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DS. Senado, Pleno, núm. 49, de 17/06/1997
CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL
SENADO
Año 1997 VI Legislatura
Núm. 49
PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. JUAN IGNACIO BARRERO VALVERDE
Sesión del Pleno
celebrada el martes, 17 de junio de 1997
ORDEN DEL DIA:
Primero
Lectura y aprobación, si procede, del Acta de la sesión anterior,
celebrada los pasados días 10, 11 y 12 de junio de 1997.
Segundo
Conocimiento directo por el Pleno de Proyectos y Proposiciones de Ley
remitidos por el Congreso de los Diputados:
--Proposición de Ley de reforma de la Ley Orgánica 9/1982, de 10 de
agosto, de Estatuto de Autonomía de Castilla-La Mancha (publicado en el
«Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie III B, número
10, de fecha 30 de mayo de 1997). (Número de expediente S. 605/000003.)
(Número de expediente C. D. 127/000003.)
Tercero
Dictámenes de Comisiones sobre Proyectos y Proposiciones no de Ley
remitidos por el Congreso de los Diputados:
--De la Comisión Constitucional en relación con el Proyecto de Ley
regulador de las emisiones y retransmisiones de competiciones y
acontecimientos deportivos. SE TRAMITA POR EL PROCEDIMIENTO DE URGENCIA
(publicado en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie
II, número 25, de fecha 14 de junio de 1997). (Número de expediente S.
621/000025.) (Número de expediente C. D. 121/000033.)
--De la Comisión de Obras Públicas, Medio Ambiente, Transportes y
Comunicaciones en relación con el Proyecto de Ley por el que se aprueban
y declaran de interés general determinadas obras hidráulicas. SE TRAMITA
POR EL PROCEDIMIENTO DE URGENCIA (publicado en el «Boletín Oficial de las
Cortes Generales», Senado, Serie II, número 26, de fecha 14 de junio de
1997). (Número de expediente S. 621/000026.) (Número de expediente C. D.
121/000056.)
SUMARIO
Se abre la sesión a las once horas y quince minutos.
Lectura y aprobación, si procede, del Acta de la sesión anterior,
celebrada los pasados días 10, 11 y 12 de junio de 1997 (Página 2030)
Se aprueba el Acta.
CONOCIMIENTO DIRECTO POR EL PLENO DE PROYECTOS Y PROPOSICIONES DE LEY
REMITIDOS POR EL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS (Página 2030)
Proposición de Ley de reforma de la Ley Orgánica 9/1982, de 10 de agosto,
de Estatuto de Autonomía de Castilla-La Mancha (Página 2030)
Se abre un turno de portavoces, en el que hacen uso de la palabra los
señores Nieto Cicuéndez, por el Grupo Mixto; Ferrer i Roca, por el Grupo
Catalán en el Senado de Convergència i Unió; Novo Muñoz, por el Grupo
Socialista, y Molina García, por el Grupo Popular.
Se aprueba la proposición de ley por asentimiento de la Cámara.
DICTAMENES DE COMISIONES SOBRE PROYECTOS Y PROPOSICIONES DE LEY REMITIDOS
POR EL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS (Página 2034)
De la Comisión Constitucional en relación con el Proyecto de Ley
reguladora de las emisiones y retransmisiones de competiciones y
acontecimientos deportivos. SE TRAMITA POR EL PROCEDIMIENTO DE URGENCIA
(Página 2034)
El señor Agramunt Font de Mora, Presidente de la Comisión, presenta el
dictamen.
Se abre debate de totalidad.
El señor Lissavetzky Díez defiende la propuesta de veto número 1, del
Grupo Socialista. El señor Moya Sanabria consume un turno en contra. En
turno de portavoces, hacen uso de la palabra los señores Román Clemente,
por el Grupo Mixto; Albistur Marín, por el Grupo de Senadores
Nacionalistas Vascos; Rigol i Roig, por el Grupo Catalán en el Senado de
Convergència i Unió; Lissavetzky Díez, por el Grupo Socialista, y Moya
Sanabria, por el Grupo Popular. Los señores Lissavetzky Díez y Moya
Sanabria intervienen de nuevo en virtud del artículo 87.
Se rechaza la propuesta de veto número 1, del Grupo Socialista, por 89
votos a favor, 146 en contra y 2 abstenciones.
Comienza el debate del articulado.
El señor Ríos Pérez, del Grupo Mixto, defiende las enmiendas números 1 y
23 a 33. El señor Albistur Marín defiende la enmienda número 22, del
Grupo de Senadores Nacionalistas Vascos. El señor Rigol i Roig defiende
las enmiendas números 34, 37, 38, 40 y 41, del Grupo Catalán en el Senado
de Convergència i Unió. El señor Lissavetzky Díez defiende las enmiendas
números 4 a 6 y 8 a 17, del Grupo Socialista. El señor Colsa Bueno
consume un turno en contra. En turno de portavoces, hacen uso de la
palabra los señores Román Clemente, por el Grupo Mixto; Albistur Marín,
por el Grupo de Senadores Nacionalistas Vascos; Rigol i Roig, por el
Grupo Catalán en el Senado de Convergència i Unió, y Moya Sanabria, por
el Grupo Popular. El señor Lissavetzky Díaz interviene de nuevo en virtud
del artículo 87.
Se procede a votar.
Se rechaza la enmienda número 1, del Grupo Mixto, por 14 votos a favor,
133 en contra y 87 abstenciones.
Se rechaza la enmienda número 33, del Grupo Mixto, por 101 votos a favor,
133 en contra y 2 abstenciones.
Se rechaza la enmienda número 27, del Grupo Mixto, por 14 votos a favor,
214 en contra y 7 abstenciones.
Se rechazan las enmiendas números 28 y 30, del Grupo Mixto, por 100 votos
a favor, 129 en contra y 6 abstenciones.
Se rechaza la enmienda número 26, del Grupo Mixto, por 4 votos a favor,
230 en contra y 2 abstenciones.
Se rechaza la enmienda número 29, del Grupo Mixto, por 1 voto a favor,
146 en contra y 89 abstenciones.
Se rechaza la enmienda número 31, del Grupo Mixto, por 89 votos a favor,
134 en contra y 13 abstenciones.
Se aprueba una enmienda transaccional, respecto de la número 32, del
Grupo Mixto, por 149 votos a favor, 86 en contra y 1 abstención.
Se rechazan las enmiendas números 24 y 25, del Grupo Mixto, por 2 votos a
favor, 136 en contra y 97 abstenciones.
Se rechaza la enmienda número 22, del Grupo de Senadores Nacionalistas
Vascos, por 5 votos a favor, 230 en contra y 1 abstención.
Se rechazan las enmiendas números 34 y 37, del Grupo Catalán en el Senado
de Convergència i Unió, por 14 votos a favor, 134 en contra y 88
abstenciones.
Se rechaza la enmienda número 38, del Grupo Catalán en el Senado de
Convergència i Unió, por 101 votos a favo y 135 en contra.
Se rechaza la enmienda número 40, del Grupo Catalán en el Senado de
Convergència i Unió, por 100 votos a favor, 132 en contra y 3
abstenciones.
Se rechaza la enmienda número 41, del Grupo Catalán en el Senado de
Convergència i Unió, por 102 votos a favor, 130 en contra y 4
abstenciones.
Se rechazan las enmiendas números 5, 6, 9, 10, 11, 12 y 14, del Grupo
Socialista, por 100 votos a favor, 132 en contra y 3 abstenciones.
Se rechazan las enmiendas números 15 y 16, del Grupo Socialista, por 101
votos a favor, 134 en contra y 1 abstención.
Se rechazan las enmiendas números 4, 8, 13 y 17, del Grupo Socialista,
por 89 votos a favor, 134 en contra y 13 abstenciones.
Se aprueban los artículos 1, 2 y 3 del dictamen por 136 votos a favor y
100 abstenciones.
Se aprueban el artículo 5 y las disposiciones adicional y finales
primera, tercera, cuarta y quinta, por 221 votos a favor, 1 en contra y
14 abstenciones.
Se aprueba la disposición transitoria por 132 votos a favor, 101 en
contra y 1 abstención.
Se aprueba el resto del articulado por 134 votos a favor, 100 en contra y
1 abstención.
El señor Presidente comunica a la Cámara el traslado de las enmiendas
aprobadas por el Senado al Congreso de los Diputados.
Se suspende la sesión a las catorce horas y veinticinco minutos.
Se reanuda la sesión a las dieciséis horas y diez minutos.
De la Comisión de obras Públicas, Medio Ambiente, Transportes y
Comunicaciones en relación con el Proyecto de Ley por el que se aprueban
y declaran de interés general determinadas obras hidráulicas. SE TRAMITA
POR EL PROCEDIMIENTO DE URGENCIA (Página 2055)
El señor Beguer i Oliveres, Presidente de la Comisión, presenta el
dictamen. La señora Ministra de Medio Ambiente (Tocino Biscarolasaga)
presenta el proyecto de ley.
Se abre debate de totalidad.
El señor Román Clemente, del Grupo Mixto, defiende la propuesta de veto
número 1. El señor Gallego López consume un turno en contra. Vuelve a
intervenir la señora Ministra de Medio Ambiente (Tocino Biscarolasaga).
En turno de portavoces, hacen uso de la palabra la señora De Boneta y
Piedra, por el Grupo Mixto, y los señores Beguer i Oliveres, por el Grupo
Catalán en el Senado de Convergència i Unió, y Gallego López, por el
Grupo Socialista.
Se rechaza la propuesta de veto número 1, del Grupo Mixto, por 2 votos a
favor, 206 en contra y 1 abstención.
Comienza el debate del articulado.
El señor Román Clemente, del Grupo Mixto, defiende las enmiendas números
1 a 3. El señor García Miralles, del Grupo Socialista, retira las
enmiendas números 12 y 22. El señor Aleu i Jornet, del Grupo Socialista,
defiende las enmiendas números 11 y 21. El señor Díez González, del Grupo
Socialista, defiende las enmiendas números 10 y 20. La señora
Pleguezuelos Aguilar,
del Grupo Socialista, defiende las enmiendas números 8, 9, 18 y 19. El
señor Novo Muñoz, del Grupo Socialista, defiende las enmiendas números 7
y 17. El señor Caballero Muñoz, del Grupo Socialista, defiende las
enmiendas números 5, 6, 15 y 16. El señor Gatzagaetxebarría Bastida
defiende la enmienda número 4, del Grupo de Senadores Nacionalistas
Vascos. El señor Gallego López defiende las enmiendas números 13 y 14,
del Grupo Socialista. El señor Esteban Albert consume un turno en contra.
En el turno de grupos territoriales del Partido Popular, y por el grupo
territorial del Partido Popular de Navarra, hace uso de la palabra el
señor Iribas Sánchez de Boado. Asimismo intervienen, por el grupo
territorial del Partido Popular de Galicia, el señor Baltar Pumar, y por
el grupo territorial del Partido Popular de Castilla y León, el señor
García Carnero. La señora Pleguezuelos Aguilar interviene de nuevo en
virtud del artículo 87. En turno de portavoces, hacen uso de la palabra
los señores Aleu i Jornet, por el Grupo Socialista, y Esteban Albert, por
el Grupo Popular. El señor Díez González interviene de nuevo en virtud
del artículo 87.
Se procede a votar.
Se rechazan las enmiendas números 1 a 3, de los señores Nieto Cicuéndez y
Román Clemente, del Grupo Mixto, por 4 votos a favor y 205 en contra.
Se rechazan las enmiendas números 11 y 21, del señor Aleu i Jornet, del
Grupo Socialista, por 89 votos a favor y 119 en contra.
Se rechazan las enmiendas números 8, 9, 18 y 19, de la señora
Pleguezuelos Aguilar, del Grupo Socialista, por 82 votos a favor, 126 en
contra y 1 abstención.
Se rechazan las enmiendas números 10 y 20, del señor Díez González; 7 y
17, del señor Novo Muñoz; 5, 6, 15 y 16, del señor Caballero Muñoz, del
Grupo Socialista, así como las números 13 y 14, del mismo grupo
parlamentario, por 82 votos a favor y 128 en contra.
Se rechaza la enmienda número 4, del Grupo de Senadores Nacionalistas
Vascos, por 82 votos a favor y 128 en contra.
Se aprueba el texto íntegro del proyecto de ley por 208 votos a favor y 3
en contra.
El señor Presidente anuncia a la Cámara que queda definitivamente
aprobado por las Cortes Generales el Proyecto de Ley.
Se levanta la sesión a las dieciocho horas y veinticinco minutos.
Se abre la sesión a las once horas y quince minutos.
El señor PRESIDENTE: Señorías, se abre la sesión.
--LECTURA Y APROBACION, SI PROCEDE, DEL ACTA DE LA SESION ANTERIOR,
CELEBRADA LOS PASADOS DIAS 10, 11 Y 12 DE JUNIO DE 1997.
El señor PRESIDENTE: Señorías, entramos en el punto primero del orden del
día: Lectura y aprobación, si procede, del acta de la sesión anterior,
celebrada los pasados días 10, 11 y 12 de junio de 1997. Los portavoces
la tienen sobre la mesa.
¿Alguna alegación? (Pausa.) ¿Puede entenderse aprobada por asentimiento?
(Pausa.) Queda aprobada.
CONOCIMIENTO DIRECTO POR EL PLENO DE PROYECTOS Y PROPOSICIONES DE LEY
REMITIDOS POR EL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS:
--PROPOSICION DE LEY DE REFORMA DE LA LEY ORGANICA 9/1982, DE 10 DE
AGOSTO, DE ESTATUTO DE AUTONOMIA DE CASTILLA-LA MANCHA. (S. 605/000003.)
(C. D. 127/000003.)
El señor PRESIDENTE: Punto segundo del orden del día: Conocimiento
directo por el Pleno de proyectos y proposiciones de ley remitidos por el
Congreso de los Diputados. Proposición de ley de reforma de la Ley
Orgánica 9/1982, de 10 de agosto, de Estatuto de Autonomía de Castilla-La
Mancha.
Se abre un turno de portavoces.
¿Hay alguien que quiera intervenir?
Por el Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra el Senador Nieto
Cicuéndez.
El señor NIETO CICUENDEZ: Señor Presidente, señorías, tomo la palabra
para cogratularme de que el Estatuto de Castilla-La Mancha haya llegado
al Pleno de la Cámara sin haber sufrido enmienda alguna, ni en el trámite
del Congreso de los Diputados ni en el del Senado.
Por tanto, sólo intervengo con el fin de felicitar a mis paisanos, como
castellano-manchego, por el trabajo que han hecho para llegar al consenso
de todas las fuerzas políticas en Castilla-La Mancha, y que ha tenido y
está teniendo su reflejo en este trámite de las Cortes Generales.
Les felicito porque el que el Estatuto castellano-manchego pueda ser
aprobado por asentimiento, que es lo que pido en esta Cámara, es una
buena muestra del trabajo realizado en desarrollo del Estatuto de
Autonomía de Castilla-La Mancha.
Hemos de felicitarnos todos al mismo tiempo, porque yo creo que es un
modelo de buen hacer el que nos brindan las fuerzas políticas de
Castilla-La Mancha para que este Estatuto sea el de todos los
castellano-manchegos y podamos darnos todos parabienes con su aprobación.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, Senador Nieto Cicuéndez.
¿Por el Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos? (Pausa.)
¿Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió?
Tiene la palabra el Senador Ferrer i Roca.
El señor FERRER I ROCA: Señor Presidente, señorías, el Grupo
Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió anunció que,
naturalmente, nuestro voto sería favorable a esta proposición de ley. Con
esto podríamos dar por cumplido este trámite si no fuera porque la
reforma de un Estatuto siempre es, y sobre todo en una Cámara como el
Senado, un trámite, un acto de una especial significación.
Por consiguiente, aparte de anunciar nuestro voto favorable, no me
resisto a recordar a esta Cámara que esta reforma indica la vitalidad del
proceso de la construcción del Estado de las Autonomías. Indica también
que ha existido una especial sensibilidad en el Partido Socialista Obrero
Español y en el Partido Popular para ampliar las competencias de esta
Comunidad Autónoma.
Es también una ocasión para recordar que autonomía no es privilegio;
autonomía es siempre responsabilidad, equivale a responsabilidad, y se
fundamenta en ideas y recursos, y las ideas son tan necesarias como los
recursos económicos.
Seguramente la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha tiene en este
momento una gran oportunidad para hacer un balance de lo que han sido sus
primeros quince años de autonomía. Consiguió el Estatuto en el año 1982,
y en el momento de ampliar las competencias de una Comunidad Autónoma,
quizá también sea bueno recordar que la mejor y la mayor riqueza de una
Comunidad Autónoma está en su elemento humano.
Estas son las consideraciones que nos sugiere este trámite que
--insistimos--, en esta Cámara que quiere ser de representación
territorial, debería tener una significación muy importante.
Muchas gracias, señor Presidente. Muchas gracias, señorías.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, Senador Ferrer i Roca.
Ruego un poco de silencio, por favor.
Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el Senador Novo.
El señor NOVO MUÑOZ: Señor Presidente, señorías, es para mí un honor ser
portavoz del Grupo Parlamentario Socialista como Senador designado por la
Comunidad Autónoma en este trámite de la reforma del Estatuto de
Autonomía.
En una muy breve referencia a los hechos ocurridos hasta hoy, quiero
decirles, señorías, que en noviembre de 1996, hace seis meses, las Cortes
de Castilla-La Mancha votaron, por unanimidad, la aprobación de una
propuesta de Ley para reforma del Estatuto. Consiguieron una propuesta
consensuada todas las fuerzas políticas con representación parlamentaria.
Las diferencias consiguieron armonizarse bajo un solo principio, el
principio de que la reforma de una norma básica, el Estatuto, pilar del
desarrollo de nuestra convivencia, sólo debería ser posible llevarla a
cabo desde el consenso, y esto se consiguió. Ello nos hace recordar las
palabras de León Felipe: lo importante es llegar todos juntos y a tiempo.
Y en las Cortes regionales se llegó al acuerdo entre todos y, sin duda, a
tiempo, puesto que es de los primeros Estatutos que se reforman.
El señor PRESIDENTE: Silencio, por favor.
El señor NOVO MUÑOZ: El trámite de toma en consideración en el Congreso
de los Diputados se produjo en marzo y ello con una votación de 305 votos
a favor y 306 Diputados presentes, y cabe, incluso, suponer que el voto
en contra podría ser debido a un error; por tanto, en la práctica,
unanimidad.
El paso por Comisión y Pleno viene precedido, señorías, por la
unanimidad. Se ha mantenido y, sin duda, profundizado el nivel de
consenso conseguido en las Cortes regionales. Desde posiciones iniciales
diversas, legítimamente diversas, se consiguió un texto final que es de
todos, para satisfacción, en primer lugar, de los ciudadanos de
Castilla-La Mancha; en segundo lugar, de las fuerzas políticas de
Castilla-La Mancha, cuyos más altos representantes nos honran en la
tribuna, y, sin duda también, para la satisfacción indudable del
propulsor del Gobierno regional, que preside don José Bono.
El consenso, al margen del valor en sí mismo, debe aportar mayor fuerza a
esta Ley. Esta reforma es un paso considerable en el desarrollo del
autogobierno de Castilla-La Mancha y esta reforma, la que hoy a través de
esta proposición de Ley vamos a acabar votando, contempla dos aspectos:
una reforma en el aspecto institucional y otra de ampliación de
competencias. En cuanto al primer aspecto, se mejora la capacidad de
control y se logra una mayor capacidad legislativa del Parlamento
regional; se amplían los períodos ordinarios de sesiones; se amplía
también el número de Diputados, con la consiguiente posibilidad de mejora
del grado de pluralidad política; se recoge, asimismo, la posibilidad
--asunto que me parece de importancia capital y novedoso-- de introducir
la limitación de mandatos del Presidente; se regula la facultad de
presentar la cuestión de confianza, la moción de censura y la disolución
anticipada de las Cortes, con normas que salvan el equilibrio de los
poderes y evitan el uso abusivo de los mismos; adquiere nivel estatutario
el Consejo Consultivo como órgano superior de consulta de la propia
Comunidad y de las corporaciones locales de la región; en resumen, se
impulsan las instituciones de Castilla-La Mancha. En el aspecto
competencial --muy resumidamente--, se amplían 32 títulos de competencia
exclusiva, nueve de desarrollo legislativo y de ejecución en el marco de
la legislación básica del Estado, y otros, quince o dieciséis, de
funciones ejecutivas.
La elevación del techo competencial, la mayor capacidad de autogobierno
que esta reforma permite, va a conllevar mayor responsabilidad con los
ciudadanos, pero va a permitir también dar satisfacción a las necesidades
y demandas que la realidad social de Castilla-La Mancha ya plantea. Lo
mejor que le ha ocurrido a nuestra región es tener autonomía, y lo digo
desde un prisma privilegiado y el honor de haber formado parte del primer
Gobierno de Castilla-La Mancha en la primera legislatura e, incluso, por
un tiempo, del actual. El Estatuto ha servido para que en la región de
sienta su identidad y en estos catorce años se ha consolidado como
región, vertebrado como tal y cohesionado socialmente sus ciudadanos. La
aprobación de la reforma del Estatuto no supone ningún interés, ningún
afán mimético de igualitarismo con nadie. Supone el deseo de que los
castellano-manchegos tengan las mismas oportunidades que los españoles
que más tengan y, desde luego, en el seno de la España que la
Constitución consagra.
Habiendo mayoría absoluta en Castilla-La Mancha, no se han despreciado
razones de posiciones minoritarias y el Gobierno regional no se ha
instalado en posiciones inamovibles y cerradas. Se ha sabido ser capaz de
llegar al acuerdo. La negociación y el diálogo supusieron el primer
mandamiento a cumplir y a fe que se cumplió. Las renuncias parciales,
decía antes, han hecho posible un texto para todos.
Y para terminar, señor Presidente, expresaré un deseo, un vivo deseo
personal y de todos los socialistas --ojalá que de todos--, el deseo de
que el espíritu de consenso que por la vía del diálogo y la negociación
se ha conseguido en la tramitación total de esta proposición de ley tenga
continuidad en el desarrollo y traspaso de competencias en las mesas
correspondientes y comisiones mixtas; de forma inmediata, en temas de
educación o de aguas; más tarde, en sanidad, etcétera, incluso, por qué
no, en el modelo definitivo de financiación. Instalémonos en la cultura
del consenso que estos días de efemérides --vigésimo aniversario-- está
en boca de todos y algunos hasta patrimonializan. Que las consecuencias
de estos deseos, hasta de patrimonializar, se vean correspondidos en esas
mesas y en esas comisiones mixtas. Ejemplo de ese consenso, de esa
conformidad, de ese acuerdo es esta proposición de ley y desde
Castilla-La Mancha ejemplo de ello se ha dado. Felicitémonos, por tanto,
por el espíritu de colaboración que ha impregnado esta reforma del
Estatuto de Autonomía.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, Senador Novo Muñoz.
Ruego otra vez silencio, por favor.
Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el Senador Molina.
El señor MOLINA GARCIA: Muchas gracias, señor Presidente.
Señorías, deseo saludar, en primer lugar, a mis compañeros de las Cortes
de Castilla-La Mancha, a su Presidente, al Delegado del Gobierno y a
aquellos que se han querido acercar con nosotros a este Pleno en el que
se va a aprobar definitivamente la reforma del Estatuto de Castilla-La
Mancha. Y quiero expresar mi satisfacción y el honor, como Senador por la
Comunidad de Castilla-La Mancha y como Presidente del Grupo Parlamentario
Popular en dichas Cortes, de intervenir hoy en esta Cámara como último
orador antes de la votación en la cual va a quedar aprobada
definitivamente esta Ley Orgánica. Y hay que hacer --me lo permitirán sus
señorías, señor Presidente-- una breve reseña histórica de por qué
estamos hoy aquí reunidos.
Tras las elecciones de 1995 se abrió en las Cortes de Castilla-La Mancha
un proceso de negociación para reformar el Estatuto. Dicho proceso de
negociación --en el que tuve también el honor de participar activamente--
estaba prácticamente terminado a finales de 1995. Era evidente que las
elecciones generales del 3 de marzo hacían prudente dejar dicha reforma
hasta que los ciudadanos, libre y democráticamente, hubieran expresado en
las urnas su voluntad de constituir un nuevo Gobierno. El nuevo Gobierno
de España, que queda constituido el 4 de mayo, inicia sus trabajos, sus
esfuerzos, y desde el Ministerio de Administraciones Públicas y desde su
propio Ministro se ofrece el acuerdo global para establecer un nuevo
marco dentro del Estatuto de Autonomía, especialmente de las Comunidades
Autónomas reguladas en el 143, que supusiera el avance y la consolidación
definitiva que mandataba la Constitución Española. Por diversas
circunstancias no fue posible ese pacto nacional y se abrió, muy
inteligentemente por parte del Ministerio, la posibilidad de tratar,
debatir y analizar las reformas una a una. Allí entraba el Estatuto de
Castilla-La Mancha, que quedaba aprobado y remitido al Congreso de los
Diputados el 5 de febrero de 1997. El 11 de marzo se tiene el debate a la
totalidad y quedó aprobado prácticamente por unanimidad. El 14 de mayo,
en la Comisión Constitucional, quedó aprobado también por unanimidad y el
29 de mayo, señorías, se aprueba en el Pleno también por unanimidad. El
30 de mayo entra en el Senado y tengo que decir que, como esa unanimidad
ha presidido también esta Cámara, ante la no presentación de ninguna
enmienda se remite directamente al Pleno y ello ha permitido que hoy lo
debatamos aquí.
El contenido de la reforma tiene dos aspectos fundamentales y uno de
ellos es el competencial, al que desde esta tribuna otros Senadores ya se
han referido, pues de lo que se trata especialmente es de desarrollar los
Estatutos de Autonomía del 143. Se ha dicho algo importante en esta
tribuna: el proceso pretende eliminar lo que algunos vienen denominando
Comunidades de primera, de segunda y de tercera; el proceso se abre a las
posibilidades de todas las Comunidades Autónomas y, por tanto, yo creo
que éste también va a ser un buen ejemplo para futuros procesos de
reformas de Estatutos que tendrán entrada en esta Cámara en los próximos
meses.
Pero tal vez lo más importante sea el aspecto político. En cuanto a la
ampliación del período de sesiones, el Estatuto de Castilla-La Mancha
antiguo limitaba a cuatro meses el período de sesiones y hoy se abre la
posibilidad de tener un período de sesiones como el de cualquier otra
Cámara legislativa. No tenía sentido que si la Comunidad de Castilla-La
Mancha asumía competencias, como otras muchas,
las Cortes de Castilla-La Mancha no tuvieran la competencia también de
controlar la acción del Gobierno y de participar en la labor legislativa.
Un hecho importante, asimismo, es la ampliación del número de Diputados.
Piensen ustedes que Castilla-La Mancha estaba situada en la cola de
representación en función de población. No se trata de una ampliación
porque sí, no se trata de que por parte de las fuerzas políticas o del
Ministerio nos lancemos a aumentar Diputados, se trataba, sencillamente,
de equilibrar un déficit existente en nuestra Comunidad respecto a otras
limítrofes que con menos habitantes y menos provincias tenían más
Diputados. Ahora mismo estamos situados también en la franja de ese 50
por ciento hacia abajo de representación, pero más equilibrados.
Hay un hecho que se incluye también en este Estatuto que es interesante,
y es la limitación de mandatos del Presidente, que está incluida en la
Ley de órganos del Gobierno y que establece una mayoría cualificada de
tres quintos. Con la propia disolución anticipada, parcial también --que,
como ustedes saben, no implica que no se tenga luego el proceso electoral
correspondiente--, no se pretende que haya una elecciones o 17 elecciones
distintas, sino que en casos muy concretos, en un momento determinado de
ingobernabilidad, se permita la posibilidad de disolución. Otro tema
interesante es la designación de los Senadores por la Comunidad no por
cada período legislativo de las Cortes Generales, sino por cada período
legislativo de las Cortes de Castilla-La Mancha, ya que el mandato de los
Senadores representantes de las Comunidades Autónomas es un mandato
originario de unas Cortes que se eligen para un período legislativo
determinado. Y tal vez también hay que destacar la inclusión del Consejo
Consultivo.
Pero lo más importante se ha destacado aquí: ha sido la unanimidad, el
acuerdo y el consenso. Un Senador decía desde esta tribuna que quería --y
me parece muy bien-- que se mantuviese esa unanimidad en el futuro, y yo
añadiría --si me lo permite el Senador-- que esa unanimidad se mantuviera
en todo aquello que se derive de este Estatuto; es decir, no sólo en las
competencias que hay que transferir, sino, por ejemplo, en algo tan
importante como la ley electoral que regule las elecciones de 1999,
porque esa ley electoral --que son las reglas del juego, que es clave--
debe ser aprobada por consenso. Ustedes recordarán --especialmente los
Diputados de Castilla-La Mancha y el Senador representante-- que en el
primer proyecto de reforma de Estatuto esa ley se regulaba por mayoría de
tres quintos, es decir, que obligaba al consenso aunque no se quisiera;
hoy no, hoy se puede aprobar esa ley por mayoría. Yo pediría que, en ese
futuro desarrollo legislativo, un tema tan clave como éste, al igual que
otros, se apruebe por consenso porque estamos hablando de reglas del
juego.
Por último, señor Presidente, quiero destacar un hecho importante. Por el
proceso de desarrollo y elaboración de esta reforma en la tramitación se
produce algo que desde este Senado se ha venido reclamando y que yo sé
muy bien que esa Ponencia de reforma puede introducir: el Senado como
Cámara de primera lectura y de aprobación final. Esta es una de las
materias en las que el Senado, como Cámara territorial, tiene o tendría
que tener esa potestad de ser primer Cámara, pero hay que tener en cuenta
que por este proceso hoy lo va a ser: el Senado hoy va a aprobar la
reforma del Estatuto de Castilla-La Mancha y lo va a hacer de una manera
definitiva. Yo creo que eso es bueno que se destaque porque el que sea el
Senado el que la apruebe supone un esfuerzo y, sobre todo, una
satisfacción total.
Yo quiero felicitar expresamente desde esta tribuna al Ministerio de
Administraciones Públicas, a su Ministro y al Gobierno porque desde todo
punto de vista y en todo momento han estado dispuestos no sólo ya al
diálogo, que es su obligación, sino a intentar conseguir un acuerdo
histórico. Ustedes recordarán que en el último pacto autonómico --que
nosotros, como Partido, firmamos--, en el año 1992, hubo un grupo
político importante que se opuso; sin embargo, hay que destacar que desde
esa acción ha tenido un peso importante --y con eso no quito peso al
resto, pero sí es evidente que ha tenido un peso importante-- el
conseguir la unanimidad, que tanto el Grupo Parlamentario Socialista como
Izquierda Unida se hayan sumado al acuerdo con el resto de las fuerzas
políticas y que ese origen de unanimidad que surgió en las Cortes de
Castilla-La Mancha se haya mantenido en ambas Cámaras. Por eso,
simplemente pido desde esta tribuna un ligero esfuerzo al Grupo
Parlamentario Socialista. Sé que ha habido una pequeña diferencia en un
artículo, el 22, regulado en la disposición 16, sobre la disolución
anticipada y sé que esto provocó una abstención en el Congreso de los
Diputados. Yo simplemente pediría, si es posible, porque es respetable su
posición, que hoy realizáramos un pequeño esfuerzo para aprobar todo el
Estatuto, con todos sus artículos, por unanimidad, tal y como vinieron de
las Cortes de Castilla-La Mancha.
Al igual que el 10 de agosto --y con esto ya termino-- de 1982 se aprobó
por unanimidad el Estatuto de Castilla-La Mancha, quiero pedir que hoy,
casi 15 años después, el 17 de junio de 1997, mantengamos también en esta
Cámara del Senado la unanimidad total. Con ello conseguiremos, señorías,
señor Presidente, hacer un buen servicio a la Comunidad de Castilla-La
Mancha, hacer un buen servicio a mi región, hacer un buen servicio a
muchos ciudadanos y, en definitiva, hacer un buen servicio a toda España.
Muchas gracias, señor Presidente. Muchas gracias, señorías.
El señor PRESIDENTE: Gracias, Senador Molina García.
Del tenor del contenido de las intervenciones de los portavoces de todos
los grupos de la Cámara se desprende claramente el apoyo unánime de los
mismos a la reforma del Estatuto de Castilla-La Mancha. ¿Puede entenderse
aprobada esta reforma por asentimiento? (Pausa.) Pues, por asentimiento,
queda aprobada. (Aplausos.)
De esta manera queda definitivamente aprobada por las Cortes Generales la
proposición de Ley de reforma de la Ley Orgánica 9/1982, de 10 de agosto,
de Estatuto de Autonomía de Castilla-La Mancha.
