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DS. Senado, Pleno, núm. 89, de 09/06/1998
CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL
SENADO
Año 1998 VI Legislatura
Núm. 89
PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. JUAN IGNACIO BARRERO VALVERDE
Sesión del Pleno
celebrada el martes, 9 de junio de 1998
ORDEN DEL DIA:
Primero
Lectura y aprobación, si procede, de las Actas de las sesiones
anteriores, celebradas los pasados días 19 y 20 de mayo de 1998.
Segundo
Mociones consecuencia de interpelación:
--Del Grupo Parlamentario Socialista, por la que se insta al Gobierno a
establecer los mecanismos administrativos y económicos precisos para
extender objetivamente la gratuidad de la justicia a los españoles
detenidos en el extranjero; a la creación en el seno del Ministerio de
Asuntos Exteriores de un Servicio Interdisciplinar de Atención Social y
Jurídica encargada del seguimiento de la situación de los mismos; al
desarrollo de una acción diplomática especial para conseguir medidas de
gracia destinadas a los enfermos terminales o de edad avanzada; y a tener
en cuenta las condiciones y circunstancias de su anterior estancia en
prisión de los ciudadanos españoles trasladados, en aplicación de
Convenios o Tratados, para cumplir condena en el país de origen
(publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie
I, número 491, de fecha 8 de junio de 1998) (Número de expediente
671/000046).
Tercero
Mociones:
--Del Grupo Parlamentario Popular en el Senado, por la que se insta al
Gobierno a la elaboración de una normativa que regule la utilización e
información sobre los aparatos de bronceado mediante rayos UVA, así como
al establecimiento de las inspecciones técnicas periódicas que controlen
tanto el estado de los aparatos emisores como el nivel de radiaciones de
las instalaciones de uso público (publicada en el «Boletín Oficial de las
Cortes Generales», Senado, Serie I, número 491, de fecha 8 de junio de
1998) (Número de expediente 662/000126).
--Del Grupo Parlamentario Socialista, por la que se insta al Gobierno a
la adopción de determinadas medidas en relación con los depósitos
municipales de detenidos (publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes
Generales», Senado, Serie I, número 491, de fecha 8 de junio de 1998)
(Número de expediente 662/000125).
Cuarto
Conocimiento por el Pleno de Tratados y Convenios Internacionales
remitidos por el Congreso de los Diputados:
--Tratado de extradición entre el Reino de España y la República de Costa
Rica, hecho en Madrid el 23 de octubre de 1997 (publicado en el «Boletín
Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie IV, número 153, de fecha
13 de abril de 1998) (Número de expediente S. 610/000153) (Número de
expediente C. D. 110/000152).
--Tratado de extradición entre el Reino de España y la República de
Panamá, hecho en Panamá el 10 de noviembre de 1997 (publicado en el
«Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie IV, número 154,
de fecha 13 de abril de 1998) (Número de expediente S. 610/000154)
(Número de expediente C. D. 110/000153).
--Acuerdo entre el Reino de España y la República de Estonia para la
promoción y protección recíproca de inversiones, hecho en Tallin el 11 de
noviembre de 1997 (publicado en el «Boletín Oficial de las Cortes
Generales», Senado, Serie IV, número 155, de fecha 13 de abril de 1998)
(Número de expediente S. 610/000155) (Número de expediente C. D.
110/000154).
--Convenio número 141 del Consejo de Europa relativo al blanqueo,
seguimiento, embargo y decomiso de los productos del delito, hecho en
Estrasburgo el 8 de noviembre de 1990, así como las reservas y
declaración que España va a formular al mismo (publicado en el «Boletín
Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie IV, número 156, de fecha
13 de abril de 1998) (Número de expediente S. 610/000156) (Número de
expediente C. D. 110/000156).
--Acuerdo para la promoción y protección recíproca de inversiones entre
el Reino de España y la República de Costa Rica, hecho en San José de
Costa Rica el 8 de julio de 1997 (publicado en el «Boletín Oficial de las
Cortes Generales», Senado, Serie IV, número 157, de fecha 13 de abril de
1998) (Número de expediente S. 610/000157) (Número de expediente C. D.
110/000158).
--Convenio entre el Reino de España y el Gobierno del Reino de Tailandia
a fin de evitar la doble imposición y de prevenir la evasión y el fraude
fiscal en materia de impuestos sobre la renta, hecho en Madrid el 14 de
octubre de 1997 (publicado en el «Boletín Oficial de las Cortes
Generales», Senado, Serie IV, número 158, de fecha 13 de abril de 1998)
(Número de expediente S. 610/000158) (Número de expediente C. D.
110/000159).
--Convenio de seguridad social entre el Reino de España y la República
Oriental de Uruguay, hecho en Montevideo el 1 de diciembre de 1997
(publicado en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie
IV, número 159, de fecha 13 de abril de 1998) (Número de expediente S.
610/000159) (Número de expediente C. D. 110/000160).
--Tratado de la OMPI, sobre derecho de autor, adoptado por la Conferencia
diplomática en Ginebra el 20 de diciembre de 1996 (publicado en el
«Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie IV, número 160,
de fecha 13 de abril de 1998) (Número de expediente S. 610/000160)
(Número de expediente C. D. 110/000161).
--Tratado de la OMPI, sobre interpretación o ejecución de fonogramas,
adoptado por la Conferencia diplomática en Ginebra el 20 de diciembre de
1996 (publicado en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado,
Serie IV, número 161, de fecha 13 de abril de 1998) (Número de expediente
S. 610/000161) (Número de expediente C. D. 110/000162).
--Acuerdo para la promoción y protección recíproca de inversiones entre
el Reino de España y la República de Panamá, hecho en Panamá el 10 de
noviembre de 1997 (publicado en el «Boletín Oficial de las Cortes
Generales», Senado, Serie IV, número 162, de fecha 13 de abril de 1998)
(Número de expediente S. 610/000162) (Número de expediente C. D.
110/000163).
--Tratado de Prohibición de Ensayos Nucleares, adoptado por la Asamblea
General de las Naciones Unidas el 10 de septiembre de 1996 (publicado en
el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie IV, número
164, de fecha 6 de mayo de 1998) (Número de expediente S. 610/000164)
(Número de expediente C. D. 110/000164).
Quinto
Conocimiento directo por el Pleno de Proyectos y Proposiciones de Ley
remitidos por el Congreso de los Diputados:
--Proyecto de Ley por la que se crea el Consejo General de Colegios de
Fisioterapeutas (publicado en el «Boletín Oficial de las Cortes
Generales», Senado, Serie II, número 86, de fecha 6 de mayo de 1998)
(Número de expediente S. 621/000086) (Número de expediente C. D.
121/000126).
--Proyecto de Ley Orgánica para la cooperación con el Tribunal
Internacional para Ruanda (publicado en el «Boletín Oficial de las Cortes
Generales», Senado, Serie II, número 87, de fecha 12 de mayo de 1998)
(Número de expediente S. 621/000087) (Número de expediente C. D.
121/000085).
Sexto
Dictamen sobre la Cuenta General del Estado:
--Dictamen de la Comisión Mixta para las Relaciones con el Tribunal de
Cuentas, relativo a la Cuenta General del Estado correspondiente al
ejercicio de 1995, así como Resolución adoptada por dicha Comisión
(publicado en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Sección
Cortes Generales, Serie A, número 208, de fecha 20 de mayo de 1998)
(Número de expediente S. 770/000004) (Número de expediente C. D.
250/000005).
Séptimo
--Dictamen de la Comisión Mixta para la plena profesionalización de las
Fuerzas Armadas (publicado en el «Boletín Oficial de las Cortes
Generales», Sección Cortes Generales, Serie A, número 209, de fecha 21 de
mayo de 1998) (Número de expediente 652/000003).
Octavo
Convenios entre Comunidades Autónomas para la gestión y prestación de
servicios propios de las mismas:
--Dictamen de la Comisión General de las Comunidades Autónomas sobre el
Convenio de colaboración entre la Comunidad de Madrid y la Comunidad
Autónoma de Castilla y León sobre distribución de actividades en materia
de infraestructura viaria en zonas limítrofes, suscrito el día 3 de abril
de 1998 (publicado en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales»,
Senado, Serie I, número 479, de fecha 25 de mayo de 1998) (Número de
expediente 592/000008).
SUMARIO
Se abre la sesión a las dieciséis horas y cinco minutos.
Lectura y aprobación, si procede, de las Actas de las sesiones
anteriores, celebradas los pasados días 19 y 20 de mayo de 1998 (Página 4038)
Se aprueban las actas.
MOCIONES CONSECUENCIA DE INTERPELACION (Página 4038)
Del Grupo Parlamentario Socialista, por la que se insta al Gobierno a
establecer los mecanismos administrativos y económi
cos precisos para extender objetivamente la gratuidad de la justicia
a los españoles detenidos en el extranjero; a la creación en el seno del
Ministerio de Asuntos Exteriores de un Servicio Interdisciplinar de
Atención Social y Jurídica encargada del seguimiento de la situación de
los mismos; al desarrollo de una acción diplomática especial para
conseguir medidas de gracia destinadas a los enfermos terminales o de
edad avanzada; y a tener en cuenta las condiciones y circunstancias de su
anterior estancia en prisión de los ciudadanos españoles trasladados, en
aplicación de Convenios o Tratados, para cumplir condena en el país de
origen (Página 4038)
El señor Díez González defiende la moción. El señor Jaén Palacios
defiende una enmienda del Grupo Popular. El
señor Díez González expone la posición de su Grupo Parlamentario respecto
de la enmienda. En turno de portavoces, hacen uso de la palabra la señora
Costa Serra, por el Grupo Mixto, y los señores Bolinaga Bengoa, por el
Grupo de Senadores Nacionalistas Vascos, y Capdevila i Bas, por el Grupo
Catalán en el Senado de Convergència i Unió.
Se rechaza la moción del Grupo Socialista por 97 votos a favor, 117 en
contra y 8 abstenciones.
MOCIONES (Página 4044)
Del Grupo Parlamentario Popular en el Senado, por la que se insta al
Gobierno a la elaboración de una normativa que regule la utilización e
información sobre los aparatos de bronceado mediante rayos UVA, así como
al establecimiento de las inspecciones técnicas periódicas que controlen
tanto el estado de los aparatos emisores como el nivel de radiaciones de
las instalaciones de uso público (Página 4044)
El señor Bellido Muñoz defiende la moción originaria y da por defendida
una enmienda de los Grupos Socialista, Popular, de Senadores
Nacionalistas Vascos y Catalán en el Senado de Convergència i Unió. El
señor Cardona i Vila defiende una enmienda del Grupo Catalán en el Senado
de Convergència i Unió. En turno de portavoces, los señores Bellido
Muñoz, por el Grupo Popular, y Zubía Atxaerandio, por el Grupo de
Senadores Nacionalistas Vascos, así como la señora Martínez Castro, del
Grupo Socialista, aceptan la enmienda del Grupo Catalán en el Senado de
Convergència i Unió. Cierra el debate el señor Bellido Muñoz.
Se aprueba la moción del Grupo Popular, con las modificaciones
introducidas, por asentimiento de la Cámara.
Del Grupo Parlamentario Socialista, por la que se insta al Gobierno a la
adopción de determinadas medidas en relación con los depósitos
municipales de detenidos (Página 4049)
El señor Oliart Pons defiende la moción. El señor Cañellas Fons defiende
una enmienda de los Grupos Popular y Catalán en el Senado de Convergència
i Unió. El señor Oliart Pons expone la posición de su Grupo Parlamentario
respecto de la enmienda. En turno de portavoces, hacen uso de la palabra
los señores Caballero Lasquibar, por el Grupo de Senadores Nacionalistas
Vascos; Carrera i Comes, por el Grupo Catalán en el Senado de
Convergència i Unió, y Cañellas Fons, por el Grupo Popular.
Se rechaza la moción del Grupo Socialista por 92 votos a favor, 129 en
contra y 4 abstenciones.
CONOCIMIENTO POR EL PLENO DE TRATADOS Y CONVENIOS INTERNACIONALES
REMITIDOS POR EL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS (Página 4055)
Tratado de extradición entre el Reino de España y la República de Costa
Rica, hecho en Madrid el 23 de octubre de 1997 (Página 4055)
No habiéndose consumido turnos a favor, en contra ni de portavoces, se
aprueba por asentimiento y se autoriza al Gobierno a prestar su
consentimiento para obligarse.
Tratado de extradición entre el Reino de España y la República de Panamá,
hecho en Panamá el 10 de noviembre de 1997 (Página 4056)
No habiéndose consumido turnos a favor, en contra ni de portavoces, se
aprueba por asentimiento y se autoriza al Gobierno a prestar su
consentimiento para obligarse.
Acuerdo entre el Reino de España y la República de Estonia para la
promoción y protección recíproca de inversiones, hecho en Tallin el 11 de
noviembre de 1997 (Página 4056)
No habiéndose consumido turnos a favor, en contra ni de portavoces, se
aprueba por asentimiento y se autoriza al Gobierno a prestar su
consentimiento para obligarse.
Convenio número 141 del Consejo de Europa relativo al blanqueo,
seguimiento, embargo y decomiso de los productos del delito, hecho en
Estrasburgo el 8 de noviembre de 1990, así como las reservas y
declaración que España va a formular al mismo (Página 4056)
No habiéndose consumido turnos a favor, en contra ni de portavoces, se
aprueba por asentimiento y se autoriza al Gobierno a prestar su
consentimiento para obligarse.
Acuerdo para la promoción y protección recíproca de inversiones entre el
Reino de España y la República de Costa Rica, hecho en San José de Costa
Rica el 8 de julio de 1997 (Página 4056)
No habiéndose consumido turnos a favor, en contra ni de portavoces, se
aprueba por asentimiento y se autoriza al Gobierno a prestar su
consentimiento para obligarse.
Convenio entre el Reino de España y el Gobierno del Reino de Tailandia a
fin de evitar la doble imposición y de prevenir la evasión y el fraude
fiscal en materia de impuestos sobre la renta, hecho en Madrid el 14 de
octubre de 1997 (Página 4056)
No habiéndose consumido turnos a favor, en contra ni de portavoces, se
aprueba por asentimiento y se autoriza al Gobierno a prestar su
consentimiento para obligarse.
Convenio de seguridad social entre el Reino de España y la República
Oriental de Uruguay, hecho en Montevideo el 1 de diciembre de 1997
(Página 4057)
No habiéndose consumido turnos a favor, en contra ni de portavoces, se
aprueba por asentimiento y se autoriza al Gobierno a prestar su
consentimiento para obligarse.
Tratado de la OMPI, sobre derecho de autor, adoptado por la Conferencia
diplomática en Ginebra el 20 de diciembre de 1996 (Página 4057)
No habiéndose consumido turnos a favor, en contra ni de portavoces, se
aprueba por asentimiento y se autoriza al Gobierno a prestar su
consentimiento para obligarse.
Tratado de la OMPI, sobre interpretación o ejecución de fonogramas,
adoptado por la Conferencia diplomática en Ginebra el 20 de diciembre de
1996 (Página 4057)
No habiéndose consumido turnos a favor, en contra ni de portavoces, se
aprueba por asentimiento y se autoriza al Gobierno a prestar su
consentimiento para obligarse.
Acuerdo para la promoción y protección recíproca de inversiones entre el
Reino de España y la República de Panamá, hecho en Panamá el 10 de
noviembre de 1997 (Página 4057)
No habiéndose consumido turnos a favor, en contra ni de portavoces, se
aprueba por asentimiento y se autoriza al Gobierno a prestar su
consentimiento para obligarse.
Tratado de Prohibición de Ensayos Nucleares, adoptado por la Asamblea
General de las Naciones Unidas el 10 de septiembre de 1996 z4057)
No habiéndose consumido turnos a favor, en contra ni de portavoces, se
aprueba por asentimiento y se autoriza al Gobierno a prestar su
consentimiento para obligarse.
CONOCIMIENTO DIRECTO POR EL PLENO DE PROYECTOS Y PROPOSICIONES DE LEY
REMITIDOS POR EL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS (Página 4057)
Proyecto de Ley por la que se crea el Consejo General de Colegios de
Fisioterapeutas (Página 4057)
Se aprueba el texto del proyecto por asentimiento de la Cámara.
Proyecto de Ley Orgánica para la cooperación con el Tribunal
Internacional para Ruanda (Página 4058)
No habiéndose consumido turnos a favor ni en contra, en el de portavoces
hacen uso de la palabra los señores Capdevila i Bas, por el Grupo Catalán
en el Senado de Convergència i Unió; Varela i Flores, por el Grupo
Socialista, e Iribas Sánchez de Boado, por el Grupo Popular.
Se aprueba el texto del proyecto por asentimiento de la Cámara.
DICTAMEN SOBRE LA CUENTA GENERAL DEL ESTADO (Página 4059)
Dictamen de la Comisión Mixta para las Relaciones con el Tribunal de
Cuentas, relativo a la Cuenta General del Estado correspondiente al
ejercicio de 1995, así como Resolución adoptada por dicha Comisión
(Página 4059)
No habiéndose consumido turnos a favor ni en contra, en el de portavoces
hacen uso de la palabra los señores Carrera i Comes, por el Grupo Catalán
en el Senado de Convergència i Unió; Alegre Escuder, por el
Grupo Socialista, y Rodríguez Gómez, por el Grupo Popular.
Se aprueba el dictamen por asentimiento de la Cámara.
DICTAMEN DE LA COMISION MIXTA PARA LA PLENA PROFESIONALIZACION DE LAS
FUERZAS ARMADAS (Página 4063)
El señor Díaz de Mera y García Consuegra presenta el dictamen.
No habiéndose consumido turnos a favor ni en contra, en el de portavoces
hacen uso de la palabra los señores Caballero Lasquibar, por el Grupo de
Senadores Nacionalistas Vascos; Carrera i Comes, por el Grupo Catalán en
el Senado de Convergència i Unió; Varela i Flores, por el Grupo
Socialista, y Elorriaga Fernández, por el Grupo Popular.
Se da por defendido el voto particular del Grupo Socialista.
Se rechaza el voto particular del Grupo Socialista por 90 votos a favor,
135 en contra y 2 abstenciones.
Se aprueba el texto del dictamen por 135 votos a favor, 90 en contra y 3
abstenciones.
CONVENIOS ENTRE COMUNIDADES AUTONOMAS PARA LA GESTION Y PRESTACION DE
SERVICIOS PROPIOS DE LAS MISMAS (Página 4070)
Dictamen de la Comisión General de las Comunidades Autónomas sobre el
Convenio de colaboración entre la Comunidad de Madrid y la Comunidad
Autónoma de Castilla y León sobre distribución de actividades en materia
de infraestructura viaria en zonas limítrofes, suscrito el día 3 de abril
de 1998 (Página 4070)
No habiéndose consumido turnos a favor ni en contra, en el de portavoces
hacen uso de la palabra los señores Serrano Alvarez-Giraldo, por el Grupo
Socialista, y García Carnero, por el Grupo Popular.
Se aprueba el dictamen por asentimiento de la Cámara.
Se suspende la sesión a las veinte horas y veinticinco minutos.
Se abre la sesión a las dieciséis horas y cinco minutos.
El señor PRESIDENTE: Señorías, se abre la sesión.
--LECTURA Y APROBACION, SI PROCEDE, DE LAS ACTAS DE LAS SESIONES
ANTERIORES CELEBRADAS LOS PASADOS DIAS 19 Y 20 DE MAYO DE 1998.
El señor PRESIDENTE: Señorías, entramos en el punto primero del orden del
día: Lectura y aprobación, si procede, de las actas de las sesiones
anteriores, celebradas los pasados días 19 y 20 de mayo de 1998.
¿Alguna observación a las Actas? (Pausa.) Quedan aprobadas.
MOCIONES CONSECUENCIA DE INTERPELACION:
--DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, POR LA QUE SE INSTA AL GOBIERNO A
ESTABLECER LOS MECANISMOS ADMINISTRATIVOS Y ECONOMICOS PRECISOS PARA
EXTENDER OBJETIVAMENTE LA GRATUIDAD DE LA JUSTICIA A LOS ESPAÑOLES
DETENIDOS EN EL EXTRANJERO; A LA CREACION EN EL SENO DEL MINISTERIO DE
ASUNTOS EXTERIORES DE UN SERVICIO INTERDISCIPLINAR DE ATENCION SOCIAL Y
JURIDICA ENCARGADA DEL SEGUIMIENTO DE LA SITUACION DE LOS MISMOS; AL
DESARROLLO DE UNA ACCION DIPLOMATICA ESPECIAL PARA CONSEGUIR MEDIDAS DE
GRACIA DESTINADAS A LOS ENFERMOS TERMINALES O DE EDAD AVANZADA; Y A TENER
EN CUENTA LAS CONDICIONES Y CIRCUNSTANCIAS DE SU ANTERIOR ESTANCIA EN
PRISION DE LOS CIUDADANOS ESPAÑOLES TRASLADADOS, EN APLICACION DE
CONVENIOS O TRATADOS, PARA CUMPLIR CONDENA EN EL PAIS DE ORIGEN
(671/000046).
El señor PRESIDENTE: Pasamos al segundo punto del orden del día: Mociones
consecuencia de interpelación.
En primer lugar, la del Grupo Parlamentario Socialista, por la que se
insta al Gobierno a establecer los mecanismos administrativos y
económicos precisos para extender objetivamente la gratuidad de la
justicia a los españoles detenidos en el extranjero; a la creación en el
seno del Ministerio de Asuntos Exteriores de un Servicio Interdisciplinar
de Atención Social y Jurídica encargada del seguimiento de la situación
de los mismos; al desarrollo de una acción diplomática especial para
conseguir medidas de gracia destinadas a los enfermos terminales o de
edad avanzada; y a tener en cuenta las condiciones y circunstancias de su
anterior estancia en prisión de los ciudadanos españoles trasladados, en
aplicación de convenios o tratados, para cumplir condena en el país de
origen.
A esta moción consecuencia de interpelación se ha presentado una enmienda
por parte del Grupo Parlamentario Popular en el Senado.
Para la defensa de la moción originaria, tiene la palabra el portavoz, en
este caso, del Grupo Parlamentario Socialista, el Senador Díez González.
El señor DIEZ GONZALEZ: Muchas gracias, señor Presidente.
Señorías, sirvan mis primeras palabras para rendir un sentido y sencillo
homenaje a una mujer, doña Carmen Valle de Juan, Senadora por La Rioja en
la III Legislatura, Consejera del Gobierno riojano en las dos últimas
Legislaturas, Diputada en la Diputación General de esa Comunidad Autónoma
y ponente del Grupo Parlamentario Socialista en la reforma del Estatuto
de Autonomía de La Rioja, que hoy, día de la Comunidad Autónoma, se
presenta en el Congreso de los Diputados. Carmen Valle falleció de
repentina enfermedad el pasado día 6 de junio y nos deja el recuerdo
imborrable de una mujer alegre, vital y luchadora, siempre comprometida
con los ideales de la solidaridad, la justicia y la defensa del Estado de
Derecho.
Estos últimos son precisamente los argumentos que fundamentan la moción
consecuencia de interpelación que presenta el Grupo Parlamentario
Socialista que vamos a discutir en esta sesión. La interpelación --como
sus señorías recordarán-- se discutió en esta Cámara el pasado 20 de mayo
en una sesión en la que todos los grupos parlamentarios expusieron sus
posiciones dirigidas al Gobierno con el fin de dar salida y solución a
los problemas de los españoles que se encuentran en prisión fuera de
España.
El Gobierno --he de reconocerlo-- manifestó, a través de las palabras de
la señora Ministra, la necesidad de emprender actuaciones. Ello supuso un
esfuerzo importante, toda vez que reconoció la necesidad de proseguir con
las acciones que los anteriores gobiernos habían iniciado, combinando las
actuaciones de los convenios y tratados internacionales con las medidas
que posibiliten la mejora de la situación en aquellos países donde las
prisiones no son homologables, por decirlo de una forma suave, a las
prisiones españolas. Comprobamos, mediante una interpelación que tenía un
ánimo constructivo, que todos los grupos de la Cámara y el Gobierno
consideraban necesario establecer una serie de medidas oportunas para
mejorar la situación.
Una vez más éste es el ánimo con que el Grupo Parlamentario Socialista
presenta y defiende esta moción. Una moción que trata de desarrollar no
solamente la Constitución Española, sino la declaración suscrita por
España en relación con los derechos humanos y su defensa; en definitiva,
una moción que trata de establecer los mecanismos para que la justicia
gratuita, garantizada por el artículo 119 de nuestra Constitución, sea un
derecho que también se extienda a los españoles que se encuentran en
países donde los derechos procesales y fundamentales, por lo tanto el
Estado de Derecho, no tienen la homologación que nosotros quisiéramos.
Por otra parte, queremos que las necesidades básicas de los presos en
muchos de estos países sean atendidas con un tratamiento objetivo, y no
discrecional como el que existe en este momento.
Queremos crear, en el seno del Ministerio de Asuntos Exteriores, un
Servicio Interdisciplinar en el que participen funcionarios de la
Administración de Justicia, de Educación, de Sanidad y de Trabajo y
Asuntos Sociales, que permita hacer un seguimiento permanente sobre la
situación de estos ciudadanos españoles en dificultad, trasladar esa
situación y ese seguimiento a las familias y estar en contacto con ellas.
Porlo tanto, hablamos de españoles en situación de necesidad, no hablamos
de españoles que están en prisión en países con un régimen penitenciario
homologable al nuestro, en definitiva, en países donde el Estado de
Derecho es homologable al nuestro; hablamos de trasladar a estos
ciudadanos los derechos que nuestra Constitución y los Tratados y
Convenios internacionales establecen y tenemos obligación de defender.
Hablamos de resolver lagunas legales que en este momento tenemos en la
Ley General Penitenciaria y los Reglamentos que la desarrollan, tratando
de incorporar la legislación española a ámbitos que no están lo
suficientemente desarrollados.
Señor Presidente, como en el debate de la interpelación llegamos a un
acuerdo, debo decirles que, en definitiva, hablamos de establecer los
cauces de un consenso parlamentario que impulse la acción del Gobierno,
como el Gobierno reconocía en el debate de la interpelación. Este Grupo
Parlamentario presenta y defiende esta moción con la esperanza de que sus
señorías la respalden.
Nada más y muchas gracias, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, Senador Díez González.
Para la defensa de la enmienda, por el Grupo Parlamentario Popular, tiene
la palabra el Senador Jaén.
El señor JAEN PALACIOS: Señor Presidente, señoras y señores Senadores, el
Senador don Ignacio Díez hacía referencia en su moción a la voluntad
expresada por el Gobierno no solamente en la sesión pasada con motivo de
la interpelación, sino en otras muchas ocasiones en que hemos tenido
ocasión de debatir estos temas.
