niños que viven en el conjunto de la provincia con los que
viven en la capital. Mientras éstos tienen derecho al servicio de
pediatría, los que viven en la provincia no lo tienen.
También es digna de felicitación la elaboración del informe sobre
seguridad y prevención en áreas de juegos infantiles, y tal vez sería
necesario profundizar en la línea de convenios en los que participaran
todas las instituciones implicadas. Mención especial haré, de una manera
breve y ya para terminar, a la violencia doméstica, que se ha visto
agudizada en el presente con el fallecimiento de algunas mujeres.
Emplazamos a continuar por esta línea y a establecer medidas eficaces
para corregir y evitar esta situación.
Asimismo, se cita el problema de los derechos y libertades en los
artículos 20.4 y 20.3 de nuestra Constitución. Una sociedad libre
requiere de unos medios de comunicación plurales tanto en el ámbito
público como en el privado, ya que, si no, no hay una verdadera libertad.
En el ámbito de la educación no se profundiza precisamente en alguna de
las conclusiones del informe del año 1996, aunque sí se señalan problemas
en el transporte escolar, así como falta de espacios, por ejemplo, en
plástica e informática, e igualmente en las secciones de secundaria.
También hay una insuficiente dotación de la Universidad Nacional de
Educación a Distancia...
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Senador Lavilla, ahora sí que ha
consumido su tiempo con creces.
El señor LAVILLA MARTINEZ: Si me permite un minuto nada más, termino,
señor Presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Es mucho un minuto, Senador. Un
poco menos.
El señor LAVILLA MARTINEZ: Con su generosidad, termino.
En definitiva, señor Presidente, señorías, el Informe del Defensor del
Pueblo recoge los problemas a los que día a día se enfrentan nuestros
ciudadanos con la Administración, y deberíamos tomar buena nota,
especialmente el Gobierno, para profundizar en la consolidación del
Estado del Bienestar con el horizonte puesto en la defensa de los
derechos y libertades de los ciudadanos.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Muchas gracias, señoría.
Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el Senador don
Miquel Barceló.
El señor BARCELO PEREZ: Muchas gracias, señor Presidente.
Señor Presidente, señorías, antes de comenzar mi intervención, deseo
hacer una manifestación muy somera, y es recordar que éste no es un
debate parlamentario de otro estilo ni para hacer recomendaciones al
Defensor del Pueblo. Quiero hacer hincapié en ello porque, si lo
hiciésemos así, estaríamos de alguna forma incurriendo en algo que es la
propia libertad y autonomía de la figura del Defensor del Pueblo.
No quiero empezar a hablar sin reconocer el agradecimiento del trabajo
realizado por el Defensor del Pueblo y la Institución que preside.
Sin duda, es éste un acto, al que estamos asistiendo hoy aquí, de gran
relieve, por ser la presentación ante esta Cámara, el Senado, al igual
que en días anteriores se ha hecho en el Congreso, del Informe anual del
Defensor del Pueblo, ya que lo hace como alto comisionado de las Cortes
Generales, es decir, lo hace precisamente en estas Cámaras, donde estamos
los representantes legítimos de los ciudadanos del pueblo español.
Ese informe es el resultado del trabajo de todo un año por parte de la
Institución del Defensor del Pueblo y en él se contempla lo que siente,
lo que teme y lo que le preocupa e inquieta a la sociedad española, que
lo hace mediante la fórmula de las quejas, pidiendo amparo al Defensor
del Pueblo por considerarlo como su propio defensor; sabe que el Defensor
hará un buen uso de aquello que le traslada y que la respuesta será
siempre la correcta. Serán o no aceptadas las quejas, pero siempre
recibirá una respuesta a las mismas, lo cual le da una satisfacción y una
garantía. Aquellas que sean aceptadas serán trasladadas hacia donde
proceda con la adecuada recomendación.
Por todo ello, señor Presidente, señorías, cuando el Defensor del Pueblo
comparece ante estas Cámaras para presentarnos su informe, nos está dando
pie para que nosotros saquemos conclusiones e iniciemos la labor que nos
corresponda con arreglo a nuestro criterio, porque este informe es la voz
de los ciudadanos, de nuestros vecinos, seguramente de los menos
favorecidos.
El Defensor del Pueblo es el garante que desde su independencia puede
denunciar aquello que crea es denunciable: los incumplimientos de todo lo
que haga referencia a los derechos reconocidos que nos hemos dado en el
Título I de nuestra Constitución, que es un compendio de derechos que nos
iguala a todos, y el Defensor se mueve siempre dentro de los parámetros
de la misma, por lo que este informe que nos ha presentado hoy a esta
Cámara nos merece un gran respeto. Por ello, expresamos nuestra gratitud
por la labor realizada a tan alta Institución.
Dicho esto, quiero pasar a los temas que, en mi opinión, tienen un mayor
impacto y relieve en el vivir de cada día de los ciudadanos españoles,
que es lo que más les afecta y les atañe en el devenir cotidiano, donde
se sienten más vulnerables y, consecuentemente, menos protegidos. Ello lo
sacamos del texto de las propias quejas, que no pocas veces transmiten,
efectivamente, angustia.
Desde mi punto de vista, hay unos ejes alrededor de los cuales giran los
sentimientos de indefensión por el desprecio que ejercen unos,
amparándose en sus propios derechos, erosionando y atacando los derechos
de otros. Me estoy refiriendo --quiero matizar esto-- no a la
Administración, sino a personas que tienen comportamientos incívicos y no
respetan los derechos de los demás. Señor Presidente, señorías, no cabe
duda de que la salud de un Estado, de una sociedad, está en razón directa
del respeto a los derechos de los demás. Por eso, en nuestra Constitución
se igualan los derechos de todos para preservar que nos respeten los
nuestros.
Este año, señorías, estamos contemplando hechos, sin duda, repudiables,
tales como las agresiones y asesinatos, en algunos casos de mujeres a
manos de su propia pareja. Hemos conocido que hay menores de edad que
están siendo explotados en trabajos casi de esclavitud. Hemos descubierto
redes organizadas de explotación de mujeres en la prostitución y también
de explotación de menores en el campo de la sexualidad, etcétera. Todos
estos hechos no sólo van contra del Estado de Derecho y contra nuestra
Constitución, sino que vulneran la Carta Universal de los Derechos
Humanos.
Hay otros aspectos que son emergentes y pueden ocasionar enfrentamientos
entre la propia sociedad, son las quejas que vecinos de determinadas
zonas vienen manifestando en dos temas puntuales: uno, la utilización de
las aceras para la exposición, presencia y trato de prostitutas y, otro,
el trato y trapicheo de drogas en las calles. El Defensor del Pueblo nos
ha mostrado un amplio y llamativo informe del estado actual de nuestra
sociedad. Ese diagnóstico tiene para nosotros un gran valor, ya que,
basándonos en él, hemos de reflexionar y buscar las soluciones o fórmulas
adecuadas que prevengan y nos protejan ante esas actitudes. Las quejas
que recibe el Defensor del Pueblo deben ser consideradas como una
importante aportación para reflexionar sobre la situación en que nos
encontramos. Es significativo que la Administración reaccione ante los
requerimientos del Defensor del Pueblo siempre con prontitud, ánimo de
colaboración y respuesta favorable. Ese resultado es por sí no sólo el
reconocimiento de la función del Defensor del Pueblo, sino el ánimo de
colaborar para construir una sociedad más digna y solidaria, que respeta,
sin duda, la libertad y los derechos de los demás para que su libertad y
sus derechos también sean respetados.
Pero, además de dar respuesta a las peticiones de los ciudadanos y operar
por mandato de ellas, el Defensor del Pueblo elaboró un amplio informe de
los riesgos que corren los menores no solamente en su propio hogar, sino
en las áreas recreativas, tales como los parques, patios, jardines,
etcétera, zonas de expansión donde las medidas de seguridad, la garantía
de no sufrir percances, en muchos casos graves, no revisten la
rigurosidad exigible.
Por ello, señorías, señor Presidente, nadie puede expresar un sentimiento
de rechazo ante la figura del Defensor del Pueblo. Hoy hemos de sentirnos
satisfechos por tener incorporada en nuestra democracia la figura del
Defensor del Pueblo; una Institución al servicio de todos, sin sujeción a
disciplina orgánica alguna, sin dependencia política, sólo con el
sentimiento de la defensa de los derechos que los españoles nos hemos
dado dentro de nuestra propia Constitución, y en especial, en el Título
I. El espacio a cubrir por parte del Defensor del Pueblo es tan amplio
que cualquier actividad que se pueda realizar y afecte a otros
ciudadanos, especialmente a sus derechos, puede ser motivo de apertura de
queja de oficio y trasladar el resultado a la correspondiente
Administración, recomendando a su vez la actitud que, en su opinión, debe
tomar.
Por todo ello, por ser consecuente con la importancia que tiene el que
las Cámaras parlamentarias tengan un Alto Comisionado que trabaje con
autonomía e independencia, sin disciplina orgánica --como decíamos
antes--, en un Estado de Derecho y en una sociedad como ésta, nos tenemos
que felicitar. Nuestra posición, como no podía ser de otra manera, es la
de agradecer ese informe que, como primera medida, nos parece útil, a la
vez de sentirnos satisfechos de comprobar que cada día más, la
Administración y el Gobierno tienen en cuenta sus imparciales
recomendaciones, valorando de esa manera la buena labor que el Defensor
del Pueblo viene realizando al mismo tiempo que se manifiesta lo difícil
de su función, pero sabiendo que cuenta en todo momento con la respuesta
favorable tanto de la Administración, del Gobierno, como de las Cámaras
legislativas.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Muchas gracias, Senador Barceló.
MOCIONES CONSECUENCIA DE INTERPELACION:
--DEL GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO, POR LA QUE SE INSTA AL GOBIERNO A QUE, A
LA MAYOR BREVEDAD, Y EN TODO CASO PARA SU APROBACION DURANTE EL PROXIMO
PERIODO DE SESIONES, PRESENTE A LAS CORTES GENERALES UN PROYECTO DE LEY
REGULADORA DE LA PARTICIPACION DE LAS COMUNIDADES AUTONOMAS EN LA
POLITICA EXTERIOR DEL ESTADO Y A QUE ENVIE, A TRAVES DE LA COMISION
GENERAL DE LAS COMUNIDADES AUTONOMAS, INFORMACION PREVIA EN LA
ELABORACION DE LOS TRATADOS Y CONVENIOS INTERNACIONALES Y EN LAS
NEGOCIACIONES DE ADHESION A LOS MISMOS EN LAS MATERIAS QUE AFECTEN A SUS
RESPECTIVOS Y ESPECIFICOS INTERESES (671/000047).
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Pasamos, a continuación, al
segundo punto del orden del día, que es el de mociones consecuencia de
interpelación. La primera es la que presenta el Grupo Parlamentario
Mixto, por la que se insta al Gobierno a que, a la mayor brevedad, y en
todo caso para su aprobación durante el próximo período de sesiones,
presente a las Cortes Generales un proyecto de ley reguladora de la
participación de las Comunidades Autónomas en la política exterior del
Estado y a que envíe, a través de la Comisión General de las Comunidades
Autónomas, información previa en la elaboración de los tratados y
convenios internacionales y en las negociaciones de adhesión a los mismos
en las materias que afecten a sus respectivos y específicos intereses.
Tiene la palabra el Senador don Victoriano Ríos.
El señor RIOS PEREZ: Señor Presidente, señorías, el artículo 38 del
Estatuto de Autonomía de Canarias prevé que la Comunidad Autónoma sea
informada en el proceso de negociación y elaboración de los tratados y
convenios internacionales y en las negociaciones de adhesión a los mismos
en cuanto afecten a su específico interés, pudiendo el Consejo de
Gobierno autonómico emitir su parecer al respecto, lo que tiene especial
relevancia para el archipiélago canario por su posición geográfica, para
el que se otorga carácter de región ultraperiférica de la Unión Europea.
Diversos Estatutos de Autonomía contienen previsiones semejantes o
específicas al respecto, como el del País Vasco, que en su artículo 20.3
dice: «... podrá afectar a las atribuciones y competencias del País
Vasco...», o como el catalán, en cuyo artículo 27.5 expone: «la
Generalidad será informada, en la elaboración de los tratados y
convenios, así como de los proyectos de legislación aduanera...»,
etcétera, así como en otros con participación activa o no de la Comunidad
Autónoma, como expresión de la cooperación de las Comunidades Autónomas
con el Estado en el ámbito de la defensa de su interés específico y sin
menoscabo de la capacidad estatal para obligarse como sujeto del derecho
internacional.
A lo largo del debate de la interpelación de la que esta moción es
consecuencia, se puso claramente de manifiesto y en evidencia el muy
escaso o inexistente cumplimiento por parte del actual Gobierno, así como
por anteriores, de estos preceptos estatutarios. No obstante, cabe
señalar la predisposición favorable del actual Gobierno, a través del
Ministro de Asuntos Exteriores, quien, concretamente, en aquel debate
dijo lo siguiente: «El Gobierno ve con buenos ojos la articulación de un
procedimiento concreto para mantener este diálogo permanente y abierto»
--se cierran las comillas--. El Gobierno ve bien buscar fórmulas de
consenso y encuentro para profundizar en las relaciones del Estado con
las Comunidades Autónomas
en estos asuntos importantísimos de las relaciones exteriores.
En su virtud, se presenta la siguiente moción.
1.El Senado insta al Gobierno a que, a la mayor brevedad, y en todo caso
para ser aprobado durante el próximo período de sesiones, presente a las
Cortes Generales un proyecto de ley reguladora de la participación de las
Comunidades Autónomas en la política exterior del Estado y, en
particular: a)Sobre el derecho de las Comunidades Autónomas a ser
informadas, de acuerdo con sus Estatutos de Autonomía, en los procesos de
negociación y elaboración de los tratados y convenios internacionales y
en las negociaciones de adhesión a los mismos, así como en los proyectos
de legislación aduanera. La determinación de la afectación del específico
interés autonómico se hará teniendo en cuenta la incidencia que los
tratados y/o convenios puedan tener sobre una Comunidad Autónoma
atendiendo a su ubicación geográfica, lazos culturales específicos,
regímenes especiales o competencias asumidas. b)Cuando los tratados y/o
convenios puedan afectar al específico interés de todas o varias
Comunidades Autónomas podrá informarse a través del Senado o de órganos
de participación «ad hoc» y la manifestación de la posición autonómica en
su caso se realizará de acuerdo con lo que dispongan sus respectivos
Estatutos de Autonomía. c)Cuando los tratados y/o convenios afecten al
específico interés de una sola Comunidad Autónoma se le dará traslado a
la información correspondiente, vía bilateral, confiriéndole un plazo
suficiente para que manifieste su criterio, de acuerdo con lo que prevea
el correspondiente Estatuto de Autonomía.
2.Igualmente, mientras se tramita el proyecto de ley anteriormente
indicado, se insta al Gobierno a que de forma inmediata y a través del
Senado, y específicamente de la Comisión especial de las Comunidades
Autónomas, envíe información previa a la elaboración de los tratados y
convenios internacionales y a las negociaciones de adhesión a los mismos
de carácter general. En aquellos en los que específicamente se objetive
que son de particular interés de una Comunidad Autónoma determinada, se
realizarán las vías de la conferencia sectorial o de la Comisión
bilateral Estado-Comunidad Autónoma, siendo preferentemente esta última
para la información activa, es decir, para la respuesta o parecer de la
Comunidad Autónoma sobre la información recibida del Estado.
Existe una enmienda presentada por el Grupo Parlamentario Popular en la
que se objetiva una cierta voluntad política para abrir un nuevo cauce en
las relaciones Estado-Comunidad Autónoma, pero se observan dos cuestiones
que creemos necesario aclarar para que se despejen antes de tomar una
posición definitiva: por un lado, que se especifique cuál sería el rango
dispositivo de lo que se denomina en la enmienda --entre comillas--
procedimiento concreto y, por el otro, cuál es la razón de la omisión
total de la referencia en la enmienda a la existencia en varios Estatutos
de Autonomías de artículos concretos escasamente asumidos hasta la fecha
y que es necesario regular y exigir su cumplimiento.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, Senador Ríos.
Para un turno de defensa de la enmienda presentada, tiene la palabra el
Senador Ramírez Pery.
El señor RAMIREZ PERY: Muchas gracias, señor Presidente.
Señorías, del debate que sostuvimos en esta misma Cámara hace unos pocos
días, consiguiente a la interpelación del Senador Ríos, cabe concluir que
hay una básica coincidencia entre los distintos Grupos Parlamentarios y
el propio señor Ministro para que se articule un procedimiento concreto
que institucionalice con carácter general la información a todas las
Comunidades Autónomas sobre la elaboración de los tratados y convenios
internacionales en materia de su específico interés, así manifestado, de
manera que sea posible un diálogo permanente al respecto entre Gobierno y
Comunidades Autónomas.
En defensa de la enmienda debo decir que la regulación de la materia de
referencia, la información del Estado a las Comunidades Autónomas sobre
la negociación de aquellos tratados internacionales que afecten a sus
competencias mediante una ley específica, no parece algo que sea
necesario, ni que la ley que se reclama sea el instrumento idóneo. Ya se
ha indicado que la cuestión cuya regulación se pretende tiene un alcance
muy limitado, sobre todo si se compara con otra faceta de la
participación autonómica en relación con los tratados, como es su
ejecución por las Comunidades Autónomas, cuando competencialmente
corresponde a estas últimas, o si se compara con la participación
autonómica en los asuntos comunitarios europeos. Hasta la fecha ese
derecho de información no representa una carencia significativa en los
tratados autonómicos que precise una urgente regulación mediante un
instrumento que tenga rango de ley.
Tampoco parece que deba ser una ley el instrumento idóneo para abordar
esta cuestión. Como también se ha señalado, el tratamiento de este asunto
debe hacerse con arreglo al principio de cooperación y, por ello, como
revela el Derecho Comparado o la propia experiencia española en lo que
respecta a la participación autonómica en los asuntos comunitarios
europeos, la vía de un acuerdo garantiza mejor el necesario consenso con
las Comunidades Autónomas y el propio cumplimiento de las reglas que al
respecto decidan pactar las instancias concernidas. El tratamiento de
esta cuestión en una ley debe ser el último paso para institucionalizar
una práctica consolidada y unas reglas previamente experimentadas de
forma satisfactoria.
Teniendo en cuenta lo que se acaba de indicar, debemos subrayar, con
arreglo a la enmienda que nos ocupa, que, en primer lugar --esto lo
decimos simplemente con ánimo técnico y no de oposición--, existen
algunas carencias en ella, como aquella donde se propugna como
denominación para la ley: participación de las Comunidades Autónomas en
la política del Estado, lo que, además de dudosa constitucionalidad,
resulta incongruente con lo que en realidad se pretenda regular.
Carencias que siguen al utilizarse el concepto de interés específico,
cuando, más allá de las previsiones estatutarias invocadas, el concepto
jurídico relevante y que objetiva el interés debe ser que el tratado en
cuestión afecte a las competencias asumidas por las Comunidades
Autónomas, premisa conceptual que se estima ineludible para cualquier
avance en la configuración del contenido de este derecho de información,
así como de las consecuencias jurídicas, bien de su ejercicio, bien del
incumplimiento del correlativo deber estatal. Y también carencias
--estimamos, por último-- al supeditar el derecho a la información a la
existencia de previsión estatutaria, cuando es más cierto que la mayor
parte de los estatutos silencian la cuestión, y también en la
polivalencia de las alternativas para hacer efectivo el derecho a la
información, con una previsión sobre el papel del Senado de difícil
encaje con su actual configuración, y con el procedimiento vigente de
intervención de las Cortes Generales en materia de tratados
internacionales.
Lo hasta ahora señalado no quiere decir en absoluto que la información
del Estado a las Comunidades Autónomas sobre la negociación de los
tratados internacionales que afecten a sus competencias sea una cuestión
carente de trascendencia. Este derecho de las Comunidades Autónomas y
correlativo deber de las instancias estatales resulta plenamente
coherente con nuestro Estado autonómico, y su correcto ejercicio y
cumplimiento es premisa necesaria para una adecuada ejecución por las
Comunidades Autónomas de los compromisos de un tratado que,
competencialmente les atañe, extremo que tiene un singular relieve cuando
el tratado prevé mecanismos específicos para asegurar su cumplimiento y
que éste sea el correcto, generándose la correspondiente responsabilidad
internacional en caso de incumplimiento o de cumplimiento defectuoso.
En definitiva, las propias instancias estatales deben ser las primeras
interesadas en el mejor cumplimiento de los compromisos internacionales
contraídos por España. Sin embargo, debemos puntualizar que éstos deben
ser los siguientes hitos del camino que hay que seguir.
Primero, la consolidación en la práctica de esa participación en el seno
de las conferencias sectoriales u órganos equivalentes, de forma que se
convierta en una práctica cotidiana el cumplimiento por la Administración
General del Estado de ese deber de informar a las Comunidades Autónomas,
todo ello sin necesidad de supeditarlo a que éstas lo reclamen
continuamente.
Segundo, generalizar la incorporación a los reglamentos internos de las
conferencias de esa función, institucionalizando la práctica citada como
cometido propio de tales órganos de colaboración.
Tercero, establecer, siempre que exista un consenso previo entre las
instancias estatales y autonómicas sobre su necesidad, unas reglas de
alcance general sobre el contenido, procedimiento de ejercicio y
consecuencia jurídica de ese derecho y deber de información. Para ello, y
tanto en lo que respecta al instrumento para formalizar las reglas como
en lo que respecta al contenido de éstas, un buen punto de referencia es
el vigente acuerdo de la Conferencia para Asuntos Relacionados con las
Comunidades Europeas sobre la participación interna en los asuntos
comunitarios europeos a través de las conferencias sectoriales.
Cuarto, definir los supuestos en los que, como excepción de la regla
general de tratamiento multilateral, deben utilizarse fórmulas
bilaterales para traslados que conciernan en exclusiva a una determinada
Comunidad Autónoma. (El señor Vicepresidente, Aguilar Belda, ocupa la
Presidencia.)
Quinto y último que estimamos que debe ser tenido en cuenta,
institucionalización posterior, a partir de una experiencia consolidada
de los mecanismos hasta ahora enumerados, de tales reglas en una norma
estatal, bien en una ley general sobre el régimen de los tratados, bien
en una ley específica sobre la participación de las Comunidades Autónomas
en relación con las mismas.
Gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Aguilar Belda): Gracias, Senador Ramírez Pery.
Para contestar a la enmienda, tiene la palabra el Senador Ríos.
El señor RIOS PEREZ: Gracias, señor Presidente.
Después de oír las explicaciones complementarias a la enmienda presentada
por el Grupo Parlamentario Popular, me asaltan más dudas que si no
hubiera intervenido, y esto me preocupa mucho.
Seguimos pensando que el desarrollo de los artículos de varios estatutos
de autonomía exige un rango legal máximo, pero nos parece que, sin lograr
plenamente nuestras aspiraciones al bajar ese rango dispositivo, al fin y
al cabo es un paso positivo --mínimo, pero positivo-- en la aproximación
de las obligaciones que tiene el Estado respecto del cumplimiento de los
estatutos de autonomía.
Repito que esperamos con cierta confianza, que se ha visto disminuida
después de la intervención del portavoz del Grupo Parlamentario Popular,
pero durante el próximo período de sesiones podemos asegurar y aseguramos
que Coalición Canaria y otros partidos políticos presentes en la Cámara
seguirán muy de cerca estos procedimientos para que sean efectivos.
Por tanto, aceptamos la enmienda a pesar de que no se ha concretado cuál
va a ser el rango específico, incorporándola a la moción presentada por
Coalición Canaria dentro del Grupo Parlamentario Mixto; pero no
renunciamos ni renunciaremos a solicitar y exigir el pleno cumplimiento
de los estatutos de autonomía de las diversas comunidades, priorizando la
mayoría de las veces la vía de la bilateralidad Estado-Comunidad Autónoma
determinada.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Aguilar Belda): Gracias, Senador Ríos.
Turno de portavoces.
El Grupo Parlamentario Mixto ha hecho ya uso de la palabra.
Por el Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos, tiene la
palabra el Senador Gangoiti.
El señor GANGOITI LLAGUNO: Muchas gracias, señor Presidente.
Intervendré muy brevemente y desde el escaño para expresar nuestro apoyo
a la moción que ha presentado el Senador Victoriano Ríos, así como a la
enmienda de modificación presentada por el Grupo Parlamentario Popular.
El espíritu de nuestro Grupo parlamentario es de todos conocido. De
hecho, en el Pleno anterior, cuando se formuló una interpelación al
respecto, nuestro portavoz en aquella sesión, el señor Bolinaga, explicó
ya cuál era la filosofía de nuestro Partido respecto de lo que proponía
el Senador Victoriano Ríos.
Efectivamente, en muchos estatutos de autonomía se contempla el que las
Comunidades Autónomas sean informadas y puedan participar en los tratados
internacionales en aquellos temas que sean de un específico interés. En
el punto primero de la enmienda de modificación que presenta el Partido
Popular y que --como he dicho-- vamos a votar favorablemente, se dice que
el Gobierno presentará en el próximo período de sesiones un Proyecto que
propondrá a las Comunidades Autónomas. Nosotros estamos, por lo tanto, a
la espera de ver cuál es el Proyecto que va a presentar el Gobierno a las
Comunidades Autónomas y cuando lo haga opinaremos a ese respecto.
En el segundo punto se toca un tema que me parece importante y que es, en
concreto, el concepto de interés específico de las Comunidades Autónomas.
Por todo ello, señorías, porque creemos que las Comunidades Autónomas
deben participar en los temas internacionales de su específico interés y
porque ésta ha sido siempre la filosofía de nuestro Grupo parlamentario
en estos temas, votaremos favorablemente la iniciativa del señor
Victoriano Ríos con la enmienda de modificación presentada por el Grupo
Parlamentario Popular.
