CORTES GENERALES



DIARIO DE SESIONES DEL



SENADO
Año 1998 VI Legislatura
Núm. 91
PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. JUAN IGNACIO BARRERO VALVERDE



Sesión del Pleno



celebrada el miércoles, 10 de junio de 1998



ORDEN DEL DIA:



Primero



Preguntas:



-- De don Manuel Guillermo Varela Flores, del Grupo Parlamentario
Socialista, sobre si aprueba el Gobierno el viaje del Presidente de la
Junta de Galicia a Libia (publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes
Generales», Senado, Serie I, número 491, de fecha 8 de junio de 1998)
(Número de expediente 680/000527).




-- De don Joaquim Ferrer i Roca, del Grupo Parlamentario Catalán en el
Senado de Convergència i Unió, sobre las previsiones del Ejecutivo en
orden a exponer ante las instituciones europeas y el Gobierno francés la
inquietud que crea la marginación que sufre la lengua y cultura catalana
en el Departamento de los Pirineos Orientales (publicada en el «Boletín
Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie I, número 491, de fecha 8
de junio de 1998) (Número de expediente 680/000530).




-- De don Adriano Antonio Marques de Magallanes, del Grupo
Parlamentario Popular en el Senado sobre los instrumentos institucionales
en Puerto Rico con los que España protege y alienta la conservación de la
lengua y de la cultura españolas en la isla (publicada en el «Boletín
Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie I, número 491, de fecha 8
de junio de 1998).




-- De don Octavio José Granado Martínez, del Grupo Parlamentario
Socialista, sobre si mantiene el Gobierno las previsiones de ingresos,
gastos y déficit público contenidas en el Plan de Convergencia, después
de aparecer en los medios de comunicación informes atribuidos al Director
de la Oficina del Presupuesto de Presidencia del Gobierno, afirmando que
el déficit público será superior al previsto, debido al incremento de los
gastos

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y a los menores ingresos (publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes
Generales», Senado, Serie I, número 491, de fecha 8 de junio de 1998)
(Número de expediente 680/000536).




-- De don Lluís Armet i Coma, del Grupo Parlamentario Socialista, sobre
el método que piensa utilizar el Gobierno para tratar las diferencias en
la fiscalidad del ahorro dadas las distorsiones que se están produciendo
en los mecanismos normales de funcionamiento del sistema financiero
español (publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales»,
Senado, Serie I, número 491, de fecha 8 de junio de 1998) (Números de
expedientes 680/000537 y 680/000544).




-- De don Manuel Marcos Pérez Hernández, del Grupo Parlamentario
Socialista, sobre la posición que mantiene el Gobierno, para garantizar
las demandas del sector en la nueva Organización Común de Mercado (OCM)
del plátano (publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales»,
Senado, Serie I, número 491, de fecha 8 de junio de 1998) (Número de
expediente 680/000534).




-- De doña Ildefonsa Salgado Santos, del Grupo Parlamentario Popular en
el Senado, sobre las medidas que ha llevado a cabo el Gobierno para
fomentar el sector apícola nacional (publicada en el «Boletín Oficial de
las Cortes Generales», Senado, Serie I, número 491, de fecha 8 de junio
de 1998) (Número de expediente 680/000545).




-- De don Juan Antonio Arévalo Santiago, del Grupo Parlamentario
Socialista, sobre si comparte el Gobierno la opinión del Presidente
acerca del funcionamiento de la justicia en España (publicada en el
«Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie I, número 491,
de fecha 8 de junio de 1998) (Número de expediente 680/000535).




-- De don Victoriano Ríos Pérez, del Grupo Parlamentario Mixto, sobre
los estudios realizados acerca del traslado y ubicación de la Base Naval
de Las Palmas (publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales»,
Senado, Serie I, número 491, de fecha 8 de junio de 1998) (Número de
expediente 680/000517).




-- De doña Inmaculada de Boneta y Piedra, del Grupo Parlamentario
Mixto, sobre las razones que han motivado, en su caso, el cese de treinta
y dos jefes de departamento del Centro Superior de Información de la
Defensa (CESID) y el traslado de otros jefes a diferentes departamentos
del mismo Servicio de Inteligencia (publicada en el «Boletín Oficial de
las Cortes Generales», Senado, Serie I, número 491, de fecha 8 de junio
de 1998) (Número de expediente 680/000531).




-- De don Gabriel Elorriaga Fernández, del Grupo Parlamentario Popular
en el Senado, sobre los pasos que está dando España para favorecer la
integración de la industria europea de defensa y, a través de ella, la
potenciación de las industrias españolas de defensa (publicada en el
«Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie I, número 491,
de fecha 8 de junio de 1998) (Número de expediente 680/000541).




-- De don Alberto Terán Molleda, del Grupo Parlamentario Popular en el
Senado, sobre el esfuerzo inversor del Ministerio de Educación y Cultura
en la Comunidad Autónoma de Cantabria para el año 1998 (publicada en el
«Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie I, número 491,
de fecha 8 de junio de 1998) (Número de expediente 680/000540).




-- De don Francisco Javier Rojo García, del Grupo Parlamentario
Socialista, sobre la opinión que le merece al Gobierno la actitud de
obstruccionismo del Director General del Ente Público Radiotelevisión
Española para con el Consejo de Administración (publicada en el «Boletín
Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie I, número 491, de fecha 8
de junio de 1998) (Número de expediente 680/000539).




-- De Salvador Capdevila i Bas, del Grupo Parlamentario Catalán en el
Senado de Convergència i Unió, sobre la información que tiene el Gobierno
acerca de la existencia de irregularidades en la señalización de las
pistas del aeropuerto de Girona (publicada en el «Boletín Oficial de las
Cortes Generales», Senado, Serie I, número 491, de fecha 8 de junio de
1998) (Número de expediente 680/000532).




-- De don Josep Ramon Mòdol Pifarré, del Grupo Parlamentario
Socialista, sobre los acuerdos adoptados por el Comité Audiovisual,
dependiente de la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones, en las
sesiones que se han celebrado hasta la fecha (publicada en el «Boletín
Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie I, número 491, de fecha 8
de junio de 1998) (Número de expediente 680/000538).




-- De don Esteban González Pons, del Grupo Parlamentario Popular en el
Senado, sobre la situación en la que se encuentran las obras de la
carretera nacional N-III (publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes
Generales», Senado, Serie I, número 491, de fecha 8 de junio de 1998)
(Número de expediente 680/000542).




-- De don Casimiro Hernández Calvo, del Grupo Parlamentario Popular en
el Senado, sobre las líneas básicas del proyecto denominado Puerto Seco
de Madrid, cuyo objetivo es mejorar el transporte intermodal de
mercancías



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dentro del territorio nacional (publicada en el «Boletín Oficial de las
Cortes Generales», Senado, Serie I, número 491, de fecha 8 de junio de
1998) (Número de expediente 680/000543).




Segundo



Interpelaciones:



-- De don Arseni Gibert I Bosch, del Grupo Parlamentario Socialista,
sobre las medidas que piensa adoptar el Gobierno, a corto plazo, para que
los aeropuertos españoles de mayor volumen de tráfico y, muy
especialmente el de Barajas (Madrid), retornen a su situación de
normalidad (publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales»,
Senado, Serie I, número 491, de fecha 8 de junio de 1998) (Número de
expediente 670/000092).




-- De doña Ana Arnáiz de las Revillas García, del Grupo Parlamentario
Socialista, sobre los criterios, prioridades y plazos a aplicar por el
Gobierno en la adjudicación de las ayudas de extraordinarias y urgente
necesidad para la reparación de los daños causados por las lluvias e
inundaciones acaecidas durante los últimos meses de 1997 y los dos
primeros de 1998 en las Comunidades Autónomas de Andalucía, Aragón,
Castilla-La Mancha, Castilla y León y Cataluña (publicada en el «Boletín
Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie I, número 491, de fecha 8
de junio de 1998) (Número de expediente 670/000088).




-- De doña Ana Isabel Oyarzabal Uriarte, del Grupo Parlamentario
Socialista, sobre la política del Gobierno en relación con el fomento de
la energía renovable a fin de conseguir los objetivos previstos
(publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie
I, número 491, de fecha 8 de junio de 1998) (Número de expediente
670/000091).




-- De don José Nieto Cicuéndez, del Grupo Parlamentario Mixto, sobre si
piensa adoptar el Gobierno algún tipo de medida encaminada a terminar con
la alta siniestralidad en el sector de la construcción (publicada en el
«Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie I, número 491,
de fecha 8 de junio de 1998) (Número de expediente 670/000089).




Tercero



Dictámenes de Comisiones sobre proyectos y proposiciones de ley remitidos
por el Congreso de los Diputados:



-- De la Comisión de Obras Públicas, Medio Ambiente, Transportes y
Comunicaciones en relación con el Proyecto de Ley del Servicio Postal
Universal y de Liberalización de los servicios postales. Se tramita por
el procedimiento de urgencia (publicado en el «Boletín Oficial de las
Cortes Generales», Senado, Serie II, número 91, de fecha 8 de junio de
1998) (Número de expediente S. 621/000091 y número de expediente C. D.

121/000092).




-- De la Comisión de Justicia en relación con el Proyecto de Ley de
venta a plazos de bienes inmuebles (publicado en el «Boletín Oficial de
las Cortes Generales», Senado, Serie II, número 80, de fecha 5 de junio
de 1998) (Número de expediente S. 621/000080 y número de expediente C. D.

121/000040).




SUMARIO



Se abre la sesión a las once horas.




PREGUNTAS (Página 4090)



De don Manuel Guillermo Varela Flores, del Grupo Parlamentario
Socialista, sobre si aprueba el Gobierno el viaje del Presidente de la
Junta de Galicia a Libia (Página 4090)



El señor Varela Flores formula su pregunta. En nombre del Gobierno, le
contesta el señor Ministro de Asuntos Exteriores (Matutes Juan). En turno
de réplica, interviene de nuevo el señor Varela Flores. En turno de
dúplica, lo hace el señor Ministro de Asuntos Exteriores (Matutes Juan).




De don Joaquim Ferrer i Roca, del Grupo Parlamentario Catalán en el
Senado de Convergència i Unió, sobre las previsiones del Ejecutivo en
orden a exponer ante las instituciones europeas y el Gobierno francés la
inquietud que crea la marginación que sufre la lengua y cultura catalana
en el Departamento de los Pirineos Orientales (Página 4091)



El señor Ferrer i Roca formula su pregunta. En nombre del Gobierno, le
contesta el señor Ministro de Asuntos



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Exteriores (Matutes Juan). En turno de réplica, interviene de nuevo el
señor Ferrer i Roca. En turno de dúplica, lo hace el señor Ministro de
Asuntos Exteriores (Matutes Juan).




De don Adriano Antonio Marques de Magallanes, del Grupo Parlamentario
Popular en el Senado, sobre los instrumentos institucionales en Puerto
Rico con los que España protege y alienta la conservación de la lengua y
de la cultura españolas en la isla (Página 4092)



El señor Marques de Magallanes formula su pregunta. En nombre del
Gobierno, le contesta el señor Ministro de Asuntos Exteriores (Matutes
Juan). En turno de réplica, interviene de nuevo el señor Marques de
Magallanes. En turno de dúplica, lo hace el señor Ministro de Asuntos
Exteriores (Matutes Juan).




De don Octavio José Granado Martínez, del Grupo Parlamentario Socialista,
sobre si mantiene el Gobierno las previsiones de ingresos, gastos y
déficit público contenidas en el Plan de Convergencia, después de
aparecer en los medios de comunicación informes atribuidos al Director de
la Oficina del Presupuesto de Presidencia del Gobierno, afirmando que el
déficit público será superior al previsto, debido al incremento de los
gastos y a los menores ingresos (Página 4093)



El señor Granados Martínez formula su pregunta. En nombre del Gobierno,
le contesta el señor Ministro de Economía y Hacienda (De Rato y
Figaredo). En turno de réplica, interviene de nuevo el señor Granado
Martínez. En turno de dúplica, lo hace el señor Ministro de Economía y
Hacienda (De Rato y Figaredo).




De don Lluís Armet i Coma, del Grupo Parlamentario Socialista, sobre el
método que piensa utilizar el Gobierno para tratar las diferencias en la
fiscalidad del ahorro dadas las distorsiones que se están produciendo en
los mecanismos normales de funcionamiento del sistema financiero español
(Página 4095)



El señor Armet i Coma formula su pregunta. En nombre del Gobierno, le
contesta el señor Ministro de Economía y Hacienda (De Rato y Figaredo).

En turno de réplica, interviene de nuevo el señor Armet i Coma. En turno
de dúplica, lo hace el señor Ministro de Economía y Hacienda (De Rato y
Figaredo).




De don Manuel Marcos Pérez Hernández, del Grupo Parlamentario Socialista,
sobre la posición que mantiene el Gobierno, para garantizar las demandas
del sector en la nueva Organización Común de Mercado (OCM) del plátano
(Página 4097)



El señor Pérez Hernández formula su pregunta. En nombre del Gobierno, le
contesta la señora Ministra de Agricultura, Pesca y Alimentación (De
Palacio del Valle-Lersundi). En turno de réplica, interviene de nuevo el
señor Pérez Hernández.




De doña Ildefonsa Salgado Santos, del Grupo Parlamentario Popular en el
Senado, sobre las medidas que ha llevado a cabo el Gobierno para fomentar
el sector apícola nacional (Página 4098)



La señora Salgado Santos formula su pregunta. En nombre del Gobierno, le
contesta la señora Ministra de Agricultura, Pesca y Alimentación (De
Palacio del Valle-Lersundi). En turno de réplica, interviene de nuevo la
señora Salgado Santos.




De don Juan Antonio Arévalo Santiago, del Grupo Parlamentario Socialista,
sobre si comparte el Gobierno la opinión del Presidente acerca del
funcionamiento de la justicia en España (Página 4099)



El señor Arévalo Santiago formula su pregunta. En nombre del Gobierno, le
contesta la señora Ministra de Justicia (Mariscal de Gante y Mirón). En
turno de réplica, interviene de nuevo el señor Arévalo Santiago. En turno
de dúplica, lo hace la señora Ministra de Justicia (Mariscal de Gante y
Mirón).




De don Victoriano Ríos Pérez, del Grupo Parlamentario Mixto, sobre los
estudios realizados acerca del traslado y ubicación de la Base Naval de
Las Palmas (Página 4100)



El señor Ríos Pérez formula su pregunta. En nombre del Gobierno, le
contesta el señor Ministro de Defensa (Serra Rexach). En turno de
réplica, interviene de nuevo el señor Ríos Pérez. En turno de dúplica, lo
hace el señor Ministro de Defensa (Serra Rexach).




De doña Inmaculada de Boneta y Piedra, del Grupo Parlamentario Mixto,
sobre las razones que han motivado, en su caso, el cese de treinta y dos
jefes de departamento del Centro Superior de Información



Página 4087



de la Defensa (CESID), y el traslado de otros jefes de diferentes
departamentos del mismo Servicio de Inteligencia (Página 4102)



La señora De Boneta y Piedra formula su pregunta. En nombre del Gobierno,
le contesta el señor Ministro de Defensa (Serra Rexach). En turno de
réplica, interviene de nuevo la señora De Boneta y Piedra. En turno de
dúplica, lo hace el señor Ministro de Defensa (Serra Rexach).




De don Gabriel Elorriaga Fernández, del Grupo Parlamentario Popular en el
Senado, sobre los pasos que está dando España para favorecer la
integración de la industria europea de defensa y, a través de ella, la
potenciación de las industrias españolas de defensa (Página 4103)



El señor Elorriaga Fernández formula su pregunta. En nombre del Gobierno,
le contesta el señor Ministro de Defensa (Serra Rexach). En turno de
réplica, interviene de nuevo el señor Elorriaga Fernández. En turno de
dúplica, lo hace el señor Ministro de Defensa (Serra Rexach).




De don Alberto Terán Molleda, del Grupo Parlamentario Popular en el
Senado, sobre el esfuerzo inversor del Ministerio de Educación y Cultura
en la Comunidad Autónoma de Cantabria para el año 1998 (Página 4104)



El señor Terán Molleda formula su pregunta. En nombre del Gobierno, le
contesta la señora Ministra de Educación y Cultura (Aguirre y Gil de
Biedma). En turno de réplica, interviene de nuevo el señor Terán Molleda.




De don Francisco Javier Rojo García, del Grupo Parlamentario Socialista,
sobre la opinión que le merece al Gobierno la actitud de obstruccionismo
del Director General del Ente Público Radiotelevisión Española para con
el Consejo de Administración (Página 4106)



El señor Rojo García formula su pregunta. En nombre del Gobierno, le
contesta el señor Ministro de la Presidencia (Alvarez-Cascos Fernández).

En turno de réplica, interviene de nuevo el señor Rojo García. En turno
de dúplica, lo hace el señor Ministro de la Presidencia (Alvarez-Cascos
Fernández).




De don Salvador Capdevila i Bas, del Grupo Parlamentario Catalán en el
Senado de Convergència i Unió, sobre la información que tiene el Gobierno
acerca de la existencia de irregularidades en la señalización de las
pistas del aeropuerto de Girona.




Esta pregunta ha sido aplazada.




De don Josep Ramon Mòdol Pifarré, del Grupo Parlamentario Socialista,
sobre los acuerdos adoptados por el Comité Audiovisual, dependiente de la
Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones, en las sesiones que se
han celebrado hasta la fecha.




Esta pregunta ha sido aplazada.




De don Esteban González Pons, del Grupo Parlamentario Popular en el
Senado, sobre la situación en la que se encuentran las obras de la
carretera nacional N-III.




Esta pregunta ha sido aplazada.




De don Casimiro Hernández Calvo, del Grupo Parlamentario Popular en el
Senado, sobre las líneas básicas del proyecto denominado Puerto Seco de
Madrid, cuyo objetivo es mejorar el transporte intermodal de mercancías
dentro del territorio nacional.




Esta pregunta ha sido aplazada.




INTERPELACIONES (Página 4107)



De don Arseni Gibert i Bosch, del Grupo Parlamentario Socialista, sobre
las medidas que piensa adoptar el Gobierno, a corto plazo, para que los
aeropuertos españoles de mayor volumen de tráfico y, muy especialmente el
de Barajas (Madrid), retornen a su situación de normalidad (Página 4107)



El señor Gibert i Bosch realiza la interpelación. En nombre del Gobierno,
responde a la misma el señor Ministro de la Presidencia (Alvarez-Cascos
Fernández). Vuelve a intervenir el señor interpelante. Asimismo lo hace
el señor Ministro de la Presidencia (Alvarez-Cascos Fernández). En turno
de portavoces, hacen uso de la palabra los señores Beguer i Oliveres, por
el Grupo Catalán en el Senado de Convergència i Unió; Gibert i Bosch, por
el Grupo Socialista, y Ortiz Climent, por el Grupo Popular. Cierra el
debate el señor Ministro de la Presidencia (Alvarez-Cascos Fernández).




Página 4088



De doña Ana Arnáiz de las Revillas García, del Grupo Parlamentario
Socialista, sobre los criterios, prioridades y plazos a aplicar por el
Gobierno en la adjudicación de las ayudas de extraordinaria y urgente
necesidad para la reparación de los daños causados por las lluvias e
inundaciones acaecidas durante los últimos meses de 1997 y los dos
primeros de 1998 en las Comunidades Autónomas de Andalucía, Aragón,
Castilla-La Mancha, Castilla y León y Cataluña (Página 4115)



La señora Arnáiz de las Revillas García realiza la interpelación. En
nombre del Gobierno, responde a la misma la señora Ministra de Medio
Ambiente (Tocino Biscarolasaga). Vuelve a intervenir la señora
interpelante. En turno de portavoces, hace uso de la palabra el señor
Moya Sanabria, por el Grupo Popular. Cierra el debate la señora Ministra
de Medio Ambiente (Tocino Biscarolasaga).




De doña Ana Isabel Oyarzabal Uriarte, del Grupo Parlamentario Socialista,
sobre la política del Gobierno en relación con el fomento de la energía
renovable a fin de conseguir los objetivos previstos.




Esta interpelación ha sido aplazada.




De don José Nieto Cicuéndez, del Grupo Parlamentario Mixto, sobre si
piensa adoptar el Gobierno algún tipo de medida encaminada a terminar con
la alta siniestralidad en el sector de la construcción.




Esta interpelación ha sido aplazada.




Se suspende la sesión a las catorce horas y treinta minutos.




Se reanuda la sesión a las dieciséis horas.




DICTAMENES DE COMISIONES SOBRE PROYECTOS Y PROPOSICIONES DE LEY REMITIDOS
POR EL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS (Página 4124)



De la Comisión de Obras Públicas, Medio Ambiente, Transportes y
Comunicaciones en relación con el Proyecto de Ley del Servicio Postal
Universal y de Liberalización de los servicios postales. SE TRAMITA POR
EL PROCEDIMIENTO DE URGENCIA (Página 4124)
El señor Beguer i Oliveres, Presidente de la Comisión, presenta el
dictamen.




Se inicia el debate de las propuestas de veto.




El señor Román Clemente, del Grupo Mixto, defiende la propuesta de veto
número 1. El señor Luis Calvo defiende la propuesta de veto número 2, del
Grupo Socialista. El señor Liso Marín consume un turno en contra. En
turno de portavoces, hacen uso de la palabra los señores Román Clemente,
por el Grupo Mixto; Beguer i Oliveres, por el Grupo Catalán en el Senado
de Convergència i Unió; Luis Calvo, por el Grupo Socialista, y Liso
Marín, por el Grupo Popular.




Se rechaza la propuesta de veto número 1, del Grupo Mixto, por 89 votos a
favor y 137 en contra.




Se rechaza la propuesta de veto número 2, del Grupo Socialista, por 88
votos a favor y 137 en contra.




Comienza el debate del articulado.




El señor Román Clemente, del Grupo Mixto, defiende las enmiendas números
1 a 80. El señor Nieto Cicuéndez, del Grupo Mixto, defiende las enmiendas
números 81 a 108. El señor Ríos Pérez, del Grupo Mixto, defiende las
enmiendas números 118 a 124. El señor Gangoiti Llaguno defiende las
enmiendas números 110 a 117, del Grupo de Senadores Nacionalistas Vascos.

El señor Beguer i Oliveres defiende la enmienda número 109, del Grupo
Catalán en el Senado de Convergència i Unió. Los señores Luis Calvo y
Beltrán Miralles defienden la vuelta al texto del Congreso de los
Diputados en relación con los artículos 2.1, 6, 10.3, 15.5, 16.3.a)
párrafo 1.º, 17.2, 18.1.b) párrafo 1.º, 18.2, 19.2.e), 20.2, 22 párrafo
1.º, 23.3, 30.3, 30.4.c), disposición adicional quinta nueva, disposición
transitoria primera.2 párrafo 3.º y disposición final segunda, así como
las enmiendas números 258 a 343, retirando la parte del voto particular
número 6 relativa al artículo 30.1 párrafo 1.º, del Grupo Socialista. El
señor Liso Marín consume un turno en contra. En turno de portavoces,
hacen uso de la palabra los señores Román Clemente, por el Grupo Mixto,
Beltrán Miralles, por el Grupo Socialista, y Liso Marín, por el Grupo
Popular.




Se procede a votar.




Se rechazan las enmiendas números 1 a 4, 6, 20, 25 a 28, 30 a 34, 36 a
39, 44, 52, 57 y 71 a 75, del Grupo Mixto, por 91 votos a favor, 133 en
contra y 1 abstención.




Se aprueba la enmienda número 17, del Grupo Mixto, por 122 votos a favor,
100 en contra y 3 abstenciones.




Se rechazan las enmiendas números 7, 8, 16, 18, 19, 22, 23, 35, 40, 41,
43, 46 a 48, 51, 54, 55, 58, 64 a 66, 68,



Página 4089



69 y 77 a 80, del Grupo Mixto, por 3 votos a favor y 222 en contra.




Se rechazan las enmiendas números 5, 9, 10, 12.a 15, 21, 24, 29, 42, 45,
49, 50, 53, 56, 59 a 63, 67, 70 y 76, del Grupo Mixto, por 3 votos a
favor, 137 en contra y 81 abstenciones.




Se rechazan las enmiendas números 81, 85, 89 a 92, 94, 98, 100, 105 y
107, del Grupo Mixto, por 92 votos a favor y 133 en contra.




Se rechazan las enmiendas números 87, 88, 96, 97 y 102 a 104, del Grupo
Mixto, por 3 votos a favor y 220 en contra.




Se aprueba la enmienda número 86, del Grupo Mixto, por 123 votos a favor,
14 en contra y 88 abstenciones.




Se rechazan las enmiendas números 82 a 84, 93, 95, 99, 101, 106 y 108,
del Grupo Mixto, por 4 votos a favor, 131 en contra y 88 abstenciones.




Se rechazan las enmiendas números 118, 119 y 121, del Grupo Mixto, por 3
votos a favor, 208 en contra y 14 abstenciones.




Se rechazan las enmiendas números 122 y 123, del Grupo Mixto, por 2 votos
a favor, 207 en contra y 16 abstenciones.




Se rechaza la enmienda número 120, del Grupo Mixto, por 1 voto a favor,
120 en contra y 104 abstenciones.




Se rechaza la enmienda número 124, del Grupo Mixto, por 3 votos a favor,
121 en contra y 100 abstenciones.




Se rechazan las enmiendas números 111 a 114, del Grupo de Senadores
Nacionalistas Vascos, por 95 votos a favor, 120 en contra y 10
abstenciones.




Se rechazan las enmiendas números 110, 115 y 117, del Grupo de Senadores
Nacionalistas Vascos, por 4 votos a favor, 209 en contra y 11
abstenciones.




Se rechaza la enmienda número 116, del Grupo de Senadores Nacionalistas
Vascos, por 102 votos a favor, 123 en contra y 1 abstención.




Se rechaza la enmienda número 109, del Grupo Catalán en el Senado de
Convergència i Unió, por 16 votos a favor y 210 en contra.




Se rechaza la vuelta al texto del Congreso de los Diputados en relación
con los artículos 2.1, 6, 10.3, 15.5, 16.3.a) párrafo 1.º, 17.2, 18.1.b)
párrafo 1.º, 18.2, 19.2.e), 20.2, 22 párrafo 1.º, 23.3, 30.3, 30.4.c),
disposición adicional quinta nueva, disposición transitoria primera.2
párrafo 3.º y disposición final segunda, del Grupo Socialista, por 87
votos a favor, 126 en contra y 12 abstenciones.




Se rechazan las enmiendas números 264, 268, 284, 285, 287, 295, 297, 299,
300, 311, 312, 315, 317 a 320, 323, 325, 334 y 342, del Grupo Socialista,
por 94 votos a favor y 132 en contra.




Se rechazan las enmiendas números 261, 262, 274, 282, 283, 286, 289, 290,
292, 298 y 308, del Grupo Socialista, por 89 votos a favor y 137 en
contra.




Se rechazan las restantes enmiendas del Grupo Socialista, por 91 votos a
favor y 135 en contra.




Se aprueba una propuesta de modificación relativa al artículo 10.2 por
128 votos a favor, 2 en contra y 96 abstenciones.




Se aprueba una propuesta de modificación relativa al apartado 1 de la
disposición adicional quinta por 135 votos a favor, 2 en contra y 87
abstenciones.




Se aprueban los artículos 2.2, 15.2.B.b), 15.4.B), 16.3.A), 17.2,
18.1.B), 30.4.A.e) y 42.1 párrafo primero por 130 votos a favor, 89 en
contra y 7 abstenciones.




Se aprueban los artículos 21, 25, 35, 36, 39, 43, disposición adicional
tercera, disposiciones transitorias cuarta, quinta y sexta, disposición
derogatoria y disposiciones finales primera y cuarta, por 224 votos a
favor, 1 en contra y 1 abstención.




Se aprueban los artículos 1, 2.1, 3 a 14, 15 a 18 en sus restantes
preceptos, 19, 20, 22 a 24, 26 a 29, 30 en sus restantes preceptos, 31 a
34, 37, 38, 40, 41, 42 en sus restantes preceptos, 47, disposiciones
adicionales segunda, cuarta y quinta y disposiciones transitorias primera
y tercera, por 135 votos a favor, 88 en contra y 2 abstenciones.




Se aprueban los artículos 44 a 46, disposición adicional primera,
disposición transitoria segunda y disposiciones finales segunda y
tercera, por 134 votos a favor, 1 en contra y 91 abstenciones.




Se aprueba el resto del texto del dictamen por 136 votos a favor y 90 en
contra.




El señor Presidente comunica a la Cámara el traslado de las enmiendas
aprobadas por el Senado al Congreso de los Diputados.




De la Comisión de Justicia en relación con el Proyecto de Ley de venta a
plazos de bienes muebles (Página 4151)



Página 4090



El señor Moya Sanabria, Presidente de la Comisión, presenta el dictamen.




No se produce debate de totalidad.




Comienza el debate del articulado.




El señor Román Clemente, del Grupo Mixto, da por defendidas las enmiendas
números 1 a 4. El señor Zubia Atxaerandio defiende las enmiendas números
5 y 6, del Grupo de Senadores Nacionalistas Vascos. El señor Casas Casas
defiende las enmiendas números 7 y 9 a 14, del Grupo Socialista. El señor
Mancha Cadenas consume un turno en contra. En turno de portavoces, hacen
uso de la palabra los señores Román Clemente, por el Grupo Mixto,
Capdevila i Bas, por el Grupo Catalán en el Senado de Convergència i
Unió; Casas Casas, por el Grupo Socialista, y Mancha Cadenas, por el
Grupo Popular.




Se procede a votar.




Se aprueba enmienda «in voce» en relación con el artículo 8.3 por
asentimiento de la Cámara.




Se rechazan las enmiendas números 1 a 3, del Grupo Mixto, por 3 votos a
favor, 217 en contra y 1 abstención.




Se rechaza la enmienda número 4, del Grupo Mixto, por 8 votos a favor y
212 en contra.




Se rechazan las enmiendas números 5 y 6, del Grupo de Senadores
Nacionalistas Vascos, por 7 votos a favor y 214 en contra.




Se rechazan las enmiendas números 7 y 9 a 14, del Grupo Socialista, por
86 votos a favor, 132 en contra y 3 abstenciones.




Se aprueban el preámbulo y los artículos 1, 9, 11 14 a 16 y disposición
adicional primera por 131 votos a favor, 88 en contra y 1 abstención.




Se aprueban los restantes preceptos del texto del dictamen por 217 votos
a favor, 1 en contra y 2 abstenciones.




El señor Presidente comunica a la Cámara el traslado de las enmiendas
aprobadas por el Senado al Congreso de los Diputados.




Se suspende la sesión a las veintiuna horas y cinco minutos.




Se abre la sesión a las once de la mañana.




El señor PRESIDENTE: Se abre la sesión.

PREGUNTAS:



--DE DON MANUEL GUILLERMO VARELA FLORES, DEL GRUPO PARLAMENTARIO
SOCIALISTA, SOBRE SI APRUEBA EL GOBIERNO EL VIAJE DEL PRESIDENTE DE LA
JUNTA DE GALICIA A LIBIA (680/000527).




El señor PRESIDENTE: Preguntas.

En primer lugar, de don Manuel Guillermo Varela Flores, del Grupo
Parlamentario Socialista, sobre si aprueba el Gobierno el viaje del
Presidente de la Junta de Galicia a Libia.

Tiene la palabra su señoría.




El señor VARELA FLORES: Muchas gracias, señor Presidente.

Señor Ministro, como es sabido, el Presidente de la Xunta de Galicia
viaja mucho. No quiero hacer aquí ninguna valoración sobre la
rentabilidad para Galicia de esa actividad que, en cualquier caso, debe
ser sometida a control en el Parlamento de Galicia, cosa, por otra parte,
bastante difícil. Pero el viaje a Libia tiene connotaciones especiales,
sin duda, por las sanciones internacionales que derivan de su actitud
ante el terrorismo internacional y, concretamente, por el caso del
atentado aéreo que costó 270 vidas humanas.

Por eso, señor Ministro, pregunto si aprueba el Gobierno el viaje del
Presidente de la Xunta de Galicia a Libia.

Gracias.




El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, Senador Varela Flores.

Tiene la palabra el señor Ministro de Asuntos Exteriores.




El señor MINISTRO DE ASUNTOS EXTERIORES (Matutes Juan): Señor Presidente,
señorías, sí, el Gobierno fue informado con la suficiente y debida
antelación de la intención del Presidente de la Xunta de efectuar un
viaje a Libia y, naturalmente, no hubo objeción por parte del Gobierno.

Se enviaron a la Xunta las informaciones oportunas sobre la situación
particular de Libia en el contexto internacional, así como sobre el marco
de las relaciones bilaterales hispano-libias.

Muchas gracias.




El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Ministro.

Tiene la palabra el Senador Varela Flores.




El señor VARELA FLORES: Señor Ministro, es de agradecer su respuesta,
porque hasta este momento había un silencio total sobre esta materia y no
se sabía si el Gobierno en algo de su exclusiva competencia estaba
realmente de oyente.

De todas formas, planteado así el tema uno no sabe si la iniciativa parte
del propio Presidente de la Xunta o si éste



Página 4091



actúa como embajador del propio Gobierno para posibilitar algunas
operaciones comerciales de futuro y, nosotros, lógicamente, queremos
saber cuál es la intención del Gobierno en esta materia, si comparte que
de forma unilateral se rompa el consenso internacional con un país que
tiene unas relaciones internacionales en entredicho por su propia
posición.

No voy a defender la teoría del bloqueo, ni siquiera los efectos
beneficiosos que tienen en el marco internacional los distintos bloqueos
que existen, pero sí me parece que España no puede quebrar de forma
unilateral lo que es una política europea común. Creo que es necesario un
previo acuerdo antes de adoptar este tipo de medidas.

El señor Fraga dijo en un determinado momento cuando se le hicieron
críticas a este respecto que con las políticas de bloqueo el más listo
sacaba provecho, por eso él fue el primero en ir a Libia. No sé si los
demás Presidentes de las Comunidades Autónomas de España son más tontos,
más prudentes o más solidarios; no lo sé. Es algo que habrá que
determinar en su momento. Pero, en mi opinión, es necesario mantener la
unidad de acción y, si hay que adoptar una nueva postura, que sea
acordada en el marco de la Unión Europea, porque, si lo importante es ser
el primero en llegar, y no el saber llegar, usted, señor Ministro, acaba
de perder en estos momentos la carrera hacia Cuba, porque hay otro
Ministro de la Comunidad Europea, el italiano, que se acaba de adelantar.

Señor Ministro, me gustaría también saber cuál fue la reacción del
Ministerio ante las quejas planteadas por los Estados Unidos debido a
esta visita. Y no estoy defendiendo las leyes extraterritoriales de
D'Amato-Kennedy o Helms-Burton. Pero, lógicamente, cuando se produce una
queja de otro país por una relación política establecida por un político
de primer nivel, como es el Presidente de la Xunta de Galicia, que,
lógicamente, tiene unas connotaciones mucho más allá de unas relaciones
comerciales, sobre las que no tengo nada que objetar, me gustaría que
fuera un poco más profundo en su respuesta.

Muchas gracias.




El señor PRESIDENTE: Gracias, Senador Varela.

Tiene la palabra el señor Ministro de Asuntos Exteriores.




El señor MINISTRO DE ASUNTOS EXTERIORES (Matutes Juan): Señor Presidente,
creo que a su señoría, señor Varela, le falta mucha información. En
primer lugar, yo mismo me había pronunciado en varias ocasiones, antes y
después de esta visita del señor Fraga, en el mismo sentido en que acabo
de hacerlo esta mañana. Si su señoría no había tenido acceso a la misma
es, desde luego, porque no lee los periódicos y no está al tanto de los
medios de información.

Además quiero recordarle que Libia es un importante Estado en el contexto
mediterráneo y magrebí, tanto por su geografía como por su peso
específico, y le reitero lo de la falta de información porque la
comunidad internacional no ha impuesto ninguna prohibición de visitas
oficiales a Libia, por lo que no se ha roto el supuesto consenso
internacional al que su señoría se refería. Justamente varios meses antes
que el señor Fraga, en febrero pasado, el Secretario de Estado de
Cooperación Internacional y para Iberoamérica de mi Ministerio, el señor
Villalonga, giró una visita oficial a Trípoli con el fin de mantener los
contactos bilaterales entre ambos países sin que su señoría se
escandalizara por ello. Quiero recordar con esto que el intercambio de
visitas constituye un elemento importante entre dos países que mantienen
relaciones diplomáticas.

El viaje del Presidente de la Xunta tuvo por finalidad la promoción de
intereses comerciales y la ampliación de posibles y futuros mercados para
empresas de Galicia, y ahí se trataba de no perder la carrera que, por
cierto, en Cuba tampoco se está perdiendo. España y Libia suscribieron el
27 de abril de 1974 un Convenio de cooperación económica y comercial en
el que se basan las relaciones económicas bilaterales. Hay empresas
españolas importantes, grandes intereses españoles operando en el mercado
libio, con inversiones de envergadura --en el sector de hidrocarburos muy
especialmente--, y en ninguna de estas operaciones ni en las actividades
de la Xunta hay violación alguna del régimen de sanciones que el Consejo
de Seguridad de la ONU impuso a Libia, contenido en las Relaciones 748 y
883.

Muchas gracias.




El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Ministro de Asuntos
Exteriores.




--DE DON JOAQUIM FERRER I ROCA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO CATALAN EN EL
SENADO DE CONVERGéNCIA I UNIO, SOBRE LAS PREVISIONES DEL EJECUTIVO EN
ORDEN A EXPONER ANTE LAS INSTITUCIONES EUROPEAS Y EL GOBIERNO FRANCES LA
INQUIETUD QUE CREA LA MARGINACION QUE SUFRE LA LENGUA Y CULTURA CATALANA
EN EL DEPARTAMENTO DE LOS PIRINEOS ORIENTALES (680/000530).




El señor PRESIDENTE: Pregunta de don Joaquim Ferrer i Roca, del Grupo
Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió, sobre las
previsiones del Ejecutivo en orden a exponer ante las instituciones
europeas y el Gobierno francés la inquietud que crea la marginación que
sufre la lengua y cultura catalana en el Departamento de los Pirineos
Orientales.

El señor Ferrer i Roca tiene la palabra.




El señor FERRER I ROCA: Gracias, señor Presidente.

Señor Ministro, empiezo la presentación de mi pregunta con una obviedad
pero que creo que puede ser oportuna en esta ocasión. Señorías, señor
Ministro, Europa es un tejido de lenguas y culturas, y concretamente en
la Unión Europea existe un gran reconocimiento, un reconocimiento exacto
de esta realidad, que además está considerada como la fuente de su
energía; por consiguiente, nos vemos en un marco de una consideración
afectiva y efectiva



Página 4092



de esta realidad de lenguas y culturas. Pero continúan existiendo algunas
inercias que desconocen esta realidad, pocas --hay que reconocerlo--,
quizá solamente una, a la que voy a hacer referencia en esta pregunta.

En el Estado francés, y muy concretamente en el Departamento de los
Pirineos Orientales, existe una gran marginación, marginación de hace
tiempo, pero al observar que no se modifica esta actitud de marginación
de la lengua y cultura catalana en dicho Departamento del Estado francés
es la razón por la cual formulamos esta pregunta al señor Ministro:
¿puede el Gobierno trasladar al Gobierno francés nuestra inquietud,
nuestra preocupación por este hecho, que yo me atrevería a calificar de
insólito en el marco de la Unión Europea?
Muchas gracias, señor Presidente.




El señor PRESIDENTE: Gracias, Senador Ferrer.

Tiene la palabra el señor Ministro de Asuntos Exteriores.




El señor MINISTRO DE ASUNTOS EXTERIORES (Matutes Juan): Señor Presidente,
yo quisiera responder con todo afecto --y diría que hasta con un interés
particular por el tema puesto que soy catalanoparlante-- que al Gobierno
no le consta la existencia en el Departamento de los Pirineos Orientales
de Francia de una situación de marginación de la lengua y cultura
catalana.

El Ministerio de Asuntos Exteriores recibe información a través del
Consulado General en Perpiñán y parece que el uso cultural y cotidiano
del catalán en este Departamento de los Pirineos Orientales está
plenamente garantizado. De hecho, es la lengua que se habla y, por lo
tanto, está siendo objeto de un natural desarrollo en la región.

Yo quisiera, además, advertir que se trata de un tema delicado, porque ya
es sabido que el idioma francés es la única lengua oficial en todo el
territorio de la República francesa, según dispone el artículo 2 de la
Constitución francesa.

Muchas gracias.




El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Ministro.

Tiene la palabra el Senador Ferrer i Roca.




El señor FERRER I ROCA: Gracias, señor Presidente.

Entiendo la respuesta del señor Ministro. Esta es una cuestión que puede
ser delicada, porque el Estado francés tiene una política que no ha
modificado a tenor de la evolución general de la Unión Europea y en
Europa en su conjunto, pero el hecho de las buenas relaciones no pueden
ser sinónimo de silencios. Existe también tradicionalmente una buena
relación de todos nosotros con el Estado francés, pero esto no puede
significar que silenciemos aquellos aspectos que nos parecen
profundamente erróneos, y éste continúa siendo un tema que se aparta de
lo que es el común tratamiento de las lenguas y las culturas en el marco
de la Unión Europea. A pesar de que sea delicado, y precisamente
aprovechando las buenas relaciones que tradicionalmente tenemos con el
Estado francés, nosotros insistimos en que hay que encontrar la manera de
trasladarles que desgraciadamente la transmisión de la lengua y la
cultura catalana en el Departamento de los Pirineos Orientales no es
normal y está muy alejada de esta normalidad. Puede usted creer, señor
Ministro, que si la situación fuese normal este Senador no hubiese hecho
esta pregunta y estaría contentísimo de ello. Por consiguiente, insisto,
señor Ministro, en encontrar la fórmula más indicada para hacer llegar a
las autoridades francesas la necesidad de reflexionar sobre este
problema.

Muchas gracias, señor Presidente.




El señor PRESIDENTE: Gracias, Senador Ferrer i Roca.

Tiene la palabra el señor Ministro de Asuntos Exteriores.




El señor MINISTRO DE ASUNTOS EXTERIORES (Matutes Juan): Gracias,
Presidente. Intervendré muy brevemente.

Creo que las últimas palabras del Senador Ferrer son una buena vía de
actuación para tratar ese delicado problema en el futuro. Tengo la
convicción franca de que las instituciones europeas no parecen los foros
apropiados para expresar cualquier inquietud en el sentido de que llegara
a producirse una situación de marginación. Quizá en el seno de la
Comisión Mixta de Cooperación Cultural que desarrolla el Convenio
cultural hispano-francés, cuando entremos en negociaciones del programa
bilateral, exista la posibilidad de efectuar alguna demanda en este
sentido y, al respecto, desde luego, tendremos en cuenta las
observaciones que nos pudiera hacer llegar el Grupo Parlamentario del
señor Ferrer y la propia Comunidad Autónoma
--retrotrayéndome a la interpelación, que creo que fructuosamente se
ha debatido esta mañana-- o Comunidades Autónomas afectadas al respecto.

Muchas gracias.




El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Ministro de Asuntos
Exteriores.




--DE DON ADRIANO ANTONIO MARQUES DE MAGALLANES, DEL GRUPO PARLAMENTARIO
POPULAR EN EL SENADO, SOBRE LOS INSTRUMENTOS INSTITUCIONALES EN PUERTO
RICO CON LOS QUE ESPAÑA PROTEGE Y ALIENTA LA CONSERVACION DE LA LENGUA Y
DE LA CULTURA ESPAÑOLAS EN LA ISLA (680/000544).




El señor PRESIDENTE: Pregunta de don Adriano Antonio Marques de
Magallanes, del Grupo Parlamentario Popular en el Senado, sobre los
instrumentos institucionales en Puerto Rico con los que España protege y
alienta la conservación de la lengua y de la cultura españolas en la
isla.

Tiene la palabra el señor Marques de Magallanes.




Página 4093



El señor MARQUES DE MAGALLANES: Muchas gracias, señor Presidente.

Señor Ministro, hace años tuve una frustradora experiencia al visitar
Filipinas, pues encontré allí una borrosa presencia de nuestra cultura y
el silencio de nuestra lengua. A mis ojos se hizo evidente que habíamos
perdido nuestra legítima presencia en el Pacífico. A mis oídos sólo el
tagalo y el inglés se escuchaba fluidamente.

En el contexto actual, en el que la lengua y la cultura española juegan
papeles tan diferentes como el de la pérdida del derecho a una educación
bilingüe de la comunidad hispanoparlante en el Estado norteamericano de
California y el progresivo avance del español como segunda lengua en el
sistema de enseñanza de Brasil, me pregunto: ¿qué respuestas vamos a dar
para preservar el legado español en Puerto Rico? Si tomamos en
consideración la voluntad prácticamente mayoritaria entre los
puertorriqueños de mantener la tradición española, ¿cuáles son, señor
Ministro, los instrumentos institucionales en Puerto Rico que España
utiliza para proteger y alentar la conservación de la lengua y la cultura
española en la isla?
Muchas gracias, señor Presidente.




El señor PRESIDENTE: Gracias, Senador Marques de Magallanes.

Tiene la palabra el señor Ministro de Asuntos Exteriores.




El señor MINISTRO DE ASUNTOS EXTERIORES (Matutes Juan): Señor Presidente,
El señor MINISTRO DE ASUNTOS EXTERIORES (Matutes Juan): Muchas gracias,
Presidente.

Sinceramente, no creo que sea comparable el caso de Filipinas con el de
Puerto Rico. Puerto Rico tiene un entorno geográfico y una población que
es en su inmensa mayoría hispanoparlante. Existe una Academia
puertorriqueña de la Lengua Española que mantiene su habitual
correspondencia con la Academia Española. Por eso, cuando hace unos años
se estudió la conveniencia de establecer en Puerto Rico un centro del
Instituto Cervantes la idea fue descartada por innecesaria. Los
puertorriqueños, en su inmensa mayoría, hablan y sienten en español. En
1992 se otorgó a Puerto Rico el premio «Príncipe de Asturias» por su
defensa del idioma español. El Gobernador de entonces, el señor Hernández
Colón, lo había declarado idioma oficial. Ahora --como sus señorías
saben-- es idioma cooficial, a propuesta del nuevo Gobernador, pero
mantiene intacta su pujanza.

El Gobierno español mantiene una política cultural de estrechos
intercambios con la isla en todos los ámbitos, lo que, sin duda, redunda
en el fomento de la cultura y de la lengua española. Existen muchas
colaboraciones entre instituciones culturales españolas y
puertorriqueñas. Así se ha programado toda una serie de actividades, que
tendrán lugar en Puerto Rico con ocasión del centenario del 98, entre las
que quiero destacar solamente los programas de becas del Ministerio de
Asuntos Exteriores; la presencia española en los festivales de cine de
Puerto Rico; las conferencias de intelectuales españoles; la Universidad
de Puerto Rico organizó en mayo el Congreso América Sajona-América
Hispana que contó con una gran presencia española; la edición de la Feria
del Libro de Puerto Rico que este año tiene justamente como invitado y
actor principal a España; los conciertos con ocasión del Festival de
Música Pablo Casals y la exposición Lorca. A todo ello cabe añadir,
además, el fomento de un intenso intercambio académico de profesores y
alumnos acordado directamente entre distintas universidades españolas y
las principales universidades puertorriqueñas.

Muchas gracias.




El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Ministro.

Tiene la palabra el Senador Marques de Magallanes.




El señor MARQUES DE MAGALLANES: Muchas gracias, señor Ministro.

Al poner a Filipinas como ejemplo quería remitirme a un testimonio
histórico y nada más. Pienso que si se ha perdido y se ha degradado
nuestra lengua, nuestra cultura algo tenemos que ver los españoles en
este tema. Por eso, he puesto este ejemplo. Creo que hemos dejado que se
degradasen nuestra lengua y nuestra cultura. No me importa que un país
esté a un lado y otro esté al otro. Simplemente he querido enriquecer los
términos comparativos.

Muchas gracias.




El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.

Tiene la palabra el señor Ministro.




El señor MINISTRO DE ASUNTOS EXTERIORES (Matutes Juan): Quiero
agradecerle al señor Senador su interés que, por cierto, es compartido.

Yo conozco bien el caso de Filipinas. Soy miembro de su Academia de la
Lengua Española, y lo cierto es que los casos no son comparables ya que
después de la pérdida de nuestras provincias de ultramar España estuvo
ausente cultural y económicamente de Filipinas durante muchos años. Pero
las cosas ahora han cambiado. Por ejemplo, la presencia española en
Puerto Rico es importante cultural y económicamente e incluso está en
ascenso.

Por todo ello, y asimismo por las razones que he aducido, y aun
compartiendo el mismo interés, considero que, en lo que a la pervivencia
del idioma español en Filipinas se refiere, podemos estar tranquilos.

Muchas gracias.




El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Ministro.




-- DE DON OCTAVIO JOSE GRANADO MARTINEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO
SOCIALISTA, SOBRE SI MANTIENE EL GOBIERNO LAS PREVISIONES DE INGRESOS,
GASTOS Y DEFICIT PUBLICO CONTENIDAS EN EL PLAN DE CONVERGENCIA,



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DESPUES DE APARECER EN LOS MEDIOS DE COMUNICACION INFORMES ATRIBUIDOS AL
DIRECTOR DE LA OFICINA DEL PRESUPUESTO DE PRESIDENCIA DEL GOBIERNO,
AFIRMANDO QUE EL DEFICIT PUBLICO SERA SUPERIOR AL PREVISTO, DEBIDO AL
INCREMENTO DE LOS GASTOS Y A LOS MENORES INGRESOS (680/000536).




El señor PRESIDENTE: Pregunta de don Octavio José Granado Martínez, del
Grupo Parlamentario Socialista, sobre si mantiene el Gobierno las
previsiones de ingresos, gastos y déficit público contenidas en el Plan
de Convergencia, después de aparecer en los medios de comunicación
informes atribuidos al Director de la Oficina del Presupuesto de
Presidencia del Gobierno afirmando que el déficit público será superior
al previsto debido al incremento de los gastos y a los menores ingresos.

Tiene la palabra el Senador Granado.




El señor GRANADO MARTINEZ: Muchas gracias, señor Presidente.

Señor Vicepresidente Segundo del Gobierno, ¿mantiene el Gobierno sus
previsiones contenidas en el Plan de Convergencia sobre ingresos, gastos
y déficit público?



El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.

Tiene la palabra el señor Vicepresidente Segundo del Gobierno.




El señor VICEPRESIDENTE SEGUNDO DEL GOBIERNO Y MINISTRO DE ECONOMIA Y
HACIENDA (De Rato y Figaredo): Muchas gracias, señor Presidente.

El Gobierno mantiene las previsiones de ingresos, gastos y déficit
público que acompañaban a la Ley de Presupuestos Generales del Estado
presentada en esta Cámara, como he expresado en más de una ocasión.




El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Vicepresidente Segundo del Gobierno.

Tiene la palabra el Senador Granado Martínez.




El señor GRANADO MARTINEZ: Gracias, señor Vicepresidente Segundo del
Gobierno.

No es sorprendente su respuesta ya que, en efecto, ustedes tienen a gala
mantener todas sus previsiones, aunque después la realidad tenga a bien
contradecirles.

Así, si la deuda de Radiotelevisión Española sigue creciendo, eso no
importa con tal de que no tengan que modificarse las previsiones; si hay
una sentencia sobre el envenenamiento del aceite de colza que obliga al
Estado a pagos de centenares de miles de millones de pesetas, eso no
importa con tal de que no se compute en las previsiones; si el
endeudamiento de la Seguridad Social sigue creciendo y los préstamos que
todos los años se disfrazan en los Presupuestos del Estado como desfases
de Tesorería siguen sin retornar a las arcas del Estado, eso no importa
con tal de que no haya que modificar las previsiones; si va a caer la
recaudación del Estado en el Impuesto sobre la Renta de las Personas
Físicas y esto va a hacer que tengan que incrementarse las transferencias
a las Comunidades Autónomas pasando del 15 al 17 por ciento, o incluso
ello va a hacer que se tengan que garantizar unos mínimos en el
crecimiento del producto interior bruto a las Comunidades Autónomas en
sus ingresos --por cierto, ¿dónde está la corresponsabilidad fiscal?--,
esto no importa con tal de que no haya que modificar las previsiones; si
tienen que impedirse las transferencias en materia de educación a las
Comunidades Autónomas porque no pueden tomar como base un presupuesto
deliberadamente falseado en el sentido de infravalorar las dotaciones
presupuestarias que deben transferirse, eso no importa con tal de que no
se modifiquen las previsiones.

Es decir, nos encontramos con que seguirá creciendo la deuda del Ente
Público Radiotelevisión Española y la de la Seguridad Social, con que no
se transferirá a las Comunidades Autónomas la educación, o con que la
modificación del Impuesto sobre la Renta pondrá en peligro el Plan de
Convergencia, pero eso sí, se seguirán manteniendo las previsiones. Y es
que ustedes mantienen sus previsiones aunque la realidad las contradiga.

A ustedes les pasa lo del chiste del epicentro del terremoto: que al
final, si hay que modificar algo, será la realidad la que deba
modificarse, pero nunca las previsiones del Gobierno.

Y como muestra de lo que valen sus previsiones valga un botón. Hoy, a
fecha 10 de junio, los créditos presupuestarios que esta Cámara aprobó a
últimos de diciembre con cargo al Presupuesto para 1998 se han
modificado, se han incrementado en el estado de gastos en 370.000
millones de pesetas, de los cuales 210.000 millones corresponden a gastos
financieros y 170.000 millones a ampliaciones de crédito, a
transferencias de crédito, a créditos generados por nuevos ingresos o a
otro tipo de incorporaciones de crédito.