Tengo la impresión de que en ese debate todos los Senadores de esta
Cámara se sintieron en general satisfechos con las explicaciones del
Gobierno. Yo diría que había unanimidad en el pensar, unanimidad en el
sentir, en ese sentimiento compartido de solidaridad con los compatriotas
nuestros en circunstancias y situaciones tan difíciles, e incluso
unanimidad en ese hacer, no sólo para impulsar la acción del Gobierno,
sino para corroborar y respaldar la acción del Gobierno y la que han
venido haciendo todos los gobiernos de España en esta materia.
Hubiese preferido --lo digo sinceramente-- que este tema se hubiese
abordado desde el consenso, porque un asunto de esta naturaleza, de
derechos humanos y de relaciones exteriores, así lo requiere.
La enmienda que presenta nuestro Grupo en este momento recoge el sentir
general de las Cortes Generales. Saben sus señorías que, hace dos
semanas, en el Congreso de los Diputados se trató este tema a través de
una proposición
de ley a iniciativa del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida. Resulta
curioso que 295 Diputados apoyaran el texto de forma unánime, con una
pequeña enmienda que fue respaldada por todos.
Esta enmienda recoge lo que aquí discutimos, si bien hay que hacer alguna
salvedad en algún punto de la moción.
Por una parte se insta al Gobierno a que continúe el impulso de los
convenios bilaterales y, a decir verdad, España, que tiene firmados 18
convenios, es el primer país dentro de la Comunidad Europea. El segundo
es Austria, que solamente tiene firmados ocho convenios bilaterales. Por
tanto, la enmienda recoge ese sentir e insta al Gobierno a que continúe
en esa misma actuación.
Bien es verdad que hay quejas de las familias motivadas por las
circunstancias excepcionales de prisiones que no son tales, sino cárceles
al estilo de las que Cervantes citaba en su prólogo del Quijote, como
lugares donde toda incomodidad tiene su asiento y donde todo ruido hace
su habitación. Pero también es verdad que en estos países las condiciones
de vida, con carácter general, tienen su reflejo en las cárceles de forma
mucho más acusada.
Afortunadamente, se han dado pasos importantes. Creo que todo es
mejorable y cualquier actuación del Gobierno, por tratarse de una
actuación humana, también lo es, pero existen limitaciones serias y
específicas a estas actuaciones. Desgraciadamente, este Senado o las
Cortes Generales no tienen por lema aquel aforismo británico de que el
Parlamento Británico lo puede todo, excepto convertir un hombre en mujer.
No tenemos esas facultades, desgraciadamente. Hay limitaciones que vienen
impuestas por la soberanía de los otros países, por la vigencia
territorial de las leyes penales y, en definitiva, por el respeto a su
ordenamiento jurídico.
Hay una cuestión a la que su señoría hace referencia en la moción a la
discrecionalidad de las ayudas económicas. Es cierto que son
discrecionales, pero no son arbitrarias; no hay arbitrariedad en la
concesión. Son tantos los casos y tan difícilmente homologables o
equiparables que, a veces, es conveniente que quede ese margen de
discrecionalidad para que el cónsul o, en su caso, el embajador puedan
conceder esas ayudas que, como usted bien sabe, se vienen concediendo y,
desde luego, yo no tengo conocimiento de que se haga de forma arbitraria,
sino discrecional. Por otra parte, no constituyen ningún derecho del
preso, sino una concesión graciable.
En su moción también hace referencia a un servicio interdisciplinar de
asistencia jurídica para la familia. Creo que, como antes comentaba, todo
es mejorable, pero seguramente no hemos de discutir el nombre del órgano
que tenga que llevar a término estas actuaciones; es posible que se venga
haciendo de otra manera. Me consta que la actuación del Gobierno con la
cantidad presupuestaria que tiene asignada, 650 millones de pesetas en
los Presupuestos de este año, da para lo que da, y su propuesta tal vez
supondría entrar en la capacidad de autoorganización del Ministerio. El
Ministerio tiene su propia facultad para autoorganizarse y en función de
la Ley 30/1984 puede decidir cuántos negociados, secciones o servicios
quiere crear. Por otra parte, no me parece oportuno que este tema pueda
condicionarse a los Presupuestos, aprobando ya casi una enmienda a los
del próximo ejercicio.
También se hace una referencia expresa al cumplimiento de las condenas en
España, que se tenga en cuenta la anterior situación en prisión en los
países de condena de los ciudadanos españoles trasladados. Pues bien,
creo que esto también es obvio: tanto la Ley Orgánica General
Penitenciaria como el Reglamento Penitenciario dan esa posibilidad. En
definitiva, creo que la única cuestión que nos podía separar sería la de
la justicia gratuita y, como bien sabe su señoría, en muchos países
existe ya asistencia, tanto en la detención como en el proceso de
inculpación durante el juicio. Sin duda, en algunos casos se ha hecho,
por necesidades económicas, cuando no era posible que el detenido o su
familia tuviesen una asistencia que garantizase un proceso con todas las
garantías. Me constan casos concretos que ahora no voy a citar, pero en
los que así se ha hecho.
Hemos de tener en cuenta que nosotros con nuestra enmienda queremos
mantener este espíritu de consenso al que el Senador ha hecho referencia.
Y añadimos en ella un último apartado, porque nos parecía importante que
constase. Me refiero a la sentencia firme por condena de pena de muerte,
como es el caso muy concreto de un español que cumple condena en la
prisión de Starke, en Florida, condenado a muerte y pendiente de una
apelación, próxima a presentarse.
Por tanto, me gustaría que se aceptase esta enmienda para que ese
espíritu de consenso y ese sentir que aquí hemos manifestado podamos
respaldarlo toda la Cámara.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias, Senador Jaén.
Para contestar, tiene la palabra el portavoz del Grupo Parlamentario
Socialista, el Senador Díez González.
El señor DIEZ GONZALEZ: Muchas gracias, señor Presidente.
Es el turno para aceptar o no aceptar la enmienda del Grupo Parlamentario
Popular.
Es verdad que la enmienda recoge la moción consecuencia de interpelación
que se aprobó en el Congreso de los Diputados hace un par de semanas,
además de dos incorporaciones, que son los puntos cuarto y quinto de la
moción que el Grupo Parlamentario Socialista ha presentado en este
momento. Pero esa enmienda, a nuestro juicio --además, se lo digo con
todo el cariño, Senador Jaén--, no añade nada nuevo --excepto la última
parte, a la que su señoría ha hecho referencia-- a la moción que esta
Cámara, por unanimidad, aprobó el pasado día 20 de octubre.
Recordará su señoría que en aquella fecha aprobamos una moción, con
incorporaciones de otros grupos parlamentarios, en la que abundábamos en
la necesidad de proseguir en la política de convenios y tratados
internacionales, en la necesidad de ir avanzando en la atención precisa a
aquellos penados españoles, muchas veces en condiciones lamentables, en
las prisiones españoles. En definitiva, íbamos por el camino que va esta
enmienda que usted
acaba de presentar y por el que iba la que hace quince días se aprobó en
el Congreso de los Diputados.
Pero queremos ir más lejos. Queremos ir --y su señoría lo apuntaba-- en
el camino que marca la Constitución española. No estamos descubriendo
nada nuevo cuando decimos que los ciudadanos españoles tenemos derecho a
la Justicia gratuita. Lo recordaba antes: artículo 119 de la Constitución
española, desarrollado posteriormente por el Derecho español --y aquí hay
dignos representantes de todos los grupos parlamentarios que han
discutido leyes en esa línea--. Queremos que los españoles que están en
prisión preventiva fuera de España tengan también esos derechos. Y no son
muchos españoles, porque de esta referencia se excluyen los países en
donde el Derecho ya establece la Justicia gratuita, esto es, los países
de la Unión Europea y otros muchos. Nos referimos, pues, a aquellos otros
países donde precisamente estos ciudadanos más necesitan equipararse con
la legislación española, países donde el Estado de Derecho no brilla
precisamente por su presencia real; brilla por todo lo contrario: por su
ausencia.
Por tanto, es en esa línea en la que tenemos que hacer un esfuerzo, un
esfuerzo presupuestario que no es muy alto, Senador Jaén, y es momento
para conseguir avanzar en reafirmar derechos que todos los ciudadanos
españoles tenemos en estos momentos. Y esto es lo que proponemos: un
servicio interdisciplinar en el que se combinen distintas medidas en la
acción exterior española, fundamentalmente sociales, educativas, de
seguimiento de la situación de salud, en definitiva, acciones que
propicien una más rápida solución de los problemas jurídicos a través de
la presencia del Ministerio de Justicia; un servicio que no necesita
nuevos funcionarios, sino que sea coordinado adecuadamente; un servicio
que haga un seguimiento de la situación real de los casos más difíciles,
para los que se necesita una mejor y más rápida actuación, sin olvidar,
por otra parte, la atención necesaria a las familias de los detenidos
españoles. Cuando hablamos de estas situaciones creemos que hay que
actuar con objetividad. La discrecionalidad da lugar también a
situaciones injustas y discriminatorias, y lo mismo que usted ha dicho
que no conoce casos de discriminación o de injusticia en el tratamiento
de esa discrecionalidad del servicio exterior español, yo le puedo
mencionar otros que hablan precisamente de todo lo contrario. No es
explicable que las ayudas en el penal de Salem-Rabat sean el doble que en
el penal de Tánger, por no salir del mismo país, no es explicable que las
ayuda en Islamabad no sean las mismas que en la India; no es explicable
que esas ayudas no sean exactamente iguales en Bangkok que en otros
muchos lugares, cuando la homologación de la dificultad sí es exactamente
igual. Por lo tanto, creemos que hay que articular medidas
administrativas que hagan justas estas ayudas y, además, podemos llegar a
ese consenso perfectamente, pero no con la enmienda que prestan sus
señorías que mi Grupo Parlamentario no puede aceptar, habida cuenta que
sería aceptar la moción que por unanimidad aprobamos el 20 de octubre del
pasado año.
Sólo estamos de acuerdo con su señoría en que tenemos que proseguir en
medidas de gracia. Apuntábamos dos situaciones donde las medidas de
gracia pudiesen explicarse, como es el caso de edad avanzada, superior a
los 70 años, y el de enfermedades irreversibles; también en los casos en
los que existe pena de muerte nuestro servicio exterior, nuestro Gobierno
debería hacer gestiones para la conmutación de la pena.
Si esta moción no es aprobada en este acto parlamentario, nuestro Grupo
presentará con mucho gusto una proposición de ley con el ánimo de
encontrar en su debate los acuerdos pertinentes para ir sugiriendo nuevas
acciones al Gobierno para que, además, esos vacíos legales que tenemos en
nuestra legislación puedan ir cubriéndose y adaptándose a las nuevas
necesidades, que pasan por el acuerdo expresado en los debates anteriores
por la necesidad de atender mejor a esos cientos y cientos de ciudadanos
españoles en prisión en condiciones lamentables, en países donde la
salvaguarda de los derechos humanos, donde el Estado de Derecho brilla
por su ausencia. En ese ánimo, sus señorías, van a tener el acuerdo con
el Grupo Parlamentario Socialista y además les voy a agradecer su
posición en esa dirección.
Tendremos ocasión de seguir discutiendo. No hay que desanimarse. Creemos
que hay ámbitos parlamentarios donde ese acuerdo puede manifestarse y
llevarlo en definitiva a una legislación que impulse la acción del
Gobierno en una dirección que creemos correcta.
Nada más y muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, Senador Díez González.
Turno de portavoces.
¿Grupo Mixto? La Senadora Costa Serra tiene la palabra.
La señora COSTA SERRA: Muchas gracias, señor Presidente.
Señorías, tomo la palabra para anunciar el voto favorable del Grupo
Parlamentario Mixto a la moción presentada por el Grupo Parlamentario
Socialista. Queremos manifestar que si bien es cierto que en la
interpelación que precedió a la moción que estamos hoy debatiendo la
señora Ministra de Justicia ya mostró al menos una sensibilidad hacia el
tema que hoy estamos tratando, entendemos que, como se ha dicho aquí, hay
que dar un paso más.
Se ha hablado por parte de los distintos portavoces de derechos humanos.
Teniendo en cuenta que este año precisamente se cumple el cincuenta
aniversario de la Declaración de Derechos Humanos, hay que recordar que
precisamente esta declaración no es, y valga la redundancia, una
declaración de intenciones. En la práctica tenemos que hacer todo lo
posible para adoptar medidas concretas para luchar frente a cualquier
tipo de violación contra los derechos humanos. Creo que ésta era, es o
será una oportunidad muy buena para garantizar en el caso que ahora nos
ocupa la asistencia bien sea jurídica, sanitaria, etcétera, como reza la
moción, a aquellos ciudadanos del Estado español que se encuentran en
prisiones fuera del Estado y que, como aquí ya se ha dicho, por distintas
circunstancias, se encuentran en países cuya legislación o cuyo sistema
penitenciario o cuyas prisiones no son equiparables a las
que se pueden encontrar en nuestro país. Y esta asistencia pasa, por
supuesto, por el derecho a la justicia gratuita que todo ciudadano
español tiene al aplicársele la Ley de justicia gratuita que tenemos en
nuestro país.
Aquí se ha hecho referencia al problema presupuestario que puede suponer
el costear estas asistencias a los diferentes presos que se encuentran en
cárceles extranjeras, pero es cierto que hay que tener en cuenta que, en
estos casos relacionados con los derechos humanos, no podemos escamotear
ningún esfuerzo, y debemos contribuir a hacer todos los que sean
necesarios para que esto se pueda llevar a la práctica.
Creo que es lamentable que nos encontremos con casos, como hemos visto en
la práctica, de ciudadanos españoles en el extranjero que tienen que
llegar incluso a hacer colectas para tener garantizada una asistencia
jurídica. Ante esta situación, y como aquí se ha dicho, el Gobierno sí ha
mostrado sensibilidad ante determinados casos, como lo hicieron los
anteriores gobiernos, pero estas asistencias se producen normalmente a
posteriori. Con esta norma, que podría recoger el derecho a la asistencia
gratuita de los españoles en prisiones extranjeras, estaríamos a la vez
ante una medida preventiva --es decir, que estas personas tuvieran
garantizada esta asistencia ya desde el principio--, y no tendríamos que
lamentar luego posteriores actuaciones del sistema penitenciario en esos
países. Es cierto que habría sido deseable que hubiéramos podido sacar
adelante esta iniciativa con el consenso y la unanimidad de toda la
Cámara, pero me quedo con las últimas palabras del portavoz del Grupo
Parlamentario Socialista de que no caigamos en el desánimo. Estoy
convencida de que si hoy no sale adelante esta moción, sí podremos llevar
a cabo en un futuro, y espero que cercano, medidas para recoger lo que es
su espíritu porque entiendo que es muy oportuna pero, sobre todo, muy
necesaria.
Y ya que antes se ha hablado de la pena de muerte, aunque este debate no
corresponda hacerlo ni aquí ni hoy, sí que es cierto que es una de las
penas que se pueden aplicar a ciudadanos españoles condenados en el
extranjero, y no olvidemos que cualquier alegato en contra de la pena de
muerte nunca está de más, nunca sobrará. Por lo tanto, me parece muy
oportuno que se haya hecho referencia a ella hoy en este debate. Pero no
olvidemos que este alegato tiene que tener carácter universal, sea de
donde sea el ciudadano al que se le va a aplicar la pena de muerte,
independientemente de que sea español, chino o indio.
Gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, Senadora Costa Serra.
Por el Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos, tiene la
palabra el Senador Bolinaga.
El señor BOLINAGA BENGOA: Gracias, señor Presidente.
Señorías, a tenor de lo que ya se sabe, empezaré diciendo que a nuestro
Grupo le habría agradado extraordinariamente que se hubiera producido una
mayor aproximación y una mayor «entente» entre, por una parte, el texto
instado en la moción y, por otra, la fallida enmienda de modificación
interesada por el Grupo Parlamentario Popular, con vistas, precisamente,
a una aprobación consensuada de la moción. Porque sin duda, y a nuestro
entender, la delicadeza y el interés del asunto bien se merecían un
esfuerzo en aras de un recomendable consenso.
Nuestro Grupo, señorías, no puede menos que lamentar la situación
generada, que dispersa fuerzas y hace que nos alejemos de un acuerdo
primariamente único y noble.
Dicho todo ello, recordaré que durante la última sesión plenaria nos fue
dado exponer los criterios del Grupo Parlamentario de Senadores
Nacionalistas Vascos sobre la esencia y contenidos de la interpelación
que motiva la presente Moción del Senador Díez, criterios en los que nos
reafirmamos hoy en todos y cada uno de sus términos. Por tanto, a tenor
de la línea argumental que mantuvimos en aquel debate, la consecuencia
lógica en estos momentos para nuestro grupo no puede ser otra que la de
apoyar en todos sus términos las motivaciones y fines propuestos en esta
Moción, por razones obvias y paladinas. Es un apoyo por propio
convencimiento y que trata de ser convincente, al hacerse eco de la
sensibilidad al respecto de todas sus señorías.
Tan sólo cabe reiterar por nuestra parte la constatable similitud de
fondo entre la materia de hoy, referida a presos en el extranjero, y la
concerniente a quienes se hallan recluidos en prisión dentro del propio
Estado, principalmente en cuanto al fin último de la reinserción se
refiere y los medios plausibles para su logro. Unos y otros se encuentran
en un medio y condiciones que exigen la más exquisita consideración y
estima, desde un punto de vista legal y desde un punto de vista humano,
fuera siempre --ya lo dijimos antes-- de toda instrumentalización
política y respetando ante todo la individualidad de cada persona presa,
así como los derechos que deben asistirle en su dignidad, respetando por
tanto el derecho de todo recluso a que se den las condiciones óptimas que
propicien su reinserción en términos noblemente compartidos.
Para todo ello es principio incuestionable evitar el desarraigo del
preso, y es preciso mantener su contacto y proximidad, en la medida de
todo lo posible, con el entorno familiar y social en el que habría de
reinsertarse. No en vano, señor Presidente, señorías, el Parlamento
Europeo, en su Resolución del día 8 de abril de 1997, tras considerar,
entre otros muchos conceptos y elementos documentales de pro, que los
derechos humanos fundamentales son aquellos derechos que permiten
proteger la dignidad del individuo en prisión, y que la defensa de los
mismos es una tarea inagotable que no debe ser perjudicada por
consideraciones ideológicas, viene a reafirmar textualmente, en el punto
73 de dicha Resolución, el principio según el cual la reclusión debe
producirse, en la mayoría de los casos, en un lugar próximo al medio
familiar y social. Es lo que programa y proclama el Parlamento de la
Unión Europea, y ese texto tal cual ha sido dicho fue aprobado
unánimemente por todos los grupos políticos representados en la Cámara
Europea. En consecuencia lógica, es lo que nuestro grupo reivindica para
todos los presos sin excepción, juntamente con la permisión de que
quienes padezcan de
enfermedad irreversible se beneficien de condiciones adaptadas a la
necesidades médicas y psicológicas derivadas de las consecuencias de su
enfermedad.
Nuestro grupo reivindica asimismo la libertad de quienes hayan cumplido
las tres cuartas partes de la pena que les fue impuesta. En lo que a este
último apartado se refiere y a título de ejemplo, quiero recordar y
recuerdo a mi paisano vergarés y excelente amigo personal, pese a
diferencias de edad y de ciertos criterios, llamado José María Etxaniz
Zorrilla, quien, sin delito de sangre, y habiendo sobrepasado más de
dieciocho años de reclusión, sigue internado en el Centro Penitenciario
«Puerto II», del Puerto de Santa María, en condiciones harto precarias.
Me permito demandar a su favor la merecida puesta en libertad por
aplicación del nuevo Código Penal, o en su defecto la libertad
condicional con la aplicación del Código Penal derogado, o bien, como
mínimo, se proceda a una urgente y objetiva revisión de su caso en todos
sus términos.
Esto es, señorías, señor Presidente, a lo que con el mayor respeto se
siente obligado este Senador por razones de vecindad y de paisanaje, por
razones de amistad personal y obviamente y, sobre todo, por razones que
entiende que son de estricta justicia en este caso concreto.
Sin más, señor Presidente, señorías, termino volviendo a anunciar nuestro
apoyo a la presente moción, así como a la posible proposición de ley que
nos ha anunciado el portavoz socialista, Senador Díez.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias, Senador Bolinaga.
Por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió
tiene la palabra el Senador Capdevila.
El señor CAPDEVILA I BAS: Gracias, señor Presidente.
La moción consecuencia de interpelación presentada por el Grupo
Parlamentario Socialista a través del Senador Díez González, hemos de
reconocerlo, es un paso más por la preocupación de las condiciones de
vida en que se encuentran los ciudadanos españoles a la espera de juicio
o cumpliendo condena en cárceles en el extranjero, sobre todo en aquellos
países del Magreb, países iberoamericanos y asiáticos.
Con ocasión de la interpelación previa a la presente moción, nuestro
Grupo se pronunció a favor de evitar discriminaciones y equiparar las
condiciones de los presos españoles respecto de los españoles que se
hayan detenidos o en espera de juicio en cárceles de países extranjeros,
y ello sobre la base del derecho fundamental amparado en el apartado
segundo del artículo 25 de la Constitución española, la cual preceptúa
que las penas privativas de libertad y las medidas de seguridad estarán
orientadas hacia la reeducación y reinserción social y no podrán
consistir en trabajos forzados. Especialmente reconoce dicho precepto
constitucional que el condenado a pena de prisión que estuviere
cumpliendo la misma gozará de los derechos fundamentales de este
Capítulo, a excepción --añade dicho precepto constitucional-- de los que
se vean expresamente limitados por el contenido del fallo condenatorio,
en el sentido de la pena y la ley penitenciaria. En el último párrafo de
dicho apartado se concreta que en todo caso tendrá derecho a un trabajo
remunerado y a los beneficios correspondientes de la Seguridad Social,
así como el acceso a la cultura y al desarrollo integral de su
personalidad.
Por consiguiente, sobre la base de ese bagaje constitucional, nuestro
Grupo está de acuerdo en perseguir, dentro de las posibilidades, la
consecución de estos derechos fundamentales apuntados buscando en lo
posible la equiparación e igualdad de los derechos fundamentales de todos
los españoles, tanto los que cumplen condena en España como en las
cárceles de los países extranjeros. (Rumores.)
Apuntábamos ya con ocasión de la interpelación la posibilidad de que
según la exigencia de qué derechos fundamentales pudiéramos solicitar de
estos terceros países, toparíamos con la legislación penal y
penitenciaria de los países de condena. (Rumores.)
El señor PRESIDENTE: Por favor, señorías, les ruego silencio.
El señor CAPDEVILA I BAS: Muchas gracias, señor Presidente.
El camino óptimo sería a través de los pertinentes convenios y siempre
sin perjuicio de los pactos estipulados en los mismos.
Los convenios son, pues, el punto de mira en que deberíamos negociar
aquellos derechos fundamentales de los españoles. Hace poco se han
publicado en el «Boletín Oficial del Estado» varios de esos convenios,
concretamente el de la República del Ecuador, el suscrito entre España y
Nicaragua, el suscrito con Panamá y el negociado y suscrito con
Marruecos. Tomando, por ejemplo, el convenio suscrito con el Reino de
Marruecos, tenemos que el artículo siete, en su apartado e), establece la
posibilidad de negarse al traslado en caso de que el condenado no hubiera
satisfecho los importes, multas, gastos judiciales, indemnizaciones por
daños y perjuicios y condenas pecuniarias de cualquier naturaleza que se
hayan impuesto. Hay, pues, un inconveniente fuerte para que tengamos que
negociar, país por país, estas posibilidades, porque de seguir adelante
la moción que ha presentado el Grupo Parlamentario Socialista nos
hallaríamos con problemas de ese tipo y, por tanto, con la posibilidad de
que muchos de los españoles que cumplen condena en estos terceros países
no puedan cumplir el resto de la pena en España.
Aceptamos el ofrecimiento que nos ha hecho el Senador Díez. Creemos que
el tema es de gran calado y es lo suficientemente importante como para
apuntarse a esta iniciativa, a esta proposición de ley. Esperamos que,
con un mayor debate y aprovechando el consenso que nos ha ofrecido el
grupo parlamentario que sustenta al Gobierno, todos los grupos podamos
consensuar estas medidas y conseguir que a estos españoles que están
cumpliendo condena y que no tienen la posibilidad de trasladarse a
cumplirla a España se les apliquen, si no todos, cuantos más derechos
fundamentales sean posibles.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Capdevila.
Terminado el debate, vamos a votar la moción consecuencia de
interpelación, sin la enmienda del Grupo Parlamentario Popular que no ha
sido aceptada por el grupo proponente.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 222; a
favor, 97; en contra, 117; abstenciones, ocho.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
MOCIONES:
--DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL SENADO POR LA QUE SE INSTA AL
GOBIERNO A LA ELABORACION DE UNA NORMATIVA QUE REGULE LA UTILIZACION E
INFORMACION SOBRE LOS APARATOS DE BRONCEADO MEDIANTE RAYOS UVA, ASI COMO
AL ESTABLECIMIENTO DE LAS INSPECCIONES TECNICAS PERIODICAS QUE CONTROLEN
TANTO EL ESTADO DE LOS APARATOS EMISORES COMO EL NIVEL DE RADIACIONES DE
LAS INSTALACIONES DE USO PUBLICO (662/000126).
El señor PRESIDENTE: Punto tercero del orden del día: mociones.
En primer término, del Grupo Parlamentario Popular en el Senado por la
que se insta al Gobierno a la elaboración de una normativa que regule la
utilización e información sobre los aparatos de bronceado mediante rayos
UVA, así como al establecimiento de las inspecciones técnicas periódicas
que controlen tanto el estado de los aparatos emisores como el nivel de
radiaciones de las instalaciones de uso público.
Esta moción tiene dos enmiendas, una del Grupo Catalán en el Senado de
Convergència i Unió y otra firmada por los grupos parlamentarios
Socialista, Popular en el Senado, Nacionalista Vasco y Catalán en el
Senado de Convergéncia i Unió.
Para la defensa de la moción originaria, tiene la palabra el portavoz del
grupo proponente, Senador Bellido.
Ruego que salgan en silencio para que el Senador que está en la tribuna
pueda intervenir.
Tiene la palabra el Senador Bellido.
El señor BELLIDO MUÑOZ: Gracias, señor Presidente.
