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DS. Senado, Pleno, núm. 74, de 11/02/1998
CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL
SENADO
Año 1998 VI Legislatura
Núm. 74
PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. JUAN IGNACIO BARRERO VALVERDE
Sesión del Pleno
celebrada el miércoles, 11 de febrero de 1998
ORDEN DEL DIA:
Primero
Preguntas:
--De don Casimiro Hernández Calvo, del Grupo Parlamentario Popular en el
Senado, sobre las previsiones que existen acerca de la entrada en
funcionamiento de los 53 nuevos kilómetros de autovía correspondientes a
los tramos comprendidos entre Salamanca y Alaejos (Valladolid), en la
carretera nacional N-620 (publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes
Generales», Senado, Serie I, número 382, de fecha 9 de febrero de 1998)
(Número de expediente 680/000416).
--De don José María Rodríguez de la Borbolla Camoyán, del Grupo
Parlamentario Socialista, sobre las medidas que piensa adoptar el
Gobierno para mejorar las prestaciones del Servicio de Correos (publicada
en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie I, número
382, de fecha 9 de febrero de 1998) (Número de expediente 680/000417).
--De don Victoriano Ríos Pérez, del Grupo Parlamentario Mixto, sobre si
se ha planteado el Gobierno la no integración plena en la nueva
estructura militar de la Organización del Tratado del Atlántico Norte
(OTAN), ante la posibilidad de que España no logre los objetivos que se
ha fijado (publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales»,
Senado, Serie I, número 382, de fecha 9 de febrero de 1998 (Número de
expediente 680/000394).
--De don Salvador Carrera y Comes, del Grupo Parlamentario Catalán en el
Senado de Convergència i Unió, sobre si considera el Gobierno que una
baja por maternidad justifica la no renovación del contrato de una
militar profesional del Ejército (publicada en el «Boletín Oficial de las
Cortes Generales», Senado, Serie I, número 382, de fecha 9 de febrero de
1998) (Número de expediente 680/000410).
--De don Jaime Lobo Asenjo, del Grupo Parlamentario Popular en el Senado,
sobre las actuaciones de orden publicitario que se realizarán, durante el
año 1998, para la promoción del alistamiento de voluntarios y
profesionales de las Fuerzas Armadas (publicada en el «Boletín Oficial de
las Cortes Generales», Senado, Serie I, número 382, de fecha 9 de febrero
de 1998) (Número de expediente 680/000415).
--De doña Micaela Navarro Garzón, del Grupo Parlamentario Socialista,
sobre los criterios del Gobierno para mantener o no en sus empleos a las
mujeres militares profesionales (publicada en el «Boletín Oficial de las
Cortes Generales», Senado, Serie I, número 382, de fecha 9 de febrero de
1998) (Número de expediente 680/000422).
--De doña Inmaculada de Boneta y Piedra, del Grupo Parlamentario Mixto,
sobre la forma en que se ha producido la supuesta filtración de datos
sobre la situación de la organización terrorista ETA en el Estado
francés, atribuidos a los servicios de información de la Guardia Civil
como parte de sus análisis internos en materia de lucha antiterrorista
(publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie
I, número 382, de fecha 9 de febrero de 1998) (Número de expediente
680/000409).
--De don Joan María Roig i Grau, del Grupo Parlamentario Catalán en el
Senado de Convergència i Unió, sobre la adecuación de las condiciones de
uso del gasóleo tipo B, a través de un reglamento claro y concreto
(publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie
I, número 382, de fecha 9 de febrero de 1998) (Número de expediente
680/000393).
--De don Ricardo Gatzagaetxebarría Bastida, del Grupo Parlamentario de
Senadores Nacionalistas Vascos, sobre las gestiones efectuadas por el
Gobierno para la creación de un fondo estructural pesquero específico y
de carácter horizontal, que otorgue un tratamiento igualitario en la
concesión de ayudas a las empresas de zonas dependientes de la pesca
(publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie
I, número 382, de fecha 9 de febrero de 1998) (Número de expediente
680/000408).
--De don Enrique Arance Soto, del Grupo Parlamentario Popular en el
Senado, sobre si tiene previsto el Gobierno intervenir en el problema
originado por la empresa Petosed, a fin de que se haga cargo de las
responsabilidades originadas por la distribución de semillas no
garantizadas, frente a los agricultores de la provincia de Almería
(publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie
I, número 382, de fecha 9 de febrero de 1998) (Número de expediente
680/000412).
--De don Jesús María Castro Asensio, del Grupo Parlamentario Popular en
el Senado, sobre los objetivos del Gobierno con la promulgación del Real
Decreto sobre ayudas a los programas de carne de vacuno de calidad
(publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie
I, número 382, de fecha 9 de febrero de 1998) (Número de expediente
680/000413).
--De don José Carracao Gutiérrez, del Grupo Parlamentario Socialista,
sobre las medidas que piensa adoptar el Gobierno para impedir el
apresamiento, por parte de la policía gibraltareña, de pesqueros
españoles que faenan en aguas del arco de la Bahía de Algeciras (Cádiz),
y de recuperación del barco apresado sin abono de sanciones (publicada en
el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie I, número
382, de fecha 9 de febrero de 1998) (Número de expediente 680/000418).
--De don Rodolfo Ainsa Escartín, del Grupo Parlamentario Popular en el
Senado, sobre el alcance del convenio firmado entre el Ministerio de
Medio Ambiente y el Ministerio del Interior sobre el servicio de
protección de la naturaleza (publicada en el «Boletín Oficial de las
Cortes Generales», Senado, Serie I, número 382, de fecha 9 de febrero de
1998) (Número de expediente 680/000411).
--De don Pedro Luis Calvo Poch, del Grupo Parlamentario Popular en el
Senado, sobre si tiene previsto el Gobierno introducir medidas fiscales
incentivadoras a empresas que inviertan en la mejora del medio ambiente
(publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie
I, número 382, de fecha 9 de febrero de 1998) (Número de expediente
680/000414).
--De don Juan José Laborda Martín, del Grupo Parlamentario Socialista,
sobre si el Gobierno ha hecho llegar oficialmente a la Iglesia Católica
su parecer respecto a las opiniones eclesiásticas expresadas
recientemente acerca de la recomendación del consejo presbiterial
vizcaíno para que su obispo no oficie en funerales de víctimas de
atentados (publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales»,
Senado, Serie I, número 382, de fecha 9 de febrero de 1998) (Número de
expediente 680/000419).
--De don José Antonio Marín Rite, del Grupo Parlamentario Socialista,
sobre la tardanza en regular la responsabilidad penal de los menores y en
la constitución de equipos técnicos para la aplicación del nuevo sistema
de penas regulado en el Código Penal (publicada en el «Boletín Oficial de
las Cortes Generales», Senado, Serie I, número 382, de fecha 9 de febrero
de 1998) (Número de expediente 680/000420).
--De don Lluís Armet i Coma, del Grupo Parlamentario Socialista, sobre
cómo repercutiría, en el actual sistema de financiación de las
Comunidades Autónomas, la evolución y previsión de reforma del Impuesto
sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) (publicada en el «Boletín
Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie I, número 382, de fecha 9
de febrero de 1998) (Número de expediente 680/000421).
Segundo
Interpelaciones:
--De don Victoriano Ríos Pérez, del Grupo Parlamentario Mixto, sobre los
propósitos del Gobierno para dar cumplimiento al artículo 38.1 del
Estatuto de Autonomía de Canarias y al de otros Estatutos que contengan
normativas similares, referentes a la información previa a las
Comunidades Autónomas en las materias que afecten a sus respectivos y
específicos intereses, durante la elaboración de los tratados y convenios
internacionales y durante las negociaciones de adhesión a los mismos
(publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie
I, número 382, de fecha 9 de febrero de 1998) (Número de expediente
670/000064).
--De don Juan Antonio Arévalo Santiago, del Grupo Parlamentario
Socialista, sobre la aplicación que se está haciendo y la posible
modificación que pretende el Gobierno con respecto al Código Penal
vigente, especialmente en lo que concierne a los títulos III, VI, VII y
VIII del Libro II, y a la Ley 35/1995, de 11 de diciembre, de ayudas y
asistencia a las víctimas de delitos violentos y contra la libertad
sexual (publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales»,
Senado, Serie I, número 382, de fecha 9 de febrero de 1998) (Número de
expediente 670/000069).
--De don Joan Lerma Blasco, del Grupo Parlamentario Socialista, sobre la
política del Gobierno en relación con el empleo (publicada en el «Boletín
Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie I, número 382, de fecha 9
de febrero de 1998) (Número de expediente 670/000070).
--De don Jon Gangoiti Llaguno, del Grupo de Senadores Nacionalistas
Vascos, sobre la opinión del Gobierno en materia de Impuesto sobre el
Valor Añadido (IVA) en relación con la vivienda y, más concretamente, en
cuanto a la fiscalidad aplicable tanto a la instalación de ascensores en
casas que no disponen del mismo como en la rehabilitación de viviendas
antiguas (publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales»,
Senado, Serie I, número 382, de fecha 9 de febrero de 1998) (Número de
expediente 670/000067).
Tercero
Conocimiento directo por el Pleno de proyectos y proposiciones de Ley
remitidos por el Congreso de los Diputados:
--Proyecto de Ley por el que se crea el Consejo General de Colegios
Oficiales de Podólogos (publicado en el «Boletín Oficial de las Cortes
Generales», Senado, Serie II, número 63, de fecha 19 de noviembre de 1997
(Número de expediente S. 621/000063) (Número de expediente C. D.
121/000053).
--Proposición de Ley sobre el cambio de denominación de las provincias de
«La Coruña» y «Orense» (publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes
Generales», Senado, Serie III-B, número 17, de fecha 10 de diciembre de
1997). (Número de expediente S. 625/000003) (Número de expediente C. D.
125/000009).
--Proposición de Ley por la que se establece el régimen sancionador
previsto en el Reglamento (CE) 3093/94, del Consejo, de 15 de diciembre,
relativo a las sustancias que agotan la capa de ozono (publicada en el
«Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie III-B, número
18, de fecha 10 de diciembre de 1997). (Número de expediente S.
624/000012) (Número de expediente C. D. 124/000042).
Cuarto
Dictámenes de Comisiones sobre proyectos y proposiciones de Ley remitidos
por el Congreso de los Diputados:
--De la Comisión de Educación y Cultura en relación con el Proyecto de
Ley de incorporación al Derecho Español de la Directiva 96/9/CE, del
Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de marzo de 1996, sobre la
protección jurídica de las bases de datos. Se tramita por el
procedimiento de urgencia (publicado en el «Boletín Oficial de las Cortes
Generales», Senado, Serie II, número 67, de fecha 9 de febrero de 1998).
(Número de expediente S. 621/000067) (Número de expediente C. D.
121/000088).
--De la Comisión de Economía y Hacienda en relación con el Proyecto de
Ley de derechos y garantías de los contribuyentes (publicado en el
«Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie II, número 66,
de fecha 9 de febrero de 1998). (Número de expediente S. 621/000066)
(Número de expediente C. D. 121/000026).
SUMARIO
Se abre la sesión a las diez horas y cinco minutos.
PREGUNTAS (Página 3272)
De don Casimiro Hernández Calvo, del Grupo Parlamentario Popular en el
Senado, sobre las previsiones que existen acerca de la entrada en
funcionamiento de los 53 nuevos kilómetros de autovía, correspondientes a
los tramos comprendidos entre Salamanca y Alaejos (Valladolid), en la
carretera nacional N-620 (Página 3272)
El señor Hernández Calvo formula su pregunta. En nombre del Gobierno, le
contesta el señor Ministro de Fomento (Arias-Salgado y Montalvo). En
turno de réplica, interviene de nuevo el señor Hernández Calvo.
De don José María Rodríguez de la Borbolla Camoyán, del Grupo
Parlamentario Socialista, sobre las medidas que piensa adoptar el
Gobierno para mejorar las prestaciones del Servicio de Correos
(Página 3273)
El señor Rodríguez de la Borbolla Camoyán formula su pregunta. En nombre
del Gobierno, le contesta el señor Ministro de Fomento (Arias-Salgado y
Montalvo). En turno de réplica, interviene de nuevo el señor Rodríguez de
la Borbolla Camoyán. En turno de dúplica, lo hace el señor Ministro de
Fomento (Arias-Salgado y Montalvo).
De don Victoriano Ríos Pérez, del Grupo Parlamentario Mixto, sobre si se
ha planteado el Gobierno la no integración plena en la nueva estructura
militar de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN), ante
la posibilidad de que España no logre los objetivos que se ha fijado
(Página 3275)
El señor Ríos Pérez formula su pregunta. En nombre del Gobierno, le
contesta el señor Ministro de Defensa (Serra Rexach). En turno de
réplica, interviene de nuevo el señor Ríos Pérez. En turno de dúplica, lo
hace el señor Ministro de Defensa (Serra Rexach).
De don Salvador Carrera i Comes, del Grupo Parlamentario Catalán en el
Senado de Convergència i Unió, sobre si considera el Gobierno que una
baja por maternidad justifica la no renovación del contrato de una
militar profesional del Ejército (Página 3276)
El señor Carrera i Comes formula su pregunta. En nombre del Gobierno, le
contesta el señor Ministro de Defensa (Serra Rexach). En turno de
réplica, interviene de nuevo el señor Carrera i Comes. En turno de
dúplica, lo hace el señor Ministro de Defensa (Serra Rexach).
De don Jaime Lobo Asenjo, del Grupo Parlamentario Popular en el Senado ,
sobre las actuaciones de orden publicitario que se realizarán, durante el
año 1998, para la promoción del alistamiento de voluntarios y
profesionales de las Fuerzas Armadas (Página 3277)
El señor Lobo Asenjo formula su pregunta. En nombre del Gobierno, le
contesta el señor Ministro de Defensa (Serra Rexach).
De doña Micaela Navarro Garzón, del Grupo Parlamentario Socialista, sobre
los criterios del Gobierno para mantener o no en sus empleos a las
mujeres militares profesionales (Página 3278)
La señora Navarro Garzón formula su pregunta. En nombre del Gobierno, le
contesta el señor Ministro de Defensa (Serra Rexach).
De doña Inmaculada de Boneta y Piedra, del Grupo Parlamentario Mixto,
sobre la forma en que se ha producido la supuesta filtración de datos
sobre la situación de la organización terrorista ETA en el Estado
francés, atribuidos a los servicios de información de la Guardia Civil
como parte de sus análisis internos en materia de lucha antiterrorista
(Página 3279)
La señora De Boneta y Piedra formula su pregunta. En nombre del Gobierno,
le contesta el señor Ministro del Interior (Mayor Oreja). En turno de
réplica, interviene de nuevo la señora De Boneta y Piedra. En turno de
dúplica, lo hace el señor Ministro del Interior (Mayor Oreja).
De don Joan María Roig i Grau, del Grupo Parlamentario Catalán en el
Senado de Convergència i Unió, sobre la adecuación de las condiciones de
uso del gasóleo tipo B, a través de un reglamento claro y concreto
(Página 3280)
El señor Roig y Grau formula su pregunta. En nombre del Gobierno, le
contesta la señora Ministra de Agricultura, Pesca y Alimentación (De
Palacio del Valle-Lersundi).
De don Ricardo Gatzagaetxebarría Bastida, del Grupo Parlamentario de
Senadores Nacionalistas Vascos, sobre las gestiones efectuadas por el
Gobierno para la creación de un fondo estructural pesquero específico y
de carácter horizontal, que otorgue un tratamiento igualitario en la
concesión de ayudas a las empresas de zonas dependientes de la pesca
(Página 3282)
El señor Gatzagaetxebarría Bastida formula su pregunta. En nombre del
Gobierno, le contesta la señora Ministra de Agricultura, Pesca y
Alimentación (De Palacio del Valle-Lersundi). En turno de réplica,
interviene de nuevo el señor Gatzagaetxebarría Bastida. En turno de
dúplica, lo hace la señora Ministra de Agricultura, Pesca y Alimentación
(De Palacio del Valle-Lersundi).
De don Enrique Arance Soto, del Grupo Parlamentario Popular en el Senado,
sobre si tiene previsto el Gobierno intervenir en el problema originado
por la empresa Petosed, a fin de que se haga cargo de las
responsabilidades originadas por la distribución de semillas no
garantizadas, frente a los agricultores de la provincia de Almería
(Página 3284)
El señor Arance Soto formula su pregunta. En nombre del Gobierno, le
contesta la señora Ministra de Agricultura, Pesca y Alimentación (De
Palacio del Valle-Lersundi). En turno de réplica, interviene de nuevo el
señor Arance Soto.
De don Jesús María Castro Asensio, del Grupo Parlamentario Popular en el
Senado, sobre los objetivos del Gobierno con la promulgación del Real
Decreto sobre ayudas a los programas de carne de vacuno de calidad
(Página 3285)
El señor Castro Asensio formula su pregunta. En nombre del Gobierno, le
contesta la señora Ministra de Agricultura, Pesca y Alimentación (De
Palacio del Valle-Lersundi).
De don José Carracao Gutiérrez, del Grupo Parlamentario Socialista, sobre
las medidas que piensa adoptar el Gobierno para impedir el apresamiento,
por parte de la policía gibraltareña, de pesqueros españoles que faenan
en aguas del arco de la Bahía de Algeciras (Cádiz), y de recuperación del
barco apresado sin abono de sanciones (Página 3286)
El señor Carracao Gutiérrez formula su pregunta. En nombre del Gobierno,
le contesta la señora Ministra de Agricultura, Pesca y Alimentación (De
Palacio del Valle-Lersundi). En turno de réplica, interviene de nuevo el
señor Carracao Gutiérrez. En turno de dúplica, lo hace la señora Ministra
de Agricultura, Pesca y Alimentación (De Palacio del Valle-Lersundi).
De don Rodolfo Ainsa Escartín, del Grupo Parlamentario Popular en el
Senado, sobre el alcance del convenio firmado entre el Ministerio de
Medio Ambiente y el Ministerio del Interior sobre el servicio de
protección de la naturaleza (Página 3288)
El señor Ainsa Escartín formula su pregunta. En nombre del Gobierno, le
contesta la señora Ministra de Medio Ambiente (Tocino Biscarolasaga). En
turno de réplica, interviene de nuevo el señor Ainsa Escartín.
De don Pedro Luis Calvo Poch, del Grupo Parlamentario Popular en el
Senado, sobre si tiene previsto el Gobierno introducir medidas fiscales
incentivadoras a empresas que inviertan en la mejora del medio ambiente
(Página 3289)
El señor Calvo Poch formula su pregunta. En nombre del Gobierno, le
contesta la señora Ministra de Medio Ambiente (Tocino Biscarolasaga).
De don Juan José Laborda Martín, del Grupo Parlamentario Socialista,
sobre si el Gobierno ha hecho llegar oficialmente a la Iglesia Católica
su parecer respecto a las opiniones eclesiásticas expresadas
recientemente acerca de la recomendación del consejo presbisterial
vizcaíno para que su obispo no oficie en funerales de víctimas de
atentados (Página 3290)
El señor Laborda Martín formula su pregunta. En nombre del Gobierno, le
contesta la señora Ministra de Justicia (Mariscal de Gante y Mirón). En
turno de réplica, interviene de nuevo el señor Laborda Martín. En turno
de dúplica, lo hace la señora Ministra de Justicia (Mariscal de Gante y
Mirón).
De don José Antonio Marín Rite, del Grupo Parlamentario Socialista, sobre
la tardanza en regular la responsabilidad penal de los menores y en la
constitución de equipos técnicos para la aplicación del nuevo sistema de
penas regulado en el Código Penal (Página 3291)
El señor Marín Rite formula su pregunta. En nombre del Gobierno, le
contesta la señora Ministra de Justicia (Mariscal de Gante y Mirón). En
turno de réplica, interviene de nuevo el señor Marín Rite. En turno de
dúplica, lo hace la señora Ministra de Justicia (Mariscal de Gante y
Mirón).
De don Lluís Armet i Coma, del Grupo Parlamentario Socialista, sobre cómo
repercutiría, en el actual sistema de financiación de las Comunidades
Autónomas, la evolución y previsión de reforma del Impuesto sobre la
Renta de las Personas Físicas (IRPF).
Esta pregunta ha sido aplazada.
INTERPELACIONES (Página 3292)
De don Victoriano Ríos Pérez, del Grupo Parlamentario Mixto, sobre los
propósitos del Gobierno para dar cumplimiento al artículo 38.1 del
Estatuto de Autonomía de Canarias y al de otros Estatutos que contengan
normativas similares, referentes a la información previa a las
Comunidades Autónomas en las materias que afecten a sus respectivos y
específicos intereses, durante la elaboración de los tratados y convenios
internacionales y durante las negociaciones de adhesión a los mismos.
Esta interpelación ha sido retirada.
De don Juan Antonio Arévalo Santiago, del Grupo Parlamentario Socialista,
sobre la aplicación que se está haciendo y la posible modificación que
pretende el Gobierno con respecto al Código Penal vigente, especialmente
en lo que concierne a los títulos III, VI, VII y VIII y del Libro II, y a
la Ley 35/1995, de 11 de diciembre, de ayudas y asistencia a las víctimas
de delitos violentos y contra la libertad sexual (Página 3292)
El señor Arévalo Santiago realiza la interpelación. En nombre del
Gobierno, responde a la misma la señora Ministra de Justicia (Mariscal de
Gante y Mirón). Vuelve a intervenir el señor interpelante. En turno de
portavoces, hacen uso de la palabra la señora Costa Serra, por el Grupo
Mixto; el señor Capdevila i Bas, por el Grupo Catalán en el Senado de
Convergència i Unió, y la señora Vindel López, por el Grupo Popular.
De don Joan Lerma Blasco, del Grupo Parlamentario Socialista, sobre la
política del Gobierno en relación con el empleo (Página 3300)
El señor Lerma Blasco realiza la interpelación. En nombre del Gobierno,
responde a la misma el señor Ministro de Trabajo y Asuntos Sociales
(Arenas Bocanegra). Vuelve a intervenir el señor interpelante. En turno
de portavoces, hacen uso de la palabra los señores Nieto Cicuéndez, por
el Grupo Mixto; Albistur Marín, por el Grupo de Senadores Nacionalistas
Vascos; Vidal i Perpiñá, por el Grupo Catalán en el Senado de
Convergència i Unió; Lerma Blasco, por el Grupo Socialista, y Sanz Pérez,
por el Grupo Popular. Cierra el debate el señor Ministro de Trabajo y
Asuntos Sociales (Arenas Bocanegra).
De don Jon Gangoiti Llaguno, del Grupo de Senadores Nacionalistas Vascos,
sobre la opinión del Gobierno en materia de Impuesto sobre el Valor
Añadido (IVA) en relación con la vivienda y, más concretamente, en cuanto
a la fiscalidad aplicable tanto a la instalación de ascensores en casas
que no disponen del mismo como en la rehabilitación de viviendas
antiguas.
Esta interpelación ha sido aplazada.
Se suspende la sesión a las catorce horas y quince minutos.
Se reanuda la sesión a las dieciséis horas y diez minutos.
CONOCIMIENTO DIRECTO POR EL PLENO DE PROYECTOS Y PROPOSICIONES DE LEY
REMITIDOS POR EL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS (Página 3310)
Proyecto de Ley por el que se crea el Consejo General de Colegios
Oficiales de Podólogos (Página 3310)
No se consumen turnos a favor ni en contra. En turno de portavoces, hacen
uso de la palabra el señor Cardona i Vila, por el Grupo Catalán en el
Senado de Convergència i Unió; la señora Martínez Castro, por el Grupo
Socialista, y el señor Armario Vázquez, por el Grupo Popular.
Se aprueba el texto del proyecto de ley por asentimiento de la Cámara.
El señor Presidente anuncia a la Cámara que queda definitivamente
aprobado por las Cortes Generales el Proyecto de Ley.
Proposición de Ley sobre el cambio de denominación de las provincias de
«La Coruña» y «Orense» (Página 3312)
El señor Rodríguez Rodríguez consume un primer turno a favor. La señora
Do Campo Piñeiro consume un segundo turno a favor. En turno de
portavoces, hacen uso de la palabra la señora De Boneta y Piedra, por el
Grupo Mixto, y los señores Cardona i Vila, por el Grupo Catalán en el
Senado de Convergència i Unió, y Baltar Pumar, por el Grupo Popular.
Se aprueba la proposición de ley por asentimiento de la Cámara.
El señor Presidente anuncia a la Cámara que queda definitivamente
aprobado por las Cortes Generales la proposición de Ley.
Proposición de Ley por la que se establece el régimen sancionador
previsto en el Reglamento (CE) 3093/94, del Consejo de 15 de diciembre,
relativo a las sustancias que agotan la capa de ozono (Página 3316)
No se consumen turnos a favor, en contra ni de portavoces. Se aprueba la
proposición de ley por asentamiento de la Cámara.
El señor Presidente anuncia a la Cámara que queda definitivamente
aprobado por las Cortes Generales la proposición de Ley.
DICTAMENES DE COMISIONES SOBRE PROYECTOS Y PROPOSICIONES DE LEY REMITIDOS
POR EL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS (Página 3317)
De la Comisión de Educación y Cultura en relación con el Proyecto de Ley
de incorporación al Derecho Español de la Directiva 96/9/CE, del
Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de marzo de 1996, sobre la
protección jurídica de las bases de datos. Se tramita por el
procedimiento de urgencia (Página 3317)
El señor García-Fuster y González Alegre presenta el dictamen. No se hace
uso del turno en contra. En turno de portavoces, hace uso de la palabra
el señor Varela i Serra, por el Grupo Catalán en el Senado de
Convergència i Unió.
Comienza el debate del articulado.
El señor Iglesias Marcelo defiende las enmiendas números 1 a 4, del Grupo
Socialista. El señor Barquero Vázquez consume un turno en contra. No se
hace uso del turno de portavoces.
Se procede a votar.
Se rechazan las enmiendas números 1 a 4, del Grupo Socialista, por 86
votos a favor, 122 en contra y 8 abstenciones.
Se aprueba el artículo 6 en lo relativo al artículo 135.1.b del texto
refundido, por 129 votos a favor, 3 en contra y 84 abstenciones.
Se aprueba el resto del articulado, según el texto del dictamen, por 215
votos a favor y 1 en contra.
El señor Presidente comunica a la Cámara el traslado de las enmiendas
aprobadas por el Senado al Congreso de los Diputados.
De la Comisión de Economía y Hacienda en relación con el Proyecto de Ley
de derechos y garantías de los contribuyentes (Página 3320)
El señor Serrano Alvarez-Giraldo presenta el dictamen.
El señor Nieto Cicuéndez, del Grupo Mixto, defiende una propuesta de
veto. El señor Utrera Mora consume un turno en contra. En turno de
portavoces, hacen uso de la palabra los señores Cambra i Sánchez, por el
Grupo Catalán en el Senado de Convergència i Unió; Pérez García, por el
Grupo Socialista, y Utrera Mora, por el Grupo Popular.
Se rechaza el veto del Grupo Mixto por 2 votos a favor, 131 en contra y
85 abstenciones.
Comienza el debate del articulado.
El señor Nieto Cicuéndez, del Grupo Mixto, defiende las enmiendas números
1 a 30. El señor Cambra i Sánchez defiende las enmiendas números 68 a 77,
del Grupo Catalán en el Senado de Convergència i Unió. Los señores
Granado Martínez y Pérez García defienden las enmiendas números 31 a 67,
así como la vuelta al texto del Congreso de los Diputados, modificado por
las enmiendas números 89 y 91 del Grupo Popular. Los señores Utrera Mora
y Blancas Llamas consumen un turno en contra. En turno de portavoces,
hacen uso de la palabra la señora De Boneta y Piedra, por el Grupo
Mixto, y los señores Cambra i Sánchez, por el Grupo Catalán en el Senado
de Convergència i Unió; Granado Martínez, por el Grupo Socialista, y
Utrera Mora, por el Grupo Popular.
Se procede a votar.
Se rechazan las enmiendas números 1, 2 y 4, del Grupo Mixto, por 4 votos
a favor, 125 en contra y 82 abstenciones.
Se rechazan las enmiendas números 3 y 5, del Grupo Mixto, por 3 votos a
favor, 126 en contra y 82 abstenciones.
Se rechazan las enmiendas números 6 a 8, 11, 12, 16, 18 a 20, 24 y 26,
del Grupo Mixto, por 2 votos a favor, 127 en contra y 82 abstenciones.
Se rechaza la enmienda número 14, del Grupo Mixto, por 89 votos a favor,
120 en contra y 2 abstenciones.
Se rechaza la enmienda número 27, del Grupo Mixto, por 91 votos a favor y
120 en contra.
Se rechaza la enmienda número 28, del Grupo Mixto, por 2 votos a favor,
120 en contra y 89 abstenciones.
Se rechazan las enmiendas números 10 y 23, del Grupo Mixto, por 82 votos
a favor, 127 en contra y 2 abstenciones.
Se rechazan las restantes enmiendas del Grupo Mixto por 2 votos a favor,
128 en contra y 81 abstenciones.
Se rechazan las enmiendas números 69, 70 y 73, del Grupo Catalán en el
Senado de Convergència i Unió, por 8 votos a favor, 201 en contra y 2
abstenciones.
Se rechazan las restantes enmiendas del Grupo Catalán en el Senado de
Convergència i Unió, por 92 votos a favor, 117 en contra y 1 abstención.
Se rechaza la vuelta al texto del Congreso de los Diputados, modificado
por las enmiendas números 89 y 91 del Grupo Popular, propuesta por el
Grupo Socialista, por 83 votos a favor, 126 en contra y 1 abstención.
Se rechazan las enmiendas números 33 a 36, del Grupo Socialista, por 83
votos a favor, 120 en contra y 8 abstenciones.
Se rechazan las enmiendas números 31, 32, 49, 58, 61 y 66, del Grupo
Socialista, por 89 votos a favor, 120 en contra y 2 abstenciones.
Se rechazan las restantes enmiendas del Grupo Socialista, a excepción de
la número 38, por 84 votos a favor, 126 en contra y 1 abstención.
Se aprueba una propuesta de modificación en relación con la enmienda
número 38, del Grupo Socialista, por 209 votos a favor, 1 en contra y 1
abstención.
Se aprueba el artículo 37, según el texto del dictamen, por 120 votos a
favor, 83 en contra y 8 abstenciones.
Se aprueban las disposiciones adicional única y finales primera, cuarta,
quinta, sexta y séptima, según el texto del dictamen, por 209 votos a
favor y 2 en contra.
Se aprueban los artículos 1, 2, 4, 6, 7, 8, 11, 12, 16, 18 a 20, 24, 26,
27, 31 a 33, 35 y 36, con la modificación introducida, por 210 votos a
favor y 1 en contra.
Se aprueba el resto del dictamen por 127 votos a favor, 83 en contra y 1
abstención.
El señor Presidente comunica a la Cámara el traslado de las enmiendas
aprobadas por el Senado al Congreso de los Diputados.
Se levanta la sesión a las diecinueve horas y cuarenta minutos.
Se abre la sesión a las diez horas y cinco minutos.
El señor PRESIDENTE: Se abre la sesión.
PREGUNTAS:
--DE DON CASIMIRO HERNANDEZ CALVO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL
SENADO, SOBRE LAS PREVISIONES QUE EXISTEN ACERCA DE LA ENTRADA EN
FUNCIONAMIENTO DE LOS 53 NUEVOS KILOMETROS DE AUTOVIA CORRESPONDIENTES A
LOS TRAMOS COMPRENDIDOS ENTRE SALAMANCA Y ALAEJOS (VALLADOLID), EN LA
CARRETERA NACIONAL N-620 (680/000416).
El señor PRESIDENTE: Punto primero del orden del día: Preguntas.
Pregunta de don Casimiro Hernández Calvo, del Grupo Parlamentario Popular
en el Senado, sobre las previsiones que existen acerca de la entrada en
funcionamiento de los 53 nuevos kilómetros de autovía correspondientes a
los tramos comprendidos entre Salamanca y Alaejos, en la provincia de
Valladolid, en la carretera N-620.
Tiene la palabra el Senador Hernández Calvo.
El señor HERNANDEZ CALVO: Gracias, señor Presidente.
Señor Ministro, señorías, en la actualidad, el Ministerio de Fomento
acomete las obras de desdoblamiento y transformación en autovía de la
carretera N-620, en sus tramos Salamanca-Cañizal, Cañizal-Alaejos y
Alaejos-Tordesillas. La importancia de una rápida entrada en servicio de
los más de 50 kilómetros de autovía de los dos primeros tramos citados
viene avalada por varias razones, fundamentalmente por el hecho de ser la
carretera N-620 una importante vía de comunicación europea que, desde la
frontera francesa, enlaza con Portugal. Esta consideración hace que
soporte un elevado tráfico rodado, tanto en lo que se refiere a turismo
como al transporte pesado, con unos importantes índices de
siniestralidad. Su pronta entrada en funcionamiento supone además para
Castilla y León una necesidad sentida dado el volumen creciente del
tráfico internacional que circula por dicha carretera, que bien podría
ser definida como una sensible vía de penetración económica; asimismo,
por la consideración que tiene la mejora de la red viaria en una zona del
territorio nacional con carencias de infraestructuras.
Dicho esto, le formulo la siguiente pregunta: ¿qué previsiones existen
por el Ministerio de Fomento sobre la entrada en funcionamiento de los 53
nuevos kilómetros de autovía correspondientes a los tramos
Salamanca-Cañizal y Cañizal-Alaejos, de la carretera N-620?
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, Senador Hernández Calvo.
Señor Ministro de Fomento, tiene la palabra.
El señor MINISTRO DE FOMENTO (Arias-Salgado y Montalvo): Muchas gracias,
señor Presidente. Muchas gracias, señoría.
El Gobierno, como es obvio, comparte la apreciación que ha hecho su
señoría sobre la importancia de esta autovía y puede hoy manifestar en
términos concretos que ambos tramos podrán ser abiertos al tráfico entre
finales de 1998 y primavera de 1999. Hay que tener en cuenta que las
obras de construcción se han visto sensiblemente influidas por la
aparición de un modificado importante que está actualmente en
tramitación, y de manera más particular por las inclemencias
climatológicas --con fuertes e intensos períodos de lluvia-- que han
ocasionado dificultades en la ejecución de la obra. Pero, en todo caso,
los servicios técnicos del Ministerio me pasan la información de que,
efectivamente, entre finales del presente año y la primavera del próximo
podrán abrirse al tráfico ambos tramos.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Ministro de Fomento.
Senador Hernández Calvo, tiene la palabra.
El señor HERNANDEZ CALVO: Gracias, señor Presidente.
Tan sólo deseo expresar mi satisfacción por la información y el contenido
de la respuesta ofrecida por el señor Ministro, que agradezco y valoro,
por lo que se refiere a los plazos de ejecución de la obra de
desdoblamiento de la carretera N-620.
La entrada en servicio de los citados tramos en las fechas avanzadas por
el señor Ministro es un nuevo indicio del grado de eficacia demostrado
por el Ministerio de Fomento por lo que se refiere a la definitiva
transformación en autovía de esta carretera.
Resulta evidente que la puesta en funcionamiento de estos tramos supone
una importante mejora en el grado de accesibilidad de la Comunidad
Autónoma castellano-leonesa y, al mismo tiempo, potencia la comunicación
viaria en su conexión con Portugal. El objetivo no es otro que el de
facilitar el tránsito de vehículos y mercancías de un modo más fluido y
conseguir una mayor seguridad, frenando de este modo la tendencia al alza
en el número de accidentes que anualmente registra la carretera N-620.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias.
¿Desea intervenir, señor Ministro? (Pausa.)
Muchas gracias.
--DE DON JOSE MARIA RODRIGUEZ DE LA BORBOLLA CAMOYAN, DEL GRUPO
PARLAMENTARIO SOCIALISTA, SOBRE LAS MEDIDAS QUE PIENSA ADOPTAR EL
GOBIERNO PARA MEJORAR LAS PRESTACIONES DEL SERVICIO DE CORREOS
(680/000417).
El señor PRESIDENTE: Pregunta de don José María Rodríguez de la Borbolla
Camoyán, del Grupo Parlamentario Socialista, sobre las medidas que piensa
adoptar el Gobierno para mejorar las prestaciones del Servicio de
Correos.
El Senador Rodríguez de la Borbolla tiene la palabra.
El señor RODRIGUEZ DE LA BORBOLLA CAMOYAN: Voy a plantear la cuestión muy
brevemente, señor Presidente y señor Ministro.
Como todos saben, la buena o mala situación de un país no se puede medir
sólo por los grandes equilibrios macroeconómicos; hay otros índices,
índices cotidianos, más cercanos, que hablan más de la calidad de vida de
los ciudadanos y de las condiciones en que se desenvuelve la vida social.
En el servicio de Correos se están produciendo una serie de
circunstancias que son emblemáticas de un mal funcionamiento. Hay
problemas en las relaciones de personal, en las relaciones laborales, que
van desde la no cobertura de puestos en las RPT aprobadas hasta
contrataciones abusivas y cargas excesivas de trabajo, así como retrasos
en el reparto de distintos tipos de envío y de material, acumulación
excesiva en otros casos y, finalmente, discriminación en el trato a zonas
geográficas concretas, puesto que se atiende, fundamentalmente, a las
zonas con alto nivel de renta y no así a zonas con una población de menor
nivel de renta.
Como pensamos que la situación merece que se le dé un tratamiento
urgente, le preguntamos al Ministerio qué medidas piensa adoptar.
El señor PRESIDENTE: Gracias, Senador Rodríguez de la Borbolla.
Tiene la palabra el señor Ministro de Fomento.
El señor MINISTRO DE FOMENTO (Arias-Salgado y Montalvo): Muchas gracias,
señor Presidente.
Sin perjuicio de la contestación que le debo a su señoría sobre los
índices de calidad del servicio de Correos, de acuerdo con las encuestas
que hacen organismos de reconocido prestigio, le diré que el organismo
autónomo Correos y Telégrafos ha dejado felizmente de serlo para
convertirse en un ente público empresarial en un Decreto que uno de estos
días publicará el «Boletín Oficial del Estado» porque ha sido ya aprobado
por el Consejo de Ministros.
Señoría, las medidas que se han adoptado para impulsar el proceso de
transformación de Correos en una auténtica empresa administrada con
criterios empresariales son, en primer término, la nueva ley de servicio
postal universal y de liberalización de las telecomunicaciones que se
encuentra en el Congreso de los Diputados. Yo querría recordarle a su
señoría que la última norma con rango de ley que regula Correos procede
del año 1904. En lo demás ha habido algunas puntualizaciones de orden
legal que no han afectado en nada a la configuración de lo que hoy
empieza a ser una empresa pública. Y, en segundo lugar, los nuevos
estatutos de la entidad empresarial. Esto en el marco normativo.
En los próximos días se presentará a los medios de comunicación el Plan
estratégico de empresa que ha de preparar a la nueva empresa pública para
el reto que supone la total liberalización en el año 2003, tal y como
está previsto en las directivas comunitarias. En ese Plan estratégico de
empresa se marcan muchos objetivos y yo querría destacar dos
fundamentales de interés para esta Cámara. En primer lugar, la
consecución de un servicio universal eficiente que sea útil a la
sociedad. Y, en segundo lugar, la reducción de la subvención de
explotación a recibir por parte del Estado.
El Plan estratégico de empresa contempla, señoría, para los próximos años
inversiones superiores a 55.000 millones de pesetas que completan la
reordenación logística de los principales núcleos generadores del país,
la adecuación de oficinas, la informatización y el incremento del
tratamiento automático de los distintos envíos.
Si el tiempo lo permite, señor Presidente, en la segunda intervención le
podré dar los índices de calidad del servicio de Correos que están
absolutamente homologados con la media comunitaria y, en algunos casos,
por encima de la media comunitaria.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ministro de Fomento.
Tiene la palabra el Senador Rodríguez de la Borbolla.
El señor RODRIGUEZ DE LA BORBOLLA CAMOYAN: Muchas gracias, señor
Presidente.
Las medidas que ha enunciado el señor Ministro son de reordenación global
del sector y van dirigidas a la liberalización y puesta en marcha de un
nuevo instrumento. Pero no son medidas dirigidas a la mejora de la
gestión cotidiana u ordinaria del servicio. No sé cuáles serán los
índices de calidad a los que el señor Ministro va a hacer referencia
inmediatamente, pero índices son estos que voy a enumerar. Por ejemplo,
en la zona de Madrid en los pueblos no se reparte diariamente y en su
periferia no se cubren las bajas. En Barcelona hay acumulaciones en el
reparto de telegramas y de cartas urgentes y en los pueblos el reparto se
hace sólo cada dos o tres días. En Zaragoza hay retrasos en impresos de
más de dos meses y en la periferia se reparte sólo cada dos o tres días.
En Granada se reparte cada tres días y en la periferia y pueblos con
bastante retraso. En Badajoz, por ejemplo, el reparto de impresos tiene
retraso de meses y el de cartas de semanas. También hay retrasos en los
certificados. Y en Sevilla, concretamente en la circunscripción por la
que soy Senador, la situación es realmente dantesca. Hay un conflicto
abierto, puesto que no se cubre el servicio, incumpliendo así la ley que
exige el reparto diario, en las zonas en las que hay menor nivel de
renta.
Estos, señor Ministro, con independencia de cuales sean los índices a los
que usted haga referencia, son los datos de la realidad, los datos
contrastados por los vecinos, por las asociaciones de vecinos, por los
destinatarios del servicio en un caso y por los sindicatos, por los
prestadores objetivos del servicio en otros. La situación es negativa en
términos objetivos y exige, no sólo medidas de reordenación del sector,
sino de mejora de la gestión, y en algunos casos con mucha urgencia, como
es el caso de Sevilla.
Gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, Senador Rodríguez de la Borbolla.
Tiene la palabra el señor Ministro de Fomento.
El señor MINISTRO DE FOMENTO (Arias-Salgado y Montalvo): Señoría, si hay
algo que se aleja de la objetividad, es el haber traído a colación casos
puntuales en localidades puntuales. Los datos que usted proporciona
proceden de algunos miembros del personal de Correos y no pueden ser de
ninguna manera representativos.
Yo le puedo dar los datos aportados por la consultoría que ha hecho el
estudio de calidad del servicio de Correos en España en la última época,
Coopers and Lybrand. Le voy a dar a su señoría los datos que reflejan en
términos objetivos --esta vez sí-- cómo mejora la calidad del servicio de
Correos.
Si atendemos al mantenimiento de los plazos de entrega, la llamada línea
básica ha subido, en términos de puntualidad, desde el 92,4 por ciento en
1995 hasta el 93,6 por ciento en el año 1997. La línea económica ha
subido desde el 87,8 por ciento en 1995, hasta el 89,2 por ciento en el
año 1997. La línea urgente ha subido desde 92,5 por ciento en el año
1995, hasta el 94,8 por ciento en 1997.
En lo que se refiere a la calidad del servicio medida por la velocidad
del correo en servicio normal, contemplando el período 1995-97, la cifra
de cartas entregadas en un día ha subido desde el 60,6 por ciento hasta
el 62 por ciento; el
número de cartas entregadas dentro de los dos días posteriores al envío
permanece igual en esos años y es del 88,4 por ciento; el número de
cartas entregadas dentro de los tres días posteriores al envío permanece
prácticamente igual, el 96,9 por ciento en 1997. La calidad del servicio
medida por la velocidad del correo en servicio urgente, volviendo a
comparar el período 1995-97, ha mejorado de la siguiente forma: los
envíos entregados dentro del mismo día en que se hizo el envío han pasado
del 18,5 por ciento al 24,5 por ciento. Los envíos entregados en un día,
han pasado del 79,4 por ciento al 84,9 por ciento. Los envíos entregados
en dos días han pasado del 96,8 por ciento al 98,2 por ciento.
Señoría, esta calidad del servicio de Correos en España es equiparable a
la del resto de los países miembros de la Unión Europea.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ministro de Fomento.
--DE DON VICTORIANO RIOS PEREZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO, SOBRE SI
SE HA PLANTEADO EL GOBIERNO LA NO INTEGRACION PLENA EN LA NUEVA
ESTRUCTURA MILITAR DE LA ORGANIZACION DEL TRATADO DEL ATLANTICO NORTE
(OTAN), ANTE LA POSIBILIDAD DE QUE ESPAÑA NO LOGRE LOS OBJETIVOS QUE SE
HA FIJADO (680/000394).
El señor PRESIDENTE: Pregunta de don Victoriano Ríos Pérez, del Grupo
Parlamentario Mixto, sobre si se ha planteado el Gobierno la no
integración plena en la nueva estructura militar de la Organización del
Tratado del Atlántico Norte ante la posibilidad de que España no logre
los objetivos que se ha fijado.
Tiene la palabra el Senador Ríos Pérez.
El señor RIOS PEREZ: Muchas gracias, señor Presidente.
Señor Ministro, señorías, buenos días.
Esta pregunta se formuló el pasado mes de noviembre y fue aplazada a
petición del Gobierno. Después vinieron los debates de los Presupuestos
Generales, más tarde las vacaciones, y por eso hoy, aparentemente, la
pregunta aparece desfasada en el tiempo aunque no lo está del todo en su
profundidad ni en la respuesta que yo espero del señor Ministro.
La pregunta estaba relacionada con la estructura militar de la OTAN y la
participación de España directamente en esa estructura militar, y había
dos grandes problemas que en ese momento se suscitaban: por un lado, la
denominada «burbuja» en la que, al parecer, se intentaba englobar al
archipiélago canario, desconociéndose en profundidad quién iba a adoptar
las decisiones sobre la franja clave de la zona delimitada al norte por
Ayamonte (Huelva), al este por Marruecos y el Sáhara Occidental y al sur
por la indicada «burbuja», como también se desconocía el papel último a
ocupar definitivamente por Gibraltar en la estrategia atlántica y el
espacio aéreo de este enclave colonial así como su relación con España.
Por tanto, la pregunta --que ahora vuelvo a formular, como exige el
Reglamento-- es la siguiente. Ante la posibilidad de que España no logre
su propósito en relación con el control definitivo sobre la franja
atlántica, denominada pasillo, al sur de la península ibérica, oeste de
Marruecos y norte del archipiélago canario, y tampoco la cogestión del
aeropuerto gibraltareño y su espacio aéreo, mínima acción exigible en el
Estrecho, ¿se ha planteado seriamente el Gobierno español no integrarse
por ahora con plenitud en la nueva estructura militar de la OTAN, como lo
hiciera recientemente Francia al negársele el mando mediterráneo de
Nápoles?
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, Senador Ríos Pérez.
Tiene la palabra el señor Ministro de Defensa.
El señor MINISTRO DE DEFENSA (Serra Rexach): Gracias, señor Presidente.
Señoría, ya se ha referido al desfase temporal, pero nunca es tarde para
explicar la actitud del Gobierno durante el proceso de negociación de la
nueva estructura militar de la Alianza Atlántica. Y, como no podía ser de
otra manera, dicha actitud fue, de forma constante, tener bien claro que
si no se conseguían los objetivos no se produciría tal integración.
Por otro lado, señoría, los objetivos quedaron fijados de forma
suficientemente clara en la resolución que adoptó el Congreso de los
Diputados en sesión de 14 de noviembre de 1996. Y como las negociaciones
culminaron con pleno éxito y se cumplieron los objetivos fijados en
aquella sesión, el resultado ha sido satisfactorio para los propósitos
del Gobierno, y entiendo que para los intereses nacionales, y se ha
producido la plena participación de España en la Alianza, la
normalización de la posición española en la Alianza.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Ministro de Defensa.
Tiene la palabra, Senador Ríos Pérez.
El señor RIOS PEREZ: Gracias, señor Presidente.
Señor Ministro, en estos dos meses --desde diciembre hasta ahora-- ha
habido algo así como un manto de silencio con respecto a estos temas. Por
tanto, me gustaría saber si se ha avanzado o se ha profundizado algo,
tanto de forma específica sobre el tema del espacio aéreo en Gibraltar,
como por lo que se refiere a la definición del concepto de «burbuja» en
relación con el archipiélago canario.
Muchas gracias, señor Ministro, y señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias, Senador Ríos Pérez.
Tiene la palabra el señor Ministro de Defensa.
El señor MINISTRO DE DEFENSA (Serra Rexach): Muchas gracias, señor
Presidente.
Señorías, quizá haya habido un silencio aparente, pero en realidad hay un
trabajo constante. Después de la comunicación que se hizo al Parlamento
el día 22 de diciembre, el Consejo de Ministros adoptó el acuerdo de
comunicar la aprobación a la nueva estructura militar de la Alianza y la
integración de España en la misma, lo que fue notificado por carta del
representante permanente de la Alianza Atlántica a la Organización. Y se
está trabajando de forma continuada en dos ambientes: en el ambiente
nacional, para la preparación, tanto de la infraestructura, como del
personal que deberá poner en funcionamiento el Cuartel General que se
radique en España, y a nivel aliado, en las reuniones de Bruselas, donde
se trabaja de forma permanente en implementar esa estructura.
En cuanto a los objetivos a que se refiere su señoría, hay que decir que
la posición de España fue, desde el primer momento --y se acabó dando la
razón implícitamente, y en los resultados también, a la posición
española--, que una cosa es la negociación en el seno de la Alianza para
poner en funcionamiento una nueva estructura militar, y otra muy
diferente y muy heterogénea es el contencioso bilateral que desde hace
decenios mantienen el Reino Unido y España en relación con Gibraltar. Por
tanto, por lo que respecta a su referencia a cuestiones relativas a ese
contencioso, sepa su señoría que la posición de España consiste en
mantenerlo separado, porque lo único que interesaba respecto de la
Alianza en ese punto era la desaparición del CONGIBMED del mando aliado
en Gibraltar, lo que se ha producido al desaparecer el cuarto nivel de la
cadena de mando.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ministro de Defensa.