DICTAMENES DE COMISIONES SOBRE PROYECTOS Y PROPOSICIONES DE LEY REMITIDOS
POR EL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS:
--DE LA COMISION CONSTITUCIONAL EN RELACION CON EL PROYECTO DE LEY
REGULADORA DE LAS EMISIONES Y RETRANSMISIONES DE COMPETICIONES Y
ACONTECIMIENTOS DEPORTIVOS. SE TRAMITA POR EL PROCEDIMIENTO DE URGENCIA.
(S. 621/000025.) (C. D. 121/000033.)
El señor PRESIDENTE: Punto tercero del orden del día: Dictámenes de
Comisiones sobre proyectos y proposiciones de ley remitidos por el
Congreso de los Diputados, en este caso, de la Comisión Constitucional en
relación por el Proyecto de Ley reguladora de las emisiones y
retransmisiones de competiciones y acontecimientos deportivos. Se tramita
por el procedimiento de urgencia.
Para la presentación del dictamen, tiene la palabra el Presidente de la
Comisión Constitucional, Senador Agramunt.
El señor AGRAMUNT FONT DE MORA: Muchas gracias, señor Presidente.
Señorías, por designación de la Comisión Constitucional, en su sesión del
pasado día 12 de junio y de conformidad con el artículo 120 del
Reglamento de la Cámara, me cabe el honor, como Presidente de la Comisión
Constitucional, de presentar el Proyecto de Ley reguladora de las
emisiones y retransmisiones de competiciones y acontecimientos
deportivos. Dicho proyecto de ley tuvo entrada en el Senado el día 30 de
mayo de 1997, publicándose y remitiéndose a la Comisión Constitucional de
acuerdo con el artículo 104.3 del Reglamento del Senado.
El proyecto, cuya tramitación se efectúa por el procedimiento de
urgencia, según lo dispuesto en el artículo 135.1 del Reglamento, tuvo un
plazo de enmiendas que finalizó el 3 de junio, si bien fue posteriormente
ampliado hasta el día 5 de junio.
Al proyecto se presentaron un veto por el Grupo Parlamentario Socialista
y 41 enmiendas, de las cuales las números 1 y 23 a 33 fueron presentadas
por el Senador don Victoriano Ríos Pérez, del Grupo Parlamentario Mixto,
las números 2 y 3 por los Senadores Nieto Cicuéndez y Román Clemente,
también del Grupo Parlamentario Mixto, las números 4 a 17 por el Grupo
Parlamentario Socialista, las 18 a 22 por el Grupo Parlamentario de
Senadores Nacionalistas Vascos, y las números 34 a 41 por el Grupo
Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió.
La Comisión Constitucional designó a la Ponencia para informar de este
proyecto de ley en su sesión del 4 de junio, constituyendo la misma los
Senadores Colsa Bueno y Moya Sanabria, por el Grupo Parlamentario
Popular, Beltrán Miralles y Lissavetzky Díez, por el Grupo Parlamentario
Socialista, y Rigol i Roig, por el Grupo Parlamentario Catalán en el
Senado de Convergència i Unió.
La Ponencia informó el proyecto de ley el día 9 de junio manteniendo el
texto remitido por el Congreso de los Diputados. La Comisión
Constitucional celebró el día 9 de junio una sesión dedicada a
comparecencias relacionadas con el proyecto de ley, a solicitud del Grupo
Parlamentario Popular, Grupo Parlamentario Socialista y Senador Román
Clemente, del Grupo Parlamentario Mixto, en la que comparecieron los
siguientes señores: don Pedro Galindo, Presidente de la Federación
Española de Restaurantes, Cafeterías y Bares; don Eduardo Portela,
Presidente de la Liga ACB; don Fernando Roig Alfonso, representante de
clubes de fútbol de segunda división, como Presidente del Club de Fútbol
Villarreal y del Pamesa Club de Baloncesto; don Antonio Baró Armengol,
Presidente de la Liga de Fútbol Profesional; don Eugenio Galdón
Brugarola, Presidente de Cableuropa, S. A.; don Pedro Pérez Fernández de
la Puente, Presidente de Vía Digital, S. A.; don Amadeo Petitbó Juan,
Presidente del Tribunal de Defensa de la Competencia; don Francisco
Campos Freire, Director General de Radio Televisión de Galicia; don
Manuel Campo Vidal, Presidente de Audiovisual Sport; don Jaume Ferrús,
Director General de Canalsatélite Digital; don José López López,
Presidente del Consejo de Administración de Radiotelevisión Madrid, y don
Jordi Vilajoana, Director General de la Corporación Catalana de
Televisión.
La Comisión Constitucional dictaminó el Proyecto el día 12 de junio
incorporando seis modificaciones consistentes en: primera, sustituir el
párrafo noveno de la exposición de motivos por un nuevo texto proveniente
de la enmienda número 2 de los Senadores Nieto y Román. Segunda, dar
nueva redacción al artículo 2.2 por enmienda transaccional basada en la
número 18, del Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vasco.
Tercera, en el apartado uno del artículo 4, en virtud de la aceptación de
la enmienda número 19, del Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas
Vascos. Cuarta, en el apartado cinco del mismo artículo 4, resultante de
la aceptación de la enmienda número 36, del Grupo Parlamentario Catalán
en el Senado de Convergència i Unió. Quinta, en la disposición adicional,
modificada por la aceptación de la enmienda número 21, del Grupo
Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos. Y la sexta, en la
disposición transitoria, a la que se añadió un nuevo párrafo por la
aprobación de la enmienda número 3, de los Senadores Nieto y Román.
El dictamen, con estas seis modificaciones incorporadas en el debate en
Comisión, se presenta hoy ante el Pleno de la Cámara para su conocimiento
y aprobación por el mismo, manteniéndose como voto particular el veto
presentado y las enmiendas 1 y 23 a 33 del Senador Ríos, del Grupo
Parlamentario Mixto, las enmiendas 34, 37, 38, 40 y 41, del Grupo
Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió, la enmienda
número 22, del Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos, y
las enmiendas 4, 5 y 6 y 8 a 17, del Grupo Parlamentario Socialista. Con
ello, señor Presidente, señorías, doy cuenta a la Cámara de las
actuaciones relativas a este proyecto de ley.
Nada más y muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, Senador Agramunt.
Existe una propuesta de veto. Para su defensa, tiene la palabra el
portavoz del Grupo que veta, que es el Grupo Parlamentario Socialista.
El señor LISSAVETZKY DIEZ: Muchas gracias.
Señor Presidente, señoras Senadoras y señores Senadores, el Grupo
Parlamentario Socialista presente una propuesta de veto a este proyecto
de ley no sólo por el gusto de oponerse a una iniciativa del Gobierno,
porque eso, en principio, no tendría por qué ser un gusto, sino en
coherencia --así lo creemos-- con el trabajo que hemos venido realizando
en el Congreso de los Diputados. También creemos que el veto que
planteamos es sólido y consistente.
Hoy aquí no se está tratando un tema menor en lo que a opinión pública y
publicada se refiere. Se han vertido ríos de tinta sobre este tema y, lo
que es peor --así lo temo--, se seguirán vertiendo y no precisamente
sobre aspectos positivos de la ley. Además, yo creo que también es
importante señalar que aquí hay dos visiones contrapuestas entre el
Gobierno del Partido Popular, que es quien promueve esta ley, y el Grupo
Parlamentario Socialista a quien represento.
Lo anticipé en Comisión y lo vuelvo a decir ahora: aquí hay dos leyes en
una. La primera ley va hasta el artículo 5 y tiene algunos objetivos que
nos parecen razonables. Uno de ellos es garantizar un partido de fútbol
en abierto. Estaríamos de acuerdo con ello. Creo que era un tema ya
resuelto. Por citar algún ejemplo, mencionaré lo que dijo el Presidente
del Athletic de Bilbao cuando se refirió a que en España, en la última
temporada, se habían televisado más partidos que la suma de las cinco
ligas más importantes en los últimos 10 años; es decir, en nuestro país,
en la última temporada, se han televisado en abierto más partidos que en
10 años en las cinco ligas de los países más importantes
futbolísticamente hablando de Europa.
Otro segundo objetivo sería regular el acceso de los medios de
comunicación a los estadios. También estaríamos de acuerdo con esto. De
hecho, ya estaba resuelto este problema con una sentencia firme, pero no
es malo que figure en una ley. Y, tal como manifestaron algunos
representantes, como el Presidente de la ACB o de la Liga de Fútbol
Profesional, tendremos que trabajar todos para intentar solucionar estos
problemas.
Pero hay un aspecto que nos separa de ustedes, señores del Grupo
Parlamentario Popular, y es que hay dos leyes en una, porque, para los
objetivos señalados anteriormente, bastarían exclusivamente esos cinco
artículos, que resuelven algunos aspectos que ya estaban resueltos de
hecho en la sociedad. Pero llegamos al artículo 6, que es el que pretende
regular el «pago por visión» de los acontecimientos deportivos, y,
concretamente, los que se refieren a las ligas y copas, muy especialmente
el fútbol.
Creemos que eso no es necesario en esta ley, y no lo pensamos sólo
nosotros; algunos comparecientes ya lo han dicho, y pienso que otros
grupos que han mantenido sus enmiendas también lo dirán. Pensamos
sinceramente que aquí hay un enmascaramiento de carácter político de una
decisión del Gobierno de la nación para intentar --entre comillas--
«distraer» la atención de lo importante.
Nosotros pensamos que en este país han ido ocurriendo una serie de cosas,
que voy a relatarles de manera resumida. Para empezar, voy a leerles
textualmente lo que dice un informe del Tribunal de Defensa de la
Competencia: Resulta innecesario, desde el punto de vista de la
competencia, incluir una previsión como la del artículo 6.2, que, al
atribuir derechos para realizar retransmisiones deportivas en la
modalidad de pago por consumo a todos los operadores, impide la
existencia de derechos exclusivos en la citada modalidad de teledifusión,
discriminándola negativamente, tanto respecto de otros contenidos que
puedan emitirse en dicha modalidad como respecto de otras modalidades de
teledifusión, se refieran o no a acontecimientos deportivos.
¿Qué quiere decir este informe del Tribunal de Defensa de la Competencia?
Pues que este artículo no es necesario. ¿Por qué se empecina el Partido
Popular en mantener este artículo? Yo creo que hay algo detrás. Ese es el
enmascaramiento al que me refiero.
El 24 de diciembre pasado, el llamado «Pacto de la Nochebuena» puso fin a
lo que se denominaba «guerra del fútbol», una guerra que se había
generado por una pugna entre dos grupos de comunicación. Todos nos
alegramos, incluido el Portavoz del Gobierno, que se felicitó por esa
paz. Y lo que ha ocurrido a continuación es que esa paz se ha roto. En
primer lugar, se aprueba un decreto-ley, que se convierte en Ley de
Televisión Digital. Es conocido de ustedes el varapalo europeo que se ha
recibido, y ahí están las declaraciones del señor Bangemann, que, desde
el punto de vista ideológico, no es precisamente cercano a mi partido,
sino más bien al de ustedes.
Pero es que, además, esa Ley de Televisión Digital, a mi modo de ver, era
una pieza para una estrategia posterior que tiene que ver con la llamada
«Ley del Fútbol». Porque, si me lo permiten ustedes, me gustaría hacerles
un silogismo: hay una plataforma digital funcionando que tiene derechos
sobre el fútbol; el fútbol es clave actualmente para el desarrollo de una
plataforma digital, y la que existe no nos gusta o no nos es cercana,
luego abramos la exclusiva y esta plataforma gubernamental, la nueva
plataforma digital, podrá funcionar.
Yo creo que éste es el gato encerrado que hay ahí detrás. Ustedes se
ponen en un lado particular, favorecen los intereses particulares de una
plataforma denominada «plataforma gubernamental», enmascaran con dos
aspectos que, a mi modo de ver, son señalables y resaltables y apoyables
en la ley, como los que he citado, de garantizar el acceso a los estadios
o el fútbol en abierto, y se dedican a regular el tema de la televisión
de pago por consumo. Si esto fuera así, como yo lo pienso sinceramente,
tendríamos que decir claramente que estaríamos ante lo que se podría
denominar un abuso de poder por parte del Gobierno que dirige el señor
Aznar.
Por eso, nosotros no estamos de acuerdo. No estamos de acuerdo en que
este artículo 6, que genera una cantidad de incertidumbres jurídicas, que
genera una serie de inseguridades, esté como está en la ley. Y yo podría
preguntarles por qué se regula el «pago por visión» de fútbol y no se
regula, por ejemplo, el «pago por visión» de cine.
Yo les quiero hacer una propuesta, señores del Partido Popular, una
propuesta que yo creo que sería bien recibida por el conjunto de los
ciudadanos: ¿Por qué no retiran ustedes el artículo 6? ¿Por qué no hacen
caso a esas enmiendas que se han presentado por parte de mi Grupo y de
otros grupos? Yo tengo el compromiso de mi portavoz de que si ustedes
retiran ese artículo nosotros retiraríamos inmediatamente el veto, y
daríamos un ejemplo importante a la sociedad española.
Y creo sinceramente que si ustedes reflexionan se darán cuenta de que lo
que estamos debatiendo es un tema realmente importante; un tema que no
tiene en cuenta lo que está ocurriendo en Europa. Porque no entiendo la
urgencia de un proyecto cuando falta muy poco tiempo para que la Comisión
Europea apruebe este proyecto, que ya ha sido aprobado por el Parlamento
Europeo. Les leo el artículo 3 bis.2 de lo que aprobó al Parlamento
Europeo: Los Estados miembros notificarán inmediatamente a la Comisión
las medidas que se tomen. En un plazo de tres meses a partir del momento
en que se efectúe la notificación, la Comisión verificará si dichas
medidas se ajustan al derecho comunitario y las comunicará a los demás
Estados miembros, recabará el dictamen del Comité y publicará
inmediatamente en el «Diario de las Comunidades Europeas» las modalidades
adoptadas por los Estados miembros.
Por lo tanto, ¿por qué esta urgencia? ¿Se intenta «sortear» la
legislación europea cuando se habla de un plazo de tres meses para que
sean publicados estos acontecimientos y Europa dirá si son acertados o
no? ¿Por qué esa urgencia? La verdad es que me temo que, una vez más, se
intente «sortear» la opinión de Europa. Si no es así, convénzame. Les
repito que ha habido un varapalo fuerte con el tema de la televisión
digital. Y no hay nada que me duela más que el Gobierno de España, que es
mi Gobierno, haga el ridículo. ¿Por qué no evitan ustedes este segundo
ridículo que les pronostico que vamos a hacer en Europa, como les
pronosticamos que iba a ocurrir con la Ley de Televisión Digital?
Además, ustedes dan una definición de lo que llaman «bienes de interés
general», y hacen una pequeña trampa: suman a los acontecimientos el
término «competiciones deportivas». Sinceramente, aquí puede haber una
gran diferencia con la Directiva europea, pues allí se habla de simple
relevancia social, y ustedes lo pueden comprobar en el artículo 3 bis.1
de esa Directiva, puesto que se refiere a los acontecimientos de gran
importancia para la sociedad, nacionales o no nacionales. Además, basta
ir al Diccionario de la Real Academia para ver qué significa «bien de
interés general»: «Interés: provecho, utilidad, ganancia», «General:
común a todos los individuos que constituyen un todo.» Por lo tanto, el
«interés general» es provecho, utilidad o ganancia común a todos los
individuos que constituyen un todo. Y subrayo: a todos los individuos; es
decir, a todos los ciudadanos de España.
Eso está claro en términos de lenguaje. Pero también está claro en su
traducción política o en términos de derecho. El «interés general» es
algo que tiene que ver con los derechos fundamentales: con la educación,
con la sanidad, con el trabajo. Esos son derechos de interés general. Por
eso, esta ley no tuvo el carácter orgánico que ustedes inicialmente
pretendían colar de rondón al inicio de su tramitación. Esto es otra
cosa. Son acontecimientos de relevancia social, pero no son derechos. Hay
que distinguir entre mercancías y derechos: las mercancías pertenecen al
mercado, y los derechos son los que he citado anteriormente.
Es curioso que cuando estamos en un debate sobre la suficiente o
insuficiente asignación de fondos públicos para aspectos que nos
preocupan a todos, como la sanidad, la educación, estemos aquí hablando
de la retransmisión de «acontecimientos deportivos» y calificándolos de
«bien de interés general». Esos derechos están bien regulados en los
artículos 14 a 30 de la Constitución Española y, por lo tanto, no nos
vale su argumento, dado en Comisión, de qué hicimos nosotros con la Ley
de Aguas o con la Ley de Costas. Cuando se habla de la posible
retroactividad que pueda generar el artículo 6; cuando se habla de que
esa posible retroactividad lleve a que sean necesarias unas
indemnizaciones y se pregunte quién va a pagar, quién puede pagar esas
indemnizaciones, ustedes contrarrestan diciendo qué pasa con la Ley de
Aguas o con la Ley de Costas. Pues miren ustedes, eso es demagogia. La
Ley de Aguas o la Ley de Costas tienen que ver con bienes que son de
interés público, bienes de dominio público y, por lo tanto, hacer una
comparación en esos términos con la retransmisión de un acontecimiento
deportivo, lógicamente, me parece absolutamente inadecuado.
Además, me parece que esta ley es un bodrio. Es una chapuza. Porque,
sinceramente, no sólo es que creamos que es innecesaria e inoportuna,
sino que, además, genera inseguridad jurídica.
Creo que el famoso artículo 6 y la disposición transitoria pueden
vulnerar, tanto el artículo 38 de la Constitución Española, relativo a la
libre empresa, como el artículo 9.3, que tiene que ver con la
retroactividad. Por eso, ya hemos anunciado en el Congreso --y mantenemos
nuestra posición-- que si la ley fuera aprobada en estos términos, es
decir, con el actual artículo 6 y la disposición transitoria,
presentaríamos un recurso de inconstitucionalidad.
No voy a entrar ahora en el debate sobre la necesidad de la
exclusividadcomomotordel deporte profesional --lo han dicho expertos en
la materia--, pero voy a citar el mayor ejemplo al respecto. Saben
ustedes que el Comité Olímpico Internacional, el máximo órgano deportivo,
concede en exclusiva los derechos de transmisión de los Juegos Olímpicos.
Por tanto, esa exclusividad no tendría que estar en tela de juicio, pero
tememos que haya una retroactividad. Y vuelvo a referirme a la normativa
europea. En este sentido, en el Considerando 20, se dice claramente que
cuando entre en vigor dicha normativa europea las disposiciones se
aplicarán a los contratos celebrados después de la publicación de la
Directiva.
Señores del Partido Popular, si hay retroactividad se va a organizar un
buen lío, porque va a haber problemas que afectarán a los clubes, a los
programadores, a los operadores, y a los aficionados. Será posible pedir
indemnizaciones que no tenemos la seguridad de quién va a pagar. En este
sentido, no puedo aceptar las declaraciones que el portavoz del Grupo
Popular hizo el otro día en el Congreso,
acerca de que, si hay indemnizaciones, las tendrá que pagar la otra
plataforma digital. ¿En qué cabeza cabe eso, si en todos los aspectos que
trata Europa --lo dice bien claro el propio señor Bangemann-- el Estado
es responsable de esas indemnizaciones en el caso de la televisión
digital? Si ha lugar a esas indemnizaciones, seremos responsables los que
aquí estamos legislando, serán responsables los ciudadanos, porque no se
puede pedir a otra empresa que pague por cumplir la ley. Eso es una
absoluta demagogia, y tiene que quedar absolutamente claro.
Por tanto, nos estamos jugando bastantes cosas en esta ley. No sé por qué
no aguardamos a que la Comisión Europea apruebe la Directiva de la
televisión sin fronteras. No sé por qué se empecinan ustedes en
«sostenella y no enmendalla», concretamente, en lo referente al artículo
6. No sé por qué no aceptan --si así sucede-- esta propuesta de acuerdo
que les hago desde la tribuna, porque --y lo digo con sinceridad--, todos
nos ahorraríamos un buen lío. Insisto, pues, en que hagan caso de las
razones que se plantean desde esta tribuna, que a mi modo de ver son
sólidas. Saben que con eso nos ahorraríamos el Tribunal Constitucional, y
también podríamos evitar que los tribunales europeos nos corrigieran una
vez más y no volver a hacer el papelón --si se me permite la expresión--
de estos últimos tiempos.
Antes de finalizar, me gustaría conocer la respuesta del Grupo Popular
--como principal apoyo a este proyecto de ley-- a una serie de preguntas
que voy a formular, que creo que demuestran claramente los líos y la
confusión que genera este proyecto de ley. Hemos pasado de la
autorregulación, que ha permitido que sólo estén descontentos aquellos a
los que no les gusta el fútbol, o les disgusta su exceso televisado en
abierto --exceso que puede ir en detrimento de otro tipo de ofertas, como
el cine, etcétera--, a la regulación. Pero, desde la perspectiva de esta
ley, dicha regulación abre muchas incógnitas.
En primer lugar, ¿quién determinará las reglas del juego para definir qué
partido de la jornada será el de mayor interés general? Porque eso no
está resuelto. Y voy a poner un ejemplo. El año que viene volverá a haber
treinta y ocho partidos. Si tenemos en cuenta el criterio de la audiencia
--utilizado por el señor Vicepresidente, aunque, en mi opinión, de forma
totalmente equivocada, por medir el interés general por ese concepto--,
para un aficionado del Real Madrid o del Barcelona, que son muchos, el
partido de interés general será el de uno de estos dos clubes. Y el
interés, como club, del Real Madrid o del Barcelona será que se televisen
el menor número de partidos en abierto para incrementar sus ingresos.
¿Cómo se va a resolver eso? ¿Qué órgano --no digan que el Consejo que se
crea por esta ley, que se va a reunir una vez al año-- va a determinar el
partido de la jornada con mayor interés general? ¿Cuántos partidos de uno
de esos clubes importantes se van a poder ver en abierto la próxima
temporada? ¿Existe limitación? ¿Quién la dicta? ¿Se va a poder seguir
televisando un partido desde cada campo, tal como se ha hecho hasta
ahora? Porque con esta ley posiblemente no se pueda. ¿Quién explicará a
los telespectadores del resto del territorio español no cubierto por la
Forta --Aragón, Asturias, Extremadura o Castila-La Mancha-- que no forman
parte del interés general, en el caso de que no haya, como establece la
ley, un operador comercialmente interesado en su retransmisión? Porque
ese supuesto se puede dar con la ley.
¿Cómo se contemplan los intereses particulares legítimos de los clubes
modestos? No digan que ya llegará el cable, porque, debido a ese interés
general, los clubes modestos también pueden verse perjudicados. ¿Es
verdad o no que esta ley abre con su artículo 6 todo lo que se cerró el
pasado diciembre, y que eso puede generar una situación de incertidumbre
para las televisiones autonómicas, que tendrían que volver a pujar para
hacerse con los derechos que ahora tienen? Por último, insisto en algo
que ya he comentado: ¿quién indemnizará a los que se vean perjudicados,
si eso ocurre, con esta ley? ¿La plataforma contraria?
Como pueden comprobar por estas preguntas, tal como está, la ley no sólo
no resuelve prácticamente ningún problema, sino que genera confusión y,
en mi opinión, también injusticia e inseguridad.
Señorías, somos un partido responsable, somos conscientes de que, pese a
los desacuerdos en el articulado, podríamos llegar a un acuerdo en lo
sustancial. Si para sus señorías --como así declaran-- lo sustancial es
que se garantice el fútbol en abierto, estamos conformes; si se trata de
que las cámaras entren para retransmitir acontecimientos deportivos,
también. Pero lo sustancial es el artículo 6. ¿Podemos llegar a este
acuerdo?
Por tanto, les vuelvo a hacer esa oferta. Si no aceptan esta propuesta,
el asunto estará más que claro; el proyecto es la pantalla, el envoltorio
con el que quieren encubrir su verdadero objetivo, señores del Grupo
Popular: abrir los contratos para favorecer a una plataforma privada que
ha impulsado al gobierno y que le resulta mucho más cercana y dócil.
Termino, señorías. Persona, como soy, de formación científica, tengo
claro desde hace muchos años que para atender con seriedad a un problema
--y atenderlo no es otra cosa que encontrar la solución correcta--
primero es preciso entenderlo; esto es, formularlo de manera lógica y
coherente. Creo que he entendido bien la cuestión. En este caso no había
ningún problema real. Ustedes, y sólo ustedes, tenían un problema
particular, y para solucionarlo no han tenido reparo alguno en inventarse
otro de mayor magnitud. La cuestión es evidente; esta ley sólo pretende
hacernos creer que llega, por fin, de su mano salvadora el mejor fútbol
gratis total, para ocultar su única y verdadera pretensión: regular el
pago por consumo, favoreciendo el interés particular de un conjunto de
empresas proclives al Gobierno del Partido Popular. Esta, y no otra, es
la cuestión; ésta, y ninguna otra, es la razón que nos asiste para
mantener nuestro veto.
Muchas gracias. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario
Socialista.--Protestas en los del Grupo Parlamentario Popular.)
El señor PRESIDENTE: Gracias, Senador Lissavetzky.
Para turno en contra, tiene la palabra el Senador Moya.
El señor MOYA SANABRIA: Gracias, señor Presidente.
Creo que este debate está bastante agotado, por lo que me temo que sus
señorías --sobre todo, los miembros de la Comisión-- tendrán que volver a
escuchar planteamientos como los que acaba de hacer el portavoz
socialista, a los que, dado su carácter claramente subjetivo, hay que
rebatir en los mismos términos.
No obstante, voy a procurar especificar mucho más de lo que ya he hecho
hasta ahora, incluso en Comisión, los conceptos en los que sus señorías
basan su veto; es decir, en la inoportunidad de la ley, en que es
innecesaria e intolerante, y en su retroactividad.
Empecemos por la cuestión de si esta ley es oportuna o no. Hasta el
momento del día en que estamos hablando, todavía se está cuestionando el
derecho de acceso a la información. En este sentido, hay procedimientos
judiciales aún vigentes en defensa de ese derecho. Es más, recuerden que
durante la comparecencia del representante de la entidad Canalsatélite,
éste incluso llegó a decir que con la regulación en esta ley del derecho
de acceso a la información se impedía que en España se pudieran celebrar
Olimpiadas.
Dijo textualmente: Señores, váyanse despidiendo de solicitar
celebraciones de Olimpiadas, porque esta ley, con la regulación del
derecho a la información, impedirá que se puedan otorgar Olimpiadas en
España. Fíjense ustedes si es necesario o no regular ese derecho, cuando
se tienen interpretaciones tan subjetivas de este proyecto de ley.
Esta ley es necesaria porque había que adaptarla a la regulación de la
Directiva europea. ¿Por qué nos hemos adelantado? Mire usted, como se han
adelantado ya ocho países de Europa en la adaptación de esa Directiva a
su propia regulación. Nosotros no somos los primeros, hay ya ocho países
que han regulado este mismo contenido. Hay una decisión del Parlamento
Europeo, tomada el día 11, que testifica que es necesaria, y cuanto
antes, esta regulación. El procedimiento de codecisión de todos los
grupos, el Parlamento junto con el Gobierno, ha hecho posible la
aprobación de esta regulación que recoge positivamente este proyecto de
ley.
En cuanto a que la ley es innecesaria e inoportuna, la Audiencia
Provincial de Madrid, en su sentencia de 30 de marzo de 1996 ya habla de
que el deporte del fútbol se ha convertido en una realidad a proteger,
porque lo considera de interés general de los ciudadanos, como un derecho
fundamental a su información dentro del artículo 20.1 de la Constitución.
Esto implica que la ley es necesaria.
Otro de vuestros planteamientos para indicar que la ley no es necesaria
es que el fútbol está autorregulado. Mire, los paternalismos de la
autorregulación de partes interesadas son contrarios al precepto
fundamental de defender en este Parlamento los intereses generales de los
ciudadanos, y no estar sujetos a que los intereses particulares puedan
ser después objeto de daño a los intereses generales. Hace falta una ley
que impida --y no voy a utilizar la palabra expolio, porque sé que no le
gusta-- que haya desposesión de derechos de los ciudadanos.
Vamos de nuevo a los casos prácticos. Ya se lo decía en Comisión. El
sábado hubo un partido importante, considerado de interés general. Con la
regulación que han hecho los actuales poseedores de los derechos, ese
partido no se hubiera visto por los ciudadanos, porque hay una
estipulación tercera que dice que, habiéndose televisado en directo y
abierto el Atlético de Madrid-Real Madrid, no se puede televisar el
partido de vuelta. Ese partido, por tanto, no lo hubieran visto los
ciudadanos en el sistema de abierto. ¿Pretenden ustedes, por tanto, que
el partido del sábado le hubiera costado al bolsillo de cada ciudadano el
precio que le hubiera puesto quien tiene el monopolio de la explotación
de los derechos de los partidos?
Con la autorregulación de la que usted habla, se impide que se vea en
abierto el partido de mayor interés de la última jornada, el del próximo
domingo. En la última jornada hay una prohibición de fútbol en abierto.
¿Tampoco eso es ir contra el interés general de los españoles? ¿Tampoco
hace falta en virtud de eso que haya una autorregulación?
Manifiestan que el proyecto es intolerante. En el proyecto de ley están
reconocidos los derechos de todos los operadores, sin privilegios, en
régimen de pública concurrencia, como exige el concepto de libertad de
empresa, regulado en el artículo 38 de la Constitución, en el que ustedes
precisamente se apoyan para acudir al veto de la ley. Lo que nosotros
pretendemos con esta ley, en base a ese artículo 38 que habla de la
libertad de empresa, es, precisamente, que haya libertad de empresa, y
ésta no existe sin la libre concurrencia.
Estamos amparándonos, por tanto, en un texto constitucional para defender
la competencia, la resolución de los tribunales en la sentencia de 10 de
julio, que, en definitiva, también garantiza el derecho a la información,
como ordena la Constitución, como han reconocido sentencias judiciales
que amparan la Directiva europea, que ustedes manifiestan que no recoge y
que expresamente está recogida en el texto de la ley. Viene, además, a
reconocer los mandatos de los distintos Estatutos de las Comunidades
Autónomas, impulsando y reconociendo sus competencias en materia
deportiva; existe la posibilidad de que por las Comunidades Autónomas se
regule cuál es la calificación de los acontecimientos de interés general
para esa Comunidad; se contempla la protección de los derechos de las
televisiones autonómicas cuando estimen que hay un acontecimiento
deportivo de interés general para su territorio; hay un reconocimiento a
las lenguas propias. Todo eso es, por lo visto, lo que le hace manifestar
que la ley es intolerante.
En cuanto al tema de la retroactividad, partimos de la base de que
ustedes, cuando hablan de ella, se basan en la existencia de unos
contratos, tanto de los poseedores de derecho como de aquellos que tienen
le derecho de emitir los acontecimientos deportivos. Digo que es una
presunción porque, como ya le he manifestado, es la abundante
documentación que se ha aportado a esta Cámara, curiosamente por las
partes interesadas, que han insistido en comparecer para explicar sus
posiciones --legítimas posiciones-- resulta que no se han aportado esos
documentos, y
ustedes se basan en el desconocimiento de esos documentos --y yo presumo
su legitimidad, pero es una presunción de legitimidad de los mismos--
para hablar de la retroactividad de la ley. Es decir, presumen su
existencia, presumen su legitimidad, y además presumen los efectos que
dichos contratos tienen sobre esta ley. Estimo que hay muchas
presunciones.
La defensa de la retroactividad, en contra de lo que establece el
artículo 9.2 de la Constitución, tampoco se puede hacer, porque ese
artículo 9.2 tiene su amparo en el artículo 2.3 del Código Civil, que
hace inviable, imposible, una presunción legal de existencia de
retroactividad; o existe la retroactividad expresamente puesta en la ley,
o no existe retroactividad. Además, lo hacen en contra de la sentencia
del Tribunal Constitucional, en el cual ustedes se apoyan. Van ustedes a
presentar un recurso al Tribunal Constitucional. Pues escuchen, por
favor. La sentencia del Tribunal Constitucional 227/1988 dice
expresamente: No hay retroactividad cuando una ley regula de manera
diferente y pro futuro situaciones jurídicas creadas con anterioridad a
su entrada en vigor y cuyos efectos no se han consumado. Parece
totalmente hecha para el supuesto que estamos contemplando. Por tanto, si
acuden ustedes al Constitucional, tengan en cuenta en su planteamiento
esa sentencia, porque ya hay una resolución sobre este mismo tema.
En ningún artículo de la ley se extinguen o se anulan unos derechos. Lo
único que se hace en ese artículo 6, que ustedes quieren que se retire,
es una regulación del ejercicio de esos derechos conforme al artículo 38
de la Constitución, que determina la libertad de empresa, que existe la
libre concurrencia; conforme a lo que ha dictaminado el Tribunal de la
Competencia; conforme a lo que está diciendo el Tribunal Constitucional.
Por eso, hablar de retroactividad en esta ley resulta absolutamente
imposible, porque cuando se habla de ella se hace desde presunciones que
no son, por lo menos en este Parlamento, defendibles, puesto que se hacen
desde una teoría absolutamente subjetiva, pero que nada se ha aportado
para que se convierta en auténtica realidad.
