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DS. Senado, Pleno, núm. 36, de 19/03/1997
Año 1997 VI Legislatura
Núm. 36
CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL
SENADO
PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. JUAN IGNACIO BARRERO VALVERDE
Sesión del Pleno
celebrada el miércoles, 19 de marzo de 1997
ORDEN DEL DIA:
Primero
Preguntas:
--De don Juan Antonio Arévalo Santiago, del Grupo Parlamentario
Socialista, sobre la fecha prevista por el Gobierno para establecer las
normas que desarrollen el artículo 93 de la Ley 13/1996, de 30 de
diciembre, de Medidas fiscales, administrativas y del orden social, en lo
referente a los daños producidos por delitos de terrorismo (publicada en
el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie I, número
168, de fecha 17 de marzo de 1997). (Número de expediente 680/000207.)
--De don Enrique Serafín Cobo Fernández, del Grupo Parlamentario
Socialista, sobre las líneas generales que el Gobierno tiene en cuenta
para el desarrollo de normativas alternativas a las actuales, para la
definición de los derechos y deberes urbanísticos de los propietarios de
suelo (publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado,
Serie I, número 168, de fecha 17 de marzo de 1997). (Número de expediente
680/000202.)
--De don Jaime Lissavetzky Díez, del Grupo Parlamentario Socialista,
sobre el grado de desarrollo en que se encuentra el proyecto de
construcción del tren de alta velocidad que unirá Madrid y Barcelona
(publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie
I, número 168, de fecha 17 de marzo de 1997). (Número de expediente
680/000205.)
--De don Conrado Alonso Buitrón, del Grupo Parlamentario Socialista,
sobre la forma en que están condicionadas las negociaciones del plan del
futuro de la minería del carbón y desarrollo alternativo de las comarcas
mineras, por la firma del Protocolo eléctrico entre las empresas del
sector y el Ministerio de Industria y Energía
(publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie
I, número 168, de fecha 17 de marzo de 1997). (Número de expediente
680/000203.)
--De don Juan José Unceta Antón, del Grupo Parlamentario Popular en el
Senado, sobre las medidas que tiene previsto acometer la División de
Construcción Naval de la Agencia Industrial del Estado (AIE), a fin de
reconducir la actual situación de los astilleros públicos civiles
(publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie
I, número 168, de fecha 17 de marzo de 1997). (Número de expediente
680/000210.)
--De don Diego Lora Pagola, del Grupo Parlamentario Popular en el Senado,
sobre las líneas de actuación definidas por la Agencia Industrial del
Estado (AIE) en el plan destinado a garantizar la viabilidad futura de la
Empresa Nacional Santa Bárbara de Industrias Militares, S. A. (publicada
en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie I, número
168, de fecha 17 de marzo de 1997). (Número de expediente 680/000211.)
--De don Luis Estaún García, del Grupo Parlamentario Popular en el
Senado, sobre las previsiones del Gobierno en relación con la
privatización del Grupo Industria Española del Aluminio, S. A. (INESPAL)
(publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie
I, número 168, de fecha 17 de marzo de 1997). (Número de expediente
680/000213.)
--De don Juan Garrido Herráez, del Grupo Parlamentario Popular en el
Senado, sobre si está prevista la firma de un convenio entre el
Ministerio de Medio Ambiente y la Junta de Comunidades de Castilla-La
Mancha, semejante al que ha firmado con la Generalidad Valenciana, en el
que queden recogidos tanto el abastecimiento de agua a la ciudad de
Albacete como la dotación de regadíos (publicada en el «Boletín Oficial
de las Cortes Generales», Senado, Serie I, número 168, de fecha 17 de
marzo de 1997). (Número de expediente 680/000208.)
--De doña María Mercedes Coloma Pesquera, del Grupo Parlamentario Popular
en el Senado, sobre la forma prevista por el Ministerio de Sanidad y
Consumo para abordar la reordenación de las urgencias médicas, tanto
hospitalarias como extrahospitalarias (publicada en el «Boletín Oficial
de las Cortes Generales», Senado, Serie I, número 168, de fecha 17 de
marzo de 1997). (Número de expediente 680/000209.)
--De don Elías Arribas Aragonés, del Grupo Parlamentario Popular en el
Senado, sobre las medidas que va a poner en marcha el Ministerio de
Sanidad y Consumo a fin de aumentar los rendimientos en las áreas
quirúrgicas hospitalarias (publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes
Generales», Senado, Serie I, número 168, de fecha 17 de marzo de 1997).
(Número de expediente 680/000212.)
--De don José Castro Rabadán, del Grupo Parlamentario Socialista, sobre
la valoración u opinión que le merece al Gobierno el Informe del Tribunal
de Cuentas referido al año 1993, sobre la Junta de Castilla y León
(publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie
I, número 168, de fecha 17 de marzo de 1997). (Número de expediente
680/000204.)
--De don Manuel Guillermo Varela Flores, del Grupo Parlamentario
Socialista, sobre si tiene el Gobierno decidida la reducción del servicio
militar a seis meses en la presente Legislatura (publicada en el «Boletín
Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie I, número 168, de fecha
17 de marzo de 1997). (Número de expediente 680/000206.)
Segundo
Interpelaciones:
--De don Juan Antonio Arévalo Santiago, del Grupo Parlamentario
Socialista, sobre la situación actual de la Administración de Justicia en
España (publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales»,
Senado, Serie I, número 168, de fecha 17 de marzo de 1997). (Número de
expediente 670/000037.)
--De don Francisco José Zamorano Vázquez, del Grupo Parlamentario
Socialista, sobre los criterios del Gobierno ante la situación de las
listas de espera quirúrgicas del Instituto Nacional de la Salud (INSALUD)
(publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie
I, número 168, de fecha 17 de marzo de 1997). (Número de expediente
670/000038.)
Tercero
Debate sobre el informe del Gobierno sobre las relaciones con Cuba.
(Número de expediente 700/000002.)
Cuarto
Conocimiento por el Pleno de Proyectos y Proposiciones de Ley remitidos
por el Congreso de los Diputados:
--Proyecto de Ley por el que se autoriza la participación de España en el
Fondo para el Medio Ambiente Mundial reestructurado y la contribución
correspondiente a la primera reposición de recursos (publicado en el
«Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie II, número 13,
de fecha 24 de febrero de 1997). (Número de expediente S. 621/000013.)
(Número de expediente C. D. 121/000013.)
--Proyecto de Ley por la que se modifica la Ley 38/1988, de 28 de
diciembre, de Demarcación y de Planta Judicial (publicado en el «Boletín
Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie II, número 18, de fecha
28 de febrero de 1997). (Número de expediente S. 621/000018.) (Número de
expediente C. D. 121/000021.)
Quinto
Dictámenes de Comisiones sobre Proyectos y Proposiciones de Ley remitidos
por el Congreso de los Diputados:
--De la Comisión de Obras Públicas, Medio Ambiente, Transportes y
Comunicaciones en relación con el Proyecto de Ley de liberalización de
las telecomunicaciones (procedente del Real Decreto-Ley 6/1996, de 7 de
junio). SE TRAMITA POR EL PROCEDIMIENTO DE URGENCIA (publicado en el
«Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie II, número 14,
de fecha 4 de marzo de 1997). (Número de expediente S. 621/000014.)
(Número de expediente C. D. 121/000003.)
--De la Comisión de Sanidad y Asuntos Sociales en relación con el
Proyecto de Ley sobre habilitación de nuevas formas de gestión del
Sistema Nacional de Salud (procedente del Real Decreto-Ley 10/1996, de 17
de junio). SE TRAMITA POR EL PROCEDIMIENTO DE URGENCIA (publicado en el
«Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie II, número 16,
de fecha 4 de marzo de 1997). (Número de expediente S. 621/000016.)
(Número de expediente C. D. 121/000006.)
--Visita oficial de una Delegación del Congreso de la Unión de los
Estados Unidos Mejicanos con ocasión de la Novena Reunión
Interparlamentaria España-Méjico. (Número de expediente 829/000015.)
--De la Comisión de Sanidad y Asuntos Sociales en relación con el
Proyecto de Ley de ampliación del servicio farmacéutico a la población
(procedente del Real Decreto-Ley 11/1996, de 17 de junio). SE TRAMITA POR
EL PROCEDIMIENTO DE URGENCIA (publicado en el «Boletín Oficial de las
Cortes Generales», Senado, Serie II, número 17, de fecha 4 de marzo de
1997). (Número de expediente S. 621/000017.) (Número de expediente C. D.
121/000007.)
--De la Comisión de Obras Públicas, Medio Ambiente, Transportes y
Comunicaciones en relación con el Proyecto de Ley de envases y residuos
de envases. SE TRAMITA POR EL PROCEDIMIENTO DE URGENCIA (publicado en el
«Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie II, número 15,
de fecha 4 de marzo de 1997). (Número de expediente S. 621/000015.)
(Número de expediente C. D. 121/000011.)
SUMARIO
Se abre la sesión a las nueve horas y cinco minutos.
PREGUNTAS (Página 1456)
De don Juan Antonio Arévalo Santiago, del Grupo Parlamentario Socialista,
sobre la fecha prevista por el Gobierno para establecer las normas que
desarrollen el artículo 93 de la Ley 13/1996, de 30 de diciembre, de
Medidas fiscales, administrativas y del orden social, en lo referente a
los daños producidos por delitos de terrorismo.
Esta pregunta ha sido aplazada.
De don Enrique Serafín Cobo Fernández, del Grupo Parlamentario
Socialista, sobre las líneas generales que el Gobierno tiene en cuenta
para el desarrollo de normativas alternativas a las actuales, para la
definición de los derechos y deberes urbanísticos de los propietarios de
suelo (Página 1456)
El señor Cobo Fernández formula su pregunta. En nombre del Gobierno, le
contesta el señor Ministro de Fomento (Arias-Salgado y Montalvo). En
turno de réplica, interviene de nuevo el señor Cobo Fernández. En turno
de dúplica, lo hace el señor Ministro de Fomento (Arias-Salgado y
Montalvo).
De don Jaime Lissabetzky Díez, del Grupo Parlamentario Socialista, sobre
el grado de desarrollo en que se encuentra el proyecto
de construcción del tren de alta velocidad que unirá Madrid y Barcelona
(Página 1458)
El señor Lissavetzky Díez formula su pregunta. En nombre del Gobierno, le
contesta el señor Ministro de Fomento (Arias-Salgado y Montalvo). En
turno de réplica, interviene de nuevo el señor Lissabetzky Díez. En turno
de dúplica, lo hace el señor Ministro de Fomento (Arias-Salgado y
Montalvo).
De don Conrado Alonso Buitrón, del Grupo Parlamentario Socialista, sobre
la forma en que están condicionadas las negociaciones del plan del futuro
de la minería del carbón y desarrollo alternativo de las comarcas
mineras, por la firma del Protocolo eléctrico entre las empresas del
sector y el Ministerio de Industria y Energía (Página 1459)
El señor Alonso Buitrón formula su pregunta. En nombre del Gobierno, le
contesta el señor Ministro de Industria y Energía (Piqué i Camps).
De don Juan José Unceta Antón, del Grupo Parlamentario Popular en el
Senado, sobre las medidas que tiene previsto acometer la División de
Construcción Naval de la Agencia Industrial del Estado (AIE), a fin de
reconducir la actual situación de los astilleros públicos civiles
(Página 1460)
El señor Unceta Antón formula su pregunta. En nombre del Gobierno, le
contesta el señor Ministro de Industria y Energía (Piqué i Camps). En
turno de réplica, interviene de nuevo el señor Unceta Antón. En turno de
dúplica, lo hace el señor Ministro de Industria y Energía (Piqué i
Camps).
De don Diego Lora Pagola, del Grupo Parlamentario Popular en el Senado,
sobre las líneas de actuación definidas por la Agencia Industrial del
Estado (AIE) en el plan destinado a garantizar la viabilidad futura de la
Empresa Nacional Santa Bárbara de Industrias Militares, S. A. (Página 1461)
El señor Lora Pagola formula su pregunta. En nombre del Gobierno, le
contesta el señor Ministro de Industria y Energía (Piqué i Camps). En
turno de réplica, interviene de nuevo el señor Lora Pagola.
De don Luis Estaún García, del Grupo Parlamentario Popular en el Senado,
sobre las previsiones del Gobierno en relación con la privatización del
Grupo Industria Española del Aluminio, S. A. (INESPAL) (Página 1462)
El señor Estaún García formula su pregunta. En nombre del Gobierno, le
contesta el señor Ministro de Industria y Energía (Piqué i Camps). En
turno de réplica, interviene de nuevo el señor Estaún García. En turno de
dúplica, lo hace el señor Ministro de Industria y Energía (Piqué i
Camps).
De don Juan Garrido Herráez, del Grupo Parlamentario Popular en el
Senado, sobre si está prevista la firma de un convenio entre el
Ministerio de Medio Ambiente y la Junta de Comunidades de Castilla-La
Mancha, semejante al que ha firmado con la Generalidad Valenciana, en el
que queden recogidos tanto el abastecimiento de agua a la ciudad de
Albacete como la dotación de regadíos (Página 1464)
El señor Garrido Herráez formula su pregunta. En nombre del Gobierno, le
contesta la señora Ministra de Medio Ambiente (Tocino Biscarolasaga). En
turno de réplica, interviene de nuevo el señor Garrido Herráez.
De doña María Mercedes Coloma Pesquera, del Grupo Parlamentario Popular
en el Senado, sobre la forma prevista por el Ministerio de Sanidad y
Consumo para abordar la reordenación de las urgencias médicas, tanto
hospitalarias como extrahospitalarias (Página 1465)
La señora Coloma Pesquera formula su pregunta. En nombre del Gobierno, le
contesta el señor Ministro de Sanidad y Consumo (Romay Beccaría). En
turno de réplica, interviene de nuevo la señora Coloma Pesquera.
De don Elías Arribas Aragonés, del Grupo Parlamentario Popular en el
Senado, sobre las medidas que va a poner en marcha el Ministerio de
Sanidad y Consumo a fin de aumentar los rendimientos en las áreas
quirúrgicas hospitalarias (Página 1466)
El señor Arribas Aragonés formula su pregunta. En nombre del Gobierno, le
contesta el señor Ministro de Sanidad y Consumo (Romay Beccaría).
De don José Castro Rabadán, del Grupo Parlamentario Socialista, sobre la
valoración
u opinión que le merece al Gobierno el Informe del Tribunal de Cuentas
referido al año 1993, sobre la Junta de Castilla y León.
Esta pregunta ha sido aplazada.
De don Manuel Guillermo Varela Flores, del Grupo Parlamentario
Socialista, sobre si tiene el Gobierno decidida la reducción del servicio
militar a seis meses en la presente Legislatura.
Esta pregunta ha sido retirada.
INTERPELACIONES (Página 1467)
De don Juan Antonio Arévalo Santiago, del Grupo Parlamentario Socialista,
sobre la situación actual de la Administración de Justicia en España
(Página 1467)
Esta interpelación ha sido aplazada. El señor Arévalo Santiago interviene
a propósito del aplazamiento de la interpelación. El señor Presidente
contesta a sus argumentaciones.
De don Francisco José Zamorano Vázquez, del Grupo Parlamentario
Socialista, sobre los criterios del Gobierno ante la situación de las
listas de espera quirúrgicas del Instituto Nacional de la Salud (INSALUD)
(Página 1467)
El señor Zamorano Vázquez realiza la interpelación. En nombre del
Gobierno, responde a la misma el señor Ministro de Sanidad y Consumo
(Romay Beccaría). Vuelve a intervenir el señor interpelante. En turno de
portavoces, hacen uso de la palabra los señores Cardona i Vila, por el
Grupo Catalán en el Senado de Convergència i Unió, y Bellido Muñoz, por
el Grupo Popular. Cierra el debate el señor Ministro de Sanidad y Consumo
(Romay Beccaría).
DEBATE SOBRE EL INFORME DEL GOBIERNO SOBRE LAS RELACIONES CON CUBA
(Página 1478)
El señor Ministro de Asuntos Exteriores (Matutes Juan) presenta el
informe. A continuación, interviene el señor Laborda Martín. En turno de
portavoces, hacen uso de la palabra los señores Nieto Cicuéndez, por el
Grupo Mixto; Albistur Marín, por el Grupo de Senadores Nacionalistas
Vascos; Cardona i Vila, por el Grupo Catalán en el Senado de Convergència
i Unió, y Soravilla Fernández, por el Grupo Popular. Vuelve a intervenir
el señor Ministro de Asuntos Exteriores (Matutes Juan). Los señores
Albistur Marín, Laborda Martín y Soravilla Fernández intervienen de nuevo
en virtud del artículo 87. Cierra el debate el señor Ministro de Asuntos
Exteriores (Matutes Juan).
CONOCIMIENTO POR EL PLENO DE PROYECTOS Y PROPOSICIONES DE LEY REMITIDOS
POR EL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS (Página 1490)
Proyecto de Ley por el que se autoriza la participación de España en el
Fondo para el Medio Ambiente Mundial reestructurado y la contribución
correspondiente a la primera reposición de recursos (Página 1490)
El señor Soravilla Fernández consume un turno a favor. No se hace uso del
turno en contra. En turno de portavoces, hacen uso de la palabra los
señores Nieto Cicuéndez, por el Grupo Mixto; de la Plata Rodríguez, por
el Grupo Socialista, y Blancas Llamas, por el Grupo Popular.
Se aprueba el proyecto de ley por asentimiento de la Cámara.
El señor Presidente anuncia a la Cámara que queda definitivamente
aprobado por las Cortes Generales el Proyecto de Ley.
Proyecto de Ley por la que se modifica la Ley 38/1988, de 28 de
diciembre, de Demarcación y de Planta Judicial (Página 1492)
No se consumen turnos a favor ni en contra. En turno de portavoces, hacen
uso de la palabra los señores Nieto Cicuéndez, por el Grupo Mixto; Marín
Rite, por el Grupo Socialista, y González Pons, por el Grupo Popular.
Se aprueba el proyecto de ley por asentimiento de la Cámara.
El señor Presidente anuncia a la Cámara que queda definitivamente
aprobado por las Cortes Generales el Proyecto de Ley.
DICTAMENES DE COMISIONES SOBRE PROYECTOS Y PROPOSICIONES DE LEY REMITIDOS
POR EL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS (Página 1493)
De la Comisión de Obras Públicas, Medio Ambiente, Transportes y
Comunicaciones en relación con el Proyecto de Ley de liberalización de
las telecomunicaciones (procedente del Real Decreto-Ley 6/1996, de 7 de
junio). SE TRAMITA POR EL PROCEDIMIENTO DE URGENCIA (Página 1493)
El señor Beguer i Oliveres, Presidente de la Comisión, comunica a la
Cámara que ha sido designado para presentar el dictamen el señor Sanz
Blanco, Vicepresidente Primero de la Comisión, quien así lo hace a
continuación.
Se abre debate de totalidad.
No se consumen turnos a favor ni en contra. En turno de portavoces, hacen
uso de la palabra los señores Nieto Cicuéndez, por el Grupo Mixto; Beguer
i Oliveres, por el Grupo Catalán en el Senado de Convergència i Unió;
Luis Calvo, por el Grupo Socialista, y Bris Gallego, por el Grupo
Popular.
Se inicia el debate del articulado.
El señor Ríos Pérez, del Grupo Mixto, defiende las enmiendas números 30 y
31, y mantiene para su votación las números 32 a 35, de la señora De
Boneta y Piedra, también del Grupo Mixto. El señor Albistur Marín
defiende las enmiendas números 6 a 12, del Grupo de Senadores
Nacionalistas Vascos. El señor Beguer i Oliveres defiende la enmienda
número 13, del Grupo Catalán en el Senado de Convergència i Unió. El
señor Luis Calvo defiende las enmiendas números 20 a 24 y 26 a 28, así
como el voto particular número 4, de vuelta al texto del Congreso de
diversos puntos del texto del dictamen, retirando la número 29, del Grupo
Socialista. El señor Bris Gallego consume un turno en contra. En turno de
portavoces, hacen uso de la palabra los señores Nieto Cicuéndez, por el
Grupo Mixto; Albistur Marín, por el Grupo de Senadores Nacionalistas
Vascos; Beguer i Oliveres, por el Grupo Catalán en el Senado de
Convergència i Unió; Luis Calvo, por el Grupo Socialista, y Bris Gallego,
por el Grupo Popular.
Se procede a votar.
Se rechazan las enmiendas números 30 y 31, del Grupo Mixto, por 8 votos a
favor, 193 en contra y 6 abstenciones.
Se rechaza la enmienda número 32, del Grupo Mixto, por 8 votos a favor,
197 en contra y 3 abstenciones.
Se rechazan las enmiendas números 33 y 34, del Grupo Mixto, por 13 votos
a favor, 194 en contra y 1 abstención.
Se rechazan las enmiendas números 6 y 10, del Grupo de Senadores
Nacionalistas Vascos, por 12 votos a favor, 117 en contra y 78
abstenciones.
Se rechazan las enmiendas números 7, 8, 9 y 12, del Grupo de Senadores
Nacionalistas Vascos, por 8 votos a favor, 120 en contra y 80
abstenciones.
Se rechaza la enmienda número 13, del Grupo Catalán en el Senado de
Convergència i Unió, por 13 votos a favor, 117 en contra y 78
abstenciones.
Se rechazan las enmiendas números 20 a 24 y 26 a 28, así como al
mantenimiento de la redacción inicial de los artículos 3.6, apartado 3, y
4.9, párrafo tercero, así como la supresión de la disposición transitoria
tercera, volviendo así al texto del Congreso, del Grupo Socialista, por
79 votos a favor, 117 en contra y 12 abstenciones.
Se aprueban las enmiendas transaccionales sustentadas sobre la número 11
del Grupo de Senadores Nacionalistas Vascos y la número 35, del Grupo
Mixto, por asentimiento de la Cámara.
Se aprueba una enmienda transaccional, relativa a la disposición final
segunda, firmada por todos los Grupos Parlamentarios, por asentimiento de
la Cámara.
El señor Aleu i Jornet interviene a propósito del texto del dictamen que
se va a votar a continuación. Le responden al respecto el señor
Vicepresidente, Aguilar Belda, y el señor Bris Gallego.
Se aprueba el artículo 1.tres.2 por 197 votos a favor y 11 en contra.
Se aprueba el resto del artículo 1 por 201 votos a favor, 1 en contra y 6
abstenciones.
Se aprueban los artículos 2.cinco, 3.cuatro, 3.ocho, segundo párrafo y
4.cinco por 124 votos a favor, 76 en contra y 7 abstenciones.
Se aprueban el resto del dictamen y la Exposición de Motivos por 201
votos a favor, 1 en contra y 6 abstenciones.
El señor Presidente comunica a la Cámara el traslado de las enmiendas
aprobadas por el Senado al Congreso de los Diputados.
Se suspende la sesión a las catorce horas y cuarenta y cinco minutos.
Se reanuda la sesión a las dieciséis horas y treinta y cinco minutos.
De la Comisión de Sanidad y Asuntos Sociales en relación con el Proyecto
de Ley sobre habilitación de nuevas formas de gestión del Sistema
Nacional de Salud (procedente del Real Decreto-Ley 10/1996, de 17 de
junio). SE TRAMITA POR EL PROCEDIMIENTO DE URGENCIA (Página 1506)
La señora Navarro Garzón, Secretaria Segunda de la Comisión, presenta el
dictamen.
Se abre debate de totalidad.
El señor Nieto Cicuéndez, del Grupo Mixto, defiende la propuesta de veto
número 1. El señor Barahona Hortelano consume un turno en contra. En
turno de portavoces, hacen uso de la palabra los señores
Gatzagaetxebarría Bastida, por el Grupo de Senadores Nacionalistas
Vascos; Cardona i Vila, por el Grupo Catalán en el Senado de Convergència
i Unió, y Zamorano Vázquez, por el Grupo Socialista.
Visita oficial de una delegación del Congreso de la Unión de los Estados
Unidos Mejicanos con ocasión de la Novena Reunión Interparlamentaria
España-Méjico (Página 1511)
El señor Presidente anuncia a la Cámara la presencia de la delegación en
la tribuna de invitados.
De la Comisión de Sanidad y Asuntos Sociales en relación con el Proyecto
de Ley sobre habilitación de nuevas formas de gestión del Sistema
Nacional de Salud (procedente del Real Decreto-Ley 10/1996, de 17 de
junio). SE TRAMITA POR EL PROCEDIMIENTO DE URGENCIA (Continuación)
(Página 1511)
Se procede a votar.
Se rechaza la propuesta de veto del Grupo Mixto por 1 voto a favor, 203
en contra y 3 abstenciones.
Comienza el debate del articulado.
El señor Nieto Cicuéndez, del Grupo Mixto, defiende las enmiendas números
1 a 3. La señora De Boneta y Piedra, del Grupo Mixto, retira las
enmiendas números 9 a 11. El señor Barahona Hortelano consume un turno en
contra. En turno de portavoces, vuelve a hacer uso de la palabra el señor
Barahona Hortelano.
Se procede a votar.
Se rechazan las enmiendas números 1 a 3, del Grupo Mixto, por 2 votos a
favor, 206 en contra y 4 abstenciones.
Se aprueba el proyecto de ley, según el texto del dictamen, por 211 votos
a favor y 1 en contra.
El señor Presidente comunica a la Cámara el traslado de las enmiendas
aprobadas por el Senado al Congreso de los Diputados.
De la Comisión de Sanidad y Asuntos Sociales en relación con el Proyecto
de Ley de ampliación del servicio farmacéutico a la población (procedente
del Real Decreto-Ley 11/1996, de 17 de junio). SE TRAMITA POR EL
PROCEDIMIENTO DE URGENCIA (Página 1513)
La señora López Garnica, Vicepresidenta Primera de la Comisión, presenta
el dictamen. No se consumen turnos a favor ni en contra.
Comienza el debate del articulado.
El señor Cardona i Vila defiende el voto particular número 5, de vuelta
al texto del Congreso, del Grupo Catalán en el Senado de Convergència i
Unió. El señor Ríos Pérez, del Grupo Mixto, retira las enmiendas números
22 a 24. El señor Nieto Cicuéndez, del Grupo Mixto, defiende las
enmiendas números 1 a 14. El señor Ferrer Roselló, del Grupo Mixto,
retira las enmiendas números 15 a 20. La señora De Boneta y Piedra, del
Grupo Mixto, retira la enmienda número 21. El señor Gatzagaetxebarría
Bastida defiende el voto particular número 2, de vuelta al texto del
Congreso de diversos puntos del proyecto de ley, del Grupo de Senadores
Nacionalistas Vascos. El señor López Carvajal defiende las enmiendas
números 27 y 28, así como la vuelta al texto del Congreso del artículo 4,
del Grupo Socialista. El señor Hernández Guimerá consume un turno en
contra. En turno de portavoces, hacen uso de la palabra los señores Nieto
Cicuéndez, por el Grupo Mixto; López Carvajal, por el Grupo Socialista, y
Hernández Guimerá, por el Grupo Popular.
Se procede a votar.
Se rechazan las enmiendas números 1 a 14, del Grupo Mixto, por 2 votos a
favor, 208 en contra y 3 abstenciones.
Se rechazan las enmiendas números 27 y 28, así como el mantenimiento del
texto del Congreso con relación al artículo 4, del Grupo Socialista, por
82 votos a favor, 129 en contra y 2 abstenciones.
Se aprueban las enmiendas transaccionales que proponen sustituir en todo
el texto del proyecto la expresión «poblacional
o poblacionales» por «de población» y la relativa al artículo 4, por 211
votos a favor y 1 abstención.
Se aprueba una enmienda transaccional relativa al artículo 5, por 130
votos a favor, 82 en contra y 1 abstención.
Se aprueba el resto de las enmiendas transaccionales, por 130 votos a
favor, 1 en contra y 82 abstenciones.
Se aprueba el texto del proyecto de ley, con las modificaciones
introducidas, por 130 votos a favor, 81 en contra y 2 abstenciones.
El señor Presidente comunica a la Cámara el traslado de las enmiendas
aprobadas por el Senado al Congreso de los Diputados.
De la Comisión de Obras Públicas, Medio Ambiente, Transportes y
Comunicaciones en relación con el Proyecto de Ley de envases y residuos
de envases. SE TRAMITA POR EL PROCEDIMIENTO DE URGENCIA (Página 1524)
El señor Beguer i Oliveres, Presidente de la Comisión, comunica a la
Cámara que ha sido designada para presentar el dictamen la señora López
Yébenes, Secretaria Segunda de la Comisión, quien así lo hace a
continuación.
Se abre debate de totalidad.
No se hace uso de los turnos a favor o en contra. En turno de portavoces,
hacen uso de la palabra la señora Costa Serra, por el Grupo Mixto; el
señor Beguer i Oliveres, por el Grupo Catalán en el Senado de
Convergència i Unió; la señora Pleguezuelos Aguilar, por el Grupo
Socialista, y el señor Esteban Albert, por el Grupo Popular.
Comienza el debate del articulado.
Capítulos I a IV. Artículos 1 a 12.
La señora Costa Serra, del Grupo Mixto, defiende las enmiendas números
124 a 127, así como las números 2 a 8, 12, 14 a 22 y 25 a 41. El señor
Nieto Cicuéndez, del Grupo Mixto, defiende las enmiendas números 9 a 11,
13, 23, 24 y 42. La señora De Boneta y Piedra, del Grupo Mixto, defiende
las enmiendas números 128, 132 y 134. El señor Beguer i Oliveres defiende
la enmienda número 65 y retira las números 66, 67 y 68, del Grupo Catalán
en el Senado de Convergència i Unió. La señora Pleguezuelos Aguilar
defiende las enmiendas números 87 a 93, 95 y 97 a 105, retirando la
número 96, del Grupo Socialista. El señor Unceta Antón consume un turno
en contra. En turno de portavoces, hacen uso de la palabra el señor
Beguer i Oliveres, por el Grupo Catalán en el Senado de Convergència i
Unió; la señora Pleguezuelos Aguilar, por el Grupo Socialista, y el señor
Esteban Albert, por el Grupo Popular.
Se suspende la sesión a las 20 horas y 45 minutos.
Se abre la sesión a las nueve horas y cinco minutos.
El señor PRESIDENTE: Señorías, se abre la sesión.
PREGUNTAS:
--DE DON ENRIQUE SERAFIN COBO FERNANDEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO
SOCIALISTA, SOBRE LAS LINEAS GENERALES QUE EL GOBIERNO TIENE EN CUENTA
PARA EL DESARROLLO DE NORMATIVAS ALTERNATIVAS A LAS ACTUALES, PARA LA
DEFINICION DE LOS DERECHOS Y DEBERES URBANISTICOS DE LOS PROPIETARIOS DE
SUELO. (680/000202.)
El señor PRESIDENTE: Punto siguiente del orden del día: Preguntas.
En primer lugar, pregunta de don Enrique Serafín Cobo Fernández, del
Grupo Parlamentario Socialista, sobre las líneas generales que el
Gobierno tiene en cuenta para el desarrollo de normativas alternativas a
las actuales, para la definición de los derechos y deberes urbanísticos
de los propietarios de suelo.
Tiene la palabra el Senador Cobo Fernández.
El señor COBO FERNANDEZ: Señor Presidente, señores Senadores, señor
Ministro, actualmente asistimos a una gran confusión acerca de cuáles son
los objetivos que el Gobierno pretende conseguir en el mercado de suelo
para edificar.
Por esta razón formulamos la pregunta de cuáles son las líneas generales
que tiene el Gobierno en cuenta para el desarrollo de las normativas
alternativas a las actuales, para la definición de los derechos y deberes
urbanísticos de los propietarios de suelo.
Creemos necesario en ese momento saber qué es lo que pretende hacer el
Gobierno. ¿Pretende cambiar la política de vivienda con la política de
suelo? ¿Pretende, con la política de suelo que anuncia, promover la
ordenación del territorio? ¿Promueve cambiar la financiación del
urbanismo? ¿Pretende cambiar la competencias municipales y autonómicas?
¿Pretende desregular el mercado del suelo? ¿Pretende dinamizar a los
administradores de la gestión urbanística? ¿Pretende simplificar la
gestión administrativa? ¿Pretende aumentar la acción pública en la tarea
de urbanizar o, por el contrario, disminuirla? ¿Pretende obtener como
resultado la rehabilitación urbana y social de la ciudad? ¿Qué pretende?
Creo que en estos momentos es imprescindible escuchar al
Gobierno para posicionarse y para esclarecer el ambiente público, que ya
está suficientemente deteriorado.
Gracias, señor Ministro.
El señor PRESIDENTE: Gracias, Senador Cobo Fernández.
El señor Ministro de Fomento tiene la palabra.
El señor MINISTRO DE FOMENTO (Arias-Salgado Montalvo): Muchas gracias,
señor Presidente.
Señoría, lo que el Gobierno pretende lo ha lanzado ya al debate público:
ha puesto en circulación un anteproyecto de Ley del Suelo que ha empezado
a distribuirse profusamente a la Federación Española de Municipios, a
todas las Comunidades Autónomas, a todos los alcaldes de capitales de
provincias y principales ciudades, grupos parlamentarios y sectores
interesados. Y el propósito de ese proyecto de ley, señoría, es muy
sencillo: tratar de poner término al fracaso espectacular que supone que
el actual modelo urbanístico que rige en España produzca suelo caro y
vivienda cara, lo que hace inasequible la vivienda a precio razonable.
Hay muchos elementos sobre los que actuar, desde la fiscalidad hasta la
promoción de viviendas de alquiler, pero el proyecto de ley que de
momento ha puesto en circulación el Gobierno tiene un objetivo muy
concreto, que es incrementar la oferta de suelo urbanizable, porque
aumentándola, señoría, lógicamente, disminuirá el principal factor que
hoy incide sobre el coste final de la vivienda, que es el precio del
suelo, que, de manera verdaderamente espectacular, y como consecuencia de
las olas especulativas que ha provocado el actual modelo urbanístico,
resulta que tiene una repercusión del 45 por ciento en el coste final de
la vivienda; y ése es un caso único en toda Europa, señoría.
Nada más, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ministro de Fomento.
Senador Cobo Fernández, tiene la palabra.
El señor COBO FERNANDEZ: Señor Presidente, señor Ministro, evidentemente,
del método me ha dado usted cumplida respuesta. Con respecto a los
objetivos, no creo que sean tan simples como su señoría acaba de exponer.
Una política de suelo no puede tener como objetivo tan genérico el
abaratamiento de la vivienda. Tal vez por lo temprano de la hora, usted
no ha querido complicar la respuesta sobre la política de suelo, pero no
creo que el Ministerio tenga como propuesta simplemente abaratar la
vivienda, porque, entre otras cosas, le digo: ¿sería objetivo de esta
Cámara el abaratar viviendas de 100 ó 200 millones o, por el contrario,
sería mucho más riguroso plantearse una política de vivienda que tuviera
como objetivo hacer acceder al mercado a aquéllos que el mercado ha
expulsado, y no solamente a través de una política de suelo, sino
también, como usted ha dicho, a través de una política fiscal, una
política de ayudas, una política de gasto público, una política de
presencia de la acción pública en la acción de construcción de viviendas?
No creo, señor Ministro, que su respuesta pueda ser tan simple. En la
ordenación del suelo, señoría, se plantea también la disyuntiva de
conseguir una sociedad dispersa, una sociedad desagregada no sólo en lo
físico, sino también en lo social, o una ciudad congruente, compacta,
solidaria, permeable entre las capas sociales.
El señor PRESIDENTE: Senador Cobo, termine, por favor, cuando pueda.
El señor COBO FERNANDEZ: La verdad es que una preguna --perdón, señor
Presidente-- no permite tratar debidamente una cuestión para la que creo
que es necesario no sólo provocar un debate con un anteproyecto, sino
también un debate previo mucho más amplio en la Cámara para obtener las
líneas directrices que permitan formular una norma legal articulada. Creo
que un debate sería imprescindible.
Siento mucho que una pregunta no dé para tanto; quizá me haya equivocado
en la fórmula y, en vez de hacer una pregunta, hubiera debido solicitar
una comparecencia o presentar una moción que nos diera tiempo para hablar
más ampliamente y que usted no hubiera contestado tan sucintamente como
lo ha hecho.
Gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, Senador Cobo.
Señor Ministro de Fomento, tiene la palabra.
El señor MINISTRO DE FOMENTO (Arias-Salgado Montalvo): Coincido con su
señoría en que, para tratar el tema que ha planteado, el tiempo que se
tiene en el trámite de preguntas es escaso para abordarlo con un mínimo
de rigor.
Yo puedo señalarle dos cosas, señoría. El Estado, que gestiona el
Gobierno de la nación, no tiene competencias en el ámbito de la vivienda
y tiene competencia para articular un régimen jurídico del suelo. Estamos
a la espera de una sentencia del Tribunal Constitucional que decidirá de
manera definitiva cómo se distribuyen las competencias entre el Estado,
las Comunidades Autónomas y las Corporaciones locales. Pero las
competencias del Estado en este ámbito serán residuales. Lo que el
Gobierno hace es lo que puede hacer: enviar un proyecto de ley a la
Cámara para establecer un régimen jurídico del suelo, un sistema de
clasificación de suelo y un sistema de valoraciones, al mismo tiempo que
se articula un conjunto de derechos y deberes de los propietarios. Hasta
ahí pude llegar la capacidad legislativa del Estado y de las Cortes
Generales, y difícilmente va a poder pasar de ahí, señoría. Lo demás
corresponderá a las Comunidades Autónomas y a los ayuntamientos.
Y quiero hacerle una última reflexión, para concluir: si tuviéramos que
solucionar cualquiera de los problemas urbanísticos que están planteados
en estos momentos en las grandes ciudades españolas, en cualquier
supuesto, tendríamos que cambiar de modelo, porque si usted quiere una
sociedad permeable y una sociedad urbana verdaderamente articulada, desde
luego la ciudad actual no lo es, porque con el urbanismo actual lo que
tenemos, señoría, son guetos y escasez de viviendas o viviendas caras.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Ministro de Fomento.
--DE DON JAIME LISSAVETZKY DIEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA,
SOBRE EL GRADO DE DESARROLLO EN QUE SE ENCUENTRA EL PROYECTO DE
CONSTRUCCION DEL TREN DE ALTA VELOCIDAD QUE UNIRA MADRID Y BARCELONA.
(680/000205.)
El señor PRESIDENTE: Pregunta de don Jaime Lissavetzky Díez, del Grupo
Parlamentario Socialista, sobre el grado de desarrollo en que se
encuentra el proyecto de construcción del tren de alta velocidad que
unirá Madrid y Barcelona.
Senador Lissavetzky, tiene la palabra.
El señor LISSAVETZKY DIEZ: Gracias, señor Presidente.
Señor Ministro, quería saber el grado de desarrollo en que se encuentra
el tren de alta velocidad Madrid-Barcelona, especialmente en los aspectos
que tienen que ver con su financiación privada, y también, muy
especialmente, en la definición del trazado de este tren en la Comunidad
de Madrid.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, Senador Lissavetzky.
El señor Ministro de Fomento tiene la palabra.
El señor MINISTRO DE FOMENTO (Arias-Salgado Montalvo): De una manera muy
sucinta, señoría, le puedo contestar que para el trayecto
Madrid-Barcelona, al que se refiere su señoría, la situación actual es la
siguiente: para el tramo Madrid-Zaragoza, a lo largo del presente año se
podrá licitar la redacción de los proyectos constructivos, lo que
permitirá iniciar la construcción en 1998; solamente en el subtramo
Calatayud-Rigla se están efectuando obras; en el tramo Zaragoza-Lleida,
las obras se desarrollan con normalidad, salvo en Fuentes de Ebro, donde
no se han iniciado, y el puente del Ebro, que se encuentra pendiente de
adjudicación; y para el tramo Lleida-Barcelona, se está redactando un
estudio informativo que ha de posibilitar tener un trazado definitivo en
1998.
En cuanto a lo que afecta a la participación de financiación privada, les
recuerdo que en la Ley de Acompañamiento se crea el ente gestor de
infraestructuras ferroviarias, que va a tener la posibilidad de acudir a
financiación privada para todo aquello que afecte a la señalización, a la
electrificación y a la aportación del material móvil, no así a la
construcción de la infraestructura, que se va a financiar con cargos
procedentes de privatizaciones.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ministro de Fomento.
Senador Lissavetzky, tiene la palabra.
El señor LISSAVETZKY DIEZ: Gracias, señor Presidente.
Gracias, señor Ministro. Con respecto a la financiación privada, habíamos
recibido buenas noticias allá por septiembre de 1996, cuando la empresa
Alshton parecía dispuesta a invertir 200.000 millones de pesetas en las
vías, la obra civil, lo importante o lo más costoso, al menos; pero a
enero de 1997 hemos visto que esta empresa ha desestimado participar en
el proyecto, y yo creo que éste es un fracaso, evidentemente relativo, de
consecución de financiación de fondos privados para esta infraestructura
tan importante para nuestro país. Por tanto, creo que hay un primer
fracaso en la financiación privada para la construcción de las vías.
En segundo lugar, respecto a la Comunidad de Madrid, aunque ha hablado su
señoría de fechas en las que podrían comenzar las obras, me gustaría
saber cómo está la situación del trazado. Hay en la Comunidad de Madrid
zonas que necesitan una protección medioambiental, y me refiero muy
concretamente al Parque Regional del Sureste.
Quería saber de su señoría si hay una decisión definitiva sobre la
estación a partir de la cual va a salir el tren: de la de Chamartín o de
la de Atocha. Una vez definido a través de qué estación va a partir este
tren, quería saber si existe un acuerdo definitivo sobre los trazados,
porque a veces falta un cierto diálogo con los ayuntamientos. He tenido
oportunidad de hablar con distintos representantes municipales y existe
una preocupación en la zona. No sé cómo están las relaciones con la
Comunidad de Madrid para la definición del trazado que ha de marcar, de
cara a la población, el futuro de este tren de alta velocidad. Me consta
que en Cataluña también han surgido algunos problemas en las Comisiones
provinciales de urbanismo con respecto a los trazados, y algún Senador de
mi Grupo se ha referido a ellos. No quiero que eso ocurra en Madrid, y
por eso le pido diálogo.
Como conclusión, y agradeciéndole su respuesta, creo que el modelo de
financiación privado que ustedes nos han vendido está teniendo fracasos,
y le pongo el ejemplo claro de este tren de alta velocidad, donde no se
ha podido repetir la experiencia de la empresa Alsthon en Florida. En
segundo lugar, tengo miedo de que haya un retraso por esa indefinición en
los trazados, que le rogaría a su señoría acelerara al máximo.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, Senador Lissavetzky.
Tiene la palabra el señor Ministro de Fomento.
El señor MINISTRO DE FOMENTO (Arias-Salgado Montalvo): Gracias, señor
Presidente.
No puede hablarse de fracaso cuando el procedimiento no ha empezado.
Nunca se contempló en el planteamiento del Gobierno la participación
privada en la construcción de la infraestructura. Lo que está contemplado
en la Ley de Acompañamiento es la financiación privada en lo que afecta a
señalización, a electrificación y a la aportación del material móvil.
Cuando llegue el momento, se pondrán en marcha los mecanismos para
movilizar la inversión privada,
sobre la que, obviamente, hay ofertas, pero no puede haber acuerdos,
simplemente porque el proceso no ha comenzado.
Señoría, en lo que afecta al tramo Madrid-Zaragoza, que es al que se ha
referido en su segunda intervención, debo decirle que, en principio, el
tren partirá de la estación de Atocha, lo que tiene una lógica
aplastante, puesto que es a Atocha donde llega el tren de alta velocidad
Madrid-Sevilla.
En segundo lugar, señoría, en ningún momento ha faltado diálogo, ni con
las Comunidades Autónomas ni con los ayuntamientos. En estos momentos, en
el tramo Madrid-Zaragoza, que a usted le interesa, están finalizados los
estudios previos a escalas 1/50.000 y 1/10.000, y el anteproyecto a
escala 1/5.000, que es el que se requiere para someterlo a información
pública.
Este anteproyecto ha sido ya sometido a información pública, que se
inició con su publicación en el «Boletín Oficial del Estado» el 14 de
noviembre de 1996, a los efectos que prescribe la Ley de Ordenación de
los transportes terrestres y la legislación de evaluación de impacto
ambiental.
Las alegaciones recibidas --según información que me pasan los
servicios--, consecuencia de esa información pública, no parecen reflejar
problemas de consideración especial en la parte central del tramo. Para
los accesos, tanto a Madrid como a Zaragoza, se está en conversaciones
con las Comunidades Autónomas y con los ayuntamientos respectivos para
definir el trazado definitivo.
Es evidente, señoría, que no es posible hacer un trazado definitivo si no
es de acuerdo con la Comunidad Autónoma y con los ayuntamientos
afectados. En un sistema democrático y en una sociedad compleja,
pretender construir, como hizo su Gobierno en algunas ocasiones,
determinadas infraestructuras contra la opinión pública es una actitud
abocada al fracaso.
Muchas gracias, señoría.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ministro de Fomento.
--DE DON CONRADO ALONSO BUITRON, DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA,
SOBRE LA FORMA EN QUE ESTAN CONDICIONADAS LAS NEGOCIACIONES DEL PLAN DEL
FUTURO DE LA MINERIA DEL CARBON Y DESARROLLO ALTERNATIVO DE LAS COMARCAS
MINERAS, POR LA FIRMA DEL PROTOCOLO ELECTRICO ENTRE LAS EMPRESAS DEL
SECTOR Y EL MINISTERIO DE INDUSTRIA Y ENERGIA. (680/000203.)
El señor PRESIDENTE: Pregunta de don Conrado Alonso Buitrón, del Grupo
Parlamentario Socialista, sobre la forma en que están condicionadas las
negociaciones del plan del futuro de la minería del carbón y desarrollo
alternativo de las comarcas mineras, por la firma del Protocolo eléctrico
entre las empresas del sector y el Ministerio de Industria y Energía.
Tiene la palabra el Senador Alonso Buitrón.
El señor ALONSO BUITRON: Muchas gracias, señor Presidente.
Señor Ministro, la última vez que vino a contestarme una pregunta a la
Comisión de Industria, la minería de León estaba en desgracia. Hoy vuelve
a estarlo, porque tenemos el funeral de dos trabajadores que murieron en
accidente de trabajo. En este sentido, quiero emplazarle y urgirle a que
ponga en marcha lo antes posible el Plan de seguridad que está elaborando
su Ministerio, porque es necesario.
Esta pregunta, señor Ministro, fue registrada el mismo día que su
departamento alcanzó un acuerdo de principio con los agentes sociales,
del cual nos tenemos que felicitar todos: tengo que felicitar a su
departamento, tengo que felicitar a los sindicatos por el esfuerzo de
acercamiento que hicieron, y también a esta Cámara, que había aprobado
por unanimidad una moción instando a las partes a que negociaran. Pero
usted, yo y muchas personas más sabemos que eso es sólo un acuerdo de
principio y que todavía quedan muchas cosas por negociar; por ejemplo, lo
que va a llamarse ahora las garantías de compras de carbón y también ese
Plan de infraestructuras para el cual se van a dedicar 300.000 millones
de peseta de privatizaciones.
En este sentido, la prensa de la provincia de León ha publicado que con
este dinero se pretenden resolver todos los compromisos electorales que
había hecho la Junta de Castilla y León. Creo que esto no debe ser así, y
estoy seguro de que usted no va a permitirlo.
Hay dos cosas que no entiendo. La Directiva del mercado interior de la
energía, que se aprobó en diciembre del año pasado y a favor de la cual
votó su Grupo Parlamentario en el Parlamento Europeo, establece que se va
a consumir carbón nacional en un porcentaje de un 15 por ciento. Esto
viene a reducir el consumo que actualmente tenemos, que es del 29,29 por
ciento, casi la mitad, o sea de 18 millones de toneladas pasaríamos a
consumir 9 millones. Acaban de negociar con los sindicatos 14 millones de
toneladas. Yo pregunto: ¿Qué se va a cumplir, la Directiva o lo que se
negocia?
Por otra parte, usted sabe que en los compromisos regulatorios del
Protocolo se establecen 295.276 millones para primar el consumo de carbón
nacional. Esto también tiene un tope, si traducimos las pesetas-kilovatio
que se van a dedicar y las convertimos en toneladas, sabemos que tenemos
un margen limitado. Por eso le pregunto si el Protocolo está influyendo
en las negociaciones que está llevando su departamento con los agentes
sociales.
Nada más y muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Alonso Buitrón.
Tiene la palabra el señor Ministro de Industria y Energía.
El señor MINISTRO DE INDUSTRIA Y ENERGIA (Piqué i Camps): Muchas gracias,
señor Presidente; gracias, señoría.
En primer lugar, quisiera expresar también mis condolencias por las
desgracias recientemente acaecidas, y comparto con usted la preocupación
por la seguridad minera. Estamos, efectivamente, revisando el Plan de
seguridad. No es que no haya uno vigente, pero estamos haciendo una nueva
revisión, que creo que es una necesidad compartida por todos los grupos
de esta Cámara y, desde luego, por el Gobierno. Cuanto antes encontremos
soluciones al fenómeno que provoca periódicamente desgracias de estas
características, mejor.
Entrando en el contenido concreto de su pregunta, quiero decirle que
todos debemos congratularnos por ese principio de acuerdo al que se ha
llegado con los agentes sociales; de hecho ha habido un esfuerzo de
negociación de todas las partes desde hace unos cuatro meses y medio, que
creo que al final ha dado un resultado positivo, que permite sentar las
bases para asegurar el futuro de un sector del carbón en España que esté
fundamentado sobre la viabilidad y sobre la competitividad y no sobre la
intervención y subvención permanente y creciente, como hasta ahora. A mí
me parece que eso es bueno.
Respecto a las dos preguntas concretas que usted hacía, quiero decirle
que, efectivamente, en esas bases para un acuerdo de reordenación del
sector del carbón se establece un consumo garantizado en el año 2005 de
13 de millones de toneladas. Hoy son 18,1, por tanto es una reducción
entorno a un 30 por ciento, que está ligeramente por encima de la que
sería la aplicación en el año 2005, teniendo en cuenta unas tasas de
crecimiento de aquí hasta entonces, ligeramente por encima de lo que
autoriza la Directiva del mercado interior de la electricidad, que es que
el 15 por ciento de la energía primaria destinada a la electricidad pueda
hacerse en base a recursos autóctonos.
¿Por qué lo hemos planteado en estos términos? Porque nos parece que esa
cifra garantiza la supervivencia del sector y la capacidad de adaptación
del mismo a las nuevas circunstancias, pero hay una obviedad que las
partes conocemos y que usted también conoce: el Plan que finalmente
acordemos deberá ser llevado a la Unión Europea para ser discutido.
Habrán visto últimamente la problemática que se ha generado en el sector
en Alemania; me atrevería a decir que la evolución de ese problema ha
sido casi calcada de lo que se ha planteado en España y han llegado
también a cifras muy similares a las que nosotros hemos accedido. Por lo
tanto, efectivamente, es una pregunta que hoy no puedo acabar de
responder porque requiere de una negociación posterior que estamos
dispuestos a llevar y que espero que goce de la comprensión de la Unión
Europea por las consideraciones sociales y políticas de este tema.
En cuanto a la otra cuestión, relacionada con la peseta/kilovatio,
efectivamente se prevé un apoyo a la demanda de carbón nacional en forma
de primar con una peseta/kilovatio la utilización de carbón nacional para
la producción de electricidad por las centrales. Eso está en el contexto
de la liberalización del sector y viene a representar, de acuerdo con la
producción prevista, algo ligeramente superior --porque viene a
sustituirlo-- al actual sistema, que consiste en primar la utilización de
carbón nacional en un 10 por ciento por encima de la importación más el
coste de transporte. Nos ha parecido que es un mecanismo equilibrado y
que va a ser útil a los fines perseguidos.
Gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Ministro.
--DE DON JUAN JOSE UNCETA ANTON, DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL
SENADO, SOBRE LAS MEDIDAS QUE TIENE PREVISTO ACOMETER LA DIVISION DE
CONSTRUCCION NAVAL DE LA AGENCIA INDUSTRIAL DEL ESTADO (AIE) A FIN DE
RECONDUCIR LA ACTUAL SITUACION DE LOS ASTILLEROS PUBLICOS CIVILES.
(680/000210.)
El señor PRESIDENTE: Pregunta de don Juan José Unceta Antón, del Grupo
Parlamentario Popular en el Senado, sobre las medidas que tiene previsto
acometer la División de Construcción Naval de la Agencia Industrial del
Estado a fin de reconducir la actual situación de los astilleros públicos
civiles.
Tiene la palabra el Senador Unceta.
El señor UNCETA ANTON: Gracias, señor Presidente.
Señor Ministro de Industria, don José Piqué, el Ministerio de Industria,
a través de la Agencia Industrial del Estado, el Grupo de Astilleros
Españoles y los representantes de los sindicatos UGT y Comisiones Obreras
han alcanzado un nuevo marco de relaciones laborales, que regirá hasta
finales de 1998, según la información recogida por los medios de
comunicación, en base a la negociación del convenio colectivo que estaba
pendiente desde la aprobación del PEC, el Plan Estratégico, en noviembre
de 1995. Enhorabuena, señor Ministro, porque una vez más el Gobierno de
José María Aznar, a través de su Ministerio, ha llegado a un acuerdo con
las fuerzas sociales y empresariales en aras de la viabilidad de esta
empresa y el futuro de los empleos que en ésta se mantienen.
En las informaciones recogidas a través de los medios de comunicación el
acuerdo se define dentro de unas medidas de choque de la División de
Construcción Naval y de la Agencia Industrial del Estado. Por ello, señor
Ministro, le formulamos la pregunta del siguiente tenor, con el fin de
que informe a esta Cámara: ¿Qué medidas de choque tiene previsto acometer
la División de Construcción Naval de la Agencia Industrial del Estado a
fin de reconducir la actual situación de los astilleros públicos civiles?
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias, Senador Unceta.
Tiene la palabra el señor Ministro de Industria y Energía.
El señor MINISTRO DE INDUSTRIA Y ENERGIA (Piqué i Camps): Muchas gracias,
señor Presidente.
Señoría, efectivamente, usted plantea una problemática que nos ha llevado
bastante trabajo y bastantes preocupaciones al equipo del Ministerio y a
todas las partes implicadas --por supuesto, a las organizaciones
sindicales y a los trabajadores de astilleros.
La situación con la que nos encontramos al iniciar nuestro mandato era
enormemente compleja y difícil de abordar. Existía, y existe, un Plan
Estratégico de Competitividad con vigencia hasta el año 1998 que estaba
sufriendo, y de hecho sufrió a finales del año pasado, una desviación en
los resultados del orden de casi el doble de los que estaban previstos:
en lugar de 20.000 millones de pérdidas, del orden de 38.000 millones y
algo. Por otra parte, tampoco se estaba cumpliendo otro aspecto
fundamental del Plan Estratégico de Competitividad, que consistía en
disponer de un nuevo marco de relaciones laborales sobre la base de un
convenio colectivo que estuviera vigente a partir del 1.º de enero de
1996. Para acabar de complicar el panorama, la posición de la Comisión
Europea era de negativa a la autorización de las ayudas que estaban
previstas en el Plan y que estaban pendientes --del orden de unos 90.000
millones de pesetas-- y la puesta en discusión también de un conjunto de
conceptos que la Comisión estimaba que eran ayudas públicas y que el
Gobierno español discutía. La posición de la Comisión se reforzaba sobre
el argumento de que las desviaciones de los resultados y la no aplicación
del nuevo convenio colectivo exigían el cierre de algunos centros y la
reducción muy drástica de la capacidad productiva.
Afortunadamente, hoy tengo que decir que el panorama es completamente
distinto y enormemente esperanzador. Se ha firmado con la responsabilidad
de las partes un nuevo convenio colectivo que cambia el marco de
relaciones laborales --y eso es muy bueno--; se ha conseguido ya el apoyo
de la Comisión a la autorización de las ayudas que quedan pendientes y al
cierre del dossier de las ayudas públicas a España sin que existan
mayores problemas, y se ha evitado lo que desde nuestro punto de vista
era lo más importante: el cierre de cualquier centro o las reducciones de
capacidad que pudieran afectar al empleo. Ahora lo que está encima de la
mesa es aquello que debe estar en cualquier empresa: que entre todos
--los trabajadores, los gestores de la empresa, los accionistas-- seamos
capaces de conseguir la viabilidad y asegurar el futuro de los astilleros
públicos a partir del 1.º de enero de 1998 sobre la base de su
competitividad, de su viabilidad en los mercados internacionales sin
ayudas públicas, porque a partir de esa fecha, como todo el mundo sabe,
ya no estarán permitidas.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ministro.
Tiene la palabra el Senador Unceta.
El señor UNCETA ANTON: Muchas gracias, señor Presidente.
Gracias, señor Ministro, por su contestación, que nos satisface.
Aprovecho esta oportunidad para felicitarle, puesto que es un José, en el
día 19 de marzo. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario
Popular.)
El señor PRESIDENTE: Gracias, Senador Unceta.
Tiene la palabra el señor Ministro.
El señor MINISTRO DE INDUSTRIA Y ENERGIA (Piqué i Camps): Muchas gracias,
Presidente, simplemente quiero agradecer al Senador la felicitación.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias.
--DE DON DIEGO LORA PAGOLA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL SENADO,
SOBRE LAS LINEAS DE ACTUACION DEFINIDAS POR LA AGENCIA INDUSTRIAL DEL
ESTADO (AIE) EN EL PLAN DESTINADO A GARANTIZAR LA VIABILIDAD FUTURA DE LA
EMPRESA NACIONAL SANTA BARBARA DE INDUSTRIAS MILITARES, S. A.
(680/000211.)
El señor PRESIDENTE: Pregunta de don Diego Lora Pagola, del Grupo
Parlamentario Popular en el Senado, sobre las líneas de actuación
definidas por la Agencia Industrial del Estado en el plan destinado a
garantizar la viabilidad futura de la Empresa Nacional Santa Bárbara de
Industrias Militares, S. A.
Senador Lora Pagola, tiene la palabra.
El señor LORA PAGOLA: Gracias, señor Presidente.
Señor Ministro, buenos días. En su comparecencia del pasado 19 de
septiembre de 1996 en la Comisión de Industria, Comercio y Turismo del
Senado el Grupo Parlamentario Socialista le preguntaba con preocupación
sobre el cierre de la Empresa Nacional Santa Bárbara de Industrias
Militares en Granada, Palencia, la Vega --Oviedo-- y el futuro laboral de
los trabajadores de la factoría de Valladolid.
Usted, señor Ministro, hizo referencia a los costes de las pérdidas,
tanto económicas como laborales, de todos los centros productivos de
Santa Bárbara como consecuencia del fracaso, en términos generales, del
plan de diversificación, constatando que es una situación desde el punto
de vista industrial y financiero no sostenible, añadiendo que no ha
existido coraje político para aplicar dicho plan y que como consecuencia
--no porque nosotros queramos, sino porque la propia realidad lo impone--
nos veríamos abocados a una situación concursal, puesto que la situación
de la empresa desde el punto de vista financiero es de quiebra técnica.
Sin embargo, dio la alternativa de poner en práctica un plan de
viabilidad de la empresa, dejando la puerta abierta a la posibilidad de
una cierta continuidad de una parte de la estructura productiva y de una
parte de los trabajadores de Santa Bárbara.
Consciente de la voluntad negociadora de su Ministerio, tanto con los
gestores de las empresas públicas como
con los sindicatos, ¿me podría responder, señor Ministro, cuáles son las
principales líneas de actuación definidas por la Agencia Industrial del
Estado en el plan destinado a garantizar la viabilidad futura de la
Empresa Nacional Santa Bárbara de Industrias Militares?
Gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, Senador Lora Pagola.
Tiene la palabra el señor Ministro de Industria y Energía.
El señor MINISTRO DE INDUSTRIA Y ENERGIA (Piqué i Camps): Gracias, señor
Presidente. Gracias, señoría.
Efectivamente, usted plantea una situación --con la que nos encontramos
también al inicio del nuevo Gobierno-- enormemente preocupante en cuanto
al futuro de Santa Bárbara. Nos encontrábamos con una empresa en quiebra
técnica y con pérdidas multimillonarias: entre 20.000 y 25.000 millones
de pesetas en los últimos años por cada ejercicio y una previsión de
pérdidas similar para los próximos. Por tanto, una situación desde el
punto de vista financiero y empresarial insostenible, además agravada por
otro fenómeno, que era la absoluta falta de coincidencia entre las
necesidades de la política de defensa definida por el Ejército de Tierra
y la oferta de Santa Bárbara. En definitiva, nos encontrábamos ante una
situación prácticamente sin salida.
Sin embargo, la propia explicitación de esa situación nos ayudó a crear
entre todos un estado de opinión favorable a la corresponsabilización
respecto al futuro de Santa Bárbara y, por lo tanto, a cambiar la
relación entre nuestras industrias de defensa y las necesidades de la
Defensa nacional, cosa que hemos hecho ya, y creo que con bastante éxito,
en temas relacionados con el Ejército del Aire y el programa EFA, o en
temas relacionados con la Armada y las fragatas que va a construir Bazán,
así como con los blindados, en los que se está trabajando también para
apoyar a Santa Bárbara. Y, efectivamente, está cambiando la actitud del
Ministerio de Defensa en relación con nuestras industrias de defensa,
pero este cambio de actitud no es gratuito, es debido a ese esfuerzo de
responsabilidad que se ha hecho desde esas industrias --en particular
desde Santa Bárbara-- y que se refleja por primera vez en un amplio
acuerdo entre la Empresa, la Agencia Industrial del Estado, que es su
accionista, y los sindicatos, para --insisto-- desde la
corresponsabilidad, darle la vuelta --si se me permite una expresión poco
parlamentaria-- como se le da un calcetín, a la actuación de Santa
Bárbara hasta este momento.
Se trata de un compromiso compartido de alcanzar la viabilidad de todos y
cada uno de los centros que deben permanecer abiertos en un plazo máximo
de tres años, de establecer una serie de medidas de carácter laboral
enormemente importantes en forma de expedientes de regulación y de
previsión de cierres, pero pactadas con los sindicatos, que yo creo que
van a permitir --si todos hacemos las cosas bien, que así lo espero--
asegurar el futuro de una Santa Bárbara adecuada a las necesidades de la
defensa nacional, adaptada a la demanda realmente existente y, por fin,
viable y competitiva, que en el plazo de unos años no cueste más dinero a
los ciudadanos.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ministro.
El Senador Lora Pagola tiene la palabra.
El señor LORA PAGOLA: Quiero agradecer al señor Ministro su respuesta y
mostrar mi satisfacción por la contestación que nos ha dado.
El señor PRESIENTE: Muchas gracias.
--DE DON LUIS ESTAUN GARCIA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL
SENADO, SOBRE LAS PREVISIONES DEL GOBIERNO EN RELACION CON LA
PRIVATIZACION DEL GRUPO INDUSTRIA ESPAÑOLA DEL ALUMINIO, S. A. (INESPAL).
(680/000213.)
El señor PRESIDENTE: Pregunta de don Luis Estaún García, del Grupo
Parlamentario Popular en el Senado, sobre las previsiones del Gobierno en
relación con la privatización del Grupo Industria Española del Aluminio,
S. A.
El señor Estaún tiene la palabra.
El señor ESTAUN GARCIA: Muchas gracias, señor Presidente.
Señor Ministro, ¿cuáles son las previsiones del Gobierno sobre la
privatización del Grupo Inespal?
El señor PRESIDENTE: Gracias.
El señor Ministro tiene la palabra.
El señor MINISTRO DE INDUSTRIA Y ENERGIA (Piqué i Camps): Muchas gracias,
señor Presidente.
Dentro del programa de modernización del sector público empresarial del
Estado, definido por el Gobierno y aprobado por el Consejo de Ministros a
finales del pasado mes de junio, se establece la voluntad de privatizar
las empresas integradas en la Sociedad Estatal de Participaciones
Industriales, entre ellas Inespal. De todas maneras, ésa no es una
previsión novedosa, de hecho, el antiguo «holding» público Teneo, hoy
desaparecido, ya estaba en negociaciones para la venta de Inespal desde
hacía bastantes años, consciente de la dificultad de sostener una
industria del aluminio, que es una industria completamente globalizada y
a nivel parlamentario, desde un accionista estatal, con las limitaciones
obvias que se derivan de las restricciones presupuestarias y de las
restricciones jurídicas asociadas a nuestra pertenencia a la Unión
Europea.
El principal obstáculo para esa desinversión siempre fue la incertidumbre
asociada al coste de la energía eléctrica, que es un factor básico para
la producción de aluminio, como todo el mundo sabe. Esa incertidumbre
derivaba del hecho de que las tarifas y todo el sistema eléctrico se
basaba en la intervención de la Administración y en una
decisión administrativa que, lógicamente, podía ser cambiada en cualquier
momento, y una inversión de esas características requiere de un plazo muy
largo, del orden de los 20 años, de estabilidad para poder ser tomada con
todas las consecuencias.
Afortunadamente, el nuevo Protocolo eléctrico permite el establecimientos
de contratos libremente acordados entre las partes y, por tanto, la
fijación de precios no en base a una decisión administrativa, sino en
base a ese acuerdo que se puede establecer para un plazo muchísimo más
largo. Eso ha permitido el desbloqueo de la situación y que una de las
principales compañías de aluminio del mundo, Alcoa, pueda firmar, y de
hecho ha firmado, un acuerdo de intenciones con SEPI, con la Sociedad
Estatal de Participaciones Industriales, para la eventual hipotética
compra de Inespal.
Quedan dos condiciones por cumplir: que Alcoa efectúe las auditorías
correspondientes desde el punto de vista financiero y desde el punto de
vista industrial y, lo que es más importante a nuestros efectos, que
presente un plan industrial para el conjunto del Grupo que garantice la
continuidad de todos sus centros y de los puestos de trabajo. Una vez
tengamos encima de la mesa este plan, hemos tomado el compromiso de
discutirlo con las Federaciones del Metal de Comisiones Obreras y de UGT,
y sobre esta base vamos a tomar la decisión correspondiente.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ministro.
El señor Estaún tiene la palabra.
El señor ESTAUN GARCIA: Muchas gracias, señor Presidente.
Señor Ministro, usted visitó ayer Zaragoza y tuvo oportunidad de
comprobar la preocupación que existe en Aragón en lo referente a la venta
de Inespal a Aluminum Company of America.
Supongo también que el Gobierno de Aragón le trasladaría la proposición
no de ley que, a instancias del Partido Aragonés, aprobaron las Cortes de
Aragón la semana pasada. En ella se exigía al Ministerio de Industria que
el Plan Industrial, que usted ha mencionado y que actualmente elabora
Alcoa, contemple las inversiones necesarias para asegurar el
mantenimiento de la actividad industrial y los puestos de trabajo en la
planta de Inespal en Sabiñánigo.
Por supuesto que esta exigencia se puede hacer extensiva a todas las
factorías del Grupo Inespal. No hay que olvidar que el Grupo cuenta con
una buena estructura productiva después de varios planes de
reestructuración llevados a cabo por el INI con fuertes inversiones.
También es un dato importante los beneficios de casi 5.000 millones de
pesetas que Inespal dio en el año 1996.
Señor Ministro, me voy a referir en particular a la Planta de Inespal en
Sabiñánigo, dado que, como Senador del Partido Aragonés por Huesca, es la
que mejor conozco y, además, es una buena muestra de lo que representa el
Grupo Inespal.
La factoría de Sabiñánigo ha llegado a ocupar a 850 trabajadores, que
después de sucesivas reestructuraciones se ha quedado en los actuales 388
puestos de trabajo, lo cual no impide que sea la mayor empresa
metalúrgica de la provincia de Huesca. Esta factoría, especializada en la
fabricación de hoja fina, producto del que exporta el 50 por ciento de su
producción, presenta destacados índices de productividad y calidad,
dentro de los ya de por sí altos índices de todo el Grupo Inespal. No es
ésta la única producción de Sabiñánigo, también se realizan tochos de
aluminio, producto que, con una inversión de solamente 200 millones,
vería doblada su producción, amortizando la inversión en 4 ó 5 años.
Eso es un ejemplo de lo que debe ser el Plan Industrial que el Ministerio
debe exigir a Alcoa, un plan que contemple inversiones que garanticen la
viabilidad de los centros de producción y el mantenimiento de los puestos
de trabajo, como usted mismo ha dicho.
Por otra parte, señor Ministro, el origen de la industria de aluminio en
Sabiñánigo --como también usted ha recordado-- es debido, desde
principios de siglo, a la disponibilidad y precio de la energía eléctrica
de las cercanas centrales hidroeléctricas del Pirineo. Confiamos en que
el nuevo Protocolo eléctrico influya en el mantenimiento de estas
ventajas a la hora de acceder a la electricidad.
Señor Ministro, acabo agradeciéndole la sensibilidad e interés que ha
demostrado por este problema y expresándole el deseo de que esta
privatización de Inespal, una de las primeras programadas, sea un
ejemplo, de manera que se apacigüen las inquietudes que el proceso
privatizador pueda provocar en la sociedad y en los trabajadores.
Muchas gracias, señor Ministro.
El señor PRESIDENTE: Gracias.
El señor Ministro tiene la palabra.
El señor MINISTRO DE INDUSTRIA Y ENERGIA (Piqué i Camps): Muchas gracias,
señor Presidente.
Señoría, gracias también por sus recomendaciones respecto al contenido
del Plan industrial que nos debe presentar Alcoa, las tendremos muy en
cuenta y le aseguro que, en buenas medida, las compartimos.
Quisiera hacer una breve referencia a su última frase respecto a la
inquietud que pueda generar en los trabajadores el proceso de
privatización. Usted mismo ha dado unos datos --no coinciden exactamente
con los que yo tengo en la cabeza porque estoy hablando de memoria y, por
tanto, también me puedo equivocar--: en manos públicas la planta de
Sabiñánigo ha pasado de 850 trabajadores a 320, por lo tanto, la garantía
del empleo no pasa por la titularidad pública o privada de las empresas,
sino que pasa por su eficacia, por su viabilidad y su capacidad para
competir.
Desde ese punto de vista,quisierarecordar también --y lo digo como
ejercicio de responsabilidad de cara al contenido del Plan industrial al
que usted hacía referencia-- que es verdad que Inespal ganó casi 5.000
millones de pesetas, el año pasado, pero también es cierto que la
actividad de laminación, no sólo en Sabiñánigo, sino también en Alicante
y en Amorebieta, ha perdido dinero. Y aprovecho la ocasión para hacer
llegar el mensaje a los interlocutores sociales con el fin de que seamos
capaces de conseguir
convenios colectivos que se adecuen a las necesidades concretas de cada
centro de trabajo y no se planteen sólo en términos del conjunto del
Grupo.
Gracias. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Popular.)
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.
--DE DON JUAN GARRIDO HERRAEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL
SENADO, SOBRE SI ESTA PREVISTA LA FIRMA DE UN CONVENIO ENTRE EL
MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE Y LA JUNTA DE COMUNIDADES DE CASTILLA-LA
MANCHA, SEMEJANTE AL QUE SE HA FIRMADO CON LA GENERALIDAD VALENCIANA, EN
EL QUE QUEDEN RECOGIDOS TANTO EL ABASTECIMIENTO DE AGUA A LA CIUDAD DE
ALBACETE COMO LA DOTACION DE REGADIOS. (680/000208.)
El señor PRESIDENTE: Pregunta de don Juan Garrido Herráez, del Grupo
Parlamentario Popular en el Senado, sobre si está prevista la firma de un
convenio entre el Ministerio de Medio Ambiente y la Junta de Comunidades
de Castilla-La Mancha, semejante al que se ha firmado con la Generalidad
Valenciana, en el que queden recogidos tanto el abastecimiento de agua a
la ciudad de Albacete como la dotación de regadíos.
El Senador Garrido tiene la palabra.
El señor GARRIDO HERRAEZ: Muchas gracias, señor Presidente.
