CORTES GENERALES



DIARIO DE SESIONES DEL



SENADO



Año 1998 VI Legislatura
Núm. 76



PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. JUAN IGNACIO BARRERO VALVERDE



Sesión del Pleno



celebrada el miércoles, 25 de febrero de 1998



ORDEN DEL DIA:



Preguntas:



--De don Cándido Armas Rodríguez, del Grupo Parlamentario Mixto, sobre la
fecha prevista por el Ministerio del Interior para la creación de la
Jefatura Local de Tráfico de Lanzarote (Las Palmas) (publicada en el
«Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie I, número 393,
de fecha 23 de febrero de 1998) (Número de expediente 680/000424).




--De don Francisco Xabier Albistur Marín, del Grupo Parlamentario de
Senadores Nacionalistas Vascos, sobre las razones para establecer
diferencias en los controles que establece la policía en la frontera de
Les (Lleida), con los vehículos de matrículas de Alava, Vizcaya,
Guipúzcoa y Navarra (publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes
Generales», Senado, Serie I, número 393, de fecha 23 de febrero de 1998)
(Número de expediente 680/000428).




--De don Pedro Rodríguez Cantero, del Grupo Parlamentario Socialista,
sobre los aspectos positivos para los intereses españoles que aprecia el
Gobierno en el documento comunitario en el que se recogen propuestas para
la reforma de la Organización Común de Mercado (OCM) del aceite de oliva
(publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie
I, número 393, de fecha 23 de febrero de 1998) (Número de expediente
680/000430).




--De don Antonio Rodríguez Rodríguez, del Grupo Parlamentario Socialista,
sobre la responsabilidad del Ministerio de Agricultura, Pesca y
Alimentación en la expansión de la peste porcina clásica por varias
Comunidades Autónomas (publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes
Generales», Senado, Serie I, número 393, de fecha 23 de febrero de 1998)
(Número de expediente 680/000431).

Página 3380



--De don Alejandro Lamalfa Díaz, del Grupo Parlamentario Popular en el
Senado, sobre si considera el Gobierno que con las recientes
adquisiciones de capital de Ebro Agrícolas Compañía de Alimentación, S.

A., por parte de agentes económicos españoles, se ha logrado el objetivo
propuesto de garantizar la permanencia y estabilidad del sector
remolachero español (publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes
Generales», Senado, Serie I, número 393, de fecha 23 de febrero de 1998)
(Número de expediente 680/000438).




--De don Jaume Font Barceló, del Grupo Parlamentario Popular en el
Senado, sobre el resultado de las campañas de vigilancia que ha realizado
el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, acerca de la
utilización de redes de enmalle a la deriva en Illes Balears (publicada
en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie I, número
393, de fecha 23 de febrero de 1998) (Número de expediente 680/000439).




--De don Salvador Carrera i Comes, del Grupo Catalán en el Senado de
Convergència i Unió, sobre las inversiones previstas por el Gobierno para
la mejora, con carácter de urgencia, de las condiciones de seguridad del
tramo de línea férrea comprendido entre Ribes de Feser y Puigcerdà
(Girona) (publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales»,
Senado, Serie I, número 393, de fecha 23 de febrero de 1998) (Número de
expediente 680/000423).




--De don Francisco José Zamorano Vázquez, del Grupo Parlamentario
Socialista, sobre la fecha prevista por el Ministerio de Fomento para el
cumplimiento del compromiso adquirido, en la sesión plenaria del Senado
del día 26 de febrero de 1996, de firmar un convenio con la Junta de
Andalucía para financiación de la línea de Alta Velocidad Española (AVE)
de Córdoba a Málaga (publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes
Generales», Senado, Serie I, número 393, de fecha 23 de febrero de 1998)
(Número de expediente 680/000429).




--De doña Francisca Pleguezuelos Aguilar, del Grupo Parlamentario
Socialista, sobre la explicación del Gobierno respecto de la suspensión
de la transmisión de acciones de Antena 3 de Televisión, S. A., a
Telefónica de España, S. A., realizada por la Audiencia Nacional y basada
en una irregularidad consentida por el Ministerio de Fomento (publicada
en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie I, número
393, de fecha 23 de febrero de 1998) (Número de expediente 680/000434).




--De doña María Mercedes Coloma Pesquera, del Grupo Parlamentario Popular
en el Senado, sobre si se pondrá en marcha durante el año 1998, dentro
del Plan Integral de Atención a la Mujer, la oferta de analgesia epidural
durante el parto (publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes
Generales», Senado, Serie I, número 393, de fecha 23 de febrero de 1998)
(Número de expediente 680/000435).




--De don Emilio Zapatero Villalonga, del Grupo Parlamentario Popular en
el Senado, sobre las reformas que tiene previsto introducir el Gobierno a
través del Instituto Nacional de la Salud (INSALUD), a fin de potenciar
la participación de los proveedores externos en el sector sanitario
público sin alterar la equidad básica del sistema, a la vez que
estimulando la eficiencia de mismo (publicada en el «Boletín Oficial de
las Cortes Generales», Senado, Serie I, número 393, de fecha 23 de
febrero de 1998) (Número de expediente 680/000437).




--De don Gregorio Garzarán García, del Grupo Parlamentario Popular en el
Senado, sobre los criterios que piensa introducir el Gobierno con el fin
de abordar una política de calidad en los servicios sanitarios que brinda
el Instituto Nacional de la Salud (INSALUD) (publicada en el «Boletín
Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie I, número 393, de fecha
23 de febrero de 1998) (Número de expediente 680/000440).




--De don Lluís Armet i Coma, del Grupo Parlamentario Socialista, sobre
cómo repercutiría, en el actual sistema de financiación de las
Comunidades Autónomas, la evolución y previsión de reforma del Impuesto
sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) (publicada en el «Boletín
Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie I, número 393, de fecha
23 de febrero de 1998) (Número de expediente 680/000421).




--De don Francisco Javier Rojo García, del Grupo Parlamentario
Socialista, sobre la opinión del Gobierno respecto a que el pasado día 15
de febrero Televisión Española, S. A. (TVE), no informara sobre las
declaraciones realizadas por el ex director de un medio de comunicación y
actual miembro de la Real Academia Española (publicada en el «Boletín
Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie I, número 393, de fecha
23 de febrero de 1998) (Número de expediente 680/000433).




--De don Arseni Gibert i Bosch, del Grupo Parlamentario Socialista, sobre
la intervención del Gobierno en el conflicto entre la compañía Iberia,
Líneas Aéreas de España, S. A., y el ente público Aeropuertos Españoles y
Navegación Aérea (AENA), sobre los criterios de gestión de los
aeropuertos (publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales»,
Senado, Serie I, número 393, de fecha 23 de febrero de 1998) (Número de
expediente 680/000432).




--De don Ramón Galán Cazallas, del Grupo Parlamentario Popular en el
Senado, sobre si va a reformar el Gobierno el sistema de módulos del
Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) para los
elaboradores agrarios (publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes
Generales», Senado, Serie I, número 393, de fecha 23 de febrero de 1998)
(Número de expediente 680/000436).




Página 3381



Segundo



Interpelaciones:



--De don Jon Gangoiti Llaguno, del Grupo de Senadores Nacionalistas
Vascos, sobre la opinión del Gobierno en materia de Impuesto sobre el
Valor Añadido (IVA) en relación con la vivienda y más concretamente en
cuanto a la fiscalidad aplicable tanto a la instalación de ascensores en
casa que no disponen del mismo como en la rehabilitación de viviendas
antigua (publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales»,
Senado, Serie I, número 393, de fecha 23 de febrero de 1998) (Número de
expediente 670/000067).




--De doña Pilar Costa Serra, del Grupo Parlamentario Mixto, sobre las
medidas previstas por el Gobierno en relación con la declaración de
obligaciones de servicio público en los tráficos aéreos interinsulares en
las Comunidades Autónomas de las Islas Baleares y de Canarias, así como
en los tráficos de los archipiélagos y Melilla con el territorio
peninsular (publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales»,
Senado, Serie I, número 393, de fecha 23 de febrero de 1998) (Número de
expediente 670/000071).




--De don Francisco Zamorano Vázquez, del Grupo Parlamentario Socialista,
sobre la política del Gobierno con respecto a la financiación pública de
medicamentos (publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales»,
Senado, Serie I, número 393, de fecha 23 de febrero de 1998) (Número de
expediente 670/000072).




Tercero



Dictámenes de Comisiones sobre proyectos y proposiciones de ley remitidos
por el Congreso de los Diputados:



--De la Comisión de Sanidad y Asuntos Sociales en relación con la
Proposición de Ley de ampliación del concepto de familia numerosa
(publicado en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie
III-B, número 16, de fecha 23 de febrero de 1998) (Número de expediente
S. 624/000011) (Número de expediente C. D. 122/000041).




SUMARIO



Se abre la sesión a las diez horas y diez minutos.




PREGUNTAS (Página 3384)



De don Cándido Armas Rodríguez, del Grupo Parlamentario Mixto, sobre la
fecha prevista por el Ministerio del Interior para la creación de la
Jefatura Local de Tráfico de Lanzarote (Las Palmas) (Página 3384)



El señor Armas Rodríguez formula su pregunta. En nombre del Gobierno, le
contesta el señor Ministro del Interior (Mayor Oreja). En turno de
réplica, interviene de nuevo el señor Armas Rodríguez.




De don Francisco Xabier Albistur Marín, del Grupo Parlamentario de
Senadores Nacionalistas Vascos, sobre las razones para establecer
diferencias en los controles que establece la policía en la frontera de
Les (Lleida), con los vehículos de matrículas de Alava, Vizcaya,
Guipúzcoa y Navarra (Página 3385)



El señor Albistur Marín formula su pregunta. En nombre del Gobierno, le
contesta el señor Ministro del Interior (Mayor Oreja). En turno de
réplica, interviene de nuevo el señor Albistur Marín. En turno de
dúplica, lo hace el señor Ministro del Interior (Mayor Oreja).




De don Pedro Rodríguez Cantero, del Grupo Parlamentario Socialista, sobre
los aspectos positivos para los intereses españoles que aprecia el
Gobierno en el documento comunitario en el que se recogen propuestas para
la reforma de la Organización Común de Mercado (OCM) del aceite de oliva
(Página 3386)



El señor Rodríguez Cantero formula su pregunta. En nombre del Gobierno,
le contesta la señora Ministra de Agricultura, Pesca y Alimentación (De
Palacio del Valle-Lersundi). En turno de réplica, interviene de nuevo el
señor Rodríguez Cantero. En turno de dúplica, lo hace la señora Ministra
de Agricultura, Pesca y Alimentación (De Palacio del Valle-Lersundi).




De don Antonio Rodríguez Rodríguez, del Grupo Parlamentario Socialista,
sobre la responsabilidad del Ministerio de Agricultura, Pesca y
Alimentación en la expansión



Página 3382



de la peste porcina clásica por varias Comunidades Autónomas (Página 3388)



El señor Rodríguez Rodríguez formula su pregunta. En nombre del Gobierno,
le contesta la señora Ministra de Agricultura, Pesca y Alimentación (De
Palacio del Valle-Lersundi). En turno de réplica, interviene de nuevo el
señor Rodríguez Rodríguez. En turno de dúplica, lo hace la señora
Ministra de Agricultura, Pesca y Alimentación (De Palacio del
Valle-Lersundi).




De don Alejandro Lamalfa Díaz, del Grupo Parlamentario Popular en el
Senado, sobre si considera el Gobierno que con las recientes
adquisiciones de capital de Ebro Agrícolas Compañía de Alimentación, S.

A., por parte de agentes económicos españoles, se ha logrado el objetivo
propuesto de garantizar la permanencia y estabilidad del sector
remolachero español (Página 3390)



El señor Lamalfa Díaz formula su pregunta. En nombre del Gobierno, le
contesta la señora Ministra de Agricultura, Pesca y Alimentación (De
Palacio del Valle-Lersundi).




De don Jaume Font Barceló, del Grupo Parlamentario Popular en el Senado,
sobre el resultado de las campañas de vigilancia que ha realizado el
Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, acerca de la utilización
de redes de enmalle a la deriva en Illes Balears (Página 3391)



El señor Font Barceló formula su pregunta. En nombre del Gobierno, le
contesta la señora Ministra de Agricultura, Pesca y Alimentación (De
Palacio del Valle-Lersundi). En turno de réplica, interviene de nuevo el
señor Font Barceló.




De don Salvador Carrera i Comes, del Grupo Catalán en el Senado de
Convergència i Unió, sobre las inversiones previstas por el Gobierno para
la mejora, con carácter de urgencia, de las condiciones de seguridad del
tramo de línea férrea comprendido entre Ribes de Freser y Puigcerdà
(Girona) (Página 3392)



El señor Carrera i Comes formula su pregunta. En nombre del Gobierno, le
contesta el señor Ministro de Fomento (Arias-Salgado y Montalvo). En
turno de réplica, interviene de nuevo el señor Carrera i Comes. En turno
de dúplica, lo hace el señor Ministro de Fomento (Arias-Salgado y
Montalvo).




De don Francisco José Zamorano Vázquez, del Grupo Parlamentario
Socialista, sobre la fecha prevista por el Ministerio de Fomento para el
cumplimiento del compromiso adquirido, en la sesión plenaria del Senado
del día 26 de febrero de 1996, de firmar un convenio con la Junta de
Andalucía para la financiación de la línea de Alta Velocidad Española
(AVE) de Córdoba a Málaga (Página 3393)



El señor Zamorano Vázquez formula su pregunta. En nombre del Gobierno, le
contesta el señor Ministro de Fomento (Arias-Salgado y Montalvo). En
turno de réplica, interviene de nuevo el señor Zamorano Vázquez. En turno
de dúplica, lo hace el señor Ministro de Fomento (Arias-Salgado y
Montalvo).




De doña Francisca Pleguezuelos Aguilar, del Grupo Parlamentario
Socialista, sobre la explicación del Gobierno respecto a la suspensión de
la transmisión de acciones de Antena 3 de Televisión, S. A., a Telefónica
de España, S. A., realizada por la Audiencia Nacional y basada en una
irregularidad consentida por el Ministerio de Fomento (Página 3395)



La señora Pleguezuelos Aguilar formula su pregunta. En nombre del
Gobierno, le contesta el señor Ministro de Fomento (Arias-Salgado y
Montalvo). En turno de réplica, interviene de nuevo la señora
Pleguezuelos Aguilar. En turno de dúplica, lo hace el señor Ministro de
Fomento (Arias-Salgado y Montalvo).




De doña María Mercedes Coloma Pesquera, del Grupo Parlamentario Popular
en el Senado, sobre si se pondrá en marcha durante el año 1998, dentro
del Plan Integral de Atención a la Mujer, la oferta de analgesia epidural
durante el parto (Página 3396)



La señora Coloma Pesquera formula su pregunta. En nombre del Gobierno, le
contesta el señor Ministro de Sanidad y Consumo (Romay Beccaría). En
turno de réplica, interviene de nuevo la señora Coloma Pesquera.




De don Emilio Zapatero Villalonga, del Grupo Parlamentario Popular en el
Senado, sobre las reformas que tiene previsto introducir el Gobierno a
través del Instituto Nacional de la Salud (INSALUD), a fin de potenciar
la participación de los proveedores externos en el sector



Página 3383



sanitario público sin alterar la equidad básica del sistema, a la vez que
estimulando la eficiencia del mismo (Página 3397)



El señor Zapatero Villalonga formula su pregunta. En nombre del Gobierno,
le contesta el señor Ministro de Sanidad y Consumo (Romay Beccaría). En
turno de réplica, interviene de nuevo el señor Zapatero Villalonga.




De don Gregorio Garzarán García, del Grupo Parlamentario Popular en el
Senado, sobre los criterios que piensa introducir el Gobierno con el fin
de abordar una política de calidad en los servicios sanitarios que brinda
el Instituto Nacional de la Salud (INSALUD) (Página 3398)



El señor Garzarán García formula su pregunta. En turno de réplica,
interviene de nuevo el señor Ministro de Sanidad y Consumo (Romay
Beccaría).




De don Lluís Armet i Coma, del Grupo Parlamentario Socialista, sobre cómo
repercutiría, en el actual sistema de financiación de las Comunidades
Autónomas, la evolución y previsión de reforma del Impuesto sobre la
Renta de las Personas Físicas (IRPF) (Página 3399)



El señor Armet i Coma formula su pregunta. En nombre del Gobierno, le
contesta el señor Ministro de Economía y Hacienda (De Rato y Figaredo).

En turno de réplica, interviene de nuevo el señor Armet i Coma. En turno
de dúplica, lo hace el señor Ministro de Economía y Hacienda (De Rato y
Figaredo).




De don Francisco Javier Rojo García, del Grupo Parlamentario Socialista,
sobre la opinión del Gobierno respecto a que el pasado día 15 de febrero
Televisión Española, S. A. (TVE), no informara sobre las declaraciones
realizadas por el ex director de un medio de comunicación y actual
miembro de la Real Academia Española (Página 3401)



El señor Rojo García formula su pregunta. En nombre del Gobierno, le
contesta el señor Ministro de la Presidencia (Alvarez-Cascos Fernández).

En turno de réplica, interviene de nuevo el señor Rojo García. En turno
de réplica, interviene de nuevo el señor Ministro de la Presidencia
(Alvarez-Cascos Fernández). En turno de dúplica, lo hace el señor
Ministro de la Presidencia (Alvarez-Cascos Fernández).




De don Arseni Gibert i Bosch, del Grupo Parlamentario Socialista, sobre
la intervención del Gobierno en el conflicto entre la compañía Iberia,
Líneas Aéreas de España, S. A., y el ente público Aeropuertos Españoles y
Navegación Aérea (AENA), sobre los criterios de gestión de los
aeropuertos.




Esta pregunta ha sido aplazada.




De don Ramón Galán Cazallas, del Grupo Parlamentario Popular en el
Senado, sobre si va a reformar el Gobierno el sistema de módulos del
Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) para los
elaboradores agrarios.




Esta pregunta ha sido retirada.




INTERPELACIONES (Página 3403)



De don Jon Gangoiti Llaguno, del Grupo de Senadores Nacionalistas Vascos,
sobre la opinión del Gobierno en materia de Impuesto sobre el Valor
Añadido (IVA) en relación con la vivienda y, más concretamente, en cuanto
a la fiscalidad aplicable tanto a la instalación de ascensores en casas
que no disponen del mismo como en la rehabilitación de viviendas antiguas
(Página 3403)



El señor Gangoiti Llaguno realiza la interpelación. En nombre del
Gobierno, responde a la misma el señor Ministro de Fomento (Arias-Salgado
y Montalvo). Vuelve a intervenir el señor interpelante. En turno de
portavoces, hacen uso de la palabra los señores Nieto Cicuéndez, por el
Grupo Mixto; Cambra i Sánchez, por el Grupo Catalán en el Senado de
Convergència i Unió; Cobo Fernández, por el Grupo Socialista, y Utrera
Mora, por el Grupo Popular. Cierra el debate el señor Ministro de Fomento
(Arias-Salgado y Montalvo).




De doña Pilar Costa Serra, del Grupo Parlamentario Mixto, sobre las
medidas previstas por el Gobierno en relación con la declaración de
obligaciones de servicio público en los tráficos aéreos interinsulares en
las Comunidades Autónomas de las Islas Baleares y de Canarias, así como
en los tráficos aéreos de los archipiélagos y Melilla con el territorio
peninsular (Página 3409)



La señora Costa Serra realiza la interpelación. En nombre del Gobierno,
responde a la misma el señor Ministro de Fomento (Arias-Salgado y
Montalvo). Vuelve a intervenir



Página 3384



la señora interpelante. En turno de portavoces, hacen uso de la palabra
los señores Armas Rodríguez, por el Grupo Mixto; Beguer i Oliveres, por
el Grupo Catalán en el Senado de Convergència i Unió; Artiles Bolaños,
por el Grupo Socialista, y Ramírez Pery, por el Grupo Popular. Cierra el
debate el señor Ministro de Fomento (Arias-Salgado y Montalvo).




De don Francisco Zamorano Vázquez, del Grupo Parlamentario Socialista,
sobre la política del Gobierno con respecto a la financiación pública de
medicamentos (Página 3417)



El señor Zamorano Vázquez realiza la interpelación. En nombre del
Gobierno, responde a la misma el señor Ministro de Sanidad y Consumo
(Romay Beccaría). Vuelve a intervenir el señor interpelante. En turno de
portavoces, hacen uso de la palabra los señores Gatzagaetxebarría
Bastida, por el Grupo de Senadores Nacionalistas Vascos, Cardona i Vila,
por el Grupo Catalán en el Senado de Convergència i Unió, y Esteban
Albert, por el Grupo Popular. Cierra el debate el señor Ministro de
Sanidad y Consumo (Romay Beccaría).




DICTAMENES DE COMISIONES SOBRE PROYECTOS Y PROPOSICIONES DE LEY REMITIDOS
POR EL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS (Página 3427)



De la Comisión de Sanidad y Asuntos Sociales en relación con la
Proposición de Ley de ampliación del concepto de familia numerosa
(Página 3427)



El señor Martín Iglesias presenta el dictamen. No se consumen turnos a
favor, en contra ni de portavoces.




Comienza el debate del articulado.




El señor Ríos Pérez, del Grupo Mixto, defiende la enmienda número 2. La
señora Navarro Garzón defiende la enmienda número 1, del Grupo
Socialista, al tiempo que la retira. El señor Martín Iglesias consume un
turno en contra. En turno de portavoces, hacen uso de la palabra los
señores Nieto Cicuéndez, por el Grupo Mixto; Cardona i Vila, por el Grupo
Catalán en el Senado de Convergència i Unió, y Martín Iglesias, por el
Grupo Popular.




Se procede a votar.




Se rechaza la enmienda número 2, del Grupo Mixto, por 90 votos a favor y
116 en contra.




Se aprueba la proposición de ley, según el texto del dictamen, por 205
votos a favor y 1 en contra.

El señor Presidente comunica a la Cámara el traslado de las enmiendas
aprobadas por el Senado al Congreso de los Diputados.




Se levanta la sesión a las quince horas.




Se abre la sesión a las diez horas y diez minutos.




El señor PRESIDENTE: Señorías, se abre la sesión.




PREGUNTAS:



--DE DON CANDIDO ARMAS RODRIGUEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO, SOBRE LA
FECHA PREVISTA POR EL MINISTERIO DEL INTERIOR PARA LA CREACION DE LA
JEFATURA LOCAL DE TRAFICO DE LANZAROTE (LAS PALMAS) (S. 680/000424).




El señor PRESIDENTE: De don Cándido Armas Rodríguez, del Grupo
Parlamentario Mixto, sobre la fecha prevista por el Ministerio del
Interior para la creación de la Jefatura Local de Tráfico de Lanzarote
(Las Palmas).

Tiene la palabra el Senador Armas Rodríguez.




El señor ARMAS RODRIGUEZ: Muchas gracias, señor Presidente.

Señor Ministro, ¿cuándo se pretende llevar a cabo por parte del
Ministerio del Interior la creación de la Jefatura Local de Tráfico en
Lanzarote dada la necesidad que existe a este respecto?



El señor PRESIDENTE: Gracias, Senador Armas Rodríguez.

Tiene la palabra el señor Ministerio del Interior El señor MINISTRO DEL
INTERIOR (Mayo Oreja): Muchas gracias, señor Presidente.

Señoría, el Ministerio del Interior, y especialmente la Dirección General
de Tráfico, comparte su mismo interés y su misma preocupación por la
apertura de esta Jefatura Local de Tráfico en Lanzarote.

Además, en este ejercicio de 1998 se ha establecido como objetivo
prioritario, dentro de lo que es el plan estratégico de empleo de la
Jefatura Central de Tráfico, la puesta en marcha de esta Jefatura Local.

Asimismo, en el día de hoy y aquí en el Senado le digo que esta decisión,
que evidentemente depende de la aprobación por parte del Ministerio de
Administraciones Públicas de unas nuevas vacantes y de una cobertura
presupuestaria, va a tener un gran impulso político dado por el
Ministerio del Interior y por la Dirección General de Tráfico para que
esto sea una realidad en este trienio 1998-2000 y, especialmente, en este
ejercicio de 1998.




Página 3385



El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Ministro del Interior.

Tiene la palabra el Senador Armas Rodríguez.




El señor ARMAS RODRIGUEZ: Muchas gracias, señor Presidente.

Señor Ministro, en el cuarto trimestre de 1988 la Dirección General de
Tráfico llevó a cabo un estudio de descentralización de la Jefatura de
Tráfico en aquellas poblaciones que por su densidad demográfica o su
situación geográfica así lo aconsejasen. En este estudio, que data de
hace casi 10 años, ya se contemplaba la creación de esta oficina local en
Lanzarote.

Quiero creer, señor Ministro, que por su parte se va a poner el máximo
interés para que la creación de esta oficina local sea una realidad lo
antes posible. Dado que actualmente no tenemos una Jefatura Local, existe
en la isla una oficina de presentación de documentos en la sede de la
Dirección Insular de la Administración General del Estado que se encarga
de la realización de los trámites administrativos cobrando tasas, aunque
no las sanciones impuestas. Ello supone que el afectado, en el caso de
que se pretenda acelerar los trámites, tendría que trasladarse a Gran
Canaria con el importante coste que supone, porque en la isla no se
cuenta con las instalaciones propias de una Jefatura Local de Tráfico.

Además, esto es lamentable, señor Ministro, porque se trata de un asunto
que tan sólo requiere de un presupuesto anual de 33 millones de pesetas,
según las cifras facilitadas por el propio Director General de Tráfico,
quien me ha expresado personalmente que se trata de un proyecto de vital
importancia para Lanzarote.

Por lo tanto, señor Ministro, como dije antes, espero que exista por su
parte la misma predisposición para la creación de esta Jefatura que la
mostrada por el Director General de Tráfico y por el anterior responsable
de este área en la pasada legislatura, por lo que me doy por satisfecho
de que usted ponga el máximo interés para que esto así sea.

Muchas gracias.




El señor PRESIDENTE: Gracias, Senador Armas Rodríguez.




--DE DON FRANCISCO XABIER ALBISTUR MARIN, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE
SENADORES NACIONALISTAS VASCOS, SOBRE LAS RAZONES PARA ESTABLECER
DIFERENCIAS EN LOS CONTROLES QUE ESTABLECE LA POLICIA EN LA FRONTERA DE
LES (LLEIDA); CON LOS VEHICULOS DE MATRICULAS DE ALAVA, VIZCAYA,
GUIPUZCOA Y NAVARRA (680/000428).




El señor PRESIDENTE: Pregunta de don Francisco Javier Albistur Marín, del
Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos, sobre las razones
para establecer diferencias en los controles que establece la policía en
la frontera de Les, en Lleida, con los vehículos de matrículas de Alava,
Vizcaya, Guipúzcoa y Navarra.

Senador Albistur, tiene la palabra.




El señor ALBISTUR MARIN: Muchas gracias, señor Presidente.

Señor Ministro, vaya por delante mi más absoluto respeto a los agentes de
las fuerzas de orden público que tienen que realizar los controles que la
superioridad les ordena, pero cuando les pregunté las razones me dijeron
que me dirigiera a la autoridad y, concretamente, al señor Ministro. Por
eso le hago la pregunta que está formulada ahí, pero no como diferencia
sino, a nuestro modo de entender, como discriminación.




El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, Senador Albistur.

Señor Ministro del Interior, tiene la palabra.




El señor MINISTRO DEL INTERIOR (Mayo Oreja): Señor Presidente, señoría,
no hay ninguna instrucción general ni en Lleida, ni en Les, en la forma y
manera de hacer los controles selectivos. En cada caso, en cada
circunstancia, en cada lugar y en cada momento se adoptan los criterios
más adecuados, pero esa referencia a la Secretaría de Estado al
Ministerio no tiene lugar, es decir, no hay criterios generales de la
forma y manera en que se hacen selectivos los controles.




El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Ministro del Interior.

Senador Albistur Marín, tiene la palabra.




El señor ALBISTUR MARIN: Me preocupa mucho más todavía, señor Ministro,
porque no le estoy contando una batallita, sino un tema que afecta a
ciudadanos normales que van a pasar un fin de semana al Pirineo y que por
llevar la matrícula de las provincias citadas son detenidos, mientras los
que, por ejemplo, como yo, no llevamos matrícula de San Sebastián, no lo
somos, y se producen retenciones, sobre todo de vehículos con ocupantes
jóvenes, de más de veinte minutos, llegándose incluso a vaciarles el
coche para investigar qué es lo que puede haber dentro, cuando se trata
de gente absolutamente inocente y normal.

Yo entiendo que un terrorista no va a utilizar --porque el objetivo final
es el control-- un coche de matrícula del País Vasco o de Navarra, sino
que tratará de camuflarse por la fórmula que sea. A mí me parece que esa
discriminación, dicha con todo respeto, porque usted me dice que no tiene
ninguna instrucción general, produce el efecto de molestar y crear unas
tensiones inútiles y estériles, fundamentalmente cuando hay alguna
autoridad del Gobierno o de la Casa Real en el Valle de Arán. Por eso, a
nuestro Grupo le parece que es mucho más oportuno que se hagan controles
de otro tipo que, en todo caso, se vigile y se controle a todo el mundo,
pero no específica y discriminadamente a los coches con matrícula de
Guipúzcoa, de Vizcaya, de Alava o de Navarra.




Página 3386



Le voy a contar, finalmente, una anécdota para que vea usted lo que pasa,
señor Ministro. En el último control también fui parado yo y enseñé mi
carnet de Senador, este que tengo aquí. El policía nacional me preguntó:
¿Y eso para qué sirve? Le dije que yo era una autoridad elegida por el
pueblo. Me contestó que él tenía otras autoridades y tenía que someterse
a ellas.

En definitiva, esto es un chascarrillo, pero lo otro nos preocupa mucho
más porque si realmente no hay órdenes, ¿por qué se produce este hecho
particularmente con los ciudadanos del País Vasco? Yo creo que hay
excesiva tensión, evítela, para que siquiera los fines de semana festivos
también puedan contribuir a una mayor integración y naturalidad de la
vida ciudadana.

Muchas gracias.




El señor PRESIDENTE: Gracias, Senador Albistur.

Señor Ministro del Interior, tiene usted la palabra.




El señor MINISTRO DEL INTERIOR: Gracias, señor Presidente.

En lo que se refiere en particular al control en Les, una de las razones
por las que hay más vehículos con las referidas matrículas objeto de
control, es que, sin duda alguna, son el mayor número de vehículos que
transitan por ese lugar, porque la mayoría de esas personas que van allí
proceden, precisamente, de los cuatro territorios a los que usted ha
hecho referencia.

Pero quiero hacerle dos consideraciones generales. La primera de ellas
--dicho sea con todo respeto-- es que en ese sentido está usted
equivocado porque, lamentablemente y para nuestra desgracia, los
terroristas y los grupos que les apoyan todavía utilizan preferentemente
las matrículas que corresponden precisamente a los territorios a que
usted hace referencia. En lo que a la segunda consideración general se
refiere, quiero decirle lo siguiente: no desenfoquemos la cuestión; no
extraigamos conclusiones, como las que usted, de alguna manera, ha dejado
entrever al final.

Señoría, si en un momento determinado los controles tienen que dirigirse
hacia personas más jóvenes, no pensemos por ello que se está persiguiendo
a los jóvenes. Si en un momento determinado tienen que dirigirse
determinados controles hacia las mujeres porque es a una mujer a quien se
está persiguiendo, no pensemos que se está produciendo por parte de la
Guardia Civil una persecución hacia las mujeres. De lo que se trata, en
definitiva, es de que en cada control se tomen las medidas más adecuadas
que corresponda para perseguir en cada momento al grupo que se está
persiguiendo en particular.

Además, señoría, por razones obvias, en algunas circunstancias --en más
de las que quisiéramos-- puede ocurrir que, en un momento determinado,
las matrículas a que usted hace referencia sean sometidas a un control
especial, repito que por razones obvias. Como antes le he dicho, en ese
sentido la estadística es tozuda, y lo digo lamentándolo. Probablemente
yo sienta esto, también por razones obvias, exactamente igual que usted.

Pero en nuestro lamento, nuestra rabia, nuestra indignación o incluso
nuestro sentimiento como víctimas de algo, no nos equivoquemos: sepamos a
quién tenemos que dirigírselos. No es la Guardia Civil, ni la Ertzaintza,
no es el Cuerpo Nacional de Policía la causa de nuestro sentimiento de
dolor, de rabia, de indignación o de víctimas. Son precisamente las
personas y los grupos que, dentro y fuera del País Vasco, siguen
cometiendo los asesinatos que usted y yo conocemos. (Aplausos en los
escaños del Grupo Parlamentario Popular.)



El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Ministro del Interior.




--DE DON PEDRO RODRIGUEZ CANTERO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA,
SOBRE LOS ASPECTOS POSITIVOS PARA LOS INTERESES ESPAÑOLES QUE APRECIA EL
GOBIERNO EN EL DOCUMENTO COMUNITARIO EN EL QUE SE RECOGEN PROPUESTAS PARA
LA REFORMA DE LA ORGANIZACION COMUN DE MERCADO (OCM) DEL ACEITE DE OLIVA
(680/000430).




El señor PRESIDENTE: Pregunta de don Pedro Rodríguez Cantero, del Grupo
Parlamentario Socialista, sobre los aspectos positivos para los intereses
españoles que aprecia el Gobierno en el documento comunitario en el que
se recogen propuestas para la reforma de la Organización Común de Mercado
del aceite de oliva.

Tiene la palabra el Senador Rodríguez Cantero.




El señor RODRIGUEZ CANTERO: Muchas gracias, señor Presidente.

Doy por formulada la pregunta en los términos expuestos por esa
Presidencia.




El señor PRESIDENTE: Gracias, Senador Rodríguez Cantero.

Tiene la palabra la señora Ministra de Agricultura.




La señora MINISTRA DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACION (De Palacio del
Valle-Lersundi): Gracias, señor Presidente.

No sé exactamente a qué documentos se refiere el señor Rodríguez
Carretero.




El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Ministra de Agricultura.

Tiene la palabra el señor Rodríguez Cantero.




El señor RODRIGUEZ CANTERO: Señora Ministra, usted niega la evidencia y
hasta mi apellido. (Risas.) Es Cantero, no Carretero.

Tengo aquí el documento con las propuestas para la reforma de la OCM del
aceite de oliva; usted lo tiene también y sabe a cuál me refiero. Tengo
aquí, señora Ministra, a disposición de la Cámara, sus declaraciones,
recogidas en el diario «Córdoba» del día 29 de enero, y en las que usted



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dice que encuentra aspectos positivos en esa propuesta. Pero usted lo
niega, señora Ministra.

Considero preocupante que la Ministra de Agricultura encuentre aspectos
positivos en una propuesta para la reforma de la OCM del aceite de oliva
que no recoge ni una sola de las exigencias del sector. Señora Ministra,
esa propuesta no compromete definitivamente la ayuda a la producción. No
mantiene una cantidad máxima garantizada única. No reconoce a España su
producción real, que está en torno a un millón de toneladas. Elimina la
ayuda al consumo. Elimina la intervención pública. No contempla ayudas
para la aceituna de mesa. No prohíbe las mezclas. No prevé incremento
presupuestario. En definitiva, no contempla ni una sola de las exigencias
irrenunciables que la Mesa del Aceite le ha hecho llegar a través de un
documento y que usted misma ha mantenido durante mucho tiempo.

