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DS. Senado, Pleno, núm. 39, de 09/04/1997
CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL
SENADO
Año 1997 VI Legislatura
Núm. 39
PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. JUAN IGNACIO BARRERO VALVERDE
Sesión del Pleno
celebrada el miércoles, 9 de abril de 1997
ORDEN DEL DIA:
Primero
Preguntas:
--De don Josep Varela i Serra, del Grupo Parlamentario Catalán en el
Senado de Convergència i Unió, sobre las previsiones del Gobierno con
respecto a la creación del Consejo Superior Audiovisual (publicada en
el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie I, número
185, de fecha 7 de abril de 1997). (Número de expediente 680/000214.)
--De don Manuel Pérez Alvarez, del Grupo Parlamentario Popular en el
Senado, sobre las previsiones del Gobierno acerca de la implantación
de una tarifa regional o interprovincial para las comunicaciones
telefónicas entre Galicia y el norte de Portugal, en cuanto a la
sustitución del prefijo internacional en ese ámbito definido por el
área territorial del Eje Atlántico (publicada en el «Boletín Oficial
de las Cortes Generales», Senado, Serie I, número 185, de fecha 7 de
abril de 1997). (Número de expediente 680/000217.)
--De don José Gabriel Díaz Berbel, del Grupo Parlamentario Popular en
el Senado, sobre las mejoras en infraestructuras y dotaciones técnicas
que tiene previsto introducir el Gobierno en las oficinas de correos
del medio rural de Andalucía (publicada en el «Boletín Oficial de las
Cortes Generales», Senado, Serie I, número 185, de fecha 7 de abril de
1997). (Número de expediente 680/000219.)
--De don Juan Antonio Arévalo Santiago, del Grupo Parlamentario
Socialista, sobre la fecha prevista por el Gobierno para establecer las
normas que desarrollen el artículo 93 de la Ley 13/1996, de 30 de
diciembre, de Medidas fiscales, administrativas y del orden social, en
lo referente a los daños producidos por delitos de terrorismo
(publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado,
Serie I, número 185, de fecha 7 de abril de 1997). (Número de
expediente 680/000207.)
--De don Francisco Javier Rojo García, del Grupo Parlamentario
Socialista, sobre si el Gobierno pretende frenar el crecimiento
económico para así reducir los accidentes de tráfico (publicada en el
«Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie I, número 185,
de fecha 7 de abril de 1997). (Número de expediente 680/000229.)
--De don Francisco Xabier Albistur Marín, del Grupo Parlamentario de
Senadores Nacionalistas Vascos, sobre las medidas adoptadas por el
Ministerio de Asuntos Exteriores en relación con la circular difundida
por el Ministerio de Asuntos Exteriores británico, en la que se
desaconseja a los turistas ingleses elegir como destino la zona norte
de España y, concretamente, la Comunidad Autónoma del País Vasco
(publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado,
Serie I, número 185, de fecha 7 de abril de 1997). (Número de
expediente 680/000215.)
--De don José Rafael García-Fuster y González-Alegre, del Grupo
Parlamentario Popular en el Senado, sobre las medidas previstas por el
Ministerio de Sanidad y Consumo acerca de la ordenación de los flujos
de pacientes a los servicios de referencia (publicada en el «Boletín
Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie I, número 185, de fecha
7 de abril de 1997). (Número de expediente 680/000218.)
--De don Ramón Galán Cazallas, del Grupo Parlamentario Popular en el
Senado, sobre si el Ministerio de Sanidad y Consumo tiene previsto
desarrollar y mantener en el futuro algún procedimiento para hacer un
seguimiento de las relaciones de los ciudadanos con el sistema
sanitario (publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales»,
Senado, Serie I, número 185, de fecha 7 de abril de 1997). (Número de
expediente 680/000221.)
--De don Domingo González Arroyo, del Grupo Parlamentario Popular en
el Senado, sobre las actuaciones que ha llevado a cabo el Gobierno, en
aplicación del Real Decreto 1907/1996, de 2 de agosto, sobre publicidad
y promoción comercial de productos, actividades o servicios con
pretendida finalidad sanitaria (publicada en el «Boletín Oficial de las
Cortes Generales», Senado, Serie I, número 185, de fecha 7 de abril de
1997). (Número de expediente 680/000222.)
--De doña María Rosa Vindel López, del Grupo Parlamentario Popular en
el Senado, sobre las previsiones del Gobierno para mejorar la
Administración de Justicia en los Juzgados de Collado Villalba
(Madrid), dada la situación de colapso por la que atraviesan (publicada
en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie I,
número 185, de fecha 7 de abril de 1997). (Número de expediente
680/000220.)
--De don Manuel Guillermo Varela Flores, del Grupo Parlamentario
Socialista, sobre si el Gobierno tiene decidida la reducción del
servicio militar a seis meses en la presente Legislatura (publicada en
el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie I, número
185, de fecha 7 de abril de 1997). (Número de expediente 680/000224.)
--De don José Castro Rabadán, del Grupo Parlamentario Socialista, sobre
la valoración u opinión que le merece al Gobierno el Informe del
Tribunal de Cuentas referido al año 1993, sobre la Junta de Castilla
y León (publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales»,
Senado, Serie I, número 185, de fecha 7 de abril de 1997). (Número de
expediente 680/000204.)
--De don Carlos Alberto González Príncipe, del Grupo Parlamentario
Socialista, sobre las medidas adoptadas por el Gobierno para garantizar
la privacidad de los datos de los contribuyentes que en la próxima
campaña de la declaración de la renta utilicen los servicios que el
Ministerio de Economía y Hacienda pretende contratar con empresas
privadas (publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales»,
Senado, Serie I, número 185, de fecha 7 de abril de 1997). (Número de
expediente 680/000223.)
--De don Octavio José Granado Martínez, del Grupo Parlamentario
Socialista, sobre la cuantía de lo recaudado por Hacienda en términos
de caja en los dos primeros meses de 1997, que en términos de
contabilidad nacional es imputable al ejercicio de 1996 (publicada en
el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie I, número
185, de fecha 7 de abril de 1997). (Número de expediente 680/000227.)
--De don Lluís Armet i Coma, del Grupo Parlamentario Socialista, sobre
las previsiones del Gobierno acerca de la evolución de las diferencias
económicas, en los distintos territorios, para la prestación de
servicios públicos equivalentes (publicada en el «Boletín Oficial de
las Cortes Generales», Senado, Serie I, número 185, de fecha 7 de abril
de 1997). (Número de expediente 680/000228.)
--De doña Ana Guirado Pérez, del Grupo Parlamentario Socialista, sobre
si el Gobierno tiene previsto cesar al Director Provincial del
Instituto Nacional de Empleo (INEM) de Málaga, ante el cúmulo de
irregularidades denunciadas (publicada en el «Boletín Oficial de las
Cortes Generales», Senado, Serie I, número 185, de fecha 7 de abril de
1997). (Número de expediente 680/000226.)
--De don Victoriano Ríos Pérez, del Grupo Parlamentario Mixto, sobre
las previsiones y planes concretos que tiene el Gobierno en relación
con la política de privatización que afecta a la compañía Unión
Eléctrica de Canarias, S. A. (UNELCO) (publicada en el «Boletín Oficial
de las Cortes Generales», Senado, Serie I, número 185, de fecha 7 de
abril de 1997). (Número de expediente 680/000216.)
Segundo
Interpelaciones:
--De doña Francisca Pleguezuelos Aguilar, del Grupo Parlamentario
Socialista, sobre las razones y los criterios que han llevado al
Gobierno a aprobar un Real Decreto-ley, el día 14 de marzo de 1997, con
ayudas insuficientes para paliar los daños producidos por el temporal
de lluvias en las cinco Comunidades Autónomas relacionadas en el mismo
(publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado,
Serie I, número 185, de fecha 7 de abril de 1997). (Número de
expediente 670/000039.)
--De don Juan Antonio Arévalo Santiago, del Grupo Parlamentario
Socialista, sobre la situación actual de la Administración de Justicia
en España (publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales»,
Senado, Serie I, número 185, de fecha 7 de abril de 1997). (Número de
expediente 670/000037.)
Tercero
Conocimiento directo por el Pleno de Proyectos y Proposiciones de Ley
remitidos por el Congreso de los Diputados:
--Proposición de Ley por la que pasa a denominarse oficialmente Illes
Balears la provincia de Baleares (publicada en el «Boletín Oficial de
las Cortes Generales», Senado, Serie III-B, número 7, de fecha 10 de
marzo de 1997). (Número de expediente S. 625/000001.) (Número de
expediente C. D. 125/000001.)
Cuarto
Dictámenes de Comisiones sobre Proyectos y Proposiciones de Ley
remitidos por el Congreso de los Diputados:
--De la Comisión de Obras Públicas, Medio Ambiente, Transportes y
Comunicaciones en relación con el Proyecto de Ley por el que se
incorpora al Derecho español la Directiva 95/47/CE, de 24 de octubre,
del Parlamento Europeo y del Consejo, sobre el uso de normas para la
transmisión de señales de televisión y se aprueban medidas adicionales
para la liberalización del sector (procedente del Real Decreto-ley
1/1997, de 31 de enero). SE TRAMITA POR EL PROCEDIMIENTO DE URGENCIA
(publicado en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado,
Serie II, número 21, de fecha 7 de abril de 1997). (Número de
expediente S. 625/000021.) (Número de expediente C. D. 121/000029.)
--De la Comisión de Economía y Hacienda en relación con la Proposición
de Ley de modificación del artículo 8 de la Ley del contrato de seguro
para garantizar la plena utilización de todas las lenguas oficiales en
la redacción de los contratos (publicado en el «Boletín Oficial de las
Cortes Generales», Senado, Serie III-B, número 6, de fecha 20 de marzo
de 1997). (Número de expediente S. 624/000004.) (Número de expediente
C. D. 122/000002.)
SUMARIO
Se abre la sesión a las nueve horas y diez minutos.
PREGUNTAS (Página 1603)
De don Josep Varela i Serra, del Grupo Parlamentario Catalán en el
Senado de Convergència i Unió, sobre las previsiones del Gobierno con
respecto a la creación del Consejo Superior Audiovisual (Página 1603)
El señor Varela i Serra formula su pregunta. En nombre del Gobierno,
le contesta el señor Ministro de la Presidencia (Alvarez-Cascos
Fernández). En turno de réplica, interviene de nuevo el señor Varela
i Serra. En turno de dúplica, lo hace el señor Ministro de la
Presidencia (Alvarez-Cascos Fernández).
De don Manuel Pérez Alvarez, del Grupo Parlamentario Popular en el
Senado, sobre las previsiones del Gobierno acerca de la implantación
de una tarifa regional o interprovincial para las comunicaciones
telefónicas entre Galicia y el Norte de
Portugal, en cuanto a la sustitución del prefijo internacional en ese
ámbito definido por el área territorial del Eje Atlántico (Página 1605)
El señor Pérez Alvarez formula su pregunta. En nombre del Gobierno, le
contesta el señor Ministro de Fomento (Arias-Salgado y Montalvo). En
turno de réplica, interviene de nuevo el señor Pérez Alvarez.
De don José Gabriel Díaz Berbel, del Grupo Parlamentario Popular en el
Senado, sobre las mejoras en infraestructuras y dotaciones técnicas que
tiene previsto introducire el Gobierno en las oficinas de correos del
medio rural de Andalucía (Página 1606)
El señor Díaz Berbel formula su pregunta. En nombre del Gobierno, le
contesta el señor Ministro de Fomento (Arias-Salgado y Montalvo).
De don Juan Antonio Arévalo Santiago, del Grupo Parlamentario
Socialista, sobre la fecha prevista por el Gobierno para establecer las
normas que desarrollen el artículo 93 de la Ley 13/1996, de 30 de
diciembre, de Medidas fiscales, administrativas y del orden social, en
lo referente a los daños producidos por delitos de terrorismo (Página 1606)
El señor Arévalo Santiago formula su pregunta. En nombre del Gobierno,
le contesta el señor Ministro de Interior (Mayor Oreja). En turno de
réplica, interviene de nuevo el señor Arévalo Santiago. En turno de
dúplica, lo hace el señor Ministro de Interior (Mayor Oreja).
De don Francisco Javier Rojo García, del Grupo Parlamentario
Socialista, sobre si el Gobierno pretende frenar el crecimiento
económico para así reducir los accidentes de tráfico (Página 1608)
El señor Rojo García formula su pregunta. En nombre del Gobierno, le
contesta el señor Ministro de Interior (Mayor Oreja). En turno de
réplica, interviene de nuevo el señor Rojo García. En turno de dúplica,
lo hace el señor Ministro de Interior (Mayor Oreja).
De don Francisco Xabier Albistur Marín, del Grupo Parlamentario de
Senadores Nacionalistas Vascos, sobre las medidas adoptadas por el
Ministerio de Asuntos Exteriores en relación con la circular difundida
por el Ministerio de Asuntos Exteriores británico, en la que se
desaconseja a los turistas ingleses elegir como destino la zona norte
de España y, concretamente, la Comunidad Autónoma del País Vasco
(Página 1609)
El señor Albistur Marín formula su pregunta. En nombre del Gobierno,
le contesta el señor Ministro de Interior (Mayor Oreja). En turno de
réplica, interviene de nuevo el señor Albistur Marín.
De don José Rafael García-Fuster y González-Alegre, del Grupo
Parlamentario Popular en el Senado, sobre las medidas previstas por el
Ministerio de Sanidad y Consumo acerca de la ordenación de los flujos
de pacientes a los servicios de referencia (Página 1611)
El señor García-Fuster y González-Alegre formula su pregunta. En nombre
del Gobierno, le contesta el señor Ministro de Sanidad y Consumo (Romay
Beccaría). En turno de réplica, interviene de nuevo el señor
García-Fuster y González-Alegre.
De don Ramón Galán Cazallas, del Grupo Parlamentario Popular en el
Senado, sobre si el Ministerio de Sanidad y Consumo tiene previsto
desarrollar y mantener en el futuro algún procedimiento para hacer un
seguimiento de las relaciones de los ciudadanos con el sistema
sanitario (Página 1612)
El señor Galán Cazallas formula su pregunta. En nombre del Gobierno,
le contesta el señor Ministro de Sanidad y Consumo (Romay Beccaría).
De don Domingo González Arroyo, del Grupo Parlamentario Popular en el
Senado, sobre las actuaciones que ha llevado a cabo el Gobierno, en
aplicación del Real Decreto 1907/1996, de 2 de agosto, sobre publicidad
y promoción comercial de productos, actividades o servicios con
pretendida finalidad sanitaria (Página 1613)
El señor González Arroyo formula su pregunta. En nombre del Gobierno,
le contesta el señor Ministro de Sanidad y Consumo (Romay Beccaría).
De doña María Rosa Vindel López, del Grupo Parlamentario Popular en el
Senado,
sobre las previsiones del Gobierno para mejorar la Administración de
Justicia en los Juzgados de Collado Villalba (Madrid), dada la
situación de colapso por la que atraviesan (Página 1614)
La señora Vindel López formula su pregunta. En nombre del Gobierno, le
contesta la señora Ministra de Justicia (Mariscal de Gante y Mirón).
En turno de réplica, interviene de nuevo la señora Vindel López.
De don Manuel Guillermo Varela Flores, del Grupo Parlamentario
Socialista, sobre si el Gobierno tiene decidida la reducción del
servicio militar a seis meses en la presente Legislatura (Página 1615)
El señor Varela Flores formula su pregunta. En nombre del Gobierno, le
contesta el señor Ministro de Defensa (Serra Rexach). En turno de
réplica, interviene de nuevo el señor Varela Flores. En turno de
dú-plica, lo hace el señor Ministro de Defensa (Serra Rexach).
De don José Castro Rabadán, del Grupo Parlamentario Socialista, sobre
la valoración u opinión que le merece al Gobierno el Informe del
Tribunal de Cuentas referido al año 1993, sobre la Junta de Castilla
y León (Página 1617)
El señor Castro Rabadán formula su pregunta. En nombre del Gobierno,
le contesta el señor Ministro de Economía y Hacienda (De Rato y
Figaredo). En turno de réplica, interviene de nuevo el señor Castro
Rabadán. En turno de dúplica, lo hace el señor Ministro de Economía y
Hacienda (De Rato y Figaredo).
De don Carlos Alberto González Príncipe, del Grupo Parlamentario
Socialista, sobre las medidas adoptadas por el Gobierno para garantizar
la privacidad de los datos de los contribuyentes que en la próxima
campaña de la declaración de la renta utilicen los servicios que el
Ministerio de Economía y Hacienda pretende contratar con empresas
privadas (Página 1618)
El señor González Príncipe formula su pregunta. En nombre del Gobierno,
le contesta el señor Ministro de Economía y Hacienda (De Rato y
Figaredo). En turno de réplica, interviene de nuevo el señor González
Príncipe. En turno de dúplica, lo hace el señor Ministro de Economía
y Hacienda (De Rato y Figaredo).
De don Octavio José Granado Martínez, del Grupo Parlamentario
Socialista, sobre la cuantía de lo recaudado por Hacienda en términos
de caja en los dos primeros meses de 1997, que en términos de
contabilidad nacional es imputable al ejercicio de 1996 (Página 1620)
El señor Granado Martínez formula su pregunta. En nombre del Gobierno,
le contesta el señor Ministro de Economía y Hacienda (De Rato y
Figaredo). En turno de réplica, interviene de nuevo el señor Granado
Martínez. En turno de dúplica, lo hace el señor Ministro de Economía
y Hacienda (De Rato y Figaredo).
De don Lluís Armet y Coma, del Grupo Parlamentario Socialista, sobre
las previsiones del Gobierno acerca de la evolución de las diferencias
económicas, en los distintos territorios, para la prestación de
servicios públicos equivalentes (Página 1622)
El señor Armet i Coma formula su pregunta. En nombre del Gobierno, le
contesta el señor Ministro de Economía y Hacienda (De Rato y Figaredo).
En turno de réplica, interviene de nuevo el señor Armet i Coma. En
turno de dúplica, lo hace el señor Ministro de Economía y Hacienda (De
Rato y Figaredo).
De doña Ana Guirado Pérez, del Grupo Parlamentario Socialista, sobre
si el Gobierno tiene previsto cesar al Director Provincial del
Instituto Nacional de Empleo (INEM) de Málaga, ante el cúmulo de
irregularidades denunciadas.
Esta pregunta ha sido aplazada.
De don Victoriano Ríos Pérez, del Grupo Parlamentario Mixto, sobre las
previsiones y planes concretos que tiene el Gobierno en relación con
la política de privatización que afecta a la compañía Unión Eléctrica
de Canarias, S. A. (UNELCO).
Esta pregunta ha sido aplazada.
INTERPELACIONES (Página 1623)
De doña Francisca Pleguezuelos Aguilar, del Grupo Parlamentario
Socialista, sobre las razones y los criterios que han llevado al
Gobierno a aprobar un Real Decreto-Ley, el día 14 de marzo de 1997, con
ayudas
insuficientes para paliar los daños producidos por el temporal de
lluvias en las cinco Comunidades Autónomas relacionadas en el mismo
(Página 1623)
La señora Pleguezuelos Aguilar realiza la interpelación. En nombre del
Gobierno, responde a la misma el señor Ministro de Economía y Hacienda
(De Rato y Figaredo). Vuelve a intervenir la señora interpelante. En
turno de portavoces, hace uso de la palabra el señor Esteban Albert,
por el Grupo Popular. Cierra el debate el señor Ministro de Economía
y Hacienda (De Rato y Figaredo).
De don Juan Antonio Arévalo Santiago, del Grupo Parlamentario
Socialista, sobre la situación actual de la Administración de Justicia
en España (Página 1630)
El señor Arévalo Santiago realiza la interpelación. En nombre del
Gobierno, responde a la misma la señora Ministra de Justicia (Mariscal
de Gante y Mirón). Vuelve a intervenir el señor interpelante. En turno
de portavoces, hace uso de la palabra el señor Prada Presa, por el
Grupo Popular. Cierra el debate la señora Ministra de Justicia
(Mariscal de Gante y Mirón).
CONOCIMIENTO DIRECTO POR EL PLENO DE PROYECTOS Y PROPOSICIONES DE LEY
REMITIDOS POR EL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS (Página 1637)
Proposición de Ley por la que pasa a denominarse oficialmente Illes
Balears la provincia de Baleares
La señora Costa Serra consume un turno a favor. En turno de portavoces,
hacen uso de la palabra los señores Zubía Atxaerandio, por el Grupo de
Senadores Nacionalistas Vascos; Carrera i Comes, por el Grupo Catalán
en el Senado de Convergència i Unió; Garcías Coll, por el Grupo
Socialista, y Jaén Palacios, por el Grupo Popular.
Se aprueba la proposición de ley por asentimiento de la Cámara.
El señor Presidente anuncia a la Cámara que queda definitivamente
aprobada por las Cortes Generales la proposición de ley.
DICTAMENES DE COMISIONES SOBRE PROYECTOS Y PROPOSICIONES DE LEY
REMITIDOS POR EL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS (Página 1639)
De la Comisión de Obras Públicas, Medio Ambiente, Transportes y
Comunicaciones en relación con el Proyecto de Ley por el que se
incorpora al Derecho español la Directiva 95/47/CE, de 24 de octubre,
del Parlamento Europeo y del Consejo, sobre el uso de normas para la
transmisión de señales de televisión, y se aprueban medidas adicionales
para la liberalización del sector (procedente del Real Decreto-Ley
1/1997, de 31 de enero). SE TRAMITA POR EL PROCEDIMIENTO DE URGENCIA
(Página 1639)
El señor Beguer i Oliveres, Presidente de la Comisión, presenta el
dictamen.
Se abre debate de totalidad.
La señora Pleguezuelos Aguilar defiende la propuesta de veto número 1,
del Grupo Socialista. El señor Liso Marín consume un turno en contra.
En turno de portavoces, hacen uso de la palabra los señores Nieto
Cicuéndez, por el Grupo Mixto, y Beguer i Oliveres, por el Grupo
Catalán en el Senado de Convergència i Unió, así como la señora
Pleguezuelos Aguilar, por el Grupo Socialista, y el señor Liso Marín,
por el Grupo Popular. La señora Pleguezuelos Aguilar y el señor Liso
Marín intervienen de nuevo en virtud del artículo 87.
Se rechaza el veto número 1, del Grupo Socialista, por 82 votos a
favor, 143 en contra y 1 abstención.
Comienza el debate del articulado.
El señor Ríos Pérez, del Grupo Mixto, defiende la enmienda número 1.
El señor Beguer i Oliveres defiende las enmiendas números 2, 3 y 4, del
Grupo Catalán en el Senado de Convergència i Unió. El señor Luis Calvo
defiende las enmiendas números 5 a 18, así como el voto particular
número 3, de vuelta a la redacción inicial del artículo 7.a) y
disposición transitoria primera, del Grupo Socialista. El señor Ortiz
Climent consume un turno en contra. En turno de portavoces, hacen uso
de la palabra los señores Albistur Marín, por el Grupo de Senadores
Nacionalistas Vascos; Luis Calvo, por el Grupo Socialista, y Ortiz
Climent, por el Grupo Popular.
Se procede a votar.
Se aprueba una enmienda transaccional, sobre la base de la enmienda
número 1, del Grupo Mixto, por 142 votos a favor, 82 en contra y 2
abstenciones.
Se aprueba la enmienda número 3, del Grupo Catalán en el Senado de
Convergència i Unió, por 95 votos a favor, 3 en contra y 126
abstenciones.
Se rechazan las enmiendas números 2 y 4, del Grupo Catalán en el Senado
de Convergència i Unió, por 91 votos a favor, 125 en contra y 9
abstenciones.
El señor Aleu i Jornet anuncia en este momento la retirada de la
enmienda número 12, del Grupo Socialista.
Se rechaza la enmienda número 5, del Grupo Socialista, por 92 votos a
favor, 131 en contra y 4 abstenciones.
Se rechazan las enmiendas números 7 y 15, del Grupo Socialista, por 83
votos a favor, 134 en contra y 10 abstenciones.
Se rechazan las enmiendas números 6, 8 a 11, 13 a 14 y 16 a 18, del
Grupo Socialista, por 82 votos a favor, 140 en contra y 5 abstenciones.
Se rechaza el voto particular número 3, del Grupo Socialista, en su
primera parte, por 92 votos a favor, 133 en contra y 2 abstenciones.
Se rechaza el voto particular número 3, del Grupo Socialista, en su
segunda parte, por 81 votos a favor, 134 en contra y 12 abstenciones.
El señor Aleu i Jornet hace referencia a un aspecto técnico del
artículo 2, respecto del que el señor Presidente comunica que se dará
solución.
Se aprueba el artículo 7.a), apartado cuarto, por 132 votos a favor,
90 en contra y 4 abstenciones.
Se aprueba el resto del articulado por 143 votos a favor, 81 en contra
y 2 abstenciones.
El señor Presidente comunica a la Cámara el traslado de las enmiendas
aprobadas por el Senado al Congreso de los Diputados.
De la Comisión de Economía y Hacienda en relación con la Proposición
de Ley de modificación del artículo 8 de la Ley del contrato de seguro
para garantizar la plena utilización de todas las lenguas oficiales en
la redacción de los contratos (Página 1654)
El señor Cambra i Sánchez, Vicepresidente 1.º de la Comisión, presenta
el dictamen, quien al mismo tiempo consume un turno a favor. En turno
de portavoces, hace uso de la palabra la señora Virgili i Rodón, por
el Grupo Socialista.
Comienza el debate del articulado.
la señora De Boneta y Piedra, del Grupo Mixto, defiende la
enmienda número 1. El señor Presidente anuncia la presentación de una
enmienda transaccional respecto de la número 2, del Grupo Popular,
firmada por todos los grupos parlamentarios. El señor López Borderías
consume un turno en contra.
Se procede a votar.
Se rechaza la enmienda número 1, del Grupo Mixto, por 8 votos a favor,
202 en contra y 9 abstenciones.
Se aprueba la enmienda transaccional respecto de la número 2, del Grupo
Popular, por asentimiento de la Cámara.
Se aprueba el texto del proyecto de ley por 219 votos a favor y 1
abstención.
El señor Presidente comunica a la Cámara el traslado de las enmiendas
aprobadas por el Senado al Congreso de los Diputados.
Se levanta la sesión a las quince horas y quince minutos.
Se abre la sesión a las nueve horas y diez minutos.
El señor PRESIDENTE: Señorías, se abre la sesión.
PREGUNTAS:
--DE DON JOSEP VARELA I SERRA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO CATALAN EN EL
SENADO DE CONVERGéNCIA I UNIO, SOBRE LAS PREVISIONES DEL GOBIERNO CON
RESPECTO A LA CREACION DEL CONSEJO SUPERIOR AUDIOVISUAL. (680/000214.)
El señor PRESIDENTE: Punto primero del orden del día: Preguntas. En
primer término, pregunta de don Josep Varela i Serra, del Grupo
Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió, sobre las
previsiones del Gobierno con respecto a la creación del Consejo
Superior Audiovisual.
Tiene la palabra el Senador Varela i Serra.
El señor VARELA I SERRA: Muchas gracias, señor Presidente.
Señor Ministro, el 26 de abril del año 1995 se presentó ante el Pleno
del Senado el informe de la Comisión Especial sobre Contenidos
Televisivos. En dicho informe se recomendaba la creación de un Consejo
Superior de los Medios Audiovisuales, es decir, una autoridad
independiente destinada a ejercer funciones de asesoramiento y
vigilancia sobre la programación televisiva. Tal organismo, que tenía
unos principios fundamentales que se indicaban
en el informe, como son garantizar la independencia y pluralidad de los
medios audiovisuales, así como velar por la calidad de sus programas,
se entendía que estaría formado por representantes de los distintos
poderes y sectores que concurren en el medio; a saber: audiencia,
profesionales, políticos e industrias audiovisuales y que debería tener
competencias sobre las distintas cadenas de televisión. Se indicaba
también en el citado informe que, además del Consejo Superior de los
Medios Audiovisuales creado por el Estado, podrían existir consejos
audiovisuales paralelos en aquellas Autonomías en que los respectivos
Parlamentos o Gobiernos lo considerasen oportuno. De hecho, hace pocas
semanas se acaba de constituir el Consell del Audiovisual de Cataluña,
el CAC. Estos diferentes Consejos, señalaba el informe, deberían
complementarse con el del Estado, siguiendo el principio de
subsidiaridad.
Señor Ministro, dado que esta propuesta de la citada Comisión Especial
fue aprobada casi por unanimidad, con solamente tres votos en contra,
en noviembre de 1995, y aunque no fuese más, y ya es importante, que
por el alarmante incremento de contenidos violentos en las distintas
televisiones y de quejas por parte de los ciudadanos, pregunto al señor
Ministro: ¿Qué intención tiene el Gobierno respecto a la creación del
Consejo Superior Audiovisual?
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias, Senador Varela i Serra.
Tiene la palabra el señor Vicepresidente Primero del Gobierno.
El señor MINISTRO DE LA PRESIDENCIA (Alvarez-Cascos Fernández): Muchas
gracias, señor Presidente.
Señoría, el pasado 3 de octubre el Gobierno, en respuesta a una
pregunta del Senador Enrique Bellido, del Grupo Parlamentario Popular,
anunció que con carácter inmediato, en los próximos meses, en el seno
de la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones se podrían
incorporar las funciones y las competencias a las que alude su señoría
al interesarse por la creación del Consejo Superior Audiovisual.
Pues bien, después de varios meses de tramitación parlamentaria y si
el Congreso de los Diputados próximamente da su aprobación definitiva
al texto, la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones, gracias
a una enmienda parlamentaria, incorporará entre sus funciones la de
tutelar los servicios audiovisuales telemáticos e interactivos, de tal
manera que si se aprueba en los términos en que actualmente está
redactado el proyecto de ley de telecomunicaciones, será la Comisión
Nacional del Mercado de las Telecomunicaciones la que extenderá sus
competencias al ámbito por el que se interesa su señoría.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Vicepresidente Primero del
Gobierno.
Tiene la palabra el Senador Varela.
El señor VARELA I SERRA: Muchas gracias, señor Presidente.
Simplemente quiero agradecer la explicación del señor Vicepresidente
del Gobierno y esperar que esta regulación pueda hacerse pronto, porque
es urgente regular el contenido de la televisión.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, Senador Varela.
Tiene la palabra el señor Vicepresidente Primero del Gobierno.
El señor MINISTRO DE LA PRESIDENCIA (Alvarez-Cascos Fernández): Muchas
gracias, señor Presidente.
Quiero agradecerle su reconocimiento implícito de que una de las
preocupaciones importantes surgida de los debates y resoluciones de
esta Cámara está siendo incorporada y, por lo tanto, cumplida con las
previsiones del trabajo parlamentario que han hecho el Congreso y el
Senado y que el Gobierno también ha respaldado.
Le recuerdo a su señoría que en todo caso, y me parece muy importante,
sigue vigente el Convenio sobre Principios para la Autorregulación de
las Cadenas de Televisión, y por lo tanto el Gobierno considera
conveniente que dentro de su vigencia tenga todo el apoyo del propio
Gobierno en la medida en que es un Convenio suscrito por el Ministerio
de Educación y Cultura, que suscribieron en el año 1993 todas las
cadenas de televisión públicas y privadas y también las cadenas
autonómicas. Yo creo que los límites más precisos desde el punto de
vista de los contenidos se deben alcanzar por la vía de la
autorregulación. Por lo tanto, nos proponemos impulsar y desarrollar
al máximo este Convenio, que en su momento firmó el Gobierno anterior
con todas las cadenas de televisión, para que esa barrera por el lado
de la autorregulación siga siendo también una tutela efectiva, al
margen de lo que pueda hacer la propia Administración desde la Comisión
Nacional del Mercado de las Telecomunicaciones.
Como en estos momentos es posible que en sede parlamentaria se inicie
la posible reforma del Estatuto de Radiotelevisión, en la medida en que
éste tenía entre sus funciones la de velar por la programación del
servicio público de radiotelevisión, es también el momento oportuno
para reflexionar en qué medida el nuevo Estatuto de Radiotelevisión
debe de ratificar, reforzar o retocar las competencias que por ley se
le atribuye al propio Ente Público Radiotelevisión Española. Todo ello,
y termino, señor Presidente, haciendo plenamente compatible el
reconocimiento de las competencias que las Comunidades Autónomas tienen
en esta materia con el desarrollo de lo que en ese sentido ya se ha
establecido por sentencias del Tribunal Constitucional e incluso con
la enmienda del Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos
que figura en la Ley de las Telecomunicaciones y que yo creo que
completan en estos momentos un círculo de mecanismos públicos para
llevar a la práctica la tutela de las preocupaciones que han quedado
expresadas y refrendadas en esa idea de que existiera una Comisión
Nacional que tutelara y velara por preservar
estos principios en la radio y la televisión, tanto públicas como
privadas.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Vicepresidente Primero del
Gobierno.
--DE DON MANUEL PEREZ ALVAREZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL
SENADO, SOBRE LAS PREVISIONES DEL GOBIERNO ACERCA DE LA IMPLANTACION
DE UNA TARIFA REGIONAL O INTERPROVINCIAL PARA LAS COMUNICACIONES
TELEFONICAS ENTRE GALICIA Y EL NORTE DE PORTUGAL, EN CUANTO A LA
SUSTITUCION DEL PREFIJO INTERNACIONAL EN ESE AMBITO DEFINIDO POR EL
AREA TERRITORIAL DEL EJE ATLANTICO. (680/000217.)
El señor PRESIDENTE: Pasamos a la pregunta de don Manuel Pérez Alvarez,
del Grupo Parlamentario Popular en el Senado, sobre las previsiones del
Gobierno acerca de la implantación de una tarifa regional o
interprovincial para las comunicaciones telefónicas entre Galicia y el
norte de Portugal, en cuanto a la sustitución del prefijo internacional
en ese ámbito definido por el área territorial del Eje Atlántico.
Senador Pérez Alvarez, tiene la palabra.
El señor PEREZ ALVAREZ: Muchas gracias, señor Presidente.
Señor Ministro, un miembro del gabinete del que usted forma parte, hace
escasísimos días, concretamente el pasado lunes en Vigo, caracterizaba
la actividad económica por la globalización y por la tendencia a la
integración. A medio camino entre la internacionalización y los
localismos surgen los fenómenos que podíamos definir como
eurorregiones. En este caso, la eurorregión que define lo que hemos
denominado Eje Atlántico, que comprende una población de seis millones,
es una superestructura de municipios, antes con la capital en Oporto,
en este momento con la presidencia del mismo en Vigo y de su mismo
Alcalde, y comprende los municipios que van desde Oporto a Villa Real,
Vigo o Ferrol.
Esta superestructura de municipios que representa el Eje Atlántico
tiene también entre sus objetivos la de ser una eurorregión y, quiérase
o no, el de romper unas fronteras, quizás porque el padre Miño, que es
un río que sufre las mareas, si cuando sube la marea, separa, cuando
baja, une lo que cultural, histórica e, incluso, idiomáticamente nunca
ha estado separado. Por otra parte, si nos situamos en Tuy, señor
Ministro, y queremos llamar enfrente, a Valença nada más, nuestra
llamada ha de seguir un recorrido que rompería cualquier esquema de
agilidad: Tuy-Madrid-Lisboa-Valença.
Por otra parte, es obvio que España es el primer inversor en Portugal,
que son cada día más frecuentes las inversiones y la presencia de
España --y, en este caso, de Galicia y, más concretamente, de Vigo--
en todo el área que define el Eje Atlántico, y, muy significativamente,
en Oporto, con presencia operativa también de bancos, como el caso
concreto de la Caja de Ahorros de Vigo.
Todas estas razones motivan a esta señoría a formularle la pregunta,
porque consideramos la importancia de la reducción de costes
--llamémoslo así-- de comunicación con la supresión del prefijo
internacional y la implantación de una tarifa regional o
interprovincial. Dicho en román paladino, que una llamada desde Vigo
a Oporto no tenga mayor costo que el que pueda tener desde Vigo a la
Coruña, con la misma facilidad, por supuesto.
Gracias, señor Ministro.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
Tiene la palabra el señor Ministro de Fomento.
El señor MINISTRO DE FOMENTO (Arias-Salgado Montalvo): Muchas gracias,
señor Presidente.
Señoría, la lógica de la economía y de la sociología no siempre
coincide con la innovación tecnológica. Es cierto que hace tiempo
existió una relación fronteriza especial en el ámbito telefónico entre
Vigo y Oporto, con cobertura de la provincia de Pontevedra desde el
lado español y de Oporto en territorio portugués. Esas conexiones
especiales que existieron tiempo ha están hoy suprimidas, a raíz de
haberse completado la automatización de las relaciones telefónicas
entre ambos países en un proceso de modernización de la red que había
dejado obsoleta la conexión entre Vigo y Oporto. En la actualidad, las
conexiones telefónicas entre ambas zonas están servidas por cuatro
centrales internacionales y las tarifas que se aplican son las
correspondientes a la Unión Europea.
La implantación en estos momentos de una tarifa regional o
interprovincial en las comunicaciones telefónicas entre Galicia y el
norte de Portugal sin necesidad de utilizar el código de país
requeriría una inversión considerable y una coordinación de los planes
nacionales de numeración difícilmente alcanzable. Ello implicaría la
utilización de códigos provinciales ficticios y por lo general mal
conocidos por los clientes, así como una importante pérdida de libertad
y flexibilidad en la adopción de medidas para la ampliación de
capacidad de la numeración nacional. La distorsión que provocaría en
los códigos internacionales la utilización de los prefijos
interprovinciales de España para comunicaciones con Portugal y las
desigualdades territoriales que podría generar respecto a otras
Comunidades Autónomas obligan a buscar otras alternativas.
Por todas estas razones y tras un estudio minucioso, Telefónica se
inclina por aplicar --y así lo está estudiando-- una tarifa
preferencial entre España y Portugal, pero con carácter general, porque
es lo que se deriva de la legislación comunitaria y de las exigencias
técnicas de los planes de numeración.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ministro de Fomento.
Tiene la palabra el Senador Pérez Alvarez.
El señor PEREZ ALVAREZ: Muchas gracias, señor presidente.
Señor Ministro, si la pregunta formulada ha servido de alguna manera
para serenar la preocupación y para que exista ese trato preferencial,
no sólo para los gallegos, que somos claramente solidarios desde
siempre, sino para todos los españoles y toda la línea fronteriza, me
doy por satisfecho.
Gracias, señor Ministro.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, Senador Pérez Alvarez.
--DE DON JOSE GABRIEL DIAZ BERBEL, DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN
EL SENADO, SOBRE LAS MEJORAS EN INFRAESTRUCTURAS Y DOTACIONES TECNICAS
QUE TIENE PREVISTO INTRODUCIR EL GOBIERNO EN LAS OFICINAS DE CORREOS
DEL MEDIO RURAL DE ANDALUCIA. (680/000219.)
El señor PRESIDENTE: Pregunta de don José Gabriel Díaz Berbel, del
Grupo Parlamentario Popular en el Senado, sobre las mejoras en
infraestructuras y dotaciones técnicas que tiene previsto introducir
el Gobierno en las oficinas de Correos del medio rural de Andalucía,
para cuya formulación tiene la palabra su señoría.
El señor DIAZ BERBEL: Muchas gracias, señor Presidente.
Señor Ministro, el servicio de Correos y Telégrafos ha venido
cumpliendo desde antiguo un papel fundamental dentro de las
comunicaciones y el desarrollo en nuestro país. Es cierto que en
ocasiones ha tenido que soportar una historia negra fundamentada en el
retraso con que cumplía sus funciones, algo que era debido en la
mayoría de los casos a la escasez de recursos humanos y técnicos con
los que contaba.
No podemos negar que la telefonía o, sobre su soporte, el fax, así como
la comunicación a través de la informática, o mediante medios rápidos
de transporte a domicilio se ha venido a disminuir este papel
hegemónico y relevante que el correo tradicional ocupaba en nuestro
país. En cualquier caso, siguen siendo cientos de miles los envíos
diarios que se realizan y distribuyen a través de las oficinas de
Correos.
Sin embargo, esta relación de competencia que debe establecerse con
otros medios de comunicación y que debe obligar a una modernización de
la estructura de Correos en España no se ha abordado aún en muchas de
las oficinas del medio rural español, fundamentalmente en Andalucía.
Así, nos encontramos con demasiada frecuencia con oficinas de Correos
en los pueblos andaluces que carecen de los mínimos servicios
necesarios, incluso luz, habilitadas en mínimos locales, sin
acondicionamiento alguno, propiedad en muchos casos del funcionario que
las gestiona, con lo que ello supone de inadecuada prestación de un
servicio que es público y en muchas ocasiones necesario por ser el
único.