Señora Ministra, el pasado 14 de enero se suscribió un convenio entre el
Ministerio de Medio Ambiente que usted preside y la Generalidad
Valenciana en el que se prevén una serie de infraestructuras hidráulicas
a realizar en esa Comunidad dentro de la cuenca del río Júcar, que
podrían afectar, por tanto, al resto de la cuenca y, por ende, a la
provincia de Albacete y su región.
Se hace necesario, por tanto, conocer de la responsable del Departamento
de Medio Ambiente la respuesta a la siguiente pregunta que tengo el honor
de formularle: ¿Está prevista la firma de un convenio entre el Ministerio
de Medio Ambiente y la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha,
semejante al que ha firmado con la Generalidad Valenciana, en el que
queden recogidos tanto el abastecimiento de agua a la ciudad de Albacete
como la dotación de regadíos?
Muchas gracias, señora Ministra.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.
La señora Ministra de Medio Ambiente tiene la palabra.
La señora MINISTRA DE MEDIO AMBIENTE (Tocino Biscarolasaga): Gracias,
señor Presidente.
Efectivamente, señor Senador, el Ministerio de Medio Ambiente ha
elaborado una propuesta de proyecto de convenio con la Junta de
Comunidades de Castilla-La Mancha sobre actuaciones hidráulicas, que en
este momento están negociando tanto los técnicos del Gobierno del
Presidente Bono como los del Ministerio de Medio Ambiente, y no tiene que
ser necesariamente semejante al Convenio que se ha celebrado con la
Generalitat de Valencia, puesto que las necesidades son distintas. Es
importante que el objetivo a cubrir por ese convenio sea precisamente el
siguiente: lograr la satisfacción de las demandas hídricas actuales y
previsibles de Castilla-La Mancha.
Señoría, esto es realmente lo que debemos garantizar. Porque, en efecto,
este convenio tiene que tener la previsión clara de, en el marco de la
planificación hidrológica, satisfacer una serie de objetivos muy
concretos. En primer lugar --reitero--, la satisfacción de las
necesidades de agua de Castilla-La Mancha, concretamente en agua potable
para usos de abastecimiento urbano e industrial y en agua de regadíos
--como es lógico-- declarados de interés general, como el de la Manchuela
centro o el del Canal de Albacete.
En segundo lugar, pretendemos lograr que funcionen una serie de
mecanismos de coordinación entre las dos Administraciones competentes
para lograr la protección del dominio público hidráulico y, además, la
preservación del medio ambiente.
En tercer lugar, su señoría sabe que es muy importante en Castilla-La
Mancha asegurar la explotación de los acuíferos de La Mancha occidental
para que, efectivamente, se pueda conseguir el máximo posible de
extracciones de regadío dentro de las posibilidades existentes de agua
renovable.
En cuarto lugar, con el ahorro del agua, es decir, con el uso eficiente
del agua, no sólo en Castilla-La Mancha, sino en toda España se pretende
lograr unas reservas de agua que nos permitan conseguir paulatinamente el
otorgamiento de concesiones que en este momento no tienen la titularidad
del uso privativo del agua que tienen que tener esas extracciones.
Para todo esto, señorías, vamos a poner en marcha dos tipos de
actuaciones. En primer lugar, lo que podríamos denominar actuaciones para
abastecimiento de agua potable a núcleos urbanos, en todos los pueblos
que están lindando con las cuencas del Tajo, Júcar, Guadiana y
Guadalquivir y, fundamentalmente --y lo digo aquí una vez más, pues creo
que a su señoría le interesa especialmente-- a través de ese agua del
Júcar se van a garantizar --es el compromiso de esta Ministra-- los
abastecimientos futuros urbanos de la propia ciudad de Albacete y su
entorno a través de esa concesión de 30 hectómetros cúbicos al año de
agua garantizada por ley.
Haremos también otro tipo de obras, como son las infraestructuras de
regadío en zonas declaradas de interés general, porque sabe su señoría
que un Ministro de Agricultura del Gobierno anterior, el señor Romero, en
el año 1989 elaboró un decreto declarando no sé cuántos miles de
hectáreas de regadío que, lamentablemente, todavía no han visto la luz
del sol.
Por lo tanto, queremos poner en marcha todo ese plan de actuaciones
hidráulicas concretas para que, a través de la modernización de la
Acequia del Júcar --precisamente
la obra del Convenio con la Generalitat de Valencia que tanto se ha
criticado-- queden garantizados, por lo menos en la primera etapa, 100
hectómetros cúbicos de agua. Algo, señorías, que nunca había tenido
Castilla-La Mancha.
Esta es la realidad de ese convenio que esperamos poder firmar en cuanto
se llegue a ese acuerdo, pues estimo que es justo que algunas
situaciones, históricamente consolidadas en Castilla-La Mancha que no han
estado debidamente justificadas, tengan su fin, y esto es lo que este
Gobierno ha empezado a poner en marcha.
Gracias, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Ministra.
Tiene la palabra el Senador Garrido.
El señor GARRIDO HERRAEZ: Gracias, señora Ministra.
Mi reconocimiento por su sensibilidad, principalmente por su decisión de
afrontar un añejo problema como es la distribución de los recursos
hídricos, lejos de la pasividad de gobiernos anteriores, tarea en la que
le deseo los mayores éxitos.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, Senador Garrido.
--DE DOÑA MARIA MERCEDES COLOMA PESQUERA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR
EN EL SENADO, SOBRE LA FORMA PREVISTA POR EL MINISTERIO DE SANIDAD Y
CONSUMO PARA ABORDAR LA REORDENACION DE LAS URGENCIAS MEDICAS, TANTO
HOSPITALARIAS COMO EXTRAHOSPITALARIAS. (680/000209.)
El señor PRESIDENTE: Pregunta de doña María Mercedes Coloma Pesquera, del
Grupo Parlamentario Popular en el Senado, sobre la forma prevista por el
Ministerio de Sanidad y Consumo para abordar la reordenación de las
urgencias médicas, tanto hospitalarias como extrahospitalarias.
Tiene la palabra la Senadora Coloma Pesquera.
La señora COLOMA PESQUERA: Gracias, señor Presidente.
Señor Ministro, uno de los problemas de todo sistema sanitario se
encuentra en las urgencias médicas. No resulta extraño encontrar en los
medios de comunicación, tanto escritos como audiovisuales, imágenes de
servicios de urgencia saturados de enfermos, incluso lo hemos comprobado
nosotros mismos cuando hemos tenido necesidad de acudir a cualquiera de
dichos servicios.
Entiendo, señor Ministro, que aquello que representa una situación
generada en el transcurso de muchos años por una ineficaz gestión no
puede modificarse sustancialmente en tan sólo diez meses de Gobierno. Sin
embargo, siendo este tipo de asistencia sanitaria vital en muchos casos,
considero que precisa de una especial atención. Atención, señor Ministro,
que también se debe brindar al primer nivel asistencial, es decir, al de
la atención primaria, a fin de evitar que el paciente lo eluda y pase
directamente al centro hospitalario cuando muchos de los problemas pueden
y deben ser atendidos y resueltos en este nivel.
Por todo ello, la pregunta que formulo es la siguiente: ¿Qué criterios
tiene previsto aplicar el Ministerio de Sanidad a fin de abordar la
reordenación de las urgencias médicas, tanto hospitalarias como
extrahospitalarias.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, Senadora Coloma Pesquera.
Tiene la palabra el señor Ministro de Sanidad.
El señor MINISTRO DE SANIDAD Y CONSUMO (Romay Beccaría): Muchas gracias,
señor Presidente; muchas gracias, señora Senadora.
Señala usted, con acierto, un problema existente. Se podría decir que los
servicios de urgencia producen al mismo tiempo exasperación y afecto; es
decir, los ciudadanos padecen muchas incomodidades en estos servicios,
pero al mismo tiempo tienen una gran confianza en ellos y saben que a
través de los mismos se pueden solucionar muchos problemas, lo cual
representa un motivo de tranquilidad y de seguridad en nuestras gentes.
Como señala su señoría, en la atención de urgencia hay que distinguir
entre la primaria y la de especialidad. En atención primaria, la atención
de urgencia se presta en los centros de salud en los horarios normales, y
también fuera del horario habitual de funcionamiento de los centros en
los puntos de atención continuada, de los cuales existe al menos uno en
todas las diferentes zonas básicas de Salud. En 1996 había un total
de 716 y 91 servicios normales de urgencia.
El Insalud ha tomado la decisión estratégica de ir implantando, con
carácter progresivo, la extensión de centros coordinadores de urgencia a
los que se pueda acudir a través de un teléfono de fácil acceso: el 061.
En el territorio del Insalud, en este momento este servicio sólo lo
tienen tres provincias: Asturias, Madrid y Baleares. En este mismo año
1997, ese servicio se va a extender a Cantabria, Castilla-La Mancha y
Murcia, siete provincias más que van a disponer de ese servicio, y nos
proponemos que en 1998 todo el territorio del Insalud esté dotado del
mismo.
A través de ese servicio, que tiene una gran aceptación entre la
población, se procede a la coordinación de la atención urgente de los
puntos diferentes de atención continuada, se centralizan todas las
llamadas de urgencia, se da un primer consejo médico a los que llaman
--porque este servicio está atendido por profesionales muy
cualificados--, y desde el propio servicio 061, si es preciso, se busca
el médico, el profesional sanitario que debe acudir a ver a ese enfermo,
la ambulancia, si fuera necesario, que va a trasladar al enfermo a otro
centro asistencial y se conecta con ese centro en donde va a ser
atendido. Por lo dicho,
se comprende muy fácilmente la gran aceptación social que tiene este
servicio.
En cuanto a la atención urgente dentro de los hospitales, le puedo decir
que el planteamiento actual por parte del Insalud es revisar
permanentemente la demanda de urgencias y los recursos existentes para
proceder a la adecuación de ambos. Está planteada una revisión general de
los recursos disponibles en las áreas de urgencia y en la atención
continuada para tratar de acomodar los recursos a las cargas reales de
urgencia, de tal manera que se compaginen la adecuada atención sanitaria
y la eficiencia de los recursos. Como proyecto más avanzado podemos
destacar la reordenación de la atención continuada en facultativos
mayores de 55 años con el fin de liberar a este grupo de médicos de la
realización de guardias de presencia física y que su dedicación pueda
enfocarse a la atención programada en consultas externas y en urgencia
programada. Con esto y con la mejor coordinación, que es fundamental,
entre la atención primaria y la atención especializada, de forma que todo
lo que se pueda hacer en atención primaria no llegue a la atención
especializada, creo que podremos conseguir una significativa mejora en la
atención de nuestros servicios de urgencia a toda la población.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Ministro.
La Senadora Coloma Pesquera tiene la palabra.
La señora COLOMA PESQUERA: Muchas gracias, señor Presidente.
Señor Ministro, he podido comprobar en su respuesta la gran preocupación
mostrada por ese Ministerio para dar una pronta solución a los problemas
de la reordenación de las urgencias médicas, lo cual es de agradecer ya
que la adopción de dichas medidas, en definitiva, redundará en una mayor
calidad asistencial para todos los ciudadanos.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, Senadora Coloma Pesquera.
--DE DON ELIAS ARRIBAS AROGONES, DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL
SENADO, SOBRE LAS MEDIDAS QUE VA A PONER EN MARCHA EL MINISTERIO DE
SANIDAD Y CONSUMO A FIN DE AUMENTAR LOS RENDIMIENTOS EN LAS AREAS
QUIRURGICAS HOSPITALARIAS. (680/000212.)
El señor PRESIDENTE: Pregunta de don Elías Arribas Aragonés, del Grupo
Parlamentario Popular en el Senado, sobre las medidas que va a poner en
marcha el Ministerio de Sanidad y Consumo a fin de aumentar los
rendimientos en las áreas quirúrgicas hospitalarias.
El Senador Arribas Aragonés tiene la palabra.
El señor ARRIBAS ARAGONES: Muchas gracias, señor Presidente.
Señor Ministro, como bien conocerá, las listas de espera quirúrgicas son
responsables de un alto porcentaje de las reclamaciones hospitalarias y
del grado de insatisfacción del ciudadano con respecto al Sistema
Nacional de Salud.
Si bien es cierto que la urgencia quirúrgica es atendida con la
inmediatez precisa, no podemos olvidar que existen otro tipo de procesos
patológicos susceptibles de tratamiento quirúrgico que, si no representan
un peligro para la vida, sí es cierto que en muchos casos provocan una
situación invalidante, en mayor o menor grado, que debe ser tratada en
los plazos más cortos de tiempo.
Las causas que dan lugar a la existencia de listas de espera son diversas
y de distinto abordaje, pero dentro de ellas existe una que a nivel de la
calle se considera como la más inmediata; me refiero a la escasa
disponibilidad de quirófanos para llevar a cabo este tipo de
intervenciones. Es por ello que le pregunto sobre las medidas que va a
poner en marcha el Ministerio de Sanidad y Consumo a fin de aumentar los
rendimientos en las áreas quirúrgicas.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, Senador Arribas Aragonés.
El señor Ministro de Sanidad y Consumo tiene la palabra.
El señor MINISTRO DE SANIDAD Y CONSUMO (Romay Beccaría): Muchas gracias,
señor Presidente.
Yo comparto concretamente el diagnóstico del señor Senador y el
convencimiento de que realmente las listas de espera, las demoras
excesivas son motivo de insatisfacción muy importante por parte de los
usuarios de los servicios de salud y dan lugar efectivamente a muchas
reclamaciones y, lo que a mi juicio todavía es más grave, atentan a un
principio básico del sistema cual es la equidad. Lamentablemente los más
perjudicados por estas demoras excesivas son aquellos ciudadanos que no
tienen alternativa frente a las insuficiencias del Sistema Nacional de
Salud y, por lo tanto, que no tienen más remedio que aceptar esas
demoras, sin posibilidad de buscar solución por otros medios, lo cual
atenta gravemente a la equidad, y nos obliga a redoblar los esfuerzos
para evitar esas situaciones.
Lo cierto es que durante 1996 se ha producido un incremento muy
apreciable de la actividad quirúrgica; las intervenciones quirúrgicas con
ingresos aumentaron un 16 por ciento; la cirugía mayor ambulatoria un 38
por ciento; la cirugía menor un 5 por ciento, lo cual hace que el reto de
aumentar todavía esa actividad en 1997 se presente lleno de dificultades.
No obstante, vamos a hacer todo lo posible por conseguir aumentar también
la actividad quirúrgica en 1997 sobre 1996, y los contratos-programa con
nuestros hospitales tienen un incremento de intervenciones quirúrgicas
programadas con ingresos del 4,7 por ciento otra vez con un aumento
importantísimo de la cirugía mayor ambulatoria de un 35 por ciento, es
decir, después de un aumento del 38 por ciento en 1996, todavía queremos
alcanzar
otro aumento del 35 en 1997, porque, como se sabe, la cirugía mayor
ambulatoria es un elemento estratégico en la lucha contra las demoras
excesivas en los sistemas de salud.
Para conseguir este conjunto de objetivos que nos permitirán reducir la
demora media en 1997 a 90 días, frente a los 7 meses que había a
principios de 1996, y la demora máxima a 9 meses se van a implantar un
conjunto de medidas que se concretan en las siguientes: aumento de los
rendimientos quirúrgicos al menos al 78 por ciento del tiempo disponible.
No se excluye que en algún hospital pueda ser necesaria la instalación de
algún quirófano más o de unas camas más de reanimación o aumentar el
número de anestesistas, pero tenemos que hacer un esfuerzo muy grande
para aprovechar los recursos que tenemos ya aumentando los rendimientos
quirúrgicos y llegando a ese 78 por ciento, que puede dar una idea de lo
que significa si se recuerda que a principios del año 1996 ese
rendimiento estaba en el 65 por ciento.
Vamos a fomentar, como antes decía, la cirugía mayor ambulatoria con ese
35 por ciento de aumento; vamos a consensuar con las sociedades
científicas protocolos de inclusión en listas de espera; vamos a fomentar
la instauración de la consulta de segunda opinión en aquellas
especialidades de más demora, vamos a favorecer la coordinación entre
atención primaria y especializada al objeto de desarrollar programas en
atención primaria, por ejemplo, en cirugía menor en atención primaria
está previsto realizar este año 60.000 intervenciones que descargarán
consiguientemente los hospitales; vamos a aumentar la atención
domiciliaria que permitirá también un mejor manejo de las camas, si
aumentamos por ejemplo nuestros programas de atención domiciliaria a
pacientes terminales.
Lógicamente la consecución de estos objetivos pasa necesariamente por
lograr que los profesionales se vinculen en los mismos. Para ello se ha
establecido ya una cuantía económica que permita la incentivación de los
profesionales en función del cumplimiento del pacto consignado en el
contrato-programa; este año dicha cuantía está ya determinada en el
contrato-programa. El cumplimiento de la actividad pactada será evaluado
mensualmente, habiéndose comprometido las gerencias a remitir a los jefes
de unidad y/o servicio, así como a los órganos de participación y
seguimiento estas evaluaciones mensuales. Con ello se pretende que todos
los profesionales tengan información permanente de lo que está ocurriendo
para que ellos mismos establezcan las medidas necesarias para corregir
posibles desviaciones.
La propuesta para el reparto de la productividad tendrá en cuenta los
siguientes parámetros: primar el cumplimiento de los indicadores de
calidad, primar el cumplimiento de los indicadores de demora, primar el
cumplimiento de la estancia media ajustada y primar el cumplimiento de la
cirugía mayor ambulatoria.
Con todo esto esperamos mayores rendimientos quirúrgicos y que eso nos
permita alcanzar los objetivos en cuanto a demora media y demora máxima
para las intervenciones quirúrgicas.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Ministro.
INTERPELACIONES:
El señor PRESIDENTE: Terminado el primer punto del orden del día, pasamos
al segundo: interpelaciones. (El Senador Arévalo Santiago pide la
palabra.)
El Senador Arévalo tiene la palabra.
El señor AREVALO SANTIAGO: Señor Presidente, queda aplazada la
interpelación que yo tenía formulada a la señora Ministra de Justicia.
Pero permítame, señor Presidente, que formule mi más enérgica protesta,
porque la señora Ministra de Justicia incomparece hoy, en esta Cámara,
sin haber dado el aviso oportuno cuando debía haberlo hecho y, además,
cuando, al haberse modificado el calendario del control del Gobierno ante
el Senado, se nos garantizó que no se produciría la ausencia de ningún
Ministro en el momento en que se formularan las preguntas y las
interpelaciones.
Yo ruego, señor Presidente, que me ampare, que ampare a los Senadores,
para que el Gobierno cumpla con su obligación, con su responsabilidad:
que comparezca ante la Cámara para ser sometido a control, y que no nos
deje en esta situación, bastante desairada para el Senado y para cada uno
de los que hemos formulado preguntas o interpelaciones.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, Senador Arévalo.
Esta cuestión ya se vio en la Mesa y Junta de Portavoces y, en efecto, el
Gobierno reconoció que la Ministra había avisado de que no podía venir,
es decir, su imposibilidad de asistencia, aunque se hizo fuera del plazo.
Por tanto, conste que quedó claro en la Junta de Portavoces.
--DE DON FRANCISCO JOSE ZAMORANO VAZQUEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO
SOCIALISTA, SOBRE LOS CRITERIOS DEL GOBIERNO ANTE LA SITUACION DE LAS
LISTAS DE ESPERA QUIRURGICAS DEL INSTITUTO NACIONAL DE LA SALUD
(INSALUD). (670/000038.)
El señor PRESIDENTE: Interpelación de don Francisco José Zamorano
Vázquez, del Grupo Parlamentario Socialista, sobre los criterios del
Gobierno ante la situación de las listas de espera quirúrgicas del
Instituto Nacional de la Salud.
Para su defensa, y para consumir un turno de quince minutos, tiene la
palabra el interpelante, Senador Zamorano Vázquez.
El señor ZAMORANO VAZQUEZ: Señor Presidente, señor Ministro, señorías, el
análisis de las listas de espera sanitarias requiere realizar un conjunto
de precisiones previas
al objeto de poder definir bien y correctamente el contexto del problema
al cual nos enfrentamos.
Las listas de espera, en su conjunto y con carácter general, se
constituyen como un mecanismo para ordenar cualquier acceso a una serie
de bienes y servicios, pero en las listas de espera sanitarias concurre
un número de circunstancias de muy diversa índole, pero muy específicas,
que afectan tanto a su aparición como a su desarrollo posterior y que
creo que merecen que las tengamos en cuenta a la hora de afrontar
cualquier análisis sobre ellas. Se ha escrito mucho, se ha dicho mucho,
pero nos interesaría resaltar, fundamentalmente, tres puntos.
Un primer punto hace referencia --y creo que es especialmente importante
tenerlo hoy en cuenta cuando se está sacralizando tanto el concepto de
mercado-- a ese mercado sanitario --entendiéndolo entre comillas-- por
cuanto que aquí se va a dar una característica fundamental que va a
romper con toda esa teoría tan traída y llevada hoy en día con el
neoliberalismo que impera, y es que es un mercado --otra vez entre
comillas-- no transparente. Es un mercado en el cual los componentes no
pueden reaccionar entre sí porque uno de ellos tiene una situación de
dominio en cuanto a mayor conocimiento y el otro tiene una situación más
bien de subordinación, incluso con aspectos de inquietud o ansiedad. Es
un mercado que no se ajusta vía precios, por lo cual suele generarse aquí
un fenómeno por el que se dice que la oferta es aquella que genera su
propia demanda.
Otro aspecto que debe destacarse es la existencia de razones que
determinan que este permanente desfase se vaya acumulando cada vez más,
como son los factores biológicos, el envejecimiento de la población o
incluso factores derivados de los cambios por las nuevas tecnologías que,
además, en el campo sanitario, son cada vez más constantes, y que hacen
que la demanda vaya a ir siempre detrás de la oferta.
También hay otro conjunto de factores sobre los que es mucho más fácil
actuar, como pueden ser los derivados de problemas de organización, de la
distribución adecuada de los servicios, de flexibilidad, de actividad,
etcétera. En éstos tal vez sí se podrían tomar algunas medidas.
Otro asunto sobre el que se ha hablado reiteradamente es que las listas
de espera son un problema crónico de aquellos países que tienen un modelo
integrado de salud como el nuestro. La realidad que yo quiero hacer
resaltar aquí es que las listas de espera no sólo afectan a países con un
sistema de salud como el nuestro, sino que es un fenómeno general que ha
aparecido en gran medida en todos los sistemas porque, en definitiva, de
lo que se trata es de defectos de ajustes entre los mecanismos de oferta
y demanda. Por consiguiente --y creo que es algo que tenemos que tener
claro-- es un problema que afecta al conjunto de los países, no
necesariamente a aquellos que tienen un sistema de salud como puede ser
el español.
Ante ello, la actitud que debe adoptarse en cuanto a las listas de espera
es la de su ordenación, de acuerdo con la necesidad de atención médica,
siempre según criterio médico que valore cuál es la gravedad, la urgencia
y el posible deterioro de la salud de los pacientes. Pero en esta
clasificación que se hace de los enfermos, aquellos que ocupan los
tiempos de espera más largos son aquellos a los cuales corresponden unas
patologías menores. Con todo, las listas de espera conocen un elemento de
reconocida trascendencia en el análisis de la situación sanitaria: cuando
son demasiado prolongadas generan malestar y descontento entre la
población y afectan a la equidad del sistema, como ha indicado antes el
señor Ministro. El impacto que tiene sobre los usuarios se deja sentir en
todos los estudios que se han realizado en cuanto a satisfacción,
reclamaciones, sugerencias, o los informes del Defensor del Pueblo, que
el Ministro conoce bien. Todo esto hace que sea uno de los aspectos de la
sanidad pública vividos de forma más negativa por la población, ya que
teme que pueda suponer unas consecuencias desfavorables o irreversibles
en la evolución de su propio proceso patológico.
El problema ha sido estudiado extensivamente, tanto desde el punto de
vista teórico --recuerdo los estudios de Culyer, en 1976, o de Barzel, en
1974-- como desde las situaciones que se han dado en los distintos
países, tanto con sistemas parecidos al nuestro, como diferentes. Le
puedo recordar los estudios de Beavers en el Reino Unido, en 1972; de
Frankel, en 1993; el estudio de Surman, por ejemplo, en Canadá, en 1992;
de Armensen, en Noruega, en 1991. También está muy estudiado en
Australia, en Nueva Zelanda, etcétera. Es decir, que es un problema
estudiado teóricamente y cuya evolución y aparición se ha investigado en
distintos países, tanto en los que tienen sistemas como el nuestro como
en aquellos en los que son diferentes. Por ello, y siendo un problema que
afecta a personas, siendo un problema, como digo, muy extendido y muy
estudiado, sorprende la actitud que ha tenido el Partido Popular durante
los años anteriores, especialmente en 1993 y 1996, en cuanto al
tratamiento de las listas de espera. Como he dicho, es un problema que
afecta a personas que están enfermas, que tienen inquietud y que
manifiestan ansiedad. Tengo que decir que aquí llama la atención la
irresponsabilidad con la cual el Partido Popular trató estos asuntos en
la anterior legislatura.
Conociendo como se conoce que el problema de las listas de espera es un
problema complicado, de compleja solución, el Partido Popular lo ha
utilizado como un arma arrojadiza dentro de la controversia política, con
planteamientos más bien demagógicos que estaban muy lejos de intentar
ayudar a encontrar una vía de solución para el problema. Ha generado
alarma social y, en cierta medida, y tal vez con otras intenciones, ha
intentado provocar el desprestigio de nuestro sistema sanitario público.
No creo que haga falta que recordemos a su señoría todo ese repertorio de
acusaciones y de vociferaciones que el Partido Popular realizó en la
anterior legislatura.
Señor Ministro, se llegaron a hacer preguntas dramatizando situaciones de
espera que estaban entre cero y quince días. Se llegó incluso, indirecta
pero malévolamente, a intentar ligar la disminución de la esperanza de
vida en determinada Comunidad Autónoma con la existencia de listas de
espera en ella, comportamiento que, como he dicho, genera alarma social.
El señor Villalón decía en el Congreso de los Diputados: La incompetencia
de los
gestores socialistas ha puesto en peligro la salud de los ciudadanos, en
referencia a la existencia de listas de espera en algunos hospitales;
planteamientos que han ido incluso desde el engaño --en mi opinión-- a
provocar un desprestigio del sistema. Se ha llegado a decir que lo
importante no era el tiempo de demora, el tiempo de espera, sino el
número de personas que estaban incluidas en las listas de espera, y no se
ha dicho una o dos veces, señoría. En el propio programa del Partido
Popular, en el punto 12.1, sin quitar ni añadir nada se dice: Eliminar
las listas de espera. Eliminar el número, no habla de demora de tiempo.
Señor Ministro, ¿comparte usted este punto del programa del Partido
Popular? Creo que es importante una definición sobre él, porque nos hará
ver cuál es la actitud que tenemos que tomar respecto a la gestión de su
Ministerio. ¿Qué valoración le merece este planteamiento del Partido
Popular sobre las listas de espera?
El señor Matesanz, en su comparecencia de hace unos días en el Congreso
de los Diputados, abogó por un concepto de demora media. Le leo
textualmente lo que decía: Prometer acabar con las listas de espera
sería, primero, falso, y, segundo, una insensatez. ¿Comparte el señor
Ministro este criterio del señor Matesanz? No es el criterio incluido en
el programa del Partido Popular. Yo le adelanto que el Grupo
Parlamentario Socialista sí comparte este criterio. No vamos a adoptar ni
ahora ni nunca una actitud como la que adoptó su partido en la anterior
legislatura del todo vale a costa de lo que sea con tal de lograr un
deterioro del Gobierno. Muy al contrario, le vamos a dar nuestro apoyo si
se realiza un enfoque correcto de este problema que afecta a todos los
ciudadanos y a la defensa de nuestro sistema sanitario público.
También coincidimos con el señor Matesanz en que en los tiempos de demora
si sobrepasan determinados niveles --y lo ha referido el Ministro en
respuesta a una pregunta que se formuló con anterioridad en esta
Cámara--, afectan a uno de los planteamientos básicos, que es la equidad
del sistema. En esa línea sí va a contar con nuestro apoyo: en la línea
de restablecer, de mantener, de ampliar la equidad y otros principios
básicos de nuestro sistema sanitario, no en la línea que hemos estado
viviendo durante todo este tiempo.
También coincidimos con el señor Matesanz en que ni uno ni 20 planes de
choque van a eliminar la lista de espera. También lo dijo en su
comparecencia en el Congreso de los Diputados. Y le vuelvo a leer: Un
escollo tan importante como en los tiempos de demora no puede
solucionarse con medidas coyunturales tendentes a paliar el resultado de
los mismos, sino que requiere la aplicación de medidas estructurales. No
sé si hablaba el señor Matesanz o estaba leyendo a la anterior Ministra,
señora Amador, cuando contestaba a las solicitudes de comparecencia por
parte de su Grupo en la anterior legislatura. Y, desde luego, la
respuesta que entonces tuvo por las señorías del Grupo Parlamentario
Popular no es la que está teniendo ahora por nuestro Grupo.
¿Comparte el señor Ministro este criterio del señor Matesanz? Si es así,
¿cuál fue --y permítanme que profundicemos en este tema-- el trasfondo
del plan de choque? El plan de choque no es algo que surja ahora. Hubo
muchas preguntas en la anterior legislatura al respecto y se instó al
anterior Ministro a realizarlo.
Este plan de choque, que --como ha dicho el señor Matesanz-- no va a
servir para nada en el conjunto de lo que son medidas coyunturales ante
un problema estructural, ¿qué sentido tenía? ¿Tenía como único sentido
otro acto de propaganda del Partido Popular para intentar mostrar que se
han cumplido las promesas del señor Presidente, que otra vez más --a la
vista del fracaso del plan-- se han visto incumplidas o el señor Ministro
era prisionero de las declaraciones de sus compañeros de partido?
El denominado plan de choque para reducir las listas de espera en el
Insalud merece no solamente una valoración de lo que ha sido su fracaso,
sino también de los efectos perversos que todo plan de choque tiene si no
va acompañado de otra serie de medidas estructurales. Tiene unos efectos
perversos que en un futuro no muy lejano van a aflorar y van a significar
un mayor incremento, probablemente, de las listas, unos efectos de
incentivación negativos, y una serie de perjuicios que solamente van a
dar lugar a un beneficio, el que haya podido obtener la sanidad privada
por la aplicación del mismo.
Como ya le he dicho, los planes de choque requieren medidas estructurales
para que puedan tener efecto. No olvide las características que antes le
he señalado como propias del mercado sanitario: la no transparencia del
mismo y los desfases existentes entre la oferta y la demanda. La
experiencia ha demostrado que cuando los planes de choque se aplican tan
linealmente como ha hecho el Ministerio, al final, tienen un componente
de retroalimentación importante y se produce el denominado efecto
acordeón, es decir, un incremento posterior que llegan a situarlo a unos
niveles superiores a aquellos de los cuales tenían su origen.
Estos planes de choque --y ésta es otra cosa que nos sorprende, señor
Ministro-- no son algo novedoso. Se han realizado en otros países y
también en nuestras Comunidades Autónomas. Se han visto ya los problemas
de aplicación que tenían y su Ministerio ha tenido que aplicarlos sin
tener en cuenta esas otras experiencias, sin tener en cuenta lo que se ha
realizado por otros. Insisto, caer otra vez en el mismo error, teniendo
ya la experiencia, parece más un acto de propaganda, por ese compromiso
que adquirió el Presidente en el debate de investidura, que un deseo
formal de afrontar el problema que teníamos.
Cuando se aplicó el plan de choque no se valoró la incidencia que iba a
tener en los distintos centros hospitalarios. Se han provocado colapsos
en la cirugía programada, que, sin duda, es una patología muy superior a
la que es tratada a través de las listas de espera. Se han provocado
colapsos en los servicios de urgencia hospitalarios. Se han incrementado
con estos planes de choque las listas de espera por abajo, es decir, se
quieren realizar, en principio, aquellas operaciones que impliquen un
menor tiempo. En definitiva, se viven situaciones muy dramáticas en los
servicios de urgencias que obligan, como en el caso de la Comunidad
Autónoma de Madrid, a tener que suspender lo que es la aplicación del
plan de choque.
El plan de choque, en su conjunto, y por los efectos perversos que tuvo
dentro de los hospitales, se puede considerar como un fracaso, salvo para
lo que es la sanidad privada, donde sí ha sido bastante beneficioso como
veremos a continuación. Tenía dos objetivos claros: operar a los
pacientes que tuviesen más de un año de demora y a la mitad de los que
llevaran entre seis y 12 meses. Ninguno de los dos objetivos se ha
cumplido. Hemos asistido a un auténtico baile de cifras por parte del
Gobierno, por parte del Ministerio, y por parte de los directores
generales, a la vista de sus comparecencias. Parecía que el que estaba
detrás de esto era el señor Barea porque estamos hablando de un auténtico
mecanismo de ingeniería contable, que ha tenido tan profundo calado en lo
que ha sido la mecánica presupuestaria, puesto que las cifras han bailado
de un lado para otro.
Yo estoy seguro de que en muy poco tiempo volverá a aparecer otro agujero
en estas listas de espera y la culpa, sin duda, se la volverán a echar al
anterior Gobierno, a pesar del tiempo transcurrido. Pero la realidad,
señor Ministro, es tozuda. Según el Gobierno, en mayo de 1996 había
53.822 pacientes en espera de más de un año. Cuando se pone en marcha el
plan de choque sólo quedan 21.525. Unos habían sido operados y el resto,
un número importante, fueron intervenidos telefónicamente durante los
meses de verano, pues el Ministerio consideró que habían sanado aquellos
que no estaban en su domicilio. En total, fueron más de 11.000 personas
las que se encontraron en esta situación.
El señor Ministro reconoce en una comparecencia en el Congreso que el
éxito del plan de choque, con las cifras que él mismo da, llega a un 95
por cierto. Sin embargo, una simple regla de tres demuestra que no llegó
ni al 80 por ciento. ¡Para esas cuentas no llamaría usted a «super
López», verdad, señor Ministro! Es una simple regla de tres la que nos
dice que ni siquiera llegó al 87 por ciento, suponiendo que no se
hubiesen maquillado los números que parece ser --por las informaciones
que tenemos-- que lo han sido y bastante.
Ha comparado usted la bondad de la situación, incluso lo ha hecho en una
pregunta anterior, con los resultados de 1995. No olvide que en 1995 hubo
una huelga de médicos que afectó mucho a la productividad de los
hospitales, que duró 45 días, que fue muy jaleada por su Partido y que,
por consiguiente, las cifras a comparar no son homogéneas. Si comparamos
las cifras de 1996 con las de un año de igual nivel de actividad, como
pudo ser 1994, donde no hubo huelga, vemos que las listas de espera,
durante ese período, se han incrementado en un 24 por ciento y que la
actividad quirúrgica se ha mantenido a unos niveles similares.
La política del Ministerio ha sido, en definitiva, la de dar prioridad a
las operaciones más antiguas, que han sido, aplicando el mismo concepto
de lista de espera que antes hemos desarrollado, sin duda, las más
sencillas, dejando sin realizar --lo reconoció el pasado día dos de
febrero el señor Ministro en una comparecencia-- una bolsa de operaciones
complejas que requieren unas estancias medias más largas.
Con el presupuesto del plan de choque también hay bastante controversia.
Parece ser que más de la mitad del mismo ha ido a parar a manos de la
sanidad privada, con un desfase de más de 1.000 millones de pesetas en
los conciertos de la sanidad privada que han alcanzado un total de 3.500
millones de pesetas, a pesar de que sólo han hecho el 18 por ciento de la
actividad requerida por el plan de choque.