Pero no es esto lo que más nos preocupa, señora Ministra. Lo que más nos
preocupa es ese empeño que tiene usted en negar la evidencia y en generar
confusión. ¿Por qué, señora Ministra? ¿Por qué ese empeño suyo, esa
ofuscación?
Voy a decirle algo que entre los andaluces es «vox populi»: en Andalucía
se dice que la señora Ministra de Agricultura es una perfecta inutilidad
en la negociación; (Fuertes rumores.) que la señora Ministra va a
conducir el olivar español al desastre; y se dice también que la señora
Ministra de Agricultura está en toda una operación de ocultación de esa
realidad y de imagen.

De ahí que usted, señora Ministra, se esconda permanentemente; esconda su
responsabilidad en la Mesa del Aceite en el Parlamento europeo, y más
recientemente, en unas declaraciones de Fischler, que se dicen pactadas
en una cena, señora Ministra. Y en esas declaraciones todos, excepto
usted, vemos la amenaza de la reforma que se nos viene encima. Una
reforma que va a discriminar el aceite español, que va a hacer que se
abandonen 700.000 hectáreas, que se pierdan 20 millones de empleos, y que
arruine las rentas de miles de pequeños y medianos olivareros. Y eso, que
es exactamente lo que dice el señor Fischler, con lo que amenaza, lo
encuentra usted esperanzador para los intereses españoles.

Ojalá, señora Ministra, y se lo digo con absoluta sinceridad, tenga usted
razón y en el momento oportuno pueda llegar a felicitarla y decirle:
Señora Ministra, llevaba usted razón.

Además, usted utiliza la estrategia del «hemos conseguido». Se inventa
una realidad virtual que nada tiene que ver, y a partir de ahí, insisto,
dice mayestáticamente que hemos conseguido no sé cuántos logros. Pero
compare usted esos pretendidos logros suyos con la OCM actual, que viene
beneficiando a los olivareros y a nuestros pueblos, con la OCM que
negoció el Gobierno socialista y que usted se encontró en 1996, y verá
usted en qué quedan esos logros.




El señor PRESIDENTE: Senador Rodríguez Cantero, le ruego que termine.




El señor RODRIGUEZ CANTERO: Sí, señor Presidente.

Cuando le oigo utilizar la muletilla «hemos conseguido» me recuerda usted
a «La Codorniz». En esa revista de humor, tras un campeonato de natación
en el que los españoles volvieron derrotados, se decía: Gran éxito de los
nadadores españoles. No se ahogó ninguno. Y exactamente lo mismo me
parecen sus declaraciones. No sé, señora Ministra, si se trata de un
chiste o de un sarcasmo.

Por último, he de decirle que pasado mañana, día 27, hay convocadas
manifestaciones en Andalucía para rechazar esa reforma que usted parece
incapaz de evitar. Ya sé, señora Ministra, que no le gustan las
manifestaciones y que pretende que sean lúdicas. Sin embargo, le animo a
que vaya a ellas. No pierda la oportunidad de figurar en el «ranking»
como la primera Ministra de Agricultura en las manifestaciones. Y sepa
que conjugamos...




El señor PRESIDENTE: Senador Rodríguez, Cantero, su tiempo ha terminado.

(Aplausos desde los escaños del Grupo Parlamentario Socialista.)
Tiene la palabra, señora Ministra de Agricultura.




La señora MINISTRA DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACION (De Palacio del
Valle-Lersundi): Gracias, señor Presidente.

Señor Rodríguez Cantero, los únicos que niegan la evidencia y pretenden
generar confusión son su señoría, su Partido, y su equipo.

Como digo, son ustedes los únicos que niegan la evidencia y que pretenden
generar confusión. Porque la evidencia es que hace dos años existía una
propuesta para plantar 166 millones de árboles en España, y se ha
conseguido rechazar. La evidencia es que desde este Gobierno hemos
conseguido rechazar ese documento.

Hemos conseguido que haya un documento de reflexión, que se produzca un
debate en la Unión Europea, y que todos los países productores nos
pronunciemos por la ayuda a la producción real y rechacemos la ayuda al
árbol. Esa es la evidencia, y lo he conseguido, yo misma, como Ministra
del Gobierno de España, éste en su conjunto, y todos, porque en este caso
todos hemos arrimado el hombro. Por eso utilizo la expresión «hemos»:
porque incorporo a todo el mundo a los éxitos. (Aplausos desde los
escaños del Grupo Parlamentario Popular.) Esa es la realidad.

Por otro lado, a veces parece que a su señoría y al Partido Socialista
les molesta que obtengamos logros para el olivar español. Da la impresión
de que les gustaría que fracasáramos. Pero, señorías, eso no va a pasar,
porque estamos consiguiendo varias cosas y, desde luego, mucho más de lo
que consiguieron con anterioridad sus señorías. ¿Sabe en qué consistió el
éxito rotundo de las negociaciones del señor González relativas al
olivar? Que cuando Grecia consiguió un plazo de incorporación de cinco
años --es decir, sólo cuatro años con una reducción de la ayuda--, el
señor González impuso a los olivareros españoles diez años de período
transitorio, lo que significa que se perdieron más de 300.000 millones de
pesetas en el sector olivarero español. Esos son los éxitos. Con ayudas
de 21 pesetas por kilo; de 24 pesetas por kilo en 1987-88; de 41 pesetas
en 1988-89; de 51 pesetas, en 1989-90, etcétera.




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El año que más se recibió se obtuvo la cantidad de 214 pesetas. Sin
embargo, el sector olivarero español recibió 169 pesetas por kilo al año
pasado; este año recibirá alrededor de 165 pesetas, etcétera.

Por tanto, señorías, no pretendan engañar. Gracias a este Gobierno,
gracias a la decisión que hemos adoptado en el sector del aceite, y
gracias a que hemos puesto toda la carne en el asador, se están
consiguiendo cuestiones muy importantes.

En primer lugar, ya se ha conseguido que se mantenga la ayuda a la
producción real, y así lo ha declarado el Comisario Fischler.

En segundo lugar, según sus declaraciones se está contemplando el aumento
de la cantidad máxima garantizada.

En tercer lugar, también muy importante, se van a revisar las cifras y se
van a ver las producciones reales. Y para eso hay un período provisional
de tres años.

En cuarto lugar, a la hora de hacer una asignación por países, se va a
tener en cuenta si ha habido períodos de sequía. Eso, evidentemente, es
una de las reclamaciones que tiene España porque los ha sufrido. En este
sentido le quiero decir que hay muchos aspectos positivos en las
declaraciones del Comisario Fischler. Esa es la realidad. El documento al
que su señoría se refiere es algo que está muy superado, pero ya he visto
que su señoría se ancla en el pasado, sólo sabe mirar hacia atrás y se va
a quedar, como dice la Biblia, convertido en figura de sal. (Rumores.)
Porque, por lo visto, lo que le gusta es «La Codorniz»...




El señor PRESIDENTE: Silencio, por favor.




La señora MINISTRA DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACION (De Palacio del
Valle-Lersundi): ... Señoría, me da la impresión de que está usted un
poco pasado de moda. (Rumores.) Póngase al día, hable de lo que importa y
de verdad colabore y busque la defensa del olivar español, que parece que
es lo que menos importa, y que lo único que quieren es rebañar un puñado
de votos. (Protestas.)



El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Ministra de Agricultura.




--DE DON ANTONIO RODRIGUEZ RODRIGUEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA,
SOBRE LA RESPONSABILIDAD DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA Y
ALIMENTACION EN LA EXPANSION DE LA PESTE PORCINA CLASICA POR VARIAS
COMUNIDADES AUTONOMAS (680/000431).




El señor PRESIDENTE: Pregunta de don Antonio Rodríguez Rodríguez, del
Grupo Parlamentario Socialista, sobre la responsabilidad del Ministerio
de Agricultura, Pesca y Alimentación en la expansión de la peste porcina
clásica por varias Comunidades Autónomas.

Tiene la palabra el Senador Rodríguez Rodríguez.

El señor RODRIGUEZ RODRIGUEZ: Gracias, señor Presidente.

Señora Ministra de Agricultura, el 13 de enero se confirmó la extensión
de la peste porcina clásica a la Comunidad de Madrid y a Castilla-La
Mancha. El sacrificio de más de un millón de cerdos, las pérdidas y el
gasto de más de 25.000 millones de pesetas en nuestro país a causa de
esta peste, el traslado de cerdos muertos de unas provincias a otras en
camiones chorreando sangre dan origen a mi pregunta. (Rumores.)
¿Cuál es la responsabilidad de su Ministerio en la expansión de la peste
porcina clásica por varias Comunidades Autónomas?



El señor PRESIDENTE: Gracias, Senador Rodríguez Rodríguez.

Tiene la palabra la señora Ministra de Agricultura.




La señora MINISTRA DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACION (De Palacio del
Valle-Lersundi): Gracias, señor Presidente.

En primer lugar, como muy bien sabe el señor Senador, las competencias en
materia de sanidad están transferidas a las Comunidades Autónomas.

En segundo lugar, no se ha producido expansión, como dice su señoría, de
la peste porcina por varias Comunidades Autónomas. Sí ha habido,
efectivamente, casos de peste porcina en distintas Comunidades Autónomas,
pero tengo que decir que las conclusiones obtenidas en los análisis de
laboratorio han sido que los contagios de la zona centro no tienen su
origen en los casos de peste porcina que existían en la zona de Cataluña.




El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Ministra de Agricultura.

Tiene la palabra el Senador Rodríguez.




El señor RODRIGUEZ RODRIGUEZ: Señora Ministra, éste parece ser un
problema de lenguaje. Dice usted que no es un tema de expansión. Señora
Loyola de Palacio, le va llegando a usted la hora de la verdad.

(Rumores.) Lleva dos años de gestión a base de gestos y de imagen. Esto
sin que prácticamente haya nada detrás y no puede durar eternamente.

Menos mal que en el ámbito europeo no se han tomado, hasta ahora,
decisiones importantes, si exceptuamos la OCM de frutas y hortalizas, y
para ello el sector ya está pidiendo la reforma. Pero, a nivel interno,
el balance de su gestión es bastante triste y pobre: penalizaciones,
multas y ahora la peste.

Es cierto que usted no tiene toda la responsabilidad, aunque sí buena
parte de ella, en la llegada de la peste porcina a Lleida, y así lo dije
cuando compareció el señor Marimón, Conseller de Agricultura, en esta
Cámara, a petición mía. Mi intervención fue calificada de seria y
rigurosa. Con la misma seriedad y el mismo rigor le digo que en la
expansión a tres Comunidades Autónomas --Castilla y León, Castilla-La
Mancha y Madrid-- usted es la responsable, porque esto no era inevitable.

Esto no es un hongo que surge espontáneamente, ni es una catástrofe



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como las inundaciones, ni es una maldición divina. Esto es consecuencia
de que ha faltado previsión y control. Usted es la responsable de la
previsión en cuanto a las importaciones, bien sea de animales, bien sea
de semen. Esa es una responsabilidad del Gobierno y se ha extendido
porque no ha habido medidas preventivas, sobre todo después de lo que ha
ocurrido en Lleida.

También se ha extendido porque no ha habido medidas de control del
transporte --eso que hace exclamar a los señores Senadores pero que usted
sabe que es verdad--, cuando eso le corresponde al Gobierno, es decir, a
usted. Y a usted le corresponde --exclusivamente a su persona-- el haber
decapitado los servicios administrativos de sanidad animal con los ceses
del director general y del subdirector general, que aún están sin
resolver. Y a usted le corresponde la responsabilidad de haber
descapitalizado los presupuestos en sanidad animal, porque en el año 1998
va a haber menos dotación presupuestaria de la que había en el año 1996.

Señora De Palacio, no nos venga con milongas, como hizo la semana pasada
en el Congreso, tratando de quitar importancia a este problema diciendo
que lo que hay que hacer ahora es celebrar que no hayan aparecido más
focos y que prácticamente está controlada en Cataluña y en alguna otra
zona. Aquí no hay nada que celebrar, señora De Palacio, esto es una
tragedia para los territorios y una tragedia para las explotaciones
familiares afectadas. Estas semanas pasadas hemos visto cómo en Soria los
ganaderos rechazaban el transporte de animales de otras provincias y a
ustedes no se les ocurre otra cosa mejor que hablar de insolidaridad. No
es eso, señora De Palacio, es que no creen en sus promesas, no creen en
sus palabras, no creen en la demagogia barata ni en el populismo
chabacano que usted practica porque lleva dos años haciendo esto...




El señor PRESIDENTE: Senador Rodríguez, vaya concluyendo.




El señor RODRIGUEZ RODRIGUEZ: Acabo, señor Presidente.

Esto es un grave problema porque crea inseguridad en los productores y en
los consumidores, crea desprestigio para España en los mercados
internacionales y es consecuencia de su gestión, de su prepotencia y de
su populismo.

Nada más y muchas gracias, señor Presidente. (Aplausos en los escaños de
la izquierda.)



El señor PRESIDENTE: Gracias, Senador Rodríguez.

Señor Ministra de Agricultura, tiene la palabra.




La señora MINISTRA DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACION (De Palacio del
Valle-Lersundi): Muchas gracias, señor Presidente.

Senador, la verdad es que el populismo chabacano lo suelo encontrar
normalmente entre sus compañeros, incluida su señoría. (Risas en los
escaños de la derecha.--Protestas en los escaños de la izquierda.)
El señor PRESIDENTE: Silencio, señorías.




La señora MINISTRA DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACION (De Palacio del
Valle-Lersundi): Pero, bueno, todo depende de lo que se entienda por
chabacano; a lo mejor tenemos una visión distinta de lo que quiere decir.

Señoría, no se ha enterado de algo evidente, y es que estamos en un
mercado único y que cuando entran animales desde cualquier país de la
Unión Europea el Ministerio no tiene competencia alguna sobre ellos (El
señor Rodríguez Rodríguez: Eso no es verdad.) Los controles en sanidad
corresponden a las Comunidades Autónomas en el punto de llegada. Eso es
así y genera muchos problemas, pero la unidad de mercado de la Unión
Europea tiene a la vez otra serie de ventajas --todos los sistemas tienen
problemas y en este caso son éstos.

Señoría, a pesar de todo se han hecho controles en camiones que venían
con animales de fuera por parte de la Policía, concretamente de la
Guardia Civil, de la Ertzaintza y también de los Mossos d'Esquadra. Por
parte de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado se han llevado a
cabo controles limitados, teniendo en cuenta cuestiones puramente
formales, porque, insisto, en control sanitario sólo se puede efectuar en
el punto de destino por la autoridad competente, que es la de la
Comunidad Autónoma. Y eso es así, se pongan ustedes como se pongan.

Siguiente cuestión: los presupuestos. Señoría, no es cierto. Los
presupuestos de sanidad siguen dotados y suficientemente dotados, y añado
más: pueden decir lo que quieran, yo comprendo que sus señorías nunca van
a reconocer nada de lo que hagamos desde este Gobierno --es una manera de
hacer su oposición, allá su señoría y sus compañeros de Grupo--, pero lo
que es peor y lo que más me duele es que se alegrarían de que
fracasáramos, de que salieran mal las cosas, y de que, a pesar del
perjuicio para los productores, para los olivareros, para quien sea, sus
señorías, con tal de que el Gobierno fracasara, estarían dispuestos a
apoyar cualquier cuestión (El señor Laborda Martín: ¡Qué elocuencia!), lo
cual me parece una manera bastante irresponsable de hacer la oposición
(Rumores.--El señor Laborda Martín: ¡Qué elocuencia!)
Señorías, frente a esto, tengo que alegrarme porque en este momento en
Cataluña, en principio, ya no hay peste (El señor Laborda Martín:
¡Estupendo, así estábamos!), en la zona centro ya desde primeros de enero
no se ha producido ningún nuevo caso, ningún nuevo foco de peste porcina,
Castilla-La Mancha se ha abierto, también en Madrid y Segovia se está
procediendo a la apertura de la zona de vigilancia por zonas y, si las
cosas siguen así, se calcula que para la primera semana del mes de marzo
habremos terminado. Eso es lo importante. Lo importante es que se ha dado
una respuesta adecuada desde la colaboración, porque desde la
Administración General del Estado sólo se puede llevar a cabo una
colaboración y una coordinación de acciones cuando la peste trasciende el
ámbito de una Comunidad imponiendo algo que, como muy bien sabe su
señoría, hemos conseguido: que el plan de erradicación de peste porcina
que ha presentado el Gobierno español en



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Bruselas sea aprobado por unanimidad. Y hemos conseguido que el Plan de
erradicación de peste porcina, que ha presentado el Gobierno español en
Bruselas, sea aprobado por unanimidad. Ello implica que las Comunidades
Autónomas tengan que llevar a cabo una serie de medidas --porque,
insisto, las competencias las tienen las Comunidades Autónomas--. Gracias
a la actuación del Gobierno --precisamente ha sido felicitado por ello en
su momento, cuando se aprobó este plan--, se está consiguiendo erradicar.

Le voy a decir más, señoría, a pesar de todo, no podemos bajar la guardia
porque en cualquier momento se puede producir un nuevo foco, ya que
siguen viniendo animales de fuera (Protestas.), siguen importándose
lechones de otros países de la Unión Europea y no se puede prohibir la
importación. Insisto, señorías, es un problema que se deduce de la
situación del mercado único, que tiene sus ventajas pero también sus
riesgos.

Nada más y muchas gracias. (Aplausos en los escaños del Grupo
Parlamentario Popular.)



El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Ministra de Agricultura.




--DE DON ALEJANDRO LAMALFA DIAZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL
SENADO, SOBRE SI CONSIDERA EL GOBIERNO QUE CON LAS RECIENTES
ADQUISICIONES DE CAPITAL DE EBRO AGRICOLAS COMPAÑIA DE ALIMENTACION, S.

A., POR PARTE DE AGENTES ECONOMICOS ESPAÑOLES, SE HA LOGRADO EL OBJETIVO
PROPUESTO DE GARANTIZAR LA PERMANENCIA Y ESTABILIDAD DEL SECTOR
REMOLACHERO ESPAÑOL (680/000438).




El señor PRESIDENTE: Pregunta de don Alejandro Lamalfa Díaz, del Grupo
Parlamentario Popular en el Senado, sobre si considera el Gobierno que
con las recientes adquisiciones de capital de Ebro Agrícolas Compañía de
Alimentación, S. A., por parte de agentes económicos españoles, se ha
logrado el objetivo propuesto de garantizar la permanencia y estabilidad
del sector remolachero español.

Tiene la palabra el Senador Lamalfa.




El señor LAMALFA DIAZ: Señora Ministra, distintas organizaciones
profesionales agrarias, así como otros colectivos relacionados con el
sector azucarero, han hecho públicas manifestaciones de reconocimiento y
felicitación a su Ministerio por la intensa y fructífera gestión
realizada en torno a la reordenación financiera experimentada en el
accionariado de Ebro Agrícolas hace pocas fechas, con la adquisición del
capital --que estaba en manos del grupo KIO-- por parte de agentes
económicos de Castilla y León.

Sabemos, porque entre otras razones usted lo puso de manifiesto en esta
Cámara, que el Ministerio de Agricultura ha realizado intensas y
constantes gestiones al objeto de garantizar para España la estabilidad
de un sector agrario tan fundamental que se veía amenazado por las
corrientes de interés de otros países de nuestro entorno dispuestos a
formar parte del accionariado, con los riesgos que tales pretensiones
conllevaba para la seguridad de los cupos remolacheros asignados a
nuestro país por la Unión Europea.

Se han confirmado las promesas realizadas por usted a esta Cámara de
reconducir un tema viciado en origen con la inicial autorización por
parte de Gobiernos anteriores KIO en la adquisición de capital de
empresas españolas en un sector estratégico y, a su vez, desde el
Ministerio se ha venido propiciando un clima de eficacia en la
reorganización del sector azucarero, de modo que el futuro no se ve
amenazado como lo estaba en el pasado inmediato.

Señora Ministra, muchos agricultores de mi provincia, Palencia, que veían
hace unos meses peligrar su futuro por mor de cuestiones financieras, de
las que ni participan directamente ni entienden, pero habían visto con
grave preocupación la adquisición de las acciones de Ebro Agrícolas por
parte de KIO y los sucesivos avatares financieros, reclamaban con
insistencia, tanto al Ministerio como a la Junta de Castilla y León,
soluciones inmediatas, y han obtenido una respuesta eficaz y
tranquilizadora desde ambas instancias: desde el Ministerio porque han
constatado la gestión perseverante y tenaz en las instancias de su
competencia, internas e internacionales, y desde la Junta de Castilla y
León, que ha propiciado con éxito una operación financiera de enorme
trascendencia.

Todos los indicadores y las informaciones de los medios apuntan a que el
riesgo de los cupos ha pasado ya que, en su conjunto, el sector azucarero
español tiene garantizada su supervivencia en el contexto del mercado
europeo. Sin embargo, y dada la seguridad que ofrece a los agricultores
su palabra, tantas veces contrastada, deseo conocer la valoración de su
Ministerio respecto a las operaciones financieras a que ha aludido
anteriormente y, sobre todo, su opinión, señora Ministra, respecto a las
garantías de futuro que tiene el sector azucarero español.

Por ello, le formulo la pregunta en los términos expuestos por el señor
Presidente: ¿Considera el Gobierno que con las recientes adquisiciones de
Ebro Agrícolas por parte de agentes económicos españoles se ha logrado el
objeto propuesto de garantizar la permanencia y estabilidad del sector
remolachero español?
Gracias, señor Presidente.




El señor PRESIDENTE: Gracias, Senador Lamalfa Díaz.

Tiene la palabra la señora Ministra de Agricultura.




La señora MINISTRA DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACION (De Palacio Del
Valle-Lersundi): Muchas gracias, señor Presidente.

Señoría, efectivamente, cuando me hice cargo de las responsabilidades del
Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación me encontré sobre la mesa
la preocupación respecto al componente del accionariado de las empresas
azucareras, por cuanto, detrás del cultivo de la remolacha,



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estamos hablando del orden de 50.000 agricultores; se trata de uno de los
cultivos socialmente más rentables, que afecta a amplias zonas de nuestra
geografía.

Tengo que decir a su señoría que desde el primer momento tomé esta
cuestión con el máximo interés, sabiendo la incidencia social que podría
tener un resultado no deseado en cuanto a la composición del accionariado
en estas empresas. He de agradecer públicamente la colaboración que en
todo momento he encontrado por parte de la Junta de Castilla y León, así
como por parte de algunas entidades financieras, y muy concreta y
especialmente de las distintas Cajas de Ahorro de Castilla y León.

En ese sentido, quiero manifestar una vez más a su señoría que después de
las últimas operaciones queda perfectamente clarificado el componente
accionarial de lo que va a ser la sociedad fusionada azucarera Ebro
Agrícolas, donde va a haber una participación de Cajas de Ahorro de
Castilla y León, donde también ha entrado en una participación Unicaja y
donde desde el primer momento me puse en contacto con entidades
financieras de Andalucía, Castilla-La Mancha, es decir, de las distintas
regiones donde existe el cultivo de la remolacha, precisamente para
permitir que participaran, si es que lo consideraban interesante, en esta
operación. Desde el punto de vista accionarial ha quedado perfectamente
clara la cuestión.

Hay que añadir la satisfacción del Ministerio a la hora de comprobar que
los rendimientos del cultivo en nuestras tierras empiezan a ser
asimilables a los que se obtienen en otras zonas de la geografía europea,
es decir, estamos mejorando de manera muy importante la competitividad de
nuestra producción, obteniendo unos rendimientos de remolacha, producción
de sacarosa por hectárea y calidad de la raíz comparables a los que se
producen en otras zonas e la Unión Europea. Si bien esto todavía no se
puede generalizar a la totalidad de nuestro territorio, espero que algo
que ya se ha conseguido en la zona norte pueda mejorar también en la zona
sur y, concretamente, en Andalucía, donde se están haciendo esfuerzos en
este sentido.

Además, quiero añadir que, a pesar de todo, seguimos teniendo un
diferencial en los costes de producción del azúcar, no ya de la
remolacha, respecto a los otros competidores europeos. En ese sentido
queda todavía por realizar un esfuerzo par mejorar la competitividad,
disminuir los costes de producción y, por lo tanto, poner el precio del
azúcar a unos costes similares o más o menos competitivos, si
incorporamos los costes de transporte, etcétera, respecto a los costes en
los países europeos vecinos.

Creo que la empresa, y esto es gestión empresarial y no va a entrar el
Ministerio, está llevando y llevará a cabo las medidas oportunas, todo
ello con el objetivo de garantizar la seguridad de los productores de
remolacha y la competitividad de este producto, precisamente para
garantizar el futuro del cultivo, el mantenimiento de la industria y, por
lo tanto, el mantenimiento de la riqueza para una serie de miles de
familias españolas.

Nada más y muchas gracias.




El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Ministra de Agricultura.

--DE DON JAUME FONT BARCELO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL
SENADO, SOBRE EL RESULTADO DE LAS CAMPAÑAS DE VIGILANCIA QUE HA REALIZADO
EL MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACION ACERCA DE LA
UTILIZACION DE REDES DE ENMALLE A LA DERIVA EN ILLES BALEARS
(680/000439).




El señor PRESIDENTE: Pregunta de don Jaume Font Barceló, del Grupo
Parlamentario Popular en el Senado, sobre el resultado de las campañas de
vigilancia que ha realizado el Ministerio de Agricultura, Pesca y
Alimentación acerca de la utilización de redes de enmalle a la deriva en
Illes Balears.

Tiene la palabra el Senador Font.




El señor FONT BARCELO: Muchas gracias, señor presidente.

Señora Ministra, el uso de redes de enmalle a la deriva es una de las
cuestiones que más preocupa a aquellos que defendemos un término parecido
al de pesca responsable, y creo que la razón es evidente: el irreparable
daño que causan a los fondos marinos justifica plenamente su rechazo.

Como usted sabe muy bien, en Baleares podemos, por desgracia, dar fe de
los devastadores efectos que causan la autorización de este tipo de
redes. El grupo de Senadores del Partido Popular de estas islas seguimos
con mucho interés las acciones de control que lleva acabo el Gobierno en
relación con esta actividad. Por ello, pregunto sobre el resultado de las
campañas de de vigilancia que ha realizado el Ministerio de Agricultura,
Pesca y Alimentación acerca de la utilización de estas redes.

Muchas gracias.




El señor PRESIDENTE: Gracias, Senador Font Barceló.

Señora Ministra de Agricultura, tiene la palabra.




La señora MINISTRA DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACION (De Palacio del
Valle-Lersundi): Gracias, señor Presidente.

El resultado de las últimas campañas de vigilancia llevadas a cabo en la
aguas de las Islas Baleares ha sido un notable descenso de la presencia
de buques procedentes de terceros países, que tengo que decir que son los
menos respetuosos con el medio marino y, concretamente, con la pesca
responsable. De ahí, además, una casi nula presencia de redes de
pesqueros de bandera italiana con redes de enmalle a la deriva dedicados
a la pesca de pez espada, a lo cual contribuyen también las
modificaciones llevadas a cabo en ese país y auspiciadas desde la Unión
Europea.

Como su señoría conoce, las campañas de vigilancia que ha realizado el
MAPA son fruto del plan de vigilancia e inspección en el caladero
mediterráneo y, en especial, en el Archipiélago Balear. Además, tengo que
señalar que la aprobación de una zona de protección pesquera hasta las
medianas con los otros países ribereños en el mar Mediterráneo



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amplía de manera importante la capacidad de control y la superficie de
mar vigilado. Este plan está concertado con el Estado Mayor de la Armada
y se realiza tanto por mar como por aire. En él participan patrulleros
costeros, así como el patrullero de altura «Alborán», recientemente
adquirido por el Ministerio y puesto a disposición de la Armada.

Por otro lado, también participan por aire los helicópteros de la
Administración pesquera que actúan desde sus bases del litoral levantino
e Islas Baleares, sirviendo de apoyo a los patrulleros y controlando, por
tanto, grandes áreas en escaso período de tiempo. De forma inmediata se
va a incorporar, a lo largo de este año, un aviocar Casa 212, al que se
encomendará el control de la zona de protección pesquera del
Mediterráneo.

También es preciso destacar la participación y colaboración en estas
operaciones de vigilancia de los medios marítimos y aéreos de la Armada
italiana, que, de manera conjunta y coordinada con las autoridades
españolas, han logrado un efecto disuasorio para los pesqueros de su país
que pudieran emplear redes de enmalle en las pesquerías del pez espada.

Asimismo, he de señalar a su señoría que parece que se va a desbloquear
en la próxima reunión del Consejo de Pesca el dossier sobre la
prohibición definitiva del uso de redes de enmalle a la deriva por parte
de pesqueros europeos, excepción hecha de su uso en la zona del Báltico y
alguna excepción menor de esas características. (El señor Vicepresidente,
Rigol i Roig, ocupa la Presidencia.)
También quiero comentarle que el incremento desmesurado de buques ajenos
a la cuenca mediterránea, al no respetar el ejercicio de una pesca
responsable, ha llegado a generar una situación de enorme tensión frente
a los pescadores nacionales que faenan en esta zona, ya que la flota
española está sometida a unas normas más restrictivas que las de esos
buques de países terceros, lo cual, junto al mal estado de los recursos
en el mar Mediterráneo, ha llevado al Gobierno a plantear la ampliación
de la zona de protección pesquera. Esta medida, además de permitir la
vigilancia de una zona mucho más amplia y, por lo tanto, de imponer una
pesca responsable en una amplia zona del mar Mediterráneo, va a
posibilitar también, al plantear España la implantación de zonas de veda,
una mejor conservación y una protección adecuada de recursos, como el
atún rojo o el pez espada, que estaban en peligro de extinción.

Nada más y muchas gracias.




El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Gracias, señora Ministra.

El Senador Font Barceló tiene la palabra.




El señor FONT BARCELO: Gracias, señor Presidente.

Gracias, señora Ministra. En noviembre de 1993 y en marzo de 1994, aquí
en Pleno y luego en Comisión, cuando este mismo Senador preguntaba al
Ministro de Agricultura y Pesca sobre las cuestiones de barcos con redes
a la deriva, las respuestas eran solamente buenas palabras; lo que me
contestaron siempre los Gobiernos socialistas y sus ministros era
solamente realidad virtual.

Usted acaba de dar aquí datos y soluciones a las cuestiones que
planteamos los que estamos preocupados por el tema de pesca con redes de
enmalle a la deriva. Esos son hechos, y se pueden contrastar en el
«Diario de Sesiones».

Quiero decirle que coincidimos totalmente con usted. Creo que para
Baleares, y también para España, el Real Decreto de Protección de Pescado
en el Mediterráneo es seguramente, a nuestro juicio, para aquellos que
estamos preocupados por los barcos con redes a la deriva, la disposición
más importante que se ha dictado en el Mediterráneo en estos últimos 20
años.

Asimismo, creemos absolutamente necesario mantener esta vigilancia
actual, si puede ser, reforzada con lo que nos acaba de decir, y si la
coordinación y colaboración con el Gobierno italiano puede proseguir,
habremos avanzado muchísimo.

Señora Ministra, muchas gracias, porque esto no es realidad virtual; esto
es tener que arreglar los desaguisados que tres Ministros de Agricultura
socialistas anteriores nos dejaron y que el Partido Popular saca
adelante. (Rumores:)
Gracias.




El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Muchas gracias.




--DE DON SALVADOR CARRERA I COMES, DEL GRUPO PARLAMENTARIO CATALAN EN EL
SENADO DE CONVERGéNCIA I UNIO, SOBRE LAS INVERSIONES PREVISTAS POR EL
GOBIERNO PARA LA MEJORA, CON CARACTER DE URGENCIA, DE LAS CONDICIONES DE
SEGURIDAD DEL TRAMO DE LINEA FERREA COMPRENDIDO ENTRE RIBES DE FRESER Y
PUIGCERDË (GIRONA) (680/000423).




El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Pasamos a la pregunta formulada
por el Senador don Salvador Carrera i Comes, del Grupo Parlamentario
Catalán en el Senado de Convergència i Unió, sobre las inversiones
previstas por el Gobierno para la mejora, con carácter de urgencia, de
las condiciones de seguridad del tramo de línea férrea comprendido entre
Ribes de Freser y Puigcerdà (Girona).

Tiene la palabra el Senador Carrera i Comes.




El señor CARRERA I COMES: Muchas gracias, señor Presidente.

Señor Ministro, la línea férrea Barcelona-Puigcerdà-Tour de Carol, línea,
por tanto, internacional, viene siendo motivo de preocupación desde hace
tiempo y de una forma periódica; desde movilizaciones tiempos atrás,
reivindicaciones, convocatorias, etcétera, para pedir su continuidad,
hasta la insistencia permanente para que se asuman las inversiones
necesarias con el fin de asegurar un buen servicio que pasa por dos
cuestiones fundamentales: su modernización y seguridad.

A raíz de una enmienda de este grupo parlamentario, es cierto que se dotó
una partida de alrededor de 350 millones de pesetas para obras de mejora,
que han terminado en este



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último ejercicio de 1997. Antes de final de año hubo una reunión entre la
Dirección General y los Consejos Comarcales de Cerdaña, Ripollés y Osona
para pedir un nuevo plan de inversiones, aunque fuera pequeño y
plurianual, pero la respuesta fue que no se tenía previsto hacerlas y que
quizá debería preverse para 1999, aunque también es cierto, y se lo digo,
señor Ministro, que pudimos constatar en esta misma Dirección General un
pleno conocimiento de la problemática y la buena disposición para nuevos
intentos. Pero, claro, en el fondo todo queda en esto, en buenos
intentos. Por ejemplo, nuestro grupo parlamentario, tanto en el Congreso
como en el Senado, presentó enmiendas a los presupuestos de 1998 que no
prosperaron y, en cambio, hay que tener en cuenta que la última era una
cifra irrisoria de 50 millones de pesetas.

En este momento, señor Ministro, nos encontramos con el lamentable
accidente de un descarrilamiento acaecido hace unas semanas, no por
exceso de velocidad u otra causa parecida, sino al revés, por nula
seguridad en la línea, en especial del tramo Ripoll-Puigcerdà, que hizo
que un alcalde de la zona dijera textualmente: «Esto no lo arreglará
Renfe, pero sí el juzgado».

Ante esta situación, pregunto sobre las inversiones previstas por el
Gobierno para la mejora, con carácter de urgencia, de las condiciones de
seguridad del tramo de la línea férrea comprendida entre Ribes de Freser
y Puigcerdà.

Muchas gracias, señor Presidente.




El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Muchas gracias, Senador Carrera.

Tiene la palabra el señor Ministro de Fomento.




El señor MINISTRO DE FOMENTO (Arias-Salgado y Montalvo): Muchas gracias,
señor Presidente. Muchas gracias, señoría.