--DE DON SALVADOR CARRERA I COMES, DEL GRUPO PARLAMENTARIO CATALAN EN EL
SENADO DE CONVERGéNCIA I UNIO, SOBRE SI CONSIDERA EL GOBIERNO QUE UNA
BAJA POR MATERNIDAD JUSTIFICA LA NO RENOVACION DEL CONTRATO DE UNA
MILITAR PROFESIONAL DEL EJERCITO (680/000410).
El señor PRESIDENTE: Pregunta de don Salvador Carrera i Comes, del Grupo
Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió, sobre si
considera el Gobierno que una baja por maternidad justifica la no
renovación del contrato de una militar profesional del Ejército.
Tiene la palabra el Senador Carrera i Comes.
El señor CARRERA I COMES: Gracias, señor Presidente, señorías.
Señor Ministro, habrá comprobado que tiene hoy dos preguntas sobre la
misma cuestión. Si duda, ello indica que existe una gran preocupación
sobre la misma. Hace escasas semanas fue noticia la no renovación de
contrato a una militar profesional y fue, en concreto, noticia por el
hecho de que la interesada ha interpuesto demanda porque, según ella, no
se le renovaba única y exclusivamente por causa de su maternidad.
Por tanto, a efectos de conocer y obtener la información sobre este caso,
le dirijo la siguiente pregunta: ¿Considera el Gobierno que una baja por
maternidad justifica la no renovación del contrato de una militar
profesional del Ejército?
El señor PRESIDENTE: Gracias, Senador Carrera.
Tiene la palabra el señor Ministro de Defensa.
El señor MINISTRO DE DEFENSA (Serra Rexach): Muchas gracias, señor
Presidente.
Señoría, como no podía ser de otra manera, para el Gobierno la maternidad
no es ni ha sido nunca motivo para no conceder la ampliación del
compromiso a los militares de empleo de tropa y marinería profesional. La
prueba mejor, la más reciente, es que en esa misma unidad la no
renovación de la demandante a la que se ha referido su señoría, ha sido
acompañada de la renovación de otras dos soldados profesionales que se
encuentran en el mismo estado de gestación. De manera que no tiene
absolutamente nada que ver ese estado de gestación con la renovación o no
porque si no se ha producido en un caso, se ha producido en dos, lo cual
quiere decir que se debe a causas absoluta y totalmente distintas.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ministro de Defensa.
Tiene la palabra el Senador Carrera.
El señor CARRERA I COMES: Poca información me añade. Realmente, me
concreta el señor Ministro que la causa de despido no ha sido la de la
baja por maternidad. Quizá hubiera sido de interés de este Senador
conocer un poco la tramitación o cuáles han sido las decisiones que se
han adoptado a efectos de la no renovación. Sin duda, al haber otra
pregunta parecida quizá le permita al señor Ministro profundizar en la
cuestión, pero sí interesaría, por lo menos a este Senador, conocer un
poco cómo ha ido la tramitación. Por una razón porque sin duda será
importante conocer los pasos seguidos para tomar la decisión que nos
afecta. Diría que no es solamente interesante, sino imprescindible
conocerlos por dos razones. Una, porque como decía el señor Ministro, la
maternidad nunca puede ser causa de discriminación, pero yo añadiría
otra. Es importante que en estos momentos en que estamos decidiendo entre
todos los grupos el nuevo modelo de las Fuerzas Armadas, debería quedar
claro que los comportamientos y actitudes de los mandos militares deben
ajustarse, ahora más que nunca, a la más estricta legalidad, sin
posicionamientos personales que puedan desvirtuarla.
Por tanto, en este sentido, pediría al señor Ministro si pudiera ampliar
la respuesta a mi pregunta.
Gracias, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Carrera.
Tiene la palabra el señor Ministro.
El señor MINISTRO DE DEFENSA (Serra Rexach): Gracias, señor Presidente.
Señoría, con mucho gusto. Coincido con usted en que es absolutamente
conveniente respetar escrupulosamente la legalidad para conseguir --y en
eso el Ministerio de Defensa es el primer interesado-- un número
suficiente de solicitudes para formar parte del Ejército profesional de
manera que haga posible la terminación del Servicio Militar Obligatorio
que todos deseamos.
¿Cuál es la tramitación que se hace para la renovación o no renovación?
Se tienen en cuenta dos elementos básicamente: Uno, es el expediente
personal del soldado y otro es el informe de sus superiores. En el caso
que nos ocupa, el informe ha sido no sólo del jefe directo, del
Comandante, sino de los demás jefes de la unidad. Pero, en el caso
concreto del Comandante, señoría, estuvieron durante siete meses
compartiendo despacho en Bosnia la soldado y el jefe de la unidad. Fueron
las apreciaciones directas del comportamiento de la soldado las que
indujeron al jefe de la unidad a no producir la renovación del contrato.
Que las relaciones eran buenas lo prueba el que fue invitado a la boda de
la soldado. Pero además, como decía antes, durante el año 1997 el
Comandante San Martín emitió para la renovación de compromiso 32 informes
favorables, de ellos tres mujeres, y cinco informes desfavorables, de
ellos una mujer, Ana María Santos Jiménez. Además, en la brigada han
solicitado la ampliación de compromiso en 1997 tres mujeres militares de
empleo en estado de gestación, de las cuales, como he dicho antes, dos
han tenido informe favorable.
También se ha alegado en medios de comunicación que había sido
condecorada. Quiero decir, señoría, que las condecoraciones que tenía se
conceden automáticamente a todo el personal que rebasa un tiempo
preestablecido en una misión de paz como es la de Bosnia. De manera que
han sido resultado de la observación directa y del juicio de los jefes
del soldado, como se hace en todos los demás casos, y en este supuesto se
ha estimado, repito que con absoluta independencia de su estado de
gestación, que era oportuno no proceder a la renovación.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ministro de Defensa.
--DE DON JAIME LOBO ASENJO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL SENADO,
SOBRE LAS ACTUACIONES DE ORDEN PUBLICITARIO QUE SE REALIZARAN DURANTE EL
AÑO 1998 PARA LA PROMOCION DEL ALISTAMIENTO DE VOLUNTARIOS Y
PROFESIONALES DE LAS FUERZAS ARMADAS (680/000415).
El señor PRESIDENTE: Pregunta de don Jaime Lobo Asenjo, del Grupo
Parlamentario Popular en el Senado, sobre las actuaciones de orden
publicitario que se realizarán durante el año 1998 para la promoción del
alistamiento de voluntarios y profesionales de las Fuerzas Armadas.
Tiene la palabra el Senador Lobo Asenjo.
El señor LOBO ASENJO: Muchas gracias, señor Presidente.
Señor Ministro, es mi opinión que a medida que vaya desapareciendo la
seguridad en el reclutamiento que proporciona el Servicio Militar
Obligatorio se vaya haciendo necesario contar con el número suficiente de
aspirantes para asegurar no sólo la cobertura de las plazas necesarias
para ir implementando el nuevo ejército profesional hasta alcanzar el
número de efectivos previstos, sino también para permitir la reposición
de los que causen baja, bien sea voluntariamente, bien por la resolución
de su compromiso.
A mi juicio, señor Ministro, uno de los grandes retos de la
profesionalización va a ser la necesidad de realizar una política activa
de búsqueda y captación de candidatos a marineros y soldados
profesionales. Es por ello, señor Ministro, por lo que creo que el
potencial que suponen hoy en día los medios de comunicación y las
técnicas y medios de información deben utilizarse al máximo posible para
hacer llegar a las mujeres y hombres españoles, en edad de aspirar a un
puesto en las Fuerzas Armadas, los mensajes más adecuados para que
conozcan la realidad de las mismas y puedan apreciar los aspectos
positivos de su incorporación a ellas, motivándoles, en definitiva, a la
decisión de solicitar su alistamiento.
Por ello, señor Ministro, mi pregunta va dirigida a conocer cuáles son
los planes concretos para 1998, en orden a promocionar publicitariamente
el alistamiento en las Fuerzas Armadas.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, Senador Lobo Asenjo.
Tiene la palabra el señor Ministro de Defensa.
El señor MINISTRO DE DEFENSA (Serra Rexach): Muchas gracias, señor
Presidente.
Señorías, no sólo es necesario, sino que estimamos indispensables cuantas
acciones puedan redundar en tener el número de solicitantes de aspirantes
necesarios para poder cumplir, en lo que a 1998 se refiere, no sólo la
obtención de 12.500 nuevos soldados y marineros profesionales, para lo
cual ya estamos habilitados, según las cifras consignadas en los
presupuestos generales del Estado, sino también, como ha dicho su
señoría, la reposición de los que no se les renueve el compromiso. Es
necesario hacer todo tipo de actuaciones, y entre ellas, como no podía
ser de otra manera, la utilización de los medios de comunicación social.
Para ello, señoría, se han destinado en los presupuestos generales 1.650
millones de pesetas, que se utilizarán para campañas de publicidad. Acaba
de redactarse el pliego de prescripciones técnicas y queremos que esté
funcionando para cuando se produzca el primer llamamiento que haya
este año, que intentaremos tener alguno más que en años anteriores. Este
pliego de prescripciones técnicas pretenderá ser sobre todo veraz, porque
nos interesa no sólo conseguir solicitudes un año, sino poder explicar
con claridad y con veracidad en qué consiste el ejército profesional,
para que no sólo tengamos aspirantes el primer año, sino que la duración
del compromiso sea, como término medio, no inferior a seis años.
Por ello, como le digo, se ha previsto una campaña que consistirá en la
difusión, por medio de televisión, radio, prensa, vallas y circuitos de
cine, de diferentes piezas publicitarias: producción de cortometrajes y
vídeos sobre aspectos singulares de las Fuerzas Armadas; producción de
guías, carteles, folletos, boletines y pegatinas; difusiones del nuevo
modelo de fuerza profesional, mediante exposiciones itinerantes, ruedas
de prensa, conferencias, etcétera; suministro de materiales de promoción
e incluso envío de cartas a potenciales aspirantes a integrarse en la
tropa y marinería profesionales.
A todo ello se añadirán acciones de captación directa, básicamente de
mejora y adecuación de los centros de reclutamiento, así como formación
de grupos de reclutadores, para que la tasa actual que ha sido necesaria
para obtener en 1997 aproximadamente siete mil nuevos soldados, contando
reposición y nuevos, pueda convertirse en cerca de 17 ó 18.000, que es lo
previsto para 1998.
Todas las acciones serán pocas para conseguir tener una tasa, entre
aspirantes y plazas, que garantice la calidad de los soldados y marineros
profesionales que formarán nuestras Fuerzas Armadas en el futuro
inmediato.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ministro.
--DE DOÑA MICAELA NAVARRO GARZON, DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA,
SOBRE LOS CRITERIOS DEL GOBIERNO PARA MANTENER O NO EN SUS EMPLEOS A LAS
MUJERES MILITARES PROFESIONALES (680/000422).
El señor PRESIDENTE: La siguiente pregunta es de doña Micaela Navarro
Garzón, del Grupo Parlamentario Socialista, sobre los criterios del
Gobierno para mantener o no en sus empleos a las mujeres militares
profesionales.
Tiene la palabra la Senadora Navarro Garzón.
La señora NAVARRO GARZON: Gracias, señor Presidente.
Señor Ministro, hemos coincidido hoy en las preguntas, y planteada la
misma en los términos expuestos por el señor Presidente, yo quiero
decirle que las mujeres que entran en el Ejército creen que son iguales
que los demás aspirantes, de ahí que se animen y den el paso. De hecho,
tienen que pasar las mismas pruebas que el resto de sus compañeros. Ese
es el espíritu que se desprende del Real Decreto de 1988 que regulaba la
incorporación de la mujer a las Fuerzas Armadas.
Señor Ministro, este Real Decreto nacía precisamente como medida para
eliminar los obstáculos que se oponían a la plena efectividad
constitucional de igualdad, recogida además en el Plan de Igualdad de
1987. Sabemos de mujeres, como Rosa Ramírez Liria, que durante los seis
primeros meses de embarazo estuvo en Bosnia, y, según sus propias
manifestaciones a la prensa, no recibió un trato adecuado y tuvo que
pedir la baja voluntaria. Otro caso --que hoy nos centra principalmente--
es el de Ana María Santos Jiménez, cabo de la Brigada de Infantería
Ligera Aerotransportable, que se encuentra igualmente con que no tiene
trabajo tras pedir una baja por maternidad.
Defensa --y usted mismo acaba de decírnoslo hace un momento-- justifica
esta decisión basándose exclusivamente en el informe del comandante de la
unidad, en el que indica que la citada cabo venía desempeñando su
actividad, ignorando sin embargo su excelente expediente personal;
superior que, por otro lado y según la propia afectada, le estuvo
amenazando con no renovar el contrato desde el mismo momento en que supo
que estaba embarazada.
En este caso el Ministerio de Defensa también argumenta que la cabo no
había gestionado su renovación de contrato en el plazo reglamentario
previsto, hecho que es absolutamente falso, ya que nos consta el
documento donde se solicitaba su renovación.
Señor Ministro, yo le vuelvo a insistir: ¿por qué cuando hay un informe
personal negativo y llega al Ministerio de Defensa, éste no se contrasta
con el expediente personal de la soldado, tal y como figura en el
artículo 18 del Real Decreto 984/1992? ¿Cuál es la razón de que el
Ministerio de Defensa argumente que la cabo tenía que haber presentado la
solicitud de renovación del contrato en el plazo reglamentario, cuando la
realidad es que esa solicitud estaba fechada en Figueiredo el día 5 de
marzo de 1997, y el final del contrato era el 31 de agosto de 1997? ¿Por
qué no se amplía la inversión de la carga de la prueba, que ya está
admitida en el procedimiento laboral, a los militares de empleo de tropa
y marinería?
Señor Ministro, la ley garantiza a la mujer su progresión en la carrera
militar en condiciones de igualdad con el varón, sin que puedan existir
otras diferencias que las derivadas de sus condiciones fisiológicas para
la provisión y desempeño de determinados destinos; esas condiciones
fisiológicas, señor Ministro, las tenemos las mujeres cuando decidimos
ser madres, pero esas diferencias, señor Ministro, como la propia ley
garantiza, no pueden convertirse en causa de discriminación laboral.
En este país --así se recoge en nuestra Constitución-- mujeres y hombres
tenemos los mismos derechos. Las mujeres, como los hombres, tenemos
derecho a una vida familiar pero también a un empleo y a participar
activamente en la vida social y política. En un país preocupado por la
baja natalidad, la forma de potenciarla no es precisamente ofreciendo un
premio de 25 ó 30.000 pesetas cuando nace un hijo, como está haciendo el
Gobierno del Partido Popular en algunas Comunidades Autónomas, sino
facilitando que las mujeres y los hombres puedan compatibilizar su vida
laboral y familiar y no dando ejemplos de discriminación
desde la propia Administración como los que han surgido, lamentablemente,
en el Ministerio de Defensa.
Señor Ministro, le pido que tenga en cuenta estas consideraciones para
evitar que situaciones tan lamentables no se sigan dando en el Ejército y
trate de solucionar las cosas que hemos planteado.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, Senadora Navarro Garzón.
Señor Ministro de Defensa, tiene la palabra.
El señor MINISTRO DE DEFENSA (Serra Rexach): Muchas gracias, señor
Presidente.
Señoría, como ha dicho, ya hemos comentado este tema. Al Ministerio de
Defensa, que está obligado a cumplir la ley y el Decreto de 1992 al que
ha hecho su señoría referencia, y desde la Constitución para abajo todo
el ordenamiento jurídico vigente, que consagra el principio de igualdad y
no discriminación por razón de sexo, además de estar obligado a eso, al
Ministerio de Defensa le interesa que haya muchas, cuantas más mujeres
mejor en el futuro Ejército profesional. Hoy, aunque sólo son el 4 por
ciento, señoría, constituyen una de las tasas más altas de Europa, y
queremos que vengan muchas más.
Se han explicado antes las dificultades que previsiblemente habrá para
conseguir los contingentes necesarios para cubrir la totalidad de las
Fuerzas Armadas, soldados y marineros, con profesionales. Cada año hay
aproximadamente unos 250.000 varones y 250.000 mujeres en edad de hacer
el servicio militar. Queremos ofrecer a ambos colectivos los suficientes
incentivos, y el umbral de ellos es el cumplimiento de la ley, y somos
--repito, señoría-- los primeros interesados en que no sólo no haya
discriminación, sino que haya incentivos suficientes para que hombres y
mujeres se sientan inclinados a formar parte del Ejército profesional
español. Pero señoría, hombres y mujeres tienen que ser de calidad. Las
Fuerzas Armadas profesionales tendrán que tener calidad, y esto hace que
en algunos casos, desdichadamente, no se produzca la renovación. En el
año 1996-97, en el Ejército de Tierra fueron solicitadas 389 ampliaciones
de compromiso por mujeres de tropa profesional, y se han concedido 379,
señoría.
Su señoría hace referencia a un caso concreto que nos ha ocupado hoy, en
el que hay presuntas discrepancias entre un expediente y unos informes.
Ya he dicho que el informe no era sólo de un jefe, sino de más de un
jefe. En el expediente está en blanco, pero sabe su señoría sobradamente
que entre una conducta intachable y una mala conducta, que debería estar
reflejada en el expediente personal, hay una serie de comportamientos
intermedios que pueden aconsejar a los superiores jerárquicos el proponer
o no la renovación del contrato, tanto para mujeres como para hombres.
Son iguales y tienen los mismos derechos, y hay que respetarlos igual, y
eso es lo que propugnamos. Nunca me habrá oído, señoría, hablar de fuera
de plazo en la solicitud.
Lo que parece un poco extraño es que si se descalifica a los superiores
jerárquicos se abogue como razón de descalificación que no pusieron nada
en el expediente personal. Sería entonces una opinión de superiores
jerárquicos contra otra opinión de superiores jerárquicos --ya he
explicado el caso de las condecoraciones--. Por tanto, entiendo que en
este caso se ha cumplido la legalidad vigente y se han respetado los
trámites. La cabo que nos ocupa hizo dos recursos, uno de renovación y
otro de derecho a unos cursos, y en el Ministerio de Defensa entendimos
que tenía derecho a los cursos y se le ha dado la razón en ese recurso.
En definitiva, no hay ninguna razón para la discriminación, no sólo
porque lo prohíba la ley --y con esto termino--, sino porque sería lo que
menos interesaría para la consecución de los objetivos del Ministerio.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Ministro.
--DE DOÑA INMACULADA DE BONETA Y PIEDRA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO,
SOBRE LA FORMA EN QUE SE HA PRODUCIDO LA SUPUESTA FILTRACION DE DATOS
SOBRE LA SITUACION DE LA ORGANIZACION TERRORISTA ETA EN EL ESTADO
FRANCES, ATRIBUIDOS A LOS SERVICIOS DE INFORMACION DE LA GUARDIA CIVIL
COMO PARTE DE SUS ANALISIS INTERNOS EN MATERIA DE LUCHA ANTITERRORISTA
(680/000409).
El señor PRESIDENTE: Pregunta de doña Inmaculada de Boneta y Piedra, del
Grupo Parlamentario Mixto, sobre la forma en que se ha producido la
supuesta filtración de datos sobre la situación de la organización
terrorista ETA en el Estado francés, atribuidos a los servicios de
información de la Guardia Civil como parte de sus análisis internos en
materia de lucha antiterrorista.
Tiene la palabra la Senadora De Boneta y Piedra.
La señora DE BONETA Y PIEDRA: Gracias, señor Presidente.
Señor Ministro, el día 7 de enero se producen unas filtraciones en un
medio de comunicación que a mí me parecen preocupantes, ya que con el
encabezamiento de «confidenciales» y atribuidas a los servicios de
información de la Guardia Civil aparecen titulares diciendo que ETA ha
recuperado una sólida estructura para asesinar, se publica el organigrama
con una serie de añadidos que prefiero no mencionar, por las mismas
razones que le hago la pregunta, y otros titulares hablan de «una gran
estructura para abastecerse». Al día siguiente, 8 de enero --la
información se atribuye a Interior--, se habla de una reunión mantenida
entre fuerzas de seguridad del Estado español y del Estado francés, a la
vez que se menciona que la coordinación con Francia es más política que
operativa, y vuelven a aparecer las declaraciones del Consejero Vasco de
Interior señalando que no hay intercambio policial con la policía
autónoma vasca.
No deseo mencionar otras filtraciones producidas recientemente que han
provocado una crisis institucional, sobre las que no quiero entrar en el
fondo del asunto, insisto, únicamente hago referencia a esta sucesión de
filtraciones de cuestiones que deben considerarse confidenciales.
Para mí es un valor entendido que la discreción es algo consustancial al
éxito y eficacia de cualquier Departamento de Interior, y debo señalar
que siempre he atribuido esa cualidad al señor Ministro. A estas alturas,
supongo que podrá responderme sobre el origen de estas filtraciones y
sobre las investigaciones que se han realizado.
Nada más y muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, Senadora De Boneta y Piedra.
Tiene la palabra el señor Ministro del Interior.
El señor MINISTRO DEL INTERIOR (Mayor Oreja): Señor Presidente, señoría,
lo primero que quiero decirle, señora De Boneta, es que si usted lamenta
estas filtraciones le aseguro que el Gobierno, y en particular el
Ministro del Interior, lo lamentan mucho más, porque soy plenamente
consciente del daño que producen actuaciones de esta naturaleza, que
están siendo investigadas, y en estos momentos todavía no tengo datos
suficientes como para poder conocer el origen de las mismas, como suele
suceder en tantas y tantas filtraciones en el seno de cualquier
Administración.
En cualquier caso, quiero señalar que el documento al que se refiere su
señoría ha sido desmentido por la realidad. En primer lugar, este
documento presuntamente está realizado en el mes de septiembre del año
pasado, y la cooperación con Francia en 1997 arroja uno de los balances
más brillantes y más significativos: 50 detenciones y una desarticulación
de la cúpula y de la estructura de ETA, por lo que el documento en sí
mismo es algo que no se ha visto confirmado por la realidad.
En segundo lugar, no es ningún documento oficial, en ningún caso llegó al
despacho del Ministro ni del Secretario de Estado, ya que fue un mero
estudio y análisis de trabajo.
En tercer lugar, nunca hay decisiones ni resoluciones definitivas, sino
que se trata de aproximaciones a la preparación de una reunión, pero en
modo alguno emite resoluciones y conclusiones definitivas.
Señoría, nosotros somos los que lamentamos de verdad estos incidentes.
Son graves siempre. Nunca quitaré importancia a las filtraciones y le
aseguro que trataremos de poner los medios necesarios para que no vuelvan
a producirse.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ministro del Interior.
Senadora De Boneta y Piedra, tiene su señoría la palabra.
La señora DE BONETA Y PIEDRA: Muchas gracias, señor Ministro.
Esperaba una explicación sobre el origen de estas filtraciones. No
obstante, creo que su señoría me las proporcionará en la medida en que
pueda hacerlo y cuando pueda.
En segundo lugar me dice usted que estas informaciones se desmienten por
la realidad. Si es cierto que esos informes, como el propio Departamento
del Interior parece haber reconocido, proceden de sus servicios de
información de la Guardia Civil, mala información tenían esos servicios
que han sido desmentidos por la realidad.
En tercer lugar, quiero decirle que entiendo que lo lamente y, además, me
alegro de compartir esta impresión, pero debo recordar al señor Ministro
que es su responsabilidad el que estas filtraciones no se produzcan.
Nada más. Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, Senadora De Boneta.
Tiene la palabra el señor Ministro del Interior.
El señor MINISTRO DEL INTERIOR (Mayor Oreja): Muchas gracias, señor
Presidente.
Muchas gracias por el tono de la intervención de la Senadora Inmaculada
de Boneta.
Simplemente quiero hacerle dos precisiones.
A los servicios de información de una institución como la Guardia Civil,
desde luego, no la enjuicio porque haya habido una filtración, la valoro
en función de los resultados concretos del conjunto de las actuaciones
policiales y, en ese sentido, la valoración de la Guardia Civil en la
lucha contra el terrorismo en el año 1997 ha sido ejemplar y en modo
alguno se empaña por una filtración o por otra. (Aplausos en los escaños
del Grupo Parlamentario Popular.)
En segundo lugar, simplemente quiero hacer una apreciación general. Como
usted se ha referido antes a esa cuestión, quiero aprovechar este momento
y esta oportunidad para hacerlo.
En estos momentos nos encontramos ante, sin duda, lo que es una
estrategia de crueldad por parte de una organización terrorista que todos
conocemos y que todos hemos padecido muy directamente en el mes de enero,
pero, al mismo tiempo, hay lo que denomino una estrategia del ruido, un
ruido para que en el fondo haga insoportable, haga incómoda la política
antiterrorista del Gobierno. Y quiero dejar hoy muy claro aquí
precisamente que ni desde la estrategia de la crueldad, ni desde la
estrategia del ruido y del follón el Gobierno va a modificar su política
antiterrorista y su política penitenciaria. (Aplausos en los escaños del
Grupo Parlamentario Popular.)
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Ministro del Interior.
--DE DON JOAN MARIA ROIG Y GRAU, DEL GRUPO PARLAMENTARIO CATALAN EN EL
SENADO DE CONVERGéNCIA I UNIO, SOBRE LA ADECUACION DE LAS CONDICIONES DE
USO DEL GASOLEO TIPO B A TRAVES DE UN REGLAMENTO CLARO Y CONCRETO
(680/000393).
El señor PRESIDENTE: Pregunta de don Joan María Roig i Grau, del Grupo
Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió, sobre la
adecuación de las condiciones de uso del gasóleo tipo B a través de un
reglamento claro y concreto.
Tiene la palabra el Senador Roig i Grau.
El señor ROIG I GRAU: Muchas gracias, señor Presidente.
Señora Ministra, señorías, el motivo de nuestra pregunta en Pleno --que,
por cierto, hubiera podido ser objeto de otra iniciativa parlamentaria o
de otra serie de gestiones-- simplemente es el de tratar de introducir un
elemento de reflexión en los conceptos que permiten el uso del gasóleo de
tipo B, de acuerdo con el artículo 54 de la vigente Ley de Impuestos
Especiales. Incluso, pensaba que esta pregunta no la respondería la
señora Ministra de Agricultura --lo que, lógicamente, me complace y puede
hacerlo perfectamente-- porque el problema que se plantea quizás no sea
una cuestión de reglamento, sino de aplicar por la policía pertinente
--en este caso, la Guardia Civil-- una interpretación amplia y actual de
la norma.
El caso, señora Ministra, es que se vienen produciendo en diferentes
zonas del Estado, y, muy concretamente, en el delta del Ebre, denuncias
por uso indebido del gasóleo de tipo B en labores de limpieza, desbroce y
saneamiento de desagües y canales del mismo delta, así como muchos otros
quehaceres que consideramos agrícolas y que no son interpretados en el
mismo sentido por la inspección.
Podríamos, señora Ministra, relatar bastantes anécdotas o situaciones
generadas por la interpretación que se hace de las posibilidades que
ofrece el artículo 54 de la Ley, pero me parece que no es necesario ni
conveniente en esta intervención. Lo cierto es que estos expedientes
acaban muchas veces con multas de hasta 600.000 pesetas y la paralización
de la maquinaria durante tres meses.
El motivo de la pregunta es, básicamente, que las respuestas que da la
Agencia Tributaria a los recursos que se presentan por parte de los
agricultores afectados son claras y dicen que el Diccionario de la Real
Academia de la Lengua Española define agricultura como labranza o cultivo
de la tierra. Y sigue: Por todo lo expuesto, y habida cuenta de que en el
momento de la denuncia el tractor --en este caso un tractor-- no estaba
realizando actividades propias de la agricultura en el sentido estricto
de labranza o cultivo de la tierra, se declara cometida una infracción
del artículo 55.l de la vigente Ley de Impuestos Especiales.
Señora Ministra, como mantengo que lo que quería hacer era una reflexión
sobre este tema, seguramente no ejerceré el derecho de réplica posterior
a su respuesta, pero sí quiero decir que el Gobierno conoce esta
situación, y puede analizarla, y que no sería conveniente actualizar el
concepto de agricultura que, lógicamente, y por suerte, ha evolucionado
muchísimo en los últimos años, y adecuar la interpretación del reglamento
de acuerdo con la agricultura moderna y competitiva que necesitamos.
Gracias, señora Ministra, por su respuesta, y gracias, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, Senador Roig i Grau.
Señora Ministra de Agricultura, tiene la palabra.
La señora MINISTRA DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACION (De Palacio del
Valle-Lersundi): Muchas gracias, señor Senador, por haber planteado esta
pregunta que, indudablemente, viene a poner sobre la mesa un problema que
se ha reiterado en los últimos tiempos.
La realidad es que el Ministerio de Hacienda está llevando a cabo un
mayor control del uso y abuso de utilización del gasóleo B. Como muy bien
sabe su señoría, está especialmente bonificado el gasóleo B, que es
utilizado no sólo en las explotaciones agrarias y que, según contempla el
artículo 54 de la Ley 42/94, a la que hacía referencia su señoría, puede
ser utilizado no sólo por motores de tractores y maquinaria agrícola para
agricultura, incluida la horticultura, ganadería y silvicultura, sino
también por motores fijos y motores de maquinaria minera que no puedan
circular por vías públicas. Tiene únicamente un impuesto especial de
12,60 pesetas por litro, en lugar de las 43,2 que gravan el gasóleo A de
automoción habitual. Lo cierto es que se ha detectado una utilización
abusiva del gasóleo B para actividades que tienen poco que ver con la
actividad agraria o la minera, por decirlo de alguna manera. Esto ha
llevado a intensificar los controles por parte de la Guardia Civil y,
desde luego, por la Agencia Tributaria.
No obstante, Senador, creo que no se puede calificar de anacrónico el
concepto de agricultura, y que queda perfectamente definido no sólo en el
Diccionario de la Real Academia de la Lengua, sino también en la Ley
19/95, del 4 de julio, de Explotaciones Agrarias, en cuya definición se
plantea que actividad agraria es el conjunto de trabajos que se requieren
para la obtención de productos agrícolas, ganaderos y forestales.
Entiendo que esta definición es suficientemente concreta y, a la vez,
suficientemente amplia para que en el Ministerio de Agricultura hagamos
las gestiones posibles con el fin de llevar al ánimo de la Agencia
Tributaria una interpretación de la actividad agraria quizá un poco más
amplia. Es lo cierto y verdad que la limpieza de una acequia por parte
del propio agricultor --cuestión distinta sería si estuviéramos hablando
de la contratación a una tercera empresa cuya actividad fuera la de
limpiar canalizaciones o demás, que nada tiene que ver con la agricultura
--entra, obviamente, dentro de lo que son actividades necesarias para
que, luego, el desarrollo de su actividad sea el reclamado para que pueda
funcionar el sistema de regadío correctamente.
En ese sentido, y en función de todo lo que ha planteado su señoría, me
propongo hacerlo llegar así a la Agencia Tributaria y ver si podemos
encontrar un marco de definición que contemple los problemas que ha
mencionado, que creo que son de sentido común y que están dentro de lo
que, en principio, debiera contemplar la actual normativa.
Nada más y muchas gracias. (Aplausos desde los escaños del Grupo
Parlamentario Popular.)
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Ministra de Agricultura.
--DE DON RICARDO GATZAGAETXEBARRIA BASTIDA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE
SENADORES NACIONALISTAS VASCOS, SOBRE LAS GESTIONES EFECTUADAS POR EL
GOBIERNO PARA LA CREACION DE UN FONDO ESTRUCTURAL PESQUERO ESPECIFICO Y
DE CARACTER HORIZONTAL, QUE OTORGUE UN TRATAMIENTO IGUALITARIO EN LA
CONCESION DE AYUDAS A LAS EMPRESAS DE ZONAS DEPENDIENTES DE LA PESCA
(680/0000408).
El señor PRESIDENTE: Pregunta de don Ricardo Gatzagaetxebarría Bastida,
del Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos, sobre las
gestiones efectuadas por el Gobierno para la creación de un fondo
estructural pesquero específico y de carácter horizontal, que otorgue un
tratamiento igualitario en la concesión de ayudas a las empresas de zonas
dependientes de la pesca.
Tiene la palabra el Senador Gatzagaetxebarría.
El señor GATZAGAETXEBARRIA BASTIDA: Señor Presidente, la pregunta queda
formulada en sus propios términos con la finalidad de suprimir las graves
discriminaciones que sufre el sector pesquero vasco.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señoría.
Tiene la palabra la señora Ministra.
La señora MINISTRA DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACION (De Palacio del
Valle-Lersundi): Muchas gracias, señor Presidente.
Señoría, yo no hablaría de graves discriminaciones del sector pesquero
vasco pues dicho sector, indudablemente, se contempla con las mismas
condiciones que los otros sectores pesqueros que hay en España en
regiones fuera de la zona Objetivo 1, como el sector pesquero en las
Islas Baleares o el sector pesquero en Cataluña. Es a partir del año 1992
cuando en el Consejo Europeo de Edimburgo se introducen unas acciones
estructurales sobre el sector pesquero en el marco de los fondos
estructurales --además, de carácter horizontal-- a los que pueden acceder
todas las zonas pesqueras europeas. Ahora bien, es verdad que lo que es
el apoyo específico tiene una modulación diferente en función de que esa
zona pesquera esté encuadrada en una zona Objetivo 1 o fuera de ella.
Pero, insisto, no por ello se puede considerar un tratamiento
discriminatorio.
Lo que quiero manifestar con ocasión de esta pregunta es la preocupación
que tiene el Gobierno de cara a las modificaciones de los fondos
estructurales que se contemplan en la Agenda 2000, donde, entre otras
cosas, también se incluye la reforma de los Fondos IFOP. Porque, a corto
plazo, y entendiendo por ello la configuración de lo que va a ser la
utilización de los fondos estructurales para el período 2000-2006, la
óptica política que propone la Comisión, y que se refleja en el documento
denominado Agenda 2000, supone una mayor concentración del esfuerzo del
presupuesto comunitario en beneficio de la cohesión económica y social.
En ese sentido, fuera del Objetivo 1, que concentra la actuación de los
fondos estructurales en las regiones atrasadas, el planteamiento de la
Agenda 2000 sólo contempla dos objetivos, como muy bien saben sus
señorías: un Objetivo 2, para sostener la reconversión económica y social
de aquellas zonas con dificultades estructurales, y un Objetivo 3, para
sostener la adaptación y la modernización de las políticas y sistemas de
educación, de formación y de empleo.
Es el nuevo Objetivo 2 donde las zonas anteriormente referidas pueden
delimitarse con criterios de necesidad, de reconversión industrial,
agrícola, urbana o pesquera y donde podrían entrar claramente los
problemas de las zonas pesqueras. Estas últimas, con problemas
estructurales, son definidas como zonas costeras, lo cual impide actuar a
los fondos estructurales en zonas del interior. Pero todas estas acciones
de los fondos sobre estas zonas con problemas estructurales están
sometidas a un tope de población que, en principio, se sugiere que no
supere el 18 por ciento de la población de la Unión.
Trasladado todo ello al sector pesquero, el planteamiento de la Agenda
2000 puede llegar a significar que ni siquiera hay garantías de que se
pueda actuar con fondos estructurales en la totalidad del litoral español
que no pertenece al Objetivo 1, además de la imposibilidad de actuar en
el interior de la España avanzada económicamente.
Una posible solución es que, aparte de los planteamientos contenidos en
los Objetivos 1 y 2, el IFOP pueda actuar en la totalidad del litoral
nacional, pero utilizando dinero que proviene de la Rúbrica 1 del
presupuesto comunitario.
Es bien notorio que los sectores pesqueros de las distintas regiones
españolas acusan un nivel de problemas muy parecidos, independientemente
de que se encuentren o no en zonas Objetivo 1, por lo que, en nuestra
opinión, lo planteado en la Agenda 2000 es difícil de aceptar.
Por esta razón, desde el Gobierno estamos elaborando una propuesta para
modificar adecuadamente los planteamientos de la Agenda 2000 respecto al
sector pesquero, propuesta que se fundamenta en que todo el litoral que
no esté en el Objetivo 1 se encuentre dentro de un radio de acción del
Objetivo 2, y que el dinero que alimente esta acción estructural del IFOP
provenga exclusivamente de la Rúbrica 2, es decir, presupuestos de Fondos
Estructurales Europeos.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Ministra.
Tiene la palabra el señor Gatzagaetxebarría.
El señor GATZAGAETXEBARRIA BASTIDA: Muchas gracias, señor Presidente.
Esta es una grave discriminación que padece el sector pesquero de
Euskadi, de Baleares y de Cataluña, y es un tema de primera envergadura
política porque está afectando a la competitividad y a la rentabilidad de
empresas pesqueras de la comercialización, de la transformación, de la
industria y del sector extractivo. No existe ninguna fundamentación
política y racional para que las empresas o los armadores de barcos
boniteros con base en el puerto de
Ondárroa --que usted conoce--, o en Cillero, o en Santoña, que pescan en
las mismas aguas las mismas especies y comercializan el mismo pescado,
tengan, a la hora de las ayudas estructurales, a la hora de modernizar o
de renovar flota, un tratamiento distinto de ayudas públicas: 40 por
ciento en el caso del País Vasco, 60 por ciento en el resto de la cornisa
cantábrica. Este es un tema que puede suscitar una movilización de tanta
envergadura que creo que el Gobierno debe cambiar su planteamiento.
Yo acepto que se haga una defensa de la Agenda 2000, pero no en la línea
de defender la existencia de un fondo estructural con esa diferenciación
de objetivos; debe ser un objetivo horizontal y específico de tratamiento
igualitario para todas las zonas costeras españolas, porque el mar y los
mercados --y, en definitiva, tanto los recursos como los mercados son los
que afectan a la rentabilidad de las empresas-- no distinguen, y donde no
distingue la naturaleza, el hombre no debe distinguir. Por eso es un tema
de envergadura.
¿Qué está pasando con el aceite? Que hay un reglamento europeo que
funciona bien, pero que deberá tener determinadas modulaciones, y el
sector se moviliza porque está en contra. Aquí ocurre lo contrario: hay
un reglamento europeo que funciona mal en el caso de Baleares, de
Cataluña y del País Vasco, y lo que el Gobierno debe lograr en el Consejo
de Ministros de la Unión--porque es un tema de primera envergadura
política-- es un tratamiento homogéneo e igualitario para todas las
empresas pesqueras, independientemente de que un barco esté en Burela, en
Cillero, en Ondárroa o en Santoña. Ese es un tema que, evidentemente,
está originando un enorme malestar. El Gobierno debe defender la creación
de un fondo estructural homogéneo y específico para todo el litoral, que
desaparezca la discriminación y la diferencia que no tiene fundamentación
natural, ni racional, ni económica, porque todas las empresas --como le
he dicho anteriormente-- se fundamentan en criterios homogéneos en el
desarrollo de la actividad pesquera; por tanto, es necesario corregir la
importante disfunción que se origina en estas empresas, y lo mismo afecta
a la comercialización, que a la industria transformadora, que al sector
extractivo.
Señora Ministra, realice usted esa importante gestión política. Yo sé que
desde Galicia --y he estado con empresas del sector pesquero-- lo que se
pide es que se mantenga el fondo estructural, el IFOP, y con eso es
suficiente, porque tiene un tratamiento específico bueno, pero desde el
País Vasco, desde Baleares o desde Cataluña, se le va a decir --y ahí
está su habilidad-- que lo mismo que está luchando por el aceite --y lo
está haciendo bien--, luche para conseguir ese reglamento igualitario
también en este sector, y si en el sector del aceite lo que pretendemos
es una modificación puntual y razonable del reglamento, en el pesquero
también se ha de modificar el reglamento existente porque no es bueno
para el sector pesquero de las Comunidades Autónomas indicadas, que usted
conoce bien. Es importante modificarlo porque estamos hablando de la
rentabilidad de las empresas y de la rentabilidad de los tripulantes, en
definitiva, de personas que tienen corazón, ojos y alma. Este es un tema
que se dilucida en el Consejo de Ministros de la Unión Europea y la
posición española debe influir para que se corrija esa disfunción.
La Agenda 2000, tal como está, sigue manteniendo unas Comunidades
Autónomas pesqueras en un objetivo y otras en otro, y éste es un grave
problema que vamos a seguir debatiendo y del que vamos a hacer un
seguimiento.
Confiamos en su responsabilidad, en que realice las gestiones políticas
oportunas para corregir la grave discriminación que sufre el sector
pesquero de estas regiones.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias, Senador Gatzagaetxebarría.
Tiene la palabra la señora Ministra de Agricultura, Pesca y Alimentación.
La señora MINISTRA DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACION (De Palacio del
Valle-Lersundi): Muchas gracias, señor Presidente.
Intervengo muy brevemente para decir al Senador que coincido plenamente
con él en que es necesario mantener unos fondos de utilización horizontal
para el concepto específico de zona costera. Lo que nos estamos jugando
en este momento es que se suprima y que dejemos sin ningún tipo de fondo
al litoral vasco, al catalán, al de las Baleares y a algún otro, porque
--como muy bien sabe su señoría-- en breve, alguna otra Comunidad
Autónoma pesquera va a salir del Objetivo 1 por haber alcanzado un nivel
de rentas que supera el 75 por ciento, de lo que todos nos alegramos, ya
que eso indica que se progresa y que se van acortando distancias.
Yo creo que lo que querrían todas las Comunidades Autónomas es estar en
el cien por cien de la media de renta comunitaria. Pienso que a ninguna
Comunidad Autónoma le produciría una especial satisfacción encontrarse
por debajo de la media comunitaria y que se la considerase dentro del
ámbito de las Comunidades Autónomas con menos recursos, por no decir más
pobres. Eso es en lo que estamos trabando. Estamos trabajando para
conseguir, en primer lugar, mantener el concepto horizontal de zona
costera, que ni eso se quiere mantener. En segundo lugar, también
coincidimos con su señoría en que hay que acortar esas diferencias que se
producen en este momento entre lo que son zonas Objetivo 1 y zonas fuera
de él, porque es verdad que en el mar se difumina mucho más. Pero quiero
decirle que, antes de nada, lo que tenemos que hacer es ser capaces de
mantener, dentro de la Agenda 2000, que haya ese concepto de zona costera
que permita que, además de las zonas de Baleares, de Cataluña o del País
Vasco, también se puedan beneficiar las zonas pesqueras que tienen unos
problemas semejantes a los que hay en el resto de la costa española, que
se puedan seguir beneficiando de esos fondos IFOP, que coincido con su
señoría en que son absolutamente básicos para el desarrollo de nuestras
empresas y el mantenimiento de la actividad pesquera en toda nuestra
costa.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Ministra de Agricultura.
--DE DON ENRIQUE ARANCE SOTO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL
SENADO, SOBRE SI TIENE PREVISTO EL GOBIERNO INTERVENIR EN EL PROBLEMA
ORIGINADO POR LA EMPRESA PETOSED, A FIN DE QUE SE HAGA CARGO DE LAS
RESPONSABILIDADES ORIGINADAS POR LA DISTRIBUCION DE SEMILLAS NO
GARANTIZADAS, FRENTE A LOS AGRICULTORES DE LA PROVINCIA DE ALMERIA
(680/000412).
El señor PRESIDENTE: Pregunta de don Enrique Arance Soto, del Grupo
Parlamentario Popular en el Senado, sobre si tiene previsto el Gobierno
intervenir en el problema originado por la empresa Petosed, a fin de que
se haga cargo de las responsabilidades originadas por la distribución de
semillas no garantizadas, frente a los agricultores de la provincia de
Almería.
Tiene la palabra el Senador Arance Soto.
El señor ARANCE SOTO: Gracias, señor Presidente.
Señorías, señora Ministra, en los pasados meses se ha originado un
conflicto en la provincia de Almería en relación con la distribución y
venta de semillas, conflicto que ha tenido lugar entre agricultores y la
empresa distribuidora. Por todo ello le pregunto: ¿tiene previsto el
Gobierno intervenir en el problema originado con la empresa Petosed, a
fin de que se haga cargo de las responsabilidades originadas por la
distribución de semillas no garantizadas frente a agricultores de la
provincia de Almería?
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, Senador Arance Soto.
Tiene la palabra la señora Ministra de Agricultura, Pesca y Alimentación.
La señora MINISTRA DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACION (De Palacio del
Valle-Lersundi): Gracias, señor Presidente.
Efectivamente, la distribución irregular y la supuesta falta de calidad
una semilla de pimiento, suministrada precisamente por esta empresa, ha
originado una serie de perjuicios a algunos agricultores de la provincia
de Almería, que han perdido parte de la cosecha al verse afectadas
algunas plantas por una reacción fisiológica debida a causas
desconocidas, que se está estudiando en estos momentos.
Como muy bien sabe su señoría, el control de la comercialización de las
semillas y plantas de vivero es una competencia que corresponde a las
Comunidades Autónomas, pero he de decirle que esta semilla tiene incoado
un expediente por la Junta de Andalucía, resuelto negativamente, y que ha
provocado la anulación de la autorización provisional de comercialización
de la que disponía, otorgada por la Administración de acuerdo con la
legislación vigente, en tanto finalizan los trámites pertinentes para su
inscripción en el Registro de variedades comerciales. En este caso
concreto, la Administración central ha mantenido una relación permanente
con la Junta de Andalucía para seguir la evolución del expediente incoado
ofreciendo, como es habitual entre administraciones, la colaboración
necesaria. Incluso como complemento de las acciones efectuadas por la
Junta, se ha planteado un ensayo específico para estudiar con más
profundidad los problemas detectados. Asimismo, se ha informado a las
distintas organizaciones profesionales agrarias.
Por último, puedo decir a su señoría que, según tengo entendido, en este
momento hay negociaciones entre los agricultores afectados y la empresa
para buscar una solución económica razonable mediante una indemnización
que aquélla abonaría a esos agricultores afectados por esta situación,
para evitar que, eventualmente, los perjudicados puedan acudir a los
tribunales.
Señoría, resumo: sabemos que la Junta de Andalucía, que es la competente
en esta materia, ha incoado un expediente, existe una colaboración total
entre las dos Administraciones --la Administración General del Estado y
la Junta de Andalucía-- para actuar en lo que son las competencias de la
propia Administración, se está investigando exactamente qué es lo que ha
pasado, cuáles son las razones últimas, y espero que haya, además, un
acuerdo entre los agricultores y la propia distribuidora de semillas, por
cuanto sé que hay conversaciones para plantear eventualmente unas
indemnizaciones a los mismos a fin de resarcirles de las pérdidas
ocasionadas.
Nada más y muchas gracias, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Ministra de Agricultura.
Senador Arance Soto, tiene la palabra.
El señor ARANCE SOTO: Muchas gracias, señor Presidente.
Mis primeras palabras, señora Ministra, son para agradecerle la
información y la respuesta a la pregunta.
No obstante lo dicho, es verdad y tiene razón la señora Ministra cuando
plantea que la competencia en la materia corresponde a otra
Administración, en concreto a la Junta de Andalucía. Pero, señoría,
cuando una Administración que tiene competencia en esa materia, en lugar
de tratar desde el primer momento de dialogar o de poner coto a los
problemas que puedan haber sobrevenido por el motivo que estamos
discutiendo, se dedica a magnificar el problema o, para hablar más claro,
quizá a tratar de atajar el incendio utilizando gasolina, entonces las
cosas no pueden marchar por el camino que deben.
Por ello, tengo que agradecerle doblemente su respuesta, porque entiendo
que cuando una Administración no es capaz de hacer frente a sus propias
responsabilidades tiene que haber otra Administración, en este caso la
Administración del Estado, que trate de poner coto a esas discrepancias y
a esas diferencias que pueden existir entre las partes en conflicto. Por
esa razón, señoría, me consta que el Ministerio ha tomado parte en este
problema y le animo a seguir en la senda de ese diálogo que ha emprendido
el Ministerio de Agricultura. No en balde tengo que decirle --y creo que
es una cosa que sabemos todos los españoles-- que posiblemente tenemos
uno de los mejores Ministros de
Agricultura de los últimos tiempos, no ya porque sea un Ministro del
Gobierno que sostiene este Grupo, sino simplemente porque sabe dar la
cara, sabe atajar los problemas y sabe, cuando llega su momento, dar
solución a esos problemas, todo ello en beneficio de todos los españoles.
Muchas gracias, señora Ministra. (Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, Senador Arance Soto.
¿Desea intervenir, señora Ministra? (Pausa.)
Muchas gracias.
--DE DON JESUS MARIA CASTRO ASENSIO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN
EL SENADO, SOBRE LOS OBJETIVOS DEL GOBIERNO CON LA PROMULGACION DEL REAL
DECRETO SOBRE AYUDAS A LOS PROGRAMAS DE CARNE DE VACUNO DE CALIDAD
(680/000413).
El señor PRESIDENTE: Pregunta de don Jesús María Castro Asensio, del
Grupo Parlamentario Popular en el Senado, sobre los objetivos del
Gobierno con la promulgación del Real Decreto sobre ayudas a los
programas de carne de vacuno de calidad.
Senador Castro Asensio, tiene la palabra.
El señor CASTRO ASENSIO: Gracias, señor Presidente.