Sobre el ahorro de miles de millones que el señor Ministro anunció que se
iban a producir con el plan de choque, el señor Matesanz dijo el otro día
en el Congreso que no es así, que con el plan de choque se ha gastado más
de lo previsto, y le echa, otra vez, la culpa a alguien porque este
Gobierno nunca asume responsabilidades de culpabilidad, le echa la culpa
a los médicos porque han gastado más de lo previsto. Lo cierto es que
esto viene a demostrar la meticulosidad con la cual el Gobierno está
manejando todos estos números y todo este dinero público. Pero hoy por
hoy, por las cifras que se dan y por la misma realidad que se constata,
no sabemos cuál es la realidad. Por eso, quisiera que el señor Ministro
nos expusiera aquí cuál es la situación en la que estamos actualmente.
¿Están las listas de espera dentro del 60 por ciento del programa
electoral que el señor Alvarez-Cascos dijo que se había cumplido o, tal
vez, porque no se consideran tan importantes o tan de interés general
como el fútbol, están dentro del 40 por ciento de lo incumplido? Creo que
habrá que saber dar prioridad a los distintos problemas que hoy tienen
los ciudadanos.
Según sus datos, el 14 de mayo de 1996 había 168.265 pacientes en lista
de espera. A 31 de diciembre de 1996, descontados los intervenidos
telefónicamente y los del plan de choque --los intervenidos, como le he
dicho, fueron 11.016-- figuraron en las listas de espera 175.735, según
uno de los diversos datos que se facilitaron, de los cuales 2.624
llevaban una espera superior a un año.
Los datos conocidos, y sin hablar de bolsas que luego aparecerán, a 31 de
enero de 1997, son más que preocupantes. Hay 173.716 pacientes en lista
de espera, es decir, una 4,8 por ciento más que el mes anterior, de los
cuales 53.400 tuvieron una espera superior a seis meses y 6.632 más de
doce, lo que significa un incremento del 253 por ciento sobre los del mes
anterior de diciembre, el mes de cierre, para la evaluación de su célebre
plan de choque.
Señor Ministro, ¿se confirman estas tendencias en las cifras de febrero?
Si esto es así, quisiéramos conocer cuál es la causa. ¿Es simplemente que
salimos de esa operación de maquillaje, del acto de propaganda del plan
de choque, o es que se confirman los efectos perversos que tiene todo
plan de choque de tipo coyuntural? Si es así es bastante más preocupante
y, desde luego, convendría saber enfocarlo.
Comencé mi intervención exponiéndole el planteamiento de mi Grupo sobre
las listas de espera y le indiqué que puede contar con nuestra
colaboración. Ahora creo que le corresponde a usted indicarnos cuál es su
visión sobre las mismas, la realidad de la situación y la política que va
a desarrollar su Ministerio. Le reitero el apoyo de mi Grupo a una línea
de actuación que dé un enfoque racional
al problema, lejos de planteamientos demagógicos o de propaganda
política, planteamientos demagógicos como los que hizo su Grupo en la
anterior legislatura y propaganda política como la del primer acto que
tuvo este Gobierno en materia sanitaria. Ha de ser una clarísima política
de actuación que se encuadre dentro de lo que es nuestro modelo sanitario
público y que sitúe la controversia de las listas de espera en el
contexto del cual irresponsablemente las sacó el Partido Popular del que
nunca debieron salir y que nosotros ayudaremos a que vuelva, el contexto
en el que debemos estar siempre, el asistencial, y no perdernos en
controversias ni en el rifirrafe político.
Muchas gracias, señor Presidente. (Aplausos en los escaños del Grupo
Parlamentario Socialista.)
El señor PRESIDENTE: Gracias, Senador Zamorano.
Tiene la palabra el señor Ministro de Sanidad.
El señor MINISTRO DE SANIDAD Y CONSUMO (Romay Beccaría): Señor
Presidente, muchas gracias.
Señor interpelante, comparezco con mucho gusto en este trámite de control
en la Cámara alta. Trataré de contestar a las cuestiones planteadas por
su señoría e intentaré dar cumplida satisfacción a sus demandas.
Las causas de la aparición de las listas de espera son ciertamente
complejas. El señor Senador empieza haciendo unas referencias y unos
alegatos contra el mercado que considero innecesarios puesto que las
limitaciones del mercado en este sector son conocidas y asumidas por
todos. Nadie está por aplicar criterios puros de mercado en este campo,
lo cual no quiere decir que la doctrina y las políticas dominantes en el
conjunto de Europa no estén todas ellas orientadas a aprovechar algunos
aspectos de la posible competencia que pueda haber en este sector para
dinamizarlo, para hacerlo menos burocrático, para darle mayor
flexibilidad y, consiguientemente, mayor capacidad de atender las
demandas de los ciudadanos. Y por darle sólo un dato al respecto, puedo
decirle que las medidas introducidas por Suecia en relación con esta
competencia regulada a que me acabo de referir, han dado ya como fruto
incrementos del 20 por ciento en estas actividades que no son nada
despreciables.
Es verdad que la demanda de los servicios sanitarios aumenta, pero en lo
que se refiere al problema de las listas de espera cuando éstas traspasan
unas demoras razonables que todo el mundo admite --nadie pretende que le
operen de todo al día siguiente--, estará de acuerdo el señor Senador
conmigo en que algunas de ellas no se deben admitir puesto que dicen poco
de la eficacia de los servicios y además pueden tener algo que ver con el
modelo integrado de prestación de servicios. También le puedo decir que
hay países y Comunidades Autónomas con el mismo modelo de servicios
integrados que tenemos aquí pero que tienen resultados en relación con
sus listas de espera muy satisfactorios y mucho mejores que los que tenía
el Insalud.
Son conocidas las cifras del País Vasco en aplicación de nuestro modelo,
como las que habíamos conseguido en Galicia, donde han bajado las demoras
medias de 245 días a 85. Todavía hace unos días he tenido noticias de las
demoras medias en el Hospital de Santiago, que están en 57 días, es
decir, que nadie espera allí más de seis meses. Se trata de Comunidades
que están aplicando el mismo modelo que tenemos en el conjunto del país y
que han conseguido que los servicios funcionen mejor y que los resultados
sean mucho más satisfactorios. Eso es algo a lo que tenemos que aspirar
también dentro del conjunto del Insalud.
En ocasiones se producen, efectivamente, problemas de ajuste entre la
oferta y la demanda, pero las posibilidades que tienen nuestros servicios
de dar mejores resultados a través de una mejor gestión y de una mejor
organización son evidentes, y en eso tenemos que aplicarnos por tratarse
de una cuestión que afecta de manera muy seria a la satisfacción de los
ciudadanos y a dar un valor tan importante y que todos reconocemos en
esta materia como es la equidad.
El programa del Partido Popular se propone, efectivamente, eliminar las
listas de espera, lo que debe ser entendido en el contexto de eliminar
las demoras excesivas de esas listas de espera. ¿En algún momento ustedes
consideraban que no entraban en las listas de espera quienes tenían que
esperar menos de dos meses? Pues, señoría, sólo con ese criterio podría
darse por bueno el objetivo de eliminación de las listas de espera. Si no
se considera que están en esas listas los que esperan menos de dos meses,
entonces puede entenderse realmente que se está cumpliendo ya con el
objetivo de eliminar esas listas de espera. En ese caso, en poco tiempo
podremos señalar ése como un objetivo efectivo de los servicios
sanitarios del Insalud.
En cuanto al plan de choque, era absolutamente necesario dada la
situación en que nos encontramos, señor Senador. Había que hacer algo
urgentemente. No podíamos asistir pasivamente a una situación tan
dramática en la que había más de 5.000 personas esperando más de dos
años; más de 21.000 personas esperando más de un año, y con una demora
media de más de siete meses. Esa era una situación que exigía alguna
medida de choque para tratar de mejorarla lo antes posible, con
independencia de las medidas estructurales que con un poco más de tiempo
pudieran irse introduciendo en el sistema. Pero tratar de salir de esa
situación era algo absolutamente esencial.
Ese plan de choque que pusimos en práctica trataba de incrementar la
actividad quirúrgica de nuestros servicios, de utilizar algunos
quirófanos, algunos servicios e instalaciones por medio de programas de
autoconcentración en jornadas de tarde, de utilizar algunos hospitales de
apoyo que estaban infrautilizados, cuatro de ellos ubicados en Madrid,
para apoyar esta operación de disminución de las listas de espera, y allí
donde no llegábamos con esos medios utilizábamos los recursos del sector
privado al servicio de ese objetivo con el que se perseguía que al final
del año 1996 no hubiera ningún paciente soportando demoras superiores a
un año y que la demora media hubiera bajado de esos siete meses de espera
que había al principio del plan hasta los cuatro meses, objetivo éste que
nos habíamos fijado a la finalización del plan.
Pues bien, afortunadamente, estos objetivos se consiguieron en un
porcentaje muy alto. Se consiguió que, efectivamente,
de los cincuenta y tantos mil pacientes --cuando se hacen ya las cuentas
definitivas para afrontar la operación se ve que hay que intervenir antes
de fin de año si es que se quiere conseguir el objetivo de que nadie a
final de año tenga una demora superior a un año-- no quedarán al final de
año más que alrededor de 2.600, lo cual significa la consecución de ese
objetivo en un 95 por ciento, y se consigue bajar la demora media, no
ciertamente a los 120 días, cifra que nos habíamos puesto por objetivo,
pero sí a 135 días.
¿Que a usted le parece que eso es un fracaso? Pues a mí me parece que,
comparado con los siete meses que había de demora al empezar el plan, es
un avance muy importante y muy significativo conseguido en sólo seis
meses, sobre todo teniendo en cuenta que apenas había habido tiempo para
nombrar los nuevos equipos y poner en marcha todo, con el verano por
medio y habiendo heredado una situación en la que, lamentablemente, no
sólo las cifras de las listas de espera eran muy altas, sino en la que la
entrada en lista de espera era superior a la salida.
Pues bien, conseguir modificar en seis meses esa situación, bajar la
demora media de siete meses a cuatro meses y medio, reducir aquellas casi
30.000 personas que había esperando con demoras superiores a uno y dos
años, y conseguir que no queden más que alrededor de 2.600, todo eso,
logrado en los primeros seis meses de gestión de un Gobierno, creo que
puede considerarse como un resultado claramente satisfactorios que nos
anima a seguir en esa dirección y a seguir avanzando en esa línea.
En algún momento usted se refirió a las cifras que yo daba. Señoría, las
cifras que yo daba eran las que había. Los sistemas de información,
lamentablemente, tenían muchos problemas y no eran buenas las cifras que
aparecían en ellos. Además, en el curso de la operación aparecieron
bolsas con veintitantos mil pacientes más, lo que permite decir que a
final de año el total de las listas de espera habían bajado en 20.000
pacientes, es decir, en un 11 por ciento. Habíamos conseguido que no
quedaran más de esas 2.600 y pico personas con demoras superiores a un
año y que la demora media bajara de siete meses a cuatro meses y medio,
cosa que, como digo, en los primeros seis meses de gestión de un Gobierno
son datos muy a tener en cuenta, más aún si se observa que al aumentar la
oferta y al mejorar las condiciones en que se trabaja también aumentó la
demanda. En el año 1996 entraron en lista de espera cincuenta y tantas
mil personas más que en el año anterior y fuimos capaces de absorber esa
mayor demanda.
Todo eso, naturalmente fue sobre la base de un gran esfuerzo, de un gran
trabajo que hicieron los profesionales que trabajan en los servicios del
Insalud, a los que yo reconozco todo su esfuerzo, y que llevó a que en el
año 1996 se hicieran 75.000 intervenciones más que en el año 1995, como
digo, básicamente en el segundo semestre del año, porque lo ocurrido en
los seis primeros meses, lamentablemente, no permitía ambicionar estos
objetivos.
En el año 1997 queremos mejorar todavía más la situación. No se trata de
que el plan de choque nos cree problemas en el año 1997, sino al
contrario, nos va a permitir ser más ambiciosos en nuestros objetivos y
en el año 1997 nos proponemos que la espera máxima sea de nueve meses y
la espera media se reduzca a tres meses, frente a los siete meses que
teníamos cuando llegamos a hacernos cargo de estas responsabilidades.
Para conseguir estos objetivos, en el año 1997 nos proponemos aumentar
todavía más el rendimiento quirúrgico en jornada normal para llegar al 78
por ciento de rendimiento quirúrgico y les recuerdo que el que teníamos
cuando nos hicimos cargo del Insalud era del 65 por ciento. Este
incremento del rendimiento quirúrgico nos va a permitir incrementar el
número de intervenciones en 44.500, lo que representa un siete por ciento
de aumento sobre 1996.
Vamos a seguir incidiendo en medidas estructurales, como es la
potenciación de la hospitalización convencional, aumentando el número de
procesos de cirugía mayor ambulatoria en un 35 por ciento más en 1997
sobre el 38 por ciento que ya se aumentó en 1996. Vamos a seguir con la
apertura progresiva de los quirófanos en horario de tarde, que también es
una medida estructural. Esta acción se hará básicamente mediante la
modificación de algunas condiciones de la atención continuada; médicos de
más de 55 años que dejarán de hacer guardias para incorporarse a este
otro tipo de actividades.
Vamos a manejar la lista de espera con criterios más selectivos, buscando
justamente ese objetivo de equidad que subyace en todos estos
planteamientos. Para eso, vamos a establecer tiempos máximos de demora en
los procesos más frecuentes, porque no están en las mismas condiciones
todos los que están en la lista de espera. Se ha trabajado con las
sociedades científicas para fijar los tiempos de demora máxima en los
procesos de cataratas, colelitiasis, hiperplasia prostática, mioma
uterino y ostertrosis. Ello supone una valoración del impacto que tiene
en el paciente la espera según el tipo de proceso, por lo que se fija una
demora máxima a partir de la cual nadie debería estar a la espera de una
intervención. Vamos a trabajar para mejorar los protocolos de inclusión
en la lista de espera, también con las sociedades científicas. Pondremos
en marcha un programa de garantía sobre demora máxima, que se está
diseñando en estos momentos y que supone el compromiso de ofrecer una
solución quirúrgica al paciente que supere un tiempo prefijado de espera,
considerado como máximo. Ese tiempo se habrá fijado, como antes dije, con
las sociedades científicas y con los profesionales. Este programa
empezará en 1997, con una experiencia piloto en dos Comunidades Autónomas
y ocho procesos quirúrgicos, para extenderse después a la generalidad de
la red. La metodología planteada supone, en primer lugar, ofertar la
intervención quirúrgica en el propio hospital que la atienda y, si ello
no es posible en el tiempo marcado, la Dirección Provincial
correspondiente ofrecerá la posibilidad de que la intervención se efectúe
en otro hospital de la red lo más próximo posible al domicilio del
paciente o bien en un centro concertado. Esta media supone el exponente
máximo de la firme voluntad de conseguir que las demoras máximas se
sitúen en los tiempos que los profesionales indiquen.
Lógicamente, la consecución de estos objetivos pasa por lograr que los
profesionales se vinculen con los mismos
y, para ello, como decía antes al contestar una pregunta, se ha
establecido ya una cuantía económica que permita la incentivación de los
profesionales, en función del cumplimiento del pacto consignado en el
contrato-programa en el que ya se determina dicha cuantía. El
cumplimiento de la actividad pactada será evaluado mensualmente,
habiéndose comprometido ya las gerencias a remitir a los jefes de
unidades o servicios, así como a los órganos de participación y
seguimiento estas evaluaciones mensuales. Con ello se pretende que todos
los profesionales tengan información permanente de lo que está ocurriendo
para que ellos mismos establezcan las medidas necesarias para corregir
posibles desviaciones. La propuesta para el reparto de la productividad
variable tendrá en cuenta los siguientes parámetros: Primar el
cumplimiento de los indicadores de calidad, primar el cumplimiento de los
indicadores de demora, primar el cumplimiento de la estancia media
ajustada y primar el cumplimiento de la cirugía mayor ambulatoria.
Todo esto, la mejor coordinación entre atención primaria y especializada,
la realización de más actividades para atención primaria, como por
ejemplo, esas 60.000 intervenciones de cirugía menor a que antes me
refería, la atención a pacientes que salen de los hospitales y que van a
ser seguidos en su situación postquirúrgica por los servicios de atención
primaria. En definitiva, esta mejor coordinación entre atención primaria
y especializada y la dinamización que suponen todas estas medidas nos van
a permitir conseguir este objetivo de que en el año 1997 la demora máxima
en el territorio del Insalud descienda a nueve meses y la demora media
descienda de los siete meses que habíamos recibido a los tres meses.
Me queda por decir algo en relación con el coste del plan de choque. El
coste de plan de choque fueron los 3.075 millones de los que informamos,
ciertamente algo más de los 2.700 que inicialmente estimamos. No creo que
eso deba sorprender a nadie cuando se están haciendo estimaciones
iniciales de una Administración que llega a hacerse cargo de una
responsabilidad. De esos 3.000 y pocos millones, 1.200 y pico se
destinaron a atender los gastos de los programas de autoconcertación, a
retribuir a los profesionales que intervinieron en los programas de
autoconcertación y, el resto, a sufragar los gastos ocasionados por ese
18 por ciento de intervenciones que se realizaron en los centros
concertados, pero le puedo asegurar que la partida de conciertos se
mantiene en los límites que prácticamente recibimos. El aumento en este
año me parece que es del 3,1 por ciento en relación con el gasto real en
1996. La partida de conciertos está subiendo menos que el Presupuesto del
Insalud que, como saben ustedes, sube aproximadamente un seis por ciento,
sin contar los ahorros que nos van a permitir otras medidas
estructurales.
Por tanto, creo que hemos hecho un buen servicio a la ciudadanía
acometiendo este plan de choque, mejorando consiguientemente las demoras
máximas y las demoras medias en una cuestión de tanta importancia como
ésta. Eso ha permitido también dinamizar la actividad de nuestros
centros. Sabe su señoría que la lista de espera es un excelente indicador
de la actividad de los servicios sanitarios y hospitalarios. Creo que
debemos seguir en esa dirección y a ese plan de choque del año 1996 se
van sucediendo medidas estructurales que se irán incorporando a nuestro
sistema, y también a nuestro modelo, un modelo que piensa en la
competencia regulada y con una gestión pública pero de corte empresarial,
que permita aprovechar mejor los recursos y dar mayor satisfacción a los
ciudadanos.
Muchas gracias, señor Presidente. (Aplausos en los escaños del Grupo
Parlamentario Popular.)
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ministro. (El señor Zamorano Vázquez
pide la palabra.) Por el artículo 87, puedo concederle un máximo de cinco
minutos, señor Zamorano.
El señor ZAMORANO VAZQUEZ: Muchas gracias, señor Presidente.
Señor Ministro, yo no he hecho ningún alegato contra el mercado, tampoco
lo sacralizo, pero no deja de ser sorprendente que los principales
defensores del mercado desconozcan lo que es el mercado. En un mercado
para que haya ajuste entre oferta y demanda se requiere un requisito, la
transparencia. Se lo voy a explicar con un ejemplo: cuando una persona va
a vender una cosa, sabe lo que vende. Cuando otra persona va a comprar
una cosa, sabe qué quiere comprar; se ponen de acuerdo y determinan el
precio. Eso no sucede en el denominado mercado sanitario, donde el
ofertante tiene un dominio sobre el conocimiento y el demandante, además
de no tener ese dominio sobre el conocimiento, está en situación de
ansiedad e inquietud. Por consiguiente, no he hecho un alegato contra el
mercado. Refiriéndome a aquellos que sacralizan el mercado, he dicho que
esos planteamientos no son aplicables en el sistema sanitario, porque,
además, es la propia autoridad del mercado la que manifiesta que no es
aplicable. Comprendamos, por tanto, la realidad en su justa medida y la
teoría también.
Tengo que dar la bienvenida al Partido Popular en cuanto a ese cambio de
concepto sobre el número de personas en lista de espera por el tiempo de
espera. En este punto estamos de acuerdo, al igual que coincidimos en que
el tiempo de espera excesivo afecta a la equidad del sistema. Pero tendrá
que reconocer conmigo, señor Ministro, que es la primera vez que se
empieza a hablar de demoras desde esta tribuna, hasta ahora, los
planteamientos que tenía el Partido Popular --y, sobre todo, cuando era
oposición y en su programa electoral-- eran referentes sólo al número de
personas en lista de espera.
Usted sabe muy bien que las listas de espera, en cierta medida, son
necesarias en los hospitales públicos, siempre que los tiempos de espera
sean aceptables según las patologías, a fin de poder ordenar los
servicios quirúrgicos. De otra forma, resulta muy difícil poderlos
ordenar. Señor Ministro, he estado muchos años dirigiendo hospitales y
recuerdo que tenía que tener una relación de patologías a intervenir,
sabiendo que unas intervenciones conllevarían cuatro horas, otras podrían
conllevar tres horas y otras una, y tenía esta relación para poder
cuadrar el rendimiento de los servicios quirúrgicos, no al 78 por ciento
que usted propone
para el año que viene, sino en un porcentaje superior incluso si era
necesario. Y es que para conseguir este objetivo, señor Ministro, hay que
contar con la relación de intervenciones a realizar.
Por consiguiente, determinados niveles de lista de espera son necesarios
para el mantenimiento de la rentabilidad de los hospitales.
Encuadrémoslo, entonces, dentro del planteamiento que usted refería sobre
los tiempos admisibles, entendiendo y compartiendo también con usted que,
si se sobrepasan esos tiempos admisibles, estaremos ante un problema de
equidad del sistema para todos los ciudadanos.
Por otra parte, se ha referido al plan de choque, cuestión que no deseo
criticar, aunque tampoco debe manifestarse que, porque haya servido para
un determinado número de pacientes, pueda verse como positivo. Además,
con este plan de choque tampoco se pretendía eso. Sigo insistiendo en que
está mal hecho, tal vez porque no pretendía ser un plan de choque, sino
un acto de propaganda, y porque todo plan de choque debe ir acompañado de
medidas estructurales, que en este caso no se han contemplado. En su
intervención, usted no se ha referido a ellas, sino a continuar con las
líneas de actuación que ya existían, es decir, incremento de la
rentabilidad de los quirófanos --valoración que hay que hacer sobre el
ejercicio de 1994, no respecto del año de la huelga--, cirugía mayor
ambulatoria, en definitiva, procedimientos que hasta ahora ya se venían
realizando. Por tanto, no se ha presentado medida estructural nueva
alguna aparte del plan de choque. ¿Por qué? Porque lo que se pretendía,
simplemente, era hacer propaganda política mediante este tema, sin tener
en cuenta, además, los efectos que planes hechos de esta manera ya habían
tenido a largo plazo en el sistema, efectos que, por otra parte, usted no
me ha querido aclarar hoy. Señor Ministro, yo le he dicho que tiene dos
efectos perversos: uno lo hemos estado sufriendo durante su aplicación,
esto es, la suspensión del plan en la Comunidad de Madrid por los
colapsos en los servicios de urgencia; otro, lo estamos viendo a medio
plazo, esto es, se han operado patologías menores a costa de ir
retrasando patologías más graves en las actividades programadas de los
quirófanos. Y esto no lo digo yo, señor Ministro. Escuche a los
sindicatos médicos porque ellos mismo lo dicen. Y, sobre todo, señor
Ministro, a largo plazo, por el perverso efecto de incentivación a la
regeneración que conlleva, por el efecto que produce de incrementar las
listas de espera por abajo porque al final habrá mayores listas de
espera. Me refiero a una información facilitada por usted mismo en el mes
de agosto. A pesar de la aplicación del plan de choque durante más de
doce meses, ya se habían incrementado las listas de espera. ¿Por qué?
Porque se estaba cumpliendo con los topes que se habían establecido pero
seguían aumentándose las listas por abajo.
Señor Ministro, no me ha contestado sobre cuál es la situación a 31 de
enero. La relación que le he mostrado es muy grave. Hay un incremento del
235 por ciento de las listas de espera en más de doce meses. Y no conozco
la de febrero. Desde luego, lo que no creo que se pueda tener en
consideración es esta mentalidad que está adoptando en la actualidad este
Gobierno: la culpa es del anterior Gobierno, de la actual oposición, de
los médicos, de los hospitales, del sistema de información, la culpa es
de todo el mundo menos mía. Eso se llama mentalidad extrapunitiva. Por
tanto, esperemos que el Gobierno asuma su responsabilidad y deje de tener
esta mentalidad extrapunitiva respecto de algo que ya llevan nueve meses
haciendo, o debiendo hacer, que es gobernar, y que, desde luego, no lo
vemos.
El señor PRESIDENTE: Senador Zamorano, ha concluido su tiempo.
Posteriormente, tendrá todavía otra oportunidad para intervenir, si así
lo desea.
El señor ZAMORANO VAZQUEZ: Insisto, hay una falta de ideas en cuanto a la
continuidad y le ruego que se den medidas estructurales, no sólo
coyunturales, porque el propio señor Matesanz, Director General de
Atención Primaria y Especializada, así también lo ha dicho. Ni con uno,
ni con veinte planes de choque se va a evitar este colapso si no se
adoptan medidas estructurales. Por tanto, plantee medidas estructurales,
pero dentro del sistema sanitario público.
Me ha preocupado enormemente --estaremos a resultas de lo que suceda-- la
idea de fijar unos tiempos de espera máximos y la posibilidad de que, si
eso no se cumple, se pueda ir a la sanidad privada. Señor Ministro, no
planteen medidas estructurales que vayan en detrimento de la sanidad
pública y solamente signifique beneficios futuros para la privada. Vamos
a estar muy vigilantes en ese tema. Todas las medidas estructurales que
se adopten dentro del sistema, bienvenidas sean y cuenten para ello con
nuestro apoyo, pero no dilapide el sistema en beneficio de la privada.
Muchas gracias. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario
Socialista.) El señor PRESIDENTE: Gracias, Senador Zamorano.
Se abre un turno para los portavoces que deseen intervenir.
¿Grupo Mixto? (Pausa.)
¿Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos? (Pausa.)
En nombre del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i
Unió, el Senador Cardona tiene la palabra.
El señor CARDONA I VILA: Muchas gracias, señor Presidente.
Señorías, el señor Ministro nos presentaba en su comparecencia en la
Comisión de Sanidad el 18 de junio de 1996 un plan de reducción de listas
de esperas del Insalud y hacía referencia a la situación de aquel
momento. Concretamente, a 31 de diciembre de 1995, había 168.000
pacientes en lista de espera, de los cuales, para 5.100, aproximadamente,
la demora era superior a dos años, para 16.000 y pico la demora era
superior a un año y para 29.000 era superior a los seis meses.
El objetivo del plan, según el señor Ministro, era que a 31 de diciembre
se hubiese operado a los que tenían una espera superior a un año, es
decir, a unas 21.000 personas y, además, se pretendía --no era una
promesa, pero sí un deseo-- operar a cerca de la mitad de los que
llevaban seis meses, es decir, a la mitad de los 29.000, aproximadamente.
Con ello se pasaría la demora media de 207 a 121 días. ¿Cómo se pretendía
hacer? En primer lugar, mediante el incremento de la actividad en 50
hospitales y adoptando medidas extraordinarias que permitirían intervenir
a cerca de 4.300 pacientes. Además, en tres hospitales de Madrid, no
utilizados al cien por cien, por tanto, en su grado óptimo, una cantidad
de 4.300 pacientes, de los cuales 1.000 lo serían entre los hospitales de
Santa Cristina y Cruz Roja y 3.300 en el hospital Carlos III.
Asimismo, hacía referencia a la introducción de la autoconcertación
regulada en 50 hospitales de la red del Insalud en jornadas de tarde, sin
abandonar las intervenciones de mañana en horario laboral normal, con la
intervención de 16.000 pacientes. Además, finalizando ya la participación
del sector privado con la actuación de las intervenciones restantes,
aproximadamente unas 12.000.
Los costes estimativos del conjunto del programa eran de unos 3.000
millones de pesetas, más concretamente 2.700. La utilización más intensa
era la referida a los hospitales de Madrid: de 200 a 300 millones de
pesetas; 700 millones serían destinados para la autoconcertación regulada
y unos 1.400 millones para la utilización de los centros privados en esas
12.000 intervenciones, lo cual equivaldría a un coste medio aproximado de
110.000 pesetas.
Asimismo, se refería a la puesta en marcha o utilización de otros
recursos, como la externalización de ciertos servicios, como los
hospitales de día, unidades de corta estancia, unidades especiales,
cuidados paliativos y hoteles de apoyo, etcétera, así como líneas de
hospitalización a domicilio, como también ha referido en su intervención
de hoy. Lo fundamental era mejorar también las relación entre la atención
primaria y la especializada.
Dicho esto, entendemos que es necesario recordar que las listas de
espera, como se ha dicho, son consustanciales a los modelos o sistemas
integrados nacionales, como es el nuestro, donde el paciente no arrastra
directamente tras de sí los recursos económicos.
Otra cuestión bien diferente sería, por cierto, que en la financiación
del sistema sanitario el flujo de los recursos económicos siguiera al
enfermo, es decir, sirviera para sufragar la sustentación o el pago de
las atenciones de los pacientes, bien sean las intervenciones o pruebas
diagnósticas costosas, fundamentalmente. Es natural que estas esperas
conlleven una carga de preocupación para los propios pacientes y para sus
familiares, aunque no se trate de patologías que pongan en peligro la
vida de los pacientes, pero que ciertamente son, por lo menos, causa de
molestias y de no pocas incomodidades.
Por otra parte, en todo este problema de las listas de espera existen
dificultades de cuantificación, lo que depende de los criterios o métodos
utilizados para su identificación. Dicho de otra forma, existen numerosos
elementos que permiten un cierto maquillajededichas listas de espera --no
digo que se haga con las que se han presentado aquí, ni muchísimo
menos--. No hay una unificación de criterios ni una metodología rigurosa
para poder comparar las diferentes realidades que se pueden presentar, no
ya en relación a los tiempos, sino también en relación a las patologías y
a la urgencia muy subjetiva o difícilmente objetivable de la urgencia de
éstas.
Hemos escuchado atentamente las consideraciones del interpelante, el
Senador Zamorano, en relación a los factores que intervienen en las
listas de espera, sobre el sistema neoliberal, el envejecimiento de la
población, avances técnicos y los problemas económicos que coexisten y
los sistemas integrados de los servicios nacionales de salud. También
hemos escuchado lo que ha dicho en referencia al Partido Popular en la
legislatura anterior, en cuanto a la alarma social y las consecuencias
que pueden llegar a ser perversas en un plan de choque de listas de
espera.
Como es natural, también hemos puesto mucha atención a lo expuesto por el
señor Ministro, en cuanto a la tendencia dominante en toda Europa, que
además compartimos, en la gestión sanitaria, que se aleja del modelo
integrado de salud y que, además, da muy buenos resultados, no sólo con
las listas de espera, sino también en la gestión en general.
Ha hecho referencia al plan de choque y a los resultados relativamente
satisfactorios, así como a la aparición de bolsas ocultas y el aumento o
mayor demanda para 1996. También ha anunciado nuevas medidas
estructurales, además de seguir con las ya iniciales, a la espera de
conseguir --termino, señor Presidente-- el objetivo de reducir los siete
meses de espera media a tres. Igualmente se ha referido a los costes, en
el sentido en que nos habíamos pronunciado.
Termino, señor Presidente. Estaremos a la espera fundamentalmente de la
moción que pueda ser presentada, si no satisface la contestación del
señor Ministro la interpelante, para fijar definitivamente nuestra
posición.
Nada más y muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, Senador Cardona.
Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el señor Bellido
Muñoz.
El señor BELLIDO MUÑOZ: Muchas gracias, señor Presidente.
Señor Ministro, señoría, señor Zamorano, no me negará que la culpa de los
males del sistema y también el beneficio de sus logros positivos hasta
mayo del pasado año dependen directamente del Partido Socialista Obrero
Español. Nosotros no vamos a rehuir las responsabilidades que a partir de
entonces debamos asumir, como tampoco el beneficio de esos logros que
podamos conseguir pero entenderá, y espero que me lo admita, que pongamos
al menos un límite a partir del cual empezamos a trabajar y por el cual
no tenemos por qué asumir esa herencia que, de alguna manera, han ido
amasando a lo largo de tantos años.
Yo poco tengo que añadir a lo que ha sido la amplia respuesta que el
Ministro de Sanidad ha dado a la interpelación
del Grupo Parlamentario Socialista. Sí debo agradecer --y lo digo con
absoluta sinceridad-- que el Senador Zamorano haya presentado esta
iniciativa parlamentaria porque con ella entiendo que ha hecho bueno ese
papel constructivo de la oposición, que no sólo se limita a criticar,
sino también a permitir que el Gobierno exponga sus logros. Si hubiese
sido mi Grupo quien hubiera cursado esta iniciativa, está claro que se
nos hubiese tildado de partidistas o de chovinistas, pero siendo el PSOE
el que la promueve, creo que resalta aún más el sentido positivo de la
acción del Gobierno en materia de sanidad y que está dando estos
resultados.
Yo no sé si las listas de espera son el problema más acuciante que tiene
realmente el Sistema Público de Salud, al cual me refiero porque no es un
problema única y exclusivamente del Insalud no transferido, sino que
afecta a todo el sistema y hay cifras más que elocuentes para
demostrarlo. Y digo que no sé si es el problema más importante porque
tenemos otros como la deuda del Sistema, el nuevo modelo de financiación
que deberemos afrontar, el problema de la urgencia, del que aquí se ha
hablado, o el propio problema de la vertebración entre la atención
primaria y la atención especializada.
Lo que sí es cierto es que, en cualquier caso, sí es el que más
hondamente ha calado en la sociedad y no, señor Zamorano, porque el
Partido Popular haya generado alarma social, sino que ha sido debido,
como creo que se argumentaba en alguna de las preguntas que se le han
formulado en este Pleno al señor Ministro, a que aunque las
intervenciones quirúrgicas urgentes está claro que se realizan en los
tiempos requeridos, es cierto que existen otras situaciones de invalidez
--que aquí también se han reconocido--, de mayor o menor grado, que no
tienen por qué esperar para su solución un plazo mayor de tiempo que
aquel que se considera prudencial o también --hemos de hablar de ello--
exploraciones diagnósticas que deben realizarse en el momento preciso
para que sean realmente útiles.
Creo que por esa preocupación en la calle, por esa situación de
desigualdad o de insolidaridad que se ha venido dando en el Sistema
Nacional de Salud, es por lo que el Ministerio de Sanidad y Consumo
abordó este plan de choque con unos objetivos muy concretos, que además
entiendo como muy positivo el que se planteasen en esa concreción y que
creo que se han cumplido --están las cifras-- efectivamente en un 95 por
ciento, lo que en nada desmerece el éxito de la medida. Yo lo asimilaría
al caso de ese ciclista de fondo, que se pone como meta el rebajar el
récord de la hora en un kilómetro y, a final, consigue dejarlo en 950
metros. Es cierto que el objetivo personal que él se planteó no lo ha
conseguido, pero no lo es menos que ha logrado el objetivo fundamental,
que era batir ese récord.
Entiendo que en el plan de choque ha ocurrido algo similar. Al igual que
en el símil, resulta que hay circunstancias imprevisibles de distinta
índole que pueden modificar --de hecho así ha sido-- esas previsiones del
100 por cien, sólo en un 5 por ciento.
Por tanto, es un éxito que, además, no sólo se ha circunscrito a las
demoras quirúrgicas, sino también a las demoras en consultas ambulatorias
y diagnósticas. Esté éxito no sólo lo valoramos nosotros --el Gobierno y
el Grupo Parlamentario que lo sustenta--, sino que la portavoz Socialista
en el Congreso de los Diputados en materia de sanidad y anterior Ministra
de Sanidad, doña Angeles Amador, así lo ratifica. Ya en abril del año
1995 --creo que tengo aquí el «Diario de Sesiones»--, en respuesta a una
pregunta que se le formulaba en el Congreso de los Diputados, reconocía
como un éxito el haber reducido en dos meses, en diciembre de 1994 y en
enero de 1995, la lista de espera quirúrgica en 4.300 personas, afirmando
su voluntad de seguir en ese ritmo. Esto suponía intervenir a 2.150
personas mensualmente, frente a las casi 9.000 que se han intervenido con
este plan de choque. Por tanto, aunque parece que el portavoz socialista
no reconoce este éxito, está claro que sí lo asume con plenitud quien
entiendo que tiene las máximas competencias en sanidad dentro de su
Partido.