Señorías, he de reconocer ante todo que la iniciativa que les presento en
nombre de mi grupo nace de la denuncia que recientemente formulaban tanto
la Organización de Consumidores y Usuarios como la Academia Española de
Dermatología y Venereología. Por tanto, nos hacemos eco de la
preocupación e investigación de dos entidades e instituciones de
acreditada solvencia social y científica, trasladándolas al Gobierno para
que, si sus señorías así lo deciden, éste actúe en los términos que en el
texto de la moción, o de la enmienda de modificación que todos los grupos
hemos firmado, se recogen y que no son otros que elaborar la normativa
que garantice la protección de los usuarios mediante la regulación de los
centros y aparatos de bronceado mediante rayos ultravioleta y a que ponga
en práctica las medidas, en colaboración con las Comunidades Autónomas,
que garanticen el control del cumplimiento de la norma que se adopte.
Evidentemente estamos en una Cámara parlamentaria y no en el aula magna
de una facultad de medicina, por lo que en modo alguno voy a pretender
dictar una lección magistral sobre dermatología y el efecto de los rayos
ultravioleta A, más comúnmente conocidos como rayos UVA, sobre la piel.
Sin embargo, a fin de concienciar a sus señorías en la importancia de las
medidas que pretendemos adoptar, sí quisiera realizar algunas
consideraciones sobre las características de este tipo de radiaciones y
los efectos nocivos que del uso inadecuado de las mismas pudieran
derivarse.
Las radiaciones ultravioleta, dentro del espectro luminoso, son aquellas
que poseen una longitud de onda entre los 4.000 y los 2.000 ángstrom. Es
conocido científicamente que la exposición solar favorece la síntesis de
vitamina D, aumenta la absorción intestinal del calcio y previene el
raquitismo, como efectos terapéuticos más importantes. Estos efectos
positivos, que nacen espontáneamente de una exposición normal al sol,
pueden transformarse en claramente negativos si la exposición a las
radiaciones se realiza de forma anómala, tanto en lo que se refiere a las
circunstancias del individuo que la recibe como en lo que hace referencia
a la calidad de estas radiaciones, la intensidad de las mismas y su
duración.
Lo que es una fuente natural de energía imprescindible para la vida en
nuestro planeta se viene utilizando desde hace años con fines estéticos o
cosméticos, con un peligro larvado, que en muchas ocasiones desconocemos
y desconocen, incluso, muchos de aquellos que comercialmente la utilizan
a través de las nuevas tecnologías.
Es cierto que a lo largo del siglo XX en general se ha considerado el
bronceado como equivalente a salud, a belleza, a atractivo personal y, es
más, se afirma que este concepto fue propuesto por Coco Chanel en 1920
para introducir el bronceado como elemento estético de belleza
mediterránea.
Sin embargo, y lo decía antes, frente a una serie de efectos positivos
muy concretos, se puede afirmar que tomar el sol tiene más inconvenientes
que ventajas. Es importante conocer que los rayos ultravioleta, bien sean
solares o producidos por una fuente de alimentación distinta, dañan
nuestra piel al atravesarla, afectando sus células vivas, inflamándolas y
produciendo la conocida quemadura solar.
Es verdad también que la propia célula se defiende contra esta agresión
generando un pigmento denominado melanina, que es el que da el aspecto
bronceado, pero también lo es que el daño se acumula año tras año,
bronceado tras bronceado. La realidad es que si la piel absorbe una
excesiva
cantidad de ultravioletas al iniciarse ese bronceado se produce un daño
en el núcleo de la célula que puede causar alteraciones del código
genético del ADN de dicho núcleo y, a su vez, producir cáncer de piel.
La prestigiosa «Skin Cancer Fundation» mantiene la teoría de que ningún
bronceado es seguro y que éste puede ser el primer escalón hacia el
cáncer de piel. Y, además, el riesgo de sufrir este tipo de tumor como
consecuencia de los rayos ultravioleta A se ha descubierto recientemente
y los efectos más graves tienden a aparecer a largo plazo, por lo que aún
no existe conciencia social sobre el binomio rayos UVA-cáncer de piel.
En encuestas realizadas recientemente descubrimos que un 29 por ciento de
los españoles hacen algo para ponerse morenos, ya sea en verano o en
cualquier otra época del año, y que un 20 por ciento de los mayores de 18
años utiliza lámparas de rayos UVA para conseguir ese tono dorado, a
costa, evidentemente, de poner su piel en peligro.
¿Por qué los rayos UVA, que hasta ahora parecían inocuos, pueden resultar
gravemente peligrosos? En primer lugar, hay que decir que las dosis de
rayos ultravioletas A son acumulativas y su acción degenerativa sobre el
colágeno dérmico se une a la de los rayos ultravioleta B, de un mayor
efecto dañino. Así, en Suecia se ha demostrado una incidencia cuatro
veces superior de melanomas o tumores de piel en los usuarios de camas de
bronceado UVA.
En segundo lugar, cuando las lámparas emisoras están gastadas, sufren un
proceso de contaminación que conlleva una menor emisión de UVA y el
comienzo de una emisión de ultravioletas tipo B, lo que está claramente
relacionado con el cáncer de piel, según ha demostrado recientemente un
informe elaborado en los Estados Unidos.
En tal sentido, uno de los mayores expertos internacionales en
fotobiología, mantiene que si durante los últimos 20 años muchas personas
han utilizado los salones de bronceado con UVA, creyendo que sólo los
rayos ultravioleta B son peligrosos, la realidad es que los primeros
aumentan las quemaduras agudas y el efecto carcinogénico de los segundos
y que, incluso, en grandes cantidades los UVA pueden producir por sí
solos cáncer de piel.
Tan preocupante como ello es la demostración que se ha hecho en el
sentido de que las personas que se someten al bronceado artificial con
rayos ultravioleta reciben el doble de irradiación que aquellas que se
exponen a la luz solar en una playa al mediodía en verano.
Señorías, hasta ahora he hablado de los efectos negativos derivados de
estas radiaciones, en razón de su calidad, intensidad y duración. Pero
existe otro factor importante, que es el que hace referencia a la
sensibilidad del individuo que las recibe, bien sea de forma natural o
inducido por sustancias que haya podido ingerir o depositar sobre su
piel. Así, la presencia de alergias, la ingesta de medicamentos, el uso
de maquillajes, perfumes o desodorantes o la ausencia de protección
ocular pueden desencadenar efectos añadidos a los propios de las
radiaciones que reciben.
Ante esta problemática, la Organización de Consumidores y Usuarios ha
realizado un trabajo de investigación en 68 centros de bronceado de
nuestro país en el que ha valorado, fundamentalmente, la información que
el usuario recibe sobre el uso de los rayos ultravioleta relacionada con
aquellos aspectos a los que me refería hace un momento y que pueden
incrementar sus efectos nocivos.
Por ello, con referencia a las posibles alergias de los usuarios, sólo en
un 19 por ciento de los casos se informó a los dos fototipos que
realizaron la encuesta acerca de la posibilidad de fotoalergia; de ellos,
un 2 por ciento de forma verbal y el resto a través de un tablón de
anuncios; mientras que el 81 por ciento de los centros no realizó ningún
tipo de advertencia.
En cuanto a la posibilidad de que se produjera fotosensibilidad por el
consumo de algún tipo de medicamento, un 73 por ciento de los centros no
advirtió nada en absoluto a los usuarios, mientras que el 27 por ciento
restante lo hizo de alguna forma.
Ocurrió lo mismo en el caso del uso del maquillaje que puede provocar
reacciones alérgicas o del uso de perfumes y desodorantes que pueden
causar lesiones fotosensibles en las personas cuando se exponen a los
rayos ultravioleta. Sólo en un 23 por ciento de las ocasiones se advirtió
de ello y el restante 77 por ciento no dio ninguna información.
Otro aspecto importante fue el de la protección ocular contra las
radiaciones. Está demostrado que la radiación solar y, por tanto, la
proveniente de lámparas ultravioleta, provoca una conjuntivitis cuya
gravedad dependerá del nivel de exposición si no se tiene una protección
ocular. En este caso, siendo suministradas por el fabricante unas gafas
protectoras junto al aparato de rayos ultravioleta, llama la atención que
no todos los centros las proporcionaron de manera espontánea, a pesar de
que su utilización debería ser obligada por ley. Así, en el 65 por ciento
de los casos se propuso el uso de gafas, en el 16 por ciento no y, mucho
más grave, el 18,5 por ciento de los centros desaconsejaba su uso.
Por último, la OCU quiso saber también cuánto tiempo se recomendaba para
cada fototipo en la primera sesión. Es cierto que resulta difícil
determinar un tiempo fijo recomendable por año porque influyen factores
tan diversos como el tipo de piel, el tipo de lámpara, la antigüedad de
la misma, etcétera. Pero, en general, se debería haber recomendado una
menor exposición inicial al consumidor de fototipo más sensible por ser
la primera vez. Hay que señalar que en 39 centros --lo que representa el
58,2 por ciento de los encuestados-- se recomendó la misma duración para
la primera sesión, con independencia del color de la piel, produciéndose,
en algunos casos, la paradoja de que en algunos aconsejaron una
exposición más larga al colaborador de color de piel más blanca para ver
si, de una vez por todas, se ponía moreno.
En conclusión, y con ello voy terminando, señoría, se demuestra la mala
información que el usuario recibe sobre los riesgos y el uso de los rayos
ultravioleta, unido a la ausencia de una reglamentación que garantice los
derechos de dichos usuarios. Una normativa que, según pudo constatar la
propia OCU, no existe ni en el ámbito estatal ni en ninguna Comunidad
Autónoma, por lo que al no ser considerados estos centros como servicios
sanitarios, no les es de aplicación la normativa estatal o autonómica
existente
sobre centros, servicios y establecimientos sanitarios, y aquellas que
hacen referencia a las condiciones higiénico-sanitarias son las de
aplicación a los establecimientos mercantiles e industriales de
competencia municipal.
Junto a ello, los aparatos utilizados para el bronceado no tienen
consideración de producto sanitario y, por tanto, no están sometidos a
dicha legislación. En países como Francia existe una normativa que
distingue cuatro tipos de máquinas en función de la longitud de onda de
las emisiones ultravioletas; dos de ellas, por razones de seguridad, sólo
pueden ser recibidas por motivos terapéuticos bajo prescripción y
seguimiento médico; un tercer tipo puede ser usado con carácter
profesional, pero no para uso particular; y tan sólo una cuarta categoría
puede ser adquirida por los usuarios con carácter individual.
En el Reino Unido existe un reglamento, que todos los operarios deben
seguir, sobre seguridad de los equipos. Pero, además, la normativa
francesa también regula la formación mínima de estos operarios.
En cuanto a la información de los usuarios, tanto en el Reino Unido como
en Bélgica o Francia, se establece la obligatoriedad de informar al
cliente de los riesgos y las condiciones de uso e incluso se exige, bajo
multa, la tenencia y utilización de gafas homologadas.
Termino, señor Presidente. Proteger la salud es un deber constitucional
que, como legisladores, nos compete garantizar. Con el alcohol, con el
tabaco o con cualquier otra sustancia potencialmente dañina para la
salud, pero cuyo consumo está cultural y legalmente permitido, la
autoridad competente ha dictado normas precisas para disuadir, por una
parte, y proteger, por otra, al usuario en cuanto a su utilización. Del
mismo modo, en el caso de los rayos ultravioleta debe elaborarse esa
normativa, ahora inexistente, que ampare y garantice el legítimo derecho
a la salud.
En todo caso, y como nos aproximamos a unas fechas en las que
sociológicamente exponemos nuestra piel al sol, no quisiera que a sus
señorías les quedase el mal sabor de boca y pensasen que se enfrentan a
un enemigo vital. Les animo a que disfruten del mismo con la moderación y
protección necesarias, pues el sol --y bien lo saben sus señorías-- es, a
la vez que fuente de rayos ultravioleta que pueden dañar nuestro
organismo, fuente inagotable de vida.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, Senador Bellido.
Para la defensa de su enmienda, tiene la palabra el portavoz del Grupo
Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió, Senador
Cardona, por tiempo de diez minutos.
El señor CARDONA I VILA: Muchas gracias, señor Presidente.
Intervengo --como ha dicho el Presidente-- para exponer y defender
nuestra enmienda, así como para fijar la posición de nuestro Grupo
Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió en relación a
esta moción del Grupo Parlamentario Popular, por la que se insta al
Gobierno a la elaboración de una normativa que regule la utilización e
información de los aparatos de bronceado con rayos ultravioleta y el
establecimiento de las inspecciones técnicas periódicas que controlen
tanto el estado de los aparatos emisores como el nivel de radiaciones de
las instalaciones de uso público, como rezaba inicialmente el texto en su
presentación.
De entrada, hemos de manifestar nuestro total acuerdo en el fondo de la
cuestión, o sea en los objetivos que se pretenden con la moción. Es
decir, evitar en lo posible todos aquellos efectos secundarios y
contrarios a la salud, y por ello indeseables; éstos van desde un
envejecimiento prematuro de la piel hasta el fomento del desarrollo de
melanomas o cánceres de piel como consecuencia de una exposición indebida
o exagerada a los aparatos de rayos ultravioleta, tal y como decía el
Senador Bellido.
Nos parece oportuna la presentación de la moción, más que por el uso yo
diría mejor por el abuso indiscriminado y excesivo uso de estos métodos
para conseguir un bronceado de piel muchas veces sin el debido control.
Ahora bien, tenemos nuestras dudas sobre el «modus operandi» para
conseguir los objetivos que se pretenden con esta iniciativa. Estamos de
acuerdo en que se elabore una normativa que regule la utilización y la
información en aras de garantizar la protección de los usuarios. En este
sentido, quisiéramos aprovechar la oportunidad para manifestar que
consideramos fundamental la información de los usuarios y consumidores en
la prevención de los riesgos asociados al uso de estos aparatos, en el
bien entendido de que es esencial llevar a cabo una correcta información,
aun a sabiendas de que con la sola información no basta, ya que muchas
veces se conocen los efectos indeseables de una práctica poco saludable,
como el fumar y, a pesar de tener esa información, tampoco se sigue.
Por lo tanto, debemos tener presente que la información constituye una
primera vía de prevención, repito, aun a sabiendas de que sólo con esta
información no basta, sino que hay que hacer una verdadera educación
sanitaria de la población en general y de los consumidores y usuarios en
particular, sobre todo en relación a las personas que pueden ser objeto
de consumo en tanto que usuarios y consumidores de los efectos de los
rayos ultravioleta.
Por otra parte, en cuanto a la efectividad y operatividad de las medidas
normativas, consideramos de difícil obtención el censo de los aparatos
existentes y, en consecuencia, la inspección periódica de oficio, como
rezaba el texto original.
Por ello, nosotros presentábamos una enmienda en la que sustituíamos el
término «inspecciones técnicas» por «revisiones técnicas» realizadas con
una periodicidad necesaria o adecuada por personal cualificado de las
empresas fabricantes de estos aparatos o bien por otros servicios
especializados. El resultado de esta revisión tendría que estar a la
vista del usuario junto a la correspondiente información sanitaria al
respecto. Con ello cumplíamos con el objetivo, que para nosotros es
primordial, de información y educación sanitaria como prevención.
Asimismo, hemos de tener en cuenta el reparto competencial en la materia,
muy diverso y variado en relación a
todas y cada una de las Comunidades Autónomas, de manera que no podemos
olvidar que algunas tienen funciones legislativas y otras sólo meramente
ejecutivas en materia de sanidad, mientras que este tema es más propio de
consumo.
Por ello, proponemos una adición final en el sentido de que hay que tener
presente este reparto competencial fundamentalmente en materia de
ejecución, al ser competencias transferidas. Después de esfuerzos para
llegar a puntos de encuentro y lograr una vía de pleno consenso, con este
añadido final se ha llegado a la presentación de una enmienda conjunta
por parte de todos los Grupos. Nosotros la hemos firmado pues nos parece
oportuna, al ser una propuesta conjunta, a iniciativa del Grupo
Parlamentario Popular, proponente de la misma, que es quien más ha
recabado información, con la finalidad de alcanzar un pleno consenso y
sustanciar esta enmienda aprobada por todos los Grupos.
Entendemos que lo efectivo y operativo, en aras de cumplir el objetivo
por todos pretendido, es que se llegue a un previo acuerdo entre Gobierno
central y Comunidades Autónomas, es decir, a negociar, a consensuar, a
llegar a un acuerdo en el borrador para elaborar esta normativa que,
respetando el reparto competencial en la materia y en la que cada
Administración tendrá su parte de ejecución en todas y cada una de las
disposiciones y en todas y cada una de las medidas que se elaboren en su
momento, afectará a estas Administraciones.
En definitiva, lo que reza en la parte final de la enmienda conjunta
respecto a poner en práctica las medidas de colaboración con las
Comunidades Autónomas, pretende precisamente eso: en primer lugar, su
mayor efectividad y, en segundo lugar, respetar el reparto competencial
como medio, precisamente, para conseguir sus objetivos, es decir, la
operatividad y la mayor efectividad.
Por lo tanto, a nosotros se nos ocurre proponer un añadido final a la
enmienda conjunta del siguiente tenor: «de acuerdo con sus competencias
en la materia», o bien, «sin perjuicio de las competencias que a éstas
les sean propias». Con lo cual nos parece que se da mayor significado a
la voluntad pretendida al redactar la enmienda conjunta. Nosotros hacemos
esta propuesta a todos los grupos, ya que es una enmienda de todos ellos,
y añadimos una transaccional en el sentido de que si se aceptase,
naturalmente retiraríamos nuestra enmienda inicial. Además, agradecemos a
todos los grupos los esfuerzos que se han hecho, pero, principalmente, al
grupo proponente, que antes del propio debate de la moción vio que se
podía mejorar el texto que en un principio se había presentado.
Nada más y muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, Senador Cardona.
Como antes anuncié, esta moción tiene otra enmienda que suscriben los
grupos parlamentarios Catalán en el Senado, Socialista, Popular y de
Senadores Nacionalistas Vascos. El portavoz de todos ellos tiene la
palabra, a no ser que el Senador Bellido la haya dado por defendida. (El
señor Bellido Muñoz hace gestos afirmativos.)
En ese caso, pasamos al turno de portavoces. ¿Grupo Parlamentario Mixto?
(Pausa.) ¿Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos? (Pausa.)
¿Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió? (El
señor Cardona i Vila pide la palabra.) Tiene la palabra el Senador
Cardona.
El señor CARDONA I VILA: Señor Presidente, una cuestión de orden.
A efectos de ver si se ha aceptado la propuesta que hemos hecho de un
añadido final a la enmienda, creo necesaria la manifestación por parte
del grupo proponente, el Grupo Parlamentario Popular.
El señor PRESIDENTE: Tiene razón, señor Cardona.
Para aceptar o no esa propuesta, tiene la palabra el Senador Bellido.
El señor BELLIDO MUÑOZ: Muchas gracias, señor Presidente.
Como grupo proponente de la moción, aceptamos el añadido que el Grupo
Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió realiza a la
enmienda de modificación, pero manifestamos también nuestro total respeto
al acuerdo que se alcanzó entre todos los grupos en dicha enmienda. Por
lo tanto, aunque nosotros, como digo, aceptemos ese añadido, quedamos a
expensas de que se produzca la unanimidad del resto de los grupos, de
cara a la aceptación de dicho añadido.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias, Senador Bellido. (El señor Zubía
Atxaerandio pide la palabra.)
Tiene la palabra el Senador Zubía.
El señor ZUBIA ATXAERANDIO: Muchas gracias, señor Presidente.
Estamos ante una moción debidamente debatida. Nuestro grupo ha suscrito
esta mañana una enmienda conjuntamente con los grupos parlamentarios
Convergència i Unió, Socialista y Popular. También conocemos la enmienda
presentada por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de
Convergència i Unió y aceptamos en este momento la transaccional ofertada
y aceptada por el Grupo Parlamentario Popular. Por consiguiente, sólo nos
queda anunciar nuestro voto favorable a esta moción con el texto pactado
entre los grupos.
Nada más y muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, Senador Zubía.
Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra la Senadora
Martínez Castro.
La señora MARTINEZ CASTRO: Muchas gracias, señor Presidente.
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista anuncio el voto favorable a
la moción presentada por el Grupo Parlamentario Popular, con las
enmiendas que ya se han debatido.
Pero, señorías, sobre todo del Grupo Popular, permítanme que diga que no
entiendo la oportunidad de esta moción. El Gobierno puede regular los
centros de rayos UVA mediante un real decreto y nos consta que así en el
Ministerio de Sanidad y Consumo ya hay elaborado un borrador donde se
recoge toda la normativa referente a la protección al consumidor,
precauciones de uso, etcétera. Por esta razón, no entendemos bien qué es
lo que persigue el Grupo Parlamentario Popular al presentar ante el Pleno
esta moción, a no ser que pretenda cubrir el cupo de iniciativas
parlamentarias que su propio Partido le exige. Aun así, como todos hemos
demostrado una gran sensibilidad ante este tema, les propongo una frase,
que sería impactante como eslogan de una campaña publicitaria financiada
por el Ministerio de Sanidad y Consumo, que diría: «Rayos UVA en
cosmética, cuantos menos mejor».
El estudio, que he tenido ocasión de ver, realizado por la Organización
de Consumidores y Usuarios, con el aporte científico de la Academia
Española de Dermatología y Venereología, ha consistido, como bien ha
dicho el portavoz del Grupo Parlamentario Popular, en la visita a 68
centros de nueve ciudades españolas elegidas al azar. Es cierto que de
este estudio se desprende preocupación y alarma, en mi opinión, debida y
científicamente justificada, por el nulo control técnico que existe sobre
unos aparatos que, en definitiva, lo que están emitiendo son radicaciones
que pueden provocar efectos nocivos sobre la salud de las personas
usuarias de estos servicios en los centros de estética o bronceado.
Lógicamente, en estos últimos días me he preocupado de informarme y he
hablado con diferentes dermatólogos, quienes me han transmitido su
preocupación y el esfuerzo que vienen haciendo desde sus consultas para
informar a sus pacientes del riesgo que comporta el uso indiscriminado de
los rayos UVA que, aplicados sin ningún control médico y por personal con
baja capacitación, pueden tener efectos calamitosos, como la aparición de
cáncer en la piel de carácter muy agresivo. La mayoría de los
dermatólogos desaconsejan la utilización de los rayos UVA para fines
cosméticos porque provocan el envejecimiento prematuro de la piel y
pueden degenerar en cáncer de piel y melanomas. Por otra parte, la
utilización de rayos UVA está firmemente contraindicada para menores de
16 años, embarazadas y personas que sufran alguna alteración en la piel,
advertencias que no se hacen en la mayoría de los centros de bronceado.
Señoras y señores Senadores, en los últimos años estamos viendo con gran
asombro --por lo menos, para la Senadora que les habla-- el culto que se
rinde por parte de un sector importante de nuestra sociedad a la belleza
del cuerpo, habiéndose provocado una fiebre contagiosa entre muchos
ciudadanos que entienden que para triunfar en la vida es indispensable
tener un cuerpo de los llamados «light», además de bronceado a la carta
durante todo el año. Creen que de esta manera se ciñen a los cánones
establecidos que les permiten conseguir el éxito personal. La decadencia
en valores mucho más esenciales en nuestra sociedad ha contribuido en
gran medida a que prolifere este tipo de centros, la mayoría de ellos con
personal no cualificado, exhibiendo, además, publicidad engañosa y
tendenciosa y aflorando, de este modo, el fraude en multitud de
ocasiones, hasta llegar a atentar sin ningún pudor contra la salud de los
ciudadanos. El 70 por ciento de los centros de rayos UVA ni advierte ni
informa de los peligros del bronceado, lo que evidencia que hay personas
o empresarios que están dispuestos a hacer negocio, aunque para
conseguirlo deban poner en peligro la vida de los ciudadanos.
Esta Senadora quiere agradecer a la OCU y a la Academia Española de
Dermatología y Venereología su valiosísima aportación por el estudio
realizado, que ha posibilitado, sin duda alguna, que los ciudadanos
tomemos conciencia de un problema especialmente grave. Los ciudadanos,
señorías, esperan y demandan del Gobierno, de los poderes públicos todas
las normativas necesarias que les garanticen sus derechos. En este punto
quisiera pararme un momento para pedir al Gobierno y al Grupo que le
sustenta que sea también tan receptivo, como ha demostrado con la moción
que nos ocupa, con otras organizaciones o agentes sociales que están
pidiendo al Gobierno justicia, solidaridad, equidad en la redistribución
de la riqueza. La Plataforma del 07 continúa con un gran apoyo social
encaramada a los muros de la Catedral de la Almudena.
Estos y éstas también son reivindicaciones y problemas que hay que
resolver, señorías, y no poner chinitas en el camino.
Muchas gracias, señor Presidente. (Aplausos en los escaños del Grupo
Parlamentario Socialista.)
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, Senadora Martínez Castro.
¿El Grupo Parlamentario Popular quiere intervenir ahora?
El señor Bellido tiene la palabra.
El señor BELLIDO MUÑOZ: Muchas gracias, señor Presidente.
Quiero agradecer a todos los Grupos el apoyo a la moción y, por supuesto,
me alegro también de la celeridad con la que el Ministerio de Sanidad y
Consumo ha respondido tanto a la denuncia de la Organización de
Consumidores y Usuarios, como a la elaboración de esta moción por parte
del Grupo Parlamentario Popular, elaborando, como ya ha dicho la portavoz
del Grupo Parlamentario Socialista, un borrador de normativa que espero
próximamente esté publicada.
Entiendo que si el cupo lo ocupamos, como en esta ocasión, resolviendo
problemas entre todos, bienvenido sea y, por supuesto, que en él también
puede tener cabida el debate sobre el 07 por ciento, al que hacía
referencia la portavoz socialista y al que el Gobierno responderá
positivamente.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, Senador Bellido.
Pregunto a la Cámara si puede entenderse aprobada por asentimiento esta
moción con las incorporaciones que se han introducido en el debate.
(Pausa.) Queda aprobada.
--DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA POR LA QUE SE INSTA AL GOBIERNO A LA
ADOPCION DE DETERMINADAS MEDIDAS EN RELACION CON LOS DEPOSITOS
MUNICIPALES DE DETENIDOS (662/000125).
El señor PRESIDENTE: Moción del Grupo Parlamentario Socialista por la que
se insta al Gobierno a la adopción de determinadas medidas en relación
con los depósitos municipales de detenidos.
Esta moción tiene una enmienda firmada por los Grupos Parlamentario
Popular en el Senado y Catalán en el Senado de Convergència i Unió. Para
su defensa, tiene la palabra el portavoz del Grupo Parlamentario
Socialista, Senador Oliart.
El señor OLIART PONS: Muchas gracias, señor Presidente.
Señoras y señores Senadores, antes de entrar en el fondo de la cuestión,
explicaré algunos antecedentes jurídicos, políticos y judiciales, porque
creo que darán una mayor comprensión de las razones por las cuales hemos
presentado esta moción.