Eso es lo que valen sus previsiones, aunque, desde luego, creo que en
algún momento tendrán que modificarlas, porque les dejará de valer la
política del avestruz, es decir, negarse a ver todo aquello que no
coincida con su eslogan publicitario de que España va bien.

Muchas gracias. (Aplausos desde los escaños del Grupo Parlamentario
Socialista.)



El señor PRESIDENTE: Gracias, Senador Granado Martínez.

Tiene la palabra el señor Vicepresidente Segundo del Gobierno.




El señor VICEPRESIDENTE SEGUNDO DEL GOBIERNO Y MINISTRO DE ECONOMIA Y
HACIENDA (De Rato y Figaredo): Muchas gracias, señor Presidente.

Señor Senador, realmente, no sé quién va a tener que reconocer la
realidad, porque aquí no se trata de discutir entre sus previsiones y las
nuestras. Dispone usted de informes de la Comisión Europea, del Fondo
Monetario Internacional, de la OCDE, e incluso del Bundesbank --que ha
hecho un informe sobre la situación presupuestaria de los países euro,
entre los cuales se encuentra España--, pero ustedes no han querido leer
ninguno. Pues



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bien, son ustedes dueños de pasarse cuatro años en la oposición sin
querer, no sólo atender a lo que indican la Intervención General del
Estado o los libros oficiales que se remiten a la Cámara, sino ni
siquiera lo que señala el conjunto de las instituciones económicas
internacionales más importantes.

Pero, además, si ustedes construyen un discurso sobre errores técnicos es
muy difícil que nos podamos entender. En este sentido, señor Senador,
modificaciones no es lo mismo que incremento de gasto, y usted lo sabe. Y
como lo sabe, pero a pesar de ello lo dice, se da usted cuenta de que sus
premisas son falsas y tiene que forzar, incluso técnicamente, conceptos
contables. Le pediría, pues, que hiciera un esfuerzo al respecto.

En relación con la colza, usted sabe perfectamente --y como lo sabe,
fuerza sus criterios técnicos para hacer un discurso que no existe-- que
tenemos que esperar a que se dicten las sentencias individuales. Por
tanto, en estos momentos no puedo presupuestar esa sentencia --como
tampoco lo puede hacer usted, ni nadie-- con un mínimo de rigor.

En cuanto a la Seguridad Social, hemos alcanzado la cifra récord en
nuestra historia de más de trece millones de cotizantes. Hemos reducido
la aportación de la Seguridad Social a la sanidad pública. El déficit de
la Seguridad Social se ha reducido a la mitad desde 1996 a 1997. Pero
ustedes continúan queriendo hacer un discurso que ya hicieron: el
discurso del miedo. Sin embargo, como ahora no pueden decir a los
españoles que no van a cobrar las pensiones, que no va a haber política
sanitaria, o que no va a haber política educativa, están ustedes contando
una película que dentro de dos años tendrán que tragarse entera. Porque
su candidato a la Presidencia del Gobierno nos anunció en diciembre de
1995 que íbamos a tener un error de 500.000 millones en la recaudación
del IRPF en 1997, y se equivocó. Porque el señor Secretario General del
PSOE, don Felipe González, en febrero de 1997 anunció un crédito
extraordinario porque no podríamos aguantar el presupuesto de 1997, y se
equivocó. Y porque su actual candidato --que no es Secretario General, es
otra cosa--, el señor Borrell, ha anunciado que habilitaremos un crédito
extraordinario para 1998, y se va a equivocar. Y el año que viene me
harán ustedes la misma pregunta, forzando todavía más sus conocimientos
técnicos para poder sostener un discurso que es absolutamente falso.

Afirmar que las transferencias en educación no se van a producir es un
riesgo que una persona tan avezada en política como usted no debería
correr, señor Granado, porque se ha tirado a una piscina en la que no hay
una sola gota de agua. Por tanto, usted comprobará que se producen las
transferencias de educación y se tendrá que inventar otro discurso.

Incluso sería cruel mantener con ustedes un debate sobre previsiones,
porque ni ahora en la oposición, ni cuando estaban en el Gobierno, se ha
cumplido ninguna de las suyas. Hemos mejorado las previsiones del Plan de
Convergencia que ustedes debatieron con nosotros en mayo de 1997. No
hemos tenido un déficit público del 3 por ciento en 1997, sino del 2,6
por ciento. No vamos a tener un déficit público del 2,5 por ciento en
1998, sino del 2,2 por ciento. Y estamos trabajando en esa dirección.

Lo que pasa es que ustedes están ante un dilema político, porque aquello
de lo que nos acusaron --cuando nosotros estábamos en la oposición y
ustedes en el Gobierno-- que no era posible hacer, como es modernizar los
impuestos y las políticas sociales y aumentar el empleo, se está
produciendo, y no tienen ustedes respuesta para ello. Pero con falsedades
no van a conseguir encontrarla. Por tanto, busquen otro camino. (Fuertes
aplausos desde los escaños del Grupo Parlamentario Popular.)



El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Vicepresidente Segundo del Gobierno.




--DE DON LLUIS ARMET I COMA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, SOBRE EL
METODO QUE PIENSA UTILIZAR EL GOBIERNO PARA TRATAR LAS DIFERENCIAS EN LA
FISCALIDAD DEL AHORRO DADAS LAS DISTORSIONES QUE SE ESTAN PRODUCIENDO EN
LOS MECANISMOS NORMALES DE FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO ESPAÑOL
(680/000537).




El señor PRESIDENTE: Pasamos a la pregunta de don Lluís Armet i Coma, del
Grupo Parlamentario Socialista, sobre el método que piensa utilizar el
Gobierno para tratar las diferencias en la fiscalidad del ahorro dadas
las distorsiones que se están produciendo en los mecanismos normales de
funcionamiento del sistema financiero español.

Senador Armet i Coma, su señoría tiene la palabra.




El señor ARMET I COMA: Gracias, señor Presidente.

Señor Vicepresidente segundo del Gobierno, le invito a que se sumerja en
la piscina de la inteligencia, del rigor, y del cálculo correcto.

(Risas.)
El objeto de de la pregunta --presentamos una interpelación-- es que su
política ha comportado un crecimiento exponencial de los fondos de
inversión en nuestro país en detrimento de los depósitos a plazo. El
nuevo ahorro va dirigido a fondos de inversión y los depósitos a plazo se
ven estabilizados y con reducciones significativas importantes en el
último período. Esto comporta cambios importantes en la estructura del
sistema financiero, básicamente de la financiación de los créditos al
sector privado, y por primera vez se enciende una señal de alerta roja
por parte del propio Gobernador del Banco de España que indica que hay
que hacer algunas políticas de corrección. ¿Qué opina el Vicepresidente
Segundo de Gobierno?
Muchas gracias, señor Presidente.




El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, Senador Armet i Coma.

El señor Vicepresidente Segundo de Gobierno tiene la tiene la palabra.




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El señor VICEPRESIDENTE SEGUNDO DEL GOBIERNO Y MINISTRO DE ECONOMIA Y
HACIENDA (De Rato y Figaredo): Muchas gracias, señor Presidente.

Señor Senador, algo tendrá que ver también el hecho de que han bajado los
tipos de interés. En el discurso de su señoría falta un elemento
determinante, y es que un ciudadano que tenía sus ahorros en una cuenta
cuando le pagaban un tipo de interés del 8, del 9 o del 10 por ciento,
hoy no le pagan ese tipo de interés. Entonces, el ciudadano ha tomado una
decisión racional, que estoy seguro que su señoría no sé si comparte pero
desde luego tiene que comprender, y es que la gente se ha llevado sus
ahorros al mercado de renta variable porque es donde puede obtener
mejores resultados en un momento de bajos tipos de interés.

Por tanto, en su ecuación y en su discurso tiene usted que introducir esa
variable, y a partir de ahí su señoría podrá comprender que no todo es un
problema tributario, sino que también hay problemas financieros y el
Gobierno, como podré explicarle en mi segunda parte, está tomando medidas
precisamente en la dirección adecuada.

Muchas gracias, señor Presidente.




El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Vicepresidente Segundo del
Gobierno.

El Senador Armet tiene la palabra.




El señor ARMET I COMA: Muchas gracias, señor Presidente.

El Banco de España afirma: la fuerte demanda de participación se explica
por el mejor tratamiento fiscal de estos productos frente a otros
sistemas de ahorro equivalentes y por la extraordinaria evolución que ha
tenido el mercado de valores. Pero es bien cierto que la discriminación
de trato fiscal ha producido una desaceleración y una baja en términos
cuantitativos. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que en estos momentos
se produce realmente una desproporción entre los depósitos que están
financiando el crédito privado de un importe equivalente a 6,5 billones
de pesetas; si nuestro sistema crediticio tenía una posición activa en
relación al exterior de unos 5,5 billones, en estos momentos tiene una
posición pasiva de 2,2 billones en relación al sistema crediticio
internacional, es decir que por pasivo dependemos del exterior con los
riesgos y dificultades que conlleva, y el Gobernador del Banco de España
enciende la señal de alerta.

Ustedes han contemplado pasivamente cómo iban creciendo los fondos de
inversión, que no todo era renta variable, menos de un 10 por ciento era
renta variable, y han dado salida fácilmente a fondos de inversión por un
tratamiento fiscal. Se ha producido un nuevo producto fiscal que ha
perjudicado a miles y miles de ciudadanos españoles que con una actitud
conservadora, como correspondía a los esfuerzos que han tenido que hacer
para obtener sus ahorros, han visto un decrecimiento de sus posiciones de
ahorro neto de 3 billones de pesetas en dos años. Esto ha sido lo que ha
sucedido a miles y miles de personas que no reciben el beneficio de
posibles créditos y que tienen todos sus ahorros canalizados en los
depósitos a plazo.

Pero ahora ocurre --y esto es una vertiente social que deberían haber
ustedes cubierto o pensado-- un hecho complementario, y es que por la
estructura de nuestro sistema financiero no es positiva esta situación.

El sistema bancario ha de encontrar pasivos en el interior porque si no
vamos a encontrarnos con un crecimiento de pasivos del exterior y activos
del exterior lógicamente porque nuestro mercado de valores es
insuficiente para dar salida a lo que es el crecimiento de los fondos de
inversión de renta variable. Esto usted lo sabe, y hay que actuar
rápidamente, y equilibrar situaciones.

Cuando se producen asimetrías brutales en el tratamiento de determinados
activos financieros esto tiene unas repercusiones sociales y
territoriales de primera magnitud. Es bien cierto que muchísimos
ciudadanos que tenían rentas complementarias de jubilación a partir de
los depósitos de ahorro han visto decrecer de forma sustancial la renta
familiar disponible. ¿Por qué? Porque no han tenido un amparo equivalente
al que han tenido los fondos de inversión.

Yo soy muy racional en los planteamientos de tipo económico, y usted
tiene razón en que el dinero va donde debe ir, pero lo que sí es cierto
es que no se pueden permitir asimetrías graves que tienen repercusiones
sociales de primerísima magnitud.

Le pido rectificación desde una doble perspectiva: primera, por un mayor
trato equitativo a importantes sectores de la población y, una segunda,
por un equilibrio del sistema crediticio que necesita un apalancamiento
seguro de depósitos que permita que el crecimiento del crédito al sector
privado que empieza a ser espectacular y lo pueda ser, tenga realmente su
base de sustento. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario
Socialista.)



El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.

Tiene la palabra el señor Vicepresidente Segundo del Gobierno.




El señor VICEPRESIDENTE SEGUNDO DEL GOBIERNO Y MINISTRO DE ECONOMIA Y
HACIENDA (de Rato y Figaredo): Gracias, señor Presidente. Gracias, señor
Senador.

Efectivamente, como su señoría describe, se ha producido un crecimiento
importante de los fondos de inversión que tienen y tenían, antes de 1996,
un importante beneficio fiscal. No somos nosotros los que hemos primado
esos fondos.

En cualquier caso, creo que las preocupaciones que tiene su señoría --las
cuales, además, me ha ido expresando a lo largo de esta legislatura en
varias ocasiones, y que acaba de resumir-- encuentran una parcial
satisfacción, si no total sí desde luego bastante grande, en algunas
medidas que el Gobierno ya ha tomado, e incluso vamos a tener la ocasión
de que su señoría vote sobre algunas de ellas. Por lo tanto, vamos a ver
si su señoría está de acuerdo con nosotros o si nos propone alternativas.

La primera es la titulación de activos, que el propia Banco de España
reconoce como uno de los instrumentos precisamente para lo que demanda su
señoría: para que



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pueda haber mayores posibilidades de invertir en activos en España.

La segunda es el proyecto de ley de capital riesgo, que permite un
aumento de las posibilidades de invertir el mercado de capitales en la
economía productiva --y que su señoría y su Grupo tendrán ocasión de
debatir, de enmendar y de mejorar si ello les parece conveniente-- y
también la posibilidad de que los fondos de inversión destinen una parte
de su activo a invertir en acciones no cotizadas. Pero, además, desde el
punto de vista de los sujetos pasivos del Impuesto, está el nuevo
proyecto de ley del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas que
viene a equilibrar, precisamente, cualquier diferencia de tratamiento
fiscal entre las ganancias de capital y sus rendimientos. Creo que ahí su
señoría tendrá ocasión, cuando llegue al Senado, que espero que sea en el
próximo período de sesiones, de colaborar en este debate, al que sin duda
aportará cuestiones de interés, que han sido las que me ha ido
manifestando a lo largo de toda la legislatura. Creo que el Gobierno ha
puesto en marcha los instrumentos que están a su alcance para hacer
neutral el criterio tributario sobre las decisiones de los sujetos
pasivos. En este sentido entiendo que vamos a avanzar hacia un sistema
mucho más homologable con nuestros socios europeos del que teníamos, por
ejemplo, en el año 1995 y, segundo, medidas para ensanchar el mercado de
capitales y permitir una mayor realización de activos nacionales.

Muchas gracias. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario
Popular.)



El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Presidente Segundo del Gobierno.




--DE DON MANUEL MARCOS PEREZ HERNANDEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO
SOCIALISTA, SOBRE LA POSICION QUE MANTIENE EL GOBIERNO PARA GARANTIZAR
LAS DEMANDAS DEL SECTOR EN LA NUEVA ORGANIZACION COMUN DE MERCADO (OCM)
DEL PLATANO (680/000534).




El señor PRESIDENTE: Pregunta de don Manuel Marcos Pérez Hernández, del
Grupo Parlamentario Socialista, sobre la posición que mantiene el
Gobierno para garantizar las demandas del sector en la nueva Organización
Común de Mercado del plátano.

Tiene la palabra el señor Pérez Hernández.




El señor PEREZ HERNANDEZ: Gracias, señor Presidente.

Señorías, señora Ministra, entramos ya en la fase final de una importante
negociación para adaptar el Reglamento 404/1993, por el que se aprobó el
OCM del plátano a las demandas de la Organización Mundial de Comercio,
como consecuencia de ese fallo que en su día declaró ilegal uno de los
pilares básicos de la OCM, que era el sistema de reparto de licencias o
el sistema de partenariado, que también se conoce así, que era el
estímulo que tenían los productores para la comercialización de nuestros
plátanos.

Durante todo este período, como también sabe muy bien su señoría, hemos
abordado este asunto en esta Cámara con interpelación, con moción, en la
que se ha dado el respaldo de todos los grupos de la Cámara a la
negociación que tuviera que llevar a cabo el Gobierno de España. No cabe
duda de que tenemos noticias que son satisfactorias como es, por ejemplo,
que la Comisión de Agricultura del Parlamento Europeo haya aprobado el
informe del Eurodiputado, señor Thomas, que recoge lo que son las
demandas del sector, encaminadas, fundamentalmente, al mantenimiento de
un incentivo a la comercialización a través de un incremento en el
ingreso global de referencia o también a la reducción en lo relativo al
incremento del contingente autónomo, dejándolo en unas 100.000 toneladas.

Pero lo que es evidente también, señoría, es que la propuesta que en su
día hizo la Comisión no nos convence, porque no recoge las demandas del
sector.

Por lo tato, y con vistas a ese Consejo de Ministros que va a celebrarse
los días 22 y 23, me gustaría saber cuál es la posición del Gobierno y
qué medidas va a adoptar para garantizar que ese Consejo apruebe una
modificación del Reglamento de la OCM que asegure la pervivencia de este
importante sector que, como usted también sabe, genera más de 48.000
millones de pesetas de ingresos en Canarias, y del que dependen casi
65.000 familias entre impuestos directos e indirectos.

Muchas gracias.




El señor PRESIDENTE: Gracias, Senador Pérez Hernández. Tiene la palabra
la señora Ministra de Agricultura.




La señora MINISTRA DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACION (De Palacio del
Valle-Lersundi): Gracias, señor Presidente.

En primer lugar, quiero agradecer, una vez más, al Senador Pérez
Hernández por la oportunidad que me ofrece de tratar este asunto,
importantísimo para el archipiélago canario. También quisiera
agradecerle, como he hecho en otras ocasiones, el apoyo que,
efectivamente, he venido recibiendo a lo largo de este tiempo por su
parte, así como del Grupo Socialista y, además, por la actuación de los
europarlamentarios de este Grupo que, junto con los del Grupo
Parlamentario Popular y todos los europarlamentarios españoles, han
mantenido una postura unánime en los debates en el Parlamento Europeo
que, indudablemente, ayuda a conseguir, finalmente, una OCM que suponga
el mantenimiento y la garantía del cultivo del plátano en el archipiélago
canario.

Quiero decirle, señor Senador, que, obviamente, la representación
española y yo personalmente, estamos defendiendo una postura
perfectamente consensuada que todos compartimos, no sólo aquí en el
Senado, con su señoría, con todos los grupos sino también con el sector.

Ayer mismo tuve una reunión con el Presidente del Consejo de Ministros,
el Ministro británico, donde se abordó el problema sobre las
posibilidades reales de resultado en la OCM del plátano.




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Debo decirle, señoría, que estamos de acuerdo con el resto de los países
productores europeos, como Francia y Portugal. Ello ha supuesto que lo
que planteaba en un primer momento España, una subvención, un apoyo, una
prima especial de comercialización, se ha subsumido en ese aumento del
ingreso global de referencia que permitiría compensar esta situación, así
como llegar a acuerdos en el ámbito privado, lo que no quiere decir que,
frente a cualquier posible negativa a esta actuación volveríamos a tener,
porque lo seguimos planteando, la prima de comercialización de manera
específica y también, como sabe su señoría, entendemos que el contingente
suplementario de las 353.000 toneladas no está, en primer lugar,
consolidado y en ningún caso se puede dar como tal.

A partir de ahí, nuestro planteamiento es reducirlo a las 100.000
toneladas o, como alternativa, plantear un contingente que sirva para
regular el mercado en el sentido de que se pudiera reducir, si existiera
un exceso de oferta, o, en el caso hipotético de una escasez de demanda,
se pudiera aumentar, como solicitan otros países.

Como muy bien sabe su señoría, en los últimos años la incorporación de
tres nuevos países, a la Unión Europea ha aumentado el número de países
que se nutrían del área del plátano llamado dólar y, por tanto, mantienen
unas propuestas diferentes a las que plantean España y otros países
productores europeos, y Gran Bretaña tiene el problema de los países ACP
a los que apoya. No obstante, espero --así lo hablamos con el Ministro
británico-- que finalmente lleguemos a una solución satisfactoria para el
sector, como hemos venido defendiendo a lo largo de este tiempo.

Muchas gracias, señor Presidente.




El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Ministra.

Tiene la palabra el Senador Pérez Hernández.




El señor PEREZ HERNANDEZ: Gracias, señor Presidente.

Estoy de acuerdo, señoría, con que estamos todos en esa línea, pero de lo
que no cabe duda es de que en los días 22 y 23 debemos conseguir tres
objetivos claros: Primero, que la propuesta recoja el incremento en un 20
por ciento del ingreso global de referencia, que podría servir de
estímulo a la comercialización como consecuencia de la pérdida del
sistema de licencias B).

Segundo --usted lo acaba de señalar-- que se mantenga ese contingente
autónomo de 100.000 toneladas.

Tercero, me gustaría aprovechar la ocasión para decir a su señoría que es
muy conveniente que en ese acuerdo se clarifique la duración de la nueva
OCM más allá del año 2005. Usted sabe que Inglaterra, con la modificación
del Convenio de Lomé, intenta que el acuerdo con los países ACP también
pueda prolongarse más allá de dicho año. Si nos apoyamos mutuamente
podremos conseguir un reglamento OCM que vaya más allá del 2005 y dar así
garantía y tranquilidad al sector.

En representación del Grupo Parlamentario Socialista deseo, como no podía
ser de otra manera, que ese Consejo de Ministros comunitario apruebe una
OCM que, si bien no va a tener las ventajas de la actual, porque,
evidentemente, va a estar más recortada, dé garantía y supervivencia a
este importante sector del archipiélago canario.

Muchas gracias.




--DE DOÑA ILDEFONSA SALGADO SANTOS, DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL
SENADO, SOBRE LAS MEDIDAS QUE HA LLEVADO A CABO EL GOBIERNO PARA FOMENTAR
EL SECTOR APICOLA NACIONAL (680/000545).




El señor PRESIDENTE: Pregunta de doña Ildefonsa Salgado Santos, del Grupo
Parlamentario Popular, sobre las medidas que ha llevado a cabo el
Gobierno para fomentar el sector apícola nacional.

Tiene la palabra la Senadora Salgado Santos.




La señora SALGADO SANTOS: Muchas gracias, señor Presidente.

Señora Ministra, hasta estos momentos el sector apícola español se
encontraba en un alarmante declive gracias al poco interés y a la falta
de atención a la que se había visto sometido por parte de gobiernos
anteriores. Estaba afectado por todo tipo de problemas, como pueden ser
la varroasis o la trashumancia de las colmenas, encontrándose los
apicultores desprotegidos, sin ningún tipo de estímulo ni ayuda para
superar esta situación.

España es el tercer país productor de miel de la Unión Europea. El
colectivo de apicultores es de una gran importancia en nuestro país,
especialmente en las zonas rurales deprimidas, situadas fundamentalmente
en lugares de montaña, que por sus características son idóneas para el
asentamiento de explotaciones de estos tipos de animales, proporcionando
a sus propietarios unos ingresos complementarios que deben ser tenidos en
cuenta, y que --como acabo de decir-- sufrían un gran abandono.

La Unión Europea tiene que importar miel de terceros países para atender
a la demanda de su consumo, de aquí la importancia de este sector y su
potencial expansivo. El mantenimiento y la modernización del sector
apícola era pues una asignatura pendiente, no sólo por su importancia
económica sino también desde un punto de vista ecológico. El impacto
medioambiental de las abejas es altamente positivo para la configuración
del paisaje y para los propios sectores productivos. Todos sabemos que la
inmensa mayoría de las plantas sobreviven gracias a la función
polinizadora de las abejas y que existe gran cantidad de insectos que
dependen del trabajo de las mismas para su supervivencia.

En este sentido, me gustaría, señora Ministra, que informe a esta Cámara
acerca de qué medidas se han llevado a cabo desde el departamento que
preside para mantener y modernizar el sector apícola.

Muchas gracias.




El señor PRESIDENTE: Gracias, Senadora Salgado Santos.

Tiene la palabra la señora Ministra de Agricultura.




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La señora MINISTRA DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACION (De Palacio del
Valle-Lersundi): Muchas gracias, señor Presidente.

Es para mí una satisfacción decir que por fin hemos conseguido que haya
una OCM que proteja y apoye al sector apícola europeo y, especialmente,
al sector apícola nacional. Es un sector que hasta ahora no contaba con
especiales apoyos y que tenía serios problemas que estaban repercutiendo
en un cierto abandono y desaparición en algunas zonas de España, siendo
como es --como muy bien ha señalado su señoría-- un sector básico, desde
luego con unas funciones medioambientales claves y con una gran
incidencia en la producción por su función polinizadora.

El Reglamento 1221/1997 del Consejo establece una serie de medidas
destinadas a mejorar las condiciones de producción y comercialización de
la miel en la Unión. España ha tenido un papel importante en la
elaboración y en la aprobación de este reglamento impulsándolo desde el
primer momento y, además, solicitándolo al INCI. Todas las medidas que se
contemplan en él deben ser incluidas dentro de programas nacionales
desarrollados por los Estados. En el marco del reglamento, el Ministerio
de Agricultura ya ha elaborado el Programa Nacional de ayudas a la
apicultura para 1998, programa que se ha llevado a cabo en colaboración
con las organizaciones representativas y con las cooperativas del sector,
amén de las Comunidades Autónomas afectadas.

Las líneas fundamentales que incluye son las siguientes: Asistencia
técnica a los apicultores con el fin de mejorar las condiciones de
producción y extracción de la miel; lucha contra la varroasis y mejora de
las condiciones de tratamiento de las colmenas; racionalización de la
trashumancia; apoyo a los laboratorios de análisis de la miel y
colaboración con centros de investigación para la mejora de la calidad de
la miel.

En ese sentido, el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación ya ha
transferido de sus presupuestos 20 millones de pesetas al INIA para que
seleccione y coordine proyectos de investigación en esta materia. El
programa supone un gasto total de 1.204 millones de pesetas,
cofinanciados al 50 por ciento a través de los presupuestos
Feoga-Garantía de la Unión Europea y las Comunidades Autónomas, excepción
hecha como siempre del País Vasco y Navarra por la Ley del Grupo y sus
condiciones especiales de financiación.

En el marco de esta cofinanciación comunitaria, España será el país de la
Unión que más fondos recibirá a lo largo de 1998, en torno a los 2.500
millones de pesetas, una cifra muy importante para el sector, que es el
equivalente casi a la cuarta parte de los fondos comunitarios y que da
idea de la importancia del sector apícola español, de la capacidad de
todos los sectores implicados y de las administraciones a la hora de
preparar unos buenos programas de acción. Estoy segura de que todas estas
ayudas, que hasta ahora no habían existido, van a contribuir a la mejora
de la producción y de la calidad de nuestra miel y, por tanto, de las
posibilidades de comercialización y modernización del sector, partiendo
de la base de que la Unión Europa es altamente deficitaria en miel y la
importa en grandes cantidades.

Por último, a esto hay que añadir que desde el propio Ministerio, en
coordinación con las Comunidades Autónomas, se están llevando a cabo todo
tipo de análisis e investigaciones para confirmar que las mieles que se
venden en España --algunas de ellas de importación-- reúnen las
condiciones y las calidades exigibles a las mismas, para garantizar
precisamente nuestros propio sector.

Nada más y muchas gracias.




El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Ministra de Agricultura.

Tiene la palabra la Senadora Salgado Santos.




La señora SALGADO SANTOS: Gracias, señor Presidente.

Intervengo muy brevemente para agradecer a la señora Ministra su
respuesta, a través de la cual ha puesto de manifiesto, una vez más, el
interés por el sector apícola, al igual que su dedicación hacia todos los
problemas del mundo del campo español.

Gracias, señora Ministra.

Muchas gracias, señor Presidente.




El señor PRESIDENTE: Gracias, Senadora Salgado Santos.




--DE DON JUAN ANTONIO AREVALO SANTIAGO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO
SOCIALISTA, SOBRE SI COMPARTE EL GOBIERNO LA OPINION DEL PRESIDENTE
ACERCA DEL FUNCIONAMIENTO DE LA JUSTICIA EN ESPAÑA. (680/000535).




El señor PRESIDENTE: Pregunta de don Juan Antonio Arévalo Santiago del
Grupo Parlamentario Socialista sobre si comparte el Gobierno la opinión
del Presidente acerca del funcionamiento de la justicia española.

Tiene la palabra el Senador Arévalo Santiago.




El señor AREVALO SANTIAGO: Señor Presidente, señorías, señores del
Gobierno, el Presidente del Gobierno ha dicho que la justicia en España
no acaba de funcionar. ¿Comparte el Gobierno esta opinión?



El señor PRESIDENTE: Gracias, Senador Arévalo Santiago.

Tiene la palabra la señora Ministra de Justicia.




La señora MINISTRA DE JUSTICIA (Mariscal de gante y Mirón): Gracias,
señor Presidente.

El Gobierno sabe que la justicia en España es lenta y no todo lo eficaz
que debiera ser y, por ello, desde el primer momento de nuestra llegada
al Gobierno se está trabajando para conseguir una justicia ágil y eficaz,
señoría.




El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Ministra de Justicia.

Tiene la palabra el Senador Arévalo Santiago.




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El señor AREVALO SANTIAGO: El Presidente del Gobierno ha dicho algo más.

Con su habitual ingenio ha repartido juego y ha dicho: la justicia en
España no termina de funcionar y de ello debe responsabilizarse al
Gobierno, al Parlamento y, sobre todo, a los jueces.

Lo del Parlamento tendrá que discutirlo el grupo mayoritario con Aznar;
lo de los jueces sólo se explica si se refiera a los que son dignos de
toda sospecha de colaboración con el Gobierno y con el Partido Popular
porque la inmensa mayoría cumple bien y es ofensiva la generalización; y,
¿cuál es la culpa del Gobierno? El garantizar y crear situaciones de
alarma.

El señor Alvarez-Cascos amenazó a los jueces si dictaban sentencia
distinta a la que --según él-- ya había dictado la opinión pública. El
Gobierno ha hecho del Ministerio Fiscal un instrumento subordinado a los
intereses partidistas, con nombramientos escandalosos y sectarios.

(Rumores.) El Gobierno se ha entrometido en actuaciones judiciales. El
señor Aznar, que es un conocido memorizador y devoto de García Lorca,
tiene razón: el Gobierno es el responsable del mal estado de la justicia.

(Rumores.) Ustedes ponen en riesgo el buen funcionamiento del sistema
democrático con sus inconfesables relaciones con algunos jueces
(Rumores.) Han aplicado en este ámbito el estilo del trapicheo influyente
y descarado que impregna su actuación. (Rumores.) Los complós y las
vergüenzas han conseguido hacer de la justicia un centro de desprestigio,
poniendo en entredicho la independencia y la imparcialidad de los jueces.

(Rumores.) Y usted, doña Margarita, que es legionaria de honor, sigue sin
explicarnos la visita del lúbrico periodista y la irrupción de Gómez de
Liaño en el asunto del video. (Rumores.)



El señor PRESIDENTE: ¡Silencio!



El señor AREVALO SANTIAGO: Tiene razón Aznar: el Gobierno es responsable
de participar en operaciones conspirativas junto a algunos jueces,
algunos fiscales y algunos periodistas. (Rumores.)



El señor PRESIDENTE: ¡Silencio!



El señor AREVALO SANTIAGO: El rechazo público de la justicia viene por el
afán del Gobierno de apropiarse hasta de lo más sensible, con todo
descaro, aunque se rompa el equilibrio de la justicia y el prestigio del
Estado. (Un señor Senador del Grupo Parlamentario Popular: ¡Qué cinismo!)
Tiene razón el Presidente, el Gobierno es responsable y el Presidente del
Gobierno es el máximo responsable de que no funcione la justicia.

Muchas gracias. (Aplausos.)



El señor PRESIDENTE: Gracias, Senador Arévalo. (Rumores.)
Silencio, señorías.

Tiene la palabra la señora Ministra de Justicia.

La señora MINISTRA DE JUSTICIA (Mariscal de Gante y Mirón): Muchas
gracias, señor Presidente.

Señoría, no puede imaginarse cómo me ha sorprendido lo que ha dicho.

Realmente, es la primera vez que escucho de su boca unas palabras en el
tono en que las ha pronunciado.

El Presidente del Gobierno sabe perfectamente lo que es un Estado de
Derecho, algo que parece que su señoría desconoce, y, evidentemente, sabe
cuáles son las obligaciones de cualquier Gobierno ante la Administración
de Justicia, que no son otras que las de dotarla de medios materiales y
personales, cosa que este Gobierno sí ha hecho, pero los anteriores no. Y
si quiere, sacamos cifras. (El señor Rojo García: Sí, sí.) Pues vamos a
sacar cifras.

Creo que la Justicia que menos funciona es la Contensiosa-Administrativa
y la Civil. ¿Saben ustedes cuántas plazas nuevas crearon en el año
1994-1995 para lo Contencioso? Seis. (Un señor Senador del Grupo
Parlamentario Popular: ¡Qué barbaridad!) ¿Saben cuántas para lo Civil?
Una. ¿Saben cuántas se han creado desde mayo hasta el día de hoy? Para lo
Contencioso 24 y para lo Civil 17. (El señor Rojo García: ¿Y antes de
1994?--Rumores.)
Señoría, en una Administración de Justicia ágil y eficaz, evidentemente,
el Parlamento tiene mucho que decir, porque tiene que hacer leyes, y eso
es algo que el Presidente del Gobierno sabe y dice. Y por supuesto que el
Presidente del Gobierno, que cree absolutamente en la separación de
poderes, habla de los jueces y del Consejo General del Poder Judicial,
que es a quien corresponde el gobierno de los jueces y no al Gobierno,
cosa que usted parece desconocer, porque en anteriores ocasiones
confundían cuáles eran sus facultades con respecto a la Justicia y a los
jueces.

Muchas gracias, señoría. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario
Popular.)



El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Ministra.




-- DE DON VICTORIANO RIOS PEREZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO, SOBRE
LOS ESTUDIOS REALIZADOS ACERCA DEL TRASLADO Y UBICACION DE LA BASE NAVAL
DE LAS PALMAS (680/000517).




El señor PRESIDENTE: Pregunta de don Victoriano Ríos Pérez, del Grupo
Parlamentario Mixto, sobre los estudios realizados acerca del traslado y
ubicación de la Base Naval de Las Palmas.

Tiene la palabra, Senador Ríos Pérez.




El señor RIOS PEREZ: Gracias, señor Presidente.

Buenos días, señor Ministro. El 6 de diciembre de 1940 un aviso
telefónico del Ministerio de Marina ordenaba la ocupación del muelle y de
la explanada Virgen del Pino, propiedad de la Junta de Obras del Puerto
de La Luz y de Las Palmas. Así de escueta fue la orden y así de escueto
fue su cumplimiento. Por aquellas fechas estaba recién terminada la
guerra civil.




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A lo largo de los años se habló vagamente de la posibilidad de que por
acuerdo del Consejo de Ministros se recibiese una compensación adecuada,
cifrada en 7 millones y medio de pesetas, pero no se fija la información
concreta en ninguna otra acción oficial, salvo en el acta de la
ocupación. Han pasado casi 50 años, el puerto de Las Palmas se ha
convertido en uno de los más importantes sobre el sonoro Atlántico, como
diría el poeta, y la Base Naval de Las Palmas se ha quedado limitada,
pequeña y con grandes dificultades para el desenvolvimiento de nuestro
gran puerto, que necesita mayor expansión y maniobrabilidad, pendiente
--como se sabe-- de la implantación de zona franca y del desarrollo de la
Zona Especial Canaria (ZEC), vinculada a nuestro Régimen Económico y
Fiscal, y actualmente en plena y tensa negociación con la Unión Europea
en Bruselas.

Por otro lado, la actual autoridad portuaria se había dirigido al
Ministerio de Defensa para una posible actualización de la situación.

Igualmente, el Ayuntamiento de Las Palmas y diversos colectivos de
vecinos se han interesado profundamente por la posibilidad de una nueva
ubicación de la Base Naval.

En otro orden de cuestiones, la propia defensa nacional, al incorporarse
con plenitud y de forma total en la estructura militar de la OTAN, tiene
nuevas e importantes necesidades de una modernización y ampliación de la
citada Base Naval, así como de que esté alejada de zonas habitadas. Al
parecer el Almirante Jefe de la zona ha hecho algunas manifestaciones
directa o indirectamente en este sentido y se ha abierto una amplia
polémica ciudadana. Se ha hablado de su ubicación en los terrenos de la
Isleta, propuesta que ha sido inmediatamente contestada en sentido
negativo por las autoridades municipales; de una posible instalación
fuera del municipio de Las Palmas, preferentemente en zonas de muelles
industriales; incluso se ha hablado de la Bahía de Gando, donde están
ubicadas las Fuerzas Aéreas y cuyas aguas fueron utilizadas de fondeadero
por Cristóbal Colón para la reparación de sus carabelas, así como de su
posible traslado hacia otras islas.

Esta es la razón por la que este Senador le pregunta al Gobierno cuáles
son hasta ahora los estudios realizados sobre el traslado de la Base
Naval de Las Palmas y sobre su posible ubicación en la Isla de Gran
Canaria o en otras islas del archipiélago canario.

Muchas gracias, señor Presidente.




El señor PRESIDENTE: Gracias, Senador Ríos Pérez.

Tiene la palabra el señor Ministro de Defensa.




El señor MINISTRO DE DEFENSA (Serra Rexach): Señor Presidente, señorías,
se están realizando estudios desde hace muchos años pero, a finales del
año pasado, la plataforma ciudadana se dirigió al Ministerio y tuve el
gusto de recibir a sus representantes el día 5 de mayo para tratar el
traslado de la Base de Gando. A partir de ese momento se adoptó la
decisión de crear una Comisión de estudio de las Direcciones Generales
pertinentes con competencia en la materia y el Cuartel General de la
Armada para analizar la viabilidad estratégica de la Base en Canarias,
imprescindible, teniendo en cuenta, como ha señalado su señoría, los
intereses estratégicos, la distancia con el resto del territorio español,
etcétera, con la finalidad de hacer la ubicación lo más favorecedora
posible a los intereses locales.

Sobre esta base se están realizando los estudios; hay participación de
autoridades locales y se van a tomar dos tipos de decisiones: Una, si es
viable un emplazamiento distinto del actual ya que, teniendo en cuenta el
extraordinario desarrollo, primero, de la ciudad y, segundo, del puerto,
se considera preferible buscar un emplazamiento alternativo a la base
naval y, por otra parte, lo relativo al coste.

Quiero señalar a sus señorías que los estudios realizados durante muchos
años acabaron desestimándose por el elevado coste que suponía el
traslado. Esta vez es la propia plataforma ciudadana, con representantes
de la autoridad portuaria, autoridades locales, provinciales, etcétera,
la que está dispuesta a considerar la viabilidad del traslado asumiendo
la totalidad del coste.

Por lo tanto, es necesaria una base naval; se está considerando la
posibilidad de su traslado y está asumido perfectamente por esa
plataforma ciudadana que, en el caso de que fuera viable, sería costeado
de otra forma y no con cargo a los presupuestos del Ministerio de
Defensa.

Muchas gracias.




El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Ministro.

Tiene la palabra el Senador Ríos Pérez.




El señor RIOS PEREZ: Muchas gracias, señor Presidente. Le doy las
gracias, señor Ministro, por estas aclaraciones, pero me gustaría
demandarle alguna más.

Me ha sorprendido la posibilidad de que la plataforma haya manifestado
que asume, de una forma amplia y directa, el elevadísimo coste de esas
obras y no con cargo al Ministerio de Defensa, teniendo en cuenta que los
terrenos de la actual Base no fueron ocupados mediante expropiación y,
por lo tanto, actualmente no son propiedad del Ministerio de Defensa.

Por otra parte, el elevadísimo coste escapa a las posibilidades
económicas de una plataforma de vecinos, de un municipio, de una isla y
de una Comunidad. Por lo tanto, nos encontramos con graves problemas para
poder hacer un estudio en profundidad y llevarlo a la práctica si el
Estado no se implica directamente en su coste.

Gracias, señor Ministro; gracias, señor Presidente.




El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, Senador Ríos Pérez.

Tiene la palabra el señor Ministro.




El señor MINISTRO DE DEFENSA (Serra Rexach): Señor Presidente, señoría,
como he manifestado, la reunión y todas las actuaciones posteriores han
transcurrido en el clima del mayor entendimiento y de la mayor
comprensión. Punto primero, en ningún momento se ha cuestionado la
titularidad jurídica de la Base por parte del Ministerio



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de Defensa. Punto segundo, desde el primer momento hubo la oferta para
asumir el coste que, en su caso --después de analizarlo--, supusiera el
traslado.

Como conoce sobradamente su señoría y toda la Cámara, el Ministerio de
Defensa, inmerso en un proceso de total profesionalización, de una
necesaria modernización de nuestras Fuerzas Armadas y de un necesario
cumplimiento de los límites que impone el presupuesto en las nuevas
circunstancias europeas, dejó bien claro desde el principio, porque no
quería que hubiera lugar a ningún mal entendimiento, la incapacidad total
del Ministerio para asumir el coste que supondría el traslado.

Sin embargo, como he señalado, la actitud es favorable a los intereses
ciudadanos y son ellos los que entienden que la aportación económica,
todavía no cuantificada, compensaría porque también serían mayores los
beneficios económicos que se derivarían del traslado.

Muchas gracias.




El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Ministro de Defensa.




--DE DOÑA INMACULADA DE BONETA Y PIEDRA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO,
SOBRE LAS RAZONES QUE HAN MOTIVADO, EN SU CASO, EL CESE DE TREINTA Y DOS
JEFES DE DEPARTAMENTO DEL CENTRO SUPERIOR DE INFORMACION DE LA DEFENSA
(CESID), Y EL TRASLADO DE OTROS JEFES A DIFERENTES DEPARTAMENTOS DEL
MISMO SERVICIO DE INTELIGENCIA (680/000531).




El señor PRESIDENTE: Pregunta de doña Inmaculada de Boneta y Piedra, del
Grupo Parlamentario Mixto, sobre las razones que han motivado, en su
caso, el cese de treinta y dos jefes de departamento del Centro Superior
de Información de la Defensa, CESID, y el traslado de otros jefes a
diferentes departamentos del mismo Servicio de Inteligencia.

Tiene la palabra la Senadora De Boneta y Piedra.




La señora DE BONETA Y PIEDRA: Muchas gracias, señor Presidente.

Señor Ministro, quiero formularle la pregunta en los mismos términos en
los que se plantea, no sin antes matizar, en relación con estos ceses o
reestructuraciones, en primer lugar, que el señor Ministro con sus
explicaciones en el Congreso de los Diputados en cuanto a las diligencias
previas que se siguen respecto a las escuchas, en mi opinión ilegales, a
HB por el CESID, saldaba la situación con dos ceses. En ese momento esas
diligencias aún permanecían secretas, se ha levantado el secreto del
sumario, pero, en todo caso, el contexto y el texto de la pregunta sigue
igual en relación con estos supuestos 32 ceses o traslados y los diez que
se han producido posteriormente, según los medios de comunicación, y que,
al parecer, han sido ratificados por el propio Ministerio, según fuentes
del Ministerio de Defensa.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, Senadora De Boneta.

Tiene la palabra el señor Ministro de Defensa.




El señor MINISTRO DE DEFENSA (Serra Rexach): Muchas gracias, señor
Presidente.

Señoría, le agradezco mucho, no sólo el tono, como siempre, sino la
dicción literal de su pregunta con las palabras «en su caso». Senadora De
Boneta, no hay tal caso, no se han formulado 32 de ceses de jefes de
departamento, entre otras razones, porque no hay tantos departamentos.

Como anuncié en la comparecencia en el Congreso de los Diputados, con
motivo de los incidentes del descubrimiento de la base operativa de
Vitoria se realizaron dos ceses y, entonces, argumenté que había varias
razones --y le agradezco otra vez a su señoría que haya dicho, en su
opinión, respecto a la ilegalidad de esa actuación del CESID, porque está
«sub iudice», aunque se haya levantado el secreto del sumario--: por
falta de estanqueidad y por indudables fallos técnicos.

Con posterioridad, señoría, se han realizado algunos traslados, que no
ceses, que tampoco afectan, ni mucho menos, a 32 personas. En concreto,
afectan a menos de diez personas, y no tienen nada que ver con la base
operativa descubierta en Vitoria, porque el proceso de reestructuración
arranca antes de dicho descubrimiento, sino que son el resultado o la
consecuencia normal de un proceso de reestructuración, después de dos
años de andadura de este Gobierno, y tienen unas bases absolutamente
técnicas. En primer lugar, la adecuación de los cambios a las
circunstancias y capacidades personales y, en segundo lugar, una
redistribución de las tareas, lógica después de transcurridos dos años.

En resumidas cuentas, señoría, no ha habido 32 ceces, no hay 32
departamentos, ni muchísimo menos, en el centro, y han sido noticias que
carecían de fundamento real.

Muchas gracias, señor Presidente.




El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Ministro de Defensa.

Tiene la palabra la Senadora De Boneta y Piedra.




La señora DE BONETA Y PIEDRA: Muchas gracias, señor Presidente.

Señor Ministro, en todo caso, parece que, a diferencia de lo que me acaba
de indicar --si no le he entendido mal--, existen de hecho cuatro ceses,
ratificados por el propio Ministerio, en esta última reestructuración
que, por otra parte, viene después de otra anterior que, al parecer, se
produce como consecuencia del dinamismo o la viveza de organización,
según palabras del propio Ministro, y de la dinámica de adaptación del
servicio secreto o del llamado Servicio de Inteligencia.

Me parece, señor Ministro, que son muchas las coincidencias en las que se
producen determinadas reestructuraciones, al parecer por criterios
técnicos pero que afectan a determinados profesionales, y que tampoco son
del gusto de esa organización. Pero yo no sé de ninguna organización



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que sea capaz por sí misma, toda organización tiene al frente personas.

Por otra parte, cuando se habla de viveza y dinamismo al parecer los
únicos que continúan vivos y dinámicos en esa organización, como
corresponde a las responsabilidades de Gobierno y de dirección del CESID,
son aquellos presuntamente responsables del mantenimiento de operativos
--aunque también del fracaso de operativos--, como es el caso que he
referido.

Insisto, coincido con el señor Ministro en que está «sub iudice», si bien
existe un procedimiento que es de suponer que la Justicia no pone en
marcha si no considera que hay razones suficientes para ello. Y, por otra
parte, el propio señor Calderón, Director del CESID, como imputado, ya ha
declarado en esas diligencias previas respecto de esas presuntas escuchas
ilegales, de esos operativos presuntamente ilegales.

Por tanto, digo que los únicos que continúan vivos son esos presuntos
responsables, toda vez que tienen la responsabilidad tanto del Ministerio
de Defensa, como del propio CESID, así como también otras personas, que
han sido citadas en otros procedimientos de triste recuerdo, como el
proceso Campamento --si no entiendo mal--, y que continúan asesorando al
Gobierno, como en el caso del señor Cortina al señor Vicepresidente
Primero del Gobierno.

Nada más y muchas gracias.




El señor PRESIDENTE: Gracias, Senadora De Boneta.

Tiene la palabra el señor Ministro.




El señor MINISTRO DE DEFENSA (Serra Rexach): Muchas gracias, señor
Presidente.




Señoría, igual que he comenzado la primera respuesta diciendo que el que
aparezca una noticia en un medio de comunicación diciendo que hay 32
ceses puede, como en este caso, no corresponderse en absoluto con la
realidad, su señoría también puede considerar que muchas de esas
informaciones que aparecen carecen del más mínimo respaldo de hecho.

Creo que es gratuita la imputación a determinadas personas, y su señoría
ha tenido la elegancia de no mencionar ningún nombre, excepto uno,
respecto del que no tengo ni la más mínima noticia de que asesore al
Vicepresidente del Gobierno --y, en todo caso, está fuera de la
responsabilidad del Ministerio de Defensa--. Pero cuando se dice que hay
gente responsable o imputada en un proceso como el de Campamento,
entenderá que desde los servicios a que se ha referido su señoría,
llamados de inteligencia --en todo caso, secretos--, es muy difícil estar
constantemente en los medios de comunicación desmintiendo noticias que no
tienen ningún fundamento real.

Lo que se está intentando hacer, como he dicho, prescindiendo de las
medidas tomadas a raíz de lo que ha ocurrido en Vitoria, es que el CESID
sea lo más eficaz y operativo posible, con el respeto a la legalidad
vigente. Y así trabajan, y le puedo asegurar que con mucho esfuerzo,
cientos de personas en el CESID, entre otras cosas, para garantizar al
máximo la seguridad de los españoles.

Muchas gracias.




El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Ministro de Defensa.




--DE DON GABRIEL ELORRIAGA FERNANDEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN
EL SENADO, SOBRE LOS PASOS QUE ESTA DANDO ESPAÑA PARA FAVORECER LA
INTEGRACION DE LA INDUSTRIA EUROPEA DE DEFENSA Y, A TRAVES DE ELLA, LA
POTENCIACION DE LAS INDUSTRIAS ESPAÑOLAS DE DEFENSA (680/000541).




El señor PRESIDENTE: Pregunta de don Gabriel Elorriaga Fernández, del
Grupo Parlamentario Popular en el Senado, sobre los pasos que está dando
España para favorecer la integración de la industria europea de defensa
y, a través de ella, la potenciación de las industrias españolas de
defensa.

Tiene la palabra el Senador Elorriaga Fernández.




El señor ELORRIAGA FERNANDEZ: Muchas gracias, señor Presidente.

Señor Ministro, ¿qué pasos está dando España para favorecer la
integración de la industria europea de defensa y, a través de esa
integración, la potenciación de las industrias españolas de defensa?



El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.

Tiene la palabra el señor Ministro de Defensa.




El señor MINISTRO DE DEFENSA (Serra Rexach): Muchas gracias, señor
Presidente.

Señoría, estamos haciendo todo lo posible.

En lo que se refiere a las actuaciones para facilitar la reestructuración
de las industrias de defensa en el contexto europeo, el Ministerio de
Defensa está trabajando con sus homólogos de los países europeos con
mayor capacidad industrial en el campo de la defensa, es decir, Alemania,
Francia, Reino Unido, Italia y Suecia, con el fin de alcanzar unos
acuerdos que suavicen las dificultades existentes y, de ese modo,
facilitar los esfuerzos que nuestra industria y la de dichos países están
haciendo para reestructurarse. En concreto, se pretende superar los
problemas de la disminución de los presupuestos de defensa, el exceso de
capacidad de producción y la fragmentación que acucia al tejido
industrial de defensa en Europa y que le ha hecho perder una gran parte
de su competitividad en los últimos lustros. Los principales obstáculos
que hemos de superar para lograr dicha reestructuración y que hemos
identificado son, básicamente, cinco: aseguramiento del suministro,
exportaciones de productos para la defensa, seguridad de la información,
derechos de propiedad intelectual e investigación y tecnología.




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El pasado 20 de abril dimos el primer paso hacia un compromiso de
actuación y los seis ministros firmamos una declaración en la que nos
comprometimos a firmar una carta de intenciones --cosa que tendrá lugar
próximamente-- conteniendo los principios y objetivos a perseguir, así
como la organización del trabajo y calendario que nos permita avanzar
hacia la superación de esos obstáculos. Mediante las actuaciones
descritas esperamos facilitar la asociación o fusión de las industrias
actuales, que de esta manera podrían alcanzar la masa industrial crítica,
con las ventajas anejas de una mayor capacidad de autofinanciación y
también mayor capacidad tecnológica para desarrollar los nuevos y
complejos sistemas de armas.

Este esfuerzo complementa a otros que se vienen haciendo y en los que
participa el Ministerio español activamente. En el seno de la Unión
Europea Occidental estamos intentando unificar --como ya se ha hecho en
algún caso, señoría-- los requisitos de los armamentos aprovechando el
marco que ofrece el Tratado legal de la Organización, para lo cual
pudieran hacerse luego sistemas de desarrollo de adquisición conjuntos.

También estamos trabajando junto a los otros 12 países miembros en el
Grupo de Armamentos de Europa Occidental; intentamos llegar a constituir
una agencia europea de armamento que podría coordinar y planificar las
necesidades futuras. Y aquí, señoría, están en discusión dos principios:
el principio de la máxima competitividad, que haría acrecentar el nivel
de competencia de nuestra industria, y el principio de justo retorno, que
entendemos es un bastión básico para salvaguardar los intereses de la
industria nacional.

Por último, en lo que se refiere al marco español, en perfecta sintonía y
coordinación con el Ministerio de Industria y la SEPI, estamos intentando
dar las mayores facilidades para que nuestro tejido industrial --como ya
ha acontecido en un pasado no muy lejano-- encuentre las mejores
posibilidades de planificación y de seguridad en sus ventas para poder
desarrollarse e incardinarse también en el contexto europeo.

Muchas gracias.




El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Ministro.

Tiene la palabra el señor Elorriaga Fernández.




El señor ELORRIAGA FERNANDEZ: Muchas gracias, señor Ministro, por su
información.

Solamente quiero insistirle en la importancia que tiene no sólo para la
calidad, sino para la viabilidad de la industria española de defensa el
estar integrada en grandes circuitos internacionales, especialmente
circuitos internacionales próximos, como son los europeos y, en
particular, en sectores como el aeroespacial o el de la electrónica.

Porque la industria de defensa es importante, primero, por los puestos de
trabajo que mantiene y, segundo, por el alto nivel de tecnología punta
que hace de motor del resto de la industria; ahora bien, además de todo
eso es en sí misma un arma. Quiero decir con esto que el peso propio y la
capacidad de defensa de España reside no sólo en que tenga Fuerzas
Armadas, sino en que tenga capacidad industrial defensiva, por lo que es
importante que este aspecto pueda seguir pesando en el futuro y que se
haga con esa visión.

Efectivamente, me parece muy oportuno que el Ministerio esté trabajando
en favor de la Agencia europea de defensa y esperemos que el futuro nos
dé una industria española de defensa lo más integrada posible.

Muchas gracias, señor Presidente, señor Ministro.




El señor PRESIDENTE: Gracias, Senador Elorriaga.

Tiene la palabra el señor Ministro.




El señor MINISTRO DE DEFENSA (Serra Rexach): Gracias, señor Presidente.