Criticaba también su señoría que en nuestro programa hablásemos de
eliminación de listas de espera, y ya sé que ni usted está de acuerdo con
la argumentación que aquí exponía, pero le daré un detalle para matizar
todavía más esa argumentación. Recuerdo que en su programa de
infraestructuras, el Partido Socialista se proponía eliminar --y
utilizaba esa palabra también-- los pasos a nivel en las vías férreas.
Estoy convencido de que, en contra de su argumentación, no pretendía
eliminar las barreras y las cadenas para ocultar esos pasos a nivel y
generar un problema todavía mayor, y es más que evidente que si nosotros
hablamos de eliminación de listas de espera, nos planteamos eliminar las
situaciones de injusticia social que hasta ahora se han venido dando y de
peligro para la salud que han venido existiendo. Y tengo que decirle que
en ello coincido con mi compañero del Congreso de los Diputados, el
Diputado César Villalón, portavoz en sanidad, que decía --y usted
criticaba esa manifestación-- que la incompetencia de los socialistas ha
puesto en peligro la salud de los ciudadanos, porque es evidente que no
sólo la incompetencia, sino también la falta de cierta competencia en la
gestión sanitaria y en la gestión de las listas de espera pone en peligro
serio la salud de los ciudadanos. No es lo mismo realizar una mamografía
a una mujer a los dos días de habérsele diagnosticado la tumoración por
el médico o por ella misma que tener que esperar seis meses o un año para
realizar una exploración diagnóstica que, de no hacerse, pone en grave
riesgo su salud.
El señor PRESIDENTE: Senador Bellido, vaya terminando.
El señor BELLIDO MUÑOZ: Termino, señor Presidente.
Por último, decía su señoría que utilizamos las listas de espera, y yo le
digo, Senador Zamorano, que la propia ex Ministra de Sanidad, doña
Angeles Amador, decía en el Congreso de los Diputados el 5 de abril:
Señorías, vamos a continuar con las medidas adoptadas ya en 1994 para
mejorar las listas de espera. Y añadía: Nosotros tenemos listas
de espera. No sólo hablamos nosotros, por tanto, de listas de espera,
sino que también lo hacía el Partido Socialista.
Para terminar, sólo me queda animar al Ministro de Sanidad, aunque estoy
convencido de que tiene las cosas muy claras, a continuar en la línea de
trabajo que viene definida, como él ha dicho, por conceptos tan básicos
como universalidad, equidad y solidaridad, tanto en la cantidad como en
la calidad de la prestación sanitaria. Y, por supuesto, animo al Grupo
Parlamentario Socialista a presentar periódicamente iniciativas como
ésta, que ayudan mucho a demostrar los cumplimientos programáticos del
Gobierno.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, Senador Bellido.
El señor Ministro tiene la palabra.
El señor MINISTRO DE SANIDAD Y CONSUMO (Romay Beccaría): Muchas gracias,
señor Presidente.
Señoras Senadoras y señores Senadores, voy a hacer algunas precisiones y
algunas puntualizaciones.
Senador Zamorano, le sugeriría que se ahorrara usted esos alegatos contra
el mercado, porque realmente en Sanidad nadie defiende el mercado puro y
duro, y que vaya usted familiarizándose con la idea de la competencia
regulada, que sí tiene mucho futuro, y verá usted cómo se va extendiendo
y ampliando y va dando sus frutos también en este campo.
En el año 1997, efectivamente, aparece formalmente un aumento de la lista
global, y de más de doce meses en enero, pero eso obedece, en parte, a
distintos criterios de contabilidad, al no excluirse en el sistema de
información --leo literalmente-- los enfermos derivados por las
Direcciones provinciales a hospitales de apoyo y concertados, que no se
suprimen hasta que vuelven al hospital, lo que se puede demorar más de un
mes, y la información al final del plan de choque sí había descontado ya
a los enfermos derivados a otros centros e intervenidos. En todo caso, sí
puedo decirle que a febrero de 1997 tenemos 48.747 enfermos con demora
superior a seis meses, que es ligeramente inferior a la cifra de
diciembre de 1996, que era de 49.842.
Además, si comparamos febrero con enero de 1997, podemos ver que el
número de pacientes comprendidos en los tramos superiores a seis meses ha
sufrido una reducción de 4.653. Y aunque estas cifras no son todo lo
optimistas que desearíamos, conviene no perder de vista que en estos dos
primeros meses del año no se han puesto en marcha las actuaciones en los
hospitales propios en jornada ordinaria y tampoco han comenzado las
acciones habitualmente incluidas en este campo con el uso del dispositivo
concertado, pendiente de los concursos que vamos a establecer, con
carácter general, como una innovación este año y que espero que el
Consejo de Ministros apruebe en su próxima reunión, con lo cual se podrá
dar paso al mejor aprovechamiento de todos los recursos, lo que va a
hacer posible conseguir el objetivo que nos habíamos propuesto.
Quiero decirle también, en relación con algunas de sus afirmaciones y con
el plan de choque, que nos sentimos razonablemente satisfechos y yo diría
que orgullosos por haber conseguido cambiar en seis meses la situación en
la forma en que lo hemos logrado. Bajar en sólo seis meses la demora
media de siete a cuatro meses y medio y reducir el número de pacientes
con espera superior a un año, en los términos en que se ha conseguido,
creo que realmente dice mucho de la capacidad de nuestros servicios para
conseguir objetivos muy ambiciosos. Pero le voy a decir alguna cosa más:
no es verdad que se dejaran las patologías más graves al afrontar el plan
de choque. Todo lo contrario. Había un acúmulo de casos de prótesis de
cadera y de rodilla de alrededor de 4.500 cuyo tratamiento no había sido
acometido en la anterior etapa; de estos casos quedaban todavía 800, pero
fueron operados los restantes, hasta 4.500. Y sin duda usted conoce la
importancia de esas patologías desde el punto de vista de las
incomodidades que producen a los pacientes y también desde el punto de
vista de su coste y del consumo de recursos sanitarios que representan en
días de estancia, etcétera, lo que hace difícil que se puedan hacer otro
tipo de intervenciones. Era, por tanto, fundamental afrontar ese conjunto
de más de 4.500 casos de prótesis de cadera y de rodilla que estaban
pendientes, que requieren, efectivamente, operaciones muy costosas, que
consumen muchos días de estancia en los hospitales, pero que producen
unos efectos invalidantes en las personas que obligan a tratarlas con
preferencia. Frente a eso, los problemas que hayan podido aparecer algún
día y que hayan hecho suprimir el programa de listas de espera para
evitar los colapsos de urgencia son absolutamente normales en una
operación de ese tipo y no dicen nada en contra del plan de choque, sino
mucho a su favor.
En cuanto a medidas estructurales, le repito todas las que están en
marcha: cirugía mayor ambulatoria, incentivación a los profesionales,
pactando con ellos los contratos programas, todo lo cual sienta las bases
para una mejor utilización de los medios humanos y personales, incluyendo
medidas estructurales y otras que vendrán después. Le sugiero que espere
atentamente los resultados de la Subcomisión que trabaja en el Congreso
sobre estas cuestiones, y espero que se sigan produciendo consensos para
decidir más medidas estructurales que permitan mejorar nuestro sistema.
Señor Zamorano, lo que va contra el Sistema Nacional de Salud es tener a
la gente esperando siete meses de demora media. Eso sí que va contra el
Sistema Nacional de Salud, y no lo que estamos haciendo, que es procurar
que los centros concertados traten antes a los pacientes con más
antigüedad, como en el caso de las prótesis. Este año vamos a gastarnos
un 3,1 por ciento de más en centros concertados, que supone el 2,6 por
ciento de aumento de la inflación y el 0,6 de aumento neto. Con eso vamos
a contribuir a conseguir estos excelentes resultados para el Sistema
Nacional de Salud.
Como se atenta contra el Sistema Nacional de Salud es con listas de
espera de siete meses de demora, eso sí que va en contra del Sistema
Nacional de Salud pero dígame usted si aprovechar bien los recursos
privados que existen, con un gasto contenido que este año va a ser de
sólo el 3,1 más que el año pasado, es distraer recursos hacia el sector
privado o es aprovechar todo bien y presentar el sistema público con una
imagen de eficacia, de rendimiento y de satisfacción a los usuarios, que
es lo que de verdad le da prestigio y por lo que tenemos que luchar.
Haremos muy mal manteniendo esas listas de espera con siete meses de
demora media. Dice usted que en el mes de agosto aparecieron más personas
en las listas de espera. Naturalmente, porque aparecieron bolsas no
contabilizadas que aumentaron la cifra de los pendientes de intervenir en
esos veintitantos mil a los que usted se refiere. Eso es absolutamente
evidente y no se puede discutir. El resultado global fue que terminamos
el año con 20.000 pacientes menos en lista de espera, un 11 por ciento en
sólo seis meses, la demora media reducida a cuatro meses y medio y sólo
2.600 personas con una espera superior a un año.
El Senador Cardona hizo reflexiones --que entiendo que son muy atinadas--
sobre otras medidas estructurales que tendremos que implantar. Se refirió
específicamente a la novedad que supone la dinamización que entraña el
hecho de que el dinero siga al paciente dentro del propio sistema
público, que es otra de las medidas que está implícita en la idea de la
competencia regulada que están implantando todos los países de Europa que
no la tenían, y que si no lo hacemos nosotros nos quedaríamos como el
único país de Europa que no afronta una reforma sanitaria para ponerla a
la altura de los tiempos.
Estoy de acuerdo con el Senador Cardona en que el día que consigamos que
la financiación de los centros públicos dependa realmente de lo que
hacen, el día que hayamos separado las funciones de financiación y de
provisión de los servicios, como lo están en las reformas sanitarias más
adelantadas de Europa, y en base a esa separación haya unos contratos de
la institución que financia con los hospitales también públicos, y en
virtud de esos contratos el hospital que trabaje más tenga más ingresos y
eso pueda constituir un estímulo para los profesionales que trabajen en
esos centros --y me estoy refiriendo a centros del sector público--,
habremos conseguido dar mayor flexibilidad y dinamismo a nuestro sistema
y mayor satisfacción a los usuarios que podrán elegir centro, con lo cual
se harán ciudadanos de Europa también a estos efectos, porque en toda
Europa se puede elegir ya el centro dentro del propio sector público.
Eso es lo que tenemos que tratar de conseguir en España, ésas son las
medidas por las que estamos trabajando en esa reforma de la sanidad, que
espero que en el Congreso de los Diputados obtenga el consenso que todos
buscamos. Afortunadamente, se ha producido ya un consenso sobre una
cuestión importantísima, como es la introducción de nuevas formas de
gestión en el Sistema Nacional de Salud, que son básicas para poder
sustentar esta competencia regulada y dar entrada a la libertad de
elección de los ciudadanos en términos efectivos. Creo que por esta vía
estaremos haciendo lo mejor para consolidar nuestro Sistema Nacional de
Salud, que exige mejorar su gestión y dar un mejor servicio a los
ciudadanos, por los que tenemos la obligación de atenderlo.
Al Grupo Parlamentario Popular le agradezco una vez más su apoyo,
absolutamente indispensable para nuestras tareas de Gobierno, y sigo a
disposición de la Cámara para atender cuantos requerimientos estimen
necesarios.
Nada más, señor Presidente, muchas gracias. (Aplausos en los escaños del
Grupo Parlamentario Popular.)
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Ministro de Sanidad.
--DEBATE SOBRE EL INFORME DEL GOBIERNO SOBRE LAS RELACIONES CON CUBA.
(700/000002.)
El señor PRESIDENTE: Pasamos al punto tercero del orden del día: debate
sobre el Informe del Gobierno referido a las relaciones con Cuba. El
presente informe es consecuencia de la aprobación por el Pleno de una
moción presentada en su día por el Grupo Parlamentario Socialista.
Para la presentación del informe, en nombre del Gobierno, tiene la
palabra el señor Ministro de Asuntos Exteriores.
El señor MINISTRO DE ASUNTOS EXTERIORES (Matutes Juan): Gracias, señor
Presidente.
Comparezco hoy ante sus señorías con el propósito de cumplir un
compromiso que este Gobierno asumió al principio de la legislatura, el de
presentar ante el Plano del Senado un informe --el que sus señorías
tienen hoy en sus manos-- sobre la situación y las perspectivas de las
relaciones entre España y Cuba. (El señor Vicepresidente, Aguilar Belda,
ocupa la Presidencia.)
Al hacer la presentación de este informe espero, además de cumplir el
citado compromiso, dar satisfacción al Grupo Parlamentario Socialista y
al Senador Laborda Martín, quien, según me consta, ha seguido con
particular atención este asunto.
Debo señalar que las relaciones entre España y Cuba han sido ya
ampliamente debatidas por las Cortes Generales durante los últimos meses.
Yo mismo tuve ocasión de referirme al tema el pasado mes de diciembre en
dos ocasiones: ante el Pleno y ante la Comisión de Exteriores del
Congreso de los Diputados. Me felicito, por tanto, de la ocasión que hoy
me brindan sus señorías para exponer ante el Senado las grandes líneas de
la política del Gobierno respecto a Cuba.
Me permitirán que me limite en mi exposición oral a esas líneas
generales, dado que el informe que hoy obra en su poder se dedica ya al
análisis del asunto en profundidad. Como tuve ocasión de decir, y como se
repite en el informe, la intensidad de los vínculos que unen a España y
Cuba en todos los ámbitos, empezando por el estrictamente humano y
afectivo, explica que el objetivo del Gobierno en este terreno sea
triple: primero, el mantenimiento de unas buenas relaciones, tanto con el
Gobierno como con la oposición y el pueblo cubano; segundo, favorecer una
transición pacífica en ese país hacia un régimen democrático, y mientras
esa transición se produce, alentar un mayor respeto a los derechos
humanos y libertades fundamentales
y, tercero, mantener el compromiso del Gobierno con la defensa de los
intereses de España y de todos los españoles que están vinculados de uno
u otro modo a Cuba.
En consonancia con esa triple perspectiva, el Gobierno se propuso, desde
el primer momento, establecer una relación adecuada con los distintos
actores y sectores de la política y de la sociedad cubana. En primer
lugar, evidentemente con el Gobierno y las autoridades de Cuba, con
quienes la intención del Gobierno ha sido mantener unas relaciones
normales por cauces de diálogo y sin provocar una postura de
acorralamiento del régimen. Deseamos que ese diálogo continúe, sea
correcto, cordial y sin injerencias por ninguna parte.
Ahora bien, para España, el Gobierno cubano, como el de cualquier otro
país, no es el representante exclusivo de la plural realidad cubana; hay
otras voces que no siempre pueden manifestarse, y que deben ser tenidas
en cuenta para la correcta comprensión de la realidad de aquel país. Así,
se han reforzado los contactos con la disidencia interna, silenciada con
frecuencia y a menudo perseguida y hostigada. Junto a ello, no debe
olvidarse que el exilio es también una parte involucrada en el problema
cubano. Por esta razón, el Gobierno también ha continuado el diálogo con
los representantes del exilio que así lo han solicitado.
La defensa de los derechos humanos constituye un principio general en la
acción del Gobierno, y en el caso de Cuba, como en el de otras naciones
iberoamericanas, es un compromiso con el pueblo de un país hermano al que
España no puede ni debe renunciar. A éste se suma otro compromiso de
solidaridad que se traduce en la cooperación con la sociedad cubana, la
cual atraviesa momentos de especial necesidad. El Gobierno ha decidido
mantener la ayuda humanitaria, la educativa y toda aquella cooperación
que beneficie directamente a la población. Asimismo, ha continuado con
las líneas de financiación comercial a corto plazo, al tiempo que España
lo hace de tal modo que se evite la instrumentalización de la cooperación
por parte de las autoridades.
La política española sería incompleta si no tuviera el objetivo
irrenunciable de defender a los ciudadanos españoles con intereses en
Cuba. La firme oposición del Gobierno a la Ley Helms-Burton por sus
efectos extraterritoriales, su carácter unilateral y su inoportunidad
política ha sido una de las principales líneas de acción del Gobierno en
relación con Cuba a lo largo del pasado año y continuará siéndolo en
tanto no se logre la eliminación de sus potenciales efectos nocivos sobre
los intereses españoles. Nuestro Gobierno manifestó desde el principio su
repulsa a esa Ley y ha desempeñado un papel destacado en el rechazo por
parte de la Unión Europea a la misma. El Gobierno es muy sensible a las
preocupaciones de los empresarios españoles con intereses en Cuba, es
consciente del grado que han alcanzado nuestras relaciones comerciales y
las inversiones españolas en la isla y por ello ha manifestado su
compromiso de que su acción no va a perjudicar en ningún caso esos
intereses.
Por otra parte, desde el punto de vista de las relaciones económicas con
Cuba, no puede olvidarse el problema de la deuda, al que no se ha dado
solución desde hace años. La deuda de Cuba con España ha alcanzado una
cifra tal --más de 140.000 millones de pesetas, con un elevadísimo
componente de impagos y atrasos-- que afecta gravemente al conjunto de
las relaciones bilaterales. El Gobierno tiene la intención de trabajar
con las autoridades cubanas para procurar dar solución a ese grave
problema, que no se ha mejorado en los últimos años, sino que ha
continuado agravándose.
Sobre la base de esos planteamientos, el Gobierno ha considerado que
España no debía mantener en sus relaciones con Cuba una línea de
dependencia con respecto a otros países. Por el contrario, la coherencia
de los planteamientos del Gobierno español ha permitido que nuestra
acción respecto de la isla haya servido de referencia a la Comunidad
Internacional, y ello se ha puesto de manifiesto sobre todo en la
adopción por la Unión Europea de una posición común que obliga a los 15
Estados de la Unión Europea sobre Cuba, que partiendo de un modelo
constructivo, positivo siempre, con medidas promotoras y favorecedoras,
está orientado a resultados concretos: establece los parámetros de la
política que la Unión y sus Estados miembros deben desarrollar en
relación con el país. En síntesis, diálogo como instrumento de relación,
firmeza en la exigencia de respeto a los principios democráticos,
mantenimiento de la ayuda humanitaria y educativa a través de las
organizaciones no gubernamentales y de las iglesias y, por último,
modulación de la intensidad de la relación política y económica en
función de la propia evolución del régimen y de las reformas que éste
vaya acometiendo.
Dado que la posición común constituye el documento básico de la política
exterior de todos los Estados de la Unión Europea hacia Cuba, también es
el marco de referencia de nuestra acción de cara a este país, y por ello,
tras una breve introducción, el Informe del Gobierno que hoy presento
somete la posición común a un análisis exhaustivo, sobre todo en su
segundo capítulo, dedicado a las relaciones políticas. El tercer capítulo
del documento detalla el planteamiento y las acciones concretas de
cooperación española en la isla. La cuarta parte aborda las relaciones
económicas y financieras. Finalmente, el Informe concluye resaltando que
nuestra política respecto a Cuba pretende la traslación a la práctica de
unos principios y valores compartidos por los socios de España tanto en
el ámbito europeo como en el iberoamericano, así como compartidos por la
mayoría, la inmensa mayoría, de la sociedad española.
En definitiva, señorías, y para terminar, ¿qué queremos para el futuro de
Cuba? Simplemente dos cosas: más prosperidad y más democracia. Esto es lo
que, sin ánimo de injerencia, venimos manteniendo ante el Gobierno
cubano, ante dirigentes de la oposición cubana y en los diversos foros
internacionales, como la Unión Europea o la propia Cumbre Iberoamericana.
Precisamente porque queremos a Cuba deseamos que avance en el terreno
económico y en el de la apertura política, apertura que también quisimos
en su momento y para la que presionamos en relación con otros países
iberoamericanos. Medir con doble rasero a las
naciones iberoamericanas, que son nuestra familia, sería un ejercicio
interesado, políticamente oportunista y muy difícil de defender ante los
españoles. Estoy persuadido, por lo tanto, de que también todos los
grupos de esta Cámara comparten los principios que inspiran a la vez la
posición común de la Unión Europea y la acción del Gobierno respecto a
Cuba --una es consecuencia de la otra--. Por ello aprovecho esta tribuna
para invitarles, como he hecho en otras ocasiones, a continuar el diálogo
sobre esta materia. Siempre he creído que la concertación y el diálogo
entre las fuerzas políticas marcan la senda correcta para dar
consistencia, continuidad a las políticas exteriores de los Estados.
Avanzando por esta vía obtendremos en el caso de las relaciones con Cuba
los resultados más beneficiosos no sólo para la isla y sus habitantes,
sino para el conjunto de la política exterior de España y, por lo mismo,
para los intereses generales de nuestro país.
Muchas gracias. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario
Popular.)
El señor VICEPRESIDENTE (Aguilar Belda): Muchas gracias, señor Ministro.
Por el Grupo Parlamentario Socialista, firmante de la moción, tiene la
palabra el Senador Laborda.
El señor LABORDA MARTIN: Señor Presidente, señorías, señor Ministro, en
primer lugar quiero destacar la importancia del contenido de la
comunicación del Gobierno y también la importancia que ha tenido la
intervención del señor Ministro de Asuntos Exteriores. Y lo quiero
subrayar porque, en mi opinión, nos encontramos ante una rectificación
--yo creo que bastante notable-- de algunos errores que seguramente son
los que explican los debates que ha habido en esta Cámara y errores que
explican el que se aprobara en su momento una moción y que posteriormente
se presentara una interpelación que no pudo ser contestada. Yo agradezco
al Ministro de Asuntos Exteriores que haya venido a esta Cámara --que en
su posición constitucional en política exterior está en una situación de
exacto equilibrio con el Congreso de los Diputados-- y me felicito, por
tanto, de esta nueva orientación de la política del Gobierno, que espero
que se mantenga y que tenga en su Presidente la expresión más clara y
nítida, porque yo creo que esta nueva orientación es positiva para
España, señor Ministro. Por lo tanto, le agradezco tanto el Informe, la
comunicación, como sus palabras, aunque es evidente que en algunos
aspectos --que yo no quiero resaltar ahora-- habría algo más que una
coincidencia exacta.
En todo caso, yo he recogido de la intervención del Ministro --que creo
que es exactamente igual a lo que aparece en el documento, aunque no he
tenido tiempo de contrastarlo-- algunas afirmaciones sobre las cuales
quiero hacer algunos comentarios.
Creo que el señor Matutes ha dicho, en lo concerniente a las relaciones
políticas con el Gobierno de Cuba, que es propósito del Gobierno --he
anotado literalmente-- mantener una relación normal con él, no provocar
una postura de acorralamiento del régimen --me parece que se ha dicho
textualmente en la tribuna--, y se ha hablado de un diálogo sincero,
cordial y sin injerencias.
Y yo estoy completamente de acuerdo. Esta es la política que los
distintos gobiernos, desde 1997 hasta la Cumbre de Viña del Mar, han
venido siguiendo en relación con Cuba, y no por defensa de intereses
empresariales o por esa relación de afecto que existe entre España y
Cuba, sino por algunas cuestiones sobre las cuales quizá acabe teniendo
tiempo y exponiendo mi opinión.
Pero esto se rompió, señor Ministro de Asuntos Exteriores, señores
miembros del Grupo Parlamentario Popular, por razones más bien de imagen,
de dar una impresión de que no se tenía nada que ver con el Gobierno
anterior, por dar una falsa impresión de firmeza, por buscar un
protagonismo cuando se hizo aquella declaración, estentórea en mi
opinión, en la Cumbre de Chile: No tengo nada contra Cuba y tengo todo
contra tu régimen. Esta frase la dijo el señor Presidente del Gobierno de
España directamente al Presidente del Consejo de Estado Cubano. Creo que
es una frase inconsistente, la crítica que se puede hacer es su
inconsistencia, que queda perfectamente refrendada con las palabras que
el Ministro de Asuntos Exteriores ha expuesto en esta tribuna y que yo
comparto en lo que tienen de complejidad, porque es evidente que no
podemos ignorar situaciones políticas, que no compartimos, derivadas del
régimen cubano. Por lo tanto, creo que lo que hay que buscar es un
equilibrio en el que España debe tener un liderazgo entre unas relaciones
de colaboración con firmeza con el Gobierno de Cuba y una apertura, sin
duda, hacia la oposición interna y hacia el exilio. Completamente de
acuerdo, señor Ministro de Asuntos Exteriores.
Reconozco que ha habido un cambio de 180 grados entre esta comunicación
del Gobierno, su posición y los errores que nos trajeron a esta tribuna
con cierta preocupación, y no porque los socialistas u otros grupos de la
oposición tengamos una especie de fervor procastrista que no se ha
manifestado ni en nuestra etapa de gobierno ni en las relaciones que
hemos mantenido en esta misma Casa cuando se celebró la Cumbre
Iberoamericana, con Fidel Castro. Ha habido una libertad de pensamiento,
pero hemos tenido en cuenta que en vísperas de este 98, y lo que supuso
para España el anterior 98, tenemos que asumir nuestra responsabilidad,
pero, sobre todo, nuestros intereses, que no son en este caso intereses
comerciales o empresariales, sino que afectan a la propia autoestima que
tenemos como nación con un peso en el mundo.
Esa es la preocupación que me ha movido, como su señoría ha reconocido, a
plantear esta cuestión, buscando su colaboración que agradezco
clarísimamente.
Lo mismo puedo decir en relación con la Ley Helms-Burton. Ya sabemos --lo
hemos examinado hasta la saciedad-- los inconvenientes que esta norma
tiene desde el punto de vista de las relaciones internacionales,
económicas, la posición de la Organización Mundial de Comercio, la
inaceptabilidad de que los Estados Unidos declaren que el mantenimiento
de la Ley Helms-Burton afecta a cuestiones de seguridad nacional.
Yo diría una cosa más: esa norma, en tanto reconoce o no reconoce unos
derechos que rompen lo que ha sido un
proceso que ha ejercido la propia sociedad cubana tras la revolución, y
en un determinado momento las naciones adoptan decisiones de esta
naturaleza, desde el punto de vista de las relaciones internacionales no
se puede aceptar. En pocas palabras, no es aceptable, pero no porque
viole normas jurídicas sólo, sino porque en el fondo dificulta la
transición en Cuba, que ya está en marcha, la aplicación de una Ley en la
que se castiga a empresas que puedan tener intereses con bienes que en un
determinado momento la revolución cubana expropió. Es como si ahora
estuviéramos penalizando a empresas que estén negociando con bienes que
el señor Alvarez Mendizábal desamortizó hace 160 años; eso no tiene
sentido ni desde el punto de vista jurídico, pero lo más importante es
que no tiene ningún sentido desde el punto de vista de lo que son
nuestros intereses con Cuba. Es verdad que queremos que haya una
transición democrática en Cuba y queremos colaborar, y esa transición
está en marcha, pero queremos que haya también una reconciliación
nacional, porque ésta es la superioridad con la que nosotros hoy nos
movemos en Latinoamérica --y en otras muchas partes del mundo--, y sin
ningún paternalismo somos capaces de poner en común, con quienes tienen
aspiraciones de tránsito democrático, nuestra propia experiencia de
reconciliación.
Eso es una guía que, en mi opinión, se rompió cuando, alegremente, el
señor Vicepresidente de los Estados Unidos de América, que probablemente
no cree demasiado en la Ley Helms-Burton --y prueba de ello es lo que la
Administración demócrata hizo y en las circunstancias en las que lo
hizo--, encontró por parte del Presidente del Gobierno una especie de
apoyo que ahora, efectivamente --y yo me felicito--, se corrige. Esta es
otra de las cuestiones que, en mi opinión, deberíamos tener presente.
Estoy de acuerdo, señor Ministro --por seguir su guión--, en el sentido
de que nosotros tenemos que mantener las relaciones con Cuba sin tener
dependencia respecto de ningún otro país, y usted dice que ésta es
nuestra coherencia. Estoy completamente de acuerdo y estoy dispuesto a
ofrecer el apoyo de mi Grupo Parlamentario a esa orientación. Pero déjeme
que le diga una cosa: Usted fue Senador en esta Cámara cuando
configuramos la Comisión de Asuntos Iberoamericanos, y de esa Comisión
surgió una idea, que luego se ha plasmado, que es la Cumbre
Iberoamericana. Es patente que tenemos una superioridad sobre los Estados
Unidos de América cuando ha querido hacer cumbres similares en Miami,
porque, entre otras cosas, el Gobierno de Cuba está presente ahí, con los
dos países europeos, el resto de las repúblicas americanas, que nos
reunimos en esas Cumbres Iberoamericanas. Que es verdad que son una
plataforma de diálogo y sus resoluciones tienen una operatividad u otra,
pero prescindir de la fuerza que a España le da esa institucionalización
de relaciones entre los gobiernos, romper, por lo tanto, una idea de
consenso muy sentida por Latinoamérica y por todas las repúblicas, y es
la no aceptación de injerencias --me refiero a las declaraciones en la
Cumbre de Viña del Mar--, es un gesto de nuevo vacuo de cara a una
pantalla de televisión, de falsa fortaleza, que sería tanto como suponer
que el Reino Unido prescinde de la Commonwealth y de las relaciones
privilegiadas que tiene con sus amigos de una época histórica para
defender los propios intereses nacionales.
Estoy de acuerdo con que España haga un esfuerzo europeísta, y es verdad
que la posición común ahora puede ser aceptable por nosotros, pero el
documento de origen, el inicial, se parecía más a la posición
norteamericana, la que aquí comunicó en su gira el señor Eizenstat, de lo
que finalmente ha resultado. El documento final es aceptable, de acuerdo,
pero España, en el tránsito, de la mano de nuestros amigos ha hecho un
viaje de ida y vuelta, es decir, hemos acabado donde ya estábamos. Hemos
pagado el precio de un gesto europeísta, yo creo que completamente
inútil, y dando gratis, por lo tanto, la ventaja comparativa que
teníamos. Ahora --es verdad-- hay una posición común europea, pero hemos
llegado a ella como consecuencia de renunciar gratis, insisto, por un
gesto puramente teatral, a la ventaja comparativa que teníamos en
relación con nuestros amigos de la Unión Europea y en relación con Cuba.
Espacio que, efectivamente, otros están ocupando. Y, claro, tenemos una
posición común, pero es que ahora somos el menos común de los comunes,
porque resulta que somos el único país europeo que no tiene embajador.
Señor Ministro, esta situación tiene que resolverse cuanto antes. Sé que
en el Informe se dice que están ustedes satisfechos del funcionamiento de
nuestra Embajada, pero yo le digo que hay que fortalecer esa Embajada,
señor Ministro. Para empezar --y no quiero apretar, pero si usted lo
tiene a bien díganos cuándo se va resolver este asunto--, hay que
fortalecer la presencia y dotación de la Embajada; por ejemplo, hay que
tener un agregado militar en la misma, cosa que me parece muy importante,
así como otras cosas que hacen falta.
Asimismo, hay que acabar con los complejos y estar presente en La Habana,
en la Feria comercial, y no ser el único país de importancia que no tiene
presencia allí a través de un alto representante del Gobierno, o no hacer
este gesto estéril de no ir al Festival de cine, irritando a nuestros
promotores y dando la sensación de que tenemos un contencioso baladí, que
resolvemos de esta manera, en una contradicción que no se sostiene mucho
tiempo entre lo que se dice en las Cámaras para buscar un consenso y lo
que son los actos concretos de la gestión del Gobierno.
En cualquier caso, me gustaría pasar página sobre esta cuestión, y les
pediría que ustedes pasaran página también en la dichosa historia de la
deuda. Porque no es cierto que el Gobierno socialista haya tenido una
especie de condescendencia débil con el régimen cubano, dándole dinero
sin contrapartidas. Por una razón de sentimiento de la historia de
España, yo he sido crítico con mis compañeros de Gobierno, porque creo
que fueron excesivamente exigentes con el Gobierno de Cuba. Es verdad que
hemos empezado --después de las crisis de las embajadas-- a dar créditos
FAD --y usted lo sabe perfectamente-- en una cuantía muy pequeña: un
millón de dólares y, además, exigiéndoles contrapartidas, incluso
materiales. La mayoría de los créditos que se han concedido han sido a
corto plazo, algunos a medio plazo, ninguno a largo plazo, y es verdad
que
Cuba no paga bien, pero eso lo sabe todo el mundo, porque Cuba es una
gran deudora en el mundo.
Además, la explicación la ha dado usted, señor Ministro. Si no estamos de
acuerdo con el bloqueo, ¿cómo vamos a hacer una comparación, como se dice
en el documento, entre lo que Cuba, Venezuela, El Salvador o Jordania
deben, cuando ni Jordania ni El Salvador ni Venezuela están sometidas a
una Ley Helms-Burton? Ahí hay un problema que nosotros no debemos dejar
de protagonizar. Tenemos que liderar, estar presentes en esa transición y
buscar el consenso entre las fuerzas políticas. No debe ser un consenso
--estoy convencido de que usted lo sabe, pues tengo un alto concepto de
usted y de su gestión-- de intereses empresariales, por muchos hoteles o
muchas iniciativas empresariales que tengamos, ni tampoco es un problema
de relación de ciudadanos cubanos en España o de ciudadanos españoles en
Cuba que tienen problemas con la justicia o con la policía. No
desmesuremos las cosas, situémoslas en sus justos términos: éste es un
problema que afecta a nuestra conciencia nacional, señor Ministro.
Por eso, creo que hay que hacer un gran esfuerzo --que le reconozco a su
señoría-- de corrección y, además, de fortaleza, de firmeza y de ocupar
el lugar que modestamente podamos en ese proceso de transición, que no es
otro que el haber tenido históricamente una fusión con el pueblo cubano y
que nuestra historia, a lo largo del siglo XX, ha estado tremendamente
condicionada --seguramente para mal-- por el hecho de que en el 98
saliéramos de Cuba en la situación en la que salimos.
Nada más y muchas gracias, señor Presidente. (Aplausos en los escaños del
Grupo Parlamentario Socialista.)
El señor VICEPRESIDENTE (Aguilar Belda): Gracias, Senador Laborda.
Abrimos el turno de portavoces. Por el Grupo Parlamentario Mixto, tiene
la palabra el Senador Nieto.
El señor NIETO CICUENDEZ: Señor Presidente, señor Ministro, creo que es
interesante la comunicación que ha realizado, y la intervención del señor
Laborda deja suficientemente claro cómo el Gobierno que usted preside
había empezado metiendo la pata en el tema de Cuba, rompiendo lo que
había sido una tradición histórica de todos los gobiernos de este país
--curiosamente, incluso habría que remontarse hasta el gobierno de
Franco--, respecto a lo que ha sido la historia y el comportamiento del
pueblo español con Cuba.
Me voy a referir a una serie de cuestiones que me parecen de enorme
importancia en Cuba y pueden afectar a países iberoamericanos. No ser
tajantes con la Ley Helms-Burton --como no se fue-- es un atentado a todo
el funcionamiento legislativo internacional y dar carta de naturaleza al
hecho de que un país pueda legislar y su legislación afecte a todo el
mundo puede significar que siga la tentación del gendarme
--fundamentalmente en todo lo referido a Latinoamérica-- de legislar, por
ejemplo, sobre el tema de la droga.
Ahora bien, si el tema de la droga es un problema que afecta a todos los
países, la iniciativa de la diplomacia española defendiendo los intereses
del pueblo iberoamericano tendría que hacerse en el marco de las Naciones
Unidas y no permitir de ninguna manera que en el terreno internacional un
país se irroge la legislación que afecta al resto de los países. Esta es
una cuestión fundamental para que nuestro país, España, siga teniendo en
Latinoamérica el papel --que señalaba el señor Laborda-- de defensor de
la independencia, de la no injerencia y del respeto a todos los países
latinoamericanos y más allá de los mismos.
Efectivamente, ustedes han rectificado la Ley Helms-Burton --bien
rectificada sea--, e incluso la ha rectificado la Unión Europea. Pues
bien, pasemos página sobre eso.
Usted ha hablado también de un problema que nos preocupa a todos y del
que todos somos defensores, que es la defensa de los derechos humanos, y
en esta materia hay que ser diligentes en todas partes y no ser
unilaterales. Si los derechos humanos en algunos aspectos están
transgredidos en Cuba ¿por qué tenemos que ser más diligentes y más
exigentes con Cuba que lo hemos sido con otros países, incluso de
Latinoamérica o de otras latitudes? No es de recibo y, por lo tanto,
creemos que es una política equivocada, por no emplear otro término.