Sobre los antecedentes jurídicos, me voy a referir, en primer lugar, a la
Ley de Bases de Régimen Local, que establece que los municipios cabeza de
partido judicial donde no exista centro penitenciario en su demarcación,
habrán de disponer de un depósito para custodiar a los detenidos que han
de comparecer ante el juez. La competencia es de ejecución, pero es una
competencia delegada. La misma Ley nos dice que cuando se imponga por ley
a las corporaciones locales una competencia delegada, ésta deberá ir
acompañada de los medios necesarios para desempeñarla.
También el Código Penal señala, en su artículo 37.2, que se podrá ordenar
que las penas de arresto de fin de semana se cumplan en los depósitos
municipales. El Real Decreto 690/1996, que desarrolla el cumplimiento de
este tipo de penas alternativas, vuelve a mencionar los depósitos como
lugares optativos para la ejecución de arrestos de fin de semana.
En cuanto a los antecedentes políticos, ha habido desde el primer momento
una discusión sobre el alcance del concepto «gastos». Y aquí ha habido
distintas posiciones: municipios que han entendido que este concepto de
los gastos que se habían de sufragar alcanzaba al mantenimiento, a la
inversión y a la alimentación de los reclusos, mientras que la
Administración penitenciaria --tanto la del Estado como la de la
Generalitat-- ha venido optando tradicional e históricamente por creer
que estaba obligada única y exclusivamente a pasar una pequeña cantidad
por arrestado y por día, cantidad que, desde 1988, no se ha tocado y que
es de 1.325 pesetas por día y por arrestado. Esto es lo que establece una
Orden Ministerial del año 1988.
En los ejercicios presupuestarios de este año 1988, hay 80 millones de
pesetas para todo el Estado español. Imagínense ustedes hasta dónde puede
llegar, pues, la cobertura que esta asignación presupuestaria puede
proporcionar.
¿Qué resultado ha producido todo eso? Pues que los ayuntamientos han
debido correr con los gastos reales, a pesar de que en muchos de éstos
tienen unos presupuestos muy disminuidos, muy escasos, lo cual supone que
les sea muy difícil hacerles frente. Y también --y éste sí que es un
resultado muy perverso-- que una mayoría de depósitos estén en estos
momentos en condiciones inadecuadas. Distintos informes lo atestiguan:
éste de la Federación Española de Municipios y Provincias, un informe del
Defensor del Pueblo, que se presentó precisamente en el año 1996 en esa
Cámara, un informe del Consejo General del Poder Judicial, informes de
defensores del Pueblo de Comunidades Autónomas como, por ejemplo, el
Síndic de Greuges, en Cataluña, y el Defensor del Pueblo de Andalucía,
que nos dicen que la mayoría de estos depósitos municipales no reúnen en
estos momentos las condiciones necesarias para cumplir con las funciones
que les son encomendadas por la legislación que existe sobre esta
materia.
¿Cuáles son los antecedentes judiciales a los que yo antes me refería?
Había un contencioso-administrativo entre la Federación de Municipios y
Provincias de Cataluña y la Administración penitenciaria de esa
Comunidad. Después de distintos avatares, se produce una sentencia del
Tribunal Supremo. ¿Qué dice dicha sentencia? Falla a favor de los
municipios y obliga a la Generalitat a sufragar todos los gastos que se
deriven de su funcionamiento y mantenimiento, incluyendo los de la
inversión para su acondicionamiento, y también --y esto es una cuestión
importante-- con efectos retroactivos desde la promulgación de la Ley de
Bases de Régimen Local del año 1985.
¿Cuál es, pues, la situación actual? Desde nuestro punto de vista, el
debate ha quedado definitivamente zanjado; aquel debate del que hablaba
yo antes sobre quién había de pagar y hasta dónde alcanzaban los gastos
que deberían costearse por la Administración penitenciaria. Sabemos quién
ha de pagar estos costes, y la sentencia dice claramente que corresponde
a la Administración penitenciaria de turno: en Cataluña, la
Administración penitenciaria de la Generalitat; en el resto del Estado,
la Administración penitenciaria del Estado. Es verdad que la sentencia no
obliga, de momento, más que a la Administración de la Generalitat y no a
la Administración del Estado, pero, señorías, primero, la situación es
idéntica y, por lo tanto, aquí hay una obligación política si el Gobierno
quiere asumir sus responsabilidades; y, segundo, tarde o temprano, la
Federación Española de Municipios y Provincias o algún ayuntamiento
presentará un recurso similar, y ya sabemos cuál será su resultado y cuál
será, al final, la sentencia del Tribunal Supremo, si es que llega hasta
ese nivel.
Pero también hay otra cuestión muy importante a la que me quiero referir
con bastante profundidad, que es la aparición en nuestro marco penal de
la pena de arresto de fin de semana que, desde nuestro punto de vista, da
una dimensión nueva y mucho más importante a todo este asunto.
Como luego señalaré, los depósitos municipales pueden ser la base de una
red de centros de cumplimiento de este tipo de penas. Estos son,
señorías, los antecedentes que fundamentan la presentación de la moción y
los cuatro puntos de que consta.
Ahora voy a explicar brevemente en qué consisten estos cuatro puntos. En
el primero instamos al Gobierno del Estado
a que pacte con la Federación Española de Municipios y Provincias los
costes reales de este servicio; estoy hablando de costes reales. No digo
qué cantidad se ha de pactar, porque esto, lógicamente, es resultado de
dicho pacto. Lo que sí puedo anticipar es que, según algunos municipios,
estos costes son de 7.000 pesetas por detenido y día, mientras que otros
lo elevan hasta 12.000 pesetas. Por tanto, tenemos un abanico bastante
amplio, pero no creo que sea esta Cámara legislativa ni este Senador
quienes han de decidir o proponer qué cantidad es la que realmente tiene
que costear todos esos gastos.
Hay dos puntos más, el segundo y el tercero, que expondré conjuntamente,
porque van muy unidos. He dicho antes que la mayoría de los depósitos
municipales estaban en unas condiciones inadecuadas para su uso. Por
tanto, lo primero que habría que hacer sería un estudio entre la
Administración del Estado y cada uno de los ayuntamientos para saber
exactamente de cuántos depósitos disponemos; cuántos están en
condiciones, una vez rehabilitados, para cumplir esas funciones y cuáles
no, para, o bien construir nuevos o bien pensar que en aquella localidad
no es necesario que exista ningún depósito, porque se pueden agrupar
algunos municipios para ofrecer este servicio. Y una vez conocida la
situación, presentar un plan plurianual para rehabilitarlos y
acondicionarlos adecuadamente.
Un cuarto punto, que es también una vieja reivindicación de los
ayuntamientos, es que para que ese servicio se pueda dar en óptimas
condiciones se ha de facilitar a los ayuntamientos la asistencia técnica
y jurídica, porque no disponen de otro personal que los policías
municipales, quienes, por su propia naturaleza, no tienen la formación
adecuada para poder tratar a los arrestados. Incluso yo diría que nos
quedamos cortos, porque sería necesario que se pudiese dotar a estos
ayuntamientos de funcionarios especializados de la Administración
penitenciaria.
Esta iniciativa busca dos objetivos: Primero, que exista una estrecha
coordinación y colaboración entre las Administraciones penitenciaria y
municipal para que el servicio de los depósitos de detenidos pueda darse
en las mejores condiciones. Segundo --más ambicioso aún--, que estos
establecimientos formen parte de la red de centros destinados al
cumplimiento de las penas de arresto de fin de semana, no exclusivamente,
pero sí como base. ¿Por qué? Porque, a nuestro entender, reúnen las
características idóneas para ello: son cercanos al domicilio de los
arrestados, y esto es muy importante; tienen una separación geográfica,
física y diría que hasta psicológica --si se me permite expresarme de esa
manera-- de los centros penitenciarios ordinarios, y esto es igualmente
muy importante, porque todos sabemos que cuando alguien ingresa en una
prisión se produce un proceso muy peligroso de estigmatización, y cuanto
más lejano sea el emplazamiento de ese ingreso, cuanto menos se asocie el
depósito municipal o ese lugar donde se va a cumplir el arresto de fin de
semana con una cárcel o con un centro penitenciario ordinario, estaremos
haciendo un gran bien para ese tipo de arrestados que tienen que cumplir
un delito muy leve.
Pero es que, además, desde el punto de vista político, esto tiene otra
peculiaridad muy importante, y es que tienen una existencia real; es
decir, que ya existen esos depósitos, y todos sabemos que cuando hemos de
crear --y lo saben todas las Administraciones-- un servicio, sea cual sea
su naturaleza, en la mayor parte de las ocasiones hay un rechazo popular
a su creación. Aquí no se produciría, porque los depósitos municipales,
como digo, ya existen. Sólo se tienen que habilitar, es decir, invertir
lo correspondiente.
Señoras y señores Senadores, quisiera hacer unas consideraciones finales.
En primer lugar, creo que estamos todos de acuerdo en que los depósitos
municipales precisan de inversiones, dotaciones y consignaciones
suficientes para que puedan prestar sus servicios de acuerdo con la
normativa penitenciaria vigente. En segundo lugar, sabemos que las
administraciones penitenciarias son las que han de sufragar los gastos,
en este caso concreto la Administración del Estado. En tercer lugar,
disponemos de una red suficiente de locales que pueden servir para
cumplir los arrestos de fin de semana. Y, en cuarto lugar, el Gobierno
tiene la oportunidad de mejorar con un esfuerzo razonable una parte
importante de las infraestructuras penitenciarias de las que tan
necesitados estamos.
El Gobierno puede recurrir a tácticas dilatorias, negociar eternamente y
esperar alguna nueva sentencia o, por el contrario, puede ponerse a
trabajar en el sentido que le pedimos. Nosotros creemos que si lo hace de
esta manera, estará haciendo un ejercicio de responsabilidad y de buen
gobierno.
Finalmente, señorías, señor Presidente, tenemos un sistema penal y
penitenciario progresista en el plano legislativo. Su desarrollo tropieza
con la falta de medios. Ayer depositábamos grandes esperanzas en las
penas alternativas a la prisión. Hoy hemos de favorecer su aplicación.
Este es el reto y por eso les pido, señoras y señores Senadores, el voto
favorable a esta moción que acabo de defender.
Muchas gracias. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario
Socialista.)
El señor PRESIDENTE: Gracias, Senador Oliart.
Para la defensa de la enmienda presentada por los Grupos Popular y
Catalán, tiene la palabra el portavoz del Grupo Parlamentario Popular,
Senador Cañellas.
El señor CAÑELLAS FONS: Señor Presidente, señorías, subo a la tribuna
para defender la enmienda que el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado
de Convergència i Unió y el mío propio, el Grupo Parlamentario Popular,
han presentado a esta moción del Grupo Parlamentario Socialista. Y hemos
presentado una enmienda porque el Grupo Parlamentario Socialista, que
fue, es y sigue siendo el que ha originado el problema, parece no haberse
enterado ni en el año 1985, ni en el año 1988, ni ahora de cuál es el
estado real de la situación.
Decía su señoría, Senador Oliart, que el Gobierno, si quiere, puede hacer
un esfuerzo. El Gobierno no sólo quiere hacer el esfuerzo, sino que ya ha
hecho y está haciendo el esfuerzo necesario para corregir el yerro que
ustedes cometieron.
En primer lugar, distingamos en ese doble cometido que tienen los
depósitos municipales. Uno es el de la Ley 7/1985, de Bases de Régimen
Local, que impone una obligación exclusivamente a los ayuntamientos
cabeza de partido, es decir, estamos hablando de 226 ayuntamientos cabeza
de partido, no de la generalidad de los ayuntamientos españoles. En
segundo lugar, estamos hablando de otra función totalmente diferente, que
es la derivada del Código Penal, artículo 32.2, como su señoría ha
citado. Es que sus señorías confunden el texto del Código Penal con sus
deseos. La regla general que establece el Código Penal en el primer
párrafo del artículo 37.2 es que se cumplirá el arresto domiciliario en
el establecimiento penitenciario más próximo al domicilio, ni siquiera en
el del propio partido judicial, sino en el más próximo al domicilio,
aunque esté a 300 kilómetros y aunque esté en otro partido judicial. Lo
que pasa es que, luego, ustedes salen como el tío Paco con la rebaja y,
al final, dicen que, no obstante lo dispuesto en el párrafo anterior, si
las circunstancias lo aconsejaran, si está de acuerdo el reo y si está de
acuerdo el Ministerio Fiscal, el juez podrá acordar, de no existir centro
penitenciario en el partido judicial donde resida el penado --aquí ya
cambiamos de idea--, que se cumpla el arresto en depósitos municipales
--no dice cuáles-- si fuera posible. Si no es posible, no queda más que
la regla general del párrafo primero: el centro penitenciario más
próximo.
El Gobierno, en ese Decreto 690/1996 que su señoría ha citado, ya
estableció las bases para esos cumplimientos en centros penitenciarios.
Es más, incluso habilitó en los centros penitenciarios 691 celdas
independizadas para hombres y 159 para mujeres. Lo que ocurre es que,
entre esa realidad y el afán de sus señorías por el arresto domiciliario,
a 31 de diciembre de 1996 sólo cumplieron penas de arresto de fin de
semana un total de 53 hombres y cinco mujeres en todo el territorio
español. Usted me está hablando del enorme problema que tienen los
depósitos municipales para cubrir esta necesidad, cuando con las celdas
dispuestas en centros penitenciarios quintuplicamos el número de
condenas. Parece que tenemos cola para poder hacer arrestos domiciliarios
en depósitos municipales. No, señoría.
Aparte de estas consideraciones de tipo general, lo que no se puede
aceptar es la propuesta que hacen sus señorías, y por eso hemos tenido
que presentar una enmienda. Fíjense sus señorías: Primero, pactar con la
Federación una cantidad para conservación, mantenimiento, etcétera;
segundo, realizar un estudio en colaboración con los ayuntamientos. No,
Senador Oliart, las cosas se hacen al revés, como las está haciendo el
Gobierno. El Gobierno ha empezado por hacer el estudio de la situación y
características de los depósitos de detenidos, para luego llegar a una
conclusión y pactar con la Federación Española de Municipios y
Provincias. Aunque su señoría no lo sepa, en la Comisión Nacional de
Administración Local existe desde hace ya mucho tiempo un grupo de
trabajo que empezó estudiando los problemas que causaba la disposición
final quinta de la Ley 7/1985 y al que se le añadió un segundo trabajo,
que fue el derivado de la Ley Orgánica 10/1995 del Código Penal; que está
estudiando los dos problemas conjuntamente y lo está haciendo en un grupo
del que forman parte el Ministerio de Interior, el Ministerio de
Justicia, el Ministerio de Administraciones Públicas y la Federación
Española de municipios y Provincias. Lamento comunicarle que ese estudio
que su señoría dice que debería realizarse ya está hecho. Lo ha hecho la
Federación Española de Municipios y Provincias en colaboración con la
Escuela de Relaciones Laborales de la Universidad Complutense de Madrid y
lleva fecha de febrero de 1998. Su título es: «Estudio sobre las
condiciones del servicio de depósitos municipales de detenidos». Es un
estudio que estudia --valga la redundancia-- la población y muestra de
los detenidos, las condiciones que deberían cumplir los depósitos, tanto
en lo que se refiere a los derechos de los reclusos como a los derechos
del personal de vigilancia, y las condiciones que tienen que reunir
además para los arrestos de fin de semana, que son todavía más exigentes,
y que tiene unos resultados conseguidos sobre edificaciones, equipos,
equipamientos de las celdas, forma de prestación de los servicios,
vigilancia y custodia, ocupación anual --ésta es una cifra de los
depósitos que ustedes ni siquiera se han preocupado en averiguar--,
costes, inversiones realizadas, inversiones a realizar, problemas y sus
conclusiones.
En la última reunión del grupo de trabajo del 3 de abril de 1998, es
decir, un mes después de emitido este informe --este estudio de la
Federación Española de Municipios y Provincias--, la representación del
Ministerio del Interior en realidad, la representante de Instituciones
Penitenciarias ya presentó otro informe destacando los aspectos que se
derivan de la problemática actual de los depósitos de detenidos:
deficiencias de infraestructura, falta de elementos específicos, porque
la ley penitenciaria exige para las celdas unos condicionamientos como,
por ejemplo, disponer de radio o televisión (a costa del arrestado, pero
ha de tener una toma de radio o televisión, que no hay ningún depósito
municipal que lo tenga en cada celda), aspectos económicos, falta de
consignaciones, valoración de los datos obtenidos, alternativas y medidas
a adoptar. Ahora la Federación y la Administración están en el trámite de
llegar a una conclusión que les permita estudiar cuál es esa cifra que ha
de cubrir la debida instalación, el mantenimiento y el coste --por
decirlo en una sola palabra-- de estos depósitos, tanto para una función
como para otra. De modo que el estudio está hecho y el pacto está al caer
desde el momento en que se pongan de acuerdo Administración y Federación.
Su señorías alegremente plantean la posibilidad de que se haga un plan
plurianual para rehabilitar, equipar y adecuar estos depósitos. Eso
vendrá en función del estudio, pero a sus señorías no se les ha ocurrido
que los depósitos son propiedad municipal y a la Administración Central o
a la Administración Autonómica (por referirme a la Comunidad a la que
usted pertenece) no le es tan fácil hacer inversiones en bienes que no
son de su propiedad. Habrá que arbitrar una normativa y si su señoría
hubiera leído completo el informe del Defensor del Pueblo de 1997, no de
1996, habría observado que una de las sugerencias que se hacen al hablar
de este tema es que se promuevan las iniciativas legislativas con objeto
de clarificar la Administración
competente para la gestión y el mantenimiento de los depósitos
municipales. El propio Defensor del Pueblo reconoce que es un problema de
difícil solución porque los costes en inversiones --los costes de
alimentación y de mantenimiento son más fáciles, puesto que están
contemplados en la legislación ordinaria-- requieren unas partidas
presupuestarias determinadas y habrá que estudiar en qué departamento se
incluyen, porque hasta ahora no hay ningún precedente de departamento de
la Administración Central --y cuando digo Central me refiero también a la
Autonómica-- que haya tenido esa competencia, y se encuentra con los
problemas que tiene también Instituciones Penitenciarias, que es la
encargada de gestionar, mantener y conservar las cárceles, pero no le
pertenecen esos edificios, porque el dueño es el Patrimonio del Estado a
través de la Sociedad Española de Prisiones. Por tanto, es necesario un
estudio para determinar cómo, cuándo y quién tiene que realizar estas
inversiones y, naturalmente, cómo, cuándo y quién ha de tener la dotación
necesaria dentro de los presupuestos --porque esto sí que es materia
exclusivamente presupuestaria-- para poder llevarlas a cabo.
Finalmente, señor Oliart, nos habla usted en su moción de esa vieja
aspiración de los ayuntamientos de tener asistencia técnica y jurídica.
Senador Oliart, le he dicho que se trata de 226 municipios cabeza de
partido judicial; de estos 226 como mínimo 52 son capital de provincia,
¿cree usted realmente que los ayuntamientos de las capitales de provincia
necesitan un asesoramiento y una asistencia técnica especial con los
medios de que disponen? Sólo son 52 de los 226 y hay otros más pequeños
que quizá no dispongan de los medios, quizá sus señorías se han olvidado
de que en esa doble vertiente que tienen los depósitos municipales, por
lo que respecta al cumplimiento de las penas de arresto, seguramente su
señoría no se ha leído el artículo 13, apartado 5, «in fine», del Real
Decreto-Ley 690 que, en cuanto a los arrestos de fin de semana, dice: Los
encargados de los depósitos municipales de detenidos remitirán una copia
del plan de ejecución a la Dirección General de Instituciones
Penitenciarias u órgano autonómico equivalente, que les prestará el
asesoramiento técnico que precisen para la ejecución de esta pena.
En cuanto a su función de depósitos municipales de detenidos, sus
señorías también se han pasado por alto que en nuestra legislación, en
esta Ley 7/1985, causante del desmadre que hoy estamos examinando, existe
el artículo 36.1.b), que preconiza que las diputaciones provinciales
tienen, como una de sus funciones primordiales, la asistencia y
cooperación técnica, jurídica y económica a los municipios, especialmente
a los de menor capacidad económica y de gestión. Quiere decir, señoría,
que en el fondo usted está tachando de incapaces a los ayuntamientos de
toda España para conseguir las ayudas que necesitan, porque su señoría,
como siempre, piensa que hay café para todos y no se para a distinguir,
cuando sí hay que hacerlo.
De ahí que nuestro Grupo y el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de
Convergència i Unió hayan presentado esa modificación a la moción, que
insta al Gobierno a continuar por ese camino, que ya ha emprendido, de
terminar el estudio y pactar con la Federación Española de Municipios la
cantidad que una y otra parte --para pactar hace falta el acuerdo de
ambas partes-- consideren conveniente para el mantenimiento,
conservación, rehabilitación y, hasta si su señoría quiere, demolición de
estos, realmente obsoletos, depósitos municipales. Pero ya eran obsoletos
en el año 1985 cuando el Grupo Parlamentario Socialista, con mayoría
absoluta, aprobó la Ley 7/1985.
Nada más y muchas gracias. (Aplausos en los escaños del Grupo
Parlamentario Popular.)
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Cañellas.
Tiene la palabra el señor Oliart Pons.
El señor OLIART PONS: Muchas gracias, señor Presidente, señoras y señores
Senadores.
Es indudable que cuando este Senador, en nombre del Grupo Parlamentario
Socialista, presentó esa moción, lo hizo con la intención de llegar a un
consenso, porque nosotros creemos que ésta es una cuestión que no tendría
que ser tratada de modo partidista, sino que interesa a toda la sociedad,
independientemente de la ideología de cada uno.
Está claro que la enmienda que se nos ha presentado, que de hecho es de
sustitución de todo el texto, no podíamos aceptarla de ninguna de las
maneras porque están en dos polos opuestos. Pero si hubiese habido alguna
duda al respecto, la intervención del señor Cañellas habría definido de
una manera muy clara hacia qué lado teníamos que pronunciarnos. Porque es
indudable que si se pretende que una moción sea aceptada, el tono en el
que se ha expresado el señor Cañellas no es, indudablemente, ni el más
adecuado ni el más acertado.
La enmienda que se nos ha propuesto es de sustitución, totalmente alejada
de nuestra moción --ya lo he dicho antes, son polos completamente
opuestos--, no hay en ella ningún compromiso concreto, sería continuar
«sine die», indefinidamente, en la misma situación que tenemos ahora, y
por ignorar, incluso ignora la sentencia del Tribunal Supremo, y le voy a
leer su fallo final para que no haya ninguna duda sobre su
interpretación. Dice esa sentencia del Tribunal Supremo: Reconocemos el
derecho de los municipios obligados a mantener el servicio de depósito
municipal de detenidos y, concretamente, del ayuntamiento de Vilanova i
la Geltrú, a recibir las compensaciones financieras suficientes para
atender los gastos de mantenimiento, inversión o cualquier otro generado
por dicho servicio, desde el día 24 de abril de 1985. Como su señoría ya
debe saber, es el día en que se aprobó la Ley de Bases de Régimen Local.
La respuesta que me ha dado usted es la misma que me dio la señora
Ministra de Justicia en el pasado Pleno a una pregunta que este Senador
le formuló. Por tanto, no hay ninguna novedad. A pesar de ello, presenté
esa moción precisamente por la inconcreción de esa respuesta.
Señorías, la cuestión esencial, una vez conocido quién ha de pagar y qué
es lo que se ha de pagar, es dar el mejor servicio y rehabilitar los
depósitos de detenidos. No me venga usted, señor Cañellas, con historias
sobre si los depósitos municipales son de titularidad municipal o no. Si
el
Gobierno quiere invertir en ello hay muchas vías, como los Presupuestos
Generales del Estado, los créditos extraordinarios y las subvenciones. Me
parece que en nuestras relaciones con Europa queda claro que dichas vías
están comúnmente utilizadas.
Se ha de facilitar el cumplimiento de las penas de arresto de fin de
semana. Métaselo en la cabeza, porque es la filosofía de las penas
alternativas a la de privación de libertad. Es esta segunda oportunidad a
la que me voy a referir continuamente. Y todo lo que se aparte de este
recto camino es perder el tiempo, marear la perdiz y nutrir la ceremonia
de la confusión. Esa propuesta que hacemos es, precisamente, el resumen
final del informe de la Federación Española de Municipios y Provincias
que, como usted también sabrá --a lo mejor lo ignora-- está presidida por
la Alcaldesa de Valencia, doña Rita Barberá.
Señorías, las ventajas de un acuerdo rápido son el inmediato
funcionamiento de los servicios. Ustedes me dirán que es obvio.
Naturalmente. Yo sólo hago copiar al Presidente Aznar, que también dice
que lo obvio es lo fundamental. Repito, es obvio, cuanto antes lleguemos
a un cuerdo, antes funcionarán estos servicios. Se evitarán --sobre todo
el Gobierno-- recursos contencioso-administrativos innecesarios que les
van a llover desde hoy, así como los efectos retroactivos producidos
desde 1985, porque si llegan ustedes a un acuerdo, el Gobierno no tendrá
que pagarlos ya que ningún ayuntamiento se los exigirá. Y, al mismo
tiempo, daremos una imagen positiva de cooperación institucional que me
parece le hace mucha falta a este país, sobre todo a los municipios.
Ahora bien, el Gobierno del Partido Popular pretende dilatar las
soluciones. Muy bien. Vendrá ese alud de recursos al que me he referido
pero le quiero decir, señor Cañellas, saliendo al paso de una de sus
objeciones, que los jueces, en numerosas ocasiones, no aplican ese tipo
de penas, precisamente por falta de instalaciones adecuadas. Esa es la
razón de que haya una suma, que usted ha calificado de insignificante, de
arrestos de fin de semana. Pero, además, se va a obligar a los arrestados
a largos desplazamientos y le voy a mencionar algunos aspectos legales
del Código Penal sobre los arrestos de fin de semana.
Se puede sentenciar a 24 fines de semana, como máximo, de arresto. Esto
es bastante importante ya de por sí; 24 semanas desplazándose a una
distancia considerable desde el lugar de domicilio al lugar de
cumplimiento es, indudablemente, bastante importante. Pero es que,
además, si usted se lo ha leído sabe que hay una posibilidad de sustituir
las penas de prisión inferiores a un año, según el artículo 88 del Código
Penal. ¿A razón de qué? A razón de una semana de prisión por dos arrestos
de fin de semana, lo que nos llevaría, en algunos casos, a unos arrestos
de fin de semana que durarían casi un año y medio. Fíjese usted si esto
es importante. Además, el Código Penal recoge que en el cumplimiento de
ese tipo de penas no se ha de dificultar la vida laboral y familiar del
arrestado. ¡Cómo no se va a dificultar esa vida si se le envía a 200
kilómetros de su domicilio!
