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DS. Senado, Pleno, núm. 67, de 02/12/1997
CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL
SENADO
Año 1997 VI Legislatura
Núm. 67
PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. JUAN IGNACIO BARRERO VALVERDE
Sesión del Pleno
celebrada el martes, 2 de diciembre de 1997
ORDEN DEL DIA:
Primero
-- Lectura y aprobación, si procede, de las Actas de las sesiones
anteriores, celebradas los pasados días 18 y 19 de noviembre de 1997.
Segundo
Peticiones de creación de Comisiones Especiales:
-- Petición de creación de una Comisión Especial sobre los objetivos que
debe seguir el proceso de desarrollo económico y social en el conjunto
del Estado español, considerando la trayectoria realizada y la necesidad
de estimular la participación y su máximo rendimiento social. (Primer
firmante: don Joaquim Ferrer i Roca) (publicada en el «Boletín Oficial de
las Cortes Generales», Senado, Serie I, número 328, de fecha 14 de
noviembre de 1997) (Número de expediente 650/000005).
Tercero
Mociones consecuencia de Interpelación:
-- Del Grupo Parlamentario Socialista por la que se insta al Gobierno a
la adopción de medidas normativas y administrativas tendentes a la
integración de los inmigrantes en la sociedad española (publicada en el
«Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie I, número 344,
de fecha 1 de diciembre de 1997) (Número de expediente 671/000033).
Cuarto
Mociones:
-- Del Grupo Parlamentario Popular en el Senado por la que se insta al
Gobierno a impulsar un plan de mejora de las enseñanzas de las
humanidades en la educación secundaria, a proseguir el proceso de
elaboración
del proyecto de Real Decreto de reforma de las enseñanzas mínimas de
ciencias sociales, geografía e historia, lengua castellana y literatura
en la Enseñanza Secundaria Obligatoria (ESO), a adoptar todas las
iniciativas conducentes a alcanzar un deseable acuerdo en esta cuestión,
y a intensificar, en el seno de la Conferencia de Educación, la consulta
y participación de las Comunidades Autónomas en el desarrollo de las
restantes fases del plan de mejora de las humanidades (publicada en el
«Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie I, número 344,
de fecha 1 de diciembre de 1997) (Número de expediente 662/000102).
-- Del Grupo Parlamentario Socialista por la que se insta al Gobierno
para que, en el plazo de tres meses previa negociación con los Agentes
Sociales, apruebe el Plan Nacional de Seguridad Minera (publicada en el
«Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie I, número 344,
de fecha 1 de diciembre de 1997) (Número de expediente 662/000103).
-- Del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió,
por la que se insta al Gobierno a presentar un plan de financiación en
dos anualidades de las necesidades municipales que aún están por cubrir
en los distintos Planes de Emergencia Nuclear existentes en el Estado
español (publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales»,
Senado, Serie I, número 344, de fecha 1 de diciembre de 1997) (Número de
expediente 662/000101).
Quinto
Conocimiento por el Pleno de Tratados y Convenios Internacionales
remitidos por el Congreso de los Diputados:
-- Declaración prevista en el artículo 14 de la Convención Internacional
sobre la eliminación de todas las formas de discriminación racial (Nueva
York, 7 de marzo de 1966). Se tramita por el procedimiento de urgencia
(publicado en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie
IV, número 139, de fecha 14 de noviembre de 1997) (Número de expediente
S. 610/000139) (Número de expediente C. D. 110/000140).
-- Convenio Básico de Cooperación Científico-Técnica entre el Reino de
España y la República de Haití, firmado «ad referéndum» en Puerto
Príncipe el 8 de mayo de 1991, y Canje de Notas de 4 y 16 de octubre de
1995 que lo modifica (publicado en el «Boletín Oficial de las Cortes
Generales», Senado, Serie IV, número 118, de fecha 14 de noviembre de
1997) (Número de expediente S. 610/000118) (Número de expediente C. D.
110/000117).
-- Protocolo sobre prohibiciones o restricciones del empleo de minas,
armas trampa y otros artefactos (Protocolo enmendado II), adoptado en
Ginebra el 3 de mayo de 1996, de la Convención sobre prohibiciones o
restricciones del empleo de ciertas armas convencionales que puedan
considerarse excesivamente nocivas o de efectos indiscriminados de 1980
(publicado en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie
IV, número 119, de fecha 14 de noviembre de 1997) (Número de expediente
S. 610/000119) (Número de expediente C. D. 110/000118).
-- Protocolo adicional a la Convención sobre prohibiciones o
restricciones del empleo de ciertas armas convencionales que puedan
considerarse excesivamente nocivas o de efectos indiscriminados
«Protocolo sobre armas láser cegadoras», Protocolo IV, adoptado en Viena
el 13 de octubre de 1995 (publicado en el «Boletín Oficial de las Cortes
Generales», Senado, Serie IV, número 120, de fecha 14 de noviembre de
1997) (Número de expediente S. 610/000120) (Número de expediente C. D.
110/000119).
-- Enmienda al artículo 15 del Acuerdo de explotación relativo a la
Organización Europea de Telecomunicaciones por Satélite (EUTELSALT),
adoptada en París el 21 de febrero de 1996 (publicado en el «Boletín
Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie IV, número 121, de fecha
14 de noviembre de 1997) (Número de expediente S. 610/000121) (Número de
expediente C. D. 110/000120).
-- Convenio Europeo sobre televisión transfronteriza, hecho en
Estrasburgo el 5 de mayo de 1989 (publicado en el «Boletín Oficial de las
Cortes Generales», Senado, Serie IV, número 122, de fecha 14 de noviembre
de 1997) (Número de expediente S. 610/000122) (Número de expediente C. D.
110/000121).
-- Declaración de Aceptación por España de la adhesión de Islandia al
Convenio de La Haya sobre aspectos civiles de la sustracción
internacional de menores (La Haya 25/10/80) (publicado en el «Boletín
Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie IV, número 123, de fecha
14 de noviembre de 1997) (Número de expediente S. 610/000123) (Número de
expediente C. D. 110/000124).
-- Convenio de extradición entre el Reino de España y el Reino de
Marruecos, firmado en Madrid el 30/05/97 (publicado en el «Boletín
Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie IV, número 124, de fecha
14 de noviembre de 1997) (Número de expediente S. 610/000124) (Número de
expediente C. D. 110/000125).
-- Convenio relativo a la asistencia judicial en materia penal entre el
Reino de España y el Reino de Marruecos, firmado en Madrid el 30/05/97
(publicado en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie
IV, número 125, de fecha 14 de noviembre de 1997) (Número de expediente
S. 610/000125) (Número de expediente C. D. 110/000126).
-- Convenio entre el Reino de España y el Reino de Marruecos relativo a
la asistencia de personas detenidas y al traslado de personas condenadas,
firmado en Madrid el 30 de mayo de 1997 (publicado en el «Boletín Oficial
de las Cortes Generales», Senado, Serie IV, número 126, de fecha 14 de
noviembre de 1997) (Número de expediente S. 610/000126) (Número de
expediente C. D. 110/000127).
-- Convenio de cooperación judicial en materia civil, mercantil y
administrativa entre el Reino de España y el Reino de Marruecos, firmado
en Madrid el 30 de mayo de 1997 (publicado en el «Boletín Oficial de las
Cortes Generales», Senado, Serie IV, número 127, de fecha 14 de noviembre
de 1997) (Número de expediente S. 610/000127) (Número de expediente C. D.
110/000128).
-- Convenio entre el Reino de España y el Reino de Marruecos sobre
asistencia judicial, reconocimiento y ejecución de resoluciones
judiciales en materia de derecho de custodia y derecho de visita y
devolución de menores, firmado en Madrid el 30 de mayo de 1997 (publicado
en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie IV, número
128, de fecha 14 de noviembre de 1997) (Número de expediente S.
610/000128) (Número de expediente C. D. 110/000129).
-- Convenio de cooperación judicial en materia penal entre el Reino de
España y la República de Colombia, firmado en Bogotá el 29 de mayo de
1997 (publicado en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado,
Serie IV, número 129, de fecha 14 de noviembre de 1997) (Número de
expediente S. 610/000129) (Número de expediente C. D. 110/000130).
-- Tratado de Extradición entre el Reino de España y la República de El
Salvador, firmado en Madrid el 10 de marzo de 1997 (publicado en el
«Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie IV, número 130,
de fecha 14 de noviembre de 1997) (Número de expediente S. 610/000130)
(Número de expediente C. D. 110/000131).
-- Convenio de cooperación judicial en materia penal entre el Reino de
España y la República de El Salvador, firmado en Madrid el 10 de marzo de
1997 (publicado en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado,
Serie IV, número 131, de fecha 14 de noviembre de 1997) (Número de
expediente S. 610/000131) (Número de expediente C. D. 110/000132).
-- Convenio entre los Estados Parte del Tratado del Atlántico Norte y los
otros Estados participantes en la Asociación para la Paz, relativo al
Estatuto de sus Fuerzas y Protocolo Adicional al mismo, hechos en
Bruselas el 19 de junio de 1995, así como reserva que el Gobierno español
va a formular en el momento de su ratificación (publicado en el «Boletín
Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie IV, número 132, de fecha
14 de noviembre de 1997) (Número de expediente S. 610/000132) (Número de
expediente C. D. 110/000133).
-- Acuerdo entre el Gobierno de la República de Albania y los Gobiernos
de las Naciones contribuyentes a la Fuerza Multinacional de Protección,
relativo al Estatuto de dicha Fuerza, hecho en Roma el 21 de abril de
1997 (publicado en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado,
Serie IV, número 133, de fecha 14 de noviembre de 1997) (Número de
expediente S. 610/000133) (Número de expediente C. D. 110/000134).
-- Acuerdo entre el Reino de España y la República de El Salvador sobre
Transporte Aéreo, firmado en Madrid el 10 de marzo de 1997 (publicado en
el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie IV, número
134, de fecha 14 de noviembre de 1997) (Número de expediente S.
610/000134) (Número de expediente C. D. 110/000135).
-- Convenio entre el Reino de España y la República Portuguesa para la
construcción de un puente internacional sobre el río Manzanas, entre las
localidades de San Martín de Pedroso (España) y Quintanilha (Portugal),
firmado en Madrid el 24 de junio de 1997 (publicado en el «Boletín
Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie IV, número 135, de fecha
14 de noviembre de 1997) (Número de expediente S. 610/000135) (Número de
expediente C. D. 110/000136).
-- Convenio entre el Reino de España y la República Portuguesa para la
construcción de un puente internacional sobre el río Támega, entre las
localidades de Feces de Abaixo (España) y Vila Verde da Raia (Portugal),
firmado en Madrid el 24 de junio de 1997 (publicado en el «Boletín
Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie IV, número 136, de fecha
14 de noviembre de 1997) (Número de expediente S. 610/000136) (Número de
expediente C. D. 110/000137).
-- Canje de Notas constitutivo de Acuerdo entre España y Rumanía sobre la
modificación del Convenio sobre Transporte Aéreo entre el Gobierno de
España y el Gobierno de la República Socialista de Rumanía y Anexo,
firmado en Madrid el 10 de enero de 1980 (publicado en el «Boletín
Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie IV, número 137, de fecha
14 de noviembre de 1997) (Número de expediente S. 610/000137) (Número de
expediente C. D. 110/000138).
-- Canje de Notas constitutivo de Acuerdo entre España y Uruguay sobre la
modificación del Acuerdo sobre Transporte Aéreo Comercial entre el Reino
de España y la República Oriental del Uruguay, firmado en Montevideo el
13 de agosto de 1979 (publicado en el «Boletín Oficial de las Cortes
Generales», Senado, Serie IV, número 138, de fecha 14 de noviembre de
1997) (Número de expediente S. 610/000138) (Número de expediente C. D.
110/000139).
Sexto
Toma en consideración de Proposiciones de Ley del Senado:
-- Proposición de Ley de modificación de la Ley 23/1986, de 24 de
diciembre, de bases del Régimen Jurídico de las Cámaras Agrarias (Autor:
Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos) (publicado en el
«Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie III-A, número 7,
de fecha 4 de marzo de 1997) (Número de expediente 622/000007).
SUMARIO
Se abre la sesión a las dieciséis horas y cinco minutos.
Lectura y aprobación, si procede, de las Actas de las sesiones
anteriores, celebradas los pasados días 18 y 19 de noviembre de 1997
(Página 2808)
Se aprueban las Actas.
PETICIONES DE CREACION DE COMISIONES ESPECIALES (Página 2808)
Petición de creación de una Comisión Especial sobre los objetivos que
debe seguir el proceso de desarrollo económico y social en el conjunto
del Estado español, considerando la trayectoria realizada y la necesidad
de estimular la participación y su máximo rendimiento social. (Primer
firmante: D. Joaquim Ferrer i Roca) (Página 2808)
El señor Ferrer i Roca defiende la creación de la comisión especial. En
turno de portavoces, hacen uso de la palabra los señores Nieto Cicuéndez,
por el Grupo Mixto, y Gangoiti Llaguno por el Grupo de Senadores
Nacionalistas Vascos, así como la señora Martín i Vigil, por el Grupo
Socialista, y el señor Alierta Izuel, por el Grupo Popular.
Se aprueba la creación de la comisión especial por asentimiento de la
Cámara.
MOCIONES CONSECUENCIA DE INTERPELACION (Página 2811)
DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA por la que se insta al Gobierno a la
adopción de medidas normativas y administrativas tendentes a la
integración de los inmigrantes en la sociedad española (Página 2811)
El señor Oliart Pons defiende la moción. La señora San Baldomero Ochoa
defiende una enmienda a la moción del Grupo Popular. Vuelve a intervenir
el señor Oliart Pons. En turno de portavoces, hacen uso de la palabra los
señores Román Clemente, por el Grupo Mixto; Caballero Lasquibar, por el
Grupo de Senadores Nacionalistas Vascos, y Capdevila i Bas, por el Grupo
Catalán en el Senado de Convergència i Unió.
Se rechaza la moción del Grupo Socialista por 103 votos a favor y 125 en
contra.
MOCIONES (Página 2815)
Del GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL SENADO por la que se insta al
Gobierno a impulsar un plan de mejora de las enseñanzas de las
humanidades en la educación secundaria, a proseguir el proceso de
elaboración del proyecto de Real Decreto de reforma de las enseñanzas
mínimas de ciencias sociales, geografía e historia, lengua castellana y
literatura en la Enseñanza Secundaria Obligatoria (ESO), a adoptar todas
las iniciativas
conducentes a alcanzar un deseable acuerdo en esta cuestión, y a
intensificar, en el seno de la Conferencia de Educación, la consulta y
participación de las Comunidades Autónomas en el desarrollo de las
restantes fases del plan de mejora de las humanidades (Página 2815)
El señor Fernández Rozada defiende la moción. El señor Presidente anuncia
la presentación de una propuesta de modificación, firmada por varios
Grupos Parlamentarios. El señor Ríos Pérez defiende una enmienda a la
moción, del Grupo Mixto. El señor Iglesias Marcelo defiende una enmienda
a la moción, del Grupo Socialista. En turno de portavoces, hacen uso de
la palabra el señor Román Clemente y la señora De Boneta y Piedra, por el
Grupo Mixto, y los señores Albistur Marín, por el Grupo de Senadores
Nacionalistas Vascos; Varela i Serra, por el Grupo Catalán en el Senado
de Convergència i Unió; Iglesias Marcelo, por el Grupo Socialista, y
Fernández Rozada, por el Grupo Popular.
Se aprueba la propuesta de modificación por 207 votos a favor, 20 en
contra y 4 abstenciones.
Del GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA por la que se insta al Gobierno para
que, en el plazo de tres meses, previa negociación con los Agentes
Sociales, apruebe el Plan Nacional de Seguridad Minera (Página 2826)
El señor Alonso Buitrón defiende la moción. El señor Martínez Oblanca
defiende una enmienda a la moción, del Grupo Popular. El señor Presidente
comunica a la Cámara la existencia de una propuesta de modificación,
firmada por todos los Grupos Parlamentarios. En turno de portavoces,
hacen uso de la palabra los señores Nieto Cicuéndez, por el Grupo Mixto;
Albistur Marín, por el Grupo de Senadores Nacionalistas Vascos; Simó i
Burgues, por el Grupo Catalán en el Senado de Convergència i Unió, y
Alonso Buitrón, por el Grupo Socialista.
Se aprueba la propuesta de modificación por asentimiento de la Cámara.
Del GRUPO PARLAMENTARIO CATALAN EN EL SENADO DE CONVERGéNCIA I UNIO, por
la que se insta al Gobierno a presentar un plan de financiación, en dos
anualidades, de las necesidades municipales que aún están por cubrir en
los distintos Planes de Emergencia Nuclear existentes en el Estado
español (Página 2831)
El señor Roig i Grau defiende la moción. El señor Presidente anuncia la
presentación de una propuesta de modificación, firmada por todos los
Grupos Parlamentarios. En turno de portavoces, hacen uso de la palabra
los señores Albistur Marín, por el Grupo de Senadores Nacionalistas
Vascos; Roig i Grau, por el Grupo Catalán en el Senado de Convergencia i
Unió; Sánchez Lucas, por el Grupo Socialista, y Tome y Gómez, por el
Grupo Popular.
Se aprueba la propuesta de modificación por asentimiento de la Cámara.
CONOCIMIENTO POR EL PLENO DE TRATADOS Y CONVENIOS INTERNACIONALES
REMITIDOS POR EL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS (Página 2836)
Declaración prevista en el artículo 14 de la Convención Internacional
sobre la eliminación de todas las formas de discriminación racial (Nueva
York, 7 de marzo de 1966) SE TRAMITA POR EL PROCEDIMIENTO DE URGENCIA
(Página 2836)
Los señores Cobo Fernández y Soravilla Fernández consumen un turno a
favor. Se aprueba por asentimiento y se autoriza al Gobierno a prestar su
consentimiento para obligarse.
Convenio Básico de Cooperación Científico-Técnica entre el Reino de
España y la República de Haití, firmado «ad referéndum» en Puerto
Príncipe el 8 de mayo de 1991, y Canje de Notas de 4 y 16 de octubre de
1995 que lo modifica (Página 2837)
No habiéndose consumido turnos a favor, en contra ni de portavoces, se
aprueba por asentimiento y se autoriza al Gobierno a prestar su
consentimiento para obligarse.
Protocolo sobre prohibiciones o restricciones del empleo de minas, armas
trampa y otros artefactos (Protocolo enmendado II), adoptado en Ginebra
el 3 de mayo de 1996, de la Convención sobre prohibiciones o
restricciones del empleo de ciertas armas convencionales que puedan
considerarse excesivamente nocivas o de efectos indiscriminados de 1980
(Página 2837)
El señor Soravilla Fernández consume un turno a favor. Se aprueba por
asentimiento y se autoriza al Gobierno a prestar su consentimiento para
obligarse.
Protocolo adicional a la Convención sobre prohibiciones o restricciones
del empleo de ciertas armas convencionales que puedan considerarse
excesivamente nocivas o de efectos indiscriminados, «Protocolo sobre
armas láser cegadoras», Protocolo IV, adoptado en Viena el 13 de octubre
de 1995 (Página 2838)
No habiéndose consumido turnos a favor, en contra ni de portavoces, se
aprueba por asentimiento y se autoriza al Gobierno a prestar su
consentimiento para obligarse.
Enmienda al artículo 15 del Acuerdo de explotación relativo a la
Organización Europea de Telecomunicaciones por Satélite (EUTELSAT),
adoptada en París el 21 de febrero de 1996 (Página 2838)
No habiéndose consumido turnos a favor, en contra ni de portavoces, se
aprueba por asentimiento y se autoriza al Gobierno a prestar su
consentimiento para obligarse.
Convenio Europeo sobre televisión transfronteriza, hecho en Estrasburgo
el 5 de mayo de 1989 (Página 2838)
No habiéndose consumido turnos a favor, en contra ni de portavoces, se
aprueba por asentimiento y se autoriza al Gobierno a prestar su
consentimiento para obligarse.
Declaración de Aceptación por España de la adhesión de Islandia al
Convenio de La Haya sobre aspectos civiles de la sustracción
internacional de menores (La Haya, 25/10/80) (Página 2839)
No habiéndose consumido turnos a favor, en contra ni de portavoces, se
aprueba por asentimiento y se autoriza al Gobierno a prestar su
consentimiento para obligarse.
Convenio de extradición entre el Reino de España y el Reino de Marruecos,
firmado en Madrid el 30/05/97 (Página 2839)
No habiéndose consumido turnos a favor, en contra ni de portavoces, se
aprueba por asentimiento y se autoriza al Gobierno a prestar su
consentimiento para obligarse.
Convenio relativo a la asistencia judicial en materia penal entre el
Reino de España y el Reino de Marruecos, firmado en Madrid el 30/05/97
(Página 2839)
No habiéndose consumido turnos a favor, en contra ni de portavoces, se
aprueba por asentimiento y se autoriza al Gobierno a prestar su
consentimiento para obligarse.
Convenio entre el Reino de España y el Reino de Marruecos relativo a la
asistencia de personas detenidas y al traslado de personas condenadas,
firmado en Madrid el 30 de mayo de 1997 (Página 2839)
No habiéndose consumido turnos a favor, en contra ni de portavoces, se
aprueba por asentimiento y se autoriza al Gobierno a prestar su
consentimiento para obligarse.
Convenio de cooperación judicial en materia civil, mercantil y
administrativa entre el Reino de España y el Reino de Marruecos, firmado
en Madrid el 30 de mayo de 1997 (Página 2839)
No habiéndose consumido turnos a favor, en contra ni de portavoces, se
aprueba por asentimiento y se autoriza al Gobierno a prestar su
consentimiento para obligarse.
Convenio entre el Reino de España y el Reino de Marruecos sobre
asistencia judicial, reconocimiento y ejecución de resoluciones
judiciales en materia de derecho de custodia y derecho de visita y
devolución de menores, firmado en Madrid el 30 de mayo de l997 (Página 2839)
No habiéndose consumido turnos a favor, en contra ni de portavoces, se
aprueba por asentimiento y se autoriza al Gobierno a prestar su
consentimiento para obligarse.
Convenio de cooperación judicial en materia penal entre el Reino de
España y la República de Colombia, firmado en Bogotá el 29 de mayo de
1997 (Página 2839)
No habiéndose consumido turnos a favor, en contra ni de portavoces, se
aprueba por asentimiento y se autoriza al Gobierno a prestar su
consentimiento para obligarse.
Tratado de Extradición entre el Reino de España y la República de El
Salvador, firmado en Madrid el 10 de marzo de 1997 (Página 2840)
No habiéndose consumido turnos a favor, en contra ni de portavoces, se
aprueba por asentimiento y se autoriza al Gobierno a prestar su
consentimiento para obligarse.
Convenio de cooperación judicial en materia penal entre el Reino de
España y la República de El Salvador, firmado en Madrid el 10 de marzo de
1997 (Página 2840)
No habiéndose consumido turnos a favor, en contra ni de portavoces, se
aprueba por asentimiento y se autoriza al Gobierno a prestar su
consentimiento para obligarse.
Convenio entre los Estados Parte del Tratado del Atlántico Norte y los
otros Estados participantes en la Asociación para la Paz, relativo al
Estatuto de sus Fuerzas y Protocolo Adicional al mismo, hechos en
Bruselas el 19 de junio de 1995, así como reserva que el Gobierno español
va a formular en el momento de su ratificación (Página 2840)
El señor Román Clemente consume un turno en contra. Se aprueba el
convenio por 193 votos a favor y 4 en contra, autorizándose al Gobierno a
prestar su consentimiento para obligarse.
Acuerdo entre el Gobierno de la República de Albania y los Gobiernos de
las Naciones contribuyentes a la Fuerza Multinacional de Protección,
relativo al Estatuto de dicha Fuerza, hecho en Roma el 21 de abril de
1997 (Página 2840)
No habiéndose consumido turnos a favor, en contra ni de portavoces, se
aprueba por asentimiento y se autoriza al Gobierno a prestar su
consentimiento para obligarse.
Acuerdo entre el Reino de España y la República de El Salvador sobre
Transporte Aéreo, firmado en Madrid el 10 de marzo de 1997 (Página 2840)
No habiéndose consumido turnos a favor, en contra ni de portavoces, se
aprueba por asentimiento y se autoriza al Gobierno a prestar su
consentimiento para obligarse.
Convenio entre el Reino de España y la República Portuguesa para la
construcción de un puente internacional sobre el río Manzanas, entre las
localidades de San Martín de Pedroso (España) y Quintanilha (Portugal),
firmado en Madrid el 24 de junio de 1997 (Página 2841)
No habiéndose consumido turnos a favor, en contra ni de portavoces, se
aprueba por asentimiento y se autoriza al Gobierno a prestar su
consentimiento para obligarse.
Convenio entre el Reino de España y la República Portuguesa para la
construcción de un puente internacional sobre el río Támega, entre las
localidades de Feces de Abaixo (España) y Vila Verde da Raia (Portugal),
firmado en Madrid el 24 de junio de 1997 (Página 2841)
No habiéndose consumido turnos a favor, en contra ni de portavoces, se
aprueba por asentimiento y se autoriza al Gobierno a prestar su
consentimiento para obligarse.
Canje de Notas constitutivo de Acuerdo entre España y Rumanía sobre la
modificación del Convenio sobre Transporte Aéreo entre el Gobierno de
España y el Gobierno de la República Socialista de Rumanía y Anexo,
firmado en Madrid el 10 de enero de 1980 (Página 2841)
No habiéndose consumido turnos a favor, en contra ni de portavoces, se
aprueba por asentimiento y se autoriza al Gobierno a prestar su
consentimiento para obligarse.
Canje de Notas constitutivo de Acuerdo entre España y Uruguay sobre la
modificación del Acuerdo sobre Transporte Aéreo Comercial entre el Reino
de España y la República Oriental del Uruguay, firmado en Montevideo el
13 de agosto de 1979 (Página 2841)
No habiéndose consumido turnos a favor, en contra ni de portavoces, se
aprueba por asentimiento y se autoriza al Gobierno a prestar su
consentimiento para obligarse.
TOMA EN CONSIDERACION DE PROPOSICIONES DE LEY DEL SENADO (Página 2841)
Proposición de Ley de modificación de la Ley 23/1986, de 24 de diciembre,
de bases del Régimen Jurídico de las Cámaras Agrarias. (Autor: Grupo
Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos) (Página 2841)
Queda aplazada la toma en consideración.
Se levanta la sesión a las veinte horas y diez minutos.
Se abre la sesión a las dieciséis horas y cinco minutos.
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Se abre la sesión.