Señoría, estamos perfectamente persuadidos de que la necesidad de una
industria de defensa es no sólo buena para la tecnología, el empleo y la
capacidad industrial de España, sino también, y muy primordialmente, para
las Fuerzas Armadas, que están convencidas de que siempre es necesario
mantener un mínimo nivel en todos los aspectos: operativos, logísticos,
personales y de suministros industriales. Por eso estamos trabajando,
señoría, y en el «eurofighter» se conocen ya los efectos fantásticos para
el desarrollo tecnológico y el empleo en España; en el mismo sentido se
están inclinando todos nuestros esfuerzos en el próximo carro de combate
que dotará a nuestro Ejército de Tierra y todas las decisiones tomadas
por el Consejo de Ministros van en la vía de potenciar al máximo nuestras
capacidades industriales.

Gracias.




El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Ministro.




-- DE DON ALBERTO TERAN MOLLEDA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL
SENADO, SOBRE EL ESFUERZO INVERSOR DEL MINISTERIO DE EDUCACION Y CULTURA
EN LA COMUNIDAD AUTONOMA DE CANTABRIA PARA EL AÑO 1998 (680/000540).




El señor PRESIDENTE: Pregunta de don Alberto Terán Molleda, del Grupo
Parlamentario Popular en el Senado, sobre el esfuerzo inversor del
Ministerio de Educación y Cultura en la Comunidad Autónoma de Cantabria
para el año 1998.

Tiene la palabra el Senador Terán Molleda.




El señor TERAN MOLLEDA: Muchas gracias, señor Presidente.

Señora Ministra, desde que el Gobierno del Partido Popular asumió hace
dos años sus responsabilidades, no han faltado voces denunciando, sin
ningún tipo de argumentos y sin utilizar datos objetivos, lo que se ha
denominado agresión del Gobierno de José María Aznar a la enseñanza en
general y a la enseñanza pública en particular. Los Presupuestos
Generales del Estado para 1997 y 1998, a pesar de ser unos Presupuestos
restrictivos que han permitido reducir con éxito el déficit público, han
venido demostrando que la educación es una prioridad del Gobierno del
Partido



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Popular y el incremento de las partidas destinadas a educación, el 6,8
por ciento en 1998, así lo ha puesto de manifiesto.

El incumplimiento por parte de los gobiernos socialistas de la Memoria
económica de la LOGSE, con un desfase de más de 200.000 millones de
pesetas entre las cantidades previstas y los presupuestos liquidados,
también ha tenido una repercusión negativa en la Comunidad Autónoma de
Cantabria, quedándose en promesa la construcción de varios centros de
primaria y de secundaria y dejando de afrontar obras de adaptación y
ampliación para la adecuada implantación de la ESO en otros muchos
centros.

Señora Ministra, se dan en Cantabria dos circunstancias que dificultan
especialmente la implantación de la LOGSE: Por una parte, los ya
conocidos problemas orográficos y la dispersión de la población ocasionan
graves problemas para el desplazamiento de los alumnos y encarecen el
transporte escolar. Por otra, el envejecimiento de la población en el
centro de las principales ciudades conlleva una alarmante disminución de
la población escolar y el consiguiente cierre de algunos centros
escolares. Paralelamente, en los municipios limítrofes o próximos a
Santander y Torrelavega se experimenta un crecimiento de la población, se
trata de una población joven y, por tanto, se hace necesaria y urgente la
construcción de nuevos colegios e institutos.

Señora Ministra, teniendo en cuenta que mejorar y completar la red de
centros públicos ayudará notablemente a la firma del decreto de
transferencias en materia educativa y contribuirá a la mejora de la
calidad de la enseñanza, le formulo la siguiente pregunta: ¿Cuál es el
esfuerzo inversor del Ministerio de Educación y Cultura en la Comunidad
Autónoma de Cantabria para el año 1998?
Gracias, señor Presidente.




El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, Senador Terán Molleda.

Tiene la palabra la señora Ministra de Educación y Cultura.




La señora MINISTRA DE EDUCACION Y CULTURA (Aguirre y Gil de Biedma):
Muchas gracias, señor Presidente.

Señorías, el esfuerzo inversor que el Ministerio de Educación y Cultura
realizará en la Comunidad de Cantabria en 1998 asciende a un total de
1.783 millones de pesetas. Estas inversiones podríamos desglosarlas en
varios apartados. El primero es el que corresponde a la educación no
universitaria. Ahí las inversiones serán de 1.241 millones de pesetas.

Con ellos vamos a comenzar la construcción de dos nuevos institutos de
enseñanza secundaria, el de Corrales de Buelna y el de Meruelo de San
Miguel. Además, se va a continuar la construcción de tres institutos más,
que se inaugurarán en el curso 1999-2000, el del barrio pesquero número
3, el de Reocín y el de Santa Cruz de Bezana, y se hará también la
segunda fase del instituto de Corrales de Buelna que inauguraremos este
año. Acometeremos las obras de ampliación y de adaptación de nueve
institutos y de un colegio y haremos obras de reparación y mantenimiento
en 27 centros de primaria y en nueve institutos, así como en cuatro de
educación especial y en uno de educación permanente.

En lo que se refiere a la cultura, quisiera destacar las inversiones que
el Ministerio va a realizar este año en Cantabria, que ascienden a 272
millones directamente y 683 millones a través del uno por ciento cultural
que, como saben sus señorías, dedica el Ministerio de Fomento en unión
con el Ministerio de Cultura. De ellas, me gustaría destacar las
inversiones que se van a hacer en la Catedral de Santander, que van a ser
muy importantes y, cómo no, la construcción de la réplica del Museo de
Altamira. Esto es un consorcio y la participación del Ministerio de
Educación y Cultura para el año 1998 asciende a 227 millones de pesetas.

Lo ambicioso del proyecto y la categoría que va a tener la construcción
de esta réplica de las Cuevas de Altamira, hará posible poner en su
adecuado marco lo que esto representa para Cantabria.

Quiero destacar también las obras en el mercado del Este de Santander y
la participación, cómo no, en el Festival Internacional de Música de
Verano. Quisiera hablar, además, señoría, de las inversiones que el
Ministerio hace en materia de deporte porque este año tienen enorme
importancia las previstas en Cantabria. Son 270 millones de pesetas, de
los cuales 16 millones corresponden al Centro de Alto Rendimiento de Vela
de Santander, 79 a las corporaciones locales y 175 al Plan de Extensión
de la Educación Física en los centros escolares.

No podemos olvidar, señorías, la labor que desempeña en Cantabria, en lo
que se refiere a la enseñanza universitaria, la Universidad Internacional
Menéndez y Pelayo. Su ámbito es, incluso, supraestatal --por eso, se
llama Universidad Internacional-- y tiene, qué duda cabe, una raigambre
muy específica en Cantabria. Me gustaría destacar que la aportación del
Ministerio para los cursos de este año asciende a 561 millones de
pesetas, lo que supone un incremento del 12 por ciento respecto del año
anterior.

Finalmente, quiero señalar y anunciar ante la Cámara, en relación con una
de las preocupaciones que su señoría ha expuesto respecto de los
movimientos migratorios que tienen lugar en la provincia, que el proyecto
Aldea Digital, que ha comenzado a funcionar con carácter experimental en
la provincia de Teruel, se va a implantar también en este mismo curso,
que comenzará en septiembre de 1998-1999, en la Comunidad Cántabra. Ello
va a tener una gran importancia de cara a los esfuerzos que se están
realizando en la enseñanza rural.

Termino diciendo, señoría, que los presupuestos del Ministerio de
Educación y Cultura, que han tenido este año un incremento muy superior
al IPC y muy superior al crecimiento de la economía, pues ha sido de un
6,8 por ciento, suponen, sin duda, el mayor esfuerzo económico que se ha
hecho en los últimos años y, desde luego, desde 1990, año en que se
aprobó la LOGSE, tiene un reflejo muy importante en la Comunidad Autónoma
de Cantabria.

Muchas gracias, señor Presidente.




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El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Ministra.

Tiene la palabra el Senador Terán Molleda.




El señor TERAN MOLLEDA: Muchas gracias, señor Presidente.

Señora Ministra, las inversiones que acaba de señalar destinadas a la
ampliación y reforma de los centros educativos, y especialmente las que
hacen referencia a los centros de nueva construcción, suponen para
Cantabria un avance imprevisible hace tan sólo dos años.

Quiero destacar de su respuesta el esfuerzo inversor que ha hecho su
Ministerio en el nuevo Museo de Altamira, en la Catedral de Santander, en
el mercado del Este, así como la ayuda dada a la Universidad
Internacional Menéndez y Pelayo y a los festivales de Santander, que son
obras emblemáticas cuya ejecución quiero agradecerle.

Por último, deseo mostrar mi satisfacción por su decidido apoyo al
deporte que en Cantabria se traduce en esos 270 millones destinados a
infraestructuras.

Nada más y muchas gracias.




El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Senador.




--DE DON FRANCISCO JAVIER ROJO GARCIA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO
SOCIALISTA, SOBRE LA OPINION QUE LE MERECE AL GOBIERNO LA ACTITUD DE
OBSTRUCCIONISMO DEL DIRECTOR GENERAL DEL ENTE PUBLICO RADIOTELEVISION
ESPAÑOLA PARA CON EL CONSEJO DE ADMINISTRACION (S. 680/000539).




El señor PRESIDENTE: Pregunta de don Francisco Javier Rojo García, del
Grupo Parlamentario Socialista, sobre la opinión que le merece al
Gobierno la actitud de obstruccionismo del Director General del Ente
Público Radiotelevisión Española para con el Consejo de Administración.

Tiene la palabra el Senador Rojo García.




El señor ROJO GARCIA: Muchas gracias, señor Presidente.

Señorías, señor Vicepresidente del Gobierno, con esta pregunta quiero
denunciar en la Cámara el comportamiento del profesional señor López-Amor
respecto del Consejo de Administración de Radiotelevisión Española.

El Consejo de Radiotelevisión Española se elige en el Parlamento. Por lo
tanto, sus señorías deben entender que cuando a un Consejo de
Administración, en este caso elegido por el Parlamento, se le falta al
respeto, cuando no se le considera y cuando lo que decide no sirve
absolutamente para nada, tendremos que pensar qué es lo que hacemos, qué
es lo que elegimos y para qué sirve lo que elegimos.

Esto demuestra, señor Vicepresidente del Gobierno, que cuando denunciamos
que el profesional e independiente, señor López-Amor, era un hombre al
servicio del Partido Popular, teníamos razón. Usted, que tiene la
responsabilidad de Radiotelevisión Española porque su gestión está dentro
de sus competencias, permite, tolera y alienta, porque no sé si ésta es
su estrategia, lo que está pasando. Por eso, cuando menos, me reconocerá
que le haga la pregunta en los términos que ha leído el Presidente del
Senado.

Gracias.




El señor PRESIDENTE: Gracias, Senador Rojo García.

Tiene la palabra el señor Vicepresidente Primero del Gobierno.




El señor VICEPRESIDENTE PRIMERO DEL GOBIERNO Y MINISTRO DE LA PRESIDENCIA
(Alvarez.-Cascos Fernández): Muchas gracias, señor Presidente.

Señoría, permítame que le haga una precisión en relación con la
presentación de su pregunta, ya que viene siendo habitual que su señoría
introduzca alguna imprecisión en sus planteamientos.

El Gobierno no tiene ninguna competencia en Radiotelevisión Española,
salvo la presupuestaria. Por tanto, a partir de ahí, una buena parte de
su argumento decae por sí mismo.

Por otra parte, y en contestación a su pregunta, quiero decirle que no
existe ningún obstruccionismo en lo que conocemos del Director General.

Por tanto, no tiene sentido alguno que usted se preocupe por las
preocupaciones del Gobierno en relación con un asunto que sólo está en la
interpretación que usted hace de los hechos. (Aplausos en los escaños del
Grupo Parlamentario Popular.--Rumores.)



El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Vicepresidente Primero del Gobierno.

Tiene la palabra el Senador Rojo García.




El señor ROJO GARCIA: Gracias, señor Presidente.

Señor Vicepresidente, no hay nadie en este país que se crea que
Radiotelevisión Española no tiene nada que ver con el Gobierno. Créame.

Se lo digo sinceramente. No hay nadie salvo usted, pero usted tampoco se
lo cree. Ahora bien, que usted lo tenga que decir, es lógico; en cuanto a
que le tengan que aplaudir, también me parece lógico que le aplaudan sus
compañeros, sobre todo estando las cosas como están en estos momentos. Y
si no, no hay más que mirar hacia Asturias para saber que no debería
haber aplausos. (Fuertes rumores en los escaños del Grupo Parlamentario
Popular.) Fíjese usted cómo estarán las cosas.




El señor PRESIDENTE: Silencio, señorías, por favor.




El señor ROJO GARCIA: Sí, sí, griten, griten ustedes.

Señor Vicepresidente Primero del Gobierno, desde que llegó a ese cargo el
profesional señor López-Amor --y no me refiero a antes de eso, cuando el
cargo fue ocupado por una persona que decían que era profesional aunque
al final se demostró que tampoco lo era porque no sabía, lo que motivó
que luego nos pusieron al profesional--, digo que desde que está el
profesional al frente de Radiotelevisión Española, hemos asistido a cómo
un Consejero, don Carlos



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Mendo, un hombre al que nombró el Partido Popular, denunció --lo denunció
él, no nosotros-- que dejaba su cargo porque se presionaba y se perseguía
a algunos medios de comunicación. Eso no lo dije yo; lo dijo don Carlos
Mendo.

Por tanto, algunas cosas están pasando en Radiotelevisión Española que,
cuando menos, deberían alarmarle a usted como Vicepresidente Primero del
Gobierno de un Gobierno democrático. Estamos viendo cómo a profesionales
como el señor Haro Tecglen o la señora Minobis, profesionales de la Casa,
se les echa a la calle porque defienden la libertad de expresión, eso que
tantas veces ustedes, cuando estaban en la oposición, decían que se tenía
que hacer en televisión. (Fuertes rumores en los escaños del Grupo
Parlamentario Popular.)
Sí, sí, digan, digan ustedes. Aplaudan.

Pero le diré más. Usted me dice, señor Vicepresidente del Gobierno, que
no entiende la pregunta y que el Consejo de Radiotelevisión Española no
parece que tenga problemas. Mire usted, el artículo 11 del Estatuto de
Radiotelevisión Española determina que el Director, que el profesional,
tiene que cumplir lo que hace, lo que decide el Consejo de
Radiotelevisión Española. En eso estará usted de acuerdo porque lo dice
el Estatuto.

Pues yo tengo un informe, que usted también tendrá porque se ha pasado al
Gobierno y a las Cámaras, donde se dice que desde el día 18 de febrero de
1997 hasta el 14 de mayo de 1998, es decir, un año y un poco más, hay 102
incumplimientos...




El señor PRESIDENTE: Senador Rojo, vaya concluyendo. (La señora Fernández
Valenzuela: Pero bueno, ¿qué pasa, Presidente? Fuertes rumores.)



El señor ROJO GARCIA: Por favor, señor Presidente, déjeme continuar.

Decía que hay 102 incumplimientos, señor Vicepresidente del Gobierno.

Usted conoce esto y debería preocuparle. No diga usted que el Consejo de
Radiotelevisión Española está montando ruido no sabemos por qué. (Fuertes
rumores.)
Señor Vicepresidente del Gobierno, quiero acabar diciendo lo siguiente:
ustedes están instalados en el modelo Bartolín, que es la pura farsa.

(Fuertes rumores.)



El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, Senador Rojo.

Tiene la palabra el señor Vicepresidente Primero del Gobierno.




El señor VICEPRESIDENTE PRIMERO DEL GOBIERNO Y MINISTRO DE LA PRESIDENCIA
(Alvarez-Cascos Fernández): Señorías, en cuanto al problema Bartolín que
ha mencionado su señoría, lo malo no es que ocurra en La Carolina, sino
que alguien trate de imitarlo aquí, en el Senado, señor Rojo. (Fuertes
rumores.)
Mire usted, señoría, decir que nadie se cree en España que
Radiotelevisión Española no depende del Gobierno, sólo sirve para
constatar la pesada carga que ha heredado este Gobierno para darle
credibilidad a Radiotelevisión Española. (Fuertes rumores.) Eso es lo que
demuestra su afirmación: la pesada carga que hemos heredado para
constatar que, efectivamente, en Rediotelevisión Española se hace una
información plural y libre.

En todo caso, señor Rojo la pregunta que usted me ha formulado ya tuvo
ocasión de contestarla el Director General en el Congreso de los
Diputados. Y voy a repetirle lo que dijo en aquella comparecencia. La
situación planteada es una situación lamentable en cuanto a que obedece a
una clarísima e intencionada estrategia política de acoso y derribo y en
la que todo vale, incluso la vulneración del ordenamiento jurídico y la
permanente e irracional puesta en duda de la contrastada profesionalidad
y buen hacer de terceras personas.

La situación a la que se refiere su pregunta, señor Rojo, ha venido
motivada por el cese de don Pedro Lescure, Secretario General de
Radiotelevisión Española, como Secretario del Consejo de Administración,
acordado a instancias de los Consejeros nombrados por el Partido
Socialista, Izquierda Unida y PNV. Ceses que, conforme a lo señalado por
diversos dictámenes jurídicos emitidos sobre el particular, es nulo de
pleno Derecho, además de incurrir en desviación de poder o arbitrariedad,
toda vez que dicho cese --y así lo han reconocido públicamente los
citados Consejeros-- obedeció a una determinada actuación del señor
Lescure como Secretario General de Televisión Española y no como
Secretario del Consejo de Administración, lo que justificó por escrito y
esgrimiendo argumentos estrictamente jurídicos que en ningún momento
fueron rebatidos por dichos Consejeros; sin duda, porque carecían de
ellos.

Finalmente, señoría, son razones de estricta legalidad las que concurren
actualmente en el Consejo de Administración, e imputables única y
exclusivamente a unos Consejeros que, aprovechándose de una mayoría que
no tendrían en condiciones normales, han adoptado un acuerdo que infringe
el ordenamiento jurídico y de cuya voluntad depende solventarlo. Acuerdo
que impide la válida constitución del Consejo de Administración y, por
ende, la válida adopción de acuerdos de dicho órgano colegiado; criterio
que, por cierto --ya que usted ha invocado la representación de las
Cámaras en el Consejo de Administración--, comparte la mayoría de esta
Cámara.

Muchas gracias. (Aplausos desde los escaños del Grupo Parlamentario
Popular.)



El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Vicepresidente Primero del
Gobierno.




INTERPELACIONES:



--DE DON ARSENI GIBERT I BOSCH, DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, SOBRE
LAS MEDIDAS QUE PIENSA ADOPTAR EL GOBIERNO A CORTO PLAZO PARA QUE LOS
AEROPUERTOS ESPAÑOLES DE MAYOR VOLUMEN



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DE TRAFICO, Y MUY ESPECIALMENTE EL DE BARAJAS (MADRID), RETORNEN A SU
SITUACION DE NORMALIDAD (670/000092).




El señor PRESIDENTE: Pasamos al siguiente punto del orden del día:
Interpelaciones.

En primer lugar, interpelación de don Arseni Gibert y Bosch, del Grupo
Parlamentario Socialista, sobre las medidas que piensa adoptar el
Gobierno a corto plazo para que los aeropuertos españoles de mayor
volumen de tráfico, y muy especialmente el de Barajas, retornen a su
situación de normalidad.

Tiene la palabra el Senador Gibert i Bosch.




El señor GIBERT I BOSCH: Muchas gracias, señor Presidente.

Señorías, señor Vicepresidente Primero del Gobierno, la tesis central de
esta interpelación es que el Ente público Aeropuertos Españoles y
Navegación Aérea, AENA, está siendo gestionado de forma incompetente por
su actual equipo de dirección. Y entendemos que el Gobierno, que en
última instancia es responsable de dicha gestión, ya que las funciones
--aunque habría que decir disfunciones-- que desarrolla dicho Ente forman
parte del marco de responsabilidades del Ministerio de Fomento, debe
responder de la misma, que nosotros hemos calificado de incompetente.

El objetivo de la interpelación no es otro que el de incitar al Gobierno
a que tome las decisiones o lleve a cabo las actuaciones necesarias para
garantizar que el funcionamiento de los aeropuertos españoles vuelva a
ser homologable al de aquéllos de los países desarrollados de nuestro
entorno en el plazo más breve posible. Por cierto, aun estimando en lo
que vale el que sea el Vicepresidente Primero del Gobierno quien responda
a esta interpelación, confiamos en que éste no sea un nuevo tema que
eluda el Ministro de Fomento, como ya ha ocurrido con los relacionados
con las telecomunicaciones y la televisión, hasta el punto de no cumplir,
en nuestra opinión, con sus obligaciones democráticas para con el
Parlamento.

Expondré la crítica a la dirección de AENA desde tres puntos de vista. El
primero se refiere a la infrautilización o mal aprovechamiento de las
instalaciones disponibles. El segundo, a la mala relación existente entre
AENA e Iberia. Y, el tercero, al menosprecio y la falta de respeto a los
derechos e intereses de los usuarios.

En cuanto al primer punto de vista, es decir, la mala utilización de las
instalaciones disponibles, empezaré por recordar que el 26 de febrero de
1998, don Carlos Medrano, Director General del Ente, dijo en el Senado lo
siguiente: El tráfico sufre un incremento importante desde hace
prácticamente tres años. Esto era conocido y previsible en 1994. En los
años 1993 y 1994 los gestores y el Gobierno que en aquel momento estaba
en el poder deberían haber previsto este ciclo económico positivo que
estamos sufriendo, ahora que ya está clara su manifestación. Cito estas
palabras porque supongo, y tengo casi el convencimiento, de que tendrá
usted, señor Vicepresidente, la irreprimible tentación de apelar a la
misma excusa, y es usted muy libre de hacerlo. Sepa que por lo que a
nosotros respecta podría ahorrarse este argumento que ya lo hemos oído y,
por otra parte, es falso. Digo que es falso, en primer lugar, porque
hasta finales del 1996, e incluso en los primeros meses de 1997, los
aeropuertos funcionaban con normalidad; en segundo lugar, porque los
datos lo desmienten.

Es cierto que el tráfico se ha incrementado. Por ejemplo, según datos de
1997 sobre 1996, en Barajas ha habido un incremento de pasajeros de un
7,99 por ciento y de movimientos de aeronaves de un 6,25 por ciento; en
El Prat, en Barcelona: pasajeros 13,75 por ciento, movimientos 6,82 por
ciento. Hay que tener en cuenta, en primer lugar, los movimientos de
aeronaves --no el de los pasajeros, que depende más que nada del tamaño
medio de los aviones-- y, en segundo lugar, las horas punta, porque en el
resto del día sobra mucha capacidad.

Veamos qué ocurre en las horas punta. Durante los años 1995-1996 en
Barajas se producían, cuando era necesario, del orden de unos 60
movimientos por hora, entre aterrizajes y despegues, constituyendo una
cifra máxima prudente, aunque en algún aeropuerto similar europeo,
también de dos pistas convergentes, se produjeron más, como en Bruselas,
donde se llegó hasta unos 70.

En la situación actual --según datos de AENA, no nuestros, facilitados
también por el señor Medrano--, la media de movimientos/hora en horas
punta es de 39, pero si descontamos los fines de semana, que hay que
hacerlo porque tampoco se producen aglomeraciones, son 50 en Barajas, 42
en El Prat respectivamente. En el mejor de los casos se ha producido un
20 por ciento menos de utilización que en el año 1995.

El informe de AENA lo dice claramente: Como puede apreciarse, los valores
medios de las horas punta son inferiores a la capacidad declarada, por lo
que no puede decirse que los aeropuertos estén saturados, aunque el
tráfico se acerca a los valores máximos declarados. Evidentemente, la
demanda se acerca cada vez más a los valores máximos declarados, aunque
la respuesta operativa no porque actúa muy por debajo de estos valores
máximos.

El resultado es: muy frecuentes acumulaciones de retrasos, sobre todo en
Barajas, afectando enseguida a los otros aeropuertos, cuando hay márgenes
todavía sobrados para absorber los incrementos que se producen. ¿Por qué?
En realidad lo sabe todo el mundo, aunque parece que el Gobierno y AENA
intentan ocultarlo: el conflicto con los controladores, señor
Vicepresidente, lleva incubando y aminorando la capacidad de
movimientos/hora en las horas punta desde hace meses, minando la
puntualidad, creando perjuicios graves a los usuarios y desprestigiando
también ante el mundo nuestra imagen de país serio. Esto nada tiene que
ver con saturación ni con falta de previsión anterior, hasta el punto de
que el error de AENA indujo al Ministro a otro error: el de la pintoresca
experiencia en Torrejón que tuvo que desestimar pocos días después. AENA
no ha sido capaz durante meses de atajar o encauzar este conflicto, que
desembocó finalmente en el caos total los días 27 y 28 de mayo.




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Segunda línea de crítica que he mencionado en relación a la mala relación
entre AENA e Iberia --de esto hemos tratado ya en esta Cámara--. En el
Congreso Nacional de Turismo de noviembre pasado coincidieron en una mesa
redonda el Presidente de Iberia, señor Irala, y el Director General del
Ente, señor Medrano. Ante la sorpresa de los asistentes, el Presidente de
Iberia formuló una durísima crítica a la gestión de AENA, y pocos días
antes el hecho se había producido también en términos parecidos en un
acto público en Barcelona.

Los reproches de Iberia a AENA eran de tres tipos: en primer lugar, el ya
explicado de los frecuentes retrasos acumulados a causa de bajar de 60 a
43 movimientos/hora en las horas punta; el segundo, el riesgo de pérdida
de competitividad de Iberia frente a compañías extranjeras porque sus
pasajeros en transbordos internacionales tenían que cambiar en Barajas de
terminal, lo cual perjudicaba esta competitividad; el tercero, negación a
Iberia de siete nuevos «slots» en el aeropuerto de Barcelona, no saturado
como hemos dicho, y cada «slot» supone, lo dijo el Presidente de Iberia,
unos 700 puestos de trabajo, es decir, alrededor de 5.000
Hicimos petición de comparecencias. El señor Medrano vino; el Presidente
de Iberia, no. Supongo que había un cierto interés por parte de alguien
en que el señor Irala no diera esta información en la Cámara. En vista de
la no comparecencia, formulamos una pregunta oral a la que,
sorprendentemente, no respondió el Ministro de Fomento, sino el de
Industria, quitando hierro al conflicto, reconociendo que existía,
calificando al señor Irala de muy impulsivo y diciendo que todo iba bien
y estaba en vías de solucionarse. Para ser precisos, el señor Piqué dijo
en aquel momento: Por todo ello, yo creo que las cosas están bien
encauzadas y, desde luego, el Gobierno espera que todo se resuelva de la
mejor forma posible, tanto para los usuarios como para la Compañía.

No parece que esto ocurra. De esto hace tres meses --era en marzo-- y,
desde entonces, cuando los clientes tienden al motín, lo que cada vez
ocurre con más frecuencia, Iberia directamente, los empleados, incluso
los comandantes de los aviones, ya dicen: No es culpa de la Compañía, es
culpa de los servicios del aeropuerto. Y lo dicen frecuentemente cuando
ocurre algo. En otros casos dicen: Iberia tiene aviones disponibles; es
AENA la que no autoriza los movimientos.

Ya sé que no valen las anécdotas, pero hay una reciente, de anteayer. El
vuelo 1.445 del puente aéreo estuvo veinte minutos porque el «finguer» no
encajaba. El comandante del avión explicó a los pasajeros --yo estaba
entre ellos-- que el «follow me» le había conducido mal. En el vuelo de
dos horas después, el 1.645, ocurrió exactamente lo mismo; la única
diferencia fue que, en lugar de veinte minutos, fueron treinta y cinco.

La pregunta, señor Ministro, es si tenemos que hablar de incompetencia o
de boicot, porque no nos queda claro.

Termino con una tercera línea de crítica, que nos parece también
justificada, relacionada con el menosprecio y la falta de respeto a los
usuarios, que se ha puesto de manifiesto durante muchos meses, pero sobre
todo en los últimos días.

Todos los usuarios habituales, así como los esporádicos, al menos los que
hayan tenido mucha suerte, detectan un deterioro en el funcionamiento
normal de los aeropuertos en los últimos meses y, sobre todo, un
destacado déficit en cantidad y calidad de información, especialmente en
los momentos conflictivos, que es cuando resulta más necesaria y
requerida. Cuando se avisa del retraso --cosa que no se hace siempre-- se
dice que el vuelo tal lleva tanto retraso por razones operativas. Como es
natural, casi nadie sabe qué significa. Esto supone las consiguientes
molestias, perjuicios y pérdidas de tiempo para muchos usuarios, cada vez
con más frecuencia.

El colmo llegó con la huelga de los días 26 y 27. El error más grave de
AENA en este proceso, desde nuestro punto de vista, es no informar
públicamente hasta las veintidós horas del día anterior al comienzo de la
huelga. Así lo reflejó la prensa, y me parece que lo ilustran dos breves
fragmentos que voy a leer. Uno dice: Otra paradoja que se ha producido
durante el descontrol aéreo ha sido la falta de información a los
pasajeros. Hasta el último momento, AENA ha evitado reconocer la
existencia del conflicto, por lo que no se pudo advertir a los pasajeros
sobre las dificultades que iban a encontrar para coger un avión. Tanto es
así, que los propios sindicatos dicen que advirtieron a AENA de que no se
estaba informando debidamente a los pasajeros, de que esto iba a provocar
un caos en los aeropuertos. Se estaba negando a la gente la capacidad de
reaccionar y de elegir un medio alternativo de transporte con antelación.

AENA no informó hasta las veintidós horas. Esto supuso, sin duda, un
incremento muy notable del caos, que no se habría podido evitar, pero sí
aminorar en parte haciendo las cosas medianamente bien.

Más información de este tipo: Barajas vivió ayer un descontrol absoluto.

Los viajeros se agolpaban en los puestos de información en busca de unas
respuestas a su incierta situación. Preguntaban por la demora o la
cancelación del vuelo. En las ventanillas las compañías aéreas los
remitían a AENA, sin darles solución alguna. Las compañías aéreas
culpaban a AENA. Nadie se hacía responsable del caos. Un empresario
británico ironizaba: «Spain is different». Inmediatamente después
solicitó que cambiaran su billete a cualquier aeropuerto que no fuera
español, y consiguió uno para Zúrich.

Evidentemente, no estamos entrando en el fondo del conflicto. Sabemos
cuál es y no queremos entrar en él, pero lo que sí nos parece evidente es
que la situación se podía haber paliado en parte y que AENA, una vez más,
no estuvo a la altura de las circunstancias en cuanto a la gestión de la
propia crisis o de los propios problemas, con --insisto-- una falta de
respeto patente, que viene también de atrás, hacia los usuarios, hacia
sus derechos e intereses.

Finalmente, como conclusión lógica de estas valoraciones, creemos que
tienen ustedes dos opciones: Una es reconducir la gestión de AENA con el
actual equipo pero, desde luego, con cierta energía y tomando algunas
decisiones importantes; y, otra, cambiar alternativamente su equipo de
dirección. Pienso que deberían decidirlo pronto.

Muchas gracias, señor Presidente.




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El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, Senador.

Tiene la palabra el señor Vicepresidente Primero del Gobierno.




El señor VICEPRESIDENTE PRIMERO DEL GOBIERNO Y MINISTRO DE LA PRESIDENCIA
(Alvarez-Cascos Fernández): Señor Presidente, señorías, comparezco con
mucho gusto en esta Tribuna para sustituir al Ministro de Fomento,
teniendo en cuenta que cualquier ministro que comparece en las sesiones
de control representa al Gobierno y que, en estos momentos, su ausencia
no era causa suficiente para el aplazamiento de una interpelación. Por
tanto, espero dar cumplida respuesta a cada una de las preocupaciones que
ha expresado el Senador interpelante en su intervención, sin que, desde
ese punto de vista, el nivel de datos que pueda ofrecerle desmerezca de
los que hubiera facilitado el propio Ministro quien, sin duda, hubiera
ofrecido argumentos mejor ilustrados para defender la respuesta que voy a
tratar de darle en nombre del Gobierno.

Permítame que introduzca un dato que no sé si lo conoce su señoría o, en
todo caso, no lo valora suficientemente y quiero resaltarlo. Ha dicho que
no ha servido de nada la decisión de Torrejón. Quiero decirle que, en
estos momentos, Torrejón atiende 30 operaciones diarias y,
fundamentalmente, todos los vuelos privados, porque en Barajas se estaba
produciendo un colapso en todos los vuelos y, en particular, en los
privados.

Por tanto, creo que Torrejón está sirviendo para ayudar transitoriamente
a la descongestión. Si usted quiere los datos en cuanto al número de
aeronaves y pasajeros, tengo que decirle que en el acumulado enero a mayo
de 1997, operaron en Torrejón 795 aeronaves con 10.107 pasajeros, y en el
acumulado enero a mayo de 1998, en Torrejón han aterrizado o despegado
2.667 aeronaves con 20.600 pasajeros. Por ello, creo que Torrejón está
prestando un buen servicio para ayudar a esta fase transitoria hasta la
puesta en funcionamiento de las instalaciones definitivas de las nuevas
infraestructuras de Barajas.

Me gustaría saber si es posible que nos pongamos de acuerdo, puesto que
hablamos de infraestructuras y del servicio que prestan, en que éstas no
son elásticas, tienen unas limitaciones de capacidad de servicio. Por
tanto, reconocerá su señoría que lo que es verdad en el año 1995 puede no
serlo en 1997 o en 1998, y que una infraestructura podría servir al
tráfico de Barajas en 1995 sin retrasos ni colapsos, pero puede no servir
en el año 1998 con nuevos tráficos y generar nuevos conflictos.

Comprenderá su señoría que es posible que ello ocurra. Quiero decirle que
es lo que ha ocurrido y añadirle que este Gobierno, desde que ha accedido
a sus responsabilidades, justamente ha acometido la prioridad de corregir
el problema de los servicios prestados a base de superar los cuellos de
botella que para el conjunto de la red aeroportuaria planteaban el
aeropuerto de Madrid-Barajas y el de Barcelona, porque es lo que nos va a
permitir, en una estructura como la española, que es radial en la
concepción aeroportuaria y en la que, además, hay dos grandes aeropuertos
que dan servicio al tráfico de pasajeros europeo, resolver el problema de
los dos grandes centros radiales y plataforma hacia Europa. En caso
contrario, estaremos influyendo negativamente en el conjunto de la red,
lo que no quiere decir que hayamos actuado sólo en relación a esos
aeropuertos. Pero quiero decirle, en relación con su preocupación, que
hemos dado prioridad a aquellas inversiones que requerían las
infraestructuras que van a permitir facilitar el funcionamiento global de
todo el conjunto operativo del sistema aeroportuario español.

En ese sentido, usted sabe que este Gobierno ha puesto en marcha el Plan
Barajas para devolver al aeropuerto de Madrid el nivel de puntualidad de
los principales aeropuertos europeos, pero ése no es un problema de
voluntad, sino de inversiones y de ejecución. Con ese fin, en seis meses
este Gobierno ha puesto en marcha la construcción de una nueva pista de
vuelo, que va a concluir antes de finalizar este año, la edificación de
una torre de control, cuya obra civil ya está concluida y puede visitar
su señoría, y un nuevo área terminal que está en estos momentos en fase
de proyecto.

Todo ello supone un esfuerzo inversor de 154.000 millones de pesetas a
ejecutar en los años 1997, 1998, 1999 y 2000, y yo le hago gracia a su
señoría de explicarle qué es lo que hizo el Gobierno anterior entre los
años 1992 y 1996 para intentar anticiparse a un problema de
infraestructuras. No se lo voy a reiterar. Digamos que este Gobierno en
seis meses ha puesto en marcha y ha empezado a ejecutar las obras
necesarias para corregir los problemas que dan origen a los retrasos por
los que se interesa su señoría. Todo esto por supuesto, además, de
resolver los problemas de la declaración de impacto ambiental que en el
aeropuerto Madrid-Barajas son una variable que no se puede ignorar ni
desdeñar.

Y ha hecho lo mismo también con el aeropuerto de Barcelona, es decir,
este Gobierno ha decidido acometer las actuaciones necesarias para la
inclusión de nueva pista de vuelo y de una nueva terminal con el fin de
dar respuesta a las necesidades de un aeropuerto que genera el segundo
volumen de tráfico regular.

Y para que su señoría se quede tranquilo, quiero decirle que la actuación
de AENA, impulsada por este Gobierno, adelanta en bastantes años las
previsiones del Plan DELTA para el aeropuerto de Barcelona;
concretamente, la nueva terminal y la nueva pista en el Plan DELTA, que
heredamos del Gobierno anterior, estaban previstas para los años 2010 y
2015, y este Gobierno lo ha adelantado en bastantes años. Además, todo
esto quedará plasmado en un nuevo plan director del aeropuerto de
Barcelona que va a contemplar la construcción de todas estas
instalaciones necesarias para resolver el problema del corto y medio
plazo. Quiero decirle a su señoría que el plan director del aeropuerto de
Barcelona estará concluido a mediados del mes de julio de este año.

Hasta el momento de poder disponer de forma operativa de la nueva pista
de Barcelona, se están optimizando los procedimientos operativos de
utilización de las pistas de vuelo actuales, y en el caso de Barcelona se
ha pasado de los 40 movimientos/hora que había el pasado año a los 47
movimientos/hora que en estos momentos funcionan y



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que se pretende que llegue a 50 en el próximo otoño. Estas medidas que ha
tomado este Gobierno permitirán disponer de diez operaciones/hora más con
las mismas infraestructuras, con el consiguiente aumento de «slots»
disponibles para ofertarse a las líneas aéreas. Además, quiero añadirle
algo más, y es que cuando entre en funcionamiento la nueva pista de
Barajas, una serie de vuelos que hoy utilizan como base Barcelona por
estar saturada la operatividad de Barajas, volverán a trasladarse a
Barajas, que con el funcionamiento de la nueva pista a comienzos del año
que viene pasará de los 50 movimientos actuales a los 75.

En general, el problema de la puntualidad reside en estos dos
aeropuertos, señoría, y usted lo sabe bien, que utiliza los dos
aeropuertos, pero no ocurre lo mismo, salvo en los vuelos que nacen o
terminan en Madrid o Barcelona, en el resto de los aeropuertos españoles.

Todos ellos están por encima de los límites del 80 por ciento de la
puntualidad en los vuelos, que sabe usted que es una referencia correcta
para valorar la puntualidad del sistema aeroportuario que depende de una
estructura organizativa como es en estos momentos la organización de
AENA. Es más, en el último Congreso de Turismo celebrado en Madrid, los
representantes de las asociaciones europeas de turoperadores han
felicitado públicamente a AENA por la calidad que se presta en
aeropuertos turísticos como Palma de Mallorca, Málaga o Gran Canaria.

Ha planteado su señoría un problema respecto a la calidad de información
de los usuarios, sobre todo en momentos conflictivos, preocupación que
quiero decirle que comparte el Ente Público como esencial. En los
aeropuertos se dispone de un servicio permanente de información de
atención al público y, además, de un servicio itinerante de cara a
atender adecuadamente a los usuarios con información sobre los vuelos,
servicios ferroviarios, autobuses, etcétera, que facilitan datos
generales sobre el aeropuerto y sus dependencias de forma verbal y
también por medio de folletos, así como toda la información necesaria en
los soportes habilitados a tal fin. En los puestos fijos de los grandes
aeropuertos el tiempo de espera debe ser menor o igual a tres minutos, y
en el 95 por ciento de los casos en que es requerida.

Para el caso de la información itinerante los niveles de calidad se
definen de forma que cualquier persona que la reclame obtenga respuesta
inmediata, debiendo ser la cobertura de este servicio del cien por cien.

Hay que indicar que el número de posiciones y su ubicación puede ser
ampliado de cara a cubrir la demanda de estos servicios para poder
prestar un nivel de calidad acorde con lo antes indicado, como ocurrió
los pasados días 28 y 29 de mayo, aunque hay que reconocer --tiene razón
su señoría-- que pudieron ser insuficientes; pero su señoría también debe
reconocer que se ha hecho un importante esfuerzo adicional en el servicio
fijo e itinerante para intentar adelantarse a ese problema. Por tanto,
digamos que son verdad dos afirmaciones y empezaremos a entendernos
mejor.

En este sentido, señor Senador, creo que se puede ir avanzando en la
búsqueda de puntos de coincidencia entre sus preocupaciones y las
actuaciones del Gobierno.

Por otra parte, quiero desmentir que exista tensión entre AENA y las
compañías aéreas más allá de los tradicionales y habituales
planteamientos divergentes que tienen que existir fruto del diario trato
entre el ente gestor de la red de aeropuertos y las compañías clientes y
usuarias de los mismos, lo cual conlleva a veces intereses contrapuestos
que necesitan un diálogo en el que impere, como lo está haciendo, la
voluntad de llegar a acuerdos beneficiosos para ambas partes.

En esa línea, actualmente existe una fluida relación tanto con la
Asociación de Lineas Aéreas como con la Asociación Española de Compañías
Aéreas. En concreto con Iberia, que es el principal cliente de AENA,
existe una creciente fluidez en las relaciones mutuas con el consiguiente
planteamiento divergente en asuntos concretos, como por ejemplo el
posible uso exclusivo por Iberia de la nueva terminal de Madrid-Barajas o
el posible aumento de la cuota de «slots», es decir movimientos de
entrada y salida, tanto en Madrid-Barajas como en Barcelona.

En este sentido, es necesario citar el tema de las tasas y tarifas,
porque durante los últimos meses hemos asistido a una campaña cuyo
principal objetivo era cuestionar la competitividad de las tarifas
establecidas en los aeropuertos españoles a raíz de la Ley de
Presupuestos y de la Ley de Acompañamiento. La Ley de Presupuestos de
1998 ha incrementado la cuantía de las tasas, pero estas diferencias no
son gratuitas ni discrecionales, son consecuencia de la necesaria
armonización entre todos los vuelos efectuados dentro de la Unión Europea
derivada de la aplicación del principio de competencia contenido en los
tratados. En general, lo que está consiguiendo AENA en materia de
infraestructuras aeroportuarias es una mejor calidad, una oferta
comercial cada vez más rica y diversificada y unos costes aeroportuarios
cada vez más bajos en relación con otros aeropuertos europeos. Hay
estudios diversos, que pongo a disposición de su señoría, publicados por
instituciones académicas y universitarias europeas, en 1998, que
concluyen que los aeropuertos españoles se encontraban, en cuanto a tasas
aeroportuarias, entre los más baratos de Europa e incluso del mundo
--repito-- en un momento en el que se están tomando medidas en materia de
infraestructuras y en respuesta a las necesidades de calidad en las
relaciones con los usuarios.

La conclusión a la que el Gobierno llega es que, efectivamente, la red de
AENA compite eficientemente para ofrecer esos buenos aeropuertos, con
todas esas buenas características en la relación coste-beneficio que
deben estar presentes en cualquier análisis de los servicios que ofrece
un organismo público.

Hoy hay una tendencia a formar redes asociativas de aeropuertos frente a
la competencia entre aeropuertos singulares, como pone de manifiesto el
hecho de que un sistema como el de AENA empiece a demostrar mayores
ventajas en términos de lograr economías de escala, optimización de
costes y mejoras en las tasas para los operadores, mayor vertebración del
territorio y un trasvase de recursos razonable que otros modelos
desagregados de organización aeroportuaria.




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En relación con el reciente conflicto de controladores aéreos, la gestión
de AENA ha partido de una situación anterior que ha conllevado que la
plantilla de los controladores no haya sido objeto de una planificación
acorde con las necesidades de la demanda, porque la evolución de la misma
--lo sabe su señoría-- se ha mantenido por debajo de las necesidades
operativas, manteniendo un déficit estructural que necesariamente iba
generando una creciente necesidad de servicios adicionales
complementarios como único recurso para atender el servicio de control.

Ante esta situación, se inició el proceso de negociación del primer
convenio de controladores que sustituyese a la anterior regulación
colectiva. Las negociaciones comenzaron formalmente con la constitución
de la comisión negociadora en febrero de 1997. Este proceso de
negociación del primer convenio ha tenido un punto de inflexión el pasado
23 de marzo cuando, por primera vez, se presentó a la Comisión una
plataforma de negociación en la que se recogían las propuestas de AENA
para la regulación de los aspectos fundamentales de las condiciones de
trabajo del colectivo y de la organización de trabajo.

En la plataforma de negociación se exponían una serie de actuaciones que,
de verificarse, reordenarían el modelo de prestación del servicio,
flexibilizando las rigideces actuales de la regulación de las condiciones
de trabajo de los controladores y definiendo las facultades que AENA,
como cualquier empresario, debe poseer sobre la organización del trabajo.

Tales actuaciones estratégicas han sido diseñadas para la consecución del
objetivo final: disponer de un modelo de relaciones laborales que
posibilite la adecuada gestión del servicio de control del tránsito aéreo
y que, al mismo tiempo, evite que se reproduzca al final del período --31
de diciembre del 2003-- la situación actual de déficit estructural de la
plantilla.

El principal objetivo del Gobierno es que haya un marco de relaciones
laborales adecuado que regule horario, plantilla y retribuciones durante
los próximos cinco años, algo que, aunque parezca increíble, señoría, no
existía cuando este Gobierno llegó a sus responsabilidades.

Como conclusión, a mí me parece que es evidente la normalidad de los
aeropuertos y la navegación aérea en España, y AENA, que da servicio a
110 millones de pasajeros actuales, es la red completa y mejor equipada
de nuestro entorno europeo para la dimensión de pasajeros que atiende una
sola red de tráfico aéreo.

La gestión de AENA se está realizando de forma tan eficaz como eficiente,
con criterios empresariales, aprovechando las inercias de la red que es
admirada y reconocida por otros países europeos que están pensando en
fórmulas integradoras y no disgregadoras.

Es cierto que Madrid-Barajas --aeropuerto con mayor grado de influencia
en el resto de la red-- tiene deficiencias, pero este Gobierno ha puesto
en marcha con urgencia sus soluciones, gracias a las medidas que se han
tomado para la ampliación y ejecución de sus correspondientes obras con
la máxima celeridad, en un tiempo récord. Como le he dicho en la primera
parte de mi intervención, a finales de este año estará operativa la
tercera pista y junto con la nueva terminal convertirán el Aeropuerto de
Madrid-Barajas en uno de los más modernos de Europa, siendo capaz de
competir en plano de igualdad con otras puertas de acceso aéreo a nuestro
continente, y la Unión Europea, como son Londres y París.

Quiero recalcar que todo este complejo proyecto se está desarrollando con
estricto cumplimiento de las exigencias de impacto ambiental.

Señoría, quiero agradecerle en lo que vale su interpelación, por lo que
supone de voluntad, de estímulo y de colaboración, por supuesto,
reconociendo que ese estímulo y esa colaboración nacen legítimamente de
la crítica; pero cuando decía al principio de su intervención que AENA
estaba gestionada de forma incompetente quiero decirle que esa afirmación
debe referirse a un pasado no muy lejano porque si usted establece,
también haciendo una referencia de objetividad, la comparación entre cómo
estaba gestionada AENA, cómo lo está ahora, qué problemas estaban en vías
de solución con la anterior Administración y cuáles están en vías de
solución ahora, tendrá usted que reconocer que AENA hoy está gestionada
de forma mucho más competente.

Muchas gracias. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario
Popular.)



El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Vicepresidente.

Senador Gibert i Bosch, tiene la palabra por cinco minutos.




El señor GIBERT I BOSCH: Gracias, señor Presidente.

Señorías, señor Vicepresidente primero del Gobierno, yo tengo que
agradecerle mucho la información que nos ha dado, aunque en su mayor
parte no sea nueva, sino conocida, pero en cualquier caso se lo agradezco
e incluyo en el agradecimiento las cuestiones sobre información no
pedida, como por ejemplo en el caso de las tasas, porque no creo haber
dicho ni una palabra sobre tasas. Supongo que esto es lo que ocurre --y
en este caso está más justificado que nunca-- cuando le preparan su
intervención desde el Ministerio.

Tampoco le he hablado del modelo de AENA. En ningún momento he puesto en
cuestión el modelo de gestión; lo que sí he cuestionado es la calidad de
la gestión, que es bien distinto. Tampoco he dicho nada sobre la
planificación de los controladores, porque más allá de discutir sobre el
pasado, señor Vicepresidente, considero que dos años son más que
suficientes para que con una planificación de controladores ya se
hubieran creado nuevos puestos. Ya sé que la formación es complicada,
pero en ningún caso dura más de dos años.

En relación a los temas que ya había tratado antes y a los que usted se
ha referido, he de hacer algunas puntualizaciones. Tal vez no he sido muy
preciso al hablar de Torrejón de Ardoz, porque no me refería a los vuelos
privados, sino a los vuelos regulares; fue un intento que, como usted
sabe muy bien, se vio frustrado en pocos días, y es esto lo que he
calificado de pintoresco.

En cuanto a que las infraestructuras no son elásticas, he de decirle que
por supuesto. Pero, señor Vicepresidente, las



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infraestructuras sí son elásticas hasta llegar a su capacidad teórica, y
supongo que en esto está de acuerdo conmigo. E1 dato claro es que en
ambos aeropuertos, en el de Madrid y en el de Barcelona, han descendido
las operaciones por hora en horas punta; un hecho que seguramente no se
deba a la forma de gestión de AENA pero que sí está relacionado con un
problema que compete a su gestión, como es el conflicto latente con los
controladores, que se ha querido ocultar y que continúan sin reconocer
que existía.

Usted ha hecho referencia al impacto ambiental, aunque yo no lo había
hecho. No sé si tendrá que preocuparse por ese motivo o no, usted sabrá,
pero tal vez la señora Tocino, que está aquí presente, debería emitir
alguna opinión al respecto. Hemos podido oír en palabras del Ministro de
Fomento que el problema que suscita este planteamiento es medioambiental,
porque la concesión de la tercera pista, que está actualmente en
construcción, estuvo condicionada, a través de la declaración de impacto
ambiental, a que no hubiera una cuarta. De manera que la declaración de
impacto ambiental limita la capacidad de crecimiento de Bajaras y habría
que cambiar esa declaración para continuar la ampliación del aeropuerto.

Y sigue: Esto es una decisión del Presidente del Gobierno. Aunque la
declaración de impacto ambiental se ha hecho, esa declaración se puede
cambiar. Me gustaría, señora Ministra, conocer su opinión.

En cuanto a los conflictos entre Iberia y AENA, recientemente he recibido
alguna noticia de que en este momento están mejor encauzados, y me
alegro. Usted ha hablado de creciente fluidez, pero hasta ahora, por lo
menos, ha sido muy lenta. En el Congreso de Turismo, aparte de las
felicitaciones que personalmente no oí pero que no dudo que existieran,
lo que realmente sonó fue la intervención del Presidente de Iberia, y
esto es algo que le puedo asegurar.

Me gustaría que no cometieran un error, ésta es en el fondo nuestra
intención. Pero creo que ustedes insisten en seguir diciendo que todo va
bien y así, al hablar de la calidad de la gestión de AENA y no del
modelo, pueden seguir alimentando realidades virtuales. Pero hay 110
millones de pasajeros que, por más que se alimenten con las realidades
virtuales que se oyen en esta Cámara o de las noticias de los medios de
comunicación afines o dóciles, se dan cuenta para bien y para mal de cómo
funcionan los aeropuertos españoles, y esto no lo podrán evitar. No les
pido que hagan un reconocimiento de culpabilidad, ni mucho menos, pero sí
que se preocupen de que la gestión de AENA mejore, porque no tenemos la
impresión, y los datos nos lo confirman, de que hasta ahora haya sido muy
brillante.

Muchas gracias, señor Vicepresidente. Muchas gracias, señor Presidente.

(Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Socialista.)



E1 señor PRESIDENTE: Señor Vicepresidente, ¿prefiere intervenir ahora o
cuando terminen todos los grupos?



El señor VICEPESIDENTE PRIMERO DEL GOBIERNO Y MINISTRO DE LA PRESIDENCIA
(Alvarez-Cascos Fernández): Señor Presidente, señorías, la habilidad del
Senador interpelante ya ha sacado a escena a dos Ministros, aunque
sospecho que de haber habido más Ministros presentes en la Cámara hubiera
emplazado a varios más para hablar de los asuntos conexos.

Se trata de examinar el tema que ha planteado el señor Senador y me
alegro de que en su turno de réplica apenas haya podido combatir los
argumentos y datos que he facilitado en mi intervención. Si el señor
Senador se comprometiera ---en estos momentos en que está finalizando el
período de sesiones-- a presentar la misma interpelación en el primer
período de sesiones del año que viene, estoy seguro de que tendría que
reconocer definitivamente que esa progresiva mejoría que le estoy
anunciando, sobre la base de los proyectos en marcha, es una realidad.

Su señoría es muy libre de volver a interpelar el año que viene pero le
aseguro, en nombre del Gobierno, que nada nos agradaría más que
reproducir esta interpelación en el primer semestre de 1999 para poder
demostrar que las preocupaciones que ha expresado su señoría son
razonables pero en vías de solución, que es lo que he tratado de
explicar.

Ha realizado dos puntualizaciones a las que voy a contestar en este turno
de réplica. Me reprocha que haya hablado de tasas. Yo creía que en las
relaciones AENA-Compañías, en lo que sabemos el tema de las tasas escuece
algo, y he querido señalar que, reconociendo que las tasas han subido,
siguen estando, por razones de homologación de tasas en el sistema
aeroportuario europeo, en niveles competitivos con los aeropuertos
europeos.

Por lo tanto, si ése es uno de los motivos de queja, es de las quejas
menos razonable, aun reconociendo --repito-- que las tasas habían subido
y, en consecuencia, el usuario que las paga siempre busca en esa subida
una justificación para su crítica. Si su señoría considera que las tasas
no influyen en los problemas de relaciones AENA-compañías, considere
ociosa mi explicación.