Nada más y muchas gracias, señor Presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Aguilar Belda): Gracias, Senador Gangoiti.
Por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió,
tiene la palabra el Senador Ferrer.
El señor FERRER I ROCA: Muchas gracias, señor Presidente.
Señorías, en el anterior Pleno el Senador Victoriano Ríos presentó una
interpelación y anunció, acto seguido, la presentación posterior de una
moción sobre un tema de indudable interés.
Como es evidente, no podemos considerar importante el concepto de
globalidad en el mundo actual sin pensar que esta globalidad, realidad
muy cierta, no va a tener consecuencias políticas en las estructuras del
Estado español o de las nacionalidades y regiones que lo componen. Por
consiguiente, esta globalidad que todos reconocemos altera y crea una
situación dinámica a la que es necesario adaptarse.
La moción que nos presenta hoy el Senador Victoriano Ríos va justamente
en esta dirección y propone que el Gobierno inicie un trámite
parlamentario mediante un proyecto de ley que recoja un problema
certísimo, como es que las Comunidades Autónomas sean informadas
sistemáticamente de los tratados y convenios que afecten de una manera o
de otra a sus competencias para que puedan hacer llegar sus opiniones y
defender sus intereses antes de que se suscriban estos convenios y
tratados. Como ya he dicho, no se trata de una Comunidad Autónoma, sino
de un conjunto de Comunidades Autónomas que tienen en sus Estatutos de
Autonomía reconocida esta competencia. Concretamente, en nuestro caso, el
Estatuto de Autonomía de Cataluña reconoce en su artículo 27.5 el derecho
a ser informado y la práctica posterior en los tratados y convenios que
afecten a nuestros intereses más inmediatos de competencia específicas.
Insisto en que en nuestro caso ya se han producido experiencias en las
que el Gobierno ha convocado a las Comunidades Autónomas concernidas,
pudiendo éstas intervenir directamente en la negociación y defensa de sus
intereses.
Lo que se propone con esta moción es que esto no se haga de una manera
graciable, sino que se haga de una manera sistemática. Creemos que se
trata de un perfeccionamiento importante del Estado de las Autonomías, y
naturalmente el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència
i Unió dará su voto favorable a esta moción.
Tal y como se ha dicho, el Partido Popular ha presentado a esta moción
una enmienda, que está redactada con unas expresiones más vaporosas, por
así decirlo. El Senador Victoriano Ríos propone un proyecto de ley que
regule la competencia de las Comunidades Autónomas con respecto a los
convenios y tratados internacionales y el Partido Popular propone la
creación de un procedimiento concreto. Creemos que no tiene la precisión
que tenía, o que tiene aún, la moción original, pero a pesar de ello
nuestro voto será favorable si --como se nos ha dicho-- así lo acepta el
proponente de la moción, el Senador Victoriano Ríos.
Este es un aspecto sectorial, por calificarlo de alguna manera, pero a su
vez importante y significativo en el largo camino de perfeccionamiento
del Estado de las Autonomías; por consiguiente, como no podía ser menos,
el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió dará
su voto favorable.
Muchas gracias, señor Presidente, señorías.
El señor VICEPRESIDENTE (Aguilar Belda): Gracias, Senador Ferrer.
Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el Senador Pérez
García.
El señor PEREZ GARCIA: Señor Presidente, señoras y señores Senadores, una
vez que el Senador proponente de la moción ha aceptado la enmienda
presentada por el Grupo Parlamentario Popular, anuncio, en nombre del
Grupo Parlamentario Socialista, nuestro voto a favor de esta iniciativa.
No me gustaría desaprovechar este turno de portavoces y dejar de hacer
ciertas consideraciones. La primera está relacionada con el cauce
legislativo que don Victoriano Ríos propone para regular el procedimiento
de participación de las Comunidades Autónomas; reflexión que quiero
hacer extensiva al Senador representante del Grupo de Convergència i
Unió, don Joaquim Ferrer. (El señor Presidente ocupa la Presidencia.) A
mí me resulta difícil encajar en el sistema de fuentes del ordenamiento
jurídico una norma formal que tenga por objeto regular este
procedimiento, porque, o bien es una norma que se integra directamente en
el texto constitucional, o a mi modesto modo de ver tendría dificultades
de encaje en el sistema de fuentes. Pongamos como ejemplo el caso de una
ley reguladora del marco general de elaboración y aprobación de los
tratados, ¿qué virtualidad tendría si las Cortes Generales, en el
ejercicio de su potestad legislativa directamente derivada de la
soberanía, no respetan ese marco normativo que aparentemente no tendría
por qué tener un rango legal mayor que el que tienen las leyes votadas en
Cortes y, por lo tanto, la propia actividad formal de las Cortes
Generales?
Al mismo tiempo, el definir a través de un texto legislativo el concepto
de interés específico, a nuestro juicio entraña verdaderos riesgos para
las propias Comunidades Autónomas puesto que el concepto de interés
específico está ya recogido en los Estatutos de Autonomía. ¿Qué norma
jurídica tendría el alcance, tendría el rango legal suficiente para
realizar una labor interpretativa de un concepto que está recogiendo en
los Estatutos de Autonomía, por ejemplo, en el artículo 20 del Estatuto
del País Vasco, en el artículo 27 del Estatuto de Autonomía de Cataluña o
en el artículo 38 del actual Estatuto de Autonomía de Canarias?
Es posible que, intentando perfeccionar un concepto, lo que hagamos sea
utilizar un mecanismo que podría cuestionar el propio valor normativo de
los Estatutos de Autonomía, que son las normas que recogen precisamente
el concepto de interés específico de las Comunidades Autónomas a la hora
de que se les reconozcan ciertos derechos de participación y de
información durante la elaboración de los tratados internacionales.
Echamos en falta en la enmienda del Grupo Parlamentario Popular --y en
esto coincidimos con don Victoriano Ríos-- una mención expresa de
aquellas facultades que específicamente tienen reconocidas en esta
materia algunas Comunidades Autónomas a través de sus Estatutos de
Autonomía. La echamos en falta. Se habla simplemente de dos variantes: la
primera, cuando el asunto que se va a regular y que se va a recoger en un
tratado es de interés específico para la generalidad de las Comunidades
Autónomas, y la segunda, cuando es de interés específico para una sola de
ellas. Pero resulta que hay Comunidades Autónomas que, siendo afectadas
por la elaboración de un tratado, tienen una facultad específica de
información activa puesto que tienen reconocido en su Estatuto de
Autonomía el derecho a emitir formalmente su opinión.
A nosotros nos parece bastante adecuado --y con esto termino, señor
Presidente-- que el Grupo Parlamentario Popular proponga que el cauce más
apropiado para regular esta cuestión --si es que efectivamente se acaba
regulando y se consigue un perfeccionamiento del Estado de las Autonomías
en esta vertiente, que hasta ahora ha sido muy poco desarrollada-- sea el
del procedimiento pactado, procedimiento que tenga un alcance
institucional y que vaya consolidando unas reglas de juego, una práctica
constitucional que a todos obligue, y sin que ni siquiera al final,
cuando esa práctica esté consolidada --como ha dejado entrever el Senador
don Carlos Ramírez Pery--, fuera ése el momento de regularla a través de
una norma de rango legal. Y es que, fuera cual fuera el rango legal de
esa norma, a nosotros se nos hace difícil encuadrarla, integrarla en el
sistema de fuentes de nuestro ordenamiento jurídico.
Por lo demás, y como anuncié inicialmente, el Grupo Parlamentario
Socialista votará a favor de la enmienda presentada por el Grupo
Parlamentario Popular, y aceptada por el proponente de esta moción
consecuencia de interpelación, el Senador Ríos Pérez. Nos parece, como
manifestamos durante su debate, que estamos iniciando un camino para
perfeccionar el Estado de las Autonomías en nuestro régimen político de
distribución territorial del poder en un aspecto importante, y en el que
hasta ahora poco se había avanzado o al menos poco se había
institucionalizado.
Nada más, señor Presidente. Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, Senador Pérez.
Teniendo en cuenta el contenido de las intervenciones de todos los
portavoces, y a la vista de que la enmienda ha sido aceptada, propongo a
sus señorías si desean aceptarla por asentimiento. (Pausa.)
Por asentimiento queda aprobada esta moción consecuencia de
interpelación.
--DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, POR LA QUE SE INSTA AL GOBIERNO A
LA ADOPCION DE DETERMINADAS MEDIDAS PARA PALIAR LOS DAÑOS OCASIONADOS POR
LOS TEMPORALES DE LLUVIA E INUNDACIONES SUCEDIDOS DURANTE LOS MESES DE
NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 1997 Y PRINCIPIOS DE 1998 EN LA COMUNIDAD
AUTONOMA DE ANDALUCIA Y, PARTICULARMENTE, EN LAS LOCALIDADES DE ECIJA Y
CAMAS (SEVILLA) (671/000048).
El señor PRESIDENTE: Moción consecuencia de interpelación, del Grupo
Parlamentario Socialista, por la que se insta al Gobierno a la adopción
de determinadas medidas para paliar los daños ocasionados por los
temporales de lluvia e inundaciones sucedidos durante los meses de
noviembre y diciembre de 1997 y principios de 1998 en la Comunidad
Autónoma de Andalucía y, particularmente, en las localidades de Ecija y
Camas en Sevilla.
Tiene la palabra la Senadora Arnáiz.
La señora ARNAIZ DE LAS REVILLAS GARCIA: Muchas gracias, señor
Presidente.
La presente moción consta de ocho puntos. En el primero de ellos se insta
al Gobierno a incrementar los créditos que unánimemente se han
considerado insuficientes, a darles el carácter de ampliables, a que
adquieran ese carácter hasta poder abordar la reparación real de los
daños y las
pérdidas causadas por las inundaciones y temporales y, sobre todo, a que
se apliquen allí donde se precisan mayores recursos.
El segundo punto propone que el cien por cien de los daños causados en
Ecija y Camas sean subvencionados por dicho crédito, al igual que ocurre
en el resto de los territorios. El tercero se refiere a la colaboración
en los gastos dependientes de la Junta de Andalucía. El cuarto es
relativo a la reparación de infraestructuras en materia de obras
hidráulicas y costas que sean competencia exclusiva del Gobierno central
y que éstas se acometan de forma inmediata en los lugares cuyas
deficiencias hayan sido causa de estas catástrofes. El quinto tiene por
objeto que se acabe con el retraso existente en unas ayudas que se
refieren a hechos acaecidos a finales del año pasado y principios de
éste. Y el sexto punto, para que en cada Comunidad Autónoma a las que se
refiere este Real Decreto se cree una comisión de control formada por
representantes de instituciones de los Gobiernos central y autonómico, en
la que también participen --y esto nos parece muy importante--
representantes de organizaciones agrarias, empresariales y sindicales
para llevar a cabo el seguimiento, desarrollo y aplicación de dicho Real
Decreto.
Finalmente, los puntos séptimo y octavo han sido suscritos por los
ayuntamientos y todos los grupos representados en el Parlamento de
Andalucía. En el séptimo se establecen medidas especiales para Ecija, y
en el octavo, para Camas.
Esta moción viene avalada por una serie de razones. En primer lugar, lo
que se solicita es un derecho que asiste a los damnificados, al mismo
tiempo que es un compromiso ético de quienes han acudido como
representantes políticos a esas comarcas para comprometer una parte de
los presupuestos de 1997 para las infraestructuras y ayudas que allí se
requerían. Por tanto, se trata de que el Partido Popular respete la
palabra dada a los ciudadanos de las comarcas afectadas. Asimismo, se
trata de cumplir con la obligación existente por parte del Gobierno
central de lealtad institucional para con la Junta de Andalucía y la
Diputación Provincial, las únicas que hasta la fecha han aportado ayudas
económicas a los damnificados y han concedido ayudas efectivas para
paliar dichos desastres.
Por otra parte, hay que tener en cuenta la disponibilidad existente en
los actuales presupuestos, que, según la Ministra de Medio Ambiente
--quien compareció en esta Cámara con motivo de una interpelación que
tuvo lugar durante el Pleno pasado--, es de 41.800 millones de pesetas
para infraestructuras. Asimismo, hay que contar con la disponibilidad de
los presupuestos generales del Estado en la partida correspondiente a
protección civil.
Las promesas hechas en Ecija por parte del Grupo Popular, por el propio
Senador Moya Sanabria, y por los altos cargos del Ministerio de Trabajo,
así como por la propia Ministra, quien afirmó que existía disponibilidad
presupuestaria, voluntad política, y que las obras se iban a acometer
rápidamente, nos llevan a desear que esta moción propuesta por el Grupo
Socialista sea aprobada por unanimidad.
Por otra parte, no sólo representamos al Grupo Socialista, sino también
en este caso a los colectivos de ciudadanos de las localidades de
Gibraleón, Ecija, Camas y Málaga. Asimismo, representamos la voluntad
unánimemente expresada por el Parlamento de Andalucía y a través de las
resoluciones de las Diputaciones Provinciales que han tratado este tema.
Todo ello nos mueve a pensar que esta moción, extensa e intensa, que
presenta el Grupo Socialista en este Pleno debería ser votada a favor por
el grupo mayoritario, es decir, por el Grupo Popular.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias, Senadora Arnáiz de las Revillas.
Para turno en contra, tiene la palabra el Senador Esteban.
El señor ESTEBAN ALBERT: Muchas gracias, señor Presidente.
Voy a utilizar este turno en contra de la moción consecuencia de
interpelación, que el Grupo Parlamentario Socialista ha presentado en
esta Cámara, agradeciendo, en primer lugar, el tono empleado, a pesar de
tener que precisar algunas de las inexactitudes o falsedades que se han
vertido desde esta tribuna sobre esta materia.
Quisiera comenzar diciendo que el Grupo Parlamentario Popular considera
que esta moción consecuencia de interpelación tiene un problema, que
estriba en tres aspectos fundamentales: Uno, que no comprendemos la
forma; dos, que no entendemos el contenido, y tres, que nos llena de
asombro y perplejidad los objetivos que pretende conseguir.
No entendemos la forma en que se ha expuesto una moción con ocho puntos,
consecuencia de interpelación, como bien ha dicho la Senadora, más propia
de una proposición de ley --con el valor que hay que tener para presentar
eso--, al socaire de que como se pasaba por aquí, se dejan caer todos
esos puntos.
No entiendo, Senadora, la forma en que se pide ni qué es lo que se pide,
si es la redacción de un nuevo decreto, como competencia del Gobierno
desde esta Cámara, o la modificación del Decreto 2/1998, de 17 de abril,
como bien conoce su señoría, cosa que me extrañaría mucho más porque hace
escasas fechas ese Real Decreto ha sido convalidado en el Congreso de los
Diputados, precisamente con el voto de su Grupo político. Entonces ya no
entiendo la coherencia, empiezo a perderme y ya comienzo a ver más claro
cuáles son los objetivos que se pretenden.
Ni tampoco puedo entender el contenido. Efectivamente, usted ha dicho que
son ocho puntos, pero se centra fundamentalmente en dos. En primer lugar,
establece que los damnificados de Camas y de Ecija han sido
discriminados. Y yo le digo que sí, pero lo han sido en positivo, porque
una Orden Ministerial de 1983 establece determinadas cuantías para los
daños por pérdidas en vivienda y en enseres en 1.250.000 pesetas y en
250.000 pesetas y, como usted sabe, porque supongo que habrá leído el
Decreto que su Grupo ha convalidado hace muy poco en el Congreso de los
Diputados, esa cuantía se elevaba a cuatro
millones de pesetas. ¿Y eso le parece a usted mal? ¿O, a lo mejor, lo que
le parece a usted mal es que quien tenga que pagar el 50 por ciento le ha
dicho a usted que a ver si saca el 100 por cien? No tiene la consistencia
para poder venir a decir que estos ciudadanos están discriminados por la
Administración Central del Estado.
Además, en el tema de Camas habla de un glosario de obras, a lo que yo
tengo que contestar brevemente. En cuanto a que hay que hacer unas
determinadas obras, unas canalizaciones en los arroyos de Cañorronco,
Montijo y Guía, quiero comentarle a su señoría que en el año 1984 la
Dirección General de Infraestructuras de la Consejería de Ordenación
Territorial de la Junta de Andalucía hizo un proyecto llamado de Defensa
contra las inundaciones de la localidad de Camas, por un importe de 449
millones de pesetas, que fue adjudicado --eso sí-- con una reducción del
35 por ciento. Por cierto, en los informes que tengo figura que era un
magnífico proyecto.
Y, ¿qué es lo que pasa? Que entre el proyecto y la realidad, como en las
películas, cualquier parecido es mera coincidencia. No se han respetado
los perfiles; hay una serie de deficiencias en cuanto al proyecto
original... Usted podrá decir que yo me lo invento pero no es así. Le voy
a leer un informe de la Brigada de la policía del subsuelo, de la
seguridad ciudadana: ... cuando las secciones tenían que ser
lenticulares, se han metido tubos, etcétera, y fotos, hay para demostrar
todo lo que usted quiera.
Además usted me puede decir que eso es anecdótico. También lo es el que
la obra que se encomendó no se hiciera adecuadamente. Además, hay un
Decreto del año 1984, de transferencias de las competencias de las
confederaciones hidrográficas del Guadalquivir a la Junta de Andalucía,
en cuanto a defensa de canalizaciones y de márgenes de ríos cuando
atraviesan términos municipales, suelo urbano.
Quien tiene la competencia, a quien usted debería reclamar esta obra y,
desde luego, creo que haríamos muy bien en hacerlo, es a la Junta a
Andalucía, porque si el año que viene vuelve a ocurrir lo mismo,
probablemente Camas tenga problemas, y el tema ya no quede en
conversaciones con el Alcalde y con el resto de los grupos municipales,
como las que han entablado la Delegación y Subdelegación del Gobierno,
sino que, probablemente, termine en el juzgado; y antes de tener que
lamentar estos asuntos sería muy bueno que pusiéramos orden.
Para terminar, señor Presidente, sólo quiero decirle a la Senadora,
agradeciéndole, una vez más, su tono, que los objetivos que pretende
seguir los tengo muy claros. Son los de siempre: llenar de
insatisfacción, de descrédito a personas que, de verdad, han padecido un
problema importante y creo que esto no es bueno. Entiendo la lucha
política, Senadora, la legitimidad de la lucha política, pero en ésta,
como en toda moral y ética, el fin nunca justifica los medios.
Nada más. Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, Senador Esteban.
A continuación pasamos al turno de portavoces.
¿Grupo Parlamentario Mixto? (Pausa.)
¿Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos? (Pausa.)
¿Grupo Parlamentario Catalán en el Senado? (Pausa.)
Vamos a llamar a votación. (Pausa.)
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 214; a
favor, 88; en conta, 117; abstenciones, nueve.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Pasamos al punto tercero del orden del día.
MOCIONES:
--DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL SENADO POR LA QUE SE INSTA AL
GOBIERNO A QUE ESTABLEZCA, EN COORDINACION CON LAS COMUNIDADES AUTONOMAS,
OBJETIVOS DIRIGIDOS A REDUCIR LA INCIDENCIA Y SEVERIDAD DEL CANCER, LA
OSTEOPOROSIS Y LA DEPRESION EN LAS MUJERES, FUNDAMENTALMENTE DE MEDIANA Y
AVANZADA EDAD, Y DESARROLLE POLITICAS DE SALUD PARA MANTENER LA CALIDAD
DE VIDA DE LAS MUJERES DE EDAD AVANZADA (662/000128).
El señor PRESIDENTE: Tratamos en primer lugar la Moción presentada por el
Grupo Parlamentario Popular en el Senado, por la que se insta al Gobierno
a que establezca, en coordinación con las Comunidades Autónomas,
objetivos dirigidos a reducir la incidencia y severidad del cáncer, la
osteoporosis y la depresión en las mujeres, fundamentalmente de mediana y
avanzada edad, y desarrolle políticas de salud para mantener la calidad
de vida de las mujeres de edad avanzada.
Esta moción tiene una enmienda presentada por el Grupo Parlamentario
Socialista.
Para la defensa de la moción, tiene la palabra la Senadora López Garnica.
La señora LOPEZ GARNICA: Muchas gracias, señor Presidente.
El Grupo Parlamentario Popular trae a la consideración de la Cámara esta
moción acerca de la salud de la mujer de mediana y avanzada edad. Debemos
dedicar una especial atención hacia la salud de las mujeres de mediana y
avanzada edad por las siguientes razones. La evolución demográfica sitúa,
para el año 2010, una proporción de 1 por cada 4 mujeres mayores de 60
años en el contexto europeo. El aumento de la esperanza de vida mayor en
la mujer que en el hombre, alrededor de unos 6/7 años, y que ya ha
superado los 80 años, unido al progresivo descenso de la tasa de
natalidad, conlleva un envejecimiento de la población, fundamentalmente
de la femenina.
Las mujeres vivimos más tiempo que los hombres, pero estos años
adicionales de vida están marcados por la presencia de enfermedades
crónicas muy incapacitantes. Por otra parte, la mujer presenta una
incidencia de enfermedades
crónicas más alta que los hombres, y desde luego esto no puede ser
atribuido únicamente a la longevidad.
Esta evolución demográfica y este progresivo envejecimiento de la
población, sobre todo de la femenina, tendrá una serie de implicaciones
en cuanto a las futuras necesidades de recursos sociosanitarios, y más
concretamente en el campo sanitario, no sólo en cuanto al previsible
aumento de los costes sanitarios, sino también respecto del tipo de
instalaciones y de servicios sanitarios que serán necesarios en el
futuro. Por ello, debemos adelantarnos con estas previsiones, y debemos
prever las necesidades sanitarias futuras. Esto es lo básico en la
planificación sanitaria y es precisamente el primer paso del proceso de
dicha planificación, que es el conocimiento de las necesidades futuras,
para así poder emprender las acciones que minimicen los efectos adversos
de esta tendencia demográfica y sanitaria que estamos comentando.
Por otro lado, los conocimientos biomédicos han estado tradicionalmente
basados en el prototipo masculino, y se han pasado tradicionalmente por
alto las diferencias de sexo, no sólo en cuanto al diagnóstico de las
enfermedades, sino también en cuanto a su tratamiento. Además, la
evolución demográfica hacia el envejecimiento y la adquisición por parte
de las mujeres de factores de riesgo tradicionalmente masculinos están
dando como resultado modificaciones en los patrones de enfermar y en los
de mortalidad de las mujeres.
Estas y otras consideraciones han dado últimamente prioridad política,
social y biomédica a la salud de la mujer, sobre todo en las últimas
décadas. Así, todo esto ha propiciado de alguna manera el informe que la
Comisión Europea realizó en mayo del año pasado, dirigido al Consejo de
Europa, al Parlamento Europeo, al Comité Económico y Social y al Comité
de las Regiones sobre la situación sanitaria de la mujer en Europa.
Desde el Tratado de la Unión, la Comunidad Europea tiene nuevas
responsabilidades en materia de salud pública. Este Tratado otorgó a la
Comunidad Europea competencias en materia de salud pública, y en el
ejercicio de esta nueva competencia se contempla la elaboración periódica
de un informe sanitario sobre la Comunidad Europea.
El segundo de estos informes, el de 1997, se centra en el tema concreto
de la salud de la mujer que está siendo motivo de preocupación tanto en
el conjunto de la población europea como en el de los profesionales de la
sanidad y de los propios responsables políticos sanitarios.
El Informe contiene una descripción de las principales tendencias
sanitarias de los patrones de mortalidad y de morbilidad, así como de los
determinantes sanitarios de la salud de la mujer europea. Además, el
informe describe minuciosamente varias cuestiones en materia de salud
específicas para las mujeres de diversas edades.
Este informe dedica un apartado a las causas de muerte y a las tendencias
de mortalidad femeninas. Según dicho informe, las dos principales causas
de muerte femenina son, en primer lugar, las enfermedades
cardiovasculares, responsables de un 43 por cierto de las muertes y, en
segundo lugar, el cáncer, que ocasiona un 26 por ciento de ellas.
Ya en España, el Tercer Plan de Igualdad de Oportunidades entre hombres y
mujeres recoge un área específicamente destinada a la salud de las
mujeres en las diferentes etapas de su ciclo biológico en las diferentes
etapas de su vida. En este área sanitaria se destacan también
expresamente patologías, sobre todo el cáncer ginecológico, como primera
causa de muerte femenina, con una tasa de mortalidad creciente en las
últimas décadas.
El plan citado destina una cantidad de 7.000 millones de pesetas dentro
del territorio de Insalud para el período 1998-2000 a programas
sanitarios específicamente femeninos. Asimismo, este estudio destaca la
importancia de la osteoporosis en las mujeres de edad avanzada, sobre
todo en la osteoporosis postmenopáusica. Además, las diferentes
Comunidades Autónomas en sus respectivos planes de igualdad también
destinan un área al tema de la salud de la mujer.
Por otra parte, la IV Conferencia Mundial sobre Mujeres, organizada por
Naciones Unidas en Pekín en 1995, aprobó una plataforma para la acción,
en cuyo apartado 101 se afirma lo siguiente: Con el aumento de la
esperanza de vida y, por lo tanto, del número cada vez mayor de ancianas,
la salud de las mujeres de edad avanzada exige una atención particular.
Las perspectivas de la salud de las mujeres a largo plazo están
condicionadas por los cambios de la menopausia que, sumados a afecciones
crónicas y a otros factores, como la mala alimentación y la falta de
actividad física, pueden aumentar el riesgo de enfermedades
cardiovasculares y de osteoporosis.