Por ello, señor Ministro, le pregunta este Senador: ¿Qué mejoras en
infraestructuras y dotaciones técnicas tiene previsto introducir el
Gobierno en las oficinas de Correos del medio rural andaluz?
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias, Senador Berbel.
Tiene la palabra el señor Ministro de Fomento.
El señor MINISTRO DE FOMENTO (Arias-Salgado Montalvo): Muchas gracias,
señor Presidente.
Señoría, lo que le puedo anticipar es que en estos momentos el
Organismo Autónomo de Correos está tratando de elaborar un plan para
mejorar las infraestructuras del servicio postal en todo el área rural.
Con carácter coyuntural e inmediato, lo que tiene previsto la Dirección
General de Correos en relación con la red rural de Andalucía es ampliar
el parque de buzones de admisión en 500; adquirir 250 nuevas unidades
de pesado de correspondencia y 500 unidades nuevas de carros de
reparto, para mejora de las condiciones de trabajo del personal.
El plan para la mejora de las infraestructuras del servicio de Correos
comprenderá, como es lógico, mejoras significativas en relación con las
deficiencias que ha expuesto su señoría y que son absolutamente
ciertas. Hay aspectos del servicio altamente insatisfactorios desde el
punto de vista de las dotaciones. No obstante y sin que ello sirva de
consuelo, sino simplemente para información de la Cámara, debo decirle
que en Andalucía un 79,5 por ciento de la población es atendida por
oficinas del nivel técnico, que, por así decirlo, son las oficinas
mejor dotadas y de primer nivel, y un 20,5 por ciento por la red rural.
En el resto de España tales porcentajes son, respectivamente, del 77,3
por ciento y del 22,7 por ciento.
Desde la perspectiva de la población, debo decirle que 5.600.000
habitantes de Andalucía están atendidos por esas oficinas de primer
nivel y 1.443.000 ciudadanos por la red rural. Esta es la que debe ser,
en cualquier caso, objeto de mejora. Por ello coincido con su señoría.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ministro de Fomento.
Tiene la palabra el Senador Díaz Berbel.
El señor DIAZ BERBEL: Muchas gracias, señor Presidente.
Me doy por satisfecho con la respuesta. Espero verla realizada con
brevedad.
Gracias.
--DE DON JUAN ANTONIO AREVALO SANTIAGO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO
SOCIALISTA, SOBRE LA FECHA PREVISTA POR EL GOBIERNO PARA ESTABLECER LAS
NORMAS QUE DESARROLLEN EL ARTICULO 93 DE LA
LEY 13/1996, DE 30 DE DICIEMBRE, DE MEDIDAS FISCALES, ADMINISTRATIVAS
Y DEL ORDEN SOCIAL EN LO REFERENTE A LOS DAÑOS PRODUCIDOS POR DELITOS
DE TERRORISMO. (680/000207.)
El señor PRESIDENTE: Pregunta de don Juan Antonio Arévalo Santiago, del
Grupo Parlamentario Socialista, sobre la fecha prevista por el Gobierno
para establecer las normas que desarrollen el artículo 93 de la Ley
13/1996, de 30 de diciembre, de Medidas fiscales, administrativas y del
orden social en lo referente a los daños producidos por delitos de
terrorismo.
Tiene la palabra el Senador Arévalo Santiago.
El señor AREVALO SANTIAGO: Muchas gracias, señor Presidente.
Señorías, señor Ministro, la Ley de Medidas fiscales, administrativas
y del orden social dispone que serán resarcibles por el Estado los
daños corporales y materiales que se causen como consecuencia o con
ocasión de delitos de terrorismo a quienes no fueren responsables de
los mismos y con el alcance y condiciones que establezcan las normas
que desarrollen este precepto.
Esta Ley fue aprobada en el mes de diciembre; entró en vigor el día 1
de enero y la pregunta pretende conocer cuándo se van a establecer por
parte del Gobierno las normas que desarrollen este precepto que, por
otra parte, son imprescindibles para que se pueda llevar a cabo lo que
en la Ley se ordena.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, Senador Arévalo Santiago.
Tiene la palabra el señor Ministro de Interior.
El señor MINISTRO DE INTERIOR (Mayor Oreja): Gracias, señor Presidente.
Señorías, en primer lugar quiero agradecer al Senador Arévalo su
comprensión y generosidad ante la petición de aplazamiento.
Ya contestando a su pregunta, quiero decir que la Ley 13/1996, de 30
de diciembre, de Medidas fiscales, administrativas y del orden social,
sin duda alguna constituye un importante avance normativo en lo que
significa de resarcimiento a las víctimas de atentados terroristas, en
lo que significa ampliación en el ámbito de protección y en lo que
puede significar un impulso en la asistencia integral personalizada,
y no sólo, como recordaba usted hace un momento, para daños personales
y materiales sino también en el contexto socio-asistencial.
La Ley, como usted sabe, ha entrado en vigor el 1 de enero de 1997, y
quiero decirle que desde esa fecha se viene ya aplicando a los
afectados por atentados terroristas, como tendré ocasión de concretar
en el turno de réplica en lo que significó el atentado de Granada. En
todo caso, el Ministerio de Interior ya ha elaborado un proyecto de
Real Decreto por el que se aprueba el reglamento de desarrollo de la
regulación de ayudas y resarcimientos a las víctimas del terrorismo,
que es un proyecto que está en fase de informe en estos momentos, que
se encuentra en los Ministerios de Economía y Hacienda, Trabajo,
Educación y Cultura, en el Consorcio de Compensación de Seguros y en
el Consejo de Estado, de modo y manera que le puedo decir que antes del
verano ese reglamento será aprobado. Por lo demás, le quiero reiterar
que, desde el 1 de enero de 1997, a los que sufren atentados por
acciones terroristas ya se les aplica la Ley a la que antes hacía
referencia.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ministro de Interior.
Tiene la palabra el señor Arévalo Santiago.
El señor AREVALO SANTIAGO: Muchas gracias, señor Presidente.
Señor Ministro, agradezco la contestación a mi pregunta, que cumple con
lo que se pretendía con la misma.
Me complace saber que a partir del 1 de enero de 1997, que es cuando
entró en vigor esta Ley, se viene aplicando esta norma y, aunque
carezcamos todavía del reglamento que la desarrolle --que, como dice
el señor Ministro, está en un Real Decreto que se prevé que pueda ser
aprobado antes del verano--, estamos conformes con que desde el 1 de
enero de 1997 se esté cumpliendo con lo que se obliga en la Ley al
Gobierno.
Nos gustaría que el señor Ministro nos pudiera ampliar un poco más esta
noticia y podamos conocer cómo, aun sin existir el Decreto que
desarrolle el artículo 93 de la Ley de medidas fiscales, se puede
cumplir lo que entonces se pretendía, que es, sin duda, un avance
normativo con respecto a lo que ya existía para el resarcimiento de las
víctimas, en este caso de las que sufren daños corporales o materiales
como consecuencia de los hechos terroristas.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias, Senador Arévalo.
Tiene la palabra el señor Ministro de Interior.
El señor MINISTRO DE INTERIOR (Mayor Oreja): Muchas gracias.
Señoría, le quería decir que el Ministerio de Interior ya viene
aplicando esos resarcimientos previstos en la Ley 13/1996,
especialmente cuando se produce un hecho como el atentado que tuvo
lugar en Granada el 10 de febrero. En ese sentido, se vienen aplicando
los resarcimientos por lesiones, por ejemplo invalidantes, es decir
incapacidad permanente parcial, total y absoluta, que se abonan con un
aumento de diez mensualidades previstas en dicha Ley, de modo y manera
que si hubiese una incapacidad permanente parcial, de 40 mensualidades
pasamos a 50; de incapacidad permanente total, pasamos de 60 a 70, y
de incapacidad permanente absoluta, pasamos de 90 a 100 mensualidades.
Pero también se están valorando de esta nueva forma, y se están
regulando, los daños materiales que se produjeron en Granada, porque
el alcance de la Ley afecta, no solamente a viviendas afectadas, sino
también a locales de negocio o establecimientos mercantiles dañados,
y para daños de vehículos se tramitan los expedientes en aquéllos
dedicados al transporte o a mercancías, y también en aquellos que se
consideran indispensables para la actividad mercantil o laboral del
damnificado. Estos son resarcimientos que significan novedades en
nuestra legislación.
En el otro terreno al que antes me refería, en el campo
socioasistencial, en lo que significan ayudas a estudios o
psicológicas, se están tramitando y se está respondiendo a posibles
demandas que de hecho ya se están produciendo. En ese terreno me pongo
a su disposición para entregarle un cuadro inicial comparativo respecto
de lo que podía significar la regulación con anterioridad antes de la
entrada en vigor de esta Ley.
Muchas gracias, señoría.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Ministro del Interior.
--DE DON JAVIER ROJO GARCIA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, SOBRE
SI EL GOBIERNO PRETENDE FRENAR EL CRECIMIENTO ECONOMICO PARA ASI
REDUCIR LOS ACCIDENTES DE TRAFICO. (680/000229.)
El señor PRESIDENTE: Pregunta de don Javier Rojo García, del Grupo
Parlamentario Socialista, sobre si el Gobierno pretende frenar el
crecimiento económico para así reducir los accidentes de tráfico.
Tiene la palabra el Senador Rojo García.
El señor ROJO GARCIA: Muchas gracias, señor Presidente.
Señor Ministro, como conoce todo el mundo, este año ha aumentado en
torno al 10 por ciento el número de víctimas mortales de tráfico
durante la Semana Santa, quebrando una tendencia a la baja de los
últimos años. Ya en la Operación Retorno de las Navidades, el caos de
circulación y la incapacidad del Director General de Tráfico para hacer
frente a ello fueron manifiestas.
Lo novedoso de la situación no es lo que está ocurriendo, sino la
explicación que el Director General de Tráfico ha dado ante la
situación que acabo de explicar, que no es otra que el aumento de
víctimas se corresponde con lo bien que va la economía.
Por tanto, señor Ministro, mi pregunta es: ¿Pretende el Gobierno frenar
el crecimiento económico para reducir los accidentes de tráfico?
(Risas.)
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, Senador Rojo García.
Tiene la palabra el señor Ministro de Interior.
El señor MINISTRO DE INTERIOR (Mayor Oreja): Gracias, señor Presidente.
Creo que éste es un tema de la suficiente seriedad como para que nos
introduzcamos en lo que significan unas bromas que, en mi opinión,
rozan el mal gusto cuando se trata de cuestiones que, sin duda alguna,
afectan a muchas muertes, y no se pueden deslizar los datos
gratuitamente como si usted en estos momentos pudiese estar haciendo
una tabla evolutiva del número de accidentes de tráfico, hecho que no
coincide con la realidad.
Los datos que el Gobierno quiere comunicar a sus señorías son los
siguientes: en primer lugar, las cifras han aumentado en un 6 por
ciento de víctimas mortales respecto del mismo período de 1996. En
segundo lugar, no se puede hablar de un cambio en la evolución de la
accidentalidad ya que el número de fallecidos en los tres primeros
meses es inferior al de los años 1995, 1993 y 1992.
Usted ha dicho, faltando a la verdad, que en una serie de años se había
producido una evolución en los siniestros de Semana Santa, pero esos
datos no son ciertos. En el año 1992 hubo 177 muertos; en 1993 hubo
175; en 1995 hubo 153; en el año 1996 se quiebra probablemente la
tendencia y hay 122 muertos, y en 1997 hay 134, pero no es una serie
lineal que demuestre una incapacidad respecto de alguna cuestión.
¿Qué explicaciones pueden darse respecto de lo ocurrido esta Semana
Santa, eso sí, sin demagogias, con datos reales sobre la mesa, señor
Rojo? En primer lugar, hay un aumento de la circulación en la Semana
Santa de 1997, y esto no lo dice el Gobierno, lo publica la Asociación
de Operadores de Productos Petrolíferos, y hay un aumento de ventas en
gasolinas y gasóleos de automoción cuyas cifras están a su disposición.
Y, evidentemente, puede hablarse de que también hay un aumento del
número de desplazamientos, y es que el cálculo que hace Tráfico en
estos momentos es que, de los 15 millones de vehículos desplazados en
el año 1996, hemos pasado a 18 millones de vehículos en 1997, lo que
significa un aumento de tres millones de vehículos respecto del año
1996.
En definitiva, señor Rojo, creo que todavía no es razonable --no sea
que dentro de unos meses tengamos tendencias distintas-- que
extraigamos conclusiones del balance de datos de la Semana Santa
extrapolables a todo un año debido a la escasa amplitud del período de
referencia. Señoría, con estos datos de un año, ni se puede decir que
un Director General de Tráfico es maravilloso ni tampoco que es
excepcionalmente malo. No cabe la exageración. No hay Dirección General
de Tráfico, no hay Ministerio del Interior que modifiquen una tendencia
que tiene otras razones mucho más profundas y que obedece, sin duda
alguna, a otras causas mucho más que a lo que significa la gestión, no
ya del Director General de Tráfico, sino de un Ministro de un Gobierno.
Como usted bien sabe, precisamente Tráfico es una institución que tiene
autonomía suficiente, que está alejada de toda carga partidaria y
política y que funciona de una determinada forma a través de criterios
técnicos muy profesionales con nosotros y con ustedes cuando estaban
en el Gobierno. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario
Popular.)
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ministro de Interior.
Tiene la palabra el señor Rojo García.
El señor ROJO GARCIA: Gracias, señor Presidente.
Señor Ministro, esas explicaciones que me ha dado y que le agradezco,
se las tiene que dar al Director General de Tráfico. No me las dé a mí.
Lo que yo le he hecho ha sido una pregunta como consecuencia de la
torpeza del Director General de Tráfico por lo que dijo y que en ningún
momento ha rectificado aunque yo esperaba que lo hiciese puesto que ha
tenido tiempo para ello.
Incluso en alguna entrevista que le han hecho en algunos periódicos
como consecuencia de esa torpeza, porque es una torpeza, y espero que
a pesar de los aplausos, porque su Grupo aplaude absolutamente todo...
(Rumores.--Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Popular.),
ya les ve usted...
Señor Ministro, creo que sería bueno que alguna vez, desde la humildad,
viniesen aquí y dijesen que también se equivocan ustedes. ¿Cómo es
posible que no entiendan ustedes que es una torpeza que el Director
General de Tráfico haya hecho semejante manifestación? Porque la ha
hecho, señor Ministro.
Usted me ha estado contestando a cuestiones que yo no le he preguntado
porque venía usted con las notas ya preparadas. ¡Pero si yo no le he
preguntado nada de lo que usted ha dicho! ¡Si es que lo conocemos! Lo
único que yo digo --además está escrito, está ahí-- es que el Director
General de Tráfico es un torpe. ¿Y por qué digo que es un torpe? Pues
por no calificarlo de otra manera.
Usted tenía que haber venido aquí a decirnos que se ha equivocado el
Director General de Tráfico, pero nos ha venido a dar unas
explicaciones que son las de siempre: que nosotros lo hacíamos peor.
Yo no me alegro de lo que ha ocurrido respecto a los accidentes de
tráfico en Semana Santa, señor Ministro; nadie se alegra. Con que
solamente hubiese habido un accidente ya estaríamos preocupados todos
los ciudadanos. Ha ocurrido lo que ha ocurrido, pero no venga aquí a
dar las explicaciones de un señor que como es incapaz de decir: nos
hemos equivocado, sale con esta brillante idea sin decir otra cosa.
Pero diré más, y es que llueve sobre mojado, señor Ministro. En la
comparecencia del señor Rajoy, el portavoz del Grupo Parlamentario
Popular nos explicaba que la congelación salarial de los funcionarios
tenía algo de beneficio puesto que los funcionarios podían pedir
créditos más baratos ya que gracias a ellos la economía iba mejor y los
créditos, por tanto, eran más baratos. Y es que ustedes lo justifican
todo. Y aquí pasa exactamente igual. Cada vez que ustedes se equivocan,
la equivocación es de otros.
Por tanto, señor Ministro, gracias por la explicación, pero reconozca,
cuando menos, que el Director General de Tráfico ha sido torpe y se ha
equivocado. Reconozca que ha tenido la oportunidad de rectificar y no
lo ha hecho. Pero no nos vengan siempre con la misma cuestión, porque
cuando no nos hablan de la herencia nos hablan de otras cuestiones.
Esto sí que es interés general. Y me reconocerá cuando menos que este
año no han sacado ustedes la campaña antes de Semana Santa como se
hacía anteriormente. El señor Director General de Tráfico ha aducido
como razón los plazos como consecuencia del presupuesto, pero no voy
a entrar en la cuestión.
En cualquier caso, señor Ministro, gracias una vez más por las
explicaciones, pero me gustaría que dijese tan sólo que el Director
General de Tráfico se ha equivocado, que es lo que le he preguntado,
y a ver si le aplauden otra vez.
El señor PRESIDENTE: Gracias, Senador Rojo García.
Tiene la palabra el señor Ministro.
El señor MINISTRO DE INTERIOR (Mayor Oreja): Gracias, señor Presidente.
Señor Rojo, creo que en estas cuestiones, como en todas --y además
usted procede de una tierra en la que sabemos de estas cosas, con lo
cual usted me va a entender muy bien--, el sacar las cosas de quicio
o la exageración son malas consejeras.
¿Usted quiere que yo diga que probablemente el Director General de
Tráfico podría haber hecho otro tipo de declaración no tanto en
referencia al crecimiento económico como a lo que hemos dicho hace un
minuto sobre el número de vehículos? Probablemente tiene usted razón,
pero estoy seguro de que el propio Director General de Tráfico intentó
trasladar en sus declaraciones lo que yo he dicho aquí: que hubo más
coches, que hubo más combustible, que hubo más carburante.
Probablemente, en el resumen de lo que significaban esas causas, el
Director General dijo que se había dado una situación que permitió
todas estas cosas.
Señor Rojo, si usted quiere decir que en ese terreno el Director
General podría haber hecho una declaración mejor, es probable que usted
tenga razón, lo reconozco yo y lo reconoce también el propio Director
General de Tráfico, persona de la que, además, he de decirle que lleva
muchos años en Tráfico, que es un profesional estricto de esa Casa, y
que no ha sido precisamente elegido por lo que significan unas
relaciones políticas determinadas ya que en Tráfico se ha buscado
fundamentalmente la profesionalidad por encima de cualquier otra cosa,
y usted sabe bien que ahí no hay cambio de directriz política puesto
que Tráfico está más allá de lo que significa un debate entre partidos
y entre formaciones políticas.
En ese sentido, lo único que yo quiero decirle es que todas las cifras
que yo le he dado explican exactamente el fondo de lo que quiso decir
el Director General de Tráfico. Y en ese terreno quiero decirle que
precisamente en Tráfico estamos ante el problema más dramático en
número de víctimas que hoy tiene la sociedad española.
Por tanto, únicamente le reitero el compromiso, con aplausos y sin
aplausos, de que nuestro Grupo político en este tema no quiere hacer
ningún debate partidario precisamente por la tragedia que significa
para tantas familias españolas tantos muertos los fines de semana.
(Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Popular.)
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ministro de Interior.
--DE DON FRANCISCO XABIER ALBISTUR MARIN, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE
SENADORES NACIONALISTAS VASCOS, SOBRE
LAS MEDIDAS ADOPTADAS POR EL MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES EN
RELACION CON LA CIRCULAR DIFUNDIDA POR EL MINISTERIO DE ASUNTOS
EXTERIORES BRITANICO, EN LA QUE SE DESACONSEJA A LOS TURISTAS INGLESES
ELEGIR COMO DESTINO LA ZONA NORTE DE ESPAÑA Y, CONCRETAMENTE, LA
COMUNIDAD AUTONOMA DEL PAIS VASCO. (680/000215.)
El señor PRESIDENTE: Pregunta de don Francisco Xabier Albistur Marín,
del Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos, sobre las
medidas adoptadas por el Ministerio de Asuntos Exteriores en relación
con la circular difundida por el Ministerio de Asuntos Exteriores
británico, en la que se desaconseja a los turistas ingleses elegir como
destino la zona norte de España y, concretamente, la Comunidad Autónoma
del País Vasco.
Tiene la palabra el Senador Albistur Marín.
El señor ALBISTUR MARIN: Muchas gracias, señor Presidente.
Para respirar con un poco de tranquilidad, mi estimado señor Ministro
de Interior, ocasionalmente Ministro de Asuntos Exteriores y, por
tanto, accidentalmente Ministro universal (Risas.), esta pregunta viene
al caso de una puntualización que nos hizo el señor Ministro de Asuntos
Exteriores --a quien usted representa en estos momentos-- al señor
Laborda y a mí en una intervención que tuvo lugar en este mismo salón
de Plenos y en la que manifestó que, por el contrario, es justamente
una actuación propia y típica de un Ministerio de Asuntos Exteriores
la que ha realizado el Ministerio de Asuntos Exteriores inglés. Quiero
recordarles --nos decía--, simplemente a título de ejemplo, que un país
con una tradición tan valiosa y antigua en materia de política exterior
como es el Reino Unido, efectúa muy periódicamente recomendaciones de
este tipo.
Nuestra pregunta viene al caso porque consideramos que estas prácticas
no deberían existir ya, pese a lo que pueda ser una práctica habitual
de la diplomacia europea y en particular del Reino Unido, prácticas que
no deberían ser reconocidas por un Ministerio de Asuntos Exteriores
donde, además, debe existir, y así se ha manifestado, una preocupación
en la lucha contra el terrorismo a través de actuaciones específicas
dentro de la Unión Europea, y donde, además, se está introduciendo con
todos estos hechos una conflictividad específica añadida a la que ya
puede existir en la propia sociedad.
Ese viene a ser el contenido de nuestra pregunta.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, Senador Albistur.
Tiene la palabra el señor Ministro de Interior.
El señor MINISTRO DE INTERIOR (Mayor Oreja): Señor Presidente, señoría,
con brevedad y sustituyendo al Ministro de Asuntos Exteriores, le
quiero decir que, como usted ha recordado, es una práctica habitual de
los Ministerios de Asuntos Exteriores la existencia de algunas fichas
con informaciones sobre países con posibles destinos de turistas,
emigrantes y viajeros en general. Se contienen unos datos y unas
observaciones muy resumidas y siempre muy poco matizadas. De forma
habitual, dentro de esas fichas hay una referencia a lo que son
condiciones de seguridad y a los riesgos de todo tipo que el viajero
puede encontrar.
Quiero decirle que la nota del día 10 de enero, realizada por el
Departamento correspondiente del Foreing Office es desgraciada, injusta
y, además, contiene información antigua y sin revisar, pero, sobre
todo, porque además las advertencias contenidas en ella están
absolutamente fuera de lugar.
Sin embargo, la realidad del turismo inglés es pujante, 10 millones de
personas en el año 1996, que sigue demostrando la confianza de la
inmensa mayoría de los británicos.
A través del Director General de Política Exterior para Europa y
América del Norte, el Ministerio expresó a la Embajada del Reino Unido,
no sólo su queja, sino también su apoyo a las gestiones que realizaba
en este caso el Gobierno Vasco. Y el pasado día 2 de abril ha emitido
una nueva nota sobre la situación de seguridad en nuestro país, en la
que ya no hay ninguna referencia a incidentes concretos, por lo que,
desde el Gobierno, consideramos el incidente resuelto y expresamos la
voluntad de que no se vuelvan a realizar estos sucesos que, sin duda
alguna, son absurdos, inútiles y profundamente injustos con las
sociedades, como en este caso con el País Vasco que la padece.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Ministro de Interior.
Tiene la palabra el Senador Albistur Marín.
El señor ALBISTUR MARIN: Muchas gracias, señor Ministro.
La verdad es que hoy tenemos otro escenario muy diferente al que se
planteó aquí el pasado 19 de marzo, y me alegro por ello, sobre todo
de que haya hecho usted público, a través de esa intervención y que se
pueda hacer público posteriormente, que ha existido una persona del
Gobierno y representante de éste que ha presentado una queja formal
--después diré por qué destaco este hecho-- y que ha habido también una
reacción del Ministerio de Asuntos Exteriores inglés, después de una
visita de los turoperadores ingleses y de una serie de acciones del
propio Gobierno Vasco que usted ha destacado.
El tema tiene mucha importancia para nosotros. Las razones son que
desde el aeropuerto de Bilbao hay más de media docena de vuelos
diarios, con un número de pasajeros que se puede calcular fácilmente,
tanto de British como de Iberia; hay un «ferry» que traslada
diariamente numerosos pasajeros entre las dos orillas; son más de
45.000 turistas ingleses al año los que visitan específicamente el País
Vasco y son más de 30 millones de toneladas las que se mueven en los
puertos vascos, yendo la mayoría a los puertos británicos.
Por nuestra parte, ha habido una reacción del Gobierno Vasco. No
conocíamos la de la Administración Central, como usted ha dicho. No nos
parecía suficiente la que también el señor Ministro expresó aquí en
este mismo escenario, sobre que se dirigió al propio Ministro de
Asuntos Exteriores inglés, en términos también cordiales, en unas de
estas reuniones que tienen específicamente los Ministros de Asuntos
Exteriores, para manifestarle su sorpresa ante esa situación. Eso no
nos parecía de recibo ni acorde con la situación que se está viviendo
en el País Vasco. En concreto, porque todos estos temas son sólo fuente
de nueva irritación, como usted ha reconocido.
Yo quiero terminar diciéndole simplemente que hay que acabar con este
tipo de actuaciones, que me alegro de que el Ministerio de Asuntos
Exteriores esté en la línea propuesta en la primera parte de mi
intervención, es decir, romper con lo que pueden ser actuaciones
propias y típicas de un Ministerio de Asuntos Exteriores; que hay que
demostrar una mayor atención para no introducir más confusión y
conflictividad donde no es necesario y que se ayude, en este caso al
Gobierno Vasco, en las gestiones que ha realizado, precisamente para
que no se vuelvan a repetir actuaciones de este tipo.
Muchas gracias, señor Ministro.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, Senador Albistur.
--DE DON JOSE RAFAEL GARCIA-FUSTER Y GONZALEZ-ALEGRE, DEL GRUPO
PARLAMENTARIO POPULAR EN EL SENADO, SOBRE LAS MEDIDAS PREVISTAS POR EL
MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO ACERCA DE LA ORDENACION DE LOS FLUJOS
DE PACIENTES A LOS SERVICIOS DE REFERENCIA. (680/000218.)
El señor PRESIDENTE: Pasamos a la pregunta de don José Rafael
García-Fuster y González-Alegre, del Grupo Parlamentario Popular en el
Senado, sobre las medidas previstas por el Ministerio de Sanidad y
Consumo acerca de la ordenación de los flujos de pacientes a los
servicios de referencia.
Tiene la palabra el Senador García-Fuster.
El señor GARCIA-FUSTER Y GONZALEZ-ALEGRE: Señor Presidente, señorías,
señor Ministro, el sistema de salud es una prioridad de cualquier
Gobierno para garantizar la mejor calidad de vida de los ciudadanos.
Conseguir la universalidad del sistema y la equidad en el acceso es un
reto de cualquier Gobierno y estoy convencido, sin ningún género de
dudas, de que lo es del Gobierno del Partido Popular.
La lucha contra las listas de espera es un objetivo y una realidad en
beneficio directo del paciente, pero como bien sabe el señor Ministro,
ni el simple incremento de recursos humanos ni la simple acumulación
de medios materiales, con el fuerte componente económico que ello
conlleva, pueden ser suficientes si no van acompañados de otro tipo de
medidas que superen las disfunciones que hasta ahora se han venido
produciendo.
Por ello, resulta imprescindible mejorar la gestión de los recursos
existentes, optimizando al máximo el uso de los mismos. Y es aquí donde
debe situarse la organización adecuada del acceso de paciente a los
distintos servicios sanitarios, de forma que se efectúe en condiciones
óptimas, tanto para que no se produzcan las demoras injustificadas como
para que los profesionales de la sanidad puedan desempeñar su trabajo
con las mejores garantías. Todo ello en el marco de una prioridad de
recursos personales y materiales a que antes me estaba refiriendo.
Por ello, señor Ministro, le pregunto: ¿qué medidas ha puesto y cuáles
ha previsto poner en práctica el Gobierno, a fin de regular los flujos
de pacientes a los servicios de referencia?
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, Senador García-Fuster.
Tiene la palabra el señor Ministro de Sanidad y Consumo.
El señor MINISTRO DE SANIDAD Y CONSUMO (Romay Beccaría): Muchas
gracias, señor Presidente.
Muchas gracias, señoría.
Yo estoy básicamente de acuerdo, como no podía ser de otra manera, con
los planteamientos que hace su señoría en la pregunta.
Tenemos un Sistema Nacional de Salud que cubre a toda la población y
que mantiene valores de equidad, que son absolutamente fundamentales
para la cohesión social de nuestro país y que, naturalmente, hay que
respetar. Tenemos un Sistema Nacional de Salud con profesionales de una
gran calidad en todos los niveles. Tenemos unas instalaciones
generalmente aceptables, que incorporan los últimos avances
tecnológicos, pero tenemos problemas de organización de nuestros
servicios, que impiden que todo eso se traduzca en la satisfacción de
los ciudadanos que todos deseamos.
Su señoría se refiere a una cuestión específica de la organización de
esos servicios, este flujo de los pacientes entre los distintos niveles
asistenciales. Ahora mismo tenemos unos mecanismos rígidos, unos
niveles básicos, hospitales de tipo comarcal con algunas
especialidades; hospitales de tipo medio donde se amplían esas
especialidades y hospitales terciarios que completan el conjunto de las
especialidades necesarias para toda una región. La comunicación entre
estos niveles es rígida y hay que mejorarla.
Nosotros creemos, a reserva de lo que resulte de los trabajos de la
Subcomisión que está estudiando en el Congreso de los Diputados la
reforma del Sistema Nacional de Salud, que la mejora de estos
mecanismos pasa por la autonomía de los centros y por la libertad de
elección de los ciudadanos. Autonomía de los centros que supone una
apuesta por el reconocimiento a esa capacidad de los profesionales que
trabajan en esos centros que están llamados a tener una participación
mucho más activa en el manejo y en el gobierno de los mismos, y no a
ser dirigidos por estructuras
burocráticas desde arriba y una mayor participación de los ciudadanos
que, con su libre elección, determinarán la mayor parte de estos flujos
y, además, así daremos satisfacción a una aspiración legítima de los
ciudadanos españoles que, por cierto, son de los pocos que quedan en
la Unión Europea sin poder ejercer este derecho fundamental en los
tiempos modernos, que es el derecho a la elección del centro de salud
en donde uno va a ser atendido.
Ese es el sentido de la reforma que estamos intentando dar a la
organización de nuestros servicios sanitarios y creemos que con esas
medidas se mejorará y flexibilizará el flujo de los pacientes de unos
niveles a otros.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ministro de Sanidad.
Tiene la palabra, Senador García-Fuster.
El señor GARCIA-FUSTER Y GONZALEZ-ALEGRE: Muchas graias, señor
Presidente.
Solamente quiero congratularme por la postura del Ministerio de Sanidad
y Consumo ante uno de los problemas que tradicionalmente más ha
preocupado al ciudadano y específicamente por la iniciativa --ojalá
conseguida pronto-- de que se haga realidad la libre elección del
centro de salud.
Muchas gracias, señor Ministro.
El señor PRESIDENTE: Gracias, Senador García-Fuster.
¿Señor Ministro? (Pausa.)
--DE DON RAMON GALAN CAZALLAS, DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL
SENADO, SOBRE SI EL MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO TIENE PREVISTO
DESARROLLAR Y MANTENER EN EL FUTURO ALGUN PROCEDIMIENTO PARA HACER UN
SEGUIMIENTO DE LAS RELACIONES DE LOS CIUDADANOS CON EL SISTEMA
SANITARIO. (680/000221.)
El señor PRESIDENTE: Pregunta de don Ramón Galán Cazallas, del Grupo
Parlamentario Popular en el Senado, sobre si el Ministerio de Sanidad
y Consumo tiene previsto desarrollar y mantener en el futuro algún
procedimiento para hacer un seguimiento de las relaciones de los
ciudadanos con el sistema sanitario.
Tiene la palabra, Senador Galán Cazallas.
El señor GALAN CAZALLAS: Muchas gracias, señor Presidente.
Señorías, señor Ministro, como bien conoce, los sistemas de información
son una pieza clave para la gestión de cualquier organismo y en el caso
concreto de la sanidad para la gestión de cualquier centro sanitario.
Pero además de la conveniencia para una buena gestión, es algo que
viene obligado por ley, ya que el artículo 40.13 de la Ley General de
Sanidad recoge que la administración sanitaria, sin menoscabo de las
competencias de las Comunidades Autónomas, desarrollará actuaciones
para el establecimiento de sistemas de información sanitaria. Dichos
sistemas han de permitir conocer permanentemente las causas por las
cuales acceden los ciudadanos a los servicios sanitarios, así como la
respuesta que el sistema da a esa demanda.
Hasta hace un tiempo, resultaba prácticamente imposible conocer los
circuitos que seguían los ciudadanos por los distintos niveles y
servicios sanitarios, ya que el conjunto de centros y servicios tenían
sistemas de información individualizados por niveles sin conexión entre
ellos, de forma que en muchas ocasiones los ciudadanos comprobaban que
el especialista del hospital le repetía análisis o radiografías que ya
habían sido realizadas por indicación de su médico de cabecera.
Es difícil, señor Ministro, que los ciudadanos escuchen hablar de
racionalización del gasto cuando han pasado por experiencias como ésas,
por no hablar del gasto farmacéutico, ya que somos el país de Europa
donde se produce un mayor gasto en farmacia. Sin embargo, no existe un
sistema de información que permita conocer qué medicamentos está
tomando un ciudadano concreto y esto, señor Ministro, resulta cuando
menos sorprendente, no sólo ya por el gasto, sino especialmente por las
consecuencias negativas que el abuso de los medicamentos tiene para la
salud.
Durante estos últimos meses hemos tenido la oportunidad de oírle hablar
de la necesidad de introducir mecanismos de racionalización en los
servicios sanitarios y de la necesidad de incorporar nuevas medidas que
faciliten un mejor aprovechamiento de los recursos sanitarios, pero
ello parece difícil si desconocemos qué ocurre cuando un ciudadano
acude al sistema, si los propios profesionales de los distintos niveles
y servicios se tienen que guiar en ocasiones de lo que les dice el
paciente porque no existe una información fluida en el sistema, si
seguimos sin conocer exactamente cuántos fármacos se recetan a un
paciente, etcétera.
Por estas razones y por muchas más que no voy a enumerar por no
alargarme, le pregunto, señor Ministro, si tiene previsto el Ministerio
de Sanidad y Consumo desarrollar y mantener en el futuro algún sistema
de seguimiento de cuáles son las relaciones de los ciudadanos con el
sistema sanitario.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, Senador Galán Cazallas.
Tiene la palabra el señor Ministro de Sanidad y Consumo.
El señor MINISTRO DE SANIDAD Y CONSUMO (Romay Beccaría): Muchas
gracias, señor Presidente.
Como bien señala su señoría, una de las mayores deficiencias que nos
hemos encontrado en el Sistema Nacional de Salud, desde el punto de
vista organizativo y de su funcionamiento, se refiere a los sistemas
de información. Se comprobó que dichos sistemas no eran homogéneos ni
prácticos para la gestión de los servicios y que en muchos casos no
eran interpretados de la misma manera por los emisores de los datos y
por los receptores de los mismos.
Efectivamente, la información no debe ser concebida como una
recopilación de datos, sino como uno de los instrumentos más
importantes para la gestión eficiente de cualquier actividad. Si se
desconoce el número de pacientes que acuden a nuestras consultas, si
no sabemos la actividad real que se realiza en cada uno de los centros,
si no estamos seguros de los tiempos que deben esperar los usuarios
para acceder a los distintos servicios ni disponemos a tiempo de los
datos de consumo y gasto, difícilmente se podrán plantear objetivos que
permitan una mejora tanto de la cantidad como de la calidad de los
servicios y, lógicamente, será imposible racionalizar el gasto.
Por ello, convencidos de la importancia de un buen sistema de
información, imprescindible a la hora de tomar decisiones, el Gobierno
se ha planteado como un objetivo prioritario el desarrollo de un plan
de tecnologías de la información en el marco del plan estratégico del
Insalud. Este plan incluye la extensión de la red corporativa de
comunicaciones, elemento absolutamente básico a todos los centros
dependientes del Insalud, como son los servicios centrales, las
direcciones provinciales, las unidades de inspección y servicios, las
gerencias de atención especializada, las gerencias de atención primaria
y los centros de salud.
Esta conexión intercentros supone la base fundamental que permitirá el
flujo de información a los distintos niveles de la atención sanitaria.
A finales de 1997 la extensión de la red contará con un 60 por ciento
de cobertura, quedando finalizada en su totalidad a finales del primer
trimestre de 1998. La informatización de todos los centros dependientes
del Insalud comprenderá todas las áreas operativas, que son las
siguientes: económico-administrativa, gestión de personal, nóminas,
gestión de suministros y aprovisionamiento, gestión contable,
gerencial, sistema centralizado de información económica y asistencial,
área asistencial, citaciones, historias clínicas, gestión de la
prestación farmacéutica, actividad asistencial, etcétera.
Al mismo tiempo, se ha empezado ya a aplicar un sistema de
identificación del paciente, considerado un elemento básico e
imprescindible para implantar de forma progresiva en todos los centros
de atención primaria. Este sistema está basado en la utilización
electrónica de la información contenida en la tarjeta sanitaria
individual, que está extendida a un 99 por cien de la población
protegida en el territorio Insalud, y que no había sido explotada
convenientemente.
La extensión de este proyecto a todos los médicos de atención primaria
finalizará en el primer trimestre del año 1998 y nos va a permitir
conocer los medicamentos prescritos por cada médico a cada paciente,
lo cual permitirá un seguimiento ajustado de la prestación farmacéutica
y conocer cualquier desviación que se produzca en relación con los
módulos y los valores generalmente aplicables. A partir de ahí, se
podrá afrontar en profundidad también la mejora de la relación con los
pacientes en el conjunto del Sistema Nacional de Salud.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ministro de Sanidad y Consumo.
¿Senador Galán Cazallas? (Pausa.)
--DE DON DOMINGO GONZALEZ ARROYO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN
EL SENADO, SOBRE LAS ACTUACIONES QUE HA LLEVADO A CABO EL GOBIERNO EN
APLICACION DEL REAL DECRETO 1907/1996, DE 2 DE AGOSTO, SOBRE PUBLICIDAD
Y PROMOCION COMERCIAL DE PRODUCTOS, ACTIVIDADES O SERVICIOS CON
PRETENDIDA FINALIDAD SANITARIA. (680/000222.)
El señor PRESIDENTE: Pregunta de don Domingo González Arroyo, del Grupo
Parlamentario Popular, sobre las actuaciones que ha llevado a cabo el
Gobierno en aplicación del Real Decreto 1907/1996, de 2 de agosto,
sobre publicidad y promoción comercial de productos, actividades o
servicios con pretendida finalidad sanitaria.
Tiene la palabra el Senador González Arroyo.
El señor GONZALEZ ARROYO: Señor Ministro, su señoría el pasado mes de
septiembre comparecía ante esta Cámara para responder a una pregunta
de la señora Senadora López Garnica sobre las medidas desarrolladas por
el Gobierno para evitar la proliferación de publicaciones sobre
productos sanitarios de supuesto interés efectivo beneficioso para la
salud.
He solicitado nuevamente su comparecencia para llevar a cabo un
seguimiento de la efectividad de las medidas adoptadas y conocer en qué
sentido se han dirigido. Como bien reconocía su señoría en su
intervención, el problema estaba sin resolver desde que en 1993 el
Senado aprobó una moción instando al anterior Gobierno en dicho
sentido, abordándolo su Ministerio con el Real Decreto número
1907/1996, que regula este tipo de publicidad. Sin embargo, no sólo es
importante la aprobación de la norma, sino también el cumplimiento de
la misma en una materia como ésta, que todos sabemos que afecta a los
más vulnerables ante una información engañosa. Por el deseo manifiesto
de preservar los legítimos intereses de muchos ciudadanos que estaban
siendo objeto de engaño, le pregunto: ¿Qué actuación ha llevado a cabo
el Gobierno en aplicación del Real Decreto 1907/1996, de 2 de agosto,
sobre publicidad y promoción comercial de los productos, actividades
o servicios con pretendida finalidad sanitaria?
Muchas gracias, señor Ministro.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, Senador González Arroyo.
Señor Ministro de Sanidad, tiene la palabra.
El señor MINISTRO DE SANIDAD Y CONSUMO (Romay Beccaría): Muchas
gracias, señor Presidente.