En cuanto a los vuelos de Torrejón, su señoría sabe que ocupa el mismo
espacio de tiempo una aeronave pequeña que una transoceánica. Por lo
tanto, retirar de Barajas, especialmente en las horas punta, 30
operaciones diarias en el tráfico normal de los vuelos privados, que
suelen ser vuelos de trabajo entre lunes y viernes, reconocerá que es una
buena forma de abrir huecos, de abrir «slots» para los vuelos comerciales
regulares que se resistían a abandonar Barajas por razones que todos
debemos comprender.

En ese sentido, considero que ha sido una buena decisión y tiene en estos
momentos una máxima utilidad, primero, para dar un buen servicio a los
vuelos privados, que no lo tenían adecuado y, segundo, para ayudar a la
descongestión del Aeropuerto de Barajas.

Finalmente, señoría, quiero señalar --por lo que pueda servir, pues
algunas de las cuestiones que se pueden plantear se pueden resolver,
aunque la literatura y los discursos lo resisten todo-- que no me resisto
a dejar sobre la mesa la dificultad de resolver rápidamente un déficit
estructural en una plantilla de controladores.

La plantilla operativa de controladores en el año 1993 era de 1.113
personas, y el número de movimientos/año en los aeropuertos era de
1.360.000. En 1994, la plantilla era de 1.039 personas --casi 100
personas menos--, y el número



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de movimientos 1.428.000. En 1995, la plantilla era de 1.089 personas y
el número de movimientos ha sido de 1.511.000. En 1996, la plantilla que
heredó este Gobierno era de 1.076 personas y el número de movimientos
1.589.000. Pues bien, en el año 1997 la plantilla operativa era ya de
1.321 personas, frente a las 1.076 del año 1996, y el número de
movimientos estaba en 1.827.000. En resumen, de 1993 a 1997 los
movimientos/hora aumentaron un 34 por ciento mientras que la plantilla
operativa de controladores disminuyó hasta que este Gobierno, en el año
1997, empezó a incrementarla.

Muchas gracias. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario
Popular.)



E1 señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Vicepresidente Primero del
Gobierno.

Abrimos un turno de portavoces.

¿Grupo Parlamentario Mixto? (Pausa.)
¿Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos? (Pausa.)
Por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió,
tiene la palabra el Senador Beguer.




E1 señor BEGUER I OLIVERES: Muchas gracias, señor Presidente.

Señorías, señor Vicepresidente Primero del Gobierno, realmente la
interpelación que ha formulado el Senador Gibert es muy interesante, en
primer lugar, porque se trata de un servicio público de primera magnitud
que utilizan muchísimas personas, seguramente lo utilizamos todos los que
estamos aquí, y se utiliza en muchísimos niveles. Pero, además de ser un
servicio público de gran difusión, AENA tiene una importancia económica
vital.

Nos ha interesado el planteamiento de esta interpelación y, al mismo
tiempo, hemos escuchado y nos ha interesado la respuesta del señor
Vicepresidente. Esta problemática, en la que el señor Gibert ha incidido
específicamente en los problemas y el señor Vicepresidente Primero en las
soluciones tomadas o que ya están en marcha, creemos que es interesante
porque AENA, aparte del sector en el que se mueve, es una gran empresa
que factura del orden de 140.000 millones de pesetas, que gestiona 40
aeropuertos con 111 millones de pasajeros y, en consecuencia, el futuro
que pueda tener, según esté bien o regular gestionada es muy distinto.

Creemos que AENA ha mejorado en su gestión, independientemente de los
problemas que haya podido tener recientemente, más agudos en los últimos
días de mayo por la problemática de los controladores. Ciertamente las
inversiones que se están efectuando en Barajas son importantísimas, del
orden de 150.000 millones de pesetas, y nos agrada escuchar las palabras
del señor Ministro respecto a las mejoras que se están produciendo o se
van a producir no sólo en la gestión, sino en la inversión en el
Aeropuerto de Barcelona, en el que, como es lógico, tenemos un interés un
poco mayor que sobre los demás, a pesar de que debemos interesarnos por
todos. Tenemos confianza en AENA, en las palabras del señor Ministro, y
en que se resuelvan los pequeños problemas, si es que todavía los hay,
para decidir cómo va a ser la tercera pista del Aeropuerto de Barcelona,
no sólo en la gestión, sino en la inversión.

Finalmente, reiteramos nuestra felicitación al Senador Gibert por haber
planteado un tema tan importante, que habrá sido útil para todos, con el
fin de mejorar, si es posible --y creemos que siempre lo es--, la gestión
de AENA.

Muchas gracias, señor Presidente.




E1 señor PRESIDENTE: Gracias, Senador Beguer.

Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el Senador
Gibert.




E1 señor GIBERT I BOSCH: Muchas gracias, señor Presidente.

Quiero hacer cuatro comentarios muy escuetos. En primer lugar, parece ser
que nos quedaremos sin conocer la opinión de la señora Ministra de Medio
Ambiente sobre las palabras del Ministro de Fomento; otro día será.

En segundo lugar, haré un comentario sobre las tasas. Ya que usted lo ha
sacado a colación, viene a cuento señalar que en los aeropuertos menores
las tasas deberían ser más flexibles. Por cierto, le rogaría que
transmitiera esta opinión a quien corresponda.

En tercer lugar, no nos ha explicado lo esencial, señor Ministro, ni en
el primer turno ni en el segundo. Desde nuestro punto de vista, lo
esencial es por qué han descendido los movimientos/hora en las horas
punta en relación con el año 1995, que no es incompatible con que hayan
aumentado los movimientos/hora de promedio contando todas las horas del
día. Esta es la pregunta esencial que se ha quedado sin respuesta.

Desde luego, aceptamos la oferta que nos hace. Ojalá no tengamos ocasión
de interpelarle en los meses de enero, febrero o marzo, o cuando usted
crea oportuno, porque eso querrá decir que las cosas van bien, en cuyo
caso estaremos contentos, pero, en contrapartida, si no fuera así y se
produce la interpelación, le emplazaría a que fuera usted el que nos
respondiera, ya que usted ha hecho el envite.

Nada más y muchas gracias.




El señor PRESIDENTE: Gracias, Senador Gibert.

Por el Grupo Popular, tiene la palabra el Senador Ortiz.




El señor ORTIZ CLIMENT: Muchas gracias, señor Presidente.

Efectivamente, la interpelación es oportuna. Su señoría habrá podido
observar que el Gobierno no solamente busca la normalidad en el
funcionamiento de servicios públicos importantes para los ciudadanos de
este país y aquellos que nos visitan, sino, a su vez, busca mejorarlo,
como ha demostrado en su intervención el señor Vicepresidente Primero del
Gobierno.

Por otra parte, la normalidad existe, pero es dinámica y desde el Grupo
Popular tenemos claro que esa normalidad dinámica conlleva mejoras
permanentes, habiéndose demostrado que en los dos últimos años las
mejoras establecidas por parte del Gobierno español han supuesto una
importante carrera hacia la detección de problemas y deficiencias, en
este caso concreto, en un importante aspecto



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de los transportes para nuestro país, tanto para los ciudadanos españoles
en general, como desde el punto de vista de nuestras relaciones
internacionales. Y esa modernización de infraestructuras se ha puesto en
marcha identificando el importante sistema radial de transporte aéreo
existente en España, como ya se ha mencionado, y se han puesto manos a la
obra, se han hecho inversiones y se han programado actuaciones concretas.

Realmente, se ha avanzado mucho en los dos últimos años, sin que, por
otra parte, podamos estar plenamente satisfechos, porque habrá que seguir
trabajando en esta evolución de servicio público dinámico según las
circunstancias vayan cambiando, puesto que, lógicamente, hay que ir
adaptándose y siempre anticipándose.

Es cierto que por parte del Gobierno ha habido comparecencias muy
recientes y muy específicas a este respecto, esto es, el Gobierno sigue
su táctica de informar, comparecer y ser transparente, fomentando que, a
su vez, aquellas presuntas deficiencias que pudiera haber en la gestión
de un ente público como es AENA sean atendidas a fin de dotarle de las
insfraestructuras y los servicios mínimos necesarios para que su gestión
resulte de plena satisfacción para los usuarios, así como rentable para
la propia empresa.

Hay un tema básico que ha estado en la mente de todos los ciudadanos
españoles durante los pasados días, cual es el relativo a los problemas
concernientes a las anomalías causadas en el funcionamiento de los
servicios de controladores, que han creado inestabilidad y malestar. Pero
también tengo que recordarle, Senador Gibert, que por primera vez desde
el año 1991 se ha creado una mesa de negociación para llegar a un primer
convenio, lo que significa que AENA tiene ganas de resolver este problema
de una forma profesional y responsable.

Desde 1991 hasta el día de hoy se ha funcionado con un estatuto de
control de circulación aérea. En estos momentos se está negociando y hoy
mismo, a las cinco de la tarde, se reunirá la mesa de negociación, que
puede llegar a importantes acuerdos que eviten, no puntualmente, sino a
cinco años vista, que este tipo de problemas puedan volver a surgir. Por
lo que tengo entendido, por parte de la dirección de AENA no se pretende
resolver un problema puntual con parcheos, sino que por primera vez en la
historia de este colectivo se va a analizar un problema con un programa a
cinco años vista, el cual se está negociando ya en estos momentos.

Por tanto, respetando todas las directivas comunitarias, respetando el
proceso de desarrollo y de progreso en España, respetando los intereses
de los colectivos y trabajando desde el Gobierno coordinadamente, como se
está haciendo, con aquellos Ministerios y entes públicos con los que hay
que colaborar, esperamos que se consiga algo en lo que todos coincidimos
y queremos y es que la gestión del Gobierno sirva para tratar de mejorar
de una forma permanente aquellos servicios que son de interés público y
que redundan en beneficio de todos los españoles.

Muchas gracias.




El señor PRESIDENTE: Gracias, Senador Ortiz Climent.

Tiene la palabra el señor Vicepresidente del Gobierno.

El señor VICEPRESIDENTE PRIMERO DEL GOBIERNO Y MINISTRO DE LA PRESIDENCIA
(Alvarez-Cascos Fernández): Muchas gracias, señor Presidente.

En primer lugar, deseo expresar mi agradecimiento a los señores
portavoces que han intervenido. Al señor portavoz del Grupo Popular, por
su apoyo explícito a la política que está siguiendo el Gobierno y al
reconocimiento de los avances que se han producido para solucionar los
problemas pendientes en nuestro sistema aeroportuario.

E1 portavoz de Convergència i Unió sabe que ese Plan Director del
Aeropuerto de El Prat será una realidad en el próximo mes de julio y que
algunas de las cuestiones pendientes están siendo negociadas y
consensuadas en estos momentos con las autoridades competentes de
Cataluña, como no podía ser de otra manera ante la complejidad de las
decisiones que implica la renovación y la ampliación de las
infraestructuras del Aeropuerto de Barcelona.

En relación con el Senador interpelante, quiero decirle que le agradezco
su invitación, me gustaría que me cediera ese privilegio el Ministro de
Fomento el año que viene, pero me parece razonable que sea el Ministro de
Fomento el que quiera recoger personalmente los rendimientos del
reconocimiento de la actividad del Ministerio, y yo no tengo ninguna
voluntad de suplantación.

Solamente discrepo en una cuestión menor de su última intervención, y es
que, desde mi punto de vista y el del Gobierno, la cuestión fundamental
de su interpelación es el dato de los 154.000 millones de pesetas que se
están invirtiendo actualmente en el Aeropuerto de Barajas para situarlo
el año que viene en 75 movimientos/hora, no la cuestión --que, por
supuesto, no excluyo que pueda tener interés-- que plantea su señoría y
que además tiene explicación. Porque, sin necesidad de invocar razones de
seguridad en las operaciones, la política que está siguiendo en estos
momentos AENA es, por razones de optimización de los recursos humanos,
intentar reordenar la demanda para evitar los picos o las puntas que
existen en estos momentos, precisamente, repito, para dar una respuesta
óptima de eficiencia en el rendimiento de los servicios humanos, y ello
porque, evidentemente, si se consiguen laminar las puntas o los picos se
podrá dar una respuesta mucho más razonable. Esa es la razón de la
preocupación y la curiosidad que planteaba su señoría y que yo no he
sabido captar, por lo que se lo explico en este último turno.

Muchas gracias.




El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Vicepresidente Primero del Gobierno.




--DE DOÑA ANA ARNAIZ DE LAS REVILLAS GARCIA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO
SOCIALISTA, SOBRE LOS CRITERIOS, PRIORIDADES Y PLAZOS A APLICAR POR EL
GOBIERNO EN LA ADJUDICACION DE LAS AYUDAS DE EXTRAORDINARIA Y URGENTE
NECESIDAD PARA LA REPARACION DE LOS DAÑOS CAUSADOS POR LAS LLUVIAS E
INUNDACIONES ACAECIDAS DURANTE LOS ULTIMOS MESES



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DE 1997 Y LOS DOS PRIMEROS DE 1998 EN LAS COMUNIDADES AUTONOMAS DE
ANDALUCIA, ARAGON, CASTILLA-LA MANCHA, CASTILLA Y LEON Y CATALUÑA
(670/000088).




El señor PRESIDENTE: Interpelación de doña Ana Arnáiz de las Revillas
García, del Grupo Parlamentario Socialista, sobre los criterios,
prioridades y plazos a aplicar por el Gobierno en la adjudicación de las
ayudas de extraordinaria y urgente necesidad para la reparación de los
daños causados por las lluvias e inundaciones acaecidas durante los
últimos meses de 1997 y los dos primeros de 1998 en las Comunidades
Autónomas de Andalucía, Aragón, Castilla-La Mancha, Castilla y León y
Cataluña.

Senadora Arnáiz de las Revillas, tiene la palabra.




La señora ARNAIZ DE LAS REVILLAS GARCIA: Gracias, Presidente.

Señorías, señora Ministra, esta interpelación viene a este Pleno aplazada
por incomparecencia del Gobierno en el Pleno anterior hace tres semanas,
y éste constituye un retraso más, un retraso más de los muchos que se van
acumulando en el tratamiento de estos acontecimientos catastróficos en
cinco Comunidades Autónomas.

Las primeras inundaciones se produjeron el 3 de noviembre de 1997, en la
localidad de Camas, en la provincia de Sevilla, tuvieron unos daños de
118 millones de pesetas y a los 45 días por parte de la Junta de
Andalucía se aportó el cien por cien de las ayudas a familias y a
particulares. Sin embargo, no fue hasta cinco meses y medio después, el
17 de abril, cuando salió el Decreto del Gobierno de España; antes hubo
un Decreto de la Junta de Andalucía y una resolución unánime del Pleno
del Parlamento de Andalucía --votada también por el Partido Popular de
Andalucía, lógicamente-- en la que se instaba al Gobierno para la
inmediata puesta en marcha de las obras de infraestructuras hidráulicas
en los cauces del Genil y del Guadalquivir, que son las causas
fundamentales de estas inundaciones. Previamente también había habido una
promesa de algunos altos cargos sevillanos del Ministerio de Trabajo en
la comarca de Ecija por la cual se habían comprometido a disponer en el
actual presupuesto de unos 3.000 millones de pesetas para esas obras
hidráulicas en el río Genil. A las pocas horas de hacerse esa promesa en
los medios de comunicación se produjo el caos, señora Ministra, y más de
2.000 viviendas, casi 800 familias, un tercio del casco urbano de Ecija,
500 pequeñas y medianas empresas y comercios, 350 explotaciones agrícolas
y ganaderas, el total de la economía de una ciudad de 40.000 habitantes
como es Ecija, se vio completamente en precario y en peligro.

También en Málaga sufrimos la peor inundación de los 10 últimos años. En
Gibraleón los daños se calcularon en 800 millones de pesetas. En Jaén y
en Granada también hubo importantes pérdidas. En los primeros meses de
1998 las inundaciones continuaron en Aragón, Cataluña, Castilla y León y
Castilla-La Mancha, aunque realmente fueron de dimensiones muchísimo
menores.

Señora Ministra, el Decreto que salió el 17 de abril es atípico y
absolutamente insatisfactorio. El Decreto prevé dos créditos
extraordinarios, uno de 900 millones de pesetas para protección civil y
otro de 1.100 millones de pesetas para infraestructuras municipales. El
Decreto de protección civil tiene la particularidad de que incluye una
novedad en relación a los casos de Ecija y Camas por ser municipios que
han tenido más damnificados. Esa novedad consiste en que las ayudas
estarán sometidas a un régimen especial por el cual el Estado correrá
solamente con el 50 por ciento de las ayudas, mientras que para el resto
de las Comunidades Autónomas el Estado correrá con el cien por cien de
las ayudas.

Esa es una decisión que se ha tomado unilateralmente, que no se ha
propuesto ni se ha acordado con ninguna institución. Es una imposición
del Gobierno central en contra del Decreto que rige para las demás
Comunidades Autónomas en las cuales el Gobierno asume el cien por cien de
esos gastos de protección civil, para los cuales tiene una partida
presupuestaria en los Presupuestos Generales del Estado.

También habla de la creación de una Comisión técnica de valoración el 17
de abril de este año, cuando esa Comisión había terminado ya sus trabajos
y había hecho sus valoraciones pertinentes en lo referente a Ecija con
bastantes semanas de antelación. Este es, señora Ministra, un ejemplo más
de cómo quieren dilatar las soluciones, de cómo quieren dilatar ustedes
las soluciones, de cómo ustedes no tienen ni verdadera intención ni
interés en solucionar las cosas.

Hay otra cuestión especial en este Decreto y es que no se trata de
créditos ampliables. Los Ministerios deberán resolver con sus propios
presupuestos las insuficiencias de los daños producidos en las
catástrofes.

Por lo tanto, señora Ministra, quedan muchas preguntas por hacer. ¿Por
qué, a diferencia del Decreto de Extremadura, no se ha decidido negociar
con las administraciones la forma de financiación? ¿Por qué se pide que
se cree una Comisión técnica cuando esa Comisión ya se ha creado, ha
trabajado y ha elaborado sus trabajos? ¿Por qué se financia
discriminatoriamente a los más perjudicados? ¿Qué va a pasar con los
créditos de agricultura y pesca? ¿Cuándo va a acometer su Departamento el
encauzamiento del río Genil a su paso por Ecija? ¿Cuándo se van a
realizar las obras de infraestructura necesarias en Málaga, que es la
ciudad que ha sufrido la peor de las inundaciones de los últimos diez
años? ¿Cuándo se van a hacer las obras en Gibraleón? ¿Qué medidas
laborales se van a tomar, a solicitud del ayuntamiento de Camas que ha
pedido firmar un convenio de colaboración con el INEM, para ayudar a la
contratación de 30 desempleados de larga duración que ocuparían puestos
de limpieza? ¿Qué operaciones evitarán en Camas paliar las malas
circunstancias estructurales que nos amenazan cada fin de semana con
daños tales como las recientes lluvias que ha habido?
Finalmente, señora Ministra, quisiera hacerle otra pregunta. El señor
Rato decía en esta misma Cámara el año pasado, a raíz de una
interpelación con motivo de las inundaciones, que había que comparar
situaciones similares con reacciones similares para no hacer demagogia
con el daño de las personas. No voy a hablar en este caso por mí,



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sino que me va a prestar la voz la Confederación de Empresarios de Ecija
para comparar, como pedía el señor Rato, situaciones similares con
actuaciones similares. La Confederación de Empresarios compara dos
decretos, el que se hizo para Badajoz y el que se ha hecho para cinco
Comunidades Autónomas y expresamente para Ecija y Andalucía.

El Decreto de Badajoz contempla el apartado de la moratoria para los
créditos hipotecarios y para los créditos de todas clases vencidos o que
van a vencer, pero el Decreto sobre el que estamos hablando no lo
contempla. La moratoria de un año sin intereses en los pagos de la
Seguridad Social para los tres meses posteriores a la inundación, se
recoge en el de Badajoz, pero no se recoge en el de Andalucía para los
dos meses posteriores a la inundación. En cuanto a la prórroga en el
plazo de ingreso de las deudas tributarias sin devengar intereses de
demora, también hay una diferencia puesto que este Decreto de 17 de abril
no lo recoge. Sí recoge el Decreto de Badajoz, y no el que estamos
comentando, que sean objeto de aplazamiento o fraccionamiento las tarifas
de utilización de agua y el canon de regulación, siempre que no estén
incursos en vía de apremio y sin que tal aplazamiento devengue intereses
de demora.

Y otra discriminación, la última, es que la línea de crédito del ICO, en
el caso de Extremadura asciende a 5.000 millones de pesetas mientras que
en el caso de Andalucía es de 3.000 millones de pesetas.

Señora Ministra, todos estos retrasos, el tratamiento inexplicablemente
discriminatorio, peyorativo y desventajoso para los que han sufrido más
daños, la financiación inadecuada e insuficiente, así como la no voluntad
de atajar las causas que hasta la fecha han seguido suponiendo motivos de
preocupación en las localidades en que ya ha habido inundaciones durante
tres años consecutivos, hacen que --como le pasaba a Astérix-- siga
pendiendo sobre nosotros la amenaza de que el cielo se desplome sobre
nuestras cabezas. Y eso sí que puede ocurrir en cualquier momento. Eso ha
podido ocurrir el fin de semana pasado, ha podido ocurrir hace un mes y
puede volver a ocurrir mientras no se aborden las obras hidráulicas
necesarias.

Señoría, ni de lejos puedo admitir las cifras que ustedes nos dan como
correctas en este Decreto.

Además, ya existen precedentes a este respecto con ocasión de las
inundaciones del año pasado, y en relación con las cuales todavía estamos
sufriendo el retraso y las insuficiencias en las dotaciones que había
aprobado el Gobierno central. No llega el dinero ni sabemos cuándo va a
llegar. Además, señora Ministra, no se pueden generar expectativas para
frustrarlas acto seguido culpando después a otros de lo que no se ha
hecho o de lo que no se es capaz de hacer. No se pueden decir medias
verdades porque eso es mentir, ni se puede discriminar a quienes están en
peores condiciones. Finalmente, no se puede maltratar a un Gobierno
simplemente por el hecho de que sea de un color político distinto, caso
del de Andalucía.

Señorías, supongo que la responsabilidad de la Ministra va más allá de
informar simplemente en esta interpelación. Supongo que su
responsabilidad de Gobierno también abarcará el dar respuestas con
soluciones diciendo cómo y cuándo se van a adoptar las mismas.

Pero quiero resaltar las ideas reales que están detrás de este Decreto y
de estas cifras. Cuando, como digo, por tercer año consecutivo las
lluvias e inundaciones producen enormes y cuantiosas pérdidas económicas
--y a veces también de vidas humanas, como ocurrió en Extremadura y en
Andalucía--, y cuando casi todo el territorio nacional afectado tiene,
consecuentemente, necesidad de ayudas y de créditos extraordinarios,
resulta que en Andalucía, y más concretamente en la provincia de Sevilla,
nos encontramos, además, con el triste colofón de los lodos de las minas
de Aznalcóllar.

Pues bien, se supone y se espera que, lógicamente, estas circunstancias
muevan a la solidaridad y a la colaboración entre todas las
Administraciones; se supone que esto debe llamar a aunar voluntades y
recursos, a contribuir con todos los medios disponibles y con la mayor
prontitud a ayudar a quienes más lo necesitan. Pero, señorías, de ser
así, estaríamos en otro país, mejor dicho, tendríamos otro Gobierno. La
falta de diligencia, la insuficiencia de medios o la arbitrariedad son
los principales méritos de este Gobierno y lo que agrava de año en año
las ayudas por inundaciones en lo que a Andalucía se refiere. Pero
también está la altanería en las negociaciones, así como la deslealtad
institucional, lo que empieza a preocuparnos porque, de momento, también
está ocurriendo incluso dentro de los Gobiernos del propio Partido
Popular. Está ocurriendo, por ejemplo, en el Principado de Asturias esa
ruptura del principio básico de solidaridad interna.

Por tanto, sepa, Ministra, que el sectarismo puro y duro, más aún que la
incompetencia, es el que agravia en este caso, el que agravia mucho más
que cualquier otro puesto que proviene de quien precisamente está
obligado a hacer lo contrario.

Señora Ministra, este Gobierno tiene un arte muy especial para empeorar
cualquier mala situación, sobre todo cuando se trata de Andalucía, y para
hacer un discurso en Andalucía y otro discurso en Madrid. Está rizando el
rizo de su egoísmo político a riesgo de destruir, como he dicho, el
principio básico de solidaridad interna dentro del Estado español, y eso
lo hace sea con el modelo de financiación autonómica, sea con las
inversiones de obra civil, sea con las políticas sociales o en la falta
de respeto a la oposición parlamentaria y a nuestro trabajo legislativo y
de control de Gobierno. Estos son todos los síntomas, señora Ministra, de
un auténtico demócrata sobrevenido, que como carece de arraigadas,
antiguas y profundas convicciones hay que estar todo el día desde la
oposición recordándole lo que es evidente: que hay que gobernar para
todos los ciudadanos y para todos los territorios, con justicia y sin
discriminaciones, y que ésta es una obligación y no es un mérito, ni
mucho menos un favor.

El discurso de la Ministra es habitualmente competencial: «mis
competencias son», «llegan hasta», «yo estoy». No es un discurso con
sentido global, con sentido de colaboración institucional o con sentido
de Estado, sino que es partidario, insolidario y suele ser defensivo.




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Yo pido a la Ministra que lo reconsidere y que lo oriente de otra manera,
porque comprendo que el Gobierno central tiene un límite máximo de sus
recursos propios, pero comprendo muchísimo más que la Junta de Andalucía
tiene ese límite máximo de sus propios recursos mucho más restringido,
entre otras cosas porque tiene que financiar de su propio ahorro los
servicios de casi 400.000 andaluces que no participan en los ingresos del
Estado, porque el Gobierno de España no quiere reconocer la población
real de Andalucía, porque no quiere reconocer su censo. Por lo tanto, los
límites económicos del Gobierno andaluz no sólo vienen de las
competencias y del Presupuesto, sino también del sistema de financiación
arbitrario que produce esta situación.

Señora Ministra, el discurso del Partido Popular en Andalucía es un
discurso bastante aceptable. Espero que en Madrid sea coherente con lo
que se ha votado en el Parlamento de Andalucía, además por unanimidad de
todos los Grupos.

Son muchas las preguntas que le he hecho, señora Ministra; espero sus
respuestas y espero también que corrija lo que no parecen agravios
injustificables e injustificados, que corrija el procedimiento, que
corrija los créditos al aumento y que nos asegure las partidas que desde
los distintos departamentos, desde los distintos Ministerios van a venir
para subvenir a los desastres por lluvias e inundaciones que hemos tenido
este año.

Muchas gracias, señor Presidente.




El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, Senadora Arnáiz de las Revillas.

La señora Ministra de Medio Ambiente tiene la palabra.




La señora MINISTRA DE MEDIO AMBIENTE (Tocino Biscarolasaga): Muchas
gracias, señor Presidente.

Señorías, escuchando a la Senadora Arnáiz me preguntaba yo cuál era el
motivo de esta interpelación, porque a lo mejor la señora Arnáiz no se
acuerda de que ella tenía intención de interpelar el Gobierno, y
concretamente al Ministro del Interior, a quien he venido a sustituir
esta mañana, sobre los criterios, prioridades y plazos a aplicar por el
Gobierno en la adjudicación de las ayudas extraordinarias y de urgente
necesidad para la reparación de los daños causados por las lluvias e
inundaciones acaecidas durante los últimos meses de 1997 y los dos
primeros de 1998 en las Comunidades Autónomas de Andalucía, Aragón,
Castilla-La Mancha, Castilla y León y Cataluña. Señorías, éste era el
motivo de la interpelación y ésta es la razón por la que yo asisto aquí
esta mañana.

He estado a punto de ser interpelada sobre declaraciones de impacto
ambiental en cuanto me han visto entrar los representantes del Grupo
Parlamentario Socialista en una interpelación que no tenía absolutamente
nada que ver con la Ministra de Medio Ambiente, cuando yo he venido esta
mañana con sumo gusto a sustituir al Ministro del Interior, que está de
viaje. No sé si se ha retrasado mucho o poco en contestar a esta
comparecencia. Lo que sí le puedo decir es que anteayer me pidieron que
viniera a suplir al Ministro del Interior y vengo a hacerlo con mucho
gusto. Pero, fíjense, lo que ha quedado ya aplicado a la Ministra de
Medio Ambiente en el «Diario de Sesiones». Se me ha acusado de falta de
diligencia, de que no pongo medios, de que soy arbitraria, altanera en
las negociaciones, desleal institucional, egoísta política, demócrata
sobrevenida... (Risas.) Es tan absurdo que tienen que comprender la risa
que me produce, ya que pensé que venía a oír una interpelación con cierto
rigor. Esto es lo que me ha tocado a mí escuchar esta mañana
sencillamente porque he venido a explicar qué es lo que el Gobierno está
haciendo.

Yo celebro que su señoría, que debe de tener más tiempo disponible que
yo, haya podido leer los periódicos, estar muy informada y decirnos todo
lo que ocurre en la prensa de hoy. Hasta ha llegado a hablar de Asturias.

Lástima que se haya olvidado de leer las primeras páginas de los
periódicos que se refieren al caso Marey. Justamente eso es lo que se le
ha olvidado, señoría, pero también viene en los periódicos (Risas en los
escaños del Grupo Parlamentario Popular.), y quiero recordárselo yo.

Lo que sí le aseguro es que nosotros, a quienes usted llama demócratas
sobrevenidos, gobernamos para todos, y eso sí, lo hacemos con la ley en
la mano, no al margen de ella, señoría. (Protestas en los escaños del
Grupo Parlamentario Socialista.--El señor Díez González pronuncia
palabras que no se perciben.)
De todas formas, yo quiero ceñirme a lo que es el tema de su
interpelación, al menos en el orden del día. Deseo decirle, señoría, que,
en efecto, desde finales de 1996 y de manera prácticamente ininterrumpida
durante el año 1997, ha sido frecuente en nuestro país la aparición de
fenómenos atmosféricos adversos, cuya intensidad ha producido cuantiosos
daños en numerosos lugares y comarcas de la geografía española. El
Gobierno ha actuado de modo eficaz y oportuno, como lo demuestra la
aprobación, durante el año 1997, de seis reales decretos leyes de medidas
urgentes para paliar los efectos derivados de aquéllos.Y fíjese usted qué
discriminación habrá con la Junta de Andalucía, que cuantas veces ha
tenido alguno de estos problemas de inundaciones se ha acudido a
solventar problemas de la Comunidad Autónoma de Cantabria, de Andalucía,
de Extremadura, de Castilla-La Mancha y Valencia, de Guipúzcoa, de
Andalucía, de Aragón, de Asturias, de Cantabria, de Castilla-La Mancha,
de Castilla y León, de Cataluña, de Extremadura, de Valencia, de La
Rioja, de Galicia, de Murcia y del País Vasco, de Extremadura y,
nuevamente, de la provincia de Huelva, nuevamente de la Comunidad
Autónoma de Andalucía, Castilla-La Mancha, Región de Murcia y Valencia,
por un importe de 41.320 millones de pesetas, señorías, al margen de los
2.000 millones de pesetas que preocupan a su señoría en el día de hoy.

(El señor Vicepresidente, Aguilar Belda, ocupa la Presidencia.)
Durante los últimos meses de 1997 y los primeros de 1998, nuevamente se
sufrieron esas adversidades meteorológicas en gran parte de la península,
con sucesos ininterrumpidos de lluvias generalizadas, fuertes tormentas y
temporales de carácter local, que afectaron de nuevo a amplias zonas de
las Comunidades Autónomas de Andalucía, Aragón, Castilla-La Mancha,
Castilla y León y Cataluña,



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provocando inundaciones y desbordamientos de ríos y arroyos que causaron
daños de diferente intensidad en producciones, infraestructuras y
servicios públicos y privados, viviendas, industrias y comercios.

Ante esta situación, el Gobierno aprobó el Real Decreto Ley 2/1998, de 15
de abril, por el que se adoptaban medidas urgentes para reparar los daños
causados, concediendo un crédito extraordinario, por importe de 2.000
millones de pesetas en esta ocasión, para la financiación de ayudas.

Las medidas contenidas en el Real Decreto Ley mencionado son la
siguientes. En primer lugar, la concesión de una subvención estatal, de
hasta un 50 por ciento, a los proyectos de entidades locales para la
reparación de infraestructuras y equipamientos. En segundo lugar,
indemnizaciones por daños directos ocasionados por inundación, lluvia,
arrastre de tierras y/o vientos huracanados, en producciones agrarias
aseguradas por el Seguro Agrario Combinado, cuando los riesgos causantes
del daño no sean susceptibles del aseguramiento. En tercer lugar,
declaración de emergencia de las obras de reparación en infraestructuras
hidráulicas, costas, restauración hidrológica forestal y conservación de
suelos en las cuencas hidrográficas afectadas, todas ellas iniciadas ya,
y algunas finalizadas, señoría.

En cuarto lugar, exenciones o reducciones tributarias en los siguientes
impuestos: sobre Bienes Inmuebles de naturaleza rústica y urbana; sobre
Actividades Económicas para las empresas cuyos locales hayan sufrido los
efectos de las inundaciones y temporales; y sobre determinados medios de
transporte.

Se establece asimismo la exención de tasas de matriculación de la
Jefatura Central de Tráfico en relación con vehículos siniestrados y la
reducción en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas para los
agricultores afectados.

En quinto lugar, se establecen medidas relativas a los expedientes de
regulación de empleo como consecuencia de estos fenómenos, los cuales
tendrán la consideración de ocasionados por fuerza mayor. Asimismo, la
exención de cuotas a la Seguridad Social y prestaciones por desempleo.

En sexto lugar, concesión de ayudas de emergencia por el Ministerio del
Interior, en virtud de la Orden de 18 de marzo de 1993 para paliar daños
materiales.

En séptimo lugar, líneas de préstamo o bajo interés por parte del
Instituto de Crédito Oficial por un importe de 3.000 millones de pesetas
para anticipar la reparación o reposición de instalaciones industriales y
mercantiles, explotaciones agrarias y ganaderas, así como locales de
trabajo.

La financiación de estas ayudas se realizará del siguiente modo: un
crédito extraordinario de 900 millones de pesetas concedido al Ministerio
del Interior para las ayudas a familias y particulares; un crédito de
1.100 millones de pesetas concedido al Ministerio de Administraciones
Públicas para las ayudas a la reparación de infraestructuras y bienes a
las Corporaciones Locales; el resto de las medidas contempladas se
financiará con cargo a los presupuestos ordinarios de los departamentos.

Por tanto, estos 2.000 millones de pesetas que establece el Real Decreto
Ley en su artículo 10, que la Senadora califica en su interpelación como
insuficientes, van destinados, exclusivamente, a financiar las ayudas de
emergencia que concede el Ministerio del Interior a través de la
Dirección General de Protección Civil y al pago de las subvenciones que
el Ministerio de Administraciones Públicas concede en base a los
proyectos que presentan para la reparación o restitución de
infraestructuras, equipamientos o instalaciones, así como servicios
contemplados en el artículo 26 de la ley 7/1985, de 2 de abril,
reguladora de las bases de Régimen Local y a la red viaria de titularidad
de las Diputaciones Provinciales. Estas subvenciones pueden alcanzar el
50 por ciento del coste total de los proyectos, y a ello se destinan
1.100 millones de pesetas. El resto, es decir, 900 millones, como ya se
ha señalado, va destinado a financiar las ayudas de emergencia a conceder
a familias y ayuntamientos, en las cuantías y con los requisitos que
establece la mencionada Orden del Ministerio del Interior, de 18 de marzo
de 1993 y a las que el propio Real Decreto ley define como excepcionales
a aplicar en los términos municipales de Ecija y Camas, como su señoría
ha mencionado.

Este carácter de excepcionalidad viene impuesto por dos circunstancias:
en primer lugar, por la gravedad de los efectos de las lluvias
torrenciales en estas dos localidades sevillanas, especialmente en Ecija,
donde la fuerte crecida del río Genil afectó a un tercio de la población
del municipio, con daños cuantiosos en viviendas y enseres de
particulares, con un número de personas evacuadas superior a 200.

En segundo lugar, y a la vista de las primeras ayudas concedidas por el
Ayuntamiento de Ecija a los afectados en forma de enseres y
electrodomésticos, considerando el propio Ayuntamiento que el régimen de
ayudas de emergencia habituales que concede la Dirección General de
Protección Civil ante supuestos similares, tanto por su cuantía como por
los requisitos exigidos a los beneficiarios para la percepción de las
mismas, no era el adecuado para hacer frente a la situación creada, se
solicitó del Ministerio del Interior, a través de la Subdelegación del
Gobierno en Sevilla y de la propia Dirección General de Protección Civil,
que se incluyera para estos dos municipios un sistema de ayudas similar
al adoptado con motivo de la catástrofe de Badajoz en lo relativo a
reposición de enseres y reparación de viviendas afectadas.

Este régimen especial de ayudas, en contra de lo que se afirma en la
interpelación, no sólo no es discriminatorio, entendiendo este término en
el sentido de menos ventajoso, sino que puede suponer que en la mayoría
de los casos las familias afectadas en Camas y Ecija, y con la voluntad
de participación de las Administraciones Autonómicas y Locales en la
concesión de ayudas para el restablecimiento de la normalidad, sean
resarcidas por valor de la totalidad de los daños causados.

El Real Decreto ley prevé un máximo de ayudas por familia de 4 millones
de pesetas, de las que el 50 por ciento serían sufragadas por la
Administración General del Estado, sin tener en cuenta los límites que
marca la Orden del Ministerio del Interior, de 18 de marzo de 1993, en
relación con las cuantías máximas a conceder, que son sensiblemente



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inferiores a la cantidad fijada, ni con el nivel de renta de los posibles
beneficiarios, razón por la cual no puede afirmarse que, en el caso de
Ecija y Camas, sólo reciban del Estado el 50 por ciento de las ayudas a
particulares para vivienda y enseres, mientras que el resto de los
afectados en las cinco Comunidades Autónomas en las que se aplica el Real
Decreto, vayan a recibir el importe de los daños sufridos. Más bien, la
situación es a la inversa. Es decir, que en Ecija y Camas los afectados
pueden recibir el cien por cien del importe de los daños gracias, hay que
insistir, a la decidida voluntad de participación de las Administraciones
Autonómicas y Locales, mientras en el resto de los municipios afectados
se aplica en su literalidad la tantas veces repetida Orden de 18 de marzo
de 1993, en las cuantías y con los requisitos mencionados.

Por lo tanto, señoría, en cuanto a esas prioridades y plazos para aplicar
estos criterios por parte del Gobierno en la adjudicación de ayudas para
reparación de los daños, las ayudas destinadas a familias, corporaciones
locales y personas físicas y jurídicas requeridas por la autoridad
competente con ocasión de la emergencia, cuya concesión es competencia de
la Dirección General de Protección Civil, las prioridades, criterios y
plazos son los que con carácter general establece la ya tantas veces
reiterada Orden Ministerial de 18 de marzo de 1993, y en el caso concreto
de Ecija y Camas éstas se concederán a la vista de la propuesta de la
Comisión Técnica Mixta creada al efecto. (El señor Presidente ocupa la
Presidencia.)
Muchas gracias, señor Presidente. (Aplausos.)



El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Ministra de Medio Ambiente.

Tiene la palabra la Senadora Arnáiz.




La señora ARNAIZ DE LAS REVILLAS GARCIA: Gracias, Presidente.

Señora Ministra, verdaderamente es usted asombrosa. Mantiene el discurso
competencial incluso dentro de su propio Gabinete. ¡Que yo pasaba por
aquí, que esto era para el señor Ministro de Interior! Usted no asume su
representación colectiva en el Gobierno y su responsabilidad cuando viene
aquí. Cuando se interpela al Gobierno --porque aunque como Ministra no
tendría por qué saberlo, como diputada o ex diputada sí tendría que
conocer el procedimiento parlamentario-- no se interpela a un Ministro
concreto --en este caso al Ministro del Interior--, sino que viene quien
quiere del Gobierno. La vez anterior vino el señor Rato y hoy viene
usted. «Yo venía de sustituta, pasaba por aquí y mira con lo que me
encuentro.» Usted representa a un Gobierno, lo que pasa es que lo
representa mal, que es otra cuestión. (Aplausos en los escaños del Grupo
Parlamentario Socialista.)
La interpelación no era al Ministro de Interior, sino al Gobierno. Este
decreto ha sido convalidado en el Congreso y varios grupos parlamentarios
pidieron que se tramitara como proyecto de ley por el interés que tenía.

Evidentemente, no veo que tenga sensibilidad. Se ha dedicado a leer el
decreto, o sea, venir aquí a contestar a una interpelación de por qué un
decreto es así y dedicarse a leer el decreto se traduce en que usted
tiene que cambiar de personas que le escriban los papeles, porque eso no
es presentable en el Senado de España, señora Ministra, no es
presentable. (Rumores en los escaños del Grupo Parlamentario Popular.)
Usted se ha declarado a sí misma Ministra suplente, que pasaba por aquí y
mira con lo que me encuentro, y ha salido hablando del caso Marey. Me
gustaría también preguntarle algunas cosas al señor Cascos del caso
Marey, pero en otra iniciativa, no en este momento, y también me gustaría
preguntarle por las razones particulares y privadas por las que se crea
un conflicto institucional en Asturias, pero no en este momento. No tenga
mal gusto, señora Ministra, y no mire hacia atrás permanentemente porque
se va a quedar usted convertida en una estatua de sal. No mire hacia
atrás, tiene responsabilidad de gobierno, tiene la obligación de
gestionar y dejen ustedes a los tribunales cumplir con su obligación y
hacer lo que tienen que hacer. Dedíquese a hacer la política que tiene
que hacer, que es la de esta tribuna y la de su Departamento, si es que
se entera de lo que pasa. ¿O es que no se ha enterado de que en el último
Consejo de Ministros aprobaron unos presupuestos para Ecija,
concretamente para la realización de obras en el río Genil, por un
importe de 67 millones de pesetas? Calderilla, ¿no? Eso no supone ni el
mantenimiento ordinario del río Genil en Ecija. Eso se ha aprobado en el
último Consejo de Ministros para su Departamento. ¿O es que no se ha
enterado?
La financiación condicionada de la Junta de Andalucía es algo que yo no
puedo admitir sin que se haya negociado. Imagínense si eso se le plantea,
o algo parecido, al Gobierno de la Generalitat del señor Jordi Pujol.

¿Dónde estaríamos en estos momentos? Saldríamos en todos los periódicos
del «mundo mundial». Estaríamos absolutamente dando el campanazo por ahí.

No se puede hacer eso con unas administraciones, no se puede tener esa
deslealtad institucional, no se puede obligar a una financiación
condicionada en un caso excepcional y en los demás dejarlo con criterio
general a financiación incondicionada y, además, en una cuantía
porcentual mayor, no en términos absolutos, porque los daños no han sido
mayores, pero sí porcentualmente mayores.

Otra cosa, señora Ministra, es la voluntad de dilación de este asunto.

Intentar crear el 17 de abril una comisión técnica que evalúe los daños
cuando están aquí evaluados los daños y con fecha muy anterior por esa
comisión técnica no es querer bajarse a la realidad, no querer bajar a
Andalucía, no querer hablar con estas personas de aquí que representan a
los municipios de Camas y de Ecija, que han estado clamando por las
subvenciones este año y también clamaron el año pasado, con los
empresarios de Ecija, que dicen que el decreto les discrimina con
respecto al que se hizo para Extremadura.

Usted no me contesta a nada de eso. Cada vez que los cargos públicos y
los parlamentarios del Partido Popular van por allí prometiendo cosas
crean expectativas que no se cumplen y después culpan de ello a la Junta
de Andalucía.




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¿Qué va a pasar con la agricultura? ¿Qué va a pasar con los créditos ICO
para Andalucía? ¿Cuándo va a llegar el dinero? ¿Cuándo llega el dinero a
Camas y a Ecija? Conteste, señora Ministra, usted es parte del Gobierno
y, aunque no le guste o le incomode, tiene la obligación parlamentaria de
hacerlo. No se trata de un favor especial que nos haga a nadie, tiene la
obligación de venir aquí y responder de su gestión en el Gobierno y
colectivamente de la de sus compañeros. (Aplausos en los escaños del
Grupo Parlamentario Socialista.)



El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, Senadora Arnáiz de las Revillas.

¿Turno de portavoces? (Pausa.)
¿Grupo Parlamentario Mixto? (Pausa.)
¿Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos? (Pausa.)
¿Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió?
(Pausa.)
¿Grupo Parlamentario Socialista? (Pausa.)
¿Grupo Parlamentario Popular? (Pausa.)
Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el señor Moya.




El señor MOYA SANABRIA: Muchas gracias, señor Presidente.

Señorías, señora Ministra, Senadora Arnáiz, tengo la obligación de
olvidarme en este momento de que usted ha venido aquí a decir, una vez
más, que el Gobierno del señor Aznar tiene la culpa de todas las cosas
que pasan en Andalucía, incluido que en estos momentos esté lloviendo
demasiado y que, a lo mejor, el trigo tiene exceso de agua. Me voy a
olvidar de ese tema porque hay personas que están afectadas por una
situación dramática y creo que el problema es suficientemente serio como
para no perder ni un segundo más en cuestiones que no afectan a esos
ciudadanos que --según usted ha señalado-- están presentes en la tribuna.

(Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Popular.)
Créame, a cualquier Gobierno --a usted le consta-- le encantaría atender
al máximo los deseos de los ciudadanos ante cualquier situación, y mucho
más cuando son situaciones dramáticas por daños causados por una
catástrofe. A usted le consta que los daños, incluso morales, que ha
ocasionado esta catástrofe a los ciudadanos nunca podrán ser atendidos a
plena satisfacción de éstos, porque son de tal magnitud que el dinero
solamente no podría repararlos.

Desgraciadamente, la responsabilidad de quien gobierna una familia, una
empresa o un gobierno hace incompatible los deseos con las posibilidades
de atender las legítimas peticiones de un hijo, de un proveedor o de un
ciudadano.

Desgraciadamente, la justicia subjetiva de los ciudadanos dañados nunca
se puede anteponer a la justicia objetiva a la que un gobierno está
obligado a someterse en cumplimiento de las normas en vigor.

Desgraciadamente, la solidaridad siempre será escasa en estas
situaciones.

Esas son las premisas fundamentales. Si usted me las acepta podremos
empezar a dialogar sobre la problemática que han sufrido los andaluces a
raíz de las inundaciones y, más concretamente, los ciudadanos de Camas y
de Ecija. Si usted no me acepta esos planteamientos y empezamos a hablar
desde la irresponsabilidad, esos ciudadanos seguirán dañados, y yo no voy
a permitirlo.

Me habla usted de la insuficiencia de los créditos aprobados. Ya le he
dicho que la opinión de todos es que seguramente son insuficientes. Pero
usted me habla sólo de los 2.000 millones. Empieza a criticar la cuantía
del crédito extraordinario, pero no tiene a bien establecer cuáles son
los otros tipos de créditos fiscales, laborales y financieros que se
establecen en ese decreto, que también son ayudas. Usted olvida los
créditos ordinarios que están librando los propios Ministerios para
acometer el arreglo de los daños en infraestructuras, dentro de la
viabilidad que tienen los presupuestos de cada ministerio. Tampoco dice
que la Comisión Interministerial ha evaluado los daños de todas las
Comunidades Autónomas y ha decidido aplicar, de los 900 millones de ayuda
a la vivienda y enseres, 500 millones expresamente para Ecija y Camas, y
de los 1.100 millones para infraestructuras, 750 millones para Andalucía.

Es conveniente decir toda la verdad, porque la verdad a medias es la peor
de las mentiras, señora Arnáiz.

Además, calla la disposición adicional primera en la que se dice
claramente: sin perjuicio de las competencias de las Comunidades
Autónomas y de los Estatutos de Autonomía. Esto es un precepto
constitucional del que podemos participar o no; o creemos en la capacidad
de autogobierno, en las competencias de los autogobiernos de las
Comunidades Autónomas, en la responsabilidad de los gobiernos de las
Comunidades Autónomas para con sus ciudadanos o no creemos, pero si
siempre estamos clamando a papá Estado para que solucione los problemas
que los autogobiernos de las Comunidades Autónomas no son capaces de
solucionar, entonces estamos engañando a los ciudadanos. ¡Andalucía es
responsable también ante los ciudadanos! (Rumores.)



El señor PRESIDENTE: ¡Silencio!



El señor MOYA SANABRIA: El Estado es responsable ante los ciudadanos,
pero la Comunidad Autónoma, también. Por tanto, usted también tiene que
interpelar al Gobierno andaluz por la situación en la que se encuentran
los ciudadanos de Ecija y Camas, señora Arnáiz.

Además, habla usted de que el 50 por ciento para paliar la situación de
Ecija y Camas es insuficiente. En la Orden Ministerial que hicieron
ustedes en el año 1993 hay un límite máximo para el arreglo de viviendas
de un millón y medio de pesetas para el supuesto de que la vivienda haya
desaparecido. Estamos de acuerdo, ¿no? (La señora Arnáiz de las Revillas
García: No.) En ese caso, léase la Orden Ministerial porque eso viene en
esa Orden Ministerial. Además, esta Orden Ministerial establece unos
blindajes tan importantes que es muy difícil que un ciudadano pueda
acceder a esa subvención si no ha estudiado 25 carreras.




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Nosotros hemos dicho que el límite está en cuatro millones. Luego si el
50 por ciento es lo que da el Estado y si ustedes establecían en la Orden
Ministerial un máximo de un millón y medio, esta vez el Estado ya da más
que ustedes porque da, como máximo, los dos millones de pesetas, en el
supuesto de que la Junta de Andalucía no esté dispuesta a cumplir con su
obligación de dar el otro 50 por ciento. Es más, si la vivienda no ha
desaparecido sino únicamente los enseres, lo máximo que dan son 250.000
pesetas, mientras que nosotros, con independencia de los daños causados,
los datos se evaluarán, sean cuales sean, con el límite de esos cuatro
millones.

Por lo tanto, no me diga usted que Ecija y Camas han salido perjudicados
en ese decreto porque es falso, es radicalmente falso, señora Arnáiz.

Por otra parte, yo no comprendo que la Mesa haya aceptado una
interpelación sobre cuestiones que están establecidas en un real decreto.

Usted pregunta sobre cuestiones que están resueltas en el real decreto,
y, además, usted misma ha dicho después, que antes no lo expuso, que
están convalidadas por unanimidad de las fuerzas políticas en el
Parlamento. Usted quiere ahora coger el rábano porlas hojas y decir que
no, que ustedes son los buenos y los demás son los malos. No, mire usted,
aceptemos todos las responsabilidades. Las responsabilidades de gobierno
en casos lamentables como éstos desgraciadamente son difíciles de asumir,
pero vamos a asumirlas todos desde nuestra responsabilidad para procurar,
por todos los medios, que ésta sea la mejor solución.

Si usted me dice que no está de acuerdo con el sistema impuesto por las
Ordenes Ministeriales del 30 de marzo de 1993 y 31 de julio de 1989 que
hicieron ustedes, yo le puedo decir que interpele al Gobierno sobre esas
órdenes que dieron y es posible que, entre todos, establezcamos un
diálogo. Pero insisto, el Gobierno central, en el sistema actual del
Estado español, no puede dictar una regla si el Gobierno de la Comunidad
Autónoma correspondiente no está dispuesto a asumir su responsabilidad,
no hay norma que impida la posibilidad de que los ciudadanos se vean
perjudicados.

Usted critica la Comisión Mixta; la Comisión Mixta es lo que el Gobierno
ha valorado al decir que nos sentemos alrededor de una mesa, aceptemos
cada Gobierno --el central, el autonómico y el provincial-- nuestras
responsabilidades y expongamos las capacidades de competencias y
financieras que tengamos cada uno.




El señor PRESIDENTE: Senador Moya, vaya terminando, por favor.




El señor MOYA SANABRIA: Termino ahora mismo, señor Presidente.

Señora Arnáiz, si el tema es sacar un titular periodístico, me callo;
pero, de todas formas, como decía un político admirado, sobre todo por
ustedes, por lo menos antes, le voy a decir una cosa sin acritud. Si el
tema consiste en sacar un titular periodístico, le voy a dar hoy uno:
hasta el día de hoy nuestro Gobierno, el de la Comunidad Autónoma de
Andalucía, no ha dicho cuánto va a poner, ni cómo va a hacer para
sufragar ese 50 por ciento que le corresponde por su competencia y pagar,
así, los daños de vivienda a los ciudadanos de Ecija y Camas.

Muchas gracias. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario
Popular.)



El señor PRESIDENTE: Gracias, Senador Moya. (La señora Arnáiz de las
Revillas García pide la palabra.)
Senadora, no tiene turno de intervención.




La señora ARNAIZ DE LAS REVILLAS GARCIA: Sí, por el artículo 87.




El señor PRESIDENTE: No. Usted ya ha realizado la intervención anterior
al amparo del artículo 87. Al dar respuesta a la interpelación ha
consumido el uso de la palabra que le concede el citado artículo. Es el
Reglamento, no me lo invento yo.

Señora Ministra, tiene la palabra.




La señora MINISTRA DE MEDIO AMBIENTE (Tocino Biscarolasaga): Gracias,
señor Presidente.