LECTURA Y APROBACION, SI PROCEDE, DE LAS ACTAS DE LAS SESIONES
ANTERIORES, CELEBRADAS LOS PASADOS DIAS 18 Y 19 DE NOVIEMBRE DE 1997:
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): El primer punto de orden del día
es la lectura y aprobación, si procede, de las actas de las sesiones
anteriores, celebradas los pasados días 18 y 19 de noviembre de 1997. ¿Se
dan por leídas y por aceptadas? (Pausa.) Gracias.
PETICIONES DE CREACION DE COMISIONES ESPECIALES:
-- PETICION DE CREACION DE UNA COMISION ESPECIAL SOBRE LOS OBJETIVOS QUE
DEBE SEGUIR EL PROCESO DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL EN EL CONJUNTO
DEL ESTADO ESPAÑOL, CONSIDERANDO LA TRAYECTORIA REALIZADA Y LA NECESIDAD
DE ESTIMULAR LA PARTICIPACION Y SU MAXIMO RENDIMIENTO SOCIAL
(650/000005).
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Segundo punto del orden del día:
Peticiones de creación de comisiones especiales. Petición de creación de
una comisión especial sobre los objetivos que debe seguir el proceso de
desarrollo económico y social en el conjunto del Estado español,
considerando la trayectoria realizada y la necesidad de estimular la
participación y su máximo rendimiento social.
Para su defensa, tiene la palabra el Senador don Joaquim Ferrer.
El señor FERRER I ROCA: Señor Presidente, señorías, el 22 de octubre,
hace unas semanas, tuve el honor en el Pleno del Senado de presentar una
interpelación al Gobierno sobre las previsiones que tenía con referencia
a cómo continuar el desarrollo económico y social iniciado hace ya
aproximadamente veinte años. Me contestó el señor Vicepresidente Primero.
En el curso del debate que siguió con motivo de la interpelación, se
suscitó el posible interés de crear una comisión especial de estudio
sobre qué criterios y qué objetivos hay que seguir en los próximos años
para continuar y acrecentar, naturalmente, el desarrollo económico y
social. Esta es la razón que motiva la presentación formal de creación de
esta comisión.
En resumen, en los últimos veinte años transcurridos han existido dos
factores que, de alguna manera, han contribuido extraordinariamente a la
transformación económica y social. Por un lado, el régimen de autonomías
políticas y, por otro, la preocupación de que existiera un crecimiento
que todos calificamos de armónico. Ha existido la preocupación de que el
crecimiento que se producía no fuese cualquiera, sino que fuese de tipo
social, cultural, económico y político. Estos dos parámetros han estado y
están presentes en el desarrollo económico y social en el conjunto del
Estado español.
Después de aquella interpelación, ¿qué cabía hacer? ¿Un simple balance o
unas propuestas? Lo más operativo fue proponer la creación de esta
comisión de estudio. Esta comisión especial de Estudio tendrá,
naturalmente, que realizar un trabajo previo análisis de la situación
actual. La situación actual puede caracterizarse, señorías, por dos
grandes factores. Por un lado, se han reducido extraordinariamente las
carencias históricas que teníamos en los campos de la sanidad,
transporte, comunicaciones, educación, servicios sociales y vivienda. Y,
por otro lado, es indudable que existe un nivel importante en el campo de
las infraestructuras en su conjunto.
La pregunta que surge es la siguiente: ¿qué debemos hacer en los próximos
años? ¿Cómo podemos continuar realizando este esfuerzo de desarrollo
económico y social? A partir de las autonomías y del considerable aumento
de las infraestructuras que ya existen. ¿Qué podemos hacer? ¿Cómo podemos
hacerlo? Esta es la pregunta
que deberá contestar la comisión especial de estudio sobre el desarrollo
económico y social en los próximos años. Para ello, la comisión tendrá
--así lo sugiere este portavoz del Grupo Convergència i Unió--,
previsiblemente, que hacer --insisto-- un balance de los últimos veinte
años. Tendrá que analizar cuál es la situación actual. Tendrá que ver qué
rendimiento social se extrae de las infraestructuras de que ya
disponemos. Finalmente, la Comisión tendrá que culminar su trabajo con
unas propuestas de acción para los próximos años.
En realidad, la comisión especial de estudio se justifica, desde nuestro
punto de vista, por este último apartado. Lo más interesante de esta
comisión especial van a ser las propuestas de acción porque es evidente
que en los próximos años el desarrollo económico y social no debe repetir
simplemente lo que ya se ha hecho. No podemos duplicar infraestructuras
ya existentes. No podemos eliminar carencias que ya hemos eliminado. Hay
que proponer algunas iniciativas nuevas, sobre todo, con la intención de
profundizar y extraer más rendimiento social a las infraestructuras
existentes y a las venideras.
Estas son las motivaciones que justifican plenamente la propuesta de
creación de una comisión especial de estudio que analice qué líneas debe
seguir el desarrollo económico y social en los próximos años en el
conjunto del Estado español a partir de la situación creada. Esta es una
propuesta que cuenta con el apoyo de Senadores de todos los grupos porque
es una necesidad sentida por todos. Es una iniciativa en la que hemos
puesto grandes esperanzas que no debe contribuir simplemente a la
creación de infraestructuras, sino al aprovechamiento social en este
punto al cual hemos llegado en los próximos años.
Este es el objetivo: potenciar y adecuar la acción de desarrollo
económico y social a los parámetros que hoy tenemos, consiguiendo que a
través de las infraestructuras ya creadas y las que se derivarán de ellas
se produzca realmente un crecimiento muy superior al que hasta ahora
hemos tenido, crecimiento que consideramos será posible conseguir
--insisto en ello-- con el grado de infraestructuras existente y con las
que posteriormente habrá.
Pero sobre la creación de esta Comisión Especial planea una pregunta
puesto que es evidente que no hemos de repetir exactamente lo que hemos
venido haciendo en los últimos veinte años en este campo: ¿Qué debemos
hacer? A esta pregunta deberá contestar esta Comisión Especial de estudio
cuya creación presentamos a la consideración de esta Cámara.
Muchas gracias, señor Presidente, señorías.
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Muchas gracias, Senador Ferrer.
De no haber turno en contra pasamos al turno de portavoces.
Tiene la palabra el Senador Nieto Cicuéndez.
El señor NIETO CICUENDEZ: Muchas gracias, señor Presidente.
Con mucha brevedad quisiera decir que apoyamos esta iniciativa.
Consideramos que ésta es una iniciativa loable e interesante e,
indudablemente, en esta Cámara estamos en condiciones de hacer entre
todos ese estudio, estableciendo, como decía el señor Ferrer i Roca,
nuestra propia proyección de cara al futuro a este respecto. Es indudable
que en este punto habrá diferentes matices entre cada uno de nosotros,
pero, en definitiva, creo que el objetivo es interesante y loable,
repito, razón por la cual vamos a apoyar esta iniciativa.
Gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Muchas gracias, Senador Nieto.
Tiene la palabra el Senador Gangoiti.
El señor GANGOITI LLAGUNO: Muchas gracias, señor Presidente.
Quisiera muy brevemente y desde el escaño, no solamente sumarme en nombre
de mi Grupo a la iniciativa que ha presentado el Grupo Catalán, sino
felicitar a todos sus miembros por la misma. Creemos que era algo
realmente necesario.
Como decía el portavoz del Grupo Catalán, han pasado ya veinte años, y a
lo largo de ellos se ha producido una evolución importante. Por ello, es
necesario que miremos hacia el futuro; es necesario que nuestra sociedad,
ahora que se habla tanto de ello en Europa, mire hacia una convergencia
económica y social; es también importante que miremos hacia una
convergencia dentro de la pluralidad cultural que existe, y es asimismo
necesario que en esta Comisión Especial se hagan una serie de
formulaciones sobre un tema que hoy está muy de actualidad: el futuro del
Estado del bienestar.
En consecuencia, nuestro Grupo Parlamentario está completamente de
acuerdo en que se cree esta Comisión.
Y acabo diciendo lo mismo que dije al principio. Felicito al Grupo
Catalán por esta iniciativa que creemos puede ser realmente importante.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Muchas gracias, Senador Gangoiti.
Por el Grupo Socialista tiene la palabra la Senadora Francesca Martín i
Vigil.
La señora MARTIN I VIGIL: Gracias, señor Presidente.
Señorías, ésta es una propuesta consecuencia de la interpelación que
debatimos en esta Cámara el día 22 de octubre, como consecuente es
también la posición de todos y cada uno de los grupos, incluido el
nuestro, no sólo en cuanto a la aceptación de la constitución de esta
comisión especial, sino en lo que se refiere a un posicionamiento de vivo
interés en relación con que se haga un seguimiento importante de esta
comisión.
Entendemos que el planteamiento que hace el Grupo Parlamentario Catalán
en el Senado de Convergència i Unió por boca de su portavoz, el Senador
don Joaquim
Ferrer, es muy ambicioso e interesante, planteamiento que, de todas
maneras, necesitará de una limitación para poder abarcar realmente temas
de tanto interés como son todos los que conforman aquello que hemos dado
en llamar el Estado del bienestar.
Cuando el Senador Ferrer i Roca interpeló al Gobierno sobre sus
intenciones para cubrir la nueva fase necesaria en la consolidación del
desarrollo económico y social, éste, por boca de su Vicepresidente
Primero, explicitó aquí de forma muy prolija sus prioridades y habló de
ocupación, de la consolidación del Estado del bienestar, y también de los
audiovisuales, si esta Senadora no recuerda mal. Pues bien, estos límites
pueden ser amplios, interesantes, y en ellos seguramente tendrá cabida la
actuación de esta comisión especial.
Por nuestra parte, además de indicar que participaremos en esta comisión
con muchísimo interés y llevando a cabo un seguimiento muy de cerca de
los trabajos que en ella se realicen, queremos decir que, quizá en una
gran parte, los límites que debe tener esta Comisión sean los de las
prioridades del Gobierno. Y así, nos parecen obligados, lo
suficientemente amplios, y que pueden responder a lo que el interpelante,
el Senador Ferrer, puso en su momento --el 22 de octubre-- como
frontispicio de su interpelación en lo que a valores se refiere: los
valores de la solidaridad y la participación, que entiendo que eran los
que preocupaban al Senador Ferrer en esta nueva fase, en cuanto a la
rentabilización de todo aquello que había ocupado la primera fase de la
actuación gubernamental, de recuperación de las libertades y de
subsanación de los déficit democráticos del Estado español.
Hoy el Senador Ferrer se ha referido a dos nuevos ejes de actuación. Como
no podía ser de otra manera, ha hablado del desarrollo económico, para
encajar y ordenar los trabajos de la Comisión, y de las políticas de
Gobierno, pero también de otras cuestiones, como son las que plantea el
hecho...
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Perdone, Senadora Martín.
Señorías, estamos tratando sobre la creación de una Comisión para
estudiar la evolución económica y social del Estado. Como pueden suponer,
es un tema importante, y al menos centra el interés de algunos Senadores.
Por tanto, les pido un poco más de atención sobre este tema, que
realmente se lo merece. Muchas gracias.
Puede continuar, señoría.
La señora MARTIN I VIGIL: Muchas gracias, señor Presidente.
Decía que el Senador Ferrer hoy también ha enfatizado la cuestión
relativa al crecimiento económico, que no se puede separar de los nuevos
planteamientos que requiere esta nueva fase del desarrollo económico y
social. Y creemos necesario poner estas cuestiones sobre la mesa, para
conocer exactamente el horizonte de la comisión, así como los límites que
marcarán nuestro trabajo.
Parecería suficiente con manifestar nuestro apoyo a la creación de esta
comisión, pero queremos dejar constancia del interés que tiene para
nuestro grupo el hecho de que el debate en el que el Senador Ferrer
emplazó, no sólo al Gobierno, sino a todos y cada uno de los grupos de la
Cámara, continúe con la participación realmente cualificada de todos los
grupos. Por tanto, participaremos de esta Comisión en ese sentido,
entendiendo que sus trabajos deben tener utilidad para las políticas que
tienen que plantearse en la fase que estamos viviendo, que
indiscutiblemente es distinta de la de los últimos veinte años, a que ha
hecho referencia el Senador interpelante.
Gracias, señor Presidente, y gracias, señorías.
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Muchas gracias, señora Senadora.
Por el Grupo Popular, tiene la palabra el Senador Alierta Izuel.
El señor ALIERTA IZUEL: Muchas gracias, señor Presidente.
Señoras y señores Senadores, nuestro Grupo va a apoyar la creación de
esta Comisión para estudiar el desarrollo económico y social.
No es este el momento de ahondar en el contenido de la comisión, lo que
será tarea de ésta. Por tanto, sólo me voy a referir a un hecho feliz,
acontecido hace unos días. Desde que se presentó la interpelación en esta
Cámara, se ha resuelto uno de los problemas que un sector muy importante,
la sanidad, venía teniendo, debido a la insuficiencia de financiación.
Evidentemente, en este camino de realización económica y social se avanza
permanentemente. Los grandes objetivos fijados hace muchos años seguirán
teniendo vigencia, como el empleo, el crecimiento, la atención de las
necesidades sociales. De todas maneras, yo quisiera entender, tanto en el
contenido de la interpelación del Senador Ferrer como en la intervención
que ha realizado al presentar la solicitud de creación de esta comisión
especial que, en su opinión, hay algunos elementos que, pasados unos
años, son diferentes y se han desfasado.
Evidentemente, la mayor parte de los criterios, aspiraciones y objetivos
van a tener un valor permanente. Señalaba el empleo, el crecimiento, el
cumplimiento de satisfacciones sociales, pero hay algunas cuestiones que
han ido cambiando, como lo hacen con el curso de los años los países, las
naciones, las tierras. Hacía referencia a veces a la existencia de
excelentes autovías en este país que, sin embargo, atraviesan zonas
desérticas.
Yo quisiera llevar un poco más allá estas reflexiones para tratar de
centrar un poco cuál es el contenido especializado de esta comisión que
se pretende crear.
Tenemos buenas autovías, buenas comunicaciones, hemos ido superando estos
problemas tradicionales que existían en España, que es una tierra de
orografía difícil, de comunicaciones difíciles que han sido siempre un
obstáculo para nuestro desarrollo. Sin embargo, cuando hablamos desde un
punto de vista económico y social de la posibilidad de movilidad de las
personas, de desplazarse de una ciudad a otra, de un pueblo a otro para
mejorar sus oportunidades de trabajo, nos encontramos con que
España es el ejemplo de un país cuya movilidad es mínima. Los ciudadanos
tenemos una serie de ligaduras muy difíciles de resolver, como la
vivienda, las relaciones sociales, etcétera, que a veces nos atan de una
forma demasiado permanente al lugar en el que estamos.
Hay carreteras, hay posibilidades de transportes, pero todavía hay muchos
obstáculos, a veces no deseados, tales como la imposibilidad de encontrar
una nueva vivienda allá donde vayamos o una educación para nuestros
hijos, que en otros países tienen resuelto. Es decir, hay
infraestructuras, pero, sin embargo, la movilidad física de los
ciudadanos no se traduce con la plenitud que sería de desear en la
movilidad social. Quizá fuera un elemento a considerar cuáles son esos
obstáculos para la movilidad social, que impiden su desarrollo, cuando
estamos intentando superar los obstáculos a la movilidad física que
teníamos.
El Senador Ferrer también señalaba en alguna de sus observaciones cómo
yendo a lo largo de la geografía española por autovías, hay kilómetros y
kilómetros vacíos, sin nadie a su alrededor. Es algo que también nos pasa
a la mayor parte de los Senadores que tenemos que venir todas las semanas
a Madrid. Venimos de nuestros lugares de origen, a veces por autovía,
otras por autopista y, sin embargo, durante kilómetros y a veces, cientos
de ellos, pasamos por lugares donde no hay población, están prácticamente
vacíos, por no decir, en algunos casos, totalmente vacíos, como es el
caso de este Senador que les habla.
Venimos desde nuestras ciudades de origen y llegamos a Madrid, donde en
pocos kilómetros hay una gran densidad de población. Hay varios millones
de personas concentradas y cientos de kilómetros vacíos totalmente, con
pueblos que se están despoblando.
¿Qué es lo que pasa para que esto ocurra? ¿Es que en las ciudades, como
por ejemplo Madrid, hay más oportunidades para desarrollar una carrera
profesional que en un pueblo entre Madrid y Zaragoza y eso nos lleva a
concentrarnos aquí, dando lugar a que disminuya la población en esos
pueblos, cuando, sin embargo, en esas pequeñas ciudades, en esos pueblos,
la calidad de vida, a veces y para muchas personas, es superior?
Son cuestiones que también nos tenemos que plantear. El por qué en
amplios lugares de la geografía española las oportunidades son
inferiores, lo que en muchos casos conlleva asumir los inconvenientes que
significa vivir en una conurbación muy aglomerada, como es el caso de
Madrid u otras ciudades de la geografía española. Si uno va por las
carreteras ve grandes ciudades, vacíos y así sucesivamente. ¿Cómo
corregir estos desequilibrios? ¿Cómo llevar a lo largo y ancho de toda la
geografía española esas oportunidades en un momento en el que hay
movilidad física, fácil accesibilidad en términos físicos, y las
comunicaciones comienzan a ser ya un problema que empieza a estar
resuelto? Con las telecomunicaciones, con el Internet, con todo lo que se
avecina es fácil reunir información hoy en día en Sigüenza como en
Madrid. Sin embargo, Sigüenza, esa magnífica y bonita cuidad se va
quedando sola y abandonada; nos aglomeramos todos en Madrid. Y quien dice
Sigüenza dice Tarazona, dice Daroca, dice Montblanc, cualquier ciudad a
lo ancho de España.
Son cuestiones que tenemos que enfocar. Vamos resolviendo problemas de
aislamiento físico y de comunicaciones pero, sin embargo, no le sacamos
el partido necesario, para que las personas que residen en diferentes
sitios de la geografía española puedan tener las mismas oportunidades.
Tenemos que equilibrarnos más y dar más oportunidades a nuestros
ciudadanos. No tenemos que circunscribirnos a las posibidades que ya
existen y quizás en estas dimensiones es donde podríamos encontrar una
labor especial para esta Comisión.
Evidentemente, como señalaba y resumo, esos grandes objetivos de
desarrollo económico y social están allí. Habrá que matizarlos y
modularlos. Habrá que analizarlos en términos de eficacia, y ver qué es
lo que se consigue y qué recursos se le destina. Pero quizás el elemento
distintivo, si he creído entender al senador Ferrer en su exposición,
tanto en la interpelación como hoy, en esa circunstancia, quizá un poco
característica de nuestro país, con tantos desequilibrios, aglomeraciones
por un sitio, vacíos por otro; tantos aislamientos que se van superando
y, sin embargo, no permiten la movilidad de los cuidadanos ni permiten
llegar a los últimos rincones de nuestra geografía. Esas posibilidades de
desarrollo económico y social son las que todos deseamos.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Muchas gracias, Senador Alierta.
Por las intervenciones habidas, creo que puedo proponer a los distintos
grupos que esta petición de creación sea aprobada por asentimiento.
(Pausa)
Así es y así consta. Por tanto, queda aprobada por esta Cámara la
constitución de esta Comisión.
MOCIONES CONSECUENCIA DE INTERPELACION:
-- DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA POR LA QUE SE INSTA AL GOBIERNO A
LA ADOPCION DE MEDIDAS NORMATIVAS Y ADMINISTRATIVAS TENDENTES A LA
INTEGRACION DE LOS INMIGRANTES EN LA SOCIEDAD ESPAÑOLA (671/000033).
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): La primera moción es la que
formula el Grupo Parlamentario Socialista, por la que se insta al
Gobierno a la adopción de medidas normativas y administrativas tendentes
a la integración de los inmigrantes en la sociedad española.
Tiene la palabra el Senador Oliart.
El señor OLIART PONS: Muchas gracias, señor Presidente.
Señorías, la moción que voy a defender tiene o persigue dos objetivos
fundamentales: El primero, contribuir a
crear las condiciones favorables para una rápida integración de los
trabajadores extranjeros y de sus familiares en nuestra sociedad. El
segundo, tan importante como el primero o más, impulsar al Gobierno a
luchar con más medios y eficacia contra el paso de inmigrantes por el
Estrecho, la creciente actividad de las mafias traficantes de inmigrantes
y la situación de los campamentos de Ceuta y Melilla.
Consideramos que la política de integración es el pilar fundamental de
una política de inmigración, puesto que para no caer en situaciones
similares a las de algunos países vecinos es necesario, señoras y señores
Senadores, pasar de las palabras a los hechos.
Esa política de integración la dividiría en dos tipos de medidas: Un
primer tipo que sería para conseguir la plena igualdad de derechos
sociales de los inmigrantes y de sus familiares. Consideramos ese
objetivo de la máxima importancia. Por ejemplo, lo primero, sería
Sanidad. Conseguir que la sanidad española atienda a todos los
inmigrantes de manera completa, independientemente de su situación legal
y, aunque para ello fuera necesario hacer alguna modificación
legislativa, es eso lo que estamos pidiendo.
En materia de trabajo, consideramos que se ha de incrementar el control y
las sanciones de las contrataciones irregulares, luchar con más eficacia
contra la economía sumergida y facilitar a los inmigrantes el acceso a la
formación profesional y a la ocupacional con plena igualdad con los
trabajadores españoles y, si es necesario, crear cursos específicos
cuando no haya otro remedio para que todos los inmigrantes puedan salir
perfectamente formados para entrar en el mercado de trabajo.
En educación, nosotros pedimos la plena escolarización de los hijos de
inmigrantes en edad escolar, independientemente de la situación legal de
sus padres, y pedimos también una distribución racional dentro de una
localidad o distrito de aquéllos, sin que esto presuponga la fijación de
ningún cupo, ningún máximo ni ningún mínimo, sino con medidas que
induzcan a unos y a otros a aceptar este criterio que consideramos muy
importante. Nosotros conocemos escuelas públicas --no tanto las
concertadas-- en las que hay una gran masificación de hijos de
inmigrantes y, por ejemplo, podría citar una en la que me consta que el
74 por ciento de su población escolar es de otra procedencia que la
española, y que incluso llegan a tener 24 nacionalidades distintas.
También queremos que estos niños de inmigrantes tengan acceso a las
becas, a los comedores, a los transportes y a todos los servicios
complementarios en igualdad de condiciones con los escolares españoles.
Pensamos, señorías, que la segunda generación es clave, porque todos
sabemos que los inmigrantes, cuando llegan a nuestro país, piensan en el
retorno, aunque luego se queden, pero es seguro que los que nacen aquí en
su mayoría se van a quedar y van a ser --y queremos que lo
sean-- ciudadanos de pleno derecho.
Decía Jefferson que hay que dar al pueblo las llaves de la caja fuerte, y
entendía por la caja fuerte, precisamente, la educación, es decir, que es
darles a estos hijos de inmigrantes las llaves de su futuro si se les
garantiza una educación, de acuerdo con nuestras leyes, igual que para
todos los ciudadanos que conviven aquí.
El tema de la vivienda es otro de los temas fundamentales. Hemos de
evitar la concentración de inmigrantes en determinadas áreas de nuestras
ciudades, evitar también la explotación a que están sujetos por el tema
de los alquileres y, lógicamente, garantizar, dentro de este objetivo de
conseguir esa igualdad, que tengan la misma igualdad para acceder a la
vivienda protegida, a la vivienda social. Esto, naturalmente, se habría
de hacer coordinadamente con las administraciones locales y autonómicas,
puesto que muchas de esas competencias están ya transferidas, y se
tendría que dar prioridad a todas las actuaciones conducentes a la
rehabilitación de los centros históricos degradados, pues es precisamente
en estos lugares donde tienden a concentrarse los recién venidos.
Y hay un segundo tipo de medidas que serían las que favorecerían la
estabilidad social de los inmigrantes y la comunicación intercultural con
nuestra sociedad.
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Senador Oliart, ya hace un ratito
que se terminó su tiempo.
El señor OLIART PONS: De acuerdo, señor Presidente. Terminaré lo antes
posible. ¿Me concede un minuto?
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Ante cinco minutos, un minuto es
bastante.
Muchas gracias.
El señor OLIART PONS: Deseamos que se creen todas las oficinas de
extranjería que están previstas por el Gobierno, que se facilite la
reagrupación familiar, que se sensibilice a la opinión pública y que se
creen sobre todo espacios de encuentro y que el instrumento o foro para
la integración social de la inmigración también sea un instrumento que,
ya que se ha creado, se dote convenientemente para que haga sus
funciones.
En cuanto a las situaciones dramáticas, de todos conocidas, hay que
combatirlas y enderezarlas empleando todos los medios al alcance del
Gobierno. Nos referimos al tráfico de inmigrantes, a la situación de
Ceuta y Melilla y al cruce del Estrecho. Nuestra moción, precisamente,
presenta sobre estos tres puntos acciones muy concretas.
Señoras y señores Senadores, señor Presidente, ya que el tiempo se me ha
metido encima, doy por terminada esta intervención, pidiéndoles el voto
favorable para esta moción.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Muchas gracias, Senador Oliart.
A esta moción se ha presentado una enmienda que va a defender la Senadora
doña Isabel San Baldomero.
La señora SAN BALDOMERO OCHOA: Muchas gracias, señor Presidente.
Señorías, Senador Oliart, el Grupo Parlamentario Popular había presentado
una enmienda de modificación de su moción porque en esta Cámara, en la
Cámara que el Grupo Parlamentario Popular entiende y que creo entenderán
todos los grupos de representación territorial, entendíamos que lo que su
Grupo presentaba, y usted ha defendido, se conculcan gravemente las
competencias de las Comunidades Autónomas, especialmente en los temas de
sanidad, de educación y de vivienda.
La Ley Orgánica 7/1985 dice que los inmigrantes se encuentran con
garantía de su cobertura sanitaria en igualdad de derecho que los
españoles. Dése usted cuenta de la diferencia de los territorios Insalud
o no Insalud, por lo que es muy difícil que podamos aceptar que el
Gobierno tenga que instar a un Gobierno, como es el de su Comunidad
Autónoma, a que haga algo sobre lo que tiene plenas competencias.
Senador, en el tema de educación nos pasa lo mismo, todos los
extranjeros, según la Ley Orgánica 7/1985, de 1 de julio, tendrán derecho
a la educación y a la libertad de enseñanza, con independencia, incluso,
de su situación documental.
La distribución racional que usted nos solicita conculca el derecho de
los padres a la libre elección de centros, y el Real Decreto 299/1996
habla, además, de que en el territorio MEC existen las comisiones de
escolarizacion, que son las que distribuyen, las que dan las becas y las
que conceden todo lo que usted nos solicita.
Por lo tanto, nos volvemos a encontrar con el mismo problema, Senador
¿Qué hacemos? ¿Instamos a las Comunidades Autónomas que tienen plenas
competencias o solamente a las Comunidades Autónomas que no las tienen?