El Real Decreto 1907, de 1996, sobre publicidad y promoción comercial
de productos, actividades o servicios con pretendida finalidad
sanitaria introdujo en nuestro ordenamiento jurídico, por primera vez,
un instrumento específico dirigido a los llamados productos milagro.
El citado Decreto viene a facilitar que las autoridades sanitarias
intervengan, en primer lugar, impidiendo actividades de publicidad y
promoción de productos que pueden constituir un riesgo para la salud
y, en segundo lugar, cuando los mensajes publicitarios atribuyen a los
productos propiedades o utilidades que no se ajustan a los criterios
de veracidad, claridad y exactitud en la información.
Con el objetivo de lograr la máxima efectividad en la aplicación de
esta norma, el Ministerio de Sanidad y Consumo, a través de la
Dirección General de Salud Pública, ha puesto en marcha un programa de
coordinación interterritorial e intersectorial, ya que la publicidad
y promoción de este tipo de productos puede encuadrarse tanto en el
ámbito de la salud pública como en el farmacéutico o en el de consumo
y afectar en distinto grado a diferentes Comunidades Autónomas.
Con el citado Real Decreto se ha procedido a establecer un marco de
responsabilidades de intervención y un procedimiento operativo de
actuaciones que fue presentado a los directores de salud pública de las
Comunidades Autónomas en la reunión de la Comisión de Salud Pública del
Consejo Interterritorial celebrada el 12 de septiembre del pasado año.
Como resultado de todo ello, hasta el día 7 de abril, el Ministerio,
en coordinación con las Comunidades Autónomas, ha actuado frente a 54
productos, que incluyen, entre otros, complementos dietéticos,
productos adelgazantes, energizantes o con supuestas propiedades
preventivas y terapéuticas frente al cáncer o frente a un amplio número
de procesos y enfermedades. En todos estos casos se ha instado a las
empresas productoras o comercializadoras para que regularicen la
situación modificando el contenido de la información o los mensajes
publicitarios o, en su caso, para que procedan a la retirada del
producto. Así, en 21 productos se ha efectuado la cesación o
rectificación de la publicidad; en 17, la retirada completa de la
publicidad existente en el mercado; en 4 casos, el total cese de la
comercialización del producto, así como la retirada de las existencias
del mercado, y en 18 productos permanecen abiertas aún las actuaciones
iniciadas, manteniéndose comunicaciones con las empresas responsables
al objeto de que reconduzcan la publicidad a los términos previstos en
el Real Decreto 1907, y en caso de no conseguirse el acuerdo, se
procedería contra las mismas.
En definitiva, se puede afirmar que con este Real Decreto el Gobierno
ha venido a cubrir un vacío normativo que limitaba las actuaciones de
las Administraciones frente a este tipo de productos que,
efectivamente, afectan de una manera especial a la población peor
informada y más desfavorecida, dando, además, así cumplimiento a la
moción aprobada por unanimidad de todos los grupos parlamentarios de
esta Cámara por la que se instaba a las Administraciones públicas a que
regulasen la publicidad de los mensajes que se anuncian como
beneficiosos o curativos en relación con la salud y ofrecen artículos
y servicios que se presentan como productos parasanitarios sin tener
el aval de los testimonios científicos y de los registros sanitarios
pertinentes.
Nada más, señor Presidente, muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Ministro.
--DE DOÑA MARIA ROSA VINDEL LOPEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN
EL SENADO, SOBRE LAS PREVISIONES DEL GOBIERNO PARA MEJORAR LA
ADMINISTRACION DE JUSTICIA EN LOS JUZGADOS DE COLLADO VILLALBA
(MADRID), DADA LA SITUACION DE COLAPSO POR LA QUE ATRAVIESAN.
(680/000220.)
El señor PRESIDENTE: Pregunta de doña María Rosa Vindel López, del
Grupo Parlamentario Popular en el Senado, sobre las previsiones del
Gobierno para mejorar la Administración de Justicia en los Juzgados de
Collado Villalba, en la provincia de Madrid, dada la situación de
colapso por la que atraviesan.
Tiene la palabra la Senadora Vindel.
La señora VINDEL LOPEZ: Muchas gracias, señor Presidente.
Señorías, señora Ministra, la Administración de Justicia de la zona
Noroeste de la sierra de Madrid está atendida por dos Juzgados de
Primera Instancia e Instrucción que están ubicados en Collado Villalba
pero que extienden su competencia a ocho poblaciones: Alpedrete,
Cercedilla, Collado Mediano, Galapagar, Guadarrama, Los Molinos,
Torrelodones y, claro está, Villalba.
Estos Juzgados, señora Ministra, se encuentran en estos momentos
seriamente colapsados, entre otras razones, por haber aumentado la
población de esa zona y, consiguientemente, el número de asuntos
judiciales. Según la estadística del Juzgado Decano de Collado
Villalba, hoy hay más de 12.000 asuntos penales pendientes de resolver;
hay un aumento superior al 200 por cien en asuntos civiles,
especialmente en lo que se refiere a impagos bancarios, desahucios,
separaciones y divorcios; el retraso medio en la tramitación de los
asuntos judiciales sobrepasa los dos años y medio, alcanzándose en
bastantes casos la superación de los cinco y seis años, y, por último,
la insuficiencia física de espacio, mobiliario y medios hace que los
archivos y documentos judiciales tengan que estar depositados en
dependencias del Ayuntamiento de Collado Villalba. El Alcalde de
Collado Villalba, don José Luis Peñalbo Montalvo, y toda la
corporación, conscientes de la gravedad de la situación, ya han
ofrecido locales propiedad del Ayuntamiento para que se puedan instalar
más juzgados en Collado Villalba.
Yo comprendo, señora Ministra, que en un año de máxima restricción
presupuestaria es francamente difícil dar solución a este problema,
pero como no hay nada imposible
y la realidad es que la gravedad de la situación me tiene francamente
preocupada, le pregunto, como Senadora por Madrid, por las previsiones
del Gobierno para mejorar la Administración de Justicia en los Juzgados
de Collado Villalba.
Nada más y muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, Senadora Vindel López.
Señora Ministra de Justicia, tiene la palabra.
La señora MINISTRA DE JUSTICIA (Mariscal de Gante y Mirón): Gracias,
señor Presidente.
Señoría, efectivamente, la situación que su señoría ha descrito
respecto al partido judicial de Collado Villalba no puede ser más fiel
a la realidad. Como su señoría conoce, fue una demarcación judicial
defectuosamente diseñada, puesto que en el año 1988, con la Ley de
Demarcación y Planta sólo se establecieron dos juzgados para todo el
partido judicial, lo que supuso que a finales del año 1995 tuviera que
hacerse uso del artículo 20.1 de la Ley de Demarcación y Planta con la
creación de un tercer juzgado. La creación de este tercer juzgado ha
paliado bastante la situación existente, pero es claro que no es
suficiente.
Las estadísticas que su señoría ha relatado, provenientes del Juzgado
Decano de Collado Villalba, no son las que constan en el Ministerio de
Justicia, puesto que, según las estadísticas del Consejo General del
Poder Judicial, sí ha existido una minoración de asuntos a lo largo del
año 1995, que supone un 32,60 por ciento menos en asuntos civiles y un
41,37 por ciento en diligencias previas. No obstante, es cierto que las
estadísticas globales son superiores a la media nacional. El Ministerio
se está planteando a corto plazo la creación, puesta en marcha y
funcionamiento del cuarto Juzgado de Collado Villalba. Además, para
este año está prevista la ampliación de la sede de los edificios
judiciales de la calle Virgen del Pilar, de Collado Villalba, estando
en trámite un proyecto por importe de 60 millones y realizándose
gestiones para la ampliación del solar, por insuficiencia del edificio
construido.
En el ámbito de medios humanos, que son los que corresponden, creo que
su señoría conoce que existe dotación de apoyo para todos y cada uno
de los Juzgados, con las plantillas al completo y, en definitiva,
creemos que con la creación de este cuarto Juzgado, la adecuación de
plantillas y el mantenimiento del apoyo sostenido, podrá darse
respuesta adecuada a los problemas que su señoría ha planteado.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Ministra de Justicia.
Tiene la palabra la Senadora Vindel López.
La señora VINDEL LOPEZ: Muchas gracias, señor Presidente.
Muchas gracias, señora Ministra. Tiene usted toda la razón cuando nos
describe el mal «fario» que ha perseguido siempre, y desde la Ley de
Demarcación y Planta Judicial, los juzgados de Collado Villalba. En
cualquier caso, yo me congratulo y felicito a la Ministra por la
sensibilidad mostrada en cuanto a la creación del cuarto juzgado.
Cierto es que todavía no se alcanzarán los módulos idóneos en cuanto
a asuntos y diligencias que describe el Consejo General del Poder
Judicial, tales como un máximo de 450 asuntos civiles y un máximo de
2.000 diligencias previas; pero estoy segura de que la creación de ese
cuarto juzgado que acaba de anunciar la Ministra aliviará mucho el
grave problema que se padece ahora mismo en los juzgados de la
localidad citada.
Sin duda, señor Presidente, será un alivio para los justiciables de la
sierra, para el propio Ayuntamiento de Collado Villalba, para los
profesionales que se mueven en el mundo del derecho en la sierra de la
zona noroeste y, en definitiva, un alivio para quienes forman parte de
los tres juzgados ya existentes, a cuyo frente hay tres jueces respecto
de los cuales tengo que comentarle, señora Ministra, que, por suerte
y fortuna para ellos y para quienes antes he mencionado, sus cerebros
gozan de una perfecta salud.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, Senadora Vindel López.
¿Desea intervenir la señora Ministra? (Pausa.)
--DE DON MANUEL GUILLERMO VARELA FLORES, DEL GRUPO PARLAMENTARIO
SOCIALISTA, SOBRE SI EL GOBIERNO TIENE DECIDIDA LA REDUCCION DEL
SERVICIO MILITAR A SEIS MESES EN LA PRESENTE LEGISLATURA. (680/000224.)
El señor PRESIDENTE: Pregunta de don Manuel Guillermo Varela Flores,
del Grupo Parlamentario Socialista, sobre si el Gobierno tiene decidida
la reducción del servicio militar a seis meses en la presente
Legislatura.
Tiene la palabra el Senador Varela.
El señor VARELA FLORES: Muchas gracias, señor Presidente.
Señor Ministro, en el anterior período de sesiones le hice una pregunta
sobre este tema, si tenía pensado el Gobierno llevar a cabo ese punto
programático del Partido Popular de reducir el servicio militar
obligatorio a seis meses. En aquel momento, usted me respondió que sí,
y me dijo, además, que se haría en esta Legislatura.
Yo estoy dispuesto, como principio, a creer las declaraciones que usted
efectúe en esta Cámara sobre los temas de su competencia. Pero me surge
una duda razonable, una gran duda, después de ver publicadas en los
medios de comunicación las declaraciones en esta Cámara de un miembro
del Grupo que apoya al Gobierno, del Grupo Parlamentario Popular,
concretamente el Presidente de la Comisión de Defensa del Senado, en
las que decía que la reducción del servicio militar a seis meses no era
posible y que era, además, inconveniente.
Como no he visto rectificación alguna por su parte ni por nadie de su
Ministerio a estas palabras, lógicamente quiero preguntárselo de nuevo,
porque la duda no la tengo yo, sino centenares de miles de jóvenes que
han creído que con la entrada del Partido Popular en el Gobierno se iba
a producir una reducción del servicio militar obligatorio a seis meses.
Por eso tengo que repetirle ahora si está decidido el Gobierno a llevar
a cabo esa reducción en esta Legislatura y si es posible que precise
la fecha concreta.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias, Senador Varela Flores.
Tiene la palabra el señor Ministro de Defensa.
El señor MINISTRO DE DEFENSA (Serra Rexach): Muchas gracias, señor
Presidente.
Como su señoría conoce sobradamente, en el programa del Partido Popular
figuraba la progresiva profesionalización de las Fuerzas Armadas en el
plazo máximo de dos legislaturas, hasta alcanzar 70.000 soldados y
marineros profesionales, y la reducción del servicio militar
obligatorio a seis meses. Pero, como también sin duda sabe su señoría,
este objetivo programático quedó englobado o subsumido en otro
superior, que no es el de la reducción, sino el de la supresión del
servicio militar obligatorio.
En el discurso de investidura del Presidente del Gobierno se dijo que
en un período de seis años, si las disponibilidades económicas lo
permitían, se procedería a la supresión absoluta del servicio militar
obligatorio. De manera que, como digo, ese objetivo programático quedó
englobado en este otro de carácter superior. Y como también sabe su
señoría, la Comisión Mixta Congreso-Senado que se ha formado, de la
que, si no me equivoco, su señoría forma parte, está actualmente
estudiando cuál es el mejor camino para llegar a esa plena
profesionalización, que pensamos será posible el 1.º de enero del año
2003, fecha en la cual no habrá soldado que no lo sea por su propia
voluntad en nuestras Fuerzas Armadas.
De manera, señoría, que lo lógico es esperar a las conclusiones de la
Comisión Mixta para ver si la manera de alcanzar esa plena
profesionalización pasa por la reducción de la duración a seis meses
o no, porque hay factores, algunos de los cuales no dependen de la
voluntad del Gobierno, que pueden hacer más o menos aconsejable
--quizás a eso se refiriera el Presidente de la Comisión de Defensa--
esa reducción. Esos factores pasan por el contingente anual, la bolsa
de prórrogas y por la cifra de objetores de conciencia. Teniendo en
cuenta esos y algún otro factor, se decidirá --y no parece lógico
prejuzgar las conclusiones de la Comisión-- si va a ser posible y
conveniente llegar a esa reducción, que, como dije a su señoría en esta
misma Cámara, no estaba descartada por parte del Gobierno.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ministro de Defensa.
Tiene la palabra el Senador Varela Flores.
El señor VARELA FLORES: Señor Ministro, realmente no me satisface su
respuesta, porque no ha aclarado demasiado el tema. Deja de nuevo una
incertidumbre sobre la mesa.
Usted contesta ahora, desdiciéndose de lo que dijo hace unos cuantos
meses, que es posible que la reducción del servicio militar obligatorio
no tenga lugar, incumpliendo, por lo tanto, reconózcalo así, su
programa electoral. Usted, lo que trata de hacer es repartir la
responsabilidad del incumplimiento de ese programa electoral con el
resto de los grupos políticos a través de los trabajos que se llevan
a cabo en esa Comisión que analiza el camino para la profesionalización
de las Fuerzas Armadas, y ésta es una responsabilidad única y
exclusivamente del Gobierno que preside el señor Aznar, no del resto
de los grupos políticos.
Cuando se propuso en el Senado la creación de esta Comisión Mixta y la
participación de miembros de esta Cámara en ellas, nosotros expresamos
nuestra duda sobre el objetivo real de la creación de dicha Comisión.
Ahora lo estamos viendo aquí: encubrir una decisión de incumplimiento
del programa electoral del Partido Popular en materia de Defensa, ni
más ni menos que la «perla» del programa desde el punto de vista de su
efecto propagandístico, destinado a centenares de miles de jóvenes que
se están incorporando este año y que se van a incorporar en años
sucesivos al servicio militar obligatorio y también a la prestación
social sustitutoria, porque hay que tener en cuenta que cuando se
produce una reducción en la duración del servicio militar obligatorio
ésta va acompañada, paralelamente, de una reducción también en la
prestación social sustitutoria. Ahora vemos que usted, de una forma
tácita, está reconociendo que no se va a llevar a cabo.
Si esto es así, díganlo ustedes claramente, dígalo usted como
responsable del departamento, y no vaya lanzando globos sonda a través
de otros miembros cualificados del Partido Popular, como es el
Presidente de la Comisión de Defensa del Senado.
Muchas gracias, señor Presidente. (Aplausos en los escaños del Grupo
Parlamentario Socialista.)
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, Senador Varela.
Tiene la palabra el señor Ministro de Defensa.
El señor MINISTRO DE DEFENSA (Serra Rexach): Muchas gracias, señor
Presidente.
Señoría, siento mucho discrepar gravemente de lo que usted dice. Yo
entiendo que un punto programático se incumple cuando no se alcanza.
Por ejemplo, prometer 800.000 puestos de trabajo y no crear ninguno es
incumplir un punto programático; prometer 800.000 puestos de trabajo
y crear un millón y medio no es incumplir un punto programático. Lo que
se había prometido en el programa del Partido Popular era ir a una
profesionalización mayor que la que hay. Ese objetivo queda subsumido,
sincera y cándidamente, cuando se dice que vamos a la
profesionalización total. No a la reducción, señoría: a la supresión
del servicio militar obligatorio. Punto primero.
Punto segundo. No creo que sea bueno, cuando se intenta obtener la
contribución de los distintos grupos políticos creando una Comisión
Mixta que ha sido aprobada, decir que se intenta repartir las
responsabilidades. Estamos intentando cumplir un objetivo superior a
la reducción del servicio militar obligatorio, que es su supresión. Y
como es una modificación histórica de algo que lleva 180 años, se ha
pedido el concurso de todos los partidos. A mi juicio, señoría, no
debemos decir que eso es distribuir la responsabilidad.
Por último, el Presidente de la Comisión de Defensa tiene suficiente
categoría para no servir de portavoz de nadie. Lo que expresa son sus
ideas, y para mí son muy respetables.
Muchas gracias, señor Presidente. (Aplausos en los escaños del Grupo
Parlamentario Popular.)
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ministro de Defensa.
--DE DON JOSE CASTRO RABADAN, DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, SOBRE
LA VALORACION U OPINION QUE LE MERECE AL GOBIERNO EL INFORME DEL
TRIBUNAL DE CUENTAS REFERIDO AL AÑO 1993 SOBRE LA JUNTA DE CASTILLA Y
LEON. (680/000204)
El señor PRESIDENTE: Pregunta de don José Castro Rabadán, del Grupo
Parlamentario Socialista, sobre la valoración u opinión que le merece
al Gobierno el Informe del Tribunal de Cuentas referido al año 1993
sobre la Junta de Castilla y León.
Tiene la palabra el Senador Castro Rabadán.
El señor CASTRO RABADAN: Señor Presidente, señor Vicepresidente y
Ministro, el Tribunal de Cuentas ha realizado un Informe referido al
año 1993 sobre el funcionamiento de la Junta de Castilla y León. En
dicho Informe se descubre que en presupuestos cerrados existe un exceso
de deuda por el endeudamiento no dispuesto en ejercicios en anteriores
de 50.950 millones de pesetas; al mismo tiempo se detecta un déficit
de 39.380 millones. Por otra parte, llama la atención al Tribunal de
Cuentas el abuso existente en las adjudicaciones a dedo en las
contrataciones.
¿Qué valoración u opinión le merece al Gobierno el Informe del Tribunal
de Cuentas referido al año 1993 sobre la Junta de Castilla y León, que
descubre el agujero contable, el déficit y el abuso en las
contrataciones ya mencionadas?
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, Senador Castro Rabadán.
Tiene la palabra, señor Vicepresidente Segundo del Gobierno.
El señor MINISTRO DE ECONOMIA Y HACIENDA (De Rato y Figaredo): Gracias,
señor Presidente. Gracias, señor Senador.
Señor Senador, creía que usted me iba a preguntar por la Cuenta General
del Estado de 1993, que es la que es responsabilidad del Gobierno
central. Me sorprende que me pida usted que haga una valoración
política sobre la Cuenta de una Administración que no se debate en esta
Cámara. Teniendo en cuenta que el Tribunal de Cuentas no es un órgano
dependiente del Ejecutivo, sino dependiente del Congreso, si su señoría
y su Grupo Parlamentario lo creen así pertinente deberían presentar sus
propuestas de resolución en la Comisión del Tribunal de Cuentas. Pero
pedirle al Ejecutivo central que haga valoraciones sobre la conducta
o las apreciaciones --por otra parte absolutamente inexactas-- que su
señoría ha hecho sobre lo que dice el Tribunal de Cuentas de la Junta
de Castilla y León, me parece un precedente muy serio. Por ello me
gustaría preguntarle, precisamente en esta Cámara, si su señoría ha
meditado seriamente lo que eso puede querer decir.
En cualquier caso, le reitero mi respeto por todas la Administraciones
territoriales y sí digo claramente que las apreciaciones políticas que
ha hecho su señoría las hará bajo su responsabilidad, pero no invoque
la del Tribunal de Cuentas porque lo que usted ha dicho no lo dice el
Tribunal de Cuentas. Insisto en que me sorprende que le pregunte usted
al Gobierno central sobre juicios de otras Administraciones
territoriales; me parece realmente sorprendente hecho por un Senador.
Gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Vicepresidente Segundo del
Gobierno.
Tiene la palabra el Senador Castro Rabadán.
El señor CASTRO RABADAN: Gracias, señor Presidente.
No me sorprende la contestación del señor Vicepresidente, es decir, no
contestar; cuando no interesa y es incómodo no contesta. Ahora bien,
me ha dicho que es inexacto lo que yo digo, y no lo digo yo, lo dice
el Tribunal de Cuentas. El Tribunal de Cuentas dice las cosas de forma
muy clara y leo textualmente --usted lo tiene encima de la mesa--: La
adquisición de compromisos de pago arrastrados por la Junta de Castilla
y León a los que no se puede atender es de 50.950 millones de pesetas
--punto--. Y digo yo: un agujero contable que niega la gestión eficaz
de la que tanto ha presumido la Junta de Castilla y León --esto sí es
de mi cosecha-- y de la que tanto hacen propaganda ustedes en cuanto
pueden. Ahora yo también les puedo hacer preguntas como las que ustedes
hacían: ¿dónde están estos millones? Yo digo que se han volado en
promesas vanas y falsas.
Por otra parte, se detecta un déficit de 39.368 millones --sic--, que
ayuda poco a conseguir los parámetros europeos de convergencia que
perseguimos tanto desde la oposición como desde el Gobierno. También
dice textualmente: El 86 por ciento del importe total de los contratos
examinados se adjudicó mediante concurso, sin que se haya garantizado
la selección objetiva de los contratistas más convenientes al interés
público. La transparencia de la gestión de la Junta de Castilla y León
brilla por su ausencia
y lo que sí ha conseguido es rodearse de los contratistas que menos
convienen al interés público --según el Tribunal de Cuentas--, pero sí,
al parecer, al interés del Partido Popular y de sus chanchullos de
financiación --hoy tan en alza a través de la prensa-- en León, Zamora,
Burgos --de nuevo Burgos hoy--, etcétera. Los expedientes de obras
fueron 143 en el año 1993, de los cuales 97 fueron dados «digitalmente»
--5.209 millones dice el Tribunal de Cuentas--, y por ello el Tribunal
de Cuentas se queja --sic-- de la falta de indicadores o sistemas de
seguimiento y control que impide conocer y analizar el coste y
rendimiento de los servicios públicos --sic--.
Señor Vicepresidente, esta Cámara y los Parlamentos --desde mi punto
de vista esta Cámara aún más, tanto que se habla de Cámara
territorial-- deben hacer el seguimiento de las actuaciones de los
diferentes Gobiernos regionales. En mi opinión esto ha sido un abuso
realizado por la Junta de Castilla y León y el Informe lo que hace es
emerger lo que venimos denunciando desde hace años: el abuso, la
financiación encubierta y escándalos sobre los que el tiempo dirá quién
tiene la razón; demos tiempo al tiempo y demos tiempo a que los jueces
decidan estas cuestiones.
Nada más y muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, Senador Castro Rabadán.
Tiene la palabra el señor Vicepresidente Segundo del Gobierno.
El señor MINISTRO DE ECONOMIA Y HACIENDA (De Rato y Figaredo): Señor
Presidente, muchas gracias. Señor Senador, muchas gracias.
Señor Senador, sobre financiación irregular, después de los ejemplos
del Partido Socialista Obrero Español que hay en los tribunales --que
cubren varias Comunidades Autónomas, varios países e incluso más de un
continente--, la verdad es que sin duda ustedes pueden hablar sin
límite, pero es realmente sorprendente que su señoría quiera un debate
de ese tipo con nosotros. Nosotros no tenemos nada que ocultar y usted
no va a poderlo demostrar, cosa que no estoy seguro que pueda usted
afirmar con la misma rotundidad respecto a su Partido. Usted me
pregunta y yo le contesto: me parece un debate absolutamente
innecesario entre la oposición y el Gobierno, pero, como usted
comprenderá, ustedes no pueden permitirse el lujo de hacer ese tipo de
afirmaciones.
Hablando de la cuestión en concreto, si su señoría tiene una opinión
sobre la contabilización del presupuesto de la Junta de Castilla y León
o de cualquier otra Administración lleve a cabo sus acciones políticas
aquí o en los Parlamentos autonómicos, pero no con el Gobierno central.
Y antes de que las haga usted le voy a hacer algunas precisiones para
que su señoría sepa lo que está diciendo.
Su señoría confunde los derechos reconocidos por endeudamiento no
adquirido con las obligaciones, y es bueno que alguien se lo explique,
porque lo que se está produciendo según el Tribunal de Cuentas no
afecta al déficit público: lo único que se está produciendo es una
variación de activos y pasivos financieros. Estoy seguro de que en su
Grupo Parlamentario, con más o menos tiempo, se lo podrán explicar a
su señoría.
En segundo lugar, si su señoría quiere releer las recomendaciones que
hace el Tribunal de Cuentas sobre el déficit público del año 1993 de
la Junta de Castilla y León podrá comprobar que el Tribunal de Cuentas
deduce 5.966 millones de los derechos reconocidos, que serán aplicados
en ejercicios posteriores. Por lo tanto, va a variar el déficit de
1993, pero también va a variar el déficit de ejercicios posteriores.
Hay otra compensación transitoria de 1.542 millones, que es una mera
reclasificación entre 1992 y 1993. Hay una reclasificación interanual
de proyectos relativos al Fondo de Compensación Interterritorial de
2.104 millones, que es entre 1993 y 1994, y eso sí, el Tribunal de
Cuentas dice que hay unas obligaciones reconocidas por importe de 11
millones de pesetas --no 11.000--, que no le reconoce a la Junta de
Castilla y León. Desde luego no hay mención alguna a abuso en la
contratación directa y sí hay una recomendación genérica --como la que
hace a todas las Administraciones-- de utilizar más la subasta que el
concurso.
Eso es lo que el Tribunal de Cuentas hace sobre la Cuenta de Castilla
y León del año 1993. Ya me gustaría a mí que esas recomendaciones
fueran similares a las que hace el Tribunal de Cuentas sobre la Cuenta
General del Estado, responsabilidad del Gobierno central, del mismo
año.
Muchas gracias. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario
Popular.)
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Vicepresidente Segundo del
Gobierno.
--DE DON CARLOS ALBERTO GONZALEZ PRINCIPE, DEL GRUPO PARLAMENTARIO
SOCIALISTA, SOBRE LAS MEDIDAS ADOPTADAS POR EL GOBIERNO PARA GARANTIZAR
LA PRIVACIDAD DE LOS DATOS DE LOS CONTRIBUYENTES QUE EN LA PROXIMA
CAMPAÑA DE LA DECLARACION DE LA RENTA UTILICEN LOS SERVICIOS QUE EL
MINISTERIO DE ECONOMIA Y HACIENDA PRETENDE CONTRATAR CON EMPRESAS
PRIVADAS. (680/000223.)
El señor PRESIDENTE: Pregunta de don Carlos Alberto González Príncipe,
del Grupo Parlamentario Socialista, sobre las medidas adoptadas por el
Gobierno para garantizar la privacidad de los datos de los
contribuyentes que en la próxima campaña de la declaración de la renta
utilicen los servicios que el Ministerio de Economía y Hacienda
pretende contratar con empresas privadas.
Tiene la palabra el Senador González Príncipe.
El señor GONZALEZ PRINCIPE: Muchas gracias, señor Presidente.
Señor Vicepresidente del Gobierno, hace cuestión de unos meses, por
fuentes de la Secretaría de Estado, se informó
a la opinión pública de que iban a ser sometidos a contratación con
empresas privadas determinados servicios comprendidos en la campaña
sobre la declaración de la renta, que se iniciará próximamente. Pocas
semanas después, esas mismas fuentes de la Secretaría de Estado de
Hacienda informan de que, de la previsión inicial de contratar una
parte del Programa Padre y las declaraciones telefónicas, al final sólo
se optaría por contratar con empresa privada las declaraciones
telefónicas y, posiblemente, alguna parte del Programa Padre.
En ninguna ocasión, señor Vicepresidente, ha hecho mención la
Secretaría de Estado de las reservas o cláusulas que deben introducirse
que permitan garantizar la privacidad y el tratamiento correcto, de
acuerdo con la legislación vigente, de los datos que, afectando a la
intimidad de las personas, van a estar en manos de empresas privadas
que no están obligadas por al cláusula de reserva ni por la de secreto.
En este sentido, señor Vicepresidente del Gobierno, en nombre del Grupo
Parlamentario Socialista, quisiéramos que hoy, aquí, en sede
parlamentaria, tranquilizara a la opinión pública y a los ciudadanos
que van a utilizar los servicios que su Ministerio va a poner a su
disposición en la próxima campaña de la renta. ¿Cuáles son, señor
Vicepresidente, las medidas que ha adoptado su Gobierno para garantizar
la privacidad y el manejo correcto de datos íntimos de personas por las
empresas que puedan ser contratadas para desarrollar parte de los
trabajos de la campaña sobre la declaración de la renta?
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias.
Tiene la palabra el señor Vicepresidente Segundo del Gobierno.
El señor MINISTRO DE ECONOMIA Y HACIENDA (De Rato y Figaredo): Gracias,
señor Presidente. Gracias, señor Senador.
Las habituales, puesto que no es el primer año que se prestan estos
servicios y, por lo tanto, insisto en que son los habituales que se han
venido garantizando por parte de la Agencia Tributaria, que son
absolutamente suficientes.
Gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Vicepresidente Segundo.
Tiene la palabra el señor González Príncipe.
El señor GONZALEZ PRINCIPE: Gracias.
Me ha extrañado que, al menos hoy, no le hayan aplaudido, señor
Vicepresidente. No sé si es que su Grupo ha quedado frustrado por la
contestación. En cualquier caso, aprovechen la ocasión para darle el
aplauso, por favor, no pierdan la tónica. (Risas.--Aplausos en los
escaños del Grupo Parlamentario Popular.)
Después de este rasgo de humor, señor Vicepresidente, me parece que la
pregunta y el tono con el que se la hemos formulado merecería alguna
explicación más, entre otras cosas, porque lo que ustedes querían
contratar inicialmente --y no sabemos si lo van a contratar ni si ya
lo han contratado-- no coincide exactamente con lo que se ha contratado
en otras épocas.
La pregunta, señor Vicepresidente, es: Cuando una ciudadana o un
ciudadano español llama por teléfono y hace su declaración sobre la
renta por este medio, usted, en nombre del Gobierno, ¿nos puede
garantizar aquí, delante del Parlamento, delante del Senado de la
nación, quién va a ser el que va a asumir --si se produce un error--
ese error que puede perjudicar o bien a la Hacienda pública o bien a
ese contribuyente? ¿Nos puede garantizar que los datos de esas más de
100.000 personas que utilizan la declaración telefónica no van a ser
utilizados en caso alguno para algo que no tenga que ver con el trabajo
de la Agencia Tributaria?
Y le preguntaría con toda tranquilidad: en los contratos que ustedes
han firmado o van a firmar ¿qué papel ha jugado la Agencia de
Protección de Datos? ¿Ha revisado esos contratos?
Como verá, señor Vicepresidente, sólo le estamos planteando preguntas
normales, y deseamos que, por favor, nos conteste normalmente, que nos
ilustre.
Gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, Senador González Príncipe.
Tiene la palabra el señor Vicepresidente Segundo del Gobierno.
El señor MINISTRO DE ECONOMIA Y HACIENDA (De Rato y Figaredo): Gracias,
señor Presidente.
Gracias, especialmente, señor Senador, porque me ha conseguido usted
un aplauso gratis. (Risas.)
Señor Senador, los servicios contratados para la campaña sobre la renta
de 1996, es decir, en mayo y junio de 1997, con empresas privadas son
los siguientes.
Primer servicio: teléfono de información tributaria básica. Es una
línea 900, con 600 operadores, unos dos millones de llamadas y 590
líneas telefónicas. Viene prestándose desde 1993, con un 90 por ciento
de satisfacción. Aquí se da información tributaria de carácter general,
y no hay personalización alguna.
Segundo servicio: confección telefónica de declaraciones abreviadas.
Se trata de una línea 901, cuyo coste es compartido entre el
contribuyente y la Administración, en la que se presta un servicio con
421 operadores a través de 375 líneas telefónicas, con capacidad para
atender 400.000 llamadas. Este servicio ya se prestó en la anterior
campaña sobre la renta, sin incidencia alguna y con extraordinaria
aceptación, porque tiene una valoración del 98 por ciento. En este tipo
de servicio la garantía de la privacidad es casi aún mayor que en la
anterior, puesto que los datos facilitados por los ciudadanos se
codifican en un código de puntos en la propia declaración que se envía
al contribuyente, y no queda rastro alguno en los ordenadores de la
empresa adjudicataria. Y asimismo, como el pasado año, todo el proceso
es controlado permanentemente por el personal de la propia Agencia
Tributaria.
El único servicio nuevo que hay este año es el teléfono de cita previa,
contratado en la presente campaña con una empresa privada. El objetivo
es prestar una mejor atención a los ciudadanos al ampliar el horario
de atención e incrementar el número de líneas disponibles. Se trata de
una línea 901, por lo tanto, con coste compartido, en la que prestarán
servicio 628 operadores a través de 550 líneas telefónicas con
capacidad para atender a tres millones de llamadas. Este servicio
tampoco precisa medida alguna para garantizar la privacidad de los
datos al tratarse de una mera agencia electrónica de asignación de hora
y día para el servicio de ayuda en la confección de declaraciones
prestado por la Agencia Tributaria, que es el Programa Padre.
Hay otros servicios de ayuda. Todos los demás estarán prestados
directamente en la Agencia Tributaria, con su personal permanente o con
personal contratado específicamente para ello por la propia Agencia.
Sobre esta cuestión quisiera significarle que hay un acuerdo de la
Agencia Tributaria con los sindicatos para, en la campaña sobre la
renta de 1996, buscar los objetivos con las contrataciones realizadas,
es decir, para mejorar la calidad del servicio que se da al
contribuyente, el fomento del empleo y la mejora de las condiciones de
trabajo de la propia Agencia.
Quiero informar a su señoría y al resto del Senado de que se han
contratado 502 personas que provenían del desempleo a las cuales se ha
dado formación en los cursos de la propia Agencia Tributaria.
Por último, deseo insistir en que la privacidad de los datos manejados
durante la campaña sobre la renta queda absolutamente garantizada al
tratarse de empleados públicos, es decir, de personal que está sometido
a las obligaciones de sigilo.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Vicepresidente Segundo del
Gobierno.
--DE DON OCTAVIO JOSE GRANADO MARTINEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO
SOCIALISTA, SOBRE LA CUANTIA DE LO RECAUDADO POR HACIENDA EN TERMINOS
DE CAJA EN LOS DOS PRIMEROS MESES DE 1997, QUE, EN TERMINOS DE
CONTABILIDAD NACIONAL, ES IMPUTABLE AL EJERCICIO DE 1996. (680/000227.)
El señor PRESIDENTE: Pregunta de don Octavio José Granado Martínez, del
Grupo Parlamentario Socialista, sobre la cuantía de lo recaudado por
Hacienda en términos de caja en los dos primeros meses de 1997, que,
en términos de contabilidad nacional, es imputable al ejercicio de
1996.
Tiene la palabra el Senador Granado Martínez.
El señor GRANADO MARTINEZ: Muchas gracias, señor Presidente.
Señor Vicepresidente del Gobierno, en un documento enviado a las
Cámaras por el Ministerio sobre evolución de la ejecución del
Presupuesto del Estado durante 1996, se refiere a la evolución del
Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas en el ejercicio 1996,
señalando que sus ingresos han superado sólo en un 0,8 por ciento a los
efectuados el año anterior. Se explica que hay que señalar el carácter
poco significativo de esta tasa debido a los ingresos por retenciones
del trabajo pendientes de ingresar, correspondientes en su mayor parte
a dos liquidaciones trimestrales de la Seguridad Social.
Teniendo en cuenta este hecho, el crecimiento homogéneo del Impuesto
sobre la Renta de las Personas Físicas en este último año se eleva al
4,8 por ciento. Para pasar del 0,8 al 4,8 hay que suponer que había
pendientes de ingresar en el Tesoro 200.000 millones de pesetas, que
se corresponden con derechos del ejercicio 1996 y que, no obstante, se
han ingresado en términos de caja en los primeros meses del ejercicio
1997. ¿Cuál es la cuantía, por tanto, de los ingresos líquidos, de los
ingresos físicos realizados en el Tesoro en los dos primeros meses del
año 1997 que se corresponden con derechos que son imputables al
ejercicio 1996?
Gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, Senador Granado Martínez.
Tiene la palabra el señor Vicepresidente Segundo del Gobierno.
El señor MINISTRO DE ECONOMIA Y HACIENDA (De Rato y Figaredo): Gracias,
señor Presidente. Gracias, señor Senador.
En los primeros meses del ejercicio 1997, la recaudación
correspondiente a los derechos reconocidos en ejercicios anteriores
asciende a 67.000 millones de pesetas, de las cuales la mayor parte
corresponde a ingresos devengados en el ejercicio 1996, es decir, en
el inmediatamente anterior.
Gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Vicepresidente Segundo del
Gobierno.
Tiene la palabra el Senador Granado Martínez.
El señor GRANADO MARTINEZ: Muchas gracias, señor Presidente.
Muchas gracias, también a usted, señor Vicepresidente del Gobierno, por
el reconocimiento de esos 67.000 millones de atrasos. Explíqueme usted,
porque las cifras no cuadran. Si los ingresos en términos de
recaudación en el ejercicio de 1996 crecieron un 0,8 por ciento y usted
dice, lo dice su Ministerio, lo dice la Intervención General del
Estado, que con los atrasos debieron crecer un 4,8, es que hay
pendientes 200.000 millones de pesetas, porque el 4 por ciento de la
recaudación del IRPF son 200.000 millones de pesetas. ¿Quiere usted
decir entonces que todavía hay atrasos pendientes por valor de 140.000
millones de pesetas, o es que las cifras contenidas en el informe de
la Intervención no se ajustan a la realidad, o es que su señoría ha
cometido algún error?
En cualquier caso, el Director General de la Agencia Tributaria había
manifestado que en términos de recaudación las previsiones iban muy por
encima de lo previsto en los dos primeros meses del ejercicio porque
habían superado en 20.000 millones las previsiones. Si usted me
reconoce que hay 67.000 millones de atrasos, eso quiere decir que hay
47.000 millones de menor recaudación que la prevista, a no ser que
ustedes fueran tan previsores que previeran, incluso, que se iban a
atrasar en algunos pagos, a la hora de hacer las previsiones del
ejercicio de 1997.
¿Qué nos demuestra esto? En primer lugar, que las previsiones de
recaudación que ustedes hacen para 1997 no se van a cumplir. Yo quiero,
señor Ministro, darle la oportunidad de reconocerlo en esta Cámara. Yo
sé que usted me va a contestar que se van a cumplir las previsiones,
pero habrá algún momento en que tenga que reconocer que esto no va a
ser así. Yo pienso que el Parlamento merece alguna consideración. Si
usted realmente está en disposición de poder garantizar que se van a
cumplir las previsiones, evidentemente, estaremos muy satisfechos de
oírlo de su boca, pero nos gustaría que sus palabras no fueran luego
desmentidas como tantas otras veces por decisiones a posteriori.
Las previsiones de recaudación evolucionan a la baja y lo que es peor
--y esto le interesa mucho a esta Cámara-- la recaudación del Impuesto
sobre la Renta evoluciona cada vez con mayor disparidad sobre lo que
son los ingresos tributarios de la Administración del Estado. ¿Y esto
qué quiere decir? Que en el año 1997, como ya ha sucedido en el año
1996, la recaudación en IRPF va a ser inferior a la recaudación, en
general, de los ingresos tributarios de la Administración del Estado
o, lo que es lo mismo, el nuevo sistema de financiación de las
Comunidades Autónomas que ustedes han diseñado, que está basado,
precisamente, en la consideración de lo contrario, de que los ingresos
en renta crecen por encima de lo que crece el ITAE, va a ser
perjudicial para todas las Comunidades Autónomas.
