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DS. Senado, Pleno, núm. 58, de 08/10/1997
CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL
SENADO
Año 1997 VI Legislatura
Núm. 58
PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. JUAN IGNACIO BARRERO VALVERDE
Sesión del Pleno
celebrada el miércoles, 8 de octubre de 1997
ORDEN DEL DIA:
Primero
Preguntas:
--De don Victoriano Ríos Pérez, del Grupo Parlamentario Mixto, sobre la
situación actual y el proceso previsto en el plan de privatización de la
Compañía Trasmediterránea, S. A. (publicada en «Boletín Oficial de las
Cortes Generales», Senado, Serie I, número 303, de fecha 6 de octubre de
1997). (Número de expediente 680/000334.)
--De don Octavio José Granado Martínez, del Grupo Parlamentario
Socialista, sobre si sigue manteniendo el Gobierno su valoración del
Sistema de Financiación de las Comunidades Autónomas para el quinquenio
1997-2001, una vez conocido el dato de que, en el ejercicio de 1995,
nueve de las catorce Comunidades Autónomas que entraron en el antiguo
modelo de participación en el Impuesto sobre la Renta de las Personas
Físicas (IRPF) recibieron, como liquidación definitiva de su tramo, el
mínimo garantizado, que queda suprimido en el nuevo sistema (publicada en
el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie I, número
303, de fecha 6 de octubre de 1997). (Número de expediente 680/000337.)
--De don Tomás Pedro Burgos Beteta, del Grupo Parlamentario Popular en el
Senado, sobre las gestiones que está realizando el Ministerio de Justicia
para que la ciudad de Toledo disponga algún día de un Palacio de Justicia
que agrupe a todos los órganos judiciales, solucionando así los
inconvenientes que comporta la actual dispersión de los mismos en varios
edificios (publicada en «Boletín Oficial de las Cortes Generales»,
Senado, Serie I, número 303, de fecha 6 de octubre de 1997). (Número de
expediente 680/000342.)
--De don Virgilio Velasco Bueno, del Grupo Parlamentario Popular en el
Senado, sobre las medidas que está llevando a cabo del Ministerio de
Justicia para solucionar el abandono que sufre desde hace tiempo la
informática judicial en la Comunidad Autónoma de Castilla y León
(publicada en «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie I,
número 303, de fecha 6 de octubre de 1997). (Número de expediente
680/000343.)
--De doña Inmaculada de Boneta y Piedra, del Grupo Parlamentario Mixto,
sobre las medidas previstas por el Gobierno para resolver o paliar la
situación de los inmigrantes que se encuentran en la ciudad de Ceuta y
Melilla (publicada en «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado,
Serie I, número 303, de fecha 6 de octubre de 1997). (Número de
expediente 680/000333.)
--De don Jesús María Ruiz-Ayúcar Alonso, del Grupo Parlamentario Popular
en el Senado, sobre los convenios que se han suscrito o está previsto
suscribir para el desarrollo de las actuaciones de reindustrialización en
1997 (publicada en «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado,
Serie I, número 303, de fecha 6 de octubre de 1997). (Número de
expediente 680/000344.)
--De don Jaime Lobo Asenjo, del Grupo Parlamentario Popular en el Senado,
sobre si pretende el Ministerio de Industria y Energía llevar el proceso
de reducción de actividad y de empleo en el sector de la minería del
carbón más allá de los límites acordados con las centrales sindicales,
mediante acuerdos con las empresas del sector, para aplicar reducciones
mucho más drásticas (publicada en «Boletín Oficial de las Cortes
Generales», Senado, Serie I, número 303, de fecha 6 de octubre de 1997).
(Número de expediente 680/000345.)
--De doña María Gema Díaz Villegas, del Grupo Parlamentario Popular en el
Senado, sobre el beneficio que ha supuesto para los agricultores la
renegociación de los convenios de colaboración con entidades financieras
efectuados por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, sobre
mejoras agrarias, estructurales y modernización de las explotaciones,
para el desarrollo del Real Decreto 204/1996, de 9 de febrero (publicada
en «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie I, número
303, de fecha 6 de octubre de 1997). (Número de expediente 680/000346.)
--De don Juan Manuel Armario Vázquez, del Grupo Parlamentario Popular en
el Senado, sobre las medidas que está llevando a cabo el Gobierno para
regularizar el cultivo del algodón (publicada en «Boletín Oficial de las
Cortes Generales», Senado, Serie I, número 303, de fecha 6 de octubre de
1997). (Número de expediente 680/000347.)
--De don Josep Ramon Mòdol Pifarré, del Grupo Parlamentario Socialista,
sobre el grado de cumplimiento, en la presente Legislatura, del Convenio
sobre principios para la autorregulación de las cadenas de televisión, en
relación con determinados contenidos de su programación referidos a la
protección de la infancia y la juventud, suscrito por el Ministerio de
Educación y Ciencia, las Consejerías de Educación de las Comunidades
Autónomas y las cadenas de televisión, en marzo de 1993 (publicada en
«Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie I, número 303,
de fecha 6 de octubre de 1997). (Número de expediente 680/000338.)
--De don Ignacio Díez González, del Grupo Parlamentario Socialista, sobre
los criterios actuales del Gobierno en relación con la concesión o
denegación del permiso de trabajo a extranjeros (publicada en «Boletín
Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie I, número 303, de fecha 6
de octubre de 1997). (Número de expediente 680/000336.)
--De don Josep Varela i Serra, del Grupo Parlamentario Catalán en el
Senado de Convergència i Unió, sobre los criterios del Gobierno respecto
a la presencia del catalán en la programación de Televisión Española, S.
A. (TVE), en Cataluña (publicada en «Boletín Oficial de las Cortes
Generales», Senado, Serie I, número 303, de fecha 6 de octubre de 1997).
(Número de expediente 680/000335.)
--De doña Ana Isabel Arnáiz de las Revillas García, del Grupo
Parlamentario Socialista, sobre si cree el Gobierno que, en general, los
ciudadanos tienen interés en que adopte medidas que impidan que los
derechos que Televisión Española, S. A. (TV), tiene sobre las
retransmisiones deportivas sean cedidos para la promoción de una cadena
de televisión de pago (publicada en «Boletín Oficial de las Cortes
Generales», Senado, Serie I, número 303, de fecha 6 de octubre de 1997).
(Número de expediente 680/000340.)
--De don Francisco Javier Rojo García, del Grupo Parlamentario
Socialista, sobre las medidas adoptadas por el Gobierno para clarificar
las afirmaciones hechas por el Decano del Colegio de Economistas de
Madrid, relativas al encargo que recibió de un Secretario de Estado para
elaborar un informe relativo a la empresa Sociedad de Gestión de Cable,
S. A. (SOGECABLE) (publicada en «Boletín Oficial de las Cortes
Generales», Senado, Serie I, número 303, de fecha 6 de octubre de 1997).
(Número de expediente 680/000341.)
--De don Carlos Alberto González Príncipe, del Grupo Parlamentario
Socialista, sobre si las críticas formuladas por los apresamientos de
nuestros pesqueros en el caladero marroquí-sahariano son la causa del
cese del
Cónsul de España en Agadir (Marruecos) (publicada en «Boletín Oficial de
las Cortes Generales», Senado, Serie I, número 303, de fecha 6 de octubre
de 1997). (Número de expediente 680/000339.)
Segundo
Interpelaciones:
--De don Pedro Rodríguez Cantero, del Grupo Parlamentario Socialista,
sobre las actuaciones del Gobierno para dar respuesta a las demandas
planteadas por los cultivadores del algodón (publicada en «Boletín
Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie I, número 303, de fecha 6
de octubre de 1997). (Número de expediente 670/000054.)
--De don Manuel Marcos Pérez Hernández, del Grupo Parlamentario
Socialista, sobre las acciones porevistas por el Gobierno en orden a
garantizar el actual Reglamento (CEE) 404/93 del Consejo, de 13 de
febrero de 1993, por el que se establece la Organización Común de Mercado
(OCM) en el sector del plátano (publicada en «Boletín Oficial de las
Cortes Generales», Senado, Serie I, número 303, de fecha 6 de octubre de
1997). (Número de expediente 670/000055.)
--De don Jaime Lissavetzky Díez, del Grupo Parlamentario Socialista,
sobre la política en materia de universidades que está llevando a la
práctica el Ministerio de Educación y Cultura (publicada en «Boletín
Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie I, número 303, de fecha 6
de octubre de 1997). (Número de expediente 670/000056.)
Tercero
Dictámenes de Comisiones sobre Proyectos y Proposiciones de Ley remitidos
por el Congreso de los Diputados:
--De la Comisión de Trabajo y Seguridad Social en relación con el
Proyecto de Ley Ordenadora de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social
(publicado en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie
II, número 28, de fecha 2 de octubre de 1997). (Número de expediente S.
621/000028. Número de expediente C. D. 121/000030.)
SUMARIO
Se abre la sesión a las diez horas y diez minutos.
JURAMENTO O PROMESA DE ACATAMIENTO A LA CONSTITUCION DEL EXCELENTISIMO
SEÑOR SENADOR DON JOAN OLIART PONS (Página 2409)
El señor Oliart Pons, Senador suplente de don Jordi Maragall i Noble, por
la circunscripción de Barcelona, promete acatar la Constitución.
PREGUNTAS (Página 2409)
De don Victoriano Ríos Pérez, del Grupo Parlamentario Mixto, sobre la
situación actual y el proceso previsto en el plan de privatización de la
Compañía Trasmediterránea, S. A. (Página 2409)
El señor Ríos Pérez formula su pregunta. En nombre del Gobierno, le
contesta el señor Ministro de Economía y Hacienda (De Rato y Figaredo).
En turno de réplica, interviene de nuevo el señor Ríos Pérez. En turno de
dúplica, lo hace el señor Ministro de Economía y Hacienda (De Rato y
Figaredo).
De don Octavio José Granado Martínez, del Grupo Parlamentario Socialista,
sobre si sigue manteniendo el Gobierno su valoración del Sistema de
Financiación de las Comunidades Autónomas para el quinquenio 1997-2001,
una vez conocido el dato de que, en el ejercicio de 1995, nueve de las
catorce Comunidades Autónomas que entraron en el antiguo modelo de
participación en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas
(IRPF) recibieron, como liquidación definitiva de su tramo, el mínimo
garantizado, que queda suprimido en el nuevo sistema (Página 2411)
El señor Granado Martínez formula su pregunta. En nombre del Gobierno, le
contesta el señor Ministro de Administraciones Públicas (Rajoy Brey). En
turno de réplica, interviene de nuevo el señor Granado Martínez. En turno
de dúplica, lo hace el señor Ministro de Administraciones Públicas (Rajoy
Brey).
De don Tomás Pedro Burgos Beteta, del Grupo Parlamentario Popular en el
Senado, sobre las gestiones que está realizando el Ministerio de Justicia
para que la ciudad de Toledo disponga algún día de un Palacio de Justicia
que agrupe a todos los órganos judiciales, solucionando así los
inconvenientes que comporta la actual dispersión de los mismos en varios
edificios (Página 2413)
El señor Burgos Beteta formula su pregunta. En nombre del Gobierno, le
contesta la señora Ministra de Justicia (Mariscal de Gante y Mirón).
De don Virgilio Velasco Bueno, del Grupo Parlamentario Popular en el
Senado, sobre las medidas que está llevando a cabo el Ministerio de
Justicia para solucionar el abandono que sufre desde hace tiempo la
informática judicial en la Comunidad Autónoma de Castilla y León
(Página 2414)
El señor Velasco Bueno formula su pregunta. En nombre del Gobierno, le
contesta la señora Ministra de Justicia (Mariscal de Gante y Mirón). En
turno de réplica, interviene de nuevo el señor Velasco Bueno.
De doña Inmaculada de Boneta y Piedra, del Grupo Parlamentario Mixto,
sobre las medidas previstas por el Gobierno para resolver o paliar la
situación de los inmigrantes que se encuentran en las ciudades de Ceuta y
Melilla (Página 2415)
La señora De Boneta y Piedra formula su pregunta. En nombre del Gobierno,
le contesta el señor Ministro del Interior (Mayor Oreja). En turno de
réplica, interviene de nuevo la señora De Boneta y Piedra. En turno de
dúplica, lo hace el señor Ministro del Interior (Mayor Oreja).
De don Jesús María Ruiz-Ayúcar Alonso, del Grupo Parlamentario Popular en
el Senado, sobre los convenios que se han suscrito o está previsto
suscribir para el desarrollo de las actuaciones de reindustrialización en
1997 (Página 2416)
El señor Ruiz-Ayúcar Alonso formula su pregunta. En nombre del Gobierno,
le contesta el señor Ministro de Industria y Energía (Piqué i Camps). En
turno de réplica, interviene de nuevo el señor Ruiz-Ayúcar Alonso.
De don Jaime Lobo Asenjo, del Grupo Parlamentario Popular en el Senado,
sobre si pretende el Ministerio de Industria y Energía llevar el proceso
de reducción de actividad y de empleo en el sector de la minería del
carbón más allá de los límites acordados con las centrales sindicales,
mediante acuerdos con las empresas del sector, para aplicar reducciones
mucho más drásticas (Página 2417)
El señor Lobo Asenjo formula su pregunta. En nombre del Gobierno, le
contesta el señor Ministro de Industria y Energía (Piqué i Camps). En
turno de réplica, interviene de nuevo el señor Lobo Asenjo.
De doña María Gema Díaz Villegas, del Grupo Parlamentario Popular en el
Senado, sobre el beneficio que ha supuesto para los agricultores la
renegociación de los convenios de colaboración con entidades financieras
efectuados por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, sobre
mejoras agrarias, estructurales y modernización de las explotaciones,
para el desarrollo del Real Decreto 204/1996, de 9 de febrero (Página 2418)
La señora Díaz Villegas formula su pregunta. En nombre del Gobierno, le
contesta la señora Ministra de Agricultura, Pesca y Alimentación (De
Palacio del ValleLersundi). En turno de réplica, interviene de nuevo la
señora Díaz Villegas.
De don Juan Manuel Armario Vázquez, del Grupo Parlamentario Popular en el
Senado, sobre las medidas que está llevando a cabo el Gobierno para
regularizar el cultivo del algodón (Página 2420)
El señor Armario Vázquez formula su pregunta. En nombre del Gobierno, le
contesta la señora Ministra de Agricultura, Pesca y Alimentación (De
Palacio del Valle-Lersundi). En turno de réplica, interviene de nuevo el
señor Armario Vázquez.
De don Josep Ramon Mòdol Pifarré, del Grupo Parlamentario Socialista,
sobre el grado de cumplimiento, en la presente Legislatura, del Convenio
sobre principios para la autorregulación de las cadenas de televisión, en
relación con determinados contenidos de su programación referidos a la
protección de la infancia y la juventud, suscrito por el Ministerio de
Educación y Ciencia, las Consejerías de Educación de las Comunidades
Autónomas y las cadenas de televisión, en marzo de 1993 (Página 2421)
El señor Mòdol Pifarré formula su pregunta. En nombre del Gobierno, le
contesta la señora Ministra de Educación y Cultura (Aguirre y Gil de
Biedma). En turno de réplica, interviene de nuevo el señor Mòdol Pifarré.
En turno de dúplica, lo hace la señora Ministra de Educación y Cultura
(Aguirre y Gil de Biedma).
De don Ignacio Díez González, del Grupo Parlamentario Socialista, sobre
los criterios actuales del Gobierno en relación con la concesión o
denegación del permiso de trabajo a extranjeros (Página 2422)
El señor Díez González formula su pregunta. En nombre del Gobierno, le
contesta el señor Ministro de Trabajo y Asuntos Sociales (Arenas
Bocanegra). En turno de réplica, interviene de nuevo el señor Díez
González. En turno de dúplica, lo hace el señor Ministro de Trabajo y
Asuntos Sociales (Arenas Bocanegra).
De don Josep Varela i Serra, del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado
de Convergència i Unió, sobre los criterios del Gobierno respecto a la
presencia del catalán en la programación de Televisión Española, S. A.
(TVE), en Cataluña (Página 2424)
El señor Varela i Serra formula su pregunta. En nombre del Gobierno, le
contesta el señor Ministro de la Presidencia (Alvarez-Cascos Fernández).
En turno de réplica, interviene de nuevo el señor Varela i Serra. En
turno de dúplica, lo hace el señor Ministro de la Presidencia
(Alvarez-Cascos Fernández).
De doña Ana Isabel Arnáiz de las Revillas García, del Grupo Parlamentario
Socialista, sobre si cree el Gobierno que, en general, los ciudadanos
tienen interés en que adopte medidas que impidan que los derechos que
Televisión Española, S. A. (TVE), tiene sobre las retransmisiones
deportivas sean cedidos para la promoción de una cadena de televisión de
pago (Página 2425)
La señora Arnáiz de las Revillas García formula su pregunta. En nombre
del Gobierno, le contesta el señor Ministro de la Presidencia
(Alvarez-Cascos Fernández). En turno de réplica, interviene de nuevo la
señora Arnáiz de las Revillas García. En turno de dúplica, lo hace el
señor Ministro de la Presidencia (Alvarez-Cascos Fernández).
De don Francisco Javier Rojo García, del Grupo Parlamentario Socialista,
sobre las medidas adoptadas por el Gobierno para clarificar las
afirmaciones hechas por el Decano del Colegio de Economistas de Madrid,
relativas al encargo que recibió de un Secretario de Estado para elaborar
un informe relativo a la empresa Sociedad de Gestión de Cable, S. A.
(SOGECABLE) (Página 2426)
El señor Rojo García formula su pregunta. En nombre del Gobierno, le
contesta el señor Ministro de la Presidencia (Alvarez-Cascos Fernández).
En turno de réplica, interviene de nuevo el señor Rojo García. En turno
de dúplica, lo hace el señor Ministro de la Presidencia (Alvarez-Cascos
Fernández).
De don Carlos Alberto González Príncipe, del Grupo Parlamentario
Socialista, sobre si las críticas formuladas por los apresamientos de
nuestros pesqueros en el caladero marroquí-sahariano son la causa del
cese del Cónsul de España en Agadir (Marruecos) Esta pregunta ha sido
aplazada.
INTERPELACIONES (Página 2427)
De don Pedro Rodríguez Cantero, del Grupo Parlamentario Socialista, sobre
las actuaciones del Gobierno para dar respuesta a las demandas planteadas
por los cultivadores del algodón
El señor Rodríguez Cantero realiza la interpelación. En nombre del
Gobierno, responde a la misma la señora Ministra de Agricultura, Pesca y
Alimentación (De Palacio del Valle-Lersundi). Vuelve a intervenir el
señor interpelante. En turno de portavoces, hacen uso de la palabra los
señores Roig i Grau, por el Grupo Catalán en el Senado de Convergència i
Unió, y Armario Vázquez, por el Grupo Popular. Cierra el debate la señora
Ministra de Agricultura, Pesca y Alimentación (De Palacio del
Valle-Lersundi).
De don Manuel Marcos Pérez Hernández, del Grupo Parlamentario Socialista,
sobre las acciones previstas por el Gobierno en orden a garantizar el
actual Reglamento (CEE) 404/93 del Consejo, de 13 de febrero de 1993, por
el que se establece la
Organización Común de Mercado (OCM) en el sector del plátano (Página 2434)
El señor Pérez Hernández realiza la interpelación. En nombre del
Gobierno, responde a la misma la señora Ministra de Agricultura, Pesca y
Alimentación (De Palacio del Valle-Lersundi). Vuelve a intervenir el
señor interpelante. En turno de portavoces, hacen uso de la palabra los
señores Ríos Pérez, por el Grupo Mixto; Roig i Grau, por el Grupo Catalán
en el Senado de Convergència i Unió, y Galván de Urzáiz, por el Grupo
Popular. Cierra el debate la señora Ministra de Agricultura, Pesca y
Alimentación (De Palacio del Valle-Lersundi).
De don Jaime Lissavetzky Díez, del Grupo Parlamentario Socialista, sobre
la política general en materia de universidades que está llevando a la
práctica el Ministerio de Educación y Cultura (Página 2443)
El señor Lissavetzky Díez realiza la interpelación. En nombre del
Gobierno, responde a la misma la señora Ministra de Educación y Cultura
(Aguirre y Gil de Biedma). Vuelve a intervenir el señor interpelante. En
turno de portavoces, hacen uso de la palabra la señora De Boneta y
Piedra, por el Grupo Mixto, y los señores Bolinaga Bengoa, por el Grupo
de Senadores Nacionalistas Vascos; Varela i Serra, por el Grupo Catalán
en el Senado de Convergència i Unió, y Vidal-Quadras i Roca, por el Grupo
Popular.
Se suspende la sesión a las catorce horas y treinta y cinco minutos.
Se reanuda la sesión a las dieciséis horas y cinco minutos.
DICTAMENES DE COMISIONES SOBRE PROYECTOS Y PROPOSICIONES DE LAY REMITIDOS
POR EL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS (Página 2452)
De la Comisión de Trabajo y Seguridad Social en relación con el Proyecto
de Ley Ordenadora de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social
(Página 2452)
El señor Lobo Asenjo presenta el dictamen.
Se abre debate de totalidad.
La señora De Boneta y Piedra, del Grupo Mixto, defiende la propuesta de
veto número 1. El señor Fernández Menéndez consume un turno en contra. En
turno de portavoces, hacen uso de la palabra los señores Albistur Marín,
por el Grupo de Senadores Nacionalistas Vascos; Vidal i Perpiñá, por el
Grupo Catalán en el Senado de Convergència i Unió; Galán Pérez, por el
Grupo Socialista, y Fernández Menéndez, por el Grupo Popular. El señor
Albistur Marín interviene de nuevo en virtud del artículo 87.
Se rechaza la propuesta de veto número 1, de la señora De Boneta y
Piedra, del Grupo Mixto, por 3 votos a favor, 191 en contra y 6
abstenciones.
Comienza el debate del articulado.
Capítulo I, artículos 1 a 14.
Se dan por defendidas las enmiendas números 10 a 34, de los señores Nieto
Cicuéndez y Román Clemente, del Grupo Mixto. El señor Galán Pérez
defiende las enmiendas números 46 a 49, 51, 54 y 57 a 59, retirando las
números 53, 56 y 62, del Grupo Socialista. El señor Gutiérrez Ruiz
consume un turno en contra. En turno de portavoces, hacen uso de la
palabra los señores Albistur Marín, por el Grupo de Senadores
Nacionalistas Vascos; Vidal i Perpiñá, por el Grupo Catalán en el Senado
de Convergència i Unió; Galán Pérez, por el Grupo Socialista, y Gutiérrez
Ruiz, por el Grupo Popular.
Se procede a votar.
Se rechaza la enmienda número 21, del Grupo Mixto, por 1 voto a favor,
120 en contra y 85 abstenciones.
Se rechazan las enmiendas números 13, 23, 29, 31, 32 y 33, del Grupo
Mixto, por 81 votos a favor, 120 en contra y 6 abstenciones.
Se rechazan las restantes enmiendas del Grupo Mixto por 1 voto a favor,
200 en contra y 6 abstenciones.
Se rechaza la enmienda número 59 del Grupo Socialista, por 95 votos a
favor, 110 en contra y 1 abstención.
Se rechazan las enmiendas números 46 a 49 y 54, del Gruo Socialista, por
82 votos a favor, 119 en contra y 5 abstenciones.
Se aprueban dos propuestas de modificación, en relación con las enmiendas
números 48 y 51 del Grupo Socialista, por asentimiento de la Cámara.
Se aprueban los artículos 1 a 14 del dictamen, con las modificaciones
introducidas, por 199 votos a favor y 2 abstenciones.
Capítulo II, artículos 15 a 21.
Se dan por defendidas las enmiendas números 35 y 36, de los señores Nieto
Cicuéndez y Román Clemente, así
como las números 1 a 8, de la señora De Boneta y Piedra, del Grupo Mixto.
El señor Rodríguez de la Borbolla Camoyán defiende las enmiendas números
64 y 65, del Grupo Socialista. El señor Fernández Menéndez, consume un
turno en contra. En turno de portavoces, hacen uso de la palabra los
señores Vidal i Pepiñá, por el Grupo Catalán en el Senado de Convergència
i Unió; Rodríguez de la Borboya Camoyán, por el Grupo Socialista, y
Fernández Menéndez, por el Grupo Popular.
Disposiciones adicionales, transitoria, derogatoria y final. Exposición
de motivos.
Se dan por defendidas las enmiendas números 9 y 37 a 41, de los señores
Nieto Cicuéndez y Román Clemente, del Grupo Mixto. El señor Vidal i
Perpiñá defiende la enmienda número 77, del Grupo Catalán en el Senado de
Convergència i Unió. El señor Galán Pérez defiende el voto particular
número 4, de vuelta al texto del Congreso de los Diputados, y las
enmiendas números 68 a 71 y 74 a 76, del Grupo Socialista. El señor
Fernández Menéndez consume un turno en contra. En turno de portavoces,
hacen uso de la palabra la señora De Boneta y Piedra, por el Grupo Mixto,
y los señores Vidal i Perpiñá, por el Grupo Catalán en el Senado de
Convergència i Unió; Galán Pérez, por el Grupo Socialista, y Fernández
Menéndez, por el Grupo Popular.
Se procede a votar.
Se rechaza la enmienda número 35, del Grupo Mixto, por 1 voto a favor,
119 en contra y 84 abstenciones.
Se rechaza la enmienda número 36, del Grupo Mixto, por 84 votos a favor y
119 en contra.
Se aprueba la enmienda número 1, del Grupo Mixto, por 202 votos a favor y
1 en contra.
Se rechazan las enmiendas números 2 a 8, del Grupo Mixto, por 2 votos a
favor, 196 en contra y 4 abstenciones.
Se rechazan las enmiendas números 64 y 65, del Grupo Socialista, por 88
votos a favor, 113 en contra y 4 abstenciones.
Se rechazan las enmiendas números 9, 40 y 41, del Grupo Mixto, por 198
votos en contra y 6 abstenciones.
Se rechazan las enmiendas números 37 a 39, del Grupo Mixto, por 81 votos
a favor, 119 en contra y 4 abstenciones.
Se rechaza el voto particular número 4, del Grupo Socialista, por 81
votos a favor, 121 en contra y 3 abstenciones.
El señor Aleu i Jornet retira en este momento la enmienda número 74, del
Grupo Socialista.
Se rechazan las enmiendas números 68 a 71, del Grupo Socialista, por 81
votos a favor, 120 en contra y 4 abstenciones.
Se aprueba una propuesta de modificación, en relación con las enmiendas
números 75 y 76, del Grupo Socialista, y 77, del Grupo Catalán en el
Senado de Convergència i Unió, por asentimiento de la Cámara.
Se aprueban los artículos 15 a 21, las disposiciones adicionales,
transitoria, derogatoria y final, así como la Exposición de motivos, por
204 votos a favor y 1 abstención.
El señor Presidente comunica a la Cámara el traslado de las enmiendas
aprobadas por el Senado al Congreso de los Diputados.
Se levanta la sesión a las dieciocho horas y cinco minutos.
Se abre la sesión a las diez horas y diez minutos.
--JURAMENTO O PROMESA DE ACATAMIENTO A LA CONSTITUCION DEL EXCELENTISIMO
SEÑOR SENADOR DON JOAN OLIART PONS. (500/000266.)
El señor PRESIDENTE: Se abre la sesión.
En primer lugar, vamos a tomar juramento o promesa de acatamiento a la
Constitución al excelentísimo señor don Joan Oliart Pons, Senador por la
circunscripción de Barcelona.
Senador Oliart Pons, ¿jura o promete acatar la Constitución?
El señor OLIART PONS: Sí, prometo.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.
PREGUNTAS:
--DE DON VICTORIANO RIOS PEREZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO, SOBRE LA
SITUACION ACTUAL Y EL PROCESO PREVISTO EN EL PLAN DE PRIVATIZACION DE LA
COMPAÑIA TRASMEDITERRANEA. (680/000334.)
El señor PRESIDENTE: Punto primero del orden del día, preguntas.
En primer término, de don Victoriano Ríos Pérez, del Grupo Parlamentario
Mixto, sobre la situación actual y el
proceso previsto en el plan de privatización de la Compañía
Trasmediterránea.
Tiene la palabra el Senador Ríos Pérez.
El señor RIOS PEREZ: Señor Presidente, señor Ministro, señorías, buenos
días a todos.
La Comunidad Autónoma canaria, por sus especificidades de insularidad,
lejanía y condición archipelágica, tiene en el sistema de transporte uno
de los sectores más estratégicos, en el que destaca el marítimo junto al
aéreo.
Por el Gobierno se ha anunciado la privatización de la Compañía
Trasmediterránea, Sociedad Anónima, cuyas acciones corresponden al Estado
en un 95,24 por ciento y que por su posición en el mercado es una de las
que más peso tiene en el sistema de transportes marítimos canarios. A
pesar de ello desconocemos el proceso de privatizaciones que se pretende,
el compromiso futuro del Estado tras la finalización del concierto el
próximo 31 de diciembre y los planes sobre la articulación de la
presencia autonómica en la gestión y decisiones que afectan a Canarias en
lo que se llama el sector canario de Trasmediterránea, que supone casi un
25 por ciento del total de los activos de la Compañía, actividad en la
que únicamente hay interés canario.
Esta situación de desconocimiento de los planes de futuro de un operador
tan importante en el sector de los transportes marítimos en Canarias
afecta a la planificación de los mismos y hace temer por la garantía de
la cobertura de todas las líneas actuales y del coste reducido de las
tarifas marítimas. Pero, además, en el Acuerdo del Consejo de Ministros
del 19 de septiembre pasado, en el cual aprobó el Real Decreto
1.466/1997, publicado al día siguiente, 20 de septiembre, en el «Boletín
Oficial del Estado», se determina el régimen jurídico de las líneas
regulares de cabotaje marítimo y de las navegaciones de interés público y
se concreta este interés público para las líneas entre Península y
archipiélago y entre islas, y el Reglamento 3.577/1992 de la Comunidad
Europea prevé en su artículo 4, aunque sea excepcionalmente, la
celebración de contratos administrativos con el fin de garantizar la
adecuada prestación de los servicios de comunicaciones.
Por todo lo expuesto, se formula la siguiente pregunta: ¿podría el
Gobierno indicarnos la situación actual y el proceso previsto en el plan
de privatización de Trasmediterránea, Sociedad Anónima?
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias, Senador Ríos Pérez.
Tiene la palabra el señor Vicepresidente segundo del Gobierno.
El señor MINISTRO DE ECONOMIA Y HACIENDA (De Rato y Figaredo): Gracias,
señor Presidente. Gracias, señor Senador.
Como conoce la Cámara, las orientaciones generales de política de
privatizaciones del Gobierno están recogidas en un Plan aprobado por el
Consejo de Ministros el 28 de julio de 1996. En dicho programa, que tiene
claramente vocación de globalidad y alcanza al conjunto de empresas que
forman parte del sector público empresarial, se establece un sistema
ordenado y, al mismo tiempo, transparente en cualquier proceso
privatizador, además se establecen principios sobre la continuidad de los
proyectos empresariales y la salvaguardia y defensa de los intereses
económicos generales, así como la atención a las circunstancias
económicas y sociales relevantes del caso, y seguramente el tema de
Trasmediterránea en Canarias cae claramente dentro de estas
consideraciones.
En ese sentido, como ha recordado el Senador, el vencimiento del contrato
del Estado con Trasmediterránea se produce este 31 de diciembre y a
partir de ahí también tenemos que tener en cuenta que el 1.º de enero de
1999 quedará abierto a la competencia comunitaria el cabotaje con las
islas y con Ceuta y Melilla de acuerdo con el Reglamento comunitario del
año 1992. Como consecuencia de todo esto Trasmediterránea ha elaborado un
plan trienal que abarca los ejercicios 1997 a 1999 con el fin de
adaptarse al nuevo entorno y que el Presidente de la Compañía expuso
precisamente en el Senado el pasado 5 de marzo. Por lo tanto, la
privatización de Trasmediterránea está condicionada por el ritmo de
adaptación de la Compañía al nuevo marco legal y a la evolución de
resultados.
Desde el punto de vista de la prestación de un servicio público, quisiera
poner de relieve que el pasado 19 de septiembre el Gobierno aprobó un
Real Decreto, el 1.466/1997, que tiene su base jurídica en la Ley de
Puertos del Estado y de la Marina Mercante del año 1992, Decreto que
califica de interés público a las navegaciones que se desarrollan entre
la Península y los territorios no peninsulares y las que tienen lugar
dentro de los propios archipiélagos, lo que permite la intervención
administrativa a través de dos figuras que contempla el propio Reglamento
comunitario: por un lado, en los tráficos que enlazan la Península con
las islas y con Ceuta y Melilla se establece un régimen de autorización
administrativa previa y se admite la celebración de contratos con plazo
máximo de 15 años, cuando el régimen general de autorizaciones no asegure
una oferta adecuada de servicios de cantidad y calidad; por otro lado, en
cuanto al tráfico interinsular, es responsabilidad de las Comunidades
Autónomas el régimen de prestación de servicios. Y quisiera destacar que
la desaparición del contrato con el Estado ya ha sido prevista en la
dotación presupuestaria para el Presupuesto del año 1998, en el que por
primera vez se consignan 900 millones de pesetas para abrir un concurso,
del cual se están elaborando las condiciones en este momento, a fin de
garantizar la prestación de servicios públicos tal y como ya viene
reflejada en el Decreto al que acabo de hacer mención.
Por tanto, el proceso de privatización de Trasmediterránea va depender de
su adaptación a la competencia impuesta por la Unión Europea y el
servicio público que se preste en Canarias está plenamente garantizado
desde el punto de vista legal y desde el punto de vista financiero en los
Presupuestos Generales del Estado.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Vicepresidente segundo del
Gobierno.
Tiene la palabra el Senador Ríos Pérez.
El señor RIOS PEREZ: Muchas gracias, señor Ministro.
Hoy precisamente termina el plazo de presentación de enmiendas, con
respecto al déficit de la Compañía Trasmediterránea, a un proyecto de ley
de un crédito extraordinario de aproximadamente 5.000 millones de pesetas
en relación con el ejercicio 1995.
Se prevé en palabras del Presidente de la Trasmediterránea
--efectivamente como el señor Ministro ha dicho, ha tenido una
comparecencia en esta Cámara--, que va a haber 7.000 millones de déficit
para el ejercicio de 1996 y 9.000 probablemente para el de 1997.
Quisiera preguntar al señor Ministro si sería tan amable de decirme si,
efectivamente, este otoño va a haber este contrato o bien va a
continuarse con estos 800 ó 900 millones de pesetas que están en el
Presupuesto de 1998.
Muchas gracias, señor Ministro.
El señor PRESIDENTE: Gracias, Senador Ríos Pérez.
Tiene la palabra el señor Vicepresidente segundo del Gobierno.
El señor MINISTRO DE ECONOMIA Y HACIENDA (De Rato y Figaredo): Muy
brevemente. Como ya he indicado al Senador, es voluntad del Gobierno
abrir un concurso para el cual ya hay dotación en los Presupuestos, y
que, según mi información, Trasmediterránea tiene un gran interés en
concurrir y en ganarlo. En cualquier caso, el concurso estará abierto en
función de las previsiones legales que el propio Decreto al que he hecho
mención de 19 de septiembre ha establecido.
Por tanto, con fecha 1.º de enero de 1998 el servicio estará garantizado
por un concurso público que ya tiene dotación presupuestaria para
asimismo garantizar la prestación de servicios de transporte marítimo de
la Península con las Islas.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Vicepresidente segundo del Gobierno.
--DE DON OCTAVIO JOSE GRANADO MARTINEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO
SOCIALISTA, SOBRE SI SIGUE MANTENIENDO EL GOBIERNO SU VALORACION DEL
SISTEMA DE FINANCIACION DE LAS COMUNIDADES AUTONOMAS PARA EL QUINQUENIO
1997-2001, UNA VEZ CONOCIDO EL DATO DE QUE EN EL EJERCICIO DE 1995, NUEVE
DE LAS CATORCE COMUNIDADES AUTONOMAS QUE ENTRARON EN EL ANTIGUO MODELO DE
PARTICIPACION EN EL IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE LAS PERSONAS FISICAS
(IRPF), RECIBIERON, COMO LIQUIDACION DEFINITIVA DE SU TRAMO, EL MINIMO
GARANTIZADO QUE QUEDA SUPRIMIDO EN EL NUEVO SISTEMA. (680/000337.)
El señor PRESIDENTE: Pregunta de don Octavio José Granado Martínez, del
Grupo Parlamentario Socialista, sobre si sigue manteniendo el Gobierno su
valoración del sistema de financiación de las Comunidades Autónomas para
el quinquenio 1997-2001, una vez conocido el dato de que en el ejercicio
de 1995, nueve de las catorce Comunidades Autónomas que entraron en el
antiguo modelo de participación en el Impuesto sobre la Renta de las
Personas Físicas recibieron como liquidación definitiva de su tramo el
mínimo garantizado que queda suprimido en el nuevo sistema.
Tiene la palabra el Senador Granado Martínez.
El señor GRANADO MARTINEZ: Muchas gracias, señor Presidente.
Me basta para plantear la pregunta con lo leído por el señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias, Senador Granado Martínez.
Tiene la palabra el señor Ministro de Administraciones Públicas.
El señor MINISTRO DE ADMINISTRACIONES PUBLICAS (Rajoy Brey): Muchas
gracias, señor Presidente.
En principio, la valoración que hacemos del nuevo modelo de financiación
sigue siendo positiva. En primer lugar, porque aumenta la autonomía
financiera y el autogobierno político, puesto que las Comunidades
Autónomas que han aceptado el modelo tienen unas competencias tributarias
que no tienen las que no lo hicieron.
En segundo lugar, en cuanto al tema de los mínimos del año 1995,
naturalmente será un problema de los que han aprobado el modelo del año
1995. Pero voy a referirme a por qué creo que es bueno para las
Comunidades Autónomas el haber entrado en el nuevo modelo de financiación
autonómica y voy a dar unos datos que estoy convencido de que son de
interés para el señor Senador.
Año 1997, el presente, Comunidades Autónomas que no han aceptado el
modelo de financiación. Sus entregas a cuenta suben el 6 por ciento.
Mismo año 1997, Comunidades Autónomas que han aceptado el modelo de
financiación. Las entregas a cuenta suben el 7,04 de promedio.
Año 1998, Comunidades Autónomas que no han aceptado el modelo de
financiación. Las entregas a cuenta suben el 5,69 por ciento. Comunidades
Autónomas que han aceptado el modelo de financiación. Las entregas a
cuenta suben el 8,58 por ciento.
En resumen, en el año 1997 las que no han aceptado el modelo suben el 6
por ciento; PIB nominal, y las que lo han aceptado el 7,04. Es decir,
1,04 más. Y en 1998 las que no lo han aceptado el 5,69 y las que lo han
aceptado el 8,58. Es decir, casi 3 puntos más.
El señor Senador puede contrastar todos estos datos leyendo los
Presupuestos del año 1996, el Decreto-Ley del año 1997, los presupuestos
del año 1998 y la información que estamos suministrando a las Comunidades
Autónomas.
Por tanto, creo que aquellas que han aceptado el modelo han hecho --con
perdón-- un buen negocio y los que no
--también con perdón-- un pésimo negocio para los intereses de sus
respectivas Comunidades Autónomas.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Ministro de Administraciones
Públicas.
Tiene la palabra el Senador Granado Martínez.
El señor GRANADO MARTINEZ: Muchas gracias, señor Presidente.
Muchas gracias, señor Ministro, por los datos que nos ha facilitado. Son
verdades a medias, señor Ministro. Usted lo sabe.
Usted dice que las Comunidades Autónomas que han aceptado el modelo se
beneficien de unos incrementos en la participación de los ingresos del
Estado, ocultando que eso se produce por nuevos decretos de traspasos de
medios y servicios o por nuevas valoraciones.
Dado que usted me anima a leer el proyecto de presupuestos del Estado
--yo soy un buen lector, aunque sea de malos textos--, le leo lo que dice
dicho proyecto en la página 143 del libro rojo, en el que se comenta la
Sección 32 de los presupuestos: Participación en los ingresos
territoriales del Estado por Impuesto sobre la Renta de las Personas
Físicas --el único tramo que se mantiene vinculado a dicho impuesto en
los ingresos de las Comunidades Autónomas en el presupuesto--, tasa de
variación: 0,4 por ciento. Los ingresos vinculados al Impuesto sobre la
Renta de las Personas Físicas de las Comunidades Autónomas crecerán en el
año 1998 en un 0,4 por ciento. La participación en ingresos generales del
Estado crecerá --el PIB nominal-- en un 5,69 por ciento.
Estos son los datos, que explican, por ejemplo, que la Comunidad de
Murcia que tiene todos sus ingresos vinculados al Impuesto sobre la Renta
de las Personas Físicas, ve crecer su participación en ingresos del
Estado en un 0,45 por ciento. Si hay Comunidades Autónomas, como Galicia
y Cataluña, que tienen crecimientos muy superiores como fruto de nuevos
traspasos, no se debe al Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas.
Señor Ministro, la prueba de que ustedes están absolutamente convencidos
de esto es que la cantidad que presupuestan para liquidar a las
Comunidades Autónomas su participación en ingresos del Estado del año
1997 es inferior a la que saldría de elevar al íntegro el 98 por ciento
de los anticipos a cuenta, porque ustedes prevén que los ingresos sean
inferiores a los del año 1997.
Señor Ministro, este modelo de financiación que ustedes han hecho es un
disparate. Al final les ha salido el tiro por la culata. Los efectos son
tan perversos que los teóricos beneficiarios son los más perjudicados.
Además, dicho modelo de financiación tiene una fecha de caducidad, como
un yogur en mal estado, que es la liquidación del año 1997. Asimismo las
liquidaciones de los años 1995 y 1996 han demostrado que los mínimos
beneficiaban a las Comunidades Autónomas acogidas a mínimos. Usted dice
que es el problema de los que redactaron el modelo y yo le digo que es su
problema cuando se vea que hay Comunidades Autónomas que se perjudiquen
porque en este modelo no hay mínimos.
En octubre o en noviembre del año 1998, cuando se produzca la liquidación
del año 1997, ustedes tendrán que explicar --como lo hará usted ahora--
por qué algunas Comunidades Autónomas pierden dinero. Explíqueme usted
por qué Murcia va a recibir en el año 1998 un 0,4 por ciento más de los
Presupuestos Generales del Estado que en el año 1997, porque tiene todos
sus ingresos vinculados al Impuesto sobre la Renta de las Personas
Físicas. Y explíqueme cómo es posible que usted diga verdad y yo diga
verdad; porque cada uno decimos la mitad de la verdad, señor Ministro,
pero mi verdad es más concreta y tiene más base documental que la suya.
Señor Ministro, le vuelvo a reiterar con la mejor de las voluntades que
hasta el mes de octubre del año 1998 tenemos tiempo para pactar un
acuerdo político, que no tenga como base un pacto de investidura para
elegir a un Presidente del Gobierno, que haga un sistema de financiación
que sea acertado por el conjunto de la Cámara, por ustedes, por nosotros
y por los partidos nacionalistas y por Izquierda Unida-Iniciativa per
Catalunya.
El señor PRESIDENTE: Señor Granado, vaya concluyendo.
El señor GRANADO MARTINEZ: Muchas gracias, señor Presidente, por su
benevolencia.
A partir de octubre de 1998, señor Ministro, podremos constatar
únicamente la magnitud de su disparate. (Aplausos en los escaños del
Grupo Parlamentario Socialista.)
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, Senador Granado.
Tiene la palabra el señor Ministro de Administraciones Públicas.
El señor MINISTRO DE ADMINISTRACIONES PUBLICAS (Rajoy Brey): Muchas
gracias, señor Presidente.