El Instituto Europeo para la Salud de la Mujer es una organización no
gubernamental creada en 1993 que intenta ejercer una influencia positiva
en la formulación de las políticas europeas en materia de salud de la
mujer. Este Instituto elaboró el pasado año un estudio denominado
«Mujeres en Europa: hacia una vejez saludable», que supone una revisión
del estado de salud de las mujeres de mediana y avanzada edad.
Este estudio, que sigue de cerca el Informe de la Comisión Europea al que
antes hacíamos referencia, revisa cuatro patologías que afectan de manera
particular a las mujeres de mediana y avanzada edad y sugiere una serie
de programas de acción para tratarlos. Estas patologías son: enfermedades
coronarias, cáncer femenino, osteoporosis y depresión.
Este estudio fue presentado el pasado 15 de enero en el Ministerio de
Sanidad mediante una jornada inaugurada por el Ministro de Sanidad, y en
la que esta Senadora tuvo la ocasión de participar en una de las mesas
redondas.
Por otra parte, este mismo Instituto Europeo para la Salud de la Mujer ha
creado un Consejo Europeo Asesor para la Salud de la Mujer de mediana y
avanzada edad --Consejo del que esta Senadora que les habla tiene el
honor de ser vocal--, cuyo objetivo es precisamente el de conseguir que
la salud de las mujeres de mediana y avanzada edad constituya una
prioridad en las políticas sanitarias de los gobiernos de los Estados
miembros de la Unión Europea, del Parlamento Europeo, de la propia
Comisión Europea con competencias en materia de salud pública y de la
misma Organización Mundial de la Salud.
Todos estos antecedentes que hemos expuesto coinciden en destacar las
cuatro patologías de particular impacto en las mujeres de mediana y
avanzada edad. Las enfermedades cardiovasculares, que de forma
tradicional se han considerado típicamente masculinas, son en la
actualidad la primera causa de mortalidad de las mujeres europeas,
también son una de las principales causas de incapacidades. Esto desde
luego es debido a la reciente y cada vez más creciente adquisición por
parte de las mujeres de factores de riesgo para la salud tradicionalmente
masculinos, como decíamos antes. Por eso, las mujeres de mediana edad
deben considerar su riesgo de padecer enfermedades cardiovasculares y
coronarias.
Las muertes por cáncer han aumentado de forma dramática, a pesar de los
adelantos en las terapias oncológicas y, desde luego, debido al
progresivo envejecimiento de la población. El cáncer es responsable de
una cuarta parte de las muertes registradas en la Unión Europea y la
segunda causa de muerte en mujeres de edad avanzada, detrás de las
enfermedades cardiovasculares. El cáncer de ovario no se detecta
generalmente hasta que ya es demasiado tarde, porque actualmente no
existen métodos eficaces para su prevención o el diagnóstico precoz. Sin
embargo, las muertes asociadas al cáncer de cérvix han disminuido
considerablemente gracias a los programas de detección y tratamiento
precoz. La incidencia del cáncer de mama aumenta con la edad, tiene su
máxima presentación de los 45 a los 64 años, y su tasa de supervivencia
puede aumentar de forma significativa si se detecta lo suficientemente
pronto. Así, los programas de detección precoz del cáncer de mama se han
demostrado sanitariamente eficaces. El cáncer de pulmón, anteriormente de
presentación prácticamente masculina, es en estos momentos el sexto tipo
de cáncer más frecuente en mujeres de todo el mundo y desde luego ha
aumentado en las mujeres por la adquisición del hábito de fumar.
La osteoporosis, fundamentalmente la postmenopáusica, es una enfermedad
osea silenciosa, pero que provoca muchas de las fracturas de cadera, de
muñeca y de vértebras que sufren las mujeres de edad avanzada, y una de
las principales causas de enfermedad y de incapacidad. En muchos casos la
osteoporosis puede prevenirse o, por lo menos, mitigarse. En las mujeres
de mediana edad y especialmente tras la menopausia es conveniente que
reciban amplia información y educación sanitaria respecto del problema de
la osteoporosis y sus implicaciones. Deben comprender su responsabilidad
en su prevención y el riesgo de fracturas asociadas a ella; deben
aprender a prevenirlas y conocer las opciones de tratamiento cuando ya la
padecen. En estos días es una enfermedad de plena actualidad porque uno
de estos días se celebra el Día Mundial de la Osteoporosis, precisamente
en un intento de sensibilizar a la población femenina de su
responsabilidad en su prevención.
El estereotipo convencional de que la depresión es parte normal del
envejecimiento, desde luego es algo tan perjudicial como falso y
persistente, con frecuencia la depresión puede tratarse. Su tasa de
presentación en las mujeres es dos veces más elevada que en los hombres.
Las mujeres, sobre todo las mayores, son en general más vulnerables a la
depresión, por muchos motivos: por dolencias físicas, por incapacidades,
por factores psicosociales, incluso por factores genéticos no muy
aclarados, etcétera. A menudo la depresión o no se trata, o se trata de
forma inadecuada mediante tratamientos que solamente sedan a las
pacientes y no le ayudan a su recuperación. Además, en muchas ocasiones
las mujeres buscan ayuda para síntomas físicos que tienen su origen en
causas psicológicas profundas.
De todas estas patologías mencionadas, las específicamente femeninas y
que afectan fundamentalmente a las mujeres de mediana y avanzada edad,
como el cáncer femenino, la osteoporosis y la depresión, en gran medida
pueden prevenirse, pues todas ellas son enfermedades altamente ligadas a
los estilos de vida. Por eso es preciso que ahora llamemos la atención
sobre la responsabilidad de la propia mujer en su estado de salud, habida
cuenta de la influencia de estas enfermedades por los estilos de vida.
El Instituto Europeo para la Salud de la Mujer establece en su estudio
una serie de recomendaciones para todos los Estados miembros de la Unión
Europea, en el sentido de que establezcan objetivos alcanzables y
medibles en el tiempo para reducir la incidencia y gravedad de
enfermedades que, como el cáncer femenino, la osteoporosis o la depresión
afectan particularmente a las mujeres de mediana y avanzada edad.
En todo caso, señorías, no se trata de dar más importancia a la salud de
la mujer que a la del hombre. Se trata más bien de reconocer que, por
razones tanto biológicas como sociales y culturales, los problemas
sanitarios de la mujer son diferentes a los de los hombres. El
reconocimiento de las peculiaridades en la manera de enfermar de las
mujeres es, según la Comisión Europea, el primer paso para la progresiva
mejora del estado de la salud de una población femenina cada vez más
envejecida, lo que precisamente es el objetivo de esta moción.
En consonancia con lo expuesto, el Grupo Parlamentario Popular propone
que el Senado inste al Gobierno a que establezca,
en coordinación con las Comunidades Autónomas, objetivos sanitarios
dirigidos a reducir la incidencia y gravedad del cáncer, la osteoporosis
y la depresión en las mujeres, fundamentalmente de mediana y avanzada
edad, y que desarrolle políticas de salud para mantener la calidad de
vida de las mujeres de edad avanzada.
Así, señor Presidente, señorías, esto es lo que proponemos al Pleno de
esta Cámara y para ello solicitamos el apoyo de todos los Grupos
Parlamentarios.
Gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, Senadora López Garnica.
Para la defensa de la enmienda, tiene la palabra la portavoz del Grupo
enmendante, Grupo Socialista.
La señora FERNANDEZ VALENZUELA: Muchas gracias, señor Presidente.
Buenas tardes, señorías.
Efectivamente, a la moción que el Grupo Parlamentario Popular ha
presentado instando al Gobierno a que establezca, en coordinación con las
Comunidades Autónomas, objetivos dirigidos a reducir la incidencia y
severidad del cáncer, la osteoporosis y la depresión en las mujeres,
fundamentalmente de mediana y avanzada edad, y desarrolle políticas de
salud para mantener la calidad de vida de las mujeres de edad avanzada,
mi Grupo, el Grupo Parlamentario Socialista, ha hecho una enmienda de
adición, por la que se insta también al desarrollo de políticas que
atajen el problema de la anorexia y de la bulimia en la mujer, dos
enfermedades que cada vez avanzan más y son más preocupantes. Y me
gustaría defender esta enmienda sin utilizar demasiado tiempo.
Sobre estas dos enfermedades hay pocos datos, pero quisiera empezar
diciendo que esta ampliación añadida a la moción sobre la anorexia y la
bulimia está motivada en la pretensión de querer reflejar preocupaciones
sanitarias de la mujer durante diversas etapas de su vida, por ejemplo,
en la juventud.
En ambas enfermedades se trata de la alteración de los hábitos
alimentarios pero, a pesar de la importancia de este problema, las
estadísticas nacionales al respecto son escasas. Los datos existentes
apenas son comparables, dado las diferentes opiniones sobre la definición
de estas dos enfermedades, así como sobre los métodos de recogidas de
datos.
Las alteraciones de los hábitos alimentarios de la bulimia y anorexia,
que se dan fundamentalmente en mujeres jóvenes, van asociadas con
morbilidad e, incluso, mortalidad en buen número de casos. Sin embargo,
en ningún país de la Unión Europea existe actualmente una política
nacional de salud pública contra estos problemas. No obstante, algunos
indicadores nos anuncian que están aumentando, si bien, por otra parte,
hay una dificultad especial para la obtención de recogida de datos
fiables sobre la incidencia de las alteraciones de los hábitos
alimentarios, ya que las víctimas intentan a menudo ocultar su afección.
Como ya he dicho anteriormente, la anorexia y la bulimia nerviosa se
asocian con morbilidad y mortalidad significativa. En particular, es
frecuente el suicidio o la tentativa del mismo. No obstante, por
desgracia, hay poca información sobre los índices reales de morbilidad y
mortalidad al respecto, ya que son otras las afecciones que suelen
aparecer como causa directa de éstas. Por ejemplo, suelen considerarse
como causa de fallecimiento el suicidio consecutivo a una depresión y el
paro cardiaco, ambos secuelas frecuentes de la anorexia nerviosa.
Se calcula un índice de mortalidad del seis por ciento por anorexia y del
3,1 por bulimia nerviosa, esto sin calcular que hay muchas mujeres que
padecen un síndrome parcial de anorexia-bulimia y otras alteraciones de
hábitos alimentarios que representan un riego sanitario o, incluso, hacen
correr un alto riesgo de contraer el síndrome completo.
Señorías, las causas de los trastornos de los hábitos alimentarios son
confusas, aunque tiene parte de culpa la obsesión de la sociedad por el
peso corporal y el aspecto físico.
Hay algunas investigaciones que apuntan a que las adolescentes y las
mujeresjóvenesestán particularmente preocupadas por su peso, y esto puede
ser una razón de la mayor incidencia del trastorno de los hábitos
alimentarios en estos grupos de edad.
Un estudio belga concluye que las escolares adolescentes estaban
preocupadas por su peso corporal, lo cual las llevaba a comer
sistemáticamente en cantidad cada vez menor, lo que se considera un
factor de riesgo. Otro estudio hecho en Holanda concluye que el 41 por
ciento de las escolares se consideraban demasiado gordas; el 33 por
ciento hacían régimen y el 11 por ciento sufrían algún tipo de alteración
de los hábitos alimenticios.
En la encuesta de eurobarómetro de 1996, hecha por la Unión Europea,
alrededor de una por cada tres de las mujeres comunitarias de edades
comprendidas entre los 15 y los 24 años afirmaban estar descontentas con
su peso corporal, y alrededor del 25 por ciento manifestó haber estado en
régimen en el año anterior.
España se encuentra en el octavo lugar dentro de estos estudios,
presentando las griegas el mayor descontento con su peso.
Todo esto, señorías, nos llevaría a incluir el asesoramiento en materia
de nutrición, la psicoterapia y la terapia familiar, la terapia
cognoscitiva; la ayuda a médicos psiquiatras se obtiene generalmente en
hospitales con programas especiales para pacientes ambulatorios. En
algunos Estados miembros, como Suecia, Finlandia, Bélgica y Reino Unido
se han creado clínicas especializadas privadas, siendo la demanda del
tratamiento superior a la oferta.
Por todo esto que mi Grupo considera que es absolutamente necesario,
hemos hecho esta adición a la moción que ha presentado el Grupo
Parlamentario Popular, y pensamos que se debería de empezar a estudiar
estos temas de una manera urgente y con el consenso de todos los Grupos
políticos, y para eso les pedimos que la apoyen.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, Senadora Fernández Valenzuela.
Para contestar, tiene la palabra la Senadora López Garnica.
La señora LOPEZ GARNICA: Muchas gracias, señor Presidente.
Quiero agradecer a la Senadora Fernández Valenzuela y al Grupo
Parlamentario Socialista su preocupación por la salud de las mujeres en
las diferentes etapas de la vida. Quiero decirle que el Grupo
Parlamentario Popular comparte esta preocupación por enfermedades y
epidemias tan graves como son la anorexia nerviosa o la bulimia, pero, a
la vez, siento decirle que no vamos a aceptar esta enmienda porque, como
usted ha visto durante la defensa de esta moción, la moción está centrada
única y exclusivamente en la salud de las mujeres de mediana y avanzada
edad. Estoy de acuerdo en que en la vida de la mujer hay enfermedades que
afectan a otra serie de etapas, en este caso usted nos habla de anorexia
nerviosa y de bulimia, pero también podríamos hablar de sida femenino
porque a pesar de que el sida en grupos considerados de riesgo, como los
homosexuales o como los drogodependientes, está disminuyendo, sin embargo
en las mujeres está aumentando.
También hay otras patologías u otras etapas de la vida que nos preocupan,
pero el escenario cambiaría y estaríamos hablando de todas las etapas del
ciclo biológico de la mujer.
El propio estudio de la Comisión Europea del año 1997, referente a la
Salud de la mujer en Europa, abarca patologías que afectan a todas las
etapas del ciclo-vida de la mujer desde la adolescencia, que es donde se
enmarcan estas patologías que usted nos expone, lo que es la patología
materno-infantil, a las patologías de las mujeres de mediana y avanzada
edad.
Pero, como digo, esta moción está centrada única y exclusivamente a las
mujeres mayores. Las mujeres mayores, por diferentes motivos, ya no
quieren parecerse a Claudia Schiffer, ya no les importa estar más gordas
o más delgadas.
Estas enfermedades que usted nos expone son enfermedades de reciente
aparición y no se tiene un gran conocimiento sobre ellas. También hay una
gran tasa de obesidad entre las jóvenes que también habría que estudiar
dentro del contexto de las alteraciones nutricionales.
En todo caso, también quisiera decirle que el 28 de mayo de este año el
Consejo de Ministros aprobó la distribución de 375 millones de pesetas
entre las Comunidades Autónomas en concepto de subvención para el estudio
de enfermedades emergentes y remergentes y de especial relevancia.
Dentro de estas enfermedades entraría la mejora de los sistemas de
información relativos a los trastornos nutricionales. Por motivos
fundamentalmente de moda, estos trastornos nutricionales a los que usted
se refiere son de reciente aparición, y en salud pública, antes de
iniciar cualquier programa tanto de prevención como de detección precoz,
como un programa de tratamiento más exhaustivo, es necesario conocer la
realidad. Como usted bien ha dicho, no conocemos todavía la realidad de
la anorexia, no conocemos la realidad de la bulimia --me refiero en
cuanto a problema de salud pública--, ni la conocemos en cuanto a la
obesidad de las jóvenes.
Por eso, lo que yo trato de decirle con todo esto es que el Grupo
Parlamentario Popular agradece esta sugerencia; el Grupo Parlamentario
Popular comparte esta preocupación por las enfermedades que afectan
fundamentalmente a mujeres jóvenes. Tenga la seguridad de que cualquier
iniciativa que su Grupo o cualquier otro grupo parlamentario plantee en
este sentido va a encontrar el apoyo de nuestro Grupo.
Muchas gracias. (Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, Senadora López Garnica.
Turno de portavoces.
¿Grupo Parlamentario Mixto?
Tiene la palabra la Senadora De Boneta.
La señora DE BONETA Y PIEDRA: Gracias, señor Presidente.
Intervengo para mostrar mi acuerdo con la oportunidad de la moción que ha
planteado la Senadora del Grupo Parlamentario Popular, así como mi
satisfacción por que el Grupo Parlamentario Popular, por las razones que
ha dado la Senadora que acaba de intervenir, que en este caso es la
portavoz del Grupo Parlamentario Popular, no acepte la sugerencia, como
ella la ha denominado, del Grupo Parlamentario Socialista, puesto que yo
coincido en que aún no se tienen datos suficientes sobre la problemática
generada por estas enfermedades de nueva aparición o de reciente
reconocimiento. Es posible que tanto la anorexia como la bulimia
existieran y tuvieran incidencia en la población, pero nunca se les había
dado esta calificación ni habían pasado a la categoría de cuestiones que
preocupan a los ciudadanos y ciudadanas en general.
Debo decirle que creo que, en efecto, la anorexia y la bulimia se ceban
más en las mujeres jóvenes, pero se tiene conocimiento de que este
problema se va extendiendo a mujeres no tan jóvenes, de la misma manera
que los problemas derivados de la osteoporosis, a los que ha hecho
referencia, se están dando también en mujeres de muy poca edad, por
trastornos hormonales o por las razones que sea, con lo cual, las edades
se están estrechando. Pero la anorexia y la bulimia no sólo se están
manifestando en las jóvenes, sino también en las que no lo son tanto, e
incluso en hombres de todas las edades.
Por esa razón creo que ésta habría sido una buena oportunidad para
aceptar la sugerencia presentada por el Grupo Parlamentario Socialista.
No obstante, he creído entenderle que el apoyo que ha dado esta
iniciativa es que se plantee en otro ámbito o en otro momento. Desde
luego, esta Senadora del Grupo Parlamentario Mixto lo tendrá en cuenta
con el fin de abordar un tema que es una grave preocupación para muchas
familias y para muchos ciudadanos y ciudadanas, como decía antes, que
están constituyendo grupos y asociaciones precisamente para defenderse de
forma conjunta contra los problemas generados por estas graves
enfermedades y para conocer los sistemas de tratamiento, no sólo desde el
punto de vista de la salud, sino de los sistemas de tratamiento familiar
y del entorno que se debe dar a estas personas. Creo que esto tiene que
tener una acogida, y que no debemos esperar a que el problema alcance
unos niveles aún más preocupantes de los que ya va alcanzando.
En este sentido nos tenemos que adelantar y no ir por detrás de las
preocupaciones sociales. Insisto en que nuestro Grupo va a apoyar la
moción planteada. Esperamos que el rechazo que ahora obtiene esta
sugerencia, esta enmienda, esta adición, que plantea el Grupo
Parlamentario Socialista pueda tener cabida muy pronto en las
preocupaciones de sus señorías y en los trabajos de esta Cámara.
Nada más y muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, Senadora De Boneta.
Tiene la palabra el Senador Gangoiti.
El señor GANGOITI LLAGUNO: Muchas gracias, señor Presidente.
Nuestro Grupo Parlamentario va a votar favorablemente la moción
presentada por el Grupo Parlamentario Popular. Y lo vamos a hacer por
tres razones. La primera
razón es demográfica. Teniendo en cuenta la pirámide de población que
existe en la actualidad podemos decir que prácticamente el 25 por ciento
de la población femenina supera los 60 años. La segunda es que el texto
que se ha presentado está completamente de acuerdo y va en la línea de
los estudios y de los trabajos que está haciendo el Instituto Europeo
para la Salud de la Mujer e, incluso, del informe que se ha publicado
«Mujeres en Europa: hacia una vejez saludable». Y la tercera por
coherencia con la política del Gobierno vasco en Euskadi. De hecho, de
los temas que se tratan aquí voy a citar solamente dos: el cáncer y la
depresión. El Servicio Vasco de la Salud realiza cada dos años pruebas a
todas las mujeres de entre 50 y 60 años de carácter preventivo. Respecto
de la depresión, quiero decir también que la salud mental forma parte del
Sistema General desde la creación del Servicio Vasco de la Salud. Estas
tres razones que he explicado hacen que vayamos a votar favorablemente
esta moción.
Por último, y para acabar, quiero decir que estamos de acuerdo con la
filosofía de la enmienda que ha presentado el Grupo Parlamentario
Socialista. Sabemos que no se va a admitir a trámite, pero en el caso de
que se hubiese admitido a trámite hubiésemos votado favorablemente.
Nada más y muchas gracias, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias, Senador Gangoiti.
Por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió,
tiene la palabra el Senador Cardona.
El señor CARDONA I VILA: Muchas gracias, señor Presidente.
Señorías, voy a exponer y fijar la posición de nuestro Grupo, el Grupo
Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió, en relación
con la moción que nos presenta el Grupo Parlamentario Popular, expuesta
por la Senadora López, por la que se insta al Gobierno a que establezca,
en coordinación con las Comunidades Autónomas, los objetivos dirigidos a
reducir la incidencia y severidad del cáncer, la osteoporosis y la
depresión en las mujeres, fundamentalmente de mediana y avanzada edad, y
desarrollar políticas de salud para mantener la calidad de vida de las
mujeres de edad avanzada.
Hemos de decir de entrada que participamos, en general, de lo que se dice
en la parte expositiva de la moción que justifica la presentación de la
misma, así como de lo expuesto en su defensa. Compartimos, de la misma
forma, el fondo de lo que se pretende en su parte dispositiva de lo que
cabría deducir, en consecuencia, que nuestra posición ha de ser la de
apoyar la misma. Sin embargo, hay una cierta reticencia en la forma que
se presenta, concretamente, el reparto competencial. Hemos querido saber
siempre qué es lo que se pretende exactamente en las últimas mociones que
presenta el Grupo Parlamentario Popular. En este sentido, no se nos
escapa, Senadora López, el inciso «en colaboración con las Comunidades
Autónomas». Al respecto, hemos de reflexionar en que una cosa es lo que
se dice que se dice y otra lo que realmente se diga en la moción.
Por eso, quiero manifestar que no podríamos aceptar que ello pudiera
significar una injerencia en las competencias transferidas y, por lo
tanto, una imposición de objetivos por el Gobierno central que no
respetara las prioridades que las Comunidades Autónomas tienen en
relación al caso; es decir, que el Gobierno central marcara las pautas
para que después las ejecutaran las Comunidades Autónomas. En este caso,
le daré cuenta de las prioridades del Consejo Ejecutivo de la
Generalitat, en tanto que Gobierno de Cataluña, y de qué es lo que tiene
marcado en estos temas. Efectivamente, Cataluña, mediante el Plan de
Salud de Cataluña, ya tiene establecidos los objetivos específicos para
determinados problemas de salud; así, el Plan de Salud es, o por lo menos
modesta y honestamente creemos que es, el principal instrumento que marca
los objetivos y, en definitiva, la estrategia en política sanitaria en
Cataluña.
En el documento marco para la evaluación de este Plan de Salud, que ha
sido publicado por el Departament de la Generalitat de Seguridad Social
en el año 1991, ya se fijaban los objetivos generales de salud, así como
de disminución de riesgo en el horizonte del año 2000 siguiendo las
recomendaciones de la estrategia regional europea de la Organización
Mundial de la Salud; no podía ser de otra forma. El estudio de la
evolución de la situación de los objetivos en los años transcurridos
desde su formulación ha permitido conocer la tendencia y, en algunos
casos, ha comportado incluso su reformulación o la reorientación de las
intervenciones dirigidas a sus objetivos o logros.
Así, el Plan de Salud para el trienio 1993-95 representó una nueva
orientación en la tradición de planificación sanitaria de Cataluña. La
salud de los ciudadanos se convierte en el eje central de la
planificación; asimismo, los objetivos sanitarios de la población ya no
se centran exclusivamente en la organización y productividad de los
servicios y se tiende a extender la responsabilidad de la salud a otros
ámbitos no estrictamente sanitarios, incluso, por qué no, a los propios
ciudadanos. Esta orientación de la planificación se basa en un concepto
de salud positiva que incorpora los principios de la Ley de ordenación
sanitaria de Cataluña y los objetivos de salud para todos, teniendo en
cuenta los acuerdos y recomendaciones de las sociedades científicas y de
los expertos en la materia.
La experiencia adquirida en la elaboración y en la aplicación del Plan de
Salud 1993-95 y el trabajo continuado con los profesionales e
instituciones, así como los resultados de evaluación son elementos que
aportan una mayor solidez al proceso de planificación, siendo la base
para la elaboración de nuevas propuestas. Además, en la elaboración del
Plan de Salud 1996-98, en el que estamos ahora y que termina este año, se
ha observado una gran participación. Unicamente, desde la pluralidad y
desde el conocimiento de la realidad de la salud organizativa social y
cultural, se puede realizar un proceso con estas características, que ha
de ser fruto de un largo y profundo trabajo de profesionales y agentes
sociales implicados en la mejora de la salud.
Esta planificación ha de hacerse, además, de forma descentralizada e
incorporando la especificidad territorial, con la identificación de
problemas y con la posibilidad de poder
desarrollar intervenciones para zonas concretas. No se le oculta a su
señoría que hay problemas típicos de unas regiones determinadas, incluso
dentro de Cataluña. En todos los lugares no se dan los mismos problemas
y, por lo tanto, la territorialización es importante. Por ello, el Plan
de Salud de Cataluña integra los proyectos de los Planes de Salud de las
ocho regiones sanitarias, los unifica y, así, engloba las prioridades de
las ocho regiones.