Respecto al tema del alojamiento digno, Senador, durante 1997 se han
priorizado los programas de realojo, pero la competencia exclusiva en
materia de vivienda es de las Comunidades Autónomas, aunque el Gobierno
lleva a cabo en este momento programas y planes de financiación para
actuaciones protegibles no solamente para inmigrantes, que están
incluidos, sino también para población con escasos recursos. Por lo
tanto, lo está haciendo el Gobierno.
En el punto 4, que dice «potenciar la inspección en el programa de
trabajo», en los diez primeros meses de este año se han realizado más
actas y más sanciones porque se ha detectado un 17,9 por ciento más de
infracciones y un 18,6 por ciento más de sanciones. Fíjese si funciona la
inspección de trabajo.
Pero en el punto 4 b), con respecto a esto en este momento hay dos
órganos de trabajo en las Cortes Generales, una Subcomisión de
inmigración en el Congreso y una Ponencia de economía sumergida en el
Senado. Conozcamos cuáles son sus comparecencias y conclusiones y
pongámonos a trabajar donde siempre nos va encontrar, siempre, usted no
lo dude nunca.
El punto 4 c), señoría, ¡cómo no se va a aplicar! Eso es algo que está en
la cabeza de todos.
En cuanto al Plan de formación profesional que usted pide, conocerá el
Real Decreto 631/1993, que dice textualmente que los inmigrantes son el
colectivo preferente en el tema de formación.
Me habla también del ánimo educativo y cultural. En este momento en el
Ministerio de Administraciones Públicas --tal vez su señoría no lo
conozca-- se ha creado una Subcomisión de coordinación entre las
diferentes administraciones públicas, especialmente para los temas de
inmigración, con responsables de las áreas central, autonómica y local.
Me cita los temas de participación y sensibilización ciudadana. Este año,
señoría, se han hecho 13 programas con participación ciudadana y ONGs
especialmente dedicados a la sensibilización.
En el punto 7, cuando se creó el foro, a través del Real-Decreto de 7 de
abril de 1995, se creó sin dotación, muchas competencias y ningún dinero.
Por primera vez, señoría, este año habrá dinero para el foro.
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Senadora San Baldomero, ha
terminado su tiempo.
La señora SAN BALDOMERO OCHOA: Señor Presidente, si me permite un minuto
más, como al Senador Oliart, se lo agradezco.
Le ruego que examine la partida 19.04.313.453 de los Presupuestos
Generales del Estado y se encontrará con que, por primera vez, el foro
tiene dinero. El tema más sangrante en este momento y en el que nosotros
habíamos puesto especial dedicación en nuestra enmienda era el de Ceuta y
Melilla. Le ofrezco, Senador Oliart --como a todos los Grupos
Parlamentarios--, información sobre todo y cuanto se ha hecho en este
momento y el Gobierno tiene en previsión. Senador Oliart, para todo lo
que sea integración de cualquier colectivo, especialmente con el de los
inmigrantes, contará con nosotros. Pero, por favor, no conculque,
especialmente en esta Cámara, los derechos que tienen en este momento
reconocidas las Comunidades Autónomas.
Muchas gracias, señoría; gracias, señor Presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Muchas gracias, señoría.
Para contestar a la defensa de la enmienda, tiene la palabra el Senador
que ha promovido la misma.
El señor OLIART PONS: Gracias, señor Presidente.
Señorías, el Grupo Parlamentario Popular nos ha presentado una enmienda
de nueve puntos que, a nuestro entender, diluye los puntos que modifica,
aun cuando --hemos de reconocerlo-- respeta el sentido de las actuaciones
que nosotros propugnamos.
Es indudable que si nosotros nos tuviéramos que basar únicamente en ese
texto seguramente podríamos llegar a una transaccional o a algún tipo de
acuerdo. Lo que sucede es que la importancia de la enmienda que ha
presentado el Grupo Parlamentario Popular no lo es tanto en los puntos
que modifica sino en los que omite, que para nosotros son básicos. Omite
los puntos de sanidad, los de educación y los de vivienda, y
prácticamente todo lo referente al trabajo, cuestiones que, como antes he
señalado,
señorías, el Grupo Parlamentario Socialista considera básicas para lograr
una igualdad efectiva y para la plena integración de los inmigrantes y
sus familiares.
Nuestra moción significa un avance, y eso es lo que queremos conseguir
hoy si es posible. Por ejemplo, en trabajo, se omiten todas las
actuaciones concretas que pedimos en orden a acceder a la formación
ocupacional y a un mismo trato cuando se detecta una contratación
irregular. Nuestra propuesta, repito, supone un avance importante en ese
objetivo principal de conseguir la plenitud de derechos sociales de los
inmigrantes. La enmienda del Grupo Parlamentario Popular dejaría,
señorías, las cosas más o menos como están ahora.
Nuestra propuesta inicialmente era una propuesta positiva, abierta, y
hemos hecho ya un esfuerzo de consenso muy importante al redactarla.
Nosotros valoramos de verdad y tenemos en cuenta los esfuerzos de la
Senadora doña María Isabel San Baldomero para lograr algún tipo de
acuerdo, en lo que no estamos de acuerdo es cuando nos dice que sanidad,
educación, vivienda y trabajo son competencias transferidas todas ellas a
las Comunidades Autónomas. Si es verdad que una parte están transferidas,
pero también lo es que las leyes básicas del Estado son competencias del
Estado y, por lo tanto, cuando instamos a que se adopten determinadas
actuaciones estamos diciendo que se hagan todas aquellas modificaciones o
correcciones legislativas y normativas que competen al Gobierno del
Estado y, naturalmente, el Gobierno del Estado si alguna cosa ha de hacer
luego será siempre coordinadamente con las Comunidades Autónomas, no en
contra de las mismas.
Sobre la financiación de la vivienda, señora doña María Isabel San
Baldomero, sabe perfectamente que los planes de vivienda se hacen y se
diseñan en el Gobierno del Estado, y la financiación de la política del
Gobierno pertenece también al Gobierno del Estado.
Nosotros no conculcamos con los puntos de esa moción ningún derecho de
ninguna Comunidad Autónoma. Lo único que queremos, repito, es conseguir
ese objetivo: alcanzar la plena igualdad de los inmigrantes y sus
familiares respecto a los españoles; que sean unos ciudadanos más. Es la
única manera de poder realmente asegurar para el futuro una convivencia
armónica y mantener también la cohesión social.
Muchas gracias, señor Presidente, señoras y señores Senadores.
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Gracias, Senador Oliart.
En turno de portavoces, tiene la palabra el Senador Román Clemente.
El señor ROMAN CLEMENTE: Gracias, señor Presidente.
Señorías, vamos a apoyar todos los puntos de esta moción. Consideramos
que todos los esfuerzos que se hagan para procurar la integración de
inmigrantes en la sociedad son pocos en el momento actual. Esta Cámara,
mejor que ningún otro sitio, sabe de los esfuerzos que se pueden realizar
para, sin entrar en las competencias, sin menospreciar o conculcar las
competencias que tienen las Comunidades Autónomas, hacer un esfuerzo en
todas las políticas sociales: sanidad, educación, vivienda, que permitan
esa plena integración de los inmigrantes.
La propuesta de moción recoge puntos sin duda fundamentales e
interesantes; las enmiendas también quieren justificar, sin duda, la
posición del Gobierno y rebajan las pretensiones iniciales. Señorías,
entre un punto y otro, el Senado, esta Cámara podía hacer un esfuerzo de
entendimiento que propiciara las medidas de integración, pero el esfuerzo
de entendimiento no pasa por la devaluación que se plantea en las
enmiendas, señorías.
Sin duda quien conozca la situación en la enseñanza no puede por menos
que recoger que la integración plena en el sistema educativo precisa de
una serie de medidas. No basta sólo con tener a los niños y niñas, hijos
e hijas de inmigrantes, en los centros; hay que formar al profesorado;
hay que dotarlos de medios económicos y materiales para hacer plena esa
integración. Otra cosa sería simplemente una formulación. Lo mismo cabría
decir con la vivienda. Quien conoce la situación en la que viven los
inmigrantes, esa situación de precariedad, sabe que todos los esfuerzos
son precisos y necesarios. Por eso yo valoro suficientemente la propuesta
de moción.
Creemos que va dirigida a dotar a las Comunidades Autónomas, al propio
Gobierno de España de las medidas necesarias para hacer efectiva esa
integración, y, por tanto, extenderse más en algo que está
suficientemente explicado sería ocioso. No quiero dejar de valorar los
esfuerzos que pueda hacer el Gobierno en esta materia, pero por eso
precisamente tiene más sentido no oponerse a esta moción. Sería necesario
un consenso amplio en esta Cámara para que estas medidas, no sólo se
adopten, sino que se lleven a efecto con la urgencia necesaria, sin
demora.
Por ello hacemos un esfuerzo, y el esfuerzo es que estas enmiendas no
puedan ser un obstáculo para la aprobación de la moción; resolvamos la
forma de adoptar, por parte de los Gobiernos de Comunidades Autónomas y
el Gobierno de la Nación, aquellas medidas necesarias para ponerla en
funcionamiento con urgencia, pero, señorías, no la demoremos más, porque
la integración plena, tal y como recoge nuestro ordenamiento
constitucional, no sólo es un derecho, sino que ese derecho tiene que
ejecutarse plenamente.
Gracias, señor Presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Muchas gracias, señoría.
Por el Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos tiene la
palabra el Senador Caballero Lasquíbar.
El señor CABALLERO LASQUIBAR: Muchas gracias, señor Presidente.
Muy brevemente para decir que coincidimos sustancialmente con lo expuesto
por el Senador Oliart y que motiva la moción presentada por el Grupo
Socialista.
Con esta iniciativa se pretende avanzar efectivamente en el objetivo de
lograr la plena igualdad de aquellos inmigrantes que conviven entre
nosotros. Desde nuestro punto de vista, su apoyo no solamente conduce a
ello, sino que permitirá dar virtualidad a las diversas recomendaciones
que ha venido realizando al respecto la Asamblea de Parlamentarios del
Consejo de Europa, políticas que desde el Gobierno vasco se están
realizando.
Por ello, y por coincidir con nuestros principios de justicia y de
dignidad humana, nos congratulamos con su iniciativa, señor Oliart y, en
consecuencia, votaremos a favor de la misma.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Muchas gracias, Senador.
Por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió,
tiene la palabra el Senador Capdevila.
El señor CAPDEVILA I BAS: Muchas gracias, señor Presidente.
Nuestro Grupo va a votar favorablemente a la moción consecuencia de
interpelación, presentada por el Grupo Parlamentario Socialista.
Debo insistir en que nuestro Grupo está extremadamente sensibilizado con
el tema de la integración de los inmigrantes. No en balde, en Cataluña
hay varias ciudades en las que se concentran gran parte de los
inmigrantes de aquella Comunidad. Estamos de acuerdo, pues, en que haya
una igualdad de derechos y deberes en cuanto a los inmigrantes ubicados
que viven España.
Entendemos que la inmigración no es realmente un problema, sino un
fenómeno. En todo caso, todo inmigrante lleva un drama. No vamos a
insistir en la dramática situación en la que se encuentran los
inmigrantes en el transcurso de sus constantes viajes en pateras, en las
que constantemente pierden la vida para buscar, en definitiva, un lugar
donde poder trabajar. Es un tema que sobrepasa a los partidos, es un tema
de Estado que requiere precisamente un gran consenso. Una muestra la
tuvimos el 7 de octubre pasado en la moción que se presentó en el
Congreso de los Diputados y que logró el máximo consenso de todos los
partidos que la defendieron, llegando a una transacción. Nos hallamos,
pues, ante una política de Estado que precisa un consenso máximo en dicho
tema.
La Ley de Extranjería, aprobada en el año 1985 --momento en el que el
fenómeno de la inmigración sólo comenzaba--, no ha sabido dar una
respuesta adecuada a muchos de los problemas que plantea hoy. Por ello,
el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió va a
presentar en breve una proposición de ley sobre la integración de los
inmigrantes, en la que se regulen el reconocimiento de sus derechos y
deberes y garantice a su favor las previsiones recogidas en la
Constitución, reforzando los mecanismos de coordinación de la política
inmigradora en todas sus vertientes, y recoja, entre otras situaciones,
las contempladas en las medidas propuestas en la moción presentada por el
Grupo Parlamentario Socialista. Por ello, nuestro Grupo va a votar
favorablemente dicha moción.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Muchas gracias, Senador
Capdevila. (El señor Presidente ocupa la Presidencia.)
El señor PRESIDENTE: Vamos a efectuar la votación.
Se inicia la votación (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 228; a
favor, 103; en contra, 125.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
MOCIONES:
-- DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL SENADO POR LA QUE SE INSTA AL
GOBIERNO A IMPULSAR UN PLAN DE MEJORA DE LAS ENSEÑANZAS DE LAS
HUMANIDADES EN LA EDUCACION SECUNDARIA, A PROSEGUIR EL PROCESO DE
ELABORACION DEL PROYECTO DE REAL DECRETO DE REFORMA DE LAS ENSEÑANZAS
MINIMAS DE CIENCIAS SOCIALES, GEOGRAFIA E HISTORIA, LENGUA CASTELLANA Y
LITERATURA EN LA ENSEÑANZA SECUNDARIA OBLIGATORIA (ESO), A ADOPTAR TODAS
LAS INICIATIVAS CONDUCENTES A ALCANZAR UN DESEABLE ACUERDO EN ESTA
CUESTION, Y A INTENSIFICAR, EN EL SENO DE LA CONFERENCIA DE EDUCACION, LA
CONSULTA Y PARTICIPACION DE LAS COMUNIDADES AUTONOMAS EN EL DESARROLLO DE
LAS RESTANTES FASES DEL PLAN DE MEJORA DE LAS HUMANIDADES (662/000102).
El señor PRESIDENTE: Pasamos al punto cuarto del orden del día: Mociones.
En primer lugar, del Grupo Parlamentario Popular en el Senado por la que
se insta al Gobierno a impulsar un plan de mejora de las enseñanzas de
las Humanidades en Educación Secundaria, a proseguir el proceso de
elaboración del proyecto de Real Decreto de reforma de las enseñanzas
mínimas de ciencias sociales, geografía e historia, lengua castellana y
literatura en la Enseñanza Secundaria Obligatoria, a adoptar todas las
iniciativas conducentes a alcanzar un deseable acuerdo en esta cuestión,
y a intensificar, en el seno de la Conferencia de Educación, la consulta
y participación de las Comunidades Autónomas en el desarrollo de las
restantes fases del Plan de mejora de las Humanidades.
A esta moción se han presentado dos enmiendas, una, por el Grupo
Parlamentario Mixto y, otra, por el Grupo Parlamentario Socialista.
Para la defensa de la moción originaria, tiene la palabra el portavoz del
Grupo firmante, el Senador Fernández Rozada, por tiempo de veinte
minutos.
El señor FERNANDEZ ROZADA: Muchas gracias, señor Presidente.
Señora Ministra, señoras y señores Senadores, la necesidad de la mejora
de las enseñanzas de las Humanidades en la Educación Secundaria
constituyen un objetivo ampliamente compartido...
El señor PRESIDENTE: Silencio, por favor.
El señor FERNANDEZ ROZADA: ... por la comunidad educativa, la comunidad
científica y el conjunto de la sociedad española.
Las Humanidades deben constituir una de las columnas vertebrales de
nuestro sistema educativo, pues resultan indispensables para proporcionar
a los alumnos los elementos básicos de la cultura y para contribuir al
proceso de adquisición de su madurez intelectual que les permitirá
ejercer sus responsabilidades de ciudadanos libres en una sociedad
democrática...
El señor PRESIDENTE: Silencio, por favor.
El señor FERNANDEZ ROZADA: ... Y pluralista heredera de un rico acervo
cultural.
Es percepción común de la comunidad educativa y académica que, por
diversas y complejas circunstancias, la enseñanza de las Humanidades
presenta en nuestro sistema educativo, y en particular en la Educación
Secundaria, carencias e insuficiencias que dificultan gravemente la
consecución de los deseables objetivos antes enunciados. Prestigiosas
instituciones de intelectuales, profesores y hombres de la cultura han
dado la voz de alarma sobre esta situación y han reclamado con
insistencia a los poderes públicos un impulso para hacer que las
Humanidades tengan el papel fundamental que les corresponde en el proceso
integral de formación de los alumnos.
Cuando hoy nos referimos, señorías, a las Humanidades, nos estamos
refiriendo a esos conocimientos y estudios que enriquecen el espíritu,
aunque no tengan alguna aplicación práctica inmediata. En una época como
la nuestra, en la que frecuentemente se busca esa aplicación práctica de
los saberes, corremos el riesgo de dejar arrinconados los estudios de las
Humanidades, estudios que, sin entrar en más disquisiciones
terminológicas, engloban los de filosofía, lengua, literatura, historia
--incluida historia del arte-- y los estudios clásicos. Son estas, sin
duda, materias que no conducen a ninguna aplicación técnica, pero que
tienen como objeto de su estudio al propio individuo, su relación con la
sociedad en que vive y el tiempo histórico en que se halla inmerso. El
hombre es el centro del estudio de estas disciplinas, el hombre que
reflexiona sobre sí mismo y el mundo que le rodea, el hombre como animal
que se hace social a través de la lengua y el hombre como animal
histórico.
Señorías, debe garantizarse a los estudiantes la oportunidad de
profundizar con la suficiente amplitud en unos saberes que constituyen
indiscutiblemente una fuente valiosísima de construcción de su
personalidad, unos saberes que les proporcionan una reserva de
pensamiento sobre el ser humano, su condición, sus luchas y su destino,
expresados con frecuencia por genios excepcionales del lenguaje o de las
artes, cuya validez ha superado las circunstancias de espacio y tiempo en
que se produjeron.
Las Humanidades vienen soportando un proceso de creciente abandono, y no
sólo en el ámbito español, sino en todo nuestro entorno. Este retroceso
de los estudios humanísticos está acompañado de alarmantes síntomas en
muchos aspectos de la preparación básica de nuestros escolares. En un
asunto tan primordial como el dominio de la lectura y de la escritura, se
han hecho públicas encuestas y análisis que muestran unas carencias muy
preocupantes.
Señorías, el Gobierno ha sido sensible a esta preocupación, hondamente
sentida en lo mejor de nuestro mundo cultural y científico, apoyada por
la sociedad española. El Presidente del Gobierno incluyó en su programa
de investidura, que gozó del respaldo del Congreso de los Diputados, el
compromiso de su Gobierno de ampliar los contenidos humanísticos en
nuestro sistema educativo. En cumplimiento de este compromiso, señoras y
señores Senadores, el Ministerio de Educación y Cultura anunció una de
sus prioridades, desde el comienzo de su gestión, que consistiría en
promover la mejora de la enseñanza de las Humanidades. La Ministra de
Educación y Cultura abordó esta cuestión en numerosos pronunciamientos
desde el inicio del pasado curso escolar. La comunidad educativa y la
sociedad española en general conocieron, por tanto, con intensidad, el
propósito del Departamento de poner en marcha un amplio plan de reforma
de la enseñanza de las Humanidades enmarcado en el objetivo general de
mejora de la calidad de la enseñanza. Para llevar adelante el mencionado
objetivo, el Ministerio procedió a constituir cuatro comisiones de
expertos en geografía e historia, lengua y literatura, filosofía y
cultura clásica, formadas por prestigiosos profesores universitarios y de
Educación Secundaria especialistas en cada materia y en su docencia, para
que elaboraran sendas propuestas de reforma de la enseñanza en cada una
de las áreas de conocimiento referidas.
Las comisiones, cuya composición fue dada a conocer a la opinión pública,
concluyeron sus trabajos y emitieron un dictamen antes del verano pasado.
Los dictámenes han sido difundidos ampliamente en la comunidad académica
que ha participado en este proceso de manera activa con numerosos
escritos públicos y otros que se han remitido al Ministerio de Educación
y Cultura.
En el marco del plan de mejora de las Humanidades, el Ministerio de
Educación y Cultura ha elaborado, tras consultar con las Comunidades
Autónomas que tienen plenas competencias educativas, el proyecto de Real
Decreto de reforma de las enseñanzas mínimas de ciencias sociales:
geografía e historia y lengua castellana y literatura en la Educación
Secundaria Obligatoria.
Señoras y señores Senadores, el Grupo Parlamentario Popular del Senado
considera que la reforma de las enseñanzas mínimas en las materias
citadas constituye una ineludible necesidad para alcanzar los objetivos
generales de mejora de la enseñanza de las Humanidades. La razón de ello
es muy simple. La vigente regulación es claramente insuficiente, es
enormemente pobre en cuanto a contenido, tiene clamorosas lagunas y no
permite la consecución de la finalidad que el artículo 4.2 de la Logse
atribuye a las enseñanzas mínimas: garantizar una formación común de
todos los alumnos.
Nuestro Grupo Parlamentario estima que sin una adecuada regulación de las
enseñanzas mínimas, básicas del currículum, no resulta viable promover
una formación común, de calidad, en las áreas humanísticas. Estas
enseñanzas mínimas, señorías, son la garantía de una formación básica
común que ha de responder a criterios de calidad. En la fijación de los
aspectos básicos del currículum se puede y se debe descender hasta los
niveles de concreción que resulten objetivamente imprescindibles para
asegurar la esencial finalidad que la ley establece.
La Ley Orgánica de Ordenación General del Sistema Educativo atribuye,
como sus señorías saben, al Gobierno en exclusividad la fijación de las
enseñanzas mínimas. El Grupo Parlamentario Popular en el Senado se
congratula de esta actitud del Gobierno y del Ministerio de Educación y
Cultura orientada a que las administraciones educativas de las
Comunidades Autónomas puedan realizar cuantas aportaciones consideren
oportunas para perfeccionar, en su caso, el texto del proyecto de
disposición.
Señorías, nuestro Grupo ha seguido con gran atención el debate que en la
opinión pública ha suscitado la presentación del proyecto y considera que
en este debate se ha puesto de manifiesto un sustancial apoyo de
amplísimos sectores del mundo cultural, científico y académico a sus
líneas maestras y objetivos.
Creemos --y expresamos nuestra satisfacción por ello-- que se ha
manifestado una coincidencia en la necesidad de que todos los escolares
conozcan suficientemente, con objetividad y rigor científico, el pasado
común de España, los elementos comunes y diversos que, dentro de su rica
pluralidad, constituyen su historia, así como los jalones fundamentales
de la historia universal. Todo ello sin menoscabo alguno del conocimiento
y estudio de lo que es propio en cada Comunidad Autónoma.
Señoras y señores Senadores, el Grupo Parlamentario Popular considera
que, con espíritu constructivo, es posible y deseable, a partir de este
positivo debate que se está desarrollando en la sociedad española,
culminar satisfactoriamente, en el marco de un clima de diálogo con las
Comunidades Autónomas, el proceso de regulación de las enseñanzas mínimas
en las materias citadas, así como proseguir el desarrollo del plan de
mejora de estudios de las Humanidades en el conjunto de la Educación
Secundaria.
Teniendo en cuenta todo ello, nuestro Grupo ha presentado esta moción en
el Senado, por la que se insta al Gobierno a que realice una serie de
actuaciones a las que me referiré a continuación.
Primero, se insta al Gobierno a impulsar un plan de mejora de las
enseñanzas de las Humanidades en la Educación Secundaria que proporcione
a los alumnos, a lo largo de este nivel educativo, los elementos básicos
de la cultura y contribuya a su madurez intelectual y humana.
Segundo, en el marco de dicho plan, se insta al Gobierno a proseguir el
proceso de elaboración del proyecto de real decreto de reforma de las
enseñanzas mínimas de ciencias sociales, geografía e historia y lengua
castellana y literatura en la Enseñanza Secundaria Obligatoria, proceso
que está sometido a consulta de las Administraciones educativas de las
Comunidades Autónomas con competencias plenas en materia educativa, de
manera que se garantice a todos los alumnos el debido conocimiento del
patrimonio cultural común, dentro del respeto a la pluralidad que lo
constituye y enriquece.
Tercero, a adoptar todas las iniciativas conducentes a alcanzar un
deseable acuerdo en esta cuestión con el mayor espíritu de diálogo y con
el escrupuloso respeto a las competencias que la Logse atribuye, por una
parte, al Gobierno, y, por otra, a las Comunidades Autónomas y, en
particular, promover la incorporación de expertos en cada materia,
propuestos por las Administraciones educativas de las Comunidades
Autónomas, a las Comisiones científicas que han elaborado los dictámenes
base del proyecto de regulación. Proseguir la consulta abierta a la
comunidad educativa y, en particular, al profesorado implicado. Proseguir
la consulta a la comunidad científica a través de las instituciones que
la representen.
Cuarto y último, a intensificar, en el seno de la Conferencia de
Educación, la consulta y participación de las Comunidades Autónomas a
través de las Comisiones o equipos que proceda en el desarrollo de las
restantes fases del Plan de mejora de las Humanidades.
Señor Presidente, señora Ministra, señoras y señores Senadores, creo que
en el fondo de las palabras que acabo de pronunciar se ve claramente la
voluntad política de nuestro Grupo Parlamentario de seguir alentando al
Gobierno a que prosiga, a través del diálogo, en la búsqueda del acuerdo
necesario que permita el cumplimiento de los objetivos, ya que en el
fondo, de acuerdo con las opiniones que se han vertido en las Cámaras
parlamentarias y ante la opinión pública por nuestros grupos políticos,
insisto, todos estamos de acuerdo en mejorar las enseñanzas mínimas para
que los alumnos tengan una calidad de enseñanza y unos conocimientos de
los contenidos que les permitan lograr los objetivos de los que aquí se
ha hablado.
No obstante, nuestro Grupo Parlamentario está abierto a negociar con los
demás grupos, en el ámbito de esta propuesta de diálogo, en la búsqueda
del acuerdo, para que la Cámara en su conjunto pueda instar al Gobierno a
la consecución de estos objetivos. Sin duda alguna, su sensibilidad, y
sobre todo el trabajo demostrado en el último año para conseguir estos
objetivos, le hará también comprender y realizar el mandato que desde la
Cámara se le pueda trasladar; sensibilidad que no podemos poner en
duda y, sobre todo, ese espíritu de diálogo en la búsqueda del acuerdo
que en el último año ha demostrado nuestra Ministra de Educación en la
reforma de las Humanidades.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, Senador Fernández Rozada.
A esta moción se ha presentado una enmienda transaccional que tienen los
portavoces en su poder, y que está firmada tanto por el Grupo proponente
como por los grupos mayoritarios de la Cámara.