Debo empezar por reconocer, señoría, que hay una buena parte de la red
ferroviaria española que se encuentra en un estado muy deficiente. En
este momento el Estado español no tiene medios suficientes para renovar
la infraestructura ferroviaria española en muchas partes del territorio
nacional. Hay tramos muy deficientes en Cataluña, en el País Vasco, en
Galicia, en Castilla y León, en Andalucía, por todas partes. Por
consiguiente, mientras se desarrolla el Plan de Autovías, que ha tenido
prioridad durante muchos años y sigue teniéndola por parte de este
Gobierno y de las Cámaras, los recursos que podremos destinar al
ferrocarril serán siempre insuficientes en el conjunto del territorio
español. Vamos realizando las inversiones que razonablemente se pueden, a
medida que se aprueban las cantidades en las Cámaras.

En relación con su pregunta, y de manera particular, ha anticipado su
señoría una buena parte de la respuesta. El Ministerio de Fomento ha
realizado una significativa inversión para la mejora de la línea
Barcelona-La Tour de Carol, que se ha centrado en los dos extremos del
tramo Ripoll-Puigcerdà, y su importe ha sido de 362 millones de pesetas,
cifra a la que hay que añadir las inversiones cotidianas de conservación
y el valor del material de carril y traviesas, que ha aportado RENFE.

Está previsto continuar las inversiones de mejora en todos estos tramos,
pero en los presupuestos anualmente vigentes, a propuesta de algunas
enmiendas de su Grupo y de otros grupos parlamentarios durante 1998 y en
lo que se refiere a Cataluña, está previsto desarrollar durante el
ejercicio la mejora de las líneas Lleida-Manresa y Lleida-La Pobla de
Segur, que son líneas de carácter muy semejante a aquella a la que se ha
referido su señoría. Por tanto, señoría, la previsión es continuar, en la
medida de las disponibilidades presupuestarias, con las inversiones
necesarias de mejora, sin perjuicio de las que permanentemente hace RENFE
para garantizar la seguridad de los trayectos.

Muchas gracias, señor Presidente.




El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Muchas gracias, señor Ministro.

Tiene la palabra el señor Carrera.




El señor CARRERA I COMES: Señor Ministro, un buena parte de la red
ferroviaria de España está en estado deficiente, lo que es una
problemática general, y sin duda, y así lo reconozco, en los Presupuestos
para 1998 se continúan haciendo unas mínimas inversiones en Cataluña en
otras líneas férreas. Pero ésta en concreto es una línea internacional
--y estamos hablando de una mínima modernización y seguridad--.

Reconociendo todas esas dificultades sólo pedimos las dotaciones mínimas
para que puedan ser asumibles, porque creemos que es imprescindible que
continúen estas inversiones.




El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Muchas gracias.

Tiene la palabra el señor Ministro.




El señor MINISTRO DE FOMENTO (Arias-Salgado y Montalvo): Muchas gracias,
señor Presidente.

Señoría, le invito a que planteemos el debate sobre esta cuestión
concreta para los próximos Presupuestos Generales del Estado en las
conversaciones que habitualmente mantenemos el Gobierno y su Grupo
parlamentario para la configuración de las inversiones en Cataluña.

Muchas gracias, señor Presidente.




--DE DON FRANCISCO JOSE ZAMORANO VAZQUEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO
SOCIALISTA, SOBRE LA FECHA PREVISTA POR EL MINISTERIO DE FOMENTO PARA EL
CUMPLIMIENTO DEL COMPROMISO ADQUIRIDO, EN LA SESION PLENARIA DEL SENADO
DEL DIA 26 DE FEBRERO DE 1997, DE FIRMAR UN CONVENIO CON LA JUNTA DE
ANDALUCIA PARA LA FINANCIACION DE LA LINEA DE ALTA VELOCIDAD ESPAÑOLA
(AVE) DE CORDOBA A MALAGA (680/000429).




El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Pregunta del Senador don
Francisco José Zamorano Vázquez, del Grupo Parlamentario Socialista,
sobre la fecha prevista



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por el Ministerio de Fomento para el cumplimiento del compromiso
adquirido, en la sesión plenaria del Senado del día 26 de febrero de
1997, de firmar un convenio con la Junta de Andalucía para la
financiación de la línea de Alta Velocidad Española (AVE) de Córdoba a
Málaga.

Tiene la palabra el Senador Zamorano.




El señor ZAMORANO VAZQUEZ: Muchas gracias, señor Presidente.

Señor Ministro, el pasado 26 de febrero, en contestación a una pregunta
que le formulé en esta misma Cámara, usted dio la bienvenida y consideró
extraordinariamente importante el Plan de la Junta de Andalucía para la
financiación de la línea AVE entre Córdoba y Málaga. Usted solicitó que
la Junta de Andalucía iniciara cuanto antes los trámites previos, y dijo:
En esta Cámara, dentro de un año volveremos a hablar, y el Gobierno
español firmará un convenio con la Junta de Andalucía para financiar el
tren Córdoba-Málaga de alta velocidad.

En ese momento se abrieron unas importantes expectativas para la
construcción de esta línea y se generó una fuerte ilusión colectiva tanto
en Córdoba como en Málaga y en toda Andalucía. Se intentaron acelerar los
plazos, usted se entrevistó con el Presidente de la Junta y quedaron en
la firma de un protocolo de intenciones, sin que, hasta la fecha, y a
pesar de los reiterados requerimientos que han existido, esa firma se
haya producido.

Con posterioridad tuvimos que asistir a un conjunto de contradicciones
entre miembros del Partido que sostiene al Gobierno y miembros del
Gobierno, que significó un auténtico jarro de agua fría a las
expectativas e ilusiones que se habían generado en Andalucía. Este jarro
de agua fría fue aún mayor cuando comprobamos que usted, en el proyecto
de Presupuestos Generales del Estado para 1998 no había contemplado
ningún crédito para esta línea, y fue aún mayor cuando una tras otra,
tanto en el Senado como en el Congreso de los Diputados, el Grupo
Parlamentario que sostiene al Gobierno fue rechazando todas las enmiendas
que el Grupo Parlamentario Socialista presentó para que se posibilitasen
unos créditos para acometer esta línea en el presente año. A pesar de
todo, la Junta de Andalucía sí que lo ha consignado en sus Presupuestos y
también ha realizado esos trabajos previos. Y hoy nos encontramos con que
es 25 de febrero y que ha pasado un año desde aquel compromiso que usted
adquirió aquí en la Cámara.

Por eso, señor Ministro, le formulo esta pregunta: ¿Cuándo cumplirá el
Ministro de Fomento el compromiso adquirido en el Pleno del Senado el día
26 de febrero de 1997, y firmará con la Junta de Andalucía el convenio
para la financiación de la línea AVE Córdoba a Málaga?
Muchas gracias, señor Presidente.




El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Muchas gracias, Senador Zamorano.

El señor Ministro tiene la palabra.




El señor MINISTRO DE FOMENTO (Arias-Salgado y Montalvo): Muchas gracias,
señor Presidente.

Señoría, yo le invito a leer en voz alta ante la Cámara el texto literal
del compromiso asumido por el Gobierno a través de este Ministro.

Muchas gracias, señor Presidente.




El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Muchas gracias, señor Ministro.

El Senador Zamorano Vázquez tiene la palabra.




El señor ZAMORANO VAZQUEZ: Muchas gracias, señor Presidente.

Se lo leo del «Diario de Sesiones»: dentro de un año...




El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Dispone de quince segundos,
señorías. (Risas.)



El señor ZAMORANO VAZQUEZ: La Cámara podría haberle facilitado al señor
Ministro lo que él dijo, ya que es batante desmemoriado.

Dice: dentro de un año volveremos a hablar, y el Gobierno español firmará
un convenio con la Junta de Andalucía para hacer el tren AVE de Córdoba a
Málaga.

Señor Ministro, ahora se lo voy a dar personalmente para que recuerde sus
palabras.

Señor Ministro, déjese de gaitas y cumpla lo que prometió.




El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Senador Zamorano...




El señor ZAMORANO VAZQUEZ: Termino, señor Presidente.




El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): No, ya ha terminado. Gracias.

El señor Ministro de Fomento tiene la palabra.




El señor MINISTRO DE FOMENTO (Arias-Salgado y Montalvo): Muchas gracias,
señor Presidente.

Señoría, usted lee la parte del texto de mi intervención que le conviene.

Yo dije: Yo le pido desde aquí, en nombre del Gobierno, a la Junta de
Andalucía que ponga en marcha la adjudicación del estudio informativo, la
adjudicación del impacto medioambiental y la adjudicación del proyecto.

(La Senadora Pleguezuelos Aguilar pronuncia palabras que no se perciben.)
Y cuando la Junta de Andalucía a través del plan de cofinanciación haya
realizado estos trámites, volveremos a hablar.

No obstante, señoría, yo le puedo decir que la Junta de Andalucía en
estos momentos no ha hecho todos sus deberes.

En cualquier caso, sí le anuncio que en los próximos presupuestos
generales del Estado (El señor Zamorano Vázquez: Otro año.) habrá una
cantidad significativa para el tren Córdoba-Málaga. (Rumores.) Pero
también le anticipo que, si en el próximo marco de apoyo comunitario no
hay fondos suficientes para financiar el Córdoba-Málaga, difícilmente en
una política de rigor presupuestario y dentro de la Unión Europea
podremos afrontar esa inversión.




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Muchas gracias, señor Presidente. (Rumores y protestas en los escaños del
Grupo Parlamentario Socialista.)



El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Muchas gracias, señor Ministro.




--DE DOÑA FRANCISCA PLEGUEZUELOS AGUILAR, DEL GRUPO PARLAMENTARIO
SOCIALISTA, SOBRE LA EXPLICACION DEL GOBIERNO RESPECTO DE LA SUSPENSION
DE LA TRANSMISION DE ACCIONES DE ANTENA 3 DE TELEVISION, S. A., A
TELEFONICA DE ESPAÑA, S. A., REALIZADA POR LA AUDIENCIA NACIONAL Y BASADA
EN UNA IRREGULARIDAD CONSENTIDA POR EL MINISTERIO DE FOMENTO
(680/000434).




El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): La siguiente pregunta la formula
la Senadora doña Francisca Pleguezuelos Aguilar, del Grupo Parlamentario
Socialista, sobre la explicación del Gobierno respecto de la suspensión
de la transmisión de acciones de Antena 3 de Televisión, S. A., a
Telefónica de España, S. A., realizada por la Audiencia Nacional y basada
en una irregularidad consentida por el Ministerio de Fomento.

La Senadora Pleguezuelos tiene la palabra.




La señora PLEGUEZUELOS AGUILAR: Muchas gracias, señor Presidente.

La semana pasada la Audiencia Nacional suspendió cautelarmente la
autorización por la que el Ministerio de Fomento había dado vía libre a
la compra de Antena 3 por Telefónica. El auto señalaba un cúmulo de
irregularidades, desde la vulneración de los procedimientos recogidos en
la Ley hasta una injustificada precipitación de su Gobierno para el
otorgamiento de esta autorización.

Señoría, este nuevo episodio de la política de comunicación de su
Gobierno, sin duda, es otro revés, que se suma a los que ya le ha dado
Bruselas con la Ley Digital y la Ley del Fútbol, y es un nuevo pleito que
usted y el señor Alvarez-Cascos han generado.

Yo espero que usted en su respuesta no califique este episodio de
estupidez, como últimamente vienen haciendo cuando algo no les conviene,
porque las consecuencias de esta peripecia sin duda son imprevisibles,
pero, en todo caso, son muy graves.

Muchas gracias, señor Presidente.




El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Muchas gracias, Senadora
Pleguezuelos.

Señor Ministro, tiene usted la palabra.




El señor MINISTRO DE FOMENTO (Arias-Salgado y Montalvo): Muchas gracias,
señor Presidente.

Lo único que le puedo decir, señoría, es que como miembro del Gobierno,
en estos momentos, yo no voy a valorar el auto dictado por una sección de
la sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional.

Ustedes están en su derecho de hacerlo. Creo que es malo apoyarse en
resoluciones judiciales para hacer política, pero, en todo caso, respeto
(Rumores.) lo que ustedes están haciendo. (El señor Presidente ocupa la
Presidencia.) Sin embargo, sí debo decirle que mientras no haya una
sentencia firme no hay ninguna ilegalidad. Porque una de dos, o
planteamos la cuestión en el terreno político, o la planteamos en el
terreno jurídico. Si ustedes traen un auto de una sala de un tribunal,
planteemos el tema en el terreno jurídico, y entonces le diré: Señoría,
hasta ahora, ningún tribunal ha decretado ninguna ilegalidad.

Muchas gracias, señor Presidente.




El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ministro de Fomento.

Tiene la palabra la Senadora Pleguezuelos Aguilar.




La señora PLEGUEZUELOS AGUILAR: Señor Ministro, tranquilícese. Yo sé que
para usted estos tragos son difíciles.

Ilegalidades o irregularidades burocráticas sin duda las hay, pero
también las hay políticas, y bastantes, porque Fomento, en esas horas que
tuvo para dar la autorización, fue bastante hábil y rápido, porque hasta
usted, señoría, dio la autorización incluso antes de que el Presidente de
Telefónica y el Presidente de Antena 3 firmaran, rubricaran el acuerdo o
la operación comercial, como ustedes quieran llamarlo. Lo que sí es
verdad es que usted, en aquellos momentos, no podía disponer de unos
datos, porque ni siquiera se había rubricado aquel acuerdo.

Claro que estamos hablando de política. No me limito sólo al auto, aunque
le avisamos que esto vendría, como lo hemos avisado con otras leyes. Lo
que ocurre es que ustedes están en una operación política que sin duda no
es otra cosa que crear ese grupo multimedia --que, por cierto, está
pagado por todos--, pero que está hecho o pretende estarlo a la medida
del señor Aznar, y para eso están montando ustedes cualquier operación,
cualquier obra teatral --si me lo permite-- para intervenir en los medios
de comunicación, y, claro está, el papel de primer actor se lo han dado
al amigo del señor Aznar, Presidente de Telefónica, y el Director de esta
obra no es otro que el Vicepresidente Primero del Gobierno, el señor
Alvarez-Cascos. Está claro que esto debe incomodarle, pero tiene que
hacer frente a las propuestas y a esas actuaciones, sibilinas sin duda,
del señor Alvarez-Cascos. Por lo tanto, irregularidades, sí;
burocráticas, sí o no, lo veremos; pero políticas, sin duda:
irregularidades políticas de su Gobierno.

Respecto a las decisiones judiciales deseo manifestar que no hemos sido
nosotros los que hemos hablado de acatarlas o no. Ustedes la acatan y la
siguen sólo cuando les conviene. Aplauden las decisiones judiciales
cuando van contra los gobiernos socialistas, como en el caso Filesa; no
aplaudieron el caso Naseiro, no aplaudieron otras actuaciones, como no
aplauden ésta, porque no les conviene. Y usted y su Gobierno, con su
doble moral, mandan al señor Luis de Grandes para que critique a una
ponente de este auto, cuando usted dice aquí que respetan y acatan. Ni
respetan



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ni acatan, porque también quieren ustedes marcar la justicia, como
quieren marcar toda la política.




El señor PRESIDENTE: Senadora Pleguezuelos, tiene que terminar.




La señora PLEGUEZUELOS AGUILAR: Termino, señor Presidente.

Señor Ministro, deje de poner piedrecitas en el camino de la libertad de
expresión y no secunde estas operaciones de intervencionismo del señor
Alvarez-Cascos y del señor Aznar, porque, además de las chapuzas
jurídicas, están ustedes tapando abusos políticos y de poder que la
historia les devolverá.

Gracias. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Socialista.)



El señor PRESIDENTE: Gracias, Senadora Pleguezuelos.

Tiene la palabra el señor Ministro de Fomento.




El señor MINISTRO DE FOMENTO (Arias-Salgado y Montalvo): Gracias.

Señoría, ¿hablamos de doble moral? ¿Quiere usted que repasemos lo que
ustedes hicieron en su época de gobierno? (Varios señores Senadores del
Grupo Parlamentario Socialista: ¡Sí, sí!) ¿Cómo han calificado ustedes
las decisiones judiciales sobre Filesa, criticando acerbadamente a los
jueces? (Protestas en los escaños del Grupo Parlamentario Socialista.)
Señoría, lo que ustedes han hecho durante catorce años ha sido proponerse
el control de la Administración de Justicia y proponerse el control de
los medios de comunicación social, y le digo lo que manifesté en el
Congreso de los Diputados: Al término del mandato de este Gobierno habrá
mucho más pluralismo informativo en España que durante los catorce años
que ustedes gobernaron. (Risas y protestas en los escaños del Grupo
Parlamentario Socialista.)
Muchas gracias, señor Presidente. (Aplausos en los escaños del Grupo
Parlamentario Popular.--Risas en los escaños del Grupo Parlamentario
Socialista.)



El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ministro de Fomento.




--DE DOÑA MARIA MERCEDES COLOMA PESQUERA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR
EN EL SENADO, SOBRE SI SE PONDRA EN MARCHA, DURANTE EL AÑO 1998, DENTRO
DEL PLAN INTEGRAL DE ATENCION A LA MUJER, LA OFERTA DE ANALGESIA EPIDURAL
DURANTE EL PARTO (680/000435).




El señor PRESIDENTE: Pregunta de doña María Mercedes Coloma Pesquera, del
Grupo Parlamentario Popular, sobre si se pondrá en marcha, durante el año
1998, dentro del Plan integral de atención a la mujer, la oferta de
analgesia epidural durante el parto.

Tiene la palabra la Senadora Coloma Pesquera.




La señora COLOMA PESQUERA: Gracias, señor Presidente.

Señor Ministro de Sanidad, la mejora en la calidad de la asistencia a las
mujeres, así como la satisfacción de las mismas, es uno de los grandes
retos por los que debe apostar todo sistema de salud. En España las
mujeres en edad fértil son aproximadamente 3.600.000. La tasa de
natalidad es de un 10,5 por mil habitantes y alrededor de 100.000 partos
anuales son atendidos en hospitales del Insalud. Después de una atención
y seguimiento correctos del embarazo llega el momento del parto, y todos
los profesionales coinciden en que el parto transcurre mejor cuando el
dolor no se hace protagonista. Es por ello por lo que la analgesia
epidural que se puede ofrecer a las mujeres en esta etapa del embrazo nos
parece una mejora en su asistencia, pero siempre teniendo presente que la
valoración para la instauración o no de dicha técnica debe ser hecha por
los especialistas correspondientes: anestesistas y ginecólogos.

Sabemos que las dificultades para poner en marcha esta técnica no son
pocas. Por una parte, se precisa demás recursos humanos, como es la
presencia del anestesista en dicho acto, y para tener un coste/beneficio
adecuado se requiere que el centro realice 1.500 partos al año, como
mínimo, al que no llegan muchos hospitales del Sistema Nacional de Salud.

Pero no podemos quedarnos indiferentes cuando desde la medicina privada
las compañías de seguros ofertan, y ya casi como reclamo, la analgesia
epidural en el parto. Un sistema de salud moderno y de calidad debe
ofrecer la mejor tecnología, así como dar una mayor satisfacción a las
usuarias del sistema.

Por todo ello, señor Ministro, la pregunta que le formulo es la
siguiente: ¿tiene previsto el Ministerio de Sanidad poner en marcha
durante 1998, dentro del Plan de Atención Integral a la Mujer, la oferta
de analgesia epidural durante el parto?
Muchas gracias.




El señor PRESIDENTE: Gracias, Senadora Coloma Pesquera.

Tiene la palabra el señor Ministro de Sanidad.




El señor MINISTRO DE SANIDAD Y CONSUMO (Romay Beccaría): Gracias, señor
Presidente.

Gracias, señora Senadora. Yo comparto su opinión en relación con la
importancia de unificar y reforzar las actuaciones sanitarias en relación
con la salud de las mujeres, y a esos efectos le puedo decir a su señoría
que este mismo año se ha puesto en marcha un plan integral de atención a
la mujer, cuyo objetivo es justamente unificar y reforzar las actuaciones
relativas a la salud de las mujeres, y que va a contar con una inversión
adicional de 7.000 millones de pesetas.

El plan se compone de cuatro programas específicos que cubren todas las
necesidades sanitarias del ciclo biológico de la mujer. Siguiendo ese
ciclo biológico los programas están dirigidos a mejorar la información
sobre métodos



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anticonceptivos; potenciar la atención en el embarazo, parto y puerperio;
detección y atención precoz del cáncer ginecológico, concretamente de
mama, endometrio y cérvix; y cuarto, los cuidados de la menopausia.

Uno de los objetivos fundamentales del programa para potenciar la
atención en el embarazo, parto y puerperio, es extender de un modo
progresivo la aplicación de la analgesia epidural durante el parto, que
en estos momentos se aplica al 40 por ciento de las mujeres que dan a luz
en centros sanitarios del Insalud, y queremos que sea el cien por cien en
el año 2000.

Este nuevo servicio consiste en ofrecer a la mujer embarazada la
analgesia, siempre que su situación clínica lo permita; lógicamente su
aceptación será voluntaria, teniendo que suscribir el documento de
consentimiento informado.

Para su implantación se va a seguir un protocolo consensuado entre las
unidades científicas de ginecología y obstetricia así como las de
anestesiología, reanimación y terapéutica del dolor, que indique los
criterios para realizar la analgesia, al igual que los recursos humanos
para efectuarla. El principal objetivo de la analgesia epidural es
proporcionar a la madre un adecuado alivio del dolor, sin poner en riesgo
el binomio materno-fetal. Por ello, este servicio será prestado siempre
por un médico especialista en anestesiología, así como los especialistas
en obstetricia y ginecología, quienes son los encargados de supervisar
todo el proceso del parto.

Dado que en los hospitales del Insalud se producen unos 100.000 partos
anuales, consideramos que, aproximadamente, 80.000 mujeres podrán
beneficiarse de este servicio cuando esté totalmente implantado. La
complejidad de su implantación en los centros de la red hace que la misma
deba aplicarse de manera paulatina. Para ello, se han negociado durante
los meses de enero y febrero con los gerentes de los hospitales los
contratos de gestión. El objetivo es que este servicio se inicie en los
centros hospitalarios donde se atiendan más de 1.500 partos al año.

Se estima que el coste de la implantación de la analgesia epidural para
el bienio 1998-1999, con un 80 por ciento de implantación, será de 1.292
millones de pesetas, siendo asumido dicho coste con cargo a las nuevas
acciones que están incluidas ya en el contrato de gestión de atención
especializada.

Muchas gracias, señor Presidente.




El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Ministro de Sanidad.

Tiene la palabra la Senadora Coloma Pesquera.




La señora COLOMA PESQUERA: Muchas gracias, señor Presidente.

Señor Ministro de Sanidad, después de que hemos tenido la oportunidad de
escuchar su respuesta en esta Cámara, solamente me queda instarle, en
nombre de las mujeres, a que sigan trabajando por ese camino, pues ese
plan integral de atención a la mujer tan ambicioso, con programas
preventivos para las diferentes etapas biológicas de la mujer, es
invertir en salud, como es invertir en calidad asistencial esa anestesia
epidural que van a ofertar en 1998 que tanto van a agradecer las
embarazadas a las que se les pueda aplicar la técnica.

Muchas gracias, señor Presidente. (Aplausos en los escaños del Grupo
Parlamentario Popular.)



El señor PRESIDENTE: Gracias, Senadora Coloma Pesquera.




--DE DON EMILIO ZAPATERO VILLALONGA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN
EL SENADO, SOBRE LAS REFORMAS QUE TIENE PREVISTO INTRODUCIR EL GOBIERNO,
A TRAVES DEL INSTITUTO NACIONAL DE LA SALUD (INSALUD), A FIN DE POTENCIAR
LA PARTICIPACION DE LOS PROVEEDORES EXTERNOS EN EL SECTOR SANITARIO
PUBLICO SIN ALTERAR LA EQUIDAD BASICA DEL SISTEMA, A LA VEZ QUE
ESTIMULANDO LA EFICIENCIA DEL MISMO (S. 680/000437).




El señor PRESIDENTE: De don Emilio Zapatero Villalonga, del Grupo
Parlamentario Popular en el Senado, sobre las reformas que tiene previsto
introducir el Gobierno, a través del Instituto Nacional de la Salud
(INSALUD), a fin de potenciar la participación de los proveedores
externos en el sector sanitario público sin alterar la equidad básica del
sistema, a la vez que estimulando la eficiencia del mismo.

Tiene la palabra el Senador Zapatero Villalonga.




El señor ZAPATERO VILLALONGA: Muchas gracias, señor Presidente.

Señor Ministro de Sanidad, hoy día es un principio universalmente
aceptado el de la separación de la financiación, por un lado, y la
provisión de servicios sanitarios, por otro, en el marco de la sanidad
pública. Es algo que no se discute ni fuera de nuestras fronteras y en
países gobernados por fuerzas políticas de izquierda o centro derecha,
como pueden ser el Reino Unido, Francia o Alemania, ni tampoco en nuestro
propio territorio nacional tal como sucede en las Comunidades Autónomas
de Cataluña, Galicia, País Vasco o Andalucía, todas ellas gobernadas por
partidos de diverso signo político.

Tal principio supone la presencia activa de proveedores externos en el
Sistema Nacional de Salud, lo que sin lugar a dudas debe ir acompañado
por las necesarias y suficientes garantías de un servicio sanitario de
calidad tanto desde el punto de vista cualitativo como cuantitativo.

Por toda esta serie de consideraciones, señor Ministro, este Senador que
le habla desea conocer qué reformas tiene previsto introducir el
Gobierno, a través del Insalud, a fin de potenciar la participación de
los proveedores externos en el sector sanitario público sin, por ello,
alterar la seguridad básica del sistema, a la vez que estimulando la
eficiencia del mismo.

Muchas gracias, señor Presidente.




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El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, Senador Zapatero Villalonga.

Tiene la palabra el señor Ministro de Sanidad.




El señor MINISTRO DE SANIDAD Y CONSUMO (Romay Beccaría): Muchas gracias,
señor Presidente.

La utilización de proveedores externos en los servicios sanitarios es ya
conocida en nuestro país. Se han aplicado, ciertamente, los principios de
subsidiariedad y complementariedad de una forma restrictiva, sin la
debida transparencia y con un uso excesivo de mecanismos de contratación
directa, con lo cual se han perdido oportunidades y transparencia.

Ahora, a los principios de subsidiariedad y complementariedad hay que
sumarles los de colaboración, coordinación, corresponsabilidad,
competencia regulada y comunidad de intereses al servicio de la salud.

Este nuevo sistema de relación con los proveedores externos está dirigido
a la utilización óptima de los recursos propios y se materializa en las
líneas de actuación siguientes; establecimiento de un sistema fluido de
comunicación y coordinación entre el Insalud y las empresas colaboradoras
de servicios sanitarios.

En el seno de la Comisión de información prevista en el plan estratégico
del Instituto, el Insalud expondrá sus planes y necesidades, escuchando a
su vez los del sector, propiciando con ello la búsqueda de oportunidades
comunes, evitando la superposición de inversiones y duplicación de
recursos, y fomentando, en definitiva, la eficacia conjunta de la
provisión pública y privada en beneficio mutuo.

Creación de mecanismos de contratación de servicios sanitarios plenamente
adaptados a la Ley General de Sanidad y a la Ley de Contratos de las
Administraciones Públicas. Estos mecanismos de contratación van a
permitir, bajo los principios de legalidad, transparencia, competencia y
libre concurrencia, el concierto de servicios de forma ágil, reglada y
con bajos costes administrativos, cuando las necesidades sanitarias lo
requieran. En este sentido, los contratos-marco para procesos
quirúrgicos, adjudicados el pasado ejercicio mediante concurso público,
han demostrado importantes ventajas, tanto para el Insalud como para los
proveedores externos, y han dinamizado extraordinariamente la búsqueda de
la calidad y la eficiencia, en un contexto de mercado regulado en el que
resulta beneficiado, en primera instancia, el ciudadano. Por ello, se va
a extender la modalidad de contratos-marco a otros servicios, como
pruebas diagnósticas, diálisis domiciliaria y otros tratamientos.

Estamos por la creación de mecanismos de acreditación y evaluación de la
calidad de centros y servicios concertados, porque los ciudadanos
atendidos en centros concertados deben gozar de las mismas condiciones de
calidad y servicio de que disfrutarían en los centros propios. Para ello
se están incorporando mecanismos de garantía y de calidad como la
actualización de la acreditación de centros, planes de especificaciones
técnicas de aparatos y pruebas diagnósticas, plan de evaluación
continuada de centros y servicios sanitarios, exigencia de aseguramiento
de la responsabilidad civil, protocolos de actuación médico-quirúrgica,
consentimiento informado y codificación e informe de altas.

Todo esto nos permitirá mantener la calidad de los servicios que damos a
nuestros beneficiarios, tanto si les atendemos en centros propios como en
centros ajenos.

Muchas gracias, señor Presidente.




El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Ministro.

Senador Zapatero Villalonga, tiene la palabra.




El señor ZAPATERO VILLALONGA: Muchas gracias, señor Ministro.

La inquietud mía personal y de mi Grupo político provenía de las
múltiples críticas que se han dirigido desde diversos sectores a la
concertación de servicios con proveedores externos, algunas de ellas no
fácilmente entendibles, como aquellas que provienen del Partido
Socialista, cuando el Gobierno de la Junta de Andalucía que ellos
sostienen realiza esta concertación de servicios y su propio Partido lo
realizó cuando estaba en el Gobierno Central. Es una más de esas músicas
sin letra que hablan de privatizaciones en menoscabo de la Administración
Pública, cuando esto no es verdad.

Tras la respuesta que acaba de dar el señor Ministro de Sanidad a mi
pregunta, cualquier duda que pudiera plantearse al respecto queda
aclarada, pues claros son y suficientes los mecanismos y las garantías de
que esta participación de los proveedores externos en el sistema, así
como la propia separación entre financiación y provisión de servicios,
logren un único y exclusivo fin, cual es el de ofrecer una mejor sanidad
pública utilizando de la mejor manera posible los recursos disponibles.

Muchas gracias.




El señor PRESIDENTE: Gracias, Senador Zapatero.




--DE DON GREGORIO GARZARAN GARCIA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL
SENADO, SOBRE LOS CRITERIOS QUE PIENSA INTRODUCIR EL GOBIERNO CON EL FIN
DE ABORDAR UNA POLITICA DE CALIDAD EN LOS SERVICIOS SANITARIOS QUE BRINDA
EL INSTITUTO NACIONAL DE LA SALUD (INSALUD) (680/000440).




El señor PRESIDENTE: Pregunta de don Gregorio Garzarán García, del Grupo
Parlamentario Popular en el Senado, sobre los criterios que piensa
introducir el Gobierno con el fin de abordar una política de calidad en
los servicios sanitarios que brinda el Instituto Nacional de la Salud.

Senador Garzarán García, tiene la palabra.




El señor GARZARAN GARCIA: Señor Ministro, se han distinguido tres épocas
evolutivas en la Sanidad de los países de nuestro entorno en las últimas
décadas. En los años 50 y 60, fue la era de la expansión, se crearon
muchos



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hospitales y centros, aumentaron de forma sustancial las especialidades y
los especialistas, y se ampliaron los servicios sanitarios a toda la
población. En los años 70 y 80, los costes sanitarios se dispararon de
forma dramática. Fue la era de la contención de costes. Se establecieron
sistemas sofisticados de contabilidad, se empezó a profesionalizar la
gestión y se desarrollaron sistemas informáticos para el control.

En la época de los 90 parece que muchas de las preocupaciones de los
sistemas sanitarios, tanto públicos como privados, se traducen en
conseguir un equilibrio entre la cantidad y el coste. Se propone, pues,
la implantación de la medida de la calidad de los mismos. Deben, pues,
mejorarse la calidad y la efectividad de los sistemas sanitarios.

Por esto, señor Ministro, yo le formulo la siguiente pregunta: ¿Qué
criterios piensa introducir el Gobierno con el fin de abordar una
política de calidad en los servicios sanitarios que brinda el Insalud?



El señor PRESIDENTE: Gracias, Senador Garzarán.

Tiene la palabra el señor Ministro de Sanidad.




El señor MINISTRO DE SANIDAD Y CONSUMO (Romay Beccaría): Muchas gracias,
señor Presidente.

Señor Senador, con toda razón plantea usted la conveniencia de acentuar
la preocupación por la calidad de las prestaciones de los servicios, lo
que encaja con lo que estamos intentando hacer desde el Departamento en
el sentido de mejorar la calidad, tanto en atención primaria, como en
atención especializada.

En lo que a atención primaria se refiere, en 1998 vamos a continuar
progresando en las líneas de trabajo ya implantadas, mediante la
monitorización de todos los indicadores relacionados con la calidad de
procesos tales como los tiempos de entrada para acceder a las consultas
de medicina general y pediatría como asimismo los tiempos de atención
médica en dichas consultas, la resolución en tiempo y forma de todas las
reclamaciones formuladas por los usuarios, las normas técnicas mínimas en
lo relativo a los servicios que este nivel oferta a los usuarios y que se
recogen en la cartera de servicios de atención primaria.

Asimismo, vamos a mejorar en función de los resultados obtenidos en las
encuestas de satisfacción de los usuarios que se vienen realizando, las
cuales reflejan la calidad percibida por los mismos en los servicios
recibidos y, como ejemplo, se puede citar la adaptación del abanico de
oferta horaria de consultas de atención primaria a las preferencias
manifestadas por los usuarios a través de la encuesta citada
anteriormente.

Por el mismo motivo, tratamos de mejorar la calidad en atención
especializada. La meta del Plan de calidad para 1998 es orientar los
servicios al ciudadano y mejorar la práctica asistencial involucrando a
los profesionales sanitarios. El núcleo básico del Plan está constituido
por tres áreas de mejora: De la calidad de la asistencia sanitaria
percibida por el paciente, en particular de la calidadde la información
que se le facilita, y mejora en la promoción de su participación en la
toma de decisiones. Mejora en la eficiencia de la práctica clínica
promoviendo la práctica de la Medicina basada en la evidencia y en la
implantación y evaluación de protocolos asistenciales. Mejora de la
calidad de los centros sanitarios mediante la optimización de los
sistemas de información clínico-financiero.

El Plan está compuesto por tres elementos diferenciados que tienen como
objetivo común el seguir avanzando en la mejora de la calidad: programa
de mejora de la calidad común a todos los hospitales. La mayor parte de
los objetivos del programa se recogían ya en el año 1997. Entre los
nuevos objetivos hay que destacar el que afecta a la protocolización del
proceso asistencial: mejora de la calidad en la gestión de las
reclamaciones y en la información al paciente y familiares, figurando,
entre otras cosas, la Carta de deberes y derechos de los pacientes, así
como continuación del desarrollo de documentos de consentimiento
informado, priorizando aquellos procedimientos más frecuentes.

Por último el programa de calidad incluye actuaciones en los siguientes
ámbitos: sistemas de información, gestión de listas de espera,
implantación de protocolos, infecciones hospitalarias y mejora del
proceso de detección y donación de órganos para trasplantes.

El programa de monitorización de indicadores que pretende incorporarse en
las organizaciones sanitarias ha demostrado ser útil para mejorar la
documentación clínica y para poder entender cómo utilizar los datos en
función de la mejora de la calidad. Por ello, los hospitales del Insalud
disponen de una base de datos centralizada y homogénea (CMDB), a partir
de la cual se pueden obtener una serie de indicadores.