Los jueces tienen la opción de decretar el cumplimiento de las penas en
los depósitos municipales, esto es verdad. Pero usted, que dice que está
tan enterado, ha dicho que hay 225 ayuntamientos que reúnen las
condiciones de ser cabeza de partido judicial y de no tener centro
penitenciario en su demarcación. Pues bien, yo le digo que hay en torno a
450 ayuntamientos cabezas de partido judicial, y tan sólo 340 reúnen la
condición de tener unos depósitos municipales, aunque tengan obligación
de tenerlos; no existen 225, como usted acaba de afirmar, señor Cañellas.
Usted manifestaba que no pueden ir al ayuntamiento de una capital de
provincia a decirle que no tiene elementos suficientes para esto. Pero,
señor Cañellas, la mayor parte de los ayuntamientos que son capital de
provincia cuentan con un centro penitenciario en su provincia y, por lo
tanto, no están obligados a tener el depósito municipal a fin de dar
cumplimiento a lo establecido en el Código Penal.
La necesidad de las penas alternativas a las de privación de libertad,
aunque le pese al señor Cañellas, fue un clamor en amplios sectores
sociales y del Derecho; un amplio clamor. Es la segunda oportunidad.
¡Cuántas vidas no se hubieran descarriado tanto como lo hicieron si
hubiesen tenido en su momento esta segunda oportunidad! Ahora tenemos esa
legislación y esa normativa y nuestra obligación es favorecer su
aplicación. Señor Cañellas, el PP se opuso a la aprobación de este tipo
de penas, y ahí está el meollo de la cuestión. No está interesado en su
cumplimiento y está obstaculizando su aplicación; está haciendo un boicot
al Código Penal. Esa es la verdad, señor Cañellas. (Un señor Senador:
¡Muy bien!). Esta es la razón de que se oponga a un texto que da
respuesta razonable a una situación. La derecha, una vez más, se muestra
insensible a los problemas sociales. (Risas.); se apropia del discurso
social; se declara hasta de centro-izquierda. (Risas.)
El señor PRESIDENTE: Silencio, señorías.
El señor OLIART PONS: Pero a la hora de los hechos, muestra su verdadera
naturaleza. (Un señor Senador: ¡Muy bien!)
Sorprende también la actitud del Grupo de Convergència i Unió, porque
siempre ha defendido las penas alternativas a la privación de libertad.
Pero ahora --sabiéndolo o no sabiéndolo, no lo sé-- subrepticiamente se
desliza hacia posiciones contrarias. Yo diría que no es Convergència i
Unió quien doma al Partido Popular, sino al revés, que es el Partido
Popular quien está domando a Convergència i Unió. (Rumores.)
Sobre la posición del Gobierno Socialista, he de recordarle a usted, que
tantas cosas recuerda, que el Código Penal es de noviembre de 1995 y que
seis meses después ustedes ya gobernaban. Por lo tanto, esta
responsabilidad la tienen toda enterita, toda enterita, ustedes y su
Gobierno.
A pesar de todo esto, he venido aquí a presentar esta moción con ganas de
llegar a un consenso y por eso les invito a que reconsideren su actitud y
posición.
Muchas gracias, señor Presidente, señoras y señores Senadores. (Aplausos
en los escaños del Grupo Parlamentario Socialista.)
El señor PRESIENTE: Gracias, Senador Oliart.
Turno de portavoces. En primer lugar, Grupo Mixto. (Pausa.)
¿Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos? (Pausa.)
Señor Caballero, tiene la palabra.
El señor CABALLERO LASQUIBAR: Gracias, señor Presidente.
Intervengo brevemente desde el escaño para fijar la posición de mi Grupo
respecto a la moción presentada por el Grupo Parlamentario Socialista.
En primer lugar, queremos expresar nuestra coincidencia con la filosofía
que anima y motiva esta moción. La necesidad de una profunda reforma y
modernización es obligada por las razones que ya han sido expuestas, a
las que también cabría añadir las numerosas recomendaciones que desde la
Institución del Defensor del Pueblo hemos tenido constancia en esta
Cámara. Así como confirmamos nuestra coincidencia con el espíritu que
motiva esta moción, no podemos decir lo mismo con su contenido. Una vez
más se olvida la existencia de otras organizaciones de ámbito autonómico
con igual legitimación que otras en la defensa de los intereses
municipales. Igualmente se ignoran importantes aspectos competenciales
propios de las Comunidades Autónomas, cuya opinión debería ser tenida en
cuenta en un tema que indudablemente les afecta, incluso a nivel de los
problemas financieros que subyacen en esta moción.
Por todo ello nos vamos a abstener en esta ocasión, no sin antes reclamar
un estudio a fondo de este problema, que requiere la participación de
todos los afectados, sin exclusión de nadie y menos de aquellas
agrupaciones, organizaciones o asociaciones municipales de ámbito
autonómico que, como he señalado, están investidas de igual legitimación
que otras en la defensa de los intereses locales.
Nada más y muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, Senador Caballero.
Por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió,
tiene la palabra el Senador Carrera.
El señor CARRERA I COMES: Gracias, señor Presidente.
Señoras y señores Senadores, debo decir antes que nada, señor Oliart, que
ni nos deslizamos ni nadie domina a nadie. No es ni nuestro estilo ni
nuestra manera de actuar ni ha sido nunca el sentido de nuestras
decisiones. Quizás --se lo digo con toda contundencia-- sean las suyas
dejarse dominar o no en otras ocasiones. No es nuestro camino, no es
nuestro estilo y, por lo tanto, si acaso éste es su problema. (Aplausos
en los escaños del Grupo Parlamentario Popular.)
Nuestro Grupo ha sido uno de los firmantes de la enmienda de modificación
de la moción del Grupo Parlamentario Socialista. Por lo tanto, ni qué
decir tiene que la suscribimos por entender que es un intento --sé que no
lo va a aceptar, pero por lo menos lo suscribimos-- de agrupar en un solo
texto los cuatro puntos de la citada moción.
Estos intentos, como saben sus señorías, sin duda acaban no siendo lo
mismo, cierto, pero si respetan el sentido de la propuesta o de la
iniciativa tienen toda la razón de ser. Pueden ser o no aceptadas, de
acuerdo. Se pueden considerar quizá alternativas menos concretas o
puntuales, pero, repito, si se mantiene la voluntad final, continúan
siendo válidas, más en este caso en que no son dispares, como usted ha
señalado, sino todo lo contrario.
Señorías, ésta es la impresión de nuestro Grupo. ¿Por qué digo esto? Se
canaliza el grupo de trabajo constituido en el seno de la Comisión
Nacional de Administración Local, por lo tanto los ayuntamientos --que es
lo que ustedes están pidiendo--, para que se propongan las medidas --no
decimos cuáles-- necesarias para la mejora y adecuación de los depósitos
municipales de detenidos, para que puedan cumplir con las funciones que
les encomienda el ordenamiento jurídico.
Por lo tanto, nuestro Grupo entiende que con este texto que hemos
ofrecido para someter al consenso necesario se cubren claramente los
puntos 2, 3 y 4 de su enmienda. A saber: realizar un estudio sobre la
situación y características --decimos que se haga o que se termine--;
hablar de un plan plurinacional --que entendemos debe salir de este
propio estudio--; y la asistencia técnica y jurídica --que también
debería hacerse por el mismo procedimiento--. Bien es cierto que el
primer punto queda un poco más sin concretar y que es --lo reconozco-- un
punto importante. Es cierto que habrá que cumplimentarlo, ya que estamos
hablando de dotaciones suficientes a los propios ayuntamientos. La
reciente Sentencia del Tribunal Supremo, que afecta a la Generalitat de
Cataluña, sin duda lo deja claro. Pero más que en otro punto cualquiera,
éste, precisamente, requiere los máximos estudios, adecuaciones y
colaboraciones que, en definitiva, señor Oliart, es lo que va a hacer la
propia Generalitat de Cataluña y que deberíamos hacer todos en su
conjunto.
¡Que tiene algo bueno! También es verdad, y se lo digo. Su moción pone
encima de la mesa una cuestión que es realmente importante y que plantea
con toda exactitud la problemática de la situación en que se encuentran
los depósitos de detenidos en los municipios cabeza de partido judicial
que no disponen de un establecimiento penitenciario. Estoy totalmente de
acuerdo con lo que usted expone, porque es una cuestión importante que de
una forma u otra hay que asumir. Aun reconociendo que es conveniente
potenciar la creación de plazas en los centros penitenciarios existentes,
por considerar que son precisamente éstos los más adecuados para el
cumplimiento de las penas de arresto de fin de semana, al disponer de
medios pertinentes que permitan ofrecer las máximas garantías a los
detenidos, también es verdad que es necesario dignificar y adecuar los
depósitos municipales de detenidos. Quizá sea ésta que le voy a decir, en
su conjunto, la discrepancia más importante que mantenemos respecto a su
moción. ¿Cuál es? Saber si primero hemos de conocer lo que nos pasa y
luego actuar, o al revés. Actuaremos una vez sepamos realmente qué es lo
que nos pasa. Esta discrepancia entenderá que es suficientemente decisiva
para que no podamos apoyar la iniciativa del Grupo Parlamentario
Socialista.
Otra coincidencia que no tiene nada que ver --permítame que se lo diga--
con presiones de ningún tipo --aquí
se lo manifiesto políticamente-- es la que mantenemos con su grupo
parlamentario y con las expresiones finales de su intervención respecto a
que no se pueden dilatar las decisiones que se tomen en esta cuestión tan
importante. En este punto sí que nos va a encontrar, no en actuaciones
precipitadas antes de que conozcamos la situación exacta de este
problema, sino cuando sepamos todos qué es lo que nos pasa para actuar.
Sí nos va a encontrar a su lado en que no se pueden dilatar las
decisiones y, por tanto, vamos a hacer el seguimiento correspondiente
para que estas dilaciones no se produzcan.
Nada más y muchas gracias, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias, Senador Carrera.
¿Grupo Socialista? (Pausa.) Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la
palabra el Senador Cañellas.
El señor CAÑELLAS FONS: Muchas gracias, señor Presidente.
Senador Oliart, la demagogia es lo más fácil de este mundo y acusarme a
mí de decir cosas que no he dicho, también es lo más sencillo. Lo que
sucede es que, después, cuando lea usted el «Diario de Sesiones» se
encontrará con que el que ha errado otra vez es su señoría. Yo he dicho
que los municipios cabeza de partido que estaban obligados por la
disposición adicional quinta de la Ley 7/1985 son 226. Y eso, como dicen
en su tierra y en la mía: «son fabes contades». No te puedes salir de
este número, no hay más.
En segundo lugar, Senador Oliart, que venga su señoría a contarnos aquí y
ahora, en el año 1998, los problemas que quieren ocasionar el Grupo
Parlamentario Popular y el Gobierno al que da soporte con la situación de
los depósitos de los detenidos es francamente tener una fisonomía de una
cierta dureza. Porque la Ley 7/1985 la aprobó el Grupo Parlamentario
Socialista con la mayoría de 202 Diputados que tenía en el Congreso de
los Diputados y yo formaba parte de la oposición. En dicha Ley fueron sus
señorías los que impusieron la obligación a los ayuntamientos cabeza de
partido de tener un depósito municipal y prestar un servicio. Y en la
orden del Ministerio de Justicia de 1988, ni siquiera un Real Decreto,
fueron sus señorías los que fijaron por arte de birlibirloque, sin
encomendarse ni a Dios ni al diablo, 1.325 pesetas por detenido y día, y
al que Dios se la dé, San Pedro se la bendiga.
Y sus señorías han mantenido esa cifra desde 1988 hasta 1996. Y este
Senador hoy, Diputado antes, se cansó en el Congreso de los Diputados,
como portavoz de la Comisión de Justicia e Interior, de pedir aumentos
cada año en los Presupuestos Generales del Estado para estas cuestiones.
¿De qué me sirvió? De nada, señoría. De manera que no me venga a decir
que queremos retrasar lo que ustedes no fueron capaces de resolver, o no
quisieron resolver --prefiero quedarme con la primera hipótesis.
En segundo lugar, sus señorías han hecho bandera de eso de que en los
depósitos de detenidos se han de cumplir las penas de arresto. Esa es una
bandera de sus señorías, pero no es lo que dice el Código Penal, vuelvo a
repetir. El Código Penal, como regla general, primera y primordial, dice
que se cumplirán en el establecimiento penitenciario más próximo al
domicilio del arrestado. Y ese Código y esa norma fueron aprobados por
ustedes. En el centro penitenciario más próximo, ni siquiera que esté en
el mismo partido judicial; el más próximo, a la distancia que esté.
En tercer lugar, me dice su señoría que lo del depósito favorece la no
interrupción de la relación laboral. Ese aspecto lo favorece también el
Código Penal cuando dice que los arrestos se cumplirán los viernes,
sábados y domingos, que es la regla habitual para cualquier persona en la
actualidad: no trabajar el viernes por la tarde, sábado y domingo. Pero
excepcionalmente se puede cambiar y eso lo prevé el Código. El señor que
trabaje en sábado o domingo podrá cambiarlo por otro día. No obstante,
esto es la excepción, señorías, y ustedes tratan de convertir la
excepción en la regla general.
Y no aluda, Senador Oliart, a lo que dice la sentencia del Tribunal
Supremo. Yo eché los dientes en un despacho de abogados. Desde los 14
años me dedicaba casi más al despacho que al estudio del bachillerato. Y
lo primero que me enseñaron es que las sentencias se empiezan a leer por
el fallo. Luego, ya se verán los razonamientos jurídicos. Por tanto, no
me dé lecciones de Derecho que tengo bastantes canas echadas dentro de la
profesión.
Por otra parte, la sentencia no dice quién ha de pagar, no dice que la
Generalitat venga obligada a pagar. Sólo expresa que los ayuntamientos
tienen derecho. Ahora viene el segundo pleito, pero como su señoría es el
representante «erga omnes» de todos los ayuntamientos de España y ya sabe
que los recursos van a caer como fruta madura... Senador Oliart, no me
pongo a reír porque es para llorar.
Muchas gracias, señor Presidente. (Aplausos en los escaños del Grupo
Parlamentario Popular.)
El señor PRESIDENTE: Gracias, Senador Cañellas.
Terminado el debate, vamos a pasar a la votación. (Pausa.)
Vamos a votar la moción, naturalmente sin la enmienda que ha sido
rechazada por el Grupo proponente.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 225; a
favor, 92; en contra, 129; abstenciones, cuatro.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
CONOCIMIENTO POR EL PLENO DE TRATADOS Y CONVENIOS INTERNACIONALES
REMITIDOS POR EL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS:
--TRATADO DE EXTRADICION ENTRE EL REINO DE ESPAÑA Y LA REPUBLICA DE COSTA
RICA, HECHO EN MADRID EL 23 DE OCTUBRE DE 1997 (S. 610/000153) (C. D.
110/000152).
El señor PRESIDENTE: Punto cuarto del orden del día: Conocimiento por el
Pleno de Tratados y Convenios Internacionales remitidos por el Congreso
de los Diputados. En
primer lugar, Tratado de extradición entre el Reino de España y la
República de Costa Rica, hecho en Madrid el 23 de octubre de 1997.
No se ha presentado ninguna propuesta.
¿Alguna intervención? (Pausa.)
¿Puede entenderse aprobado por asentimiento? (Pausa.) Queda aprobado.
Por tanto, se autoriza en este acto que el Gobierno pueda prestar su
consentimiento para obligarse por medio del Tratado de extradición entre
el Reino de España y la República de Costa Rica, hecho en Madrid el 23 de
octubre de 1997.
--TRATADO DE EXTRADICION ENTRE EL REINO DE ESPAÑA Y LA REPUBLICA DE
PANAMA, HECHO EN PANAMA EL 10 DE NOVIEMBRE DE 1997 (S. 610/000154) (C. D.
110/000153).
El señor PRESIDENTE: Tratado de extradición entre el Reino de España y la
República de Panamá, hecho en Panamá el 10 de noviembre de 1997.
No se ha presentado ninguna propuesta. ¿Alguna intervención? (Pausa.)
¿Puede entenderse aprobado por asentimiento? (Pausa.) Queda aprobado.
Por tanto, se autoriza en este acto que el Gobierno pueda prestar su
consentimiento para obligarse por medio del Tratado de extradición entre
el Reino de España y la República de Panamá, hecho en Panamá el 10 de
noviembre de 1997.
--ACUERDO ENTRE EL REINO DE ESPAÑA Y LA REPUBLICA DE ESTONIA PARA LA
PROMOCION Y PROTECCION RECIPROCA DE INVERSIONES, HECHO EN TALLIN EL 11 DE
NOVIEMBRE DE 1997 (S. 610/000155) (C. D. 110/000154).
El señor PRESIDENTE: Acuerdo entre el Reino de España y la República de
Estonia para la promoción y protección recíproca de inversiones, hecho en
Tallin el 11 de noviembre de 1997.
No se han presentado propuestas.
¿Alguna intervención? (Pausa.)
¿Puede entenderse aprobado por asentimiento? (Pausa.) Queda aprobado.
Por asentimiento se autoriza en este acto que el Gobierno pueda prestar
su consentimiento para obligarse por medio del acuerdo entre el Reino de
España y la República de Estonia para la promoción y protección recíproca
de inversiones, hecho en Tallin el 11 de noviembre de 1997.
--CONVENIO NUMERO 141 DEL CONSEJO DE EUROPA RELATIVO AL BLANQUEO,
SEGUIMIENTO, EMBARGO Y DECOMISO DE LOS PRODUCTOS DEL DELITO, HECHO EN
ESTRASBURGO EL 8 DE NOVIEMBRE DE 1990, ASI COMO LAS RESERVAS Y
DECLARACION QUE ESPAÑA VA A FORMULAR AL MISMO (S. 610/000156) (C. D.
110/000156).
El señor PRESIDENTE: Convenio número 141 del Consejo de Europa relativo
al blanqueo, seguimiento, embargo y decomiso de los productos del delito,
hecho en Estrasburgo el 8 de noviembre de 1990, así como las reservas y
declaración que España va a formular al mismo.
No se han presentado propuestas.
¿Alguna intervención? (Pausa.)
¿Puede entenderse aprobado por asentimiento? (Pausa.) Queda aprobado.
Por asentimiento se autoriza en este acto que el Gobierno pueda prestar
su consentimiento para obligarse por medio del Convenio número 141 del
Consejo de Europa relativo al blanqueo, seguimiento, embargo y decomiso
de los productos del delito, hecho en Estrasburgo el 8 de noviembre de
1990, así como las reservas y declaración que España va a formular al
mismo.
--ACUERDO PARA LA PROMOCION Y PROTECCION RECIPROCA DE INVERSIONES ENTRE
EL REINO DE ESPAÑA Y LA REPUBLICA DE COSTA RICA, HECHO EN SAN JOSE DE
COSTA RICA EL 8 DE JULIO DE 1997 (S. 610/000157) (C. D. 110/000158).
El señor PRESIDENTE: Acuerdo para la promoción y protección recíproca de
inversiones entre el Reino de España y la República de Costa Rica, hecho
en San José de Costa Rica el 8 de julio de 1997.
No se han presentado propuestas.
¿Alguna intervención? (Pausa.)
¿Puede entenderse aprobado por asentimiento? (Pausa.) Queda aprobado.
Por asentimiento se autoriza en este acto que el Gobierno pueda prestar
su consentimiento para obligarse por medio del acuerdo para la promoción
y protección recíproca de inversiones entre el Reino de España y la
República de Costa Rica, hecho en San José de Costa Rica el 8 de julio de
1997.
--CONVENIO ENTRE EL REINO DE ESPAÑA Y EL GOBIERNO DEL REINO DE TAILANDIA
A FIN DE EVITAR LA DOBLE IMPOSICION Y DE PREVENIR LA EVASION Y EL FRAUDE
FISCAL EN MATERIA DE IMPUESTOS SOBRE LA RENTA, HECHO EN MADRID EL 14 DE
OCTUBRE DE 1997 (S. 610/000158) (C. D. 110/000159).
El señor PRESIDENTE: Convenio entre el Reino de España y el Gobierno del
Reino de Tailandia a fin de evitar la doble imposición y de prevenir la
evasión y el fraude fiscal en materia de impuestos sobre la renta, hecho
en Madrid el 14 de octubre de 1997.
No se ha presentado ninguna propuesta. ¿Alguna intervención? (Pausa.) ¿Se
puede aprobar por asentimiento? (Pausa.)
Por asentimiento se autoriza en este acto que el Gobierno pueda prestar
su consentimiento para obligarse por medio del convenio entre el Reino de
España y el Gobierno del Reino de Tailandia a fin de evitar la doble
imposición y de prevenir la evasión y el fraude fiscal en materia de
impuestos sobre la renta, hecho en Madrid el 14 de octubre de 1997.
--CONVENIO DE SEGURIDAD SOCIAL ENTRE EL REINO DE ESPAÑA Y LA REPUBLICA
ORIENTAL DE URUGUAY, HECHO EN MONTEVIDEO EL 1 DE DICIEMBRE DE 1997 (S.
610/000159) (C. D. 110/000160).
El señor PRESIDENTE: Convenio de seguridad social entre el Reino de
España y la República Oriental de Uruguay, hecho en Montevideo el 1 de
diciembre de 1997.
No se ha presentado ninguna propuesta. ¿Alguna intervención? (Pausa.) ¿Se
puede aprobar por asentimiento? (Pausa.)
Por asentimiento se autoriza en este acto que el Gobierno pueda prestar
su consentimiento para obligarse por medio del convenio de seguridad
social entre el Reino de España y la República Oriental de Uruguay, hecho
en Montevideo el 1 de diciembre de 1997.
--TRATADO DE LA OMPI SOBRE DERECHO DE AUTOR, ADOPTADO POR LA CONFERENCIA
DIPLOMATICA EN GINEBRA, EL 20 DE DICIEMBRE DE 1996 (S. 610/000160) (C. D.
110/000161).
El señor PRESIDENTE: Tratado de la OMPI sobre derecho de autor, adoptado
por la Conferencia diplomática en Ginebra, el 20 de diciembre de 1996.
No se han presentado propuestas. ¿Alguna intervención? (Pausa.) ¿Se puede
aprobar por asentimiento? (Pausa.)
Por asentimiento se autoriza en este acto que el Gobierno pueda prestar
su consentimiento para obligarse por medio del Tratado de la OMPI sobre
derecho de autor, adoptado por la Conferencia diplomática en Ginebra el
20 de diciembre de 1996.
--TRATADO DE LA OMPI SOBRE INTERPRETACION O EJECUCION DE FONOGRAMAS,
ADOPTADO POR LA CONFERENCIA DIPLOMATICA EN GINEBRA EL 20 DE DICIEMBRE DE
1996 (S. 610/000161) (C. D. 110/000162).
El señor PRESIDENTE: Tratado de la OMPI sobre la interpretación o
ejecución de fonogramas, adoptado por la Conferencia diplomática en
Ginebra el 20 de diciembre de 1996.
No se han presentado propuestas. ¿Alguna intervención? (Pausa.) ¿Se puede
aprobar por asentimiento? (Pausa.)
Por asentimiento se autoriza en este acto que el Gobierno pueda prestar
su consentimiento para obligarse por medio del Tratado de la OMPI sobre
la interpretación o ejecución de fonogramas, adoptado por la Conferencia
diplomática en Ginebra el 20 de diciembre de 1996.
--ACUERDO PARA LA PROMOCION Y PROTECCION RECIPROCA DE INVERSIONES ENTRE
EL REINO DE ESPAÑA Y LA REPUBLICA DE PANAMA, HECHO EN PANAMA EL 10 DE
NOVIEMBRE DE 1997 (S. 610/000162) (C. D. 110/000163).
El señor PRESIDENTE: Acuerdo para la promoción y protección recíproca de
inversiones entre el Reino de España y la República de Panamá, hecho en
Panamá el 10 de noviembre de 1997.
No se ha presentado ninguna propuesta. ¿Alguna intervención? (Pausa.) ¿Se
puede aprobar por asentimiento? (Pausa.)
Por asentimiento se autoriza en este acto que el Gobierno pueda prestar
su consentimiento para obligarse por medio del acuerdo para la promoción
y protección recíproca de inversiones entre el Reino de España y la
República de Panamá, hecho en Panamá el 10 de noviembre de 1997.
--TRATADO DE PROHIBICION DE ENSAYOS NUCLEARES, ADOPTADO POR LA ASAMBLEA
GENERAL DE LAS NACIONES UNIDAS EL 10 DE SEPTIEMBRE DE 1996 (S.
610/000164) (C. D. 110/000164).
El señor PRESIDENTE: Tratado de Prohibición de Ensayos Nucleares,
adoptado por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 10 de
septiembre de 1996.
No se han presentado propuestas. ¿Alguna intervención? (Pausa.) ¿Se puede
aprobar por asentimiento? (Pausa.)
Por asentimiento se autoriza en este acto que el Gobierno pueda prestar
su consentimiento para obligarse por medio del Tratado de Prohibición de
Ensayos Nucleares, adoptado por la Asamblea General de las Naciones
Unidas el 10 de septiembre de 1996.
CONOCIMIENTO DIRECTO POR EL PLENO DE PROYECTOS Y PROPOSICIONES DE LEY
REMITIDOS POR EL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS:
--PROYECTO DE LEY POR LA QUE SE CREA EL CONSEJO GENERAL DE COLEGIOS DE
FISIOTERAPEUTAS (S. 621/000086) (C. D. 121/000126).
El señor PRESIDENTE: Punto siguiente del orden del día: Conocimiento por
el Pleno de proyectos y proposiciones de ley remitidos por el Congreso de
los Diputados.
Proyecto de ley por la que se crea el Consejo General de Colegios de
Fisioterapeutas.
No se ha presentado ninguna enmienda. ¿Alguna intervención? (Pausa.) ¿Se
puede aprobar el proyecto de ley en su totalidad por asentimiento?
(Pausa.)
Por asentimiento, queda aprobado por las Cortes Generales el proyecto de
ley por la que se crea el Consejo General de Colegios de Fisioterapeutas.
--PROYECTO DE LEY ORGANICA PARA LA COOPERACION CON EL TRIBUNAL
INTERNACIONAL PARA RUANDA (S. 621/000087) (C. D. 121/000085).
El señor PRESIDENTE: Proyecto de Ley Orgánica para la cooperación con el
Tribunal Internacional para Ruanda.
No se han presentado enmiendas a este proyecto.
¿Turno a favor? (Pausa.)
¿Turno en contra? (Pausa.)
Turno de portavoces.