En el Plan se recopilan más de 20 problemas de salud, concretamente creo
que 22, así como los objetivos operacionales propios de cada uno de estos
problemas de salud; algunos de ellos tienen relación con referencias
concretas que aparecen en la moción que se nos presenta. Figuran: la
extensión de los programas poblacionales de diagnóstico radiológico de
cáncer de mama mediante campañas de mamografías en los distintos
territorios de las regiones sanitarias, incluso cuando supongan
desplazamientos desde su lugar de origen a donde se les pueda hacer la
mamografía; mantenimiento de actividades de detención precoz de cáncer de
cuello uterino; consejos sobre la exposición solar y detención precoz del
cáncer de piel; actuaciones sobre problemas de salud mental --como
comentábamos en una moción presentada por el Grupo Parlamentario
Popular--: protección de la capacidad de los profesionales de atención
primaria, que son los primeros a los que se acude en estos problemas,
diagnóstico precoz de estos problemas y establecimiento de medidas de
ayuda para aquellas familias de pacientes con trastornos mentales, entre
otras; actuaciones sobre la salud osteoarticular, desde trastornos
reumáticos de todo tipo, hasta la detección precoz de la osteoporosis,
fundamentalmente de la osteoporosis postmenopáusica, que usted ha
mencionado, con una insistencia especial y específica al problema de la
menopausia, ya que no debemos olvidar que la menopausia es un proceso
natural de envejecimiento en el que se producen grandes cambios
fisiológicos en la mujer y cuyos trastornos tienen una asociación que va
desde el sistema cardiovascular hasta el sistema óseo y el aparato
urogenital, y, además, en la menopausia son típicos los trastornos
sicológicos, que exigen, además, una demanda importante de atención
sanitaria.
Por todo ello, señor Presidente, señorías, nuestro voto, como ya he
anunciado, estará en función de lo que se entienda por coordinación con
las Comunidades Autónomas. A nosotros nos parece entender, en principio,
que en la coordinación debe haber un acuerdo previo, pero en ningún caso
deberá hacerse lo que he dicho anteriormente. Es decir, no deben marcarse
políticas sanitarias por parte del Gobierno central para que después las
Comunidades Autónomas con competencias transferidas tengan que llevarlas
a cabo sin que puedan dar prioridad a cada cuestión en función de sus
necesidades, entre otras cosas, porque resulta mucho más efectivo y más
operativo.
En definitiva, que ello no signifique una imposición de objetivos desde
el Gobierno central y que, por tanto, se respeten las prioridades de los
Gobiernos de las Comunidades Autónomas con competencias transferidas. En
este caso yo me refiero a la Generalidad de Cataluña, pero en realidad me
estoy refiriendo a todas las Comunidades Autónomas que tienen
competencias en esta materia. Precisamente la sanidad es fruto de un
juego de competencias que está contemplado en la Constitución.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, Senador Cardona.
Tiene la palabra la Senadora Fernández Valenzuela.
La señora FERNANDEZ VALENZUELA: Gracias, señor Presidente.
Señora López Garnica, me hubiese encantado que cuando este mediodía
estuvimos hablando de este tema hubiésemos llegado a un acuerdo, para
que, entre otras cosas, como le expliqué, hubiésemos ido adelantando
algo. Pero verdaderamente no hay ningún problema. Aprovecho para
anunciarles que en el mes de septiembre mi Grupo presentará una moción
que veremos correspondida con el apoyo del Grupo Parlamentario Popular.
Señorías, antes de continuar con mi intervención, me gustaría hacer una
pequeña enumeración de fechas y de comparecencias para que consigamos
centrar el tema y también la posición de mi Grupo, el Grupo Socialista,
ante esta moción que propone el Grupo Parlamentario Popular.
El día 7 de marzo de 1997, a propuesta del Ministerio de Trabajo y
Asuntos Sociales, el Consejo de Ministros acuerda aprobar, para el
período 1997-2000, el III Plan para la igualdad de oportunidades entre
mujeres y hombres. Un poco más tarde, en la Comisión Mixta
Congreso-Senado de los Derechos de la Mujer, se nos presentó dicho Plan.
En él se establecen diez áreas y, según se dice en su introducción, en él
se hacen coincidir, con algunas adaptaciones a nuestra realidad, las
áreas definidas en la IV Conferencia de Beijing.
Quiero recordarles a sus señorías que en las intervenciones de los
representantes de los grupos políticos en la Comisión había, entre otras
cosas, dos denominadores comunes: en primer lugar, un planteamiento
difuso y no imperativo de objetivos, tanto de los referidos al área de
salud como a otras áreas, y, en segundo lugar, la no cuantificación
económica de dicho Plan, con lo cual es muy difícil llevarlo a cabo
ordenadamente ya que no hay un presupuesto económico.
Es decir, después de que sus señorías tardaron casi un año en
confeccionar y en presentar el Plan, al final casi todos teníamos la
sensación de que éste era casi improvisado.
Como ya he dicho, entre las diez áreas que contiene el Plan se encuentra
la de salud, que es la que se refiere la moción hoy presentada. Dicha
área cuenta con cuatro objetivos y veinticinco actuaciones. Pues bien, el
día 10 de diciembre de 1997, y a petición de mi Grupo, comparece ante la
Comisión el Ministro de Sanidad y Consumo. Entre otras cosas, el Ministro
nos expone que el INSALUD ha aprobado un Plan integral de atención a la
mujer, a desarrollar durante el próximo bienio, es decir durante 1998-99.
Dicho Plan, que según el Ministro se pondría en marcha a primeros de
enero --estamos a finales de junio y todavía no sabemos nada de él--,
está integrado por cuatro programas, relativos a mejorar la información
sobre métodos
anticonceptivos; potenciar la atención integral en el embarazo, parto y
puerperio; intensificar los programas dirigidos a la detección y atención
precoz del cáncer femenino --en especial, los de mama, endometrio y
cérvix--, y establecer cuidados específicos en la menopausia.
Posteriormente, el 8 de junio del presente año, y ante la Comisión Mixta
de los Derechos de la Mujer, se presenta por parte de la Directora del
Instituto la implementación del Plan durante su primer año de vigencia,
es decir, 1997. En dicha Comisión nos expone --y además, figura por
escrito-- que de las 25 actuaciones del área de salud se han puesto en
marcha 21, lo que supone un grado de cumplimiento del 84 por ciento.
Las cuatro actuaciones que todavía no se han iniciado no se refieren en
absoluto a los objetivos que hoy nos presenta la moción del Grupo
Popular, es decir, a la incidencia y severidad del cáncer, la
osteoporosis, la depresión en las mujeres --fundamentalmente, de mediana
y avanzada edad--, y al desarrollo de políticas de salud para mantener la
calidad de vida de las mujeres que se encuentran en edad avanzada.
Señorías, he querido hacer esta enumeración para que se den cuenta de la
descoordinación del Gobierno en el área de la mujer. Van ustedes
aplicando adjetivos o presentando mociones según convenga, y siempre
aprovechando la oportunidad del momento político. Pero a nuestro Grupo no
le parece serio que, después de que el Ministro de Sanidad afirmase en la
citada Comisión que, como ya he dicho, en enero de 1998 se iba a poner en
marcha el Plan integral de atención a la mujer, y después de que la
señora Directora del Instituto de la Mujer nos dijera que en 1997 se
había producido un grado de cumplimiento en el área de salud del 84 por
ciento, su Grupo parlamentario, el Grupo que sustenta al Gobierno,
presente una moción. Como es lógico, eso nos mueve a pensar, como también
he dicho, que existe una gran descoordinación entre ustedes, o que nada
de lo que se dice o se pone en marcha se hace de la manera que se
expresa.
De todas formas, señorías, mi Grupo va a apoyar la moción. Y lo va a
hacer, porque se trata de un tema referente a las mujeres, y todo lo
relativo a las mujeres nos parece interesante. Por otro lado, también son
importantes los datos de que disponemos sobre los temas que contempla su
moción. Además, nuestro derecho como ciudadanas a disfrutar del más alto
nivel posible de salud física y mental es algo fundamental para todas
nosotras, sobre todo, porque de la posibilidad de disfrutar de ese
derecho dependerá también el bienestar de la mayoría de las mujeres.
Hay que tener en cuenta que las mujeres no acceden a la salud en igualdad
de condiciones; hacen un uso diferente de los recursos básicos de salud.
Las mujeres se ven afectadas por la mayoría de las condiciones de salud,
igual que los hombres, pero las experimentan de distinta manera. La
incidencia de la pobreza, la dependencia económica, la violencia que se
ejerce sobre ellas, ciertas actitudes negativas hacia mujeres y niñas, y
el limitado poder que muchas mujeres ejercen sobre su vida sexual y
reproductiva, así como su falta de influencia en la toma de decisiones,
son realidades que también influyen sobre la salud. Además, cada día se
comprueba en mayor medida que las diferentes etapas biológicas también
determinan en la mujer más necesidades y mayores demandas específicas de
los servicios sanitarios, con independencia de las prestaciones que se
realicen para la población en general.
Como consecuencia de todo esto, el segundo informe de la Comisión Europea
sobre la situación sanitaria de la mujer en Europa, elaborado en mayo de
1997, y dirigido al Consejo de Europa, al Comité Económico y Social, y al
Comité de las Regiones, se centra en un tema concreto: la salud de las
mujeres, que está surgiendo como un elemento de preocupación tanto para
el conjunto de la población como para los profesionales de la sanidad y
los responsables políticos sanitarios de la Unión Europa.
Como era de esperar, las causas principales de fallecimiento varían con
la edad. Los cánceres --específicamente, los femeninos, como los de mama
y cuello de útero-- son la principal causa del fallecimiento de las
mujeres comprendidas entre los 35 y los 64 años. Entre las mujeres
mayores de 65 años las enfermedades del sistema cardiovascular ocasionan
la mayor parte de las muertes, aproximadamente la mitad del total del
fallecimiento en estos grupos de edad.
Este informe que he citado anteriormente permite sacar a la luz los
problemas sanitarios más frecuentes, como, por ejemplo, los trastornos de
los hábitos alimentarios, el cáncer de mama, la osteoporosis, el abuso
sexual y las consecuencias de la violencia en el hogar, así como las
causas exclusivamente femeninas, como salud reproductiva, cáncer de
cuello del útero, cáncer del ovario y la menopausia, y además, aquellas
que parecen afectar a la mujer de modo diferente que el hombre, como son
las enfermedades cardiovasculares y el sida.
Por otra parte, las tendencias demográficas ponen, a su vez, de
manifiesto, como ha dicho anteriormente la Senadora, el envejecimiento de
la sociedad, con inclusión de la feminización del grupo de edades más
avanzadas.
Hay cada vez más indicios de que gran parte de los conocimientos
biomédicos de las enfermedades, con excepción de los problemas sanitarios
biológicos exclusivos de las mujeres, proviene de la investigación basada
en el prototipo masculino. De esta forma se ha pasado por alto la
influencia de las diferencias de sexo en el diagnóstico, el tratamiento y
los resultados sanitarios.
Por otra parte, señoría, hay situaciones de la mujer respecto al hombre
que, de alguna forma, le dictan sus propias opciones en la vida,
incluida, por ejemplo, la de vida sana. Así, a nivel comunitario, se han
puesto en marcha actividades que dan prioridad a las mujeres de edad
avanzada. Así, el año 1999 será el año internacional de la tercera edad,
que organizará las Naciones Unidas.
Como consecuencia del envejecimiento de la sociedad está aumentando la
incidencia de la osteoporosis, y dada la significativa morbilidad y
mortalidad que esta enfermedad ocasiona, debe de constituir una
preocupación cada vez mayor, ya que la terapia hormonal sustitutiva
contribuye sólo a la prevención en las niñas. Las mujeres parecen
sentirse mal informadas sobre los costes y beneficios de este tipo de
terapias y, desde luego, la osteoporosis dependiente
de la edad se da con bastante mayor frecuencia en la mujer que en el
hombre y trae consigo mortalidades significativas.
Por último, me gustaría decirles que sentimos que no hayan aprobado, como
ya le he dicho al principio, la adición que hemos presentado. Vamos a
votar que sí a la moción, pero quiero indicar que las políticas de salud
para la mujer, después de dos años de Gobierno, no han sido nada
innovadoras, ni cuantitativa ni cualitativamente.
Vamos a ver si centramos nuestros esfuerzos en esta moción para que en la
realidad y en el hacer diario las propuestas solicitadas se cumplan con
prontitud. Nuestro Grupo, señorías, hará un seguimiento exhaustivo de
ellas y en septiembre presentaremos una moción sobre la anorexia y la
bulimia.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, Senadora Fernández Valenzuela.
Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra la Senadora López
Garnica.
La señora LOPEZ GARNICA: Muchas gracias, señor Presidente.
En primer lugar, quiero agradecer el apoyo unánime de todos los grupos
parlamentarios a esta moción. En especial, quiero agradecer a la Senadora
Fernández Valenzuela y a su Grupo el apoyo que han manifestado y la
reacción que han tenido ante la negativa de este Grupo de admitir su
enmienda. Muchas gracias.
Quiero decir al Senador Cardona que, desde luego, esta moción está
planteada --tenga usted la seguridad-- desde el más profundo respeto al
sistema de distribución de competencias y no pretende, para nada, una
injerencia en las políticas sanitarias de las Comunidades Autónomas con
competencias en materia sanitaria. Es por esto por lo que la moción dice
lo que dice y no lo que, a lo mejor, tengamos miedo de que pueda decir.
Por esta razón hablamos de la política sanitaria del Gobierno y de la
coordinación de las Comunidades Autónomas. Es labor de esta Cámara el
impulso de la acción del Gobierno y recogemos las recomendaciones del
Instituto Europeo para la Salud de la Mujer, que dice: El Instituto
Europeo para la Salud de la Mujer urge a la Unión Europea, así como a
todos los Estados miembros, a que establezcan objetivos alcanzables,
medibles, etcétera. En este sentido, podemos instar al Gobierno, pero
también nos gustaría que todas las Comunidades Autónomas, incluida la
mía, que también tiene competencias en materia de sanidad, tengan también
la preocupación que compartimos ahora mismo en toda la Cámara, que es la
salud de la mujer de mediana y avanzada edad. En todo caso, tanto en
aquellas Comunidades Autónomas que siguen siendo regidas directamente por
el INSALUD en materia sanitaria como en aquellas Comunidades Autónomas
que tienen competencia en la misma, tenemos un foro adecuado para esto,
como es el Consejo Interterritorial y, en todo caso, cada Comunidad
Autónoma establecerá sus prioridades en función de sus necesidades, de su
situación demográfica. Pero, repito que lo que quería decir la moción es,
en todo caso, es lo que dice. No tenga ningún miedo.
Quería decir a la Senadora Fernández que no veo por ninguna parte ni
descoordinación ni otro aspecto raro en la tarea de impulso al Gobierno.
No creemos que sea malo que desde esta Cámara se le impulse a que adopte
una serie de medidas.
¿Por qué lo hacemos con respecto a la salud de las mujeres de mediana y
avanzada edad en estos momentos? Porque hay una especial sensibilización
en este tema. Les he comentado antes que tengo el honor de ser vocal de
un Consejo europeo asesor para la salud de la mujer de mediana y avanzada
edad que ha sido creado, precisamente, por el Instituto Europeo para la
Salud de la Mujer. Lo digo con gran orgullo y me parece que, de alguna
manera, mi Grupo ha asumido esta preocupación, no sólo política sino
también en lo que se refiere a muchos aspectos sobre la salud de las
mujeres de mediana y avanzada edad.
De las 25 acciones que el Plan Integral del INSALUD recogía se han
realizado 21. Pienso que no es un mal porcentaje y, desde luego, todos
nos felicitaremos cuando el Gobierno ponga en marcha el total de ellas.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, Senadora López Garnica.
Quería preguntar al Grupo Parlamentario Popular si acepta la enmienda del
Grupo Parlamentario Socialista. (La señora López Garnica hace signos
negativos.) Vamos a llamar a votación. (Pausa.)
Tiene la palabra la Senadora López Garnica.
La señora LOPEZ GARNICA: Señor Presidente, no sé si es oportuna o no mi
intervención. Simplemente quiero decir que no me parece necesario, según
las intervenciones de los diferentes portavoces de los Grupos.
El señor PRESIDENTE: ¿Se puede aprobar por asentimiento? (Pausa.)
Queda aprobada.
Muchas gracias, Senadora López Garnica.
--DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA POR LA QUE SE INSTA AL GOBIERNO A
ELABORAR Y PONER EN PRACTICA UN PLAN ESPECIAL PARA FOMENTAR EL EMPLEO DE
LAS MUJERES, EN COLABORACION CON LAS COMUNIDADES AUTONOMAS, Y A AUMENTAR
LAS MEDIDAS ESPECIFICAS ADICIONALES Y LAS POLITICAS ACTIVAS DE EMPLEO
PARA LAS MUJERES, EN EL MARCO DEL PLAN NACIONAL DE ACCION PARA EL EMPLEO
APROBADO RECIENTEMENTE POR EL CONSEJO DE MINISTROS (662/000127).
El señor PRESIDENTE: A continuación pasamos a la moción del Grupo
Parlamentario Socialista por la que se insta al Gobierno a elaborar y
poner en práctica un plan especial
para fomentar el empleo de las mujeres, en colaboración con las
Comunidades Autónomas, y a aumentar las medidas específicas adicionales y
las políticas activas de empleo para las mujeres, en el marco del Plan
Nacional de Acción para el Empleo aprobado recientemente por el Consejo
de Ministros. A esta moción se ha formulado una enmienda del Grupo
Parlamentario Popular.
Para la defensa de la moción, tiene la palabra el representante del Grupo
proponente, en este caso, la Senadora Navarro.
La señora NAVARRO GARZON: Gracias, señor Presidente.
Señorías, hay un tema, el empleo, que no ha dejado de perder actualidad
informativa en esta última semana debido, entre otras cuestiones, a la
reciente Cumbre de Cardiff donde, una vez más, se ha abordado este
complejo problema al que, por otro lado, desde el Grupo Parlamentario
Socialista no somos ajenos y que nunca ha dejado de preocuparnos. (El
señor Vicepresidente, Aguilar Belda, ocupa la Presidencia.)
Nos preocupa el empleo y, aún más, el de las mujeres porque,
precisamente, el empleo, las posibilidades de acceso al trabajo
remunerado, así como la discriminación en el mercado laboral, son algunos
de los problemas que más inquietan y afectan a las mujeres españolas.
Esta es la razón que motiva la moción que hoy proponemos a esta Cámara y
para la que pedimos un apoyo unánime.
Señorías, todas y todos los aquí presentes somos conscientes de que todos
los avances que las mujeres hemos conquistado a través de la historia el
que más ha marcado, en cierta forma, nuestra autonomía ha sido,
precisamente, el poder acceder a un empleo. Debemos ser conscientes
también en esta Cámara de las desigualdades que las mujeres aún sufren en
el mercado laboral. Según la Encuesta de Población Activa, la tasa de
paro de las mujeres correspondiente al primer trimestre de 1998 es del
26,98 por ciento, mientras que la de los hombres es del 19,63; por tanto,
vemos que es 7 puntos más alta la de la mujer, en este caso. La tasa de
actividad de los hombres es del 49,7 por ciento frente al 37,5 por ciento
de las mujeres; por tanto 12 puntos más baja. Podemos asegurar, señorías,
en función de estos datos, que la desigualdad entre hombres y mujeres en
la participación en el empleo remunerado es muy alta.
Las mujeres españolas encuentran hoy enormes dificultades para su
completa integración laboral, social y económica, y constituyen uno de
los colectivos laborales más vulnerables. De los 19 millones de personas
sin empleo en la Unión Europea, más de un millón son mujeres españolas.
De hecho, ser mujer española y joven significa encontrarse en una muy
difícil situación en el mercado laboral. Ser mujer en España es casi el
doble de duro que ser varón, si pretende encontrar un empleo, y un tercio
más duro si además es joven. Si la mujer es universitaria, nuevamente,
aunque sea joven, es el doble de duro; y, por último, ser mujer en España
es más duro para encontrar un empleo que ser mujer en los países más
desarrollados de Europa.
La tasa de actividad de las mujeres en nuestro país no ha hecho más que
crecer en los últimos años, pero también ha crecido el desempleo;
produciéndose en nuestro país el doble fenómeno de tener el paro femenino
más elevado de toda la Comunidad y también el mayor diferencial con
respecto al paro masculino.
El actual perfil de la actividad femenina en nada recuerda al modelo
clásico en el que las mujeres dejaban de trabajar al casarse, para
incorporarse de nuevo una vez criados los hijos. Las españolas jóvenes
tienen tasas de actividad un poco más bajas que las de los varones, sobre
todo porque siguen estudios universitarios superiores con mayor
frecuencia que ellos; pero entre los 25 y los 29 años la tasa de
actividad supera el 74 por ciento, y se mantiene por encima de la mitad
hasta pasados los 45 años.
Según el último informe de Eurostat, la tasa de paro de las mujeres en la
Unión Europea es del 12,3 por ciento en el mes de febrero de 1998,
mientras que la española era del 27,8, la mayor de Europa, como decía
anteriormente. Por poner un ejemplo, la tasa de paro femenino en Alemania
es sólo del 7,1 por ciento; en el Reino Unido, del 6,1, y en Suecia, del
8,9. La diferencia entre la tasa media de paro de la Unión Europea entre
hombres y mujeres es de 3,3 puntos, mientras que en España esa diferencia
se eleva hasta el 12,7 por ciento.
Pero lo que más nos preocupa es que esta diferencia entre el paro
masculino y el femenino está aumentando. En el primer trimestre de 1996
había 1.792.000 hombres en el paro y 1.825.530 mujeres; es decir, 33.470
mujeres más que hombres. Hoy, en el primer trimestre de 1998, la
diferencia es de 241.000 mujeres más que hombres. Durante estos dos años
han encontrado empleo 326.000 personas que estaban paradas, y de ellas
sólo 118.730 eran mujeres. Señorías, por cada mujer en paro que encuentra
un trabajo lo consiguen tres hombres. Yo creo que los datos son muy
evidentes y, ante los datos, debemos calificar de alarmante esta
tendencia.
Tampoco podemos pasar por alto que la precariedad en el empleo también
afecta más a las mujeres que a los hombres. La diferencia en la calidad
del empleo que encuentran las mujeres con respecto a los hombres es muy
grande. Los hombres encuentran empleo a tiempo completo mientras que una
de cada tres mujeres que encuentran un empleo es sólo a tiempo parcial, y
en la mayoría de los casos aceptan, no por elección propia, sino porque
no existe otra posibilidad.
No sé si ante este panorama somos conscientes --yo estoy segura de que
sí-- de la gravedad del problema que estamos abordando. El problema de la
desigual participación de la mujer española en el empleo es muy grave y
necesita respuestas. Además, no es un problema exclusivo de ciertas
Comunidades Autónomas, como se puso de manifiesto en esta Cámara
recientemente. Es un problema de todo el Estado y no existen sustanciales
diferencias entre unas y otras Comunidades Autónomas.
Señorías, el Grupo Parlamentario Socialista considera que se necesitan
compromisos políticos públicos que apuesten por el empleo de las mujeres.
Esta situación no
puede esperar más y, cuando vivimos tiempos de bonanza económica, creo
que ha llegado la hora de apostar por el sector de la población
socialmente más desfavorecida, que en este caso somos las mujeres.
El Plan de Acción para el Empleo del Reino de España para 1998 que ha
elaborado el Gobierno incluye las recomendaciones de la Unión Europea en
el apartado IV, con medidas para combatir la discriminación entre hombres
y mujeres. La Unión Europea ha instado a los países miembros a esforzarse
por reducir la desigualdad entre las tasas de desempleo de hombres y
mujeres y apoyar activamente el aumento de empleo de las mujeres.
Sin embargo, para estas directrices, el Gobierno dice destinar 10.878
millones de pesetas del billón que totaliza el Plan. La mayor parte de
estos recursos --unos 7.000 millones-- se concretan en una sola medida
como coste de las exenciones de las cotizaciones de la Seguridad Social
por los contratos de sustitución de trabajadoras en los puestos de baja
por maternidad. La dimensión del problema es demasiado grande y el
volumen de recursos que se aplica demasiado pequeño. Aunque a simple
vista el presupuesto para estas medidas pueda parecer importante, no ha
habido nuevas partidas adjudicadas al apartado de igualdad de
oportunidades. Lo que se ha hecho ha sido buscar en los distintos
Ministerios (Educación, Trabajo) o en el Instituto de la Mujer las
partidas que estaban al servicio de políticas en materia de empleo, se
las ha sumado y se han puesto en un mismo paquete llamado Plan de Empleo.
Señorías, precisamente en el marco de ese Plan de Empleo debemos
aprovechar más y nuevos recursos para que, en definitiva, la política
económica se ponga al servicio de la creación de empleo y potencie el
empleo de las mujeres. No podemos quedarnos sólo en un Plan de Empleo que
es un catálogo de acciones que ya estaban puestas en marcha a través de
distintas iniciativas sin recoger proyectos novedosos y dotaciones
presupuestarias extraordinarias. Tenemos que aportar más ambición a ese
plan.
Hay temas que no están resueltos como, por ejemplo, los incentivos a la
contratación indefinida de mujeres en profesiones en las que se
encuentran subrepresentadas y no están dando los resultados esperados.
Las empresas siguen sin contratar a las mujeres. Se sigue contratando
mucho más a los hombres.
Ante esta situación hay que pensar más en las medidas y estudiarlas más a
fondo. Es urgente una nueva regulación de los sectores donde la mujer
está subrepresentada. Hay que tomar más medidas concretas y efectivas.
Señorías, como digo, no se han incorporado medidas nuevas en el apartado
de igualdad de oportunidades. Se prevé la difusión de legislación
comunitaria, entre profesionales encargados de su aplicación, para evitar
la discriminación directa o indirecta; conceder carácter prioritario a
las acciones formativas para la mujer; incentivar la contratación de
mujeres en los oficios en los que se encuentran subrepresentadas, como
decía anteriormente; incrementar acciones formativas en profesiones y
ocupaciones que constituyen nuevos yacimientos de empleo. Pero todo esto
no es nuevo en lo que respecta a la reinserción laboral, las medidas
tomadas también estaban ya recogidas, por lo que no supone ningún avance
real.