Señoría, yo no pasaba por aquí. Le aseguro que he venido «ex profeso» a
responder a esta interpelación. Yo no venía al Senado, he venido a
contestar, y he venido a dar respuesta a muchas de las impertinencias que
plantea su señoría. (Rumores.) Y quiero que revise su señoría el «Diario
de Sesiones» para que se dé cuenta de que los temas que le han molestado
de mi contestación no han sido más que una respuesta a los temas que ha
planteado su señoría. Como el «Diario de Sesiones» es fidedigno,
comprobará al leerlo que la que no tenía mucha intención de venir a
hablar del tema que nos convoca hoy es su señoría y que, a lo mejor, ha
sido la prensa de hoy la que le ha inspirado otros temas.

Vamos a entrar en los temas de los que usted me está acusando. Quiere que
hablemos de gestión; quiere usted que hablemos de esa insolidaridad que
dice que tiene este Gobierno. ¿Quiere usted que hablemos de lo que nos
hemos tenido que hacer cargo, como no podía ser de otra forma --y lo
hemos hecho gustosos porque había que solventar esos problemas--, en
Biescas, en Badajoz, en Melilla, en el vertedero de Bens y en Doñana?
¿Quiere que le cuente, señoría, eso que usted dice sobre que la Ministra
no asume sus competencias y que representa mal al Gobierno? En la medida
en que a este Gobierno le funciona muy bien la situación económica, tiene
satisfechos a los pensionistas porque tienen garantizadas sus pensiones
por ley, cosa que no tenían antes... (La señora Arnáiz de las Revillas
García: ¿Qué tiene que ver eso?--Grandes rumores.)... y se vive una
situación en la que se crean puestos de empleo cada día, es lógico que
para ustedes este Gobierno funcione muy mal, porque cada vez ven más
difícil volver a gobernar en España. En ese sentido, no es de extrañar
que ustedes siempre hablen de lo mal que lo estamos haciendo.

Señoría, si usted quiere que hablemos de todos esos casos, sabe usted que
las competencias de haber evitado las tragedias producidas en Biescas, en
Badajoz, en Melilla,



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en Bens y en Doñana dependen de una muy mala gestión socialista. Todas
ellas, y yo comprendo que a usted le moleste. Pero precisamente por su
mala gestión, que estaban gobernando al frente de Comunidades Autónomas y
de ayuntamientos cuando se producen esta serie de catástrofes, el
Gobierno actual es el que, desde un espíritu absolutamente solidario, ha
estado allí desde el principio para dar soluciones a los problemas y
realizar una gestión adecuada.

No creo que sea el momento de hablar de ninguno de estos temas, pero
bochorno me produciría a mí estar apoyando a un Gobierno, y pongo como
ejemplo el de la Junta de Andalucía, que, según cuentan los medios de
comunicación --y de ser cierto es para que se les caiga la cara de
vergüenza--, cuando se quiere poner a hablar con los agricultores de cómo
es posible recoger, no los lodos, sino simplemente las cosechas, intenta
sacar beneficio de la empresa Boliden y quería cobrar cinco veces más de
lo que finalmente cobrarán los propietarios de las fincas. Creo que esto
también será motivo de alguna otra interpelación en el foro adecuado, que
puede ser el Parlamento de Andalucía. (El señor Rojo García: Lo dice el
«ABC».)
Volvamos a lo que estábamos comentando, que es el motivo de esta
interpelación. El motivo de esta interpelación venía a ser este tipo de
ayudas que acabo de exponerle, señoría, de qué manera se están haciendo.

En la medida en que usted ha hablado de discriminaciones, le podría decir
que la discriminación positiva, en este caso, no es hacia la Generalitat
de Cataluña --como su señoría ha insinuado--, sino --¡qué casualidad!--,
la discriminación positiva ha sido nada menos que hacia la Junta de
Andalucía. Porque mientras se han concedido créditos para la Generalitat
de Cataluña por importe de 10 millones de pesetas, del resto de las
ayudas en relación a los 1.100 millones de pesetas del Ministerio del
Interior, Lleida tiene 10 millones mientras que, en Andalucía, Cádiz
lleva 10 millones; Córdoba, 62 millones; Granada, 22 millones; Jaén, 35
millones; Málaga, 350 millones, y Sevilla, 280 millones. Dígame usted, de
este Decreto tan escaso, dónde está la discriminación de esos 1.100
millones hacia la Generalitat de Cataluña, como decía su señoría, y en
dónde se están haciendo las inversiones.

Por lo que respecta a las inversiones que hemos asumido los distintos
Ministerios, y para que pueda comprobar que no soy una Ministra que esté
sustituyendo a nadie y que por esa razón --como afirma su señoría-- no
quiere responder, yo sí le puedo contestar cómo se actúa en el Ministerio
de Medio Ambiente, y si no puedo contestar a cómo van a asumir los demás
Ministerios sus compromisos es porque en este momento desconozco lo que
tienen que hacer, como parece que todavía la Junta de Andalucía no se ha
puesto en marcha en ese 50 por ciento de sus competencias señalando qué
es y cómo lo va a financiar, pero lo que sí le puedo decir, señoría, es
que de un presupuesto del Ministerio de Medio Ambiente dedicado no
solamente a solventar problemas eventuales, sino a realizar obras básicas
como, por ejemplo, de encauzamientos y defensas, en 1998 el Ministerio de
Medio Ambiente tiene una inversión de 11.579,2 millones de pesetas. Para
la regulación y laminación de avenidas tenemos una inversión de 30.301
millones de pesetas; es decir, 41.800 millones de pesetas, señoría, van
destinados precisamente a evitar situaciones como las que hemos tenido
que solventar porque quienes estuvieron gobernando 14 años antes no
hicieron este tipo de inversiones que evitaran que año tras año se
produjeran las inundaciones y las catástrofes --más de una,
lamentablemente, con muertos--, como las que hemos padecido desde que
hemos llegado al Gobierno. Y precisamente para solucionar estos problemas
de una manera mucho más profunda es por lo que el Ministerio que dirijo
ha invertido en este año 1998 --todavía le queda el resto de los meses
para terminar esta inversión-- un total de 41.800 millones de pesetas.

En el caso concreto de este escaso Decreto que hoy estamos comentando, yo
sí que le puedo responder de lo que son competencias del Ministerio de
Medio Ambiente. Y puedo decirle que la Dirección General de Costas
--solamente en relación con este Decreto y, por lo tanto, al margen de
los 2.000 millones de pesetas-- ya ha ejecutado una serie de obras, como
las siguientes: en costas ha realizado un total de 900 millones 400.000
pesetas. Asimismo, he de decirle que si alguien ha faltado realmente a la
solidaridad ha sido su señoría, porque tanto que habla del Senado, Cámara
parlamentaria de representación territorial, debería haber ostentado
también la representación de todos los damnificados y no haberse limitado
a hablar solamente de los problemas de la Junta de Andalucía, en la
medida en que este Decreto y las inversiones que se ponen en marcha son
para resolver los problemas que en esas mismas fechas sufrieron otras
personas con problemas similares a los que han padecido los
representantes de Andalucía --a los que, sin duda, representa su señoría
con mucha dignidad--, pero que en esta Cámara podría haberse acordado de
hablar por las demás personas. En Tarragona se han ejecutado obras por un
valor de 272 millones de pesetas; en Barcelona, por 188; en Girona, por
310 millones de pesetas; en Cádiz, por 38 millones de pesetas; en Málaga,
por 180 millones de pesetas, en costas, señoría.

En cuanto a las obras concretas que a su señoría le preocupan, queremos
evitar que año tras año haya que desalojar el pueblo de Odiel, como se
venía haciendo sistemáticamente todos los años, y por ello tenemos en
marcha esas inversiones, por un importe de 555 millones para el
acondicionamiento del río Odiel, en Gibraleón. Son obras que ya están
iniciadas, señoría; no es que las vayamos a poner en marcha porque su
señoría interpele al Gobierno en este momento.

Lo mismo le puedo decir de las actuaciones en el río Genil,
concretamente, en Ecija --el río Genil es mucho más que Ecija--, zona
donde precisamente se han hecho inversiones por valor de 67 millones de
pesetas para ampliar su cauce. El resto de las inversiones en el río
Genil van al margen de lo que han sido estas inundaciones.

En la misma línea, existen inversiones en Aragón de otros 50 millones de
pesetas, o en Castilla-La Mancha, donde se han invertido 175 millones de
pesetas en el término municipal de Almoguera, o de 147 millones de
pesetas



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en el encauzamiento del río Rus, en el núcleo urbano de San Clemente.

Yo tengo la obligación, señoría, de atender a todos los ciudadanos y a
todas las inversiones públicas que desde el Ministerio hay que poner en
marcha. Por eso, puedo decirle que justamente para este Decreto y para
solucionar los problemas de todas las personas que se han visto
afectadas, al margen de esa inversión que seguimos haciendo en el
Ministerio ya hemos puesto en marcha obras por valor de 2.198 millones
400.000 pesetas. Si quiere su señoría, le puedo hacer la relación de
todas las obras que el Ministerio de Medio Ambiente ejecutó a lo largo
del año 1997 por el procedimiento de emergencia para solventar todos los
problemas que hubo precisamente como consecuencia de inundaciones
similares a las que su señoría ha planteado en la pregunta.

Por lo tanto, he de decirle que este Gobierno lo que hace es,
efectivamente, cumplir con sus obligaciones y solventar los problemas que
dejó pendientes el Gobierno anterior, que después de catorce años de
gobierno no se dio cuenta de que, año tras año, la situación
climatológica de España llevaba a que, lamentablemente, si no se
solucionaban los problemas con infraestructuras o encauzamientos
adecuados, podíamos llegar a catástrofes, incluso con pérdida de vidas
humanas, como las que hemos tenido que padecer en este último año 1997,
precisamente porque quienes gestionaban, que eran del Partido Socialista,
consintieron hacer obras donde no debían y que se instalaran campings o
viviendas precisamente en conos de deyección de ríos o en zonas
inundables, de todos conocidas.

Muchas gracias, señor Presidente. (Aplausos en los escaños del Grupo
Parlamentario Popular.--Rumores en los escaños del Grupo Parlamentario
Socialista.)



El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Ministra. (La señora Arnáiz
de las Revillas García pide la palabra.)
Senadora Arnáiz, ¿a qué efectos pide la palabra?



La señora ARNAIZ DE LAS REVILLAS GARCIA: Señor Presidente, considero que
he sido aludida en mi condición de Senadora y en la forma de representar
a los ciudadanos en esta Cámara. He sido aludida directamente por la
Ministra, pero me atendré a lo que diga la Presidencia.




El señor PRESIDENTE: Senadora Arnáiz, creo que ha sido contradicha. En
todo caso, como decía el anterior Presidente del Congreso de los
Diputados, el señor Pons, ha sido mencionada, pero no aludida. Por tanto,
creo que el debate está terminado.

Se suspende la sesión hasta las cuatro de la tarde.




Eran las catorce horas y treinta minutos.




Se reanuda la sesión a las dieciséis horas.




El señor PRESIDENTE: Señorías, se reanuda la sesión.

DICTAMENES DE COMISIONES SOBRE PROYECTOS Y PROPOSICIONES DE LEY REMITIDOS
POR EL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS:



--DE LA COMISION DE OBRAS PUBLICAS, MEDIO AMBIENTE, TRANSPORTES Y
COMUNICACIONES EN RELACION CON EL PROYECTO DE LEY DEL SERVICIO POSTAL
UNIVERSAL DE LIBERALIZACION DE LOS SERVICIOS POSTALES. SE TRAMITA POR EL
PROCEDIMIENTO DE URGENCIA (S. 621/000091) (C. D. 121/000092).




El señor PRESIDENTE: Pasamos al punto tercero del orden del día:
Dictámenes de comisiones sobre proyectos y proposiciones de ley remitidos
por el Congreso de los Diputados. En primer lugar, de la Comisión de
Obras Públicas, Medio Ambiente, Transportes y Comunicaciones en relación
con el proyecto de ley del servicio postal universal y de liberalización
de los servicios postales. Se tramita por el procedimiento de urgencia.

Tiene la palabra el Senador Beguer i Oliveres para la presentación del
dictamen.




El señor BEGUER I OLIVERES: Muchas gracias, señor Presidente.

Señorías, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 120 del
Reglamento de la Cámara y con el acuerdo adoptado por la Comisión de
Obras Públicas, Medio Ambiente, Transportes y Comunicaciones, en su
reunión del día 3 de junio, tengo el honor de presentar ante el Pleno el
dictamen relativo al proyecto de ley del servicio postal universal y de
liberalización de los servicios postales.

El texto aprobado por el Pleno del Congreso de los Diputados,
correspondiente a dicho proyecto de ley, tuvo entrada en el Senado el día
22 de mayo, y de conformidad con el artículo 104 del Reglamento fue
remitido a la citada Comisión. Teniendo en cuenta que se había declarado
urgente su tramitación, se fijó como fin del plazo para la presentación
de enmiendas el martes 26 de mayo.

Se presentaron dos propuestas de veto, una por el Senador Román Clemente,
del Grupo Parlamentario Mixto, y otra por el Grupo Parlamentario
Socialista. Asimismo, se presentaron 343 enmiendas por parte de los
siguientes Senadores y grupos: el señor Román Clemente, del Grupo
Parlamentario Mixto; el señor Nieto Cicuéndez conjuntamente con la señora
Costa Serra, igualmente del Grupo Parlamentario Mixto. El Grupo
Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió. El Grupo
Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos. El Senador Ríos Pérez,
del Grupo Parlamentario Mixto. El Grupo Parlamentario Popular y el Grupo
Parlamentario Socialista.

La Comisión dictaminó el día 3 de junio. Se rechazaron las propuestas de
veto. En cuanto a las enmiendas, se aprobaron todas las del Grupo
Parlamentario Popular. Se han formulado siete votos particulares para
defender en el Pleno, referidos a las dos propuestas de veto y a todas
las enmiendas no aprobadas en Comisión, así como para mantener



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el texto remitido por el Congreso de los Diputados en diversos artículos.

Nada más y muchas gracias.




El señor PRESIDENTE: Gracias, Senador Beguer.

Este proyecto de ley tiene dos propuestas de veto que vamos a pasar a
debatir a continuación. En primer lugar, para la defensa del voto
particular número 3, que corresponde a la propuesta de veto número 1,
tiene la palabra el Senador Román Clemente.




El señor ROMAN CLEMENTE: Muchas gracias, señor Presidente.

Presentamos esta propuesta de veto por entender, señorías, que el
contenido del presente proyecto de ley debilita el carácter social y
público de la prestación postal, y todo ello, señorías, en beneficio del
sector privado, porque además establece un mercado asimétrico e
imperfecto, con una liberalización excesiva y acelerada, y, desde nuestro
punto de vista, con una regulación insuficiente.

Señorías, hay que recordar que desde 1969 se ha producido un proceso
liberalizador que ha provocado una desregulación muy superior a la de
cualquier país europeo. Baste revisar, por ejemplo, la situación en
Alemania, en Inglaterra, en Francia, para comprobar cómo el sistema
postal tiene una regulación que no se da en España. Desde Izquierda Unida
consideramos que es necesario regular nuestra realidad postal; que hay
que definir un servicio universal y cómo se puede prestar ese servicio
universal, desde la óptica del interés general.

Señorías, la realidad actual aconseja actuar en la modernización;
posibilitar que se pueda tener garantía de estabilidad a través de un
contrato-programa real, con capacidad de financiación, con aportación de
los agentes privados que se benefician de ese servicio universalizado.

Hay que recordar igualmente que la situación de falta de regulación se ve
agravada al encontrarse, insisto, el correo español en una situación de
debilidad estructural frente a sus competidores, tanto nacionales como
europeos con un desfase modernizador y con una importante falta de
inversiones, tanto en infraestructuras como en tecnología.

Desde nuestro punto de vista, el proyecto de ley tiene dos grandes
limitaciones respecto de la Directiva europea. En primer lugar, no recoge
todas las garantías que el servicio postal universal debe tener, como
capacidad de prestar servicio, porque hay cosas, señorías, que quedan
excluidas para ese operador universal, como es el caso del Fondo de
Compensación. En segundo lugar, este proyecto conlleva un déficit de
control, conocimiento y seguimiento parlamentario al dejar supeditados a
una posterior regulación los mecanismos de control e inspección, los
requisitos y condiciones para acceder al mercado, así como las
condiciones de autoprestación.

Desde Izquierda Unida entendemos que, de mantenerse los contenidos del
proyecto de ley en cuanto a la no contemplación de los servicios
rentables expresados en la Directiva comunitaria, la posibilidad de que
parcialmente algunos queden fuera del ámbito de la prestación universal,
además de que el operador público tendrá que operar con unos mecanismos
de financiación a través de un contrato-programa que en nada se
corresponde con la realidad competitiva que deberá afrontar, sin el
compromiso por parte del Estado de garantizar la prestación universal, se
terminará por abocar al operador público a la prestación de un servicio
poco rentable, lo que unido a los elevados costes de mantenimiento de su
estructura por la extensión de la red pondrá en peligro la viabilidad del
operador público Correos y Telégrafos y, señorías, lo que es mucho más
importante, los puestos de trabajo que de él dependen.

Por el contrario, entendemos que hay que dotar de fórmulas específicas la
financiación y regulación, ya que esta situación a la que hacía
referencia lo hace imprescindible a la hora de aplicar los postulados de
la Directiva postal europea, y ello porque se debe permitir al correo
público español adaptarse a un futuro régimen de libre concurrencia.

Señorías, debemos destacar la necesidad de que la política inversora
pública en infraestructuras se dedique a superar los desequilibrios de
carácter social y territorial que actualmente existen, ya que en ningún
caso éstos serán cubiertos por el mercado, siendo el Estado el que con su
actitud y actividad reguladora y planificadora se aproveche de las
potencialidades del sector.

Señorías, el ánimo con el que afrontamos este debate es el de darle
utilidad al mismo. Nos mueve el deseo de dar al correo español recursos
suficientes y tecnología moderna, el ánimo de entender el servicio postal
como un servicio público y de carácter social. Por ello, desde Izquierda
Unida consideramos necesaria la reelaboración del texto, basado en
potenciar un mayor diálogo entre las fuerzas políticas y en poner en
marcha un debate social sobre la realidad que tenemos y la realidad que
queremos construir.

Desde Izquierda Unida creemos que el proyecto de ley debe retirarse. Se
debe reelaborar y proceder a una mejor regulación, salvaguardando,
señorías, los siguientes planteamientos: definición nítida del concepto
de autoprestación, clarificación del concepto del servicio universal,
mejora sustancial del modelo de financiación del operador público postal,
regulación por ley de la composición y funcionamiento del Consejo Asesor
Postal, regulación más precisa en general de todas las materias, no
acudir tanto al desarrollo reglamentario, sino dar un giro hacia una
regulación legal de los aspectos más importantes de la Ley, así como
salvaguardar el sector público, suficientemente castigado por la libre
concurrencia a determinados servicios desde los años sesenta. Elaboración
de un contrato-programa que permita la cobertura económica de la
prestación de los servicios a largo plazo y una serie importante de
inversiones que permitan al operador público acceder al futuro mercado
libre en igualdad de condiciones con el resto de competidores privados.

Por todas estas razones, señorías, y con todas estas razones hemos
formulado esta propuesta de veto y solicitamos la reelaboración de un
nuevo proyecto de ley.

Muchas gracias, señor Presidente.




El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, Senador Román Clemente.




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Voto particular número 7 del Grupo Parlamentario Socialista que
corresponde a la propuesta de veto número 2.

Tiene la palabra el Senador Luis Calvo.




El señor LUIS CALVO: Muchas gracias, señor Presidente.

Señorías, accedo a esta tribuna para defender, en nombre del Grupo
Parlamentario Socialista, una propuesta de veto al proyecto de ley del
servicio postal universal y de liberalización de los servicios postales.

En principio, hemos de considerar como positivo el hecho de que el
Gobierno presente una iniciativa para ordenar el sector pero a la vista
del contenido del proyecto de ley, su texto no nos convence en absoluto,
ya que si de lo que se trata es de trasladar los criterios de la
Directiva comunitaria 97/67 podemos decir, sin temor a equivocarnos, que
tales criterios se trasladan a nuestro ordenamiento jurídico de forma
parcial, de forma incorrecta y de forma discriminatoria.

Ya dijimos en el trámite de Comisión que si históricamente las
necesidades de comunicación de la sociedad estaban atendidas desde la
iniciativa pública por un operador único, hoy en día el escenario ya es
de separación total entre las comunicaciones escritas --Correos-- y las
telecomunicaciones y, sobre todo, por la capacidad de éstas para
sustituir, gracias a su desarrollo tecnológico, con ventaja los productos
postales que hasta ahora eran el corazón de los servicios de correos.

No es posible ignorar que los correos públicos conservan un fuerte
componente social y que los usuarios personales del correo elevan sus
niveles de exigencia a los servicios públicos a medida que progresan las
sociedades en las que se desenvuelven. En consecuencia, los poderes
públicos, a fin de superar la encrucijada en que se encuentran los
servicios de correos, pueden optar por diferentes modelos. Un modelo, el
derivado de la Directiva comunitaria, opta por un proceso de
liberalización controlada que no ponga en peligro la existencia de un
servicio universal y de una red pública postal universal, opta porque
cada operador de esa red pública no actúe desde una posición
absolutamente dominante en su mercado nacional y que, al mismo tiempo,
mejore su calidad y su interoperabilidad con las demás redes nacionales a
fin de conseguir un servicio universal comunitario bastante más eficaz.

Otro modelo por el que nosotros optamos sería el de un correo social
universal y de calidad con liberalización parcial del mercado que pasaría
por acentuar su carácter comercial y dinámico para competir en un
segmento de servicios completamente liberalizado, mientras que otro
segmento, vinculado básicamente a los servicios tradicionales de Correos,
como es la comunicación escrita, se reservaría en exclusiva al operador
público a fin de rentabilizar y de mantener adecuadamente la red
universal de admisión y de distribución. Este modelo tiene diversas
variantes, pero todas ellas se basan en compatibilizar de forma adecuada
la función social con la función comercial.

Y existe otro modelo por el que ha optado el Gobierno, pero que nosotros
rechazamos por ser el que menos nos gusta puesto que es un modelo de
correo social residual y con liberalización total del mercado.

Precisamente en Comisión hemos esbozado el escenario final al que conduce
este modelo estratégico: conduce al incremento de la desigualdad entre
los ciudadanos dañando gravemente un servicio que garantiza la cohesión
económica, social y territorial. Conduce a liberalizar de hecho todo el
mercado postal al segmentarlo con criterios geográficos. Conduce a situar
a Correos y Telégrafos en una posición de debilidad e indefensión.

Conduce a introducir un importante desequilibrio entre la carga económica
que se le impone a Correos como prestador del servicio universal, y el
valor económico de los derechos exclusivos que se le reservan. Conduce a
cuestionar el mantenimiento a medio plazo --o quizá a corto plazo-- del
propio servicio postal universal. Conduce al desmantelamiento de la red
postal pública al amenazar seriamente su actual nivel de empleo. Y todo
ello porque el Gobierno traslada los criterios de la Directiva postal
europea, como decíamos al principio, de forma parcial, de forma
incorrecta y de forma discriminatoria.

Esta es una ocasión importante --que me parece se va a dejar escapar--
para establecer en la ley de servicio postal universal un texto con el
que se dé respuesta a los retos que hoy tiene el correo público español y
que son los siguientes: garantizar el derecho de los ciudadanos a tener
unas comunicaciones postales asequibles y accesibles. Conseguir un correo
público eficaz, eficiente y competitivo. Ordenar el mercado de forma
equilibrada entre operadores públicos y operadores privados.

Las modificaciones que, a nuestro juicio, debería admitir el proyecto de
ley presentado por el Gobierno, pasan, por ejemplo, por reconocer que el
principio de libre competencia en el mercado postal no es un principio
absoluto, como se deduce del artículo 1 del proyecto, sino que es un
principio a compatibilizar con la prestación del servicio postal
universal, motivo por el cual debe dejarse clara la relación entre ambos
objetivos de la ley si es que no se quiere caer en una contradicción.

Además, esta obligación de compatibilidad deriva de la propia Directiva
comunitaria, y es a la luz de esa compatibilidad a la que debe leerse e
interpretarse el artículo 7 de la Directiva.

Debería también reconocerse por el Gobierno y por el Grupo Parlamentario
que lo sustenta, que la apertura del mercado postal a la competencia no
puede ser total, no puede ser sin límites, puesto que ello va a producir
la imposibilidad de la prestación del servicio universal en las
condiciones en que la propia ley quiere que se preste. La ley debe tener
también, como uno de sus objetivos, el de la viabilidad financiera del
operador del servicio universal, a fin de que sea sostenible
económicamente la existencia de una red pública postal universal, pero
ese objetivo sólo es alcanzable si se ponen ciertos límites a la apertura
del mercado.

La preocupación de la Directiva por el equilibrio financiero de los
operadores del servicio universal en el sentido de que no se ponga en
peligro la propia existencia del servicio, se evidencia claramente en el
considerando número 16 de la exposición de motivos y en los mecanismos
que los artículos 7 y 9 de la propia Directiva ponen en manos de los
Estados miembros de la Unión para salvaguardar el servicio universal.




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Debería reconocerse también en el texto que no tiene la misma
trascendencia una definición de autoprestación para los servicios
prestados en régimen de concurrencia, que para los servicios reservados,
porque para estos últimos una incorrecta definición de autoprestación va
a suponer en la práctica un vaciado de la reserva asignada, especialmente
si ésta se asigna con criterios geográficos y naturalmente con gravísimo
perjuicio económico para el correo público, que es el caso del proyecto
de ley. Tal y como el Gobierno lo plantea, el correo público puede
perder, a nuestro juicio, más del 35 por ciento de las actuales cartas
interurbanas.

De los cuatro conceptos básicos postales que la Directiva define
expresamente, y que son fundamentales para acotar con precisión jurídica
el servicio universal y el servicio reservado, el proyecto de ley no se
ajusta a ninguno de ellos, sino que utiliza el viejo concepto de carta y
tarjeta postal, que además no define, lo que produce una vez más
confusión e incluso indefensión jurídica para todos los agentes del
ámbito postal. Frente a estos conceptos de servicios postales básicos que
acotan el servicio universal, como lo es también el concepto de envío
postal de la directiva, en el proyecto se mantiene el viejo concepto de
carta que ni siquiera define.

Hay que pensar que el concepto de servicio universal afecta directamente
a derechos de los ciudadanos y de los usuarios del correo. Y si el
concepto es confuso, los derechos son confusos, y ese error sería
imperdonable para el legislador. El proyecto de ley debería residenciar
en el Parlamento la modificación del contenido del servicio universal.

Mediante el proyecto de ley el Parlamento determina tanto el ámbito y el
contenido del servicio universal postal como del servicio reservado, y
esas facultades que inicialmente se ejercen por el Parlamento, el mismo
proyecto de ley se las sustrae para el caso de posteriores modificaciones
y se las otorga directamente al Gobierno, lo que constituye, a nuestro
juicio, una deslegalización a futuro de una materia regulada inicialmente
por ley.

El criterio territorial del proyecto de ley, que divide la
correspondencia en urbana o interurbana y que da lugar a tantos mercados
como localidades hay en el país, es económicamente irracional porque
genera mercados totalmente artificiales y de imposible control pero,
además políticamente, además socialmente es mortal ya que ataca
directamente al corazón de la red postal pública de distribución
universal, vaciándola de los envíos con mayor margen, distorsionando en
unos casos e impidiendo en otros la aplicación de los distintos
instrumentos que la Directiva pone en manos de los Gobiernos para
salvaguardar el servicio universal.

El plan de prestación de servicio universal, el equilibrio financiero del
operador público, el llamado fondo de compensación, el control del sello,
son cuestiones que o se abordan en serio y de acuerdo con los criterios
de la Directiva, o nos estaremos dotando de mecanismos legales novedosos,
pero perversos, sin precedentes en nuestra legislación y que no han sido
utilizados en ninguna de las reformas de los correos nacionales de los
Estados miembros de la Unión.

¿Qué se puede decir de la modificación que ha sufrido el texto del
proyecto de ley en el Senado con la introducción de las enmiendas del
Grupo Parlamentario Popular en la Comisión correspondiente? Pues que deja
la contratación de personal de correos y telégrafos fuera de toda norma y
control público, salvo el derecho privado, a través de una nueva
disposición adicional quinta, expulsando a dicho personal del marco de la
Ley de la Función Pública.

Señorías, se trata en definitiva de un proyecto de ley sin un texto
acabado, con muchas incertidumbres, con una extraordinaria inestabilidad
y, por ello, solicito en nombre del Grupo Parlamentario Socialista el
apoyo de la Cámara a esta propuesta de veto.

Muchas gracias.




El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, Senador Luis Calvo.

¿Turno en contra?
Tiene la palabra el Senador Liso.




El señor LISO MARIN: Muchas gracias, señor Presidente.

En nombre del Grupo Parlamentario Popular paso a dar respuesta a estos
dos vetos presentados.

En primer lugar, tenemos el veto presentado por Izquierda Unida, del
Grupo Parlamentario Mixto, en el que manifiesta todos los problemas que,
a su juicio, va a crear en las diversas formas de entender el servicio
postal universal en lo que es actualmente la entidad de Correos. Hace una
relación concreta y clara de todos esos aspectos, empezando por la propia
autoprestación, y de toda una serie de circunstancias que yo creo que
parten de una interpretación tal vez excesivamente oscura de la redacción
del proyecto de ley, entresacando una visión negativa del mismo.

Debo decir, con toda sinceridad, que el proyecto de ley recoge
íntegramente todos esos puntos a los que hace referencia, y no pone
ninguna obstrucción para que ese servicio se siga prestando.

Empezaré por el concepto de autoprestación. Creo que en el artículo
concreto del proyecto se ha definido de una forma absolutamente nítida
cómo se van a dar este tipo de autoprestaciones. Si hacen una lectura
cuidadosa, podrán interpretarlo de una manera perfecta. No hay ningún
tipo de duda en cuanto a su claridad, y las correcciones que se han
introducido en el proyecto permiten asegurar que se cierran los posibles
riesgos de interpretaciones libres de empresas o cualquier otro tipo de
actividad que, en efecto, pudieran crear problemas o dificultades a lo
que es el servicio del operador universal encargado de hacerlo.

El concepto de servicio universal también está clarísimamente justificado
en todo el conjunto del proyecto de ley, y la mejora sustancial de la
financiación del operador nacional tiene una serie de reservas, tiene una
serie de capítulos concretos en los que se prevé la financiación del
Estado de ese plan estratégico general, tiene también el Fondo de
Compensación, tiene también las tasas y las tiene también la comprensión
de que, en ese plan estratégico nacional, se considere el déficit después
de analizadas correctamente,



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con una contabilidad analítica, con una contabilidad al día que permita
asegurar los déficit que se contemplen sean en verdad los adecuados para
que tenga la compensación presupuestaria conveniente. (El señor
Vicepresidente, Aguilar Belda, ocupa la Presidencia.)
El Consejo Asesor es otro órgano importante para regular precisamente
toda esa serie de circunstancias. Se ha llegado, a introducir a través de
enmiendas, que todas las actividades comerciales, sociales y
empresariales estén representadas, incluidos, por supuesto, los
sindicatos más representativos que hay en el país.

Se denuncia en el veto que parte del proyecto va a ser oscurantista en el
sentido de que no van a pasar por el Parlamento todas las modificaciones
que puedan llevarse a cabo. Tengamos en cuenta que la elaboración del
proyecto de ley viene condicionada por las fechas, por el tiempo, por las
necesidades de adaptación que tiene la entidad pública, Correos, y las
recomendaciones de la Directiva europea. Tengan en cuenta que dentro de
un plazo muy limitado, como va a ser el año 2000, los Ministros van a
tener que reunirse con el fin de analizar, contrastar y observar cómo se
han desarrollado en el transcurso de ese tiempo las leyes
correspondientes en cada uno de los Estados miembros. Puesto que este
proyecto de ley es una directiva acoplada a las necesidades que el propio
sector requería y puede suscitarse la necesidad de cambios, es necesario
que puedan hacerse con la agilidad y rapidez que la propia competitividad
va a exigir.

Salvaguardar el sector público. Esto está en correlación con las primeras
palabras de su intervención. Decía usted que estaba preocupado porque
Correos había sido una entidad abandonada y en la que no se habían
llevado a cabo las reformas y modificaciones necesarias. En ese aspecto
no puedo más que darle la razón, en nombre propio y en el de mi Grupo,
porque, en efecto, Correos ha estado durante muchos años absolutamente
desatendido; ha estado funcionando de una manera vegetativa, continuando
en su actividad sin que los órganos rectores tuvieran la más mínima
preocupación por darle la financiación y los medios tecnológicos
adecuados para una mejor prestación de sus servicios, tanto en calidad
como en precio y, desde luego, ese tiempo de estancamiento ha podido
repercutir en la calidad de los servicios prestados. En ese aspecto,
desde luego, tiene usted toda la razón, y yo comparto su opinión. Esa es
una de las causas de que Correos esté así, y lo que este proyecto trata
de rectificar, mejorar y de ordenar.

La ordenación es otro aspecto a tener en cuenta. Ahora mismo Correos está
liberalizado en gran parte de los aspectos que contempla este proyecto de
ley, por tanto, no se le puede achacar que sea el que da comienzo a una
liberalización, lo que hace es regularla y ordenarla, hacer que funcione
de una forma correcta para todos los servicios que pueda desarrollar, de
acuerdo con lo que el proyecto de ley contempla. Lo que ha podido suceder
--sin que esto sea una acusación concreta-- es que aprovechándose de esa
anarquía y de esa alegalidad con la que estaba discurriendo --y
continuará discurriendo hasta que se apruebe esta ley-- haya habido
empresas más o menos importantes o más o menos legalmente constituidas
que hayan estado trabajando con unos precios en competencia desleal y
ocasionando problemas y perjuicios a los servicios y a los ingresos de la
entidad pública de Correos. Lo que hace este proyecto de ley es recoger y
regular todo esto para que la autoprestación se haga en unas condiciones
correctas y para que todo lo que está liberalizado, como el correo
urbano, se lleve a cabo de una manera nítida.

El contrato-programa, que es otro asunto que a usted le preocupa, queda
nítidamente regulado en el proyecto de ley. Es la garantía absoluta para
que el propio operador universal, que va a ser el servicio de correos,
pueda llevar a cabo las funciones y obligaciones que contrae con este
proyecto en las mejores condiciones. Efectivamente, para que pueda estar
en esas condiciones de competitividad es posible que inicialmente tenga
unos déficit ante lo cual el Estado y el Gobierno tendrán que aportar las
cantidades que correspondan en los Presupuestos Generales del Estado. No
obstante --repito--, hay unas programaciones quinquenales para llevar a
cabo esta financiación y asegurar su funcionamiento.

Finalmente, entraré en lo que afecta al veto número 2 del Partido
Socialista. Creo que hay una cosa en común. El Senador Luis Calvo ha
hecho mención a que existen dos modelos. Independientemente de que haya
dos modelos hay dos conceptos. Hay un concepto en el que hay más afinidad
en los dos vetos que lo que pueda representar el propio proyecto de ley o
el grupo parlamentario que lo apoya. Es el concepto de una mayor
monopolización y de un mayor volumen de negocio, en forma de zona
reservada para Correos, que se propone tanto en su veto como en el
presentado por el Grupo Parlamentario Socialista.

Debemos tener en cuenta que, sin perjuicio de que las liberalizaciones
que hay son las ya establecidas y que lo único que se hace en este
proyecto de ley es regularlas y ordenarlas, también es verdad que lo que
hay que hacer es, en efecto, preparar a Correos para la competitividad y
para la lucha que va a tener --sin duda alguna-- una vez que se
liberalicen absolutamente todos los servicios, como está previsto en la
Directiva y en el conjunto de los países comunitarios. Ese es el mayor
problema, el mayor reto que tiene Correos.

En estos momentos --y la intervención es común, es general y el Senador
Luis Calvo puede darse si quiere por aludido-- ese concepto (que no ese
modelo) es el que posiblemente sufra una variación en cuanto a que la
interpretación de lo más conveniente para el servicio de Correos, creo es
la que con más acierto se hace por parte del Partido Popular y los grupos
parlamentarios que le puedan apoyar, porque un porvenir a plazo
relativamente corto --estábamos hablando como fecha límite el 2004-- ya
prevé esa liberalización total.

En consecuencia, lo importante, lo fundamental es que Correos en este
período de tiempo se encuentre en las mejores condiciones y aptitudes
para poder llevar a cabo ese servicio, de la forma más competitiva, la
forma que ofrezca la mejor calidad y los mejores servicios a los precios
más reducidos porque de esa manera podrá subsistir y, de lo contrario,
tendremos problemas y no podremos entrar en la línea de las subvenciones
clásicas para hacer un



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mantenimiento. Tiene que empezar a funcionar como empresa, con todas las
ayudas, con todas las reservas que le permiten los ingresos concretos,
fijos y servicios determinados en régimen singular, en régimen de
monopolio para que sepan aprovechar esa coyuntura.

En cuanto a los dos modelos, el Senador Calvo lógicamente se apropia el
que reúne todas las bondades y bendiciones en cuanto al propio personal,
pero aquí hay que partir de una base muy concreta que es que se está
lanzando el mensaje de que lo que pretende este proyecto de ley es, en
definitiva, hacer una exclusión en cuanto a la liberalización absoluta y
el personal se podría resentir y salir perjudicado con decisiones de este
tipo, pero en ningún caso está en el espíritu de la ley, en sus
decisiones y en sus previsiones que el personal pueda sufrir ningún tipo
de merma en sus derechos y en cuanto a su posibilidad de continuación en
el trabajo. Es una adaptación a una Directiva, juntamente con unas
necesidades ineludibles de acometer una modificación dentro de los
servicios que le permita esa capacidad de adaptación para un futuro
inmediato.

Yo creo que dentro de esos dos modelos, el planteado por el proyecto de
ley está mirando hacia el futuro, está contemplando las necesidades y
obligaciones que va a contraer, y el planteado de forma precisa y expresa
por el Partido Socialista, concretamente en sus numerosísimas enmiendas
además de por el veto ya presentado, estriba en mantener e incluso
aumentar esa capacidad de monopolio que pueda tener en estos momentos la
entidad pública. Yo le veo mucha más coherencia a las manifestaciones, a
la voluntad y a lo puesto en evidencia dentro de su veto y de sus
enmiendas por Izquierda Unida y otros Senadores del Grupo Mixto, porque
son coherentes con la política generalizada y la filosofía que han
seguido constantemente en este aspecto. Lo que ya resulta más
contradictorio y difícil de entender es el caso concreto del Partido
Socialista, y hay que hacer mención obligada a las tareas anteriores de
responsabilidad de Gobierno cuando ya la propia Institución, el propio
Ente, estaba en unas condiciones más bien precarias, necesitaba realmente
inversiones, modificaciones en la tecnología y toda esa serie de
circunstancias que le permitieran salir adelante ante un reto que ya
estaba previsto por las directivas y la armonización del conjunto de los
países miembros, y no hizo prácticamente nada. Ese ha sido un problema
grave que ha supuesto un retraso en la puesta a punto de la propia
entidad. Tenemos que suplirlo rápidamente, porque la ley, dentro de las
interpretaciones básicas que regula y entre otras de las condiciones
positivas que contempla, se sitúa en la línea de establecer el punto
intermedio entre quien requiere, pide o solicita expresamente o de una
manera más solapada que se vuelva a un sistema de Correos clásico,
antiguo, remontándonos a antes del año sesenta, de mantener prácticamente
el monopolio y de los que quisieran una liberalización mucho más rápida,
activa y completa de lo que el proyecto de ley contempla.

Creo que este proyecto tiene en consideración todas las posibilidades del
momento actual y las necesidades futuras. En definitiva, podemos
encontrarnos con que a unas partes no les parece bien porque es poco y a
otras les parece mal porque consideran que es mucho. Sinceramente creo
que es el proyecto de ley más prudente para el momento por el que estamos
atravesando y el que realmente permite que Correos --lo repito de nuevo y
ya termino-- tenga una capacidad de competitividad con el resto de las
empresas que puedan aparecer en su momento en el mercado con más visos de
lograr su subsistencia y perdurar en el futuro de su actividad.

En líneas generales están respondidos los dos vetos. Pero quisiera
trasladar a toda la Cámara y a la sociedad en general que con esta ley se
prevé que Correos consiga una mejor calidad y servicio en sus
prestaciones, así como que disponga de la seguridad necesaria para
llevarlo a cabo. Desde luego, no existe el riesgo de que las personas que
componen ese factor básico y positivo: el personal tan especializado con
el que cuenta (no se trata de un funcionario como en cualquier otra
actividad, sino que es un funcionario expresamente especializado en esa
materia, y ése es uno de los aspectos positivos que tiene Correos), no
puede considerar que va a tener riesgos por la puesta en marcha del
proyecto de ley. Precisamente, si algo pone en riesgo que el personal de
Correos mantenga su capacidad es que no se adopten las medidas adecuadas
que están previstas en el proyecto y que se volviera a situaciones
anticuadas que están obsoletas. Eso sería desaprovechar la buena
coyuntura del Ente y la buena disposición por la que atraviesa, además
del empujón que la propia ley, con esa armonización y regulación, le
podría prestar.

Nada más. Muchas gracias.




El señor VICEPRESIDENTE (Aguilar Belda): Gracias, Senador Liso.

Abrimos el turno de portavoces.

¿Grupo Parlamentario Mixto? (Pausa.)
Senador Román Clemente, tiene su señoría la palabra.




El señor ROMAN CLEMENTE: Gracias, señor Presidente.

Efectivamente, hay una coherencia en el planteamiento... (Varios
asistentes al Pleno, vistiendo camisetas alusivas al proyecto de ley que
se está debatiendo, se ponen de pie en la tribuna pública.)



El señor VICEPRESIDENTE (Aguilar Belda): Perdón, Senador Román.

Ruego a los servicios de la Cámara que desalojen la tribuna.

Tiene su señoría la palabra.




El señor ROMAN CLEMENTE: Sí, señor Presidente.

Como decía, efectivamente, en el planteamiento de la propuesta de veto,
así como en las 80 enmiendas que hemos tenido oportunidad de presentar a
este proyecto de ley, hay una coherencia argumental. Esa coherencia está
en la defensa del sector público, porque entendemos que el traslado que
hace el Gobierno a este proyecto de ley va más allá de lo que establece
la Directiva comunitaria.

Señorías, la situación de debilidad de la que parte el correo español por
esa falta de inversiones, tanto en infraestructuras



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como en inversiones en tecnología, nos sitúa en unas malas condiciones
que había que haber atemperado. Quiero reconocer que, efectivamente,
desde 1969 se ha producido una liberalización que había que regular.

Pero, señorías, dicha regulación había que acompasarla con un mayor
diálogo social, teniendo claro qué queríamos y hacia dónde queríamos ir.

Por ello, señorías, proponemos una mayor actuación en lo público y una
financiación que garantice las inversiones para compensar ese déficit en
infraestructuras y en tecnología.

Señorías, planteamos la necesidad de mantener el empleo y de hacer
frente, en su momento, a esa Directiva en las mejores condiciones. Ello
ha motivado la presentación del veto y, como tendremos oportunidad de
debatir, la presentación de la enmienda.

Termino, señor Presidente, diciendo que lamentamos que los plazos tan
reducidos y exiguos que ha tenido la tramitación de este proyecto de ley
en el Senado nos haya impedido profundizar más en las discrepancias y en
ese diálogo necesario que consideramos imprescindible, no sólo entre las
fuerzas políticas, sino también en ese diálogo social que está instalado
en la sociedad española. (Desde la tribuna pública, varios asistentes al
Pleno profieren las siguientes frases: ¡España nos queréis vender! ¡No a
la Ley de Correos! ¡Miles de trabajadores apoyan esta postura! ¡No a la
Ley Postal! ¡La mayoría sindical está contra la Ley Postal!)



El señor VICEPRESIDENTE (Aguilar Belda): Silencio, por favor. (Los
servicios de seguridad de la Cámara desalojan a los asistentes.)
Continúe, señor Román.




El señor ROMAN CLEMENTE: Digo, señorías --y con esto termino--, que
nuestra propuesta de veto hacía hincapié en tres aspectos: utilidad del
debate, dotar de recursos suficientes --tecnología moderna-- y entender
que el Servicio Postal es un servicio público que tiene un contenido
social.

Gracias, señor Presidente.




El señor VICEPRESIDENTE (Aguilar Belda): Gracias, señor Presidente.

¿Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos? (Pausa.)
Por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió,
tiene la palabra el Senador Beguer. (El señor Presidente ocupa la
Presidencia.)



El señor BEGUER I OLIVERES: Muchas gracias, señor Presidente.

Señorías, hasta este momento, el marco de referencia del Servicio de
Correos lo constituye la Ordenanza Postal de 1960, actividad que durante
muchos años se rigió en calidad de monopolio y que, posteriormente, a
través de distintas disposiciones, por circunstancias de hecho, se ha ido
regulando el sector de una forma parcial, dispersa, sin entrar en el
fondo de lo que debe ser el servicio postal universal, es decir, sin
abordar los fines, las obligaciones y los derechos de lo que a partir de
ahora se va a denominar Entidad Pública Empresarial de Correos y
Telégrafos.

Las exigencias de los nuevos tiempos, los cambios en el sector de las
comunicaciones exigían un marco más claro, a un mayor nivel, en el que se
estableciese cómo se deberían desarrollar estas actividades que, a
nuestro juicio, se van a llevar a cabo con el nuevo proyecto de ley.

El proyecto de ley define con precisión que los servicios postales son
servicios de interés general que se van a prestar en régimen de
competencia. Asimismo, señala, sin género de dudas, cuáles de estos
servicios deben tener la consideración de carácter público. Establece las
obligaciones del operador --al que se le va a encomendar el servicio
postal universal-- y señala también los servicios reservados y unos
derechos exclusivos. Además, determina la financiación del operador, al
que se le encomienda el servicio postal universal; es decir, la entidad
pública empresarial, Correos y Telégrafos, y marca unas pautas que a
nadie deben extrañar, toda vez que una empresa pública debe tender a
autofinanciarse mediante una gestión transparente y eficaz. En cualquier
caso, el Fondo de Compensación garantiza la financiación del Ente. Todo
ello debidamente auditado mediante una planificación que se llevará a
cabo a través de un contrato-programa quinquenal.

Por otra parte, el proyecto de ley señala cuál es el marco concreto de
derechos y obligaciones de las empresas que puedan prestar los servicios
no reservados en exclusiva al operador al que se encomienda la prestación
del servicio postal universal. Todo ello, en un horizonte relativamente
corto, toda vez que en un plazo de cinco años escasos la Unión Europea
marca la liberalización total de los servicios.

Por tanto, a nuestro juicio, este proyecto de ley se ajusta a la
Directiva 97/67/CE, de 15 de diciembre de 1997, y no vemos justificación
a las propuestas de veto que se acaban de plantear. En el caso de la
formulada por el Senador Román Clemente, porque no creemos que peligren
los puestos de trabajo del sector público, al contrario, a través de un
buen funcionamiento del Ente se garantiza su financiación y, por tanto,
los puestos de trabajo. Tampoco creemos que tengan suficiente peso las
razones del Senador Luis Calvo, del Grupo Parlamentario Socialista, ya
que la Directiva se transpone de una forma correcta y no discriminatoria.

No estamos de acuerdo en que peligre la red pública, al contrario,
estamos convencidos de que mejorará con este proyecto de ley y de que el
Ente Público tendrá las adecuadas medidas para que pueda ejercer su
trabajo correctamente, con la tutela y la protección del Estado, pero en
un marco competitivo. El marco entre operadores públicos y privados
quedará establecido en un beneficioso equilibrio.

En consecuencia, entendemos que las propuestas de veto son
desproporcionadas y nuestro Grupo va a votar en contra.

Nada más y muchas gracias.




El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, Senador Beguer.




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Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el Senador Luis
Calvo.




El señor LUIS CALVO: Muchas gracias, señor Presidente.

Querido colega, Senador Liso, buen amigo mío --espero que yo también lo
sea--, no somos sólo nosotros, existen más discrepancias --y no quiero
hacer mención al incidente de hace un momento, que no es agradable--
desde hace tiempo. Incluso han llegado escritos a la Cámara de
ayuntamientos, solicitando la retirada de la ley postal o la aceptación
de las reivindicaciones que se vienen haciendo desde hace mucho tiempo,
incluidos ayuntamientos regidos por alcaldes muy próximos al Partido
Popular. Me estoy refiriendo concretamente a los ayuntamientos de la
provincia de Zaragoza, Longas y Lechón, muy cercanos al lugar originario
del señor Liso.

¿Que el Servicio de Correos está liberalizado al máximo aun antes de
transponer la Directiva? Claro que sí, pero es que ustedes quieren más.

Ustedes quieren que el operador privado entre en el servicio interurbano.

Ustedes quieren que el Gobierno pueda disminuir el contenido de la
reserva en el servicio postal universal. Ustedes quieren que esto se
liberalice sin límite alguno. Garantícennos que con la fórmula que
ustedes proponen a lo largo del texto del proyecto de ley se van a
ingresar 170.000 millones de pesetas, como en 1997, y hagan ustedes que
los operadores privados cumplan con los requisitos del servicio postal
universal. Desde luego, está claro que de este proyecto de ley no se
desprende en absoluto que eso se vaya a cumplir.

Señorías, en el Grupo Parlamentario Socialista entendemos que el Gobierno
y el Grupo Parlamentario que lo sustenta pierden una oportunidad de oro,
si no aprovechan las aportaciones de los distintos grupos parlamentarios,
pero de todos, para replantearse el texto del proyecto de ley y, en
principio, ratificar y garantizar la existencia de un servicio postal
universal, parte de él atribuido al operador público y, otra parte,
gestionada en concurrencia, como creemos que debe ser.

En segundo lugar, que ese servicio universal sea eficiente, de calidad y
a un precio asequible, con lo cual, y salvo mejor criterio, la fórmula de
financiación del servicio postal que ha venido ofreciendo mi grupo
parlamentario, desde nuestro punto de vista, cumple perfectamente con las
finalidades que surgen de este objetivo que planteamos. El proyecto de
ley concibe el plan de prestación exclusivamente como un instrumento de
financiación del servicio universal, lo que constituye una visión corta.

El objetivo del operador público debe ser autofinanciar el conjunto de
sus actividades y, por tanto, autofinanciar la prestación del servicio
universal.

El recurso a la subvención presupuestaria del Estado debe de ser una
solución excepcional y transitoria y no algo habitual, como prevé el
proyecto de ley. Por ello, el texto debe dotar al plan de prestación de
otros contenidos que busquen asegurar la eficacia y la calidad en la
prestación del servicio universal, sin excluir completamente la
posibilidad de que, en circunstancias especiales, el operador público
tenga que acudir a la subvención pública y, asimismo, concretar quién
elabora el plan y quién lo somete a la aprobación del Gobierno.

Además, el texto debe otorgar al plan de prestación carácter de convenio
entre el Estado y el operador del servicio universal y vincularle al
control del Parlamento, en coherencia con el valor estratégico que la ley
postal da al servicio público y universal de Correos.

Se debe evitar la dualización de la sociedad, pero si no corregimos esto
no se conseguirá. No queremos ciudadanos de primera y de segunda respecto
a la recepción del correo y de un servicio postal universal, porque van a
tener dificultades, los unos más que los otros, claro está, en cuanto a
la emisión y a la recepción de los envíos.

Debería procurarse que los ciudadanos sepan cuáles son sus derechos, cómo
funciona un servicio postal universal, qué es lo que se están jugando
dentro de un servicio público como éste, qué garantías tiene, ante quién
tienen que reclamar o a qué tipo de compensaciones o indemnizaciones
tienen derecho cuando el servicio funcione mal o no funcione.

Señorías, desde nuestra perspectiva perseguimos la ordenación de un
sector, cuya liberalización, casi me atrevería a decir que salvaje, se
plantea en el texto del proyecto de ley del Gobierno y nos da la
impresión de que va a ser todavía mayor, respecto a que la liberalización
sea aún más rápida y que al correo interurbano tengan acceso algunos
operadores privados por diversas circunstancias o en determinadas
condiciones, que lo que hacen es facilitar que el operador público pierda
competencia, mercado e ingresos.

Como hemos dicho antes, también nos parece que se debe elaborar un plan
de prestación del servicio postal. El Gobierno también lo plantea en el
Proyecto de Ley, pero las condiciones en que lo hace tienen que ver más
con intereses que afectan a sectores privados. A nosotros nos agradaría
más que el contenido y la fórmula de financiación del plan tuvieran más
que ver con el interés general. El texto debe eliminar y delimitar mejor
la composición y funciones del Consejo Asesor Postal.

El Grupo Parlamentario Socialista, que me honro en representar en este
momento, quiere que la Entidad Pública Empresarial Correos y Telégrafos
mantenga e incremente su nivel de atención y eficiencia hacia los
usuarios y no nos gusta el régimen de autoprestación que plantea el
Gobierno. Queremos que este servicio postal universal esté perfectamente
ordenado y sistematizado y que aparezca perfectamente definido en sus
diversas capas lo que son los servicios postales.




El señor PRESIDENTE: Senador Luis Calvo, termine, por favor.




El señor LUIS CALVO: Termino, señor Presidente.

Hay que definir qué son los servicios postales en general, qué son los
envíos postales y cuáles de ellos tienen que estar regulados por la Ley
de Ordenación del Transporte Terrestre y cuáles en esta Ley.

Ha de definirse con nitidez cuáles son los servicios postales universales
y, dentro de ellos, cuáles son los reservados y los que no.




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Tiene que definirse con claridad qué tipo de título habilitante tiene que
permitir que se acceda a la gestión de estos servicios y, desde luego, ha
de hacerse con un escrupuloso respeto a lo que dice la Directiva
comunitaria.