Señora Ministra, por diversos motivos --casi siempre negativos-- y con
demasiada frecuencia el sector bovino viene siendo noticia de primera
página en los medios de comunicación --prensa, radio, etcétera-- en
relación con alarmantes informaciones referidas a graves deficiencias
detectadas en los productos cárnicos de vacuno, deficiencias originadas
en distintas fases de la producción y que atañen a factores tan diversos
como la genética o la alimentación del ganado y que, en todo caso,
originan en la opinión pública una importante desconfianza hacia el
consumo de la carne de vacuno. Sin duda, a la alarma generada por el
gravísimo problema de las «vacas locas» hay que añadir la cascada de
descubrimientos de casos de prácticas ilegales e inmorales, el uso y
abuso de sustancias prohibidas de efectos hormonales tiroestáticos, que
vienen a agravar esa percepción social negativa sobre el producto y, sin
embargo, tan básico en los hábitos alimenticios españoles, lo que, a su
vez, ha producido graves perjuicios en el sector ganadero.
Ante tal panorama, el Gobierno al que usted pertenece ha tenido una clara
percepción del problema y ha enfocado su solución mediante una política
activa de promoción e incentivación de la carne de calidad que,
efectivamente, a la vez que propicia la generación de prácticas y hábitos
de control y calidad en el proceso productivo, propicie ante los
consumidores la imagen de garantía que, sin duda, suponen las medidas de
control externo y de autocontrol previstas en el Decreto que nos ocupa.
Conoce usted, señora Ministra, que la promulgación del Real Decreto
1.738/1997, de 20 de noviembre, es un buen instrumento para relanzar un
sector agrario de tanta importancia económica y social, pero, a su vez,
debe saber que su promulgación ha generado también una importantísima
corriente de confianza y esperanza en un emergente pero ya importante
sector de productores de carne de vacuno que vienen luchando, no sin
dificultades, por la consecución de carne de calidad, y que, al mismo
tiempo, ha propiciado la generación de asociacionismo en el mundo rural
y, en especial, en áreas de montaña generalmente deprimidas y con muy
escasas alternativas.
Por eso, señora Ministra, las asociaciones de productores de carne de
calidad, como la surgida hace pocos meses en la montaña palestina (CAMPA)
para promover la denominación de carne de Cervera, hoy están expectantes
y esperanzadas ante la cercanía del 1.º de marzo, fecha en que
presentarán sus propuestas con el deseo de ver apoyado su buen hacer y su
esfuerzo colectivo en la promoción de un producto cárnico de verdadera
calidad.
En ese sentido, considero, señora Ministra, que esta normativa debe
trascender a la opinión pública a través de su cualificada palabra en
esta Cámara. Por eso, tengo el honor de preguntar a su señoría qué
objetivos persigue el Gobierno con la promulgación del Real Decreto sobre
ayudas a los programas de carne de vacuno de calidad.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, Senador Castro Asensio.
Tiene la palabra la señora Ministra de Agricultura, Pesca y Alimentación.
La señora MINISTRA DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACION (De Palacio del
Valle-Lersundi): Muchas gracias, señor Presidente. Gracias, Señoría.
Le agradezco que plantee esta pregunta porque da ocasión para reiterar,
una vez más, ante la opinión pública española que en España, frente a lo
que ha sucedido en otros países, tenemos la fortuna, por una serie de
circunstancias, de no haber tenido ningún caso de encefalopatía
espongiforme bovina, es decir, de estar libres de la terrible enfermedad
que ha aquejado a parte del ganado vacuno de algunos países europeos y,
muy especialmente, a Gran Bretaña, que fue donde se originó.
Por lo tanto, se puede decir que en España no ha habido ningún caso de
«vacas locas», para entendernos y hablar como lo hacemos normalmente en
la calle, y que tenemos una carne de vacuno de garantía. Además, el
Gobierno ha insistido en este último año pasado y, en concreto, los
Ministerios de Sanidad y Consumo y de Agricultura, así como las
Comunidades Autónomas que tienen enormes competencias en este terreno, en
la persecución de aquellos ganaderos que sin ningún escrúpulo utilizan
productos u hormonas que están prohibidos por la ley y que no sólo
vulneran las reglas de la competencia, sino que pueden afectar
negativamente a los consumidores. (El señor Vicepresidente, Rigol i Roig,
ocupa la Presidencia.)
Lo que pretendemos es recuperar la confianza de los ciudadanos, que se ha
visto quebrantada como consecuencia de la crisis de las «vacas locas», en
un producto de primerísima calidad como es la carne de vacuno española.
Al
respecto, hemos adoptado una serie de medidas, entre ellas, al Real
Decreto 1738/1997, al que su señoría hacía referencia. Su finalidad, por
lo tanto, es apoyar las producciones de calidad con las máximas garantías
de control y con un reforzamiento de las medidas que aseguren la
trazabilidad de los animales y sus productos desde el lugar de nacimiento
hasta su venta en el mercado. Se trata de poder decir al consumidor que
la carne que tiene en la carnicería en un momento dado viene de tal
región española, obedece a tal y cual característica y cumple todos los
requisitos de sanidad que contemplan las normas europeas.
Entre los aspectos fundamentales de este Real Decreto, podemos señalar,
en primer lugar, el apoyo para la financiación de los programas diseñados
por las organizaciones del propio sector --me refiero, en concreto, a
CAMPA, a esta organización palentina--, de cara a garantizar la
trazabilidad del producto desde la explotación de origen hasta el
consumidor final.
En segundo lugar, los requisitos que deberán cumplir estos programas, así
como la necesidad de disponer de un reglamento de control con las
actuaciones e inspecciones que haya que realizar y las sanciones que se
deban imponer en caso de incumplimiento.
En tercer lugar, la responsabilidad que deben asumir los productores y
personas implicadas en el proceso productivo para garantizar la buena
calidad de la carne.
En cuarto lugar, la necesidad de fomentar entre las organizaciones de
productores y operadores del sector un mayor autocontrol para luchar
contra el uso de sustancias prohibidas, tal y como se indica en las
Directivas del Consejo de Bruselas 96/22 y 96/93, sobre prohibición y
control de sustancias de efecto hormonal y tiroestático y sustancias
betagonistas, es decir, lo que se llama finalizadores que permiten el
engorde del vacuno más rápido y, por lo tanto, con un menor coste.
En quinto lugar, los controles de calidad, que deben realizarse en todas
las fases del proceso productivo, para conseguir garantizar al consumidor
el origen y procedencia de los animales y de los productos utilizados en
su alimentación, para que tenga así la seguridad de que la carne que
adquiere ha sido objeto de un riguroso seguimiento y control.
Finalmente, quiero señalar que, en aplicación de la nueva normativa
comunitaria, el Gobierno ha puesto en marcha un nuevo sistema de
identificación y registro de los vacunos, cuya financiación está asumida
en un 50 por ciento por el Ministerio de Agricultura, Pesca y
Alimentación, estando también cofinanciado por las Comunidades Autónomas.
Señoría, he de manifestar que, al amparo de estas medidas de apoyo,
estamos consiguiendo entre todos vertebrar el sector ganadero productor
de vacuno, organizarlo y estructurarlo en organizaciones profesionales,
lo cual puede permitir una mejora en la comercialización y en la
obtención de precios de cara a la comercialización de sus productos, a la
vez que estamos consiguiendo una mayor garantía para los consumidores,
que es para quienes, en última instancia, se produce precisamente este
vacuno de máxima calidad.
También debo añadir que, como medidas como ésta, así como con otra serie
de ellas que a lo largo de este año se han venido desarrollando desde el
Gobierno con el apoyo de las Comunidades Autónomas, se ha conseguido
recuperar la confianza del consumidor español, con lo cual ya hemos
recuperado los precios de antes de la crisis de las «vacas locas».
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Muchas gracias.
¿Desea hacer uso de la palabra el Senador Castro Asensio? (Pausa.)
Muchas gracias.
--DE DON JOSE CARRACAO GUTIERREZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA,
SOBRE LAS MEDIDAS QUE PIENSA ADOPTAR EL GOBIERNO PARA IMPEDIR EL
APRESAMIENTO, POR PARTE DE LA POLICIA GIBRALTAREÑA, DE PESQUEROS
ESPAÑOLES QUE FAENAN EN AGUAS DEL ARCO DE LA BAHIA DE ALGECIRAS (CADIZ),
Y DE RECUPERACION DEL BARCO APRESADO SIN ABONO DE SANCIONES (680/000418).
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): La siguiente pregunta la formula
el Senador don José Carracao Gutiérrez, del Grupo Parlamentario
Socialista, sobre las medidas que piensa adoptar el Gobierno para impedir
el apresamiento, por parte de la policía gibraltareña, de pesqueros
españoles que faenan en aguas del arco de la Bahía de Algeciras, y de
recuperación del barco apresado sin abono de sanciones.
Tiene la palabra el Senador Carracao Gutiérrez.
El señor CARRACAO GUTIERREZ: Muchas gracias, señor Presidente.
Doy por formulada la pregunta en los términos expresados por su señoría.
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol y Roig): Muchas gracias, Senador Carracao.
Tiene la palabra la señora Ministra.
La señora MINISTRA DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACION (De Palacio del
Valle-Lersundi): Señor Presidente, con la escueta formulación del Senador
Carracao, le diré lo siguiente: todas las medidas que son propias en
estos casos. (Risas.)
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol y Roig): Muchas gracias, señora Ministra.
Tiene la palabra el Senador Carracao.
El señor CARRACAO GUTIERREZ: Muchas gracias, señor Presidente.
No me sorprende para nada su respuesta, señora Ministra, incluso podría
haber dicho lo mismo que cuando habla de la leche o del aceite: que la
culpa es de los que negociaron el Tratado de Adhesión.
Ustedes practican el buscar las culpas de los demás sin ver la culpa
propia. Sepa, señora Ministra, que usted ha venido a cumplir un trámite
--enojoso trámite-- porque el Ministro de Asuntos Exteriores busca
excusas para no entrar a debatir las cuestiones que afectan a Gibraltar.
De ahí su respuesta.
Pero yo le tengo que explicar, señora Ministra, que el apresamiento de
ese barco tuvo lugar en aguas del litoral de poniente, próximas a las
pistas del aeropuerto de Gibraltar. Sepa usted que ese aeropuerto está
construido sobre un terreno cuya soberanía no fue cedida por el Tratado
de Utrecht. Ese territorio, entregado a la soberanía británica en el año
1713, termina al pie de la cara norte del Peñón. Así que esa franja del
istmo fue ocupada ilegalmente por los británicos a lo largo del siglo XIX
y, por tanto, su dominio sobre ese territorio constituye una mera
situación de hecho aunque sin ningún reconocimiento ni ningún respaldo
jurídico, motivo por el cual los sucesivos gobiernos españoles han hecho
constar uno tras otro sus protestas por la ocupación ilegal de esa franja
del istmo.
No quisiera yo que su Gobierno, por un error, incluso por una intención,
buscara su propia ruina y pasara a la historia de una manera ignominiosa
por un reconocimiento de la soberanía británica sobre el istmo. Pero para
ustedes es mucho más fácil. Cuando la realidad es tozuda, ustedes lo
tienen muy fácil: la culpa es de los socialistas. Ustedes tratan de
insistir una vez más en fijar los términos del debate político en el
pasado para, de esa manera, ocultar sus errores, su incapacidad.
Señora Ministra, su respuesta --que no demuestra sino una retrógrada
visión ante una patente situación-- sólo puede significar dos cosas:
ceguera o insolidaridad con el sector. Sepa usted que en el Campo de
Gibraltar el sector de la pesca y los ciudadanos campogibraltareños están
esperando de su Gobierno alguna respuesta mejor que la que usted me acaba
de ofrecer, por lo que confío en que en el turno de réplica me pueda dar
otro tipo de explicación.
Gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol y Roig): Muchas gracias, Senador Carracao.
Tiene la palabra, señora Ministra.
La señora MINISTRA DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACION (De Palacio del
Valle-Lersundi): Gracias, señor Presidente.
Señoría, mi respuesta se correspondía con la pregunta. Pero como ahora ha
entrado en materia, voy a contestarle cumplidamente.
En primer lugar, a pesar de lo que diga, me parecería una
irresponsabilidad que entre su señoría, el Grupo al que representa, el
Gobierno, el Grupo que lo apoya, y todos los grupos de la Cámara,
estableciéramos una polémica sobre algo en lo que todos estamos de
acuerdo, como es el contencioso con Gibraltar. Por tanto, no voy a
polemizar con su señoría sobre ese tema, ni le voy a contestar en los
términos en que me lo ha planteado, sino que, desde el sentido de la
responsabilidad, me voy a referir a una cuestión sobre la cual, como muy
bien ha dicho, han protestado todos los los gobiernos españoles desde
hace mucho tiempo, lo que se sigue haciendo ante la misma situación,
manteniendo el Gobierno actual las mismas tesis de gobiernos anteriores.
Por otro lado, hay cuestiones circunstanciales que se pueden plantear,
pero tampoco lo voy a hacer en este momento, porque, insisto, entiendo
que no se trata de polemizar sobre este tema, sino todo lo contrario.
El Gobierno comparte la preocupación de su señoría ante estos incidentes
pesqueros que se han producido en las últimas semanas --que no es la
primera vez que ocurren--, en los que se han visto involucrados
pescadores, tanto de Algeciras, como de la Línea de la Concepción. Y nos
preocupan, tanto por las grave repercusiones económicas, como por su
incidencia negativa en las relaciones bilaterales de España y el Reino
Unido. En este sentido, como muy bien sabe su señoría, tras la reunión
celebrada en Londres el pasado 10 de diciembre, el proceso negociador de
Bruselas se ha abierto a nuevas posibilidades de avance en la solución
del contencioso sobre soberanía y, con ello, la normalización de las
relaciones económicas y sociales en el área del Campo de Gibraltar.
Desde el primer momento, es decir, cuando el pesquero «Dios te Salve» fue
obligado por la policía de Gibraltar, apoyada por un buque de la Armada
británica, a abandonar las aguas en las que faenaba, se llevó a cabo por
parte del Ministerio de Asuntos Exteriores una gestión en la Embajada
británica en Madrid. Se hizo ver a nuestros interlocutores británicos la
necesidad de usar el máximo de prudencia y moderación al tratarse de
aguas controvertidas entre ambos Estados y no delimitadas precisamente
debido a la existencia del contencioso de soberanía.
Al producirse el 29 de enero --ya que se trata de dos cuestiones
distintas-- el apresamiento del «Cristóbal» y la detención de su
tripulación por la policía gibraltareña, las autoridades españolas
competentes expresaron nuestra completa repulsa por esta detención
especialmente grave, teniendo en cuenta que se trata de un acto de
jurisdicción ejercido en las aguas cercanas al istmo, como ha señalado su
señoría, que fue ocupado ilegalmente por Gran Bretaña y en el que España
no reconoce ningún tipo de derechos al Reino Unido, lo que es extensible,
por tanto, a la cuestión de las aguas.
Mediante carta, en respuesta a otra suya, se ha puntualizado claramente
al embajador de Gran Bretaña la posición española, rechazando
especialmente la expresión «aguas territoriales de Gibraltar», usada en
ésta y anteriores ocasiones por las autoridades gibraltareñas.
En efecto, el Derecho Internacional --artículo 2 de la Convención de las
Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, de 10 de diciembre de 1982--
especifica claramente que la soberanía del Estado ribereño se extiende
más allá de su territorio a la franja de mar adyacente, designada con el
nombre de mar territorial. Con independencia de la controversia entre
España y el Reino Unido, resulta evidente que Gibraltar no tiene mar
territorial al no constituir un Estado, por lo que es inapropiado el uso
por las autoridades gibraltareñas de la citada expresión.
En resumen, hemos tomado con prontitud todas las medidas que son
aplicables a este caso en el orden diplomático, al igual que en otras
ocasiones ha hecho el Gobierno de España; y no me refiero a éste en
concreto, sino también a gobiernos españoles anteriores. Y lamentamos,
como su señoría, la actitud absolutamente inaceptable que están adoptando
las autoridades británicas, teniendo en cuenta que la controversia sobre
las aguas adyacentes a Gibraltar está íntimamente ligada al contencioso
sobre la soberanía, y no es correcto que se adopten actitudes que vayan
contra el espíritu de los esfuerzos que estamos haciendo para resolver
éste de forma negociada. Recuerdo a su señoría que esta tesis arranca
desde el momento en que se abre la verja, y desde entonces se han dado
una serie de pasos. Lo que está haciendo en esta cuestión el Gobierno
actual es exactamente continuar lo que se ha hecho en los últimos años.
Señoría, insisto, sobre esto no hay que polemizar, sino al contrario.
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Si me permite, señora Ministra.
Ha terminado su tiempo, pero iba a decir que podía continuar, dada la
materia que estaba tratando.
Muchas gracias.
--DE DON RODOLFO AINSA ESCARTIN, DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL
SENADO, SOBRE EL ALCANCE DEL CONVENIO FIRMADO ENTRE EL MINISTERIO DE
MEDIO AMBIENTE Y EL MINISTERIO DEL INTERIOR SOBRE EL SERVICIO DE
PROTECCION DE LA NATURALEZA (680/000411).
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): La siguiente pregunta la formula
el Senador don Rodolfo Ainsa Escartín, del Grupo Parlamentario Popular en
el Senado, sobre el alcance del convenio firmado entre el Ministerio de
Medio Ambiente y el Ministerio del Interior sobre el servicio de
protección de la naturaleza.
Tiene la palabra el Senador Ainsa Escartín.
El señor AINSA ESCARTIN: Muchas gracias, señor Presidente.
Señora Ministra, muchas son las satisfacciones que su Ministerio está
proporcionando día a día a este Grupo Parlamentario que le sustenta, en
amparo y apoyo al Gobierno. Esa magnífica coordinación que se está
llevando a través del Ministerio de Medio Ambiente y el Ministerio del
Interior, evidentemente aporta actuaciones tan brillantes como, por
ejemplo, esas 24.000 detenciones de furtivos --aspecto realmente
preocupante-- o esas 15.000 actuaciones en cuanto a denuncias de vertidos
sólidos o las 11.000 de vertidos tóxicos, y algo tan importante --que
entiendo debemos resaltar en esta Cámara-- como esas 36.000 hectáreas
calcinadas, por ejemplo, en el año 1996, que se han convertido en 6.000
en el año 1997. Esto no es producto, ni muchísimo menos, en líneas
generales del azar, sino, señora Ministra, del buen hacer. La
coordinación, evidentemente, queda manifiesta. Por tanto, nuestra
felicitación sincera.
Pero, señora Ministra, hay algo importante que este Grupo Parlamentario,
esta Cámara, entiende que debe saber: el pasado 21 de octubre se produce
entre usted y el señor Ministro del Interior la firma de un convenio que,
en este momento, desconocemos. Por tanto, señora Ministra, le rogaríamos
que nos mostrase aquí, en esta Alta Cámara, cuál ha sido el alcance de la
firma de ese convenio, con el fin de tratar por todos los medios de
seguir esa línea de actuación que el propio Ministerio está marcando y
lograr la mejor actuación en cuanto a la protección de la naturaleza.
Muchas gracias, señora Ministra.
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Muchas gracias, Senador Ainsa.
Tiene la palabra la señora Ministra.
La señora MINISTRA DE MEDIO AMBIENTE (Tocino Biscarolasaga): Gracias,
señor Presidente.
Agradezco al Senador Ainsa esta pregunta, porque, una vez más, me permite
hacer público reconocimiento de la encomiable labor y servicio que presta
la Guardia Civil. Antes se refería a la labor que realiza el Ministerio
del Interior en esa área tan importante, como es en materia de lucha
antiterrorista, pero es que, además, tiene una división específica desde
el año 1988, que es el servicio de protección de la naturaleza, por la
que se viene ocupando de una forma de calidad de vida de los ciudadanos,
previniendo y protegiendo la naturaleza y el medio ambiente. Fue una Ley
Orgánica del año 1986 de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado la
que asignó precisamente estas funciones tan específicas a la Guardia
Civil. Este servicio de protección de la naturaleza cuenta en este
momento con 1.200 guardias civiles, repartidos en 54 comandancias por
toda España, y gracias a una subvención que ha obtenido en los pasados
días del Banco Europeo de Inversiones por la labor que este servicio de
protección de la naturaleza está haciendo a favor del medio ambiente, con
estos 1.472 millones, señoría, va a incrementar su plantilla en casi un
50 por ciento.
El convenio a que su señoría se refiere, de 21 de octubre de 1997, es un
acuerdo específico de colaboración y cooperación entre el Ministerio del
Interior y el Ministerio de Medio Ambiente, precisamente a través de la
Dirección General de la Guardia Civil en su servicio de protección
natural, Seprona, para colaborar de una forma muy particular, no
solamente en la vigilancia y control, sino también en medidas de
prevención. En este sentido, este convenio, a las funciones que ya venía
realizando con anterioridad el SEPRONA, le ha añadido algunas muy
específicas, como es la del cuidado y atención característica de la flora
y fauna, especies amenazadas, como se ha visto en el catálogo que se ha
publicado recientemente por el Ministerio de Medio Ambiente y, sobre
todo, una participación que es realmente nueva, pero importante, de
colaboración con los servicios de guardería de los parques nacionales. Es
precisamente en los parques nacionales donde han empezado a
trabajar de una manera muy concreta en servicios de vigilancia y control,
comenzando por el Parque Nacional de Doñana, y van a continuar --según el
acuerdo que establecimos la semana pasada, precisamente en un acto que
celebramos en la isla de La Gomera, en las Islas Canarias-- estas
funciones de vigilancia y control en todos los demás parques nacionales,
comenzando por los cuatro que más lo necesitan. La forma de trabajar es
acceder absolutamente a toda la información de que dispone el Ministerio
a través de los servicios informatizados.
En segundo lugar, trabajamos, como digo, en auténtica colaboración con
los servicios de guardería y de protección que tiene el Ministerio de
Medio Ambiente y hemos establecido --quizá esto también es interesante--
un protocolo de formación conjunta para que tengan todos los datos a su
alcance.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Muchas gracias, señora Ministra.
Tiene la palabra el Senador Ainsa.
El señor AINSA ESCARTIN: Muchas gracias, señor Presidente.
Señora Ministra, con sencillez, pero realmente como lo siento y como lo
siente mi Grupo, quiero felicitarla y decirle que siga en esa línea de
actuación.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Muchas gracias, Senador Ainsa
Escartín.
--DE DON PEDRO LUIS CALVO POCH, DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL
SENADO, SOBRE SI TIENE PREVISTO EL GOBIERNO INTRODUCIR MEDIDAS FISCALES
INCENTIVADORAS A EMPRESAS QUE INVIERTAN EN LA MEJORA DEL MEDIO AMBIENTE
(680/000414).
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): La siguiente pregunta la formula
el Senador don Pedro Luis Calvo Poch, del Grupo Parlamentario Popular en
el Senado, sobre si tiene previsto el Gobierno introducir medidas
fiscales incentivadoras a empresas que inviertan en la mejora del medio
ambiente.
Tiene la palabra el Senador Calvo Poch.
El señor CALVO POCH: Señor Presidente, señora Ministra, señorías,
quedando la pregunta realizada en los términos en los que la ha leído el
Presidente, me gustaría añadir --anunciando ya que renuncio al segundo
turno de mi intervención-- que desde mi Grupo Parlamentario entendemos y
somos conscientes de la nueva política de fiscalidad ambiental sobre la
que está trabajando el Ministerio de Medio Ambiente, para que, de la
misma manera que se gravan las actividades más lesivas para nuestro
entorno --es decir, la aplicación del principio de que quien contamina,
paga--, también se premien las actitudes, las actividades más
beneficiosas y se aplique el principio de que quien descontamina, cobra.
De esta manera, las industrias podrán ver reducidos sus impuestos sobre
el total de las inversiones que realicen para mejorar su producción y
hacerla desde el punto de vista medioambiental mejor.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Muchas gracias, señoría.
Tiene la palabra la señora Ministra.
La señora MINISTRA DE MEDIO AMBIENTE (Tocino Biscarolasaga): Muchas
gracias, señor Presidente.
En efecto, el Ministerio de Medio Ambiente no sólo tiene la intención de
beneficiar las conductas y actitudes que favorecen el medio ambiente,
sino que ha iniciado ya una de estas políticas. Concretamente, el V
Programa Marco de la Unión Europea en materia medioambiental promueve la
utilización de estos instrumentos económicos y fiscales para premiar
estas conductas a favor del medio ambiente. Un ejemplo concreto es una
Orden Ministerial del pasado año, en donde el Ministerio de Medio
Ambiente, en la valoración de criterios de selección de los contratistas
para toda obra pública que tengamos que contratar, ha incluido una serie
de referencias medioambientales, por ejemplo, si la empresa tiene un
sistema de gestión medioambiental, si utiliza las auditorías
medioambientales, si usa el ecoetiquetado... Es decir, todo aquello que
tenga relación con el medio ambiente que no sea simplemente una moda a
los ojos de la opinión pública, sino que tenga unos beneficios económicos
concretos.
Yo diría que estamos hablando de una especie de ventaja de descontaminar.
Señoría, usted ha dicho que el primer principio en medio ambiente es que
el que contamina, paga, y que todo el peso de la ley caiga sobre aquellas
personas que hasta ahora creían que era más fácil comprar el derecho a
contaminar. Nosotros queremos ir más allá; por eso, junto a esa medida,
también está en marcha ya, a través de la Ley de Medidas Fiscales,
Administrativas y de Orden Social, de 30 de diciembre de 1996 --por
tanto, en los primeros meses de la creación de este Ministerio específico
de Medio Ambiente--, la elaboración de un incentivo fiscal, que ha sido
desarrollado reglamentariamente por un Real Decreto, de 17 de octubre de
1997, que regula exactamente en qué consiste este incentivo fiscal y cómo
se va a desarrollar.
Lo que se pretende, en primer lugar, es establecer una deducción en la
cuota que el empresario paga a Hacienda que, sobre todo, va a afectar a
pequeños y medianos empresarios, de un 10 por ciento de la inversión que
haya realizado para proteger el medio ambiente, y tiene que reunir una
serie de criterios o de condiciones.
Esta inversión tiene que destinarse a cumplir las normas medioambientales
y a mejorar la protección del medio ambiente, sobre todo en tres áreas:
en la contaminación atmosférica, en el control de los vertidos a las
aguas subterráneas, superficiales o marinas, así como en el tratamiento,
reducción y recuperación de residuos industriales.
Necesita cumplir también un segundo requisito: que se haga de acuerdo con
planes y programas que se hayan coordinado previamente con la
Administración medioambiental competente, no solamente con la
Administración central del Estado, sino administraciones autonómicas o
incluso locales. Y, por último, se necesita un certificado, digamos, como
la convalidación de la inversión que tiene que hacer esa autoridad
competente en materia medioambiental. En este momento existen ya
empresarios que se están beneficiando de este incentivo fiscal, ya que
reúnen todos estos requisitos, y le aseguro que esto no es más que un
comienzo para seguir favoreciendo a aquellas personas que han entendido
que quien descontamina tiene una serie de ventajas, también económicas y
fiscales.
Gracias, señor Presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol y Roig): Muchas gracias, señora Ministra.
Tiene la palabra el Senador Calvo Poch. (Pausa.)
Muchas gracias, señoría.
--DE DON JUAN JOSE LABORDA MARTIN, DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA,
SOBRE SI EL GOBIERNO HA HECHO LLEGAR OFICIALMENTE A LA IGLESIA CATOLICA
SU PARECER RESPECTO A LAS OPINIONES ECLESIASTICAS EXPRESADAS
RECIENTEMENTE ACERCA DE LA RECOMENDACION DEL CONSEJO PRESBITERIAL
VIZCAINO PARA QUE SU OBISPO NO OFICIE EN FUNERALES DE VICTIMAS DE
ATENTADOS (680/000419).
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol y Roig): La siguiente pregunta la formula
el Senador don Juan José Laborda Martín, del Grupo Parlamentario
Socialista, sobre si el Gobierno ha hecho llegar oficialmente a la
Iglesia Católica su parecer respecto a las opiniones eclesiásticas
expresadas recientemente acerca de la recomendación del consejo
presbiterial vizcaíno para que su obispo no oficie en funerales de
víctimas de atentados.
Tiene la palabra el Senador Laborda Martín.
El señor LABORDA MARTIN: Gracias, señor Presidente.
Hago una pregunta y no una interpelación, señora Ministra, para que nos
explique si el Gobierno va a responder oficialmente a lo que está
formulado en mi pregunta.
Los hechos los conocemos todos. Al parecer, hubo protestas de un sector
del clero vizcaíno cuando el obispo ofició los funerales del concejal
Blanco y del ertzaina Villar. A continuación, se solicitó por parte del
Ordinario un informe, que textualmente decía que era inconveniente que el
obispo oficiara los funerales por el grave riesgo de ambigüedad y
manipulación. Posteriormente, los portavoces oficiales de la Iglesia
Católica han señalado dos cosas, respaldando el informe de los
presbíteros: que la comunidad vasca está rota, y que los signos
proféticos pueden ser elementos para profundizar --la sintaxis no es mía,
sino de quien profirió este comentario-- las divisiones.
Yo sé, señora Ministra, que hay separación entre la Iglesia y el Estado.
Por lo tanto, sé que lo que tengo que decir aquí debe estar en
congruencia con mis convicciones constitucionales y laicas, pero
precisamente por eso quiero que el Gobierno diga algo. A veces el
Gobierno dice de más, pero aquí, en mi opinión, se ha quedado corto. Y
por qué debe decir algo oficialmente: primero, para animar a Monseñor
Blázquez a que haga lo que ha hecho Monseñor Amigo o lo que ha hecho
Monseñor Estepa. Segundo, porque me parece innecesariamente inconveniente
que los señores presbíteros nos estén pronosticando que va a haber
funerales, sobre todo por esa capacidad que tiene de dominio de los
signos proféticos. Y, tercero, porque ya es hora de que nos aclaren a qué
parte de la sociedad o de la comunidad se están refiriendo cuando dicen
que hay divisiones por el hecho de que alguien, autoridad civil o
religiosa, haga un homenaje a una víctima del terrorismo.
Yo sé quiénes son los que se sienten excindidos cuando pasan estas cosas,
lo podemos comprobar en los debates de los ayuntamientos. Y lo que quiero
decir, para terminar, es que el Gobierno debería ser claro ante la
Iglesia Católica y decirles que si alguno se siente excindido, que se
aplique aquello que dijo uno de los espíritus más críticos y combativos
contra la hipocresía: yo no pertenecería a una comunidad que pudiera
admitirme a mí mismo.
Nada más y muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Muchas gracias, Senador Laborda.
Tiene la palabra la señora Ministra de Justicia.
La señora MINISTRA DE JUSTICIA (Mariscal de Gante y Mirón): Gracias,
señor Presidente.
Señoría, realmente aunque en la primera frase usted ha dicho que no es
una interpelación, sino una pregunta, su señoría debe convenir conmigo en
que ha sido una interpelación: qué va a hacer el Gobierno, no le interesa
lo que ha hecho hasta ahora; y es que yo creo que cuando su señoría
formuló la pregunta se dio cuenta de que, una vez presentada, era
altamente inconveniente; dadas las relaciones existentes entre el Estado
y una confesión religiosa, en este caso la Iglesia católica.
El Gobierno, señoría, no tiene parecer oficial porque no debe tenerlo, y
por eso no ha trasladado ningún parecer oficial a ninguna jerarquía
eclesiástica.
Gracias, señoría.
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Senador Laborda, dispone de cinco
segundos.
El señor LABORDA MARTIN: Con su benevolencia, señor Presidente.
Este es un asunto que llama al Gobierno a emitir su opinión, señora
Ministra. En contra de lo que han afirmado las autoridades religiosas, al
emitir su parecer no han sido neutrales, sino que han roto la neutralidad
con el Estado, y se lo digo porque --y con esto termino, señor
Presidente--
así como ningún obispo ni ningún consejo presbiterial alzó su voz en el
pasado para decir que algunos sermones pronunciados cuando había
funerales de activistas violentos rompían la comunidad, ahora se ha dicho
que la presencia de un obispo rompe la comunidad, señora Ministra; y yo
le pido que le diga serenamente a la Iglesia católica, con todo el
respeto, algo que compartimos todos los que estamos aquí, como comparte
la Comunidad vasca, como comparte la comunidad de creyentes vascos, y es
que hay dos cosas que están vigentes: una, no matarás; dos, queda abolida
la pena de muerte, y le diga por último a la Iglesia católica, en nombre
del Estado que, efectivamente, estas Cámaras no son neutrales ante el
dolor de las víctimas.
Gracias. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Socialista.)
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Muchas gracias, señoría.
Señora Ministra, tiene usted la palabra.
La señora MINISTRA DE JUSTICIA (Mariscal de Gante y Mirón): Señoría,
estoy absolutamente segura de que ni estas Cámaras ni el Gobierno son
neutrales ante un asesinato, pero lo que le pediría a su señoría es que
le exija al Gobierno que cumpla las reglas del juego, no que las
incumpla. Su señoría debe ser respetuoso con el Estado que nos hemos
dado, y su señoría me debe exigir a mí, como miembro del Gobierno, que
respete esas reglas del juego, aun cuando diferentes opiniones no sean
compartidas ni respetadas.
Muchas gracias, señoría.
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Muchas gracias, señora Ministra.
--DE DON JOSE ANTONIO MARIN RITE, DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA,
SOBRE LA TARDANZA EN REGULAR LA RESPONSABILIDAD PENAL DE LOS MENORES Y EN
LA CONSTITUCION DE EQUIPOS TECNICOS PARA LA APLICACION DEL NUEVO SISTEMA
DE PENAS REGULADO EN EL CODIGO PENAL (680/000420).
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): La siguiente pregunta la formula
el Senador don José Antonio Marín Rite, del Grupo Parlamentario
Socialista, sobre la tardanza en regular la responsabilidad penal de los
menores y en la constitución de equipos técnicos para la aplicación del
nuevo sistema de penas regulado en el Código Penal.
Tiene la palabra el Senador Marín Rite.
El señor MARIN RITE: Señor Presidente, señorías, señora Ministra, conoce
muy bien la señora Ministra el interés del Grupo Parlamentario Socialista
y de este Senador que les habla en este asunto, asunto grave y serio, ya
que la carencia de una ley que regule la responsabilidad penal del menor
está impidiendo la aplicación de la nueva edad penal fijada en el actual
Código Penal.
Espero su contestación y estoy seguro de que ésta no va a remitirse a la
necesidad de esperar informes porque, dado el tiempo transcurrido, sería
realmente grave, señora Ministra.
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Muchas gracias, señor Marín Rite.
Señora Ministra, tiene usted la palabra.
La señora MINISTRA DE JUSTICIA (Mariscal de Gante y Mirón): Gracias,
señor Presidente.
Señoría, sé de su preocupación y creo que su señoría también sabe de la
mía.
Para remitirme exclusivamente a una serie de fechas, el día 4 de julio de
1997 el Consejo de Ministros estudió el anteproyecto, que se remitió a
informe del Consejo General del Poder Judicial y a la Fiscalía General
del Estado, el del Consejo General del Poder Judicial fue evacuado el 17
de noviembre y el 2 de octubre lo fue el de la Fiscalía General del
Estado.
Posteriormente, se han recibido informes del Defensor del Pueblo y de las
Comunidades Autónomas afectadas, como su señoría conoce, habiendo sido
recibido el último el 23 de diciembre pasado. Estamos ya en disposición
de cohonestar esa serie de informes con el anteproyecto en cuestión, de
llevarlo próximamente a Consejo de Ministros y someterlo, cómo no, al
debate en las Cámaras.
Muchas gracias, señoría.
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Muchas gracias, señora Ministra.
Senador Marín Rite, tiene usted la palabra.
El señor MARIN RITE: Gracias señor Presidente.
Señora Ministra, con todo respeto, tengo que decirle necesariamente que
la sucesión de acontecimientos ocurridos en este asunto nos lleva al
Grupo Parlamentario Socialista y al Senador que les habla a pensar que se
está produciendo, desde el Ministerio de Justicia, un boicot a la entrada
en vigor de partes importantes del Código Penal, como ocurre en este caso
con la edad penal a los 18 años. Asimismo, creemos que ese boicot supone
un giro hacia posiciones más conservadoras que las que tenía el Partido
Popular cuando se debatió en las Cámaras el Código Penal. Basta leer los
«Diarios de Sesiones» para comprobar que se está produciendo ese giro que
he mencionado.
Señora Ministra, el 26 de junio de 1996 usted señaló en la Comisión de
Justicia de esta Cámara que iba a remitir a las Cortes el proyecto de ley
del que hablamos y que lo iba a hacer en el primer trimestre de 1997.
Reconocía usted --y le acompañábamos en esa posición-- que era
importantísimo que ese proyecto se tramitara.
Pues bien, señora Ministra, usted no ha cumplido su compromiso. Han
transcurrido los años 1996, 1997, lo que va de 1998 y el proyecto de ley
sigue sin entrar en las Cortes. Todo ello, junto con una serie de
cuestiones en relación con los equipos técnicos de los juzgados de
vigilancia penitenciaria
para el nuevo sistema de penas --en los que no me puedo extender por los
márgenes estrechos de una pregunta--, hace que pueda pensarse que estamos
ante una postura de boicot, una postura retardataria en aspectos
importantes del Código Penal. Y nos hace pensar también que todo ello
está inscrito en una acción más amplia, en un giro hacia posiciones
conservadoras en relación con el Código Penal, giro que veremos a lo
largo del año cuando vayan entrando en las Cámaras proyectos como el
relativo a los delitos contra la libertad sexual y a otros, en los que
comprobaremos que se está produciendo ese giro que trata de desmontar el
Código Penal que nos dimos, un Código Penal que significó un progreso.
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Senador Marín Rite, vaya
terminando.
El señor MARIN RITE: Termino, señor Presidente, diciendo que, en
realidad, no nos extraña esta posición cuando viene de un Gobierno cuyo
Presidente no tiene inconveniente en tolerar que el Fiscal General del
Estado mantenga posiciones contrarias al sistema democrático y a la
Constitución.
Nada más y muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Muchas gracias, señoría.
Tiene la palabra la señora Ministra.
La señora MINISTRA DE JUSTICIA (Mariscal de Gante y Mirón): Señoría, no
dejan de sorprenderme: Empiecen por donde empiecen terminan siempre con
lo mismo y, además, repitiendo una continua falsedad.
Señoría, no existe ningún afán de modificar el Código Penal en su
conjunto. Su señoría sabe --creo que es así-- que se está elaborando una
ley --en la que existen muchas dificultades y que pronto estará lista--
mucho más progresiva y progresista que la que hicieron ustedes cuando
tuvieron la oportunidad de redactarla, y tengo los textos para
demostrarlo. No existe ninguna falta de dotación de medios en equipos de
psicólogos ni en trabajadores sociales y educadores --me remito a las
plazas creadas y puestas en funcionamiento a lo largo de los años 1996 y
1997--. Existe un anteproyecto --ya proyecto en el Congreso de los
Diputados-- sobre la Ley de Vigilancia Penitenciaria, que ustedes tampoco
tuvieron tiempo de desarrollar. Si eso es rechazar la normativa penal
vigente, creo, señoría, que no llegaremos nunca a entendernos.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Muchas gracias, señora Ministra.
INTERPELACIONES:
--DE DON JUAN ANTONIO AREVALO SANTIAGO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO
SOCIALISTA, SOBRE LA APLICACION QUE SE ESTA HACIENDO Y LA POSIBLE
MODIFICACION QUE PRETENDE EL GOBIERNO CON RESPECTO AL CODIGO PENAL
VIGENTE, ESPECIALMENTE EN LO QUE CONCIERNE A LOS TITULOS III, VI, VII Y
VIII DEL LIBRO II Y A LA LEY 35/1995, DE 11 DE DICIEMBRE, DE AYUDAS Y
ASISTENCIA A LAS VICTIMAS DE DELITOS VIOLENTOS Y CONTRA LA LIBERTAD
SEXUAL (670/000069).
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Pasamos, a continuación, al
siguiente punto del orden del día, que es el de interpelaciones. La
primera la formula el Senador don Juan Antonio Arévalo Santiago, del
Grupo Parlamentario Socialista, sobre la aplicación que se está haciendo
y la posible modificación que pretende el Gobierno con respecto al Código
Penal vigente, especialmente en lo que concierne a los Títulos III, VI,
VII y VIII del Libro II, y a la ley 35/1995, de 11 de diciembre, de
ayudas y asistencia a las víctimas de delitos violentos y contra la
libertad sexual.
Tiene la palabra el Senador Arévalo Santiago.
El señor AREVALO SANTIAGO: Señor Presidente, señorías, señora Ministra,
en el año 1996 fueron denunciados 13.198 casos, que en sólo los nueve
primeros meses de 1997 pasaron a ser 18.868 --se calcula que representan
menos del 10 por ciento de los hechos producidos--. Han aumentado; se
denuncian más casos; se publican más noticias de conductas violentas de
hombres sobre mujeres con las que mantienen o han mantenido una relación
de pareja o convivencia.
Interpelo al Gobierno, que ha anunciado un plan de choque contra los
malos tratos a mujeres. Me alarma que lo llamen choque y me produce
inquietud si las medidas las anuncia el Ministro de Trabajo, las confirma
el Presidente del Gobierno y las avala la Ministra de Justicia, arañando
en el Código Penal.
Hay una serie de medidas que ya estaban en marcha, que estaban
contempladas en los planes elaborados por el Gobierno anterior y que ha
frenado este Gobierno porque se han reducido en las Comunidades Autónomas
donde hay mayoría del Partido Popular y, si no, demos un repaso, por
ejemplo, a lo sucedido con los centros de acogida.
¿Qué cambios legislativos son los que se dispone a proponer el Gobierno
sobre esta materia, no sobre otra? Se da la circunstancia de que por
primera vez está tipificado como delito el ejercicio violento habitual
sobre el cónyuge o persona de análoga relación en el artículo 153 del
Código Penal, sin perjuicio de aplicar, por el resultado, el precepto
correspondiente: asesinato, lesiones, amenazas, etcétera. Ni en el Título
III, ni el VI, ni en el VIII del Libro II encontramos nada que deba ser
modificado. Es más duro este Código que el anterior, son sus penas más
altas y nada hace pensar en la necesidad de una reforma; al menos, de una
reforma sensible. Pero ustedes han anunciado --así lo he leído--
endurecimiento de las penas.
Sabido es que cuando se producen hechos alarmantes es recibido con
alborozo y pedido con pasión que se aumenten las penas, que se cumplan
íntegramente, hasta que se
recupere la pena de muerte. En su afán publicitario no se han privado
ustedes de alimentar esos deseos, que son nada reflexivos, nada eficaces
para solucionar un problema grave. Y tampoco es preciso que se intente
recuperar el destierro, el confinamiento y el extrañamiento, conceptos
penales que existían en otros códigos y que, naturalmente, no voy a
desarrollar.
En el Código Penal nuevo existe, entre las penas privativas de derechos,
la privación del derecho a residir en determinados lugares o a acudir a
ellos --artículo 39, letra f)--, con los efectos que se recogen en el
artículo 48, que leo: «La privación del derecho a residir en determinados
lugares o acudir a ellos --he aquí una gran novedad--, impide al penado
volver al lugar en que haya cometido el delito o a aquél en que resida la
víctima, o su familia, si fueren distintos.» De forma específica se
impone esta pena en el artículo 57. Es decir, junto a la atención a la
víctima, se aplica el criterio del peligro que el delincuente representa.
Pero esta pena sólo puede aplicarse en las sentencias, por lo que sí es
preciso, en cambio, adecuar, a nuestro juicio, las medidas cautelares del
artículo 13 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal para dar protección a la
víctima por el juez de instrucción desde la presentación de la denuncia,
porque ni se puede vivir con un asesino, ni estar cerca del agresor.
Parece que se han acordado ustedes ahora de que existe la Ley de ayudas y
asistencia a las víctimas de delitos violentos y contra la libertad
sexual, pero ya el 21 de octubre de 1997 la Senadora doña Micaela
Navarro, Secretaria de Participación de la Mujer del Partido Socialista,
en su comparecencia, señora Ministra de Justicia, ante la Comisión Mixta
de la Mujer pidió el funcionamiento de estas oficinas. No se le hizo ni
caso y no sé si ahora se lo van a hacer. Le pregunto, por tanto, si se
van a abrir las nuevas oficinas de asistencia a las víctimas en juzgados,
tribunales y fiscalías, según dispone el artículo 16 de la Ley 35/1995.
Le recuerdo que en el Senado, con motivo del debate de los Presupuestos
Generales del Estado para 1997, el Grupo Parlamentario Socialista formuló
una enmienda para dedicar 100 millones de pesetas a la asistencia a
víctimas de estos delitos, para dotar adecuadamente con convenios la
atención en comisarías a víctimas de malos tratos, delitos violentos y
contra la libertad sexual. Era nuestra enmienda 870 --100 millones de
pesetas--, que fue votada en contra por el Grupo Parlamentario Popular.
Por tanto, nos parece bien el anuncio de que van a abrir oficinas de
atención en las comisarías incrementando el número de plazas de mujeres
policías y guardias civiles, pero le recordamos también que, además de
nuestra enmienda, que fue rechazada, el Sindicato Unificado de Policía ha
denunciado hace tiempo la falta de servicios de atención a la mujer en
las comisarías. Y recuerde que el Ministro del Interior dijo el día 29 de
octubre de 1997 en el Congreso de los Diputados que dichos servicios se
crearían de manera inmediata, promesa también incumplida.
Ahora lo anuncian, como suelen hacer con estas cosas, poniéndose al
frente de la manifestación.
Algunas referencias parlamentarias más. El Grupo Parlamentario Socialista
presentó el 27 de noviembre ante la Comisión Mixta para la Igualdad de la
Mujer una proposición no de ley para que el Gobierno interese del Fiscal
General del Estado una instrucción a los fiscales para que persigan con
especial diligencia y atención las denuncias de las mujeres víctimas de
delitos dolosos y violentos. Señora Ministra, ¿lo van a hacer?
El Grupo Parlamentario Socialista en el Congreso presentó el 19 de
diciembre pasado una proposición no de ley para que el Gobierno adopte
medidas que contribuyan a erradicar las situaciones de violencia de las
que son víctimas las mujeres. El 12 de enero de 1998, en otra proposición
no de ley, el Grupo Parlamentario Socialista recuerda que en el Segundo
Plan para la Igualdad de las Mujeres, aplicado en los años 1993 a 1995,
se incluyeron materias relativas a la igualdad y a la no discriminación
por razón del sexo en el módulo de formación dirigido a los profesionales
de la Administración de Justicia, en los temarios de los distintos
cuerpos de la Administración y en los planes de estudios de guardias y
oficiales. ¿Continuarán ustedes con estas iniciativas?
Un dato que debe tenerse en cuenta, aunque en los anuncios que ustedes
han hecho no se encontraron noticias sobre ello, es que los autores de
estos hechos son, en su inmensa mayoría, alcohólicos o actúan bajo los
efectos del alcohol.
Señor Presidente, señorías, miles de mujeres y de hombres gritan contra
la agresión: asociaciones como la Comisión de Investigación de Malos
Tratos a Mujeres, la Federación de Mujeres Divorciadas y Separadas, la
Asociación de Mujeres Juristas Themis, Jueces para la Democracia,
Sindicato Unificado de Policía, Comisiones Obreras, UGT y docenas de
ayuntamientos, como el de El Valle, de la provincia de Granada, donde se
perpetró recientemente un horrible crimen. Pero todos estos resultados
irreparables suelen ir precedidos de años de agresiones habituales en el
hogar, de los que la mujer guarda silencio; silencio que, a la vez, puede
ser aconsejado por familia y vecinos. Tienen miedo muchas veces porque no
tienen independencia económica, y son víctimas las niñas y los niños que
han sufrido la violencia. Otras mujeres callan por temor a encontrarse en
una comisaría inhóspita, cuando no bajo la broma de un funcionario que
humilla, o la iniquidad social.
Señora Ministra, primero prevenir. De las noticias recibidas, el Gobierno
no tiene previstas medidas y parece dar por hecho que la violencia hacia
las mujeres es una desgracia que va a perdurar en el tiempo. La primera
medida contra este mal es la igualdad y, por tanto, la independencia.
Comprendo que a un partido conservador le resulten chocantes las
políticas de igualdad, aunque el Partido Popular fija su primer
mandamiento, antes que todo eso, en amar la publicidad y el oportunismo
sobre todas las cosas.
Resulta que durante los catorce años de Gobierno socialista, dos millones
de mujeres han entrado a formar parte del cuerpo laboral; han pasado de
sus labores a ser profesionales, a ejercer un oficio. Hace diez años se
consiguió que en la Universidad española hubiera tantas mujeres como
hombres, o más. Estos cambios trascendentales tienen que continuar. El
programa de igualdad no está concluido. Hemos aprobado hasta 1995 muchas
leyes para la
igualdad entre hombres y mujeres, se ha avanzado mucho en el cumplimiento
social de los derechos de igualdad, pero no se ha concluido. La alarma ha
sonado de nuevo: más de setenta mujeres, que sepamos, han muerto en 1997
víctimas de sus esposos o compañeros actuales o pasados.
La erradicación del peligro sólo es posible con la igualdad real y con la
sensibilidad social. Recordaba en estos días Jiménez Lozano lo que
describe La Fontaine en «La Mujer Ahogada»: Yo no soy de los que dicen:
no es nada, sólo una mujer que se ahoga. Y apostillaba el escritor
castellano: no estoy muy seguro de que este tema mayor de la
civilización, el de las mujeres como seres humanos plenos, haya quedado
resuelto.