Detecto un cierto malestar en las palabras del Senador Granado, que es
perfectamente entendible porque se ha dado cuenta del enorme error que
han cometido las Comunidades Autónomas que no han aceptado el modelo de
financiación autonómica.
Las cifras que yo he dado no tienen en cuenta los traspasos que se han
producido, y luego volveré a reiterárselas.
En segundo lugar, es evidente que hay una parte del Impuesto sobre la
Renta de las Personas Físicas que sube al 0,36 por ciento. Pero el
conjunto de las entregas a cuenta entre los años 1997 y 1998 experimenta
una subida del 8,58 por ciento, porque esa parte surge de la comparación
entre el presupuesto inicial de 1997 y de 1998, pero al final sube el
8,58 por ciento. En concreto, la Comunidad Autónoma de Murcia, según
datos que están en su poder y, por tanto, usted puede contrastar con
dicha Comunidad Autónoma, sube el 7,14 por ciento.
Yo le he dado unos datos que están en los Presupuestos de 1996, Decreto
de 1997, presupuestos de 1998 y, sobre todo, que ya los tienen las
Comunidades Autónomas. Le
voy a decir más, si las Comunidades Autónomas que no han aceptado el
modelo lo hubieran hecho, hubieran percibido a cuenta --y también son
datos objetivos y, por tanto, indiscutibles-- exactamente 23.687,3
millones más que se distribuirían así: Andalucía, 20.738,9 millones;
Castilla-La Mancha, 987 millones, y Extremadura, 1.981 millones. Han
perdido 23.687 millones por no aceptar el modelo de financiación
autonómica.
Pero le voy a decir más. En el año 1997 esas tres Comunidades suben en
sus entregas a cuenta el 6 por ciento, porque es la previsión del PIB
nominal, pero resulta que el PIB nominal ahora no va a crecer el 6, sino
el 5,2 por ciento. Por tanto, saque usted las conclusiones.
Aún le voy a decir más. Las Comunidades Autónomas que han aceptado el
modelo suben, como he dicho antes, el 7,04 por ciento, pero si usted lee
el proyecto de presupuestos de este año, se dice que la previsión por
IRPF en el año 1998 va a subir el 7,4 por ciento, es decir, más que ese
7,04 por ciento. Por tanto, saque usted sus conclusiones, señor Granado.
Estoy absolutamente convencido de que tras estos datos que acabo de
aportar aquí las Comunidades Autónomas que no han aceptado el modelo van
a aceptarlo y yo, desde luego, me brindo a tener conversaciones con ellas
en ese sentido. Además, estoy convencido de que al final el señor Granado
me va a ovacionar públicamente.
Muchas gracias, señor Presidente. (Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ministro de Administraciones
Públicas.
--DE DON TOMAS PEDRO BURGOS BETETA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL
SENADO, SOBRE LAS GESTIONES QUE ESTA REALIZANDO EL MINISTERIO DE JUSTICIA
PARA QUE LA CIUDAD DE TOLEDO DISPONGA ALGUN DIA DE UN PALACIO DE JUSTICIA
QUE AGRUPE A TODOS LOS ORGANOS JUDICIALES, SOLUCIONANDO ASI LOS
INCONVENIENTES QUE COMPORTA LA ACTUAL DISPERSION DE LOS MISMOS EN VARIOS
EDIFICIOS. (680/000342.)
El señor PRESIDENTE: Pregunta de don Tomás Pedro Burgos Beteta, del Grupo
Parlamentario Popular en el Senado, sobre las gestiones que está
realizando el Ministerio de Justicia para que la ciudad de Toledo
disponga algún día de un Palacio de Justicia que agrupe a todos los
órganos judiciales, solucionando así los inconvenientes que comporta la
actual dispersión de los mismos en varios edificios.
El Senador Burgos tiene la palabra.
El señor BURGOS BETETA: Muchas gracias, señor Presidente.
Señora Ministra de Justicia, como usted sabe, los órganos judiciales en
Toledo están hoy dispersos por toda la ciudad con los inconvenientes de
todo tipo que ello conlleva. Así, hay no menos de cinco dependencias en
puntos diversos de la ciudad. Es una ambición razonable de los
profesionales y un deseo ampliamente sentido por los ciudadanos que se
agrupen en un solo edificio los órganos judiciales.
Creo innecesario extenderme sobre las ventajas que comportaría tener
todos los órganos judiciales agrupados en un Palacio de Justicia, porque
a nadie se le escapa pronunciar, sólo a título de ejemplo, dos de las
múltiples cuestiones que podría plantear, la agilidad y eficacia que
reportaría para todos, profesionales y administrados, el tener una sola
sede, el centrarlos en un mismo lugar.
Esta necesidad, sentida, como digo, por todos los toledanos, también
preocupa, como no podía ser menos, a las instituciones locales, y conozco
la favorable disposición de sus autoridades para cooperar con el
Ministerio que usted dirige en aquello que estuviera dentro de sus
posibilidades. Me consta que usted conoce el problema y sé que está
interesada en resolverlo.
Por ello, señora Ministra, le realizo la pregunta cuyo tenor literal es
el siguiente: ¿qué gestiones está realizando el Ministerio de Justicia
para que la ciudad de Toledo disponga algún día de un Palacio de Justicia
que agrupe a todos los órganos judiciales, solucionando así los
inconvenientes que comporta la actual dispersión de los mismos en varios
edificios?
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias, Senador Burgos.
La señora Ministra de Justicia tiene la palabra.
La señora MINISTRA DE JUSTICIA (Mariscal de Gante y Mirón): Muchas
gracias, señor Presidente.
Señoría, como efectivamente ha relatado en su pregunta, los órganos
judiciales de la ciudad de Toledo se encuentran dispersos en cinco
edificios. Ello comporta no sólo incomodidades para el justiciable y para
los abogados y procuradores, profesionales todos ellos, sino también un
coste económico al Ministerio difícil de asumir en plan de arrendamiento,
puesto que son 56 millones.
Esta situación ha llevado al Ministerio de Justicia a efectuar gestiones
con el Alcalde del Ayuntamiento de Toledo, gestiones que esperamos sean
fructíferas a lo largo de este año y que permitan la ubicación en un solo
edificio, por supuesto fuera del casco antiguo de la ciudad, dada la
especial protección que tiene este casco antiguo, de todos los edificios
judiciales existentes y por crear, a excepción de la Audiencia Provincial
y Fiscalía, que permanecerían en el edificio actual que es propiedad de
Patrimonio y adscrito al Ministerio de Justicia.
La disposición del Ayuntamiento es absoluta y estoy completamente segura
de que en breves fechas podremos anunciar que ha podido ser suscrito el
convenio para mejorar la administración de justicia de la ciudad de
Toledo.
Muchas gracias, señor Presidente; gracias, señorías.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Ministra de Justicia.
--DE DON VIRGILIO VELASCO BUENO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL
SENADO, SOBRE LAS MEDIDAS QUE ESTA LLEVANDO A CABO EL MINISTERIO DE
JUSTICIA PARA SOLUCIONAR EL ABANDONO QUE SUFRE DESDE HACE TIEMPO LA
INFORMATICA JUDICIAL EN LA COMUNIDAD AUTONOMA DE CASTILLA Y LEON.
(680/000343.)
El señor PRESIDENTE: Pregunta de don Virgilio Velasco Bueno, del Grupo
Parlamentario Popular en el Senado, sobre las medidas que está llevando a
cabo el Ministerio de Justicia para solucionar el abandono que sufre
desde hace tiempo la informática judicial en la Comunidad Autónoma de
Castilla y León.
Tiene la palabra el Senador Velasco Bueno.
El señor VELASCO BUENO: Gracias, señor Presidente.
Señora Ministra, decía Quevedo en uno de sus «Sueños», concretamente en
el del «Alguacil endemoniado», que la Justicia desacomodada anduvo por la
tierra rogando a todos y, escondida en su pobreza, fue hospedada de la
simplicidad. Esto, que lo decía hace casi cuatrocientos años, hoy, a las
puertas del siglo XXI, no es tan obsoleto como cabría esperar.
La Administración de Justicia siempre ha ido a la zaga y con retraso
respecto a todas las demás administraciones en dotación de medios
personales y materiales para resultar medianamente eficaz. Lo mismo
acaece ahora en cuestión de informatización. Se han informatizado
prácticamente todas las Administraciones y, sin embargo, en la
Administración de Justicia se está en los inicios. Pero, además, ¡cómo se
está!
Cuando usted se hizo cargo del Departamento, la situación en este aspecto
en Castilla y León, Comunidad a la que pertenezco, era caótica. En un
porcentaje muy alto, los tribunales y juzgados no estaban informatizados.
En unos no se habían colocado los aparatos y los que disponían de ellos
carecían de programa. La campaña de informatización que se inició se
encontraba parada y, sobre todo, quienes más penuria presentaban en este
aspecto eran los Juzgados de Primera Instancia e Instrucción.
Señora Ministra, en su comparecencia ante la Comisión de Justicia en esta
Cámara para informar de la política general de su Departamento, al
señalar usted que uno de los objetivos fundamentales de la acción de
gobierno de su Ministerio sería lograr una Administración de Justicia
ágil y eficaz, manifestaba que para ello, entre otras actuaciones, se
intensificaría en lo posible la informatización de los órganos
jurisdiccionales siguiendo con la política de convenios de colaboración
con las Comunidades Autónomas y procurando, en todo caso, que el proceso
de informatización se desarrolle de manera racional con los equipos
compatibles que puedan servir de base al establecimiento de redes.
Pues bien, ante esta promesa de actuación y con el fin de salir de esa
situación «quevedesca» que he expuesto, pregunto: ¿Qué medidas está
llevando a cabo el Ministerio de Justicia para solucionar el abandono que
sufre desde hace tiempo la informática judicial en la Comunidad Autónoma
de Castilla y León?
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, Senador Velasco Bueno.
Tiene la palabra la señora Ministra.
La señora MINISTRA DE JUSTICIA (Mariscal de Gante y Mirón): Gracias,
señor Presidente.
Señoría, efectivamente, la situación de informatización de los órganos
judiciales no puede calificarse ni siquiera de medianamente correcta en
la generalidad del territorio español, pero es bastante más deficiente
dentro de lo que es el territorio de Castilla y León.
Como su señoría sin duda conoce, los juzgados del territorio de Castilla
y León quedaron excluidos del Plan Inforius puesto en marcha en 1985, y
tampoco fue incluido en la prioridad de necesidades del año 1994, de
forma tal que de las 160 oficinas judiciales existentes solamente 44 se
encontraban informatizadas cuando yo tomé posesión de mi cargo en el
Departamento, todo ello con equipos anticuados cuyos sistemas no eran
compatibles.
Desde mayo del año pasado a estas fechas se han informatizado 77 nuevos
órganos judiciales con plena compatibilidad entre los sistemas y existe
un proyecto de convenio para suscribir con la Comunidad Autónoma con el
objeto de llevar a cabo definitivamente los proyectos Libra y Corte, que
son la informatización de la oficina judicial y la informatización de la
función jurisdiccional, con un coste aproximado de 400 millones de
pesetas.
El proyecto Libra estará en pleno funcionamiento en el año 1998 y el
proyecto Corte lo estará en el bienio 1998-1999. Esperamos que con este
convenio, que será próximamente suscrito entre la Comunidad Autónoma y el
Ministerio de Justicia, se solucionen absolutamente todos los problemas
de Castilla y León respecto a la informatización de los órganos
judiciales.
Muchas gracias, señoría. Muchas gracias, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Ministra de Justicia.
Tiene la palabra el Senador Velasco Bueno.
El señor VELASCO BUENO: Muchas gracias, señor Presidente.
Intervengo sencillamente para agradecer a la señora Ministra su
contestación y hacer votos para que lo que indica sea una realidad.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias, Senador Velasco Bueno.
--DE DOÑA INMACULADA DE BONETA Y PIEDRA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO,
SOBRE LAS MEDIDAS PREVISTAS POR EL GOBIERNO PARA RESOLVER O PALIAR LA
SITUACION DE LOS INMIGRANTES QUE SE ENCUENTRAN EN LAS CIUDADES DE CEUTA Y
MELILLA. (680/000333.)
El señor PRESIDENTE: Pregunta de doña Inmaculada de Boneta y Piedra, del
Grupo Parlamentario Mixto, sobre las medidas previstas por el Gobierno
para resolver o paliar la situación de los inmigrantes que se encuentran
en las ciudades de Ceuta y Melilla.
Tiene la palabra la Senadora De Boneta y Piedra.
La señora DE BONETA Y PIEDRA: Muchas gracias, señor Presidente.
Señor Ministro, a la lectura de la pregunta por el señor Ministro debo
añadir únicamente algún matiz. Simplemente quiero plantear la difícil
situación por la que se está atravesando en estos momentos. Una situación
sanitaria, con enfermos infecto-contagiosos, a la que no aludo en la
pregunta y, sobre todo, las últimas noticias alarmantes que hemos
recibido ayer mismo. Las organizaciones sindicales han firmado un
manifiesto pidiendo que se agilicen los permisos de trabajo. Hoy todos
los diarios nos hablan de que el Ejército está patrullando las fronteras
de Ceuta y Melilla, lo que parece haber sido confirmado por el propio
Ministerio de Defensa.
Sabemos que éste es un problema no generado por este Gobierno, ni por el
anterior, sino por la existencia de dos mundos y de las necesidades de
unas personas que quieren acceder a un mundo distinto del que viven. Por
esa razón, le pregunto, señor Ministro, ¿qué piensa hacer el Gobierno en
relación a este difícil problema?
Gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, Senadora De Boneta y Piedra.
Tiene la palabra el señor Ministro del Interior.
El señor MINISTRO DEL INTERIOR (Mayor Oreja): Muchas gracias, señor
Presidente.
Señora De Boneta, muchas gracias por la pregunta. Quiero decirle que el
Gobierno sigue con preocupación un problema, sin duda, difícil, como
usted muy bien ha señalado, sin creación tampoco de una alarma social
exagerada y manteniéndose en esa doble pauta de dificultad y sin creación
de alarma social está trabajando y seguirá trabajando en una solución
multilateral de una cuestión que tiene que ser determinada y planteada
desde muchos ángulos. En ese sentido, el Gobierno seguirá recibiendo a
través de programas de acogida a los extranjeros que se acerquen a Ceuta
y Melilla; seguirá trabajando en la apertura de nuevas oficinas de
extranjería en Ceuta y Melilla; seguirá mejorando las instalaciones de
los extranjeros en estas ciudades; seguirá impermeabilizando el perímetro
fronterizo y seguirá trabajando en política exterior con Marruecos,
tratando de hacer más ambicioso el proyecto de readmisión que actualmente
suscriben ambos Reinos.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ministro del Interior.
Tiene la palabra la Senadora De Boneta.
La señora DE BONETA Y PIEDRA: Muchas gracias, señor Presidente.
Gracias, señor Ministro. Comprendo la dificultad del problema que, como
digo, se ve con una preocupación agravada en estos días. En todo caso
pienso que quizás las soluciones que vayan por esa vía deberán ser
valientes y, sobre todo, tener en cuenta no solamente la problemática y
la solidaridad necesaria con todas estas personas, sino también con los
problemas que los ciudadanos de Ceuta y Melilla están sufriendo como
consecuencia de esta situación. Seguiremos con atención el asunto.
Gracias, señor Ministro. Muchas gracias, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias, Senadora De Boneta.
Tiene la palabra el señor Ministro del Interior.
El señor MINISTRO DEL INTERIOR (Mayor Oreja): Muchas gracias, señor
Presidente.
Agradeciendo el tono de la Senadora, le diré que sí que hay que pensar en
los problemas de los ciudadanos que viven en Ceuta y Melilla y también en
las situaciones trágicas que arrastran tantos inmigrantes que llegan a
esas ciudades, y es necesario equilibrar ambas preocupaciones para dar la
mejor de las soluciones.
Yo quiero, con enorme brevedad, sucintamente hacer una enumeración para
demostrarle lo que le decía en el sentido de que hay una solución global
a todo este problema. En primer lugar, quiero decirle que el Convenio de
Readmisión ha permitido por primera vez que Marruecos acepte la presencia
de miembros que vienen de esas ciudades, y espero que ese número se pueda
acrecentar en base a ese convenio; las aperturas de las oficinas de
extranjería en Ceuta y Melilla se van a producir en este año 1997; en el
programa de acogida estamos ya en la cifra de 976 personas que han sido
acogidas y trasladadas a la Península, y ha sido el proyecto más
ambicioso de acogida que se pueda producir en Ceuta y Melilla a lo largo
de estos años; se están produciendo numerosas mejoras en los campamentos
de Calamocarro, el Centro Agrícola y el Centro de Lucas de Lorenzo, en
Ceuta y Melilla respectivamente, y se está haciendo un esfuerzo de
impermeabilización de frontera y de mejora de las infraestructuras que
rodean Ceuta y Melilla, y me va a permitir que, simplemente a efectos de
demostrar la preocupación del Gobierno en este tema, le enumere las
cuestiones más relevantes en este sentido.
Se están realizando en Ceuta las obras de impermeabilización de la
frontera, cuyo coste asciende a 4.842 millones de pesetas, financiadas
por el Ministerio de Fomento, si bien el Feder costea el 75 por ciento;
su finalización está prevista para el próximo mes de enero de 1998. El
Ministerio
del Interior está asumiendo el mantenimiento del sistema de vigilancia
una vez recepcionada la obra, y hay un sistema de detección de energía
eléctrica, cuyo coste asciende a 7 millones y medio. En Melilla, la
construcción de la carretera Melilla 3.000 supuso un gasto de 2.074
millones de pesetas, y la mejora en la red cuenta con un presupuesto para
1998 de 590 millones a cargo del Ministerio de Fomento. La reparación del
sistema de control cuenta con un presupuesto de 25 millones, y a fecha de
hoy, 8 de octubre de 1997, todo el sistema se encuentra en pleno
funcionamiento. Para la remodelación de la frontera de Beni-Enzar hay un
proyecto del Ministerio de Medio Ambiente de 423 millones de pesetas, y
por lo que se refiere al centro de control fronterizo de la Guardia
Civil, dispone de 22 monitores para otras tantas cámaras; se ha instalado
una pista de sensores en todo el perímetro con 364 farolas de iluminación
nocturna y el Ministerio de Defensa ha reforzado la alambrada con un
coste de 56 millones de pesetas. No es que haya medidas nuevas y
espectaculares, se ha reforzado la presencia de las Fuerzas Armadas en la
frontera de modo y manera que se incremente la presencia de sistemas que
eviten que se pueda permeabilizar tan sencillamente esta frontera.
En definitiva, y con ello termino, señor Presidente, es un problema que
exige alejarse de la simpleza a la hora de afrontarlo, porque cuanto más
acogida, hay más presencia de inmigrantes y, al mismo tiempo, no podemos
dejar de introducir algunos programas de acogida en estas ciudades. Por
eso, le ruego que en ese terreno siga trabajando con el tono constructivo
con el que, sin ninguna duda, ha planteado y ha dado contenido a su
pregunta.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ministro del Interior.
--DE DON JESUS MARIA RUIZ-AYUCAR ALONSO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR
EN EL SENADO, SOBRE LOS CONVENIOS QUE SE HAN SUSCRITO O ESTA PREVISTO
SUSCRIBIR PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTUACIONES DE REINDUSTRIALIZACION EN
1997. (680/000344.)
El señor PRESIDENTE: Pregunta de don Jesús María Ruiz-Ayúcar Alonso, del
Grupo Parlamentario Popular en el Senado, sobre los convenios que se han
suscrito o está previsto suscribir para el desarrollo de las actuaciones
de reindustrialización en 1997.
Tiene la palabra el Senador Ruiz-Ayúcar Alonso.
El señor RUIZ-AYUCAR ALONSO: Muchas gracias, señor Presidente.
Señor Ministro de Industria, el presupuesto del Miner para 1997 cuenta
con un volumen importante de créditos para llevar a cabo políticas de
reindustrialización.
Por otra parte, la Orden del Miner de 19 de mayo de 1997, por la que se
establecen las bases reguladoras de la concesión de ayudas para
actuaciones de reindustrialización y la convocatoria para las solicitudes
de dichas ayudas, prevé la celebración de convenios con Comunidades
Autónomas, entes locales y otras entidades para la ejecución del régimen
de ayudas reguladas por dicha orden.
Por ello, señor Ministro, le pregunto ¿qué convenios y con qué contenidos
se han suscrito o está previsto suscribir para el desarrollo de las
actuaciones de reindustrialización de 1997?
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Ruiz-Ayúcar.
El señor Ministro de Industria tiene la palabra.
El señor MINISTRO DE INDUSTRIA Y ENERGIA (Piqué i Camps): Muchas gracias,
señor Presidente.
Senador, como usted ha dicho, las actuaciones generales de
reindustrialización emprendidas este año, por el Ministerio de Industria
y Energía, tienen como objetivo crear las condiciones para regenerar y
desarrollar el tejido industrial en zonas en las que o bien ha habido una
fuerte recesión industrial o bien ha habido fuertes procesos de
adaptación de la estructura productiva, especialmente en las empresas
públicas, y que, al mismo tiempo, han afectado de forma importante el
nivel de empleo.
Estas actuaciones se llevan a cabo mediante cuatro tipos de medidas: la
primera es la capacitación profesional y técnica de la oferta de los
recursos humanos en las zonas afectadas; la segunda es la generación de
infraestructuras técnicas e industriales básicas; la tercera es el
fortalecimiento de los mecanismos de financiación del tejido industrial
y, por último, el estímulo al arranque y ejecución de proyectos de
inversión productiva generadores de empleo o dinamizadores de la
actividad local. Para ello se prevén ayudas bajo la forma de subvenciones
de capital y de préstamos; en concreto, para este año de 1997, 5.000
millones de pesetas para subvenciones y 25.000 millones de pesetas para
préstamos.
Uno de los aspectos más importantes de estas actuaciones es la búsqueda
de la colaboración con entes regionales o con entes locales para aplicar
esas ayudas.
La filosofía que hay detrás de este planteamiento es doble: por una
parte, se pretende atender con mayor precisión las demandas específicas
de reindustrialización y, por tanto, a partir del conocimiento que esos
entes tienen de forma mucho más directa que el que podamos tener desde el
Gobierno Central y, por otra, se trata de que los recursos económicos y
humanos del Ministerio de Industria y Energía se complementen con los
recursos de entes destinados a la reindustrialización en las respectivas
zonas.
Por lo tanto, la orden contempla la posibilidad de establecer convenios
de colaboración con Comunidades Autónomas y entes locales que vayan en
esa dirección y considera a las entidades públicas regionales que
impulsan la actividad industrial como posibles destinatarios de las
ayudas, de forma que puedan ser consorciadas con sus propios recursos.
Hasta ahora, respondiendo ya directa y concretamente a su pregunta, se
han formalizado tres convenios: uno con el País Vasco, como consecuencia
de un acuerdo institucional entre la Administración General del Estado,
la Administración General del País Vasco, la Diputación Foral de Vizcaya
y los municipios de la margen izquierda del Nervión para la
revitalización industrial de esa zona. Se ha hecho a través de la
sociedad para la reconversión industrial, cofinanciando un programa de
reindustrialización en la zona, mediante el que se apoya la creación de
empresas que comportan generación de empleo. La verdad es que el
resultado de este plan está siendo francamente positivo.
Otro convenio se ha firmado con Galicia, como consecuencia de un
protocolo de colaboración entre la Xunta, la Diputación de La Coruña, el
Ayuntamiento de Ferrol y el Ministerio de Industria y Energía para
cofinanciar un programa de reindustrialización de Ferrol-Terra, de la
comarca de Ferrol, de la ciudad de Ferrol y su área de influencia.
También se ha suscrito un convenio con el Ayuntamiento de La Carolina
para colaborar en la reindustrialización de ese término municipal que ha
perdido en los últimos años un 50 por ciento de su empleo industrial, y
se cofinancian inversiones en infraestructuras industriales que permiten
atraer proyectos de inversión industrial desde la iniciativa privada.
Tenemos también muy avanzada la posibilidad de definir acuerdos --está
por ver si van a tener la forma de convenios formales o no-- con el
Ayuntamiento de Cádiz para cofinanciar la creación de un centro
tecnológico de asistencia técnica a las empresas de la zona y la
realización de inversiones en infraestructuras; otro con Murcia, en
especial para la zona de Cartagena, a través del Instituto de Fomento de
la región de Murcia y, finalmente, con Canarias, a través de su Instituto
Tecnológico, para cofinanciar iniciativas inversoras en la zona de
pequeñas y medianas empresas.
Como es natural, las actuaciones descritas no agotan el contenido de la
orden, ya que tanto las entidades públicas o privadas, como instituciones
sin ánimo de lucro, empresas, asociaciones de empresas, pueden optar a
las ayudas establecidas. En ese sentido, prevemos su ampliación a lo
largo del próximo año 1998.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Ministro de Industria y
Energía.
El Senador Ruiz-Ayúcar tiene la palabra.
El señor RUIZ-AYUCAR ALONSO: Muchas gracias, señor Presidente.
Señor Ministro, le agradezco la respuesta porque compruebo el interés de
este Ministerio por el apoyo que supone para todas estas zonas que
necesitan la recuperación por el proceso de reindustrialización y de
reestructuración industrial.
Deseamos que continúe el apoyo, las subvenciones y ayudas a todos estos
entes, tanto públicos como privados.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, Senador Ruiz-Ayúcar.
--DE DON JAIME LOBO ASENJO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL SENADO,
SOBRE SI PRETENDE EL MINISTERIO DE INDUSTRIA Y ENERGIA LLEVAR EL PROCESO
DE REDUCCION DE ACTIVIDAD Y DE EMPLEO EN EL SECTOR DE LA MINERIA DEL
CARBON MAS ALLA DE LOS LIMITES ACORDADOS CON LAS CENTRALES SINDICALES,
MEDIANTE ACUERDOS CON LAS EMPRESAS DEL SECTOR, PARA APLICAR REDUCCIONES
MUCHO MAS DRASTICAS. (680/000345.)
El señor PRESIDENTE: Pregunta de don Jaime Lobo Asenjo, del Grupo
Parlamentario Popular en el Senado, sobre si pretende el Ministerio de
Industria y Energía llevar el proceso de reducción de actividad y de
empleo en el sector de la minería del carbón más allá de los límites
acordados con las centrales sindicales, mediante acuerdos con las
empresas del sector, para aplicar reducciones mucho más drásticas.
El Senador Lobo tiene la palabra.
El señor LOBO ASENJO: Gracias, Presidente.
Señor Ministro, en el balance de logros que pueda presentar el actual
Gobierno, a mi juicio ocupan un capítulo importante los pactos
conseguidos mediante el diálogo social, y de entre éstos es de la máxima
trascendencia el llamado Paco del carbón firmado el pasado 15 de julio
por el Ministerio de Industria y Energía y los sindicatos, con una
duración que se extiende hasta el año 2005.
Pues bien, desde las filas del principal partido de la oposición, y más
concretamente desde su Grupo Parlamentario, desde las filas de aquellos
que apoyaron al anterior Gobierno para que se perdieran 26.000 puestos de
trabajo mineros en toda España sin crear a cambio ninguno, y sin duda
para minimizar la importancia de este Plan de carbón y crear un clima de
desconfianza e incertidumbre, se han lanzado a asegurar que el Gobierno,
que su Ministerio, pretende llevar a cabo el proceso de reducción de
actividad y de empleo en el sector de la minería del carbón mucho más
allá de los límites acordados por las centrales sindicales mediante
acuerdos con las empresas para aplicar reducciones más drásticas que las
pactadas. Es decir, señor Ministro, que están ustedes engañando a los
mineros. Y afirman, de paso, que en los Presupuestos Generales del Estado
omiten la financiación necesaria para llevar a cabo este Plan. ¿Es esto
así, señor Ministro?
Gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, Senador Lobo Asenjo.
Tiene la palabra el señor Ministro de Industria y Energía.
El señor MINISTRO DE INDUSTRIA Y ENERGIA (Piqué i Camps): Muchas gracias,
señor Presidente.
Senador, creo que tengo una respuesta muy breve y muy rotunda a lo que
usted me plantea: no es verdad en absoluto. El Ministerio de Industria y
el Gobierno van a cumplir estrictamente sus compromisos, que están
definidos en el Plan del sector de la minería del carbón y el desarrollo
alternativo de las cuencas mineras. Quien hace este tipo de
aseveraciones, probablemente desde la irresponsabilidad, denota no haber
digerido el acuerdo firmado entre el Gobierno y los sindicatos, que
supone un paso cualitativo muy relevante en relación a la situación
anterior.
Quisiera recordar que el sector del carbón, en efecto, sólo ha hecho un
ajuste en los últimos quince años, que es precisamente el del empleo, al
que usted ha hecho referencia, pero, en cambio, no ha hecho un ajuste de
verdad desde el punto de vista de la producción, desde el punto de vista
empresarial y desde el punto de vista de la organización de ese mercado.
El nuevo Plan redefine drásticamente las normas de funcionamiento del
sector, pero lo hace sobre la base del acuerdo con los sindicatos, sobre
la base de un ajuste equilibrado en producción, en plantilla y en
subvenciones, y ése es el marco al cual se va a remitir el Gobierno a la
hora de aplicarlo a las empresas.
Sólo es posible --lo digo para que no se pueda alegar que no matizamos
suficientemente--, es verdad, que el propio Plan contempla dentro de él
la posibilidad de que el señor Ministro de Industria y Energía pueda
llegar a acuerdos específicos con empresas y con grupos de ellas que
pueden suponer modificaciones con respecto al Plan, pero en este punto
hay que hacer dos consideraciones. La primera es que el mismo Plan matiza
que las modificaciones tienen que ser leves, es decir, que no pueden ser
muy significativas y que, en cualquier caso, tienen que ser aprobadas por
la Comisión de seguimiento del Plan, en la que participan el señor
Ministro de Industria y Energía, las centrales sindicales y,
eventualmente, las empresas que se adhieren a él, por lo tanto, el señor
Ministro de Industria y Energía nunca podría adoptar esa decisión
unilateralmente, sino que deberá ser acordada también con los sindicatos.
Por consiguiente, no hay el menor motivo, excepto la mala fe, para pensar
que nos vamos a salir del marco que hemos acordado con los sindicatos.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ministro de Industria y Energía.
Tiene la palabra el Senador Lobo Asenjo.
El señor LOLO ASENJO: Gracias, señor Presidente.
Gracias, señor Ministro, por su respuesta. No esperaba otra. Espero que
sea clarificadora, de una vez por todas, respecto a que las medidas del
Plan se van a cumplir y van a servir para resolver los problemas sociales
y regionales relacionados con la reducción de la actividad minera, para
lograr esa inversión de 500.000 millones de pesetas, que todos
pretendemos que se realice a lo largo de estos años, destinados a cubrir
el déficit de infraestructuras, propiciar la reconversión del capital
humano, poner en marcha proyectos empresariales y, en definitiva, crear
empleo.
Muchas gracias, señor Ministro.
Gracias, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Lobo.
¿Señor Ministro? (Pausa.) Gracias.
--DE DOÑA MARIA GEMA DIAZ VILLEGAS, DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL
SENADO, SOBRE EL BENEFICIO QUE HA SUPUESTO PARA LOS AGRICULTORES LA
RENEGOCIACION DE LOS CONVENIOS DE COLABORACION CON ENTIDADES FINANCIERAS
EFECTUADOS POR EL MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACION, SOBRE
MEJORAS AGRARIAS, ESTRUCTURALES Y MODERNIZACION DE LAS EXPLOTACIONES,
PARA EL DESARROLLO DEL REAL DECRETO 204/1996, DE 9 DE FEBRERO.
(680/000346.)
El señor PRESIDENTE: Pregunta de doña María Gema Díaz Villegas, del Grupo
Parlamentario Popular en el Senado, sobre el beneficio que ha supuesto
para los agricultores la renegociación de los convenios de colaboración
con entidades financieras efectuados por el Ministerio de Agricultura,
Pesca y Alimentación, sobre mejoras agrarias, estructurales y
modernización de las explotaciones, para el desarrollo del Real Decreto
204/1996, de 9 de febrero.
Tiene la palabra la señora Díaz Villegas.
La señora DIAZ VILLEGAS: Muchas gracias, señor Presidente.
Señora Ministra, la mejora de las estructuras agrarias y la modernización
de las explotaciones para conseguir una mayor producción y una
agricultura más competitiva, con respecto a nuestros socios comunitarios,
han sido y son, sin duda, objetivos prioritarios de la política agraria
española.
Con esa idea se nos presentó el Real Decreto 204/1996 sobre mejoras
estructurales y modernización de explotaciones agrarias. Sin embargo,
hemos de señalar que su aprobación el 9 de febrero de 1996 por el
Gobierno socialista pecó de precipitación y de prisa electoralista, quizá
para poder exhibir como reclamo electoral un Decreto enfocado,
fundamentalmente, a incentivar el apego de la gente del campo a su tierra
a través del imprescindible aumento de sus rentas, lo que les permitiría
una vida digna y de calidad y la permanencia en su medio rural.
Tenemos que decir que esa precipitación y esa premura en la elaboración y
en la redacción del Real Decreto ha originado numerosos problemas de
homologación con la legislación comunitaria que han ido surgiendo durante
el tiempo que lleva en vigor y que impedían el reconocimiento de algunas
ayudas concedidas. Nos hemos encontrado así con que la Unión Europea ha
puesto objeciones a las ayudas a los arrendamientos rústicos de más de
ocho años o a las inversiones subvencionables de adquisición de derechos
de producción y de derechos a prima de carácter individual y
transferible.
Para solucionar estos problemas, el Gobierno aprobó en julio de 1997 un
nuevo texto para ajustarnos mejor al ámbito normativo de la Unión
Europea. El texto concreta mucho
más, desde luego, las medidas que han de permitir, de verdad, a nuestros
agricultores beneficiarse del Decreto al que hemos aludido.
Señora Ministra, en ese Real Decreto se contemplan los convenios de
colaboración con entidades financieras y a ellos queremos referirnos a
continuación. Gracias a la política económica del actual Gobierno, que ha
permitido una evolución a la baja de los costes financieros y, desde
luego, gracias a la decisión acertada y solidaria del Ministerio que
usted, señora Ministra, dirige, se ha emprendido una renegociación de
estos convenios con las entidades financieras correspondientes, sin
esperar siquiera a la aprobación en julio del nuevo texto del Gobierno
para que los agricultores se puedan beneficiar cuanto antes de esa
bonanza económica que les va a permitir producir en unas condiciones
mucho más beneficiosas, ventajosas y competitivas.
Por todo ello, señora Ministra, quisiéramos saber qué beneficio ha
supuesto para los agricultores la renegociación de los convenios de
colaboración con entidades financieras efectuados por el Ministerio de
Agricultura, Pesca y Alimentación para la obtención de mejoras agrarias
estructurales y para la modernización de las explotaciones de cara al
desarrollo del Real Decreto 294/1996, de 9 de febrero.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, Senadora Díaz Villegas.
Tiene la palabra la señora Ministra de Agricultura.
La señora MINISTRA DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACION (De Palacio del
Valle-Lersundi): Muchas gracias, señor Presidente.
Gracias, señora Senadora, por darme ocasión de exponer brevemente las
mejoras que para el erario público y para los agricultores, puesto que
este Ministerio les ofrece mayores posibilidades, ha supuesto la
renegociación con las entidades financieras de los convenios de
colaboración suscritos por el MAPA con dichas entidades para financiar,
precisamente, el Real Decreto 204/1996. El Real Decreto, como muy bien ha
señalado su señoría, fue impugnado en algunos de sus aspectos por la
Comisión Europea. Por lo tanto, ha habido que hacer una modificación y
también una serie de aclaraciones para evitar tener mayores problemas y
mayores dificultades con la Unión Europea que impugnaba parte de las
ayudas --cuestionaba concretamente la compatibilidad de las ayudas-- que
se contemplaban en el mismo.
Mientras solucionábamos estos aspectos concretos tampoco descuidábamos un
hecho que para nosotros era esencial, que la mejora experimentada por la
economía española gracias a la política de este Gobierno, política que
está permitiendo una caída importantísima en los intereses, se trasladara
inmediatamente a los agricultores. Así, dentro de los convenios suscritos
por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación en colaboración
con entidades financieras que arrancan del año 1992, año en que se
empiezan a practicar este tipo de políticas por parte del Gobierno, y en
los que se establecían los criterios de concesión y pago de las
subvenciones y los sistemas de fijación del interés preferente al inicio
de cada año y procedimiento de revisión trimestral del mismo, se han
renegociado por parte de este Ministerio con las siguientes novedades: el
tipo preferente a partir de 1997 se establece en el 7 por ciento, cuando
según los criterios de renegociación que contemplaban los convenios
iniciales hubiera correspondido que fuera el 8,25 por ciento, es decir,
que ha habido un ahorro de un 1,25 por ciento además del ahorro
correspondiente a la caída del interés en general. El tipo preferente al
inicio de cada año a partir de 1998 será el Mibor más el 1,25 por ciento
en vez de ser el Mibor más un 1,5 por ciento, que era lo establecido en
el convenio suscrito por el anterior Gobierno. La revisión trimestral del
tipo preferente de los nuevos préstamos es a 1 de abril, 1 de julio y 1
de octubre, y será el Mibor a un año indicado el trimestre incrementado
en 1,25 por ciento. Se aplica cuando el tipo con él calculado sobrepase
una banda de fluctuación del 0,5 por ciento respecto al tipo vigente al
inicio del trimestre. Anteriormente, en vez del 1,25 era el 1,5 por
ciento, y además la banda de fluctuación era de un punto pero ahora la
hemos reducido a medio punto. La revisión de tipo preferente de las
pólizas que se formalicen a partir del 1 de enero de 1997 se hará cuando
la diferencia esté en 1,25 por ciento más menos respecto al preferente
vigente en cada momento fijado, cuando la banda anterior en estos nuevos
préstamos era del 2,5 por ciento.
En resumen, de no haberse renegociado los convenios, en lo que va de año
1997 el preferente hubiera sido del 8,25 por ciento y, sin embargo, es
del 7 por ciento y del 6,40 a partir del 1 de julio. Por otra parte, la
fijación del 7 por ciento a partir de enero y la del 6,40 a partir de
julio da lugar a la revisión de 27.461 pólizas anteriores suscritas por
agricultores, pólizas que con el 8,25 por ciento no hubieran podido
revisarse, lo que se ha traducido en un ahorro para el Ministerio de
Agricultura de 5.100 millones de pesetas y una mayor ayuda a los
agricultores en forma de minoración de anualidades de amortización de
4.456 millones de pesetas. Es decir, que los agricultores se van a
beneficiar directamente en 4.456 millones de pesetas además de
presentarse unas mayores disponibilidades para los presupuestos del
Ministerio de Agricultura de 5.100 millones de pesetas.
Entiendo que ésta ha sido una labor ágil por parte del Gobierno al
servicio de los agricultores, que deben ser nuestro norte, al verse éstos
beneficiados por los efectos positivos de la política de control del
gasto público que está llevando a cabo este Gobierno.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Ministra.
Tiene la palabra la Senadora Díaz Villegas
La seora DIAZ VILLEGAS: Señor Presidente, quería agradecer a la señora
Ministra la amplia y sobre todo positiva información que nos ha
facilitado.
Nuestro Grupo se siente muy satisfecho del importante ahorro que queda
patente van a obtener nuestros agricultores gracias a las medidas tomadas
por su Ministerio.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, Senadora Díaz Villegas.
Tiene la palabra la señora Ministra de Agricultura. (Pausa.)
--DE DON JUAN MANUEL ARMARIO VAZQUEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN
EL SENADO, SOBRE LAS MEDIDAS QUE ESTA LLEVANDO A CABO EL GOBIERNO PARA
REGULARIZAR EL CULTIVO DEL ALGODON. (680/000347.)
El señor PRESIDENTE: Pregunta de don Juan Manuel Armario Vázquez, del
Grupo Parlamentario Popular en el Senado, sobre las medidas que está
llevando a cabo el Gobierno para regularizar el cultivo del algodón.
Tiene la palabra el Senador Armario Vázquez.
El señor ARMARIO VAZQUEZ: Muchas gracias, señor Presidente.
Señora Ministra, como usted bien sabe, existe una previsión para la
campaña 1997-98 de unas 374.000 toneladas de algodón sin desmotar
fundamentalmente por dos motivos: un efecto mercado ya que los precios de
la campaña anterior fueron muy buenos, y un efecto inundaciones,
especialmente en Andalucía debido a las intensas lluvias
--Andalucía produce el 95 por ciento del algodón español--, lluvias que
han dado lugar a que muchos agricultores se hayan dirigido a cultivos de
primavera en una cantidad aproximada de 11.300 hectáreas que son las que
de alguna forma se derivan del efecto inundaciones. Por lo tanto, se ha
pasado de unas 79.000 hectáreas a 113.000 hectáreas y ha dado lugar a que
rebasemos en 125.000 toneladas las 249.000 toneladas que marca el
reglamento especial comunitario de ayudas para el algodón.
Es por este motivo por el que le pregunto sobre las medidas que está
llevando a cabo el Gobierno para regularizar el cultivo del algodón.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias, Senador Armario Vázquez.
Tiene la palabra la señora Ministra de Agricultura.
La señora MINISTRA DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACION (De Palacio del
Valle-Lersundi): Muchas gracias, señor Presidente.
Como muy bien ha señalado su señoría, lo que caracteriza a las
superficies de siembra del algodón en España es su irregularidad en
función de las disponibilidades de agua. Si hay agua se riega y se hace
en superficie importantes y, sin embargo, en los períodos de sequía,
obviamente, las superficies han descendido, por ejemplo, a 35.000
hectáreas en tres de las últimas campañas, mientras que en las otras se
han mantenido en torno a las 80.000, batiendo un récord este año con
113.000 hectáreas cultivadas.
Esto obedece, en el último año, a dos razones: el efecto mercado, que ha
señalado su señoría, es decir, los buenos precios, los buenos resultados
que supone para los algodoneros este cultivo, pero también hay una parte
del rebasamiento, que nosotros estimamos en torno a un 30 por ciento, que
obedece al problema de las inundaciones. Por lo tanto, se está actuando
en un doble frente: lo que son soluciones al hecho concreto de la
situación actual y lo que son soluciones de cara al futuro. Así, lo que
se pretende es regularizar en España el cultivo del algodón, intentando
afrontar de raíz las causas principales que inciden y que han sido
señaladas en cuanto a las oscilaciones de cultivo.
En síntesis, se puede decir que consideramos necesaria la constitución de
organizaciones interprofesionales que regulen el sector y la modificación
pertinente de la reglamentación comunitaria para que se contemple y
palien las penalizaciones que soportan nuestros productores, por razones
de unas características específicamente españolas como son las
alternancias climáticas. Las actuaciones de carácter interno nacional que
está llevando a cabo el Departamento y que se han acordado y consensuado
en distintas reuniones mantenidas con las organizaciones profesionales
agrarias, Asaja, UPA, COAG, y la desmotadoras van en este sentido.
Como resultado de estas reuniones se ha acordado
--para hacer frente a la dramática situación que se está produciendo
en la presente campaña debido, insisto, en parte a las inundaciones-- lo
siguiente:
Puesta en funcionamiento de un plan de fomento de calidad y control a
través de programas operativos que llevarán a cabo la organización
interprofesional del algodón que se está constituyendo al efecto.
Apoyo a la industria desmotadora para que adelante el pago del precio
mínimo de los algodoneros, no haciendo uso de la cautela del 15 por
ciento sobre el precio provisional y, por lo tanto, liquiden a los
cultivadores de algodón un precio mínimo de 120 pesetas kilo, tal cual se
ha venido haciendo en campañas anteriores. Quiero significar que 120
pesetas kilos es inferior a las 124 pesetas que en principio garantiza la
normativa comunitaria.