¿Grupo Parlamentario Mixto? (Pausa.)
Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos? (Pausa.)
¿Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió?
Tiene la palabra el Senador Capdevila.
El señor CAPDEVILA I BAS: Muchas gracias, señor Presidente.
Intervengo brevemente para mostrar el voto favorable de nuestro grupo
parlamentario a este proyecto de ley orgánica para la Cooperación con el
Tribunal Internacional para Ruanda. Este Tribunal fue creado por
Resolución 955, de 8 de noviembre de 1994, tal como indica la Exposición
de Motivos, y tiene como finalidad la persecución y el enjuiciamiento de
los responsables de genocidio y otras graves violaciones del Derecho
Internacional Humanitario cometidas en el territorio de Ruanda, además de
los ciudadanos de Ruanda responsables de violaciones que hayan cometido
en territorios colindantes.
Este proyecto tiene su antecedente en la Ley Orgánica número 15, de 1 de
junio de 1994, para la cooperación con el Tribunal Internacional también
para el enjuiciamiento de los presuntos responsables de violaciones
graves del Derecho Internacional Humanitario cometidos en el territorio
de la ex Yugoslavia, y por ello entendemos que es un proyecto de ley
importante que merece, como se ha dicho antes, el voto favorable de
nuestro grupo parlamentario.
Nada más y muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, Senador Capdevila.
Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el Senador
Varela.
El señor VARELA FLORES: Muchas gracias, señor Presidente.
Señorías, va a ser ésta una intervención breve para mostrar nuestro total
apoyo a este proyecto de ley, como no cabía hacerlo de otra manera, pero
creo que no debemos dejar pasar por alto este momento en el Senado sin
aprovecharlo para pronunciarse a favor de este tipo de iniciativas, que
tratan de paliar aquellos crímenes que hemos contemplado en la distancia
con horror hace pocos años no sólo en Ruanda, sino antes también en
Yugoslavia, porque todos los días vemos que la violación de los derechos
humanos es algo permanente en nuestro planeta, y sólo con la intervención
internacional podemos tratar de paliar, aunque sólo sea persiguiéndoles a
posteriori, e impedir que semejantes crímenes, entre todos ellos el peor,
el de genocidio, queden en la impunidad, queden sin juzgar, y aunque ésta
no sea quizás la mejor de las formas para evitarlo, al menos sí estamos
seguros de que en el futuro se medirá mucho a aquellos que tengan como
principio, execrable desde luego, el de que en la guerra vale todo.
Quiero dejar constancia de que es necesario introducir profundas reformas
en las organizaciones internacionales, en primer lugar, para tratar de
prevenir los conflictos; en segundo lugar, para permitir una rápida
intervención de fuerzas armadas impidiendo su escalada, antes de que se
produzcan miles, centenares de miles de muertos, como sucedió en Ruanda,
en Yugoslavia o como puede suceder ahora en Kosovo, si la Comunidad
Internacional, si Europa más concretamente no lo evita; si los países más
fuertes y desarrollados no toman la necesaria y solidaria iniciativa de
intervenir en favor de la vida y los derechos más esenciales.
Además, creo que es necesario impulsar la creación de un órgano
permanente para juzgar estos delitos, y la próxima semana 140 Estados se
reúnen en la Conferencia Diplomática de Roma para tratar sobre la
creación de un tribunal penal internacional, con carácter permanente.
Nuestro Gobierno debe de saber que cuenta también con el apoyo firme y
unánime del Senado para ese fin; un tribunal donde el fiscal pueda
iniciar un proceso por denuncia de las víctimas, y no sólo por
información de los Estados miembros; un tribunal que pueda actuar con
independencia del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, postura en
la que España no pierde absolutamente nada, al no ser un miembro
permanente del mismo.
Por último no quiero dejar de señalar que resulta chocante la tardanza
--tres años-- entre la publicación de la resolución de las Naciones
Unidas para la creación del Tribunal Internacional para Ruanda y la
aprobación de un proyecto tan sencillo como éste, que cuenta de antemano
con el respaldo unánime de las dos Cámaras legislativas.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor PRESIENTE: Muchas gracias, Senador Varela.
Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el Senador Iribas.
El señor IRIBAS SANCHEZ DE BOADO: Con la venia, señor Presidente.
En efecto, tal y como se ha manifestado por anteriores portavoces que me
han precedido en el uso de la palabra, con esta iniciativa pretendemos
desarrollar en el ámbito interno las obligaciones nacidas de la
resolución 955 de 8 de noviembre de 1994 del Consejo de Seguridad de las
Naciones Unidas por la cual se creaba el Tribunal Internacional para
Ruanda. Se trata, como también se ha dicho, de un Tribunal que pretende
enjuiciar a los responsables del genocidio y de otras graves violaciones
del Derecho Internacional humanitario que afectan a dicho país, y es en
cumplimiento de la resolución que he mencionado --que en el orden interno
español exigía un desarrollo normativo que contemplase algunas de las
previsiones que permitieran instrumentarla en materia reservada por
nuestra Constitución a la ley orgánica-- que estamos tramitando y
apoyando la aprobación del presente proyecto de ley. Se trata de un
proyecto de ley que tiene como antecedente inmediato --ya se ha dicho--
la Ley Orgánica 15/1994, de 1 de julio, para la cooperación con el
Tribunal Internacional para la ex Yugoslavia y que deja claro que se va
abriendo lenta pero inexorablemente camino en el Derecho Internacional la
posibilidad de crear un tribunal internacional de carácter permanente.
El Grupo Popular apoya, como no podía ser de otra forma, el presente
proyecto de ley remitido por el Gobierno, que constata el avance y la
mayor sensibilización hacia este tipo de cuestiones tanto en la opinión
pública como en las diferentes organizaciones y gobiernos. Una
concienciación y una puesta en práctica de medidas que entendemos que
nunca será suficiente porque hay que avanzar aún más tanto en la fe y en
la convicción de que existe un orden global y de que el derecho es el
instrumento civilizado para la resolución de los conflictos en toda clase
de ámbitos, como en la aplicación concreta y práctica de ese imperio de
la ley que facilite y posibilite el respeto a los derechos humanos en
cualquier lugar del planeta.
En esta materia, en efecto, todos debemos colaborar y todos somos
corresponsables. En esta materia no existen ni pueden existir
injerencias, y puesto que estamos hablando de la peor violación de los
derechos humanos, que es la del genocidio, todos debemos facilitar el
castigo de este tipo de delitos, castigo que posibilitará además prevenir
y evitar conductas de este tipo y, sobre todo, todos debemos intentar la
máxima concienciación y, como se ha señalado por el anterior portavoz que
me ha precedido, el máximo trabajo y la mayor apuesta posible por parte
de las organizaciones internacionales en el apoyo de todo este tipo de
iniciativas.
Nada más y muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, Senador Iribas.
¿Entiendo que podemos aprobar este proyecto de ley en su totalidad por
asentimiento? (Pausa.)
Por asentimiento queda definitivamente aprobado por las Cortes Generales
el proyecto de ley orgánica para la cooperación con el Tribunal
Internacional para Ruanda.
DICTAMEN SOBRE LA CUENTA GENERAL DEL ESTADO:
--DICTAMEN DE LA COMISION MIXTA PARA LAS RELACIONES CON EL TRIBUNAL DE
CUENTAS, RELATIVO A LA CUENTA GENERAL DEL ESTADO CORRESPONDIENTE AL
EJERCICIO DE 1995, ASI COMO RESOLUCION ADOPTADA POR DICHA COMISION (S.
770/000004) (C. D. 250/000005).
El señor PRESIDENTE: Punto sexto del orden del día: Dictamen sobre la
Cuenta General del Estado. Dictamen de la Comisión Mixta para las
Relaciones con el Tribunal de Cuentas, relativo a la Cuenta General del
Estado correspondiente al ejercicio de 1995, así como Resolución adoptada
por dicha Comisión.
¿Turno a favor? (Pausa.)
¿Turno en contra? (Pausa.)
¿Turno de portavoces? (Pausa.)
¿Grupo Parlamentario Mixto? (Pausa.)
¿Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos? (Pausa.)
¿Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió?
(Pausa.)
Tiene la palabra el Senador Carrera.
El señor CARRERA I COMES: Señor Presidente, señorías, siguiendo la línea
del debate en la Comisión Mixta, voy a referirme más a cuestiones
generales que no a cifras puntuales.
Con este informe de la cuenta general --nos estamos refiriendo a 1995--,
por un lado, vamos actualizando calendario --saben sus señorías que
teníamos el problema de ir sumamente retrasados--, acercándonos cada vez
más en el tiempo y, por otra parte, cerramos un largo ciclo de informes
sobre las cuentas generales que afectan a un mismo gobierno, en este caso
del Partido Socialista. Por tanto, debería servir en principio, entre
otras cosas, para valorar la trayectoria contable durante estos años
hasta 1995.
En este sentido, si tuviera que dar un dictamen simple y escueto, sería
el siguiente: Ha habido durante el período una mejora en la
contabilización y presentación de la Cuenta General, es cierto, pero
queda lejos, muy lejos, de lo que debería ser una correcta Cuenta
General. (El señor Vicepresidente, Aguilar Belda, ocupa la Presidencia.)
Muestra de lo que acabo de decir sería lo que mantiene el propio Tribunal
de Cuentas en un párrafo de la página 2 que dice: Las salvedades de
infracciones de las normas presupuestarias y contables que se expresan
limitan el reflejo de la Cuenta General de la actividad económica
financiera llevada a cabo en el ejercicio por el Estado y sus organismos
autónomos, así como el de su situación patrimonial. Ya que hablamos de
esta situación patrimonial, hay que añadir que, de acuerdo con la
aplicación del Plan General de Contabilidad Pública respecto a 1995, los
resultados se presentan en una cuenta única que determina el resultado
global, a diferencia de lo que se venía manifestando en los ejercicios
anteriores en los cuales la situación
patrimonial se reflejaba en diferentes cuentas extraordinarias.
Dicho esto quedan algunas otras cuestiones por remarcar. La Cuenta
General no está completa, y no lo está porque hay organismos
administrativos, así como organismos comerciales, industriales y
financieros que no habían rendido la cuenta. Por otra parte, estaban
pendientes de aplicar al presupuesto de gastos otras obligaciones
originadas en el ejercicio de 1995 o, incluso, anteriores, clasificados
como pagados sin registrar, sin pagar pero registrados o pagados y
registrados. Por tanto, se constata, al igual que en ejercicios
anteriores, que se dejan de contraer presupuestariamente obligaciones
generadas, posponiendo su contabilización al ejercicio siguiente; como
decimos con expresión cotidiana: se han dejado facturas al cajón.
Situación, por cierto, en la que también se encuentran organismos
autónomos en los que los resultados que figuran en las cuentas rendidas
se ven afectados por operaciones pendientes de aplicación.
Hay más cuestiones todavía, señorías. El inventario es incompleto --hecho
que resta fiabilidad al balance-- y lo es porque no existe el inventario
del inmovilizado. Por tanto, llega un momento en que se cuadra el balance
por aquello de que hay que cuadrarlo. No se han hecho amortizaciones
teniendo en cuenta que de hacerse variarían las cifras que se han dado en
la cuenta definitiva; continúan existiendo cuentas corrientes abiertas en
el extranjero no registradas; las cuentas de los organismos autónomos
presentan muchas deficiencias y falta la consolidación de balances con
organismos autónomos y sociedades mercantiles. La mayoría de estas
cuestiones, señorías, son reincidentes y se van repitiendo año tras año,
con lo cual, si existiera una modificación de la Ley del Tribunal de
Cuentas, podríamos exigir o implementar, sin duda, un control efectivo y
exhaustivo y, probablemente, podríamos subsanar la mayoría de estas
deficiencias, que todos, absolutamente todos los grupos parlamentarios
venimos denunciando año tras año.
Como contrapartida, quisiera manifestar que en esta Cuenta General han
existido también cuestiones positivas, aunque sólo sean dos o tres, pero
también existen y así lo remarco. Por ejemplo, y al entender de nuestro
Grupo éste es un factor importantísimo, una mejora en la rigurosidad de
la presentación de la propia Cuenta General, también la aplicación por
primera vez del Plan General de Contabilidad Pública y la dotación
también por primera vez de provisiones por insolvencia, aunque no se
conozcan los criterios con que se han hecho y se hayan dejado, por
ejemplo, sin hacer provisión dos créditos a los que yo llamo
emblemáticos: el del Consorcio de Compensación de Seguros y el de RUMASA,
inexplicable sobre todo en este último caso.
Dos cuestiones finales, señor Presidente. Nuestro Grupo sólo presentó una
propuesta de resolución para que se subsanaran todas estas deficiencias,
en línea con la propia recomendación del Tribunal de Cuentas, instando a
que la Cuenta General y las entidades que la conforman se ajusten
plenamente a la legislación aplicable; y, la segunda, que quedamos a la
espera de la Cuenta de 1996 con una cierta --y permítanme decirlo,
señorías-- expectación, para comprobar si realmente es cierto que hay
cambios sustanciales y se producen las mejoras que todos los grupos
venimos exigiendo.
Damos nuestra conformidad final al informe del Tribunal de Cuentas y, por
tanto, a la Cuenta de 1995.
Gracias, señor Presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Aguilar Belda): Gracias, Senador Carrera.
Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el Senador
Alegre.
El señor ALEGRE ESCUDER: Gracias, señor Presidente.
Señorías, al debatir en esta ocasión la Cuenta General del Estado
correspondiente a 1995 nos encontramos con que el Tribunal de Cuentas
presenta la declaración definitiva sin esperar al informe anual; modifica
así el procedimiento existente cuando aprobó en junio de 1996 una moción
cuyo contenido aprobó también la Comisión, por supuesto, el 30 de
septiembre de 1997.
La opinión del Tribunal de Cuentas sobre la Cuenta General del Estado de
1995 es que --tal como se dice en el informe que presenta la Ponencia
establecida el 14 de abril de 1998, y un poco en contradicción con lo que
acaba de decir el Senador Carrera-- la Cuenta presenta la estructura y
contenido establecidos en las disposiciones que le son de aplicación, es
coherente internamente y con la documentación complementaria que le sirve
de fundamento y refleja adecuadamente la actividad económica-financiera,
así como la situación patrimonial. Esto es lo que dice la Ponencia al
aprobar la Cuenta, lo mismo que al aprobar la de los organismos
autónomos, administrativos y comerciales, industriales y financieros,
excepto naturalmente los que no las habían rendido en su momento.
Desde mi Grupo no queremos quedarnos aquí señalando solamente lo que
destaca el Tribunal como positivo, sino que queremos ser nosotros los que
señalemos las deficiencias existentes en la Cuenta de 1995 como mejor
método para que todos comprendamos los avances, las mejoras que año tras
año se han logrado, mejoras que el Tribunal señala y que todos los grupos
reconocen como acabamos de oír en boca del portavoz del Grupo Catalán.
Mientras en cuentas anteriores veníamos diciendo que se habían presentado
en el plazo correspondiente, en el caso de este ejercicio nos encontramos
con una demora de un mes respecto a la fecha límite de su presentación.
No vamos a entrar a valorar si un mes es poco o mucho retraso,
simplemente constatamos el hecho y añadimos que hubiéramos preferido,
desde luego, decir aquí que se había presentado en el plazo debido.
Con respecto a las cuentas de los organismos autónomos también nos
hubiera gustado decir que la habían presentado todos, pero no ha sido
así: hubo cuatro organismos administrativos y siete comerciales que no lo
hicieron en su momento, como también ha destacado el Senador Carrera. Los
créditos de estos organismos suponen el 2,9 por ciento y el 5,5 por
ciento, respectivamente, del total del subsector. Sigue
sin haberse presentado la del organismo autónomo, INAEM, habiéndolo hecho
los demás, aunque fuera del ámbito de esta declaración definitiva. Nos
gustaría recordar que en la Cuenta de 1994 de los 36 organismos autónomos
y de los 39 comerciales, industriales y financieros fue solamente uno el
que no lo presentó en su momento.
Nos satisface en cambio constatar, como también ha recordado el Senador
Carreras, la introducción del nuevo Plan de Contabilidad Pública, de 6 de
mayo de 1994; introducción que veníamos anunciando al debatir ejercicios
anteriores y que ha supuesto una indudable mejora, no por esperada menos
importante, en todo lo relativo a esta Cuenta que debatimos hoy. Ello,
entre otras cosas, ha permitido disminuir, aunque lamentablemente no
eliminar, la falta de concordancia obligada en las operaciones de
transferencias internas. En favor de la Intervención General de la
Administración del Estado hay que decir que ésta ha acompañado dos
estados conciliatorios y que la diferencia, que indudablemente lamentamos
pero que a la vez celebramos, es sólo de 65 millones frente a un volumen
de operaciones de un billón 400.000 millones.
En cuanto a las modificaciones de crédito del ejercicio 1995, seguramente
alguna de sus señorías mostrará su preocupación. Podemos decir que su
importe es similar a la de 1994 , que fue de 1,4 billones, y en 1995 fue
de 1,6. Tenemos la misma expectación a la que aludía el Senador Carreras
a la hora de comprobar cómo lo hace el actual Gobierno cuando presente
las cuentas de 1996, aunque posiblemente nos encontremos con una cifra
muy superior. El tiempo nos lo dirá.
Sobre esta cuestión debemos resaltar el hecho, porque constituye un
avance formal muy importante, de que los estados de ejecución de los
organismos autónomos se han rendido con el máximo grado de desagregación,
permitiendo así que se pueda comprobar el cumplimiento de los límites
presupuestarios en cada caso. Igualmente, cabe destacar la incorporación
por vez primera de provisiones para insolvencia de activos financieros
que puedan ser motivados, bien por deudores, bien por préstamos de
difícil reembolso, etcétera.
Por otra parte, cuando el Tribunal de Cuentas habla de desfases
temporales, es decir gastos o ingresos indebidamente imputados a este
ejercicio por pertenecer a otros, no hay motivo para rasgarse las
vestiduras. Los importes son parecidos a los del año anterior y buscando
cuál pueda ser la causa de estos desfases nos encontramos siempre con que
inevitablemente aparecen las relaciones financieras con la Unión Europea,
que como carga neta presupuestaria alcanza, en este caso, un importe de
120.000 millones, dado que, como saben sus señorías, la Intervención
General del Estado aplica el gasto una vez contraída la obligación y
nunca antes. Lo mismo ocurre con el INEM, por las dificultades en
periodificar las prestaciones por desempleo y por las dificultades, a su
vez, existentes en cobrar las liquidaciones por vía ejecutiva. Por
ejemplo, en el ejercicio del año que debatimos, 1995, no fueron aplicados
153.000 millones por las dificultades que acabo de señalar y, sin
embargo, los 283.000 millones del ejercicio anterior sí fueron imputados
a este ejercicio.
El propio Tribunal es el que ajusta la carga neta presupuestaria; carga
que para nada tuvo en cuenta el Gobierno cuando elaboró el Decreto-Ley de
26 de julio de 1996 en un momento en que andaba buscando agujeros
inexistentes de los que poder aprovecharse en el ejercicio siguiente y,
así, poder aumentar su capacidad de gasto en 1996. Carga neta
presupuestaria pendiente de regularizar que, como dice el propio
Tribunal, no debe confundirse con déficit público. Creo que esto aclara
la propuesta de resolución que presentó el Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, que textualmente decía: Se considera que se han desplazado a
ejercicios futuros obligaciones de pago que condicionarán la evolución
del déficit. El propio Tribunal desmiente esta consideración.
Todos estos desfases temporales están perfectamente documentados y
contabilizados en la Cuenta General y sus conceptos están plenamente
justificados; además, esto mismo lo dice el Gobierno actual, a quien ha
correspondido formular las pertinentes alegaciones. Sobre esta cuestión
mi Grupo considera que deberemos tener en cuenta en el futuro --y lo
veremos pronto-- que si bien la Ley 11/1996, de disciplina
presupuestaria, intentaba corregir la situación de las modificaciones y
los desfases temporales, el Real Decreto-Ley 612/1997, que pretendía
desarrollar dicha Ley, va a conseguir precisamente todo lo contrario.
En definitiva, señorías, señor Presidente, para terminar y como resumen
de esta intervención, quiero manifestar que desde el Grupo Parlamentario
Socialista creemos que la mejora de las cuentas del año 1995 ha sido
evidente tanto en el fondo como en la forma y, consiguientemente, es
obvio que nuestro voto va a ser favorable a su aprobación, como esperamos
que lo sea el de los demás grupos de la Cámara.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Aguilar Belda): Muchas gracias, Senador Alegre.
Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el señor Rodríguez
Gómez.
El señor RODRIGUEZ GOMEZ: Muchas gracias, señor Presidente.
Señorías, me satisface en principio que el Senador Alegre no sólo vea lo
bueno de las cuentas, sino también lo malo, lo incorrecto. Yo sé que es
así porque ya lo ha demostrado en numerosas ocasiones, de lo cual me
vuelvo a alegrar.
A diferencia del Senador Carrera, voy a entrar un poquito más en el
detalle. Tenemos ante nosotros por primera vez las cuentas del año 1995 y
una vez más las cuentas del Estado. A mí me parece que un rendimiento de
cuentas debiera tener en ambas Cámaras el mismo tratamiento que su
aprobación. Esto no es así. He tenido el honor de representar al Grupo
Popular en los debates de la Cuenta General del Estado correspondientes a
los años 1993, 1994 y ahora en el año 1995 y puedo decirles, porque es
verdad y lo hemos estado repitiendo año tras año, que lo que he oído,
leído y visto han sido más pecados que virtudes y, aunque ciertamente
mejoradas año tras año, estas cuentas del año
1995 sólo se pueden calificar de no buenas, por no decir malas.
El pasado año, refiriéndome a la cuenta del año 1994 les ponía a ustedes
el ejemplo de un enfermo al que se le habían aplicado cataplasmas para
curar una pulmonía y yo creo que este año aún seguimos con el mismo
tratamiento.
La Comisión Mixta del Tribunal de Cuentas ha solicitado en reiteradas
ocasiones que ésta se aproxime lo más posible a la realidad temporal,
material y formal de los Presupuestos Generales del Estado. Fruto de
estas peticiones es que hoy, gracias a la moción aprobada por la Comisión
Mixta, podemos estudiar unas cuentas mucho más integradas, con una
representación consolidada de la actividad económica y financiera y de la
situación patrimonial del sector público, de lo que nos alegramos todos.
En la declaración definitiva del Tribunal de Cuentas se sigue un orden
que voy a mantener, procurando ser lo más breve posible. Se habla de
cumplimiento de tiempos, de plazos, de estructura, de coherencia interna
y de fondo.
Respecto al tiempo, como ya se ha repetido aquí, hay que saber que esta
cuenta ha sido entregada completa al Gobierno aproximadamente un mes
fuera del plazo legal. No es mucho, es verdad, pero ¡díganle ustedes a la
Agencia Tributaria, si llegan con un día de retraso, que sólo es un día!
Tendrán que pagar inmediatamente un tanto por ciento de sanción. ¿Por qué
el Gobierno puede saltarse los plazos y los particulares no?
Y tampoco forman parte de los estados anuales agregados --también se ha
dicho aquí-- las cuentas de 11 organismos. Efectivamente representan muy
poco numéricamente, pero no así en asuntos de legalidad.
Falta también la debida concordancia en los datos de la Cuenta General
del Estado que aportan entidades pagadoras y perceptoras relativos a
transferencias entre el Estado y organismos administrativos y organismos
administrativos y Estado. ¿Por qué es así? Porque se han imputado
obligaciones reconocidas o sus derechos a ejercicios diferentes o porque
hay errores en la aplicación contable. La diferencia entre obligaciones
reconocidas y derechos es de 65 millones de pesetas. Es verdad y así lo
dice, pero sólo si nos quedamos en la página 10. Si pasamos a la página
11 veremos que los derechos pendientes de cobro son de 3.353 millones de
pesetas, que no es poco. Si examinamos las modificaciones de créditos,
vemos que este año 1995 han sido de un billón 692.000 millones de
pesetas, que efectivamente comparado con el año 1993 representa poco,
pero si lo hacemos con el año 1994 todavía sigue siendo mucho.
En la cuenta de la Administración General del Estado el resultado
presupuestario es un déficit de 3 billones de pesetas, aproximadamente,
que se equilibra con los pasivos financieros y queda un déficit de unos
23.316 millones, pero el Tribunal de Cuentas, desenmarañando el ovillo,
llega a la conclusión de que el déficit presupuestario que debería
figurar es de 504.000 millones y el saldo presupuestario negativo de
498.000 millones.
Con fecha 31 de diciembre de 1995 aún permanecían sin aplicar
obligaciones originadas en dicho año y anteriores por valor de un billón
19.190 millones de pesetas. De ellas --también se ha dicho-- 203.000
millones corresponden a gastos pagados y registrados, 539.000 millones a
gastos que no están pagados pero sí registrados y 276.000 millones a
gastos que no estaban ni pagados ni registrados, lo cual, en términos
contables, es un verdadero agujero y, según palabras del señor Borrell,
una dramática realidad de las cuentas públicas.
La cuenta del inmovilizado material pendiente de clasificación era de 1
billón 256.000 millones de pesetas. En préstamos se mantienen los saldos
correspondientes al Consorcio de Compensación, a RUMASA y a la Seguridad
Social, este año ampliada en 444.344 millones de pesetas. Aparecen
también otras cuentas de titularidad estatal, como son las Agregadurías
Militares, por el valor poco desdeñable de 8.000 millones de pesetas.
El resumen de esta parte de la Administración del Estado sería la
utilización por parte de organismos y dentro de éstos de distintos
criterios contables: alteraciones de la cifra del déficit --no
maliciosas, desde luego, sino contables--; desplazamientos de gastos a
ejercicios posteriores; activos de dudoso cobro sin corrección ni
amortización, etcétera. Creo que el Gobierno no debe dar un mal ejemplo a
las Comunidades Autónomas y a los entes locales, así como en general al
pueblo español.
Por lo que respecta a la cuenta de organismos autónomos se ha mencionado
el INEM y no quiero insistir sobre ello. Solamente quiero decir que no se
aplican prestaciones por valor de 148.000 millones de pesetas y que tiene
graves fallos en el presupuesto de ingresos, recuperando de modo
insuficiente.
Sobre los organismos autónomos comerciales e industriales, he de destacar
la mala gestión y previsión de la Tesorería, especialmente en las
confederaciones hidrográficas, dando la sensación de que sus responsables
no conocen la evolución normal de las cuentas, porque hay un desfase de
Tesorería, disponible al acabar el año, de 57.703 millones de pesetas.
Hay un Estado que tiene muchas deudas y unos organismos autónomos que
parece que son ricos.