Por otro lado, me preocupa qué se entiende por igualdad de oportunidades,
puesto que sería muy grave que se considerase el trabajo a tiempo parcial
como una forma para las mujeres de compatibilizar el trabajo y la vida
familiar y no como una fórmula de reparto del tiempo de trabajo para
hombres y mujeres, con garantías y derechos sociales añadidos; reparto de
trabajo que tendría que ser entre hombres y mujeres y ambos deben
compatibilizar la vida familiar con la vida laboral.
Por todo ello, señorías, nos ha parecido oportuno pedir con esta moción
que se elabore un plan especial para fomentar el empleo de las mujeres en
colaboración con las Comunidades Autónomas; incluir en este Plan
--siempre dentro del marco del Plan de Empleo del Gobierno--, como uno de
los apartados más importantes, la potenciación de los yacimientos de
nuevos empleos; en definitiva, aumentar las políticas activas para el
empleo de las mujeres con medidas específicas y adicionales, por
supuesto, dentro del marco del Plan de Acción que ha presentado el
Gobierno.
Desde mi Grupo creemos que tenemos la responsabilidad de poner en vigor
medidas legislativas que se opongan a formas tácitas o manifiestas de
discriminación sexual en el trabajo. Y digo poner en vigor porque las
medidas existen, pero de manera más o menos subliminal se siguen
vulnerando. Tenemos la responsabilidad de convencer a la sociedad
española, y especialmente a las empresas y empresarios, de la enorme
capacidad laboral de las mujeres y de la rentabilidad de invertir en el
futuro confiando en las mujeres.
Por ello, señorías, les pido en nombre del Grupo Parlamentario Socialista
el apoyo para esta moción, cuyas medidas consideramos equilibradas,
justas y acordes con los principios de igualdad que defendemos desde esta
Cámara. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Socialista.)
El señor VICEPRESIDENTE (Aguilar Belda): Gracias, Senadora Navarro.
A esta moción se ha presentado una enmienda por el Grupo Parlamentario
Popular. Para su defensa tiene la palabra la Senadora Díaz Villegas.
La señora DIAZ VILLEGAS: Muchas gracias, señor Presidente.
Señorías, no vamos a entrar, porque no lo consideramos necesario, en una
exposición de datos numéricos que demuestre la enorme discriminación que
en materia de empleo padece la mujer. Son ya muchas las veces que en esta
Cámara se ha debatido sobre distintos aspectos relacionados con su
situación, aportándose datos, cifras, porcentajes. También hemos debatido
sobre situaciones objetivas y reales de discriminación, que nos han hecho
ratificarnos aún más a cuantos formamos parte de esta Cámara de que hay
que poner fin a esta situación de injusticia para las mujeres, con la que
ningún demócrata puede estar de acuerdo. Por suerte, somos la mayoría los
que pensamos y sentimos así.
Pero, además, hay algo decisivo, y es que el Gobierno del Partido Popular
rechaza con la misma convicción esta injusta realidad que padece la mujer
y ha apostado con energía por intentar acabar con la misma. El Gobierno
es consciente de que la tasa de paro de las mujeres es notablemente más
elevada que la de los hombres, aunque también hemos de reconocer que en
los últimos dos años la situación ha mejorado notablemente, ya que si
bien la población actual femenina ha crecido más de dos veces que la
masculina, la diferencia entre la tasa de paro registrado en las mujeres
y la de los hombres se ha reducido. No obstante, hay un hecho que no
podemos obviar y que condiciona la situación: en España la incorporación
de la mujer al mundo laboral se ha producido con treinta años de retraso
respecto a otros países de la Unión Europea. Eso hace que mientras el
diferencial de paro masculino entre España y la Unión Europea está en
torno a los cinco puntos, el diferencial de paro femenino se sitúa por
encima de los dieciséis puntos.
Todas estas circunstancias negativas han sido tenidas en cuenta por el
Gobierno a la hora de elaborar el Plan de Acción para el Empleo. El
pasado 17 de marzo el Ministro de Trabajo y Asuntos Sociales en su
comparecencia en Comisión en esta Cámara afirmaba que el Plan Nacional de
Empleo va a ser un plan de empleo y mujer, porque todas las líneas que va
a presentar el Gobierno tienen como primer objetivo la mujer y el empleo.
Y continuaba diciendo el señor Ministro que dicho plan no iba a estar mal
titulado si se llamara plan de empleo y mujer, pues toda su línea
conductora es la mujer.
En efecto, cuando nuestro Grupo ha conocido el Plan y lo ha examinado
detenidamente hemos visto contrastada la idea expuesta por el señor
Ministro de que en su contenido hay una orientación general hacia el
empleo y la mujer. Además, las importantes y numerosas medidas que
plantea para combatir la discriminación en el mercado de trabajo están
tratadas desde la perspectiva de transversalidad, algo fundamental en las
políticas de empleo.
Por tanto, en estos momentos en que disponemos de un instrumento como
éste para desarrollar políticas activas, a nuestro juicio, no tendría
ningún sentido apoyar la moción socialista, que viene a proponer elaborar
un plan especial de empleo para la mujer, ya que los contenidos que
tendría ese posible plan están ya plasmados en el Plan de Acción para el
Empleo, aprobado el pasado 2 de abril por el Consejo de Ministros, y que,
por cierto, ha sido valorado muy positivamente en la reciente Cumbre
europea de Cardiff.
Y en línea con el espíritu de Cardiff precisamente, nuestro Grupo ha
presentado una enmienda, cuyo texto va en consonancia con las
conclusiones de la Cumbre, las cuales tal vez se vieran desatendidas de
aprobarse la moción socialista, ya que el último Consejo, celebrado
durante los días 15 y 16 de junio, orientaba en sus conclusiones a que
todas las políticas de empleo incorporen el aspecto de igualdad entre
hombres y mujeres, esto es, «mainstreaming» o transversalidad, no estando
de acuerdo, por tanto, con sacar a la mujer de los planes de empleo
nacionales, sino, por el contrario, que se le identifique con el empleo
pero mediante un instrumento único para hombres y mujeres.
El texto socialista se aleja, insisto, del espíritu de la Cumbre. Además,
nuestra enmienda pretende algo que nos parece muy positivo, esto es,
instar al Gobierno para que preste una atención especial, en colaboración
con las Comunidades Autónomas, a las medidas destinadas a fomentar el
empleo de las mujeres y potenciar los nuevos yacimientos de empleo. De
aprobarse esta enmienda que nuestro Grupo presenta, estamos seguros de
que, sin duda, se cumplirán los objetivos, que todos deseamos, de mejorar
la situación laboral de la mujer, pero sin hacer planes A y planes B,
algo que, a nuestro juicio, hoy día no tiene razón de ser.
En cuanto a los recursos que se mencionan en la moción y que se califican
de escasos, quisiéramos aclarar a sus señorías que, si bien es cierto que
las directrices 16, 17 y 18, integradas en el Pilar IV, disponen de unos
recursos cercanos a los 11.000 millones de pesetas, no nos podemos quedar
sólo en eso, como, no obstante, han hecho sus señorías. Da la sensación
de que no han analizado el Plan en su integridad y sólo se han fijado en
los recursos que figuran en el Pilar IV, sin observar que hay otras
muchas partidas dedicadas a la mujer, pero no se especifican por la
dificultad que conlleva su concreción. Por tanto, aunque esas otras
muchas partidas no se encuentran cuantificadas formalmente --o, por lo
menos, no lo están en su totalidad--, tendrán un gran impacto sobre estas
políticas de igualdad de oportunidades. Ahí están. Ahí están, por
ejemplo, el importe de las bonificaciones previstas para la contratación
de mujeres en actividades en las que se encuentran subrepresentadas; el
reflejo que puede tener en el colectivo femenino las bonificaciones a la
contratación indefinida dirigidas genéricamente a jóvenes, así como las
bonificaciones a parados de larga duración y mayores de 45 años. Ahí está
el coste de las acciones formativas relacionadas con los nuevos
yacimientos de empleo y a investigación y desarrollo; las subvenciones
con cargo al IRPF para el desarrollo de servicios sociales y de ayuda a
domicilio; acciones de información y asesoramiento en la búsqueda de
empleo; las relativas a mayor participación de las mujeres en
escuelas-taller y casas de oficio, o su reflejo en cualquier otro
programa de apoyo al empleo de los que desarrolla el Instituto Nacional
de Empleo. Y si todas estas propuestas no son nuevas e importantes
medidas, venga Dios y lo vea.
Estamos seguros de que la suma de todas estas dotaciones presupuestarias,
que, como hemos dicho anteriormente, no están cuantificadas en el Plan,
llevarán, sin duda, a un notable incremento de los fondos destinados a
las medidas para combatir la discriminación. Es decir, señorías, las
dotaciones financieras dispuestas van a ser mucho más elevadas que las
concretadas en dicho Plan, sobre todo, que las concretadas en el Pilar
IV, a las que ustedes sólo han hecho referencia.
Estamos convencidos, señorías, de que un nuevo plan de empleo para la
mujer es absolutamente innecesario a la vista del contenido del Plan de
Acción que acabamos de estrenar, ya que, como dijo también el señor
Ministro en
esta Cámara ante la Comisión General de las Comunidades Autónomas el
pasado día 4 de mayo, todo el plan de empleo es un plan de choque para
mujeres y jóvenes, porque el 90 por ciento de sus acciones están
concentradas en mujeres y jóvenes, que son realmente quienes se enfrentan
ante mayores problemas a la hora de conseguir empleo en España.
También hay que tener en cuenta algo importante, que es que el contenido
de este Plan es fruto del acuerdo con las Comunidades Autónomas, las
cuales, a excepción de la Comunidad Autónoma de Andalucía, han mostrado
su apoyo explícito al mismo, de forma que su colaboración queda de esta
manera asegurada.
Termino, señorías, diciendo que en estos momentos las mujeres españolas
tenemos un futuro esperanzador por delante de cara a una inserción
laboral, a la que tenemos derecho y que nos proporcionará esa autonomía
económica sin la cual no podríamos obtener ni alcanzar la autonomía
personal, en definitiva, la libertad por la que estamos luchando.
Muchas gracias, señor Presidente. (Aplausos en los escaños del Grupo
Parlamentario Popular.)
El señor VICEPRESIDENTE (Aguilar Belda): Muchas gracias, Senadora Díaz
Villegas.
Para contestar a la enmienda, tiene la palabra la Senadora Navarro.
La señora NAVARRO GARZON: Muchas gracias, señor Presidente.
No podemos aceptar la enmienda, aunque hemos hecho un gran esfuerzo esta
tarde e incluso hemos llegado a redactar una transaccional, pero al final
por parte del Grupo Parlamentario Popular se ha llegado al convencimiento
de que no se podía firmarla conjuntamente. No podemos aceptar la enmienda
porque en una primera lectura parece que quiere decir lo mismo la
enmienda que presenta el Grupo Parlamentario Popular y la moción que
presenta el Grupo Parlamentario Socialista, pero en una lectura detenida
se perciben cambios sustanciales e importantes entre los que pretende en
cada una de ellas. Lo siento mucho; hemos hecho el esfuerzo; lo hemos
intentado de verdad, pero otra vez será.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Aguilar Belda): Muchas gracias, Senadora
Navarro.
Abrimos turno de portavoces.
Por el Grupo Parlamentario Mixto, la Senadora Costa tiene la palabra.
La señora COSTA SERRA: Muchas gracias, señor Presidente.
Señorías, tomo la palabra en nombre del Grupo Parlamentario Mixto para
anunciar nuestro voto favorable a la moción presentada por el Grupo
Parlamentario Socialista. Creemos que es una pena que no se haya podido
llegar a un consenso y que una moción con este contenido no pueda salir
con el voto favorable de toda la Cámara.
Creo que hay una serie de datos que por sí solos ya son significativos y
que serían suficientes para que esta moción saliera adelante. El hecho de
que las mujeres tengan una mayor duración en el paro que los hombres, que
la tasa de actividad femenina sea mucho más baja y, además, más baja en
comparación con el resto de países europeos, etcétera, son datos
suficientes para que se pudiera dar apoyo a una moción con este contenido
de llevar adelante un plan especial para fomentar el empleo de las
mujeres.
No quiero ser reiterativa con toda una serie de datos que ya se han dado
aquí por parte de la Senadora Navarro, pero creo que es necesario
resaltar algunos otros que son importantes. Por ejemplo, el hecho de que
la mayoría de las mujeres ocupadas sean asalariadas dice mucho en
relación a cómo está la situación laboral y la diferencia que existe
entre hombres y mujeres; además, la mayoría de estas mujeres asalariadas
lo están en el sector público, lo cual pone en evidencia también que ante
criterios objetivos, pasando por oposiciones, las mujeres consiguen
llegar, en criterios de igualdad, a esos puestos de trabajo.
Creo que deberíamos ser todos y todas conscientes de que una parte de la
población, en este caso de las mujeres, sigue siendo discriminada a la
hora de acceder a los puestos de trabajo, y que ante una situación que no
parte de una igualdad no se pueden aplicar los mismos criterios. Por
tanto, es acertado el contenido de esta moción porque en este plan de
empleo se está hablando de la mujer, como ya dijo el Ministro, y no
entendemos que no salga adelante el contenido de la moción que aquí
estamos hoy debatiendo. No basta un plan de empleo que sea un instrumento
único para hombres y mujeres. Esto sería lo ideal si partiéramos de una
situación ideal, es decir de una situación de igualdad, pero ante una
situación anormal, es decir, ante una situación de desigualdad, hay que
tomar medidas de acción positiva, y no sólo haciendo discursos
manifestando que todos estamos de acuerdo en las medidas de acción
positiva, sino que hay que llevarlas a la práctica. Este es uno de los
casos en el que no nos basta con que exista un plan de empleo si no
existe un plan de empleo especial para fomentar el empleo de las mujeres.
Por poner sólo un ejemployhacer una comparación --que no tiene nada que
ver pero que sí está relacionado también con la mujer--, diré que hoy
nadie duda que exista una violencia especial contra las mujeres, que hay
que llevar a cabo unas acciones para evitarlo, y que, a pesar de que en
nuestra sociedad se den otros muchos tipos de violencia, hay una
específica contra las mujeres, y por eso hay que adoptar unas medidas
también concretas en este sentido. Yo creo que éste es el mismo caso. Hay
una desigualdad, y ante una situación desigual y anormal, hay que tomar
unas medidas, en este caso de acción positiva, y crear un plan de empleo
especial para mujeres, porque no partimos, desgraciadamente, de una
igualdad.
Por último, quería añadir que de nada sirve desarrollar la legislación,
adoptar toda una serie de normativas, si
luego no se vigila o no ponemos una especial atención en su desarrollo.
Porque es lamentable que a estas alturas todavía nos estemos encontrando
con despidos laborales de mujeres por situaciones especiales, como puede
ser el embarazo, disfrazando estos despidos con otros motivos, lo que
hace que sea luego muy difícil demostrar cuál es la causa real. Digo esto
porque creo que el Estado tiene que velar por las garantías y por los
derechos laborales específicamente de mujeres, porque son sus derechos
los que están siendo vulnerados continuamente.
Gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Aguilar Belda): Gracias, Senadora Costa.
¿Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió?
Tiene la palabra el Senador Vidal.
El señor VIDAL I PERPIÑA: Gracias, señor Presidente.
Ahora no voy a repetir los datos y porcentajes que ya figuran en la
moción y otros que ha aportado hoy también, durante su intervención en
esta Cámara, la Senadora Navarro, del Grupo Parlamentario Socialista,
datos que seguramente son los mismos que ha manejado y utilizado el
Gobierno para elaborar el Plan de Acción para el Empleo de España 1998.
Esta moción contempla «elaborar y poner en práctica» así lo dice
exactamente la moción «un plan especial para fomentar el empleo de las
mujeres». De alguna forma se está hablando aquí de la elaboración de otro
plan.
Yo creo --y así lo considera nuestro Grupo Parlamentario-- que ya tenemos
un plan de empleo para 1998 y que, nos guste o no nos guste, este plan
existe, lo hemos debatido ya en muchas ocasiones. Aquí todos hemos
colaborado para llevar este plan adelante. En nuestro grupo creemos que
lo que debemos hacer es impulsar este plan, en especial en lo que hace
referencia a las mujeres, porque es evidente que aquí existe una gran
desproporción entre el empleo del hombre y de la mujer, y así lo hemos
dicho todos en nuestras intervenciones.
¿Nos preocupa el empleo? Sí. ¿Nos preocupan estas grandes desigualdades
que existen entre el hombre y la mujer en el mercado laboral?
Evidentemente que sí, pero pienso que debemos insistir en mejorar el Plan
que hoy tiene el Gobierno, el Plan que, de alguna forma, ya contempla,
sobre todo en su Pilar IV, todo lo que hace referencia al reforzamiento
de la política de igualdad de oportunidades. En dicho Plan se consideran
muchas cuestiones: los nuevos yacimientos de empleo, la formación de
parados, acciones en su favor, acciones de intervención en la colocación,
acciones de soporte a la contratación y planes de ocupación; en fin, toda
una serie de asuntos que quizá no estén concretados ni valorados pero que
sí figuran en este Plan de Empleo que nos presentó el Gobierno.
Por lo tanto, pienso --lo repito-- que debemos mejorar la situación de la
mujer en el mundo laboral e insistir en mejorar e impulsar el Plan que
tenemos actualmente, que fue elaborado conjuntamente con las Comunidades
Autónomas, y no hacer otro plan, aunque sea necesario.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Aguilar Belda): Gracias, Senador Vidal.
Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra la Senadora
Navarro.
La señora NAVARRO GARZON: Muchas gracias, señor Presidente.
Yo creo que estamos de acuerdo en una cosa, en que ojalá se pudiera hacer
un plan, sólo un plan, para hombres y mujeres. No obstante, creo --como
decía la Senadora Costa-- que todavía, por desgracia, siguen haciendo
falta medidas de discriminación positiva. Yo creo que estamos de acuerdo
en eso. ¡Ojalá que el próximo plan de empleo que se elabore no tenga que
contemplar ninguna medida de acción positiva para las mujeres!
La verdad es que me alegra que se avance y que hoy diga el Grupo
Parlamentario Popular, pese a que hace un mes pensara que había que
presentar un plan específico en alguna Comunidad Autónoma, que no hace
falta, que sólo hace falta uno.
Yo les voy a leer textualmente del «Diario de Sesiones» del día 19 de
mayo la intervención de un compañero suyo de Grupo presentando una
moción. Decía: Parece oportuno, por tanto --en referencia a la tasa de
paro de las mujeres-- que en la Comunidad Autónoma de Aragón se lleven a
cabo acciones especiales tendentes a potenciar el empleo de las mujeres
mediante las políticas activas de empleo. Esta es la razón por la cual el
Grupo Parlamentario Popular ha presentado la moción que hoy se debate en
el Pleno y que se somete a la consideración de sus señorías, en la cual
se insta al Gobierno a elaborar y poner en práctica en la Comunidad
Autónoma de Aragón un plan de acción especial para el empleo de la mujer
en colaboración con la Diputación General de Aragón y las restantes
instituciones aragonesas, con el objeto de reducir la elevada
desproporción existente entre las tasas de paro de mujeres y de los
hombres en dicha Comunidad Autónoma.
La conclusión que saco es que ni ustedes mismos están muy seguros --me
refiero al Grupo Parlamentario Popular-- de su plan de empleo porque son
ustedes mismos los que presentan esta moción que yo acabo de leer el día
19 de mayo --como he dicho-- pidiendo un plan específico para una
Comunidad Autónoma, en este caso concreto para Aragón, cuando el índice
de diferencia de paro entre mujeres y hombres es prácticamente el mismo
en esa Comunidad y en el resto de las Comunidades Autónomas. Sin embargo,
hoy nos anuncian que van a votar en contra de la moción del Grupo
Parlamentario Socialista, que lo único que pretende es extender esas
medidas de acción positiva, siempre dentro del marco del Plan de Empleo
del Gobierno, a todas las Comunidades Autónomas. Una vez más, esto pone
de manifiesto las contradicciones del Partido Popular.
Ustedes tranquilamente tratan en este caso, de forma absolutamente
gratuita, de favorecer a una Comunidad Autónoma con medidas de empleo,
con medidas de acción positiva, y con la misma tranquilidad hoy votan en
contra de que esas mismas medidas se extiendan a las 16 Comunidades
Autónomas restantes, que yo creo que tienen la misma problemática que
tenía y que sigue teniendo la Comunidad Autónoma de Aragón. ¿Qué quieren
que les diga? Para mí esto es una contradicción. Yo quiero que me lo
expliquen porque no lo entiendo.
En un mes no se puede cambiar de opinión, porque hace un mes también
existía el Plan de Empleo. Yo creo que su respuesta en aquel momento, de
la misma manera que hoy proponen que se ejecute el plan de empleo en
todas las Comunidades sin hacer planes en colaboración con ellas y
medidas de acción positiva, incluso a propuesta de otro Grupo político,
debería haber sido la que han dado hoy. Además, la propuesta vino de
parte del Grupo Parlamentario Popular. Señorías, yo creo --se lo digo con
el mayor cariño del mundo-- que es una contradicción pura y dura.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Aguilar Belda): Gracias, Senadora Navarro.
Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra la Senadora Díaz
Villegas.
La señora DIAZ VILLEGAS: Gracias, Señor Presidente.
Voy a responder de una manera conjunta a la portavoz del Grupo
Parlamentario Mixto y a la del Grupo Parlamentario Socialista, para
referirme a algo que han comentado y es que sigue siendo necesario un
Plan de Empleo para la mujer porque en materia de empleo hay que
continuar con acciones de discriminación positiva.
En mi intervención anterior les he dicho con mucha contundencia,
avalándome y apoyándome en palabras del señor Ministro, que este Plan de
Empleo podría definirse como el plan de empleo y de la mujer, porque del
millón de beneficiarios de las actuaciones de este Plan más de 600.000
son mujeres. Por lo tanto, si alguien sale beneficiado con las políticas
laborales, sin duda alguna es la mujer, y éstos son datos absolutamente
objetivos. Las mujeres nunca estuvieron en una situación tan favorable
como la que disfrutan en estos momentos en cuanto a sus perspectivas de
empleo.
Desde el Grupo Parlamentario Popular, al que represento, creemos
necesario recordar a sus señorías para ratificar mis palabras que, además
del Plan al que hemos estado aludiendo, existe otro instrumento
importante con el fin de conseguir la plena integración laboral de las
mujeres; me estoy refiriendo al Tercer Plan de Igualdad de Oportunidades
de la Mujer, que se aprobó el 7 de marzo de 1997 con vigencia para cuatro
años. Este Plan contemplaba varias áreas, siendo el área referente al
empleo el que más medidas contenía; además, más del 50 por ciento de las
medidas contenidas en las restantes áreas se referían también al empleo y
a la potenciación de la incorporación de la mujer al mundo laboral.
En la reciente comparecencia de la Directora General del Instituto de la
Mujer en la Comisión Mixta de los Derechos de la Mujer, celebrada en esta
Cámara, hemos podido comprobar con la evaluación anual --por primera vez
un Plan contempla una evaluación anual de sus resultados-- que el área
dedicada al empleo sigue un buen ritmo, ya que, de las 43 actuaciones
incluidas en esta área, se han iniciado a lo largo de 1997 un total de
34. Esto, señorías, indica que en el primer año se ha cumplido el 79 por
ciento de las medidas.
Por tanto, sensibilidad del Gobierno del Partido Popular, toda en materia
de empleo; al margen de las valoraciones subjetivas que se puedan hacer
sobre su idoneidad o suficiencia de los recursos, creemos que está
suficientemente demostrado que se están llevando a cabo las acciones
precisas para abordar el acceso y la participación de la mujer al mundo
laboral. Y ello de acuerdo con unos instrumentos de planificación que han
sido elaborados teniendo en cuenta a las Comunidades Autónomas y a otros
agentes sociales y con todas las bendiciones de la Cumbre de Luxemburgo y
de la de Cardiff.
Además, desde la Administración del Estado se están impulsando
intensamente medidas con otras Comunidades Autónomas para el fomento del
empleo de la mujer, como son las adoptadas en el seno de la Conferencia
Sectorial de Empleo y de Asuntos Sociales, en la que se han aprobado los
programas de fomento de empleo de la mujer y su financiación por el
Estado, cuya ejecución corresponde, como todas sus señorías saben, a las
propias Comunidades Autónomas.
Señorías, todos hemos de estar de acuerdo, si somos rigurosos, en que no
procede que aprobemos la moción socialista en los términos en que está
planteada, ya que es innecesaria para conseguir los fines que persigue.
Como les hemos dicho, tenemos instrumentos adecuados y financiación
suficiente para poderlos desarrollar; asimismo, tenemos constancia de la
firme voluntad del Gobierno de llevarlos a cabo.
Para finalizar quiero expresar nuestro agradecimiento a los grupos que
apoyan esta enmienda, aunque lamentamos que no haya sido aceptada por los
Grupos Mixto y Socialista. (El señor Presidente ocupa la Presidencia.)
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, Senadora Díaz Villegas.
Terminado el debate, vamos a proceder a la votación. (Pausa.)
Votamos la moción sin la enmienda del Grupo Parlamentario Popular puesto
que no ha sido aceptada por el Grupo proponente.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 212; a
favor, 88; en contra, 115; abstenciones, nueve.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
CONOCIMIENTO POR EL PLENO DE TRATADOS Y CONVENIOS INTERNACIONALES
REMITIDOS POR EL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS:
--PROTOCOLO AL TRATADO DEL ATLANTICO NORTE SOBRE LA ADHESION DE LA
REPUBLICA DE HUNGRIA, HECHO EN BRUSELAS EL 16 DE DICIEMBRE DE 1997. SE
TRAMITA POR EL PROCEDIMIENTO DE URGENCIA (S. 610/000165) (C. D.