Nosotros sí que estamos seguros: no está resuelto del todo. Lo grave es
que el Gobierno crea que sí lo está, lo que así parece al no haber
anunciado ninguna medida para prevenir y para continuar en las políticas
de igualdad e independencia de los Gobiernos anteriores. Al revés, está
destruyendo o abandonando gran parte de lo hecho, basado en el viejo
discurso conservador de la mujer-madre-compañera-amante sometida al
varón.
No se está colaborando en el rechazo social de esas conductas. Son
expresión fiel de dicho pensamiento los frecuentes ramalazos de miembros
del Gobierno que avalan lo que digo. Si el señor Alvarez Cascos considera
que el sexagésimo asesinato anual de una mujer a manos de su pareja es un
hecho aislado producido por un enajenado, como pueden ser otros, está
dando pruebas de error que le descalifican, o de desprecio a los dramas
domésticos de que son víctimas las mujeres; o las dos cosas a la vez.
Son muy leves los retoques legislativos que pueden hacerse, pero son muy
intensas las medidas que hay que aplicar: algunas, de continuidad con lo
hecho por Gobiernos anteriores, otras, de cumplimiento de leyes y de
sensibilización.
Finalmente, formularé un ruego: detengan su maquinaria publicitaria. Este
es un caso grave, con muchas víctimas, con muchas muertes. Por favor, no
lo frivolicen.
Muchas gracias. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario
Socialista.)
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol y Roig): Muchas gracias, Senador Arévalo.
Tiene la palabra la señora Ministra.
La señora MINISTRA DE JUSTICIA (Mariscal de Gante y Mirón): Señor
Presidente, señorías, señor Arévalo.
Efectivamente, una de las cuestiones de trascendencia social y jurídica
que hay en estos momentos es el mal trato a las mujeres y lo que
coloquialmente denominamos «violencia doméstica».
Los numerosos casos de homicidio que se han sucedido en 1997, 1996, 1995,
1994, 1993 y que han tenido y están teniendo trágica continuidad en éste,
no sólo son un problema en sí mismos sino también, en opinión de quien
les habla, la trágica punta del «iceberg» --si me permiten el tópico-- de
una situación social que hemos de considerar intolerable.
A ninguno de los presentes --creo que a usted tampoco, señoría-- se nos
escapa la dificultad que presenta intervenir en esta área. El Derecho
parece mal preparado para actuar contra las patologías en el ámbito
doméstico. De hecho, ha sido tradicionalmente reacio a actuar en esta
área hasta constituir en época no demasiado lejana una esfera
prácticamente exenta de actuación penal. Señorías, incluso algunos tipos
de homicidios --ahora nos llama la atención-- han sido social y
penalmente tolerados, cuando no abiertamente favorecidos.
No podemos olvidar de dónde venimos y adónde queremos llegar, señorías.
Ahora bien, nuestros ciudadanos, ustedes, señores parlamentarios,
nosotros, no estamos dispuestos a tolerar esta situación. Y nosotros
debemos ponernos con el mayor empeño a atender esa exigencia.
Señoría, es evidente que hemos podido confundirnos en los medios para
atajar el problema social planteado. Pero nadie puede poner en duda la
voluntad de resolverlo, de idéntica forma que yo no dudo de la plena
intención de todos los presentes, incluida su señoría, de hacer lo
posible para responder a la situación planteada.
Si el problema de los malos tratos a las mujeres es entre nosotros un
problema político, pues es la acción política la que debe resolverlo, no
es un problema en el que quepa adoptar posiciones partidistas, pues atañe
en su esencia a los derechos humanos y a la propia fundamentación
constitucional.
España no se ha organizado constitucionalmente para que un amplio sector
de la sociedad sea objeto de abusos y no obtenga la adecuada protección
jurídica. Existe práctica unanimidad en señalar que uno de los
principales problemas para atajar estos delitos es la dificultad que las
víctimas encuentran para la denuncia, por miedo muchas veces, por
vergüenza otras, como si hubiera que tener vergüenza de ser maltratado, y
muchos de los casos sólo adquieren triste notoriedad cuando los efectos
son inocultables.
No podemos, no debemos, renunciar al firme propósito, repetidamente
manifestado por nuestros ciudadanos, de lograr una sociedad justa y
pacífica, y el terrible ejemplo que muchos de nuestros conciudadanos más
jóvenes reciben en sus hogares es un obstáculo que debemos superar entre
todos con una firme voluntad de cambio.
Se requiere del Gobierno y del conjunto de la sociedad una acción
positiva que ayude a superar la discriminación que, de hecho, se viene
produciendo. Estos delitos, en mi opinión, requieren una sensibilidad
especial y una atención preferente, pues actuar de otra forma sería
ignorar la realidad que subyace al problema que abordamos.
La mayor sensibilidad social ante unos hechos que en cierto momento han
sido tolerados, la mayor exigencia de la comunidad en su represión son
indicativos de un cambio social importante del que todos podemos
congratularnos. En este sentido, si la evolución de las cifras de
denuncias por malos tratos podría interpretarse como una súbita explosión
de violencia en nuestra sociedad, creo firmemente que también puede
responder a un aumento de los casos denunciados sobre el total de casos
producidos y que algo está cambiando.
Así --y tengo que discrepar de las cifras dadas por su señoría-- hemos
pasado de 15.908 denuncias en el año 1993, a 16.284 en 1994, 16.062 en
1995, 16.378 en 1996 y 16.413 al 1.º de noviembre de 1997. Sólo la
garantía de una tutela efectiva, de una protección suficiente, logrará
que estas situaciones semisecretas vean la luz pública y que, en
consecuencia, un número importante de nuestras --en este caso--
conciudadanas dejen de sufrir en silencio.
En este campo de facilitar el conocimiento por los tribunales de los
casos de malos tratos es donde debemos centrar, en primer lugar, nuestra
actuación, y ello requiere, no sólo el tratamiento adecuado de la
tramitación de la denuncia, sino también la correcta atención a la
víctima y, más aún, como la experiencia con dureza nos viene mostrando,
la suficiente protección de quien, al ser maltratado, denuncia.
Los ciudadanos, y en este caso, fundamentalmente las ciudadanas, esperan
que no les exijamos heroísmos en el ejercicio de sus legítimos derechos,
y hemos de admitir que hasta estos momentos en algunos casos parece como
si se lo estuviéramos exigiendo.
No es la primera vez --como su señoría ha mencionado-- que acudo para
tratar este asunto ante sus señorías. En la sesión celebrada por la
Comisión de Derechos de la Mujer de esta Cámara el pasado 21 de octubre,
y con ocasión de informar sobre los compromisos asumidos en relación al
III Plan de Igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres, tuve
ocasión de comentar a sus señorías la participación del Ministerio de
Justicia en políticas de igualdad y prevención de la violencia, y tuve
ocasión también de adelantar algunas de las línea de actuación que
estaban entonces previstas. La unánime exigencia que sus señorías
manifestaron en aquella ocasión ha estado siempre presente en los
proyectos abordados.
La interpelación me da la oportunidad --lo que le agradezco a su
señoría-- de estar hoy ante ustedes y se refiere a la aplicación y
posible modificación del Código Penal y otras normas conexas. Voy, por
tanto, a referirme al objetivo concreto de la interpelación.
El Gobierno aprobó el pasado 16 de enero un Plan de Medidas sobre la
violencia contra las mujeres. El Plan contiene una serie de medidas
inmediatas, desarrollo de propuestas que estaban ya en curso de
realización y el compromiso de estudiar las reformas necesarias en la
legislación penal y procesal respecto a las conductas violentas en el
entorno familiar. No me he comprometido, por tanto, a una reforma general
de la regulación penal en este aspecto, sino a estudiar qué medidas
legislativas pueden tomarse para superar los obstáculos que los agentes
jurídicos observan en la acción ante estos delitos. Igualmente, la
progresiva aplicación de las medidas ya tomadas debe servirnos para
discriminar qué problemas proceden de una insuficiente aplicación o de
errores en la misma, y cuáles necesitan un nuevo tratamiento legal.
A diferencia de otros problemas que se han abordado en el ámbito
internacional en los últimos tiempos con acuerdo de exigencias respecto a
las legislaciones nacionales, en el caso de los malos tratos a mujeres no
nos encontramos ante una laguna legal o ante la generalización de un
nuevo tipo de delitos que obligue al legislador a una reforma o
innovación radical en el tratamiento de los mismos.
Con carácter general, soy partidaria de acentuar las medidas de
sensibilización, prevención y formación de los sectores sociales y
profesionales del Derecho que pueden tener trato con afectadas por la
violencia.
También considero esencial el capítulo de atención a las víctimas, fase
fundamental no sólo de su tratamiento sino de la superación del problema
detectado de la baja proporción de denuncias respecto a los delitos y
faltas efectivamente cometidos.
Es importante, además, insistir en la elaboración de protocolos de
actuación respecto a los profesionales, especialmente médicos forenses y
los que transmitan las denuncias, a fin de garantizar que el trato
recibido sea el correcto, que la demanda de protección del derecho sea lo
menos gravosa posible para quien lo solicita y que la formalización de la
denuncia y toma de datos sean lo más efectivas posibles en el objetivo de
represión del delito.
Con estas premisas estamos examinando si es adecuada la actual
tipificación penal del delito de malos tratos del artículo 153 y si se
debe mantener la pena de destierro como accesoria, según figura en el
artículo 57. También esperamos examinar la tipificación contenida en el
artículo 617.
Creo que el tema, como su señoría ha dicho al final de su intervención,
es lo suficientemente serio como para que evitemos cualquier tipo de
frivolidad o manipulación. El problema existe, señoría, y no puede
pretenderse que la actual legislación no sea susceptible de mejora, como
si tuviésemos el código perfecto y omnicomprensivo con el que soñaban
algunas escuelas jurídicas del pasado.
Tras un estudio profundo y con un amplio acuerdo en la sociedad y en
ambas Cámaras, debemos ser capaces, si así lo estimamos, de mejorar lo
mejorable. En este sentido y como punto de partida, parece muy
interesante respecto a las medidas cautelares el tratamiento que sobre la
prohibición de residencia y de acudir a ciertos lugares se contiene en el
artículo 13 de la proposición de ley, en medida cautelar penal,
presentada por el Grupo Vasco, actualmente en fase de ponencia en el
Congreso. Es en este campo de las medidas cautelares, que son entendidas
como medidas de protección para una posible víctima, en el que la demanda
social es más intensa, pero, al mismo tiempo, en el que los problemas de
técnica legislativa aparecen con mayor intensidad, pues, por un lado, la
presunción de inocencia hace que repugne a nuestro Derecho la toma de
medidas cautelares gravosas mientras que, por otro, la experiencia nos
muestra que, en muchos casos, éstas se han hecho indispensables para
evitar consecuencias irreversibles, y creo que algunas de esas
consecuencias están en estos momentos en la mente de todos los presentes.
Puedo, por tanto, señoría, confirmar la intención del Gobierno de
afrontar las reformas legislativas sobre violencia en el ámbito familiar,
integrando las diversas propuestas planteadas hasta el momento, como la
ya citada proposición de ley del Grupo Vasco o la proposición no de ley
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, presentada el 18 de
diciembre pasado. E igualmente puedo expresar
la actitud del Gobierno de atender todas las propuestas que se nos hagan
o se nos puedan hacer en el futuro.
Estoy firmemente convencida de que todas las instituciones, en el ámbito
de sus respectivas competencias, son conscientes de la gravedad de los
malos tratos en el ámbito doméstico, y una prueba muy buena de ello es
que, sin interferencias indeseables se está actuando de consuno.
Permítanme recordar cómo el Fiscal General del Estado, en comunicación
del 19 de diciembre de 1997, ha instado desde esa Fiscalía General a
todos los miembros del Ministerio Fiscal para que, con el máximo rigor y
empeño en la persecución de cuantos hechos lícitos puedan generarse, en
especial en el ámbito familiar, en los hechos de violencia cometidos
contra las mujeres, recordando también el contenido concreto de la
Instrucción 3/88 de la misma Fiscalía General, que instaba a reprimir con
toda ejemplaridad los supuestos de lesiones y malos tratos a mujeres,
supliendo con su investigación las deficiencias de pruebas que puedan
originarse en estos procesos por los naturales temores con que las
mujeres comparecen en este tipo de procedimiento. Instaba igualmente a
hacer una estadística anual detallada de todos los procesos por delitos y
faltas que tuvieran por objeto lesiones y malos tratos a mujeres, para
poder conocer la realidad social de este problema.
Junto al estudio de las reformas en materia de medidas cautelares y al
esfuerzo de formación de los funcionarios públicos que deben actuar en
contacto con las víctimas, el otro frente fundamental de actuación se
refiere a las medidas paliativas de los daños producidos. Nuestro Estado
social exige una actuación más decisiva en la protección y apoyo a las
víctimas de los delitos, probablemente las grandes olvidadas del pasado.
No basta la mera represión del delito, ni siquiera la reinserción del
delincuente, si las víctimas quedan olvidadas, a veces con graves
secuelas. Por ello las distintas Administraciones deben asumir sus cuotas
de responsabilidad.
El Ministerio de Justicia está trabajando en las medidas que se refieren
a las Oficinas de asistencia a las víctimas de delitos violentos en las
sedes de juzgados y tribunales y en las fiscalías, la promoción, junto a
los Colegios de Abogados, de un turno de oficio específico para las
causas criminales por malos tratos y la normalización de los
reconocimientos forenses para garantizar la acertada calificación. En el
Ministerio igualmente se está haciendo el esfuerzo necesario,
fundamentalmente en materia de dotación de medios, para facilitar la
rápida celebración de los juicios de faltas por malos tratos domésticos,
así como para la celebración de juicios rápidos cuando las conductas
violentas sean constitutivas de delito. No debemos olvidar que la rápida
respuesta penal puede ser más disuasiva incluso que la gravedad de la
pena y que en estos momentos la ejemplaridad depende en buena medida de
la rapidez de la respuesta.
Otro elemento importante es la coordinación de las actuaciones de las
distintas autoridades que intervienen en los procedimientos, facilitando
las comunicaciones entre los tribunales y miembros del Ministerio Fiscal
sobre denuncias o procedimientos anteriores que puedan guardar relación
con un supuesto concreto de malos tratos. El Ministerio está haciendo
trabajos de dotación de medios materiales, especialmente informáticos,
que facilitarán la rápida obtención de información, por ejemplo, respecto
de un proceso de separación o divorcio que se esté tramitando cuando se
produce una denuncia de malos tratos domésticos.
Junto a la búsqueda de los espacios necesarios en las diversas sedes de
los juzgados y fiscalías y la negociación de convenios con las
Comunidades Autónomas, el Ministerio desarrolla, en colaboración con el
Instituto de la Mujer, un convenio para que las asociaciones interesadas
puedan prestar asesoramiento en las Oficinas de asistencia a las
víctimas, primando esta actividad a la hora de concesión de subvenciones.
Igualmente, en la faceta de preparación del personal destinado a atender
a las víctimas, el Centro de Estudios Jurídicos de la Administración de
Justicia, en colaboración con el Instituto de la Mujer, ha preparado una
oferta de cursos respecto a la violencia en el ámbito doméstico y otra
para los delitos contra la libertad sexual que, en colaboración con los
organismos competentes, se dirigirá a miembros de la Carrera Fiscal,
Jueces y Magistrados, Cuerpo de Secretarios y Médicos Forenses.
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Señora Ministra, consumió su
tiempo.
La señora MINISTRA DE JUSTICIA (Mariscal de Gante y Mirón): Voy
terminando, señor Presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Cuanto antes. (Risas.)
La señora MINISTRA DE JUSTICIA (Mariscal de Gante y Mirón): En desarrollo
de la Ley 35/1995, que su señoría ha mencionado, simplemente he de decir
que está en vigor el Reglamento que hubo que realizar con posterioridad a
la entrada de la Ley, que fue el 18 de julio de 1997, y que igualmente se
encuentra en funcionamiento la Comisión de asistencia a víctimas, que
está constituida por representantes de la Magistratura, del Ministerio
Fiscal y de los distintos departamentos ministeriales afectados, así como
la Sociedad Española de Victimología, la Asociación Clara Campoamor y la
Asociación de Víctimas del Terrorismo. Se han estudiado 57 expedientes y
se han instruido 26.
Termino, señoría, agradeciendo la oportunidad que me ha dado y rogando a
sus señorías que entre todos seamos capaces de atajar el grave problema
que tienen fundamentalmente nuestras mujeres.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Muchas gracias, señora Ministra,
por su comprensión.
Senador Arévalo, puede hacer uso de la palabra.
El señor AREVALO SANTIAGO: Señor Presidente, señorías, señora Ministra,
de su contestación se deduce
que, ciertamente, los Acuerdos del Consejo de Ministros del día 16 de
enero y la posterior rueda de prensa respondían exclusivamente a ánimos
publicitarios, y con la improvisación y la ligereza que eso significa
anunciaron que el Gobierno tomaría medidas contra los malos tratos a
mujeres.
La señora Ministra hoy, aparte de confirmarnos algunas de las cosas que
ya he dicho y que estaban en programas anteriores, no ha aportado
absolutamente nada nuevo ni ha dado explicación suficiente a la
interpelación que ha sido formulada. Por lo tanto, al no quedar conformes
con la respuesta de la señora Ministra, anuncio la presentación de la
correspondiente moción consecuencia de esta interpelación.
Es sorprendente que, conseguido el efecto publicitario, que es lo suyo,
los demás tengamos que limitarnos, a su juicio, a asentir lo que ustedes
dicen. Además, quieren aparecer como los geniales inventores de algunas
cosas que estaban ya pedidas, exigidas, estudiadas y propuestas por
otros, sin faltar de su cosecha no haber hablado nada ahora del
endurecimiento de las penas. En la referencia publicitaria de aquel
Consejo de Ministros se dijo que había que estudiar el endurecimiento de
las penas. Hoy no dice nada sobre ello y, probablemente, haya hecho bien.
Y siga usted, en este caso favorablemente lo que dijo Luis Renard: «En
cuestión de limpieza hay que cambiar de opinión como de camisa.»
El Gobierno, no obstante, está dando justo las lecciones contrarias a lo
que se pretende. Así, lo producido el día 17 de noviembre de 1997 no se
corresponde con la actuación posterior. Si no nos hacen caso, seguramente
deberían escuchar a las asociaciones que comparecieron en la Comisión y
que tienen experiencia, conocimiento y propuestas suficientes.
Por cierto, me gustaría saber a quién se le ha ocurrido lo de los cursos
de formación para el empleo de las mujeres víctimas de violencia, es
decir, la creación de algo así como un censo de maltratadas. Eso se
anunció. Hoy no ha hecho usted ninguna referencia a ello y me gustaría
que lo hiciera. Porque lo cierto es que de todos estos datos es de donde
se saca la conclusión de que siendo prioritarias las medidas preventivas,
lo primero será la política de igualdad y la independencia económica. Por
lo tanto, hay que seguir con los objetivos planteados, e incluso ya
realizados en gran parte; la asistencia y atención en las comisarías,
juzgados y fiscalías, las medidas cautelares y el rechazo social de esas
conductas, ejemplos que se están produciendo al revés.
Tengo que rectificar los datos que ha dado la señora Ministra porque se
contraponen con los que yo he dado al inicio de mi intervención. Los que
yo he dado son datos del Gobierno. No me los he inventado. He cogido los
datos de una respuesta que da el Gobierno a la Senadora doña Micaela
Navarro Garzón el 14 de noviembre de 1997. Por lo tanto, los datos que yo
doy son del Gobierno. Supongo que los que da usted también, pero en este
caso unos no coinciden con otros. Quizás entre el Ministerio de Interior
y el Ministerio de Justicia no exista la suficiente coordinación y se
caiga en estos defectos.
El Ministerio de Interior reconocía, en la contestación a la pregunta de
doña Micaela Navarro, que el importante incremento que se produce es
debido a que en el nuevo Código Penal, que entró en vigor el día 25 de
junio de 1996, se amplía el ámbito de personas protegidas contra delitos
y faltas de lesiones en el ámbito familiar. Lo mismo ocurre respecto de
las faltas. Actualmente se pena el maltrato sin lesión y, asimismo, se
amplía el número de personas ofendidas cuyo maltrato es causa de
agravación.
Por lo tanto, les ruego que tengan en cuenta estos datos para no
equivocarse y para no equivocarnos, y crear un clima social en el que se
pueda aplicar el criterio de la mujer igual, de la mujer libre, de la
mujer independiente, que es contrario al de la mujer-mujer a que un día
feliz aludió don José María Aznar, al de la mujer que se pone de largo a
los 18 años frente a los ciudadanos, que a esa edad ha entrado en la edad
de votar...
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol y Roig): Senador Arévalo, usted también ha
consumido su tiempo.
El señor AREVALO SANTIAGO: Termino, señor Presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol y Roig): Muchas gracias.
El señor AREVALO SANTIAGO: Decía que la mujer libre e independiente es
justamente lo contrario a ese criterio de frontispicio que a lo largo de
la Historia se ha ganado por su galanura la mujer, en idea genial del
señor Alvarez-Cascos, a ese criterio de escote que, como único signo
parlamentario femenino, observó con proverbial agudeza el señor Fraga.
En estos días el Gobierno del PP --prensa y propaganda-- ha tocado tres
temas que ideológicamente no le «sulivellan» suficientemente, pero que
tenemos que observar con cautela porque tienen trampa. Uno de ellos ha
sido éste; otro ha sido el indulto a dos médico abortistas, y otro fue el
de la modificación de la insumisión, precisamente ahora, cuando han
anunciado que dentro de cuatro años no va a haber servicio militar.
En fin, estas cosas no son para tomarlas con frivolidad, señora Ministra,
ni tampoco para dar ruedas de prensa después de un precipitado Consejo de
Ministros.
Muchas gracias, señor Presidente. (Aplausos desde los escaños del Grupo
Parlamentario Socialista.)
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol y Roig): Muchas gracias, señoría.
En turno de portavoces tiene la palabra la Senadora doña Pilar Costa
Serra por el Grupo Parlamentario Mixto.
La señora COSTA SERRA: Gracias, señor Presidente.
En primer lugar, quiero felicitar al Senador Arévalo por haber traído a
este Pleno esta importantísima interpelación, si bien es cierto que en el
seno de la Comisión Mixta de los Derechos de la Mujer ya se habían
tratado muchos de los temas que se han expuesto hoy aquí, Comisión en la
que compareció la señora Ministra, y en la que ya se nos adelantaron
algunos de los contenidos que se preveían en el plan de medidas contra la
violencia a las mujeres.
Estoy de acuerdo con la señora Ministra en que no se puede crear una
alarma social anunciando o dando la sensación de que existe una laguna
legal a este respecto. Entiendo que no existe tal laguna legal puesto que
el Código Penal actual, el que se reformó en 1995, contempla esto. Es
decir, que con la aplicación de este Código son penalmente sancionables y
se pueden castigar todas estas actuaciones de violencia contra las
mujeres.
Comparto también con la señora Ministra que es importante la
sensibilización y formación de los profesionales que intervienen siempre
que se da uno de estos casos --me refiero a forenses, fiscales, jueces,
etcétera--, lo que realmente no quiere decir que no se tenga que
modificar algún punto, siempre que se entienda necesario, debido a la
existencia de alguna laguna legal en ese sentido. Pero cualquier cambio,
y más en el Código Penal --que junto con la Constitución yo diría que es
la ley más importante que tenemos en este país--, se tendría que hacer
por medio de un informe del Consejo General del Poder Judicial, a través
de consultas a las asociaciones de jueces y a los colectivos afectados
--en este caso a los colectivos de mujeres y también a otros--. Y a este
respecto he de decir que, precisamente ayer, en la Ponencia especial
sobre tráfico de mujeres, de niños y niñas que se ha creado en el seno de
la Comisión de los Derechos de la Mujer, comparecía un catedrático de
Derecho Penal que manifestaba su queja o su desacuerdo en cuanto a que se
estuvieran planteando reformas del Código Penal sin tener en cuenta un
informe o sin pedir consejo, o al menos opinión, al Consejo General del
Poder Judicial.
Por tanto, creo que es importante resaltar que se necesita una aplicación
efectiva de las leyes, así como la intervención de las primeras personas,
de los primeros profesionales que tienen contacto con las víctimas, es
decir, una intervención por parte de los Cuerpos de Seguridad del Estado,
en relación con los cuales, afortunadamente cada vez va existiendo una
mayor sensibilización.
No podemos pretender reformar el Código Penal cada vez que se produce un
hecho, por muy grave que sea y por mucho que conmocione a toda la
sociedad, a no ser --como decía antes-- que existiera realmente una
laguna.
La señora Ministra ha hablado de medidas paliativas de los daños
producidos. Por supuesto que estaríamos totalmente de acuerdo en ello,
pero creo que también es importante plantearse otro tipo de reformas
desde el punto de vista civil. Me estoy refiriendo a la ley de separación
y divorcio, que creo que tiene mucha relación con este tema, porque nos
encontramos con una ley causal o culpabilísima. Así, a no ser que se deba
al transcurso de determinados años, cualquier persona que se quiera
separar o divorciar tiene que demostrar una causa, lo que muchas veces
provoca que se tengan que relatar hechos muy íntimos y desagradables que
hacen que el proceso de separación o divorcio, o incluso las relaciones
posteriores entre las dos partes, se agraven. No hay que olvidar que la
mayoría de las agresiones más violentas o graves se llevan a cabo por ex
compañeros o ex maridos durante los procesos de separación o divorcio, o
incluso cuando éstos han concluido.
Por tanto, la vía penal es importante en los casos más graves, sin
olvidar que el Derecho Penal debe ser siempre la última ratio. Por otro
lado, creo que habría que plantear otras reformas y que sería necesario
abrir un debate al respecto.
Gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Muchas gracias, señoría.
¿Por el Grupo de Senadores Nacionalistas Vascos? (Pausa.)
Por el Grupo de Convergència i Unió, tiene la palabra el Senador
Capdevila.
El señor CAPDEVILA I BAS: Gracias, señor Presidente.
Señora Ministra, señorías, la interpelación formulada por el Grupo
Parlamentario Socialista, a través del Senador don Juan Antonio Arévalo
Santiago, nos muestra un tema que, aunque antiguo, desgraciadamente es de
rabiosa actualidad, al haberse roto a través de los medios informativos
el silencio que ha existido durante muchos años y haber trascendido al
conocimiento público la violencia que muchas mujeres --aunque también los
niños y el resto de la familia, pero, sobre todo, las mujeres-- padecen
en las relaciones de pareja. Violencia que, cuando deciden poner fin a la
convivencia, se agrava por parte de sus maridos o compañeros, e incluso,
debido a la rotura de esas relaciones, por sus ex maridos o ex
compañeros.
Aunque pueda parecer precipitada, la interpelación del señor Arévalo es
oportuna, ya que este problema requiere el esfuerzo de todos. Así lo dijo
la señora Ministra en la Comisión Mixta de los Derechos de la Mujer, en
su sesión celebrada en el Senado el pasado 21 de octubre de 1997, al
instar a los parlamentarios a exigir al Ministerio de Justicia y al
propio Gobierno una mayor celeridad en este tema, en la mejor sintonía
posible con lo que reclama la sociedad. Y hoy por hoy, ésta así lo pide.
Es cierto, como resulta de las estadísticas elaboradas al efecto, que
durante el pasado 1997 aproximadamente 17.000 mujeres denunciaron a sus
maridos por malos tratos, y alrededor de 60 perdieron la vida por esas
agresiones. Pero no lo es menos que esos mismos sondeos revelan que
dichas denuncias representan tan sólo el 10 por ciento del total de los
casos de malos tratos físicos y psíquicos que tienen lugar en nuestro
país. Asimismo, estas encuestas reflejan que entre el 35 y el 40 por
ciento de las mujeres que viven emparejadas sufren en algún momento un
maltrato físico o psíquico por parte del hombre.
Por tanto, tal como ha manifestado la señora Ministra, éste es un
problema social de gran magnitud, que por su envergadura se ha venido a
denominar como terrorismo familiar, que comporta una verdadera violación
de los derechos humanos y las libertades fundamentales y que, ahora, al
trascender a la sociedad a través de los medios informativos, ha
motivado, cómo no, la concienciación de la propia
sociedad, de sus ciudadanos, instituciones y de los partidos políticos.
Terrorismo familiar o doméstico que obliga a concienciarse de este tema a
todos los parlamentarios, a todos los grupos políticos, instituciones, y
a la sociedad en general, para aunar esfuerzos en lugar de
desperdiciarlos y utilizar esa mutua colaboración para evitar críticas
oportunistas y no constructivas. Por tanto, hay que buscar soluciones y
adoptarlas.
Es cierto que tras dichas noticias algunas voces se han levantado para
propugnar alguna que otra modificación legislativa, así como para
reforzar las penas en estos casos. Pero entendemos que esas reformas
legales --ya lo dijo su señoría en la citada Comisión Mixta-- no lo son
todo. En ello creo que coincidimos todos los grupos parlamentarios, y así
se puso de relieve con la transaccional sobre la proposición no de ley
unánimemente aprobada por todos los grupos parlamentarios en el Congreso
de los Diputados, en su sesión plenaria celebrada el pasado 11 de
noviembre de 1997, instando al Gobierno a la adopción de un paquete de
medidas de gran calado social. Curiosamente, en la segunda de estas
medidas, se propugnaba asimismo el estudio de la legislación actual para
impulsar las modificaciones que fueran oportunas.
Esta solución al problema de los malos tratos y de violencia a la familia
es realmente compleja, puesto que entre las conclusiones del estudio de
opinión sobre la «victimación» de la mujer en Cataluña, realizada por el
Instituto Catalán de la Mujer, los principales motivos para no denunciar
los malos tratos son, precisamente, el miedo al agresor, lo que respondió
un 73 por ciento de los encuestados, y la falta de información lo que
argumentó un 14 por ciento de los mismos.
Muchas veces las medidas hasta ahora adoptadas contra los agresores
acaban volviéndose contra las víctimas. Por ejemplo, el arresto
domiciliario pone a la mujer a disposición del verdugo. Otras medidas
ponen en riesgo la percepción de la pensión por alimentos a los hijos y
la propia percepción de la pensión compensatoria a la mujer.
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Senador Capdevila, su tiempo se
va a acabar.
El señor CAPDEVILA I BAS: Termino, señor Presidente.
Por último, diré que ello motiva que las propias víctimas soliciten la
suspensión de estas medidas cautelares, como, por ejemplo, el
extrañamiento.
Para finalizar, solamente una pincelada, en el sentido de que cualquier
posible medida o modificación legislativa, insistimos, deberá estudiarse
con profundidad y tranquilidad, sin apresuramientos de ningún tipo.
Deberíamos contemplar el resultado obtenido en la aplicación por los
juzgados y fiscalías de la plena efectividad de la normativa legal
vigente, tanto en materia penal como en materia civil. En todo caso,
entendemos que debería ir siempre acompañada de unas actividades en torno
a tres ejes básicos: La información, la formación y la creación de
recursos existenciales.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Muchas gracias, señoría.
Por el Grupo Socialista, no se hace uso de la palabra.
Por el Grupo Popular, tiene la palabra la Senadora doña Rosa Vindel.
La señora VINDEL LOPEZ: Señor Presidente, antes de comenzar este turno
para intervenir en nombre del Grupo Popular, y como cuestión previa,
quiero dejar muy claro --meridianamente claro-- a los efectos del «Diario
de Sesiones» y de información de todas sus señorías, que se ha hecho una
mención por parte del Senador Arévalo en el sentido de que lo que quiere
el Grupo Popular es restaurar la pena de muerte.
Tengo que decirles, señorías, que la Senadora que les habla fue quien se
empeñó hace exactamente dos años y medio, casi tres, durante la
tramitación de una interpelación presentada por un Senador de Eusko
Alkartasuna, en que la pena de muerte en tiempos de guerra, que era la
única que quedaba vigente, desapareciera de nuestro ordenamiento.
Recuerdo que en aquel entonces sufrí una de las mayores críticas que se
pueden hacer a una opción política con unas convicciones muy arraigadas
por parte del entonces Ministro socialista de Defensa, el señor García
Vargas, y por parte de algún que otro portavoz del Grupo Socialista por
empeñarme en que desapareciera la pena de muerte de nuestro ordenamiento.
Lo conseguimos. Fuimos nosotros los que cambiamos de forma de opinar
--así lo reconocimos-- y gracias a ese cambio arrastramos al entonces
partido gobernante, Partido Socialista Obrero Español.
Por tanto, no nos hagan recriminaciones inútiles, estériles, falsas y
falaces. (Rumores.)
Señor Presidente, señora Ministra, señorías, yo tengo que confesarles que
cuando mi Grupo me encargó intervenir en esta interpelación, leí más de
una vez el texto de la misma, porque en ella, reconociéndose como se
reconoce, afirmándose y, por tanto, dando por bueno el plazo de tres
meses que la Ministra se ha dado para estudiar una serie de medidas
legislativas sobre la violencia que soportan las mujeres, pide, dos meses
antes del vencimiento del plazo, información y un debate al respecto,
cosa que cuando menos es pintoresca, aunque perfectamente reglamentaria.
Tengo que confesarles, además, que consulté en el reglamento la
posibilidad de solicitarle al Senador Arévalo, en una especie de
contrainterpelación, el contenido de su moción consecuencia de
interpelación, dado el revoloteo de estos plazos. Pero el Senador Arévalo
es un hombre afortunado y ha tenido suerte con la racionalidad de nuestra
forma, y mi interés no ha podido verse satisfecho.
Dado que aún no han transcurrido los tres meses --no criticados, por
cierto, ni rebatidos-- que se daba a la señora Ministra, yo me preguntaba
qué sentido tenía esta interpelación. A lo mejor es que el Senador
Arévalo quería anticiparse al debate de totalidad que tendrá lugar mañana
en el Congreso de los Diputados sobre el proyecto de ley modificador del
Código Penal, o incluso me llegué a preguntar y a cuestionar si es que el
PSOE había cambiado su política criminal, tenía una nueva y quería
aprovechar este trámite para anunciárnosla. No, evidentemente no.
La verdad es que la interpelación del Senador Arévalo se ha limitado a
ser una loa al anterior Gobierno, a intentar hacer un control de una
rueda de prensa y a criticar todas las medidas adoptadas por otro
Ministro, por cierto aquí presente. Yo creo que usted, Senador Arévalo,
debería haber sometido a interpelación, dado que no ha hecho más que
referirse a las medidas aprobadas por el Ministerio de Trabajo, debería
haber dirigido su interpelación --decía-- al Ministro Arenas, que muy
gustoso le contestaría.
Se nos ha dicho y se nos ha pedido que no fuéramos frívolos, pero él
mismo ha terminado hablando de escotes y de otras lindezas que no pienso
repetir. Si no fuera porque el Senador Arévalo se ha interesado por
cuatro títulos muy concretos, especialmente siniestros y repugnantes,
todos ellos del Código Penal, cuales son las lesiones, las torturas, los
delitos contra la integridad moral y los delitos contra la libertad
sexual, en relación con la creciente violencia ejercida sobre las
mujeres, y si no fuera por Ana, María José, Elisa, María y anteayer
Josefa, que sepamos, y así hasta 61, todas ellas asociadas a una muerte
terrible, que nos aleja de toda frivolidad, yo no dudaría de calificar la
iniciativa del Senador Arévalo como una propuesta, señorías, para una
expedición de pesca.
Estamos asistiendo a una violencia cada vez mayor, a unas sentencias
impensables. Se castiga igual con este Código Penal tan extraordinario,
que no es nada duro o es más duro que el anterior y no es necesario
cambiar, la quema de doce contenedores de basura y dos vehículos que la
rotura de la nariz de la ex mujer: un año. Y últimamente en Barcelona
está barata la agresión: han castigado nada menos que con multa de
240.000 pesetas a un hombre que apuñaló dos veces a su ex mujer tras
amenazarla de muerte en plena calle, es decir, 120.000 pesetas la
puñalada.
Por si sus señorías creen que esto es casual, el Juez José Luis Alonso,
nada sospechoso, por cierto, portavoz de Jueces para la Democracia, ha
declarado hace poco que la desigualdad la provoca el sistema penal. Y
tiene razón, sobre todo si pensamos que el elemento común a jueces,
fiscales, abogados y a todos cuantos intervienen en el proceso es el
Código Penal, Código, por cierto, con muy escaso margen de rodaje, que
recordarán sus señorías nació con el nombre del Código de la Democracia y
que, curiosamente, no sé qué ha ocurrido últimamente pero ha pasado a
denominarse Código Belloch, no sabemos bien por qué. ¡Imagínense qué
nombre va a terminar recibiendo al acabar la Legislatura!
Debo lamentar la falta de tiempo para hacer un análisis reposado y
reflexivo de ese Código Penal tan extraordinario. Pero tengo que decirles
que la Ministra en menos de un año ha presentado un proyecto de ley
modificador del Código Penal en materia de agresión sexual; ha impulsado
un real decreto; ha aprobado el Reglamento de Asistencia Jurídica
Gratuita, en el que en materia de separaciones y divorcios las mujeres
van a resultar extraordinariamente beneficiadas; ha firmado varios
convenios marcos, tanto con el Ministerio de Trabajo como con el Consejo
General del Poder Judicial; ha estado presente en la Conferencia
Sectorial sobre Violencia, a iniciativa del Ministerio de Trabajo; ha
estado presente en el grupo de trabajo creado entre los ministerios...
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Senadora, vaya terminando.
La señora VINDEL LOPEZ: Voy concluyendo, señor Presidente.
Ha estado presente --decía-- en el grupo de trabajo creado entre los
ministerios de Interior, Sanidad y Trabajo, a través del Instituto de la
Mujer, para atender especialmente el asunto de las actuaciones policiales
y forenses. Y por último, señorías, en menos de un año ha tenido la
deferencia de ser el primer cargo al frente del Departamento de Justicia
que ha comparecido ante la Comisión Mixta Congreso-Senado de Derechos de
la Mujer, cosa que como parlamentaria le agradezco y como mujer también.
Seguramente se podrá mejorar porque, señorías, a qué negarlo, todo es
mejorable en esta vida, pero no creo que en menos tiempo se puedan hacer
las cosas.
Para finalizar, señor Presidente --y ahora de verdad, tras agradecerle su
benevolencia--, voy a referirme a un ilustre miembro socialista que, con
ocasión del debate que se va a celebrar mañana en el Congreso de los
Diputados para la reforma del Código Penal, ha dicho que dicha reforma no
es imprescindible para la gobernabilidad. Quiero decirles que este
Gobierno plantea dicha reforma para responder adecuadamente a la sociedad
nacional e internacional en relación con la importancia de los bienes
jurídicos en juego, que en este caso incluso trascienden y van más allá
de la propia libertad sexual, incluyen los derechos inherentes a la
persona, el libre desarrollo de la personalidad y el respeto a la ley y,
desde luego, a los derechos de los demás.
Cuando el principal partido de la oposición...
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Señoría, debería terminar. Lleva
mucho tiempo en el uso de la palabra.
La señora VINDEL LOPEZ: Decía que cuando el principal partido de la
oposición tan sólo esgrime razones de gobierno frente a una mejor
concepción y valoración de la persona a través de la norma, la
conclusión, señorías, es muy clara: el Gobierno y el Grupo Popular van en
la dirección correcta; el Grupo Socialista no sé dónde va, pero sí sé
dónde está: en la oposición.
Nada más y muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Muchas gracias, señoría.
--DE DON JOAN LERMA BLASCO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, SOBRE LA
POLITICA DEL GOBIERNO EN RELACION CON EL EMPLEO (670/000070).
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): La siguiente interpelación es la
que formula el Senador don Joan Lerma Blasco, del Grupo Parlamentario
Socialista, sobre la política del Gobierno en relación con el empleo.
Para su defensa, tiene la palabra el Senador Lerma Blasco.
El señor LERMA BLASCO: Gracias, señor Presidente.
Señor Ministro, señores Senadores, el desempleo y los problemas que
genera son algo demasiado serio como para intentar utilizarlo como
instrumento político. No creo, por tanto, que sea necesario insistir en
una batalla de cifras con el señor Ministro ni que sea necesario
criticar. Simplemente sería conveniente que, ahora que tenemos una
oportunidad muy importante, seamos capaces de encontrarle solución.
¿Solución a qué problema? A un problema muy grave que tiene la sociedad
española en su conjunto y también la sociedad europea.
Europa ha tenido conciencia del problema y, después de un esfuerzo muy
importante por intentar hacer converger las economías, se ha dado cuenta
de que la economía tiene como finalidad fundamental intentar dar
satisfacción a las personas y que, por tanto, de nada sirven los
esfuerzos económicos si no somos capaces de generar una situación de
bienestar para la inmensa mayoría de la gente, para todos en definitiva.
Europa se ha obligado, por tanto, a prestar atención al problema del
empleo y lo ha hecho con unas fórmulas que lógicamente han tenido ya
algún éxito, y que, en consecuencia, se pueden utilizar.
Europa ha celebrado la Cumbre de Luxemburgo, que todos han pensado
inicialmente que era para dar satisfacción al Gobierno francés, que
acababa de llegar después de una victoria importante en las urnas, y que
al final se ha transformado en compromisos concretos para luchar
activamente contra el desempleo. Se han elaborado fórmulas que a todos
nos tienen que obligar y a la vez dan satisfacción, porque nos vamos a
ocupar del problema más importante que tienen los europeos en este
momento, del primer problema en el «ranking» de la clasificación.
España tiene un problema aún mayor; tiene un problema prácticamente doble
del que tienen los países europeos en su conjunto. España termina el año
con una tasa, de acuerdo con las cifras europeas, del 21 por ciento, el
doble que la tasa de desempleo de los países europeos. No es una crítica
al Gobierno. Es, una vez más, una constatación de la gravedad del
problema; gravedad que yo creo que todavía tiene una importancia mayor
porque estamos hablando en este momento de más de 3.300.000 personas que
buscan un empleo y que no consiguen encontrar solución al problema que
tienen planteado. Se trata de un problema que tienen planteado estas
personas desde el punto de vista de la EPA, pero que afecta a muchas
personas más, porque el paro en España no es sólo un problema de
3.300.000 personas y de las familias que estén implicadas en él; es un
problema, al menos pienso yo, de alrededor de cinco millones de personas
que no trabajan y que deberían trabajar. España tiene planteado el
problema de una bolsa de desempleo de parados de larga duración muy
importante; casi 700.000 personas no pueden trabajar desde hace más de
tres años. España tiene planteado además un problema de incorporación de
la mujer al trabajo, que no se refleja en las encuestas de opinión. Tiene
una tasa de actividad mucho menor desde el punto de vista del empleo
femenino y hay que pensar que hay 1.500.000 mujeres que todavía no están
demandando empleo pero que presumiblemente lo van a demandar si lo
comparamos con la media europea de desempleo. Tiene, además, un grave
problema de transformación y de modernización que ha hecho que durante
los últimos 35 años la población agraria haya descendido al ritmo de
100.000 empleos anuales y, naturalmente, todavía no hemos llegado a las
tasas de empleo agrario que hay en la media de países de la Unión
Europea, por tanto, aunque ralentizado, todavía ese problema se va a
seguir dando en la agricultura española. Y hay, naturalmente, una
generación de jóvenes que todavía no han podido acceder al mercado
laboral.
Resumiendo, señor Ministro y señorías, no estamos hablando de un problema
de desempleo que se pueda recoger exclusivamente en una tasa como la que
refleja la Encuesta de Población Activa. Nosotros necesitamos crear en
los próximos años alrededor de cinco millones de puestos de trabajo y,
naturalmente, lo tenemos que hacer en un tiempo razonable si queremos que
la gente tenga una mínima esperanza de que va a poder encontrar una
solución. No voy a decir que lo podemos encontrar en un año, porque no
sería verdad y sería estar jugando con la esperanza o con la ilusión de
muchos millones de personas, pero sí creo que lo tenemos que hacer en un
tiempo razonable, y razonable no es, desde mi punto de vista, la opinión
que ha expresado el Gobierno, porque refleja resignación, excesiva
resignación en su planteamiento. Es cierto que es un esfuerzo importante
decir que en los próximos cuatro años se va a crear o se podrá crear un
millón de puestos de trabajo, pero no es un esfuerzo importante si
tenemos en cuenta que en este momento se están creando más. Por tanto, el
Gobierno no se ha fijado un objetivo ambicioso para recuperar algo de la
bolsa de desempleo que tenemos en este momento; el Gobierno se ha fijado
exclusivamente un objetivo para intentar quedar bien y no para hacer un
esfuerzo frente a los ciudadanos españoles y que puedan tener una
esperanza, una ilusión. Sabe el Gobierno perfectamente que al ritmo de
creación de empleo que llevamos, aunque haya bajado últimamente, se
podría crear mucho más de un millón de empleos y, por tanto, no parece
razonable que el Gobierno se fije menos objetivos de los que en este
momento se están generando ya.
En resumen, existe una resignación por parte del Gobierno a la creación
de puestos de trabajo frente a un grave problema de desempleo que tenemos
planteado desde el punto de vista de parados, de jóvenes, de parados de
larga duración, de mujeres y de muchos otros colectivos que han llevado
al mercado laboral español a una fuerte fragmentación.
No parece, por tanto, que el objetivo del Gobierno vaya dirigido a
incrementar la posibilidad de generar empleo, sino únicamente a quedar
bien, y francamente, no sólo no debería ser ése el objetivo, sino que
debería hacer un esfuerzo mucho más importante en esta ocasión. ¿Por qué
en esta ocasión y no antes? Es evidente --probablemente será así-- que la
respuesta del Gobierno hará preguntar: ¿cuántos
puestos de trabajo se han creado? (El señor Lobo Asenjo: tres
millones.--Risas.) De hecho, las risas de los señores Senadores del
Partido del Gobierno reflejan que no conocen muy bien el problema del
mercado laboral español, porque, si lo conocieran, sabrían perfectamente
los esfuerzos que han hecho los Gobiernos de España por intentar atajar
ese problema. Si no utilizaran políticamente las cuestiones e intentaran
darles solución, sabrían perfectamente que el problema del desempleo
español no se ha generado en los Gobiernos socialistas, se ha generado
antes. (Rumores.) Parece ser que no tienen mucha idea de ese problema y,
por lo tanto, difícilmente lo van a poder solucionar. Una sucinta
explicación de los problemas del mercado laboral español les llevará a
entender perfectamente que el atraso de España y el consiguiente proceso
de modernización han tenido que hacer mella en el mercado laboral
español. Ahora bien, si desde hace bastantes años, desde el principio de
los años setenta, se hubieran acometido algunas medidas que estamos
realizando desde hace mucho tiempo, probablemente ahora no tendríamos ese
problema.
Simplemente deseo decirles --dándoles una pequeña cifra-- que este
problema viene de mucho antes. Si ustedes hubieran visto las tasas de
crecimiento de la productividad en España y hubieran seguido su
evolución, por ejemplo, en los últimos 20 años o desde el año setenta y
dos, que es cuando empezó la crisis, hasta este momento, habían
comprobado que hemos tenido un proceso de acumulación de crecimiento de
la tasa de productividad muy importante --mucho más importante, como
parece lógico, porque nuestro retraso era muy superior--, nada menos que
de un punto y medio por encima de la media europea, que es más del doble
que el crecimiento de la productividad europea y por lo tanto,
razonablemente, teníamos que destruir más empleo que la media europea.
Si los señores Senadores supieran además que la tasa de productividad,
que va creciendo acumulativamente, supone en el mercado laboral español
nada menos que la eliminación de alrededor de 200.000 ó 240.000 empleos
anuales, se darían cuenta de que el problema es todavía mucho mayor y
cubrir esas necesidades cuesta mucho.
¿Cuánto esfuerzo hace el Gobierno por generar empleo? Se lo diré. Si
tenemos en cuenta que los estudios europeos señalan que los fondos
estructurales representan para España la creación de alrededor de 200.000
ó 250.000 empleos anuales --y en este momento creamos alrededor de
318.000, según cifras optimistas del Ministerio de Trabajo--, podremos
tener una idea del esfuerzo que en estos momentos hace por sí mismo el
Gobierno español.
He dicho que no iba a criticar y no lo voy a hacer. En lo que voy a
insistir es en una idea muy clara, y es que la magnitud del problema del
paro, al que nos estamos enfrentando, es grave; que tenemos un grave
problema que hay que atajar y que tenemos la posibilidad de hacerlo.
Durante los años anteriores se han destruido muchos empleos en épocas de
crisis y se han generado muchos empleos, más de los que se han destruido
últimamente, en épocas de esplendor. Este es un momento de buen
crecimiento económico en el que tenemos que hacer un esfuerzo especial
para generar empleo y no lo estamos haciendo suficientemente, porque
desde que este Gobierno tiene bajo su responsabilidad el problema del
empleo las tasas han crecido, pero después han empezado a bajar. Si
seguimos con esta tasa de crecimiento del empleo --y es bueno que todavía
sea tasa de crecimiento, pero digo todavía porque nos tendremos que
enfrentar a otro tipo de situaciones diferentes-- y con este compromiso
concreto vamos a llegar demasiado lejos, por desgracia, en materia de
desempleo. Por lo tanto, ésta es nuestra oportunidad, ya que ahora
estamos creciendo más que la media europea y por encima de otras épocas y
hemos de generar más empleo, circunstancia que no se está dando. Al
Gobierno hay que llevarle al convencimiento --creo que la Cumbre de
Luxemburgo tuvo ese valor de que solamente el crecimiento de la economía
no genera empleo suficiente para atajar los problemas del paro que
tenemos en España y que, por tanto, hay que hacer un esfuerzo más. La
economía española está en condiciones de hacer ese esfuerzo, pero hace
falta la voluntad política para llevarlo a cabo.