Se trata de implantar, también para 1998, el Plan de calidad específico
de cada hospital, Plan que diseñe, en función de sus necesidades y
prioridades, un programa específico para cada centro. Este Plan ha de
estar contemplado en el programa de calidad pactado con cada uno de los
servicios del hospital, y dentro del propio Plan cada hospital debe
contar con las herramientas, adaptadas a sus necesidades, con que poder
medir el grado de satisfacción de los usuarios como un elemento más de la
gestión de la calidad.

Muchas gracias.




El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ministro de Sanidad.

Tiene la palabra, Senador Garzarán García.




El señor GARZARAN GARCIA: Gracias, señor Ministro, por su amplia
información que, indudablemente, beneficia sobre todo a los usuarios, a
los receptores de nuestro sistema sanitario; pero también beneficia al
propio sistema sanitario, al aumentar la eficacia y la efectividad del
mismo.

Muchas gracias, señor Ministro.




El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.




--DE DON LLUIS ARMET I COMA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, SOBRE
COMO REPERCUTIRIA EN EL ACTUAL SISTEMA DE



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FINANCIACION DE LAS COMUNIDADES AUTONOMAS LA EVOLUCION Y PREVISION DE
REFORMA DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE LAS PERSONAS FISICAS (680/000421).




El señor PRESIDENTE: Pasamos a la pregunta de don Luis Armet i Coma, del
Grupo Parlamentario Socialista, sobre cómo repercutiría en el actual
sistema de financiación de las Comunidades Autónomas la evolución y
previsión de reforma del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas.

Senador Armet i Coma, su señoría tiene la palabra.




El señor ARMET I COMA: Gracias, señor Presidente.

Mi pregunta es muy concreta. Nos gustaría conocer la opinión del
Vicepresidente Segundo del Gobierno en relación con este tema, tan
importante desde la perspectiva de la financiación de las Comunidades
Autónomas.

Gracias.




El señor PRESIDENTE: Gracias, Senador Armet i Coma.

Tiene la palabra el señor Vicepresidente Segundo del Gobierno.




El señor VICEPRESIDENTE SEGUNDO DEL GOBIERNO Y MINISTRO DE ECONOMIA Y
HACIENDA (de Rato y Figaredo): Gracias, señor Presidente, y gracias,
señor Senador.

Como su señoría sabe, el informe que los expertos acaban de enviar al
Gobierno sobre la reforma del IRPF y respecto de la incidencia de la
reforma en el nuevo sistema de financiación autonómica establece que el
Estado debe dar una financiación única de base imponible del IRPF, que el
Estado puede regular la tarifa general con independencia del gravamen
complementario que puedan establecer las Comunidades Autónomas para su
territorio, y que el Estado establecerá las deducciones de general
aplicación.

El Gobierno está estudiando estas recomendaciones, por lo que en estos
momentos no puedo pronunciarme definitivamente sobre las mismas. En todo
caso, la posición del Gobierno sobre el modelo de financiación es la
siguiente. La reforma del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas
no modificará la capacidad de financiación de las Comunidades Autónomas.

Por otro lado, como su señoría sabe, el propio modelo de financiación
contempla mecanismos para garantizar que la financiación de las
Comunidades Autónomas no se vea alterada.

En segundo lugar, la reforma del IRPF respetará escrupulosamente el
principio de corresponsabilidad actual, que es parte del modelo de
financiación.

Esa es la posición del Gobierno. Muchas gracias.




El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Vicepresidente Segundo del Gobierno.

Tiene la palabra, Senador Armet i Coma.




El señor ARMET I COMA: Gracias, señor Presidente.

Señoría, nosotros hemos sido claros sobre este tema. Antes de la
aprobación del modelo de financiación, dijimos de forma categórica que
existía el peligro de que un Gobierno conservador produjera la
desaceleración del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas. Y así
ha ocurrido. Como digo, lo dijimos antes de que se aprobara dicho modelo,
y doce intervenciones parlamentarias en esta Cámara han ido también en
esa misma dirección.

La desaceleración de este Impuesto, comparado con la evolución del resto
de los impuestos, es un hecho trascendental desde el punto de vista de
las expectativas existentes. Se había creado un modelo que se sustentaba
en una financiación basada en dos columnas fundamentales, una de las
cuales --como digo, columna fundamental que lo sustenta--, el Impuesto
sobre la Renta de las Personas Físicas, se desacelera en relación con el
resto. Por tanto, entra en una crisis profunda la base del sistema de
financiación, y ustedes lo saben perfectamente.

En el período 1997-2001 asistiremos a una doble situación. Por un lado, a
la desaceleración del Impuesto, con lo que esto conlleva, a la
frustración de todas las expectativas, y al desmentido de todo lo que se
dijo por parte del Gobierno y por otros actores económicos que firmaron
el acuerdo. La segunda fase consistirá en la reducción de las
potencialidades del Impuesto sobre la Renta y de su posible recaudación,
cosa firmada por todos los responsables políticos y por los portavoces
del Gobierno.

Estamos, por tanto, ante un modelo en profunda crisis en relación con la
base de sustentación que era el Impuesto sobre la renta de las Personas
Físicas por la vía de la desaceleración, por su política fiscal
específica, y por la voluntad explícita en función de la aplicación de su
programa de Gobierno, donde se decía categóricamente. En eso no ha habido
engaño. Pero sí por lo que se refiere a basar la financiación de las
Comunidades Autónomas en un Impuesto que gracias a los socialistas fue
vigoroso, pero que ustedes debilitan, con la trascendencia que eso tiene
para las Comunidades Autónomas; especialmente, para la evolución del
Estado del bienestar.

Las bases que sustentan el nuevo sistema de financiación se han hundido
por la parte más novedosa y sustancial. Usted dijo: La reforma sólo
afectará al tramo estatal, no al autonómico. Pero si quieren apuntarse el
tanto de la bajada del Impuesto, tendrán que bajar la tarifa autonómica.

La financiación autonómica siempre había sido un elemento de estímulo por
parte del Gobierno de la nación para las Comunidades Autónomas, y nunca
se había basado en una variable debilitada, como es el Impuesto sobre la
renta, situando a las Comunidades Autónomas en función de una
responsabilidad que no es suya, porque su responsabilidad es atender los
niveles del Estado del bienestar de nuestro país.

Me gustaría decir, señor Vicepresidente, que esta doble situación de
desaceleración del Impuesto que se está produciendo por todos los
indicadores que hoy conocemos y reconocido por todos los actores y
responsables institucionales de nuestro país, la reducción en cuanto al
número de declaraciones y en cuanto a recaudaciones que se puedan



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producir a partir de la variación que ustedes van a introducir en el
Impuesto de la Renta de las Personas Físicas incluye un elemento
fundamental. Todas las hipótesis o comentarios han quedado
desautorizados. Hoy todos los responsables institucionales muestran una
grave preocupación. Permítame que le diga, señor Vicepresidente, que la
crisis es tan profunda que no podemos esperar a un nuevo Gobierno para su
reconducción. Rectifiquen por responsabilidad institucional.




El señor PRESIDENTE: Gracias, Senador Armet i Coma.

Tiene la palabra el señor Vicepresidente Segundo del Gobierno.




El señor VICEPRESIDENTE SEGUNDO DEL GOBIERNO Y MINISTRO DE ECONOMIA Y
HACIENDA (de Rato y Figaredo): Gracias, señor Presidente y gracias, señor
Senador.

En primer lugar, quisiera decirle al señor Senador que sus predicciones
catastrofistas se basan en un hecho, y es que el actual modelo del IRPF
no es eficaz. Si lee el informe de los expertos solicitado por el
Gobierno encontrará que su señoría y los expertos coinciden. El actual
IRPF que este Gobierno no ha diseñado --quiero recordar a su señoría que
es de una Ley del año 1991-- ha perdido eficacia.

Por tanto, espero que su señoría colabore con nosotros en que desde el
punto de vista de la evolución del IRPF, el nuevo IRPF que este Gobierno
va a plantear en debate parlamentario, recupere su eficacia. Ahí
indudablemente todas las alternativas serán bienvenidas, pero no nos
quiera usted hacer responsables a nosotros de que un Impuesto que no
hemos transformado todavía, en su evolución actual en función del modelo
anterior, ha perdido eficacia. En eso estamos todos de acuerdo.

En segundo lugar, en cuanto a la liquidación del sistema de financiación
autonómica, su señoría sabe --se lo he dicho en varias ocasiones pero no
tengo ningún inconveniente en reiterárselo cuantas veces me lo solicite--
que la liquidación a cuenta indica claramente que el crecimiento de la
financiación de las Comunidades Autónomas que se han acogido al nuevo
modelo es superior a la prórroga del anterior.

Por tanto, sus afirmaciones sobre crisis profundas han de ponerse en
relación con que las Comunidades que han aceptado el modelo de
corresponsabilidad fiscal están recibiendo una financiación superior a
aquellas que no lo han aceptado. Por tanto, tengo que poner sus
afirmaciones de gran trazo en una cierta perspectiva que no indica lo
mismo.

En tercer lugar, quiero insistirle a su señoría, como le he dicho ya otra
veces, en que el modelo de financiación de las Comunidades Autónomas
pactado en septiembre de 1996 se basa en la cuota líquida y que, por
tanto, retenciones y política de devoluciones no deben ser tenidas en
cuenta. Su señoría sabe --porque también se lo he dicho-- que el Gobierno
ha acelerado claramente la política de devoluciones, cosa en la que
supongo que su señoría y su grupo parlamentario coinciden, porque me
parece una medida de saneamiento presupuestario incluso ético de cara a
la ciudadanía.

Por tanto, no coincido con la alarma de su señoría en cuanto al modelo de
financiación autonómica. Y sí me parece pertinente que en la nueva
reforma del Impuesto de la Renta de las Personas Físicas tratemos de que
éste recupere eficacia, ya que ésta se ha perdido como consecuencia del
diseño del año 1991. Por ello, en ese sentido, espero la colaboración de
su señoría y de su grupo para que un tributo esencial no sólo sea
progresivo, equitativo, no sólo reconozca las necesidades de las
familias, sino que recupere una cierta efectividad recaudatoria que el
Impuesto que nosotros hemos heredado claramente ha perdido.

Muchas gracias.




El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Vicepresidente Segundo del Gobierno.




--DE DON FRANCISCO JAVIER ROJO GARCIA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO
SOCIALISTA, SOBRE LA OPINION DEL GOBIERNO RESPECTO A QUE EL PASADO DIA 15
DE FEBRERO TELEVISION ESPAÑOLA, S. A. (TVE), NO INFORMARA SOBRE LAS
DECLARACIONES REALIZADAS POR EL EX DIRECTOR DE UN MEDIO DE COMUNICACION Y
ACTUAL MIEMBRO DE LA REAL ACADEMIA ESPAÑOLA (680/000433).




El señor PRESIDENTE: Pregunta de don Francisco Javier Rojo García, del
Grupo Parlamentario Socialista, sobre la opinión del Gobierno respecto a
que el pasado día 15 de febrero Televisión Española no informara sobre
las declaraciones realizadas por el ex director de un medio de
comunicación y actual miembro de la Real Academia Española.

Tiene la palabra el Senador Rojo García.




El señor ROJO GARCIA: Gracias, señor Presidente.

Señorías, la alternancia política es un signo de madurez democrática y es
un signo que nos damos los ciudadanos desde la normalidad en el
funcionamiento de las instituciones, si así lo desean aquéllos y así,
evidentemente, se ha hecho. Lo que no es un signo de normalidad
democrática, señorías, es que seis, siete, ocho señores en torno a una
mesa camilla, decidan de qué manea se tiene que hacer, o de qué manera
hay que montar un complot para aniquilar o liquidar a un gobierno
democrático. Y lo que no es de normalidad democrática tampoco, señorías y
señor Vicepresidente del Gobierno, es que la televisión pública,
Televisión Española, haga caso omiso el 15 de febrero por entender
seguramente que era una colosal estupidez, como ha dicho desde su
profunda sabiduría histórica el Presidente del Gobierno. Y es por ello,
señorías, que fuera de nuestras fronteras sí que se hicieron eco los
medios de comunicación de esta noticia; fueron todos los medios de
comunicación de este país, con la excepción de Televisión Española que no



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dio la noticia, los que entendieron que esta noticia sí que era de
interés general.

Señor Vicepresidente del Gobierno --y se lo digo desde su experiencia
como uno de los azotes de la oposición cuando era oposición el Partido
Popular--, le pido que haga una reflexión desde la humildad y piense qué
hubiesen hecho ustedes si esto les hubiese ocurrido a ustedes estando en
la oposición. ¿Qué hubiese dicho el señor Ramallo, qué hubiese dicho
usted, qué hubiese dicho la señora de Palacio, que entonces eran los
portavoces? ¿Imagina en este país alguien lo que hubiese dicho el Partido
Popular al país con una noticia de este calado? Esa es la reflexión que
desde la humildad yo le pido a usted que haga y que se la haga el Partido
Popular.

A mí no me parece esto ninguna estupidez, ni me parece tampoco, señorías,
ni les parece a los demócratas de este país, que ésta sea una cosa de no
perder el tiempo, como nos ha dicho el Presidente del Gobierno, el cual,
tengo que decirle por otra parte, lleva una temporada inspiradísimo;
lleva una temporada con tanta inspiración que cada vez que abre la boca
seguramente nos sonroja. (Protestas en los escaños del Grupo
Parlamentario Popular.) Sí, sí.

Por lo tanto, señores del Partido Popular, señor Vicepresidente del
Gobierno, no voy a leerle la pregunta porque lo ha hecho magníficamente
bien el Presidente de la Cámara. Contésteme en el derecho que tengo como
miembro de la oposición y déme una explicación sobre la pregunta que se
ha leído.




El señor PRESIDENTE: Gracias, Senador Rojo García.

Señor Vicepresidente Primero del Gobierno, tiene la palabra.




El señor VICEPRESIDENTE PRIMERO DEL GOBIERNO Y MINISTRO DE LA PRESIDENCIA
(Alvarez-Cascos Fernández): Gracias, señor Presidente.

Señoría, en primer lugar yo quiero agradecerle muy sinceramente la
formulación de esta pregunta porque me permite, en nombre del Gobierno,
reafirmar que cuando la actividad de los profesionales de un medio
público --en este caso de Televisión-- se ajusta a los principios que
establece el artículo 4.º a) del Estatuto --los principios de
objetividad, veracidad e imparcialidad de las informaciones (Risas en los
escaños del Grupo Parlamentario Socialista)--, al Gobierno no le
corresponde emitir ninguna opinión (El señor Laborda Martín: ¡Es que es
simpatiquísimo! --Rumores.)



El señor Presidente: Gracias, señor Vicepresidente Primero del Gobierno.

Tiene la palabra el Senador Rojo.




El señor ROJO GARCIA: Muchas gracias, señor Presidente.

Señor Vicepresidente del Gobierno, siguiendo con la doctrina que nos
acaba de leer, he de decirle que seguramente a Televisión Española le
parecerá mucho más importante, porque fueron noticias que se dieron el 15
de febrero, de qué forma se hace el cocido en Lalín (Risas.); seguramente
será mucho más importante explicarnos en Televisión Española cómo uno va
a esquiar, parece maestro del esquí y no tiene ni idea --eso también nos
lo ha enseñado Televisión Española con la veracidad que usted nos dice--
(Varios señores Senadores de los escaños de la derecha: ¡Venga, hombre,
venga!-- El señor Unceta Antón: ¡Qué tontería!)
Señor Vicepresidente del Gobierno, usted sabe que esto que estamos
debatiendo es un tema importante y que preocupa a los españoles, y a su
Grupo no le debería hacer ninguna gracia porque esto no es para hacer
gracia a nadie. Esto es preocupante, porque es preocupante que seis,
siete, ocho o veinte señores se sienten en torno a una mesa camilla y
decidan ellos de qué forma se conspira contra un Gobierno (Varios señores
Senadores de los escaños del Grupo Parlamentario Popular: ¡Venga!) Y
además le diré más: le debiera preocupar a usted, señor Alvarez-Cascos,
porque son sus amigos, por eso le debería preocupar a usted, porque son
amigos del Gobierno, y esto es intolerable, señor Vicepresidente del
Gobierno.

Sé que usted va a terminar y no me va a contestar a nada, y lo que es
peor, igual me contesta mintiendo. (Aplausos en los escaños del Grupo
Parlamentario Socialista.)



El señor PRESIDENTE: Gracias, Senador Rojo García.

Señor Vicepresidente Primero del Gobierno, tiene la palabra.




El señor VICEPRESIDENTE PRIMERO DEL GOBIERNO Y MINISTRO DE LA PRESIDENCIA
(Alvarez-Cascos Fernández): Gracias, señor Presidente.

No, no teman sus señorías que no voy a caer en las provocaciones del
señor Rojo. (Rumores en los escaños del Grupo Parlamentario Socialista.)
Señor Rojo, el Estatuto de Radiotelevisión Española establece un sistema
concreto, en virtud del cual el control de las actividades de Televisión
y de Radio Nacional se realiza a través de una Comisión Parlamentaria del
Congreso. Pero yo no me voy a escudar en este artículo para no tener la
deferencia de contestarle a usted a su pregunta. Por lo tanto, para hacer
compatible las dos cosas --tener la deferencia de contestarle... (La
señora Pleguezuelos Aguilar: ¡Obligación, obligación!)... y respetar el
Estatuto de Televisión-- yo le voy a dar lectura de la carta que me
remite y, por lo tanto, hago mías las opiniones del Director General de
Radiotelevisión Española, y le pediría que escuchara atentamente; le
pediría que escuchara atentamente.

En relación con la pregunta formulada por el Senador del Grupo
Parlamentario Socialista, don Francisco Javier Rojo García, recabando la
opinión del Gobierno sobre el hecho de que el pasado 15 de febrero
Televisión no informase sobre las declaraciones realizadas por don Luis
María Ansón a la revista «Tiempo», pongo en tu conocimiento los
siguientes extremos:



A)El día 15 de febrero, domingo, lo único que aconteció sobre el
particular fue la publicación en el diario «El



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País» --recalco en el diario «El País», el día 15, domingo-- de una
noticia consistente en adelantar el contenido de una entrevista de don
Luis María Ansón a la revista «Tiempo». La citada noticia de «El País»
llevaba como titular la transcripción entrecomillada de una frase,
hipotéticamente vertida por don Luis María Ansón, a lo largo de la
entrevista concedida a la revista «Tiempo», del siguiente tenor --no le
enseño el periódico porque usted lo recordará--: «Fue necesario poner en
riesgo el Estado para acabar con González». Este era el titular.

B)Los diferentes medios de comunicación que, en su caso, informaron el
pasado día 15 de febrero, domingo, del asunto de referencia, lo
efectuaron haciéndose eco de la noticia publicada ese día por el diario
«El País».

C)Resulta, sin embargo (Rumores.) --escuche, señor Rojo, porque ya sé que
no va a ser de su agrado, pero, por lo menos, tenga un mínimo de atención
por respeto a la verdad (Rumores.)--, que cuando la revista «Tiempo» sale
a la venta el lunes 16 de febrero, la frase entrecomillada que servía de
titular a la noticia publicada por el diario «El País» y que antes he
reproducido no aparece en el contenido de la entrevista que don Luis
María Ansón concedió a dicha revista. (Aplausos en los escaños del Grupo
Parlamentario Popular.--Rumores.) No he terminado todavía. Circunstancia,
señorías, de la que se hace eco el propio periódico en su edición del día
16 de febrero, rectificando la frase imputada a don Luis María Ansón, que
sirvió de titular a la noticia publicada por aquél el día anterior.

D)Televisión Española ofreció amplia información sobre las
manifestaciones de don Luis María Ansón a partir del lunes, día 16 de
febrero, una vez contrastado y adverado el contenido real de la
entrevista concedida por el señor Ansón a la revista «Tiempo» (Aplausos
en los escaños del Grupo Parlamentario Popular.), que salió a la venta
ese mismo día, y ello en aras de ofrecer una información veraz, tal y
como establece el artículo 20.d) de la Constitución.

E)Si Televisión Española hubiese informado sobre el particular el día 15
de febrero, lo habría hecho haciéndose eco de una noticia publicada por
«El País» que no se ajustaba a la realidad, puesto que, insisto, el
titular de dicha noticia consistió en la transcripción de una frase
hipotéticamente vertida por el señor Ansón (Rumores en los escaños del
Grupo Parlamentario Socialista.) a lo largo de la entrevista concedida a
la revista «Tiempo», que finalmente no aparece en la entrevista publicada
por dicha revista. (Fuertes rumores en los escaños del Grupo
Parlamentario Socialista.)



El señor PRESIDENTE: ¡Silencio, por favor!



El señor VICEPRESIDENTE PRIMERO DEL GOBIERNO Y MINISTRO DE LA PRESIDENCIA
(Alvarez-Cascos Fernández): Y que también podía haber ocurrido respecto
de otros extremos que configuraban el contenido de dicha noticia.

Las circunstancias anteriormente expuestas... (Rumores.)
El señor PRESIDENTE: ¡Por favor, silencio!



El señor VICEPRESIDENTE PRIMERO DEL GOBIERNO Y MINISTRO DE LA PRESIDENCIA
(Alvarez-Cascos Fernández): Termina la carta, señor Presidente, diciendo:
Las circunstancias anteriormente expuestas avalan la actuación de los
responsables de Televisión Española, en el sentido de informar de las
noticias cuando éstas realmente se han producido y han podido ser
contrastadas y que hasta ese momento no dejan de ser simples rumores.

Atentamente. Fernando López-Amor. (Fuertes rumores.)



El señor PRESIDENTE: ¡Silencio, por favor!



El señor VICEPRESIDENTE PRIMERO DEL GOBIERNO Y MINISTRO DE LA PRESIDENCIA
(Alvarez-Cascos Fernández): Por eso, señor Rojo... (Rumores.)



El señor PRESIDENTE: Termine, señor Vicepresidente.




El señor VICEPRESIDENTE PRIMERO DEL GOBIERNO Y MINISTRO DE LA PRESIDENCIA
(Alvarez-Cascos Fernández): Para terminar, le agradezco doblemente la
pregunta, porque además de permitir reafirmar el compromiso del Gobierno
con el principio de veracidad (Risas en los escaños del Grupo
Parlamentario Socialista.), permite poner de manifiesto su escaso apego a
la veracidad de las informaciones (Rumores.), que es justamente lo que
caracterizó la labor de los socialistas en los medios de comunicación
pública de la etapa de anormalidad democrática en la que ustedes se
responsabilizaron de Televisión Española. (Fuertes protestas en los
escaños del Grupo Parlamentario Socialista.-- Aplausos en los escaños del
Grupo Parlamentario Popular.)



El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Vicepresidente Primero del Gobierno.

Veo que ha habido unanimidad en la aceptación de la respuesta del
Vicepresidente.




INTERPELACIONES



--DE DON JON GANGOITI LLAGUNO, DEL GRUPO DE SENADORES NACIONALISTAS
VASCOS, SOBRE LA OPINION DEL GOBIERNO EN MATERIA DE IMPUESTO SOBRE EL
VALOR AÑADIDO (IVA) EN RELACION CON LA VIVIENDA Y, MAS CONCRETAMENTE, EN
CUANTO A LA FISCALIDAD APLICABLE TANTO A LA INSTALACION DE ASCENSORES EN
CASAS QUE NO DISPONEN DEL MISMO COMO EN LA REHABILITACION DE VIVIENDAS
ANTIGUAS. (670/000067).




El señor PRESIDENTE: Punto segundo del orden del día: Interpelaciones. En
primer lugar, la de don Jon Gangoiti Llaguno, del Grupo Parlamentario de
Senadores Nacionalistas



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Vascos, sobre la opinión del Gobierno en materia de Impuesto sobre Valor
Añadido en relación con la vivienda y, más concretamente, en cuanto a la
fiscalidad aplicable tanto a la instalación de ascensores en casas que no
disponen del mismo como en la rehabilitación de viviendas antiguas.

Tiene la palabra el Senador Gangoiti Llaguno.




El señor GANGOITI LLAGUNO: Señor Ministro, señorías, nuestro Grupo
Parlamentario presenta esta interpelación que tiene relación con la
problemática de la vivienda. A nadie se le ocultan las dificultades que
en estos momentos tiene la sociedad para la compra de nuevas viviendas, y
en especial los jóvenes, incluso la bolsa de pocos jóvenes afortunados
que tienen trabajo.

Pero, junto a esa problemática general de la vivienda, que el Gobierno ya
está tratando, hay un tema concreto a este respecto que es el que motiva
nuestra interpelación y que se refiere a la posible reducción del IVA
general al IVA reducido en las instalaciones de ascensores en aquellas
viviendas que no disponen de él, así como en la rehabilitación de
viviendas antiguas.

La razón de que presentemos esta interpelación es que, en general
--siempre hay excepciones--, la mayoría de las viviendas que no tienen
ascensor están ocupadas en gran parte por gente mayor que necesitan de
ese instrumento para acceder a sus casas y también, en general, por
gentes de escasos recursos económicos. Nosotros consideramos que con una
reducción del tipo de IVA se conseguiría un abaratamiento en esta
cuestión, por otro lado, también se generaría más actividad económica.

De hecho, la Unión Europea, como ustedes saben, exige en algunos casos el
mismo tipo de IVA para los Estados y en otros deja libertad al respecto.

En relación con el caso que hoy nos ocupa, en la Sexta Directiva del IVA
de la Unión Europea, en su Anexo H, punto 9, se incluye precisamente este
tema; punto 9 que habla sobre suministro, construcción, renovación y
transformación de vivienda en el marco de la política social comunitaria.

Así pues, el Estado miembro tiene la facultad, en el caso que nos trae
aquí, de aplicar el tipo de IVA reducido.

De todas formas, para situar el contexto actual a nivel comunitario,
quiero citar dos importantes documentos de la Unión Europea. Me estoy
refiriendo, en primer lugar, a la comunicación de la Comisión al Consejo
titulada «Creación de Empleo: posibilidad de aplicar de forma optativa y
durante un período experimental un tipo reducido del IVA a los servicios
de gran intensidad de mano de obra» y, en segundo lugar, al Informe de la
Comisión al Consejo y al Parlamento Europeo de 1997, de conformidad con
lo dispuesto en el apartado cuarto del artículo 12 de la Sexta Directiva
del IVA, de 17 de mayo de 1997, en materia de armonización de las
legislaciones de los Estados miembros.

Del primer documento, la comunicación de la Comisión al Consejo titulada
«Creación de Empleo», publicado el 12 de noviembre del pasado año, se
está hablando mucho en estos momentos en Bruselas debido a las
implicaciones que puede tener a favor del empleo. Básicamente se trata,
en el marco de la búsqueda de soluciones al desempleo, de fomentar la
creación de empleo desde diversos frentes. En este caso se trataría de
una modificación del Derecho comunitario que ha sido requerido, según la
Comisión de la Unión Europea, por varios Estados miembros e incluso por
diversas asociaciones.

La idea, que se pondría en marcha de forma experimental y voluntaria, se
basaría, señorías, en un doble razonamiento. Por un lado, la Comisión
considera que un tipo de IVA reducido debería redundar en unos precios al
consumo más bajos, lo cual haría que el IPC siga bajando y que se fuese
consolidando la estabilidad de precios de cara a la entrada en vigor del
euro. Al mismo tiempo, este tipo de IVA reducido estimularía la demanda
de servicios prestados por trabajadores poco cualificados y que implican
una gran intensidad de mano de obra.

En segundo lugar, el mecanismo de IVA no funciona bien en sectores en los
que las posibilidades de deducción de IVA soportados son reducidos y en
los que la mayoría de los clientes son consumidores particulares.

Desgraciadamente, todos sabemos que a menudo se decide no emitir factura
y se produce un fraude. En este sentido, la Comisión considera en su
documento que un tipo reducido de IVA disminuiría el estímulo para
integrarse o permanecer en el ámbito de la economía sumergida.

En consecuencia, la Comisión Europea considera que merece la pena probar,
a título experimental y por un período de tres años, bajo una estricta
supervisión. Para ello, la Comisión estaría dispuesta a presentar una
propuesta de directiva que lo articulase. Los criterios seleccionados
serían los siguientes --únicamente voy a enumerar los principales--. En
primer lugar, los servicios seleccionados deben desplegar una gran
intensidad de mano de obra, que ésta sea de escasa cualificación,
directamente destinados a los consumidores, carácter local del servicio y
ser aquellos en los que se dé la mayor interrelación entre reducción de
precios y aumento de la demanda y del empleo. En este sentido, incluye
textualmente los servicios de renovación y reparación de viviendas,
excluidas, obviamente, las de nueva construcción.

Está claro que la Comisión se reserva el poder de revocación inmediata de
esas medidas para el caso en el que pudiesen surgir falseamientos en la
libre competencia a la realización de las mismas. En el caso de que el
experimento resulte positivo, la Comisión examinará si procede incluir
tal medida o no en el sistema armonizado del IVA.

El segundo documento al que me refería es el informe de la Comisión y del
Consejo de Ministros al Parlamento Europeo relativo a la Sexta Directiva
del IVA. En esta comunicación, la Comisión persigue, entre otros
objetivos, los siguientes. En primer lugar, analizar el influjo de la
estructura de los tipos del IVA sobre el funcionamiento del mercado
único, del mercado interior europeo. En segundo lugar, examinar, en el
ámbito de aplicación del tipo reducido de IVA, las listas de entregas de
bienes y prestaciones de servicios que figuran en el Anexo H) de la Sexta
Directiva sobre el IVA que he citado al principio de mi intervención.

En tercer lugar, estudiar las posibles vías de armonización de ámbito de
aplicación del tipo reducido de IVA.




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Por lo que se refiere al tema que estamos debatiendo, es importante
destacar, a modo de síntesis, que la postura de la Comisión Europea, en
cuanto a los tipos reducidos del IVA, es la siguiente. Primero, las
crecientes diferencias entre los tipos de IVA de diversos Estados
miembros puede, en principio, originar desequilibrios estructurales y
falseamientos de la libre competencia en determinados sectores de la
actividad económica. Segundo, en cuanto a los tipos reducidos
estrictamente, la Comisión reconoce la existencia de determinadas quejas
que ponen al descubierto que algunos aspectos de la actual situación
presentan problemas. En tercer lugar, el criterio fundamental a la hora
de revisar el ámbito de aplicación del tipo reducido del IVA del Anexo H)
de la Sexta Directiva es que la armonización es necesaria para garantizar
el establecimiento y funcionamiento del mercado interior.

En el caso concreto de la revisión en sí de las distintas categorías
contempladas en el Anexo H), en lo que se refiere a esta interpelación,
es decir, la categoría nueve de la política social, la Comisión señala en
su documento: En lo que atañe al suministro, construcción, renovación y
transformación de viviendas con fines sociales, al parecer, algunos
Estados miembros tienden a incluir en este capítulo todo tipo del sector
de la construcción. La Comisión estudia actualmente legislación
específica. Conviene subrayar que la ausencia de definiciones comunes no
puede utilizarse para justificar una aplicación más amplia de la
categoría. En este caso concreto, la categoría se circunscribe,
estrictamente, a las viviendas sociales, y la falta de definiciones
comunes no debe aprovecharse para una aplicación más extensa del tipo de
IVA. La Comisión reconoce las solicitudes de ampliación del Anexo H) a
los servicios intensivos de mano de obra realizados desde diversos
sectores.

En conclusión, señorías, se puede decir que con esos dos documentos de la
Comisión de la Unión Europea cada Estado miembro es libre de acogerse o
no a la aplicación del tipo reducido del IVA, a condición de que el tipo
aplicado sea igual o superior al cinco por ciento y de que se trate de
una de las materias recogidas en el Anexo H) de la Sexta Directiva sobre
el IVA.

En segundo lugar, y en el caso concreto del tema que nos trae a esta
interpelación, cabe decir que en los servicios de rehabilitación de
viviendas antiguas y de instalación de ascensores en viviendas que
carecían de ellos habría que realizar alguna puntualización. En ese
sentido, la puntualización es que existe una amplia opinión favorable,
apoyada por la Comisión que preside el señor Santer, para que los Estados
miembros presenten propuestas relativas a la aplicación de un tipo
reducido del IVA a los servicios de alta intensidad en mano de obra de
forma experimental y voluntaria y por tres años, lo cual sería aprobado
por la Comisión si se cumplen una serie de criterios señalados por la
misma.

Señorías, es importante destacar también que no debe afectar a los
intercambios comunitarios, ni falsear, por supuesto, la libre competencia
en el marco del Mercado Unico. Como justificación se puede señalar que
además del carácter social que tendría esta medida, fomentaría el empleo
y desincentivaría de alguna forma, tal y como he señalado anteriormente,
el fraude fiscal.

Por último, no debe olvidarse que una de las categorías sugeridas por la
Comisión para la aplicación del IVA reducido en los servicios de alta
intensidad de mano de obra se refiere, tal y como he citado antes, en el
punto número nueve, a los servicios de renovación y reparación de
viviendas, excluidas, obviamente, las de nueva construcción.

En consecuencia, y por eso presentamos esta interpelación, nos gustaría
saber cuál es la postura del Gobierno a este respecto. Nosotros, tal y
como decía al principio, consideramos que, por un lado, una reducción del
tipo de IVA en los casos señalados, del tipo general al reducido, tendría
un impacto social importante y favorable puesto que abarataría las
viviendas para esa bolsa de personas que, como he dicho, en general es
gente con escasos recursos económicos y también en muchos casos gente
mayor. En segundo lugar, hay que tener en cuenta que el efecto sobre la
recaudación sería mínimo. Desde nuestro punto de vista el impacto social
superaría con creces la pequeña cantidad que se dejaría de ingresar en
las arcas públicas. En tercer lugar, tal y como señala la Comisión
Europea, sería un elemento generador de empleo de mano de obra poco
cualificada y, en cuarto lugar, contribuiría también a abaratar los
precios. En consecuencia, sería un elemento más de descenso del IPC, de
la inflación, de los tipos de interés y de converger con las condiciones
exigidas para el euro y, una vez dentro, de mantener los criterios del
pacto de estabilidad.

Nada más y muchas gracias, señor Presidente.




El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, Senador Gangoiti.

Tiene la palabra el señor Ministro de Fomento.




El señor MINISTRO DE FOMENTO (Arias-Salgado y Montalvo): Muchas gracias,
señor Presidente.

Señorías, creo que la interpelación presentada por el Senador Gangoiti
forma parte de un tema que está, por iniciativa del Gobierno, de
actualidad, porque en estos momentos, y como consecuencia del debate
público introducido por la Comisión de expertos, se discute fecundamente
sobre la fiscalidad de la vivienda, problema que habrá de afrontarse en
el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas en el momento de su
reforma y en otros aspectos que estarían insertos en lo que podríamos
definir con una cierta flexibilidad como política de vivienda.