El problema, señores socialistas, es el tema del interés general. No nos
confundamos. Ahí es donde se encuentra el meollo de la cuestión. Ustedes,
durante todo el debate, se empeñan en no querer defender que el fútbol y
determinados acontecimientos deportivos, en este país son de interés
general, y no lo hacen porque si hicieran ese expreso reconocimiento,
todos los argumentos que realizan con posterioridad, desde un punto de
vista legal y desde un punto de vista constitucional, se les vienen
abajo. Ahí es donde está la cuestión.
Negar el interés general de los acontecimientos deportivos, y
concretamente del fútbol, es querer negar la evidencia. Señor
Lissavetzky, siete millones de españoles viendo el partido de fútbol del
sábado --el 84,8 de audiencia máxima y la mínima nunca ha llegado a menos
del cincuenta y tantos por ciento-- ¿es de interés general o no? Dígame
usted qué acontecimiento hay en este país que supere estas cifras que le
acabo de dar? No se puede negar la evidencia. Les gustará a ustedes o no
esa evidencia. A mí me gusta y la respeto. Al que no le guste, que busque
otras fórmulas, otros medios para cambiarla; que intente mejorarla, si
entiende que hay que hacerlo. Pero nosotros entendemos que ese interés
general es el de los ciudadanos, y ése es el que tenemos que defender.
Esa es la realidad social de este país en estos momentos; ésa es la
realidad socioeconómica y cultural de este país en estos momentos; la
labor del Parlamento es atender a esa realidad y no hacer castillos en el
aire.
Además, niegan la realidad en contra del criterio de la Directiva
europea. Señor Lissavetzky, en ella no sólo se habla de relevancia
social, sino, si usted se la lee, se dará cuenta de que clarísimamente se
habla del interés general y de facultar a los Estados para legislar sobre
aquellos acontecimientos que se estimen, dentro de su territorio, de
interés general. Además, nosotros no sólo hemos llegado a la cuestión del
Estado en global, sino que hemos llegado a recoger dentro de la Ley lo
que representa el interés general dentro del territorio de cada Comunidad
Autónoma.
Estarán ustedes en contra de la resolución del Tribunal de la Competencia
que calificó en su día al fútbol como un mercado preferente.
Están en contra de lo establecido por la Audiencia Provincial de Madrid.
Le recuerdo, señor Lissavetzky, que la Audiencia Provincial de Madrid en
una sentencia dice: un derecho de contenido puramente económico, como es
el de las exclusivas --le matizo que no estamos en contra de las
exclusivas, porque es un argumento que utilizan ustedes siempre--, debe
ceder ante el ejercicio del derecho fundamental de informar sobre
acontecimientos deportivos futbolísticos, que en nuestro país son de
relevancia pública y de interés general. Le repito que eso lo ha dicho la
Audiencia Provincial de Madrid al tratar sobre el tema de la información
de los acontecimientos deportivos y, más concretamente, sobre el fútbol.
Por lo tanto, señor Lissavetzky, volvemos a insistir: niegan ustedes el
interés general porque, si lo aceptaran, toda la carga de su argumento se
les vendría en contra.
Ya se lo dije en Comisión y se lo repito: o se está con el interés
general o se está con el interés particular. Nosotros estamos con el
interés general de los ciudadanos y con la defensa generalizada de los
operadores, en plural. No me diga usted que nosotros estamos haciendo la
defensa de una determinada plataforma, porque eso no está en ningún sitio
expuesto, sino que es una interpretación subjetiva. Nosotros en el texto
de la Ley hablamos de los operadores en plural. Lo que está en plural en
el texto de la Ley, no lo pongan ustedes en singular, porque si no sería
una interpretación subjetiva y un poco maligna.
Ni tan siquiera han admitido ustedes, durante el debate, una fórmula para
conciliar el interés general con el particular a través del texto
incorporado, por ejemplo, en la disposición transitoria.
Ante este proyecto de Ley hay que definirse, señor Lissavetzky, hay que
tomar posturas: o se está a favor de asegurar a los ciudadanos, contra
todo legítimo interés particular --insisto legítimo interés particular--
su derecho a ver el mejor fútbol gratis o, por el contrario, no les
importa que los ciudadanos tengan que pagar por ver ese mejor fútbol.
Si el otro día no se hubiera televisado el partido Real Madrid-Atlético
de Madrid: ¿cuánto le hubiera supuesto al bolsillo de cada españolito, a
esos 7 millones que vieron el partido? ¿Esto es defender los intereses
generales? Creo que no, ni usted me podrá decir que está de acuerdo; pero
ésa es la realidad, ésa es la evidencia; esa es la plasticidad de la Ley.
En definitiva, señor Lissavetzky, nosotros defendemos los derechos
adquiridos por los operadores. Defendemos la posibilidad de que haya
exclusivas, pero, entiéndame usted, en el ejercicio de esos derechos, que
es lo que regula la Ley, no en la tenencia y posesión de esos derechos.
¿Ustedes están a favor de la libertad de Empresa, estipulada en el
artículo 38 de la Constitución, o no? ¿Están a favor de la libre
concurrencia, o no? ¿Están a favor de situaciones, por ejemplo, de
régimen dominante sobre un mercado preferente, como ha dicho el Tribunal
de la Competencia, que es el fútbol, o no? ¿Aceptan ustedes el tema de
interés general o, en definitiva, están ustedes a favor de defender
sistemas de monopolios que niegan la libertad de empresa, que niegan la
libre concurrencia, que niegan la posibilidad del ejercicio del interés
general? Defínanse porque no hay más tiempo. En Comisión se quedaron
ustedes solos en el veto frente al resto de los Grupos. ¿Van a seguir
defendiendo lo indefendible? Si defienden lo indefendible, no tengo más
remedio que hacerles una última pregunta: ¿tan grandes y poderosos son
los intereses particulares que ustedes están defendiendo en este Senado?
(Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Popular.)
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, Senador Moya Sanabria.
Turno de portavoces.
Por el Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra el Senador Román
Clemente.
El señor ROMAN CLEMENTE: Muchas gracias, señor Presidente.
Como todos los debates que se inician con una fuerte confrontación, la
evolución de los mismos puede tener muchísimas salidas.
Desde el comienzo de este debate en Izquierda Unida hemos tratado de
presentar una vía al diálogo, al entendimiento, al consenso. Toda nuestra
actuación, desde las enmiendas que hemos presentado, desde las opciones
que hemos defendido, desde los debates que hemos mantenido en el Congreso
y en el Senado, se ha ido dirigida en esa línea. Hemos tenido
oportunidad, en el trámite de discusión de esta Ley en el Senado, de
asistir a comparecencias en las que hemos podido aprender bastantes
cosas. Decía su señoría en la defensa del veto que en esta Ley se pueden
distinguir prácticamente dos leyes: una hasta el artículo 5 incluido, y
otra el artículo 6.
Los comparecientes, en su mayoría, han venido a reconocer que en esta Ley
ha elementos que son de una indudable necesidad. Necesarios no sólo
porque --como decía yo antes-- recogen derechos de Comunidades Autónomas,
que sus señorías no han entrado a analizar, sino porque prácticamente en
todos los Grupos, en todos los trámites ha habido unanimidad a la hora de
reconocerlo. Podíamos, lógicamente, decir: si todos los Grupos están de
acuerdo y esa necesidad está contrastada, ¿para qué resaltarla? Vayamos,
por tanto señorías, a aquellos aspectos que han sembrado confrontación,
que han significado que todavía las posiciones no se hayan aproximado,
que han significado que al día de hoy sigue existiendo --insisto--
confrontación.
Nuestra intervención aquí tiene también la intención de esa llamada al
entendimiento y al consenso todavía en el día de hoy.
Si todos los Grupos, señorías --y no lo voy a reiterar más--, han dicho
que hasta el artículo 5, en concreto, las Comunidades Autónomas se ven
beneficiadas y ganan; si alguno de los comparecientes ha venido a
reconocer que en la tramitación de la ley se han ido produciendo mejoras;
si en el trámite de discusión en Comisión hemos venido a decir que hay
enmiendas que han significado mejora en el texto de la ley, hoy todavía
estamos llamados a ejercer ese diálogo, ese consenso para que esta ley no
sea, al día de hoy, la ley de la confrontación.
Las enmiendas de Izquierda Unida iban en esa dirección. Nuestras
enmiendas a la disposición transitoria han sido solamente objeto de un
leve debate en el transcurso de la exposición del veto, pero nosotros
entendemos que esas enmiendas significan en realidad que se puedan
recoger algunas de las aportaciones que varios comparecientes efectuaron
en la correspondiente Comisión. Consideramos, por tanto, que esas
enmiendas son una puerta abierta al diálogo y al entendimiento, además de
que resuelven no pocos problemas.
En definitiva, señorías, en el trámite de hoy hemos pasado, de una ley
que estaba sustentada, ya no sólo por ríos de tinta, sino por posiciones
que parecía que eran prácticamente irreconciliables, a unas posiciones
que, aunque desde la discrepancia, ya no son tan irreconciliables. Se
dice: es posible que la ley..., es probable que la ley..., puede suceder
que la ley..., pero percibimos que el tono de confrontación ha bajado.
Pero en esta breve intervención no quisiera sólo volver a repetir lo que
tantas veces hemos dicho cuando se nos ha preguntado o consultado o
cuando hemos tenido oportunidad de manifestarnos en el debate en
Comisión. Y es que, señorías, debo decir que, además, se impone el
diálogo, se impone el consenso, porque no se trata de justificar unas
posiciones que, por aquello de la discrepancia lógica en política, no nos
permitan reconocer los cambios introducidos en la ley. Si ha habido
cambios y esos cambios significan mejora, hay que decirlo incluso en esa
parte de la ley sobre la que sus señorías manifiestan que es otra ley. Es
decir, en este momento no es igual lo que estamos discutiendo. No parece
que sea precisamente el clima de la Comisión el que, levemente, he creído
percibir hoy.
Se nos ha dicho mucho acerca del debate para la tramitación de esta ley.
Pues algunas de esas cosas le han correspondido a Izquierda Unida.
Señorías, hoy puedo afirmar desde aquí con rotundidad que ese llamamiento
al diálogo,
al consenso, al entendimiento, plasmado y recogido en las enmiendas que
ha sido aceptadas en el debate en Comisión, hace que esta ley ya no pueda
ser calificada como hace tan sólo poco más de un mes, como una
confrontación. Por tanto, reconozcan sus señorías lo que hay que
reconocer; nosotros votaremos en contra de ese veto.
Gracias, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, Senador Román Clemente.
Por el Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos, tiene la
palabra el Senador Albistur.
El señor ALBISTUR MARIN: Muchas gracias, señor Presidente.
Voy a intervenir con brevedad para fijar nuestra posición en este turno
en relación con el veto presentado por el Grupo Parlamentario Socialista.
Desde el mismo momento en que comenzó el debate en Comisión de este
proyecto de ley, nuestro Grupo defendió las 23 enmiendas que había
presentado, 22 de las cuales hemos tenido la fortuna de ver admitidas o
transaccionadas.
Los objetivos de estas enmiendas eran muy claros, y al margen de la pelea
fundamental que se está planteando a propósito de esta ley en torno a
temas como, por ejemplo, la retroactividad, el intervencionismo,
etcétera, nuestro Grupo buscó desde el primer momento el capacitar a las
televisiones autonómicas, fundamentalmente a aquellas que estaban...
(Rumores.) El señor PRESIDENTE: Silencio, por favor.
El señor ALBISTUR MARIN: Decía que nuestro Grupo planteaba y buscaba el
capacitar a las televisiones autonómicas, fundamentalmente a aquellas que
están actualmente en el mercado de las retransmisiones deportivas, para
que puedan operar en el nuevo mercado que se prevé a partir de la
aprobación de esta ley y, por tanto, a partir de la aparición de
operadores que actúen a través de la televisión por el sistema de pago o
en abierto, para que éstas puedan situarse, a la hora de competir, en
igualdad de condiciones que los grandes grupos operadores.
De hecho, este objetivo se ha cumplido, garantizándose, además, la no
dependencia de una lengua como elemento condicionador del mercado. Así,
las televisiones de Comunidades Autónomas con lengua propia que hoy
emiten ya en esas lenguas, podrán seguir retransmitiendo de la misma
forma para su propia clientela y para todo aquel que quiera conectar con
ellas, y en las mismas condiciones que se establezcan para un gran grupo
operador.
Y también hemos dado nuestro voto positivo a esta ley porque creemos que
responde de verdad a lo que se ha denominado y es el interés general, ya
que garantiza la retransmisión en abierto del mejor espectáculo que haya
cada semana en materia de fútbol o, cuando corresponda, de otros
deportes.
La ley no impide a nadie que las cadenas autonómicas que actualmente
operan o que Antena 3 puedan retransmitir en abierto, como lo hacen
actualmente, ni que Canal Plus, a través de Canal Satélite o de la
entidad que elija finalmente, lo diga haciendo en exclusiva en
codificado. La ley permite que la situación actual continúe, e incluso
que se pueda ampliar la oferta en el sistema de pago para aquellos
televidentes que deseen tener una especie de menú a la carta.
Por tanto, no creemos que se esté vulnerando el interés general. Creemos
que se está defendiendo de forma importante el interés general de la
sociedad del Estado en su conjunto. Tampoco creemos que el tema tenga que
ver con un encendido debate sobre la retroactividad. La ley no obliga a
compensar a nadie, ni a los operadores que ya tienen una posición de
dominio en el mercado, ni a aquellos clubes que en su día pactaron con
una entidad --y que no permitieron a otras entrar en sus propios campos--
la obligación de retribuir a aquellos que de alguna forma se hayan podido
sentir perjudicados.
La ley afecta a los contratos en vigor, claro que sí, de igual modo que
se vieron afectados los relativos a la Ley de Reforma de la Propiedad
Urbana y a la Ley de Comercio y se verán afectados los que tienen que ver
con la Ley de la Reforma Laboral que ha entrado recientemente a debate.
Nuestro Grupo cree que las leyes se hacen para mejorar las condiciones de
mercado. Pues bien, nosotros creemos que así ocurre con esta ley, al
permitir a la mayoría de los ciudadanos del Estado español acceder a un
número amplio de partidos en abierto sin tener que depender de su propia
renta para acceder a un espectáculo deportivo retransmitido por
televisión. Es evidente que, a medio y largo plazo, la diversificación
favorecerá a los clubes deportivos al permitírseles elegir la mejor
oferta sin tener que estar dependiendo de quien pudiera monopolizar el
mercado.
Daremos nuestro voto positivo a esta ley, aunque en el debate de los
votos particulares que mantenemos y que seguiremos manteniendo haremos
también otras consideraciones de acuerdo con lo que debe ser el objetivo
final que la ley debe cumplir.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, Senador Albistur.
Por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió
tiene la palabra el Senador Rigol.
El señor RIGOL I ROIG: Muchas gracias, señor Presidente.
En esta intervención voy a intentar definir el posicionamiento de nuestro
Grupo en relación con esta ley, ley que, como ustedes saben, es muy
complicada, puesto que en ella se barajan intereses de tipo económico
--hay grupos que han puesto miles de millones sobre la mesa--, se barajan
temas de tipo político --y ustedes saben que la relación entre los grupos
de comunicación y la política tiene unas fronteras no siempre muy
claras--, y se barajan, además, cuestiones, de tipo tecnológico puesto
que se determina de un modo u otro cuál es la tecnología que se va a
aplicar a este respecto. Por tanto, estamos ante una ley
realmente endemoniada desde el punto de vista de los intereses.
Si a esto le suman ustedes la amplificación que ha sufrido la propia
problemática de esta ley a través de los medios de comunicación puesto
que son parte afectada, verán que estamos ante un tema de gran actualidad
e importancia.
Pero quisiera hacer otra segunda consideración previa en torno al debate
de esta ley. Esta ley corría el riesgo de que pasase por el Senado como
se dice popularmente: si te he visto, no te he visto. En cambio, con el
esfuerzo de todos hemos podido hacer un debate positivo sobre ella.
Algunos no estarán de acuerdo con la ley --nosotros mismos no estamos de
acuerdo--, pero el caso es que esta ley ha pasado por el Senado con un
debate, con una capacidad de diálogo y, por tanto, con una cierta mejora
de la misma. Nuestra Institución corría este riesgo ante una ley de una
gran actualidad y lo hemos superado entre todos.
Ahora voy a decir claramente cuál es el posicionamiento de nuestro Grupo
y cuáles son los intereses que hemos defendido. Nosotros hemos defendido
los intereses de TV3, de la Televisión Autonómica de Cataluña. ¿Por qué?
Porque TV3 no es simplemente una Televisión Autonómica, sino que es una
Televisión Autonómica sobre la cual tiene que aguantarse toda una cultura
minoritaria. TV3 se planteó la necesidad de entrar en el mundo digital y,
¿cómo se puede entrar en el mundo digital? Simplemente teniendo
exclusivas de partidos de fútbol. Así lo dicen los que están enterados de
estas cuestiones del sector. TV3 tuvo la exclusiva de diversos equipos de
fútbol, y como lo hizo legítimamente para poder entrar en un mundo donde
o tienes eso o no entras, y una cultura como la nuestra o aprovecha esto
o queda al margen de todo este mundo, nosotros asumimos esta línea. Y se
asumió legítimamente, porque los acuerdos a los que llegó TV3 con sus
respectivos equipos de fútbol se hicieron como se debían hacer.
Por tanto, nosotros defendemos los intereses de una televisión que
respalda a una cultura minoritaria, que tampoco es tan minoritaria,
porque a base de decir que es una cultura minoritaria podremos pensar que
somos cuatro gatos. Nuestra cultura publica cada año 7.000 títulos
nuevos, es decir, cada día de la semana, si ustedes excluyen los
domingos, en catalán se hacen 23 títulos diarios nuevos. Una cultura de
esta dimensión, de la dimensión de una cultura danesa o de una cultura
finlandesa, precisa entrar en el mundo tecnológico digital.
Esto es lo que hemos defendido, y lo hemos hecho diciendo que la
exclusiva, que es fundamental en este mundo del deporte espectáculo, no
se debe confundir con un monopolio. A veces se ha dicho que lo que
intenta esta ley es ir contra el monopolio. No es verdad, esta ley se
funda sobre un hecho básico que es el de la exclusividad. Deberemos tener
muy en cuenta que pasar de la exclusividad al monopolio es relativamente
fácil, y les diré por qué. Porque los señores que administran los clubes
de fútbol se pueden gastar más dinero del que tienen, a veces lo hacen
así, y a partir de ese momento todos sus derechos quedan hipotecados, y
podría muy bien ser que lo que puede ser un soporte económico acabe
siendo un espectáculo integral de medios de comunicación y clubes de
fútbol. Todos nosotros deberíamos estar muy pendientes de esto.
Además, y cuarto punto, creemos que éste es un tema que se debate sobre
hechos muy concretos. Todos sabemos de memoria cómo se llaman las
empresas en litigio. Ante este hecho tan concreto la pregunta es si esta
ley es una ley marco o va a resolver algo muy concreto. Un servidor no
tiene respuesta clara. ¿Es ésta una ley que regula el sector o es una ley
que simplemente va a dirimir o a encauzar una situación de hecho?
Vuelvo a repetir, sin los contratos con los equipos de fútbol es
imposible entrar en el mundo digital del pagar por ver. Y la pregunta es
la siguiente: ¿Es el fútbol una cuestión de interés general? Yo
personalmente prefiero la expresión de otro grupo parlamentario que habla
de relevancia social. ¿Por qué? Porque el fútbol no tiene nada que ver en
principio con el interés general. Si nosotros, los Senadores, tuviéramos
que adecuar el fútbol al interés general, seguramente la primera cosa que
deberíamos afrontar es esta gran desmesura del fútbol, donde cada año los
fichajes suponen miles de millones de pesetas administrados no se sabe
bien cómo y con una gran repercusión social.
Si nosotros queremos entender el fútbol como de interés general, lo
primero que deberíamos hacer es ver cómo ponemos esta desmesura por el
buen camino. Seguramente a ninguno de nosotros se nos ha ocurrido, por
ejemplo, que sería conveniente que en esta ley, a lo mejor, entre tantos
miles de millones que manejan todos estos presidentes de los clubes de
fútbol, se pusiera una pequeña tasa para crear un fondo --lo digo ahora
que está aquí la señora Ministra de Cultura-- para ayudar a las
infraestructuras culturales, para que este país, al que le gusta tanto el
fútbol, también creciera en nivel cultural. (Aplausos en los escaños del
Grupo Parlamentario Socialista.)
¿Verdad que esto sería una buena iniciativa? Pues no hemos ido por este
camino, señorías, hemos ido por otro; hemos dicho: todo el dinero que
genera el fútbol lo vamos a volver a un proceso endógeno para que se lo
coma todo el fútbol. Y, a mi modo de ver, con esto no podemos estar
contentos. ¿Estamos, pues, defendiendo un interés general o estamos
simplemente confirmando una situación de hecho que, desde el punto de
vista general, no se puede aprobar?
Esta sería la primera consideración, desde el punto de vista general de
esta ley. Les voy a hacer una segunda.
Esta es una ley que crea confusión. Desde el punto de vista
técnico-jurídico no aclara bien los conceptos. Primera pregunta: ¿Hay o
no hay retroactividad en esta ley? todos sabemos que para que una ley sea
retroactiva se debe decir explícitamente, y en el texto de la ley no
consta. Pero en la ley sí hay indicios de retroactividad y, si no, ¿cómo
interpretan sus señorías la disposición transitoria? Es imposible
entenderla si no existen estos indicios de retroactividad.
Ante esta confusión, siempre hemos avalado y hemos propuesto que
existiera una disposición transitoria muy clara, que dijera que esta ley
tiene todo el derecho de regular este mundo, porque hay otros países que
también lo hacen, pero respetando el criterio básico de todos los
derechos
adquiridos en este sentido. Como esto no está claro, nos vamos a
encontrar con una ley confusa, donde lo que va a primar no va a ser el
texto de la ley, sino unos señores que se reunirán inmediatamente después
de esta ley y se pondrán de acuerdo sobre sus intereses económicos.
Entonces, ¿habremos hecho nosotros un gran favor al no regular
correctamente este marco para luego avalar los acuerdos que se harán
después de esta ley? Esta es otra pregunta que nos deberíamos hacer como
colegisladores. Como colegisladores nos deberíamos quedar en aquello que
nos es específico, que es una ley marco y, sobre esto, decir la última
palabra. En cambio, creo que entramos en una confusión entre el Poder
Legislativo y los acuerdos de tipo económico que puedan generarse entre
sí.
A través del proyecto que hemos ido analizando, creemos que es válido y
necesario que el Gobierno haga una propuesta. Por lo tanto, nos
opondremos al veto que ha presentado el Grupo Parlamentario Socialista.
Pero luego intentaremos fijar nuestro posicionamiento a lo largo de todo
el debate de las enmiendas, centradas, fundamentalmente, en la no
retroactividad, y fundadas en no regular lo que quizá no se tenga que
regular y pedir que se regule lo que se tendría que regular. Este será
nuestro posicionamiento político que quiero manifestar a sus señorías en
virtud del voto que ahora vamos a emitir.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias, Senador Rigol.
Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el Senador Moya.
Perdón, tiene la palabra el señor Lissavetzky. Ha sido un «lapsus», me lo
he saltado indebidamente.
El señor LISSAVETZKY DIEZ: Muchas gracias, señor Presiente.
Senadoras y Senadores, la verdad es que estaba un poco preocupado, pero
como no conozco muy bien las normas del Senado --tengo más cultura
Congreso-Asamblea Regional--, creía que no me tocaba.
En primer lugar, quiero agradecer las intervenciones de los distintos
intervinientes, y permítanme que me centre específicamente en la
intervención del representante del Grupo Parlamentario Popular, señor
Moya.
Entiendo las razones de los diversos grupos, coincido en algunas y
discrepo en otras. A lo largo del debate de las enmiendas parciales
podremos ir viéndolo, pero como la oposición frontal más fuertemente
expresada viene del Grupo Parlamentario Popular, tendré que dirigirme al
señor Moya para exponerle cuáles son mis inquietudes y, sobre todo, mis
diferencias.
En primer lugar, usted ha hecho una intervención --no quiero calificarla
porque sería descortés-- proforma; es decir, no me ha contestado a
ninguna pregunta. Incluso ha catalogado como intolerantes algunos
adjetivos que creo que no he utilizado en mi intervención. No me ha
contestado a ninguna pregunta y me quedo con esas dudas. ¿Por qué no las
ha contestado? No sé si el suyo ha sido un discurso virtual, en función
de los debates que se han llevado a cabo en otros lugares, y en ese
sentido me quedo insatisfecho. Si usted puede, en su turno conteste a
esas preguntas concretas.
Uno de los aspectos a debatir es lo que he denominado bodrio. Esta ley
genera confusión --lo decía también el señor Rigol--. He puesto cuatro o
cinco ejemplos con preguntas concretas y no se ha contestado a ninguna.
El señor Moya ha hablado de algunos aspectos en los que, de entrada, ya
he afirmado que coincidíamos. Primera parte, garantizar el acceso de los
medios de comunicación. De acuerdo. En cuanto a que se televise un
partido en abierto, me viene con la broma de que si se hubiera televisado
o no el Madrid-Atlético. Como broma está bien, pero yo le digo que sin
ley de fútbol, se ha televisado el Madrid-Atlético en abierto. ¿Sí o no?
Porque yo lo he visto. Ejemplos aparte, había un nivel de autorregulación
que nos podía gustar más a unos que otros.
Se ha referido usted a los contratos, y en esto tiene un desconocimiento.
Porque, ¿estarán firmados los contratos? ¿Usted desconoce cómo son los
señores Núñez, Sanz, Gil, etcétera? Si no se hubieran firmado esos
contratos, evidentemente estarían poniendo el grito en el cielo, luego
los contratos existen.
En segundo lugar, he leído en las comparecencias que esos contratos no
solamente existen, sino que están elevados a escritura pública. En tercer
lugar, me consta que también se han presentado en Europa. ¿Usted ha
solicitado esos contratos? Los ha solicitado. En cualquier caso, no me
parece un argumento que esté tan directamente ligado como dice usted con
la taxativamente no retroactividad de la ley --lo decía el señor Rigol--.
Hay indicios de retroactividad , porque si usted lee la disposición
transitoria verá que habla de modificaciones contractuales. Dice la
disposición: «... las modificaciones contractuales que pudieran derivarse
de la aplicación de los artículos 4 y 5 de esta ley...» termina diciendo:
«... en ningún caso el Estado pueda asumir directa o indirectamente la
compensación de perjuicio económico. El Código Civil lo que pide es
claridad, y esta ley lo que trae es confusión. Los indicios de
retroactividad se desprenden de la lectura de la disposición transitoria
y eso lo ve cualquiera.
Por lo tanto, nuestra preocupación porque esa retroactividad vaya a
generar algunos problemas que tengamos que pagar todos los españoles es
legítima. Esto está pasando con la Ley de televisión digital. Ya se lo
han anunciado en Europa el señor Bangemann y no se ha referido a ello.
Allí ha habido un varapalo europeo y no me alegro de que mi Gobierno
tenga varapalos europeos --lo digo de verdad aunque discrepe--; avisamos
en ese decreto-ley que podía suceder y ha ocurrido. Ahora avisamos de que
también aquí va a ocurrir. Por lo tanto, pongan coto a esto.
Usted no me ha contestado, por lo que entiendo que no acepta mi propuesta
de suprimir el artículo 6, y me voy a detener en lo del bien de interés
general.
Señor Moya, he intentado ser lo más prudente posible manteniendo
fuertemente mis posiciones, pero el que ustedes relacionen interés
general con nivel de audiencia de televisión haría que se regulara una
serie --que me parece bien-- como la de «El Hostal Royal Manzanares», que
la ve mucho más gente que algunos partidos de fútbol. Por lo
tanto, no haga la lectura que hizo en Comisión, porque yo no me contento
con que mi país tenga un nivel cultural determinado, sino que habrá que
pelear de otra manera. Yo soy un superaficionado del fútbol, pero todos
sabemos que hay un porcentaje importante de españoles a los que les
interesa menos. ¿Por qué esa precisión en cuanto se refiere a fútbol o a
deporte? No haga usted esa relación directa de interés general con nivel
de audiencia porque, desde el punto de vista cultural y de lo que es un
bien de interés general, es absolutamente erróneo. Por ello cometemos el
error del artículo 6, porque hay algo detrás. A mi modo de ver, hay un
enmascaramiento de lo que ustedes quieren conseguir --lo he dicho por
activa y por pasiva en mi primera intervención-- y no me ha contestado.
Respecto a Europa, pocas cosas ha dicho usted. Primero, ¿por qué se
sortea lo que va a aprobar la Directiva Europea cuando hay ocho países
que lo tienen aprobado? ¿Alguno de esos países que lo tienen aprobado
hicieron aprobar una ley antes de iniciarse la modificación? Segundo,
¿alguno de esos ocho países europeos regula la televisión de «pay per
view»? Luego me contestará. En cualquier caso, sigue sin haber una
homologación.
Insiste usted otra vez en lo de monopolio. En las comparecencias quise
explicar que el término monopolio no es idéntico a exclusiva y no se
pueden confundir los dos términos. ¿Ha habido o no libre concurrencia? Si
los derechos de los clubes los tienen Antena 3, Canal Plus, ETB,
Televisión Española, Televisión gallega, Canal Nou, y tanto Telemadrid
como Canal Sur se presentaron pero no lo consiguieron, significa que hay
bastantes que han concurrido para adquirir esos derechos. No voy a entrar
a valorar esta cuestión, pero no lancemos un falso debate, porque es
lógico que se tenga una preocupación legítima.
Voy a entrar de lleno en esta cuestión, olvidando lo de interés general.
Creo que aquella famosa frase de «España es diferente» debe ir pasando un
poco a la historia, y no es bueno seguir en la línea de confundir el
interés general con la audiencia televisiva.
He dicho que detrás de todo esto había algo y se lo voy a decir: ustedes
tienen intereses en una plataforma, que es la llamada gubernamental, y
están tomando una a una una serie de decisiones: primero, aprobar por
decreto-ley el tema de la televisión digital y a través de eso
necesitaban el fútbol para que esa plataforma cercana a ustedes pudiera
salir adelante, porque ahora mismo el fútbol es fundamental. No me
invento nada y, como usted ha hecho una pregunta gruesa diciendo: ¿Tan
grandes son los intereses que tienen aquí para esto? Le voy a contestar.
El 24 de diciembre, pacto de Nochebuena. A continuación, Diario «El
Mundo»: 26 de diciembre --entrecomillado--: Cuando en la Moncloa se supo
que Asensio había pactado con Polanco, la reacción no pudo ser más
airada. Se habló de traición --entre comillas en la información-- y algún
otro cargo del Gobierno llegó a calificar de gángster a Asensio. El 26 de
diciembre, Cope afirmaba en antena
--entre comillas--: El Gobierno hizo un proyecto de control o de
transformación del mercado informativo y en 24 horas se le ha vuelto
totalmente al revés. Es --añadía el comentarista-- en cierto modo el fin
del proyecto de Aznar de cambiar el mapa de comunicaciones en España. A
continuación, amenazas y presentación de escritos por lo señores Oneto y
Hermida --si quiere olvidamos ese asunto--, pero «El Mundo» el 30 de
diciembre de 1996 decía: ¿Qué puede hacer el Gobierno ante el pacto de
Nochebuena? --se preguntaba el editorialista de dicho periódico--. Y se
contestaba a sí mismo: Tratar de sacar adelante una legislación
complementaria, para lo cual no podrá contar con el apoyo de Pujol, pero
probablemente sí con el de Izquierda Unida; o, lo que sería más práctico,
impedir la utilización del fútbol como palanca de la televisión de pago.
Por si había alguna duda, el 25 de enero de 1997 el «ABC» decía
textualmente: La plataforma Polanco-Asensio abocada al fracaso al
reservarse el Gobierno la homologación de los descodificadores. Esto
puede tener su importancia, ya que los tres medios que he citado, «ABC»,
la Cope y «El Mundo» forman parte de esa llamada plataforma
gubernamental.
En tercer lugar, ustedes están llevando a cabo una ley que intenta
regular ese pago por visión y se están poniendo por delante intereses,
porque mi Grupo --lo hemos dicho por activa, por pasiva y si quiere lo
digo por perifrástica-- no tiene ningún interés ni paquete de acción en
el Consejo de Administración de la Plataforma sub-1 --por denominarla
así--, y lo que no podría afirmar es que ustedes no tengan esos intereses
particulares en la otra plataforma. (Fuertes protestas en los escaños del
Grupo Parlamentario Popular.) Piten, piten. Como decía un compañero mío
en el Congreso: métanse los dos dedos en la boca y hagan ustedes una
pitada digital, puesto que estamos hablando de televisión digital. Esto
no es simple y exclusivamente un debate sobre bien de interés general sí
o no, sobre regulación de una cosa u otra, sino que hay un
enmascaramiento claro, con un objetivo político claro marcado por ustedes
--al que no vamos a renunciar--, con el que no estamos de acuerdo.