Como había dos enmiendas, una del Grupo Mixto y otra del Grupo
Socialista, que son firmantes de la enmienda transaccional, pregunto a
dichos grupos si quieren defender sus enmiendas, o prefieren intervenir
directamente en turno de portavoces. (Pausa.)
Por tanto, el Grupo Socialista intervendrá posteriormente, mientras que
el Grupo Mixto, debido al reparto de intervenciones, puede intervenir
ahora, y también con posterioridad.
Tiene la palabra el Senador Ríos.
El señor RIOS PEREZ: Muchas gracias, señor Presidente.
Señorías, el que se haya presentado una enmienda transaccional no creo
que impida que explique el planteamiento de Coalición Canaria con
respecto a esta moción; y ya adelanto mi satisfacción porque se haya
podido llegar a dicha enmienda transaccional.
Creo que muy pocas personas pueden dudar de la posibilidad legal actual
del Ministerio de Educación para establecer ciertos mínimos en lo que se
refiere a la docencia de Humanidades en el plan de estudios de la
Educación Secundaria Obligatoria.
Los problemas han surgido por la forma, pero también por el fondo. Al
igual que opinan otros partidos en varias Comunidades Autónomas,
Coalición Canaria piensa que, como ha ocurrido otras veces --tanto con el
actual Gobierno, como con los anteriores--, estas cuestiones deben ser
ampliamente debatidas para llegar al consenso, tan deseado y fundamental,
en materia de formación educativa. En ese sentido deben ir todos los
esfuerzos que debemos realizar; es decir, ser completamente positivos
para llegar a ese fin con la mínima polémica posible.
Podría extenderme sobre la forma con que se ha llevado la cuestión, pero
voy a eludir ese tema para evitar futuras repeticiones.
En cuanto al fondo --sobre todo, en materias de Historia--, se ha
comentado que el grupo de expertos que al parecer inició el estudio lo
hizo de forma excesivamente exhaustiva, densa, y con un gran número de
temas que imposibilitan la complementación programática a la que tienen
derecho normativo las Comunidades Autónomas a las que se ha transferido
la educación, tanto aquéllas con un mayor margen al poseer idioma propio,
como las que no lo tienen. Por tanto, se hace inviable su aceptación y
puesta en marcha, independientemente de la interpretación histórica de
algunos miembros de la comunidad científica sobre capítulos más o menos
próximos en el tiempo de la Historia de España, como, podríamos decir
eufemísticamente, de los peculiares enfoques de algunos historiadores.
Por consiguiente, tanto por la cantidad, como por la llamada calidad de
los temas, Coalición Canaria se opone a la moción, tal como se ha
presentado. Pero, como ya se ha dicho, se ha llegado a una enmienda
transaccional.
Por ello, hemos presentado una enmienda, con la única finalidad de abrir
un diálogo franco que pueda dar satisfacción al Gobierno del Estado, así
como a los de las Comunidades Autónomas.
En ella solicitamos que se suprima el apartado 2 de la moción, porque ya
no es posible continuar un proceso de proyecto en el que no hayamos
estado todos desde el inicio.
Por otro lado, mantenemos el punto 1, pues es fácilmente objetivable que
la situación actual puede ser mejorada entre todos, pero con la presencia
de las Comunidades Autónomas desde el comienzo de la elaboración del
proyecto.
El tercer punto sería sustituido por otro texto, el que se acompaña,
porque no se debe proseguir nada, sino iniciar situaciones.
Por último, estamos plenamente de acuerdo en que todo se desenvuelva en
la Conferencia de Educación, pero no en el desarrollo de las restantes
fases del plan, ya que en nuestra opinión éste no ha empezado; por tanto,
se propone que se supriman las restantes fases citadas.
Con todo ello, y contando además con la representación de centros y
profesores, pretendemos llegar al ansiado consenso en materia educativa,
olvidándonos de pasados errores, en aras del bien común de la enseñanza
de las Humanidades.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias, Senador Ríos. (El señor Iglesias Marcelo
pide la palabra.)
Tenía entendido que el Grupo Socialista había solicitado intervenir en
turno de portavoces. Por eso no le he dado la palabra.
Tiene la palabra el Senador Iglesias Marcelo.
El señor IGLESIAS MARCELO: Señor Presidente, señora Ministra, señorías,
me hubiera gustado escuchar en las palabras del portavoz del Grupo
Parlamentario Popular algún acercamiento un tanto más crítico,
simplemente más real, a lo que ha pasado en estas últimas semanas que,
además, está detrás de lo que está pasando esta tarde en esta Cámara: el
debate de una moción, que es un réplica a una proposición no de ley, viva
en este momento en el Congreso de los Diputados, resultado de un amplio
debate, a veces duro, áspero, sobre el tema de la reforma de la enseñanza
de las Humanidades en la Educación Secundaria. Encuentro que sus palabras
han sido excesivamente laudatorias. Entiendo muy bien su papel, lo que
tiene que hacer.
Si vamos a examinar el tema y vamos a llegar a una propuesta de consenso,
que implica alguna modificación
--no se le oculta a su señoría-- importante en el texto de la moción que
presenta el Partido Popular, acerca de cuyo contenido hemos discutido
largamente, estando nuestro Grupo dispuesto a comprometer su voto en la
aprobación de esa recomendación y de esa instancia al Gobierno, sería
bueno que pisáramos el terreno de la realidad.
Señorías, cuando uno se acerca a tratar este tema, baste con que vean el
debate de la Comisión de Educación y Cultura del Congreso de los
Diputados, para ver lo que ocurre. En dicha Cámara se oyen voces como:
Esa historia no es la mía, y me temo que no es la nuestra. Si esto fuera
un texto legislativo, habría una enmienda a la totalidad por parte del
Grupo Parlamentario de Nacionalistas Vascos. Izquierda Unida-Iniciativa
per Catalunya, el Bloque Nacionalista Gallego, el Grupo Parlamentario
Socialista, han vertido una dura crítica sobre ese proyecto de regulación
de la enseñanza de las Humanidades.
Yo debo confesarles que me acerco al tema como quien entra en un campo
minado, con el temor de que en cualquier momento una explosión inesperada
nos deje a algunos sin cabeza.
Pero yo creo que tenemos que ser honestos, que tenemos que ir al fondo de
los temas y tenemos que aportar lo que en el primer debate parlamentario
sobre temas de educación yo dije en esta misma Cámara: No estoy
dispuesto, ni mi Grupo, a hacer como oposición lo que no estemos
dispuestos a hacer como Gobierno.
Por tanto, no se trata de levantar las espadas y de rendir una batalla a
ver de qué lado corre la sangre, sino de encontrar un camino que nos
permita avanzar en un problema que es importante y cuya solución requiere
la suma de un amplio consenso, de una amplio apoyo social, de un amplio
apoyo parlamentario, sin el cual corremos el grave riesgo de convertir el
campo de la educación en un campo de batalla de destinos inciertos. En
ese empeño y en esa tarea que, por otra parte, responde a algo que hemos
dicho muchas veces al debatir la Logse voy a centrar la propuesta de
enmienda de mi Grupo a la moción del Grupo Parlamentario Popular.
Lo diré con claridad. El comienzo, la tramitación inicial del proyecto de
real decreto de regulación de las Humanidades ha sido malo, equivocado, y
ha suscitado batallas innecesarias. Naturalmente nadie puede ser tan
ingenuo como para pensar que lo que estamos discutiendo es el programa de
historia en la Enseñanza Secundaria, aunque aparentemente sí. Estamos
discutiendo temas de mucho más fondo, de muchísimo más calado político
que el de un programa de una asignatura. No estamos discutiendo las
ecuaciones de segundo grado para los alumnos de Secundaria. Eso no
merecería ni dos minutos de debate parlamentario. Pero la enseñanza de la
Historia sí requiere un debate parlamentario importante. Ha sido un mal
comienzo, ha suscitado una polémica terrible. He tenido la sospecha y el
temor, y tengo que decirlo con ingenuidad y sin ninguna doble intención,
de que la posición del Gobierno haya sido la de buscar deliberadamente
una confrontación para no llegar a ninguna solución, para poder levantar
alguna bandera que le interesara levantar y defender, lo cual sería una
operación ruinosa, aunque pudiera tener efectos inmediatos favorables.
Por tanto, ingenuamente lo digo e ingenuamente lo repito: Mal comienzo
¿Por qué? Se dice que es necesario reformar la enseñanza de las
Humanidades. Hay opiniones significadas que afirman que la enseñanza está
en una situación precaria. Concedo todo el valor que merecen esas
opiniones, esos estudios de los expertos. Hay otros que no opinan de la
misma manera, pero ¿no sería justo que hiciéramos una evaluación rigurosa
de cuáles son los resultados de la aplicación de un sistema educativo y
de una reforma de la enseñanza que ni siquiera ha llegado a su último
nivel, que no se ha culminado y, por tanto, sus resultados no pueden ser
en este momento constatados con rigor de ninguna manera? ¿No sería
razonable tener una valoración rigurosa de la situación? Y no seré yo el
que diga que un plan de mejora de la enseñanza de las Humanidades es algo
superfluo. Siempre se puede mejorar el plan de enseñanza de esto o de lo
otro. Siempre es posible perfilar mejor los contenidos, las actividades,
la programación. Pero no lo hemos hecho. Se consulta tarde a las
Comunidades Autónomas. Estas declaran haber entrado en el juego cuando
una parte del mismo se había jugado ya, cuando el primer tiempo del
partido había sido ya pitado por el árbitro, y cuando había ya un
resultado sobre la mesa que parece que se declaraba intocable.
Seguramente vamos a tener que tocarlo.
Es un proyecto que elabora objetivos de muy difícil cumplimiento, no digo
de imposible, pero sí de muy difícil cumplimiento. Saben sus señorías que
en el programa de Historia que contiene ese proyecto de real decreto hay
un conjunto de 96 ítems de Historia, que responden al 55 por ciento de un
programa en el que las Comunidades Autónomas con lengua propia deben
entrar aportando un 45 por ciento. Si se suma eso, más lo que aportan las
Comunidades, más la capacidad de programación autónoma que tienen los
centros y los profesores --hay aspectos del currículum educativo que
están cedidos expresamente a la competencia de los centros y
profesores--, el resultado es una propuesta de contenido de diseño de una
asignatura que resultará prácticamente imposible de realizar. Por tanto,
habrá que retocar eso.
Hay reservas por parte de la distribución competencial, porque si las
enseñanzas mínimas son tan grandes, tal vez el campo de juego para las
Comunidades Autónomas sea mucho más pequeño y tal vez el campo de la
programación autónoma de los centros y de los profesores no sea nada, sea
inexistente, cuando la Logse dice claramente cuál es el juego de las
competencias.
Por ello, primero, creemos que el procedimiento ha sido malo, y no voy a
juzgar el contenido del Real Decreto, que lo he leído detenidamente, y
acerca del cual podría emitir muchas opiniones, unas favorables y las
otras adversas. Pero no voy a entrar en ello porque creo que el objetivo
de esta moción es distinto, y es lo que pedimos en nuestra enmienda
alternativa a la propuesta del Partido Popular, en el sentido de proponer
que el Gobierno realice una evaluación rigurosa de la situación.
Naturalmente las opiniones de los expertos nos parecen excelentes.
Segundo, que se recabe un amplio debate social y de todas las instancias
interesadas en el tema: científicas, educativas y de las Comunidades
Autónomas, cuyas competencias tienen que ser escrupulosamente respetadas,
lo mismo que las competencias del Gobierno para dictar, mediante un
decreto, el contenido de las enseñanzas mínimas; competencias que no
dedicaré ni un solo segundo a discutirlas, porque las reconozco como un
elemento fundamental de la acción del Gobierno sin la cual sería
imposible gobernar el país. Como eso es así, porque hay que hacer un
esfuerzo, porque hay que completar ese proceso, porque hay que plantearlo
adecuadamente, señora Ministra, habrá que poner entre paréntesis el
proyecto de real decreto, habrá que mantenerlo en el congelador durante
cierto tiempo, habrá que llamar a todos los actores para que nos digan lo
que piensan, y habrá que intentar consensuar, aunque es un proceso
difícil, y lo sé, porque, aunque no lo viví directamente, tuve
conocimiento de la enorme dificultad de llegar a un acuerdo con todos los
actores cuando la Logse fue discutida y los primeros contenidos mínimos
fueron promulgados. Por eso, nosotros pensamos que hay que poner entre
paréntesis el proyecto de real decreto, completar el proceso, de manera
que todo el mundo entienda que se han garantizado los certificados de
competencia y de capacidad para intervenir en el proceso, para que
podamos llegar a una solución correcta y satisfactoria cuyo sentido me
reservo para mi próxima intervención.
Muchas gracias. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario
Socialista.)
El señor PRESIDENTE: Gracias, Senador Iglesias Marcelo.
Por el Grupo Mixto, tiene la palabra el Senador Román Clemente, por un
tiempo de cinco minutos.
El señor ROMAN CLEMENTE: Efectivamente, señor Presidente. Compartiré el
turno con la Senadora doña Inmaculada de Boneta.
En este momento, y por decirlo muy rápido, señorías, nos encontramos con
una moción que tiene enmiendas y una propuesta de transacción. Lo vamos a
decir muy claro: ¿Significa que se retira el decreto? Nosotros vamos a
votar favorablemente esta propuesta de transacción si significa --y
espero que los diferentes portavoces así lo aclaren-- que se retira el
proyecto de real decreto, que se abre un proceso de reflexión, de debate,
y que en ese período de reflexión y de debate participan la comunidad
educativa, las organizaciones educativas y los diferentes especialistas
--y yo tengo que reconocer y valorar el trabajo que éstos han
realizado--. No vale aquí hacer afirmaciones. Han hecho un trabajo y hay
que valorarlo.
Pero, señorías, no caben aquí titubeos. En esta propuesta de transacción
se tiene que decir que hay que empezar el trabajo, y yo comparto en buena
medida el documento que firmaban los Consejeros de Educación del País
Vasco, Cataluña, Andalucía y Canarias, porque en buena parte ese
documento viene a decir que hay que establecer un procedimiento de
dialogo, de consenso, donde puedan oírse las voces que en un proceso como
el educativo tienen no sólo mucho que decir, sino mucha calma que
introducir. Por eso, señorías, es importante que aquí no quepan dudas,
que no haya titubeos. Esa transacción tiene que significar la retirada
del proyecto de real decreto. Esa transacción tiene que significar la
apertura de un proceso amplio, sosegado, intenso de debate, porque en un
proceso como el educativo las improvisaciones se pagan y se pagan muy
caras. El proceso no puede significar, señorías --y así lo entendemos--,
salir de aquí con la duda, y por eso nosotros pediremos que todos los
portavoces aclaren, en sus diferentes turnos, si esa transacción a la que
han llegado significa empezar por donde debía haberse hecho, por respetar
esas reglas básicas del juego que son el diálogo, el consenso, el
entendimiento y la participación. Cualquier otra medida, señorías, no va
a contar con nuestro apoyo, y no va a contar con nuestro apoyo, insisto,
por la enorme trascendencia que tiene todo el proceso educativo y las
reformas que en él se vayan efectuando.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.
La Senadora De Boneta tiene la palabra.
La señora DE BONETA Y PIEDRA: Muchas gracias, señor Presidente.
Señorías, yo empezaría por donde ha terminado mi compañero representante
de Izquierda Unida: si esta enmienda o esta redacción final de una serie
de enmiendas transaccionales significa que el Decreto o el proyecto de
decreto queda retirado o siquiera congelado, podríamos comenzar a hablar
de consenso.
Pero, desgraciadamente, la redacción de la enmienda transaccional no dice
nada de eso; es más, cuando habla del desarrollo del Decreto de
Humanidades, igual y en el mismo contexto que en la moción original, en
un amplio consenso, está dando por supuesto que lo hecho está y es bueno,
y lo hecho, señorías, no ha contado ni con la participación de las
Comunidades Autónomas, ni con la participación de la comunidad educativa.
Digo que no ha contado con la participación de las Comunidades Autónomas
porque éstas no se han enterado más que por la prensa de este proyecto de
Decreto; han sido obviadas. La Comisión de expertos, contra la que no
tengo nada que objetar, puesto que realmente habrá hecho su trabajo, se
ha constituido desde la óptica y desde la unilateralidad del Ministerio
de Educación, del Gobierno, con lo cual no se ha tenido en cuenta para
nada la posibilidad de llegar a consensos y de participar en el proceso.
Al final, tanto en el texto que se elabore como en la moción que hoy se
debate, lo que se están intentando hacer son modificaciones sin
rectificar. Señorías, creo que cuando hay un error lo mejor es
rectificar, de la misma manera que cuando uno intenta aparcar un coche y
la primera maniobra le sale mal, lo mejor que puede hacer es salir y
volver a entrar, y no hacer un montón de maniobras
que al final dejan la cuestión peor que antes, a no ser que todo esto sea
una maniobra de distracción, y en esto ha sido muy claro mi compañero el
Senador Román.
Queremos saber si realmente esto significa que el tema va a seguir
adelante en el mismo sentido y si realmente se está encubriendo la
intención de modificar el artículo 4.2 de la Logse, porque si hablamos de
la reforma de las Humanidades y aprovechamos --nunca mejor dicho-- que el
Pisuerga pasa por Valladolid, lo que estamos haciendo es intentar
reformar las enseñanzas mínimas a través del artículo 4.2 de la Logse.
Si esto es así, y esto es así porque el Senador representante del Grupo
Parlamentario Popular ha sido meridianamente claro sobre la falta de
concreción y la pobreza --me parece que han sido sus palabras textuales--
del artículo 4.2 de la Logse, y luego en el texto final aparece no ya la
reforma que todos pensamos que se debe hacer de las Humanidades para
impulsar su enseñanza, sino la reforma de las enseñanzas mínimas, vemos
la finalidad que tiene este planteamiento.
Hablo en este sentido no solamente en nombre de Eusko Alkartasuna, sino
también del Consejero de Educación del Gobierno Vasco y del propio
Gobierno que ha asumido las posiciones y el informe del Departamento de
Educación.
Señorías, me parece que el consenso educativo es necesario, que no se
puede avanzar en materia educativa en contra de la sociedad y que,
además, no se puede modificar subrepticiamente una Ley aprovechando que
realmente hay una inquietud --probablemente inquietud fundada y sentida--
sobre las Humanidades y la necesidad de la reforma de sus enseñanzas.
Por lo tanto, esta Senadora va a decir que no a la enmienda
transaccional, como hubiera dicho que no a la moción inicial.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, Senadora De Boneta.
Por el Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos, tiene la
palabra el Senador Albístur.
El señor ALBISTUR MARIN: Muchas gracias, señor Presidente.
Señorías, llevamos mucho tiempo quejándonos del problema que hoy nos
afecta, y siempre que se quiere dar un paso hacia adelante el problema
encuentra mil limitaciones. Hoy no vamos a ser capaces de desatar el
nudo, sino todo lo contrario.
No vamos a conseguir el consenso que hubiera sido necesario y mantenemos
todavía a la sociedad política --yo diría que a gran parte de la sociedad
civil y estatal-- dividida. Y tiene usted responsabilidad en ello, señora
Ministra, se lo digo con cordialidad y con aprecio, pero creo que
podríamos haber llegado a un acuerdo.
Nuestro Grupo se ha mostrado dispuesto a adoptar, siempre con lo que cree
que es el mayor espíritu de diálogo, todas las iniciativas que pueden
conducir a alcanzar un consenso en el diseño de un tratamiento integral
de las Humanidades, con la finalidad de garantizar el respeto a las
competencias propias de las Comunidades Autónomas, a los fundamentos
conceptuales, educativos y didácticos que inspiran la Logse, sobre todo
teniendo en cuenta las características del alumnado que va a recibir los
objetivos y las enseñanzas, contenidos y procedimientos. Todo ello
considerando algo que para nosotros es clave: la concepción plurinacional
y pluricultural que reconocen los artículos 1 y 2 de la Constitución.
Nuestro Grupo quiere proseguir en una amplia consulta abierta a la
comunidad educativa, y en particular al profesorado implicado, así como a
la comunidad científica, a través de las instituciones --instituciones
políticas, universitarias, docentes, en general-- en las cuales están
representados.
Para nuestro Grupo, revitalizar la presencia de las Humanidades
constituye un objetivo loable que, en cualquier caso, debe basarse en un
análisis serio y profundo de los planes vigentes. En ningún caso puede
plantearse tal objetivo sólo a partir de un documento de 17 páginas, el
llamado Plan de mejora de la enseñanza de las Humanidades en el sistema
educativo español, basado en lo que consideramos que es una dudosa mezcla
de opiniones y valoraciones diversas y en el que no se plantea evaluación
alguna de los planes vigentes.
Abundando en lo anterior, diría que cualquier actuación de la
Administración del Estado que pretenda el establecimiento de unos
contenidos de los programas de enseñanza que superen la concepción de
mínimos, que incluso ha sido ya tasada por la libre voluntad del
legislador, es claramente vulneradora del ordenamiento vigente y supone
una invasión de competencias que tiene como aspiración más inmediata la
supresión de cualquier peculiaridad específica y la tendencia hacia una
uniformidad muy lejana de la voluntad del constituyente, de las
interpretaciones del Tribunal Constitucional, de la propia Constitución y
del Estatuto de Autonomía del País Vasco, al que represento desde esta
tribuna.
Cualquier propuesta que quiera plantearse en relación a la reforma de las
Humanidades, para nuestro Grupo deberá tener en cuenta los siguientes
aspectos: la consideración del diálogo, reitero, y la búsqueda de
consenso como elementos irrenunciables de las actuaciones en el mundo
educativo. El diagnóstico de la situación debe basarse en procedimientos
acordados de evaluación, pero en ningún caso sustentarse en testimonios
de autoridad de la comunidad educativa o académica. Deberá también
partirse de una concepción plurinacional y pluricultural de la realidad
política y social que es el Estado español, y ha de garantizarse el
respeto a las competencias propias de las Comunidades Autónomas. Insisto
también en que debe asegurarse la coherencia en relación a los
fundamentos conceptuales, educativos y didácticos que inspiran a la
Logse.
Finalmente, consideramos que resulta fundamental respetar las
características del alumnado, que es el receptor de los objetivos, de los
contenidos y de los procedimientos.
Creíamos que podíamos haber llegado hoy a un consenso. Queda tiempo para
debate, queda tiempo para llegar verdaderamente a una solución que
resulte satisfactoria para todas las partes y para toda la singularidad
que tiene la sociedad del Estado español. Esperemos que haya otra
oportunidad porque hoy, lamentablemente, no se va a conseguir.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, Senador Albístur.
Por el Grupo Catalán en el Senado de Convergència i Unió, tiene la
palabra el Senador Varela.
El señor VARELA I SERRA: Gracias, señor Presidente.
Señorías, cuando en el fondo de una cuestión --la mejora de la enseñanza
de las Humanidades en este caso-- se está fundamentalmente de acuerdo y,
sin embargo, hay tanta polémica en su tramitación, es porque la forma
utilizada, el método diseñado para alcanzar tal objetivo ha sido muy poco
afortunado.
Decía Tucídides que un dirigente político ha de tener, no solamente las
manos limpias, sino también los ojos. Tener los ojos limpios para ver con
nitidez, con claridad qué clase de país es el que se gobierna, cuáles son
los sentimientos, las sensibilidades de sus habitantes, la estructura
organizativa, social y política que regula su convivencia, etcétera. Ojos
limpios para mirar con mirada clara y serena.
El sistema educativo español es rico, es complejo y tiene espacios de
competencia plena en materia de educación, espacios legislados, pactados
en su conjunto, y francamente me parece un error considerable pretender
modificar unilateralmente este equilibrio. Se puede hacer, se ha hecho
ya, pero por eso estamos perdiendo tanto tiempo intentando recomponer el
desacierto inicial. Y no diré más porque no tiene excesivo interés
entretenerse en los agravios de procedimiento.
Nosotros, señor Ríos y señor Iglesias, evidentemente reconocemos al
Ministerio de Educación y Cultura la capacidad legal de fijar las
enseñanzas mínimas; es evidente que la tiene. Ayer la señora Ministra en
Cataluña Radio decía que parecía que nosotros lo dudábamos. No lo
dudamos; tiene esa capacidad; pero para reformar tales enseñanzas
mínimas, primero, tendríamos que analizar, estudiar a fondo si tales
mínimos han de ser cambiados. La capacidad la tiene, pero, primero, hemos
de ver si tales mínimos han de ser cambiados, en todo o en parte. Tal
análisis no se ha hecho, y es el punto 2 que se incorpora en la enmienda
introducida por el Grupo Parlamentario Socialista. Repito que ese
análisis no se ha hecho, al menos nosotros no lo conocemos, y en ese
análisis y en esas conclusiones, ¿no tienen nada que decir las
Comunidades Autónomas con competencia plena en educación?
En segundo lugar, y en el caso de que se llegase a otra conclusión --la
de que hay que introducir cambios en las enseñanzas mínimas--, esa
conclusión se tendría que aprobar, y tampoco se trata de sembrar dudas y
confusión en un sistema educativo en el que la Logse acaba de empezar a
aplicarse; pues bien, en el caso de que se llegase a esa conclusión de
que es necesario cambiar algo, ¿no tendrían que decir también sus
opiniones las Comunidades Autónomas?
Resumiendo, el Ministerio de Educación y Cultura tiene derecho a revisar
y cambiar, si lo cree necesario, las enseñanzas mínimas, ¡No faltaría
más! Es evidente. Pero también tiene el deber de hacerlo de acuerdo con
las Autonomías, deber legal y deber político, y política con pe
mayúscula, de verdadera política de Estado. En cambio, en este caso, el
Ministerio ha puesto el carro delante de los bueyes, y el ingenio no
funciona ni funcionará si no se cambia el orden; se ha de proceder
primero a poner los bueyes, es decir, el diálogo, el consenso, porque hay
cuestiones tan delicadas en las que no se puede avanzar realmente si no
hay este consenso; y luego los contenidos, pero en segundo lugar.
Nuestro Grupo valora positivamente el hecho de que se explicite en el
punto 4 --antes era el punto 2-- de la enmienda final la voluntad de
diálogo. Lo valoramos positivamente. Estamos un poco desorientados porque
se insiste mucho en el espíritu de diálogo y de escrupuloso respeto,
cuando se acaba de irrumpir abruptamente en la cacharrería. Sin embargo,
valoramos positivamente este cambio de actitud.
Subsisten, no obstante, dos objeciones, que son básicamente las mismas
que estaban en el documento de los cuatro consejeros de Cataluña, del
País Vasco, de Andalucía y de Canarias, que nos impiden votar a favor de
la transacción final.