Como ustedes han hecho un sistema desigual, porque da más participación
a unas Comunidades que a otras en términos de lo que son sus ingresos,
curiosamente este sistema puede acabar perjudicando más a los que, en
principio, se podía pensar que eran teóricamente los principales
beneficiarios. Creo que ustedes tienen que hacer una reflexión porque
todavía podemos corregir lo que, sin duda, ha sido un error en términos
de financiación de las Comunidades Autónomas, que ha sido prescindir,
tal como era la recomendación del grupo de expertos, de una cesta
global de impuestos y vincular los ingresos de las Comunidades
Autónomas al Impuesto sobre la Renta. Con sus previsiones de
recaudación del Impuesto sobre la Renta se demuestra ya, efectivamente,
que las Comunidades Autónomas están siendo perjudicadas por su mala
gestión al frente del Gobierno de la nación.
El señor PRESIDENTE: Gracias, Senador Granado.
Tiene la palabra el señor Vicepresidente Segundo del Gobierno.
El señor MINISTRO DE ECONOMIA Y HACIENDA (De Rato y Figaredo): Muchas
gracias, señor Presidente. Gracias, señor Senador.
Por lo que he entendido, su señoría cree que la evolución de los
ingresos tributarios de 1997 va a conseguir que su Grupo Parlamentario
pueda justificar que tres Comunidades Autónomas, precisamente las
gobernadas por el Partido Socialista, no se hayan incluido en el
sistema de financiación de régimen común.
Su señoría debería buscar otra ayuda porque por ese camino se va a
encontrar con que no le va a funcionar. Como yo comprendo que el Grupo
Parlamentario Socialista necesita explicarle a los ciudadanos de
Andalucía, de Castilla-La Mancha y de Extremadura por qué ha forzado
una situación que el resto de las Comunidades Autónomas no han
aceptado, ahora necesita presentar fantasmas sobre la evolución de los
ingresos para 1997.
Como el tiempo lo cura casi todo, estaremos --así lo espero-- todos
aquí para comprobar, a finales de este año, lo que ha sucedido con los
ingresos tributarios. Ya les anuncio que deben ustedes ir pensando otra
excusa para explicarles a los andaluces, castellano-manchegos y
extremeños por qué, para poder hacer alguna oposición, han forzado
ustedes a estas Comunidades Autónomas a no sumarse a un régimen de
financiación que claramente las va a beneficiar.
Si vamos al origen de su pregunta y dejamos para más adelante debates
en los que ustedes ya tienen que buscar alguna ayuda adicional porque
sus argumentos se les han acabado, la cifra de ingresos en términos de
caja siempre incluye el cobro de derechos reconocidos en períodos
anteriores y, por el contrario, excluye los derechos reconocidos que
no se han cobrado. Su señoría lo sabe yo diría que mejor que yo
todavía. Sin embargo, hemos de tener en cuenta que hasta febrero se han
reconocido derechos de 1997 que aún no se han cobrado. Por lo tanto,
su señoría debe dar tiempo a la evolución del presupuesto.
En términos de contabilidad nacional, que no incluye las
privatizaciones, los derechos reconocidos durante los dos primeros
meses del año superaron en un 13,3 por ciento los derechos reconocidos
en el mismo período del año 1996. La recaudación del período de
enero-marzo se sitúa en torno a tres billones 140.000 millones de
pesetas, algo más de 88.000 millones de pesetas por encima de lo
esperado para el primer trimestre del año. Esta cifra supone un
incremento de la recaudación del 6,9 por ciento sobre igual período del
año anterior, un 9,5 en términos brutos, es decir, descontando el
efecto de las devoluciones.
La buena marcha de la recaudación se explica por el comportamiento del
IRPF, que ha permitido ingresar un 11,66 por ciento más que en el mismo
período de años anteriores y un 3,65 por ciento por encima de las
previsiones del Gobierno para el primer trimestre; dentro del mismo
impuesto las retenciones sobre los rendimientos de capital mobiliario
crecieron un 8,75 por ciento en relación con los tres primeros meses
del año 1996, ajustándose a las previsiones del Gobierno, y, además,
por la favorable evolución del consumo, que ha permitido un incremento
de la recaudación del IVA del 10 por ciento en relación al primer
trimestre del año 1996.
Por lo tanto, señoría, los ingresos van bien, la economía va bien,
vamos mejorando la capacidad de recaudación de
la economía y se están cumpliendo los plazos para que la Hacienda
pública no se vea perjudicada en el cobro de derechos que los
contribuyentes le puedan deber al Tesoro Público. Vayan ustedes
buscándose otro argumento para explicar por qué han forzado a una parte
sustancial de los españoles a ser perjudicados para poder hacer ustedes
alguna oposición, puesto que cada vez les quedan menos argumentos para
hacerla.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Vicepresidente Segundo del
Gobierno.
--DE DON LLUIS ARMET I COMA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, SOBRE
LAS PREVISIONES DEL GOBIERNO ACERCA DE LA EVOLUCION DE LAS DIFERENCIAS
ECONOMICAS, EN LOS DISTINTOS TERRITORIOS, PARA LA PRESTACION DE
SERVICIOS PUBLICOS EQUIVALENTES. (680/000228.)
El señor PRESIDENTE: Pregunta de don Lluís Armet i Coma, del Grupo
Parlamentario Socialista, sobre las previsiones del Gobierno acerca de
la evolución de las diferencias económicas, en los distintos
territorios, para la prestación de servicios públicos equivalentes.
Tiene la palabra, Senador Armet i Coma.
El señor ARMET I COMA: Muchas gracias, señor Presidente.
Motiva esta pregunta un tema central: si en la comparación del sistema
de régimen general y del sistema de foralidad contemplado en la
Constitución, de acuerdo con los distintos compromisos que ha realizado
el Gobierno, las diferencias se agrandan o se reducen. Es un tema
básico, no es sal gruesa, es un tema estratégicamente básico.
Muy brevemente diré que este tema no se ha presentado en las Cámaras,
no se ha presentado a la opinión pública, no se ha tratado como un
acuerdo Gobierno-Gobierno, sino como un acuerdo Gobierno-Partido. Hay
todo un conjunto de anomalías institucionales y democráticas y es del
todo necesario que, aunque no conozcamos en profundidad el tema, porque
no lo conoce esta Cámara, el Vicepresidente del Gobierno se pronuncie
en la misma diciendo claramente si las diferencias se han agudizado o
se han reducido.
Gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Armet.
Tiene la palabra, señor Vicepresidente Segundo del Gobierno.
El señor MINISTRO DE ECONOMIA Y HACIENDA (De Rato y Figaredo): Muchas
gracias, señor Presidente. Muchas gracias, señor Senador.
Con respecto a las diferencias económicas en los distintos territorios
para la prestación de servicios públicos equivalentes, quiero recordar
a su señoría que el pasado 23 de septiembre se acordó en el Consejo de
Política Fiscal y Financiera --y, por lo tanto, no entre el Gobierno
y un Partido, ni el Socialista ni el Popular ni ningún otro--, con la
representación de todas las Comunidades Autónomas, la creación de un
grupo de trabajo para la instrumentación de las asignaciones de
nivelación que deberá elaborar y elevar a la aprobación del propio
Consejo, dentro del año 1997, una propuesta de instrumentación
jurídica, financiera y presupuestaria de las mencionadas asignaciones
de nivelación. Este grupo de trabajo empezará sus trabajos, valga la
redundancia, en este mismo mes de abril, y en él están incluidas varias
Comunidades Autónomas.
Por lo tanto, despeje su señoría cualquier fantasma de acuerdos sobre
estos temas entre Gobierno y partido. No sé si se producían en el
pasado, ahora le puedo asegurar a usted que no, y el Consejo de
Política Fiscal y Financiera es un órgano bastante adecuado para que
el Estado y las Comunidades Autónomas trabajen en la fijación de los
criterios para garantizar una evolución equivalente en la prestación
de servicios públicos.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Vicepresidente Segundo del
Gobierno.
Tiene la palabra el señor Armet.
El señor ARMET I COMA: Muchas gracias.
Señor Vicepresidente, no ha entendido la pregunta, ya que le ha dado
un contenido en relación a los servicios públicos. Se dice claramente
lo siguiente: hay un sistema, el sistema general. Este sistema general
tiene los problemas que tiene --hoy no hablamos de él--. Hay otro
sistema, como el foral, que es del que vamos a hablar ahora. En la
comparación entre los dos, ¿se agrandan o no se agrandan diferencias?
Voy a entrar muy brevemente en la cuestión.
La Constitución ampara los derechos forales; lo que no ampara son las
diferencias. Sabemos que partimos de diferencias muy ostensibles y es
bueno que el señor Vicepresidente las conozca y las corrija en el
tiempo. Sabemos perfectamente que esto no se va a producir de hoy para
mañana, pero lo que no se debe hacer nunca es profundizar en las
diferencias, porque será imposible el reequilibrio y, en última
instancia, el servir a todos los ciudadanos españoles de la misma
forma. Sistemas distintos no han de dar resultados económicos
distintos. Partimos de una base distinta, pero ésta no puede agrandar
los diferencias, porque entonces el sistema entra en quiebra y en
crisis integral, y no estaríamos sirviendo a los ciudadanos.
En segundo lugar, los servicios públicos equivalentes son fundamentales
para poder servir a todos los ciudadanos de acuerdo con sus
necesidades. Es evidente que usted tiene la obligación de saber que si
estamos en un índice 100 en el sistema general, en el sistema foral
estamos en otro índice que no es 110, 120, 130 ó 140, sino que es mayor
--no voy a decir la cifra-- y usted sabe que es preocupante. Si se
profundizan las diferencias, el conjunto del sistema entra en quiebra
y se hace inviable en toda su naturaleza y en todas sus
especificidades.
En tercer lugar, debo decir que lo que se está produciendo --por
indicadores que en estos momentos tenemos, no por informaciones
específicas que conocemos-- es un proceso de profundización de estas
divergencias, y profundizar en las mismas significa que entra en crisis
uno de los elementos básicos que sustenta el Estado.
Por último, debo decir que usted tiene toda la obligación de señalar
en qué nivel nos estamos moviendo y cómo vamos a corregir la situación.
No exigimos una regularización a corto plazo, ni mucho menos; no
exigimos una regularización a medio plazo; sí conviene a largo plazo;
pero lo que sí exigimos es que los ritmos de crecimiento, es decir, de
convergencia entre el sistema general y el sistema foral, vayan
acercándose en el tiempo porque, si no, estamos contribuyendo a una
irracionalidad que pone en crisis el sistema en su conjunto.
Desde este punto de vista, la pregunta concreta es: ¿Está este Gobierno
dispuesto a reducir las diferencias, ostensibles hoy, que existen entre
el sistema general y el sistema foral? ¿O con sus decisiones políticas,
en este caso concreto el acuerdo Gobierno y partido, van a aumentar
ustedes estas diferencias?
Gracias.
El señor PRESIDENTE : Gracias, Senador Armet.
Tiene la palabra el señor Vicepresidente Segundo del Gobierno.
El señor MINISTRO DE ECONOMIA Y HACIENDA (De Rato y Figaredo): Gracias,
señor Presidente.
Señor Senador, si lo que su señoría afirma con tanta rotundidad es que
el sistema de financiación de las Comunidades Autónomas deja una
herencia de financiación desequilibrada, dígalo. (El señor Armet i Coma
pronuncia palabras que no se perciben.) Dígalo con los datos que su
señoría tenga, y será muy interesante comprobar quién ha sido el
responsable de los sistemas de financiación autonómica en los últimos
15 años. Pero está bien que su señoría lo plantee.
Para que su señoría sea consciente del asunto, debe saber que, desde
1986, el Consejo de Política Fiscal y Financiera está estudiando este
tema --cosa que seguramente su señoría puede comprobar-- sin que haya
sido capaz de producir una solución definitiva. Por lo tanto, este
Gobierno, a diferencia de gobiernos anteriores, además de encargar al
Consejo de Política Fiscal y financiera que evalúe esas diferencias que
su señoría señala, ha asignado en estos presupuestos 10.000 millones
de pesetas en aplicación del artículo 15 de la Lofca. A su señoría le
parece insuficiente; estoy de acuerdo, pero es la primera vez que se
hace. Y este Gobierno ha descongelado el Fondo de Compensación
Interterritorial, que llevaba congelado tres años y que a su señoría
también le parece absolutamente irrelevante.
Además, para las Comunidades Autónomas que se acojan al nuevo sistema
de financiación autonómica de régimen común hay una garantía para que
la evolución del sistema en ningún caso sea inferior a la del sistema
anterior. Es decir, hay una garantía para que ninguna Comunidad
Autónoma tenga una financiación que sea el 90 por ciento inferior al
crecimiento de la financiación media y para que ninguna Comunidad
Autónoma tenga un crecimiento per cápita inferior al 90 por ciento de
la financiación per cápita de las Comunidades de régimen común. Todas
esas garantías están a disposición de las Comunidades Autónomas que se
han acogido al nuevo sistema de financiación, tres de las cuales no lo
han hecho porque su partido se lo ha impedido.
A partir de ahí, si su señoría tiene datos que poner sobre la mesa para
el debate, hágalo. Explíquenos su señoría cuáles han sido los errores
en la financiación autonómica desde el año 1980 hasta 1997, y
seguramente todos estaremos dispuestos a contemplarlos. Pero no haga
alusiones veladas, no me venga con que su señoría tiene muchísima
información que, al parecer, no quiere compartir con nadie. Porque yo
comparto la que tenemos: El Consejo de Política Fiscal y Financiera
lleva sin ser capaz de formular una apreciación que pueda identificar
una prestación de servicios públicos equivalentes desde el año 1986.
Y este Gobierno ha dotado al sistema de más dinero para equilibrar esos
servicios públicos y, además ha introducido, por primera vez en un
sistema de financiación autonómica de régimen común, elementos que
garanticen que ninguna Comunidad Autónoma se va a quedar descolgada de
la evolución del sistema. Si su señoría tiene alguna otra idea, nos
gustaría conocerla. Pero, al parecer, vamos a tener que esperar mucho
tiempo hasta que su señoría nos pueda proporcionar alguna nueva idea.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Vicepresidente Segundo del
Gobierno.
INTERPELACIONES:
--DE DOÑA FRANCISCA PLEGUEZUELOS AGUILAR, DEL GRUPO PARLAMENTARIO
SOCIALISTA, SOBRE LAS RAZONES Y LOS CRITERIOS QUE HAN LLEVADO AL
GOBIERNO A APROBAR UN REAL DECRETO-LEY, EL DIA 14 DE MARZO DE 1997, CON
AYUDAS INSUFICIENTES PARA PALIAR LOS DAÑOS PRODUCIDOS POR EL TEMPORAL
DE LLUVIAS EN LAS CINCO COMUNIDADES AUTONOMAS RELACIONADAS EN EL MISMO.
(670/000039.)
El señor PRESIDENTE: Pasamos al punto segundo del orden del día:
Interpelaciones. En primer término, la de doña Francisca Pleguezuelos
Aguilar, del Grupo Parlamentario Socialista, sobre la razones y los
criterios que han llevado al Gobierno a aprobar un Real Decreto-Ley,
el día 14 de marzo de 1997, con ayudas insuficientes para paliar los
daños producidos por el temporal de lluvias en las cinco Comunidades
Autónomas relacionadas en el mismo.
Para la presentación de la interpelación, tiene la palabra la Senadora
Pleguezuelos, por tiempo de quince minutos.
La señora PLEGUEZUELOS AGUILAR: Gracias, señor Presidente.
Como el único Ministro presente es el Vicepresidente Segundo del
Gobierno, supongo que su señoría va a contestar a esta interpelación
y, por lo tanto, a él voy a dirigirme.
Señor Rato, señorías, de todos es conocido que las lluvias e
inundaciones de los pasados meses de diciembre y enero afectaron a
varias Comunidades Autónomas. (El señor Vicepresidente, Rigol i Roig,
ocupa la Presidencia.)
Las infraestructuras viarias, los equipamientos municipales, la
agricultura, las viviendas y los enseres de muchas familias sufrieron
graves daños en Cantabria, Andalucía, Castilla-La Mancha, Extremadura
y otras comunidades. Sólo en tres de estas Comunidades los daños y
pérdidas fueron evaluados por el propio Gobierno central en 141.000
millones de pesetas, y de esa parte corresponde a Andalucía una
valoración de daños que supera los 120.000 millones de pesetas. Por lo
tanto, en Andalucía la situación es muy grave. Las lluvias torrenciales
se han producido tras una larga y pertinaz sequía, provocando daños en
casi 500 municipios, cuyas pérdidas en equipamientos municipales se
valoran en 15.000 millones de pesetas.
No son menos importantes los daños que ha sufrido la agricultura, que
rondan los 42.000 millones de pesetas. Señorías, a los daños y pérdidas
directos hay que sumar los derivados de los desperfectos en las redes
viarias, que han impedido, o de alguna manera ralentizado, el
transporte de las mercancías agroalimentarias. Tampoco ha sido menos
grave la situación en la que han quedado las viviendas de muchas
familias andaluzas y las infraestructuras viarias e hidráulicas de esta
Comunidad.
Por lo tanto, señorías, la magnitud de los daños ha adquirido la
categoría de catástrofe para Andalucía y, sin duda, señor Ministro, el
papel del Gobierno central, el papel de su Gobierno ante una catástrofe
de esta envergadura es ejercer la solidaridad con todas las Comunidades
Autónomas afectadas y, por lo tanto, con Cantabria, con Extremadura,
con Asturias, pero sobre todo con Andalucía.
El Gobierno no puede olvidar que es una cuestión que debe ser tratada
como de interés general y, por tanto, atenderse con la solidaridad de
todos los españoles. Así se ha venido haciendo con los distintos
Gobiernos de la democracia ante catástrofes similares a ésta y en todos
los casos ha sido la solidaridad de todos los españoles, es decir, el
Gobierno central, el que corrió con la mayor parte de las aportaciones.
El instrumento para ejercer esa solidaridad con Andalucía era un
decreto de ayudas urgente y suficiente. Un decreto, señorías, que se
ha venido reclamando reiteradamente, incluso desde esta Cámara, pero
sobre todo desde el conjunto de la sociedad andaluza y que ha tardado
excesivamente en gestarse y aprobarse. Ya el pasado 11 de febrero el
Pleno de esta Cámara, por cierto, el primero que se produjo tras las
inundaciones, aprobó por unanimidad una moción socialista instando al
Gobierno a aprobar con urgencia un decreto de ayudas que recogiera un
crédito ampliable y suficiente para Andalucía, como Comunidad más
afectada por las lluvias. Pero, señoría, a pesar del apoyo del Grupo
Parlamentario Popular a esta moción, la realidad es que su Gobierno ni
ha aprobado ese decreto urgente y suficiente para paliar los daños y
pérdidas ocasionadas en Andalucía, ni se ha aprobado un decreto
específico para Andalucía como Comunidad más afectada, cosa que, por
cierto, sí se ha hecho con Cantabria y un mes antes que este Decreto
que hoy analizamos. Ello no importaría si ese decreto se hubiese
aprobado antes o después, o si ese decreto incluso se hubiese aprobado,
como es el caso, con otras Comunidades Autónomas, lo más importante es
que este decreto no ha sido suficiente para superar los daños
ocasionados en esas cinco Comunidades Autónomas.
No ocurre así, señorías; el Real Decreto-ley de Medidas Urgentes para
Reparar los Daños, que ha aprobado el Consejo de Ministros el 14 de
marzo pasado, es un decreto tardío, insuficiente y, sobre todo, es un
decreto insolidario con los municipios y las Comunidades afectadas y
muy especialmente con Andalucía y con los andaluces. Señoría, es tardío
para las explotaciones familiares agrícolas que desde hace tres meses
llevan esperando ayudas para reparar sus infraestructuras agrarias o
para permitir, por ejemplo, aprovechar la siembra de primavera en tales
explotaciones. Es insuficiente para las cinco Comunidades Autónomas a
las que se refiere porque, por ejemplo, prevé para los agricultores de
dichas Comunidades una subvención de sólo 1.500 millones de pesetas,
cuando sólo en Andalucía las pérdidas en cultivos e infraestructuras
se evalúan, y lo ha hecho el Gobierno central, en 42.000 millones de
pesetas. Y, desde luego, es insuficiente para los municipios afectados
por estas cinco Comunidades, ya que el decreto sólo recoge casi 4.000
millones de pesetas para colaborar en la reparación de las
infraestructuras municipales.
Además, el decreto es insolidario con los Gobiernos autonómicos y muy
especialmente con el Gobierno andaluz y con los andaluces, porque no
aborda recursos para colaborar en la reparación de las infraestructuras
con competencia autonómica. La Junta de Andalucía y el resto de los
Ejecutivos autonómicos reciben transferencias para la conservación y
el mantenimiento, pero las reciben nada más que para condiciones de
normalidad y no de excepcionalidad, como es la situación de catástrofe
que ha sufrido la Comunidad andaluza. Para ello, los socialistas
reclamamos que el Gobierno central cumpla su papel de garante de la
solidaridad y del reequilibrio entre los territorios. Pero no ha sido
así.
¿Cuál ha sido la posición de su Gobierno? De un lado, crear falsas
expectativas por parte de Ministros y Ministras que han visitado
Andalucía, argumentando y declarando, como por ejemplo hizo la Ministra
de Agricultura, que no serían menos de 40.000 millones, sólo para los
daños en agricultura, los que contemplaría el decreto. Las expectativas
que ustedes han creado han sido falsas y, desde luego, nos han dejado
a los andaluces en mala situación, pero es que, además, han hecho algo
que no debe ser así. Ustedes han ignorado a la Administración
autonómica, han ignorado a la Junta de Andalucía y al resto de las
Comunidades para la elaboración de este decreto y, además, hasta ayer
mismo han retrasado la autorización que la Junta de Andalucía había
pedido al Gobierno desde finales de enero para
elevar su capacidad de endeudamiento y poder abordar con ese crédito
de 10.000 millones de pesetas los daños sufridos en la Comunidad que
son competencia de la Junta de Andalucía.
Es verdad que algunos representantes del Grupo Parlamentario Popular
han afirmado que el 80 por ciento de estos 20.000 millones de pesetas
van a ir para Andalucía. Señorías, aun partiendo de esa buena fe, y yo
quiero hacerlo, serían 16.000 millones y si restamos los 11.700 que ya
aprobó el Consejo de Ministros para el arreglo de las vías estatales,
yo les pregunto: ¿Qué hacemos en Andalucía con los 3.300 millones de
pesetas que nos quedan para reparar los daños y pérdidas sufridas?
Por el contrario, la Junta de Andalucía ha comprometido el gasto en una
cuantía exactamente igual, 16.000 millones de pesetas, a pesar de que
es incomparable la capacidad financiera de la Administración central
para hacer frente a catástrofes de este tipo con la capacidad
financiera de la Administración autonómica.
Señor Ministro o señora Ministra --no sé al final de quién será la
respuesta--, estas afirmaciones sobre el decreto no las hacemos sólo
los socialistas, las hace toda la sociedad andaluza. Los sectores
económicos y sociales han sido contundentes calificando este decreto
de burla y ofensa al pueblo andaluz. Ayer mismo, una representación de
la plataforma que se ha creado en Andalucía con el nombre de Plataforma
Antidecreto, en la que están integrados desde los sindicatos a los
empresarios hasta las organizaciones agrarias, pedía a todos los grupos
políticos que su posición mañana, a la hora de convalidar este decreto,
sea de rechazo al mismo. Señorías, nosotros no queremos afirmar como
se decía en la UAGA, Unión de Agricultores y Ganaderos de Andalucía,
que el decreto llega para comprar pañuelos y seguir llorando, no
queremos entrar en calificativos de ese tipo, queremos ser positivos.
Ya que su Gobierno ha calificado el decreto de abierto, queremos llevar
a sus señorías a la convicción de que, ante una situación tan grave
para Andalucía, el Gobierno Popular debe incrementar las ayudas en
todos los ámbitos y recoger también la cooperación con las
infraestructuras, competencia exclusiva de la Administración autonómica
y, desde luego, hacerlo en coordinación con ésta y con las cinco
Comunidades Autónomas a que se refiere el decreto, porque eso es lo que
realmente corresponde a un Estado vertebrado y eficiente.
Sin duda alguna, señorías del Grupo Parlamentario Popular, ustedes
saben que el decreto es insuficiente. Es insuficiente para cuatro
Comunidades Autónomas, además de la andaluza que, como he ido
exponiendo, ha sufrido gravísimos daños. Mi grupo con esta
interpelación pretende conocer cuáles han sido las razones y los
criterios que han llevado al Gobierno del señor Aznar a aprobar este
decreto que es claramente insuficiente para cumplir el principio
constitucional de solidaridad, pero que también es insensible con las
necesidades de Andalucía y con su derecho a disfrutar de esa
solidaridad.
Para terminar, conocida la respuesta del Gobierno, que espero que sea
afirmativa, les anuncio la presentación de una moción consecuencia de
esta interpelación para que se incremente el crédito que recoge el
decreto hasta poder abordar la reparación de los daños causados, en su
valor real, en Andalucía y en el resto de las Comunidades Autónomas que
contempla el decreto.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Muchas gracias, Senadora
Pleguezuelos Aguilar.
Para su contestación, tiene la palabra el señor Vicepresidente Segundo
del Gobierno.
El señor MINISTRO DE ECONOMIA Y HACIENDA (De Rato y Figaredo): Gracias,
señor Presidente; gracias, señora Senadora.
Desde el punto de vista de las afirmaciones de la señora Senadora, me
gustaría, primero, afirmar que el Gobierno --el Gobierno central, en
nombre de quien hablo aquí, porque no puedo hablar en nombre de otros
gobiernos--, antes de la aprobación del Decreto, de los 16.000 y pico
millones de pesetas por daños en infraestructuras estatales en
carreteras, ya había invertido en el conjunto de las Comunidades
Autónomas afectadas 15.000 millones, y, en concreto, en Andalucía
11.700 millones de pesetas. Por tanto, el Gobierno central, en sus
responsabilidades, por ejemplo, en el tema de las infraestructuras
viarias, está actuando con una diligencia diría que, por lo menos,
comparable a la de otras administraciones.
Desde el punto de vista de las decisiones tomadas, que es el primero
de los argumentos, es decir, que el Gobierno central no ha dado
carácter de urgencia a esta situación, señora Senadora, las
inundaciones se producen entre diciembre de 1996 y enero de 1997, es
decir, finalizan, prácticamente y por desgracia para los afectados, ya
entrado el presente año. El 26 de diciembre se produce la primera
reunión con representantes de la Junta de Andalucía, como es natural,
así como en las demás Comunidades Autónomas afectadas, con
representantes de los gobiernos autonómicos, a instancias del Delegado
del Gobierno, y se crea una comisión de valoración. El 9 de enero,
cuando aún estaba el temporal afectando a la Comunidad Autónoma, se
asume el compromiso de elaborar un Real Decreto-Ley con la colaboración
de las Comunidades Autónomas afectadas, y el 14 de marzo se aprueba el
Real Decreto-Ley, una vez superadas las fases imprescindibles de
estudios e informes preceptivos.
Comprendo que las catástrofes naturales pueden ser un instrumento de
demagogia política, pero deberíamos, al menos, comparar situaciones
similares con reacciones similares, es decir, en nuestro país, que, por
desgracia, sufre catástrofes naturales de este tipo con bastante
frecuencia, los grupos parlamentarios responsables al menos deberían
mantener posiciones similares en situaciones similares. Y, por
desgracia para la Comunidad Autónoma de Andalucía y otras Comunidades
Autónomas, hace un año exactamente tuvimos el mismo problema. Así, el
temporal del año 1996 también se produjo entre diciembre de 1995 y
enero de 1996 y el Real Decreto se aprobó el 1.º de marzo, es decir,
14 días antes, bien es verdad que dos días antes de las elecciones
generales. Pero, en cualquier caso, respecto
de esas apreciaciones políticas, cada cual hará las que le parezca.
En cuanto a la idoneidad de las cifras aprobadas, pasaré a exponerlas
a continuación. Desde el punto de vista de la colaboración entre
administraciones, quiero decirle a su señoría y a la Cámara que la
Junta de Andalucía, efectivamente, solicitó una ampliación de su
escenario de endeudamiento. Lamentablemente, cuando remitió al Gobierno
central las perspectivas de endeudamiento, éstas no contemplaban los
famosos 10.000 millones, por lo que hubo que rehacer las perspectivas
de endeudamiento, de forma que los contemplara. No obstante, una vez
rehechas las perspectivas de endeudamiento, resultó que, como estaban
mal valoradas las deudas en divisas, las perspectivas de endeudamiento
oficiales de la Junta de Andalucía eran inferiores en 8.000 millones
de pesetas a la realidad. Por lo tanto, el Gobierno central ha
autorizado a la Junta de Andalucía a aumentar su endeudamiento, no en
10.000 millones, sino en 18.000 millones de pesetas para cumplir con
sus objetivos. También quiero decir, porque me parece que es obvio, que
los aumentos de endeudamiento no son finalistas y que será competencia
del Parlamento andaluz garantizar que se aplican a estas cuestiones y
no a suscripción de acciones u otras que puedan ser objeto político del
Gobierno andaluz, con todos mis respetos, puesto que el Gobierno
central lo único que ha hecho ha sido autorizar un techo de
endeudamiento superior en 18.000 millones de pesetas. Y hemos tenido
el problema de que cuando se nos remitieron las perspectivas de
endeudamiento no se contemplaban ni el error de los 8.000 millones de
pesetas de endeudamiento en divisas ni los 10.000 millones adicionales,
que, al parecer, el Gobierno andaluz tiene la intención de decidir a
cuestiones relacionadas con catástrofes, pero que nosotros no podemos
saber si es así y, desde luego, no podemos garantizar que vaya a ser
así.
Pasamos ahora a la cuestión de los daños. La totalidad de los daños
valorados por la Administración central en las Comunidades Autónomas
afectadas alcanzan los 147.000 millones de pesetas, de los cuales
30.526 millones corresponden a daños en producciones agrarias. La mayor
parte de estos daños están cubiertos por pólizas de seguros, señoría,
y, por lo tanto, lo que en este momento hace el Gobierno central
respecto de este caso, como ha hecho también en todos los casos
anteriores, es asignar una cantidad de 1.500 millones de pesetas para
aquellos daños que no estén cubiertos por pólizas de seguros. Su
señoría acordará conmigo que es una medida absolutamente razonable. No
vamos a pagar daños que están cubiertos por pólizas de seguros.
Por tanto, si estamos de acuerdo en eso, pasemos al segundo tema. Hay
77.212 millones de pesetas que corresponden a la reparación de daños
de titularidad estatal en infraestructuras. Ya le he dicho a su señoría
que, desde el punto de vista de infraestructuras viarias, ya se ha
llevado a cabo esa reparación, no sólo en Andalucía, sino en las demás
Comunidades Autónomas afectadas. Esto quiere decir que en el Decreto
se contemplan 11.400 millones de pesetas precisamente para estos daños
en infraestructuras estatales, pero que, como ya le he dicho a su
señoría, el Gobierno ya ha invertido 15.000 millones. ¿Qué quiere esto
decir? Quiere decir que el Gobierno no se limita en su acción de
reparación de infraestructuras a las cantidades asignadas en el
Decreto-Ley o en el crédito extraordinario, sino que utiliza créditos
ordinarios para cumplir con parte de su obligación de reparación de
infraestructuras, lo cual, señoría, me parece de sentido común. Por
tanto, sólo en reparación viaria, a estas alturas, cuando todavía no
se ha aprobado el Real Decreto-Ley ni el crédito extraordinario está
en vigor, el Gobierno central ya ha invertido más dinero del que está
previsto, y sólo en infraestructuras viarias. ¿Por qué? Porque está
utilizando créditos ordinarios del presupuesto ordinario para el
funcionamiento de los Ministerios.
En la tercera categoría figuran 5.834 millones de pesetas que
corresponden a daños a particulares y gastos de emergencia de
ayuntamientos. Hay una cantidad prevista de 3.000 millones de pesetas,
que es la que el Gobierno entiende que, una vez que se realicen los
trabajos del consorcio de compensación de seguros, va a garantizar la
adecuada asignación de estos recursos en la compensación a particulares
y en gastos de emergencia a los ayuntamientos.
La cuarta partida referente a daños, que suman en su totalidad 147.000
millones de pesetas, como ya he dicho, es de 33.807 millones de pesetas
y corresponden a daños en infraestructuras municipales, a cuya
reparación se dotan 4.000 millones de pesetas. Estos daños se refieren
a ámbitos muy diversos, algunos de los cuales no están contemplados en
los artículos que cubren este tipo de situaciones en la Ley de Bases
de Régimen Local, que, como su señoría sabe, exige al Gobierno central
que sean subvencionables únicamente los proyectos de reparación o
sustitución de servicios esenciales. Eso dice la Ley y supongo que su
señoría estará de acuerdo en que la cumplamos. Pues bien, además de que
tenemos que asignar el dinero sólo a la reparación de servicios
esenciales, tal y como están definidos en la Ley de Bases de Régimen
Local, éstos son proyectos que se cofinancian. Por tanto, estamos
obligados a aportar el 50 por ciento de esas inversiones en servicios
esenciales, porque el otro 50 por ciento lo tienen que poner los
ayuntamientos afectados. En consecuencia, según esas normas y
entendiendo que estamos hablando exclusivamente de servicios
esenciales, la asignación es de 4.000 millones de pesetas.
Pero, además de estas cifras cuantificadas, hay otras ayudas, que su
señoría conoce, y que, si no conoce, le voy a relatar, y que la Cámara
debe conocer. Hay una apertura de línea del ICO de 3.000 millones de
pesetas, a interés del 3,5 por ciento TAE, para la reposición y
reparación de instalaciones industriales y mercantiles, explotaciones
agrarias y ganaderas y locales de trabajo de profesionales que se hayan
visto inutilizados como consecuencia de las lluvias. El diferencial
entre el coste marcado y el tipo de interés citado se cubrirá con cargo
a los Presupuestos Generales del Estado. Esta es una cifra bastante
superior a la de situaciones similares anteriores, como después
relataré.
La regulación de una serie de medidas fiscales también van acompañando
a las medidas de crédito extraordinario,
como son: la exención de las cuotas del IBI correspondientes al
ejercicio de 1997 para explotaciones agrarias e inmuebles de naturaleza
urbana, exención que se va a compensar por el Estado, los ayuntamientos
y las diputaciones, y, como es natural, no es posible cuantificarla en
este momento; reducciones en el Impuesto de Actividades Económicas
proporcionales al tiempo en que se haya producido el cese de la
actividad con compensación por parte del Estado; minoración de 165.000
pesetas en la cuota del Impuesto Especial sobre determinados medios de
transporte en la adquisición de automóviles para sustituir a otros que
hubiesen padecido siniestro total; la posibilidad, además, de reducir
en el IRPF de 1996, que se va a pagar en el mes de junio de 1997, para
las explotaciones y actividades agrarias los índices de rendimiento
neto del régimen de estimación objetiva por módulos en la agricultura
y ganadería; el establecimiento de exenciones y moratorias en el pago
de la Seguridad Social para empresas y trabajadores por cuenta propia,
así como para los incluidos en el Régimen Especial Agrario, con un
coste estimado de unos 15.000 millones de pesetas por los menores
ingresos que la Seguridad Social va a percibir, y, además, la
posibilidad de que las corporaciones locales puedan percibir
subvenciones del Instituto Nacional de Empleo para la contratación de
trabajadores desempleados en obras de interés general y social,
pudiéndose afectar estos proyectos en la Comunidad Autónoma de
Andalucía al acuerdo para el empleo agrario, firmado por el Gobierno
central.
Aunque la cuantificación de estas medidas no puede realizarse --de lo
que creo que su señoría y la Cámara tienen perfecta constancia--, queda
claro que las indemnizaciones y ayudas no se agotan en los créditos
extraordinarios. ¿Cuál ha sido la política tradicional asentada del
Gobierno central, ahora y antes, en situaciones similares? Pues bien,
en cuanto a los plazos de aprobación de los decretos ya he puesto de
relieve que estamos en unos plazos absolutamente similares.
Desde el punto de vista del conjunto de las ayudas, el Decreto del año
1996, para una valoración total de daños de 81.000 millones, aprobó
créditos extraordinarios de 12.000 millones, es decir, un 15,68 por
ciento en la relación créditos-daños a cubrir, y el Decreto de 1997,
sobre una totalidad de 147.000 millones de daños, ha aprobado 20.000
millones de pesetas de créditos que, en la relación crédito-daños a
cubrir, supone el 15,32. Es decir, estamos en el 15 por ciento de la
relación de créditos-daños a cubrir en los años 1996 y 1997. Además de
eso: las ayudas a particulares y gastos de emergencia se han
incrementado el 50 por ciento sobre las aprobadas en el año 1996; las
subvenciones a conceder por el INEM en el año 1997 para obras de
interés general y social son adicionales a los créditos extraordinarios
que se aprueban, mientras que en 1996 estaban incluidas en dichos
créditos extraordinarios, lo cual es una sustancial mejora; el importe
de la línea de préstamo del ICO se ha incrementado en un 50 por ciento
sobre la correspondiente a las inundaciones de 1996, y, además,
introduce como medida fiscal nueva la reducción de módulos en el IRPF
de 1996 para explotaciones y actividades agrarias.
Señorías, el Gobierno central está realizando, no sólo en los plazos,
en la valoración y en los créditos asignados, una política similar a
la llevada a cabo por gobiernos centrales anteriores en situaciones
similares, sino que, además, lo ha hecho con algunas mejoras que, como
es natural, se mantendrán en el tiempo para situaciones similares.
Por tanto, no me cabe duda alguna de que la respuesta del Gobierno
central, no sólo en los importes que se aprueban en el crédito
extraordinario, sino en la aplicación de créditos ordinarios del
Presupuesto y en medidas fiscales y de otro tipo, como las que acabo
de mencionar, responde perfectamente a la política de solidaridad y a
la política de cohesión social que este Gobierno respalda y, además,
marca una pauta que viene a ser la continuación de pautas anteriores
fijadas por otros gobiernos centrales, superándolas de manera
sustancial en algunos temas, introduciendo nuevos precedentes que, sin
duda, profundizan en la política de cohesión y en la política de
solidaridad. A partir de ahí no me cabe duda alguna de que sobre las
tragedias personales se puede edificar una buena demagogia política,
pero ésa es una responsabilidad que el que quiera asumirla lo debe
hacer explicando a las sociedades afectadas a dónde conduce esa
demagogia, qué posiciones se tenían en situaciones precedentes cuando
eran otros gobiernos los que aplicaban medidas similares y qué tipo de
responsabilidad política se tiene cuando lo que se trata de hacer es
demagogia, no con las políticas que se han respaldado en otros
momentos, sino con las situaciones de tragedias personales.
Muchas gracias. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario
Popular.)
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Muchas gracias, señor
Vicepresidente.
Por el artículo 87 y por cinco minutos, tiene la palabra la Senadora
Pleguezuelos.
La señora PLEGUEZUELOS AGUILAR: Muchas gracias, señor Presidente.
Señor Vicepresidente del Gobierno, a mí no me ha gustado que su señoría
hable de demagogia por dos razones: la primera porque mi Grupo
parlamentario en esta Cámara y en cada uno de los territorios y de las
provincias afectadas se ha puesto al servicio de los hasta ahora
gobernadores civiles, es decir del Gobierno Popular, para prestar ayuda
y colaboración en la valoración, en las estimaciones y en las visitas
a los municipios. Por tanto, dejamos aparte los aspectos partidistas
porque las catástrofes deben superarlos.
Pero si usted quiere hablar de demagogia, yo le hablo de demagogia. Es
demagogia que el señor Arias-Salgado el día 3 de marzo visite una
provincia en la que se ha visto muy afectada la Carretera Nacional 323
Granada-Motril, de la que soy representante porque así lo han querido
los ciudadanos, y nos reciba a todas las fuerzas políticas, a
representantes sociales y sindicales y a periodistas a las cinco de la
tarde en el arcén, sin adquirir ningún compromiso de reparación, cuando
los daños que ha sufrido esta carretera están suponiendo un coste
terrible para mi provincia, hasta el extremo, y usted me va a entender
perfectamente,
de que la inflación en la provincia de Granada ha subido un 0,3, la más
alta en el mes de febrero, y sin duda ha sido por el aislamiento al que
se ha visto sometida por una catástrofe que todavía ustedes y el señor
Ministro de Fomento no han sido capaces de abordar. Por tanto,
demagogia la que le echó el señor Arias-Salgado a las cinco de la
tarde, una hora muy torera, toreándonos a todos en el arcén de una
carretera que una catástrofe había interrumpido. (Aplausos en los
escaños del Grupo Parlamentario Socialista.)