Pero no podemos perder de vista, a la hora de afrontar cuestiones
concretas, cuál es la situación y la incidencia del IVA en el
planteamiento de la política de vivienda, que se traduce en un crédito
presupuestario en la medida en que el Gobierno Central tiene competencias
en este orden de cosas: tiene competencias, evidentemente, sobre la
fiscalidad, pero tiene escasas competencias, por no decir nulas, en el
ámbito de política de la vivienda. Sin embargo, se inserta la posibilidad
de ciertas actuaciones en el ámbito de la vivienda porque la Constitución
lo permite, por tratarse, por así decirlo, de aplicar también principios
rectores de política económica y social, en las que el Gobierno Central
es competente.

Señorías, desde una perspectiva general, la entrega de viviendas gravada
por el IVA en España tiene uno de los tipos



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más bajos de los que existen entre los Estados miembros de la Unión
Europea. Solamente el Reino Unido, con un tipo cero, e Italia, que aplica
un 4 por ciento, tiene un tipo impositivo aplicado a las viviendas
protegidas menor que el que tiene el ordenamiento jurídico español
vigente en estos momentos.

En general, los tipos de IVA de las entregas de viviendas van desde el 15
por ciento de Alemania al 25 por ciento que se aplica en Suecia y
Dinamarca, con la sola excepción de Irlanda, cuyo tipo de IVA, que ha de
soportar el accedente a las viviendas, es el del 12,5 por ciento. En
España, el tipo general del gravamen en el IVA es del 7 por ciento, pero
el tipo de gravamen del 4 por ciento, cuya aplicación estuvo limitada a
la entrega de viviendas de protección oficial en el régimen especial, se
ha extendido posteriormente a la vivienda de promoción pública y desde la
Ley 13/1996, de 30 de diciembre, de Acompañamiento de los Presupuestos
Generales del Estado para 1997, se extendieron con carácter transitorio
las exenciones, bonificaciones fiscales y tipos impositivos a aquellas
viviendas de protección pública que dimanaban de la legislación propia de
las Comunidades Autónomas, naturalmente siempre que las viviendas
propiciadas por éstas encajaran dentro de los parámetros previstos para
la ayuda que se daba a las viviendas de protección oficial con carácter
general.

Todo ello significa que las entregas de viviendas de protección pública,
dimanadas de normativas autonómicas, destinadas a niveles de ingresos que
no excedan de dos millones y medio o de 2,5 veces el salario mínimo
interprofesional ponderado, con superficie no superior a 90 metros
cuadrados útiles y precio que no exceda al de las viviendas de protección
oficial, tienen un tipo del 4 por ciento.

En conclusión, en el ordenamiento jurídico fiscal español, el tipo de IVA
del 7 por ciento se aplica con carácter general a las entregas de
viviendas y es de los más bajos de la Unión Europea, y el tipo del 4 por
ciento superreducido ha ampliado muy recientemente su ámbito de
aplicación.

En lo que concierne a las operaciones de rehabilitación en sentido
estricto, el artículo 20, apartado 1, número 22 de la Ley del IVA define
las obras de rehabilitación de edificaciones como aquellas que tienen por
objeto la reconstrucción de las mismas mediante la consolidación y el
tratamiento de las estructuras, fachadas o cubiertas y otras análogas,
siempre que el coste global de las operaciones de rehabilitación exceda
del 25 por ciento del precio de adquisición si se hubiese efectuado
durante los dos años inmediatamente anteriores u en otro caso del
verdadero valor que tuviera la edificación o parte de la misma antes de
la rehabilitación. Quiere decir, por tanto, que ya se aplica a las obras
de rehabilitación el tipo reducido del 7 por ciento, siempre que la
rehabilitación encaje en el concepto que está definido en la Ley
Reguladora del IVA.

Mayores dificultades tiene la inserción de la instalación de ascensores
en la actual normativa que rige el Impuesto sobre el Valor Añadido. Si se
analiza con detalle la Ley Reguladora del IVA y la Sexta Directiva
comunitaria, a la que también ha hecho referencia el interpelante, se
obtiene una conclusión que hace difícil el encaje de la instalación de
ascensores en el tipo reducido.

Como sabe su señoría, en el momento de iniciarse el proceso de
armonización España tuvo la posibilidad de aplicar el tipo reducido o
superreducido a las entregas, construcción, renovación y transformación
de viviendas en el marco de la política social, y el tipo reducido a la
vivienda con carácter general. No puede reconocerse, por tanto, la
aplicación del tipo reducido respecto de las operaciones de reforma o
modernización de edificaciones que tengan por finalidad una mejora
funcional del edificio.

Los servicios técnicos del Ministerio de Hacienda me pasan la siguiente
conclusión: Este centro directivo considera que no se ajustaría a la
Sexta Directiva la aplicación del tipo reducido a las operaciones de
reforma o reparación de viviendas, ni las de mera instalación de mejoras
en tales edificaciones, tales como la instalación de ascensores, en tanto
que no constituyan parte de una operación global de construcción o de
rehabilitación del edificio, que pueda considerarse como tal en el
sentido de reconstrucción o renovación sustancial de la edificación.

Por tanto, señoría, existe esa dificultad jurídica, de conformidad con la
interpretación que hace la Dirección General de Tributos del Ministerio
de Hacienda, y que solamente permitiría la aplicación del tipo
superreducido a la instalación de ascensores cuando forme parte de una
operación de rehabilitación de un edificio que encaje en el concepto
general de rehabilitación.

En cualquier caso, señoría, yo entiendo que lo que su señoría ha
planteado es extraordinariamente oportuno en el momento en que, como
consecuencia del proceso de reforma iniciado en el Impuesto General sobre
la Renta de las Personas Físicas, no está de más que debatamos y
discutamos una reforma general de todas las dimensiones de la fiscalidad
que inciden sobre la vivienda, porque, efectivamente, es hoy una
fiscalidad excesiva que no contribuye precisamente a abaratar el precio
de la misma.

Muchas gracias, señor Presidente.




El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Ministro. (El señor Gangoiti
Llaguno pide la palabra.)
El Senador Gangoiti tiene la palabra por tiempo de cinco minutos en
virtud del artículo 87.




El señor GANGOITI LLAGUNO: Muchas gracias, señor Presidente, y voy a ser
muy breve.

He escuchado con atención la explicación que nos ha dado el señor
Ministro sobre cuál es la postura de su Ministerio, la nota que le ha
pasado el Ministerio de Hacienda y, en consecuencia, cuál es el
planteamiento en base a la legislación comunitaria que tiene dicho
departamento al respecto.

Como he dicho al principio de mi intervención, en base al anexo h) de la
Sexta Directiva del IVA, cuyo punto 9 dice textualmente: el suministro,
construcción, renovación, transformación de vivienda en el marco de la
política social..., nosotros pensamos que sí es posible el planteamiento
que estamos haciendo para la rehabilitación total de viviendas y en
viviendas que no disponen de ascensores.

Por otro lado, tal y como decía, los dos documentos que he citado
anteriormente --uno, la comunicación de la Comisión



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al Consejo y otro el informe de la Comisión al Consejo y al Parlamento
Europeo-- son dos documentos recientes que yo creo que alumbran
claramente esa posibilidad en el marco de la política social, pero no con
referencia única y exclusivamente a lo que es vivienda de protección
social o vivienda de protección pública, sino dentro de la política
social entendida en un sentido más amplio, como elemento generador de
empleo de mano de obra de alta intensidad y poco cualificada, que todos
sabemos que hoy en día tiene auténticos problemas para encontrar trabajo.

Por lo tanto, nuestro Grupo parlamentario sigue pensando que esto es
posible.

Ahora bien, el señor Ministro acababa diciendo que él creía que la
presión fiscal que existe hoy, en estos momentos sobre la vivienda es
excesiva; que ahora viene una reforma del IRPF y que se podría estudiar.

Me gustaría saber cuál sería la postura del señor Ministro en este
sentido o si la tiene el Ministerio respecto a poder incluir lo que
nosotros hemos presentado dentro de esa reforma del IRPF que vamos a
debatir.

Muchas gracias, señor Presidente.




El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, Senador Gangoiti Llaguno.

Turno de portavoces.

¿Grupo Parlamentario Mixto?
Tiene la palabra el Senador Nieto Cicuéndez.




El señor NIETO CICUENDEZ: Gracias, señor Presidente.

Voy a ser breve, pero deseo manifestar mi total acuerdo con la
interpelación del Grupo vasco y exponer algunas consideraciones.

A mi modo de entender, el señor Ministro ha mezclado dos aspectos: los de
las viviendas que tienen un tipo de protección como la oficial, etcétera,
y los de las viviendas que cuando se construyeron no estaban sometidas,
lógicamente, a ningún régimen especial de protección, y es ahí donde, por
las razones que ha expuesto el Senador del Grupo Parlamentario de
Senadores Nacionalistas Vascos, no se trata sólo de hacer una
rehabilitación integral, sino que hay que hacer incluso rehabilitaciones
parciales. Como ha puesto de manifiesto, hay muchas casas en el centro de
las grandes ciudades que están sin ascensor y tienen más de tres plantas
y, a lo mejor, se han hecho reformas en el interior de la vivienda,
etcétera. Otra cuestión que se plantea en las grandes ciudades es el
cambio de las calderas de la calefacción, pues todavía se sigue con las
de carbón, altamente contaminantes. Se debe incentivar todos lo relativo
a una rehabilitación parcial de la vivienda mediante una rebaja del IVA,
lo cual es un problema de voluntad política que creo que sí cabe en la
Directiva.

También estoy de acuerdo con el señor Ministro en que la fiscalidad de la
vivienda es un tema global, por lo que ya lo discutiremos cuando
lleguemos a la globalidad, pero concordemos que hay una parcialidad, que
a mi modo de entender es a lo que iba dirigida la interpelación, que sí
que beneficiaría a las capas más desfavorecidas, que ayudaría a quitar
polución en las grandes ciudades y a conseguir una vida mejor para los
ciudadanos. Es necesario incentivar la rehabilitación, porque hay que
tener en cuenta que, en la política de vivienda, es lo que más empleo
crea. El señor Ministro debe considerar eso en la parcialidad que
corresponda, pero creo que sí es oportuna la interpelación y que entra
dentro del marco de la Directiva el poder hacer una rebaja del IVA, al
igual que puede haber otros incentivos.

Muchas gracias.




El señor PRESIDENTE: Gracias, Senador Nieto Cicuéndez.

¿Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos? (Pausa.)
¿Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió?
Tiene la palabra su señoría.




El señor CAMBRA I SANCHEZ: Muchas gracias, señor Presidente.

Señorías, señor Ministro, voy a intervenir con brevedad para fijar la
posición de nuestro Grupo en lo referente a esta interpelación.

En primer lugar, queremos agradecer al Senador Gangoiti el tema que ha
traído hoy a la Cámara, porque nuestro Grupo siempre ha sido muy sensible
respecto a él, como lo demuestran diferentes iniciativas que presentamos
ya en el trámite de la Ley de Presupuestos y en la de Acompañamiento, a
finales del año pasado.

En concreto, nuestro posicionamiento, que se reflejó en estas cuestiones
planteadas, es que la actual normativa fiscal sobre rehabilitación de
viviendas en lo que se refiere a la aplicación del IVA resulta confusa y
poco propicia para estimular una política de rehabilitación que ha de ser
un objetivo concreto en lo relativo a la política de vivienda.

Creemos que, a grandes rasgos, debería suprimirse el requisito de que el
coste global de las operaciones de rehabilitación exceda del 25 por
ciento del precio de adquisición del edificio, al menos para determinadas
obras de contenido claramente estructural. Este hecho hoy es un freno a
determinados proyectos que se podrían llevar a cabo. Por otra parte,
también es preciso unificar criterios y conceptos entre la legislación
vigente en materia de vivienda y la legislación fiscal, para evitar las
situaciones de inseguridad jurídica que en la actualidad sufre toda obra
de rehabilitación.

Sobre los puntos concretos que planteó nuestro grupo en la Ley de
Presupuestos y en la de Acompañamiento, me gustaría destacar dos en
concreto, porque creo que es conveniente que queden claros hoy que se
debate este tema en esta Cámara. En primer lugar, el hecho de permitir la
aplicación de un IVA reducido a aquellas obras de rehabilitación de
edificios que tuvieran más de cuarenta años de antigüedad, siempre que
dichas obras cumpliesen unas determinadas circunstancias, como por
ejemplo la obtención de la correspondiente cédula de habitabilidad, o
bien que los edificios se encuentren situados en zonas de planeamiento
urbanístico que se señalen como necesidades de rehabilitación, caso de
los cascos antiguos de las ciudades. Y el segundo tema que me gustaría
resaltar es que se extendiera el concepto de rehabilitación para todas
aquellas actuaciones que



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se realicen en las fachadas de los edificios, así como en otros elementos
estructurales de los mismos, y en este caso podríamos incorporar, por
ejemplo, la instalación de ascensores como elemento estructural concreto
de estos edificios.

Con ello creemos que, aparte de colaborar al embellecimiento de zonas
urbanas, también se mejoraría la seguridad de los transeúntes, evitando
accidentes como el que desgraciadamente ha sucedido en Barcelona, hace
escasos días, y que no es el primero que se ha producido en los últimos
dos años en nuestra ciudad. Es por lo que entendemos que se podrían
conseguir diversos objetivos si realmente se actuara a fondo en el tema
de la fiscalidad de la rehabilitación, posición que nuestro grupo viene
defendiendo desde hace tiempo.

Nada más y muchas gracias.




El señor PRESIDENTE: Gracias, Senador Cambra.

Por el Grupo Socialista tiene la palabra el Senador Cobo Fernández.




El señor COBO FERNANDEZ: Gracias, señor Presidente.

Señorías, el fin que pretende la interpelación no podemos sino
aplaudirlo, tanto por lo que puede significar para facilitar una mejor
forma de habitar las viviendas como por lo que significa para colaborar
en un fin que debe de ser compartido por todos los Senadores aquí
presentes, como es la rehabilitación de la ciudad construida.

Lo que ocurre es que este tema tiene infinidad de matices, que incluso
serían motivo de una discusión más amplia o de alguna iniciativa que
deberíamos tomar en la Cámara para tratarlo con más concreción y
amplitud, y es concretamente el problema de la rehabilitación. A veces se
confunde política de vivienda y política de rehabilitación; no siempre la
política de rehabilitación debe de contemplar una política de vivienda, y
muchas veces también la política de vivienda se trata de forma genérica,
cuando algunos entendemos que la política de vivienda que debe de hacer
el Ejecutivo es fundamentalmente para apoyar, por medio de subsidiaciones
y de subvenciones e incluso de política fiscal, a aquellos que están
expulsados del mercado, y así satisfacer un derecho constitucional que
tienen, como es el derecho al alojamiento.

En este caso concreto deberíamos de pensar si la política del Gobierno,
que debe de ser incentivadora de aquellas capas de la población que más
dificultades tienen para disfrutar de una vivienda digna, debiera ser,
más que una política fiscal, una política de subvenciones, de tal manera
que se pudieran discriminar de acuerdo con el poder adquisitivo de los
ciudadanos las subvenciones a recibir para poder disfrutar de un servicio
que consideramos básico y absolutamente necesario en todos los cascos de
población, porque reducir el IVA tiene un aspecto mucho más
indiscriminado, de tal manera que sería mucho más el apoyo a una
actividad económica, al empleo, que a una política de vivienda, y eso, en
todo caso, podría discutirse en otro contexto distinto al de la política
de vivienda.

Nosotros, en una primera reflexión --y estaremos pendientes de la moción
que seguramente se podrá plantear aquí--, somos muy sensibles a una
política de subvenciones a la rehabilitación que incluya también el tema
de los ascensores en los edificios, por supuesto, pero tiene que ser más
discriminatoria con el poder adquisitivo de los salarios, mucho más en un
momento en el que el Ministerio está discutiendo el Decreto que dará
lugar al nuevo plan de viviendas.

Sería adecuado que en esa normativa se hiciera mención al poder
adquisitivo de los adquirentes, a las zonas de las ciudades y cascos
antiguos de que se trate, al valor de la zona a rehabilitar o de las
viviendas a rehabilitar, pues me parece que esto tendría un contenido
claro y explicito. Y estaría de acuerdo con la finalidad que se pretende,
aunque evidentemente en lo relativo a rehabilitación la interpretación es
confusa al igual que sucede en la normativa europea.

Nada más y muchas gracias.




El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.

Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el Senador Utrera.




El señor UTRERA MOLINA: Muchas gracias, señor Presidente.

Sobre la interpelación del Senador Gangoiti, del Grupo Parlamentario de
Senadores Nacionalistas Vascos, el grupo Parlamentario Popular tiene que
señalar que entendemos tanto los argumentos que ha esgrimido como su
objetivo último que sería el de abaratar y facilitar las obras de
rehabilitación, de mejora y de modificación funcional de la vivienda en
España.

Yo creo que ha quedado bien clara la cuestión principal, y es que la
fiscalidad de la vivienda en España por impuestos al valor añadido es de
las más reducidas de Europa. Lo es porque se aplican --como saben-- dos
tipos reducidos en la adquisición y en la primera entrega: el del siete
por ciento y el superreducido del cuatro cuando se trata de viviendas de
promoción pública en régimen especial. Por ello, hemos de situar en sus
justos términos la interpelación que se ha formulado por el Grupo
Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos.

También es verdad --la intervención del Grupo Parlamentario Socialista ha
abierto esta vía de reflexión-- que el Gobierno del Partido Popular está
poniendo énfasis en una doble vía para la promoción de la vivienda. Está
promoviendo actuaciones directas reflejadas en planes de vivienda,
actuaciones para aumentar la oferta de suelo para vivienda a precio
tasado, actuaciones de subsidiación de tipos de interés en función de la
renta obtenida por los adquirentes, intervenciones para facilitar el
alquiler a precios reducidos, intervenciones para cofinanciar con
Comunidades Autónomas la política de vivienda de promoción pública que
les corresponde estatutariamente, e intervenciones para facilitar la
rehabilitación de la vivienda que configuran todo un marco de apoyo a las
políticas activas de vivienda tanto en sus factores de producción
--oferta de suelo-- como en la construcción y rehabilitación de vivienda
nueva.

Tenemos, además, un segundo campo de intervención en materia de vivienda
como son los beneficios fiscales. Ya hemos mencionado, puesto que esta
interpelación va dirigida fundamentalmente a estos beneficios, que en
materia



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del Impuesto sobre el Valor Añadido tanto la construcción como la
rehabilitación, en el sentido que establece el Reglamento del Impuesto
sobre el Valor Añadido, otorga un tratamiento muy favorable a la vivienda
en España en relación con lo que es normal en los países de la Unión
Europea.

Se plantean, efectivamente, dos cuestiones muy concretas. La primera, las
rehabilitaciones y modificaciones de vivienda que no conllevan su
rehabilitación, de acuerdo con el actual Reglamento del Impuesto sobre el
Valor Añadido, puesto que no alcanzan a dar un valor total que permita
suponer que se trata de una reforma estructural realmente importante. Y
la segunda, la instalación de ascensores en aquellas viviendas que no los
tienen.

En este sentido, yo creo que es oportuno recordar no tanto las
comunicación que en estos momentos se están dirigiendo al Consejo y al
Parlamento Europeo como la Sexta Directiva. El Anexo h) de la Sexta
Directiva, que enumera las operaciones a las que se puede aplicar el tipo
reducido, es taxativo; alude a la entrega, construcción, renovación y
transformación de viviendas de acuerdo con la política social del
Gobierno. Y esto debe interpretarse como actuaciones muy importantes de
rehabilitación en el sentido que define nuestra legislación tributaria y
no simplemente como mejoras funcionales en los edificios.

De todas maneras, nuestra posición como Grupo coincide plenamente con la
reflejada por el Gobierno en boca del Ministro de Fomento, don Rafael
Arias-Salgado, es decir, ésta es una cuestión abierta. Con la fiscalidad
de la vivienda nunca podremos estar satisfechos porque como sabemos que
la vivienda es un bien caro, un bien prohibitivo para muchos y de muy
difícil acceso para familias de rentas medias y bajas, habrá que seguir
reflexionando, habrá que seguir debatiendo y seguir estudiando esta
cuestión, tanto las medidas de apoyo en planes de vivienda como la
fiscalidad más beneficiosa posible a la adquisición, rehabilitación y
mejora de este bien de absoluta necesidad.

Por tanto, nosotros entendemos que la próxima reforma del Impuesto sobre
la Renta en efecto dará solución a parte de los problemas planteados.

Desde luego no estamos de acuerdo con el portavoz socialista en que pueda
dar cabida en una reforma de Impuesto sobre la Renta a una modificación
como la solicitada en esta interpelación, y futura moción, referida al
Impuesto sobre el Valor Añadido; son dos figuras tributarias distintas.

Pero la reflexión en materia de fiscalidad sobre vivienda debe de
permanecer abierta y nosotros entendemos que la próxima reforma del
Impuesto sobre la Renta dará una solución ciertamente parcial que
permitirá seguir reflexionando sobre la tributación de la vivienda en
España.

Muchas gracias, señor Presidente.




El señor PRESIDENTE: Gracias, Senador Utrera Mora.

Señor Ministro, tiene usted la palabra.




El señor MINISTRO DE FOMENTO (Arias-Salgado y Montalvo): Muchas gracias,
Presidente, muchas gracias, señoría.

Yo creo que todos las intervenciones han sido, en conjunto,
extraordinariamente constructivas y contribuyen a poner encima de la mesa
una serie de puntos de vista que podría resumirse como la necesidad de
tener siempre presente la política de fiscalidad en el ámbito de la
vivienda por tratarse de un derecho constitucionalmente protegido el
acceso a la vivienda.

A la pregunta final que me ha hecho el Senador Gangoiti, querría
responderle de la manera más explícita posible. El Gobierno tiene
fundamentalmente una política económica, y dentro de esa política
económica una de las dimensiones principales es la política
presupuestaria. En el marco de la política presupuestaria, la política de
ingresos viene definida fundamentalmente por el Ministerio de Economía y
Hacienda, que la aporta a los Presupuestos del Estado. En el debate que
tiene lugar en el seno del Consejo de Ministros sobre la elaboración de
los Presupuestos, yo aporto siempre el punto de vista más favorable para
la vivienda y, por tanto, aporto siempre un planteamiento tendente a
reducir la fiscalidad de la vivienda hasta las máximas consecuencias.

Naturalmente, después sale una conclusión que se resume en el documento
denominado Presupuestos Generales del Estado. De todas maneras, yo no
querría concluir sin recordar que la adecuación funcional de edificios
destinados a vivienda, con especial referencia a los ascensores, es una
actuación protegible en el vigente Plan de Vivienda, y a tal fin hay
establecida una financiación privilegiada en forma de préstamos
cualificados que pueden estar subsidiados. Cuando los promotores de las
actuaciones, los que piden una vivienda, sus ingresos no excedan de 3,5
veces el salario mínimo interprofesional ponderado, pueden obtener del
Ministerio de Fomento una subvención del 20 por ciento del presupuesto
protegible, que se eleva al 30 por ciento si el promotor es propietario
de una o más viviendas de edificios arrendadas y con contrato de prórroga
forzosa, y además hay una subvención adicional, que se aplica en todos
los casos, del 3 por ciento del presupuesto protegible si el edificio
tiene una antigüedad superior a 30 años. Por lo tanto, en el marco de lo
que es mejora funcional de edificios antiguos, en el marco de una
política de rehabilitación y con especial referencia a los ascensores,
hay también una posibilidad de ayuda en determinadas condiciones que
están previstas en el Plan Nacional de Vivienda.

Muchas gracias, señor Presidente.




--DE DOÑA PILAR COSTA SERRA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO, SOBRE LAS
MEDIDAS PREVISTAS POR EL GOBIERNO EN RELACION CON LA DECLARACION DE
OBLIGACIONES DE SERVICIO PUBLICO EN LOS TRAFICOS AEREOS INTERINSULARES EN
LAS COMUNIDADES AUTONOMAS DE LAS ISLAS BALEARES Y DE CANARIAS, ASI COMO
EN LOS TRAFICOS AEREOS DE LOS ARCHIPIELAGOS Y MELILLA CON EL TERRITORIO
PENINSULAR (670/000071).




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El señor PRESIDENTE: Interpelación de doña Pilar Costa Serra, del Grupo
Parlamentario Mixto, sobre las medidas previstas por el Gobierno en
relación con la declaración de obligaciones de servicio público en los
tráficos aéreos interinsulares en las Comunidades Autónomas de las Islas
Baleares y de Canarias, así como en los tráficos aéreos de los
archipiélagos y Melilla con el territorio peninsular.

Senadora Costa Serra, tiene la palabra.




La señora COSTA SERRA: Gracias, señor Presidente.

Señorías, señor Ministro, la presente interpelación tiene por objeto
conocer cuáles son las medidas que piensa adoptar el Gobierno con el fin
de que se puedan garantizar las líneas aéreas entre el territorio
peninsular, las islas y Melilla, y las de los archipiélagos entre sí. Y
la motivación no es otra que el intentar que se dé solución al problema
del transporte aéreo ante los últimos anuncios, hechos públicos por la
principal Compañía aérea, Iberia, de disminuir algunos trayectos entre
las islas bajo la excusa de que éstos no son rentables.

En primer lugar, no hay que olvidar que estamos tratando de un servicio
básico e imprescindible para el desarrollo económico y social
especialmente de las islas, y que no podemos compartir ningún criterio
que tenga que ver con la rentabilidad de esos trayectos, del mismo modo
que no podemos seguir un criterio de rentabilidad cuando hablamos de la
sanidad o de la educación, en relación con nuestras islas, por poner sólo
algunos ejemplos.

Probablemente, desde la península cueste más entender --puesto que
existen medios de transporte terrestre que proporcionan una mayor
autonomía-- la necesidad de utilizar desde los archipiélagos el
transporte aéreo como principal vía de comunicación con el exterior para
poder llevar a cabo la mayor parte de actividades que conforman nuestra
vida: desde los estudios de los más jóvenes, hasta la economía, que
depende casi en exclusiva del turismo, o los desplazamientos que tenemos
que efectuar por motivos laborales, sanitarios, etcétera.

A estas alturas nadie puede dudar de la importancia que tiene el
transporte aéreo para la comunicación entre los territorios insulares y
la península. Pero no insistiré más en ello puesto que estoy segura de
que no tengo que convencer al Ministro de la necesidad e importancia que
tiene el transporte aéreo para los archipiélagos.

En la actualidad, y a menos de un año para que se privatice y se
liberalice totalmente el sector aéreo, la Compañía Iberia ya ha anunciado
reestructuraciones en los trayectos interinsulares amparándose en
criterios de rentabilidad. A todo ello hay que añadir que la Compañía Air
Europa, que hasta la fecha venía operando en las Islas Baleares, ha
suprimido la totalidad de los vuelos interinsulares. Pues bien, hasta la
fecha se han producido distintas reuniones y conversaciones entre el
Gobierno balear y la Compañía Iberia, que han resultado totalmente
infructuosas y decepcionantes, entre otros motivos, porque se optó por un
diálogo directo con la Compañía en lugar de haber procurado un diálogo y
un acuerdo a nivel político con el Gobierno central. (El señor
Vicepresidente, Rigol i Roig, ocupa la Presidencia.)
A todos estos antecedentes hay que añadir las diversas tasas con las que,
una vez más, el Gobierno ha gravado nuestra insularidad. Por poner sólo
algunos ejemplos, está la tasa de seguridad aeroportuaria, la de
aproximación o aterrizaje, etcétera, esta última, además, aprobada en los
Presupuestos Generales para este año.

Los ciudadanos de Baleares, Canarias y Melilla contribuimos con nuestros
impuestos a financiar el resto de transporte, de los cuales, por cierto,
no nos beneficiamos: AVE, grandes autopistas, etcétera, por lo que
consideramos de justicia que todo lo relacionado con nuestro transporte
aéreo sea tratado con la seriedad e importancia que merece el tema, y sin
acudir a la tan manida argumentación de que, por ejemplo, las Islas
Baleares son la Comunidad Autónoma más rica del Estado español, argumento
que podrán compartir quienes tengan los bolsillos más llenos, en tanto
que una mayoría de ciudadanos baleares sufren los deficientes servicios y
la desigualdad provocada por una insularidad que no ha sido precisamente
compensada.

A mayor abundamiento diré que en este momento se encuentra en el Congreso
de los Diputados el proyecto de ley de régimen fiscal especial para las
Islas Baleares, todavía pendiente de discusión, proyecto que, según se
prevé, va a quedar reducido prácticamente a una serie de medidas con las
que se intentará paliar la insularidad, entre las que se encuentra
precisamente el tema del transporte aéreo.

Aunque estoy segura de que no tenemos que hacer demasiados esfuerzos para
convencer al Gobierno de la imperiosa necesidad de declarar como
servicios de interés público las líneas aéreas en las islas, sí que
tenemos en cuenta que el pasado 30 de diciembre se aprobó la Ley de
Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social, en cuyo artículo
103 se recoge expresamente que el Gobierno procederá a la declaración de
obligaciones de servicio público en los tráficos aéreos interinsulares y,
en su caso, en los tráficos aéreos de los archipiélagos con el territorio
peninsular, en ambos supuestos de acuerdo con lo previsto en el
Reglamento europeo número 2.408, de 1992, declaración que se realizaría
previa audiencia de los Gobiernos de Canarias y de las Islas Baleares.

Por tanto, de esta literalidad se desprende que eso no es simplemente una
potestad del Gobierno, sino una obligación y un deber por lo que se
refiere a las líneas interinsulares. Y en cuanto al enlace entre las
islas y la Península, se optó por la fórmula «y, en su caso», dejando así
una posibilidad más abierta para que los vuelos con el territorio
peninsular se declararan de interés público.

En cuanto a la reglamentación europea, a la que se remite el citado
artículo 103, hay que recordar que el Reglamento de 23 de julio de 1992
define en su artículo 2, letra o), lo que se entiende por obligación de
servicio público. Y hago referencia al artículo y al Reglamento, porque,
en su día, en el debate de los Presupuestos, tanto en el Congreso como en
el Senado, nos pareció que existía el temor de que declarar estas líneas
de interés público pudiera ir en contra de la reglamentación europea.

Como digo, dicho artículo define la obligación de servicio público como
cualquier obligación impuesta a una compañía aérea para que ésta adopte,
con respecto a cualquier



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ruta para la que un Estado miembro le haya expedido una licencia, todas
las medidas necesarias para garantizar la prestación de un servicio que
cumpla determinadas normas relativas a la continuidad, regularidad,
capacidad y precio, cuestiones que la compañía aérea no asumiría si
únicamente tuviera en cuenta su interés comercial. Por tanto, considero
que no puede existir la más mínima duda sobre el concepto recogido por la
reglamentación europea, que encaja perfectamente con la necesidad actual
de garantizar unas líneas y unos servicios mínimos para el tráfico aéreo.

Asimismo, este Reglamento, en su artículo 4, párrafo primero, letra a),
declara que todo Estado miembro, tras consultar a otros Estados miembros,
podrá imponer la obligación de servicio público en relación con servicios
aéreos regulares a un aeropuerto que sirva a una región periférica,
cuando dicha ruta se considere especial para el desarrollo económico de
la región en la que está situado el aeropuerto, en la medida necesaria
para garantizar en dicho trayecto una adecuada prestación de servicios
aéreos regulares que cumplan determinadas normas en materias de
continuidad, regularidad, capacidad y precios, lo que las compañías
aéreas no asumirían si únicamente tuvieran en cuenta su interés
comercial.

Así pues, una vez más nos encontramos con el concepto de desarrollo
económico y de interés comercial, lo que pone en evidencia que no se
puede dejar en manos privadas y según criterios de rentabilidad la
intensa dependencia que supone para nosotros el transporte aéreo.

Desgraciadamente, tenemos pruebas suficientes que nos demuestran que las
compañías aéreas no pretenden simplemente prestar un servicio público,
porque ése no es su objetivo, sino realizar un negocio, lo que, por otro
lado, es perfectamente legítimo desde el punto de vista empresarial, pero
no así desde el de los poderes públicos, que deben velar por estos
servicios mínimos.

La decisión que adoptaron de forma unilateral las compañías Iberia, Air
Europa y Spanair en abril de 1997, en el sentido de elevar conjuntamente
sus tarifas y precios, dejó totalmente desprotegidos e impotentes a los
usuarios de las islas. En cualquier caso, hemos tenido conocimiento de
que dicha actuación ha obtenido una contundente respuesta del Servicio de
Defensa de la Competencia, que ha propuesto una resolución de sanción
para las tres compañías por prácticas restrictivas del libre mercado y de
la competencia después de haber recibido las correspondientes denuncias,
tanto del Gobierno balear como del Gobierno canario y de la Unión de
Consumidores, entre otros.

A todo esto hay que añadir, como ya he mencionado, la decisión de Iberia
de reducir los vuelos interinsulares, si bien anunció recientemente que
en el mes de marzo éstos se incrementarían. Toda una tomadura de pelo, si
tenemos en cuenta que anualmente se incrementan los vuelos a partir de
marzo, simplemente, porque se modifica la programación anual de cara a la
Semana Santa y el verano, pero en ningún caso esto supone un incremento
global de esos vuelos.

Asimismo al absorber Iberia a la Compañía valenciana, Air Nostrum, se
decidió cubrir algunos de los trayectos con aviones turbo hélices que
sustituirían a los reactores, lo que supuso una pérdida de capacidad y
calidad, una mayor duración, además, del trayecto y provocó un gran
rechazo entre todos los colectivos de usuarios, empresarios y ciudadanía
en general.

No podemos olvidar que dependemos económicamente del sector servicios,
del turismo, y que es una total contradicción el que, por una parte, se
intente luchar por combatir la estacionalidad del sector turístico para
así poder atraer un turismo en invierno y, por otra parte, se estén
poniendo trabas al transporte aéreo que es el mayoritariamente utilizado
por los turistas y ciudadanos en general que llegan a nuestras islas.

Pero es que, además, tampoco cuadran ni sirven los criterios de
rentabilidad y las pérdidas económicas que alegan las compañías en
algunos trayectos, ya que hay que recordar que por lo menos durante seis
meses al año, se están cubriendo algunos itinerarios que sí son muy
rentables y, por tanto, a pesar de que asuman otros que no lo sean tanto
o que, incluso puedan ser deficitarios, el balance final sí es positivo
para estas compañías que operan en nuestras islas.

No culpo, por supuesto, de todos nuestros males aéreos al Gobierno
central, pero sí digo que en la actualidad tiene en sus manos la
responsabilidad de dar cumplimiento al articulo 103 de la Ley de
Acompañamiento y, por tanto, declarar de servicio público estas líneas
aéreas que afectan a los archipiélagos para poder exigir unos mínimos de
frecuencia, de calidad, de trayectos y, además, de tarifas, acorde con
las necesidades de los ciudadanos de las islas.

Quisiera añadir que esta misma declaración es la que se efectuó en su día
con las líneas marítimas que también fueron declaradas de interés público
en sus trayectos entre islas y, además, entre las islas y el territorio
peninsular. Es lo que nosotros aquí hoy defendemos, que esta misma
declaración es la que se tiene que adoptar en cuanto al transporte aéreo.