En el punto uno de la transacción final se da por hecho que el sistema
actual no funciona. Me parece una tesis un tanto aventurada y muy injusta
para tantos profesores y profesoras que hacen una labor educativa muy
meritoria. Puede haber errores y defectos, evidentemente, pero también
hay aciertos y aspectos positivos. A veces me parece que entre polémicas
estériles y juicios aventurados, más que ayudar al sistema educativo lo
que se pretende es desacreditarlo.
Primero hemos de ver en profundidad qué es lo que no nos gusta del
sistema educativo actual, que acaba de empezar a aplicarse, frente a
aquello que sí nos gusta. Por eso, el punto dos de la transacción del
Grupo Parlamentario Socialista, sí que nos gusta, lo que nos sorprende es
el primer punto. El punto segundo trata de realizar una valoración
rigurosa, lo que es correcto, pero el primero dice que hay que corregir
el sistema para que los alumnos tengan los elementos básicos de la
cultura, como si ahora no los tuvieran, como si la labor que hacen
actualmente los profesores no sirviera para nada. Me parece injusto para
los profesores y para el sistema educativo actual. También ha hecho
alusión a este segundo punto el Senador Iglesias. Nosotros pensamos que
no es correcto, si se quiere que exista un diálogo leal y sincero, como
se anuncia en el punto cuatro, que se entre en la reunión con una
propuesta escrita hecha pública anteriormente. Nos parece que para que
esta voluntad de diálogo sea creíble se debería aparcar dicha propuesta,
se debería dejar en suspenso, poner entre paréntesis, o, como ha dicho
el Senador Iglesias, poner en el congelador. Mientras esto no se diga
explícitamente --y no pasaría nada porque entra dentro de la negociación,
y cuando una cosa se ha hecho con desacierto, se corrige el rumbo para
acertar--, mientras no haya la voluntad explícita de dejarla aparcada,
mientras no se haga la valoración y mientras no se consulten los demás
temas, nosotros no podremos estar de acuerdo con la propuesta que se nos
hace.
Como ya ha insinuado el Senador Albístur, creo que hoy se ha perdido,
señora Ministra, señores senadores del Grupo Parlamentario Popular, la
oportunidad de que fuese un gran día para el Senado, igual que hace poco
tiempo perdimos la oportunidad de que fuese un gran día para el Senado
con la creación del Consejo Superior de los medios audiovisuales. Hay un
clamor cada vez mayor de la necesidad de ese Consejo Superior de los
medios audiovisuales, y lo pudimos aprobar en esta Cámara, aunque
seguramente se aprobará en el Congreso. Ahora se podría aprobar esta
propuesta, modificando el punto primero, que creo que es injusto para el
sistema actual, y con la voluntad añadida de aparcar el tema propuesto
hasta que no se haga la valoración rigurosa y hasta que, codo a codo con
las Autonomías, avancemos y lleguemos a las conclusiones.
Podríamos haber estado de acuerdo con esta propuesta global --quizá
también otros grupos-- y haber alcanzado la unanimidad en un tema tan
esencial, tan querido para nosotros como es la enseñanza de las
Humanidades. Es una lástima que haya desacuerdo en este punto.
Sin embargo, para acabar en positivo, algo se ha mejorado en relación con
la propuesta inicial, que es la voluntad de hacer esta evaluación
rigurosa, y también la voluntad de este diálogo y escrupuloso respeto con
las Autonomías, lo que parece evidente, aunque en ese caso anterior no se
haya cumplido. Por tanto, hay algunos avances. Esperemos que en las
próximas semanas podamos continuar el diálogo y llegar a un resultado
satisfactorio en un tema --insisto-- muy vital para todo el Estado
español.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Varela.
Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el señor Iglesias
Marcelo.
El señor IGLESIAS MARCELO: Muchas gracias, señor Presidente.
Señora Ministra, señorías, abrigo la esperanza de que las palabras que he
escuchado en la tribuna hace unos minutos en representación del Grupo
Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos, del Grupo Parlamentario
Catalán en el Senado de Convergència i Unió y de alguna parte del Grupo
Parlamentario Mixto, que ponen algunas objeciones al acuerdo
transaccional que han firmado los Grupos mayoritarios de la Cámara, el
que apoya al Gobierno y el Grupo Parlamentario Socialista, permitan que
en un futuro no muy lejano ese consenso sobre el procedimiento, y espero
que sobre el final del procedimiento, sea posible. Como digo, han puesto
alguna objeción y tienen razón en expresar sus reservas.
¿De qué estamos hablando? ¿Por qué discutimos la enseñanza de la historia
y no discutimos la enseñanza de la geografía, que está en el mismo
Decreto, y la enseñanza de la lengua, que está en el mismo Decreto, y la
enseñanza de la literatura, que está en el mismo Decreto, y que tienen
propuestas igualmente importantes en cuanto a su contenido?
¿Por qué hablamos de la historia? Por una razón política. Porque cuando
estamos hablando de la historia, estamos mirándonos a nosotros mismos,
estamos viendo lo que somos, constatando las credenciales, viendo los
certificados de garantía y naturalmente dibujando el futuro.
Cuando discutimos el programa de la historia en la Enseñanza Secundaria,
estamos discutiendo el proyecto de futuro que distintos Grupos políticos
tienen presente y que defienden legítimamente. Por eso es tan enormemente
tenso, profundo y difícil el debate, y profundo, tenso, difícil el
acuerdo.
Haciendo una caricatura, diría que estamos moviéndonos entre dos
posiciones extremas: por un lado, una vieja concepción de la historia,
que a mí me tocó padecer en el viejo bachillerato que estudié a
principios de los años cuarenta; una concepción de la historia de lectura
única, con visión única y con protagonistas únicos; aquello, que a mi me
pareció siempre una mala comedia, con malos actores y con un final
absolutamente desastroso sería una de las caricaturas extremas de las
alternativas en las que estamos.
Por otro lado, en el extremo contrario, una concepción de la historia de
España, de la historia en la que cada uno de nosotros se apoya y crece,
como algo absolutamente distinto de la historia de los de al lado, de los
demás allá; cada uno teniendo su propia historia como una parte de sus
credenciales de identidad, su lengua, su cultura, su historia, su
proyecto político y su voluntad política. Esto define un territorio cuyas
fronteras no querríamos ver traspasadas por nadie.
En medio de esas dos concepciones: una, según la cual esa hipotética
historia de España debería ser como una enciclopedia por fascículos, con
capítulos que se van adicionando unos a otros, sin interrelación ni
conexión ninguna, o esa otra historia absolutamente de lectura única, sin
matices, como si fuera una cosa sola, con una sola visión y una sola
mirada, ¿hay posibilidades de encontrar caminos intermedios? Hay
posibilidades de encontrar caminos intermedios. Hay posibilidades de
acuerdo que ya se han dado en el pasado y que se pueden volver a dar en
el futuro, y esos caminos del acuerdo deberían cumplir, por un lado, las
condiciones de posibilidad del acuerdo, y se lo voy a expresar con
claridad a la Cámara. Para que un acuerdo sea posible tiene que cumplir
los siguientes requisitos. Primero, tiene que respetar el dibujo
competencial que establece la Ley de Ordenación General del Sistema
Educativo, el dibujo estricto de las competencias del Gobierno, las
capacidades de las Comunidades Autónomas, y recuerden sus señorías que
éstas establecen el currículo en su totalidad, con la participación
necesaria de los contenidos básicos o enseñanzas mínimas que el Gobierno
establece
y la capacidad de programación de los centros, de los equipos de
profesores y del profesor del aula, que es quien, en definitiva, dirige
la tarea del trabajo de la clase. Estas condiciones tienen que cumplirse
con un respeto escrupuloso, y sobre ese fondo, ¿qué es lo que nuestro
Grupo piensa? ¿Cuál es su posición? Quiero decirlo aquí con absoluta
claridad. Quiero que nuestra posición quede expresada con precisión, de
forma absolutamente nítida.
Ninguna concepción de un proyecto educativo puede cerrarse a la necesidad
de comprobar, reexaminar y rectificar lo que es su contenido. Principio
elemental de la ciencia: Hacemos una hipótesis, la comprobamos; si va
mal, rectificamos; si va bien, nos reafirmamos. Verdades que son siempre
provisionales, rectificaciones a largo plazo. Negación absoluta de
nuestro Grupo de cualquier concepción de la Historia que implique
cualquier manipulación o falsificación de ella. La negativa absoluta a
convertir la Historia en una fuente de mitos. Sobre falsedades y mentiras
no se puede edificar ninguna verdad. Ningún proyecto político digno de
tal nombre puede estar sustentado sobre la base de una debilidad de esa
naturaleza.
Pero, una vez acotado el territorio de lo que no debe ser Historia,
porque no es admisible la manipulación ni la falsificación, la Historia
es siempre el resultado de miradas plurales, de visiones diferentes, y
quien mira es siempre el ojo de un historiador o de un equipo que ve la
realidad, la construye y la estructura con arreglo a sus propias maneras
de pensar y, por lo tanto, no existe una verdad objetiva única y
definitiva para la Historia, sino que siempre es provisional, siempre
está sujeta a revisión.
En el esquema de modificación de enseñanzas, los aspectos científicos del
contenido y que hacen referencia a la enseñanza tienen que estar
complementados con los aspectos del aprendizaje. Enseñanza sin
aprendizaje no es nada. Ciencia que fundamenta la enseñanza sin
psicología y pedagogía que estructuren el aprendizaje, no es nada.
Psicología sin ciencia, pura evanescencia. Ciencia sin contemplar quién
tiene que aprender, lo que puede aprender y lo que debe aprender, no es
nada. Ambos excesos los hemos padecido durante mucho tiempo, y ya es hora
de que seamos capaces de integrar la visión científica, por un lado, y la
visión pedagógica y psicológica que el alumno requiere para que el
proceso del aprendizaje pueda llevarse a efecto.
¿Por qué hablamos de la enseñanza de las Humanidades? ¿No recuperamos en
este debate el sentido del humanismo, el sentido de las Humanidades? ¿Por
qué no hacemos presente en este debate, en esta Cámara, aquello de lo que
estamos hablando como de telón de fondo: el sentido del humanismo? El
sentido del humanismo en qué, cómo, en qué dimensión. ¿En la dimensión
clásica de lo que es el Humanismo? En la consideración del ser humano
como el centro de una referencia de la existencia en la que ni los dogmas
ni las verdades absolutamente sagradas, indemostrables, son capaces de
alterar o de influir en el ser humano, en el compromiso del hombre con su
propia existencia y en el compromiso del hombre con las existencias de
los demás y, sobre todo, en una cosa absolutamente fundamental, como
elemento central del Humanismo y de las Humanidades, la capacidad y la
exigencia de reconocernos los unos a los otros en lo que tenemos en común
y en lo que tenemos de diferentes.
Mientras los hombres no nos reconozcamos en las mujeres como aquello que,
de alguna manera, complementa lo que somos, mientras los occidentales no
nos reconozcamos en los que no lo son, los blancos en los negros, los de
Africa en los del Mediterráneo, mientras no seamos capaces de ver en los
otros algo común a nosotros y algo diferente, sabiendo que esa diferencia
nos fundamenta y estructura, mientras no tengamos un sentido amplio de lo
que es el ser humano, capaz de integrar una enorme totalidad de
cuestiones, el Humanismo será algo de boquilla, pero no una cuestión
real.
En aras de esa consideración de los valores humanísticos en la enseñanza
yo hago el planteamiento a la Cámara de que la propuesta de resolución
que hemos firmado algunos grupos, supone un avance en la búsqueda de una
solución correcta de los problemas y permitirá retomar el tema con la
colaboración necesaria, no prescindible, de todos los actores
importantes, entre ellos las Comunidades Autónomas, los profesores y las
comunidades científicas, y es por tanto un avance que, de alguna manera,
exigirá, señora Ministra, que el proyecto de Real Decreto se quede entre
paréntesis, se quede congelado durante algún tiempo, porque si prosigue
su tramitación sin tener en cuenta el consenso alcanzable y esperable de
esta propuesta de diálogo no habremos ido a ningún sitio y la crispación
volverá, cosa que yo no deseo y por la que no apuesto.
Muchas gracias. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario
Socialista.)
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, Senador Iglesias Marcelo.
Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el Senador Fernández
Rozada.
El señor FERNANDEZ ROZADA: Muchas gracias, señor Presidente.
Señorías, señora Ministra, he seguido, al igual que sus señorías, muy
atentamente el debate que se ha suscitado en el turno de portavoces. A mí
me parece muy importante que pasemos, después de la aprobación de esta
moción en la que instamos al Gobierno a impulsar un plan de mejora de las
enseñanzas de las Humanidades, al debate real, que aparquemos el debate
político y que todos juntos seamos capaces de conseguir ese objetivo que
ha impulsado la acción del Gobierno a través del Ministerio de Educación
y Cultura en el último año: la fijación de unas enseñanzas mínimas que
permitan cumplir los objetivos aquí deseados por todos y cada uno de los
portavoces intervinientes porque, señorías, nadie está en contra de hacer
algo, de reformar las Humanidades, pues en estos momentos el actual
currículum de enseñanzas mínimas resulta impreciso o vago. Pero, no es
menos cierto que el debate de fondo que aquí se quiere trasladar ha
pasado
a condicionantes de mera actuación política partidista, que es justamente
lo que nuestro Grupo --recordarán mi primera intervención-- ha querido
evitar. Nosotros entendemos que no se trata de retirar el proyecto, señor
Román y señora De Boneta. El Gobierno aún no ha aprobado nada; ha hecho
de forma impecable lo que, a mi juicio, debía de hacer: someter a la
comunidad educativa, a la científica, al profesorado, a la comunidad
social en general, un proyecto de decreto para que, a través del diálogo
y del mayor acuerdo posible, acuerde la fijación de esos mínimos en las
enseñanzas de la Educación Secundaria Obligatoria que, efectivamente,
aquí nadie ha cuestionado que es su exclusiva competencia.
Por tanto, partiendo precisamente de ese espíritu constructivo, abierto y
de diálogo, he de decir que a nuestro Grupo no le ha movido otro interés
al traer aquí esta moción que el de que entre todos fijemos una serie de
puntos que puedan instar al Gobierno a seguir acometiendo, en lo que a
este asunto se refiere, lo siguiente: en primer lugar, impulsar un plan
de mejora de las enseñanzas de las Humanidades. Todos estamos de acuerdo
en ello. En segundo lugar, realizar una evaluación rigurosa de la
situación actual de la enseñanza de las Humanidades. Yo he visto y oído
declaraciones públicas de la propia Ministra en este sentido,
declaraciones que pueden ser conocidas por quienes quieran acercarse a la
realidad de lo que ha supuesto en este último año la aparición en escena
de la reforma de las Humanidades. El tercer punto que se ha logrado con
este acuerdo es el instar al Gobierno a que facilite e impulse el amplio
debate social que sobre la enseñanza de las Humanidades en Educación
Secundaria se ha iniciado con el objetivo de alcanzar el mayor consenso
posible. En cuarto lugar, y en relación con la reforma de estas
enseñanzas, se intenta alcanzar un deseable acuerdo con el mayor espíritu
de diálogo y con un escrupoloso respeto a las competencias del Gobierno,
por una parte, y a las de las Comunidades Autónomas, por otro. En quinto
lugar, intensificar en el seno de la Conferencia de Educación la consulta
y participación de las Comunidades Autónomas a través de las Comisiones o
equipos que proceda en el desarrollo del plan de mejora de las
Humanidades. Por cierto, que también se dice que las Comunidades van a
poder incorporar nuevos expertos que de alguna forma eviten el
planteamiento cautelar de algunos grupos en torno al sentido que muchos
de los que están en las Comisiones --lo dicen algunos grupos-- pueden
tener en una dirección determinada. Hagámoslo abierto, pero hagámoslo
entre todos.
En materia de educación hemos dicho aquí lo mismo que decíamos antes,
señor Iglesias, y creo que su señoría lo recordará. Antes de ser Gobierno
también fuimos oposición durante muchos años, y ahora nos gustaría seguir
manteniendo en ese planteamiento la misma coherencia que manteníamos
cuando estábamos en la oposición.
Dígame un solo dato que pueda permitir hablar de incoherencia por nuestra
parte, dígame un solo dato que demuestre que, estando primero en la
oposición y ahora en el Gobierno, no hemos manifestado en éste y en otros
asuntos con claridad meridiana ahora lo mismo que antes manifestábamos.
Efectivamente, eso debería ser motivo para que reflexionaran muchos de
los que, saliendo a esta tribuna, se olvidan de la historia reciente en
relación con lo que fueron los debates para la reforma de las enseñanzas,
sobre todo en esa amplia profusión legislativa que en materia de
educación desarrolló el Partido Socialista.
Podríamos, efectivamente, llegar a un punto de encuentro en el que usted,
señor Iglesias, pudiese admitir por medio de planteamientos objetivos la
veracidad de lo que digo: que el proceso que se ha seguido desde hace más
de un año para poner en marcha el mecanismo que permita la mejora de las
Humanidades ha sido impecable.
Y no quiero traer aquí a colación, ni tampoco quiero retrotraerme a la
historia, lo que significó a lo largo de la década de los ochenta aquel
planteamiento que para el debate en materia de educación pusieron en
marcha los diferentes Ministros socialistas, planteamiento que por mi
parte fue denunciado y que giraba en torno a una serie de acontecimientos
y de hechos que se basaban más en hipótesis y en cuestiones que nos
contaban que en la realidad de la comunidad educativa, que veía cómo el
profesorado no se vinculaba a todo ese proceso.
Hemos superado ese trámite. Por tanto, con un escrupuloso respeto al
contenido de la ordenación general del sistema educativo, y un riguroso y
escrupuloso respeto hacia la llamada al diálogo y el acuerdo,
profundicemos en los objetivos que hay que cumplir en esas enseñanzas
mínimas con la reforma de las Humanidades, pero nunca congelemos o
retiremos algo que el Gobierno no ha probado. Por otro lado, el Gobierno
--en este caso, a través del Ministerio de Educación y Cultura-- no ha
cerrado una sola puerta a este proceso abierto; por tanto, díganme sus
señorías si no se puede retomar una situación para modificar o retirar
aquello que no nos gusta, de acuerdo con los planteamientos y objetivos
que aquí se exigen.
¿Por qué no nos podemos incorporar a este proceso con espíritu
constructivo, tal como nuestro grupo está pidiendo, olvidándonos de un
debate político, o de la derrota política que pueda significar la
retirada de un proyecto, que no es más que eso: un proyecto, que puede
ser enriquecido por todos nosotros?
Hay voces desde el Grupo Mixto que condicionan todo a la retirada de
algo, y no acabo de entender por qué. Más bien entiendo que trasladan a
la Cámara un debate político con «P» mayúscula, como le suele gustar
manifestar al señor Varela. Desde luego, el espíritu de la moción no
mueve a eso, sino precisamente a que, si un proceso está abierto, puede
enriquecerse, y no hay puertas cerradas, vayamos en esa dirección; y a
ese respecto, conocemos la sensibilidad del Gobierno y, en particular, de
la señora Ministra de Educación. Desde esa perspectiva, incorpórense y
voten favorablemente estas propuestas, porque van a estar mejor en ese
proceso --que instamos al Gobierno que cumpla--, que no fuera de este
gran acuerdo que hoy se va a conseguir en el Senado.
En cuanto a los señores Albístur y Varela --y aunque ya tuve ocasión de
indicárselo al señor Albístur antes de este debate--, quiero decirles que
las nuevas enseñanzas mínimas hacen un especial hincapié en reflejar la
realidad
plural de España en lo cultural, en lo histórico, en lo literario y en lo
lingüístico. Es más: se intenta acercar lo más relevante de la Historia
--la lengua y la literatura de cada Comunidad-- al conjunto de las
enseñanzas mínimas, de manera que todos los escolares conozcan las
singularidades más destacadas de otros puntos de España. No se pretende
dar una visión unitaria en el sentido político. Por el contrario, el
proyecto establece que los alumnos, a través de la enseñanza de la
Historia que reciban, comprendan los acontecimientos históricos comunes
que se han desarrollado en los territorios que hoy constituyen España.
Desde luego, señor Iglesias, no se pretende decretar una única manera de
explicar y entender la Historia; en absoluto. Y tampoco desconocer la
pluralidad cultural y las características singulares de cada Comunidad
Autónoma, señores Albístur y Varela.
El objetivo --que estoy seguro que compartirán los Gobiernos
autonómicos-- consiste en mejorar la formación educativa y cultural de
todos los estudiantes españoles. No busquemos otro trasfondo; quedémonos
ahí, e incorporémonos a lo que hoy se va a lograr, y es bueno, en el
Senado.
Creo, que al igual que hemos conseguido un acuerdo unánime en la reforma
del acceso a la universidad, aquí también deberíamos tener un acuerdo que
permitiese instar al Gobierno en los cinco puntos de la moción porque, a
buen seguro, en un porcentaje elevadísimo va a cubrir satisfactoriamente
la inquietud legítima de cada Grupo Político que ha manifestado aquí su
postura. Desde luego, como no la va a poder cumplir va a ser quedándose
fuera y manifestando efectivamente algo contradictorio. Por ejemplo, aquí
se ha dicho por parte del señor Varela que, por una parte, reconoce la
exclusiva competencia del Gobierno en esta materia y, a continuación,
manifiesta que irrumpimos brutalmente en la comunidad.
Por tanto, señorías, yo creo que estamos en un momento en el que se acaba
la confrontación política y se pasa al debate real. La comunidad
educativa, señorías, tanto mi Grupo como yo entendemos que lo va a
agradecer. Se ha actuado con un gran sentido de la responsabilidad en la
búsqueda de este acuerdo que aquí conseguimos hoy en el Senado. A partir
de ahora, ¿qué nos queda? Que con serenidad se vaya al cumplimiento de
esos objetivos, trabajando juntos y, por tanto, señor Iglesias, olvidemos
palabras como confrontación, tengamos más presente el diálogo, no
hablemos de resultado intocable, están las puertas abiertas, no hay en
estos momentos más interés y ánimo constructivo que el poder lograr
juntos estos objetivos, que desde hace más de un año viene buscando la
señora Ministra con compromisos que parten, como decía en mi
intervención, de nuestro programa y de la investidura.
Por ello, quiero finalizar pidiendo a todos los grupos de la Cámara que
no se han unido a esta propuesta de modificación que hemos hecho, que se
unan, que no vean en ella más que el espíritu constructivo, un ánimo
abierto, emprendedor hacia el diálogo y hacia el acuerdo, que ha sido
siempre lo que ha caracterizado la posición del Gobierno y, especialmente
--por qué no decirlo--, de nuestra señora Ministra de Educación y
Cultura.
Nada más y muchas gracias. (Aplausos en los escaños del Grupo
Parlamentario Popular.)
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, Senador Fernández Rozada.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 231: a
favor, 207: en contra, 20: abstenciones, cuatro.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada. (Aplausos en los escaños del Grupo
Parlamentario Popular.)
-- DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA POR LA QUE SE INSTA AL GOBIERNO
PARA QUE, EN EL PLAZO DE TRES MESES, PREVIA NEGOCIACION CON LOS AGENTES
SOCIALES, APRUEBE EL PLAN NACIONAL DE SEGURIDAD MINERA (662/000103).
El señor PRESIDENTE: Pasamos a la moción del Grupo Parlamentario
Socialista por la que se insta al Gobierno para que, en el plazo de tres
meses, previa negociación con los agentes sociales, apruebe el Plan
Nacional de Seguridad Minera.
Para la defensa de la moción, tiene la palabra el portavoz del Grupo
firmante de la misma. (El señor Vicepresidente, Rigol i Roig, ocupa la
Presidencia.)
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Tiene la palabra el Senador
Alonso Buitrón.
El señor ALONSO BUITRON: Gracias, señor Presidente.
Tengo que iniciar esta intervención pidiendo disculpas de antemano a la
Cámara porque después de un debate de tan alto nivel intelectual,
Señorías --y lo digo seriamente--, temo en este momento procesal no estar
a la altura de las circunstancias.
Señorías, lo que nos trae hoy aquí, es un tema de gran trascendencia para
una población que vive cada pocos días desgracias en las minas. La moción
que presenta el Grupo Parlamentario Socialista pretende, de alguna
manera, desbloquear -- palabras del propio Ministro de Industria-- el
Plan de Seguridad Minera que se encuentra desde hace varios meses, más de
16, paralizado en unas negociaciones entre la representación sindical y
la empresarial. Este bloqueo parece ser que hace referencia a la figura
del Inspector Técnico Sindical de Minas, que es el punto de discrepancia.
He de decir, señor Presidente, que si sólo fuera esto, posiblemente el
Grupo Socialista no habría traído hoy esta moción a la Cámara. Pero
nosotros intuimos, percibimos, que no sólo es esto. Estamos viendo que
falta algo
de voluntad política para que este plan de seguridad minera salga a la
luz. Podíamos, señor Presidente, haber presentado una interpelación. Hay
materia para ello. Pero nuestro grupo, al hablar de un tema tan sensible
como es la vida de los trabajadores que mueren en la mina, no quería
excesiva publicidad. Queríamos sencillamente que se desbloqueara y que,
de una vez por todas, ese plan nacional de seguridad minera viera la luz.
Señor Presidente, seguramente todos hemos oído hablar de la dureza del
trabajo en la mina. Y es así; puedo dar fe de ello. Pasar la jornada
entera en las entrañas de la tierra ya de por sí es duro, pero es que,
aparte de eso, estos trabajadores sufren otro tipo de secuelas y
consecuencias. Un obrero que trabaja unos 20 años en una mina, va a estar
expuesto a riesgos tales como situaciones de mala ventilación, de gases
muchas veces producidos por la dinamita y por los propios materiales que
se extraen, y a las partículas de polvo en suspensión, que es de lo que
se deriva esa terrible enfermedad que es la silicosis.
Por tanto, el obrero que trabaja en la mina, aunque no sufra ningún
accidente, a la larga va a padecer secuelas: va a sufrir del estómago o
de bronquitis o de silicosis.
Pero es que a esto, señorías, hay que unir otro tipo de problemas y
graves riesgos que comporta trabajar en la mina, como los hundimientos,
las explosiones de grisú, etcétera, riesgos muchas veces imprevisibles
--aunque en muchas ocasiones no lo son-- que provocan accidentes que
muchas veces causan escalofríos. Los datos de los que yo dispongo de los
diez últimos años sobre accidentes mortales en la minería evidencian de
qué estamos hablando.