Señor Presidente, señorías, ¿por qué estamos hoy hablando de algo pasado?
Por una ineficacia importante en los trabajos administrativos sobre la
cuenta y para que, como representantes del pueblo, sepamos todos --y lo
diré una vez más-- que el rigor y la disciplina presupuestaria, la
eficacia, han estado muy lejos en la ejecución del presupuesto durante
unos cuantos años aunque, ya lo he reconocido al principio, los
presupuestos han ido mejorando año tras año.
Hace un año les dije a sus señorías que el enfermo se encontraba mejor y
en buenas manos. Ahora les tengo que decir que se ha producido en 1995
una recaída. El Grupo Parlamentario Popular en el Senado va a aprobar
ambas cuentas porque a pesar de todo, repito, es bastante mejor, lo que
no supone desconocer el cúmulo de incumplimientos, salvedades, errores y
manipulaciones, así como la resolución, porque pone coto a muchos de
estos desajustes acaecidos.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Aguilar Belda): Gracias, Senador Rodríguez
Gómez.
Terminado el debate, ¿se puede votar por asentimiento? (Pausa.)
Así consta.
Queda aprobado definitivamente el dictamen de la Comisión Mixta con la
resolución propuesta por ésta.
--DICTAMEN DE LA COMISION MIXTA PARA LA PLENA PROFESIONALIZACION DE LAS
FUERZAS ARMADAS (652/000003).
El señor VICEPRESIDENTE (Aguilar Belda): Pasamos al siguiente punto del
orden del día: Dictamen de la Comisión Mixta para la plena
profesionalización de las Fuerzas Armadas. Para su presentación, tiene la
palabra el Senador Díaz de Mera.
El señor DIAZ DE MERA Y GARCIA CONSUEGRA: Muchas gracias, señor
Presidente.
Señorías, me corresponde el honor de presentar ante la Cámara el dictamen
de la Comisión Mixta no permanente para establecer la fórmula y plazos
con el fin de alcanzar la plena profesionalización de las Fuerzas
Armadas, lo que conducirá a la no exigencia del servicio militar
obligatorio.
Como ustedes saben, en lo que nos afecta, la Comisión Mixta fue la
consecuencia del debate y la aprobación que se realizó en nuestra Cámara
en junio de 1996. El Congreso de los Diputados ya había seguido su propio
procedimiento.
La Comisión nació a iniciativa del Grupo Parlamentario Popular y del
Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió.
Posteriormente encontramos la fórmula, en principio no fácil aunque
finalmente reglamentaria, para crear una Ponencia en el seno de la
Comisión Mixta con el fin de estudiar con detalle y minuciosidad la
fórmula y los plazos que nos llevarían a la supresión del servicio
militar obligatorio.
Sus señorías deben saber que el Senado estuvo muy bien representado en la
Comisión y en la Ponencia. Los trabajos, muy activos, de los Senadores
que formaron parte de la Ponencia deben ser aquí destacados, por eso me
complace mucho informarles de la meritoria tarea de los Senadores
Caballero Lasquibar, del Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas
Vascos; Carrera i Comes, del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de
Convergència i Unió; Varela Flores, del Grupo Parlamentario Socialista, y
Elorriaga Fernández, del Grupo Parlamentario Popular.
La Comisión Mixta se constituyó legal y formalmente en el Congreso de los
Diputados el 15 de octubre del año 1996. La primera de sus sesiones se
celebró dos meses más tarde, el 10 de diciembre, en la que el Ministro de
Defensa nos presentó un informe muy documentado que fue tomado después
como punto de partida para iniciar los trabajos de la Ponencia.
La Ponencia a la que me refiero fue constituida el 10 de diciembre de
1996. El trabajo informativo, es decir, la recopilación de documentación,
experiencias y testimonios, duró un poco más de cinco meses, de febrero a
julio de 1997. Durante ese tiempo, y en la forma parlamentaria de
comparecencias, la Ponencia escuchó y debatió con 50 comparecientes sobre
infinidad de cuestiones relacionadas con el objeto sustantivo de su
trabajo. Para que se hagan una idea, diré que recibimos a personalidades
y expertos del Ministerio de la Defensa, de los Cuarteles Generales,
españoles y extranjeros; sociólogos, profesores universitarios; expertos
en temas de seguridad y defensa; representantes de altas instituciones
del Estado; representantes de la tropa y marinería profesionales;
defensores de posiciones de objeción de conciencia y de insumisos.
Durante todo el largo trámite al que me acabo de referir recibimos
cuantiosa documentación e información verbal valiosísima para nuestro
trabajo. Por ello, llegando a este punto de la exposición institucional
que les estoy haciendo, conviene decir algo que me parece de absoluta
justicia. Nuestro trabajo ha tenido el magnífico soporte de los servicios
especializados del Congreso, a través de los cuales la clasificación del
material, sistemática y fielmente recogido en las actas, nos han
permitido, con una extraordinaria tarea de síntesis, llegar al final de
nuestro trabajo parlamentario.
El 16 de septiembre de 1997 el Presidente de la Comisión Mixta y
coordinador de la Ponencia, señor Muñoz Alonso, a quien necesariamente
debemos rendir homenaje de prudencia, rigor y objetividad, presentó un
calendario de trabajo para que la Ponencia siguiera avanzando.
El 4 de diciembre de 1997 la Ponencia acordó que el Grupo mayoritario, el
Grupo Parlamentario Popular, redactase un borrador que habría de ser la
base de discusión de las tareas siguientes. Desde enero a abril de 1998
se ha debatido y modificado reiteradas veces ese documento, intentando
siempre encontrar posiciones comunes y de consenso entre todas las
partes.
El objetivo del consenso siempre ha estado presente en nuestras
discusiones y en nuestros trabajos porque, como la mayoría medida y
encuestada del pueblo español, éramos y somos conscientes de dos
realidades que son indiscutibles: de una parte, la necesidad de unos
ejércitos profesionales y, de otra, el rechazo mayoritario al servicio
militar obligatorio.
Como les he dicho y les reitero, perseguir el consenso por parte de todos
los grupos ante un asunto de dimensión histórica y de dimensión de Estado
ha sido una pretensión y una propensión sincera y, a veces, difícil. No
debe preocuparnos que no siempre se haya conseguido el objetivo buscado.
Los portavoces que van a intervenir dentro de un momento se encargarán de
explicar esos desencuentros y de fijar sus legítimas y razonables
posiciones, aunque, finalmente, no todas puedan ser asumidas por la
Cámara.
Para terminar, señor Presidente, me gustaría referirme a los puntos más
sustantivos del dictamen. En primer lugar, partimos de un nuevo escenario
y también de un nuevo orden mundial. La caída del muro de Berlín y la
desaparición de los bloques son elementos de indudable importancia
referencial. De un orden bipolar hemos pasado a otro multipolar,
y las amenazas globales han dado paso a los riesgos y a las amenazas
localizadas. Las armas de destrucción masiva, en manos también de países
pobres y no democráticos, y la proliferación de armas químicas y
biológicas; el resurgimiento de conflictos regionales en Europa y en el
mundo; los circuitos del terrorismo internacional y del narcotráfico; las
catástrofes ecológicas y naturales; las bolsas de pobreza y los
desplazamientos masivos y forzados de población son situaciones que
azotan a la humanidad y requieren nuevas estrategias y nuevas formas de
hacerles frente. Ese combate tiene que desplegarse necesariamente en el
ámbito democrático de la seguridad internacional, de la seguridad
compartida.
De modo que, resumiendo, necesitamos hacer frente a esos retos para
restablecer la paz, para mantener la paz y para producir ayuda
humanitaria, todo ello, en conjunción con la necesaria e imprescindible
defensa del territorio español. Necesitamos unos ejércitos profesionales
que sean más operativos, más flexibles, más reducidos, mejor dotados con
material modernizado, mejor formados, sin discriminación de sexos y con
consideraciones específicas para el retorno a la vida civil.
Estamos hablando en nuestro dictamen de unos ejércitos cuyo contingente
humano se sitúe entre 150.000 y 170.000 hombres, y estamos hablando de un
período transitorio cuyo final se prevé, en principio, para el 31 de
diciembre del año 2002. Les anuncio que en lo tocante a estos puntos y a
otros, como puede ser el capítulo de la financiación, los portavoces
harán sus propias matizaciones y fijarán con toda legitimad su posición.
Lo digo porque, como saben, éstos son asuntos donde existen posiciones
discrepantes.
Finalmente, señor Presidente, señorías, quiero agradecer una vez más a
todos los Senadores miembros de la Comisión Mixta y de la Ponencia su
eficaz y meritorio trabajo, y al Ministerio de Defensa su asistencia y su
disposición a facilitar siempre nuestra tarea parlamentaria. El dictamen
que ahora será debatido y votado por el Pleno hará posible, sin duda, que
el Gobierno presente ante las Cortes los necesarios proyectos de ley que
nos permitirán situarnos en la modernidad con unas Fuerzas Armadas
apropiadas para el comienzo del siglo XXI.
En puridad, señorías, lo que hemos hecho hasta ahora, con la notoria y
eficaz colaboración del Senado, es atender una demanda social inaplazable
y atender, como debe ser, y en sede parlamentaria, un compromiso del
Presidente del Gobierno contraído con la nación en el debate de
investidura.
Nada más y muchas gracias, señor Presidente, señorías.
El señor VICEPRESIDENTE (Aguilar Belda): Gracias, Senador Díaz de Mera.
Se abre el debate de totalidad. ¿Turno a favor? (Pausa.) ¿Turno en
contra? (Pausa.) Se abre turno de portavoces. ¿Grupo Mixto? (Pausa.)
¿Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos? (Pausa.) Por el
Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos, tiene la palabra
el Senador Caballero.
El señor CABALLERO LASQUIBAR: Muchas gracias, señor Presidente.
Cuando hablamos de modelo de Fuerzas Armadas nos estamos refiriendo a un
conjunto de cuestiones que básicamente pueden reducirse a dos bloques
temáticos, como son, por un lado, la concepción o definición política de
las Fuerzas Armadas en el entramado o conjunto institucional del Estado
y, por otro, la organización propiamente dicha de las Fuerzas Armadas o
modelo de ejército en sentido estricto.
A nadie se le oculta la profunda discrepancia que el Partido Nacionalista
Vasco sostiene y mantiene sobre el primero de los extremos citados,
cuestión fundamental y en modo alguno gratuita, que por sí sola debería
condicionar toda decisión que sobre el resto de los asuntos referidos a
las Fuerzas Armadas requiera nuestra participación y toma de postura.
En efecto, el artículo 8 de la Constitución sienta un concepto y define
un papel institucional de las Fuerzas Armadas que bajo nuestro punto de
vista no corresponde con una concepción democrática de un Estado de
Derecho en el que la defensa de su ordenamiento constitucional, lejos de
estar encomendada a unas Fuerzas Armadas --que, en puridad doctrinal,
deben estar alejadas del juego político, sin posibilidad de intervención
en el mismo--, se confía precisamente a ese mismo juego político, a la
ley y a los tribunales. (El señor Presidente ocupa la Presidencia.)
Este principio básico choca con el espíritu y la letra del referido
artículo constitucional que no solamente permite sino que obligaría al
Ejército a intervenir, dado el caso, en el campo de la política, cuando,
en puridad doctrinal, insisto, debe estar alejado de este mismo juego,
sin posibilidad de intervención en el mismo. En otras palabras, la
garantía de un Estado de Derecho radica precisamente en la subordinación
de las Fuerzas Armadas al poder del Estado, dimanante de la soberanía
popular, y a sus decisiones libre y democráticamente decididas, y no a
una posible injerencia de las Fuerzas Armadas en las mismas.
A pesar de ello y lejos de mantener una postura no intervencionista en la
materia, lo que en buena lógica hubiera correspondido, el Partido
Nacionalista Vasco ha proyectado al conjunto de la sociedad su concepción
de lo que deberían ser las Fuerzas Armadas españolas y ha participado, en
la medida en que le ha permitido su específico peso político, en la
configuración del modelo actualmente vigente y en el cambio hacia su
plena profesionalización, cuestión que ahora nos ocupa.
Haciendo, brevemente, un poco de historia, ha de reconocerse que la
postura del Partido Nacionalista Vasco respecto al modelo de las Fuerzas
Armadas españolas ha sido en todo momento lineal e inequívoca. Desde las
primeras elecciones democráticas habidas hemos comparecido al sufragio
universal convocado propugnando en todos nuestros programas electorales
la consecución de un modelo de ejército profesional, complementado, desde
nuestra indiscutible vocación atlantista y europea, por una doble
exigencia u objetivo político, como era la plena integración en el seno
de la Alianza Atlántica y la constante reclamación de políticas activas
tendentes a la definición de una identidad
europea de la defensa y seguridad, con el paralelo desarrollo de unas
Fuerzas Armadas europeas.
Esta posición fue defendida por primera vez en sede parlamentaria con
ocasión del debate de la Ley Orgánica del Servicio Militar en el año
1984, a la cual nos opusimos en solitario --todo hay que decirlo-- al
entender que el modelo de ejército de conscripción que diseñaba era no
solamente una interpretación extensiva y forzada del artículo 30 de la
Constitución, sino que no respondía a las necesidades y perspectivas
entonces emergentes de un «statu quo» internacional cambiante y en
profunda crisis, como después el tiempo nos ha confirmado.
Esta misma opinión o posicionamiento político nos llevó a abstenernos a
la hora de la aprobación de la Ley de Plantillas o FAS 2000, por
considerar que con el modelo mixto que proponía se avanzaba hacia la
plena profesionalización de las Fuerzas Armadas pero advirtiendo,
asimismo, un hecho ya apuntado en la anterior intervención parlamentaria,
como era la existencia de una profunda reclamación social, no solamente
personificada en la juventud española, de denuncia y rechazo del servicio
militar obligatorio, que debería merecer, como tantas otras inquietudes
sociales, nuestra atención política y legislativa.
Nos acercamos así al actual período legislativo y a la decisión, sin
duda, transcendental, de adoptar un modelo de ejército profesional;
modelo cuya existencia es promulgada en su inicio de una forma tímida
--recordemos que su logro se condicionaba a posibilidades
presupuestarias--, si bien terminó por convertirse en una decisión firme
y a fecha fija. El primer eslabón de este modelo de ejército se forjó
precisamente en esta Cámara, a la cual corresponde hoy, como así lo
esperamos, ratificar las conclusiones contenidas en el dictamen elaborado
por la Comisión Mixta de referencia, en la que mi Grupo ha participado
con un verdadero espíritu constructivo. Aprovecho el momento para
agradecer al Senador Díaz de Mera las amables palabras que ha dirigido a
mi persona, que las entiendo dirigidas en todo caso a mi Grupo.
Respecto al informe de la ponencia, tres fueron, señorías, las enmiendas
que en su día presentamos al informe redactado. Las dos primeras venían a
reclamar una necesaria participación del Parlamento en el texto original;
texto que ignoraba esta necesaria participación, como digo, en dos
aspectos o cuestiones tan fundamentales como eran la fijación del número
de efectivos y la posible reducción del período transitorio previsto para
el cambio del modelo.
Respecto al contingente entendíamos, y así ha quedado reflejado en el
dictamen, que su aprobación debería corresponder en todo caso al
Parlamento y no al Ministerio de Defensa, razón por la cual propusimos
que, fijado como queda un número máximo de efectivos, la entidad real de
los ejércitos se determinará por períodos quinquenales en la
correspondiente ley de plantillas en sede parlamentaria.
Esta misma intervención parlamentaria también la exigíamos para una
posible revisión del período transitorio fijado. En este sentido
consideramos entonces y ahora que la fecha prevista para la culminación
del proceso de profesionalización debe entenderse en todo caso como
irrenunciable, es decir, como el momento a partir del cual en modo alguno
pervivirá el servicio militar obligatorio, pero sí revisable a la baja,
siempre, claro está, que se den las necesarias condiciones y que con ello
no se perjudique el normal desarrollo del mismo. De ahí que consideremos
necesaria esa intervención parlamentaria que el dictamen prevé para que,
en definitiva, esa reducción del plazo que todos deseamos, y que también
constituye una reclamación social, sea decidida por los legítimos
representantes de la soberanía popular, a quienes se deberán aportar
periódicamente cuantos datos precisen para una correcta decisión al
respecto.
Una tercera enmienda no tuvo cabida en el texto que hoy merece nuestra
atención y venía referida al papel de los ayuntamientos en las labores de
reclutamiento. Todas sus señorías conocen la postura discrepante de mi
Grupo al respecto; de ahí que hayamos mantenido esta enmienda, que ahora
anuncio que la retiramos toda vez que en parte fue atendida y aprobada
mediante la resolución número 99 en el debate sobre el estado de la
nación del mes pasado. también quiero dar a conocer el compromiso
expresado por los Grupos que conforman la mayoría de ambas Cámaras de que
dichas funciones cesarán de realizarse por las corporaciones municipales,
una vez aprobada la futura ley de profesionalización, pasando a ser
competencia y responsabilidad de la Administración del Ministerio de
Defensa.
Termino, señor Presidente, anunciando el voto favorable de nuestro Grupo
al dictamen de profesionalización de las Fuerzas Armadas; congratulándome
por un largo y profundo proyecto político que ha estado presente en el
Partido Nacionalista Vasco desde el comienzo de la democracia; y
reiterando el ánimo de consenso que nos anima ante una cuestión de la
máxima trascendencia para el Estado, porque el reto sigue estando ahí:
alcanzar y conformar un ejército capaz de ocupar un puesto importante en
el concierto defensivo occidental y capaz de hacer sentir su peso, y en
consecuencia el peso del Estado, en el contexto internacional de la
defensa y de la seguridad común.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, Senador Caballero.
Por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió,
el Senador Carrera tiene la palabra.
El señor CARRERA I COMES: Muchas gracias, señor Presidente.
A lo largo de estos meses y de un proceso que sin duda ha sido abierto
por parte de casi todos los grupos parlamentarios, hemos sido capaces de
ir perfilando las bases de un nuevo modelo de seguridad, un nuevo modelo
de Fuerzas Armadas que se ajusta a una serie de ejes con los que el Grupo
Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió está totalmente
de acuerdo. ¿Cuáles son estos ejes fundamentales? Un nuevo modelo que
responda al actual escenario internacional, que aspire a participar en el
diseño de una verdadera política común europea de seguridad; un nuevo
modelo basado en la supresión del servicio militar, con la incorporación,
al mismo tiempo, de
criterios de transparencia y control político de las políticas de
defensa.
Por otra parte, entendemos que el dictamen que se somete a consideración
recoge la mayoría de las propuestas que los grupos parlamentarios han ido
realizando, incluso las del Grupo Parlamentario Socialista a pesar de su
voto en contra.
En cuanto a la visión presupuestaria, el informe lo deja marcado en sus
justos términos, es decir, en función de la evolución del entorno
estratégico, de la evolución de los parámetros macroeconómicos y de las
prioridades presupuestarias que se marquen en cada ejercicio, por lo que,
en este sentido, nos parece mucho más real, y por tanto asumible, que
hacer referencia a un porcentaje concreto del PIB.
Con la aprobación del presente dictamen se va a dar luz verde, de manera
definitiva, a una de las decisiones políticas y sociales seguramente de
mayor calado de las que vamos a tomar en esta legislatura. Estamos
adoptando una decisión que va a afectar a millones de familias y jóvenes
de todo el Estado, y vamos a iniciar un proceso para acabar con una
situación que durante largos años ha afectado exclusivamente a
determinados valores de nuestras sociedades.
Desde la perspectiva de Convergència i Unió, que desde 1989 ha
incorporado este objetivo en sus propuestas políticas, la decisión que va
a tomar esta Cámara supone una satisfacción especial, no tanto porque
figurara en nuestra propuesta electoral para esta legislatura, sino
también porque formó parte, y además importante, del conjunto de la
negociación que permitió, por ejemplo, la investidura del Presidente del
Gobierno.
Pero no sólo estamos a favor por una cuestión estrictamente partidista
--no sería bueno que así fuera--, sino porque la propuesta es coherente
en diferentes aspectos: respecto al cambio de escenario filoestratégico,
a los cambios tecnológicos y de utilidad de los propios ejércitos, a la
evolución del modelo de Fuerzas Armadas y al cambio de valores que el
conjunto de las sociedades europeas ha asumido, como son la cooperación,
la diplomacia preventiva, la seguridad compartida o la seguridad humana.
Este cambio de valores, este cambio tecnológico y de escenario, esta
evolución de los modelos de las Fuerzas Armadas, llevan necesariamente a
la definición de nuevas misiones, pero también a la elaboración de un
nuevo modelo de ejército, y hoy, señorías, el entorno apuesta claramente
por modelos de ejércitos profesionales. Hoy ya no hay motivos ideológicos
para mantener el carácter del servicio militar obligatorio como tal.
Desde nuestra perspectiva, el dictamen que se somete a la aprobación del
Pleno recoge aspectos que a nuestro entender son esenciales y que
justifican no sólo nuestro voto favorable, sino el que no podamos votar a
favor de ninguna de las enmiendas o votos particulares que todavía se
mantienen vivos. ¿Cuáles son estos aspectos a nuestro entender
importantes?
El dictamen da un marco político para la decisión y va a permitir
formular los proyectos de ley que desarrollen este nuevo modelo; deja muy
claro que se sitúa en el nuevo entorno de la seguridad en Europa; recoge
el nuevo concepto de seguridad compartida, entendiendo que hoy la
seguridad no se resuelve tan sólo a través de la vía militar, sino que
los problemas a los que deben hacer frente las sociedades europeas son
problemas políticos, económicos, sociales, culturales, demográficos y
ecológicos y que, por tanto, las respuestas que hay que dar deben darse
precisamente dentro de este abanico de sentidos.
El dictamen apuesta por una identidad europea de defensa y por potenciar
la Unión Europea occidental; también destaca la coherencia de este
proceso en relación al iniciado en 1991, sin el cual sería ahora
imposible tomar la decisión que vamos a tomar, y en el que el Partido
Socialista tuvo una decisiva aportación, lo que hace todavía más difícil
de entender su voto actual. El dictamen recoge la necesidad de una
cultura de defensa, del concepto de los militares como ciudadanos de
uniforme y de la necesidad de una mayor transparencia y control, así como
que la formación tenga en cuenta la realidad pluricultural del Estado y
que se asuma la necesidad de una mayor objetivación de las causas de
exclusión.
Además el dictamen recoge otras dos cuestiones, las más controvertidas
sin duda, señorías, pero que a nuestro Grupo le parecen totalmente
asumibles. Me estoy refiriendo al contingente y al período transitorio.
Las legítimas pretensiones del Ministerio de Defensa, en respuesta a los
planteamientos de los cuarteles generales, eran en principio de 170.000
hombres. La apuesta del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de
Convergència i Unió siempre ha sido la de un contingente más reducido.
Finalmente, nuestra propuesta de horquilla, situada entre los
150.000/160.000 hombres, como máximo y a la baja, entendemos que es
encajable y me atrevería a decir que incluso también debería haberlo sido
por el Grupo Parlamentario Socialista, que mantiene una posición no muy
distante sino más bien próxima a esta propuesta de contingente.
El período de transición también es motivo de discrepancia, pero queda
claro en el dictamen que deberá ser lo más corto posible, como máximo al
31 de diciembre del 2002, y con voluntad decidida de acortarlo.
Termino, señor Presidente, diciendo que creemos firmemente que se ha
hecho un buen trabajo en Ponencia y en Comisión; que ha habido
significativas aportaciones de todos los grupos parlamentarios, a lo que
ha hecho referencia el portavoz del Grupo Parlamentario Popular, Senador
Díaz de Mera, y yo incluso diría, señor Senador, que también han hecho
grandes aportaciones incluso los que no han logrado incorporar sus
enmiendas, porque eso ha permitido cierto desarrollo de los debates
habidos, y únicamente quedamos a la espera de la tramitación de los
correspondientes proyectos de ley en la confianza de que el Grupo
Parlamentario Socialista se vaya incorporando a este mayor consenso en
esta tramitación posterior que se va a producir, dejando constancia una
vez más de que, con la aprobación del presente dictamen, tomamos una de
las decisiones más importantes y de mayor trascendencia de esta
legislatura.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, Senador Carrera.
Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el Senador
Varela.
El señor VARELA FLORES: Muchas gracias, señor Presidente.
Señorías, en primer lugar quiero afirmar que el Grupo Parlamentario
Socialista comparte con todos los demás en esta Cámara el objetivo de
alcanzar unas Fuerzas Armadas plenamente profesionales, suprimiendo con
ello el servicio militar obligatorio y la prestación social sustitutoria.
La Comisión Mixta no se ha creado para decidir si profesionalización sí o
profesionalización no. Eso ya fue una decisión previamente adoptada. Se
crea para establecer la fórmula y los plazos para alcanzarla.
Hay que reconocer que el trabajo de la Ponencia ha sido muy importante.
La cantidad y variedad de comparecientes citados por el señor Díaz de
Mera es un dato elocuente de ello. Nos ha instruido a todos, y en este
punto quiero hacer reconocimiento al esfuerzo del Presidente de la
Comisión de Defensa del Senado por el empeño puesto para que esta Cámara
formara parte de la Ponencia especial no prevista en los Reglamentos y
que ha servido para salvaguardar el protagonismo de la misma en una
materia tan importante, pero de cuyo resultado final no podemos
alegrarnos, a pesar de que ese resultado no constituye sorpresa alguna
para el Grupo Socialista del Senado, que recuerdo que se abstuvo cuando
aquí se votó la creación de la Comisión porque consideraba que no existía
voluntad por parte del Gobierno y de sus socios para encontrar puntos de
acuerdo con el resto de los grupos parlamentarios. El tiempo nos ha dado
la razón. No obstante, el Grupo Socialista ha participado, como no podía
ser menos, con voluntad de colaboración elaborando una alternativa
completa al texto planteado, una alternativa basada en el análisis de las
necesidades futuras de la defensa, de las posibilidades económicas para
afrontarlas y de las exigencias sociales actuales; una alternativa
posible y equilibrada, explicada de forma pormenorizada que, al no haber
sido tenido en cuenta, ha dado lugar a las enmiendas que hoy defendemos
aquí.