Para ir acabando, les diré que en el pasado mes de enero el Secretario de
Estado de Infraestructuras y Transporte, señor Abril Martorell, declaró
en Palma de Mallorca que esa declaración de interés público se produciría
si existieran fallos de comunicación. Hay que determinar qué entendemos
por fallos de comunicación. Hay que discutir si alguien entiende que un
solo intercambio al día es suficiente para tener comunicadas a las islas
con el territorio peninsular, pero lo que sí está claro para nosotros es
que estos fallos ya se han comenzado a producir, y lo más grave es que
todavía no está liberalizado el sector, todavía no se ha privatizado la
Compañía y este perjuicio ya está dándose. Entiendo que el Gobierno no
debe esperar a que degenere esta comunicación aérea y que debe prever las
consecuencias que nos va a traer la liberalización del sector.

Por todo ello, señor Ministro, esta Senadora, integrada en el Grupo
Parlamentario Mixto y en representación de la Agrupación de Electores de
Ibiza y Formentera al Senado, interpela al Gobierno para conocer qué
medidas tiene previsto adoptar para declarar como obligaciones de
servicio público los tráficos aéreos interinsulares en las Islas Baleares
y Canarias, así como los tráficos aéreos de los archipiélagos y de
Melilla con el territorio peninsular.

Muchas gracias.




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El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Muchas gracias, Senadora Costa
Serra.

Tiene la palabra el señor Ministro.




El señor MINISTRO DE FOMENTO (Arias-Salgado y Montalvo): Señor
Presidente, señorías.

Senadora, creo que podría compartir una buena parte, no todas, de las
apreciaciones que ha hecho su señoría en todo lo que afecta al transporte
aéreo y particularmente al transporte aéreo interinsular, pero como nos
enfrentamos con una cuestión delicada sería altamente positivo no sentar
afirmaciones excesivamente generales y, por el contrario, analizar la
situación sobre la base estadística de la que disponemos.

Su señoría ha tocado varias cuestiones para concluir en el tema de las
obligaciones de servicio público y yo no querría dejar de referirme a
esas mismas cuestiones. Fundamentalmente se ha referido al problema de la
oferta --las frecuencias de los vuelos--, se ha referido a la cuestión de
las tarifas, se ha referido asimismo a la política de tasas y finalmente
ha concluido con el análisis de la cuestión más importante, que es la que
se refiere a las obligaciones de servicio público, particularmente en el
tráfico en el transporte aéreo interinsular.

En lo que afecta a la oferta, señoría, las estadísticas de las que
dispone la Dirección General de Aviación Civil demuestran que la oferta
de plazas disponibles no hace más que crecer permanentemente tanto en el
tráfico interinsular como en el tráfico entre los archipiélagos y la
península. Yo le puedo dar los datos. Si tenemos en cuenta única y
exclusivamente el mercado interbalear, entre 1993 y 1997, último año del
que disponemos de estadísticas, se ha producido un incremento del 12 por
ciento en la oferta de plazas: se ha pasado de 730.000 a 826.000. Si
tenemos en cuenta el tráfico entre la península y el archipiélago, la
oferta de plazas se ha incrementado en un 37 por ciento: ha pasado de 4
millones --y redondeo siempre las cifras-- a 5.500.000. Y en lo que
afecta al tráfico entre el archipiélago canario y la península la oferta
de plazas se ha incrementado en un 43 por ciento: de 2.700.000 ha pasado
a 3.800.000 en el año 1997. Por tanto, hoy, desde el punto de vista de la
oferta de plazas, tanto en lo que afecta al tráfico entre la península y
los archipiélagos como en lo que afecta al tráfico interinsular, la
oferta ha crecido y continúa creciendo, y desde esa perspectiva no debe
ser objeto de preocupación, aunque sí deba serlo determinado tipo de
tráficos en lo que afecta al transporte interinsular, a la conexión
interinsular.

En lo que se refiere a las tarifas, señoría, la información estadística
permite hoy sentar las siguientes conclusiones. Primero, la estructura
tarifaria es mucho más rica y variada en la actualidad debido a la
competencia de las diferentes compañías presentes en las rutas. Segundo,
las tarifas más bajas para el trayecto de ida y vuelta son hoy más
reducidas en términos absolutos y relativos que las existentes en el año
1993. Y, tercero, si se descuenta el efecto de la inflación acumulada en
el período 93-97, que es un 18,2 por ciento, se puede comprobar hasta qué
punto las compañías aéreas han tratado de reducir sus costes de
producción trasladando dichos ahorros a los ciudadanos, al público.

Finalmente, y para concluir este repaso de índole estadístico, debo
señalar como otro elemento indicativo la mejora experimentada en los
enlaces existentes entre la península y las islas Baleares en 1993, 16 en
ese año, los cuales han pasado a ser de 22 en la temporada de referencia
antes elegida, 1993-97.

La OCDE, cuando en su último Informe 1998 analiza en nuestro país el
transporte aéreo, viene a señalar respecto a la estructura tarifaria de
los servicios interiores españoles que son de los más baratos de Europa,
en un promedio que se sitúa alrededor del 30 por ciento como término
medio.

La tercera cuestión afecta a las tasas aeroportuarias --las tan debatidas
y polémicas con frecuencia tasas aeroportuarias--. También debo sentar
aquí, señoría, una premisa mayor: las tasas aeroportuarias que se aplican
en los aeropuertos españoles son las más bajas de la Unión Europea. Yo le
puedo decir que las diferencias con algunos aeropuertos son
espectaculares: si tomamos Frankfurt o Manchester, las tasas
aeroportuarias de estos aeropuertos son un 300 por ciento superiores a
las tasas que rigen en los aeropuertos españoles.

Señoría, en el ordenamiento jurídico español, especialmente a partir de
la Ley 66/1997, sobre Medidas Administrativas y del Orden Social, la
llamada Ley de acompañamiento, en su artículo 103, que ha mencionado su
señoría, se establecen reducciones adicionales para los aeropuertos
insulares del 15 por ciento con carácter general y una reducción del 70
por ciento, si se trata de los servicios interinsulares. Por
consiguiente, señoría, en todo lo que afecta a las tasas aeroportuarias
se aplica, y se hace con generosidad, el principio de discriminación
positiva, en lo que afecta a los aeropuertos, de los archipiélagos
canarios y balear.

Las obligaciones de servicio público, como S. S. acaba de indicar, tienen
una vigencia reciente en el ordenamiento jurídico español, puesto que la
posibilidad de iniciar la declaración de obligaciones de servicio público
comienza a partir del 1.º de enero del presente ejercicio, 1998, y es
algo estrictamente imprescindible porque va a culminar, efectivamente, el
proceso de liberalización del transporte aéreo, circunstancia que puede
generar carencias que es necesario cubrir desde la perspectiva del
interés público.

Felizmente, señoría, en el transporte aéreo tenemos una situación mejor
que en el transporte marítimo, porque va a haber más compañías aéreas, va
a haber más competencia y, por tanto, las obligaciones de servicio
público que en su momento habrá que declarar no van a tener,
probablemente, la magnitud que han de tener en el transporte marítimo;
obligaciones de servicios públicos en el transporte marítimo que ya hemos
empezado a aplicar en lo que afecta al tráfico entre los archipiélagos,
tanto balear como canario, y el territorio peninsular.

En estos momentos, señoría, el Gobierno está estudiando --y hay que
hacerlo con una cierta profundidad por los efectos que puede plantear--
cuáles son los tráficos o cuáles son las líneas que tanto en el
archipiélago canario



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como en el balear deberían tener una subvención, previa declaración de la
obligación de servicio público que permite la legislación comunitaria.

Hay que tener en cuenta que no es algo a lo que se pueda llegar de una
manera fácil y aparente. Yo querría ponerle un ejemplo. Hay un servicio,
que se llama el servicio de coterminalización, que presta los servicios
aéreos entre las islas y que consiste en la prolongación de vuelos
peninsulares e internacionales que tocan en dos aeropuertos de las islas.

Es una práctica de muchas compañías aéreas, lo que les permite
desarrollar destinos turísticos partiendo de demandas que no
justificarían un vuelo con un coeficiente de ocupación razonable.

Dichas operaciones, por poner un ejemplo concreto, podrían verse
afectadas por el establecimiento de obligaciones de servicio público con
un carácter excesivamente rígido. ¿Qué quiere ello decir? Que teniendo en
cuenta que tanto el archipiélago balear como el canario tienen en la
actividad turística una de sus principales fuentes de riqueza, es
absolutamente imprescindible hacer un análisis muy pormenorizado de la
situación de hecho, de las carencias que se pueden empezar a producir
como consecuencia de la liberalización y, en virtud de esos estudios,
decidir, en consulta con el Gobierno balear y con el Gobierno canario,
cuáles son los trayectos o líneas que merecen la declaración de
obligación de servicio público para poder introducir el concepto de
subvención que permita la legislación comunitaria. Esos estudios están en
marcha, pero debo anticiparle que los planes de vuelo presentados por las
compañías aéreas a la Dirección General de Aviación Civil para la próxima
temporada de verano de 1998 prevén un volumen de oferta y de frecuencias
en los servicios interinsulares similar al que ha regido en el ejercicio
del año 1997.

Por tanto, señoría, como conclusión y teniendo en cuenta que el
planteamiento de las obligaciones de servicio público, particularmente en
el tráfico interinsular, tiene una vigencia muy reciente, parte del 1.º
de enero del presente ejercicio, lo que le puedo anticipar es que el
Gobierno ha empezado a estudiar cuáles de los trayectos, cuáles de las
líneas, cuáles de los tráficos, especialmente interinsulares, tanto en el
archipiélago canario como en el balear, podrían ser susceptibles de una
declaración de obligación de servicio público y, por consiguiente, de una
subvención destinada a cubrir el eventual déficit de explotación que las
compañías aéreas pudieran tener al prestar ese servicio.

Muchas gracias, señor Presidente.




El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Muchas gracias, señor Ministro.

La señora Senadora puede hacer uso de la palabra.




La señora COSTA SERRA: Gracias, señor Presidente.

Señor Ministro, en principio, me deja usted preocupada con su
intervención porque nos viene a decir que nuestras comunicaciones aéreas
son muy buenas, y en ese caso sería difícil que se declararan de servicio
público las líneas en las islas.

Voy a mencionar sólo algunos de los puntos a los que usted ha hecho
referencia y que no puedo compartir. En cuanto a que el que existan otras
compañías privadas operando en nuestras islas ha hecho que la oferta sea
más rica y variada, tenga usted en cuenta que, actualmente, en las islas
Baleares, en vuelos interinsulares, sólo existe la compañía Iberia,
porque las otras compañías han decidido no operar por criterios de
rentabilidad. Por tanto, aquí no podemos hablar de una oferta rica y
variada, porque sólo tenemos la de Iberia.

Ante la exposición que usted ha hecho, yo me pregunto qué es lo que están
reclamando el Gobierno balear y la mayoría de las instituciones y de los
ciudadanos de nuestras islas. No es que nos haya dado ahora un ataque de
histeria por no tener aviones. El Gobierno balear intenta,
desgraciadamente de forma bastante torpe, negociar con la compañía unos
vuelos mínimos, aunque yo entiendo que no se tiene que negociar con una
compañía que se va a privatizar en breve, sino que se tiene que
establecer a nivel político. ¿Qué está reclamando entonces el Gobierno
balear desde hace tres o cuatro meses? ¿Me está diciendo que los
contactos que intenta tener con el Ministerio son totalmente inútiles
porque en el Ministerio se piensa que estas líneas no se tienen que
declarar de interés público?
En cuanto a las tasas que gravan nuestra insularidad, ha hecho usted
referencia a que son las más bajas de Europa y que podemos estar
contentos porque tenemos unas reducciones que se contemplan en el
artículo 103. Pero no se puede olvidar que esto no es ningún logro ni
paso adelante, porque antes de la aprobación no teníamos estas tasas. Por
tanto, esto ha supuesto gravar una vez más nuestra insularidad, y desde
luego nosotros no entendemos así la generosidad ni la discriminación
positiva hacia las islas.

Usted ha reconocido que el proceso de liberalización puede generar
carencias y que va a suponer que haya más compañías aéreas, como las que
hay en agosto. En agosto, desde luego, todo el mundo quiere venir a hacer
el mes, como su propio nombre indica, pero el problema que nos planteamos
es que en los meses de invierno, que son los menos rentables, estas
compañías desaparecen. Y es por eso por lo que queremos que se dé
cumplimiento, simplemente, al artículo 103 y que se declaren de interés
público las líneas interinsulares.

Ha dicho usted también que se está estudiando en profundidad qué líneas
deberían tener subvenciones previa declaración de servicio público, pero
yo entiendo que no hay nada que estudiar porque la propia Ley, en su
artículo 103, dice que el Gobierno procederá a declarar de servicio
público las líneas interinsulares. Por tanto, lo que está claro es que
hay que declarar de interés público las líneas interinsulares y que no
hay que hacer ningún estudio previo para decidir sobre cuáles hay que
hacer esta declaración.

También ha mencionado que en el verano de este año se van a incrementar
los vuelos en las islas. Nosotros consideramos que el problema del verano
es doble, porque aunque hay incremento de vuelos están saturados, lo cual
dificulta muchas veces la posibilidad de encontrar plazas en vuelos tanto
interinsulares como con la península. Desde



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luego, no me sirve el ejemplo que usted me pone de Frankfurt o de
Manchester, porque, evidentemente, desde Frankfurt puede haber otro tipo
de transporte que no sea el aéreo.

En definitiva, y ya para terminar, señor Ministro, le pregunto si van a
dar cumplimiento a lo que establece el artículo 103 de la Ley de
Acompañamiento de los Presupuestos Generales del Estado de este año, y le
pido que por favor no tarden mucho en hacer el estudio, porque la
liberalización ya está muy próxima y cuando ustedes acaben el estudio el
sector aéreo puede haberse deteriorado, desgraciadamente, muchísimo más.

Gracias.




El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Muchas gracias.

¿Turno de portavoces? (Pausa.)
Tiene la palabra el Senador Armas.




El señor ARMAS RODRIGUEZ: Gracias, señor Presidente.

Brevemente, voy a fijar la posición con respecto a esta interpelación.

Dada la importancia que tiene para ambos archipiélagos la prestación de
un servicio de transporte aéreo acorde con el obstáculo que supone la
insularidad, quisiera manifestar ante todo nuestra preocupación, debido a
que el Gobierno no se ha pronunciado de forma clara sobre las medidas que
se derivarán de la declaración de obligaciones de servicio público en lo
que se refiere al tráfico aéreo en las islas.

Desde nuestra posición, abogamos por que el Gobierno efectúe la
definición del marco de servicios mínimos para la formulación de
contratos de servicio público que garantice el mantenimiento de las
líneas aéreas interinsulares con criterios de calidad, frecuencia y
tarifas ventajosas, así como del tráfico aéreo de mercancías y pasajeros
con los aeropuertos de la península.

El Gobierno está en la obligación de agilizar las negociaciones con los
gobiernos canario y balear para la declaración de obligaciones de
servicio público en el tráfico aéreo con la península y entre las islas,
en cumplimiento, además, de una moción aprobada por el Pleno del Congreso
de los Diputados, de 20 de mayo de 1997.

En el caso de Canarias, consideramos fundamental que se establezcan las
rutas aéreas de interés público del archipiélago, así como la cantidad
que destinará el Ejecutivo central para subvencionar estos proyectos, ya
que es importante que se definan cuanto antes las rutas más deficitarias
de las islas con el objetivo de que los empresarios de la región decidan
si pueden formar parte de Binter Canarias de cara al proceso de
privatización de la compañía.

Es obvio que no vamos a aceptar en ningún caso que se inicie el proceso
de privatización de la compañía Binter Canarias sin que con anterioridad
se fijen las consecuencias que se derivarán de la declaración de servicio
público del transporte aéreo en los casos mencionados. Insisto en que es
prioritario que se pueda cerrar cuanto antes esta cuestión para definir,
de una vez por todas, las ayudas que se destinarán al transporte aéreo y
marítimo, a la vez que se acelere el proceso de transferencias de esta
materia al gobierno de Canarias.

Las cifras nos dan la razón: el coste del transporte entre las islas es
tres veces superior al de un enlace cualquiera que se efectúe entre dos
puntos de la península. Esperemos que sea consciente de esta
circunstancia y que se comprometa a definir lo que se solicita en esta
interpelación. Además, espero que en la comisión bilateral
Canarias-Estado, donde hay una Subcomisión que analiza este asunto, se
aporten resultados inmediatos para solventar los problemas que existen en
la actualidad.

Nada más y muchas gracias.




El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Muchas gracias, señoría.

Por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió,
tiene la palabra el Senador Beguer.




El señor BEGUER I OLIVERES: Muchas gracias, señor Presidente.

Por cortesía parlamentaria, hemos de manifestar, en primer lugar, nuestra
solidaridad con unos territorios, los archipiélagos y Melilla, los
cuales, unos por su insularidad y otros por su distancia, con frecuencia
tienen problemas para mantener un nivel de servicios y de calidad de vida
en aspectos necesarios, más fáciles de obtener dentro de la península. En
el caso del archipiélago de las Illes Balears, por la proximidad con
Cataluña, con características culturales, idiomáticas y afectivas, con
mayor empeño damos soporte a esta interpelación y a cuanto de la misma
pueda derivarse.

Por otra parte, queremos ver un aspecto positivo en las palabras del
Ministro. La respuesta ha sido prudente, pero ha tenido rasgos positivos.

Queremos entender que el Gobierno está estudiando las diversas medidas
que pueden llevarse a cabo, en línea con la Ley de Acompañamiento, para
que en su momento se declaren obligaciones de servicio público aquellos
tráficos interinsulares y con la península que sean verdaderamente
imprescindibles que, a nuestro entender y haciéndonos eco de la posición
de la Senadora Costa Serra y del portavoz del Grupo Mixto, ha de ser un
número importante para que los archipiélagos no pierdan la necesaria
calidad de vida, sobre todo en lo que afecta al transporte aéreo.

Sabe el señor Ministro que cualquier medida que pueda tomar para
favorecer estos servicios tiene el soporte de nuestro grupo. Por tanto,
invitamos al Gobierno a que sea lo más receptivo posible, dentro de la
línea de lo manifestado por el señor Ministro, y pueda aproximarse a lo
señalado en la interpelación de la señora Costa.

Nada más y muchas gracias.




El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Muchas gracias, Senador Beguer.

Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el Senador
Artiles Bolaños.




El señor ARTILES BOLAÑOS: Muchas gracias, señor Presidente.




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Señorías, señor Ministro, creo que como ha dicho la Senadora
interpelante, no es hora de ponderar lo trascendental del transporte para
cualquier tipo de desarrollo. Lo que hoy nos trae aquí es un problema
específico, como es el transporte interinsular y, concretamente, el
problema de las comunicaciones. El señor Ministro sabe que es vital tener
esta posibilidad para quienes carecen de otros medios alternativos que
faciliten esas comunicaciones.

Por ello, desde el Grupo Parlamentario Socialista creemos que esta
interpelación es oportuna. Estoy convencido de que el señor Ministro, por
su sensibilidad y conocimiento de los problemas de la insularidad, sabe
de esta problemática. Y sabe también que en las últimas semanas en cada
uno de los periódicos de ambos archipiélagos son primera página temas
importantes relacionados con el transporte. Por ejemplo, seguro que ha
leído noticias como: La Unión Europea suspende subvenciones para líneas
insulares. Bruselas exige a España que suspenda subvenciones a
Transmediterránea. La dimisión del Presidente de Binter. En definitiva,
una serie de temas que afectan a las islas, de ahí la oportunidad de esta
interpelación, aunque sea para un tema muy específico al que luego
aludiré.

No desconoce tampoco el señor Ministro, y a ello ha aludido en la
contestación, el problema que supuso el pasado 25 de abril la subida de
los precios por parte de todas las compañías. Espero la respuesta del
Gobierno a la propuesta del servicio de defensa de la competencia para
condenar estos métodos que nos alejan y nos crean graves problemas. Por
otro lado, se ha aludido ya al problema de las tasas de Seguridad
aeroportuaria que suponen incrementar el alejamiento. Entendemos que es
vital y oportuno que se aborde la política de comunicaciones y,
concretamente, de garantía del servicio público.

Hay un tema que no se le esconde al señor Ministro, como es el de las
inversiones en los aeropuertos insulares, que últimamente están teniendo
problemas importantes y que producen más incertidumbres y angustia a la
hora de garantizar un derecho tan básico como es el derecho a las
comunicaciones. No solamente creo que es oportuna esta interpelación,
también es necesaria y así lo ha recogido la propia ley y lo han dicho el
señor Ministro y la Senadora interpelante.

En su intervención ha flotado una duda, y es que los estudios no sean
para aplicar las obligaciones de servicio público a todas las líneas
interinsulares. Por ello, quiero pedir al representante de Convergència i
Unió que se una también. Nos hemos de unir los archipiélagos con la
península porque es un instrumento a la hora de garantizar el desarrollo
económico y social. Por tanto, pido al señor Ministro que aclare en su
última intervención si los estudios son para reducir o para aplicar. Creo
que el mandato está claro; es y afecta a todas las líneas interinsulares
y también a las líneas de transporte con la península.

Por otro lado, estoy seguro de que el Ministro es favorable, por aquello
del Ministerio de Fomento, al acercamiento y no al alejamiento. Por ello,
entiendo que en temas como el de las tasas o el de las inversiones en los
aeropuertos, camine en esta línea. Coincidimos en el mandato anterior en
el Congreso, donde se aprobó por unanimidad el Plan Director de
Infraestructuras así como otros temas vitales para los archipiélagos para
corregir la lejanía. Ese Plan Director debe ser desarrollado y ampliado.

Por otro lado, la liberalización que está en marcha no debe venir como
una tormenta, sino como algo que se prevea, y por ello la trascendencia
de que esos estudios no se difieran en el tiempo para tener respuesta a
problemas que luego causarán graves repercusiones en las comunicaciones y
en el desarrollo económico y turístico.

Aprovecho para hablar del problema de las subvenciones para el tráfico
interinsular. El Ministro seguro que conoce que en el Parlamento de
Canarias se ha aprobado recientemente...




El señor VICEPRESIENTE (Rigol i Roig): Senador, terminó su tiempo.

Finalice lo antes posible.




El señor ARTILES BOLAÑOS: Muchas gracias, señor Presidente.

Decía que habría que incrementar la subvención a los vuelos
interinsulares.

Por último, no sólo creo que es oportuna y necesaria esta interpelación,
sino que es urgente, porque entendemos que hay que adelantarse a la
solución d elos problemas. Por ello, el Grupo Parlamentario Socialista
apoyará cualquier medida que se adopte a partir de ahora, señor
Presidente, porque somos conscientes de que estamos incidiendo en un tema
vital para la calidad de vida de todos los ciudadanos, particularmente
los de los archipiélagos.

Muchas gracias.




El señor VICEPRESIENTE (Rigol i Roig): Muchas gracias, señoría.

Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el Senador Ramírez
Pery.




El señor RAMIREZ PERY: Muchas gracias, señor Presidente.

Señor Ministro, señorías, desde el inicio de la presente legislatura el
Gobierno ha sido sensible con el hecho insular, donde si han sido
importantes los desvelos de los partidos afincados en las islas, no ha
sido menor la generosidad del conjunto de España con sus regiones más
alejadas.

En este sentido, y habida cuenta de los cambios introducidos en el
transporte aéreo por la normativa europea, se ha liberalizado, en efecto,
el sector, pero siempre bajo la mirada atenta del Gobierno que,
fundamentalmente, ha tenido intervención destacada en dos campos: el
primero, la atención a la calidad de los servicios prestados, que ha de
traducirse esencialmente en la fiel observancia de sus frecuencias y
capacidades y, el segundo, en el seguimiento de los precios, cuyos
niveles fundamentales --hay que decirlo-- se han mantenido con
incrementos muy moderados equivalentes o inferiores al IPC, a lo que ha
de añadirse la aparición de una amplia gama de tarifas promocionales.

Respecto a las denominadas obligaciones de servicio público, damos fe de
la reiterada disposición del Gobierno



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para estudiar conjuntamente con las Comunidades insulares los casos
puntuales que puedan requerir tal determinación. Bien es cierto, por una
parte, que la susodicha ventaja, así como la de obtención de precios
mínimos antes aludida, pudieran ser difícilmente sostenibles ante la
Comisión de la Unión Europea y su política liberalizadora, y por otra
que, de acuerdo con el artículo 4 del Reglamento 2.408/92 del Consejo, de
23 de julio de 1992, relativo al acceso de las compañías aéreas de la
Comunidad a las rutas aéreas intracomunitarias, todo Estado miembro, tras
consultar a otros Estados miembros interesados y después de haber
informado a la Comisión y a las compañías aéreas que operen en ese
trayecto, podrá imponer la obligación de servicio público en relación con
servicios aéreos regulares a un aeropuerto que sirva a una región
periférica, con objeto de garantizar en dicho trayecto una adecuada
prestación de servicios regulares que cumplan determinadas normas en
materia de continuidad, regularidad, capacidad y precios. Lo anterior
presupone una previa negociación con el Gobierno autónomo interesado en
base a las propuestas que éste haga, trámite que ha sido cumplimentado
por Canarias, pero no aún por Baleares y creo que tampoco por Melilla.

No quiero, señor Ministro, terminar esta intervención, que deseo hacer
corta por el tiempo transcurrido, sin permitirme una sugerencia, a lo que
me obliga mi carácter de Senador por Gran Canaria. En efecto, desde hace
varios meses se vienen produciendo retrasos en los servicios de la
Compañía Iberia en sus vuelos a y desde Madrid a Gran Canaria que oscilan
con frecuencia desde media a una, a dos, a tres y hasta a cuatro horas, y
todo ello con un mal trato evidente al pasajero, a quien no se dan
razones convincentes de tales sucesos ni se atienden las esperas en los
aeropuertos. Ello tiene, además, la grave consecuencia de hacer peligrar
o perder, muchas veces, los enlaces con otros vuelos desde Madrid sin
indemnización alguna a los perjudicados.

De todo ello se quejó este Senador en carta personal al Director General
de Iberia, quien con absoluta falta de cortesía ni contestó la misiva.

También, don Lorenzo Olarte, Vicepresidente del Gobierno canario, hizo
público, en estos días, otro comunicado a Iberia, indignado, sobre el
mismo tema.

Sería deseable, señor Ministro, que, como esta conducta está en franco
desacuerdo con lo que el reglamento europeo califica de adecuada
prestación de servicios regulares, sobre todo en lo que concierne y se
refiere a la continuidad y regularidad del servicio que allí se
establece, se le recuerde a dicha compañía por el Ministerio el correcto
cumplimiento de sus obligaciones y de la mínima cortesía a tener con el
pasaje, sobre todo en una línea que no sólo es indispensable a los
canarios, sino que, además, proporciona muy suculentos beneficios a la
Compañía Iberia.

Nada más y muchas gracias.




El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Muchas gracias, Senador Ramírez
Pery.

El señor Ministro tiene la palabra.

El señor MINISTRO DE FOMENTO (Arias-Salgado Montalvo): Muchas gracias,
señor Presidente.

Creo, señorías, que cumplir diligentemente los deberes es algo que
requiere tiempo. La Ley de Acompañamiento de los Presupuestos Generales
del Estado lleva siete semanas en vigor, y el problema con el que nos
enfrentamos no es un problema menor; es un problema muy importante para
los ciudadanos de los archipiélagos y muy dificultoso de planteamiento,
como voy a tratar de trasladar a sus señorías.

¿Qué es una obligación de servicio público? Una obligación de servicio
público trata de cubrir un servicio que se estima necesario y que ninguna
compañía aérea quiere cubrir por no ser rentable, por tanto, se produce
una carencia de servicio. Pero tenemos que definir, como es lógico, qué
es un servicio necesario, y eso hay que hacerlo de acuerdo con los
gobiernos autonómicos.

En segundo lugar, ¿qué es lo que posibilita la declaración de obligación
de servicio público? Posibilita que se otorgue una subvención a un
déficit de explotación, por tanto, a cubrir la parte no rentable del
servicio.

¿Qué requiere? Requiere dos cosas fundamentales: primero, demostrar que
es deficitaria o que la prestación del servicio va a producir un déficit
de explotación; segundo, que se convoque un servicio público, porque la
legislación comunitaria exige que cualquier tipo de ayuda estatal o de
subvención pública sea compatible con el funcionamiento del mercado
único.

Por consiguiente, no es una cuestión que en 24 horas, en un par de
semanas, reunidos unos funcionarios, se puede resolver, señorías. Es una
cuestión que afecta a los Presupuestos Generales del Estado, que afecta
al funcionamiento de los Gobiernos autonómicos, que afecta a la
definición de los servicios interinsulares como servicios necesarios, que
afecta a la definición de la calidad y periodicidad que deben tener esos
servicios.

Señorías, es una cuestión lo suficientemente compleja como para no venir
a esta Cámara a exigir al Gobierno que a las siete semanas de la entrada
en vigor de la Ley ya tenga hechos unos estudios muy complejos.

Es evidente, señoría, que el proceso de liberalización puede producir
carencias, que las va a producir, pero no va a producir carencias en
todos los servicios interinsulares. Los Senadores del archipiélago
canario saben perfectamente, por ejemplo, que el tráfico entre Las Palmas
y Tenerife no va tener carencias en principio. Sí va a tener carencias
casi con seguridad, el tráfico entre la islas mayores y las islas menores
y, desde luego, el transporte aéreo entre las islas menores.

Por tanto, hay un planteamiento enormemente complejo que tiene muchas
dimensiones. Estamos pendientes de él y, naturalmente, procuraremos
acertar. Para eso requeriremos una colaboración, que siempre han prestado
hasta este momento con una enorme eficacia, los gobiernos balear y
canarios.

Muchas gracias, señor Presidente.




El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Muchas gracias, señor Ministro.




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-- DE DON FRANCISCO ZAMORANO VAZQUEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA,
SOBRE LA POLITICA DEL GOBIERNO CON RESPECTO A LA FINANCIACION PUBLICA DE
MEDICAMENTOS (670/000072).




El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): La siguiente interpelación la
formula el Senador don Francisco Zamorano Vázquez, del Grupo
Parlamentario Socialista, sobre la política del Gobierno con respecto a
la financiación pública de medicamentos.

El Senador Zamorano Vázquez tiene la palabra.




El señor ZAMORANO VAZQUEZ: Señor Presidente, señor Ministro, señorías, el
pasado día 2, el Gobierno hizo pública una lista de 869 medicamentos que
van a ser excluidos de la financiación pública por la Seguridad Social.

(El señor Vicepresidente, Aguilar Belda, ocupa la Presidencia.) Esta
medida ha suscitado su inmediato y amplio rechazo social al ser una
medida incomprensible, injusta, insolidaria y dictada sólo al amparo de
grupos con intereses económicos.

El Grupo Parlamentario Socialista considera que ésta no es una medida
aislada. Tenemos que tomarla en consideración con otras medidas que ya
han sido adoptadas por el Gobierno, tanto en las leyes de medidas o de
acompañamiento de los presupuestos anteriores, e incluso, en otras que ya
han sido anunciadas, como, en nuestra opinión, el Plan estratégico para
la privatización del INSALUD, presentado hace poco, y que, en su
conjunto, dibujan una política del Gobierno que significa un recorte en
las prestaciones sanitarias y supondrá un grave retroceso social.

Mucho y desde muchos enfoques se ha hablado durante estos días respecto
al denominado recetazo, pero yo quiero destacar en esta interpelación,
básicamente, dos aspectos. El primero, es que se trata de una decisión
política tomada desde un punto de vista ideológico y basada en una
concepción de lo que es el papel del Estado en las prestaciones sociales.

También quiero resaltar que es una decisión que se ha adoptado en defensa
y al dictado de los intereses de la industria farmacéutica.

Esta medida tiene un fuerte componente ideológico que consiste en una
reducción del ámbito de la protección pública de la salud de los
ciudadanos y en abrir espacios para que la iniciativa privada y los
grupos privados puedan obtener beneficios a costa de la salud de los
españoles. Es una medida que responde estrictamente a criterios
económicos.

Recordará, señor Ministro, que en la interpelación que tuvimos el pasado
mes de diciembre sobre el nuevo modelo de financiación de la salud
pública le decía que existía una diferencia fundamental entre la
actuación socialista llevada a cabo en el año 1993, de financiación
selectiva del medicamento, y el decreto --«el recetazo»-- que usted
pretende realizar ahora. La diferencia fundamental era que aquella lista
de financiación selectiva fue estudiada primero por todos los
profesionales, por todas las sociedades científicas, supuso meses de
debate, se excluyeron productos que no tenían valor terapéutico, y fue
aceptada por todos los agentes sociales y por todos los sindicatos. Era
un lista que se encuadraba dentro de lo que era el uso racional del
medicamento, y esto no es, señor Ministro, lo que usted pretende hacer.

Hay que recordar que a usted le impusieron un ahorro de 65.000 millones
de pesetas en el nuevo modelo, y ahora le obligan a hacer una lista, que
le dicta Farmaindustria, con el único objetivo de conseguir esos 65.000
millones de pesetas. Esa apreciación que yo tenía entonces se ha visto
constatada con los hechos y las declaraciones del Presidente del INSALUD,
quien, en una sesión de Comisión celebrada en esta Cámara el pasado día
17, dijo --y se lo leo--: Lo único que ha hecho el Ministerio ha sido
conseguir, en lugar de 65.000, 30.000 millones de pesetas de retorno de
la industria farmacéutica y trasladar a los usuarios la necesidad de que
ellos ayuden a aportar el resto de esta financiación para otro gasto de
sanidad.

Señor Ministro, esta declaración del señor Núñez tiene tres componentes
que creo que interesa resaltar. El primero: se trataba de un criterio
estrictamente económico; sólo se habla de dinero, y en absoluto de valor
terapéutico. Segundo: va a recaer en los ciudadanos y, encima, tenemos
que estar agradecidos a la industria farmacéutica por que pongan 30.000
millones de pesetas, ya que si no los ciudadanos pondrían los 65.000; eso
es un recorte de prestaciones. Pero, además, esto se hace teniendo detrás
una filosofía muy de acuerdo con esta ideología neoliberal del Gobierno,
que creo que es lo suficientemente importante como para que nos
dediquemos a ella con profundidad. En materia sanitaria, el Gobierno nos
está diciendo constantemente que hay que hacer cosas, que hay que dar
prestaciones, pero a costa de recortarlas, a costa de sacar el dinero de
otras prestaciones. Señorías, señor Ministro, los socialistas no
aceptamos esta disyuntiva, no aceptamos que el Gobierno intente llevarnos
siempre a esta elección de financiar prestaciones a costa de recortarlas.