En definitiva, deseamos que mediante el proyecto de ley se garantice en
todo momento que existe un derecho de los ciudadanos a tener un servicio
postal que haga frente a todas sus necesidades y, por supuesto, lo que sí
debe plantear es que las empresas que van a prestar estos servicios
queden registradas, pero todas, no sólo las empresas que no tienen nada
que ver con el servicio reservado, porque ese registro debe de ser
general.

En fin, señor Presidente, señorías, lo que planteamos es que el Gobierno
debe traer a las Cámaras un esquema nuevo del marco jurídico del correo
que no suponga en absoluto lo que supone el esquema que se ofrece a
través de este proyecto de ley. Mi Grupo no quiere participar, en modo
alguno quiere participar en el entierro de un servicio público;
preferimos que lo hagan ustedes solos.

Muchas gracias, señor Presidente. (Aplausos en los escaños del Grupo
Parlamentario Socialista.)



El señor PRESIDENTE: Gracias, Senador Luis Calvo.

Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el Senador Liso.




El señor LISO MARIN: Muchas gracias, señor Presidente.

Daré respuesta a las intervenciones de los diferentes portavoces, y en
primer lugar al Senador Román Clemente. Su señoría comienza su
intervención quejándose de que el proyecto de ley contempla una mayor
liberalización, que va más allá de lo que la propia Directiva contempla.

Las últimas palabras del Senador Luis Calvo también venían a coincidir en
que se sobrepasaba el nivel de la propia Directiva, pero hay que tener en
cuenta una cosa, y es que la Directiva no es una pieza fija, no es una
norma inalterable, no es algo matemático; deja cierta discrecionalidad a
los distintos países que componen la Unión Europea. En consecuencia,
partiendo de la base de que deja cierta discrecionalidad, cierta
capacidad de adaptación, la situación de España, comparativamente con la
mayor parte --hay que reconocerlo-- de los países a los que afecta la
Directiva, es más avanzada respecto a esa liberalización. Ahora bien,
¿qué tipo de liberalización sería? La que ya hemos tenido ocasión de
exponer en la primera intervención: una liberalización anárquica, en
muchos casos tal vez irregular, pero funcionando, y además amparada
legalmente.

Aquí se ha hecho una observación muy rotunda --yo no la había hecho en su
momento por no extender más mi intervención-- sobre cuál es el sistema
legal de funcionamiento, en la actualidad, de los distintos operadores
que hay en el mercado. Nos vamos a una ordenanza postal del año 1960, que
luego se trató de corregir en una Ley de presupuestos de 1991, pero que
no tuvo validez, y, sobre todo, no hubo voluntad de aplicarla; con lo
cual, si ahora se llegara a la situación que parece que se propone --en
su caso no tanto, pero por parte del Senador Luis Calvo sí-- llegaríamos
a la situación de que muchos de esos operadores, que llevan muchos años
funcionando, que son empresas de distintos tamaños pero amparadas
precisamente por esa directiva postal, se verían ante una expropiación
incluso administrativa, lo cual supondría una ilegalidad que posiblemente
los gobiernos anteriores detectaron pero nunca tuvieron voluntad de
solucionar.

La situación es la que es. ¿Qué hace ahora el Gobierno español? ¿Qué hace
este proyecto de ley? ¿Vamos a perder esa mayor liberalización que tiene
ya comparativamente con otros países para que Correos quede en una
situación de mayor monopolio anulando la situación existente? No se puede
ni se debe hacer, porque si alguna ventaja tiene esa situación,
precisamente es la de que Correos parte con una ventaja: que
indefectiblemente va hacia una liberalización prácticamente total, con lo
cual, ese ímpetu, ese empuje, ese adelantamiento actual debemos
aprovecharlo, eso sí, dando las garantías, la tranquilidad y la
financiación para poder llevarlo a cabo, y estoy seguro de que el ente
tiene capacidad para poder hacerlo, con la colaboración y la ayuda en la
financiación que va a contemplarse en la ley. En cualquier caso, no
podemos tomar como modelo lo que sucede en Francia, por ejemplo, cuyo
servicio de correos está menos liberalizado.

Se nos está aventurando también por parte del Senador Luis Calvo --y
discúlpeme, Senador Román, que ahora me dirija a él, pero son dos
intervenciones con muchos puntos en común-- que incluso el correo
interurbano va a tener el riesgo de ser invadido. De hecho, el proyecto
de Ley contempla que exista la posibilidad, pero, eso sí, tiene un
importantísimo coste sobreañadido que no digo que lo haga imposible pero
sí casi imposible, al menos en un tiempo limitado. Por tanto, el correo
urbano seguirá como hasta ahora, puesto que, vuelvo a insistir, no
podemos retrotraernos a situaciones ya superadas.

Creo que las cosas van en esa dirección. Comprendo los temores que usted
manifiesta pero también pretendo llevarle a la conclusión de que el
espíritu que emana de este proyecto de ley va en la dirección de mantener
el ente público, y no que llegue a esas situaciones tan dramáticas, casi
catastróficas, que el Senador Luis Calvo vaticina para su final.

Sinceramente, creo que añade un dramatismo que no se corresponde con la
ley, y, desde luego, no creo que sea lo más conveniente a fin de no
generar en el conjunto de la sociedad una inquietud inadecuada, que, como
digo, no se corresponde con la realidad, y que, en definitiva, provoca
tensión en la vida social de personas que estén llevando a cabo servicios
o trabajos en la propia entidad y que consideran que esto puede conllevar
unos riesgos directísimos para su propia supervivencia por lo que hace
referencia a su puesto de trabajo concreto.

Por tanto, creo que deberíamos ser más cuidadosos y más responsables en
esta cuestión --y discúlpeme, Senador Luis Calvo, que no haya tenido la
cortesía de responder a esa manifestación de amistad que, efectivamente,
hemos mantenido durante tantísimo tiempo, una grata oportunidad que
correspondo y con la que me siento muy honrado, si bien las relaciones
personales son independientes de lo que ahora mismo estemos manifestando
unos y otros--, y



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estoy en el pleno convencimiento de que como Correos corre riesgo es si
no se llevan a cabo actuaciones como las que están previstas en este
proyecto de ley, es decir, las de asegurar la situación actual pero, al
mismo tiempo, permitir su adaptación a lo que indefectiblemente, vuelvo a
insistir, va a suceder. Y creo que ésta es la mejor forma de
manifestarlo, conjugando intereses conjuntos de los distintos sectores
sociales y transmitiendo a la sociedad, fundamentalmente a cuantos forman
parte de esta amplísima plantilla de 65.000 trabajadores en números
redondos, que su puesto de trabajo no corre riesgo, no tiene peligro. Lo
que hay que hacer entre todos es procurar que Correos --y se ponen los
medios para ello en la ley-- sea la empresa competitiva, la empresa
preparada en todos sus aspectos tecnológicos y financieros --estoy
pensando en lo que al señor Román Clemente tanto le preocupa y con
razón-- para que esté en las mejores condiciones de afrontar este reto en
lo sucesivo.

Sólo me resta agradecer muy sinceramente al Senador Beguer el apoyo que
ha mostrado en su intervención a este proyecto de ley, porque entiende
que es lo que realmente favorece más al ente de Correos.

En consecuencia, repito, nuestra respuesta a los vetos va a ser un voto
negativo.

Muchas gracias.




El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, Senador Liso.

Terminado el debate, pasamos a la votación.

Vamos a votar, en primer término, la propuesta de veto número, que
corresponde al Senador Román Clemente.

Se inicia la votación. (Pausa.)



Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 226; a
favor, 89; en contra, 137.




El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Votamos, a continuación, la propuesta de veto número 2, que corresponde
al Grupo Parlamentario Socialista.

Se inicia la votación. (Pausa.)



Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 225; a
favor, 88; en contra, 137.




El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.




Entramos ahora en el debate de las enmiendas. En primer lugar, voto
particular número 3 del Senador Román Clemente, que corresponde a las
enmiendas números 1 a 80, ambas inclusive. (Pausa.--Rumores.)
Silencio, por favor. Les ruego que salgan en silencio. (Rumores.--Pausa.)
Tiene la palabra el Senador Román Clemente.




El señor ROMAN CLEMENTE: Muchas gracias, señor Presidente.

Pasamos a defender, señorías, las enmiendas presentadas al proyecto de
ley del servicio postal universal y de liberalización de los servicios
postales.

Señorías, tuvimos oportunidad de manifestar en la Comisión --los
portavoces coincidíamos-- que el reducido tiempo que hemos tenido para
analizar y debatir las trescientas y pico enmiendas que han sido
presentadas, con casi 140 enmiendas incorporadas por el Grupo
Parlamentario Popular a la ley, sería la causa de que cuando tuviésemos
que debatir el articulado de este Proyecto de Ley algunas de estas
enmiendas harían referencia al texto remitido por el Congreso de los
Diputados. Señorías, les digo ya de antemano que en algunas ocasiones
tendré que hacer sobre la marcha adaptaciones en relación con la nueva
formulación de los artículos, y en otros casos sobre algunos apartados de
determinados artículos que han desaparecido. Insisto en ello, señorías, y
les pido disculpas de antemano por el escaso tiempo que hemos tenido para
realizar nuestro trabajo. Incluso el ponente del Grupo Parlamentario
Popular nos dijo en Comisión que en el Pleno tendríamos oportunidad de
debatir algunas enmiendas e incluso de formular algunas transaccionales.

Pero, sin más demoras, señorías, paso a analizar las 80 enmiendas que
Izquierda Unida ha presentado a este proyecto de ley.

La enmienda número 1 pretende que, con carácter global, en el texto del
proyecto de ley se sustituya la expresión «operador al que se encomienda
la prestación del servicio postal universal» por la de «operador público
postal al que se encomienda la prestación del servicio postal universal».

Señorías, puesto que la motivación está en el texto de las enmiendas, no
me extenderé en ella.

Con la enmienda número 2, al artículo 1.1, de adición, pretendemos
asegurar, independientemente de la regulación existente en el sector, la
prestación del servicio postal universal. Esta enmienda pretende incluir
al final del texto lo siguiente: «sin que por ello ponga en peligro la
prestación del servicio postal universal».

La enmienda número 3 es al artículo 2.2. Decíamos en la argumentación del
veto que entendíamos que no está suficientemente regulada la
autoprestación. Con esta enmienda de modificación pretendemos una
regulación más clara, más precisa de la autoprestación. Entendemos,
señorías, que con esto se tiende a una regulación más eficiente, más
transparente de la autoprestación de los servicios postales. En caso
contrario, consideramos que se dañará gravemente al operador público en
la medida en que los operadores privados asociados a los grandes clientes
pueden formar aquellas estructuras paralelas.

La número 4 es al artículo 3.2. Pretendemos con ella garantizar la
privacidad de los envíos postales y su posible utilización para usos no
permitidos por la legislación actual.

La enmienda número 5 es de modificación para conseguir una aclaración del
texto. No hace falta que me extienda en su motivación.

Con la número 6, que es de adición, pretendemos crear un nuevo apartado 2
al artículo 7 donde se regule el control de acceso al mercado de aquellos
solicitantes que se hayan visto incursos y hayan sido condenados por
sentencia firme por la comisión de algunos de los delitos que se
contemplan.




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La enmienda número 7, al artículo 8, mejora, desde nuestro punto de
vista, tanto la información como la transparencia de las empresas que
accedan a este servicio. La modificación que solicitamos se refiere a que
en el Registro General de empresas prestadoras de los servicios postales
deberán inscribirse los datos relativos a los beneficiarios de
autorizaciones administrativas, tanto generales como singulares, así como
de sus modificaciones, y otros datos de relevancia económica y social,
tales como acreditaciones de estar al corriente de los pagos a la
Seguridad Social y fiscales, en su caso, así como el volumen mínimo de
empleo a utilizar por el beneficiario de esta autorización en la
prestación de esos servicios postales, mediante los que se garantice unos
mínimos de calidad, disponibilidad y eficacia en la prestación de los
mismos.

Me van a permitir sus señorías que no entre en el contenido de cada
enmienda puesto que son 80, aunque sí me detendré en sus motivaciones.

La enmienda 8, al artículo 9.3, es de adición y con ella pretendemos
garantizar niveles de calidad y empleo, y evitar el «dumping» como un
elemento que va a distorsionar, sin duda, la competencia.

La enmienda número 9, al artículo 10.1, especifica la información mínima
que, desde nuestro punto de vista, se tiene que aportar para acceder a
una amortización de carácter general.

La enmienda 10, también al artículo 10.1, es de adición, ya que se debe,
desde nuestro punto de vista, indicar legalmente el contenido mínimo de
la información sobre los servicios a prestar, para evitar un posible
fraude posterior.

La enmienda número 11 propone una modificación al artículo 10.2. Con ella
se pretende extender el plazo de un mes a tres meses, porque consideramos
que el plazo de un mes invita, señorías, a lo que consideramos
inoperancia de la Administración y trata de que todas las solicitudes se
escriban con la garantía que nosotros pretendemos.

La enmienda 12 es de supresión de parte el artículo 10.2, por lo mismo
que he dicho antes con respecto al plazo del mes.

La enmienda número 13, al artículo 10.3, es de modificación y con ella
pretendemos una mayor centralización de la información en un único
registro.

La enmienda 14, al artículo 12, es de adición y con ella pretendemos que
cuando un operador es autorizado a prestar el servicio postal universal
no reservado, es forzoso que se cumpla con las condiciones y obligaciones
establecidas para el operador público en los artículos 16 y 17. Señorías,
en caso contrario, como podrán comprender, poco contenido tendrán los
requisitos que deben acompañar a las autorizaciones singulares, amén de
que supondría una desnaturalización del propio concepto de servicio
universal.

La enmienda 15, al artículo 12, letra b), es de supresión.

La enmienda 16, al artículo 13.3, es de modificación y guarda coherencia
con enmiendas anteriores.

La enmienda 17, al artículo 13.3, es de modificación y, señorías, con
ella se propone sustituir la expresión «para resolver» por la «de tres
meses».

La enmienda 18, al artículo 14.1, es de supresión. Queremos suprimir la
palabra «singular». Consideramos que a los titulares de autorizaciones
generales, aunque no presten servicios incluidos dentro del ámbito del
servicio postal universal, también se les debe imponer obligaciones de
servicio público por razones de interés general.

La enmienda 19 propone la modificación del artículo 15, con el fin de
apostar por una prestación universal más amplia, facilitando la cohesión
interna de la sociedad y la incorporación de los ciudadanos al progreso
social y económico. Señorías, entendemos que no es admisible que el
proyecto defina a la baja la prestación del servicio universal, muy por
debajo de lo que permite y marca la propia Directiva Postal. El texto que
proponemos recoge lo que, actualmente, la ciudadanía capta como servicio
público, y cuyos servicios a prestar deben garantizarse a precios
asequibles y con carácter universal. Por otra parte, el redactado del
apartado 5.º que propone el proyecto --insisto que con las correcciones
oportunas después de la introducción de las enmiendas del Grupo
Parlamentario Popular, aprobadas en Comisión-- puede suponer sin más una
autorización al Gobierno para reducir el ámbito del servicio universal y
entendemos que esta materia debe modificarse por ley.

La enmienda 20 propone una modificación en los artículos 15.2.B).b) y
15.4.b), con el fin de aumentar el ámbito de competencias del servicio
postal universal.

La enmienda 21, al artículo 15.2.C), es de adición y con ella pretendemos
aumentar servicios, tales como el burofax, el correo electrónico y su
posterior entrega en cualquier soporte al destinatario, u otros servicios
de mayor valor añadido de comunicaciones postales.

La enmienda 22 pretende una nueva formulación del artículo 15.5. En
consonancia con enmiendas anteriores, se pretende modificar el texto, que
diría: «Mediante la ley, y previo dictamen consultivo del Consejo Asesor
Postal, se garantizará la actualización de los servicios que se engloban
en el servicio postal universal, en función de la evolución tecnológica,
de la demanda de servicios en el mercado, de las necesidades de los
usuarios o por consideraciones de política social o territorial.»
La enmienda 23, de modificación, también lo es al artículo 15.5. Nosotros
entendemos que es necesario contar con el visto bueno del Consejo Asesor
Postal.

La enmienda 24, de modificación, lo es al artículo 16. Creemos que puede
haber distintos operadores actuando en el ámbito del servicio postal
universal prestando distintos servicios y, por otra parte, haciendo que
las obligaciones a las que se comprometan sean las mismas.

La enmienda número 25 al artículo 16.1 es de adición. Me ciño a la
motivación que nos lleva a su presentación: Garantizar a todos los
ciudadanos la prestación completa del servicio postal universal
independientemente del lugar de residencia, tanto desde el punto de vista
cuantitativo, en cuanto al número de habitantes del núcleo poblacional
donde reside, como por la radicación geográfica de ese núcleo
poblacional.

La enmienda 26, de adición, lo es al artículo 16.2.c). En su motivación
se dice: Los límites y las necesidades de los usuarios entran en
contradicción, y más si tenemos en cuenta que nos moveremos en un mercado
de libre competencia



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sobre los mismos servicios, por lo que entendemos que no se pueden poner
límites solamente al operador público al mismo tiempo que se le demanda
adaptarse a las necesidades de los usuarios. La enmienda propone añadir
el siguiente texto: «... para dichos servicios. No obstante, las
necesidades de los usuarios serán tenidas en cuenta para variar dichos
límites, y en especial las del ámbito rural en el que escasea una oferta
equivalente de servicios alternativos.»
La enmienda 27 pretende la supresión del artículo 16.3.a), porque
entendemos que el texto del proyecto puede suponer una habilitación al
Gobierno para suprimir la entrega de los envíos en los domicilios de
algunos destinatarios, posibilidad contraria al principio de
universalidad del servicio.

La enmienda 28, de modificación, lo es al artículo 16.4.b). Con ella
queremos evitar la discriminación. El texto que proponemos es el
siguiente: «Prestar el servicio, sin discriminación por razón ideológica,
raza, sexo u otras causas, entre los usuarios que se encuentren en
condiciones análogas.» Es lógico, porque, además, esta modificación
significaría adaptar la ley a la Directiva europea.

La enmienda 29, de modificación, lo es al artículo 17. En ella se habla,
al igual que he dicho ya en alguna otra ocasión, de obligaciones iguales.

Lo justificamos igual que en la enmienda 24. Puede haber distintos
operadores actuando en el ámbito del servicio postal universal prestando
distintos servicios y, por tanto, las obligaciones a las que se
comprometen deben ser las mismas.

La enmienda 30, de adición, lo es al artículo 17.2. Con ella se pretende
dar la mayor cobertura posible de servicio a la población. Pretendemos
añadir, tras el segundo inciso: «... Todo ello teniendo en cuenta las
necesidades de los usuarios.»
La enmienda 31, de modificación, lo es al artículo 17.2. La redacción del
proyecto de ley nos parece que es insuficiente para garantizar la calidad
del servicio postal universal. Evito leerles o entrar con detenimiento en
el texto, pero sí me voy a centrar en la necesidad del control de
calidad, en la necesidad de introducir unos parámetros que pueden
actualizarse de forma periódica y que se referirán, especialmente, a la
extensión de la red, las facilidades de acceso, las normas de
distribución y entrega, los plazos para el curso, la regularidad y a la
fiabilidad de los servicios. Insisto en que, en todo caso, debe figurar,
al menos, una recogida en los puntos de acceso que se determinen y una
entrega en la dirección postal de cada persona física o jurídica, todos
los días laborables y, como mínimo, cinco días a la semana. Insisto, son
criterios de calidad que mejoran lo que a nuestro entender es una
redacción insuficiente en el proyecto de ley.

La enmienda número 32, al artículo 17.4, tiene el siguiente texto: «Por
Orden del Ministerio de Fomento, se establecerá el contenido mínimo y la
periodicidad de este derecho de información.» Con ella pretendemos fijar
cada cuánto tiempo se debe facilitar la información a la que hace
referencia el artículo.

La enmienda número 33, al artículo 18.1, es de adición. Se refiere a las
notificaciones de órganos administrativos y judiciales. Entendemos que la
constancia fehaciente y la fe pública sólo pueden garantizarse por parte
del operador público. Por tanto, desde nuestro punto de vista, debe ser
un servicio reservado.

La enmienda número 34 propone suprimir el artículo 18.2. Creemos que el
apartado 2 deslegaliza la relación de los servicios reservados, cuando
debe establecerse por ley, de acuerdo con el artículo 128.2 de la
Constitución. Toda modificación en esta materia, según obligue la
Directiva europea, deberá ser, desde nuestro punto de vista, aprobada por
ley.

La enmienda número 35, al artículo 18.2, es de modificación. Con la
redacción que se da, «... será modificada por ley y previo dictamen
consultivo del Consejo Asesor...» pretendemos deslegalizar la regulación
de esta materia y que el Consejo Asesor Postal emita un dictamen sobre la
misma.

La enmienda número 36, al artículo 19.1.c), segundo párrafo, es de
supresión. Insisto una vez más que la constancia fehaciente y la fe
pública sólo puede garantizarse por el operador público.

La enmienda número 37, al artículo 19.2.e), es de adición. Señorías,
nosotros pretendemos añadir en el apartado 2 e), después de «giro»,
«postal y telegráfico», eliminando así todas las ambigüedades.

La enmienda número 38, al artículo 19.2, es de adición. Se propone un
nuevo apartado f), que diría: «La prestación exclusiva de los servicios
telegráficos.» El proyecto omite toda referencia a estos importantes
servicios y nosotros entendemos que son inherentes, junto a los postales,
al operador público.

La enmienda número 39, al artículo 19.2, es de adición. La motivación que
nos ha llevado a la presentación de esta enmienda es que las
Administraciones Públicas, destinadas constitucionalmente a servir al
interés general, deben utilizar en todos los casos al operador público.

Desde nuestro punto de vista, la redacción debe ser más ambiciosa que la
recogida en los artículos 18.1.A)b).

La enmienda número 40, al artículo 20.2, es de modificación. Habla sobre
el plan de prestación del servicio postal universal. Desde el punto de
vista de Izquierda Unida este plan debe contener las inversiones --hemos
tenido oportunidad de discutirlo en más ocasiones a lo largo del debate
sobre el veto-- que garanticen el acceso de todos los ciudadanos al
servicio. Además, para que se consolide en el tiempo, se debe dotar de
cierta continuidad temporal, más allá de la duración quinquenal.

La enmienda número 41, al artículo 20.3, es de adición. Nosotros
pretendemos que en el primer contrato-programa se debe tener en cuenta la
necesidad de invertir en torno a 100.000 millones de pesetas a lo largo
de los dos primeros años de los cinco que dura el mismo, para modernizar
y extender el servicio postal universal al servicio de los ciudadanos.

La enmienda 42, al artículo 21.1, habla de las responsabilidades. Es una
enmienda de modificación con la que pretendemos que la responsabilidad en
la prestación del servicio universal debe exigirse respecto de la
totalidad de operadores que lo presten y no sólo del operador público.




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Por eso proponemos sustituir donde dice «... el operador al que se
encomienda la prestación de servicio postal universal responderá...» por
la siguiente redacción: «... Los operadores que presten servicios
incluidos dentro del ámbito del servicio postal universal
responderán...».

La enmienda 43, al artículo 22, es de modificación. Entendemos que se
debe tener en cuenta el mantenimiento de la prestación del servicio
postal universal.

La enmienda número 44, al artículo 23.1, es de modificación. Con ella se
propone sustituir el texto del proyecto de ley para dejar claro que los
bienes que integran la red pública postal pertenecen al Estado.

La enmienda 45, al artículo 24, es de modificación. Con ella pretendemos
subrayar el carácter público del operador al que se encomienda la
prestación del servicio postal universal.

La enmienda 46, al artículo 24.2, es de supresión y guarda coherencia con
enmiendas anteriores, por lo que no me voy a extender más en ella. Lo
mismo ocurre con la enmienda 47, al artículo 25, que también es una
enmienda de supresión.

La enmienda 48, al artículo 26.1, primer párrafo, es de modificación. Con
ella pretendemos garantizar la financiación. Desde nuestro punto de
vista, el elemento central de financiación debe ser el contrato-programa,
teniendo en cuenta la obligación impuesta por el Estado al operador
público para prestar un servicio postal universal y a precios asequibles,
por lo que el Fondo de Compensación debe dirigirse a complementar, y no a
sustituir, señorías, aquella financiación.

La enmienda 49, al artículo 26.1, es una enmienda de adición. Con ella
pretendemos incluir al final del texto: «... prestado por el operador
público postal», y está también en consonancia con enmiendas planteadas
anteriormente.

La enmienda número 50, al artículo 26.1, tercer párrafo, tercera línea y
cuarto párrafo, octava línea, es de adición. Se propone añadir después de
la palabra «operador», la palabra «público», de acuerdo también con
enmiendas anteriores.

La enmienda 51, al artículo 28, es de modificación. El artículo 28 se
refiere a la financiación por parte del Estado y ésta es una enmienda
coherente con otras que ya he presentado anteriormente, en especial la
número 20.

La enmienda 52, al artículo 20, es de adición. Con ella pretendemos que
después de «Por Orden del Ministro de Fomento...», se añada el siguiente
texto: «... y de acuerdo con las previsiones establecidas en la Directiva
europea sobre la materia y normas de desarrollo...». Esta enmienda es
acorde con el mandato de la Directiva Postal.

La enmienda 53, al artículo 31, segundo párrafo, es de supresión. Su
motivación es que teniendo en cuenta que trata de la prestación del
servicio universal, una de cuyas notas fundamentales es la asequibilidad,
y que aquél es susceptible de ser prestado por otros operadores, no debe
limitarse la fijación de precios máximos sólo al operador público.

La enmienda 54, al artículo 33, primer párrafo, es de adición. En esta
enmienda, relativa a las tasas, se propone al final del párrafo el
siguiente texto: «Esta tasa será del uno por ciento de los ingresos
anuales brutos de explotación que obtenga el titular». Entendemos que los
límites y porcentajes previstos en el párrafo segundo de este artículo
son excesivamente ambiguos y hay que modernizar el correo público si se
quiere garantizar el servicio postal universal.

La enmienda 55, al artículo 33, es de supresión y no me voy a extender
más en ella.

La enmienda 56, al artículo 34.5, es de modificación. Con ella
pretendemos sustituir las cantidades de 100.000 y 200.000 por 400.000 y
600.000, respectivamente. Entendemos que el acceso al mercado postal no
puede suponer las cantidades insignificantes e irrisorias previstas en el
proyecto, en tanto que de lo que se trata es de regularlo con cierta
racionalidad y no permitir la actuación, sobre todo en lo que respecta al
servicio postal universal, de operadores que busquen la máxima
rentabilidad con un mínimo coste.

La enmienda 57, que hace referencia al artículo 37.1, es de modificación.

Creemos que el plan que se plantea en la ley debe ser aprobado por el
Parlamento. La redacción de la misma es: «Corresponde al Gobierno la
elaboración de las previsiones para la ordenación y desarrollo del sector
postal. La aprobación del Plan de Prestación del Servicio Postal
Universal al que se hace referencia en el artículo 20 de esta Ley, se
realizará por ley».

La enmienda número 58, presentada al artículo 38.2, habla de las
funciones del Consejo Asesor Postal. La motivación está suficientemente
clara, y es que entendemos que el nivel de implicación social que se
persigue con las competencias atribuidas al Consejo es acorde con la
naturaleza de éste (órgano de participación de todas las partes
interesadas), habida cuenta del carácter público del servicio postal
universal. Por otra parte, señoría, los cambios que tan velozmente se
producen en este mercado, requieren un órgano asesor con especial
incidencia en las decisiones tanto sobre los servicios como sobre la
financiación del operador público.

¿La enmienda 59, al artículo 38.3, es de modificación. Planteamos lo
siguiente: «El Consejo Asesor Postal estará formado por miembros que
representarán a las Administraciones Públicas, al operador público
prestador del servicio postal universal, a las asociaciones de
consumidores y usuarios, a las asociaciones empresariales del sector y a
los sindicatos más representativos del mismo.»
La enmienda número 60, formulada respecto al artículo 38, es de adición.

También se refiere al Consejo Asesor Postal. No voy a entrar ahora en la
regulación detallada y pormenorizada que hacemos sobre éste. Sólo diré
que entendemos que la ley debe regular la composición del Consejo Asesor
Postal.

La enmienda número 61, que es de adición, también hace referencia al
artículo 38. Con ella pretendemos establecer las bases del funcionamiento
del Consejo Asesor Postal.

La enmienda número 62, al artículo 39, es de adición. En ella proponemos
añadir un nuevo número 3 a este artículo. El texto sería el siguiente:
«Reglamentariamente se



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adoptarán las normas necesarias para permitir que el operador público
postal al que se encomienda la prestación del servicio postal universal
colabore con la Secretaría General de Comunicaciones en tareas de
inspección y denuncia dentro del sector.» Entendemos que en el caso de
incumplimiento de normas el operador público del servicio postal
universal sería el más perjudicado, por lo que estimamos necesario
dotarle de una participación más activa en las funciones de inspección y
denuncia.

La enmienda número 63, presentada al artículo 39, es de adición. Se
propone un control por parte del Congreso de los Diputados, aunque a mí
me hubiera gustado no radicarlo exclusivamente en el Congreso de los
Diputados y haber puesto Cortes Generales. De todas formas, señorías, con
esta enmienda pretendemos que se dé cuenta de la situación del sector.

Insisto en que hubiera preferido que se aludiese a las Cortes Generales
en vez de al Congreso de los Diputados.

La enmienda número 64 es una enmienda de supresión del artículo 41.2.b).

Me remito a la motivación expuesta en el texto de esta enmienda.

La enmienda número 65, que hace referencia al artículo 41.2.g), también
es de modificación. Con ella queremos despejar cualquier ambigüedad
respecto a si el tipo se produce ya con la negativa a ser inspeccionado,
o bien se precisa también obstrucción o resistencia.

La enmienda número 66, formulada al artículo 42.5, es de adición, y me
remito a justificación expresa en la enmienda.

La enmienda 67, que es de adición, se presenta al artículo 44. Creemos
que los perjuicios lo son respecto del propio servicio postal universal.

Por eso pretendemos añadir: «... por los daños que se puedan ocasionar a
éste».

La enmienda número 68, que se refiere al artículo 46, es de modificación.

Pretende aumentar el plazo de prescripción para salvaguardar los derechos
económicos que puedan surgir por la comisión de las infracciones y sus
correspondientes sanciones.

La enmienda número 69, presentada al artículo 46, es de modificación y su
texto es suficientemente claro.

La enmienda número 70, formulada al título de la disposición adicional
primera, propone algo que ya hemos dicho muchas veces, y es añadir tras
«operador» la palabra: «público».

Señorías, la número 71 es una enmienda de modificación a la disposición
adicional primera con el fin de garantizar un servicio público de correos
en el territorio nacional.

La número 72 a la disposición adicional cuarta es una enmienda de
supresión, por entender que no tiene sentido obligar al operador público
a prestar la totalidad del servicio postal universal, en el que se
incluyen servicios no rentables económicamente, motivo por el cual
celebrará un contrato-programa con el Estado, y que, al mismo tiempo,
deba pagar las tasas del artículo 33.

La número 73 propone crear disposición adicional nueva, en la que me
detendré un poco más. El texto que se propone es el siguiente: «El
personal de los cuerpos adscritos a la Entidad Pública Empresarial
Correos y Telégrafos, pero que no prestan servicios en ésta, quedan
habilitados, a efectos de promoción y concurso, para acceder a los
Cuerpos Generales de la Administración Civil del Estado.» Señorías,
quiero reconocer aquí que en el proceso de debate que la tramitación del
proyecto de ley está produciendo socialmente, se ha originado algún
requerimiento no sólo por parte del personal de los cuerpos adscritos a
la Entidad Pública Empresarial Correos y Telégrafos que no están
prestando servicio en ésta, sino incluso por los que sí lo están
haciendo. Con esta enmienda queremos dar una cobertura suficiente a este
tipo de trabajadores en virtud del artículo 1.a) del Real Decreto
1638/1995, de 6 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento de
Personal al servicio del Organismo Autónomo Correos y Telégrafos.

Señorías, habría que hacer un esfuerzo específico para buscar una
solución a estos problemas. Izquierda Unida considera que no sólo no
causan ningún problema, sino que estaríamos resolviendo otro tipo de
problemas: personales, familiares. Por lo tanto, es una obligación
resolver esos problemas, puesto que hay muchos trabajadores pendientes de
encontrar el mecanismo adecuado, y qué mejor oportunidad que el proyecto
de ley para dar solución a los mismos. Señorías, quiero hacer referencia
a algunas sentencias judiciales que se han producido recientemente. Esta
es una buena oportunidad para atender las peticiones de estos
trabajadores y dejar esta cuestión resuelta en la tramitación del
proyecto de ley.

La enmienda número 74 --voy terminando, señor Presidente--, es una
disposición adicional nueva. La redacción que se propone es la siguiente:
«El Plan de Prestación del Servicio Postal Universal deberá incluir la
posibilidad de que la Entidad Pública Empresarial Correos y Telégrafos
pueda prestar servicios de valor añadido en materia de Comunicaciones.»
Ni qué decir tiene, señorías, que las nuevas tecnologías han ampliado los
servicios que se pueden ofrecer en materia de correo como, por ejemplo,
el correo electrónico. Por lo tanto, es necesario que el operador público
encomendado para la prestación del servicio postal universal pueda
ofrecer este tipo de servicios.

La número 75 propone también una disposición adicional nueva. Voy a
detenerme exclusivamente en la motivación, que dice lo siguiente: El
contrato-programa es para financiar el coste de la universalización del
servicio, pero hay otra exigencia cual es la no discriminación entre
usuarios en situaciones análogas, y para corregir la realidad actual
(número de oficinas por habitantes, número de oficinas por superficie o
distancia y extensión en la oferta de servicio) hace falta invertir
primero en infraestructura postal o red pública postal, habilitando
nuevas oficinas y modernizando las ya existentes. Señorías, no basta con
detectar estas necesidades, hay que garantizar en el contrato-programa
cómo se puede financiar el costo de todas estas cuestiones planteadas.

La número 76 es una enmienda de adición a la disposición transitoria
primera, punto 2.º Con ella pretendemos que ningún operador pueda
disponer, con la ley, de título habilitante respecto de servicios
reservados.

La enmienda número 77, a la disposición transitoria primera, punto 2.º,
es de supresión. Me remito a su motivación.




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La enmienda número 78, a la disposición final segunda, es de
modificación, en coherencia con otra enmienda que hemos formulado al
artículo 37.1.

En la enmienda número 79, de adición, a la disposición final segunda, se
propone añadir: «... previo informe del Consejo Asesor Postal», de
acuerdo con las funciones y competencias del Consejo propuestas en la
enmienda al artículo 38.

Para finalizar, señoría, la enmienda número 80 propone una disposición
final nueva, por tanto es una enmienda de adición, para garantizar el
servicio reservado.

Señor Presidente, con esto doy por defendidas las enmiendas. En el
trámite de Comisión, por las dificultades a las que hacía referencia al
comienzo de mi intervención, no se pudo hacer un debate pormenorizado,
enmienda a enmienda. En el transcurso del debate, sin duda, tendremos
oportunidad de aclarar algunas cuestiones más.

Muchas gracias, señor Presidente.




El señor PRESIDENTE: Gracias, Senador Román Clemente.

Pasamos al voto particular número dos, que corresponde al Grupo
Parlamentario Mixto, concretamente a los Senadores Nieto Cicuéndez y a la
Senadora Costa Serra.

Tiene la palabra el Senador Nieto Cicuéndez.




El señor NIETO CICUENDEZ: Muchas gracias, señor Presidente.

Señorías, más que mencionar enmienda por enmienda, en aras de la economía
parlamentaria, voy a intentar hacer algunas consideraciones a las 27
enmiendas que hemos planteado y exponer las causas que las motivan.

En primer lugar, existe una preocupación, que se refleja no solamente en
nuestras enmiendas, sino en las presentadas por otros grupos, que es, por
un lado, garantizar el servicio universal del servicio postal y, por
otro, garantizar los puestos de trabajo, tanto los existentes como
aquellos que se creen en la medida en que se vayan privatizando los
servicios de correos, estableciendo las mínimas garantías para que esas
nuevas empresas que vayan surgiendo en el ámbito de correos y telégrafos
no subcontraten, etcétera, y deterioren el mercado de trabajo. Por tanto,
pretendemos que a la hora de las privatizaciones y de las concesiones se
establezcan unas mínimas garantías, tanto económicas como en las
relaciones laborales de las empresas que puedan acceder a este mercado.

Otra preocupación es cómo se garantiza que el ente público de correos no
se quede con la parte no rentable y no siga siendo deficitario. Es decir,
garantizar que aquellas empresas que entren en el concurso para obtener
demarcaciones, etcétera, no tengan la tentación de dejar al ente público
de correos y telégrafos las zonas rurales, los pueblos pequeños,
etcétera. Se trata de que los paquetes de privatización del sector sean
homogéneos, de modo que puedan garantizar grandes zonas junto a pequeñas
zonas, porque, si no, existe la tentación de buscar solamente la
rentabilidad que, muchas veces, está reñida con el servicio universal. En
el servicio universal para que lo sea, lógicamente hay sectores que no
son rentables, ni hoy ni nunca, pero es un servicio que también hay que
dar a la ciudadanía. Esta es otra preocupación que se refleja en las
enmiendas.

Por último, hay que definir qué papel va a jugar el consejo asesor, no
solamente en el proceso actual, sino en el de la privatización. Nosotros
entendemos que, en definitiva, debe de velar por el proceso de
privatización del sector, aunque en el proyecto de ley se contempla la
posibilidad de privatizar todo. Hay países que, incluso con la Directiva
en la mano, se han reservado un mínimo de un 20 por ciento, como es el
caso de Alemania; otros garantizan de alguna forma una participación
pública en el sector y cumplen la norma comunitaria. Es decir, aunque
este tema aparentemente sea objeto de un debate general, a tenor de la
Directiva europea, no sólo se puede hacer una privatización salvaje, sino
también controlada o donde el sector público tenga un peso importante y
vele, en definitiva, por el carácter universal de este servicio de
Correos y Telégrafos.

Muchas gracias, señor Presidente.




El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, Senador Nieto Cicuéndez. Le
agradezco la síntesis de su intervención.

Pasamos al voto particular número 4, que corresponde a las enmiendas
números 118 a 124, originariamente presentadas por el Senador Ríos Pérez,
que tiene la palabra.




El señor RIOS PEREZ: Muchas gracias, señor Presidente.

Con el permiso del señor Presidente, mando un saludo especial a los 20
Senadores extramundialistas. No quiero comentar nada más para que no
quede reflejado en el «Diario de Sesiones». (Risas.)
Paso a las ocho enmiendas que presenta Coalición Canaria, habiendo sido
aprobadas muchas de ellas por el Congreso de los Diputados, por lo que,
obviamente, ya no pasan por el Senado. Concretamente son siete, de las
cuales, cuatro son de carácter general y tres de carácter autonómico.

En cuanto a la enmienda número 118, se refiere a la necesidad de una
mayor concreción y seguridad jurídica para delimitar el sector postal que
se encuentra liberalizado. Se recoge este servicio de correo rápido
internacional basado, fundamentalmente, en la Decisión 90/456, de la
Comisión de la Comunidad Económica Europea, sobre prestación del servicio
de correo rápido internacional y nacional, siempre que presente este
valor añadido específico. En esa línea está también la enmienda número
119.

En cuanto a la enmienda número 121, es muy extraño que la tasa de
certificación registral se fije en la Ley General de Telecomunicaciones
en 6.000 pesetas y, sin embargo, aquí en 10.000 pesetas. No sé cuáles son
las valoraciones concretas que se hacen en función de las diferentes
certificaciones.

Respecto a la enmienda número 124, creo que es necesario indicar que el
régimen jurídico aplicable a la prestación de los servicios de télex,
telégrafos y otros de características similares, es el establecido en la
Ley General de Telecomunicaciones porque, de lo contrario, se puede crear
una inseguridad jurídica.




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En cuanto a la enmienda número 120, concretamente de tipo autonómico,
especifica que las tarifas por servicios postales con origen o destino en
las islas Canarias, Baleares, Ceuta y Melilla no serán en ningún caso
diferentes a las del resto del Estado español, independientemente de la
distancia y del transporte a que este servicio postal obligue.

Respecto a la enmienda número 122, se relaciona con lo que indica el
proyecto de ley, en cuanto a que estarán representadas en el Consejo
Asesor postal las Administraciones públicas. Creemos que es más
conveniente indicar la Administración del Estado, las Administraciones
autonómicas y la Administración local, porque, a veces, en estos casos
hay situaciones de olvido, no sé si culposo o no, en relación con la
representación cuando se habla en general de las Administraciones
Públicas.

Por último, en la enmienda número 123 proponemos un plazo de un año --que
creemos que es importante-- ante la entrada en vigor de esta ley, y una
previa conformidad de las Comunidades Autónomas en relación con la
entrega de envíos, para que sean éstas las que garanticen este tipo de
servicio, desde el punto de vista funcional y geográfico.

Quiero recordar, quizás a los que tenemos algunos años más, que todo esto
se hace para mejorar, y siempre y cuando no vayamos a empeorar el
servicio postal en el Estado español. No hay que olvidar que, quizás con
ciertos rasgos sobre todo prebélicos civiles, y no sé si republicanos o
de la última época alfonsina, se decía que las únicas cartas que no
llegaban a su destino eran las que no se escribían, o mejor dicho las que
no se enviaban. Espero que hayamos avanzado con las técnicas modernas.

Muchas gracias, señor Presidente.




El señor PRESIDENTE: Gracias, Senador Ríos Pérez.

Voto particular número 5, que corresponde al Grupo Parlamentario de
Senadores Nacionalistas Vascos, y a las enmiendas números 110 a 117.

Tiene la palabra el Senador Gangoiti.




El señor GANGOITI LLAGUNO: Muchas gracias, señor Presidente. (El señor
Vicepresidente, Aguilar Belda, ocupa la Presidencia.)
Nuestro grupo parlamentario, como ha dicho el señor Presidente, tiene
presentadas ocho enmiendas a un proyecto que supone la adaptación de una
directiva comunitaria, y todos sabemos que así como los reglamentos
comunitarios obligan literalmente a cumplir lo que ha dicho la Unión
Europea, tanto en el caso de las directivas como de las directrices se da
un margen a los Estados para que, dentro del marco de la filosofía que ha
marcado la Unión Europea, desarrollen las diferentes cámaras legislativas
ese proyecto.

En ese sentido, nuestro grupo parlamentario aunque va a votar
favorablemente al proyecto va a mantener sus enmiendas y también va a
votar a favor de una serie de enmiendas presentadas por la oposición,
porque creemos que se podría haber logrado, en el curso de la
transposición de esta directiva, un mayor equilibrio dentro de la
liberalización que plantea la Unión Europea.

La enmienda número 110 es de modificación, y la presentamos porque
creemos que en el texto del Gobierno existe una incoherencia en cuanto a
la liberalización del servicio postal, que es lo que persigue la ley que
estamos debatiendo en estos momentos, ya que la redacción actual impedirá
el funcionamiento normal de las empresas que en la actualidad realizan
estos servicios en régimen de autoprestación, no procediendo por ello la
exigencia de exclusividad que se manifiesta en el proyecto que nos ha
remitido el Gobierno, que es el texto que estamos debatiendo.

Las enmiendas números 111 y 112 son muy parecidas, y en ellas planteamos
la modificación del artículo 15.2.B), debido a que de esta forma
existiría una mayor cobertura del servicio postal universal en el envío
de todos los paquetes postales.

La enmienda número 113 es de modificación, y lo que tratamos con ella es
de garantizar los envíos a las direcciones postales señaladas en los
mismos, ya que la excepción contenida en el proyecto puede llegar en
algún momento a ser discriminatoria para una parte importante de la
población, evidentemente no para quienes viven en las grandes ciudades,
pero sí para quienes viven en núcleos rurales y diseminados, que todos
sabemos que tienen problemas y a los cuales se les debe de garantizar --y
la oportunidad es esta ley-- el buen funcionamiento del servicio postal
universal.

La enmienda 114 está en coherencia con la que he defendido anteriormente.

La enmienda número 115 es de supresión y tiene por objeto garantizar el
ámbito de los servicios reservados al operador postal universal.

La enmienda 116 es de supresión y también está en coherencia con la
número 113, que he defendido anteriormente, al artículo 16.3.a) y porque
la inclusión del criterio de cuantificación que se plantea en este
proyecto supone, desde nuestro punto de vista, romper con el criterio de
tarifa única para todos los usuarios del operador público.

La enmienda 117 es de modificación y se refiere al tema de las
infracciones. Nuestro Grupo presenta una serie de modificaciones respecto
a las cuantías de las infracciones leves, graves y muy graves, y no voy a
aburrir con las cifras a sus señorías, pero lo que sí quiero decir es que
presentamos esta enmienda con el objeto de que se lograse una penalidad
gradual y proporcional, lo que creemos que es muy importante a los
principios del Derecho Administrativo sancionador.

Y con esto, señor Presidente, doy por defendidas las enmiendas de nuestro
grupo parlamentario, anunciando, como he dicho antes, que creemos que se
podría haber buscado una adaptación de la Directiva comunitaria mucho más
equilibrada; que, a pesar de ello, vamos a votar a favor, pero que
también vamos a votar en contra de una serie de artículos y a favor de
algunas enmiendas de la oposición.

Nada más y muchas gracias, señor Presidente.




El señor VICEPRESIDENTE (Aguilar Belda): Gracias, Senador Gangoiti.




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Voto particular número 1, del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de
Convergència i Unió, correspondiente a la enmienda 109.

Para su defensa, tiene la palabra el Senador Beguer.




El señor BEGUER I OLIVERES: Muchas gracias, señor Presidente.

Nuestro voto particular correspondiente a la enmienda 109, a la
disposición transitoria primera, puntos 1, 2 y 3, propone que a las
entidades que dispongan de título habilitante para la prestación de
servicios u operaciones postales se les garantice la posibilidad de
continuar prestándolos durante el plazo de un año desde que se produzca
la entrada en vigor del reglamento, es decir, en vez de un año desde la
entrada en vigor de la ley, un año desde la entrada en vigor del
reglamento.

Igualmente, en el punto 3, párrafos tercero y cuarto, donde indica «Las
actuales agencias colaboradoras debidamente habilitadas, podrán continuar
prestando su actividad durante el plazo de un año...», nosotros
proponemos que sea desde la entrada en vigor del reglamento, en vez de un
año desde la entrada en vigor de la ley, como dice el actual proyecto.

La razón, señor Presidente, es obvia. Se trata de conceder un plazo más
razonable para que se puedan adecuar las estructuras y sus fines --sean
las entidades con título habilitante o las actuales agencias
colaboradoras-- y adaptarse mejor a la nueva normativa, sin los traumas
que puede suponer un plazo tan corto como el previsto por la ley.

Nada más. Muchas gracias.




El señor VICEPRESIDENTE (Aguilar Belda): Gracias, Senador Beguer.

Voto particular número 6, del Grupo Parlamentario Socialista, que
corresponde a la vuelta al texto del Congreso de los Diputados en
relación con los artículos 2.1, 6, 10.3, 15.5, 16.3, párrafo primero,
17.2, 18.1.B) párrafo primero, 18.2, 19.2.e), 20.2, 22, párrafo primero,
23.3, 30.1, párrafo primero, 30.3, 30.4.C), disposición adicional quinta
nueva, disposición transitoria primera, números 2 y 3 y disposición final
segunda.

Para su defensa, tiene la palabra el Senador Luis Calvo.




El señor LUIS CALVO: Muchas gracias, señor Presidente.

En primer lugar, solicito la venia de la Presidencia para defender las
enmiendas del Grupo Socialista en dos bloques, el primero de ellos
compuesto por las enmiendas referentes a la exposición de motivos,
Títulos I y II, defensa que haré yo mismo, y el segundo de ellos
compuesto por las relativas a los Títulos III y IV y disposiciones,
respecto de las que intervendrá mi colega y compañero de Grupo el señor
Beltrán.

Quiero anunciar, en principio, que mi Grupo retira el voto particular en
lo relativo al dictamen de la Comisión respecto del artículo 30.1 párrafo
primero.

Señorías, no va a cundir en nosotros el desaliento por más que las masas
senatoriales se hayan desplazado --como decía el Senador Ríos hace un
momento-- al Mundial de fútbol.

Nos encontramos en el debate de un proyecto de ley que pretende
determinar lo que ha de ser el servicio postal en España. Como dijimos en
Comisión, la primera pregunta que debemos plantearnos es: ¿qué es lo que
hay que hacer con el correo español? Para obtener una respuesta
mínimamente satisfactoria hemos formulado una serie de enmiendas que
pretenden perfilar y definir cuáles son, desde nuestro punto de vista,
las características fundamentales de lo que ha de ser un servicio postal
universal. Para ello nos basamos en lo que dice la Directiva comunitaria,
puesto que nosotros entendemos que debe ser un servicio de carácter
esencial reconocido por la Constitución, de que todos los ciudadanos
tienen derecho a recibir la correspondencia.

Como España es uno de los países más liberalizados en materia postal nos
planteamos en este momento frenar un poco ese proceso liberalizador,
adecuarlo a lo que establece la Directiva comunitaria y comprobar después
si en los años 2003 ó 2004, cuando se produzca la revisión de dicha
Directiva, las cosas van en una dirección o en otra. Por eso, el presente
debate debiera servir para ver si entre todos podemos conseguir un modelo
de correo en el que se mantenga un operador público con una zona
reservada a su competencia y que entre, en otra, en libre concurrencia
con otros operadores privados en cumplimiento de la Directiva
comunitaria. Sin embargo, observamos algunas dificultades, y no pequeñas,
a la hora de valorar cómo entiende cada uno la situación, cómo entiende
cada uno el escenario y cómo entiende cada uno los objetivos. ¿Cuál es la
dificultad? La dificultad está tanto en el concepto como en lo que se
pretende. Nos encontramos de salida con un correo que está liberalizado y
pudiera ocurrir, de liberalizarlo más, que nos viéramos sin correo
público de aquí a no mucho tiempo.

A mi Grupo esto le preocupa. Entendemos que tiene que haber un correo que
tenga una reserva especial que nos viene impuesta por la Directiva. Lo
que dice la Directiva comunitaria tiene muy poco que ver con lo que se
plantea en este proyecto de ley. Por ello, las enmiendas que hemos
presentado son numerosas. Sería largo y complicado defender una por una
las enmiendas. De ahí que vamos a defender los aspectos que nosotros
consideramos más importantes del conjunto de esas enmiendas.

Las referidas a la exposición de motivos pretenden, en un afán de ahorrar
tiempo en la intervención, que ésta se ajuste más a la realidad de la
Directiva comunitaria que ya es palpable y, naturalmente, a los criterios
que deben imperar en el proyecto de ley. El Título I comprende las
enmiendas relativas a lo que son las disposiciones generales de este
proyecto de ley. Pretendemos definir cuáles son, desde nuestra
perspectiva, los aspectos más destacados de los servicios postales en
España en íntima relación con lo que dice la Directiva comunitaria y con
lo que nosotros entendemos debe ser el correo en nuestro país. Es decir,
de acuerdo con el texto constitucional tiene que haber un correo público,
y nuestros ciudadanos tienen derecho a recibir correspondencia en las
mejores condiciones de calidad y de plazo.

El objeto de la ley ha de ser el regular el funcionamiento de esos
servicios postales, en un marco de libre



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competencia, comprendiendo, por tanto, qué tipos de servicios postales
son de reserva exclusiva del Estado, qué tipo son de libre concurrencia
con otros operadores públicos, y qué tipo de servicios, que sean
considerados como postales, quedan exceptuados del marco de esta ley y
pasan a ser regulados por la Ley de Ordenación de Transportes Terrestres.

Creemos que la definición que nosotros proponemos a través de nuestras
enmiendas expresa de manera más nítida el objeto de la ley y, por otra
parte, traspone más fielmente el sentido de la Directiva 97/67.

La enmienda que proponemos al apartado 2 del artículo 1 define de manera
mucho más clara, a nuestro juicio, la naturaleza jurídica del servicio
postal frente a la definición del proyecto, en la que existe, también a
nuestro juicio, una evidente contradicción entre el contenido que se da a
los servicios postales de interés general, que se prestan en régimen de
libre concurrencia, y la que se da a los servicios reservados al Estado.

La definición que proponemos es más clara e inequívoca, pues hacemos
referencia solamente al servicio postal universal como servicio esencial,
tal y como viene recogido en nuestro texto constitucional.

Nuestra creencia en un servicio postal universal --complemento
fundamental para garantizar la cohesión territorial y social-- es la que
nos mueve a plantear una enmienda que posibilite la existencia de una red
postal pública que no se vea sometida a los vaivenes financieros que
puedan producirse en la prestación del servicio postal universal. Por
ello queremos que en todo momento exista la garantía de que el equilibrio
financiero del operador postal no vaya a ser cuestionado.

Con nuestras enmiendas también pretendemos más claridad en lo que se
entiende por servicios postales, ya que existe, desde nuestro punto de
vista, una evidente confusión en la definición del texto que nos plantea
el Gobierno. Queremos definir en qué consisten los envíos postales, todo
ello en perfecta consonancia con la Directiva comunitaria.

Nos preocupa también la definición que se hace del régimen de
autoprestación, ya que si se mantiene el texto actual podemos
encontrarnos con que, amparándose en las circunstancias que rodean la
autoprestación, se vea afectado negativamente el contenido de los
servicios postales reservados. Entendemos que el régimen de
autoprestación ha de ser mucho más restrictivo. No puede convertirse en
la justificación por la que se evite el uso de la red postal para la
distribución de la correspondencia a los ciudadanos. De ahí que
consideremos que la autoprestación es una excepción tan específica y tan
delimitada, que en modo alguno puede ser el cobijo de comportamientos que
burlen el uso del servicio postal universal.