Por ello, agradeciendo a nivel personal el diálogo que, evidentemente, ha
habido, con la gran discrepancia política; no aceptando en absoluto
preguntas coactivas como la que ha hecho usted al final, les aseguro --no
le pregunto para que no me tenga que responder, pero contésteme a las
anteriores--, señores del Grupo Parlamentario Popular, que ustedes tienen
unos intereses muy claros con esta ley que van más allá de la misma.
Muchas gracias. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario
Socialista.)
El señor PRESIDENTE: Gracias, Senador Lissavetzky.
Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el Senador Moya.
El señor MOYA SANABRIA: Muchas gracias, señor Presidente.
Como estamos hablando de fútbol, por mi tierra se dice que jugar al
fútbol dando voleones no conduce a nada. Por tanto, voy a intentar echar
la pelota al suelo que es como juegan los buenos futbolistas. (Algunos
señores Senadores del Grupo Parlamentario Socialista: ¡Ele, ele!) Me
alegro de que les haya gustado.
Quiero darles las gracias a los portavoces del Grupo Parlamentario Mixto
y del Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos puesto que,
desde el diálogo con que se ha tramitado la ley y desde sus
planteamientos, llegan a unas conclusiones. Indiscutiblemente, no todo el
articulado, no toda palabra, no toda coma que hay en la ley tiene por qué
recibir la anuencia total y el criterio absolutamente concordante de
todas las personas y de todos los integrantes de esta Cámara, mucho
menos, de todos los grupos, pero a través de ese diálogo la ley en su
tramitación tanto en el Congreso como en el Senado ha tenido unas
mejoras, una clarificación que hace posible que estemos hoy en
disposición de votarla y sacarla adelante.
Señor Rigol, yo estoy de acuerdo con algunas de las cuestiones que usted
ha expuesto. Por supuesto, lo fundamental es aquella cuestión primaria
que nos propusimos en la ponencia de que por el respeto que hay que tener
a la institución a la que pertenecemos, deberíamos procurar que hubiera
el diálogo suficiente para poder llegar al consenso. Después el consenso
se obtiene, o no se obtiene, pero es fundamental que en todo aquello que
sea posible las versiones particulares de cada grupo pudieran congeniar
para llegar a un texto que fuera de mejor calidad. De hecho, usted sabe
que, incluso, nosotros hemos propuesto enmiendas de su grupo que se han
recogido en el dictamen.
El tema del interés general por el cual hace usted una defensa de su
posición basándose en los intereses de TV3, como algo más que una mera
televisión, como un difusor y un defensor de la cultura catalana, es algo
incuestionable. No sólo es incuestionable, sino que, además, yo le presto
mi absoluta conformidad. Creo que es el papel fundamental que deben de
jugar las televisiones autonómicas. Pero yo no entiendo que el único
camino para introducirse en el sistema o en la tecnología digital sea a
través de la adquisición de los derechos de exclusiva del fútbol. Creo
que el derecho de exclusiva del fútbol, ni tan siquiera tiene por qué
estar exclusivamente en manos del sistema de pago de tecnología digital,
hay otros sistemas y otros operadores, como puede ser el del cable. En el
sistema de libertad de precios y de libre concurrencia hay que dar las
mismas posibilidades a todos y están reconocidas constitucionalmente.
Además, hay otra cuestión, señor Rigol, con la versión actual del
problema de TV3 podemos llegar a hacer un flaco favor a esa misma
televisión autonómica, porque desde la defensa de quienes en estos
momentos, a día de hoy, tienen esos derechos, pero que en el año 2003,
cuando termine ese contrato de exclusiva no tienen por qué tenerlos, si
buscamos un sistema que no admita la libre concurrencia, que no admita la
competitividad en este mercado de interés preferente, nos podemos
encontrar con que en el año 2003 esa televisión autonómica le pague al
Barcelona y al Español lo que tenga a bien. ¿Por qué? Porque es el único
comprador. En el libre mercado, si usted tiene una casa, lo que le
interesa es que haya muchos compradores de la casa para que usted sea el
que marca el precio de su producto. Si hay un solo comprador, el precio
del producto no lo marca usted, lo marca el comprador. Y eso es lo que
pretende esta ley.
La ley no entra a regular los derechos de exclusiva que ahora mismo tiene
Audiovisual Sport. La ley, insisto --sobre todo a los efectos de la
retroactividad que es una cuestión fundamental-- lo único que regula es
cómo se emiten esos derechos. El que los tenga, ¿los tiene legítimamente?
Yo no entro a cuestionarlo, no puedo examinarlo ni dar mi opinión, ni
como jurista, ni como político. Bienvenido el que los tenga, pero la
emisión, lo que pueda afectar a la libre concurrencia o al mercado es lo
que la ley determina que se haga en el sistema que establece el artículo
6 y es sobre expectativas de un derecho, no hay una comunicación de los
efectos del derecho. Por lo tanto, no puede haber nunca retroactividad,
no porque la ley lo especifique o no lo especifique. Es más, a ustedes
les consta que con la enmienda transaccional que se ha expuesto se ha
procurado especificar aún más el tema de la retroactividad para que si
esos señores que tienen ahora mismo el derecho, han transmitido su
ejercicio a un tercero, bien en digital, bien en sistema de cable o en
otra tecnología, que yo desconozco, no haya la posibilidad de ejercicio
de monopolio. Esa es la única cuestión y el único efecto de la
disposición transitoria.
Cuando se habla de que, indiscutiblemente, en el fútbol hay desmesura,
desde luego, sí la hay, pero en esta ley a la que se le ha acusado de
intervencionista, ustedes han aplaudido la creación de un fondo para la
cultura con los beneficios de las sociedades privadas, obligadas por ley.
Desde ahí se ha aplaudido (El señor Moya Sanabria señala los escaños del
Grupo Parlamentario Socialista.) Desde ahí se le acusa al Grupo
Parlamentario Popular de intervencionista y quieren que intervengamos
sobre unos intereses privados. Yo creo que el fútbol se ha desmadrado en
este país, pero no es objeto de esta ley, será objeto de las leyes que
establecieron estos señores cuando estaban en el poder, que llegaron a
querer salvar el problema del fútbol con las sociedades anónimas
deportivas. Disparate tras disparate, pues, muy bien, vamos a intentar
arreglarlo, pero ése es otro problema.
Señor Lissavetzky, he intentado durante todo el tiempo mantener el nivel
de respeto y de diálogo en la tramitación de esta ley. Realmente me
hubiera gustado mucho que se hubiera mantenido ese nivel,
desgraciadamente, ha elevado usted el tono del debate a un nivel al que
yo no le voy a responder.
Sí le voy a responder, porque me corresponde, no sólo por cortesía
parlamentaria, sino por obligación parlamentaria, a las preguntas que
usted se hace. Pero para esas preguntas que usted dice que no le he
contestado, le remito al texto taquigráfico de la tramitación de la ley
para que usted vea que sí se le ha contestado. Ahora, si usted lo que
pretendía es que yo le contestara de una forma, en la que, efectivamente,
no le he contestado, indiscutiblemente, ni le he contestado ni le voy a
contestar. Eso creo que es evidente.
No quiero volver a entrar en el tema de la retroactividad porque ya lo he
explicado hasta la saciedad. Usted me dice que no se le ha respondido; sí
se le ha respondido, ahora, si usted no quiere escuchar, es imposible. El
tema de la retroactividad lo hemos debatido en la ponencia, en la
Comisión, y ahora en el debate del Pleno. Desde un punto de
vista jurídico, es absolutamente claro y evidente. Usted mantiene una
posición, yo mantengo otra. Bien, si en un momento determinado hay un
conflicto de intereses, ahí estarán los tribunales de justicia, en su
día, para determinarlo.
Yo no quiero hablar de los posibles perjuicios y de quién los va a pagar.
¿Quién los va a pagar? Es una pregunta que está hoy muy en el aire. Desde
hace unos días está muy en el aire quién va a pagar perjuicios económicos
ocasionados por actuaciones del Gobierno: los que la ley determine que
tienen que pagar. Desde luego, yo le aseguro a usted que es muy difícil
hablar de perjuicios económicos sobre una actividad y sobre el ejercicio
de unos derechos que todavía no han empezado a ejercitarse. Por lo tanto,
ahí están los tribunales de justicia y en su día se verá.
Respecto a la tenencia de los derechos, yo no se los he negado jamás a
Audiovisual Sport. Tengo noticia de ello y ahí están, pero que los
derechos de Audiovisual Sport entran en ejercicio en la temporada
1988-1989, eso está en el contrato. No está ahora en vigor, entran en el
ejercicio 1988-1989 y, por lo tanto, no me diga usted que se hubiera
visto, como en años anteriores, el Real Madrid-Atlético de Madrid. No
señor; lo que se estipula en ese contrato, que no se verá el partido de
vuelta si se ha televisado el de ida, entra en vigor en el ejercicio
1988-1989. Es decir, que en este período, según ese contrato en su
estipulación tercera, la Forta podrá elegir el partido de mayor interés
tan sólo en seis ocasiones; ahora, lo hace en todas las ocasiones. Si
además se ha televisado el partido de ida, no se podrá televisar el de
vuelta. No se habría televisado en 1988 y 1989 el Real Madrid-Atlético de
Madrid. Además, en el último partido de Liga ese contrato también impide
a la Forta televisar el partido. Por lo tanto, esa autorregulación de la
que usted habla a partir de 1988/1989, basándose en ese contrato,
perjudica los intereses legítimos del mejor fútbol en abierto gratis para
los españoles. Esa es la posición.
Respecto a lo de quien defiende una plataforma o quien defiende otra,
señor Lissavetzky, creo que las cosas son bastante evidentes. Los que se
han visto beneficiados por legislaciones hechas por gobiernos presididos
por ustedes, forman una plataforma. Si va a haber otra plataforma que se
va a ver beneficiada por la legislación que nosotros hagamos, está por
ver. Mientras tanto, antes de limpiar mi casa, quite usted la viga de su
propio ojo, porque creo que es más efectivo.
Muchas gracias. (Risas y aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario
Popular.)
El señor PRESIDENTE: Gracias, Senador Moya.
Terminado el debate de este veto, vamos a pasar a la votación. (El señor
Lissavetzky Díez pide la palabra.)
¿Senador Lissavetzky?
El señor LISSAVETZKY DIEZ: Pido la palabra por el artículo 87, señor
Presidente.
El señor PRESIDENTE: Yo creo, Senador Lissavetzky, que el debate se ha
terminado, pero no quiero quitar la palabra a nadie. Si quiere decir
algo, le doy un minuto. (Protestas en los escaños del Grupo Parlamentario
Popular.)
El señor LISSAVETZKY DIEZ: Gracias, señor Presidente. No creo ni que
agote el minuto.
Quiero dejar constancia de que el Senador Moya no ha contestado
prácticamente a ninguna de las preguntas que le he planteado. (Fuertes
protestas en los escaños del Grupo Parlamentario Popular.)
El señor PRESIDENTE: Silencio, por favor.
El señor LISSAVETZKY DIEZ: Lo lamento. Quiero dejar constancia de ello.
Aprovecho la ocasión para felicitarle por su comportamiento, que es el
que yo he intentado mantener con usted en lo personal. Políticamente
tenemos diferencias, pero insisto, Senador Moya, en que usted no ha
contestado a ninguna pregunta, con lo cual voy a votar con más fuerza a
favor del veto que hemos presentado.
Gracias. (El señor Moya Sanabria pide la palabra.)
El señor PRESIDENTE: Evidentemente, el debate estaba terminado.
Senador Moya, le concedo el mismo tiempo.
El señor MOYA SANABRIA: Señor Presidente, le agradezco el minuto, pero
voy a ser todavía más breve.
Le repito lo que le he dicho: yo sí le he contestado, lo que pasa es que
usted no ha escuchado lo que quería oír. La contestación está en las
actas taquigráficas. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario
Popular.)
Por otra parte, no crean ustedes que van a llevar más razón porque
pataleen mucho más.
Gracias. (Aplausos del Grupo Parlamentario Popular.)
El señor PRESIDENTE: Gracias, Senador Moya.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitido, 237; a
favor, 89; en contra, 146; abstenciones, dos.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazado.
Entramos en el debate de las enmiendas.
En primer lugar, voto particular número 1, del Senador Ríos Pérez, que
corresponde a las enmiendas número 1 y 23 a 33.
Tiene la palabra el Senador Ríos. (Rumores.)
Silencio, por favor. (Continúan los rumores.) Ruego una vez más silencio
para que el Senador Ríos pueda iniciar su intervención.
El señor RIOS PEREZ: Señor Presidente, señorías, no sé si en este momento
estamos viendo un gol, o un córner o un penalti. (Continúan los rumores.)
El señor PRESIDENTE: Vuelvo a rogar silencio.
Tiene la palabra su señoría.
El señor RIOS PEREZ: Gracias.
Comienzo con una congratulación. Esta polémica ley, a pesar de la
urgencia, no ha pasado a hurtadillas por el Senado.
Debido al acuerdo de todos los grupos parlamentarios de esta Cámara, y
dentro de las normas reglamentarias, se ha podido llevar a cabo el
trámite de este proyecto con seriedad y con profundidad. Hemos tenido
comparecencias, aunque con premuras y prisas, debate en ponencia y en
comisión y, por último, en este Pleno, convocado prácticamente para ello,
ha ganado el Senado, lográndose, para el mismo proyecto de ley, una mayor
calidad en la madurez serena, que es específica del trámite en esta
Cámara Alta.
Pasemos ahora al debate.
En primer lugar, toda ley tiene siempre su componente social, otro
económico y, siempre, el político. Desconocer esto es no comprender la
grandeza y la servidumbre del legislador. A veces, y para cada uno de
nosotros, los componentes arriba indicados se entremezclan con diversas
cantidades de cada uno de ellos. Esto es así. En ocasiones, para un
grupo, el mayor componente y/o el más preponderante es el económico,
otras, el político y, por último, puede ser que algún grupo vea
situaciones especiales en relación con lo social. Pues bien, para
Coalición Canaria, este proyecto de ley tiene un fuerte componente
social, que es el que hemos defendido y el que continuamos defendiendo
aquí en el Senado.
En primer lugar, tenemos que aseverar que consideramos que esta ley es
necesaria y, además, cronológicamente, quizá haya venido con algo de
retraso. Nos habría gustado debatirla el otoño pasado, antes de Navidad.
Coalición Canaria está de acuerdo casi con las tres cuartas partes del
contenido, aunque opinamos que es algo confusa. Para evitar esa confusión
en algunos aspectos, que ya veremos cuando se desarrolle en el
Reglamento, hemos presentado ocho enmiendas que estaban vinculadas
fundamentalmente a la mejora técnica del proyecto, siguiendo su propio
espíritu. Sé que siempre hay una inercia a no cambiar nada, y yo había
pedido a los compañeros representantes del Partido Popular que las
estudiaran con interés, porque su único objetivo era mejorar el texto y
darle coherencia y claridad, pero creo que ya no se puede realizar. Es
tarde para estas correcciones, por lo que no voy a detallarlas ahora. No
obstante, pretendían mejorar aspectos confusos que presenta la Ley.
Otro grupo de enmiendas deseaban aportar algo nuevo al proyecto de Ley.
Me refiero a las enmiendas 23 y 32. Con ellas se pretendía que el
Gobierno pudiera ordenar los horarios y calendarios de las
retransmisiones deportivas de interés general, de forma que no incidieran
muy negativamente en ciertos sectores económicos o empresariales que
generan una gran cantidad de puestos de trabajo. No se trataba de regular
nada ahora, sino de dejar la puerta abierta para que el Gobierno pudiera
hacerlo en el futuro si lo consideraba necesario y oportuno. Por tanto,
creo que son enmiendas cuyos contenidos deberían reflexionarse en
profundidad.
Otras dos enmiendas formaban quizás la parte más sustancial en cuanto a
nuestras discrepancias con el proyecto de Ley. Son las recogidas bajo los
números 1 y 33 y se trata de la incidencia que puede tener este proyecto
de Ley respecto de los posibles contratos de exclusividad suscritos entre
sociedades anónimas deportivas o ligas de deportes profesionales con las
empresas de televisión que operan en España. Creo que ésta puede ser una
de las claves de la Ley, es decir, si unos legítimos intereses
empresariales, adquiridos según la legalidad vigente en su momento, en
régimen de competencia y no sin la asunción de ciertos riesgos
económicos, se pueden ver lesionados por la aplicación de esta futura
Ley, con las consecuencias, además, que ello pudiera suponer para las
finanzas de los clubes deportivos, de los deportes más populares, así
como su repercusión en las arcas públicas si los efectos de esta Ley
significasen el descenso de los ingresos por retransmisiones deportivas y
los compromisos adquiridos por los clubes o sociedades deportivas con sus
jugadores. Esto es lo verdaderamente preocupante: si se lesionan
legítimos intereses ya adquiridos, si se pone en peligro el equilibrio
financiero del mundo deportivo y si ello puede repercutir negativamente
en el bolsillo de todos los ciudadanos.
La discusión sobre si la Ley es o no retroactiva no pasa de ser una
confrontación entre distintas posturas jurídicas. Desde Coalición Canaria
entendemos que sí puede ser retroactiva y, aunque no lo fuera
técnicamente, lo cierto es que puede tener efectos sobre unos intereses
anteriormente establecidos sobre la base de la legalidad vigente, por lo
que nos preocupan las consecuencias que de ello se pueda derivar. Creemos
que no se puede regular desde una Ley como ésta aspectos de la teoría de
los contratos y no se puede decir que las modificaciones contractuales
precisarán de acuerdo entre las partes implicadas, cuando en nuestro
Derecho ello se puede producir también por la intervención de los
tribunales.
Igualmente, tampoco se puede introducir un precepto exculpando al Estado
de la compensación de perjuicios económicos por la aplicación de una
determinada Ley, pues, en todo caso, para eso estarán los tribunales, y
mucho nos tememos que sus fallos se han de basar en otras normas
jurídicas generales que indican lo contrario que la disposición
transitoria del actual proyecto de Ley. Desde nuestro punto de vista, hay
que suprimir lo indicado en la disposición transitoria, sustituyéndolo
por un texto similar al que proponemos con nuestra enmienda número 1,
donde queda claro que lo dispuesto por este proyecto de Ley para el
interés general no afecte a los contratos legales suscritos.
Creo que no nos debemos llevar a engaños, se diga lo que se diga en la
Ley, sobre la no asunción por parte del Estado de compensaciones por
perjuicios económicos. Los contratos firmados se ven afectados de manera
sensible por esta Ley y ello puede producir un desequilibrio financiero
en los clubes y sociedades deportivas. Y si esto pasa, al Gobierno de
turno, diga lo que diga la Ley, le va a tocar solucionar el problema
financiado con el dinero de todos los españoles, sean o no aficionados.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, Senador Ríos Pérez.
Voto particular número 3, del Grupo Parlamentario de Senadores
Nacionalistas Vascos, que se corresponde con la
enmienda número 22. Para su defensa, tiene la palabra el Senador
Albistur.
El señor ALBISTUR MARIN: Muchas gracias, señor Presidente.
Nuestro Grupo apostó en la Comisión por una enmienda planteada por
Izquierda Unida en relación a la disposición transitoria, un añadido que
complementaba a ésta, una enmienda de adición, y votó a su favor con la
optimista esperanza de que se pudiera llegar a un acuerdo sobre una
transacción, como hubiera estado previsto con la enmienda que también
presentaba nuestro Grupo.
Esta enmienda, que quedó viva y que hoy me toca defender en este Pleno,
la mantenemos porque, en definitiva, la Ley, con la enmienda presentada
por Izquierda Unida y aceptada en Comisión, deja las cosas como estaban,
que cada uno haga lo que pueda, y la aplicabilidad de la Ley, los
problemas que se pueden crear con su aplicación quedan, a nuestro modo de
entender, vivos. Y quedan tan vivos que pensamos que el Gobierno va a
tener que hacer una nueva Ley para solucionar los problemas que en el
período transitorio que se prevé de un año y seis meses más --período
éste, el de seis meses, en el que se debe emitir por el Consejo de
Emisiones y Retransmisiones Deportivas un informe preceptivo-- no se van
a corregir. Y si no se corrigen y el informe del Consejo de Emisiones y
Retransmisiones Deportivas dice que deben adaptarse determinadas
situaciones a los contenidos de la Ley, no existe mecanismo alguno que
realice dichas adaptaciones, porque, aunque ese informe vaya al Gobierno,
o a la Comisión de Educación y Cultura del Congreso de los Diputados, no
existe mecanismo alguno para saber qué hacer con los contenidos del
informe, sobre todo con aquellos que afirmen que hay un claro
incumplimiento de la Ley.
Nuestro Grupo pretendía introducir estas correcciones. No ha sido
interpretado así, ni ha sido posible obtener de ninguna forma un acuerdo
respecto a esta enmienda. Es más, aparentemente, todos los grupos votarán
a favor de la enmienda propuesta por Izquierda Unida, que dicho con todo
respeto --vuelvo a insistir--, va a ser acogida prácticamente por
unanimidad, pero porque, al final, las cosas quedan como estaban y los
contenidos de la Ley prácticamente sin aplicabilidad. Nosotros la hemos
mantenido y la someteremos a votación por un criterio de pura coherencia.
Algún día se volverán a tratar estos temas y volveremos a recordar que
hubo un momento determinado en el cual se debería haber articulado una
regulación puente entre las situaciones anteriores y la plena aplicación
de la Ley, que es lo que, en definitiva, venía a plantear nuestra
enmienda.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Albistur.
Voto particular número 2, del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de
Convergència i Unió, que corresponde a las enmiendas 34, 37, 38, 40 y 41,
para cuya defensa tiene la palabra el señor Rigol.
El señor RIGOL I ROIG: Muchas gracias, señor Presidente.
Muy brevemente.
Nosotros hemos presentado, primero, un grupo de tres enmiendas, las
números 34, 37 y 38, que lo que pretenden es cambiar radicalmente el
apartado 2 del artículo 6, allí donde se dice que aquellos que tengan
derechos del fútbol han de abrir un concurse para que operen lo distintos
operadores y que este concurso sea público. Nosotros creemos otra cosa
distinta. Creemos, fundamentalmente, lo siguiente: que lo mejor para el
conjunto del Estado --y eso lo hemos dicho constantemente a lo largo de
toda la trayectoria de esta Ley-- sería que hubiera una racionalización
entre las diversas empresas que quieren iniciar en ese campo. Nosotros
creemos que lo mejor sería que hubiera un acuerdo entre los intereses en
juego. ¿Por qué? Porque resulta que en España precisamos operadores muy,
muy importantes en este campo para poder hacer también la competencia a
otros operadores de clave cultural distinta a la nuestra, y para hacer
eso son mucho más importantes los elementos administrativos del Gobierno
que no la capacidad legislativa del Parlamento, del Congreso de los
Diputados y del Senado. Si en este campo se instaura una guerra de
intereses como la actual lo que hacen en definitiva es no aprovechar la
potencialidad que les da el fútbol para crear un grupo fuerte en clave
española dentro del mundo digital. Y aunque esto parece de sentido común,
los hechos nos van llevando cada vez más en contra de esta situación, por
eso nosotros lo propugnamos a través de las enmiendas números 34, 37 y
38.
Hay dos enmiendas más, las números 40 y 41, en las que sugerimos que
tomen ustedes en consideración el que quede claro de una vez que esta ley
no tiene retroactividad, que quede claro y que se diga, porque una vez
dicho se superarán todas las incógnitas que podamos tener sobre ello. La
enmienda número 40 pretende que se suprima la transitoria que genera esta
confusión al recoger que los contratos se tendrán que reformar en virtud
de lo que se dice en los artículos 4, 5 y 6. ¿Que se suprima eso qué
quiere decir? Que hay indicios de retroactividad y por ello con la
enmienda número 41 queremos que se introduzca una cláusula que establezca
que esta ley no influye en los contratos que se han firmado ya de hecho;
así de sencillo. Estos son los dos grupos de enmiendas que nosotros
propugnamos.
Respecto al resto de enmiendas quiero decir simplemente lo siguiente.
Nosotros agradecemos de veras el que se nos haya admitido una enmienda,
para nosotros muy importante, sobre la lengua. Votaremos en contra de
esta ley, pero ello no quiere decir que no aceptemos como algo muy
positivo el espíritu de diálogo que ha habido en su tramitación en el
Senado; de hecho ésta era una enmienda muy importante para nosotros y el
Grupo Parlamentario que tiene mayoría absoluta la ha integrado ya en
Comisión y se lo agradecemos. Al igual que ha ocurrido con las enmiendas
que eran una aportación de tipo técnico, por ejemplo, la supresión de «y
cada seis meses», de forma que deberá ser al principio de temporada
cuando deben decir que un partido es de interés general o no lo es.
También debemos agradecer la sensibilidad que ha habido por lo que se
refiere a las selecciones autonómicas, a fin de que se puedan considerar
también de interés general autonómico. Creo que todo esto ha significado
aportaciones positivas por parte del Grupo Parlamentario que da soporte
al Gobierno.
Voy a hacer una última precisión: nosotros hemos apoyado con nuestra
abstención en la Comisión la enmienda de Izquierda Unida que hace
referencia a la retroactividad. Pero por más que nos leemos esta enmienda
vemos que aquí no hay indicios de retroactividad; lo que pide su enmienda
es que al final, al cabo de un año, y luego al cabo de seis meses, el
Consejo hará recomendaciones a las partes. En cambio, la enmienda de otro
grupo parlamentario era para nosotros la afirmación clara de que se
reivindicaba esta retroactividad, por eso en la transacción parlamentaria
normal que hemos tenido nos abstuvimos en Comisión en la enmienda de
Izquierda Unida, precisamente para que no triunfara la otra enmienda del
grupo que quería reafirmar más la retroactividad. Este ha sido nuestro
posicionamiento, creo que hemos hecho un buen debate, no nos hemos movido
demasiado de las posiciones iniciales y quiero agradecer a todos los
portavoces la sensibilidad que han tenido respecto a las enmiendas que
nosotros hemos defendido.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, Senador Rigol.
Voto particular número 4 del Grupo Parlamentario Socialista, que
corresponde a las enmiendas números 4 a 6, 8 y 17. Para su defensa, tiene
la palabra el Senador Lissavetzky.
El señor LISSAVETZKY DIEZ: Señor Presidente, Senadoras y Senadores,
también con relativa brevedad dada la altura del debate, voy a enunciar
las enmiendas del Grupo Parlamentario Socialista, que presento divididas
en cuatro bloques para facilitar su debate.
El primer bloque está integrado por una sola enmienda, la número 4, a la
exposición de motivos y, lógicamente, tiene que ver con lo que es el hilo
conductor de la posición del Grupo Parlamentario Socialista en esta ley.
Por lo tanto, esta exposición de motivos alternativa a la del proyecto de
ley recoge una serie de planteamientos que luego se desarrollan en
enmiendas de carácter parcial. Referencias a la homologación con la
Directiva europea, referencias a la necesidad de tener específicamente un
catálogo que figure en el texto del proyecto de ley, garantizar el acceso
a los medios de comunicación, la no retroactividad, etcétera, marcan de
manera clara lo que es esta exposición de motivos alternativa que
planteamos.
El segundo bloque está formado por aquellas enmiendas que tienen que ver
con lo que podríamos denominar el interés general. A lo largo del debate
de veto hemos hecho una amplia exposición de cuáles son nuestras
posiciones; no seré yo quien aburra a sus señorías con una exposición
más. Seguimos pensando que es más adecuado, según términos europeos y en
función de lo que estamos legislando y regulando, el término relevancia o
trascendencia social más que el de bien de interés general y, por lo
tanto, en aquellos apartados del texto donde aparece la expresión interés
general lo sustituimos por relevancia social. Son las enmiendas números
6, 10, 11 y 14, que tienen que ver con los artículos 4, 5 y disposición
adicional.
El tercer bloque de enmiendas es el que tiene que ver con la Directiva de
la televisión sin fronteras. Hay una primera enmienda, la número 5, que
me hubiera gustado retirar porque he de reconocer aquí el esfuerzo de
diálogo tanto del Grupo Parlamentario Popular como del Grupo
Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos. Se planteó una
transaccional para que se incorporara al dictamen que al final no pudo
ser votada afirmativamente por nosotros por un simple detalle, pero que
para mí es de gran interés y sobre el que tuve oportunidad de hablar con
el Senador Albistur. Esta transaccional --que tiene que ver con lo que
planteaba el Grupo Parlamentario Socialista, con la visión del Grupo
Parlamentario Popular y con un planteamiento que hacía el Grupo
Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos-- se refiere a esa
limitación a tres minutos --que viene a ser un 10 por ciento de un
telediario o de un informativo de carácter general--, y con eso estábamos
de acuerdo; pero es que luego se añade en la transaccional algo que para
nosotros es significativo: por cada competición. ¿Y a mí qué me daba
miedo? Me daba miedo --y me sigue dando miedo y por eso no estábamos a
favor y mantenemos la enmienda número 5-- que esos tres minutos por cada
competición se convirtieran, por ejemplo, en tres minutos por ocho o
nueve deportes, lo que daría lugar a una excesiva presencia en
telediarios o espacios informativos de carácter general de una
información específica deportiva. Entiendo y atiendo las razones del
Senador Albistur cuando decía que hay otros deportes; es bien cierto,
pero creo que tal como queda redactado puede conducir a esa confusión y
preferimos, por lo tanto, mantener la enmienda número 5, reafirmando el
esfuerzo que se ha hecho por parte del Grupo Parlamentario Popular y del
Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos para acercar
posiciones.
La enmienda número 8 tiene que ver con un catálogo específico. Creemos
que tiene mucha más fuerza si hablamos de los Juegos Olímpicos, de los
Campeonatos del Mundo de Fútbol o de Baloncesto, de selecciones
nacionales, de la final de la Copa del Rey, de la Vuelta Ciclista a
España, etcétera, es seguir un poco lo que dice la normativa europea y,
por lo tanto, refuerza el que estén ahí. La enmienda número 9 tiene que
ver, lógicamente, con los criterios para este catálogo y ahí se apuntan
dos criterios prácticamente calcados de lo que dice la Directiva europea.
Por último, la enmienda número 17 corrige un error técnico --y quizá no
nos hayamos parado demasiado en ello-- que hay en la disposición final
cuarta, porque ahí se habla de las federaciones deportivas y no se
separan de los clubes. Yo creo que sí habría que separarlo y distinguir
entre federaciones y ligas profesionales. Además añadimos un segundo
apartado, la presencia de los sindicatos, porque pueden jugar ahí un
papel, no sólo para dar mayor pluralidad a este Consejo, sino también
porque tienen una visión
general, territorial, y si estamos hablando de problemas desde el punto
de vista laboral en algunos sectores creemos que sería interesante el que
pudieran incluirse.
Por último, el cuarto bloque es el de enmiendas relacionadas con el pago
por visión. Nuestra posición está absolutamente clara y coincidimos en
este aspecto prácticamente con lo que ha manifestado el señor Rigol.
Nuestra enmienda número 12 plantea la supresión del artículo 6 y la
enmienda número 15 intenta garantizar la vigencia de los contratos y
evitar la retroactividad --y no me voy a alargar más en la explicación
porque yo creo que a estas alturas del debate no tiene demasiado sentido.
La penúltima enmienda, la 16, a la disposición final segunda, propone su
supresión. Pienso sinceramente --así lo pensé al escuchar al propio
Presidente del Tribunal de Defensa de la Competencia-- que no es
necesario que en esta ley se diga que existe este Tribunal y que tendrá
que ser el que decida en los posibles litigios.
Por último, en la enmienda número 13 al artículo 7.2 planteamos que la
instancia resolutoria y arbitral de los conflictos privados de la
aplicación de la ley esté presente en la Comisión del Mercado de
Telecomunicaciones. Creemos que este Tribunal es el adecuado. Se aprobó
en la Ley de Telecomunicaciones y es un organismo plural. Creemos que con
estas medidas se puede mejorar esta ley, que ya hemos dicho que no nos
gusta, pero que vamos a votar una vez que se ha retirado el veto.
Por cortesía parlamentaria, quiero referirme también a las enmiendas que
mantiene vivas Coalición Canaria, de las que ya he hablado. Vamos a estar
a favor de algunas de ellas, pero respecto de algunas otras nos
abstendremos porque tenemos enmiendas similares. No obstante, también
quiero valorar la presentación que ha hecho de temas concretos como la
retroactividad el Grupo Parlamentario Mixto, Coalición Canaria, y,
concretamente, el Senador Ríos.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, Senador Lissavetzky.
Para turno en contra, tiene la palabra el Senador Colsa.
El señor COLSA BUENO: Muchas gracias, señor Presidente.