Apoyo gubernativo para mejorar el control, evitando posibles
desplazamientos irregulares del algodón que produzcan mayores
penalizaciones de las correspondientes a la producción real.
En lo que hace referencia a actuaciones tendentes a la modificación de la
normativa del Ministerio recogiendo las peticiones del sector tanto Opas
como industriales tienen muy claro, y así lo han solicitado a la comisión
en Bruselas, la necesidad de incrementar la cantidad nacional garantizada
e introducir los elementos correspondientes que permitan paliar los
efectos de la variabilidad climática, es decir, establecer un sistema de
reporte sobre varias campañas que permitan compensar los períodos de
sequía y, por lo tanto, de menor plantación con los períodos de
abundancia de agua y, por consiguiente, de mayor plantación de algodón en
nuestra tierra para mejorar y optimizar así las disponibilidades de
ayudas presupuestarias puestas a la disposición del sector algodonero
español.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Ministra de Agricultura.
Tiene la palabra el Senador Armario.
El señor ARMARIO VAZQUEZ: Muchas gracias, señor Presidente.
Quiero agradecer a la señora Ministra su respuesta y felicitarla por su
gestión, al igual que ya lo están haciendo las organizaciones agrarias
frente a las intensas críticas infundadas de la Junta de Andalucía,
especialmente del señor Consejero, don Paulino Plata, del cual estamos
esperando ya una rectificación pública.
Quiero decir que lo que queda claro es que los acuerdos que salen de esas
negociaciones europeas no los ha llevado a cabo este Gobierno --demasiado
está usted haciendo con desenredar el desaguisado que hicieron otros-- y,
por lo tanto, quiero desearle de alguna forma éxito, porque es el éxito
de los algodoneros españoles.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, Senador Armario Vázquez.
--DE DON JOSEP RAMON MODOL PIFARRE, DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA,
SOBRE EL GRADO DE CUMPLIMIENTO, EN LA PRESENTE LEGISLATURA, DEL CONVENIO
SOBRE PRINCIPIOS PARA LA AUTORREGULACION DE LAS CADENAS DE TELEVISION, EN
RELACION CON DETERMINADOS CONTENIDOS DE SU PROGRAMACION REFERIDOS A LA
PROTECCION DE LA INFANCIA Y LA JUVENTUD, SUSCRITO POR EL MINISTERIO DE
EDUCACION Y CIENCIA, LAS CONSEJERIAS DE EDUCACION DE LAS COMUNIDADES
AUTONOMAS Y LAS CADENAS DE TELEVISION, EN MARZO DE 1993. (680/000338.)
El señor PRESIDENTE: Pregunta de don Josep Ramon Mòdol Pifarré, del Grupo
Parlamentario Socialista, sobre el grado de cumplimiento, en la presente
Legislatura, del Convenio sobre principios para la autorregulación de las
cadenas de televisión, en relación con determinados contenidos de su
programación referidos a la protección de la infancia y la juventud,
suscrito por el Ministerio de Educación y Ciencia, las Consejerías de
Educación de las Comunidades Autónomas y las cadenas de televisión, en
marzo de 1993.
Senador Mòdol Pifarré, tiene su señoría la palabra.
El señor MODOL PIFARRE: Gracias, señor Presidente.
Queda la pregunta formulada en sus propios términos.
Gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, Senador Mòdol Pifarré.
Señora Ministra de Educación, tiene su señoría la palabra.
La señora MINISTRA DE EDUCACION Y CULTURA (Aguirre y Gil de Biedma):
Muchas gracias, señor Presidente.
Señoría, el pasado 24 de abril informé en la Comisión de Educación y
Cultura sobre el nuevo sistema de control social que acababa de poner en
marcha la Secretaría General de Educación y Formación Profesional para
facilitar el seguimiento de las emisiones de televisión en relación con
el Convenio de Autorregulación, que pretende proteger a la infancia y a
la juventud de aquellos contenidos que puedan perjudicarles.
En aquella ocasión ya dije que lo que podían hacer las organizaciones
sociales, ya fueran de padres, de telespectadores, consumidores,
sindicatos o, incluso, los particulares era conectar sus terminales por
correo electrónico, por Internet, a los servidores del programa de nuevas
tecnologías del Ministerio, y en este momento estoy en condiciones de
decirle que tenemos gran cantidad de incidencias positivas, pero, sobre
todo, numerosísimas incidencias negativas que han llegado al Ministerio
de Educación y Cultura a través de esas páginas «Web», con un formato
estandarizado de las diversas organizaciones y particulares que nos
informan.
Una vez procesadas, el Ministerio elabora un informe de síntesis que va a
utilizar para exigir a las cadenas, porque yo no puedo ocultar a su
señoría que nuestra impresión no es satisfactoria. Creemos que el
Convenio de Autorregulación exige una mejor atención por parte de las
cadenas de televisión a la protección a la infancia y a la juventud que
el Convenio pretende.
Gracias, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Ministra.
El Senador Mòdol Pifarré tiene la palabra.
El señor MODOL PIFARRE: Gracias, señor Presidente.
Señora Ministra, conozco su comparecencia del día 24 de abril ante la
Comisión de Educación y Cultura y sus respuestas al Senador Varela. Y
precisamente por eso hoy le formulo esta pregunta.
Recordará la señora Ministra que el Ministerio, en el Convenio de marzo
de 1993, se comprometía, primero, a impulsar, a través de sus unidades
especializadas, tales como el Centro de Investigación, Documentación y
Evaluación, CIDE, y a través de instituciones universitarias y de
investigación, estudios generales teóricos y prácticos sobre la
influencia de la televisión en el público infantil y juvenil en el medio
escolar; la información y las valoraciones que contengan estos estudios,
se decía, serán transmitidas preferentemente y con regularidad a las
emisoras de televisión. Y, en segundo lugar, se comprometía a desarrollar
una campaña entre los profesores, alumnos y padres a través de sus
propios centros de enseñanza para promover los valores de respeto a la
persona, solidaridad, paz y democracia y, en general, las aportaciones
positivas que la experiencia televisiva puede producir en el desarrollo
personal de los alumnos.
En el marco de esta campaña, el Ministerio, decía, producirá un programa
dirigido a alumnos, padres y profesores,
que también se facilitará a las cadenas de televisión para su emisión.
Señora Ministra, yo creo que nada o poco de esto se ha hecho. Agradezco
sus palabras en el sentido de que tienen intención de revitalizar este
Convenio. Me felicito por ello. Ahora bien, me preocupan otras cosas, y
tengo que decírselas hoy también, señora Ministra. La primera y
fundamental es que de aquello a lo que se habían comprometido las cadenas
no se ha cumplido absolutamente nada. Vamos a peor. Los contenidos
televisivos no solamente incumplen este Convenio de Autorregulación, sino
que se incumple --y lo dije aquí en meses anteriores y lo repetiré en
meses venideros si la situación sigue siendo la misma-- de forma
flagrante la Ley 25/94 prácticamente en todos sus artículos, pero muy
especialmente en cuanto a lo que hoy nos afecta aquí, es decir, los
derechos de la infancia y la juventud.
El Ministro de Fomento decía en una interpelación el día 17 de septiembre
que se habían abierto cuatro expedientes sancionadores a diferentes
cadenas de televisión por sus contenidos. Este verano, cualquier
telespectador sabe que han sido cientos, miles las infracciones que se
han producido.
Lo que yo le pido a la señora Ministra, de la que sé que no tiene la
capacidad sancionadora pero sí la capacidad de impulsar convenios de
autorregulación, es que lo haga. Nos tendrá a su lado. Y, sobre todo, que
cumpla con el propósito de hacer programas que lleguen a todos los
centros educativos, a todos los padres, a todos los alumnos. Que presione
a todas las televisiones para que cumplan lo que ellas mismas firman, y
ya que tienen comisiones interministeriales en las que trabajan juntos,
con esos contenidos a los que usted hacía alusión, con esas notas
negativas que se producen, pida al Ministerio de Fomento que, por favor,
actúe.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, Senador.
Tiene la palabra la señora Ministra de Educación y Cultura.
La señora MINISTRA DE EDUCACION Y CULTURA (Aguirre y Gil de Biedma):
Muchas gracias, señor Presidente.
Estoy de acuerdo prácticamente en todo lo que ha dicho su señoría, y lo
que me gusta es que reconozca que el convenio es de 1993 y que el
problema no es nuevo. Igualmente, agradezco que reconozca que el
Ministerio de Educación y Cultura no tiene en esta materia capacidad
sancionadora.
Le aseguro a su señoría que no sólo nuestro informe, el del Ministerio de
Educación y Cultura, sino todas las quejas que nos han llegado en número
abrumador de todas las asociaciones de padres, de telespectadores, de
consumidores, de los particulares que, a través de los servidores y las
páginas que ha conectado el Ministerio de Educación y Cultura en el
Programa de Nuevas Tecnologías para que haya un seguimiento exhaustivo de
la programación televisiva en horario en el que se supone hay presentes
menores, vamos a tratar de dar la mayor difusión a través de los medios
de comunicación y a tratar de conseguir que las cadenas de televisión,
por este principio de autorregulación al que ellas mismas se han
comprometido, eviten este tipo de contenidos que yo soy la primera que
reconozco ante su señoría que, por el momento, no se ha conseguido
evitar.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Ministra.
--DE DON IGNACIO DIEZ GONZALEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, SOBRE
LOS CRITERIOS ACTUALES DEL GOBIERNO EN RELACION CON LA CONCESION O
DENEGACION DEL PERMISO DE TRABAJO A EXTRANJEROS. (680/000336.)
El señor PRESIDENTE: Pregunta de don Ignacio Díaz González, del Grupo
Parlamentario Socialista, sobre los criterios actuales del Gobierno en
relación con la concesión o denegación del permiso de trabajo a
extranjeros.
Tiene la palabra el Senador Díez González.
El señor DIEZ GONZALEZ: Señor Presidente, la pregunta queda formulada en
sus propios términos.
El señor PRESIDENTE: Gracias, Senador Díez González.
Tiene la palabra el señor Ministro de Trabajo y Asuntos Sociales.
El señor MINISTRO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES (Arenas Bocanegra):
Muchas gracias, señor Presidente.
Señor Senador, respecto de su pregunta acerca de los criterios que aplica
el Gobierno a la hora de denegar o conceder permisos a los extranjeros,
los criterios que se siguen son exactamente los que vienen planteados en
la Ley Orgánica 7/1985, que, como sabe, en su día fue propuesta por el
Gobierno de esa época y que tuvo un amplio respaldo parlamentario, siendo
finalmente aprobada con 260 votos a favor en el Congreso de los
Diputados.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ministro.
Tiene la palabra el Senador Díez González.
El señor DIEZ GONZALEZ: Muchas gracias, señor Presidente.
Muchas gracias, señor Ministro, por su contestación. Evidentemente,
coincidimos en una política de integración de los ciudadanos extranjeros
en España. La ley a la que hace referencia su señoría así lo dice. Hemos
suscrito una serie de convenios internacionales, resoluciones de nuestros
representantes en distintos foros, como el Parlamento Europeo, el Consejo
de Europa, etcétera. Pero una cosa es suscribir esa normativa y otra cosa
es la práctica diaria de
lo que ocurre en relación con los trabajadores extranjeros en España.
Favorecer la integración de los ciudadanos extranjeros en nuestro país es
algo en lo que coincidimos todos, porque, aparte de su ideología, aparte
de su religión, aparte de su raza, es una posición que apoyamos porque
está en la Constitución Española, porque está en las leyes y porque está
en la esencia de lo que defendemos. Sin embargo, la práctica diaria de lo
que está ocurriendo y de lo que la autoridad laboral viene haciendo en
este ámbito no nos dice esto.
Tengo aquí muchos expedientes de ciudadanos extranjeros que se sienten
discriminados a la hora de acceder al trabajo. Ciudadanos extranjeros que
tienen sus cónyuges españolas; ciudadanos extranjeros que tienen hijos
españoles; ciudadanos extranjeros que tienen más de cinco años de
residencia en España. Sin embargo, las leyes a las que usted se refería,
y a las que yo también me refiere en mi intervención, no dicen que tengan
que estar discriminados ante esa situación, sino todo lo contrario:
tienen derecho al trabajo, y la autoridad laboral es la que les está
denegando el derecho al trabajo por mor de la situación del empleo en
España, que es una situación restrictiva en algún caso. Pero hay
situaciones que la misma ley establece como positivas, aunque con
excepcionalidades a su aplicación y con requisitos establecidos que su
señoría conoce perfectamente. Sin embargo, creemos que de alguna forma se
está rompiendo con esa dinámica, a través de un celo excesivo por parte
de las autoridades laborales que tienen que conceder estos permisos.
Yo, con ánimo de colaboración con el Ministerio de Trabajo, le solicito,
señor Ministro, que procure estudiar las circunstancias que se dan en
muchas direcciones provinciales de Trabajo, ya que están aplicando,
repito, con excesivo celo la ley; excesivo celo que no hace sino romper
esa coincidencia que hemos expresado en las leyes que rigen la situación
de los trabajadores extranjeros en España, y, por otra parte, no hace
sino romper eso que decía antes --en lo que existe gran coincidencia--:
favorecer la integración de los extranjeros en nuestro país, y una forma
de favorecer esa integración es el derecho al trabajo, derecho
fundamental que las leyes reconocen, leyes que, como su señoría dice,
estaban discutidas y aprobadas por las Cortes en el año 1985 y
posteriormente.
Por tanto, no queremos sino que el Ministerio de Trabajo haga cumplir la
ley, pero sin discriminaciones, sin el excesivo celo con que en algunos
ámbitos se viene cumpliendo.
Nada más y muchas gracias, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Senador.
Tiene la palabra el señor Ministro de Trabajo.
El señor MINISTRO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES (Arenas Bocanegra):
Gracias, señor Presidente.
Señor Senador, quería en primer lugar agradecerle el tono de su
intervención, y por supuesto también el ánimo de colaboración que ha
reflejado en la misma. Yo pienso --y lo estamos demostrando todos los
días con los hechos-- que es perfectamente compatible una política de
empleo al servicio de la sociedad española con lo que significa la
integración de personas que no son españolas y que han solicitado acceder
al mercado de trabajo en España. Me parece que esa política de empleo
tiene ese componente de solidaridad en un país que, afortunadamente, no
está marcado en este momento por la emigración de sus trabajadores, sino
por la emigración de sus empresas, afortunadamente repito, y que
actualmente tiene un flujo inmigratorio adecuado.
Hay un hecho contundente: estamos favoreciendo la integración porque en
enero de 1996 había 138.000 extranjeros trabajando en España, y en este
momento hay 161.900. Por lo tanto, se está haciendo una política que
favorece la integración, teniendo en cuenta también la situación del
mercado laboral en España.
Dice su señoría que hay un bloque de expedientes de discriminación,
porque se les dice a esos ciudadanos que no hay condiciones para el
empleo en este momento. Yo le puedo decir --y no lo tome a mal-- que el
bloque de discriminación que tengo desde 1985 a 1997 llena varias
habitaciones. ¿Por qué? Porque la fórmula que señala --en ese documento
que probablemente tiene-- que el mercado de trabajo no permite en este
momento la incorporación, se viene utilizando desde el año 1985, es
decir, desde que se aprobó la ley. En consecuencia, creo que no debe ser
utilizada esa fórmula como arma arrojadiza, cuando se trata de la
aplicación de una ley que, además, fue aprobada con el concurso de su
Grupo Parlamentario, de mi Grupo Parlamentario y a propuesta de un
Gobierno de sus mismas características ideológicas. No obstante, no sólo
hemos conseguido una mayor integración de los inmigrantes, sino que a la
hora de plantearnos el contingente, al que usted no ha hecho referencia,
se han hecho modificaciones muy importantes.
¿Qué trabajo se ofrecía antes al contingente? Se le ofrecía trabajo
agrícola, ganadero y servicio doméstico. ¿Qué ha hecho el actual
Gobierno? Ofrecer trabajo agrícola, ganadero, servicio doméstico,
construcción y servicios. ¿Cuándo empezaban a ingresar las solicitudes de
contingente? Normalmente, en mayo o en junio; este año, a partir del 31
de enero, se están ya obteniendo y están abiertos los plazos para
presentarlas.
¿Había antes discriminación entre nacionalidades? Ciertamente. En este
momento no hay ninguna discriminación entre nacionalidades a la hora de
hablar de los contingentes, y hemos puesto en marcha un contingente de
15.000 personas, aunque en este momento estamos tratando con las ONG y
las organizaciones sindicales la posible ampliación del contingente. Por
tanto, quiero decirle que, respetando el tono de su intervención, este
Gobierno ha conseguido una mayor integración laboral de los inmigrantes,
los datos son los datos, y ha conseguido mejorar notablemente las
condiciones del contingente laboral para extranjeros.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Ministro.
--DE DON JOSEP VARELA I SERRA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO CATALAN EN EL
SENADO DE CONVERGéNCIA I UNIO, SOBRE LOS CRITERIOS DEL GOBIERNO RESPECTO
A LA PRESENCIA DEL CATALAN EN LA PROGRAMACION DE TELEVISION ESPAÑOLA, S.
A. (TVE), EN CATALUÑA. (680/000335.)
El señor PRESIDENTE: Pregunta de don Josep Varela i Serra, del Grupo
Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió, sobre los
criterios del Gobierno respecto a la presencia del catalán en la
programación de Televisión Española en Cataluña.
Tiene la palabra el Senador Varela i Serra.
El señor VARELA I SERRA: Gracias, señor Presidente.
Señor Vicepresidente, recientemente se suprimió la locución en catalán
para el ámbito de Cataluña del partido de basket entre los equipos de
Gran Canaria y el Barça, rompiéndose la tónica habitual de las últimas
temporadas y de las tres primeras jornadas de la actual liga ACB. Ante
las lógicas quejas, se emitió un comunicado oficial desde los estudios de
Sant Cugat diciendo que tal omisión fue sólo debida a problemas de
coordinación entre Televisión Española en Madrid y Televisión Española en
Cataluña. La inquietud, sin embargo, no se ha eliminado del todo ante los
rumores de que determinadas restricciones presupuestarias puedan afectar
a tales retransmisiones en catalán; por ejemplo, el Director de
Televisión Española, Angel Martín Vizcaíno, hizo unas declaraciones desde
Cannes, donde se celebraba el mercado de televisión, el mismo día del
partido, en las que decía simplemente que en cada caso se estudiará si
sale a cuenta o no pedir una doble vía de locución.
En resumen, señor Vicepresidente, estamos muy satisfechos por el
magnífico trabajo que realizan los y las profesionales de Televisión
Española en Cataluña y no sólo queremos que no disminuya la programación
actual, sino que se vaya en la dirección de una paulatina ampliación. Por
ello formulo la siguiente pregunta: ¿Qué criterios tiene el Gobierno
respecto de la presencia del catalán en la programación de Televisión
Española en Cataluña?
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, Senador Varela i Serra.
Señor Vicepresidente Primero del Gobierno.
El señor MINISTRO DE LA PRESIDENCIA (Alvarez-Cascos Fernández): Muchas
gracias, señor Presidente.
Señoría, es un hecho cierto el que usted ha citado al inicio de su
pregunta, pero quiero tranquilizarle en la parte que a mí me parece más
importante de la misma. El hecho cierto de que no se produjo esa
retransmisión del partido Barça-Gran Canaria le lleva a usted a una
inquietud en el sentido de preocupación por los criterios generales de la
programación del Centro Regional de Televisión Española en Cataluña, y
quiero decirle que no debe de sentir ninguna inquietud, porque si usted
contempla con carácter general la política que viene siguiendo en los
últimos meses Radiotelevisión Española, podrá comprobar que se está
cumpliendo escrupulosamente lo dispuesto en el artículo cuarto, apartado
c), del Estatuto de Televisión Española, cuyo texto literal dice: La
actividad de los medios de comunicación social del Estado se inspirará en
los siguientes principios: respeto al pluralismo político, religioso,
social, cultural y lingüístico, y creo que Radiotelevisión española está
dando fiel cumplimiento a este mandato legal.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Vicepresidente Primero del
Gobierno.
Senador Varela i Serra.
El señor VARELA I SERRA: Agradezco la tranquilidad y seguridad que me da
el Vicepresidente y, por tanto, el Gobierno de mantener la programación.
Me parece que es importantísimo que se respete la pluralidad lingüística,
porque es esencial para la comodidad del Estado y por eso, insisto,
agradezco su respuesta y añado también lo último que decía, que se
trabaja también en la posibilidad de ampliar este ámbito de programación
en catalán.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, Senador Varela i Serra.
Señor Vicepresidente Primero.
El señor MINISTRO DE LA PRESIDENCIA (Alvarez-Cascos Fernández): Señor
Presidente, señoría, para que su manifestación de confianza no se tenga
que apoyar en un acto de fe, me va a permitir que además mi declaración
general la amplíe con algunos datos.
En el primer trimestre de 1997, Radiotelevisión Española emitió 367 horas
en catalán y 191 en castellano; en el segundo trimestre de 1997, 449
horas en catalán y 215 en castellano; en el tercer trimestre de 1997, 246
horas en catalán y 217 en castellano. En total, en lo que va del año
1997, 1.062 horas en catalán y 623 en castellano. Pero si descendemos al
escalón de las retransmisiones deportivas --que, quizá, pueda ser un
ámbito más concreto--, quiero decirle que, comparando los mismos períodos
de tiempo de 1996 y de 1997, el número de horas en catalán para las
retransmisiones deportivas se ha multiplicado casi por tres, un 278 por
ciento. Usted sabe que se están dando en catalán programas como «La
portería», «Estudio 2» y «Zona ACB»; se han ofrecido multitud de
retransmisiones de la Copa del Mundo de Esquí, del Campeonato del Mundo
de Motociclismo, de la Liga ACB de Baloncesto.
En todo caso, si le suscita inquietud alguna retransmisión en concreto,
creo que el diálogo en el seno del Consejo y también en sede
parlamentaria es el mejor instrumento para que estos detalles no empañen
el tratamiento
general del catalán que está dando Radiotelevisión Española.
Gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Vicepresidente Primero del
Gobierno.
--DE DOÑA ANA ISABEL ARNAIZ DE LAS REVILLAS GARCIA, DEL GRUPO
PARLAMENTARIO SOCIALISTA, SOBRE SI CREE EL GOBIERNO QUE, EN GENERAL, LOS
CIUDADANOS TIENEN INTERES EN QUE ADOPTE MEDIDAS QUE IMPIDAN QUE LOS
DERECHOS QUE TELEVISION ESPAÑOLA, S. A. (TVE), TIENE SOBRE LAS
RETRANSMISIONES DEPORTIVAS SEAN CEDIDOS PARA LA PROMOCION DE UNA CADENA
DE TELEVISION DE PAGO. (680/000340.)
El señor PRESIDENTE: Pregunta de doña Ana Isabel Arnáiz de las Revillas
García, del Grupo Parlamentario Socialista, sobre si cree el Gobierno
que, en general, los ciudadanos tienen interés en que adopte medidas que
impidan que los derechos de Televisión Española tiene sobre las
retransmisiones deportivas sean cedidos para la promoción de una cadena
de televisión de pago.
Senadora Arnáiz de las Revillas, tiene la palabra.
La señora ARNAIZ DE LAS REVILLAS GARCIA: Señor Presidente, doy por
formulada la pregunta en los términos que el Presidente ha dicho.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, Senadora Arnáiz de las Revillas.
Tiene la palabra el señor Vicepresidente Primero del Gobierno.
El señor MINISTRO DE LA PRESIDENCIA (Alvarez-Cascos Fernández): Señor
Presidente, señoría.
Yo creo que los ciudadanos en lo que tienen interés en general es en que
las distintas cadenas de televisión cumplan con la normativa vigente y
que, en todo caso, en aquella que supone interpretación de la legislación
de la competencia también desarrollen su actividad con respeto a las
normas de la competencia. De lo que no estoy muy seguro es de que usted
misma esté de acuerdo con la pregunta que formula referida a las
televisiones de pago, porque quiero informarle que Televisión Española
cedió a Canal Plus en el año 1995 los derechos de la Ryder Cup y en el
año 1996 cedió a Canal Plus las retransmisiones de los Juegos Olímpicos
de Atlanta. No sé si usted está de acuerdo con esto o no lo está, pero si
usted está de acuerdo con que se cedan a esta cadena de pago, está claro
que su pregunta no está bien formulada.
Gracias. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Popular.)
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Vicepresidente Primero del Gobierno.
Tiene la palabra la Senadora Arnáiz de las Revillas.
La señora ARNAIZ DE LAS REVILLAS GARCIA: Gracias, Presidente.
Señor Vicepresidente, el pasado miércoles la retransmisión de los
partidos que correspondían a la Liga de Campeones sufrió una serie de
peripecias absolutamente increíbles, que acabaron con una chapuza técnica
de primerísimo nivel. Chapuza técnica o como quiera usted llamarlo --alta
tecnología «made in PP»--, pero en realidad nos convirtieron en el
hazmerreír de propios y extraños: en un piso se veía un partido pero con
la voz del otro, en otra planta se veía otro partido, según como
estuviese orientada la antena... Aquello era una auténtica viñeta de la
«13 rue del Percebe». No sabíamos en absoluto qué estaba pasando en este
país, máxime cuando venía precedido de una serie de declaraciones del
señor López-Amor, el cual, junto con la señora Ridruejo, ha elevado la
deuda de Televisión Española al doble de lo que estaba cuando dejamos el
Gobierno los socialistas.
Señor Vicepresidente, le voy a poner dos casos para saber la posición del
Gobierno en cuanto al respeto de los derechos de los espectadores de
fútbol, porque creo que este Gobierno está vulnerando esos derechos. Las
dos secuencias son las siguientes: la primera, la de un señor que desde
marzo del año pasado podía ver la televisión por pago en Canal Satélite
Digital --creo que el primer partido que se retransmitió era el
Betis-Atlético de Madrid--, y ese señor, que hace un desembolso, que paga
para poder ver esos partidos, a raíz de que el Gobierno interviene deja
de tener ese derecho, deja de poder recibir ese servicio que ha
contratado. Un segundo escenario: el señor que no quiere pagar para ver
el fútbol y se conforma con los impuestos que sufragan esa deuda de
Televisión y dice que va a ver solamente los partidos cuyos derechos haya
comprado Televisión Española, y parece ser que el señor López-Amor
también va a quitar esa posibilidad de retransmitirlos en abierto y se
los va a ceder graciosamente a una cadena; chollo número uno, porque
ustedes han decidido apostar en una guerra comercial, es más, declarar
esa guerra comercial.
No me parece rigurosa, no me parece seria, señor Vicepresidente, la
posición de este Gobierno, porque, en definitiva, nos está convirtiendo
en una república bananera. Está haciendo de nosotros un país
absolutamente poco serio: en Europa con la guerra digital; con el lío de
los descodificadores; usted elevando a rango de ley importantísima de
interés general la «Ley del Fútbol»...
En definitiva, señor Ministro, quiero que cuando usted me conteste por
favor no me mande al frontispicio. Simplemente, ustedes han dividido
España en dos: sus amigos, y el resto, los ciudadanos y ciudadanas que
tenemos que pagar para que sus amigos se hagan ricos. (Rumores.)
El señor PRESIDENTE: Gracias, Senadora Arnáiz de las Revillas. Tiene la
palabra el señor Vicepresidente Primero del Gobierno.
El señor MINISTRO DE LA PRESIDENCIA (Alvarez-Cascos Fernández): Señora
Senadora, Televisión Española
tiene un contrato suscrito con la UEFA, que su señoría debía conocer,
porque no es de ahora, viene de hace mucho tiempo. Y el referido contrato
obliga a retransmitir en directo uno de los partidos y a dar en diferido
al menos 60 minutos de otro partido de fútbol. Eso es lo que ha hecho
Radiotelevisión Española con ocasión de los partidos de la Liga de
Campeones que se han celebrado hasta ahora. Por cierto, este criterio en
la primera jornada no suscitó ninguna inquietud de sus señorías. Pero lo
que quiero decirle es que, además de cumplir con este contrato,
Radiotelevisión Española a la hora de ejercitar los derechos de
retransmisión que tiene de acontecimientos deportivos, viene siguiendo
una política que es llegar a acuerdos comerciales con otras cadenas. Lo
ha hecho siempre, señoría. Además de los que le he citado con otro canal
de pago que a su señoría no le plantea ningún problema, quiero decirle
que Televisión Española ha repartido derechos del Mundial de Fútbol de
Estados Unidos en el año 1994 y de la Eurocopa de Fútbol de Inglaterra en
el año 1996 con la FORTA. También con la FORTA, la Final de la Copa de
Europa de Campeones de Copa. Con Canal 9 de la Televisión Valenciana se
comparten los derechos del Valencia en sus participaciones europeas. Con
Euskal Telebista se comparten los derechos internacionales del Athletic
de Bilbao y la Real Sociedad, el Torneo Villa de Bilbao, el Trofeo
Asegarce, el Tour de Francia y las pruebas de la Copa del Mundo de
Ciclismo. Con la Televisión de Galicia se compartió la Final de la Copa
del Rey Celta-Zaragoza. Con la Televisión de Cataluña los Juegos
Olímpicos de Barcelona de 1992, diversas finales de la Copa del Rey en
las que participó el Barça, la Liga de Campeones siempre que jugó el
Barça, los Juegos Olímpicos de Invierno en Noruega y la Final de la
Recopa de 1997. Y con Canal Sur los Campeonatos del Mundo de Esquí Alpino
en Sierra Nevada.
No hay, señoría, ninguna discriminación. Lo que pasa es que a usted le
interesa que Televisión Española sólo comparta derecho con Canal Plus. Y
eso, señoría, este Gobierno no lo va a aceptar. Ni con Canal Plus ni con
nadie. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Popular.)
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Vicepresidente Primero del Gobierno.
-- DE DON FRANCISCO JAVIER ROJO GARCIA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO
SOCIALISTA, SOBRE LAS MEDIDAS ADOPTADAS POR EL GOBIERNO PARA CLARIFICAR
LAS AFIRMACIONES HECHAS POR EL DECANO DEL COLEGIO DE ECONOMISTAS DE
MADRID, RELATIVAS AL ENCARGO QUE RECIBIO DE UN SECRETARIO DE ESTADO PARA
ELABORAR UN INFORME RELATIVO A LA EMPRESA SOCIEDAD DE GESTION DE CABLE,
S. A. (SOGECABLE). (680/000341.)
El señor PRESIDENTE: Pregunta de don Francisco Javier Rojo García, del
Grupo Parlamentario Socialista, sobre las medidas adoptadas por el
Gobierno para clarificar las afirmaciones hechas por el Decano del
Colegio de Economistas de Madrid, relativas al encargo que recibió de un
Secretario de Estado para elaborar un informe relativo a la empresa
Sociedad de Gestión de Cable, S. A. (SOGECABLE).
Tiene la palabra el Senador Rojo García.
El señor ROJO GARCIA: Muchas gracias, señor Presidente.
Señorías, el Presidente del Gobierno, señor Aznar, en una rueda de prensa
el día 5 de septiembre, ante una pregunta de un periodista,
evidentemente, sobre qué Secretario de Estado había encargado el informe
sobre Sogecable, manifestaba que sobre cuestiones absolutamente ridículas
no vamos a perder el tiempo.
Créanme, señores del Gobierno, que a este Senador esto no le parece más
que una contestación frívola, sorprendente, evidentemente, como
consecuencia de que en esta cuestión hay una persona que acusa o dice o
manifiesta que un Secretario de Estado le encargó el informe, y, además,
curiosamente, sin firma y en papel en blanco para que al final no se
pudiese constatar esa afirmación hecha por el Decano del Colegio de
Economistas de Madrid.
Señor Vicepresidente del Gobierno, parece ser que usted es quien va a
contestar y, por tanto, le pregunto: ¿qué medidas ha tomado el Gobierno
para clarificar las afirmaciones hechas por el Decano del Colegio de
Economistas de Madrid, relativas al encargo que recibió para elaborar el
informe en el caso Sogecable a petición de un Secretario de Estado?
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, Senador Rojo García.
Tiene la palabra el señor Vicepresidente primero del Gobierno.
El señor MINISTRO DE LA PRESIDENCIA (Alvarez-Cascos Fernández): El
Gobierno, señoría, ha hecho tres cosas: primero, desmentirlo en la
Comisión Constitucional del Congreso de los Diputados el lunes, día 26 de
mayo de 1997. Segundo, volver a desmentirlo ante el Pleno del Congreso de
los Diputados el día 17 de septiembre del año 1997 y, tercero, volver a
desmentirlo hoy en el Senado a requerimiento de su señoría. Lo ha
desmentido rotundamente.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Vicepresidente primero del
Gobierno.
Tiene la palabra el Senador Rojo García.
El señor ROJO GARCIA: Muchas gracias, señor Presidente.
Señor Vicepresidente, he de reconocer que alguna importancia ha dado a
este tema porque quien contestaba permanentemente a estas cuestiones era
la señora Ministra de Justicia, que hoy ha estado aquí, y quien responde
ahora a
esta pregunta es usted. Me parece que supone un paso importante. Hay que
leerse el «Diario de Sesiones» para ver las contestaciones que nos ha
venido dando el Gobierno cuando se le preguntaba por una cuestión tan
importante como ésta.
Usted me dice que el Gobierno vuelve a desmentir. Yo creo, señor
Alvarez-Cascos, que cuando hay una acusación tan importante, hecha por el
Decano del Colegio de Economistas de Madrid, no se puede dejar solamente
en que el Gobierno desmiente. No. Tendrían que hacer alguna cosa más.
Diga usted aquí públicamente si el señor Decano del Colegio de
Economistas de Madrid miente. Dígalo. Está aquí, en el Parlamento. De lo
contrario, pensaremos exactamente igual que cuando le he formulado esta
pregunta en otras ocasiones, es decir, que quien miente es el Gobierno.
Así de claro, señor Alvarez-Cascos.
Este Gobierno nos tiene acostumbrados --cuando quiere, en otras
cuestiones-- a ir a los tribunales si hace falta. En una acusación de
este tipo, que pone en cuestión al Gobierno, a un Secretario de Estado,
no puede salir el Gobierno a decirnos estas cosas solamente porque
ustedes cierran las intervenciones. Usted sabe que no le voy a poder
contestar y usted saldrá en la televisión en «su» televisión a hablar de
estas cuestiones. Aquí hay una acusación clara por parte de un señor que
todavía él no ha desmentido, señor Alvarez-Cascos. Por tanto, dígalo.
Queremos oír a este Gobierno decir alguna vez, primero, que se ha
equivocado --no lo han dicho jamás ni lo van a decir-- o decir que hay un
señor que miente y que, en consecuencia, está acusando al Gobierno. De no
decirlo pensaremos lo que ya pensamos, que el que miente es el Gobierno.
(Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Socialista.)
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, Senador Rojo García.
Tiene la palabra el señor Vicepresidente primero del Gobierno.
El señor MINISTRO DE LA PRESIDENCIA (Alvarez-Cascos Fernández):
Permítame, señor Presidente, señoría, hacer una precisión sobre lo que ha
afirmado el señor Senador. Este Gobierno no ha acudido a los tribunales
en ninguna ocasión. Usted lo ha dicho. No ha acudido a los tribunales en
ninguna ocasión. Probablemente usted quería decir otra cosa, pero lo que
ha dicho no se corresponde con la realidad.
En segundo lugar, ahora usted trata de establecer un orden de importancia
para dar credibilidad (Rumores.) al asunto que a usted le inquieta.
Contesta el Vicepresidente primero del Gobierno porque la señora Ministra
de Justicia ya contestó en el Congreso y hoy, además de hacerme usted la
pregunta por la mañana, me la hacen también esta tarde.
Por tanto, creo que si lo que hay que hacer es insistir en la misma
respuesta, van a comprobar ustedes que tantas cuantas veces formulen la
misma pregunta vamos a dar la misma respuesta. (El señor Zamorano
Vázquez: ¿Pero miente o no miente?)
El señor PRESIDENTE: Silencio, por favor.
El señor MINISTRO DE LA PRESIDENCIA (Alvarez-Cascos Fernández): Este
Gobierno no ha encargado ningún informe y si pregunta si lo ha encargado
algún Secretario de Estado, le digo que de este Gobierno no, de los
anteriores no lo sé. (Rumores.)
Permítame que, además, le haga otra observación. Si usted da credibilidad
al testimonio que dice que existe en un sumario en el que no está
personado el Gobierno y que afecta al motivo de la pregunta, supongo que
usted establecerá una barrera de credibilidad entre todas las
declaraciones de testigos o testimonios que hay en los juzgados que
imputan a responsables del Gobierno, o ¿sólo da credibilidad a la
declaración que aparece en este sumario en relación con este Gobierno y
pretende usted extender la credibilidad de todos los testimonios que
imputan a responsables del Gobierno en asuntos que en estos momentos
también tienen trascendencia penal? (El señor Zamorano Vázquez: ¡No
contesta!)
El señor PRESIDENTE: Silencio, por favor.
El señor MINISTRO DE LA PRESIDENCIA (Alvarez-Cascos Fernández): Señor
Senador, su argumento o vale para todo o no vale ni siquiera para este
caso. Ustedes están empeñados en cambiar la realidad, pero la verdad es
sólo una: este Gobierno no ha encargado ningún informe.
Muchas gracias. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario
Popular.--El señor Vicepresidente, Rigol i Roig, ocupa la Presidencia.)
INTERPELACIONES:
--DE DON PEDRO RODRIGUEZ CANTERO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA,
SOBRE LAS ACTUACIONES DEL GOBIERNO PARA DAR RESPUESTA A LAS DEMANDAS
PLANTEADAS POR LOS CULTIVADORES DEL ALGODON. (670/000054.)
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Segundo punto del orden del día.
Interpelaciones.
La primera interpelación la formula el Senador don Pedro Rodríguez
Cantero, del Grupo Parlamentario Socialista, sobre las actuaciones del
Gobierno para dar respuesta a las demandas planteadas por los
cultivadores del algodón.
Tiene la palabra el Senador Rodríguez Cantero.
El señor RODRIGUEZ CANTERO: Muchas gracias, señor Presidente.
Señorías, señora Ministra, la incomparecencia del Gobierno ha impedido
que la interpelación que hoy le formulo se pudiera sustanciar en el Pleno
del pasado día 24 de septiembre. No dudo que el Gobierno podrá alegar
motivos para su incomparecencia, pero tengo que lamentarla, porque estoy
convencido de que sufre el respeto y el crédito
de esta Cámara cada vez que dejamos pasar la oportunidad de hacer
sincrónicos los temas de debate en este salón de plenos con las
preocupaciones ciudadanas del momento.
Dicho esto como reflexión y como protesta, señora Ministra, señores del
Gobierno, permítanme que dé unas pinceladas respecto del cultivo del
algodón y les diga a sus señorías que el algodón, que en la Unión Europea
sólo se cultiva en España y en Grecia, tiene una importancia vital en la
zona de producción desde el punto de vista económico y del empleo, porque
su estructura productiva se asienta en miles y miles de pequeñas y
medianas explotaciones.
Permítanme que les recuerde que su producción está sometida a un régimen
especial de ayudas que, en esencia, consiste en un precio mínimo que el
agricultor percibe a través de las desmotadoras, en un límite a la
producción nacional protegible, que se denomina cantidad máxima
garantizada y que para el caso de España oscila entre 249.000 y 270.000
toneladas, y unas penalizaciones a este precio mínimo para el caso de que
la producción nacional sobrepase el límite establecido.
Por último, quiero resaltar también que casi el 95 por ciento del algodón
en España se produce en Andalucía. Así pues, cuando hablemos del actual
conflicto del algodón, no debemos olvidar tres hechos: primero, que el
conflicto afecta a más de 11.000 pequeñas y medianas explotaciones que
ven amenazada su supervivencia como consecuencia de que las
penalizaciones que puedan establecerse por un posible sobrepasamiento de
la producción hagan peligrar el umbral de rentabilidad en ellas.
Segundo, que el conflicto del algodón en el día de hoy no está
solucionado, que en el día de hoy el Ministerio de Agricultura no ha
formalizado el preacuerdo que alcanzó el pasado 25 de septiembre con las
organizaciones agrarias y con el sector industrial, y que el Ministerio
de Agricultura no ha hecho efectiva ni ha aportado esa garantía que
comprometió para asegurar a los algodoneros el precio mínimo de 120
pesetas por kilo. Con lo cual, sepan sus señorías que en estos momentos
las desmotadoras sólo están liquidando al agricultor 103,80 pesetas por
kilo, cantidad muy por debajo del umbral de rentabilidad y cantidad que,
lamentablemente, pudiera provocar que parte de la cosecha quedara sin
recoger con la consiguiente pérdida de jornal.
Por último, señora Ministra, quiero resaltar que el conflicto del algodón
en nuestro país es un problema casi exclusivo de Andalucía, y no pierdan
de vista este último dato porque puede que la explicación a la actitud
dilatoria y de inhibición que el Gobierno del Partido Popular y usted,
señora Ministra, ha tenido para encontrar soluciones al problema del
algodón, pudiéramos encontrarla precisamente en su localización,
Andalucía. Porque, señora Ministra, que en esta campaña iba a haber más
superficie sembrada de algodón, se sabía en Andalucía y lo sabía usted
misma desde el mes de febrero. Insisto, desde ese mes, febrero, ya se
sabía que parte de los campos anegados de Andalucía como consecuencia de
las inundaciones del pasado invierno perderían irremediablemente sus
cultivos y el algodón se convertiría, en buena práctica agronómica, en su
cultivo refugio. Le estoy hablando, señora De Palacio, de los campos que
usted sobrevoló, y de la descortesía institucional de rechazar el
ofrecimiento que le hizo el Consejero de Agricultura de la Junta de
Andalucía, don Paulino Plata, de acompañarla en su visita. Lo digo y lo
resalto, señora Ministra --no tenía pensado hacerlo--, pero he escuchado
cómo un miembro de su Grupo, de los bancos de la derecha, todavía tiene
el tupé de exigir reparaciones y excusas a la Junta de Andalucía y al
Consejero. Le hablo de los campos y de las 77.000 hectáreas que vieron
afectadas sus infraestructuras y perjudicados sus cultivos, para los que
usted prometió abundante y cuantiosas ayudas que, excuso decirle, nunca
han llegado a Andalucía.
Le digo más, señora Ministra. En el mes de mayo, la Junta de Andalucía le
entregó un estudio específico en el que, de manera gráfica e
incontestable, se evidenciaba la superficie de cultivo que se había
perdido irremisiblemente y, además, la exacta correlación entre esa
superficie perdida y el mayor incremento en superficie de algodón: unas
30.000 hectáreas.
Incomprensiblemente --al menos para este Senador--, este estudio durmió
en los cajones de su Departamento desde el mes de mayo hasta principios
de septiembre. ¿Por qué, señora Ministra? ¿Por qué no usó usted ese
documento gráfico e incuestionable ante Bruselas? Usted tenía argumentos
incontestables, hectárea a hectárea y municipio a municipio, para
defender ante la Comisión que el sobrepasamiento previsible en la
producción de algodón era coyuntural, causado por las inundaciones, y que
en esta campaña era más que razonable flexibilizar las penalizaciones.
Tenía usted argumentos, tenía razones y tenía antecedentes, señora De
Palacio, porque gobiernos y ministros socialistas habían conseguido
evitar a nuestros agricultores penalizaciones mucho más cuantiosas y más
complejas --le recuerdo la de los herbáceos, con motivo de la sequía--.