Mire usted, señoría, las comparaciones pueden hacerse --y usted y yo
lo sabemos-- cuando las magnitudes son similares; quizá porque somos
de ciencias sabemos que las interpretaciones torticeras conducen a
conclusiones en los mismos términos. Sólo se puede comparar lo que se
puede medir en términos homogéneos, y es difícil que comparemos la
magnitud de la catástrofe que, desgraciamente, se ha producido a
finales de 1996 y principios de 1997 en este país, con la de 1995, si
acaso, y tampoco, con la de 1989.
Si usted quiere comparar, yo comparo, y le digo algo que le va a sonar
a demagogia de usted mismo. Es verdad que el Decreto de ayudas de 1995
se aprobó el 1 de marzo de 1996, pero ¿sabe usted --sin duda lo conoce
y lo debe conocer la Cámara-- quién gestionó ese Decreto de ayudas? Su
Gobierno. Si usted y su Gobierno tenían esa voluntad, porque creían que
era insuficiente, oportunidad tuvieron para abordarlo. Sí, señoría, las
normas que posteriormente reglamentaron ese Decreto-ley las hicieron
ustedes, además tenemos en una respuesta escrita de su propio Gobierno
indicando que así fue para la provincia de Málaga. Por tanto, señoría,
quizá ha venido usted poco documentado sobre la catástrofe y poco
documentado para informar a esta Cámara de los términos que no sean
propiamente de su competencia, con los cuales estoy bastante de
acuerdo, entre otras cosas porque ustedes han copiado bastante, y me
parece razonable, el Decreto que los socialistas hicimos en 1989 para
las catástrofes de Andalucía exclusivamente, básicamente casi sólo de
Málaga, porque los términos fiscales, las ayudas a líneas de crédito,
etcétera, están prácticamente cogidas de un Decreto que todas las
fuerzas políticas valoramos como muy positivo en su momento y que, sin
duda, le ha aportado a usted alguna luz, y agradezco que haya sido así.
Además, el propio Secretario de Estado de Aguas valoraba la magnitud
de la catástrofe que hemos sufrido en Andalucía en el último año e
incluso en parte de éste señalando que ha sido un período excepcional
de inundaciones y temporales y, además, decía que la catástrofe natural
que se ha producido ha superado con mucho las de los últimos años. Por
tanto, no comparemos, porque para el pueblo andaluz...
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Senadora Pleguezuelos, ha
consumido usted los cinco minutos en todos los relojes.
La señora PLEGUEZUELOS AGUILAR: Ya termino, señor Presidente.
Es terrible que usted diga que para su Gobierno no ha sido urgente y
que es demagogia lo que estamos haciendo. La percepción que tienen los
andaluces es que ustedes les han despreciado una vez más, les han
ignorado y han sido tremendamente insolidarios con ellos.
Gracias. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Socialista.)
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Muchas gracias.
El señor Vicepresidente puede intervenir cuando quiera, pero la
costumbre es que lo haga al final del turno de portavoces si así lo
desea. Muchas gracias.
¿Desea intervenir en turno de portavoces el Grupo Parlamentario Mixto?
(Pausa.)
¿Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos? (Pausa.)
¿Grupo Parlamentario de Convergència i Unió? (Pausa.)
¿Grupo Parlamentario Socialista? (Pausa.)
Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el Senador Esteban
Albert.
El señor ESTEBAN ALBERT: Muchas gracias, señor Presidente.
Tengo que confesar aquí, en la Cámara, que en el transcurso de esta
legislatura he asistido a innumerables debates y que siempre he
escuchado a la oposición con respeto, pero tengo que confesar que hoy
empiezo a asistir con bastante preocupación a la iniciativa que el
Grupo Parlamentario Socialista presenta en esta Cámara. Y es que, por
no tener argumentos de oposición --como decía usted antes, señor
Vicepresidente del Gobierno--, se están tocando temas en esta Cámara
que, al menos por el respeto que merecen las situaciones por las que
se atraviesa, deberían abordarse con un mínimo de prudencia
precisamente para no hacer política partidista ni electoralista al hilo
de ellos.
Señor Vicepresidente del Gobierno, en la sesión de control de hoy se
han puesto sobre esta tribuna los muertos en accidentes de carretera
en Semana Santa, como se ha puesto ahora lo que también es una tragedia
para mucha gente, no sólo en Andalucía sino en otras Comunidades
Autónomas, en un ánimo desde luego partidista y a mi juicio
desproporcionado, y con una demagogia, a la que antes se refería el
señor Vicepresidente, de la que yo no he visto precedente alguno.
Pues bien, si se tratara solamente de que esa política partidista se
hace en esta Cámara, podríamos entenderlo dentro del juego de las
mayorías y las minorías, pero cuando se moviliza a alcaldes, cuando se
movilizan asociaciones instigándoles desde su sufrimiento a que vayan
a defender una cosa que no defendieron el año pasado cuando se produjo
en las mismas circunstancias, es, cuando menos, irresponsable por no
llamarlo de otra manera.
Además, señoría, en el año 1996, el día de reflexión anterior a las
elecciones, cuando salió publicado el decreto sobre las inundaciones,
decía el Partido Socialista que se felicitaba de la sensibilidad del
Gobierno por haber sacado un decreto que iba a paliar los graves
deterioros que se habían producido a causa de las inundaciones. Fíjese
bien,
señoría, en la jornada de reflexión anterior a las elecciones. Está
claro que eso no era electoralista, pero el caso es que esto coincidía
con el día de reflexión. Y es que cuando se hace política con estas
cosas, o se hace desde la ignorancia, o se hace desde la mala fe, o,
según mi opinión, probablemente se hace desde las dos cosas. Porque si
ustedes califican de malo este decreto, señores de la minoría,
necesariamente tienen que calificar también de malo el decreto
anterior. Si ustedes califican este decreto de insolidario, tienen que
calificar el anterior todavía de más insolidario.
Por cierto, que la Senadora Pleguezuelos ha hecho exactamente la misma
intervención que la que hizo en el parlamento andaluz la no menos digna
representante del Gobierno andaluz, la Consejera doña Magdalena
Alvarez, y lo he estado leyendo precisamente en el «Diario de Sesiones»
del Parlamento andaluz del día 20 de marzo. (La señora Pleguezuelos
Aguilar hace signos negativos.) Por tanto, como ésa es una lección
aprendida, creo, señor Vicepresidente del Gobierno, que vamos a tener
que dar algún motivo para que hagan una oposición más seria porque si
no corremos el riesgo de que al final no sepan qué hacer.
En cuanto a lo que se ha dicho sobre la deuda histórica, señor
Vicepresidente del Gobierno, han pedido el endeudamiento, pero, como
usted dice, tampoco sabemos qué van a hacer con ese dinero. Esperemos
que lo que están diciendo lo hagan. Tampoco sabemos qué van a hacer con
el dinero de la deuda histórica, es decir, no sabemos nada.
Además, señoría, habla usted de insensibilidad y de insolidaridad. Pues
voy a hablarle yo también de insensibilidad y de insolidaridad.
Incremento en el sueldo del Presidente de la Junta de Andalucía,
presupuesto del año 1997 (Rumores.), 15 por ciento. Incremento del
sueldo de los Consejeros, 26,64 por ciento. (Rumores.) Incremento del
tanto por ciento...
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Senador Esteban Albert, le pido
que se centre en la cuestión que estamos debatiendo.
El señor ESTEBAN ALBERT: Señor Presidente, creo que cuando se están
atacando los presupuestos de la Administración pública, conviene
exponer cifras de los demás presupuestos, puesto que se está diciendo
que no se tiene dinero y que hay que endeudarse. (Rumores.)
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Señorías, silencio, por favor.
El señor ESTEBAN ALBERT: Señor Presidente, atiendo a la cuestión que
su señoría me señala y termino ya sin ánimo de encrespar más a la
Cámara.
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Lo dejo a su consideración
política, pero se lo agradezco, señoría.
El señor ESTEBAN ALBERT: Termino ya, señor Presidente, diciendo que
deberíamos recapacitar un poco más sobre estos temas, que deberíamos
ser más serios con estos asuntos y, efectivamente, intentar coadyuvar
a través de iniciativas responsables a que se vayan solucionando los
problemas que no solamente los andaluces, sino también otros ciudadanos
de España, han tenido que sufrir en estas inundaciones. Pero creo que
el camino que se está utilizando no es el adecuado aparte de ser muy
peligroso.
Señora Pleguezuelos, yo la animaría a usted y a su Grupo a que
intentaran encontrar elementos de oposición, pero si no los encuentran,
súmense a coadyuvar a los intereses de los ciudadanos de Andalucía y
de toda España que, al menos para nuestro Partido, sí están por delante
de cualesquiera otros intereses de partido.
Muchas gracias. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario
Popular.)
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Señoría, quiero agradecerle la
atención que le ha merecido mi requerimiento.
Tiene la palabra el señor Vicepresidente del Gobierno.
El señor MINISTRO DE ECONOMIA Y HACIENDA (De Rato y Figaredo): Gracias,
señor Presidente.
La señora Senadora ha entendido que las referencias a la demagogia iban
dirigidas a ella, y el caso es que yo no la he mencionado, pero al
parecer ha debido tener esa impresión.
Señoría, yo estoy absolutamente de acuerdo en que es bueno hablar de
términos comparables y por eso los he utilizado, pero si hace un año
hubo unas inundaciones --usted dice que eran menores, que eran menos
graves-- y la valoración de daños fue de 81.000 millones de pesetas y
el porcentaje de créditos sobre daños era del 15 por ciento, y este año
la valoración de daños es de 147.000 millones de pesetas y el
porcentaje de daños es del 15 por ciento, señoría, podremos haber
estudiado muchas ciencias, pero creo que es difícil encontrar una cosa
más comparable que ésta. Es verdad que los daños son distintos, pero
también es verdad que el crédito extraordinario es distinto.
Por tanto, aceptando todas las críticas, que son siempre absolutamente
lógicas, puesto que la acción de las Administraciones públicas tiene
sus límites, creo que si estamos respaldando una política de
solidaridad y de cohesión que se mantiene a lo largo del tiempo
independientemente de quien gobierne, independientemente de quien sea
el que gobierna en una Comunidad Autónoma o en el Gobierno central, si
se mantienen estos parámetros e incluso en este caso se adicionan
nuevas medidas tributarias y fiscales que hasta ahora no se habían
adicionado, quiere decirse que por lo menos la política de solidaridad
se mantiene con diversos Gobiernos de diversos partidos e incluso que
en un momento de austeridad presupuestaria se incrementa. Por tanto,
señoría, yo apelo a su propio argumento, es decir; medidas
cuantificables. Más cuantificables que éstas, es difícil.
En segundo lugar, ha hablado de reparaciones de carreteras. Yo no sé
cómo fue esa cita a las cinco de la tarde en la carretera. Seguramente
tuvo que ser a esa hora. No conozco esa situación, pero sí le he dicho
a su señoría que de los 16.000 y pico millones de pesetas por daños en
infraestructuras
estatales en carreteras, antes de la aprobación del Decreto-ley, del
crédito extraordinario, utilizando créditos ordinarios del Ministerio,
se habían invertido en el conjunto de las Comunidades Autónomas
afectadas 15.000 millones de pesetas y en Andalucía 11.700.
Por tanto, le quiero decir que la diligencia me parece que es bastante
notable. No estoy tan seguro --aunque seguramente habrá autores para
todos los gustos-- de la relación entre inflación y esta situación,
pero si su señoría está segura yo estoy siempre dispuesto a aprender
sobre esas cuestiones.
Por último --tengo que agradecer a su señoría que haya insistido en una
idea que yo también he dicho y que me parece muy positiva--, este Real
Decreto-ley, como el del año 1986, sigue la pauta marcada en reales
decretos anteriores. Ya empezamos entonces a estar de acuerdo en una
cosa. Desde el punto de vista de los artículos del Real Decreto-ley,
son muy similares a los de años anteriores. El porcentaje de créditos
sobre daños es muy similar al de años anteriores. A su señoría no le
gusta. He de decir que tengo la impresión de que no le gusta ahora y
de que sí le gustaba antes, pero, en cualquier caso, de lo que sí puede
estar segura su señoría es de que la política del Gobierno del Partido
Popular con respecto a situaciones de esta índole va a ser una política
de respaldo a las administraciones territoriales en todo lo que esté
en nuestra mano, una política de cohesión, de solidaridad y de ayuda
inmediata a los territorios afectados y una política de Estado en
cuanto a la aplicación de medidas. Y en todo lo que podamos --en este
caso, por suerte, hemos podido, al menos en un poco-- vamos a aumentar
los grados de solidaridad que el Estado tenía con Comunidades Autónomas
y con territorios afectados por catástrofes naturales en situaciones
anteriores.
Por todo ello --y esperando la moción que su señoría proponga, sin
duda--, quiero decir que lo que está sucediendo en este momento con
esta catástrofe es que el Gobierno está actuando diligentemente, está
ayudando a las Comunidades Autónomas afectadas en situaciones similares
e, incluso, superiores a las anteriores y que, desde luego, no estamos
esperando a la aprobación por las Cámaras de los créditos
extraordinarios porque, como ha sucedido con el tema de carreteras,
prácticamente la totalidad de los daños ya han sido reparados.
Muchas gracias. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario
Popular.)
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Muchas gracias, señor
Vicepresidente.
--DE DON JUAN ANTONIO AREVALO SANTIAGO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO
SOCIALISTA, SOBRE LA SITUACION ACTUAL DE LA ADMINISTRACION DE JUSTICIA
EN ESPAÑA. (670/000037.)
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): A continuación vamos a tratar
la interpelación que formula el Senador don Juan Antonio Arévalo
Santiago, del Grupo Parlamentario Socialista, sobre la situación actual
de la Administración de Justicia en España.
Tiene la palabra el Senador Arévalo Santiago.
El señor AREVALO SANTIAGO: Señor Presidente, señorías, la
Administración de Justicia es la garantía final del cumplimiento de los
derechos y deberes. Si la justicia se resiente y surge la desconfianza
de los ciudadanos, se deteriora el mismo Estado de Derecho.
La justicia venía siendo un problema; no es nuevo, ya existía, pero en
este último año la justicia es, además, una grave preocupación. Con
esta interpelación pretendemos buscar caminos para soluciones y
confianzas en la resolución de este grave problema.
Evitaré confundir las responsabilidades. Las del Gobierno son las del
Gobierno, las del Poder Judicial son las suyas y las del Parlamento son
legislar y, en este caso, controlar y debatir sobre la justicia, que
esto sí que es de interés general.
La independencia de los jueces está garantizada en la Constitución y
desarrollada en la Ley Orgánica del Poder Judicial. El poder de los
jueces se ejerce cuando resuelve, sometiéndose a los recursos, pero
también a la opinión y a la crítica. Además de independiente, la
Constitución hace al juez responsable, dando cuenta, no de una forma
etérea o simbólica, sino de forma precisa, que no es sustitutoria, sino
complementaria de la independencia en los actos jurisdiccionales.
¿Tenemos los instrumentos suficientes para garantizar el binomio
independencia-responsabilidad de los jueces? Una mala instrucción pone
en la calle a capos de la droga y no pasa nada, excepto que se produce
la alarma y la ira de la gente. Una negligente tramitación sumarial
permite poner en libertad a terroristas por haberse agotado el tiempo
máximo de prisión provisional y no pasa nada. Un juez puede limitar de
forma gravosa la libertad de movimiento de determinadas personas no
procesadas, sin que sea medida cautelar --se dice en la misma
resolución-- y no pasa nada. La lista sería interminable, pero bien
determinada, porque la inmensa mayoría de los jueces y fiscales, la
mayoría silenciosa, no crea problemas, que a veces son auténticas
desviaciones de poder.
¿Cree el Gobierno suficientes los instrumentos de recursos, por una
parte, y de expedientes disciplinarios, por otra? ¿Se instruyen y
aplican éstos en todos los casos que objetivamente deben aplicarse?
¿Pueden confiar los ciudadanos en que sobre las desviaciones de la
responsabilidad se van a adoptar las medidas correctoras más justas?
El juez no es intocable, es responsable de sus actos y tiene que dar
cuenta de ellos sin refugiarse en prerrogativas, ni de hecho ni de
derecho. La justicia, dice el artículo 117 de la Constitución, emana
del pueblo y el juez es parte del mismo.
¿Qué cosas, señora Ministra, ha hecho el Gobierno en materia de
justicia en casi un año de mandato? A nuestro juicio, sólo ha
colaborado a enrarecer el clima con decisiones y actitudes que han
aumentado la desconfianza en la Administración de Justicia. Ha hecho
elogios al Poder Judicial
que no iban respaldados de los necesarios desarrollos y decisiones que,
como consecuencia de esos mismos elogios, debía de haber adoptado el
Gobierno. Y todos estamos interesados en el buen funcionamiento de la
Administración de Justicia, que éste sí, señora Ministra, nos interesa
tanto porque es un asunto de Estado.
El Consejo General del Poder Judicial hoy cumple bien. Afortunadamente,
pasaron los tiempos convulsos, que conoce muy bien doña Margarita
Mariscal de Gante porque los compartió con los señores Manzanares y
Estevill, a los que protegió de una manera insólita.
Nosotros intentamos que se renovara en su día el Consejo General del
Poder Judicial y doña Margarita Mariscal de Gante, junto al señor
Manzanares y a la actitud del señor Estevill, lo impidieron y
consiguieron que hasta el final, hasta que ya no había más remedio, el
Consejo General del Poder Judicial funcionara mal. Y hoy,
afortunadamente, funciona bien. Actúa con discreción y templanza, pero
cuando se produjo la elección del Presidente de la Sala II del Tribunal
Supremo, don José Augusto de Vega, la señora Ministra escribió sin
ninguna razón un capítulo de dudas y de desasosiegos, que calentó el
ambiente de la justicia. ¿Por qué? Casualmente recuperó el deseo de
modificar la fórmula de elección de los vocales del Consejo General del
Poder Judicial para hacerle menos representativo y más corporativo, que
me parece que es la auténtica vocación de la señora Ministra.
El Fiscal General del Estado es nombrado por el Gobierno, responde ante
el Gobierno y éste ante las Cámaras. No es independiente, pero tiene
que ser imparcial. No es poder judicial, pero forma parte de la
Administración de Justicia. El nombramiento del señor Ortiz Urculo es,
señora Ministra, una contradicción. Ni el Gobierno debió nombrarle ni
él presentarse a ocupar ese puesto.
Le recuerdo que siendo Presidente de la Asociación Profesional de
Fiscales, el día 5 de mayo de 1994 el señor Ortiz Urculo dijo: El
Fiscal debe ser independiente y esto no lo conseguirá mientras el
Fiscal General del Estado sea nombrado por el Gobierno, que puede
cesarle en cualquier momento. Esta dependencia, explicó, supone que las
diligencias de investigación se inician cuando quiere el Fiscal General
del Estado, pero no prosperan en caso contrario.
¿Cómo ha podido aceptar ser Fiscal General del Estado un señor que dice
estas cosas? ¿Cómo el Gobierno se ha atrevido a proponerle a él y a
nombrarle cuando dice estas cosas? Con ese nombramiento también se ha
empeorado el clima de la Administración de Justicia, pero desde
entonces el señor Ortiz Urculo nos ha inundado de incertidumbres y
sorpresas.
¿Qué le pareció a la señora Ministra, reunida la Sala Segunda del
Tribunal Supremo para resolver sobre la citación de Felipe González y
otras, que el Fiscal General llamase al Presidente de la Sala aquella
noche? ¿Y cuando reunió al Consejo Fiscal por segunda vez para proponer
la remoción del Fiscal Jefe de la Audiencia Nacional sin haber
concluido los expedientes al Teniente Fiscal y tres fiscales más? Sigue
sin explicarse la razón de remover al señor Aranda, que intentó frenar
la insubordinación de los fiscales de la Audiencia Nacional. El castigo
recayó en la víctima. Removieron de su puesto al señor Aranda, que es
un Fiscal dignísimo y no sé si precisamente por eso fue removido.
La aparición del señor Poyatos para cubrir esa vacante, con el amparo
y elogios de la señora Ministra, ¿no fue otra condecoración negra que
se colocó usted, señora Ministra? Sigue aplazándose la decisión sobre
los fiscales expedientados de la Audiencia Nacional, no sé si
articulando el procedimiento para designar a uno de ellos como nuevo
jefe de los fiscales de la Audiencia Nacional, que sigue vacante, y no
tiene esta vacante la misma importancia que otras. Es grave que a estas
alturas no se haya cubierto ese puesto.
Podría seguir. El señor Ortiz Urculo está siendo adalid del
desprestigio de la Administración de Justicia, y el Gobierno ¿qué hace?
¿No depende del Gobierno el Fiscal General? ¿Se le puede mantener por
más tiempo? La parcialidad y el sectarismo del señor Ortiz Urculo
deberían haber obligado a cesarle; en caso contrario, resulta que el
Gobierno es cómplice de las actuaciones del señor Ortiz Urculo.
Audiencia Nacional. Es el escenario de importantes asuntos, muchos de
los cuales se resuelven muy bien, sin ningún problema, pero es también
el escenario de un espectáculo esperpéntico que se representa todos los
días. Se duda hasta si se hace correctamente el reparto de asuntos
entre los distintos juzgados. El actual sistema de provisión de plazas
de jueces no garantiza que accedan a esos destinos los profesionales
más adecuados para ocuparlos, y no digo que no tengan cualidades para
ser destinados en otros lugares. ¿Cree la señora Ministra conveniente
modificar dicho sistema, ampliando las facultades del Consejo General
del Poder Judicial para la provisión de esas vacantes?
Sabido es que la improvisación, aprovechando cada coyuntura, cada
acontecimiento, es una virtud generalizada del Gobierno. Un Tribunal
del Jurado en Euskadi ha acordado un veredicto que ha alarmado a la
opinión pública. No entraré ni en el veredicto ni en las virtudes o
defectos de la vigente Ley del Jurado, pero ¿no es más peligroso que
se lancen opiniones y propuestas, las del Grupo Parlamentario Popular,
presentadas en el Congreso de los Diputados, con las que supongo que
estará de acuerdo la señora Ministra, precisamente cuando se acaba de
producir el hecho, sin permitir el reposo necesario, el estudio
profundo?
Ha sembrado la inquietud sobre los jurados, señora Ministra. Han
sembrado una inquietud, una duda sobre el funcionamiento del Jurado en
todas partes, y no sólo en Euskadi. Han puesto en duda la funcionalidad
de una institución que está prevista en la Constitución y no estaría
mal que siguieran a San Ignacio y en tiempo de tribulación no hicieran
mudanza. Tiempo hay para estudiar, para pensar y para reformar lo que
haya que reformar, pero cuando la experiencia sea mayor.
Al mismo tiempo, no han analizado muchas resoluciones de jueces
profesionales en el País Vasco. Algunos motivos tendrán, algunas causas
habrá que sean distintas de la del veredicto del Jurado para criticarle
de una manera directa, sólo al veredicto del Jurado no a las
resoluciones de los jueces y no sólo a los jueces del País Vasco. ¿Es
que no
puede la señora Ministra, igual que ha hecho con el Tribunal del
Jurado, criticar también las resoluciones de otros jueces que se pueden
poner en duda?
Secretos oficiales. Este es otro peligro que afecta negativamente a la
Administración de Justicia, al Poder Judicial. ¿Cuándo van a tener
sentido del Estado? ¿Cuándo el Gobierno se va a creer su propia
autonomía, sin complejos, se va a dar cuenta de que el Poder Ejecutivo
es el Poder Ejecutivo, que tiene una serie de facultades y
responsabilidades? ¿Cuándo se lo van a creer y no que están jugando con
los poderes sin darse cuenta de la diferencia entre unos y otros y la
responsabilidad que cada uno tiene?
En derecho comparado no encontramos ningún caso en que existan fórmulas
como las que ustedes quieren aplicar, ni en Estados Unidos, ni en
Alemania, ni en Francia se perjudica al Poder Judicial con motivo de
los secretos oficiales, y le he nombrado estos países como le podía
nombrar muchos más. Y tampoco se les ocurra seguir lo que ha dicho el
Vicepresidente Primero del Gobierno. Se le ha ocurrido manifestar, nada
menos, que todas las decisiones del Gobierno son revisables por los
jueces. Pues no, señora Ministra, no todas. Una cosa es el control que
tiene el Poder Judicial sobre la Administración del Estado y sobre los
funcionarios y otra cosa es que no tenga el Gobierno capacidad de
dictar alguna resolución, algún acto que no es revisable, y si quiere
usted luego se lo explicamos un poco más, porque esta manera de
proceder no produce más que gravedad en la situación del problema.
¿No es contradictorio que acordados por el Gobierno determinados
secretos se llegue por distintos caminos a que la Sala Tercera en pleno
del Tribunal Supremo se vea obligada...
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Senador Arévalo, debería ir
terminando.
El señor AREVALO SANTIAGO: Sí, señor Presidente.
... a resolver un asunto no propiamente contencioso-administrativo y
además no se le respete? ¿Cómo es posible que la Ministra, que
participó en el acuerdo del Gobierno de agosto, sea ahora abogada
defensora de la desclasificación de los papeles? Díganos, ¿ha habido
presiones a magistrados de la Sala Tercera del Tribunal Supremo? ¿Las
ha habido? ¿Usted las conoce? Parece que alguno interpreta que sólo son
independientes los que votan por la desclasificación.
He esbozado algunos hechos y situaciones --a lo mejor en la réplica me
da tiempo a ampliar alguna cosa más-- que prueban el preocupante estado
de la Administración de Justicia en España y no he tenido tiempo de
hablar de la presunción de inocencia, de la condena anticipada, del uso
de la prisión preventiva, de la violación del secreto del sumario, del
mal uso de la acción popular, etcétera. Es la aportación positiva,
señora Ministra, y firme de esta interpelación, respetando pero no
sacralizando al Poder Judicial. Los ciudadanos hacen una valoración muy
negativa de la Administración de Justicia. El Gobierno no pierde
ocasión para aumentar la desconfianza con sus improvisaciones,
nombramientos y maniobras. Es patético el dúo Fiscal General del
Estado-Ministra de Justicia; mientras el primero sigue ejerciendo como
Presidente de la Asociación Profesional de Fiscales, la segunda, que
no ha aprendido sus responsabilidades ejecutivas, o no se cree todavía
en el Consejo General del Poder Judicial, con Manzanares y Pascual
Estevill, o se ubica en el más rancio corporativismo profesional. No
ha entendido su cargo ni, me temo, lo va a entender nunca, y mientras
tanto, la Justicia --con mayúscula-- sigue perdiendo.
Muchas gracias. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario
Socialista.)
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Muchas gracias, Senador
Arévalo.
Señora Ministra, tiene usted la palabra.
La señora MINISTRA DE JUSTICIA (Mariscal de Gante y Mirón): Gracias,
señor Presidente.
Señorías, señor Arévalo, la interpelación se refería al estado de la
Justicia, y lo que he oído es que su señoría no comparte la política
de nombramientos que ha llevado a cabo el Gobierno respecto al Fiscal
General, que su señoría, evidentemente, no comparte que quien les habla
sea Ministra de Justicia y que su señoría no comparte determinadas
decisiones judiciales, fundamentalmente en el campo penal. Pero su
señoría comenzó su interpelación diciendo que quería distinguir
claramente cuál era la competencia del Gobierno en materia de Justicia
y cuál la del Consejo General del Poder Judicial.
Yo me voy a atener al frontispicio de su interpelación, en la que se
decía que la actuación jurisdiccional de cada juez y magistrado tiene
que ser preservada por todos los poderes públicos. Y por eso, señoría,
ante descalificaciones que ha hecho de determinados jueces, tengo que
recordar que no es esta Cámara el lugar para descalificar personalmente
a ningún juez ni a los jueces en general. Es por ello por lo que, antes
de entrar en la cuestión en concreto, reclamo de su señoría que no haga
una crítica pormenorizada a cada uno de los jueces o a todos los
jueces, que no tienen voz para defenderse aquí.
A partir de ahí, me cumple el honor, señorías, de exponer ante esta
Cámara cuáles son las funciones que está realizando el Ministerio de
Justicia según los poderes que le competen en el Gobierno y a raíz de
la Ley Orgánica del Poder Judicial.
El análisis de los cambios necesarios debe dirigirse, en mi opinión,
hacia el aspecto estructural. Desde este punto de vista, que al
Ministerio le interesa, no cabe duda de que el principal problema de
la Justicia es el número y la antigüedad de los procesos. Los
ciudadanos quieren menos procesos, más rápidos y más sencillos:
modernización procesal, en definitiva. Esta es la tarea fundamental de
la política del Ministerio que me honro en dirigir.
Señorías, corresponde al Ministerio de Justicia, como sus señorías
saben, la iniciativa legislativa en materia orgánica y procesal y
también, de acuerdo con el artículo 37 de la Ley Orgánica de 1 de julio
de 1985, proveer a los juzgados y tribunales de los medios precisos
para el desarrollo de su función con independencia y eficacia. El plan
de
Gobierno de reforma de la Justicia se articula, en su primera fase, en
doce proyectos de ley, sin perjuicio de normas de otro rango, por razón
de la materia, pero no de menor importancia. Estas normas son: la
reforma parcial de la Ley Orgánica del Poder Judicial sobre los
llamados jueces políticos; la Ley de Asistencia Jurídica al Estado e
Instituciones Públicas; la llamada Ley de Videocámaras, en colaboración
con el Ministerio del Interior; la Ley de Cooperación Jurídica
Internacional en materia penal; la Ley de Procedimiento ante los
juzgados de vigilancia penitenciaria; la Ley de la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa; la reforma de la Ley Orgánica del Poder
Judicial, de acompañamiento a la anterior; la reforma del Código Penal
en materia de delitos sexuales sobre menores; la Ley Concursal; la Ley
de Cooperación Jurídica Internacional en materia civil; la Ley Orgánica
de Justicia Juvenil y la Ley de Enjuiciamiento Civil.
En materia de Justicia, como sus señorías saben, una vez informado un
anteproyecto de ley por el Consejo de Ministros, son necesarios dos
nuevos dictámenes: el del Consejo General del Poder Judicial y el del
Consejo de Estado. Esto condiciona en cierta forma la labor legislativa
del Ministerio, pero en breve tiempo todas estas leyes que he
mencionado estarán a disposición de sus señorías en esta Cámara. No
obstante, antes de hacer la valoración genérica, quiero informar a sus
señorías del estado concreto de todos y cada uno de estos proyectos que
he mencionado.
De los doce citados, más de la mitad, siete, se encuentran ya bien en
las Cortes --cuatro de ellos-- o bien en el Consejo de Estado. En las
Cortes se encuentran la reforma parcial de la Ley Orgánica del Poder
Judicial, la Ley de Asistencia Jurídica al Estado e Instituciones
Públicas, la de Videocámaras y la de Procedimiento ante los Juzgados
de Vigilancia Penitenciaria. En el Consejo de Estado, la de Cooperación
Jurídica Internacional en Materia Penal, la de la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa y la Ley Orgánica del Poder Judicial, de
acompañamiento a la anterior. En fases previas se encuentran la Ley de
Enjuiciamiento Civil, la Ley Orgánica de Justicia Juvenil, la de
Cooperación Jurídica Internacional en Materia Civil, la de Modificación
del Código Penal en materia de delitos contra menores y la Ley
Concursal. Todas estas reformas afectan a la llamada parte orgánica y
a los procesos civil, penal y administrativo.
Me van a permitir sus señorías que al dar cuenta de la intensa
actividad de promoción legislativa en materia de Justicia, preste
atención especial a la nueva Ley de Enjuiciamiento Civil. Puedo
anunciar hoy, y me satisface especialmente hacerlo en esta Cámara, que
el Ministerio ha elaborado ya un borrador de nueva Ley de
Enjuiciamiento Civil. Se trata, señorías, de una nueva ley procesal
básica que ha de sustituir a la vieja Ley de 1881, cuyas normas ya no
dan una respuesta satisfactoria a las necesidades actuales de la
Administración de Justicia. Este borrador constituye el primer paso de
esa reforma procesal civil tantas veces reclamada y anunciada, pero que
hasta ahora no había sido nunca objeto de un planteamiento serio. Hoy
disponemos ya de un texto completo y acabado de más de 800 artículos
que permitirá afrontar con seriedad, dentro de esta legislatura, la
discusión y aprobación de una de las leyes más importantes del
ordenamiento jurídico, como es la Ley de Enjuiciamiento Civil. El
borrador se dará a conocer en los próximos días, con objeto de recabar,
antes de iniciar formalmente su tramitación como anteproyecto, el
máximo número de opiniones de personas expertas que puedan contribuir
a perfeccionarlo. Puedo anticipar a sus señorías que el borrador de la
nueva Ley de Enjuiciamiento Civil reduce drásticamente el número de
procedimientos, tanto ordinarios como especiales; se prevén sólo dos
cauces procesales ordinarios y se reconducen a ellos, salvando las
especialidades imprescindibles, la mayor parte de los actuales procesos
especiales. Los únicos que se regulan como procesos especiales son los
de incapacitación, filiación y matrimoniales, los relativos a la
división judicial de las herencias y, en fin, dos nuevos procesos: el
proceso admonitorio y el juicio cambiario. Estos dos nuevos procesos
están concebidos para dotar de una protección especialmente rápida y
eficaz, a través de cauces procesales muy simples, al crédito de muchos
profesionales y empresarios medianos y pequeños, con la única condición
de que dicho crédito venga respaldado por una prueba documental sólida.
Otro de los aspectos fundamentales de la reforma proyectada es el
reforzamiento de la eficacia de las sentencias de primera instancia.
Es difícilmente justificable la situación actual, en la que ganar un
pleito en primera instancia apenas tiene significado práctico, pues en
la mayor parte de los casos es preciso esperar años para que la
sentencia pueda ser ejecutada. Frente a esta situación, se propone un
sistema en el que, sin eliminar ni reducir las oportunidades de
recurso, se refuerza la eficacia de la sentencia de primera instancia,
facilitando su ejecución provisional. Como contrapartida, se refuerza
también la inmediación en la tramitación de la primera instancia con
preceptos que hacen ineludible la presencia del juez en las actuaciones
más importantes del procedimiento.
En materia de recursos también se proponen innovaciones de gran calado:
se elimina la multiplicidad de regulaciones del recurso de apelación,
que quedan reducidas a una sola; se da una nueva configuración a la
casación, en la que sólo caben las infracciones de normas sustantivas
y de derechos fundamentales no procesales, y se crea, en fin, un nuevo
recurso, el de amparo judicial ante los tribunales superiores de
justicia, que permite reparar las vulneraciones de las normas y
garantías procesales establecidas en la Constitución y en las leyes.
También se prevé un recurso en interés de la ley para unificar la
jurisprudencia de los tribunales superiores de justicia.
El borrador de la nueva Ley de Enjuiciamiento Civil presta una atención
muy especial a la ejecución forzosa con un conjunto de normas que
protegen de manera más enérgica que hasta ahora al acreedor cuyo
derecho conste en un título ejecutivo. Y en cuanto a las medidas
cautelares, se remedia la actual dispersión de regulaciones, que se
sustituye por un conjunto ordenado de preceptos, y se moderniza su
régimen para dar una respuesta satisfactoria a las múltiples
situaciones en las que actualmente se manifiesta la necesidad de tutela
judicial cautelar.
Estoy convencida, señorías, que este borrador, cuyas líneas principales
acabo de exponerles, constituye una firme base para construir, con las
aportaciones de todos los que nos interesamos de verdad por una mejora
en la Administración de Justicia, una nueva Ley de Enjuiciamiento
Civil. Una nueva ley que permita satisfacer con la máxima agilidad y
eficacia las justas pretensiones de los ciudadanos que confían a los
tribunales la protección de sus derechos. Es de destacar también la
voluntad del Gobierno, en una segunda fase, de proceder a la reforma
de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.
En este punto de mi intervención, no quisiera pasar por alto sin
referirme a una serie de cuestiones que afectan al departamento y que
también tienen plasmación prelegislativa, pero que no afectan a la
Administración de Justicia en sí, pues son normas sustantivas. Están
redactadas y en fase de informe en los respectivos órganos preceptivos
las de aprovechamiento por turno de bienes inmuebles, la de ventas a
plazos o la de condiciones generales de la contratación, que en breve
ingresarán en esta Cámara.
En cuanto a normas generales de rango inferior a la ley, se ha aprobado
el Reglamento del Registro Mercantil, el Reglamento de Asistencia
Jurídica Gratuita, los Estatutos de la Comisión General de
Codificación, publicados en el Boletín Oficial de 27 de febrero, y el
Reglamento de Ayudas a las víctimas de delitos violentos y contra la
libertad sexual y de modificación de otras normas en materia de
prestaciones por actos de terrorismo.
En materia de desarrollo autonómico se han publicado los reales
decretos de transferencias a la Comunidad Autónoma Valenciana, a la de
las Islas Canarias y a la de Andalucía. En el mismo ámbito autonómico
se han suscrito tres convenios de cooperación para la prevención y
lucha contra la toxicomanía y tráfico de drogas.
Tarea importante del Ministerio, aparte de la legislativa, es la de
dotación a los juzgados de los medios precisos para el desempeño de su
función y que comprenden tanto el personal al servicio de la
Administración de Justicia como la provisión de medios materiales a
esta Administración. Haré a continuación referencia a la dotación y
constitución de plazas de magistrados y juzgados.
El pasado 19 de noviembre se publicó en el Boletín Oficial la dotación
y constitución de plazas de magistrados y juzgados correspondientes a
la programación de 1996. Se constituyen 18 órganos judiciales
unipersonales y 21 plazas de magistrados de las audiencias
provinciales. Respecto a la programación aprobada para 1997, puedo
adelantar que de las 19 plazas dotadas en el presupuesto se van a crear
19 plazas de magistrados en la Audiencia Nacional --que tanto le
preocupa a su señoría--, correspondiendo 16 a la Sala de lo
Contencioso-Administrativo y tres a la Sala de lo Penal. Este esfuerzo,
señorías, en un solo ejercicio, supera, en total, la creación de plazas
de los últimos cuatro años.
Respecto del personal al servicio de la Administración de Justicia, el
pasado 22 de marzo se marca la renovación, con criterios de
transparencia y eficacia, en la forma de acceso a los cuerpos de la
Administración de Justicia al incluir más de 3.000 plazas en la oferta
de empleo público, corrigiendo la incomprensible exclusión de estos
funcionarios desde 1994. En esta oferta se incluyen 1.100 plazas de
agentes judiciales, 1.025 de auxiliares, 700 de oficiales y secretarios
de paz, 25 de médicos forenses y 100 de secretarios judiciales. A ello
hay que sumar 30 plazas de abogados del Estado.
Centrándonos ahora en los medios materiales, esto es, en las
infraestructuras necesarias, que es otra de las obligaciones del
Gobierno, voy a hacer un breve resumen de las principales obras cuya
programación plurianual se incluye en los anexos de inversiones reales.
En Andalucía tenemos los edificios para los juzgados de Motril y
Guadix, en la provincia de Granada, que importan más de 500 millones
de pesetas. En Asturias tenemos el Palacio de Justicia de Oviedo, con
1.850 millones de presupuesto. Situaciones similares a las anteriores
se dan en Comunidades Autónomas como Extremadura o Baleares, que
interesa destacar en este foro. En concreto, en la Comunidad Autónoma
de Extremadura, la construcción del nuevo Palacio de Justicia de
Cáceres va a suponer 1.150 millones de pesetas. Finalmente, podríamos
mencionar la construcción del Palacio de Justicia de Palma de Mallorca,
que va a suponer una inversión, también plurianual, de,
aproximadamente, 2.500 millones de pesetas.
Concluyo, señor Presidente. Es posible que a su señoría le gustase una
política distinta. Una política que hablara de responsabilidad o de
disconformidad con las resoluciones judiciales. La política del
Ministerio de Justicia en materia de justicia se ciñe a lo que
constitucionalmente viene establecido: iniciativa legislativa y
dotación de medios materiales suficientes. Creo que en estos dos campos
el Ministerio de Justicia y el Gobierno cumplen muchísimo más que en
períodos anteriores.
Muchas gracias, señor Presidente. (Aplausos en los escaños del Grupo
Parlamentario Popular.)
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Muchas gracias, señora
Ministra. (El señor Arévalo Santiago pide la palabra.)
¿Pide la palabra su señoría? (Pausa.)
La tiene por el artículo 87 por tiempo de cinco minutos.
El señor AREVALO SANTIAGO: Señor Presidente, señorías.
Agradezco mucho a la señora Ministra la información que nos ha
proporcionado, pero se ha equivocado. Esto es una interpelación, y lo
que usted ha hecho es responder, como si se tratase de una
comparecencia que se le hubiera solicitado para informar en la Comisión
de Justicia, sobre los proyectos de ley que va a presentar el
Ministerio y demás iniciativas previstas. Eso se hace, repito, en una
Comisión. ¿Qué ha sucedido con la interpelación? Pues que su señoría
se ha referido a algunos proyectos de ley y a algunas reformas, pero
resulta que yo le he hecho más de 30 preguntas, muchas de ellas
referidas a modificaciones legales, y la señora Ministra no ha
contestado nada. No es que haya contestado a pocas, es que no ha
contestado a ninguna.