Señorías, intentaré seguir el orden de los votos particulares y ser lo
más breve posible.
Respecto del voto particular del Senador Ríos Pérez, de Coalición
Canaria, nosotros creemos que la colaboración de su Grupo en la mejora y
en la redacción de este proyecto de ley ha sido evidente. Lo que sucede
es que, salvo la enmienda 32, que parece que puede ser objeto de una
transaccional con la que nosotros estaríamos de acuerdo, no vamos a
apoyar las demás enmiendas que usted ha presentado a este proyecto de
ley. Es cierto que usted ha intentado en todas sus enmiendas una mejora
técnica, fundamentalmente, de los textos de los artículos que se citaban
en ellas, pero nosotros creemos que es mucho más consistente, mucho más
fácil y mucho más positiva la redacción actual que la de las enmiendas
que usted propone. Además, quiero decirle que no se preocupe por el
sector de la hostelería, pues ha sido una de sus mayores preocupaciones,
porque nosotros somos un grupo sensible a sus problemas. En la
comparecencia del Presidente de la Asociación de Hostelería ya
manifestamos nuestra posición al respecto: solicitar que los partidos
pasaran al domingo y que no perjudicaran a un sector tan importante. Lo
que sí creemos es que esto no debe estar regulado por la ley, puesto que
puede ser objeto de regulación por otro tipo de normas.
Respecto de las enmiendas del Grupo Parlamentario Socialista 4 a 17,
nosotros creemos que, basándonos en la filosofía de todas las demás
enmiendas, no vamos a poder votar a favor de la exposición de motivos.
Sobre el bloque a los artículos 6, 10, 11 y 14, que hacen referencia al
interés general, aquí se ha dejado claro por parte del portavoz del Grupo
Parlamentario Popular, Senador Moya, cuáles son las posturas de nuestro
Grupo con referencia al interés general. Es evidente que ustedes no están
a favor del interés general en este Proyecto de Ley, sino más bien del
interés particular de un grupo muy concreto. Por ese motivo nosotros no
vamos a apoyar esas enmiendas.
La enmienda número 8 hace referencia a la interpretación de la Directiva
europea, y nosotros creemos que ésta realmente no obliga a que esa lista
de acontecimientos deportivos tengan que estar contemplados en esta ley
que transpone realmente esta Directiva europea. Por eso, nosotros vamos a
votar en contra de la enmienda número 8.
Respecto de la enmienda número 9, el artículo realmente no impide la
ampliación del catálogo. El artículo establece unos mínimos a efectos del
catálogo y el Consejo de emisiones y retransmisiones deportivas tiene
perfectas facultades --así le habilita esta ley-- para ampliar este
catálogo con el informe preceptivo del Consejo Superior de Deportes.
Nosotros creemos que no es necesaria una regulación exhaustiva de este
catálogo y que se puede dejar para otros momentos posteriores en manos
del Consejo de emisiones y retransmisiones deportivas.
Sobre las enmiendas 12 y 15, nosotros creemos que realmente nadie se cree
ya a estas alturas que puedan producirse efectos negativos para los
clubes, sobre todo, si nos atenemos a las declaraciones que sus
representantes hicieron en el seno de la Comisión donde se produjeron las
comparecencias al respecto. Quienes realmente están diciendo aquí que se
pueden producir esos perjuicios son ustedes y no los afectados, no los
grupos, lógicamente, que van a apoyar este articulado.
Respecto de la enmienda número 13, nosotros estimamos que es mucho más
oportuno y coherente con los objetivos de la ley que sea el Tribunal de
Defensa de la Competencia el competente --valga la redundancia-- para
conocer y resolver cuestiones referentes a conflictos derivados de la
futura ley. Por eso, tampoco estamos de acuerdo con su enmienda y,
lógicamente, no la vamos a aceptar.
Respecto de la enmienda número 16, creemos que debe seguir manteniéndose
tal y como está la redacción en el articulado. Votaremos, lógicamente, en
contra de esta enmienda número 16. Asimismo, rechazamos la enmienda
17, puesto que la disposición final cuarta recoge, de una manera amplia y
exhaustiva, el sentir de todos los que pueden decir algo sobre estas
cuestiones dentro del Consejo de emisiones y retransmisiones deportivas.
Creemos que los sindicatos cumplen un papel muy importante en la
sociedad, pero que no es éste el ámbito donde ellos pueden desarrollar de
una manera más positiva sus objetivos. No sabemos tampoco a qué ha
obedecido el que ustedes hayan propuesto a última hora la incorporación
de los sindicatos al Consejo de emisiones y retransmisiones deportivas.
En todo caso, creemos que es mucho mejor mantener el artículo como está
redactado en este momento. Por lo tanto, no debería ser incluido en esta
enmienda 17 y votaremos, lógicamente, en contra de la misma.
Paso ahora a las enmiendas del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado
de Convergència i Unió. Los artículos a los que aluden las enmiendas 34,
37 y 38 --lo digo en coherencia con la postura que se ha mantenido hacia
las demás enmiendas-- están perfectamente claros tal y como están
redactados. No producen ninguna confusión. Son necesarios para evitar
algo a lo que nos hemos estado refiriendo a lo largo del debate en
Comisión y en este Pleno, que es la existencia, en nuestra opinión, de un
monopolio de hecho.
La postura de nuestro Grupo, del Grupo Parlamentario Popular, respecto de
las enmiendas 40 y 41 del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de
Convergència i Unió, que hacen referencia a las posibles indemnizaciones
por los posibles perjuicios que se pudieran derivar de la entrada en
vigor de esta ley, ha quedado suficientemente clara en este debate. No
estamos de acuerdo en que se puedan producir realmente perjuicios para
los clubes. Tenemos bastantes dudas sobre que hubiera obligación de dar
alguna indemnización en caso de que se produjeran perjuicios, teniendo en
cuenta los antecedentes legislativos que se han producido en estas
Cámaras con otras leyes que han entrado en vigor y que han afectado
también a situaciones generadas con anterioridad a la entrada en vigor de
una ley, pues, lógicamente, no se han dado indemnizaciones y no ha habido
ninguna responsabilidad del Estado legislador en esos momentos.
Respecto de la enmienda número 22 del PNV, diré que es cierto que se ha
intentado llegar a una transaccional para intentar incorporar, en lo
posible, sus propuestas a la enmienda de Izquierda Unida que se aceptó en
la sesión de la Comisión Constitucional celebrada la semana pasada. Esto
no se ha podido hacer. Quizás no se ha encontrado una fórmula para
aceptar este texto. Por eso, nosotros, lógicamente, vamos a votar en
contra de esta enmienda por los posibles perjuicios jurídicos que se
puedan producir si se aprobara tal y como ellos proponen y como refleja
el texto de las enmiendas.
Nada más y muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, Senador Colsa.
Turno de portavoces.
Por el Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra el Senador Román
Clemente.
El señor ROMAN CLEMENTE: Muchas gracias, señor Presidente.
Por lo que he podido entender y por la defensa que se ha hecho de los
bloques de enmiendas, yo quisiera en este momento agradecer al señor
Albistur el esfuerzo que hace al mantener la enmienda número 22.
Hubiéramos deseado --éste era el sentir de toda la Comisión-- haber
encontrado alguna fórmula que hubiera propiciado ese entendimiento y
cerrado algún tipo de resquemores. No ha sido así. Había algunas
reticencias y, por tanto, no se ha podido resolver ese problema que él ha
planteado y que algunos grupos han resaltado, haciendo especial
relevancia de esa abstención que en su momento produjeron.
Con algunas de las enmiendas dirigidas a los artículos, en concreto al 6
y a la disposición transitoria, no podemos estar de acuerdo. Por lo
tanto, votaremos en contra de las mismas. Sí estamos conformes con alguna
de las enmiendas del Senador Ríos que pueden ser objeto de
transaccionales y que mejorarían aún más el texto de la ley. Votaremos en
contra del bloque de enmiendas dirigidas a la exposición de motivos o a
la distinción entre interés general-relevancia social porque consideramos
que las enmiendas que se han ido recogiendo en el trámite de debate en
Comisión y las que puedan ser incorporadas en el debate en Pleno son
suficientes. Por lo tanto, apoyaremos el texto tal y como queda.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, Senador Román Clemente.
De la intervención del Senador Colsa me ha parecido entender que hay una
enmienda transaccional sobre la número 32, y yo rogaría que se nos haga
llegar por escrito.
Por el Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos, tiene la
palabra el Senador Albistur.
El señor ALBISTUR MARIN: Muchas gracias, señor Presidente.
Señorías, intervengo fundamentalmente para manifestar de nuevo el
reconocimiento por la aceptación de nuestras enmiendas tanto en el debate
del Congreso de los Diputados como en el debate que se ha producido en el
Senado. Habiendo leído las actas del Congreso y habiendo estado presente
en el debate del Senado, creo que ha habido espíritu de diálogo o, por lo
menos, un intento de acercamiento. Yo creo que esta ley, que a todos nos
deja un poco preocupados, quizás por distintas razones --a unos, porque
no acabamos de ver que verdaderamente se quiera introducir una
liberalización en el mercado, sino que se están defendiendo excesivos
intereses particulares en muchos lados-- ha salido bastante bien
apañadita, aunque sea una ley cuyo cumplimiento y aplicación, a nuestro
modo de entender, va a traer bastantes conflictos.
Tengo que manifestar mi satisfacción porque nuestro trabajo ha dejado un
amplio margen de actuación a las televisiones autonómicas, y, en
particular, a ETB, que, aunque yo no he dicho que la defendamos
expresamente, como han afirmado otros grupos respecto de sus propias
televisiones autonómicas, estaba detrás de todas nuestras
enmiendas, porque, además, ETB, es pionera en estos servicios de
transmisión de acontecimientos deportivos a sus ciudadanos y a su
sociedad. Y estamos satisfechos en particular por la introducción de las
enmiendas a los artículos 1, 3 y 4, que son los que verdaderamente
defienden los objetivos de las televisiones autonómicas dado que en el
artículo 3 se establecen unas remuneraciones acordes con los derechos que
tengan las televisiones autonómicas, y las enmiendas introducidas al
artículo 4 permiten que las televisiones autonómicas accedan al mercado
en las mismas condiciones que aquellas que tengan acceso a temas de
interés general para todo el Estado.
Tengo que destacar también el particular reconocimiento a la emisión en
el mercado específico de la lengua propia como un elemento de
diferenciación significativo en ese mismo mercado, y como un elemento de
consolidación en el mismo.
A pesar del ruido que existe en la Cámara, quiero hacer algunas
precisiones a los comentarios que se han hecho. En primer lugar, al
portavoz del Grupo Parlamentario Popular respecto de la no admisión de
nuestra enmienda. Me parece muy bien que él pueda optar por todos los
argumentos que quiera a la hora de aceptar la enmienda de Izquierda
Unida, pero me gustaría que explicara con claridad y precisión dónde está
el «perjuicio» que él ha citado que supone el mantenimiento y la
aprobación de nuestra enmienda. ¿Qué quiere decir con «los perjuicios que
se originarían»? Si eso es así, a mí me parece que es una afirmación muy
grave que debe ser necesariamente aclarada.
Respecto del portavoz del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de
Convergència i Unió, le preguntaría cómo se puede afirmar que nuestra
enmienda --y valga la redundancia, porque son sus palabras-- sea una
afirmación clara de la retroactividad ¿Dónde está fijado el argumento de
la retroactividad?
¿Dónde se cita que se deba acudir a una retroactividad? ¿Es que alguien
va a exigir algunos derechos por los partidos televisados hasta ahora?
¿Alguien va a exigir algunos perjuicios? Sobre lo acontecido el sábado o
el domingo pasados y los pasados sábados y domingos, ¿alguien va a tener
algún tipo de actuación? ¿Alguien puede afirmar que pueda existir en ese
caso retroactividad? ¿Cómo es posible demostrar eso?
Una ley hace apelación directa a la expresión de retroactividad o a una
expresión parecida, o cita alguna ley donde quede fijado el concepto de
retroactividad. Esta ley no hace referencia a ningún concepto explícito
de retroactividad ni a ninguna ley o acuerdo anterior donde esté fijada
esa retroactividad. Por lo tanto, introducir aquí la retroactividad es
meter una ficción a las claras.
He dicho anteriormente una cosa muy clara: que nuestra enmienda pretendía
--y lo decíamos expresamente-- favorecer la apertura de los mercados,
evitar posiciones estables de dominio, permitir la incorporación de
nuevos operadores que, sobre todo, introduzcan condiciones más baratas de
actuación en el mercado, asegurar el pluralismo y el máximo respeto a los
intereses de los usuarios, pues todos los grupos políticos nos hemos
llenado la boca defendiendo precisamente estos hechos.
Pues bien, dejamos una ley donde todo esto no se va a poder cumplir
porque cada uno hará lo que quiera, y tendrá que ser una Comisión de
Educación y Cultura del Congreso de los Diputados, que no del Senado, la
que, una vez que tenga la «patata caliente», deberá ver qué se hace con
las conclusiones del informe elaborado por el Consejo de Emisiones y
Retransmisiones Deportivas.
Yo no estaré en ninguna de esas Comisiones. Nuestro Grupo tendrá un
representante, pero entonces, ya lo dijimos en su día, lamentaremos no
haber tenido un elemento al que agarrarnos para poder corregir
situaciones que no gustarán a nadie.
La advertencia está hecha, señores Senadores. Allá cada uno con sus
consecuencias.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias, Senador Albistur.
Por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió,
tiene la palabra el Senador Rigol.
El señor RIGOL I ROIG: Señor Presidente, tomo la palabra, en primer
lugar, para complacer la petición de una compañera amiga mía, la Senadora
De Boneta y Piedra, que quiere hacer constar que no ha podido hablar
porque se le ha pasado el turno o no le tocaba, pero que estaba de
acuerdo --fíjese usted qué casualidad-- con mis tesis. Por lo tanto, ha
sido un placer poder hacer este servicio a la Senadora De Boneta y
Piedra.
En segundo lugar, intervengo simplemente por cortesía parlamentaria para
contestar al Senador Albistur, que me va a perdonar porque yo no soy
jurista y se me escapan muchas cosas, pero de la lectura de la enmienda
número 22 de su Grupo saco la conclusión de que sí afirma la
retroactividad. Y le diré el porqué: porque solamente conservarán su
vigencia los acuerdos a los que han llegado los distintos clubes si
procede a su adaptación a los contenidos del informe y si es posible su
interpretación conforme... (El señor Albistur Marín hace signos negativos
y pronuncia palabras que no se perciben.) No, señor Senador, nosotros, en
principio, podemos legislar que cuando sea retroactivo, que se diga bien
claro; pero si no se dice bien claro, no debe ser retroactivo, y usted no
puede legislar sobre hechos legítimamente adoptados en acuerdo entre las
partes. Es una injerencia, y solamente cuando la ley lo dice así se puede
reconocer su retroactividad. Hacerlo desde un subterfugio yo creo que no
es correcto. (El señor Albistur Marín hace gestos al orador.) Perdone,
señoría, simplemente le he contestado por cortesía respecto de lo que
usted ha mencionado anteriormente. (El señor Laborda Martín: ¡Bien,
bien!)
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias, Senador Rigol.
¿Grupo Parlamentario Socialista? (Pausa.)
Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el Senador Moya.
El señor MOYA SANABRIA: Muchas gracias, señor Presidente.
Señorías, intervengo muy brevemente porque entiendo que el debate ya está
a unas alturas en las que tampoco hacen falta mayores aclaraciones.
Me imagino que la Mesa ya tiene la transaccional referente a la enmienda
número 32, del representante de Coalición Canaria. (Pausa.) La tendrá en
breves instantes, como un ejemplo más de que, hasta el último instante,
se ha procurado el diálogo, el consenso y recoger todo lo que cada Grupo
Parlamentario haya querido aportar a esta ley.
No voy a repetir el discurso al representante del Grupo Parlamentario
Mixto, en cuanto a la concurrencia de su criterio respecto a la ley,
porque en su momento ya se lo dije.
Al portavoz del Grupo Parlamentario de Senadores Naconalistas Vascos
deseo decirle que quizás yo no he intervenido antes, pero en cuanto al
perjuicio que él ha manifestado, no sé si se ha querido decir así
expresamente. Si se ha dicho, se puede retirar. En lo que sí teníamos
preocupación respecto de la enmienda número 22 era porque, igual que la
enmienda transaccional puede suponer para ustedes una dificultad por cómo
se cierra el proceso una vez que se elabora el informe, no es menos
cierto --es cuestión de interpretación, y lo hemos hablado muchas veces
estos días-- que la dificultad que yo podía ver en dicha enmienda era que
el cierre del proceso determina un informe, y sobre dicho informe, si hay
o no hay adaptación voluntaria, no hay problema de los contratos. Si no
es así, en la enmienda se establece: «Si es posible su interpretación
conforme a los contenidos del informe.» En caso contrario, la vigencia de
los contratos se determinaría por lo que se dictamine en el informe. No
es que eso cause un perjuicio, sino que jurídicamente podría crearse una
confusión. Esta es una cuestión sobre la que hemos hablado muchas veces.
Hemos intentado una fórmula mejor, pero, desgraciadamente --y lo
siento--, no hemos sido capaces de encontrarla. En cualquier caso, a su
señoría le consta que éste es el único motivo por el que no hemos llegado
a transaccionar la enmienda número 22, y la incorporada en su día por
Izquierda Unida.
En cuanto al representante de Convergència i Unió, voy a hacer un último
comentario, porque quiero que estas cuestiones queden muy claras.
Respecto de la retroactividad, se ha dicho que no puede haber injerencia
entre lo que las partes hayan contratado. En este sentido, insisto, esta
ley no produce ningún tipo de injerencia sobre esa cuestión. Por otro
lado, en la regulación de otras materias por el Parlamento ha habido
injerencias sobre lo que las partes han contratado; por ejemplo, en los
contratos de arrendamiento, la Ley de Costas, o en los derechos
adquiridos de unos pensionistas. Por tanto, la injerencia no tiene
efectos sobre si hay o no retroactividad. Y no quiero insistir más en
este último concepto, porque no quiero ser más pesado.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, Senador Moya. (El señor Lissavertzky Díez
pide la palabra.)
Tiene la palabra, Senador Lissavetzky.
El señor LISSAVETZKY DIEZ: Gracias, señor Presidente.
Solicito la palabra, porque no he utilizado el turno de portavoces. Hemos
estado examinando la enmienda transaccional, y necesito un minuto de
tiempo para fijar la posición del Grupo Socialista sobre dicha enmienda,
que no hemos firmado.
El señor PRESIDENTE: Señor Lissavetzky, entiendo su petición --no así la
del Senador Marín Rite--, por lo que tiene la palabra por el artículo 87
durante tres minutos.
El señor LISSAVETZKY DIEZ: Gracias, señor Presidente.
No aceptamos la enmienda transaccional, aunque íbamos a votar a favor de
la enmienda número 32, de Coalición Canaria --como creo que ya dijimos, y
debe figurar en el «Diario de Sesiones» de la Comisión--, porque se
elimina la palabra «laborales».
Dicha enmienda, tal como se redactó inicialmente, decía lo siguiente:
«Reglamentariamente, y en atención a los intereses laborales, deportivos
y mercantiles afectados, podrían establecerse límites de días y horario
para estas retransmisiones.»
Estamos de acuerdo en el fondo; pero, como digo, al haberse eliminado la
palabra «laborales», no nos parece conveniente aceptar la transaccional.
Simplemente, quería que quedara reflejada esta explicación.
Gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, Senador Lissavetzky.
Señorías, vamos a iniciar la votación, según el orden que algunos
portavoces han hecho llegar a la Mesa, independientemente, claro está, de
las peticiones que se realicen a la Presidencia sobre la marcha.
En primer lugar, se encuentran las enmiendas números 1 y 33, del Senador
Ríos Pérez.
Según se me indica por el Grupo Socialista, votamos la enmienda número 1.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 234; a
favor, 14; en contra, 133; abstenciones, 87.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Pasamos a votar la enmienda número 33.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 236; a
favor, 101; en contra, 133; abstenciones, dos.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
A continuación, votamos las enmiendas números 27, 28 y 30. (El señor Aleu
i Jornet pide la palabra.)
Tiene la palabra, señor Aleu.
El señor ALEU I JORNET: Gracias, señor Presidente.
Pedimos votación separada de la enmienda número 27, por un lado, y de las
números 28 y 30, por otro.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
Por tanto, votamos la enmienda número 27.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 235; a
favor, 14; en contra, 214; abstenciones, siete.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Votamos las enmiendas números 28 y 30.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 235; a
favor, 100; en contra, 129; abstenciones, seis.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
La enmienda número 23 fue retirada.
Pasamos a votar la enmienda número 26.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 236; a
favor, cuatro; en contra, 230; abstenciones, dos.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Votamos la enmienda número 29.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 236; a
favor, uno; en contra, 146; abstenciones, 89.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Enmienda número 31.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 236; a
favor, 89; en contra, 134; abstenciones, 13.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Respecto a la enmienda número 32, se ha presentado una transaccional, que
está firmada por todos los grupos parlamentarios, excepto el Grupo
Parlamentario Socialista.
Se trata de un apartado nuevo, el número 4, que diría:
«Reglamentariamente, y en atención a los intereses deportivos y
mercantiles afectados, podrían establecerse límites de días y horario
para estas retransmisiones.»
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 236; a
favor, 149; en contra, 86; abstenciones, una.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Enmiendas números 24 y 25.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 235; a
favor, dos; en contra, 136; abstenciones, 97.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Enmienda número 22, del Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas
Vascos.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 236; a
favor, cinco; en contra, 230; abstenciones, una.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Enmiendas correspondientes al Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de
Convergència i Unió. Inicialmente, se votarán en tres bloques, a no ser
que el señor Aleu me diga otra cosa.
En primer lugar, enmiendas números 34, 37 y 38. (El señor Aleu i Jornet
pide la palabra.)
Tiene la palabra el señor Aleu.
El señor ALEU I JORNET. No, pedimos votación separada de la número 38.
El señor PRESIDENTE: Votamos las enmiendas números 34 y 37.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 236; a
favor, 14; en contra, 134; abstenciones, 88.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Enmienda número 38.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 236; a
favor, 101; en contra, 135.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Enmienda número 40.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 235; a
favor, 100; en contra, 132; abstenciones, tres.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Enmienda número 41.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 236; a
favor, 102; en contra, 130; abstenciones, cuatro.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Enmiendas correspondientes al Grupo Parlamentario Socialista. En
principio, se votarán en tres bloques. El primer
bloque son las enmiendas números 5, 6, 9, 10, 11, 12 y 14.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 235; a
favor, 100; en contra, 132; abstenciones, tres.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
El segundo bloque comprende las enmiendas números 15 y 16.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 236; a
favor, 101; en contra, 134; abstenciones, una.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Por último, enmiendas números 4, 8, 13 y 17.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 236; a
favor, 89; en contra, 134; abstenciones, 13.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas. (El señor Prada Presa pide la
palabra.)
Tiene la palabra el señor Prada.
El señor PRADA PRESA: Muchas gracias, señor Presidente.
Con el debido respeto, cuando ha dado lectura del resultado de la
votación de la enmienda transaccional número 32, ha dicho que quedaba
rechazada. El resultado de la votación, evidentemente, era que la
enmienda quedaba aprobada. Lo comunico a efectos de que quede constancia
en el «Diario de Sesiones» que dicha enmienda ha sido aprobada y no
rechazada.
El señor PRESIDENTE: Puede deberse a un error por mi parte, pero,
evidentemente, queda aprobada.
El señor PRADA PRESA: Muchas gracias, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Votamos ahora los artículos 1 a 7, Disposición
Adicional, Disposición Transitoria, Disposiciones Finales Primera a
Quinta y Exposición de Motivos según el dictamen. (El señor Aleu i Jornet
pide la palabra.)
Tiene la palabra el señor Aleu.
El señor ALEU I JORNET: Pedimos tres bloques de votaciones.
Por un lado, los artículos 1, 2, 3 y 4; por otro, el artículo 5, la
Disposición Adicional, las Disposiciones Finales, Primera, Tercera,
Cuarta y Quinta, y en otro bloque, el resto, incluida la Exposición de
Motivos.
El señor PRESIDENTE: Pasamos a votar los artículos 1, 2, 3 y 4.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 236; a
favor, 136; abstenciones, 100.
El señor PRESIDENTE: Quedan aprobados.
En segundo término, votamos el artículo 5, la Disposición Adicional y las
Disposiciones Finales Primera, Tercera, Cuarta y Quinta.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 236; a
favor, 221; en contra, uno; abstenciones, 14.
El señor PRESIDENTE: Quedan aprobados.
Votamos la Disposición Transitoria.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 234; a
favor, 132; en contra, 101; abstenciones, una.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.
Votamos el resto.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 235; a
favor, 134; en contra, 100; abstenciones, una.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobado.
Tal como dispone el artículo 90 de la Constitución, se dará traslado de
las enmiendas aprobadas por el Senado al Congreso de los Diputados para
que éste se pronuncie sobre las mismas en forma previa a la sanción del
texto definitivo por Su Majestad el Rey.
Se suspende la sesión hasta las dieciséis horas.
Eran las catorce horas y veinticinco minutos.
Se reanuda la sesión a las dieciséis horas y diez minutos.
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Señorías, se reanuda la sesión.
--DE LA COMISION DE OBRAS PUBLICAS, MEDIO AMBIENTE, TRANSPORTES Y
COMUNICACIONES EN RELACION CON EL PROYECTO DE LEY POR EL QUE SE APRUEBAN
Y DECLARAN DE INTERES GENERAL DETERMINADAS OBRAS HIDRAULICAS. (S.
621/000026.) (C. D. 121/000056.)
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Punto número cuatro del orden del
día: Debate y votación, en su caso, del dictamen de la Comisión de Obras
Públicas, Medio Ambiente, Transportes y Comunicaciones en relación con el
proyecto de ley por el que se aprueban y declaran de interés general
determinadas obras hidráulicas.
Para la presentación del dictamen, tiene la palabra el Presidente de la
Comisión, por un tiempo no superior a diez minutos.
El señor BEGUER I OLIVERES: Muchas gracias, señor Presidente.
Señora Ministra, señorías, de conformidad con lo dispuesto en el artículo
120 del Reglamento de la Cámara y con el acuerdo adoptado por la Comisión
de Obras Públicas, Medio Ambiente, Transportes y Comunicaciones en su
reunión del día 12 de junio, tengo el honor de presentar ante el Pleno el
dictamen relativo al proyecto de ley por el que se aprueban y declaran de
interés general determinadas obras hidráulicas.
El texto aprobado por el Congreso de los Diputados, correspondiente a
dicho proyecto de ley, tuvo entrada en el Senado el día 3 de junio. La
Presidencia de la Cámara, de conformidad con el artículo 104 del
Reglamento, ordenó su remisión a la Comisión que me honro en presidir.
Teniendo en cuenta que se había declarado urgente su tramitación, el
plazo para la presentación de enmiendas finalizó el sábado, 7 de junio. A
este proyecto se presentaron una propuesta de veto por parte de los
señores Nieto Cicuéndez y Román Clemente, del Grupo Parlamentario Mixto,
y 22 enmiendas, por parte de los Senadores antes citados, así como por
Senadores del Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos y del
Grupo Parlamentario Socialista y, a título individual, por los siguientes
miembros de este último Grupo: señor Caballero Muñoz, señor Novo Muñoz,
señora Pleguezuelos Aguilar, señor Díez González, señor Aleu i Jornet y
señor García Miralles.
La Comisión dictaminó el día 12 de junio y rechazó la propuesta de veto y
las enmiendas, por lo que acordó aceptar como dictamen el texto remitido
por el Congreso de los Diputados. Se han formulado nueve votos
particulares por parte de los autores de todas las enmiendas y de la
propuesta de veto, por lo que, tanto la totalidad de aquéllas como éste,
quedan vivos para el debate ante el Pleno de la Cámara.
Nada más y muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Muchas gracias, señor Presidente
de la Comisión.
La señora Ministra tiene la palabra para su presentación.
La señora MINISTRA DE MEDIO AMBIENTE (Tocino Biscarolasaga): Muchas
gracias, señor Presidente.
Señorías, agradezco la celeridad con la que ha trabajado la Comisión de
Infraestructuras y Medio Ambiente de esta Cámara para poder traer a este
Pleno de hoy este proyecto de ley por el que, como saben sus señorías, se
declaran y aprueban como obras de interés general determinadas obras
hidráulicas. El artículo 44 de la vigente Ley de Aguas prevé la
aprobación por ley de obras hidráulicas de interés general, y es en
cumplimiento de esta previsión como hoy se trae al Pleno del Senado esta
disposición, que, una vez que haya superado este trámite, volverá al
Congreso de los Diputados para que en el correspondiente Pleno sea
aprobada definitivamente como ley.
Saben sus señorías que hasta el presente la declaración de interés
general de las obras hidráulicas, a los efectos del artículo 44, venía
haciéndose mediante normas que no tenían como único contenido esta
declaración, muchas veces mediante reales decretos-leyes, y sin más
contenido que la estricta declaración de interés general y el nombre de
la obra. El proyecto que hoy nos ocupa, por el contrario, responde a un
criterio formal distinto, que implica una descripción de la obra que
pretende legalizar, a la vez que la declaración de interés general, así
como los motivos y la funcionalidad social de la obra que determinan la
conveniencia de considerar a ésta como de interés general.
No creo que se le oculte a nadie que la razón de este proyecto de ley
queda suficientemente aclarada en el párrafo final de la exposición de
motivos del proyecto de ley, que explica que se acude a este nuevo marco
formal para la declaración de interés general concretamente de una obra
hidráulica a causa de un pronunciamiento judicial muy concreto: la
sentencia de la Audiencia Nacional de septiembre de 1995, que, entre sus
pronunciamientos, y a los efectos que aquí interesan, pone en duda que se
satisfaga la exigencia del artículo 44 de la Ley de Aguas por el mero
hecho formal de que una norma con rango de ley declare una obra de
interés general, exigiendo que tal norma tenga un contenido, en ausencia
de planificación hidrológica, que recoja las coordenadas básicas del
proyecto, enmarcándolo e insertándolo en las determinaciones propias de
lo que sería la planificación hidrológica en caso de existir.
La no conformidad de la Administración General del Estado con esta
interpretación de la Audiencia Nacional queda patente en la medida en que
existe un recurso de casación pendiente contra la misma. Pero, al mismo
tiempo, entendíamos --el Gobierno entendía-- que no es bueno para nadie
que se mantengan dudas jurídicas sobre la vigencia de la declaración de
interés general hecha en su día por el Real Decreto-Ley 3/1992, de 22 de
mayo, que, por otra parte, he de aclarar a sus señorías que en ningún
momento ha sido juzgado como inconstitucional por la sentencia citada de
la Audiencia Nacional.
Esta es la razón por la que se ha realizado una nueva declaración por
medio de este proyecto de ley, ateniéndose a los requisitos que tales
declaraciones de interés general deben tener según la referida sentencia.
También se realizan, con los mismos criterios, las nuevas declaraciones
de interés general del resto de las obras que en el proyecto de ley se
contemplan. Estamos, en consecuencia, señor Presidente, señorías, ante un
proyecto de ley que declara determinadas obras hidráulicas de interés
general con unos criterios formales respecto al contenido de la norma que
se separan de la praxis tradicional y que en el caso de Itoiz,
concretamente, ratifica la declaración hecha en su día por el aludido
Real Decreto de 22 de mayo de 1992 para que
no existan dudas por parte de nadie de que tanto la ley como el
Parlamento, en cuanto legislador, mantienen el juicio sobre el carácter
del embalse de Itoiz como obra de interés general.
Por otra parte, con las obras que se declaran de interés general en el
Anexo 2 se pretende dar un serio impulso a los compromisos estatales, en
cumplimiento del Plan Nacional de Saneamiento y Depuración de las
Comunidades Autónomas, concretamente las referentes a las Comunidades de
Galicia y de Castilla y León, así como en el Anexo 3 se declara de
interés general el embalse de la Loteta y la conducción de este embalse
hasta el Canal de Aragón, incluyendo las obras de abastecimiento, a una
serie de poblaciones de la provincia de Teruel.
El conjunto de obras que este proyecto de ley declara de interés general
están previstas en los correspondientes instrumentos de planificación
hidrológica, según la fase de aprobación en la que cada uno de ellos se
encuentra, y en el Plan Nacional de Saneamiento y Depuración aprobado por
el Consejo de Ministros.
Por todo ello, entiendo, señor Presidente, señorías, que la declaración
de interés general que se contiene en este proyecto de ley supone un paso
imprescindible, a tenor del actual artículo 44 de la Ley de Aguas, para
que la Administración del Estado pueda seguir avanzando en el
cumplimiento de tales instrumentos planificadores.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Muchas gracias, señora Ministra.
(Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Popular.)