No me quiero extender con este problema. Sí quiero indicar su gravedad y
la posibilidad y necesidad que existe de atajarlo, porque hay muchos
desempleados españoles y mucha gente que tiene riesgo de perder el empleo
que están esperando una solución; solución que no puede venir de la
política hecha hasta ahora. Es verdad, como dice el Gobierno en muchas
ocasiones, que se han incrementado las políticas activas --nada menos que
en un 34 por ciento, me parece recordar--, pero también es verdad que el
incremento de esas políticas activas se debe en buena medida a una
política en exclusiva que ha incrementado el 107 por ciento, que es la
desgravación a las empresas. Simplemente con eso no se crea la necesidad
de contratar trabajadores. La necesidad de contratar trabajadores se
genera ayudando a las empresas a funcionar mejor; se crea generando un
clima de estabilidad suficiente para que las empresas puedan planificar
su rentabilidad en el futuro; se crea ayudando a las empresas a
investigar; se crea ayudándolas a generar un clima de confianza. Y del
clima de confianza generado hablan las cifras. Hay más del 20 por ciento
de beneficios, pero no hay mucha más contratación, es más, las empresas
grandes han disminuido el empleo. Y hay mucho más todavía: resulta que
cada vez que se hace una reforma laboral para generar empleo a los pocos
meses --muy pocos en este caso-- o el Presidente Aznar dice que hay que
seguir profundizando en la reforma laboral, sin saber cuál es el
resultado --temiéndose lo peor, eso sí--, o escuchamos al Presidente de
la Patronal decir que hay que poner patas arriba todo. No dice...
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Senador Lerma, ha terminado su
tiempo.
El señor LERMA BLASCO: Gracias.
No dice que han incrementado los beneficios y no dice tampoco por qué los
empresarios no han contratado más.
Nada más y muchas gracias. (Aplausos en los escaños del Grupo
Parlamentario Socialista.)
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Muchas gracias, señoría.
Tiene la palabra el señor Ministro de Trabajo.
El señor MINISTRO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES (Arenas Bocanegra): Señor
Presidente, señorías, subo a esta tribuna para contestar, en nombre del
Gobierno, a la interpelación que formula el Grupo Parlamentario
Socialista y hacer dos consideraciones previas.
Creo que el Gobierno tiene la obligación básica de responder ante la
Cámara, con todo respeto, sobre las políticas que está haciendo.
Garantizo a sus señorías que resultaría mucho más cómodo para este
Ministro responder a la Cámara con una intervención que versara
fundamentalmente sobre otras etapas de gobierno, otras etapas de
crecimiento económico, de crecimiento de empleo. Sin embargo, entiendo
que no es la misión fundamental de hoy --sin perjuicio de que se pueda
hacer una referencia a otras etapas, puesto que a veces la comparación
viene bien porque es ilustrativa--, sino responder de la gestión del
Gobierno. En segundo lugar, globalmente tengo que agradecer al Senador
Lerma el tono de su intervención, sobre todo porque dista
extraordinariamente de lo que ha venido siendo el tono de sus
intervenciones en los medios de comunicación. No sé si le apetecerá o no
que en este debate hablemos sobre sus opiniones acerca del empleo.
Por tanto, quiero aprovechar el tono del día de hoy para hacer esfuerzos
conjuntos. ¿Por qué hay que hacer esfuerzos conjuntos? Porque, señorías,
el problema del desempleo en España y en Europa no es un problema sólo de
los tres millones de parados, en términos de Encuesta de Población
Activa; no es un problema sólo de los dos millones de parados, en
términos de paro registrado, ni es un problema de cinco millones de
personas. El problema del desempleo en España y en Europa es un problema
de toda la sociedad. Entiendo que ninguna Administración pública,
municipal, autonómica o del Estado, que ningún grupo político puede dar
la espalda al problema del desempleo. Y, desde luego, de la misma forma
que hemos conseguido una etapa de diálogo social profundo, con más de
siete acuerdos sociales, algo que era desconocido en otras etapas, yo le
tiendo nuestra mano para que colaboremos juntos en el Plan de Empleo.
También quiero decirle que algunas ideas contenidas en el Plan de Empleo
que presentó el Partido Socialista me parecen positivas, por lo que, si
no tienen inconveniente, las incorporaremos a nuestro Plan. Por tanto,
todo lo que podamos hacer conjuntamente es positivo y lo va a aplaudir la
sociedad española.
Ahora bien, señorías, hay que decir la verdad, no se trata de una batalla
de cifras. La verdad en estos momentos significa que en la etapa del
nuevo Gobierno, según la Encuesta de Población Activa, se han generado
689.000 puestos de trabajo. La verdad significa que en 1997 hay 500.000
afiliados nuevos a la Seguridad Social en España, crecimiento de empleo y
afloración de economía sumergida. La verdad significa que el paro
registrado se ha reducido en más de 140.000 personas. La verdad significa
que en 1997 se van a crear en España, como mínimo, 350.000 empleos, lo
que supone un 2,8 por ciento, superando la previsión de creación de
empleo del Gobierno, que estaba situada en torno al 2 por ciento. La
verdad significa también que en España padecemos un problema de
precariedad en el empleo, que su señoría ni siquiera ha citado en su
intervención, lo cual me ha extrañado. Pues bien, señorías, en 1996, en
España se hicieron 350.000 contratos indefinidos, en 1997, se han hecho
más de 700.000 contratos indefinidos; en 1996, 160.000 jóvenes firmaron
un contrato indefinido; en 1997, 360.000 jóvenes menores de 30 años han
firmado un contrato indefinido, y tengo que decirle, Senador Lerma, que
estos datos han sido calificados por su señoría como catastróficos en los
medios de comunicación. ¿Qué opinaba su señoría cuando en España había
crecimiento económico y se destruía empleo? ¿Cómo puede decir que éste es
un año catastrófico cuando en España, en estos momentos estamos
creciendo, según Banco de España y según Gobierno, en torno al 3,3 por
ciento y se está creando empleo para este año en torno al 2,8 por ciento?
Nunca me va a oír hacer un planteamiento triunfalista en materia de
empleo porque el problema es gravísimo y un planteamiento triunfalista
significaría un insulto a la sociedad española, pero le pido que no haga
catastrofismo con el problema del empleo porque también eso es un insulto
a la sociedad española y a la inteligencia de los españoles. También le
pido eso. (Aplausos desde los escaños del Grupo Parlamentario Popular.)
En esa frontera de ausencia de triunfalismo y de ausencia de
catastrofismo es donde nosotros podemos empezar a colaborar. Yo soy una
persona que en la vida pública siempre he intentado que el sectarismo y
el dogmatismo estuvieran lejos de mí y no voy a tener ningún empacho en
plantear que el Gobierno de España acepta una propuesta del Grupo
Parlamentario Socialista si creo que esa propuesta es buena para la
creación de empleo. Porque hay una cuestión muy importante: cuando se
está en la oposición, siempre hay que desear --y usted lo desea
sinceramente-- que se cree empleo; nunca se puede caer en la tentación de
pensar: como este mes ha subido el paro y esto es desgaste para el
Gobierno, qué alegría tengo en mi cuerpo esta mañana. No se puede caer en
esa tentación.
Quiero decirle que triunfalismos, ninguno; que queda mucho por hacer; que
estamos trabajando con sindicatos y empresarios para presentar el Plan de
Empleo en Cardiff; que estamos trabajando con todas las Comunidades
Autónomas; que les pido a ustedes que trabajemos juntos con los grupos
parlamentarios para el Plan de Empleo de Cardiff. Triunfalismos, ninguno:
queda mucho por hacer. Ahora bien, primer asunto importante; no
desvinculen ustedes la política económica de la política de empleo.
Cuando se controla el déficit público, cuando se reducen los tipos de
interés, cuando hay un comportamiento excepcional con respecto a la
inflación, es cuando se hace una gran política de empleo. Y no lo dice
este Gobierno, lo dice la Cumbre Europea de Luxemburgo.
Ustedes tienen que saber una cosa: es una suerte para toda España --y es
un esfuerzo para toda la sociedad española, no sólo del Gobierno-- que
sepamos que en el mes de mayo estaremos en la cabeza de la Unión
Económica y Monetaria. ¿Podemos plantearnos qué sería del empleo en
el futuro de España si no tuviéramos las condiciones para acceder a la
Unión Económica y Monetaria? Yo creo que profundamente negativo, pues hay
que reconocer --y ése es un esfuerzo de la sociedad española-- que hace
dos años no cumplíamos ninguno de los requisitos para acceder a la Unión
Económica y Monetaria. Por lo tanto, no se puede desvincular la política
económica de la política de empleo. Sin crecimiento económico, sin
acierto en la política económica, no se produce creación de empleo.
Segundo tema importante: qué ha hecho el Gobierno. Señoría, el Gobierno
ha apoyado y fomentado con todas las consecuencias --y ustedes también,
que conste-- un acuerdo de sindicatos y empresarios que ha duplicado los
contratos indefinidos en España. El Gobierno ha presentado en otoño el
Programa Plurianual de Empleo en la Unión Europea. El Gobierno ha
terminado prácticamente el nuevo Plan Nacional de Formación Profesional.
El Gobierno ha llevado a cabo un acuerdo con sindicatos y empresarios
para todo lo que significa el nuevo Servicio Público de Empleo. Y todo
ello con diálogo social, porque cuando se habla de reformas económicas y
de reformas de empleo, la eficacia de las mismas está absolutamente
vinculada al respaldo de los agentes sociales.
Pero el Gobierno ha hecho más. El Gobierno ha bonificado los contratos
indefinidos. Ha rebajado un 40 por ciento los contratos indefinidos. Creo
que usted ha dicho «rebajar costes para las empresas». Las Cumbres de
Essen y de Luxemburgo nos obligan. Dicen ustedes que reduzcamos costes no
salariales. ¿Y para quién lo hemos hecho? Para los jóvenes, para quienes
ha bajado dos puntos la tasa de desempleo desde que accedimos al
Gobierno. Para las mujeres, para quienes también ha bajado dos puntos.
Para parados de larga duración y para discapacitados. No se pueden
olvidar los discapacitados, porque en España hay un millón de personas
con discapacidad en edad de trabajar. Este Gobierno hará y propondrá las
reducciones de cotizaciones sociales que el equilibrio del sistema de
Seguridad Social le permita, porque eso beneficia al empleo. No lo dice
este Gobierno, lo dicen los resultados y las conclusiones de la Cumbre de
Luxemburgo.
Señoría, usted está en la oposición y tiene perfecto y legítimo derecho a
hacer las críticas que considere oportunas, pero creo que es bueno para
España --ya no estamos en el pesimismo de hace cien años, sino en el
optimismo de este 98 que nada tiene que ver con el otro-- que se sepa la
verdad. La verdad es que en 1997, año considerado por su señoría
catastrófico --creo que eso fue un error y yo, desde luego, no lo tengo
en cuenta--, España creó un 2,8 por ciento de empleo; Europa, un 0,5 por
ciento. El año que para usted ha sido catastrófico, España ha creado --la
sociedad española, no el Gobierno; fue un error plantear en otras etapas
compromisos de creación de empleo por parte de los Gobiernos, ya que
quien crea empleo es la sociedad, y el Gobierno tiene que acertar en sus
políticas para que la sociedad cree empleo-- la mitad del empleo que se
ha creado en Europa. ¿Año catastrófico? No, no puede ser un año
catastrófico. ¿Mejorable? ¡Por supuesto que sí!
Me dice usted: Prevean más creación de empleo. Le voy a decir una cosa
con total sinceridad. A la hora de prever la creación de empleo hay dos
posibilidades. Una es irse al alza, al alza, al alza que luego no se
cumpla o se destruya empleo --eso ha pasado en España, aunque no quiero
recordárselo ahora; a lo mejor luego lo podemos hablar-- y la otra
posibilidad es quedarse corto en la previsión de creación de empleo.
Yo le reconozco a usted que en 1997 el Gobierno, en los Presupuestos
Generales del Estado, previó la creación de empleo en torno al 2 por
ciento; vamos a estar en el 2,8. ¡Ojalá nos equivoquemos siempre! La
inflación la previmos en el 2,6 por ciento y ha terminado en el 2 por
ciento. La evolución de los tipos de interés también ha sido mejor de lo
previsto. Ojalá que nos equivoquemos siempre creando más empleo del que
prevemos, con un mejor comportamiento de la inflación del que prevemos,
con un mayor control del déficit público del que prevemos, porque lo peor
que hay para un pueblo es el tránsito de la ilusión a la frustración.
Tengo que terminar la intervención por imperativos del tiempo,
agradeciendo su benevolencia al señor Presidente.
Creemos que hay mucho por hacer. Reciban nuestra mano tendida. Hay
propuestas de ustedes que son muy interesantes y las vamos a incorporar.
Señorías, yo les prometo y les garantizo que habrá muchos años en los que
los Ministros de Trabajo en España no podrán ser triunfalistas, pero, por
favor, si les parece bien, no hagan catastrofismo con el empleo.
(Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Popular.)
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Muchas gracias, señor Ministro.
Tiene la palabra el Senador Lerma Blasco.
El señor LERMA BLASCO: Muchas gracias, señor Presidente.
Señor Ministro, ha centrado usted su intervención en algo que no le queda
demasiado bien, y le diré por qué, porque ha hablado fundamentalmente de
mi declaración del año catastrófico, y es que ustedes se creen lo que
dicen sus propios medios de comunicación. (Risas.) Mi declaración exacta
a ese respecto fue la siguiente: Mire usted, hacemos el balance del año
de gobierno y resulta que se han creado muchos puestos de trabajo, y está
bien, no es suficiente pero, en cualquier caso, son muchos puestos de
trabajo. Resulta que en el año 1996 se crearon más y que en el año 1995
también, y si quiere usted, para no discutir las cifras, diré que eran
similares; da igual. Y añadí que, de acuerdo con la terminología que
utilizaba el PP en los años 1995 y 1996, éste sería un año catastrófico.
No fue mi calificación, fue la suya. Fue la forma de demostrar cómo
trataban ustedes el problema del empleo cuando estaban en la oposición,
siendo un problema serio. (Algunos señores Senadores: ¡Muy bien!)
Pero no me quiero referir a esa situación porque nos perderíamos del hilo
que nos ha traído aquí. No hemos venido aquí, o por lo menos no ha sido
ése el sentido de mi intervención, a que usted se defienda. Usted ha
dicho que no iba a referirse a la etapa anterior, pero lo ha hecho, lo
cual me parece bien, y si se tercia le volveré a interpelar para discutir
esos temas, porque estoy seguro de que alguna lección les vendría bien
--como les vino bien la de Luxemburgo respecto a lo que pasó con el
empleo-- pero no se la pretendo dar yo, no soy tan pretencioso, sólo le
digo que convendría que juntos repasáramos las cifras para ver lo que
está ocurriendo y cómo buscamos una solución.
Hemos venido aquí a otra cosa. En este caso, puesto que usted ha asumido
el empleo como un problema real, hemos venido a buscar soluciones, y yo
le digo que nosotros estamos dispuestos a aportar todo lo que demos de
sí. ¿Que en otra época lo hemos hecho mal? Yo creo que no tanto, en
cualquier caso, asumimos nuestro error, y hoy tenemos la posibilidad y la
necesidad de corregirlo. He venido fundamentalmente a escucharle a usted
respecto a las propuestas que tiene que hacer, respecto al compromiso que
va a adquirir España en la Cumbre de Cardiff, respecto a qué objetivos se
va a fijar el Gobierno para poder decir al desempleado: nos estamos
ocupando de usted, no de las empresas --de las que también hay que
ocuparse--, queremos ocuparnos de usted; le vamos a dar un trato
personalizado; le vamos a dar más formación; le vamos a dar empleo; vamos
a hacer todo lo posible para que usted sienta que participa de este
sistema y de los beneficios que está dando; queremos que participe
también en la redistribución, no que se le vayan recortando derechos
permanentemente, porque eso es lo necesario para generar empleo. Eso es
lo que he venido a pedirle a usted, que nos concrete objetivos y cifras
y, si son ambiciosos, le vamos a apoyar, no le quepa ninguna duda.
No es necesario insistir en que para nosotros la cuestión del empleo no
es un problema de declaración política, sino que es un grave problema
social, y le quiero decir más: con el ritmo que llevamos, con la política
poco ambiciosa que se ha planteado y no haciendo un programa de choque
para recuperar el desempleo anterior, llegaremos al 2005, creciendo al
ritmo actual, según datos que yo le puedo facilitar pero que usted tendrá
también, a más de 3 millones de parados, y ésa no puede ser nuestra
pretensión ni nos la va a tolerar la sociedad.
Nada más y muchas gracias. (Aplausos en los escaños del Grupo
Parlamentario Socialista.)
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol y Roig): Muchas gracias, señoría.
En turno de portavoces, tiene la palabra el Senador Nieto.
El señor NIETO CICUENDEZ: Muchas gracias, señor Presidente.
Señor Ministro, la interpelación me parece enormemente interesante
porque, indudablemente, representa la principal preocupación que debemos
tener todos, por tanto, no me parece que el debate pueda derivar hacia
las comparaciones del ayer con el hoy.
Las necesidades de ayer eran grandes, y siguen siendo grandes las
necesidades de hoy. El paro es el problema capital que tiene nuestra
sociedad, o somos capaces de hacer un esfuerzo para ir solucionándolo o,
como consecuencia, vendrá el deterioro social. Desde el punto de vista de
la preocupación, podemos decir que el paro es de todos, y yo estoy
preocupado, pero ¿qué quiere decir eso? ¿Que el paro es solamente un
problema de la sociedad, como dicen ustedes? Como es lógico, la sociedad
tiene que intervenir, pero también tiene que hacerlo el Gobierno, porque
también hay que legislar. Hoy figura aquí (El señor Nieto Cicuéndez
muestra un documento a la Cámara.) que el Parlamento francés ha legislado
ya la jornada de treinta y cinco horas e incluso un planteamiento de
incentivos para aquellas empresas que no sólo estén en las treinta y
cinco horas, sino que vayan a las treinta y dos. Como es natural,
aquellos que vayan más allá podrán tener bonificaciones en los costos
laborales. Nosotros no vemos voluntad en el Gobierno. Me parece muy bien
la discusión con los agentes sociales y buscar el amplio consenso con la
sociedad, pero, al final, y cuanto antes mejor, hay que legislar, hay, de
alguna manera, que obligar. Nadie duda de que el crecimiento económico ha
sido enorme, y la prueba evidente es que el reparto de beneficios de las
grandes empresas y de los bancos son los mayores de hace muchos años,
pero ¿el crecimiento económico genera empleo por sí solo? Está visto que
no. Puede contribuir en algunos aspectos, pero no puede hacerlo por sí
solo. En la época que estamos de la cibernética y de las tecnologías
avanzadas, con menos trabajadores se puede generar desarrollo económico y
se sigue aumentando el desempleo. Ahí es donde está el quid de la
cuestión. De la misma manera que en la Revolución Industrial surgió, no
por casualidad, el clamor de la jornada de trabajo de ocho horas, hoy
estamos en un estadio totalmente diferente, y los poderes públicos
tenemos que legislar e ir, de alguna manera, a eso que llamamos el
reparto del empleo, que no es otra cosa que la disminución de la jornada
de trabajo. Esa es la tendencia que hay en Europa, sobre lo que se está
legislando en Francia y que se están planteando en Italia, en Alemania y
en distintos países. Esa es la voluntad que nosotros pendimos al
Gobierno, que vaya avanzando y, al final, habrá que legislar. (El señor
Presidente ocupa la Presidencia.)
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, Senador Nieto Cicuéndez.
Por el Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos, tiene la
palabra el Senador Albistur.
El señor ALBISTUR MARIN: Muchas gracias, señor Presidente.
Desde luego no voy a ser yo quien ponga en duda la importancia de esta
iniciativa ni su oportunidad. Creo que siempre son oportunas, vengan de
donde venga, todo este tipo de iniciativas, y serían mucho más oportunas
si, en esta Cámara y en el Congreso de los Diputados, se sumaran las
voluntades de los dos partidos mayoritarios, que deben dejar de
restregarse mutuamente el pasado, el futuro y el presente, y presentar
alguna vez, de forma seria, un plan de empleo. No pueden pretender que
los partidos minoritarios, los partidos que tenemos una representación de
carácter autonómico, seamos los que tomemos esta iniciativa.
Ya lo estamos haciendo en nuestras respectivas Comunidades, pero en lo
que afecta al Estado no pueden pretender que asumamos nosotros esa
iniciativa para que las Cortes debatan algo que es absolutamente urgente
y necesario.
Las palabras del señor Ministro reconociendo que dentro de las propuestas
del Partido Socialista existen ideas plausibles y dignas de entrar en el
plan de empleo confirman precisamente la necesidad de consensuar un
programa de empleo a debatir por esta Cámara.
Nos preocupa que el empleo se deje en manos del mercado y del crecimiento
económico o de los resultados de nuestra incorporación definitiva a la
Unión Monetaria Europea. Nuestro Grupo considera que hoy es necesario
actuar sobre el mercado. Estamos en un Estado que no tiene todavía
estadísticas fiables para medir cuál es el desempleo real, donde se
producen verdaderas dificultades y limitaciones para incorporar a la
mujer y a los jóvenes al mercado de trabajo y donde la preocupación por
el empleo es la primera que se manifiesta por los ciudadanos cuando se
les realiza una encuesta sobre sus inquietudes de carácter social,
preocupación que saca muchos puntos de ventaja incluso al terrorismo.
Se toman iniciativas en las Cámaras algunas de ellas muy plausibles como
por ejemplo la Ponencia que esta Cámara tiene sobre economía sumergida,
pero que resultan ser parches sobre el tratamiento del problema de fondo.
Seguimos discutiendo sobre galgos y podencos, pero realmente no estamos
ofreciendo a la sociedad española la posibilidad de debatir un plan de
empleo, de ver a los políticos comprometidos con la ruptura de una
situación que sigue siendo grave y la sociedad, la economía y la política
no acaban de poner el cascabel al gato. Eso es lo que yo pido. Cuando
esta interpelación se convierta en moción, lo que realmente habrá que
discutir será la presentación de un plan de empleo consensuado por todos
los grupos representados en la Cámara, del que salieran iniciativas que
afecten a empresarios, a sindicatos, a la Administración Pública, a las
Administraciones autonómicas, a los sectores industriales y de servicios,
y que verdaderamente respondieran a la inquietud de la sociedad. La
sociedad no admite ni tolera que sigamos trayendo iniciativas que quedan
en papel mojado, sino que lo que nos pide son soluciones. Ese compromiso
es el que nuestro Grupo quiere abordar y abarcar y es el que esperamos
que se pueda derivar de esta iniciativa de forma inmediata.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, Senador Albistur.
Por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió,
tiene la palabra el Senador Vidal.
El señor VIDAL I PERPIÑA: Gracias, señor Presidente.
Señorías, señor Ministro, tal como se decía aquí, en esta tribuna, por
los diferentes portavoces, todos estamos de acuerdo en que es necesario
crear empleo y crear empleo de calidad, tanto a nivel de España como a
nivel de Europa. Es cierto que durante el año 1997 se han creado 335.000
puestos de trabajo --esto es así--, pero debemos tener en cuenta --como
se ha dicho también-- que existen más de dos millones de parados en
términos paro registrado o tres millones según la EPA. Este es el
problema de todas las personas que se encuentran sin trabajo y, como ha
dicho también el Senador Albistur y hemos podido comprobar, es la
principal preocupación de cualquier ciudadano.
Esta situación de parado afecta al colectivo de mayores de 45 años, a
colectivos que tienen dificultad de inserción, mujeres y mucha gente
joven que está en condiciones de trabajar --muchos de ellos con estudios
terminados-- y que no encuentran su primer trabajo. Es a éstos y a los
que se van incorporando en el mercado de trabajo a los que debemos
dedicar los máximos esfuerzos.
Como han dicho aquí el Senador Albistur, el señor Ministro y el señor
Lerma, todos estamos para crear empleo. Todos estamos para llegar a un
acuerdo en beneficio de toda esta gente que hoy está buscando trabajo.
En Cataluña, con datos a 31 de enero, la tasa de desempleo ha bajado a
8,83 por ciento, lo cual no había ocurrido en los últimos 17 años. Esto
es así. En estos momentos también nos estamos planteando reducir este
porcentaje por debajo del ocho por ciento. Para esto necesitamos unas
políticas en las que, de alguna forma, tenemos que estar de acuerdo todos
los grupos parlamentarios.
Estamos obligados a emprender una serie de actuaciones enmarcadas en las
conclusiones de Luxemburgo para llegar a un buen pacto para los próximos
años y rebajar --si es posible-- los porcentajes que hoy tenemos. El
Gobierno se marcó un plan a cuatro años para la creación de un millón de
puestos de trabajo y ha quedado demostrado que estas políticas, gracias a
la buena marcha de la economía, han sido un éxito. Esto no lo vamos a
discutir.
Ahora toca trabajar en otro marco y el Gobierno debe basarse en la Cumbre
de Luxemburgo y en los 79 puntos que señalan sus conclusiones que, en
definitiva, sustituyen y modifican el programa plurianual de España y de
los 15 países que firmaron el acuerdo.
Tal como dice el acuerdo, antes del mes de junio el Gobierno debe
presentar un nuevo plan de empleo, recogiendo las orientaciones y
directrices que emanan de esta Cumbre, para los próximos cinco años,
aunque Luxemburgo solamente obliga a negociarlo año a año, eso sí, con
una nueva filosofía, con nuevas políticas y nuevas orientaciones que
tienen que realizarse a través de políticas activas. Hablo de acciones de
formación, de empleo, de inserción para los colectivos de parados,
especialmente gente joven, personas de 45 años y minusválidos, pues
existen --lo repito-- más de un millón en España. Asimismo, hay que
fomentar de una forma especial la inversión en pequeñas y medianas
empresas que son, en definitiva, las principales creadoras de puestos de
trabajo.
A mí me gustaría sugerir en esta interpelación, pero el tiempo no me lo
permite, toda una serie de actuaciones encaminadas, precisamente, a la
creación de este plan de ocupación. Como la lista es larga no la voy a
poder exponer, pero sí diré que este plan de ocupación, aparte de
contemplar estas directrices, debe elaborarse con los agentes
sociales y, necesariamente, a partir de ahora y cada día de forma más
intensa, con las Comunidades Autónomas, ya que --lo recuerdo-- desde el
primero de enero Galicia y Cataluña tienen transferidas las acciones de
empleo e inserción y otras 10 las de formación. Me consta que el señor
Ministro ya está realizando estos contactos.
Para terminar, quiero decir que si entre todos hemos sido capaces de
aportar un poco de luz a esta situación del empleo en España, en cada
Comunidad Autónoma, para lograr que en los próximos años se bajen estos
porcentajes actuales, me congratulo por ello.
Nada más y muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, Senador Vidal.
Por el Grupo Socialista tiene la palabra el Senador Lerma.
El señor LERMA BLASCO: Unicamente quiero decir que supongo que tendremos
ocasión de debatir con mayor extensión las medidas concretas que
podríamos llevar a cabo en relación con el tema que nos ocupa.
En cualquier caso, quiero recordar al Gobierno, y en esta ocasión más
concretamente al señor Ministro, que, a pesar de que se ha incentivado y
mucho, la contratación --por cierto, si queremos ser razonables tendremos
que saber qué es lo que va a pasar dentro de dos años cuando acaben esos
contratos; probablemente esta cuestión no quedará del todo bien resuelta,
como sabe perfectamente el señor Ministro, aunque en cualquier caso sí
que ayuda--, lo cierto es que ésta sigue siendo temporal y no ha bajado.
Por tanto, algo habrá que hacer para que se consiga que vaya bien. El que
la contratación temporal no haya bajado significa, con toda claridad, una
mayor siniestralidad --1.092 muertos en el último año que supone un
incremento del 10 por ciento--, y asimismo una menor competitividad para
las empresas puesto que, lógicamente, para nada sirve la formación que
puedan adquirir los trabajadores si después no van a poder continuar en
sus empleos. Que se piense, por tanto, qué ocurre ahí y por qué los
empresarios siguen sin tener confianza en la contratación indefinida.
Creo que eso es importante pensar en eso.
Por otro lado, y en relación con todo lo que hemos dicho respecto a que
sólo el crecimiento no genera el empleo suficiente, consideramos que debe
estudiarse cómo se incentiva la reducción de la jornada laboral. Nosotros
no hablamos de que se establezca por ley la jornada de 35 horas, como
saben perfectamente el señor Ministro y toda la Cámara, pero sí pensamos
que constituye un objetivo necesario; y para que dicho objetivo necesario
no sea contradictorio con la competitividad, hay que trasladarlo a la
negociación colectiva aunque, ya sabe el señor Ministro lo que esa
negociación daría de sí si nosotros no les ayudamos. Por tanto, que se
estudie también de un modo razonable cómo se puede incentivar.
Por último, creo que está bastante claro, y ya ha sido suficientemente
comprobado en muchas ocasiones, que si se ayuda a las empresas a
contratar, éstas contratan a aquellos que iban a contratar en cualquier
caso. Por tanto, ésa no es solución más que para salir del paso
eventualmente diciendo que se está haciendo alguna política de empleo,
cosa que en realidad no es verdad. Lo que hay que hacer fundamentalmente
es ayudar a las empresas a que sean competitivas y no ayudarlas a la
contratación. A partir de ahí, tendremos la posibilidad de que las
empresas contraten más porque sepan que tienen garantizada su
rentabilidad futura. Eso es lo que conviene hacer.
Por tanto, hablar de desempleo es hablar sobre todo de la economía y de
las empresas, pero es lo cierto que ese clima de confianza que dijo el
Gobierno en su momento que iban a tener las empresas, hoy por hoy no lo
tienen puesto que siguen contratando de modo temporal. Esa es la
realidad. Por tanto, no se trata tan sólo del marco legislativo, sino
fundamentalmente de la confianza que el Gobierno genere, confianza que
parece que en este momento no es todavía suficiente.
Gracias, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, Senador Lerma.
Por el Grupo Popular tiene la palabra el Senador Sanz Pérez.
El señor SANZ PEREZ: Gracias, señor Presidente.
Señor Ministro, ante todo, gracias por su presencia.
Señor Lerma, usted ha terminado su intervención introduciendo una serie
de perlas que creo merecen ser analizadas.
Dice usted que los empresarios desconfían de la contratación indefinida;
introduce en este debate la seguridad laboral; habla de que las empresas
contratan a quienes ya pensaban contratar a pesar de las ayudas y también
habla de desempleo y de economía. Voy a intentar contestarle a esto
aunque sea en parte.
En primer lugar, en nombre del Grupo Popular, quiero manifestar nuestra
satisfacción por poder mantener este debate, principalmente de cara a
todos los ciudadanos, para analizar y clarificar en esta Cámara --sin
triunfalismos, señor Lerma, pero tampoco sin ser catastrofistas, como lo
es usted-- una auténtica realidad, como es la evolución del empleo hoy
día en España y, sobre todo, las perspectivas de futuro en un tema como
el paro, un problema al que la sociedad española, sus agentes sociales y
el Gobierno deben dedicar, como se viene haciendo, la mayor atención y
esfuerzo.
Creo que todos los españoles ya estamos hartos de escuchar que, según
todas las encuestas de opinión y declaraciones públicas de los líderes
políticos, el principal problema de la sociedad española es el paro; ese
número importante de españoles que, estando en edad de trabajar, y
queriendo hacerlo, no encuentra empleo. Se convierte así, lo entendemos
todos, en una gran preocupación nacional del Gobierno por ser una
limitación para el crecimiento económico y una fuente de problemas
sociales, como la marginación, cierto tipo de delincuencia y la droga,
que gran número de personas asocia con el fenómeno del paro.
Es cierto, señorías --ya se ha dicho aquí--, que éste no es un problema
aislado de nuestro país, ya que afecta en
mayor o menor medida a todos los países europeos. Pero no es menos cierto
que nosotros presentamos algunos rasgos distintos, tan intensos y
marcados, que nos hacen mantener la tasa de desempleo más elevada de la
Europa comunitaria, cuya tasa media de paro, como todos conocemos está
alrededor del 11 por ciento. España, a pesar de que en menos de dos años
--desde 1996 hasta la actualidad-- de Gobierno del Partido Popular ha
reducido en dos puntos su tasa de paro, soporta porcentajes todavía
cercanos al 19 por ciento.
Entre las perlas a las que me he referido, su señoría ha dicho que es
imposible separar economía de creación de empleo. Pues bien, tendría que
haber explicado cuáles son las causas por las cuales nos encontramos con
una tasa de paro que es el doble de la que tiene la Comunidad Económica
Europea.
Señor Lerma, la mayor parte de los economistas y analistas económicos
reflejan esas causas en seis puntos: el ritmo de crecimiento económico;
la aparición de nuevos sectores de actividad en respuesta a una
intensificación de la relación capital-trabajo; la no ordenación --como
ustedes han hecho-- del mercado de trabajo; el funcionamiento de las
oficinas de colocación; las políticas activas --tema muy importante al
que luego me referiré--, y algo también muy importante --de lo que usted
no ha hablado, porque, desde luego, no tiene aval para hacerlo--, como es
favorecer el establecimiento de cauces respecto de la importancia del
diálogo social.
Por tanto, señorías, podemos coincidir en que esos porcentajes
permanecerán altos durante más tiempo allí donde, como en España, y
durante los últimos años de Gobierno socialista, el paro sea el más claro
exponente del fracaso de la política económica, se siga con tasas de
crecimiento bajas, la economía se haya diversificado menos y el sistema
de paro sea menos dinámico. Por lo que se refiere a las políticas
activas, hay una amplia experiencia internacional que contrasta la
eficacia de estas medidas, al contrario de lo que ha ocurrido en España,
señor Lerma, donde los diferentes Gobiernos de Felipe González han venido
navegando entre la insuficiencia presupuestaria, la descoordinación
administrativa y la deficiencia de normativa, siendo, por el contrario,
comprensivos y generosos con las llamadas políticas pasivas. La
conclusión a que llegamos desde el Grupo Popular es, también en el ámbito
del diálogo social, tristemente penosa.
Señor Lerma, desde hacía más de una década todos los intentos de llegar a
un pacto social habían fracasado ante la incapacidad de los sucesivos
Gobiernos del Partido Socialista, y ha sido un Gobierno del Partido
Popular, con su Ministro de Trabajo y Asuntos Sociales y con la
importantísima aportación de todas las organizaciones empresariales y
sindicales, el que ha dado y reforzado el clima de paz social mantenido
durante este período de Gobierno del Partido Popular.
Lógicamente, en España no se han venido aplicando las políticas
económicas adecuadas a la realidad económica y social, y por eso las
diferentes crisis han incidido más aún en nuestra generación de empleo.
También somos diferentes en lo que se refiere a la alta tasa de paro,
porque se optó por un modelo económico determinado, pero el tiempo ha
quitado la razón a todos aquellos que decían machaconamente que la
política económica, laboral y social que se venía aplicando en nuestro
país era la única posible.
Por tanto, me congratulo de que hoy, en el aspecto económico, todos los
grupos planteen la unanimidad a la hora de hablar de que la política
económica va por buen camino, así como de ese cambiode talante en cuanto
a la creación de empleo se refiere.
El señor Ministro ya ha hablado minuciosamente de cómo se ha comportado
el empleo en nuestro país. Señor Ministro, voy a entrar, sobre todo ante
esas calificaciones de año catastrófico, porque creo que como grupo
político debo hacerlo, a analizar la comparación con períodos anteriores
de gobiernos socialistas.
Usted se ha referido a la palabra catastrófico, que era una palabra que
habían comentado algunos medios de comunicación, o medios de comunicación
afines al Gobierno del Partido Popular. No. La palabra catastrofismo,
señor Lerma, ha salido de su boca. Decir que el año 1997 ha sido un año
catastrófico para el empleo es un ejercicio de pura demagogia cuando
tenemos ante nosotros un período de 13 años de gobierno socialista.
Voy a analizar seis años de gobierno socialista. Año 1982, con un
crecimiento del PIB del 1,6 por ciento; se destruye el 0,5 por ciento de
empleo, el paro subió el 23,3 por ciento, 407.000 personas y la
afiliación a la Seguridad Social bajó en 80.000 personas.
¿Cómo valora usted el año 1982? ¿Cómo valora usted el año 1983, cuando el
crecimiento del PIB se situó en el 2,2 por ciento, se volvió a destruir
el 0,5 por ciento de empleo y el paro aumentó en 200.000 personas, el 8,9
por ciento? ¿Cómo valora usted el año 1984, con un crecimiento del PIB
del 1,5 por ciento, se destruyó 3,6 por ciento del empleo y aumentó el
paro en 261.000 personas?
Quiero recordarles que el Ministro de Trabajo, en estas fechas, era el
ahora Secretario General del Partido Socialista. Podíamos incidir también
en los años 1990, 1991, 1992 y 1993. Por cuestión de tiempo no voy a
entrar en ello, pero los datos sobre ellos sí que son perlas, señor
Lerma.
Por tanto, como años catastróficos para el empleo podemos poner otros
ejemplos que responden más a lo que significa la palabra catastrofismo.
Voy a terminar diciendo, señor Presidente, señor Ministro, que el Grupo
Popular en el Senado es optimista, pero desde luego no es triunfalista.
Me congratulo de que usted opine así, porque está --entendemos-- en el
camino correcto, abordando este tema con una política importantísima y,
por primera vez en la democracia española, coordinada por todos los
Ministerios, y que tiene que ser comprendido y resuelto con el apoyo
decidido de toda la sociedad española. Un Gobierno, una Administración
tiene que facilitar el camino para que la sociedad española, el sector
empresarial, genere empleo.
Señor Ministro, no hace falta que se lo diga, pero siga trabajando por el
empleo desde una decidida apuesta por el desarrollo y fortalecimiento del
modelo social español. Creo que es muy importante todo ello.
Para terminar, introduzco un factor. Creo es importante se trabaje en
esta línea, porque usted lo conoce bien. No hay mejor política social que
la que crea empleo. Con esto quiero decirles, señores del Partido
Socialista, que la sociedad española ya no se cree que con el Gobierno
del Partido Popular está en peligro el estado de bienestar.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, Senador Sanz Pérez.
Tiene la palabra el señor Ministro de Trabajo.
El señor MINISTRO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES (Arenas Bocanegra): Señor
Presidente, señorías, al menos por cortesía parlamentaria, intervengo
para hacer algún comentario a las intervenciones de su señoría, señor
Lerma y de otros senadores de otros grupos parlamentarios.
Se ha planteado por parte del Senador Nieto el debate que, ciertamente,
es un debate abierto en Europa en torno a la jornada de trabajo de 35
horas. Quiero aprovechar mi presencia hoy en el Senado para volver a
poner de manifiesto la posición del Gobierno que, por cierto, fue una
posición compartida al cien por cien por el Grupo Parlamentario
Socialista en el Congreso.
En Europa, como ha dicho muy bien su señoría, hay dos países en los que,
precisamente, sus Gobiernos tienen influencias ideológicas comunistas que
han planteado --lo digo porque me parece muy coherente su intervención--
tanto en el caso de Italia, a través de Refundazione Comunista, como en
el del gobierno francés, que en la frontera del año 2000, Francia, y en
la del año 2001, Italia, tendrá normas públicas sobre las 35 horas.
Sí quiero decir que en la Cumbre de Luxemburgo se tomó un acuerdo que
expresamente dice que se aborde el problema de la reducción de jornada a
través del diálogo social entre sindicatos y organizaciones empresariales
y que ese punto del acuerdo de Luxemburgo, como todos los demás, es
absolutamente compartido por parte del Gobierno.
Hay una cuestión bien clara y es que a través de la negociación
colectiva, y es ley de vida y ley económica, cada día se vayan trabajando
menos horas y la negociación colectiva hoy tiene como base lo que
significan las 40 horas. Por tanto, el Gobierno no es partidario de que
haya una decisión pública en el ámbito legislativo, en el ámbito del
ejecutivo, sobre la organización de la jornada, sino que es partidario de
que empresa a empresa, sector a sector se produzca un acuerdo de
reorganización del tiempo de jornada.
Ha habido intervenciones como las de los grupos catalán y vasco que han
hecho alguna apelación al crecimiento económico. Yo quiero decir una cosa
muy clara: la política económica no es exclusivamente la que genera
empleo, sino que hacen falta política económica y política de empleo.
Quien no entienda hoy que la política económica es también una política
de empleo, en mi opinión comete un error. Quien no plantee la necesidad
del crecimiento económico, nunca podrá sacar como consecuencia la
creación de empleo.
Yo creo que este Gobierno está haciendo una política económica en la que
no necesito extenderme en cuanto a su resultado y también está haciendo
política de empleo; cuando se reforma el servicio público de empleo, se
hace política de empleo; cuando se aborda el plan nacional de formación
profesional, se hace política de empleo; cuando se apoya el acuerdo de
sindicatos y empresarios, se hace política de empleo; cuando se bonifican
las cotizaciones en beneficio de jóvenes, parados de larga duración,
mujeres o personas con discapacidad, se hace política de empleo; cuando
se presenta un programa plurianual de empleo, como lo hemos presentado en
Europa, se hace política de empleo. Pero sin una política económica que
consiga el crecimiento económico no se puede conseguir lo obvio: que el
crecimiento económico se convierta en creación de empleo.
El Grupo Catalán en el Senado de Convergència i Unió ha planteado una
intervención muy coherente, ha hecho referencia al objetivo del millón de
empleos que tenía previsto el Gobierno para los próximos cuatro años.
Pensamos que era un objetivo realista. Las previsiones están resultando
al alza con respecto a esos objetivos. Pero quiero volver a insistirle en
que el Gobierno prefiere plantear objetivos realistas y no optimistas y
que luego sea la propia realidad de la economía, del empleo la que
desborde la previsión. No quiero entrar en el debate de etapas
anteriores, pero en éstas, por ejemplo, se afirmaba la creación de
800.000 puestos de trabajo y en esos cuatro años se produjo un incremento
del paro de un millón de personas. Eso es profundamente negativo para el
conjunto de la sociedad.
También quiero decir que cuando el Gobierno plantea que la sociedad crea
empleo es así. El Gobierno acierta o no en su política, pero hoy todo el
mundo sabe, incluida la República China, que las economías solidarias,
competitivas, las que mantienen la sociedad del bienestar son las que
tienen un tejido productivo privado competitivo. Y es la propia sociedad
la que crea su tejido económico. Desde luego está superado el concepto de
que un Gobierno tenga la obligación de crear empleo público artificial
para resolver el problema del desempleo. No hay ningún país en el mundo
donde se esté defendiendo eso en el día de hoy.
Por lo tanto, en la responsabilidad del Gobierno está acertar en sus
políticas para que el empresario tenga confianza, ya que es el creador de
empleo. Yo les quiero decir que sería bueno que cada día distingamos
entre lo que es un especulador, lo que es un rentista --haberlos,
haylos--, y lo que es un creador de empleo. A mí me parece que el creador
de empleo merece el aplauso de la sociedad y que ejerce una función
solidaria en la sociedad creando empleo. La persona que crea empleo en
este momento ve un clima de confianza y de acierto económico. Sin duda es
el protagonista de la creación de los 350.000 empleos en 1997. Y no
quiero corregirle al Senador catalán, porque el dato que ha dado, que era
un poco menor, es el último de la Encuesta de Población Activa, y cuando
yo hablo de 350.000 puestos de trabajo es la previsión de la Dirección
General de Política Económica sobre la finalización del año.
Termino con tres comentarios finales. Ciertamente tenemos un gran
desequilibrio en el desempleo en España en relación con Europa y
ciertamente ese desequilibrio es especialmente importante en el desempleo
de la mujer. En España se ha producido la incorporación de la mujer al
mercado de trabajo muchos años después de lo que se produjo en el ámbito
europeo. Y quiero decir que siendo muy distintas las cifras de tasa de
desempleo de hombres en España, hay Comunidades Autónomas en donde estas
cifras tienen tasas europeas. Sin embargo, donde existe la alarmante
diferencia es en las tasas de paro femenino, donde hay una gran
distancia, ya que en España la incorporación de la mujer al mercado de
trabajo se ha producido muchos años después.
Finalmente quiero contestar, por cortesía, al Senador que me interpelaba
diciéndole que no me ha parecido un acierto que se haya referido en este
debate a los muertos por siniestralidad laboral; no me ha parecido un
acierto.
El Grupo Socialista en el Congreso mantuvo una actitud
extraordinariamente constructiva; nunca utilizó a los muertos por
siniestralidad laboral, desgraciadamente, de la forma en que lo ha hecho
usted. Cuando usted quiera yo compareceré, como es lógico, para contestar
a una interpelación que usted formule sobre siniestralidad laboral, pero
si en materia de empleo sobra la demagogia, en materia de siniestros
laborales sobra especialmente, y ahí mucho tienen que decir el Gobierno,
los sindicatos, los empresarios, que han llegado a acuerdos con nosotros,
y las Comunidades Autónomas que tienen competencias muy importantes
asumidas en esta materia.
No obstante, señor Lerma, quiero decirle que negando la evidencia no se
va por buen camino. Usted ha terminado diciendo que se había dicho por
los medios de comunicación cercanos al Gobierno que el año del empleo
había sido catastrófico. Salió en ocho medios de comunicación
absolutamente dispares en sus líneas editoriales. Eso no ha sido un
acierto. Lo mismo que no es un acierto que me diga que la
«siniestrabilidad» --ha dicho usted, en lugar de siniestralidad, habrá
sido un lapsus-- se ha incrementado, porque siguen los temporales. Eso no
es un acierto; y no lo es porque es cierto que se ha incrementado la
siniestralidad, pero también lo es que desde el año 1988 los contratos
indefinidos en España han venido cayendo, y que en el año 1997 se ha
producido la duplicación de los contratos indefinidos.
Si en el año 1996 se han hecho trescientos cuarenta y tantos mil
contratos indefinidos; en el año 1997, 700.000, 360.000 jóvenes menores
de 30 años han firmado un contrato indefinido, y van a poder pedir un
préstamo en el banco, van a poder pensar en adquirir una vivienda,
mientras que un joven que tiene un contrato temporal no, ¿cómo me pueden
decir que no está funcionando el contrato indefinido si se han hecho el
doble de ellos, y los datos lo avalan? No se puede negar la evidencia,
porque en España a usted le están oyendo 350.000 jóvenes que han tenido
un contrato indefinido, y se preguntarán qué está pasando.
De la misma forma --y termino, señor Presidente-- usted en su
intervención ha dicho: a este ritmo --y he tomado nota de sus palabras
textualmente-- pronto estaremos en tres millones y medio de parados. No;
si todos los años creamos 350.000 empleos, en pocos años estaremos en el
ritmo de creación de empleo de Europa. ¿Por qué? Porque este año hemos
creado la mitad de empleo de Europa. ¿Por que? Porque es cierto que
cuando se producen 350.000 empleos hay una reducción del paro de 180.000
personas. ¿Quiénes son los demás? Las personas procedentes de los
incrementos de población activa. Pero a este ritmo, si hemos creado en
España la mitad del empleo en Europa, cómo vamos a estar en tres millones
y medio. El problema viene si se rompe este ritmo, no con él; a este
ritmo estamos avanzando. En un año se ha reducido en dos puntos la tasa
de paro en España, tanto en INEM como en EPA. Ojalá se pueda mantener el
ritmo de que todos los años reduzcamos dos puntos nuestra tasa de paro.
Ese es el ritmo bueno y hay que cuidar, haciendo políticas serias y
eficaces, que ese ritmo no se rompa en absoluto.
Termino diciendo que el Plan de Empleo está siendo dialogado con todos
los Presidentes de Comunidades Autónomas, a los que estoy visitando
personalmente. Está siendo dialogado con los sindicatos y con los
empresarios, y quiero hacer una oferta a todos los grupos parlamentarios
para que dialoguemos y nos hagan sus aportaciones, porque en materia de
empleo no hay ninguna opinión que sobre, y muy especialmente porque creo
que nadie en la Cámara, independientemente de su partido y de su
ideología, le quiere dar la espalda al problema del paro.
Muchas gracias, señor Presidente. (Aplausos en los escaños del Grupo
Parlamentario Popular.)
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ministro de Trabajo.
Se suspende la sesión hasta esta tarde a las dieciséis horas.
Eran las catorce horas y quince minutos.
Se reanuda la sesión a las dieciséis horas y diez minutos.
El señor PRESIDENTE: Señorías, se reanuda la sesión.
CONOCIMIENTO DIRECTO POR EL PLENO DE PROYECTOS Y PROPOSICIONES DE LEY
REMITIDOS POR EL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS:
--PROYECTO DE LEY POR EL QUE SE CREA EL CONSEJO GENERAL DE COLEGIOS
OFICIALES DE PODOLOGOS (S. 621/000063) (C. D. 121/000053).
El señor PRESIDENTE: Punto tercero del orden del día, conocimiento
directo por el Pleno de proyectos y proposiciones de ley remitidos por el
Congreso de los Diputados.
En primer lugar, proyecto de ley por el que se crea el Consejo General de
Colegios Oficiales de Podólogos, al
que no se ha presentado enmienda alguna. Por consiguiente, procede
conceder un turno a favor y otro en contra, en su caso.
¿Turno a favor? (Pausa.)
¿Turno en contra? (Pausa.)
¿Portavoces? (Pausa.)
¿Por el Grupo Mixto? (Pausa.)
¿Por el Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos? (Pausa.)