110/000170).
El señor PRESIDENTE: Pasamos al punto cuarto del orden del día:
Conocimiento por el Pleno de Tratados y Convenios internacionales
remitidos por el Congreso de los Diputados. En primer lugar, Protocolo al
Tratado del Atlántico Norte sobre la adhesión de la República de Hungría,
hecho en Bruselas el 16 de diciembre de 1997.
No se ha presentado ninguna propuesta.
¿Desea intervenir alguna de sus señorías?
Por el Grupo Mixto tiene la palabra el Senador Román Clemente.
El señor ROMAN CLEMENTE: Señor Presidente, no quiero intervenir.
Simplemente quiero que se someta a votación.
El señor PRESIDENTE: Está bien, señoría. (El señor Prada Presa pide la
palabra.)
Tiene la palabra el Senador Prada.
El señor PRADA PRESA: Señor Presidente, quiero decir simplemente que se
vuelva a llamar para la votación.
El señor PRESIDENTE: Senador Prada, no he pedido que se llamara a
votación puesto que lo acabábamos de hacer, están aún cerradas las
puertas, pero si su señoría lo desea, llamamos de nuevo para la votación.
(Pausa.)
Pasamos, pues, a la votación.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 207; a
favor, 204; en contra, tres.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobado.
Por tanto, se autoriza en este acto que el Gobierno pueda prestar su
consentimiento para obligarse por medio del Protocolo al Tratado del
Atlántico Norte sobre la adhesión de la República de Hungría, hecho en
Bruselas el 16 de diciembre de 1997.
--PROTOCOLO AL TRATADO DEL ATLANTICO NORTE SOBRE LA ADHESION DE LA
REPUBLICA CHECA, HECHO EN BRUSELAS EL 16 DE DICIEMBRE DE 1997. SE TRAMITA
POR EL PROCEDIMIENTO DE URGENCIA (S. 610/000166) (C. D. 110/000171).
El señor PRESIDENTE: Protocolo al Tratado del Atlántico Norte sobre la
adhesión de la República Checa, hecho en Bruselas el 16 de diciembre de
1997.
No se ha presentado ninguna propuesta.
¿Desean alguna intervención? (Pausa.)
Pasamos, pues, a la votación.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 208; a
favor, 205; en contra, tres.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobado.
Se autoriza en este acto que el Gobierno pueda prestar su consentimiento
para obligarse por medio del Protocolo al Tratado del Atlántico Norte
sobre la adhesión de la República Checa, hecho en Bruselas el 16 de
diciembre de 1997.
--PROTOCOLO AL TRATADO DEL ATLANTICO NORTE SOBRE LA ADHESION DE LA
REPUBLICA DE POLONIA, HECHO EN BRUSELAS EL 16 DE DICIEMBRE DE 1997 (S.
610/000167) (C. D. 110/000172).
El señor PRESIDENTE: Protocolo al Tratado del Atlántico Norte sobre la
adhesión de la República de Polonia, hecho en Bruselas el 16 de diciembre
de 1997.
No se han presentado propuestas.
¿Hay alguna petición de intervención? (Pausa.)
Pasamos, pues, a su votación.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 208; a
favor, 205; en contra, tres.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobado.
Por tanto, se autoriza en este acto a que el Gobierno pueda prestar su
consentimiento para obligarse por medio del Protocolo al Tratado del
Atlántico Norte sobre la adhesión de la República de Polonia, hecho en
Bruselas el 16 de diciembre de 1997.
CONOCIMIENTO DIRECTO POR EL PLENO DE PROYECTOS Y PROPOSICIONES DE LEY
REMITIDOS POR EL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS:
--PROPUESTA DE REFORMA DEL ESTATUTO DE AUTONOMIA DE LA COMUNIDAD DE
MADRID (S. 605/000005) (C. D. 127/000005).
El señor PRESIDENTE: Pasamos al punto quinto del orden del día:
Conocimiento directo por el Pleno de proyectos y proposiciones de ley
remitidos por el Congreso de los Diputados.
En este caso, se trata de la propuesta de reforma del Estatuto de
Autonomía de la Comunidad de Madrid.
Antes de iniciar el debate, quiero saludar la presencia del Presidente de
la Comunidad de Madrid, don Alberto Ruiz-Gallardón, y de la Mesa de la
Asamblea de Madrid. (Fuertes aplausos.)
No se han presentado enmiendas.
¿Turno a favor? (Pausa.)
¿Turno en contra? (Pausa.)
Abrimos turno de portavoces.
Por el Grupo Mixto, tiene la palabra el Senador Nieto Cicuéndez.
El señor NIETO CICUENDEZ: Muchas gracias, señor Presidente.
Intervengo desde esta tribuna con brevedad para pedir a todos los
Senadores, a todos los miembros de esta Cámara, el apoyo unánime a la
reforma del Estatuto de Madrid; reforma que viene consensuada por todos
los grupos de la Cámara, algo que, en mi opinión, es muy importante
resaltar en estos tiempos como un valor añadido a los temas que hoy
tenemos planteados, no sólo en la Comunidad de Madrid, sino también en el
propio Estado español.
Aparte del consenso --que, insisto, ya es un valor en sí mismo--, el
Estatuto de Madrid permite a dicha Comunidad caminar en el marco de su
autogobierno con solidaridad. En este sentido, por mucho que se quiera,
ningún Senador --sea de la Comunidad Autónoma que sea-- encontrará
aspecto alguno que pueda representar ningún agravio ni tampoco ninguna
reivindicación estridente. Y digo esto, porque el Estatuto de Madrid
--como no podía ser menos, tanto por la vocación de los madrileños, como
por la de la propia Comunidad de Madrid-- se encuentra en el marco
estricto de la Constitución Española, así como en el de la solidaridad y
el avance en el autogobierno. Por tanto, es un Estatuto que permite
gobernar a unos y a otros con independencia de su ideología, lo que, en
el desarrollo constitucional en relación con la convivencia de los
pueblos, es una cuestión digna de reseñar, por lo menos, en opinión de
este Senador.
Así pues, creemos que la reforma de este Estatuto va a redundar en
beneficio de todos los madrileños. Es un Estatuto que va a permitir
avanzar a nuestra Comunidad. Digo avanzar porque la tradición de Madrid
en el anterior proceso también fue la de hacer un Estatuto que permitiera
que en ese juego pudieran caber las ideas de todos. Pero, repito, hoy nos
permite el grado de autogobierno necesario para que los madrileños,
efectivamente, podamos avanzar también en ese camino.
Por último, estamos convencidos de que es responsabilidad tanto de los
que hoy ostentan el Gobierno de la Comunidad de Madrid como de los que
estamos en la oposición, en ese marco de discrepancia legítima, el
intentar avanzar por el mejor camino para solucionar todos los problemas
de los madrileños.
Termino pidiendo a todos los señores Senadores el voto unánime y el apoyo
al Estatuto de la Comunidad de Madrid.
Muchas gracias. (Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, Senador Nieto Cicuéndez.
Por el Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos, tiene la
palabra el Senador Zubía.
El señor ZUBIA ATXAERANDIO: Muchas gracias, señor Presidente.
Voy a intervenir con brevedad, pero no queremos dejar pasar la
oportunidad que se nos brinda para sumarnos a este consenso del que va a
gozar la propuesta de reforma del Estatuto de Autonomía de la Comunidad
de Madrid.
Evidentemente, es un consenso que viene dado por la ausencia de todo voto
particular y queremos anunciar públicamente que nuestro voto va a ser
favorable --lo decimos con satisfacción-- y aprovechamos para felicitar a
la Comunidad de Madrid y al pueblo madrileño.
Muchas gracias. (Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, Senador Zubía.
Por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió,
tiene la palabra el Senador Carrera.
El señor CARRERA I COMES: Muchas gracias, señor Presidente.
Por mi parte, yo también voy a intervenir con suma brevedad para no
perder la oportunidad de dejar constancia, como Grupo Parlamentario
Catalán en el Senado de Convergència i Unió, de nuestro voto favorable a
esta propuesta de reforma del Estatuto de Autonomía de la Comunidad de
Madrid.
Por tanto, a pesar de esta brevedad, no restamos importancia a la
aprobación de la propuesta por esta Cámara.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, Senador Carrera.
Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el Senador
Lissavetzky.
El señor LISSAVETZKY DIEZ: Muchas gracias, señor Presidente.
La Comunidad de Madrid hoy puede felicitarse. De igual modo podemos
felicitarnos todas las fuerzas políticas que, con una firme voluntad de
negociación y consenso, hemos trabajado a lo largo de más de un año por
dar entidad a una reforma del Estatuto de Autonomía que dotara a Madrid
del máximo nivel de competencias en el marco del Título VIII de la
Constitución española. Buen ejemplo de ello es la presencia en esta
sesión del Presidente de la Comunidad de Madrid, don Alberto Ruiz
Gallardón, y del portavoz de Izquierda Unida de la Asamblea de Madrid,
don Angel Pérez, a quien, con permiso del señor Presidente, quiero dar la
bienvenida a este acto que estamos celebrando hoy.
Don Manuel Azaña, allá por los años treinta, escribía, refiriéndose a
Madrid: De aquí a 50 años, nacer o vivir en Madrid puede que sea nacer o
vivir en alguna parte. Sin coherencia ni densidad, al Madrid de hoy le
falta el galardón
de la madurez inteligente. La reforma del Estatuto de Autonomía que
aprobamos hoy en esta Cámara tiene mucho de esa madurez inteligente, a la
que se refería el insigne político republicano.
De algún modo, las fuerzas políticas que, en representación de los
madrileños, hemos negociado y acordado los términos de la reforma, no
hemos hecho otra cosa que culminar un largo proceso de 16 años, los que
median entre esta sesión del Senado y la que en el Castillo de Manzanares
el Real celebrara el día 14 de junio de 1982 la Asamblea Mixta de
Parlamentarios y Diputados Provinciales, bajo la Presidencia de don José
Prat.
En ese tiempo, señorías, con desacuerdos y diferencia de criterios, pero
también con amplias zonas de coincidencia, hemos trabajado intensamente
por consolidar la Comunidad de Madrid, haya sido desde el Gobierno o
desde la oposición. Ese trabajo ha tenido mucho de acumulación de
experiencia, de esfuerzo, de elaboración política, de contraste entre la
realidad de nuestros pueblos y ciudades y la realidad institucional que
habíamos creado.
Y con la práctica política nos hemos dado cuenta de que la realidad
institucional y su instrumento máximo en Madrid, el Estatuto de
Autonomía, debía adaptarse a las exigencias de una ciudadanía que exigía
soluciones acordes con los nuevos tiempos, más capacidad de Gobierno, más
recursos, más presencia de Madrid en la realidad política nacional.
Nacido tras un proceso en el que la totalidad de los Ayuntamientos de la
región tomaron la iniciativa respaldando la decisión de la Asamblea de
Parlamentarios y Diputados Provinciales, antes mencionada, lo que
otorgaría una profunda vocación municipalista, el Estatuto de Autonomía
de Madrid pronto se llenaría de contenido, pronto culminaría sus
posibilidades iniciales para demandar de las fuerzas políticas un salto
cualitativo: hacer realidad la aspiración de Madrid de formar parte, con
todos los derechos y en igualdad de condiciones, de la España plural, de
la España de las nacionalidades y regiones que había consagrado el
consenso constitucional.
Dar respuesta a las necesidades y demandas de los ciudadanos de Madrid
exigía equiparar a su Comunidad con aquellas que ya contaban con los
máximos techos competenciales. Debíamos conseguir que una institución
política cercana, próxima a la realidad cotidiana de Madrid y los
madrileños, como era la Comunidad, contara con capacidades y medios para
construir la región que ellos deseaban.
La ampliación de competencias en 1994 fue un paso decisivo que abrió una
nueva etapa en la historia de la Comunidad de Madrid. Pero aquel paso era
insuficiente. La experiencia nos dijo que era imprescindible para
incrementar el peso político de Madrid atender con la máxima eficacia las
necesidades de los madrileños; gestionar la sanidad; aumentar las
competencias en materia de protección del medio ambiente; fortalecer sus
instrumentos de control económico; otorgarle nuevas capacidades para
acercar la justicia a los ciudadanos y dotar a su Administración de más
medios. También era necesario incrementar las posibilidades de actuación
de la Asamblea de Madrid haciendo de ella un Parlamento en igualdad de
condiciones al de las Comunidades que habían accedido a su autonomía por
la vía del artículo 151.
La respuesta de las fuerzas políticas ha sido clara. La necesidad de
reformar el Estatuto se abrió camino y hoy nos encontramos ante la
culminación del trayecto. El Estatuto de Autonomía que tenemos ante
nosotros es la expresión dialéctica, la síntesis entre la experiencia
acumulada a lo largo de estos años y las demandas de una realidad
cambiante.
Ese hecho, de indudable importancia histórica, no debe, sin embargo,
conducirnos a la autocomplacencia. Si bien el proceso que a grandes
rasgos he descrito nos dice que estas fuerzas políticas madrileñas han
aprobado con solvencia el «test» al que ha sido sometida su cultura
política, no es menos cierto que quedan materias que todavía no han sido
aprobadas.
Me referiré a dos de indudable importancia: queda pendiente la regulación
de la Ley de Capitalidad de la Villa de Madrid. Todos los Grupos debemos
comprometernos a superar en el futuro ese déficit. No olvidemos que el
más importante hecho diferencial de Madrid es albergar en su territorio
la capital del Estado.
La otra materia pendiente de aprobar es el definitivo cierre del proceso
que iniciamos en su día asumiendo las competencias en enseñanza superior.
Madrid debería haber comenzado a gestionar a principios de este año las
competencias y servicios de educación no universitaria. No ha sido así.
Todos debemos empeñarnos para que éstas sean transferidas a corto plazo y
con suficiencia financiera. No es un problema puramente competencial. Es
llenar de contenido el Estatuto, y contar con plena capacidad para
construir un modelo de región que apuesta por el futuro, y apostar por
una educación de calidad es apostar por ese futuro.
Se culmina un proceso, ciertamente, pero, a mi juicio, se abre otro:
aquel que debe llevar a Madrid a jugar un papel relevante en la reflexión
sobre el futuro del Estado de las Autonomías, y más allá, sobre el futuro
de las regiones en el contexto de Europa.
Jacques Monod, a principios de los años setenta, escribió un espléndido
libro cuyo título era «El azar y la necesidad». Dos conceptos que tienen
un profundo significado en los procesos científicos, en la evolución
biológica, pero que también penetran en el devenir de los hechos
políticos.
El nacimiento de las nacionalidades y regiones tiene, en parte, su razón
de ser en algo que podríamos definir como azar histórico. Pero una vez
que irrumpen en el contexto de los pueblos, han de evolucionar en función
de la necesidad histórica. Y hoy la necesidad histórica, señorías, no
puede concebirse desde una óptica roma, exclusivamente enfocada hacia la
interioridad de cada una de las Comunidades; mucho menos cuando de Madrid
se trata, cuya identidad se basa en su firme vocación de región abierta,
de lugar de encuentro, de región hospitalaria, tolerante y solidaria.
Madrid debe aspirar a aportar su experiencia al futuro del Estado de las
Autonomías y también --por qué no-- a influir en el diseño de la Europa
de las regiones, con talante abierto, siendo permeable las iniciativas y
propuestas que vengan de aquéllas que ya han recorrido un largo camino,
pero sin ningún complejo.
La Comunidad de Madrid, sus representantes políticos, deben aspirar a
incorporar esa vocación de región abierta y solidaria a que me he
referido antes al debate político nacional. Madrid ha de contribuir a que
no se creen desequilibrios económicos, sociales y territoriales. Debe
traducir su condición de región solidaria en un auténtico liderazgo en el
ámbito nacional en favor de un Estado autonómico equilibrado, en el que
todos los ciudadanos tengan igualdad de derechos políticos, económicos y
sociales con independencia del territorio en que residan. Ha de
contribuir por ello a cuantos debates se desarrollen en torno al futuro
financiero del conjunto de las Comunidades; ha de aprovechar su ya larga
experiencia como lugar de encuentro de las culturas de las distintas
regiones y nacionalidades del Estado para coadyuvar a la resolución de
conflictos, a la búsqueda de nuevas soluciones a los nuevos problemas que
el devenir histórico plantee. Madrid debe participar activamente en esta
Cámara, debe aportar su experiencia en una reforma imprescindible e
innecesariamente postergada, convertir el Senado en una auténtica cámara
territorial, hacer de él un foro real de las aspiraciones y exigencias de
las distintas Comunidades Autónomas.
Estamos a punto de traspasar la frontera del siglo y del milenio; vivimos
el más largo y fructífero período de normalidad democrática que ha vivido
la historia de España. Una de las claves de ese logro sin precedentes ha
sido que entre todos hemos sabido combinar, con inteligencia y voluntad
de consenso, la pluralidad realmente existente en nuestro país con un
proyecto democrático común, encarnado en la Constitución de 1978.
Hoy Madrid da un paso importante y, en gran medida, se sacude
definitivamente las incomprensiones, las actitudes escépticas con que
desde algunos medios fue contemplada su entidad como región, cuando
inició, a principios de los ochenta, la andadura autonómica. De ese paso
todos hemos sido protagonistas: los distintos gobiernos que desde 1983
hasta hoy han presidido la Comunidad; los Diputados que han representado
a los ciudadanos a lo largo de cuatro legislaturas; los Parlamentarios y
Diputados provinciales que hace 16 años se reunieron en Manzanares El
Real. Pero han sido protagonistas sobre todo los madrileños y madrileñas
que, día tras día, han ido construyendo la región, que han mostrado,
elección tras elección, su respaldo a los grupos políticos que aprobaron
el primer texto del Estatuto.
Partiendo de una idea de España, Madrid se obtiene por pura deducción.
Con tales palabras explicó don Manuel Azaña la necesidad de Madrid. Con
ellas no hizo sino reafirmar la entidad madrileña como síntesis del
conjunto de un Estado democrático que ya forma parte de Europa. Tras la
reforma del Estatuto Madrid debe aspirar a más. Antes me refería al papel
que puede y debe jugar aportando ideas y propuestas al desarrollo del
Estado de las Autonomías y reforzando su vocación europeísta. Sin
embargo, creo que en su propia evolución como Comunidad Autónoma, Madrid
debe aspirar a convertirse en un modelo, en un recipiente de experiencias
que refuercen su aportación.
La Comunidad hizo frente a una primera etapa a lo largo de los años
ochenta y primeros noventa en la que el principal objetivo fue avanzar en
el reequilibrio territorial, dotarla de las infraestructuras y
equipamientos esenciales que sus pueblos y ciudades requerían. Después se
inició una segunda etapa, en la que ha prevalecido la gestión de los
servicios y equipamientos puestos en marcha. El desafío de futuro no
puede limitarse a la pura gestión. Es necesario abrir una nueva etapa que
tenga como objetivo la puesta en marcha de un modelo de región que
descanse sobre la potenciación, al máximo, de los derechos
constitucionales: la educación, la sanidad, el derecho a la cultura, la
protección de los mayores, la igualdad real entre hombres y mujeres, el
derecho al trabajo o la vivienda deben de constituirse en señas de
identidad del Madrid del nuevo siglo, de un Madrid que los ciudadanos
sientan en verdad suyo, una región en la que esos derechos tengan un
desarrollo pleno y universal.
Ese debe ser, a mi juicio, el reto de futuro. Sólo así la Comunidad de
Madrid podrá ejercer el liderazgo al que antes me refería. Sólo así podrá
convertirse en un sólido polo de referencia en una región con capacidad
de aportar ideas y propuestas, en una Comunidad que, tal y como afirmaba
el filósofo al que diera vida Ortega y Gasset, en su trabajo «La idea del
dharma», no asista impávida a la vida de los demás.
Madrid --y termino ya-- está profundamente arraigada en la historia de la
democracia española; su papel ha sido decisivo en momentos nada fáciles
para su consolidación y su pervivencia; debe en el futuro hacer honor a
su meritorio pasado, para proyectarse hacia el conjunto de España y, más
allá, hacia la Europa del siglo XXI. Ese es desde luego el reto que asume
el Grupo Parlamentario Socialista.
Muchas gracias, señor Presidente. (Aplausos en los escaños del Grupo
Parlamentario Socialista.)
El señor PRESIDENTE: Gracias, Senador Lissavetzky.
Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra su portavoz, el
Senador García-Escudero.
El señor GARCIA-ESCUDERO MARQUEZ: Muchas gracias, señor Presidente.
Señorías, permítanme que comience mi intervención agradeciendo también,
en nombre de mi Grupo, la presencia hoy aquí del Presidente de la
Comunidad, de los miembros de la Mesa de la Asamblea de Madrid, de los
portavoces de Izquierda Unida, don Angel Pérez, y del Grupo Parlamentario
Popular, don Manuel Cobo, así como de un número importante de Diputados
de la Asamblea de Madrid.
Señorías, la Comunidad de Madrid es una autonomía singular. A diferencia
de las demás Comunidades Autónomas, que también contienen sus propias
singularidades, para Madrid esa singularidad es cosa nueva desde hace 16
años, como bien acaba de decir nuestro compañero Lissavetzky, y
constituye un auténtico y reconocible logro democrático.
Las demás Comunidades Autónomas se constituyeron por reunir provincias
limítrofes o archipiélagos con características históricas, culturales y
económicas comunes, o por consistir en una sola provincia con entidad
regional
histórica. Ninguno de estos supuestos era el de la provincia de Madrid.
La presencia transformadora, influyente, inevitable y cosmopolita de la
ciudad, de la capital del Estado, rompía su conjunción cultural y
económica con las provincias limítrofes. Por eso nuestra Comunidad fue la
única que necesitó de la autorización del artículo 144 de la Carta Magna
para dar lugar al Estatuto del que hoy se aprueba su reforma y por
motivos de interés nacional.
El Estado de las Autonomías significó en su origen una devolución,
largamente adeudada, de la capacidad de administrar su personalidad
histórica y cultural propia para las nacionalidades y regiones españolas.
Así ha sido en todos los casos menos en uno, el nuestro, el de la
Comunidad de Madrid. A Madrid en ese momento no se le debía nada. Madrid,
en términos históricos, nunca había sido distinguida como región
cultural, económica o geográficamente diferenciada. Por ello, en el
momento de acceder a la autonomía las características concurrentes sobre
la provincia de Madrid aconsejaron su distinción como una región nueva.
Señorías, la Constitución de 1978 es un texto jurídico escrito con la
tinta política de la transición española. El sentido profundo de muchos
de sus artículos está traspasado por la urgencia en la devolución precisa
de todo cuanto había sido hurtado. La Constitución devuelve al pueblo
español la soberanía que le había sido escatimada; devuelve derechos y
libertades, secuestrados durante muchos años; reconoce la personalidad de
las nacionalidades y regiones, retornando la capacidad de autonomía
política a quienes, por razones objetivas, nunca debieron haberla
perdido.
No era el caso de Madrid, región nueva, a la que, si bien no había nada
histórico que devolverle, sí había que reconocerle la vitalidad y el
dinamismo de sus habitantes; en definitiva, la personalidad propia que su
iniciativa y esfuerzo habían conseguido.
Con la Comunidad de Madrid, nuestro régimen constitucional ya no sólo
reconoce a la España que fue, sino también a la España que quería ser y
también a la España que actualmente es. Con su creación, en 1983, se
completa con Madrid, como pieza capital, el entramado del Estado
autonómico. Con ella, resaltando y conservando las diferencias de las
demás, está presente el propósito de la cooperación y de la solidaridad
con el resto de España.
Pero, señorías, si bien la Comunidad de Madrid es singular y única,
aclaro de inmediato que su singularidad no es excluyente y que su
carácter único no es separador. Tal y como está cosida la piel de toro
española, Madrid debe precisamente su singularidad y su carácter único a
la personalidad propia e irrepetible de la diversidad de nuestras
nacionalidades y regiones, a las aportaciones de todas las Comunidades
Autónomas a esta Comunidad, porque sin ellas los madrileños no seríamos
hoy como somos, suma y sigue del conjunto. Gracias a nuestra autonomía
política Madrid ha dejado de ser el eje del centralismo para convertirse
en una Comunidad central, y he de pedirles algo, señorías, que hace mucho
que debería haberse solicitado a esta Cámara de representación
territorial: que Madrid deje de identificarse con el centralismo y que
sea definitivamente reconocida como una Comunidad más, igual que las
demás.
Con frecuencia, desde mi escaño en este hemiciclo escucho discursos que
reclaman distintas consideraciones para diferentes Comunidades Autónomas
y hoy estoy haciendo lo mismo, estoy reclamando un trato determinado para
la Comunidad a la que estoy representando. Porque, pese al desarrollo de
nuestra Constitución y pese al afianzamiento de las instituciones que de
ella traen causa, el nombre de Madrid sigue asociándose en la literatura
política al nombre del Estado, y a la Comunidad de Madrid se le está
haciendo pagar doble, un precio doble, por tener en su seno a la ciudad
que ostenta la condición de capital de España.
Me gustaría que sus señorías cayesen en la cuenta de que tanto perjuicio
supuso la centralización absoluta del poder para quienes vieron esfumarse
su capacidad de autogobierno como para los que fueron desdibujados por su
vecindad con el núcleo del aparato del poder. En Madrid está ubicada la
sede del Estado, pero Madrid no es el Estado.