Pasamos al debate de la propuesta de veto que presentan, como voto
particular número nueve, los Senadores Nieto Cicuéndez y Román Clemente.
Tiene la palabra el Senador Román Clemente.
El señor ROMAN CLEMENTE: Muchas gracias, señor Presidente.
Intervengo para centrarme en los argumentos que justifican nuestra
propuesta de veto y con la misma brevedad que la señora Ministra ha
procedido a la presentación de la Ley.
Nuestra propuesta de veto está sustentada, tanto en el contenido como en
el método que se ha empleado en la tramitación de este Proyecto de Ley,
el cual, por otra parte, es tan importante por la cantidad de obras que
se declaran de interés general, así como también por el interés de la
política de regulación de aguas y depuración.
En nuestra propuesta de veto también hacemos una referencia al
incumplimiento por parte del Ministerio de Medio Ambiente del compromiso
de presentar el plan hidrológico nacional y el plan nacional de cuencas y
el de regadíos. Por otra parte, también recordará la señora Ministra que,
según palabras suyas, es imprescindible para mantener una estricta
coordinación de previsiones en todo lo relacionado con la política de
aguas y así poder tomar las medidas adecuadas para una eficaz política de
planificación de aguas a nivel nacional.
Por último, nuestra propuesta de veto se argumenta en que, señora
Ministra, el proyecto no esclarece en absoluto los criterios que han
podido determinar la decisión del Gobierno para declarar de interés
general las obras hidráulicas contenidas en el mismo. Nosotros entendemos
que puede percibirse un cierto componente de clientelismo político, que
nada tiene que ver con las necesidades de futuro en unas infraestructuras
como las del agua, determinantes para nuestro país.
Ya en el debate en Comisión tuvimos oportunidad de ver y asistir a una
exposición de algunos representantes --en un turno partido-- del Grupo
Parlamentario Popular, donde se resaltaban --nosotros también queremos
hacerlo-- la importancia de las obras que se contienen. Pero yo tuve
oportunidad de intervenir en aquel debate y de decir que también en otras
Comunidades Autónomas, en otras provincias, son necesarias y de interés
general algunas obras, pero echamos en falta que aquella satisfacción con
la que se intervenía en la Comisión llegara a otras Comunidades
Autónomas, en concreto y por citar alguna, a Andalucía, y en particular,
Almería, también necesitadas de obras de interés general.
No voy a reiterar más los argumentos de nuestra propuesta de veto.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Muchas gracias, Senador Román
Clemente.
¿Quiere intervenir ahora la señora Ministra o espera un turno en contra?
En todo caso, puede posicionarse. (Pausa.)
Muchas gracias, señoría.
¿Turno en contra? (Pausa.)
Tiene la palabra el Senador Gallego.
El señor GALLEGO LOPEZ: Señor Presidente, señora Ministra, señorías, como
representante del Grupo Parlamentario Socialista, tomo la palabra para
oponernos al veto que presenta el Grupo Parlamentario Mixto,
concretamente Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya.
Podríamos estar de acuerdo en que el procedimiento de vía de urgencia y
de lectura única de este proyecto de ley puede no ser el adecuado para el
conjunto de las obras que se presentan. Sin embargo, en cuanto al
contenido, habría que distinguir entre la urgencia y la necesidad de
aclarar el panorama legal de la obra de Itoiz y el Canal de Navarra para
que llegue a feliz término y, al mismo tiempo, hacerse una pregunta
general, que también se hacía el portavoz de Izquierda Unida-Iniciativa
per Catalunya, sobre el porqué estas obras acompañan a la presa de Itoiz
y al Canal de Navarra, por qué estas obras de depuración y de
saneamiento, por qué estas obras de embalse y conducción y por qué no
otras.
Por eso el veto tiene quizá más consistencia cuando se refiere a la
política hidráulica del Partido Popular, a la ausencia de política
hidráulica del Partido Popular, me gustaría a mí decir. Porque en
diversas intervenciones en esta Cámara, en algunas de las cuales he
tenido el honor de participar, he visto que el Partido Popular, que el
Grupo Popular desprecia, y a veces descalifica, la planificación
hidrográfica que desde la Ley de Aguas se venía haciendo en
España, planificación que debió verse culminada con el Plan Hidrológico
Nacional, y a la que desde el Grupo Popular se pusieron todos los
obstáculos posibles, el último de ellos, recordémoslo --y es que hay
miembros del Gobierno que quizá no tienen esto muy presente, por no decir
que lo desconocen--, consistió en que en esta Cámara fue aprobada una
moción --por cierto, no propuesta por el Grupo Parlamentario Popular como
dijo el Secretario de Estado de Aguas y Costas en la última Comisión de
Obras Públicas, sino por el Partido Aragonés Regionalista, ahora
coaligado con el Grupo Popular--, aunque tampoco se aprobó dicha moción
por unanimidad de toda la Cámara, como dijo el señor Blanco, sino con el
voto en contra del Grupo Socialista --eso hay que decirlo bien claro--
cuando se dijo que los planes de cuenca tenían que aprobarse antes que el
Plan Hidrológico Nacional.
El Grupo Parlamentario Socialista se opuso entonces porque estábamos
seguros de que iba a suceder lo que de hecho está ocurriendo, que el Plan
Hidrológico Nacional, el PHN, no iba ser una planificación hidrológica
nacional sino un puzzle hidrológico nacional, un puzzle en el que no iban
a encajar las piezas, como está ocurriendo cuando se están aprobando los
planes de cuenca y cuando se está viendo que no casan, que no salen las
cuentas ni en lo referente a regadíos ni en el agua necesaria para unos
territorios o para otros.
Por tanto, todo esto para nosotros pone de manifiesto que el Partido
Popular no tiene una visión de conjunto de los problemas hidráulicos del
país, sino que se mueve por compromisos, no por criterios de
planificación. Así, se han firmado compromisos con Valencia aunque los
mismos solivianten a zonas de Castilla-La Mancha, o se aplaude un Plan de
cuenca del Tajo que perjudica a Murcia, o se defiende que la suma de los
planes de cuenca es el Plan Hidrológico Nacional.
Por tanto, hay motivo para plantear un veto a la política hidráulica del
Partido Popular, a toda la política hidráulica, pero plantear un veto
parcial resultaría estéril porque perjudicaría aún más a los territorios
afectados por esa lotería que les ha tocado al decidir interesadamente el
Gobierno del Partido Popular que se hagan tales obras y no otras, que sea
en estas Comunidades Autónomas y no en estas otras donde hay que realizar
obras de interés general.
Quizá hay una urgencia por colar algo --perdón por la expresión-- dentro
de este paquete, por si con el nuevo procedimiento de declarar de interés
general determinadas obras hidráulicas, y con la intención de ceder
proyectos de obras hidráulicas a concesiones privadas, no fuera posible
la financiación de la Unión Europea, y es que parece que no es posible la
financiación a través de los Presupuestos Generales del Estado, además de
que no sabemos de qué modo van a repercutir los costos de la obra privada
en el futuro sobre los usuarios.
Por eso creemos que sería bueno un veto a la totalidad de la política
hidráulica del PP, pero no creemos que el veto sea la manera de despertar
del sueño dogmático al Partido Popular, que cree que gobernar es dar
premios a los territorios amigos y ceder a las presiones, pero gobernar
es equilibrar y vertebrar territorios, y el agua es un elemento
equilibrador, vertebrador.
Por eso nos opondremos al veto y presentaremos enmiendas de adición que
completen las obras hidráulicas en todo el territorio español, de una
manera simbólica, si se quiere, pero de tal modo que se tenga en cuenta
la visión de conjunto que creemos debe tener una planificación
hidráulica. Y, sobre todo, vamos a presentar enmiendas que comprometen la
financiación de esas obras con cargo a los Presupuestos Generales del
Estado.
Nosotros ya hemos hablado de planificación hidrológica repetidas veces
desde esta tribuna con ocasión de la moción que el Grupo Parlamentario
Socialista presentó como consecuencia de una interpelación de este mismo
Senador en la que proponía que se elaborara un catálogo de obras de
interés general. El portavoz del Grupo Parlamentario Popular tachó esta
moción textualmente de un intento de crear un clima de frustración y
desasosiego. Pero esta relación de obras sí que crea frustración y
desasosiego en las Comunidades Autónomas beneficiadas porque hay otras
obras pendientes demandadas por esas mismas Comunidades Autónomas, como
las hay en las Comunidades Autónomas a las que no les ha tocado la
lotería porque no han sido atendidas sus demandas.
A modo de ejemplo, ¿por qué no están contempladas aquí las obras de
saneamiento de Santiago de Compostela, ya que hay tantas obras de
Galicia? ¿O las obras de saneamiento de Vigo, la depuradora de Lagares?
¿Por qué no se contempla en Murcia el decrecimiento de la presa de
Camarillas? ¿Por qué en Aragón se contempla sólo Loteta y no el
recrecimiento del pantano de Yesa? Etcétera.
Frustración y desasosiego que se ven aumentados por el conocimiento que
se tiene de la modificación del artículo 44 de la Ley de Aguas, que en
una nueva redacción cambia el procedimiento de declaración de interés
general, prácticamente convierte las obras de interés general en obras de
interés local o particular y denota, una vez más, la falta de voluntad de
planificación general del Partido Popular, la falta de una planificación
de conjunto.
La nueva redacción que hemos conocido de este artículo 44 deja una gran
puerta abierta a la insolidaridad y a la aleatoriedad del Consejo de
Ministros hurtando al Parlamento el debate de las obras de interés
general, y surge otra pregunta que es, a la vez, una sospecha: ¿Por qué
se apresuran a traer estas obras al amparo del artículo 44 de la Ley de
Aguas sabiendo que pueden ser las últimas que se hagan por ese
procedimiento? Las respuestas pueden ir, entre otros, por este camino: Si
ahora no señalan la financiación de estas obras declaradas de interés
general, tampoco van a señalar cómo se van a financiar las que restan
tanto en depuración, como en embalses, como en canales.
Conocemos la intención del Secretario de Aguas de ofrecer a la iniciativa
privada la construcción de obras hidráulicas, pero nos cabe la siguiente
duda: ¿Podrán ser financiadas con fondos europeos? Es dudoso. Solamente
ha habido obras de iniciativa privada financiadas por fondos europeos en
toda Europa, que yo sepa, en el aeropuerto de Atenas y en algún puente en
la misma Grecia. Y también hay otra duda, que es sospecha: ¿Por qué
Galicia no quiso firmar en su momento los convenios del Plan Nacional de
Depuración y lo hace ahora? Aunque en aquellos momentos
algún responsable político gallego dijo: Con el Partido Popular
conseguiremos mejor trato.
En definitiva, es importante que la presa de Itoiz salga adelante, que se
eliminen todos los obstáculos legales. Asimismo, son importantes --por
qué no-- las obras hidráulicas que trae el Gobierno del Partido Popular
para que sean declaradas de interés general, pero querríamos que fueran
más, que supiéramos, con un paquete que en el tiempo se fuera presentando
con grados distintos de prioridad, qué obras son las que en todo el
territorio nacional han de ser declaradas de interés general, unas en un
momento, otras en otro y otras en otro, y qué tipo de financiación puede
ser comprometido para que se lleven a cabo, porque, de lo contrario, en
estas obras la declaración de interés general será sólo una declaración
de buenas intenciones, pero siempre se va a tener la sospecha de que, al
no ponerse claramente de dónde viene la financiación, queden en eso, en
una declaración de buenas intenciones. (El señor Presidente ocupa la
Presidencia.)
Para terminar, no me puedo resistir a congratularme de algunas cosas que
el Gobierno reconoce en la exposición de motivos de este Proyecto de Ley,
cuando dice textualmente --reconociendo una buena herencia recibida-- que
el Plan Nacional de Regadíos es un documento oficial del Ministerio de
Agricultura.
Hace pocos meses la Ministra de Agricultura decía que el Plan Nacional de
Regadíos era sólo un avance, que, por motivos que únicamente se podían
interpretar como electorales, era un simple documento de trabajo, una
voluntad coyuntural que se entendía en función del momento en que se
produjo esa acción, pero nada más. Hoy es un documento oficial que sirve
para justificar la declaración de interés general de estas obras
hidráulicas. Rectificar es de sabios, me congratulo de esa rectificación
y vuelvo al principio diciendo que apoyaríamos un veto a toda la política
hidráulica del Partido Popular, pero no podemos castigar a unos
territorios sin unas obras hidráulicas que necesitan, como tantas otras
en el conjunto del Estado español.
Muchas gracias, señor Presidente. (Aplausos en los escaños del Grupo
Parlamentario Socialista.)
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.
Tiene la palabra la señora Ministra.
La señora MINISTRA DE MEDIO AMBIENTE (Tocino Biscarolasaga): Gracias,
señor Presidente.
Voy a responder de forma breve a los dos oradores.
En primer lugar, al representante de Izquierda Unida. Yo estoy segura de
que su señoría quiere ser muy riguroso en su trabajo parlamentario, pero
quizá tenga alguna falta de información. En ningún momento se ha dicho en
esta Cámara, ni por la Ministra ni por ninguno de los representantes del
Ministerio de Medio Ambiente, que el Plan Hidrológico Nacional se fuera a
poner en marcha en el año 1997, que aún no ha terminado. En el debate de
investidura se dijo, desde un primer momento, que era un compromiso del
Presidente de Gobierno sacarlo adelante en la VI Legislatura, y la
Ministra asumió ese reto. Dije desde un primer momento que habría un plan
hidrológico nacional en la primera mitad de esta legislatura. Después he
dicho, en sucesivas ocasiones, que tendremos un plan hidrológico nacional
en el año 1998. Eso sí, no como se pretendió hacer desde arriba,
imponiéndolo, sino como consecuencia de todo un debate escalonado de
medidas que se están tomando en consideración. Por esa razón nadie ha
incumplido la realidad de un plan hidrológico nacional al día de hoy.
Este Gobierno está cumpliendo sus compromisos y, por lo tanto, habrá un
plan hidrológico nacional el año próximo.
En cuanto a los planes de cuenca y al plan nacional de regadíos, he de
decirle que la competencia de este último no es de la Ministra que les
está hablando, sino de la señora Ministra de Agricultura, Pesca y
Alimentación, y, por lo tanto, ella será quien decida y quien diga cuándo
y de qué forma existe ese plan nacional de regadíos que a mí no me
corresponde.
En cuanto a lo que se dice sobre que no se ha hecho nada respecto a los
planes de cuenca, les recuerdo que el Gobierno socialista dejó tres
planes de cuenca, esenciales para una planificación hidrológica nacional,
sobre los que no se puso de acuerdo, y fueron el plan de cuenca del Tajo,
el del Segura y el del Júcar. Este Gobierno, antes de que se cumpliese un
año, ya había conseguido ese acuerdo. Y no quien les habla, sino por el
representante de una de las cinco Comunidades Autónomas, el de
Castilla-La Mancha, no perteneciente al mismo partido que yo, lo calificó
de acuerdo histórico por los compromisos que allí se habían asumido y los
beneficios que se obtenían al tener definida ya con todo rigor cuáles
iban a ser las disponibilidades de agua del plan del Tajo para las cinco
Comunidades Autónomas. Por lo tanto, estamos cumpliendo realmente.
En cuanto a que no se dan razones y que puede haber clientelismo
político, quiero decir a su señoría que no todas las obras de interés
general se declaran en esta ley. Algunas se hicieron ya con anterioridad,
otras las hemos heredado de la Administración anterior, y otras se
seguirán haciendo paulatinamente. Y cuanto se modifique el artículo 44 la
Ley de Aguas ni siquiera tendremos que acudir a estas interpretaciones
porque tendremos ya el principio general de lo que es obra hidráulica.
Deseo comunicar al representante del Grupo Parlamentario Socialista,
señor Gallego, que si su señoría quiere hacer un debate de política
hidráulica, porque le encanta, y vetarnos, puede hacer todo lo que usted
quiera, pero no es el debate que hoy nos trae a esta Cámara. Hoy estamos
hablando de la cuestión de Itoiz por la que veo que su señoría siente una
gran sensibilidad, como no podía ser de otra forma, porque fue una de las
asignaturas pendientes que nos dejaron ustedes: la necesidad de poner en
marcha esta ley específica que no se atrevió a poner en marcha el señor
Borrell y que, sin embargo, era necesaria, y la traemos a esta Cámara.
Por eso su señoría no se atreve a plantear ese veto.
En cuanto a que estamos haciendo una especie de política hidráulica que
va en contra de las necesidades hidrológicas de este país, quiero decirle
que en su intervención no ha habido más que contradicciones, señor
Gallego. Porque vamos a ver: si hace falta tal aluvión de obras de
interés
general, ¿qué hicieron ustedes durante catorce años? ¿Por qué preocupa a
su señoría en este momento que no hayamos sacado todas de golpe y en un
catálogo? Insisto, ¿qué hicieron ustedes durante catorce años? ¿Dónde
estuvo la transparencia de la obra pública de interés general? ¿Es que no
son conscientes ustedes de que podemos estar abocados, por mucho que haya
llovido este año, a una nueva fase de sequía en la que no podemos
consentir, como ustedes consintieron, que casi 10 millones de españoles
pasen sed, y que muchos regantes, de esos que ustedes intentan ahora
sublevar contra la política hidráulica de este Gobierno, no puedan negar,
aunque entonces tenían las condiciones en regla? Señorías, seamos
coherentes.
Y también por coherencia tengo que decirle que quizá esta semana les vaya
a servir a ustedes para hablar de solidaridad, y no me refiero con
relación a otras personas que no militan en su Partido. Quizá ustedes
puedan aclarar también la solidaridad en su Partido durante este
Congreso, en la medida en que lo que usted está criticando hoy del plan
del Tajo para Murcia o lo que piden del Júcar, da la casualidad de que
los socialistas de Castilla-La Mancha están justamente contra ustedes.
Por tanto, señor Gallego, le rogaría coherencia cuando se hable de la
política hidráulica, realmente una de las asignaturas pendientes y más
acuciantes que ustedes han dejado como herencia a este Gobierno, y
política en la que estamos trabajando con una transparencia y una
eficacia desde hace menos de un año que ustedes no fueron capaces de
poner en marcha.
Y en cuanto a esas obras que califica usted de oscurentista, o de las que
no se conoce su financiación, quiero decirle que el sistema concesional
no lo va a inventar este Gobierno. Ya lo utilizaron ustedes, lo utilizó
el señor Borrell también, como tendremos ocasión de manifestar, sólo que
entonces nadie le pidió cuentas y no tuvo ni que decir qué era lo que
hacía con el sistema concesional. Sin embargo, es necesario también
acudir a él porque hay muchas obras que no se pueden poner en marcha si
no es a través de dicho sistema. Pero tendrán ustedes toda la
transparencia que necesiten, porque ésa es la actitud de este Gobierno.
Por último, le diré que ya está concedido el que los fondos de la Unión
Europea pueden amparar este sistema concesional, porque si algo ha hecho
este Gobierno --y por eso está hoy, precisamente, en Holanda, con la
situación tan positiva que tiene para España en el Tratado de la Unión
Europea-- es que por primera vez España haya cumplido esos deberes que
tenían que haber llevado a cabo ustedes y que no cumplieron, lo que nos
fue alejando cada vez más de Europa.
Muchas gracias, señor Presidente. (Aplausos desde los escaños del Grupo
Parlamentario Popular.--Protestas desde los escaños del Grupo
Parlamentario Socialista.)
El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Ministra.
Se abre turno de portavoces, pero antes les comunico, señorías, que las
reuniones de la Comisión de Interior y Función Pública y de la Mesa y
Portavoces de la Comisión de Obras Públicas, Medio Ambiente, Transportes
y Comunicaciones, que estaban previstas para las cinco de la tarde, darán
comienzo inmediatamente después de que termine este Pleno.
Por el Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra la Senadora De Boneta
y Piedra.
La señora DE BONETA Y PIEDRA: Muchas gracias, señor Presidente.
Eusko Alkartasuna, aunque sea muy brevemente, quiere posicionarse sobre
este tema porque ha sido una cuestión de mucho interés y preocupación en
lo que se refiere especialmente a las obras relacionadas con el pantano
de Itoiz y el canal de Navarra.
Cuando, entre las resoluciones que se adoptaron como consecuencia del
debate del Estado de las Autonomías, se planteaba una propuesta de
resolución en la que se trataba únicamente de las obras del pantano de
Itoiz y no se vinculaba la cuestión referida al canal de Navarra a dichas
obras, no tuvimos que abstener y así explicamos nuestra posición: para
Eusko Alkartasuna ambas cuestiones están ligadas íntimamente.
En todo caso y en relación al momento actual, habría que decir que de
alguna manera estas obras se han iniciado, tanto desde el punto de vista
jurídico como político, de una forma un tanto anómala, por no decir otra
cosa. Cuando los encabezamientos sobre la noticia en muchos de los medios
de comunicación decían algo así como que «el Congreso de los Diputados
dota de cobertura legal a las obras del pantano de Itoiz», lógicamente,
se estaba planteando que hasta ese momento esas obras carecían de dicha
cobertura.
Se han hecho las cosas de forma un tanto irregular. Ahora viene junto con
otras obras, fundamentalmente de saneamiento y depuración, la aprobación
de las obras de interés general del embalse de Itoiz y el canal de
Navarra. Eusko Alkartasuna considera que debería de haberse esperado a la
sentencia del Tribunal Supremo, que poco tiempo debe faltar para ello, y
también considera que la prueba más evidente sobre las anomalías o la
falta de formalidades, tanto jurídicas como de otro tipo, que se han
manifestado en el desarrollo de este proyecto vienen avaladas
precisamente por esta declaración de interés general, por este
planteamiento por vía de urgencia y por la forma en que esta importante
cuestión se ha traído a debate a las Cortes Generales.
No obstante, Eusko Alkartasuna, aun preocupándole mucho la cobertura no
ya legal, sino presupuestaria del canal de Navarra, cuestión para
nosotros absolutamente inseparable de la del pantano de Itoiz, sigue
preocupada --como digo-- por el buen fin de estas obras. En todo caso,
hubiera preferido esperar ya al pronunciamiento del Tribunal Supremo.
Pese a ello, no va a votar en contra de este Proyecto, sino que se va a
abstener. Asimismo, va a votar a favor --aprovecho para decirlo-- de la
enmienda presentada por el Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas
Vascos que propone añadir otras obras hidráulicas de gran interés
relacionadas con la comarca del río Nervión-Ibaizabal y que tratan de
prevenir las inundaciones que se producen
como consecuencia del desbordamiento del río Zadorra.
Nada más y muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, Senadora De Boneta.
¿Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos? (Pausa.) Por el
Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió, tiene la
palabra el Senador Beguer.
El señor BEGUER I OLIVERES: Muchas gracias, señor Presidente.
Señora Ministra, señorías, nuestro Grupo entiende que el Proyecto de Ley
por el que se aprueban y declaran de interés general determinadas obras
hidráulicas es oportuno y necesario. Entendemos que los tres bloques que
figuran como anexos y como obras a realizar por el Proyecto de Ley, el
embalse de Itoiz y el canal de Navarra, diversas obras de saneamiento y
depuración en distintas Comunidades Autónomas, en Galicia, Castilla y
León y Madrid, el embalse de Loteta y la conducción desde Loteta hasta el
Canal Imperial de Aragón y el depósito de Venta Alta para el gran Bilbao,
son un conjunto de obras necesarias, de interés general y, evidentemente,
urgentes.
Probablemente, podrían agregarse otras obras. Hay otras necesidades
seguramente también urgentes. Pero el caso que se nos plantea, el caso
que llega al Pleno, está justificado. No nos parecen suficientes las
razones formuladas por el Senador Román para presentar una propuesta de
veto. Por lo tanto, nuestro Grupo votará a favor del Proyecto de Ley y,
en consecuencia, en contra de la propuesta de veto de los Senadores Nieto
y Román.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, Senador Beguer.
Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el Senador
Gallego.
El señor GALLEGO LOPEZ: Muchas gracias, señor Presidente.
Voy a intervenir también con toda brevedad porque ya está dicho casi todo
respecto del veto. Es importante que nos centremos en lo que es este
turno, y que nos situemos en la verdadera dimensión de este Proyecto de
Ley porque si no nos centramos, no se puede entender ni su contenido ni
sus intenciones. De una primera lectura puede parecer extraño que se
traiga a esta Cámara un Proyecto de Ley para declarar de interés general
un conjunto de obras hidráulicas sin exponer a fondo los criterios por
los cuales esas obras se van a realizar o no. He hablado antes de esto y
no voy a reiterarlo.
Aprovecho para decir que lo expuesto por la señora Ministra puede
momentáneamente tranquilizarnos, aunque hasta que no lo veamos plasmado
en documentos oficiales no nos tranquilizará del todo. Hablo del modo de
financiación de estas obras hidráulicas. Hace meses e, incluso, hace muy
pocos días se dijo que había una propuesta de 97.000 millones de pesetas
para ofertar la construcción de desaladoras y canalizaciones de regadío,
que después no se han concretado, a la iniciativa privada. Hace unos días
también se ha conocido la intención del Ministerio de Medio Ambiente de
ofertar obras por un importe en torno a 52.000 millones de pesetas en
depuradoras y saneamientos. Lo que sí sabemos es que hay fondos europeos
para realizar estas obras hidráulicas que se mencionan en el Proyecto de
Ley y para más obras hidráulicas, que, por cierto, consiguió un pedigüeño
Presidente del Gobierno de entonces de la Unión Europea.
Quiero decirle, para terminar, que los socialistas de las distintas
Comunidades Autónomas no estamos enfrentados por el tema del agua. Lo que
enfrenta a las distintas Comunidades Autónomas en relación con el agua es
la realidad y la legalidad, la realidad de donde no hay y de donde hay y
la legalidad de donde hay leyes anteriores a los planes de cuenca y la
ausencia del Plan Hidrológico Nacional.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, Senador Gallego.
¿Por el Grupo Popular? (Pausa.)
Por tanto, terminado el debate, vamos a proceder a la votación del veto
interpuesto a este proyecto de ley.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 209; a
favor, dos; en contra, 206; abstenciones, una.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazado.
Pasamos al debate de las enmiendas.
En primer lugar, voto particular número 9, de los señores Nieto Cicuéndez
y Román Clemente, correspondiente a las enmiendas números 1 a 3, ambas
inclusive.
Tiene la palabra el Senador Román Clemente.
El señor ROMAN CLEMENTE: Muchas gracias, señor Presidente. (El señor
Vicepresidente, Rigol i Roig, ocupa la Presidencia.)
Paso con brevedad a hacer la defensa de las dos enmiendas que tenemos
presentadas al Proyecto de Ley, después de este atípico turno a favor y
en contra del veto al que hemos asistido, donde se ha dicho de todo menos
lo que se tendría que haber dicho a favor y en contra del mismo y donde
uno se ha perdido. Intentaré que no se pierdan más sus señorías entre
tanto ir y venir. (Rumores.)
Hemos presentado una enmienda a la exposición de motivos, coherente con
la defensa del veto que hemos mantenido, y una segunda, señorías, que con
brevedad voy a tratar de situar. En ella hemos pretendido añadir nuevos
elementos al interés general porque insisto en que, independientemente de
la propuesta de veto, no entendemos que no se consideren de interés
general más que las obras que estén incluidas y queremos que el catálogo
se amplíe más. (Rumores.)
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Senador Román, espérese un
segundo, por favor, porque todavía hay algunos Senadores que no se han
enterado de que estamos pidiendo silencio.
Muchas gracias, señoría. Puede usted continuar.
El señor ROMAN CLEMENTE: Muchas gracias, señor Presidente, porque,
además, esto introduce cierta calma y cierta tranquilidad.
Yo comprendo que sus señorías quieren que seamos breves. Yo lo estoy
intentando pero, si contribuyen sus señorías, lo seremos más todavía.
Insisto en que la segunda enmienda trata que al interés general de las
obras que se contemplan en el anexo del Proyecto de Ley se incluyan otras
en diversas Comunidades. Por eso vamos a apoyar enmiendas de otros Grupos
donde se recoge la necesidad de obras urgentes en Andalucía y, en
concreto, en la provincia de Almería. Lo que pretendíamos, señorías, es
que este interés general no se quede reducido o limitado a una parte del
Estado y que pueda llegar al conjunto del mismo.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Muchas gracias, Senador Román.
Para defender el voto particular número 1, correspondiente a las
enmiendas números 12 y 22, tiene la palabra el Senador García Miralles.
El señor GARCIA MIRALLES (Desde el banco azul.): Muchas gracias, señor
Presidente.
Retiro las dos enmiendas.
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Muchas gracias, señoría, y desde
ese escaño no podía pensarse otra cosa.
El Senador Aleu i Jornet tiene la palabra.
El señor ALEU I JORNET: Muchas gracias, señor Presidente.
El Canal Xerta-Riu Sènia fue inicialmente concebido y declarado de
interés general para conducir agua desde el río Ebro hasta Castellón; con
posterioridad fue construido hasta el límite de la provincia de Tarragona
y allí existe un canal para conducción de agua que no se utiliza bajo
ningún concepto.
Hay una petición importante de la zona que ve que existe un canal y no
puede regar, y que desearía poder hacer uso de este canal mediante la
instalación de balsas laterales para su utilización como riego de apoyo
para los olivos, que son el principal cultivo de la zona. Esta propuesta
ha sido aprobada en muchísimos ayuntamientos de las comarcas del Baix
Ebre y del Montsià siempre por unanimidad, sin ninguna exclusión, y la
mayoría de las fuerzas que estamos aquí representadas están también
representadas en estos ayuntamientos. Por eso entendemos que sería una
buena cosa para aquella zona que se pudiese añadir la declaración de
interés general y la dotación de esta obra para su inmediata
construcción.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Muchas gracias, Senador Aleu i
Jornet.
El Senador Díez González tiene la palabra.
El señor DIEZ GONZALEZ: Muchas gracias, señor Presidente.
Señorías, las dos enmiendas que mantengo, con el apoyo del Grupo
Parlamentario Socialista, se refieren a la adición de un nuevo párrafo al
punto 3 del artículo único, con el texto siguiente: «Regulación en la
Cabecera del río Oja, en la Comunidad Autónoma de La Rioja.»
Estas enmiendas pretenden la regulación de dicha Cabecera en la Comunidad
Autónoma, con una serie de pequeñas presas que regularán la Cabecera del
río Oja --afluente del río Ebro--, de dicha Comunidad Autónoma, con el
fin de asegurar el caudal suficiente para suministrar agua de boca a la
comarca de La Rioja Alta, con unos 50.000 habitantes, asegurar el
desarrollo económico de la misma y garantizar el caudal ecológico del
río, además de regenerar el acuífero de Santo Domingo de la Calzada.
Con estas dos enmiendas pretendemos, en definitiva, ser coherentes con la
respuesta y el acuerdo de la Comisión de Medio Ambiente, en el Congreso
de los Diputados, así como con el acuerdo unánime del Parlamento de La
Rioja y aquí hay algún representante que votó precisamente en la
dirección propuesta en estas enmiendas.
Quiero decir también lo mismo que han dicho otros compañeros que en el
entorno en el que se están aprobando obras de interés general, en
Castilla y León, en el País Vasco, en Navarra, en Aragón, esta Comunidad
Autónoma es la ínsula que confirma precisamente la diferencia con el
resto de las Comunidades Autónomas. Además, es precisamente en una
Comunidad Autónoma donde gobierna el Partido Popular donde hay un acuerdo
unánime del Parlamento de La Rioja, de todos los grupos parlamentarios y
de la sociedad en general de que esta obra sea de interés general y sea
aprobada.
Esta es una ocasión también para que el grupo territorial del Partido
Popular en el Senado se pueda pronunciar favorablemente, ya que ellos
tienen influencia, poder y mando en el grupo parlamentario y que, en
definitiva, puedan aprobar una obra de interés, no solamente para La
Rioja, sino para una comarca muy especial. La regulación de dicha obra,
además, está prevista en los instrumentos de planificación hidrológica y
en la perspectiva de lo previsto en el artículo 44 de la Ley de Aguas, el
cual posiblemente sea la última vez que utilicemos en estas Cámaras.
Por tanto, pido sin más el apoyo de los grupos parlamentarios a una obra
de interés general; no solamente para el interés del Estado, sino también
de La Rioja.
Nada más y muchas gracias, señor Presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Muchas gracias, Senador Díez
González.
Tiene la palabra la Senadora Pleguezuelos Aguilar, del Grupo
Parlamentario Socialista, que presenta el voto particular número cuatro.
La señora PLEGUEZUELOS AGUILAR: Muchas gracias, señor Presidente.
El déficit hídrico de toda la provincia de Almería, pero también de la
ciudad, es, sin duda, conocido por todas sus señorías.
Ya que el Gobierno ha enganchado en la máquina de la presa de Itoiz y del
Canal de Navarra otros vagones, todos del mismo color político, no sería
malo que enganchara éste --que también lo es-- porque la ciudad de
Almería está también gobernada por el Partido Popular.