¿Por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió?
(Pausa.) El Senador Cardona tiene la palabra.
El señor CARDONA I VILA: Muchas gracias, señor Presidente.
Quiero exponer brevemente la posición de nuestro Grupo. Anuncio el voto
favorable al proyecto de ley de creación del Consejo General de Colegios
Oficiales de Podólogos, ya que no podía ser de otra manera, en primer
lugar porque es lo que procede de acuerdo con la Ley de Colegios
Profesionales tanto en lo que se refiere a su constitución o creación,
como a lo que se contempla en la forma jurídica de corporación de derecho
público con personalidad jurídica propia y plena capacidad para el
cumplimiento de sus fines. También se ajusta a lo previsto en la ley de
procedimiento autonómico puesto que al serles reconocidos a estos
profesionales de podología el título oficial de diplomados universitarios
por un Real Decreto de 1988, ello casa con el objetivo que se pretende.
Igualmente, nos parece adecuado que en el proyecto de ley se prevea la
creación de esa Comisión gestora en su transitoriedad, representativa de
cada uno de los Colegios Oficiales de Podólogos existentes, y que, a su
vez, elabore una proposición de estatutos profesionales.
Este proyecto de ley da satisfacción a la petición de esos profesionales,
puesto que no debemos olvidar que los Colegios de Cataluña y de Canarias
fueron los primeros que iniciaron dicha petición hace algunos años, con
la adhesión, ahora, de otros ya constituidos o en vías de constituirse.
Por tanto, como entendemos que es un buen instrumento para la defensa de
los intereses legítimos de este colectivo, es por lo que nosotros
votaremos a favor de este proyecto de ley que viene del Congreso de los
Diputados, iniciativa que, en última instancia, viene del Gobierno.
Nada más y muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, Senador Cardona.
¿Por el Grupo Parlamentario Socialista? (Pausa.) La Senadora Martínez
Castro tiene la palabra.
La señora MARTINEZ CASTRO: Muchas gracias, señor Presidente.
Señorías, intervengo ante el Pleno de esta Cámara para fijar la posición
del Grupo Parlamentario Socialista en relación con el proyecto de ley por
el que se crea el Consejo General de Colegios Oficiales de Podólogos.
Convendrán conmigo, señoras y señores Senadores, que la tarea que se me
ha encomendado no reviste complicación alguna a tenor de lo expuesto por
los distintos grupos políticos en el Congreso de los Diputados, en la
Comisión de Sanidad y Consumo y a la vista del informe emitido por la
Ponencia, en el que claramente se manifiesta la oportunidad y
conveniencia de crear el Consejo General de Colegios Oficiales de
Podólogos.
La Ley 2/1974, de 13 de febrero, de Colegios Profesionales establece en
su artículo 4.º que cuando en una determinada profesión existen varias
organizaciones colegiales de ámbito territorial inferior al nacional se
constituirá un Consejo general.
Me consta, porque así me lo han hecho llegar algunos profesionales de
podología estos últimos días, que esta reivindicación se viene planteando
hace algún tiempo por parte de este colectivo, y que fueron pioneros de
esta iniciativa los Colegios de Podólogos de Cataluña y de Canarias.
Si tenemos en cuenta que en la actualidad, además de los Colegios ya
mencionados, el de Cataluña y Canarias, existen también los de Murcia,
Madrid, Galicia y otros en proceso de constitución, estaremos de acuerdo
en que se dan las circunstancias en cuanto a la oportunidad de este
proyecto de ley.
Señorías, no cabe la menor duda de que la creación de este Consejo
General dará aún mayor relevancia a una profesión que viene de muy
antiguo, aunque en la actualidad la situación de estos profesionales no
se corresponde para nada con aquellos cirujanos barberos de los que se
hablaba en el siglo XIV que curaban y sanaban las dolencias de los pies,
ya que los podólogos fueron reconocidos en su día por Real Decreto como
una especialidad de rango universitario.
Los podólogos, señorías, como toda especialidad médico-sanitaria,
desempeñan un papel importante en toda sociedad avanzaba, que debe
apostar sin reservas por la prevención, la salud y la educación
sanitaria.
Por otra parte, pensamos que la creación del Consejo General de Colegios
Oficiales de Podólogos, como corporación de derecho público
representativo de estos profesionales a nivel estatal, permitirá a la
Administración General del Estado contar con un único interlocutor
representativo de este sector profesional para afrontar la regulación
necesaria que permita, entre otras cuestiones, acabar con la situación de
intrusismo en esta profesión que vienen denunciando los podólogos y que
menoscaba su prestigio profesional, con el consiguiente fraude ocasionado
a todos aquellos ciudadanos cuya salud y calidad de vida están en manos
de personas no cualificadas para ejercer esta profesión.
A estas consideraciones hay que añadir que este proyecto de ley se ajusta
en todo su articulado y disposiciones al Derecho vigente, que cumple el
rango de norma y que la tramitación ha sido la lógica y consecuente en
este tipo de anteproyecto de ley.
Señorías, en nombre del Grupo Parlamentario Socialista anunciamos nuestro
apoyo y voto favorable a esta ley.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.
Por el Grupo Popular, tiene la palabra el Senador Armario.
El señor ARMARIO VAZQUEZ: Gracias, señor Presidente.
Mi intervención será muy breve, puesto que veo que existe asentimiento
por parte de todos los grupos presentes en esta Cámara, para hacer ver la
posición favorable del Grupo Popular en la aprobación de esta ley por la
que se crea el Consejo General de Colegios Oficiales de Podólogos. No
existen enmiendas, como bien ha dicho el señor Presidente y, por tanto,
todos los grupos están de acuerdo de una vez por todas en que es
necesario reglamentar por medio de este Consejo los distintos Colegios
territoriales existentes, por lo que tengo que expresar la satisfacción
de mi Grupo por el interés mostrado por el resto de los grupos.
Como recordarán sus señorías, y se ha dicho tanto por el portavoz del
Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió como por
el portavoz del Grupo Socialista, todo comienza en el año 1994 a
instancias del Colegio de Podólogos de Cataluña; a esta iniciativa se
agregan posteriormente los Colegios de Canarias, Madrid, Murcia, Galicia
e incluso algunos colegios aún en fase de constitución, que han ido
instando de manera reiterada al Ministerio para una solución definitiva.
Por fin se hace, a iniciativa del Gobierno, lo que viene contemplado en
el artículo 4.º de la Ley de Colegios Profesionales, que establece que
cuando estén constituidos varios colegios territoriales se podrá
constituir el Consejo General, y el propio artículo 9.º establece que
estos consejos generales tienen, a todos los efectos, la condición de
corporaciones de derecho público con personalidad jurídica propia.
Como bien saben sus señorías, este proyecto de ley se limita
exclusivamente a crear formalmente el nuevo Consejo General, a arbitrar
la forma a través de una comisión gestora en la que los propios
profesionales y sus colegios territoriales establecerán sus normas
estatutarias iniciales y provisionales que permitan la constitución
posterior de sus órganos de gobierno. Una vez constituidos éstos, el
Colegio adquirirá su personalidad jurídica, y será el propio Consejo
General el que deberá elaborar un informe, según lo previsto al respecto
en la Ley de Colegios Profesionales, y los estatutos generales de la
profesión.
Esta iniciativa del Gobierno a instancia de los colegios territoriales ha
sido bien acogida incluso por las Comunidades Autónomas, a las que se les
ha comunicado en su momento el contenido del anteproyecto.
Ha sido informado favorablemente tanto por la Subsecretaría de Sanidad y
Consumo como por la Secretaría General de Régimen Jurídico Económico y
Territorial del Ministerio de Administraciones Públicas; sometido a la
consideración del Consejo de Ministros; aprobado, tras su revisión por el
Congreso de los Diputados en la Comisión de Sanidad y Consumo y, a tenor
de las intervenciones anteriores, también será aprobado en esta Cámara.
Es por todo ello por lo que el Grupo Parlamentario Popular se suma al
voto favorable para la aprobación de este proyecto de ley que, sin duda
alguna, dará lugar a que este colectivo profesional, que tiene también un
papel importante desde el punto de vista sanitario, se encuentre
adecuadamente regulado y representado.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, Senador Armario.
Del tenor de todas las intervenciones entiendo que se puede aprobar el
proyecto de ley por asentimiento.
¿Puede entenderse aprobado por asentimiento? (Pausa.) Por asentimiento
queda definitivamente aprobado por las Cortes Generales el proyecto de
ley por el que se crea el Consejo General de Colegios Oficiales de
Podólogos.
--PROPOSICION DE LEY SOBRE EL CAMBIO DE DENOMINACION DE LAS PROVINCIA DE
«LA CORUÑA» Y «ORENSE» (S. 625/000003) (C. D. 125/000009).
El señor PRESIDENTE: Proposición de Ley sobre el cambio de denominación
de las provincias de La Coruña y Orense.
No se han presentado enmiendas. Por acuerdo de la Junta de Portavoces, de
forma excepcional se van a conceder dos turnos a favor.
En primer lugar, por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra
el Senador Rodríguez.
El señor RODRIGUEZ RODRIGUEZ: Muchas gracias, señor Presidente.
Señoras y señores Senadores, intervengo en nombre del Grupo Parlamentario
Socialista para defender, en un turno a favor, el cambio de denominación
de las provincias de La Coruña y Orense por A Coruña y Ourense, que se
tramita en esta Cámara a través de la proposición de ley que ha sido
presentada ante las Cortes por iniciativa del Parlamento gallego, primer
aspecto que quiero destacar.
Indudablemente, una propuesta de esta naturaleza puede abordarse desde
distintas perspectivas: criterios lingüísticos, ortográficos, fonéticos;
criterios históricos o simplemente criterios jurídico-constitucionales.
Los debates que ya se han producido básicamente en el Parlamento gallego,
donde fue aprobada la propuesta por unanimidad, y en el Congreso de los
Diputados, donde también fue aprobada prácticamente por unanimidad
--parece ser que hubo una abstención como consecuencia de un error--, me
ahorran en este momento una intervención más prolija y pormenorizada.
Con el antecedente de Lleida y Girona, cuyo cambio de denominación se
tramitó en 1991, hoy, en el caso de Ourense y A Coruña se trata de poner
fin a una situación de de sintonía oficial con la realidad social, para
lo cual cobra especial relevancia ese acuerdo unánime --y lo resalto--
del Parlamento gallego, y lo que puede significar para esta Cámara de
respeto a los ciudadanos y a la realidad plurilingüística y pluricultural
de nuestro país.
No hace mucho, ante una delegación parlamentaria de un país europeo de
visita en este Senado, tuve la oportunidad
de resaltar el enorme patrimonio común y la riqueza que representa para
España nuestra realidad plurilingüística y pluricultural, y cómo esto es
cada vez más generalmente así entendido pese a algunas dificultades. No
quiero ocultar que esto provocó alguna sorpresa entre los visitantes,
pero yo así lo pensaba, así lo dije y así lo creo.
En el caso concreto de Galicia, resulta «maravillante» y extraordinario
--yo diría que casi milagroso si desde la izquierda puede hablarse de
milagros-- observar y comprobar cómo pese a«longanoitede pedra», como
diría el poeta Celso Emilio Ferreiro, el pueblo habló siempre en gallego
y conservó los topónimos al margen totalmente de la oficialidad y, aun
cuando ésta fue impuesta, la lengua, las costumbres y los usos populares
han permanecido incólumes a lo largo del tiempo y hoy, afortunadamente,
sobreviven.
Y lo de milagroso se explica porque en la dictadura y con los afanes
castellanizantes de sus servidores se produjeron situaciones tan
chocantes o tan cómicas, y han dado lugar a tantos disparates, o
«parvadas», como gusta de llamar mi buen amigo el profesor José María
Pin, responsable del gabinete de normalización lingüística de la
Universidad Sur del Galicia, como el traducir al castellano los topónimos
de «Boimorto», que significa piedra mol o zona pedregosa, por «buey
muerto», o el de «Mixaboi» por «orinabuey», «Ponteareas» por
«Puenteareas» en lugar de «Puentearenas», como debería ser la traducción
correcta y literal, y un largo etcétera que es conocido. Menos mal que
respetaron Pontevedra, porque, si no, en lugar de Puentevedra, como
debería ser siguiendo esta misma lógica traductora, hoy tendríamos que
tratar el topónimo no sólo de dos provincias, sino de tres de las cuatro
que integran el territorio de Galicia.
Y, a propósito de estos hechos, señoras y señores Senadores, quiero traer
a colación una reflexión ante el Pleno de esta Cámara. Las imposiciones
intolerantes o fascistas parecen tener siempre las mismas connotaciones o
comportamientos parecidos. El verano pasado saltó a los medios de
comunicación como en unas colonias escolares en el País Vasco se
sancionaba a los alumnos --llegó a hablarse de malos tratos-- por
expresarse en castellano y no en euskera. Pues bien, quien en estos
momentos les dirige la palabra, cuando era un adolescente vivió en carne
propia la misma experiencia pero respecto a la utilización del gallego en
lugar del castellano. Y no voy a narrarles cómo se procedía para no
extenderme en mi intervención. Sin embargo, ni aun así desapareció de
nuestra relación coloquial nuestra lengua, el gallego, como lengua de uso
común y como muestra que es de nuestra verdadera alma colectiva.
Hoy, señoras y señores Senadores, lo que hacemos, pues, con esta
proposición de ley es dar carta de naturaleza oficial a lo que ha sido y
es una permanente realidad social. No se trata de devolver a estas
provincias la denominación que por estas u otras causas hubieran perdido
en el pasado, sino de reconocer administrativa y oficialmente los nombres
que emplean los propios habitantes. Según los expertos, el nombre de
Ourense proviene del adjetivo «auriense» que como sustantivo «auria» da
nombre a la ciudad que se asienta al lado del río Miño y que parece ser
un lugar de «ouro», oro, que se encontraría en el río y en sus riberas en
la época romana. Desgraciadamente, hoy esto pertenece exclusivamente a la
Historia, o, seguramente, en alguna medida, a la leyenda. Mucho más
adelante, en el siglo XIII, aparece el nombre de Ourense en documentos de
compraventa, ya totalmente consolidado como tal en el siglo XIV y a
partir de entonces hasta hoy. En cuanto a La Coruña, parece ser la
evolución del topónimo «clunia», que deriva en «crunia», y que ya en 1442
aparece escrito como A Coruña.
Señoras y señores Senadores, asumir la fonética o emplear el uso que las
gentes hacen de su propia lengua, de la que proceden los topónimos y las
denominaciones, sobre todo, como en este caso, en que son empleados con
toda naturalidad, es lo más racional, lo más sensato, lo más justo y lo
que vengo a defender y a proponerles como gallego y en nombre del Grupo
Parlamentario Socialista.
Y con este acto final, que cierra toda la tramitación parlamentaria de
esta propuesta, quiero tener un recuerdo de agradecimiento y
reconocimiento para cuantas mujeres y hombres defienden o han defendido
el uso de nuestra lengua en expresión --y quiero resaltarlo-- y ejercicio
del más estricto respeto a la libertad de las personas, sin imposiciones
de ningún tipo.
Hoy es, porque tiene que ser, un día de honda satisfacción para todos los
gallegos y para esta Cámara, Cámara territorial, porque con este trámite
final se da cumplimiento y gratificación a los anhelos de un territorio y
de sus habitantes, que ven con ello reconocidos a nivel legal valores
culturales, valores emotivos, antropológicos e históricos. Porque éste es
el sentimiento de los gallegos respecto de su lengua, señorías;
sentimiento que tan bien expresó uno de nuestros grandes poetas, el hoy
olvidado de la ortodoxia oficial Celso Emilio Ferreiro --ya citado--,
cuando en uno de sus poemas dice: «Lingoa proletaria do men pobo, en
faloa porque sí, porque me gosta, porque me peta e quero e dame a gaña,
porque me sae de dentro, alá do fondo.»
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, Senador Rodríguez.
Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra la Senadora Do
Campo.
La señora DO CAMPO PIÑEIRO: Señor Presidente, señoras y señores
Senadores, en pocas ocasiones tiene esta Senadora la oportunidad de ser
portavoz de su Grupo con dos características tan importantes como las que
hoy se dan: la primera, por compartir tema y tiempo con un buen compañero
de Grupo y con un buen paisano como es el Senador José Luis Baltar y, la
segunda, por mostrar en esta Cámara el interés de la sociedad gallega por
recuperar los nombres de su toponimia.
Partiendo de la premisa de que los gallegos somos simplemente uno más de
esos espacios culturales y lingüísticos que la historia ha formado en
nuestro viejo continente, uno más de los pueblos de España y de Europa,
con sus miserias y sus glorias, como todos, no pretendemos más,
pero tampoco menos, en lo relativo a nuestra especificidad cultural y
lingüística, que lo que es justo históricamente: el aportar racionalidad
a la dicotomía que existe en cuanto al nombre de las capitales, que ya se
llaman desde hace mucho tiempo A Coruña y Ourense, y el de las
provincias, que, asumiendo el mismo nombre que las capitales, se
denominan La Coruña y Orense. Racionalidad, por cierto, que ya se ampara
en el preámbulo de la Constitución, donde se proclama la voluntad de
«proteger a todos los españoles y pueblos de España en el ejercicio de
los derechos humanos, sus culturas y tradiciones, lenguas e
instituciones», en el artículo dos del Estatuto de Autonomía de Galicia o
en el artículo 10 de la Ley de Normalización Lingüística de Galicia de
1983, que establece que los topónimos de Galicia tendrán como única forma
oficial la gallega.
No olvidemos que la lengua es la verdadera fuerza espiritual que da
unidad interna a nuestra Comunidad. Por eso es justo lo planteado en la
proposición de ley que, a iniciativa del Grupo Parlamento Popular, se
presentó en el Parlamento de Galicia y que en su día fue aprobada por
unanimidad, y que continúa su tramitación hoy en esta Cámara, sobre el
cambio de denominación de las provincias de A Coruña y Ourense. Y digo
bien A Coruña y Ourense porque así se vienen denominando, por razones
históricas, culturales y lingüísticas, estas dos provincias en Galicia.
No se pretende aprobar hoy aquí nada distinto de lo que ya es práctica
habitual de la ciudadanía y de las diputaciones provinciales que así lo
tienen manifestado por acuerdos de sus corporaciones y por el uso de los
Boletines Oficiales de la provincia o como así se vienen refiriendo a
estas dos provincias en los más de 30 lectorados, cátedras o seminarios
de estudios del gallego en las Universidades de Deusto, Madrid,
Salamanca, Barcelona, Alicante, Trier, Berlín, Oxford, Birmingham,
Perugia, Roma, Pisa, Heidelberg, Helsinki, París, Rennes, San
Petersburgo, Lisboa, Universidad do Miño en Braga, La Habana, Buenos
Aires, Belgrano, Bahía, Niteroi, Fortaleza, Nueva York, California y
Montevideo.
Pero a algunas de sus señorías les habrá entrado la curiosidad del origen
gallego de estos dos topónimos, aunque ya nos adelantó algo el Senador
Rodríguez. Si me permiten sus señorías, me referiré exclusivamente a mi
ciudad y a mi provincia, A Coruña, por razones obvias, y posteriormente
el Senador Baltar se referirá concretamente a Ourense.
El vocablo Coruña, como bien decía el Senador Rodríguez, procede o deriva
de la voz celta «clunia», que viene a significar cerro, otero, elevación
y que hace alusión a un castro situado en el Sudoeste de la península del
Faro, más conocido por Torre de Hércules, sobre la ensenada del Orzán
coruñés; torre que enlaza la historia local con una de las leyendas
clásicas más conocidas, como fue la lucha de los gigantes Hércules y
Gerión, y, a la vez, con las sagas del mundo atlántico.
Al convertirse la cabeza del Faro en puerta de llegada de innumerables
peregrinos franceses, británicos y nórdicos que tenían como meta el
llegar a Compostela por el llamado Camino Real o Camino Inglés, estos
hicieron una interpretación errónea del nombre de la población, tomándolo
como un sustantivo común de un poblado o de una villa del Faro, que
después fue aceptado por nuestros antepasados y más tarde por las
cancillerías regias.
Si bien la voz «clunia» nunca llevó artículo, como sucede con otros
núcleos de población como Coruña del Conde, en Castilla y León, o Coruño,
en el Principado de Asturias, no es menos cierto que en el tránsito
posterior al romance gallego pasó a denominarse A Coruña,
castellanizándose posteriormente. Por cierto, La Coruña es una
castellanización sin ningún significado.
Por lo tanto, señorías, el tema no es sólo la normalización lingüística
de unos topónimos, que no es poco, sino devolver a la historia su valor.
Porque la lengua y la cultura son los dones más preciados del hombre.
Ellas obran el milagro de unir indisolublemente a las generaciones
pasadas, de quien las recibimos, con las futuras, a las que tenemos el
deber de transmitírselas como firmes señales de identidad de todo un
pueblo. En palabras de nuestro Presidente, Manuel Fraga: Como ciudadanos,
como investigadores o como hijos de Galicia, comprometidos con una
cultura y con un pueblo, nos vemos en la obligación de defender aún más
nuestro patrimonio cultural reconocido en la Constitución Española y en
las leyes que regulan la Europa Unida. Entre todos debemos despertar la
sensibilidad de los que aún tienen reticencias o pasividad delante de
nuestra realidad sociolingüística.
Porque, por encima de todo lo que nos diferencia, por encima de los
sentimientos, las lenguas y las culturas de cada cual se creó un depósito
común, una aspiración colectiva que todos queremos enriquecer y afirmar
del modo más rotundo porque así se configura este entrañable Reino de
Occidente al que con orgullo llamamos España. La España que cantó Camoens
en «Os Lusiadas: Con naçones diferentes se engrandece, cercadas com as
ondas do Oceano, todas de tal nobleza e tal valor, que calquer d'ellas
cuida que he millor.»
Termino, señorías, manifestando nuestro voto favorable a esta proposición
de ley, porque los gallegos somos pueblo antiguo, pero instalado en la
modernidad y mirando hacia un futuro común. Y, como los demás, tenemos
aún mucho por hacer, mucho por ofrecer desde nuestra cultura, desde
nuestra lengua, desde nuestra A Coruña y desde nuestro Ourense.
Muchas gracias, señor Presidente. (Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senadora do Campo.
Turno de portavoces.
Por el Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra la Senadora de Boneta.
La señora DE BONETA Y PIEDRA: Muchas gracias, señor Presidente.
Señorías, aunque sea para dar una explicación muy breve, subo a la
tribuna, porque me parece que la ocasión lo merece, para manifestar la
solidaridad y la felicitación del Grupo Parlamentario Mixto y de esta
Senadora de Eusko Alkartasuna a todos los compañeros intervinientes
y a todos los compañeros gallegos de la Cámara, así como a todos los
demás compañeros de los grupos políticos de las Cortes Generales, y entre
ellos al BNG impulsor de la iniciativa, no representado aquí.
Yo espero que esta solidaridad y esta felicitación que hoy planteamos
porque se haya cumplido una reivindicación justa y adecuada a la
nomenclatura y a la lengua propia del país gallego, sea recíproca y se
pueda producir rápidamente en relación a la modificación de los nombres
oficiales en el Estado de los territorios históricos de Araba, Gipuzkoa y
Bizkaia.
Por último, quiero decir al representante del Grupo Parlamentario
Socialista que no es el lugar ni el foro adecuado para expresar mi
desconcierto y descontento por el tratamiento dado a las lenguas propias
durante la dictadura al compararlas con un suceso erróneo sucedido en
unas colonias escolares en el Valle de Arratia, en Vizcaya, durante el
pasado verano en relación a unos alumnos que estaban estudiando euskera,
y como éste no es el foro adecuado, no voy a entrar en ello, pero me
pongo a su disposición para explicarle, a usted y a todas las señorías de
la Cámara que así lo deseen, las diferencias sustanciales entre lo que es
un error y lo que es una imposición.
Nada más y muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, Senadora de Boneta.
¿Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos? (Pausa.)
Por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió,
tiene la palabra el Senador Cardona.
El señor CARDONA I VILA: Muchas gracias, señor Presidente.
Señorías, concierta brevedad anuncio con satisfacción nuestro voto
favorable, y entusiástico en este caso, a la proposición de ley mediante
la cual se cambia la denominación de las provincias de La Coruña por A
Coruña y de Orense por Ourense; satisfacción de nuestro Grupo
Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió en tanto que
para una coalición de dos partidos nacionalistas, como la nuestra,
representa un anhelo y la culminación de un proceso la recuperación
toponímica, de acuerdo con el natural proceso de normalización
lingüística, de una de las lenguas del Estado español y cuyo camino --se
ha recordado aquí-- empezó a recorrerse ya en el año 1992 a iniciativa
nuestra con la modificación de Girona y Lleida, a cuya circunscripción
electoral pertenece este Senador; satisfacción personal también por tener
la oportunidad de participar en este trámite parlamentario a igual que
tuve el honor de hacerlo en aquella ocasión, y satisfacción, en
definitiva, que creo que hemos de sentir todos los Senadores, porque
presumo que hoy cerraremos --estoy convencido-- el trámite parlamentario
de esta proposición de ley que, iniciada en el Parlamento gallego, verá
como acto final la aprobación unánime de esta Cámara de representación
territorial.
Señor Presidente, de entre las muchas reflexiones que querría hacer a sus
señorías, me voy a permitir hacer mención a lo que representa esa
recuperación toponímica de A Coruña y Ourense; recuperación en el largo,
triste y oscuro proceso de normalización lingüística, algo así como si
después de la larga y oscura noche viene y le sucede la resplandeciente
luz del sol radiante de la mañana. Y si eso puede parecer un poco
poético, volvamos a la prosa porque un proceso que al amparo de y en
cumplimiento del ordenamiento jurídico previsto --como se relaciona en la
exposición de motivos--, e iniciado precisamente por el Parlamento
gallego en su Comisión institucional allá por el año 1991, vea ahora
finalmente la luz no deja de parecer demasiado largo.
Recuerdo lo que costó y lo que llevó consigo aquella iniciativa del
cambio de denominación de Girona y Lleida. Hoy, ciertamente, y es un
cierto consuelo, hemos de decir que se ha avanzado algo, puesto que nadie
cuestiona el cambio de denominación como en aquellos momentos, aunque
fuera en matices, se cuestionó.
Con cierta reiteración decíamos en Cataluña que nuestra lengua, el
catalán, es el nervio de nuestra cultura y, por tanto, forma parte del
eje central, cual sistema nervioso central, de nuestra esencia. No
debemos olvidarlo. Y por tanto no nos cansaremos de repetirlo. En efecto,
la lengua propia de cada persona, aquella que es la primera que ha
llegado a sus oídos por parte de sus padres, de su madre, de su familia,
en definitiva, es uno de los elementos principales configuradores de su
acervo personal y, en consecuencia, de su personalidad. La lengua nos
sirve también de nexo de comunicación con nuestros semejantes en las
relaciones con las personas. España cuenta precisamente con un alto
porcentaje de ricas lenguas que forman parte precisamente de ese bagaje
cultural que es de todos los españoles. Con su reconocimiento, entendemos
que nos enriquecemos todos.
Como decía la portavoz de nuestro Grupo en el Congreso, Carmen Laura Gil:
Que vosa lingoa sea también nosa lingoa. De la misma forma, nosotros
podríamos decir ahora, y en nuestra lengua, en catalán: Que la nostra
llengua, el catalá, es també llengua de tots. Por ello quisiera terminar
evocando al poeta catalán Salvador Espriu en su «Inici de cántic al
temple», en homenaje a Salvat Papasseit, y que el cantante de Xátiva,
Raimon, ha musicado cuando decía: Peró heu viscut per salvas-nos els
mots, per recordar-nos el nòm de cada cosa. Efectivamente, y traduzco:
Pero habéis vivido para salvarnos las palabras, para recordarnos el
nombre de cada cosa.
No deseo más que reiterar nuestra satisfacción sincera y emotiva al votar
favorablemente esa proposición de ley.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias, Senador Cardona i Vila.
¿Grupo Parlamentario Socialista? (Pausa.)
¿Grupo Parlamentario Popular?
Tiene la palabra el Senador Baltar.
El señor BALTAR PUMAR: Señor Presidente, señoras y señores Senadores,
sean mis primeras palabras de agradecimiento por el anuncio que han hecho
los señores portavoces de los Grupos políticos de esta Cámara que han
intervenido
de votar afirmativamente la denominación que se propone para las
provincias de La Coruña y Orense con su acepción gallega de A Coruña y
Ourense, para dar cumplimiento a la normalización gallega de topónimos
aprobada por el Parlamento de Galicia. Se trata de hacer legal lo que a
nivel de pueblo viene siendo habitual, pero, sobre todo, se trata de
hacer justicia con el mayor tesoro cultural que tenemos los gallegos,
nuestra lengua, que ha perdurado a lo largo de los siglos a pesar de los
ataques recibidos, que sigue siendo nuestra principal seña de identidad
entre los pueblos de España, y que nos caracteriza como nacionalidad
histórica.
Cuando el artículo 10 de la Ley de Normalización Lingüística hace
especial hincapié en que los topónimos tienen una importancia
extraordinaria y, además, dice que han de figurar en gallego, está
respaldando nuestra lengua y evitando el batiburrillo organizado con la
castellanización de nuestros nombres de pueblos hecho por ciertos
personajes con una pseudocultura que no buscó las verdaderas raíces y
significados de nombres de municipios, de territorios, de núcleos de
población, de vías de comunicación interurbanas, etcétera.
En la discusión que sobre este tema tuvo lugar en el Parlamento de
Galicia y en el Congreso de los Diputados, se citaron por los
intervinientes abundantes ejemplos de los estragos que se cometieron con
nuestra lengua en un loco afán por castellanizar lo que a todas luces era
imposible, y ni siquiera en la mayoría de los casos se hizo de manera
mínimamente técnica, es decir, haciendo estudios etimológicos o de otro
tipo para poder hacer frente a las protestas que por estas aberraciones
se iban a producir, y que nosotros tomamos como graves ofensas a nuestra
lengua y, por tanto, a nuestro pueblo.
Permítaseme que señale muy brevemente algunas de las razones del origen
de los términos que hoy traemos a la consideración de sus señorías. No lo
haré con el topónimo A Coruña, porque ya lo hizo nuestra compañera, la
Senadora Belén do Campo, y para explicar el origen del topónimo ourense
utilizaré las doctas palabras del ilustre parlamentario del Grupo
Parlamentario Popular del Parlamento de Galicia, don Fernando González
Suárez, en el Congreso de los Diputados: En cuanto al topónimo Ourense,
se viene utilizando así por parte de la población --yo diría la mayor
parte de la población-- desde tiempo inmemorial. Aparece por primera vez
en la «Parochialis Suevorum» o «Divisio Theodomiri», a finales del siglo
VI, con la denominación auriense, que a su vez procede del nombre latino
«Portus Auriensis», que hace mención a un paso fluvial relacionado con
una explotación aurífera a orillas del río Miño, que tenía por nombre
«Palla Aurea», apareciendo con la denominación auriense en la
documentación medieval que se guarda en el archivo de la catedral
orensana --por cierto, por evolución, auriense--. Ya el Rey Sabio,
Alfonso, en el siglo XIII, lo cita en una de sus cantigas a Santa María.
Por todas estas razones, la Comisión Oficial de Toponimia de Galicia tomó
la decisión de declarar nombres oficiales los de A Coruña y Ourense para
estas ciudades, porque está avalada por la tradición, por la etimología y
por el uso de la mayoría de los ciudadanos. Son estas mismas razones las
que nos llevan a solicitar estas denominaciones para las provincias
citadas, para cumplir así la ley que habla de los nombres de las
provincias españolas.
No queremos este cambio de denominación así porque sí, ni se trata de una
reivindicación más o menos folclórica, sino de una reivindicación con
fundamentos filológicos y tradicionales. Es, sobre todo, una
reivindicación que sale de lo más profundo del corazón de muchísimos
gallegos que aspiramos a ver avanzar nuestra lengua y nuestro pueblo.
En cuanto a lo que se dijo aquí de la dictadura, que por cierto se
cometieron muchos desaguisados, tengo que decir públicamente que existe
un Decreto de 1851 en el que se ordena a los comandantes de Puesto de la
Guardia Civil la castellanización de los topónimos gallegos.
Señorías, este tema fue aprobado unánimemente en el Parlamento de Galicia
por todos los grupos políticos. Y, de verdad, les agradecemos el voto
favorable, pero quien más lo va a agradecer es Galicia nosa nai e señora.
Muchas gracias, señor Presidente. Muchas gracias, señoras y señores
Senadores. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Popular.)
El señor PRESIDENTE: Gracias, Senador Baltar.
¿Podemos aprobar esta Proposición de Ley por asentimiento? (Pausa.) Por
asentimiento queda definitivamente aprobada por las Cortes Generales la
Proposición de Ley sobre el cambio de denominación de las provincias de
La Coruña y Orense que pasarán a llamarse A Coruña y Ourense en este
caso.
--PROPOSICION DE LEY POR LA QUE SE ESTABLECE EL REGIMEN SANCIONADOR
PREVISTO EN EL REGLAMENTO (CE) 3093/94 DEL CONSEJO, DE 15 DE DICIEMBRE,
RELATIVO A LAS SUSTANCIAS QUE AGOTAN LA CAPA DE OZONO (S. 624/000012) (C.
D. 124/000042).
El señor PRESIDENTE: Proposición de Ley por la que se establece el
régimen sancionador previsto en el Reglamento (CE) 3093/94 del Consejo,
de 15 de diciembre, relativo a las sustancias que agotan la capa de
ozono.
No se han presentado enmiendas. Cabe, por tanto, aplicar car el artículo
120, apartados 2 y 3, del Reglamento según el cual procede celebrar un
turno a favor y otro en contra.
¿Turno a favor? (Pausa.) ¿Turno en contra? (Pausa.) ¿Turno de portavoces?
(Pausa.)
¿Grupo Parlamentario Mixto? (Pausa.)
¿Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos? (Pausa.) ¿Grupo
Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió? (Pausa.)
¿Grupo Parlamentario Socialista? (Pausa.)
¿Grupo Parlamentario Popular? (Pausa.)
¿Podemos aprobarla por asentimiento? (Pausa.)
Queda por asentimiento definitivamente aprobada por las Cortes Generales
la Proposición de Ley por la que se
establece el régimen sancionador previsto en el Reglamento de la
Comunidad Europea 3093/94, del Consejo, de 15 de diciembre, relativo a
las sustancias que agotan la capa de ozono.
DICTAMENES DE COMISIONES SOBRE PROYECTOS Y PROPOSICIONES DE LEY REMITIDOS
POR EL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS:
--DE LA COMISION DE EDUCACION Y CULTURA EN RELACION CON EL PROYECTO DE
LEY DE INCORPORACION AL DERECHO ESPAÑOL DE LA DIRECTIVA 96/9/CE, DEL
PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO, DE 11 DE MARZO DE 1996, SOBRE LA
PROTECCION JURIDICA DE LAS BASES DE DATOS (S. 621/000067) (C. D.
121/000088).
El señor PRESIDENTE: Punto cuarto del orden del día: Dictámenes de
Comisiones sobre proyectos y proposiciones de ley remitidos por el
Congreso de los Diputados. En este caso, de la Comisión de Educación y
Cultura en relación con el Proyecto de Ley de incorporación al Derecho
Español de la Directiva 96/9/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de
11 de marzo de 1996, sobre la protección jurídica de las bases de datos.
Para la presentación del dictamen, tiene la palabra su señoría.
El señor GARCIA-FUSTER Y GONZALEZ ALEGRE: Muchas gracias, señor
Presidente.
Señor Presidente, señoras y señores Senadores, me cabe el honor de
presentar ante sus señorías el proyecto de ley de incorporación al
Derecho español de la Directiva 96/9/CE, del Parlamento Europeo y del
Consejo, de 11 de marzo de 1996, sobre la protección jurídica de las
bases de datos.
En dicho proyecto de ley se cumple el mandato comunitario contenido en la
precitada directiva, unificando la protección jurídica de las bases de
datos en las legislaciones de los Estados miembros de la Unión Europea.
Los azares del destino hacen que hoy el Senado de España dé un paso más
en la construcción de la Unión Europea y que precisamente hoy conozcamos
el fallecimiento de un Senador francés, Maurice Schumann, también
escritor y periodista, pero sobre todo un europeísta convencido y uno de
los más importantes mentores y cooperadores del gran proyecto por tantos
deseado. Vaya desde aquí nuestro recuerdo a su memoria y nuestro
agradecimiento por su ingente obra.
El proyecto de ley al que nos referimos, señorías, tuvo su entrada en el
Senado el 2 de enero de 1998, fecha de su publicación en el «Boletín
Oficial de las Cortes Generales». El plazo de presentación de enmiendas
finalizó el pasado día 4 de febrero de 1998, tramitándose por el
procedimiento de urgencia.
Se presentaron seis enmiendas en total, cuatro correspondientes al Grupo
Parlamentario Socialista, y dos al Grupo Parlamentario Popular. No se
designó Ponencia, y se debatió directamente por la Comisión de Educación
y Cultura, reunida al efecto el día 5 del presente mes.
De las citadas enmiendas se incorporaron al dictamen las dos presentadas
por el Grupo Parlamentario Popular, de mero carácter técnico, ello
condicionado por la fecha de entrada en vigor de la ley, enmiendas que
fueron aprobadas por unanimidad. Quedan, por tanto, cuatro enmiendas al
texto que se somete hoy a la consideración del Pleno, que consta de una
exposición de motivos, de tres capítulos dedicados respectivamente al
derecho de autor, al derecho «sui generis» y a otras disposiciones. El
texto está constituido en total por siete artículos, dos disposiciones
derogatorias y una disposición final, de todo lo cual tengo el honor de
informar a la Cámara.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias, Senador García-Fuster.
¿Desean hacer uso de la palabra en turno en contra? (Pausa.)
Pasamos al turno de portavoces. ¿Desea intervenir el Grupo Parlamentario
Mixto? (Pausa.)
¿Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos? (Pausa.)
Por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió
tiene la palabra el Senador Varela.
El señor VARELA I SERRA: Muchas gracias, señor Presidente.
Señorías, intervengo para expresar la posición favorable de nuestro Grupo
ante este proyecto de ley sobre la protección jurídica de las bases de
datos, proyecto legislativo que tiene por objeto incorporar al Derecho
español la Directiva 96/9 de la Unión Europea sobre protección jurídica
de bases de datos.
La principal razón de ser de tal Directiva es la consideración de que, en
la actualidad, las bases de datos no están suficientemente protegidas en
todos los Estados miembros de la Unión por la legislación vigente en
ellos, o bien, en el caso de que sí exista, tal protección no es
uniforme. La protección, pues, es diferente, y tales diferencias tienen
un efecto distorsionador sobre el funcionamiento del mercado interior.
De estos aspectos, entre otros, se ocupa este proyecto de ley, que
representa, como ha dicho el Senador García-Fuster, un paso más en la
creación real y cotidiana de una Europa común. Comprenderán sus señorías
que todo el proceso sea satisfactorio para un Grupo que, como el nuestro,
siempre ha tenido en su vocación europea una de las columnas básicas de
su acción política. Y, por supuesto, nos sumamos también al homenaje al
gran líder europeo Maurice Schumann.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, Senador Varela.
¿Desea intervenir el Grupo Parlamentario Socialista? (Pausa.)
¿Grupo Popular? (Pausa.)
Pasamos, pues, al debate del articulado.
Voto particular número 1, del Grupo Parlamentario Socialista,
correspondiente a las enmiendas números 1 a 4.
Tiene la palabra el Senador Iglesias Marcelo.
El señor IGLESIAS MARCELO: Señor Presidente, señorías, en primer lugar
expresaré la posición de nuestro Grupo ante el debate de este proyecto de
ley, que va a recibir nuestro apoyo y nuestro voto favorable.
Esta es la quinta modificación que introducimos en el Texto Refundido de
la Ley de Propiedad Intelectual, aprobado en 1996, texto que en su
momento supuso un avance importante en el reconocimiento de los derechos
de autor. Y hacemos la quinta modificación porque la materia que se
regula en la Ley y la materia que se va proyectando en el transcurso del
tiempo, es una materia que está completamente viva: aparecen nuevos
fenómenos de creación que suscitan, que exigen, que requieren protección
de derechos de autor, de creadores, de traductores, de intérpretes, de
los que utilizan determinados instrumentos para la creación científica,
literaria o artística y, por tanto, es necesario modificar el texto de la
Ley de Propiedad Intelectual.
El proyecto de ley que contemplamos respeta en lo esencial el contenido
de la Directiva 96/9 de la comunidad. Como digo, ésta es respetada en sus
líneas esenciales. Por tanto, manifestamos nuestro apoyo a este proyecto
de ley para su incorporación al texto de la Ley de Propiedad Intelectual.
Asimismo, manifestamos nuestro apoyo al sistema de incorporación del
texto de la Directiva a la Ley de Propiedad Intelectual. Como saben sus
señorías, eso puede hacerse de dos formas: bien mediante la incorporación
directa de la Directiva, modificando los preceptos necesarios de la Ley
de Propiedad Intelectual --sistema que en esta ocasión ha adoptado el
Gobierno para llevar a cabo la trasposición--, bien incorporando la
Directiva a un proyecto de ley sustantivo e independiente, que a la larga
terminaría modificando la Ley de Propiedad Intelectual --sistema que se
ha utilizado en otras ocasiones, e igualmente legítimo--. Por tanto, no
hay ninguna observación que hacer respecto del sistema utilizado para la
trasposición. Votaremos, pues, afirmativamente.
Sin embargo, expresamos ciertas reservas a través de nuestras enmiendas,
algunas de las cuales se refieren a la organización de los textos de una
manera que, a nuestro entender, es más lógica y coherente, y alguna otra,
con un poco más de fondo sustancial, aunque eso también depende de la
interpretación que se haga del texto de la ley.
Paso brevemente a defenderlas. La enmienda número 1 propone introducir
una modificación en la exposición de motivos de la ley, y es el resultado
lógico de otra de nuestras enmiendas, que solicita la modificación del
artículo 18 del texto de la ley de Propiedad Intelectual, lo que debería
tener reflejo, en caso de ser aceptada, en la exposición de motivos. Si
no fuera aceptada, nuestra enmienda carecería de sentido. Por tanto, es
consecuencia del intento que está presente en otra parte de este debate.
La segunda de nuestras enmiendas pretende, simplemente, cambiar el orden
de los párrafos del artículo 1 del texto de la ley, referido a la
modificación del artículo 12, apartados 1 y 2. Se trata de una
modificación que no afecta al tenor literal de los preceptos, sino
exclusivamente a su ordenación.
Eso tiene su explicación lógica. En el apartado 1 del artículo 12 se
define el ámbito de protección de los derechos de ese tipo de creaciones
intelectuales que se denominan colecciones, conjuntos de datos y --ahí
está la novedad-- bases de datos, que es el objeto propio de la
incorporación de la Directiva. Como digo, define un ámbito de protección
de derechos de autor, que está contenido bajo el rótulo general de
colecciones.
En el apartado 2 se define lo que es novedoso en dicho artículo: las
bases de datos. Así, se establece formalmente lo que es una base de
datos, que va a ser objeto de protección. Y nosotros pedimos que a
continuación del apartado 2 --y no del 1-- se sitúe el párrafo en que se
define la protección que los derechos de autor de las bases de datos
deben recibir; precisamente, lo que es novedoso en la Ley de Propiedad
Intelectual, que no son las colecciones, sino las bases de datos, el
elemento nuevo que se introduce con esta modificación legal. Nos parece,
pues, que sería más lógico que figurara como párrafo segundo del apartado
2 de ese artículo de la ley. En cualquier caso, como ya he dicho, no se
modifica en absoluto su tenor literal, sino que pedimos que la ordenación
sea diferente.
La enmienda número 3 propone introducir una novedad en este proyecto de
ley, como es la modificación del texto del artículo 18 de la Ley de
Propiedad Intelectual. Dicho artículo se refiere a los fenómenos de
reproducciones que originan derechos de autor, y contienen la definición
de lo que se entiende por reproducción a efectos de los derechos de autor
reconocidos en la ley.
El texto de la Directiva incluye una definición de reproducción de bases
de datos que no coincide literalmente con la definición que contiene la
Ley de Propiedad Intelectual. Hay alguna variante que podría ser
significativa, sobre todo a la hora de la interpretación y de la
casuística de lo que es reproducción de una base de datos que origina
derechos de autor.
Existe, entre lo que nosotros proponemos y el texto de la Ley de
Propiedad Intelectual, alguna ligera variante. Por ello, al texto vigente
del artículo 18 que define con carácter general lo que es la reproducción
que origina derechos de autor para todo tipo de copias, pretendemos
incorporar un segundo párrafo reproduciendo literalmente la definición
que contiene la Directiva, aplicado el concepto de reproducción a las
bases de datos. Creemos que no sería ocioso y que ayudaría a perfilar con
mayor rigor el contenido del artículo 18.
Por último, la enmienda número 4 se refiere a la protección de los
derechos de autor con carácter universal, salvo determinadas exenciones o
excepciones. Este artículo establece, en una de sus modificaciones, que
cuando una base de datos se utilice con fines ilustrativos de la
enseñanza o con fines de investigación científica, no se requiera la
autorización de los autores de la misma. Por tanto, no generarían
derechos de autor los usos de los datos extraídos de la base para los
fines de la investigación científica o para los fines de ilustración de
la enseñanza.
El sentido de la Directiva es absolutamente claro, quiere proteger la
enseñanza cuando utilice bases de datos y la investigación científica
cuando utilice bases de datos para los fines propios y específicos de la
misma, que son el descubrimiento de la verdad, el avance del
conocimiento, etcétera, mientras que la redacción que propone el texto no
queda muy clara, porque se dice que quedarán exentos cuando respondan a
fines ilustrativos de la enseñanza o de investigación científica.
Si investigación científica es una expresión que va regida por el
sustantivo «fines ilustrativos de la investigación científica», eso no
quiere decir nada, no significa protección alguna para los
investigadores. Es una cuestión de interpretación. Nos parece que
quedaría más claro con la redacción que nosotros proponemos.
Me gustaría que la exposición del portavoz del Grupo Parlamentario
Popular quedara en la tribuna, porque la voluntad del legislador podría
ser detectada perfectamente a través del «Diario de Sesiones» de esta
Cámara sobre el sentido que tiene el párrafo que estamos comentando, que
es justamente el de proteger los derechos de la investigación científica,
de tal manera que, salvo que se obtengan fines o beneficios comerciales
con los resultados de la investigación, los investigadores no estén
obligados a pedir autorización previa para el uso de datos extraídos de
una base de datos y que, por tanto, no estén sujetos a la obligación de
pagar derechos de autor. Si queda suficientemente claro en el espíritu
del legislador a través de la intervención de su señoría, nosotros, en el
espíritu de nuestra intervención, quedaríamos satisfechos.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias, Senador Iglesias Marcelo.
Para turno en contra, tiene la palabra el señor Barquero.
El señor BARQUERO VAZQUEZ: Señor Presidente, señoras y señores Senadores,
Senador Iglesias, tal como habíamos manifestado el último día en la
reunión de la Comisión de Educación, efectivamente en el Grupo Popular
hemos atendido y analizado con cuidado y con atención las enmiendas que
ustedes proponen y que acaba de mencionar en este momento. Lamento,
Senador Iglesias, por las razones que ahora voy a exponer, que ninguna de
estas enmiendas sean tomadas en consideración por el Grupo Parlamentario
Popular.
En primer lugar, y dejando aparte la enmienda número 1 --porque, como muy
bien ha expuesto usted, la enmienda número 1 trae causa de la número 3--,
voy a referirme a sus enmiendas números 2, 3 y 4.
La enmienda número 2 pretende hacer un traslado de párrafo; su señoría
considera que quedan mejor explicados, tanto el número 1 como el número
2, introduciendo ese segundo párrafo detrás del primero. Pues bien, a
juicio de mi Grupo no se estima procedente, porque el actual punto 2 del
proyecto, que dice «A efectos de la presente Ley, y sin perjuicio de lo
dispuesto en el apartado anterior...», etcétera, es, sin más, una
definición de carácter general de las bases de datos. Definición válida
tanto para las bases de datos protegidas por el derecho de autor, como
para las bases de datos protegidas por el derecho sui géneris. En cambio,
el segundo párrafo del punto 1 --detrás del que ustedes pretenden colocar
ese párrafo añadido--, hace referencia exclusivamente a las bases de
datos protegidas por el derecho de autor. Es decir, para que nos
entendamos en lenguaje de interpretación de textos, si hacemos caso y
tomamos en consideración su enmienda, estaríamos induciendo a
interpretaciones según las cuales se podría tomar la parte por el todo
--para que nos entendamos en lenguaje académico--, o si quiere usted más
fácil, interpretar el todo en función de la parte, lo cual rompe con la
primera y fundamental de las reglas de cualquier interpretación. Por
tanto, comprenderá que no mejora el contenido de la ley y sí, en cambio,
introduce elementos de clara confusión.
La enmienda número 3 propone añadir una precisión conceptual, por
considerar que el concepto de base de datos no está suficientemente
definido --si no he entendido mal la enmienda-- y que sería conveniente
contemplarlo de una forma más exacta. En ese sentido, consideramos que la
normativa es clara conceptualmente.