Usted lo tenía todo a su favor y, sin embargo, no ha conseguido lo que
gobiernos socialistas sí consiguieron: evitar las penalizaciones. No lo
ha conseguido en el algodón, ni lo va a conseguir tampoco en el maíz.
Esperemos, señora Ministra, que lo consiga en algún otro cultivo. Pero no
lo ha conseguido. ¿Por qué? ¿Por qué ha fracasado?
Le adelanto que voy a escuchar atentamente sus excusas, pero de momento
no tengo más remedio que quedarme con el análisis de los hechos. Usted ha
fracasado, primero, por su escasa capacidad negociadora, y, segundo, y
sobre todo, por su nula voluntad política para solucionar un problema que
afecta a Andalucía, a su economía y a la de miles de sus ciudadanos a los
que usted y su Partido consideran desafectos. Por eso ha fracasado usted,
señora Ministra.
Sé que usted ahora --ya lo ha hecho en la respuesta a esa pregunta
retórica que un miembro de su Grupo le ha formulado-- nos dirá que ha
hecho tal o cual cosa exitosa por la cual las organizaciones agrarias la
están felicitando. Yo le recomendaría que prestara mayor atención porque
uno no escucha esas felicitaciones ni en el tema del algodón ni en otros
muchos.
Señora De Palacio, lo explico. Usted, que no tiene ni química ni física
con el Comisario Fischler, ha intentado solucionar el problema del
algodón con una simple carta. Genial. A usted, que debería saber la
inutilidad de plantear soluciones a problemas coyunturales en el conjunto
de conversaciones globales, sólo se le ocurre intentar una solución del
algodón en el Consejo Agrícola de Luxemburgo en medio de todo el paquete
de precios. El suspenso estaba cantado, señora Ministra.
Desde nuestra apreciación y desde la apreciación de los ciudadanos en
Andalucía y del sector algodonero, usted en ocho meses no ha hecho nada
serio por solucionar el problema. Usted ha planteado mal, cuando lo ha
planteado, tarde, la flexibilización de las penalizaciones. Usted ha sido
un desastre al presentar la posible optimización de las ayudas ante
Bruselas. Usted ni siquiera ha intentado reorientar ayudas, ni siquiera
ha intentado reorientar los recursos que tiene su Ministerio asignados y
que no va a ser capaz de gestionar. Por ejemplo, los 100.000 millones de
pesetas del programa 20/78 de medidas agroambientales que usted,
lamentablemente, no va a poder gestionar y tendrá que devolver antes de
final de año.
Por eso, señora Ministra, desde Andalucía difícilmente se puede entender
tanta y tan costosa ineficacia, si se piensa que el Gobierno y usted
actúan de buena fe. Porque hay más despropósitos, señora Ministra, los
algodoneros y los ciudadanos tienen más cosas de las que pedirles
cuentas. En el Comité de gestión del 22 de agosto, su Ministerio cometió
el error de ofrecer cantidades de referencia. ¿Sabe lo que provocó? Que
inmediatamente las desmotadoras fijaran y anunciaran el precio de 104
pesetas por kilo de algodón. Y eso, inevitable y lógicamente, no podía
tener otro efecto que el de radicalizar el conflicto del algodón y,
naturalmente, lo consiguió: los algodoneros salieron a la calle, a las
carreteras, eso sí, en Andalucía.
¿Se actuó de buena fe, señora Ministra? ¿Fue sólo torpeza y candidez?
Sinceramente, si tengo que dar una respuesta, he de decir que no lo sé.
Lo que sí sé es que las organizaciones agrarias le solicitaron que el
Ministerio arbitrara algún mecanismo para garantizar al algodón un precio
mínimo --hablaban de 124 pesetas por kilo--, un precio más justo, y
evitar así la ruina económica y social de las zonas productoras. Una vez
más, usted tenía en sus manos la solución. Tenía antecedentes, señora
Ministra, el sector lácteo, por ejemplo, con casi 7.500 millones de
pesetas aportados. Tenía usted apoyatura legal, el artículo 12 del
Decreto de inundaciones, y tenía usted, en contra de lo que a veces se
dice y se insiste desde el Partido Popular andaluz, el apoyo y la
corresponsabilidad de la Junta de Andalucía.
¿Y qué hizo usted en los primeros días de septiembre? Decir que no era
posible. Decir que presupuestariamente eso no se podía hacer y que, en
consecuencia, como no había problema, nada le correspondía hacer. Le hizo
falta, señora Ministra, que los algodoneros se plantaran aquí en Madrid.
Hicieron falta tres noches de vigilia. Hizo falta que los viera usted
sentados a la puerta de su Ministerio para donde digo, digo, decir Diego
y, de pronto, aparecer el presupuesto, la disponibilidad y usted, como en
tantas y tantas ocasiones, una vez que el conflicto le estalla en las
manos, se erige en la mejor defensora de esos derechos que antes ni había
protegido ni había intentado solucionar el problema.
Señora Ministra, voy terminando, porque la causa de este conflicto no es
sólo la incompetencia. No es tampoco ni ha sido un problema financiero.
La causa de este conflicto --se lo repito una vez más-- es la falta de
voluntad política del Gobierno Aznar y la suya para entender las justas
demandas de Andalucía. Esta es una convicción de la mayoría de los
andaluces, señora De Palacio. Convicción que un algodonero andaluz de
aquellos a los que se les conoce nada más mirarle las manos y que,
lógicamente, no estuvo en Logroño, sino a la puerta de su Ministerio en
la plaza de Atocha, sintetizaba en una conversación que mantuve con él en
una pregunta.
Preguntaba al Gobierno andaluz: ¿Y esta Ministra, a nosotros, para qué
nos sirve? Reflexione, señora Ministra, dé respuesta a esa pregunta, pero
antes de hacerlo no olvide una cosa, que el algodón no engaña, señora
Ministra.
Gracias, señor Presidente, gracias, señorías. (Aplausos en los escaños
del Grupo Parlamentario Socialista.)
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Muchas gracias, Senador Rodríguez
Cantero.
Tiene la palabra la señora Ministra de Agricultura.
La señora MINISTRA DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACION (De Palacio del
Valle-Lersundi): Muchas gracias, señor Presidente.
Entre otras cosas, sirvo para intentar deshacer los entuertos que han
cometido los anteriores ministros de agricultura del PSOE. (Aplausos.)
Hace bien en aplaudirme, Senador. Tarea que, a veces, es harto complicada
porque, lamentablemente, es cierto que el sector agrario ha padecido
durante una serie de años una serie de responsables del Ministerio,
especialmente uno, que, entre otras cosas, anteponía sus miedos
personales a viajar en avión a los intereses de los agricultores
españoles. A partir de ahí, todo lo demás está dicho. (Rumores.)
Señorías, vamos a hablar seriamente del problema del algodón. Creo que
antes de contestar a la serie de dislates que ha dicho el Senador, voy a
hacer un breve repaso de lo que es el cultivo del algodón para poder
comprender mejor las causas y la situación en la que nos encontramos.
Creo que conviene esbozar, aunque sea muy brevemente, cuál es la
evolución histórica del cultivo del algodón en nuestro país y su
situación actual en la Unión Europea.
El primer referente histórico del algodón se remonta al año 1930, con
18.300 hectáreas y 4.800 toneladas de producción. Desde entonces esa
producción ha ido incrementándose, tanto en la superficie cuanto en la
producción por hectáreas. Así nos encontramos en unas cifras récord en
los años sesenta, concretamente en el año 1962, en que se alcanzaban
225.000 hectáreas, cuestión que fue absolutamente espectacular.
A partir de ahí nos encontramos con que hay un descenso, y se inicia un
repunte de los cultivos en las fechas anteriores a nuestra negociación.
Lo cierto es que la superficie
de sembrar algodón en España ha sido siempre bastante variable y está,
obviamente, en función directa de las disponibilidades de agua,
precisamente por las demandas de agua que tiene este cultivo. A partir de
1986, con la adhesión de España a las Comunidades, el cultivo se queda
sometido al régimen especial de ayuda que rige en la Comunidad, donde se
establecían en ese momento cantidades máximas de tipo comunitario que
condicionan en gran medida su posterior desarrollo.
La superficie media de cultivo desde entonces se sitúa en torno a las
80.000 hectáreas, con crestas de 137.000 hectáreas en 1988. Quiero decir,
señorías, que ha habido situaciones todavía peores que la que estamos
atravesando ahora, 137.000 hectáreas en 1988 y más de 32.000 hectáreas en
1993 y 1995, por razones obvias de falta de agua y de sequía.
La situación de las dos últimas campañas son conocidas de todas sus
señorías. En la campaña anterior, el año pasado, hubo 79.000 hectáreas,
con una cosecha de 300.000 toneladas. Este año hay 113.000 hectáreas, con
una cosecha calculada en torno a las 375.000 toneladas. Tengo que decir
que la superación de cantidades máximas garantizadas en las campañas
transcurridas desde nuestro ingreso ha sido sistemática y ha provocado
penalizaciones que han supuesto rebajas sobre el precio objetivo de ayuda
del 12, del 6, del 20, del 18, del 25, del 7, del 15, del 20, del 23
--sólo en 1995/1996 no hubo ninguna penalización-- y del 10 el año
pasado, es decir, ha habido penalizaciones desde la campaña del año
1986/87 hasta la campaña actual.
Hay que considerar, por otra parte, que si en algún momento las
penalizaciones no fueron tan espectaculares como podían haber sido en el
año 1988, donde, insisto, hubo una cifra récord de producción de 37.000
hectáreas de cultivo, era porque en aquel momento la regulación tenía un
tope, en argot comunitario un «butoir», que impedía que bajaran más las
penalizaciones.
Hay una modificación que santifica mi predecesor en las responsabilidades
que ahora tengo y que, entre otras cosas, supone la supresión de ese
tope, supone una cantidad máxima garantizada para España, diferenciada de
la de Grecia, y supone también la supresión de los reportes.
En mi opinión, ahí había cosas positivas y negativas: positivo,
diferenciar lo que era la cantidad máxima garantizada, asignando una
cantidad propia para España; negativo que la cantidad yo creo que es
insuficiente, se debería haber luchado por más; negativo, la supresión de
los reportes, es decir la imposibilidad de hacer medias sobre varios
años; negativo también, el tope máximo a la hora de imponer
penalizaciones.
Como saben sus señorías --no me voy a extender--, la regulación de las
ayudas al algodón arranca de la adhesión de Grecia a la Unión Europea y
del Protocolo IV de su Acta de Adhesión. A partir de ahí se establece un
sistema de los clásicos de apoyo a un sector, de los definidos como
«deficiency payment», es decir un sistema en el que se establece un
precio objetivo y un precio garantizado, y a partir del precio mundial se
establece un pago, una compensación del precio diferencial, ayudas que,
en última instancia, se paga a las desmotadoras para que abonen ese
precio garantizado a los agricultores.
Señorías, podría extenderme, pero creo que con estas pinceladas es
suficiente. Tan sólo quiero señalar que, obviamente, lo que hay que hacer
es conseguir un mayor equilibrio en la producción de algodón en España
que permita optimizar las ayudas que desde Bruselas se brindan a este
sector y, por otro lado, conseguir una modificación del actual sistema
que, en mi opinión, en el año 1995 se acordó, se aprobó con graves
inconvenientes para la situación española. Insisto, como he dicho hace un
momento, en que se caracteriza por una irregularidad climática que nos va
a llevar, sistemáticamente y de manera inevitable, a tener en esta
producción crestas y quiebros, es decir puntos máximos, situaciones de
grandes producciones o de grandes cosechas, obedeciendo a la abundancia
de agua, seguidos, lamentablemente, de momentos de poca producción donde
seguro que no llegaremos ni de lejos a la cantidad máxima que nos está
permitida sencillamente por la falta de agua. Por lo tanto, hay que ser
capaces de dar solución a esto. ¿Qué implica? Por un lado, implica algo
que, lo mismo que en otros sectores, en España todavía no existe y es la
creación de una interprofesional. Señorías, lo que es lamentable es que a
estas alturas de la feria todavía no haya interprofesionales en España;
va a empezar a haberlas ahora gracias al Gobierno del Partido Popular,
gracias a la modificación que hace menos de un año se introdujo en la Ley
de Interprofesionales que nació, lamentablemente, desde principio muerta
por su propia expresión, porque no se ajustaba a lo que demandaban los
sectores. Una interprofesional que permita establecer acuerdos y una
mejor regulación del sector, porque no sólo hay que ver lo que está
sucediendo en esta campaña, hay que mirar más allá, hay que mirar al
futuro, hay que dar soluciones al sector de cara al futuro, hay que
garantizar a nuestro sector algodonero un futuro lejos de los sobresaltos
a los cuales ha estado sometido a lo largo de todo este tiempo atrás.
La siguiente cuestión es que hay que luchar en Bruselas por una
modificación que subsane los errores. Yo no voy a atribuir, señor
Rodríguez, mala fe al señor Atienza por no hacer esas modificaciones en
el Reglamento; eso lo hará su señoría. Yo no voy a pensar que el señor
Atienza o el Gobierno del PSOE querían machacar a Andalucía cuando
cometían errores de bulto, como no mantener en la nueva regulación del
algodón la posibilidad de reportar sobre distintas campañas los
excedentes de producción. Yo francamente no puedo entender, y le aseguro
que es una cosa que me cuesta trabajo, que su señoría pueda decir que lo
que hay es mala fe y que todo esto obedece sencillamente a una especie de
manía persecutoria contra Andalucía.
Señoría, yo comprendo que ustedes, ya faltos de argumentos, intenten
apelar a un victimismo que no existe y a argumentos absolutamente, y le
voy a decir más, fascistas. Y se lo digo con todas las letras: fascistas.
Porque negar que todos los que estamos aquí sentados queremos lo mejor
para todos los ciudadanos españoles es negar su propia esencia al sistema
democrático. Atribuyo a su señoría la misma buena fe que yo tengo a la
hora de defender los intereses, no sólo de los andaluces, sino de éstos,
de los gallegos,
de los catalanes, de los canarios, de los de Castilla y León, de los de
Madrid, de los del País Vasco o cualquier otro punto de la geografía
española. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Popular.) Yo
no puedo pensar que su señoría haga disquisiciones, haga distingos y haga
sectarismo en función de un lugar u otro de origen. Lo siento mucho, pero
yo no entiendo así la política ni entiendo así mis responsabilidades, y
no puedo comprender que haya quien plantee este tipo de argumentos,
porque son absolutamente falsos e intolerables en una democracia. Así de
claro se lo digo, y no voy a seguir por ese camino, porque me parece
intolerable lo que sus señorías están haciendo en los últimos tiempos
para intentar justificar lo injustificable en Andalucía. (Aplausos en los
escaños del Grupo Parlamentario Popular.)
Voy a seguir con el asunto del algodón. Además de mejorar esos errores o
esos fallos en la normativa actual, hay que dar una solución al problema
que tenemos planteado sobre la mesa en esta campaña, y en eso es en lo
que estamos, señoría. Usted ha empezado a decir una serie de cosas que,
si parto de su buena fe, diré que a su señoría le han informado mal, que
es por ignorancia, porque, si no, no se pueden decir las cosas que ha
dicho su señoría.
Obviamente, hay una carta de esta Ministra al Comisario Fischler en el
mes de febrero hablando del asunto del algodón, y hay una serie de
intervenciones en los consejos, no sólo en el de Luxemburgo, sino en
otros previos. Eso es lo que queda recogido en acta. Obviamente, cada vez
que me reúno con el Comisario Fishler no levanto acta. Obviamente, cada
vez que se reúnen los servicios del Ministerio con los servicios de la
Dirección General Sexta de la Eurocomisión, es decir, con la responsable
de Agricultura, no se levanta acta. ¿Cree de verdad su señoría que es así
como se trabaja? A veces dicen cosas que son absolutamente inconcebibles.
Ha habido muchísimas reuniones, a todos los niveles, de los técnicos del
Ministerio y de esta Ministra con el Comisario Fischler y con otros
responsables, para hablar del problema del algodón, desde esa carta del
mes de febrero, que da origen a todas las otras reuniones, a todas las
otras discusiones que ha habido sobre este asunto en el mes de mayo y,
desde entonces, hasta la fecha. He tenido la última reunión con el
Comisario Fischler hace diez días, este lunes no, sino el anterior, el de
la semana pasada. Quiero decir con esto que lo que ha manifestado su
señoría no se ajusta a la verdad, no tiene nada que ver con la realidad.
Siguiente cuestión. Me habla de un informe enviado por la Junta de
Andalucía sobre los sobrepasamientos. Señoría, lamentablemente, el
informe no se ajustaba a la realidad, no tenía el más mínimo rigor. A mí
me habría gustado que tuviera el rigor suficiente para haber podido
trabajar con esos datos directamente en Bruselas. Porque si las cosas van
retrasadas es porque no hemos dispuesto de datos fehacientes hasta que,
el 22 de agosto --22 de agosto, señoría--, la Junta de Andalucía nos dio
los datos ciertos de cultivo de algodón en Andalucía --ése es el problema
que hemos tenido--, momento en el cual, inmediatemente, hemos dato
traslado a Bruselas de que del rebasamiento, hay en torno a 13.000
hectáreas que obedecen precisamente al problema de las inundaciones. Lo
que no podemos hacer si queremos que Bruselas atienda nuestras razones es
enviar una chapuza, lo que no podemos hacer es enviar datos que, entre
otras cosas, son contradictorios. Por ejemplo, municipios inundados donde
había una menor superficie de algodón, mezclados con municipios que no
habían tenido ninguna inundación y haciendo un «totum revolutum» para
justificar 30.000 hectáreas cuyo cultivo --su señoría lo sabe tan bien
como yo-- no se justifica por las inundaciones. Porque el hecho de las
inundaciones afecta, como mucho, a 13.000 hectáreas. Y si de verdad
queremos conseguir resultados positivos en Bruselas, lo primero que
tenemos que hacer es ofrecer datos ciertos y serios. Tan pronto como se
ha dispuesto de esta información la hemos llevado a Bruselas, una vez
elaborados los informes en su totalidad, adjuntando el Decreto de
inundaciones, los municipios beneficiarios de las ayudas directas del
Gobierno, descontando las superficies suplementarias que ahí se habían
producido achacándolas a las inundaciones, etcétera.
Y ahí es donde estamos negociando con Bruselas. Queremos conseguir que de
aquí a junio --porque no hay ningún fracaso en tanto que esta campaña,
como muy bien saben sus señorías, no se cierre, lo que ocurrirá en el mes
de junio del año que viene-- se permita que en esta misma campaña se
produzca un reporte de los excedentes con campañas posteriores.
Señoría, lo siento, pero no son las cosas como usted las plantea. Le
garantizo, y así contesto exactamente a lo que ha dicho, que se va a
recoger toda la cosecha. Y le voy a decir más: el acuerdo alcanzado entre
desmotadoras y organizaciones profesionales agrarias, acuerdo que apoya
plenamente este Gobierno, va a permitir, como muy bien sabe su señoría,
que los agricultores cobren 120 pesetas por kilo desde el principio.
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Señora Ministra, termine cuanto
antes.
La señora MINISTRA DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACION (De Palacio del
Valle-Lersundi): Voy concluyendo, señor Presidente.
Va a permitir --como decía-- que a los agricultores se les adelante una
parte importante, es decir, más del 85 por ciento del precio final
previsto para los mismos. Pero no basta con arreglar esto, también hay
que arreglar el futuro. Todo está vinculado, efectivamente, a la
constitución de una interprofesional del algodón. Además, de llevar a
cabo esa actuación, que permitirá una mejor vertebración del sector de
cara al futuro en España, se están llevando a cabo otras gestiones. Los
grupos de trabajo ya han estado reunidos aquí en Madrid. Asimismo, ha
habido otra serie de reuniones en Bruselas para conseguir, cuando se
revise el actual régimen de ayuda al algodón, las modificaciones a las
que me he referido; modificaciones que, como les he dicho a sus señorías,
consisten en solicitar un aumento de la cantidad garantizada nacional y
un sistema de reportes, que a mí me parece todavía más importante, que
permita una mejor utilización de las ayudas
que para el sector algodonero contemplan los fondos de Bruselas.
Muchas gracias, señor Presidente. (Aplausos.)
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Muchas gracias, señora Ministra.
Por el artículo 87, tiene la palabra el Senador interpelante.
El señor RODRIGUEZ CANTERO: Muchas gracias, señor Presidente.
Señora Ministra, cuando usted ha pronunciado la palabra «fascista» estoy
seguro de que no miraba usted a los bancos de la izquierda y no sé si
tenía delante un espejo. (Un señor Senador: ¡Fuera!)
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Señor Senador, espérese un
segundo. Todos los Senadores tenemos la inmensa suerte de no recibir
ningún epíteto de este tipo. Lo digo para poder elevar el nivel del
debate y para que no utilicemos calificaciones que no son dignas de
ningún Senador democrático.
Muchas gracias. (Varios señores Senadores: ¡Que lo retire!)
El señor RODRIGUEZ CANTERO: Señor Presidente, yo acepto su recomendación,
pero me hubiera gustado escucharla exactamente hace unos minutos cuando
esa misma palabra, dirigida a este Grupo como crítica a sus actitudes, ha
sido pronunciada por la señora Ministra.
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Señor Senador, esta Presidencia
la hace extensiva a todas las intervenciones en que se ha aplicado este
calificativo que yo pediría que no estuviera presente en el debate entre
sus señorías.
Muchas gracias.
El señor RODRIGUEZ CANTERO: Señora Ministra, yo no puedo creer que usted,
cuando tan reiteradamente hace referencia al pasado para justificar su
incompetencia y sus carencias, no sienta, al menos, un cierto rubor
intelectual. Ese discurso que vienen ustedes manteniendo y sosteniendo
desde hace años que insiste en que los socialistas somos un desastre, en
que no hemos conseguido nada en Bruselas, en que todo ha sido
perjudicial, podía entenderse cuando estaban en la oposición como un
instrumento más de esa campaña demagógica y falaz con la que ustedes
erosionaban al Gobierno socialista. Por dicho hoy por usted, señora
Ministra, cuando es reconocido por todos que su falsa postura aguerrida
le va conduciendo de victoria en victoria hasta la gran derrota final en
todas las conversaciones y negociaciones comunitarias, permítame que lo
tenga que calificar como mínimo falso cinismo. Y no me atrevo a decirle
más para mantenerme en los límites que el señor Presidente nos marca.
Señora Ministra, usted ha dicho que íbamos a hablar seriamente, y
seriamente le voy a hablar del problema del algodón, del que también
intenté hablar en el mes de julio en la Comisión de Agricultura, donde
usted dejó muy clara su opinión al respecto cuando dijo que los
algodoneros sabían exactamente lo que se hacían, que las ayudas son las
ayudas, que cuando se penaliza se penaliza y que aquí paz y después
gloria. Señora Ministra, esa misma opinión la expresa su Secretario
General el día 3 de septiembre y es recogida por el diario «El Mundo», en
cuyo titular se dice que las movilizaciones son y serán inútiles porque
el problema del algodón no existe.
Señora Ministra, precisamente ése ha sido el problema: usted y su
Ministerio no han creído que existía el problema del algodón hasta que
han visto a los algodoneros a la puerta del Ministerio. Y como no lo han
creído, lógicamente no han arbitrado ninguna solución. Usted no creía en
eso, pero a mí me cabe alguna duda en cuanto a por qué no creía usted en
el problema del algodón.
Señora Ministra, el documento de la Junta de Andalucía es muy serio y se
puso a su disposición. Usted sabe que tiene una base fotogramétrica. Yo
lo tengo aquí y usted lo tiene en su poder desde el mes de mayo. Señora
Ministra, no lo descalifique; no descalifique la cooperación
institucional ni la mano que desde la Junta de Andalucía le tendemos los
andaluces día a día y minuto a minuto. No lo descalifique. Luego ustedes
se quejan y hacen aspavientos porque los andaluces estamos convencidos de
que muy buena voluntad no tienen ustedes, señora Ministra.
Precisamente están ahora en discusión los Presupuestos Generales del
Estado. Baje usted por Andalucía; bájese usted del helicóptero y permita
que el pueblo andaluz esté alguna vez a su lado. No se dejen secuestrar
ni usted ni los responsables del Gobierno que bajan hasta Andalucía y
verá usted cómo es de tremendo el clamor andaluz. Ustedes nos insultan en
unos Presupuestos Generales del Estado en que nos niegan el agua, la sal
y el pan.
Señora Ministra, a mí me gusta hablar de futuro y he intentado hablar
muchas veces con usted a propósito de muchos temas aunque confieso que lo
he conseguido en muy pocas ocasiones. Pero si hablar de futuro es este
artículo suyo que se publicó anteayer en el «ABC», el día 6, y es que
curiosamente todas sus actuaciones son de anteayer...
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Senador Rodríguez Cantero,
termine cuanto antes. Su tiempo ya ha concluido.
El señor RODRIGUEZ CANTERO: Sí, señor Presidente, gracias.
Si todo lo que usted ofrece es esto, señora Ministra, yo le digo que nos
va a encontrar en la interprofesional, para aumentar la cantidad máxima
garantizada y en todo aquello que es positivo.
Y termino, señor Presidente, diciéndole a la señora Ministra lo
siguiente: en mi primera intervención dije que me cabían dudas en cuanto
a si el Gobierno había actuado de buena voluntad pero ahora ya no me cabe
ninguna. El problema del algodón lo han causado usted, el Gobierno Aznar
y el Partido Popular sencillamente por las intrigas internas que tienen
ustedes en Andalucía y por esa estrategia de acoso y derribo que tiene
usted para con los andaluces.
Diga usted lo que quiera, pero ése es el sentir de los andaluces.
Tenga usted en cuenta, señora Ministra, que ustedes no van a conseguir
que Andalucía se quede en barbecho como allí se ha dicho. Nosotros los
andaluces la vamos a seguir semillando en buena práctica. Cuídense las
gaviotas de no ir de rapiña a esas tierras.
Muchas gracias. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario
Socialista.)
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Muchas gracias, Senador Rodríguez
Cantero.
En turno de portavoces tiene la palabra el Senador Roig i Grau por el
Grupo de Convergència i Unió.
El señor ROIG I GRAU: Muchas gracias, señor Presidente.
Señora Ministra, señorías, quisiera decir muy brevemente, más allá de
planteamientos territoriales en los que, obviamente, nosotros no entramos
puesto que partimos del principio de la actuación de buena fe tanto por
parte del Gobierno como por parte de los Senadores que lo interpelan, que
desde Convergència i Unió manifestamos simplemente nuestro acuerdo con
todas aquellas actuaciones que tengan por objeto preservar la continuidad
de las pequeñas explotaciones de algodón y que afectan muy especialmente
a Andalucía en este caso.
Por tanto, nosotros daremos nuestro soporte --no sé si como consecuencia
de esta interpelación habrá alguna moción-- a aquellas iniciativas que
tengan como objetivo apoyar a este sector que, efectivamente, es débil. Y
lo haremos, tanto si vienen del Gobierno, como si vienen de cualquier
otro grupo de la Cámara.
Gracias, señor Presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Muchas gracias, Senador Roig.
El Grupo Parlamentario Socialista no hace uso de la palabra.
Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el Senador Armario.
El señor ARMARIO VAZQUEZ: Señor Presidente, señora Ministra, señorías, en
el año 1995 se aprobó, es cierto, el Reglamento de ayuda al algodón, el
cual pone un tope para España de 249.000 toneladas, pero en contra del
sector algodonero, que pedía 350.000; en contra del Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso de los Diputados, que pedía 325.000; en contra del
Parlamento Europeo, que incluso modifica la propuesta de 249.000 a
300.000; incluso en contra del informe de la señora ponente, señora Fraga
Estévez, que advertía que era insuficiente y proponía la cifra de
331.000.
El acuerdo fue fuertemente protestado por todo el mundo. Qué casualidad
que la única que no protestó fue la Junta de Andalucía y su Consejero
Paulino Plata, que hizo hasta una fiesta, aplaudía hasta con las orejas y
llegó a decir, en respuesta a preguntas del Grupo Parlamentario Popular,
que la Consejería de Agricultura entiende que la propuesta de la Comisión
mejora de forma sustancial las condiciones del régimen de ayuda y que la
asignación de 240.000 toneladas supondrá una notable mejora.
Es un hecho que en esta campaña hay dos efectos, un efecto mercado y un
efecto inundaciones; hay 13.000 hectáreas más de cultivo de algodón, nos
hemos sobrepasado a 374.000 toneladas, según las estimaciones y las
penalizaciones van del 10,3 al 25,3. Indudablemente, las inundaciones
tienen mucho que ver y el Ministerio ha planteado ya esta coyuntura a
Europa, pero saben sus señorías que la normativa no prevé ninguna
excepcionalidad y que, además, nos tenemos que aguantar así hasta la
nueva modificación del Reglamento de los años 1999-2000, que, por cierto,
ya se está comenzando a negociar por parte del Ministerio.
Aparte de las inundaciones existió una nefasta negociación y defensa de
los intereses agrarios españoles. Por eso nos extraña muchísimo que esta
interpelación venga precisamente del Grupo Parlamentario Socialista, el
mismo que tuvo la oportunidad de cerrar el asunto. Es inadmisible que se
quiera achacar en estos momentos a la señora Ministra el problema del
algodón, cuando son ustedes los culpables de la normativa actual. O el
señor Rodríguez Cantero no sabe lo que le han dado desde su Grupo o es
que hacen ustedes el más puro ejercicio de demagogia que se pueda hacer
en política.
En 1986 entramos en la Comunidad Económica Europea y lo hicimos por la
puerta de atrás y de rodillas, con 185.000 toneladas de cupo, que
corresponde aproximadamente a unas 60.000 hectáreas, cuando la reforma
agraria andaluza preveía más de cien mil. A ustedes, señores socialistas,
les ha entrado de buenas a primeras una preocupación por el algodón digna
de mención; se han apuntado al carro precisamente cuando las protestas
están en la calle.
Es inadmisible que el que aplaudía antes, el que hizo la fiesta en la
Consejería, se haya dedicado a descalificar y a insultar a la señora
Ministra, a arengar los altercados y manifestaciones y, en definitiva, a
poner chinitas para que se forme la gresca. El mismo que el 19 de
septiembre pasado en el Parlamento andaluz, a preguntas del Grupo
Parlamentario Popular, decía que el Ministerio no está dispuesto a
negociar, que existe un responsable político, falta de interés,
pasividad, dejación de responsabilidad, capacidad de diálogo, que es un
problema de voluntad política; el mismo que en el mes de junio reunió al
sector algodonero y como éste sabe y entiende de qué se habla, no firmó
el documento crítico al Ministerio que el propio Consejero les puso por
delante; el mismo a quien, terminada la Conferencia sectorial del pasado
23 de septiembre en La Rioja, la señora Ministra pidió que se quedase
para hablar del algodón y dijo que no, que no era problema suyo, para
aprovechar e irse a Madrid y hacerse la foto con los manifestantes y
posteriormente a Córdoba para seguir calentando el caldo, en un claro
ejemplo más de confrontación de la Junta de Andalucía contra el Gobierno
central.
¿Y saben ustedes lo que les pasa? Pues que se les ha visto el plumero
perfectamente. Y es que en Andalucía, señor Rodríguez Cantero, nos
conocemos todos. Todavía el sector agrario recuerda el acuerdo-convenio
del señor Paulino
Plata ofreciendo 13 pesetas más en el año 1991 por kilo y todavía están
esperando el dinero. Dejen ya de utilizar Andalucía con tanto victimismo.
Sabe usted perfectamente que nuestra región es la más visitada por la
señora Ministra, a la que dedica más atención. Usted muchas veces no se
entera de las cosas porque no acude. En cuanto a la cuestión del olivar,
estaba usted invitado y tenía su sitio reservado, por la presencia del
señor Fischler, y no fue usted. Es que no se entera. Y mientras tanto, la
señora Ministra, anticipándose en Europa, negociando y llegando a
acuerdos con los algodoneros; la delegación española votando en contra de
la Comisión de gestión el día 22 de agosto...
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Senador Armario Vázquez, termine
cuanto antes. Muchas gracias.
El señor ARMARIO VAZQUEZ: Termino ya, señor Presidente.
... y llegando al acuerdo de adelantar el cobro de las 120 pesetas. En
cuanto a si se han expuesto en Europa las excepcionales condiciones de
esta campaña, les puedo decir que existen grandes posibilidades de
computarlas a las del año que viene y que se pedirá sin duda alguna,
llegado el momento, con más energía y fuerza que se incremente ese tope
máximo para que nuestro algodón, como ha dicho la señora Ministra, deje
ya de ser penalizado, porque estuvo penalizado en toda la época de
gobierno socialista, y está en vías de funcionamiento la
interprofesional. Solamente hay un temor en estos momentos: que la Junta
de Andalucía, que tiene todas las competencias del control, lo haga bien,
que no haya fraude.
Así que cumplan ustedes con sus compromisos, señorías, que mientras tanto
a nosotros --y con esto termino, señor Presidente-- sólo nos cabe
felicitar a la Ministra, al igual que lo han hecho ya las organizaciones
agrarias, por su gestión y, sobre todo, por su actitud, que es la propia
de este Gobierno: el diálogo, en contra de actitudes demagógicas que
representantes socialistas han hecho ver a la sociedad española, incluido
su señoría, en los últimos días.
Muchas gracias. (Fuertes aplausos desde los escaños del Grupo
Parlamentario Popular.)
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Muchas gracias, Senador Armario
Vázquez.
Señora Ministra, puede usted intervenir.
La señora MINISTRA DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACION (De Palacio del
Valle-Lersundi): Muchas gracias, señor Presidente, intervengo muy
brevemente.
Señoría, la cuestión del algodón es, sin duda, un problema, nadie lo ha
negado, y, como he señalado, múltiples gestiones se han hecho, por esta
Ministra, personalmente, y por todos los servicios del Ministerio, en
Bruselas, para intentar solucionar la cuestión, y no sólo ahora, no sólo
la situación actual concreta, sino también para dar una visión de futuro,
una estabilidad al sector, unas garantías a nuestros agricultores.
Del pueblo andaluz, señoría, nadie tiene el monopolio; ni del pueblo
andaluz, ni del pueblo español, ni de ninguna Comunidad Autónoma
española. Señoría, todos, todos representamos a los españoles y, desde
luego, en estas Cámaras, como sabe muy bien su señoría, al conjunto de
los españoles. Y, por supuesto, mal que le pese a su señoría --a lo
mejor, al revés, le parece muy bien, pero de vez en cuando se oyen unas
cosas que parecen decir lo contrario-- esta Ministra va a seguir
visitando Andalucía, hablando con la gente, con los agricultores de
Andalucía, conociendo en directo sus problemas, como estoy haciendo, he
venido haciendo y pienso seguir haciendo, y aunque de vez en cuando
protestan algunos de los compañeros de su señoría --no sé si su señoría,
porque no tengo constancia, pero a algunos de sus compañeros de partido
parece que les sienta mal que vaya por ahí--, voy a seguir yendo tantas
veces como me parezca oportuno. (Una señora Senadora del Grupo
Parlamentario Socialista: Para eso le pagan) y, desde luego, los
agricultores andaluces así me lo reclamen.
Por último, voy a hacer una precisión, señoría. El problema del algodón
no lo ha creado el Ministerio; el problema del algodón, este año
concretamente, proviene de un efecto de mercado, como he dicho, de un
problema de inundaciones y de una regulación de Bruselas que no es la
adecuada y que hay que mejorar --ésa es la cuestión-- y de una falta de
vertebración del sector, como en tantos otros ámbitos agrarios.
Y lo que hace esta Ministra es trabajar al servicio de los algodoneros,
que para eso me pagan, lo mismo que pagaban a los anteriores; trabajar al
servicio de los agricultores; trabajar al servicio de la gente de la mar,
de los pescadores, y trabajar al servicio del conjunto de la sociedad
española.
Y le voy a decir también, para concluir, señor Presidente, que yo siempre
pienso del contrario que actúa como yo, y por eso le he dicho a su
señoría --y mírese las actas, porque ahí está reflejado-- que yo no puedo
pensar de su señoría que pretenda hacer discriminación con ningún
ciudadano español por razón de su región de origen, ni tan siquiera por
razón de sus creencias políticas ni de ningún otro tipo.
Eso es lo que yo creo, y a su señoría le atribuyo lo mismo. Lo que no
puedo entender es que su señoría y su partido pretendan hacer creer, ni a
los andaluces ni a ningún otro español, las invenciones que últimamente
están propagando y que le aseguro que en nada benefician a la democracia
española.
Muchas gracias, señor Presidente. (Aplausos en los escaños del Grupo
Parlamentario Popular.)
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Muchas gracias, señora Ministra.
--DE DON MANUEL MARCOS PEREZ HERNANDEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO
SOCIALISTA, SOBRE LAS ACCIONES PREVISTAS POR EL GOBIERNO EN ORDEN A
GARANTIZAR EL ACTUAL REGLAMENTO (CEE) 404/93 DEL
CONSEJO, DE 13 DE FEBRERO DE 1993, POR EL QUE SE ESTABLECE LA
ORGANIZACION COMUN DE MERCADO (OCM) EN EL SECTOR DEL PLATANO.
(670/000055.)
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Interpelación del Senador don
Manuel Marcos Pérez Hernández, del Grupo Parlamentario Socialista, sobre
las acciones previstas por el Gobierno en orden a garantizar el actual
Reglamento (CEE) 404/93 del Consejo, de 13 de febrero de 1993, por el que
se establece la Organización Común de Mercado (OCM) en el sector del
plátano.
Tiene la palabra, para su defensa, el Senador Pérez Hernández.
El señor PEREZ HERNANDEZ: Muchas gracias, señor Presidente.
Señorías, intervengo en esta interpelación en representación del Grupo
Territorial de Senadores Socialistas Canarios por la trascendencia que
este tema tiene para el Archipiélago Canario.
Señora Ministra, señorías, el Reglamento de la Comunidad Europea 404/93,
por el que se creó la Organización Común de Mercado para el plátano,
entró en vigor el 1.º de julio de 1993. En esos cuatro años se ha podido
constatar que los mecanismos que contiene se han manifestado eficaces
para el logro de los objetivos que se habían propuesto, como eran: la
protección comunitaria; el cumplimiento de los compromisos por la
Comunidad Europea con los países ACP, fruto del Convenio de Lomé; el
mantenimiento con posibilidades de expansión de los flujos con los países
latinoamericanos abastecedores de plátano, tradicionales en el mercado
comunitario, y asegurar también el consumo a un precio razonable y
uniforme en toda la Comunidad, proporcionando, al mismo tiempo, una
variada oferta de plátanos de diversas procedencias.
Por lo tanto, la protección que la actual OCM concede al plátano
constituyó hace cuatro años un éxito político de considerable alcance,
reconocido por todos y que fue, además, fruto de un laborioso trabajo de
coordinación de todas las Administraciones, tanto de la Administración
canaria de aquel momento como de la central, todos unidos como una piña
para hacer posible que este Reglamento saliera adelante.
Señorías, ello ha permitido al sector agrícola más importante del
Archipiélago Canario ver despejadas las dudas que se cernían sobre el
mismo. Durante los años de vigencia de la OCM este mecanismo ha
funcionado perfectamente, permitiendo a los agricultores llevar a cabo un
laborioso proceso de transformación de sus explotaciones de cara a
hacerlas cada día más competitivas. Y eso, gracias a la virtualidad de
ese Reglamento, que, como les decía, requirió de un notable esfuerzo,
tanto a nivel interno en la Comisión Europea como del posterior proceso
de negociación en el seno del Consejo hasta obtener la necesaria mayoría
cualificada exigida por el artículo 43 del Tratado de Roma.
Señor Presidente, señorías, esta OCM del plátano, que, como se ha dicho,
tan buenos resultados ha venido dando a este sector, se fundamenta en
tres pilares básicos. En primer lugar, la ayuda compensatoria por pérdida
de rentas que se establece por la bajada de precios que se ocasiona como
consecuencia de la liberalización de las importaciones de plátano del
área dólar y que se concede a los productores comunitarios que estén
afiliados a una organización de productores por kilogramo de plátano
comercializado, con lo que se consigue que se garantice el nivel de renta
anterior a la entrada en vigor de esta OCM.
Otro aspecto importante es el establecimiento de un contingente
arancelario, que en estos momentos se fija en 2.500.000 toneladas para el
plátano, para la producción de fruta que venga de países terceros.
El tercer pilar, que se conoce como «régimen de partenariado», es aquel
por el cual se asignan unos certificados o licencias para importar
plátanos dentro del contingente tendente a favorecer la comercialización
del plátano comunitario y ACP tradicionales, asignándose un 30 por ciento
de este contingente a aquellos operadores que comercializaran en la Unión
Europea plátano comunitario o ACP tradicional.
En esta corta andadura la OCM del plátano ha estado sometida, desde su
nacimiento, a críticas y a ataques por parte de países opositores, desde
dentro y fuera de la Unión. No obstante, cuando se produce por parte del
Tribunal de Justicia de Luxemburgo el rechazo al recurso que había
presentado Alemania, y la inclusión del acuerdo marco entre la Unión
Europea y varios países productores latinoamericanos en el acuerdo final
de la Ronda Uruguay, del GATT, la OCM adquirió seguridad jurídica, tanto
exterior como interior y, por tanto, no existía amenaza legal real que
pudiera desestabilizar sus pilares básicos, máxime también cuando el
régimen comunitario había sido aprobado por el GATT, con ocasión de los
acuerdos de Marrakech, de 1994.
A pesar de todo ello y del buen funcionamiento del régimen comunitario
del plátano, Estados Unidos y cuatro países latinoamericanos --entre
ellos Ecuador, Guatemala, Honduras y Méjico--, a instancias de las
multinacionales americanas, solicitaron y obtuvieron en el seno de la
Organización Mundial de Comercio la creación de un panel-grupo especial
de trabajo, para que estudiara su demanda contra el sistema de licencias
que se establece en la OCM del plátano. Este panel se constituyó el 8 de
mayo de 1996, y en abril de este año emitió un dictamen definitivo en el
que se declara ilegal el sistema de licencias de importación.
Como consecuencia de ello, la alarma ha vuelto al sector ya que se ataca
uno de esos pilares básicos que configuran la OCM, como es el relativo a
las licencias de importación.
El Gobierno de España, señorías, ha recibido el apoyo y respaldo de todos
los grupos parlamentarios, tanto en esta Cámara como en el Congreso de
los Diputados, para que llevase a cabo en el seno de la Unión Europea una
negociación firme en defensa de nuestros intereses, frente a las
pretensiones de Estados Unidos y las multinacionales americanas.
La Comisión de Agricultura del Senado, el pasado 7 de mayo, aprobó una
moción en este sentido, que en nombre del Grupo Parlamentario Socialista
tuve el honor de defender, y que tras una propuesta de ampliación que la
complementaba, por parte del Senador del Grupo Popular, señor Galván, fue
firmada y apoyada por todos los grupos parlamentarios de la Cámara.
Con posterioridad, señorías, el 23 de junio, se presentó por parte de la
Unión Europea la correspondiente apelación ante el órgano de apelación de
la Organización Mundial de Comercio, y el 9 de septiembre conocimos el
dictamen definitivo, que confirma el anterior y por tanto obliga a la
Unión Europea a acatar dicho fallo o a plantear alternativas en el órgano
de solución de diferencias.
Ya hemos conocido igualmente, por boca de la señora Ministra y del
Presidente de la Comisión, señor Santer, que se va a acatar este fallo de
la Organización Mundial de Comercio, relativo al desmantelamiento de uno
de los aspectos esenciales de la OCM del plátano.
Señor Presidente, señorías, en todo este proceso ha habido falta de
interés, falta de celo por parte de la Administración española. El
Gobierno no ha llevado a cabo una negociación inteligente, ni en el seno
de la Unión Europea ni frente a Estados Unidos y los otros cuatro países
de Latinoamérica que presentaron el recurso. Desde nuestro grupo se
advirtió de lo complicado de esta negociación, y de las graves
consecuencias que podrían derivarse para un sector tan sensible como el
agrícola platanero en el Archipiélago Canario.
