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DS. Senado, Pleno, núm. 47, de 11/06/1997
CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL
SENADO
Año 1997 VI Legislatura
Núm. 47
PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. JUAN IGNACIO BARRERO VALVERDE
Sesión del Pleno
celebrada el miércoles, 11 de junio de 1997
ORDEN DEL DIA:
Cuarto
Dictámenes de Comisiones sobre proyectos y proposiciones de ley remitidos
por el Congreso de los Diputados:
--De la Comisión de Obras Públicas, Medio Ambiente, Transportes y
Comunicaciones en relación con el Proyecto de Ley por el que se regula la
competencia del Gobierno, en un período transitorio, para la fijación de
las tarifas y condiciones de interconexión. SE TRAMITA POR EL
PROCEDIMIENTO DE URGENCIA (publicado en el «Boletín Oficial de las Cortes
Generales», Senado, Serie II, número 23, de fecha 6 de junio de 1997).
(Número de expediente S. 621/000023.) (Número de expediente C. D.
121/000024.)
--De la Comisión de Trabajo y Seguridad Social en relación con el
Proyecto de Ley de consolidación y racionalización del sistema de
Seguridad Social (publicado en el «Boletín Oficial de las Cortes
Generales», Senado, Serie II, número 22, de fecha 9 de junio de 1997).
(Número de expediente S. 621/000022.) (Número de expediente C. D.
121/000024.)
--De la Comisión de Agricultura, Ganadería y Pesca en relación con la
Proposición de Ley de ordenación del sector pesquero de altura al fresco
(publicado en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie
III A, número 3, de fecha 9 de junio de 1997). (Número de expediente S.
622/000003.) (Número de expediente C. D. 124/000003.)
--De la Comisión Constitucional en relación con la Proposición de Ley
Orgánica reguladora de la cláusula de conciencia de los profesionales de
la información (publicado en el «Boletín Oficial de las Cortes
Generales», Senado, Serie III B, número 8, de fecha 9 de junio de 1997).
(Número de expediente S. 624/000005.) (Número de expediente C. D.
122/000011.)
Quinto
Mociones consecuencia de interpelación:
--Del Grupo Parlamentario Socialista por la que se insta al Gobierno para
que, en el plazo máximo de quince días, proponga en el Parlamento y en el
Consejo Interterritorial de Salud el nuevo modelo de financiación
sanitaria para el período comprendido entre 1998 y 2001, que sirva de
base para la negociación con todas las Comunidades Autónomas (publicada
en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie I, número
231, de fecha 2 de junio de 1997). (Número de expediente 671/000022.)
--Del Grupo Parlamentario Socialista por la que se insta al Gobierno a
definir, en el contexto de la estrategia de largo plazo del sector
energético, una estrategia específica para el subsector del gas natural
tendente a aprovechar al máximo las ventajas competitivas derivadas de
una renta de situación favorable, a facilitar gradualmente el acceso de
las empresas a las redes de transporte y plantas de regasificación y
almacenamiento, y a atribuir a un organismo independiente la regulación
del funcionamiento del sistema gasístico (publicada en el «Boletín
Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie I, número 231, de fecha 2
de junio de 1997). (Número de expediente 671/000023.)
--Del Grupo Parlamentario Socialista por la que se insta al Gobierno a
que contemple como objetivos de su política educativa el mantenimiento
del equilibrio existente entre los componentes de la red integrada de
centros escolares, el rechazo de cualquier deriva privatizadora, el
fortalecimiento de la red integrada de centros, con especial atención a
los de titularidad pública, el esfuerzo sostenido para mejorar la calidad
de la oferta educativa y la apertura de un amplio diálogo social que
contribuya a sosegar el clima de inquietud existente en amplios sectores
de la comunidad educativa (publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes
Generales», Senado, Serie I, número 231, de fecha 2 de junio de 1997).
(Número de expediente 671/000024.)
SUMARIO
Se reanuda la sesión a las diez horas y diez minutos.
DICTAMENES DE COMISIONES SOBRE PROYECTOS Y PROPOSICIONES DE LEY REMITIDOS
POR EL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS (Página 1932)
De la Comisión de Obras Públicas, Medio Ambiente, Transportes y
Comunicaciones en relación con el Proyecto de Ley por el que se regula la
competencia del Gobierno, en un período transitorio, para la fijación de
las tarifas y condiciones de interconexión. SE TRAMITA POR EL
PROCEDIMIENTO DE URGENCIA (Página 1932)
El señor Ainsa Escartín, Secretario Primero de la Comisión, presenta el
dictamen.
Se abre debate de totalidad.
El señor Luis Calvo defiende la propuesta de veto número 1, del Grupo
Socialista. El señor Bris Gallego consume un turno en contra. En turno de
portavoces, hacen uso de la palabra los señores Nieto Cicuéndez, por el
Grupo Mixto; Beguer i Oliveres, por el Grupo Catalán en el Senado de
Convergència i Unió; Luis Calvo, por el Grupo Socialista, y Bris Gallego,
por el Grupo Popular.
Se rechaza el veto número 1, del Grupo Socialista, por 85 votos a favor,
138 en contra y 1 abstención.
Comienza el debate del articulado.
El señor Luis Calvo defiende las enmiendas números 1 y 2, del Grupo
Socialista. El señor Bris Gallego consume un turno en contra. En turno de
portavoces, hacen uso de la palabra los señores Luis Calvo, por el Grupo
Socialista, y Bris Gallego, por el Grupo Popular.
Se procede a votar.
Se rechazan las enmiendas números 1 y 2, del Grupo Socialista, por 87
votos a favor, 141 en contra y 1 abstención.
Se aprueba el proyecto de ley, según el texto del dictamen, por 141 votos
a favor y 87 en contra.
El señor Presidente anuncia a la Cámara que queda definitivamente
aprobado por las Cortes Generales el Proyecto de Ley.
De la Comisión de Trabajo y Seguridad Social en relación con el Proyecto
de Ley de consolidación y racionalización del sistema de Seguridad Social
(Página 1939)
El señor Molina García, Presidente de la Comisión, presenta el dictamen.
Se abre debate de totalidad.
El señor Román Clemente, del Grupo Mixto, defiende la propuesta de veto
número 1. La señora De Boneta y Piedra, del Grupo Mixto, defiende la
propuesta de veto número 2. Los señores Rodríguez de la Borbolla Camoyán
y Lobo Asenjo consumen un turno en contra de ambas propuestas de veto. En
turno de portavoces, hacen uso de la palabra el señor Román Clemente y la
señora De Boneta y Piedra, por el Grupo Mixto, así como los señores
Albistur Marín, por el Grupo de Senadores Nacionalistas Vascos; Vidal i
Perpiñá, por el Grupo Catalán en el Senado de Convergència i Unió;
Rodríguez de la Borbolla Camoyán, por el Grupo Socialista, y Lobo Asenjo,
por el Grupo Popular. El señor Román Clemente interviene de nuevo en
virtud del artículo 87.
Se rechaza la propuesta de veto número 1, de los señores Nieto Cicuéndez
y Román Clemente, del Grupo Mixto, por 3 votos a favor, 228 en contra y 3
abstenciones.
Se rechaza la propuesta de veto número 2, de la señora De Boneta y
Piedra, del Grupo Mixto, por 1 voto a favor, 223 en contra y 9
abstenciones.
Comienza el debate del articulado.
El señor Román Clemente, del Grupo Mixto, defiende las enmiendas números
1 a 30 y 70. La señora De Boneta y Piedra, del Grupo Mixto, defiende las
enmiendas números 60 a 67. El señor Ríos Pérez, del Grupo Mixto, defiende
las enmiendas números 68 y 69, anunciando la posible retirada de las
mismas. El señor Albistur Marín defiende las enmiendas números 53, 55, 56
y 57, retirando la número 52, del Grupo de Senadores Nacionalistas
Vascos. El señor Vidal i Perpiñá defiende las enmiendas números 71 a 73,
del Grupo Catalán en el Senado de Convergència i Unió. El señor Garrido
Herráez consumo un turno en contra. En turno de portavoces, hacen uso de
la palabra los señores Albistur Marín, por el Grupo de Senadores
Nacionalistas Vascos; Vidal i Perpiñá, por el Grupo Catalán en el Senado
de Convergència i Unió; Díez González, por el Grupo Socialista, y Garrido
Herráez, por el Grupo Popular.
Se suspende la sesión a las catorce horas y diez minutos.
Se reanuda la sesión a las dieciséis horas y cinco minutos.
De la Comisión de Trabajo y Seguridad Social en relación con el Proyecto
de Ley de consolidación y racionalización del sistema de Seguridad Social
(continuación) (Página 1962)
Continúa el debate del articulado.
El señor Rodríguez de la Borbolla Camoyán defiende las enmiendas números
31 a 33 y 35, retirando la número 34, del Grupo Socialista. El señor Díez
González defiende las enmiendas números 36, 38, 44, 45 y 50, del Grupo
Socialista. El señor Alonso Buitrón defiende las enmiendas números 37, 39
y 46, del Grupo Socialista. El señor Franco Gutiez defiende las enmiendas
números 47 y 51, retirando la número 49, del Grupo Socialista. El señor
Lobo Asenjo consume un turno en contra. En turno de portavoces, hacen uso
de la palabra los señores Rodríguez de la Borbolla Camoyán, por el Grupo
Socialista, y Lobo Asenjo, por el Grupo Popular.
El señor Aguilar Belda defiende las enmiendas números 40 a 43 y 48. El
señor Lobo Asenjo consume un turno en contra. En turno de portavoces,
hacen uso de la palabra los señores Albistur Marín, por el Grupo de
Senadores Nacionalistas Vascos; Aguilar Belda, por el Grupo Socialista, y
Lobo Asenjo, por el Grupo Popular. El señor Aguilar Belda interviene de
nuevo en virtud del artículo 87.
Se procede a votar.
Se rechaza la enmienda número 70, del Grupo Mixto, por 93 votos a favor,
132 en contra y 4 abstenciones.
Se rechaza la enmienda número 6, del Grupo Mixto, por 3 votos a favor,
137 en contra y 88 abstenciones.
Se rechazan las enmiendas números 4, 5, 19, 21, 22, 25, 26, 29 y 30, del
Grupo Mixto, por 89 votos a favor, 132 en contra y 6 abstenciones.
Se rechaza la enmienda número 16, del Grupo Mixto, por 3 votos a favor,
134 en contra y 91 abstenciones.
Se rechazan las enmiendas números 7, 8, 10, 11, 14, 15, 17, 18, 20 y 23,
del Grupo Mixto, por 2 votos a favor, 220 en contra y 7 abstenciones.
Se rechazan las enmiendas números 1, 2, 3, 9, 12, 13, 24 y 27, del Grupo
Mixto, por 5 votos a favor, 217 en contra y 6 abstenciones.
Se rechaza la enmienda número 28, del Grupo Mixto, por 4 votos a favor,
135 en contra y 88 abstenciones.
Se rechazan las enmiendas números 61 y 65, del Grupo Mixto, por 8 votos a
favor, 134 en contra y 86 abstenciones.
Se rechazan las enmiendas números 60, 62, 63, 64, 66 y 67, del Grupo
Mixto, por 9 votos a favor, 219 en contra y 1 abstención.
Se rechazan las enmiendas números 53, 55, 56 y 57, del Grupo de Senadores
Nacionalistas Vascos, por 8 votos a favor, 125 en contra y 96
abstenciones.
Se rechaza la enmienda número 71, del Grupo Catalán en el Senado de
Convergència i Unió, por 104 votos a favor, 124 en contra y 1 abstención.
Se rechaza la enmienda número 72, del Grupo Catalán en el Senado de
Convergència i Unió, por 11 votos a favor, 210 en contra y 7
abstenciones.
Se rechaza la enmienda número 73, del Grupo Catalán en el Senado de
Convergènica i Unió, por 17 votos a favor, 207 en contra y 1 abstención.
Se rechaza la enmienda número 46, del Grupo Socialista, por 91 votos a
favor, 127 en contra y 11 abstenciones.
Se rechaza la enmienda número 47, del Grupo Socialista, por 88 votos a
favor, 121 en contra y 17 abstenciones.
Se rechaza la enmienda número 38, del Grupo Socialista, por 87 votos a
favor, 124 en contra y 17 abstenciones.
Se rechaza la enmienda número 36, del Grupo Socialista, por 89 votos a
favor, 124 en contra y 16 abstenciones.
Se rechaza la enmienda número 32, del Grupo Socialista, por 88 votos a
favor, 124 en contra y 17 abstenciones.
Se rechazan las enmiendas números 31, 33 y 35, del Grupo Socialista, por
89 votos a favor, 124 en contra y 16 abstenciones.
Se rechazan las enmiendas números 37 y 39, del Grupo Socialista, por 94
votos a favor, 124 en contra y 11 abstenciones.
Se rechazan las enmiendas números 41, 43, 44 y 45, del Grupo Socialista,
por 91 votos a favor, 123 en contra y 13 abstenciones.
Se rechazan las enmiendas números 40, 42, 48, 50 y 51, del Grupo
Socialista, por 86 votos a favor, 124 en contra y 17 abstenciones.
Se aprueba la Exposición de Motivos, según el texto del dictamen, por 129
votos a favor, 10 en contra y 67 abstenciones.
Se aprueban los artículos 4 y 6, por 223 votos a favor, 3 en contra y 3
abstenciones.
Se aprueban los artículos 7, 9, 10 y 11, por 136 votos a favor, 91 en
contra y 1 abstención.
Se aprueba el artículo 13, por 141 votos a favor y 87 en contra.
Se aprueban los restantes artículos de proyecto de ley, por 138 votos a
favor, 89 en contra y 1 abstención.
Se aprueban las disposiciones adicionales y derogatoria por 223 votos a
favor, 3 en contra y 2 abstenciones.
Se aprueban las disposiciones finales por 140 votos a favor, 87 en contra
y 1 abstención.
El señor Presidente comunica a la Cámara el traslado de las enmiendas
aprobadas por el Senado al Congreso de los Diputados.
De la Comisión de Agricultura, Ganadería y Pesca en relación con la
Proposición de Ley de ordenación del sector pesquero de altura al fresco
(Página 1978)
El señor Aleu i Jornet plantea una cuestión relativa al texto de la
Exposición de Motivos, que es aclarada por el señor Presidente.
No se presenta el dictamen ni se produce debate de totalidad.
Comienza el debate del articulado.
El señor Zubía Atxaerandio defiende las enmiendas números 1 y 2, del
Grupo de Senadores Nacionalistas Vascos. El señor González Príncipe
defiende la enmienda número 3, del Grupo Socialista. El señor Chapela
Seijo consume un turno en contra. En turno de portavoces, hacen uso de la
palabra los señores Nieto Cicuéndez, por el Grupo Mixto; Roig y Grau, por
el Grupo Catalán en el Senado de Convergència i Unió; González Príncipe,
por el Grupo Socialista, y Chapela Seijo, por el Grupo Popular.
Se procede a votar.
Se aprueba una enmienda transaccional, relacionada con la número 2, del
Grupo de Senadores Nacionalistas Vascos, por asentimiento de la Cámara.
Se aprueba la enmienda número 1, del Grupo de Senadores Nacionalistas
Vascos, por 225 votos a favor y 1 en contra.
Se rechaza la enmienda número 3, del Grupo Socialista, por 87 votos a
favor, 138 en contra y 1 abstención.
Se aprueban el artículo único, la disposición final primera y la
Exposición de Motivos, según el texto del dictamen, por 225 votos a favor
de los 225 emitidos.
Se aprueba la disposición final segunda por 139 votos a favor y 85
abstenciones.
El señor Presidente comunica a la Cámara el traslado de las enmiendas
aprobadas por el Senado al Congreso de los Diputados.
De la Comisión Constitucional en relación con la Proposición de Ley
Orgánica reguladora de la cláusula de conciencia de los profesionales de
la información (Página 1982)
El señor Agramut Font de Mora, Presidente de la Comisión, presenta el
dictamen.
Se abre debate de totalidad.
No se consumen turnos a favor ni en contra. En turno de portavoces, hacen
uso de la palabra la señora De Boneta y Piedra, por el Grupo Mixto, y los
señores Rigol i Roig, por el Grupo Catalán en el Senado de Convergència i
Unió; Marín Rite, por el Grupo Socialista, y González Pons, por el Grupo
Popular.
Comienza el debate del articulado.
El señor Nieto Cicuéndez, del Grupo Mixto, defiende la enmienda número 2.
El señor González Pons consume un turno en contra. No se hace uso del
turno de portavoces.
Se rechaza la enmienda número 2, del Grupo Mixto, por 89 votos a favor,
128 en contra y 3 abstenciones.
Se aprueba el proyecto de ley por asentimiento de la Cámara.
El señor Presidente anuncia a la Cámara que queda definitivamente
aprobado por las Cortes Generales el Proyecto de Ley.
MOCIONES CONSECUENCIA DE INTERPELACION (Página 1988)
Del Grupo Parlamentario Socialista por la que se insta al Gobierno para
que, en el plazo máximo de quince días, proponga en el Parlamento y en el
Consejo Interterritorial de Salud el nuevo modelo de financiación
sanitaria para el período comprendido entre 1998 y 2001, que sirva de
base para la negociación con todas las Comunidades Autónomas (Página 1988)
El señor Zamorano Vázquez defiende la moción. El señor Martín Iglesias
consume un turno en contra. En turno de portavoces, hace uso de la
palabra el señor Cardona i Vila, por el Grupo Catalán en el Senado de
Convergència i Unió.
Se rechaza la moción del Grupo Socialista por 86 votos a favor, 126 en
contra y 3 abstenciones.
Del Grupo Parlamentario Socialista por la que insta al Gobierno a
definir, en el contexto de la estrategia de largo plazo del sector
energético, una estrategia específica para el subsector del gas natural
tendente a aprovechar al máximo las ventajas competitivas derivadas de
una renta de situación favorable, a facilitar gradualmente el acceso de
las empresas a las redes de transporte y plantas de regasificación y
almacenamiento, y a atribuir a un organismo independiente la regulación
del funcionamiento del sistema gasístico (Página 1992)
El señor Gibert i Bosch defiende la moción. El señor Unceta Antón
defiende una propuesta de modificación, del Grupo Popular, a la moción.
El señor Gibert i Bosch explana su posición respecto de la propuesta de
modificación. En turno de portavoces, hacen uso de la palabra los señores
Albistur Marín, por el Grupo de Senadores Nacionalistas Vascos, y Simó i
Burgués, por el Grupo Catalán en el Senado de Convergènica i Unió.
Se rechaza la moción del Grupo Socialista por 89 votos a favor y 123 en
contra.
Del Grupo Parlamentario Socialista por la que se insta al Gobierno a que
contemple como objetivos de su política educativa el mantenimiento del
equilibrio existente entre los componentes de la red integrada en centros
escolares, el rechazo de cualquier deriva privatizadora, el
fortalecimiento de la red integrada de centros, con especial atención a
los de titularidad pública, el esfuerzo sostenido para mejorar la calidad
de la oferta educativa y la apertura de un amplio diálogo social que
contribuya a sosegar el clima de inquietud existente en amplios sectores
de la comunidad educativa (Página 1996)
El señor Iglesias Marcelo defiende la moción. El señor Fernández Rozada
defiende una propuesta de modificación a la moción. El señor Iglesias
Marcelo expone su postura respecto de la propuesta de modificación.
En turno de portavoces, hacen uso de la palabra la señora De Boneta i
Piedra, por el Grupo Mixto, y el señor Varela i Serra, por el Grupo
Catalán en el Senado de Convergència i Unió.
Se rechaza la moción del Grupo Socialista por 88 votos a favor, 122 en
contra y 2 abstenciones.
Se suspende la sesión a las veintiuna horas y diez minutos.
Se reanuda la sesión a las diez horas y diez minutos.
El señor PRESIDENTE: Señorías, se abre la sesión.
DICTAMENES DE COMISIONES SOBRE PROYECTOS Y PROPOSICIONES DE LEY REMITIDOS
POR EL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS:
--DE LA COMISION DE OBRAS PUBLICAS, MEDIO AMBIENTE, TRANSPORTES Y
COMUNICACIONES EN RELACION CON EL PROYECTO DE LEY POR EL QUE SE REGULA LA
COMPETENCIA DEL GOBIERNO, EN UN PERIODO TRANSITORIO, PARA LA FIJACION DE
LAS TARIFAS Y CONDICIONES DE INTERCONEXION. SE TRAMITA POR EL
PROCEDIMIENTO DE URGENCIA. (S. 621/000023.) (C. D. 121/000039.)
El señor PRESIDENTE: Cuarto punto del orden del día: Dictámenes de
Comisiones sobre proyectos y proposiciones de ley remitidos por el
Congreso de los Diputados; en este caso, de la Comisión de Obras
Públicas, Medio Ambiente, Transportes y Comunicaciones, en relación con
el Proyecto de Ley por el que se regula la competencia del Gobierno, en
un período transitorio, para la fijación de las tarifas y condiciones de
interconexión. Se tramita por el procedimiento de urgencia.
Para la presentación del dictamen, tiene la palabra el miembro de la
Comisión que haya sido designado a tal efecto.
Tiene la palabra el Senador Beguer.
El señor BEGUER I OLIVERES: Señor Presidente, fue designado el Secretario
Primero, don Rodolfo Ainsa.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.
Tiene la palabra el Senador Ainsa.
El señor AINSA ESCARTIN: Buenos días, señor Presidente, señoras y señores
Senadores.
A continuación vamos a presentar ante el Pleno el dictamen de la Comisión
de Obras Públicas, Medio Ambiente, Transportes y Comunicaciones sobre el
Proyecto de Ley por el que se regula la competencia del Gobierno, en un
período transitorio, para la fijación de las tarifas y condiciones de
interconexión.
Señorías, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 120 del
Reglamento de la Cámara y con el acuerdo adoptado por la Comisión de
Obras Públicas, Medio Ambiente, Transportes y Comunicaciones en su
reunión del día 3 de junio, tengo el honor de presentar ante el Pleno el
dictamen relativo al Proyecto de Ley por el que se regula la competencia
del Gobierno, en un período transitorio, para la fijación de las tarifas
y condiciones de interconexión. El texto aprobado por el Pleno del
Congreso de los Diputados correspondiente a dicho Proyecto de Ley tuvo
entrada en el Senado el día 24 de mayo. La Presidencia de la Cámara, de
conformidad con el artículo 104 del Reglamento, ordenó su remisión a la
citada Comisión. Teniendo en cuenta que se había declarado urgente su
tramitación, el plazo de presentación de enmiendas, como saben sus
señorías, terminó el miércoles pasado, 28 de mayo. Se presentaron una
propuesta de veto y dos enmiendas, en ambos casos por parte del Grupo
Parlamentario Socialista. La Comisión dictaminó el día 3 de junio,
rechazando tanto la propuesta de veto como las enmiendas, por lo que
acordó aceptar como dictamen el texto remitido por el Congreso de los
Diputados. Se ha formulado un voto particular, para conocimiento de sus
señorías, por parte del Grupo Parlamentario Socialista, anunciando el
propósito de defender ante el Pleno tanto el veto como las enmiendas
anteriormente citadas.
Nada más y muchas gracias, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, Senador Ainsa.
Se ha presentado una propuesta de veto, que se va a debatir a
continuación. Se trata del voto particular número 1, del Grupo
Parlamentario Socialista, que corresponde, naturalmente, a la propuesta
de veto número 1.
Por 15 minutos, tiene la palabra el portavoz del Grupo Parlamentario
Socialista, señor Luis Calvo.
El señor LUIS CALVO: Muchas gracias, señor Presidente.
Señorías, volvemos a debatir sobre telecomunicaciones en esta Cámara
después de no hace mucho tiempo y repetidas veces.
De la misma manera que el dinero sólo tiene esa consideración cuando es
universalmente aceptado, las redes de telecomunicación tienen vocación de
permitir llegar a todas las personas interesadas. Así, un teléfono --
digamos de Airtel o de cualquier otra compañía-- que no pudiese acceder a
los teléfonos de los abonados de Telefónica no sería un verdadero
teléfono de servicio público de telefonía. Se plantea, pues, la necesidad
de interconexión entre las redes, lo cual implica colaboración entre
competidores. Si esa colaboración se rechazase o se hiciese demasiado
onerosa, no habría competencia. Solamente se puede impedir el rechazo por
medio de regulación y, superado éste, queda la cuestión del precio de la
interconexión. Al no haber mercado no hay precios que respondan a una
realidad comercial y la solución habitual es la de establecer una
aproximación a través de los costos. Pero en empresas con sistemas de red
como base tecnológica, el cálculo de estos
costos es dificultoso y discutible, como lo son las aportaciones
teóricas, y en la práctica solamente se puede establecer por medio de la
intervención directa de un órgano regulador o arbitral.
¿Es necesaria, pues, la regulación? ¿Qué puede ocurrir cuando no la hay y
se abre la competencia? Hay un buen ejemplo para ilustrar este proceso:
es el caso de Nueva Zelanda. Allí se permitió la competencia en
telecomunicaciones y no se estableció un órgano regulador especializado;
se consideró que las leyes comerciales y de competencia generales serían
suficientes. El problema de los costes de interconexión dio lugar a un
conocido juicio cuya última instancia se está sustanciando todavía en
Londres. En resumen, el operador entrante tardó años en tener un precio
de interconexión cierto a un alto coste, cuando lo que necesitaba eran
respuestas rápidas y con bajo coste de tramitación. Este ejemplo de los
precios de interconexión se podría extender a otros muchos aspectos,
tales como la numeración, la portabilidad del número por el cliente al
cambiar de compañía, el acceso igualitario, etcétera, y solucionar estos
problemas por la vía judicial impediría la introducción de competencia a
un paso razonable.
La regulación es, pues, necesaria en el sector y la cuestión esencial
consiste en establecer un buen marco regulatorio que permita la
introducción de competencia eficiente y un órgano con el necesario bagaje
técnico-jurídico que arbitre las diferencias entre los operadores. Ahora,
como se sabe, se ha creado la Comisión del Mercado de las
Telecomunicaciones, en virtud del Real Decreto-ley 6/1996, y, en su
tramitación parlamentaria, por la Ley de la liberalización de las
telecomunicaciones, se ha hecho hincapié en su carácter de órgano
independiente encargado de velar por la aplicación de los principios de
libre competencia, transparencia e igualdad de trato, y de arbitrar los
conflictos entre los operadores del sector.
Una vez planteada esta introducción, y en lo que se refiere a la estricta
defensa de la enmienda de veto presentada por el Grupo Parlamentario
Socialista, al que represento, pudiera parecer que nuestra actitud es
puramente retórica, una especie de reacción de enfado ante la insólita
iniciativa del Gobierno de producir en 24 horas una Ley de artículo único
que venía a corregir un error del Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso de los Diputados. Pero no es así, porque si así fuera el señor
Ministro de Fomento no llevaría seis meses intentando desesperadamente
meter en órdenes ministeriales o en reglamentos la competencia propia de
la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones para la fijación de las
tarifas y condiciones de interconexión en manos del Gobierno.
Como ya manifestamos en el trámite de Comisión, hubo algo en la Ley de
liberalización de las telecomunicaciones en lo que a lo largo del otoño
pasado trabajaron todos los grupos parlamentarios con especial esmero y
con especial cariño, y que fue el artículo primero de la Ley de
liberalización de las telecomunicaciones, que por el curso de los hechos
se manifiesta como lo más importante que ahora mismo queda en la citada
Ley.
Fruto de un acuerdo entre varios grupos parlamentarios que aceptaron la
oferta de diálogo y de consenso del Grupo Parlamentario Popular se
establecen las condiciones necesarias para que la Comisión del Mercado de
las Comunicaciones, que se creaba de una manera tímida en el Real
Decreto-ley 6/1996, de 7 de junio, con un carácter meramente
funcionarial, dependiente del Ministerio, y con unas competencias muy
limitadas, ampliará su horizonte, sus competencias y la calidad y
cantidad de sus recursos humanos y técnicos hasta convertirse, realmente,
en una Comisión reguladora de las telecomunicaciones en este país.
La interpretación, quizás perversa, que efectuaron en el seno de los
organismos correspondientes del Ministerio de Fomento, absolutamente
contraria al espíritu de las negociaciones que se habían mantenido en
sede parlamentaria, supuso, a nuestro juicio, un durísimo golpe a la
credibilidad que el Grupo Parlamentario Socialista había dado al Gobierno
en relación con esta ley, de forma que si las tímidas competencias que
constaban en el Real Decreto de junio eran claramente insuficientes
--todos lo comprendimos y se ampliaron--, las pocas que tenía fueron
revocadas por una Orden Ministerial de 31 de enero pasado. Ese ya fue un
primer aviso que produjo una situación insostenible para el prestigio de
las Cámaras y también para el prestigio profesional de los cualificados
miembros que fueron designados para formar parte de la Comisión del
Mercado de las Telecomunicaciones.
Desde el Real Decreto-ley 6/1996, de junio del año pasado, hasta la
aprobación de la Ley de Liberalización de las Telecomunicaciones, en
abril de 1997, del presente año, siete normas, entre Reales Decretos,
Decretos y Ordenes Ministeriales del Gobierno, han adulterado
profundamente el sentido de la voluntad de las Cámaras, incluida la
voluntad del grupo mayoritario que apoya al Gobierno. Las razones las
desconocemos. Posiblemente, sonara algún timbre de alarma en el seno del
Gobierno y se produjera alguna incomodidad por una Comisión que, sin ser
absolutamente independiente, porque lógicamente ello requeriría la
extracción absolutamente parlamentaria, sí había sido dotada de los
medios necesarios y suficientes para efectuar una regulación en el sector
que pudiera no ser acorde con las intenciones de algunos sectores del
Gobierno. Y esos pecados se están pagando muy caros últimamente en este
país, al igual que la pretensión de sostener voces de personas o de
entidades que no se plieguen por completo a la voluntad del Gobierno.
Esto que se quiere hacer con la Comisión del Mercado de las
Telecomunicaciones es un ejemplo más de lo que estamos viviendo desde
hace meses. La Orden Ministerial del 31 de enero pasado, en una Ley de
Liberalización de las Telecomunicaciones, suprime la competencia de
actuar en la fijación de las tarifas de interconexión de las redes fijas
que es, a nuestro juicio, el núcleo sustancial de la liberalización de
las telecomunicaciones --sin eso no podría existir ese concepto-- y es
recuperada por el Gobierno violando no ya los acuerdos parlamentarios
alcanzados el pasado otoño en el Congreso de los Diputados que,
naturalmente, iban mucho más allá, sino el contenido formal del Real
Decreto-ley de hace un año, de forma tal que el Gobierno rescataba esa
competencia por una norma que, en lenguaje coloquial, es lo más barato
que se vende en actuaciones
administrativas: una Orden Ministerial, una actuación administrativa de
un rango inadecuado y contradictorio con normas de rango superior. Por
cierto, que el curso de los acontecimientos ha dado, desgraciadamente, la
razón a este Grupo parlamentario cuando planteábamos ya hace un año que
el Real Decreto presentado en junio no era urgente. La mejor prueba de
que no era urgente es que un año después nos encontramos todavía en este
trámite parlamentario.
El intento por parte del Gobierno y del Grupo parlamentario que lo
sustenta de salvar ese fallo normativo de la Orden Ministerial mencionada
con otro con rango de ley y evitar así la grave contradicción en que
incurrió administrativamente el Gobierno, a través de una enmienda
introducida en esta Cámara por el Grupo Parlamentario Popular, les ha
vuelto a fallar a ustedes y al Gobierno al aprobarse definitivamente en
el Congreso de los Diputados la Ley de Liberalización de las
Telecomunicaciones, en la sesión del pasado 10 de abril, al votar allí el
Grupo Parlamentario Popular en contra de la enmienda que habían logrado
introducir en esta Cámara, quedando, otra vez, en manos de la Comisión la
competencia de actuar en la fijación de tarifas y condiciones de
interconexión de las redes fijas que --como ya dijimos anteriormente-- es
el núcleo sustancial de la liberalización de las telecomunicaciones.
El señor Ministro de Fomento ha pretendido justificar esto con lo que él
denomina «razón de fondo», es decir, la necesidad de mantener en manos
del Gobierno la competencia para fijar las condiciones y tarifas de
interconexión. Esto nos parece, de entrada, una ironía, por no emplear
otro término más fuerte, porque ¿en qué quedamos, en liberalización o
intervencionismo? Pretender escudarse, como lo ha hecho el señor Ministro
de Fomento, en que no existe ninguna razón para imponer a la Comisión del
Mercado de las Telecomunicaciones la política de liberalización gradual
que, en principio, impulsa el Gobierno, nos parece más bien una broma a
la vista de lo que está ocurriendo.
A la Comisión no se le impone nada, sino que la ley le otorga una serie
de competencias, entre ellas, la de fijar las tarifas y condiciones de
interconexión. Menos mal que, a renglón seguido, el señor Ministro ha
manifestado que parece conveniente retener esa competencia de fijar
condiciones y tarifas de interconexión en manos del Gobierno hasta el 1
de diciembre de 1998. Entonces, ¿con cuál de los dos conceptos nos
quedamos? ¿Necesidad o conveniencia? ¿Necesario para qué y para quién?
¿Conveniente para quién y para qué? Nosotros negamos la necesidad como
motivo o causa irresistible y estamos absolutamente convencidos de que
todo obedece a la conveniencia del Gobierno de corregir no uno, sino
varios errores del propio Gobierno a lo largo de todo un año transcurrido
desde que se publicó el Real Decreto-ley el 7 de julio del año pasado.
En este sentido, las cosas deben quedar claras. La Ley de Liberalización
de las Telecomunicaciones, derivada de la tramitación en las Cámaras del
Real Decreto-ley de 1996, atribuye a la Comisión del Mercado de las
Telecomunicaciones la competencia, entre otras, de fijar las condiciones
y tarifas de interconexión en supuestos de falta de acuerdo entre los
operadores.
Sustraerle a la Comisión esa competencia y residenciarla en el
Ministerio, como pretende este Proyecto de Ley con artículo único y
redactado 24 horas después de aprobarse en las Cámaras la ley antes
mencionada, supone despojar a la Comisión del Mercado de las
Telecomunicaciones de una facultad sustantiva para el desarrollo de las
funciones que tiene encomendadas. Alegar, además, para ello la falta de
medios de la Comisión, casi un año después de su creación, no tiene más
explicación que una cierta desidia interesada del Gobierno por el
funcionamiento de la Comisión, con objeto de retener indebidamente
competencias que en absoluto posee.
El Proyecto de Ley que nos ocupa supone, asimismo, una reiterada falta de
confianza del Gobierno en el funcionamiento de una Comisión
independiente, constituida por personas de acreditada capacidad para el
desempeño de las funciones que se le quieren sustraer.
Por todo ello, pedimos el apoyo de los grupos parlamentarios a esta
enmienda de veto que, de prosperar, dejaría la Ley de Liberalización de
las Telecomunicaciones, de poco más de un mes de vida, tal y como la
aprobaron las Cámaras.
Muchas gracias, señorías. Muchas gracias, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias, Senador Luis Calvo.
Para turno en contra, tiene la palabra el Senador Bris.
El señor BRIS GALLEGO: Muchas gracias, señor Presidente.
Señor Presidente, señorías, el Partido Popular se va a oponer al veto
presentado por el Partido Socialista al Proyecto de Ley por el que se
regula la competencia del Gobierno, en un período transitorio, para la
fijación de las tarifas y condiciones de interconexión. Y lo voy a hacer
en base a algunos argumentos recogidos en parte en la exposición de la
ley. El Gobierno, como saben sus señorías, está obligado a cumplir el
calendario que se acordó con la Comisión Europea de Bruselas, que fijó la
fecha de la plena liberalización del mercado español en el 1 de diciembre
de 1998. Antes de esa fecha, señorías, estamos obligados a hacer las
oportunas modificaciones en la regulación de las comunicaciones en
nuestro país, desarrollando los procesos de entrada en el mercado de
nuevos operadores de telefonía, concretamente, Retevisión, una vez
privatizada, y los operadores de cable que obtengan el correspondiente
título habilitante.
De las condiciones y tarifas de interconexión para la prestación del
servicio utilizando la red del operador dominante dependerá, como ustedes
saben, la supervivencia a corto plazo de estos primeros competidores en
la apertura del mercado. Por ello, nuestro Grupo considera importante que
en esta fase, en la que todavía no existe plena liberalización del
mercado, las condiciones y fijación de las tarifas de interconexión se
vayan haciendo de un modo gradual. La Comisión del Mercado de
Telecomunicaciones, que está ejerciendo --y no hay que olvidarlo-- sus
atribuciones en aquellos aspectos destinados a garantizar la libre
competencia y las facultades arbitrales, lleva muy poco tiempo
constituida, y la insuficiencia de medios con
la que todavía está dotada en este período, como decimos, de
implantación, podría, señorías, dificultar la elaboración de los estudios
y análisis necesarios para adoptar este tipo de resoluciones en materia
de interconexión.
Nos parece, por tanto, necesario a nuestro Grupo encomendar
transitoriamente --y no hay que olvidar esta importante circunstancia--
la facultad de fijación de las condiciones y tarifas de interconexión al
Ministerio de Fomento hasta la plena liberalización del sector, en
momentos, por otra parte, en los que se está poniendo en marcha, como
decimos, el segundo operador, reconociendo a la Comisión del Mercado de
Telecomunicaciones la facultad de emisión del informe previo y
considerando, por otra parte, que la administración activa del Estado
debe operar sobre una situación administrativa del sector en la situación
actual, en la que todavía no existe un mercado liberalizado.
Esta ley se justifica también, como sus señorías saben, por la necesidad
de corregir un error que se produjo en el Congreso de los Diputados en el
momento de la votación de una enmienda que había sido aprobada e
introducida en la Ley de Liberalización de las Telecomunicaciones por
este Senado.
Por otra parte, hay que señalar --y aquí ya me estoy refiriendo más
concretamente a la intervención del señor portavoz socialista-- que no
existe, ni mucho menos, ningún tipo de perversidad en la interpretación
ni tampoco, como dicen en su justificación, ningún tipo de desidia por
parte del Gobierno, como se nos pretende hacer creer, puesto que en este
sector el Gobierno del Partido Popular ha hecho en doce meses más que
otros en catorce años.
Señorías, no hay falta de confianza en la Comisión del Mercado de
Telecomunicaciones, que ha sido creada a propuesta del Gobierno del
Partido Popular. La Comisión del Mercado de Telecomunicaciones, señorías,
ejerce todas las funciones, y sólo transitoriamente; por las razones
aducidas por el Ministerio de Fomento, previo informe de la mencionada
Comisión, se reserva aquél la fijación de las condiciones y tarifas de
interconexión hasta la fecha del día 1 de diciembre de 1998. Por otra
parte, nos parece una burda manipulación que el Grupo Parlamentario
Socialista aduzca, entre las razones que justifican su veto, que esta ley
está claramente enfrentada con la legislación vigente, cuando este
artículo único que hoy se debate formaba parte de la ley que se aprobó en
esta Cámara, y solamente un error material de votación que el Partido
Socialista no permitió corregir con una nueva votación en el Congreso, la
adulteró en este punto, haciendo de ella algo que no obedecía a la
voluntad mayoritaria de la Cámara.
Señor Senador, las leyes del Partido Popular que se están debatiendo aquí
defienden la libertad de expresión, los intereses generales de los
ciudadanos, y no los particulares de determinadas empresas que ustedes
defendieron cuando gobernaban y siguen defendiendo en los momentos
actuales. El Real Decreto-ley tiene su urgencia totalmente justificada,
puesto que muchas de estas medidas se han venido tomando, como se
reflejan en las leyes que hemos ido debatiendo en esta Cámara, desde el
primer día.
Señor Senador, ¿liberalización o intervencionismo? Eso es algo que
ustedes deben preguntarse para sus propias actuaciones políticas en el
sector de las comunicaciones, de las que existen numerosos ejemplos a lo
largo de sus años de gobierno: la adjudicación de la televisión de pago,
la ubicación de las emisoras de frecuencia modulada, el cierre de
determinados periódicos y emisoras y un largo etcétera que demuestran su
talante intervencionista en este caso.
Por todas estas razones, nuestro Grupo va a rechazar el veto presentado
por el Partido Socialista.
Nada más y muchas gracias, señor Presidente. (Aplausos desde los escaños
del Grupo Parlamentario Popular.)
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, Senador Bris.
Se abre un turno de portavoces.
¿Grupo Parlamentario Mixto? (Pausa.)
Tiene la palabra el señor Nieto Cicuéndez.
El señor NIETO CICUENDEZ: Gracias, señor Presidente.
Voy a intervenir con brevedad porque el debate de los temas de fondo ya
está hecho, por lo que lo único que haría sería reafirmarme en lo que
dije cuando se debatió la ley y manifestar que estábamos de acuerdo con
la ley tal y como salió del Senado, donde obtuvo nuestra votación
favorable, por lo que estamos en contra del veto y de las enmiendas que
se plantean al mismo.
Por ello, Izquierda Unida va a votar a favor de la tramitación de este
proyecto de ley.
Nada más y gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, Senador Nieto Cicuéndez.
¿Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos? (Pausa.)
¿Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió?
(Pausa.) Tiene la palabra el Senador Beguer.
El señor BEGUER I OLIVERES: Muchas gracias, señor Presidente.
Intervengo, igualmente, con suma brevedad, toda vez que nuestro Grupo
estuvo de acuerdo con el proyecto de ley de liberalización de las
telecomunicaciones, por lo que ahora no tenemos más que ratificar el
acuerdo de aquellos momentos y, por otra parte, insistir en que nos
parece bien que en un período transitorio, que es de poco más de un año,
la fijación de las tarifas y condiciones de interconexión sea competencia
del Ministerio. Es un proceso gradual y, en consecuencia, a partir del 1
de diciembre de 1998, la liberalización será completa, por lo que nos
parece correcto que sea el Ministerio de Fomento el que fije las tarifas
y las condiciones. Por ello, vamos a votar en contra de la propuesta de
veto.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, Senador Beguer.
Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el Senador Luis
Calvo.
El señor LUIS CALVO: Gracias, señor Presidente.
Al margen de la letanía que siempre se nos repite desde estos escaños, si
su señoría no entiende que el hecho de volver a plantear aquí esta
cuestión es que sin soporte legal el Gobierno publicó la Orden
Ministerial, es que no entiende nada. Es decir, el Gobierno publica la
Orden Ministerial después de que el Congreso de los Diputados, con error
o sin error en la votación del Grupo Parlamentario Popular, le quite esa
competencia. Esto es lo que hace que el debate tenga hoy actualidad
política y jurídica, y si no lo entiende, es su problema, pero
posiblemente esta ley terminará en los tribunales, como alguna otra, y,
como se ha anunciado ya ayer en Bruselas, terminará en un proceso contra
el Gobierno español por parte de la Unión Europea.
El Grupo Parlamentario Socialista ha de manifestar que cuando creíamos
estar dentro de un pacto global, tanto en otoño último como en invierno,
y hasta en la primavera, que había definido no sólo las competencias,
sino también la composición del Consejo de la Comisión, nos encontramos,
al final, con que hay una dura rectificación en cuanto a las
competencias, alguna de ellas sustantiva como ésta, y con una enmienda
que aparece en esta Cámara, sin contar con el Grupo Parlamentario
Socialista, que es lo de menos, ni con ninguno de los restantes grupos
que habían intervenido en un inicio de andadura en telecomunicaciones que
fue fructífero y que, por razones que ya a nadie se le escapan, ha tomado
rumbos muy lejanos del consenso y del acuerdo.
El señor Ministro de Fomento dice en sus diversas comparecencias y
declaraciones que para entender esto hay que situarse en el marco de la
liberalización. Nosotros creemos exactamente lo contrario: para no
entender esto es cuando hay que situarse en el marco de la
liberalización. Porque es un marco que está en las declaraciones
continuadas del Gobierno, pero que no termina de llegar al «Boletín
Oficial del Estado». Y cuando llega al Boletín por la vía de la orden
ministerial y del reglamento, se corrigen severamente las medidas que
pudieran permitir al Gobierno hablar con legitimidad moral de
liberalización. Por no referirnos al extraño sentido de la liberalización
que tiene el Gobierno introduciendo en una ley, poco menos que a
martillazos, una cierta tecnología --cuestión que, por cierto, ahora está
sometida a instancias comunitarias--, ni al control efectivo que viene
ejerciendo de una Comisión que fue votada por las Cámaras con vocación y
deseo de independencia.
Porque, si recuerdan sus señorías, el artículo 2.8 del Real Decreto de
junio de 1996, introducía una disposición adicional única en la Ley de
Ordenación de las Telecomunicaciones que también decía dos cosas. La
primera, que las tarifas de interconexión debían ser pactadas entre las
partes interesadas. Y la segunda, que, en caso de desacuerdo,
correspondía a la Comisión establecer ese cuadro inicial que hace falta
cuando se pone en marcha un proceso de competencias que sustituye al
monopolio.
Y esa disposición adicional nueva establecía, sin ningún tipo de
distingos ni de matizaciones, a quién correspondía esa competencia. Y, a
nuestro criterio, la facultad de desarrollo reglamentario del Gobierno se
debe limitar a regular y a ordenar los valores asentados en la ley, pero
de ninguna manera puede servir para sustraer una competencia, y mucho
menos una competencia sustantiva, como es ésta de la que hablamos, a un
órgano al que se le otorgó, en principio, por propia voluntad del
Gobierno, que fue quien redactó el Real Decreto y quien produjo, por
tanto, la modificación de la Ley de Ordenación de las Telecomunicaciones
que aceptaron las Cámaras.
Con todo este batiburrillo de órdenes ministeriales, reglamentos y leyes
de artículo único se quiere modificar una realidad jurídica que ha
utilizado el Gobierno indebidamente --insisto: indebidamente-- al
publicar las tarifas y las condiciones de interconexión. Esta es la
realidad, y no otra.
En la exposición de motivos se dice que «parece necesario encomendar
transitoriamente el Ministerio de Fomento la fijación de las condiciones
y tarifas de interconexión». Pero ya en alguna comparecencia anterior del
señor Ministro se ha dejado decir que el Gobierno considera conveniente
mantener esa competencia en sus manos. Y esta segunda versión es la que
delata verdaderamente el talante de la cuestión que estamos discutiendo.
Porque, en todo caso, la necesidad del mercado de que el Gobierno retenga
en sus manos esa competencia es una necesidad sobrevenida. Recuérdese que
el Gobierno presentó el 6 de junio del año pasado un Real Decreto en el
que, sin que nadie se lo dijera, estableció como competencia de la
Comisión la de establecer las tarifas de interconexión. Pero, por si
hubiera alguna duda sobre la fecha o el momento en que esas competencias
debieran ser asumidas por la Comisión, el Gobierno también modificó «motu
proprio» la LOT (Ley de Ordenación de las Telecomunicaciones) diciendo
que el establecimiento de las tarifas de interconexión, si no se producía
acuerdo entre los operadores, era de la Comisión.
Por lo tanto, el Gobierno introdujo ya esa competencia no sólo dentro del
apartado de las competencias de la Comisión, cuya fecha de entrada en
vigor se pudiera discutir, sino en una norma de la Ley de Ordenación de
las Telecomunicaciones.
Desde ese momento le entró al Gobierno el remordimiento por lo que había
hecho, y desde entonces hemos asistido a una continua sucesión de
iniciativas del Gobierno para rescatar esa competencia, excesiva a su
juicio, otorgada a la Comisión. Y se dice por el Gobierno y por el Grupo
Parlamentario Popular que es necesario hacerlo porque el Gobierno
necesita todavía desarrollar una cierta política de telecomunicaciones.
Ciertamente. Hubiéramos podido no vender por completo el primer operador
y podríamos tener todavía un cierto grado de actuación en la política de
ordenación de las telecomunicaciones. Pero no ha sido así, porque, ¿qué
utilización ha hecho el Gobierno de esa prerrogativa --insisto, sin base
legal-- para publicar esa orden ministerial? El Ministro lo dijo en su
momento muy claramente: defender determinados intereses concretos. Y
cuando hay que poner en valor un mortecino segundo operador, que no
encontraba su sitio en el mercado, se publica otra orden ministerial, con
unas bajas tarifas de interconexión que dañan a Telefónica, pero que,
indiscutiblemente, ponen en valor al segundo operador. Y acto seguido,
cuando se causa con ello un daño
importante y por el que Telefónica pareció estar dispuesta a ir a los
tribunales, el Gobierno compensó autorizando un incremento desmedido de
las tarifas en tráfico urbano.
Esa es la utilización que el Gobierno ha hecho de esa competencia que
pretende rescatar con este proyecto de ley y que no tenía a la hora de
establecer esa orden ministerial, y porque ninguno de los reglamentos en
los que el Gobierno ha introducido esa facultad que ahora plantea en
términos de la ley puede derogar el mandato de la ley, tanto de la LOT
(Ley de Ordenación de las Telecomunicaciones) como de la que proviene del
Real Decreto 6/1996, que establece meridianamente para la Comisión la
capacidad de fijar las tarifas máximas de interconexión en el supuesto de
que no haya acuerdo entre los operadores.
Y suponiendo que las Cámaras aprueben este proyecto de ley, sigue el
Gobierno sin tener base legal para haber publicado la orden ministerial
que publicó. Y como esto es irreversible, porque la ley no tiene carácter
retroactivo, las Cámaras, a nuestro juicio, no debieran dar soporte a una
intención del Gobierno y del Grupo que lo soporta que está claramente
enfrentada con la legislación vigente.
Señorías, el derecho europeo y la política conducida por la Comisión
Europea en toda Europa en relación con las telecomunicaciones está
marcada por la necesidad de reglas de conducta comercial y no por la
imposición de normas técnicas. Y en este sentido, las decisiones que se
están tomando en España atentan contra la libertad de comercio y de
prestación de servicios intracomunitarios, garantizadas por los artículos
30 y 59 del Tratado de Roma. Por cierto, que el Comisario Europeo de
Telecomunicaciones, señor Martin Bangemann, anunció ayer la apertura de
un procedimiento de infracción contra el Gobierno español. También el
Presidente de la IFS, que es un organismo asesor de la Comisión Europea,
ha indicado que la propia Unión, previsiblemente --ya lo estamos viendo--
anulará la legislación española tanto en lo relativo a despojar de
competencias a la Comisión como en lo relativo a los famosos
descodificadores, ya que la intervención del poder público en la
configuración del mapa de la comunicación no tiene precedentes en la
historia de nuestra democracia.