Comenzando por la determinación del tamaño de las futuras Fuerzas Armadas
profesionales, quiero recordar lo que quizá no haga falta, porque lo
repiten siempre los responsables del Ministerio de Defensa y los miembros
del Grupo Popular cada vez que se refieren al compromiso del por entonces
candidato Aznar en el debate de su investidura, que afirmó la necesidad
de alcanzar unas Fuerzas Armadas más operativas, más flexibles, más
reducidas y mejor dotadas. Estamos plenamente de acuerdo con lo
proclamado. Consideramos que 140.000 efectivos es una cifra suficiente, y
tres son los elementos importantes para defender este número. Está claro
que una fuerza profesionalizada, con mejor material y modernizada,
requiere un menor número para mantener la misma eficacia que una fuerza
dotada con recluta obligatoria. Otro de los elementos es que pertenecemos
en estos momentos a la organización defensiva más poderosa del mundo y,
por lo tanto, nuestra seguridad está compartida. Cualquier conflicto que
pueda amenazarnos exige la intervención del resto de los países de la
Alianza Atlántica. Un tercer punto es la reducción generalizada en los
países más potentes, es decir, en toda Europa occidental, en los países
del Este y en los dos países de América del Norte, a raíz precisamente
del desmantelamiento del Pacto de Varsovia. Todo ello nos hace pensar que
la cifra máxima establecida en este dictamen de 170.000 efectivos es
innecesaria y se aproxima a la contemplada en el modelo que hemos
decidido abandonar.
En segundo lugar, el plazo. Cuando se aprobaba la creación de la Comisión
se afirmaba por los autores de la iniciativa --cito textualmente-- lo
siguiente: Se propone la consecución de los ejércitos profesionales en un
plazo razonable y concreto, el año 2001. Hoy el dictamen recoge la fecha
anunciada previamente por el Ministro de Defensa --que ha ido marcando
las pautas de su contenido-- del año 2002, un año más tarde. Consideramos
que se puede mantener el servicio militar obligatorio hasta el año 2002,
pero es posible y es necesario que sea suprimido antes de esa fecha. Es
posible, porque no tiene por qué coincidir la fecha de supresión del
servicio militar obligatorio con la fecha de profesionalización plena de
las Fuerzas Armadas, es decir, con la fecha en la que se alcanza el
número de efectivos deseado. Y es necesario por la demanda social
permanente que ha experimentado la evolución en la problemática conjunta
servicio militar obligatorio-objeción de conciencia, teniendo en cuenta
que en este año se prevé que el número de objetores sea de 160.000, una
cifra al alza.
En tercer lugar, quiero referirme al coste del nuevo modelo y a la
fórmula de financiación. Después de haber anunciado el Ministro varias
cifras diferentes, el informe opta por no comprometerse con ninguna,
dejando todo confiado a los presupuestos generales de cada ejercicio, eso
sí, con la declaración de que la cantidad será la suficiente. Nosotros
creemos que es necesario un mayor compromiso; que el Gobierno está
obligado a mojarse en esta materia para asegurar los objetivos de este
proceso y para ello tendría que establecer un plan de financiación
plurianual. También creemos que los ciudadanos tienen derecho a saber en
estos momentos lo que va a suponer realmente el cambio de modelo, y de
esta forma no lo saben ellos ni lo sabemos nosotros.
Finalmente, creemos que en un tema de tanta trascendencia como éste el
consenso era necesario, porque lo que se decida en este momento no tiene
después fácil modificación. Ustedes no han querido verlo así y hoy
tenemos que votar en contra.
Señorías, el 6 de junio de 1996, el Ministro de Defensa decía: Es preciso
contar con el máximo apoyo del Parlamento para llevar a buen puerto este
ambicioso programa. Pues bien, es una lástima que al final de los
trabajos de la Comisión sólo puedan contar con el apoyo mínimo para
sacarlo adelante, con el apoyo con el que ya contaban al principio, al
iniciarse los trabajos de la Comisión. Nosotros estamos de acuerdo con el
objetivo, pero en desacuerdo con la fórmula propuesta.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, Senador Varela.
Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el Senador
Elorriaga.
El señor ELORRIAGA FERNANDEZ: Muchas gracias, señor Presidente.
Sin que esto signifique que anuncie una larga intervención --que
procuraré que sea breve-- y dado que he renunciado al turno a favor del
dictamen, voy a intervenir en el turno de portavoces para hacer las dos
cosas, la defensa del dictamen y la contestación a las enmiendas que aquí
se han presentado.
Ante todo, quiero comenzar agradeciendo las intervenciones de los
portavoces del Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos y de
Convergència i Unió que han anunciado su apoyo al dictamen, como no podía
ser menos, y que ya lo habían manifestado en el trámite en Comisión, así
como su intenso y eficiente trabajo en la Comisión Mixta Congreso-Senado,
según ha explicado su Presidente.
Quiero decir al Senador Caballero que, sin entrar para nada en la
disquisición constitucional que ha hecho al principio, que no tiene nada
que ver con el tema a discutir hoy, es evidente que el Grupo
Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos ha hecho patente su apoyo
al proceso de profesionalización y modernización de una forma
constructiva, real e inequívoca, que agradecemos mucho desde el Grupo
Parlamentario Popular del Senado y que se ha manifestado en el anuncio de
su voto a favor.
Al Senador Carrera he de manifestarle el agradecimiento por su aportación
valiosa y conciliadora en todo momento en la Comisión Mixta
Congreso-Senado. Por referirme a alguno de los puntos de su intervención,
que sirve un poco de contestación a temas que están en el ambiente y que
conviene aclarar, me ha resultado especialmente útil su referencia a la
diplomacia preventiva como forma de conseguir la paz. Esto,
evidentemente, es una realidad de nuestra época, y España en este momento
está realizando la diplomacia preventiva más intensa que haya realizado
nunca al estar plenamente integrada en todos los organismos
internacionales --a nivel mundial, a nivel atlántico y a nivel europeo--
que luchan por la paz, pero hay que saber --en otros ambientes parece que
no se sabe, aunque no naturalmente en el de estos grupos-- que la
diplomacia preventiva también exige contar con una fuerza que la
respalde, o, para que se entienda lo que queremos decir, que detrás de
cada embajador haya siempre un agregado militar, y que justamente esta
aportación de fuerza que se supone que España hará a través de sus
Fuerzas Armadas profesionales en el futuro, debe estar proporcionada a
las necesidades de esa diplomacia preventiva que tiene sus
contraprestaciones porque nadie, naturalmente, entra en la diplomacia
preventiva para ser defendido por los demás, sino que aporta los
elementos que le corresponden para participar en unas fuerzas de paz y
seguridad de alto nivel similares a las de los países que participan en
esa diplomacia internacional compartida.
En cuanto a la posición del Grupo Socialista he de decir lo que se ha
dicho aquí reiteradamente. Lamentamos que no haya habido consenso y
siento muy sinceramente que el Senador Varela --tan estimado por todos
nosotros-- tenga que mantener esta actitud. Está claro que hay unas
diferencias de criterio, pero no son grandes, ya que sustancialmente hay
un objetivo básico compartido y común a todos los grupos, incluido el
Socialista; aunque hay unos ligeros puntos de desacuerdo no son de
suficiente entidad para explicar su postura. Que el Grupo Socialista
proponga que debe haber 140.000 soldados cuando se le ofrece una
horquilla de 150.000-170.000, realmente es un tema poco significativo o
de falta de flexibilidad. Si se compara con el mínimo la diferencia es de
10.000, muy pequeña, y si piensa que se va a llegar al máximo es una
diferencia muy grande, pero en todo caso habría que explicar por qué esa
diferencia. El estudio que se ha hecho para fijar una fecha aproximativa
está basado en una realidad evidente: las Fuerzas Armadas de que España
ha dispuesto hasta este momento, las que debe disponer en el futuro
cuando sean profesionales y qué elementos humanos pudieran ser los
convenientes para mantener ese dispositivo que se ha creado, en parte muy
importante, por la propia proyección de futuro y por el propio sentido
del Estado de los gobiernos del Partido Socialista. Es decir, es evidente
que si tenemos una tecnificación de futuro en la que hay unos planes de
aviones Eurofighter, de carros Leopard, de fragatas, una división adjunta
al cuerpo de ejército europeo o unas unidades adscritas a la OTAN,
etcétera, tenemos unas previsiones y para que esos números fueran
diferentes tendrían que decirme si es que al ejército español le sobran
seis fragatas, dos bases aéreas o dos brigadas, pero el decir que deben
ser 140.000 hombres parece que es número redondo, un poco caprichoso.
Realmente no se comprende el empecinamiento en ese número, máxime cuando
no se habla de un número fijo, porque además se entiende que
quinquenalmente el Parlamento va a revisar ese número. De alguna forma se
presentarán al Parlamento las reformas que convenga hacer en un tema tan
elástico como es la política de seguridad y defensa.
Hay que esperar que vivamos un horizonte de paz, pero vivimos en un mundo
con muy pocas esperanzas de que no haya --digamos-- imprevistos. Cuando
estábamos iniciando estos trabajos parecía que España estaba a punto de
retirar una brigada de Bosnia y actualmente no sólo no la ha retirado,
sino que está considerando si mandar fuerzas a Kosovo; en este momento
hay unas convulsiones civiles en Africa, continente respecto al cual
somos la punta avanzada de Europa; en estos momentos --cosa insospechada
y verdaderamente lamentable-- estamos viviendo otra vez una carrera de
armamento nuclear entre dos países asiáticos. Es decir, que es muy
difícil presuponer en este momento un número exacto de hombres que
necesitaremos. Hay una cifra máxima y otra mínima, que son una
aproximación, una posibilidad.
Por otro lado, hay una realidad y es que cuando vamos a montar un
ejército profesional, señor Varela, hay que partir de la base de que éste
tiene dos adjetivos: profesional, sí, pero también voluntario. Hay un
elemento de voluntariedad. Es decir, en estos momentos yo no sé cuántos
voluntarios va a haber ni cuánto van a durar en filas.
El sistema que se va a ensayar tiene algo de experimental. Primero, hay
que ver qué número de vocaciones militares hay en este país; y, segundo,
una vez que entren en el período corto --porque hay uno largo y otro
corto-- de compromiso, cuántos siguen una carrera militar estable o si no
son captados para ella. Por tanto, habrá unas variaciones muy
difícilmente fijables con exactitud en estos momentos y, por
consiguiente, es muy difícil que se planifique en números mínimos, sino
que más bien haya un margen tirando un poco hacia arriba porque, a lo
mejor, un año hay más y otro menos o los que se cree que van a estar en
el ejército seis años resulta que sólo están uno. Es decir, hay unas
variantes que exigen y hacen conveniente que haya estos márgenes. Es la
única razón por la que no hemos podido, como sería nuestro gusto, acceder
a una fijación mínima de personal y conseguir el consenso. Tampoco
estamos seguros de que si nosotros hubiésemos aceptado 140.000 hombres no
hubieran dicho ustedes que deberían ser 130.000. Es un tema tan elástico
y discutible, que realmente, lamentándolo mucho, no hemos podido llegar a
un acuerdo.
Ocurre lo mismo con el tema de las fechas. Estamos discutiendo una fecha
de dos años. Ustedes hablan del año 2000 y nosotros del 2002. Realmente
el futuro nunca está escrito. Yo no sé si acabará suprimiéndose el
servicio militar antes o después. Es perfectamente posible que sea antes,
pero no podemos poner unas fechas tan ajustadas ni aceptar que la
anulación del servicio militar pueda coincidir o no con la
profesionalización. Lo que no puede crearse en un período de transición
es un vacío operativo en las unidades sin esperar a saber qué es lo que
ha pasado con la incorporación de los nuevos soldados profesionales.
Yo creo que hay que tener flexibilidad y dejar un cierto margen de
maniobra a quienes tienen que realizar esto en el plano ejecutivo y no
podemos empeñarnos desde el plano legislativo en limitarles de tal manera
los números, las fechas, en plazos tan cortos y en cifras tan estrictas,
que no tengan margen de maniobra para actuar.
Por lo demás, yo creo que hay una futura ley a debatir aquí, en la cual
yo espero que haya ocasión de que estas discrepancias, a mi modo de ver
no significativas, puedan solucionarse y que, al final, podamos llegar a
ese consenso internacional en un asunto de Estado de interés nacional e
inclusive internacional y no partidista para todos como es la formación
de un ejército que ha de estar a la altura del momento internacional que
vive España.
En cuanto a la financiación, ¿cómo los Presupuestos Generales del Estado
no van a poder modificar la financiación? Siempre se podrá hacer. Yo creo
que si hiciésemos absolutamente rígida la financiación desde este
momento, molestaríamos, inclusive, a un posible Gobierno Socialista que
tuviera que hacer esos Presupuestos Generales del Estado el día de
mañana. De alguna manera, es evidente que todos los años la Ley de
Presupuestos Generales del Estado podrá modificar la financiación y la
aplicación de los presupuestos de las Fuerzas Armadas, lo cual no quiere
decir que no haya unos planes de más amplitud, los grandes planes, los
grandes programas que pueden ser producto de consenso entre todos y deben
tener, efectivamente, una financiación por encima del presupuesto de cada
año.
Sólo me resta decir, por hacer una brevísima exposición de la esencia de
lo que aquí se va a aprobar, que este dictamen que vamos a aprobar,
aunque es evidente que significa la suspensión del servicio militar
obligatorio, está basado, por un lado, en que el momento tecnológico y de
política internacional en que vivimos exige una capacidad de proyección
exterior y de preparación del soldado que no entra en los plazos de un
servicio militar, por supuesto, cortísimo hoy en día, pero que, aunque
fuese más largo difícilmente sería aceptable. Y, por otro lado, hace
mucho tiempo también que en el ambiente político de la Nación viene
planteándose el tema de la dificultad de la salida al exterior del
soldado que realiza el servicio militar obligatorio. Es decir, hacen
falta soldados que puedan estar presentes, no allí donde España los
necesite, sino donde España, sus aliados o el Consejo de Seguridad de
Naciones Unidas los necesite. Y esta demanda de soldados operativos y
disponibles dentro de un sistema de defensa colectiva que está ofreciendo
unas áreas de paz importantes al mundo en que vivimos, sobre todo al área
atlántica en la que participamos, exige que haya un Ejército
profesionalizado, porque el otro no es útil ni suficiente. Este Gobierno
va a preparar pronto un proyecto de ley que permita aclarar el tema para
que no sigan las Fuerzas Armadas Españolas divididas en un modelo mixto
que en su día contó con el apoyo de todos y que significó la existencia
de una parte del ejército profesional disponible y de una parte que no lo
está, que realmente se viene convirtiendo exclusivamente en una rémora al
no ser posible su aplicación a las misiones que en tiempos de paz se
exigen de las Fuerzas Armadas españolas.
Quiero, finalmente, hacer una alusión importante, porque es uno de los
asuntos esenciales del dictamen, y es que éste encomienda a los autores
de los posibles proyectos legales que se estudie la posible promoción
interna dentro de las Fuerzas Armadas, pero también la reinserción en la
vida social de los futuros soldados profesionales en los que han de
basarse esas esperanzas de vida profesional para que haya un voluntariado
de calidad y una atractiva vida profesional para las personas que van a
formar esos cuadros de españoles destinados a las misiones permanentes de
paz, seguridad y cooperación internacional.
No creo que sea necesario alargarse más. Estos son temas muy discutidos
por todos y sabemos bien cómo pensamos, también hemos anunciado cómo
vamos a votar, por lo que sólo me queda terminar reiterando al Grupo
Parlamentario Socialista que, dado que hoy no lo ha podido pensar mucho,
como va a tener mucho tiempo hasta que en el nuevo período de sesiones se
presente el proyecto de ley, se lo piense bien y lleguemos a un acuerdo
para que verdaderamente exista un consenso total en este asunto.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, Senador Elorriaga.
Vamos a proceder al debate del voto particular.
En primer lugar, Grupo Parlamentario Mixto. (Pausa.) Grupo Parlamentario
de Senadores Nacionalistas Vascos. (Pausa.) Grupo Parlamentario
Socialista. (Pausa.)
Se ha dado por defendido.
A continuación, vamos a proceder a la votación.
En primer lugar, votamos el voto particular del Grupo Parlamentario
Socialista.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 227; a
favor, 90; en contra, 135; abstenciones, dos.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazado.
A continuación, votamos el texto del dictamen.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 228; a
favor, 135; en contra, 90; abstenciones, tres.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobado.
CONVENIOS ENTRE COMUNIDADES AUTONOMAS PARA LA GESTION Y PRESTACION DE
SERVICIOS PROPIOS DE LAS MISMAS:
-- DICTAMEN DE LA COMISION GENERAL DE LAS COMUNIDADES AUTONOMAS SOBRE
EL CONVENIO DE COLABORACION ENTRE LA COMUNIDAD DE MADRID Y LA COMUNIDAD
AUTONOMA DE CASTILLA Y LEON SOBRE DISTRIBUCION DE ACTIVIDADES EN MATERIA
DE INFRAESTRUCTURA VIARIA EN ZONAS LIMITROFES, SUSCRITO EL DIA 3 DE ABRIL
DE 1998 (592/000008).
El señor PRESIDENTE: Pasamos al punto octavo del orden del día: Dictamen
de la Comisión General de las Comunidades Autónomas sobre el convenio de
colaboración entre la Comunidad de Madrid y la Comunidad Autónoma de
Castilla y León sobre distribución de actividades en materia de
infraestructura viaria en zonas limítrofes.
¿Alguna intervención? (Pausa.)
¿Puede entenderse aprobado por asentimiento? (El señor García Carnero
pide la palabra.)
Senador García Carnero.
El señor GARCIA CARNERO: Señor Presidente, deseamos intervenir en el
turno correspondiente de portavoces.
El señor PRESIDENTE: La información que había llegado a esta Presidencia
era que no iba a haber presentación del Dictamen ni ninguna intervención;
no lo he afirmado gratuitamente.
En consecuencia, pasamos al turno de portavoces.
¿Grupo Parlamentario Mixto? (Pausa.)
¿Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos? (Pausa.)
¿Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió?
(Pausa.)
Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el Senador
Serrano.
El señor SERRANO ALVAREZ-GIRALDO: Muchas gracias, señor Presidente.
Señorías, con suma brevedad, dado lo avanzado de la hora, debo decir que
la Comisión General de las Comunidades Autónomas, en su sesión celebrada
el día 14 de mayo pasado, aprobó el Dictamen y tomó conocimiento de la
comunicación sobre la celebración del Convenio de colaboración entre la
Comunidad de Madrid y la Comunidad Autónoma de Castilla y León sobre
distribución de actividades en materia de infraestructuras en zonas
limítrofes.
El mencionado convenio, suscrito por los Presidentes de ambas Comunidades
Autónomas, al amparo de lo dispuesto en sus respectivas leyes de gobierno
y administración y de las competencias exclusivas que sobre la materia
contemplan sus Estatutos de Autonomía, tiene como objetivo materializar
un acuerdo de distribución y coordinación de actuaciones en materia de
conservación, explotación, mejora y viabilidad invernal de cuatro tramos
de carreteras fronterizos, sin que en ningún caso afecte a la titularidad
de los mismos.
Para ello se precisan actuaciones concretas sobre la conservación de los
tramos objeto de convenio, de forma que se realicen las operaciones que
proporcionen a la carretera el mejor nivel posible de utilización en el
momento presente y en el futuro, actuando de forma ordinaria en la
conservación, extraordinariamente cuando sea necesario una gran
reparación y, preventivamente, mediante reparaciones superficiales.
Al margen de la literalidad del convenio, me permitirá, señor Presidente,
que haga unas consideraciones de interés en estos momentos, que ponen de
manifiesto la conveniencia de actos como el que hoy nos ocupa.
De los cuatro tramos objeto del convenio, afectan a carreteras que
discurren por la provincia a la que me honro en representar en esta
Cámara, Avila, dos de ellos, y ambos sirven de paso para la capital de
España de un buen número de abulenses que a diario se trasladan desde
esas zonas limítrofes por cuestiones laborales o de gestión, tanto del
Valle del Tiétar, como la zona de Pinares o del Valle del Alberche, que
son las más pobladas de la provincia y las más turísticas, por lo que
durante los fines de semana y en las épocas de vacaciones son miles los
madrileños que viajan hacia ellas por tener allí su segunda residencia o
para disfrutar de unos parajes y un clima que son únicos en esa zona.
Para que se puedan hacer una idea de las magnitudes que comento, baste
decir, señorías, que estas zonas de mi provincia ven multiplicada su
población hasta por diez en tiempo de vacaciones, y el 95 por ciento de
los visitantes pertenecen a la Comunidad de Madrid, por lo que ambas
vías, la regional, M-505, de Las Rozas a Avila, por El Escorial, y la vía
regional C-501, antigua nacional de Alcorcón
a Plasencia, por San Martín de Valdeiglesias, requieren una atención
preferente que facilite los numerosísimos desplazamientos que se producen
por ellas.
Hoy mismo, señor Presidente, treinta alcaldes del Valle del Tiétar, del
Alberche y de la zona limítrofe de la provincia de Madrid, encabezados
por el primer edil de San Martín de Valdeiglesias, están pidiendo a los
Presidentes que suscriben este convenio mayor atención para una vía que
consideran vital para su territorio. Valga solamente la mención para
dejar constancia en esta Cámara de sus inquietudes y como apoyo a unas
reivindicaciones que considero absolutamente justas.
No puedo dejar pasar la ocasión para demandar desde esta tribuna una
solución urgente para el tramo de esa misma carretera, la comarcal 501,
comprendido entre el anejo de Arenas de San Pedro, Ramacastañas y
Candeleda, que lleva paralizado casi siete años por problemas
jurídico-administrativos. No hay que olvidar que Candeleda es la frontera
de mi provincia con Extremadura y que el ahorro de tiempo y de comodidad
del nuevo trazado, si ya estuviese realizado, les está siendo impedido a
sus habitantes y al desarrollo del que hace tiempo hubiera disfrutado su
municipio.
Señorías, si todos deseamos que el Senado sea una Cámara de
representación territorial, quizás estos problemas de difícil engarce en
el actual sistema de las Autonomías tendrían una solución más fácil. Y
si, en ocasiones, como decía el Senador Granado en la Comisión General de
las Comunidades Autónomas, se han identificado los límites provinciales
como uno de los factores que dificultan el desarrollo de algunas zonas
concretas de nuestro territorio, en estos casos específicos se hace más
evidente, por cuanto las comunicaciones de estas zonas limítrofes de mi
provincia son vitales para el progreso y el futuro de las mismas. Las
cuatro carreteras que contempla el convenio tantas veces aludido, las dos
mencionadas más la carretera regional C-604 del Puerto de Navacerrada y
la regional complementaria, Segovia, SG-612, desde el Puerto de Navafría
hasta el municipio segoviano del mismo nombre, vertebran a las
Comunidades Autónomas que lo suscriben y a partir de este momento lo van
a facilitar aún más.
Por ello, señor Presidente, señorías, mi grupo y yo consideramos este
convenio absolutamente necesario y, aparte de concederle nuestro voto
favorable, animaríamos al resto de las Administraciones implicadas a
incrementar su número y a estudiar soluciones conjuntas que permitan el
desarrollo armónico de las zonas afectadas en todo el territorio español.
Nada más y muchas gracias, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, Senador Serrano Alvarez.
Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el Senador García
Carnero.
El señor GARCIA CARNERO: Muchas gracias, señor Presidente.
Señorías, nosotros intervendremos de forma breve, en primer lugar, para
dejar constancia del apoyo que nuestro grupo presta a este convenio
suscrito entre las Comunidades de Madrid y de Castilla y León. No sólo,
señorías, por el contenido en sí del propio convenio. Desde luego, no
haremos ningún tipo de reivindicación, ni de discusión sobre el contenido
del mismo, porque, en todo caso, corresponde a las Administraciones
regionales competentes la colaboración y el acuerdo al que han llegado.
Lo que sí haremos es dejar patente que estos esfuerzos por coordinar las
actuaciones de ambas Administraciones, que la promoción conjunta de
proyectos, como en este caso, o la búsqueda de mecanismos para impulsar
fórmulas de colaboración que dan lugar al intercambio de experiencias y
al establecimiento de mecanismos interregionales de control de esas
gestiones, nos parecen una actuación en la justa interpretación
constitucional del espíritu de las Autonomías. Eso es, a nuestro juicio,
colaboración interinstitucional, más allá del contenido explícito de los
tramos de carreteras que cada una de estas Comunidades haya decidido
acometer de manera coordinada.
Señorías, nos parece que es necesario resaltar ante esta Cámara el hecho
de que dos Comunidades Autónomas se hayan puesto de acuerdo para
sobrepasar mediante este tipo de acuerdos, lo que en muchas ocasiones,
como ya se ha dicho antes aquí, eran líneas o fronteras imaginarias,
barreras para el desarrollo y freno para la intercomunicación. Señorías,
nos parece que la reivindicación, que ha sido de manera permanente el
único estandarte o ariete utilizado ante la Cámara para plantear ante el
Gobierno de la nación, se está superando y se están dando pasos hacia lo
que acabamos de denominar como colaboración interinstitucional. Creemos
que ésta es una forma de asumir plenamente las competencias y de dar
respuesta a los verdaderos problemas que tienen los ciudadanos.
Esas fronteras imaginarias que constituían los límites interregionales
quedan superadas con este tipo de acuerdos y convenios a los que nuestro
grupo, sin entrar en el contenido de los mismos, les presta su apoyo. Y
lo hace, además, en una Cámara como es el Senado, que nos parece el foro
y el marco adecuado para que este tipo de acuerdos o de entendimiento
entre Comunidades tengan su reflejo. Cuando se dice que el Senado es una
Cámara de encuentro de Comunidades, cuando se manifiesta de manera
reiterada esa vocación de que sea una Cámara verdaderamente territorial,
estamos refiriéndonos a acuerdos de este tipo, al lugar donde las
Comunidades Autónomas resuelvan sus diferencias, si existen, y coordinen
sus actuaciones, como es este caso.
Por tanto, señorías, nuestro Grupo felicita a las Comunidades que
suscriben el convenio, felicita a los Presidentes que han llegado a ese
acuerdo y a los Parlamentos que han dado su aprobación al mismo. Asimismo
creo que también es motivo de satisfacción y de felicitación para
nosotros, como miembros que somos de esta Cámara, el que cada vez más, de
manera progresiva, vayamos recogiendo el acuerdo, el entendimiento entre
Comunidades Autónomas, ese verdadero espíritu constitucional que las
Comunidades reflejan con este tipo de convenios y de acuerdos entre
ellas.
Por nuestra parte, nada más.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, Senador García Carnero.
Por el tenor de las intervenciones, entiendo que podemos votar el
dictamen por asentimiento. (Asentimiento.)
Por asentimiento queda aprobado el dictamen de la Comisión General de las
Comunidades Autónomas y, en consecuencia, el Convenio de colaboración
entre la Comunidad de Madrid y la Comunidad Autónoma de Castilla y León
sobre distribución de actividades en materia de infraestructura viaria en
zonas limítrofes, suscrito el día 3 de abril de 1998.
No necesita autorización de las Cortes Generales.
Se suspende la sesión hasta mañana, a las diez, con la interpelación del
Senador Ríos.
Eran las veinte horas y veinticinco minutos.