Además, el ex Presidente del Gobierno, señor González, advirtió tanto al
Presidente del Gobierno, señor Aznar, como al Presidente del Gobierno
canario, señor Hermoso, de la complejidad de esta negociación, y de la
necesidad de tratar este asunto con un alcance global, incluso haberlo
ligado en negociaciones a la pretensión que tenía en ese momento Estados
Unidos de que se retirara por parte de la Unión Europea un recurso
presentado contra la Ley Helms-Burton.
El Parlamento Europeo se ha pronunciado con contundencia a favor del
mantenimiento de la OCM del plátano y en una de sus resoluciones dice
textualmente: Pide a la Unión que defienda y haga prevalecer ante las
instancias de la Organización Mundial de Comercio que el régimen
comunitario del plátano y las preferencias comunitarias vinculadas al
mismo son verdaderos instrumentos de desarrollo para las regiones
ultraperiféricas y para nuestros países ACP y deben, por esta razón, ser
conservadas.
Con igual contundencia también, señorías, se ha expresado el ex primer
Ministro francés, hoy eurodiputado, señor Michel Rocard. Por el interés
de su intervención y de la carta que dirigió al Presidente de la Comisión
Europea, quiero leer uno de los párrafos finales de la misma porque,
repito, tiene gran interés y demuestra, además, la gravedad del tema que
nos ocupa. Dice el hoy eurodiputado: El establecimiento de la OCM ha
conducido a un retorno a la confianza, lo que se ha traducido en miles de
empleos locales. Continúa diciendo, refiriéndose al resultado del panel:
Rechazo imaginar que Europa pueda dejar imponer a un panel, cuyo nivel de
apreciación de la situación real parece criticable, una decisión que
sería incompatible con el proyecto económico y social todavía en gestión,
porque yo creo que el hombre y la democracia son elementos fundamentales
del equilibrio de una sociedad. Yo me sitúo en el lado de los países
productores, en el lado del binomio de la Unión Europea y los países ACP,
aunque ellos sólo produzcan un pequeño porcentaje del mercado mundial de
plátano, y no me sitúo al lado de las multinacionales que, siendo tres,
controlan más de dos tercios, porque yo creo en las virtudes del mercado,
rechazo de Europa que puede aceptar la legitimidad de un arbitraje que
favorezca la dominación absoluta de un oligopolio de hecho, animado por
una sociedad especializada en el abuso de posición dominante, porque yo
creo en la necesidad de una cláusula social en los acuerdos de comercio
internacional, y por ello rechazo --continúa diciendo-- conceder en el
mercado una ventaja decisiva a compañías que ejercen prácticas sociales
coloniales. Para acabar, no existe otra solución alternativa válida que
pueda sustituir un sistema establecido no sin dificultad por Europa en
julio de 1993. Y finaliza así la carta de Michel Rocard: Yo no aceptaría
que un procedimiento evidentemente patituerto nos impida continuar
manteniendo la marcha valiente de este binomio de unidad de países Unión
Europea-ACP hacia un mejor equilibrio económico y social. Además, por el
contrario, creo que Europa debería proponer a los países de América
Latina que lo deseen ayudas suficientes para lograr condiciones de
producción, de comercialización de plátanos que sean mejores para sus
economías y, por tanto, para sus democracias, que las condiciones
actuales que les son impuestas.
Quise dejar constancia de estos párrafos porque me parece que reflejan
fielmente la realidad que nos ocupa en este tema que estamos tratando.
Señor Presidente, señorías, señora Ministra, nuestros agricultores y sus
representantes en el sector han manifestado a lo largo de este proceso la
necesidad de haber mantenido una negociación al más alto nivel, con la
firmeza y contundencia que el caso requería, y lamento sinceramente que
no se haya llevado así y, como consecuencia de ello, ahí está el
resultado.
El sector platanero crea en Canarias 35.000 puestos de trabajo directos y
más de 10.000 indirectos. La superficie cultivada alcanza en estos
momentos las 8.563 hectáreas, y mueve al año unos 37.000 millones de
pesetas, de los que 20.518, según datos del Ministerio, corresponden a la
fruta que ha sido comercializada, y 16.605 a los ingresos provenientes de
las ayudas compensatorias que se establecieron en la Organización Común
de Mercados del Plátano. La Organización Mundial de Comercio, al declarar
ilegal el sistema de licencias de importación, acaba con el estímulo que
tienen los operadores, receptores y maduradores para comercializar
nuestro plátano. La economía de más de 20.000 familias canarias queda,
por tanto, en el aire.
En islas como Las Palmas, señoría, por la que soy Senador, el sector
platanero representa casi el 80 por ciento de su Producto Interior Bruto.
La seguridad que había dado la OCM a nuestros agricultores ha permitido
que la producción canaria haya evolucionado en los últimos cuatro
años, desde la entrada en vigor de la OCM el 1.º de julio de 1993, de
forma que ha pasado de 135.704 toneladas --porque se considera sólo el
último semestre-- a las casi 390.000 que se prevén para este año 1997.
Por todo ello, comprenderá usted la preocupación e incertidumbre que en
estos momentos se apodera de este sector tan sensible y con tanta
repercusión en el archipiélago canario por causas sociales, económicas y
medioambientales. Se abre un plazo que tiene que ser aprovechado por el
Gobierno para conseguir, a través de un buen trabajo diplomático, un
sistema que garantice los pilares básicos que conforman el Reglamento
404/1993, por el que se estableció la OCM del plátano y, en todo caso,
hay que garantizar el nivel de renta de nuestros agricultores y la
comercialización de nuestra producción. Deseo sinceramente que la
negociación que se ha llevado hasta ahora adquiera un nuevo rumbo por el
bien de nuestros agricultores...
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Senador Pérez Hernández, se le
terminó su tiempo.
El señor PEREZ HERNANDEZ: Termino, señor Presidente.
Ante esta realidad, queremos saber qué acciones va a llevar a cabo el
Gobierno en este nuevo proceso que ahora se inicia, una vez que, como ya
se ha dicho, la Comisión Europea, el 25 de septiembre pasado, acató en el
seno de la Organización Mundial de Comercio la decisión del órgano de
apelación y confirmó el dictamen del panel, y todo ello para que se
garantice la viabilidad del sector y las rentas de los agricultores,
porque, señora Ministra, no apoyaremos ninguna negociación que no
contemple esas garantías y que pudiera suponer algún perjuicio para los
intereses canarios.
Es imprescindible, señorías, por tanto, que se despliegue una acción
diplomática --como decía-- al más alto nivel para mantener la unión del
resto de países que, con intereses en el sector, están dentro de la Unión
Europea, como son Francia, Inglaterra, Irlanda y Portugal, de la misma
manera que se hizo cuando se consiguió la aprobación de este Reglamento,
que tan buenos resultados ha dado a este sector económico, extremadamente
sensible, del archipiélago canario. Yo espero, señoría, de la acción de
su Gobierno para conseguir ese fin.
Muchas gracias, señor Presidente. Muchas gracias, señorías. (Aplausos en
los escaños del Grupo Parlamentario Socialista.)
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Muchas gracias, señoría.
Señora Ministra, tiene usted la palabra.
La señora MINISTRA DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACION (De Palacio del
Valle-Lersundi): Gracias, señor Presidente.
Señor Senador, tengo que decir que en grandes líneas coincido con su
señoría, aunque, obviamente, hay unos aspectos en los que no puedo
coincidir --como no podía ser de otra manera--, como son --según ha
dicho-- falta de interés, falta de celo del actual Gobierno por esta
cuestión; ahí es donde discrepo radicalmente de su señoría. Todo lo
demás, incluso la carta de Rocard, refleja en gran medida lo que pienso
yo personalmente sobre esta cuestión, y haré al final una breve reflexión
sobre la Organización Mundial de Comercio, no sólo al hilo de la cuestión
del plátano, sino también sobre la de las hormonas, que creo que es algo
que nos tiene que hacer reflexionar a Europa de manera importante.
Señorías, la aprobación del Reglamento 404/1993, por el que se creó la
Organización Común de Mercado del plátano, puso fin a los distintos
regímenes nacionales previos al 1.º de julio de 1993 que aplicaban los
distintos Estados miembros de la Unión Europea, productores y no
productores, y permitió de este modo la puesta en marcha del Mercado
Unico, que exigía la eliminación de las fronteras interiores al comercio.
Para las islas Canarias esta decisión supuso dejar de beneficiarse de una
situación de reserva exclusiva --señoría, de reserva exclusiva-- del
mercado peninsular para la producción canaria, pasando a disfrutar en
compensación de la aplicación de una serie de mecanismos contenidos en la
mencionada Organización Común de Mercado, que han permitido a lo largo de
estos años --y coincido con su señoría, señor Senador-- una importante
transformación del sector en las islas, lo que se refleja en particular
en una estructura productiva más adecuada a la tecnología disponible en
la actualidad, así como en la mejora de los canales de comercialización.
Se puede afirmar, en consecuencia, que el sector del plátano ha tenido la
capacidad de adaptarse a las nuevas condiciones del mercado, lo que ha
permitido su modernización y mayor competitividad en un mercado que
después de julio de 1993 ha sido, en definitiva, más abierto, más
competitivo, al tener que competir el plátano canario con la producción
de países de Africa, Caribe, Pacífico --los países ACP--, así como la
originaria de los países iberoamericanos, y que a la vez ha permitido al
consumidor europeo una mayor variedad en cuanto a la oferta, así como
unos precios razonables, como muy bien decía su señoría.
Las conclusiones finales del panel presentado por Estados Unidos, Méjico,
Ecuador, Honduras y Guatemala ante la Organización Mundial de Comercio en
contra de la actual regulación comunitaria del sector, aunque condenan
algunos de los elementos contenidos en la actual OCM, a lo que se ha
referido su señoría, no cuestionan la compatibilidad con las normas de la
OMC, de la Organización Mundial del Comercio, de algunos de los
mecanismos que han demostrado ser fundamentales para la defensa de la
producción comunitaria, donde la producción de Canarias supone la parte
más significativa y la de los países ACP, con los que la Unión Europea a
través del Convenio de Lomé mantiene vínculos comerciales históricos.
Así, el dictamen de la Organización Mundial de Comercio avala la
continuidad de la ayuda compensatoria a la producción y la fijación de un
contingente arancelario que permite el abastecimiento del mercado
comunitario en cantidad ajustada a las necesidades del consumo.
El primero de los elementos mencionados, la ayuda, tiene como finalidad
mantener las rentas de los productores comunitarios, asegurando el nivel
de ingresos del que disponían antes de la implantación de la Organización
Común del Mercado actual y adicionalmente, favorece la constitución de
organizaciones de productores. En definitiva, la mejora de la producción
y la comercialización, así como la vertebración del sector.
Para ello, si los precios registrados a lo largo del año a nivel
comunitario se sitúan a niveles bajos, la ayuda se incrementa para
compensarlos. Durante los años de aplicación de la Organización Común de
Mercado la ayuda compensatoria se ha fijado próxima a las 50 pesetas por
kilo, importe que se ha traducido en unos ingresos, a los que su señoría
hacía referencia hace un momento, en concepto de ayudas, superiores a los
16.600 millones de pesetas en el año 1996 y una cantidad similar en el
año 1995 y cuya compatibilidad, insisto, señorías, con las normas de la
Organización Mundial de Comercio queda demostrada, lo que permitirá que
se continúe aplicando en el futuro.
En resumen, debe quedar muy claro que esta ayuda garantiza a los
productores canarios el mantenimiento de su nivel de renta.
Es en relación con el segundo de los elementos mencionados, el
contingente, con derecho arancelario reducido, donde deberá producirse un
ejercicio de reflexión para encontrar soluciones después del resultado
del panel. En efecto, la Organización Mundial de Comercio, que no
cuestiona, señorías --esto es muy importante--, la existencia de dicho
contingente, condena, sin embargo, su actual gestión y en particular el
trato diferencial que se concede a las importaciones de los plátanos
según el origen del que se trate, así como las reglas particulares que
hoy se aplican para la comercialización de este producto a nivel
comunitario. Es decir, como seguro saben sus señorías, el sistema de
reparto de licencias que actualmente está referido precisamente a la
comercialización del propio plátano de producción, por ejemplo, canario.
Las implicaciones más importantes de la interpretación que realiza la
Organización Mundial de Comercio a este respecto se centran en la gestión
que deberá hacerse en el futuro para las importaciones de plátanos
originarios de los países ACP, con los que la Unión Europea mantiene
vínculos comerciales de carácter preferencial de gran tradición y
eficacia y cuyo mantenimiento, aunque a través de otra clase de
mecanismos, será preciso garantizar. Igualmente la intervención de la
figura del madurador en la comercialización del plátano comunitario, en
particular, del plátano canario, en particular, del plátano de la Isla de
la Palma, que precisa indudablemente de un análisis.
La función de estos operadores durante muchos años y en especial en los
de vigencia de la actual Organización Común de Mercado, ha contribuido de
manera significativa al funcionamiento eficaz del denominado régimen de
partenariado, por lo que será necesario encontrar soluciones que permitan
la continuidad, la viabilidad de este sistema.
Bajo estas premisas, se ha desarrollado recientemente en Bruselas la
reunión de los productores de plátano comunitario y de los países ACP con
la intervención de los Ministros de Agricultura, de países ACP, de
Francia, de Portugal y de España.
En este foro tuvimos la oportunidad de confirmar nuestra posición unánime
--insisto, posición unánime-- en la defensa de una regulación del sector,
que permita un equilibrio aceptable para todos. Adicionalmente, esta
Ministra transmitió a los asistentes que la defensa de los intereses de
los productores canarios y de los países ACP e iberoamericanos constituye
una prioridad a la que no se puede ni se debe renunciar.
En todo caso, es preciso señalar que en este momento resulta prematuro
avanzar alternativas concretas a la regulación que en la actualidad se
aplica, mediante el Reglamento 404/93, ya que la Organización Mundial de
Comercio prevé en situaciones semejantes unos plazos suficientemente
amplios para reflexionar sobre las modificaciones necesarias que permitan
compatibilizar la normativa comunitaria con las reglas de la Organización
Mundial de Comercio.
En este sentido, la vigente Organización Común de Mercado para el sector
del plátano continuará aplicándose en todos sus términos durante el
próximo año, lo que facilitará el estudio de las soluciones que
finalmente se adopten en un contexto adecuado, evitando decisiones
precipitadas.
Por tratarse de un problema europeo, las soluciones deben de debatirse y
adoptarse después de las oportunas propuestas de la Comisión en el
Consejo de Ministros de Agricultura, aunque, como muy bien saben sus
señorías, el Consejo de Ministros de Asuntos Exteriores, el Consejo de
Asuntos Generales, también tiene un papel clave y decisivo en toda esta
cuestión.
No obstante, el Gobierno español, consciente de la necesidad de
garantizar la continuidad de los objetivos mencionados bajo la normativa
general de la Organización Común de Mercado, ha empezado a estudiar, en
coordinación con el Gobierno de Canarias y con el propio sector, posibles
vías que, con carácter prioritario, aseguren la perdurabilidad de esta
producción en las islas Canarias, garantizando las rentas de los
agricultores que a ello se dedican y la comercialización de su producto,
a la vez que se consigue respetar las disposiciones contempladas en el
Acuerdo de Lomé en lo que afecta a los países ACP productores de
plátanos, actividad económica frecuentemente insustituible en dichos
países, como lo es, desde luego, en la isla de La Palma.
Es necesario resaltar la buena sintonía del Gobierno español con el de
Canarias y el sector, para lo que continuaremos esta andadura en la
búsqueda de soluciones positivas. En este sentido, yo personalmente voy a
desplazarme a las islas Canarias, al archipiélago y, concretamente, la
isla de La Palma, para tener un encuentro directo con productores y con
instituciones.
Finalmente, cabe recordar que la aprobación de la OCM supuso en su día un
equilibrio difícil, que fuese satisfactorio para todos los socios
comunitarios. Las posturas de los Estados miembros partidarios de esta
OCM no han cambiado, señoría, y, en ese sentido, tenemos que
felicitarnos.
Así, en el último Consejo de Ministros de Agricultura, celebrado en
Bruselas, tuvimos ocasión de tratar este asunto y las posiciones se han
confirmado, no sólo por parte de los países productores --Portugal,
Francia y España--, sino también, por ejemplo, de países como Gran
Bretaña e Irlanda, que respaldaron la postura de los Gobiernos español,
francés y portugués. (El señor Presidente ocupa la Presidencia.)
Señorías, además tengo que señalar que hay variaciones importantes en la
postura del Gobierno alemán en este terreno y, en ese sentido, debo de
felicitarme. Obviamente, puede comprender su señoría que en ese terreno
estamos trabajando, no sólo cerca del Gobierno alemán, que es uno de los
que en su día planteó mayores problemas a esta Organización Común de
Mercados, sino con los otros gobiernos productores europeos, con
reuniones, como a la que me referí el otro día, y en reuniones
bilaterales.
Por ejemplo, en la Cumbre Franco-Española --hablaba su señoría de
decisiones al más alto nivel-- del mes de mayo, uno de los acuerdos
expresos que allí se adoptó fue, precisamente, el apoyo de Francia y de
España a la regulación de la OCM del plátano y el apoyo al sector
platanero europeo, a los países ACP y a los productores de los países
iberoamericanos.
Señoría, tenga por seguro que toda la voluntad del Gobierno español --y
digo en su conjunto, no sólo de esta Ministra de Agricultura--, como, por
supuesto, la del Gobierno canario y yo creo que la de todos los canarios,
está en conseguir que se mantenga un sistema que garantice el nivel de
rentas de los productores canarios, la producción canaria y que, por
tanto, permita dar tranquilidad al sector.
Yo creo que lo que debemos conseguir entre todos es no generar alarmas
injustificadas, sino, al contrario, colaborar entre todos. Su señoría se
ha referido a las unanimidades que han seguido a una serie de iniciativas
--algunas han partido de su señoría-- respecto a este asunto, en el cual
yo creo que las posturas deben ser unánimes porque entre todos lo
conseguiremos mucho mejor.
Nada más y muchas gracias, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Ministra de Agricultura.
Senador Pérez Hernández, supongo que me pide la palabra por el artículo
87. (Asentimiento.) Tiene un tiempo máximo de cinco minutos.
El señor PEREZ HERNANDEZ: Muchas gracias, señor Presidente.
Señoría, con todo respeto, lógicamente yo no puedo compartir sus
afirmaciones en el sentido de que se han llevado a cabo las gestiones
necesarias, y no sólo lo digo yo, señoría, lo dice también el sector.
Tengo aquí algunas declaraciones de representantes del sector, como el
señor Cologan, en las que dice que el conflicto del plátano es un
conflicto de Estado y que es insuficiente que sólo el señor Rato haya
abordado este asunto con la Ministra de Comercio de Estados Unidos.
También tengo alguna declaración de la asociación de productores en este
mismo sentido, o alguna en la que se dice que los agricultores reprochan
a Aznar que no abordara con Clinton el conflicto platanero, y no lo digo
yo, lo dice el sector: insta al Gobierno regional para que sea más firme
ante Madrid. Los Presidentes de las patronales agrícolas, Fernando
Jiménez y Antonio Cabrera, criticaron al Presidente del Gobierno español
por no abordar el conflicto platanero en su reciente entrevista con el
Presidente de Estados Unidos, Bill Clinton. Por tanto, señorías, éste es
un tema bastante complicado, y usted bien lo sabe.
Recuerdo que mi primera intervención, siendo usted Ministra, se produjo
el día 27 de diciembre de 1996, en el seno de la Comisión de Agricultura.
Yo le pregunté en aquel momento por la situación de las negociaciones y
usted me dijo: No me duelen prendas en reconocer --palabras textuales--
que se consiguió una magnífica OCM. Yo lo que le pido, señoría, es que
esa magnífica OCM que consiguió el Gobierno anterior la mantenga este
Gobierno, no le pido otra cosa más que este Gobierno haga las gestiones
que tenga que hacer para el mantenimiento de esa magnífica OCM. Además,
le pido que me diga, señoría, qué gestiones diplomáticas, por ejemplo,
llevó a cabo el Gobierno español en la fase previa a la aprobación de ese
dictamen, o, después del dictamen del panel, qué gestiones diplomáticas y
jurídicas llevó a cabo el Gobierno español para haber ganado esta
apelación. Eso usted no me lo ha dicho. Me preocupa muchísimo, porque
tampoco me dice qué medidas concretas son las que propone el Gobierno
español para proteger a los productores comunitarios en la nueva OCM o en
el nuevo instrumento que se vaya a articular, porque es verdad que se
abre un proceso de negociación, pero es que hemos venido asistiendo hasta
este momento a sobresalto tras sobresalto, nos enteramos hoy de un
dictamen negativo, luego hay una apelación que también se falla en
contra.
Por lo tanto, creo que la gravedad del tema requiere que esta negociación
se lleve al más alto nivel y que se consiga garantizar a los agricultores
canarios esos niveles de renta, y, algo muy importante, señoría, la
comercialización. Sin comercialización el producto se va a pique, porque
por mucho que se garantice el contingente, por mucho que se garanticen
las ayudas compensatorias, si el plátano no se vende, si no se
comercializa nuestro plátano en la península, al final, los agricultores
recibirán una renta y las explotaciones irán desapareciendo, porque la
OCM, como usted bien sabe, es un encaje perfecto de bolillos en el que
todos los intereses están recogidos y si falla una pata, se cae la OCM.
Por tanto, señorías, creo que lo que se impone en este momento es una
negociación al más alto nivel. Yo, señoría, la felicitaré si después de
todo el atropellamiento de esta negociación, al final, se consigue que se
mantengan los pilares básicos de la OCM, como quiera que sea, en otro
reglamento, pero que se garantice la pervivencia de un sector sensible
para Canarias, como es el platanero.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias, Senador Pérez Hernández.
Turno de portavoces.
Por el Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra el señor Ríos Pérez.
El señor RIOS PEREZ: Gracias, señor Presidente.
Señora Ministra, señorías, desde la perspectiva de Coalición Canaria, la
interpelación ha sido muy oportuna cronológicamente porque todavía
estamos a tiempo de resolver el problema de forma satisfactoria.
Voy a ahorrarles a todos ustedes la historia y los datos sobre la
importancia que tiene la producción platanera en el archipiélago canario.
La señora Ministra ha recordado el sacrificio que hicieron los canarios
con la renuncia a la exclusividad para poder entrar en la Comunidad con
plenitud, pero no hay que olvidar cómo comienza todo, que es cuando
termina la Ronda de Uruguay. Ecuador, Guatemala, Honduras y Méjico no
firman las conclusiones y hay un apoyo prepotente de los Estados Unidos
por el que, sin ser un país productor, se le admite el recurso frente a
la Organización Común del Mercado de Plátano por posible infracción de
las normas de la Organización Mundial de Comercio.
En boca de un europarlamentario Popular, la decisión de este recurso
contrario a la OCM del plátano era una «crónica de una decisión
anunciada». La posterior apelación de la Comisión ante el Comité de
expertos de la Organización Mundial de Comercio, permisiblemente
presidida por un ciudadano norteamericano muy vinculado al gobierno de
los Estados Unidos, es expresión de una evidente y clara debilidad de la
Unión Europea.
En Ginebra parece llevar el mismo camino el litigio con las carnes
tratadas con hormonas. Esperemos que, por lo menos, se mantengan los
criterios de la Ley Helms-Burton. Ha sido rechazada la apelación y la
Comisión, quizá de forma algo precipitada --usted misma, señora Ministra,
había afirmado que la decisión del panel no implicaba necesariamente la
modificación del régimen--, al final, ha asumido el fallo del tribunal.
Es la hora de la negociación, pero pienso que tiene que ser con mucha
firmeza, pues actualmente sólo el 30 por ciento del consumo del plátano
de la Unión está en manos de los cultivadores de la Comunidad y de los
países ACP, el resto lo suministran las multinacionales; léanse empresas
lobby, como Doly y Chiquita, además del comercio completo en los demás
continentes.
El sistema de partenariado y de licencia puede que no haya sido
totalmente ortodoxo dentro de la normativa actual de la Organización
Mundial de Comercio, pero ha sido justo con las rentas previas del actual
reglamento de los productores, distribuidores y maduradores.
Por lo tanto, hay que buscar y encontrar otro sistema que mantenga lo
anterior porque parece claro que con el grito de: «libertad al comercio,
no proteccionismo de ningún tipo» se persigue, a través de las
multinacionales norteamericanas con producción en Estados económicamente
coloniales, el control absoluto sobre el mercado europeo del plátano con
el grito de: «viva la libertad comercial», para convertirse en el gran
monopolio USA.
De no conseguirse la solución eficaz para la renta de los cultivadores,
los beneficios pasarán específicamente a los intermediarios, para los que
ya desde hace años en el archipiélago canario tuvimos hasta canciones
folklóricas reivindicativas alusivas.
En estos últimos días hay una nueva preocupación porque Inglaterra, que
había permanecido fiel al apoyo del tema actual, ha empezado a
desmarcarse a través de unas reuniones en las islas del Caribe con su
producción, controlada por ellos, con la iniciativa de un lobby especial,
denominado «fair trade», inspirado en un nuevo concepto de cierta ética
propia de ellos de potenciación a determinados lugares de cultivo.
Otro frente abierto que preocupa es, al parecer, la posible disminución
del 3,3 por ciento en el avance del proyecto de presupuestos de la Unión,
que podría afectar a las ayudas compensatorias o a las explotaciones
agrarias del plátano.
Señora Ministra, múltiples organismos e instituciones se han movilizado:
desde ayuntamientos y cabildos canarios, hasta los representantes de las
regiones comunitarias ultraperiféricas de los Estados ACP, pasando por
las propuestas de la resolución común de múltiples grupos del Parlamento
Europeo, como sabe la señora Ministra y ahora bien conoce en este Pleno
de la Cámara del Senado. La negociación está abierta y es urgente.
Las propuestas que vayan a la Comisión, y de ésta al Consejo de Ministros
de la Unión Europea, son esperadas con gran ansiedad en el archipiélago
canario. Del esfuerzo y de la decisión que tenga su gobierno dependerá
fundamentalmente el resultado, además de la defensa que hagan los
gobiernos francés y portugués.
Los representantes de los cultivadores y los partidos que apoyan al
gobierno canario --el suyo, señora Ministra, y Coalición Canaria--
confían en su gestión. Creo que también el resto de los partidos
políticos están expectantes y esperanzados.
La frustración de resultados, la insatisfacción que condenaría al futuro
del cultivo a su desaparición podrían ser interpretados --espero que no--
como imperialismo bananero, recordatorio de pesadillas de otros
enfrentamientos imperialistas.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, Senador Ríos Pérez.
¿Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos? (Pausa.) Por el
Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió, tiene la
palabra el señor Roig i Grau.
El señor ROIG I GRAU: Muchas gracias, señor Presidente.
Señora Ministra, señorías, intervengo, muy brevemente, para decir que
desde Convergència i Unió estamos de acuerdo con el Senador Pérez
Hernández, en primer lugar, en que la aprobación de la OCM del plátano
--también lo ha reconocido así la Ministra-- representó precisamente la
posibilidad de consolidar el sector que, obviamente, tiene un
extraordinario peso específico en el archipiélago canario y también en
que la posible anulación del sistema de reparto de licencias podría
representar
un duro golpe para el sector, que puede poner en cuestión todo el
esfuerzo llevado a cabo para mejorar el proceso de transformación y
modernización de las explotaciones.
Por lo tanto, en este sentido, nos parece especialmente importante
aprovechar este período de reflexión abierto por la Organización Mundial
de Comercio, al que ha hecho referencia la señora Ministra, porque nos
habría de permitir hallar aquellos mecanismos para salvaguardar las
necesidades y la viabilidad de los plataneros canarios.
Finalmente, yo querría quedarme con un aspecto que me ha parecido
especialmente importante de la intervención del Senador Pérez Hernández,
en el sentido de que deberíamos preocuparnos de que en toda negociación,
además de garantizar las rentas de los agricultores a través de las
ayudas compensatorias, cosa que me parece muy importante, también se
encuentren mecanismos que garanticen que los agricultores canarios del
sector del plátano puedan continuar ganándose la vida a partir de la
explotación y comercialización del plátano.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias, Senador Roig.
¿Grupo Parlamentario Socialista? (Pausa.)
Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el Senador Galván.
El señor GALVAN DE URZAIZ: Muchas gracias, señor Presidente.
Señorías, señora Ministra, no cabe duda de que en una intervención
constructiva tengo que empezar diciendo que la afirmación de que al
Gobierno del Partido Popular se le puede achacar una cierta dejación en
la defensa de la OCM del plátano o no haber defendido con firmeza ante la
Organización Mundial de Comercio el procedimiento que iba llevando el
panel, me parece que es una afirmación que, desde luego, no contribuye al
espíritu constructivo que, al menos desde Canarias, siempre hemos tenido
para sacar adelante los temas fundamentales.
De paso diré que hacer esta afirmación sería hacer una afirmación
genérica para los gobiernos de Francia, Inglaterra, Portugal, Irlanda,
que, en su día, defendieron, al igual que España, la necesidad de
establecer la propia OCM como mecanismo indispensable para conseguir unos
objetivos comunes. Los objetivos comunes que en aquel entonces se
pusieron sobre la mesa, los principios que hicieron posible la creación
de los mecanismos eran, concretamente, los siguientes: hacer perdurable
la producción platanera en las islas ultraperiféricas; hacer perdurable
la producción platanera en los países ACP; hacer perdurable el sistema de
comercialización en Europa de esas producciones con esas procedencias;
hacer perdurable la posibilidad de que los países centroamericanos
pudieran seguir abasteciendo Europa y también hizo posible la eliminación
de las reservas nacionales de mercado.
Estos fueron los principios que alumbraron precisamente el nacimiento de
la OCM del plátano. Señorías, ésta no es una historia reciente; ésta es
una historia que arranca en 1996.
Concretamente, los servicios de la Comisión, el grupo interservicio,
mandatado por la propia Comisión, empezó a estudiarlo y realizó un
informe precisamente para prever lo que iba a suceder con la puesta en
marcha del Acta Unica Europea, de la libre circulación de mercancías, y
fue posible, a través del Informe Tilgenkanft, que naciera la OCM. A mí
me parece que hay que ser justos con la historia y hay que reconocer la
participación de cada cual, porque teniendo buena memoria, posiblemente
en el futuro podamos conseguir el mismo objetivo que conseguimos en 1993.
A esto quiero referirme en cuanto a la participación de los productores
canarios, que se organizaron y constituyeron una agrupación europea de
interés económico llamada APEP, que aglutinó a todos los productores de
las regiones ultraperiféricas que se dedicaban a la actividad.
Precisamente, en estrecha colaboración con los servicios de la Comisión,
junto con las diplomacias española, portuguesa, francesa, inglesa,
incluso griega, se consiguió un posicionamiento común que hizo posible,
primero, que la Comisión preparara un proyecto de reglamento, y
posteriormente, que el Consejo de Ministros de Agricultura europeo
aprobara ese reglamento, y se conciliaran todos los intereses. En ese
sentido, es evidente que nadie jugó un papel preponderante, pero todos
participaron para hacer posible precisamente esa OCM en 1993, cuando las
demás OCM estaban devaluadas, y se consiguió ese objetivo. Por tanto,
señorías, en aquel entonces hubo una estrechísima colaboración de todas
las partes interesadas, y desde el ámbito de Canarias una estrechísima
colaboración entre lo que fueron las fuerzas políticas que gobernaban,
que tenían responsabilidad de gobierno, con las que no gobernaban.
Quiero recordar aquí la figura de un eurodiputado del Partido Popular,
Arturo Escuder Croft, que, en estrechísima colaboración con los
eurodiputados del Partido Socialista, en estrechísima colaboración con el
Gobierno, creo que puedo afirmar que dio su vida defendiendo los
intereses de Canarias para poder abrirle una vía de futuro. Por tanto,
creo que ése fue el camino que en aquel entonces iniciamos, y ése es el
camino en el que todavía continuamos. Desde esa perspectiva, ¿cuál es la
situación actual? La situación actual es que, con independencia de la
voluntad de los Estados que hicieron valer todos sus esfuerzos para
conseguir la OCM, nos han dictado una sentencia, pero, señorías, no fue
una sentencia de muerte, en ningún caso fue una sentencia de muerte. La
Organización Mundial de Comercio ha puesto en entredicho uno de los
mecanismos que conforman la OCM del plátano, pero siguen vivos otros
mecanismos que son fundamentales, precisamente para asegurar dos de los
principios a los que hice referencia al inicio de mi intervención: la
continuidad de la producción comunitaria y la renta, el precio
remunerador que perciben los agricultores por esa producción, y nos falta
la comercialización.
Ese es el tema, ahí estamos, pero aquí no se ha acabado la historia, aquí
ha empezado una nueva negociación y, ¿cuál es el planteamiento ante una
nueva negociación? ¿Cuáles son los presupuestos necesarios para conseguir
el
éxito que nos piden que alcancemos al final de este proceso de
negociación, para felicitarnos, igual que en aquel entonces se hicieron
las felicitaciones políticas? Es evidente que en este momento lo
fundamental, lo prioritario es tener una voz lo más unánime posible por
parte de España, igual que por parte de Portugal y por parte de los demás
gobiernos que están en ese hilo.
El señor PRESIDENTE: Senador Galván, por favor, vaya terminando.
El señor GALVAN DE URZAIZ: A este respecto, creo que no es posible que se
hagan grandes titulares de prensa con una finalidad política como el
siguiente: El eurodiputado Manuel Medina asegura que el mercado del
plátano ha sido derrotado en la OMC; y tiene que salir al paso el
Presidente de la APEP diciendo que no es posible trasladar ese mensaje a
los productores porque van a dejar caer sus manos, y ése sí que es el
principio del fin. La OCM, dice Cologan, sigue muy viva, por tanto,
estamos en ese proceso y, aunque la señora Ministra no ha querido
aventurar posibles alternativas, sí que las hay en el propio reglamento
404: no incremento de contingentes, gestión mensual de los contingentes,
incremento de ayuda compensatoria, posibilidad de repartir por cuotas de
mercado para los Estados productores abastecedores de centroamérica las
producciones, posibilidad de renegociar las tasas y los aranceles
consolidados. Por lo tanto, hay muchas alternativas que, en todo caso,
requerirán una posición común de todas las partes implicadas, de los
productores, de las fuerzas políticas y, fundamentalmente, de los
gobiernos que en su día apoyaron la OCM y que, hoy por hoy, siguen
apoyándola. Hay un dato positivo más, que creo que hay que destacar: la
posición del Ministro de Agricultura alemán, que, sorprendentemente,
parece que ha cambiado en algo su postura, y que abre un rayo de
esperanza y permite consolidar una posición más favorable que la que
teníamos.
No están destruidos los cimientos de la OCM. Estamos en mejores
condiciones que en 1993 en que ni siquiera teníamos piedras y hoy las
tenemos y están puestos los cimientos. Sigamos construyendo la casa
común, la casa necesaria para defender los intereses de los productores
plataneros de Canarias.
Señora Ministra, nuestro Grupo la apoya ampliamente y estamos convencidos
de que sacaremos también la unanimidad necesaria para no hacer
simplemente titulares de prensa, sino para trabajar conjuntamente para
conseguir ese fin.
Muchas gracias, señor Presidente. (Aplausos en los escaños del Grupo
Parlamentario Popular.)
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Galván.
Tiene la palabra la señora Ministra de Agricultura.
La señora MINISTRA DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACION (De Palacio del
Valle-Lersundi): Muchas gracias, señor Presidente.
Se ha hablado de Arturo Escuder y creo que es de justicia hacerlo por los
trabajos que realizó. En cuanto a la OCM, indudablemente en su actual
regulación, el mayor protagonismo correspondió al entonces Gobierno
Socialista --y yo se lo he dicho en otras ocasiones--, pero con el apoyo
y el respaldo no sólo de todos los Grupos de esta Cámara, sino también de
todas las fuerzas políticas canarias y españolas en el Parlamento
Europeo.
Le quiero decir que eso es lo que yo espero de su señoría y por eso no
entiendo el que a veces se haga cierto tipo de sensacionalismo que
insisto, señoría, en que no contribuye en absoluto a la buena solución
del problema. Yo no voy a decir la capacidad diplomática tan mala que
tenía el Gobierno español en febrero del año 1996, que le puso Ecuador la
denuncia ante la Organización Mundial de Comercio. Pero, señoría, ¿podría
haber hecho el Presidente del Gobierno de entonces gestiones con el
Presidente de Ecuador, con quien tenía una cierta relación? A lo mejor
hubiera sido posible. ¿Por qué no las hizo? ¿O las hizo y resulta que no
dieron resultados? Señoría, no es de eso de lo que se trata. De lo que se
trata es, al revés, de unir nuestras fuerzas y, entre todos, conseguir el
mejor resultado que de verdad garantice el cultivo del plátano canario,
su distribución y comercialización en Europa. Porque, señorías, hace
falta la ayuda de todo el mundo, y con ella vamos a contar desde el
Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, desde el Ministerio de
Asuntos Exteriores y desde el Gobierno de España en su conjunto, pues,
como he dicho antes, es una labor en la que todos estamos empeñados.
Yo le tengo que decir que espero que también el señor Tilgenkanft
participe y, desde luego, ahí lo estamos apoyando; que desde el
Parlamento Europeo vamos a trabajar; que se han hecho gestiones y,
respecto a la postura de Alemania, le aseguro que no es ajena la labor de
esta Ministra a ese cambio de posición. Esto obedece a muchas otras
series de cosas, que no voy a empezar aquí a explicar, pero que tienen
que ver con relaciones de política agraria, con apoyos y alianzas en el
seno del Consejo de Agricultura en Bruselas. Le quiero decir que por ese
camino estamos trabajando; que, además, se están haciendo gestiones en el
seno de la Unión Europea y en el ámbito de las competencias que podemos,
con algunos de los países que están y que han actuado en ese panel, pero
sabe muy bien, su señoría, y no lo olvide, que quien negocia en el panel,
quien negocia en la Organización Mundial de Comercio es la Unión Europea,
no es España. España puede intentar --lo hace, lo mismo que Francia o lo
mismo que Portugal, Grecia o Gran Bretaña-- que la Unión Europa mantenga
el máximo rigor y la máxima capacidad en esas discusiones; colaboramos al
máximo, siempre que podemos, y lo estamos haciendo en el ámbito jurídico,
en el ámbito diplomático y en todos los niveles.
Por último, señorías, en la Organización Mundial de Comercio --lo he
dicho antes, y en eso coincido plenamente con el representante de
Coalición Canaria--, Europa tiene que hacer una gran reflexión al
respecto. No es sólo el problema del panel del plátano, es también el
resultado del panel de las hormonas, en el que, concretamente,
hay problemas tan graves como, por ejemplo, el hecho de que se nos niegue
a los países de Europa la capacidad de establecer los estándares, los
niveles de calidad y garantía de sanidad que queremos dar a nuestros
consumidores, por no hablar de inversiones de la prueba o del panel, en
el que se da entrada a un país que no es productor y que es sencillamente
la bandera de las grandes multinacionales que comercializan el plátano,
pues ésa es la posición de Estados Unidos en todo este asunto. Ahí es
donde está el Gobierno español, y creo que todos los países europeos
tenemos que hacer una gran reflexión, de forma que la Unión Europea, en
representación de todos ellos, la traslade al ámbito de la Organización
Mundial de Comercio. En la defensa del plátano vamos a estar --supongo--
todos unidos, y espero poder contar con el respaldo de su señoría, de
todo su Grupo, aquí, en el Parlamento Europeo y a todos los niveles, lo
mismo que contamos con el respaldo de los otros grupos y del Gobierno
canario.
Muchas gracias. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario
Popular.)
El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Ministra de Agricultura.
--DE DON JAIME LISSAVETZKY DIEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA,
SOBRE LA POLITICA GENERAL EN MATERIA DE UNIVERSIDADES QUE ESTA LLEVANDO A
LA PRACTICA EL MINISTERIO DE EDUCACION Y CULTURA. (670/000056.)
El señor PRESIDENTE: Pregunta de don Jaime Lissavetzky Díez, del Grupo
Parlamentario Socialista, sobre la política general en materia de
universidades que está llevando a la práctica el Ministerio de Educación
y Cultura.
Tiene la palabra el Senador Lissavetzky.
El señor LISSAVETZKY DIEZ: Señor Presidente, señora Ministra, Senadoras y
Senadores, buenos días.
Creo que es un momento adecuado para el debate sobre lo que está
ocurriendo en las universidades, puesto que estamos en el inicio de
curso, además, ya se ha generalizado hace algún tiempo el proceso de
transferencias y, por último, porque pienso que, en la actualidad, hay un
debate social sobre lo que ocurre en las universidades.
En esta interpelación deberíamos contemplar dos aspectos, lo que es la
diagnosis, el diagnóstico del sistema y lo que podíamos denominar la
terapia, qué soluciones tenemos para los problemas reales que hay.
Pienso que ahora mismo hay una incertidumbre y una inseguridad en la
comunidad universitaria, señora Ministra. Hay un dato relevante que usted
conoce bien: la carta de la Conferencia de Rectores, que ha sido motivo
de referencia, en mayor o menor grado, en las aperturas de curso de las
distintas universidades. En esa carta, además de tratar aspectos
concretos, se decía textualmente: Al cabo de un año y medio de
constituido el Gobierno central, no se conoce oficialmente cuál es la
política universitaria del Ministerio de Educación y Cultura. Yo coincido
absolutamente con esa parte del diagnóstico: usted, señora Ministra, no
tiene una política universitaria conocida. Me consta que ha tenido una
reunión con el Rector de la Universidad Autónoma de Barcelona, Carles
Solá, y parece que de esa reunión de esta semana va a salir una comisión
que podrá estudiar alguno de los aspectos concretos que preocupan a la
comunidad universitaria, pero tengo la obligación de decirle desde esta
tribuna que, en mi opinión, eso es estupendo, pero que se ha perdido un
año y medio de trabajo --luego me referiré a ello--, y pienso
sinceramente, señora Ministra, que el Gobierno no ha llevado a cabo una
política universitaria. No critico lo que se haya hecho: es que no se ha
hecho absolutamente nada.
En la comparecencia del anterior Secretario de Estado de Universidades e
Investigación, solicitada por mí al profesor Tejerina, le dije
textualmente que en esta cuestión nos sonaba bien la música, pero que le
faltaba la letra. Apoyamos aquello que nos contó en la Comisión de
Educación y Cultura, y con esto quiero decirle que mi Grupo, en este
apartado concreto de su Ministerio, ha tenido una actitud constructiva,
se lo puedo asegurar, pero que, con el paso del tiempo, el no haber
escrito esa partitura cuando la música nos sonaba bien nos parece
--repito-- que es perder un año y medio. Esto ha generado en la comunidad
universitaria una situación de incertidumbre, de inseguridad, que
comparto por completo.
Me gustaría que hiciéramos un repaso de los problemas de la Universidad y
que usted, en su contestación, señora Ministra, nos diera cumplida cuenta
de qué soluciones cree usted tener. No es cuestión de enumerarlos
solamente, sino de ver qué soluciones hay.
Yo creo que los problemas de la Universidad tienen dos niveles. Hay unos
que son estructurales y otros que son ya más concretos. Desde el punto de
vista estructural, yo señalaría, en primer lugar, que hay problemas de
financiación.