Y ello, paradójicamente, en el momento de máxima liberalización
internacional, porque parece que el Gobierno español se ha propuesto
realizar una auténtica contrarreforma en el ámbito comunicativo español,
consistiendo tal operación en desarticular las hegemonías profesionales y
comerciales creadas durante los 20 años de democracia y sustituirlas por
un conglomerado que contiene, desde el punto de vista ideológico de las
empresas que impulsa el Gobierno, todos los componentes de la hegemonía
predemocrática.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, Senador Luis Calvo.
Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el Senador Bris.
El señor BRIS GALLEGO: Muchas gracias, señor Presidente.
Señorías, con este veto, lo que pretenden ustedes es cambiar la voluntad
mayoritaria de una Cámara por un simple hecho mecánico, lo cual, con toda
sinceridad, ni es serio ni es democrático. (Protestas.)
El señor PRESIDENTE: Silencio.
El señor BRIS GALLEGO: Están viendo ustedes, señorías, que se están
quedando solos en la defensa de los intereses particulares de
determinadas empresas.
Como habla de legitimidad moral del Gobierno y menciona concretamente el
tema de los descodificadores, debo señalarle dos cuestiones muy
concretas.
En primer lugar, que el «multicrypt», descodificador que, si no se llega
a un acuerdo entre las plataformas, lógicamente, se tendría que implantar
según la ley aprobada por la Cámara, ha sido aprobado por Bruselas como
descodificador abierto --por esa Bruselas de la que usted tanto habla--,
adoptado por los japoneses como sistema universal y por los Estados
Unidos de América. En cambio, que yo sepa, el «simulcrypt», a no ser que
tenga usted una noticia de esta misma mañana, todavía no está calificado
nada más que como un descodificador, en un principio, cerrado, y a la
espera de que se le pueda dar otro tipo de calificación.
Ustedes están haciendo de la aprobación de una ley, con un artículo
único, y que tiene una provisionalidad específica manifestada en la
propia ley, una cuestión que, indudablemente, no tiene los matices que su
señoría ha planteado en su intervención. Está usted hablando de una serie
de suposiciones cuando dice que el Gobierno piensa mantener ese derecho.
Estamos en un Estado de Derecho y éste está amparado por las leyes y aquí
estamos aprobando una ley que dice hasta cuándo el Gobierno, a través del
Ministerio de Fomento, se reserva ese derecho. Usted dice que se le está
privando a la Comisión del Mercado de Telecomunicaciones de muchísimas
competencias. No, únicamente de una, de manera provisional y como
consecuencia de la necesaria regulación de las condiciones de fijación de
las tarifas en un mercado difícil que está comenzando y que,
indudablemente, necesita de esa liberalización. La Comisión del Mercado
de Telecomunicaciones está ya ejerciendo sus funciones en todas las
materias de competencias, de arbitraje, y desde luego, también en todos
los informes necesarios para cualquier cuestión que afecte a este sector.
Cuando usted habla de liberalización de las telecomunicaciones, tengo que
recordarle que la fecha de la que ahora estamos hablando no ha sido
fijada últimamente, sino que se conocía antes de que el Gobierno del
Partido Popular entrase a regir los destinos de España. Ustedes no
hicieron casi nada por aquello. Es más, yo recuerdo que el Ministro,
señor Borrell, se enfrentaba con parte del Gobierno para fijar las fechas
de liberalización e, incluso, el Tribunal de Defensa de la Competencia
daba otras fechas totalmente distintas.
Por lo tanto, yo le pediría que, de verdad, desde el Grupo Parlamentario
Socialista reflexionasen y se diesen cuenta de que aquí estamos, y creo
que ustedes también
coinciden en esto, en defensa de unos intereses generales y que todas las
leyes de liberalización que se están aprobando en esta Cámara únicamente
tienen un objetivo que marca la Constitución: que todos los españoles
seamos iguales ante la ley. Por lo tanto, nos ratificamos en el voto en
contra de este veto.
Nada más y muchas gracias, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, Senador Bris.
Terminado el debate de este veto, vamos a proceder a su votación.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 224; a
favor, 85; en contra, 138; abstenciones, una.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazado.
Pasamos al debate de las enmiendas. En primer lugar, voto particular
número 1, del Grupo Parlamentario Socialista, que corresponde a las
enmiendas números 1 y 2.
Tiene la palabra el Senador Luis Calvo.
El señor LUIS CALVO: Muchas gracias, señor Presidente.
Señorías, mediante la aprobación en Comisión, en esta Cámara, el pasado
mes de abril, de una enmienda del Grupo Parlamentario Popular se
introdujo una nueva disposición transitoria que, a nuestro juicio,
contradecía claramente el apartado 2.2 i) del artículo primero, por el
que se creaba la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones en la Ley
de liberalización, negándosele a la Comisión el ejercicio de una función
importante en el contexto de la plena liberalización de las
telecomunicaciones, como es fijar los precios máximos de interconexión
que deban regir en las relaciones comerciales entre operadores.
Por ello, pedimos el apoyo de los grupos parlamentarios, rechazando el
texto del artículo 1 con la enmienda número 1, e introduciendo el texto
de nuestra enmienda número 2, que restablece en sus justos términos lo
que las Cámaras determinaron para el conjunto de la reciente Ley de
Liberalización de las Telecomunicaciones.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Muchas gracias, señoría.
Para turno en contra, tiene la palabra el Senador Bris.
El señor BRIS GALLEGO: Señor Presidente, señorías, vamos a rechazar las
dos enmiendas que presenta el Grupo Parlamentario Socialista a este
proyecto de Ley.
La enmienda de supresión, al tratarse de una Ley con artículo único, de
aprobarse, supondría tanto como suprimir la propia Ley, por lo que, en
razón de los mismos argumentos que hemos utilizado para rechazar el veto
--por lo tanto, no vamos a repetirlos-- rechazamos y vamos a votar en
contra de esta enmienda número 1.
En cuanto a la número 2, que supongo que también habrá sido defendida por
el portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, también la vamos a
rechazar, puesto que lo que se pretende es cambiar la expresión «previo
informe preceptivo» por «de conformidad», referente a la intervención de
la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones. La aceptación de esta
enmienda cambiaría totalmente el sentido que se quiere dar a esta Ley y
dejaría sin contenido las facultades que la misma da al Ministerio de
Fomento.
Nada más y muchas gracias, señor Presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Muchas gracias, señoría.
En turno de portavoces, por el Grupo Parlamentario Mixto no hacen uso de
la palabra.
Los Senadores Nacionalistas Vascos tampoco.
El Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió
tampoco.
El Grupo Parlamentario Socialista no hace uso de la palabra.
Perdón, tiene la palabra el Senador Luis Calvo.
El señor LUIS CALVO: Muchas gracias, señor Presidente.
Lamento ocupar un escaño demasiado desviado hacia la izquierda desde la
Presidencia y entiendo que pudiera no verse la señal.
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Para su Grupo no es un deshonor
ocupar escaños muy a la izquierda.
El señor LUIS CALVO: Muchas gracias, señor Presidente.
Desde el Grupo Parlamentario Socialista consideramos que el Gobierno no
tiene ningún interés en reforzar las competencias de la Comisión del
Mercado de las Telecomunicaciones ni cree en el modelo de organismo
independiente que vele por la competencia, por los derechos de los
usuarios y por el respeto a las leyes en este complejo mundo de las
telecomunicaciones.
Y vista la evolución que está teniendo la Comisión, la sospecha de que
éste es un organismo que nació forzado, que nació, más que de una
convicción del propio Gobierno, de una exigencia por parte de la Comisión
Europea, se ha ido corroborando. El sector de las telecomunicaciones se
mueve a una velocidad de crucero. En cambio, se ha creado una Comisión
que se mueve con una excesiva lentitud y no encuentra la velocidad que
requiere el sector que debe ser regulado porque el Gobierno así lo
quiere, que se mueva lentamente.
Y para terminar, haré una matización a una intervención anterior del
portavoz del Grupo Parlamentario Popular. Se ha dicho ayer por parte del
Comisario de Telecomunicaciones de la Comisión Europea que en España hay
un sistema abierto que está funcionando y miles de espectadores que están
satisfechos con él y hay también otro sistema, que ni siquiera existe en
el mercado, que es el que quiere imponer el Gobierno. Tildó la situación
española de un poco rara y demasiado colorista.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Muchas gracias, Senador Luis
Calvo.
Tiene la palabra el Senador Bris.
El señor BRIS GALLEGO: Muchas gracias, señor Presidente.
Quería señalar de nuevo --porque creo que ya lo hemos repetido varias
veces-- que el Gobierno no está quitando ninguna competencia a la
Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones, que las tiene y muchas y
las está ejerciendo, tanto en materias de arbitraje, como en lo referente
a la competencia, así como a los informes y actuaciones necesarios para
las cuestiones relativas --importantísimas-- en estos momentos a este
sector. Unicamente y de manera provisional, hasta el 1 de diciembre de
1998, está reservando la fijación de las condiciones y de las tarifas en
materias de interconexión, por los argumentos que hemos manifestado a lo
largo de estas intervenciones.
Y respecto a cuando el señor Luis Calvo nos ha hablado de velocidad de
crucero, quiero recordarle que eso no coincide con la velocidad de
tortuga que estaba llevando el Partido Socialista en relación con la
liberalización de las telecomunicaciones, porque, en doce meses de
Gobierno, el Partido Popular ha hecho más por esa liberalización en
defensa de los intereses generales que el Partido Socialista en sus
catorce años de Gobierno.
Y como ha hecho una puntualización final en relación con sistemas
abiertos y sistemas cerrados, no sé cuál habrá sido la declaración de la
persona a la que se ha referido, solamente sé que el sistema «simulcrypt»
todavía no ha sido homologado como sistema abierto por los servicios
técnicos y no entiendo cómo se puede decir que el «multicrypt» es un
sistema que todavía no está en desarrollo, cuando, vuelvo a repetir, ha
sido ya adoptado por naciones con una alta tecnología, como Japón y
Estados Unidos.
Por tanto, estamos esperando a que, según esta Ley de Liberalización de
las Telecomunicaciones, se puedan poner de acuerdo las plataformas e,
indudablemente, si no, que se cumpla la Ley, la Ley que ha aprobado esta
Cámara.
Nada más y muchas gracias, señor Presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Muchas gracias, Senador Bris. (El
señor Presidente ocupa la Presidencia.)
El señor PRESIDENTE: Vamos a votar las enmiendas números 1 y 2, que
corresponden al Grupo Parlamentario Socialista. ¿Se pueden votar
conjuntamente? (Pausa.)
Se votan conjuntamente dichas enmiendas.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 229; a
favor, 87; en contra, 141; abstenciones, una.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Votamos el artículo único y la exposición de motivos, según el Dictamen.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 228; a
favor, 141; en contra, 87.
El señor PRESIDENTE: Queda definitivamente aprobado por las Cortes
Generales el proyecto de ley por el que se regula la competencia del
Gobierno en un período transitorio para la fijación de tarifas y
condiciones de interconexión.
--DE LA COMISION DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL EN RELACION CON EL
PROYECTO DE LEY DE CONSOLIDACION Y RACIONALIZACION DEL SISTEMA DE
SEGURIDAD SOCIAL. (S. 622/000022.) (C. D. 121/000024.)
El señor PRESIDENTE: Pasamos al debate de la Comisión de Trabajo y
Seguridad Social en relación con el proyecto de ley de consolidación y
racionalización del sistema de Seguridad Social.
Para la presentación del Dictamen, tiene la palabra el Senador que haya
sido designado por la Comisión. (Pausa.)
Tiene la palabra el Senador Molina. (El señor Vicepresidente, Rigol i
Roig, ocupa la Presidencia.)
El señor MOLINA GARCIA: Muchas gracias, señor Presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Si se espera un momento, Senador,
estaremos en mejores condiciones que las actuales para comenzar. (Varias
señoras Senadoras del Grupo Parlamentario Popular pronuncian palabras que
no se perciben.)
A algunas Senadoras se les oye particularmente desde esta Presidencia con
una voz muy individualizada. Si se oye desde aquí, imagínese el tono de
voz que usan.
Senador Molina, puede usted empezar.
El señor MOLINA GARCIA: Muchas gracias, señor Presidente.
Quiero saludar al señor Ministro de Trabajo y Asuntos Sociales, que está
con nosotros con ocasión del debate del texto remitido por el Congreso de
los Diputados sobre el proyecto de ley de consolidación y racionalización
del sistema de Seguridad Social.
Como Presidente de la Comisión de Trabajo y Seguridad Social del Senado,
para mí es una profunda satisfacción y un honor presentar un proyecto de
ley que tiene unas características muy especiales, tanto porque afecta a
unos sectores fundamentales, como son aquellos que necesitan y requieren
prestaciones, como también por su origen, ya que parten de acuerdos, de
negociaciones y del consenso.
El informe que presento se basa en el proyecto de ley que entró el 8 de
mayo de 1997 en el Senado, remitido por
el Congreso de los Diputados. Se abrió un plazo de presentación de
enmiendas hasta el 21 de mayo; se presentaron 74 enmiendas y dos
propuestas de veto, una presentada por los Senadores Nieto Cicuéndez y
Ramón Clemente, y la otra por la Senadora De Boneta y Piedra.
El martes 27 de mayo se reunió la Ponencia, integrada por los Senadores
Díez González, Garrido, Lobo, Rodríguez de la Borbolla y Vidal i Perpiñá,
y se acordó en la reunión de la Ponencia, por mayoría, aprobar el texto
remitido por el Congreso de los Diputados y remitir las enmiendas
presentadas para su debate a la Comisión.
El 6 de junio de 1997 se celebró la Comisión, en la cual se rechazaron
los dos vetos y se aceptó por la Ponencia una enmienda transaccional
presentada por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de
Convergència i Unió, la enmienda número 74, y también se anunció la
posibilidad de llegar a acuerdos de cara a este Pleno.
Quiero reiterar, por último, señor Presidente que este proyecto de ley
nace de un acuerdo histórico, el Pacto de Toledo, y de un acuerdo,
histórico también, entre los sindicatos y el Gobierno, que el consenso y
el acuerdo son precisamente la base de los temas que estamos hablando. Y
quiero resaltar, sin exclusión para ningún Grupo parlamentario ni para
ningún portavoz, la voluntad que se expresó en la Comisión, con el
acuerdo de todos los portavoces, de intentar llegar a un texto que recoja
la mayoría de las inquietudes.
Termino mi exposición dándole las gracias, señor Presidente, y también
agradeciendo de nuevo al señor Ministro su presencia en esta Cámara.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Muchas gracias, Senador Molina.
Vamos a continuación a sustanciar el voto particular de los Senadores
Nieto Cicuéndez y Román Clemente.
Para turno a favor, tiene la palabra el Senador Román Clemente.
El señor ROMAN CLEMENTE: Muchas gracias, señor Presidente.
El Pleno del Congreso de los Diputados aprobaba el 12 de abril de 1995 el
informe de la Ponencia para el análisis de los problemas estructurales
del sistema de la Seguridad Social y de las principales reformas que
deberán acometerse.
Quiero recordar que los pactos de Toledo se firmaron para reforzar,
consolidar y dar viabilidad futura al modelo de pensiones, que ha ido
configurándose en los últimos años, pues se entiende que es el que mejor
permite combinar adecuadamente el principio de seguridad y de
solidaridad. El Gobierno, así se decía en el texto, ha elaborado un
proyecto de ley de reforma del sistema de la Seguridad Social y, en
concreto, de las pensiones, que para Izquierda Unida no satisface la
interpretación del Pacto de Toledo.
Al parecer, señorías, y por lo que hemos debatido hasta la fecha en
Comisión, algunos otros grupos también han manifestado su reticencia con
respecto a que este proyecto cumpla la interpretación de aquel consenso
que se alcanzó en el Pacto de Toledo. Consideramos que es una
interpretación regresiva del Pacto de Toledo por las siguientes razones:
la materialización de la recomendación número 9, que evoca los principios
de equidad, contributividad y solidaridad, reformando el sistema para
calcular la base reguladora de la pensión de jubilación, incrementando de
8 a 15 años el período de meses que va a servir para formar la media de
dicha base; la revisión del porcentaje a aplicar a la base reguladora en
función del número de años cotizados para establecer la cuantía de la
pensión, reduciendo, por citar un ejemplo, del 60 al 50 por ciento la
pensión para los que hayan cotizado quince años. Entendemos que estos dos
mecanismos, bien sean separados o acumulados, supondrán un recorte de las
pensiones de los futuros pensionistas respecto a lo que cobrarían sin la
reforma, y un recorte individual de las pensiones, que va a afectar a
unos colectivos más que a otros, a los que tengan contratos precarios más
que a los fijos, a los autónomos más que a los trabajadores por cuenta
ajena, a los agrícolas más que a los de otros sectores, a las mujeres más
que a los hombres por el mayor uso de la precariedad de los contratos que
se da entre las mujeres.
Señorías, en numerosas ocasiones Izquierda Unida se ha pronunciado
contraria a la reducción de las pensiones; formamos parte activa en la
protesta en una huelga general por la reducción de las pensiones. Por
otra parte, Izquierda Unida apuesta por la separación de las fuentes de
financiación de las prestaciones contributivas y las no contributivas del
sistema público de la Seguridad Social. Ello supondría clarificar las
cuentas del Estado, separando lo que en principio eran gastos con cargo a
las cotizaciones sociales, las contributivas, de lo que eran gastos con
cargo exclusivamente a la Hacienda pública del Estado, las no
contributivas. Esta separación, además, contradice las pretensiones de
justificar la privatización de las pensiones ante una hipotética
situación de crisis de la Seguridad Social y la falta de dinero para
pagar las pensiones futuras por los presumibles agujeros de la Seguridad
Social.
La realidad, señorías, es que hay dinero con las cotizaciones sociales
para pagar lo que la Seguridad Social debe pagar y, además, sobra.
El Estado ha utilizado fondos de las cotizaciones sociales, consideramos
que aproximadamente unos 5 billones en seis años; al mismo tiempo, se ha
utilizado el falso mecanismo del préstamo desde el Estado a la Seguridad
Social, en torno a 1,2 billones en el mismo período de tiempo.
Se ha creado, por tanto, señorías, la falsa imagen de que la Seguridad
Social es deudora del Estado, cuando la realidad es justamente la
contraria. La Seguridad Social no es deficitaria, ni está en crisis en su
parte contributiva; entre las prestaciones y las cotizaciones siempre ha
existido un superávit, el de los últimos cinco años se calcula en torno a
3,74 billones de pesetas, parte de los cuales se han destinado a
financiar servicios y prestaciones que deberían haber asumido los
Presupuestos Generales del Estado.
La separación de fuentes, tal como está contemplada en la ley, no
clarifica, desde nuestro punto de vista, nada. Servirá al Gobierno de
turno para hacer frente a sus responsabilidades de financiación de las
prestaciones contributivas,
si los excedentes se convirtieran en déficit con el tiempo, si llegara a
producirse un incremento de las pensiones, una bajada de la natalidad, un
descenso de las relaciones entre activos y pasivos o por la decisión,
esta vez una decisión política, de reducir los ingresos, disminuyendo las
cuotas de la Seguridad Social.
La Ley contempla, desde el punto de vista de Izquierda Unida, una fórmula
de separación de las fuentes en las que el compromiso del Estado de hacer
aportaciones progresivas a la Seguridad Social y de ser garante en
cualquier caso para atención específica de los gastos de la misma queda
reducido a la ambigüedad, en contra de lo que dice el Pacto de Toledo y
el acuerdo con los sindicatos. Todo esto, señorías, unido a que se
mantiene el sistema de préstamos, a que el fondo de reserva se dotará de
los excedentes de las cotizaciones sociales que se determinen en las
leyes de Presupuestos Generales del Estado cada año, y no con todos los
excedentes. Esto permite al Estado utilizar la separación de fuentes con
carácter restrictivo, discrecional y sujeto a la coyuntura.
En el año 2000, cuando finalice la vigencia del acuerdo con los
sindicatos, que ha servido de base para la reforma, lo que quedará es una
Ley que, desde el punto de vista de Izquierda Unida, va a permitir, al
menos, las siguientes cuestiones: destinar excedentes de cotizaciones a
reducir las mismas; reducir a cero las reservas existentes; tener que
plantear una vez más una reducción de la cuantía de las pensiones para
volver a reequilibrar financieramente el sistema. No sabemos cómo se
contempla lo del reequilibrio financiero. Esta Ley no ofrece las
garantías que ya existen en el artículo 86.2 de la Ley General de la
Seguridad Social.
La reducción de las cuantías de las pensiones futuras va unido a un
proceso de potenciación de los sistemas privados complementarios de
pensiones, especialmente de los fondos y de los planes de pensiones. En
los últimos años, señorías, el crecimiento ha sido espectacular, el 36
por ciento en el año 1996 con respecto al año 1995. Entendemos, desde
Izquierda Unida, que por esta vía se desnaturaliza el sistema, se
desestabiliza, se produce un desplazamiento hacia los sistemas mixtos,
provocando el aumento de lo que tenía que ser una consideración o
carácter de complementario, y eso, señorías, como consecuencia de la
insuficiencia de unas pensiones públicas cada vez más recortadas.
La reforma que se contempla en la ley supone un retroceso: baja las
pensiones; permite que el Estado no sea el garante de la suficiencia y
dignidad de las mismas para el futuro.
La ley no refleja el consenso del Pacto de Toledo, y en el debate en
Comisión hemos tenido oportunidad de ver cómo algún Grupo político ya
empezaba a desmarcarse, a decir que no estaría en posición de votar por
lo que entiende del contenido de esta ley.
Señorías, presentamos esta propuesta de veto en el sentido de que el
Gobierno pudiera retirar la Ley, pudiera presentar una que hiciera un
desarrollo progresista del Pacto de Toledo. Izquierda Unida considera
necesario que el proyecto de ley de consolidación y racionalización del
sistema de Seguridad Social deba tener en cuenta, al menos, los
siguientes contenidos: que el Estado seguirá siendo en cualquier caso el
garante de la suficiencia financiera del sistema de la Seguridad Social;
la separación a efectos contables de las fuentes de financiación tendrá
como fin clarificar la relación real ingresos-gastos del sistema
contributivo para constancia del superávit acumulado; el fondo de reserva
se dotará de todos los excedentes de las cotizaciones sociales y se
suprimirá el concepto de préstamos para calificar y clarificar las
aportaciones que el Estado haga a la Seguridad Social; regulación de
revalorización anual de las pensiones, consolidando los incrementos
automáticos de las pensiones según el Indice de Precios al Consumo;
equiparación de las pensiones al Salario Mínimo Interprofesional;
desaparición de las bases máximas de cotización en todos los grupos;
desarrollar, a partir de los Presupuestos Generales del Estado, la
recomendación contenida en el Pacto de Toledo referente a que las
prestaciones no contributivas y universales dependan exclusivamente de la
imposición general, así como la garantía de recursos suficientes para
atender estas prestaciones; no modificación de la base reguladora y de la
cuantía de las pensiones que puedan implicar recortes para las pensiones
futuras de determinados colectivos; mejorar las condiciones de
jubilaciones anticipadas, así como las pensiones de invalidez, viudedad y
orfandad; desarrollo, antes del año 2000, de la recomendación contenida
en el Pacto referente a que las actuaciones en materia de anticipación de
edad de jubilación o de ayudas a sectores productivos sean a cargo de la
fiscalidad general; concretar los excesivos aspectos para los que el
proyecto de ley habilita al Gobierno para su desarrollo.
Señorías, en el transcurso del debate parlamentario, primero en el
Congreso de los Diputados y ahora en el Senado, muchas cosas se han dicho
acerca de la oposición de Izquierda Unida: que si era una oposición que
estaba sola, que si esta oposición que se hacía a este acuerdo no tenía
razón de ser.
Hoy, cuando los acontecimientos cambian a una velocidad vertiginosa,
demostramos con nuestra actuación, con nuestro comportamiento que siempre
estuvimos en contra del recorte de las pensiones, y lo seguiremos
estando; que siempre estuvimos por un desarrollo progresista del
consenso, de los aspectos del Pacto de Toledo que servían para garantizar
un mecanismo, un sistema de Seguridad Social justo y solidario.
En el día de hoy presentamos este veto porque el proyecto de ley del
Gobierno no contiene un desarrollo progresista de los pactos de Toledo,
porque en su articulación no sólo se produce un recorte de las pensiones,
sino que se abre la puerta a sucesivos y posteriores recortes de las
pensiones; porque, además, se pone en cuestión el sistema público y se
camina por la vía de la insuficiencia hacia sistemas privados.
En definitiva, señorías, nuestra propuesta de veto y las enmiendas que
hemos presentado pretenden mejorar el sistema de la Seguridad Social,
porque, además, hay recursos y podemos y debemos destinarlos a ellos.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Muchas gracias, señoría.
Ustedes saben que el Reglamento nos obliga a que los turnos en contra de
diversos votos particulares sean alternativos. Sin embargo, si los
distintos grupos no tienen ningún inconveniente, esta Presidencia
facilitaría que se abriera ahora el turno a favor del otro voto
alternativo para que los votos en contra no fueran fraccionados sino que
se pudieran expresar en el conjunto de los votos a favor que ha habido.
Si para lograr una mayor fluidez y una mayor lógica del debate así lo
vieran los distintos grupos, esta Presidencia no tendría inconveniente en
organizarlo así. ¿Están de acuerdo en ello? (Pausa.)
Muchas gracias.
En ese caso, concedemos la palabra a la Senadora De Boneta y Piedra.
La señora DE BONETA Y PIEDRA: Gracias, señor Presidente.
Señorías, la propuesta de veto que Eusko Alkartasuna presenta a este
proyecto de ley se basa en los siguientes argumentos:
La Disposición Adicional primera de la Constitución Española dispone que
la misma ampara y respeta los derechos históricos de los territorios
forales, añadiendo que la actualización general de dicho régimen foral se
llevará a cabo, en su caso, en el marco de la Constitución y de los
Estatutos de Autonomía.
El artículo 41 de la Constitución Española reconoce que los poderes
públicos mantendrán un régimen público de Seguridad Social para todos los
ciudadanos que garantice la asistencia y prestaciones sociales
suficientes ante situaciones de necesidad, especialmente en caso de
desempleo, concluyendo que la asistencia y prestaciones complementarias
serán libres.
El artículo 149.1.17.a de la Carta Magna española señala que el Estado
tiene competencia exclusiva sobre la legislación básica y régimen
económico de la Seguridad Social, sin perjuicio de la ejecución de sus
servicios por las Comunidades Autónomas.
La Ley Orgánica 3/1979, de 18 de diciembre, del Estatuto de Autonomía
para el País Vasco, dice en su artículo 18.2 que en materia de Seguridad
Social corresponderá al País Vasco el desarrollo legislativo y la
ejecución de la legislación básica del Estado, salvo las normas que
configuran el régimen económico de la misma, y la gestión del régimen
económico de la Seguridad Social. Un poco más adelante, en el apartado 4
de ese mismo artículo se establece que la Comunidad Autónoma podrá
organizar y administrar a tales fines dentro de su territorio todos los
servicios relacionados con las materias antes expresadas, y ejercerá la
tutela de las instituciones, entidades y fundaciones en materia de
sanidad y Seguridad Social, reservándose el Estado la alta inspección
conducente al cumplimiento de las funciones y competencias.
Está claro, tal y como concluye el mencionado artículo 18, que los
poderes públicos vascos ajustarán el ejercicio de las competencias que
asuman en materia de sanidad y Seguridad Social a criterios de
participación democrática de todos los interesados, así como los
sindicatos de trabajadores y asociaciones empresariales en los términos
que la ley establezca.
Por otra parte, la Disposición Transitoria quinta del mencionado Estatuto
de Autonomía del País Vasco señala que la Comisión Mixta de
Transferencias que se crea para la aplicación de este Estatuto
establecerá los oportunos convenios mediante los cuales la Comunidad
Autónoma asumirá la gestión del régimen económico de la Seguridad Social
dentro de su carácter unitario y del respeto al principio de solidaridad
según los procedimientos, plazos y compromisos que para una ordenada
gestión se contengan en tales convenios.
La transferencia de los instrumentos competenciales que posibiliten
diseñar una política capaz de potenciar las fuerzas endógenas de la
economía vasca y afrontar con una estrategia propia el desarrollo de
Euskal Herría determina que solicitemos la capacidad de decisión
recomendada en los propios ordenamientos jurídicos.
La polémica suscitada al tratar sobre la gestión del régimen económico de
la Seguridad Social entre los que sostienen que la pretensión de romper
la caja única de la Seguridad Social no tiene encaje en el ordenamiento
jurídico y que en tal sentido se ha pronunciado el Tribunal
Constitucional y entre los que por otro lado sostienen lo contrario
amparados en los mismos textos legales debiera terminarse. La ruptura de
la caja única de la Seguridad Social es vista por algunos como un ataque
a la solidaridad y a los principios constitucionales, mientras que para
otros dicha solidaridad no sufriría ningún quebranto ni se articularán
procedimientos que variarán el control tan centralizado y dirigista
actualmente existente.
Tal y como dice la exposición de motivos del proyecto de ley de
consolidación y racionalización del sistema de Seguridad Social, es
necesaria la adaptación a las circunstancias sociales y económicas de
cada momento histórico, y por ello bueno sería que, como estrategia, esta
Cámara se planteara, como se planteó en su momento el Parlamento vasco,
la posibilidad de incorporar en el proyecto la transferencia del régimen
económico de la Seguridad Social al Gobierno vasco al objeto de permitir
integrar los mecanismos de atención a las necesidades y prestaciones
económicas propias de la Seguridad Social.
Este debate político, y hasta intelectual y social, ha sido ya planteado
e incluso resuelto en el Parlamento de Gasteiz --por cierto, con el
consenso unánime de todas las fuerzas democráticas en él presentes--
cuando en el año 1993 aprobó el informe sobre el desarrollo estatutario.
Entonces se decía que la habilitación estatutaria para la reclamación de
las transferencias que ampara la gestión del régimen económico de la
Seguridad Social por parte de las instituciones vascas tiene meridiano
apoyo en los artículos 18.2 b) y 18.4, comentados anteriormente, sin que
deban ser impedimentos insalvables las competencias que sobre la materia
ha reservado la Constitución al Estado. Deben conciliarse ambos textos,
constitucional y estatutario, y por ello entendemos que la Disposición
Transitoria quinta del Estatuto tiene un valor jurídico y político
relevante pues coordina ambos intereses de manera equilibrada.
Debe, pues, hacerse realidad el mandato de la Disposición Transitoria
citada para establecer los mecanismos de relación entre la Comunidad
Autónoma vasca y el Estado en orden a la gestión del régimen económico de
la Seguridad Social por parte de aquélla.
El desarrollo de las competencias asumidas en el Estatuto de Autonomía y
pendientes aún de transferir, como pueden ser política científica,
investigación tecnológica, régimen económico de la Seguridad Social, INEM
y las cuarenta y tantas restantes, pasan por ser uno de los retos
pendientes más trascendentales para lograr el impulso y la profundización
del autogobierno. Tal empeño debe a su vez engarzarse con la voluntad de
atender y respetar los principios de solidaridad --insisto--, cohesión
territorial e igualdad básica de los ciudadanos.
El procedimiento de convenio exigido continuamente ha de garantizar el
carácter unitario de dicho régimen económico e, insisto, la solidaridad y
no discriminación con el resto de ciudadanos del Estado. Además, ha de
permitir el incremento del grado de bienestar de la sociedad vasca y la
definición y concreción de los actos de gestión de los recursos del
sistema correspondiente a la Comunidad Autónoma, todo ello con la debida
coordinación con la Administración del Estado. De esta forma se logrará
una adecuada gestión y el equilibrio financiero global del sistema de
Seguridad Social que permita garantizar, de cara al futuro, la
pervivencia del sistema público de previsión social de carácter
contributivo, cumpliendo correctamente la exigencia impuesta por el
artículo 41 de la Constitución.
El consenso antes aludido, que se consiguió en el año 1993 en la Cámara
vasca y que, por cierto, fue ratificado el 16 de abril de 1997 por un
Acuerdo del Parlamento vasco por el que las siguientes fuerzas políticas:
Grupo de Nacionalistas Vascos, Grupo de Socialistas Vascos-Euskal
Sozialista, Grupo Popular Vasco y Eusko Alkartasuna --repito que se trata
de la adopción de un acuerdo mayoritario en el Parlamento vasco--
establecían lo siguiente: El Parlamento vasco cree necesario potenciar un
sistema financieramente equilibrado que no sólo dé respuesta al problema
de las pensiones sino que consolide y perfeccione el actual sistema
público de Seguridad Social. Asimismo, garantizar el mantenimiento del
poder adquisitivo de las pensiones futuras debe ser una de las
prioridades básicas, todo ello de acuerdo con las líneas estratégicas
previstas en el Pacto de Toledo suscrito en 1995 con el consenso de todos
los partidos políticos.
Punto número 2 de este Acuerdo: De igual manera, este Parlamento solicita
al Gobierno español el traspaso de los servicios inherentes a la materia
de la Seguridad Social según el artículo 18 del Estatuto de Autonomía
contemplado en la Resolución aprobada en esta misma Cámara por unanimidad
el día 1 de julio de 1993.
Señorías, este Acuerdo se ha tomado el día 16 de abril de 1997, insisto
en ello. Este Acuerdo, absolutamente coherente con los argumentos que
fundamentan este veto, ha sido aprobado por el Grupo de Nacionalistas
Vascos, por el Grupo de Socialistas Vascos, por el Grupo Popular y por el
Grupo de Eusko Alkartasuna.
Creo que esto debería trasladarse al proyecto que ahora se debate para
mejorarlo en toda su extensión; es decir, habría que incorporar al texto
el acuerdo que posibilite, tanto a la Comisión Permanente integrada por
los firmantes del Pacto, como a la Comisión Mixta de Transferencias que
se constituya, el estudio y la reclamación del convenio que permita
cuanto antes la transferencia al País Vasco del régimen económico de la
Seguridad Social, aun siendo conocedores de que la Seguridad Social en el
País Vasco experimenta en términos corrientes crecimientos prácticamente
estables en cuanto a las cotizaciones, e incrementos fortísimos en el
gasto, tanto en términos corrientes, como reales, y especialmente en el
componente principal de las pensiones contributivas, colocando el saldo
final en una situación un tanto delicada.
Se nos está acusando aquí --como se hace de forma reiterada-- de ser
insolidarios, de discriminar a los ciudadanos, o de querer aprovecharnos
de un saldo presuntamente positivo, pero creo que han quedado claros la
posición y el argumento en que se basa esta propuesta de veto. Insistimos
en que se debe cumplir lo que dice el ordenamiento jurídico vigente y en
que hay que dejar de poner trabas al desarrollo estatutario del País
Vasco.
La coherencia que en su día nos llevó a rechazar por este mismo motivo la
Ley General de la Seguridad Social, ahora nos exige rechazar en conjunto
este proyecto, al que también hemos presentado algunas enmiendas
parciales que entiendo que contribuyen a su mejora y tienden a introducir
algunos de los aspectos planteados, así como colaboran a la transparencia
en el conjunto del proyecto.
Este es el sentido de la propuesta de veto. Espero que sus señorías así
lo entiendan y no planteen argumentos demagógicos sobre insolidaridad y
discriminación.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Muchas gracias, Senadora De
Boneta y Piedra.
Turno en contra. Tiene la palabra, en primer lugar, el Senador Rodríguez
de la Borbolla.
El señor RODRIGUEZ DE LA BORBOLLA CAMOYAN: Muchas gracias, señor
Presidente.
Señorías, voy a consumir un turno en contra de los vetos presentados, por
lo que paso inmediatamente a exponer la razón de esta oposición.
Estamos en contra de los vetos, porque estamos a favor de dos
alternativas a los mismos, dos documentos básicos que nos permiten
mantener esa posición: el Pacto de Toledo y la Constitución Española.
Como digo, estamos a favor del Pacto de Toledo y de la Constitución
Española, aunque no a favor del proyecto de ley que se va a debatir.
Pensamos que ésta es una actitud plenamente coherente, porque defendemos
una política de fondo, una política de larga duración, unas soluciones
que puedan dar una respuesta duradera a los problemas de la sociedad
española, con independencia de cuál sea nuestra posición de Gobierno en
el momento concreto en que defendemos esas
posiciones y de cuál pueda ser la actitud del Gobierno del momento en
relación con nuestras propuestas.
Insisto, defendemos el Pacto de Toledo. Y porque lo defendemos, quizá sea
conveniente recordar algo sobre el mismo. En primer lugar, el Pacto de
Toledo es un acuerdo dirigido a la consolidación del modelo actual de
pensiones. Por tanto, está en contra del modelo actual toda medida que,
por muy progresista que parezca, atente contra los equilibrios
financieros del sistema en su conjunto. Pues bien, entre las enmiendas
planteadas por Izquierda Unida --reflejo de lo que se querría conseguir
con esta propuesta de veto--, hay un gran número de ellas a las que
tendremos que dar nuestro voto en contra, porque, desde nuestro punto de
vista, y con todo respeto, al reflejar una posición voluntarista y
maximalista pondrían en riesgo los equilibrios internos del sistema;
especialmente, los del sistema contributivo.
En segundo lugar, el Pacto de Toledo no fue resultado de una iniciativa
esporádica ni fruto de un acuerdo coyuntural --por lo menos, no para los
socialistas--, y mucho menos una operación dirigida a lograr, como parece
preocupar a algunos, que las pensiones no sean ya más objeto de debate
electoral. Dicho sea de paso, las pensiones y la política para las mismas
seguirán siendo objeto de debate si siguen constituyendo un problema y
una preocupación; y no lo serán, si hay una solución consensuada, como la
que se plantea en el Pacto de Toledo.
Precisamente para eso se firmó el Pacto de Toledo: para conseguir una
solución de futuro que, al mismo tiempo que miraba hacia él, se basaba en
dos datos clave. El primero, lo ya realizado en los períodos anteriores
al Pacto.
El Pacto de Toledo fue el momento final de un proceso de racionalización
del sistema de Seguridad Social, un proceso en el que se incluían medidas
como las que se adoptaron desde 1982 a 1996, referidas a la elevación de
topes máximos de cotización; la revalorización anual de las pensiones; la
Ley de Pensiones de 1985; la aproximación de las bases de cotización
hacia los salarios reales en 1983, 1984, 1989, 1990 y 1993, la Ley
General de Sanidad, de 1986, etcétera. El Pacto de Toledo firmado sirvió
para convalidar, entre otras cosas, la Ley de Pensiones de 1985. Y se
basaba en los oportunos análisis actuariales y económicos, que
demostraban que el sistema es viable, sí, pero necesitaba reformas.
Sobre esta base, es contrario al Pacto de Toledo una iniciativa política
como la reflejada en la propuesta de veto de Izquierda Unida, con la que
se pretenda promover giros radicales en las orientaciones políticas
mantenidas desde hace más de un decenio y que han dado lugar a una
suficiente, aunque mejorable, consolidación del sistema.
También es contrario al Pacto de Toledo un conjunto de medidas que
podrían ser contradictorias y poner en peligro los cálculos actuariales y
económicos que, aceptados por todos los Partidos, sirvieron luego para
firmar el Pacto.
Asimismo, el Pacto de Toledo --y digo esto por primera vez en este
debate, pero lo reiteraré a lo largo del mismo-- es un acuerdo de mínimos
entre todas las fuerzas políticas, pero no la plasmación --ni tiene
vocación de serlo-- del programa político de un partido o de un Gobierno
concreto. Y como es un programa de mínimos, se apoya en una serie de
postulados que constituyen su arquitectura básica. En primer lugar, en la
separación nítida de las fuentes de financiación del sistema contributivo
y del no contributivo. En segundo lugar, en la constitución de reservas
para el equilibrio futuro del sistema contributivo. Y, en tercer lugar,
en la mejora de la relación entre las cotizaciones y las futuras
prestaciones derivadas de esas cotizaciones, para garantizar el
equilibrio interno del sistema contributivo y la viabilidad del volumen y
nivel de las prestaciones.
Por tanto, sería contrario al Pacto de Toledo toda propuesta de veto en
la que se incluyeran proposiciones que pusieran en peligro esos
equilibrios internos en materia de prestaciones concretas, en el cálculo
de las bases reguladoras, en los topes de cotización, etcétera. Y, desde
nuestro punto de vista, en el veto de Izquierda Unida hay una serie de
propuestas que pondrían en peligro los equilibrios del sistema.
La necesidad de equilibrios del sistema de pensiones es necesaria para la
supervivencia, mejora y consolidación del sistema de protección social,
pero no se debe a ninguna exigencia externa. Cuando se firma el Pacto de
Toledo, se firma para garantizar el sistema de prestaciones, no para
hacer posible el ingreso de Europa en la Unión Europea o el acercamiento
al programa de convergencia. Son procesos independientes y por tanto iría
contra el Pacto de Toledo y contra la filosofía de racionalización y
mejora del sistema cualquier iniciativa que pusiera por delante de las
propias exigencias de consolidación del sistema las posibles medidas
convenientes para disminuir el déficit y poder avanzar en el programa de
convergencia en otros campos.
El Pacto de Toledo tiene una lógica propia, lo mismo que de financiación
y consolidación, con independencia de las lógicas globales del sistema
presupuestario y de los Presupuestos Generales del Estado. Hay que
respetar su lógica, tanto por parte de quien quiere oponerse a la ley,
como de quien quiere defenderla. Seguiremos profundizando en estos
argumentos.
Para terminar, voy a enumerar tres notas sobre la propuesta de veto
presentada por la Senadora De Boneta. Desde nuestro punto de vista, todas
la posiciones, incluso los argumentos, son respetables, pero, Senadora De
Boneta, sólo podemos votar en contra por tres razones: Primero, porque el
proyecto de ley y el Pacto de Toledo no se refieren en absoluto a ninguna
de las materias que --según usted ha dicho-- deberían de ser objeto de
traspaso de competencias en su día. Son todas materias básicas y de
competencia del Estado.
En segundo lugar, porque este proyecto de ley no regula ningún traspaso
de competencias por parte del Estado a las Comunidades Autónomas.
En tercer lugar, porque, incluso desde la posición de los sindicatos
nacionalistas, como la Confederación Intersindical Galega y ELA-STV, sólo
se plantean cuestiones de ordenación del sistema y no de distribución de
competencias entre las distintas administraciones o ámbitos de los entes
representativos del poder público en el Estado y las Comunidades
Autónomas.
Por tanto, en este caso también votaremos en contra de esta propuesta de
veto.
Muchas gracias. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario
Socialista.)
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Muchas gracias, Senador Rodríguez
de la Borbolla.
Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el Senador don Jaime
Lobo Asenjo, en turno en contra.
El señor LOBO ASENJO: Muchas gracias, señor Presidente.
Señorías, el veto que ha presentado Izquierda Unida-Iniciativa per
Catalunya dentro del Grupo Parlamentario Mixto viene a reproducir en
mayor o menor medida la enmienda a la totalidad que este mismo Grupo
presentó en el Congreso de los Diputados, solicitando la devolución de
este importantísimo proyecto de ley al Gobierno.
Por tanto, al no añadirse nada nuevo o argumentos más profundos que
pudieran habernos hecho cambiar nuestra posición, vamos a rechazar el
veto también en esta Cámara. No lo vamos a hacer por mimetismo con la
Cámara Baja, sino porque mi Grupo sigue pensando que el proyecto de ley
que hoy debatimos, con las 25 enmiendas y transacciones de los distintos
grupos parlamentarios incorporadas en el transcurso del debate en el
Congreso de los Diputados, diseña un proceso --pueden estar tranquilos
los pensionistas españoles-- gradual de reformas, orientado, de una
parte, al mantenimiento del equilibrio financiero, como aquí se ha dicho,
y, de otra, a fomentar la solidaridad social con los sectores más
necesitados de protección, mejorando las prestaciones que se han
manifestado más insuficientes, como pueden ser las de viudedad y las de
orfandad, según las posibilidades del sistema y, además, siguiendo en
todo momento --me lo oirán decir a mí, al menos, muchas veces-- las
pautas marcadas por el Pacto de Toledo y por el acuerdo alcanzado con las
organizaciones sindicales. Por tanto, señorías, este proyecto no tiene
nada de regresivo.
Asimismo, el modelo de financiación que se diseña en este proyecto
--quiero tranquilizar desde aquí a los portavoces de los diferentes
grupos-- de ningún modo supone una merma a la garantía del respaldo del
Estado hacia el sistema.
En el articulado del proyecto de ley se deja en todo momento clara
constancia de los recursos con que han de ser financiadas las
prestaciones de Seguridad Social, señalándose, además, que las
prestaciones contributivas se financiarán --recalco la palabra se
financiarán-- básicamente con las cuotas de empresarios y trabajadores,
pero también con otro tipo de recursos, como las aportaciones específicas
del Estado que se acuerden en su caso.
No debemos olvidar, señorías, que la Seguridad Social también es Estado y
estoy seguro de que esa Cámara, cuando anualmente debate los Presupuestos
que se nos someten a aprobación y en la que nos encontramos representados
todos los grupos políticos, va a saber atender, a través del instrumento
que se nos ofrece con esta ley, la suficiencia financiera del sistema
ante las exigencias coyunturales. Por tanto, yo creo que la suficiencia
financiera que aquí se ha pretendido poner en cuestión, contando con la
garantía del Estado, del Parlamento y de sus parlamentarios, está más que
garantizada.
Por otra parte, el proyecto de ley que hoy llega al Senado constituye la
mejor prueba de la decidida voluntad de un Gobierno y de los agentes
sociales de acometer la separación y clarificación de las fuentes de
financiación del sistema de la Seguridad Social, proceso que se va a
llevar a cabo con la necesaria gradualidad, debiendo concluirse en el
ejercicio presupuestario del año 2002, tal y como dije antes y como se
prevé en el acuerdo con las organizaciones sindicales y en el Pacto de
Toledo, en el que en ningún momento se diseñan medidas traumáticas, ni
para la economía en general ni para el propio sistema de Seguridad
Social.
Por otra parte, señorías, en el proyecto de ley se prevé, como no podía
ser de otra forma, la creación del fondo de reserva, cuya dotación debe
acompasarse al ritmo de separación de las fuentes de financiación. Como
ya es conocido, el acuerdo con las organizaciones sindicales prevé que en
el período transitorio se mantenga la financiación parcial, con cargo a
cotizaciones de las prestaciones y servicio de naturaleza no
contributiva, en proporción decreciente y al ritmo más rápido posible.
Este es el compromiso que ha contraído el Gobierno y es lo que mi Grupo
va a respetar.
Por lo que se refiere al mantenimiento del poder adquisitivo de las
pensiones, que también se ha puesto en cuestión aquí, tengo que decir que
el proyecto de ley garantiza en todo momento, mediante una fórmula
estable, el mantenimiento del poder de compra de las pensiones, sin que
la inflación suponga una merma encubierta de sus ingresos. La regulación
propuesta se acomoda en toda su literalidad a la Recomendación Undécima
del Pacto de Toledo.
En cuanto a la equiparación de las pensiones al salario mínimo
interprofesional, también me ha parecido que se ponía en cuestión por
parte de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya. Yo creo que este Grupo
se olvida de la postura manifestada en el debate previo a la aprobación
por la Comisión de Presupuestos en el Congreso de los Diputados así como
de la que mantuvo ante el Pleno y del informe emitido por la Ponencia
para el análisis de los problemas estructurales del sistema de Seguridad
Social y de las principales reformas que deberán acometerse. En aquella
ocasión la postura de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya fue mucho
menos drástica y mucho más acorde a la situación financiera del sistema,
conscientes --yo creo-- del coste económico que entraña la adopción de
esta medida. En dichos debates Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya
proponía abordar este acercamiento a un futuro y de forma gradual, como,
desde luego, todos deseamos.
En lo que se refiere a la desaparición drástica --a lo que también se ha
aludido aquí por el representante de Izquierda Unida-- de las bases
máximas de cotización en todos los grupos, provocaría actualmente
--pensamos nosotros-- más perjuicios para el sistema que beneficios. Y lo
que todavía es mucho más importante: sería una medida
contradictoria con la creación de empleo, lo que en este momento tanto
preocupa a todos los españoles.
Otra de las cuestiones por la que el Grupo proponente formaliza su veto
al proyecto viene determinada por su oposición a la modificación de la
base reguladora y a la cuantía de las pensiones que pueda implicar
recortes para las pensiones futuras de determinados colectivos. Y aquí he
de resaltar dos aspectos fundamentales: primero, la única base reguladora
que se va a ver afectada por el proyecto es la de la pensión de
jubilación y no de las pensiones en general, y segundo, ni siquiera el
Grupo proponente se atreve a afirmar con rotundidad que las medidas
adoptadas implican recortes para las pensiones. De recortes, por lo
tanto, nada de nada.
Otra de las consideraciones recogidas en su veto por Izquierda Unida es
la referida a la mejora de las condiciones de las jubilaciones
anticipadas, así como de las pensiones de invalidez, viudedad y orfandad.
He de decir que el proyecto que presenta mi Grupo y que se ha presentado
en esta Cámara ya contiene, dentro de las posibilidades actuales del
propio sistema, determinadas medidas de mejora en estos aspectos.
También, a juicio del Grupo proponente, el proyecto debería contemplar,
antes del año 2000, el desarrollo de la recomendación contenida en el
Pacto de Toledo referente a que las actuaciones en materia de
anticipación de edad de jubilación o de ayudas a sectores productivos
sean con cargo a la fiscalidad general. Quiero decirle a su señoría que
esta recomendación ya está siendo puesta en práctica por el actual
Gobierno desde su toma de posesión y está reflejado en un buen paquete de
medidas que se han ido estableciendo. No obstante, creemos que este
proyecto no es el lugar más idóneo, puesto que este aspecto no ha sido
objeto del acuerdo alcanzado con los agentes sociales.
Por último, hay que tener en cuenta que algunos de los aspectos abordados
en este proyecto de ley están pendientes de encontrar su puntual
concreción con los agentes sociales y, consecuentemente, habrán de
plasmarse en una normativa que se desarrollará mediante los
correspondientes reglamentos.
Por lo tanto, señorías, analizadas las razones que parecen fundamentar el
veto formulado por Izquierda Unida, Grupo Parlamentario Mixto, las
consideramos globalmente injustificadas y, por lo mismo, vamos a rechazar
este veto.