Señora Ministra, nosotros somos los representantes del pueblo y tenemos
derecho y obligación a plantear en la Cámara el debate de la Justicia.
Y usted no tiene derecho a escabullirse. Usted tiene que dar la cara.
Porque si le he dicho antes que usted no se ha hecho cargo todavía de
lo que es el cargo de Ministra de Justicia, acaba de demostrar que,
efectivamente, usted no sabe lo que es ser Ministra de Justicia. La
culpa la tiene quien la ha nombrado; pero usted no sabe cómo se ejerce
esa función. Sigue usted emplazada en otros sitios. Y es cierto que las
reformas tienen que servir para agilizar la Administración de Justicia,
para que no sea tan lenta, etcétera. La señora Ministra ha sido antes
juez, me parece que fue juez del Juzgado número 26 de Madrid, y es
verdad que había mucho parón, porque cuando la señora Ministra se
marchó, 234 asuntos tramitados, incluso las pruebas, estaban sin dictar
sentencia. (Protestas.) Después llegó la señora Ministra al Consejo
General del Poder Judicial y de esto nunca más se supo. (Rumores.)
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Señor Senador, céntrese también
en la materia en cuestión.
El señor AREVALO SANTIAGO: Gracias, Señor Presidente.
Me referiré a la reforma de la Ley del Poder Judicial para que los
jueces que pasan a la política no se encuentren con situaciones que
después lamentamos, y voy a contar una anécdota, señor Presidente.
Cuando se presenta el anteproyecto de esta Ley al Consejo de Ministros
se dice en uno de los párrafos: cuando presten servicio en el
Ministerio de Justicia en virtud de nombramientos por Real Decreto para
cargos que no tengan rango superior al de director general. Pero
después, claro, tuvo que cambiarse y se tuvo que poner: cuando presten
servicio en el Ministerio de Justicia como directores generales o en
virtud de otro nombramiento por real decreto. Es decir, incluyendo a
la señora Ministra, porque antes la había excluido. ¿Se da usted cuenta
cómo lo de las maniobras que hacen ustedes tienen mucha repercusión en
la Justicia, pero mucha?
Aumento en la Audiencia Nacional. Va a aumentar el número de jueces en
la Audiencia Nacional, muy bien, pero le he hecho una pregunta concreta
que no me ha contestado --como todas las demás--: ¿se va a modificar
el sistema de acceso a la Audiencia Nacional ampliando las facultades
del Consejo General del Poder Judicial o no?, porque éste es el meollo
de la cuestión. El que se aumente el número es por necesidades
funcionales pero, naturalmente, solamente lo otro puede proporcionar
una mayor tranquilidad para los asuntos que se tengan que resolver en
la Audiencia Nacional.
Estamos dispuestos todos a colaborar con la Justicia, a proveerla de
los instrumentos necesarios, a que todas las leyes que ha anunciado la
señora Ministra puedan ser trabajadas, elaboradas, discutidas y
finalmente aprobadas --por cierto, no nos han llegado todavía noticias
de la ley de la jurisdicción contencioso-administrativa; no sé si es
que nosotros tenemos todavía mal los datos, pero todavía no ha llegado,
cuando seguramente es la más importante--, pero nosotros pretendemos
además que se solucionen una serie de cuestiones que no he entendido
que vayan a ir en esas leyes anunciadas.
¿Le parece al Gobierno conveniente regular el recurso extraordinario
de casación para recuperar el auténtico sentido y no el de una segunda
instancia?
¿Es partidario el Gobierno de aumentar hasta los 72 años la edad de
jubilación de los magistrados del Supremo?
Ciertamente, en unos centros judiciales el número de asuntos es muy
elevado y en algunas salas de los tribunales superiores de justicia,
en cambio, es muy reducido. ¿Tiene el Gobierno pensada alguna medida
en las leyes que ha anunciado para regular este problema?
También con motivo del nuevo Código Penal las audiencias provinciales
habían visto aumentado mucho el número de asuntos ya que entran a
conocer de los delitos graves, que ahora son a partir de los tres años
de prisión...
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Senador Arévalo, consumió su
tiempo.
El señor AREVALO SANTIAGO: Ahora mismo termino, señor Presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Muchas gracias.
El señor AREVALO SANTIAGO: En cambio disminuye el trabajo en los
juzgados de lo penal. ¿Qué medidas piensan adoptar sobre eso?
Por cierto, ¿por qué no se pueden casar en Madrid y en otros sitios las
parejas que quieren hacerlo en sábado? ¿Es que quieren cambiar el
refrán de «En martes no te cases...» por el de «En sábado no te
cases...»?
¿Debe limitarse el tiempo de destino de los fiscales en cada distrito,
señora Ministra?
Estas son nuevas preguntas. Usted ha hecho una exposición que no
correspondía a este momento y a este lugar y esperaba algo más aparte
de no anunciarnos que se va a suprimir el Ministerio de Justicia
--recuerda usted que el Partido Popular anunció en su día: No existirá
Ministerio de Justicia, y en vez de hacer eso lo que hizo el Presidente
del Gobierno fue designarla a usted Ministro de Justicia.
Muchas gracias. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario
Socialista.)
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Muchas gracias, señoría.
Turno de portavoces.
¿Grupo Parlamentario Mixto? (Pausa.)
¿Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos? (Pausa.)
¿Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió?
(Pausa.)
¿Grupo Parlamentario Socialista? (Pausa.)
Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el Senador Prada
Presa.
El señor PRADA PRESA: Gracias, señor Presidente, señorías, señora
Ministra de Justicia.
Utilizo el turno de portavoces en nombre de mi Grupo, el Grupo
Parlamentario Popular, para fijar la postura en relación con la
interpelación formulada por el Senador Arévalo en nombre del Grupo
Parlamentario Socialista relativa a la situación actual de la
Administración de Justicia en España.
Del contenido de esta interpelación y de las intervenciones que ha
habido hasta este momento yo he llegado a dos conclusiones. La primera
es que el Grupo Parlamentario Socialista ha venido a destruir y no a
construir, ha venido a aumentar la desconfianza de los ciudadanos en
la Administración de Justicia. Una segunda conclusión es que el
Gobierno del Partido Popular --y, en consecuencia, el propio Partido
Popular-- tiene un claro modelo de lo que quiere en cuanto a la
Administración de Justicia. (Rumores.) Un modelo, señorías, que viene
definido y querido por la propia Constitución Española. Un modelo que
de manera injustificada e injustificable no ha sido desarrollado por
los sucesivos Gobiernos socialistas en los últimos años --aunque,
insisto, sea un modelo que define la Constitución Española--. Un modelo
que se fundamenta en querer una Justicia independiente, de acuerdo con
la filosofía que establece el Título VI de la Constitución Española;
una Justicia rápida y eficaz, de conformidad con el mandato del
artículo 24 de la Constitución Española; una Justicia prestada por
jueces y magistrados profesionales, de acuerdo con lo dispuesto en el
artículo 122 de la Constitución Española; una Justicia prestada por
jueces y magistrados responsables, insisto, una Justicia prestada por
jueces y magistrados responsables, tal y como establecen los artículos
117 y 121 de la Constitución Española, y jueces y magistrados sometidos
exclusivamente, exclusivamente, al imperio de la ley, como también
establece el artículo 117 de la Constitución Española, y por último,
señorías, una Justicia que preste una protección especial a los
derechos y libertades fundamentales, de conformidad con lo dispuesto
en el artículo 53.2 de la referida Constitución Española. Estos son los
pilares en los que se fundamenta el modelo de Administración de
Justicia, el modelo que queremos lograr.
Para conseguir este objetivo y lograr una Justicia moderna, una
Justicia eficaz y una Justicia ágil el Partido Popular --como bien ha
explicado la Ministra de Justicia-- ha comenzado, ha iniciado en apenas
un año de Gobierno un ambicioso plan. En este sentido, sus señorías
deben recordar que la primera medida que puso en práctica el Presidente
del Gobierno fue restablecer el propio Ministerio de Justicia,
separándolo de la fracasada unión con el Ministerio del Interior, y en
este nuevo Departamento se han integrado todas las competencias del
Ejecutivo en su relación con el régimen jurídico de garantías de las
libertades y derechos fundamentales. Y con eso, señorías, se cumple una
promesa electoral del Partido Popular, que en su programa de Gobierno
decía que restableceríamos el Ministerio de Justicia, tristemente
desaparecido precisamente por esa fracasada unión con el Ministerio del
Interior.
La segunda medida anunciada por el Presidente del Gobierno en su
discurso de investidura --y que recogía otro compromiso programático
del Partido Popular-- fue nombrar Fiscal General del Estado a un
miembro de la carrera fiscal (Un señor Senador: Eso, eso.), y lo que
este Senador no entiende son las permanentes y constantes críticas que
se realizan al Fiscal General del Estado, críticas que curiosamente
provienen de aquellos que nombraron Fiscal General del Estado a un ex
ministro de la presidencia o a un ex gobernador civil en la época del
Gobierno socialista (Un señor Senador: ¡Qué barbaridad!--Aplausos en
los escaños del Grupo Parlamentario Popular.) Y si estos detalles por
sí ya podrían considerarse como graves o atentatorios de la
independencia judicial, más gravedad tiene que las críticas por nombrar
a un Fiscal General del Estado (Un señor Senador: ¡Poyatos!)
independiente y proviniente de la carrera fiscal provengan de las
mismas personas que contribuyeron de manera decidida y firme, con el
aval personal y propio a dar su apoyo para que este país tuviera un
Fiscal General del Estado declarado ilegal en virtud de sentencia del
propio Tribunal Supremo (Aplausos en los escaños del Grupo
Parlamentario Popular.) Esas son las personas que ahora critican a un
Fiscal General del Estado nombrado por el Gobierno por mandato
constitucional que es independiente y que proviene de la carrera fiscal
(Un señor Senador: ¡Muy bien!) Y, desde luego, decisiones como aquellas
han contribuido de manera firme y decidida a que los ciudadanos, señor
Arévalo, tengan plena insatisfacción en lo que se refiere a la
Justicia.
La tercera medida que ha puesto en marcha este Gobierno para
desarrollar el modelo de Justicia que pretendemos, y que servirá para
cortar el cordón umbilical entre la Justicia y el poder político, ha
sido remitir a las Cortes Generales un Proyecto de ley de reforma de
la Ley Orgánica del Poder Judicial. Es una propuesta que venía en
nuestro programa electoral con el objetivo de seguir la garantía de la
independencia y neutralidad política de los jueces y, por lo tanto,
recuperar la confianza en la Justicia, limitando la vuelta a las
funciones jurisdiccionales de aquellos jueces y magistrados que
participen en la actividad política o en la actividad pública.
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Senador Prada Presa, debería
ir terminando, porque ya consumió su tiempo.
El señor PRADA PRESA: Gracias, señor Presidente.
Procuraré terminar.
No voy a entrar en el conjunto de medidas que ha señalado la Ministra.
No voy a entrar tampoco en el conjunto de incumplimientos del anterior
Ministro de Justicia e Interior, que están reflejados en el «Diario de
Sesiones» de fecha 28 de junio de 1994. (El señor Presidente ocupa la
Presidencia.) A título meramente de ejemplo les citaré el compromiso
del señor Belloch sobre la Ley de Enjuiciamiento Civil, en esta Cámara:
Me permitirán sus señorías que el margen sea de noviembre a diciembre,
antes, en todo caso, de finalizar este año, 1994. Gobernó hasta 1996
(El señor Arévalo Santiago: Hasta 1997.), y no se ha hecho realidad el
propósito de que España contara con una Ley de Enjuiciamiento Civil.
Hay que felicitar a la Ministra de Justicia muy especialmente (Risas
en los escaños del
Grupo Parlamentario Socialista.) porque, en apenas un año escaso de
gestión, tenga un proyecto de una nueva Ley de Enjuiciamiento Civil que
va a contribuir de manera firme y decidida a que los ciudadanos tengan
más confianza en la Justicia y encuentren esa Justicia eficaz, esa
Justicia moderna y esa Justicia ágil en la que creemos en el Partido
Popular y en el Gobierno del Partido Popular.
Como es natural, podríamos hablar también de la necesidad de
determinadas reformas, porque genera estupor que, cuando en este país
ocurren sucesos delictivos en materia, por ejemplo, de corrupción de
menores, hayamos observado --insisto-- con estupor cómo el Código Penal
no da respuesta a estas situaciones, y sobran comentarios sobre la
respuesta que ha dado a la ciudadanía la propia Ley del Jurado. Como
es evidente, el Gobierno socialista ofrecía siempre y permanentemente
un pacto de Estado en materia de Justicia, pero sólo ofrecía una
opción, sólo ofrecía su posibilidad, sólo ofrecía su visión de las
cosas, y sólo ofrecía su propuesta, y sus propuestas y soluciones se
han demostrado no válidas e insuficientes. Este mismo Grupo, desde esta
misma tribuna, ya lo advirtió y lo denunció en su día, y no nos
quisieron escuchar. Por ello es preciso que hoy se haga este tipo de
reformas que ha anunciado la Ministra.
Termino, señor Presidente. Permítanme, señorías, que si hemos hablado
de Justicia y de su situación en España, en el Grupo Parlamentario
Popular dictemos nuestro fallo o emitamos nuestro veredicto en cuanto
a la gestión de la Ministra de Justicia o del Gobierno en materia de
Justicia. Ese fallo, como es evidente, no va a ser otro que el fallo
absolutorio con toda suerte de pronunciamientos favorables. Eso sí:
vamos a requerir y a solicitar de manera formal y fehaciente a la
Ministra de Justicia que continúe el trabajo que ha venido realizando
hasta esta fecha, asumido que es el trabajo que desarrolla el programa
del Partido Popular. Queremos que siga trabajando con el rigor, con la
seriedad y con la eficacia con la que lo viene haciendo hasta el día
de hoy.
Muchas gracias, señor Presidente. (Aplausos en los escaños del Grupo
Parlamentario Popular.)
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, Senador Prada.
Tiene la palabra la señora Ministra.
La señora MINISTRA DE JUSTICIA (Mariscal de Gante y Mirón): Señor
Presidente, señorías, señoría, yo no me he equivocado en la
interpelación. Su señoría interpelaba sobre la Administración de
Justicia, sobre el estado de la Justicia, y he venido a esta Cámara con
toda seriedad a responder lo que, en el Gobierno, se entiende por
Administración de Justicia.
Creo --y se lo digo con toda cordialidad, a pesar de que su señoría no
la ha tenido conmigo, pero yo sí-- que no es interesante para el estado
de la Justicia el que a usted le parezca bien el nombramiento del
Fiscal General. En todo caso, serán las actuaciones que esté llevando
a cabo el Fiscal General, y su señoría sabe que tiene oportunidad de
preguntarle a él directamente, y no a la Ministra de Justicia del
Gobierno.
No creo que sea interesante para la Administración de Justicia ni una
forma seria de plantear ante esta Cámara un debate, que su señoría ha
calificado de Estado, el sacar datos falsos, y le digo que es falso lo
que ha afirmado que hizo esta Ministra de Justicia cuando era juez. No
son datos ciertos, señoría. Pero, aunque lo fueran, señoría, no es
interesante para la Administración de Justicia en este momento. No creo
que sea fundamental para la Administración de Justicia en este momento
y para el debate que su señoría, al parecer, sí quería plantear en esta
Cámara, el hecho de que el Gobierno entienda o no que se sea
conveniente en este momento aumentar la edad de jubilación de los
jueces y magistrados. No creo que sea fundamental el hecho de que,
efectivamente, a raíz del Código Penal, se haya modificado la
competencia de las Audiencias Provinciales y de los juzgados penales
y que usted, sin nombrármelo, me pregunte si voy a modificar el
artículo 14 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Sí, señoría. Todas
aquellas medidas que haga falta adoptar para corregir errores
anteriores van a ser tomadas por este Gobierno en materia de Justicia.
(Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Popular.--Algunos
señores Senadores del Grupo Parlamentario Popular: Muy bien.) Pero,
señoría, yo he venido con toda la seriedad --que a usted no le gusta--
a ofrecer a esta Cámara información sobre cuáles son todos los
proyectos en materia legislativa, que es la que compete al Ministerio
de Justicia, y todas las realidades en materia de dotación de medios.
Eso sí es hablar de Justicia. No es hablar de Justicia el no compartir
el punto de vista del Gobierno sobre resoluciones judiciales. No es
hablar de la Administración de Justicia el diseño catastrófico que su
señoría ha hecho.
Coincido con su señoría en que la Justicia tiene que ser mejorada. El
esfuerzo del Gobierno para que así sea es mucho mayor del que su
señoría ha puesto para hablar seriamente de esta cuestión en el día de
hoy.
Muchísimas gracias. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario
Popular.) CONOCIMIENTO DIRECTO POR EL PLENO DE PROYECTOS Y
PROPOSICIONES DE LEY REMITIDOS POR EL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS:
--PROPOSICION DE LEY POR LA QUE PASA A DENOMINARSE OFICIALMENTE ILLES
BALEARS LA PROVINCIA DE BALEARES. (S. 625/000001.) (C. D. 125/000001.)
El señor PRESIDENTE: Punto siguiente del orden del día: Conocimiento
por el Pleno de proyectos y proposiciones de ley remitidos por el
Congreso de los Diputados.
Proposición de ley por la que pasa a denominarse oficialmente Illes
Balears la provincia de Baleares.
No se han presentado enmiendas a esta proposición de ley.
¿Turno a favor?
Tiene su señoría la palabra para consumir un turno de diez minutos.
La señora COSTA SERRA: Gracias, señor Presidente.
Señorías, la proposición que vemos en el día de hoy en esta Cámara
proviene del Parlament Balear, aprobada de forma unánime, y casi nos
bastaría este hecho para defender y dar apoyo a esta iniciativa, pero
es que detrás de ella hay mucho más. No se trata simplemente de cambiar
el nombre y de hacer que coincida el de la Comunidad Autónoma recogido
en el Estatut, que es el de Illes Balears, con el de la provincia, que
es el de Baleares, sino que, además, se trata de normalizar el nombre
de la Comunidad Autónoma en nuestra lengua propia, que es la lengua
catalana, tal y como se reconoce en el artículo 3 del Estatut de
Autonomía. Entiendo que con este cambio, que recoge la voluntad de los
pueblos y de las distintas islas, que son Mallorca, Menorca, Ibiza y
Formentera y Cabrera, damos un paso más en la defensa y en la
preservación de nuestra historia, de nuestras costumbres y de nuestra
lengua propia que, pese a intentos aislados y minoritarios que tratan
de dividirla, el sentido común de todos los grupos y de la mayoría de
ciudadanos de las Islas hacen posible el avance, la reafirmación de
nuestras raíces.
Por otro lado, quería aprovechar esta intervención para manifestar que,
si bien nuestro Estatuto determina que la denominación será la de
Comunidad Autónoma de las Islas Baleares y no se habla, por tanto, de
archipiélago, sí sería interesante en un futuro, que espero que no será
muy lejano, cuando se reforme nuestro Estatuto de Autonomía, que se
tuviera en cuenta incluso el concepto de archipiélago, como lo ha hecho
el archipiélago canario, ya que esto comportaría, además, otras
connotaciones.
Para finalizar, quiero felicitar y mostrar mi agradecimiento, como
representante en esta Cámara de dos de las Islas Baleares, Ibiza y
Formentera, a los dos Grupos Parlamentarios que en su día presentaron
y tuvieron la tentación de mantener unas enmiendas que pretendían
traducir el topónimo de Illes Balears al castellano. Por tanto, nos
congratulamos por la previsible unanimidad ante esta proposición y por
el respeto de todos hacia una decisión del Parlament Balear, hacia
nuestra propia lengua y, en definitiva, hacia los ciudadanos de esta
Comunidad uniprovincial, pero a la vez pluri-insular, que son las islas
de Mallorca, Menorca, Ibiza, Formentera y Cabrera.
Gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, Senadora Costa Serra.
Turno en contra. (Pausa.) Gracias. Turno de portavoces.
¿Grupo Parlamentario Mixto? (Pausa.)
Por el Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos, tiene la
palabra el Senador Zubía.
El señor ZUBIA ATXAERANDIO: Muchas gracias, señor Presidente.
La Senadora Costa lo ha dicho todo en su intervención, y lo ha hecho
ciertamente bien, en relación con esta Proposición de Ley que nos
ocupa. Suscribimos absolutamente cuanto ella ha indicado en su
intervención. Nos congratulamos del consenso alcanzado y precisamente
por ello votaremos como Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas
Vascos, con satisfacción, a favor del mencionado texto.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.
Por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió,
tiene la palabra el Senador Carrera.
El señor CARRERA I COMES: Muchas gracias, señor Presidente.
Señoras y señores Senadores, voy a intervenir con brevedad, pero sin
quitarle importancia, ni mucho menos, a la iniciativa que estamos
debatiendo. El Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència
i Unió va a votar favorablemente la Proposición de Ley por la que pasa
a demoninarse oficialmente Illes Balears la provincia de Baleares. Y
lo vamos a hacer, además, con interés, con cordialidad, con entusiasmo
y, si me lo permiten, con emoción, con emoción bien entendida, con
emoción parlamentaria.
Se preguntarán que por qué hay que hacer tantas consideraciones si
estamos ante una Proposición hasta cierto punto simple, nada compleja,
a la que ni siquiera se han presentado enmiendas; pues porque es un día
importante para la Comunidad de las islas Baleares, ya que parece que
va a aprobarse por unanimidad, y porque no se hace otra cosa que dar
respuesta a la voluntad de todo un pueblo a través de su Parlamento;
trámite iniciado, por cierto, en 1992 y que finaliza ahora en 1997.
La Proposición de Ley consta únicamente de un artículo, de dos
disposiciones adicionales y de una disposición final y tiene un claro
antecedente en la ley 2/1992 por la que pasaron a denominarse
oficialmente Lleida y Girona las provincias de Lérida y Gerona. En este
caso --lo remarco-- no se trata sólo de un cambio de lengua, sino de
que las islas Baleares tengan una denominación igual tanto para la
Comunidad Autónoma como para la provincia. Resulta, por tanto, lógico
el acuerdo del Parlamento balear de estar en contra de que sus propias
normas deban hacer referencia a la provincia balear usando su
denominación castellana y resulta del todo ilógico que el topónimo
Illes Balears tenga carácter oficial cuando se refiere a la Comunidad
Autónoma y no lo tenga cuando se refiere a la provincia.
Esta Proposición de Ley clarifica y elimina, a nuestro entender,
oficialmente la confusión terminológica que se ha venido manteniendo
durante estos últimos tiempos. El final de la exposición de motivos,
a la que voy a hacer referencia, es determinante porque dice así: Para
hacer coincidir la denominación oficial de la Comunidad Autónoma y la
de la provincia, por respeto a la tradición cultural e histórica, y
para establecer el uso oficial del topónimo Illes Balears en lengua
catalana propia de los mallorquines, menorquines, ibicencos y
formenterenses, se promulga la presente ley.
Sin duda, debemos felicitarnos todos de acabar el trámite iniciado por
el Parlamento balear, pero sobre todo debemos sentirnos satisfechos de
haber consensuado a todos los efectos el reconocimiento de la
pluralidad lingüística. Por nuestra parte, no sólo nos felicitamos y
expresamos nuestra satisfacción, sino que mostramos el más absoluto
respeto a la voluntad de su más alta institución y, sin duda, a todo
el pueblo de las Illes Balears.
Nada más y muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, Senador Carrera.
Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el Senador
Garcías Coll.
El señor GARCIAS COLL: Muchas gracias, señor Presidente.
Señorías, voy a intervenir muy brevemente, pero creo que el acto
requiere que este Senador suba a la tribuna. Y subo, ante todo, para
expresar nuestro voto favorable, en nombre del Grupo Parlamentario
Socialista, a esta Proposición de Ley presentada por el Parlamento de
la Comunidad Autónoma de las islas Baleares. Con ella se pretende
resolver --como ya se ha dicho-- una situación totalmente ilógica
porque resulta que el topónimo Illes Balears es oficial cuando se
define el nombre de la Comunidad Autónoma asentada en el archipiélago
balear, al amparo de lo establecido en el Estatuto de Autonomía y, por
el contrario, el mismo topónimo de Illes Balears no tiene carácter
oficial al referirse a la provincia, asentada, precisamente, sobre la
misma base territorial de la Comunidad Autónoma. A la vez, era ilógico
que el nombre de Illes Balears no pudiera ser utilizado para la
provincia de forma oficial en la lengua catalana propia de las islas
Baleares.
Con esta Proposición se resuelve esta situación ilógica --como he dicho
anteriormente-- y, además, clarifica la diversidad toponímica que a lo
largo de la historia se ha ido desarrollando. Recordemos que
oficialmente se ha ido nombrando como islas Baleares, Baleares y otros
diferentes términos que nunca han quedado totalmente clarificados. Por
tanto, con esta denominación se resuelve el problema que, incluso, se
creó desde el Real Decreto de Javier de Burgos en 1833.
Esta ley clarifica y elimina oficialmente la confusión terminológica
que ha caracterizado la denominación empleada de islas Baleares. Sólo
cabe congratularnos por la unanimidad conseguida y porque hoy en día
el término Illes Balears pueda ser oficial en todo el Estado español.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, Senador Garcías Coll.
Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el Senador Jaén.
El señor JAEN PALACIOS: Muchas gracias, señor Presidente.
Señoras y señores Senadores, consumo este turno de portavoces para
expresar la voluntad del Grupo Parlamentario Popular de votar
afirmativamente. Quiero expresar también nuestra satisfacción no sólo
por este sentido del voto, sino por el consenso que ha alcanzado esta
Proposición de Ley en el trámite del Congreso y en el del Senado.
El portavoz del Grupo Parlamentario Socialista ha hecho referencia al
Decreto de 1833. Y es cierto, en los 150 años que han transcurrido
desde esa fecha ha habido denominaciones muy distintas que él mismo ha
citado: islas Baleares, Baleares, etcétera. Sin embargo, fuera de
nuestras fronteras nuestra Comunidad, nuestra provincia, era conocida
como islas Baleares y así se citaba en la mayoría de la cartografía.
El artículo segundo de ese Real Decreto fijaba la capitalidad en Palma
y establecía que la provincia se denominaría islas Baleares.
Hay precedentes y hay antecedentes que yo quiero relatar de esta
voluntad del Parlamento de las islas Baleares. Hay un precedente en el
año 1989 cuando el Parlamento de las islas Baleares, en una Proposición
no de Ley, instaba al entonces Gobierno socialista, a través de esa
iniciativa legislativa, a la modificación del Código de Circulación al
objeto de que las siglas de Palma de Mallorca, que son las que figuran
en las matrículas de los vehículos y en los permisos de circulación,
fuesen cambiadas por las siglas de IB.
Hoy llegamos a esta Proposición de Ley; bien es cierto que hay otras
Comunidades uniprovinciales que también lo han hecho como es el caso
de Santander, Cantabria, Logroño, La Rioja, Oviedo y Asturias. Y otras
que lo han hecho en algunas provincias, como es el caso de la Comunidad
Catalana, no sólo para homogeneizar la terminología, sino también con
una clara voluntad de normalización lingüística, como el caso de Girona
o el de Lleida.
La disposición adicional segunda de esta proposición de ley
posiblemente tiene algunas dificultades que el Gobierno salvará, y
esperamos que lo haga posible cuanto antes en el desarrollo de esta
proposición de ley.
Sólo me resta agradecer a los Grupos Parlamentarios el apoyo a esta
iniciativa, como Diputado del Parlament de las Illes Balears y como
Senador en representación de esa Comunidad.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, Senador Jaén.
Dadas las intervenciones de los distintos grupos, entiendo que se puede
aprobar por asentimiento. (Pausa.)
Así se hace y, por lo tanto, queda definitivamente aprobada por las
Cortes Generales la proposición de ley por la que pasa a denominarse
oficialmente Illes Balears a la provincia de Baleares. (Fuertes
aplausos.)
DICTAMENES DE COMISIONES SOBRE PROYECTOS Y PROPOSICIONES DE LEY
REMITIDOS POR EL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS:
--DE LA COMISION DE OBRAS PUBLICAS, MEDIO AMBIENTE, TRANSPORTES Y
COMUNICACIONES EN RELACION CON EL PROYECTO DE
LEY POR EL QUE SE INCORPORA AL DERECHO ESPAÑOL LA DIRECTIVA 95/47/CE,
DE 24 DE OCTUBRE, DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO, SOBRE EL USO
DE NORMAS PARA LA TRANSMISION DE SEÑALES DE TELEVISION Y SE APRUEBAN
MEDIDAS ADICIONALES PARA LA LIBERALIZACION DEL SECTOR (PROCEDENTE DEL
REAL DECRE
TO-LEY 1/1997, DE 31 DE ENERO). SE TRAMITA POR EL PROCEDIMIENTO DE
URGENCIA.
(S. 621/000021.) (C. D. 121/000029.)
El señor PRESIDENTE: Punto cuarto del orden del día. Dictámenes de
Comisiones sobre proyectos y proposiciones de ley remitidos por el
Congreso de los Diputados. En este caso, de la Comisión de Obras
Públicas, Medio Ambiente, Transportes y Comunicaciones en relación con
el proyecto de ley por el que se incorpora al Derecho español la
Directiva 95/47/CE, de 24 de octubre, del Parlamento Europeo y del
Consejo, sobre el uso de normas para la transmisión de señales de
televisión y se aprueban medidas adicionales para la liberalización del
sector, que procede del Real Decreto-Ley 1/1997, de 31 de enero. Se
tramita por el procedimiento de urgencia.
Para la presentación del dictamen, tiene la palabra el representante
designado por la Comisión, Senador Beguer.
El señor BEGUER I OLIVERES: Muchas gracias, señor Presidente.
Señorías, el proyecto de ley que se va a debatir a continuación
incorpora al Derecho español la Directiva 95/47/CE, de 24 de octubre,
del Parlamento Europeo y del Consejo sobre el uso de normas para la
transmisión de señales de televisión, y engloba medidas adicionales
para la liberalización del sector, procedente del Real Decreto-Ley
1/1997, de 31 de enero.
Dicha Directiva señala que es indispensable establecer normas comunes
para la transmisión digital de señales de televisión por satélite para
favorecer eficazmente la libre competencia. Asimismo, afirma que se
trata de garantizar que todos los proveedores de servicios de
televisión de pago puedan ofrecer sus programas a todos los
consumidores de televisión de pago.
El mencionado proyecto de ley tuvo entrada en esta Cámara el 21 de
marzo, finalizando el plazo de presentación de enmiendas el día 25. Se
tramitó por el procedimiento de urgencia, no designándose Ponencia al
respecto. Constaba de una Exposición de Motivos, 10 artículos, una
disposición adicional, cuatro transitorias y dos disposiciones finales.
Tras la incorporación en Comisión de la enmienda número 19, del Grupo
Parlamentario Socialista, se ha agregado una disposición derogatoria.
Se presentaron en Comisión una propuesta de veto, del Grupo
Parlamentario Socialista y 21 enmiendas. Correspondían una al Senador
Ríos Pérez, del Grupo Parlamentario Mixto; tres al Grupo Parlamentario
Catalán en el Senado de Convergència i Unió; quince al Grupo
Parlamentario Socialista y dos al Grupo Parlamentario Popular.
La propuesta de veto fue rechazada, incorporándose al texto del
dictamen, por votación mayoritaria, las dos enmiendas del Grupo
Parlamentario Popular y la número 19 del Grupo Parlamentario
Socialista. Permanecen para su debate en el Pleno la propuesta de veto
y las enmiendas rechazadas en Comisión, así como dos del Grupo
Parlamentario Socialista, solicitando en sendos puntos volver al texto
remitido por el Congreso de los Diputados.
Nada más y muchas gracias, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias, Senador Beguer.
El proyecto consta de un veto, del que es autor el Grupo Parlamentario
Socialista, a cuya portavoz le doy la palabra. Tiene la palabra la
Senadora Pleguezuelos, por tiempo de quince minutos.
La señora PLEGUEZUELOS AGUILAR: Gracias, señor Presidente.
Intervengo en nombre del Grupo Parlamentario Socialista para defender
el veto presentado a este proyecto de ley, por el que se incorpora al
Derecho español la Directiva 95/47/CE sobre el uso de normas para la
transmisión de señales de televisión y se aprueban, asimismo, medidas
adicionales para la liberalización del sector.
Este proyecto de ley, que procede del Real Decreto popularmente
conocido como de la plataforma digital, ha sufrido, señorías, avatares
de todo tipo. Desde ser un proyecto de Real Decreto en el que sólo se
aprobaba el Reglamento técnico y de prestación de servicios de
telecomunicaciones por satélite, hasta ser hoy, por voluntad cambiante
y urgente del Gobierno Popular, un proyecto que incorpora la
trasposición de la Directiva europea y algunas medidas adicionales de
liberalización del sector, que no es otra cosa que la llamada guerra
de los descodificadores. Además, su tramitación se desarrolla a una
velocidad insólita, desde su comienzo, incluidas las 48 horas de las
que sólo dispuso el Consejo de Estado para dictaminar el primitivo Real
Decreto-Ley.
Como pueden observar, señorías, este proyecto es de vital importancia
y urgencia para el Gobierno de la derecha, que está empeñado en arropar
lo que sólo es, o debería ser, una tramitación administrativa, con la
bandera de los intereses generales de los consumidores, a quienes, por
cierto, nadie ha consultado.
Con este proyecto de ley, el Gobierno español no se ha limitado a
trasponer la Directiva europea, como sí han hecho otros países de
Europa. Este Gobierno ha ido mucho más lejos y ha elaborado una norma
intervencionista y excesivamente reglamentista, como ya señalé en
Comisión al representante del Grupo Parlamentario Popular.
Ustedes aplican un doble sistema de autorización que no existe en
ningún país de Europa. El proyecto de ley recoge un plazo muy corto,
primitivamente de dos meses --estamos en tres--, para que los
descodificadores españoles se adapten al nuevo sistema, cuando tenemos
ejemplos, como puede ser la Directiva alemana, que actualmente se está
tramitando, que recoge 18 meses de plazo para esa adaptación. Por lo
tanto, los plazos también son exiguos para los descodificadores
españoles.
Por otra parte, el Gobierno se reserva la homologación de estos
descodificadores, cosa que tampoco hace ningún país europeo, así como
el establecimiento de tarifas de interconexión de los descodificadores
aunque, como ya indiqué, Senador Liso, sea con carácter transitorio.
Pues bien, señorías, ¿es esto liberalizar el sector? Creemos que no,
que no sólo no se está liberalizando el sector, sino que, por el
contrario, ustedes --como decía antes--, bajo la bandera de la defensa
de la libre competencia han aprobado una norma contra alguien; una
norma para perjudicar a los promotores de una determinada plataforma
digital que, por cierto, no es la suya.
Señores del Partido Popular, señores del Gobierno, no podemos ni
debemos los grupos políticos, como tampoco lo debería hacer el
Gobierno, imponer un modelo de televisión digital. Ni siquiera, diría
yo, debemos dirimir si es mejor que haya una plataforma digital, tres
o cuatro, como hay en Alemania, en Francia o en Estados Unidos. Lo que
debemos hacer los grupos políticos, y debería haber hecho el Gobierno,
es permitir que sean los ciudadanos los que, con su elección, decidan.
Nuestra obligación es facilitar que haya una regulación de televisión
digital para todo aquel que quiera constituir una plataforma, una
regulación para todos, señorías, y no una regulación contra algunos.
Eso sí es defensa de la libre competencia, eso sí es defensa de la
libertad de elección y, sobre todo, de la libertad de expresión. Por
el contrario, lo que pretende el Gobierno con este proyecto de ley es
intervenir y utilizar un descodificador que aún no está en el mercado
para parar la puesta en marcha de una televisión digital.
Señores del Grupo Parlamentario Popular, señores del Gobierno, hagan
como ha hecho el Gobierno alemán, que ha traspuesto la Directiva
europea recogiendo, y eso es lo fundamental, la intención de favorecer
el acuerdo entre las distintas plataformas para el uso de un
descodificador compatible. Esa es la posición de mi grupo: promover el
acuerdo entre los operadores y ésa debiera ser la posición del Gobierno
Popular en este tema.
Senador Liso, sin duda, el Gobierno español ha ido más allá de la
exclusiva trasposición de la Directiva. Por tanto, el veto de mi grupo
se fundamenta en discrepancias de fondo y de forma con este proyecto
de ley. Le digo esto porque usted cuestionaba de alguna manera en el
debate en Comisión la legitimidad para plantear este veto no habiendo
presentado en el trámite del Congreso una enmienda a la totalidad.
Señoría, es verdad que no se hizo así. Le razonamos que el argumento
básico fue pensar, sin duda con buena fe, que su Gobierno y su grupo
iban a promover ese acuerdo. Desgraciadamente, no ha sido así y hoy
estamos debatiendo ese veto, fruto de lo que en principio fue buena
voluntad por parte de mi grupo en el Congreso, que no ha sido
entendida, ni siquiera tenida en consideración por parte del suyo.
Por tanto, hay discrepancias de fondo y de forma. Tengo que decirle que
estas discrepancias se han acrecentado en el trámite de esta Cámara
porque se han introducido cambios con las enmiendas de su grupo en
Comisión, especialmente las relativas a los sistemas de
descodificadores que tratan de volver a imponer el sistema de
descodificador multicrypt, es decir, el de Telefónica que, en el caso
de que no haya acuerdo, será finalmente el que se imponga. Esto supone,
sin duda, un retroceso respecto al texto que se debatió y finalmente
se aprobó en el Congreso que, por cierto, aceptaba el sistema de
compatibilidad entre la plataforma simulcrypt que es la que utiliza,
cómo no, Canal Satélite Digital.
Señorías, entendemos que todos estos argumentos justifican nuestro veto
a un proyecto de ley que, insisto, legisla contra alguien y pretende
impedir que en España operen aquellos grupos de comunicación que lo
quieran hacer y a los que, además, les ampara la Constitución y el
Derecho comunitario. Por tanto, estamos obligados a presentar este veto
porque hablamos de un problema de libertades, un problema de libertad
de expresión, de defensa de la libre competencia de los operadores y,
sobre todo, de la libre elección de los ciudadanos. Por ello, señorías,
les pedimos el apoyo para este veto.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, Senadora Pleguezuelos.
Tiene la palabra el Senador Liso.
El señor LISO MARIN: Muchas gracias, señor Presidente.
Señorías, inevitablemente las contradicciones afloran de nuevo. La
Senadora Pleguezuelos ha vuelto a incidir en todas sus argumentaciones
sobre la necesidad y deber de plantear este veto, precisamente en esta
Cámara, y no ha sido ninguna novedad porque era una de las cosas que
esperábamos.
Yo, necesaria e inevitablemente tendré que volver a insistir en algunos
de mis argumentos expuestos ya en el debate de Comisión. Lo primero que
quiero plantearle es que, a pesar de que ha tratado de justificar este
veto, precisamente en esta Cámara, por aquello de la urgenica y de la
falta de libertades respecto a nuestra postura en este proyecto de ley,
creo que dicho veto no tiene mayor consistencia. Yo tengo la
apreciación, que puede ser personal, pero sin ánimo de encrespar el
debate, de que las acusaciones que usted ha hecho de verdad no van por
el camino de un debate sobre las necesidades, o no, de este proyecto
de ley, sino por el de acusar gravemente al Partido Popular de algún
tipo de intereses concretos. Sobre todo ha hecho usted una acusación
que tengo que negar rotundamente, como lo hice ya en el trámite de
Comisión y sobre la que vuelvo a incidir en este momento: no se legisla
contra nadie, Senadora Pleguezuelos. Usted hace esa interpretación, la
está repitiendo machaconamente y tengo que responderle de la misma
manera: no se legisla contra nadie.
Parece que usted ya no menciona, ya sea por olvido o por la
circunstancia que fuere, el argumento de la inconstitucionalidad que
sí utilizó en el trámite de Comisión. No se legisla contra nadie porque
lo que se hace es incorporar una Directiva comunitaria prácticamente
en su literalidad. Se incluye una serie de normativas que incorporan
toda la legislación que hay sobre televisiones y similares, que ya
están en práctica y están aprobadas por una
serie de leyes que podríamos enumerar pero no vamos a utilizar el
tiempo para ese fin. En ningún caso se están vulnerando las normativas
comunitarias que se han venido empleando en este tipo de actividades,
ni tampoco se pude hablar de inconstitucionalidad. Por tanto, ese
aspecto debe quedar rotunda y claramente expuesto: no se legisla contra
nadie. Se trata precisamente de que tengan la opción todas las empresas
que quieran entrar o que estén en esta actividad.