Tampoco nos parece oportuna la regulación que se plantea en el artículo 5
respecto a las controversias entre usuarios y operadores y de los
operadores entre sí. La regulación que nosotros proponemos delimita más
claramente la aplicación de la Ley 28/1994, de Defensa de los
Consumidores y Usuarios, y, por tanto, propiciamos el funcionamiento de
las juntas arbitrales a la vez que damos participación a los usuarios en
el Consejo Asesor del servicio postal universal y, por otro lado,
llevamos las controversias entre operadores a la autoridad nacional de
reglamentación postal que la Directiva obliga a designar.

En este proyecto de ley se considera que esta autoridad tiene que ser el
Ministerio de Fomento, pero, a nuestro juicio, no puede ser que quien
está impartiendo las normas y las pautas de organización y decisión de un
operador público sea a la vez el que controla su propia vigilancia.

El Título II hace referencia a otro aspecto también fundamental de la
ley: la prestación de servicios postales en régimen de libre
concurrencia. Creemos que el concepto de servicios postales que ha habido
hasta ahora en España tiene que tener un tratamiento absolutamente
distinto del que se le da en este texto. ¿Qué es lo que tiene que regular
esta ley? Tiene que regular los servicios postales y, más
específicamente, servicios postales universales. Todo lo que no sean
servicios postales universales, todo lo que sea paquetería, todo lo que
esté por encima de los límites que se establecen para lo que entendemos
por servicio postal, es decir, los 2 kilogramos en correspondencia y los
20 kilogramos en paquetería, todo eso tiene que estar regulado por la Ley
de Ordenación de los Transportes Terrestres. Incluso cuando estamos
hablando de los servicios postales universales en régimen de libre
competencia tampoco pasa nada porque sea la propia Ley de Ordenación de
los Transportes Terrestres la que regule los sistemas para obtener
autorizaciones o licencias para funcionar en este sector. Por ello, las
enmiendas que presentamos al articulado de este Título II tienen la
pretensión de clarificar todo este régimen administrativo y adecuarse a
lo que establece la directiva comunitaria, empezando por la propia
terminología; hay que hablar de licencias y autorizaciones de carácter
individual porque las autorizaciones generales vienen reguladas en la Ley
de Ordenación de los Transportes Terrestres.

En el artículo 9 hacemos referencia a que en los servicios situados fuera
del ámbito del servicio postal universal deberíamos definir de manera muy
clara que no son propiamente servicios postales, sino que son servicios
generales de transporte y distribución de objetos y mercancías y que
resulta poco operativo, confuso e intervencionista someterlos a los
requerimientos de control y prestación propios de unos servicios
postales, cuando ello no es absolutamente necesario.

Pedimos que se suprima el punto 3 del artículo 9. Es uno de los ejemplos
evidentes de la confusión, a la que hemos hecho referencia anteriormente,
al mezclar de forma continua los servicios no incluidos en el ámbito del
servicio universal con los servicios que están incluidos dentro de ese
servicio. No estamos ante un problema de diferencia de criterios
políticos, sino ante una cuestión absolutamente técnica de utilización
correcta de los conceptos postales y lo que esto significa.

Lo que se regula en este apartado, es decir el cumplimiento de los
requisitos esenciales y el tratamiento de los envíos con imposibilidad de
entrega al destinatario, son requerimientos que se predican como servicio
universal y, por tanto, de los servicios incluidos dentro del servicio
postal universal. Y puesto que en este artículo se está hablando



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de los servicios que no forman parte del servicio universal no tiene
ningún sentido que se incluya en él. Pedimos también la modificación del
artículo 10 porque entendemos que el procedimiento para la obtención de
las autorizaciones para operar en el mercado de los servicios no forma
parte del servicio universal y, además, está regulado en la Ley de
Ordenación de los Transportes Terrestres, como ya se ha indicado. Se
trataría, por tanto, de evitar que se genere inseguridad jurídica, que se
genere duplicidad administrativa y, desde luego, que se generen molestias
en muchos casos no justificadas a los propios operadores postales.

Por lo que se refiere al artículo 10.1, con nuestra enmienda pretendemos
incorporar las definiciones que la directiva hace de las dos clases de
autorizaciones posibles en el ámbito postal, definiciones que, a nuestro
juicio, son claves para la regulación y desarrollo posterior del sector,
y en concreto, del propio proyecto de ley.

A nuestro entender, las exigencias de la Directiva valen tanto para el
servicio universal prestado por el operador público como para los
privados, por lo que a éstos también les son exigibles los mínimos de
calidad, de ahí nuestra enmienda al artículo 12. Parece lógico que la
prestación de servicios de interés público se ajuste a algunas formas
clásicas de su gestión, en coherencia con su naturaleza jurídica.

Tampoco nos parece aceptable el silencio positivo en el otorgamiento de
las autorizaciones administrativas singulares que facultan a sus
titulares para la prestación de un servicio público.

También quiero referirme, aunque sea de pasada, a los artículos que se
modificaron por enmiendas del Grupo Parlamentario Popular en la Comisión,
y cuyo voto particular hemos presentado.

Pensamos que el artículo 2.1 ha empeorado bastante en su texto, porque la
definición de envío postal que hace la ley es ya de una total
indefinición, no resiste ninguna comparación con la definición precisa
que hace la Directiva.

El artículo 6 del texto que existe en este momento deteriora aún más el
proyecto respecto del que había antes de comenzar el trámite de Comisión.

El nuevo texto da por supuesto que los operadores privados no tienen
ninguna obligación cuando actúan en el ámbito del servicio universal, y
el artículo 10.3 sufre un grave deterioro respecto del texto inicial, ya
que hace la ley más intervencionista allí donde no es necesario, es
decir, en los servicios situados fuera del ámbito del servicio universal.

Estas son, en líneas generales y de manera simplificada, los argumentos
de defensa de nuestras enmiendas, para las que solicitamos el apoyo de la
Cámara.

Muchas gracias.




El señor VICEPRESIDENTE (Aguilar Belda): Gracias, Senador Luis Calvo.

Para defender el resto de las enmiendas, tiene la palabra el Senador
Beltrán.




El señor BELTRAN MIRALLES: Gracias, señor Presidente.

Continuando en la línea de mi compañero, vamos a empezar a tratar el
Título III de este proyecto de ley que, como sus señorías saben, habla de
las obligaciones del servicio público, es decir, del servicio postal
universal y otros derechos y obligaciones de carácter público en la
prestación de los servicios postales.

Este Título III abarca desde los artículos 14 a 35, y el Grupo
Parlamentario Socialista ha presentado 34 enmiendas que, en principio,
tienen su fundamentación en la tangible impresión de la pretensión del
proyecto de ley con vistas a imponer obligaciones especiales en la
prestación del servicio postal público a los operadores que actúan en el
mercado al amparo de una simple autorización administrativa. Esta
pretensión nos parece, señorías, de una ingenuidad suma y, como es
evidente, carece de una perspectiva realista. Adolece, además, de
fundamentos jurídicos consistentes, y objetivamente es de difícil
aplicación práctica en el mundo económico actual.

Nuestras enmiendas proponen o suprimen textos con el objetivo de reforzar
el proyecto ante la posibilidad real de establecer estas obligaciones
para los operadores a los que se les ha concecido la gestión indirecta de
un servicio público y, lógicamente, atribuyen el control de su
cumplimiento a la autoridad nacional de reglamentación, tal y como
mandata la Directiva comunitaria.

Porque, en definitiva, se trata de que el texto legal debe recoger --y no
lo hace-- que el Estado ha de garantizar la prestación del servicio
universal. Esta característica, a nuestro entender, debe recogerse en su
definición además de que, de esta forma, el proyecto de ley se ajustaría,
en la definición del servicio universal, a la que realiza la Directiva
europea en su artículo 3.1.

¿Por qué, al no acogerse a lo definido en la Directiva, este proyecto de
ley crea confusionismo? Pues sencilla y llanamente porque los conceptos
barajados por una y otro son diferentes. Mientras una, la Directiva,
habla de servicio postal, envío postal, envío de correspondencia y
publicidad directa, el otro, el proyecto de ley, utiliza los viejos
conceptos de carta, tarjeta postal, etcétera, cuestión que no sólo no
define, sino que crea claramente inseguridad jurídica para todos los
agentes del ámbito postal.

Para mayor confusionismo, en este mismo artículo, el proyecto incorpora
el concepto de publicidad directa y, al final del mismo, señala que los
recibos, facturas, estados financieros, etcétera, no tendrán la
consideración de publicidad directa. Sin embargo, señorías, la Directiva
establece claramente que este tipo de envíos son envíos de
correspondencia y, por tanto, envíos postales.

Por otro lado, nos encontramos con que mediante el proyecto de ley el
Parlamento determina tanto el ámbito y contenido del servicio universal
postal como del servicio reservado. Más tarde, el mismo proyecto lo
sustraerá, para el caso de posteriores modificaciones, y se lo otorgará
directamente al Gobierno, lo que constituye, a nuestro entender, una
deslegalización a futuro de una materia regulada hoy mismo por ley.

Nuestra enmienda número 298, al artículo 16 va dirigida a definir
claramente estas obligaciones.




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Señorías, es evidente que el proyecto de ley presentado por el Partido
Popular tiende a desprestigiar el servicio público en beneficio del
privado; lo han dicho ya varios Senadores, pero leyendo el texto es
evidente línea a línea y palabra por palabra. En el artículo 16, apartado
2, la ley impone al operador público obligaciones que le colocan en
desventaja respecto a los competidores privados, operadores que operan en
el segmento liberalizado del servicio universal. Los operadores privados
van a actuar, y ya lo están haciendo, en aquellos huecos del servicio
universal que les resulten más atractivos, y al no tener las obligaciones
del operador del servicio universal no les resultará difícil privarle de
los clientes y los tráficos postales más apetecibles. En definitiva, con
esta ley, se encomiendan al operador público todos aquellos servicios que
los operadores privados no tengan interés en trabajar. Por eso, hablamos
de red escoba.

Otra de las obligaciones esenciales está establecida en el artículo 3 de
la Directiva, sobre condiciones y plazos de distribución y recogida de
los envíos, sin embargo, ello no figura en el proyecto de ley. El
artículo 16 establece el criterio de que puedan determinarse
reglamentariamente zonas geográficas en las que no se garantice la
distribución a domicilio, lo que supone a las claras una discriminación
entre los ciudadanos y ciudadanas de este Estado --enmiendas números 300,
artículo 16, puntos 1 y 2; 301, 302 al artículo 17; 303; 304; 305; 306 y
307, artículo 17, puntos 1 y 2--. Todo ello acaba de agravarse en el
artículo 18, porque el criterio territorial del proyecto de ley que
divide la correspondencia en urbana e interurbana y que da lugar a tantos
mercados postales como localidades hay en el país es económicamente
irracional, ya que genera mercados totalmente artificiales y de imposible
control. Además, el criterio territorial que contempla la ley no sólo es
malo técnicamente sino que política y socialmente es mortal para la
existencia de un servicio universal con garantía de futuro, ya que ataca
directamente a la línea de flotación de la red postal pública de
distribución universal, porque la vacía de los envíos con mayor margen
económico.

Una ley de interés general, como se supone que es la que estamos
debatiendo, no debería necesitar de enmiendas que pretendan fortalecer
los derechos exclusivos y especiales del operador público.

El proyecto de ley concibe el plan de prestación exclusivamente como un
instrumento de financiación del servicio universal, y tal cosa se nos
antoja una visión corta de miras. Para nosotros, el objetivo del operador
público debe ser la autofinanciación; es decir, autofinanciar el conjunto
de sus actividades y, por tanto, la prestación del servicio universal.

Por ello, defenderemos todas las enmiendas anteriores o posteriores que
tratan de regular el mercado postal, de modo que el operador público
pueda actuar en él en condiciones de equilibrio financiero.

Por todo lo dicho hasta aquí entenderán sus señorías que ya no tiene
sentido abrir un nuevo capítulo relativo a de «Otras obligaciones y
derechos de carácter público en la prestación de los servicios postales»,
porque eso es lo que pretendía el artículo 23. Señorías, éste se un
artículo de suma importancia. Ciertamente trata de la afectación de los
bienes de la red pública al servicio universal, pero el texto recoge el
principio aunque se nos antoja que de manera poco consistente.

El derecho de ocupación del dominio público no es valorado adecuadamente,
dado el carácter estratégico de la red universal postal que permite
llegar todos los días al domicilio de todos los ciudadanos y, por otro
lado, el proyecto garantiza en este punto la discriminación entre los
operadores que compiten con el proveedor de servicio universal,
garantizando a unos el acceso directo a la red y, a los otros, el acceso
previa negociación.

Señorías, el texto del proyecto de ley no aclara interrogantes como los
siguientes, ¿de cuántas obligaciones estamos hablando, de una, de dos?;
¿todas las del servicio universal?; ¿qué obligaciones?; ¿las de
información?; ¿las de calidad?; ¿las de cobertura de la red?
Es evidente que el equilibrio financiero del servicio universal es uno de
los temas claves de la Directiva comunitaria que encomienda al Parlamento
Europeo y al Consejo avanzar en una mayor liberalización gradual --lo han
repetido todos los Senadores-- y controlada del mercado postal, y señala
que uno de los factores a tener en cuenta ha de ser, además de los
cambios económicos, sociales y tecnológicos, el equilibrio financiero del
proveedor o de los proveedores del servicio universal.

El proyecto de ley ignora esta cuestión e introduce directamente el
operador público en el déficit crónico y, por ello, el artículo 24 no
hace un recorrido secuencial por los diversos mecanismos capaces de
asegurar la autofinanciación del servicio universal sino que plantea
directamente la dependencia financiera de un fondo de compensación,
presentándolo como un derecho del operador, lo que resulta a todas luces
paradójico, pues es tanto como otorgarle el derecho a la defunción
económica.

Evidentemente, ésta no es la línea de nuestras enmiendas ni la línea de
la Directiva comunitaria porque cuando los mecanismos normales de
financiación del servicio universal no sean suficientes, se articula la
financiación del Estado a través del plan de prestación del servicio
universal, al que con la enmienda al artículo 20 ya se le han atribuido
efectos de convenio entre el operador público y el Estado, lo que hace
innecesaria, al mismo tiempo, la figura del contrato-programa.

Asimismo es conveniente concretar qué elementos son financiables, el
déficit de explotación y las inversiones del servicio universal, y
establecer que la subvención no puede ser algo estructural sino que es
obligación del operador público recuperar el equilibrio financiero,
adoptando las medidas necesarias, cuestiones éstas que tampoco contempla
el proyecto de ley.

Además, señorías, no es legalmente aceptable que esta ley permita una
bonificación en las tarifas de servicios que son reservados, muy
superiores --60 por ciento-- a lo económicamente posible. El posible
ahorro derivado de operaciones que realizan los usuarios en la
preparación no puede alcanzar nunca este 60 por ciento de la tasa, pues
eso significaría que la tasa estaría sobrevalorada, muy por encima del
coste del servicio. Además, con la actual redacción



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se está discriminando a los usuarios del correo público; se obliga a los
usuarios individuales y pequeños a pagar una tasa superior al coste del
servicio, mientras que a los grandes usuarios se les cobrará una tasa
inferior o, como máximo, igual a la del coste.

El artículo 38 trata del Consejo Asesor Postal. El Grupo Parlamentario
Socialista cree que hay que dar a este Consejo mayor contenido del que le
otorga el proyecto de ley. Además, no puede darse la impresión de que
este Consejo sea un órgano en el que sólo van a abordarse temas e
informaciones relacionadas con el operador del servicio universal, pues
en tal caso no sería necesario que formaran parte de él las asociaciones
profesionales del sector.

El artículo 41 se refiere al tema de las infracciones. Nuestras enmiendas
tratan de incorporar las infracciones a los sistemas de franqueo, que
también forma parte de las normas de ordenación de los servicios.

Las enmiendas que presentamos al artículo 47 son necesarias a la hora de
asignar las competencias sancionadoras de manera más adecuada
técnicamente de lo que lo hace el proyecto de ley.

Solicitamos la supresión de la disposición adicional segunda, pues,
además de ser incorrecto el título de la misma, pues se refiere a la
emisión y distribución de sellos cuando el contenido sólo aborda el tema
de la emisión, el asunto que se trata no es necesario regularlo por ley,
especialmente después de la enmienda presentada al artículo 19. Se
habilita al Gobierno para desarrollar reglamentariamente diversas
cuestiones relacionadas con los sellos.

También pedimos la supresión de la disposición adicional cuarta, porque
dentro de la propia filosofía del proyecto de ley, esta disposición es
contradictoria con la razón de ser de la tasa creada. La tasa se crea
para compensar al proveedor del servicio universal por una «carga
financiera injusta», como reza el artículo 9 de la Directiva, pero si el
proveedor del servicio universal también tiene que gravar sus servicios
con la misma tasa y aportarla al fondo, ¿en qué consiste el efecto
compensador?
En definitiva, el resto de nuestras enmiendas, al igual que todas las
justificadas hasta ahora, se centran en tres grandes objetivos. Uno, dar
cumplimiento a lo establecido en la Directiva comunitaria de forma clara
e inteligible, para una correcta comprensión e interpretación de la ley.

Dos, defender el carácter universal y público de este servicio como un
derecho fundamental de los ciudadanos y ciudadanas de este país. Y tres,
arreglar técnicamente una ley que nos parece que está redactada con
bastantes desaguisados, al emplear ejemplos como el de la disposición
transitoria segunda cuyo contenido no tiene nada que ver con servicios
obligatorios ni puede inferirse del contexto en que se incluye la
siguiente frase: «... y, en su caso, de los servicios obligatorios a que
se refiere la disposición adicional segunda», a qué tipos de servicios se
puede referir distintos de los del servicio universal, que ya están
contemplados en la propia disposición transitoria.

Señorías, al igual que ha dicho mi compañero, creo que una ley que llega
a este debate con la presentación de dos vetos y de un gran número de
enmiendas y tras el debate habido, que no es el mejor favor que podríamos
hacer al servicio postal universal, necesariamente está obligada a contar
con el apoyo de la Cámara.

Muchas gracias.




El señor VICEPRESIDENTE (Aguilar Belda): Gracias, Senador Beltrán.

Senador Luis Calvo, quisiera hacer una aclaración. Al principio anunció
que retiraba el voto particular al párrafo primero del artículo 30.1.

¿Retiraba alguna más o no?



El señor LUIS CALVO: El voto particular al párrafo primero del artículo
30.1.




El señor VICEPRESIDENTE (Aguilar Belda): Muchas gracias.

¿Turno en contra? (Pausa.)
Senador Liso, tiene su señoría la palabra.




El señor LISO MARIN: Gracias, señor Presidente.

Señorías, voy a utilizar un turno en contra de todas las enmiendas
presentadas. Me surge la duda de si debería plantearlas de una en una o,
por el contrario, hacer un resumen y una valoración que considero es lo
más conveniente en este momento para no ser reiterativos. Considero,
además, que las posiciones están muy determinadas, el debate ha sido muy
amplio, tanto en esta Cámara como especialmente en el Congreso y,
retomando las últimas palabras pronunciadas por el Senador Beltrán, en
efecto ha habido muchísimas intervenciones y enmiendas en el trámite del
Congreso. Es más, quiero recordar que muchas de las enmiendas que ha
presentado su Grupo Parlamentario tienen una relación muy directa con el
texto alternativo que se debatió en el Congreso que se ha remitido a
través de las enmiendas. Todo ello es correcto y se ajusta al Reglamento.

Por lo tanto, es justificable pero, en definitiva, se reiteran
básicamente muchos de los conceptos y de las normas que se establecen
tanto en las enmiendas como en el texto alternativo.

Efectivamente, tanto la intervención del Señor Luis Calvo como la del
señor Beltrán han sido muy minuciosas, prácticamente a casi todo el
articulado, al corresponderse al texto alternativo que se trató en el
Congreso que, por cierto, conviene recordar que no fue admitido.

A mi juicio, lo que procede --pues de otra forma constituiría un abuso de
la paciencia de todos y no creo que con ello se llegara a mejorar el
concepto que tenemos cada uno de los Grupos en relación con el proyecto--
es hacer una referencia por el orden cronológico de intervenciones
realizadas.

Por el Grupo Parlamentario Mixto, el señor Román Clemente, de Izquierda
Unida, ha hecho un planteamiento en el que se vienen a delimitar dos
grupos concretos, tanto en lo relativo a la interpretación del proyecto
de ley como en relación a los puntos que más preocupan en cada caso. Los
puntos siguen siendo los mismos: régimen de autoprestación, garantías,
reserva, financiación, etcétera que, en definitiva, es lo que a todos nos
preocupa. En ese sentido, entiendo que las enmiendas vayan dirigidas a
ese tipo de problemas que realmente son los que tienen una mayor
relevancia.




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Ahora bien, tengo que insistir en que volvemos a lo que han sido las
intervenciones en relación a los vetos. Estimo que el Gobierno, y el
Grupo Parlamentario Popular que le apoya, a la hora de redactar el
proyecto de ley ha procurado mantener un equilibrio --dentro de las
condiciones en que se encuentra España-- entre la distribución y el
servicio de correos, con todo lo que lleva aparejado. Repito, se ha
intentado buscar el equilibrio entre las tendencias que puedan existir
tanto desde el punto de vista social como de los grupos parlamentarios
para enfocar el proyecto hacia una parte determinada con el fin de
sentirse más amparados y protegidos, poder disponer de más mecanismos de
monopolio o, por el contrario, entender que la aplicación de la Directiva
--y sobre todo la regulación que se hace en el propio proyecto-- no es lo
bastante amplia desde el punto de vista liberalizador.

Considero que se ha logrado conseguir ese equilibrio, que tal vez tenga
una consecuencia, que es la de no poder dar satisfacción a nadie, a
excepción --que no es poco-- de lo que intrínsecamente pueda significar
la entidad de Correos, y sobre todo al Grupo Parlamentario Popular que
tiene la responsabilidad de apoyar al Gobierno, que es quien ha redactado
el proyecto.

Ahora bien, desde punto de vista parlamentario, corremos el riesgo de no
dar satisfacción a ninguna de las dos partes. En este caso se ha
perseguido y se ha logrado ese equilibrio.

Por otra parte, quiero recordar al Senador Nieto, que ha hecho la defensa
de todas sus enmiendas y, básicamente, son similares a las defendidas por
el Senador Román, que este grupo ha presentado una enmienda
transaccional, la número 11, al artículo 10.2, donde se admiten tres
meses en lugar de uno.

Respecto a las enmiendas números 17 y 86, del Senador Román y del Senador
Nieto, respectivamente, las aceptamos sin más, por entender que son de
una lógica aplastante. Pero, luego, hay que reconocer que el Grupo
Parlamentario Popular ha presentado un número importante de enmiendas,
que los parlamentarios del Grupo Parlamentario Socialista han recordado
sobradamente, en las que ya se contemplan varias enmiendas, por ejemplo
las referidas a los artículos 22, 23.1, 38.3, 41.2 b), que corresponden a
los números 43, 44, 59, 64, 103, similar a la número 59, 77, 108. Todas
estas enmiendas, visto el texto detenidamente, están ya prácticamente
asumidas por las enmiendas que el propio Grupo Parlamentario Popular ha
introducido en esta Cámara.

Dicho esto, entraríamos a divagar nuevamente sobre los conceptos, las
formas y la conveniencia o no del proyecto. Seguimos entendiendo que esos
problemas, divisiones o dudas que se plantean en cuanto al régimen de
autoprestación, están correctamente contemplados en la financiación y la
ampliación del servicio postal universal, con el equilibrio al que antes
hacía referencia.

Tampoco descartamos --y esto hay que anunciarlo en este momento porque
creo que está en la conciencia de cada uno de nosotros-- que, dentro de
un tiempo, tal vez no excesivo, podemos calcular a lo mejor dos o tres
años, sea necesario modificar esta ley, pero no porque la elaboración no
sea adecuada para el momento actual, sino por la simple razón de que los
«tempus» que establece la Directiva y lo que va a ser este servicio en el
conjunto europeo nos van a llevar a una reunión, ya prevista para el año
2000, en la que los Ministros van a analizar cómo se ha ido desarrollando
este servicio en cada país, y posiblemente traerá como consecuencia la
necesidad de modificaciones o alteraciones en alguno de los títulos y del
articulado del proyecto de ley. De ahí que la crítica al proyecto de ley
sobre la excesiva regulación por la vía reglamentaria, hay que entenderla
en positivo, precisamente por esta circunstancia, para que dichas
modificaciones se puedan hacer con agilidad y no con la tramitación de
una ley, que todos sabemos lo que conlleva.

Entrando a juzgar las enmiendas del Senador Ríos, tengo que lamentar muy
sinceramente que no podamos aceptar ninguna, por entender que de alguna
forma pueden alterar ese equilibrio y el concepto global que tienen del
proyecto de ley el Gobierno y el grupo que le apoya. Lo lamento
sinceramente por esa razón y por el número de enmiendas presentadas, que
es corto y podrían haber encajado, pero tal vez no hayamos tenido la
misma sensibilidad en la visión del articulado. Por tanto, las vamos a
rechazar.

En cuanto a las enmiendas del Grupo Parlamentario de Senadores
Nacionalistas Vascos, la verdad es que hoy me toca a mí desempeñar las
funciones menos agradables, porque básicamente tengo que decir lo mismo.

En este caso concreto, vuelvo al tan repetidísimo equilibrio que se
pretende con este proyecto de ley, porque las enmiendas presentadas por
su grupo tal vez plantean los problemas de si Correos está en estos
momentos en condiciones de asumir funciones a efectos competitivos que no
traigan consecuencias económicas todavía más graves para el ejercicio de
su función. Ese es el motivo que nos lleva a rechazarlas.

En el caso concreto del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de
Convergència i Unió, que tiene una enmienda, expuesta perfectamente por
el Senador Beguer, el Grupo Parlamentario Popular y el Gobierno con el
proyecto de ley mantiene la postura de que esa propuesta constituye un
tiempo excesivo. Vuelvo a rememorar y a hacer mención nuevamente a esas
fechas que, de alguna forma, van a obligar a reuniones condicionadas a la
modificación o no, y parece prudente no ampliar en exceso las
posibilidades de que los actuales operadores puedan prolongar, sin entrar
realmente ya en la regulación que contempla el proyecto de ley. Vista la
situación, es el momento adecuado de ver qué es lo más conveniente. Ese
es el motivo del rechazo.

En cuanto a lo que propone el Grupo Parlamentario Socialista, sucede lo
mismo. Tenemos una concepción diferente de cómo debería de haberse hecho
este proyecto de ley, pero yo tengo que insistir --y lo hago sin ningún
tipo de crispación, no solamente por esa relación con uno de los dos
portavoces, sino porque, además, no procede ni viene a cuento el que yo
utilizara otro tono-- en que, en este caso, el Grupo Parlamentario
Socialista presenta un veto y creo que ello no es coherente con los
comportamientos que, en definitiva, mantuvo el Partido Socialista en la
etapa de responsabilidad de gobierno. Porque políticamente,



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por decirlo de alguna forma, ahora se dan unas ventajas, unas mejoras,
unas posibilidades de provecho instantáneas, coyunturales, y el Grupo
Parlamentario Socialista se quiere asomar a una relación más sindical, o
sindical con política, y hacer una utilización de las protestas y del
costo político que esto puede significar al Partido Popular. Por otra
parte, políticamente es legítimo, pero tiene la contradicción de un Grupo
y de un partido que ha tenido muchas responsabilidades de gobierno, entre
las que, lógicamente, se encontraba este servicio, y no tuvo la capacidad
o la voluntad de darle una solución o, por lo menos, haber comenzado a
prever y a dar a Correos la posibilidad de que estuviera en unas
condiciones todavía bastante mejores de las que está en estos momentos.

Eso se refleja en las enmiendas, en cómo se entiende que se debe actuar y
corresponder con el servicio en el Proyecto de Ley y de ahí las
divergencias que mantiene con el grupo parlamentario que ahora apoya al
Gobierno.

No obstante, su grupo parlamentario ha presentado un número mucho mayor,
pero entiendo que algunas de las enmiendas se han visto incorporadas a
las que incluyó el Grupo Parlamentario Popular en el trámite de Comisión
como, por ejemplo, la enmienda número 275 --a nuestro juicio, está en la
número 139-- y las enmiendas números 322 y 330. Incluso yo me atrevería a
darles desde aquí la posibilidad, si el conjunto de la Cámara lo acepta y
es posible reglamentariamente, de que la enmienda número 271 se pudiera
transaccionar con el texto que el Grupo Popular tiene en previsión.

Básicamente es muy similar, es casi la misma y ahora mismo
reglamentariamente es posible que fuera necesaria la suscripción de otros
grupos. Asimismo ocurriría con la enmienda número 341. Es una oferta que
yo hago desde esta tribuna, y, si lo podemos resolver entre los grupos,
no habría el menor inconveniente.

Mi intervención no se va a extender más porque sería pasar hoja por hoja
y hacer una relación numérica de cada una de las enmiendas, y nos
llevaría aquí más tiempo del que sería aceptable y, por otra parte,
innecesario.

En cuanto a la enmienda número 1, del Senador Román, del Grupo
Parlamentario Mixto, es de gran relieve e importancia. En ella se
pretende una modificación con carácter general. Se plantea si era o no
conveniente y, viendo el contexto de todo el proyecto de ley, hemos
considerado que era más prudente no introducirla por las repercusiones
que pudiera tener.

Desde aquí, quiero hacer una observación para conocimiento de los
distintos grupos. Se ha detectado un error de letra en el texto,
correspondiente al artículo 18, en su apartado C). Supongo que será fácil
de corregir; donde dice A), debe decir B). No sé si habrá algún
inconveniente por parte de la Mesa, pero se trata de un simple error.

En definitiva, nuestro grupo, como he expuesto en mi intervención como
portavoz, va a rechazar todas las enmiendas que he enumerado, a excepción
de las que he anunciado que contarán con nuestro voto favorable.

Asimismo, haber retirado el Grupo Parlamentario Socialista la enmienda
correspondiente al veto número 6 y al artículo 30, número 1, sinceramente
no nos ha parecido lo más adecuado dentro del comportamiento
parlamentario. Había una transaccional presentada por nuestro grupo y
otros dos grupos más, y, al retirarla, se evita la posibilidad. Está en
su derecho de poderlo hacer, pero yo tengo que lamentar desde aquí que
por esa circunstancia no haya podido prosperar. En consecuencia,
rechazamos todas las enmiendas relacionadas con ese veto número 6.

No sé si en el turno de portavoces habrá posibilidad de hacer alguna
intervención que aclare o añada algo más positivo a todo lo expuesto.

Nada más y muchas gracias.




El señor VICEPRESIDENTE (Aguilar Belda): Gracias, Senador Liso. (El señor
Aleu i Jornet pide la palabra.) Sí, Senador Aleu.




El señor ALEU I JORNET: Si fuera posible, desearía mayor aclaración de la
modificación de la letra del artículo 18, porque no entendemos a qué se
refiere esta corrección. Desearíamos que se nos aclarara, no en este
momento, pero sí previamente a la votación.




El señor VICEPRESIDENTE (Aguilar Belda): De acuerdo, señor Aleu, antes de
la votación le haremos la aclaración.

Abrimos turno de portavoces. Tiene la palabra el Senador Román Clemente.




El señor ROMAN CLEMENTE: Muchas gracias, señor Presidente.

Efectivamente, es muy difícil dar una respuesta enmienda a enmienda entre
otras cosas porque ya se ha simplificado el trámite en este Pleno con la
incorporación de las ciento y pico enmiendas que hizo el Grupo
Parlamentario Popular en el trámite de Comisión. Algunas de las
transaccionales, en concreto las que se han realizado sobre enmiendas que
lo son de Izquierda Unida, nos hubiese gustado que se hubieran
incorporado al texto, pero lo que se ha incorporado puede ser digno de
interés y atención, por lo que, al final, haremos llegar a la Mesa
nuestro sentido de voto.

Gracias, señor Presidente.




El señor VICEPRESIDENTE (Aguilar Belda): Gracias, Senador Román.

¿Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos? (Pausa.)
¿Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió?
(Pausa.)
¿Grupo Parlamentario Socialista? (Pausa.)
Tiene la palabra, Senador Beltrán.




El señor BELTRAN MIRALLES: Muchas gracias, señor Presidente.

Senador Liso, a mí no me gusta evidenciar lo obvio si no hace falta, pero
yo creo que hoy, en el turno de portavoces, habrá que hacer un esfuerzo
para evidenciar lo obvio, que es lo que se necesita demostrarle a alguien
cuando toda la Cámara le ha estado diciendo durante varias horas lo que
estaba ocurriendo. Se nos antoja que el debate, la contestación,



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la defensa que necesitaba este proyecto de ley no ha sido todo lo
trabajada y todo lo seria que debería haber sido. No quiero decir que no
la haya trabajado, Senador Liso, pero el Grupo Popular creo que debería
haber hecho una defensa más seria, más trabajada del tema que estábamos
tratando.

No quiero hacer un juicio de valor, pero, volver a insistir aquí con
estas frases manidas de que los gobiernos socialistas no lo hicieron
cuando todos hemos leído en la prensa que el Ministro el día de la
presentación del proyecto de ley en el Congreso dijo que precisamente
había mejorado mucho el servicio postal en los años de gobierno
socialista, es usar el lenguaje de forma confusa.

Por otra parte, si se trataba de adaptar nuestro ordenamiento jurídico a
la Directiva comunitaria, creo que se podrían haber copiado, tal cual,
muchos de los artículos de este proyecto y reservar el porcentaje que se
necesitara según las circunstancias de cada país, porque de la Directiva
comunitaria, de la que trae su origen el modelo para los servicios de
correos --ya lo hemos dicho antes y lo hemos dicho casi todos--, deriva
un proceso de liberalización controlado y que, además, no ponga en
peligro la existencia de un servicio universal y de una red pública
postal universal.

Sin embargo, el Partido Popular no adapta la normativa a la Directiva
comunitaria y lo que realmente hace es optar por un modelo diferente, el
de un correo social residual, con total liberalización del mercado, lo
que va a traer consigo serias consecuencias, tal como apuntan día a día
las organizaciones sindicales en la calle, porque ya es un clamor social,
y durante el debate nos están llamando alcaldes de los pequeños pueblos
de este país, y no voy a decir que sean los de gobierno socialista,
porque me estoy refiriendo a pueblos con alcaldes del Partido Popular y
de grupos afines al mismo como, por ejemplo, Lechón, Longas, Talamantes,
Torrelapaja, Agón, que están preocupadísimos, e, insisto, no son alcaldes
nuestros y nos están llamando durante toda la tarde, y, por tanto, ya
verán ustedes cómo los van a tranquilizar, porque, como le decía, es ya
un clamor social lo que se está produciendo. Y las principales
consecuencias son el desmantelamiento del operador postal que presta el
servicio y el de su red pública, así como su sustitución por operadores
privados, que cubrirán las necesidades de comunicación de la ciudadanía
según las reglas de competencia y beneficio empresarial.

Como cuestiones fundamentales que por sí mismas justifican el voto
negativo del Grupo Parlamentario Socialista les puedo citar las
siguientes, por no extenderme demasiado: en primer lugar, este proyecto
de Ley sustrae al Parlamento la facultad de modificar «a posteriori» el
ámbito y contenido del servicio universal y del servicio reservado,
otorgándosela directamente al Gobierno. Pero, señorías, ¿no es en el
Parlamento donde reside la garantía de respeto por el derecho del
ciudadano a un servicio público? Si esta ley, como cualquier otra, se
aprueba en las Cámaras, ¿no debería ser en las Cámaras donde podría
modificarse?
Por otra parte, dicen los sindicatos --y dicen bien-- que las pérdidas
del correo público no son de naturaleza mercantil. Y es cierto, lo
sabemos todos. Son pérdidas motivadas por razón del servicio público
universal que se le encomienda y por las condiciones de prestación que se
le exigen. ¿Qué necesidad hay de contratos-programa? ¿No resultaría más
eficaz un buen plan de prestación del servicio universal y no dejar en la
terrible miseria a este servicio mientras que las empresas privadas
incrementan cada vez más sus beneficios? Señorías, no es bueno para el
correo público poner en manos de sus competidores una parte de la
financiación que necesita. El resultado final de todo el entramado será
un mercado postal menos transparente y más distorsionado.

En definitiva, si este proyecto de ley sale hoy adelante tal y como está
redactado, y muy a pesar de las enmiendas introducidas por el Grupo
Popular, que, a nuestro entender, empeoran bastante el texto que llegó a
esta Cámara, a ningún Senador o Senadora se le escapa, sea del Grupo que
sea --Grupo Popular incluido-- que en un plazo de seis a diez años --el
Senador Liso se refería a un plazo de cuatro o cinco años-- se habrán
perdido del orden de 1.200 millones de envíos, alrededor de 20.000
puestos de trabajo y se habrá incrementado el déficit.

Por todo ello, el Grupo Socialista no puede votar favorablemente este
proyecto de ley. Por eso, seguramente seguirán teniendo a los sindicatos
en la calle y por eso las ciudadanas y los ciudadanos de este país
tendrán el peor servicio postal. Porque, a partir de que se apruebe este
proyecto de ley dentro de unos minutos, Senadoras y Senadores del Grupo
Popular, ¿cuánto tiempo va a pasar hasta que el Gobierno redacte un plan
de reconversión? Aunque, claro está, se llamará plan estratégico.

Muchas gracias.




El señor VICEPRESIDENTE (Aguilar Belda): Gracias, Senador Beltrán.

Tiene la palabra el Senador Liso.




El señor LISO MARIN: Muchas gracias, señor Presidente.

El Senador Beltrán ha levantado el pistón y, ya, como despedida, quería
intervenir bastante «mitineramente». El Senador me ha repetido los
argumentos en un tono más alto, pero, en definitiva, son los mismos. Yo
procuraré no levantar el tono y no porque sea ni mejor ni peor. Pero le
voy a tener que repetir lo mismo. Ustedes ponen como ejemplo la
crispación que hay en la calle. La calle tendrá una crispación
determinada por casos muy concretos y específicos y ocasionada por
personas también muy determinadas. Lo que sí puede crear más crispación
son, precisamente, sus criterios sobre este proyecto de ley, y si hay
otras organizaciones, en este caso sindicales, que tienen sus propios
intereses y que quieren mantener a ultranza esos criterios, y, además,
los servicios se resienten, todo ello puede contribuir a incrementar esa
sensación de crispación. Todos tenemos que ser responsables. Nosotros
como parlamentarios todavía tenemos que serlo más que los que están fuera
del Parlamento. (El señor Presidente ocupa la Presidencia.)
Yo le voy a decir otra cosa, y es que cuando habla de sindicatos habrá
que hacer excepciones, porque no todas



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las centrales sindicales están involucradas en esos movimientos, pues
algunas, las más representativas, no tienen mayor interés en participar.

Por tanto, vamos a hacer las diferencias necesarias y no metamos en un
«totum revolutum» a todas las centrales sindicales. Yo tengo entendido
que una de ellas, la que es mayoritaria en ese sector, no se mueve,
precisamente, en esas movilizaciones, valga la redundancia.

Vamos a ser generosos. Vamos a pensar que este proyecto de ley, porque
eso sí es seguro, no tiene el menor interés en ocasionar perjuicio alguno
al personal que ahora mismo forma parte de esa entidad. Tiene el máximo
interés en que se robustezca, en que esté en las mejores condiciones de
competitividad, en que se pongan a su disposición los medios para que se
den esas condiciones. Eso es lo que busca. No busca otra cosa. Busca,
atendiendo precisamente a las directivas y a cómo va a desarrollarse todo
el sistema de ese servicio, que se den las mejores condiciones, y todos
tendremos que poner de nuestra parte lo mejor de nosotros para que eso se
logre. No me diga entonces que este Parlamento no está para modificar las
leyes. Las dos Cámaras están precisamente para eso y, si se aprueba, se
podrá hacer reglamentariamente.

En este caso concreto, así como en tantos, eso le va a beneficiar en la
agilidad con la que necesariamente va a tener que operar porque los
tiempos de adaptación son cortos y tiene que entrar en vigor. Mejor
hubiera sido que hubiera entrado en vigor con anterioridad, pues aun
cuando el servicio de correos haya estado amparado por ese paraguas de la
Directiva postal del año 1960, no cabe duda de que en estos últimos años
había sufrido modificaciones positivas.

El Senador Ríos ha contado como anécdota que antes no había problemas,
que todas las cartas llegaban, a excepción de las que no se echaban.

Ahora, lamentablemente, eso ha dejado de ocurrir, algunas no llegan de
verdad. Con esto quiero decir que la calidad del servicio, que ha
aumentado mucho, ha mejorado en términos generales, pero tampoco
deduzcamos por eso que el servicio no necesita introducir mejoras porque
las necesita precisamente para poder competir con otros servicios en los
países comunitarios.

Nada más. Unicamente darle las gracias al portavoz y a todos los miembros
de los grupos que han participado en el debate. Asimismo, lamentaría que
hubiera habido alguna incontinencia o alguna impertinencia por mi parte.

Muchas gracias.




El señor PRESIDENTE: Gracias, Senador Liso.

Terminado el debate, vamos a llamar para las votaciones. (Pausa.)
Vamos a iniciar las votaciones y a intentar despejar este jeroglífico que
tengo aquí delante. Creo que con un poco de suerte lo conseguiremos.

Vamos a comenzar sometiendo a votación las enmiendas del Senador Román
Clemente. En un primer bloque se votarán las enmiendas números 1, 2, 3,
4, 6, 20, 25, 26, 27, 28, 30, 31, 32, 33, 34, 36, 37, 38, 39, 44, 52, 57,
71, 72, 73, 74 y 75.

Se inicia la votación. (Pausa.)



Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 225; a
favor, 91; en contra, 133; abstenciones, una.




El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Votamos la enmienda número 17.

Se inicia la votación. (Pausa.)



Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 225; a
favor, 122; en contra, 100; abstenciones, tres.




El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.

Votamos a continuación las enmiendas números 7, 8, 16, 18, 19, 22, 23,
35, 40, 41, 43, 46, 47, 48, 51, 54, 55, 58, 64, 65, 66, 68, 69, 77, 78,
79 y 80 también del Senador Román Clemente.

Se inicia la votación. (Pausa.)



Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 225; a
favor, tres; en contra, 222.




El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Corresponde someter a votación las enmiendas números 5, 9, 10, 11, 12,
13, 14, 15, 21, 24, 29, 42, 45, 49, 50, 53, 56, 59, 60, 61, 62, 63, 67,
70 y 76. (El señor Aleu i Jornet pide la palabra.)
Tiene la palabra, Senador Aleu.




El señor ALEU I JORNET: Señor Presidente, si votamos la enmienda número
12 se quedará sin percha la enmienda transaccional relacionada con ella.




El señor PRESIDENTE: Creo que su señoría debe referirse a la número 11.

En cualquier caso, si no se ha retirado, habrá que votarla y seguirá
siendo la percha para la enmienda transaccional.




El señor ALEU I JORNET: Si se vota y se rechaza, como es previsible, se
quedará sin percha para la transacción.




El señor PRESIDENTE: Está presentada y no se ha retirado. Por tanto, yo
creo que se debe votar y, se rechace o no, la transaccional se votará en
su momento. (El Senador Prada pide la palabra.)
El Senador Prada tiene la palabra.




El señor PRADA PRESA: Muchas gracias, señor Presidente.

Sin perjuicio de que mi oído haya fallado, la transaccional se basa sobre
la enmienda número 11, y usted no se ha referido a ella.




El señor PRESIDENTE: Sí me he referido a ella.




El señor PRADA PRESA: Entonces rogamos votación separada de la enmienda
número 11. (Rumores.)



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El señor PRESIDENTE: En ese caso, Senador Prada, se sometería a votación
la enmienda 11 con la transaccional. La explicación es que la enmienda 11
no lleva la firma del Senador Román Clemente, ni tampoco la del Grupo
Parlamentario Socialista.

Senador Román Clemente, ¿mantiene usted la número 11?



El señor ROMAN CLEMENTE: Señor Presidente, en la enmienda 11 hay una
transaccional que está aceptada, hay una parte del texto que amplía de
uno a tres meses, y otra parte del texto que no es aceptada. En la
discusión, en el debate acepté la transaccional. Por tanto, quedaba
reducido a la modificación de uno a tres meses, y eso está en el texto.

Era la transaccional.




El señor PRESIDENTE: Es lo que yo decía antes. (El Senador Beguer i
Oliveres pide la palabra.)
El Senador Beguer tiene la palabra.




El señor BEGUER I OLIVERES: Señor Presidente, lo que yo quería manifestar
es lo que acaba de decir el Senador Román.




El señor PRESIDENTE: En consecuencia, votaremos la transaccional en su
momento y no ahora.

Por tanto, votamos todas las que yo he dicho, menos la número 11 que
sostiene una transaccional.

Se inicia la votación. (Pausa.)



Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 221; a
favor, tres; en contra, 137; abstenciones, 81.




El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Vamos a someter a votación las enmiendas de la Senadora Costa y del señor
Nieto.

En primer lugar, votamos las enmiendas números 81, 85, 89, 90, 91, 92,
94, 98, 100, 105 y 107.

Se inicia la votación. (Pausa.)



Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 225; a
favor, 92; en contra, 133.




El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

A continuación sometemos a votación las enmiendas números 87, 88, 96, 97,
102, 103 y 104.

Se inicia la votación. (Pausa.)



Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 223; a
favor, tres; en contra, 220.




El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Votamos la enmienda número 86.

Se inicia la votación. (Pausa.)



Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 225; a
favor, 123; en contra, 14; abstenciones, 88.

El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.

Sometemos a votación las enmiendas números 82, 83, 84, 93, 95, 99, 101,
106 y 108.

Se inicia la votación. (Pausa.)



Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 223; a
favor, cuatro; en contra, 131; abstenciones, 88.




El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Enmiendas del Senador Ríos.

En primer lugar, sometemos a votación las números 118, 119 y 121.

Se inicia la votación. (Pausa.)



Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 225; a
favor, tres; en contra, 208; abstenciones, 14.




El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Enmiendas números 122 y 123.

Se inicia la votación. (Pausa.)



Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 225; a
favor, dos; en contra, 207; abstenciones, 16.




El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Votamos la enmienda número 120.

Se inicia la votación. (Pausa.)



Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 225; a
favor, una; en contra, 120; abstenciones, 104.




El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Enmienda número 124.

Se inicia la votación. (Pausa.)



Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 224; a
favor, tres; en contra, 121; abstenciones, 100.




El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Enmiendas correspondientes al Grupo Parlamentario de Senadores
Nacionalistas Vascos.

En primer lugar, sometemos a votación las enmiendas números 111, 112, 113
y 114.

Se inicia la votación. (Pausa.)



Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 225; a
favor, 95; en contra, 120; abstenciones, 10.




El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Enmiendas números 110, 115 y 117.

Se inicia la votación. (Pausa.)



Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 224; a
favor, cuatro; en contra, 209; abstenciones, 11.




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El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Enmienda número 116.

Se inicia la votación. (Pausa.)



Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 226; a
favor, 102; en contra, 123; abstenciones, una.




El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Enmienda número 109, correspondiente al Grupo Parlamentario Catalán en el
Senado de Convergència i Unió.

Se inicia la votación. (Pausa.)



Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 226; a
favor, 16; en contra, 210.




El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Enmiendas del Grupo Parlamentario Socialista. Voto particular número 6.

En primer lugar, votamos la vuelta al texto del Congreso en relación con
los artículos 2.1, 6, 10.3, 15.5, 16.3.a) párrafo 1.º, 17.2, 18.1.b)
párrafo 1.º, 18.2, 19.2.e), 20.2, 22 párrafo 1.º, 23.3, 30.3, 30.4.C),
disposición adicional quinta nueva, disposición transitoria primera.2
párrafo 3.º y disposición final segunda.

Se inicia la votación. (Pausa.)



Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 225; a
favor, 87; en contra, 126; abstenciones, 12.




El señor PRESIDENTE: Queda rechazado.

Enmiendas números 264, 268, 284, 285, 287, 295, 297, 299, 300, 311, 312,
315, 317, 318, 319, 320, 323, 325, 334 y 342.

Se inicia la votación. (Pausa.)



Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 226; a
favor, 94; en contra, 132.




El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Enmienda número 261, 262, 274, 282, 283, 286, 289, 290, 292, 298 y 308.

Se inicia la votación. (Pausa.)



Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 226; a
favor, 89; en contra, 137.




El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Votamos el resto de las enmiendas del Grupo Parlamentario Socialista.

Se inicia la votación. (Pausa.)



Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 226; a
favor, 91; en contra, 135.




El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Votamos ahora las propuestas de modificación del dictamen. Correspondería
votar a continuación el apartado 2 del artículo 10, que es sobre la 11,
la transaccional. (El señor Prada Presa pide la palabra.)
Tiene la palabra, Senador Prada.




El señor PRADA PRESA: Muchas gracias, señor Presidente.

Simplemente quería pedirle que repitiera el sentido de la votación que
vamos a efectuar.




El señor PRESIDENTE: Al apartado 2 del artículo 10, que yo creo que es la
transaccional sobre la 11.




El señor PRADA PRESA: ¿La propuesta de modificación?



El señor PRESIDENTE: Sí, la propuesta de modificación, que es la
transaccional sobre la 11.

¿Está claro lo que votamos? (Pausa.)
Se inicia la votación. (Pausa.)



Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 226; a
favor, 128; en contra, dos; abstenciones, 96.




El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.

Votamos ahora la propuesta de modificación al apartado 1 de la
disposición adicional quinta, aunque en el escrito transaccional no habla
de adicional, se sobrentiende que lo es.

Se inicia la votación. (Pausa.)



Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 224; a
favor, 135; en contra, dos; abstenciones, 87.




El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.

Pasamos a votar el dictamen. En primer lugar, artículos 2.2, 15.2.B)b),
15.4.B), 16.3.A), 17.2, 18.1.B), 30.4.A)e), 42.1 párrafo primero.

Se inicia la votación. (Pausa.)



Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 226; a
favor, 130; en contra, 89; abstenciones, siete.




El señor PRESIDENTE: Quedan aprobados.

Vamos a votar los artículos 21, 25, 35, 36, 39, 43, disposición adicional
tercera, disposiciones transitorias cuarta, quinta y sexta, disposición
derogatoria y disposiciones finales primera y cuarta.

Se inicia la votación. (Pausa.)



Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 226; a
favor, 224; en contra, uno; abstenciones, una.




El señor PRESIDENTE: Quedan aprobados.

Votamos el artículo 1, resto del artículo 2, artículos 3, 4, 5, 6, 7, 8,
9, 10, 11, 12, 13, 14, resto del artículo 15, resto del



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artículo 16, resto del artículo 17, resto del artículo 18, artículos 19,
20, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 29, resto del articulo 30, 31, 32, 33, 34,
37, 38, 40, 41, resto del artículo 42, 47, disposiciones adicionales
segunda, cuarta y quinta y disposiciones transitorias primera y tercera.

Se inicia la votación. (Pausa.)



Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 225; a
favor, 135; en contra, 88; abstenciones, dos.




El señor PRESIDENTE: Quedan aprobados.

Vamos a votar los artículos 44, 45, 46, disposición adicional primera,
disposición transitoria segunda y disposiciones finales segunda y
tercera.

Se inicia la votación. (Pausa.)



Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 226; a
favor, 134; en contra, uno; abstenciones, 91.




El señor PRESIDENTE: Quedan aprobados.

Votamos ahora el resto del dictamen, que es la exposición de motivos.

Se inicia la votación. (Pausa.)



Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 226; a
favor, 136; en contra, 90.




El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.

Tal y como dispone el artículo 90 de la Constitución, se dará traslado de
las enmiendas aprobadas por el Senado al Congreso de los Diputados para
que éste se pronuncie sobre las mismas en forma previa a la sanción del
texto definitivo por Su Majestad el Rey.




--DE LA COMISION DE JUSTICIA EN RELACION CON EL PROYECTO DE LEY DE VENTA
A PLAZOS DE BIENES MUEBLES (S. 621/000080) y (C. D. 121/000040).




El señor PRESIDENTE: Dictamen de la Comisión de Justicia en relación con
el Proyecto de Ley de venta a plazos de bienes muebles.

Para la presentación del dictamen, tiene la palabra el Senador que ha
sido designado a tal efecto, el Senador Moya.




El señor MOYA SANABRIA: Gracias, señor Presidente.

Este proyecto de ley tuvo su entrada en el Senado el pasado día 20 de
abril, fecha de su publicación en el Boletín Oficial de las Cortes,
terminando el plazo de presentación de enmiendas el día 9 de mayo.

Fueron 37 las enmiendas presentadas y distribuidas de la siguiente
manera: cuatro del Senador Román Clemente; dos del Grupo Parlamentario de
Senadores Nacionalistas Vascos; ocho del Grupo Parlamentario Socialista;
siete del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i
Unió; y dieciséis del Grupo Parlamentario Popular.

La Ponencia, integrada por don Hilario Caballero Moya, don Salvador
Capdevila i Bas, don Juan Vicente Casas Casas, don José Manuel Chapela
Seijo y don Jesús Andrés Mancha Cadenas, emitió su informe con fecha 27
de mayo de 1998. En el texto aprobado en dicha reunión quedaron
incorporadas las enmiendas subsistentes de las formuladas en su día por
el Grupo Parlamentario Popular, puesto que este grupo había retirado tres
de las inicialmente presentadas. Las enmiendas del Grupo Parlamentario
Catalán en el Senado de Convergència i Unió también fueron incorporadas,
así como la enmienda número 8 del Grupo Parlamentario Socialista.