Por lo que se refiere al veto formulado por la Senadora De Boneta y
Piedra, quiero decirle, como ya ha dicho el Senador que me ha precedido
en el uso de la palabra, que este proyecto de ley --se lo digo con todos
los respetos-- ni incumple el Estatuto de Gernika, en la medida en que se
limita a introducir una serie de modificaciones puntuales en el texto de
la Ley General de Seguridad Social, así como a plasmar en su articulado
el acuerdo alcanzado con las organizaciones sindicales, con las que de
ninguna manera se trataron materias relativas al Estatuto de Autonomía
del País Vasco, ni se consideró en él las medidas acordadas y recogidas
en el actual texto del proyecto de ley.
Por lo tanto, señorías, esta enmienda de veto también va a ser rechazada.
Nada más y muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Muchas gracias, Senador Lobo
Asenjo.
Turno de portavoces.
El Grupo Parlamentario Mixto ha pedido fragmentar el tiempo, por lo que
se distribuirán cinco minutos cada uno con una cierta flexibilidad en
este caso. En primer lugar, tiene la palabra el Senador Román Clemente.
El señor ROMAN CLEMENTE: Muchas gracias, señor Presidente.
Acomodaremos el tiempo para que pueda intervenir la Senadora doña
Inmaculada de Boneta.
Voy a seguir el orden de los dos Senadores que han intervenido para
rechazar la propuesta de veto de Izquierda Unida. Me da la impresión,
señor Rodríguez de la Borbolla, que su posición es un quiero y no puedo,
no sé si quiero o no puedo. Porque dice su señoría que está de acuerdo
con los Pactos de Toledo, que está de acuerdo con la Constitución y, a
continuación, que está en desacuerdo con la ley. Pero va a votar aspectos
de la ley contrarios a los argumentos que su señoría ha expuesto aquí,
porque dice que bajo ningún concepto esta ley puede enmascarar el
cumplimiento de los objetivos de convergencia o de entrar en Europa. No
sé si su señoría habla de Maastricht, Amsterdam o de cualquier otro
lugar.
El señor Rodríguez de la Borbolla dice que son enmiendas maximalistas,
cuando algunas de ellas tratan de recoger resoluciones aprobadas por la
Unión General de Trabajadores --su señoría ha hablado poco de los
sindicatos--; enmiendas que dice que ponen en peligro el equilibrio
financiero. Yo le he oído a su señoría en la Comisión prácticamente los
mismos razonamientos que hemos defendido en nuestras enmiendas. ¿También
su señoría se va a calificar de maximalista? Y en cuanto al equilibrio
financiero --cosa tan vidriosa, tan cambiante--, ¿cuántas veces puede
cambiar el criterio sobre equilibrio financiero? ¿Cuántas veces habrá que
ajustar el equilibrio financiero? ¿Quién pone ese listón al equilibrio
financiero?
Señoría, de lo que se trata en esta ley es de recortar las pensiones. Y
respondiendo a su señoría, lo digo y lo afirmo: se recortan las pensiones
ahora y deja la puerta abierta a un recorte de las pensiones en el
futuro. Sin paliativos, no me escondo para decirlo, señoría.
Dice que las enmiendas o los argumentos que intenta introducir Izquierda
Unida en su propuesta de veto son giros radicales y habla de que los
Pactos de Toledo son un mínimo que consagran separación de fuentes,
reservas y cotización en relación con las prestaciones, eso sin poner en
juego el equilibrio financiero. Un quiero pero no puedo, señor Rodríguez
de la Borbolla.
Es una insatisfacción permanente de su Grupo parlamentario lo que su
señoría me ha demostrado en el debate de esta ley. Y eso sí, dice: Pactos
de Toledo, pero ¡ojo!, porque hay que tener cuidado de que el Gobierno
quiera utilizar esta ley para conseguir objetivos económicos que permitan
esa integración de Europa. ¡Con los tiempos que corren, señor Rodríguez
de la Borbolla, en estos momentos por Europa! ¡Con los planteamientos que
se hacen
desde Francia sobre los contenidos y la lucha por el empleo y aspectos
sociales, y con los contenidos que se plantean desde Inglaterra, señoría!
Es muy difícil su posición.
Esta vez no han arremetido contra Izquierda Unida, y claro que es
novedoso. No hay muchas cosas distintas con respecto a nuestra posición
en el Congreso de los Diputados, como no podía ser menos. Esta mañana yo
no voy a hablar de pinzas, por lo menos no lo he hecho hasta ahora. En el
Congreso de los Diputados presentamos la enmienda a la totalidad porque
entendíamos que se podía presentar un proyecto de ley que recogiera y
desarrollara los aspectos del Pacto de Toledo de forma progresista, y no
se hace. Señor Rodríguez de la Borbolla, viene a significar que no se
hace. Y en el trámite de Comisión su señoría dijo que algunos artículos
eran inaceptables, lo que les llevaría a votar en contra de la ley. No sé
si van a mantener eso en este debate.
Señorías, se pierde poder adquisitivo con los mecanismos que establece la
ley, y tendremos oportunidad de discutir enmienda por enmienda. Sus
señorías verán que lo que hacemos desde Izquierda Unida es una aportación
a la mejora de algo tan importante como es la racionalización, la
consolidación del sistema de la Seguridad Social. Y lo voy a reafirmar
una vez más: estamos en contra del recorte de las pensiones, ahora y en
el futuro; estamos en contra del carácter discrecional que se otorga en
la ley a la reglamentación, esas poderosas facultades que le otorga la
ley al Gobierno para reglamentar y regular cuantiosos aspectos de esta
materia.
Señorías, lo dije ayer y lo reafirmo hoy: yo suscribo la iniciativa del
Gobierno francés sobre creación de empleo. Es una vía --por qué no--
discutir en esta Cámara una ley marco sobre creación de empleo y no
cargarlo sobre la Seguridad Social, que tiene, insisto, superávit. Salvo
que se tomen decisiones políticas para convertir ese superávit en déficit
y puedan justificar una privatización del sistema, ahora tiene superávit.
Y lo que pretendemos con nuestras enmiendas y lo que hemos pretendido con
nuestro veto es mejorar esa ley, es garantizar que va a existir un
sistema de Seguridad Social justo y solidario.
Señor Rodríguez de la Borbolla, afortunadamente nuestras posiciones van
siendo cada vez menos maximalistas, o al menos su señoría se aproxima a
las posiciones maximalistas, porque en ese querer y no poder en el debate
de la ley tendremos oportunidad de ver cómo en algunas de las enmiendas
que presentan sus señorías también hay una confrontación con la misma.
Además, hoy no he oído ataques frontales a Izquierda Unida. Se entiende
que cada vez estamos menos solos, que ese viento que recorre Europa de
mejora de las prestaciones sociales, de mejora del contenido social,
también está influyendo en su señoría.
Gracias, señor Presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Muchas gracias, Senador Román
Clemente.
Tiene la palabra la Senadora De Boneta y Piedra.
La señora DE BONETA Y PIEDRA: Gracias, señor Presidente.
Voy a resumir mi respuesta a los portavoces del Grupo Parlamentario
Socialista y del Grupo Parlamentario Popular, que han utilizado el turno
en contra del veto que he presentado, de la siguiente manera. Yo creo que
me han venido a decir: Senadora De Boneta, se ha equivocado usted de ley.
El portavoz del Grupo Parlamentario Socialista me ha dado tres
argumentos: me ha dicho que no se refería al traspaso de competencias,
que no regula traspaso alguno --segundo argumento que más o menos viene a
decir lo mismo que el primero-- y que los sindicatos nacionalistas, tanto
el Sindicato Nacionalista Gallego como ELA-STV, están de acuerdo con esta
regulación --no he entendido muy bien a qué venía el que introdujera este
elemento de los sindicatos--. En todo caso, el fondo de la cuestión era:
usted se ha equivocado de ley. El Senador portavoz del Grupo
Parlamentario Popular me ha dicho que esta ley ni cumple ni incumple
ningún Estatuto, ni ningún proceso de transferencias, ni ninguna ley.
Yo quiero insistir en una cuestión a la que he hecho referencia a lo
largo de todo el debate: este Proyecto de Ley se llama de consolidación y
racionalización del sistema de Seguridad Social --creo que éste es el
título correcto del Proyecto de Ley que estamos debatiendo--. El artículo
18 del Estatuto de Autonomía, al que he hecho mención, se refiere a las
competencias que se atribuyen a la Comunidad Autónoma vasca en desarrollo
legislativo y ejecución en esta materia y en la gestión del régimen
económico de la Seguridad Social. Estamos hablando de lo mismo y creo que
vale decir que, aunque estemos a favor y pensemos que realmente hay que
proceder a esta racionalización del sistema de Seguridad Social, es
decir, aunque estemos a favor del fondo y compartamos el análisis de la
necesidad de esta ley, nosotros, por coherencia con nuestra oposición a
una legislación que impide el desarrollo de unas competencia de la
Comunidad Autónoma vasca, y puesto que lo que hoy debatimos es parte de
la misma legislación y de hecho modifica esa Ley General de la Seguridad
Social, por pura coherencia, repito, tenemos que vetar esta ley. Luego
creo que sí tiene algo que ver.
Por último, tengo que decir que si no tiene nada que ver deberán ustedes
comunicárselo a sus portavoces en el Parlamento de Gasteiz, puesto que el
Parlamento vasco, uniéndose y diciendo que es necesario potenciar un
sistema financieramente equilibrado que no sólo dé respuesta al problema
de las pensiones, sino que consolide y perfeccione el actual sistema
público de Seguridad Social --esto lo dice el 16 de abril de 1997, como
he dicho antes--, establece lo siguiente en el segundo punto: De igual
manera, este Parlamento solicita al Gobierno español el traspaso de los
servicios inherentes a la materia de Seguridad Social, según el artículo
18 del Estatuto de Autonomía del País Vasco. Con lo cual, se está
refiriendo a lo mismo que esta Senadora ha defendido aquí, y está
firmando y votado por el Grupo Socialista en el Parlamento vasco y por el
Grupo Popular en el Parlamento vasco. Es decir, que parece que somos
muchos los que nos hemos equivocado de ley; más bien parece, señoría, una
respuesta de mera salida por la tangente.
Nada más y muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Muchas gracias, señoría.
Por el Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos, tiene la
palabra el Senador Albistur.
El señor ALBISTUR MARIN: Muchas gracias, señor Presidente.
Lo primero que tengo que decir al manifestar la posición de nuestro Grupo
ante estos dos vetos es que no los vamos a apoyar. Adelanto que votaremos
en contra del de Izquierda Unida y nos abstendremos en el caso del
presentado por la señora De Boneta, en función de que consideramos que
para el debate de lo que ella propone --con cuyo contenido estamos
absolutamente de acuerdo-- hoy no es el día, ni tampoco es el momento, ni
es tampoco la ley --hay que decirlo con claridad--. Por eso nuestro Grupo
ha presentado una enmienda que busca los mismísimos objetivos, que
pretende precisamente incardinarse en lo que aquí se ha utilizado como
argumento --que es precisamente la aplicación de los acuerdos del Pacto
de Toledo, de todos los acuerdos del Pacto de Toledo-- y que debe ser
considerado como una de las fórmulas de articulación de este Estado que
se dice de las Autonomías, pero que desde los partidos mayoritarios no se
lo acaban de creer y mucho menos de poner en práctica.
Cinco o seis son los puntos por los cuales estamos en estos momentos en
desacuerdo. En primer lugar, el actual Proyecto de Ley de consolidación y
racionalización del sistema de Seguridad Social --como ya se ha dicho
desde esta tribuna muchas veces-- trae causa del consenso alcanzado en el
Pacto de Toledo entre los distintos partidos políticos con representación
parlamentaria, en el cual se pusieron de manifiesto, primero, las
debilidades del actual sistema de reparto en que se fundamenta el sistema
de Seguridad Social de base pública y, segundo, las medidas que debían
articularse para que con sus actuales fundamentos pudieran encarar con
solidez las prestaciones futuras en el escenario del envejecimiento de la
población, de la internacionalización de la economía y de la
competitividad --eso fue el Pacto de Toledo--. Y en ese diagnóstico, en
segundo lugar, nuestro Grupo participó en el consenso, sin perjuicio de
las cuestiones que en su momento ya se plantearon relativas al
autogobierno y desarrollo estatutario, la implicación de la sociedad en
la gestión del sistema y la articulación de una verdadera Seguridad
Social complementaria, que por nuestra parte ya pusimos de manifiesto en
su día y que en algunas Comunidades Autónomas, como la nuestra, se está
practicando con eficacia.
En tercer lugar, el Proyecto de Ley que hoy estamos terminando de debatir
establece con carácter general una serie de medidas que tienden al
equilibrio financiero global del sistema de Seguridad Social a fin de que
las cotizaciones sean suficientes para hacer frente a las prestaciones
contributivas, después de operar una separación en las fuentes de
financiación de las distintas prestaciones de una manera gradual pero
cierta en el tiempo.
Como cuarto punto quiero resaltar desde este momento --y me refiero
precisamente al argumento de Izquierda Unida-- que no compartimos el
presupuesto de hecho en el que se basa la enmienda a la totalidad
presentada por Izquierda Unida en cuanto a que la Seguridad Social no
tiene problemas en su parte contributiva, o parece no tenerlos. Todos
coincidiremos en que si existe algo es una clara unanimidad en cuanto a
la incertidumbre sobre la viabilidad en los actuales términos del sistema
de Seguridad Social público que hoy conocemos en todo occidente,
viabilidad que hay que buscar y a la cual hay que impedirle cualquier
obstáculo. Y en este sentido no somos una excepción.
Frente a tal diagnóstico se plantean dos alternativas: desmantelarlo o
adaptarlo. Nuestro Grupo ha votado por adaptarlo y en eso estamos en este
debate. Y ello, como resulta obvio y no escapa a sus señorías, requiere
intervenciones quirúrgicas ciertamente dolorosas, pero igualmente
necesarias si queremos salvar el modelo público y solidario que
actualmente conocemos. De ahí que reclame otra vez el acuerdo y el
consenso establecido en el Pacto de Toledo.
Lo que acabo de decir no significa que no seamos críticos con el Proyecto
que hoy estamos examinando aquí, en el Senado, después de su debate en el
Congreso, donde manifestamos nuestra posición crítica. Por un lado,
tenemos que abordar de manera inmediata la articulación del resto de
recomendaciones contenidas en el Pacto de Toledo que creemos que quedan
no cubiertas en este Proyecto de Ley y que no son objeto de tratamiento,
insisto, en este Proyecto de Ley, especialmente las relativas a la
integración y a la mejora de la gestión.
Respecto a la integración, quiero señalar que la nueva estructuración de
la Seguridad Social debe realizarse teniendo en cuenta la configuración
constitucional y estatutaria de dicha materia, máxime cuando la Seguridad
Social, en su vertiente de prestaciones económicas, es una pieza clave de
la acción política destinada a garantizar la integración y estabilidad
social, debiendo, por ello, asociarse positivamente con las Comunidades
Autónomas con competencias en la materia, y también la mejora de la
prestación de servicios, dándoles un alto protagonismo en la realización
práctica del sistema, siempre respetando el principio de solidaridad.
Este es nuestro argumento para abstenernos y no apoyar el veto presentado
por la señora Inmaculada de Boneta.
La articulación de una implicación más amplia de las Comunidades
Autónomas en la gestión de la prestación económica del sistema redundará,
desde nuestro punto de vista, en una más precisa determinación y
localización de los servicios, en una mayor proximidad o acercamiento del
servicio al usuario y, también, en el establecimiento de cauces más
fluidos de participación de los usuarios en los servicios. En cuanto a la
mejora de la gestión, debe considerarse con carácter general la
implicación de la sociedad en la gestión de las prestaciones del sistema
y de manera singular de las gentes con finalidad social.
El Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos, señorías, es
crítico con el Proyecto de Ley, pero no hasta el punto de solicitar su
devolución al Gobierno. Lo
dijimos en el Congreso y lo reiteramos aquí en el Senado. No lo vamos a
rechazar de raíz. En definitiva, la posición del Grupo Vasco es no apoyar
las enmiendas a la totalidad a través de los vetos planteados. Lo que
queremos es que el Proyecto sea debatido y mejorado con las enmiendas
presentadas por los diferentes grupos.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Muchas gracias, Senador Albistur.
Por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió,
tiene la palabra el Senador Vidal i Perpiñá.
El señor VIDAL I PERPIÑA: Gracias.
Señor Presidente, señorías, si situamos el origen de este Proyecto de Ley
en los pactos de Toledo suscritos en su día por todas las fuerzas
parlamentarias y, posteriormente, suscrito por sindicatos y empresarios,
podemos deducir fácilmente que estamos ante un Proyecto de gran
trascendencia social. Evidentemente, este Proyecto de consolidación y
racionalización del sistema de Seguridad Social, como su nombre indica,
quiere conseguir un sistema de protección más justo. Así lo entiende
nuestro Grupo parlamentario y ahí están las aportaciones de nuestros
portavoces en el debate del Congreso, pues pienso que hemos contribuido a
mejorar este Proyecto de Ley. Desearíamos que esto también ocurriera en
el debate del Senado. Así lo hemos expresado en Ponencia y en Comisión
formulando algunas enmiendas, alguna de las cuales ha sido aceptada o
transaccionada. Por lo menos, hemos intentado mejorarlas.
Con este Proyecto de Ley se garantiza de forma automática el
mantenimiento del poder adquisitivo de las pensiones, se inicia
formalmente la separación de la financiación de las pensiones
contributivas de las no contributivas y se empieza también a abordar el
tema de los autónomos. Esto, de alguna forma, nos lleva a pensar que esta
ley debe llevarse adelante. No creemos oportuno retrasar ni rechazar este
Proyecto, aunque hemos sido críticos en relación con algunos artículos.
Por lo tanto, nuestro Grupo no va a apoyar estas propuestas de veto que
ha presentado el Grupo Parlamentario Mixto.
Nada más y muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Muchas gracias.
Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el Senador
Rodríguez de la Borbolla.
El señor RODRIGUEZ DE LA BORBOLLA CAMOYAN: Muchas gracias, señor
Presidente.
Señorías, empiezo explicándole a la Senadora De Boneta que mi referencia
a los sindicatos fue hecha porque en el dictamen que el Consejo Económico
y Social tiene que evacuar sobre todo Proyecto de Ley, los sindicatos
nacionalistas vascos no plantearon, seguramente porque pensaban que no
era el momento, ninguna de las ideas o iniciativas que se plantean en su
propuesta de veto. Lo he mencionado para reforzar el argumento de que el
debate se plantearía en otro momento y no ahora.
El Senador Román Clemente ha dedicado, desde mi punto de vista, una buena
parte del tiempo de su intervención a valorar la situación de comodidad o
incomodidad en la que pudiéramos encontrarnos los socialistas con ocasión
del debate de este Proyecto. Y pensando, pensando en cómo podía
explicarle yo bien lo cómodos que estamos, me he acordado de una anécdota
de los primeros tiempos, que viene al caso ahora que vamos a celebrar los
20 años del inicio de la transición democrática en España, que le ocurrió
a un preclaro representante del comunismo español, como fue Ignacio
Gallego. Permítanme que se la cuente porque se va a entender muy bien la
diferencia entre una posición y otra.
En el IX Congreso del Partido Comunista se planteó el abandono del
marxismo-leninismo y se celebraron asambleas, conferencias y congresos
por toda España para convencer a los camaradas de que llegada era la hora
de abandonar el marxismo-leninismo. Se organizó una conferencia andaluza
en Sevilla. Todos los delegados fueron a escuchar la palabra de sus
dirigentes que iban a darles la buena nueva del abandono de la fe
antigua. Tomó la palabra Carrillo y no movió los corazones. Los delegados
se quedaron inquietos, pues no había quedado claro si había abandonado o
no el marxismo. Pidió entonces la palabra Ignacio Gallego, que era un
gran tipo y que tenía muchas sabidurías. Había sido porquero y, por lo
tanto, sabía dirigir un conjunto, orientar, no digamos a una piara, pero
sí a la gente; había sido flautista en la banda municipal de Jaén y tenía
capacidad para hacer solos; había sido también militar, General del
Ejército Rojo, por lo tanto, tenía la capacidad de seleccionar objetivos.
Se subió a la tribuna y con esa facilidad de verbo que tenía dijo:
«Camaradas, he sido leninista toda mi vida (ovación). Sigo siendo
leninista (ovación) y me moriré siendo leninista (ovación). Por lo tanto,
os digo: hay que abandonar el leninismo (ovación).» Y abandonaron.
(Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Socialista.) ¿Podemos
decir que la posición fue cómoda? No. Incómoda, pero hábil. Creía en algo
y, por lo tanto, lo abandonaba. ¿Cuál es nuestra posición, entonces?
Creemos en el pacto de Toledo y como creemos en él lo defendemos, ya sea
frente a quienes lo cuestionan aludiendo un presunto progresismo, ya sea
frente a quienes lo interpretan torcidamente, como paso a demostrar.
Para nosotros --y lo que voy a añadir nos puede servir para entendernos
en este debate-- el pacto de Toledo es --pongo otro ejemplo-- el
Evangelio. Después del pacto de Toledo ha habido un acuerdo con los
sindicatos, pero el pacto con los sindicatos será todo lo más San
Agustín, pero no es el Evangelio. (Risas.) Puestos a que haya
contradicciones entre San Agustín y Los Evangelios habrá que ir a Los
Evangelios porque defendemos el pacto de Toledo. Nuestra posición es,
entonces, realmente cómoda: defendemos aquello que se acordó en su día
entre todas las fuerzas políticas. ¿Para qué se acordó y qué se acordó?
En primer lugar, se acordó, en la recomendación primera, párrafo primero,
líneas primera y segunda del Pacto de Toledo, que las pensiones
contributivas se financiarán con las cotizaciones
sociales básicamente. Es decir, se aceptó que podría ser necesaria,
además, una financiación adicional de parte de los Presupuestos Generales
del Estado, y eso no se reconoce en la ley. Además, para hacer posible el
equilibrio interno, así como para garantizar la financiación de las
prestaciones no contributivas, el Pacto de Toledo estipuló que la
financiación de las pensiones no contributivas dependerá exclusivamente
de la imposición general --exclusivamente--, para lo cual las
aportaciones de los Presupuestos del Estado deberían ser suficientes,
dicho esto en la recomendación primera, párrafo cuarto, líneas primera y
segunda.
¿Por qué se hizo esto al firmar el Pacto de Toledo? Con brevedad, lo
explico. En primer lugar, porque si las cotizaciones sociales se pudieran
adscribir al pago indistintamente tanto de las prestaciones contributivas
como de las no contributivas, se podría producir una insuficiencia de las
fuentes de financiación, con lo cual quedaría en entredicho, y podría ser
puesto en riesgo, todo el sistema de la Seguridad Social. En segundo
lugar, se acordó aquello porque si no existiera una vinculación clara
para los gobiernos para que produjeran una aportación suficiente del
Estado para la financiación del sistema no contributivo, si no existiera
esa vinculación, se podría producir un deterioro de dicho sistema no
contributivo y, en consecuencia, una desprotección de amplios sectores de
la sociedad. Este es el núcleo del Pacto de Toledo. Todo lo demás son
desarrollos de esta idea base o medidas concretas dirigidas a hacer más
eficaces tres políticas básicas: de separación de fuentes de
financiación, por un lado, de compromiso estable y duradero de
financiación pública, por otro, y de reforzamiento de los equilibrios
internos del sistema contributivo y de la «contributividad» también de
las distintas prestaciones, por otro.
Pues bien, desde nuestro punto de vista, en el texto que se discute --y
por eso defendemos el Pacto de Toledo frente a este texto que
discutimos-- estas políticas básicas están puestas en cuestión con la
redacción dada al proyecto de ley, porque las aportaciones del Estado
para el sistema no contributivo no son excluyentes de otras aportaciones,
porque las aportaciones del Estado no tienen que ser suficientes y porque
no está garantizada ninguna financiación adicional.
Existe otra línea argumental de fondo para mantener una posición
alternativa al texto que se discute, y es la siguiente. Desde nuestro
punto de vista, ya hoy, a la altura de 11 de junio de 1997, este texto
está pasado de moda y es pacato, cobarde y alicorto. Me explico. El Pacto
de Toledo fue un acuerdo político valiente, progresista y con ambición de
consolidar y desarrollar un modelo español de protección social de
presente y de futuro, comprometido con el mandato constitucional y con el
afán de promover criterios de solidaridad en la sociedad española. Se
produjo el Pacto de Toledo a pesar de los embates procedentes del llamado
pensamiento único, que promueve el abandono de lo público y que en esos
momentos estaba en pleno apogeo en Europa.
Por el contrario, frente al Pacto de Toledo, el proyecto de ley presenta
una redacción temerosa y no asume los compromisos expresamente recogidos
en el Pacto de Toledo. Parece como si fuera un texto pensado solamente
para la coyuntura, es decir, como si se pensara que los votantes
españoles, los agentes sociales españoles y los trabajadores españoles no
estuvieran en condición anímica todavía de asumir las consecuencias de
las inevitables oleadas neoliberalizadoras que conmueven al mundo. Parece
que es un texto hecho a la espera de que los acontecimientos externos
evolucionen favorablemente para las ideologías conservadoras; parece que
es un texto que pretende jugar con la literatura, y no, en verdad,
aportar soluciones de fondo.
Pues bien, señorías, a ese juego no vamos a jugar los socialistas, y no
vamos a jugar los socialistas, en primer lugar, porque, como he dicho,
estamos a favor del sistema de protección con el que se compromete el
Pacto de Toledo; en segundo lugar, porque estamos convencidos de que los
vientos políticos de Europa soplan a favor del modelo previsto en el
Pacto de Toledo, no sólo por las elecciones últimamente celebradas en
Europa, no sólo porque ahora mismo en Europa sea una verdad demostrada
que los ciudadanos se preocupan cada vez más de los sistemas de
protección y no están dispuestos a aceptar políticas de desmantelamiento
de esos sistemas, no sólo por el viento electoral, no, sino por el viento
político institucional en la Comisión Europea, en los órganos de
dirección de Europa, ya que el 13 de marzo de 1997 se aprueba una
comunicación de la Comisión Europea en la que se dice, en la página 6:
Primero, la protección social representa un componente esencial y un
rasgo distintivo del modelo europeo de sociedad; segundo, el desafío
consiste en adaptar la protección social a la nueva situación; tercero,
para Europa no sería realista una reforma radical de los sistemas
públicos de reparto a planes de pensiones capitalizadas.
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Senador Rodríguez de la
Borbolla...
El señor RODRIGUEZ DE LA BORBOLLA CAMOYAN: Acabo inmediatamente, señor
Presidente.
Cuarto, exigimos el respeto literal de lo acordado en el Pacto de Toledo
porque la protección social, señorías, y la garantía de una mejor
financiación de la protección social es garantía de la mejor protección
del sistema de producción de los países desarrollados y porque desde
nuestro punto de vista, con todos los respetos --no es un juicio de
intención, sino una convicción--, existe una diferencia entre quienes
presentan y defienden este proyecto de ley y quienes defendemos el Pacto
de Toledo. La diferencia es que unos quieren hacer propaganda con las
pensiones y otros queremos garantizar el sistema público de pensiones.
Muchas gracias. (Aplausos desde los escaños del Grupo Parlamentario
Socialista.)
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Muchas gracias, Senador. Esta
Presidencia le agradece especialmente su visión teológica del debate.
(Risas.) Muchas gracias.
Para turno de portavoces, tiene la palabra, por el Grupo Parlamentario
Popular, el Senador Lobo Asenjo.
El señor LOBO ASENJO: Gracias, Presidente.
Intervengo muy brevemente para decir al representante de Izquierda Unida
que en su turno no nos ha aportado argumentaciones nuevas, y he de
insistir una vez más en que el proyecto que hoy presentamos a esta Cámara
contiene --y subrayo--, dentro de las posibilidades actuales del sistema,
determinadas medidas de mejora.
Es innegable que este proyecto de ley presenta mejoras, como son las que
se refieren a las pensiones de invalidez permanente o las que se refieren
a las pensiones de viudedad o esas mejoras que, igualmente, se refieren a
las pensiones de orfandad, que se ven mejoradas elevando el límite de
edad previsto para el acceso a la permanencia y al disfrute de las mismas
hasta los 21 años. Este proyecto de ley establece determinadas mejoras
para las jubilaciones anticipadas; en definitiva, este proyecto de ley
ofrece las mejoras que en este momento son posibles. Por tanto, tengo que
decirle que de recortes, nada de nada.
Y a los otros tres portavoces que me han precedido en el uso de la
palabra, Senadora De Boneta, Senador Rodríguez de la Borbolla y Senador
de Izquierda Unida, les digo que nosotros pensamos que con este proyecto
de ley se da un importantísimo paso, yo diría que decisivo, en la
profundización en el derecho constitucional a la protección social que
tienen todos los ciudadanos. Además, es innegable que este proyecto es un
avance en el camino del Pacto de Toledo y del acuerdo social
Gobierno-sindicatos, y pensamos, creemos y deseamos que este proyecto
suponga, a partir de hoy, que las pensiones van a dejar de ser utilizadas
como un arma electoralista que genera entre los ciudadanos inestabilidad
y miedo. Porque este proyecto, señorías, se compromete a lo más
importante, que son dos cosas: el mantenimiento de las pensiones y,
dígase lo que se diga, su consolidación, racionalización y crecimiento
ordenado para garantizar su futuro.
Señor Rodríguez de la Borbolla, el Gobierno al que apoyó en su día su
Grupo tuvo durante más de un año los acuerdos del Pacto de Toledo encima
de su mesa. Y durante ese largo año, ese Gobierno fue incapaz de traer ni
a esta Cámara ni al Congreso de los Diputados una sola norma en la que se
plasmaran esos acuerdos, y no aportó absolutamente nada positivo.
Por último, también debo decirle al señor Rodríguez de la Borbolla que
fue el Partido Socialista quien exigió al Gobierno que precisamente se
negociase con los sindicatos para poder llegar después a acuerdos
políticos.
Es una incongruencia, o al menos así me lo parece a mí, que una vez que
nuestro Gobierno, el Gobierno de España, el Gobierno apoyado por el
Partido Popular, ha logrado estos acuerdos, ahora, desde los bancos de la
izquierda estos acuerdos se rechacen y se critiquen. (Aplausos en los
escaños del Grupo Parlamentario Popular.)
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Muchas gracias, señoría.
Vamos a llamar a votación. (El señor Román Clemente pide la palabra.)
¿Quizás el Senador Román Clemente se ha sentido aludido por lo de Lenin?
(El señor Román Clemente hace signos afirmativos.)
Lo intuía. Tiene su señoría un minuto para decidir qué se hace con Lenin,
que, como usted sabe, es un problema vivo. (Risas.)
El señor ROMAN CLEMENTE: Señor Presidente, yo confieso que no voy a
entrar en la florida anécdota del señor Rodríguez de la Borbolla, que es
una fuente de ellas, sino que pido la palabra por una cuestión
procedimental.
El señor Rodríguez de la Borbolla ha tomado la palabra para pronunciarse
en contra del veto, y ha terminado su intervención pronunciándose en
contra de la ley, y, señor Presidente, uno no sabe, en todo caso, en qué
momento procesal hemos estado. El señor Rodríguez de la Borbolla ha
dedicado su intervención exclusivamente a pronunciarse no contra el veto,
sino contra la ley. Ha convertido la anécdota del señor Gallego en una
real y actualizada versión.
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Señoría, se le ha terminado el
minuto.
El señor ROMAN CLEMENTE: Por lo tanto, señoría, ya tendré oportunidad de
entrar en el anecdotario del señor Rodríguez de la Borbolla.
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Muchas gracias, señoría.
(Pausa.--El señor Presidente ocupa la Presidencia.)
El señor PRESIDENTE: Señorías, en primer lugar vamos a votar la propuesta
de veto número 1, que corresponde a los Senadores Nieto Cicuéndez y Román
Clemente, del Grupo Parlamentario Mixto.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 234; a
favor, tres; en contra, 228; abstenciones, tres.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Votamos a continuación la propuesta de veto número 2, presentada por la
Senadora De Boneta y Piedra, también del Grupo Parlamentario Mixto.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 233; a
favor, uno; en contra, 223; abstenciones, nueve.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Pasamos, a continuación, al debate de las enmiendas, y en primer lugar
explico a sus señorías el procedimiento del mismo.
En un primer bloque se debatirán los votos particulares que corresponden
a los señores Nieto Cicuéndez y Román Clemente; después, el voto
particular número 4, del Grupo
Parlamentario Mixto; a continuación, el voto particular número 5, también
del Grupo Parlamentario Mixto; voto particular número 2, del Grupo
Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos y, por último, el voto
particular número 1, del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de
Convergència i Unió. A continuación, turno en contra y turno de
portavoces.
En un segundo bloque se debatirán los votos particulares que corresponden
al Grupo Parlamentario Socialista; voto en contra y turno de portavoces.
En un tercer bloque se debatirá el voto particular número 7, del Grupo
Parlamentario Socialista, que corresponde a las enmiendas números 40, 43
y 48, y, a continuación, turno en contra y turno de portavoces.
La votación de todas las enmiendas del texto se realizará al final del
debate.
Comenzamos, por tanto, con la defensa del voto particular número 3,
enmiendas números 1 a 30 y 70, del Senador Román Clemente. (El señor
Vicepresidente, Rigol i Roig, ocupa la Presidencia.)
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Tiene la palabra el Senador Román
Clemente.
El señor ROMAN CLEMENTE: Muchas gracias, señor Presidente.
Decía en mi anterior intervención que no deseaba entrar en las muchas
anécdotas del señor Rodríguez de la Borbolla. No lo voy a hacer. No voy a
entrar en la guerra de anécdotas del señor Rodríguez de la Borbolla.
Pero, en todo caso, su señoría no ha estado muy fino al escoger el
ejemplo, y le voy a decir por qué: no ha estado muy fino porque después
de tan pausada exposición --habitual en su señoría-- ha venido a
convertirlo en actualidad: su señoría, amparándose en la propuesta de
veto de Izquierda Unida, ha hecho un ataque frontal a la ley.
¿Intuye el portavoz de este Grupo Parlamentario que su señoría vota en
contra de la ley? Porque, entonces, tenemos la edición actualizada de la
anécdota del señor Ignacio Gallego. Al término del debate lo podremos
comprobar y es que el tiempo, señor Rodríguez de la Borbolla, a veces
juega muy malas pasadas. Yo no sé si estaba su señoría presente en la
anécdota de Sevilla; yo, desgraciadamente, no estaba. Alguien debió
contárselo bien; en cambio, hoy sí he estado en la suya. Vamos a verlo en
las enmiendas, señor Rodríguez de la Borbolla, porque ya asistimos en
Comisión a las enmiendas de estos artículos. (Un señor Senador pronuncia
palabras que no se perciben.) Paciencia, que por las enmiendas
presentadas, todavía tengo algún tiempo, pero no voy a castigar a sus
señorías con todo el tiempo del que dispongo; en cambio, acepto el
castigo de sus señorías.
Entremos en las enmiendas que tenemos planteadas, señor Presidente.
En los artículos 1, 2, 3, que se refieren a la separación y clarificación
de las fuentes de financiación de la Seguridad Social, a la constitución
de reservas y al tope máximo de cotización a la Seguridad Social,
enmiendas números 1 a 8, se tratan aspectos estructurales de la reforma
que se pretende realizar. Nosotros queremos evitar que este proyecto de
ley traiga como consecuencia final una situación peor de la que existe
ahora. Creemos que la reforma debía de haber obedecido a las
recomendaciones del Pacto de Toledo: separación de fuentes financieras,
constitución del fondo de reserva, tope máximo de cotización. Pero el
proyecto de ley se hace de forma que se aleja del Pacto de Toledo e,
incluso, del acuerdo Gobierno-sindicatos, al no contemplar de forma clara
y explícita el compromiso por parte del Estado de garantizar la
suficiencia financiera, no solamente de las prestaciones no
contributivas, sino, en todo caso, también de las prestaciones
contributivas si llegara una situación de insuficiencia. También --y esto
es una recomendación que en su momento hizo el Consejo Económico y
Social-- los gastos de gestión se deben financiar con cargo a la hacienda
pública y no a las cotizaciones sociales, como ha recomendado, insisto,
el Consejo Económico y Social. No se deben establecer diferencias con
respecto a cualquier otro organismo de la Administración Pública. Esto,
además, contribuiría a un mayor saneamiento de las finanzas del sistema
público de la Seguridad Social y, en consecuencia, a una mayor
estabilidad financiera del sistema. (El señor Vicepresidente, Aguilar
Belda, ocupa la Presidencia.)
El portavoz del Grupo Parlamentario Popular en Comisión me recordaba que
no había hecho una defensa explícita de cada una de las enmiendas y eso
es lo que pretendo hacer ahora en esta sesión plenaria. En la enmienda
número 3 se trata de concretar el mecanismo en función del cual se
separan las fuentes financieras del sistema público de Seguridad Social
para evitar la discrecionalidad del Gobierno y generar seguridad jurídica
en este aspecto tan trascendental de la reforma.
En la enmienda número 4, Izquierda Unida pretende que se establezca el
carácter de prestación no contributiva de los complementos a mínimos, con
carácter legalmente definitivo y evitar la indeterminación, desde nuestro
punto de vista inadmisible, respecto a qué consideración vayan a tener
los complementos a mínimos cuando se revisen los acuerdos
Gobierno-Sindicatos.
En la enmienda número 5 planteamos la supresión definitiva de la fórmula
de préstamos del Estado a la Seguridad Social porque ha contribuido a
alarmar a la opinión pública. Deben cancelarse, de una vez por todas, las
deudas ficticias que la Seguridad Social tiene respecto a la Hacienda del
Estado.
En la enmienda número 6 se trata de vincular al Gobierno a la obligación
de destinar todos los excedentes de cotizaciones sociales, insisto, todos
los excedentes de cotizaciones sociales, que resulten de la liquidación
de los presupuestos de la Seguridad Social al fondo de reserva
constituido al amparo de este artículo.
Con la enmienda número 7 se trata de evitar que siga funcionando el
sistema de préstamos, y que si existen, al menos, se consignen
contablemente como excedentes en el Fondo de Reserva.
En la enmienda número 8 se concreta el período transitorio para la
desaparición de las bases máximas de cotización, que debe afectar a todos
los grupos, y no sólo del 5 al
11. En esta parte de la ley se trata de acomodar la cuantía de las
prestaciones que el sistema concede a lo que se ha dado en llamar el
equilibrio financiero del sistema. Se procede al recorte de las pensiones
para permitir ese equilibrio financiero. Evidentemente, hemos manifestado
nuestro total desacuerdo.
En la enmienda número 9 se pretende eliminar el período de carencia
cualificada.
En la enmienda número 10 se suprime el artículo 5 de la ley por
considerar que el incremento de ocho a quince años para el cálculo de la
base reguladora no es aceptable, es injusto e innecesario. En esto me voy
a detener un poco más. Es injusto porque genera un recorte de las
pensiones de jubilación que se concedan a partir de esta ley y que
afectará en cuantía diferente de unos colectivos a otros. En términos
generales, afectará en mayor medida a los trabajadores que tienen
contrato en precario y --tal y como está el sector y como está la
contratación, desde luego, toda precaución es poca-- especialmente, a los
trabajadores agrícolas y temporeros y a mujeres, que son los que
mayoritariamente tienen este tipo de contratación precaria como método
habitual de incorporarse al mercado de trabajo.
Por otra parte, es innecesario porque el sistema de la Seguridad Social
en la actualidad es suficiente financieramente y es de esperar, señorías
--Izquierda Unida así lo plantea--, que lo sea por muchos años, según las
proyecciones comúnmente asumidas, sobre todo, si se adoptan medidas como
las previstas por las enmiendas que hemos presentado y que algunos llaman
radicales o maximalistas, pero que garantizan, justo lo contrario por lo
que se nos ataca: la situación financiera de la Seguridad Social. Además
de éstas hay otras medidas de carácter macroeconómico, como el incremento
del empleo, en las que, claro está, estamos de acuerdo. ¿Cómo no vamos a
estar de acuerdo en la política de creación de empleo? Pero, señorías,
por la vía del reparto del trabajo, que se nos decía que era una
barbaridad y que tantas veces se nos ha criticado; pero los vientos
europeos parece que consolidan esta situación. Por tanto, por la vía del
reparto del trabajo, del tratamiento no discriminatorio a la mano de obra
inmigrante y la persecución del fraude fiscal y de la economía sumergida.
Las medidas que hemos planteado para la situación financiera y éstas de
carácter macroeconómico garantizarían que el sistema de Seguridad Social
fuera suficiente y financieramente viable.
De no aceptarse la enmienda, desde nuestro punto de vista, la reforma va
a asistencializar a colectivos enteros que no podrán acceder a la pensión
contributiva y que deberán conformarse con la no contributiva, después de
haber cotizado el escaso período al que hayan podido acceder por esa vía
de contratación precaria.
La enmienda número 11 se presenta como alternativa a la anterior y, en
caso de no prosperar y para que sus señorías no me acusen de
contradicción, se pretende que, al menos, no se imponga al futuro
pensionista un período concreto de su vida laboral y, por tanto, se
someta la cuantía de su pensión de por vida a los avatares de la misma.
Como entenderán sus señorías, existe el peligro de que los trabajadores
sean expulsados del empleo fijo en el mercado de trabajo sin que puedan
acogerse a jubilación forzosa por los expedientes de crisis, etcétera, es
decir, que los trabajadores de las Pymes, fundamentalmente, vean mermada
su pensión al tener que contemplarse el período de cálculo en los últimos
quince años. (El señor Vicepresidente, Rigol i Roig, ocupa la
Presidencia.)
La enmienda número 12 es de supresión del artículo 6 por considerar que
es injusto que la cuantía de la pensión quede recortada como pretende el
texto. Esta medida va a repercutir cada vez más sobre los colectivos del
circuito de trabajo precario, especialmente, las mujeres.
Respecto a la enmienda número 13, Izquierda Unida entiende que la
verdadera reforma es la que hay que hacer en una aplicación progresista
del Pacto de Toledo respecto de la cuantía de la pensión de jubilación
contributiva, y ésa no es otra que garantizar que sea equivalente, al
menos, al salario mínimo interprofesional de cada momento. Yo reconozco,
señor Rodríguez de la Borbolla, que ésta es una vieja aspiración de la
Izquierda, de los sindicatos y de los trabajadores en general, con
anécdota o sin ella.
Enmienda 14. La reforma de la Ley General de Seguridad Social pretende
una mejora de las condiciones de las jubilaciones anticipadas forzosas,
conforme al acuerdo entre el Gobierno y sindicatos que ha dado origen a
este proyecto de ley. Parece razonable extender dicha medida a un número
mayor de beneficiarios, para lo que se propone en la enmienda que se
rebaje el requisito de número de años cotizados de 40 a 25.
Con la enmienda número 15 se pretende establecer una equitativa conexión
entre el esfuerzo de contribución y la cuantía de la pensión, cuya
equivalencia hoy se ve alterada por la jubilación forzosa antes de
cumplir 65 años.
Enmienda 16 de sustitución. Pretende garantizar la automaticidad de la
revalorización de las pensiones, de forma que en cada Ley General de
Presupuestos del Estado no haya discrecionalidad alguna. Por tanto, el
precepto es claro.
Enmienda número 17. El beneficio que la reforma pretende introducir para
los afectados por la necesidad de anticipar la jubilación como
consecuencia de causa objetiva o cese en el trabajo por la extinción del
contrato de trabajo en virtud de causa no imputable a su voluntad es,
desde nuestro punto de vista, insuficiente.
Enmienda número 18. Con ella se pretende corregir una redacción que
podría confundir, con consecuencias jurídicas lesivas.
Enmienda número 19. Por ser excesivas las facultades del Gobierno para el
desarrollo reglamentario de los supuestos previstos en los apartados
anteriores es por lo que formulamos esta enmienda de supresión.
Enmienda número 20, de adición al artículo 7. Se pretende dar efectividad
a los principios de contribución y proporcionalidad en aquellos supuestos
en que, por razones económicas o productivas, los trabajadores se vean
obligados a adelantar el momento de su jubilación.
Enmienda 21, de supresión del artículo 8. De nuevo, se trata de una
habilitación exorbitada de las facultades para el Gobierno. La reforma
que se pretende no es un mero cambio de denominación, señorías.
Enmienda número 22, de supresión del artículo 9. Con el texto propuesto
entendemos que seguirán existiendo diferentes tipos de beneficiarios de
la pensión de viudedad: los menores de 60 años que reúnen las condiciones
reglamentarias, los que las reúnen y tienen entre 60 y 64 años y los que
tienen 65 años o más.
Enmienda número 23, de adición al artículo 10. Se trata de homogeneizar
la cuantía mínima de las pensiones de viudedad, dotándolas de una cuantía
mínima que responda al imperativo constitucional de garantizar pensiones
dignas.
Enmienda 24, de adición. Esta enmienda pretende plantear un límite
razonable a la incompatibilidad que establece el texto propuesto entre la
percepción de la pensión de orfandad y el salario derivado de rentas de
trabajo, tanto por cuenta ajena, como por propia.
En el trámite de Comisión se ofreció una enmienda transaccional para una
del Grupo Parlamentario Socialista y esta número 24. Finalmente, no sé si
habrá o no una transaccional. En la Comisión se formuló y fue rechazada.
De todas formas, consideramos insuficiente cualquier intento de regular
lo que en esta enmienda se plantea, si bien estamos dispuestos a
estudiarlo, porque entendemos que la situación es injusta.
Enmienda 25, de adición al artículo 11. No se produce la actualización de
las cuantías de las pensiones que la enmienda propone. Por tanto, no se
revalorizarán realmente las pensiones, que perderán poder adquisitivo por
la vía propuesta en la ley.
Enmienda 26, de supresión del artículo 11. Entendemos que la reforma
legislativa pretende satisfacer la vieja aspiración de que las pensiones
sean revalorizadas por ley, para evitar la incertidumbre de los
pensionistas y el clientelismo político que eventualmente podría
derivarse de la utilización partidista de una revalorización año a año,
revalorización a la que, de hecho, se confunde como si fuera una medida
de carácter graciable. Sin embargo, este párrafo muestra un espíritu
cicatero con los pensionistas, a los que se pretende hacer que devuelvan
la diferencia entre el IPC previsto y que han cobrado a lo largo del año
y el IPC real cuando éste haya sido inferior a las previsiones; cicatero,
por tanto.
Enmienda 27, de supresión del artículo 12. Izquierda Unida está en contra
de incentivar la permanencia de los trabajadores que hayan cumplido los
65 años en su puesto de trabajo y más aún con incentivos que signifiquen
minoración de los ingresos de la Hacienda pública.
Enmienda 28, de modificación de la disposición final primera. Se limita
la potestad reglamentaria del Gobierno y se pretende que se aclare el
concepto de tope de cobertura. Es una constante en esta ley el que en la
misma se otorga un carácter abierto y discrecional a la reglamentación
del Gobierno.
Enmienda 29, de supresión de la disposición final segunda. La enmienda
pretende eliminar lo que entendemos que es una inoportuna alusión.
Enmienda número 30 --voy terminando, señorías, y, como he prometido, no
consumiré todo el tiempo que este Grupo tiene asignado, que es muy
superior al que emplearé--, de adición de un artículo 14: Cláusula de
salvaguarda de derechos consolidados o bien de derechos adquiridos.
Finalmente enmienda 70. Sé que nos han pedido --y así lo vamos a hacer
constar-- que se someta a votación de forma separada esta enmienda.
Después haremos también alguna otra propuesta de voto separado, pero, por
lo que se refiere concretamente a ésta, porque hay alguna sensibilidad
también en esta Cámara y el deseo de poder votarla favorablemente aunque,
al final, no se concrete, creemos que obedece a una clara y sentida
necesidad del cobro de pensión.
Señorías, con estas enmiendas hemos pretendido que nuestra propuesta de
veto quede firmemente sustentada. Hicimos esfuerzos en el Congreso de los
Diputados y así lo dijimos. Queremos mejorar este proyecto de ley;
queremos que no signifique un retroceso, que no se convierta en una ley
que recorte las pensiones, que limite los derechos, que sea una
interpretación regresiva del Pacto de Toledo. Queremos, en definitiva,
señorías, que esta ley no deje la puerta abierta a sucesivos recortes de
pensiones en el futuro. Creemos --lo seguimos creyendo todavía-- que se
puede hacer un esfuerzo para que el consenso del Pacto de Toledo, su
interpretación y desarrollo, sean una realidad.
Y termino por donde he empezado. No quiero hacer alusiones a la anécdota
del señor Rodríguez de la Borbolla, pero es un contrasentido que se
arremeta contra la posición de Izquierda Unida, que se arremeta contra el
veto de nuestro Grupo, al tiempo que se pronuncian en contra de la Ley.
Señorías ¿no es eso un veto? Hay que decir las cosas como son. Si el
Pacto de Toledo no está contemplado en la ley y si ésa es razón para
votar en contra de la misma, no se puede arremeter contra Izquierda
Unida.
Muchas fueron las voces que se alzaron en contra de nuestra posición en
el Congreso de los Diputados. Se nos llamó y se nos dijo de todo. Se dijo
que estábamos en una situación de aislamiento. Hoy por parte del Grupo
Parlamentario Popular se dice que la izquierda votará en esta Cámara en
contra de la ley. Señorías, en política no vale todo, tantos ataques,
tantas descalificaciones, para que hoy se vote en contra de la ley. ¿Tan
desafortunados, o faltos de realidad estaban los argumentos que en su día
manifestó Izquierda Unida?
Señorías, hagamos un ejercicio de reflexión. La ley es cicatera, es
insuficiente, es restrictiva e interpreta, de forma que Izquierda Unida
no comparte, el Pacto de Toledo. Hemos hecho esfuerzos, lo hemos
intentado. Percibo que cada vez nos vamos quedando menos solos en esta
interpretación.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Muchas gracias, Senador Román
Clemente.
Para la defensa del voto particular número 4, tiene la palabra la
Senadora De Boneta y Piedra.
La señora DE BONETA Y PIEDRA: Eusko Alkartasuna ha presentado ocho
enmiendas a este proyecto, siete de las cuales intentan mejorar el
contenido de la ley, y además,
en algunos casos, coinciden con el sentido de las planteadas por otros
grupos. Voy a empezar por la última de ellas, la número 67, por
coherencia y por no interrumpir un discurso iniciado en el veto.
Esta enmienda intenta introducir aquellas razones por las cuales
planteábamos nuestro veto a la ley. He dicho que Eusko Alkartasuna
comparte el análisis de la necesidad de esta ley y del pacto al que se
llega para la consolidación y racionalización de las pensiones, el
llamado por todas las fuerzas políticas Pacto de Toledo. El veto venía
motivado por aspectos relacionados con la competencia y el desarrollo
estatutarios. Esta enmienda trata de introducir este concepto dentro de
las disposiciones finales de la ley.