A medida que usted ha ido desgranando todas sus argumentaciones, me
daba la impresión de que no se ha leído la Exposición de Motivos. Es
lo suficientemente clara y explícita que hasta en la propia
presentación del proyecto de ley por el Presidente de la Comisión se
ha hecho mención a que esa normativa comunitaria persigue la libertad,
sobre todo, del usuario para tener opción a poder escoger la línea que
más le pueda agradar, tanto por razones técnicas y de oferta de
servicios, como por la oferta de precios y que, al mismo tiempo, las
distintas empresas que tengan capacidad e interés en participar, lo
puedan hacer sin obstáculos técnicos que se lo impidan, como puede ser
el sistema de descodificadores. De ahí viene que se haga hincapié en
que se incorpore un tipo de descodificadores universal, que ya
contempla la propia Directiva; que sea un algoritmo común con la
capacidad de absorber todo tipo de descodificadores y no
descodificadores expresos y especiales. Eso es lo que limitaría por la
vía técnica la capacidad y la opción de alternancia o de posibilidades
de otro tipo de empresas que qusieran aflorar al mercado.
Siguiendo con los argumentos expresados en la Exposición de Motivos que
avalan este proyecto de ley que, como usted muy bien ha recordado,
procede de un Real Decreto que se convalidó por todos los grupos de la
Cámara, a excepción del suyo, y que después ha sido tramitado como
proyecto de ley, con lo cual se han podido expresar todos los grupos
parlamentarios, tanto en el Congreso de los Diputados como lo van a
hacer aquí en este momento, creo que las intervenciones del resto de
los grupos respecto al veto han sido bastante claras. Este veto no
tiene justificación suficiente; parece una actuación desproporcionada
respecto a lo que propone el proyecto y, en consecuencia, no ha tenido
más apoyos que el de su propio grupo.
Desde esta tribuna solicito del resto de los grupos el que vuelvan a
incidir en ese mismo resultado y no apoyen este veto, porque lo que,
en definitiva, apoyarían con su voto afirmativo sería la falta de
libertad, la falta de oportunidad y de opciones para los propios
consumidores, uno de los principios fundamentales que se exigen en la
normativa y que se incorporan al proyecto. Se parte --ya lo dije en
Comisión-- de líneas abiertas, que tengan esa capacidad. Es muy
sencillo de comprender, basta con leer el texto de la Exposición de
Motivos, donde se expresa clarísimamente. Y, curiosamente, usted no ha
presentado ninguna objeción a esa Exposición de Motivos, donde se
manifiesta de una forma rotunda y clara cuáles son los intereses, el
espíritu y las condiciones que deben prevalecer en este proyecto de ley
para que esa realidad de la capacidad de opción del usuario se vea
amparada jurídicamente de forma rotunda y clara.
Es verdad que de los diez artículos --no lo podrá negar--, ustedes
votaron favorablemente más del 50 por ciento, seis concretamente, con
lo cual consideraron que eran suficientemente aceptables. En el resto,
lógicamente, lo que se pretende es incorporar toda una serie de
disposiciones ya existentes sobre las mismas actividades a que he hecho
referencia con anterioridad, así como que se preserven todas las
circunstancias que concurren en las peticiones de usuarios y servidores
de este tipo de prestaciones de servicios a fin de que quede regulado
de una manera lógica y correcta, pero sobre todo amparando --repito--
esos dos derechos fundamentales, el de poder estar bien informado y con
la opción deseada, así como la libertad de empresa.
Por tanto, creo que sobra el seguir incidiendo en argumentos de este
estilo y no quiero entrar en las descalificaciones a que su señoría ha
hecho referencia. Preferiría que discurriera el debate como es habitual
y que esta Cámara resuelva este veto según sus competencias, así como
por lo que se refiere al posterior trámite del articulado.
Sinceramente, no quiero entrar en esa polémica, si bien tengo
suficientes datos y argumentos como para poder responderle de una
manera no tan acorde con el tono con que me gustaría que este debate
transcurriera --insisto-- y, por consiguiente, me abstengo de
utilizarlos. Por tanto, le ruego, Senadora Pleguezuelos, que usted
también me corresponda. Me hago cargo de que está en la obligación, por
las disposiciones del Partido, por toda una serie de circunstancias,
de hacer una intervención más o menos dura en defensa de este veto,
singularmente presentado en una Cámara donde las posibilidades de que
prospere son mínimas. Por tanto, le ruego que se abstenga de seguir así
y se limite a cumplir ese trámite a que su Partido le ha llevado.
Sin abundar más en los argumentos de nuestro Grupo Parlamentario,
solicito al resto de los grupos que no apoyen este veto, por las
razones a que he hecho referencia.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, Senador Liso.
Se abre un turno de portavoces.
En nombre del Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra el Senador
Nieto.
El señor NIETO CICUENDEZ: Buenos días.
Señor Presidente, señoras y señores Senadores, nos vamos a oponer a
este veto y voy a explicar brevemente las razones.
En primer lugar, porque creemos que con este proyecto de ley, tanto en
el trámite del Congreso de los Diputados como en el de la Cámara, se
ha mejorado la regulación que se hizo mediante Decreto-Ley, motivo que
entendemos ya suficiente. De aceptarse el veto, se trataría, en
definitiva, de la vuelta al Decreto-Ley y consideramos que el proyecto
de ley ofrecerá muchas más ventajas, como ya he dicho, porque mejora
la regulación del Decreto-Ley. En segundo lugar, porque da cuerpo
legislativo a una cuestión que consideramos de suma importancia, dado
que las telecomunicaciones en general y todo lo que afecte a las mismas
y los medios audiovisuales constituyen cada vez más un sector
estratégico, y no solamente de la economía, al
tiempo que se pretenden regular derechos básicos, como los de
información y pluralidad informativa.
En principio, el proyecto de ley aborda estos temas, los mejora en
relación con el Decreto-Ley y son necesarios. Asimismo, respecto del
desarrollo de la pluralidad informativa en un tema estratégico como
éste, nosotros abogaremos siempre porque exista la mayor inversión
pública posible en estos sectores, ya sea a través de empresas
públicas, ya sea a través de las Comunidades Autónomas, dado que en la
regulación de las telecomunicaciones y, concretamente, de las
televisiones están implicadas no solamente las cadenas de televisión,
ya sean privadas o públicas, como Televisión 1, Televisión 2, la Ser,
Tele 5, etcétera, sino también las cadenas autonómicas, que igualmente
tendrán interés en entrar en estas cuestiones, hecho que deberá
facilitarse porque ésa también es una forma de garantizarse la
pluralidad informativa. (El señor Vicepresidente, Rigol i Roig, ocupa
la Presidencia.)
Así, este proyecto de ley pretende solucionar, por ejemplo, la cuestión
de los descodificadores. Si cada entidad privada exigiera uno propio,
nos encontraríamos con que en la práctica sería muy complicado, dado
que por cada canal que se desease ver habría que comprar un
descodificador. Por tanto, lograr un descodificador homologable es lo
que en la práctica permite el derecho de elección, la libertad de
información, etcétera.
Por todas estas múltiples razones, sobre las que no me voy a extender
más, no apoyaremos el veto y estaremos a favor de que se tramite el
proyecto de ley.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol y Roig): Muchas gracias, Senador Nieto
Cicuéndez.
¿Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos? (Pausa.)
Por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió,
tiene la palabra el Senador Vicent Beguer.
El señor BEGUER I OLIVERES: Muchas gracias, señor Presidente.
Señorías, la ley de televisión digital, por decirlo de una forma
abreviada, procede, como sabemos, del Real Decreto-Ley 1/1997, de 31
de enero. Y hacemos referencia a este Real Decreto porque fue
cuestionado por el carácter urgente que se imprimió a su tramitación
y todavía más duramente cuestionado y discutido por su contenido, por
parte especialmente del Grupo Socialista, que ha presentado esta
propuesta de veto.
Desde Convergència i Unió se votó favorablemente el Decreto-Ley, pero
condicionando al mismo tiempo a que fuese tramitado posteriormente como
proyecto de ley y, por tanto, tener la posibilidad de ser modificado
y mejorado. En aquellos momento, ciertamente, el Decreto-Ley era una
guerra civil digital, como fue por alguien calificado.
Nosotros entendemos que ha evolucionado a una discusión parlamentaria
más serena.
Ya en el Congreso de los Diputados, y a medida que se ha entrado en el
debate de fondo de la Ley, la discusión ha permitido mejorar todo el
conjunto. Es por ello por lo que nos hubiese parecido más lógico que
el Grupo Parlamentario Socialista hubiese planteado esa propuesta de
veto o la enmienda a la totalidad en el Congreso de los Diputados,
donde las discrepancias eran mayores; quizá sea más discutible --bien
es cierto que tiene absoluta libertad para tomar sus decisiones-- que
se haya formulado en el Senado, donde los Grupos ya han realizado
aportaciones. Se hicieron sensibles mejoras en la tramitación del
Congreso y, si bien permanecen aristas y asperezas --buena parte de
ellas fueron corregidas, no todas se pulieron, ciertamente--
globalmente podemos considerar aceptable el proyecto de ley.
Nuestro objetivo desde el primer momento fue enfocar todas aquellas
enmiendas, mejoras o sugerencias que pudiesen introducirse, con el fin
de alcanzar una ley que pudiese cumplirse, que fuese eficaz, y en esta
línea trabajamos desde el primer momento.
Se incorporaron en la tramitación en el Congreso las previsiones de la
Directiva en relación a las nuevas tecnologías de formato ancho, que
inicialmente no se habían tenido en cuenta en el proyecto. Más tarde,
entre otros puntos, se modificó el artículo 4, que penalizaba a los
operadores de sistemas de televisión digital cuando se produjese un
problema técnico, penalización o castigo que en realidad no se produce
en otros servicios de mayor necesidad, como son la luz o el gas. Esto
fue corregido. También se mejoró la Disposición Transitoria Segunda,
sobre tarifas, en el caso de empleo de descodificadores por los
programadores; ahora establece que sean fijadas por la Comisión del
mercado de las telecomunicaciones tal y como propusimos.
Igualmente se produjo una mejora en lo que afecta a los plazos para la
adaptación a lo dispuesto en la Ley a los operadores de servicio y
difusores, así como para la utilización de los descodificadores. En el
Congreso se aprobaron unos plazos más prolongados, nueve y doce meses,
respectivamente, ya que los previstos en el proyecto eran excesivamente
cortos. En la sesión de la Comisión de esta Cámara, como sus señorías
conocen, con la introducción de la enmienda número 21, del Grupo
Parlamentario Popular, se volvió a unos plazos que entendemos que no
es posible cumplir. No obstante, se apeló a una mayor sensibilidad por
parte del grupo mayoritario, y existe una enmienda transaccional,
firmada por todos los grupos, que dejará los plazos en tres y seis
meses, lo que nos parece más razonable.
Se podrían realizar más críticas al proyecto de ley tal como está en
estos momentos, pero debemos tener en cuenta que es uno de los primeros
de Europa y ello implica tomar decisiones sobre temas todavía
escasamente elaborados y, sin duda, insuficientemente conocidos.
Nuestro Grupo defenderá en su momento tres enmiendas, y mantiene algún
reparo sobre el proyecto de ley, especialmente en algunos aspectos del
artículo 7, sobre el sistema de acceso condicional, en lo que
coincidimos en parte con el Grupo Parlamentario Socialista.
Aun así, las discrepancias, señorías, son menores que las
coincidencias, y ello nos conduce a no apoyar la propuesta de veto.
En resumen, estamos ante un proyecto de ley necesario, de urgente
aplicación, que incide en un mercado que tiene y puede tener una gran
importancia en un futuro inmediato, y para nuestro Grupo este proyecto
de ley es lo suficientemente aceptable como para que le demos
mayoritariamente el voto afirmativo y, consecuentemente, votemos en
conta de la propuesta de veto que ha defendido la Senadora Pleguezuelos
por el Grupo Parlamentario Socialista.
Nada más y muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Muchas gracias, Senador Beguer.
Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra la Senadora
Pleguezuelos. (El señor Presidente ocupa la Presidencia.)
La señora PLEGUEZUELOS AGUILAR: Muchas gracias, señor Presidente.
Senador Liso, decía usted que en aras a mantener este debate dentro de
la normalidad, no iba a argumentar algunos fundamentos que tenía y que
no iba a dejar que figuraran en el «Diario de Sesiones». Yo creo que
el debate es normal cuando se produce desde la discrepancia, y cuando
se produce, también a veces, desde la sintonía. Los grupos políticos
están obligados a mantener sus posturas y a defender con argumentos sus
posiciones. No soy yo quien no está cumpliendo con la obligación de
defender un veto para el cual no tengo argumentos --que los tengo y los
he expuesto--, sino usted que no los ha rebatido en aras a que el
debate fuese normal. Creo que es usted el que se ve obligado a defender
un proyecto de ley, para el que no tiene argumentos técnicos, quizá
alguno político-comercial que no interesa poner de manifiesto, por no
decir mediático, señoría. Usted, con la legitimidad que le da el apoyo
a su Gobierno y a su Grupo, debiera habernos dado esos argumentos. Pero
usted no ha rebatido algunos de los que yo le he dado, y otros que no
le he dado, como la urgencia, los ha puesto de manifiesto.
Señoría, yo no he hablado en absoluto en mi primera intervención de la
urgencia para tramitar este proyecto de ley, antes Real Decreto ley.
Y no lo he hecho porque sabía que usted iba a centrar su intervención
en eso. Y para evitar que no tuviera tiempo de exponerme los reales
argumentos que no ha dado y que oculta, le he presentado otros que van
al fondo del problema y que usted no me ha rebatido en absoluto.
Yo le he hablado de urgencia en dos aspectos: en el sentido de que,
urgentemente, el Gobierno del señor Aznar, que el 13 de noviembre tenía
la opinión de presentar un proyecto de ley que no incorporara la
trasposición de esta Directiva, el 26 de diciembre cambia
sustancialmente de idea y elabora un nuevo texto de Real Decreto-ley
en el que sí traspone la Directiva y añade algunas medidas para
liberalizar el sector. ¿Qué ha pasado en medio de esas dos fechas? Ni
más ni menos que lo que todos los españoles hemos visto en todos los
medios de comunicación, y es que el 24 de diciembre se produjo el
llamado «Pacto de Nochebuena»; y eso es lo que hizo cambiar al Gobierno
de posición.
No he hablado de urgencia en los términos que le decía, pero sí lo he
hecho en otro sentido. Cuando el Gobierno cambia el texto del Real
Decreto primitivo, incorporando la nueva Directiva y lo convierte en
un nuevo texto, sólo disponemos de siete días, señorías, para que en
cuarenta y ocho horas el Consejo consultivo de las telecomunicaciones
--domingo por medio-- elabore su dictamen, o para que el consejo de
Estado, con otras cuarenta y ocho horas, haga el suyo. Por tanto,
señoría, no trate usted de tergiversar mi argumento. Dé los suyos, que
no los tiene o los oculta.
Decía usted que yo no he hecho referencia a la exposición de motivos.
Uno puede estar totalmente de acuerdo con la exposición de motivos como
declaración de intenciones, porque cuando se habla del deseo de
garantizar al ciudadano el derecho a recibir una información plural,
no pensará usted que mi Grupo parlamentario vaya a presentar enmiendas
al respecto, ni tampoco cuando se habla de evitar que algún sector de
la televisión tenga una situación de abuso o de dominio. No, señor, no
vamos a enmendar esa declaración de intenciones, pero sí vamos a
enmendar aquellos aspectos del articulado en los cuales ustedes ya no
hacen declaración de intenciones, sino que van contra esa pluralidad
y contra esa legislación que yo le anunciaba. Y, señoría, no se ha
liberalizado con este proyecto de ley. Liberalizar es lo que anteayer
hizo el Parlamento Europeo con la Directiva de televisión sin
fronteras. Pero yo espero que cuando el Vicepresidente del Gobierno,
señor Alvarez-Cascos, nos traiga el nuevo Real Decreto-ley sobre las
retransmisiones de fútbol, si es que incide en ello, se haga eco de esa
liberalización que hizo ayer la Eurocámara, donde se le vuelve a dar
un palo al Vicepresidente del Gobierno como se lo daría cualquier
europeo que leyera el contenido de este proyecto de ley.
Para terminar, me referiré a ese argumento que usted esgrimía de nuevo
cuando decía que nosotros nos quedamos solos en este veto --yo no sé
si es que le gusta ir acompañado o es que se están habituando a ello.
Ya le argumenté en Comisión que la soledad no me asusta si es que
defiendo mis convicciones y soy coherente con las mismas, pero parece
que ustedes se están acostumbrando tanto a ceder con tal de ir
acompañados, que quizá la soledad les parezca algo negativo.
Desde el Grupo Socialista nosotros vamos a seguir defendiendo con
convicción y con argumentos lo que creemos que hay que defender, pero,
desde luego, lo haremos desde los argumentos legítimos que se producen
en un debate sosegado, con calor o sin calor y, afortunadamente, en un
tono --y se lo agradezco-- bastante más honesto que el que algún
portavoz de su Grupo ha utilizado en mi intervención anterior y al que,
desgraciadamente, no he tenido ocasión de contestar dada su miseria en
la intervención.
Muchas gracias. (El señor Rojo García: ¡Muy bien!--Aplausos desde los
escaños del Grupo Parlamentario Socialista.)
El señor PRESIDENTE: Gracias, Senadora Pleguezuelos. Por el Grupo
Popular tiene la palabra el Senador Liso.
El señor LISO MARIN: Gracias, señor Presidente.
No emplearé demasiado tiempo en mi intervención dada la hora y cómo va
el orden del día, pero, lógicamente, tengo que responder
fundamentalmente a la Senadora Pleguezuelos a propósito de sus últimas
consideraciones.
En primer lugar, me van a permitir que agradezca personalmente y en
nombre de mi Grupo Parlamentario al resto de los grupos que han
intervenido el apoyo, o cuando menos la consonancia, con la tesis del
Grupo Parlamentario Popular en lo que al veto se refiere.
Senadora Pleguezuelos, me obliga su señoría a ser reiterativo en cierto
modo, pero tengo que decirle que lo único que favorece la Directiva que
incorpora el proyecto de ley es la libre competencia sobre una cosa que
está clara, la libre elección de todos los ciudadanos, de los usuarios
en general, de la oferta que consideren más adecuada. Se garantiza en
ella que todos los suministradores de servicios de televisión puedan
ofrecer en principio sus programas, pero según las tesis que usted
mantiene, esto presenta unas dificultades técnicas que luego impedirían
de una forma práctica esa incorporación. (Rumores.)
Se trata de una directiva que asegura la obligación de que los
descodificadores sean compatibles entre sí --y ésa es la clave, repito
que eso viene obligado por la propia Directiva--, asegura que serán
descodificadores con un algoritmo común o que tengan una calificación
multiuso. Eso es lo que viene a contemplar el proyecto de ley.
(Rumores.)
Pero voy a decirle otra cosa más. En cuanto a esa urgencia a que tanto
ha hecho referencia...
El señor PRESIDENTE: Silencio, por favor.
El señor LISO MARIN: ...también la propia Directiva hace mención a
ella. La Directiva establece que es preferible y aconsejable que,
previamente a que se ponga en servicio este tipo de actividades, haya
sido incorporada la propia Directiva, y que los descodificadores tengan
esa posibilidad multiuso. (Rumores.) Lo dice la propia Directiva.
El señor PRESIDENTE: Por favor, silencio.
El señor LISO MARIN: Pero, si me lo permite, señor Presidente, pasando
ya a mi última consideración, quisiera decir que, aunque yo no quería
entrar en esa guerra de descalificaciones, tengo que recordarle a su
señoría que entre las muchas casualidades que concurrieron, se dio una,
y es que, gobernando todavía ustedes en este país, precisamente unos
días antes de las elecciones de 1996 --para ser más exactos tres días
antes--, ustedes, el gobierno de su Partido y de la nación en su
conjunto, tres días antes de las elecciones aprobó en Consejo de
Ministros unas consideraciones, unos acuerdos entre Canal Plus y
Telefónica --mencionémoslo ya que de una manera u otra usted está
insistiendo en este aspecto-- con unas condiciones monopolísticas que
obtuvieron el rechazo del propio Fiscal General, del Tribunal de la
Competencia y de la Comisión y del Presidente de las Comunidades
Europeas. Es decir, que hubo un rechazo absoluto puesto que con esos
acuerdos se entraba en una situación de monopolio. Y no quiero entrar
en más casualidades, pero hay más todavía.
En cualquier caso, yo quería evitar ese tipo de debate para no entrar
en una serie de articulaciones contrarias, y lo he conseguido
parcialmente, pero no puedo por menos de recordarle esta última
casualidad ya que considero que fue del grueso suficiente como para
tener que ponerla en este momento aquí de manifiesto.
Muchas gracias, señor Presidente. (Rumores.--Aplausos desde los escaños
del Grupo Parlamentario Popular.--La señora Pleguezuelos Aguilar pide
la palabra.)
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra la Senadora Pleguezuelos por dos
minutos en función del artículo 87 del Reglamento. (Fuertes rumores).
La señora PLEGUEZUELOS AGUILAR: Señorías, tranquilícense. Sólo serán
dos minutos más. (Rumores.)
Senador Liso, ustedes y el Gobierno están desinformando a la opinión
pública, en primer lugar, porque están sembrando dudas sobre la
viabilidad de alguna plataforma comercial concreta y, en segundo lugar,
y lo más importante, porque no le están diciendo a la opinión pública
que hay dos tipos de descodificadores aceptados por la Unión Europea,
uno de los cuales no se fabrica --por cierto, es el que ustedes
apoyan-- mientras que el otro sí. Y lo único que se exige para que sean
compatibles es el acuerdo de los operadores. Dejémosles, pues, que se
pongan de acuerdo. Dejen ustedes de ser intervencionistas en los temas
que les interesan y liberales en los temas que no les interesan.
(Fuertes rumores.)
El señor PRESIDENTE: Por favor, silencio.
La señora PLEGUEZUELOS AGUILAR: Gracias, señor Presidente.
Ustedes liberalizan todo menos aquello que no pueden controlar, por
ejemplo, algunos medios de comunicación. (Fuertes rumores.--Aplausos
desde los escaños del Grupo Parlamentario Socialista.--El señor Liso
Marín pide la palabra.)
El señor PRESIDENTE: Gracias, Senadora Pleguezuelos.
Tiene la palabra el Senador Liso por dos minutos en función del
artículo 87.
El señor LISO MARIN: Muchas gracias, señor Presidente.
Senadora Pleguezuelos, es que no terminaríamos nunca. Su señoría vuelve
a insistir en las mismas tesis, pero yo le vuelvo a decir que
precisamente la Directiva es lo que se incorpora al proyecto de ley y
en ella se habla justamente de toda esa serie de cosas.
¡Pero si el Gobierno y el Grupo Popular no hacen nada en contra de
nadie! ¿Cuántas veces quiere que le insista
en ello? ¡Pero si la única prueba que tenemos de hacer algo a favor de
alguien es el ejemplo concreto que le he puesto en mi última
intervención! Le repito que todo eso fue rechazado por el Fiscal, por
el Tribunal de la Competencia y por la propia Comisión Europea, y
precisamente por eso tuvo que echarse abajo ese acuerdo del Consejo de
Ministros. Eso es lo único que hay de verdad, clara y rotundamente
expuesto. Lo demás son todo apreciaciones de usted.
Yo le insisto una vez más: no se legisla contra nadie, absolutamente
contra nadie. Lo que se pretende simplemente con la incorporación de
la Directiva es que todos, los suministradores de servicios y los
usuarios, tengan la posibilidad de optar y que no se les coarten
artificialmente sus posibilidades a esos suministradores.
Muchas gracias. (Rumores.--Aplausos desde los escaños del Grupo
Parlamentario Popular.)
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, Senador Liso.
Terminado el debate de este veto, vamos a pasar a su votación. Les
recuerdo que para que el mismo prospere, se necesita la mayoría
absoluta.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 226;
a favor, 82; en contra, 143; abstenciones, una.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazado.
Entramos en la defensa de las enmiendas a los artículos 1 a 10,
disposición adicional única, disposiciones transitorias primera a
cuarta, disposición derogatoria, disposiciones finales primera y
segunda y exposición de motivos. (Rumores.)
En primer término, voto particular número 1, del Grupo Mixto, que
corresponde a la enmienda número 1, originariamente presentada por el
Senador Ríos Pérez.
Tiene la palabra el Senador Ríos.
El señor RIOS PEREZ Muchas gracias, señor Presidente.
La única enmienda de Coalición Canaria es a la Disposición Transitoria
Primera. Se refiere a la guerra de los plazos, de cuándo comienza a
adaptarse en el tiempo este proyecto de ley. Comenzó con uno y tres
meses y la propuesta que se hizo en el Congreso de los Diputados por
parte de Coalición Canaria fue que pasase de tres a seis meses para que
así no se vieran afectados de forma muy directa el operador y el
usuario.
Parece que se ha llegado a una transaccional por parte de la mayoría
de los grupos parlamentario y, por tanto, agradezco a los grupos que
consideren que éste sea el plazo medio y habitual para que se ponga en
práctica este proyecto de ley.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, Senador Ríos Pérez.
El voto particular número dos corresponde al Grupo Parlamentario
Catalán en el Senado de Convergència i Unió, concretamente a las
enmiendas números 2, 3 y 4.
Tiene la palabra el Senador Beguer.
El señor BEGUER I OLIVERES: Muchas gracias, señor Presidente.
Nuestras enmiendas números 2 y 4 están interrelacionadas. La número 2
se refiere al alcance del registro.
Nosotros decimos que el registro debe servir --como acabo de exponer--
para hacer pública la identidad de los operadores de los servicios y
no --como dice el proyecto de ley-- para conocer el cumplimiento de las
especificaciones técnicas contenidas en esta ley.
Nosotros entendemos que la inscripción no es para conocimiento de las
especificaciones de la ley, sino simplemente para hacer pública la
identidad de los operadores. Esto es lo habitual en todos los registros
y, por tanto, nos extraña el condicionante que se pretende en esta ley.
Igualmente, en la enmienda número 4 a la disposición adicional única,
el régimen sancionador, en coherencia con lo mismo, entendemos que no
debe decir, como dice el proyecto de ley, «sin la previa certificación
que acredite el cumplimiento de las normas que en él se establecen»,
sino que este régimen sancionador simplemente se aplicará cuando se
comercialice sin el preceptivo certificado de aceptación o documento
equivalente obtenido de un organismo notificado.
Resumiendo, el registro debe servir únicamente para hacer pública la
identidad de los operadores y de los sistemas y en ningún caso para
establecer unas obligaciones que nos parecen insólitas y que no se
producen en ningún otro caso que conozcamos.
En cuanto a la enmienda número 3, sobre los precios por el empleo de
los descodificadores, entendemos que deben ser fijados libremente por
las partes. Esto es lo habitual en cualquier sistema libre de mercado
y, en todo caso, cuando no exista acuerdo, será la Comisión del Mercado
de Telecomunicaciones la que decida con carácter vinculante. Pero no
nos parece apropiado establecer que los precios se fijen sujetándose
a costes, como se decía primero, u orientándose a costes, como se dice
luego. En cualquier caso, ha sido una mejora que se produjo durante la
tramitación en el Congreso de los Diputados, pero nos parece
insuficiente. Insisto en que los precios deben ser fijados libremente
y, en caso de que no haya acuerdo, que decida la Comisión del Mercado
de las Telecomunicaciones.
Estas son nuestras tres únicas enmiendas, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, Senador Beguer.
Pasamos al voto particular número tres, del Grupo Parlamentario
Socialista, que propone el mantenimiento de la redacción inicial del
artículo 7, apartado a) y de la disposición transitoria primera,
volviendo así al texto remitido por el Congreso de los Diputados.
Tiene la palabra el Senador Luis Calvo.
El señor LUIS CALVO: Señor Presidente, señorías, la regulación sobre
los sistemas de televisión avanzada constituyen, como se está viendo,
un motivo de preocupación no sólo aquí en España, sino en el conjunto
de los países de nuestro entorno.
En los considerandos de la propia Directiva, que tanto se ha mencionado
aquí con cierta impropiedad, se valora fundamentalmente el sistema de
participación y la elaboración de dicha normativa. Por ello, deberíamos
hacer un esfuerzo intentando posturas de acercamiento que beneficiarían
al sector, a la propia Cámara y al Gobierno de la Nación. Sería un
gesto de sensibilidad hacia un proyecto de ley que se ha venido
planteando en términos extraordinariamente conflictivos. Pero teniendo
en cuenta que las voluntades maduran, se flexibilizan y pueden llegar
a puntos de encuentro, a pesar del trámite por el procedimiento de
urgencia que se aplica en esta Cámara a este proyecto de ley, yo creo
que hay que hacer un intento de coincidencia.
En esa confianza pensamos que el Grupo mayoritario, precisamente por
serlo, ha de hacer un esfuerzo mayor por admitir enmiendas de los demás
grupos, cuya aspiración es, ni más ni menos, que mejorar el texto del
proyecto de ley que debatimos.
Sin perder esa perspectiva, el Grupo Parlamentario Socialista ha
presentado un total de 15 enmiendas, de las que quedan vivas 14, además
del voto particular número tres, respecto de la necesidad que nosotros
entendemos de regreso al texto del proyecto de ley, modificado por dos
enmiendas que se admitieron en Comisión, presentadas por el Grupo
Parlamentario Popular.
Nuestra primera enmienda, que lleva el número 5, al artículo primero
no desvirtúa en absoluto el contenido de lo preceptuado en dicho
artículo, sino que, antes al contrario, trata de simplificar y regular
de forma adecuada la creación y la forma de operar del registro que se
crea en virtud de dicho artículo. Unicamente planteamos que la
inscripción en el registro sólo podrá ser denegada mediante resolución
razonada y, eso sí, basada en el incumplimiento de las especificaciones
técnicas establecidas en esta ley, y que además sea la Comisión del
Mercado de las Telecomunicaciones la que tenga la capacidad de
establecer su estructura y su funcionamiento.
Al artículo 3 hemos presentado dos enmiendas, las números seis y siete.
Con ellas pretendemos una mejor adecuación del título del artículo 3,
así como su contenido, definiendo el ámbito de la autorización de
acuerdo con lo preceptuado en la Directiva y, además, regular de forma
adecuada el otorgamiento de dicha autorización de conformidad con el
artículo primero de la Ley de Liberalización de Telecomunicaciones que
se debatió en esta Cámara hace unas semanas.
Por eso enmendamos el título del artículo 3 del proyecto extendiendo
en su texto los supuestos de autorización para la prestación de
servicios con tecnología digital, cualquiera que sea el soporte
utilizado, y no sólo por satélite, estableciendo un plazo de dos meses
para el otorgamiento de la correspondiente autorización o a comunicar
al solicitante la correspondiente denegación.
Con nuestras enmiendas números 8 y 9, al artículo 4, puntos uno y dos
--en el primer caso de supresión y en el segundo de modificación--,
pretendemos impedir que se establezcan exigencias específicas y
distintas de las generales que rigen para otros sectores del mercado
de servicios y, por otra parte, garantizar de forma conveniente el
cumplimiento de obligaciones contraídas por los operadores con las
fórmulas de afianzamiento --me estoy refiriendo a los avales-- que de
forma habitual rigen en derecho.
Asimismo, pretendemos --y parece que éste es uno de los caballos de
batalla de la discusión en este proyecto de ley-- la supresión del
párrafo cuarto del punto a) del artículo 7, con nuestra enmienda número
10, ya que dicho párrafo, a nuestro juicio y contra lo que se ha dicho
aquí con anterioridad, no se compadece con el contenido de la Directiva
95/47. No entendemos, o quizá lo entendemos demasiado, cómo algunos se
empeñan en defender sistemas que pueden operar en modos como el
multicrypt, que sencillamente no existen. La Directiva europea no se
mete en esto, lo único que dice del sistema de acceso condicional es
que tiene que descodificar y saber interpretar y leer las señales
analógicas que le lleguen.
Si existen descodificadores en el mercado que permiten la utilización
simultánea de hasta 15 plataformas digitales, que ya funcionan en otros
países cercanos --Alemania, Francia, Italia, Gran Bretaña-- y
homologados por los organismos europeos, que es lo que dice la
Directiva --eso sí lo dice la Directiva--, ¿por qué se empeñan ustedes
en introducir en la ley un sistema que aún no está en el mercado?
Parece que no cejan ustedes en ese empeño de introducir sistemas de
intervención administrativa a la hora de decidir cuál es el sistema de
descodificación admitido por la ley. Y eso no es todo: añaden ustedes
una frase para remarcar que si no hay acuerdo entre los operadores de
televisión digital, deberán --y eso lo han cambiado en el Senado--
emplearse otros sistemas que faciliten la operación en modo multicrypt.
El señor PRESIDENTE: Senador Calvo, permítame un minuto.
Simplemente quiero comunicar que, transcurridas cinco horas desde la
iniciación del debate, y de acuerdo con el artículo 77 de nuestro
Reglamento, solicito a la Cámara autorización para continuar el mismo.
(Asentimiento.)
Continúe, Senador Luis.
El señor LUIS CALVO: Prosigo con su permiso, señor Presidente.
Este último modo, el multicrypt, es, por cierto, el adoptado por la
empresa digital encabezada por Telefónica. Y, por cierto, Telefónica
ya ha formado una sociedad al 50 por ciento con otra empresa para
desarrollar una patente y esa sociedad opta por descodificadores con
sistemas condicionales multicrypt no comercializados, repito una vez
más, en ninguna parte.
También por respeto a lo establecido en la Directiva y a través de
nuestra enmienda número 11, queremos modificar
el primer párrafo del punto c) del mismo artículo 7. En la Directiva
mencionada y en su artículo 4, apartado c), párrafo primero se dice
«propondrán», no aparece la palabra «facilitarán» en la Directiva. Y
también se dice «servicios técnicos» y no «medios técnicos». La
cuestión puede parecer leve, pero a nosotros nos parece que no lo es
y vulnera, a nuestro juicio, el contenido de la Directiva.
En el mismo sentido de máximo respeto hacia la norma comunitaria apunta
nuestra enmienda número 12, proponiendo un texto distinto para los
párrafos segundo y tercero del punto c) del artículo 7, porque no
estamos de acuerdo con que la Comisión del Mercado de las
Telecomunicaciones tenga que intervenir con carácter vinculante siempre
que se genere conflicto entre las partes. La Comisión debe intervenir,
eso sin duda, pero debe hacerlo a instancia de una de las partes por
lo menos. Debe intervenir la Comisión, debe resolver, pero previa
audiencia de las partes en conflicto y, además, sus resoluciones deben
producirse únicamente en supuestos de abuso de posición dominante y no
en la mera situación de posición dominante. Esta es una enmienda que
coincide con la número 3, del Grupo de Convergència i Unió, y que no
tendríamos ningún inconveniente en votar afirmativamente.
También por respeto a la Directiva, y mediante nuestra enmienda número
13, pretendemos que se suprima el párrafo cuarto del punto c) del
artículo 7.
Con nuestra enmienda número 14 solicitamos cambiar el texto del párrafo
segundo del artículo 9, ya que, a nuestro juicio, es suficiente con la
obligación por parte del operador de facilitar al usuario la
información sobre la deuda generada, sin necesidad de disponer de un
contador, que encarecería el coste del descodificador y seguramente en
perjuicio del usuario. Podría plantear la misma cuestión para el uso
del teléfono y, sin embargo, no se hace así. Por tanto, no vemos la
necesidad de que en este caso concreto se plantee ese sistema.
El texto que proponemos para la disposición adicional única en nuestra
enmienda número 15, y que debe sustituir al texto del proyecto de ley,
nos parece más simple y más claro. Aquí lo único que pretendemos es que
se diga que los certificados expedidos por los organismos europeos de
normalización reconocidos, como dice la Directiva en numerosas
ocasiones, tengan validez jurídica también en nuestro país.
Con nuestro voto particular número 3 pedimos que se vuelva al texto
inicial de la disposición transitoria primera respecto de los plazos
de adaptación, ya que la modificación que ha sufrido el texto con la
aceptación en Comisión de la enmienda número 21, del Grupo
Parlamentario Popular, creemos que dificulta su cumplimiento de forma
sustancial.
También proponemos la supresión de la disposición transitoria segunda
del texto del proyecto de ley a través de nuestra enmienda número 16,
ya que esta disposición choca de manera casi frontal con lo establecido
en el artículo 7 de este mismo proyecto y limita las competencias de
la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones. Cuando se habla de
las tarifas de interconexión hay que tener meridianamente claro que en
tecnología digital y en el caso del satélite estas tarifas no existen
y no hay interconexión y, por lo tanto, se está utilizando una ley para
introducir un precepto relativo a algo completamente ajeno a la ley.
Por estricto respeto al proceso de liberalización de las
telecomunicaciones y a la propia Directiva que tratamos de trasponer,
proponemos con nuestra enmienda número 17 la supresión de la
disposición transitoria cuarta del proyecto.
Por último, con la mejora técnica que pretende nuestra enmienda número
18, por la que intentamos modificar el texto en su disposición final
primera, introduciendo también a la Comisión del Mercado de las
Telecomunicaciones a la hora de dictar cuantas disposiciones sean
necesarias para el desarrollo y aplicación de la ley, además del
Gobierno y el Ministro de Fomento, creemos que tal disposición final
queda más completa.
El señor PRESIDENTE: Gracias, Senador Luis Calvo.
Turno en contra.
Tiene la palabra el Senador Ortiz.
El señor ORTIZ CLIMENT: Muchas gracias, señor Presidente.
Señorías, intervengo en nombre del Grupo Parlamentario Popular en el
Senado para fijar nuestra posición respecto a las enmiendas facilitadas
y presentadas elaboradamente a este proyecto de ley importante que nos
ocupa en el día de hoy.
Antes de entrar en cada una de ellas y señalar cuál es la opinión del
Grupo Parlamentario Popular, quisiera, como otros portavoces de grupos
parlamentarios, reiterar que sí que ha habido un esfuerzo importante
de consenso. Yo concretamente me felicito de ver que la sensibilidad,
como no podía ser menos, de todos los miembros de esta Cámara y de los
grupos parlamentarios ha sido grande a la hora de adoptar y proponer
mejoras al proyecto de ley, que es necesario porque ha habido un
retraso en materia legislativa, y el Grupo Parlamentario Popular no
puede obviar la necesidad de que exista una seguridad jurídica al
proporcionar un marco de actuación claro vía el presente proyecto de
ley.
Eso es fundamental. Hasta ahora ha habido un retraso a este respecto,
lo que hace que sea urgente, y por eso el Gobierno de España ha asumido
la responsabilidad de dar, con carácter de urgencia, ese marco jurídico
que tranquilice a usuarios, a programadores, a operadores, en
definitiva, a toda la sociedad. O sea, constato y comparto el interés
que ha habido por parte de todos los grupos parlamentarios, el tono y
el consenso en las aportaciones.
A este proyecto de ley se presentaron en el Congreso de los Diputados
30 enmiendas. Se ha trabajado, se ha discutido, se ha buscado el
consenso, ha habido aportaciones importantes y en este momento estamos
discutiendo en el Senado 18 enmiendas sin minimizar ninguna, todas
ellas importantes, y hay que tener en cuenta que se ha desbrozado y
mejorado el texto inicial con cesiones por parte de todos. No estoy de
acuerdo con que el Grupo Parlamentario Popular tenga que hacer más
cesiones que el resto. Se ha dicho que el proyecto de ley motivo de
debate se ha mejorado,
es conveniente y es útil. Es decir, estamos, señorías, ante la
posibilidad de conseguir un consenso máximo de los miembros de esta
Cámara para que salga a la luz cuanto antes el proyecto de ley que en
estos momentos nos ocupa.
Y con este preámbulo inicial voy a pasar a analizar la postura del
Grupo Parlamentario Popular con respecto a las enmiendas presentadas.
Con respecto a la enmienda número 1, ya el Senador Ríos ha confirmado
que existe un amplio consenso y que la enmienda transaccional que ha
sido consensuada por todos los grupos parlamentarios menos uno va a ser
apoyada por el Grupo Parlamentario Popular.