Usted podría decirme, y tiene razón, que las competencias en materia de
enseñanza superior las tienen las Comunidades Autónomas y que no es
responsabilidad de su Ministerio. Yo quiero decirle, primero, que sí es
responsabilidad de su Ministerio impulsar unas políticas, impulsar un
debate que ya se abordó, allá por el año 1994, en el seno del Consejo de
Universidades.
Usted debe, como Ministra de Educación y Cultura, liderar el sistema
universitario. Asimismo, el Ministerio de Educación y Cultura, y así lo
dije con anterioridad y consta en el «Diario de Sesiones» de este Senado,
cuando se transfieran competencias de la enseñanza anterior a la
universidad, debe jugar un papel de liderazgo, de coordinación, con el
debido respeto a las Comunidades Autónomas.
Respecto de la financiación, los datos están ahí: 1,6 por ciento del PIB
en la media europea. Nosotros estamos ahora mismo en el 0,9 por ciento.
Yo la animaría a usted a que hiciera un pacto con las Comunidades
Autónomas y con la propia comunidad universitaria para que podamos hacer
una reflexión real sobre los problemas de financiación de las
universidades que sigue siendo importante. Eso sólo se puede hacer --y en
mi opinión se debe hacer ya--
por el Ministerio de Educación y Cultura que --repito-- tiene que asumir
el liderazgo en las actuaciones que se emprendan en este sentido.
Segundo gran problema estructural de las universidades: la coordinación.
La coordinación es absolutamente clave para intentar que no haya 17
sistemas universitarios diferentes y, además, incompatibles. Yo creo que
ésta es una responsabilidad que recae en su Ministerio. Usted ahí sí
tiene competencias y sí tiene un instrumento: el Consejo de
Universidades.
Hace varios meses solicité la comparecencia de uno de los secretarios
generales del Consejo de Universidades, aunque todavía no se ha podido
celebrar, porque ya son tres en año y medio los que usted ha nombrado. El
Consejo de Universidades es un instrumento útil y tiene que servir para
coordinar una serie de aspectos que tienen que ver con el sistema
universitario. Yo creo que el Consejo de Universidades ahora mismo tiene
un papel nada relevante. Y esto a mí me preocupa. Creo que la Conferencia
de Rectores está teniendo un peso mucho mayor que el Consejo de
Universidades. No entro a valorar uno u otro órgano, pero sí creo que el
Consejo de Universidades debería jugar un papel mayor.
Le voy a poner dos ejemplos. Sabemos que este Consejo necesita una
reforma. ¿Para cuándo? Esta es la pregunta que le hago. Se constituyó una
Ponencia que prácticamente no se ha reunido y estamos esperando que haya
una reforma del Consejo de Universidades.
Pasemos al otro ejemplo, que es el que yo creo que dispara, en alguna
medida, la crisis del Consejo de Universidades. Las universidades han
tratado este tema y, por eso, no voy a gastar tiempo de mi intervención
en ello. Pero no es de recibo que en el Consejo de Universidades la
Comisión Académica, prácticamente por unanimidad, esté en contra de la
segregación de una serie de enseñanzas de la Universidad de Alicante para
crear la de Elche y que, posteriormente, la Comisión de Coordinación,
donde están representadas las Comunidades Autónomas, voten
favorablemente, en contra de la opinión de esa Comisión Académica, y,
además, con la abstención de dos miembros del Ministerio de Educación y
Cultura.
Esto no es de recibo. Esto genera una crisis en el Consejo de
Universidades que le impide cumplir su papel. Y usted, señora Ministra,
tiene la obligación de que el Consejo de Universidades juegue el papel
que tiene que jugar, el de coordinador; papel que es absolutamente
necesario para que el sistema universitario funcione y lo haga bien.
He de decirle aquí también, señora Ministra, que usted no tiene una
política universitaria de coordinación, que usted no apoya, como a mí me
gustaría, al Consejo de Universidades y que no le insta a cumplir el
papel que tiene que cumplir. A mí me parece muy bien que usted vaya a
tener una reunión con el profesor Solá para, en el plazo de un mes,
intentar dar solución a algunos problemas. Pero ese órgano ya lo tenía
usted ahí. Ese órgano ha emitido informes y le ha suministrado a usted
papeles, ideas y reflexiones, las cuales usted no ha tenido muchas veces
en cuenta. A ellas me referiré en otra parte de mi intervención.
Pasemos a analizar problemas más puntuales, aparte de estos
estructurales, de la universidad. Empecemos por el profesorado. Yo creo
que la Ley de Reforma Universitaria ha cumplido sus objetivos. Su
aprobación fue importante, puesto que ha permitido que nuestras
universidades avanzaran. Todavía me acuerdo de aquella etapa de la Ley de
Autonomía Universitaria anterior al Gobierno socialista que nunca llegó a
salir. La Ley de Reforma Universitaria ha tenido muchas más luces que
sombras, pero es bien cierto que llega un momento en el que hay que
reformar algunas leyes.
Yo creo que es urgente reformar la Ley de Reforma Universitaria, sobre
todo, en el Título V. Al respecto, aprovecho el momento para hacerle
alguna pregunta y para expresarle, evidentemente, alguna queja. Me consta
que había dos documentos de la propia Secretaría de Estado de
Universidades para emprender esta reforma del Título V. Mi primera
pregunta --se la formulo porque he oído algunas declaraciones suyas-- es
la siguiente: ¿usted cree que hay que reformar la LRU en lo referente al
Título V, pero solamente en el acceso a la carrera docente, solamente en
la cuestión de los tribunales? Pues he de decirle que hay otros problemas
--y usted los conoce-- que son igual de importantes, por ejemplo, el que
tengamos unos 20.000 ó 25.000 profesores contratados como asociados a
tiempo completo, con un problema de falta de estabilidad en el empleo,
problema éste al que hasta ahora no se está dando ninguna solución.
Es urgente que se tenga en cuenta el acceso a la carrera docente en esa
reforma del Título V de la LRU, y habrá que tenerlo en cuenta, pero habrá
que tener en cuenta, también con urgencia, la situación actual de las
Universidades con ese número de profesores, algo que me parece muy
importante y que me consta que en algún documento o en alguna reflexión a
usted se le ha pasado como Ministra y no se ha tenido en cuenta. En
algunas declaraciones suyas usted habla solamente de los tribunales y se
olvida de este problema que tenemos que solucionar. Lógicamente, esto
necesita de un arreglo que debe hacerse desde el diálogo y el consenso;
de un arreglo de mano tendida por parte de nuestro Grupo para intentar
buscar soluciones. Pero usted también tendrá que sentarse con los
sindicatos y con toda la comunidad universitaria para ver qué salida le
damos a esto.
He creído entender que quizá usted sea contraria a crear un nuevo cuerpo,
una nueva categoría como la de ayudante-doctor contratado. Pues bien,
habrá que buscar una solución a todo esto. ¿Se va a funcionarizar a esos
20.000 profesores asociados a tiempo completo? ¿Se les va a hacer un
contrato laboral temporal con una duración de diez años? ¿Van a poder las
Comunidades Autónomas contratar otra figura de profesorado directamente?
Creo que hay una serie de preguntas que hasta ahora no tiene respuesta, y
cuando la han tenido por parte de su anterior equipo del Ministerio de
Educación y Cultura, usted no ha querido que tomaran forma política, no
ha querido que se tomara una decisión, un acuerdo en Consejo de
Ministros. Por eso, he de decirle, señora Ministra, que, después de este
año y medio, usted no tiene todavía una política
universitaria de reforma de la LRU en lo que se refiere al profesorado y
a la carrera docente.
En cuanto a los planes de estudio, ahí sí que ha tenido usted una
política. Usted se ha cargado --si me permite la expresión-- las
reflexiones que se habían hecho desde el propio Consejo de Universidades.
Usted le ha torcido el brazo al Consejo de Universidades y a la
Conferencia de Rectores. Usted sabe que ha habido dos modificaciones
normativas, y le han propuesto una tercera, pero usted se ha mostrado en
contra de ella.
En relación con el eurocrédito, es decir, la reducción de diez horas del
crédito --no una reducción a siete horas, sino que haya tres horas para
prácticas o actividades complementarias--, creo que todos sabemos que hay
una gran carga lectiva sobre los alumnos. Por eso mismo debemos avanzar
de una manera decidida para quitarles a ellos una parte de esa carga
lectiva. Debemos avanzar en la parte práctica de las enseñanzas.
Creo que el anterior Secretario de Estado de Universidades y el propio
Consejo de Universidades se lo dejaron a usted muy bien, puesto que se
había conseguido un cierto consenso en la comunidad universitaria e
incluso con los grupos políticos, pero usted, no sé si caprichosamente
--a no ser que me explique lo contrario--, se ha negado a permitir que se
avanzara en una reforma --y también tengo declaraciones suyas a este
respecto-- que a mi modo de ver se podía hacer, que era sensata y que
quería la comunidad universitaria.
Yo le pregunto qué se va a hacer con todo esto. Pero también queda
pendiente la reforma del tercer ciclo. Sabe usted que hay un porcentaje
relativamente bajo de personas que acaban siendo doctores entre los que
se matriculan. También existen documentos al respecto que a mi modo
constituyen un trabajo positivo para marcar la diferencia entre el doctor
que se va a quedar en la carrera docente en la Universidad, los que
hicieron la antigua tesina --creo que tenían el título de estudios
avanzados-- y toda esa proliferación de postgrados que hay ahora. Tenemos
que avanzar en esa línea, y usted, señora Ministra, también tiene
obligación de dar respuesta a estas preguntas porque me consta que tiene
usted documentos elaborados que todavía no han sido aprobados.
Dado el poco tiempo que tengo voy a obviar el tema de la selectividad,
pero no porque no tenga importancia. Precisamente en este Senado está
constituida una Ponencia sobre selectividad en la que hemos venido
trabajando conjuntamente. He de decirle que en esta cuestión ha habido un
incumplimiento de la promesa electoral de su Partido, y consta en el
«Diario de Sesiones» de esta Cámara que usted dijo que la selectividad se
reformaría en un año, pero el caso es que no se ha reformado nada.
Ustedes no han hecho absolutamente nada en esto. Desearía saber en qué
estado está esta cuestión.
Y voy a terminar refiriéndome a una pequeña perla que me preocupa
bastante en relación con su gestión, una perla que tiene que ver con la
llamada universidad del obispo. Señora Ministra, usted tiene que tomarle
el pulso al sistema universitario. Usted no puede permitir que, siendo
Ministra de Educación y Cultura, se lleven a cabo actuaciones que
considero vulneran las normas de calidad y lo que es en sí el sistema
universitario español.
Usted, señora Ministra, no puede dar carta de naturaleza a una
Universidad como la de Avila yendo a poner la primera piedra, porque
usted es Ministra de Educación y Cultura. Y yo no me estoy metiendo, en
absoluto, con las universidades de la Iglesia, me estoy metiendo con las
universidades, llamémosles, católicas, porque cualquier Universidad, de
la confesión que sea, tiene que tener un mínimo de calidad en las
enseñanzas y esta Universidad de Avila --que se ha sufragado con dinero
público, con cesión de un edificio por parte del Ayuntamiento, con cesión
de la Diputación Provincial, con dinero de la Junta de Castilla y León y
también con la Caja de Ahorros de Avila-- es un ejemplo clarísimo de lo
que no queremos en el sistema universitario.
No se puede ni se debe dar el visto bueno a una Universidad. Sé que ahí
está pendiente un informe del Consejo de Estado, pero no es menos cierto,
señora Ministra, que usted cometió un error al ir allí a poner la primera
piedra, dentro de la libertad que usted tiene de ir. No podemos
«tercermundializar» nuestro sistema universitario. Si una Universidad
--sea la de Avila, la del obispo como se llame o la de Murcia-- quiere
entrar en el sistema universitario, tiene que cumplir los requisitos que
marca el sistema universitario y si no, está engañando a aquellas
personas que de buena fe van allí a estudiar. Y usted, señora Ministra,
debe liderar esto y debe poner coto a esta situación, que de verdad nos
deja en un pésimo nivel.
Termino ya, porque veo que se me va acabando el tiempo. Son muchísimos
los temas que hay. Mañana tenemos una comparecencia con el nuevo
Secretario de Estado de Universidades e Investigación, a quien he pedido
la comparecencia, y con usted misma para hablar de otro asunto que tiene
que ver con esto y no voy a agotar, lógicamente, en este trámite
parlamentario muchas incógnitas que me quedan todavía.
Señora Ministra, le pido que conteste y lo haga con claridad a las
preguntas que le he hecho; le pido, señora Ministra, que sea consciente
de que, en mi opinión, usted ha perdido un año y medio; de que usted no
tiene una política universitaria; de que usted tiene la obligación de
impulsar como Gobierno esas políticas; de que usted hasta este momento no
ha dado respuesta a los graves problemas; de que usted ha tenido en la
mano dar algunas respuestas y ha decidido cesar a aquel que se las
suministraba o no aplicarlas y de que usted, sinceramente, no tiene una
dirección por objetivo, creo que ni siquiera tiene usted una dirección
por acontecimiento, que en términos organizativos dicen que es una cierta
patología. Yo pienso que usted, señora Ministra, tiene una dirección por
sobresaltos. Y tener una dirección política por sobresaltos creo que es
una patología endógena muy preocupante. Y nosotros no queremos en
absoluto esos sobresaltos para usted, no los queremos para nosotros y
mucho menos para la comunidad universitaria. Espero que su respuesta nos
tranquilice a todos, para que esos sobresaltos pasen a la historia y que
de verdad podamos entre todos llevar adelante la política universitaria
que nuestro país necesita.
Muchas gracias, señor Presidente. (Aplausos en los escaños del Grupo
Parlamentario Socialista.)
El señor PRESIDENTE: Gracias, Senador Lissavetzky.
Tiene la palabra la señora Ministra de Educación y Cultura.
La señora MINISTRA DE EDUCACION Y CULTURA (Aguirre y Gil de Biedma):
Muchas gracias, señor Presidente.
Señores y señoras Senadoras, el Senador Lissavetzky está dedicado esta
semana a la Universidad. Mañana voy a comparecer, él mismo lo ha dicho, a
petición suya, ante la Comisión de Educación y Cultura para explicar el
relevo producido el pasado mes de julio en la Secretaría de Estado de
Universidades, Investigación y Desarrollo. También mañana, a petición del
Senador Lissavetzky, comparecerá ante esta misma Comisión el Secretario
de Estado de Universidades, Investigación y Desarrollo para explicar
cuáles son las líneas generales de actuación de esta Secretaría de
Estado. Y el orden del día de la Comisión de Educación y Cultura de
mañana estaba fijado hace tiempo, bastante antes, desde luego, de que el
Senador Lissavetzky presentara en Registro esta interpelación.
En mi modesta opinión, hubiera sido un excelente modelo de cortesía
política y parlamentaria haberle permitido al nuevo Secretario de Estado
que se presentara por primera vez ante la Comisión antes de mantener este
debate. Yo ignoro el motivo por el cual el Senador consideraba excesivo
esperar a mañana, pero alguna razón de urgencia, sin duda, tendrá. Quizás
es que tenga prisa porque acabe la legislatura, porque ya es casi una
tradición en esta Cámara que cada vez que se va a tramitar un proyecto de
reforma de la Ley de Reforma Universitaria se disuelvan las Cámaras.
Y digo esto así porque la verdad es que el asunto de la reforma de la Ley
de Reforma Universitaria requiere algunas precisiones. La primera es que
la Ley de Reforma Universitaria se aprobó el año 1983, con un Gobierno
del Partido Socialista y con una mayoría más que absoluta del PSOE en las
Cámaras. Por tanto, el Partido Socialista y sus gobiernos son los
responsables directos y únicos tanto de la Ley como de su desarrollo y su
aplicación y, por consiguiente --como diría su viejo jefe de filas--, de
las consecuencias que se han producido en los trece años transcurridos
desde 1983 hasta 1996.
Segunda precisión. El título VII de la Ley de Reforma Universitaria
especifica con toda claridad --y lo ha dicho el señor Lissavetzky-- que
el régimen económico y financiero de las Universidades es el que es. En
los ingresos hay una subvención global que fijan las Comunidades
Autónomas, que no fija el Estado, luego están las tasas, que también son
fijadas, por cierto, por la Comunidad Autónoma y, en algunos casos, por
el Consejo Social, y hay otros ingresos varios. En definitiva, la
financiación --y lo ha dicho el señor Lissavetzky-- no es competencia del
Gobierno, aunque yo coincido con el señor Lissavetzky en que la
financiación de nuestras Universidades es un problema estructural y un
problema que tendremos que estudiar conjuntamente porque creo que
requiere una solución. Pero en lo que a nosotros se refiere, en la
financiación de las Universidades que corresponden al Gobierno de España,
la Universidad Nacional de Educación a Distancia y la Menéndez y Pelayo,
por ejemplo, para el próximo año han tenido un incremento presupuestario
importante, del 6,8 por ciento una de ellas y del 14 por ciento la otra.
Tercera precisión. Los gobiernos que se han sucedido y que apoyaba el
Partido Socialista reconocieron ya hace cinco años que era necesario
cambiar, modificar o reformar la Ley de Reforma. En 1992, el entonces
Ministro, mi ilustre antecesor señor Pérez Rubalcaba, presentó ante el
Pleno del Congreso un proyecto que llamó de actualización de la Ley de
Reforma Universitaria y que incluía esencialmente modificaciones al
Título V, que, como saben sus señorías, es el que regula la carrera
docente. El proyecto no prosperó, las Cámaras se disolvieron y decayó.
Bastantes meses más tarde, un año y pico más tarde de la formación del
nuevo Gobierno, que, como recordarán sus señorías, fue en mayo o junio de
1993, ya en el mes de septiembre de 1994, otro Ministro socialista, otro
ilustre antecesor, el señor Suárez Pertierra, defendía en el Congreso
otro nuevo proyecto de actualización de la LRU. Y aquel proyecto, que,
después de casi dos años de tramitación, volvió a decaer antes de ser
aprobado, se centraba también en el Título V y tenía algún retoque
curioso respecto al anterior.
Y parece que el gran objetivo de los sucesivos gobiernos socialistas no
era otro que tapar la pésima situación a la que había conducido la
aplicación de la Ley de Reforma Universitaria que con tantas alharacas se
vendió y que, como ha dicho muy bien el señor Lissavetzky, ha llevado a
más de 20.000 profesores a esperar año tras año a ver prorrogada por
decreto la injusta y anómala situación que crearon sus gobiernos durante
los trece años en que gobernaron con la LRU ya aprobada.
Cuarta precisión. Cuando, en el año 1994, el señor Suárez Pertierra llevó
el proyecto al que me acabo de referir, reconoció explícitamente la
necesidad de abordar otras reformas, y no sólo la del Título V. En
concreto, mencionó entonces la financiación del sistema y la regulación
de los órganos de gobierno de las Universidades. Y diez años más tarde de
promulgada la ley, y con gobiernos ininterrumpidamente de su partido,
esos temas eran todavía objeto de debate y de reflexión, y nosotros,
ahora, señoría, coincidimos en la necesidad de abordar la reforma y
también estamos en un proceso de diálogo y de reflexión. Pero la verdad,
señoría, es que llevamos un año y pico y, por tanto, podíamos decir que
vamos trece a uno.
Quinta precisión. En el mes de junio --y su señoría se ha referido a
ello--, la Conferencia de Rectores celebró una asamblea general en la que
adoptaron determinados acuerdos en relación con la reforma del Título V,
es decir, de la carrera docente. Unos días más tarde, el 27 de junio,
para ser exactos, envié una carta al Presidente de la Conferencia de
Rectores en la que le decía literalmente: Veo con enorme satisfacción los
acuerdos adoptados en la última Asamblea General de la CRUE, al coincidir
en su práctica
totalidad con los principios que comparto: mejora de la carrera docente,
mayor rigor en las pruebas de selección e introducción de medidas
tendentes a la desaparición de la llamada endogamia universitaria. Y,
recientemente, el señor Carles Solá, que preside la Conferencia de los
Rectores Españoles, me informó por carta de las cuestiones que habían
tratado en la última Asamblea de la CRUE. Todas esas cuestiones a las que
ha hecho referencia el señor Lissavetzky son, en efecto, cuestiones
pendientes e importantes, y, de hecho, he tenido ocasión de discutirlas
el lunes de esta misma semana personalmente con el señor Solá en mi
despacho.
Finalmente, señoría, le haré una última precisión. Ninguna de las
propuestas de la CRUE coincide exactamente con los proyectos que ustedes
llamaban de actualización de la Ley de Reforma Universitaria y que
remitieron a aquellas Cámaras.
Dicho esto, voy a responder con brevedad a las preguntas que usted me ha
formulado respecto a cuál va a ser el eje de la política universitaria
del Gobierno, aunque mañana, en Comisión, tendremos ocasión de debatir
sobre ello usted, yo y el Secretario de Estado.
En primer lugar, los planes de estudio. La reforma de los llamados nuevos
planes de estudio es hoy un clamor para los estudiantes. Esos planes de
estudio, que han colocado a nuestros estudiantes en una situación
altísimamente insatisfactoria, que tienen 18 asignaturas anuales de media
y, en algunos casos, entre 23 y 24, no los he puesto yo, señoría, son
consecuencia del Decreto de Directrices Generales aprobado por su
Gobierno en el año 1987, y que han llevado a esta situación
verdaderamente desesperante, no en cuanto a las 10 horas lectivas de un
crédito, sino en cuanto al número de asignaturas. Cuando su señoría y yo
misma estudiábamos, teníamos cinco o seis asignaturas, el año que más, en
la carrera de Derecho --otras carreras tenían siete u ocho--, pero es
que, ahora, tienen de media 18 asignaturas, y hay carreras que tienen 24.
Esto es lo que no puede ser. Y no solamente lo he denunciado yo. Su
señoría puede leer el artículo publicado por el Decano de la Escuela de
Arquitectura de Madrid --que no es precisamente persona sospechosa de
apoyar a este Gobierno-- en el que se dice que el sentido común de
Esperanza Aguirre ha evitado que se apruebe por decreto el kilo de 700
gramos. Hacía referencia a que en los primeros años del franquismo se
había publicado un decreto por el cual las barras de pan de a kilo podían
llegar a pesar hasta 700 gramos. Esto no lo digo yo, sino el Decano de la
Escuela de Arquitectura de Madrid.
Señoría, nosotros publicamos un Real Decreto sobre los planes de estudio
en el mes de abril que, de las tres recomendaciones del Consejo de
Universidades, recogía dos, las más importantes: reforzar las asignaturas
troncales y disminuir el número de asignaturas, que es lo verdaderamente
relevante para los estudiantes. Próximamente avanzaremos por el camino de
la reforma del Decreto de Directrices de Planes de Estudio y pensamos
disminuir todavía más el número de asignaturas.
Respecto al Título V, que tanto preocupa a su señoría, le diré que es el
segundo de los grandes aspectos necesitados de reforma porque creemos que
la excelencia académica tiene que ser el criterio principal para el
acceso a la carrera docente, y hay que encontrar vías más adecuadas para
seleccionar al profesorado, para facilitar su justa promoción, su
movilidad y para evitar la endogamia, que es realmente un problema muy
grave. Por eso, hace unos días, en la apertura del curso académico, he
ofrecido --y lo reitero hoy aquí-- un pacto para la modernización de la
Universidad española. Esta es una oferta abierta a todas las fuerzas
políticas y sociales, al Ministerio, a la Conferencia de Rectores y a las
Comunidades Autónomas, por supuesto, que son las que tienen que gestionar
y financiar las universidades. Y estoy convencida de que su señoría sabe
que este pacto de modernización va a servir para orientar los problemas
por el buen camino.
Ha hablado su señoría de algunos otros temas. Por ejemplo, de la
coordinación para la regulación del Consejo de Universidades. En este
último tema, como no ignora su señoría, de acuerdo con el Decreto que
ustedes mismos publicaron, la reforma del Reglamento del Consejo debe
hacerse a propuesta del Consejo, y no hay en este momento ninguna
propuesta del mismo en ese sentido. Pero no crea su señoría que yo quiero
eludir el asunto de la Universidad de Elche. Como ya he tenido ocasión de
explicar en esta Cámara, este asunto es consecuencia del Reglamento del
Consejo. El Reglamento organiza el Consejo de Universidades en dos
comisiones: la Comisión Académica, donde, fundamentalmente, están los
rectores y que se dedica a asuntos académicos, y la Comisión de
Planificación, donde están principalmente los Consejeros de Comunidades
Autónomas y que, como su nombre indica, tiene que especializarse en
asuntos de planificación y de coordinación. Y para la creación de nuevas
universidades, lo que dice el Reglamento --que ustedes aprobaron, no
nosotros-- es que decide la Comisión de Planificación oída la Comisión
Académica. Quien decide es la Comisión de Planificación, oída la Comisión
Académica, pero sin un informe vinculante de la Comisión Académica. Su
señoría tiene razón: los rectores estaban en contra de que se creara la
Universidad de Elche, pero es que no correspondía a los rectores decidir
sobre si Elche tenía que tener o no universidad. Corresponde precisamente
a las Cortes Valencianas, que son las que tienen que decidir si, por ley,
se crea o no se crea una universidad, y, por cierto, no tuvo ni siquiera
el voto en contra de su partido.
Me alegra por otra parte que reconozca su señoría, o que diga, aunque sea
eufemísticamente, que la Ley de Reforma Universitaria ha cumplido sus
objetivos, y que es urgente su reforma. Ahí nos va a encontrar decididos
a afrontar las reformas, que es una tarea que nos corresponde, porque
corresponde al Gobierno. Respecto a otro de los asuntos que ha tratado,
como es el Tercer Ciclo, quiero asegurar a su señoría que así se va a
hacer. Ha dicho su señoría que la selectividad está en la Comisión del
Senado, y es verdad. Ahí se va a afrontar próximamente, y por tanto yo
creo, señorías, que la universidad de verdad es un elemento muy
importante para la construcción del futuro; que catorce años después de
la Ley de Reforma Universitaria ha llegado la hora de reformar esa ley y
de
modernizarla, y que la modernización de la universidad es tarea de todos,
pero que sólo va a ser posible si dejamos a un lado el partidismo y la
demagogia; si buscamos el encuentro, abandonamos la confrontación; si
pensamos en positivo y buscamos de verdad la excelencia.
Señoría, mi mano está tendida. Su Señoría ha dicho que la suya también.
Yo espero que así sea, y que este pacto de modernización universitaria
sea muy pronto una realidad, para bien de todos los estudiantes
españoles, y de toda la sociedad española.
Muchas gracias, señor Presidente. (Aplausos en los escaños del Grupo
Parlamentario Popular.--El señor Lissavetzky Díez pide la palabra.)
El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Ministra de Educación y Cultura.
Senador Lissavetzky, por el artículo 87, tiene usted la palabra por cinco
minutos.
El señor LISSAVETZKY DIEZ: Gracias, señor Presidente.
Gracias, señora Ministra, por su contestación. Lamento sinceramente el
tono que ha tenido. Calificarme de descortés, cuando la descortesía viene
de altos cargos de su Ministerio, que no han comparecido en la Comisión
de Educación y Cultura del Senado, como usted bien sabe, calificar de
descortés a este Senador, repito, como ha hecho al inicio de su
intervención --que traía escrita, me imagino-- cuando yo solicité hace
varios meses que compareciera usted para explicar el cese del Secretario
de Estado de Universidades e Investigación, profesor Tejerina, me parece
que está fuera de lugar. Pero no voy a gastar nada de tiempo, del poco de
que dispongo ahora mismo, en rebatir su tono, que no creo que haya estado
acorde con el que yo he querido utilizar, ponderado, crítico, pero
constructivo. No ha sido ésa su intervención.
En segundo lugar, señora Ministra, si me acepta un consejo, olvídese del
síndrome IHR --la insoportable herencia recibida--. ¡Que es usted
ministra!, ¡que lleva usted año y medio gobernando! ¿Cómo dice usted que
en el tema de las universidades hay una herencia socialista negativa? No
tiene usted razón.
En el curso 1982/1983 había 692.000 alumnos; en el curso 1996/1997 hay
más de un millón y medio de alumnos. Los socialistas estamos orgullosos
de que haya novecientos mil alumnos más cuando gobernamos nosotros, y que
los hijos de los trabajadores estén asistiendo a la universidad.
(Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Socialista.) Esa es la
política socialista; o el que hayamos duplicado el número de profesores a
lo largo de estos años. Veamos las cosas con tranquilidad y con
moderación, pero ya está bien, porque lleva usted gobernando un montón de
tiempo y parece que no se ha enterado.
Su intervención ha mostrado incapacidad, porque no ha dado prácticamente
respuestas a nada de lo que le he dicho. Además, lo que no puede decir es
que usted ha enviado una carta a los rectores, ya que yo no he querido
profundizar demasiado en el tema. No obstante, le puedo leer las
opiniones de los rectores.
Carles Solá: Estoy en permanente --se refería a la actuación del
Ministerio de Educación y Cultura-- estado de alucinación y de
desconcierto.
Antonio Caparrós, Universidad de Barcelona: Cuando parecía no existir el
limbo, éste ha sido el destino de nuestras iniciativas. La necesidad
objetiva de hacer algo y la voluntad generosa para consensuarlo no
afectan a un Ministerio de Educación para el que, al parecer, la
universidad pública no es su problema.
Raúl Villar, Universidad Autónoma: Lo peor es que se habían creado
expectativas.
Llorens i Huguet, Universidad de Baleares: Primero pensamos que en el
Ministerio estaban llevando a cabo un cambio de estrategia. Ahora vemos
que es un cambio total o bien una parálisis total, porque no se sabe
hacia dónde vamos, etcétera.
Yo no me estoy inventando nada; son declaraciones de los rectores y usted
lo que ha mostrado es que ha tardado muchísimo en reaccionar. Me alegro
de que haya tenido la reunión o la comida --como lo quiera llamar-- con
el profesor Solá, y si de ahí sale algo bueno, estupendo; desde luego
tendrá nuestro apoyo, pero no me diga usted, en una intervención
totalmente a la defensiva, que aquí hay desde una tremenda herencia
recibida hasta que usted le ha enviado una carta, y que coincide con lo
que plantean los rectores. ¡Es el colmo! ¡Si usted es Ministra de
Educación y Cultura, gobierne! No tiene que coincidir ni enumerar los
problemas; tiene usted que solucionarlos, y además se lo ha dicho el
profesor Solá. En esto no vale cuáles son los problemas, sino cuáles son
las soluciones, y ésa es su responsabilidad.
Señora Ministra, en la Escuela de Arquitectura hay un Director, no se
llama Decano, y ese Director es el profesor Aroca, con el que, por
cierto, usted ha dicho varias veces que estaba de acuerdo y sé al
artículo al que se refiere.
Me habla del kilo de los 700 gramos, y yo le voy a hacer una pregunta
facilita: Dígame usted qué pesa más, si un kilo de paja o un kilo de
plomo. Si sabe la respuesta tendrá también la respuesta para los temas de
los que estamos hablando. ¡Hombre, por favor! Estamos hablando de que una
reforma de los planes de estudio es absolutamente necesaria, y usted sabe
que cuando se publica el Decreto de directrices generales del año 1987,
como cualquier actuación que se hace en las universidades o en cualquier
sector, se está haciendo un avance de prueba y error, y todos sabemos que
los departamentos muchas veces se han, entre comillas, pasado a la hora
de aumentar la carga lectiva, por muchos motivos, entre otros porque así
tenían más profesorado. Ese es un problema, evidentemente. Cuando no hay
problemas es cuando no se hace nada. La solución revolucionaria es no
hacer nada. Le pido a usted que haga algo también con la reforma del
Título V, pacto de modernización. Aparte de un nombre, el pacto de
modernización ¿qué es? Dígame usted qué es el pacto de modernización. No
será una versión «rock» o «rap» del «Gaudeamus igitur». Dígame qué es el
pacto de modernización. Ya está bien de las frases sonoras que son aire y
que al final dicen que vamos a modernizar la universidad.
¿Cuál es ese plan? Descríbame algo ahora o, si no puede ser, mañana.
En cuanto al tema del Consejo de Universidades, una cosa es que la
Comisión Académica sea oída y la Comisión de Planificación decida, pero
ahí sí le voy a dar un dato: nunca con gobiernos socialistas ocurrió
esto, y usted lo sabe.
No me ha contestado a lo que le he planteado de las Universidades de
Avila y Murcia. Ahí tiene usted una responsabilidad y espero también, si
va a intervenir posteriormente, su respuesta.
Le repito, señora Ministra, que tiene la mano tendida de este Grupo
Socialista por un problema real que hay en las universidades. Se lo he
dicho en mi primera intervención --más pausada-- y se lo digo ahora en
esta segunda. Usted, señora Ministra, no ha practicado en este año y
medio ninguna política universitaria porque no tiene; carece de esa
política universitaria. Hágase con una política universitaria. Rectificar
es de sabios. Sea usted sabia y rectifique, tenga usted una política,
porque yo creo que es casi de Libro «Guinness» pasar como Ministra de
Educación y Cultura a una situación en la que están transferidas las
universidades a las Comunidades Autónomas y que sea usted o su Ministerio
el criticado y no, en general, los de las Comunidades Autónomas. Esto
muestra que hay una percepción de la comunidad universitaria hacia el
Ministerio de Educación y Cultura de no haberse mojado. Se lo digo con
todo el respeto y con toda corrección, pero sí le pido, señora Ministra,
por favor, que aplique usted una política universitaria de la que este
Ministerio ha carecido porque se lo vamos a agradecer todos.
Muchas gracias. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario
Socialista.)
El señor PRESIDENTE: Gracias, Senador Lissavetzky.
¿Grupos Parlamentarios? (Pausa.)
Por el Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra la Senadora De Boneta.
La señora DE BONETA Y PIEDRA: Gracias, señor Presidente.
Intervengo únicamente por razones de cortesía y de interés, porque
realmente habíamos pensado intervenir en nombre del Grupo Mixto en este
tema que nos preocupa, como es la política universitaria y su definición,
para decir que, en este caso, vamos a tener en cuenta lo que la señora
Ministra ha manifestado y la situación que se produce al tener mañana una
comparecencia de la propia señora Ministra y del señor Secretario de
Estado para explicar su política, al haber sustituido al anterior
Secretario de Estado. Teniendo en cuenta también que por parte de este
Grupo Mixto y por esta misma Senadora ya se había pedido esta
comparecencia del señor Secretario de Estado dejaremos para mañana el
escuchar y conocer cuál va a ser esta política que, efectivamente, nos
preocupa por la inquietud social y por el revuelo que se ha producido
durante estos últimos tiempos en el Consejo General de Universidades y de
la cual ha sido una expresión gráfica algunas de las inauguraciones de
los nuevos cursos en las universidades del Estado. Por eso esperaremos a
esas explicaciones de mañana y dejaremos nuestra impresión y nuestro
planteamiento para ese momento.
Muchas gracias y nada más.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, Senadora De Boneta.
Por el Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos, tiene la
palabra el Senador Bolinaga.
El señor BOLINAGA BENGOA: Muchas gracias, señor Presidente.
Voy a intervenir brevemente en este debate con el modesto intento de ser
la voz, prácticamente literal, de aquellos a quienes represento en mi
condición de Senador; voz modesta, desde luego, de algunos de aquellos
que, siendo altamente responsables y conocedores de la materia, se
sienten sinceramente preocupados, con objetividad, por la actitud,
política o no política, universitaria actual. Por tanto, hoy, cuando
menos, voy a intentar limitarme a ser ante esta Cámara un mero transmisor
de un cierto mensaje.
Aun comprendiendo las razones expuestas por la señora Ministra sobre la
conveniencia de una previa comparecencia del nuevo Secretario de Estado,
prevista para mañana, pienso que, con todo, como materia de principio y
de hecho la presente interpelación tiene realmente su oportunidad y su
conveniencia, porque el tema que en ella se transmite se palpa realmente
y se siente en nuestra sociedad. Y decimos esto, señora Ministra,
señorías, por entender que, siendo la universidad una institución básica
en el entramado estructural de nuestra sociedad, debe ser en todo momento
motivo serio de reflexión serena y si preciso fuera, que lo es, motivo de
cambio y elemento de adecuación casi permanente a fin de vincular cada
vez más la universidad y la sociedad --creo que en este aspecto todos los
aquí presentes estamos de acuerdo--, una sociedad que vive y camina muy
deprisa; una sociedad que plantea problemas a la universidad y que
requiere soluciones cada vez más rápidas para problemas que son cada día
más complejos; una sociedad, en definitiva, cuyo futuro en gran medida
está en la universidad o, dicho de otro modo, cuyo buen futuro pasa por
el presente buen funcionamiento de la universidad; una sociedad, en fin,
que es la que ha de juzgar a la universidad, de la cual demanda
respuesta.
De esa especie de reto generalizado pero real surge una pregunta
fundamental: ¿está la universidad a la altura o al nivel de servicios que
hoy le es exigible de cara a las circunstancias actuales y está en
condiciones de optimizar respuestas válidas y creíbles de acuerdo con las
exigencias de una sociedad responsable y dinámica? Realmente parece que
no.
Le preguntaría también a usted, señora Ministra, y a su Departamento si
están dado o van a dar respuesta conveniente en breve a las demandas de
la universidad a través de una política universitaria «ad hoc», porque es
cierto, señora Ministra, que hay una serie de problemas en la universidad
cuya solución depende inapelablemente en esencia
de las líneas que marque el Ministerio de Educación y Cultura para
solucionar globalmente algunos de los problemas generales que se pueden
detectar en el sistema universitario, y que han sido ya enumerados en
gran medida e incluso reconocidos por usted ante este mismo foro en esta
mañana.
Parece ser --se ha hecho referencia a la carta de la Conferencia de
Rectores-- que en torno a la mayoría de los problemas existentes esos
rectores han remitido al Ministerio propuestas concretas y elaboradas que
sin duda servirían al menos para aliviar los actuales problemas. Dicen
que no han obtenido respuesta por aquello de que la política
universitaria la marca el Ministerio y no los rectores, lo cual es
absolutamente cierto y una razón incontestable por ahora. La diferencia
estriba o puede estribar entre lo que se dice y se piensa, entre lo que
se hace o no se hace, aunque en modo alguno es pensable --por lo menos
nuestro Grupo piensa así-- que sea por falta de aptitud y capacidad por
parte de usted, señora Ministra. Solamente ocurre que pese al tiempo que
va discurriendo inexorablemente --se ha apuntado aquí año y medio ya--
sigue aún desconociéndose por completo cuál es la política oficial --por
lo menos sigue desconociéndose por los rectores--, por lo que cabe
preguntarse y preguntarle, señora Ministra, si efectivamente existe o no
existe tal política universitaria, y si efectivamente existe cuándo va a
ser dada a conocer y puesta en marcha consecuentemente.
No quiero insistir más. Estos, y seguramente hay más de los que se han
apuntado aquí, son hechos concretos que requieren soluciones ya, y sería
un grave error seguir manteniendo por más tiempo la situación actual. Un
error, señora Ministra, señorías, que de seguir persistiendo pienso que
lo va a pagar caro la sociedad entera durante los próximos años, lo cual,
como es natural, no es nada recomendable.
Sé con exactitud, señora Ministra, que usted comparte en práctica y
espíritu los criterios que aquí se están exponiendo, por lo menos en
sustancia.
El señor PRESIDENTE: Señor Bolinaga, por favor, tiene que terminar.
El señor BOLINAGA BENGOA: Sí, señor Presidente, un segundo.
Es reconocida, señora Ministra, su potencial capacidad y nuestro Grupo
desea, y sinceramente espera, que usted active cuantos resortes sean
precisos para insuflar esa política universitaria idónea en contenido y
fines que requiere la universidad, juntamente con la sociedad que ha de
juzgarnos a todos y a la que hemos de atender con auténtico espíritu de
servicio.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias, Senador Bolinaga.
Por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió,
tiene la palabra el Senador Varela.
El señor VARELA I SERRA: Gracias, señor Presidente.
En primer lugar, quiero felicitar al Senador Lissavetzky por su
interpelación, porque cualquier reflexión sobre la universidad, siempre
es interesante y muy útil pero, al contrario de lo que él ha afirmado en
su intervención, me parece que puede ser un día positivo. Y quiero
felicitar a la Ministra por su intervención, por su compromiso de iniciar
el pacto por la reforma de la universidad. En nombre de mi Grupo quiero
creer en este pacto, porque estamos todos convencidos de la necesidad de
hacer esta reforma del sistema universitario, de los planes de estudio,
de muchas cuestiones que afectan a la universidad, de la financiación,
etcétera.
Por tanto, creo que puede ser un día realmente positivo, pero como
también han dicho anteriores Senadores, es urgente que este anuncio de
pacto no caiga en saco roto y que realmente nos pongamos a trabajar, pero
a marchas forzadas, porque el malestar es evidente. La dificultad de
funcionamiento de las universidades en diversos aspectos que se han
explicado, también es evidente. Por ello, es urgente el diálogo con las
autonomías, con las diversas autoridades académicas y con la sociedad
civil para que lleguemos a conclusiones prácticas y que puedan ser
aplicadas de inmediato.
Quisiera que en los próximos meses este análisis que hemos de hacer los
políticos y las autoridades académicas, lo hagamos con el máximo rigor,
con la máxima autocrítica, dejando --ojalá sea cierto-- los partidismos y
podamos llegar a acuerdos.
Quisiera leer simplemente en este análisis, esta autocrítica que hemos de
hacer todos, un fragmento de un discurso que hizo el Decano de la
Facultad de Físicas de Barcelona, el señor Rolf Tarrats, sobre la
endogamia, que es un tema que se ha repetido muchas veces, esa
autocrítica que también han de hacer los mismos universitarios y no sólo
los políticos.
Decía Rolf Tarrats en este discurso en el Palau de la Generalitat: Me
sabe muy mal decirlo, pero las universidades, con escasas excepciones
pero insuficientes, no han demostrado su capacidad para seleccionar los
mejores. La endogamia, el corporativismo, el sindicalismo, todo eso que
eufemísticamente se llama democracia, continúa dominando sobre la
meritocracia, llamada elitismo.
Es decir, que todos hemos de hacer autocrítica. Los políticos en primer
lugar, porque es nuestra obligación. Pero también las universidades y
apelo al deseo, a la manifestación de la Ministra para que este pacto
pueda ser una realidad, cuanto antes mejor.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Varela.
¿Quiere intervenir el Grupo Parlamentario Socialista? (Pausa.)
¿Grupo Parlamentario Popular? (Pausa.)
Tiene la palabra el señor Vidal-Quadras.
El señor VIDAL-QUADRAS I ROCA: Señor Presidente, señoras y señores
Senadores, Senador Lissavetzky, me ha interesado mucho su síndrome IHR,
pero hay otro que también puede afectar a un gobierno, que es el síndrome
EDA. No sé si usted lo conoce, es el de estupefacción ante el desastre
anterior, que tiene una morbilidad similar a la del IHR y que yo creo que
en este caso sería interesante tenerlo presente.
Para situarnos en este debate yo quisiera recordar una frase del que fue
Vicesecretario General del Partido Socialista, el señor Alfonso Guerra,
que pronunció en cierta ocasión y que se hizo justamente célebre, no sólo
por su notable profundidad, sino porque tenía la característica de ser
absolutamente irrebatible. En aquella ocasión de especial inspiración, el
señor Guerra dijo: El Socialismo es aquello que hacen los socialistas.
Creo que si aceptamos esta afirmación tan interesante como herramienta
metodológica, hoy nos podríamos preguntar ¿qué hacen o qué hicieron los
socialistas en la universidad? Como ya he empezado a utilizar el
argumento de autoridad, voy a seguir en esa línea. Voy a citar la
respuesta que daba Camilo José Cela hace pocos días en una entrevista a
una pregunta de su sagaz entrevistadora: La universidad española ha
desaparecido. Hubo un Ministro llamado Maravall que se empeñó en cargarse
la universidad y lo consiguió. Ahora pasarán 70 años antes de que la
resucitemos.