¿Se imaginan, señorías, lo que ocurriría si ahora mismo se pudiera
ofrecer al resto de Comunidades la posibilidad de naturalizar el aparato
del Estado en su territorio? Todo el mundo entendería que la enorme
influencia de la presencia estatal en su Comunidad sería capaz de solapar
y de ocultar sus rasgos característicos más acentuados. Pues bien, esto
es lo que sucede con Madrid; además de las instituciones del Estado, hay
un pueblo madrileño que demasiadas veces está pasando inadvertido para
quien sólo mira al centro buscando autoridad y servicios comunes. Madrid
está orgullosa, señorías, de tener la capital de España, pero el pueblo
madrileño, el de la capital y el de los otros 178 municipios que integran
la Comunidad, también tiene derecho a ser reconocido en su autonomía.
El artículo 17 del Estatuto que estamos reformando dirá que a partir de
ahora el Presidente de Madrid ostenta la representación ordinaria del
Estado en la Comunidad de Madrid, igual que el resto de Presidentes en
sus respectivas Comunidades, distinguiendo perfectamente a la Comunidad
del Estado, a la Administración Central del pueblo de Madrid. Porque
aunque las instituciones comunes de Gobierno habiten en nuestras calles,
para ellas el pueblo madrileño resulta tan periférico como cualquier otro
pueblo de España.
Por todo esto, reclamo a sus señorías que el nombre de Madrid deje de se
sinónimo de centralismo. Madrid es central y no centralista y no debe
seguir llevando sobre sí la carga de tantos siglos de concentración del
poder público en ella. Madrid quiere seguir adelante, disfrutando de
todas las ventajas de su autogobierno y con tanta responsabilidad y con
tanta ilusión como la que más.
La presente reforma estatutaria culmina el proceso de maduración de la
Comunidad de Madrid: por un lado, cierra el perfil de algunas
instituciones, como su Asamblea parlamentaria, que empezaban a resultar
insuficientes para la madurez alcanzada por nuestra política regional;
por otro, eleva el techo competencial hasta donde los madrileños queremos
que esté. En Madrid no necesitamos más competencias que aquellas que
administradas con proximidad
a la ciudadanía van a mejorar la calidad del servicio público que
implican.
En Madrid entendemos que otras Comunidades, por razones políticas,
necesiten obtener nuevas competencias, aunque les resulten gravosas.
Entendemos que hay Comunidades para las que el máximo autogobierno
posible es un valor político en sí mismo, con independencia del coste que
les suponga. Lo entendemos y lo respetamos desde Madrid, pero ése no es
nuestro caso.
Señorías, esta reforma se hace con el consenso máximo del Parlamento
madrileño, el de todas las fuerzas políticas representadas en él y, por
lo tanto, con el consenso de todo el pueblo de Madrid. Desde esta
posición, al igual que todos mis compañeros, yo me permito pedir también
el apoyo unánime de esta Cámara, lo que tendría un importante valor
simbólico. Porque no somos una Comunidad que quiera ser más que nadie.
Porque somos, en palabras de su Presidente, Alberto Ruiz Gallardón, una
Comunidad que al principio simplemente quería ser, lo que entonces
parecía difícil; hoy, siendo, no queremos ser más por ser más, sino para
hacer más, en beneficio de los madrileños y en solidaridad con el resto
de los españoles. Somos una Comunidad que es un poco de todos, que es un
poco suya, señorías, que es como una pequeña España en la que conviven en
armonía, con tolerancia y sin exclusiones, vecinos que proceden de todas
las Comunidades Autónomas.
Y termino, señorías, agradeciéndoles su apoyo a la reforma del Estatuto
de esta Comunidad, singular, única, central, solidaria y distinta; de
esta Comunidad que con su apoyo afianza su personalidad propia frente a
sus particulares circunstancias políticas; de esta Comunidad que, como
les decía hace un momento, es de todos los madrileños y es un poco de
todos ustedes.
Muchas gracias. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario
Popular.)
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, Senador García-Escudero.
Por el tenor de las intervenciones de los distinto portavoces, ¿debo
entender que podemos aprobar por asentimiento esta reforma del Estatuto
de Autonomía de Madrid? (Pausa.)
Por asentimiento queda definitivamente aprobada por las Cortes Generales
la propuesta de reforma del Estatuto de Autonomía de la Comunidad
Autónoma de Madrid. Enhorabuena a la Comunidad Autónoma de Madrid.
(Aplausos.)
DICTAMENES DE COMISIONES SOBRE PROYECTOS Y PROPOSICIONES DE LEY REMITIDOS
POR EL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS:
--DE LA COMISION DE ECONOMIA Y HACIENDA EN RELACION CON EL PROYECTO DE
LEY SOBRE SANCIONES APLICABLES A LAS INFRACCIONES DE LAS NORMAS
ESTABLECIDAS EN EL REGLAMENTO (CE) NUMERO 2271/96, DEL CONSEJO, DE 22 DE
NOVIEMBRE, RELATIVO A LA PROTECCION FRENTE A LA APLICACION
EXTRATERRITORIAL DE LA LEGISLACION DE UN PAIS TERCERO (S. 621/000092) (C.
D. 121/000103).
El señor PRESIDENTE: Punto sexto del orden del día, dictámenes de
Comisiones sobre proyectos y proposiciones de ley remitidos por el
Congreso de los Diputados.
De la Comisión de Economía y Hacienda en relación con el proyecto de ley
sobre sanciones aplicables a las infracciones de las normas establecidas
en el Reglamento número 2271/96, del Consejo, de 22 de noviembre,
relativo a la protección frente a la aplicación extraterritorial de la
legislación de un país tercero.
Para la presentación del dictamen, tiene la palabra el representante que
en su caso haya designado la Comisión.
El señor SORAVILLA FERNANDEZ: Muchas gracias, señor Presidente.
Señorías, me cabe el honor de presentar, en nombre de la Comisión de
Economía y Hacienda, el dictamen del proyecto de ley sobre sanciones
aplicables a las infracciones de las normas establecidas en el Reglamento
del Consejo de la Unión Europea número 2271/96, de 22 de noviembre,
relativo a la protección frente a la aplicación extraterritorial de la
legislación de un país tercero.
Este proyecto de ley, como su largo y explicativo título indica,
establece, al amparo y con arreglo al citado Reglamento europeo, las
sanciones que el Estado podrá imponer, en caso de ser vulnerado, para
tutelar los intereses legítimos españoles y evitar los efectos de
extraterritorialidad del Derecho de determinados países que contravienen
las normas del Derecho Internacional, impidiendo un desarrollo armonioso
del comercio mundial sobre las bases del respeto y la lealtad.
El proyecto de ley que nos ocupa fue remitido por el Congreso de los
Diputados a esta Cámara el pasado 28 de mayo y enviado a la Comisión que
me honro en presidir en la misma fecha.
Concluido el plazo de presentación de enmiendas el día 9 de junio, se
registraron dos, del Grupo Parlamentario Socialista.
El pasado día 16 de junio se convocó y reunió la Comisión para debatir,
votar y dictaminar, sin trámite de ponencia, el citado proyecto de ley,
donde quedó aprobado como dictamen el mismo texto remitido por el
Congreso de los Diputados.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, Senador Soravilla.
Entramos en el debate de totalidad.
¿Turno a favor? (Pausa.)
¿Turno en contra? (Pausa.)
Turno de portavoces.
¿Grupo Parlamentario Mixto? (Pausa.)
¿Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos? (Pausa.)
¿Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió?
(Pausa.)
¿Grupo Parlamentario Socialista? (Pausa.)
¿Grupo Parlamentario Popular? (Pausa.)
Pasamos al debate de las enmiendas.
Voto particular número 1, del Grupo Parlamentario Socialista, que
corresponde a las enmiendas números 1 y 2.
Tiene la palabra el Senador Castro Rabadán.
El señor CASTRO RABADAN: Señor Presidente, señorías, el debate de esta
ley, que nos llega hoy con cierto retraso, hace relación a un Reglamento
del año 1996 del Consejo de la Unión Europea y viene a incidir sobre las
relaciones comerciales que hay entre los terceros países y Estados
Unidos.
La justificación de la ley viene dada por unos actos y decisiones
legislativas tomadas por Estados Unidos respecto al comercio
internacional con determinados territorios ajenos a su soberanía. Así, la
Cámara de Representantes de Estados Unidos promulgó --y de ahí viene la
necesidad del Reglamento-- en marzo del año 1996 la denominada Ley
Helms-Burton, que tiene como objeto ir contra las inversiones que
terceros países hacen en bienes confiscados en Cuba por su Gobierno.
Posteriormente, se aprobó otra Ley, llamada con el nombre de sus
ponentes, Ley Kennedy-D'Amato, cuyo objeto es, asimismo, ir contra los
países que invierten en otros que supuestamente fomenten el terrorismo,
como es el caso de Irán y Libia.
Ante el carácter extraterritorial de estas Leyes, la Unión Europea --como
he dicho-- aprobó el 22 de noviembre de 1996 el Reglamento 2271/96, con
el objeto de dar protección a las empresas de su ámbito contra los
efectos de esta legislación, evitar sus efectos adversos, así como el no
cumplimiento de los objetivos que la Unión Europea persigue,
especialmente el de la libre circulación de capitales entre los Estados
miembros y terceros países. (El señor Vicepresidente, Aguilar Belda,
ocupa la Presidencia.)
Las ya mencionadas leyes extraterritoriales han sido promotoras de
diversas iniciativas parlamentarias por parte del Grupo Socialista, que
ha manifestado siempre su oposición a las mismas por su
extraterritorialidad y porque perjudican a los intereses y producen
efectos negativos a nuestros empresarios inversores en el extranjero.
Dichas Leyes contravienen el Derecho Internacional y también las normas
de la OMC. Por otra parte, siempre hemos considerado que la cooperación
con Cuba es prioritaria y que el diálogo debe estar abierto
constantemente.
El Gobierno español, que ha mantenido una política confusa y difusa,
cuando no beligerante, respecto al comercio con Cuba, remite ahora un
proyecto con el retraso de dos años, lo que ha comportado elementos de
duda y falta de garantías en las actuaciones inversoras de los
empresarios españoles. La Ley que debatimos aplica sanciones económicas
para que los empresarios españoles denuncien haber sido objeto del inicio
de actuaciones por parte del Estado norteamericano o por alguno de sus
empresarios que se sintiese afectado.
Ante esta ley, el Grupo Parlamentario Socialista ha planteado dos
enmiendas. La razón de la primera es: para que las operaciones de
inversión española tengan viabilidad, a pesar de las posibles sanciones
americanas y además de las posibles sanciones si no se denuncian las
primeras, nuestros empresarios habrán de tener garantía y seguridad del
buen fin; es decir, que los empresarios españoles para cumplir con esta
ley necesitan una mínima cobertura que de manera ágil y automática les
resarza o compense de los daños y perjuicios que les va a traer el
denunciar los efectos de la norma extraterritorial americana, si no, su
respuesta al cumplimiento va a ser muy débil. (El señor Presidente ocupa
la Presidencia.) Por eso, como digo, hemos presentado esta primera
enmienda a la Disposición Adicional que es del tenor siguiente: «El
Gobierno, en el plazo máximo de tres meses, instrumentará los mecanismos
necesarios para la compensación ágil e inmediata de los daños y
perjuicios que el cumplimiento de la obligatoriedad de declarar las
circunstancias objeto de esta Ley pudieran causar a los intereses
económicos o financieros de aquellas personas físicas o jurídicas
españolas contempladas en el artículo 11 del Reglamento (CE) número
2271/1996.» En el debate de esta enmienda que se presentó en el Congreso
de los Diputados, el Grupo Parlamentario Popular llegó a decir que
posiblemente podía haber una transacción. Nosotros no tenemos
conocimiento de ningún tipo de transacción y, por tanto, la hemos
presentado sin modificación alguna.
Indudablemente, esta enmienda puede llevar unos mecanismos compensatorios
que habría que definir con posterioridad, como un fondo de compensación o
pólizas de riesgo o pólizas de seguros de inversiones para cubrir los
riesgos que la denuncia de las posibles sanciones que la ley
extraterritorial genere protejan a los empresarios.
Por otra parte, de todos es conocido, y nadie se puede llamar a engaño,
que cualquier actuación contra una ley extraterritorial, como la que nos
trae a cuento, generaría diferentes pleitos en tribunas internacionales
de costes altos en tiempo y en dinero, por lo que el Estado español
debería estudiar una posible subrogación en estos pleitos para que los
empresarios españoles no pudiesen verse desasistidos.
Por último, la segunda enmienda pretende que las sanciones que son ya
altas puedan variarse en el tiempo --así lo dice la propia ley--, pero
nosotros planteamos que para ello han de tener en cuenta el índice de
precios al consumo. Se trata con ello de garantizar que las sanciones a
los empresarios españoles no sean variadas discrecionalmente sin ningún
tipo de referencia, pues no se respetaría el principio de legalidad en
materia de infracciones.
Las dos enmiendas tratan de evitar el grado de incertidumbre que la Ley
puede generar entre los inversores y empresarios españoles, y con ellas
queremos darles la seguridad de que cumplir con la Ley no les va a
perjudicar.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, Senador Castro Rabadán.
Para turno en contra, el Senador Blancas Llamas tiene la palabra.
El señor BLANCAS LLAMAS: Muchas gracias, señor Presidente.
Señorías, el Proyecto de Ley que debatimos en esta tarde-noche es,
efectivamente, sancionador, punitivo, pero viene en cumplimiento del
Reglamento de la Unión Europea número 2271/1996, de 22 de noviembre.
Quiero señalar esta fecha en concreto porque realmente el proyecto de Ley
es cumplimiento de este Reglamento.
Se ha dicho por el Senador Castro hace unos minutos que el proyecto de
Ley es tardío y que tiene una demora de dos años. Yo pienso que no
porque, aunque no voy a decir que ha sido precipitado y por el trámite de
urgencia, él lo relacionaba con la Ley que ocasionó este Reglamento, que
es, como todas sus señorías saben, la Ley de embargo a los productos de
origen cubano, la Ley Helms-Burton, así como la Ley contra los Estados
terroristas --hablando claramente--, Libia e Irán, y que Estados Unidos,
a través de sus ponentes, el Senador Kennedy y D'Amato, estableció
también un tipo de sanciones contra estos países.
Entrando en el contenido de la ley que se trae hoy a colación a esta
Cámara, deseo decir simplemente que tiene tres objetivos, los mismos que
tenía, como es lógico, el Reglamento, que eran, primero, desarrollar
armoniosamente el comercio mundial; segundo, suprimir las restricciones
en el comercio y, tercero, dar libertad de circulación a los capitales a
través de todos los Estados. Perseguía, en definitiva, un comercio legal
en todos los Estados del territorio, no ya de la Unión Europea, sino de
todo el mundo.
Por otro lado, el Reglamento facultaba a los Estados miembros para que
determinaran las sanciones, y eso es lo que ha hecho España en este caso,
como Estado miembro, y de acuerdo con nuestra Constitución, artículo
149.1. disposiciones 3.ª y 13.ª, en el que, al enumerar las facultades
exclusivas del Estado sobre ciertas materias, cita las relaciones
internacionales, el comercio exterior y las bases y la planificación de
la economía. De ahí que, como he dicho anteriormente, el objeto de la ley
sea exclusivamente determinar las sanciones que deben aplicarse a los
infractores del Reglamento que dictó la Comisión de la Unión Europea.
En cuanto a las enmiendas, voy a contestar muy brevemente al Senador
Castro. El Gobierno no puede extralimitarse de la normativa europea
estableciendo lo que se solicita en la nueva disposición adicional,
cuando se pide que el Gobierno, en el plazo de tres meses, instrumentará
los mecanismos para la compensación de los daños y perjuicios de las
personas obligadas a declarar según el artículo 11 del Reglamento. En
efecto, las personas obligadas a declarar las impone el Reglamento en ese
artículo, y hay cauces legales --lo dice el artículo 6 del mismo
Reglamento-- para poder reclamar si existen daños o compensaciones.
Como digo, esta ley no regula en absoluto las compensaciones; regula las
sanciones, todas las infracciones, de ahí que en Derecho «sensu stricto»,
el Gobierno español no se haya extralimitado, sino que ha cumplido
estrictamente la normativa comunitaria. Además, no es procedente ampliar
el campo de aplicación excediéndose y extralimitándose en su contenido
legislativo, lo cual podría tener unas consecuencias imprevisibles para
nuestro Estado.
En su enmienda número 2, el Grupo Parlamentario Socialista, solicita la
adición de un párrafo que termina: «... teniendo en cuenta las
variaciones del Indice de Precios al Consumo.» Nuestro Grupo no acepta
esta enmienda porque se reduce exclusivamente a limitar la
discrecionalidad que tiene el Gobierno, cuando en la disposición final,
en el apartado primero, se dice que se faculta al Gobierno para
actualizar, mediante Real Decreto, el importe de las sanciones. Quizá la
palabra actualizar no sea muy apropiada. Yo diría que habría sido más
correcto «regular mediante Real Decreto las sanciones», y así no
limitaríamos la facultad discrecional legislativa que tiene el Poder
Legislativo, en este caso el Gobierno. Pero nos parece que aplicar el
párrafo concreto de actualizar teniendo en cuenta el IPC es una
limitación muy fuerte, yo pienso que es excesiva y que suprime la
posibilidad de una modificación posterior, en este caso por parte del
Gobierno, en el que se le faculta mediante Real Decreto para regular las
sanciones que en su día se puedan aplicar.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, Senador Blancas Llamas.
Turno de portavoces.
¿Grupo Parlamentario Mixto? (Pausa.)
¿Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos? (Pausa.)
¿Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió?
Tiene la palabra el Senador Cambra.
El señor CAMBRA I SANCHEZ: Gracias, señor Presidente.
Intervengo muy brevemente para manifestar el voto favorable de nuestro
Grupo a este proyecto de ley.
Entendemos que su finalidad queda claramente reflejada en su enunciado y
que, desde nuestro punto de vista, el texto remitido por el Congreso de
los Diputados cumple claramente con el objetivo tan concreto que tiene
fijado, que es desarrollar las sanciones que prevé el Reglamento que
aprobó en su día el Consejo Europeo.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, Senador Cambra.
Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el Senador Castro
Rabadán.
El señor CASTRO RABADAN: Muchas gracias, señor Presidente.
Quiero agradecer todas las intervenciones que se han hecho desde la
tribuna respecto de nuestras enmiendas, a pesar de que no hayan sido
admitidas. Asimismo, siento que no se puedan transaccionar las
compensaciones que planteábamos para beneficiar a los inversores
españoles y evitarles los posibles riesgos de futuro.
Por otra parte, nos parece negativo actualizar las sanciones por medio de
un Decreto-Ley sin tener ninguna garantía de hasta dónde pueden llegar.
No obstante, aunque el principio de garantía no se salva, nosotros
estamos globalmente
a favor de la ley porque desarrolla un Reglamento europeo. Por lo tanto,
vamos a votar a favor.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, Senador Castro Rabadán.
Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el Senador Blancas
Llamas.
El señor BLANCAS LLAMAS: Muchas gracias, señor Presidente.
Voy a intervenir muy brevemente para agradecer al Senador Castro Rabadán
y al Grupo Parlamentario Socialista, así como al Senador Sixte Cambra,
del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió, sus
palabras y su apoyo. Asimismo, lamento que no aceptemos esas pequeñas
matizaciones que han aportado a través de sus enmiendas que, lógicamente,
pudieran haber sido transaccionadas en la otra Cámara. No obstante, han
venido a esta segunda Cámara en los mismos términos. De ahí que
consideramos que nuestras limitaciones, respecto del proyecto de ley que
estamos debatiendo, no son otras que las de determinar las sanciones
aplicables a las infracciones de las normas establecidas en el Reglamento
europeo.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, Senador Blancas Llamas.
Transcurridas cinco horas desde el comienzo del Pleno y, de acuerdo con
el Reglamento, solicito de la Cámara permiso para continuar la sesión.
(Pausa.) Muchas gracias.
Terminado el debate, vamos a llamar a votación. (Pausa.)
Vamos a comenzar las votaciones.
En primer lugar, votamos el voto particular número 1 del Grupo
Parlamentario Socialista, correspondiente a las enmiendas números 1 y 2.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 209; a
favor, 85; en contra, 123; abstenciones, una.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazado.
A continuación, votamos los artículos 1 a 7, las disposiciones finales
primera y tercera y la exposición de motivos que aparece en el dictamen.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 209; a
favor, 208; abstenciones, una.
El señor PRESIDENTE: Quedan aprobados.
Queda definitivamente aprobado por las Cortes Generales el proyecto de
ley sobre sanciones aplicables a las infracciones de las normas
establecidas en el Reglamento número 2271/96, del Consejo, de 22 de
noviembre, relativo a la protección frente a la aplicación
extraterritorial de la legislación de un país tercero.
--DE LA COMISION DE DEFENSA EN RELACION CON EL PROYECTO DE LEY DE
PROHIBICION TOTAL DE MINAS ANTIPERSONAL Y ARMAS DE EFECTO SIMILAR (S.
621/000093) (C. D. 121/000097).
El señor PRESIDENTE: Dictamen de la Comisión de Defensa en relación con
el proyecto de ley de prohibición total de minas antipersonales y armas
de efecto similar.
Para la presentación del dictamen, tiene la palabra el Senador que, en su
caso, haya designado la Comisión. (Pausa.)
No hay presentación del dictamen.
¿Turno a favor? (Pausa.)
¿Turno en contra? (Pausa.)
Turno de portavoces.
¿Grupo Parlamentario Mixto? (Pausa.)
¿Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos? (Pausa.)
¿Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió?
(Pausa.)
¿Grupo Parlamentario Socialista? (Pausa.)
¿Grupo Parlamentario Popular? (Pausa.)
Si no hay ninguna intervención, pasamos al debate del articulado. En
primer lugar, del voto particular número 1, presentado por la Senadora De
Boneta y Piedra y que se corresponde con las enmiendas números 1 y 2.
Senadora De Boneta.
La señora DE BONETA Y PIEDRA: Gracias, señor Presidente.
Señorías, este proyecto de ley remitido por el Congreso que vamos a
debatir ahora ha llegado al Senado con un amplio consenso y, desde mi
punto de vista, con un alto grado de aceptación de las enmiendas que allí
se plantearon. No obstante, esta Senadora de Eusko Alkartasuna consideró
necesario presentar las dos enmiendas que ahora vamos a debatir.
En primer lugar, con la enmienda que se refiere al artículo 5.3,
pretendemos que el proyecto de ley vuelva a su primitiva redacción, tal y
como llegó al Congreso, puesto que éste modificó la obligación de que el
Gobierno informase a las Cortes Generales sobre la manera en que se iba a
llevar a cabo la destrucción de las minas antipersonal.
Con dicha modificación se establece que el Gobierno informará al Congreso
de los Diputados. Y esta Senadora entiende que no es coherente con el
sistema bicameral, ni lo es tampoco desde un punto de vista político, la
exclusión de una de las dos Cámaras en un tema como éste, sin perjuicio,
además --tal y como decía en Comisión--, de que el Gobierno informe
alternativa o simultáneamente una veces en una Cámara y otras veces en
otra.
La enmienda número 1 se refiere a esta modificación. Y debo indicar
también que, en relación con este tema, todos los grupos parlamentarios
hemos presentado una enmienda de modificación al artículo 3.1, en la que
se incluye la misma terminología que en el texto del proyecto: El
Gobierno informará al Congreso de los Diputados de los planes y plazos
adecuados para proceder al cumplimiento
efectivo de lo establecido en este artículo y de cuanto se dispone en el
artículo 7 de la Convención de Ottawa anualmente y hasta la efectiva y
total destrucción de las minas antipersonal existentes en el territorio
español.
Al referirse también el artículo 5 a este mismo aspecto --hace referencia
directa al artículo 3.3--, obviamente, la no existencia de una enmienda
del mismo tenor que la que he presentado nos ha obligado, para corregir
este error material, a traer esta propuesta de modificación en la que
espero estén de acuerdo todos los grupos puesto que todos la hemos
firmado.
En segundo lugar, presentamos la enmienda número 2 al artículo 3.1,
párrafo segundo, de modificación, en el sentido de acortar el plazo en el
cual estas minas antipersonales deben ser destruidas. Se dice en el
texto: «... almacenadas en un plazo máximo de tres años...», pero
nosotros solicitamos que se diga que han de ser destruidas en un plazo
máximo de un año.
En todo caso, la razón de esta enmienda es, obviamente, expresar la
voluntad política de esta Senadora y de Eusko Alkartasuna de que estas
armas mortíferas indiscriminadas desaparezcan cuanto antes de nuestra
esfera. En este sentido, el plazo que se trataba de acortar --el proyecto
de ley dice que en un plazo máximo de tres años y en todo caso cuanto
antes-- viene sujeto a las necesidades y a las posibilidades técnicas y
presupuestarias por las que se pueda cumplir. Por tanto, no se trata de
un planteamiento cerrado; por el contrario, está abierto a las
explicaciones que, sin duda, el Grupo Popular ofrecerá en el turno en
contra de esta enmienda.
Manifiesto desde ahora mi disposición a llegar a un acuerdo en ambos
extremos toda vez que entiendo que puede haber razones suficientes para
que, en último término, esta enmienda pueda ser retirada de recibir las
satisfacciones necesarias en el sentido de que la voluntad política que
se quiere expresar a través de ella sea compartida por todos los grupos
parlamentarios y especialmente por el Grupo que apoya al Gobierno.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, Senadora De Boneta.
En turno en contra tiene la palabra el Senador Morales.
El señor MORALES MONTERO: Señor Presidente, señorías, el Grupo
Parlamentario Popular va a aceptar la enmienda de la Senadora De Boneta y
Piedra, así como la propuesta de modificación del artículo 3.3 en el
mismo sentido que ha sido suscrita por todos los grupos parlamentarios.