En cuanto a sus afirmaciones sobre que hay que mejorar las relaciones con
el Gobierno cubano y con los sectores de la oposición, debo señalar que
sus interlocutores son lo más negro, lo más cavernícola y lo más mafioso
de toda la oposición cubana. Ese es también el problema de fondo y,
ustedes, abiertamente se han implicado con la Fundación Mas Canosa,
etcétera, lo que dificulta restablecer la normalidad con el propio
Gobierno cubano. Es decir, no se puede apostar, como ustedes han hecho,
con lo más troglodita que representa esa oposición cubana. Por lo tanto,
tienen ustedes también que intentar rectificarlo, pues rectificar es de
sabios.
Hay que ir restableciendo la normalidad que nos permita seguir siendo
interlocutores privilegiados con Cuba --estoy hablando desde el punto de
vista de política de Estado--. Los pueblos latinoamericanos son muy
sensibles a estos posicionamientos y, de alguna manera, eso lo miran con
lupa. Yo he tenido la oportunidad estos días de estar con la Delegación
de Méjico, que está ahora aquí, y son muy sensibles a los problemas de la
independencia, de la soberanía, de la no injerencia, es decir, de que se
les respete como pueblo. Por tanto, creo que se debe hacer un esfuerzo de
rectificación, y, al mismo tiempo, defender los intereses --aunque no sea
lo fundamental, sí es importante-- de los inversores españoles, de los
vascos, catalanes, etcétera, que han invertido allí, en Cuba, ya que no
se puede permitir que sean represaliados por el hecho de tener unas
inversiones en Cuba.
Nada más y muchas gracias, señor Presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Aguilar Belda): Gracias, Senador Nieto.
Por el Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos, tiene la
palabra el Senador Albistur Marín.
El señor ALBISTUR MARIN: Muchas gracias, señor Presidente.
Hemos leído con detenimiento, señor Ministro, el informe que sobre las
relaciones con Cuba ha presentado usted a esta Cámara, y le quiero decir
que de alguna forma nos ha proporcionado una cierta tranquilidad por los
aspectos de moderación que en él parecen expresarse. Digo «parecen
expresarse» porque me hubiera gustado que este informe fuera, sobre todo,
la confirmación de una política; política que, por ejemplo, está en
contradicción con su intervención, esta mañana, en «Los desayunos de
Radio Nacional», donde usted prácticamente ha hecho una declaración de
guerra contra el Gobierno cubano, con motivo de la detención de un
ciudadano español y, también, de una actuación que se ha producido aquí
por parte de las autoridades españolas con otros ciudadanos cubanos.
No creo que situaciones como ésas sean las que verdaderamente nos ayuden
a normalizar los objetivos de diálogo con el Gobierno cubano. Yo debería
resumir que la política que ustedes han hecho con Cuba es una política de
sobresaltos, con la que nuestro Grupo Parlamentario y nuestro Partido no
se ven identificados en sus objetivos, ni creemos, en definitiva, que sea
la política internacional que debería desarrollarse con un país, como
Cuba, con el que existen lazos históricos, que ya han sido aquí
suficientemente tratados, y porque es, además, espejo y reflejo de lo que
debe ser la política con otros países latinoamericanos. En este sentido,
no queremos expresar opiniones única y estrictamente del Partido
Nacionalista Vasco, sino que expresamos y queremos reflejar lo que
recogemos como intereses de inversores, de exportadores, de cooperantes,
de formadores de una parte y de otra, cubanos y españoles.
Su política ha creado problemas, y esto es lo que nosotros deducimos y le
planteamos. Quizá no sean problemas de fondo, porque en el fondo, y valga
la redundancia, se han ido solucionando; son problemas continuos,
pequeños que enturbian y que impiden una relación normal entre la
sociedad española y la sociedad cubana.
Le he dicho al principio que los aspectos de moderación de su informe nos
hacen coincidir con los objetivos fundamentales, como los objetivos de
diálogo con el Gobierno cubano; nos hacen también coincidir con la
necesidad de tener un diálogo con otras voces, con la oposición interna
dentro de Cuba; nos hacen también coincidir con las preocupaciones de los
empresarios españoles y sus intereses y, sobre todo, también con la
política de cooperación.
Usted fundamenta como parte importante de la política de su Departamento
el acuerdo sobre la política común con la Comunidad Económica Europea. Yo
tengo que decir respecto de esa política, que lejos de ser un éxito de la
diplomacia española, es precisamente una salida a una situación de
«impasse» provocada en los años 1995 y 1996, que la Comunidad Económica
Europea no vio posibilidad de resolver por desajustes y desacuerdos entre
sus miembros. Bien es verdad que España impulsó la posibilidad de un
acuerdo, intentando llevar el agua a su molino; un agua que
verdaderamente quedó parada porque la resolución de la Comunidad
Económica Europea no es la misma que la introdujo el Estado español en la
Comisión. Esta política común fue una trampa porque dejaba la iniciativa
a la Comunidad Económica Europea y, sobre todo, justificaba la retirada
o, por lo menos, la ralentización de las relaciones y de la presencia
española en Cuba, precisamente en esa política de acción común, y
permitía la entrada de otros países que manifestaron clarísimamente, como
el caso de Italia, su posición y ocuparon rápidamente el puesto que
España dejaba en Cuba en nombre de un conflicto --así lo interpretaba la
Comunidad Económica Europea-- existente entre el Gobierno español y el
Gobierno cubano.
La política de diálogo con la propia oposición ha llevado a lo que ya el
Senador Nieto ha calificado aquí como una política errónea, y que
nosotros compartimos. Entendemos que se debe hablar con la oposición
cubana, pero con aquellos que, desde dentro de Cuba, tengan la
posibilidad de ofrecer un proyecto de reforma de la situación económica,
de la situación del pueblo cubano, y de dar una salida dialogada, tal y
como quiere la propia sociedad cubana, pero no impuesta desde el exterior
por personas cuya defensa de los verdaderos intereses de Cuba yo pongo en
duda.
Habla usted también de un conflicto que mantiene el Gobierno cubano con
el Gobierno español en torno a la Embajada. Siguiendo la lógica de su
informe, ustedes no debían haber retirado a un Embajador que fue crítico
con el Gobierno cubano, que dialogó con la oposición --como ustedes dicen
que quieren hacer-- y también con el propio Gobierno cubano, y que se
ganó el respeto de la oposición, de la Iglesia en Cuba y del propio
Gobierno cubano; cumplió estrictamente con el fin de la posición común y,
sin embargo, ustedes lo retiraron y le retiraron la confianza.
Ustedes no han conseguido resolver un problema, y hoy día la Embajada
española en Cuba es puramente administrativa, con escasa influencia
política. Y pese a decir que la Embajada de España en La Habana está
funcionando actualmente de forma plenamente satisfactoria para el
Gobierno, no opinan así quienes tienen que realizar viajes de negocios,
quienes tienen que realizar actuaciones culturales, quienes tienen que
realizar actividades de cooperación o quienes tienen familiares en España
y quieren salir de Cuba para encontrarse con ellos, porque encuentran
verdaderas dificultades en la Embajada y en el Consulado cubano para
poder hacerlo.
En el tema de la cooperación tampoco podemos presentar un balance
positivo, como ustedes quieren. Ustedes enumeran un conjunto de
iniciativas que no comenzaron ustedes, sino que fueron iniciadas
anteriormente, y el balance actual supone la supresión de conciertos de
artistas que han ido a formarse y a formar en Cuba, de cursos, de becas
para becarios cubanos, de festivales como el del cine, que ha sido ya
anteriormente citado.
Yo creo que es verdad todo lo que aquí figura, pero es una visión
puramente parcial. Desde el año 1996, prácticamente desde el verano, son
más las acciones negativas que las positivas. La cooperación
descentralizada, en concreto, está ahora prácticamente en manos del
Gobierno vasco porque ustedes la han cerrado. Hoy día entre las ONG que
tienen una actividad con Cuba hay la conformidad de no presentar
solicitudes de ayudas para actuaciones en Cuba por la oposición con la
que se encontrarían en la Secretaría
de Estado de Cooperación. Podría seguir enumerando muchos hechos, señor
Ministro.
Quisiéramos verdaderamente que los objetivos y las conclusiones que
ustedes plantean en este informe se cumplieran, sobre todo el propósito
de diálogo con el Gobierno cubano. Diálogo, como usted ha insistido, sin
injerencia; diálogo con respecto a lo que en Cuba se esté cociendo, tanto
desde el Gobierno cubano como en las conversaciones que puedan existir en
Cuba entre Gobierno y oposición, con un respeto profundo hacia las
actividades y las iniciativas que el pueblo cubano y sus representantes
estén planteándose para sí mismos. Aceptaremos en ese caso sus
conclusiones, sobre todo en lo que supongan de desaparición de
incertidumbres.
No estamos de acuerdo, en ese sentido, con otro párrafo importante de su
informe en el que usted dice que, en general, las inversiones están
estancadas, ya que el clima generado por la llamada Ley Helms-Burton está
desanimando tanto inversiones españolas como de otros países. No estamos
de acuerdo. Es mucho más la incertidumbre del Gobierno español, que lleva
a una indecisión, a hacer sospechar a los inversores y a los cooperantes
que sus acciones no van a tener futuro, lo que está llevando precisamente
a que se produzca este clima de parón. Rompamos esta situación y seamos
valientes.
En adelante, nuestro Grupo piensa presentar una serie de acciones en el
Senado: mociones que vayan en defensa de los intereses económicos, en
aplicación de las directrices europeas; mociones, sobre todo, que vayan
encaminadas a hacer intervenir al Gobierno español en actuaciones frente
a la Ley Helms-Burton --que, por cierto, sigue sin aplicarse por parte de
los Estados Unidos, y no seamos nosotros más papistas que los propios
americanos--; acciones que vayan fundamentalmente a incentivar la
actuación de diálogo y de colaboración con el pueblo y el gobierno
cubanos. En ese sentido, tendrán todo nuestro apoyo. Mientras tanto,
tenemos que manifestar que no nos sentimos identificados con una política
que ha llevado más a sobresaltos que a acuerdos. Volvamos a la etapa
previa a junio de 1996. Volvamos a una etapa de diálogo, de comunicación,
porque el año 1998 está encima y España tiene un papel importante que
jugar en el desarrollo cubano y en el desarrollo latinoamericano.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Aguilar Belda): Gracias, Senador Albistur.
Por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió,
tiene la palabra el Senador Cardona.
El señor CARDONA I VILA: Muchas gracias, señor Presidente, señorías,
señor Ministro.
Quizá el primer comentario que es necesario hacer en una intervención
sobre Cuba es constatar su carácter especial para todos los aquí
presentes, es decir, para todos nosotros y para todos los españoles. Por
unas razones o por otras, todos tenemos unas relaciones históricas, unas
relaciones, además, afectivas, que provocan, en cuanto se habla de Cuba,
una especial atención y un interés singular. Concretamente para nosotros,
los catalanes, es también inevitable recordar nuestra presencia en
aquella isla, los apasionados debates acerca de su lucha para la
independencia y, posteriormente, que fue tierra acogedora para muchos,
entre ellos bastantes exiliados. Finalmente, cabe recordar el interés con
que se siguió el derrocamiento del régimen de Batista y la posterior
atención con que vivimos las primeras etapas del castrismo que,
rápidamente, fue configurándose como un régimen autoritario.
A pesar de que los mitos se diluyen lentamente y de forma implacable con
los años, las noticias nos han informado de los datos concretos de la
vida en Cuba. Sin embargo, aunque la realidad se encarga de demostrar
desde hace muchos años que Cuba vive --yo mejor día que sobrevive-- en un
régimen totalitario, no por ello ha desaparecido ni desaparece el interés
por Cuba, que siempre despierta nuestra atención y, además, nuestro
apasionamiento.
Nuestra época se caracteriza por la mundialización, por la democracia y
porque en Europa deseamos y queremos que sea conocida por la defensa de
los derechos humanos. Todos estos factores se desarrollan encontrando en
su camino un sinfín de obstáculos, pero, a pesar de ello, el proceso
continúa. Concretamente en todo el ámbito de la América latina es fácil
constatar que se produce un claro avance en la libertad para los
intercambios y en la vida política, que tiende a una cierta normalización
con las elecciones periódicas, derechos del ciudadano, etcétera.
El proceso es duro, pero es real. Será largo, indudablemente, pero su
avance es también innegable. En Barcelona tiene lugar estos días la
trigésima octava reunión anual de la Asamblea de gobernadores del Banco
Iberoamericano de Desarrollo. En ella se comprueba el dinamismo existente
en aquella región. Las expectativas son muy atractivas, las necesidades
extraordinarias y el flujo de inversiones que se realizan es realmente
impresionante.
De este panorama tumultuoso de crecimiento está al margen,
desgraciadamente, Cuba. Su inmovilismo político la señala como uno de los
pocos territorios que no participan de las inmensas posibilidades de este
desarrollo. Durante años, el régimen castrista pretendió excusar este
aislamiento con la existencia de una vigorosa política de avances
sociales, pero, como es evidente en muchos países de América latina, el
desarrollo económico produce también reformas profundas en los campos de
la sanidad, de la educación y de las comunicaciones.
Cuba es hoy un régimen de excepción, un régimen político, dolorosamente
para nosotros, singular. Estas características son las que motivan entre
nosotros una impaciencia ante el inmovilismo del régimen cubano. ¿Cómo
contribuir, pues, a su progreso en libertad y a su crecimiento económico?
El error de la Ley Helms-Burton excluye el bloqueo, que sólo perjudica a
la población de Cuba. La indiferencia ante el inmovilismo político cubano
también sería un error imposible de observar en nuestro caso. Así pues,
¿cuál es la mejor política en relación con Cuba? Entendemos que la
posición de la Unión Europea es equilibrada, y esperamos que eficaz:
incrementar las relaciones económicas y culturales en la medida en que se
consigue también avanzar pasos
en la defensa de los derechos humanos, como anteriormente mencionábamos.
Es una política quizá lenta, pero creemos que es posible. Significa una
presión inteligente a favor del crecimiento económico y, por
consiguiente, de las condiciones de vida de los cubanos, y es también una
llamada continua al respeto de los derechos humanos.
Por todo ello, nos debemos felicitar por la aportación del Gobierno
español en la elaboración y aprobación, con rectificaciones o no --tantas
cuantas se quieran en su momento--, del documento de la posición común
europea, que constituye la base de la relación política europea y
española, o española y europea, hacia Cuba.
Consideramos también necesario reconducir el problema de la Embajada
española para facilitar nuestras relaciones con Cuba. Asimismo, estamos
de acuerdo sobre los capítulos que se contemplan en el informe de la
posición común en relación a la cooperación española, bien sea técnica,
científica, humanitaria, cultural, y a las relaciones financieras y
económicas, bien sea comerciales, turísticas o de otro tipo.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Aguilar Belda): Gracias, Senador Cardona.
¿Grupo Parlamentario Socialista? (Pausa.)
¿Grupo Parlamentario Popular?
Tiene la palabra el Senador Soravilla.
El señor SORAVILLA FERNANDEZ: Muchas gracias, señor Presidente.
Señorías, señor Ministro, en el Grupo Parlamentario Popular, al que me
honro en representar en esta tribuna, agradecemos muy sinceramente la
presencia del señor Ministro.
Quiero comenzar por decir que el documento que ha presentado a la Cámara
nos parece serio, riguroso e importante, sobre todo porque es
constructivo y, además, tiene un carácter que yo creo que comienza a
diferenciar en algo --eso sí-- la política, y es que es un documento poco
dogmático. Felicitamos por ello al Gobierno y conferimos nuestro respaldo
a ese documento, a las políticas que se estén aplicando y a las que se
ajusten a su contenido.
Nos parece también, por otra parte, que el documento tiene un efecto de
clarificación definitiva, en la medida en que lo pueda tener con el
devenir de los acontecimientos, porque identifica no sólo objetivos, sino
también medios que podrán ser evaluables.
Quisiera destacar algunos aspectos. El primero, que del documento, que
tiene un carácter general, a pesar de lo que se ha dicho aquí por parte
del portavoz socialista y del Senador Nieto, del Grupo Parlamentario
Mixto, se desprende que existen políticas de Estado. No creo que este
documento tenga un carácter de ruptura. No creo que estemos tomando las
políticas de Estado en un tono retórico, pues en este documento se ve que
hay una política de Estado. El Senador Laborda así lo ha considerado y
así lo ha respetado, porque se percibe ese interés permanente y
singularizado por la isla del Caribe, que se ha mostrado en todos los
gobiernos anteriores de España. Esa misma continuidad se refleja en las
relaciones con Cuba. Naturalmente, con las correcciones, que yo creo que
son legítimas, propias de las orientaciones políticas.
El aspecto de los principios no voy ni siquiera a tocarlo, señor Ministro
y señorías, porque se ha demostrado que el apoyo de la Cámara es unánime
--así se había manifestado con anterioridad y hoy también se ha
manifestado--, cosa distinta, sin embargo, parece la articulación de
determinadas políticas concretas para alcanzar esos objetivos. Lo que sí
sabemos, señorías, por la tozudez de los hechos, es que el resultado de
las que se aplicaron en tiempos pasados y con otros gobiernos no sólo de
nuestro país, sino de otros países, unos por permisividad, otros, quizás,
por rigidez, si lo contabilizamos en términos políticos, ha sido --dicho
de forma muy benevolente-- de cero. Si en nuestro país hacemos la
contabilidad en cifras, los resultados han sido multimillonariamente
negativos. Yo creo que en este aspecto sí se puede hacer alguna
corrección.
En estas circunstancias --esto es evidente y todos lo hemos reconocido--
no son identificables el Gobierno cubano con Cuba ni mucho menos todavía
con el pueblo cubano. Todos deseamos que persevere el diálogo abierto y
sincero con el Gobierno cubano, sincero en el sentido de que hay que
decírselo todo y hablarlo todo mutuamente. Pero también hay otros
sectores que tienen que decir algo, con los que también hay que abrir,
profundizar y mantener ese mismo diálogo abierto. Y a este respecto, yo
creo que nos tenemos que referir, necesariamente, a la disidencia interna
que en muchos casos --se ha dicho ya aquí y se dice también en el
informe-- está hostigada y penalizada, al exilio cubano, al que el
Senador Nieto ha puesto algunos adjetivos un poco pintorescos, y a otras
instituciones, como son la propia Iglesia. Yo creo que aquí se ha hecho
un esfuerzo de equilibrio porque en años pasados este equilibrio estaba
definitivamente perdido y vencido del lado oficial.
Simpatizamos, en el sentido más puramente etimológico de la palabra, con
el pueblo cubano, conocemos sus penurias y alentamos, además, al Gobierno
a que incremente las ayudas de cooperación, las ayudas humanitarias, para
que puedan superar este presente e, incluso, vislumbrar un futuro un poco
más halagüeño, gracias, en parte, a nuestro apoyo; apoyo, eso sí,
organizado a través de las ONGs, puesto que conocíamos ya la
instrumentalización que desde el Gobierno se hacía de estas ayudas.
Por último, queremos, naturalmente, pedirle al Gobierno, cosa que está
haciendo, el estricto cumplimiento de su deber, la defensa de los
intereses de España y de sus nacionales. Esto, señorías, no sólo se
refiere a los aspectos que se han tocado aquí sobre la Ley Helms-Burton.
También desearía subrayar un aspecto que en ocasiones se ha presentado en
esta tribuna con una cierta perversidad, debido a la incoherencia de
algunas posiciones políticas. Yo creo que queda demostrado en este
documento que España y este Gobierno, como otros gobiernos, han
desarrollado con Cuba una política independiente, acorde con los
intereses nacionales. Y, naturalmente, en esa defensa de los intereses no
había incompatibilidad con los propios intereses
del pueblo cubano. Además, estos criterios independientes aplicados por
el Gobierno Popular no tienen nada de dogmáticos ni de ideológicos. A eso
hemos de unirle el peso político que hemos adquirido en la Unión Europea,
especialmente en el aspecto de las relaciones con el mundo
iberoamericano, de lo que es, en gran medida, autor o responsable, desde
luego, nuestro actual Ministro de Asuntos Exteriores cuando era Comisario
Europeo.
Con esos criterios independientes y ese peso específico en la Unión
Europea hemos conseguido, además, que esa política independiente tenga la
adhesión del resto de los socios europeos y se concrete en ese documento
del que se ha hablado de la posición europea común sobre Cuba. No
obstante, he de hacer una salvedad, y es que el Grupo Parlamentario de
Senadores Nacionalistas Vascos no le he visto en este caso excesivamente
europeísta.
Yo creo que todo esto se ha conseguido por el esfuerzo del Gobierno
español y, además, porque se ha producido después de darse una
circunstancia muy significativa, y es que el Vicepresidente Marín, del
Grupo Parlamentario Socialista, ha tenido que regresar de Cuba sin haber
podido cumplir el mandato de negociación que se le había otorgado por el
Consejo Europeo de Madrid de diciembre de 1995 ante esa postura de
radical inmovilismo del régimen castrista. Señorías, es europeo, es
español y es socialista quien tuvo que volverse de Cuba por estas razones
con las manos vacías.
Por último, permítanme sus señorías hacer alguna referencia a un asunto
que yo creo que es de gran importancia para nuestras relaciones
bilaterales con la isla, que, además, ha dado lugar a algunas referencias
y, desde luego, a numerosas preguntas y comparecencias en esta Cámara. El
asunto es la deuda de Cuba. Yo creo que este asunto de las relaciones
financieras, que muy brevemente queda reflejado en el documento --les
animo a que lo lean y a que realicen un análisis-- pone al descubierto,
señorías, muchas estrategias pasadas, presentes, públicas, privadas e,
incluso, a veces, políticas.
En febrero pasado, señorías --muy brevemente hago referencia a ello--,
ascendía a casi 142.000 millones de pesetas --hoy esta cifra es mayor--,
de los cuales 90.000 millones, es decir, el 70 por ciento, corresponden a
impagos y atrasos, que suponen el 30 por ciento de los impagos y atrasos
por estos conceptos que tiene España. Y en esos impagos están incluidos
los 1.441 millones procedentes del impago de las expropiaciones hechas
por el régimen de Castro a nacionales españoles.
Le animo también, señor Ministro, a que defienda esos intereses
españoles, pues en otros tiempos no se defendieron --así lo creo-- en la
manera adecuada. Si quieren ustedes, señorías, les pongo una fecha de
referencia: 1982. En 1982 había una deuda razonable con Cuba: 38.500
millones de pesetas aproximadamente. Les nombraré también otra fecha
memorable: 1996; año en el que esa deuda había ascendido a 130.687
millones de pesetas; y hoy estamos por encima de los 142.000.
Yo creo que es una deuda desproporcionada, a pesar de todo lo que el
portavoz socialista ha dicho; y lo es, por el número de habitantes, por
el peso que tiene la isla e, incluso, por el incremento que ha sufrido en
14 años, que ha sido del 350 por ciento, como refleja el documento.
Cuando yo escucho al Senador Laborda decir que a él le ha parecido
siempre que el Gobierno socialista ha sido excesivamente exigente con
Cuba, teniendo en cuenta que el incremento que se produce es de un 350
por ciento y que la deuda que tenemos es la que tenemos, yo tengo que
decirle, señor Laborda, que se puede ser tolerante, pero limitadamente,
razonablemente tolerante, sobre todo, cuando estamos hablando de una
dictadura y, además, se hace a costa de los contribuyentes españoles.
Desde 1986, fecha a la que hizo referencia el portavoz del Grupo
Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos, Cuba no paga su deuda.
En consecuencia, no sólo no se tomaron medidas cuando se rompieron las
negociaciones del Club de París, sino que se han continuado abriendo
líneas de crédito.
Yo creo que este Gobierno está demostrando que tiene flexibilidad, que
tiene una enorme --lo ha demostrado y lo está demostrando-- capacidad de
diálogo y que es razonablemente tolerante.
En consecuencia, creo que debemos continuar en esa cooperación y en esa
ayuda a Cuba. De hecho, cuando este Gobierno está concediendo créditos
FAD, los está dando para amasadoras y hornos de pan, es decir, para que
se alivien las penurias del pueblo cubano, las penurias físicas, no las
penurias políticas que conlleva una dictadura. Y en relación con esto,
también consideramos acertada la corrección en el rumbo introducida por
el Gobierno Popular.
Por tanto, creo que, en coherencia con ello, el informe refleja la
convicción de principios que desde el primer momento han mantenido este
Ministro, este Gobierno, y su Presidente, don José María Aznar. Además,
dicho informe tiene la virtualidad de enmarcarse dentro de una política
europea y de ser acorde con la Declaración de Viña del Mar, Declaración
que encaja también dentro de la política general del resto de países
iberoamericanos.
Se ha dicho que buscamos más prosperidad y más democracia y,
efectivamente, en ello estamos. Pero yo quisiera preguntarle al señor
Ministro si, desde su punto de vista, es viable o no es viable el modelo
económico y político dentro de la evolución de Cuba tal y como está
planteado.
Por último --y con esto termino, señorías-- quisiera hacer mención de
algo que me ha sorprendido, la retención en Cuba --por decirlo
suavemente-- de un vecino de Leganés, de mi circunscripción. Creo que se
ha hablado de ello muy ligeramente cuando se ha dicho que esa retención
debe ser tratada sin desmesurar las cosas o, como el Senador Albistur ha
dicho, desde una posición que no he llegado a entender. Eso me parece
francamente grave. Creo que ésta es una prueba más de cuál es la actitud
del Gobierno cubano, sobre todo si ponemos este caso en correlación --el
señor Ministro nos lo podrá aclarar-- con el incidente relacionado con
tráfico de drogas ocurrido precisamente un día antes aquí, en Madrid, con
un funcionario de la Embajada de Cuba. Y es que, si de verdad esto es
cierto y se tiene la sensación de que hay un proceso causa-efecto, quizá
tendríamos que replantearnos muchas cosas. Por
cierto, que algo parecido ocurrió con el plácet de nuestro Embajador, al
que se han hecho referencias aquí, cuando presentamos nuestra propuesta a
nuestros socios europeos.
Señor Ministro, señorías, quiero decir, por último, que su señoría cuenta
con el apoyo de nuestro Grupo, como es natural, y que estaremos también
pendientes de cómo se va ejecutando el contenido de este informe que nos
ha parecido de gran importancia.
Muchas gracias. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario
Popular.)
El señor VICEPRESIDENTE (Aguilar Belda): Gracias, Senador Soravilla.
Terminado el debate, tiene la palabra el señor Ministro de Asuntos
Exteriores.
El señor MINISTRO DE ASUNTOS EXTERIORES (Matutes Juan): Muchas gracias,
señor Presidente.
Quiero empezar dando las gracias a la mayoría de los portavoces por el
tono constructivo, de Estado, que han dado a sus intervenciones.
Quisiera simplemente hacer unas observaciones, así como responder a
algunas de las cuestiones que se me han formulado.
Sinceramente, no creo que haya habido rectificación en la posición del
Gobierno español. Lo que sí creo que ha habido son malas
interpretaciones, afortunadamente aclaradas, respecto de la posición del
Gobierno español, pero el profundo análisis al que se somete a la
posición común de la Unión Europea en el informe que hoy nos ocupa aclara
suficientemente cualesquiera posibles malos entendidos. Yo les invito a
que analicen la propuesta inicial de España presentada a la Unión Europea
y a que busquen las diferencias con lo que ha sido la posición finalmente
adoptada, y verán que tales diferencias no existen.
Pero, como muy bien han dicho el señor Laborda y el señor Cardona, eso es
agua pasada, y de lo que aquí se trata es de continuar con esa
normalización de relaciones que de hecho se está produciendo. Por
ejemplo, esta misma semana la señora Allende, Viceministra de Relaciones
Exteriores, ha sido recibida por los dos Secretarios de Estado, el de
Política Exterior y el de Cooperación. Por tanto, continúa ese proceso de
diálogo, proceso que, quisiera señalar, se produce también con toda la
oposición sin excluir a nadie, ni a los de la disidencia interna ni a los
del exilio. Y a ninguno de los que han pedido al Ministro ser recibidos
para hablar del futuro, de las reformas, de la transición hacia la
democracia en Cuba, que han sido cerca de una decena, se le ha negado esa
entrevista.
Efectivamente, el tema de los créditos es preocupante. Los créditos
normalmente se conceden a un país en función de su capacidad exportadora,
del volumen de su producto interior bruto. Pues bien, tanto si tomamos un
criterio como el otro, hemos de reconocer que el volumen actual de los
créditos de España con Cuba está en un orden de casi diez veces el que
correspondería objetivamente a la aplicación de criterios
internacionales, a pesar de lo cual España los mantiene, no los puede
aumentar. Además, España tiene instrucciones del Club de París de no
otorgar créditos a medio y largo plazo precisamente por los
incumplimientos, a pesar de lo cual --repito-- ello permite seguir
financiando un volumen de comercio entre España y Cuba tan importante que
en el último año, por ejemplo, ha crecido del orden del 30 por ciento. En
todo caso, éste es un tema en el que debemos actuar con cuidado, puesto
que estamos jugando, como muy bien ha dicho el señor Soravilla, con el
dinero de los contribuyentes españoles.
Y ahí es donde, sin pretenderse injerir, España también tiene algo que
decir respecto de esas reformas tanto políticas como económicas, y es
que, naturalmente, un Gobierno puede hacer los experimentos que quiera, y
mucho más si es democrático, pero en todo caso es evidente que conviene
hacer esos experimentos con gaseosa y en ningún caso con los intereses de
los contribuyentes españoles, porque --contestando a la cuestión
formulada por el señor Soravilla-- destacados economistas del Partido del
Gobierno, del propio Partido Socialista y de otros, han destacado en
todas las instituciones internacionales a lo largo de los últimos meses
la inviabilidad del actual Gobierno cubano sin reformas políticas y
económicas. Creo que ayer mismo destacaba esto el señor Solchaga, quien
entre los años 1993 y 1995 viajó en diversas ocasiones a Cuba por encargo
del ex Presidente del Gobierno, don Felipe González, para asesorar al
Gobierno cubano, y que ayer hacía unas amplísimas declaraciones a la
Agencia Efe en las que hablaba de la inviabilidad del actual modelo
cubano, de la necesidad de hacer reformas políticas y económicas, y
apuntaba que la única salida para el sistema no es restringir los escasos
grados de libertad de dicho sistema, como parece que ha ocurrido a lo
largo de 1996, sino ampliarlos rápidamente. Son unas declaraciones muy
amplias, sobre las que no me voy a extender, que creo que también
reflejan ese parecer común, ese consenso del que hablábamos antes.
Quisiera responder también al señor Nieto Cicuéndez, que ha tenido una
intervención constructiva, en el sentido de que nosotros pretendemos y
promovemos una mejora de los derechos humanos con todos los países, no
sólo con Cuba. Por ejemplo, podemos mencionar el caso de Turquía, caso
sobre el que, quien les habla ahora, ya en el año 1989, en su condición
de Comisario europeo, dictaminó que no estaba en condiciones de ingresar
en la Unión Europea, entre otras cosas, por la insatisfactoria situación
de los derechos humanos en ese país, tema al que nos hemos referido este
fin de semana en el Consejo de Asuntos Generales de Apeldoom, donde hemos
sentado el mismo criterio.
Y, desde luego, cuando estamos hablando de un país de la familia
iberoamericana, cabría pedirnos a todos un poco más de exigencia, puesto
que se trata de temas que conciernen a la familia y a los que debemos de
ser mucho más sensibles, como lo fuimos con las dictaduras militares de
Argentina y Chile, y es que difícilmente entendería un menor nivel de
exigencia el pueblo español.
Algunos aspectos de la intervención del señor Albistur, desde luego
merecen una explicación, y yo gustosamente se la doy a la Cámara, porque,
además, también he sido interrogado al respecto por el señor Soravilla.
No se ha producido
absolutamente ninguna declaración de guerra ni al Gobierno ni al régimen
cubano. Y vamos a los hechos; esta mañana he intervenido en «Los
desayunos de Radio Nacional» y se me ha preguntado por el caso que hoy
aparece en medios informativos y en las propias emisoras de radio, de
Jesús Martín, ciudadano español que tuvo un ligero accidente conduciendo
un coche asegurado, en el que no se produjeron daños personales, sí unos
ligeros daños materiales que, normalmente, no deben ser objeto más que de
simples diligencias. Al parecer, fue objeto de un intento de chantaje por
la otra parte del incidente. Fue interrogado por la juez que le dijo que
no había absolutamente ningún cargo contra él, que no necesitaba ni
siquiera permiso para salir, pero continúa retenido, inexplicablemente,
por las autoridades cubanas. La propia familia se ha quejado --y aparece
en la prensa-- de la poca operatividad del Ministerio de Asuntos
Exteriores. Yo quiero decir ante sus señorías que esa familia fue
recibida por la Subdirección General de Asuntos Consulares. Se están
dando instrucciones, que yo superviso personalmente, y se está en
contacto con nuestro Cónsul en La Habana para conseguir que este
ciudadano español, retenido incomprensiblemente en La Habana, sea
autorizado a salir, pagando las fianzas o lo que haga falta, y eso no se
produce.
Ante estas quejas de una supuesta inactividad del Ministerio y ante una
pregunta efectuada públicamente por periodistas, naturalmente el Ministro
de Asuntos Exteriores español ha tenido que sacar el tema de la reserva
con la que estaba siendo llevado, para declarar pública y solemnemente
que ése es un tema al que el Ministro de Asuntos Exteriores de España,
naturalmente, da mucha importancia y en el que no admite bromas y que
nosotros esperamos que se resuelva rápidamente. En el supuesto de que no
se resolviera, España tendría que considerar la posibilidad de aconsejar
a los turistas españoles no visitar Cuba. Es lo menos que tendríamos que
hacer, y a quien eso le parezca una declaración de guerra, es que no sabe
en qué consisten la defensa de los intereses, de la vida y de la libertad
de los ciudadanos españoles. (Aplausos en los escaños del Grupo
Parlamentario Popular.)
Contestando al señor Soravilla, no creo que este incidente que se produjo
el pasado día 2 de marzo tenga nada que ver con otro desgraciado
incidente que se produjo el 1.º de marzo, en Madrid, en el que un súbdito
cubano, jefe de un departamento de actividades culturales, que estaba
aquí con motivo de los acontecimientos de Arco, dejó olvidada una
riñonera en un taxi que, al parecer, cuando fue entregada a la policía
contenía, si no recuerdo mal, un centenar de gramos de cocaína y que
motivó unas diligencias judiciales y el internamiento en prisión de este
súbdito. La Embajada cubana se dirigió al Ministerio solicitando
intervención. Naturalmente, estando este señor detenido por decisión
judicial, la única intervención que ha podido hacer el Ministerio es
interesarse por su situación, pero no puede interferir en actuaciones
judiciales. En todo caso, aunque ese incidente del súbdito cubano, señor
Marrero, tuvo lugar justamente el día antes del incidente en Cuba, el 1.º
de marzo, estoy absolutamente convencido de que ambos incidentes son pura
y simple casualidad. En todo caso, como en los últimos meses se ha
producido un buen número de incidentes, desagradables en muchos casos,
con ciudadanos españoles turistas en Cuba, el Gobierno español tiene que
velar por la debida atención y el respeto a los derechos de nuestros
ciudadanos cuando están fuera de España, trátese del país que se trate.
Por lo demás, repito, he destacado en la intervención de esta mañana, en
«Los desayunos de Radio Nacional», la normalidad de nuestras relaciones,
el carácter abierto con que España contempla los acontecimientos de 1998
y nuestro deseo de seguir profundizando en ese diálogo con las
autoridades cubanas, al que todos los portavoces y yo mismo nos hemos
referido. Yo estoy también totalmente de acuerdo con las observaciones
efectuadas por el señor Cardona, portavoz de Convergència i Unió, y le
agradezco la lucidez y el carácter constructivo de su intervención.