Si usted lee el párrafo decimocuarto de la exposición de motivos del
proyecto de ley, verá que ahí se dice: «Por lo que hace al primero de
ellos» --es decir, la modificación del artículo 18--, «el artículo 18,
los amplios términos de dicho artículo amparan tanto la reproducción
permanente de la base de datos como la temporal o provisional y
cualquiera que sea el medio o la forma...». Es decir, palabras como medio
y forma son suficiente y ampliamente significativas de hasta dónde puede
extenderse el contenido, la forma, las características de una base de
datos. Cualquiera que sea su medio o forma, o sea, sin exclusión de
ningún tipo.
Pero es que, además, al aludir el último inciso del artículo 18 --y leo
textualmente-- a «la obtención de copias de todo o parte de ella», es
claro que hace referencia a la reproducción de manera total o parcial.
Por tanto, no es preciso añadir ese segundo párrafo a este artículo 18.
Sería ocioso añadirlo, pero no solamente eso, sino que la adición
induciría a suponer que el derecho de reproducción para otras creaciones
intelectuales diferentes a las bases de datos es más restrictivo que el
que figura en el párrafo propuesto por el Grupo Parlamentario Socialista
y, por tanto, también más restrictivo que el concepto de reproducción,
derecho mínimo convencional recogido en el artículo 9 del Convenio de
Berna. Lógicamente, al no aceptar por estos motivos la enmienda número 3,
por pura lógica tampoco es aceptada la enmienda número 1.
Por último, me voy a referir a la cuestión en la que usted hace más
hincapié, tratando de hacerlo con la mayor claridad posible.
El artículo 135, a efectos de actas, se refiere a las excepciones al
derecho sui géneris. La letra b) del apartado 1 dice: «el usuario
legítimo de una base de datos, sea cual fuere la forma en que ésta haya
sido puesta a disposición del público, podrá, sin autorización del
fabricante de la base, extraer y/o reutilizar una parte sustancial del
contenido de la misma en los siguientes casos --aquí es donde va la
enmienda presentada por ustedes al texto del proyecto
de ley--: b) cuando se trate de una extracción con fines ilustrativos de
enseñanza o de investigación científica, en la medida justificada por el
objetivo no comercial que se persiga y siempre que se indique la fuente»;
y ustedes tratan de añadir lo siguiente: cuando se trate de una
extracción con fines ilustrativos de enseñanza o fines de investigación
científica. Creo que es exactamente lo que se añade ahí para una mayor
determinación y concreción.
El texto de la Directiva objeto de trasposición recoge para este supuesto
concreto la misma redacción, tanto para el caso del derecho de autor
--artículo 6.b)-- como para el derecho sui géneris --artículo 9.b)--. Por
tanto, a nuestro juicio, no se puede prever en este texto --que es una
trasposición del comunitario-- una redacción nueva que modifique
sustancialmente lo establecido en la Directiva 96/9. Consideramos que el
texto del proyecto de ley se atiene estrictamente a los términos de la
Directiva.
No me obligue, señor Iglesias, a hacer aquí una interpretación de lo que
la Directiva quiere significar, porque creo que no es éste el momento; lo
que decimos simplemente es que el texto del proyecto de ley en este
aspecto se atiene estrictamente a la Directiva comunitaria. Por ello, no
nos parece conveniente cambiar la redacción, sino mantenernos dentro de
los estrictos límites literales de la Directiva comunitaria.
Nada más y muchas gracias, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, Senador Barquero.
Turno de portavoces.
¿Grupo Parlamentario Mixto? (Pausa.)
¿Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos? (Pausa.)
¿Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió?
(Pausa.)
¿Grupo Parlamentario Socialista? (Pausa.)
¿Grupo Parlamentario Popular? (Pausa.)
Vamos a proceder a las votaciones.
En primer lugar, votamos las enmiendas números 1 a 4 que corresponden al
Grupo Parlamentario Socialista.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 216; a
favor, 86; en contra, 122; abstenciones, ocho.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Votamos el artículo 6 en lo referente al artículo 135.1.b).
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 216; a
favor, 129; en contra, tres; abstenciones, 84.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobado.
Votamos, a continuación, el resto del texto del dictamen.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 216; a
favor, 215; en contra, uno.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobado.
Tal como dispone el artículo 90 de la Constitución, se dará traslado de
las enmiendas aprobadas por el Senado al Congreso de los Diputados para
que éste se pronuncie sobre las mismas en forma previa a la sanción del
texto definitivo por Su Majestad el Rey.
--DE LA COMISION DE ECONOMIA Y HACIENDA EN RELACION CON EL PROYECTO DE
LEY DE DERECHOS Y GARANTIAS DE LOS CONTRIBUYENTES (S. 621/000066) (C. D.
121/000026).
El señor PRESIDENTE: Pasamos a debatir el dictamen de la Comisión de
Economía y Hacienda en relación con el proyecto de ley de derechos y
garantías de los contribuyentes.
Ruego al representante de la Comisión que haya sido designado a tal
efecto que presente el dictamen.
Senador Serrano, tiene usted la palabra.
El señor SERRANO ALVAREZ-GIRALDO: Muchas gracias, señor Presidente.
Intervendré con suma brevedad, señorías, puesto que el debate de este
proyecto de ley será largo. (Rumores.)
El señor PRESIDENTE: Silencio, por favor.
El señor SERRANO ALVAREZ-GIRALDO: Con fecha 26 de noviembre de 1997 tuvo
entrada en esta Cámara el texto aprobado por el Congreso de los Diputados
relativo al proyecto de ley de derechos y garantías de los
contribuyentes, que fue remitido por la Mesa de la Cámara a la Comisión
de Economía y Hacienda ese mismo día, al amparo del artículo 104 del
Reglamento del Senado, para su debate y votación con aplicación del
procedimiento ordinario previsto en el Reglamento, y abriéndose un plazo
para la presentación de enmiendas que finalizó el pasado día 10 de
diciembre, y tras el cual se había registrado una propuesta de veto y 92
enmiendas. Reunida la Ponencia designada para estudiar el proyecto de
ley, ésta emitió informe el día 4 de febrero en el sentido de aprobarlo
por unanimidad, incorporar determinadas modificaciones derivadas de
errores advertidos en el texto remitido por el Congreso de los Diputados,
así como incorporar al mismo las enmiendas números 78 a 92, ambas
inclusive. Este informe, señor Presidente, fue dictaminado en la Comisión
de Economía y Hacienda, que para tal fin se reunió el pasado día 4 de
febrero.
Nada más y muchas gracias, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.
Este dictamen tiene una propuesta de veto, presentada por los Senadores
Nieto Cicuéndez y Román Clemente, que pasamos a debatir a continuación.
Senador Nieto Cicuéndez, tiene la palabra.
El señor NIETO CICUENDEZ: Señor Presidente, señorías, voy a intentar
sintetizar la propuesta de veto para agilizar el debate en la medida de
lo posible.
Entendemos que este proyecto de ley no cubre los objetivos que, a nuestro
juicio, debían plantearse, es decir, que unificara toda la legislación
dispersa que hay sobre esta materia, cosa que no hace. Este proyecto de
ley intenta modificar algunas cuestiones de la Ley General Tributaria
pero, en definitiva, todavía quedan una serie de aspectos dispersos y,
por lo tanto, la claridad para el contribuyente sigue siendo un
galimatías, van a tener que seguir acudiendo a las asesorías fiscales
para hacer la declaración de la renta y para entenderla. No se consigue
simplificar lo que debía ser una ley a través de la cual todos los
contribuyentes pudieran hacer con claridad la declaración de la renta.
Ese es un objetivo que no cumple la ley, y creemos que se ha perdido una
ocasión de abordar el problema de fondo, el problema del contribuyente y
el tema tributario, porque el contribuyente en lo que tiene que estar
interesado, fundamentalmente, es en que tributemos todos y que no tengan,
como tienen a través de esta ley, una serie de galimatías a la hora de
hacer la declaración de la renta, mientras que a ese 20 por ciento
aproximadamente que se calcula que defrauda en este país y que supone en
torno a los 2 ó 3 billones de pesetas, entendemos que incluso con esta
ley se le da todavía muchos más recursos.
Por un lado, a través de la prescripción, se intentan hacer más ágiles
los trámites de los expedientes y por eso se rebaja el plazo a cuatro
años, sin embargo, no se dan los medios suficientes al funcionariado, es
decir, no se dota de suficientes inspectores para hacer el proceso más
ágil y poder acortar los plazos.
Asimismo, conforme está planteada la cuestión se produce desigualdad en
relación con las reclamaciones; las pueden hacer mejor los que más
tienen, los que pueden presentar recursos contencioso-administrativos
hasta llegar al Tribunal Central, hasta conseguir en muchos casos, como
ocurre actualmente en la práctica --y en este proyecto que pretende
evitarlo creemos que no lo va a conseguir-- que prescriben los delitos de
fraude fiscal.
¿Por qué? Porque, en muchas ocasiones, el fraude fiscal se detecta un par
de años o tres después de haberse cometido y sabemos que detrás de todo
delito económico se encuentra un delito fiscal. Estimamos que estas
cuestiones no se abordan con suficiente claridad, se hace de manera
uniforme, etcétera.
Como señalaré en el debate de las enmiendas, con este proyecto de ley
tampoco se consigue una agilización de los recursos, sino que incluso la
administración de Justicia puede llegar a taponarse, porque no se
facilita que los Tribunales de Cuentas de las distintas Comunidades
Autónomas puedan tener capacidad decisoria para evitar que se pueda
colapsar la Administración Central.
Por lo tanto, consideramos que el proyecto no avanza en sentido
progresivo sino que, por el contrario, permite que los que tengan que
pagar más sigan defraudando y sigamos pagando los que menos ingresos
tenemos.
Nada más y muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, Senador Nieto Cicuéndez.
¿Turno en contra? (Pausa.)
Tiene la palabra el Senador Utrera.
El señor UTRERA MORA: Muchas gracias, señor Presidente.
Me gustaría hacer este turno en contra sobre la base de los méritos que
introduce este proyecto de ley, ya que cada uno de ellos significa una
razón por la cual nos oponemos al veto firmado y defendido por el Senador
Nieto Cicuéndez.
Entendemos que este proyecto de ley es uno más de los jalones de una
reforma tributaria que se está realizando de forma persistente, continua
y gradual desde mayo de 1996. Podemos señalar algunas de las etapas y
realizaciones de ese proceso continuado de reforma fiscal muy brevemente.
En primer lugar, tendríamos el Real-Decreto de junio de 1996, que no
solamente modificó algunos procedimientos tributarios, sino que iniciaba
una senda fructífera para recuperar la credibilidad de nuestro país en el
exterior y ante los agentes económicos interiores, de liberalización de
sectores productivos y de reformas tributarias, sobre todo en lo que se
refiere a la tributación de las rentas del capital.
En segundo lugar, tendríamos los acuerdos de financiación autonómica, los
Presupuestos Generales del Estado de 1997 y 1998 y el cumplimiento de los
de 1997. Por último, tendríamos la reforma de la fiscalidad bastante
completa, general y muy fructífera de las pequeñas y medianas empresas.
Tenemos este proyecto, el de Derechos y garantías de los contribuyentes,
y en fecha próxima --seguramente muy próxima-- tendremos la reforma
completa del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas.
Como entenderá el Senador Nieto Cicuéndez y todos los señores Senadores
presentes en el Pleno de la Cámara, constituye todo un programa de
reformas en el que cada una de estas actuaciones se enlaza con la
siguiente y con la anterior. Ese programa de reformas caracteriza lo que
ha sido la política económica y tributaria que se viene aplicando en este
año y medio ya de acción de Gobierno del Partido Popular.
Estabilidad económica, objetivo entonces --hace año y medio-- no
garantizado, ni mucho menos, de integración desde el primer momento en la
Unión Monetaria. Ya sé que desde Izquierda Unida no se comparte ese
objetivo y, por tanto, no me extrañan las enmiendas que reiteradamente
vienen planteando a todos los proyectos de Ley que configuran o forman
parte del logro de esa introducción plena en la Unión Europea por la vía
económica y monetaria, pero no deja de ser nuestro objetivo a corto plazo
de política económica y social.
También caracterizan a esta política económica la liberalización,
privatización y estabilidad de las principales variables macroeconómicas,
pero sin dejar por ello de incidir en los sectores productivos:
notablemente, las pequeñas y medianas empresas y, luego, otros sectores
que venían actuando en régimen de monopolio, o casi de monopolio y, por
tanto, tenían rigideces de precios que se materializaban
en una senda de evolución de precios que no era compatible con nuestra
introducción en Europa.
Con todos estos antecedentes, quiero señalar que este proyecto de ley hay
que incluirlo dentro de una lógica tributaria. Y esa lógica tributaria,
la lógica del Gobierno del Partido Popular, lo que ha pretendido en este
proyecto de ley es equilibrar, o dar mayor equilibrio --si se prefiere--
a las relaciones tributarias entre la Administración y los
contribuyentes, como continuación también a la reciente creación del
Consejo de la Defensa del Contribuyente, que tan buenos frutos está dando
en sus primeros pasos.
Se pretende también con este proyecto de ley hacer una declaración
expresa, proclamar un conjunto de principios que garantizan los derechos
de los contribuyentes de general aplicación a todo el sistema tributario
y, en definitiva, se pretende también reforzar la seguridad jurídica
propia de las sociedades democráticas avanzadas.
Como comprenderá usted, Senador Nieto, en este punto podría terminar mi
intervención de rechazo a su enmienda de veto. Creemos que esos
objetivos, enmarcados dentro de un programa fiscal de reforma tributaria
que pretende dinamizar la economía para crear empleo y para integrarnos
en la Unión Monetaria, son más que suficientes par rechazar cualquier
enmienda de totalidad que se presente a este proyecto. Pero me gustaría
añadir algo más y es que en este proyecto de ley se incluyen medidas que
vienen siendo demandadas por los contribuyentes desde antiguo --algunas
fueron satisfechas pero han sido incorporadas en cuerpos legales
dispersos y, por tanto, poco conocidos por los contribuyentes-- y otras
de nueva y reciente creación en este proyecto de ley. Todas ellas son
medidas que afianzan, que mejoran los derechos en las relaciones con la
Administración tributaria. Y me cuesta mucho creer que desde el Grupo de
Izquierda Unida se rechacen estas medidas. Alguna puede ser, pero el
conjunto de ellas y, por tanto, el proyecto de Ley, es lo que me resulta
inusitado, me resulta sorprendente en su enmienda de totalidad, por lo
que pensamos que no han madurado bastante la presentación de este veto.
Nos referimos, por ejemplo, entre las varias --por hacer una muy rápida
enumeración-- a la garantía para hacer efectivas las devoluciones a los
contribuyentes en un plazo no superior a seis meses o, si este plazo se
supera, hacerlo con el abono de intereses de demora, sin necesidad de
requerimiento alguno por parte del contribuyente. Esta es una medida
favorable al contribuyente, que no deslegitima ni pone en riesgo los
recursos de la Administración tributaria. Por tanto, no se adapta a la
interpretación que entendemos que usted ha dado en su enmienda de veto.
Este proyecto de ley regula también el reembolso de los costes de los
avalas prestados por los contribuyentes para afianzar deudas tributarias
cuando sean éstas declaradas improcedentes por sentencia o resolución
administrativa firme. Creo que tampoco tenemos que hacer un gran debate
político-ideológico para darnos cuenta de que quienes están avalando unas
deudas tributarias para realizar sus reclamaciones ante la Administración
tributaria porque esa deuda tributaria es improcedente, cuando adquiera
firmeza el acto administrativo o la sentencia judicial que así lo
reconoce puedan ser resarcidos de los avales y otros costes en que hayan
incurrido.
También se recoge la reducción general de plazos de prescripción del
derecho de la Administración para determinar deudas tributarias, para
exigir el pago de deudas tributarias liquidadas y para imponer sanciones
tributarias; plazos que quedarían en cuatro meses, en el caso de la
prescripción general, un año para las labores de inspección, seis meses
en actos de gestión y también seis meses para la imposición de sanciones
tributarias con carácter general.
Es bueno que el contribuyente, de acuerdo con el principio de seguridad
jurídica, conozca cuáles son los plazos perfectamente determinados de los
que la Administración dispone para realizar todos los actos de gestión,
comprobación y liquidación tributaria. La reducción de prescripción a
cuatro años no pone en riesgo alguno la garantía que ha de existir de que
la Administración pueda comprobar. Dispone de cuatro años, y una
Administración tributaria moderna tiene que ser capaz de realizar esas
acciones en ese período de tiempo.
Se refiere también este proyecto de ley a la imposición de sanciones
tributarias mediante expediente distinto e independiente del instruido
para la comprobación e investigación, y además hacerlo en plazo máximo de
seis meses, con lo cual se evitarán acciones bastante perjudiciales para
los intereses de la Administración tributaria realizadas en un pasado de
hace tres, cuatro o seis años.
También se regula la suspensión de la ejecución de las sanciones
tributarias en tanto éstas no sean firmes o en vía administrativa, porque
antes había que avalarlas también, lo mismo que las reclamaciones de la
deuda tributaria principal. Se aceleran los plazos de resolución de las
reclamaciones formuladas por los contribuyentes mediante la configuración
de la vía económico-administrativa en una sola instancia, aunque,
optativamente para el contribuyente, puede recurrirse siempre a una
primera instancia. Se da carta de naturaleza a las consultas vinculantes
y, además, en plazo no superior a seis meses, para que los contribuyentes
sepan a qué atenerse en sus obligaciones tributarias.
En definitiva, podríamos seguir enumerando todas y cada una de las
cuestiones recogidas en este proyecto de ley, todas ellas orientadas al
respeto escrupuloso de los derechos de los contribuyentes y a reforzar su
posición ante una Administración tributaria que también está siendo
reforzada con mayores medios materiales, humanos y organizativos.
Por tanto, nada que ver con el fraude fiscal, nada que ver con un intento
de elusión de obligaciones por parte de la Administración tributaria y
mucho menos todavía que ver con las críticas generales incluidas en la
enmienda de veto de Izquierda Unida.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias, Senador Utrera Mora.
Turno de portavoces.
¿Grupo Mixto? (Pausa.)
¿Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos? (Pausa.)
¿Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió?
(Pausa.) Tiene la palabra el Senador Cambra.
El señor CAMBRA I SANCHEZ: Muchas gracias, señor Presidente.
Vamos a aprovechar este turno, señorías, para fijar la posición de
nuestro Grupo en relación con este proyecto de ley de derechos y
garantías de los contribuyentes, dejando para el turno posterior la
defensa de las enmiendas que nuestro Grupo aún mantiene vivas.
Queremos manifestar nuestro voto contrario al veto que ha presentado el
Senador Nieto, ya que es evidente que globalmente apoyamos el contenido
de este proyecto de ley y compartimos el criterio expuesto en la tribuna
por el Senador Utrera en lo que hace referencia a que éste es un paso más
en el contexto global de una reforma tributaria a la que nuestro Grupo
Parlamentario está dando su apoyo.
Creemos que el paso que se da a través de este proyecto de ley también
podría haberse dado a través de una modificación de la Ley General
Tributaria. Este es un proceso puramente formal, ya que, en cualquier
caso, también estaría dentro de este proceso global de reforma tributaria
y, probablemente, también el Senador Nieto hubiera presentado su veto a
un proyecto de ley de modificación de la Ley General Tributaria en esta
línea. Por lo tanto, estoy de acuerdo en que es un tema formal, pero
quizá sea excesivamente ampuloso el procedimiento de un proyecto de ley
específico para los temas que aquí se tratan.
En cuanto al texto, creemos que el que en su día presentó en el Congreso
de los Diputados el Gobierno con las modificaciones que posteriormente se
han hecho en el trámite parlamentario en dicha Cámara tiene contenidos
interesantes y positivos de acuerdo con el título del proyecto en sí, es
decir, con la mejora de los derechos y garantías de los contribuyentes.
Dentro de estas líneas positivas --el Senador Utrera ya ha destacado
varias de ellas-- quiero hacer mención de una también muy formal, quizá
no de contenido en cuanto a lo que es el contexto en el que se mueve este
proyecto de ley, pero que para nuestro Grupo tiene importancia. En el
Congreso de los Diputados se introdujo una enmienda que ha reforzado los
derechos lingüísticos de los residentes en las Comunidades Autónomas que
tienen más de una lengua oficial en su territorio autonómico. Entendemos
que eso también es importante en el terreno tributario y ello afecta a
temas tales como las publicaciones de los textos legales o los reales
decretos en materia tributaria, que también deberán publicarse en las
lenguas oficiales en aquellas Comunidades Autónomas donde las hubiera.
Otro aspecto más concreto, puramente del contenido del proyecto de ley,
que quiero resaltar en este posicionamiento es, en primer lugar, el de la
reducción del plazo de prescripción. Ya se ha referido a él el Senador
Utrera. Es evidente que los medios técnicos de que hoy dispone la Agencia
Tributaria han de hacer posible que un plazo de cuatro años sea más que
suficiente para llevar el control que debe efectuarse.
Hay un tema en el que nosotros mantenemos alguna enmienda y en el que me
extenderé con más detalle cuando corresponda su defensa, pero no quiero
dejar de mencionar en este posicionamiento global que nosotros
preferiríamos que el artículo concreto que hace referencia a esta
variación o reducción a cuatro años de la prescripción entrara en vigor
conjuntamente con la totalidad del proyecto de ley y no tal como está
previsto en el actual texto, que demora su entrada en vigor hasta el 1.º
de enero de 1999. Creemos que esta reducción del plazo de prescripción no
sólo beneficia al contribuyente sino que beneficia a la Agencia
Tributaria, por cuanto concentra más sus tareas propias de control e
inspección de los aspectos tributarios.
Otro aspecto que quiero resaltar es la mejora que se ha producido en todo
lo que hace referencia a las consultas vinculantes. Esta y otras mejoras
van todas en una misma dirección, que es aumentar la seguridad jurídica
del contribuyente en sus relaciones con la Administración.
También es importante, desde nuestro punto de vista, la modificación de
las cantidades que tendrán como única instancia los Tribunales
Económico-Administrativos regionales, ya que se incrementan de 3 a 25
millones y de 80 a 300 millones, como se refleja en la disposición final
cuarta del proyecto de ley. La regulación de los plazos en los procesos
de inspección se limita a 12 meses, más 12 meses sólo en supuestos de
circunstancias especiales que hagan más difícil el proceso de inspección
al que he hecho referencia.
Un tema que a nosotros nos preocupa tal como está hoy en el proyecto de
ley, como después reflejaremos en la defensa de las enmiendas, es el que
hace referencia a las reclamaciones por la vía administrativa en los
tribunales Económico-Administrativos.
Creemos que, tal como está hoy el texto, no se refleja la realidad actual
de competencias del Estado y de las Comunidades Autónomas. Creemos que la
posibilidad de que el contribuyente pueda decidir en instancia única
presentar su reclamación al Tribunal Económico-Administrativo central
limita y desvirtúa la situación actual del Estado de las Autonomías e
incide también en la actuación en caso de posterior reclamación ante la
Administración de Justicia por cuanto automáticamente convierte como
única vía de reclamación judicial a la Audiencia Nacional, sin que los
Tribunales Superiores de Justicia de las diversas Comunidades tengan
posibilidad de intervenir en los temas allí tratados. Creemos que éste es
un aspecto trascendente. Cuando defienda las enmiendas que aún mantenemos
me extenderé más sobre este tema, pero nos gustaría que el proyecto de
ley lo hubiera contemplado. Todavía estamos a tiempo, pero me temo que no
será posible.
Por último, ratifico nuestro apoyo global al proyecto de ley y, por lo
tanto, nuestro voto negativo al veto que ha presentado el Senador Nieto
Cicuéndez.
Tal como he dicho, cuando defienda las enmiendas me extenderé en aquellos
aspectos que, desde nuestro punto de vista, deberían mejorar aún más el
proyecto de ley.
Nada más y muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, Senador Cambra.
Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el Senador Pérez.
El señor PEREZ GARCIA: Muchas gracias, señor Presidente.
Señoras y señores Senadores, no faltan razones ni elementos de
coincidencia por parte del Grupo Parlamentario Socialista a la hora de
coincidir con un diagnóstico que seguramente está en la base del veto
interpuesto por el Senador de Izquierda Unida. Esa coincidencia esencial
tiene que ver con lo siguiente: para nosotros el problema fundamental que
caracteriza en este momento nuestro sistema tributario desde el punto de
vista de las demandas y de las exigencias de una sociedad democrática
avanzada, que es el punto de vista en el que trata de situarse el autor o
autores del proyecto, el Gobierno en definitiva, no es el de la
inexistencia de garantías suficientes para el contribuyente en su
relación con la Administración tributaria. Nos parece que las
dificultades, los aspectos mejorables de nuestro sistema fiscal deben ser
enfocados desde la perspectiva de una ruptura creciente de la equidad de
ese sistema tributario; ruptura creciente de la equidad, debida, en
primer lugar, pero no sólo, a transformaciones legislativas bien
recientes; debida también a un constatable y constatado desplazamiento de
la carga tributaria sobre aquellas rentas que son más susceptibles de
control por parte de la Administración tributaria.
Los datos de los últimos ejercicios económicos, datos que se van
intensificando a medida que nos acercamos al momento en que se produce
este debate, son inequívocos. El peso creciente de la contribución, de la
aportación de los contribuyentes por rentas de trabajo personal es un
dato perfectamente constatable.
Desde el punto de vista de la política o de la estrategia legislativa, es
discutible que haya sido acertada la opción de proponer una especie de
código de garantías del contribuyente al margen de la regulación del
conjunto de la relación tributaria, en la que hay aspectos obligacionales
pasivos y aspectos o situaciones activas o derechos del contribuyente.
Seguramente habría sido más aconsejable, si ése era el deseo del
Gobierno, contribuir a perfeccionar el código tributario por excelencia
contenido en la Ley General Tributaria, que ha sido objeto, desde su
aprobación en el año 1963, de seis modificaciones.
A nosotros nos parece que la legislación tributaria es un instrumento lo
suficientemente delicado para que obligue a perfeccionarla con extremo
cuidado técnicamente. En cualquier caso, la entidad de las mejoras que
pueden apreciarse en este proyecto de ley no justifica ni de lejos la
decisión de presentarla como un código autónomo, como un proyecto
legislativo autónomo.
Creemos que este proyecto de ley tiene una clara voluntad codificadora,
recopiladora, que esa recopilación en muchos casos se hace de una manera
defectuosa desde el punto de vista técnico, se traen a un único texto
legal garantías que ya existen, algunas de ellas perfectamente perfiladas
para todos los administrados en la Ley de Procedimiento administrativo
común, como fruto también de una evolución legislativa determinada, y en
la Ley General Tributaria para el contribuyente más específicamente.
El Grupo Parlamentario Socialista ha optado por una actitud constructiva
en esta tarea legislativa. Va a votar favorablemente muchos de los
aspectos de este proyecto de ley; va a intentar introducir una serie de
enmiendas que tienen una clara finalidad político-legislativa, como luego
tendré ocasión de explicar, y en síntesis, nuestra posición con respecto
al veto presentado por el Senador Nieto Cicuéndez va a ser de abstención.
Nada más, señorías, y muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, Senador Pérez.
Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el Senador Utrera.
El señor UTRERA MORA: Gracias, señor Presidente.
Agradezco el apoyo que, de Convergència i Unió, recibe nuestro voto
negativo a la enmienda presentada por el Grupo Parlamentario Mixto
Izquierda Unida, y agradezco también las razones que todos los portavoces
han dado para abstenerse, apoyar o rechazar esta propuesta de veto.
Deseo señalar simplemente, porque en esto han coincidido los portavoces
que me han precedido en el uso de la palabra, que el objeto de
individualizar este catálogo de derechos y garantías de los
contribuyentes en proyecto de ley aparte --aunque eso no es óbice para
que se incorporen a la Ley General Tributaria con posterioridad-- ha sido
precisamente establecer esa credibilidad que muchos estimamos --yo diría
que la mayoría de la población española estima-- que se había ido
perdiendo en la relación entre contribuyentes y Administración
Tributaria. A ello no son ajenos esos pasos descaminados, esas vueltas
atrás de una reforma fiscal promovida a principios de la década de los
noventa y rápidamente abordada el mismo año, dejando a los contribuyentes
perplejos y con unas expectativas creadas que luego se vieron frustradas.
Eso tampoco es ajeno a la aparición de fuentes muy importantes de fraude
fiscal que nunca se corrigieron, y tampoco es ajeno a las noticias
aparecidas en medios de comunicación sobre la dispersión por el mundo de
parte de la población española --y diríamos que de parte muy distinguida
e ilustre de la población española, representando a la clase intelectual,
artística y deportiva-- que fijan su residencia en países extraños o
distintos al nuestro para evitar el pago de los tributos españoles. Yo
creo que todo esto, después de bastantes años, había cuajado en la
mentalidad de los españoles, y devolver esa credibilidad a las relaciones
entre la Administración Tributaria y los contribuyentes era lo que se
pretendía y lo que se pretende con este proyecto de ley.
Por lo que yo he oído en este turno de portavoces, únicamente se han
hecho dos críticas fundadas. Una es el procedimiento puramente formal y
ampuloso con que el portavoz de Convergència i Unió ha calificado este
proyecto de ley, y espero que la explicación que he dado le resulte
suficiente. La segunda es del portavoz socialista respecto la ruptura
creciente --así lo ha señalado textualmente-- de la equidad del sistema
tributario. Supongo que tendremos
muchas ocasiones para seguir debatiendo sobre equidad, y especialmente de
equidad tributaria, pero simplemente para iniciar ese debate que seguro
tendremos y que será largo, quiero recordar al señor Senador que la
equidad tiene dos componentes esenciales e indisolubles. Por un lado, la
generalidad, que para algunos, entre los que me incluyo, es el primero y
esencial, es decir, que los impuestos se apliquen a todos de acuerdo con
las capacidades de cada uno. Pero ese principio de la generalidad de la
imposición nunca puede obviarse, y a nuestro grupo le parece que en el
pasado inmediato se ha incurrido en el espejismo de creer en la
progresividad, en la apariencia formal de progresividad como sustituta o,
si se quiere, como representativa de la equidad, y ahí ha estado
precisamente la quiebra de una política tributaria que nos ha situado
--nos situó en el pasado-- donde estábamos: déficit presupuestarios
enormes en crecimiento y recaudaciones tributarias que, una vez que se
acabó la fortísima expansión del último quinquenio de la década de los
ochenta, se estaba reduciendo año tras año. Sirva solamente esto para
centrar la cuestión de la equidad. Tan importante o más que la
progresividad de los sistemas tributarios es la garantía de que todos los
contribuyentes, personas físicas y personas jurídicas, se vean obligados
a pagar los tributos, y no que algunos grupos de contribuyentes, bien sea
por su capacidad económica, bien sea por la capacidad para ocultar sus
rentas, se sientan ajenos al sistema tributario.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias, Senador Utrera.
Terminado el debate vamos a votar esta propuesta de veto. (Pausa.)
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 218; a
favor, dos; en contra, 131; abstenciones, 85.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Pasamos a defender las enmiendas. En primer lugar, el voto particular
número cuatro del Senador Nieto Cicuéndez que corresponde a las enmiendas
1 a 5.
Si el Senador Nieto Cicuéndez lo desea, invito a su señoría a que
defienda también en esta intervención el voto particular número 5,
correspondiente a las enmiendas números 6 a 30. (Fuertes rumores.)
Señorías, por favor, ruego silencio. (Pausa.)
Senador Nieto, le ruego espere un momento a que sus señorías se dignen
guardar silencio, de lo cual no estoy completamente seguro.
Muchas gracias.
Su señoría tiene la palabra.
El señor NIETO CICUENDEZ: Señor Presidente, aunque podría dividir en tres
bloques las enmiendas que presentamos, cosa que no voy a hacer por
intentar ser más breve, he de manifestar que una serie de ellas...
(Fuertes rumores.--El señor Vicepresidente, Rigol i Roig, ocupa la
Presidencia.)
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Senador Nieto, espere un segundo
a ver si entre usted y yo conseguimos las mínimas condiciones que deben
darse para que un Senador se pueda expresar dignamente. Espere un
segundo.
El señor NIETO CICUENDEZ: Gracias, señor Presidente.
Decía que voy a hacer una breve exposición global de todas nuestras
enmiendas. El objetivo de las mismas tiene una lógica correspondencia con
el veto presentado, aunque, no obstante, quisiera decir que en ellas
intentamos dejar explicitado que no se trata de una oposición por la
oposición. Me voy a referir concretamente a que nosotros entendemos --y
algunas de nuestras enmiendas reflejan también lo mismo que ha expresado
el portavoz de Convergència i Unió-- que este proyecto de ley tampoco
contempla lo que es en sí la composición del Estado. Es decir, no se
contempla que estamos en un Estado de las Comunidades Autónomas en el que
los tribunales de dichas Comunidades Autónomas deberían tener capacidad
de intervenir, como tampoco se contempla el carácter plurilingüe del
Estado de las Comunidades Autónomas. Es decir, a la hora de formar a los
inspectores, etcétera, todo esto debería contemplarse para evitar
problemas y de este modo hacer más ágiles y garantizar mejor los derechos
de los contribuyentes.
Pues bien, en ese marco tenemos presentadas cuatro enmiendas, las números
14, 15, 27 y 28, a la vez que hemos presentado otras tendentes a dotar de
más medios al Tribunal de Cuentas para que la Administración pueda ser
más ágil, que se pueda intervenir, etcétera.
Y es que nos tememos --y precisamente por eso estamos en desacuerdo con
la globalidad del proyecto de ley-- que, efectivamente, éste no es un
proyecto que contribuya a lo que nosotros consideramos fundamental:
dividir el control del fraude fiscal.
Y para no extenderme más, voy a terminar respondiendo al portavoz del
Grupo Parlamentario Popular. Señoría, independientemente de que estemos o
no de acuerdo con el plan de convergencia europeo, con la moneda única,
tendríamos que estar discutiendo sobre fiscalidad puesto que,
lógicamente, al plan de convergencia y a la moneda única se llegará mucho
mejor si hay una mayor capacidad recaudatoria por parte del Estado, que
es lo que nosotros pretendemos con las enmiendas que presentamos. Si hay
una mayor capacidad recaudatoria, habrá más recursos y será más fácil
llegar al plan de convergencia o a la moneda única.
Por tanto, desde mi punto de vista, creo que su argumento no tiene
validez alguna; lo digo con todo respeto. El problema de fondo es que no
compartimos la filosofía recaudatoria porque la consideramos regresiva y
porque no se dan las debidas garantías. Resulta muy pomposo lo de las
garantías al contribuyente, garantías que nosotros consideramos las tiene
ya el contribuyente normal, y lo que se da aquí es una mayor facilidad,
repito, desde mi punto de vista, a los defraudadores. Consideramos que al
menos eso es lo que debería corregirse en este proyecto de ley.
Por tanto, y desde este marco al que me acabo de referir, doy todas
nuestras enmiendas por defendidas.
Gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Muchas gracias, señoría.
Por el Grupo de Convergència i Unió, tiene la palabra el Senador Cambra.
El señor CAMBRA I SANCHEZ: Muchas gracias, señor Presidente.
Señorías, voy a defender, con la máxima brevedad, las diez enmiendas que
nuestro Grupo mantiene a este proyecto de ley.
En primer lugar, quiero precisar que mantenemos diez enmiendas en el
contexto de apoyo global al proyecto, como he manifestado en el turno de
portavoces correspondiente al debate del veto. Por otra parte, todas
nuestras enmiendas van encaminadas en una misma dirección: dar una mayor
seguridad jurídica al contribuyente, en coherencia con el título del
propio proyecto de ley.
Entrando en el contenido concreto de cada una de ellas, la enmienda
número 68 hace referencia al reembolso de los costes de las garantías
dadas por el contribuyente en caso de una reclamación. Como ya he dicho,
pretendemos dar una mayor seguridad jurídica, eliminando expresiones que
pueden confundir, tales como «improcedencia» o «firmeza de la
declaración», que figuran actualmente en el texto.
Asimismo, entendemos que los costes de las garantías no se circunscriben
únicamente a los costes puramente financieros, sino que también deben
incluir otros gastos necesarios para la obtención de la suspensión, con o
sin garantía, en un proceso de reclamación. Por otro lado, creemos que
hay que considerar la posibilidad de que haya una estimación parcial de
las pretensiones del contribuyente.
La enmienda número 69 pretende introducir en este proyecto de ley el
concepto de caducidad, por cuanto hemos hablado del plazo de
prescripción, pero no así de aquélla. Creemos positivo que se determine
un período de caducidad --concretamente, proponemos seis años--, para de
esta forma mejorar la citada seguridad jurídica del contribuyente. Con
ello, naturalmente, no pretendemos que no se interrumpa dicha caducidad
en los supuestos en que se hayan iniciado procesos de comprobación,
investigación, o liquidación, previamente.
Las enmiendas números 70 y 71 hacen referencia al artículo 32, que trata
de la derivación formal y alcance de la responsabilidad. Se pretende, en
primer lugar, que en caso de derivación la responsabilidad no alcance a
las sanciones, para lo cual añadimos una frase al final del primer
párrafo; en segundo lugar, regular el procedimiento de derivación al
objeto de evitar la interposición de fiduciarios, y ello lo hacemos
añadiendo un nuevo párrafo al final del artículo 32; y, en tercer lugar,
que cuando se produzca una conducta infractora la responsabilidad no
recaiga de forma automática sobre los administradores, sino que se debe
abrir un expediente sancionador, probar la existencia de culpa o dolo en
su conducta y, a partir de ahí, imponer sanciones.
Las enmiendas números 72, 75 y 76 contemplan un aspecto que he mencionado
en mi intervención anterior y que hace referencia a la descentralización
de las actividades del Tribunal Económico-Administrativo.
La enmienda número 72 propone una redacción alternativa al artículo 37
basado en tres puntos. En primer lugar, deja claro que las reclamaciones
económico-administrativas se tramitarán siempre en única instancia. En
los puntos 2 y 3 establece claramente cuáles son las competencias del
Tribunal Económico-Administrativo Central y cuáles son las de los
Tribunales Económico-Administrativos Regionales.
En la enmienda número 75, proponemos, a través de un convenio entre la
Administración del Estado y la correspondiente Administración autonómica,
la creación de los Tribunales Económico-Administrativos de las
Comunidades Autónomas, tribunales en los que se subrogarían los diversos
órganos económico-administrativos existentes en cada Comunidad.
Este aspecto es, quizá, para nosotros, el lunar más importante que en
este momento vemos al texto del proyecto de ley, por lo que, tal como ya
he expresado anteriormente, deja este tema en una situación no coherente
con la actual configuración de las competencias a nivel de Comunidades
Autónomas, incluso en relación con un tema que no he citado, pero que
también tiene directa relación con ello, y que es que la financiación de
las Comunidades Autónomas se mueve a través de un sistema de
corresponsabilidad fiscal.
Por último, y dentro de este mismo tema, la enmienda número 76 hace
referencia a la descentralización de la Oficina Nacional de Inspección.
La enmienda número 73 tiene por objeto añadir un artículo 38 nuevo, con
el fin de que por razones jurídicas se señale un plazo prudencial para
que se resuelvan los recursos administrativos y reclamaciones
económico-administrativas, plazo que una vez superado motivará la
prescripción del derecho a exigir la deuda tributaria que se debata en
ellos.
La enmienda número 74 pretende añadir un apartado a la Disposición Final
Primera con el objetivo de incorporar a este proyecto de ley de derechos
y garantías del contribuyente los principios básicos por los que se debe
regir el procedimiento de fraude de ley.
Para finalizar, la enmienda número 77 hace mención a la Disposición Final
Séptima que regula la entrada en vigor de este proyecto de ley. Ya he
expuesto anteriormente en el turno de portavoces de la defensa del veto,
que a nosotros nos gustaría eliminar la excepción que se está haciendo a
la entrada en vigor de la reducción de la prescripción de cinco a cuatro
años, así como evitar cualquier interpretación posterior sobre un posible
diferimiento de la aplicación efectiva de la nueva norma en cuanto entre
en vigor. Naturalmente, preferiríamos que fuera a los 20 días de la
publicación de la Ley, tal como menciona la enmienda, en el supuesto de
que se mantenga el texto tal como hoy está, entrando en vigor el cambio
de prescripción
el 1 de enero de 1999. Queremos que quede igualmente claro y no se preste
a posteriores interpretaciones que es a partir de ese momento cuando, de
forma efectiva, entrará en vigor el nuevo plazo de prescripción y no en
el año 2002, que es lo que sucedería si este aspecto no se tuviera en
cuenta.
Nada más. Muchas gracias, señor Presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Muchas gracias, Senador Cambra.
Por el Grupo Socialista, para la defensa de los votos particulares 1 y 2,
tiene la palabra el Senador don Octavio Granado.
El señor GRANADO MARTINEZ: Muchas gracias, señor Presidente.
Intervengo para anunciar que compartiré mi tiempo para la defensa de
nuestras enmiendas y votos particulares con el Senador Pérez, en términos
más o menos similares, es decir, consumiremos cada uno la mitad del
tiempo.
Voy a intentar hacer una defensa lo más rápida posible de las enmiendas
del Grupo Socialista correspondientes a los capítulos 1, 2 y 3, al
preámbulo, a las disposiciones y a los votos particulares planteados por
nuestro Grupo por la aprobación de enmiendas del Grupo Popular, señalando
cuáles son los hilos conductores de estas enmiendas. El hilo conductor de
todas ellas es mejorar la redacción del proyecto en lo referente a la
seguridad jurídica de las relaciones entre los administrados y la
Administración Tributaria.
En este sentido, nuestra primera enmienda, la número 33, intenta recalcar
que los derechos y garantías del contribuyente también deben realizarse
ante actuaciones de oficio de la propia Administración.
La enmienda número 34 intenta precisar que los derechos de los
contribuyentes, en lo que se refiere a publicaciones por parte de la
Administración, no deben menoscabar el principio de que los
contribuyentes están obligados a cumplir con sus obligaciones fiscales y
que los derechos se ejercen sobre las consultas de la Administración
(éstas sí tienen un carácter vinculante porque se dirige al propio
contribuyente y no así en torno a publicaciones genéricas que puedan
llevar a la confusión), por la misma obligación que a la hora de publicar
las resoluciones de la Administración subsiste de omitir aquellos datos
que puedan individualizar al contribuyente. En cierta medida eso puede
llevar a la confusión porque se omitan también circunstancias que, en la
misma medida que puedan identificar al contribuyente, puedan identificar
la situación tributaria sobre la que se realiza la publicación en
relación a la que se ha hecho la consulta.
Tengo especial interés en llamar la atención sobre dos enmiendas al
artículo 9, Acuerdos previos de valoración. Este es un acuerdo que, a
nuestro juicio, es francamente defectuoso en la actual redacción del
proyecto de ley, porque no parte de la base de algo tan elemental como de
que existe un acuerdo cuando por parte del contribuyente y la
administración tributaria haya una identidad en torno al objeto material
de la consulta. En la manera en que está redactado, hay dos cosas que nos
llaman especialmente la atención: en primer lugar, que el contribuyente
no puede recurrir el acuerdo, ni siquiera aunque esté en contra de lo que
dice el acuerdo de la Administración, y tiene que esperar a la
liquidación para plantear los oportunos recursos, lo cual le merma
capacidad de tomar decisiones que tengan en cuenta los elementos
tributarios. Y en segundo lugar, que la Administración se otorga
unilateralmente la capacidad de determinar cuándo han cambiado las
circunstancias económicas que mantienen el acuerdo en vigor o no, además
de poder considerar que un acuerdo está en vigor únicamente para dos o
tres meses.
Nosotros pensamos que la aceptación de nuestras dos enmiendas hablaría en
favor del principio de seguridad jurídica para el contribuyente.
En la misma medida me interesa señalar que se ha presentado a mi Grupo
una enmienda transaccional que aceptamos, sobre la base de nuestra
enmienda número 38, que establece muy claramente en qué plazos pueden
empezar a contar los intereses de demora y, sobre todo, que son exigibles
los intereses de demora por parte de los contribuyentes que hayan
realizado pagos indebidos a la Hacienda Pública. Es curioso que en esa
enmienda transaccional, que mi Grupo ha firmado a pesar de no ser
exactamente coincidente con las propuestas de mi Grupo, se haga
referencia, lo que nos parece conveniente, a que el interés de demora se
realizará cuando las causas de la demora sean imputables a la Hacienda
Pública, porque eso es precisamente lo que plantea nuestra enmienda
número 37, que, sin embargo, van a votar en contra mis colegas del Grupo
Parlamentario Popular.
Nosotros defendemos aquí ya no el huevo, sino el fuero. No puede
perjudicarse a la Administración por decisiones que no sean imputables a
la propia Administración. Es decir, la Administración no puede verse
obligada a pagar un interés de demora cuando la causa de la demora no es
imputable a la Administración sino al administrado. Y eso que ustedes
aceptan en la transacción, sobre la base de nuestra enmienda número 38,
no lo aceptan para la enmienda número 37 y siguen sosteniendo --en algo
que a mí me parece un brindis populista o en términos menos coloquiales y
menos amables demagógico-- que la Administración se vea obligada a pagar
intereses de demora cuando la causa de la demora la pueda provocar el
propio administrado haciendo uso de las facultades que le confieren las
leyes. No entiendo por qué lo que es bueno para el cálculo del interés no
lo es para la determinación general del mismo. En cualquier caso,
nosotros seguimos manteniendo nuestra enmienda.
Nuestras enmiendas a las disposiciones hacen referencia a cuestiones que
nos parecen, genéricamente, que no debían ser objeto de controversia. Por
ejemplo, que existe una necesidad de que haya un reglamento integrado de
gestión tributaria; que allá donde las normas tributarias no dicten
plazos sean subsidiarios los plazos establecidos por la Ley de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo
Común; que exista la posibilidad de que se dicte un único expediente
cuando el administrado tenga aquiescencia no solamente sobre las
infracciones tributarias que ha observado la Administración, sino también
sobre las sanciones que son aplicables a las mismas; y, por último, la
determinación de los plazos, ya que aunque vamos a permitir la
presentación de la enmienda transaccional, el régimen de plazos que se
fija en la misma no es exactamente el que queremos establecer con
nuestras enmiendas.
Quiero hacer hincapié en unas enmiendas muy importantes, la número 58 al
artículo 37, y la número 66, a la Disposición Final Tercera. Uno, porque
están íntimamente conectadas. En la discusión en Comisión se nos dijo que
no era éste el momento para regular las reclamaciones
económico-administrativas ni la estructura de los tribunales
económico-administrativos centrales, así como los posibles tribunales que
existan en el ámbito de las Comunidades Autónomas y de las provincias.
Podemos aceptar el planteamiento de que no es éste el momento para
regular esta cuestión, pero en ese caso, desde nuestro punto de vista,
creemos que debería eliminarse el artículo 37, y por tanto nuestra
enmienda es de supresión.
Nosotros podemos aceptar que en el Estado de las Autonomías, con acuerdo
de los grupos que apoyan al Gobierno de España tan serios para
desarrollar la capacidad normativa de las Comunidades Autónomas, este
proyecto de ley consagre un régimen de reclamaciones previas a la vía
contencioso-administrativa que determine que los órganos judiciales de
las Comunidades Autónomas no puedan entender sobre todas las
reclamaciones que se planteen sobre las decisiones tributarias de la
propia Administración Autonómica. Esto es una aberración y lo saben sus
señorías del Grupo Popular y lo sabemos los Senadores y Senadoras del
Grupo Socialista al igual que los Senadores y Senadoras de todos los
grupos de la Cámara. Que un contribuyente pueda hacer un recurso ante el
Tribunal Económico-Administrativo Central sobre una decisión de la
Generalitat de Cataluña o de la Comunidad Autónoma de Canarias sobre
normas cuya capacidad normativa está transferida a las Comunidades
Autónomas, y que por esa resolución del Tribunal Económico-Administrativo
Central se pueda eliminar a toda la organización jurisdiccional de la
Comunidad Autónoma de la fase de recursos en la jurisdicción
contencioso-administrativa es una aberración.
A nosotros nos parece que sería más adecuada la formulación que plantea
el Grupo de Convergència i Unió con sus enmiendas o la que propone el
Grupo Socialista al indicar directamente que esto no pueda ser así. Nos
parece que hay que defender el principio de que contra los actos dictados
por las Comunidades Autónomas en el ejercicio de sus competencias
normativas deben ser competentes los Tribunales de Justicia de cada
Comunidad Autónoma y ustedes no sólo no dan pasos en esa dirección, sino
que los dan en la contraria: empeoran la regulación que actualmente
existe y provocan una aberración jurídica, que consiste en que mientras
están ampliando --digámoslo así-- las capacidades normativas en materia
tributaria de las Comunidades Autónomas, están disminuyendo la capacidad
de entender sobre las mismas de los Tribunales de Justicia de las
Comunidades Autónomas.
Sólo por esa razón, aunque sólo fuera por esa razón y además porque
estamos convencidos de que es mucho mejor, vamos a votar las enmiendas de
Convergència i Unió, vamos a defender todas nuestras enmiendas a esta
cuestión, y desde luego les anuncio que en el Congreso de los Diputados,
en el que ustedes disponen de una mayoría más exigua que en esta Cámara,
estamos dispuestos a buscar fórmulas que apunten a que éste es un
problema a resolver, y que ustedes lo empeoran en el actual proyecto de
ley. No dejan las cosas tal y como están, sino que las empeoran, y no
vemos esa necesidad, ni por razones de congruencia ni de aritmética
parlamentaria. Creemos que están haciendo ustedes un flaco favor al
ordenamiento jurídico de nuestro país, abriendo un frente que antes no
existía en la capacidad de recurrir, ante los tribunales
económico-administrativos y luego en la jurisdicción contenciosa, las
decisiones de las Administraciones Tributarias, y además consideramos que
este precepto ni siquiera es congruente con los otros que regulan el
actual proyecto de ley.