Señor Ministro, las prestaciones se financian de los impuestos que
pagamos, y dar más o menos prestaciones es una opción política del
Gobierno. No podemos decir a los ciudadanos: no se curen ustedes estas
enfermedades para poder curar otras; no. El Gobierno, con los impuestos
que pagamos, con el contenido de los presupuestos, toma opciones
políticas, y es ahí donde se ve la ideología, la filosofía, el programa
político que tiene todo gobierno para con sus ciudadanos; porque ustedes,
señor Ministro, toman opciones como rebajar los impuestos a las rentas
del capital, y eso es una opción política; lo mismo que es una opción
política mantener un alto déficit en Televisión Española; lo mismo que es
una opción política subir el sueldo a los Secretarios de Estado un 30 por
ciento. También es una opción política recortarle las prestaciones
farmacéuticas a los ciudadanos y ésa es la opción que este Gobierno ha
tomado entre todos el abanico de opciones políticas que podía haber
elegido. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Socialista.)
Es aquí, señor Ministro, donde hay que situar la decisión que ustedes han
tomado: en un recorte de las prestaciones sociales; recorte bastante poco
comprensible en un momento de bonanza económica, en un momento en el que
se dice que hay tres billones de pesetas procedentes de las



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privatizaciones, donde se dice que España va bien, pero parece que va
bien sólo para unos pocos, porque la mayoría van a tener que pagar de su
bolsillo para poder tener el mismo nivel de prestaciones farmacéuticas de
que disfrutaba hasta que ustedes asumieron el gobierno. Aflora lo que
hablábamos nosotros del programa oculto del Partido Popular en las
elecciones; afloran las prioridades y la defensa de los intereses más
tradicionales de lo que es la derecha española y que desde luego no han
pasado nunca por la defensa de los intereses de los más desfavorecidos.

Tengo que recordarle, señor Ministro, que el Partido Socialista le brindó
su ayuda para que pudiéramos tener un gasto farmacéutico dentro de los
límites deseables, pero dentro de lo que debe ser un uso racional del
medicamento, y ello no significa recortar prestaciones. Un uso racional
del medicamento es informar a los profesionales, es informar a los
usuarios, y si un medicamento no sirve, porque no tiene utilidad
terapéutica, se retira, pero no se puede decir que no se financia pero se
prescribe, porque eso sí que es un recorte de prestaciones a todos los
ciudadanos.

Señor Ministro, si se pretende reducir el gasto farmacéutico, también
tenemos otras vías, como es la introducción de los denominados
medicamentos genéricos o la correcta implantación de los denominados
precios de referencia. Esto, sin duda, ayudaría a contener lo que es la
factura farmacéutica sin necesidad de este tipo de recortes, pero también
en estas medidas el Gobierno del Partido Popular ha tomado opciones
políticas defendiendo unos intereses concretos: los de la industria
farmacéutica.

Se ha hablado de que la implantación de medicamentos genéricos reduciría
la factura; los expertos han hablado de un ahorro muy superior al que se
pretende de los 65.000 millones de pesetas. El Gobierno ha anunciado a
bombo y platillo que está a favor de la implantación de los medicamentos
genéricos, pero a la vez que lo dice toma las medidas necesarias para
hipotecar la implantación de estos medicamentos genéricos, porque,
señorías, son pocos y además usted ha llegado a un acuerdo con
Farmaindustria por el cual el ahorro que se produzca va a deducirlo de
las aportaciones de esta industria; es decir, ustedes dicen una cosa y
luego tratan de imposibilitar que se produzca un recorte en la factura
farmacéutica por la vía de los medicamentos genéricos.

También nos preocupa lo que pretenden hacer con los precios de
referencia, porque se está hablando de unos criterios que limiten su
implantación, y puede ser que no suponga suficiente ahorro al gasto
farmacéutico como el que podría ser el de un precio de referencia tomando
como base el menor de todos y no el medio.

Yo creo que todas estas apreciaciones políticas de la actuación del
Gobierno las vemos claramente si empezamos a analizar el convenio que el
Ministro ha firmado con Farmaindustria. Lo primero que nos llama la
atención, señor Ministro, es que usted hable en nombre de las
administraciones públicas sanitarias. Los señores de los Grupos del
Partido Nacionalista Vasco y de Convergència I Unió valorarán esa firma
que ha hecho el Gobierno en nombre de todos, que además no sólo es la
firma, porque si analizamos lo que es el comité de seguimiento que se
crea comprobamos que están excluidos, porque el comité de seguimiento es
Farmaindustria y el Ministro.

El convenio contempla además una liberalización de los precios de los
medicamentos que se excluyen de la financiación pública y que pueden
suponer, según los expertos, un incremento del 30 por ciento; es decir,
los pensionistas tendrán que pagar de su bolsillo los medicamentos que
están excluidos, porque fundamentalmente va a afectar a pensionistas o a
niños, pero además lo van a tener que pagar más caro. Si esto ya es de
por sí grave, fíjese, señoría, en la explicación que da este convenio de
por qué el Ministro acepta esto. Dice que se acepta para compensar a la
industria farmacéutica de los sacrificios que realiza en las aportaciones
de esos 30.000 millones, es decir, los ciudadanos vamos a tener que
compensar a la industria farmacéutica de los sacrificios que realiza.

Está muy claro de parte de quién están las prioridades de este Gobierno.

Señor Ministro, al final tenemos que hacer siempre a la misma reflexión:
lo firme que es su Ministerio, lo firme que es la derecha española con el
débil y lo débil que ha sido siempre y es esta derecha española con el
fuerte. Ustedes se han plegado totalmente a los intereses de
Farmaindustria.

Dicen que Farmaindustria les aporta este año 30.000 millones de pesetas y
esto lo venden como algo que va a significar una reducción del gasto
farmacéutico. Señor Ministro, usted sabe que eso no se así. De esa
aportación se va a deducir lo que se ahorre de la introducción de
genéricos y se va a reducir lo que se ahorre por los medicamentos que
sean excluidos en precio-venta laboratorio, es decir, lo que los
ciudadanos paguen de su bolsillo va a ir destinado a la industria
farmacéutica y no a disminuir el gasto farmacéutico. Y lo que podía ser
una política del medicamento que nos llevara a reducir la factura vía
introducción de genéricos, usted se la ha cargado, porque lo que por ahí
se ahorre se lo ahorra Farmaindustria. Usted ha firmado un convenio que
blinda los beneficios de la industria farmacéutica.

Pero hay más, por los medicamentos que usted excluye, la industria
farmacéutica le obliga a poner en funcionamiento la receta blanca para
que puedan seguirse recetando. Aquí ya es absolutamente incomprensible
cualquier tipo de actitud de racionalización del gasto farmacéutico.

Señor Ministro, si esos medicamentos son seguros, eficaces y fiables,
¿por qué se retiran? Y, si no se retiran, ¿por qué se financian? El tema
yo creo que está bastante claro. No solamente no se van a financiar, sino
que usted hace propaganda de esos medicamentos (parece que al dictado de
la industria farmacéutica), recomienda su uso, pero, a su vez, pone en
marcha unas recetas para que lo paguen los usuarios y, además, un 30 por
ciento más caro. Eso es inadmisible y eso está contenido en el pliego del
convenio que usted ha firmado.

¿Y del futuro qué? Se lo pregunto porque el convenio tiene vigencia por
dos años. El acuerdo de financiación tiene vigencia para cuatro. Ya el
año que viene queda reducida de ese importe la cantidad que se considera
deducida. La aportación de Farmaindustria va a ser sólo de 16.000
millones. ¿Pero y después de dos años? Señor Ministro,



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si después de dos años usted no se pliega a los intereses de
Farmaindustria, aquí lo único que va a pasar es que los 65.000 millones
de pesetas los van a tener que pagar los usuarios y ustedes aplicarán
otro «recetazo».

Yo creo, señor Ministro, para terminar, que la conclusión que se puede
sacar de todo esto es que sus decisiones en política sanitaria no se
están tomando desde la óptica sanitaria, probablemente ni siquiera se
estén tomando desde el propio Ministerio de Sanidad. Da la impresión de
que el recorte económico lo impone Economía y que la forma de lograrlo se
la ha impuesto a usted Farmaindustria.

Yo le pido que retire la lista que ha presentado, que empecemos desde
cero a analizar qué medicamentos tienen valor terapéutico y cuáles no. Y
los que no tengan valor terapéutico, atendiendo a un uso racional del
medicamento, que se excluyan. Pero al ser excluidos ni se financian ni se
prescriben. Debemos potenciar una buena política de genéricos y de
precios de referencia y, sobre todo, porque es donde pivota toda esta
situación, hemos de pedirle al señor Ministro que denuncie y no cumpla el
acuerdo que ha firmado con Farmaindustria, que haga otro acuerdo, porque
tengo la impresión de que, señor Ministro, en ese acuerdo usted ha sido
el mejor abogado de Farmaindustria. (Aplausos en los escaños del Grupo
Parlamentario Socialista.)



El señor VICEPRESIDENTE (Aguilar Belda): Gracias, Senador Zamorano.

Señor Ministro de Sanidad y Consumo, tiene su señoría la palabra.




El señor MINISTRO DE SANIDAD Y CONSUMO (Romay Beccaría): Muchas gracias,
señor Presidente.

Señor Senador, el problema de la contención del gasto farmacéutico es muy
serio, mucho más, ciertamente, que su intervención. Lo era ya en 1993,
cuando ustedes tuvieron que afrontarlo. Del año 1986 a 1992 había crecido
el gasto farmacéutico de 249.000 a 627.000 millones, estaban ustedes
alarmados, con razón, y lo dijeron en términos concluyentes. En la
memoria del Real Decreto de 1993 sobre financiación selectiva de los
medicamentos, se afirmaba con todo fundamento que si no se modifica la
actual generosidad financiera del Estado en materia de medicamentos, el
sistema asistencial se encontrará en una situación difícil en la que no
podrá hacerse cargo de las atenciones sanitarias más fundamentales y
prioritarias. Se afirmaba igualmente que un crecimiento excesivo e
incontrolado puede crear serias dificultades al sistema sanitario de
imprevisibles consecuencias. Asimismo, en esa memoria se justifica la
necesidad de esta financiación selectiva para priorizar la financiación
pública de los medicamentos en base a trascendencia, gravedad y duración
de las patologías.

El señor Griñán, Ministro de Sanidad a la sazón, podía decir con razón
que el Insalud abriría dos centros nuevos con lo gastado en un
antiinflamatorio, y el propio señor Griñán, cuando le dice el que le
entrevista que al final de todo esto, de todas estas medidas, hay un
fondo que supongo que se estará sopesando, que es la contención del
gasto, le dice con mucha razón: El problema es que también vengo diciendo
permanentemente que no porque una cantidad se gaste en la rúbrica sanidad
es una cantidad buena, es decir, podemos estar gastando en sanidad
cantidades que no son necesarias, con lo que se está perjudicando a
gastos necesarios que no hacemos. Me hubiera encantado tener una red de
atención primaria mejor que la que tengo, y a lo mejor no se ha podido
terminar porque el gasto de farmacia ha crecido un 18 por ciento. Y el
propio señor Griñán insiste: Si yo retiro del mercado por ejemplo 30.000
millones de pesetas, eso, evidentemente, tiene que originar una tensión.

Lo que pretendo también es controlar el gasto sanitario y el farmacéutico
porque es mi obligación, pero en términos generales les diría, primero,
que la ciudadanía sabe que esta medida va a preservar las características
fundamentales de una prestación farmacéutica que se basa en la gratuidad
de la aportación del pensionista y de la prestación farmacéutica en
hospitales, que se basa prácticamente en la gratuidad de los crónicos y
que se basa también en el 40 por ciento del ciudadano que no es crónico
ni pensionista y, por tanto, lo que estamos haciendo es preservar una
prestación.

Tomaron la medida de retirar 925 fármacos de la financiación pública. No
lo retiraron del Registro, como ahora nos pide aquí el señor Zamorano,
sino de la financiación pública, siguieron en el Registro, porque
cumplían las condiciones del registro. Hubo una cierta desaceleración del
gasto, pero no fue suficiente. De 1986 a 1996 el crecimiento acumulativo
del gasto fue del 14,5 por ciento anual, cuando el IPC creció al 5,1 por
ciento anual y los Presupuestos por debajo del 10 por ciento. De 1986 a
1996 el gasto farmacéutico pasó de 249.000 millones a 888.000, pero es
que sólo de 1992 a 1996, a pesar de sus medidas, la subida fue de 627.000
a 888.000 millones. El problema, por lo tanto, está lejos de estar
resuelto, y no es que lo diga yo, sino que otra vez son concluyentes las
manifestaciones de personas muy características de su Partido, no sólo
sobre la existencia de este problema, sino sobre las medidas a adoptar.

El señor García de Arboleya, Consejero de Salud de la Junta de Andalucía,
el día 9 de octubre de 1997, en el Parlamento andaluz, no podía ser más
contundente. Se refería, en primer lugar, a tratamientos recombinantes
del sida, y decía: Su implantación, solamente en la Comunidad Autónoma de
Andalucía, supondrá en torno a los 6.000 millones de pesetas de
incremento del gasto farmacéutico.

¿Qué hacemos? Pues habrá que incorporarlo. De hecho, ya se ha incorporado
el tratamiento al arsenal terapéutico de Andalucía y al del resto del
Estado. Lo ha incorporado el INSALUD. Pero si son 6.000 millones de
pesetas en Andalucía, serán 30.000 ó 40.000 millones de pesetas a nivel
del Estado. Y si el año que viene saliera algún medicamento que sirviera
para curar o aliviar algún tipo de cáncer se incorporaría al arsenal
terapéutico, lo que supondría otros 30.000 millones de pesetas de más.

Y añadía también: Cuando se habla del gasto farmacéutico yo me
conformaría con que fuéramos capaces de que cada sector hiciera un
esfuerzo y, además, que fuéramos capaces de ir limando, quitando del
arsenal terapéutico



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medicamentos. En esto es en lo que tendrá que tener valentía el
Ministerio de Sanidad, no por nada, sino porque él es quien únicamente
puede hacerlo, y nosotros le ofrecemos nuestro consenso y nuestro apoyo
para quitarlos del catálogo de prestaciones.

Que en ese momento nadie salga hablando del «medicamentazo», del
«decretazo», porque estas cosas son las que hacen que luego se incurra en
las contradicciones en que otras veces se ha caído. Así, poco a poco, con
el esfuerzo de todos los agentes que forman parte de este tema no sé si
podremos reducir el gasto --yo lo veo muy difícil--, pero sí, al menos,
conseguir un nivel eficiente del gasto sanitario.

Cuando nosotros nos planteamos la medida que da origen a esta
interpelación, el representante de la Junta de Andalucía en el grupo de
trabajo sobre financiación de la sanidad, en el seno del Consejo de
Política Fiscal y Financiera, tampoco puede ser tampoco más concluyente.

Refiriéndose a los medicamentos nos dice: Hay una serie de propuestas
normativas en la Ley de medidas y podemos estar de acuerdo con la
política de genéricos, podemos estar de acuerdo con el incremento de las
listas negativas, podemos estar de acuerdo con los precios de referencia,
podemos estar de acuerdo con la separación entre registro y financiación
del Sistema público. Nosotros lo hicimos en el año 1993 con bastante
menos consenso del que podría esperarse ahora y al que vamos a prestar
medidas racionales.

Consecuentemente con esta situación, con este panorama, se produce un
acuerdo en el Parlamento, aprobado mayoritariamente por el Grupo Popular
y por los grupos parlamentarios que apoyan al Gobierno, por el que todos
esos grupos apoyan que se impulse la progresiva separación de
financiación y registro de medicamentos y la financiación selectiva para
determinadas indicaciones.

Posteriormente, el Consejo de Política Fiscal y Financiera aprueba el día
27 de noviembre un nuevo modelo de financiación de la sanidad, un modelo
absolutamente decisivo para garantizar por primera vez la viabilidad de
la financiación pública de la sanidad. Ese modelo supone un crecimiento
del presupuesto de 1998 sobre el de 1997 de 386.000 millones de pesetas,
200.000 millones de pesetas más de lo que hubiera subido de acuerdo con
el valor anterior; 320.000 millones de pesetas que van a ser aportados
por el Tesoro. Todas las Comunidades Autónomas con servicios sanitarios
transferidos respaldan ese acuerdo y el Consejo de Política Fiscal y
Financiera nos dice que el crecimiento del gasto de farmacia presenta una
trayectoria alcista respecto de los demás gastos corrientes del Sistema y
revela la necesidad de adoptar medidas que racionalicen el consumo de los
medicamentos adecuándolo a las necesidades reales de la salud de la
población y eliminando o desincentivando los consumos innecesarios.

Respecto a ello, el Consejo de Política Fiscal y Financiera considera que
las medidas deberían dirigirse preferentemente al desarrollo de una
política activa de genéricos y a restringir la financiación pública para
los medicamentos de escaso valor terapéutico, de modo que se produjera un
ahorro de 65.000 millones de pesetas. En ejecución de ese acuerdo,
ponemos en marcha dichas medidas, que, obviamente, deben pasar por una
larga y compleja tramitación. Previamente, ese acuerdo con la industria,
al que repetidamente se ha referido el señor Zamorano, nos ha permitido
reducir el alcance de la lista negativa. Así, este año hemos conseguido
una aportación de Farmaindustria al Sistema Nacional de Salud de 39.000
millones, cifra absolutamente desconocida que, además, coincide con una
reducción de la lista negativa. Hasta ahora, con Gobiernos anteriores,
todas las aportaciones de la industria farmacéutica se realizaban sobre
la base de que no se tocara la lista, que se mantuviera al completo. Sin
embargo, como digo, en estos momentos hemos conseguido que haya una
aportación de la industria farmacéutica muy superior a la de años
anteriores, lo que nos permite reducir el alcance de la lista negativa.

Iniciamos la tramitación de esta propuesta, y ni que decir tiene que ésta
se ajusta a la Ley de Sanidad, a la Ley del Medicamento y que posee
muchos puntos comunes con la que ustedes elaboraron en 1993. Pero ustedes
ahora, después de haber tenido responsabilidades de Gobierno, después de
haber hecho algo muy parecido y que se ha manifestado en los términos que
quedan consignados, han intentado confundir acusándonos de crear la
receta blanca, que crearon ustedes, o acusándonos presuntamente de
fomentarla, que no sé dónde está dicho eso. Han intentado confundir
aludiendo a exclusiones de medicamentos que no se excluyen. Han intentado
confundir diciendo que ahora se excluyen grupos completos y que antes eso
no se hacía, cuando ocurre exactamente lo contrario. Intentan confundir
con intervenciones como la que usted, señor Zamorano, ha protagonizado
aquí esta mañana. Pero la realidad tiene muy poco que ver con sus
imputaciones. Actuamos en defensa del Sistema Nacional de Salud con el
crédito que nos da haber afrontado su financiación en los términos en que
se ha hecho y llevando a cabo algunas medidas a las que me acabo de
referir.

También intentan ustedes confundir diciendo que en aquel entonces sólo se
excluyeron productos sin valor terapéutico o, para ser más precisos, con
un valor terapéutico limitado, mientras que ahora se excluyen otros.

Ustedes también excluyeron medicamentos con valor terapéutico para
síntomas o síndromes menores, por tanto, no confundan a nadie.

Intentan confundir pretendiendo hacer creer que los 30.000 millones
tienen que salir de la lista negativa. No es así; tienen que salir de la
lista negativa y de los genéricos.

Intentan confundir hablando de recortes de prestaciones. Pero ¿sabe lo
que dijo la señora Amador cuando se le hacía esta acusación ante una
medida análoga? Dijo entonces: No hemos recortado la prestación
farmacéutica, sino que seguimos financiando todos aquellos principios
activos que, además de tener las características propias de un
medicamento, cumplen los requisitos de seguridad y de coste-eficacia.

Este es un criterio que se contempla en esta lista negativa y que
determina la ley, como debería conocer su señoría.

Tratan de confundir insistiendo en que si esos medicamentos no se
financian públicamente salgan del Registro.




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Eso no tiene por qué ser así, y ustedes tampoco lo hicieron. Ustedes
retiraron 925 especialidades del mercado y las mantuvieron en el
Registro, porque una cosa es el Registro, que ampara la calidad,
seguridad y eficacia de los medicamentos, y otra la financiación pública.

Esta es una distinción que se hace en toda Europa. Así, toda Europa tiene
un Registro y unas listas de financiación, y sólo se financian los
medicamentos con una buena relación coste-efectividad, o que no se
refieren a síntomas o síndromes menores. Pero no se excluyen del
Registro, como no excluyeron ustedes en 1993 los medicamentos que estaban
fuera de la financiación. Por tanto, siguen ustedes intentando confundir.

Lo cierto, señor Zamorano, es que nuestra propuesta mejora la de ustedes
porque incluye excepciones a favor de los colectivos más desfavorecidos,
de los crónicos o de personas que por sus características de edad pueden
tener patologías en las que se hace necesario el uso de estos
farmacéuticos. Nuestra propuesta es mejor, porque se inserta en una
política global farmacéutica.

¿Me quiere usted decir, señor Zamorano, cuáles fueron sus políticas
farmacéuticas? ¿Qué decisiones han adoptado ustedes en estos 11 años en
materia de márgenes de las oficinas de farmacia? ¿Qué decisiones han
adoptado en materia de ampliación de las oficinas de farmacia? ¿Qué
decisiones han adoptado en materia de márgenes de los distribuidores de
farmacia? ¿Qué decisiones han adoptado en materia de medicamentos
genéricos? ¿Se puede venir aquí a proclamar la urgencia de los
medicamentos genéricos después de haber estado 13 años en el Gobierno sin
tomar alguna iniciativa que hubiera permitido tener en el mercado muchos
medicamentos genéricos y con eso un ahorro muy importante en el gasto
farmacéutico? (Rumores.) ¿Qué decisiones tomaron en materia de precios de
referencia? ¿Cuál ha sido su política farmacéutica?
Además, están hablando de recorte de prestaciones en 1998 por el ahorro
que se genera con la financiación selectiva. En 1994 ustedes detrajeron
del sistema sanitario 150.000 millones de la financiación previsible como
consecuencia, entre otras cosas, del ahorro que esta medida iba a
producir. Justamente el recorte en la prestación sucede en 1994. Y ahora
lo que se produce es una financiación que nos permite atender las
necesidades y conseguir que estos ahorros sean para mejoras en la sanidad
pública, en los servicios creados a los ciudadanos.




El señor VICEPRESIDENTE (Aguilar Belda): Le ruego, señor Ministro, que
vaya concluyendo.




El señor MINISTRO DE SANIDAD Y CONSUMO (Romay Beccaría): Concluyo, señor
Presidente.

¿Sabe usted, señora Zamorano, que las nuevas especialidades, que han
figurado en el Registro del año 1997, son más de 457? Ahora se está
hablando de excluir 865, que tampoco son 865 exactamente, son 588, porque
las demás son especialidades que ya estaban anuladas y de las que sólo
quedan algunos ejemplares en las farmacias en espera de su caducidad.

Señor Zamorano, nosotros apostamos por el Sistema Nacional de Salud y lo
hemos hecho con ese acuerdo en el Congreso que consolida y moderniza el
Sistema; con un acuerdo de financiación histórico que nos permite ver con
esperanzas el futuro de una sanidad mejor en nuestro país; con una
política farmacéutica integral que esta iniciativa ahora completa;
mejorando los servicios que habíamos recibido; reduciendo las listas de
espera; bajando el número de pacientes incluidos en ellas, de 190.000 a
148.000; bajando el número de enfermos que esperaban más de nueve meses,
de 35.000 a 876; bajando el número de pacientes que esperaban más de
nueve meses una prótesis de cadera, de 4.098 a sólo 65; subiendo la
inversión de 38.000 millones a 54.000 millones en el territorio del
INSALUD, muy necesaria para mejorar y atender nuestras necesidades;
bajando la demora media de las intervenciones quirúrgicas de 210 a 98
días. Queremos seguir mejorando: la atención a las mujeres, los servicios
de urgencia, la informatización de los centros.

Por ello, tomamos esta medida que hoy inicia su trámite y que responde a
los criterios no sólo de los expertos del Departamento, sino de la
comunidad científica sobre estas materias. Pero que, además, va a pasar
por una tramitación en la que, con mucho gusto, oiremos a todos los que
tienen algo que decir sobre estas cuestiones con objeto de perfeccionar
la decisión que en su momento tome el Consejo de Ministros después de
haber oído, naturalmente, al Consejo Interterritorial del Sistema
Nacional de Salud, a la Comisión del Uso Racional del Medicamento y a
todos los organismos y entidades que tienen que informar sobre este tipo
de cuestiones.

Sean más serios con sus planteamientos sanitarios, señor Zamorano, porque
si ustedes --como le dijo el Presidente del Insalud en esa comparecencia
a la que usted se refería-- persiguen el mantenimiento del sistema
sanitario público, están perdiendo una ocasión de oro para hablar
seriamente del tema sanitario público y del tema farmacéutico.

Muchas gracias, señor Presidente. (Aplausos.)



El señor VICEPRESIDENTE (Aguilar Belda): Gracias, señor Ministro.

Para turno de réplica, tiene la palabra el señor Zamorano.




El señor ZAMORANO VAZQUEZ: Parece ser que no tenemos los mismos conceptos
sobre seriedad en política sanitaria. Si usted considera que es serio
decir a los pensionistas que tienen procesos de deshidratación que cuando
tengan un resfriado beban agua, usted será el ministro de sanidad y
consumo de aguas, pero no se considera muy serio. (Risas y aplausos en
los escaños del Grupo Parlamentario Socialista.) Si usted considera que
es serio decir a las mujeres que para las varices se pongan medias y el
que se lo dice además tiene una familia que se dedica a la
comercialización, producción y venta de medias, ésa no es nuestra
seriedad. (Risas en los escaños del Grupo Parlamentario Socialista.) La
seriedad requiere afrontar los problemas en conjunto y no, desde luego,
que



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el señor Ministro diga también que los medicamentos que ahora se retiran
de la financiación pública se van a seguir prescribiendo porque son
buenos, eficaces y fiables, y se van a recetar solamente por los
intereses de Farmaindustria. Esa no es nuestra seriedad, señor Ministro.

Le voy a decir una cosa de entrada: yo comprendo que su papel aquí es muy
difícil, usted tiene que desmentir ahora a su propio Partido --eso es
duro-- y tiene que leer cosas y hacer argumentaciones que no son las
suyas, no son las de su Partido con anterioridad. Yo valoro positivamente
que usted venga aquí a hacer este papelón, porque, claro, todavía
recuerdo cuando en la comparecencia de la semana pasada en el Congreso de
los Diputados cada vez que usted hablaba el señor Fernández-Miranda se
iba de la tribuna. Eso es duro y se lo valoro, pero no me hable entonces
usted del pasado ni me saque constantemente relaciones del pasado, porque
yo también se lo podría recordar.

Ustedes han enterrado su programa electoral, ustedes han enterrado
totalmente lo que el señor Fernández-Miranda dijo con respecto a aquella
financiación selectiva de medicamentos. Si usted quiere me refiero sólo a
mi Andalucía y a lo que decía el señor Arenas (La señora Pleguezuelos
Aguilar: ¡Muy bien!) Decía: es un ejemplo de las falsedades y estafas del
Gobierno. Hable con él cuando lo vea en el Consejo de Ministros y
comprenda lo que usted tiene que decir ahora respecto a lo que él
entonces criticaba.

Cuando aquí hablamos de credibilidad empezamos a estar en una situación
difícil, porque durante todo el año han salido muchos globos sonda del
Ministerio, o del señor Barea, o del primero de turno, hablando de que va
a haber recorte en las prestaciones, hay que dar un recetazo, hay que
poner un copago, hay que hacer esto y lo otro, y usted inmediatamente
salía desmintiéndolo, hasta que lo dijo Economía: aquí no se desmiente,
aquí se hace. Todo este año nos han tenido con globos sonda que al final
han sido de verdad, y ésa es la credibilidad en la cual está cayendo el
Ministerio. O si usted quiere más, en la sesión del Congreso de la semana
pasada --y vamos cronológicamente-- el señor Aznar, a una pregunta del
señor Eguiagaray, dice que los medicamentos que se excluyen no tienen
utilidad terapéutica y usted, momentos después --tal vez porque habría
tenido una llamadita de Farmaindustria que le dijera: corrige eso que nos
podemos quedar sin vender estos productos--, dice: no, no, estos
medicamentos son seguros, eficaces y de calidad. ¡Vamos, que
Farmaindustria pondrá su declaración en la etiqueta de venta o en la de
publicidad de todos estos medicamentos cuando así se produzca! (Risas y
aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Socialista.)
Señor Ministro, el acuerdo del Consejo de Política Fiscal y Financiera
también dice más cosas, el punto dos señala: las medidas que el Gobierno
adopte deberán ser previamente deliberadas e informadas por el Consejo
Interterritorial de Salud. Ya conocemos la lista, pero no conocemos la
convocatoria del Consejo para ser discutida. (Un señor Senador del Grupo
Parlamentario Popular: ¡Muy flojo!--Rumores.) ¡Si me vais a quitar los
medicamentos tendré el tono bajo! Voy a beber agua, ya veréis como me
pongo mejor. (Risas y aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario
Socialista.)
Señor Ministro, usted ha estado mucho tiempo aquí hablando del pasado, de
la sanidad que se encontró. Tendrá que reconocer que no es la misma que
la que usted dejó cuando fue Subsecretario. Tendrá que recordar que
nosotros hemos constituido durante los años de gobierno socialista el
Sistema Nacional de Salud. Usted tenía la experiencia de la sanidad de
otra época, por consiguiente debe ser prudente y valorar en su justa
medida, porque usted sí tiene capacidad para notar cuáles eran las
prestaciones sanitarias que tenían los españoles cuando usted tenía la
responsabilidad de sanidad en años anteriores y las que tenían cuando
usted volvió a coger el Ministerio. No hablemos de pasado, porque
entonces podemos ver qué es lo que ha hecho cada uno en el desarrollo de
la sanidad pública española. (Varios señores Senadores de los escaños del
Grupo Parlamentario Popular pronuncian palabras que no se perciben.)
Y no voy a entrar en discusiones con respecto a lo que ha sido el
convenio con Farmaindustria, se lo voy a leer. Por ejemplo, en el tema de
la subida de precios dice lo siguiente: El Ministerio de Sanidad y
Consumo, dentro del ámbito de sus competencias, propondrá que los
porcentajes de incremento de las listas de precios para las
especialidades farmacéuticas no financiadas con cargo a fondos públicos,
previstos en la Ley de medidas fiscales, administrativas y de orden
social, estén en relación y coadyuven especialmente en el primer año en
el esfuerzo que realiza la industria farmacéutica por las medidas
contempladas en el presente acuerdo. Es decir, receta blanca e incremento
de precios en función de los acuerdos de usted con Farmaindustria. E
igual sucede con el tema de los genéricos.

Usted ha tenido un lapsus. Usted ha dicho que los 30.000 millones se van
a reducir por los genéricos, por los precios de referencia y por el
medicamentazo. Señor Ministro, usted ha tenido un lapsus porque lo que
los ciudadanos van a pagar de su bolsillo son 35.000 millones. Los 30.000
millones hacen referencia a la aportación de la industria farmacéutica y
eso es lo que a usted le preocupa, que tengan que acabar poniendo 30.000
millones. Por eso dice: lo que ahorre de los precios de referencia, se lo
deduzco de los beneficios de Farmaindustria; lo que ahorre con la
exclusión de medicamentos de forma voluntaria, se lo deduzco a la
aportación de Farmaindustria. Esa es su preocupación, no lo que tengan
que pagar los ciudadanos, sino que Farmaindustria tenga que pagar 30.000
millones.

Le vuelvo a decir lo mismo de antes. Son muchos los comentarios que han
existido sobre sus relaciones con la industria farmacéutica en períodos
anteriores. Desmiéntalos, rompa este convenio, parta desde cero, reúna al
Consejo Interterritorial de Salud, a los profesionales, a las sociedades
científicas y elabore un uso racional del medicamento. Lo que no sirva,
que se excluya y lo que sirva, que se financie públicamente. En eso vamos
a estar, señor Ministro, no vamos a estar aquí defendiendo los intereses
de la industria farmacéutica en contra de los intereses de los
ciudadanos.




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Muchas gracias, señor Presidente. (Aplausos en los escaños del Grupo
Parlamentario Socialista.)



El señor VICEPRESIDENTE (Aguilar Belda): Gracias, Senador Zamorano.

Se abre el turno de portavoces.

¿Grupo Parlamentario Mixto? (Pausa.)
¿Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos?
Tiene la palabra el Senador Gatzagaetxebarría.




El señor GATZAGAETXEBARRIA BASTIDA: Muchas gracias, señor Presidente.

A mi Grupo Parlamentario le parece oportuna la presentación de esta
interpelación, porque nuevamente suscita un asunto de gran calado, que es
el debate en relación con la conformación del sistema sanitario público
como uno de los ejes vertebradores del Estado del bienestar. Por lo
tanto, yo creo, ahora que está en fase de debate y de conformación
definitiva el ámbito de las prestaciones del Sistema Nacional de Salud,
que es oportuno que se presente la interpelación, puesto que refleja una
conexión entre los problemas y las preocupaciones de la ciudadanía con el
quehacer de la clase política, en este caso del Gobierno.

Otra cuestión es la concordancia con los planteamientos de una u otra
parte de la interpelación. A nosotros nos parece que es necesario abordar
una política de racionalización en el uso del medicamento. Lo manifesté
tanto en la Comisión que estableció el informe de consolidación y de
garantía del Sistema Nacional de Salud, como en la comisión que hizo el
dictamen en esta Cámara en relación con la ordenación del sector
farmacéutico a nivel español.

También dijimos que creíamos que no solamente eran necesarias medidas de
restricción farmacéutica para el ahorro, cosa que ya se hizo en el año
1993 y que, quizá, ahora se hace mejor, porque el ahorro va a tener un
carácter finalista y desaparece la vinculación del ahorro al gasto
sanitario, que anteriormente no existía, ya que el Gobierno socialista
anterior dio pasos importantes en los presupuestos de 1994, en cuyos
anexos los gastos sanitarios dejaron de ser créditos ampliables.

Desapareció tal calificación jurídica en relación al gasto sanitario en
los Presupuestos Generales del Estado por una política de
racionalización.

Todos estamos de acuerdo en que es necesaria esa racionalización. Hay
diferencias de matiz político mayores o menores, pero nosotros tenemos
nuestra posición política y nuestro criterio al respecto, y es que el
ahorro, por sí mismo, no tiene sentido si no va ligado a otra serie de
políticas, políticas de racionalización, que se concretan en que haya un
fomento de los genéricos, la desvinculación del registro y la
financiación --no todo lo registrado en el Registro Público Sanitario
tiene que ser necesariamente objeto de financiación pública--, el
establecimiento de unos precios de referencia, de forma que con la
indicación del principio activo todo producto o nombre comercial que
supere el precio de referencia fijado al principio activo quizá tenga que
ser abonado por el usuario de ese medicamento. En definitiva, la ligazón,
la coherencia, la racionalización para adecuar y encauzar el gasto
público, pero con políticas complementarias, como las tres que acabo de
indicar, que establezcan una coherencia para la consolidación del sistema
público.