Dice que mediante los oportunos acuerdos, las Comunidades Autónomas en
las que en sus Estatutos de Autonomía se contemple el desarrollo
legislativo y la ejecución en materia de Seguridad Social, asumirán la
gestión del Régimen Económico de la Seguridad Social, dentro de su
carácter unitario y del respeto al principio de solidaridad, según los
procedimientos, plazos y compromisos que para una ordenada gestión se
contenga en tales acuerdos o convenios, respetando en este sentido el
modelo de convenio que se contiene en la Disposición Transitoria Quinta,
en relación al artículo 18 del Estatuto de Autonomía del País Vasco.
La justificación está clara: el respeto a los Estatutos de Autonomía, el
respeto a los hechos diferenciales. En este sentido querría decir que no
parece tan descabellada la argumentación planteada en el veto cuando el
portavoz del Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos decía
que ellos han escogido el camino de presentación de una enmienda en este
sentido en el articulado de la ley para plantear algo que al mismo tiempo
parece no ser objeto de la misma. Creo que aquí existe una incoherencia,
está clarísimo que esta disposición tiene relación, al igual que la
argumentación del veto, con el contenido de la ley. Por eso, presentamos
la enmienda número 67.
Quiero decir también que si esta enmienda se hubiera aprobado en el
Congreso de los Diputados, en cualquiera de las versiones, en la del
Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos --a este respecto
quiero decir al Senador Albistur, con todo cariño, que no es Grupo de
Senadores vascos, sino Senadores del Grupo Parlamentario de Senadores
Nacionalistas Vascos, porque aquí hay más Senadores y Senadoras vascas--,
o en la del Grupo Parlamentario Mixto, o se aprobara ahora, mi propuesta
de veto no hubiera sido presentada, y en este caso quedaría moralmente
retirada, ya que formalmente una vez votada no la puedo retirar.
Las enmiendas que hacen referencia al fondo de la ley son las
comprendidas entre las números 60 y 67. La número 60 es de modificación
al artículo 1.2 y trata de aplicar con carácter inmediato la separación
financiera de las pensiones contributiva y no contributiva, puesto que
considera que si la finalidad que se contiene en el proyecto es de
hacerlo de forma progresiva antes del año 2000 y en los términos
establecidos por las leyes de presupuestos, habría un problema en caso de
no existir un superávit para la dotación de ese Fondo de Reserva previsto
en el artículo 2.º Pensamos que debe hacerse desde este momento, porque
si no probablemente el castillo que se monta en relación a esta
separación, de hecho podría no tener lugar una vez pasado el año 2000.
Por eso pedimos que se haga a partir de la ley de presupuestos y
concretamente de la Ley de Presupuestos para el año 1998.
La enmienda número 61, al artículo 5.3, pretende que aquel que pueda
acceder a la pensión de jubilación de Seguridad Social y hubiera cotizado
al Régimen General por el período de tiempo establecido, pueda optar por
elegir el procedimiento incorporado en los puntos anteriores --se está
refiriendo al procedimiento que introduce este proyecto de ley-- o que
está fijado en la legislación vigente.
Las razones por las que habría que respetar estos derechos adquiridos,
expuestas en la justificación, indican que, como consecuencia de los
cambios que se producen en este proyecto, las pensiones van a resultar
más bajas por término medio para aquellos que ya hubieran cumplido las
previsiones establecidas en la legislación aún vigente, y perjudicarían
en especial a la mayoría de los asalariados y, entre ellos, a los de
rentas más bajas. Por ello, pedimos ese derecho de opción. Creo que aquí
coincidimos también con algunas de las enmiendas presentadas por otros
grupos, concretamente, por lo que yo he podido ver, con la enmienda
número 54, del Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos.
En relación a la enmienda número 62, pretendemos añadir un nuevo párrafo
al artículo 7.1.2.ª, entre el segundo y el tercero, que diga que en los
supuestos de extinción de trabajo por expediente de regulación de empleo,
o debido a circunstancias que les haga proceder de la situación de
subsidio asistencial, el porcentaje de reducción de la cuantía de la
pensión a la que se refiere el párrafo anterior, sea un 7 por cien y no
un 8 por cien, como se establece. Creemos que por razones de elemental
equidad, hay que facilitar el acceso a la jubilación anticipada a
aquellos trabajadores que estén en situación de paro subsidiado y
procedentes de esas situaciones de regulación de empleo a las que me he
referido, o que hubieran dejado ya de percibir ese subsidio, si no,
estaríamos cometiendo una grave injusticia para los que han sufrido una
situación de regulación e incluso ya no cobran paro subsidiado.
Las enmiendas números 63 y 64 hacen referencia a la modificación de los
artículos 9.2 y 10.2. Voy a hablar de ellas a la vez, puesto que se
refieren a temas a los que el Senador que me ha precedido en el uso de la
palabra ha aludido. Se están refiriendo a las cuantías de las pensiones
mínimas de viudedad y de orfandad.
En la enmienda número 63 solicitamos que las cuantías de las pensiones
mínimas de viudedad se equipararán a los importes de dicha clase de
pensión para beneficiarios con edades comprendidas entre los 60 y 64
años. Entendemos que los casos contemplados que tienen en cuenta límites
de renta y cargas familiares exigen la aplicación de esta equiparación
también dentro de este límite de edad, con carácter inmediato a la
entrada en vigor de la ley, y sin establecer un período de carencia. No
creemos que esto vaya a suponer un elevado costo y, sin embargo, las
razones renta/cargas familiares nos parecen suficientes para introducir
esta modificación, al igual que cuando pedimos la supresión del artículo
10.2 estamos queriendo evitar el carácter paulatino de la aplicación del
contenido del número 1 del artículo 10 y modificación del artículo 175
del Real Decreto 1/1994, en relación a los huérfanos, porque consideramos
asumible el costo presupuestario en relación con el efecto social de la
medida, de gran importancia. No queremos que esto se haga con carácter
paulatino, sino inmediato en relación a las pensiones de orfandad.
La enmienda número 65, de modificación al artículo 11.2, tiende a
mantener el poder adquisitivo, y solicita que si el índice de precios al
consumo acumulado fuese superior al índice para igual período y en
función del cual se calculó dicha revalorización, la diferencia existente
se abonará a las personas que perciban una pensión, consolidándose para
el futuro esta diferencia en las prestaciones de cada pensionista. Nos
parece más oportuno introducir este aspecto por ley por razones de
seguridad jurídica, por acomodar el IPC real a las previsiones y porque
pensamos que esto no debería quedar sujeto a la eventualidad de las leyes
de presupuestos que se aprueban anualmente. También en este caso
coincidimos con otras enmiendas de otros Grupos.
Por último, la enmienda número 66 --puesto que a la 67 me he referido en
primer lugar-- solicita la supresión del artículo 12 que otorga
desgravaciones o deducciones de cotizaciones sociales a aquellos
trabajadores que quieran prolongar su período laboral más allá de los 65
años. Estas medidas nos parecen absolutamente regresivas, puesto que
pretenden el fomento de la continuación de la actividad laboral más allá
de dicha edad. En la situación de desempleo y de falta de empleo en la
que estamos, con un paro que supera el 20 por ciento en la media del
Estado --aunque parece que los últimos datos son buenos, también tengo
que decirlo--, creemos que es una medida regresiva y aún hace más difícil
el acceso de empleo a los jóvenes.
Con esta enmienda hemos terminado la defensa global de las enmiendas que
presenta Eusko Alkartasuna.
Nada más y muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Muchas gracias, señoría.
El Senador Victoriano Ríos tiene la palabra.
El señor RIOS PEREZ: Muchas gracias, señor Presidente.
Señorías, las enmiendas 68 y 69, a los artículos 5 y 6, respectivamente,
de Coalición Canaria, son exclusivamente técnicas, en relación con la
fórmula matemática del cálculo de las pensiones, siempre muy compleja por
las variaciones de las mensualidades, de las pagas extras, computadas o
no, los índices generales de precios al consumo, etcétera. Se han
mantenido hasta este debate de Pleno ante la posibilidad de enmiendas
transaccionales con redacciones concretas sobre estas pagas computadas o
bien con los tiempos determinados. De no ser así, retiraríamos las
enmiendas.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Muchas gracias, señoría.
Por el Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos, tiene la
palabra el Senador Albistur, una vez haya recibido las últimas
instrucciones por teléfono. (Risas.)
El señor ALBISTUR MARIN: Muchas gracias, señor Presidente.
Ya sabe usted que siempre vale más estar bien aconsejado, que andar por
la vida por libre porque se cometen muchos errores, y somos un Grupo que
trabaja en equipo; somos un Grupo vasco, a pesar de lo que por ahí se
haya dicho también por alguien que no tiene Grupo, aunque sea vasca o sea
de Bilbao, yo lo reconozco, no lo pongo en duda, sobre todo habiéndolo
dicho una ilustrísima compañera de esta Cámara, a la que no veo, por
cierto, por aquí ahora.
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Intuía su respuesta y no está.
El señor ALBISTUR MARIN: Muy bien.
Señor Presidente, señorías, nuestro Grupo va a realizar la defensa de las
cuatro enmiendas que mantiene vivas.
Nuestro Grupo presentó en su momento ocho enmiendas, la mayoría de ellas
continuidad de las que ya se habían presentado también en el debate
parlamentario; dos fueron retiradas porque en los últimos momentos de
aquel debate quedaron dudas todavía sobre si se habían incorporado o no,
pero figuraron en el texto que se introdujo aquí en esta Cámara para su
debate y, por lo tanto, fueron retiradas, una ha sido transaccionada con
otros Grupos, y yo voy a anunciar que vamos a retirar la enmienda número
52 en función de su intrascendencia, pero no así las enmiendas que a
continuación quiero concretamente debatir y defender.
La enmienda número 53 ha sido objeto ya de mi comentario --que, por lo
visto, no le ha gustado mucho a la representante del Grupo Parlamentario
Mixto, señora De Boneta-- en la toma de posición en el debate anterior
celebrado en esta Cámara en relación a los vetos presentados a esta ley.
Sigo insistiendo, para que quede constancia en el «Diario de Sesiones» de
esta Cámara, que el veto presentado por la señora De Boneta tiene algo
que ver con el espíritu de nuestra enmienda, pero estamos hablando de dos
temas absolutamente distintos. Sigo insistiendo en que el debate sobre
las competencias de la Comunidad Autónoma y las no transferidas y
reconocidas a la Comunidad Autónoma en materia de Seguridad Social sigue
siendo un tema importante pero es un debate ajeno al debate actual de
esta ley. Por eso nosotros no hemos entrado en este debate. Sí entramos
en el debate que pretende que el proyecto dé cabida a la configuración
territorial del Estado y al reparto competencial en materia de Seguridad
Social entre el Estado y las Comunidades Autónomas con competencia en la
materia, que precisamente éste es el objeto de nuestra enmienda, enmienda
a la Exposición de Motivos que introduce un amplio párrafo final de
cierre de la Exposición y que le daría sentido a la misma y a la ley,
también.
Pretende esta enmienda y con ello el Grupo Parlamentario de Senadores
Nacionalistas Vascos, que la Exposición de Motivos de este proyecto de
ley incluya el compromiso de abordar de manera inmediata o lo antes
posible la articulación del resto de las recomendaciones --y reitero
«resto de las recomendaciones del Pacto de Toledo», ya que ése es el
matiz importante de nuestra enmienda-- contenidas en el Pacto de Toledo,
y que no son objeto de tratamiento en la presente ley, especialmente las
relativas a la Integración y a la Mejora de la gestión.
El artículo 149.1.7.ª de la Constitución atribuye al Estado la
competencia de dictar la legislación básica en materia de Seguridad
Social --subrayo exclusivamente la legislación básica--, y el artículo 18
del Estatuto de Autonomía de Gernika establece que corresponde a la
Comunidad Autónoma vasca el desarrollo legislativo, en congruencia con el
título constitucional y, también, como ustedes conocen perfectamente o
deberían conocerlo, la ejecución de la legislación básica del Estado en
esta materia que hoy estamos debatiendo en este proyecto de ley.
Desde esta perspectiva, algo tan simple pero, por otra parte, tan legal
es lo que estamos pidiendo, nuestro Grupo Parlamentario exige que se
ejecuten títulos competenciales y, si a alguno no le gusta la palabra
exigir, se puede decir solicita. Pero, al parecer, no se comprende o no
se quiere comprender nuestra posición en esta Cámara.
Nuestro Grupo no pretende romper absolutamente nada. Pretende cumplir la
Constitución, y cumplirla manteniendo, sobre todo, porque para nosotros
son fundamentales, los mecanismos de solidaridad. Y lo digo despacio para
que se me entienda bien: queremos reforzar los vínculos de solidaridad
que diseñan tanto el artículo 41 como el 50 de la Constitución, pero
también queremos que se apliquen otros artículos concurrentes de la
Constitución en el ámbito de las competencias que son preceptos tan
constitucionales como los anteriores de solidaridad, que he citado. Digo
esto y lo digo despacio, porque a nosotros se nos exige, se nos pide y se
nos solicita solidaridad, pero siempre se termina aquí el discurso y no
viene el reconocimiento.
Nuestro Grupo Parlamentario considera que la Seguridad Social en su
vertiente de prestaciones económicas es una pieza clave en la acción
política --lo he dicho antes y ahora lo reitero-- y destinadas, sobre
todo, a garantizar la conservación, la integración y la estabilidad
social. Por ello, debe asociarse a las Comunidades Autónomas con
competencia en la materia . Este es, pretendo manifestarlo lo más
rigurosa y seriamente que sé, lo que dijimos en el Congreso de los
Diputados, lo que reiteramos en el Senado en la materia con la enmienda
número 53, como introducción de un nuevo párrafo que considere otros
aspectos del Pacto de Toledo, fundamentalmente el de la territorialidad,
en el nuevo proyecto de ley, que estamos debatiendo.
El resto de las enmiendas que mantenemos vivas hacen referencia
fundamentalmente al objetivo de mejorar las cuantías de las pensiones
mínimas en su cuantía inferior de viudedad cuando los beneficiarios de
las mismas tengan una edad inferior a los sesenta años. Ahí existe un
colectivo de mujeres importantísimo que se encuentra en esta situación,
en una situación precaria como consecuencia de esa no aplicación. Este es
un claro ejemplo de solidaridad --aunque reconozco que costoso-- que
debería abordarse definitivamente.
Respecto a nuestra enmienda número 56, que se refiere a las pensiones de
orfandad, hay por ahí un papel que me han pasado, firmado por el Grupo
Popular y por algún otro grupo parlamentario, en el que se intenta hacer
una componenda de algo que nosotros hemos solicitado en esta enmienda. Es
absolutamente ridículo que un muchacho de 21 años, cuyo padre ha
fallecido pero cuya madre queda sin pensión alguna, e incluso aunque
pueda tener él algún trabajo --como se reconoce en la enmienda
transaccional-- en el que cobre una cantidad inferior al 50 por ciento
del salario mínimo interprofesional, decía que es absolutamente ridículo
que pierda el derecho a la orfandad cuando resulta que si su padre y su
madre hubieran muerto él podría tener ese derecho de orfandad hasta los
23 años. ¿Por qué entonces no alargamos todo el período hasta los 23
años? ¿Qué cuesta hacer eso?
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Senador Albistur, concluya, por
favor.
El señor ALBISTUR MARIN: Termino en seguida, señor Presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Muchas gracias.
El señor ALBISTUR MARIN: Pero parece ser que los duros corazones de los
representantes del Partido en el Gobierno no están dispuestos a reconocer
estos dos años que quedan ahí pendientes, cuando seguramente muchos
jóvenes nos lo agradecerían. Y a este respecto sí puedo decir que son
cuatro perras lo que nos estamos jugando.
Finalmente, en la enmienda número 57 nos referimos fundamentalmente a la
posibilidad de garantizar el poder adquisitivo de las pensiones en
iguales términos que el incremento del IPC. Porque, no queramos hacernos
trampa --y ya termino, señor Presidente--. Si cuando estamos queriendo
hablar de revalorización y absorción del poder adquisitivo de las
pensiones resulta que incluimos en el texto que eso quedará pendiente de
lo que los Presupuestos Generales del Estado digan y no de que se aplique
estrictamente el IPC del año correspondiente, ya se puede contar con que
los Presupuestos Generales del Estado aprobarán incrementos inferiores al
IPC. Por tanto, como no equipararemos las pensiones al IPC, iremos
haciendo que se vaya produciendo una pérdida de poder adquisitivo.
Pero aquí también parece que los corazones siguen siendo duros y que no
podremos llegar a un acuerdo. Pues bien, yo hubiera pretendido, de haber
podido...
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Senador, el corazón de este
Presidente ya ha sido muy blando y le pide que su señoría termine cuanto
antes.
El señor ALBISTUR MARIN: Muchísimas gracias, señor Presidente, pero es
que pretendía convencer y mejorar sustancialmente este proyecto de ley.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Muchas gracias.
Por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió,
tiene la palabra el Senador Vidal i Perpiñá.
El señor VIDAL I PERPIÑA: Señor Presidente, señorías, nos quedan tres
enmiendas vivas en las que, de alguna forma, voy a insistir en los mismos
términos ya expuestos en Comisión.
Con la enmienda número 71 hemos intentado mejorar la redacción del último
párrafo del apartado dos del artículo 1, pero la verdad es que no lo
hemos conseguido. Así se nos comunicó en el trámite de Comisión aunque
espero que en este Pleno sea reconsiderado. Esta enmienda se ha
presentado con el único fin de clarificar la forma, no el contenido, con
el que estamos totalmente de acuerdo.
Con referencia a la enmienda número 72, queremos conseguir por medio de
ella que quede claro que no pueda producirse una disminución de
aportaciones y recursos del sistema impositivo en la financiación de la
sanidad. Digo esto partiendo de la separación de la financiación de las
prestaciones no contributivas y universales de las correspondientes a
prestaciones contributivas.
Y para terminar, con relación a la enmienda número 73, la defiendo en sus
justos términos tal y como aparece en el Boletín de las Cortes Generales
ya que, en definitiva, lo que pretendemos con esta enmienda es clarificar
una redacción que, tal y como está escrita --insisto en ello--, nos
parece absolutamente confusa.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Muchas gracias, señoría.
Para turno en contra tiene la palabra el Senador Garrido.
El señor GARRIDO HERRAEZ: Muchas gracias, señor Presidente.
Señorías, procedo, en nombre de mi Grupo, a fijar nuestra posición
respecto de las enmiendas defendidas como votos particulares por el Grupo
Mixto, Grupo de Convergència i Unió y Grupo Parlamentario de Senadores
Nacionalistas Vascos.
Permítanme una primera reflexión respecto del proyecto de ley que
abordamos, proyecto que profundiza decisivamente en el derecho a la
protección social de todos los ciudadanos de nuestro país, derecho éste
recogido en nuestra Constitución.
Parte de este proyecto así lo declara, y así se recoge en la exposición
de motivos del Pacto de Toledo, pacto político fundamental en la vía del
compromiso de todas las fuerzas parlamentarias para hacer viable
financiera y socialmente el actual modelo de Seguridad Social,
enfrentado, nadie lo duda, a requerimientos de creciente magnitud en las
próximas décadas. De ahí que deba presidir la prudencia el tenor de las
enmiendas que deban incorporarse a esa norma jurídica. Para ello se hace
imprescindible armonizar los incrementos del gasto con los ciclos
económicos y que los beneficios se atribuyan con mayores cotas de
racionalidad y solidaridad.
Señorías, como expresión de este pacto político, y conforme al compromiso
del Presidente del Gobierno en el debate de investidura, junto al ánimo
de consenso y entendimiento con todas las fuerzas políticas, sociales y
económicas, se firmó un acuerdo, que yo califico de histórico, entre el
Gobierno y las organizaciones sindicales Comisiones Obreras y Unión
General de Trabajadores, acuerdo que contrasta con la fuerte contestación
social que recibió la anterior reforma de la Seguridad Social en el año
1985, todas estas organizaciones conscientes del reto que significa para
nuestra sociedad el encontrar acuerdos que permitan consolidar y
racionalizar nuestro sistema de Seguridad Social alejándolo de mercadeos
electorales que todos hemos sufrido y conocido.
Para posibilitar las reformas estructurales que la Seguridad Social
española necesita, este proyecto de ley les da carta de naturaleza
mejorándolas en el trámite del Congreso, aunque espero que su paso por
esta Cámara termine de darles el máximo sentido de acuerdo que, sin duda,
debería presidir norma tan importante.
Respecto al bloque de enmiendas del Grupo Parlamentario Mixto de
Izquierda Unida, defendidas por el Senador Román, números 1 a 30 y número
70, desde el Grupo Parlamentario Popular vamos a rechazarlas puesto que
en muchas de ellas aparece un evidente alejamiento de las recomendaciones
del Pacto de Toledo y del acuerdo con los sindicatos, e incluso dudas
sobre las propias capacidades del sistema.
Hemos de significar que este proyecto no supone en modo alguno una merma
a la garantía que constituye el respaldo del Estado hacia el sistema. En
el articulado del proyecto se deja constancia con toda claridad de los
recursos con que han de ser financiadas las prestaciones de la Seguridad
Social, señalándose que las prestaciones contributivas se financiarán con
las cuotas de empresarios y trabajadores pero también con otro tipo de
recursos, como son las aportaciones del Estado que se acuerden en cada
caso en la Ley de Presupuestos Generales que las Cortes aprueban
anualmente.
No debemos olvidar, pues, que la Seguridad Social es Estado y que sus
presupuestos anuales se someten a la aprobación del Parlamento, en el que
se encuentran representados todos los grupos políticos --y nadie dudará
ni por un momento de la conciencia social de sus parlamentarios-- ni
debemos olvidar tampoco que a través de ese instrumento sabrán sin duda
atender la suficiencia financiera del sistema ante coyunturales
exigencias. La suficiencia financiera seguirá contando con la garantía
del Estado, del Parlamento y de sus parlamentarios como dignos
representantes de la soberanía popular.
No introducen en su enmienda número 7 ningún plus de seguridad jurídica
de la realidad de la separación de las
fuentes financieras en curso, mientras que sí introducen un sistema
rígido que no permite tener en cuenta la evolución económica general, el
empleo como factor determinante del nivel de ingresos o las propias
magnitudes del sistema de Seguridad Social tal y como se recoge en el
acuerdo.
No es coherente que se manifieste una preocupación por la financiación
del sistema ante situaciones coyunturales a la vez que se pretende
impedir la posibilidad de modular el mecanismo de separación de las
fuentes de financiación a la vista de la evolución de las magnitudes de
la economía en general y de la Seguridad Social en particular. El proceso
de separación de fuentes --ustedes lo saben-- habrá de estar concluido
antes del ejercicio económico del año 2000, tal y como se garantiza con
la actual redacción del artículo 1.2 del proyecto de ley, sin que resulte
conveniente introducir rigidez en el ritmo a seguir que, en atención a
las circunstancias expuestas, podría ser superior o inferior al marcado
por el Grupo Parlamentario Mixto.
Su propuesta de desaparición de las bases máximas de cotización para
todos los grupos provocaría actualmente, sin duda, más perjuicios para el
sistema que beneficios evidentes, ya que supondría un incremento de coste
para las empresas directamente soportados sobre el empleo, lo que en la
práctica determinaría una carga para las mismas difícilmente soportable
en términos de competitividad exterior y, lo que es todavía más
importante, sería una medida contradictoria con la creación de empleo,
máxima prioridad de nuestra sociedad.
No obstante, la actual redacción del artículo 3 del proyecto de ley que
hoy se discute respeta el contenido del acuerdo, estableciendo un término
final para el proceso de acercamiento de las bases máximas, y señalando
para ello el horizonte del 2002.
Acuden ustedes a mecanismos ya desterrados del sistema de la Ley 26/1985,
como la elección de las bases de cotización, contenida en su enmienda
número 11. Rechazan la proporcionalidad entre el esfuerzo de cotización
realizado y las prestaciones de la Seguridad Social, de modo que, de
forma progresiva, quienes realicen un similar esfuerzo de cotización
alcanzan equivalentes prestaciones. No obstante, en el acuerdo sobre
consolidación y racionalización del sistema de Seguridad Social se
contempla que la Comisión Permanente debe promover las iniciativas y
normativas correspondientes, dirigidas a favorecer con las garantías
adecuadas de protección social y no discriminación a quienes acceden al
mercado de trabajo a través de modalidades no ordinarias de contratación,
atendiendo especialmente a los criterios de contribución contemplados en
el propio acuerdo, lo que permitirá un horizonte más esperanzador para
esos trabajadores.
Asimismo, se mejoran de forma significativa los derechos y expectativas
de viudas, huérfanos, jubilados anticipados, e inválidos.
En cuanto a sus enmiendas números 13 a 17, algunas de ellas proponen
medidas deseables, pero no pueden ser abordadas actualmente dado su coste
económico y la necesidad de velar, en primer lugar, por el equilibrio
financiero del sistema. Sin embargo, el proyecto mantiene la garantía de
la percepción de pensiones mínimas, cuyos importes se revalorizarán
anualmente en la misma medida que las prestaciones contributivas.
Es significativo señalar que este proyecto de ley pretende ofrecer un
mejor trato a aquellos que, con una larga carrera laboral y, por tanto,
habiendo contribuido al sistema durante mucho tiempo, se ven compelidos a
abandonar el mercado laboral, lo que se da de bruces con su enmienda
número 14.
Respecto de su propuesta de suprimir la regulación del proyecto de ley
sobre la revalorización automática de pensiones, un criterio de justicia,
entre otros, mueve al Gobierno, en función de las recomendaciones del
Pacto de Toledo y el texto del acuerdo anterior, a garantizar por ley la
revalorización automática de las pensiones en función del IPC previsto
para cada año, a fin de mantener el poder adquisitivo de las mismas. Es
igualmente un criterio de justicia el que preside el párrafo quinto del
artículo 11 del proyecto, como justa correspondencia al esfuerzo
económico que supone la revalorización de las pensiones para el sistema
de Seguridad Social. Asimismo, se garantiza para todos los cotizantes el
poder adquisitivo de las pensiones, pero no su incremento más allá del
IPC real.
Son constantes, pues, las divergencias de sus enmiendas con el Pacto de
Toledo --que este proyecto de ley respeta escrupulosamente-- y el acuerdo
sindical subsiguiente, ya que pretenden incorporar medidas que, sin duda,
provocarían efectos negativos en la consolidación del sistema, lo que
hace evidente nuestra postura de rechazo a las mismas.
Con relación a las enmiendas números 60 a 67, comprendidas en el voto
particular del Grupo Mixto, y de la Senadora De Boneta y Piedra, también
serán rechazadas por este Grupo, puesto que, o contradicen la gradualidad
y prudencia que preside el proyecto --que, insisto, no hace más que
recoger fielmente el espíritu del Pacto de Toledo y su acuerdo
posterior--, o suponen una renuncia a la flexibilidad propuesta por las
propias centrales sindicales en aras de una separación traumática de las
fuentes de financiación, lo que no aporta beneficio alguno.
La enmienda número 62 no recoge con suficiente precisión los supuestos
que se beneficiarían de un coeficiente reductor inferior al que se
establece como norma general para la jubilación anticipada, lo que podría
ocasionar inseguridad jurídica e interpretaciones discrepantes. Por otro
lado, el texto del proyecto es omnicomprensivo, es decir, contempla todos
los supuestos en los que la jubilación anticipada constituye una opción
forzada por la salida del trabajador del mercado laboral contra su
voluntad.
Tampoco es aceptable la enmienda número 65, toda vez que queda
garantizada la revalorización automática de las pensiones el día primero
de año de cada ejercicio, mediante una fórmula estable incluida en la ley
que asegura el abono de la paga única.
En cuanto a su enmienda de adición a la Disposición Final Tercera, no nos
parece un lugar adecuado para su encaje normativo y tampoco encontramos
el preciso en las recomendaciones del Pacto de Toledo. Pero más
importante todavía es que las competencias que la Constitución Española y
los Estatutos de Autonomía reservan a las Comunidades
Autónomas ya se encuentran contempladas en la Disposición Final Primera
de la Ley General de la Seguridad Social en su actual redacción, y no han
sido modificadas por el actual proyecto, por lo que cualquier debate
competencial queda fuera de lugar en estos momentos.
Respecto de las enmiendas del Grupo Mixto, Coalición Canaria, les
agradecemos la retirada de ambas. Como su portavoz ha puesto de
manifiesto, trataban de mejorar unas fórmulas ya de por sí complicadas.
Pero, en nuestra opinión, no contribuían a disminuir esa complejidad, y
la claridad de los términos no deja lugar a dudas. En cualquier caso,
insisto, vaya nuestro agradecimiento por la retirada de dichas enmiendas.
Por otro lado, nuestro Grupo también va a rechazar las enmiendas del
Grupo de Senadores Nacionalistas Vascos. La número 53 propone como
objetivo prioritario de la acción del Gobierno el desarrollo de las
restantes recomendaciones del Pacto de Toledo; en concreto, de las
relativas a la integración y mejora de la gestión, introduciendo dichos
aspectos en la Exposición de Motivos del proyecto en tramitación. Sin
embargo, consideramos que no es ése el lugar apropiado para ello, puesto
que, en buena técnica legislativa, la Exposición de Motivos debe recoger
aquellos datos, fundamentos o motivos que han propiciado o conducido a su
elaboración, destacando someramente las medidas adoptadas al respecto.
Por tanto, su enmienda excede del ámbito de una Exposición de Motivos.
Por otra parte, las medidas encaminadas a la articulación de las
recomendaciones 7 y 13 se están abordando en su mayor parte por el
Gobierno mediante otras vías ajenas a este proyecto de ley, que se limita
a la reforma de la financiación y acción protectora del sistema de
Seguridad Social.
En cuanto a lo que se refiere a la mejora de la gestión de la incapacidad
temporal e invalidez, constituyen prioridades del Gobierno en las que
está trabajando mediante la constitución y dotación en todas las
provincias de las llamadas EVI, materia en la que profundiza el artículo
78 de la Ley 13/1996, de 30 de diciembre, de Medidas Fiscales,
Administrativas y del Orden Social, entre otras iniciativas que mejoran
la coordinación y cooperación necesarias en la gestión de estas
prestaciones.
Por lo que se refiere a la mayor integración orgánica de las funciones de
afiliación, recaudación y gestión de las prestaciones, referidas a la
Recomendación 7, de Integración de la gestión, sin dejar de potenciar una
mayor coordinación como primera y fundamental medida, en estos momentos
no constituye un objetivo prioritario del Gobierno, que está comprometido
actualmente en la lucha contra el fraude y la morosidad.
Centrándonos en el contenido de la propia enmienda, y a la vista, una vez
más, de las recomendaciones del Pacto de Toledo, es evidente que la
propuesta del Grupo de Senadores Nacionalistas Vascos no se ajusta al
contenido de las enumeradas como 7 y 13, sobre mejor integración de la
gestión. No obstante, destacamos el contenido de la actual Disposición
Final Primera del texto refundido de la Seguridad Social, ya citado
antes, que no está afectado por la reforma y que establece literalmente
que la regulación contenida en esta ley será de aplicación general al
amparo de lo previsto en el artículo 149.1.17ª de la Constitución, salvo
los aspectos relativos al modo de ejercicio de las competencias y a la
organización de servicios en las Comunidades Autónomas que, de acuerdo
con lo establecido en sus Estatutos de Autonomía, hayan asumido
competencias en la materia regulada.
El resto de sus enmiendas, que también vamos a rechazar, pretenden
olvidar la imprescindible gradualidad en la aplicación de las medidas;
gradualidad en modo alguno caprichosa, ya que de una parte, se propone
acompasar dicha aplicación al proceso, gradual también, de separación de
fuentes de financiación, y de otra, a las propias disponibilidades del
sistema, a fin de que no causen efectos negativos en el mismo,
permitiendo su neutralización y diluyéndolas en el tiempo hasta hacer
coincidir su plena aplicación con el momento final del proceso de
separación financiera. Esta aplicación paulatina se encuentra amparada
por el Pacto de Toledo y el acuerdo sindical subsiguiente.
Asimismo, el resto de sus enmiendas o suponen un gasto anual no asumible
por el sistema, o no introducen mejoras en la redacción de la ley, como
ocurre con la número 57. Y le puedo asegurar que nuestros corazones laten
al ritmo que nos exige la sociedad.
En cuanto a las enmiendas del Grupo de Convergència i Unió, las
rechazamos por entender que modificarían el espíritu del Pacto de Toledo
y el acuerdo con las organizaciones sindicales, tantas veces repetido, al
no respetar el compromiso de gradualidad de las reformas que plantea el
proyecto de ley en cuanto se refiere a plazos. Tampoco introducen mayor
claridad en la redacción de alternativas.
Respecto de la enmienda número 71, relativa a la naturaleza no
contributiva de los complementos a mínimos acordada por el Gobierno con
los agentes sociales, lo es de forma provisional, ya que en el plazo de
cuatro años se analizará su ubicación definitiva en el sistema de
financiación. Queda recogido este acuerdo en la Disposición Transitoria
Decimocuarta, a la que da nueva redacción el artículo 1.2 del proyecto de
ley, convencidos de que la separación de las fuentes de financiación ha
de llevarse a la práctica de un modo paulatino, lo que posibilitará que
transitoriamente ingresos procedentes de cuotas se apliquen a
prestaciones de naturaleza no contributiva, como los complementos a
mínimos, correspondiendo en todo caso al Parlamento determinar las
cuantías destinadas a estas prestaciones, vía Ley de Presupuestos
Generales del Estado. Así, la separación de fuentes de financiación
implica que las prestaciones universales, como las prestaciones y
servicios de asistencia sanitaria, incluidas en la acción protectora de
la Seguridad Social, serán financiadas al concluir el proceso por las
aportaciones del Estado de forma exclusiva, lo que garantiza, sin duda
alguna, su futuro.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Muchas gracias, Senador Garrido.
Turno de portavoces. El Grupo Parlamentario Mixto no hace uso de la
palabra.
Por el Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos, tiene la
palabra el Senador Albistur Marín.
El señor ALBISTUR MARIN: Voy a intervenir muy brevemente, señor
Presidente, para decir que no hemos sido contestados en los temas de
fondo que planteamos, fundamentalmente en lo que se refiere a las
enmiendas de viudedad y de ampliación de la edad para recibir las
prestaciones por orfandad. Quisiéramos que se hubiera profundizado más en
los temas que consideramos que tienen un importante impacto social.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Muchas gracias, señoría.
Por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió,
tiene la palabra el Senador Vidal i Perpiñá.
El señor VIDAL I PERPIÑA: Muchas gracias, señor Presidente.
Señorías, este proyecto de ley que hoy estamos debatiendo, no sólo va a
mantener nuestro sistema de protección social, sino que va a consolidarlo
y a racionalizarlo, de acuerdo con el espíritu del Pacto de Toledo,
suscrito en su día por todos los grupos parlamentarios.
Aunque este proyecto de ley no sea el desarrollo absoluto del contenido
del Pacto de Toledo --sabemos que no lo es--, sí es un paso adelante para
consolidar el sistema hacia el futuro. En definitiva, recoge buena parte
del contenido y, sobre todo, el espíritu del Evangelio al que hacía
referencia esta mañana el Senador Rodríguez de la Borbolla.
No obstante, debo manifestar, en contestación al portavoz del Grupo
Parlamentario Popular, que no me ha convencido al hablar sobre nuestras
las enmiendas. De todas formas, no voy a entrar en ello, pero sí en el
objetivo de este proyecto de ley, que no es otro que el del Pacto de
Toledo, que en definitiva era conseguir un sistema de protección social
más justo.
Creemos que con este proyecto de ley se garantiza el mantenimiento del
poder adquisitivo de las pensiones de forma automática, con toda la
problemática que esto puede representar en el futuro. También clarifica y
garantiza el futuro equilibrio financiero de la Seguridad Social, define
las prestaciones de ésta, tal y como se acordó en el Pacto de Toledo,
diferenciando las contributivas y las no contributivas y se inicia la
separación de las fuentes financieras, dejando bien claro --espero que
esto quede bien claro, y así lo queríamos matizar con la presentación de
nuestras las enmiendas-- que aquellas prestaciones no contributivas y
universales y la prestación de la sanidad deben ser financiadas de forma
gradual, a través de los Presupuestos Generales del Estado.
Así lo hemos remarcado en nuestra la enmienda número 72 que, como
consecuencia de la separación de las fuentes de financiación de la
Seguridad Social, ello no comportará ninguna reducción de los recursos
que hasta la fecha procedían de las cotizaciones sociales destinadas a
financiar la sanidad o, mejor dicho, cuando hayamos separado estos
recursos no se va a producir ninguna disminución de dinero para la
sanidad.
Ahora que estamos hablando de la sanidad, me permito recordar el tema de
la financiación de la sanidad, que es un problema que tienen Cataluña y
todos los Gobiernos autónomos encima de la mesa pendiente de resolver. A
esta hora de la mañana me quedaría satisfecho si en el debate del Estado
de la Nación, en el Congreso de los Diputados, el Presidente Aznar
hubiera dicho que este tema de la sanidad ya está resuelto. En caso
afirmativo habríamos solucionado un grave problema que ninguna Autonomía
puede soportar por más tiempo y que, en definitiva, hace peligrar el
funcionamiento de la sanidad en general.
Nuestro Grupo Parlamentario ha defendido otro tema que ahora quiero
recordar, el que hace referencia a la elaboración de un estudio técnico y
económico sobre la reforma del Régimen Especial de trabajadores
autónomos, para que se aproxime a las prestaciones que perciben quienes
cotizan al Régimen General y sea posible la inclusión en su campo de
aplicación de quienes trabajen al cuidado de su propio hogar y no estén
amparados por otras prestaciones contributivas. Creemos que ha llegado el
momento de abordar este tema y empezar a trabajar en él.
Así pienso que lo ha entendido el Grupo Parlamentario Popular, que
presentó una enmienda de transacción aceptada por nosotros el otro día en
Comisión, de acuerdo con la cual el Gobierno se ha comprometido a tener
finalizado el referido estudio antes de ocho meses. Espero que este plazo
pueda cumplirse rigurosamente.
Asimismo, es una buena noticia el que los socios trabajadores y
administradores de sociedades mercantiles puedan conocer antes de final
de año dónde deben encuadrarse dentro del sistema de la Seguridad Social
y que quedaran clarificados, de una vez por todas, cuáles son sus
derechos sin que tuvieran que resolverse individualmente en los
Tribunales. Este tema ya salió a raíz de una pregunta formulada por este
Senador en el mes de febrero, comprometiéndose el señor Ministro a
resolverlo lo antes posible. Yo me alegro de que esto haya sido recogido
en este proyecto de ley y que exista el compromiso de su resolución antes
de que termine el año 1997.
Nada más y muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Muchas gracias, señoría.
Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el Senador don
Ignacio Díez González.
El señor DIEZ GONZALEZ: Muchas gracias, señor Presidente.
Intervengo para fijar la posición del Grupo Parlamentario Socialista en
relación a los votos particulares que han defendido los portavoces del
Grupo Parlamentario Mixto, del Grupo Parlamentario de Senadores
Nacionalistas Vascos y del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de
Convergència i Unió.
Quiero manifestar la coincidencia del Grupo Parlamentario Socialista, ya
defendida por nuestro portavoz en el
anterior debate, en aquello que supone el mantenimiento del Pacto de
Toledo y en un principio de solidaridad en la aplicación de dicho Pacto.
Evidentemente, el Grupo Parlamentario Socialista va a apoyar las
enmiendas en las que hay coincidencia. En el caso de las enmiendas y
votos particulares que el grupo parlamentario va a defender en títulos
posteriores, anunciaremos nuestra abstención en aquellas en las que haya
coincidencia. Pero sí quiero dejar claro que ese principio de
solidaridad, manifestado en unos pactos vigentes y que nosotros vamos a
reivindicar --hoy lo estamos haciendo y vamos a continuar
reivindicándolos--, no está, a nuestro juicio, en el proyecto de ley que
el Gobierno nos ha traído a esta Cámara y que está defendiendo el Grupo
Parlamentario Popular.
Desde esa visión vamos a posicionarnos respecto de las enmiendas del
Partido Nacionalista Vasco; no vamos a votar en contra, sino que nos
vamos a abstener en las cuatro enmiendas que se mantienen vivas. Vamos a
votar favorablemente dos enmiendas del Grupo Parlamentario Catalán en el
Senado de Convergència i Unió, las enmiendas números 71 y 73 --aunque en
esta última pediremos a la Presidencia votación separada de los dos
párrafos, ya que vamos a votar favorablemente uno de ellos-- y no
votaremos la enmienda número 72. Del Grupo Parlamentario Mixto, votaremos
favorablemente las enmiendas 4, 5, 19, 21, 22, 25, 26, 29, 30 y 70 y nos
abstendremos en las enmiendas números 6, 16, 28, 61 y 65 y votaremos en
contra de las restantes.
Pero sí tengo que decir, haciendo referencia a la intervención de uno de
sus portavoces, que, lamentablemente, y una vez más, se ha fijado y se ha
referido más en su intervención al Grupo Parlamentario Socialista, sin
tener en cuenta --y eso quizá obedece a un vicio, entre comillas, que se
repite con frecuencia en ese Grupo, el vicio de la pinza-- que el
proyecto de ley que estamos debatiendo en este momento es un proyecto de
ley que viene de la derecha, del Gobierno, del Grupo Parlamentario
Popular. Por lo tanto, quiero, y en alguna medida sugiero, que se tenga
en cuenta que éste no es un proyecto de ley del Grupo Parlamentario
Socialista, sino del Gobierno, del Partido Popular. En ese sentido,
olvide esos vicios y lleve sus críticas a otros terrenos.
Nada más y muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Muchas gracias, señoría.
Tiene la palabra el Senador Garrido. (El señor Presidente ocupa la
Presidencia.)
El señor GARRIDO HERRAEZ: Muchas gracias, señor Presidente.
Voy a fijar la postura de mi Grupo respecto a las enmiendas presentadas
en votos particulares por los diferentes grupos.
De lo que no cabe duda es de que el proyecto de ley es fruto del acuerdo
social --y parece que a algún Grupo le pesa-- y respeta fielmente
--repito que respeta fielmente-- el Pacto de Toledo y los acuerdos
subsiguientes que formuló el Gobierno con los sindicatos. Quiero destacar
este aspecto, que es muy importante, porque la reforma anterior de la
Seguridad Social, llevada a cabo por el Gobierno socialista en el año
1985, provocó una gran crisis social y no contó con el apoyo sindical. De
lo que no cabe duda es de que el logro del acercamiento de la convicción
sindical con la bondad de este proyecto queda en evidencia ante su
postura y su firma del acuerdo.
Digo que este proyecto de ley es hijo del esfuerzo de la sociedad y de
sus legítimos representantes --al frente de todos ellos está el Gobierno
de la nación--, y que aspira a salvaguardar algo muy importante, que es
el sistema que nos hemos dado todos de Seguridad Social, patrimonio de la
nación, mediante reformas que garanticen su pervivencia en condiciones de
estabilidad y seguridad, y para ello se hace imprescindible una reforma
armónica del incremento del gasto, pero armonizada y coordinada con la
evolución de la economía, precisamente en aras de esa prudencia que debe
presidir todo cambio legislativo en norma tan importante.
Por tanto, la aplicación de esta ley exige prudencia e impulso y por ello
el Grupo Parlamentario Popular se siente orgulloso --y hoy nos sentimos
orgullosos-- de impulsar esta norma y dar cabida a un anhelo importante
de la sociedad, plasmado en este importante --y yo calificaría de
tranquilizador-- proyecto de ley, puesto que todos los pensionistas
tienen garantizada con esta ley la revalorización automática de sus
pensiones, a salvo de veleidades electorales, creo que felizmente
olvidadas.
Nada más y muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.
Terminado el debate de este primer bloque, se suspende la sesión hasta
las dieciséis horas.
Eran las catorce horas y diez minutos.
Se reanuda la sesión a las dieciséis horas y cinco minutos.
--PROYECTO DE LEY DE CONSOLIDACION Y RACIONALIZACION DEL SISTEMA DE
SEGURIDAD SOCIAL. (Continuación.)
El señor PRESIDENTE: Se reanuda la sesión.
Voto particular número 10, que corresponde a las enmiendas números 31 a
35.
Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el señor
Rodríguez de la Borbolla.
El señor RODRIGUEZ DE LA BORBOLLA CAMOYAN: Muchas gracias, señor
Presidente.
Empiezo por anunciar que se produce la retirada de la enmienda número 34,
ya que tiene una entidad menor al resto, y así podremos centrar el debate
en las enmiendas que consideramos más importantes.
Desde nuestro punto de vista, las enmiendas números 31, 32, 33 y 35, a
los artículos 1 y 2 del Proyecto de Ley, son claves y van dirigidas a
recoger los estrictos términos del Pacto de Toledo, a incluirlos en el
texto, y a que se asuman las lógicas consecuencias de la inclusión de
dichos términos.
El Pacto de Toledo, como hemos manifestado esta mañana, es un acuerdo de
mínimos, tanto para la garantía del carácter público del sistema de
protección social, como para la garantía de financiación suficiente de
dicho sistema. Se trata de un acuerdo de mínimos, insisto, expresado en
palabras, con unas palabras concretas y no con otras. El Pacto de Toledo
es un acuerdo expresado con palabras justas para conseguir el fin que se
proponía.
En definitiva, lo acordaron en 1995, primero en Toledo y después en el
Congreso de los Diputados entre los partidos políticos, no es literatura,
no es retórica coyuntural. Por el contrario, son acuerdos políticos de
fondo y vinculantes para el plazo medio, dirigidos a garantizar la
suficiencia del Sistema de Seguridad Social española ante el ingreso en
el siglo XXI.
Esos acuerdos, como todos los acuerdos entre humanos, desde que el mundo
es mundo, se expresaron, insisto, con unas palabras precisas, con unos
términos concretos dirigidos a reflejar la voluntad política de quienes
firmaban el acuerdo.
Desde que el mundo es mundo, desde que el hombre es hombre, los acuerdos
entre humanos se expresan con palabras. Cuando se aprendió a hablar las
palabras se expresaron oralmente. Cuando se dio el paso de la escritura,
las palabras que se acordaban se pusieron por escrito. Se puede decir
que, con base y respecto a la palabras, se pueden establecer una serie de
diferencias. La primera diferencia es entre los hombres y las bestias:
los acuerdos se cifran en palabras. La segunda diferencia es entre los
hombres civilizados y los hombres iletrados: las palabras que se acuerdan
se ponen por escrito. La tercera diferencia es entre los hombres docentes
y los sinvergüenzas: los acuerdos por escrito se respetan. Esa es la
verdad de las palabras, a la que hay que atenerse en relación con el
Pacto de Toledo. Hay unas palabras, hay unos términos en los que se
expresa el acuerdo, y esos términos tienen que ser respetados porque, si
no, no se respeta el Pacto de Toledo. Porque las palabras reflejan
conceptos; los conceptos tienen unos significados concretos y sobre esos
significados, y sólo sobre ésos, estamos de acuerdo.
Cuando en el Pacto de Toledo se especifica que la financiación de las
prestaciones no contributivas y universales dependerán exclusivamente de
la imposición general, es evidente que los firmantes del Pacto se habían
puesto de acuerdo para que la financiación de las prestaciones no
contributivas fuera exclusivamente ésa y no otra cualquiera.
Si como sucede, por el contrario, en el texto del proyecto de ley, la
exclusividad en la financiación no resulta predicada de las aportaciones
del Estado al presupuesto de la Seguridad Social, ello quiere decir que
ni se impide ni se prohíbe que se produzcan aportaciones, desde las
cotizaciones sociales, para la financiación de las prestaciones no
contributivas, y ello supone que no se respeta lo acordado en el Pacto de
Toledo.
Cuando en el Pacto de Toledo se hace referencia a la necesidad de que
mediante el recurso a la fiscalidad general se subvenga a las posibles
distorsiones en el normal equilibrio del sistema, se está diciendo con
toda claridad que ha de preverse la posibilidad de aportaciones del
Estado, no sólo para atender a las necesidades específicas, como viene
recogido en el proyecto de ley, sino también para atender insuficiencias
financieras, como se recoge en nuestra enmienda número 31, que mantenemos
también en este punto.
Cuando al firmar el Pacto de Toledo se habían incluido estos términos y
estas afirmaciones se era consciente de las vinculaciones presupuestarias
que dichas afirmaciones suponían; no fueron --al menos por parte de los
socialistas-- afirmaciones hechas en el aire ni un brindis al sol.
Sabíamos lo que hacíamos, sabíamos lo que queríamos y sabíamos a lo que
nos comprometíamos. No estamos seguros de que otros supieran lo mismo,
porque no estamos seguros de que otros supieran lo que se traían entre
manos al firmar un acuerdo para garantizar el futuro del sistema de
pensiones en España. Y esa duda se confirma ahora, cuando por parte del
Gobierno y del partido que lo apoya se ponen en cuestión las afirmaciones
fundamentales del Pacto de Toledo.
En cuanto a la enmienda número 35, hemos de manifestarnos en sentido
parecido a la anterior. El texto del Pacto de Toledo especifica con toda
precisión al hablar de la constitución de reservas, en su Recomendación
2, que el sistema contributivo --el contributivo-- debe presentar
presupuestos equilibrados y que para ello se constituirán reservas; no
para el equilibrio general del sistema, sólo para el equilibrio del
sistema contributivo. Cuando no se hace así se pone en cuestión la
posibilidad de financiación autónoma del sistema contributivo y se pone
en cuestión, por tanto, la financiación sólo con base en las aportaciones
de los Presupuestos Generales del Estado del sistema no contributivo
--voy terminando, señor Presidente.
En relación con las enmiendas números 32 y 33, hemos de manifestar lo
siguiente. El artículo 1.Uno establece con toda claridad que los
complementos a mínimos son prestaciones no contributivas. No tiene
sentido alguno, por tanto, que en el artículo 1.Dos, inmediatamente
después, se deje abierto el carácter futuro, contributivo o no, de dichos
complementos a mínimos. Distinta cuestión, tal como viene recogido en el
acuerdo con los sindicatos, supone que la financiación específica de esos
complementos a mínimos se analizará en el futuro, pero no su naturaleza,
que viene puesta en cuestión en el mismo texto del proyecto de ley.