En conclusión, señorías, después de haberles oído, creo que podemos
afirmar que todos queremos para Cuba más prosperidad y más democracia. Y
vamos a seguir trabajando para lograr este objetivo con el diálogo y las
intervenciones constructivas que yo les agradezco muy sinceramente hoy y
sobre las que estoy dispuesto a volver cada vez que sus señorías así lo
requieran.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Aguilar Belda): Gracias, señor Ministro. (Los
señores Albistur Marín y Laborda Martín piden la palabra.) ¿Piden la
palabra por el artículo 87? (Pausa.)
Tiene la palabra el Senador Albistur, por tres minutos.
El señor ALBISTUR MARIN: Muchas gracias, señor Presidente.
No tenía ninguna intención de injerirme en la política que el señor
Ministro vaya a realizar desde su Ministerio. A mí me parece laudable que
el señor Ministro esté preocupado por la retención de un ciudadano
español. Me gustaría que también estuviera tan preocupado cuando un
gendarme francés te para por ir a 70 kilómetros por hora en un pueblo
francés y hasta que no pagues la multa no puedes salir de Francia, eso
está sucediendo. Yo creo que lo que tendríamos que hacer es ser
proporcionales al hecho. Me parece muy bien que el Ministerio se preocupe
y procure que esta persona regrese cuanto antes, pero hacer la
recomendación que ha hecho, dicho en términos coloquiales y quitándole
hierro al asunto, me parece una pequeña pasada, señor Ministro. Esta
recomendación de un Ministro de Asuntos Exteriores a los turistas
españoles, que por extensión se puede aplicar a los empresarios, a los
cooperantes, etcétera, me parece peligrosa. Creo que no es propio de un
señor Ministro, con todo el respeto, y hasta le voy a decir que tengo
cariño por usted y por su persona.
En segundo lugar, al portavoz del Grupo Parlamentario Popular le tendría
que decir una cosa que me parece clara. Le podrá gustar, o no, que
nosotros estemos haciendo críticas al Gobierno por su actuación, pero
este Gobierno se ha dedicado a meter el dedo en el ojo al Gobierno cubano
y cuando uno se dedica a meter el dedo en el ojo a otra persona, aunque
sea cariñosamente, pueden darse reacciones
como las que se producen. Si tratáramos a Cuba como adultos y como a un
país al que debemos respetar, incluso en su situación actual, aunque no
estemos de acuerdo con ella, habría otro tipo de respuestas desde ese
país. Yo lo que pido es que esa moderación que veía en el informe se
plasme en los hechos, en la realidad y que ese diálogo sea de verdad y
realmente contribuyamos a la prosperidad y a la libertad del pueblo
cubano, que creo que es lo que los cubanos quieren.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Aguilar Belda): Gracias, Senador Albistur.
Senador Laborda, tiene su señoría la palabra.
El señor LABORDA MARTIN: Muchas gracias, señor Presidente.
En relación con los dos incidentes a los que el Ministro se acaba de
referir, yo también coincido con el portavoz nacionalista vasco en que
deberíamos ser todos un poco prudentes sobre esta cuestión y no generar
alarmas. En fin, uno comprende que el Ministro tenga que hacer algunas
declaraciones en la radio y en la televisión, incluso que se dirija a sus
compañeros de grupo y les dé mucho ánimo, pero lo que yo no he oído en la
tribuna es que esta cuestión se haya planteado ayer a la Viceministra de
Asuntos Exteriores, a la señora Allende. Porque si tan grave es este
asunto, podría haber dicho el Ministro si esta cuestión se ha planteado,
como digo, a la Viceministra de Asuntos Exteriores. Yo no le pido una
respuesta, señor Ministro, sólo digo que a la hora de hacer alardes, su
señoría podía haber hecho un alarde al informarnos sobre si esta cuestión
se ha planteado formalmente ante el Gobierno de Cuba, aprovechando que la
Viceministra de Asuntos Exteriores, doña Isabel Allende, como todos
sabemos, ha estado con los Secretarios de Estado correspondientes que son
los pertinentes para esta cuestión.
Como estoy en el turno del artículo 87, al Senador Soravilla le quiero
decir que nosotros no hemos concedido créditos para no sé qué cosas de la
dictadura. Así que examine su señoría los créditos que el Gobierno
socialista concedió, y que yo sigo insistiendo en mi idea de que fueron
demasiado exigentes, porque eran a corto plazo, y fueron para alimentos.
Y es verdad, no descubrimos una nueva dimensión: Cuba es un país que
tiene dificultades para pagar, paga mal, es verdad. Pero no convirtamos
esta cuestión en una cruzada, apelando al contribuyente, porque también
en otras cuestiones podrían ustedes ser un poco más rigurosos con el
contribuyente, y no solamente siendo dispendiosos en algunas cuestiones,
sino exigiéndoles y creando conciencia fiscal en este país de una manera
más rigurosa.
Pero quiero terminar con una valoración positiva. No entro en la
discusión de si la comunicación del Gobierno tiene sentido de Estado o
no. He dicho que estoy de acuerdo con esa comunicación y que creo que la
misma, así como la intervención del Ministro, rectifican errores
importantes que cometió el Presidente del Gobierno, señor Aznar.
Pero, como llevo mucho tiempo en contacto con la filosofía, sabe el
Senador Soravilla que soy protestante y, por lo tanto, no le voy a pedir
una confesión oral de arrepentimiento. Me quedo con lo que sirve. Lo que
sirve es el documento y, sobre todo, la idea de que el diálogo es lo que
permitirá a España estar presente en el cambio político en Cuba.
Termino, señor Ministro, dándole las gracias, y termino, señoras y
señores Senadores, diciendo algo que me dijo a mí en una ocasión doña
Violeta Barrios de Chamorro, en su despacho en Managua: Si la transición
en Cuba la protagoniza el señor Mas Canosa, o la protagonizan los
norteamericanos, y España no participa en esa transición en el lugar en
que obligadamente tiene que participar, de nuevo sentiremos una cierta
insatisfacción de nuestra propia conciencia nacional, de nuestro
prestigio, de la misma manera que lo sufrimos en el año 1898, con las
consecuencias negativas que aquella crisis tuvo para nosotros.
Por tanto, cuando les planteo esto --y me felicito por la posición de
diálogo--, lo hago sin ninguna retórica, porque me siento un ciudadano
español muy conforme del lugar que por primera vez tenemos en el mundo.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Aguilar Belda): Gracias, Senador Laborda.
Senador Soravilla, tiene su señoría la palabra por tres minutos.
El señor SORAVILLA FERNANDEZ: Muchas gracias, señor Presidente.
Veo que se ha abierto, prácticamente, un turno de portavoces que no
estaba previsto.
En primer lugar, deseo agradecer al señor Ministro la defensa que va a
hacer de los intereses de los ciudadanos españoles, por lo cual nos
felicitamos. A este respecto, me sorprende la por lo menos aparente falta
de interés que a los señores portavoces que han intervenido antes que yo
les han producido estos incidentes. En mi opinión, hay que defender al
nacional y hay que hacerlo con firmeza y con seriedad.
Al Senador Albistur le quiero decir --y al Partido Nacionalista Vasco, en
general-- que últimamente o estoy padeciendo ya arteriosclerosis, o al
PNV le entiendo cada vez menos; no sólo en esto, sino en otras muchas
cosas. Creo que tiene una visión desorbitada y que hay un término medio
entre meter el dedo en el ojo --por emplear una expresión coloquial-- y
dar besos al Gobierno cubano.
Y al Senador Laborda le quiero decir que estamos de acuerdo,
naturalmente, en los objetivos. Lo he dicho cuando he intervenido desde
la tribuna. Quizás sea en la articulación de las políticas donde se
producen las diferencias. No obstante, su señoría sabe que los créditos
que desde el Gobierno socialista se daban al Gobierno de Cuba no eran
todos para alimentos; tenían otro fin y algunos favorecían, precisamente,
el fortalecimiento institucional de ese Gobierno cubano, que le quiero
recordar que tiene un carácter dictatorial.
Y todos conocemos, por otra parte, la preocupación de este Gobierno por
los contribuyentes y la actitud que el Gobierno socialista tuvo con los
mismos. Le recuerdo, además, lo referente a la presión fiscal y los
200.000 millones que están pendientes de investigación, porque alguna
tolerancia hubo. (Rumores.)
Respecto a la manifestación de su señoría de que hay una serie de
negociaciones con el señor Mas Canosa, le quiero decir que el Gobierno
socialista le dio al señor Mas Canosa algo más que un espacio para el
diálogo; sólo recordarle esto. Porque con las afirmaciones que usted
hace, me parece que más que protestante, pertenece a la secta de Hare
Krisna.
Muchas gracias. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario
Popular.)
El señor VICEPRESIDENTE (Aguilar Belda): Tiene la palabra el señor
Ministro.
El señor MINISTRO DE ASUNTOS EXTERIORES (Matutes Juan): Muy brevemente,
señor Presidente.
En primer lugar, agradezco el cariño y el respeto con que afirma
distinguirme el señor Albistur y de los que, desde luego, no dudo, a
pesar de que haya desacuerdos.
Quisiera puntualizarle al respecto que en ningún momento he aconsejado,
formal ni informalmente, a los turistas españoles no viajar a Cuba. Sí he
dicho que, en caso de no arreglarse este incidente, teniendo en cuenta la
acumulación de incidentes que vienen padeciendo muchos turistas españoles
en Cuba durante los últimos meses, no veríamos en la tesitura de tener
que hacer esta recomendación.
Y quisiera puntualizar al señor Albistur y al señor Laborda que, no es
que ésta no sea una actuación propia de un Ministerio de Asuntos
Exteriores, sino que, por el contrario, es justamente una actuación
propia y típica de un Ministerio de Asuntos Exteriores. Quiero
recordarles, simplemente a título de ejemplo, que un país con una
tradición tan valiosa y antigua en materia de política exterior como es
el Reino Unido efectúa muy periódicamente recomendaciones de este tipo. Y
no más lejos que el pasado 17 de febrero recomendaba a los turistas
británicos no visitar determinados territorios de España, así como tener
mucho cuidado en otras grandes ciudades donde se producen tirones,
etcétera, lo que dio lugar, por otra parte, a que me dirigiera al propio
Ministro, en términos también cordiales, en una de estas reuniones, para
manifestarle mi sorpresa por esa situación. Y se trata de un país amigo,
pero es que resulta que lo viene haciendo cada año sobre muchísimos
países y otros gobiernos occidentales.
Por tanto, nada tiene que extrañarles que, ante una situación como la
presente, existiendo unas quejas --que por otra parte, repito que no
comparto-- de la familia y una pregunta efectuada públicamente en un
debate por los medios de información, naturalmente se produjera una
información de este tipo, esto es, solamente plantear la posibilidad.
Creo, simple y sencillamente --y lo reitero-- que en este caso el
Ministro de Asuntos Exteriores no sólo ha cumplido con su deber, sino que
ha tenido una actuación que es típica y normal de un Ministro de Asuntos
Exteriores dentro de sus cometidos de cada día.
Finalmente, quiero manifestar también mi acuerdo con el Senador Laborda
en el sentido de que es bueno que la transición la inicie el propio
régimen. No voy a entrar en consideraciones personales, porque, además,
no comparto algunas de ellas respecto de determinadas personas. Pero creo
que tendremos muchas más garantías de que la transición sea ordenada y
pacífica si ésta se acomete --y cuanto antes mejor-- por las propias
autoridades del Gobierno cubano, que es lo que España, con el apoyo de
ambas Cámaras, está propiciando desde el primer día.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Aguilar Belda): Gracias, señor Ministro.
CONOCIMIENTO POR EL PLENO DE PROYECTOS Y PROPOSICIONES DE LEY REMITIDOS
POR EL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS:
--PROYECTO DE LEY POR EL QUE SE AUTORIZA LA PARTICIPACION DE ESPAÑA EN EL
FONDO PARA EL MEDIO AMBIENTE MUNDIAL REESTRUCTURADO Y LA CONTRIBUCION
CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA REPOSICION DE RECURSOS. (S. 621/000013) (C.
D. 121/000013.)
El señor VICEPRESIDENTE (Aguilar Belda): Punto siguiente del orden del
día: Conocimiento por el Pleno de proyectos y proposiciones de ley
remitidos por el Congreso de los Diputados.
Proyecto de Ley por el que se autoriza la participación de España en el
Fondo para el Medio Ambiente Mundial reestructurado y la contribución
correspondiente a la primera reposición de recursos.
No se han presentado enmiendas a este proyecto de Ley dentro del plazo
que al efecto se señaló.
Para la presentación del dictamen, tiene la palabra el Senador Soravilla.
El señor SORAVILLA FERNANDEZ: Muchas gracias, señor Presidente.
Me corresponde, ahora desde el campo institucional, el honor de presentar
este proyecto de Ley por el que se autoriza la participación de España en
el Fondo para el Medio Ambiente Mundial reestructurado y la contribución
correspondiente a la primera reposición de recursos. Tuvo entrada en esta
Cámara el pasado 24 de febrero, remitido por el Congreso de los
Diputados, donde su texto no sufrió alteración. La Mesa de la Cámara
dispuso su conocimiento por la Comisión de Economía y Hacienda y, no
habiéndose presentado enmiendas en el plazo previsto por el Reglamento,
decidieron la Mesa y Portavoces de la Comisión dictaminar sin trámite
previo de Ponencia, lo que se hizo en la reunión de la Comisión de
Economía y Hacienda del pasado día 17 de marzo, donde se aprobó por la
unanimidad de sus miembros.
España, como país desarrollado, suscribió este acuerdo de participación
en el Fondo para el Medio Ambiente Mundial reestructurado, y este
proyecto de ley que se somete a la votación de sus señorías permitirá su
primera aportación económica de modo que consolide su presencia en esta
institución multilateral.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Aguilar Belda): Muchas gracias, Senador
Soravilla.
Vamos a considerar su intervención como turno a favor porque no existía
dictamen, Senador Soravilla.
¿Turno en contra? (Pausa.)
¿Turno de portavoces? (Pausa.)
Por el Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra el Senador Nieto.
El señor NIETO CICUENDEZ: Voy a intervenir con brevedad, señor
Presidente, para manifestar que si todos los grupos están de acuerdo en
que se pueda votar por asentimiento, damos el apoyo a este proyecto de
ley.
El señor VICEPRESIDENTE (Aguilar Belda): Muchas gracias, Senador Nieto.
Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el Senador De la
Plata.
El señor DE LA PLATA RODRIGUEZ: Muchas gracias, señor Presidente.
Señorías, en mayo de 1991 los directores ejecutivos del Banco
Internacional de Reconstrucción y Desarrollo aprueban la creación del
Fondo para el Medio Ambiente Mundial y en marzo de 1994 73 países, entre
ellos España, asumen que éste será un instrumento válido en la protección
del medio ambiente y en el fomento de un crecimiento económico
ecológicamente sostenible y racional.
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista, debo centrar mi
intervención en el agradecimiento al consenso que ha generado esta ley.
Aunque no ha tenido enmiendas ni ha suscitado intervención alguna en su
trámite parlamentario en el Congreso de los Diputados, por la profundidad
y sensibilidad creciente en la sociedad española hacia la defensa y
conservación de la naturaleza, el Grupo Parlamentario Socialista, por ser
uno de los pilares básicos de su propia identidad, querría resaltar la
importancia de un instrumento internacional, como el Fondo para el Medio
Ambiente Mundial, que vigile y subsane cualquier circunstancia que pueda
hacer peligrar el hábitat en el que se desenvuelve la humanidad.
El antecedente de la ley que aprobamos hoy está en la Ley 7 de 1994, de
11 de mayo, en la que España manifestó su voluntad de trabajar
coordinadamente junto con otros países, invirtiendo en actividades y
programas en países en desarrollo dirigidos a la reducción de gases que
provoquen el cambio climático, a la preservación de la diversidad
biológica, a la detención de la contaminación de las aguas y a la
protección de la capa de ozono.
Es importante que España siga jugando un papel primordial en foros
internacionales y más aún si el objeto de los mismos es el medio
ambiente. El que España revalide su compromiso anterior de participación
en el Fondo, fomentando proyectos de investigación o de actuación que
eliminen los graves problemas que tiene hoy la humanidad, avala el
consenso que ha generado esta ley.
Los organismos encargados de la gestión de este Fondo Mundial, el Banco
Internacional de Reconstrucción y Desarrollo, los programas para las
Naciones Unidas, para el desarrollo y para el medio ambiente, tienen
entre sus funciones la de promover la participación de todos los países
del mundo en el Fondo y segurar una administración transparente y
democrática.
Agradecemos el interés y el apoyo manifestado por todos los grupos,
entendiendo que de nuestra sensibilidad en temas como el que nos ocupa va
a depender en gran medida el dejar para generaciones venideras un medio
ambiente más equilibrado y mucho más sano. Todos debemos influir en que
esta conciencia se generalice, en que sigamos abiertos a cuantas
iniciativas lleven este objetivo y que sepamos articularlas en normativas
que garanticen la buena salud de todo el sistema internacional.
Afortunadamente el movimiento asociativo en nuestro país y en el ámbito
supranacional es fecundo y son muchos los grupos que continuamente nos
mandan mensajes a quienes somos sus representantes en las instituciones.
Si somos capaces de ser receptivos ante sus demandas y, al igual que en
esta ley, de forma consensuada seguimos marcando límites al deterioro
medioambiental, daremos pasos firmes hacia la solidaridad con los
ciudadanos del futuro.
Muchas gracias. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario
Socialista.)
El señor VICEPRESIDENTE (Aguilar Belda): Muchas gracias, Senador De la
Plata.
Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el Senador Blancas
Llamas.
El señor BLANCAS LLAMAS: Muchas gracias, señor Presidente.
Señorías, va a ser muy breve mi intervención como ponente de este
proyecto de ley, muy largo en su exposición --como antes ha explicado el
Presidente de la Comisión--, pero que encierra un contenido importante.
Previamente permítanme que agradezca este tono distendido que se está
dando en las intervenciones sobre este proyecto de ley, después de la
tensión que hemos vivido en la intervención relativa a la situación con
Cuba.
Agradezco sinceramente al Senador del Grupo Parlamentario Socialista su
tono distendido de consenso, que ratifica su intervención en la Comisión
que celebramos el pasado lunes, así como a todos los demás grupos
parlamentarios intervinientes que, como saben sus señorías, aprobaron por
unanimidad el proyecto de ley que nos ocupa.
El Grupo Parlamentario Popular y su Gobierno, independientemente de dar
cumplimiento a lo que se ha manifestado anteriormente en ese antecedente
histórico de este proyecto de ley, que tuvo lugar en mayo de 1991, y que
dio
lugar a que participara en este foro internacional con esa primera
aportación que se ha materializado ahora, han sido muy sensibles --éste
ha sido uno de sus primeros proyectos de ley-- a la hora de dar
cumplimiento a un acuerdo que tuvo lugar en el año 1994. Ha sido el
Partido Popular el que ha llevado a término este proyecto de ley, que se
ha materializado en su trámite reglamentario en el Congreso de los
Diputados sin enmiendas. Tuvo entrada en el Senado el día 24 de febrero
pasado, con una celeridad digna de encomio y no ha merecido enmienda por
parte de ningún grupo parlamentario.
El contenido de la ley es importante. Es muy corto, pues sólo tiene tres
artículos y dos disposiciones finales, y el contenido de la exposición de
motivos --como digo un poco alegremente-- y el anexo de la ley superan el
articulado. Pero no por ello deja de ser importante, ya que España
suscribe con estos 73 países miembros el acuerdo de la creación de este
Fondo para el Medio Ambiente Mundial reestructurado, que propició el
Banco Internacional de Reconstrucción y Desarrollo, junto con los
organismos de Naciones Unidas, el programa para Naciones Unidas del
Desarrollo y de Medio Ambiente, que son a su vez los encargados de
administrar y de gestionar los fondos que en su día se aprobaron.
Como decía, el importe económico que ha dado origen a este proyecto de
ley está en esos 2.022,56 millones de dólares, con los que fue dotado en
principio este Fondo. Y España participó en esta cuota con un porcentaje
de 12,36 millones de derechos especiales de giro, que reconvertidos a
pesetas, al cambio actual, serían, aproximadamente, unos 1.800 millones
de pesetas.
Quiero decir con esto --y termino-- que España ha mostrado su interés por
estar presente en todos los foros internacionales, y máxime en estos de
medio ambiente, así como su preocupación por estos temas con la formación
y creación del Ministerio de Medio Ambiente que hoy tenemos y que viene a
propiciar la protección del entorno y del medio ambiente que nos rodea.
Yo pediría, simplemente, el apoyo de toda la Cámara y que todos sus
miembros ratifiquen lo que la Comisión ratificó hace 48 horas.
Nada más y muchas gracias, señor Presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Aguilar Belda): Gracias, Senador Blancas.
Terminado el debate, pido a los portavoces que me digan si se podría
votar por asentimiento la totalidad de este proyecto de ley. (Pausa.) Se
aprueba por asentimiento.
Queda definitivamente aprobado por las Cortes Generales el proyecto de
ley por el que se autoriza la participación de España en el Fondo para el
Medio Ambiente Mundial reestructurado y la contribución correspondiente a
la primera reposición de recursos.
--PROYECTO DE LEY POR LA QUE SE MODIFICA LA LEY 38/1988, DE 28 DE
DICIEMBRE, DE DEMARCACION Y DE PLANTA JUDICIAL (S. 621/000018) (C. D.
121/000021).
El señor VICEPRESIDENTE (Aguilar Belda): Siguiente proyecto de ley por la
que se modifica la Ley 38/1988, de 28 de diciembre, de Demarcación y de
Planta Judicial, publicado en el Boletín Oficial de las Cortes Generales,
Senado, Serie II, número 18, de fecha 28 de febrero de 1997.
Tampoco se han presentado enmiendas a este proyecto de ley.
Correspondería ahora un turno a favor y un turno en contra.
¿Turno a favor? (Pausa.) No lo hay.
¿Turno a en contra? (Pausa.) Tampoco.
Pasamos al turno de portavoces.
¿Grupo Parlamentario Mixto? (Pausa.) El Senador Nieto tiene la palabra.
El señor NIETO CICUENDEZ: Tomo la palabra para manifestar, como en el
proyecto de ley anterior, que estamos de acuerdo en que se tramite y se
apruebe este proyecto de ley.
Nada más.
El señor VICEPRESIDENTE (Aguilar Belda): Gracias, Senador Nieto.
¿Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos? (Pausa.)
¿Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió?
(Pausa.)
¿Grupo Parlamentario Socialista? (Pausa.) El Senador Marín Rite tiene la
palabra.
El señor MARIN RITE: Gracias, señor Presidente. Intervengo para expresar
la posición favorable de nuestro Grupo a este proyecto de ley, que no es
otra cosa que una adaptación inevitable de la planta judicial, producida
por el cambio de un municipio de la provincia de Castellón a la de
Valencia.
Nada más.
El señor VICEPRESIDENTE (Aguilar Belda): Gracias, Senador Marín Rite.
Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el Senador González
Pons.
El señor GONZALEZ PONS: Gracias, señor Presidente. Intervengo para
manifestar, asimismo, el apoyo del Grupo Parlamentario Popular a esta
iniciativa, que es expresión de iniciativas y decisiones anteriores de
estas Cortes Generales, y para manifestar, desde el punto de vista de un
representante de la provincia de Valencia, mi satisfacción por la
terminación de este proceso administrativo.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Aguilar Belda): Gracias, Senador González Pons.
Pregunto igualmente a la Cámara si se puede aprobar en su totalidad este
proyecto de ley por asentimiento de la misma (Pausa.)
Se aprueba por asentimiento y queda definitivamente aprobado por las
Cortes Generales el proyecto de ley por la
que se modifica la Ley 38/1988, de 28 de diciembre, de Demarcación y de
Planta Judicial.
DICTAMENES DE COMISIONES SOBRE PROYECTOS Y PROPOSICIONES DE LEY REMITIDOS
POR EL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS:
--DE LA COMISION DE OBRAS PUBLICAS, MEDIO AMBIENTE, TRANSPORTES Y
COMUNICACIONES EN RELACION CON EL PROYECTO DE LEY DE LIBERALIZACION DE
LAS TELECOMUNICACIONES (PROCEDENTE DEL REAL DECRETO-LEY 6/1996, DE 7 DE
JUNIO).
(S. 621/000014) (C. D. 121/000003.)
El señor VICEPRESIDENTE (Aguilar Belda): Pasamos a debatir el quinto
punto del orden del día: Dictámenes de Comisiones sobre proyectos y
proposiciones de ley remitidos por el Congreso de los Diputados. En
primer lugar, de la Comisión de Obras Públicas, Medio Ambiente,
Transportes y Comunicaciones en relación con el proyecto de ley de
liberalización de las telecomunicaciones, procedente del Real Decreto-Ley
6/1996, de 7 de junio. Se tramita por el procedimiento de urgencia y se
ha publicado en el Boletín Oficial de las Cortes Generales, Senado, Serie
II, número 14, de 4 de marzo de 1997.
Ruego al Presidente de la Comisión me indique quién va a presentar el
dictamen.
El señor BEGUER I OLIVERES: Señor Presidente, presentará el dictamen el
Vicepresidente Primero, don Clemente Sanz.
El señor VICEPRESIDENTE (Aguilar Belda): El Senador Sanz tiene la palabra
para la presentación del dictamen por un tiempo de diez minutos.
El señor SANZ BLANCO: señor Presidente, señorías, como ha indicado el
Presidente de la Comisión, subo a esta tribuna designado por la Comisión
de Obras Públicas, Medio Ambiente, Transportes y Comunicaciones para
presentar a esta Cámara el dictamen de la citada Comisión en relación con
el proyecto de ley de liberalización de las telecomunicaciones,
procedente del Real Decreto-Ley 6/1996, de 7 de junio.
A este proyecto de ley se han presentado 37 enmiendas, de las que seis
corresponden al Grupo Parlamentario Popular, diez al Grupo Parlamentario
Socialista, una al Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de
Convergència i Unió, siete al Grupo Parlamentario de Senadores
Nacionalistas Vascos y 11 pertenecientes al Grupo Parlamentario Mixto.
Se obvió el trámite de Ponencia por razones de urgencia, y en el trámite
de Comisión se aceptaron, y se han incorporado al dictamen de la
Comisión, las enmiendas números 14 a 19, del Grupo Parlamentario Popular;
1 a 5, del Grupo Parlamentario Mixto, y 25, del Grupo Parlamentario
Socialista, quedando vivas para el presente debate las restantes
enmiendas presentadas por los diferentes grupos.
Este proyecto de ley obedece fundamentalmente a la necesidad de crear una
comisión del mercado de telecomunicaciones como órgano independiente
encargado de velar por la aplicación de los principios de libre
competencia, transparencia e igualdad de trato.
Asimismo, la necesidad de acomodar la legislación española a la normativa
comunitaria europea obliga a la modificación de la Ley de Ordenación de
las Telecomunicaciones al objeto de crear las condiciones que garanticen
la libre concurrencia en el mercado y la igualdad de trato a los
operadores del sector.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Aguilar Belda): Gracias, Senador Sanz.
Cabe turno a favor. (Pausa.) No se hace uso del mismo.
Turno en contra (Pausa.) Tampoco.
Turno de portavoces. (Pausa.)
Por el Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra el Senador Nieto.
El señor NIETO CICUENDEZ: Intervengo con brevedad para dar nuestro apoyo
al proyecto de ley, y en el trámite de discusión de enmiendas ya
fijaremos posición al respecto.
Gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Aguilar Belda): Gracias, Senador Nieto.
¿Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos? (Pausa.)
¿Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió?
(Pausa.) El Senador Beguer tiene la palabra.
El señor BEGUER I OLIVERES: Muchas gracias, señor Presidente.
En este proyecto de ley nuestro Grupo ha participado de forma muy activa
desde el momento en que se planteó como Decreto-Ley, y, posteriormente,
en los debates del proyecto de ley en el Congreso de los Diputados,
participamos no sólo activamente, sino que además se tuvieron en cuenta
algunas de nuestras propuestas.
Ciertamente, el hecho de que no exista una propuesta de veto en esta
Cámara indica que no hay divergencias profundas, a pesar de las
importantes discrepancias que seguramente todavía persisten. Por nuestra
parte, mantenemos solamente una enmienda, que en su momento defenderemos,
pero queremos señalar nuestra extrañeza por la rapidez con que el Grupo
mayoritario, el Grupo Parlamentario Popular, incorporó en Comisión las
cinco enmiendas del Grupo Parlamentario Mixto, concretamente de los
Senadores Nieto Cicuéndez y Román Clemente, toda vez que ello implicaba
una modificación de la Comisión del mercado de telecomunicaciones. No es
que discrepemos profundamente de que pueda ampliarse esta Comisión del
Mercado de Telecomunicaciones y de que pueda haber una mayor
representación, pero sí nos extrañó la rapidez con la que se incorporaron
estas enmiendas, y concretamente, sobre todo, la primera de ellas. Por
tanto, esperamos que el Grupo Parlamentario Popular mantenga la buena
disposición que manifestó en la aceptación de esta enmienda cuando
defendamos la única enmienda que mantenemos viva.
En cualquier caso, entendemos que el proyecto de ley es útil, importante,
que permite una puesta al día, en el sentido de la liberalización, de la
Ley de las Telecomunicaciones por Cable, de la Ley de Ordenación de las
Telecomunicaciones, tanto la de 1987 como la revisión que se hizo en
1992, y, por tanto, en su conjunto, entendemos que es un avance muy
importante en la línea de las directivas europeas y de los países más
adelantados de Europa.
El señor VICEPRESIDENTE (Aguilar Belda): Gracias, Senador Beguer.
Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el Senador Luis
Calvo.
El señor LUIS CALVO: Señor Presidente, señorías, pudiera parecer ocioso
afirmar aquí que las telecomunicaciones son un sector de una enorme
trascendencia para la Unión Europea y, por tanto, para España, con
amplias repercusiones no sólo económicas, sino también sociales.
De ahí que la Comunidad venga realizando desde hace años un importante
esfuerzo de cara a la apertura a nivel comunitario, a más tardar el 1.º
de enero del próximo año, de los mercados nacionales.
La liberalización de las telecomunicaciones supone la superación del
servicio público estatal entendido como titularidad pública de la
actividad, y su consiguiente sustitución por la libre iniciativa y la
competencia a nivel comunitario, aunque ello no debe equivaler, a nuestro
juicio, a desregulación. Esto tampoco impide que los Estados, si lo
juzgan conveniente, mantengan empresas públicas de telecomunicaciones tan
importantes en este sector, siempre que naturalmente, se sometan a las
reglas de la competencia sin privilegios. Hasta fechas recientes, sin
embargo, las telecomunicaciones se han desarrollado en mercados cerrados
por las fronteras nacionales y protegidos de la competencia
internacional.
En general las telecomunicaciones, bajo el paraguas del servicio público,
han sido ordenadas y gestionadas directamente por las propias
administraciones nacionales, estrechamente ligadas al servicio de
Correos, en régimen de monopolio. Como puede comprenderse, en este marco
todo dependía de las decisiones del poder público, pero la fragmentación
nacional de los mercados de las telecomunicaciones no ha sido una
situación exclusiva de los países europeos, siempre propensos a un
intervencionismo mayor, sino una característica de todos los países
avanzados.
Sin embargo, en la década de los ochenta se inicia a escala global una
política de liberalización que confía cada vez más en el mercado para la
realización de actividades antes reservadas a los poderes públicos o
fuertemente intervenidas. Ello ha llevado a someter a examen numerosas
regulaciones sectoriales cuya justificación y eficacia económica y social
se pone a prueba. El objetivo es la eliminación de toda limitación a la
libertad económica que no esté debidamente justificada por razones de
interés general.
Al extraordinario desarrollo tecnológico que han vivido y viven las
telecomunicaciones hay que añadir la intensa interdependencia
internacional, fruto de la creciente «mundialización» de la economía. Con
todas sus indeterminaciones, existe, pues, una conciencia generalizada de
que el proceso de liberalización de las telecomunicaciones es algo
imparable.
En consecuencia, lo que se discute no es la liberalización sino su
alcance y «tempus». Frente a los que defienden una liberalización total
del sector, se alzan los partidarios de una liberalización controlada. En
este contexto, el marco normativo ha de ser claro y estable, no sólo por
las exigencias de la seguridad jurídica, sino porque, de otra forma, no
se realizarían las importantes inversiones que requiere el desarrollo de
este sector, en el que se confía que la iniciativa privada tenga un papel
protagonista. La ley ha de trazar las líneas fundamentales del sector,
pero con flexibilidad y con el suficiente pragmatismo.
El rápido avance tecnológico a que están sometidas las telecomunicaciones
hace el futuro nada cierto, sin que resulte fácil predecir qué
tecnologías y mercados acabarán prevaleciendo. La red Internet, que ha
surgido sin planificación de tipo alguno, constituye en este sentido un
fenómeno, por un lado sorprendente y, por otro, aleccionador.
Es preciso señalar que, desde nuestro punto de vista, existía una
extraordinaria coincidencia entre los planteamientos que en política de
telecomunicaciones y con carácter general hizo el señor Ministro de
Fomento en su comparecencia en la Comisión de Obras Públicas de esta
Cámara en junio pasado y lo que para este sector aparecía en los
contenidos del propio programa electoral del Partido Socialista, que yo
defiendo. Pero lo que nos planteó entonces el señor Ministro era la letra
grande o los titulares. En la letra pequeña del contrato ya no estábamos
tan de acuerdo, como se puso de manifiesto con lo que se derivaba de la
publicación del Real Decreto, sus consecuencias políticas, técnicas o
financieras.
Afortunadamente para todos, el Gobierno no tardó en darse cuenta de que
no había escogido el camino acertado en aquel Decreto Ley, y comenzó su
trámite como un proyecto de ley que, aunque chocaba casi frontalmente con
lo que nosotros pensábamos, al menos daba la oportunidad a los grupos
parlamentarios de presentar enmiendas en las Cámaras y debatir sus
contenidos de forma pormenorizada, como se ha hecho. Tan es así, que el
Grupo Parlamentario Socialista presentó en el trámite del Congreso de los
Diputados quince enmiendas, una de ellas a la totalidad, con texto
alternativo.
Discrepábamos entonces, tanto en el aspecto jurídico-constitucional, como
en el aspecto político, ya que no había ni una sola de las exigencias o
límites que el artículo 86.1 de la Constitución establece al uso por el
Gobierno del instrumento legislativo del Real Decreto que no hubieran
sido sistemáticamente vulneradas. Y si no, ¿dónde está la extraordinaria
y urgente necesidad, si cuando se publique
esta Ley en el «Boletín Oficial del Estado» va a haber transcurrido casi
un año?
Por lo que se refiere al aspecto político, el Gobierno establecía un
duopolio nominal desequilibrado en favor de un segundo operador de redes
y servicios y en contra de un operador en funcionamiento: Telefónica, que
constituía la empresa de telecomunicaciones de Europa mejor gestionada.
Al propio tiempo proponía la creación de un nuevo organismo: la Comisión
del mercado de las telecomunicaciones, que nos sorprendía por su
indefinición en cuanto a contenidos y en cuanto a funciones, así como el
plazo de tres años --entonces-- para publicar su organigrama, además de
la modificación de la Ley de Ordenación de telecomunicaciones y la de la
Ley de Telecomunicaciones por cable.
Afortunadamente, en los meses transcurridos desde junio a diciembre
pasados, se fue produciendo un importante acercamiento de posiciones,
sólo nublado por la cierta desconsideración del Gobierno con las Cámaras
al hacer el desarrollo reglamentario de la Ley antes de producirse su
texto final. No obstante, como comentó un colega nuestro hace unos días,
el Grupo Parlamentario Socialista no se encuentra incómodo con el texto
que tenemos entre manos.
También creemos, como no podía ser menos, que el principal objetivo de la
política de telecomunicaciones debe ser preparar a España para la
sociedad de la información, que es algo más que las telecomunicaciones.
Es una revolución extraordinaria en los modos de empleo, de trabajo, de
enseñanza, de ocio y de actividades de la sociedad en general. Creemos en
algunas cosas más, en algo que coincidimos, y es que la universalidad de
los servicios, referida fundamentalmente a la telefonía básica, debe ser
un concepto dinámico, cuyos contenidos, con la evolución de la tecnología
y con las necesidades de la sociedad, tienen que dinamizarse.