Igualmente, se incorporaron numerosas correcciones técnicas y de estilo.

La Comisión se reunió para dictaminar el pasado día 2 del presente mes de
junio, y en dicha sesión se aprobó en todos sus términos el texto
propuesto por la Ponencia. Al dictamen de la Comisión se han formulado
tres votos particulares que corresponden, por orden de presentación, a
los siguientes firmantes: Grupo Parlamentario Mixto, Grupo Parlamentario
de Senadores Nacionalistas Vascos y Grupo Parlamentario Socialista. El
proyecto de ley en su actual redacción consta de 16 artículos, tres
disposiciones adicionales, una disposición transitoria, una disposición
derogatoria y tres disposiciones finales, precedidos del correspondiente
preámbulo de exposición de motivos.

Muchas gracias, Presidente. (Aplausos.)



El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, Senador Moya.

Entramos en el debate de totalidad.

¿Turno a favor? (Pausa.)
¿Turno en contra? (Pausa.)
Entramos en el debate de las enmiendas. En primer lugar, voto particular
número 1, que corresponde a las enmiendas números 1 a 4, originariamente
presentadas por el Senador Román Clemente.

Tiene la palabra el Senador Román Clemente.




El señor ROMAN CLEMENTE: Sí, señor Presidente. Efectivamente, hemos
presentado cuatro enmiendas, y las doy por defendidas en sus justos
términos.

Gracias, señor Presidente.




El señor PRESIDENTE: Gracias, Senador Román Clemente.

El voto particular número 2, del Grupo Parlamentario de Senadores
Nacionalistas Vascos, corresponde a las enmiendas números 5 y 6.

Tiene la palabra el Senador Zubia.




El señor ZUBIA ATXAERANDIO: Muchas gracias, señor Presidente.

El Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos va a votar a
favor del dictamen de la Comisión de Justicia en relación con el Proyecto
de Ley de venta a plazos de bienes muebles. Y lo va a hacer por
coherencia con la posición mantenida en trámites anteriores y, en
definitiva,



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por entender que estamos ante un texto ampliamente debatido; un texto que
ha sido objeto de un buen número de transacciones y que ha incorporado
criterios de la práctica totalidad de los grupos parlamentarios. En suma,
porque es un texto que ha alcanzado un equilibrio que goza del apoyo de
la mayoría de la Cámara.

Debo destacar los esfuerzos realizados hasta el último momento en aras a
alcanzar el máximo consenso en la redacción del polémico artículo 16, que
regula el incumplimiento del deudor, y en la no menos polémica
Disposición Adicional Primera del arrendamiento financiero.

Damos nuestro reconocimiento, en forma de voto favorable, al trabajo
parlamentario realizado en el proyecto de ley que nos ocupa, y mostramos
nuestra satisfacción por el contenido final del texto articulado; una
satisfacción, señorías, que sería plena en el caso de incorporarse al
Dictamen de la Comisión el sentir y la pretensión que se deduce de las
dos enmiendas que mantenemos vivas como voto particular para este trámite
en el que nos encontramos.

Permítanme, señorías, que, con suma brevedad, realice la defensa de estas
dos enmiendas.

La primera de ellas, la número 5, afecta al artículo 11, que regula la
facultad moderadora de jueces y tribunales. Nos parece acertada
--sumamente acertada-- la facultad o intervención moderadora de los
jueces y tribunales en los supuestos de desgracias familiares, paro,
accidentes de trabajo, larga enfermedad u otros infortunios. Todas ellas
nos parecen, repito, justas causas a apreciar discrecionalmente por los
jueces y tribunales. Lo que no alcanzamos a entender es por qué esa
intervención moderadora no ha de producirse siempre que se presenten esas
justas causas indicadas y apreciadas, repito, discrecionalmente por los
jueces y tribunales.

¿Por qué, además de darse una justa causa, y ser así apreciadas
discrecionalmente por el juez, magistrado o tribunal, se exige, como hace
el precepto, un carácter excepcional? ¿Qué se pretende realmente al
añadir esa coletilla de «con carácter excepcional? ¿A qué criterios o
conceptos quiere dar cabida la excepcionalidad? ¿A qué se quiere ligar
esa excepcionalidad?
Nos parece ciertamente peligroso, pues introduce un elemento de
inseguridad jurídica --por lo demás innecesario-- dada la exigencia de
una serie de justas causas y la apreciación --lo digo una vez más--
discrecional de las mismas por el juez y tribunal.

De ahí, señorías, que postulemos la simple supresión del término «con
carácter excepcional». Estoy seguro de que los propios jueces y
tribunales nos lo agradecerán.

La segunda cuestión que suscitamos tiene que ver con el artículo 16 del
proyecto de ley y más concretamente con su número 2. letra a). Este
artículo regula el procedimiento a seguir por el acreedor en caso de
incumplimiento del deudor, y ese procedimiento comienza, conforme reza el
mencionado apartado a) del número 2., con un requerimiento de pago a
través --y leo textualmente--: «... de fedatario público competente para
actuar en el lugar donde se hallen los bienes, donde haya de realizarse
el pago en el lugar donde se encuentre el domicilio del deudor...» Hasta
aquí la cita del artículo.

Pues bien, señorías, dos problemas son los que nos suscita esta
redacción. En primer lugar, estamos ante un Proyecto de Ley de venta a
plazos de bienes muebles, proyecto que no debe tener por objeto alterar
el sistema español de fe pública. Consiguientemente, la referencia que se
hace al fedatario público no es muy oportuna, pues introduce una
peligrosa ambigüedad y puede inducir a confusión. Siendo, como es, la
realización de notificaciones y requerimientos con valor de fehaciencia
pública competencia reservada por ley a los notarios, nos parece más
apropiado decir --como hace nuestra enmienda número 6-- que el acreedor
requerirá notarialmente de pago al deudor.

Un segundo problema que nos suscita, que en este caso es de orden
práctico, es por qué este apartado a) --como mencionaba hace un momento--
habla del lugar donde se hallan los bienes, donde ha de realizarse el
pago o lugar donde se encuentre el domicilio del deudor.

¿Con ello quiere decirse que el requerimiento de pago puede realizarse en
cualquiera de ellos? Evidentemente no puede ser éste el sentido, pues, no
en vano, el artículo 7.12 del mismo proyecto habla expresamente del lugar
establecido por las partes a efectos de notificaciones, requerimientos y
emplazamientos y, a mayor abundamiento, el propio artículo 16, al que me
estoy refiriendo, concretamente en su punto 4, señala literalmente que
los requerimientos y notificaciones previstos en los apartados anteriores
se efectuarán en el domicilio que a este efecto haya designado el
comprador. En base a lo expuesto, nos parece que lo lógico es que el
precepto hablará tan sólo de requerir el pago en el domicilio señalado al
efecto. Esta es, señorías, la segunda razón que sirve de soporte a
nuestra enmienda número 6.

Hasta aquí, señor Presidente, señorías, las dos enmiendas de nuestro
grupo parlamentario. Sobre ambas llamo la atención de la Cámara por
entender que suscitan cuestiones fundadas, que todavía pueden, teniendo
voluntad para ello, ser atendidas. En cualquier caso, cualquiera que sea
la suerte que ambas corran, me ratifico en la decisión anunciada en un
principio de votar favorablemente y en su totalidad el dictamen de la
Comisión sobre un proyecto de ley importante y de cuyo amplio acuerdo
participamos y queremos participar.

Muchas gracias, señor Presidente.




El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, Senador Zubia.

Pasamos al voto particular número 3, del Grupo Parlamentario Socialista,
enmiendas números 7 y 9 a 14.

Tiene la palabra el Senador Casas.




El señor CASAS CASAS: Muchas gracias, señor Presidente.

Señorías, en nombre y representación del Grupo Parlamentario Socialista
tenemos el honor de defender las siete enmiendas vivas que nuestro Grupo
mantiene en su voto particular a este proyecto de ley de venta a plazos
de bienes muebles.

En la enmienda número 7, al artículo 1, se propone que sea suprimido del
texto del proyecto el término «identificables».




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Ello, porque entendemos que tal expresión es limitativa y constriñe y
restringe el ámbito de aplicación de esta ley. La identificabilidad es
exigida por el texto como característica de los bienes muebles, a saber:
que éstos posean marca, número de serie o fabricación, etcétera. Esta
característica es atribuible solamente a determinados bienes y el ámbito
de aplicación de esta ley es más extenso, porque va más allá y debe
comprender y acoger objetivamente la compraventa de otro tipo de bienes
que no contienen estas características. Además, la identificabilidad de
un determinado bien la entendemos como un requisito para la inscripción
de tal bien en el Registro de venta a plazos y no como una condición
necesaria para que un bien mueble pueda quedar bajo el ámbito de
aplicación de esta ley. El ámbito de esta ley posee una mayor amplitud y
extensión objetivas y trasciende a las determinaciones que han de constar
solamente para que los bienes sean identificables: número de serie,
fabricación, marca, modelo, etcétera.

Por otra parte, ponemos de manifiesto que el contrato de venta a plazos
de bienes muebles es un contrato real, al exigirse la entrega o
transmisión del bien, llamada en derecho «traditio rei» o «translatio
rei». Ello nos ha llevado a proponer en esta enmienda que se adicione
expresamente al texto del proyecto un matiz importante que cualifica y
define el contenido real del contrato, a saber: el término «y presentes»,
con expresión patente de la necesaria «traditio o translatio» de la cosa
que es exigida en esta figura de contrato real, como es la compraventa de
bienes muebles.

Entendemos que las dos propuestas mejoran el texto, le otorgan más
claridad y más precisión, y contribuyen notablemente a la consecución del
principio de seguridad jurídica en el texto del proyecto.

Respecto a la enmienda número 9 al artículo 9, el texto del proyecto de
ley alude de forma inconcreta e indeterminada al 20 por ciento, sin
precisar a qué va referido, si al precio inicialmente convenido, o al
precio pendiente de pago. Pretendemos que este porcentaje mencionado, el
20 por ciento, se aplique «ex lege» sobre el precio pendiente de pago en
ese momento. Esta expresión propuesta, más matizada, concreta y precisa
entendemos que es favorecedora de los derechos de los consumidores y que
concuerda con la vocación y el objetivo que esta ley persigue.

En cuanto a la enmienda número 10, al artículo 11, consideramos que las
causas que contiene este artículo deben ser excepcionales, como debe
serlo la facultad revisora de juzgados y tribunales cuando concurran las
mismas, enfermedad, desempleo, etcétera. Tenemos que disentir en este
punto con el Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos,
puesto que estos elementos incidentales, excepcionales, son motivadores,
precisamente, del «ius variandi». Pretendemos que con esta enmienda estas
causas excepcionales también puedan ser apreciadas y aplicadas ex oficio
por el juez en aquellos supuestos de ejecución, que vienen prevenidos y
regulados en el artículo 16 y en la disposición adicional primera de este
proyecto de ley. Así, se confiere al juez esa potestad moderadora al
supuesto de ejecución, confiando en la buena praxis del juzgador en la
apreciación de los hechos y circunstancias, como garante de la tutela
efectiva que tiene constitucionalmente atribuida. Entendemos que esta
fórmula de apreciación y aplicación de oficio de estas causas
excepcionales protege y arropa a la parte más débil en la relación
contractual y ejecutiva, que no son, ni más ni menos, que los
consumidores.

En cuanto a la enmienda número 11, al artículo 14, la presente ley tiene
la pretensión, la vocación y la justificación de acoger los contenidos de
la Ley 7/1995, de Crédito al Consumo, y la de interrelacionar y armonizar
sus preceptos en concordancia con la normativa europea, que no es otra,
en definitiva, que la de reconocer en favor del deudor consumidor las
condiciones pactadas más beneficiosas. Si la presente ley tiene, como no
cabe duda, este objetivo armonizador de contenidos con la Ley de Crédito
al Consumo, proponemos con esta enmienda, por coherencia y consecuencia,
que en esta ley se contemple el principio de la condición más
beneficiosa, con la fórmula postulada en nuestra enmienda. Los
consumidores nos lo agradecerán a los legisladores porque ellos son los
beneficiarios finales de esta apuesta positiva. Nosotros, los
legisladores, somos una minoría y los consumidores son, o somos también
nosotros incluso, la mayoría.

Respecto a la enmienda número 12, al artículo 15, si han atendido,
señorías, los argumentos de defensa esgrimidos en la enmienda número 7,
al artículo 1, podrían comprobar y concluir que la enmienda número 12
está perfectamente relacionada con aquélla y es netamente coherente con
la misma. En aquélla propusimos la supresión del término
«identificables». En ésta, como no podía ser de otra manera, sostenemos y
proponemos que sólo podrán ser inscritos en el Registro de Venta a Plazos
aquellos bienes muebles identificables, cuando en ellos consten las
determinaciones de marca, modelo, número de serie, de fabricación,
etcétera.

Y, finalmente, en las enmiendas números 13 y 14, a los artículos 16 y a
la disposición adicional primera, respectivamente, se guarda una perfecta
sintonía, por estar correlacionadas entre sí. La motivación que vamos a
poner de manifiesto es predicable y aplicable a ambas por la
interrelación que sendos artículos mantienen. De entrada, no compartimos
el procedimiento ejecutivo especial que contiene el texto, y ello porque
los procedimientos especiales son contrarios a la dinámica actual que se
está imponiendo, que recoge el criterio de fusión o unificación de
procedimientos para acabar con la dispersión de fórmulas procesales
existentes en la vigente Ley de Enjuiciamiento Civil.

Tanto es así, que ya en el borrador de la Ley de Enjuiciamiento Civil que
ha hecho circular el propio Gobierno en al año 1997 se recoge esta
tendencia a la unificación; se eliminan casi un centenar de
procedimientos concretándolos en una decena corta, y donde, por cierto,
sólo se recoge un único juicio ejecutivo ordinario y ninguno especial.

Pero esta tendencia por la eliminación de procedimientos especiales y la
necesidad de uniformar y unificar los procesos también la propone el
propio Consejo General del Poder Judicial en el Libro Blanco de la
Justicia, en el año 1997. En tal informe, en los aspectos procesales y
los problemas del proceso civil, páginas 169 y 170, se dice: Tercero.

Aspectos procesales. 3.1 Los problemas del proceso civil. Una cuestión
previa ha de tenerse en cuenta en el aspecto



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procesal de la jurisdicción civil: la necesidad de reformar a fondo el
proceso civil y de evitar, tanto las reformas parciales cuanto la
tendencia de los últimos tiempos, motivada sin duda por la insatisfacción
de la regulación de la Ley de Enjuiciamiento Civil de incluir nuevos
tipos de procesos cada vez que se reforma un texto sustantivo o se
introduce una ley especial. La reforma global del proceso civil y la
eliminación de los procesos especiales contenidos en leyes no procesales
es pues una de las prioridades a la hora de abordar los aspectos
procesales de la jurisdicción civil.

Este proceso, el contenido en este proyecto de ley, ejecutivo y especial
que se introduce, señorías, contraviene y contradice, tanto el nuevo
diseño de procedimiento contemplado en el borrador, insisto, de la Ley de
Enjuiciamiento Civil que ha hecho circular el Gobierno del Partido
Popular cuanto la recomendación o propuesta de simplificación que realiza
el propio Consejo General del Poder Judicial, en el informe del Libro
Blanco de la Justicia. Aprobar este nuevo proceso es ir contracorriente y
dispersar más que concentrar, y tal decisión parlamentaria más que
integradora será, en el ámbito procesal, funcionalmente disgregadora.

Pero esta razón aludida no está sola a la hora de justificar nuestro
desacuerdo con este procedimiento ejecutivo especial. Estamos en contra
también, y además, por una razón más profunda y más rigurosa desde el
punto de vista netamente jurídico. No compartimos el modelo de ejecución
especial propuesto en el Proyecto de Ley porque entendemos que atenta
gravemente contra los derechos de los ejecutados, compradores y
financiados, y este llamémosle atentado, entre comillas, o desmán lo
denunciamos expresamente por cuanto la formulación del citado
procedimiento merma notablemente las garantías de defensa de los
potenciales o eventuales ejecutados, es decir, los consumidores. Más
concretamente, si bien queda vigente el ejecutivo ordinario de los
artículos 1.429 y siguientes de la Ley de Enjuiciamiento Civil, se deja
la puerta abierta, o mejor, se introduce un novedoso procedimiento
sumario más expeditivo y ágil, en principio, pero que restringe o limita
a cuatro supuestos las causas de oposición a la ejecución, a saber: pago,
falta de validez de consentimiento, incluida la falsedad de firma,
falsedad del título e incompetencia de jurisdicción.

De las once causas o motivos de oposición, excepciones que recoge el
artículo 1.464 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, sólo se dejan en este
procedimiento las cuatro causas descritas como motivos de oposición
residual. ¿Por qué se eliminan las excepciones del artículo 1.464,
compensación de crédito líquido que resulte de documento que tenga fuerza
ejecutiva, prescripción, quita o espera, pacto o promesa de no pedir,
falta de personalidad en el ejecutante o en su procurador, novación,
transacción, sumisión de la cuestión litigiosa a arbitraje? ¿Cuándo y
cómo alegará el ejecutado esas excepciones legales si no se le deja
oponerlas en ese procedimiento sumario? Por cierto, esta limitación se
debe a la aceptación por el Grupo Parlamentario Popular de la enmienda
número 17 del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i
Unió en esta Cámara. Con esta eliminación, inadmisible a nuestro juicio,
se otorga primacía a los ejecutantes, en perjuicio de los ejecutados, a
los que se discriminan procesalmente; se rompe la paridad de armas
procesales, principio básico del procedimiento, asentado dogmática y
jurisprudencialmente; se quiebran los derechos constitucionales
procesales de contradicción y defensa; en definitiva, se vulnera, a
nuestro entender, nuestra Constitución en cuanto a los principios de
igualdad, tutela judicial efectiva e interdicción de la arbitrariedad,
del desamparo y de la indefensión.

Entendemos que, desde el punto de vista jurídico, nuestras enmiendas son
rigurosas, razonadas y razonables y esperamos que, debidamente meditado
su contenido, sean apoyadas por los Grupos de esta Cámara.

Muchas gracias.




El señor PRESIDENTE: Gracias, Senador Casas.

Para turno en contra, tiene la palabra el Senador Mancha Cadenas.




El señor MANCHA CADENAS: Muchas gracias, señor Presidente.

Con la venia, señor Presidente, señoras y señores Senadores, con la
promesa formal de la brevedad, permítanme que, aunque sea
telegráficamente, realice algunas reflexiones sobre el proyecto de ley
que esta tarde estamos debatiendo desde la óptica del Grupo Parlamentario
que represento.

Y es que en el ordenamiento español, la Ley de venta a plazos de bienes
muebles, de 17 de julio de 1965, constituía, como es sabido, un ejemplo
primerizo de norma destinada a proteger al contratante débil. Decía el
profesor don José Miguel Embid, catedrático de Derecho Mercantil,
comentando una sentencia del Tribunal Supremo de 12 de diciembre de 1991
sobre esta norma, que tal posición aparecía identificada en su texto con
el comprador, con ese contratante débil que mediante el fraccionamiento
del precio puede acceder al consumo de bienes que de otra forma le
estarían vedados.

Sin embargo, señorías, se ha demostrado que a lo largo de los años han
sido poco efectivas y escasas las medidas de protección al comprador, ya
que más bien su no muy acertada técnica normativa atendía mejor a los
intereses --a veces, al menos-- de vendedores y financiadores. Puede
hablarse por ello de un intento frustrado de protección del contratante
débil, sin que tal circunstancia haya conducido, como parecía deseable, a
su modificación e integración en el derecho general de los consumidores.

Treinta y tres años después la vetusta Ley apela necesariamente a
adecuarse a las modificaciones introducidas, como han dicho todos los
oradores que me han precedido en el uso de la palabra, a la norma de 23
de marzo de 1995, de crédito al consumo, al mismo tiempo --también lo han
dicho los oradores que me han precedido-- que atemperarse a la Directiva
europea de 29 de diciembre de 1986 y la posteriormente modificada de 12
de febrero de 1990, y armonizar todas estas disposiciones era un objetivo
claro



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de la presente ley, tratándose, sencillamente, de incentivar el consumo
en la inversión.

Entendemos que la norma que en esta Cámara ahora se debate se apoya en
dos grandes columnas, a nuestra manera de entender: la defensa de los
consumidores, por un lado, y el reforzamiento de las garantías de las
empresas, es decir, de los vendedores y financiadores, por otro lado.

Hemos de empeñarnos, señorías, en la búsqueda del justo equilibrio entre
las garantías jurídicas del consumidor y las del vendedor o financiador
al disponer de un instrumento rápido y eficaz de recuperación del bien en
caso de incumplimiento por parte del comprador.

Este proyecto de ley ha incorporado en su trámite en el Senado
importantes novedades, a nuestra manera de entender, respetando el
esqueleto, la estructura de la ley y mejorando técnica y legislativamente
el texto.

El Grupo Parlamentario Popular entiende, proyectándome lógicamente sobre
las intervenciones de los grupos, que no puede asumir las aportaciones
que realiza el Grupo Parlamentario Mixto a través de Izquierda Unida.

Corresponden --como se ha dicho-- a las enmiendas 1, 2, 3 y 4 que hemos
de rechazar. ¿Y por qué?
Rechazamos la enmienda número 1 porque la propia definición contenida en
el artículo 1 de la ley nos indica meridianamente, transparentemente,
cuáles son las circunstancias de identificación del bien. La definición
del artículo 1, señorías, es más amplia, ya que no siempre será exigible
la expresión de la marca, modelo y número de serie o fabricación, pues
pueden existir bienes con otras características que excluyan la confusión
y que sean susceptibles de ser vendidas a plazos, verbigracia, los
cuadros, las obras de arte.

Las enmiendas 2 y 3, de Izquierda Unida, referenciadas a los artículos
8.4 y 9.C), nos abren la puerta a la cuestión de la competencia de los
servicios de arbitraje de las Comunidades Autónomas respectivas. Este
Grupo entiende humildemente que la posibilidad de arbitraje de consumo
siempre está reconocida legalmente al consumidor por la Ley de Defensa de
los Consumidores y Usuarios. Hemos de tener en cuenta, señoría, que la
intervención del arbitraje para determinar la modulación en el supuesto
de contenido inexacto es contraria a la filosofía del proyecto.

Hemos de rechazar la enmienda número 4, referida al artículo 11, párrafo
1.º, porque entendemos que, de aceptarse, podría ampliar excesivamente
las facultades moderadoras de los jueces y tribunales. A nuestro entender
debe quedar claro que lo previsto en este precepto es una facultad que el
juez puede adoptar con carácter excepcional y no como criterio rutinario.

Lo contrario significaría que las entidades financieras correrían mayor
riesgo para recuperar el préstamo y, en consecuencia, elevarían los tipos
de interés en perjuicio del consumidor.

Al Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos hemos de decirle
que lamentamos no poder aprobar sus dos enmiendas, pero sí queremos
agradecerles su respaldo a la norma, su generosidad y, en particular, la
cortesía reconocida a su portavoz, el Senador Zubia. Rechazamos la
primera de sus enmiendas, la número 5, referida al artículo 11, por las
mismas razones y argumentos por las que nos hemos opuesto a la 4 de
Izquierda Unida, es decir, porque podría suponer ampliar excesivamente
las facultades moderadoras de los jueces y tribunales. Asimismo, la
enmienda número 6, formulada al artículo 16.2 a), nos parece inaceptable
porque entendemos que su aprobación podría conculcar lo dispuesto en el
artículo 1.431 de la Ley de Enjuiciamiento Civil.

Señorías, lógicamente hemos de posicionarnos también sobre un bloque de
enmiendas presentadas por el Grupo Parlamentario Socialista. Creemos que
ha llegado el momento de hacer modificaciones y de decirle al portavoz
del Grupo Parlamentario Socialista que puede tener la conciencia
tranquila. Hemos de agradecerle, como no podía ser de otra manera, el
tono elegante que ha utilizado en su intervención el representante de
esta fuerza política. Pero vamos a ir desgranando con brevedad una a una
las enmiendas.

Las enmiendas 7 y 12 hacen referencia a los artículos 1 y 15, apartado 1.

Hemos de rechazarlas porque suponen una ampliación de la ley difícilmente
conciliable con el resto del proyecto. Excluir el requisito de la
identificabilidad obligaría a modificar más artículos que los referidos
al registro. Se ha juzgado conveniente no ampliar el ámbito de
aplicaciones de la ley, ya que desde una perspectiva económica
generalizar el mismo, incluyendo bienes no identificables y reduciéndolo
sólo a la inscripción en el registro, acarrearía muchos costes para los
financiadores y conllevaría un encarecimiento de las transacciones
comerciales.

En lo que se refiere a la enmienda número 9 al artículo 9 apartado 3,
podemos considerar que, al contrario de lo propuesto por la modificación
socialista, los pagos parciales anticipados no pueden ser inferiores al
20 por ciento, pero entendiéndose por tal --y esto nos parece esencial,
señor Casas--, no el precio pendiente de pago sino el inicialmente
convenido.

En cuanto a la enmienda número 10 al artículo 11, comprobamos que supone
una similitud con la enmienda número 4 de Izquierda Unida y con la número
5 del Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos. La
rechazamos, por tanto, al extender injustificadamente a las facultades
moderadoras de los jueces el supuesto de ejecución por incumplimiento. No
cabe, en nuestra opinión, la apreciación de oficio una vez iniciada la
ejecución, ya que entonces carecería de sentido el procedimiento de
apremio regulado en el artículo 16, que se convertiría en un declarativo.

Con referencia a la enmienda número 11 al artículo 14, este Grupo que
represento entiende en su rechazo que puede introducir confusión en el
sistema de fuentes para el caso de cláusulas ineficaces. Apreciamos que,
en el carácter imperativo de la ley, resulta de más claridad el texto del
proyecto que el de la enmienda. Además, la enmienda puede inducir a
confusión en la medida en que lo que se quiere amparar es la posibilidad
de que las partes pacten otras cláusulas además de las obligatorias, y
cabe deducir que esta posibilidad ya está prevista en el apartado 1 del
artículo 7.




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Por último, hemos de posicionarnos sobre las enmiendas números 13 y 14,
referidas al artículo 16 y a la disposición adicional primera,
manifestando que no podemos asumirlas. De hacerlo, señor Casas y Grupo
Parlamentario Socialista, ello supondría un ejercicio de incoherencia ya
que creemos que se separa de la filosofía del proyecto y, además,
supondría una nueva redacción de este precepto, el artículo 16, con
nuevos requisitos y con nuevos procedimientos.

Por otro lado, y en referencia a la enmienda número 14, observamos que
pretende trasladar la filosofía de la enmienda número 13 al contrato de
arrendamiento financiero que se regula en esta disposición adicional.

Señorías, las profundas transformaciones que, a nuestro entender, mejoran
notablemente el texto remitido por el Congreso, se proyectan sobre el
artículo 16 y sobre la disposición adicional primera, en los que se
introduce, por unanimidad de los grupos parlamentarios, la rúbrica
inexistente de incumplimiento del deudor.

Nada que objetar a las letras a), b) y c) del apartado 2 del citado
artículo, pero la letra d) añade, con el apoyo del Grupo Popular, una
seguridad jurídica más elevada. Se sustenta en el caso de que el deudor
no abonase la cantidad exigida ni entregase los bienes para su ejecución
--según la Ley de Enjuiciamiento Civil para el caso de juicio
ejecutivo--, aunque quiere contemplar algunas especialidades: exigencia
de presentar certificación de la inscripción de los bienes en el Registro
de venta a plazos de bienes muebles, acreditación del requerimiento al
deudor, oposición del deudor, no por todas las causas y excepciones
establecidas para la nulidad en la Ley de Enjuiciamiento Civil, sino en
un «numerus clausus» que se detalla en cuatro: pago acreditado
fehacientemente, inexistencia o falta de validez de su consentimiento
incluida la falsedad, falsedad del título, incompetencia de jurisdicción,
etcétera. Se completa el apartado con el impulso a la inmediata
enajenación de los bienes en pública subasta, sirviendo como tipo de la
primera el valor fijado por las partes en el contrato.

Es esta norma la que nos marca el procedimiento a seguir en casos de
incumplimiento de un contrato inscrito en el Registro de venta a plazos
de bienes muebles con la subsidiariedad ya dicha de la Ley de
Enjuiciamiento Civil, y es la disposición adicional primera la que
realiza una descripción pormenorizada del arrendamiento financiero,
caminando inseparablemente al lado del artículo 16, tal y como lo
aceptamos con las modificaciones introducidas.

En cuanto a las aportaciones al texto que desarrolla el Grupo
Parlamentario Popular, y que son asumidas en su totalidad por el Grupo
Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió y por parte de
otros grupos, permítanme hacer un breve esbozo. Todas ellas procuran
mejorar el trabajo desarrollado en el Congreso por ser mejoras técnicas,
muchas de ellas en concordancia absoluta con otras observaciones desde
los distintos grupos parlamentarios, y son las siguientes: introducir el
NIF o el CIF. Necesidad de que conste un domicilio para el pago, que no
tiene por qué coincidir con el domicilio a efectos de notificaciones.

Hacer constar la tasación del bien para que sirva de tipo a la subasta o
fijar un índice referencial que se enganche a la previsión de la figura
de la adjudicación en pago. Señalar que siempre computamos días hábiles.

Entender que el deterioro de los embalajes no impedirá su devolución.

Extraer los términos alcance universal, que nada tiene que asemejarse con
las ejecuciones universales en concurso de acreedores. Adicionar directa
y exclusivamente --entre comillas-- para acotar el alcance de las
actuaciones respecto al patrimonio del deudor. Introducir un nuevo
epígrafe en el artículo 16.2 cuando señala, huyendo de posibles
interpretaciones erróneas, que --entre comillas-- la adquisición de los
bienes subastados no impedirá la reclamación de las cantidades que
correspondan si el valor del bien obtenido en la subasta fuese inferior o
superior a la deuda reclamada. Anular, cuando nos referimos a
arrendamiento financiero, la opción de compra porque ya va reconocida y
podría provocar confusión. Finalmente, añadir a la disposición
transitoria un nuevo párrafo que aclara técnicamente el texto cuando
sentencia que el tipo de la primera subasta se regula por el precio de
venta al contado, según coste estipulado en los contratos.

Es que, señorías --y finalizo, señor Presidente--, el crédito en los
tiempos actuales constituye una de las bases en que se asienta el
desarrollo de la vida social no sólo en el aspecto industrial y comercial
sino, lo que es más importante, en la vida familiar y doméstica.

Muchas gracias, señor Presidente.




El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, Senador Mancha Cadenas.

Turno de portavoces.

¿Grupo Mixto? El Senador Román Clemente tiene la palabra.




El señor ROMAN CLEMENTE: Muchas gracias, señor Presidente.

Si en la primera intervención decíamos que dábamos por defendidas las
enmiendas, después de la intervención del portavoz señor Mancha, hago
ahora uso de este turno para decir que nos causa cierta sorpresa la
argumentación para el rechazo de la enmienda número 4.

La enmienda número 4, presentada por Izquierda Unida, propone la
siguiente redacción: «Los jueces y tribunales por justas causas
aparecidas discrecionalmente, tales como desgracias familiares, paro,
accidente de trabajo, larga enfermedad cualquiera que sea la causa,
senectud u otros infortunios, podrán señalar nuevos plazos y modificar
las cantidades a abonar en éstos o alterar los convenios, determinando,
en su caso, el recargo en el precio por los nuevos aplazamientos.

Dice su señoría que sería otorgar una excesiva capacidad a los jueces y a
los tribunales, lo cual nos causa cierta sorpresa. Pueden ser otros los
argumentos. Me dice su señoría que significaría incrementar el interés
que se tuviera, lo cual nos sigue causando sorpresa.

Los portavoces de otros grupos parlamentarios han presentado enmiendas de
similares características, defendiendo algo que parece lógico y oportuno
en esta ley.

Señoría, sus argumentos no los podemos compartir, no nos convencen. No
sólo no los compartimos, sino que decir



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que jueces y tribunales tendrían una excesiva competencia en esta materia
no es, desde nuestro punto de vista, razonable.

Muchas gracias, señor Presidente.




El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, Senador Román Clemente.

¿Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos? (Pausa.)
¿Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió? El
Senador Capdevila tiene la palabra.




El señor CAPDEVILA I BAS: Muchas gracias, señor Presidente.

El presente proyecto de ley cumple el mandamiento legal ordenado por el
Gobierno en la disposición final tercera de la Ley 7/1995, de 23 de
marzo, sobre Crédito al Consumo y que ante la coincidencia de ésta con
varios de los preceptos de la Ley 50/1965, de 17 de julio, de presentar
un proyecto, la ley de modificación en este caso es más bien de
sustitución de la expresada Ley 50/1965 sobre Regulación de la venta a
plazos de bienes muebles.

Creo, y así lo ha manifestado el Senador Zubia, que debemos
congratularnos de estar en el trámite de conclusión de esta ley, que con
la incorporación de enmiendas, tanto en el Congreso de los Diputados como
en la Comisión y ahora en este Pleno, ha logrado un loable
perfeccionamiento del texto original, prueba del grado de consenso
logrado entre los distintos grupos parlamentarios.

Con la defensa del articulado al texto de la ley se va a entender,
asimismo, rechazadas todas y cada una de las enmiendas propuestas por los
demás grupos parlamentarios.

Entendemos que el presente proyecto de ley de venta a plazos de bienes
muebles logra un justo equilibrio, tal y como se ha manifestado en este
debate, entre la seguridad del tráfico comercial y la proporcionada
respuesta en los supuestos de impago. Se logra una garantía del vendedor,
así como también, por otro lado, la situación patrimonial del comprador,
y ello con el establecimiento de un procedimiento ágil y rápido,
contemplándose las variadas situaciones comerciales con las que una
población de ese tipo puede encontrarse en la realidad. Así, en el
artículo 9 del proyecto de ley, facultad de desistimiento, se contempla
la posibilidad de exclusión en la adquisición de vehículos de motor
susceptibles de matriculación, en cuyo caso podrán establecerse los
pactos pertinentes convenidos entre las partes, y los diversos supuestos
e incumplimientos por parte del comprador, con las varias opciones que
caben a favor del vendedor entre exigir el pago de los plazos pendientes
o resolución del contrato y, en este último supuesto, establecimiento de
indemnización por tenencia y depreciación de los bienes y, en su caso,
deterioro de los mismos.

Se introduce la facultad moderadora del juez o del tribunal consistente
en variar los plazos pactados con establecimiento de recargos, y ello con
carácter excepcional en el supuesto de desgracias familiares u otros
casos que expresamente se acotan. Creemos que aquí la excepcionalidad
está precisamente en los casos que se acotan. Quizás, a mayor
abundamiento, pueda haber unos mayores poderes a favor de los jueces y
tribunales, pero, en definitiva, pienso que el espíritu de este artículo
está precisamente en acotar las especialidades que allí se concretan.

De interés resulta la cuestión de la obligada publicidad de la
determinación del precio al contado y del resultado de su aplazamiento,
así como sus intereses, su cálculo y, en el caso del crédito, sus
intereses y tasa de equivalencia.

Se establece la necesidad de la inscripción de los contratos sujetos a la
presente ley en el Registro de ventas a plazos de bienes muebles, que
llevarán los registradores, tanto los de la propiedad como mercantiles,
para que puedan ser oponibles a terceros sus pactos sobre reservas de
dominio y prohibiciones de disponer, estableciéndose en el artículo 15
del proyecto las garantías de dicha inscripción.

En cuanto al artículo 16, para el supuesto de incumplimiento del deudor,
enmienda presentada por el Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas
Vascos respecto a la intervención de fedatario público, entiendo que
fedatario público tiene que abarcar tanto a los notarios como a los
corredores de comercio. En primer lugar, porque ya lo preveía así el
informe emitido por el Consejo General del Poder Judicial, el cual citaba
inclusive el artículo 93 del Código de Comercio, que prevé claramente que
tendrán el carácter de notario en cuanto se refiere a contratación de
efectos públicos, valores industriales o mercantiles, mercaderías y demás
actos de comercio comprendidos en su oficio, en la plaza respectiva.

Además, el artículo 95.1.º del Código de Comercio dice que habrán de
asegurarse de la identidad y capacidad legal para contratar de las
personas en cuyos negocios intervengan y, en su caso, de la legitimidad
de firmas de los contratantes. La intervención de los corredores de
comercio, incluso en la subasta o venta extrajudicial, queda asimismo
admitida por varios preceptos del Código de Comercio, entre otros el
artículo 197 y siguientes y el 918 del mismo texto legal, así como el
artículo 1.085 del antiguo Código de Comercio de 1829, vigente para las
quiebras, y el artículo 1.482 de la Ley Procesal Civil, etcétera.

Entendemos, pues, que queda clarificada y justificada la intervención de
los corredores de comercio, sin que haya ninguna confusión al respecto.

En el apartado 2.d) del artículo 16, se introduce la especialidad
procedimental contenida en la enmienda 17 de nuestro Grupo Parlamentario
Catalán en el Senado de Convergència i Unió. Frente a la enmienda
sostenida por el Grupo Parlamentario Socialista no debemos olvidar que no
nos hallamos ante un procedimiento ejecutivo ordinario sino que, como tal
especialidad, se reducen las posibles vías de oposición al deudor a las
excepciones que expresamente se acotan en dicho apartado, sin perjuicio,
claro está, de la posibilidad de las partes de plantear cualquier vía
declarativa, y esto queda incardinado y comprendido en el propio proyecto
de ley.

Se introduce la posibilidad de ejecución de contratos no inscritos en el
registro público, pero que se hallasen otorgados en documento público con
los requisitos establecidos en el artículo 1.429 de la Ley de
Enjuiciamiento Civil, en cuyo caso --y ello se introdujo a través de una
enmienda de nuestro Grupo-- no sería necesaria la obligación



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de aportar la certificación acreditativa de su inscripción.

Asimismo, se contempla la posibilidad de que los bienes vendidos con
pacto de reserva de dominio se hallasen en poder de persona distinta del
comprador, así como el derecho de prelación o preferencia de créditos
nacidos a raíz de contratos sujetos a las garantías documentales y
registrales establecidas en la propia ley, en los supuestos de quiebra,
concurso de acreedores al deudor y su no inclusión en la masa de
acreedores mientras no se hubiera satisfecho el crédito garantizado y con
la condición de crédito singularmente privilegiado y con derecho de
abstención.

Otra peculiaridad digna de mención es también la dedicada a los contratos
de arrendamiento financiero, disposición adicional primera del proyecto
de ley, con inclusión de la enmienda número 20, del Grupo Parlamentario
Catalán en el Senado de Convergència i Unió, en consonancia con la
redacción admitida en el dictamen del apartado segundo del artículo 16.

Con esto contesto también a la enmienda presentada por el Grupo
Parlamentario Socialista. Se contempla la normativa aplicada al
incumplimiento de las obligaciones derivadas de los contratos de
arrendamiento financiero, los requisitos para el ejercicio de la acción
ejecutiva o declarativa o los trámites previos sobre requerimiento de
pago a través de fedatario público --hechas las aseveraciones antes al
comentar la enmienda del Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas
Vascos-- y se conceden los mismos derechos de abstención al convenio de
acreedores, su reclamación de forma separada y la no inclusión de tal
crédito en la masa de acreedores.

La posibilidad del acreedor o demandante de solicitar del juez, en el
mismo procedimiento judicial contemplado en la presente ley, la
inscripción de los bienes muebles no inscritos y el depósito o secuestro
judicial de los mismos para asegurar la ejecución de la resolución
judicial, es también uno de los elementos novedosos a cuya incorporación
ha contribuido nuestro Grupo.

Finalmente, quiero hacer una mención a la enmienda número 21 del Grupo
Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió, que se
corresponde con la 37 del Grupo Parlamentario Popular, tendente a
clarificar el valor del tipo del precio de primera subasta fijada como
precio de venta al contado que conste en los contratos nacidos bajo el
mandato de la Ley 50/1965, en vigor, y transcrito en la disposición
transitoria de la presente ley. Por esos motivos rechazamos la enmienda
presentada por el Grupo Parlamentario Socialista.

Nada más. Muchas gracias.




El señor PRESIDENTE: Gracias, Senador Capdevila.

Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el Senador Casas.




El señor CASAS CASAS: Muchas gracias, señor Presidente.

Señorías, quisiera aprovechar este turno de portavoces para realizar una
serie de valoraciones de posición del Grupo Parlamentario Socialista ante
el debate en esta Cámara del proyecto de ley que nos ocupa.

Vaya por delante un hecho del que nos gustaría dejar constancia: nuestro
Grupo Parlamentario ha colaborado, tanto en el Congreso de los Diputados
como en esta sede, a la mejora y perfección de esta ley, y lo ha hecho
con rigor y con responsabilidad, de tal manera que, desde que el texto
tuvo entrada en la Cámara baja hasta el presente momento procesal
parlamentario en esta Cámara alta, el proyecto de ley ha ganado
notoriamente y ha evolucionado positivamente con las aportaciones --bien
es cierto-- de todos los grupos parlamentarios y también de los servicios
de la Cámara, concretamente de los señores letrados.

Estamos en parte de acuerdo con el proyecto de ley y en aquello que no
nos gusta hemos mantenido nuestras enmiendas con la esperanza de poder
cambiarlo. Lamentablemente, estas enmiendas no serán aceptadas por la
mayoría. Habiendo oído a los Senadores Mancha y Capdevila quedamos lo
suficientemente orientados para decir que son enmiendas que nos llevarán
a la frustración, aunque nos han expuesto unas causas que ya nos fueron
dichas en Comisión y que no nos acaban de convencer.

También el rigor y la responsabilidad nos obligan a dejar patentes y
manifiestos aquellos aspectos que no nos convencen y que rechazamos en el
proyecto de ley.

En primer lugar, no compartimos la prevalencia y la magnificación que se
confiere al registro de venta a plazos y la primacía que se otorga a sus
titulares --los registradores de la propiedad-- contradictoriamente con
lo que reza en el preámbulo del proyecto de ley, penúltimo párrafo «ad
fine» que dice que, salvo precisiones de menor entidad, se mantiene lo
dispuesto en la ley anterior (se refiere a la ley de 1965) en cuanto a,
entre otros aspectos, el registro de reservas de dominio y prohibiciones
de disponer, regulado en el artículo 15. Contradictoriamente con este
enunciado, se confiere una expansión excesiva a tal registro, haciéndole
intervenir hasta para un mero y simple cambio de domicilio. Se subordina
la utilización de los procedimientos ejecutivos previstos en la ley a la
previa inscripción del contrato en tal registro, frente a la función y
efectos que tradicionalmente venía teniendo, que ha sido siempre la de la
oponibilidad «erga omnes». Con ello, además del objetivo de oponibilidad,
se confiere al título inscrito un plus y se le convierte en un título
ejecutivo cualificado que siempre quedará en favor de los vendedores y
financiadores. Este novedoso diseño o modelo no lo impone la normativa
europea ni la Ley de Crédito al Consumo, de la que esta ley trae causa.

¿Por qué se introduce entonces? Algún malpensado podría concluir que el
Director General de los Registros y el Notariado es registrador y hubiera
podido tener arte y parte en esta innovadora formulación, pero eso lo
haría algún malpensado y, como la duda ofende, no tenemos el propósito de
agredir a ningún colectivo o corporación. Lo que sí manifestamos
firmemente es que este sistema huelga y que las normas cuyo mandato
estamos cumpliendo con la tramitación de este proyecto de ley no lo
exigen por lo que, insistimos, a nuestro juicio, resulta ser una
innovación excesiva por innecesaria. Sí queremos advertir que el nuevo
diseño de registro de venta a plazos en esta ley llevará aparejados unos
honorarios y gastos de inscripción



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que ya veremos quién o quiénes terminan sufriendo o pagando. Sospechamos
que serán los consumidores.

En segundo lugar, estamos en contra del atípico y especial procedimiento
ejecutivo que introduce esta ley, por cierto, no exigido por la Ley de
Crédito al Consumo ni por la Directiva comunitaria que acogemos; por el
contrario, se trata de una fórmula procesal novedosa, adoptada por esta
ley al margen de aquellas normas. Este procedimiento ejecutivo contra los
bienes lo estimamos incluso de dudosa constitucionalidad y, todo ello,
por dos motivos: primero, porque en él se quiebra el principio básico de
igualdad
--se beneficia al acreedor que mantiene un expeditivo y sumario
instrumento de ejecución preeminente y se perjudica al
acreedor-consumidor que tiene menguadas y limitadas las causas de
oposición a la ejecución--; y, segundo, porque se rompe también el
principio básico de equilibrio del procedimiento. Con esta innovación el
procedimiento ejecutivo queda desproporcionado, descompensado y
desequilibrado en contra del criterio de paridad de armas procesales en
todo procedimiento que, además, amordaza las capacidades y las
posibilidades de contradicción y defensa de los ejecutados --también
consumidores-- con lo que entendemos que vulneran --y ya lo hemos dicho
antes en la defensa de nuestras enmiendas-- derechos constitucionales.

En tercer y último lugar, rechazamos este proyecto de ley por entenderlo
perjudicial para consumidores y usuarios, aunque nos parece extraño que
la tramitación de esta ley haya pasado un tanto desapercibida para las
organizaciones y colectivos que los representan. La consideramos
perjudicial, aparte de por los recortes y garantías procesales y
restricciones defensivas que tienen los ejecutados
--insistimos, consumidores--, existen en la ley unos beneficiados y
unos perjudicados. Los beneficiarios: vendedores, financiadores,
acreedores-ejecutantes. Los perjudicados: compradores, financiadores,
deudores-ejecutados.

¿Quién pagará los altos costes y gastos de esta ley? Aunque la ley no
establece nada al respecto, no se le escapa a nadie que los contratos de
venta a plazos que regula serán contratos de adhesión y que los gastos
correrán a cargo y por cuenta de los consumidores y usuarios; gastos que
serán inherentes a las formalidades instrumentales del contrato y a la
inscripción registral del mismo; gastos que llevarán aparejados los
requerimientos por fedatario público y los gastos de ejecución por vía de
las costas procesales. Todos ellos son gastos que recaerán,
previsiblemente, sobre los bolsillos de los consumidores y usuarios.

Finalmente, he de decir que en aquellos puntos en los que estemos de
acuerdo votaremos a favor de la ley y en contra de lo que desaprobamos,
que es exactamente los artículos concernidos por nuestras enmiendas.

Quisiera terminar agradeciendo el talante, el tono, la cortesía y el
respeto manifestados en este debate por todos los grupos parlamentarios.

Muchas gracias.




El señor PRESIDENTE: Gracias, Senador Casas.

Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el Senador Mancha
Cadenas.




El señor MANCHA CADENAS: Muchas gracias, señor Presidente.

Señorías, intervengo muy brevemente para dirigirme, en primer lugar, al
Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió. Quiero
agradecerle sinceramente su apoyo, así como a todos los grupos que han
asumido las enmiendas del grupo que represento. Conoce perfectamente el
Senador Capdevila el largo y espinoso camino de encuentro que, entre
todos, hemos tenido que realizar para modernizar una norma que busca,
entre otros objetivos prioritarios, la defensa del consumidor sin olvidar
los derechos del vendedor, así como regular con mayor fluidez el tráfico
mercantil.

Hemos de saludar al Grupo de Izquierda Unida sus intentos de
incorporación de enmiendas que no podemos asumir, señor Román, respetado
compañero del Parlamento de Andalucía, porque entendemos que están dentro
de las propias entrañas de la norma. Claro que podemos tener distintos
enfoques sobre las atribuciones de los jueces y de los tribunales, pero
lo que no puedo aceptarle --y lo digo en el sentido más respetuoso de la
palabra-- es que quiera hacer entender que el Grupo Parlamentario Popular
acorta las competencias de los jueces y tribunales o intenta hacerlo. Ni
las acorta ni las alarga; los jueces tienen las competencias que tienen
que tener y, en consecuencia, el Poder Legislativo no debe limitarle o
marcarle sus fronteras.

Lamentamos no haber podido acatar las modificaciones que pretendió
introducir el Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos. Se
ha debido principalmente --y en este caso vuelvo a proyectarme-- por el
recelo que nos produce ampliar más allá de lo debido los poderes del
Poder Judicial, valga la redundancia.

En cuanto al Grupo Parlamentario Socialista, he de manifestar nuestra
gratitud por el intento de enriquecer la ley con muchas de sus adiciones.

Pero hemos de recordar, Senador Casas, que la norma es vetusta, es muy
antigua. Nació hace 33 años, coincidiendo con un momento tremendamente
complicado de la historia de este país. Entendemos que sus enmiendas, las
presentadas por el Grupo Parlamentario Socialista, se separan del
espíritu de la norma de 1965, sobre todo en lo que respecta al artículo
16 y la disposición adicional primera. No aceptan el texto enviado por el
Congreso de los Diputados, pero tampoco bendicen las enmiendas
presentadas por el Grupo de Convergència i Unió, que de alguna manera son
asumidas por el Grupo Parlamentario Popular. Se desarrolla sobre un nuevo
campo, no contemplado ni en el texto de 1965 ni en el remitido por el
Congreso ni en las adiciones llevadas a cabo aquí, en el Senado. Es otra
cosa, señor Casas, es otra filosofía lejana a la que se pretende con el
proyecto de ley que estamos debatiendo.

La disposición final tercera de la Ley de Crédito al Consumo, de 23 de
marzo de 1995, mandataba --en un plazo corto-- la presentación de un
proyecto de ley de modificación de la Ley 50/1965, sobre la regulación de
la venta a



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plazos de bienes muebles, para adaptarla a la citada normativa. Nos
encontramos en este punto.

Cerramos el debate, señoras y señores Senadores, con este proyecto de ley
que pretende proporcionar un marco jurídico claro y adecuado de los
derechos y deberes derivados de la compraventa de bienes muebles,
garantizando --debemos subrayarlo-- el presupuesto necesario para el
crecimiento sostenido de esta figura de financiación que tanta
importancia ha tenido y seguirá teniendo para el desarrollo económico
español.

Señoras y señores Senadores, no sé si lo hemos conseguido. Intentamos
sacar a la luz una norma que seguro adolece de imperfecciones y así lo
manifesté, señor Casas, en la Comisión de Justicia. Adivinamos su
preocupación y la de su Grupo porque no nos situamos en una posición
pragmática o dogmática de todo vale, al creer que no existan fugas --que
existen-- donde se nos escapan algunas cuestiones.

Entendemos, señorías, que ha de ser la doctrina, la propia legislación y
la jurisprudencia las que en su diario discurrir anulen los
deslizamientos que vayan apareciendo y que su señoría, seguramente con
acierto, ha señalado.

Finalizo, señor Presidente --doy las gracias por su generosidad--,
manifestando --lo digo con honestidad-- que se ha pretendido conseguir la
armonización y actualización de las disposiciones generales sobre la
regulación del crédito al consumo y el régimen de la concesión de
créditos que implican la venta a plazos de bienes muebles. Asimismo,
creemos que el proyecto de ley cumple con los dos objetivos para los que
ha nacido: por un lado, clarificar el marco legal de la venta a plazos
para incentivar el consumo y la inversión, mejorando el tráfico
mercantil, todo ello dentro de un contexto general de seguridad jurídica
y, por otro, la defensa y protección de los consumidores y el
reforzamiento de las garantías de los vendedores y financiadores en la
venta a plazos.

Esa ha sido nuestra idea. Muchas gracias.




El señor PRESIDENTE: Gracias, Senador Mancha.

Terminado el debate, vamos a dar comienzo a la votación. Antes de iniciar
la misma, vamos a hacer una enmienda «in voce» de corrección al artículo
8, apartado 3, donde dice: «apartado 8 del artículo anterior», debe
decir: «número 8 del artículo anterior».

¿Están de acuerdo sus señorías? (Asentimiento.)
Enmiendas números 1 a 4, presentadas por el Senador Román Clemente. (El
señor Zubia Atxaerandio pide la palabra.) Tiene la palabra su señoría.




El señor ZUBIA ATXAERANDIO: Con perdón por la hora, señor Presidente,
pedimos votación separada de la número 4.




El señor PRESIDENTE: Votamos, por tanto, las enmiendas números 1, 2 y 3
del Senador Román Clemente.

Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 221; a
favor, tres; en contra, 217; abstenciones, una.




El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Votamos la enmienda número 4 del propio Senador Román Clemente.

Se inicia la votación. (Pausa.)



Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 220; a
favor, ocho; en contra, 212.




El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Votamos las enmiendas números 5 y 6, que corresponden al Grupo
Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos.

Se inicia la votación. (Pausa.)



Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 221; a
favor, siete; en contra, 214.




El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Votamos las enmiendas números 7 y 9 a 14, ambas inclusive, del Grupo
Parlamentario Socialista.

Se inicia la votación. (Pausa.)



Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 221; a
favor, 86; en contra, 132; abstenciones, tres.




El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Pasamos a votar el texto del dictamen. En primer lugar, el preámbulo y
los artículos 1, 9, 11, 14, 15, 16, y la disposición adicional primera.

Se inicia la votación. (Pausa.)



Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 220; a
favor, 131; en contra, 88; abstenciones, una.




El señor PRESIDENTE: Queda aprobado.

Votamos, a continuación, el resto del dictamen.

Se inicia la votación. (Pausa.)



Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 220; a
favor, 217; en contra, uno; abstenciones, dos.




El señor PRESIDENTE: Queda aprobado.

Tal como dispone el artículo 90 de la Constitución, se dará traslado de
las enmiendas aprobadas por el Senado al Congreso de los Diputados para
que éste se pronuncie sobre las mismas en forma previa a la sanción del
texto definitivo por Su Majestad el Rey.

Se suspende la sesión hasta mañana a las diez de la mañana.




Eran las veintiuna horas y cinco minutos.