En relación con los préstamos a la Seguridad Social, es de todo punto
necesario que dichos préstamos sean cancelados en el momento de entrada
en vigor de la separación de las fuentes de financiación. Por ello,
aunque en nuestra enmienda número 33 se exija la cancelación antes de
1998, estaríamos dispuestos a contemplar una transacción que fijara dicha
cancelación en el año 2000.
Los términos insertos en el Pacto de Toledo, las palabras en dicho texto
incluidas son, por tanto, los términos definitorios del compromiso
político alcanzado, del cual todos los partidos firmantes tenemos que
seguir respondiendo, y no de otros compromisos.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, Senador Rodríguez de la Borbolla.
Pasamos al voto particular número 9, del Grupo Parlamentario Socialista,
que corresponde a las enmiendas números 36, 38, 44, 45 y 50, que defiende
el Senador Ignacio Díez.
El señor DIEZ GONZALEZ: Muchas gracias, señor Presidente, señorías.
Pasamos a defender el voto particular número 9, con las enmiendas a las
que se ha referido el señor Presidente, bloque de enmiendas dirigidas a
mejorar y homogeneizar la acción protectora del sistema público de la
Seguridad Social.
La enmienda número 36, de adición al artículo 3 de un apartado Uno nuevo,
trata del tope máximo de cotización a la Seguridad Social. Creemos que el
Proyecto de Ley del Gobierno --no nos olvidemos que es un proyecto de ley
del Gobierno, no de los sindicatos-- adolece de indefiniciones en un tema
tan importante como son los topes máximos de cotización a la Seguridad
Social. El tope máximo, como se sabe, define el nivel de aseguramiento
público del sistema; si el tope máximo de cotización es cuatro o cinco
veces el salario mínimo establece un modelo distinto que si fuese de una
o dos veces. De ahí la importancia que le damos a esta enmienda.
Buena parte del debate y del modelo de protección pública, del modelo de
Seguridad Social o aseguramiento público, está aquí precisamente.
Estamos, señor Presidente --si me permite una acepción que entendería
cualquier ciudadano español-- ante la madre del cordero de este proyecto
de ley, porque tanto en el Pacto de Toledo, en el apartado 3, como en el
Acuerdo de consolidación y racionalización del sistema público de
Seguridad Social, en el apartado d), se contempla lo que nosotros estamos
pidiendo con esta enmienda: se hace referencia a la necesidad de
incrementar y mejorar las bases de cotización máximas en función del IPC
previsto. Esta enmienda número 36 trata de actualizar diligentemente cada
año el tope máximo de cotización, trata de mantener el statu quo vigente
sobre el tope de aseguramiento público en nuestra sociedad y en nuestro
sistema público de protección.
Pero vayamos al Pacto de Toledo, compromiso político, referencia obligada
que mis compañeros han mencionado anteriormente. Para todos, para los
grupos políticos que en su día firmamos el Pacto y lo refrendamos en el
Congreso de los Diputados, para los sindicatos que afirman la fe en este
Pacto y para el Gobierno de la nación, que dice que apuesta por este
Pacto y sin embargo en el proyecto de ley no lo vemos.
El Pacto de Toledo es un pacto por el mantenimiento del actual sistema
público de protección social en España. Un pacto, según la Academia de la
Lengua Española, es un concierto tratado entre dos o más partes que se
comprometen a cumplir lo estipulado. Pues bien, señorías, hoy solamente
vemos que sigue vigente Toledo porque el Pacto para ustedes no existe. El
compromiso de cumplir lo estipulado no se contempla en este proyecto de
ley. Con nuestra enmienda se pretende que cada año no se congele el tope
máximo de cotización, sino que vaya actualizándose progresivamente en
función del índice de precios al consumo, ni siquiera hemos puesto que
sea con arreglo al Producto Interior Bruto nominal, que podría haber sido
una enmienda mucho más avanzada, de progreso. Hemos tratado de hacer una
enmienda asumible para un partido conservador, para un partido de
derechas. Sin embargo, si ustedes no aprueban esta enmienda no van a ser
consecuentes con el Pacto de Toledo y con lo que inspira en lo que se
refiere a las bases de cotización y a la actualización de estas bases.
Creemos, en definitiva, que su comportamiento no lo tendría ningún
partido conservador homologable a ustedes en Europa. No me extraña que
hablen de bastiones y de últimos bastiones. Estamos hablando de un asunto
nuclear en el Pacto de Toledo que dice en su apartado tercero que el tope
máximo es el que fija el techo de aseguramiento del sistema de protección
social. Por lo tanto, es lógico que si no se actualiza el tope máximo se
incidirá gravemente en el mantenimiento de la actual cuota de
participación en la Seguridad Social de los ciudadanos españoles.
Incumplen, por consiguiente, el Pacto de Toledo e incumplen también,
desde nuestro punto de vista, el pacto firmado por Comisiones Obreras, la
Unión General de Trabajadores y el Gobierno.
Si no aceptan nuestra enmienda, van a votar en contra de lo acordado por
el Gobierno con los sindicatos. Esto que puede parecer una contradicción
lo es, en definitiva, también para el Gobierno porque, desde nuestro
punto de vista, incumple rotundamente el pacto en lo fundamental y no
solamente el Pacto de Toledo, sino el acuerdo con los sindicatos. Nos
parece elemental e importante resaltar este aspecto tan trascendental. Lo
incumple en el apartado de la letra d) de ese acuerdo. Si ustedes lo
repasan verán que hay una distancia flagrante en la concepción que
traslada el proyecto de ley en referencia a la actuación de las bases de
cotización con la realidad de lo mantenido por el Pacto de Toledo y el
acuerdo con los sindicatos.
Ustedes están, sin embargo, apostando por unas subidas y una
actualización de acuerdo con el IPC a las bases de los sistemas privados
de protección social. Los sistemas privados de protección social, que en
este momento se están discutiendo en el Congreso de los Diputados, sí
contemplan la posibilidad de actualizarse de acuerdo con el IPC
anualmente. Por lo tanto, desde nuestro punto de vista, están apostando
por una privatización del sistema de protección social, una privatización
que ya se hizo en el Reino Unido, ¡y ya vimos cómo le fue al señor Major
con esa privatización! Creemos que éste es un aspecto nuclear y negativo
de la concepción que ustedes están manteniendo.
Del resto de las enmiendas que tenemos formuladas a este Título son
importantes para nuestro Grupo parlamentario
las números 38, 44, 45 y 50. Si analizamos y comparamos las enmiendas con
los compromisos firmados por el Gobierno con los sindicatos, Comisiones
Obreras y UGT, observamos que no aseguran el compromiso firmado en ese
momento y, por supuesto, se alejan muy mucho de los acuerdos del Pacto de
Toledo.
Por todo ello, creemos que hay argumentos suficientes como para pensar
que lo que ha dicho mi compañero y portavoz Rodríguez de la Borbolla es
cierto. Creemos que ustedes deliberadamente se están alejando de un
acuerdo que inspira una política de protección social y un modelo público
que el que nosotros estamos defendiendo con estas enmiendas. Si ustedes
no aceptan estas enmiendas, se están alejando, además conscientemente, de
un acuerdo político importante que garantiza la pervivencia del actual
sistema público de protección social en España.
Nada más, señor Presidente, muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, Senador Díez.
Entramos en el debate del voto particular número 8 del Grupo
Parlamentario Socialista, que corresponde a las enmiendas números 37, 39
y 46.
Tiene la palabra el Senador Alonso.
El señor ALONSO BUITRON: Gracias, señor Presidente.
La verdad es que en cuatro minutos y medio me va a ser muy difícil hacer
una exposición exhaustiva, como yo creo que merecen las tres enmiendas
que mantiene nuestro Grupo Parlamentario a este proyecto de ley, el voto
particular concretamente.
Yo tendría que decir que el proyecto de ley que hoy estamos aquí
debatiendo es una de las leyes importantes, y esta mañana, cuando veía al
Ministro de Trabajo sentado en su escaño, dije: Este hombre sabe valorar
que esto es así. Y comprendo también su ausencia; quizá el fallo esté en
que hayamos elegido un mal día para el debate de una ley que afecta a
millones de ciudadanos y que va a condicionar el nivel de vida de muchas
personas en una etapa de la vida en la que se pasa a una situación
pasiva.
Por eso creo que esta ley es importante, y también es una ley importante,
señorías, para que el Grupo Parlamentario Popular, que todavía está a
tiempo, rectifique en sus posiciones. Es una ley importante para que el
Grupo Parlamentario Popular haga cierto eso que han venido diciendo tanto
tiempo de que son un Gobierno de centro y de que defienden el Estado de
bienestar social, señorías. Respecto a esa frase del señor Aznar de que
«España va bien», yo aseguro a sus señorías que como este proyecto de ley
se apruebe, para muchos ciudadanos de este país España va a ir muy mal.
Y ya empiezo a referirme, señorías, a la enmienda número 37, que mantiene
nuestro Grupo Parlamentario. Si se aprobara el texto de la ley, y
concretamente los párrafos 1 y 2 del artículo 5 tal y como están,
estaríamos ante la situación de que un trabajador que de una forma
forzosa pierde su puesto de trabajo, se acoge a las prestaciones por
desempleo, sigue con esas prestaciones, y a la edad de sesenta años se
tiene que jubilar necesariamente, a la hora de calcularle la pensión con
arreglo a los quince últimos años que establece esta ley, por una parte,
se le quita un 40 por ciento de la pensión, en el mejor de los casos, un
35, forzosamente, pero por otra parte se plantea la situación de que a
ese trabajador, aunque hubiera cotizado 30 años por el tope máximo de la
Seguridad Social, se le van a aplicar ocho años de base a razón del
salario mínimo interprofesional. Y a esa persona, habiendo contribuido,
se le deja en la ruina, y ese principio de equidad de
cotización-prestación que establece esta ley, señorías, queda quebrado y
roto.
Espero también, señor Lobo, que no se le olvide hoy contestarme a esta
enmienda número 37, porque en la Comisión, supongo que por un «lapsus»,
no me la contestó.
La enmienda número 39 está también cargada de lógica, y no sé por qué no
se acepta. Si un trabajador tuviera ya la edad para jubilarse en el
momento de entrada en vigor de esta ley y no lo hubiese hecho, la ley le
permite optar entre aplicar esta ley o la ley anterior. Y esto parece
lógico que sea así. ¿Por qué a los trabajadores que están acogidos a
situaciones de prejubilación o de reestructuración y que con base en la
ley que está en vigor tienen pactada una situación no se les permite
optar? Lo que dice nuestra enmienda es que estos trabajadores también
puedan optar, aunque el señor Lobo va a decir que esta ley no les va a
perjudicar. Pues mucho mejor. Si no les perjudica esta ley, ¿por qué no
se permite que puedan optar?
Y, desde luego, señor Lobo, no comparto nada de lo que me decía en la
Comisión en el sentido de que podemos estar contribuyendo a que el
colchón de la Seguridad Social sea el amortiguador de las prejubilaciones
y las reconversiones. Las previsiones contenidas en el Plan Estratégico
de Recursos Humanos que acaba de poner sobre la mesa la dirección de
Endesa consisten en mandar a miles de trabajadores a las prejubilaciones
y a las jubilaciones anticipadas, y esto es mucho más sangrante porque se
va a cargar a la Seguridad Social este costo para sanear una empresa que
ya está bastante saneada, o liberar de cargas a una empresa para después
venderla. Esto es mucho más sangrante.
Señor Presidente, concluyo con la enmienda número 46. Esta enmienda
creemos que también es de lógica, porque viene a contemplar la
recomendación 10 del Pacto de Toledo. Hay un informe del Consejo
Económico y Social que dice que lo que pretende regular el artículo 12 no
ha sido ni negociado con los sindicatos en el acuerdo sobre consolidación
y racionalización del sistema de la Seguridad Social. Por lo tanto, es
algo que ni siquiera ha sido negociado. Pero es que el informe del
Consejo Económico y Social va más lejos. Dice que, en todo caso, si hay
que estimular la presencia de los trabajadores, que un trabajador,
después de jubilado, pueda permanecer en el puesto de trabajo, que se
haga, pero que se le haga al trabajador, porque la redacción del artículo
vemos que a quien pretende estimular es al empresario.
Señorías, los que nos hemos movido tantos años en el terreno sindical
sabemos que poner que «oídos» los sindicatos se puede regular una materia
como ésta, es como no decir nada: oír a los sindicatos y a las
representaciones empresariales...
Si al menos se dijera: «de acuerdo» con los sindicatos y la
representación empresarial, podríamos entenderlo. Pero que el Gobierno
vaya a regular una materia tan importante como es la permanencia en el
trabajo después de que un trabajador haya alcanzado la edad de
jubilación, nos parece una competencia excesiva, y no puede hurtarse al
Parlamento tomar una decisión sobre tal materia.
Por ese motivo, señorías, nuestra enmienda va dirigida a regular aquellos
tres supuestos que a nosotros nos parecen los más importantes que se
pueden dar en este caso. Y uno de ellos es que cuando un trabajador
alcanza la edad de jubilación y opta por continuar en el empleo, que la
empresa siga cotizando por él por contingencias profesionales y por
incapacidad temporal, y que a ese trabajador, el día que vuelva a
acogerse a la pensión, se le revaloricen aquellos años que no la estuvo
percibiendo, y asunto concluido.
El señor PRESIDENTE: Senador Alonso, se le está agotando el tiempo.
El señor ALONSO BUITRON: Sí, señor Presidente, concluyo.
Señorías, el otro supuesto que también queremos regular en esta enmienda
es aquel que hace referencia a que cuando un trabajador cesa en el
trabajo a los 60 años, a través de un contrato de relevo o de un contrato
de sustitución, que solamente siga cotizando por la parte de la pensión
que deja de percibir.
Señor Presidente, señorías, señor Lobo, creo que usted es una persona
influyente en su Grupo, se lo digo de corazón. Si esta ley se aprueba,
aunque el otro día decía el señor Ministro que ustedes no iban a utilizar
esta ley en las campañas electorales, yo le digo que nosotros sí la vamos
a utilizar, porque esta ley, por las razones que he expuesto, lleva a
muchas personas a una situación muy precaria. Por eso, fuerce usted, que
sé que tiene poderes para ello, convenza usted a las personas que tienen
que decidir en esta materia, porque podemos estar ante la comisión de un
atropello importantísimo para varios sectores de la población española.
Nada más y muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, Senador Alonso Buitrón.
Voto particular número 6, del Grupo Parlamentario Socialista, que
corresponde a las enmiendas números 47, 49 y 51.
Tiene la palabra el Senador Franco Gutiez.
Le ruego, señoría, que se ciña un poco más al tiempo establecido que su
compañero, que quizá ha abusado demasiado de mi benevolencia.
El señor FRANCO GUTIEZ: Muchas gracias, señor Presidente.
He de reconocer que usted siempre es muy benevolente en esta Cámara.
Voy a intentar defender tres enmiendas al texto: la número 47, al
artículo 13, párrafo 4; la número 49, a la Disposición Adicional Primera,
que adelanto que no la voy a defender porque la vamos a retirar, y la
número 51, a la Disposición Final Segunda.
La número 47, al artículo 13.4 trata de paliar un tema, quizá por error,
mal planteado por el Grupo Parlamentario Popular, pero antes voy a decir
a lo que afecta. El Partido Popular en el artículo 10 plantea las
pensiones para los huérfanos, y lo hace de forma cicatera. Me da la
sensación de que el Partido Popular es débil con los fuertes y
extremadamente fuerte con los débiles, porque, cuando se trata de aplicar
las pensiones para los huérfanos, que es verdad que se amplían hasta los
23 años, les pone una serie de incompatibilidades --a los débiles-- que
más parece que intenten quitar lo que se da previamente que desarrollar
un instrumento de solidaridad preciso con este conjunto de personas que,
desde luego, no van a arruinar al Estado; ni el esfuerzo que se plantea
va a significar ningún elemento que aumente el déficit público, tan de
moda y tan necesario --bien es verdad-- en base a los criterios de
convergencia.
Ustedes plantean la incompatibilidad casualmente con los jóvenes
huérfanos menores de 23 años que, para recibir la pensión, no tienen que
estar trabajando por cuenta ajena o ser autónomos. No hacen lo mismo con
las viudas, donde no existe incompatibilidad. Ponen pegas a una mejora
reclamada por el Pacto de Toledo. Ustedes sabrán por qué; querría que nos
lo explicasen, aunque no es el motivo de la enmienda que planteo. Pero es
que ni siquiera cumplen esta minusvalía hacia los jóvenes de menos de 23
años, y digo minusvalía porque ustedes la intentan lastrar por unas
calderillas, que es lo que les costaría aplicarlo con todo su rigor.
En el artículo 13, que yo trato de enmendar, ustedes hacen inviable el
artículo 10.4, en el que plantean cómo se tiene que operar el derecho a
una pensión de orfandad a partir de la próxima publicación de la Ley.
Digo esto porque ustedes plantean en el artículo 10.4 que solamente
tendrán derecho los que se encuentren percibiendo, en el momento de la
aplicación de la ley, la prestación de orfandad. Si es a los 18 años, y
ahí por ley se acaba la prestación, ¿por qué ustedes no eliminan este
dato y permiten que, habiéndose quitado la pensión por llegar a la edad,
si se encuentran dentro de los límites de la nueva propuesta, también
tengan derecho a la misma? Sencillamente se trata de que eliminen un
párrafo para posibilitar que los muchachos y muchachas entre 18 y 19 años
tengan derecho a la pensión en función del esquema que planteamos en esta
propuesta de ley, por razones de solidaridad, de justicia y de equidad,
ya que no les cuesta prácticamente nada y beneficiarían a unos cuantos
que lo necesitan más que nadie, en este caso los jóvenes entre 18 y 19
años.
En segundo lugar, la enmienda número 51. Señores del Grupo Popular,
permítannos que tengamos sospechas de los Decretos Ley que después
ustedes tramitan por la vía del Parlamento. Ustedes llegan a un pacto con
los sindicatos --lo dicen y se ufanan de ello--, y la enmienda número 51
pretende suprimir el último párrafo de la Disposición Adicional Segunda,
que ustedes saben que excede al pacto con los sindicatos, que está en
contra de las propuestas de
los sindicatos y que crea un grave problema a más de 2 millones de
funcionarios, y ahora explico por qué. Es decir, ustedes utilizan, a los
sindicatos por llegar a la foto, y llegan al Parlamento y, aprovechando
la vía parlamentaria --legítima, bien es cierto--, utilizan unos
mecanismos que van en contra de los criterios de los propios sindicatos.
Eso sí, con ese último párrafo de la Disposición Adicional Segunda, es
bien seguro que ustedes intentan contentar a las aseguradoras de los
funcionarios públicos a efectos sanitarios. ¡No creen más problemas,
señores del Grupo Popular, con la sanidad pública! Hay una subcomisión a
la que ustedes están torpedeando por todos los medios, hasta aburrir a
todo el mundo. No creen un problema más. El tipo de sanidad que deben
tener los funcionarios públicos dejen que lo decida la subcomisión
sanitaria y dejen que lo discutan los funcionarios en la mesa de la
Función Pública. No incorporen más elementos de tensión en este proceso
de discusión sobre las pensiones, porque este elemento sanitario no tiene
nada que ver con la Ley de Pensiones.
Termino diciendo que este último elemento es un alarde más de infidelidad
al Pacto de Toledo. Este Proyecto puede pretender mantener
indefinidamente el actual sistema de sanidad de los funcionarios
públicos. ¿Saben ustedes a qué conduce esto? A que cuando las fuentes de
financiación del sistema estén separadas, es decir, que la sanidad
pública esté financiada con impuestos generales del Estado, los
funcionarios públicos serían los únicos españoles que pagarían dos veces
por la asistencia sanitaria, una, por los impuestos que financien el
sistema universal y, otra, por sus cotizaciones a Muface. Por eso les
decimos que lo retiren, que lo supriman, porque este elemento generará
más tensión en la Subcomisión Sanitaria, generará más tensión entre los
funcionarios al poner un riesgo innecesario en decenas de miles de
funcionarios que serán españoles distintos. Además --y con esto acabo--
este elemento no forma parte del acuerdo con los sindicatos. Ustedes
saben que los sindicatos están radicalmente en contra de esta propuesta.
¿Por qué se empeñan entonces? ¡Cuánto les presionan a ustedes las
aseguradoras!
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, Senador Franco.
Turno en contra de los votos particulares números 6, 8, 9 y 10.
Tiene la palabra el Senador Lobo.
El señor LOBO ASENJO: Gracias, señor Presidente.
En primer lugar, quiero dar las gracias, en nombre de mi Grupo, al señor
Ministro de Trabajo por su presencia --aunque haya sido testimonial-- en
este debate en la mañana de hoy, y a don Juan Carlos Aparicio, Secretario
de Estado de Seguridad Social, quien nos está acompañando desde una sala
aneja a este salón de Plenos asistiendo desde allí a este importantísimo
debate.
Dentro de este complicado sistema de votos particulares, de bloques y
turnos que hoy excepcionalmente estamos empleando, voy a exponer el
posicionamiento en contra de mi Grupo a lo que se ha dado en denominar
bloque B, es decir, las enmiendas que han defendido los Senadores del
Grupo Parlamentario Socialista que me han precedido en el uso de la
palabra.
El Grupo Parlamentario Socialista ha presentado al artículo 1 cuatro
enmiendas, las números 31 a 34, defendidas por el Senador Rodríguez de la
Borbolla, en las que ha puesto un gran énfasis entreverado de citas
bíblicas, y a propósito de las cuales ha dicho que los pactos no son
literatura sino que están para respetar lo pactado. Pues bien,
precisamente por eso nosotros pensamos que el artículo que se pretende
modificar respeta absolutamente la Recomendación primera del Pacto de
Toledo, y no sólo ésta sino también las Recomendaciones efectuadas a este
proyecto de ley por el Consejo Económico y Social.
Así, podemos ver cómo en este primer artículo del proyecto de ley se
establece que las prestaciones contributivas o de naturaleza contributiva
se financiarán, no sólo con las cotizaciones, sino también con otros
conceptos de naturaleza análoga, como pueden ser los recargos, las
sanciones, las rentas, etcétera y, sobre todo, con las aportaciones que
para atenciones específicas pueda realizar el Estado.
Y por si existiera alguna duda a esta posibilidad de admitir otro tipo de
financiación para el sistema contributivo, entre todos los grupos
parlamentarios introdujimos en el Congreso de los Diputados el término
«básicamente», término con el que, a nuestro juicio, queda cerrada la
posibilidad de interpretar que las cotizaciones sociales son la única
fuente financiera de las prestaciones contributivas. Por tanto, reitero
una vez más que la redacción del texto, tal y como ha entrado en el
Senado, respeta, no ya escrupulosa, sino escrupulosísimamente, el Pacto
de Toledo.
Otro de los objetivos de las enmiendas a este artículo es el debate de la
suficiencia de las aportaciones del Estado para garantizar las
prestaciones no contributivas.
Señor Rodríguez de la Borbolla, nosotros pensamos que la suficiencia no
viene determinada porque en el texto aparezca esa expresión, sino que
viene determinada por la Recomendación primera del Pacto de Toledo
--insisto en ello-- y determinada, además, por la Ley de Presupuestos
Generales del Estado, que es donde se deben establecer anualmente las
aportaciones del Estado y donde todos los grupos políticos, como decía
esta mañana en la tramitación del veto, tenemos la oportunidad de
establecer nuestro grado de compromiso, en este caso con las prestaciones
no contributivas.
El Senador Franco ha hecho una referencia al mutualismo administrativo en
materia de asistencia sanitaria, y en esto quizá estemos de acuerdo.
Saben sus señorías que éste es un tema que está siendo estudiado por la
Subcomisión de la reforma, por lo que creo que habrá que respetar sus
conclusiones sin condicionarlas a este proyecto de ley.
Otra de las razones que justifican las enmiendas que se presentan a este
artículo, concretamente, la número 32, es la de la naturaleza no
contributiva de los complementos a mínimos. Dicha naturaleza fue pactada
por el Gobierno con las centrales sindicales. Además, como bien sabe el
señor Rodríguez de la Borbolla, en este acuerdo también se establece una
cláusula de revisión por la que, transcurridos cuatro años desde la
firma, se analizará la ubicación definitiva de los mismos dentro del
sistema de financiación. Y
este proyecto de ley no hace más que transcribir el citado acuerdo con
los agentes sociales.
Tampoco podemos aceptar la enmienda número 33 al artículo 1, ya que, a
nuestro juicio, contraría el tenor del acuerdo alcanzado con los
sindicatos. Aceptarla supondría renunciar a la gradual y paulatina
aplicación del proceso de separación de las fuentes, que, como ha dicho
el Senador Rodríguez de la Borbolla, debe concluir antes del ejercicio
económico del 2000.
Por otra parte, sus señorías han retirado la enmienda número 34.
Efectivamente, han reconocido que no tenía ningún sentido presentar dicha
enmienda a este proyecto de ley, puesto que éste no se extiende a las
prestaciones por desempleo.
La enmienda número 35 se presenta al artículo 2. La redacción de dicho
artículo del proyecto no sólo es una transcripción cuasi literal de los
acuerdos suscritos con los sindicatos, sino que, como he dicho esta
mañana al referirme al veto de Izquierda Unida, el mismo ha sido
informado favorablemente por la Ponencia existente en la Subcomisión de
Presupuestos del Congreso por ser absolutamente respetuoso con el Pacto
de Toledo. También decía esta mañana, y repito ahora, que éste es un
compromiso del Gobierno y de nuestro grupo parlamentario que pretendemos
respetar. Por tanto, votaremos en contra de esta enmienda.
La enmienda número 36, defendida por el Senador Díez González, se
presenta al artículo 3, y propone la modificación del apartado 1 del
artículo 110 del Texto Refundido de la Ley General de la Seguridad
Social. Entendemos que la redacción propuesta en la enmienda al párrafo
primero no presenta variaciones sustanciales de mejora ni aporta claridad
al texto, mientras que el párrafo segundo que se propone no puede
fundamentarse en la recomendación del Pacto de Toledo, ya que éste no
prevé tal forma de determinar el tope máximo de cotización. Tampoco
encuentra fundamento en el acuerdo con las centrales sindicales, en las
que, por cierto, se establece que su importe se incremente --y no se
determine, como señala su enmienda-- en función del IPC previsto, pero
acompasando la evolución de este importe al tope de cobertura que se
establezca como máximo.
Al artículo 5 se presentan las enmiendas números 37 y 38. La número 37,
defendida por mi compañero de provincia y también viejo compañero en
estas tareas sociolaborales, no se presentó en el Congreso. Con la misma
se pretende justificar un supuesto perjuicio a los asegurados que,
reuniendo todos los requisitos para tener acceso al derecho, puedan ver
frustradas sus expectativas por circunstancias ajenas a los mismos.
Planteamientos como el de esta enmienda, defendida por el Senador Alonso
Buitrón, han creado en ocasiones ciertos privilegios para muchos
beneficiarios. Por una parte, porque han permitido obtener una pensión de
importe superior a la que correspondería al interesado de haber estado
cotizando durante dicha situación, lo que está en contra del Pacto y los
acuerdos con los sindicatos. Su señoría sabe perfectamente que hay
algunos casos que se han incluido en esta situación, por ejemplo,
mediante un convenio especial. Por otra parte, como también conoce el
Senador enmendante, no todas las situaciones asimiladas al alta han
tenido el mismo tratamiento.
Por lo que se refiere a la enmienda número 38, no sólo no advertimos que
aporte una mejora técnica, sino que creemos que podría originar el
retraso de un año en la completa aplicación de la fórmula de cálculo
definitiva de la base reguladora de las pensiones.
En cuanto a la enmienda número 37, me ha parecido entender que el Senador
enmendante --el señor Alonso Buitrón-- se refiere primordialmente a las
prejubilaciones por reconversión, situación en la que, por cierto, dicho
Senador va a entrar en el mes de septiembre. Vamos a rechazar esta
enmienda por entender que el carácter paulatino y progresivo de la
reforma que se contiene en este Proyecto de Ley va a diluir y a difuminar
--quiero tranquilizar al Senador Alonso Buitrón-- los posibles efectos
negativos, si es que los hubiere, para los futuros beneficiarios.
La aceptación de esta enmienda supondría ir frontalmente en contra del
Pacto de Toledo y de la consolidación del sistema, porque en algunas
ocasiones estas medidas --que no niego que algunas veces hayan sido
necesarias-- se han utilizado de una forma abusiva y, a partir de la
aprobación de este Proyecto de Ley, la Seguridad social debe dejar --lo
he dicho en Comisión-- de ser un colchón de todas las reestructuraciones
empresariales que se produzcan en el país.
Además, he de decirle al señor Alonso Buitrón, que ha hecho aquí una
descripción de la situación --que, por cierto, es la que ha mantenido el
Grupo Parlamentario Socialista para las prejubilaciones-- con un
dramatismo tal, que el propio Senador ha olvidado su propio y reciente
pasado. Las prejubilaciones que nosotros proponemos van a mejorar, al
menos, a los que tengan mejores carreras de cotización.
Por último, también vamos a rechazar las enmiendas números 44 y 45 al
artículo 11 del Proyecto de Ley, toda vez que dicho artículo utiliza la
redacción de la Ley 26/1985 --como se decía en Comisión--, de 31 de
julio, que ya consolida garantizando la revalorización automática de las
pensiones a primeros de cada año.
En cuanto a la enmienda número 46, al artículo 12, del Grupo
Parlamentario Socialista, tengo que decir que el artículo 12 del Proyecto
de Ley responde a la Recomendación Décima del Pacto de Toledo, en la que
se prevé la necesidad de fomentar la permanencia en activo de los
trabajadores mas allá de la edad de jubilación, y a nosotros no nos
parece, al menos, que las medidas que propone la enmienda del Grupo
Parlamentario Socialista vayan a coadyuvar demasiado a este objetivo.
Vamos a rechazar la enmienda número 47, al artículo 13, del Grupo
Parlamentario Socialista, por coherencia con lo que he expuesto al
rechazar la enmienda número 42.
La enmienda número 48 lo es al artículo 14. He de decir que el contenido
del nuevo artículo 14 que pretende introducir dicha enmienda no encuentra
apoyo en el acuerdo con las centrales, cuyo desarrollo, entre otras
cosas, pretende este Proyecto de Ley, señoría, el cual mantiene la actual
redacción del artículo 188, b) de la Ley General de la
Seguridad Social, al coincidir el período considerado como cotizado con
el derecho a la reserva del puesto de trabajo que venía ocupando el
trabajador.
En cuanto a la enmienda número 49, a la Disposición Adicional Primera, ya
en Comisión se aprobó una transaccional por la que se aceptaba el
compromiso de elaborar el estudio sobre el régimen especial de
trabajadores autónomos en el plazo de ocho meses, en lugar de en el
perentorio de tres, que pide el Grupo Parlamentario Socialista, o en el
menos perentorio, que pedían el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado
de Convergència i Unió y el Grupo Parlamentario de Senadores
Nacionalistas Vascos.
Por último, en cuanto a la modificación que se propone en la enmienda
número 50, a la Disposición Final Primera, entendemos que este Proyecto
de Ley no es el lugar más adecuado para delimitar los términos de la
nueva regulación del tope de cobertura, sino que creemos que dichos
términos han de fijarse, precisamente, en el texto legal que venga a
definir y a establecer el tope máximo de cobertura de las pensiones
contributivas.
También vamos a rechazar la enmienda número 51 por coherencia con lo
alegado en el artículo 31.
Nada más y muchas gracias, señor Presidente. (Aplausos en los escaños del
Grupo Parlamentario Popular.)
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, Senador Lobo.
Quiero aclararle que la enmienda número 49 ha sido retirada.
Turno de portavoces.
¿Grupo Parlamentario Mixto? (Pausa.)
¿Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos? (Pausa.)
¿Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió?
(Pausa.)
¿Grupo Parlamentario de Socialista? (Pausa.)
Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el Senador
Rodríguez de la Borbolla.
El señor RODRIGUEZ DE LA BORBOLLA CAMOYAN: Muchas gracias, señor
Presidente.
Tomo la palabra para insistir en algunas ideas e intentar apuntar algunas
nuevas o por lo menos dar algún argumento nuevo.
El Grupo Parlamentario Popular, en muchas de las intervenciones que hace
por los motivos más dispares, normalmente hace referencia a un concepto
en término peyorativo, que es el concepto de la herencia recibida, y lo
utiliza en muchos casos para exonerarse de responsabilidades. Estamos
ante un supuesto absolutamente contrario. Aquí tenía el Gobierno, el
Partido Popular una magnífica herencia recibida, que se llama Pacto de
Toledo, y está solemnizando hoy la malversación de esa herencia recibida
porque está despreciando y no respetando lo acordado en el Pacto de
Toledo.
El Senador Lobo, en su argumentación de defensa del texto, ha hecho
repetidas referencias, antes de mi intervención, a que con este texto se
respeta el acuerdo con los sindicatos. Pero es que el acuerdo con los
sindicatos, Senador Lobo, señores del Partido Popular, no es el Pacto de
Toledo. El Pacto de Toledo es un acuerdo político que vincula y obliga a
los firmantes, desde el poder o desde la oposición, a respetarlo. El
acuerdo con los sindicatos es un acuerdo de naturaleza distinta, que lo
que hace es exigir al Gobierno un mínimo en su actuación, un mínimo en la
actividad del Gobierno, pero no concreta ni puede concretar los
contenidos del Pacto de Toledo, porque un acuerdo político sólo puede ser
administrado por los sujetos políticos que lo firmaron. No aceptamos la
administración del Pacto de Toledo desde fuera del Pacto de Toledo. Y
aquí hoy se está demostrando --hasta con sus argumentos lo demuestran--
que no respetan el Pacto de Toledo. Hacen referencia a otros textos, que
respetamos, que saludamos, pero que no son la verdad del acuerdo. La
verdad del acuerdo quedó reflejada en su día. Insisto, vincula a las
fuerzas políticas y vincula no como mínimo, sino como línea de actuación
definida al Gobierno que diga que quiere realizarlo.
Esta mañana en alguna intervención se ha hecho referencia --y permítanme
que haga una cierta divagación menos trascendente-- a que, por ejemplo,
con ocasión de la Ley de Pensiones de 1985 se provocó una crisis social y
que ahora no se provoca esa crisis social y se dice que entonces no se
llegó a un acuerdo y que ahora sí se llega a un acuerdo con los
sindicatos.
Permítanme que les diga que si no se llegó a un acuerdo en el pasado fue
por una razón muy sencilla: porque los sindicatos se fiaban de nosotros,
porque los sindicatos son de la misma familia y saben que determinados
límites no iban a ser traspasados desde la acción del Gobierno
socialista. Si llegan a acuerdos con el Gobierno del Partido Popular es
justamente por lo contrario, porque no se fían del Gobierno del Partido
Popular y quieren ponerle unos límites a la acción diaria del Gobierno
del Partido Popular. Entra perfectamente en la dinámica de la historia
contemporánea en todos los países de Europa.
Por lo tanto, ese argumento nos lo pueden dar cuando les dé la gana,
porque nos afirma en la certeza y la justeza de nuestra actuación. Tan es
así que se puede decir --y ustedes mismos lo han dicho, se han referido a
ello-- que el Pacto de Toledo convalida la Ley de Pensiones de 1985 y
asume toda una política que se había desarrollado desde esa fecha y hasta
1996.
Insisto, no sirve como argumento decir que la suficiencia de las
atribuciones, de las aportaciones del Estado se tienen que definir en los
Presupuestos Generales del Estado cada año. ¡Claro que se tienen que
definir en los Presupuestos Generales del Estado cada año! Pero sobre la
base de un compromiso, compromiso que no se renueva año a año, sino que
se mantiene en el tiempo y que no depende de otras exigencias
presupuestarias o de otras necesidades de cuadre de balance. Las
necesidades de financiación de la Seguridad, tanto del sistema
contributivo como del no contributivo, venían establecidas y asumidas en
su día en el acuerdo de Toledo, y de ésas somos responsables todos desde
el Pacto de Toledo, no responsables año a año a la hora del debate de los
presupuestos y dependiendo de
las circunstancias de los ingresos o gastos del Estado derivados de otros
condicionantes.
El presupuesto es la expresión de un compromiso de Gobierno anual, pero
el presupuesto anual no es la expresión de una política que se acordó en
su día para ser duradera a medio plazo. El presupuesto tendrá que
concretar ese compromiso plurianual, que es el Pacto de Toledo, pero no
sirve para que se demuestre año a año la voluntad de cumplirlo o no.
Por lo que respecta a otra de las cuestiones que hemos planteado, los
complementos a mínimos, en su regulación se tergiversa no sólo lo
acordado en el Pacto de Toledo, sino también con los sindicatos, porque
lo que se acuerda con los sindicatos no es que la naturaleza de los
complementos a mínimos contributivos o no se debatirá tras cuatro años;
no; lo que se acuerda con los sindicatos es que el encaje financiero de
estos complementos a mínimos transitoriamente, dentro de cuatro años se
verá cómo se financia, pero siguen siendo no contributivos con base en lo
dicho tanto en la ley como en el Pacto de Toledo.
Señorías, podría seguir desmenuzando argumento a argumento y demostrando
que la vaguedad de los elementos de defensa de este proyecto de Ley con
que cuentan los portavoces del PP se demuestra caso por caso. Sin
embargo, hay tres líneas que bastarían para demostrarlo sintéticamente.
En la memoria explicativa del anteproyecto de ley que discutimos, en las
páginas 5, 6 y 7 se señalan una serie de objetivos que se intentan
conseguir con esta ley.
El primero, la separación financiera de la Seguridad Social. No se
aclara, no se define terminantemente en este proyecto de ley.
El segundo, la constitución de reservas que no son para el sistema
contributivo, como dice el Pacto de Toledo.
El tercer y cuarto objetivo son aceptables: la regulación de un único
tope de cotización para todas las categorías profesionales y la
introducción de mayores elementos de contribución y proporcionalidad.
Pero, a partir de ahí, ninguno de los restantes objetivos que dice la
propia ley que intenta conseguir, están respaldados luego por los textos
concretos.
Uno de los más evidentes es el que se refiere al incremento anual de las
bases de cotización y de la tasa de cobertura máxima del sistema. Se
revalorizan las pensiones año a año; sí, eso se recoge. Pero no se
revaloriza, no se incrementa año a año la base de cotización ni la tasa
de cobertura del sistema. Con lo cual se puede producir el hecho
siguiente: las pensiones van aumentando, no van aumentando paulatina,
periódica y contemporáneamente los ingresos y, por lo tanto, se van
cuestionando las bases de la financiación global del sistema. Por eso
nuestros portavoces han defendido la necesidad --y lo defiende el acuerdo
con los sindicatos-- de que, junto a la revalorización de las pensiones,
se reconozca y se fije la revalorización anual de las bases de cotización
y de la tasa máxima de cobertura del sistema.
Acabo, señor Presidente. No nos queda más remedio que insistir una vez
más en lo que venimos diciendo: el texto con respecto al cual hay que
medir la adecuación de esta ley a los objetivos que se marcó el espectro
político parlamentario español en el Pacto de Toledo, es el Pacto de
Toledo, no otro, y ustedes no están respetando ese texto.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, Senador Rodríguez de la Borbolla.
Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el Senador Lobo.
El señor LOBO ASENJO: Gracias, señor Presidente.
Señor Rodríguez de la Borbolla, menos mal que los sindicatos se fiaban de
ustedes porque, si no se llegan a fiar, en vez de tres huelgas generales,
una de ellas por el recorte de las pensiones del año 1985, no sabemos lo
que podía haber ocurrido en este país.
Debo decir una vez más, señor Rodríguez de la Borbolla, que la redacción
del proyecto de ley no se opone --como creo que dejé claro en mis
anteriores intervenciones-- a la posibilidad de admitir otro tipo de
financiación para el sistema contributivo.
Por otra parte, he de reiterar --porque es así y no se puede decir otra
cosa-- que la suficiencia viene determinada, como ha dicho muy bien el
Senador enmendante, por un pacto político al que ninguno de los que
estamos aquí, digamos lo que digamos, podremos sustraernos en el futuro,
y viene determinada por la Recomendación 1.ª de ese Pacto, que es el
Pacto de Toledo, y no debemos olvidar, señorías --como decía antes en el
debate del veto-- que la Seguridad Social --aunque parece que eso se ha
olvidado-- también es Estado y que sus presupuestos anuales los aprobamos
en esta Cámara.
Por lo tanto, señorías, creo que esta suficiencia, contando con la
garantía del Estado, del Parlamento y de sus parlamentarios, está
completamente garantizada. Como lo están, a nuestro juicio, los
complementos a mínimos, ya que, en última instancia, todos los que
estamos aquí en esta Cámara seremos también los que determinemos, a
través de la Ley General de Presupuestos --aunque el señor Rodríguez de
la Borbolla no le parezca adecuado--, las cuantías destinadas a financiar
este tipo de prestaciones. Por otra parte, estoy completamente seguro
--como decía esta mañana-- de que a esta grave responsabilidad nadie de
los aquí presentes y de quienes nos sucedan se va a sustraer.
En cuanto a los topes máximos y mínimos de la base de cotización, a los
que también ha aludido el señor Rodríguez de la Borbolla --tenía más
réplicas pero voy a ceñirme a lo que él ha dicho--, insisto en que la
enmienda del Grupo Parlamentario Socialista en absoluto supone ninguna
mejora técnico-jurídica del texto. Señor Rodríguez de la Borbolla,
tampoco pretendan ustedes basarse en cosas que no dice el Pacto de
Toledo. Lo que en realidad pretende su enmienda es una importante
limitación al necesario margen de flexibilidad para establecer el tope
máximo de cotización de cada ejercicio, que también deberá ser
determinado atendiendo fundamentalmente a las necesidades financieras de
la Seguridad Social. Por ello, y porque su enmienda no se ajusta a lo
acordado con las centrales sindicales, insistimos en que no se la vamos a
aceptar.
Termino, señor Rodríguez de la Borbolla, diciendo que a lo largo de este
debate continuamente se ha manifestado aquí una y otra vez que nos
apartamos del Pacto y de los acuerdos. Nada más lejos de la realidad.
Estamos convencidos de que con este proyecto respetamos escrupulosamente
lo que ha sido un importantísimo compromiso de todas las fuerzas
políticas, mejorado sustancialmente con este proyecto de ley que vamos a
aprobar, si fuera con su voto, mucho mejor.
Aun cuando comprendemos, señor Rodríguez de la Borbolla y señores
portavoces del Grupo Parlamentario Socialista en este proyecto de Ley,
que para ustedes este debate es muy difícil, porque hoy están defendiendo
planteamientos --permítanme que eche la vista atrás-- que durante 14 años
no defendieron desde el Gobierno y porque, además, nunca pensaron que un
gobierno de centro-derecha, como es el Gobierno del Partido Popular,
pudiera sacar adelante un proyecto fruto de la negociación y del pacto
con los agentes sociales.
Nada más y muchas gracias. (Aplausos en los escaños del Grupo
Parlamentario Popular.)
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, Senador Lobo.
Pasamos a debatir el voto particular número 7, del Grupo Parlamentario
Socialista, correspondiente a las enmiendas 40 a 43 y 48.
Tiene la palabra su señoría.
El señor AGUILAR BELDA: Gracias, señor Presidente.
Señorías, voy a empezar por el final de la intervención del Senador Lobo.
Lo que nuestro Grupo nunca pudo pensar es que el Partido Popular, a
escasamente un año de llegar al Gobierno, pudiera faltar a unos acuerdos
que nosotros creíamos que venían a consolidar el sistema público de
pensiones, que venían a confirmar lo que quería ser la voluntad
mayoritaria de todos los grupos políticos de respeto y mantenimiento de
un sistema solidario, público y contributivo, y que a sólo un año viniera
a traernos no una ley de consolidación y racionalización del sistema de
la Seguridad Social, sino de recorte de derechos, de acoso y derribo de
ese sistema de Seguridad Social. Y comienzo así porque concretamente los
artículos, 8, 9 y 10 --a los que mi Grupo presenta las enmiendas números
40, 41, 42 y 43-- son total y absolutamente un recorte de derechos de los
colectivos a los que hacen referencia.
En la enmienda número 40, que hace referencia al artículo 8, mi Grupo
Parlamentario les pide la supresión porque en este artículo 8, que trata
de la invalidez, lo que vienen a consagrar el Grupo Parlamentario Popular
y el proyecto de ley del Gobierno es, en primer lugar, reducir el
concepto de invalidez a un frío criterio físico o fisiológico y
remitirnos a una larga lista de enfermedades que nos remonta a tiempos
pasados y a otras épocas en que no hablábamos de protección social, sino
de previsión social.
En segundo lugar, deja única y exclusivamente en manos del Gobierno la
elaboración de esa lista de enfermedades invalidantes, así como la
valoración a efectos de reducción de capacidad, y hurta a este Parlamento
la posibilidad de elaborar esa lista.
En tercer lugar, no integra la profesión habitual del posible inválido
con la posible invalidez, y les voy a ser más claro: independiza la
invalidez de la profesión habitual.
Y, en cuarto lugar, impide acceder a cualquier tipo de invalidez a
trabajadores en activo que tengan cumplidos los 65 años, lo cual es una
incongruencia con la postura que sus señorías mantienen de alargar los
períodos de trabajo y la edad laboral, lo que, según el discurso de sus
señorías, beneficia al equilibrio económico-financiero del sistema porque
permite que no pasen tantos pasivos a la situación de pensionista y, a la
vez, aumenta las cotizaciones. Pues bien, penalizan a esas personas que
toman voluntariamente la decisión de seguir trabajando después de los 65
años y les dicen ustedes que no se pueden jubilar por invalidez, que no
pueden acceder a la invalidez y que tienen que hacerlo por jubilación
única y exclusivamente. Les voy a desarrollar estos tres o cuatro temas
porque me parece un auténtico monumento a la incongruencia el que
mantengan este artículo y, desde luego, un recorte total y absoluto de
derechos.
Lo de contemplar única y exclusivamente el aspecto físico a la hora de
valorar la enfermedad invalidante ya existía en la Ley General de
Seguridad Social del año 1960, y ha habido autoridades --que no podríamos
tachar de tinte socialista, como el señor Perpiñá, el señor de la Villa,
el señor Desdentado-- que han venido a decirnos que este sistema era un
monumento a la desprotección, a la tecnocracia, y que lo único que vino a
paliar fueron, precisamente, las sentencias de los tribunales y, sobre
todo, las de un magistrado, el señor Martínez Emperador, que fue el único
que logró reencaminar la invalidez. Señoría, yo he pertenecido a algunas
de esas comisiones técnicas de valoración en las que veíamos que,
remitiéndose única y exclusivamente a una lista de enfermedades, un señor
tenía que salir por la puerta declarando no inválido porque su enfermedad
no estaba en esos miles de catálogos o de tablas y, sin embargo, era un
auténtico inválido. Ustedes no entienden al enfermo, sino que lo que
están intentando es valorar la enfermedad, y en la invalidez hay que
tener en cuenta la edad, el entorno psicosocial, la personalidad, el
mercado laboral, su capacidad para el trabajo, o sea, la capacidad y los
elementos residuales que tiene ese trabajador para trabajar. Puede haber
una misma enfermedad que en un sujeto sea invalidante y en otro sujeto no
lo sea, y eso sus señorías lo niegan en esta ley. Le requiere un juicio
individualizado y no la remisión fría y dura a un simple catálogo de
enfermedades que, ya digo, nos remiten a tiempos muy pasados.
No hay ni un solo país en nuestro entorno que no haya abandonado ya el
sistema de las tablas de invalidez, de las tablas de enfermedades.
Además, sus señorías desvinculan la enfermedad de la actividad
profesional. Les voy a poner un ejemplo. (El señor Martín Iglesias: ¡A
ver, a ver!). Un señor que se corte un dedo y sea pianista no va a ser
declarado inválido. Por la falta de un dedo no se va a catalogar en esas
tablas de enfermedades como inválido a ese señor. Sin embargo, ese señor
en la situación actual tendría una
invalidez para ejercer su profesión habitual, que es la de músico o
pianista. En el sistema que ustedes plantean esa situación se va a dar.
Pero hay más. Ustedes discriminan en razón de la edad y creemos que esto
es total y absolutamente inconstitucional. Le voy a poner otro ejemplo
que va a entender. Un señor que haya cumplido los 65 años, que haya
cotizado 35 años a la Seguridad Social y que tenga un accidente o una
enfermedad que sea objeto en el sistema actual de una gran invalidez, que
se quede tetrapléjico, por haber cumplido los 65 años, tendrá que
recurrir a una pensión de jubilación, aunque haya cotizado 35 años, sólo
por el mero hecho de que ha sobrepasado la edad de 65 años y de que
cumple los requisitos para ser pensionista de jubilación. Si un señor que
tiene 64 años y 14 de cotización sufre ese mismo accidente que le produce
una tetraplejia, a ese señor le quedará la gran invalidez, con el 150 por
ciento de pensión, por no haber cumplido los 65 años, ya que ustedes
dicen en su texto que no se reconocerán los derechos a las prestaciones
de incapacidad permanente, cualquiera que sea la contingencia que los
origine, cuando el beneficiario, en la fecha del hecho causante, tenga la
edad de jubilación y los requisitos para acceder a la pensión de
jubilación de la Seguridad Social. Esto me parece un monumento a la
incongruencia total y absoluta. Y además no sólo eso, sino que me parece
anticonstitucional y muy posiblemente este Grupo Parlamentario, con toda
seguridad, va a presentar un recurso de inconstitucionalidad.
Pero hay más todavía, hay que mencionar, en tercer lugar, que no
integraba la profesión habitual. Nos quieren, por tanto, hacer volver a
situaciones anteriores, cuando hablábamos de riesgos, de contingencias.
Era la época del INP, del Instituto Nacional de Previsión y no la época
de la Seguridad Social y de la protección social.
Hay otra enmienda, la número 41, que hace referencia a la viudedad.
Aparentemente, ustedes pretenden equiparar la pensión de viudedad de las
viudas menores de 60 años a la pensión que tienen las viudas entre 60 y
64 años. Parece que sus señorías quieren introducir una mejora, pero
cuando establecen los requisitos para poder acceder ponen límites
cuantitativos en cuanto a las rentas anuales y dicen que el Gobierno
fijará esas rentas anuales, no que fijarán los Presupuestos Generales del
Estado los complementos de mínimos, sino que lo hará el Gobierno. Ponen
también limitaciones en cuanto a las cargas familiares. Sería el único
complemento de mínimos que tendría en cuenta las cargas familiares. Están
haciendo, única y exclusivamente, propaganda. Lo único que están diciendo
es que van a equiparar, pero cuando llega el momento de la verdad, viene
el tío Paco con las rebajas, que me temo que es Hacienda. Por eso, estoy
seguro de que van a limitar muchísimo la equiparación de ese colectivo de
viudas y viudos mayores de 60 años.