Señoría, estas obras que presentamos en las enmiendas números 8, 9, 18 y
19, constituyen, sin duda, una prioridad y una necesidad sentida por
todos los almerienses y por todo el conjunto de la provincia de Almería.
Saben ustedes que el aprovechamiento de los recursos hídricos de Almería,
yo diría que es ejemplar, pero el agua es un bien muy escaso y, sobre
todo, en este tierra. La regulación y el transporte desde donde hay y
sobra, su almacenamiento y, desde luego, su conducción allí donde hace
falta, es un principio de solidaridad que, en el caso de Almería, los
socialistas consideramos como prioritario.
Nuestras enmiendas pretenden declarar de interés general dos obras
importantes: una, el trasvase del embalse del Negratín al Almanzora y
otra, la conducción de agua desde Cuevas de Almanzora a la ciudad de
Almería. Estas enmiendas no piden otra cosa que autorizar un trasvase y
construir una conducción que hagan posible la aportación de, como máximo,
50 hectómetros cúbicos, para poder atender las necesidades de la ciudad
de Almería, sin duda siempre con las limitaciones que se establezcan en
el estudio de impacto ambiental y, desde luego, que permitan salvaguardar
el caudal ecológico y los usos actuales de la cuenca cedente. Pero estos
proyectos ya están en fase de elaboración en la Confederación
Hidrográfica del Sur. Por tanto, entendemos que estos argumentos, más el
básico, el prioritario, que es el déficit hídrico de Almería, deben de
llevar a todas sus señorías, especialmente al Grupo Parlamentario Popular
que apoya al Gobierno, a que estas enmiendas tengan al final el apoyo de
su Grupo. Porque éste es el momento oportuno para declarar de interés
general estas obras prioritarias. No sabemos si luego serán obras
prioritarias y nos tememos que puedan financiarse a través de la
iniciativa privada. No olviden, señorías, que el agua en Almería, por su
escasez, podría ser un negocio para muchos y, desde luego, un gravísimo
problema para otros. Por tanto, tenemos la oportunidad de declarar de
interés general estas obras hidráulicas y, para ello, pido el apoyo de
los grupos parlamentarios.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Muchas gracias, Senadora
Pleguezuelos Aguilar.
Para defender el voto particular número 5, tiene la palabra el Senador
Novo Muñoz.
El señor NOVO MUÑOZ: Muchas gracias, señor Presidente.
Las enmiendas números 7 y 17 contemplan el abastecimiento de Albacete y
su zona desde el Embalse del Picazo. Hay discursos abundantes sobre el
bien escaso que representa el agua y las prioridades que sobre ella hay
que tener en sus usos y actuaciones, pero me parece que nadie puede dudar
de que el primer uso es el del abastecimiento, el agua para beber.
Albacete viene padeciendo una muy grave situación: el deterioro
progresivo, la degradación de la calidad del agua es evidente. Incluso,
algún estudio técnico realizado y publicado recientemente sitúa a
Albacete en el último lugar del «ranking» de la calidad del agua. El
abastecimiento actual se hace a través de cinco pozos, en los cuales se
hacen los oportunos y preceptivos análisis de calidad de aguas para el
consumo público. Las calificaciones que estos boletines vienen arrojando
últimamente son muy escuetas: agua no potable. Agua no potable en la que
su ya ínfima calidad, incluso puede llegar a cotas, yo diría que
alarmantes, pues se puede degradar todavía más porque al no tener estos
pozos áreas de seguridad, las filtraciones de los tratamientos químicos
de los cultivos la pueden empeorar. Señorías, a mí me parece que la
petición de urgencia y de interés público sobre el abastecimiento de
Albacete parecería, incluso, ociosa.
Por otro lado, hay estudios técnicos, ya realizados, que contemplan
alternativas para poder tomar el agua del Embalse del Picazo. También es
conocido por la señora Ministra --lamento que no está para que lo
confirme-- ya que en una reciente visita a Albacete, a mediados de abril,
fue informada de la situación por la que está atravesando el
abastecimiento de Albacete. Pero, como en los bancos del Grupo
mayoritario se sienta la primera autoridad municipal de Albacete, el
Senador Garrido, no creo que quiera poner en entredicho mi intervención,
por lo que pido el voto favorable a estas enmiendas.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Muchas gracias, Senador Novo
Muñoz.
El voto particular número 6 lo defiende el Senador Caballero Muñoz, que
tiene la palabra.
El señor CABALLERO MUÑOZ: Muchas gracias, señor Presidente.
Paso a defender muy brevemente las enmiendas números 5, 6, 15 y 16, pero
tampoco me gustaría dejar pasar por alto algunos datos que son los que
nos han llevado a presentar estas enmiendas.
En principio, quiero hacer una alusión a cuál es la realidad del
saneamiento y depuración de aguas en la Comunidad Autónoma de
Extremadura. Quisiera hacer referencia a ocho puntos sin los cuales esta
realidad no se podría comprender. El Plan de Saneamiento y Depuración de
Aguas Residuales, que se aprobó por acuerdo del Consejo de Ministros del
día 17 de febrero de 1995, expresaba lo siguiente: En primer lugar decía
que Extremadura tenía en términos de habitantes equivalentes un 64,76 por
ciento de la población sin depuración conforme.
En segundo lugar, se cifraban en dicho Plan las inversiones necesarias en
el período 1995-2005 en 69.466 millones de pesetas para cumplir lo
estipulado en la Directiva 91/271 de la Comunidad Económica Europea.
En tercer lugar, la Secretaría de Estado de Medio Ambiente se comprometió
a financiar el Plan con las siguientes cantidades: 8.064 millones para el
quinquenio 1995-2000 y 8.065 millones para el período 2000-2005.
En cuarto lugar, se expresaba que la Secretaría de Estado de Medio
Ambiente debería financiar el 25 por ciento de la inversión total.
En quinto lugar, se decía expresamente que deberían priorizarse las
inversiones en Comunidades Autónomas distintas de la de Asturias,
estableciendo como primer criterio de prioridad el saneamiento de ríos
transfronterizos.
En sexto lugar, se establecía el desarrollo por convenios y la obligación
de las Comunidades Autónomas de aprobar un plan de saneamiento en el
plazo de dos años desde la firma de cada convenio. El 18 de abril de 1996
se firmó el convenio entre el MOPTMA y la Junta de Extremadura,
señalándose como aspectos más importantes que el coste total del plan es
de 69.468 millones de pesetas, comprometiéndose el Ministerio a aportar
el 25 por ciento.
Por último, he de decir que en la documentación repartida por la
excelentísima señora Ministra de Medio Ambiente en la reunión de la
Comisión Sectorial celebrada en diciembre de 1996 figuran unas
necesidades de financiación de 78.316 millones de pesetas.
Con estos antecedentes, en la actualidad el Gobierno de la nación no ha
invertido una sola peseta en esta materia en Extremadura, pero aun así la
mejora ha sido sustancial, y un dato puede valer de ejemplo: el grado de
población conforme actualmente es del 45,85 por ciento del total, en
términos de habitantes equivalentes, lo que supone nada menos que un
aumento, en relación con 1995, de más de un 10 por ciento. Ahora bien,
esa mejora hay que apuntarla exclusivamente en el haber de la Junta de
Extremadura y de las diputaciones provinciales. En este sentido no quiero
dejar escapar la oportunidad que tengo para defender públicamente la
labor de la Junta de Extremadura en esta materia. Además, se da la grave
paradoja de que la falta de pronunciamiento del Gobierno del señor Aznar
hace que la Junta de Extremadura tenga que abordar en solitario problemas
de los núcleos de población con mayor contaminación, donde, lógicamente,
está más justificada la intervención del Estado con arreglo al criterio
del interés general.
Ante esta situación, ¿cuál es la respuesta del Partido Popular? Creemos
que este momento hubiera tenido una buena oportunidad para plasmar una
política de solidaridad con Extremadura, y por eso presentamos esta
enmienda para dar esa oportunidad al Grupo Popular. Enmiendas que, por
otro lado, no tienen sino tres pretensiones fundamentales: de una parte,
seguir dedicando más esfuerzo a aquellos territorios en los que la mano
inversora del estado es aún muy necesaria; de otro lado, plasmar en un
texto de rango legal la voluntad del Estado de ser copartícipe del
extraordinario esfuerzo inversor que está realizando en solitario la
Junta de Extremadura; y, por último, que se plasmen en esta ley los
compromisos que en esta materia tiene adquiridos el Gobierno de la nación
con el Gobierno de Extremadura.
Por todas estas razones, pido el voto favorable a estas enmiendas que
modestamente hemos presentado y que creo que mejoran sustancialmente el
texto que se nos remitió. En todo caso, creemos que los dos grandes ríos
extremeños merecen estar en esta ley y que en ella figuren las obras de
saneamiento y depuración de estos ríos como de interés general del
Estado.
Nada más, muchas gracias. (Aplausos desde los escaños del Grupo
Parlamentario Socialista.)
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Muchas gracias, Senador Caballero
Muñoz.
El voto particular número 8 corresponde al Grupo Parlamentario de
Senadorse Nacionalistas Vascos. Tiene la palabra el Senador
Gatzagaetxebarría.
El señor GATZAGAETXEBARRIA BASTIDA: Gracias, señor Presidente.
Nuestro Grupo Parlamentario manifiesta su posición favorable a este
proyecto de ley porque creemos que da cobertura legal a una problema de
interpretación que se ha suscitado entre diferentes Administraciones y
que está residenciado en este momento en la vía jurisdiccional.
Entendemos que la vía que ha adoptado el Gobierno es política y, dentro
del Estado de Derecho, legal, por lo que nos parece un cauce adecuado
que, a través de un instrumento como es este proyecto de ley, se pueda
dar cobertura jurídica y soporte, en definitiva, a una actuación
administrativa que ha de basarse, en un Estado de Derecho, en el
principio de legalidad. Por tanto, y como primer parámetro, estamos de
acuerdo con el planteamiento inicial del proyecto de ley.
Señor Presidente, quiero señalar que nuestro Grupo parlamentario ha
presentado una enmienda dividida en tres apartados. Uno d ellos, que
hacía referencia a unos nuevos depósitos en la regulación de la estación
alta en el Consorcio de Aguas del Gran Bilbao, fue aceptado en su
tramitación parlamentaria en el Congreso. Por tanto, mantenemos en esta
Cámara esta enmienda en lo que hace referencia a los otros dos apartados
que no fueron objeto de estimación en dicha Cámara.
Está también el apartado referente al río Zadorra, en el que se solicitan
tres cosas, señor Presidente: la defensa contra avenidas en el río
Zadorra; la mejora de las compuertas del embalse y la ampliación de la
capacidad del río. Son frecuentes las inundaciones que provoca el río
Zadorra y que afectan directamente a la ciudad de Vitoria e
indirectamente al municipio de Bilbao puesto que se abastece del agua
procedente de los embalses pertenecientes al territorio histórico de
Alava. Por eso estas obras permitirían garantizar el suministro, así como
mejorar los sistemas de gestión de los embalses, además de que con ellas
disminuirían los riesgos de desbordamiento que podrían producirse en el
río Zadorra.
Por último, señor Presidente, el tercer apartado de la enmienda de
nuestro Grupo Parlamentario va dirigido también a lograr el encauzamiento
del río Nervión-Ibaizábal a su paso por los municipios vizcaínos de
Etxebarri y Basauri-Galdácano. Este núcleo geográfico tiene unas
características físicas que le hacen ser muy problemático porque se trata
de una zona muy industrializada y porque un importante
cruce de carreteras tiene soporte en ese entorno geográfico, con lo cual,
en definitiva esa zona se convierte en un punto negro y crítico frente a
desbordamientos de los ríos Nervión e Ibaizábal. Por eso planteamos unas
mejoras en el encauzamiento a su paso por esos municipios vizcaínos de
Etxebarri, Galdácano y Basauri, pero, sobre todo, porque esta obra tiene
una gran envergadura y afecta por ese mismo motivo a ese núcleo
estratégico debido a la importancia industrial de la zona. Por ello
pensamos también que sería procedente políticamente su declaración de
interés general.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Muchas gracias, Senador
Gatzagaetxebarría.
El voto particular número 7 corresponde al Grupo Parlamentario
Socialista. Tiene la palabra el Senador Gallego López.
El señor GALLEGO LOPEZ: Muchas gracias, señor Presidente.
También con brevedad, dado lo avanzado del debate, quisiera decir que la
enmienda número 13 que presenta el Grupo Parlamentario Socialista,
enmienda de adición, por tanto, enmienda positiva, consiste en añadir un
nuevo punto 5 al artículo único por el que se reconozca que todas las
obras mencionadas en el presente artículo serán financiadas con cargo al
Capítulo VI de los presupuestos del Ministerio de Medio Ambiente y
ejecutadas por la Dirección General de Recursos Hídricos.
Y es que, como decía en mi anterior intervención, existe el temor --que
en algunos sitios es casi certeza-- de que las necesarias obras
hidráulicas de depuración y saneamiento de embalses o las de conducción
para el abastecimiento humano o para el riego no vayan a tener
financiación asegurada. Hay temor porque determinadas obras hidráulicas,
imprescindibles en ciertos municipios y Comunidades Autónomas, tienen en
el aire aún su financiación, y hay temor, además, porque según la
filosofía expresada por el Secretario de Estado de Aguas y Costas días
pasados en la I Conferencia sobre economía y gestión de agua en Madrid,
en una exaltación del liberalismo hidráulico --si se me permite la
expresión--, no se debe esperar --dice él-- que el Estado construya obras
hidráulicas ya que eso no ocurre nada más que en países tercermundistas.
También ha dicho que esa Secretaría de Estado está trabajando en los
reglamentos y procedimientos para que puedan licitarse obras hidráulicas
con concesiones privadas con lo cual nos tememos que habrá obras poco
atractivas para la iniciativa empresarial privada y otras más atractivas,
como existe también el temor entre las constructoras medias y pequeñas de
que serán acaparadas por las grandes constructoras quizá multinacionales.
Pero, además, hay incertidumbre, porque aunque la señora Ministra quiera
tranquilizarnos un poco diciéndonos que va a haber financiación por parte
de la Unión Europea para estas obras, eso habrá que expresarlo en
documentos oficiales, y también hay incertidumbre por la intranquilidad
que le supone al usuario la repercusión que tendrá para él el precio, el
canon o el peaje, ya que quien hace desaladoras, quien hace depuradoras,
quien hace canales, puede cobrar un peaje por el agua, que es pública,
aunque, como dije en otras intervenciones, el grifo es privado.
La enmienda número 14, del Grupo Parlamentario Socialista, solicita, para
aclarar el porvenir de las obras de interés general, que el Gobierno
elabore, en un plazo de tres meses, una relación de obras hidráulicas,
agrupadas por cuentas, en la que se hará constar las que han sido
declaradas de interés general, de acuerdo con la legislación aplicable.
Esa legislación aplicable es el actual artículo 44 de la Ley de Aguas,
porque en el nuevo artículo 44, del cual se han filtrado algunas
redacciones, consideramos que es aleatoria la declaración de interés
general por el Consejo de Ministros, y que en algunos aspectos, al
dejarse en manos de los planes de cuencas esta declaración de interés
general, no se tiene una visión de conjunto, sino más bien localista y,
por tanto, podría ser insolidaria.
El órgano para debatir el interés general es el Parlamento y a él nos
remitimos.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Muchas gracias, Senador Gallego
López.
El Senador Esteban Albert tiene la palabra para un turno en contra.
El señor ESTEBAN ALBERT: Muchas gracias, señor Presidente.
Intervengo para contestar a los distintos portavoces que han presentado
enmiendas. Antes de entrar en detalle, me gustaría dirigirme al Senador
Gallego. Cuando ha hecho referencia a la enmienda que había presentado su
Grupo, ha dicho que la Dirección General de Recursos Hídricos se debía
hacer cargo de las obras. Quiero comunicarle que no existe ninguna
Dirección General de Recursos Hídricos. Espero que el resto de las
enmiendas tengan más consistencia y seriedad que las que ha demostrado en
ésta.
Señor Presidente, aunque no siga el orden con el que se han defendido los
votos particulares, sin embargo, sí quiero contestar a todas las
enmiendas que se han presentado.
Las enmiendas números 1 y 2, presentadas por Izquierda Unida, se referían
al recrecimiento y modernización del canal de Lodosa. Esta obra es
competencia del Estado, por lo que es obvio que no es necesario
declararla de interés general; ya está siendo ejecutada y consta de seis
fases: la primera está en ejecución; la segunda, tercera y cuarta están
pendientes de licitación, y la quinta y sexta se licitarán en el próximo
mes de julio. Por lo tanto, le quito la inquietud que pueda tener sobre
eso.
Respecto a las depuradoras a las que se refiere su señoría en la enmienda
en las distintas Comunidades Autónomas de Cantabria, La Rioja y Aragón,
debo decirle que el Plan Nacional de Saneamiento y Depuración establece
que el compromiso de financiación, como ya se ha dicho antes, por parte
de la Administración del Estado es del 25 por ciento de la inversión
total necesaria hasta el año 2005 en cada una de las Comunidades
Autónomas. Es más, según
los criterios de cofinanciación adoptados en dicho Plan, se deben
computar, dentro de ese 25 por ciento, no sólo las obras declaradas de
interés general ejecutadas directamente por el Estado --en el Capítulo
VI--, sino también los recursos procedentes de fondos de cohesión
aplicables a proyectos gestionados por las propias Comunidades Autónomas.
Así, en el Principado de Asturias se supera ampliamente el techo del 25
por ciento con los compromisos adquiridos en la ejecución del NIC; en La
Rioja es del orden del 161 por cien, y en Cantabria, con las obras de
saneamiento y depuración de Saja-Besaya y de las marismas de Santoña, las
dos ya declaradas de interés general, se rebasa igualmente el porcentaje
antes aludido del 25 por ciento.
Por otra parte, en lo que se refiere a la propuesta de actuación en
Aragón, se trata de pequeños núcleos que no tienen la urgencia
establecida para el año 2000, a la que anteriormente se hacía referencia
para distintas obras, por lo que a sus señorías también quiero quitarles
la inquietud diciéndoles que estas obras pasan a estar debidamente
tuteladas por el compromiso del Gobierno de la nación como obras del
Estado.
Respecto a la canalización de la riera del Maresme --a la que también se
refiere su señoría en la enmienda--, el Plan de protección contra
avenidas del Maresme ya fue declarado de interés general en diversas
fases y tramos, por lo que no es necesario volver a traerlo a esta ley.
Su señoría también pedía en la enmienda número 3 que debería incluirse en
determinados anexos del proyecto de ley la relación de obras a las que
anteriormente se refería. Al margen de los contenidos de los proyectos
técnicos, viene justificada en la propia exposición de motivos, en el
anexo de la ley, por referencia a los criterios judiciales manifestados
en relación con el contenido de la declaración de interés general de una
obra hidráulica en ausencia del Plan Hidrológico Nacional. Como usted
bien sabe, la resolución judicial de la Audiencia Nacional se puede
compartir en mayor o menor medida, pero sin duda alguna hay que acatarla
y cumplirla.
Es necesario también aclarar algún extremo sobre la enmienda que presenta
el Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos. Señor
Gatzagaetxebarría, el expediente correspondiente al encauzamiento del río
Nervión-Ibaizábal se transfirió a la Comunidad Autónoma con motivo del
traspaso de funciones y servicios, con un presupuesto estimado en 2.160
millones de pesetas. En principio, no existe compromiso formal alguno
para llevar a cabo esa actuación por parte del Estado, si bien parece ser
que existía cierto grado de aceptación de carácter verbal por parte del
anterior Gobierno para su ejecución.
También habría que valorar en esta enmienda, de realizarse estas
inversiones, cómo quedaría el nivel de equilibrio comparativo entre
Vizcaya y Guipúzcoa. Esa es una cuestión que creo que su señoría y su
Grupo deben negociar y tratar con el Gobierno de la nación porque, en
definitiva, sabemos que es una obra importante y que, sin duda alguna,
tendrá el respaldo que se merece.
Respecto a la enmienda número 5, del Senador Caballero Muñoz, quisiera
decir que ha hecho un alegato --permítame que se lo diga con todo
respeto, sin ánimo de ofensa-- panfletario en un mitin en el que viene a
decir que todo lo que se hace en esta materia en Extremadura se ha
llevado a cabo por la Junta de Extremadura, y lo que no se ha hecho es
responsabilidad del Gobierno de la nación. Pues lo mucho o lo poco que
haya en Extremadura ahora y lo que haya habido antes, usted sabrá a quién
tiene que cargárselo. Si en Extremadura, desde la llegada de la
democracia, están gobernando los socialistas, y en la nación lo han hecho
durante catorce años, y ahora usted dice que hay un déficit tremendo en
depuración, etcétera, yo tengo que darle la razón, pero que usted tendrá
que encontrar, probablemente más allá de la glorificación de su líder de
Extremadura, responsables de las exigencias que quiera usted hacerle a
este Gobierno.
Señor Presidente, me gustaría decir algo general respecto a todas las
enmiendas que presenta el Grupo Parlamentario Socialista. A mi modo de
ver carecen de seriedad, y le voy a explicar por qué. Han utilizado
ustedes una técnica perversa, antigua y, por lo demás, muy conocida, que
es la de la enmienda de campanario. (Protestas en los escaños del Grupo
Parlamentario Socialista.), para venir aquí a defender obras que
anteriormente nunca defendieron ustedes y que, si tengo que hacer valer
las palabras del Senador Gallego cuando decía que era necesario
establecer un catálogo general de obras de interés general para España,
quiero entonces preguntar: ¿sólo estas cinco o seis que ustedes traen son
las necesarias en España? ¿Las demás no? ¿Saben ustedes cuáles son? Pues
son las que están en los territorios de Andalucía, de los territorios de
Valencia, en territorios de Castilla-La Mancha, en algunos territorios
donde ha habido cierta convulsión con el agua. Porque lo que les importa
a ustedes no es arreglar la cuestión del agua o de los abastecimientos a
determinadas poblaciones. Lo que les interesa a ustedes es crear el
rumor, la frustración, como espero poder demostrar a su señoría en el
transcurso de mi intervención. Y fíjese que, precisamente en Extremadura,
la enmienda dice así: Obras de saneamiento y depuración en la cuenca del
Guadiana a su paso por Extremadura. Y usted, Senador Caballero, ¿se cree
que, conociendo la resolución judicial de la Audiencia Nacional, con esa
enmienda se puede catalogar de interés general cuando no es una obra?
¿Qué definición tiene esa obra, qué coste tiene, cómo se puede incluir
eso? Yo le pediría a usted que hiciera un esfuerzo de trabajo con su
Grupo, con sus asesores, y que intente ver qué obras son las que se
pueden hacer, y que después pueda usted traerlas en otro trámite.
Deseo decir, además, que el hecho de que el Grupo Parlamentario Popular
consuma un turno en contra de ellas en este momento no significa que no
sean importantes, no significa que no sean de interés general, significa
solamente que el procedimiento, en unos casos, no es el adecuado, y en
otros casos, como demostraré, es que hay algunas obras que piden ustedes
que ya han sido declaradas de interés general.
En cuanto a la enmienda número 7, le diré al Senador Novo Muñoz que
quizás haya sido la enmienda que más me ha llamado la atención, porque
parece que viene usted
de estéreo. El Presidente de la Comunidad de Castilla-La Mancha, el otro
día, haciendo un alarde de responsabilidad en Albacete, en la Cadena Ser,
ya empezó a alertar a los albaceteños contra el Alcalde, el insigne
Senador por Albacete. ¿Sabe usted por qué? Probablemente, porque el
abastecimiento de agua es tan importante este año como no lo ha sido con
anterioridad, porque su señoría nunca lo ha visto. (El señor Novo Muñoz
hace signos negativos.) Nunca, ni su Grupo.
Además, como usted bien sabe --y si no lo sabe, lo debería de saber,
pero, en cualquier caso, quien sí lo conoce es el Presidente de la
Comunidad de Castilla-La Mancha, porque lo tiene encima de su mesa--,
esta obra del embalse de Picazo está incluida en el borrador que se
aprobará del Plan Hidrológico de Cuenca del Júcar. Y sabe usted que, por
tanto, por su incorporación al mismo, ya tiene declaración de interés
general.
Por tanto, ¿me quiere usted decir qué pretende conseguir con esto? Será
el interés por ver qué es lo que vota el Senador por Albacete, su
Alcalde, la máxima autoridad. ¿Qué es lo que quiere usted? ¿Ve cómo lo
que trae por detrás no es lo referente al abastecimiento de agua a los
ciudadanos de Albacete, sino otra cuestión? Está muy claro, y, si no,
para que se entere, se lo voy a decir. El artículo 32, en sus dos
primeros párrafos, según el borrador de proyecto del Plan Hidrológico de
Cuenca del Júcar, que esperamos que muy pronto sea novedad, recoge
precisamente esa obra. Por tanto, si tiene usted, además de lo que le he
dicho, alguna otra inquietud, tenga por seguro el que esa obra se va a
hacer. Y por lo dicho, espero que mañana no aparezca en Albacete la
noticia de que el Grupo Parlamentario Popular no quiere dar agua a
Albacete; espero que sea así. (Rumores desde los escaños del Grupo
Parlamentario Socialista.)
La Senadora Pleguezuelos presenta dos enmiendas sobre dos obras
importantísimas y que, sin duda, habrá que abordar durante las distintas
fases de la política hidráulica prevista.
En cuanto a la obra del trasvase del Negratín al río Almanzora, no se
podrá aprobar en este momento, Senadora Pleguezuelos, por una razón muy
sencilla. Sabe usted que la naturaleza de esta actuación habrá de
supeditarse, con carácter previo, a la aprobación del Plan Hidrológico
Nacional, por tratarse de un trasvase de una cuenca excedente a un río.
Por tanto, se trata de una obra que no se puede aprobar ahora. Esperemos,
pues, que en Almería tampoco cunda mañana el pánico con este tema. Cuando
en 1998 se presente el Plan Hidrológico Nacional podrá hacer usted las
críticas sobre la cuestión. Pero puedo decirle, como andaluz que soy, que
puede tener la seguridad de que éste es un tema que a los responsables de
la administración hidráulica del Gobierno de la nación les preocupa mucho
y que, sin duda, están trabajando duramente sobre él.
Sobre la otra enmienda, tampoco podemos aceptarla por cuanto que la obra
a que se refiere está en fase de definición y estudio por parte de la
Confederación Hidrográfica del Sur. Se trata de la conducción de agua
desde Cuevas de Almanzora a Almería. Creo que debería haber sido
suficiente con que el Secretario de Estado de Aguas se haya comprometido
formalmente a que antes de que finalice 1997, es decir, en el presente
año, el Ministerio hará una propuesta específica sobre las obras
necesarias para resolver el déficit hídrico crónico en Almería. Por
tanto, creo también, señoría, que sería bueno que usted, que conoce bien
las actuaciones de las distintas confederaciones, etcétera, continúe
siguiendo muy de cerca este asunto, que, desde luego, es un compromiso
del Gobierno y así se incluirá.
La enmienda número 10, presentada por el Senador Díez González, se
refiere a una obra que ya ha tenido algún tratamiento parlamentario en la
Comisión de Medio Ambiente en el Congreso de los Diputados y también en
el Senado, como bien sabe su señoría. Intento captar lo que su señoría
pretende, lo que ocurre es que la regulación de la cabecera del río Oja
en la Comunidad Autónoma de La Rioja aún no está definida.
En cualquier caso, a usted le consta que ésta es una obra muy importante
que va a ser declarada de interés general. Este no es el momento oportuno
porque esta enmienda no se puede introducir, porque no se especifica la
obra, porque hay que decir la inversión que se va a realizar, los fondos
con los que se cuenta para ello. Por lo tanto, no se puede hacer. Pero
tenga usted la garantía y la seguridad de que el Gobierno está pendiente
de ese tema y que, sin duda, podremos, por respeto a la Comunidad
Autónoma que lo ha solicitado a través de su Parlamento, a la Comisión de
Medio Ambiente en el Congreso y a sensibilidad del Senado, tanto la suya
como la de mi Grupo, dar un feliz término a esta obra. La lástima es
--permítame que se lo diga, Senador Díez-- que cuando se presentaron
enmiendas a los Presupuestos sobre esta cuestión, ustedes votaban en
contra, pero así es la política y lo entendemos perfectamente.
Sobre la conexión del Canal Xerta-Riu Sènia, cuestión que el Senador Aleu
ha defendido, quiero informarle, Senador, de que el canal se ha
construido entre los kilómetros 2 y 31, no habiéndose ejecutado todavía
la elevación desde el río Ebro. Es una obra, sin duda, técnicamente
importante y aún está sin concesión. Esa es la verdad. En cualquier caso,
como le he dicho anteriormente, debería haber sido un poco más riguroso
en la enmienda porque estamos hablando de una conexión intercuenca --como
usted bien sabe-- del Ebro y del Júcar, por lo que es necesario que esto
se considere en el Plan Hidrológico Nacional.
Se ha retirado la enmienda número 12, con un alarde de inteligencia,
referida a la modernización de la Acequia Real del Júcar. Es importante
que esa obra, que ya ha sido declarada de interés general, se haga. Es
una obra importantísima, no solamente para el Gobierno de la nación y
para el Grupo Socialista en Valencia, sino también para la Administración
hidráulica y para el Gobierno que preside el señor Zaplana.
Respecto de la enmienda del Senador Gallego y de su Grupo en general,
referida a la financiación y a la declaración de interés general con
cargo al Capítulo VI, he de decir que la declaración de interés general
es condición previa «sine qua non» --como sabe su señoría-- para realizar
cualquier tipo de intervención del Estado, con independencia
de que sea posible buscar fórmulas de financiación que comprometan a
otras administraciones públicas en la asunción de los costes derivados de
la ejecución de dicha obra. La declaración de interés general no debe
presuponer que la financiación tenga que ser exclusivamente estatal.
Usted sabe que anteriormente se ejecutaban obras cofinanciadas tanto con
fondos europeos como estatales o comunitarios. Y sabe usted también que
ni mucho menos ésta tiene que ser del cien por cien.
Por otro lado, señor Gallego, no puede hacerse cargo de ello la Dirección
General de Recursos Hídricos porque no existe. Supongo que esto que ha
dicho habrá sido un lapsus, como es natural.
No podemos aceptar la enmienda referida al catálogo, porque no nos parece
oportuno incluir una disposición adicional con el contenido propuesto,
pues la declaración de interés general se realiza en virtud de una
disposición legal y la realización de obras que han sido declaradas
figuran en los boletines oficiales del Estado y en ellos se publican las
mencionadas disposiciones. Por lo tanto, rechazamos esa enmienda y las
anteriores. Las restantes enmiendas se refieren al anexo y ya he hecho un
turno en contra en este momento.
Quiero decir, señorías, que en este proyecto de ley no se puede confundir
la declaración de interés general hecha en la exposición de motivos de la
propia ley con querer iniciar --como se ha hecho hoy aquí-- un debate
sobre la política hidráulica que, sin duda ninguna, estamos siempre
dispuestos a mantener con ustedes, aunque con otra disposición de ánimos,
con la de llegar a acuerdos; acuerdos que, en definitiva, beneficiarían a
los ciudadanos, independientemente del Gobierno que esté en el poder, y
que harían que las cosas fuesen más justas, más solidarias y que, desde
luego, hubiese mayor cohesión territorial.
Yo seguiría animando al Grupo Parlamentario Socialista para que no hagan
este tipo de propuestas que, sin duda, lo único que pretenden es crear
enfrentamientos entre ciudadanos, rechazo y confusión.
Nada más y muchas gracias. (Aplausos en los escaños del Grupo
Parlamentario Popular.)
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Muchas gracias, Senador Esteban
Albert.
Turno de grupos territoriales del PP. Por el grupo territorial del
Partido Popular de Navarra, tiene la palabra el Senador Iribas.
El señor IRIBAS SANCHEZ DE BOADO: Muchas gracias, señor Presidente.
Señorías, como ya tuve ocasión de subrayar la semana pasada ante la
Comisión de Obras Públicas y Medio Ambiente de esta Cámara, la
construcción del Embalse de Itoiz-Canal de Navarra constituye una
necesidad amplísimamente sentida y valorada por la sociedad navarra desde
hace muchos años. Podemos afirmar sin temor a equivocarnos que es una
necesidad sentida desde hace demasiados años, ya que, lamentablemente, la
consecución de este binomio indisoluble se ha venido retrasando, y aún
ahora parece que algunas minorías que se califican de progresistas
quisieran retrasarlo más, si no impedirlo, con los consiguientes
perjuicios para el progreso de Navarra. (El señor Vicepresidente, Aguilar
Belda, ocupa la Presidencia.) Naturalmente, dichas minorías no lo van a
conseguir, no van a poder imponer su criterio contra la voluntad de los
navarros, y contra la que hoy se plasmará de todos los españoles.