Creo que una manifestación de este tipo, tan contundente, por parte de un
Premio Nobel, conocido por lo desinhibido y lo directo en sus opiniones,
debería llevarnos a todos a la reflexión, absolutamente a todos y, en
particular, al Grupo Parlamentario Socialista y al Senador interpelante,
que debiera hacer su labor de oposición para decirlo de manera suave, en
términos más prudentes, porque, efectivamente, la universidad española
tiene problemas graves, bastantes de ellos urgentes, que se han relatado
aquí: planes de estudio con un número disparatado de asignaturas durante
un curso, que no se sabe si los alumnos pueden aprobar, pero sí que hay
una alta probabilidad de que puedan acabar con una neurosis de ansiedad;
20.000 profesores, efectivamente, en el desasosiego de la precariedad,
con un sistema que no tiene movilidad ni garantiza la calidad; una
selectividad que frustra muchas vocaciones, con un mecanismo ciegamente
mecánico que, al mismo tiempo, es un coladero que deteriora la viabilidad
del sistema; un Consejo de Universidades con graves disfunciones; un
sistema de financiación que necesita una considerable mejora, etcétera.
Sin duda usted sabe de esto, Senador Lissavetzky, porque tuvo el honor de
firmar la recepción de la transferencia de universidades en la Comunidad
de Madrid y lo hizo con ciertas prisas, seguramente no por su voluntad,
sino por determinados acontecimientos externos que le indujeron a ello.
Todos estos problemas que conocemos requieren que nos formulemos un
interrogante, que me parece clave: ¿quién diseñó, quién ejecutó la
legislación que está en el origen de todos estos problemas?
Usted ha dicho que no se conocía la política de educación universitaria
de la señora Ministra, pero la suya, la que ustedes hicieron durante 13
años, ésa sí es bien conocida, y yo, escuchándole a usted, que lo hacía
con mucha atención y respeto, me parecía que más que una interpelación
estaba haciendo usted una exhibición de amnesia. Porque ustedes
levantaron nubes de polvo cuando tenían la responsabilidad de la política
universitaria y de ese polvo vinieron los lodos en los que hoy estamos
todos empantanados, y ustedes de ese barro, que es su barro, hacen bolas
para lanzárselas a la grácil figura de la señora Ministra. (Risas.)
Me parece que eso, Senador Lissavetzky, no sólo es hacer una oposición
carente de «fair play», sino que es un delito estético. La señora
Ministra ha hablado de pacto de modernización y creo que ella sí ha sido
elegante, porque más que pacto de modernización lo que necesita el
sistema universitario español es cirugía mayor para reparar --yo también
me permitiré una licencia del lenguaje, como usted ha hecho-- el engendro
que fue la Ley de Reforma Universitaria del año 1983, uno de los peores
ejemplos de socialismo doctrinario y dogmático que se recuerdan en la
España contemporánea. Tendencia que, afortunadamente, ya no impera en su
partido, ni tampoco en usted, cosa que le honra, y me consta. Pero,
puestos a hablar de luces y sombras de la LRU, sobre las luces creo que
no sería exagerado afirmar que todas aquellas bombillas estaban fundidas.
Usted ha venido aquí hoy, Senador Lissavetzky, prisionero de una doble
incongruencia, por una parte acusaba a quien no es responsable de lo que
está sucediendo y desde un planteamiento que estoy seguro tampoco es
exactamente el suyo.
El señor PRESIDENTE: Señor Vidal-Quadras, vaya terminando, por favor.
El señor VIDAL-QUADRAS I ROCA: Muchas gracias, señor Presidente.
El compromiso político, Senador Lissavetzky, requiere también rigor
intelectual.
Los intentos reiterados de los ministros socialistas para reparar los
estragos de la LRU jamás llegaron a cuajar. En cambio, el Presidente de
la Conferencia de Rectores acaba de decir, después de su reciente
entrevista con la señora Ministra, que alaba la capacidad de reacción de
la Ministra que, por cierto, no ha creado una comisión, sino un grupo de
trabajo que en un mes se ha comprometido a tener soluciones tangibles.
La señora Ministra se quejaba suavemente de lo que ella llamaba falta de
cortesía, porque, efectivamente, sorprende un poco, teniendo en cuenta el
orden del día de la Comisión de Educación y Cultura de mañana, que hoy se
presente esta interpelación, pero la verdad es que este exceso de
actividad, de interpelaciones, de comparecencias, acompañada del
correspondiente frenesí mediático, lo que revela es una conciencia
atormentada. El Senador interpelante sabe que una conciencia sometida a
este tipo de remordimientos produce gran agitación psicomotriz, y esto es
lo que explica la interpelación de hoy en concurrencia con la sesión de
mañana.
El señor PRESIDENTE: Senador Vidal-Quadras, termine, por favor.
El señor VIDAL-QUADRAS I ROCA: Termino, señor Presidente.
Senador Lissavetzky, la señora Ministra le ha ofrecido diálogo y
cooperación, le ha ofrecido un pacto que ella quiere que se extienda a
toda la sociedad española, a su grupo y, en particular, a usted, le ha
tendido la mano. Yo creo que en esto es usted afortunado, conozco a
muchos caballeros a los que les gustaría estar en su lugar tras este
ofrecimiento. (Risas.) Yo mismo, sin ir más lejos, estaría encantado.
Acepte usted esta mano, señor Lissavetzky, sustituya la oposición, que en
sus circunstancias sólo le producirá angustia y malos recuerdos, por la
colaboración leal que calmará esa desazón contrita que hoy le atormenta.
Por supuesto no es un consejo, que sería una impertinencia, es un simple
ruego: acepte usted la oferta de la señora Ministra. Usted será más
feliz, nos beneficiaremos todos de sus aportaciones; la universidad
española mejorará rápidamente y en un ámbito tan decisivo para nuestro
éxito, en una Europa cada día más unida, España será más competitiva.
Créame, piénselo usted; consúltelo con la almohada; sueñe con esta mano
tendida que se le ha ofrecido con encomiable cordialidad. (Risas.)
Quiero terminar diciéndole que estoy impaciente porque llegue la sesión
de mañana de la Comisión de Educación y Cultura para comprobar que,
después de la excelente intervención de la señora Ministra y de la mía
modestísima, usted es otro hombre; es usted un hombre nuevo capaz de
enfrentarse a la verdad, capaz de sustituir el partidismo estéril por la
lucidez creativa. (Risas.)
Muchas gracias, señor Presidente. (Aplausos en los escaños del Grupo
Parlamentario Popular.)
El señor PRESIDENTE: Gracias, Senador Vidal-Quadras. (El señor
Lissavetzky Díez pide la palabra.) ¿Senador Lissavetzky?
El señor LISSAVETZKY DIEZ: Señor Presidente, deseo intervenir por
alusiones.
El señor PRESIDENTE: Senador Lissavetzky, ha intervenido ya en virtud del
artículo 87 y no puedo darle la palabra.
El señor LISSAVETZKY DIEZ: Con permiso de la Presidencia, creo que ha
habido alusiones a lo largo de toda la intervención del portavoz del
Grupo Popular.
El señor PRESIDENTE: En todo caso, las alusiones han sido en tono de
humor; no ha habido una controversia importante. Insisto, en la
interpelación, el Reglamento está bien claro, dice: El Senador
interpelante podrá utilizar la palabra en réplica por una sola vez y por
el artículo 87, por un máximo de cinco minutos reglamentariamente. Lo
siento de verdad, pero no le puedo conceder la palabra.
Se suspende la sesión hasta las cuatro de la tarde.
Eran las catorce horas y treinta y cinco minutos.
Se reanuda la sesión a las dieciséis horas y cinco minutos.
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Señorías, se reanuda la sesión.
DICTAMENES DE COMISIONES SOBRE PROYECTOS Y PROPOSICIONES DE LEY REMITIDOS
POR EL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS:
--DE LA COMISION DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL EN RELACION CON EL
PROYECTO DE LEY ORDENADORA DE LA INSPECCION DE TRABAJO Y SEGURIDAD
SOCIAL. (S. 621/000028.) (C. D. 121/000030.)
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): El tercer punto del orden del día
es el de dictámenes de comisiones sobre proyectos y proposiciones de ley
remitidos por el Congreso de los Diputados. El que vamos a debatir ahora
es el de la Comisión de Trabajo y Seguridad Social en relación con el
Proyecto de Ley Ordenadora de la Inspección de Trabajo y Seguridad
Social.
Si para la presentación del dictamen se hubiera designado algún señor
Senador, ahora puede hacerlo. Tiene la palabra el Senador Lobo Asenjo.
El señor LOBO ASENJO: Muchas gracias, señor Presidente.
Señorías, en primer lugar, quiero agradecer a la Comisión de Trabajo y
Seguridad Social el haberme designado por unanimidad para presentar al
Pleno de la Cámara este importante proyecto de ley Ordenadora de la
Inspección de Trabajo y Seguridad Social, que tuvo su entrada en la
Cámara el día 11 de junio de 1997 y al que se presentaron una propuesta
de veto y 77 enmiendas.
La Comisión se reunió para designar ponencia el 16 de septiembre,
resultando nombrados los Senadores don Angel Fernández Menéndez y don
José Gutiérrez Ruiz por el Grupo Parlamentario Popular; don Joaquín Jesús
Galán Pérez y don José María Rodríguez de la Borbolla Camoyán por el
Grupo Parlamentario Socialista y don Joaquim Vidal i Perpiñá por el Grupo
Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió.
La ponencia se reunió el 23 de septiembre, incorporándose a su informe
cinco enmiendas. La Comisión, reunida el día 29 de septiembre, incorpora
al informe de la ponencia seis enmiendas más, de ellas cinco enmiendas
transaccionales y alguna más que yo espero que se haya transaccionado o
se vaya a transaccionar a lo largo de la tarde de hoy.
Este proyecto de ley que a continuación van a debatir sus señorías se
justifica fundamentalmente, entre otras razones, en las derivadas de la
inadecuación del actual cuerpo legal y de la dispersión y fragmentación
actualmente existentes, lo que hacía totalmente imprescindible su
sustitución por una regulación legislativa integradora y atemperada al
signo del presente más inmediato y del futuro
previsible. Una legislación que propicie una acción pública de control en
el orden social, modernizadora, eficiente y adecuada a las necesidades de
una sociedad plural y desarrollada.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Muchas gracias, Senador Lobo
Asenjo.
Se ha presentado una propuesta de veto de la Senadora doña Inmaculada de
Boneta y Piedra, que tiene la palabra para defenderla.
La señora DE BONETA Y PIEDRA: Muchas gracias, señor Presidente.
Voy a defender la propuesta de veto a este proyecto de ley que presenta
esta Senadora, en nombre de Eusko Alkartasuna, de una forma sucinta,
puesto que la explicación escrita que soporta la propuesta de veto deja
bastante claro su sentido.
Vemos que uno de los objetivos que se plantea el proyecto de ley y que
está señalado en el último párrafo del apartado primero de la exposición
de motivos, es la adaptación de la legislación en la materia a la nueva
organización territorial del Estado. Naturalmente, la exposición de
motivos se refiere a una legislación que se ha quedado obsoleta por
muchas razones, entre otras, porque el año 1962 queda muy lejos en
relación a la nueva estructura territorial del Estado. Sin embargo,
nosotros entendemos que esta apelación y esta declaración de intenciones
en relación a esa adaptación a la organización territorial del Estado se
queda corta y, al final, no se ve reflejada, sino más bien contradicha en
su literalidad por la concreción de las normas que se contienen en el
proyecto.
Da la impresión de que en este caso, tanto el Gobierno como el Grupo
Parlamentario Popular que lo sustenta, como en otras ocasiones --hay que
decirlo-- otros grupos que han tenido responsabilidades de Gobierno, son
conscientes de que la organización territorial del Estado, las
competencias de las Comunidades Autónomas, según sus respectivos
estatutos, exigen un nuevo planteamiento, y por eso apuntan retóricamente
a la consecución de estos objetivos en las exposiciones de motivos de los
proyectos de ley. Sin embargo, a la hora de concretarlos, como en este
caso, les puede una interpretación alejada de un leal reconocimiento del
autogobierno de las comunidades que, como en el caso de la Comunidad
Autónoma Vasca, tienen unas competencias concretas, como las reconocidas
en el artículo 12.2 del Estatuto de autonomía de Guernika, que no
olvidemos es también una ley votada en Cortes Generales, y que hay unas
competencias concretas en materia de ejecución de la legislación laboral.
Creo que en este caso conviene insistir textualmente en parte de la
argumentación que sirve de base a la presentación de esta propuesta de
veto, porque estamos hablando incluso de un retroceso, y creo que de
alguna manera hay que justificar esto que nosotros entendemos como
concepción centralista de la función inspectora. Cuando decimos, y lo
queremos reiterar aquí, que las Comunidades Autónomas son meramente una
referencia a la hora de establecer demarcaciones territoriales en la
estructura del sistema de inspección o a la hora de definir los planes,
programas y objetivos de actuación de la inspección, nos estamos
refiriendo concretamente a estos aspectos que estamos señalando, porque
creemos que lo único que se hace es tener en cuenta que la inspección se
tiene que organizar territorialmente de alguna manera, y por eso hay unas
inspecciones provinciales agrupadas en cada autonomía, pero no hay nada
más allá que signifique ese planteamiento de adaptación a la estructura
territorial al que antes me refería como un planteamiento retórico y de
declaración de principios dentro del proyecto de ley.
Yo creo que el proyecto incide incluso en cuestiones organizativas tan
nimias como el establecimiento de unidades operativas específicas, y no
deja todas estas cuestiones en manos de aquellos que deben tener la
competencia, que son las Comunidades Autónomas. Por ello planteamos este
veto y las enmiendas consecuentes, insisto, no tanto en razón del rechazo
de una u otra forma de regular desde el punto de vista técnico la función
inspectora de trabajo, sino por esta cuestión de concepto a la que me
vengo refiriendo y por una interpretación del autogobierno, en este caso
en materia laboral, distinta de la que, evidentemente, se recoge en el
propio proyecto.
Desde Eusko Alkartasuna entendemos que las explicaciones puntuales que
vienen a constatarse a través de las enmiendas parciales que insisten
precisamente en esa preponderancia que queremos dar al autogobierno en
materia de ejecución y en materia de legislación laboral lo único que
pretenden es hacer notar que nuestro rechazo a este proyecto es única y
exclusivamente derivado de una cuestión de concepto, de una cuestión de
entender el autogobierno de una forma absolutamente distinta de la que se
entiende en esta ley y de entender el desarrollo estatutario de una forma
distinta de lo que, al parecer, viene entendiendo el grupo que apoya al
Gobierno.
De acuerdo con este planteamiento, y teniendo en cuenta esta coincidencia
casi absoluta de las enmiendas puntuales con los argumentos que sirven de
base para el mantenimiento del veto, que desgraciadamente no me ha sido
posible retirar porque no ha cambiado la orientación fundamental de la
ley, no voy a defenderlas luego puntualmente, salvo que haya que hacer
alguna precisión, o que sea necesario matizar alguna cuestión.
Quiero advertir al señor Presidente y a sus señorías que en este mismo
turno daré por defendidas todas las enmiendas del Grupo Parlamentario
Mixto, también las de los Senadores Nieto Cicuéndez y Román Clemente,
puesto que, por causas ajenas a su voluntad no pueden permanecer en la
Cámara. Las mantengo para su votación y las doy por defendidas.
Nada más, señor Presidente, muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Muchas gracias, señora De Boneta
y Piedra.
Para un turno en contra, tiene la palabra el Senador Fernández Menéndez.
El señor FERNANDEZ MENENDEZ: Muchas gracias, señor Presidente.
Señorías, voy a dar comienzo a mi intervención, en nombre del Grupo
Parlamentario Popular, felicitando al Gobierno por la iniciativa de
proceder a actualizar la normativa que regula la función inspectora en
temas sociolaborales, adaptándola a las nuevas exigencias sociales.
La dilatada pervivencia del actual cuerpo ha provocado una dispersión y
fragmentación normativa que demanda y justifica la promulgación de este
Proyecto de Ley, que una vez aprobado ordenará la Inspección de Trabajo y
Seguridad Social y supondrá la creación de un cuerpo de subinspectores de
empleo y Seguridad Social por reconversión del actual cuerpo de
controladores laborales, regularizando así su situación.
Dicho esto, paso a exponer los motivos por los que nos oponemos al veto
que la Senadora De Boneta ha presentado en nombre del Grupo Parlamentario
Mixto-Eusko Alkartasuna a este Proyecto de Ley Ordenadora de la
Inspección de Trabajo y Seguridad Social.
Ustedes piden la devolución de este Proyecto de Ley por entender que no
contiene una adecuación del sistema de la inspección de trabajo al Estado
autonómico.
Señoría, ni siquiera estaba justificado el veto en el Congreso de los
Diputados --de hecho, ninguna fuerza política, más que la suya, lo apoyó
en aquella Cámara--, y mucho menos aquí en el Senado, en virtud de las
modificaciones que ha experimentado el propio texto al incorporar un
número muy importante de enmiendas, todas ellas encaminadas a mejorar el
Proyecto de Ley que hoy debatimos, especialmente en aspectos referidos a
la participación de las Comunidades Autónomas, que es donde usted más
hincapié hace en la devolución del Proyecto de Ley al Gobierno.
Creo que está suficientemente claro para todos los Grupos Parlamentarios
la especial trascendencia del texto en cuanto que afecta a una parcela de
la actividad administrativa con indudable repercusión en la integración y
desarrollo del Ordenamiento jurídico social, a la que ya se dio
importancia a principios de este siglo, creando, vía Real Decreto, de 1.º
de marzo de 1906, el Reglamento que dio lugar por primera vez al servicio
de inspección.
El Proyecto de Ley que ahora debatimos adopta un modelo de sistema de
inspección único e integrado, compartiendo la función inspectora tanto
las Administraciones autonómicas, como el Estado, en la misma línea que
marca el Tribunal Constitucional en sus sentencias, y entre otras puedo
referirme a la del 3 de octubre de 1991 y a la reciente del 28 de
noviembre de 1996.
El Tribunal Constitucional ha señalado de modo inequívoco que la
Inspección de Trabajo, dentro de sus cometidos y funciones, incluye
materias que son competencias del Estado, y en tal caso los Inspectores
actúan funcionalmente como Administración estatal, y en materias que son
competencias de las Comunidades Autónomas, actúan como Administración
autonómica.
En la disyuntiva entre fragmentación del instrumento de inspección y
vigilancia y su unidad funcional, parece más conveniente la opción por un
sistema institucional único y común, perteneciente conjuntamente a las
Comunidades Autónomas y al Estado. De este modo, el Estado asume, a
través de una norma legal propia, la garantía de los principios de
igualdad y solidaridad en la aplicación de la legislación laboral y de
Seguridad Social en todo el territorio nacional afectada por el principio
de unidad de mercado que recogen los artículos 14 y 139 de nuestra
Constitución, ejerciendo al propio tiempo competencias y facultades de
coordinación entre los entes territoriales reconocidos por la
Jurisprudencia constitucional.
El sistema institucional de Inspección de Trabajo y Seguridad Social
perfilado por el proyecto legislativo que se propone supera los criterios
de coordinación o de colaboración interadministrativa e incluso el de
administración única, con el establecimiento de las bases de una
auténtica administración común.
Esta ley permite el pacto, el acuerdo vía comisiones territoriales e
Inspección de Trabajo y Seguridad Social, según recoge el artículo 17 del
texto, de tal manera que cada Comunidad Autónoma podrá adoptar el acuerdo
que considere conveniente de acuerdo con el nivel de competencias. Por lo
tanto, estamos ante una ley que establece un modelo básico de actuación
que se adapta a las necesidades de cada Comunidad Autónoma.
El proyecto reproduce en este ámbito normativo regulaciones ya operadas
en otros campos, lo que supone el incremento de las garantías de los
ciudadanos y la homologación con otros sectores de la Administración del
Estado, ofreciendo a la vez mayores posibilidades de eficacia y menores
costes económicos y sociales, resultando más respetuoso con los intereses
de los ciudadanos, sin olvidar la colaboración que surge entre las
Comunidades Autónomas y el Estado.
La colaboración que he citado por la vía de la Conferencia de Asuntos
Laborales y comisiones territoriales de la Inspección de Trabajo y
Seguridad Social, que se constituyen al amparo de los artículos 15 y 17
de este proyecto de ley, las define como órganos de cooperación bilateral
cuya existencia es imprescindible para el correcto desarrollo de la
dualidad de cometidos de inspección de Trabajo y Seguridad Social, y
supone una de las mejoras que ya indiqué respecto de la petición y
participación de las Comunidades Autónomas.
El veto que ustedes han presentado reproduce en cierto modo un voto
particular de uno de los consejeros del Consejo Económico y Social, y en
aquel momento estábamos ante un veto a un anteproyecto y no el proyecto
que se ha presentado en estos momentos ante el Senado, que no es ni
siquiera el que presentó el Gobierno en su momento como proyecto de ley,
ya que ha sido objeto de transformaciones en el Congreso de los
Diputados. Por lo tanto, después de todas estas aclaraciones, debemos
decirle que la postura del Gobierno y de nuestro Grupo de mejorar el
proyecto ha estado patente en todo momento, lo que quiere decir que se
han tenido en cuenta todas las enmiendas, que se ha negociado con los
grupos parlamentarios que las han presentado, incluso con ustedes. De
cualquier forma, pretendemos que, de la colaboración, salga el mejor
proyecto posible.
Por consiguiente, con el modelo de proyecto de ley que se propone se está
mucho más allá del carácter nacional del Cuerpo, tratándose más bien de
una reserva de funciones a unos funcionarios estatales que desempeñan al
mismo tiempo una actuación de carácter unitario e integrado y funciones
estatales y autonómicas.
Debido a todo lo expuesto, señoría, nosotros nos vamos a oponer al veto
que ustedes presentan a este proyecto de ley.
Gracias, señor Presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Muchas gracias, Senador Fernández
Menéndez.
Turno de portavoces.
¿Grupo Mixto? (Pausa.) No hacen uso de la palabra.
Por el Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos, tampoco.
(El señor Albistur Marín pide la palabra.) Sí, Senador Albistur, es que
no intuyo sus gestos si no me los hace, Senador.
El señor ALBISTUR MARIN: Señor Presidente, esta noche no hay niebla en
este Pleno como para que no vea usted que he levantado la mano izquierda.
Y levantar la mano izquierda ha sido un ademán puramente gestual, no ha
sido para que nadie se alegrase a mi derecha --a mi derecha, señor
Presidente--. (Risas.)
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Pues levante usted las manos que
quiera, pero yo no he visto la suya.
Muchas gracias, Senador. Puede hacer uso de la palabra.
El señor ALBISTUR MARIN: Levantaré firmemente las manos, señor
Presidente.
Muchas gracias por darme la palabra.
Intervengo para manifestar nuestra posición respecto a esta propuesta de
veto realizada por la Senadora doña Inmaculada Boneta.
Nosotros nos vamos a abstener, y lo vamos a hacer fundamentalmente
porque, ya en las negociaciones planteadas en su momento con el
Ministerio de Trabajo para transferencias pendientes en el Estatuto de
Autonomía del País Vasco en materia laboral, aparte de las que quedan del
INEM y sus cuotas, sus pompas y sus obras --diríamos-- consideramos la
cuestión de la Inspección de Trabajo como una transferencia necesaria.
Pero no solamente necesaria, sino que es una transferencia que va ligada
a una ley que debe cumplirse porque se trata, precisamente, de una
competencia de ejecución.
La ley establece que la Comisión territorial podría adscribir a los
inspectores a las Comunidades Autónomas. Como ya nos ha dicho el portavoz
del Partido Popular se quiere dar un carácter integrado a un cuerpo de
funcionarios que, en principio, tenían un carácter de funcionarios de
habilitación nacional porque creo que este tema es el que marca la
diferencia.
Las negociaciones que se realizaron previas al documento de Proyecto de
Ley que entró en el Parlamento y durante el debate de las enmiendas que
allí se plantearon, nos permitieron introducir la disposición adicional
octava que dispone que puedan ser objeto de transferencia los
funcionarios --pueden ser objeto de transferencia, entiéndaseme bien, los
funcionarios de la inspección-- para su adjudicación o adscripción a
aquellas materias que dependen ya en estos momentos de las Comunidades
Autónomas y, en concreto, las laborales.
No es que estemos de acuerdo con esta solución. No es la solución ideal,
pero es un paso. En principio esta solución supone la ruptura de la
habilitación nacional, puesto que tienen consideración de funcionarios
ordinarios y, por lo tanto, pueden ser transferidos de forma ordinaria
cuando las competencias estén consolidadas.
Para nosotros es la mejor solución. Por ello, nos remitimos al artículo
17.4, que fue enmendado en su día y acordado por unanimidad entre todas
las partes. Así, anuncio desde ahora que apoyaremos, en coherencia con
nuestra propuesta y con las manifestaciones que estamos haciendo respecto
de este veto, las enmiendas números 65 y 59 del PSOE porque consideramos
que profundizan en lo que puede ser la vigencia de la Dirección
territorial, que ejerce las competencias de las Comunidades Autónomas, y
en la adscripción de la Inspección a esa Dirección territorial en las
competencias que afectan a las Comunidades Autónomas.
Nada más, señor Presidente, y muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Muchas gracias, Senador Albistur.
Por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió,
tiene la palabra el Senador Joaquim Vidal.
El señor VIDAL I PERPIÑA: Muchas gracias, señor Presidente.
Señorías, en cuanto al veto presentado por la Senadora De Boneta del
Grupo Parlamentario Mixto he de decir que, quizás, con una perspectiva
autonómica y siempre en relación con el proyecto que se presentó
inicialmente, podríamos estar de acuerdo con él porque es cierto que el
Proyecto que presentó el Gobierno era centralista cien por cien. Pero
también he de manifestar que después de las modificaciones que se han
introducido en el debate parlamentario, ya sea en el Congreso o en
Comisión en el Senado, tras las negociaciones con otros grupos
parlamentarios y también con el Gobierno, nos encontramos con una ley que
moderniza, no cabe duda, la del año 1962, que la acomoda a los tiempos
actuales y que no es tan intervencionista, paternalista y centralista
como la anterior. Por ello, nuestro Grupo va a votar en contra de este
veto.
Nada más y muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Muchas gracias, Senador Vidal.
Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el Senador don
Joaquín Galán.
El señor GALAN PEREZ: Muchas gracias, señor Presidente.
Subo a la tribuna para fijar la posición del Grupo Parlamentario
Socialista en relación con el veto planteado por la Senadora De Boneta.
En el debate de totalidad de esta ley, que tuvo lugar en el Congreso, el
Ministro Javier Arenas presentaba los cinco grandes objetivos de la ley.
El primero de ellos era adecuar la ordenación de la función inspectora al
Estado de las Autonomías, regulando la participación de las Comunidades
Autónomas en la dirección, planificación y control de la actividad del
sistema de inspección.
En este punto el proyecto que llegó al Congreso recibió mayor número de
críticas, no sólo de Eusko Alkartasuna, sino también de los portavoces de
Coalición Canaria, Izquierda Unida, Partido Nacionalista Vasco,
Convergència i Unió y del portavoz de nuestro Grupo, calificando de
rechazable el Capítulo II que hacía referencia a la organización del
sistema de inspección. No obstante, las mejoras introducidas en el
Congreso han sido notables aunque, a mi juicio, se han conseguido a
fuerza de tirones, a fuerza de enmiendas transaccionales con los grupos
nacionalistas, lo cual se nota --y se nota bastante--, desde un punto de
vista técnico, en la redacción de los artículos 15, 17 y 21 del dictamen
que vamos a debatir.
Parece que, pese a la dureza de las posiciones críticas que allí se
pusieron de manifiesto, en esta Cámara es ya sólo Eusko Alkartasuna el
Grupo que defiende la multiplicidad de sistemas de inspección como
solución tolerada por los convenios de la OIT, por los artículos 4, 2 y
10 del Convenio 81, posible según los informes del Consejo General del
Poder Judicial y del Consejo de Estado y plenamente constitucional según
la doctrina dictada --entre otras-- por el más alto Tribunal en la
definitiva Sentencia 195/1996.
Es cierto que lo que ha defendido aquí la Senadora De Boneta es una
opción de política legislativa posible, pero votaremos en contra de ella
porque entendemos preferible otra opción --también perfectamente
encajable en la Constitución-- que regula un sistema de Inspección de
Trabajo y Seguridad Social integrado en el que se preserva la unidad de
acto y función de los funcionarios que pertenecen al sistema, bien sean
los inspectores, bien sean los antiguos controladores --hoy
subinspectores de empleo y Seguridad Social--, antes que un sistema
fraccionable que operaría en contra de la eficacia, la racionalidad y la
operatividad del propio sistema, en definitiva, en contra de los
administrados, en contra de la lucha contra el fraude social, en contra
del cumplimiento de los grandes objetivos que siempre la Inspección de
Trabajo se ha marcado y ha venido desarrollando en defensa de los
intereses de los trabajadores.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Muchas gracias, Senador Galán.
¿Desea hacer uso de palabra el Grupo Parlamentario Popular? (Pausa.)
Tiene la palabra el Senador Fernández Menéndez.
El señor FERNANDEZ MENENDEZ: Muchas gracias, señor Presidente.
Parece que, menos el Grupo proponente del veto, y aunque con distintos
argumentos, todos los grupos de la Cámara estamos de acuerdo en votar en
contra, a excepción del Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas
Vascos que anuncia su abstención en la votación que a continuación se va
a realizar para considerar la admisión o denegación del veto.
Nada tengo que decir a esta abstención. Solamente quiero recordarle al
portavoz del Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos que
parece que han cambiado un poco su posición con respecto a la que
mantenían en el trámite del Congreso de los Diputados, porque si bien en
principio no rechazaban el veto, sin embargo, presentaron unas enmiendas
alternativas que, como su señoría sabe, fueron recogidas dentro del texto
que hoy estamos debatiendo. Por consiguiente, quiero decirle que no acabo
de entender la abstención que anuncian respecto del veto, aunque tampoco
tengo más que decirle en ese sentido.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Muchas gracias, Senador
Fernández. (El señor Albistur Marin pide la palabra.)
¿Para qué solicita la palabra, Senador Albistur?
El señor ALBISTUR MARIN: Por el artículo 87, señor Presidente, y sobre
todo porque, como he sido aludido directamente, creo que es necesaria una
explicación.
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Tiene usted un minuto.
El señor ALBISTUR MARIN: Si el señor portavoz del Grupo Parlamentario
Popular no entiende que puede existir una cortesía parlamentaria con una
Senadora nacionalista, he de decirle que no tiene nada que ver la
cortesía con el cambio de voto. Yo le he dicho al señor portavoz del
Partido Popular que ésta no es la situación ideal, y si me ha entendido,
óptima, pero que estamos de acuerdo con lo que hemos conseguido, sin
estar satisfechos, lo que es muy diferente. Hemos comido un poco, pero no
nos hemos llenado. Es decir, es una forma de mantener una dieta que nos
llevará más lejos, señor Presidente, y usted ya me entiende.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Le entiendo perfectamente,
señoría.
Vamos a someter a votación el voto particular y la propuesta de veto
presentada por la Senadora doña Inmaculada de Boneta y Piedra, sobre el
proyecto de ley ordenadora de la Inspección de Trabajo y Seguridad
Social.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 200; a
favor, tres; en contra, 191; abstenciones, seis.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazado.
Pasamos al debate de las enmiendas referidas al Capítulo I, artículos del
1 al 14.
Los votos particulares de los señores Nieto Cicuéndez y Román Clemente,
enmiendas números 10 a 34, han sido dadas por defendidas, por lo que
pasamos al voto particular número 5, del Grupo Parlamentario Socialista,
referente a las enmiendas 46 a 49, teniendo presente que la 48 sustenta
una transaccional, la 51 sustenta otra transaccional, 53, 54, 56 a 59 y
62.
Para su defensa, tiene la palabra el Senador don Joaquín Galán.
El señor GALAN PEREZ: Con la venia, señor Presidente.
Subo a la tribuna para consumir un turno de defensa de las enmiendas de
mi Grupo al Capítulo I de esta ley, que regula el sistema de Inspección
de Trabajo y Seguridad Social, sus funciones y su ámbito de actuación.
Presentamos inicialmente a este capítulo 18 enmiendas, de las que varias
han sido incorporadas en Ponencia o Comisión o bien van a servir de base
a transaccionales que vamos a aprobar en esta sesión plenaria.
Creemos que la Ley, por lo que respecta a este Capítu-lo I, ha mejorado
en el trámite en esta Cámara. Voy a defender, por tanto, sólo las que
entiendo que son más importantes.
La enmienda número 47 pretende suprimir la adición que, a propuesta del
Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió, se hizo
al artículo 3, apartado 1.4.3, regulador de la función inspectora.
Creemos que la adición efectuada en el Congreso es innecesaria, y mucho
más tras incorporar a la Ley la Disposición Adicional Sexta, antes
Séptima, y además reductora, porque, al concretar sólo dos supuestos de
competencias exclusivas de las Comunidades Autónomas, parece agotar los
supuestos posibles. Si se pretende esto, la que sobra es la Disposición
Adicional Sexta. Puede elegirse una cosa u otra, pero me parece que
mantener ambas referencias, una genérica, la disposición adicional, otra
específica, en el artículo 3, distorsionan y confunden más que aclaran.
La enmienda número 49 pretende posibilitar que al denominado inspector de
zona no le esté vedada la función de arbitraje laboral en cualquiera de
las empresas incluidas en su ámbito de actuación habitual. Creemos que el
tenor del apartado 3 del artículo 3 se compadece mal con el respeto
debido al principio de autonomía de las partes. Si la empresa y los
representantes de los trabajadores que están en conflicto están de
acuerdo en someter el problema a un arbitraje y están de acuerdo, además,
en que la solución la imparta un funcionario del sistema de inspección,
permitámosles que designen a quien les merezca a ambas partes más
confianza, sea el inspector responsable de la zona o no lo sea.
También en esta enmienda explicitamos la inclusión del arbitraje en
materia de reclamaciones electorales, tal como prevé el artículo 76.2 del
Estatuto de los Trabajadores.
La enmienda número 54, al artículo 7, permite, a nuestro juicio, que el
inspector o subinspector, cuando constate una infracción, pueda, sin
iniciar procedimiento sancionador, hacer un acta de advertencia, siempre
que las circunstancias lo aconsejen y no se deriven perjuicios directos
para los trabajadores o, añade nuestra enmienda, para terceros,
intentando proteger así los intereses legítimos de éstos.
La enmienda número 57 pretende posibilitar que los inspectores puedan
formular demandas de oficio ante la jurisdicción social en la forma y en
los supuestos previstos en la Ley Reguladora de dicho orden
jurisdiccional, en vez de limitar su competencia a la mera propuesta ante
sus jefes de inspección.
Y, finalmente --termino, señorías--, la última de nuestras enmiendas,
pero no la menos importante, la número 59, suprime en el artículo 10.1,
cuando regula la colaboración de la Inspección de Trabajo con otros
órganos, la referencia a la autoridad laboral. No es que la Inspección de
Trabajo tenga que prestar colaboración a la autoridad laboral, como a las
entidades gestoras de la Seguridad Social, los servicios comunes u otras
Administraciones públicas; es algo completamente distinto: es que la
Inspección de Trabajo depende de ella, no de la del Ministerio o de la de
la Comunidad Autónoma, sino que depende funcionalmente de ambas, y de
ambas a la vez.
Entre otros principios, la Administración Pública actúa de acuerdo con el
principio de jerarquía. Cuando la autoridad laboral --sea el Consejero o
el Delegado de Trabajo de una Comunidad Autónoma, sea el Director
Provincial o el Subdelegado del Gobierno, etcétera, por lo que respecta
al Ministerio de Trabajo-- dicta a la Inspección una orden de servicio,
no es que la Inspección de Trabajo, el sistema de inspección, los
inspectores y los subinspectores tengan que colaborar: es que tienen que
cumplirla. Están sometidos funcionalmente a esa dependencia simultánea de
ambas Administraciones.
No entendemos la coincidencia del PP y de los nacionalistas, en Ponencia
y Comisión, en no apoyar esta enmienda. No tendría otra explicación que
el subconsciente les traicionara: que el PP pensara que esta autoridad
laboral a la que se refiere el artículo 10 es la de la Comunidad Autónoma
y los grupos nacionalistas creyeran, erróneamente, que a la que hay que
prestar colaboración es a la autoridad laboral estatal. Yo creo que la
doble dependencia funcional ha sido una buena solución desde la puesta en
práctica de la Constitución y del Estado de las Autonomías, que en esta
ley debemos mejorarla, pero nunca complicarla.
Acabo, señorías. La enmienda 46, no sólo a este Capítulo, sino a todo el
texto del proyecto, se refiere a la denominación de los subinspectores.
Creemos que es más correcto denominarlos Subinspectores de Trabajo y
Seguridad Social, por coherencia con el sistema de la Inspección de
Trabajo y Seguridad Social y por coherencia, también, con el Cuerpo de
Inspección. La votaremos, al igual que todas las enmiendas del Grupo
Parlamentario Mixto-Izquierda Unida que coinciden con ella.
Las enmiendas números 53, 56 y 62 no tenían otra finalidad, señores
Senadores del Grupo Parlamentario Popular, que mejorar la redacción
gramatical de la ley, sin alterar para nada su contenido. Pretendían eso,
y, a mi juicio, lo
conseguían. Pero si al Grupo Parlamentario Popular le gusta más la ley
como está, allá ellos. Son ustedes los responsables, porque son los que
apoyan al Gobierno que ha remitido esta ley. Como no hay diferencia de
fondo, en este caso las retiramos, como retiramos aquellas que hayan
servido de base a transaccionales una vez que se voten y aprueben dichas
enmiendas transaccionales.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Señor Senador, ¿podría su señoría
repetir las enmiendas que ha retirado en este momento?
El señor GALAN PEREZ: Sí, señor Presidente.
En este momento, y por lo que se refiere al Capítulo I, retiramos las
enmiendas números 53, 56 y 62.
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Muchas gracias.
Para un turno en contra, tiene la palabra el Senador Gutiérrez Ruiz.
El señor GUTIERREZ RUIZ: Muchas gracias, señor Presidente.
Señorías, de una manera resumida voy a contestar a las enmiendas
presentadas por el Grupo Parlamentario Mixto-Izquierda Unida.
De un total de 33 enmiendas, 21 de ellas, a nuestro juicio, corresponden
muy claramente a un planteamiento corporativo y gremialista de un sector
funcionarial. Esta visión tan reducida parece haber distraído la atención
del Grupo de Izquierda Unida de los aspectos fundamentales del proyecto,
que ni siquiera toca.
El conjunto de las enmiendas incurre en frecuentes y fuertes
contradicciones. Adolece plenamente de solidez en su fundamentación y
parte frecuentemente de una base legal y hechos actuales totalmente
contrarios a la realidad. Por lo tanto, y lamentablemente, resulta
imposible para nuestro Grupo aceptar ninguna de las enmiendas del citado
Grupo.
En cuanto a las enmiendas presentadas por el Grupo Parlamentario
Socialista, las números 46 y 58 tratan de atribuir a los subinspectores
una denominación y funciones no acordes con su contenido y nivel. La
denominación de Subinspectores de Empleo y Seguridad Social, a nuestro
juicio, guarda coherencia con sus funciones, establecidas en el artículo
8 del proyecto, y en las asumidas por dichos funcionarios desde la
creación del Cuerpo de Controladores Laborales por la Ley 30/1994, de 2
de agosto.
La enmienda número 49, de modificación del artículo 3, apartados 3.2 y
3.3, pretende modificar un texto sugerido por el Consejo Económico y
Social.
La enmienda número 54, de adición al artículo 7, apartado 1, pretende
introducir una modificación en el texto que perturbaría, a nuestro
juicio, el funcionamiento de la Inspección, sin ninguna contrapartida
positiva. La referencia a terceros es de tal amplitud que provocaría la
indefinición práctica en cuanto al alcance efectivo de la limitación, por
lo que no podemos aceptarla.
La enmienda número 57 pretende que cada funcionario sin control
jerárquico alguno pueda formular demandas, instando la actuación de la
jurisdicción, mientras que el proyecto establece las necesarias garantías
para un correcto y ordenado ejercicio de dicha facultad, no siendo por
ello tampoco aceptable dicha enmienda.
La enmienda número 59, de modificación del artículo 10, apartado 1,
pretende suprimir la referencia a la autoridad laboral, a la que la
Inspección debe prestar colaboración. A nuestro juicio, sólo contiene
observaciones semánticas que ni alteran ni mejoran el texto del proyecto;
técnicamente no aportan mejora alguna y, además, la referencia a la
autoridad laboral fue solicitada por las administraciones autonómicas y
aceptada por los respectivos grupos del Congreso de los Diputados.
En cuanto a las enmiendas números 53, 56 y 62, sólo contienen, en nuestra
opinión, observaciones semánticas que ni alteran ni mejoran el
significado de los respectivos textos del proyecto, incluso la enmienda
número 56 coincide con la redacción del proyecto. Por todo ello, nuestro
grupo votará en contra de estas enmiendas.
Para terminar, quiero resaltar el talante abierto y dialogante que, tanto
en Ponencia como en Comisión y hasta este mismo Pleno, hemos mantenido,
tanto nuestro grupo como los demás grupos de la Cámara, como asimismo ya
ocurrió durante la tramitación en el Congreso de los Diputados. Ello nos
ha permitido, sin duda, aprobar y transaccionar un gran número de
enmiendas, lo que nos hace estar firmemente convencidos de que estamos,
efectivamente, ante una buena ley.
Nada más y muchas gracias, señor Presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Muchas gracias, Senador Gutiérrez
Ruiz.
En turno de portavoces, tiene la palabra el Senador Albistur.
El señor ALBISTUR MARIN: Gracias, señor Presidente.
Quiero manifestar nuestra posición respecto a las enmiendas presentadas
por el Grupo Parlamentario Socialista. En principio, vamos a votar a
favor de la enmienda número 36, de Izquierda Unida, que coincide
prácticamente con la número 46, del Grupo Parlamentario Socialista, ya
que nos parece que es mucho más actual utilizar el término empleo que
trabajo, por lo que se refiere a la denominación de los Inspectores y
Subinspectores. También votaremos a favor de la enmienda número 59, a
pesar del juicio de valor --por cierto desconocimiento-- del portavoz del
Grupo Parlamentario Socialista porque nos parece coherente con la
votación positiva también del artículo 65, y que está mucho más de
acuerdo con lo que anteriormente he manifestado al responder en la toma
de posición del veto que existía a todo este proyecto de ley, porque
coincide con nuestras expectativas en relación a lo que significa la
actual adscripción de la Inspección de Trabajo a las Comunidades
Autónomas.
Por lo tanto, repito, nuestro voto será positivo para todo lo que mejore
el papel de la Inspección y su relación con
las Comunidades Autónomas, que serán las enmiendas números 59, 65, 46 y
36, del Grupo Parlamentario Socialista, y 36 de Izquierda Unida.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Muchas gracias, Senador Albistur.
Por Convergència i Unió, tiene la palabra el Senador Joaquim Vidal.
El señor VIDAL I PERPIÑA: Gracias, señor Presidente.
Nuestro grupo ha firmado, y por lo tanto está de acuerdo, la
transaccional a las enmiendas número 48 y 51, del Grupo Socialista.
También le diría al portavoz del Grupo Socialista que no coincidimos con
el punto de vista que tiene el Senador Galán respecto a la enmienda
número 47. Nosotros entendemos que dificulta más que aclara.