La enmienda número 42 sigue casi los mismos criterios que los de la
viudedad y se refiere a la orfandad, pero aquí el monumento a la
incongruencia es mucho mayor y la limitación de derechos mucho mayor.
También pretenden mejorar la situación de los huérfanos, tanto del de un
solo padre, como de los dos: la orfandad absoluta. Dicen que se eleva la
edad hasta los 21 y hasta los 23 años, pero ponen una serie de
limitaciones en cuanto a las rentas. Nos encontramos ante una pensión
contributiva, la única prestación contributiva que sus señorías hacen
incompatibles con rentas del trabajo. Nos encontramos con que la pensión
de viudedad, que es contributiva, es compatible con cualquier renta de
trabajo. Una viuda o un viudo puede recibir ingresos derivados de la
renta del trabajo. Y llegan ustedes y nos dicen que para la orfandad las
rentas del trabajo serán incompatibles. A mí me están llamando por
teléfono continuamente, porque saben que estoy defendiendo esta ley y que
estoy trabajando en ella, cantidad de padres o de madres que son viudos y
tienen hijos que están cobrando la orfandad y que están trabajando,
porque es la única manera de que pueda sobrevivir la unidad familiar,
porque con pensiones de viudedad muchas veces escasas es importante poder
complementar esos ingresos de la orfandad con un trabajo en escuelas
taller, en casas de oficio o con un trabajo a tiempo parcial para pagarse
los estudios. Ustedes al incompatibilizar aquí las rentas del trabajo con
la percepción de la pensión de orfandad, lo que hacen es echar fuera del
sistema a las personas más desfavorecidas y con mayor número de
problemas. Pero hacen más e introducen una falacia, diciendo: Nosotros
vamos a fijar un período transitorio de tal manera que en el año 1997 los
que tienen 19 años puedan ya percibir la pensión de orfandad, que ahora
es hasta los 18 años, pero dicen más: no podrán percibirla aquellos para
los que se haya extinguido el derecho. Señorías, ¡si los que tienen 19
años este año cumplieron 18 el año pasado y se les extinguió el derecho
el año pasado!; luego ninguno de los que tiene 19 años va a poder cobrar
la pensión de orfandad. Están haciendo un canto al sol; de alguna manera
están restringiendo el derecho de este colectivo, que es muy importante.
Luego ha hecho referencia a la enmienda número 48, por la que proponemos
la introducción de un artículo adicional nuevo, el número 14, y la
hacemos simplemente por congruencia con el discurso de su señoría.
Nosotros pedimos que el tiempo que todas aquellas madres que estén
dedicándose al cuidado de los hijos menores de tres años se considere
cotizado a efectos de la Seguridad Social. Además en la Ley 4/1995, que
regula la función pública, ya se reconoce a los funcionarios que el
tiempo dedicado a la custodia de hijos se considere cotizado a la
Seguridad Social. Sus señorías están muy preocupados por el bajo índice
de natalidad --tenemos un crecimiento de natalidad de 1,2 por ciento, muy
por debajo del 2,1 por ciento que es necesario para el relevo
generacional-- y han invocado el acuerdo firmado por los sindicatos y el
Gobierno --y con esto termino--, y en ese acuerdo dicen textualmente: Las
partes consideran relevante introducir medidas en el ámbito de protección
social relativas a la natalidad en la medida en que el incremento de la
misma comportaría efectos positivos para el propio sistema de la
Seguridad Social. Pues ahora tienen la oportunidad de plasmar su discurso
en una norma; plásmenlo aquí y acéptennos la enmienda por la cual
nosotros pedimos que en el período de excedencia por cuidado de hijo
menor de tres años se considere período cotizado. Porque además, si no
nos la aceptan aquí,
la van a tener que aceptar por la vía de hecho, cuando vayan a los
tribunales ante el agravio comparativo que va a suponer tener este
derecho reconocido para los funcionarios y no tenerlo reconocido los
trabajadores por cuenta ajena, por lo que van a ser los tribunales los
que van a dirimir esta incongruencia que se plantea en la ley.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, Senador Aguilar.
Turno en contra. El Senador Lobo tiene la palabra.
El señor LOBO ASENJO: Gracias, señor Presidente.
La enmienda número 40, al artículo 8, que ha defendido el Senador Aguilar
Belda, propone, entre otras cosas, la supresión de este artículo por
exceder las recomendaciones del Pacto de Toledo por lo que se refiere a
las pensiones de incapacidad permanente.
Tengo que decir que este artículo, a nuestro juicio, no sólo no
transgrede el Pacto de Toledo, sino que lo que viene a hacer es recoger
--y lo sabe muy bien su señoría-- casi literalmente los términos del
acuerdo con las centrales sindicales. Asimismo, recoge y vierte en él la
necesaria adaptación a la normativa laboral vigente.
Haré gracia a sus señorías de leer los acuerdos para que pudieran ver que
lo que digo es cierto, pero invito a todos los miembros de la Cámara a
que con detenimiento lo hagan, y podrán comprobar cómo el referido
acuerdo se refiere a esta materia en términos que, por sí solos, vienen a
justificar el artículo y la reforma que hemos propuesto.
Asimismo, propusimos en este artículo una enmienda transaccional --que,
por cierto, no ha sido aceptada-- con objeto de que se modificara la
redacción del segundo párrafo a incluir en el citado artículo 138.1 de la
Ley General de la Seguridad Social, de la siguiente forma: Cualquiera que
sea la contingencia que origine las incapacidades en el beneficiario,
salvo que éstas tengan u origen en una enfermedad profesional
diagnosticada con anterioridad. Y también sustituimos la expresión
«cuando el interesado».
Lo que pretendíamos con esta transaccional, si hubiese sido aceptada, era
propiciar el reconocimiento a la pensión de incapacidad permanente en
aquellos casos en los que, aun habiendo superado los 65 años y habiendo
acreditado los requisitos condicionantes de la pensión de jubilación, se
hubiere contraído una enfermedad profesional que, habiendo sido
diagnosticada con anterioridad al cumplimiento de dicha edad, por razón
de un carácter degenerativo de la misma o progresivo, como es el caso de
la silicosis, pueda generar posteriormente un estado de invalidez en
quien la viene padeciendo.
Asimismo, la enmienda número 41, al artículo 9, recoge, por un lado, el
contenido del «Pacto de Toledo», en el que se propone, en su
recomendación decimosegunda, la adopción de medidas, como la mejora de
las pensiones de viudedad, en el caso de menores ingresos, y siempre en
la medida en que la situación financiera lo permita, que, sobre todo, es
el objetivo del «Pacto de Toledo». Por otra parte, nos basamos, como
viene siendo reiterativo hasta la saciedad, en el acuerdo suscrito con
los agentes sociales.
También es criterio de mi Grupo que supeditar la equiparación a la
existencia de cargas familiares y a la no superación de un determinado
nivel de rentas no rompe en absoluto el tratamiento unitario de los
complementos a mínimos, si tenemos en cuenta que ya en otras
prestaciones, por ejemplo, en las de incapacidad y jubilación, es un
factor a valorar la existencia de cargas familiares.
En cuanto a las enmiendas números 42 y 43, al artículo 10, nosotros
creemos que la solidaridad, que es la base de nuestro sistema, exige que
se proceda a atender las situaciones de aquellos que verdaderamente
necesiten de la protección social, sin que pueda ser exigible al sistema
un mayor esfuerzo. Este esfuerzo, desde luego, no debe hacerse llegar en
la misma medida a personas que se encuentran en la situación de tener que
procurarse los medios necesarios de subsistencia. Todo ello, vuelvo a
insistir una vez más, dentro del marco de las posibilidades financieras
del sistema y de acuerdo con la finalidad que persigue esta reforma en
esta materia, y que no es otra que permitir que los beneficiarios puedan
continuar su formación.
No obstante, tampoco es de justicia que cualquier nivel de rentas que el
beneficiario de la pensión pudiera procurarse por razón de su actividad
por cuenta propia conlleve automáticamente a la pérdida de la percepción
de orfandad. Por ello, hemos presentado a sus señorías una enmienda
transaccional, que, por cierto, también ha sido rechazada.
Por último, con referencia a la enmienda número 43, nosotros entendemos
que la secuencia de los límites de edad previstos en el apartado 2 del
artículo 10 es de alguna manera más armónica que la que propone la
fórmula de la enmienda, tomando como punto de partida la edad de 18 años,
límite actual para percibir la prestación.
Asimismo, nos parece rechazable lo que se refiere a la aplicación
retroactiva de la medida, dado que la gradualidad en su aplicación
quedaría con esta medida absolutamente anulada. La ejecución de esta
medida debe acompasarse al proceso de separación de fuentes y a las
propias disponibilidades del sistema, y esta medida, de aplicarse,
sencillamente duplicaría el gasto.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, Senador Lobo.
En turno de portavoces, por el Grupo Parlamentario de Senadores
Nacionalistas Vascos, tiene la palabra el señor Albistur.
El señor ALBISTUR MARIN: Muchas gracias, señor Presidente.
Intervengo fundamentalmente para reiterar que en este apartado, cuando
llegue la votación, vamos a apoyar las enmiendas números 41, 43 y 48, por
coincidir con los criterios que hemos manifestado en el mantenimiento de
nuestras enmiendas.
La defensa que se está haciendo de estas enmiendas por parte del Grupo
Parlamentario Popular es excesivamente literal, copiada de las
manifestaciones que han sido hechas desde el Ministerio o desde los
organismos correspondientes,
pero no se ha profundizado en el contenido social de las enmiendas
presentadas, tanto por nosotros como por el Grupo Parlamentario
Socialista. Lamentablemente, esta ley no está teniendo el criterio de
solidaridad social que debería tener ni los criterios de atención a
colectivos, que quedan siempre, de alguna forma, marginados de los
verdaderos beneficios que se deben buscar en una ley de consolidación de
la Seguridad Social. Este hecho es grave, y ha sido tomado con cierta
superficialidad, por no atender debidamente en un verdadero debate
político las enmiendas presentadas, tanto por nuestro grupo como por el
Grupo Parlamentario Socialista, a favor de las cuales estoy consumiendo
este turno a favor. Lo encuentro lamentable y reitero lo que esta mañana
decía sobre nuestra posición crítica respecto a la ley.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, Senador Albistur.
¿Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió?
(Pausa.)
Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el Senador
Aguilar.
El señor AGUILAR BELDA: Muchas gracias, señor Presidente.
Senador Lobo, a lo largo de todo el debate ha estado acogiéndose a lo que
ha sido el pacto con los sindicatos. La legitimidad de los sindicatos es
la que es, que es mucha, y nosotros se la dábamos antes, se la seguimos
dando y se la vamos a seguir dando, pero en ningún caso creo que puedan
estar en la exclusiva posesión de la verdad. No se envuelvan en el manto
de la legitimidad que les da el acuerdo con los sindicatos, que lo único
que hacen es deslegitimarse con el acuerdo político y parlamentario, como
ha dicho el Senador Rodríguez de la Borbolla, que significa el Pacto de
Toledo. Eso no les puede servir de coartada.
Nos habla de una transaccional en el tema de la invalidez, relativa a la
enfermedad profesional anterior al hecho causante. Prácticamente la única
enfermedad profesional que podría acogerse a esa situación --y su señoría
lo ha dicho-- es la silicosis. Pero no me ha dado ni una sola razón para
decirme por qué. Por ponerle un ejemplo, un albañil o un abogado que
cumple los requisitos de cotización suficientes para acceder a la pensión
de jubilación, si tiene 65 años y un día y sufre una gran invalidez,
tiene que pasar a cobrar el 100 por cien de la pensión de jubilación,
mientras que si no tiene los 65 años y un día, si sólo tiene los 65 años,
puede acceder a una gran invalidez con el 150 por ciento de la pensión.
No lo entiendo, y no me ha dado ni una sola razón que lo explique. A mí
se me han ocurrido muchas razones, una puede ser la razón del Ministerio
de Hacienda, que viene con la rebaja.
He visto las caras de sus señorías, he mirado a algunos de los portavoces
que han intervenido en otras legislaturas en temas de Seguridad Social, a
don Jaime Lobo y a los senadores Someso y Fernández Menéndez, y les he
visto unas caras de conformidad y de disgusto a la vez, porque yo creo
que sus señorías tenían la voluntad de llegar a un tipo de aproximación y
de acuerdo en el debate del Senado. En Comisión nos anunciaron que quizá
antes del Pleno se podría llegar a algún tipo de acuerdo y, al final,
sólo ha primado el principio monetarista y económico, única y
exclusivamente de previsión, de INP, no de protección social, y en estos
artículos dejan desprotegidos a colectivos muy importantes de nuestra
sociedad.
En cuanto al tema de la orfandad, explíqueme, señor Lobo, por qué razón
se excepciona en una pensión contributiva, como es la orfandad, el que
sea incompatible con rentas del trabajo. Eso no ocurre en ninguna otra
pensión contributiva, como es el caso de la pensión de viudedad en los
supuestos de muerte y supervivencia que es compatible con cualquier otro
tipo de renta del trabajo. Sin embargo, ustedes aquí incompatibilizan la
pensión de orfandad con otras rentas y, además, en el colectivo más
necesitado --no quiero hacer demagogia con esto--, en el colectivo que
apenas sobrevive con la propia pensión de orfandad, con la propia pensión
de viudedad que recibe alguno de los cónyuges y luego con las ayudas que
viene a sacar fruto del trabajo. No me vale que me diga que ustedes nos
han ofrecido una transaccional en la que se contempla el 50 por ciento
del salario mínimo interprofesional porque es regresivo con la situación
anterior. Dicen que no vale la retroactividad: ¿van a aplicar la
retroactividad, a partir de que se apruebe esta ley, a los huérfanos de
16 a 18 años que están compatibilizando la pensión de orfandad con el
trabajo y con rentas superiores al 50 por ciento del salario mínimo
interprofesional? Me temo que sí. Luego están aplicando la
retroactividad.
La otra razón, que decía que he querido pensar con cierta maldad, es que
estén recibiendo presiones del único colectivo fuerte que aquí les puede
presionar, que es el colectivo de las mutuas de accidentes de trabajo,
que van a ver cómo sus arcas se llenan con las cotizaciones por accidente
laboral y por enfermedad que tienen que cotizar los trabajadores en
activo mayores de 65 años, pero que cuando llegue el momento de tener que
generar una pensión de invalidez, si tiene más de 65 años, no se van a
ver obligados a pagar. Me da la impresión de que está primando en este
momento más el interés particular de un grupo de presión que el interés
general, pero lo digo como una sospecha única y exclusivamente. Añado
también que quizá la razón sea la de Hacienda.
Yo quiero agradecer al Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas
Vascos la sensibilidad manifestada, porque somos coincidentes en algunas
de las enmiendas. Ya les hemos anunciado que respecto a sus enmiendas nos
íbamos a abstener en la votación porque las nuestras son muy parecidas,
pero indudablemente, Senadores Nacionalistas Vascos, ustedes han llegado
a darse cuenta de lo que supone: un auténtico acoso, derribo y recorte de
prestaciones que estaban consolidadas y respecto a colectivos que a veces
son los más necesitados de esta sociedad.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, Senador Aguilar.
Por el Grupo Parlamentario Popular, el Senador Lobo tiene la palabra.
El señor LOBO ASENJO: Muchas gracias, señor Presidente.
Para terminar el debate, respecto a la enmienda 40, al artículo 8, quiero
insistir una vez más, por enésima vez, que el proyecto, tal y como está
redactado, no es sino una auténtica reproducción, le guste o no al
Senador Aguilar, de lo acordado con los agentes sociales; lo mismo sucede
con las listas de enfermedades y su elaboración por el Consejo del INSS,
abriendo el cauce normativo que permite plasmar en una norma jurídica
dicho listado.
Por lo que se refiere al régimen de incompatibilidades, al que también ha
hecho alusión, actualmente, como sabe muy bien, la Ley General de
Seguridad Social prevé la determinación de su alcance y condiciones vía
reglamentaria.
Es cierto, por otra parte, que los estados de necesidad deben estar
rigurosamente protegidos con las prestaciones de nuestro sistema, pero,
asimismo, no es menos cierto que tenemos y debemos ser rigurosos contra
el posible abuso. España, señorías, es el país que presenta de toda la
Europa comunitaria una mayor tasa de invalidez, y pensamos que el rigor
debe ser empleado por todas las fuerzas políticas, puesto que el abuso,
en vez de conducir a un beneficio, a lo que conduce es a perjudicar al
sistema y, de paso, al resto de las personas que lo componen.
En cuanto al artículo 9 y a sus enmiendas, hemos de insistir en que
establecer un nuevo límite de rentas nos parece que, por un lado, no está
en contra de la regulación de los complementos a mínimos --eso ya lo dije
antes--, y, por otro, tenemos que tener en cuenta que son los perceptores
de prestaciones de viudedad con edades inferiores a 60 años los que
suelen tener hijos a cargo y que sus pensiones son las de menor cuantía.
Estas son las razones que motivan la medida, sin olvidar las
posibilidades del sistema dentro de un principio de solidaridad.
Y como colofón dirigido a todos los grupos que han intervenido, voy a
terminar agradeciéndoles su tono y su interés, así como todo lo que han
aportado en sus intervenciones y repitiendo lo que decía al principio
esta mañana: nosotros estamos seguros, y creo que la sociedad también, de
que con este proyecto de ley se da un importantísimo paso en la
profundización en el derecho constitucional a la protección social de
todos los ciudadanos.
Pensamos que este proyecto, aunque no es definitivo, es un avance en el
camino del Pacto de Toledo y en el acuerdo social Gobierno-sindicatos,
como también estamos seguros, señorías, de que este proyecto va a suponer
--aunque algunos Senadores han dicho que piensan seguir utilizándolo-- el
que las pensiones dejen de ser utilizadas como arma arrojadiza, como un
arma que se emplea en épocas electorales y que ha venido generando
inestabilidad o miedo. Nosotros pensamos que con esta Ley esto se va a
terminar porque con ella nos comprometemos, no sólo al mantenimiento de
las pensiones, que era lo más importante y lo que estaba en duda hace
unos años, sino a su consolidación, racionalización y crecimiento
ordenado para garantizar a todos los ciudadanos el futuro del sistema.
Nada más y muchas gracias. (Aplausos en los escaños del Grupo
Parlamentario Popular.)
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, Senador Lobo. (El señor Aguilar
Belda tiene la palabra.)
El señor PRESIDENTE: ¿Para qué solicita la palabra, señoría?
El señor AGUILAR BELDA: En función del artículo 87 del Reglamento.
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra.
El señor AGUILAR BELDA: Senador Lobo, quiero hacerle únicamente una
aclaración respecto a ese argumento de que el crecimiento de la invalidez
puede poner en riesgo el equilibrio económico financiero del sistema.
A este respecto le doy solamente un dato. En el año 1982 el crecimiento
interanual de pensiones de invalidez era del 10,80 por ciento. Las
medidas correctoras, los equipos de valoración y las medidas que se han
ido tomando a lo largo de las sucesivas legislaturas han hecho que hoy el
crecimiento interanual de las pensiones de invalidez sea del 0,90 por
ciento, por debajo de la media europea. Por tanto, jamás pondrán en
riesgo el equilibrio económico y financiero.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señoría.
Vamos a iniciar la votación, de acuerdo con las indicaciones que los
portavoces han pasado a esta Presidencia.
Comenzamos por las enmiendas correspondientes a los Senadores Nieto
Cicuéndez y Román Clemente, del Grupo Mixto, en tres bloques distintos.,
En primer lugar, votamos las enmiendas números 4, 5, 19, 21, 22, 25, 26,
29, 30 y 70. (La señora De Boneta y Piedra pide la palabra.)
Tiene la palabra, señoría.
La señora DE BONETA Y PIEDRA: Gracias, señor Presidente.
Solicito votación separada de las enmiendas números 6, 7, 8, 10, 11, 14,
15, 16, 17, 18, 19, 20 y 23. Por mi parte, no hay inconveniente en que se
haga en un solo bloque.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría. (El señor Albistur Marín pide la
palabra.)
Tiene la palabra, Senador Albistur.
El señor ALBISTUR MARIN: Gracias, señor Presidente.
Unicamente solicito que se separe de ese bloque la enmienda número 70,
para su votación aparte.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
Por tanto, en primer lugar, votamos la enmienda número 70.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 229; a
favor, 93; en contra,132; abstenciones, cuatro.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
A continuación, votamos la enmienda número 6, al existir petición de
votación separada por parte de dos grupos.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 228; a
favor, tres; en contra, 137; abstenciones, 88.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Pasamos a votar las enmiendas números 4, 5, 19, 21, 22, 25, 26, 29 y 30.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 227; a
favor, 89; en contra, 132; abstenciones, seis.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Pasamos a votar la enmienda número 16.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 228; a
favor, tres; en contra, 134; abstenciones, 91.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Votamos las enmiendas números 6, 7, 8, 10, 11, 14, 15, 17, 18, 20 y 23.
La señora DE BONETA Y PIEDRA: Señor Presidente, la enmienda número 6 se
ha votado ya.
El señor PRESIDENTE: Votamos entonces las enmiendas números 7, 8, 10, 11,
14, 15, 17, 18, 20 y 23.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 229; a
favor, dos; en contra, 220; abstenciones, siete.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Pasamos a votar las enmiendas números 1, 2, 3, 9, 12, 13, 24 y 27.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 228; a
favor, cinco; en contra, 217; abstenciones, seis.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Pasamos a votar la enmienda número 28.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 227; a
favor, cuatro; en contra, 135; abstenciones, 88.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Procedemos a efectuar la votación de las enmiendas de la Senadora De
Boneta y Piedra. Se hará en dos bloques. En primer lugar, las enmiendas
números 61 y 65
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 228; a
favor, ocho; en contra, 134; abstenciones, 86.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Pasamos a la votación del segundo bloque de las enmiendas de la Senadora
De Boneta, que son las números 60, 62, 63, 64, 66 y 67.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 229; a
favor, nueve; en contra, 219; abstenciones, una.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Pasamos a votar las enmiendas del Grupo Parlamentario de Senadores
Nacionalistas Vascos, que son las números 52, 53, 55, 56 y 57. (El señor
Albistur Marín pide la palabra.)
Tiene la palabra el Senador Albistur.
El señor ALBISTUR MARIN: Señor Presidente, la enmienda número 52 ha sido
retirada.
El señor PRESIDENTE: Entonces pasamos a votar las enmiendas números 53,
55, 56 y 57.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 229; a
favor, ocho; en contra, 125; abstenciones, 96.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Vamos a proceder a la votación por separado de las enmiendas del Grupo
Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió, que son las
números 71, 72 y 73.
En primer lugar, la enmienda 71.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 229; a
favor, 104; en contra, 124; abstenciones, una.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Votamos la enmienda número 72.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 228; a
favor, 11; en contra, 210; abstenciones, siete.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Votamos la enmienda número 73.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 225; a
favor, 17; en contra, 207; abstenciones, una.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Pasamos a votar las enmiendas que corresponden al Grupo Parlamentario
Socialista, números 31 a 33, 35 a 48, 50 y 51.
¿Se pueden votar conjuntamente? (Pausa.)
Tiene la palabra la Senadora De Boneta.
La señora DE BONETA Y PIEDRA: Muchas gracias, señor Presidente.
Pido la votación separada, por un lado, de las enmiendas números 46 y 47
y, por otro, de las enmiendas números 32, 38, 41, 43, 44 y 45. Por mi
parte, el resto pueden votarse conjuntamente.
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el Senador Albistur.
El señor ALBISTUR MARIN: Muchas gracias, señor Presidente.
Sin entrar en las que tienen el número 40, sino en aquellas que están en
el bloque de la 30, pediría votación separada de la 31 a la 35, 36, 37,
38 y 39.
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el Senador Román Clemente.
El señor ROMAN CLEMENTE: Muchas gracias, señor Presidente.
Solicito votación separada de la enmienda número 46.
El señor PRESIDENTE: En primer lugar, vamos a votar la enmienda número
46.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 229; a
favor, 91; en contra, 127; abstenciones, 11.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
A continuación, votamos la enmienda número 47.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 226; a
favor, 88; en contra, 121; abstenciones, 17.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Votamos la enmienda número 38.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 228; a
favor, 87; en contra, 124; abstenciones, 17.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Votamos la enmienda número 36.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 229; a
favor, 89; en contra, 124; abstenciones, 16.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Votamos la enmienda número 32.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 229; a
favor, 88; en contra, 124; abstenciones, 17.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Votamos las enmiendas números 31, 33 y 35.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 229; a
favor, 89; en contra, 124; abstenciones, 16.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Votamos las enmiendas números 37 y 39.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 229; a
favor, 94; en contra, 124; abstenciones, 11.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Votamos las enmiendas números 41, 43, 44 y 45.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 227; a
favor, 91; en contra, 123; abstenciones, 13.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Votamos las enmiendas números 40, 42, 48, 50 y 51.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 227; a
favor, 86; en contra, 124; abstenciones, 17.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Votamos los artículos 1 a 13, Disposiciones Adicionales primera y
segunda, Disposición Derogatoria, Disposiciones Finales primera y segunda
y Exposición de motivos, según el dictamen. (El señor Aleu i Jornet pide
la palabra.)
El señor Aleu tiene la palabra.
El señor ALEU I JORNET: Señor Presidente, solicito votación separada, por
un lado, de la Exposición de motivos y, por otro, de los artículos 4, 6,
Disposiciones Adicionales y Disposición Derogatoria, en un solo bloque.
(El señor Albistur Marín pide la palabra.)
El señor PRESIDENTE: El Senador Albistur tiene la palabra.
El señor ALBISTUR MARIN: Señor Presidente, solicito votación separada de
la Exposición de motivos, como ha dicho el representate del Grupo
Parlamentario Socialista, de las Disposiciones Adicionales y
Derogatorias, como él también ha planteado, por supuesto, quedaría la
Disposición Final, y después de los artículos 7, 9, 10, 11 y 13 separados
cada uno de ellos.
El señor PRESIDENTE: Votamos la Exposición de motivos.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 226; a
favor, 129; en contra, 10; abstenciones, 87.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.
Pasamos a votar los artículo números 4 y 6.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 229; a
favor, 223; en contra, tres; abstenciones, tres.
El señor PRESIDENTE: Quedan aprobados.
¿Se pueden votar los artículos números 7, 9, 10, 11 y 13 en un bloque?
(El señor Albistur Marín pide la palabra.) Tiene la palabra su señoría.
El señor ALBISTUR MARIN: Señor Presidente, solicitamos votación separada
del número 13.
El señor PRESIDENTE: Pasamos a votar los artículos número 7, 9, 10 y 11.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 228; a
favor, 136; en contra, 91; abstenciones, una.
El señor PRESIDENTE: Quedan aprobados.
Votamos el artículo 13.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 228; a
favor, 141; en contra, 87.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobado.
Votamos el resto de los artículos que no han sido votados hasta este
momento.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 228; a
favor, 138; en contra, 89; abstenciones, una.
El señor PRESIDENTE: Quedan aprobados.
Pasamos a votar las disposiciones adicionales y la disposición
derogatoria conjuntamente.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 228; a
favor, 223; en contra, tres; abstenciones, dos.
El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas.
Votamos las disposiciones finales.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 228; a
favor, 140; en contra, 87; abstenciones, una.
El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas.
Tal como dispone el artículo 90 de la Constitución, se dará traslado de
las enmiendas aprobadas por el Senado al Congreso de los Diputados para
que éste se pronuncie sobre las mismas en forma previa a la sanción del
texto definitivo por su Majestad el Rey.
--DE LA COMISION DE AGRICULTURA, GANADERIA Y PESCA EN RELACION CON LA
PROPOSICION DE LEY DE ORDENACION DEL SECTOR PESQUERO DE ALTURA AL FRESCO.
(S. 622/000003.) (C. D. 124/000003.)
El señor PRESIDENTE: Pasamos al debate del proyecto de ley de la Comisión
de Agricultura, Ganadería y Pesca en relación con la proposición de ley
de ordenación del sector pesquero de altura al fresco.
Para la presentación del dictamen, tiene la palabra el representante que
haya designado la Comisión por tiempo de diez minutos. (Pausa.)
¿No hay ningún Senador designado por la Comisión para presentar el
dictamen? En ese caso, pasamos al debate de totalidad. (El señor Aleu i
Jornet pide la palabra.)
¿Me pide la palabra, Senador Aleu?
El señor ALEU I JORNET: Señor Presidente, es para conocer con exactitud
qué texto vamos a debatir, porque en la tramitación de esta ley en el
Senado, antes de llegar al Pleno y sin que medie ninguna enmienda ni se
nos haya comunicado, ha habido modificaciones, yo no diré sustanciales,
pero importantes, en la exposición de Motivos. Ya hemos pedido
explicaciones otra vez por este motivo y lo volvemos a hacer ahora: la
Exposición de Motivos del texto que vamos a debatir ha sido modificada,
aparece distinta en el dictamen de la Comisión de la que apareció en el
texto remitido por el Congreso de los Diputados, sin que nosotros sepamos
nada y sin que medie ninguna enmienda. Por eso pregunto qué texto vamos a
debatir.
El señor PRESIDENTE: La verdad es que este Presidente desconoce esa
circunstancia. Ruego a los Servicios de la Cámara me ilustren sobre el
tema. (Pausa.)
Senador Aleu, me informan los Servicios de la Cámara que lo que ha
ocurrido ha sido simplemente que, para una mejor sintaxis o redacción del
texto, se ha quitado «considerando que» y que esto se ha hecho de acuerdo
al menos
con el Presidente de la Comisión. En definitiva, el texto es el mismo
pero se han quitado las palabras «considerando que».
El señor ALEU I JORNET: Señor Presidente, manifestamos nuestra
conformidad con este cambio, pero pedimos que no se haga ni por decisión
del Presidente ni por decisión de alguien que no esté legitimado para
hacerlo, así como que no aparezca como texto de la Comisión un texto que
no es el que se votó en Comisión. Por lo tanto, manifestamos nuestra
conformidad y nos parece mejor este texto que el que nos remitió el
Congreso de los Diputados, pero que tengan publicidad los cambios que se
introducen.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Senador Aleu, creo que su argumentación está
absolutamente cargada de razones.
Vuelvo a repetir: ¿algún Senador presenta este dictamen? (Pausa.)
¿Turno a favor? (Pausa.)
¿Turno en contra? (Pausa.)
Turno de portavoces.
¿Grupo Parlamentario Mixto? (Pausa.)
¿Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos? (Pausa.)
¿Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió?
(Pausa.)
¿Grupo Parlamentario Socialista? (Pausa.)
¿Grupo Parlamentario Popular? (Pausa.)
Pasamos al debate de las enmiendas.
En primer lugar, voto particular número 1, que corresponde al Grupo
Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos, enmiendas números 1 y 2.
Tiene la palabra el Senador Zubia.
El señor ZUBIA ATXAERANDIO: Gracias, señor Presidente.
Señorías, seré muy breve por cuanto que estamos ante una Proposición de
Ley de la que es autor, al menos originariamente, nuestro propio Grupo
Parlamentario. Ello me permite no entrar ahora en mayores detalles sobre
el fondo y la pretensión última de la misma. Me basta con remitirme al
«Diario de Sesiones» y a lo ya dicho con motivo del debate mantenido en
esta misma Cámara con ocasión de la toma en consideración de la
iniciativa.
En cualquier caso, entendemos que es necesario mantener en este trámite
de Pleno un voto particular que se corresponde con las enmiendas números
1 y 2. La enmienda número 1 tan sólo pretende mejorar técnicamente, en
coherencia con lo dispuesto en el propio texto articulado, el título de
la Proposición de Ley, de suerte que en vez de hablar, como en la
actualidad, de ordenación del sector pesquero de altura al fresco, se
hable de ordenación del sector pesquero de altura y de gran altura que
opera dentro de los límites geográficos de la Comisión de Pesca del
Atlántico Nordeste. Sé de la disposición de los grupos parlamentarios a
aceptar esta enmienda. Por lo tanto, no me queda más que esperar a la
confirmación de tal hecho.
La segunda de las enmiendas, la número 2, tiene que ver con el artículo
único. Su objeto es que quede claro, al referirnos a la posibilidad de
enajenar, ceder o transmitir los derechos de pesca, que tal enajenación,
cesión o transmisión puede serlo tanto parcial como total. Dicho esto,
señor Presidente, quiero señalar que participamos plenamente de la
manifestación realizada en Comisión por el portavoz del Grupo
Parlamentario Popular en cuanto a que no hay que hablar de derechos de
pesca y de coeficientes de acceso, sino de derechos de acceso. En tal
sentido, anuncio desde ahora la aceptación, y el consiguiente voto a
favor, de la enmienda transaccional presentada por todos los grupos
parlamentarios para corregir esa doble terminología, no correcta
evidentemente, que, en la actualidad, contempla el texto del dictamen.
Nada más y muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, Senador Zubia.
Pasamos al voto particular número 2 del Grupo Parlamentario Socialista
que corresponde a la enmienda número 3.
Tiene la palabra el Senador González Príncipe.
El señor GONZALEZ PRINCIPE: Muchas gracias, señor Presidente.
El voto particular que presenta el Grupo Parlamentario Socialista tiene
como principal objetivo garantizar que todos los derechos se puedan
repartir lo más equitativamente posible entre todos los barcos. Para
ilustrar a sus señorías, les diré que se trata de aprobar hoy que se
puedan vender o transmitir derechos de pesca entre la conocida como
«flota de los 300». En esta flota ya no son 300, son, a 20 de mayo, una
vez que está cerrado el censo por la Secretaría General de Pesca, 212.
Les voy a dar un dato que refuerza --nosotros estamos convencidos de
ello-- nuestra posición. A 20 de mayo de 1997 hay barcos y armadores que
tienen más derechos, que pescan más días de los que pueden pescar y, a la
inversa, hay barcos y armadores que no pueden pescar todos los días. En
el caladero de Gran Sol, entre ir, venir y subastar la pesca, cargar las
vituallas, etcétera, se considera que ningún barco puede pescar más de
300 días en un año. Por lo tanto, el objetivo de racionalizar la
productividad de nuestra flota, es decir, el objetivo de conseguir que
todos nuestros barcos trabajen todos los días posibles del año, tendría
que limitarse a esa cifra, pues nunca podrían ser más de 300 por cada
barco.
Si lo que queremos es eso, limitemos las transmisiones que se puedan
hacer para alcanzar que todos los barcos puedan pescar todos los días. No
permitamos que en la ley queden sombras que den lugar a la especulación
financiera o, si ustedes quieren, que haya una capacidad productiva que
no sea aprovechada por la flota española, sea cual sea su puerto de
origen. Y lo que aquí hemos presentado humildemente los socialistas es lo
que piensan los trabajadores del sector, pero es también lo que piensa un
sector muy importante de armadores, de los armadores gallegos, de la
Cooperativa de Armadores de Vigo. Por tanto, les traemos
aquí la petición de que la Cámara sea receptiva a apoyar la economía
productiva, a apoyar la racionalización del esfuerzo de nuestra flota
pesquera de Gran Sol para repartir lo mejor posible el trabajo existente.
Y sobre esta base esperamos que se rectifique el voto de la Comisión,
porque no nos parece bien que se nos diga en la Comisión: Pueden ustedes
tener razón, pero esto ya lo haremos en el reglamento, y que además se
dilate el tiempo del reglamento, que va a entrar en vigor dentro de seis
meses; es decir, primero la ley dentro de tres meses después de que se
publique y el reglamento, tres meses después de que entre en vigor la
ley. ¿Por qué todo ese tiempo? Pudiera entenderse que hay intención de
que se produzcan transmisiones de derechos en este plazo de tiempo y que
alguien, con ayudas públicas o sin ellas --que después, en turno de
portavoces, podremos explicar--, pueda acumular derechos para pescar más
días de los que puede pescar.
Si ustedes quieren de verdad --como queremos todos-- que nuestros barcos,
vascos y gallegos, los dos, pesquen, todos, todos los días, limitemos el
máximo de días que puede pescar cualquier barco, porque nadie puede
pescar en Gran Sol más de 300 días al año, para que nadie pueda crear un
mecanismo de especulación financiera fuera de la economía productiva.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, Senador González Príncipe.
Turno en contra.
El Senador Chapela tiene la palabra.
El señor CHAPELA SEIJO: Gracias, señor Presidente.
Señorías, anuncio nuestro voto en contra de la enmienda del Grupo
Parlamentario Socialista e indico, tal y como habíamos hecho en Comisión,
que probablemente haya que fijar una limitación en los días de pesca de
los barcos con derecho a faenar en los caladeros del Gran Sol.
Es cierto que habrá que establecer esas limitaciones tanto en el número
máximo de días, que el portavoz socialista fija en 300, que pueden ser
250, 200, como en el número mínimo, dado que hay que evitar que haya unos
barcos que tengan un exceso de derechos de pesca y otros que tengan muy
pocos.
Sin embargo, señorías, consideramos que esta normativa, la fijación
concreta de las limitaciones que hay que imponer a una ley, en estricta
técnica legislativa, debe realizarse a través de un desarrollo
reglamentario que hay que efectuar tras una serie de estudios y de
consultas con el sector pesquero afectado. Por ello, creemos, señorías,
como dijimos en Comisión, que políticamente es correcto y técnicamente es
oportuno esperar a ese desarrollo reglamentario.
Por otra parte, indicamos que nos parece --y lo digo con todo el respeto
hacia el portavoz socialista-- que es jugar a juegos florales manifestar
si puede haber un interés en que durante este período de tiempo hasta el
desarrollo reglamentario se puedan producir transmisiones que la ley no
quiere que se lleven a cabo entre buques del censo del caladero de Gran
Sol. Y digo esto porque me parece absurdo hacer esta alusión cuando su
señoría conoce que este problema se viene arrastrando desde junio de
1982. Señorías, me permito recordarles que desde octubre de 1982 hasta
1986 tuvieron ustedes las responsabilidades de Gobierno.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, Senador Chapela Seijo.
Turno de portavoces.
Por el Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra el Senador Nieto
Cicuéndez.
El señor NIETO CICUENDEZ: Muchas gracias, señor Presidente.
Voy a fijar la posición de nuestro Grupo diciendo que vamos a apoyar la
ley y vamos a apoyar la enmienda del Grupo Parlamentario Socialista.
Consideramos que, independientemente de que desde hace tiempo se haya
venido especulando con las transmisiones de derechos, si estamos todos de
acuerdo en que hay que cortarlas, éste es el momento. Por lo tanto, si en
este tema estamos todos de acuerdo en el fondo, no debe haber
inconveniente en que figure explícitamente en la ley, y yo creo que el
planteamiento que se hace en la enmienda es totalmente razonable.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, Senador Nieto Cicuéndez.
¿Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos? (Pausa.)
Por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió,
tiene la palabra el Senador Roig.
El señor ROIG I GRAU: Muchas gracias, señor Presidente.
Señorías, intervengo muy brevemente para fijar nuestra posición en
relación con la proposición de ley, tanto en referencia a las enmiendas
del Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos y del Grupo
Parlamentario Socialista como al artículo único y disposiciones finales
de la ley.
Anunciamos nuestro voto favorable a la enmienda número 1, del Grupo
Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos, que hace referencia
básicamente al título de la proposición de ley. Y, asimismo, como es
natural, puesto que hemos firmado la transaccional, a la enmienda número
2, del Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos, que
incorpora la posibilidad de ceder o transmitir la totalidad o una parte
de los derechos.
No podemos aceptar la enmienda presentada por el Grupo Parlamentario
Socialista, que pretende introducir una limitación de 300 días de faena.
Porque, si bien entendemos que es posible que esto tenga que regularse y
quizás se tenga que hacer, nos parece que en estos momentos en el
Reglamento comunitario ya hay elementos suficientes para que se produzca
esta regulación. Por una parte, porque
el mismo Reglamento comunitario permite que cualquier barco que agote su
esfuerzo pesquero y aún le queden cuotas pueda solicitar a la Comisión
Europea un esfuerzo pesquero especial. Y por otra --y me parece que es lo
más importante--, porque la gestión de los recursos se realiza en estos
momentos por el procedimiento de los TACs (Total Admisible de Capturas o
Cuotas). Por lo tanto, una vez se haya llegado por cada uno de los barcos
al total de TACs admisible, al total admisible de capturas,
evidentemente, será independiente del número de días que puedan o no
puedan faenar. En definitiva, entendemos que no se puede coartar la
libertad empresarial y de mercado en un tema que ya viene regulado,
precisamente, a través de estas cuotas.
Por lo que hace referencia a la ley, con su artículo 1, y a las dos
disposiciones finales, votaremos favorablemente por entender que
representan una mejora racional del sector pesquero de altura, y que,
además, pueden servir para impulsar la definitiva adecuación de lo que se
ha venido a llamar la «flota de los 300» --en estos momentos, según la
información del Senador socialista, de los 200-- a las posibilidades
pesqueras.
Muchas gracias, señor Presidente, señorías.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, Senador Roig i Grau.
Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el Senador
González Príncipe.
El señor GONZALEZ PRINCIPE: Muchas gracias, señor Presidente.
Señorías, quiero completarles la información de que disponen para hacer
un último esfuerzo pidiéndoles que reconsideren el voto.
A fecha de mayo hay 212 buques de la flota de Gran Sol. De esos 212
buques, 86 de ellos, es decir, aproximadamente el 40 por ciento, tienen
su base en el País Vasco. Y ese 40 por ciento de los barcos tienen el
51,3 por ciento de los derechos de pesca. Pocos barcos, muchos derechos.
En Galicia están los otros 126 barcos; son muchos barcos, ¿cuántos tienen
derecho de pesca? Lo tienen sólo el 48,7.
Al senador catalán con todos mis respetos, le digo que nadie quiere
pescar más de 300 días, porque no se puede pescar más. Lo ideal es llegar
a la situación en que todos los buques pesquen 300 días, y se puede hacer
ya, señor Senador, lo que pasa es que alguien ha ido comprando barcos de
otras Comunidades con dinero público, con dinero que sale de los
impuestos, y ha ido acumulando y formando un pequeño tesoro de derechos
de pesca, creando una discriminación entre armadores y ciudadanos
pescadores de unas Comunidades y otras.
Nosotros estamos por el reparto del trabajo, por el reparto de la riqueza
pesquera, pero también porque haya un trato igualitario. Por eso somos
socialistas. Yo puedo entender que usted no lo acepte, pero nadie quiere
tener más de 300 días de pesca, el que los tiene está especulando y está
esperando a vender mañana. Por cierto, los días que tiene de más los
compró en el puerto de La Coruña, en un puerto de Cantabria o en un
puerto del norte de Lugo, y los compró con dinero público, con dinero del
Gobierno vasco. Cuando pedimos que se limite a un máximo de 300 días,
estamos haciendo una apuesta por la racionalización de la flota del Gran
Sol, pero también para evitar procesos de especulación financiera.
Con todo respeto, estoy seguro de que en el reglamento va a tener que
recogerse algún tipo de limitación, y sería mucho más transparente
--tendrán que reconocérnoslo-- si se hiciera en la Cámara, fruto del
debate político, a que se haga por el Gobierno, fruto de no se sabe qué
presiones. Desde un aspecto puramente de democracia formal y de respeto a
la soberanía, será mejor que lo hagamos. Si hay que poner el límite,
pongámoslo aquí y pongamos el límite máximo. Los socialistas queremos que
todos los barcos pesquen todos los días, que no haya un sólo día en que
un barco no pueda pescar porque no tenga permiso. Por eso, no entendemos
que no se acepte nuestra enmienda, y no entendemos tampoco, señores
Senadores, por qué esta ley no entra en vigor hasta dentro de tres meses
después de publicada, y por qué el reglamento que desarrolla la ley no se
publica hasta tres meses después de que entre en vigor dicha ley. Hay un
plazo de seis meses absolutamente opaco en el que lo que votamos aquí y
en el Congreso de los Diputados no sirve. Durante esos seis meses
seguimos en una situación de alegalidad. ¿Alguien lo quiere explicar?
Me voy a dirigir a los señores del Partido Popular, que tienen
responsabilidades del Gobierno en Galicia. ¿Cómo explican ustedes su voto
hoy aquí, olvidándose de las reivindicaciones de los pescadores gallegos?
Ustedes, que lo han vivido igual que yo; ustedes, que desde el Gobierno
de la Xunta han dicho que las OPA del Gobierno vasco iban contra los
intereses de Galicia, ¿cómo hoy ceden de esta manera?, ¿qué les ha
pasado?, ¿por qué nos traicionan?
El señor PRESIDENTE: Gracias, Senador González Príncipe.
Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el Senador Chapela.
El señor CHAPELA SEIJO: Muchas gracias, señor Presidente.
Señorías, obviamente el Grupo Parlamentario Popular va a votar a favor,
como hizo ya en el momento de la toma en consideración de esta
proposición de ley de ordenación del sector pesquero de altura y gran
altura al fresco en las aguas comunitarias, en las aguas del Gran Sol,
fundamentalmente. Queremos aprovechar este turno de posicionamiento
respecto a esta ley para contestar a una serie de referencias del
portavoz socialista, algunas de ellas fuera de tono.
Vuelvo a reiterar, señor portavoz del Grupo Parlamentario Socialista,
señor Carlos González Príncipe, que esta situación que tanto les preocupa
a ustedes se lleva produciendo durante quince años, y durante este tiempo
no han buscado soluciones. Es más, en 1995 el Grupo Parlamentario de
Senadores Nacionalistas Vascos presentó en el Congreso de los Diputados
una proposición no de ley para solventar o solucionar en la medida de lo
posible esta cuestión.
Ustedes, amparándose en su mayoría, votaron en contra de esa proposición
no de ley.
Ha dicho usted que no quiere que la especulación de derechos de pesca
entre unos armadores y otros se haga con dineros públicos. Yo para
contestarle, señor portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, me voy a
limitar en este caso a decir lo mismo que dijo el autor de esta
proposición de ley, el señor Ricardo Gatzagaetxebarría, en la toma de
consideración. Dijo literalmente: posteriormente, en el año 1992, ya con
la Administración socialista, se produce una nueva normativa muy
importante que modifica puntualmente la normativa aprobada por el
Gobierno de la UCD y permite esa acumulación, pero con ayudas públicas.
Señor portavoz, quienes han dado ayudas públicas a esa posible
especulación han sido ustedes modificando la Orden Ministerial de 1982.
Quieren que todos los barcos pesquen, y es obvio; nosotros también
queremos que todos los barcos pesquen, y por eso hemos apoyado desde el
primer momento la modificación de la normativa que regulaba estos buques
en esa zona de pesca. Pero vuelvo a reiterarle que en estos momentos no
es oportuno determinar si tienen que ser 300, 100, 200, o los días que
sean. Habrá que hablar con el sector. Le puedo decir que este Grupo
Parlamentario prácticamente en todas sus iniciativas suele tener muy en
cuenta la opinión del sector pesquero, y en este tema en concreto no ya
la de los armadores de la ciudad de Vigo, sino la de la Asociación
Nacional de Armadores de Pesca.
Por lo tanto, señor portavoz del Grupo Parlamentario Socialista,
reiterando lo dicho, tenemos que esperar al desarrollo reglamentario y no
hagamos hipótesis, ya que en ese momento usted podrá decir si ese
desarrollo reglamentario en mejor o peor.
Por cierto, la duda que usted tiene del por qué se tardan tres meses de
la entrada en vigor de la Ley desde el momento de su publicación en el
Boletín Oficial del Estado, tiene una justificación. Es precisamente para
intentar corregir todos los desmanes que se han creado hasta el momento
por la falta de normativa, que en estos momentos estamos aprobando.
Terminando ya, señor Presidente, quiero reiterar que el Grupo
Parlamentario Popular se alegra de que finalmente una flota pesquera, la
más importante de la zona del Cantábrico y de la zona gallega del sector
pesquero de altura al fresco, la que realmente está suministrando gran
parte de nuestro pescado fresco, que al fin pueda, después de tantos
años, beneficiarse de una medida legislativa, y nosotros obviamente nos
alegramos de que en la medida de lo posible haya sido con el Gobierno que
este Grupo Político respalda.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
Terminado el debate, vamos a pasar a las votaciones.
Vamos a votar en primer lugar el voto particular número 1 del Grupo
Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos.
A la enmienda número 2, de este mismo Grupo, se ha presentado una
transaccional que me parece tienen en su poder los portavoces y que está
firmada por todos los grupos parlamentarios.
¿Se puede aprobar por asentimiento? (Pausa.)
Lo repito, Senador Aleu, ¿se puede votar por asentimiento? (Pausa.)
Así pues, queda aprobada por asentimiento.
Pasamos a votar la enmienda número 1 del Grupo Parlamentario de Senadores
Nacionalistas Vascos.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 226; a
favor, 225; en contra, uno.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada. (Fuertes rumores.)
Voto particular número 2, del Grupo Parlamentario Socialista,
correspondiente a la enmienda número 3.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 226; a
favor, 87; en contra, 138; abstenciones, una.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazado.
Pasamos a votar el artículo único... (El señor Aleu i Jornet pide la
palabra.)
Tiene la palabra el Senador Aleu.
El señor ALEU I JORNET: Solicitamos la votación separada de la
disposición final segunda.
El señor PRESIDENTE: Está bien.
Votamos, pues, el artículo único, las disposiciones finales, a excepción
de la segunda, y la exposición de motivos según el texto del dictamen.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 225; a
favor, 225.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobado por unanimidad. (Rumores.)
Votamos la Disposición Final Segunda.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 224; a
favor, 139; abstenciones, 85.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.
Tal como dispone el artículo 90 de la Constitución, se dará traslado de
las enmiendas aprobadas por el Senado al Congreso de los Diputados, para
que éste se pronuncie en forma previa a la sanción del texto definitivo
por Su Majestad el Rey.
--DE LA COMISION CONSTITUCIONAL EN RELACION CON LA PROPOSICION DE LEY
ORGANICA REGULADORA DE LA CLAUSULA
DE CONCIENCIA DE LOS PROFESIONALES DE LA INFORMACION. (S. 624/000005.)
(C. D. 122/000011.)
El señor PRESIDENTE: Pasamos a debatir el dictamen de la Comisión
Constitucional en relación con la proposición de ley orgánica reguladora
de la cláusula de conciencia de los profesionales de la información.