En lo correspondiente a la parte que he defendido queda, por tanto,
significado que mantenemos todas las enmiendas a los Capítulos I, II y
III; al preámbulo, por congruencia con las restantes enmiendas, y a todas
las disposiciones, tanto a la adicional, a la transitoria, a la
derogatoria como a todas las finales.
Nada más y muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Muchas gracias, Senador Granado.
El Senador Pérez tiene la palabra.
El señor PEREZ GARCIA: Muchas gracias, señor Presidente.
Con la mayor brevedad de la que este Senador sea capaz, quiero sintetizar
los argumentos y los objetivos que pretendemos con las enmiendas números
39 a 57, contenidas en el voto particular número 2 presentado por el
Grupo Parlamentario Socialista.
Hay un conjunto de enmiendas que están dirigidas --a partir de la actitud
constructiva que hemos adoptado desde el punto de vista legislativo-- a
mejorar técnicamente el contenido de este proyecto.
Las enmiendas 39, 41, 42, 43, 44, 46 y 48 proponen la sustitución del
término «procedimiento de gestión tributaria» por los términos
«procedimientos tributarios», que nos parece más correcto técnicamente
porque la terminología empleada por el proyecto en esta materia es
extraordinariamente restrictiva.
Hay otro conjunto de enmiendas, como la 45, la 51, la 52 y la 57, que
tienen también que ver con este objetivo de mejora técnica, si bien hay
que significar que en esta materia de garantías el perfeccionamiento
técnico siempre redunda en una mejor configuración de las garantías, en
este caso del contribuyente.
Tenemos otro conjunto de enmiendas, las números 40, 47, 49 y 50, que
están dirigidas a algo tan sencillo y que aparentemente debería ser tan
poco necesario, como ayudar a transcribir bien una serie de garantías,
que ya existen reguladas en textos legislativos como la Ley 230/1963
General
Tributaria o la Ley 30/1992 de Procedimiento Administrativo Común.
Esta Ley tiene una voluntad recopiladora, como manifestamos en nuestra
intervención inicial, pero, más allá de su oportunidad y de su necesidad,
hay que llevarla a cabo correctamente, y se transcriben garantías, ya
reguladas en otros textos legales, unas veces con defectos y otras
incompletas.
Las enmiendas 40, 47, 49 y 50 van dirigidas sencillamente a esto, es
decir a transcribir bien las garantías ya establecidas en otros textos
legales actualmente vigentes.
Hay otras enmiendas, como las número 54, 55 y 56, dirigidas expresamente
a ampliar las garantías de las que este proyecto de ley pretende ser un
catálogo.
La enmienda número 54, al artículo 29, pretende que los acuerdos de
ampliación de los plazos de duración de las actuaciones de investigación
y comprobación sean motivados --con la Ley de Procedimiento
Administrativo Común en la mano podía parecer esto algo que se da por
supuesto, sin embargo nos ha parecido conveniente explicitarlo-- y que
los acuerdos de ampliación de plazos --estamos hablando de seguridad
jurídica, estamos hablando de garantías del contribuyente-- sean acuerdos
motivados de hecho y de derecho. Hemos introducido lo que nos parece una
mejora de las garantías del contribuyente al plantear la posibilidad de
la suspensión de la ejecución de la deuda tributaria sin la prestación de
garantías, cuando de dicha ejecución se vayan a derivar para el
contribuyente perjuicios de difícil o imposible reparación y siempre y
cuando no se vayan a derivar perjuicios a terceros o al interés público.
Nos ha parecido también conveniente proponer en el artículo 29, que
regula los plazos de duración de las actuaciones de investigación y
comprobación y que ha dado lugar a una reciente y, a nuestro juicio,
injustificada polémica --aunque he creído oír algunos ecos de la misma en
las apelaciones a la generalidad del sistema tributario que hizo el
portavoz del Grupo Parlamentario Popular en su intervención--, como digo,
proponer la supresión del sistema de doble plazo por uno, el de doce
meses, que podrá ser ampliado motivadamente, si se dan un conjunto de
circunstancias. Sólo si ese plazo no se cumple, las actuaciones de
comprobación e investigación no interrumpirán el plazo de prescripción de
la deuda tributaria y de la acción, por ende, para exigirla.
Finalmente, hemos presentado algunas enmiendas dirigidas a suprimir
propuestas o soluciones legislativas que, a nuestro juicio, nos parecen
desacertadas, esencialmente la enmienda número 58, a la que ha hecho
alusión mi compañero el Senador Granado.
Las enmiendas que presentamos --y con ello termino-- al artículo número
29 pretenden, a nuestro juicio, clarificar el sistema de plazos, que ha
dado lugar recientemente a esa injustificada polémica a la que yo acabo
de hacer mención. Nosotros pretendemos, como ha sido nuestra posición a
lo largo de esa polémica y la interpretación que estuvo vigente hasta que
se originó la misma a propósito de unas decisiones del Tribunal Supremo,
que el cómputo de los plazos debe referirse estrictamente a las
actuaciones de comprobación e investigación, y deben excluirse de ese
cómputo las actuaciones de liquidación.
Al mismo tiempo, a ese artículo 29 nosotros presentamos una enmienda para
que quede claro que el plazo habrá de computarse hasta el momento en el
que se dicte la resolución que pone fin a la actuaciones de comprobación
e investigación y, finalmente, a eliminar el sistema de doble plazo, que
a nosotros nos parece que puede ser la semilla de un conjunto de
conflictos jurídicos y, por lo tanto, de ruptura o de debilitamiento de
la seguridad. A nuestro juicio el plazo debe ser el de doce meses,
ampliable motivadamente, y que si no se cumple ese plazo no interrumpirá
la prescripción las actuaciones de comprobación e investigación
iniciadas, y debemos excluir el plazo relacionado con la interrupción
injustificada durante seis meses de las actuaciones de investigación en
el sentido de que el transcurso de ese plazo de interrupción
injustificada tampoco afectará al cómputo de la prescripción de la deuda
tributaria. Nos parece que el sistema de plazos debe ser único, es más
sencillo, y a nuestro juicio, por lo tanto, más garantista.
Nada más, señor Presidente.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Muchas gracias, Senador don
Santiago Pérez.
Para un turno en contra, tiene la palabra el Senador Utrera Mora.
El señor UTRERA MORA: Gracias, señor Presidente.
Compartiré mi turno en contra de las enmiendas formuladas por otros
grupos parlamentarios con el Senador Juan Blancas. Yo seré muy breve y
estoy convencido de que el Senador Blancas también lo será.
Respecto a las enmiendas de Izquierda Unida, todas ellas han sido
valoradas y consideradas negativamente, y huelgan explicaciones, puesto
que ya hemos oído a su portavoz el enfoque tan radical y diametralmente
opuesto al que sustenta el proyecto de ley que ya hemos tenido ocasión de
debatir, por lo que no resulta necesario, entendemos, seguir este debate.
Respecto a las enmiendas números 68 y 69 del Grupo Parlamentario Catalán
en el Senado de Convergència i Unió, en la parte de enmiendas cuyo turno
en contra me toca a mí en este momento exponer muy brevemente le voy a
dar la razón de por qué ambas enmiendas se rechazan. La primera de ellas
por un abuso de usos inadecuados, terminológicamente hablando, en materia
tributaria. Se habla de que la deuda tributaria sea anulada por
resolución judicial y administrativa, cuando la Ley General Tributaria,
en el artículo 81.5, lo que determina es el carácter de declaración
improcedente de la deuda tributaria y además exige también que haya un
sentencia o resolución administrativa que adquiera firmeza en el mismo
artículo 81.5 de la mencionada ley.
En cuanto a la extensión del reembolso a los gastos incurridos en la
prestación o no de garantías distintas de las anteriores --avales y otras
garantías--, así como de los derivados, en su caso, de medidas cautelares
que se defiende
en esta enmienda de Convergència i Unió, entendemos que la extensión del
reembolso a los gastos incurridos en las prestaciones de garantías
distintas a avales ya se recoge de hecho en el proyecto en el que, por
razones de seguridad jurídica, no se remite el proyecto en su textualidad
al desarrollo reglamentario de la especificación de dichos supuestos
porque es materia reglamentaria.
Por otro lado, la alusión a la prestación o no de garantías que también
se hace en esta enmienda parece dejar abierta la puerta a que sea
cualquier tipo de gastos distintos de los derivados de la prestación de
garantías el que tendría que ser reembolsado por la Administración. Esta
sería una cuestión gravosa para las arcas públicas, por lo que no estamos
dispuestos a aceptar la enmienda.
Por lo tanto, cuestiones terminológicas, omisiones que no existen, sino
que tienen que resolverse por vía reglamentaria y, en tercer lugar, el
posible daño a los intereses públicos que podría derivarse de una
definición excesivamente genérica de esas cantidades que tendrían que
reembolsarse sin referencia expresa al afianzamiento es lo que nos lleva
a rechazar la enmienda.
En cuanto a la enmienda número 69, por la que se modifica el artículo 24
bis, estableciendo un plazo de caducidad de seis años con carácter
general y de 10 para el Impuesto sobre Sucesiones, es una enmienda
sorprendente y queremos pensar que no es la intencionalidad de
Convergència i Unió la que podríamos derivar del texto que se ha
presentado. El plazo de caducidad supone, en realidad, una restricción a
las posibilidades de actuación de la Administración tributaria una vez
que la prescripción haya sido interrumpida por cualquier circunstancia de
las legalmente previstas. Si eso fuera así y si la prescripción se
interrumpe, entraríamos en esta segunda red, en el plazo de caducidad que
se propone establecer en este proyecto de ley, con el cual no estamos de
acuerdo. Es decir, la prescripción se reduce con carácter general a
cuatro años pero sin caducidad y, por lo tanto, si la prescripción queda
interrumpida por el período que sea, porque se han iniciado acciones de
las previstas legalmente que interrumpen la caducidad, hasta la
terminación de esas acciones seguirán interrumpiendo la prescripción pero
no determinarán la caducidad de las deudas u obligaciones tributarias con
carácter más general.
Por lo tanto, ésta es la razón por la que rechazamos esta enmienda.
En cuanto al Grupo Parlamentario Socialista, permítame que no haga
expresión cumplida a todas y cada una de las enmiendas, puesto que son
numerosas, referidas a los capítulos I a IV del proyecto de ley, que son
los que en este momento estamos analizando. Unicamente me referiré a
algunas de ellas de las que más énfasis se ha hecho por parte de sus
portavoces.
En primer lugar, una que reiteran --he contabilizado al menos 7 u 8
veces-- es cambiar la denominación de «procedimiento de gestión
tributaria» por «procedimientos tributarios». En este caso, ha sido
precisamente el concepto utilizado por la Ley General Tributaria y siento
no poder dar la referencia exacta. La Ley General Tributaria, en sentido
amplio, establece el término de «procedimiento de gestión tributaria»
cuando se refiere a la gestión en sentido estricto y también al
procedimiento de comprobación y de inspección, y es precisamente en ese
sentido en el que se utiliza el término de procedimiento de gestión
tributaria.
Por ello, consideramos que esta enmienda no es necesaria porque no mejora
sustancialmente el texto; es decir, terminológicamente, estamos amparados
por lo que la Ley General Tributaria establece.
La enmienda número 38, como ha señalado el portavoz socialista, señor
Granado, va a ser objeto de una transacción por parte de nuestro Grupo.
Vamos a explicar el sentido de esa transacción.
En realidad, la enmienda como tal ni es necesaria, ni tampoco aporta
información alguna nueva al proyecto de ley. Es decir, lo que se
establece es que, transcurridos seis meses una vez finalizado el plazo de
presentación de declaraciones tributarias, entonces la Administración
Tributaria vendrá obligada a la devolución de los ingresos indebidos,
además de los intereses de demora, sin que sea necesario requerimiento
alguno por el contribuyente.
Así dicho, esto está ya establecido en la Ley de Medidas que acompañaba a
la Ley de Presupuestos para 1998 y, por tanto, no sería necesario
establecer ninguna adición o modificación, tal como hacemos en la
enmienda transaccional. No teníamos duda alguna de que era a partir de la
finalización del plazo de presentación de declaraciones y no desde el
momento de presentación efectiva de la declaración por parte del
contribuyente cuando empezaban a contar esos seis meses hasta el momento
en que se generaba el derecho a percibir intereses de demora por los
contribuyentes, pero, debido a que hemos preferido, también por
clarificación, que sea en este cuerpo legal, en el proyecto de ley de
derechos y garantías de los contribuyentes donde se establezca
taxativamente este principio, es por lo que lo introducimos a través de
esta enmienda transaccional. Pero --insisto-- el principio ya venía
incorporado en la Ley de Medidas correspondiente a 1998 y,
consecuentemente, en sentido estricto, no era necesario, no hacemos
ninguna aportación al dictamen de la Comisión, que es el que ahora
estamos enmendando.
Por seguir el orden de las enmiendas, me referiré ahora a las números 34
y 37, también defendidas por el portavoz socialista.
En el primer caso, la enmienda número 34, referida a la exención de
responsabilidad de los contribuyentes que actúen de acuerdo con los
criterios manifestados por la Administración en contestaciones,
consultas, propone suprimir la referencia a «publicaciones y
comunicaciones».
A este respecto, hemos de señalar que la terminología empleada en el
artículo 5.2 del proyecto de ley sigue expresamente lo previsto en el
artículo 77.4 de la Ley General Tributaria para aquellos contribuyentes
que actúen con la diligencia debida y en el artículo 107.3 de la Ley
General Tributaria también para aquellos contribuyentes que actúen de
acuerdo con las contestaciones a las consultas por ellos formuladas. Por
tanto, tampoco se aporta nada y, desde luego, terminológicamente, esto es
más correcto.
Pero, al mismo tiempo, me llega información en el sentido de que en el
proyecto del Real Decreto por el que se
desarrollan disposiciones de la Ley General Tributaria en materia de
infracciones, sanciones tributarias y fraude de ley fue valorado muy
negativamente por el Consejo de Estado el intento de aquilatar, acuñar,
concretar más el hecho que ahora comentamos: la exención de
responsabilidad. Concretamente, el Consejo de Estado respondía que
considera decididamente preferible y hasta obligado omitir cualquier
definición reglamentaria de lo que sea interpretación razonable de la
norma tributaria por cuanto que el alcance de la exención de
responsabilidad debe ser delimitado por la labor jurisprudencial, sin que
puedan objetivarse estándares de comportamientos exentos de
responsabilidad, ya que esta labor ha de realizarse en cada caso
concreto. Es decir, lo que el Consejo de Estado estaba señalando --y lo
digo simplemente a título anecdótico en la cuestión que nos ocupa, que es
la aceptación o no de esta enmienda-- es que intentar aquilatar el
concepto de exención de responsabilidad siempre es una labor ardua, pero,
además, inoportuna y, por tanto, hay que dejar establecidos aquellos
criterios --publicaciones, comunicaciones, consultas-- que puedan
orientar a los contribuyentes a la hora de prestar sus obligaciones
tributarias. Y, luego, siempre serán los encargados de la interpretación
de las normas tributarias quienes determinarán si esa exención de
responsabilidad existe o no. Consecuentemente, la enmienda como tal
parece también carecer de significado.
A la enmienda número 37 se ha referido el Senador socialista como
incorporada en la transaccional sobre la enmienda número 38 del Partido
Socialista, que se ha presentado a todos los grupos. Y ello es cierto en
parte; es decir, si no es por causa de la Administración tributaria por
la que ha transcurrido el plazo de seis meses, sino por causa del
contribuyente, lógicamente, no habrá razón alguna para abonar los
intereses de demora. Eso queda claro ya con la enmienda transaccional
incorporada, y de esto poco más tenemos que hablar.
No obstante, sí tenemos que hacer alguna objeción a la enmienda número 37
en cuanto a la forma en que está redactada. Por tanto, el espíritu se ha
incorporado con la enmienda transaccional --y eso ni al Senador Granado,
portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, en esta cuestión, ni a
nosotros nos tiene que entristecer-- men el sentido de que cuando no sea
por causa de la Administración que haya transcurrido el plazo previsto de
seis meses, tampoco haya obligación de satisfacer los intereses de demora
correspondientes, pero no en los términos en que viene recogida la
enmienda número 37, porque, entre otras cosas, se establece colisión con
algunas normas ya vigentes. Consecuentemente, no ha lugar a aprobar esa
enmienda, pero supongo que, por coherencia, el Grupo Parlamentario
Socialista podría pensar si la retira.
En cuanto a la enmienda número 50, referida al plazo en los
procedimientos de gestión, es realmente sorprendente --y ésta parece ser
una trayectoria común; de hecho, es un tópico frecuente-- que quienes
incumplen sistemáticamente los plazos establecen plazos extremadamente
duros a la hora de planificar. Nosotros no queremos caer en ese
prejuicio, en ese tópico, y por eso, cuando establecemos períodos de seis
meses para la gestión tributaria, estamos convencidos de que se va a
respetar el período de seis meses para las actuaciones de gestión
tributaria. No pongamos plazos máximos de tres meses, tal como propone
esta enmienda número 50, cuando se sabe que la resolución de
procedimientos de gestión es prácticamente imposible. Pensemos, por
ejemplo, en el tratamiento informatizado de las declaraciones de
impuestos sobre la renta. Recuerdo a los Senadores socialistas y a todos
los aquí presentes que estamos hablando del orden de 7 u 8 millones de
declaraciones presentadas que exigen tratamientos informáticos. Hemos de
ser rigurosos en el cumplimiento de los plazos legalmente establecidos y
en que éstos sean razonables, y no tratar de hacer una carrera para ver
quién es más diligente sobre cuestiones de imposible resolución.
Quisiera, por último, ya que el portavoz socialista ha hablado de
aberración jurídica, hacer una referencia para que quede claro, sobre
todo para quien siga en el «Diario de Sesiones» el debate que hubo sobre
este proyecto de ley en Comisión, que para aberraciones, una de las
mayores que nosotros hemos oído es que a este humilde proyecto de ley que
únicamente pretende dar carta de naturaleza a los derechos y obligaciones
de los contribuyentes se le llegara incluso a imputar el intento de
facilitar actuaciones de contrabando, y además de contrabando de
estupefacientes, nada más y nada menos. El Senador Granado sabe a lo que
me refiero y sabe también que nuestro Grupo le garantizó que se
estudiaría la cuestión con extremado rigor, dada la sensibilidad del
punto que se estaba señalando, puesto que al reducir de 5 a 4 años, para
homogeneizar con la generalidad del plazo de prescripción el sistema
tributario en el caso de infracciones administrativas de contrabando, y
no otra cosa, se apuntó la posibilidad de que ello pudiera tener algún
efecto en la persecución de delitos punibles penales en materia de
contrabando, cuando se trata de tráficos ilícitos. Para tranquilizar al
Senador Granado, me gustaría que supiera que cuando se trata de tráficos
de drogas tóxicas, estupefacientes , sustancias psicotrópicas,
precursores de drogas, armas, explosivos o cualesquiera otros bienes cuya
tenencia constituya delito, no ha lugar a infracción administrativa, sino
que cualquiera que sea la cantidad aprehendida, cualquiera que sea la
cantidad detectada, inmediatamente será delito penal y, consecuentemente,
recibirá el tratamiento penal correspondiente sin que quepa en ningún
caso aplicación de procedimiento por infracción administrativa. Este
procedimiento está reservado para infracciones de contrabando, de todo lo
demás que no es lo mencionado y, además, de pequeña cuantía. En esos
casos se aplica la infracción de contrabando, y nosotros pensamos que una
Administración moderna no tiene ninguna dificultad en reducir de cinco a
cuatro años el plazo de prescripción de los derechos que tiene la
Administración a fijar la deuda tributaria del derecho que tiene el
contribuyente a que se le devuelvan ingresos indebidos, etcétera. Por lo
tanto, enterremos una cuestión que se había suscitado y que, créame,
Senador Granado, créanme, Senadoras y Senadores aquí presentes, era la
que más me preocupó del debate en Comisión que tuvimos la semana pasada.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Muchas gracias, señoría.
Por tiempo de nueve minutos, tiene la palabra el Senador Blancas.
El señor BLANCAS LLAMAS: Muchas gracias, señor Presidente.
Señorías, como todos los ponentes en este proyecto de ley y el portavoz
de mi Grupo intentaré ser breve, si bien es verdad que el texto es amplio
y las enmiendas muchas.
Comenzando por el Grupo Parlamentario Mixto, le diría al Senador Nieto
Cicuéndez, que no está presente, que hace una oposición global, como él
bien ha dicho, pero por dar unas pinceladas a las enmiendas números 14 a
30 le sugeriría que se leyese el artículo 3 y la disposición final
primera. Algún día leerá el Senador las actas de este Pleno y le llegará
el espíritu que anima al proyecto.
Para la ordenación de los tributos está el principio general tributario
de que se tributará con arreglo a la capacidad económica y siempre con
los principios de justicia, generalidad, igualdad, progresividad y
equitativa distribución de la carga tributaria y no confiscatoriedad.
Este principio es el que sigue la reforma de la ley sobre normativa
tributaria desde que se inició, allá en el año 1977, por el Ministro
Fernández Ordóñez.
No voy a extenderme porque creo que usted defiende las enmiendas en sus
propios términos y yo no voy a distraer más la atención de sus señorías,
máxime no estando el Senador presente en la Sala.
Pasando al Grupo de Convergència, en el artículo 32, enmiendas números 70
y 71, pretende introducir un apartado en el que se diga que la
responsabilidad no alcanzará en ningún caso a las sanciones.
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Señoría, es el grupo de
Convergència i Unió.
El señor BLANCAS LLAMAS: Perdón, señor Presidente. Muchas gracias.
Bien es verdad que la Ley General Tributaria puede inducir a un poco de
confusión. Pero la misma ley, en sus artículos 38 y 40 incluye la
extensión de la responsabilidad a las sanciones en los supuestos de que
el responsable tiene culpabilidad como causante o colaborador de la
infracción, es decir, que extiende a estas personas la responsabilidad de
las sanciones.
En cuanto a la apertura de expediente sancionador a los administradores
--englobando esta enmienda con la número 70--, la responsabilidad siempre
es subsidiaria. Aquí, el ponente de CIU confunde el régimen de
responsabilidad con el sancionador. La Ley General Tributaria de 1977
determina que las personas jurídicas son sujetos infractores.
Lógicamente, deriva la responsabilidad con carácter subsidiario a los
representantes de estas personas jurídicas, y en concreto siempre tendrá
el beneficio de excusión para responder solamente de las infracciones
simples. Lógicamente, sí responderá de la totalidad de la deuda en los
casos en los que la persona jurídica haya incumplido la deuda con una
infracción grave.
En cuanto a la enmienda número 72, es el caballo de batalla por el que
solicitan la supresión o modificación del artículo 37, relativo a las
reclamaciones económico-administrativas, y piden que se tramiten en única
instancias ante el TEAS los actos dictados por los órganos de la
Administración y ante el TEAR (Tribunal Económico-Administrativo Regional
o Local) los datos de los órganos periféricos de la Administración y
órganos de las Comunidades. He de decirle que, en principio, posibilitar
y facilitar el recurso de alzada en segunda instancia a los
contribuyentes es una garantía para ellos.
Hilvanando esta enmienda con la número 75, como ha hecho su señoría,
siento decirle que crear nuevos tribunales económico-administrativos en
cada Comunidad supondría crear diecisiete tribunales regionales
administrativos por Comunidad, más los locales. En este supuesto,
tendríamos una diáspora de doctrina que, lógicamente, llegaría a
confundir al contribuyente dentro de la nación. Esto supondría --como le
decía en la Comisión-- modificar los órganos de la Administración y,
además, provocaría pérdida de la potestad jurisdiccional, tanto de la
estatal como de las Comunidades, inclusive la de las corporaciones
locales.
La enmienda número 73 pretende introducir un artículo 38 nuevo. En ella
se pide que la no resolución de los recursos administrativos dentro del
plazo de tres años desde su interposición determine la prescripción. Yo
creo que la normativa sobre la prescripción de los actos administrativos
está suficientemente reglada en nuestro ordenamiento. (El señor
Presidente ocupa la Presidencia.)
Por otro lado, la enmienda número 74 pretende añadir un nuevo apartado a
la Disposición Final Primera, está relacionado con el artículo 24 de la
Ley General Tributaria y trataría de introducir un apartado 2 bis nuevo
que establece que, una vez firme el acuerdo de fraude de Ley, se
comunique al órgano competente. Quiero contestar diciéndole que la
regulación del procedimiento de fraude de Ley y actuaciones
administrativas posteriores debe ser objeto de un desarrollo
reglamentario.
Paso a referirme a las enmiendas números 76 y 77 presentadas a dos
Disposiciones Finales. En la primera de ellas ustedes piden que los
órganos de la Oficina Nacional de Inspección sean dependientes de las
agencias estatales tributarias regionales, pero esta configuración
provocaría una ruptura de la unidad de acción de los inspectores afectos
a la Oficina Nacional de Inspección.
Respecto a la enmienda número 77, relativa a la entrada en vigor, ¿qué
quiere que le diga? Ya lo hemos discutido ampliamente en Comisión, la Ley
entrará en vigor a los veinte días, y solamente se prevé la excepción de
que los preceptos relativos a la prescripción a la que se refiere el
artículo 24 y aquellos otros que se han incorporado del artículo 15 de la
Ley Orgánica de Infracciones, de represión del contrabando y del artículo
64 entrarán en vigor el día 1 de enero de 1999. Permítame una pequeña
justificación. Los planes de inspección están en marcha, y no podemos
interrumpir a la Oficina de la Agencia Estatal Tributaria y a los órganos
de la inspección y suspender estos procedimientos que están en marcha.
Para los ciudadanos es una
garantía saber que a partir del 1 de enero de 1999 todo lo relativo al
ejercicio de 1993 habrá prescrito. Usted ha insinuado que la prescripción
de los hechos imponibles no tendrá lugar hasta el año 2002. Le garantizo
que no, porque la interpretación es que a partir del 1 de enero de 1999
comenzará la prescripción, lo cual quiere decir que todos los hechos
imponibles producidos durante el año 1993 prescribirán automáticamente el
31 de diciembre de 1998.
En cuanto a las enmiendas del Grupo Parlamentario Socialista, quiero
ceñirme especialmente a las defendidas por el Senador Granado, y creo que
mi compañero el Senador Utrera le ha contestado. En cuanto a la supresión
del artículo 37 ustedes hablan de una aberración, creo que el ejemplo
simbólico lo ha puesto él cuando ustedes pensaban que con la prescripción
de los cuatro años que se establece en la Ley de represión del
contrabando nosotros podíamos condonar los delitos, cuando usted sabe
perfectamente que los delitos van por la vía del Código Penal y las
infracciones administrativas están sujetas, lógicamente, a la
jurisdicción de los tribunales económico-administrativos.
Paso a referirme a las enmiendas presentadas por el Senador Pérez del
Grupo Parlamentario Socialista. En la número 53 solicita que solamente
las actuaciones de comprobación e investigación, y no las de liquidación,
concluyan en el plazo máximo de doce meses. Mantener el plazo de doce
meses para concluir las actuaciones de comprobación e investigación y
dejar «sine die» los actos que emanen de las liquidaciones supondría
discriminar un poco a los contribuyentes.
Por ello, repito, al establecer el plazo de doce meses para las
actuaciones de comprobación e investigación y las de liquidación, se
uniforman, como es lógico, los criterios, y eso sí, como se señala en el
texto, dicho plazo se podrá ampliar a otros doce meses cuando
reglamentariamente se determine y siempre que se den las circunstancias
del volumen de operaciones, la dispersión geográfica o su tributación
como grupos consolidados, transparencia fiscal internacional y actos que
se hayan ocultado a la Administración respecto a algunas actividades
empresariales. Los plazos para los planes de inspección quedan
perfectamente claros en el artículo 29.
En cuanto a la interrupción injustificada durante seis meses de las
actuaciones inspectoras que no sean imputables al contribuyente permítame
decirle que está perfectamente recogida en el apartado 3, puesto que en
el mismo se señala que no se considerará interrumpida la prescripción
cuando los actos sean derivados de la propia Administración, no
imputables al contribuyente. En este aspecto creo que el texto es
meridianamente claro y la redacción correcta.
En la enmienda número 56 presentada al artículo 30, sobre la suspensión
del ingreso, introducen una modificación en su apartado 1 consistente en
ampliar la suspensión de la ejecución a los actos no sólo de sanción, que
el Grupo Parlamentario Popular en este caso y el Gobierno introducen como
una novedad, sino a los actos de liquidación. Considero que es una
benevolencia o una magnanimidad muy grande por su parte, ya que tuvieron
tiempo de hacerlo en el Reglamento 3/95 de procedimiento de reclamaciones
económico-administrativas, que aprobaron el 1.º de marzo de 1996, y ni en
aquella ocasión ni cuando promulgaron el último real decreto se les
ocurrió establecer esta cautela o esta garantía para el contribuyente.
Ahora sí; son magnánimos y quieren ustedes que no solamente se suspenda
el procedimiento separado en las sanciones sino que, además, se aplique a
las liquidaciones, cosa curiosa. Ustedes se apuntan a la victoria siempre
que puedan, pero cuando tuvieron en sus manos la posibilidad, no lo
hicieron.
En la enmienda número 58 ustedes solicitan la supresión del artículo 37
porque creen que el aplicar el recurso de alzada e interponer la
reclamación directamente ante el Tribunal Económico-Administrativo
Central, en única instancia, perjudica al contribuyente. Yo pienso que
no; al contrario, inclusive puede favorecer el procedimiento. Ustedes
saben que hay del orden de 150.000 o más reclamaciones ante los
tribunales, y solamente pasan al contencioso un 10 por ciento de ellas.
De lo que se trata es de acelerar,y si el contribuyente cree pertinente
saltarse la primera instancia y pasar al Tribunal
Económico-Administrativo Central en alzada, directamente, con ello se
consigue agilizar el procedimiento económico-administrativo.
El señor PRESIDENTE: Le ruego que termine.
El señor BLANCAS LLAMAS: Sí, señor Presidente. Voy a procurar terminar.
En las enmiendas números 63, 64 y 65 ustedes pedían la adición de las
devoluciones de oficio desde el momento de la finalización del plazo de
presentación. Creo que esto ha quedado claro en la enmienda transaccional
de mi compañero, el Senador Utrera, y no hace al caso comentarlo.
Simplemente les digo que ustedes propiciaban en Comisión la anulación de
nuestra enmienda número 89 relativa a las devoluciones de oficio.
Nosotros pedíamos la supresión de toda la Disposición Final Segunda
basándonos en que había sido incorporada en la Ley de Medidas Fiscales,
Administrativas y del Orden Social, vulgarmente conocida como Ley de
acompañamiento, que, como usted sabe, regula perfectamente el
procedimiento de la devolución de oficio, tanto en el Impuesto sobre la
Renta, como en el Impuesto sobre Sociedades, como en el IVA.
Permítame terminar diciéndole que han pedido también, cómo no, la
elaboración y aprobación de un reglamento de gestión tributaria. Ustedes
saben la complejidad que conlleva la redacción de un reglamento de
gestión tributaria. Cuando ustedes hicieron la reforma de la Agencia
Tributaria, con la instauración independiente de lo que era la propia
delegación de Hacienda, debieron haber regulado también en esa fecha un
Reglamento. Hacerlo es complejo y, lógicamente, yo pienso que todos somos
conscientes de que lo queremos para agilizar las gestiones y dar
facilidades al contribuyente, pero no lo pidan ustedes con carácter
inmediato.
Termino diciéndoles simplemente que esta Ley viene, por un lado, a
reforzar los derechos de los ciudadanos y, por otro, a incrementar las
obligaciones de la Administración,
se equilibran las relaciones y la Administración ya no está en un plano
de superioridad, de jefe supremo, de intocable, porque con esta
exposición de derechos y de garantías, se equipara y se mejora la
seguridad jurídica de los ciudadanos.
En síntesis, creo que el Estatuto del Contribuyente, como se le conoce,
va a dar una nueva vida a las relaciones entre la Administración y los
contribuyentes. Además, mejorará, sin duda, todo el ordenamiento jurídico
tributario.
Nada más y muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.
¿Turno de portavoces? (Pausa.)
Por el Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra la Senadora de Boneta.
La señora DE BONETA Y PIEDRA: Muchas gracias, señor Presidente.
Hago uso de la palabra únicamente para dejar establecido que el Grupo
Parlamentario Mixto, y debido al movimiento que se ha producido al
terminar la votación del veto, no ha escuchado con claridad si el señor
Presidente se ha referido a la defensa de los votos particulares números
4 y 5. Yo no voy a hacer ahora una defensa fuera de turno de las cinco
enmiendas que he presentado en nombre de Eusko Alkartasuna. Simplemente
voy a hacer referencia, para hacer constar nuestra posición en relación
con el debate que se ha producido, a que esas enmiendas pretendían
básicamente afianzar o reforzar, desde nuestro punto de vista, las
garantías de los contribuyentes. Su sentido, expresado ya por el Grupo
Parlamentario Catalán de Convergència i Unió y por el Grupo Parlamentario
Socialista en relación con los artículos 24 y 29, no es otro que el que
la prescripción tanto en los procedimientos de liquidación provisional
como en los casos de investigación o comprobación de datos no quedara
«sine die» y no sujetas a ningún plazo, o a los plazos de 12 meses, por
ejemplo, que están establecidos en el artículo 29.
Nosotros coincidimos básicamente con las enmiendas que se han defendido,
presentado y debatido, hemos tenido ocasión de escuchar las
intervenciones habidas en el turno en contra. Unicamente quiero insistir
en que Eusko Alkartasuna tiene un especial interés en dejar salvadas las
competencias que gracias a la autonomía fiscal y financiera, a través de
las leyes de concierto económico y convenios, tienen otorgadas la
Comunidad Autónoma Vasca y la Foral Navarra, y que esas competencias
también sean salvaguardadas en lo que se refiere a los derechos y a las
garantías de los contribuyentes.
Esa es la posición de esta Senadora. Nuestra posición respecto del resto
ya ha quedado expresamente fijada tanto en la defensa del veto como en la
defensa de las enmiendas hecha por el Senador Nieto Cicuéndez.
Nada más y muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, Senadora de Boneta.
¿Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos? (Pausa.)
Por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió,
tiene la palabra el Senador Cambra.
El señor CAMBRA I SANCHEZ: Muchas gracias, señor Presidente.
Muy brevemente quiero responder globalmente a la valoración que los
portavoces del Grupo Parlamentario Popular han hecho de nuestras
enmiendas. Simplemente, sin entrar en el contenido de ninguna de ellas,
quiero manifestar nuestra sorpresa sobre un hecho muy concreto, en el
trámite de este proyecto de ley hemos comprobado que el Grupo
Parlamentario Popular ha mantenido en el Congreso de los Diputados una
posición diferente a la que hemos visto aquí, en el Senado. Y leo lo que
dice el «Diario de Sesiones» correspondiente a la sesión celebrada el día
13 de noviembre en el Congreso de los Diputados, en la que el portavoz
del Grupo Popular dijo textualmente lo siguiente: espero que en el
trámite del Senado se incorporen cinco materias que nos preocupan
especialmente. Esas cinco materias son las consultas vinculantes, los
costes de las obligaciones dadas en garantía para reclamaciones. También
nos preocupa la composición de la Oficina Nacional de Inspección y la de
los tribunales económicos en cuanto a los convenios que se puedan hacer
en las Comunidades Autónomas y, en general, toda la materia de caducidad.
Me parece que nuestras diez enmiendas, en gran parte, y a excepción de
una de ellas, hacen mención precisamente a estos cinco puntos que el
portavoz del Grupo Popular en el Congreso dijo que le preocupaban y que
esperaba que se resolvieran en el Senado.
No es que nosotros pretendiéramos que el texto de nuestras enmiendas
fuera introducido, pero sí esperábamos que se produjera alguna
modificación en coherencia con esta preocupación expresada. Por tanto,
ésa es nuestra sorpresa. Lo que nosotros pensamos, simplemente --estamos
convencidos de ello--, es que este cambio de actitud nada tiene que ver
con la diferencia de composición aritmética entre ambas Cámaras, aunque,
de todas formas, nos gustaría, Senador Utrera, que esto se nos
confirmara.
También debo reconocerle que mi expresión de «ampulosa» al referirme a la
ley no era acertada ni adecuada. Quiero dejar constancia de ello en el
«Diario de Sesiones».
Nada más y muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, Senador Cambra.
Por el Grupo Socialista tiene la palabra el Senador Granado.
El señor GRANADO MARTINEZ: Muchas gracias, señor Presidente.
Sin ánimo alguno de continuar el debate a estas horas de la tarde,
simplemente quisiera dejar constancia de dos asuntos que creo tienen
interés. El primero de ellos se refiere a la cuestión de la prescripción
de las infracciones administrativas en materia de contrabando.
Como tuve ocasión de comentar en Comisión, la redacción literal de la Ley
de Contrabando y el Código Penal
han coexistido desde el año 1986 con una jurisprudencia del Tribunal
Supremo bastante acentuada y que ha resultado bastante pacífica en lo que
a su interpretación se refiere en el sentido de que la tenencia de drogas
para el consumo personal no es típica, es decir, no está dentro de la
tipificación del Código Penal ni lo está tampoco en la de la Ley de
Contrabando.
En este sentido, Senador Utrera, confíe en mi palabra cuando le digo que
no hay sentencias de los tribunales de justicia que condenen, ni por
delito de contrabando ni por delito de tráfico de drogas, a personas para
las que se presume que la tenencia de drogas es para el consumo personal.
¿Cuál es el problema? Pues que es verdad que desde que se elaboró la Ley
de Contrabando en el año 1995 las infracciones administrativas han ido
más bien decantándose hacia la vía de las infracciones en materia de
seguridad ciudadana, y, en coherencia con la redacción de la Ley, no es
frecuente que haya infracciones administrativas en materia de contrabando
por drogas puesto que la propia Ley lo excluye.
Yo acepto sus explicaciones. De la misma manera, como he tenido ocasión
de comentarle brevemente antes de que empezara el Pleno y la discusión de
este proyecto de ley, usted me aceptará que hay otros delitos de
contrabando que, por mor de su menor cuantía, se convierten en
infracciones administrativas, como es la salida de España de obras de
arte, algo muy difícil de sancionar por las Administraciones públicas,
porque ni siquiera se tiene constancia fehaciente de la fecha en que se
produce la salida de la obra de arte. En este sentido, no nos parece
adecuado que, con carácter general, se invoque el criterio de
prescripción a los cuatro años. Por eso seguimos manteniendo nuestra
enmienda, aun aceptando sus explicaciones en materia de tráfico de
drogas.
En segundo lugar, una cuestión que también quiero reflejar aquí es que
ustedes siguen pensando que es mejor garantía para los contribuyentes el
que se pueda eludir que los órganos de justicia de las Comunidades
Autónomas tomen razón de los recursos contra las resoluciones dictadas
por las propias Comunidades Autónomas. Con ello atribuyen a órganos como
el Tribunal Económico-Administrativo Central, sobre las Administraciones
tributarias de las Comunidades Autónomas, una función de jerarquía. Es
decir, el Tribunal Económico-Administrativo Central, que es un órgano de
la Administración del Estado, va a dictar resoluciones que van a afectar
a las Comunidades Autónomas como antes los Gobiernos Civiles podían
anular los acuerdos de los ayuntamientos. Esto es un atavismo. Esto no se
corresponde con la organización autonómica del Estado español; ni
siquiera creo que se corresponda adecuadamente con el texto
constitucional. En cualquier caso, no se corresponde con las competencias
y las capacidades normativas que tienen las Comunidades Autónomas en
función, precisamente, de sus acuerdos con los grupos nacionalistas.
Creo que esto es un flanco débil del proyecto de ley, que éste agrava
esta situación, y habrá que reformar la estructura de los tribunales
económico-administrativos para hacerlos congruentes con la del Estado de
las Autonomías. Creo que ustedes tienen clara esa cuestión. Por tanto, si
es así, ¿por qué añaden otras piedras al edificio construido
trabajosamente, pero al margen de la Constitución, en lo que es la
organización de los tribunales económico-administrativos? ¿Por qué siguen
dándole nuevas competencias al Tribunal Económico-Administrativo Central?
¿Y por qué lo hacen en contra del criterio unánime del resto de los
grupos de esta Cámara? Porque en esa votación se van a quedar solos.
En este sentido, en el Congreso de los Diputados no perdieron la votación
porque no fuimos capaces de entendernos, pero a nadie le gustaba este
artículo del proyecto de ley, e incluso hay grupos que, como se ha
explicado aquí, votaron a favor del artículo por la sencilla razón de que
ustedes se comprometieron a enmendarlo; pero no lo van a hacer. Por
tanto, ésta me parece una mala solución. Y me parece pésimo que sea
precisamente el Senado, la Cámara territorial, el que tenga que
santificar, con su mayoría absoluta, esta mala solución.
Gracias. (Aplausos desde los escaños del Grupo Parlamentario Socialista.)
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, Senador Granado.
Por el Grupo Popular, tiene la palabra el Senador Utrera.
El señor UTRERA MORA: Gracias, señor Presidente.
Señoría, si en Comisión fueron las drogas, en Pleno son las obras de
arte. Es decir, entonces se utilizó en boca del portavoz socialista un
argumento definitorio y de alguna manera crítico, que cuestionaba, aunque
fuera muy tangencialmente, este proyecto de ley, mientras que ahora se
refiere a la exportación de obras de arte. En este sentido, en la primera
ocasión que tenga le traeré documentación relativa a las obras de arte.
Pero eso no cuestiona el principio esencial, Senador Granado, y mucho
menos cuestiona sus manifestaciones apocalípticas sobre un modesto
proyecto de ley, pero importante en su contenido, que pretende equilibrar
las relaciones entre los contribuyentes y la Administración tributaria.
Porque si esto no se entiende, se podrá incurrir en aberraciones, como
entonces fue el relacionarlo con el tráfico de drogas, ahora, con el de
obras de arte, y me imagino que en otro debate que pudiéramos tener al
respecto, con el tráfico de metales preciosos o de aeronaves.
En todo caso, Senador Granado, sepa que usted se equivocó, que nosotros
dijimos que esa cuestión se estudiaría, y que rogamos discreción en la
materia. También sabemos que usted hizo público alarde de sus malos,
pobres, o equivocados conocimientos sobre el tema de las drogas en
relación con la prescripción por infracciones administrativas de
contrabando, y ahora está diciendo que el problema se puede plantear con
las obras de arte. Veremos si eso es así, aunque estamos convencidos de
lo contrario.
Con esto, doy respuesta a una cuestión que, como ya he dicho, fue la que
más me preocupó de todas aquellas que se plantearon en el debate en
Comisión de este proyecto de ley.
Paso ahora a dar una respuesta conjunta a su señoría y al portavoz del
Grupo de Convergència i Unió en relación con los tribunales
económico-administrativos y con las relaciones que este Congreso y Senado
podamos mantener los Diputados y Senadores del Grupo Parlamentario
Popular.
Esta ley se ha construido sobre complejos --porque así debe ser--
acuerdos entre los grupos políticos. Esos complejos acuerdos han
permitido racionalizar una materia que o bien estaba dispersa, o era
inexistente. Es decir, hasta ahora, la Administración tributaria cobraba
intereses de demora, y el contribuyente cobraba intereses legales de
dinero. Y ahí ha salido usted, Senador Granado, pensando en ese
contribuyente mezquino, que nosotros desconocemos, capaz de incluir
500.000 pesetas de más en una declaración tributaria para que al cabo de
seis meses, si a la Administración se le ha olvidado que tiene que
devolvérselas y transcurre un mes más de plazo, le abone un 1,08 por
ciento más de lo que es el interés legal del dinero, con una rentabilidad
aproximada, si incluyó 500.000 pesetas, de unas 50 ó 60 pesetas.
Si usted, Senador Granado, encuentra a ese contribuyente mezquino en
algún lugar de España, estaré dispuesto a plantearme que a lo mejor hay
que mantener un desequilibrio entre la capacidad de la Administración
tributaria para cobrar intereses de demora y la simple capacidad del
contribuyente de cobrar un interés legal del dinero por los ingresos
indebidos en la Administración tributaria. Pero mientras no sea así,
permítame, señor Granado, decirle que los equilibrios en las relaciones
entre ambos exigen como mínimo que el cálculo de los intereses sea
también similar. Y no hagamos de ello argumentos enloquecidos como los
que se han hecho en esta intervención. Permítaseme corregir, no
enloquecidos, pero sí aspavientos excesivos respecto a lo que este
proyecto de ley contiene.
Por tanto, esos equilibrios se han conseguido contradicciones no hay
ninguna y nosotros, desde nuestro Grupo, nos felicitamos por haber
discutido y finalizado el correspondiente debate del proyecto de ley de
garantías y derechos de los contribuyentes.
Gracias, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, Senador Utrera Mora.
Concluido el debate, vamos a llamar a votación.
Vamos a comenzar la votación de las enmiendas relacionadas con el voto
particular número 4.
En primer término, votamos las enmiendas números 1, 2 y 4.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 211; a
favor, cuatro; en contra, 125; abstenciones, 82.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
A continuación, sometemos a votación las enmiendas números 3 y 5.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 211; a
favor, tres; en contra, 126; abstenciones, 82.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Del voto particular número 5, votamos en primer término las enmiendas
números 6, 7, 8, 11, 12, 16, 18, 19, 20, 24 y 26.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 211; a
favor, dos; en contra, 127; abstenciones, 82.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Votamos la enmienda número 14.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 211; a
favor, 89; en contra, 120; abstenciones, dos.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Votamos la enmienda número 27.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 211; a
favor, 91; en contra, 120.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Votamos la enmienda número 28.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 211; a
favor, dos; en contra, 120; abstenciones, 89.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada. (El señor Aleu i Jornet pide la
palabra.)
Tiene la palabra, Senador Aleu.
El señor ALEU I JORNET: Pido votación separada de las enmiendas números
10 y 23.
El señor PRESIDENTE: A continuación, votamos las enmiendas números 10 y
23.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 211; a
favor, 82; en contra, 127; abstenciones, dos.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Votamos el resto de las enmiendas del voto particular número 5.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 211; a
favor, dos; en contra, 128; abstenciones, 81.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Voto particular número 3, que corresponde al Grupo Parlamentario Catalán
en el Senado de Convergència i Unió, enmiendas 68 a 77. (El señor Aleu i
Jornet pide la palabra.)
Tiene la palabra el Senador Aleu.
El señor ALEU I JORNET: Solicito votación separada de las enmiendas
números 69, 70 y 73.
El señor PRESIDENTE: ¿Votamos conjuntamente las enmiendas números 69, 70
y 73?
En primer lugar, votamos las enmiendas números 69, 70 y 73.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 211; a
favor, ocho; en contra, 201; abstenciones, dos.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Votamos el resto de las enmiendas correspondientes al voto particular
número 3.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 210; a
favor, 92; en contra, 117; abstenciones, una.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Votos particulares números 1 y 2, correspondientes al Grupo Parlamentario
Socialista.
En primer lugar, votamos la vuelta al texto del Congreso de los
Diputados, disposiciones finales segunda y séptima.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 210; a
favor, 83; en contra, 126; abstenciones, una.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Votamos las enmiendas números 33, 34, 35 y 36.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 211; a
favor, 83; en contra, 120; abstenciones, ocho.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Enmiendas números 31, 32, 49, 58, 61 y 66.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 211; a
favor, 89; en contra, 120; abstenciones, dos.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Sobre la enmienda número 38 hay una transaccional, que pasamos a votar,
aunque si lo prefieren lo hacemos al contrario: resto de las enmiendas,
menos la 38 que es objeto de una transaccional. (Pausa.)
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 211; a
favor, 84; en contra, 126; abstenciones, una.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Enmienda transaccional sobre la número 38.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 211; a
favor, 209; en contra, uno; abstenciones, una.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.
Pasamos a votar el Dictamen. En primer lugar el artículo 37.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 211; a
favor, 120; en contra, 83; abstenciones, ocho.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobado.
Disposición adicional única, disposiciones finales primera, cuarta,
quinta, sexta y séptima.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 211; a
favor, 209; en contra, dos.
El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas.
Pasamos a votar ahora el resto del Dictamen (El señor Aleu i Jornet pide
la palabra.), a no ser que haya petición en contrario.
Tiene la palabra el Senador Aleu.
El señor ALEU I JORNET: Habíamos pasado a la Mesa petición de votación
separada de los artículos 1, 2, 4, 6, 7, 8, 11, 12, 16, 18, 19, 20, 24,
26, 27, 31, 32, 33, 35 y 36, por un lado, y el resto por otro.
El señor PRESIDENTE: No había llegado a mi poder, pero voy a repetir por
si hubiera algún error. Artículos números 1, 2, 4, 6, 7, 8, 11, 12, 16,
18, 19, 20, 24, 26, 27, 31, 32, 33, 35 y 36.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 211; a
favor, 210; en contra, uno.
El señor PRESIDENTE: Quedan aprobados.
Votamos, ahora sí, el resto del Dictamen.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 211; a
favor, 127; en contra, 83; abstenciones, una.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobado el resto del Dictamen.
Tal y como dispone el artículo 90 de la Constitución se dará traslado de
las enmiendas aprobadas por el Senado al Congreso de los Diputados para
que éste se pronuncie sobre las mismas en forma previa a la sanción del
texto definitivo por Su Majestad el Rey.
Se levanta la sesión.
Eran las diecinueve horas y cuarenta minutos.