De todas formas, en cuanto a la enmienda número 59, del Grupo Socialista,
nuestro voto va a ser afirmativo, porque deja claro, tal y como ha dicho
en su exposición el Senador Galán, que la Inspección de Trabajo depende
funcionalmente de la autoridad laboral, ya sea del Ministerio de Trabajo
o de la Consellería de Trabajo de las Comunidades Autónomas. Entendemos
también que está al servicio de ambas autoridades laborales, cuando así
lo dispongan.
En cuanto a las demás enmiendas, nuestro Grupo va a votar en contra.
Gracias, señor Presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Muchas gracias, señoría.
Senador Galán, tiene la palabra.
El señor GALAN PEREZ: Sí, señor Presidente, con mucha brevedad.
Intervengo sólo para pedirle disculpas al Senador Albistur porque,
efectivamente, no era consciente, cuando comentaba la falta de apoyo en
Comisión a la enmienda número 59, de que él estuvo ausente de esa
Comisión. Es cierto que no tuvimos ahí el apoyo de los nacionalistas. Me
alegra que tanto el Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas
Vascos, como el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència
i Unió, vayan a apoyar esa enmienda número 59 en el Pleno. Lo demás no lo
entendíamos, y creo que con ese apoyo ha quedado totalmente vacía de
razón y contenido la argumentación del Senador Gutiérrez de que le habían
pedido al Gobierno y al Grupo Popular la introducción de esa referencia a
la autoridad laboral los grupos nacionalistas o las Comunidades
Autónomas. Parece que ni Cataluña ni el País Vasco lo pidieron, las tres
regidas por el Partido Socialista evidentemente tampoco. Si lo han pedido
las que gobierna el Partido Popular es una petición a ellos mismos y, por
lo tanto, no enriquece para nada sino que, a mi juicio, distorsiona
gravemente el principio de dependencia funcional de la inspección a ambas
administraciones, la autonómica y la del Estado.
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Muchas gracias, Senador Galán
Pérez.
Tiene la palabra el Senador Gutiérrez Ruiz.
El señor GUTIERREZ RUIZ: Muchas gracias, Presidente.
Simplemente quiero ratificarme en los argumentos esgrimidos en mi
anterior intervención y únicamente incidir una vez más en que la enmienda
número 59, a nuestro juicio, sólo contiene algunas observaciones
semánticas, concretamente lo que pretende es suprimir la referencia a la
autoridad laboral. Creemos que técnicamente no aporta ninguna mejora y
pensamos que está mejor la redacción tal y como ha venido del Congreso y,
por lo tanto, la vamos a rechazar.
Nada más. Gracias, Presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Gracias, señoría.
Vamos a llamar a votación. Se me ha dicho que en Junta de Portavoces se
había acordado hacer este sistema y así se mantiene. Mientras,
preguntaría a los diversos grupos si quieren votación separada de algunas
de las enmiendas que hemos defendido en estos momentos.
El Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió,
¿quiere votación separada de algún artículo? (Pausa.)
El señor VIDAL I PERPIÑA: Más que de algún artículo, de alguna enmienda.
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Perdón, sí, de enmienda.
El señor VIDAL I PERPIÑA: La número 59.
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): La enmienda número 59 se vota por
separado.
¿El Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos desea alguna
votación separada? (Pausa.)
¿El Grupo Socialista desea alguna votación separada? (Pausa.)
Senador Aleu.
El señor ALEU I JORNET: ¿Me dice, en el caso de Izquierda Unida, hasta
qué enmienda hemos llegado?
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): De la número 10 a la 34, ambas
inclusive.
El señor ALEU I JORNET: Pedimos, por un lado, votación separada de la
número 21 y, por otro, de las números 9, 10, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19,
20, 22 y 24.
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Y luego las restantes.
El señor ALEU I JORNET: Sí, la 13 y la 23.
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Vamos a someter a votación,
primero, las enmiendas presentadas por el voto particular de los
Senadores Nieto Cicuéndez y Román Clemente. Si he interpretado bien,
Senador Aleu, primero vamos a votar la enmienda número 21.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 206; a
favor, uno; en contra, 120; abstenciones, 85.
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Queda rechazada.
(El señor Aleu i Jornet pide la palabra.)
Tiene la palabra el señor Aleu.
El señor ALEU I JORNET: Por favor, señor Presidente, ¿hasta qué enmienda
de Izquierda Unida votamos en este momento?
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): De la 10 a la 34.
El señor ALEU I JORNET: Entonces tengo que rectificar. (Rumores.)
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Perdón, señorías. Estamos
solamente organizando la votación. Por tanto, tiene todo el derecho a
pedir votación conjunta o separada de las diversas enmiendas. Puede usted
hacerlo, señoría.
El señor ALEU I JORNET: Pido votación separada de las enmiendas 13, 23,
29, 31, 32 y 33.
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Y las que quedan también todas en
un solo bloque. Muchas gracias.
Vamos a someter a votación las enmiendas números 13, 23, 29, 31, 32 y 33,
presentadas por los Senadores Nieto Cicuéndez y Román Clemente.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 207; a
favor, 81; en contra, 120; abstenciones, seis.
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Quedan rechazadas.
Vamos a someter a votación las demás enmiendas referidas al Capítulo I,
presentadas por los Senadores Nieto Cicuéndez y Román Clemente.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 207; a
favor, uno; en contra, 200; abstenciones, seis.
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Quedan rechazadas.
Pasamos a continuación a votar las enmiendas presentadas por el Grupo
Socialista a este Capítulo I.
(El señor Aleu i Jornet pide la palabra.)
Tiene la palabra el señor Aleu.
El señor ALEU I JORNET: Gracias, señor Presidente.
Dado que las enmiendas números 53, 56 y 62 tienen un contenido
exclusivamente gramatical y no modifican en absoluto el texto...
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Perdón, señoría, pero dichas
enmiendas han sido abandonadas por su grupo.
El señor ALEU I JORNET: Precisamente iba a retirarlas en este momento.
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Ya lo hizo su portavoz.
Muchas gracias.
Pasamos, pues, a votar la enmienda número 59.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 206; a
favor, 95; en contra, 110; abstenciones, una.
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Queda rechazada.
Sometemos a votación las restantes enmiendas del Grupo Socialista, salvo
las que dan soporte a las transaccionales, es decir, exceptuando las
enmiendas números 48 y 51.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 206; a
favor, 82; en contra, 119; abstenciones, cinco.
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Quedan rechazadas.
Pasamos a votar las enmiendas transaccionales soportadas por las
enmiendas números 48 y 51, del Grupo Socialista.
Sugiero que sean aprobadas por asentimiento de la Cámara, dado que han
sido firmadas por todos los grupos parlamentarios. (Pausa.)
Así consta. Muchas gracias.
A continuación, sometemos a votación el texto del dictamen relativo al
Capítulo I, artículos 1 a 14.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 201; a
favor, 199; abstenciones, dos.
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Queda aprobado.
Pasamos al debate de las enmiendas relativas al Capítulo II, artículos 15
a 21.
Las enmiendas de los Senadores Nieto Cicuéndez y Román Clemente se dan
por defendidas.
Asimismo, el voto particular número 1, del Grupo Mixto, correspondiente a
las enmiendas números 1 a 8, de la Senadora de Boneta y Piedra, se da por
defendido.
Para la defensa del voto particular número 5, del Grupo Socialista,
correspondiente a las enmiendas números 64 y 65, tiene la palabra el
Senador Rodríguez de la Borbolla.
El señor RODRIGUEZ DE LA BORBOLLA CAMOYAN: Muchas gracias, señor
Presidente.
Mi intervención va a ser breve. Las dos enmiendas presentadas por el
Grupo Parlamentario Socialista, números 64 y 65, están dirigidas --como,
en general, el resto de ellas-- a mejorar este texto.
Se ha dicho que con esta ley se avanza en la adecuación del sistema de
inspección de trabajo al modelo autonómico, al modelo del Estado de las
Autonomías. Es cierto que se producen avances, pero, de todas maneras,
desde nuestro punto de vista al menos, existen determinados tics en la
ley, determinadas redacciones que hacen que ésta tenga un cierto tufillo
jacobino decimonónico, por una parte, en lo que a la concepción del
Estado se refiere y, por otra, que haya una visión excesivamente
burocratizada de la gestión pública.
Las dos enmiendas van dirigidas a hacer que en los territorios de las
Comunidades Autónomas funcionen las direcciones territoriales de la
Inspección de Trabajo. ¿Para qué? Para que ésta pueda contar con un
órgano de coordinación, de integración de acciones en el territorio de la
Comunidad Autónoma, que haga posible que toda la actuación de la
Inspección esté orientada a unos fines que se deciden en relación con ese
territorio por parte de las instituciones.
Nos parece que es perfectamente lógica una estructura en la cual la
Inspección de Trabajo no esté sólo basada en una autoridad central y en
jefaturas provinciales, sino que ya que se construye un modelo acorde con
el Estado de las Autonomías esa estructura sea autoridad central,
direcciones territoriales y jefaturas provinciales.
Creemos que incluso en el texto de la ley, en el artículo 18.3.1 se
recoge esa necesidad cuando se habla de: «La dirección, coordinación y
fiscalización de la actuación y funcionamiento de la Inspección de
Trabajo y Seguridad Social, sin perjuicio de lo establecido en el
artículo 17 de esta Ley, y el conocimiento de los informes y memorias de
las Direcciones Territoriales y Jefaturas Provinciales de la indicada
Inspección.»
Es decir, en el texto de la ley se reconoce de pasada la existencia de
unas Direcciones Territoriales, cuya constitución, cuyo funcionamiento,
cuya definición no se plantea en ningún otro lugar del texto.
Por tanto, existe una incongruencia técnica profunda en el texto y,
además, una falta de adecuación al modelo que se predica que se quiere
perseguir.
Nos parece que sería positivo que fueran aceptadas estas enmiendas
porque, desde nuestro punto de vista --ya termino--, la construcción del
Estado de las Autonomías y el modelo equilibrado de funcionamiento de las
Administraciones Públicas en los distintos territorios no se basa sólo en
el reconocimiento de una distribución de competencias fijadas por la
Constitución y los Estatutos entre distintas Comunidades Autónomas y el
Estado. Eso es parte del proceso de construcción del Estado --cierto-- y
también lo es el establecimiento de organismos de cooperación y
coordinación entre las distintas Administraciones como también se
establece en la ley.
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Señor Rodríguez de la Borbolla,
ha consumido su tiempo.
El señor RODRIGUEZ DE LA BORBOLLA CAMOYAN: Ya termino, señor Presidente.
Junto a eso, la construcción del Estado de las Autonomías exige una
cultura organizativa y una cultura de la Administración y una actitud que
exige más descentralización y más confianza en los procesos de
descentralización. (El señor Presidente ocupa la Presidencia.)
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Rodríguez de la Borbolla.
¿Hay algún turno en contra? (Pausa.)
Tiene la palabra el señor Fernández Menéndez.
El señor FERNANDEZ MENENDEZ: Muchas gracias, señor Presidente.
Habiendo dado por defendidas anteriormente las enmiendas del Grupo
Parlamentario Mixto, tanto las que firmaba la Senadora de Boneta como el
Senador Nieto Cicuéndez, yo quería hacer una referencia a las mismas para
que conste cuál es nuestra intención sobre ellas.
En primer lugar, señorías, quiero decirles que vamos a votar
favorablemente la enmienda número 1, de la Senadora de Boneta. Entendemos
que supone una mejora técnica al artículo 15, apartado 1.
El resto de las enmiendas que formulan merecen, desde mi punto de vista,
la misma calificación que el veto, porque van en la misma línea, por lo
tanto, las enmiendas de esta Senadora del Grupo Parlamentario Mixto,
desde la número 2 a la 8, ambas inclusive, las vamos a votar
negativamente.
Respecto a las enmiendas números 36 y 37, que también ha dado por
defendidas del Senador Nieto, perteneciente al Grupo Parlamentario Mixto,
las vamos a rechazar por las tan repetidas razones que ya hemos expuesto
durante este debate, tanto en Comisión como ahora en Pleno. Quieren
equiparar los contenidos y facultades del nuevo Cuerpo de Subinspectores
de Empleo y Seguridad Social con los del Cuerpo Superior de Inspectores.
Es contrario al principio de jerarquía del artículo 103 de la
Constitución, porque dejábamos ya muy claro en Comisión que no pueden
tener las mismas facultades en tanto en cuanto no han tenido tampoco, por
decirlo de la manera más sencilla, la misma forma de acceder a ese cargo
público. Una cosa es cómo accede el Inspector de Trabajo y Seguridad
Social y otra cosa es cómo accedieron en su momento a ese puesto los
Controladores Laborales, ahora Subinspectores de Empleo. Pero, de alguna
forma, la propia ley contempla una legalidad que hasta ahora no tenían
dentro de la función
que estaban desempeñando o, por lo menos, la tenían dudosa; ahora con
esta ley se les sitúa dentro de los términos legales de la función que la
propia ley les atribuye.
La enmienda número 40, a la Disposición Adicional Cuarta, no tiene
sentido en su contenido, dado que la Unidad Especial a la que hace
mención no tiene funciones propias Inspección de Trabajo y Seguridad
Social por ser de Alta Inspección del Estado y ha de desempeñarse por
funcionarios muy cualificados del Cuerpo Superior.
En cuanto a la enmienda número 41, también del mismo Senador del Grupo
Parlamentario Mixto, no comprendo la ubicación que se le pretende dar a
esta nueva Disposición Adicional Séptima en tanto en cuanto que el texto
que nos viene del Congreso de los Diputados ya trae su Disposición
Adicional Séptima. Entendería que se hablara de otra disposición
adicional con otra numeración, pero en este caso no cabe y, ademas, no se
puede compartir el contenido ni la forma de la enmienda. Creemos que es
innecesaria, ya que la nulidad de actos discriminatorios está ya
reconocida en el propio Estatuto de los Trabajadores. Por lo tanto,
diríamos que el Estatuto de los Trabajadores lo estaríamos reformando
desde aquí cuando en realidad no va por ahí el texto de este proyecto.
Respecto a las enmiendas del Grupo Parlamentario Socialista, señorías,
ustedes saben muy bien que hemos trabajado profundamente para llegar a
consensuar la mayor parte del contenido de esta ley en cuanto a este
Título, pero yo siempre he reservado, creo que con la máxima pulcritud,
la posibilidad de no afectar a ningún acuerdo de los que han dado forma a
este texto que nos llega del Congreso de los Diputados, motivo, como
todos ustedes reconocieron en el debate del anterior Capítulo, de
acuerdos de varios grupos, en algunos casos de todos los grupos
representados en la Cámara. Por lo tanto, creo que hay que ser muy
respetuosos en tanto en cuanto algunos de ellos no tienen enmiendas y
algunos ni siquiera están presentes en el debate de las mismas que, como
decía antes, han sido motivo de la transformación que dio cuerpo o forma
al actual proyecto que estamos debatiendo concretamente en el Senado.
En cuanto a la enmienda número 64, tengo que decirle más o menos lo que
manifesté en Comisión. Esta enmienda aborda temas orgánicos propios del
Reglamento, y usted sabe que éste es tan amplio y tiene tantas
posibilidades en su desarrollo --incluso para mejorar lo que ahora
entendemos que es bueno en este proyecto de ley--, incluso por la vía de
las negociaciones, como contempla la ley de negociaciones bilaterales con
las propias Comunidades Autónomas que, de alguna forma, no es necesario
ahora que se incluya dentro del proyecto de ley para desarrollar lo que
usted denomina como orden territorial.
Por lo tanto, si un decreto es capaz de cambiar un Ministerio de nombre
--aunque no de función--, entienda que el Reglamento es lo
suficientemente amplio como para poder llegar prácticamente a todo lo que
usted apuntaba antes --si es necesario en algún momento-- en su propuesta
de enmienda.
La enmienda número 65, de supresión al artículo 18, apartado 3.1 tampoco
mejora el texto del proyecto. Introduce el elemento perturbador de
excluir de la dependencia directa de la autoridad central a los
Inspectores Provinciales en contra del principio de unidad institucional
que inspira el propio proyecto, y esto lo estamos asumiendo desde la
propia Exposición de motivos del mismo.
Por consiguiente, quiero fundamentalmente llamar la atención de los
Grupos de esta Cámara en este sentido. No sé, señor Presidente, si el
señor Rodríguez de la Borbolla no defendió el resto de las enmiendas de
este capítulo por falta de tiempo o si posteriormente se debatirán las
adicionales. (Pausa.)
Nada más y muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.
¿Turno de portavoces? (Pausa.)
¿Grupo Parlamentario Mixto? (Pausa.)
¿Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos? (Pausa.)
Por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió,
tiene la palabra el señor Vidal.
El señor VIDAL I PERPIÑA: Gracias, señor Presidente.
En relación a la enmienda número 1, de la Senadora de Boneta, nuestro
voto va a ser afirmativo porque se trata de una mejora técnica y el orden
de los factores no altera el producto.
En cuanto a las enmiendas números 64 y 65, del Grupo Parlamentario
Socialista, nuestro Grupo va a dar su apoyo por considerar que se adecuan
al sistema de funcionamiento de la Inspección de Trabajo y Seguridad
Social del Estado y aquélla dependiente de las competencias atribuidas a
las Comunidades Autónomas.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.
Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el Senador
Rodríguez de la Borbolla.
El señor RODRIGUEZ DE LA BORBOLLA CAMOYAN: Gracias, señor Presidente.
Con la mayor brevedad, he de manifestar que el representante del Grupo
Parlamentario Popular postula que la solución que pretendemos se
incorpore al proyecto de ley se refiera a la actuación reglamentaria.
Esto no es posible desde el momento en que el artículo 15.3 del proyecto
dice taxativamente: «La Inspección de Trabajo y Seguridad Social se
estructura en una Autoridad Central y, territorialmente, en Inspecciones
Provinciales agrupadas en cada Comunidad Autónoma.» No hay lugar en la
redacción del proyecto de ley --y el Reglamento no puede contradecir a la
ley-- para las Direcciones Territoriales de la Inspección de Trabajo.
Insisto en la idea que expusimos anteriormente. Si se quiere, de verdad,
que por parte de la Administración periférica del Estado --en este caso
la Inspección de Trabajo, que al mismo tiempo es Administración de la
Comunidad Autónoma-- se funcione con una lógica territorial, en la que se
tengan en cuenta los problemas y conflictos de cada territorio, de cada
nacionalidad o región, es indispensable que exista una Dirección
Territorial.
Eso es bueno para el Estado y para las Comunidades Autónomas. Por lo
tanto, nos parece que el rechazo de esta posibilidad de inclusión en la
ley, al final, es una desconfianza hacia las propias terminales del
Estado y hacia la posibilidad de colaboración de éstas con las
Comunidades Autónomas. Se trata, en fin, de una visión en la que se
confía poco en la posibilidad de que la Administración como tal, no como
responsable político, sino como responsable administrativo, se incardine
más en el territorio.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias Senador Rodríguez de la Borbolla.
Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el señor Fernández
Menéndez.
El señor FERNANDEZ MENENDEZ: Muchas gracias, señor Presidente.
Señor Senador, vamos a mantener la misma posición que hasta ahora. Usted
ya recibió explicaciones, no sólo mías, sino otras mucho más amplias y de
más arriba. Yo creí que aquéllas le habían hecho reflexionar, lo siento.
Usted sabe que el Reglamento da mucho margen para modificar, para llegar
a acuerdos y para que en cada Comunidad Autónoma haya todo lo que sea
necesario, una vez que este nuevo modelo de Inspección, que esta
Inspección actualizada respecto a los tiempos en los que estamos viviendo
tenga su Reglamento. Seguro que va a quedar bien cuando se aplique el
Reglamento de la misma.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, Senador Fernández.
Me gustaría preguntar a los portavoces si prefieren votar el Capítulo II
ahora o al final. (Pausa.) Al final, entonces continuaremos el debate.
Voto particular número dos de los señores Nieto Cicuéndez y Román
Clemente que corresponde a las enmiendas números 9 y 37 a 41.
Tiene la palabra la señora De Boneta.
La señora DE BONETA Y PIEDRA: Señor Presidente, se dan por defendidas.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.
Voto particular número 3 del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de
Convergència i Unió, que corresponde a la enmienda número 77 sobre la que
hay una enmienda transaccional.
Tiene la palabra el señor Vidal.
El señor VIDAL I PERPIÑA: Muchas gracias, señor Presidente.
No tenemos ninguna enmienda a este Capítulo. No obstante, tengo que decir
que estoy satisfecho con el acuerdo al que hemos llegado mediante la
enmienda transaccional sobre la base de las enmiendas números 75 y 76,
del Grupo Parlamentario Socialista, y la número 77 de nuestro Grupo.
Nuestro Grupo acoge con satisfacción este acuerdo porque entendemos que
el Grupo Parlamentario Popular ha recapacitado desde la Comisión hasta
hoy y ha comprendido la problemática de inseguridad jurídica que se
hubiese creado al día siguiente de la aprobación de esta ley, si no
hubiesen aceptado, precisamente, estas enmiendas, ya que existía una
contradicción manifiesta.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, Senador Vidal.
Voto particular número 4, del Grupo Parlamentario Socialista, que propone
el mantenimiento de la redacción inicial de la disposición adicional
tercera, volviendo al texto remitido por el Congreso de los Diputados.
No sé si el Senador Galán quiere defender también el siguiente voto
particular que se refiere a las enmiendas números 68 a 71 y 74 a 76, una
de ellas tiene una enmienda transaccional.
Tiene la palabra el Senador Galán.
El señor GALAN PEREZ: Muchas gracias, señor Presidente.
Voy a hacer ya la última intervención de defensa de nuestras enmiendas a
las disposiciones adicionales, transitoria, derogatoria y final, así como
del voto particular número cuatro que solicita la vuelta al texto del
proyecto remitido por el Congreso en la disposición adicional tercera.
En dicha disposición adicional tercera se modificaba el artículo 49 de la
Ley de Infracciones y Sanciones en el Orden Social, adaptando la
regulación de la obstrucción a la labor inspectora a la doctrina reciente
del Tribunal Constitucional. El grado de acuerdo alcanzado en relación
con la regulación de la obstrucción que contenía dicha disposición
adicional tercera, el número de enmiendas a dicha disposición adicional,
absolutamente mínimo, que existía en esta Cámara y el avanzado estado de
modificación en profundidad de dicha ley, según indican los portavoces
del Grupo Parlamentario Popular, no creemos que justifiquen debidamente,
suficientemente, la retirada de la modificación anticipada, cosa que se
ha hecho mediante la enmienda número 45, puesto que dicha modificación
era urgente, pacífica e, indudablemente, insuficiente. Tenían que
reformarse otros muchos aspectos de la ley, pero creemos que anticipaba
ya una solución y una adecuación de la regulación de la obstrucción a la
labor inspectora a lo que es la doctrina del Tribunal Constitucional.
Las enmiendas 68, 69 y 70 entienden que no se debe eliminar en una ley,
que, además, contempla la posibilidad de diversas unidades especializadas
de la Inspección, la unidad especial en la Tesorería de la Seguridad
Social.
Los errores de funcionamiento de esas unidades especializadas no son de
su concepción. Ontológicamente la idea era buena, lo mismo que debe
existir una unidad especializada de la Inspección, por ejemplo, en
materia de prevención de riesgos laborales o en otras muchas materias.
Yo creo que los fallos estuvieron en su implementación.
Nosotros propugnamos que se mantengan esas unidades especializadas y, por
tanto, el documento unificado para redactar las actas de infracción y de
liquidación de cuotas que deriven del mismo hecho, constatado por los
funcionarios del sistema.
Por último, la enmienda 71 pedía la supresión de la disposición adicional
que se introdujo en el Congreso de los Diputados, sencillamente
explicitando una obviedad, Senador Vidal. Esa disposición adicional lo
que dice es: las Comunidades Autónomas con competencia legislativa en
materia de orden social pueden, por vía legal atribuir la función
inspectora a funcionarios autonómicos, ajenos al sistema de inspección.
Nos parece que eso es evidente; que la disposición adicional es
innecesaria y, en su carácter genérico, poco acorde con las enmiendas
específicas introducidas en el artículo 3 del proyecto que, como sabe muy
bien su señoría, hacen referencia a la formación profesional ocupacional
y continua, así como a los temas de cooperativas y de otras fórmulas de
economía social.
Si son sólo éstas las materias de competencia exclusiva de las
Comunidades Autónomas en el orden social, sobraría la disposición
adicional. Si son más, como yo creo, habría que haberlas reflejado en el
artículo 3, o no haber introducido ninguna enmienda al mismo y dejar la
disposición adicional con su carácter genérico. Mantener una y otra cosa,
me sigue pareciendo, Senador Vidal --lo digo desde una posición que en
absoluto es centralista en esta visión de los problemas-- sencillamente
distorsionadora y con problemas de aplicabilidad práctica que van a dar
lugar a conflictos, y lo sabe muy bien su señoría.
Las restantes enmiendas han sido ya base de la transaccional, presentada
por la Mesa.
Termino, señorías. Hemos elaborado una nueva Ley Reguladora del Servicio
Público de Inspección de Trabajo en España. Una necesidad sentida desde
el año 1978, puesto que la vieja ley de 1962, cuya constitucionalidad era
evidente, sin embargo no se adecuaba ni a un Estado basado en la
autonomía de las partes sociales ni a un Estado descentralizado, como es
el Estado de las autonomías.
Hemos regulado, por tanto, modernizándolo un servicio público, creado por
Francisco Largo Caballero, que, tras cesar como Ministro de Trabajo,
decía que de lo que se sentía más orgulloso de su labor como Ministro era
de haber puesto en marcha un sistema de control del cumplimiento de la
naciente legislación social --esa legislación que regulaba el límite
máximo de la jornada laboral, el descanso dominical, las vacaciones
anuales retribuidas, que daba lugar a la aparición de las primeras normas
de prevención de riesgos laborales y de seguridad en el trabajo--
mediante unos funcionarios independientes, los inspectores, a los que
luego muchos años después se sumarían los controladores laborales, no
susceptibles de ser manipulados ni manejados por los empresarios.
Tengo el honor, señorías, de pertenecer al sistema de la Inspección de
Trabajo. A esa actividad, a la función inspectora, he dedicado doce años
de mi vida, posiblemente los mejores. En la tramitación parlamentaria de
este proyecto hemos escuchado, al menos desde nuestro Grupo, las voces de
los representantes de las asociaciones profesionales de los inspectores,
de las de los controladores en el futuro, subinspectores de trabajo, que
nos han querido hacer llegar sus inquietudes. En lo posible, hemos
intentado vehicularlas cuando nos han parecido razonables. Deseamos, por
tanto, que este proyecto, pese a las imperfecciones y ambigüedades que
hemos denunciado, que hemos pretendido y, en algunos casos, logrado
corregir, contribuya a hacer más eficaz la función inspectora en
beneficio de la que ontológicamente es la parte más débil del contrato de
trabajo: la clase trabajadora, los trabajadores por cuenta ajena y
dependientes.
Gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, Senador Galán.
¿Turno en contra?
Tiene la palabra el Senador Fernández.
El señor FERNANDEZ MENENDEZ: Gracias, señor Presidente.
Señorías, cuando nosotros propusimos, estudiamos y luego llevamos a cabo
la supresión de la disposición adicional tercera de este texto, lo
hicimos sobre la base de una sentencia del Tribunal Constitucional de 28
de noviembre de 1996, que motiva al Ejecutivo y al Legislativo a
modificar la Lisos para actualizarla con los mandatos constitucionales.
La sentencia aconseja a los que llevamos el peso del debate en esta
Cámara y a personas responsables del Ministerio de Trabajo. El Gobierno
tiene preparada y en breve remitirá a las Cortes Generales un proyecto de
ley de infracciones y sanciones en el orden social, adecuándolo a la
tipificación de las infracciones y adaptándolo a la regulación de las
sanciones a las distintas leyes que se están modificando en la
actualidad. Ahí tenemos, por ejemplo, la Ley de Prevención de Riesgos
Laborales, la ley que nos ocupa en estos momentos y otras. Por todo ello,
parece lógico y prudente que su estilo y aprobación parlamentaria se
realice en su bloque normativo para evitar reformas parciales y
fragmentarias que pudieran llevar a posibles faltas de coordinación entre
los artículos de una ley dada y la íntima correlación existente entre
ellas, pues no en vano están presididos por el mismo espíritu y finalidad
que, a la postre, constituyen la razón de la propia ley. Esto es lo que
nos ha motivado, y no otra cosa, a retirar esa disposición adicional
tercera del proyecto.
Me cuesta trabajo ya defender al resto de las enmiendas, porque la
participación final del Senador Galán me había conmovido, pero no por las
buenas, porque yo sea un sentimental, sino porque desde el principio del
debate se le reconoce a usted su profesionalidad. Quizá yo tendría que
estar defendiendo otro tipo de enmiendas u otro tipo de leyes,
pero me toca hacer la defensa de ésta, y le voy a hablar con la mayor
cordialidad posible, señor Galán.
Todos debemos comprender que el conjunto de este proyecto de ley, tal y
como va a salir de esta Cámara, es lo mejor que les puede pasar a los
inspectores de Trabajo y Seguridad Social y a los propios inspeccionados,
a los empresarios y a los trabajadores y a los subinspectores de Empleo y
Seguridad Social en tanto en cuanto que, además, rompemos con algo como
es la Ley del año 1962, que nada tiene que ver en su concepción con las
necesidades de la época en la que estamos viviendo. Por lo tanto, le voy
a contestar en relación a la modificación adicional sexta en todos sus
puntos, en el uno, en el dos y en el cuatro.
Usted sabe que se ha puesto en marcha una experiencia para que la
Inspección fuera compartida con la Tesorería General de la Seguridad
Social y la verdad es que no ha funcionado bien, lo cual quiere decir que
no vamos a seguir haciendo experiencias con champán. Cuando esta ley
entre en vigor y se lleve a cabo el desarrollo de la misma, quizás
tengamos ocasión de ver qué se puede hacer en ese campo. Nos serviremos
de la propia experiencia para no tener que retroceder y decir que hemos
fracasado en este intento, pues entonces lo haríamos por segunda vez, ya
que el fracaso anterior, como usted sabe muy bien señor Galán, se debió,
aunque hubo una buena voluntad, por supuesto, a una experiencia no muy
gratificante del Gobierno anterior. Por lo tanto, esto es lo que hay.
Decía usted que había que suprimir la disposición adicional séptima. Yo
pienso que esto no puede aceptarse porque el proyecto sólo cumplimenta
los mandatos constitucionales relativos a las competencias autonómicas,
concretados en los respectivos estatutos de autonomía. Tenemos que tener
mucho cuidado a la hora de legislar no vayamos a tropezar con otras leyes
que están ahí y algunas de ellas, como ve usted, de rango orgánico. Por
consiguiente, hay que tener mucho cuidado con este tipo de enmiendas y
con la redacción de un texto que pretendemos que sea el mejor por la
propia importancia del mismo.
Tengo que decirle que por mi parte, y apoyado por mi Grupo y por el
propio Gobierno, he puesto mi voluntad en colaborar para mejorar en la
medida de lo posible el texto. Una prueba evidente de ello es que han
sido --así creo entenderlo-- cuatro las enmiendas que directamente se
aceptaron propuestas por la oposición, por distintos grupos,
concretamente, por el PSOE y por el Grupo Parlamentario Mixto, de la
Senadora De Boneta. También se adicionaron --es cierto-- unas enmiendas
del Grupo Parlamentario Popular que mejoraban --así se entendió-- el
texto. Además, hemos llegado a la transacción de 10 enmiendas, lo que me
parece francamente importante porque, para satisfacción de este ponente,
he visto que estaban firmadas por todos los portavoces de los grupos
parlamentarios. Me parece que la ley bien se lo merecía.
Por lo tanto, señorías, voy a ratificar que desde que iniciamos los
trámites en Ponencia hemos hecho grandes esfuerzos para llegar al mayor
grado de entendimiento o consenso posible, propiciando, por nuestra
parte, y, por supuesto, por la de otros grupos de la Cámara, que se
incorporaran a este texto --como les decía antes-- las siete enmiendas y
que, a través de varias negociaciones se hayan transaccionado otras 10.
Todo ello --así lo entiendo yo-- sin afectar a los acuerdos a que dieron
lugar las negociaciones de los diferentes grupos en el Congreso de los
Diputados. Esto era para mí sagrado: no tocar aquella negociación.
Hemos de tener en cuenta que se trata de una ley muy compleja y muy
técnica o, si se prefiere, de una ley con muchos aspectos técnicos. Se
trata de una ley, por otra parte, que debe respetar y respeta el ámbito
competencial autonómico y de la Administración central, por supuesto.
Creo que el Proyecto contempla y respeta la Constitución y la doctrina
del Tribunal Constitucional, que también ha sido abundante en este
terreno.
Por lo tanto, señorías, no me resta más que agradecer a todos el granito
de arena que han puesto para que este Proyecto tenga la mejor de las
redacciones que pudieran salir de esta Cámara, aunque quizás no dure
tantos años como el otro porque los tiempos van cambiando más deprisa y,
a lo mejor, tendríamos que reconocer --y espero que a nadie le duelan
prendas reconocerlo-- que hemos tardado demasiado tiempo en reformar la
Ley del año 1962.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, Senador Fernández.
Turno de Portavoces. (Pausa.)
Por el Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra la Senadora De Boneta.
La señora DE BONETA Y PIEDRA: Gracias, señor Presidente.
Al no haber intervenido en la defensa de las enmiendas, quisiera decir
ahora de modo muy breve que considero de obligada cortesía agradecer a
los distintos portavoces el apoyo que han mostrado hacia la enmienda
técnica número 1 de Eusko Alkartasuna, entre ellos el portavoz del Grupo
Parlamentario Popular y el de Convergència i Unió.
También debo decir que, efectivamente, a través de estas enmiendas
transaccionales consideramos que la ley mejora. Creo que todos debemos
alegrarnos cuando en la Cámara se llega a acuerdos para mejorar los
proyectos de ley.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, Senadora De Boneta.
¿Desea hacer uso de la palabra el representante del Grupo Parlamentario
de Senadores Nacionalistas Vascos? (Pausa.)
Por el Grupo de Convergència i Unió tiene la palabra el Senador Vidal.
El señor VIDAL I PERPIÑA: Gracias, señor Presidente.
Podríamos afirmar que el texto que hoy vamos a aprobar, y al que nuestro
Grupo va a dar su apoyo, rompe con
las dudas iniciales que había respecto de este proyecto porque entendemos
que el modelo que se plantea es un modelo abierto en el sentido de que
permite dar respuesta a las competencias que en el ámbito del trabajo
existen en el Estado español. Además, permite que aquellas Comunidades
Autónomas que tienen voluntad de desarrollar una política específica en
ese terreno y que tienen competencias para hacerlo posible, como es el
caso de Cataluña, no se vean en ningún caso mermadas.
Esta ley va a desarrollar también aquellas competencias en que hay una
concurrencia de dos Administraciones, y queda claro, y así lo hemos dicho
en la defensa de algunas enmiendas, que la Inspección depende
funcionalmente de la autoridad laboral, sea la autoridad laboral
dependiente del Ministerio de Trabajo, sea la autoridad laboral
dependiente de las Consellerías de Trabajo. Por tanto, con esta ley
Ordenadora de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social estamos
aprobando el marco para poder desarrollar y ejercer desde el punto de
vista autonómico las propias competencias que corresponden a las
Comunidades Autónomas.
Espero que el Gobierno central y las Comunidades Autónomas sean capaces a
partir de ahora de ponerse de acuerdo en el reglamento que va a
desarrollar este proyecto de ley y que el buen entendimiento entre ambas
Administraciones haga que esta ley funcione de verdad.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, Senador Vidal.
Por el Grupo Parlamentario Socialista tiene la palabra el Senador Galán.
El señor GALAN PEREZ: Muchas gracias, señor Presidente.
Quisiera hacer, más que una matización, un leve comentario a la
intervención del Senador don Angel Fernández en el turno en contra de mi
enmienda. Quisiera decirle que es verdad que hay que tener mucho cuidado
en una ley tan técnica y tan compleja como ésta a la hora de enmendarla y
redactarla.
Nuestras enmiendas números 47, 48 y 71 --y lo he explicado antes cuando
me dirigía al Senador Vidal-- intentaban dar coherencia allí donde, con
toda la buena voluntad del mundo, se había llegado a unas enmiendas
transaccionales en el Congreso que, a mi juicio, carecen de la necesaria
coherencia. Lo hemos intentado, pero no ha sido posible conseguirlo.
El principio de respeto a los acuerdos ya conseguidos que él defendía me
parece esencial. Yo también lo he intentado, y en aquellas enmiendas que
me parecía que afectaban al principio de defensa de las competencias
autonómicas en materia de inspección de trabajo creo que lo he
conseguido, por ejemplo, con el apoyo explícito a nuestra enmienda número
59. Es decir, el haber pactado algo en el Congreso no significa que no se
pueda mover; hay que moverlo con quienes lo han pactado para que éstos no
se sientan burlados en ningún caso.
Termino refiriéndome a lo que decía el Senador Fernández a propósito del
esfuerzo común de todos, de la capacidad de entendimiento y colaboración.
Lo suscribo. Ya quisiera yo siempre que en el debate, en el trámite
parlamentario de cualquier proyecto de ley en esta Cámara los
interlocutores tuvieran la buena voluntad y la capacidad de esfuerzo para
llegar a las soluciones positivas y consensuadas que han tenido los dos
ponentes del Grupo Parlamentario Popular en esta ley, así como el
coordinador, Senador Lobo Asenjo. A ellos mi agradecimiento y para todos
el deseo de que esta ley sea un buen instrumento para que la función
inspectora mejore, se adapte a la realidad social y sea cada vez más
eficaz, en beneficio de las relaciones laborales, en beneficio de los
intereses de trabajadores y empresarios.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, Senador Galán.
Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el Senador Fernández
Menéndez.
El señor FERNANDEZ MENENDEZ: Muchas gracias, señor Presidente.
Señorías, solamente quiero devolverles los mismos agradecimientos y las
mismas atenciones. También quiero decirles que todo es posible cuando las
personas se entienden, ya que no han sido sólo los ponentes de un Grupo,
en este caso concreto, los que han puesto todo. Si no ha sido un ejemplo
a seguir, no quiero dar ejemplo a nadie, sí pienso que quizás a lo mejor
el propio proyecto, quizás a lo mejor la importancia del proyecto, quizás
a lo mejor la importancia de todo lo que en sí conlleva este propio
proyecto, para que una vez convertido en ley se aplique y se desarrolle
como Dios manda, de alguna forma nos ha responsabilizado a todos: al
grupo parlamentario que da su apoyo al Gobierno y a los grupos de la
oposición.
Antes no tuve la atención de contestarle a mi querido amigo y compañero,
portavoz en este caso de Convergència i Unió, pero vale más tarde que
nunca. La verdad es que estas transacciones estaban hace tiempo y la
verdad es que lo que retuvo hasta última hora transaccionar la enmienda
--una enmienda que nada menos que está soportada por tres enmiendas de
otros grupos, dos del Grupo Parlamentario Socialista y una del Grupo
Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió, por lo que hay
que entender la importancia que tiene-- no fue más --y fíjese bien en lo
que yo he contestado en Comisión, ya que no ha sido otro motivo más que
ése-- que podíamos entrar en discordia con quienes habían participado en
que el texto que recibíamos viniera redactado como venía. Por lo tanto,
me parece que no fue más que un acto de prudencia. Quiero dejar eso
claro. (Rumores.)
El señor PRESIDENTE: ¡Silencio, por favor!
El señor FERNANDEZ MENENDEZ: Quiero darles las gracias.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias, Senador Fernández.
Terminado el debate, vamos a pasar a la votación.
El señor PRESIDENTE: Vamos a votar, en primer lugar, las enmiendas
números 35 y 36, que corresponden a los Senadores Nieto Cicuéndez y Román
Clemente. (El señor Aleu i Jornet pide la palabra.)
Tiene la palabra, Senador Aleu.
El señor ALEU I JORNET: Quiero pedir votación separada, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Pues votamos en primer lugar la enmienda número 35.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 204; a
favor, uno; en contra, 119; abstenciones, 84.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Enmienda número 36.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 203; a
favor, 84; en contra, 119.
El señor PRESIDENTE: Rechazada.
Enmiendas números 1 a 8, inclusive, originariamente presentadas por la
Senadora De Boneta y Piedra. (El señor Prada Presa pide la palabra.)
El señor PRESIDENTE: ¿Sí, Senador Prada?
El señor PRADA PRESA: Solicitamos votación separada de la enmienda número
1.
El señor PRESIDENTE: Muy bien. Pues pasamos a votar, en primer lugar, la
enmienda número 1.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 203; a
favor, 202; en contra, uno.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.
Votamos ahora el resto de las enmiendas de la Senadora De Boneta y
Piedra, números 2 a 8, ambas inclusive.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 202; a
favor, dos; en contra, 196; abstenciones, cuatro.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Enmiendas números 64 y 65, que corresponden al Grupo Parlamentario
Socialista.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 205; a
favor, 88; en contra, 113; abstenciones, cuatro.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Enmiendas números 9 y 37 a 41, de los Senadores Nieto Cicuéndez y Román
Clemente. (El señor Aleu i Jornet pide la palabra.)
¿Sí, Senador Aleu?
El señor ALEU I JORNET: Pedimos votación separada de las enmiendas
números 9, 40 y 41.
El señor PRESIDENTE: ¿Y conjuntamente a su vez? (El señor Aleu i Jornet
hace gestos afirmativos.)
Primero votaremos, por tanto, las enmiendas números 9, 40 y 41.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 204;
en contra, 198; abstenciones, seis.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Votamos a continuación el resto de las enmiendas, menos las números 9, 40
y 41.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 204; a
favor, 81; en contra, 119; abstenciones, cuatro.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Voto particular número 4, correspondiente al Grupo Parlamentario
Socialista, que proponía el mantenimiento de la redacción inicial de la
disposición adicional tercera, volviendo al texto remitido por el
Congreso de los Diputados.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 205; a
favor, 81; en contra, 121; abstenciones, tres.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazado.
Enmiendas números 68 a 71 y 74, del Grupo Parlamentario Socialista. (El
señor Aleu i Jornet pide la palabra.)
¿Senador Aleu?
El señor ALEU I JORNET: Señor Presidente, la enmienda número 74 no tiene
sentido votarla después de la transaccional. La retiramos.
El señor PRESIDENTE: Señoría, según los datos de que dispongo, he
nombrado la enmienda número 74 porque parece que la transaccional se
sustenta en las números 75 y 76 del Grupo Parlamentario Socialista y en
la 77 del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i
Unió. Pero no se dice nada de la número 74, motivo por el que la había
incluido.
El señor ALEU I JORNET: Por ese motivo procedemos a retirarla en este
momento.
El señor PRESIDENTE: Muy bien, señoría.
Pasamos a votar las enmiendas números 68 a 71, ambas inclusive, del Grupo
Parlamentario Socialista.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 205; a
favor, 81; en contra, 120; abstenciones, cuatro.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Señorías, ¿la enmienda transaccional que acabo de citar y que está
suscrita por todos los grupos parlamentarios puede ser votada por
asentimiento? (Pausa.) Queda aprobada por asentimiento.
Pasamos a votar el Capítulo II, disposiciones adicionales primera a
octava, disposición transitoria, disposición derogatoria, disposición
final y exposición de motivos, según el dictamen.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 205; a
favor, 204; abstenciones, una.
El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas.
Tal como dispone el artículo 90 de la Constitución, se dará traslado de
las enmiendas aprobadas por el Senado al Congreso de los Diputados para
que éste se pronuncie en forma previa a la sanción del texto definitivo
por Su Majestad el Rey.
Se levanta la sesión.
Eran las dieciocho horas y cinco minutos.