Ya expuse en Comisión cómo la inmensa mayoría de las instituciones,
entidades y agentes económicos y sociales de nuestra Comunidad, y los
ciudadanos en general, nos hemos venido manifestando repetidamente, y de
manera expresa y pública, en favor de la construcción de ambas
infraestructuras hidráulicas.
Hoy, por medio de esta Cámara, la de representación territorial, vamos a
dar un paso más en nuestro objetivo; un paso importante, merced al ágil y
eficaz cumplimiento por parte del Gobierno de la nación de una moción
aprobada por el Pleno del Senado en el reciente debate del Estado de las
Autonomías, por la que se instaba al Ejecutivo a prestar el máximo apoyo
legal a ambas obras como un binomio indisoluble; insisto, a ambas, a las
dos vinculadas, y no en la forma que hoy se nos ha señalado desde
Eusko-Alkartasuna, mediante una excusa absolutamente carente de verdad.
La moción aprobada, creo recordar que fue presentada a la Cámara por el
Grupo Popular a instancias de los Senadores de UPN, y recibió un
amplísimo respaldo --es de justicia recordarlo-- por parte del Pleno.
En ese claro y mayoritario análisis acerca, no ya de la oportunidad, sino
del carácter imprescindible de las referidas obras cuya declaración de
interés general hoy debatimos, no voy a reiterar todos los argumentos que
ya expuse en Comisión y que nos hacen valorar estas obras, estos
objetivos, como imprescindibles para el progreso y desarrollo de Navarra;
objetivos de todo tipo --algunos, indudablemente, de gran entidad
ecológica--, que se obtendrán a través del control y de la regulación y
transporte del agua. Todo ello, se llevará a cabo por medio de unas obras
que --quiero subrayarlo una vez más-- son las razonables, a fin de
regular el volumen de agua previsible, por lo que en ningún caso es de
recibo que se califiquen --como figura en alguna de las enmiendas-- como
faraónicas, lo que no se sostiene bajo ningún concepto ni en modo alguno
hubiera hecho posible que fueran avaladas por tantas y tan plurales
organizaciones, instituciones y grupos.
Pues bien, con respecto a las referidas obras, acerca de cuyo interés
general ya he trasladado a sus señorías el criterio de la, sin duda,
inmensa mayoría de los navarros, evidentemente --dónde no--, hay también
algunos opositores, si bien éstos son una franca minoría. Pero sería
falso y no sería verdad hacer ver que Navarra está dividida en posiciones
totalmente enfrentadas, y en dos sectores, con una agria polémica. Ello
no es así. Hay sólo una minoría a la que la gran mayoría ha escuchado
repetidamente, a la que incluso reconocemos el derecho a discrepar
democráticamente, pero a la que, a su vez, reclamamos el respeto a las
decisiones definitivas de la mayoría. Dicha minoría, como digo, parece
pretender que no se lleve a efecto la sopesada y bien meditada decisión,
libremente adoptada a través de nuestras instituciones.
Una cuestión que no quiero dejar de eludir ante el Pleno es algo que, por
desgracia, ya venimos padeciendo los navarros de un tiempo a esta parte.
Se trata de que, casi cada vez que intentamos sacar adelante una
infraestructura básica para el progreso socioeconómico de nuestra
Comunidad, aparecen como principales dinamizadores de las posturas de
oposición y de sus estrategias las ya habituales y poco espontáneas
coordinadoras que, naturalmente, no se representan más que a sí mismas,
pues, desde luego, ni los navarros las hemos elegido, ni las hemos
requerido. Son grupos minoritarios que, como ya he indicado, lo que
desean es que las obras no se llevan a cabo, en lugar de hacer una
crítica constructiva, como sería razonable.
Además, y a la vez, hemos padecido a algunos opositores situados en el
ámbito de los violentos, que, curiosamente, mientras tachan de ilegalidad
a las obras, actúan por la fuerza despreciando las leyes más elementales
y la voluntad mayoritaria de los navarros. Para éstos y sus métodos
--que, insisto, ya hemos padecido y que se deslegitiman por sí solos--,
vaya nuestro más rotundo rechazo y la confianza de que la Justicia
actuará debidamente frente a sus acciones contra los bienes e intereses
públicos.
Pero hay otros opositores, expresos o tácitos o al menos no impulsores de
las obras, que, totalmente diferentes de los anteriores, quieren o no
mojarse demasiado, algo difícil tratándose de agua, o jugar a la
ambigüedad o a falsos progresismos, ya que, en definitiva, van contra el
progreso de nuestra tierra. Pero el caso es que siempre dicen que se
preocupan, pero siempre se escurren para evitar dar el apoyo a tales
obras y violentarse así, por qué no decirlo, con determinados grupos
próximos, y no duden, señorías, de que se seguirán escapando de cualquier
compromiso, porque la excusa es lo de menos y la encontrarán.
En todo caso, no les quepa duda a sus señorías de que los opositores más
activos, los que remolcan, han sometido a las obras, sus estudios y
proyectos a todo tipo de exámenes, trabas, quejas y recursos. Todos los
hemos superado, a pesar, como digo, de actuar a la contra de la bien
dotada de medios Coordinadora anti-Itoiz, que ha puesto toda clase de
trabas ante las más diversas instancias, foros y tribunales con quejas,
peticiones y recursos de todo tipo.
El señor VICEPRESIDENTE (Aguilar Belda): Le ruego que vaya concluyendo,
Senador Iribas.
El señor IRIBAS SANCHEZ DE BOADO: Acabo enseguida, señor Presidente.
A pesar de todo ello, el Tribunal Supremo de Justicia de Navarra, en dos
sentencias de los años 1995 y 1996, ha confirmado la legalidad del
Embalse. También la Comisión Europea archivó una queja interpuesta por
los opositores a la obra, al no existir vulneración de las Directivas
europeas sobre protección del medio ambiente. Lo mismo ha hecho, en
decisión que recientemente ha conocido la opinión pública, la Convención
de Berna, que ha subrayado la importante cultura medioambiental del
Gobierno foral. Sólo ha habido una excepción, señorías, en el continuo
proceso de la legalidad de las obras, y ésta ha sido una resolución de la
Audiencia Nacional que no es firme y que ha sido recurrida.
Ante ello, tenemos que decir tres cosas muy claras. El actual Gobierno,
como el anterior, no comparte, y por ello la ha recurrido, la referida
resolución de la Audiencia Nacional en su interpretación de las
exigencias del artículo 44 de la Ley de Aguas. El actual Gobierno, como
el anterior, no tiene duda acerca de la vigencia de la declaración de
interés general que en su día se hizo de las obra, pero todo ello no
obsta en absoluto para que, con un prudente criterio político de buscar
la máxima seguridad jurídica, sin perjuicio de nuestro convencimiento de
la bondad de las tesis que he manifestado, y de ahí el recurso
interpuesto, pretendamos reforzar o consolidar la viabilidad de unas
obras hidráulicas importantes y ampliamente demandadas por la sociedad.
Por ello, y finalizo ya, podemos decir que con la aprobación del presente
proyecto de ley, demandado por los navarros y presentado por un Gobierno,
el central, al que queremos desde Unión del Pueblo Navarro agradecerle su
sensibilidad, su solidaridad y apoyo en esta materia tan importante para
nuestra Comunidad, el Estado asume su responsabilidad en los términos
pactados con el Gobierno foral vinculando el Canal de Navarra al Embalse
de Itoiz y facilitando, por medio de la presente iniciativa, garantías
para que este binomio sea una realidad para el progreso de Navarra y, en
definitiva, de España.
Nada más y muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Aguilar Belda): Muchas gracias, Senador Iribas.
Por el Grupo territorial del Partido Popular de Galicia, tiene la palabra
el Senador Baltar.
El señor BALTAR PUMAR: Muchas gracias, señor Presidente.
Señorías, voy a tratar de ser lo más concreto posible, pero, en nombre
del Grupo territorial gallego del Partido Popular en el Senado, entiendo
que debo hacer una serie de consideraciones, que ya hice en la Comisión,
sobre la declaración de interés general de cuatro obras de saneamiento y
depuración de gran importancia para Galicia, como es el caso de las
mejoras del saneamiento de Lugo y Ourense y las mejoras en la depuración
y el vertido en A Coruña y Ferrol.
Señorías, estamos hablando de cuatro obras de gran trascendencia para
Galicia y para cuatro de sus ciudades más emblemáticas e importantes en
relación a su nivel de población. Por cierto, quiero decir que Ourense
tiene 110.000 habitantes y no 80.000 como figura en el texto aprobado en
el Congreso.
Todos sabemos lo costoso que resulta acometer obras de saneamiento y
depuración, lo que hace que muchos municipios tengan dudas a la hora de
hacerlo por sus limitaciones presupuestarias. En Galicia se han hecho
notables esfuerzos, especialmente gracias a la colaboración de la
Comunidad Autónoma, pero siempre nos faltó ese complemento definitivo que
ahora parece que podemos encontrar en el Gobierno del Estado. Lugo y
Ourense son dos ciudades
que nacen al amparo del río Miño, pero que han ido creciendo a espaldas
del mismo. Este hecho lamentable está tratando de ser corregido con
importantes esfuerzos municipales para recuperar las riberas de sus ríos,
esfuerzo baldío si no hay un sistema de colectores de aguas residuales
adecuado y una posterior depuración de las mismas.
En el caso de A Coruña, debemos pensar que nos estamos refiriendo a una
ciudad densamente poblada, apoyada en el Atlántico y donde el turismo
tiene un peso tremendamente importante, por lo que mejorar sus sistemas
de depuración y vertido, así como la ampliación del emisario submarino
existente, son proyectos que gozan del respaldo unánime de los coruñeses
por su necesidad.
El último caso es el de Ferrol, donde nos encontramos con una ría
densamente poblada, en la que las actividades de extracción del marisco
son fundamentales y donde también hay problemas de depuración y vertidos
por el componente industrial de parte de esta comarca.
Estamos, pues, ante cuatro proyectos, cuatro obras, cuya necesidad está
fuera de toda duda y, como Senador gallego, no puedo por menos que
reconocer y valorar de forma absolutamente positiva la satisfacción que
me produce este tratamiento del Gobierno del Estado ante estas viejas
demandas.
En el caso de Ourense, circunscripción por la que soy Senador, era
habitual hace unos años escuchar promesas de todo tipo e, incluso,
asistir a la firma de convenios por importe de varios miles de millones
para proyectos de esta índole en nuestra ciudad, pero que nunca vieron su
traslado a partidas presupuestarias y, por tanto, nunca vieron la luz.
Estamos seguros de que el actual Gobierno no jugará con la buena voluntad
de los gallegos y de que esta declaración de interés general para estas
cuatro obras hidráulicas tendrá las repercusiones positivas de las que
hasta ahora hemos carecido en Galicia.
También quiero reconocer al Gobierno en mi intervención su escrupuloso
sentido de la pluralidad. Y lo hago porque en el debate de este proyecto
de ley en el Congreso de los Diputados y aquí, en el Senado, se habló de
interés electoralista al referirse a la inclusión de obras que benefician
a Galicia y que, sin lugar a dudas, ésta se merece. Parece que para el
Grupo Parlamentario Socialista siempre hay alguna disculpa para negarle
inversiones a Galicia. En todo caso, quiero recordar que entre estas
obras figura la mejora de la depuración y vertido en A Coruña, donde, por
cierto, hay un alcalde socialista que imagino estará a favor de esta
iniciativa porque beneficia a todos sus vecinos.
También quisiera pedirle al Partido Socialista que se ponga de acuerdo
con su candidato a la Xunta de Galicia porque, mientras aquí, en Madrid,
ustedes critican al Gobierno por destinar inversiones a Galicia, él
critica al Presidente de la Xunta por no conseguir la canalización de
iniciativas de la Administración del Estado para nuestra Comunidad
Autónoma.
Finalmente, debo hablar de una cuestión lingüística. Pocas veces en el
Senado nos habremos referido oficialmente a Ourense en lugar de a Orense,
o a Ferrol en lugar de El Ferrol, o A Coruña en lugar de a La Coruña. En
definitiva, estamos cumpliendo una Ley aprobada por unanimidad del
Parlamento gallego, que establece que los topónimos de Galicia tendrá
como única forma oficial la gallega, que es la Ley 3/1983, de la
Comunidad Autónoma de Galicia. Este es un tema en el que hay unidad de
criterio en Galicia, motivo por el que fueron aceptadas las enmiendas
parciales del Diputado del Bloque Nacionalista Gallego, señor Rodríguez
Sánchez, en el Congreso de los Diputados. Estamos, pues, ante una
satisfacción compartida cuando él agradecía en el Congreso de los
Diputados el apoyo a sus iniciativas y la respuesta que había encontrado
allí, dentro del Grupo Parlamentario Popular, de respaldo a la realidad
cultural de Galicia.
Galicia está, por tanto, de enhorabuena por los dos motivos que acabo de
exponer y yo, como gallego, me felicito por ello.
Muchas gracias. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario
Popular.)
El señor VICEPRESIDENTE (Aguilar Belda): Muchas gracias, Senador Baltar
Pumar.
Por el Grupo Territorial del Partido Popular de Castilla y León, tiene la
palabra el Senador García Carnero.
El señor GARCIA CARNERO: Muchas gracias, señor Presidente.
Señorías, el Grupo Territorial de Senadores Populares de Castilla y León,
que es el más amplio de esta Cámara porque representa también a la
Comunidad más amplia, al territorio más extenso de España y de Europa,
aprovecha la oportunidad para expresar y dejar constancia de la
satisfacción que nos produce la inclusión de siete obras importantes de
saneamiento en la Comunidad, dentro de este proyecto de ley.
Acostumbrados durante mucho tiempo a la parquedad y a la austeridad de
las inversiones en nuestra tierra y a utilizar esta tribuna en multitud
de ocasiones para demandar a los gobiernos atención y respeto a nuestra
Comunidad, muchas veces más que dinero y que inversiones, expresamos hoy
una satisfacción por doble motivo.
En primer lugar, por lo que supone de voluntad del Gobierno de la nación
para cumplir las normativas europeas y la propia normativa estatal
respecto a la política de saneamientos y depuraciones que en la Comunidad
de Castilla y León recibirá un importante impulso con estas siete obras
en las provincias de Valladolid, Burgos, León, Avila y Salamanca. Obras
que, sin duda, mejorarán las cabeceras de los ríos que conforman la
cuenca, fundamentalmente del Duero, y también, en parte, del Ebro y del
Tajo.
En segundo lugar, expresamos nuestra satisfacción y gratitud porque en el
año que llevamos de gobierno, la Comunidad de Castilla y León empieza a
encontrar reflejo en los presupuestos, en las actuaciones concretas del
Gobierno. Como decía antes, en muchísimas ocasiones hemos demandado esa
atención y ese respeto y también hemos dicho con frecuencia que en
Castilla y León se han hecho obras que pasan por su territorio, pero que
no tenían esa Comunidad como destinatario; que no vertebran la actuación
de las necesidades que la Comunidad viene demandando. En los Presupuestos
Generales del Estado de
este año hemos empezado a encontrar el inicio y el impulso para obras que
verdaderamente no son destinadas a otras partes del territorio nacional,
sino específicamente para la articulación interna de la Comunidad de
Castilla y León. Son obras como la Nacional 122 o las autovías que
comunican desde la Nacional A-6 a las capitales de provincia más
importantes o la conclusión de los tramos de Benavente-León o
Palencia-Benavente. En fin, una serie de reivindicaciones que empiezan a
estar recogidas en los Presupuestos Generales del Estado y que ahora en
este proyecto de ley del Ministerio de Medio Ambiente se refleja también
la voluntad del Gobierno de prestar una atención largamente demandada, a
nuestro juicio, reiteradamente solicitada, no con vehemencia, pues la
gente de Castilla y León no es recurrente en ese tipo de actuaciones,
pero sí con la fortaleza y el impulso del apoyo del grupo territorial más
amplio de esta Cámara, que representa a la Comunidad más extensa y que
empieza a tener un reconocimiento, como corresponde, por parte del
Gobierno de la nación.
Así pues, señor Presidente, finalizamos nuestra intervención dejando
constancia de la gratitud del grupo de Senadores Populares de Castilla y
León --yo creo que de todos los Senadores, también de los del Grupo
Parlamentario Socialista-- por estas obras, ciertamente necesarias, que
resolverán problemas, no puntuales, sino generales de la cuenca del Duero
y que mejorarán la calidad de vida de todos los habitantes de nuestra
Comunidad.
Nada más y muchas gracias, señor Presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Aguilar Belda): Gracias, Senador García Carnero.
Antes de abandonar la Presidencia, el Senador Rigol me comunicó que no
había visto la petición de palabra de la Senadora Pleguezuelos por el
artículo 87 y que, en el ejercicio de mi Presidencia, procurara darle ese
turno al término de la intervención de los grupos territoriales. Por
tanto, en este momento procedo a darle la palabra a la Senadora
Pleguezuelos.
La señora PLEGUEZUELOS AGUILAR: Muchas gracias, señor Presidente.
Senador Esteban, he visto dos varas de medir; la primera, la de afirmar
que aquí todos los Senadores somos excelentísimos e insignes y, mientras
usted definía así al Senador Popular y Alcalde por Albacete, a nosotros
nos decía que carecíamos de seriedad, que habíamos elegido una técnica
perversa, que éramos antiguos y que hacíamos enmiendas de campanario por
haber hecho lo que legítimamente se puede y se debe hacer en una Cámara
territorial. Y ello en bastante contradicción con lo que acaba de hacer
su propio Grupo en la representación territorial y con sus propias
palabras en la Comisión de Obras Públicas cuando le pidió al Presidente,
y mi grupo aceptó, algo inusual en esta Cámara, como es que se dividiera
el turno de portavoces. Voy a leerlo literalmente: Señor Presidente, pido
que se conceda esta división de turno para algunos Senadores a cuyos
territorios afectan las obras, ya que sería conveniente que expresaran
los motivos que, además de los que yo he expresado de carácter jurídico y
técnico, defiendan la oportunidad política de traer esas obras a esta
Cámara.
¿Cree usted que eso no es oponerse a contradecir la legitimidad que
también tenemos otros Senadores para defender nuestras enmiendas en
nuestros territorios?
El señor VICEPRESIDENTE (Aguilar Belda): Senadora Pleguezuelos, le ruego
que vaya concluyendo.
La señora PLEGUEZUELOS AGUILAR: Un segundo, señor Presidente.
Yo he tenido la precaución de dividir las dos enmiendas que en el
Congreso fueron una sola; primero, la enmienda número 8, para evitar que
usted dijese que el trasvase Negratín-Almanzora no era viable porque no
se hacía por ley. Tengo que decirle que, en efecto, ya hay precedentes:
el trasvase Guadiaro-Majafeite ya se realizó; es decir, puede hacerse
siempre que el estudio esté realizado y ya previsto en el Plan de Cuenca.
Por tanto, ése es el caso y podría hacerse.
Respecto a la segunda de las enmiendas y a lo que usted mismo ha dicho
--por cierto, me agrada que diga usted que me muevo bien; yo me muevo
bien por las Confederaciones--, no me basta con el compromiso del
Secretario de Estado de Aguas, porque a veces se ha comprometido en la
Comisión y luego no ha cumplido el compromiso. Y el compromiso, es decir,
el movimiento, señor Esteban, como dice un refrán popular, se demuestra
andando, y en esta Cámara se demuestra votando, y al menos tenía usted
que apoyar y votar la enmienda número 9. Lo que está claro es que están
siendo ustedes sectarios, clientelistas y, desde luego, que Andalucía no
es cliente preferencial del Gobierno Popular.
Muchas gracias. (Aplausos desde los escaños del Grupo Parlamentario
Socialista.)
El señor VICEPRESIDENTE (Aguilar Belda): Gracias, Senadora Pleguezuelos.
Abrimos turno de portavoces.
¿Grupo Parlamentario Mixto? (Pausa.)
¿Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos? (Pausa.)
¿Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió?
(Pausa.)
¿Grupo Parlamentario Socialista? (Pausa.) Tiene la palabra el Senador
Aleu.
El señor ALEU I JORNET: Gracias, señor Presidente.
Anuncio ya que no voy a ser breve.
Antes de nada, diré que nuestro Grupo va a votar favorablemente el texto
del proyecto de ley presentado, sea cual sea el resultado de las
enmiendas presentadas. Y con satisfacción podemos decir al Senador Iribas
que no se preocupe y que puede estar contento de que, gracias a la
conjunción temporal de las dos leyes que se han aprobado hoy, la presa de
Itoiz y el Canal de Navarra son como un partido de fútbol retransmitido
por televisión: tienen el mismo interés, son de interés general. (El
señor Presidente ocupa la Presidencia.)
Por tanto, nosotros vamos a votar favorablemente las enmiendas que ha
presentado el Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos, y no
podemos hacer lo mismo con las enmiendas presentadas por Izquierda Unida,
sencillamente, porque en las tres se elimina el tema de la presa de
Itoiz. Fundamentalmente, votamos a favor de la ley por dos razones: una,
porque todos los proyectos que están incluidos en la ley son necesarios y
convenientes, todos, no discutimos ninguno, y además todos estos
proyectos fueron elaborados en el momento en que el Gobierno socialista
estaba en el poder. Nos queda el convencimiento de que se podían haber
añadido más; no se añade ninguno, no lo vamos a cuestionar. Nosotros
vamos a votar nuestras enmiendas, pero, si no se añaden, no se añaden. No
entendemos los razonamientos que se han dado en contra, pero aun así
vamos a votar el proyecto de ley.
Ya he mencionado --pero quiero leer textualmente sus palabras-- que el
portavoz del Grupo Parlamentario Popular dijo en la reunión de la
Comisión que el agua no es, ni debe, ni puede ser un instrumento político
mediante el que podamos luchar unos grupos políticos contra otros, sino
que debe ser, por su importancia, por lo que afecta a la calidad de vida,
al equilibrio y a la cohesión territorial, un elemento que nos ponga a
todos de acuerdo en beneficio de todos los ciudadanos. Estas palabras
pronunciadas por el portavoz del Grupo Parlamentario Popular nos hicieron
reflexionar en el sentido de que debería haberlo dicho también hace dos
años. Desearíamos que el Grupo Parlamentario Popular lo hubiese dicho
hace dos años. Pero si se dice eso, si se dice que el agua no puede ser
arma arrojadiza, hay que practicarlo, y por tanto, primero, después de la
intervención, díganselo a su Ministra, y además de a su Ministra,
díganselo a los portavoces de los grupos territoriales que utilizaron
este proyecto de ley como arma arrojadiza contra el Grupo Parlamentario
Socialista. Porque esto no se había hecho, y ahora lo va a hacer el Grupo
Parlamentario Popular. Y demos gracias al Grupo Parlamentario Popular,
que lo va a hacer. Nosotros vamos a votar a favor de esta ley y estamos
de acuerdo en que todo eso se haga, pero no nos digan, como nuevos
conversos, que esas obras siempre han estado en su mente porque no es
verdad.
Y tengo aquí estos dos libros gordos, muy gordos, gracias a sus enmiendas
de campanario, a las suyas (El señor Laborda Martín: ¡Muy bien!--Fuertes
rumores.), pero no hay en ellos ni una sola de las que están hoy en este
proyecto de ley ni de las que estaban en 1993 o en 1994, ni una sola.
(Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Socialista.) ¿Es que
ustedes se han convertido ahora porque estas obras han pasado a ser
necesarias y urgentes? No. Es que el Gobierno ahora es cuando ha visto la
necesidad de hacerlas. Y tienen razón en apoyarlas, y nosotros les
apoyamos, pero no nos pidan que dejemos de utilizar el agua como arma
arrojadiza cuando resulta que ustedes nos la echan encima continuamente.
Eso no es legítimo al menos desde mi punto de vista. (Un señor Senador
desde los escaños del Grupo Parlamentario Socialista: ¡Muy bien!)
Una segunda cuestión es que también dicen ustedes en su intervención:
Señorías, ustedes habrán observado que el Libro Blanco del agua ya está
terminado y que ya ha sido presentado a la sociedad --a la sociedad-- por
la Secretaría de Estado de Aguas. Esto se podrá hacer en breve en sede
parlamentaria.
¡Caray!, ¿no debería haber sido al revés? ¿No debería haber sido
presentado primero en sede parlamentaria y después a la sociedad? Nos
parece legítimo exigir una primacía desde el Parlamento cuando estamos
hablando de que el Gobierno va a hacer algo tan importante en relación
con el agua, va a hacer algo que requiere de un consenso y en lo que
estamos de acuerdo, y conste que pondremos la parte que nos corresponda
para que esto exista. Empiecen entonces por enseñárselo al Parlamento. No
se lo enseñen a la sociedad para decir después: ya daremos cuenta de ello
al Parlamento. Esto no nos parece correcto.
Por último, creo que debemos dejar claro en todo momento, y especialmente
ahora, que el agua es un tema que requiere consenso y que debemos
intentar ese consenso. Y si no lo conseguimos, no por eso tenemos que
rasgarnos las vestiduras. Pero, también desde este momento, nuestro Grupo
tiene interés en dejar claro que luchará hasta donde lleguen sus
posibilidades para que el agua continúe siendo un bien público.
Por tanto, esos anteproyectos, que ahora ya no son filtraciones sino
anteproyectos enseñados, en los que aparece la posibilidad de negociar
con las concesiones administrativas de agua que tienen los particulares,
nos parecen impresentables y, por tanto, no van a contar con nuestro
asentimiento, todo lo contrario. Vamos a combatirlos en el Parlamento y
en la sociedad. Y piensen ustedes que no solamente el foro del agua y el
círculo de empresarios están interesados en hablar del agua. Además del
foro del agua y del círculo de empresarios, que son los únicos que están
hablando hoy, está interesado en hablar el país regante --cosa muy
importante--, y están interesados en hablar todo un conjunto de
ciudadanos. Pero esto no pertenece a la ley, lo he dicho sólo como
término.
Yo repito, y con esto termino, que nuestro Grupo ha votado en contra del
veto y que va a votar en favor de la ley, sea cual sea el resultado de
las enmiendas que se presentan, porque creemos que todas y cada una, sin
excepción, son necesarias y buenas. Pero si nos piden una actuación
camino del consenso, empecemos todos; no se lo pidamos única y
exclusivamente al adversario. Nosotros, desde luego, lo vamos a hacer.
Muchas gracias, señor Presidente. (Aplausos en los escaños del Grupo
Parlamentario Socialista.)
El señor PRESIDENTE: Gracias, Senador Aleu.
Por el Grupo Parlamentario Popular tiene la palabra el Senador Esteban
Albert.
El señor ESTEBAN ALBERT: Señor Presidente, yo sí anuncio que voy a ser
breve, ya que después de los debates que se han suscitado a propósito de
este proyecto de ley, poco más quedaría por decir salvo volver a incidir
quizá en dos posiciones antagónicas.
En primer lugar, quisiera dar las gracias a los grupos que con su voto
van a apoyar este proyecto de ley. Y supongo que a pesar de las críticas
que se han hecho a los
grupos territoriales que han intervenido en defensa de la ley --que
podrían haber utilizado también otros grupos parlamentarios de esta
Cámara, en el caso de que los tuvieran--, podría haberse dicho entre
todos lo importante y lo bueno que es esto. Y cuando las cosas son
importantes y buenas es también bueno que las reconozcamos y que nos
congratulemos por ello, lo que no significa que nos estemos echando
incienso, ni muchísimo menos. Por tanto, no creo que eso que hemos
utilizado haya sido un instrumento torticero para dar respuesta,
precisamente, en este proyecto de ley.
La Senadora Pleguezuelos me comentaba que ella no confía en las palabras
del Secretario del Estado. ¿Qué quiere usted que le diga? Eso es como el
miedo, cada uno coge el que quiere y usted puede coger la confianza que
quiera. En definitiva, cuando tendremos que hacer el balance al
Secretario de Estado, a la Administración hidráulica será en las próximas
elecciones y, a lo mejor, no se lo tenemos que hacer nosotros, sino los
sumos jueces de esta situación, que son los ciudadanos.
Señor Aleu, no sé si usted sabe lo que es el Libro Blanco, pero el Libro
Blanco no tiene la obligación de ser un instrumento que se traiga a sede
parlamentaria; el Libro Blanco es un instrumento que pretende recopilar
todos los datos que obran en la Administración hidráulica, cuenca por
cuenca, recogiendo todas las inquietudes, los problemas que hay, las
zonas de regadío, los consumos humanos, los consumos industriales, y una
vez hecho eso salir a la calle a intentar que la sociedad se ponga de
acuerdo en un tema tan importante como el del agua que, sin duda, será el
que sirva de base para la planificación del Plan Hidrológico.
Dice usted que el agua es un elemento de consenso. No sé a quién se lo va
usted a decir, porque resulta que el agua es un elemento de consenso al
menos desde hace un año, que es cuando se ha podido llegar a acuerdos con
Administraciones Públicas distintas de las que gobierna el Partido
Popular; en este año, no antes. Por lo tanto, clases de consenso al
Gobierno del Partido Popular o al Partido Popular en esta materia, no.
Pero sí veo en sus palabras un interés que espero que vaya más allá de lo
que es la pura retórica en esa línea de que nos pongamos de acuerdo en
beneficio de todos. En eso sin duda nos encontrará y yo no me quejaré
nunca más, porque yo no me quejo de que ustedes puedan presentar
enmiendas, que están en su legítimo derecho, incluso individualizadas. Yo
me quejo del tipo de enmiendas que hacen para que, antes de que vengan a
esta sede parlamentaria, líderes políticos de su formación utilicen los
medios de comunicación para atacar diciendo que en Albacete, por ejemplo,
ya prácticamente no se va a beber agua.
Señoras y señores socialistas, muchas gracias por el voto que van a
emitir. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Popular.)
El señor PRESIDENTE: Gracias, Senador Esteban Albert.
Terminado el debate, vamos a proceder a la votación. (El señor Díez
González pide la palabra.)
¿Sí, Senador Díez?
El señor DIEZ GONZALEZ: Muchas gracias, señor Presidente.
He defendido un voto particular con dos enmiendas y únicamente quería
hacerle una precisión por el artículo 87, si me permite medio minuto.
El señor PRESIDENTE: Tiene usted dos minutos.
El señor DIEZ GONZALEZ: Muchas gracias, señor Presidente.
Voy a hacer una precisión, repito, al portavoz del Grupo Parlamentario
Popular, señor Esteban, con el que hemos debatido en la Comisión varias
veces en relación a las enmiendas que he defendido en este Pleno. Las
previsiones y los instrumentos de planificación relativos a la regulación
del río Oja están presentados en la Confederación Hidrográfica del Ebro.
Es decir, esos temores que usted planteaba en relación a la concreción de
la enmienda, están completamente contrastados.
Finalmente, quiero decirle también que la misma oportunidad que les han
dado a los grupos territoriales del Partido Popular para apoyar el
Proyecto de Ley, deberían habérsela dado también a los del grupo
territorial del Partido Popular de La Rioja, para dar las razones por las
cuales se oponen a estas enmiendas y, por lo tanto, a esta pretensión de
regular el río Oja en la Comunidad Autónoma de La Rioja.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, Senador Díez.
Vamos a pasar a la votación.
En primer lugar, enmiendas números 1 a 3, ambas inclusive, que
corresponden a los señores Nieto Cicuéndez y Román Clemente, del Grupo
Parlamentario Mixto.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 209; a
favor, cuatro; en contra, 205.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Enmiendas números 11 y 21, que corresponden al Senador Aleu i Jornet, del
Grupo Parlamentario Socialista.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 208; a
favor, 89; en contra, 119.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas. (El Senador Aleu i Jornet pide la
palabra.) El señor Aleu tiene la palabra.
El señor ALEU I JORNET: Gracias.
Pido votación conjunta, en un bloque, de las enmiendas números 8, 9, 18 y
19, y las restantes en otro bloque.
El señor PRESIDENTE: Gracias.
Votamos las enmiendas números 8, 9, 18 y 19.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 209; a
favor, 82; en contra, 126; abstenciones, una.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Votamos conjuntamente las restantes enmiendas del Grupo Parlamentario
Socialista números 5, 6, 7, 10, 13, 14, 15, 16, 17 y 20.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 210; a
favor, 82; en contra, 128.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Enmienda número 4, del Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas
Vascos.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 210; a
favor, 82; en contra, 128.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Vamos a pasar a votar el artículo único, disposición final, anexos I, II
y III y Exposición de Motivos, según el dictamen.
No obstante, antes quiero decir que en la disposición final ha habido que
hacer una corrección material, que conocen los portavoces. La redacción
final era: «La presente Ley entrará en vigor al día siguiente de su
publicación.» Es más correcto decir: «La presente Ley entrará en vigor el
día siguiente al de su publicación.»
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 211; a
favor, 208; en contra, tres.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobado.
Queda definitivamente aprobado por las Cortes Generales el proyecto de
Ley por el que se aprueban y declaran de interés general determinadas
obras hidráulicas.
Se levanta la sesión.
Eran las dieciocho horas y veinticinco minutos.