En el año 1986 en la minería del carbón hubo 29 trabajadores muertos; en
la minería metálica, uno; en la minearía no metálica, uno; en la minería
de canteras, siete. Total, 38 trabajadores perdieron la vida en el año
1986. Si damos un salto de diez años, señor Presidente, tenemos que en el
año 1996 los trabajadores que fallecieron por accidentes en la minería
del carbón son los mismos que diez años atrás, 29; en la minería metálica
no hubo ninguno; en la no metálica, dos, y en canteras, nueve. Total, 40
trabajadores fallecidos en toda la minería. Pero hay que tener en cuenta
el siguiente análisis: en el año 1986 perdían la vida en la minería del
carbón 29 trabajadores, con 46.000 mineros en activo. Diez años después
se pierden las mismas vidas humanas, sólo con 25.000 trabajadores en
activo, o sea, casi con la mitad de mineros hemos tenido los mismos
accidentes. No estoy echando la culpa a nadie, señorías, ni mucho menos;
estoy poniendo de relieve que hay un Plan de Seguridad Minera al que lo
antes posible hay que dar una salida, porque estamos viendo la relajación
que han venido teniendo las Comunidades Autónomas en materia de seguridad
minera.
Hemos visto --y así lo decía la Comisión que se creó para hacer un
estudio sobre «La seguridad en las minas españolas --que así se llama ese
estudio-- Análisis y propuestas» --que en las Comunidades Autónomas no
existe en este momento ningún tipo de estadística en cuanto a visitas o
inspecciones giradas por la autoridad laboral a las minas para detectar
posibles situaciones de peligro; no existe ningún tipo de estadística en
esta materia. Señorías, este Plan es importantísimo y entre todos tenemos
que tirar de él hacia adelante.
Decía antes que podíamos estar ante una situación de falta de voluntad
política y yo, desde esta tribuna, quiero exponer cuáles son nuestras
dudas.
En el Plan de la Minería del Carbón y Reactivación de las Comarcas
Mineras que se firmó en julio de este año, en la página 23, en la parte
dedicada a seguridad minera, se acuerda entre los sindicatos y el
Ministerio de Industria dedicar anualmente 2.000 millones de pesetas para
la seguridad minera: 1.000 millones para el Plan Nacional de Seguridad
Minera y 1.000 millones para afrontar proyectos por las empresas mineras
destinados a la seguridad minera. Pues bien, señorías, analizados los
Presupuestos Generales del Estado tengo que decir que este acuerdo no se
ha cumplido. Según mis cuentas, para dar cumplimiento a este compromiso
adquirido por los sindicatos y el Ministerio de Industria me faltan, al
menos, 733 millones de pesetas de los presupuestos, porque las partidas
que figuran en ellos son las siguientes: Plan de la minería, Plan de
seguridad minera, transferencias a Comunidades Autónomas, 166 millones de
pesetas; exploración, ordenación y seguridad minera para las empresas
públicas, 100 millones de pesetas; exploración y ordenación minera --esto
no es seguridad minera-- para empresas privadas, 900 millones de pesetas;
y seguridad minera para empresas privadas, 1.000 millones de pesetas.
Señorías, si hacemos la cuenta, lo que verdaderamente tenemos para la
seguridad minera son 1.266 millones de pesetas, redondeando me falta 733
millones. Por eso digo que la voluntad política en este caso se puede
poner en duda.
Tengo que decir lo mismo en cuanto al Convenio Internacional y el
Convenio de la OIT en cuanto a medidas de seguridad, que fue ratificado
en esta Cámara y que no ha sido todavía traspuesto a la normativa
española. Estoy totalmente convencido de que, de haberse traspuesto ya a
nuestra normativa, al Reglamento de normas básicas de seguridad minera y
a las ITC, las instrucciones técnicas complementarias, ya estaría dando
sus frutos, porque este Convenio innovaba, entre otras cosas, que todas
las vías mineras, todas la minas debían tener dos bocas de salida. Y
desde que este Convenio se aprobó se han producido accidentes debido a
que los trabajadores mineros no tenían dos sitios por donde salir.
Existen sistemas de comunicación para comunicarse interiormente, y muchas
empresas todavía no los tienen. Hay situaciones en las que se ve venir un
peligro y si no hay forma de comunicarse entre unos centros de trabajo y
otros, entre unos trabajadores y otros, se producen las desgracias.
Otra innovación es la de hacer inspecciones periódicas sobre polvo y
grisú, y las Comunidades Autónomas no practican este tipo de
inspecciones, sólo se hace la inspección el día que ocurre el accidente.
Y el día que ocurre el accidente, evidentemente, hay que hacerla, pero se
tendrían que realizar antes para hacer prescripciones sobre
situaciones peligrosas que hay que corregir. Esto ahora mismo no se está
haciendo. Sí se hacía antiguamente, porque había una policía minera que
se encargaba de todas estas materias.
Deben tener sistemas de evacuación, según el articulo 12 de este
Convenio. Desde mi punto de vista, uno de los problemas que existía en la
minería en cuanto a las empresas subcontratadas, es que no se sabía bien
de quién era la responsabilidad, si de la empresa subcontratada o de la
empresa propietaria de la mina. Este Convenio también despeja esta
situación.
En cuanto a derechos de los trabajadores, también es importante que los
representantes de los trabajadores puedan pedir inspecciones cuando vean
una situación peligrosa, y que no solamente se limiten a pedirlas, sino
que sean concedidas, que la autoridad laboral obligatoriamente tenga que
girar una inspección para ver si es cierto que existe una situación de
peligro. Cuando este Convenio se ponga en marcha la autoridad laboral
visitará las empresas mineras para hacer inspecciones, y el hecho de que
los representantes de los trabajadores estén presentes en esas visitas o
cuando voluntariamente las quiera hacer la empresa, desde mi punto de
vista, señorías, es importante.
En definitiva, señor Presidente, el Grupo Parlamentario Socialista en
varias ocasiones ha planteado preguntas parlamentarias al propio Ministro
de Industria tanto en Comisión como en el Pleno de esta Cámara, y cree
que es excesivo el tiempo que lleva este Plan sobre una mesa negociándose
y tratando de llegar a un consenso. A nosotros nos parece bien que se
consensue, pero cuando de lo que se está hablando es de vidas humanas, el
Gobierno debe gobernar. Porque este plan tiene su origen en el accidente
gravísimo que tuvo lugar el día 31 de agosto de 1985 en el pozo San
Nicolás, de Asturias, donde perdieron la vida 14 trabajadores mineros.
Este accidente dio origen a una comparecencia del entonces Director
General de Minas, don Jesús Candil, en la Comisión de Industria del
Congreso de los Diputados, comprometiéndose a elaborar un informe sobre
seguridad minera --que es el informe sobre la seguridad minera en las
minas españolas, análisis y sus propuestas--, que ha dado origen a ese
Plan de Seguridad Minera. Así lo había anunciado para, a continuación,
afrontar la elaboración y preparación del Plan de Seguridad Minera.
En el mes de junio del año 1996, la Comisión Nacional de Seguridad Minera
afronta por primera vez en su seno el debate de este Plan. Más tarde, la
Directora General de Minas, que comparece en la Comisión de Presupuestos
el día 22 de noviembre de 1996, hace ya un año, a una pregunta de un
Senador socialista sobre este mismo tema nos anuncia que el Plan está
prácticamente terminado, que la Comisión Nacional de Seguridad Minera se
reúne el día 29 de ese mismo mes de noviembre de 1996 y que cree que, en
breve, el Plan ya será una realidad.
Señor Presidente, el Ministro de Industria, el pasado día 19 de
noviembre, en esta Cámara nos volvió a decir que iba a urgir esta
materia, porque consideraba que verdaderamente era importante que este
Plan de Seguridad Minera se aprobara. A pesar de todo esto, hoy el Plan
sigue sin estar aprobado.
Para concluir, señor Presidente, solamente deseo decir una cosa. Si de
aprobarse hoy esta moción que presenta el Grupo Parlamentario Socialista
solamente contribuyéramos a evitar que una vida humana se perdiera, señor
Presidente, creo que habríamos hecho una buena labor. Por ello, les pido
a todas sus señorías, a todos los Grupos Parlamentarios, que apoyen la
moción que ha presentado el Grupo Parlamentario Socialista.
Muchas gracias. (Aplausos.)
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Muchas gracias, Senador Alonso
Buitrón.
A esta moción se ha presentado una enmienda por parte del Grupo
Parlamentario Popular. Para su defensa, tiene la palabra el Senador
Martínez Oblanca.
El señor MARTINEZ OBLANCA: Muchas gracias, señor Presidente.
Como acaba recordar el Senador del Grupo Parlamentario Socialista, señor
Alonso Buitrón, la moción que debatimos en este punto del orden del día
tiene que ver con la seguridad minera.
Yo quisiera comenzar mi intervención con un recuerdo para las victimas
del accidente que hoy mismo ha tenido lugar en una mina de carbón rusa,
en la región siberiana de Kemerovo, que a las siete de la mañana, hora
española, se cobró la vida de al menos 60 mineros.
Aunque la historia de la mina está jalonada de estos dramáticos
accidentes, siempre resulta escalofriante recibir estas noticias que
sacuden nuestra sensibilidad y que justifican la necesidad permanente de
establecer medidas de seguridad que hagan disminuir al máximo los riesgos
laborales.
Qué duda cabe que los accidentes laborales, sea cual sea su origen, causa
o incluso su lugar, despiertan en nosotros un conjunto de sentimientos y
emociones que, cuando tienen por escenario la mina, el fondo de la
tierra, cobra mayor intensidad por las difíciles y durísimas condiciones
del trabajo y el inevitable recuerdo de tantas y tantas víctimas que
dejaron su vida en el interior de un pozo o salieron gravemente dañados,
física o psíquicamente, de los mismos.
Si a eso añadimos la singular tradición de regiones, provincias o
comarcas mineras y el especial carácter que alimenta el espíritu de sus
gentes, es evidente que nos encontramos ante un tema que suscita un gran
interés.
La seguridad en la minería y todo lo relacionado con el carbón siempre ha
sido una cuestión prioritaria para el Partido Popular, bien en el
Parlamento de la Nación, bien en los Parlamentos Autonómicos, bien
estando en la oposición o estando, como ahora estamos, en el Gobierno.
Siempre hemos considerado la importancia de las medidas que afectan al
sector y muy especialmente aquéllas relativas a la seguridad e higiene en
las minas.
Hemos aportado siempre nuestra visión del problema, porque consideramos
que es un deber específico de nuestra acción política, y por eso lo hemos
incluido en nuestros
programas electorales y también en los programas de acción de gobierno; y
lo hemos hecho con ánimo de unir nuestro criterio y nuestro enfoque a los
de todos aquellos que tienen algo que aportar, porque si un asunto tiene
que plantearse con una visión general ése es el de la seguridad minera.
Todos podemos y debemos aportar nuestra visión parcial del asunto: los
partidos políticos, los trabajadores a través de sus representantes, las
Comunidades Autónomas, etcétera, y de la conjunción de esfuerzos, con ese
afán de unir, saldrá una visión completa del tema.
Señorías, el Grupo Parlamentario Popular y, sin lugar a dudas, el
Gobierno al que apoyamos quieren un plan nacional de seguridad minera que
sustituya al que se diseñó en 1987 que, como recordarán, recibió los
parabienes de esta Cámara en un dictamen elaborado y votado unánimemente
en 1988. Entonces se consideró que la normativa era suficiente y adecuada
y, en opinión nada sospechosa, también lo era más de siete años después,
cuando el entonces Ministro Eguiagaray afirmó que se habían producido
desarrollos constantes en la legislación, en esa articulación entre
normativa básica y normas complementarias.
Estas afirmaciones del entonces Ministro de Industria se realizaban meses
después de producirse la catástrofe del pozo San Nicolás, y están
recogidas fielmente en el «Diario de Sesiones». Fue precisamente, como
recordaba el Senador socialista, a raíz de ese accidente en el pozo San
Nicolás cuando se impulsó, con el apoyo de todos los grupos políticos, la
redacción de un documento titulado «La seguridad minera, análisis y
propuestas», en el marco de la Comisión Nacional de Seguridad Minera, y
más concretamente en el marco de una subcomisión en la que están
representados las Comunidades Autónomas, los agentes sociales y los
representantes técnicos y científicos, además del propio Ministerio de
Industria y Energía.
El portavoz socialista ha hecho una relación de fechas que yo creo que
tiene que ser corregida. En primer lugar ha dicho que este plan, el plan
que tenía que impulsar esta Comisión Nacional ha sido bloqueado durante
dieciséis meses. La cifra no es exacta; el plan está bloqueado desde
finales de noviembre de 1996, y además conviene insistir en que todas
estas cosas se dilatan en el tiempo porque el trabajo serio y riguroso
exige un tiempo, un ritmo que se demuestra haciendo un repaso de las
fechas.
El accidente se produjo en el año 1995, a finales de agosto, y el
Ministro compareció a finales del mes de octubre; la subcomisión para
analizar el plan se crea en noviembre, y la primera reunión tuvo lugar el
20 de marzo de 1996, es decir, siete meses después de producirse el
accidente. Desde marzo hasta finales de noviembre de 1996, pese a las
dificultades propias de un relevo de gobierno, se sigue trabajando a buen
ritmo hasta el extremo de reunir al pleno de la Comisión y debatir el
Plan de Seguridad Minera. Es en ese pleno donde se ponen de manifiesto
las discrepancias notables entre los agentes sociales.
Señorías, en su moción hacen referencia a la comparecencia de la
Directora General de Minas, doña Paloma Sendín, hace un año en la
Comisión de Presupuestos. La señora Sendín, en efecto, hizo en aquella
comparecencia una pormenorizada relación del trabajo del Gobierno en
materia de seguridad minera, que desmiente inequívocamente esa falta de
voluntad que imputa el Grupo Socialista, y más concretamente la Directora
se refirió al informe elaborado por la subcomisión creada en noviembre de
1995.
Si algo quedó patente de las manifestaciones de la señora Sendín,
Directora General de Minas, es que hay una voluntad y un interés total
del Gobierno por conseguir un consenso en la Comisión Nacional de
Seguridad Minera, un consenso respecto al Plan Nacional de Seguridad, y a
partir de ese acuerdo intentar ponerlo en marcha durante el año 1997.
Es conveniente subrayar que no se produjo ese acuerdo por la falta de
entendimiento entre los agentes sociales en un punto muy concreto, que es
la introducción de la figura de los inspectores técnicos sindicales. De
esa falta de entendimiento se derivó un bloqueo de la situación, puesto
que los sindicatos han condicionado su aprobación del documento en el que
se formula un nuevo Plan de Seguridad Minera y en el que se detallan las
acciones a emprender en seis líneas básicas de actuaciones.
Desde que quedaron evidentes y notorias las discrepancias entre
sindicatos, empresarios y administraciones públicas, la Dirección General
de Minas ha mantenido contactos con todas las partes, intentando buscar
puntos de unión, puntos de acuerdo, puntos de consenso que solventaran la
negativa de los sindicatos a dar su aprobación al documento que servirá
de base al Plan Nacional de Seguridad Minera.
A nosotros no nos parece censurable, en ningún caso, que los esfuerzos
del Gobierno hayan ido encaminados a sumar, a buscar elementos comunes de
acuerdo y de entendimiento para que todos impulsemos el futuro Plan de
Seguridad Minera. Es claro que si cada cual mantiene su posición no se
puede echar por tierra el esfuerzo de mucho tiempo, y por eso la
Subcomisión se reúne hoy mismo para hacer una evaluación de los trabajos,
y el próximo día 17 se pretende convocar un Pleno de la Comisión Nacional
para someter a su consideración el resultado del informe.
La preocupación para resolver todos aquellos factores que contribuyan a
la eliminación de los accidentes y los siniestros es una constante común
en todos los ámbitos que intervienen en la minería. En ese sentido, y
mientras haya una sola víctima, cualquier esfuerzo siempre será
insuficiente y nadie puede rehuir su cuota particular de responsabilidad.
Concluyo, señor Presidente, el Grupo Parlamentario Popular considera que
el intenso trabajo llevado a cabo por la Dirección General de Minas para
impulsar un acuerdo lo más amplio posible en el seno de la Comisión
Nacional de Seguridad Minera tiene que culminar con la aprobación del
nuevo Plan de Seguridad Minera, y esto tiene que hacerlo el Gobierno. El
propio Ministro de Industria y Energía, Josep Piqué, en el transcurso del
último Pleno, el pasado 19 de noviembre, expresó su confianza
en alcanzar un consenso, asumiendo, en caso contrario, la responsabilidad
que le compete al Gobierno para sacar adelante el nuevo Plan. Por eso
hemos presentado esta enmienda. Consideramos que en los próximos días
pueden quedar definidas las posiciones en el seno de la Comisión Nacional
y, consiguientemente, instamos a que se apruebe por el Gobierno el Plan
Nacional de Seguridad Minera antes de finalizar el presente año. Nuestra
enmienda es mucho más ambiciosa en cuanto al plazo para que el Gobierno
apruebe este plan, puesto que limitamos a un solo mes lo que el Grupo
Parlamentario Socialista amplía a tres meses en su propuesta.
En cualquier caso, sí dejamos constancia de que el nuevo Plan de
Seguridad Minera que se apruebe por parte del Gobierno responderá al
interés que, sin duda, todos tenemos en la mejora de los datos sobre la
siniestralidad en la minería española.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Muchas gracias, señoría.
Han hecho llegar a esta Presidencia la noticia de que están elaborando
una enmienda transaccional. Me han pedido que la espere.
Pregunto al Senador Lobo Asenjo si está firmada por todos los grupos.
El señor LOBO ASENJO: Sí, es un texto de dos líneas que se está pasando a
máquina para que lo firmen los grupos parlamentarios.
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): En todo caso, podemos empezar el
turno de portavoces, aunque se hace un poco difícil intervenir sin saber
exactamente cómo queda la enmienda transaccional. (El señor Nieto
Cicuéndez hace signos de asentimiento.)
El Senador Nieto Cicuéndez se lanza al ruedo y entra en turno de
portavoces.
El señor NIETO CICUENDEZ: Muchas gracias, señor Presidente.
Señorías, creo que, independientemente de intentar transaccionar, a
través de las intervenciones tanto del portavoz del Grupo Parlamentario
Popular como del portavoz del Grupo Parlamentario Socialista está claro
que no habrá dificultad para llegar a ese consenso mínimo y necesario,
porque la sensibilidad demostrada sobre el tema ha quedado puesto de
manifiesto.
Quería referirme a esto precisamente porque hoy hemos estado discutiendo,
en el primer punto del orden del día, la petición del Senador Ferrer
sobre las perspectivas de lo que se ha conseguido en estos últimos veinte
años y, sobre todo, la perspectiva de cómo avanzar y consolidar el Estado
del Bienestar.
Hago esta disquisición porque me parece de suma importancia reconocer que
el avance innegable que hemos conseguido en nuestro país en estos últimos
veinte años ha sido, fundamentalmente, a través del esfuerzo de los
trabajadores: vidas humanas perdidas, trabajo, sacrificios enormes. Por
tanto, al hablar de la seguridad, y en este caso de la seguridad en la
minería, creo que es de justicia --más en nuestro país-- hacer un
homenaje a los mineros españoles por lo que han supuesto para el despegue
industrial y para el despegue social. Por tanto, empezando por esa idea,
creo que todo tipo de seguridad, toda pérdida de vida humana tiene
siempre un coste, un sacrificio, una valoración, en definitiva; pero creo
que en la minería debe ser doblemente correspondido, precisamente por el
esfuerzo y el sacrificio que han hecho los mineros españoles en todo lo
que ha supuesto la minería en nuestro país en los últimos veinte años,
aunque hoy ya tenga menos importancia desde el punto de vista económico o
en la renta per cápita.
Dicho esto, quería referirme a la rentabilidad, tema que siempre se
menciona cuando se habla de seguridad y más ahora que estamos en un mundo
en el que todo queremos medirlo. Pues bien, la mayor rentabilidad que
puede haber en cualquier proceso productivo es avanzar en las medidas de
seguridad. Es verdad que eso no siempre se tiene en cuenta, porque la
seguridad requiere invertir, requiere dotar de medios y prevenir, y eso
requiere inversión económica. Pero indudablemente no hay rentabilidad
mayor, ya no solamente desde el punto de vista humano, sino también,
incluso, desde el punto de vista material, de todo aquello que se
invierte en seguridad. La seguridad, por tanto, aparte de lo que supone
como valor fundamental de preservar vidas, de preservar enfermedades, es
también un tema sobre el que tenemos que aprender todavía mucho en
nuestro país porque no por casualidad somos de los primeros en accidentes
en Europa, en el mundo que nos rodea.
Hay que sensibilizar efectivamente a los empresarios y a los Gobiernos, y
no pueden renunciar los Gobiernos a cubrir esa función fundamental. Si,
por lo que sea, los agentes sociales no se ponen de acuerdo en un tema
como este de tal magnitud, el Gobierno tiene la responsabilidad
ineludible de garantizar los temas de la seguridad. Creo que por ahí
empezaremos a entender el mundo que nos rodea, a ser competitivos y
rentables y a preservar las vidas humanas que tan necesarias nos son a
todos.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Muchas gracias, señoría.
El Senador Albístur tiene la palabra.
El señor ALBISTUR MARIN: Muchas gracias, señor Presidente.
Fundamentalmente, mi intervención tiene como objetivo manifestar el apoyo
a la iniciativa tomada por mi querido compañero Senador del Bierzo y un
hombre, además, muy sensible, como lo ha demostrado tanto en el Congreso
de los Diputados como en este Senado con estos temas que están todavía
por terminar y racionalizar en nuestra economía.
La solidaridad que nuestro Grupo quiere manifestar con la cuestión
planteada es total, porque, como es lógico, no podemos entrar, a finales
del siglo XX, y en una
época con tecnologías avanzadas en otros sectores en los que gran parte
de la población intenta dominar hoy día la inteligencia como un modo de
vida, cuando todavía gran parte de nuestra población está intentando
dominar la fuerza para seguir subsistiendo, para seguir viviendo. Tema
este que a mí me parece grave y que pensamos que es digno de ser apoyado.
Por eso consideramos importante el que, previa negociación, como se dice
en la moción, con los agentes sociales, se termine definitivamente la
aprobación del plan nacional de seguridad minera en función precisamente
de la seguridad de muchas familias, de muchos individuos y de comarcas
enteras del Estado.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Muchas gracias, Senador Albístur.
Por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió,
tiene la palabra el Senador Joan Horaci Simó.
El señor SIMO I BURGUES: Gracias, señor Presidente, señorías.
De todos es conocida la inseguridad con la que se viene llevando a cabo
en nuestro país el trabajo en la actividad de la minería. En muchas
ocasiones, los accidentes --lo han dicho antes-- tienen resultados
trágicos, y se vienen produciendo con una frecuencia que a todas luces es
excesiva. Se hace imprescindible tratar de encontrarle remedio poniendo
los medios necesarios y adoptando las medidas oportunas. Nuestro Grupo
Parlamentario entiende que hace falta que, como se solicita en la
presente moción, se apruebe el plan nacional de seguridad minera, un plan
que aporte esa seguridad de la que tan necesitada se encuentra la
actividad laboral en la minería española. Como también se ha dicho antes,
nosotros creemos que una vida humana es muy importante, razón por la
cual, si este plan ayuda a salvar esta vida, tiene que aprobarse
inmediatamente.
Por consiguiente, tanto si se acepta la enmienda del Grupo Parlamentario
Popular como si no, nuestro Grupo va a votar favorablemente a esta
moción.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Gracias.
Tiene la palabra el Senador Alonso Buitrón.
El señor ALONSO BUITRON: Gracias, señor Presidente.
En primer lugar, quiero agradecer, al Senador Nieto, al Senador Albístur
y al portavoz de Convergència i Unió, la sensibilidad hacia un tema que
para nosotros siempre ha sido y seguirá siendo de gran trascendencia.
Deseo felicitarme también por la posición del Grupo Parlamentario Popular
en el sentido de que, si esta moción ha servido para suscitar un consenso
en torno a un problema grave, como lo es el de la seguridad en las minas,
yo tengo que agradecer esa sensibilidad, pero no puedo de ninguna manera
compartir que para el Grupo Parlamentario Popular haya venido siendo
siempre prioritaria la seguridad en las minas. Esto no lo puedo
compartir, señorías, porque me corrigió el Senador que intervino por el
Grupo Parlamentario Popular diciendo que este plan ya se sometió a una
primera discusión en marzo, y mi dato era junio. O sea, que ha habido ya
más de un año y medio para dar salida a una cuestión de tanta
trascendencia. Problemas que, desde mi punto de vista, para el Grupo
Parlamentario Socialista no tenían tanta prioridad, se han considerado
prioritarios, y el Grupo Parlamentario Popular ha tirado de ello hacia
adelante. Ahí está el Protocolo Eléctrico, ahí está la Ley del Sistema
Eléctrico Nacional, ahí están una serie de actuaciones que para el Grupo
Parlamentario Popular sí fueron prioritarias. Pero si no era prioritario
o si había otro tipo de problemas, de los que este Senador no está
informado, y si esta moción ha servido para que esto, de ahora en
adelante, se tome de una forma seria, y ese plan nacional de seguridad
vea la luz a primeros de este año, bienvenido sea.
Si por el hecho de que este plan salga somos capaces de evitar que se
pierda una vida humana habremos hecho una gran labor.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Muchas gracias, Senador Alonso
Buitrón.
¿Grupo Parlamentario Popular? (Pausa.)
Llegamos al momento límite de la enmienda transaccional. ¿Conocen los
señores portavoces de los distintos grupos el redactado de esta enmienda
transaccional? No lo conocen. (Pausa.)
A la Mesa ha llegado una enmienda transaccional firmada por todos los
grupos. Creo que todos los portavoces están de acuerdo con la misma. Debo
recordarles que las firmas deben ser las de los portavoces y
viceportavoces que, como veo, están adheridas a esta propuesta. ¿Puede
entenderse aprobada por asentimiento? (Pausa.) Así es y así consta. Queda
aprobada esta moción del Grupo Parlamentario Socialista, incluyendo la
enmienda transaccional aceptada por todos los grupos.
-- DEL GRUPO PARLAMENTARIO CATALAN EN EL SENADO DE CONVERGéNCIA I UNIO,
POR LA QUE SE INSTA AL GOBIERNO A PRESENTAR UN PLAN DE FINANCIACION, EN
DOS ANUALIDADES, DE LAS NECESIDADES MUNICIPALES QUE AUN ESTAN POR CUBRIR
EN LOS DISTINTOS PLANES DE EMERGENCIA NUCLEAR EXISTENTES EN EL ESTADO
ESPAÑOL (662/000101).
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Pasamos, a continuación, a la
siguiente moción que presenta el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado
de Convergència i Unió, por la que se insta al Gobierno a presentar un
plan de financiación, en dos anualidades, de las necesidades municipales
que aún están por cubrir en los
distintos planes de emergencia nuclear existentes en el Estado español.
Tiene la palabra el Senador Joan Roig i Grau.