Donde nosotros sí que queremos hacer una reflexión es en el hecho de que
las Comunidades Autónomas, incluso las que tienen competencias en materia
farmacéutica, no han participado en el proceso de elaboración de esta
propuesta. Creemos que ahí sí que tenía que haberse producido mayor
participación. Sabemos que va a haber una reunión del CIS, del Consejo
Interterritorial de Salud, al respecto, y creemos que también debería
participar, por lo menos desde el punto de vista técnico, la comisión
relativa al uso racional del medicamento. Porque en ese documento de
trabajo que plantea el Ministerio quizá no están todos los medicamentos
que deberán ser excluidos, por su bajo valor terapéutico, y están algunos
que no deben ser excluidos. Nuestro Grupo político cree que es necesaria
la negociación política siguiendo criterios técnicos, porque, en
definitiva, no podemos actuar de otra manera más que siguiendo las
prescripciones y parámetros técnicos que los expertos en la materia
propongan a los responsables políticos. Creemos, pues, que son necesarias
la Comisión para el uso racional del medicamento y la negociación
política en el CIS. El Partido Nacionalista Vasco, a través de la
participación que el Gobierno vasco tiene en la Comisión Interterritorial
de Salud, planteará también una serie de enmiendas o correcciones a la
lista, porque, repito, señor Presidente, no están todos los que son ni
son todos los que están.

Gracias, señor Presidente.




El señor VICEPRESIDENTE (Aguilar Belda): Gracias, Senador
Gatzagaetxebarría.

Por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió,
tiene la palabra el Senador Cardona.




El señor CARDONA I VILA: Muchas gracias, señor Presidente.

Señorías, en el acuerdo que se alcanzó a finales del año pasado sobre
financiación sanitaria para los próximos cuatro años se previó ya una vía
derivada de las medidas de ahorro y racionalización del gasto sanitario,
sobre todo gasto farmacéutico, que supone 65.000 millones de pesetas, y
que se plantean por cuatro vías diferentes: implantación de los precios
de referencia; mayor uso de los medicamentos genéricos; un mayor ahorro
derivado de la rebaja de los precios de los fármacos, para lo que se ha
firmado el correspondiente acuerdo con la industria farmacéutica, y una
vía derivada de un ajuste de la lista de medicamentos incluidos en el
sistema público de Sanidad. Esas son las cuatro vías y ése es el acuerdo
que tienen que defender porque a ello se comprometieron las Comunidades
Autónomas.

El Senador Zamorano pregunta qué dicen las Comunidades Autónomas y los
grupos parlamentarios nacionalistas en relación con esto, y yo le digo
que se deduce de la enmienda que presentamos ayer a su moción, que tiene
cuatro puntos y que, por cierto, no fue aceptada por su Grupo. Por tanto,
estoy de acuerdo en estos términos, y podría



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ser una vía para continuar negociando si su postura fuera realmente
constructiva. (Una señora Senadora del Grupo Parlamentario Popular: ¡Ahí,
ahí!)
Somos conscientes de que es necesario intentar reducir en lo posible el
gasto sanitario, que precisa de mayores recursos económicos por una serie
de factores que usted y yo conocemos sobradamente; por otra parte, usted
y yo y muchos de nosotros, en tanto que profesionales, conocemos también
que se pueden excluir preparados farmacéuticos sin que por ello se dejen
de cubrir todas las contingencias sanitarias, todas las patologías
médicas que pueda padecer el usuario. Estamos de acuerdo, ¿no? Pero eso
tiene que quedar muy claro, porque es así. Le diría más: hoy hay una
cierta tendencia a usar excesivamente productos farmacológicos, a veces
incluso con inconvenientes para la salud del usuario, precisamente por la
incidencia de la industria farmacéutica.

La cuestión está en cómo se hace y cómo se comunica y explica al
ciudadano, que está en un contexto social del que muchas veces es no
diría que víctima, pero sí que sufre las consecuencias. Tanto la forma en
que se hace como en la que se transmite tienen que ser consensuadas por
las partes afectadas. Las fuerzas políticas estamos de acuerdo en el
fondo, pero no en la forma, y por eso se dan esas batallas y esas
situaciones que si no parecen ridículas, por la importancia que tienen,
sí parecen estar fuera del mundo real de los ciudadanos de la calle. Y
tendríamos que pensar un poco más en ello.

También es necesario la aportación de las sociedades científicas y
profesionales, que son un buen medio de comunicación y de transmisión
para que el mensaje llegue claro y nítido al ciudadano. Conviene contar
también con la complicidad y la implicación de las asociaciones de
consumidores y usuarios, porque sin ellos, o con ellos en contra,
resultará aún más difícil. Y, finalmente, es menester, naturalmente, el
acuerdo con la industria farmacéutica.

Evidentemente, todo esto es difícil. Si de por sí la medida lo es,
cualquier disonancia o crispación que se produzca incrementará las
dificultades propias de la medida en sí misma, porque no hay que olvidar
que es una medida restrictiva. Si no, recuérdese el año 1993 --no hace
tanto-- cuando se fraguó esa denominación de «medicamentazo».

Ahora bien, se haga como se haga, siempre se podrá cuestionar --porque
todo es mejorable-- pero, en nuestra opinión, se podría haber hecho
mejor, fundamentalmente en la forma en que se ha transmitido y comunicado
que, desde mi punto de vista, ha sido francamente mala. No se ha
transmitido acertadamente a la opinión pública y no ha llegado a la
ciudadanía en las condiciones precisas que sería menester.

Pero si no se ha acertado en la forma, peores han sido --y eso es lo
grave-- algunas reacciones. Por muy legítimas que sean todas las
posiciones, no se puede hacer el ejercicio de demagogia que han hecho
Comunidades Autónomas fuertemente afectadas por las deficiencias
presupuestarias del sistema, que han optado por una huida hacia adelante,
fuera de lugar; además, acompañadas por algunas corporaciones locales,
que no se han quedado atrás.

Nos parece que es necesario un mayor sentido de la responsabilidad, de la
solidaridad, esa que tantas veces pedimos de palabra pero que tan difícil
es de practicar con los hechos.

Dicho esto, hemos de manifestar, señor Presidente, señorías --y
termino--, que no deja de preocuparnos la efectividad real de la medida.

Lo hemos dicho en anteriores ocasiones y las experiencias que tenemos no
avalan precisamente su eficacia. Porque, si bien parece que hay un efecto
inicial favorable, le sigue después un incremento del gasto, ese efecto
eje que algunos economistas han descrito francamente bien.




El señor VICEPRESIDENTE (Aguilar Belda): Senador Cardona, le ruego vaya
concluyendo.




El señor CARDONA I VILA: Voy terminando, señor Presidente. Podemos
mencionar los efectos inmediatos que ha producido por el acopio de
medicamentos en las últimas semanas.

Señor Presidente, señorías, señor Ministro, estas medidas no se pueden
tomar sin la complicidad, sin la participación activa y comprometida del
médico, principal actor, por lo que significa de acción decisiva en esta
dinámica ya que, sin él, jamás será eficaz. Es imprescindible también una
educación sanitaria de la población, que se puede llevar a cabo desde
muchas vertientes, pero sin olvidar la figura del médico y sus relaciones
con el usuario. Por lo tanto, sobre el médico pivota gran parte de la
eficacia de estas medidas.

En definitiva, señor Presidente, señorías, esperamos
--porque lo deseamos y lo necesitamos-- que se cumplan los objetivos
que se han establecido.

Nada más y muchas gracias.




El señor VICEPRESIDENTE (Aguilar Belda): Gracias, Senador Cardona.

¿Grupo Parlamentario Socialista. (Pausa.)
Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el Senador Esteban
Albert.




El señor ESTEBAN ALBERT: Muchas gracias, señor Presidente.

Habiendo sobrevivido, no sin esfuerzo, a la intervención del señor
Zamorano, pretendo aclarar dos cosas
--aunque me da la sensación de que mi intervención va a ser inútil
porque han quedado perfectamente claras--: que una vez más el Partido
Socialista está solo ante una medida de este tenor y, que además, esto
que ustedes traen hoy aquí no tiene nada que ver con la Sanidad.

Este debate, señorías del Partido Socialista y de todos los Grupos,
responde a una campaña --como casi siempre-- para intentar crear
confusión, intranquilidad, desasosiego; es decir, volver a sacar al
doberman a la calle aunque, ahora sí, vestido con bata blanca. (Rumores.)
Eso se les está acabando, porque los mismos que afirmaban que no teníamos
sensibilidad social y que íbamos a acabar con las pensiones, hoy se
tienen que tragar esas palabras, los mismos que están diciendo hoy en
Andalucía --el señor



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Chaves y sus acólitos-- que a cada andaluz le va a costar 5.000 pesetas
esta medida, serán los que se tengan que tragar también esa frase.

Le voy a hacer dos apuestas, señor Zamorano, si me lo permite; le apuesto
dos cenas: una, que nada de lo que yo diga aquí sale en Canal Sur y, dos,
que esa supuesta financiación complementaria a esto que ustedes quieren
tampoco la van a llevar a efecto. (Un señor Senador: Sí, sale en
Televisión Española.--Rumores.)
Les voy a decir lo siguiente: en el hipotético e improbable caso de que
ustedes tomaran esa medida que ha anunciado el señor Chaves en vísperas
del Día de Andalucía, lo que quiero saber es cómo y de qué forma. Porque
así se pueden tomar esas decisiones; debo 200.000 millones de pesetas,
pues, bueno, deberé otros 200 y otros 3.000 más. ¡Qué más da si no pago
lo que debo! Eso es falta de responsabilidad.

Igual que con la financiación autonómica, ustedes han querido montar otra
vez una carpa de circo alrededor de tres Comunidades Autónomas que
gobiernan ustedes, sólo que una no se les ha unido esta vez. (El señor
Zamorano Vázquez: ¡Y Aragón qué!) Esta cuestión de la financiación
autonómica, ¿sabe qué consecuencias ha tenido? Que ciudadanos de otras
Comunidades Autónomas van a poder deducir más por el tercer hijo, por la
segunda residencia, pero los andaluces, por lo visto, para ustedes no
tenemos derecho a eso, solamente porque había que hacerle un frente al
Gobierno de José María Aznar. Eso en mi tierra, en Andalucía, se llama
irresponsabilidad, y estoy siendo misericordioso con las palabras.

Efectivamente, el señor Ministro ha leído lo que decía el señor García
Arboleya el 9 de octubre: Cuando se habla del gasto farmacéutico yo me
conformaba con que fuéramos capaces de ir limando o quitando del arsenal
terapéutico medicamentos que sigue habiendo que no sirven para nada,
etcétera. Es verdad, señor Ministro, que esto lo decía el Consejero de
Sanidad el día 9 de octubre, pero ¿sabe lo que pasa? Que ahora ya no dice
lo mismo. Ahora sale en televisión y dice: Esto es una irresponsabilidad.

(Un señor Senador: Sale en la primera.) Esto es un ataque con los más
débiles. En fin, el mensaje de siempre. Yo me pregunto; si del 9 de
octubre hasta ahora ha habido un cambio tan radical, ¿en manos de quién
está la sanidad andaluza? (Rumores en los escaños del Grupo Parlamentario
Socialista.) Claro, no les gusta. Ese señor ha tenido miedo porque le
olía la pólvora donde la espalda pierde su casto nombre y ha preferido
utilizar este argumento para poder salir de este atolladero que tienen
ustedes. Le podría seguir leyendo algunos datos sobre el Ministro Griñán
y demás, pero en eso tiene usted razón, no convendrá ni siquiera que
hablemos del pasado.

Lo que sí me gustaría es hacer aquí una reflexión importante. A mí me
parece que este tema, en el que, por cierto, ustedes van a ir por todos
los hogares de pensionistas de Andalucía a explicar el medicamentazo,
como ustedes dicen (Rumores.), cosa que a nosotros nos negaron que
fuéramos allí a explicar lo positivo de... (Rumores en los escaños del
Grupo Parlamentario Socialista.)
El señor VICEPRESIDENTE (Aguilar Belda): Senador Esteban, continúe.




El señor ESTEBAN ALBERT: Señor Presidente, voy terminando.

Es que los veo muy revoltosos. No se pongan ustedes tan revoltosos. Hoy
llevan ustedes el día muy mal, los veo excitadísimos. (Risas.--La señora
Arnáiz de las Revillas García: ¡Es que hemos bebido mucha agua!)



El señor VICEPRESIDENTE (Aguilar Belda): Vaya concluyendo, que ha
terminado su tiempo.




El señor ESTEBAN ALBERT: Muchas gracias, señor Presidente.

En definitiva, señor Presidente, como veo que no me dejan explicarme con
la claridad que yo quisiera porque, efectivamente, les molesta, sí
quisiera terminar diciendo una cosa: cuando la ética se convierte en
estética puede que las cosas parezcan de otra manera, pero se pierden los
principios. Y hay otro criterio que dice que una mentira dicha mil veces
puede parecer una verdad. (Un señor Senador: ¡Es lo que hacen
ustedes!--Rumores.--El señor Zamorano Vázquez: ¡La conspiración!) Esa
era, ni más ni menos, queridas señorías, la política que utilizaba
Goebbels.

Muchas gracias, señor Presidente.




El señor VICEPRESIDENTE (Aguilar Belda): Tiene la palabra el señor
Ministro de Sanidad y Consumo.




El señor MINISTRO DE SANIDAD Y CONSUMO (Romay Beccaría): Muchas gracias,
señor Presidente.

Señoras y señores Senadores, intervengo muy brevemente para contestar a
los Senadores intervinientes en este trámite.

Al señor Zamorano le quiero decir que es verdad que mi Partido tiene
ahora una posición distinta a la que tuvo en el año 1993, igual que
ustedes, que también mantienen una posición diferente a la del año 1993,
pero con una diferencia: en el año 1993 el Partido Popular no había
tenido responsabilidades de Gobierno; algunos miembros de dicho Partido,
que sí las teníamos, apoyamos esa medida, porque sabíamos lo difícil que
era ajustar los gastos sanitarios, y teníamos conciencia clara de las
prioridades sanitarias. Ustedes han pasado por el Gobierno, saben lo que
es, han hecho lo mismo, y ahora caen en los errores que entonces
denunciaron tan agriamente. Esa es la diferencia. Podían haber aprendido
la lección, y el hecho de haber pasado por las responsabilidades de
Gobierno debía aumentar su responsabilidad.

La recomendación de las medidas tiene todos los avales científicos que
necesita y no es necesario bajar a acusaciones de ese tipo para defender
las ideas en las que se cree.

Insiste usted una y otra vez, en ese afán de confusión al que se refería
el Senador del Partido Popular, tratando de hacer de una mentira muchas
veces repetida una verdad. La receta blanca la crearon ustedes, y dejaron
en el registro medicamentos excluidos de la financiación, esos mismos



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medicamentos seguros, eficaces y de calidad, que es lo que caracteriza a
los medicamentos que están en el registro. Estos pueden seguir en el
registro, como los de ustedes, porque la financiación pública es cosa
distinta, y no se tiene por qué dar a todos los medicamentos, y no se da
a todos en ninguna parte, sólo a los que, además de seguridad, calidad y
eficacia, acreditan otros valores por su coste, efectividad, o por
referirse a patologías o a síndromes de más importancia y no a síndromes
menores para merecer la financiación pública, aquí y en todos los países
con los que nos comparemos. Y eso lo hicieron ustedes, y no entiendo que
se venga a reprochar lo mismo que ustedes hicieron bien, porque si lo
hubieran hecho mal, otra cosa sería.

La medida que adopta el Gobierno, naturalmente que tendrá que pasar por
la tramitación que tienen estas cuestiones, exactamente lo mismo que
hicieron ustedes en 1993. Ustedes empezaron con una propuesta del
Ministerio de Sanidad, que sometieron a todos esos trámites, y oyeron a
las sociedades científicas en el momento procedimental oportuno, como
vamos a hacer nosotros, y al Consejo Interterritorial dos meses después
de haber sacado la primera iniciativa. Creo que nosotros lo vamos a oír
antes. Esté usted absolutamente tranquilo, que cuando la medida se tome
por el Gobierno tendrá todos los avales y habrá pasado por todos los
trámites por los que debe pasar. Pero hay que empezar de alguna manera;
alguien tiene que asumir la responsabilidad de dar el primer paso, lo
cual no quiere decir que no se hayan tenido muchas consultas de
naturaleza informal sobre estas cuestiones antes de tomar esa primera
medida.

Yo estoy muy orgulloso de mi gestión sanitaria, y los hechos están ahí
para responder. Le puedo asegurar que éste es el mejor acuerdo que se ha
conseguido con Farmaindustria para el sector público. Farmaindustria
nunca había aportado tantos recursos y nunca había soportado tantas
limitaciones en sus ambiciones. Tiene usted que saber que hemos sido
nosotros los que hemos conseguido este año una importante reducción de la
factura farmacéutica de este país, con las medidas que hemos introducido,
con los acuerdos a los que hemos llegado con Farmaindustria, con lo que
hacemos desde nuestros servicios sanitarios, mejorando la información de
los médicos y protocolizando el tratamiento de determinadas patologías.

Hemos conseguido que el gasto farmacéutico, que era del 11,57 por ciento
en el año 1996 haya bajado al 4,62 por cien en el año 1997. Eso es lo que
estamos haciendo nosotros en defensa de los intereses generales y a costa
de las facturas de la industria farmacéutica, que, además, está
aumentando sus aportaciones y soportando listas negativas y estas medidas
de restricción del gasto, que somos nosotros los que las estamos
aplicando en defensa del Sistema Nacional de Salud y de una adecuada
asignación de los recursos.




El señor VICEPRESIDENTE (Aguilar Belda): Le ruego, señor Ministro, que
vaya terminando.




El señor MINISTRO DE SANIDAD Y CONSUMO (Romay Beccaría): Termino
enseguida, señor Presidente.

Al Senador del Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos le
quiero agradecer su apoyo básico. Coincido con él en que lo importante es
la racionalización. Esta es una medida para nosotros de racionalización
que no va sola, ya que está acompañada de una auténtica política integral
del medicamento que este Gobierno ha puesto en marcha introduciendo los
genéricos, los precios de referencia, aplicando todos estos criterios en
la prestación farmacéutica de los servicios, reduciendo los márgenes de
las oficinas de farmacia y de los almacenes de distribución. Todo eso
dibuja un conjunto de política farmacéutica que nos ha permitido ya
alcanzar objetivos muy significativos este año y esperamos que, con esta
medida y con el desarrollo de las que ya están iniciadas, podamos
realmente situar esta partida del gasto sanitario en los límites
racionales.

Tenemos, como saben sus señorías, un gasto sanitario del 25 por ciento
del gasto sanitario público total, cuando en la media de los países
europeos es del 15 por ciento, y eso no puede seguir si no es a costa de
perjudicar otro tipo de prestaciones y de atenciones sanitarias que
nosotros consideramos que son prioritarias.

Por supuesto, que la lista será conocida, debatida y, a ser posible, y
nuestro deseo es que así sea, consensuada con todas las Comunidades
Autónomas en las que esto sea posible, y estoy seguro que con la que
usted representa ese consenso lo vamos a conseguir.

Al Senador Cardona le quiero decir que celebro que esté de acuerdo con
nosotros en que se pueden excluir estos fármacos sin merma de la calidad
de la asistencia sanitaria que estamos dando. Le reitero que éste es un
primer trámite. Yo acepto que todo se puede perfeccionar; haremos ese
esfuerzo de comunicación que usted nos pide, aunque también estoy seguro
de que usted está de acuerdo conmigo en que a veces no es fácil conseguir
la transmisión de algunas ideas cuando, realmente, desde otros sectores
se trata de confundir y perturbar la percepción del mensaje.

Yo tomo muy en cuenta sus consideraciones y coincido con usted, como no
podía ser de otra manera, con la enorme importancia que tiene la
colaboración de los médicos en todo este trabajo, ya que sin ellos no
conseguiríamos nada, pero puedo decir que esta medida tiene un apoyo muy
mayoritario dentro del conjunto de la profesión médica; en muchos
servicios de salud, como sabe su señoría, no se estaban dispensando ya
estos medicamentos porque no estaban con la cultura de los profesionales
de la medicina en general, y espero que no nos faltará esa colaboración
de los profesionales de la medicina que es imprescindible.

Por último, al representante del Grupo Parlamentario Popular,
naturalmente le agradezco su apoyo y su colaboración, sin la cual sería
imposible que pudiéramos llevar adelante políticas tan ambiciosas como
ésta de la consolidación y modernización de nuestro Sistema Nacional de
Salud, en la que no sólo nos limitamos a mejorar la situación del gasto
farmacético, sino que justamente lo hacemos para seguir mejorando los
hospitales, reduciendo las listas de espera, abriendo los centros de
salud por las tardes,



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haciendo más atención de urgencias, esos planes de atención integral a la
mujer, seguir atendiendo a los enfermos del sida con todos los
requerimientos que se necesita y porque consideramos que todo eso es
absolutamente prioritario es por lo que pretendemos excluir la prestación
de estos medicamentos de la prestación farmacéutica del Sistema Nacional
de Salud.

Muchas gracias, señor Presidente. (Aplausos en los escaños del Grupo
Parlamentario Popular.)



El señor VICEPRESIDENTE (Aguilar Belda): Muchas gracias, señor Ministro.

Pregunto a los señores portavoces si continuamos con el tercer y último
punto del orden del día. (Asentimiento.)
Antes de pasar a ese punto, quiero comunicar que la Mesa y Junta de
Portavoces de la Comisión Especial para el Estudio de las Políticas de
Prevención y Asistencia de las Situaciones de Catástrofe, convocada para
mañana jueves, se reunirá al finalizar el Pleno.




DICTAMENES DE COMISIONES SOBRE PROYECTOS Y PROPOSICIONES DE LEY REMITIDOS
POR EL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS:



--DE LA COMISION DE SANIDAD Y ASUNTOS SOCIALES EN RELACION CON LA
PROPOSICION DE LEY DE AMPLIACION DEL CONCEPTO DE FAMILIA NUMEROSA (S.

624/000011). (C. D. 122/000041).




El señor VICEPRESIDENTE (Aguilar Belda): Punto tercero del orden del día:
Dictámenes de Comisiones sobre proyectos y proposiciones de ley remitidos
por el Congreso de los Diputados. De la Comisión de Sanidad y Asuntos
Sociales en relación con la proposición de ley de ampliación del concepto
de familia numerosa.

Para la presentación del dictamen, ruego al señor Presidente de la
Comisión que me indique quién va a realizarlo. (Pausa.)
El Senador Martín Iglesias tiene la palabra.




El señor MARTIN IGLESIAS: Gracias, señor Presidente.

Señorías, señoras y señores Senadores, el pasado día 26 de noviembre de
1997 tuvo entrada en la Cámara el texto aprobado por el Pleno del
Congreso de los Diputados relativo a la proposición de ley de ampliación
del concepto de familia numerosa.

La iniciativa legislativa citada se remitió en la misma fecha a la
Comisión de Sanidad y Asuntos Sociales, de conformidad con las
previsiones del artículo 104 del Reglamento del Senado, Boletín Oficial
de las Cortes Generales, Serie III B, número 16 (a) de 26 de noviembre de
1997. Asimismo, se abrió un plazo de enmiendas hasta el día 10 de
diciembre de 1997, publicado en el Boletín Oficial de las Cortes
Generales reseñado.

Dentro del plazo se presentaron tres enmiendas: la enmienda número 1, del
Grupo Parlamentario Socialista, la enmienda número 2, del Senador Ríos
Pérez, del Grupo Parlamentario Mixto, y la enmienda número 3, del Grupo
Parlamentario Popular, Boletín Oficial de las Cortes Generales, Serie III
B, número 16 (b) de 15 de diciembre de 1997.

La Comisión se reunió para dictaminar la citada proposición el pasado día
17 de febrero de 1998. En dicha sesión se aprobó la enmienda número 3,
del Grupo Parlamentario Popular; el texto del dictamen se publicó en el
Boletín Oficial de las Cortes Generales, Serie III B, número 16 (e), de
23 de febrero de 1998.

Muchas gracias.




El señor VICEPRESIDENTE (Aguilar Belda): Gracias, Senador Martín
Iglesias.

¿Turno a favor? (Pausa.)
¿Turno en contra? (Pausa.)
¿Turno de portavoces? (Pausa.)
Pasamos directamente al debate de las enmiendas.

Existe el voto particular número 1, del Senador Ríos Pérez, que
corresponde a la enmienda número 2. Para su defensa, tiene la palabra su
señoría.




El señor RIOS PEREZ: Gracias, señor Presidente.

En esta proposición de ley, la ampliación del concepto de familia
numerosa, establecida primitivamente en la Ley 25/1971, de protección de
la familia numerosa, que después fue modificada por la Ley 42/1994,
pasándose de cuatro a tres hijos, se ha planteado ahora en familias con
dos hijos cuando alguno de ellos sufriera alguna deficiencia, minusvalía
o incapacidad para el trabajo.

En este trámite del Senado hemos presentado una enmienda que, además de
especificar mejor la condición de minusválido, introduce que también
tendrían los beneficios de familia numerosa con dos hijos sanos, pero
cuando uno de los padres fuera minusválido o pensionista con incapacidad
absoluta. Nos parece justo y racional, pues las dificultades económicas
pueden ser aún mayores. Por otro lado, esta enmienda contempla las
recomendaciones que la Subcomisión del Congreso ha realizado sobre estos
estudios. Indudablemente es un paso progresista hacia la protección de la
familia con dificultades.

El argumentar, como se ha hecho en la Comisión, que entonces serían
equiparables a las familias monoparentales es una cuestión totalmente
distinta que debe tener un tratamiento diferenciado de ayuda, pero en
otro ámbito, no en el concepto de familia numerosa.

Por último, deseo indicar que, independientemente del apoyo que tenga
esta enmienda, Coalición Canaria votará favorablemente al conjunto de
esta proposición de ley.

Muchas gracias, señor Presidente.




El señor VICEPRESIDENTE (Aguilar Belda): Gracias, Senador Ríos.

Existe un voto particular número 2, del Grupo Parlamentario Socialista,
que se corresponde con la enmienda número 1. Para su defensa, tiene la
palabra la Senadora Navarro.




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La señora NAVARRO GARZON: Gracias, señor Presidente.

Señoría, entre las diversas políticas de discriminación positiva en favor
de las personas discapacitadas, consideramos que es muy importante la
iniciativa que en su momento tomó el Grupo Parlamentario de Izquierda
Unida de ampliación del concepto de familia numerosa, aunque todavía
pensamos que no es la única de carácter fiscal que deba ponerse en
marcha. De todas formas, la iniciativa de modificación de la Ley de 1971
y de la Ley de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social, de
1994, que ampliaba el concepto de familia numerosa contenido en la
anterior, de cuatro a tres hijos, nos parecía también insuficiente. Por
ello, el Grupo Parlamentario Socialista presenta una enmienda en el
sentido de ampliar el concepto de familia numerosa a aquellas familias
con dos hijos uno de los cuales sea minusválido o discapacitado, y a las
familias con un hijo si ambos cónyuges son discapacitados.

Nuestra emienda coincide, en su primera parte, con la enmienda del Grupo
Mixto, y desde el Grupo Parlamentario Socialista anuncio que retiramos
nuestra enmienda y vamos a apoyar la del Grupo Parlamentario Mixto.




El señor VICEPRESIDENTE (Aguilar Belda): Gracias, Senadora Navarro
Garzón.

¿Turno en contra? Tiene la palabra el señor Martín Iglesias.




El señor MARTIN IGLESIAS: Muchas gracias, señor Presidente.

Voy a consumir el turno en contra tanto de la enmienda presentada por el
Senador Ríos, de Coalición Canaria, como por la de la Senadora del
Partido Socialista. (Varios señores Senadores del Grupo Parlamentario
Socialista: Está retirada.)



El señor VICEPRESIDENTE (Aguilar Belda): La enmienda del Grupo Socialista
está retirada, pero puede su señoría oponerse porque ha sido defendida;
puede su señoría hacer referencia a esa enmienda.




El señor MARTIN IGLESIAS: Gracias, señor Presidente.

Por lo que se refiere al Senador Ríos, me gustaría decirle lo siguiente.

Primero, que la enmienda que presenta consta de dos partes. La parte
primera ya está recogida, puesto que en el Dictamen de la Comisión
aprobamos, a propuesta del Partido Popular, una enmienda nuestra y que
recoge el contenido de la enmienda en sí. Otra cosa muy distinta es que
pueda discrepar respecto de algunas palabras, pero entendemos que la
enmienda presentada en su día por el Grupo Parlamentario Popular mejora
el texto.

En cuanto a la segunda parte del contenido de la enmienda, nosotros no la
vamos a apoyar, y no lo vamos a hacer porque como su señoría sabe
actualmente la Dirección General de Acción Social, el Menor y la Familia,
está trabajando en un anteproyecto de ley de apoyo a las familias,
contemplando un título especial sobre familias numerosas. Por eso
nosotros seguimos pensando que sería bueno al menos esperar a lo que dice
el texto, por una parte; y, por otra, porque también se respetarían, de
una u otra manera, los trabajos que realizó en su día la Comisión de
Empleo y Política Social, y que quedan recogidos en el texto editado.

Estas son las razones por las cuales nosotros no vamos a votar
favorablemente la enmienda presentada por el Grupo de Coalición Canaria.

En cuanto al dictamen, el Grupo Parlamentario Popular lo va a votar
afirmativamente.

Nada más y muchas gracias.




El señor VICEPRESIDENTE (Aguilar Belda): Gracias, Senador Martín
Iglesias.

¿Turno de portavoces? Tiene la palabra el Senador Nieto.




El señor NIETO CICUENDEZ: Gracias, señor Presidente.

Quiero posicionarme, en primer lugar, sobre la proposición diciendo que,
efectivamente, como se ha manifestado aquí, fue a iniciativa de Izquierda
Unida como se presenta esta iniciativa en el Parlamento; y al mismo
tiempo, también consideramos que el texto de la proposición queda
bastante mejorado con la enmienda que formula el Senador Ríos. Por tanto,
apoyaremos esa enmienda.

Por otro lado, no entendemos que, independientemente del debate de
estudio que haya a posteriori, el Grupo Popular no la apoye, porque en
definitiva se están tratando dos aspectos: familia numerosa en el
concepto moderno y español, dada la baja natalidad, etcétera, y al mismo
tiempo la protección de las minusvalías, tanto de los hijos como de los
padres; eso es en definitiva lo que introduce el Senador Ríos con la
enmienda. Yo les recomendaría que lo reconsideraran, y sería bueno que
esta proposición de ley fuera votada con el consenso de todos.

Nada más y muchas gracias.




El señor VICEPRESIDENTE (Aguilar Belda): Gracias, Senador Nieto.

Por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió,
tiene la palabra el Senador Cardona.




El señor CARDONA I VILA: Gracias, señor Presidente.

Voy a intervenir también con cierta brevedad. Quiero resaltar, en todo
caso, la importancia que para nuestro grupo tienen esos temas que afectan
a la familia, ya que nuestro Grupo Parlamentario de Convergència i Unió
precisamente fue el que propuso la iniciativa de creación de la
Subcomisión de estudio sobre la familia, y a su vez también presentó la
enmienda a la Ley de Acompañamiento a los Presupuestos de 1995, es decir,
la Ley 42/1994, de 30 de diciembre, a la que ha hecho referencia el
Senador Ríos, en cuya disposición final cuarta se contempla que las
familias con tres hijos o más sean consideradas familias numerosas. Por
tanto, que quede esto claro.

Esta proposición de ley que ahora debatimos se ha presentado a raíz del
informe de la Subcomisión. ¿Qué es lo



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que ha ocurrido? Tengo entendido --y podemos comprobarlo-- que hay una
proposición no de ley en el Congreso apoyada por el Grupo Parlamentario
Popular y por Convergència i Unió en la cual se insta al Gobierno a
presentar el proyecto de ley de un plan integral de ayuda a la familia
con los votos en contra de Izquierda Unida y la abstención del Grupo
Parlamentario Socialista, lo cual es solamente una constatación.

Se han presentado aquí dos enmiendas, una de las cuales ha sido retirada.

En la que ha sido retirada, proponía que se considerara familia numerosa
a las familias con dos hijos si uno de los padres padece una incapacidad.

Estoy de acuerdo con la retirada de esta enmienda porque es difícil
considerar a una familia como numerosa cuando haya un solo hijo. Este
tipo de familias han de considerarse aparte. Las familias monoparentales
son otra cosa, pero no familias numerosas. Por lo tanto, la retirada es
coherente y apoyamos la decisión.

El Grupo Parlamentario Popular se ha posicionado en contra. Es el
mayoritario en la Cámara y decide. No lo olvidemos. El resto podemos
apoyarlo, pero eso tampoco tendrá ninguna influencia. Lo hemos hecho, que
conste, hace muchos años con mayorías absolutas y con mayorías relativas.

Nuestra posición ha sido siempre la de mayor responsabilidad, si cabe,
independiente del número de Senadores que tenemos. El Grupo Popular se ha
apoyado en ese proyecto de ley de un plan integral de ayuda a la familia.

Nuestra posición es, precisamente, atendiendo a este compromiso, la de
exigir desde aquí, si en un tiempo prudencial no se presenta una ley de
ámbito general, puesto que no es propio que se les dé la consideración de
familia numerosa a estos casos, que son más dignos de tener en cuenta en
un plan de ayuda social a estas familias no desestructuradas, pero sí
necesitadas de ayuda y de un soporte social.

En definitiva, estos temas no nos son ajenos, puesto que desde hace años
tenemos elaborado en Cataluña un plan integral de ayuda para la familia,
precisamente, coordinado por un Senador de nuestro Grupo, el
Vicepresidente de la Cámara, señor Rigol, de lo cual dejo constancia en
su nombre. Lo digo, precisamente, porque no está él.

Esta es nuestra posición que creo que he explicitado con la máxima
rapidez posible.

Nada más y muchas gracias.




El señor VICEPRESIDENTE (Aguilar Belda): Gracias, Senador Cardona.

¿Grupo Parlamentario Socialista? (Pausa.)
Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el Senador Martín
Iglesias en turno de portavoces.




El señor MARTIN IGLESIAS: Muchas gracias, señor Presidente.

Simplemente quiero agradecer al Partido Socialista el que haya retirado
la enmienda porque si en alguna cosa yo creo que podemos estar de acuerdo
es en estos temas que de una u otra manera afectan a las familias
numerosas.

Al Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió quiero
agradecerle su apoyo, como no puede ser de otra manera, agradecimiento
que hago extensivo al Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas
Vascos.

Al resto de los grupos quiero decirles que habrá otro momento para hablar
de ello a lo largo de la tramitación del proyecto de ley que está ahora
mismo en estudio que, lógicamente, contará con el apoyo de todos ustedes,
sobre todo, en el estudio y análisis de todos los problemas que,
efectivamente, tiene planteados la familia.

Nada más y muchas gracias.




El señor VICEPRESIDENTE (Aguilar Belda): Gracias, Senador Martín
Iglesias.

Sometemos a votación la enmienda número dos del Senador Ríos, del Grupo
Parlamentario Mixto. Comienza la votación. (Pausa.)



Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 206; a
favor, 90; en contra, 116.




El señor VICEPRESIDENTE (Aguilar Belda): Queda rechazada.

Votamos a continuación el texto del dictamen. Comienza la votación.

(Pausa.)



Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 206; a
favor, 205; en contra, uno.




El señor VICEPRESIDENTE (Aguilar Belda): Queda aprobado.

Tal como dispone el artículo 90 de la Constitución, se dará traslado de
las enmiendas aprobadas por el Senado al Congreso de los Diputados para
que éste se pronuncie sobre las mismas en forma previa a la sanción del
texto definitivo por Su Majestad el Rey.

Terminado el orden del día, se levanta la sesión.




Eran las quince horas.