Con respecto a la enmienda número 2, del Grupo Parlamentario Catalán
en el Senado de Convergència i Unió, hay que decir que el registro es
público; su finalidad no es solamente la de hacer públicos unos datos,
sino también la de conocer el cumplimiento por parte de los operadores
de los requisitos que esta ley va a fijar, mediante declaraciones
responsables de los mismos. El registro es claramente declaratorio, no
va más allá; la falta de inspección no impide operar ni es objeto de
sanciones. Además, tengo que decir algo que no voy a repetir más en el
resto de las intervenciones con respecto a otras enmiendas, y es que
el proyecto de ley sí cumple la Directiva comunitaria 95/47 y el resto
de legislaciones europeas que se han producido, que se están
produciendo y que se van a producir en tanto en cuanto sean de utilidad
para los usuarios españoles y para garantizar los principios básicos
de este proyecto de ley que figuran en la declaración de principios y
en la exposición de motivos. En esa línea, creemos que la enmienda del
Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió
precisa, pero no aporta grandes cambios a lo que ya figura en el texto
del proyecto de ley, por lo que no podemos apoyarla.
Por lo que respecta a la enmienda número 3, del Grupo Parlamentario
Catalán en el Senado de Convergència i Unió, ya en Comisión votamos en
contra, y si bien es cierto que tiene que haber un beneficio
empresarial, que compartimos que es lógico, porque para eso se asumen
riesgos, pensamos que éste debe ser razonable y tomar como base muchos
condicionantes que existen en el mercado, como disponibilidad, avances
tecnológicos y también los costos reales. Pero creo que es razonable
que se asuman los costos, orientados entre otros factores de decisión.
Por tanto, en Comisión no pudimos apoyarla y en estos momentos tampoco
vamos a poder votar la enmienda afirmativamente.
En cuanto a la enmienda número 4, también el Grupo Parlamentario
Catalán en el Senado de Convergència i Unió, que también pretende
mejorar el texto, lógicamente, como todas las enmiendas, tenemos que
decir que la certificación a la que alude la disposición adicional
única compromete, de acuerdo con el artículo 21 del Reglamento aprobado
por el Real Decreto 1787/1996, de 19 de julio, la declaración de
conformidad expedida por el fabricante, cuando ello sea posible. Esta
declaración de conformidad no se obtiene, pues, por un organismo
europeo notificado, sino que la efectúa el propio fabricante. Eso no
es óbice para que existan homologaciones europeas y organismos de mucho
prestigio en Europa, pero nosotros no podemos limitar las posibilidades
de las que disponen los fabricantes de equipos de acuerdo con la norma
comunitaria incorporada al Derecho interno español.
Con referencia a la enmienda número 5, del Grupo Parlamentario
Socialista, tengo que decir que suprime en realidad el objeto del
registro, que no es otro que el conocimiento del cumplimiento de las
especificaciones técnicas contenidas en la Ley. Por otra parte, existe
una contradicción entre los párrafos segundo y tercero de la enmienda,
ya que en el segundo se exige declaración responsable formulada por los
operadores, mientras que en el párrafo tercero se señala la posibilidad
de denegar la inscripción en caso de incumplimiento de las
especificaciones técnicas, dato éste que sólo puede comprobarse una vez
que los operadores hayan comenzado la prestación del servicio, porque
antes es imposible.
No es aceptable tampoco para nuestro Grupo Parlamentario que, tal y
como se señala en esta enmienda, la estructura y funcionamiento del
registro sean establecidos por la Comisión del Mercado de las
Telecomunicaciones, ya que es una materia propia de regulación por unas
normas de carácter reglamentario, y no por una resolución de un órgano
como la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones.
Con respecto a la enmienda número 6, del Grupo Parlamentario
Socialista, el artículo 3 del proyecto de ley solamente se refiere a
televisión por satélite y la autorización especial que exige no es
distinta de la prevista en la Ley 37/1995, de Telecomunicaciones por
Satélite. Ya sé que existen otros sistemas de televisión digital por
ondas terrestres o bien por cable, pero en este caso se está hablando
de televisión digital por satélite, por lo que no podemos aceptar esta
enmienda.
Con respecto a la enmienda número 7, los mismos motivos por los que se
ha rechazado la enmienda anterior son útiles para justificar nuestra
posición en ésta, pero, además, de esta enmienda parece deducirse que
los operadores de televisión digital por satélite deben obtener una
doble habilitación: autorización y registro, y eso no es así, ya que
el registro tiene un carácter puramente declarativo, no autorizador,
y no puede cambiarse. Por otra parte, el registro de autorización, es
decir, los plazos, las delegaciones, etcétera, que es el establecido
en la Ley 37/1995, de Telecomunicaciones por Satélite, no puede
cambiarse.
Tampoco podemos aceptar la enmienda número 8, del Grupo Parlamentario
Socialista, porque suprimir el párrafo al que se refiere sería suprimir
la finalidad básica que pretende la propuesta del Gobierno, que es la
defensa de la libertad de elección de los usuarios evitando los
posibles abusos en que pudieran incurrir los operadores de servicios
de acceso condicional. Es decir, no podemos suprimir el párrafo porque
para nosotros es básico y va vinculado a la exposición de motivos de
la ley, por lo que no podemos aceptar la enmienda.
Por lo que respecta a la enmienda número 9, tampoco podemos aceptarla,
como medida de protección a los usuarios. Es más adecuado exigir el
depósito de las cuantías entregadas por los usuarios en una cuenta
especial que un
simple aval, y todos sabemos por qué. Además, la enmienda suprime el
plazo de 15 días para el cumplimiento de esta obligación, con la
consiguiente merma de la defensa de los usuarios, lo que, lógicamente,
no está en el espíritu de esta ley.
En cuanto a la enmienda número 10, del Grupo Parlamentario Socialista,
el párrafo que pretende suprimir, igualmente --lo cual es curioso--,
tiene como finalidad precisar y asegurar los derechos de los usuarios,
de conformidad con lo dispuesto en la Directiva 95/47. Nuestra
interpretación es que con ese párrafo se suprimiría esta capacidad de
precisar y asegurar el derecho de los usuarios. Por tanto, nos parece
incoherente con el espíritu y el articulado de la presente ley.
La enmienda número 11, del Grupo Parlamentario Socialista, no podemos
aceptarla. Los programadores pueden acceder en todo momento a la
capacidad de los operadores de servicios de acceso condicional. Esto
sería exigir que mantengan permanentemente su capacidad disponible y
eso sería muy difícil.
La enmienda número 12, del Grupo Parlamentario Socialista, en relación
con el párrafo segundo del artículo 7.c), pensamos que no es mala, pero
técnicamente es mejor el texto que figura en el proyecto de ley. Por
lo tanto, nuestra intención es mantener el texto mencionado.
Por lo que respecta a la enmienda propuesta para el párrafo tercero,
artículo 7.c), ésta limita las facultades de intervención de la
Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones, con la consiguiente
reducción de garantías de aseguramiento de una competencia efectiva.
Por lo tanto, no es nuestro espíritu ni el de la ley mermar esas
facultades de dicha Comisión.
Respecto a la enmienda número 13, al artículo 7.c), pensamos que el
párrafo objeto de la enmienda es una garantía para el cumplimiento de
lo establecido en el primer párrafo del artículo arriba mencionado. Por
lo tanto, por la coherencia del propio artículo, debe permanecer como
está y no podemos votar a favor.
Tampoco podemos votar a favor de la enmienda número 14, porque el
usuario debe conocer en cada momento el gasto en el que ha incurrido,
lo que no es posible con el texto propuesto en su enmienda al
desaparecer el contador. Pensando en la defensa del usuario, es
importante que éste lo conozca, lo mismo que sucede en otro tipo de
servicios. Su señoría ha mencionado uno que no lo tiene, pero hay otros
muchos, que son de gran utilidad para los ciudadanos, que sí disponen
de ese tipo de contadores. Por lo tanto, nosotros pensamos que el texto
del proyecto de ley es el acertado, por lo que vamos a mantenerlo tal
cual está en el articulado.
La enmienda número 15 no aporta gran cosa al texto aparte del interés;
por contra, introduce una mayor confusión, ya que es obvio que en
materia de certificación resulta aplicable la normativa nacional y
comunitaria. Pero, además, se observa imprecisión respecto al tipo
sancionador --no se atiende al contenido del artículo 25.1 de la
Constitución Española-- y, por ese motivo, pensamos que es mejor que
dicho tipo quede manifestado tal como figura en el texto del articulado
de la ley.
La enmienda número 16 ya fue modificada en Comisión a raíz de una
enmienda «in voce» que se presentó respecto al título, pero por lo que
hace al resto del contenido, el texto del proyecto no limita las
competencias de la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones, sino
que atribuye a este órgano la fijación de tarifas por el empleo de
descodificadores hasta el 1 de diciembre de 1998, fecha de la
liberalización de las telecomunicaciones y a partir de la cual tendrá
plena virtualidad lo señalado en el artículo 7 del proyecto. Es decir,
que, dada la urgencia de la ley --que es conveniente, y así lo
recomiendan todas las instituciones y todas las directivas
comunitarias--, habrá que esperar al 1 de diciembre de 1998 para que
realmente las atribuciones de la Comisión del Mercado de las
Telecomunicaciones se adapten en función de la agilidad que requiera
la aprobación de la ley.
En cuanto a la enmienda número 17, no procede la supresión de la
disposición transitoria cuarta, ya que su objeto es prevenir
situaciones de concentración y de posible abuso de posición dominante
ante la existencia de una plena competencia en el sector. En ningún
caso la normativa comunitaria sobre liberalización afecta a los
contenidos de televisión, por lo que no cabe hablar, tal como se hace
en la justificación de la enmienda, de la necesidad de respetar en este
punto la Directiva comunitaria. Ya la estamos respetando, lo hemos
dicho reiteradas veces, y no nos vamos a salir de este marco
legislativo comunitario.
Finalmente, respecto de la enmienda número 18, pensamos que el
desarrollo normativo de la ley corresponde al Gobierno y al Ministro
de Fomento, y que a la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones
corresponde la adopción de resoluciones y disposiciones en las materias
que le atribuye la Ley 6/1996, de 7 de junio. Por lo tanto, las
responsabilidades están claramente delimitadas y no consideramos
oportuna ni necesaria la adopción de esta enmienda, por lo que no la
vamos a votar afirmativamente.
Después de este posicionamiento, en nombre del Grupo Parlamentario
Popular, sobre las enmiendas presentadas, que agradecemos, porque han
mostrado un espíritu de colaboración, de consenso y de gran
sensibilidad que es un motivo de satisfacción, rogaría a los miembros
de esta Cámara que tuvieran la bondad de apoyar este proyecto de ley
si lo creyesen oportuno para que vea la luz cuanto antes, porque, como
se ha dicho también, ésta es una de las primeras leyes de televisión
de Europa, en donde todavía se ha avanzado poco. Si en estos momentos
y en nuestro país, en temas legislativos de máxima agilidad, de máxima
rapidez, de máximo dinamismo, creamos ese marco jurídico cuanto antes
--que podrá mejorarse y enmendarse en su momento--, ese marco legal
propiciará la satisfacción de los usuarios, el desarrollo de las
tecnologías, las inversiones de operadores y de productores y, en
definitiva, se crearán muchos puestos de trabajo, mucha actividad, que
permitirán que España, de cara a la Unión Europea, esté en condiciones
de decir; señores, estamos siguiendo con urgencia aquellos temas que
son urgentes; con agilidad, porque las Cámaras así lo permiten; con
insistencia y con eficacia porque las aportaciones parlamentarias de
los distintos grupos han sido verdaderamente positivas y conciliadoras.
Con esto hemos llegado a un texto final del proyecto de ley que
interpreto que es perfectamente asumible --ya lo han manifestado
algunos miembros de esta Cámara--, y deseo que así sea en beneficio de
nuestro país.
Muchas gracias, señor Presidente. (Aplausos en los escaños del Grupo
Parlamentario Popular.)
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, Senador Ortiz Climent.
Sin intentar menoscabar los derechos reglamentarios de sus señorías,
me permito señalar que si en esta última parte del debate aplican a sus
intervenciones la máxima conceptista de que lo bueno, si breve, dos
veces bueno, podremos terminar en un tiempo razonable.
Turno de portavoces.
¿Grupo Parlamentario Mixto? (Pausa.)
Por el Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos, tiene la
palabra el Senador Albistur.
El señor ALBISTUR MARIN: Muchas gracias, señor Presidente.
Anuncio que el Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos
va a apoyar el proyecto de ley, porque encontramos verdaderas
dificultades para incluir enmiendas en el texto al compararlo con la
Directiva comunitaria, tema donde debería residir el debate y verdadero
contenido de este proyecto de ley.
Entendemos, además, que el objeto del debate debe centrarse en dos
puntos. El primero, aquel en el que se garantice con eficacia al
ciudadano el derecho a recibir información plural y evitar en el sector
televisivo situaciones de abuso de posición dominante. Y el segundo,
favorecer las innovaciones tecnológicas, mejorando la calidad en la
oferta y en los precios por los servicios prestados. Esto es lo que,
a nuestro juicio, recoge el proyecto de ley en su exposición de
motivos, y son objetivos plenamente compartidos por el Grupo
Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos.
Nuestro Grupo no ha presentado enmiendas, como he dicho anteriormente.
Participamos en las conversaciones --porque así se nos solicitó--
previas a la aprobación por el Consejo de Ministro del anterior
decreto-ley, después convertido en proyecto de ley.
Nuestro Grupo no presentó en aquellos momentos sus opiniones, sino que
recogió seriamente las de usuarios futuros de este Decreto y consiguió
hacerlas pasar por el Gobierno; contrastó las opiniones del Gobierno
y las de los usuarios y reflejó finalmente en lo que es hoy proyecto
de ley sus criterios y opiniones. Por ello estamos y nos mostramos
satisfechos: satisfacción porque refleja la verdadera preocupación de
aquellos destinatarios del entonces Decreto-Ley, hoy proyecto de ley.
Sin embargo, nos llama la atención que en las últimas semanas --hoy ya
son meses, desde el 24 de diciembre, fecha clave en que aparece lo que
entonces era un Real Decreto y se inicia todo este proceso-- se están
generando una serie de dinámicas en las que lo empresarial por una
parte y los políticos por otra se alejan, no se encuentran, y
entendemos que en un Estado como el nuestro --que debe estar tan
preocupado por las inversiones, por la generación de empleo, por la
generación de riqueza en una palabra-- estas dos perspectivas, estos
dos sectores claves de la sociedad, el empresarial y el político,
llevan tiempo sin encontrarse, originando una situación inútil porque
incide directamente en la vida de los ciudadanos y además incide con
relevancia en aspectos sustanciales de niveles de calidad de vida y de
servicios.
Nuestro Grupo cree que debe terminar este debate y que es el momento
de enfrentarse a los verdaderos retos que el sector de las
telecomunicaciones va presentando en este Estado, y que tantas
dificultades estamos observando para su puesta en marcha y su
operatividad. Hemos observado excesivo celo en la discusión, excesivos
recelos y también excesiva intervención en algunos aspectos
provenientes del Gobierno. Quienes defendemos el principio de
intervención mínima en asuntos que debe resolver el mercado y la
sociedad hemos asistido, en consecuencia, a un debate que no es nada
edificante para el conjunto de los ciudadanos, que al final están
haciendo una lectura en la que se concluye: cada grupo parlamentario
defiende sus intereses particulares y no atiende al interés general.
He dicho que es un espectáculo lamentable y los políticos responsables
--y nosotros a la cabeza-- asumimos que debemos hacer una autocrítica,
por ello queremos manifestar que es el momento de terminar con dicho
espectáculo.
Señorías, como decía al principio, estamos ante la trasposición de una
Directiva de la Unión Europea --como verdadero meollo del debate que
se debería haber originado en torno a este Proyecto de Ley-- que incide
directamente en los mercados en un momento concreto de toma o de retoma
de posiciones empresariales en el sector y que está siendo, en nuestra
opinión, excesivamente contaminada por los agentes políticos. Estaría
bien que cada uno retomase sus posiciones políticas: que los liberales
vuelvan a ser liberales, que los socialdemócratas sean
socialdemócratas, que aquellos que entienden y predican entre los
ciudadanos que hay que intervenir en la acción del Estado lo hagan, que
aquellos que defienden el principio de intervención mínima, como es
nuestro caso, actuemos en coherencia con nuestras propias posiciones
y que los grupos políticos no se conviertan aquí en defensores de
posiciones empresariales sin tener en cuenta otra serie de
consideraciones que son fundamentales. En este sentido tengo que
reiterar aquí que desde el Grupo Parlamentario de Senadores
Nacionalistas Vascos, que tiene una concepción de un Estado
plurinacional, de un Estado pluricultural y de un Estado plurilingüe,
no podemos dar apoyo a situación alguna de monopolio allá donde se
presente.
Para terminar vuelvo a insistir: este debate se ha centrado
excesivamente --y lo hemos comprobado hoy-- en defender plataformas por
un lado, descodificadores por otro, debate inútil. Nuestro debate no
es ni ha pretendido ser ése, sino defender al consumidor, proporcionar
opciones abiertas de aplicación universal y al menor coste para el
usuario, acomodándonos, sobre todo, rigurosamente a la Directiva
europea. Creemos que esta ley garantiza estos objetivos.
Estamos también de acuerdo con la enmienda transaccional relativa a la
ampliación de plazos de adaptación que se nos ha presentado, firmada
por todos los grupos políticos a excepción del Grupo Parlamentario
Socialista, porque es realista en la ampliación de los plazos, quita
beligerancia, permite un acercamiento entre los empresarios y el grupo
político y da garantías al usuario de codificadores, al margen de que
también amplía el margen de maniobra a los propios operadores.
Señorías, la liberación del sector de telecomunicaciones y su
aplicación sectorial precisa una rápida actuación y un consenso más
amplio que el actual, consenso además estable, porque es necesario que
el contenido legislativo que se ofrezca a los operadores e inversores
sea sólido y políticamente consolidado para impulsar el arranque de una
vez del sector de telecomunicaciones en este Estado.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, Senador Albistur.
¿Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió?
(Pausa.)
Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el Senador Luis
Calvo.
El señor LUIS CALVO: Señor Presidente, señorías, aquí todo el mundo
habla de consumidores y de usuarios, pero ¿quién protege al consumidor
y al usuario? Yo creo que para beneficiar a los usuarios hay que saber
de qué se habla.
Para empezar, seis asociaciones de consumidores y usuarios de este país
cuando se publicó el Decreto-Ley presentaron sus quejas por su
contenido y decían en sus quejas: de tanto protegerles lo que van a
conseguir ustedes es asfixiar el nacimiento del mercado de la
televisión avanzada por tecnología digital. De manera que cuando
hablamos de los consumidores y de los usuarios hay que hacerlo con
mucho cuidado. Y voy a dar cuatro pinceladas para ver si con la rapidez
que nos debe caracterizar acabamos pronto.
Respecto al registro, artículo 1, estaríamos conformes si en la ley se
señalase que entre los requisitos técnicos está el respeto a los
certificados de homologación expedidos por los institutos europeos de
normalización reconocida, como repite hasta la saciedad la Directiva.
Pero ustedes no recogen en casi ninguno de los puntos del Proyecto que
nos presentan eso que dice la Directiva.
Posición dominante. Nosotros entendemos que lo que debe ser regulado
por ley son las situaciones de abuso de posición dominante, no la
posición dominante en el mercado en sí, que es un activo de las
empresas, un activo que se ganan día a día con sus productos, con su
comercialización, con sus precios. Por lo tanto, sólo se debería
autorizar con rango de ley la intervención de los organismos
reguladores en los supuestos, repito, de abuso de posición dominante,
de abuso de dominio en el mercado, porque eso sí va contra la libre
competencia y contra los usuarios.
Régimen sancionador, recogido en la disposición adicional única y al
que hemos presentado nuestra enmienda número 15. Que la
comercialización, la distribución, el alquiler de aparatos de equipos
descodificadores o cualquier sistema regulado en esta ley sin la previa
certificación que acredite el cumplimiento de las normas que en él se
establecen se sancionará con arreglo al régimen sancionador de la Ley
de Ordenación de las Telecomunicaciones nos parece estupendo, muy bien,
pero, ¿cuáles son esas normas? Porque la normativa a aplicar, esa
regulación específica de la que se habla en el artículo 3, que nadie
aclara, para colmo dice que puede introducir requisitos distintos a los
establecidos en el texto que estamos viendo. Señorías, si lo único que
pretendemos es que se diga la frase «los certificados expedidos por los
organismos europeos de normalización reconocidos», frase que se repite
hasta 20 veces casi en la Directiva y que no se dice en ningún momento
en el texto del proyecto de ley.
Por último, yo creo que sí hay que decirlo, la voluntad política del
Grupo Parlamentario Popular está bien clara: o hay un acuerdo entre la
plataforma existente y la que, encabezada por Telefónica, pueda
aparecer en el mercado en un futuro próximo, o la ley española forzará
a usar el sistema de descodificación preferido por la empresa digital
que parece gustarle al Gobierno. Y no deja de ser curioso que ni esa
empresa digital ni el sistema que ustedes propugnan existan todavía,
y todo ello en un proyecto de ley que traspone una Directiva
comunitaria en la que no hay nada que obligue a usar uno u otro
sistema.
Entendemos que los mismos políticos que suelen insistir en la
liberalización y preconizan la privatización de la sanidad, del
suministro de la energía e incluso del agua, están desarrollando con
este proyecto de ley y con otros una tendencia al intervencionismo
precisamente allí donde está en juego la libertad de opinión.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, Senador Luis Calvo.
Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el Senador Ortiz
Climent.
El señor ORTIZ CLIMENT: Gracias, Presidente.
Sólo intervengo para ratificarnos en nuestras observaciones, agradecer
las opiniones que se han expuesto y añadir que, independientemente de
la referencia del Senador Luis Calvo a que hay muchas asociaciones de
consumidores en España, mi querido colega se ha referido al
decreto-ley. Esperemos a que lean el proyecto de ley y, entonces,
dénnos un voto de confianza, porque este Gobierno y el Grupo que lo
sustenta tienen posiciones firmes y efectivas que vamos a tratar de
mantener. Dénnos el voto de confianza ya que, cuando salga la ley,
tendremos ocasión de hablar los que estamos aquí en esta Cámara sobre
las repercusiones y la opinión que merece a los usuarios, a los
productores y a los ordenadores de este tipo de ley. Dejémosles un
tiempo, y ya volveremos a hablar cuando ustedes lo consideren oportuno.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, Senador Ortiz Climent.
Terminado el debate, pasamos a la votación. (Pausa.)
Vamos a votar, en primer lugar, todas las enmiendas y, posteriormente,
los artículos 1 a 10, la disposición adicional única, las disposiciones
transitorias primera a cuarta, la disposición derogatoria, las
disposiciones finales y la exposición de motivos.
En primer lugar, sometemos a votación el voto particular número 1, que
corresponde a una enmienda originariamente presentada por el señor Ríos
Pérez, del Grupo Mixto. Respecto de esta enmienda hay una transaccional
suscrita por todos los grupos excepto por el Socialista. Teniendo en
cuenta que todos los portavoces tienen el contenido de la enmienda, en
aras del tiempo les hago gracia de su lectura.
Sometemos a votación la enmienda transaccional.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 226;
a favor, 142; en contra, 82; abstenciones, dos.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.
Sometemos a votación el voto particular número 2, del Grupo
Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió, que
corresponde a las enmiendas números 2, 3 y 4. (El señor García Carnero
pide la palabra.)
Tiene la palabra al señor García Carnero.
El señor GARCIA CARNERO: Gracias, señor Presidente.
Solicitamos votación separada de la enmienda número 3.
El señor PRESIDENTE: Gracias.
En primer lugar, votamos la enmienda número 3.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 224;
a favor, 95; en contra, tres; abstenciones, 126.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.
Sometemos a votación las enmiendas números 2 y 4.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 225;
a favor, 91; en contra, 125; abstenciones, nueve.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Pasamos a las enmiendas que corresponden al Grupo Parlamentario
Socialista. (El señor Aleu i Jornet pide la palabra.)
Tiene la palabra el Senador Aleu.
El señor ALEU I JORNET: Gracias.
Intervengo para anunciar, después de la aprobación de la enmienda
número 3, la retirada de nuestra enmienda número 12.
Gracias.
El señor PRESIDENTE: Senador Aleu, teniendo en cuenta que se
defendieron conjuntamente ¿podemos pasar a votar también conjuntamente
todas las enmiendas del Grupo Parlamentario Socialista? (Pausa.)
Gracias. (El señor Beguer i Oliveres pide la palabra.) Tiene la palabra
el Senador Beguer.
El señor BEGUER I OLIVERES: Gracias, señor Presidente.
Solicitamos votación separada, por una parte, de la enmienda número 5
y, por otra, conjuntamente, de las números 7 y 15.
Gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias.
En primer lugar, sometemos a votación el voto particular número 3, que
propone el mantenimiento de la redacción inicial del artículo 7.a) y
de la disposición transitoria primera, volviendo al texto remitido por
el Congreso de los Diputados. (El señor Beguer i Oliveres pide la
palabra.) Tiene la palabra el Senador Beguer.
El señor BEGUER I OLIVERES. Señor Presidente, no quisiera retrasar la
votación, pero si pasamos al voto particular número 3, en ese caso
pedimos votación separada de las dos enmiendas, es decir, una que
propone el mantenimiento de la redacción inicial en el artículo 7.a)
y otra que se refiere a la disposición transitoria primera.
Gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias.
Vamos a votar, primero la enmienda número 5, después las números 7 y
15 y, después, el resto conjuntamente.
¿Senador Aleu? (Pausa.) Gracias.
En primer lugar, votamos la enmienda número 5.
Se inicia la votación. (Pausa.) Efectuada la votación, dio el siguiente
resultado: Votos emitidos, 227; a favor, 92; en contra, 131;
abstenciones, cuatro.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Sometemos a votación las enmiendas números 7 y 15.
Se inicia la votación. (Pausa.) Efectuada la votación, dio el siguiente
resultado: Votos emitidos, 227; a favor, 83; en contra, 134;
abstenciones, 10.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Votamos el resto de las enmiendas del Grupo Parlamentario Socialista,
excluida la número 12 que ha sido retirada y, naturalmente, excluido
el voto particular que ya se ha votado. (El señor Aleu i Jornet pide
la palabra.) Tiene la palabra, Senador Aleu.
El señor ALEU I JORNET: Gracias.
Si no he entendido mal, no hay inconveniente en votar el resto del voto
particular número 4, pero respecto del voto particular número 3 ha
habido otro Grupo que ha pedido votación separada de las dos enmiendas
que incluye dicho voto.
El señor PRESIDENTE. Votamos el resto del voto particular número 4,
menos la enmienda 12.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 227;
a favor, 82; en contra, 140; abstenciones, cinco.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazado.
Senador Aleu, ¿hemos de entender que el voto particular número 3 se ha
votado ya? No. Entonces, pasamos a votar el voto particular número 3
en dos partes. La primera, hasta la redacción inicial del artículo 7.a)
y después la continuación.
Votamos la primera parte.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 227;
a favor, 92; en contra, 133; abstenciones, dos.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Votamos la segunda parte del voto particular.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 227;
a favor, 81; en contra, 134; abstenciones, 12.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Pasamos a la votación de los artículos 1 a 10, disposición adicional
única, disposiciones transitorias primera a cuarta, disposición
derogatoria, disposiciones finales primera y segunda y Exposición de
Motivos, según el dictamen. (El señor Aleu i Jornet pide la palabra.)
Tiene la palabra, Senador Aleu.
El señor ALEU I JORNET: Muchas gracias, señor Presidente.
Sencillamente, quiero hacer notar que en el artículo 2 se hace
referencia a un Real Decreto que fue derogado en la pasada sesión por
este Pleno. Ya sé que el texto legal que lo sustituye no está todavía
en vigor, pero creo que deberíamos facultar a los servicios técnicos
para que en el plazo que sea oportuno diesen una redacción adecuada a
esta norma legal para que no haga referencia a un Decreto expresamente
derogado por esta Cámara.
Nada más y muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Estoy completamente de acuerdo, Senador Aleu. Así
se hará. (El señor Beguer i Oliveres pide la palabra.)
Tiene la palabra, Senador Beguer.
El señor BEGUER I OLIVERES: Señor Presidente, solicitamos la votación
separada del artículo 7.a), párrafo cuarto.
El señor PRESIDENTE: Gracias.
Votamos, en primer lugar, el artículo 7.a), apartado cuarto.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 226;
a favor, 132; en contra, 90; abstenciones, cuatro.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobado.
Votamos el resto.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 226;
a favor, 143; en contra, 81; abstenciones, dos.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobado.
Tal como dispone el artículo 90 de la Constitución, se dará traslado
de las enmiendas aprobadas por el Senado al Congreso de los Diputados
para que éste se pronuncie en forma previa a la sanción del texto
definitivo por Su Majestad el Rey.
--DE LA COMISION DE ECONOMIA Y HACIENDA EN RELACION CON LA PROPOSICION
DE LEY DE MODIFICACION DEL ARTICULO 8 DE LA LEY DEL CONTRATO DE SEGURO
PARA GARANTIZAR LA PLENA UTILIZACION DE TODAS LAS LENGUAS OFICIALES EN
LA REDACCION DE LOS CONTRATOS. (S. 624/000004) (C. D. 122/000002.)
El señor PRESIDENTE: Pasamos al siguiente proyecto de la Comisión de
Economía y Hacienda en relación con la Proposición de Ley de
modificación del artículo 8 de la Ley del Contrato de Seguro para
garantizar la plena utilización de todas las lenguas oficiales en la
redacción de los contratos.
Para la presentación del dictamen, tiene la palabra la persona
encargada por la Comisión. (Rumores.) Silencio, por favor.
El señor CAMBRA I SANCHEZ: Muchas gracias, señor Presidente.
La Proposición de Ley de modificación del artículo 8 de la Ley del
Contrato de Seguro para garantizar la plena utilización de todas las
lenguas oficiales en la redacción de los contratos entró en esta Cámara
con fecha de 24 de febrero de 1997 remitida por el Congreso de los
Diputados, en donde su texto había sido aprobado por la Comisión de
Economía, Comercio y Hacienda en competencia legislativa plena.
La finalización del plazo para la presentación de enmiendas fue fijado
inicialmente para el día 7 de marzo y,
posteriormente, fue ampliado hasta el día 13 de marzo. (Rumores.)
El señor PRESIDENTE: Por favor, silencio.
El señor CAMBRA I SANCHEZ: Gracias.
Se presentaron únicamente dos enmiendas, una de la Senadora De Boneta
y Piedra, del Grupo Parlamentario Mixto, y la otra del Grupo
Parlamentario Popular en el Senado.
La Proposición de Ley fue dictaminada por la Comisión de Economía y
Hacienda en su sesión celebrada el pasado día 17 de marzo de 1997 con
el voto afirmativo unánime de todos sus miembros presentes y sin
introducir variación alguna al texto remitido por el Congreso de los
Diputados. (Rumores.)
El señor PRESIDENTE: Silencio.
El señor CAMBRA I SANCHEZ: La Proposición de Ley consta de exposición
de motivos, un artículo único y una disposición final. Su contenido
queda fielmente reflejado en su enunciado.
Nada más y muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, Senador Cambra.
Para turno a favor, tiene la palabra el Senador Cambra.
El señor CAMBRA I SANCHEZ: Muchas gracias, señor Presidente.
Voy a intervenir muy brevemente dado lo avanzado de la hora para fijar
la posición de nuestro Grupo en este turno a favor de esta Proposición
de Ley, por cuanto ésta es una Proposición de Ley que fue presentada
por el Grupo de Convergència i Unió en el Congreso de los Diputados con
el objeto de solucionar una situación creada a raíz de la aprobación
de la Ley 30/1995 de Ordenación y Supervisión de los Seguros Privados.
Cuando fue aprobado el Proyecto de Ley aquí en esta Cámara, en el
Senado, nuestro Grupo ya presentó una enmienda que tenía por objeto lo
que ahora con la aprobación de esta Proposición de Ley esperamos que
se va a conseguir, ya que lo que se pretende es permitir que no sea de
exclusiva validez para una póliza de seguros que el contrato tenga que
estar redactado obligatoriamente en castellano. Ello entra claramente
en contradicción con la cooficialidad lingüística. Por tanto, es
necesario reconocer expresamente en este ámbito la plena equiparación
de las lenguas de las Comunidades Autónomas donde existe otra lengua
oficial.
Por ello, esperamos que, tal como sucedió ya en el Congreso de los
Diputados y también en el trámite de Comisión aquí en el Senado, se
pueda aprobar por unanimidad este texto. El dictamen de la Comisión,
que es el texto literal que llegó del Congreso, se debe mantener en sus
aspectos básicos. No obstante, estamos de acuerdo en introducir una
enmienda transaccional, soportada en la enmienda del voto particular
del Grupo Parlamentario Popular, ya que va a mejorar en aspectos muy
concretos la redacción, resaltando, sobre todo, el derecho individual
del tomador del seguro y permitiendo también una mejor adaptación al
contenido de la Directiva 92/96 del Consejo de la Unión Europea.
Respetando la brevedad anunciada, esperamos que se mantenga la
unanimidad hasta ahora conseguida en la tramitación de esta proposición
de ley y se apruebe aquí en esta Cámara de la misma forma.
Nada más y muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, Senador Cambra.
¿Turno en contra? (Pausa.)
Turno de portavoces. (Pausa.)
¿Grupo Parlamentario Mixto? (Pausa.)
¿Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos? (Pausa.)
¿Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió?
(Pausa.)
¿Grupo Parlamentario Socialista? Tiene la palabra la Senadora Virgili.
La señora VIRGILI I RODON: Gracias, señor Presidente.
Nuestro grupo considera tan importante como satisfactorio el amplio
consenso conseguido en un tema que tiene unas raíces tan profundas en
nuestra tierra y en nuestras gentes como es el de las lenguas oficiales
de las Comunidades Autónomas, tema en el que esta Cámara, como Cámara
de representación territorial, tiene una especial responsabilidad
ignorándose por completo en la regulación del contrato del seguro de
la Ley 8 de octubre de 1980, y para el que la Ley de 9 de noviembre de
1995 representa un cierto avance al recoger al tomador del seguro el
derecho a redactar también la póliza en otra lengua.
La enmienda consensuada que hoy debatimos representa no sólo un nuevo
avance, sino la solución, constitucionalmente correcta, a la lengua,
al reconocer la igualdad de todas las lenguas oficiales de las
Comunidades Autónomas y el derecho constitucional de los españoles a
utilizarlas indistintamente.
Este punto al que me refiero, es decir, utilizar todas las lenguas
oficiales en la redacción de la póliza del seguro, está recogido,
evidentemente, en el texto remitido por el Congreso, pero pensamos que
esta enmienda que hemos consensuado lo protege mucho más eficazmente,
al señalar que no se referirá al lugar donde se formalice la póliza,
sino al de residencia del tomador del seguro.
Además, esta enmienda consensuada mejora sensiblemente el texto
remitido por el Congreso al eliminar una peligrosa ambigüedad. Pensamos
con ello --en mérito de todos-- que, una vez más, el Senado cumple
eficazmente su función de Cámara de segunda lectura.
El texto del Congreso señala que la póliza del seguro deberá redactarse
también en otra lengua a petición del tomador del mismo para cumplir
así con la Directiva 92/1996 del Consejo de la Unión Europea. Pero esta
Directiva no se refiere a la redacción del texto, sino simplemente
a la información que debe acompañar el texto y para el caso de los
seguros de vida. Considero que era muy importante, como así se ha
conseguido, eliminar esta ambigüedad que podía obligar a nuestro país
a utilizar lenguas de otros países que no tienen con nosotros esta
reciprocidad, ya que Francia, Inglaterra y Alemania redactan las
pólizas sólo en su lengua, y Suiza lo hace en las cuatro lenguas
oficiales, como ahora planteamos nosotros.
Por todo ello, estoy convencida de que nuestro grupo ha contribuido de
una forma positiva al trabajo de esta Cámara, con una actitud
constructiva, a una búsqueda del consenso que deseamos seguir
manteniendo en todos los temas de esta naturaleza.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, Senadora Virgili.
¿Grupo Parlamentario Popular? (Pausa.)
Pasamos a debatir los votos particulares de las distintas enmiendas.
En primer lugar, el voto particular número 1, del Grupo Parlamentario
Mixto, que corresponde a la enmienda originaria número 1 presentada por
la Senadora De Boneta y Piedra.
Tiene su señoría la palabra.
La señora DE BONETA Y PIEDRA. Gracias, señor Presidente.
Señorías, en este espíritu de consenso --teniendo en cuenta que estoy
absolutamente de acuerdo con que las matizaciones introducidas en la
enmienda transaccional a la que se ha referido la Senadora del Grupo
Parlamentario Socialista mejoran el texto remitido por el Congreso--,
lamento mantener la enmienda que he presentado. Y lo voy a hacer porque
se trata exclusivamente --sin ningún tipo de reserva mental-- de una
enmienda técnica y, como tal, no he conseguido que se me dé una razón
para poder retirarla ni tampoco se han tenido en cuenta las razones
aducidas para haberla introducido en la transaccional.
En la enmienda presentada por esta Senadora, donde dice: «en cualquiera
de las lenguas españolas oficiales...» o, con el cambio de
terminología, en cualquiera de las lenguas oficiales..., refiriéndose
a las lenguas españolas, se cambie por «en cualquiera de las lenguas
oficiales del Estado español...» o de uso en el Estado español. No
tenemos inconveniente alguno en utilizar los términos empleados, pero
creemos que el euskera, el catalán o alguna de las lenguas que son
oficiales en este Estado, junto con el español o castellano, deben
tener la consideración de lenguas del Estado o en el Estado, no de
«lenguas españolas».
¿Qué pensarían, señorías, si la Asamblea Francesa legislara una ley de
parecidas características y se refiriera a las lenguas francesas
--sería bastante insólito-- considerando como tales el euskera o el
catalán? Imagino que alguien se quejaría de ello.
Desde el punto de vista técnico, habiendo consultado con la Academia
de la Lengua Vasca, que tiene jurisdicción sobre todo el territorio del
euskera, tanto del territorio francés como del español, representa una
incorrección técnica referirse de esta manera a las lenguas que se
hablan en más de un Estado, que son propias de algunas Comunidades
Autónomas, en este caso del Estado español. Por lo tanto, la única
pretensión de esta Senadora es que esta terminología se hubiera
incluido en la enmienda consensuada.
Como la única razón que se ha esgrimido ha sido considerar que por el
apoyo de un voto no merece la pena cambiar la redacción presentada, me
veo obligada, por motivos técnicos, a mantener la enmienda.
Nada más y muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, Senadora De Boneta.
Sobre el voto particular número 2, del Grupo Parlamentario Popular,
existe una enmienda transaccional, firmada por todos los Grupos
Parlamentarios. Yo preguntaría, Senadora De Boneta, después de lo
manifestado, ¿ha suscrito también la transaccional a la que me refiero?
La señora DE BONETA Y PIEDRA: Señor Presidente, el portavoz del Grupo
Mixto ha suscrito, en nombre del mismo, la enmienda transaccional, y
voy a votar a favor de ella porque me parece mejor que la que existía,
pero quiero que se vote también mi enmienda.
El señor PRESIDENTE: Esa era la aclaración solicitada. Muchas gracias.
¿Turno en contra? (Pausa.)
Tiene la palabra su señoría.
El señor LOPEZ BORDERIAS: Intervengo simplemente, señor Presidente,
para comunicar a la señora De Boneta que nuestro grupo votará en contra
de su voto particular por considerar que no mejora el texto, que se
derivará de la posible aprobación de la enmienda transaccional, la
cual, al parecer, suscita además un amplio consenso en la Cámara.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias, Senador López Borderías.
Turno de portavoces. (Pausa.) ¿Grupo Parlamentario Mixto? (Pausa.)
¿Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas vascos? (Pausa.)
¿Grupo de Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió?
(Pausa.)
¿Grupo Parlamentario Socialista? (Pausa.)
¿Grupo Parlamentario Popular? (Pausa.) Muchas gracias.
Terminado el debate, vamos a dar comienzo a la votación.
(Termina el señor Presidente.) En primer lugar, votamos la enmienda
número 1 de la Senadora De Boneta y Piedra.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 219;
a favor, ocho; en contra, 202; abstenciones, nueve.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Sobre la enmienda número 2 hay una transaccional que está firmada por
todos los grupos parlamentarios. ¿Se puede aprobar por asentimiento?
(Pausa.) Queda aprobada por asentimiento.
Votamos el texto del dictamen en su conjunto.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 220;
a favor, 219; abstenciones, una.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobado.
Tal como dispone el artículo 90 de la Constitución, se dará traslado
de las enmiendas aprobadas por el Senado al Congreso de los Diputados
para que éste se pronuncie sobre las mismas en forma previa a la
sanción del texto definitivo por Su Majestad el Rey.
Se levanta la sesión.
Eran las quince horas y quince minutos.