El señor ROIG I GRAU: Muchas gracias, señor Presidente.
Señorías, el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i
Unió ha presentado esta moción y alguna de sus señorías podría pensar que
es una obviedad porque en ella se insta al Gobierno a acabar los planes
de emergencia nuclear que afectan a diferentes provincias del Estado
español. Y digo que puede parecer una obviedad porque estamos hablando de
centrales nucleares como las de José Cabrera, en Guadalajara, puesta en
marcha en el año 1968, Trillo, también en Guadalajara, año 1988,
Cofrentes en Valencia, 1984, Santa María de Garoña, en Burgos, 1970,
Almaraz I y II, en Cáceres, año 1985, Ascó I y II, en Tarragona, 1984 y
1986, y Vandellós II, en Tarragona, año 1988.
Pues bien, señorías, todas estas centrales nucleares, productoras de
energía eléctrica, absolutamente necesarias para garantizar el suministro
eléctrico al país, no cuentan aún con la totalidad de los planes de
emergencia nuclear.
Evidentemente, éste no es el debate sobre la conveniencia o no del modelo
de producción eléctrica nuclear. La realidad incuestionable es que las
centrales nucleares están aquí, y que en territorios como al que yo
pertenezco, Tarragona, hay una extraordinaria densidad de centrales
nucleares en varias de sus comarcas sin que por parte del Estado, y
después de veinte años de funcionamiento de dichas centrales, después de
las constantes, tenaces y rigurosas reivindicaciones por parte de la
AMAC, la Asociación de Municipios Afectados por Centrales Nucleares,
después de todo esto, no se hayan acabado las infraestructuras que
proponen los respectivos planes de emergencia.
Señorías, el debate que en estos momentos se plantea en relación a las
centrales nucleares está enmarcado en las posibles soluciones para
eliminar, reducir o almacenar los residuos nucleares generados por su
explotación, y en este sentido existe ya una Ponencia en el Senado que
estudia todo este tema de los residuos.
Este es un tema que preocupa mucho. Sin embargo, da la impresión de que
toda la problemática que envuelve a los centros de producción, y que
después de algunos años aún no se ha resuelto, no interesa demasiado por
estar más pendientes de otro estadio, el de los residuos.
Existen en el Estado español cinco planes de emergencia nuclear, uno por
provincia, entre ellas las referenciadas con anterioridad que no repetiré
ahora. Todos ellos se aprobaron por el Gobierno en el año 1990 y se
redactaron en función del Plan Básico de Emergencia Nuclear aprobado en
Consejo de Ministros en el año 1989.
Los planes de emergencia nuclear prevén dos zonas de actuación: la zona
1, a 10 kilómetros de la central, zona de evacuación y confinamiento de
la población, y la zona 2, a 30 kilómetros, zona de control de alimentos.
Los PEN prevén, además, que cada municipio tenga su propio plan para
emergencias nucleares, el PAMEN, planes que han sido redactados en su
totalidad por la Dirección General de Protección Civil y aprobados por
los municipios. Sobre la base de estos planes se han definido las
necesidades mínimas de cada municipio incluido en la zona 1 de los planes
de emergencia, y en función de ésta se han comprobado las necesidades que
están pendientes de cubrir, es decir, lo que en ese argot se llaman las
carencias.
Estas carencias se clasifican en tres categorías: A, B y C. Las de tipo
A, que se pueden cuantificar en unos 300 millones de pesetas y que
afectan a municipios de la zona 1, están siendo básicamente cubiertas por
el Estado a través de sus presupuestos ordinarios. Por tanto, no ofrecen
problemas. Son las carencias del tipo B, que corresponden básicamente a
caminos de enorme importancia porque están incluidos como rutas de
evacuación de la población, y que están cuantificadas aproximadamente en
4.000 millones de pesetas, las que no disponen de presupuestos para su
ejecución. Otras necesidades materiales de carácter específico tipo C,
también correspondientes a municipios de la zona 1, cuantificadas en
1.500 millones de pesetas y que se refieren a otras infraestructuras
totalmente necesarias, si bien no tan prioritarias como las anteriores,
tampoco tienen prevista la financiación. (El señor Vicepresidente Aguilar
Belda ocupa la Presidencia.)
Finalmente, creo que es necesario hacer referencia a los convenios de
carreteras firmados en el año 1990 con una previsión de ejecución de tres
años. Dichos convenios, que fueron firmados por los Ministros de Interior
y Fomento --MOPU en aquel momento--, por las Consejerías de Obras
Públicas de los respectivos Gobiernos autonómicos y por las Diputaciones
provinciales, no se han cumplido en su totalidad y, por tanto, quedan
pendientes de mejoras o de construcción muchas carreteras comprendidas en
el ámbito de actuación de los planes de emergencia nuclear.
En resumen, señorías, lo que pretendemos desde Convergència i Unió con
esta moción es impulsar definitivamente la ejecución de los planes de
emergencia pendientes aún de realizar.
Creemos sinceramente que en esta Cámara deberíamos en este momento, a
finales ya de 1997, estar discutiendo planes de dinamización económica y
de alternativas socioeconómicas para estas zonas. De hecho, en la
Ponencia que está estudiando este tema existe el compromiso de incorporar
por ley finalmente en las resoluciones la necesidad o la obligación de
ejecutar estos planes, de discutir estos planes de dinamización económica
y de creación de alternativas socioeconómicas para los habitantes de
estas zonas, que corren el riesgo de desertizarse cuando acabe la vida de
las centrales.
Pero lo que pretendemos con esta moción y pedimos que apruebe la Cámara
es un impulso para la realización de los planes de emergencia nuclear,
que den respuesta a las necesidades de los habitantes de estas zonas en
hipotéticos casos de accidente. En este sentido, pido el voto favorable
de toda la Cámara.
Gracias, señor Presidente, y gracias, señorías.
El señor VICEPRESIDENTE (Aguilar Belda): Gracias, Senador Roig i Grau.
A esta moción se presentó una enmienda del Grupo Popular; pero, con
posterioridad, se ha presentado una enmienda transaccional firmada por
todos los grupos parlamentarios. Por tanto, entiendo que no caben turnos
a favor y en contra de la citada transaccional, por lo que pasaríamos
directamente al turno de portavoces. ¿Hay alguna objeción? (Pausa.)
Así pues, abrimos el turno de portavoces.
Por el Grupo de Senadores Nacionalistas Vascos, tiene la palabra el
Senador Albístur.
El señor ALBISTUR MARIN: Gracias, señor Presidente.
Poco hay que decir, porque el objeto de la moción está lo suficientemente
claro en su exposición de motivos. El problema es preciso y concreto, y
las necesidades que hay que cubrir, evidentes.
Existiendo una Ponencia en el Senado que está estudiando toda la
problemática que supone la producción de energía eléctrica a partir de la
energía nuclear, así como todo lo relativo al riesgo de los residuos
nucleares y a los incentivos para las zonas donde están ubicadas las
centrales y los supuestos depósitos de los materiales consumidos, nos
parece grave que este tema todavía no se haya resuelto; sobre todo, en lo
que afecta a las vías de comunicación, planes de simulacro o de
emergencia, información a la población, mejora de infraestructuras,
formalización de protocolos, y procedimientos para atender las posibles
emergencias en caso de accidente.
Consideramos que este es un tema que debe ser considerado como
preferencial, en función de que el dominio absoluto de esta materia no
está en manos del hombre ni de la técnica. Materia que, además según un
reciente informe del CIS que nos ha sido entregado, todavía supone una
importante preocupación para la población, por las consecuencias que de
ella pueden derivarse.
Por tanto, daremos nuestro voto favorable a la iniciativa planteada por
el Grupo de Convergència i Unió, insistiendo en la necesidad de instar al
Gobierno para que presente este plan de financiación lo más rápidamente
posible, de acuerdo con la enmienda transaccional acordada por todos los
grupos.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Aguilar Belda): Gracias, Senador Albístur.
Por el Grupo de Convergència i Unió, tiene la palabra el Senador Roig.
El señor ROIG I GRAU: Muchas gracias, señor Presidente.
Paso a fijar la posición de nuestro Grupo en relación con la enmienda
transaccional que se ha presentado y que, como es lógico, vamos a
aceptar, puesto que la hemos firmado.
Si bien la propuesta final no nos satisface plenamente porque no concreta
los plazos de ejecución de los planes de emergencia nuclear, se acepta
impulsar y financiar el nivel B de carencias, lo que sin duda es lo más
prioritario, y nuestro objetivo al presentar la moción.
En el anterior Pleno, y con motivo del debate de una moción presentada
por el Grupo Socialista sobre la dinamización y el desarrollo económico
de las zonas nucleares, un Senador hizo referencia al emplazamiento de
las centrales nucleares en zonas rurales, alejadas de los grandes núcleos
de población.
Aunque ello sea relativamente cierto, no lo es menos que los ciudadanos
de estas zonas tienen todo el derecho a su seguridad y a la solidaridad
de la Cámara y del Estado. En este sentido, entendemos que esta enmienda
transaccional --que, vuelvo a repetir, no satisface plenamente nuestra
ambición desde el punto de vista del texto que habíamos presentado--
representa un avance importante en la solución de este tema. Por tanto,
la votaremos favorablemente.
Gracias, señor Presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Aguilar Belda): Muchas gracias, Senador Roig i
Grau.
Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el Senador
Sánchez Lucas.
El señor SANCHEZ LUCAS: Muchas gracias, señor Presidente.
Señorías, coincido con las últimas palabras de esta intervención del
señor Roig. No nos satisface totalmente, aunque también, en aras de
avanzar en un tema que en los últimos años parece que está un poco
parado, valía la pena hacer este esfuerzo, especialmente porque en la
transaccional se remite a los planes de emergencia nuclear, donde se
pactan las ayudas de acuerdo con el informe sobre las necesidades de tipo
b), redactado por Protección Civil junto con la AMAC.
No voy a repetir los planes nucleares, que ya saben que afectan a las
siete centrales, especificadas por el Senador Roig. Simplemente, para
información de los señores Senadores que no estén muy al corriente de
esta problemática, diré que la Zona 1, para la que se pide ayuda, es la
que tiene un radio de 10 kilómetros, considerada de alto riesgo y que, a
su vez, se subdivide en tres subáreas: a) Hasta tres kilómetros, que
requiere en caso de accidente nuclear la evacuación total de la
población. b) hasta cinco kilómetros, que requiere la evacuación de
grupos críticos, enfermos, gente mayor, niños, y la c), hasta 10
kilómetros que, entre otras medidas, requiere el confinamiento.
La financiación de los planes de emergencia desde su creación se
dividieron en dos apartados: un plan de financiamiento de cantidades
inferiores a 20 millones y otro de presupuestos superiores a 20 millones.
Inicialmente el primer apartado se articulaba a través de convocatorias
en el «BOE» y a partir del año 1994 se llega a un acuerdo de Protección
Civil con los ayuntamientos y municipios afectados que se hace vía
convenio.
En el segundo bloque hay un convenio interministerial, al que también ha
hecho referencia el Senador Roig
y, por tanto, no lo repetiré. Se contó en principio en un tanto alzado
unos 10.000 millones y se prevé que se acerque a los 15.000 millones. El
grado de cumplimiento de este programa es suficientemente aceptable de
media, pero no en algunas zonas. Tiene un grado de ejecución de un 75 u
80 por ciento, pero hay alguna zona deficitaria: algo en la provincia de
Tarragona, lo que afecta a las centrales de Ascó y Vandellós, bastante en
la de Cáceres y mucho en la de Burgos, que es la más atrasada en la
realización de estos planes. Me refiero al bloque del acuerdo
interministerial, Comunidades Autónomas y Diputaciones.
Nuestro Grupo cree que esta moción se ha rebajado bastante en algunos
aspectos y nos preocupa. El primero, es que tenemos cierta duda en su
efectividad, por su poca concreción en aspectos a los que también se ha
referido el Senador Roig, como la cantidad --de la que no se habla, que
es de 6.000 millones-- y el tiempo.
Entendemos que cuando la transaccional hace referencia al acuerdo de las
necesidades de tipo b) entre Protección Civil y la AMAC, ¿se mantienen
los 6.500 millones, que es lo que valoramos?, o ¿serán las
administraciones, obligadas por esta transaccional, Comunidades
Autónomas, Diputaciones, a hacer frente a esta cantidad? Algo tendrán que
decir y tampoco sabemos si han sido consultadas.
El tiempo tampoco se especifica en la moción. Se dice que el plazo es de
dos años o de dos ejercicios, pero no dice cuándo, si es en 1998 o en
1999. Pensamos que es un error susceptible de corregir.
Hay un tema importante. Creemos que en este caso hay una cierta dejadez
de la competencia del Gobierno porque se rompe una línea que, a través de
los Presupuestos Generales del Estado, desde 1990 venía dotando a estos
planes de emergencia, por medio Ministerio del Interior y, concretamente,
de Protección Civil, de una partida de 500 millones de pesetas, en 1991.
En los años 1992 1993 igualmente es de 500 millones de pesetas. En el año
1994, 350 millones de pesetas e igual cantidad para 1995. Después del año
1996, cuando cambió el Gobierno, es cierto que no se dotó, pero en el
período del año 1991 al año 1996 hay 2.200 millones de pesetas, que
representan 366 millones de pesetas de media por ejercicio directo de los
presupuestos. En 1997, 150 millones y en 1998 parece ser que también 150
millones. Desde este punto de vista, ha bajado más de la mitad la
dotación que se venía produciendo.
Creo que todos estos temas están pendientes. En un principio hubiésemos
votado en contra, porque no se ajustaba a la moción, pero nos hemos
puesto en contacto con personas de los municipios afectados, y estas
personas entendían que era lanzar algo, como también ha explicitado el
Senador Roig. Por ello, se nos pedía que no fuésemos excesivamente
exigentes. Con lo que sí vamos a ser exigentes es con el seguimiento de
este tema.
Todos tenemos pérdidas de memoria más o menos intensas; pero hay una que
choca a este Senador. Hace 15 días, para justificar el voto en contra a
nuestra moción, se nos remitía a la Ponencia de residuos radiactivos,
entendiendo que no era un tema específico y que tenía que tratarse en
dicha Ponencia. En cambio, en este caso, parece que no hay ninguna
objeción a que no vaya a esta Ponencia, con la excepción del señor
Albístur, que ha pedido que se le dé el mismo tratamiento que a la moción
del Grupo Socialista. Por tanto, entendemos que quedan muchas cosas en el
aire y que hay que seguirlas muy de cerca. Nosotros no pediremos, como es
lógico, que se trate en la Ponencia de residuos radioactivos. Creemos que
ésta tiene otra exigencia.
Para terminar, diré que votaremos esta moción para que estas zonas de
riesgo tengan el máximo de recursos para que, en caso de accidente, se
puedan desarrollar los planes de emergencia con total garantía de
cumplimiento para asegurar la protección de la población que tiene un
riesgo real, aunque aparentemente esté controlado, para que todos y cada
uno de los municipios y sus respectivos ayuntamientos sepan que el resto
de la sociedad y sus instituciones públicas son solidarias y
corresponsables de su seguridad, y en el caso de las Cortes Generales
velaremos para que así sea, porque los gobiernos socialistas desde 1990
dotaron a estos planes suficientemente y fueron especialmente impulsados
por la Directora General de Protección Civil, Pilar Bravo.
Finalmente, sobre el tema de la moción, desearía decir, señorías, en
nombre propio, por ser Senador de una provincia, Tarragona, con una
notable concentración de centrales nucleares y del Grupo Socialista al
que represento, que se dé respuesta positiva a las peticiones de la AMAC
y que se mejoren al máximo los recursos para que el plan sea cien por
cien efectivo, y desear, aún con más énfasis si cabe, que este plan, como
los demás de prevención de riesgos, sea eficaz y no podamos comprobarlo
nunca.
Gracias, señor Presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Aguilar Belda): Gracias, Senador Sánchez.
Tiene la palabra, por el Grupo Popular, el Senador Tomey.
El señor TOMEY GOMEZ: Gracias, señor Presidente.
Efectivamente, las siete centrales nucleares que hay en el territorio
español se encuentran en cinco provincias: Burgos, Cáceres, Guadalajara,
Tarragona y Valencia, algunas de ellas, ya de por sí de escasa
demografía. Sobre todo las de Santa María de Garoña, Almaraz, Trillo,
Zorita, Vandellós, Ascó y Cofrentes están en zonas de estas
características.
Son estos lugares y su entorno, lo han sido por lo menos, no sólo de
escasa población, sino con grandes carencias en materia de
infraestructuras, cuya ejecución sobrepasa, en la mayoría de los casos,
los insuficientes recursos municipales. La entrada de las centrales
nucleares en estas zonas rurales ha supuesto un cambio social y de
estructuras económicas difícil de asimilar para la población que ha
sufrido ese cambio en poco tiempo.
A ello han de unirse los sentimientos de solidaridad hacia esas zonas,
que deben ser objeto de tratamiento y
cuidado especial por parte de las administraciones públicas, que deben
contemplar esos municipios y los de su entorno bajo diversos aspectos que
pueden ir desde la seguridad de la zona para casos de emergencia --y
todos tenemos y debemos tener gran sensibilidad en los temas de seguridad
nuclear-- a los de ayuda necesaria para la creación de riqueza, de tal
forma que exista una alternativa a la que la central nuclear pueda
generar, pasando también por los aspectos culturales, sociales,
sanitarios y deportivos.
Por ello, se aprobó en su momento la Ley sobre el canon energético, que
permitía a las Diputaciones provinciales redactar planes específicos de
las zonas que pudieran considerarse afectadas por la misma y que paliaron
muchas deficiencias en los pocos años en que estuvo viva esta Ley sobre
canon, ya que fue derogada, igual que la de Tráfico de Empresas, por la
entrada del IBI. Posteriormente, en 1989, se aprobó el Plan básico de
emergencia nuclear, y posteriormente, en 1990, se aprobaron los
correspondientes planes por el Ministerio del Interior para las cinco
provincias afectadas, habiéndose producido desde entonces importantes
inversiones, canalizando subvenciones o promoviendo convenios de
colaboración entre ministerios diversos, Comunidades Autónomas,
Diputaciones y ayuntamientos, en cuantía aproximada a la que a
continuación voy a señalar: 4.080 millones para equipamientos y material,
3.300 millones para necesidades derivadas de la implantación de los
planes municipales de emergencia nuclear, 914 millones para extensión del
servicio telefónico, 20.000 millones para la financiación y ejecución de
redes viarias provinciales --algunas ya están concluidas y otras en fase
de ejecución mediante convenios con las administraciones públicas-- y
1.500 millones de pesetas para implantar una red de detección de alta
radiactividad. ¿Quiere decir, señorías, que con estos casi 30.000
millones de pesetas tienen los 70 municipios del entorno de las siete
centrales nucleares los problemas de infraestructura resueltos?
Verdaderamente no. Por ello, la Dirección General de Protección Civil,
con la participación de la Agrupación de Municipios Afectados, AMAC, ha
elaborado un documento para definir los municipios de la zona I, que ya
ha sido definida, identificando y valorando las necesidades planteadas en
tres categorías. Las necesidades de tipo A, que no existirían en estos
municipios de no existir la central, cuya valoración asciende, en lo que
resta por hacer, a 308 millones aproximadamente. El Ministerio del
Interior ha asumido el compromiso de llevarlas a cabo en tres años de
acuerdo con los recursos presupuestarios, y en los Presupuestos de este
año figura una partida importante para ello. Después están las
necesidades de tipo B, que afectan fundamentalmente a viales y
carreteras, y que son necesarias con independencia o no de que exista la
central nuclear. Esto tiene una valoración aproximada de 6.400 millones
de pesetas. Y por último, las necesidades de tipo C, que sin influir en
la operatividad de los planes, sí contribuirían al mejor desarrollo de la
zona, y su valoración asciende aproximadamente a 1.500 millones de
pesetas. El Ministerio del Interior no asumió ningún compromiso respecto
a las necesidades de tipo C, y sí su voluntad de apoyar ante el conjunto
de las administraciones públicas las del grupo B. Por eso, consideramos
muy importante la moción presentada por el Senador Roig i Grau, en nombre
del Grupo de CiU en el Senado, ya que estimamos la importancia que han
tenido para esas zonas los diversos planes establecidos, hechos todos
ellos con la colaboración de todas las administraciones públicas. (El
señor Vicepresidente, Rigol i Roig, ocupa la Presidencia.)
En gran medida, señores Senadores, muchos de los viales, de las
carreteras, dada nuestra descentralización, ya dependen de las
Comunidades Autónomas y muchas también dependen de las Diputaciones
provinciales y, en algunos casos, de los municipios.
Me gustaría, como Senador por Guadalajara y Presidente de su Diputación,
poner como ejemplo los Pengua de Trillo y de Zorita, en los que
participaron los Ministerios del Interior, Administraciones Públicas, la
Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha y la Diputación Provincial de
Guadalajara. Las obras que comprendían los convenios firmados en su día
en los años 1988 y 1990 están totalmente finalizadas en la actualidad.
Por eso ha sido una ampliación de infraestructuras, una reposición de
determinadas infraestructuras, un mejor equipamiento de las zonas de los
PEN el origen del documento que determina la presentación de la moción
por parte de CiU.
Por ello, aun estando totalmente de acuerdo con el fondo de la moción,
habíamos presentado una enmienda que, a la vez, ha sido consensuada por
todos los grupos y agradecemos a CiU su aceptación, ya que en ella se
solicita pedir el esfuerzo no sólo a los Presupuestos Generales del
Estado, que todos, y más en estos momentos, debemos cuidar, sino al resto
de las administraciones públicas, al igual que ha sucedido en los planes
de emergencia anteriores que se realizaron con estas participaciones.
En este sentido iban las conversaciones que el Ministerio del Interior ha
mantenido con la AMAC y también, como decimos, la enmienda transaccional,
para que el Senado inste al Gobierno a proceder, en colaboración con las
restantes administraciones públicas implicadas, a la valoración y
financiación de la cobertura de las necesidades precisas para mejorar la
operatividad de los planes de emergencia de acuerdo con el informe sobre
necesidades de tipo B redactado por Protección Civil.
Seguramente en esa valoración ha quedado algún municipio de alguna de las
centrales aún sin incluir porque no mandaron la documentación a tiempo,
etcétera, o alguno porque ya se ha realizado la obra y necesita otro tipo
de adecuación, pero el documento base...
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Señoría, se le terminó el tiempo
hace un ratito.
El señor TOMEY GOMEZ: Sí, señor Presidente.
De todas formas, se tiene que basar en ese documento porque está
perfectamente realizado.
Por tanto, creemos que es de justicia cubrir las carencias de esas
infraestructuras, porque han estado muchos años marginados y han pasado a
ser conocidos muchas veces sólo por la ubicación en ellos de una central
nuclear. De haí que pidamos y esperemos el voto afirmativo de todos los
grupos a esta moción.
Muchas gracias, señor Presidente. (Aplausos en los escaños del Grupo
Parlamentario Popular.)
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Muchas gracias, Senador Tomey.
Por las intervenciones habidas y por la enmienda transaccional, creo que
puedo proponer que sea aprobada por asentimiento.
¿Puede entenderse aprobada por asentimiento? (Pausa.)
Queda aprobada.
CONOCIMIENTO POR EL PLENO DE TRATADOS Y CONVENIOS INTERNACIONALES
REMITIDOS POR EL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS:
-- DECLARACION PREVISTA EN EL ARTICULO 14 DE LA CONVENCION INTERNACIONAL
SOBRE LA ELIMINACION DE TODAS LAS FORMAS DE DISCRIMINACION RACIAL (NUEVA
YORK, 7 DE MARZO DE 1966) SE TRAMITA POR EL PROCEDIMIENTO DE URGENCIA (S.
610/000139) (C. D. 110/000140).
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): El quinto y último punto del
orden del día de hoy es conocimiento por el Pleno de tratados y convenios
internacionales remitidos por el Congreso de los Diputados.
El primero es la aclaración prevista en el artículo 14 de la Convención
Internacional sobre la eliminación de todas las formas de discriminación
racial, hecha en Nueva York el 7 de marzo de 1966.
El Senador Cobo tiene la palabra.
El señor COBO FERNANDEZ: Muchas gracias, señor Presidente.
Señorías, la Declaración que hoy tratamos es para reconocer la
competencia del Comité Especial Internacional sobre la eliminación de
todas las formas de discriminación racial para que pueda acoger recursos
o comunicaciones y entender de ellos, siempre que el español o el grupo
de españoles encargados hayan agotado el recurso a nuestro sistema
jurisdiccional y lo hagan en el plazo de tres meses.
En la Declaración que aprobamos no está expresa la posibilidad de poder
recurrir a dicho Comité sin agotar la vía jurisdiccional española porque
se haya producido una dilación injustificada.
Nosotros vamos a aprobar esta Declaración, pero entendemos, sin embargo,
que, sin estar expresa, sí está aceptada implícitamente esta posibilidad
que se contempla en la Convención Internacional.
Hoy no aprobamos la creación de un comité español contra el racismo,
posibilidad que ofrece la Convención Internacional, por entender que es
suficiente nuestro ordenamiento jurisdiccional, pero hoy lo aceptamos.
Mañana puede que sea conveniente pensar en su creación, posibilidad que
podemos contemplar en el futuro y que nos reservamos.
Algunas normas por ellas mismas pueden ser eficaces sólo con su
promulgación. Esta declaración no es el caso. Sólo una actitud general
que informe todas las políticas y todos los comportamientos puede hacer
verdad aquello de hacer desaparecer todas las formas de racismo que hay
en el mundo.
Porque sucede muchas veces que, al igual que la economía, o las
discusiones sobre economía, ocultan la política, las intenciones
políticas, a veces el racismo no hace sino ocultar las injusticias y las
opresiones. A veces el racismo no es sino un seudónimo de la injusticia.
Este paso que hoy damos en el Senado es un paso importante para la
comunidad internacional. Hoy España da un paso importante --todos sabemos
que se aprobó en el año 1966 y España se adhirió a los tres años--, pero
un paso que no debe ocultar la absoluta diferencia de oportunidades entre
los ciudadanos del mundo: el racismo, presente también en nuestra
sociedad. Usemos esta técnica, usemos el Convenio Internacional, pero
seamos conscientes de que son muchos los esfuerzos para superar todas las
formas de exclusión social, y la racista es una de ellas.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Muchas gracias, Senador Cobo
Fernández.
Tiene la palabra don Roberto Soravilla.
El señor SORAVILLA FERNANDEZ: Gracias, señor Presidente.
El motivo de que intervengamos en este trámite, en nombre del Grupo
Parlamentario Popular, no es tanto la Declaración en sí --siendo ella
importante-- como el fondo de la misma, y también el momento en el que se
produce.