Para la presentación del dictamen, tiene la palabra su Presidente,
Senador Agramunt, por tiempo de diez minutos.
El señor AGRAMUNT FONT DE MORA: Muchas gracias, señor Presidente.
Señorías, por encomienda de la Comisión Constitucional en su sesión del
pasado 5 de junio, me cabe el honor de presentar ante el Pleno la
proposición de ley orgánica reguladora de la cláusula de conciencia de
los profesionales de la información.
La proposición de ley orgánica reguladora de la cláusula de conciencia de
los profesionales de la información que se tramita en estos momentos en
el Senado, viene a desarrollar el derecho a la cláusula de conciencia
como elemento incardinado en el derecho fundamental a comunicar o recibir
libremente información veraz por cualquier medio de difusión, previsto en
el artículo 20.1, apartado d) de la Constitución Española.
Se trata de una iniciativa reiteradamente presentada por diferentes
grupos parlamentarios que, por lo que se refiere a su tramitación actual,
trae su origen de la proposición de ley orgánica reguladora de la
cláusula de conciencia de los periodistas, reconocida en el artículo 20.1
d) de la Constitución Española, presentada por el Grupo Parlamentario
Federal de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, tomada en
consideración por el Congreso de los Diputados el 29 de octubre de 1996,
y cuyo contenido actual --el del texto de la proposición remitida por el
Congreso de los Diputados-- presenta diferencias con la proposición de
ley originaria, tanto en el ámbito subjetivo, esto es, en la definición
del titular del derecho, cuanto en el objetivo, contenido y efectos de la
cláusula de conciencia, debido a las modificaciones incorporadas en la
fase de Ponencia y Comisión Constitucional del Congreso de los Diputados.
El texto de la proposición remitido por el Congreso de los Diputados tuvo
entrada en el Senado el 8 de mayo de 1997, publicándose y remitiéndose a
la Comisión Constitucional, a la vez que se abría el plazo de enmiendas,
que concluyó el 21 de mayo de 1997.
A la proposición se han presentado cuatro enmiendas. La número 1, de la
Senadora De Boneta, de adición al artículo 1. La número 2, de los
Senadores Nieto y Román, de adición de un artículo 4, nuevo. Y las
números 3 y 4, del Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos,
de modificación del artículo 1, y de adición de un artículo 2, bis,
nuevo, respectivamente.
La Ponencia, compuesta por las señoras y señores Senadores Vindel López,
González Pons, Marín Rite, Selas Céspedes y Rigol i Roig, informó la
proposición el 27 de mayo de 1997, manteniendo el texto del Congreso de
los Diputados con una corrección técnica consistente en sustituir la
palabra «profesiones» por «profesionales» en el párrafo inicial del
apartado 1 del artículo 2.
La Comisión dictaminó la Proposición de Ley el 5 de junio pasado,
adoptando por unanimidad el texto del informe de la Ponencia, como
dictamen de la Comisión. Durante el debate en Comisión se retiraron las
enmiendas número 1 y 3 y resultó evidente el consenso en torno a esta
Proposición de Ley Orgánica, que supone un avance más en las garantías
del derecho a la información como elemento nuclear en un Estado
Democrático que, por lo que se refiere al tema que nos ocupa, tiende a
garantizar la cláusula de conciencia de los profesionales de la
información.
Nada más y muchas gracias, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, Senador Agramunt.
¿Turno a favor? (Pausa.)
¿Turno en contra? (Pausa.) Turno de portavoces.
Por el Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra el Senador Nieto
Cicuéndez.
El señor NIETO CICUENDEZ: Muchas gracias, señor Presidente.
Hay una enmienda, la única que quedó viva en Comisión, que es la que voy
a defender en este momento.
El señor PRESIDENTE: Senador Nieto, estamos en turno a favor o en contra
del debate de totalidad; no hemos entrado todavía a debatir las
enmiendas.
El señor NIETO CICUENDEZ: Yo había entendido que no intervenía nadie, ni
en turno a favor ni en contra.
El señor PRESIDENTE: Voy a preguntar primero.
¿Grupo Parlamentario Mixto?
Tiene la palabra la Senadora De Boneta.
La señora DE BONETA Y PIEDRA: Señor Presidente, quizá no nos hemos dado
cuenta y hemos alterado el orden.
El Senador Nieto quería defender su enmienda y yo iba a intervenir en el
turno de portavoces. Haremos lo que usted desee. Nos da igual.
El señor PRESIDENTE: No es un problema de deseo, sino de ordenación del
debate. En este momento estamos en el debate de totalidad, con turnos a
favor y en contra y después pasaremos a las enmiendas. Son dos turnos
totalmente distintos.
Insisto, ¿quiere intervenir alguien por el Grupo Parlamentario Mixto?
Tiene la palabra la Senadora De Boneta y Piedra.
La señora DE BONETA Y PIEDRA: Señor Presidente, en nombre del Grupo
Parlamentario Mixto, voy a pronunciarme
sobre la Ley. Creíamos que primero se iba a debatir la enmienda, pero no
importa.
Desde el punto de vista del Grupo Parlamentario Mixto, hay que celebrar
el consenso con que esta Ley ha salido porque la estimábamos muy
necesaria. El artículo 20.1,d) de la Constitución no había sido
desarrollado. Parece muy oportuna la iniciativa que en su día llevó al
Congreso de los Diputados el Grupo de Izquierda Unida-Iniciativa per
Catalunya y, en todo caso, quería manifestar que, tal y como ha señalado
el señor Presidente de la Comisión, habían quedado algunas enmiendas que
algunos grupos considerábamos que daban la verdadera proyección de ese
artículo de la Constitución. Pensábamos que la cláusula de conciencia
estaba directamente relacionada también con los derechos de los
ciudadanos a la recepción de información veraz, tal y como establece el
artículo 20.
No obstante, retiramos esas enmiendas y celebramos el consenso y la
oportunidad con que esta Ley se ha cerrado, sin perjuicio de la
existencia de una enmienda del Grupo Parlamentario Mixto, que será
defendida por el Senador Nieto y que, desde el punto de vista de esta
portavoz debería de ser considerada, toda vez que en este caso --él
explicará la razón-- lo que abunda no daña.
Nada más y muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, Senadora De Boneta.
¿Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos? (Pausa.)
¿Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió?
(Pausa.)
Tiene la palabra el Senador Rigol.
El señor RIGOL I ROIG: Muchas gracias, señor Presidente,
Esta es una Ley en la que hay un consenso prácticamente total y absoluto
y, por tanto, mi intervención será para dar el sentido que nosotros damos
a esta Ley.
Yo me acuerdo que en los años setenta no estaba muy de moda leer a Arnold
Toynbee; se le consideraba un señor un poco «dèmodè». Yo en aquella
ocasión me leí los 12 tomos de su gran obra y en uno de ellos recuerdo
que decía que más o menos en la primera mitad del siglo pasado los
ingleses hicieron un gran esfuerzo a través de una ley --una ley que me
parece que se llamaba la Ley Roberts, aunque me puedo equivocar en este
sentido--, que consistía en extender la educación general a toda la
población. Y Toynbee hace la consideración siguiente: después de 20 años
de estar en vigor esta ley, cuando todo el mundo ya había aprendido a
leer y escribir, empezaron los negocios de la prensa amarilla. Es decir,
la sociedad hace un gran esfuerzo para extender la educación y vienen
unos señores y explotan eso en el sentido más fácil y en vez de ayudar a
que la gente acceda a la cultura, ponen sus conocimientos en la línea del
consumo.
Nosotros vivimos en una situación muy parecida. Hay gente que hace
negocio de la capacidad que tienen las personas, de su curiosidad humana,
de su curiosidad científica, de su curiosidad técnica. Por lo tanto,
estamos viviendo en un entramado de intereses económicos y especulativos
tremendos en este sentido. Ustedes verán cómo en el debate que tendremos
la próxima semana nos pelearemos todos por una ley, la del fútbol, que no
sabemos hasta qué punto tiene una dimensión política y hasta qué punto
una dimensión de intereses económicos. Ninguno de nosotros sabe
exactamente la frontera de una cosa y de otra, lo cual quiere decir que
estamos inmersos en una gran complejidad de organizaciones especulativas
sobre el mundo informativo.
Pues bien, esta ley significa que aunque exista eso con este enorme peso
y fuerza ante la sociedad actual, todavía es posible confiar que la
persona, que el hombre, puede tener una actitud creativa frente a ello.
Estamos diciendo que los periodistas, ante este entramado de intereses
económicos y políticos muy interesados, pueden responder con una cláusula
de conciencia, y la sociedad les avala. Estamos diciendo eso en estos
momentos. Y al decir eso, queremos decir que no hay un determinismo total
y absoluto sobre el contenido de las fuerzas del dinero, de las fuerzas
de la economía o de las fuerzas de los intereses creados, porque las
personas todavía somos capaces de responder, de tener un pequeño espacio,
si ustedes quieren, de tolerancia, donde es posible reaccionar como
persona.
Por lo tanto, creo que es una ley que da esta posibilidad de reacción,
donde el hombre se mide por aquello que tiene de más sublime, de más
sagrado, que es su propia conciencia. Y aquí quiero recordar que este
espacio de conciencia, tal como Kant lo define en su núcleo más básico y
fundamental, es el de decir: trata a la persona siempre como un fin y
nunca como un medio.
Pues bien, todos estos señores que intentan ganar miles de millones de
pesetas con sus intereses económicos; todos estos señores que en estos
momentos se están peleando o se está poniendo de acuerdo --yo no lo sé--
sobre los aspectos de la televisión, que discutiremos la próxima semana,
deben saber que, al final, el que mueve el sentido de la información es
la responsabilidad profesional de un periodista y que esta
responsabilidad profesional de un periodista tiene un espacio, que es un
espacio sagrado, y es su propia conciencia. Eso es lo que hoy venimos a
refrendar nosotros en esta ley.
Por consiguiente, mi Grupo no puede estar más que al lado de lo que
significa esta proposición, porque en el fondo estamos diciendo que el
trabajo profesional de estas personas no es simplemente su seguridad
laboral, su contraprestación económica, sino que ser profesional en este
mundo quiere decir proyectar tu propia visión, tu visión humana, frente a
los demás y esta autenticidad mínima de diálogo, tan mediatizada como
queramos a través de las propias organizaciones de los medios de
comunicación social, tiene su vigencia.
Es por ello por lo que nosotros respaldamos el contenido de esta ley y
nos alegramos del consenso absoluto que tiene en esta Cámara.
Muchas gracias, señor Presidente. (Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, Senador Rigol.
Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el Senador Marín
Rite.
El señor MARIN RITE: Muchas gracias, señor Presidente.
Señorías, después de un largo periplo parlamentario damos hoy
cumplimiento al mandato constitucional, contenido en el artículo 20 d) de
la Constitución, en el que se reconoce y protege el derecho a comunicar o
recibir libremente información veraz, y se ordena la regulación del
derecho a la cláusula de conciencia.
Señorías, como ha hecho referencia el Presidente de la Comisión, la
tardanza en la regulación no se ha debido --por lo menos así lo
entiendo-- a desinterés por parte de los grupos, porque en varias
ocasiones diversos grupos parlamentarios han intentado tramitar
iniciativas en este sentido. El CDS ya lo hizo en su tiempo, el Grupo
Parlamentario Vasco también en el sentido del secreto profesional, e
Izquierda Unida no solamente presentó la que hoy examinamos, sino también
varias iniciativas con anterioridad.
Por otra parte, ha quedado en las Cámaras un importante esfuerzo de
documentación, de información, a través de una serie de comparecencias
muy numerosas, muy valiosas que han dejado ahí un importante legado de
información sobre la materia. Y hoy nos encontramos, señorías, con una
ley que viene a la Cámara --afortunadamente diría yo-- con un altísimo
grado de consenso. Sólo mantiene viva en estos momentos una enmienda, la
número 2, firmado por los Senadores Nieto Cicuéndez y Román Clemente, que
nosotros vamos a apoyar, porque entendemos que el reconocimiento al
profesional de la información, el reconocimiento del derecho a que la
información que produce no sea alterada sustancialmente, a no ser que eso
se haga con su consentimiento, es una forma de completar la ley.
Creemos que la ley con esta afirmación queda más completa. Es cierto que
este derecho puede estar protegido en otras normas relativas a la
propiedad intelectual, pero no es menos cierto que, por una parte, ésta
es una ley orgánica y la protección que otorga es la propia de una ley
orgánica y, por otra, creemos sinceramente que la ley queda más completa
con esta regulación.
Señorías, hoy día en realidad se duda por algunos si una ley como ésta es
realmente necesaria. El Senador Rigol ha expuesto muy bien la necesidad
de la ley; pero hay personas que piensan, no sin fundamento, que una ley
como ésta podía no ser necesaria porque los efectos que persigue pueden
obtenerse por otros medios; por ejemplo, a través de la legislación
laboral, la figura del despido indirecto permite a los trabajadores pedir
la rescisión de su propio contrato con derecho a indemnización; los
convenios colectivos; los idearios o declaraciones de los propios medios
de comunicación que están proliferando, afortunadamente, en los últimos
años; las resoluciones y los códigos internacionales, que son verdaderos
códigos deontológicos de la profesión periodística. Ahí está el Código de
la Federación Internacional de Periodistas, el de la Unesco, el del
Consejo de Europa, el propio de los periodistas catalanes, y el de la
Federación de Asociaciones de la Prensa de España.
No obstante, estos argumentos --nada desdeñables, desde luego--, nuestro
Grupo considera necesaria y positiva la regulación de este derecho por
ley orgánica, y lo consideramos positivo porque significa, señorías, una
apuesta determinada por ese derecho que es esencial en el funcionamiento
democrático; el derecho a dar y recibir información libremente y una
información veraz es un derecho sin el cual no puede existir el Estado de
libertades, no puede existir la democracia. Por eso nosotros entendemos
que las Cámaras hacen bien, a pesar de la posibilidad de cumplir sus
fines por otros medios, porque eso significa una apuesta determinada, eso
significa la expresión del interés de las Cámaras de regular este derecho
de esta forma.
Creo que el Senador Rigol ha hecho una aportación importante cuando, en
definitiva --he creído entenderlo así--, hacía referencia en su discurso
a los límites del derecho; es decir, la reflexión que nosotros hacemos
hoy aquí sobre la cláusula de conciencia no estaría completa del todo si
no hiciéramos referencia al límite del derecho.
Este es un derecho muy importante, que crea patrimonio, destruye
patrimonio, crea honor y destruye honor. Por lo tanto, es un derecho en
el que los límites son muy importantes; lo son en todos los derechos,
pero en éste de una manera muy especial. Por lo tanto, cuando hablamos
del derecho de información, la referencia que hacemos hoy a la
responsabilidad es una referencia importante.
Quisiera usar los textos de una ilustre ex Senadora, Victoria Camps, que
en un trabajo sobre la Etica en el Periodismo, decía: Hoy, debido a esto
--debido a los vicios que el Senador Rigol ha expuesto muy bien-- se está
produciendo una cierta demanda de ética en los medios de comunicación,
una cierta demanda de responsabilidad. Es cierto que los medios de
comunicación, al convertirse en verdaderas industrias, están sometidos a
la necesidad de la rentabilidad. Incluso suele decirse que se anula la
función de servicio público de los medios por el imperativo de esa
rentabilidad porque, en definitiva, la conquista de la audiencia lo
justifica todo. Decía la profesora Camps que muchos receptores de la
información consideran hoy que la ecuación audiencia igual a bondad ya no
es una ecuación correcta, porque parece evidente que, a través de
técnicas publicitarias, hoy es perfectamente posible hacernos consumir
productos malos. Por eso, la demanda de responsabilidad es indispensable.
En definitiva, afirmar los límites de la libertad es una manera de
profundizar la propia libertad. Por eso los filósofos liberales fueron
los más ardorosos defensores de los límites de la libertad. Uno es libre
de hacer lo que quiera siempre que no use la libertad para hacer daño a
otros. La libertad debe utilizarse positivamente. Esto lo decía Stuart
Mill. Popper criticaba la capacidad deformante de la televisión y
afirmaba: No está permitido ser libres a costa de la libertad de los
demás. No son la religión ni las ideologías, ni siquiera las costumbres,
los garantes de la ética, sino la razón, decía Victoria Camps.
En el sentido global de la necesidad de este derecho, afirmado en ley
orgánica, afirmado constitucionalmente y,
al mismo tiempo, desde la perspectiva clara de los límites del derecho,
de la necesidad de responsabilidad, es desde la posición desde la que el
Grupo Parlamentario Socialista manifiesta hoy su apoyo al texto que
tenemos delante.
Muchas gracias, señorías. (Aplausos en los escaños del Grupo
Parlamentario Socialista.)
El señor PRESIDENTE: Gracias, Senador Marín Rite.
Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el Senador González
Pons.
El señor GONZALEZ PONS: Muchas gracias, señor Presidente.
Señorías, permítanme que empiece mi intervención felicitando a los
oradores que me han precedido en el uso de la palabra por el tono y la
altura de las intervenciones que han realizado. En ese sentido,
particularmente debo animar al Senador Rigol a continuar en la misma
línea de reflexión y actuación política, para que en esta línea de
defensa del humanismo no le suponga una depresión y una tristeza extrema
el hecho de que hoy, que discutimos algo relacionado con la defensa del
ser humano en relación con los medios de comunicación, la tribuna de
prensa se encuentre vacía y, la semana que viene, cuando hablemos del
proyecto de ley del fútbol, seguramente estará a rebosar.
En segundo lugar, permítanme que quiera poner algo de entusiasmo en el
momento en el que aprobamos esta Ley Orgánica de cláusula de conciencia
de los periodistas, ahora que la vamos a aprobar definitivamente. Digo
algo de entusiasmo porque vamos a terminar con una tramitación que ha
sido larga y confusa, y porque el texto que llega a nuestras manos,
después de años y legislaturas de dudas e indecisiones, tiene la virtud
de conciliar todos los puntos de vista sin menoscabo del coherente encaje
de este derecho en nuestro ordenamiento constitucional.
Finalmente, señorías, algo de entusiasmo, porque siempre es bueno que el
legislador concrete las previsiones contenidas en la letra de nuestra
Constitución, y es mejor aún si lo hace con la unanimidad que
previsiblemente se va a producir a continuación.
En 1994, en el Congreso de los Diputados, el señor Mohedano Fuertes
llamaba «especie de Godot constitucional» a esta Proposición de Ley
porque, en su opinión, todo el mundo la esperaba pero nadie sabía con
exactitud de qué se trataba. Lo cierto es que desde 1986 se habían
sucedido variadas y distintas iniciativas sin ningún tipo de resultado
concreto, que la sensación dominante era que nadie era capaz de encajar
las expectativas sociales generadas con las posibilidades normativas
existentes y que los trabajos parlamentarios sobre la materia habían
conducido invariablemente a una constante decepción.
Por eso, señorías, el entusiasmo con el que quiero abrir esta
intervención; por eso, señorías, la satisfacción del Grupo Parlamentario
Popular al contemplar cómo las Cámaras han sabido despedir a Godot y
cerrar el teatro, cómo han sabido resolver de forma satisfactoria un
asunto que estaba adquiriendo el tono melancólico de las presencias
tradicionales.
En todo caso, señorías, hay que señalar que, después de un largo proceso,
el texto que hoy se presenta es, en nuestra opinión, el mejor de los
posibles. Para llegar a su redacción actual ha habido que superar no
pocas dificultades y, desde luego, no ha sido fácil conseguir el absoluto
consenso del que ahora goza la iniciativa. Sólo por eso esta ley ya es
una buena ley, porque la ley de todos es siempre mejor que la ley de
nadie. Pero es que, además, esta Proposición de Ley, tal y como la vamos
a aprobar, nos va a permitir, por un lado, dar cauce a la previsión
contenida en el artículo 20.1 de la Constitución de 1978 y, por otro, y
con no menos importancia, sentar un saludable precedente en la
legislación comparada.
Los españoles fuimos los primeros que relacionamos en una Constitución el
derecho a la cláusula de conciencia de los informadores con el ejercicio
del derecho fundamental a comunicar y recibir libremente información
veraz a través de cualquier medio de difusión, y ahora también seremos
los primeros en legalizarla en el ámbito material del Derecho
constitucional, en desarrollarla con forma de ley orgánica. Para un
pueblo que en los últimos 20 años se ha mirado en el ejemplo trazado por
las democracias más veteranas siempre debe ser un motivo de satisfacción
tener la capacidad de inaugurar referentes, como ahora hacemos en la
consolidación de las libertades públicas.
Se ha dicho --lo recordaba el Senador Marín Rite--, y no sin argumentos,
que esta ley era innecesaria porque, fuera cual fuera su alcance, siempre
acabaría limitando en algo el ámbito genérico de la aplicación del propio
texto constitucional. Se ha dicho también, y no sin argumentos, que esta
ley podía obviarse porque podía subsumirse bajo las previsiones
contenidas por la legislación laboral, por los convenios colectivos y por
los estatutos de redacción de los medios de comunicación. Se ha dicho, y
no sin argumentos, que esta ley será imposible de aplicar, bien porque
ningún periodista se va a acoger a una cláusula de conciencia que le
obliga a perder su puesto de trabajo, bien porque todos los periodistas
descontentos se acogerán a los beneficios de la cláusula simplemente para
cambiar de empresa. En nuestra opinión, señorías, no podemos aceptar
ninguno de los tres argumentos; no podemos aceptar, señorías, que un
derecho se pueda ver limitado sólo porque se regule su ejercicio. Aceptar
esto sería aceptar el absurdo de que la regulación del ejercicio de
cualquier derecho conlleva siempre una limitación del propio derecho,
porque si el argumento valiera para ese caso, tendría necesariamente que
valer para cualquier otro.
En nuestra opinión, señorías, no debemos consentir que una garantía de
defensa de la conciencia de las personas pueda quedar, siquiera
mínimamente, a merced de ningún instrumento de negociación individual o
colectiva. En nuestra opinión, señorías, la posible utilización impropia
del sentido de la ley no tiene que impedirnos adoptarla para los casos en
los que ésta sea necesaria.
En definitiva, señorías, en nuestra opinión, cuanto se ha dicho en contra
de esta ley no debemos tomarlo ni como oposición al contenido de la ley
ni como oposición a su oportunidad, que generalmente se comparte, sino
más bien debemos comprenderlo como respuesta desalentada a la
complejidad de la materia que estamos analizando. Debemos tomarlo como
una renuncia anticipada. Tal vez, el escaso eco que la ley ha tenido en
los medios de comunicación, precisamente sea consecuencia de este
desaliento que puede producir su aparente complejidad. Ahora bien, con
todo y con eso, estamos convencidos de que a la larga terminará siendo
patente para todos la naturaleza decisiva del paso que las Cortes
Generales van a dar.
Señorías, se equivocaría quien pensara que simplemente procedemos a
ordenar un derecho laboral de un colectivo profesional en concreto,
aunque esta impresión pudiera derivarse de la lectura del artículo
segundo de la Proposición de Ley Orgánica. Es verdad que ese artículo
segundo regula los supuestos de rescisión contractual de los periodistas
con sus empresas y que se corresponde con la configuración histórica del
Derecho. No obstante, debemos ser conscientes de que la ley que hoy
votamos va mucho más allá en su artículo tercero. Va mucho más allá
cuando establece que los informadores podrán negarse a participar en la
elaboración de informaciones contrarias a los principios éticos de la
comunicación. Esta es una auténtica novedad.
Respecto a ella, merece destacarse, en primer lugar, el acierto que
supone el establecer un límite jurídico en los principios de la ética de
la comunicación. Con ello, se afianza la conexión del derecho de objeción
de conciencia con el principio de veracidad que la Constitución predica
del derecho fundamental a la libertad de información. En segundo lugar,
es preciso poner de manifiesto también que este límite afianza las
garantías de la misma, de la propia libertad de información, y para todos
los ciudadanos porque, si lo pensamos bien, si lo pensamos detenidamente,
el periodista que se acoja a la rescisión de contrato del artículo
segundo salvará su dignidad personal, pero, al mismo tiempo e
inmediatamente, dejará de informar, se quedará sin medio de comunicación
al que servir y, al menos, hasta que encuentre una nueva empresa, habrá
sido perdido como informador de la colectividad. Sin embargo, el
periodista que, en función de este artículo tercero, se niegue a
participar en la elaboración de una información contraria a los
principios de la ética periodística no perderá con ello la posibilidad de
seguir dando información veraz en ese mismo medio de comunicación, en ese
mismo periódico, televisión o medio de radio.
Como se ve, existe una diferencia sustancial entre rescindir un contrato
laboral por un cambio de línea informativa o ideológica en la empresa y
renunciar a participar en la elaboración de informaciones contrarias a
los principios de la ética de la comunicación. En el primer caso,
resolvemos el conflicto provocado por la discrepancia entre la ideología
del periodista y la de su empresa. En el segundo caso --como decíamos--
vamos más allá y resolvemos la contradicción posible entre la elaboración
de una noticia y la exigencia de veracidad implícita en el derecho
fundamental a la información. El primer supuesto interesa principalmente
a los profesionales del periodismo. El segundo supuesto nos interesa a
todos.
Termino, señor Presidente, diciendo que respecto de la importancia de
esta Proposición de Ley Orgánica no debe confundirnos tampoco el hecho de
que las empresas de comunicación haya cedido gran parte de su carga
ideológica a favor de audiencias cada vez mayores y cada vez más
estables.
Es cierto que los medios de comunicación actuales ya no son tan parciales
como los de principios de siglo, que se encuentran fuertemente
profesionalizados y que, en algún sentido, la necesidad de preservar la
identidad ideológica de los periodistas se ha relativizado mucho. Sin
embargo, no es menos cierto --y ha sido apuntado-- que ahora vivimos un
proceso de sacralización del valor político de la información, que lo que
no se informa desaparece del mundo real y que las nuevas tecnologías de
comunicación están posibilitando que la información se convierta en un
instrumento vital para el desarrollo normal de la vida de cualquier ser
humano.
No puede negarse, señorías, que la administración de la información es,
cada día más, la administración del poder. Dicho en otras palabras, que
quien administra la información cada día administra más poder. Las redes
informáticas, los satélites y los medios clásicos de comunicación
disponen cada día de más instrumentos para cumplir su función social,
pero, ojo, si fuera el caso, también para incumplirla o, lo que es más
peligroso, también para incumplirla sin que se note. Tengan por seguro
que en el futuro el desarrollo de la tecnología de las comunicaciones va
a plantearnos problemas relacionados con los derechos fundamentales que
hasta la fecha ni siquiera hemos sido capaces de imaginar. Por eso,
tengan por seguro que es un gran avance el fortalecimiento de los límites
éticos frente a cualquier poder, y en este momento es un avance el
fortalecimiento de los límites éticos frente a un poder tremendo y que se
encuentra en fase emergente.
Señorías, termino. Esta es una buena ley, una ley necesaria y con la que
ganan las libertades. Si alguien, alguna vez, la calificó de Godot
constitucional, haremos bien entre todos hoy quitándole el sambenito y
dejando de esperar aquello que nosotros mismos somos capaces de hacer.
Muchas gracias. (Aplausos desde los escaños del Grupo Parlamentario
Popular.)
El señor PRESIDENTE: Gracias, Senador González Pons.
El Senador Nieto Cicuéndez tiene la palabra para la defensa de su
enmienda.
El señor NIETO CICUENDEZ: Gracias, señor Presidente.
Subo al atril no para discrepar del consenso de la ley, sino para decir
que comparto lo que se ha dicho aquí respecto a que es una ley necesaria,
buena, y, por tanto, independientemente de que la enmienda prospere o no,
vamos a votar la ley favorablemente.
Además, creo que a nadie se le escapa que en esta ley Izquierda
Unida-Iniciativa per Catalunya ha puesto gran parte, aunque no la
totalidad, porque al final será la ley de las Cortes Generales y será una
ley positiva.
Por tanto, hago mías las palabras del Senador Rigol, del Senador Marín
Rite, del Senador González Pons, de los
Senadores, en definitiva, que me han precedido en el uso de la palabra y
que yo creo que han hecho una defensa importante de la ley, situando algo
tan importante como la ética en los valore de esta sociedad, que no es
poco.
El único objetivo de nuestra enmienda es que en la ley quede más
precisado el derecho a la información, a la cláusula de conciencia,
recogido en una ley orgánica como es la que estamos debatiendo. Porque es
verdad --y se ha dicho en esta tribuna-- que en lo que se refiere tanto
al Estatuto de los Trabajadores como a la Ley de Propiedad Intelectual
podía entenderse que estos derechos están salvaguardados, pero, como ha
dicho el Senador Marín Rite mejor de lo que yo pueda decirlo, la enmienda
que presentamos perfeccionaría, a nuestro juicio, la ley y dejaría menos
resquicio a cualquier interpretación que pudiera hacerse posteriormente a
través de posibles reformas de distintas leyes que no sean orgánicas.
Por lo tanto, ése era el objetivo, independientemente de que se votara
esta enmienda: que quedara constancia de la importancia de ser recogido
en una ley orgánica el derecho a la información y a la cláusula de
conciencia.
Como he dicho al principio, votaremos favorablemente esta ley porque es y
debe ser una ley de todos, con independencia del resultado que obtenga la
enmienda.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, Senador Nieto Cicuéndez.
Para turno en contra, tiene la palabra el Senador González Pons.
El señor GONZALEZ PONS: Muchas gracias, señor Presidente.
Señorías, al iniciar este turno en contra de la enmienda quiero reconocer
que gran parte del mérito de que esta ley se encuentre hoy en esta Cámara
corresponde precisamente al Grupo Parlamentario de Izquierda
Unida-Iniciativa per Catalunya, que ha perseverado a lo largo de las
legislaturas en su presentación y en su defensa.
No vamos a poder apoyar la enmienda que presenta y defiende el Senador
Nieto por razones puramente técnicas. Entendemos que el derecho que
pretende introducir en la ley orgánica está relacionado con el derecho de
propiedad intelectual y no con la cláusula de conciencia, y que, por lo
tanto, debe permanecer donde en este momento ya se encuentra regulado, es
decir, junto a los problemas de propiedad intelectual y no en una ley
orgánica de objeción de conciencia de los periodistas.
Creemos que con esto no se menoscaba ninguna de las garantías
jurisdiccionales de protección de ese derecho, puesto que, como su
señoría sabe, si tuviera alguna naturaleza fundamental el derecho a su
defensa, la Constitución es directamente aplicable.
Por otro lado, si nuestra tesis es cierta y el derecho que su Grupo
pretende introducir en la ley no constituye parte esencial, parte
fundamental, parte constitutiva, valga la redundancia, del derecho propio
de objeción de conciencia, haríamos mal en petrificarlo en el armazón de
una ley orgánica.
Por eso, sólo razones técnicas, en este momento, nos separan de la
intención de fondo del Senador Nieto y de su Grupo Parlamentario.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, Senador González Pons.
Turno de portavoces.
¿Grupo Parlamentario Mixto? (Pausa.)
¿Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos? (Pausa.)
¿Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergéncia i Unió?
(Pausa.)
¿Grupo Parlamentario Socialista? (Pausa.)
¿Grupo Parlamentario Popular? (Pausa.)
Terminado el debate, vamos a llamar a votación.
Teniendo en cuenta el tenor de las intervenciones, yo propondría a sus
señorías si, una vez votada la enmienda, podemos votar la ley por
asentimiento. (Pausa.)
Pasamos a votar el voto particular de los señores Nieto Cicuéndez y Román
Clemente, que corresponde a la única enmienda de este proyecto, que es la
número 2.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 220; a
favor, 89; en contra, 128; abstenciones, tres.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Antes de pedir la votación por asentimiento, que antes anunciaba, quiero
explicar que la Ponencia detectó un error en el texto. Figuraba la
palabra «profesiones», cuando correspondía la de «profesionales». Quiero
que sepan que se ha hecho la corrección pertinente y que donde ponía
«profesiones» ya figura la palabra «profesionales».
¿Se puede aprobar por asentimiento? (Pausa.)
Queda aprobada por asentimiento.
Queda definitivamente aprobada por las Cortes Generales la Proposición de
Ley Orgánica reguladora de la cláusula de conciencia de los profesionales
de la información.
MOCIONES CONSECUENCIA DE INTERPELACION.
--DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, POR LA QUE SE INSTA AL GOBIERNO
PARA QUE, EN EL PLAZO MAXIMO DE QUINCE DIAS, PROPONGA EN EL PARLAMENTO Y
EN EL CONSEJO INTERTERRITORIAL DE SALUD EL NUEVO MODELO DE FINANCIACION
SANITARIA PARA EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE 1998 Y 2001, QUE SIRVA DE
BASE PARA LA NEGOCIACION CON TODAS LAS COMUNIDADES AUTONOMAS
(671/000022).
El señor PRESIDENTE: Punto quinto del orden del día: Mociones
consecuencia de interpelación.
Moción del Grupo Parlamentario Socialista, por la que se insta al
Gobierno para que, en el plazo máximo de
quince días, proponga en el Parlamento y en el Consejo Interterritorial
de Salud el nuevo modelo de financiación sanitaria para el período
comprendido entre 1998 y 2001, que sirva de base para la negociación con
todas las Comunidades Autónomas.
Para turno a favor, tiene la palabra el señor Zamorano por tiempo de
cinco minutos.
El señor ZAMORANO VAZQUEZ: Muchas gracias, señor Presidente.
Señoría, el día 21 de mayo presenté una interpelación al Gobierno para
que expusiera los criterios que tenía el Ministerio de Sanidad y Consumo
cara al nuevo modelo de financiación de la sanidad pública. La
fundamentación de esa interpelación estaba en que el actual modelo
finaliza el día 31 de diciembre, y antes de esa fecha tendría que estar
aprobado el nuevo modelo, que abarcaría hasta el año 2001.
En el desarrollo de esa interpelación el señor Ministro no contestó a
ninguna de las cuestiones que le fueron planteadas. Ayer, en una pregunta
parecida que se le formuló en el Pleno entramos en una controversia sobre
si había contestado o no a las preguntas. El insistía en que sí, y al
final quedamos en remitirnos al «Diario de Sesiones» para ver qué nivel
de contestación se había dado a las cuestiones que le habían sido
planteadas.
Quiero recordarle a su señoría que el Ministro no contestó a la cuestión
sobre cuál iba a ser la base de reparto del nuevo modelo; no contestó a
la cuestión sobre cuál iba a ser el crecimiento anual del nuevo modelo,
si iba a ser el crecimiento real de la economía, si iba a ser, como hasta
ahora, el producto interior bruto nominal, si iba a ser el producto
interior bruto nominal más un porcentaje. El Ministro no respondió a las
diversas cuestiones que se le plantearon sobre cómo iba a ser el fondo de
distribución territorial; no contestó sobre el criterio de población que
acogería el nuevo modelo, si iba a ser población total o población
protegida; no contestó en cuanto al censo o a los posibles incrementos
anuales de esos censos; no contestó a las cuestiones que le fueron
planteadas sobre los factores de corrección al sistema de capitación que
se planteaban, ni a los coeficientes de corrección a esos factores, ni
siquiera contestó a si se preveía o no un plan de saneamiento con la
aprobación del nuevo modelo.
Todas estas cuestiones quedaron plasmadas en el «Diario de Sesiones» y
queda igualmente reflejado que no fueron contestadas por el Ministro,
como se desprende también de las aclaraciones que en el mismo sentido le
realizaron los distintos Grupos de la Cámara. Incluso el propio Ministro
dijo que tenía tiempo y que, en su momento, ya lo plantearía en esta
Cámara. (El señor Vicepresidente, Aguilar Belda, ocupa la Presidencia.)
Pero la sorpresa que nos llevamos --no sólo mi Grupo, sino yo creo que
los demás Grupos, y recuerdo que en el comedor el Senador Cardona y yo
nos enteramos casi a la vez de la noticia-- es que en el parte o en el
Nodo con colorines, que ahora dan a las quince horas en Televisión
Española, se anunciaba que se había llegado a un acuerdo para la
financiación de la sanidad. Eso no correspondía --probablemente al final
ni siquiera con la realidad-- con lo que habíamos estado debatiendo y
viviendo en esta Cámara.
Desde luego, resulta lamentable, cuando mínimo, que el señor Ministro
estuviese reunido negociando un modelo; saliera de esa reunión para venir
a esta Cámara a no contestar a ninguna pregunta; volviese a esa reunión
y, luego, dijeran en Televisión que habían llegado a unos acuerdos. En
definitiva, esto viene a significar que ocultó en esta Cámara cuáles eran
los criterios que tenía el Gobierno para la financiación de la sanidad,
porque en ninguna cabeza cabe que una persona vaya a negociar, que un
Grupo vaya a negociar y no sepa qué es lo que quiere negociar; que vaya a
negociar sin saber qué es lo que quiere y adónde puede llegar.
Si este hecho de la negociación se produjo, haya o no acuerdo al final,
es porque se tiene un planteamiento básico sobre el que se quiere
negociar. Lo que se le preguntó al señor Ministro en esta Cámara era que
lo expusiera porque entendemos que la financiación de la sanidad pública
es algo que afecta a todos los Grupos de esta Cámara, que debe de
obtenerse con el mayor consenso posible y no puede ser un mecanismo de
trueque o de negociación bilateral entre uno y otro Grupo.
Pero es que hay más: dos días antes del debate, el Consejo
Interterritorial de Salud, en el cual están los Consejeros de Salud de
todas las Comunidades Autónomas, le pidió al Ministro que hiciera público
el modelo. El Ministro dos días después lo desoyó, porque ni se lo dio a
ellos, ni lo dio en esta Cámara y, sin embargo, lo negocia también
bilateralmente. Entendemos que la sanidad afecta a todo el conjunto de
España, a todas las Comunidades Autónomas, tengan o no transferida en
este momento la sanidad, porque se plantea como objetivo del Ministerio
la transferencia de la sanidad en el horizonte del año 2000, y este
modelo tiene que tener vigencia hasta el año 2001. Por eso es un modelo
que debe de ser consensuado con todos los grupos políticos y con todas
las Comunidades Autónomas.
No le pedíamos al Ministro que nos diera un modelo cerrado, un bloque ya
fijado, sino unos criterios, unos planteamientos básicos que pudieran
servir de base de la negociación, entre todos los Grupos con todas las
Comunidades Autónomas.
Es por ello, señorías, por lo que se presenta ahora esta moción como
consecuencia de esa interpelación que sólo pretende los siguientes
grandes objetivos. Pretende que el modelo se presente al Parlamento donde
reside la soberanía popular para que pueda conocerlo antes de que sea
discutido. Pretende que se presente en el Consejo Interterritorial de
Salud para que puedan conocerlo todas las Comunidades Autónomas y pueda
ser negociado con todas ellas antes de que sea negociado bilateralmente.
Y podría discutirse el plazo. Efectivamente, un plazo de quince días es
corto si se tiene que iniciar un proceso, pero el Gobierno tiene ya su
modelo y no va a ser tan irresponsable como para haberse puesto a
negociar sin saber qué es lo que quiere. Por consiguiente, repito que el
Gobierno tiene un modelo con el que ya está negociando, y hoy mismo
podemos ver en la prensa y a través de los diversos
medios de comunicación que ese modelo está a punto de cerrarse aunque no
sabemos cuándo nos enteraremos de qué es lo que se cerrará.
Hemos tenido indicios de que ha podido haber otra serie de reuniones a lo
largo de la semana pasada. Pues si existen esas reuniones es porque se
está negociando en base a algo. Y lo único que nosotros pedimos es que,
por respeto a esta Cámara, ese «algo» vuelva de nuevo a esta Cámara donde
se negó, que por respeto a las Comunidades Autónomas ese «algo» se les dé
a todas las Comunidades Autónomas, y que, por respeto a la sanidad
española, ese «algo» sea público y consensuado entre todos.
Muchas gracias. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario
Socialista.)
El señor VICEPRESIDENTE (Aguilar Belda): Gracias, Senador Zamorano.
En turno en contra tiene la palabra el Senador Martín Iglesias.
El señor MARTIN IGLESIAS: Gracias, señor Presidente.
Señoras y señores Senadores, en primer lugar me gustaría decirle al
representante del Grupo Parlamentario Socialista que, efectivamente, con
el fin de paliar y solucionar los problemas que tiene planteados el
sistema sanitario público, se ha creado una Subcomisión parlamentaria a
instancias de una proposición no de ley presentada por el Grupo
Parlamentario Popular que fue apoyada por la mayoría de los grupos
parlamentarios presentes en aquel momento.
Creo que conviene señalar que esta Subcomisión viene ya funcionando y
que, efectivamente, el Grupo Parlamentario Socialista, en un momento
determinado, ha acordado abandonar la misma. No obstante, dado que la
finalidad de esta Subcomisión se centra precisamente en escuchar, en
colaborar, en intentar resolver la problemática que tiene planteada la
sanidad concretamente en materia financiera, el día 22 de abril pasado el
señor Ministro de Sanidad compareció ente esa Subcomisión concretamente
para exponer los criterios del Gobierno y, naturalmente, habló allí de
las fórmulas de financiación que, según dijo, deberán ser coherentes con
los principios del Sistema Nacional de Salud y definir un régimen de
ingresos apropiados y estables que permita hacer frente a las crecientes
necesidades de recursos y promueva una presupuestación adecuada en su
base de partida con unos crecimientos interanuales acordes con las
necesidades de recursos del Sistema y la evolución de la economía
nacional, y que contribuya a lograr una mayor disciplina presupuestaria.
Además, deberá promoverse la suficiencia y la equidad territorial al
tiempo que se fomenta una mayor eficacia y eficiencia del Sistema, para
lo que sería preciso fijar unos criterios de reparto en la financiación
ordinaria de los servicios que tengan en consideración los diferentes
costes de provisión que, siendo ajenos a la gestión, condicionan,
naturalmente, el nivel de gasto.
De la misma manera, se habló del modo de financiación que deberá permitir
atender las diferencias en los niveles de salud y sociales que motivan
unos distintos niveles de gasto en las Comunidades Autónomas con el
objeto de tender hacia su reducción gradual.
Por tanto, en opinión del Gobierno, los criterios básicos del nuevo
modelo de financiación deben centrarse en alcanzar los siguientes
objetivos: Lograr la suficiencia financiera del Sistema. Garantizar la
suficiencia financiera en el reparto entre Comunidades Autónomas.
Promover la equidad territorial y permitir la nivelación de las
desigualdades sanitarias y sociales. Y, por último, compatibilizar el
modelo con la culminación del proceso de descentralización territorial.
En lo que respecta a las fuentes de financiación de la sanidad, el
criterio del Gobierno es que deberían tomarse en consideración los
siguientes aspectos: Deberán de atender a la evolución reciente del
Sistema, así como a las recomendaciones del Pacto de Toledo.
La financiación de la sanidad ha de estar garantizada mayoritariamente a
través de impuestos generales, pero debe existir la posibilidad de
contemplar vías complementarias de financiación, lo que, en su caso,
deberá estudiarse por la Subcomisión parlamentaria.
Respecto de los criterio de distribución territorial de recursos, el
acuerdo actualmente vigente finaliza --conviene recordárselo al portavoz
del Grupo Socialista-- el 31 de diciembre del año en curso, contempla un
reparto territorial basado en el criterio de población. Y en la lógica de
consenso que preside la acción de Gobierno en esta materia, corresponderá
a la Subcomisión parlamentaria debatir sobre la idoneidad de mantener
este sistema de reparto o, en su caso, introducir las modificaciones
coherentes con los principios de suficiencia y equidad que deben regir la
distribución de recursos.
Asimismo, es necesario un núcleo de reparto capitativo, porque cualquier
esquema de financiación ordinaria sin un núcleo capitativo tendrá difícil
justificación teórica en un servicio que se reconoce universal y
asistencial.
El criterio capitativo simple presenta carencias derivadas de la ausencia
de correcciones por factores que, siendo ajenos a la gestión, pueden
condicionar diferencias de coste entre Comunidades Autónomas, así como
por consideraciones redistributivas que desarrollan el principio
programático de equidad contenido en la Ley General de Sanidad.
Así pues, deben introducirse elementos correctores sobre la base de los
siguientes factores. En primer lugar, habrá que tener en cuenta la
pirámide demográfica, ajustando la capitación por el efecto del
envejecimiento. A nadie se le oculta que, efectivamente, el
envejecimiento actúa como un elemento que afecta al gasto o, lo que es lo
mismo, al consumo. Está perfectamente demostrado que, a mayor edad, las
personas generan un mayor coste asistencial. De la misma manera, hay que
tener en cuenta los cambios de patrones por lo que a la morbilidad y la
mortalidad se refiere. El otro día, el Senador Cardona lo expresaba
perfectamente, al referirse al aumento de las expectativas de la demanda
en cuanto a los cuidados sanitarios y las posibilidades de curación se
refiere.
Asimismo, habrá que tener en cuenta la incorporación de nuevas
tecnologías. Por otro lado, se tendrán que ir corrigiendo
los datos sobre los costes de docencia, ponderando y compensando el
ajuste por saldo a desplazados, todo lo cual se puede cuantificar
económicamente.
Tal como se ha señalado, el Gobierno está muy preocupado por la reforma y
la configuración del Sistema Nacional de Salud.
El señor VICEPRESIDENTE (Aguilar Belda): Senador Martín Iglesias, le
ruego que vaya concluyendo.
El señor MARTIN IGLESIAS: Sí señor Presidente.
Antes de finalizar, me gustaría referirme a una insinuación hecha por el
portavoz socialista, quien se ha referido a que hoy ha aparecido
publicado en un medio de comunicación que, al parecer, existe una
resolución sobre la reforma del sistema sanitario. No sé si su señoría lo
habrá leído, pero en el mismo periódico, concretamente, en la primera
página, también se hace referencia --ya que entre todos estamos
intentando corregir esas disfunciones que presenta el sistema sanitario--
a que, actualmente, la Comunidad Autónoma de Andalucía ha gastado unos 80
millones de pesetas para atender otra serie de cuestiones que se apartan
de las necesidades reales del Sistema Nacional de Salud.
Vamos a votar en contra de esta moción por una serie de razones. En
primer lugar, como quiera que está funcionando una Subcomisión en el
Congreso, entiendo que esto supondría de una manera u otra alterar el
buen funcionamiento de dicha Subcomisión.
En segundo lugar, porque entendemos que la premura en el tiempo está
marcando un período de 15 días. Yo creo que no responde a unas
necesidades urgentes, toda vez que estamos dentro de un plazo --se está
trabajando sin ningún tipo de problemas-- y que el sistema actual
termina, como usted muy bien sabe, el día 31 de diciembre del año en
curso.
El señor VICEPRESIDENTE (Aguilar Belda): Senador Martín Iglesias, el
debate de estas mociones ya se realizó en la interpelación. Es una moción
consecuencia de interpelación. Le ruego que vaya terminando porque está
duplicando el tiempo que tenía destinado para intervenir.
El señor MARTIN IGLESIAS: Termino, señor Presidente, diciéndole que,
efectivamente, yo creo que tenemos que dar tiempo a que terminen los
trabajos de la Subcomisión parlamentaria creada al efecto. Invitamos al
Partido Socialista, sobre todo teniendo en cuenta que parece que hoy así
lo daba a entender el Presidente del Gobierno en el debate del Estado de
la Nación, a que se incorpore a esta Comisión porque sería bueno para
todos, fundamentalmente para el sistema sanitario, para que las medidas
que se tomen sean unas propuestas de consenso lo que los ciudadanos
españoles nos agradecerán.
Muchas gracias. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario
Popular.)
El señor VICEPRESIDENTE (Aguilar Belda): Muchas gracias, Senador Martín
Iglesias.
Abrimos turno de portavoces.
¿Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos? (Pausa.)
Por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió,
tiene la palabra el Senador Cardona i Vila.
El señor CARDONA I VILA: Muchas gracias, señor Presidente.
Señorías, voy a fijar la posición del Grupo Parlamentario Catalán en el
Senado de Convergència i Unió en relación a la moción referente al nuevo
modelo de financiación de la sanidad para el período 1998-2001, ambos
años inclusive.
Digo ya de entrada que vamos a votar en contra la moción que presenta el
Grupo Parlamentario Socialista por una serie de motivos, que vamos a
intentar exponer seguidamente.
En el debate de la interpelación, hace unas semanas, decíamos que la
considerábamos adecuada y oportuna. Pues bien, ya no nos parece ni
adecuada ni, mucho menos, oportuna. No es obligatorio presentar siempre
la moción después de una interpelación, razón por la que, como ya he
dicho, si entonces nos pareció adecuada la interpelación, no nos lo ha
parecido la moción y vamos a intentar explicarlo.
En la contestación del señor Ministro quedó claro que la financiación de
la sanidad actualmente, en el período cuatrienal vigente, ha quedado
corta. Esto quedó clarísimo. Ha sido, por tanto, insuficiente y tampoco
ha sido la distribución la más conveniente. Era aquella conclusión a la
que se llegaba al final, con aquella frase de: más recursos y mejor
distribuidos. Es cierto que no se dieron unas formas concretas de
aplicación, pero sí unos criterios de distribución de población,
investigación y docencia, desplazados, etcétera. ¿Por qué? Porque, entre
otros motivos, no está establecido que el modelo debe de entrar en vigor
en enero del año 1998 y, además, porque ha de plasmarse económicamente en
los próximos presupuestos.
Vayamos al texto de la moción. Sinceramente, sin querer hacer un juicio
de valor, nos parece que no se ha buscado el legar a acuerdos para que
sea votada favorablemente, por lo menos por nuestra parte. Al contrario,
más bien parece que se intenta buscar el voto negativo para seguir
hablando de si el Gobierno tiene o no modelo sanitario y si lo tiene, que
lo diga, etcétera.
¿Cómo hay que entender si no el plazo máximo de 15 días que se pide en la
moción? Se pide también que se presente al Parlamento y al Consejo
Interterritorial de la Salud. Efectivamente, nos parece bien, pero ¿en 15
días y sin pasar por la Subcomisión de Sanidad?
Veamos qué es lo que ha ocurrido en esta ya famosa Subcomisión. Entre
otras cosas, la Subcomisión también tenía el objetivo de prever el modelo
de financiación. Reconocemos, como también lo hacíamos en el debate de la
interpelación, que efectivamente se ha adelantado poco en la
financiación, pero ¿no es lógico que antes de hacer propuestas concretas
que afectan a los presupuestos haya reuniones previas con los grupos que
tienen que apoyar estos presupuestos? Claro que sí. Diría más: ¿no son
imprescindibles
estas conversaciones bilaterales? Naturalmente que sí. Además, Senador
Zamorano, en ningún medio de comunicación salió la noticia de que había
habido acuerdo, sólo de que había la sensación de que era insuficiente y
que se tenían que poner más recursos. Ni se dijo cuántos, ni cómo porque
no hubo acuerdo. Se intentó buscar y se abrió un diálogo, y es lógico,
repito, porque se tenían que hacer esas reuniones bilaterales.