Aun admitiendo que no ha habido mala fe en la redacción del texto que se
nos ha remitido desde el Congreso de los Diputados y que la redacción del
mismo no es lesiva para esta Cámara, no es menos cierto que muy
frecuentemente nos estamos viendo sometidos al olvido --entre comillas--
de nuestros compañeros en las tareas legislativas, al soslayar, aunque
sea por omisión involuntaria, la labor que venimos realizando y lo que
constitucionalmente representamos. Por ello, y a los solos efectos de que
se modifiquen por el Congreso los artículos 5, apartado 3, y 3.3, debemos
remitir el texto que hoy debatimos al Congreso de los Diputados para su
subsanación.
En cuanto a la segunda enmienda presentada por la Senadora De Boneta,
agradezco su disposición, y paso a explicarle el porqué del plazo de tres
años que se establece en la ley.
La ley prevé tres años para la destrucción total del «stock» de minas
antipersonal, pero incluye la posibilidad de que dicho plazo sea más
breve si ello es posible. El sistema de destrucción seleccionado por la
Dirección General de Armamento y Material del Ministerio de Defensa es el
de incineración. Para ello, ha firmado con la empresa Fabricaciones
Extremeñas, FAEX, filial de EXPAL, la adjudicación de contratos que
permitirán la destrucción de las aproximadamente 840.000 minas
antipersonal que existen en España, en cumplimiento del acuerdo
internacional de Ottawa, de diciembre de 1997.
La destrucción de estas minas se realizará de acuerdo con la normativa
más exigente en cuestiones de protección a la naturaleza, y establece un
plazo máximo de tres años para llevar a cabo la total eliminación de las
mismas, previsión que se adelanta significativamente a lo establecido en
las Conferencias de Ottawa y de Oslo.
El motivo de establecer un plazo de tres años no es otro que el de que
sólo existe un horno incinerador en España, el de FAEX, como ya he dicho,
empresa que ha tardado casi tres años en la cremación de las minas
existentes en Holanda. Por tanto, a pesar de la máxima voluntad de
apremio, creemos es imposible disminuir el plazo de tres años, pues a
esta cuestión hay que añadir circunstancias de índole económica, de
contratación y de transporte.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, Senador Morales.
Abrimos turno de portavoces.
Por el Grupo Mixto, tiene la palabra la Senadora de Boneta.
La señora DE BONETA Y PIEDRA: Muchas gracias, señor Presidente.
Quiero agradecer al Grupo Popular su aceptación de la enmienda número 1.
Asimismo, quiero manifestar que he quedado satisfecha con la explicación
técnica y presupuestaria que se me ha dado en relación con las
dificultades existentes para proceder --o al menos, para comprometerse a
ello-- a la destrucción de las minas antipersonal en un período inferior
a los tres años. De todas maneras, la ley se refiere al plazo más breve
posible y, en todo caso, al plazo máximo de tres años, lo cual demuestra
una voluntad política concreta. Por tanto, sin perjuicio del seguimiento
puntual que llevemos a cabo sobre este tema, y entendiendo la posición
técnica, esta Senadora retira la enmienda número 2.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, Senadora De Boneta.
Por el Grupo de Senadores Nacionalistas Vascos, tiene la palabra el
Senador Caballero.
El señor CABALLERO LASQUIBAR: Gracias, señor Presidente.
Anuncio desde mi escaño el voto favorable de nuestro Grupo a este
proyecto de ley, al que, por otra parte, no hemos presentado enmienda
alguna en este trámite parlamentario.
Este voto favorable va unido a una profunda satisfacción, dado que con
ello colaboramos a erradicar, y condenamos al olvido --de donde nunca
debió salir--, un instrumento de destrucción y muerte fundamentalmente
dirigido a la población no combatiente.
El camino para la concienciación de la crueldad y barbarie que supone ese
tipo de armamento ha sido largo, excesivamente largo, aunque mayor es el
que conduce a la asunción de la necesidad y la posibilidad de que todo
conflicto humano pueda resolverse por medios pacíficos, la razón y el
diálogo.
Respecto a las enmiendas presentadas, anunciamos nuestro voto favorable a
la primera de ellas, suscrita por la Senadora De Boneta, por cuantas
razones la misma enmendante ha expuesto y por lo que también hemos
firmado la propuesta de modificación que obra en la Mesa.
En relación a la segunda enmienda que ha sido retirada, íbamos a
abstenernos al considerar y entender que las previsiones temporales que
obran en el artículo 3.1 del Proyecto de Ley para la destrucción de este
tipo de minas, se habían realizado y, de hecho se han realizado, se
sustentan en solventes informes, elaborados desde el Ministerio de
Defensa, que no permiten, en principio, una reducción del plazo fijado,
el cual, por otra parte, no lo consideramos fundamental en este caso,
dado que, desde nuestra opinión, el núcleo de la cuestión está en la
efectiva destrucción de tales objetos.
Nada más y muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, Senador Caballero.
Por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió,
tiene la palabra el Senador Carrera.
El señor CARRERA I COMES: Muchas gracias, señor Presidente.
Intervengo para hacer una breve consideración a este dictamen y un
posicionamiento sobre las enmiendas de la Senadora De Boneta.
Nuestro Grupo Parlamentario ha tenido una activa participación en este
proyecto de ley de prohibición total de minas antipersonal y armas de
efecto militar. Entendemos que esta ley es necesaria para complementar el
Tratado internacional incluso para equilibrar su simple ratificación, y,
sobre todo, para ser capaces de articular una aplicación del mismo.
No mantenemos ninguna enmienda en este trámite, aunque voy a hacer
--brevísimamente, repito-- referencia al sentido de las que en su momento
presentamos, que también me servirán para el posicionamiento final a este
dictamen.
Creemos y creímos que era necesaria la definición de instrumentos que
deben ser prohibidos, así como dejar claro que aquellos artefactos que
producen efectos similares a las minas antipersonal deben ser
inequívocamente prohibidos en esta ley. Al mismo tiempo, creemos que es
importante que, de manera expresa, se mencione en el terreno de lo
prohibido las patentes de producción de minas antipersonales.
Otra serie de enmiendas han ido dirigidas a la vinculación del conjunto
del tejido productivo en estas cuestiones para que se viese obligado por
la ley; al plazo para aplicar las previsiones para proceder a la
destrucción de los «stock»; a la determinación de la cantidad mínima
imprescindible de minas antipersonal, que quedarían en manos del
Ministerio de Defensa y compromisos políticos y jurídicos en orden a la
rehabilitación de las poblaciones víctimas de las minas y de apoyo a los
programas de Naciones Unidas y que al incumplimiento de las obligaciones
establecidas sean sancionables.
Señorías, estamos, por tanto, ante un proyecto de ley que hay que
calificar de histórico y que, además, es el cumplimiento de un compromiso
político adquirido por todos los grupos parlamentarios, en el que se
hacía un pronunciamiento rotundo en favor de la prohibición y eliminación
total de las minas antipersonal. Por tanto, sin duda, nuestro voto a este
proyecto de ley será favorable.
La señora De Boneta mantenía dos enmiendas vivas. Una de ellas ha sido
aceptada en su totalidad y con el consenso necesario por parte de todos
los grupos de esta Cámara. Nos alegramos de que sea así porque, en
definitiva, se pide que se incluya al Senado para que participe en el
seguimiento y control de una ley que, como he dicho antes, es muy
importante. Pensando en el futuro, todos, absolutamente todos, debemos
tener una información adecuada. Por tanto, el Senado no puede quedar al
margen y nos alegra, repito, constatar que se vaya a aprobar con el
consenso necesario.
Ya no fijo mi posición sobre la segunda enmienda, por cuanto que la
Senadora De Boneta le ha retirado de este trámite.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, Senador Carrera.
Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el Senador
Flores.
El señor FLORES FLORES: Señor Presidente, señoría, intervengo en este
turno de portavoces para fijar la posición de mi Grupo en relación al
proyecto de ley de prohibición total de minas antipersonal y armas de
efecto similar.
Las minas antipersonal son pequeñas, baratas y tremendamente crueles.
Están diseñadas para matar o mutilar a las personas y cumplen su función
a la perfección. Cada año 26.000 personas mueren o quedan lisiadas por su
culpa en el mundo. La ONU calcula que hay entre 80 y 120 millones de
estas armas enterradas en 64 países, listas para estallar. Su aspecto es
inofensivo, algunas incluso son de vivos colores para atraer la atención
de los niños. Pero su fuerza explosiva basta para arrancar de cuajo las
piernas a un adulto.
Fabricar una de estas minas cuesta apenas 300 pesetas, mientas que
eliminarlas, una vez colocadas, puede suponer
entre 35.000 y 120.000 pesetas. Cada año se desactivan unas 100.000
minas, lo que sería mucho, si al mismo tiempo no se colocaran, como
sucede, dos millones más.
La esperanza de frenar la siniestra siembra de minas, sin embargo, ha
empezado a tomar cuerpo. Los días 3 y 4 de diciembre, 121 países firmaban
en Ottawa (Canadá) un Tratado por el cual se comprometían a no utilizar,
producir, almacenar ni transferir minas antipersonal; a destruir su
reserva en un plazo de cuatro años y a limpiar sus campos minados en diez
años; un acuerdo que ha sido acogido con entusiasmo por la Comunidad
internacional pese a verse mermado por tres grandes ausencias: la de
Estados Unidos, Rusia y China que son, precisamente, los tres principales
productores de minas del mundo.
Las minas antipersonal tienen el tamaño de un puño y son, básicamente, de
tres tipos: explosivas, de fragmentación y direccionales. Actualmente
existen más de 160 modelos diferentes de minas antipersonal que van,
desde las más antiguas y fáciles de detectar a las modernas minas
inteligentes. Su precio varía desde las 250 pesetas, las más sencillas, a
las 9.000 pesetas, las de fragmentación, o a las 30.000 que pueden costar
las sofisticadas minas inteligentes.
Un centenar de empresas, entre públicas y privadas, de más de 50 países
fabrica entre 5 y 10 millones de minas al año. Rusia, Estados Unidos y
China son los principales productores y los líderes de un negocio que
mueve 30.000 millones de pesetas al año, aunque en la lista de
fabricantes figuren también otros muchos países, incluido España.
En cuanto al minado de los campos puede realizarse de forma manual
colocando las minas una a una, o bien con la ayuda de vehículos
sembradores. El desarrollo de las llamadas minas dispersables ha hecho
posible que éstas puedan lanzarse desde aviones, helicópteros,
artillería, cohetes y vehículos terrestres a distancia y a un ritmo de
miles de minas por hora.
Según datos de la ONU hay entre 80 y 120 millones de minas antipersonales
preparadas para explotar y distribuidas en 64 países de los cinco
continentes. Angola, Bosnia, Camboya, Mozambique y Yemen son algunos de
los Estados más afectados, aunque en la lista de territorios densamente
minados figuran también otros como El Salvador, Nicaragua, Guatemala,
etcétera.
Sólo en el continente africano están enterradas más de 40 millones de
estos explosivos, especialmente en Egipto, Mozambique, Somalia y Angola;
en este último, según estimaciones de la organización internacional,
existen entre 5 y 8 millones de minas, lo que significa una mina por cada
dos habitantes.
Cada 20 minutos, en algún lugar del mundo, hay una persona que pisa uno
de estos explosivos, lo que supone que cada año 26.000 personas mueren o
resultan heridas por efecto de las minas. Las estadísticas indican,
además, que por cada víctima que sobrevive a una mina, dos fallecen. Y de
los supervivientes, el 75 por ciento sufre amputaciones; los efectos de
una mina antipersonal son terribles: ceguera, pérdida de uno o varios
miembros, lesiones en los genitales, lesiones musculares y de órganos
internos, desfiguración, etcétera.
La atención de los supervivientes es compleja y cara: necesitan
intervenciones quirúrgicas, rehabilitaciones, prótesis, lo que en
términos económicos supone unas 60.000 pesetas por cada víctima.
Los civiles, y en especial las mujeres y los niños, son los más afectados
por estas armas, teóricamente creadas para la guerra pero cuyos efectos
se dejan sentir especialmente después de finalizar ésta, cuando se
reemprenden las tareas agrícolas y ganaderas. Los niños, debido a su baja
estatura que les resta visibilidad a la hora de distinguir las minas
entre la maleza, y dada su tendencia a jugar con cualquier objeto, son
quienes sufren las consecuencias más graves. La mayor parte de ellos
fallece en el momento mismo de la explosión o muere en medio de atroces
sufrimientos hasta que se le puedan prestar los cuidados médicos
necesarios.
Además, la persistencia de minas una vez finalizados los conflictos
bélicos hace más difícil la recuperación económica y la normalización de
los países: los campos minados no se pueden cultivar, las carreteras
quedan inutilizadas, los desplazados no se atreven a regresar.
Hoy en día, por ejemplo, el 80 por ciento del terreno cultivable en
Afganistán no se puede utilizar porque está minado; el 60 por ciento de
Angola se considera peligroso; en el sur de Sudán la agricultura está
paralizada y todas las principales carreteras de Mozambique son
impracticables.
Merced a las minas, la guerra no termina con la firma de la paz, sino que
se siguen produciendo víctimas durante muchos años, incluso más que en
tiempos de guerra. En Camboya, uno de los países más castigados por este
terrible artilugio, una de cada 236 personas sufre mutilaciones, y en
tres años de paz se han registrado más muertes y mutilaciones que en
veinte años de guerra.
El desarrollo de algunas regiones de nuestro planeta pasa por tanto por
la limpieza de los campos de la muerte, una tarea que no es sencilla, ni
barata ni rápida, y que, por si fuese poco, choca de lleno con la
incesante siembra de nuevas minas. Se ha calificado a las minas
antipersonal como «el arma de los pobres», porque su bajo costo hace que
estén al alcance de los países con menos recursos económicos. Por menos
de 300 pesetas se puede comprar y colocar una mina antipersonal, en tanto
que eliminarla cuesta entre 35.000 y 120.000 pesetas.
El desminado suele realizarse de forma manual, a un ritmo entre 20 y 50
metros cuadrados por día, y, por tanto, es una labor lenta y no exenta de
riesgo. La ONU y varias organizaciones humanitarias realizan programas de
desminado en diversas zonas del mundo, lo cual les permite eliminar cada
año unas 100.000 minas, una cantidad importante en cuanto a los
beneficios que supone.
En 1996, por ejemplo, el desminado en Camboya hizo posible el regreso de
22.500 familias y permitió obtener una cosecha de 3.500 toneladas de
arroz en campos que antes estaban abandonados. Sin embargo, parece
ridícula si se compara con los dos millones de minas que se colocan
anualmente en todo el mundo. Además, se da la paradoja de que muchos de
los gobiernos que financian los programas de desminado dedican también
recursos para la investigación y desarrollo de nuevos tipos de minas, y,
más
aún, buena parte de las empresas que se dedican a tareas de desminado son
también fabricantes de minas. El negocio para estas compañías está pues
asegurado: primero venden las armas y luego cobran por retirarlas.
En 1980 la Convención de Armas Inhumanas trató de limitar las minas
antipersonales prohibiendo la fabricación con fragmentos no detectables e
instando el registro de las zonas minadas en mapas. La eficacia de este
acuerdo, vigente desde 1983, sin embargo ha sido más bien escasa. Así las
cosas, en septiembre de 1991 dos organizaciones no gubernamentales, HRV y
PRH --son siglas en inglés--, publican el informe «La guerra cobarde:
Minas en Camboya», un documento a raíz del cual otras organizaciones,
como la Fundación de Veteranos de Vietnam, empezaron a trabajar con la
idea de conseguir una prohibición global del uso de minas antipersonal.
En 1992 seis organizaciones no gubernamentales se unieron y convocaron la
primera conferencia internacional sobre el tema, que se celebró al año
siguiente en Londres, con la participación de cuarenta ONGs. Nacía así la
campaña internacional por la prohibición de minas antipersonales ICBL
--según sus siglas en inglés.
La reunión que abrió el proceso de Ottawa se celebró en esta ciudad en
octubre de 1996, y concluyó con una declaración de intenciones firmada
por cincuenta países y con un objetivo propuesto por Canadá: la firma de
un tratado de prohibición total de minas antipersonales, en diciembre de
1997.
El siguiente paso se dio en febrero de 1997 en Viena, con una reunión a
la que asistieron representantes de la Cruz Roja Internacional y de otras
organizaciones no gubernamentales. Para cumplir con los objetivos del
proceso de Ottawa, en Oslo había que transformar el apoyo político
alcanzado en Bruselas en un tratado legalmente vinculante, y se hizo: 400
delegados representando a un centenar de países participaron en la
conferencia, y los grandes ausentes fueron Rusia y China, dos de los
principales productores del mundo de minas de esta clase.
El 17 de septiembre de 1997 la Conferencia de Oslo aprobó el documento
para la prohibición total de minas antipersonales. Ottawa sirvió de
escenario para la firma del Tratado sobre la prohibición del empleo y
almacenamiento, producción y transferencia de minas antipersonal y sobre
su destrucción; 152 países asistieron a las reuniones previas y 121
rubricaron el acuerdo los días 3 y 4 de diciembre de 1997. Los tres
grandes ausentes a la hora de firmar fueron Estados Unidos, Rusia y
China, precisamente los mayores productores del mundo de minas
antipersonal.
El Tratado de Ottawa, que entrará en vigor seis meses después de haber
sido ratificado por los parlamentos de cuarenta países, prohíbe producir,
almacenar o transferir, nunca y bajo ninguna circunstancia, minas
antipersonales y obliga a los países firmantes a destruir, en un plazo de
cuatro años, sus arsenales desde el momento de la entrada en vigor del
acuerdo.
Además, los países signatarios están obligados a limpiar sus campos de
minas en un período de 10 años, a menos que exista una causa justificada
que exija una moratoria, y se comprometen a contribuir a la
rehabilitación de las víctimas de las minas.
Las Fuerzas Armadas españolas disponen de aproximadamente 850.000 minas
antipersonal, la mayoría fabricadas por la empresa Explosivas Alavesas.
De ellas, el 90 por ciento son minas de las llamadas explosivas que se
entierran a escasa profundidad y estallan al más mínimo roce.
España no tiene minas antipersonal desplegadas en sus fronteras, si bien
la presencia de este tipo de armas en el Ejército español se ha
justificado tradicionalmente por la necesidad de impermeabilizar
aproximadamente 20 kilómetros de frontera de Ceuta y Melilla con
Marruecos. El Ministerio de Defensa calcula que destruir nuestro «stock»
de minas antipersonal costará unos 530.000 millones de pesetas y el
procedimiento a emplear será la incineración.
En julio de 1994, el Gobierno español aprobó una moratoria sobre la
exportación de minas antipersonal que fue prorrogada en los años 1995 y
1996, entonces ya con carácter indefinido. Posteriormente, en febrero de
1997 el Parlamento aprobó por unanimidad una proposición no de ley
instando al Gobierno a elaborar un proyecto de ley que regulase la
prohibición de minas antipersonal. Este proyecto de ley es el que estamos
debatiendo en este momento, y pretende contribuir al objeto de salvar las
vidas de miles de víctimas inocentes, siendo expresión de la solidaridad
de España con todos los pueblos de la tierra. En este proyecto se recoge
la definición de minas antipersonal, el compromiso de su destrucción, la
prohibición total del empleo, almacenamiento, producción y transferencia
de minas antipersonal, la de utilizar medio de lanzamiento o dispersión
de minas, y se adopta el compromiso de nuestra colaboración y apoyo a los
programas de desminado y asistencia a las víctimas de minas antipersonal,
incluyendo programas de concienciación, prevención de accidentes,
educación y rehabilitación de las poblaciones afectadas.
Señor Presidente, señorías, debemos sentirnos satisfechos de nuestra
labor y de nuestra decisión al votar favorablemente este proyecto de ley.
Con ello estamos dando un paso muy importante en contra de la sinrazón de
la guerra y a favor de la paz y el derecho a la vida.
Muchas gracias. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario
Socialista.)
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, Senador Flores.
Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el Senador
Ceniceros.
El señor CENICEROS GONZALEZ: Gracias, señor Presidente.
Señorías, quiero comenzar destacando el objetivo que todos los Grupos de
esta Cámara persiguen con la aprobación del proyecto de ley de
prohibición total de minas antipersonal y armas de efecto similar, que es
el espíritu mismo de esta norma, que no hemos querido olvidar durante
esta tramitación parlamentaria. Por ello, bastará con remitirnos al
primer párrafo del preámbulo del proyecto de ley, donde dice: Esta ley
pretende contribuir al objeto de salvar las vidas de miles de víctimas
inocentes y es expresión de la solidaridad de España con todos los
pueblos de la tierra.
En base a estas palabras quiero señalar, en primer lugar, el esfuerzo
realizado por el Gobierno español para afrontar este problema que excede
del ámbito nacional y convertirnos en el país pionero a la hora de
regularlo bajo ley. Precisamente esta ley se engloba dentro del pleno
apoyo que España ha demostrado continuamente a la eliminación total de
las minas antipersonales, basándose en los criterios de la Convención de
Ottawa.
En segundo lugar, aunque no menos importante, debemos valorar
positivamente, y resaltarlo como merece, el consenso que se ha alcanzado
entre los diferentes grupos parlamentarios para normar sobre este
problema internacional sin olvidar, como les decía, el objetivo
primordial.
Tampoco debemos olvidar que este proyecto de ley recoge el apoyo que
España viene prestando desde el punto de vista financiero, técnico y
humanitario a los programas de detección, desactivación y
desmantelamiento de las minas existentes y a los de cooperación y
asistencia a las víctimas.
En concreto, señorías, con esta norma España podrá seguir impulsando las
tareas humanitarias de limpieza de minas y las acciones multilaterales
necesarias para lograr tecnologías de localización, desactivación y
destrucción de las minas antipersonal actualmente desplegadas, así como
el apoyo y la asistencia destinada a la recuperación física y psicológica
de sus múltiples víctimas.
Quiero concluir, señor Presidente, señalando que el texto que hoy vamos a
aprobar es el resultado del texto presentado por el Gobierno y de las
distintas enmiendas presentadas por los grupos en su tramitación
parlamentaria. Yo diría que este texto va más allá de lo que establece la
propia Convención de Ottawa, porque sus dictados son mucho más
ambiciosos.
No me queda nada más que agradecer el consenso alcanzado por todos los
grupos parlamentarios; agradecer, lógicamente, a la Senadora De Boneta la
retirada de su segunda enmienda, y anunciar el voto favorable del Grupo
Parlamentario Popular a este proyecto de ley.
Nada más y muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, Senador Ceniceros.
Terminado el debate, pasaremos a las votaciones, pero pregunto a la
Cámara si es posible, aunque sea en tres turnos, aprobarlo por
asentimiento. (Pausa.)
En ese caso, ¿se puede entender aprobada por asentimiento la enmienda
número 1 de la Senadora De Boneta? (Pausa.) Queda aprobada.
Pasamos a la propuesta de modificación del dictamen que corresponde al
artículo 3.3. ¿Se puede aprobar por asentimiento? (Pausa.) Queda
aprobada.
Votación de los artículos 1 a 6, disposiciones adicionales primera y
segunda, disposición derogatoria, disposiciones finales primera y segunda
y preámbulo, según el dictamen. ¿Se puede aprobar por asentimiento?
(Pausa.) Quedan aprobados.
Tal como dispone el artículo 90 de la Constitución, se dará traslado del
texto con las enmiendas aprobadas por el Senado al Congreso de los
Diputados, para que éste se pronuncie en forma previa a la sanción del
texto definitivo por Su Majestad el Rey.
DICTAMENES DE LA COMISION DE INCOMPATIBILIDADES:
--EN RELACION CON EL EXCELENTISIMO SEÑOR DON MAXIMO RAMON DIAZ-CANO DEL
REY (542/000016).
El señor PRESIDENTE: Punto séptimo del orden del día: Dictámenes de la
Comisión de Incompatibilidades. En este caso, en relación con el
excelentísimo señor don Máximo Ramón Díaz-Cano del Rey.
La Comisión de Incompatibilidades ha emitido dictamen sobre la situación
del citado Senador con arreglo a la legislación vigente. Toda vez que la
Comisión no propone incompatibilidad alguna en relación con el señor
Senador, cuya situación ha examinado, de conformidad con el artículo 16
del Reglamento ha emitido el correspondiente dictamen.
Ruego que suba a la tribuna la persona designada para presentarlo.
El señor RODRIGUEZ GOMEZ: Muchas gracias, señor Presidente.
Señorías, como Presidente de la Comisión de Incompatibilidades tengo el
honor de presentar al Pleno el dictamen elevado por la Comisión en
relación con el excelentísimo señor don Máximo Ramón Díaz-Cano del Rey,
incorporado a la Cámara en sustitución de otro miembro que ha causado
baja.
Este dictamen ha sido publicado en el Boletín Oficial de las Cortes
Generales, Senado, Serie I, número 497, de fecha de 10 de junio de 1998.
La Ponencia designada en el seno de la Comisión ha examinado con todo
detenimiento la declaración inicial formulada por el interesado y la
documentación complementaria aportada por éste para la acreditación o
aclaración de determinados extremos. La Comisión fue informada
detalladamente del resultado del estudio llevado a cabo por la Ponencia,
previamente a la emisión del dictamen que ahora presento.
Por todo ello, señor Presidente, solicito el voto favorable de sus
señorías para este dictamen, por el que se declara no existir causa
alguna de incompatibilidad en el Senador don Máximo Ramón Díaz-Cano del
Rey.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, Senador Rodríguez.
¿Desea intervenir algún portavoz? (Pausa.) ¿Podemos aprobarlo por
asentimiento? (Pausa.) Por tanto, queda aprobado el dictamen emitido por
la Comisión de Incompatibilidades en los términos en que aparece
publicado en el Boletín Oficial de las Cortes Generales, Senado, Serie I,
número 497.
Se suspende la sesión hasta mañana a las nueve de la mañana.
Eran las veintiuna horas y cuarenta minutos.