Con respecto al fondo, señorías, considero que es poner nuevamente de
manifiesto el compromiso --no sólo de mi Grupo, sino, sin duda, del de
toda la Cámara--, con la defensa de los derechos humanos y nuestra
repulsa --repulsa de todos-- muy en particular a cualquier tipo de
racismo.
Además, la oportunidad coincide precisamente con el último mes, el mes de
diciembre, del Año Europeo contra el Racismo, que era el de 1997. Hoy,
que hemos estado en esta Cámara debatiendo sobre las Humanidades --hemos
debatido sobre la Historia y nuestra fértil pluralidad--, diré no España,
sino las Españas de las tres culturas, esas Españas criollas y de
mestizaje, forman parte, como sus señorías saben, del artículo 14 de la
Convención Internacional sobre la eliminación de todas las formas de
discriminación racial de Naciones Unidas desde que entró en vigor en
enero del año 1969.
La Declaración prevista, como el Senador Zamorano ha hecho referencia, y
para la que se nos solicita la autorización, supone reconocer la
competencia del Comité
para la eliminación de la discriminación racial para recibir y considerar
comunicaciones individuales o colectivas de personas de la propia
jurisdicción que aleguen ser víctimas de violaciones de los derechos
contenidos en la Convención. Es verdad que tienen que agotar la propia
vía nacional, y creemos que con las leyes que tenemos vigentes, por lo
menos de momento, sería suficiente y esperemos que lo siga siendo.
Como bien conocen sus señorías, el hecho de que España acepte este tipo
de competencias no es nuevo; lo hicimos ya en el caso del Comité de los
Derechos Humanos, y la de hoy es simplemente la reafirmación en este
campo del firme compromiso --como ya he señalado-- de que mi Grupo va a
apoyarla sin ningún tipo de reserva y, además, con el valor simbólico de
hacerlo en este Año Europeo contra el Racismo.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Muchas gracias, Senador
Soravilla.
Si no hubiera petición de intervenciones, ¿podría considerarse aprobado
por asentimiento? (Pausa.)
Así es, así consta y, por lo tanto, queda aprobado por asentimiento y se
autoriza en este acto la Declaración prevista en el artículo 14 de la
Convención Internacional.
-- CONVENIO BASICO DE COOPERACION CIENTIFICO-TECNICA ENTRE EL REINO DE
ESPAÑA Y LA REPUBLICA DE HAITI, FIRMADO «AD REFERENDUM» EN PUERTO
PRINCIPE EL 8 DE MAYO DE 1991, Y CANJE DE NOTAS DE 4 Y 16 DE OCTUBRE DE
1995 QUE LO MODIFICA (S. 610/000118) (C. D. 110/000117).
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): El siguiente es el Convenio
Básico de Cooperación Científico-Técnica entre el Reino de España y la
República de Haití, firmado «ad referéndum» en Puerto Príncipe el 8 de
mayo de 1991, y Canje de Notas de 4 y 16 de octubre de 1995 que lo
modifica.
¿Algún Senador desea intervenir? (Pausa.)
¿Puede entenderse aprobado por asentimiento? (Pausa.)
Así es y, por lo tanto, se autoriza en este acto el Convenio Básico de
Cooperación Científico-Técnica entre el Reino de España y la República de
Haití.
-- PROTOCOLO SOBRE PROHIBICIONES O RESTRICCIONES DEL EMPLEO DE MINAS,
ARMAS TRAMPA Y OTROS ARTEFACTOS (PROTOCOLO ENMENDADO II), ADOPTADO EN
GINEBRA EL 3 DE MAYO DE 1996, DE LA CONVENCION SOBRE PROHIBICIONES O
RESTRICCIONES DEL EMPLEO DE CIERTAS ARMAS CONVENCIONALES QUE PUEDAN
CONSIDERARSE EXCESIVAMENTE NOCIVAS O DE EFECTOS INDISCRIMINADOS DE 1980
(S. 610/000119)(C. D. 110/000118).
El señor PRESIDENTE: El siguiente protocolo trata sobre prohibiciones o
restricciones del empleo de minas, armas trampa y otros artefactos
(Protocolo enmendado II),
adoptado en Ginebra el 3 de mayo de 1996, de la Convención sobre
prohibiciones o restricciones del empleo de ciertas armas convencionales
que puedan considerarse excesivamente nocivas o de efectos
indiscriminados de 1980.
Tiene la palabra don Roberto Soravilla.
El señor SORAVILLA FERNANDEZ: Gracias, señor Presidente.
El Grupo Popular lo que desea es subrayar con el mayor énfasis la
trascendencia que concedemos a la autorización por la Cámara para que el
Gobierno firme este Protocolo II enmendado, y ya me referiré también al
siguiente, que tendremos que aprobar, que es el Protocolo IV, relativo a
las armas láser cegadoras, de la Convención de 1980, conocida como
Convención de armas dañinas, como si algunas no lo fueran, aunque la
verdad es que éstas, las minas antipersonas, lo son muy especialmente, y
lo queremos resaltar, además, cuando faltan unas horas para la firma del
Tratado de Otawa.
El Grupo Popular está, no sólo a favor de este tratado, sino de la
prohibición total, y este Protocolo II lo consideramos un paso importante
para la erradicación del uso de las minas contrapersonas y otras armas
trampa. Sabemos todos, señorías, la crueldad indiscriminada de semejantes
artefactos, cuyos resultados de muerte o de graves mutilaciones físicas,
y no menos graves consecuencias psíquicas, nos muestran con dura crudeza
los medios de comunicación o exposiciones como la que hay en el Circulo
de Bellas Artes, o en algunos casos hemos comprobado personal y
directamente a quienes nos toca visitar zonas en conflicto, como Bosnia,
sin ir más lejos, ni siquiera en la distancia ni en la participación de
nuestros compatriotas. Allí y en todas las latitudes, porque están en
todos los continentes, hemos visto incluso campos feraces sin posibilidad
de ser cultivados, agravando aún más la pobreza de aquellos países por la
simple y siniestra razón de que estos perversos artefactos, sembrados de
odio y con odio, mantienen ciegos una guerra sorda, olvidados de la
concordia y la paz de los hombres y de los inocentes.
A pesar de que nuestra situación geoestratégica --y quisiera resaltar
este aspecto-- no es precisamente la más cómoda --recuerdo simplemente
que en Europa hay países como Finlandia y Grecia que van a mostrar,
precisamente por su situación geoestratégica, alguna reserva--, puedo
decir que España --y quisiera subrayarlo también-- siempre ha trabajado
en el esfuerzo por la prohibición de estas armas dañinas, a cuya
Convención nos adherimos en el año 1994, al tiempo que adoptamos medidas
restrictivas para su comercio y exportación, siguiendo las
recomendaciones de Naciones Unidas y de Cruz Roja Internacional.
Moratoria que, sin período de transición, como suele ser habitual,
convertimos en indefinida tras la acción común europea de 1995, que
incluye la ratificación precisamente de este Protocolo que ahora
nos ocupa por todos sus miembros, con el compromiso añadido de promoverla
para el resto de los países.
En la Conferencia de Otawa --también quisiera subrayarlo-- del pasado
octubre, España no sólo participó de una manera muy activa, sino que
suscribió la declaración final, precisamente a la espera de poder firmar
un tratado definitivo para la prohibición total, que, desde luego, el
Grupo Popular y el Gobierno al que sustenta desearían que tuviera un
carácter vinculante, que fuera verificable y que tuviera un ámbito
universal, porque la Convención de 1980 --quiero recordarlo-- sólo ha
conseguido 25 ratificaciones, y el inminente Tratado de Otawa necesitará
40 ratificaciones para poder entrar en vigor.
Señorías, mi Grupo va a apoyar la autorización para la firma de este
Protocolo II y para el del IV, como he dicho, de armas láser cegadoras,
en su calidad de serio avance hacia la prohibición, con logros muy
concretos, pues si bien sólo se alcanza en él a las minas terrestres, se
ha conseguido incluir la prohibición de su uso también en conflictos
internos, y en todos los casos quedan prohibidas aquellas minas que no
sean detectables y que no sean autodestruibles, lo que incluye,
naturalmente, su fabricación y comercio.
Quisiera decir que ahora se fabrican las minas en plástico para no ser
detectables y que pueden durar hasta cincuenta años activas. En Alemania
todavía hay minas de la II Guerra Mundial activas, resulta un arma muy
barata y muy destructiva porque nada más cuesta la vida de los seres
humanos --nada menos--. Es cierto que por el momento no se logra un
acuerdo de verificación, pero se establece un régimen de sanciones
penales por incumplimiento, y España reafirma, como todos los demás
países, su compromiso, además de ayuda económica y técnica para las
dificultosas labores de desminado.
Por último, señorías, queremos adherirnos, con motivo de este trámite, a
las manifestaciones por la prohibición total que ya se han hecho en la
Cámara Baja, que se han hecho por y desde toda la sociedad, mostrar
nuestra solidaridad más profunda e intensa a tanta víctima inocente, y no
sólo votar por la autorización de la firma de este Protocolo por el
Gobierno, sino respaldar la firma del Tratado de Ottawa y animarle a que
se erija en uno de los principales promotores por la prohibición total, y
sobre todo que persevere en ella.
Muchas gracias, señorías.
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Muchas gracias, Senador
Soravilla.
¿Hay alguna otra petición de palabra? (Pausa.)
Propongo que sea aprobado por asentimiento. (Pausa.)
Así es, así consta y, por tanto, se autoriza en este acto que el Gobierno
pueda prestar su consentimiento para obligarse por medio del Protocolo
sobre prohibiciones o restricciones del empleo de minas, armas trampa y
otros artefactos (Protocolo enmendado II), adoptado en Ginebra el 3 de
mayo de 1996.
-- PROTOCOLO ADICIONAL A LA CONVENCION SOBRE PROHIBICIONES O
RESTRICCIONES DEL EMPLEO DE CIERTAS ARMAS CONVENCIONALES QUE PUEDAN
CONSIDERARSE EXCESIVAMENTE NOCIVAS O DE EFECTOS INDISCRIMINADOS,
«PROTOCOLO SOBRE ARMAS LASER CEGADORAS», PROTOCOLO IV, ADOPTADO EN VIENA
EL 13 DE OCTUBRE DE 1995 (S. 610/000120) (C. D. 110/000119).
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): El siguiente es el Protocolo
adicional a la Convención sobre prohibiciones o restricciones del empleo
de ciertas armas convencionales que puedan considerarse excesivamente
nocivas o de efectos indiscriminados, «Protocolo sobre armas láser
cegadoras», Protocolo IV, adoptado en Viena el 13 de octubre de 1995.
No hay petición de palabra. Propongo que sea aprobado por asentimiento.
(Pausa.)
Por este acto se autoriza la aceptación del Protocolo adicional
mencionado.
-- ENMIENDA AL ARTICULO 15 DEL ACUERDO DE EXPLOTACION RELATIVO A LA
ORGANIZACION EUROPEA DE TELECOMUNICACIONES POR SATELITE (EUTELSAT),
ADOPTADA EN PARIS EL 21 DE FEBRERO DE 1996 (S. 610/000121) (C.D.
110/000120).
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): La siguiente es una enmienda al
artículo 15 del Acuerdo de explotación relativo a la Organización Europea
de Telecomunicaciones por Satélite (EUTELSAT), adoptada en París el 21 de
febrero de 1996.
No se han presentado enmiendas, tampoco hay petición de palabra. Propongo
que sea aprobado por asentimiento. (Pausa.)
Se autoriza en este acto que el Gobierno pueda prestar su consentimiento
a esta enmienda.
-- CONVENIO EUROPEO SOBRE TELEVISION TRANSFRONTERIZA, HECHO EN
ESTRASBURGO EL 5 DE MAYO DE 1989 (S. 610/000122) (C. D.110/000121).
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): El siguiente es el Convenio
Europeo sobre televisión transfronteriza, hecho en Estrasburgo el 5 de
mayo de 1989.
No hay enmiendas, tampoco hay petición de palabra. Propongo que sea
aprobado por asentimiento. (Pausa.).
Así es y, por tanto, se autoriza en este acto que el Gobierno pueda
prestar su consentimiento a este Convenio Europeo sobre televisión
transfronteriza.
-- DECLARACION DE ACEPTACION POR ESPAÑA DE LA ADHESION DE ISLANDIA AL
CONVENIO DE LA HAYA SOBRE ASPECTOS CIVILES DE LA SUSTRACCION
INTERNACIONAL DE MENORES (LA HAYA, 25/10/80) (S. 610/000123) (C. D.
110/000124).
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): La siguiente es la Declaración de
Aceptación por España de la adhesión de Islandia al Convenio de La Haya
sobre aspectos civiles de la sustracción internacional de menores (La
Haya, 25/10/80).
No hay enmiendas, no hay petición de palabra. Propongo que sea aprobado
por asentimiento. (Pausa.)
Así es, así consta y, por tanto, se autoriza en este acto que el Gobierno
pueda prestar su consentimiento a esta Declaración de aceptación.
-- CONVENIO DE EXTRADICION ENTRE EL REINO DE ESPAÑA Y EL REINO DE
MARRUECOS, FIRMADO EN MADRID EL 30/05/97 (S. 610/000124) (C. D.
110/000125).
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): El siguiente es el Convenio de
extradición entre el Reino de España y el Reino de Marruecos, firmado en
Madrid el 30/05/97.
No hay enmiendas, tampoco hay petición de palabra. Propongo que sea
aprobado por asentimiento. (Pausa.)
Así es, así consta y, por tanto, se autoriza en este acto que el Gobierno
pueda prestar su consentimiento a este Convenio de Extradición entre el
Reino de España y el Reino de Marruecos.
-- CONVENIO RELATIVO A LA ASISTENCIA JUDICIAL EN MATERIA PENAL ENTRE EL
REINO DE ESPAÑA Y EL REINO DE MARRUECOS, FIRMADO EN MADRID EL 30/05/97
(S. 610/000125) (C. D.110/000126).
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): El siguiente es el Convenio
relativo a la asistencia judicial en materia penal entre el Reino de
España y el Reino de Marruecos, firmado en Madrid el 30 de mayo de 1997.
No hay enmiendas, no hay petición de palabra. Propongo que sea aprobado
por asentimiento. (Pausa.)
Así es, así consta y, por tanto, se autoriza en este acto que el Gobierno
pueda prestar su consentimiento a este Convenio.
-- CONVENIO ENTRE EL REINO DE ESPAÑA Y EL REINO DE MARRUECOS RELATIVO A
LA ASISTENCIA DE PERSONAS DETENIDAS Y AL TRASLADO DE PERSONAS CONDENADAS,
FIRMADO EN MADRID EL 30 DE MAYO DE 1997 (S. 610/000126) (C. D.
110/000127).
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): El siguiente es el Convenio entre
el Reino de España y el Reino de Marruecos relativo a la asistencia de
personas detenidas y al traslado de personas condenadas, firmado en
Madrid el 30 de mayo de 1997.
No hay enmiendas, tampoco petición de palabra. Propongo su aprobación por
asentimiento. (Pausa.)
Así es, así consta y, por tanto, se autoriza en este acto que el Gobierno
pueda prestar su consentimiento a este Convenio.
-- CONVENIO DE COOPERACION JUDICIAL EN MATERIA CIVIL, MERCANTIL Y
ADMINISTRATIVA ENTRE EL REINO DE ESPAÑA Y EL REINO DE MARRUECOS, FIRMADO
EN MADRID EL 30 DE MAYO DE 1997 (S. 610/000127) (C. D. 110/000128).
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): El siguiente es el Convenio de
cooperación judicial en materia civil, mercantil y administrativa entre
el Reino de España y el Reino de Marruecos, firmado en Madrid el 30 de
mayo de 1997.
No hay enmiendas, tampoco petición de palabra. Propongo que sea aprobado
por asentimiento. (Pausa.)
Así es, así consta y, por tanto, se autoriza en este acto que el Gobierno
pueda prestar su consentimiento a este Convenio.
-- CONVENIO ENTRE EL REINO DE ESPAÑA Y EL REINO DE MARRUECOS SOBRE
ASISTENCIA JUDICIAL, RECONOCIMIENTO Y EJECUCION DE RESOLUCIONES
JUDICIALES EN MATERIA DE DERECHO DE CUSTODIA Y DERECHO DE VISITA Y
DEVOLUCION DE MENORES, FIRMADO EN MADRID EL 30 DE MAYO DE 1997 (S.
610/000128) (C. D. 110/000129).
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): El siguiente es el Convenio entre
el Reino de España y el Reino de Marruecos sobre asistencia judicial,
reconocimiento y ejecución de resoluciones judiciales en materia de
derecho de custodia y derecho de visita y devolución de menores, firmado
en Madrid el 30 de mayo de 1997.
No hay enmiendas, tampoco petición de palabra. Propongo su aprobación por
asentimiento. (Pausa.)
Así es, así consta y, por lo tanto, se autoriza en este acto que el
Gobierno pueda prestar su consentimiento a este convenio.
-- CONVENIO DE COOPERACION JUDICIAL EN MATERIA PENAL ENTRE EL REINO DE
ESPAÑA Y LA REPUBLICA DE COLOMBIA, FIRMADO EN BOGOTA EL 29 DE MAYO DE
1997 (S. 610/000129) (C. D. 110/000130).
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): El siguiente es el convenio de
cooperación judicial en materia penal entre el Reino de España y la
República de Colombia, firmado en Bogotá el 29 de mayo de 1997.
No hay enmiendas, tampoco petición de palabra. Propongo su aprobación por
asentimiento. (Pausa.)
Así es y así consta y, por lo tanto, se autoriza en este acto a que el
Gobierno pueda prestar su consentimiento a este convenio.
-- TRATADO DE EXTRADICION ENTRE EL REINO DE ESPAÑA Y LA REPUBLICA DE EL
SALVADOR, FIRMADO EN MADRID EL 10 DE MARZO DE 1997 (S. 610/000130) (C. D.
110/000131).
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): El siguiente es el Tratado de
Extradición entre el Reino de España y la República de El Salvador,
firmado en Madrid el 10 de marzo de 1997.
No hay enmiendas, tampoco petición de palabra. Propongo su aprobación por
asentimiento. (Pausa.)
Así es, así consta y, por lo tanto, se autoriza en este acto que el
Gobierno pueda prestar su consentimiento a este Tratado de Extradición.
-- CONVENIO DE COOPERACION JUDICIAL EN MATERIA PENAL ENTRE EL REINO DE
ESPAÑA Y LA REPUBLICA DE EL SALVADOR, FIRMADO EN MADRID EL 10 DE MARZO DE
1997 (S. 610/000131) (C. D. 110/000132).
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): El siguiente es el convenio de
cooperación judicial en materia penal entre el Reino de España y la
República de El Salvador, firmado en Madrid el 10 de marzo de 1997.
No hay enmiendas, tampoco petición de palabra. Propongo su aprobación por
asentimiento. (Pausa.)
Así es y así consta y, por lo tanto, se autoriza en este acto que el
Gobierno pueda prestar su consentimiento a dicho convenio.
-- CONVENIO ENTRE LOS ESTADOS PARTE DEL TRATADO DEL ATLANTICO NORTE Y LOS
OTROS ESTADOS PARTICIPANTES EN LA ASOCIACION PARA LA PAZ, RELATIVO AL
ESTATUTO DE SUS FUERZAS Y PROTOCOLO ADICIONAL AL MISMO, HECHOS EN
BRUSELAS EL 19 DE JUNIO DE 1995, ASI COMO RESERVA QUE EL GOBIERNO ESPAÑOL
VA A FORMULAR EN EL MOMENTO DE SU RATIFICACION (S. 610/000132) (C. D.
110/000133).
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): El siguiente es el convenio entre
los Estados Parte del Tratado del Atlántico Norte y los otros Estados
participantes en la Asociación para la Paz, relativo al Estatuto de sus
Fuerzas y Protocolo Adicional al mismo, hechos en Bruselas el 19 de junio
de 1995, así como reserva que el Gobierno español va a formular en el
momento de su ratificación. (El señor Román Clemente pide la palabra).
El Senador Román Clemente tiene la palabra.
El señor ROMAN CLEMENTE: Muchas gracias, señor Presidente.
Intervengo para anunciar que votaremos en contra de este convenio.
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Muchas gracias, señoría.
Sometemos a votación si autorizamos o no que el Gobierno pueda prestar su
consentimiento para obligarse, por medio del Convenio entre los Estados
Partes del Tratado del Atlántico Norte y los otros Estados participantes
en la Asociación para la Paz, relativo al Estatuto de sus Fuerzas y
Protocolo adicional al mismo, hechos en Bruselas el 19 de junio de 1995,
así como reserva que el Gobierno español va a formular en el momento de
su ratificación. (Pausa.)
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 197; a
favor, 193; en contra, cuatro.
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Queda aprobado.
Por lo tanto, se autoriza en este acto que el Gobierno pueda prestar su
consentimiento a dicho convenio.
-- ACUERDO ENTRE EL GOBIERNO DE LA REPUBLICA DE ALBANIA Y LOS GOBIERNOS
DE LAS NACIONES CONTRIBUYENTES A LA FUERZA MULTINACIONAL DE PROTECCION,
RELATIVO AL ESTATUTO DE DICHA FUERZA, HECHO EN ROMA EL 21 DE ABRIL DE
1997 (S. 610/000133) (C. D. 110/000134).
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Acuerdo entre el Gobierno de la
República de Albania y los gobiernos de las naciones contribuyentes a la
Fuerza Multinacional de Protección, relativo al Estatuto de dicha Fuerza,
hecho en Roma el 21 de abril de 1997.
No hay enmiendas. Tampoco hay petición de palabra. Propongo su aprobación
por asentimiento. (Pausa.)
Así es y así consta. Por lo tanto, se autoriza en este acto que el
Gobierno pueda prestar su consentimiento a dicho acuerdo.
-- ACUERDO ENTRE EL REINO DE ESPAÑA Y LA REPUBLICA DE EL SALVADOR SOBRE
TRANSPORTE AEREO, FIRMADO EN MADRID EL 10 DE MARZO DE 1997 (S.
610/000134) (C. D. 110/000135).
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Acuerdo entre el Reino de España
y la República de El Salvador sobre Transporte Aéreo, firmado en Madrid
el 10 de marzo de 1997.
No hay enmiendas. Tampoco hay petición de palabra. Propongo su aprobación
por asentimiento. (Pausa.)
Así es y así consta. Por lo tanto, se autoriza en este acto que el
Gobierno pueda prestar su consentimiento a dicho acuerdo.
-- CONVENIO ENTRE EL REINO DE ESPAÑA Y LA REPUBLICA PORTUGUESA PARA LA
CONSTRUCCION DE UN PUENTE INTERNACIONAL SOBRE EL RIO MANZANAS, ENTRE LAS
LOCALIDADES DE SAN MARTIN DE PEDROSO (ESPAÑA) Y QUINTANILHA (PORTUGAL),
FIRMADO EN MADRID EL 24 DE JUNIO DE 1997 (S. 610/000135) (C. D.
110/000136).
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Convenio entre el Reino de España
y la República Portuguesa para la construcción de un puente internacional
sobre el río Manzanas, entre las localidades de San Martín de Pedroso
(España) y Quintanilha (Portugal), firmado en Madrid el 24 de junio de
1997.
No hay enmiendas. Tampoco hay petición de palabra. Propongo su aprobación
por asentimiento. (Pausa.)
Así es y así consta. Por lo tanto, se autoriza en este acto a que el
Gobierno pueda prestar su consentimiento a dicho convenio.
-- CONVENIO ENTRE EL REINO DE ESPAÑA Y LA REPUBLICA PORTUGUESA PARA LA
CONSTRUCCION DE UN PUENTE INTERNACIONAL SOBRE EL RIO TAMEGA, ENTRE LAS
LOCALIDADES DE FECES DE ABAIXO (ESPAÑA) y VILA VERDE DA RAIA (PORTUGAL),
FIRMADO EN MADRID EL 24 DE JUNIO DE 1997 (S. 610/000136) (C.
D.110/000137).
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Convenio entre el Reino de España
y la República Portuguesa para la construcción de un puente internacional
sobre el río Támega, entre las localidades de Feces de Abaixo (España) y
Vila Verde da Raia (Portugal), firmado en Madrid el 24 de junio de 1997.
No hay enmiendas. Tampoco hay petición de palabra. Propongo su aprobación
por asentimiento. (Pausa.)
Así es y así consta. Por lo tanto, se autoriza en este acto a que el
Gobierno pueda prestar su consentimiento a este convenio.
Anuncio a sus señorías que solamente faltan dos. (Risas.)
-- CANJE DE NOTAS CONSTITUTIVO DE ACUERDO ENTRE ESPAÑA Y RUMANIA SOBRE LA
MODIFICACION DEL CONVENIO SOBRE TRANSPORTE AEREO ENTRE EL GOBIERNO DE
ESPAÑA Y EL GOBIERNO DE LA REPUBLICA SOCIALISTA DE RUMANIA Y ANEXO,
FIRMADO EN MADRID EL 10 DE ENERO DE 1980 (S. 610/000137) (C. D.
110/000138)
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Canje de notas constitutivo de
acuerdo entre España y Rumanía sobre la modificación del Convenio sobre
transporte aéreo entre el Gobierno de España y el Gobierno de la
República Socialista de Rumanía y Anexo, firmado en Madrid el 10 de enero
de 1980.
No hay enmiendas. Tampoco hay petición de palabra. Propongo su aprobación
por asentimiento. (Pausa.)
Así es y así consta. Por lo tanto, se autoriza en este acto a que el
Gobierno pueda prestar su consentimiento para obligarse por medio del
canje de notas constitutivo de acuerdo entre España y Rumanía.
-- CANJE DE NOTAS CONSTITUTIVO DE ACUERDO ENTRE ESPAÑA Y URUGUAY SOBRE LA
MODIFICACION DEL ACUERDO SOBRE TRANSPORTE AEREO COMERCIAL ENTRE EL REINO
DE ESPAÑA Y LA REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY, FIRMADO EN MONTEVIDEO EL
13 DE AGOSTO DE 1979 (S. 610/000138) (C. D. 110/000139).
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Canje de notas constitutivo de
acuerdo entre España y Uruguay sobre la modificación del Acuerdo sobre
transporte aéreo comercial entre el Reino de España y la República
Oriental del Uruguay, firmado en Montevideo el 13 de agosto de 1979.
No hay enmiendas. Tampoco hay petición de palabra. Propongo su aprobación
por asentimiento. (Pausa.)
Así es y así consta. Por lo tanto, se autoriza en este acto a que el
Gobierno pueda prestar su consentimiento a dicho canje de notas.
Se levanta la sesión hasta mañana a las diez.
Eran las veinte horas y diez minutos.