Lo que no parece tan lógico es el pretexto, y digo bien, el motivo, la
causa --simulada o aparente-- para que el Grupo Parlamentario Socialista
abandonara la Subcomisión. Y no nos parece suficiente esta relación de
causa-efecto de la reunión bilateral con el abandono de la Subcomisión
porque, entre otras razones, de lo que se trató en esa reunión fue de la
financiación sanitaria de todo el sistema, del Insalud gestión directa y
del transferido a las Comunidades Autónomas.
Ya se va haciendo con demasiada irresponsabilidad y reiteración la
referencia a que sólo se intente solucionar el problema de la
financiación sanitaria de Cataluña, cuando lo cierto es que lo que se
defiende por nuestra parte es la financiación, repito, de todo el sistema
sanitario. Por tanto, también el de las demás Comunidades Autónomas. Por
ello tengo que rechazar con toda la energía pertinente las
manifestaciones atribuidas al Senador Zamorano en un medio de
comunicación, el mismo día o al día siguiente, sobre una negociación a la
carta para Cataluña, porque entendemos que no se ajusta a la realidad.
Con todos los respetos, pensamos que la moción pretende poner el carro
delante de los bueyes, porque lo que procede --y en eso sí que podríamos
estar de acuerdo y por eso decía al principio que no se ha intentado
llegar a esos acuerdos-- es que el Grupo que sostiene al Gobierno
presente unas propuestas sobre la financiación sanitaria a la
Subcomisión, para que allí sean debatidas por todos los grupos y llegarse
a acuerdos más o menos amplios y en función de ello proponer al Congreso
de los Diputados y, en definitiva, a las Cortes, al Parlamento, como se
pide en la moción. En eso tendríamos que haber estado de acuerdo. No nos
podíamos negar. Pero si con una excusa más o menos injustificada se ha
abandonado la Subcomisión, sería difícilmente comprensible que se
propusiera en la moción. En fin, el Grupo Parlamentario Socialista optó
por ello y nosotros lo respetamos.
Anteriormente decía que a nosotros nos preocupa la financiación
sanitaria, y termino, señor Presidente, tanto como a cualquier otro
Grupo. También tengo que decir que es nuestra obligación defender, de la
mejor manera posible, una adecuada y suficiente financiación sanitaria
para Cataluña, porque de ello depende en parte una mejor atención a los
ciudadanos que representamos y que nos han dado esta responsabilidad.
Pero también tengo que decir, porque se ajusta a la realidad, y a las
pruebas nos podemos remitir, que lo hacemos defendiendo una adecuada
financiación de todo el sistema, fácilmente comprobable, y tal vez no
haga falta más que esperar a mañana --cuando se aprueben las resoluciones
consecuencia del debate sobre política general, como decía
anteriormente--, cuando tengamos un nuevo testimonio de nuestra
preocupación sobre esta cuestión. Pero entiéndase bien: no porque se haya
llegado a un acuerdo tangible y cerrado, al que no se habrá llegado
porque no hay ni tiempo ni es posible en estos momentos --posible es,
pero una de las dos partes, la que puede, de momento no cede y, por
tanto, no habrá ese acuerdo--, sino porque sólo se llegará al acuerdo de
reiterar la urgencia de la solución de la financiación sanitaria, lo cual
es una comprobación innegable de lo que he tratado de decir en toda mi
intervención.
Por todo ello, señor Presidente, señorías, nosotros no vamos a votar esta
moción. Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Aguilar Belda): Gracias, Senador Cardona.
Terminado el debate, llamamos a la votación. (El señor Zamorano Vázquez
pide la palabra.)
Senador Zamorano, en las mociones consecuencia de interpelación, según el
punto 4 de la norma supletoria, solamente intervienen los portavoces que
no han hecho uso de la palabra. Ha terminado el debate.
Vamos a votar la moción consecuencia de interpelación del Grupo
Parlamentario Socialista por la que se insta al Gobierno para que, en el
plazo máximo de quince días, proponga en el Parlamento y en el Consejo
Interterritorial de Salud el nuevo modelo de financiación sanitaria para
el período comprendido entre 1998 y 2001, que sirva de base para la
negociación con todas las Comunidades Autónomas, publicado en el Boletín
Oficial de las Cortes Generales, Senado, Serie I, número 231, de fecha 2
de junio de 1997.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 215; a
favor, 86; en contra, 126; abstenciones, tres.
El señor VICEPRESIDENTE (Aguilar Belda): Queda rechazada.
--DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA POR LA QUE SE INSTA AL GOBIERNO A
DEFINIR, EN EL CONTEXTO DE LA ESTRATEGIA DE LARGO PLAZO DEL SECTOR
ENERGETICO, UNA ESTRATEGIA ESPECIFICA PARA EL SUBSECTOR DEL GAS NATURAL
TENDENTE A APROVECHAR AL MAXIMO LAS VENTAJAS COMPETITIVAS DERIVADAS DE
UNA RENTA DE SITUACION FAVORABLE, A FACILITAR GRADUALMENTE EL ACCESO DE
LAS EMPRESAS A LAS REDES DE TRANSPORTE Y PLANTAS DE REGASIFICACION Y
ALMACENAMIENTO, Y A ATRIBUIR A UN ORGANISMO INDEPENDIENTE LA REGULACION
DEL FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA GASISTICO. (671/000023.)
El señor VICEPRESIDENTE (Aguilar Belda): Pasamos a debatir la siguiente
moción consecuencia de interpelación,
del Grupo Parlamentario Socialista, por la que se insta al Gobierno a
definir, en el contexto de la estrategia de largo plazo del sector
energético, una estrategia específica para el subsector del gas natural
tendente a aprovechar al máximo las ventajas competitivas derivadas de
una renta de situación favorable, a facilitar gradualmente el acceso de
las empresas a las redes de transporte y plantas de regasificación y
almacenamiento, y a atribuir a un organismo independiente la regulación
del funcionamiento del sistema gasístico.
Para la defensa de la moción tiene la palabra el Senador Gibert. (El
señor Vicepresidente, Rigol i Roig, ocupa la Presidencia.)
El señor GIBERT I BOSCH: Muchas gracias, señor Presidente.
Señorías, del conjunto de intervenciones el pasado 21 de mayo, tanto del
señor Ministro como de los distintos grupos parlamentarios, no se deducen
grandes diferencias del análisis a medio y largo plazo en relación con
las políticas de gas natural; es más, puesto que el señor Ministro se
manifestó bastante o muy de acuerdo con los planteamientos que le hicimos
desde el Grupo Parlamentario Socialista, en contrapartida no tengo
inconveniente alguno en admitir que la música, y relativamente la letra
de la intervención del señor Ministro, nos parecía hasta cierto punto
satisfactoria.
Desde estas premisas podría parecer que la moción es innecesaria.
Nosotros estimamos que no por dos razones. La primera está relacionada
con el propio Gobierno: El señor Ministro eludió compromisos y
concreciones --es bastante habitual y hasta cierto punto lógico--, por lo
que estimamos que el Senado debe concretar sus requerimientos al
Gobierno, máxime cuando no se manifiestan grandes diferencias. Pero hay
más. A veces hay diferencias entre las palabras y los hechos, y un hecho
es que el Decreto de septiembre --del que hablamos durante el debate de
la interpelación-- es un paso atrás --el señor Ministro no lo admitió,
pero tampoco lo argumentó en sentido contrario, porque no podía hacerlo--
en relación al Decreto anterior de junio. Por lo tanto, nos parece
importante que el Senado manifieste su posición.
La segunda razón es la relativa al mundo empresarial, en concreto a la
Empresa Gas Natural, S. A., porque es posible --incluso probable-- que
haya contradicciones objetivas de intereses entre posiciones que reflejan
una visión, hasta cierto punto compartida en la propia Cámara, y los
intereses coyunturales --por otra parte legítimos-- de las empresas.
Probablemente, a Gas Natural le interese la consolidación del casi
monopolio del que disfruta, y al sistema energético la introducción de
competencia para una mayor eficacia, mejora de precios y calidad para
todos los consumidores. A Gas Natural le puede interesar estar más
pendiente del mercado interior en función de esta consolidación de
monopolio, y al sistema y al país les interesa aprovechar las ventajas
competitivas en el mercado europeo. A Gas Natural le interesa la
negociación bilateral, incluso una tendencia a la autorregulación, y al
sistema energético y a los consumidores industriales o domésticos les
interesa una regulación neutral, preferentemente a través de un órgano
independiente.
De la enmienda del Grupo Parlamentario Popular deducimos que tanto él
como el Gobierno no son partidarios de los órganos independientes. Por
esas razones, pedimos el voto afirmativo de la moción, que propone, en
tres puntos, aprovechar al máximo las ventajas competitivas que puedan
favorecer la penetración en el mercado europeo; proceder a facilitar,
gradualmente, los accesos a redes de transporte y plantas de
regasificación para introducir competencia y, por lo tanto, mejorar
calidad y precios a los consumidores; y atribuir a un organismo
independiente la regulación del funcionamiento del sistema gasístico.
En consecuencia, pedimos el voto afirmativo a esta moción por parte de
todos los grupos parlamentarios.
Muchas gracias, señorías; muchas gracias, señor Presidente. (Aplausos en
los escaños del Grupo Parlamentario Socialista.)
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Muchas gracias, Senador Gibert.
Para la defensa de la enmienda, por el Grupo Parlamentaria Popular, tiene
la palabra el Senador Unceta Antón.
El señor UNCETA ANTON: Gracias, señor Presidente.
Señorías, la política gasística, a juicio del Grupo Parlamentario
Popular, está clara y transparentemente definida en las distintas
intervenciones del Ministro de Industria en esta Cámara y en la del
Congreso, y explicitada de forma clara en el Decreto que el Gobierno
presentó el 6 de septiembre al definir esta política.
A pesar de ello, y por el hecho de que, personalmente, podría interpretar
que esta moción no tiene el contenido suficiente para ser debatida, debo
decir que ésa no es la postura del Grupo Parlamentario Popular. Primero,
por respeto al partido que la presenta, por su legítimo derecho a
presentarla y porque la posición de nuestro Grupo en la Cámara --como la
de todos los demás-- es alcanzar acuerdos de entendimiento y consenso en
los distintos aspectos.
En este sentido, el esfuerzo del Grupo Parlamentario Popular por estudiar
y analizar la moción nos ha llevado a presentar una enmienda a los tres
puntos que el Grupo Parlamentario Socialista, en voz de su portavoz, don
Arseni Gibert, ha expuesto en su intervención.
Señor Presidente, respecto al primer punto --y aquí tengo que agradecer
al Senador Arseni Gibert el que, independientemente del objetivo de la
moción, reconozca la existencia en España hoy de una renta de situación
favorable, es de agradecérselo--, nuestra enmienda considera que la
referencia de renta de situación favorable no tiene un alcance definible
como término en la moción, e insistimos, además, en el texto de la
enmienda en que para aprovechar las ventajas competitivas se descansa
fundamentalmente en el sector privado: son las empresas las que tienen
que buscar oportunidades de negocio e invertir en las infraestructuras
necesarias.
Compartimos, señoría, lo solicitado al Gobierno sobre la penetración de
la red española en Europa, pero conviene
hacer referencia --y en este caso es oportuno-- a las reticencias que
está poniendo Francia a la liberalización del acceso a sus redes, lo cual
dificulta, obviamente, la penetración de nuestras empresas en el mercado
europeo.
En cuanto al punto segundo de la moción --que no voy a leer para no
consumir más tiempo--, proponemos en nuestra enmienda un texto que
incluye la liberalización del acceso de terceros a las redes de
distribución, además de a las redes de transporte, por su importancia
para introducir competencias también en el suministro al por menor.
Suprimimos en este segundo punto de la moción la referencia a los
potenciales terceros. ¿Por qué, señorías, señor Presidente? Porque en el
ámbito de la propuesta de la Directiva hoy se sigue discutiendo si las
distribuidoras serán consideradas o no clientes cualificados. Puede ser
--a esta fecha por lo menos-- que la decisión final se incline por
dejarla en manos de los Estados miembros o bien considerarlas o no en
función del volumen de gas que consuman sus clientes, pero esta decisión
no está tomada por la Unión Europea y nos parece inadecuado que este tema
se incluya en la moción.
El tercer punto, señor Presidente, señorías --y voy acabando--, dice:
Atribuir a un organismo independiente la regulación del funcionamiento
del sistema gasístico. Desde nuestro punto de vista, pendiente hoy el
debate de la Losen presentada por el Gobierno, es del todo inaceptable, y
no es que lo rechacemos de cara a un futuro, pero es que ahora no es el
momento procesal oportuno para exigírselo al Gobierno. Además, creemos
que en un sector en el que el Estado ya no posee peso específico, como
antaño, en las participaciones de las empresas de gas, no existe mayor
imparcialidad para regular y controlar el funcionamiento del sistema que
el propio Ministerio de Industria y Energía, como se recoge en el Decreto
del que he hablado anteriormente.
Señor Presidente, señorías, ésta es nuestra posición y la defensa de
nuestra enmienda a la moción presentada por el Grupo Parlamentario
Socialista y defendida por el Senador Arseni Gibert. Hemos pretendido,
téngalo seguro, mediante nuestra enmienda, llegar a un consenso y creemos
que hubiera sido posible --tiempo hay para conseguirlo--; en ello hemos
trabajado y dialogado, incluso, con el Senador proponente de la moción.
No lo hemos logrado, por lo cual, señor Presidente, señorías, desde el
Grupo Parlamentario Popular, de no ser aceptada nuestra enmienda, no
podemos apoyarla y votaremos en contra de la moción presentada por el
Grupo Parlamentario Socialista a través del Senador Arseni Gibert.
Nada más y muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Muchas gracias, Senador Unceta.
Para posicionarse respecto a la enmienda, tiene la palabra el Senador
Gibert.
El señor GIBERT I BOSCH: Muchas gracias, señor Presidente.
Senador Unceta, no tiene por qué agradecerme que reconozcamos rentas de
situaciones favorables. Una renta de situación es un atributo geográfico
que, desde luego, no es mérito de ningún Gobierno.
En relación con la enmienda, que es el motivo de esta intervención, los
dos primeros puntos que usted nos propone los hubiéramos aceptado con
mucho gusto porque, en definitiva, no hay gran diferencia entre los
textos que proponen y los nuestros. Pero tenemos un problema: la
supresión del tercer punto. Nosotros consideramos importante --y en este
sentido el propio Ministro no quiso adquirir compromisos el día 21 de
mayo-- que la regulación se haga a través de un órgano independiente,
pero cuando creemos detectar que por parte del Gobierno no están muy
predispuestos o no les gustan demasiado, en general --y no hablando
solamente del gas-- los organismos independientes, con más motivo
consideramos importante este hecho. Ello ha impedido llegar a un acuerdo
y, por lo tanto, aceptar la enmienda, pero por esta razón, no por la
razón de los textos, que con mucho gusto los hubiéramos aceptado.
Por lo tanto, mantenemos el texto --no nos queda otro remedio-- de
nuestra moción y lamentamos que no hayamos llegado a un consenso que
parecía que podía haber sido posible.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Muchas gracias, Senador Gibert i
Bosch.
En turno de portavoces, tiene la palabra el Senador Albistur.
El señor ALBISTUR MARIN: Muchas gracias, señor Presidente.
Dije el otro día al comenzar mi intervención que me parecía que presentar
esta moción o la interpelación en aquel momento era tratar un tema de
gran envergadura en un pequeño botecito, casi en una cáscara de nuez. Yo
no quiero quitarle al Senador Arseni Gibert ningún mérito ni ninguna
importancia a su iniciativa, sino todo lo contrario, nada más lejos de mi
intención. Creo que el tema merece ser tratado con valentía porque
empieza a ser, como diré a continuación, importante y yo diría que, más
que importante, grave.
Hay que tener valentía por parte del Gobierno, aunque haya un retraso
importante en la aprobación de la Directiva de la Comunidad Económica
Europea que, de hecho, se debía haber aprobado para el 1.º de junio y no
se ha hecho, pues no tenemos en estos momentos una expectativa de fecha,
ni siquiera de su contenido. Pero, lógicamente, aquí, en este Estado, se
debería estar preparando ya una ley de revisión de toda la política
gasística. Eso se está retrasando. Quizás el debate sobre la Losen, como
ha dicho el Senador Unceta, haya podido retrasar algo. No obstante, en
estos momentos, presentada la ley, no hay excusa para no empezar a
trabajar en este sector energético. Por eso, yo pediría valentía y coraje
para abordar, siguiendo las líneas contenidas en esta moción, la próxima
revisión del tema gasístico.
Existe una modificación importante y sustancial del mercado. Hay un
crecimiento de la demanda muy significativo,
tanto en el consumo industrial como en el consumo doméstico. Hay
problemas importantes de abastecimiento. Hemos hecho una negociación con
un país norteafricano, concretamente con Argelia, que cruza sus tubos a
través, incluso, de Marruecos y estamos en una situación estratégica
bastante débil.
Por otra parte, pese a esa dificultad que citaba también el señor Unceta
para la liberalización que introducen nuestros vecinos franceses en su
propia red gasística, existe también una falta de voluntad política en el
Gobierno español para establecer valiente y abiertamente una conexión con
Europa o para permitir y favorecer la apertura en la cornisa cantábrica
de establecimientos portuarios para el desembarco y el suministro de gas.
Yo creo que debe cambiar clara y manifiestamente la conexión que tenemos
para el abastecimiento del gas.
Al mercado español están asomándose otros ofertantes extranjeros,
compañías multinacionales ya consolidadas, que vienen con el claro
interés de aparecer como empresas gasísticas, que son ésas que queremos,
precisamente favorecer para que vayan introduciéndose gradualmente en el
sector del gas, para que puedan entrar en el mercado de la distribución
del gas y, después, en el de la producción de energía eléctrica, con una
energía barata como es la del gas.
Es verdad, como se dice en la moción y como se reconocía también en las
enmiendas presentadas, que existen ya una serie de empresas gasísticas.
No solamente existe la empresa gasística Gas Natural, existe Gas de
Euskadi, existe BP, existe un acuerdo Endesa-Cepsa, que consolidan, de
alguna forma, una presencia importante de empresas distribuidores de gas.
Señor Presidente, yo creo que a esta enmienda le falta algún punto más.
Dado que existen, pues acabo de citarlas, empresas distribuidoras
importantes de gas, empresas gasísticas, que tienen una intervención
importante en el mercado estatal, regional y en áreas con importantes
núcleos de población y de consumo industrial, debería, quizás,
establecerse para este tipo de empresas un protocolo del gas, como se ha
hecho para el sector eléctrico, que definiera, precisamente, cuáles son
los procesos de esta gradual liberalización y acceso a las redes de
transportes de las empresas distribuidoras.
Nosotros vamos a apoyar la moción precisamente por lo que entraña de ir
abriendo un camino, de ir creando un criterio y de ir introduciéndose con
valentía en la revisión del «status» actual dentro del sector energético
del gas. Vamos a apoyarla, como también hubiéramos apoyado las enmiendas
presentadas por el Grupo Parlamentario Popular, pero, como le manifesté
personalmente el otro día al Ministro, la existencia de un organismo
regulador conjunto para el sector energético nos parece que es algo en lo
que se debe ir pensando.
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Senador Albistur, ha terminado su
tiempo.
El señor ALBISTUR MARIN: No, no, terminaré enseguida, señor Presidente.
Déjeme un segundo, por favor.
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Lo tiene.
El señor ALBISTUR MARIN: No creo que se digan muchas cosas más
interesantes, por otro lado, sobre este tema, señor Presidente, o sea que
me parece importante lo que vamos a decir. Porque eludir o dejar sin
atender este planteamiento realizado en estos momentos por la iniciativa
presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, dejarla sin respuesta y
yo diría que, además, con una cierta desabridez que he entendido que
había en sus palabras --aunque no lo tome como algo personal-- en cuanto
al contenido de este ente regulador, me parece que es dejar «ad calendas
graecas» cuestiones sobre las que debería haber ya al menos una cierta
reflexión e, incluso, una cierta configuración.
Parece que ese ente regulador en el sector energético puede aportar no
más costes, desde luego, porque habría que hacerlo a partir del
existente, pero sí mucha racionalidad y garantías de liberalización y de
apertura al proceso de inclusión de terceros en las redes del gas.
Nada más, señor Presidente. Le agradezco su conmiseración, misericordia y
reconocimiento a mis palabras y al tiempo empleado, y espero que estas
ideas sigan debatiéndose en este Senado continuamente.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Por esta vez, no le impondré
ninguna penitencia, Senador. (Risas.)
Muchas gracias.
Por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió,
tiene la palabra el Senador Joan Horaci Simó.
El señor SIMO I BURGUES: Gracias, señor Presidente.
Señorías, como dijimos en nuestra intervención con motivo de la
interpelación previa a la moción que nos ocupa, la regulación y
ordenación del sector energético es todavía una cuestión pendiente a la
que hay que dar solución.
Hace falta conocer cuál va a ser la política energética a corte, medio y
largo plazo, y muy concretamente todo lo que hace referencia al gas
natural. Entiende nuestro Grupo que es imprescindible, necesaria y
urgente la liberalización de las actividades destinadas al suministro de
energía eléctrica, pero también, y sobre todo, la liberalización de las
fuentes primarias de energía, puesto que es un sector que transforma las
energías primarias en energía eléctrica, como es el caso del gas natural.
La liberalización en el sector del gas ha de provocar, sin duda, el
acceso de varias empresas al mercado, lo cual favorecerá a los
consumidores finales, de forma más rápida a los consumidores
industriales, con lo cual se beneficiaría la economía productiva y
también, a la larga, los beneficios llegarían a los consumidores
domésticos. En todo caso, nuestro Grupo quisiera llamar la atención
acerca de la liberalización en el sector del gas natural, y entendemos
que esta liberalización deberá llevarse a cabo con reciprocidad entre los
diversos mercados europeos. Con la liberalización,
podemos decir con toda seguridad que de los nuevos operadores que entren
en nuestro mercado, algunos pertenecerán a otros países, y es lógico, por
tanto, tener garantizada también la entrada en los mercados exteriores de
las empresas españolas que lo deseen.
Nuestro Grupo, señor Presidente, señorías, considera oportuna la moción
presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, y estaríamos de acuerdo
con el sentido de la misma. Sin embargo, habiéndose presentado una
enmienda de modificación por parte del Grupo Parlamentario Popular
coincidente en el fondo con los mismos fines que hemos expuesto, por
entender que está redactada en términos de mayor concreción y claridad, y
no habiendo sido hasta ahora aceptada por el Grupo Parlamentario
Socialista esta modificación, vamos a votar en contra de la moción.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Muchas gracias, señoría.
Señorías, permítanme una pequeña consideración. Es intención de esta
Presidencia debatir otra moción con el propósito de que mañana queden
solamente las tres mociones que no proceden de interpelación, para que,
en una previsión horaria, antes de la una del mediodía sus señorías
puedan hacer su migración correspondiente. En este sentido, pido una
cierta agilidad, en la medida de lo posible, y que así lo consideren los
propios intervinientes.
A continuación, vamos a someter a votación la moción del Grupo
Parlamentario Socialista por la que se insta al Gobierno a definir, en el
contexto de la estrategia a largo plazo del sector energético, una
estrategia específica para el subsector del gas natural.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 212; a
favor, 89; en contra, 123.
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Queda rechazada.
--DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, POR LA QUE SE INSTA AL GOBIERNO A
QUE CONTEMPLE COMO OBJETIVOS DE SU POLITICA EDUCATIVA EL MANTENIMIENTO
DEL EQUILIBRIO EXISTENTE ENTRE LOS COMPONENTES DE LA RED INTEGRADA DE
CENTROS ESCOLARES, EL RECHAZO DE CUALQUIER DERIVA PRIVATIZADORA, EL
FORTALECIMIENTO DE LA RED INTEGRADA DE CENTROS, CON ESPECIAL ATENCION A
LOS DE TITULARIDAD PUBLICA, EL ESFUERZO SOSTENIDO PARA MEJORAR LA CALIDAD
DE LA OFERTA EDUCATIVA Y LA APERTURA DE UN AMPLIO DIALOGO SOCIAL QUE
CONTRIBUYA A SOSEGAR EL CLIMA DE INQUIETUD EXISTENTE EN AMPLIOS SECTORES
DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA. (671/000024.)
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Pasamos a la siguiente moción,
presentada pro el Grupo Parlamentario Socialista, por la que se insta al
Gobierno a que contemple como objetivos de su política educativa el
mantenimiento del equilibrio existente entre los componentes de la red
integrada de centros escolares, el rechazo de cualquier deriva
privatizadora, el fortalecimiento de la red integrada de centros, con
especial atención a los de titularidad pública, el esfuerzo sostenido
para mejorar la calidad de la oferta educativa y la apertura de un amplio
diálogo social que contribuya a sosegar el clima de inquietud existente
en amplios sectores de la comunidad educativa.
Para su defensa, tiene la palabra el Senador Iglesias Marcelo.
El señor IGLESIAS MARCELO: Muchas gracias, señor Presidente.
Señorías, esta moción quiere hacer dos cosas: primero, manifestar la
insatisfacción de mi Grupo parlamentario sobre la posición del Gobierno
del pasado día 21 en la interpelación que presentamos a la Ministra de
Educación, y, segundo, proponer un paso adelante en la solución de un
problema que creemos de una extraordinaria importancia.
¿Por qué estamos insatisfechos? Por varias razones que me parecen
absolutamente obvias y evidentes. Porque la posición del Gobierno
consiste simplemente en negar la existencia del problema, no quiere
aceptarlo, quiere negar el problema que está planteado hoy en el mundo de
la educación. Mira para otro lado, no contempla la visión de todos los
sectores educativos, lo que es una mala política.
Nosotros defendemos una visión del tema educativo en el que la verdad se
contempla como la verdad, quienquiera que la diga, sea Agamenón o sea el
porquero de Agamenón, es igual, la verdad está ahí, y hay un ejercicio
importante de ceguera en el hecho de no querer reconocer la existencia de
un problema evidente en el mundo de la educación, que es lo que nosotros
queremos traer al debate de la Cámara y de la propuesta de resolución.
La Ministra hizo un descalificación muy dura en la sesión de ayer acerca
de una visión que mi Grupo parlamentario presentó sobre estos problemas.
Dijo que era una posición demagógica, se hacía demagogia con el tema que
estábamos planteando. Nos parece una calificación improcedente, y creo
que voy a podérselo demostrar en breves momentos.
No se puede negar la evidencia de los hechos, que están ahí; hay
inquietud, hay incertidumbre, hay temor en amplios sectores de la
comunidad educativa, hay miedo a que la política del Gobierno se escore
hacia la privatización y la desprotección de la red pública de enseñanza.
El Gobierno desconoce las condiciones esenciales de la red pública
integrada de educación. Y, acerca del argumento que le presenté el pasado
día 21 a la señora Ministra, que no obtuvo contestación, tendré que
repetir tres o cuatro cosas que son fundamentales la red integrada tiene
que funcionar con determinadas condiciones que son esenciales,
iguales para todos los centros públicos y privados concertados:
satisfacer universalmente el derecho a la educación; homologar las
condiciones de funcionamiento, de tal manera que no haya diferencias;
igualdad en el acceso a la gratuidad; igualdad en el derecho a la
elección de centros y en la admisión de alumnos por parte de todos los
centros; igualdad en las condiciones del profesorado que trabaja en los
dos sectores de la red pública; e igualdad en la gestión democrática y
participativa. Esos derechos, esas condiciones básicas son iguales para
todos los centros de la red educativa. Pero esta red educativa
constituida por centros de titularidad estatal y por centros de
titularidad privada que reciben fondos públicos, no es una red análoga en
sus dos partes, no es simétrica, sino que tiene una asimetría profunda
que a mí me interesa subrayar aquí y que hay que tener presente cuando se
toman decisiones que afectan al desarrollo de la red de la educación. De
esas dos partes de la red integrada de educación, una, la de titularidad
estatal, tiene todas las obligaciones, tiene que acudir allí donde la
iniciativa privada no acude, tiene que atender a aquellos alumnos que no
son acogidos en los centros privados concertados, y los residuos últimos
del alumnado que no tienen acogida en los centros en virtud de
condiciones que los centros pueden adoptar con arreglo a normas que el
Gobierno popular ha dictado sobre la admisión de alumnos. Esos alumnos
residuales tienen que ser atendidos en alguna parte; por tanto, la red
pública de titularidad estatal tiene que cargar con la obligación de
estar presente en todos los sitios y acoger a todos los alumnos.
La parte privada de la red integrada tiene el derecho, reconocido,
respetado y defendido, de situarse allí donde lo estima conveniente, no
en todos los lugares, sino donde quiera; no tiene la obligación de estar
en todos los sitios.
Es una red, por tanto, en la que las dos partes son asimétricas, y, por
ello, hay que cuidar de una manera extremada todas las decisiones que
puedan romper el equilibrio de la red pública. Esta asimetría,
naturalmente, arrastra consecuencias para la política educativa del
Gobierno. Los últimos hechos son evidentes de lo que les digo. Se acaba
de anunciar una ampliación de las subvenciones a la red privada de 200
unidades y una supresión de 600 unidades en la red pública de titularidad
estatal. No hay razón alguna, no se alcanza ningún criterio para entender
una asimetría semejante, una asimetría disparatada. La acusación que
hacía de deriva privatizadora, yo creo que se prueba con ese hecho de
hace muy pocos días.
Se nos ha acusado de demagogia, y les leo: Han ocasionado restricciones
presupuestarias; han ocasionado en el sector educativo repercusiones muy
amplias hasta el extremo de haberse reabierto el debate sobre el carácter
público o privado de la enseñanza. Sería desleal con la enseñanza pública
hacerla competir con la privada, estando sometida a restricciones
presupuestarias, que ésta no padece o puede paliar de algún modo, y
pretende, además, extraer conclusiones de todo ello. Autor: el Defensor
del Pueblo.
¿Dirán usted que el Defensor del Pueblo hace declaraciones demagógicas?
¿Hace declaraciones demagógicas el Viceconsejero de Educación de la
Comunidad de Madrid, don Raúl Vázquez, nada sospechoso de proclividades
hacia el socialismo, cuando dice que el Gobierno Socialista consiguió la
paz escolar y esa paz escolar tiene que ser reconstruida, incluso para
ello invoca la tutela de la Corona para constituir un pacto de
recuperación escolar? ¿Es un demagogo don Raúl Vázquez? ¿Lo van a cesar
acaso en su cargo de Viceconsejero de la Comunidad de Madrid por sus
declaraciones a lo mejor imprudentes, a juicio de su señoría? ¿Es un
demagogo el Presidente de la FERE cuando ha dicho, hace muy pocas fechas,
que están inquietos por el rumbo que toma la educación y que quieren que
todos los sectores implicados se sienten para discutir el tema y llegar a
un acuerdo que reconstruya la paz escolar?
Voy terminando. Creo que hay cuestiones que son irrenunciables. Creo que
hay elementos que no podemos olvidar, y le digo cuáles son nuestros
postulados fundamentales: no estaremos dispuestos a aceptar ninguna
política educativa que tienda, ni de lejos, a convertir la educación en
la gran coartada de la desigualdad social; nos opondremos frontalmente a
cualquier concepto que vaya en esa dirección.
Yo creo que es necesario reconstruir la paz escolar, y les invitamos a
ello: miren a todos los sectores, a todas las partes de la comunidad
escolar; a la derecha: su clientela, a la izquierda: no son sus clientes
pero tienen la esperanza de conseguir un pacto que garantice la
estabilidad del sistema educativo. ¿Saben ustedes que una parte
importante de la educación religiosa está inquieta y está pidiendo que se
reconsidere el rumbo de la política educativa del Gobierno? Son sectores
que lógicamente deberían estar junto a los postulados de su señoría; sin
embargo, están inquietos y piden una decisión.
Hay que promover un gran acuerdo y estamos hablando de ello, y estamos
dispuestos a hacerlo. Hay que mantener el equilibrio de la red pública y
de la red privada. Hay que garantizar la calidad de todo el sistema
educativo y hay que impedir a toda costa cualquier deriva privatizadora,
porque además de conquistar algo que ya tenemos en la mano y que no
deberíamos perder.
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Senador Iglesias Marcelo, casi ha
doblado ya el tiempo. He tenido una gran benevolencia con su señoría.
El señor IGLESIAS MARCELO: Termino ya, señor Presidente, y muchas
gracias.
Querríamos impedir la comisión de un enorme error, el de abrir las
páginas del pasado y de volver a leer en ellas, el de rescatar una
memoria que deberíamos considerar perdida para siempre y que estaba ya
perdida para siempre. La política educativa del Gobierno corre el riesgo
de resucitar los viejos fantasmas. No deberíamos caer en esta tentación.
Muchas gracias, señor Presidente. (Aplausos en los escaños del Grupo
Parlamentario Socialista.)
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Muchas gracias, señoría.
El Senador Fernández Rozada tiene la palabra.
El señor FERNANDEZ ROZADA: Señor Presidente, pedía la palabra en relación
con una cuestión previa de forma.
Antes de intervenir para defender nuestra propuesta de modificación
querría saber lo que opina a su vez el proponente de la moción sobre si
admite o no nuestra enmienda puesto que, de ser ésta admitida, es
indudable que mi intervención iría en otro sentido, pero el proponente no
se ha producido, señor Presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Senador Fernández Rozada, es que
el proponente tiene un turno específico para que, después de la
intervención de su señoría, pueda pronunciarse sobre ese aspecto. Usted
deberá hacer la propuesta de modificación, y entonces el receptor de esa
enmienda podrá decidir sobre ello.
Ahora bien, si el Senador Iglesias decidiera manifestarse sobre esto,
está en su derecho de hacerlo ahora. El debate está organizado así
reglamentariamente. (Pausa.)
Puede usted intervenir, Senador Fernández Rozada.
El señor FERNANDEZ ROZADA: Señor Presidente, señorías, indudablemente, el
portavoz socialista ha hablado mucho de política educativa en general,
pero hemos comprobado que, en realidad --me refiero a los que hayan
tenido tiempo para leer la moción--, ha hablado muy poco de la propuesta
concreta de su moción. De ahí precisamente mi deseo de saber si debía
pronunciarme respecto de su iniciativa o respecto de la alternativa que
nosotros proponemos.
No obstante, señor Iglesias, tengo que decirle que no creo que haya ni un
solo motivo para poder decir aquí, con un mínimo de rigor, que este
Gobierno no se preocupa de los problemas de la educación, ni uno solo. Y
precisamente yo podría tener muchos motivos para decirles a sus señorías
que, en los muchos años de Gobierno del PSOE, jamás han reconocido
ustedes aquí el ámbito de la educación como un problema. Pues si ahora,
unos meses después de haber dejado ustedes el Gobierno, vienen a plantear
con carácter general el grave problema que existe en la educación,
reconozcan como mínimo que hemos heredado una situación difícil que
ustedes mismos, en ese subconsciente que ahora les traiciona, quieren
llevar a la responsabilidad única de nuestro Gobierno. (Aplausos en los
escaños del Grupo Parlamentario Popular.)
Y esto, señoría, no lo digo con ánimo de resucitar ese viejo debate aquí
planteado acerca de la diferencia entre nuestro proyecto educativo y el
del PSOE, sino para poder garantizar el reconocimiento de los errores
propios antes de manifestar esa exigencia hacia sobre los errores que
podamos estar cometiendo nosotros. Pues precisamente para conseguir
evitarlos, queremos contar con toda la Cámara buscando el consenso,
buscando acuerdos y buscando, sobre todo, la paz educativa.
Creo que esto ya lo hemos hecho, pero no lo estamos diciendo con
palabras. Lo estamos diciendo con hechos, y esos hechos son los que nos
llevaron a presentar una alternativa a su moción con un ánimo de consenso
que creo recoge fielmente lo que el proponente ha querido decir y que, a
nuestro juicio, expresa francamente mal en su moción.
Porque, señorías, aunque en el planteamiento de los diferentes apartados
de la propuesta se habla del mantenimiento del equilibrio existente entre
los componentes de la red integrada de centros escolares, es indudable
que el significado del texto de la moción es oscuro y no tiene un sentido
unívoco. ¿A qué equilibrio se refiere, señor Iglesias? ¿Cuáles son los
componentes de ese equilibrio? ¿Los centros? ¿Y sobre qué base deben
equilibrarse? ¿Quizá deben equilibrarse sobre la base del número de
alumnos, o sobre la de los recursos o la financiación? Y de nuevo, ¿cuál
es la diferencia entre estas categorías que luego se reequilibran? Hable
de esto aquí. ¿En qué se fundamenta el supuesto implícito en el texto de
la moción de que, en efecto, existe un equilibrio? ¿En qué?
Por eso, decimos que esa propuesta encaja mejor en lo que nosotros
consideramos y presentamos como enmienda de modificación, y que dice,
mejorando su texto, lo siguiente: Asegurar la adecuada atención técnica,
humana y material en la red de centros docentes públicos garantizando que
dispongan de los recursos suficientes para el cumplimiento de los
objetivos propios de cada etapa educativa.
Ahí sí que tiene usted ocasión para poder decir que ésa es nuestra
voluntad, si se mejoran efectivamente, y si se dispone de recursos
suficientes para el cumplimiento de estos objetivos en la red de centros
docentes públicos. Ahí tiene usted asegurada precisamente la solución a
su inquietud.
Por tanto, espero que, efectivamente, estén ustedes ahora más de acuerdo
con nuestra enmienda de modificación. Y así hemos hecho las demás,
basándonos en su propia propuesta. Pero como no voy a tener tiempo para
defender todas y cada una de ellas, voy a referirme a su preocupación por
el hecho de que la señora Ministra ayer hablara de demagogia. En ese
sentido, tengo que respaldar sus palabras, porque, ante la pregunta que
se le formuló, me dolió oír al portavoz socialista exponer unos
planteamientos claramente sectarios, buscando que dijéramos que, en
detrimento de la enseñanza pública, estábamos atendiendo de forma
especial, con privilegio, a la privada. Eso es absolutamente falso.
Además, la señora Ministra les ha dado los datos consecuencia del
planteamiento presupuestario, afirmando que tiene la garantía, en el
cumplimiento de un presupuesto, de desviar fondos hacia los centros que,
de acuerdo con la Constitución y las leyes, puedan concertar y recibir
dinero público. Por otro lado, han sido ustedes con sus propias leyes
quienes lo han querido así.
Por tanto, díganme cuál es la salida de una Ministra ante un acoso tan
injusto de esa naturaleza, sino pedirles que no hagan planteamientos
demagógicos, al igual que
los que hicieron en su día sobre las pensiones --esto lo digo yo, no
ella, pero lo he vivido de cerca--, y si eso tiene un nombre distinto al
de demagogia y desgaste, sin preocuparse de conocer los datos rigurosos
sobre la cuestión de la financiación, tanto en el sector público, como en
el privado.
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Senador Fernández Rozada, le
ruego que concluya.
El señor FERNANDEZ ROZADA: Gracias, señor Presidente.
Efectivamente, señor Iglesias, hay problemas en la educación. Pero el
sistema educativo tiene que ser fruto del mayor acuerdo posible, del
consenso que permita, por encima de los avatares del Gobierno, y sea éste
del signo que sea, alcanzar acuerdos fundamentales en los principios más
elementales para el buen funcionamiento de un sistema educativo que no
puedan modificarse.
Eso lo hemos querido hacer en su etapa en el Gobierno, pero no pudimos.
Tengo la esperanza de que si se avienen a ese consenso, cediendo todos un
poco, podrá haber un pacto de educación como el que no fue posible, como
digo, durante los Gobiernos socialistas.
Muchas gracias. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario
Popular.)
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Muchas gracias, señoría.
Tiene la palabra el Senador Iglesias Marcelo para fijar su posición sobre
la enmienda del Grupo Popular.
El señor IGLESIAS MARCELO: Muchas gracias, señor Presidente.
Señorías, no vamos a admitir la enmienda a nuestra moción presentada por
el Grupo Parlamentario Popular, por una razón absolutamente evidente y
clara: no estamos de acuerdo con el diagnóstico de los problemas del
sistema educativo. Por tanto, difícilmente podemos estar de acuerdo con
la propuesta de soluciones.
Sus señorías niegan la existencia de un problema. Sin embargo, creemos
que existe, no porque lo digamos nosotros --eso sería un rifirrafe más de
la vida política y parlamentaria--, sino porque lo afirma mucha gente que
no está presente en esta Cámara; mucha gente de la calle, muchos sectores
educativos importantes. En este sentido, acabo de referirme --pero no me
ha dicho nada al respecto-- a sectores importantes de la enseñanza
privada concertada que están extraordinariamente preocupados por el rumbo
que toma la política educativa del Gobierno. (El señor Presidente ocupa
la Presidencia.)
Por tanto, no estando de acuerdo en el diagnóstico de los problemas,
¿cómo vamos a estarlo en la propuesta de soluciones? Pongámonos de
acuerdo en los problemas que tenemos, y entonces podremos discutir las
soluciones y todos estaremos dispuestos a ceder una parte, como ya he
hecho el Grupo Parlamentario Socialista en tantas ocasiones en el pasado
inmediato para poder impulsar el servicio de la educación, que a todos
nos interesa. Pero reconozcan el problema como punto de partida. Si no,
¿de qué estamos hablando? De nada. (Aplausos en los escaños del Grupo
Parlamentario Socialista.)
El señor PRESIDENTE: Gracias, Senador Iglesias Marcelo.
Se abre un turno de portavoces para aquellos que no hayan intervenido.
Por el Grupo Mixto, tiene la palabra la Senadora De Boneta y Piedra.
La señora DE BONETA Y PIEDRA: Señor Presidente, señorías, tenemos aquí
una moción presentada por el Senador Iglesias, del Grupo Parlamentario
Socialista, y enfrente tenemos una moción alternativa, una enmienda de
modificación presentada por el Grupo Parlamentario Popular, que no ha
sido admitida por el Grupo proponente y, por tanto, no será objeto de
votación.
En nombre de mi Grupo Parlamentario, mejor dicho, en mi propio nombre
para no hacer partícipes a todos los miembros del Grupo de lo que aquí
voy a decir, me voy a pronunciar sobre la moción y sobre las cuestiones
que aquí se han planteado.
Yo comparto una premisa que se ha planteado en la defensa de la moción
del Grupo Parlamentario Socialista. La educación debe de servir
fundamentalmente para coadyuvar a la corrección de las desigualdades
sociales. Para mí esta premisa es en este momento incuestionable.
Pero, desgraciadamente, este debate me está recordando a algunos viejos
debates que en su día se ha mantenido, supongo que en todo el Estado,
pero muy especialmente en Euskadi cuando se trataba de hacer la ley que
iba a regir todo el sistema educativo no universitario, la Ley de Escuela
Pública Vasca, felizmente consensuada al final por todos o por la mayoría
de los grupos parlamentarios.
El antinomio sistema educativo público-sistema privado concertado yo creo
que debe de reconvertirse. La educación, pública o privada, es de interés
público y social. Toda la educación debe de entenderse, tal como refleja,
por cierto, el punto b) de la moción, como un servicio público.
Entiendo que el esfuerzo de acercamiento que representa la moción
alternativa del Partido Popular, especialmente en los puntos b), c) y d),
recoge de alguna manera el espíritu de alguno de los que figuran en la
moción presentada por el Grupo Parlamentario Socialista. No obstante, a
mí me parece que en los puntos a) y b) de la moción presentada por el
Senador Iglesias y en el punto a) de la moción alternativa no se refleja
con claridad lo que se quiere decir cuando se plantea el mantenimiento
del equilibrio existente entre los componentes de la red integrada de
centros escolares y, sobre todo, me parece que hablar del rechazo de
cualquier deriva privatizadora que debilite el servicio público de la
educación es, de alguna manera, prejuzgar excesivamente algo y desde
nuestras obligaciones de control del Gobierno cuidaremos que no se
produzca.
En todo caso, yo creo que efectivamente debe de haber un equilibrio, el
cual debe de estar representado precisamente en función, no sólo de
asegurar el sistema público, la financiación necesaria, los medios
necesarios y de elevar la calidad de los niveles educativos, sino también
de lo que la legislación establece: el respeto del derecho de elección de
centro de los alumnos y/o los padres. En ese sentido, me parece confusa
la moción y no me gusta demasiado, aunque no se vote, la propuesta
alternativa.
Yo creo que el problema que aquí se plantea es de financiación, de
dotación, de insuflar medios al sistema para que la reforma --que en este
caso es lo que va a requerir unos medios económicos importantes-- pueda
plantearse en profundidad en todos los niveles educativos y, sobre todo,
que éstos alcancen la calidad requerida.
En este sentido, esta Senadora va a abstenerse por las razones expresadas
en la moción presentada por el Grupo Parlamentario Socialista y, desde
luego, asegura a la Cámara que, con independencia de que pueda
considerarse que es un tema que no le atañe directamente como Senadora
del País Vasco, puesto que tenemos asumidas todas las competencias en el
sistema educativo no universitario, debo de decir que, no sólo por
solidaridad, sino por obligación en la representación que ostento, estaré
vigilante y efectuaré todas aquellas labores de control del Gobierno para
que pueda alcanzarse esta intención, que creo que nos une a todos, de
elevación de la calidad del sistema educativo y de la consideración de la
educación en su conjunto como un servicio público.
Nada más y muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, Senadora De Boneta.
¿Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos? (Pausa.)
¿Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió?
Tiene la palabra el Senador Varela.
El señor VARELA I SERRA: Muchas gracias, señor Presidente.
Ha dicho el Senador Iglesias que no están dispuestos a que la educación
sea la gran coartada de la desigualdad social. Estamos absolutamente de
acuerdo en esto. Damos una gran importancia, absoluta, a la educación, y
siempre estamos por la defensa de un sistema mixto de igualdad de
oportunidades entre el sistema público y el privado.
Dentro de este marco general de acuerdo total con esa intención, discrepo
de su interpretación, ya que ha dicho que quería presentar esta moción
como un paso adelante. Yo pienso que tal como va a acabar este acto
parlamentario no será un paso adelante. Tampoco será un paso atrás,
porque habremos reflexionado un poco más sobre la educación. Pero me
parece que es una ocasión perdida, Senador Iglesias y Grupo Parlamentario
Socialista, porque de ser cierta la inquietud en la que ustedes han
basado su interpelación y su moción subsiguiente, los puntos que
presentaba la enmienda del Grupo Parlamentario Popular, muchos de ellos,
los más importantes a mi entender, van en la línea de eliminar esta
inquietud. ¿Por qué no la han aceptado? No lo entiendo. Entonces sí que
hubiera sido un paso adelante, una ocasión no perdida. En el Senado
hubiéramos podido aprobar casi por unanimidad --me atrevería a decir-- un
acuerdo importante para presionar al Gobierno, que no dudo que es
consciente de las necesidades educativas, pero no vendría mal que desde
aquí se le ayude a ser más consciente.
Por ejemplo, el punto primero de la enmienda presentada por el Grupo
Parlamentario Popular pide más atención técnica y material, más recursos,
y el punto c) solicita realizar un esfuerzo sostenido para mejorar la
calidad de la oferta educativa en la totalidad del sistema. Esto es
perfectamente asumible, al igual que el último punto de mantener el
diálogo social con la participación. Que hubiera un acuerdo unánime del
Senado en la necesidad de mayor presupuesto para la educación e
insistencia en el diálogo social era importante. No entiendo cómo no
hemos podido acordar esto cuando hablamos tanto del pacto escolar. Y en
este punto hay dos compromisos importantes del Grupo que apoya al
Gobierno que hubieran venido muy bien a la mejora educativa. Por eso digo
que es una lástima. Votaremos en contra y pensamos que es una ocasión
perdida.
Si en el futuro viésemos, teniendo en cuenta este marco de que no
queremos que con la educación se produzca una desigualdad social, que las
acciones del Gobierno no están acordes con las voluntades manifestadas
aquí por la señora Ministra y por el Grupo Parlamentario Popular,
cambiaríamos nuestro voto en ulteriores mociones y estaríamos siempre
vigilantes a cualquier tema que haga relación a la educación. Pero me
parece que al menos en esta ocasión la propuesta alternativa que
presentaba el Grupo Parlamentario Popular era un paso adelante, un paso
positivo y ha sido una lástima perderlo.
Por ejemplo, en el presupuesto hay un compromiso muy importante que se
aprobó aquí y estaremos atentos para que a partir de enero haya un
estudio de la financiación de la LOGSE. Eso es muy importante para que no
se produzcan desequilibrios.
En la intervención anterior se ha comentado que la Ministra dijo que
había un grupo de técnicos, de profesionales y de catedráticos que
estaban estudiando medidas para mejor la calidad, y que propondría un
decreto-ley para septiembre. En este punto el Grupo Parlamentario Popular
se comprometía a mantener el diálogo social con los sectores de la
comunidad educativa. Nosotros pensamos que el Grupo Parlamentario
Popular, también en este punto, antes de tomar medidas sobre la mejora de
la calidad educativa, mantendrá contactos con todos los sectores
educativos para que esta preocupación que tenemos sobre la mejora de la
calidad de la enseñanza sea consensuada con todos, si es que de verdad
queremos este pacto social en relación con la educación.
Quiero mostrar todo mi respeto hacia el Senador Iglesias por su
sensibilidad con la educación, que compartimos, pero creo que en esta
ocasión ha tenido un error táctico
o político porque la propuesta que nos hacía el Grupo Parlamentario
Popular era dar un paso adelante.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias. (El señor Fernández Rozada pide la
palabra.)
Senador Fernández Rozada, el debate ha terminado.
El señor FERNANDEZ ROZADA: Señor Presidente, pido la palabra por el
artículo 87.
El señor PRESIDENTE: Me informan que por el artículo 87 no se le ha
concedido anteriormente a otro compañero. Por tanto, le rogaría que
renunciara a él, si fuera posible.
Vamos a votar esta moción, consecuencia de interpelación, sin la
incorporación de la enmienda que no fue aceptada por el grupo proponente.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 212; a
favor, 88; en contra, 122; abstenciones, dos.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada,
Se suspende la sesión hasta mañana a las diez de la mañana.
Eran las veintiuna horas y diez minutos.