Quizá hoy baste con garantizar al ciudadano el teléfono, pero
posiblemente el avance tecnológico y la disminución de los costes pueda
permitirnos ofrecer como servicios básicos en el futuro algunos que hoy
pueden ser considerados como servicios de elite. Pero, para garantizar
esa universalidad flexible y cambiante de algunos servicios básicos,
creemos, a diferencia del Grupo Parlamentario Popular, que es necesario
mantener una presencia pública en el sector. La universalidad de algunos
servicios en un sistema de competencia sólo puede ser consecuencia de la
existencia de un contrato entre el operador u operadores que haya y el
Estado.
Por tanto, participando de lo que ustedes piensan respecto de que la
liberalización no es una opción sino una exigencia de supervivencia,
creemos que esa exigencia no agota los grados de libertad posibles en las
políticas de las telecomunicaciones. Uno de esos grados de libertad de
los que discrepamos de ustedes es la importancia del mantenimiento del
sector público y de la regulación. El sector puede y debe estar
liberalizado. Somos partidarios de la competencia, pero no creemos en el
mercado con la fe ciega de otros. Hay veces en que el mercado funciona y
hay veces que no. Las gasolinas están libres en el mercado y, sin
embargo, hay un acuerdo entre las compañías para que los precios sean lo
que son. De manera que hay veces en que ese mercado funciona y otras que
no.
Creo que su concepción y sacralización del mercado va a poner en juego lo
peor del «darwinismo» que existe en la leyes del mercado cuando el Estado
no interviene, para controlar de alguna manera, aunque sea mínimamente,
esa célebre mano invisible que, como se ha dicho en otras ocasiones, es
invisible pero no es tonta y siempre coge donde tiene algo que coger.
Creemos también necesario introducir la competencia, y lo hemos hecho en
los servicios de valor añadido, la conmutación de paquetes de datos, la
telefonía móvil automática, los servicios de VSAT --éstos en competencia
restringida-- la Ley del Cable. Pero creo que hemos pecado de pardillos:
no sólo hemos introducido la competencia en los servicios sino en la
infraestructura. Pensemos que, en Alemania, han blindado a su compañía de
bandera, la «Deutsche-Telecom» y que las redes de cable son de esa
compañía, y lo mismo ocurre en Francia. Es decir, hay que introducir la
competencia, hemos hecho algo por ello y, en consecuencia, tenemos que
liberalizar los servicios finales, fundamentalmente la telefonía básica,
y los servicios portadores, o sea, las infraestructuras, pero en 1998,
cuando lo exige la Unión Europea, no antes, como parece que ustedes
intentaron con el Decreto de junio.
Pensamos que no consiste en llegar primero, sino en saber llegar y hacer
las cosas al ritmo que los países se pueden permitir. Insisto en que, a
lo largo de la tramitación del proyecto, se ha producido un importante
acercamiento de posiciones, y por parte del Grupo Parlamentario
Socialista no existe una excesiva incomodidad con el texto que debatimos.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Aguilar Belda): Gracias, Senador Calvo.
Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el Senador Bris.
El señor BRIS GALLEGO: Señor Presidente, señorías, de este proyecto de
ley de liberalización de las telecomunicaciones que hoy presentamos al
Pleno del Senado, hay que destacar el diálogo que ha existido en el
desarrollo del mismo, importante en algo tan fundamental como es el
sector de las telecomunicaciones. Ese diálogo y espíritu de consenso nace
desde el momento en que se acuerda la tramitación como proyecto de Ley
del Real-Decreto de 7/1996, de 6 de junio.
En el trámite del Congreso, se habían presentado 105 enmiendas, una de
ellas a la totalidad. Como consecuencia de ese diálogo, de ese talante
abierto entre las fuerzas políticas, al entrar en esta Cámara quedaron
reducidas única y exclusivamente a 35. Estas fueron las enmiendas que se
presentaron al proyecto de ley en el Senado, de las cuales, 12 --como se
ha mencionado en la presentación del proyecto-- fueron asumidas en la
Comisión, por lo que únicamente quedaron 23 enmiendas vivas para debate
en el Pleno.
Indudablemente, con este proyecto de ley se pretenden varios objetivos,
como son salvaguardar el cumplimiento efectivo de los principios de libre
competencia e igualdad de trato para todos los participantes en el
mercado de las telecomunicaciones, asunto de vital importancia; poder
acomodar, como obliga la Unión Europea, la legislación española a la
normativa comunitaria y, sobre todo, tratar --y es la finalidad-- de
prestar un servicio mejor y más económico para los ciudadanos,
introduciendo la competencia en el ámbito de las telecomunicaciones.
Este proyecto de liberalización comprende cuatro partes diferenciadas, de
las cuales se ha hablado ya en esta tribuna. La primera es la creación de
la Comisión del Mercado de Telecomunicaciones, órgano independiente,
vital, encargado de velar por la aplicación de tales principios y de
arbitrar los conflictos entre los operadores del sector. Otra parte que
comprende el proyecto de ley es la modificación de la Ley 31/1987, de 18
de diciembre, de Ordenación de las Telecomunicaciones que, a su vez, fue
reformada --como los señores Senadores recordarán-- por la Ley 32/1992,
de 3 de diciembre, de manera que se puedan crear de forma inmediata las
condiciones que garanticen la libre concurrencia en el mercado y la
igualdad de trato a los operadores del sector --tal como se ha
indicado--, y para velar precisamente por esa igualdad de trato se crea
la Comisión del Mercado de Telecomunicaciones.
El objetivo, a corto plazo, no es otro que constituir una importante
fuente de riqueza para la economía española que incida positivamente
también en la creación de puestos de trabajo.
Se modifica, mediante este proyecto, la Ley 42, de 22 de diciembre, de
las Telecomunicaciones por Cable, para que se puedan ejercitar los
procedimientos para el otorgamiento de los oportunos títulos habilitantes
a fin de adaptarla al nuevo marco de ordenación de las
telecomunicaciones.
Por último, en la cuarta parte se introduce la competencia, algo muy
importante, porque de ella se pretende sacar un mayor rendimiento
económico en todos los sentidos; el mejor servicio de los usuarios, tanto
residenciales como empresariales, en un sector basado en redes que exige
la creación de operadores con una mayor masa crítica.
Por lo tanto, estamos en el proceso de un proyecto de ley importante que,
indudablemente, determinó su urgencia --si no recuerdo mal fue uno de los
primeros reales-decretos del actual Gobierno--, que se ha ido ya
practicando, como saben los señores Senadores, porque algunas de esas
medidas han sido ya tomadas, y este proyecto de ley lo que precisamente
cubre, acoge y resguarda son esas medidas tomadas con anterioridad.
En consecuencia, estamos ante un importante proyecto de ley, que es
exigido por la Comunidad Económica Europea, proyecto de ley de la
liberalización de las telecomunicaciones, del que se ha hablado muchísimo
tiempo, del que gobiernos anteriores también habían tratado, aunque con
discrepancia en los tiempos de aplicación pero, realmente, la urgencia
del proyecto viene motivada por la necesidad real que tiene la sociedad
española de ver liberalizado dicho sector.
Indudablemente, pueden existir discrepancias. Es algo que, lógicamente,
existe, porque en los grupos políticos las ideologías son distintas y
nuestros aspectos de lo que puede recoger la realidad también son
diferentes, pero nuestra mayor satisfacción es comprobar el grado de
consenso que ha existido por parte de los demás grupos políticos y la
acogida que en este momento está teniendo el dictamen de la Comisión que
se presenta a debate en este Pleno del Senado.
A lo largo del debate iremos mostrando nuestra opinión en relación a las
enmiendas que se mantienen para el Pleno.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Aguilar Belda): Gracias, Senador Bris.
Pasamos al debate del articulado del dictamen.
Voto particular número 3, del Grupo Parlamentario Mixto, correspondiente
a las enmiendas números 30 y 31, originariamente presentadas por el
Senador Ríos Pérez, y 32 a 35, originariamente presentadas por la
Senadora De Boneta y Piedra.
Tiene la palabra el Senador Ríos.
El señor RIOS PEREZ: Muchas gracias, señor Presidente.
Señorías, Coalición Canaria presenta dos enmiendas, las números 30 y 31,
a este proyecto de ley de liberalización de las telecomunicaciones.
Con la número 30 pretendemos que las Comunidades Autónomas estén
representadas en la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones y en
el Consejo Asesor de Telecomunicaciones, dejando la concreción de dicha
representación a la vía reglamentaria.
Con la número 31, pretendemos que las Comunidades Autónomas tengan que
emitir informe para el otorgamiento de cualquier título concesional
cuando el área de un servicio de cobertura afecte a su territorio y no lo
haga a la totalidad del territorio del Estado, así como con carácter
previo a la aprobación del Plan Nacional de Telecomunicaciones en
relación con la parte que afecte a su territorio.
Señorías, dentro de la bondad de esta ley, es de un corte bastante
centralista, en donde el poder se ubica prácticamente en el Gobierno del
Estado, y resulta imprescindible que al menos las Comunidades Autónomas
puedan opinar sobre si las concesiones que puede otorgar el Estado y los
planes estatales pueden ser contrarios a los criterios que sobre la
materia tenga cada Gobierno autónomo. Por lo menos se les debe dejar
participar en la Comisión y en el Consejo y ser oídas en el otorgamiento
de concesiones y aprobaciones de planes, por lo que espero que en esta
Cámara de los territorios sean apoyados estos criterios, si no con estas
enmiendas concretamente sí con las de otros grupos que tengan las mismas
sensibilidades descentralizadoras.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Aguilar Belda): Gracias, Senador Ríos.
Entiendo que, como portavoz del Grupo Parlamentario Mixto, mantiene para
votación las enmiendas números 32 a 35, de la Senadora De Boneta.
El señor RIOS PEREZ: Efectivamente, señor Presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Aguilar Belda). Gracias, Senador Ríos.
Voto particular número 1, del Grupo Parlamentario de Senadores
Nacionalistas Vascos, que corresponde a las enmiendas números 6 a 12.
Para su defensa, tiene la palabra el Senador Albistur.
El señor ALBISTUR MARIN: Muchas gracias, señor Presidente. Como se trata
de la totalidad de las enmiendas que permanecen vivas, haré la defensa
desde el escaño.
En primer lugar, señor Presidente, señorías, desde el Grupo Parlamentario
de Senadores Nacionalistas Vascos entendemos que hay que liberalizar --no
hemos tomado una posición en el turno precedente, pero manifestamos muy
brevemente ahora esta postura-- y que hay que impulsar la competencia
--que haya más operadores, que se ofrezcan mejores servicios a costos más
apropiados, digamos que casi más ajustados--, pero indudablemente, y a
partir de estos grandes principios, entendemos que ha llegado la hora de
concretar para que haya un desarrollo armónico de este sector de las
telecomunicaciones y para que esos grandes principios del servicio
universal, de la cohesión social, de la cohesión territorial --en la que
yo voy a insistir particularmente en estas enmiendas-- sean efectivos en
un plan concreto.
Creemos que a estas alturas del debate --tras su paso por el Congreso,
por la Comisión correspondiente del Senado y ahora en este trámite-- se
ha superado ya ese planteamiento según el cual hay que abordar el tema de
las telecomunicaciones desde los grandes principios. No es el caso. Ese
debate está ya más que realizado y más que superado, hay que avanzar en
otra línea y en ese sentido presentamos nuestras enmiendas, las cuales,
en definitiva, vienen a plantear la participación y la garantía para las
Comunidades Autónomas de una representación en la ley de
telecomunicaciones.
Se nos ha dicho que a través del debate, todavía abierto, de la ley de
ordenación de las telecomunicaciones muchos de estos planteamientos van a
ser recogidos en esa ley básica. Pero entendemos que no debe ser
solamente en una ley básica donde deben recogerse, sino que estos
planteamientos deben producirse también precisamente a lo largo del
debate de esta ley de liberalización de las telecomunicaciones, porque
parte de la liberalización trata de evitar la exclusión del uso de las
redes corporativas de telecomunicaciones a las Comunidades Autónomas. Es
preciso también posibilitar, a fin de optimizar la utilización de todas
las redes de telecomunicaciones existentes y de que las Comunidades
Autónomas reciban un trato no discriminatorio respecto a las del resto de
suministradores privados de infraestructuras, la equiparación de todos
los titulares de redes, ya sean éstos públicos o privados.
Y continuaríamos de la misma forma, porque en la enmienda número 7,
relativa al artículo 2, apartado 3, planteábamos trasladar las medidas de
lo que se denomina oferta de red abierta, ONP, y de competencia en el
mercado de los servicios, concretándose en la obligación de puesta a
disposición de las redes de los operadores de los servicios portadores en
favor de todos aquellos que lo soliciten con título suficiente. Asimismo,
el establecimiento de condiciones singulares a determinados operadores
que van a aparecer en el mercado debería reflejar la normativa CEE --que
en ese sentido reconoce la participación de las Comunidades Autónomas y
la actuación de operadores de las Comunidades Autónomas-- en cuanto a su
aplicación a las denominadas organizaciones seleccionadas por su peso
significativo en el mercado.
La ley de ordenación de telecomunicaciones podrá recoger muchas de estas
aspiraciones, pero no queremos confiar solamente en aquella ley. Creemos
que en una ley de liberalización ya pueden quedar recogidos todos
nuestros planteamientos. Esperábamos un reconocimiento mayor por parte
del Grupo Parlamentario Popular de estas pretensiones dado que se ha
manifestado en numerosas ocasiones por parte del Ministerio y del propio
Grupo Popular en el Congreso la posibilidad de reconocer este hecho y
dado, además, que va a existir en muy breve plazo, el año que viene en
concreto, una red específica de telecomunicaciones en el País Vasco desde
una iniciativa privada que se llama Euskaltel. Pero al no ver recogidas
estas aspiraciones, tenemos que mantener al menos nuestras dudas sobre el
reflejo que puedan tener posteriormente y sobre lo que vaya a suceder
realmente en la liberalización.
Finalmente, quiero manifestar también nuestro desacuerdo con la fórmula
con la que se ha llevado adelante esta negociación sobre la introducción
de dos miembros nuevos en la Comisión Nacional del Mercado de las
Telecomunicaciones, así como con la forma como se ha producido en el
Senado --un tanto por la puerta de atrás, permítanmelo decir--, todo lo
cual nos lleva a que no podamos manifestar nuestro apoyo a estas
enmiendas y a esta propuesta.
Existe un trámite posterior en el Congreso y contemplaremos que sea allí
donde se manifieste nuestra posición. Después de un acuerdo existente en
el Congreso --donde esta ley se aprueba con nuestro apoyo, más el de
otros partidos políticos, socialistas y Convergència i Unió--, introducir
una nueva apoyatura para la ley en el Senado de la forma como se ha
hecho, con desconocimiento de los grupos que participaron en la apoyatura
en el Congreso, no nos parece digno de respeto. Nuestra posición en este
tema va a ser de cautela --ya he dicho que no vamos a adoptar ninguna
posición favorable y que la decisión quedará sometida a la votación de
las enmiendas del Senado en el Congreso--, pero debo manifestar con
firmeza y rotundidad, por no decir que con rigor, nuestro desacuerdo.
Entendemos que tal y como había quedado aprobada en el Congreso la
Comisión Nacional de Mercado de Telecomunicaciones era suficiente.
Creamos una nueva entidad,
que inflamos por razones estrictamente políticas y partidistas, y
consideramos que no aporta ventaja alguna ni al sector, ni a la ley, ni a
la liberalización y que, en definitiva, no tiene más que una ventaja
política que puede introducir simplemente desacuerdos innecesarios.
Nada más, señor Presidente, y muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Aguilar Belda): Gracias, Senador Albistur.
Voto particular número 2, del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de
Convergència i Unió, correspondiente a la enmienda número 13.
Para su defensa, tiene la palabra el Senador Beguer.
El señor BEGUER I OLIVERES: Muchas gracias, señor Presidente.
En estos momentos, y al defender esta única enmienda, reitero lo
manifestado por mí hace unos minutos, y es que confío en que por parte
del Grupo Parlamentario Popular exista la misma generosidad que hubo en
la inclusión de las enmiendas del Grupo Parlamentario Mixto, a las que
justamente ahora también acaba de hacer referencia el Senador Albistur.
Para nuestro Grupo, y concretamente para Cataluña --pienso que quizá para
alguna otra Comunidad Autónoma también, pero en todo caso yo conozco y
defiendo nuestra posición--, es importante esta enmienda número 13, en la
que pedimos un nuevo apartado diez en el artículo 4, que se refiere al
segundo operador de telecomunicaciones. Nosotros solicitamos que en el
ámbito de las respectivas Comunidades Autónomas se otorgue título
habilitante a las entidades públicas autonómicas existentes prestadoras
de los servicios portadores que vienen utilizando como soporte de
servicios de difusión o para la transmisión de información, para la
prestación de los servicios finales, excluida la telefonía básica, con el
objeto de prestar servicio interno y externo. Es decir, el artículo 4,
que se refiere al segundo operador de telecomunicaciones, se dedica
prácticamente en su totalidad a Retevisión, a este segundo operador, y
nosotros solicitamos que se tenga idéntico trato con las entidades
autonómicas para que presten este servicio, similar al de Retevisión. Por
tanto, esperamos del Grupo mayoritario que sea atendida esta enmienda.
Nada más y muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Aguilar Belda): Gracias, Senador Beguer.
Voto particular número 4, del Grupo Parlamentario Socialista, que propone
el mantenimiento de la redacción inicial del artículo 3, punto seis y
apartado 3, y del artículo 4, punto nueve, párrafo tercero, y la
supresión de la Disposición Transitoria Tercera, volviendo así al texto
remitido por el Congreso de los Diputados.
Senador Luis Calvo, creo que su señoría va a defender en este turno las
enmiendas números 20 a 24 y 26 a 29.
Tiene su señoría la palabra.
El señor LUIS CALVO: Efectivamente, señor Presidente. Gracias.
Señorías, finalizaba la intervención del portavoz del Grupo Parlamentario
Popular magnificando --y con razón-- el espíritu de diálogo y de consenso
que había presidido el proceso parlamentario de esta ley en el Congreso,
aunque no ha sido así en el Senado, como ha manifestado el representante
de algún Grupo que me ha precedido en el uso de la palabra.
Y es que ese diálogo, ese espíritu de consenso se rompen en la propia
Comisión cuando, sin contar con el resto de grupos, se admiten sin
discusión cinco enmiendas que producen inmediatamente, «de facto», la
ampliación del número de miembros de la Comisión del Mercado de las
Telecomunicaciones. No se aporta nada, como también se ha dicho, pero se
rompe ese espíritu de consenso. Incluso podríamos ir mucho más allá
diciendo que se vuelven a reproducir --como ocurrió en el Congreso de los
Diputados el día antes de celebrarse aquí la Comisión-- algunos aspectos
de esa pinza que se produjo hace quizá un año entre otros partidos
políticos frente al Grupo Parlamentario Socialista.
Y entrando ya en la defensa de nuestras propias enmiendas, diré que en la
número 20 defendemos la competencia de la Comisión para establecer su
estructura interna.
Por lo que se refiere a nuestra enmienda número 21, pretendemos con ella
que el Parlamento limite la facultad del Gobierno de desarrollar por
decreto o reglamentariamente la estructura de la Comisión, no las
funciones puesto que eso sí nos parece razonable. Hay una transferencia
importantísima de competencias de la Administración central del Estado
hacia un nuevo órgano que se crea, y el Gobierno puede y debe regular,
bien por decreto, bien reglamentariamente, las funciones de la Comisión,
aunque no la estructura, cuya determinación debe ser competencia de la
propia Comisión.
Con la enmienda 22 pretendemos que el Gobierno, dadas las características
estratégicas del sector, mantenga su capacidad de control de forma que la
participación extranjera de capital en la sociedad concesionaria o en
cualesquiera de sus filiales quede sujeta, no sólo a lo dispuesto en la
legislación sobre inversiones extranjeras, limitando dicha participación
al 25 por ciento, como dice el artículo 15.2 de la LOT, sino que, además,
y en virtud del principio de reciprocidad, pueda jugar, a conveniencia
del Estado, con una franja de aumento que pueda llegar hasta el 49 por
ciento.
Nuestra enmienda número 23 aboga por el mantenimiento del artículo 15.4
de la Ley de Ordenación de Telecomunicaciones, que permite al Gobierno
mantener cinco consejeros en el Consejo de Administración de Telefónica
--permite que los tenga, no les fuerza.
Entendemos que de manera no demasiado responsable ustedes deciden sacar
por completo al Gobierno de la capacidad de influir en decisiones
estratégicas importantes, pero nosotros no lo compartimos ya que el texto
del artículo no obliga al Gobierno a tener cinco consejeros. Dice que el
Gobierno podrá tener cinco consejeros. No cierren, por tanto, esa
posibilidad.
Hemos dicho antes que el sector cambia a una velocidad vertiginosa, no
por día sino por horas, y puede ser preciso
en un instante dado que ese control exista. No sabemos cómo se va a
comportar una empresa absolutamente en manos de capital privado en un
marco regulador que, además, desconocemos. Ninguno de los países de
nuestro entorno lo ha hecho. No renunciemos nosotros a algo que gobiernos
de cuyo prestigio y experiencia no se puede dudar han decidido mantener.
Aquí hay todavía cinco posibilidades para que el pueblo español, que ha
construido con sus tarifas la Compañía Telefónica año a año, sin
subvención pública alguna, permanezca en un lugar del que no ha debido
ser expulsado, porque hasta el pasado día 21 de febrero 40 millones de
españoles éramos accionistas de Telefónica, con lo cual, de alguna manera
nos pertenece. Por tanto, debemos estar representados en ella por el
Gobierno, cuya capacidad en este caso queda debilitada si ustedes siguen
en sus trece para defender, llegado el caso, intereses generales que no
van a ser defendidos, ni por los consejeros de la Banca, ni por los
supuestos independientes que ustedes han nombrado.
Mantenemos la enmienda número 24, en la que solicitamos que se suprima el
párrafo que dice «previo informe», y se añada la expresión «en el marco
de sus competencias». Me estoy refiriendo a la Comisión del Mercado de
las Telecomunicaciones en coherencia con las competencias de dicha
Comisión.
Mediante la enmienda número 26 pretendemos restablecer el texto del
artículo 6.5 de la LOT. En dicha Ley se fijaba el plazo de concesión en
15 años ampliables, cinco y cinco, hasta el máximo establecido en esa Ley
simplemente con la petición del concesionario. Ustedes lo elevan a 25
años introduciendo, a nuestro juicio, una rigidez innecesaria. Con esto
se puede dar el caso de que haya concesionarios que no estén obteniendo
los resultados esperados y que antes de los 25 años deseen retirarse del
negocio. O que en el futuro pueda haber cambio en las demarcaciones del
cable, puesto que la Ley lo permite, o incumplimientos de contrato, de
plazos o de las prestaciones convenidas en la concesión.
En fin, con nuestra enmienda existe una posibilidad de reflexión por las
dos partes pero ustedes la eliminan creyendo que eso aumenta las
garantías empresariales del concesionario. Creemos que en algunos casos
no es así y posiblemente tendremos que lamentarlo.
Nuestra enmienda número 27 trata de suprimir el último párrafo del
apartado 8 del artículo 3 porque entendemos que existe contradición con
el artículo 7 de la Ley de Telecomunicaciones por Cable. ¿Por qué? Aquí
han introducido ustedes la necesidad de que si los operadores de cable,
por un plazo de nueve meses, es decir, hasta diciembre de 1998, quieren
dar telefonía básica, tendrán que darla sobre su propia infraestructura,
es decir, desde el punto de terminación de la red hasta la central de
conmutación más próxima, introduciendo ustedes a continuación que, no
obstante, deberán garantizarse las conexiones necesarias para que
cualquier usuario pueda llamar, sea la compañía que sea cuyos servicios
utilice, a cualquier otro usuario. El resultado de estas cosas, a nuestro
entender, es absolutamente contradictorio.
Mediante la enmienda número 28 pretendemos que se garantice una situación
de equidad en todas las Comunidades Autónomas suprimiendo la frase «en
determinadas zonas del territorio» del artículo 4.5. Este artículo
permite que Retevisión, el segundo operador de este país, cuando esté en
funcionamiento, subarriende el servicio de la telefonía básica a otras
empresas en determinados territorios del Estado.
La Ley de Contratación de las Administraciones Públicas, en referencia a
concesión de prestaciones de servicio público, prohíbe la cesión o
subarriendo del elemento sustantivo de la concesión como es la telefonía
básica. Por otra parte, cuando se dice «en determinados territorios», ¿en
qué territorios se está pensando? Porque, si no se está pensando en
ninguno determinado, el suprimir ese inciso final no limita en absoluto
la capacidad del precepto y nos dejaría a todos una situación de mayor
equidad en lo que a esa posibilidad se refiere.
En cuanto a nuestra enmienda número 29, enmienda de carácter técnico por
cuanto el proyecto llegó a esta Cámara sin disposición derogatoria,
propone un texto para tal disposición, pero en este acto la retiramos a
pesar de que consideramos que nuestro texto es mejor y más completo que
el del proyecto de ley.
Defendemos un voto particular, el número 4, porque queremos que se
mantenga el texto del proyecto de ley que llegó a esta Cámara en lo que
se refiere al artículo 3 punto seis apartado 3, que se ha modificado en
Comisión con la aceptación de la enmienda número 15 del Grupo
Parlamentario Popular y del artículo 4 punto nueve, párrafo tercero, al
haberse incorporado en Comisión la enmienda número 14 del Grupo
Parlamentario Popular. Asimismo proponemos la supresión de la disposición
transitoria incorporada por la enmienda número 18 del Grupo Parlamentario
Popular. Entendemos que así se sirve mejor a todos los intereses y se
cumplen mejor los objetivos del proyecto de ley volviendo --repito-- al
texto que entró en esta Cámara.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Aguilar Belda): Gracias, Senador Luis Calvo.
En turno en contra tiene la palabra el Senador Bris.
El señor BRIS GALLEGO: Señor Presidente, señorías, quiero comenzar
señalando algunas correcciones técnicas del dictamen de la Comisión, como
son, por ejemplo, que los apartados ocho y nueve del artículo 2 se han
refundido en un solo apartado, lo cual hace que ese artículo, en vez de
doce apartados, tenga once. Hay que hacer una corrección en la página 31;
en la página 34 sobra el número 4 que figura en el último párrafo de la
misma.
Para mejor entendimiento del proyecto de ley en las disposiciones
transitorias se ha añadido una rúbrica, en las nuevamente creadas, y las
disposiciones transitorias cuarta y quinta han sido redactadas y
corregidas para simplificar su propio enunciado.
Yo quisiera, señorías, comenzar hablando de algo que han puesto de
manifiesto los demás Grupos políticos que
es lo que se refiere al espíritu de consenso que ha existido en esta Ley
y lo que han dado a entender de su postura futura en relación con la
misma.
Yo quería decirles que realmente lo que se ha aprobado aquí, en el
Senado, no modifica ni mucho menos el fondo de la Ley, no modifica ni
mucho menos la estructura de la Ley, no modifica nada de lo que realmente
la sociedad española quiere conocer, saber y tener a su alcance en lo que
se refiere a la liberalización de las telecomunicaciones, sino que
simplemente afecta a la ampliación de un órgano, como es la Comisión del
Mercado de las Telecomunicaciones.
Algún grupo político ha hecho una acusación al Partido Popular de
partidista y en todo caso también ha hecho una acusación política. Yo les
diría: ¿no serán ustedes precisamente los que están haciendo una lectura
política al acusar al Partido Popular de lo que le están acusando?
Yo creo que no hay motivo suficiente para que ese consenso, ese diálogo
del que todos estamos satisfechos, se pueda ver de alguna forma
lesionado. Yo creo que existe ese diálogo, que se ha modificado muy poco
y que realmente lo que se ha modificado, aquellas enmiendas que se han
añadido en el dictamen de la Comisión mejoran indudablemente el proyecto
de ley y lo enriquecen. Por ese motivo, y además para ampliar ese
consenso que todos estamos buscando, se ha producido la ampliación de la
Comisión del Mercado de Telecomunicaciones.
El Grupo Parlamentario Popular incorporó al dictamen de la Comisión seis
enmiendas sobre las que el Partido Socialista hace un hincapié especial
en la relativa al artículo 3, apartado 6.3, y mediante la cual se
pretende que el operador de cable tenga un cierto margen para actuar en
el mercado antes de que Telefónica de España opere en beneficio de la
competitividad. Nos parece que la redacción que en estos momentos se ha
dado es más correcta y ayuda más para el fin que prevé la propia Ley.
Otro voto particular que se ha mantenido es a la enmienda número 14,
incorporada por el Grupo Parlamentario Popular en trámite de Comisión, y
que afecta al artículo 4, apartado 9.3.b). Consideramos que esta nueva
redacción es una expresión más ajustada y técnica. Entendíamos que la que
existía anteriormente en el proyecto era más confusa en lo que se refería
a los requisitos y criterios a tener en cuenta para la resolución del
concurso en relación con el segundo operador de telecomunicaciones.
También se ha referido el portavoz del Grupo Parlamentario Socialista a
la enmienda 18 que incluye una nueva disposición transitoria para que en
un mercado que se comienza a liberalizar sea el Ministerio de Fomento,
previo informe de la Comisión del Mercado, quien fije las tarifas de
interconexión hasta la fecha del 1 de diciembre de 1998. Esto nos parece
más correcto, nos parece que, dado que se está iniciando la
liberalización, se debe facilitar un calendario racional para la asunción
de competencias por parte de la mencionada Comisión del Mercado de
Telecomunicaciones.
Las demás enmiendas de las que no se ha mencionado, la 16, la 17 y la 19,
se han incorporado al dictamen de la Comisión.
A este proyecto de ley el Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas
Vascos presentó siete enmiendas, las que figuran con los números del 6 al
12 de la redacción. De ellas la 11, muy similar a la 35 que había
presentado también Eusko Alkartasuna, que hace referencia a las
facultades que las Comunidades Autónomas tienen en diversas materias, ha
sido objeto de una enmienda transaccional firmada por todos los grupos
políticos de la Cámara que puede cubrir los deseos de ambos Grupos
políticos en relación con el asunto en cuestión.
El resto de las enmiendas indudablemente no pueden ser aceptadas, aunque
el nivel de rechazo de las mismas es totalmente distinto, considerando,
como así se le ha hecho llegar al portavoz, que en la nueva ley de
telecomunicaciones podrían ser estudiadas algunas de ellas, como puede
ser la número 6 de reforma del artículo 10, apartado 6 de la Ley de
Ordenación de Telecomunicaciones --muy parecida a la enmienda 33 de Eusko
Alkartasuna-- y que afecta a aspectos competenciales de las Comunidades
Autónomas en relación con las redes propias de ellas. Lo mismo sucede con
las enmiendas de los Senadores Nacionalistas Vascos números 8 y 9 que
afectan a la Ley 42, de 22 de diciembre, de las telecomunicaciones por
cable, la primera referente a las demarcaciones territoriales y la
segunda por considerar que es coherente con el artículo 10, apartado 6 de
la LOT y que no tiene sentido al no haber aprobado la enmienda número 6,
que modificaba dicho artículo, según la propuesta de los Senadores
Nacionalistas Vascos.
De todas formas, vuelvo a repetir con las matizaciones oportunas que
estas enmiendas pueden estudiarse en la próxima ley de telecomunicaciones
cuyo borrador, según tengo noticia, obra en poder de los diversos Grupos
Parlamentarios.
Lo mismo podemos decir del resto de las enmiendas de los Senadores
Nacionalistas Vascos, números 10 y 12, que se van a rechazar, la primera
porque propone un nuevo apartado, el 10, al artículo 4 de la ley que se
refiere al segundo operador de telecomunicaciones, ya que entendemos
debería ser la ley general la que, una vez que concluya la fase de
duopolio, regule la posibilidad de explotación de sus propias redes por
las Comunidades Autónomas. En un principio tendría que ser objeto de un
estudio más profundo pues al estar hablando de liberalización y
privatización el que apareciera un nuevo sector público de las
telecomunicaciones que quiera ordenar el mercado en función de la
presencia pública, realmente no tiene relación en estos momentos con las
políticas existentes a nivel nacional y, desde luego, tampoco a nivel
comunitario. Pero será necesario estudiarlo con una mayor profundidad y
detenimiento.
Iguales argumentos se pueden utilizar para rechazar la enmienda número 13
del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió, cuya
única diferencia con la anterior es la palabra «excluida» referente a la
telefonía básica por la de «incluida», y la número 34 que presenta Eusko
Alkartasuna, prácticamente igual a la 10 de los Senadores Nacionalistas
Vascos.
De las diez enmiendas que ha presentado el Partido Socialista, la número
29 ha sido retirada en este trámite. Hemos admitido la número 25 al
artículo 2, apartado 11, que
suprime en la disposición adicional undécima la expresión «incluidas las
redes privadas virtuales». Nos parece correcto porque efectivamente no
creemos conveniente que las redes corporativas de las empresas puedan
tener libre acceso para que cualquier operador pueda introducir productos
y datos sin determinar.
Del resto de las enmiendas, la número 20 afecta al artículo 1, apartado
4. Creemos que debe ser rechazada por considerar que no existe ningún
ente público, ni siquiera el Mercado de Valores, que pudiera ponerse como
comparativo, que determine su estructura interna. La enmienda 21
suprimiría la facultad del Gobierno para desarrollar la estructura de la
comisión, y la tenemos también que rechazar porque va unida, lógicamente,
a la que no hemos aceptado con anterioridad.
Al artículo 2 que modifica determinados aspectos de la Ley de Ordenación
de las Telecomunicaciones, el Grupo Parlamentario Socialista tenía
presentadas cuatro enmiendas. La 25 ha sido incorporada en Comisión. La
22 hace referencia a la inversión extranjera y, a nuestro juicio, es
contraria a los acuerdos adoptados por la Unión Europea y por la
Organización Mundial del Comercio que, en la reunión celebrada el 15 de
febrero de 1997, acordó supeditar al principio de reciprocidad la
posibilidad de la inversión extranjera, pero no fijan, como quiere la
enmienda socialista, una limitación porcentual para ésta.
La enmienda número 23 quiere suprimir el apartado cinco del artículo 2,
mediante el cual se derogaba otro apartado, el 4 del artículo 15 de la
LOT, en el cual se recogía, como ha dicho el portavoz socialista, el
nombramiento de delegados y consejeros del Gobierno en las entidades
concesionarias de servicios portadores y finales en atención a razones de
interés público. A nuestro juicio, señorías, dicha enmienda debe ser
rechazada, puesto que consideramos que el control del sector debe hacerse
desde la regulación y la actividad inspectora, teniendo en cuenta que las
decisiones estratégicas pueden mantenerse a través de una normativa
específica.
Rechazamos igualmente la enmienda número 24 al artículo 2, apartado
siete, respecto a la fijación de tarifas, ya que ésta no es coherente con
las competencias actuales --me estoy refiriendo a las actuales-- de la
Comisión del Mercado de Telecomunicaciones.
El Grupo Parlamentario Socialista tiene también presentada una enmienda,
la número 26, que pretende la supresión del apartado cuatro del artículo
3. La enmienda no nos parece correcta porque consideramos que el plazo de
25 años es mejor que el de 15, que figuraba con anterioridad, dado el
importante volumen de inversión que debe realizar en estos casos el
propio concesionario.
La enmienda número 27, al apartado ocho del mismo artículo, pretende una
nueva redacción de la disposición transitoria segunda. También debe ser
rechazada ya que el Gobierno no puede renunciar a la regulación de un
servicio aún no liberalizado.
No podemos aceptar tampoco la enmienda número 28, al apartado cinco del
artículo 4, relativo al segundo operador de telecomunicaciones. Pide la
supresión, al final del segundo párrafo, del siguiente texto «en
determinadas zonas del territorio». Quizás el Grupo Parlamentario
Socialista no lo haya entendido bien, pero el texto se refiere ahí a la
prestación del servicio final de telefonía básica urbana por terceros en
determinadas zonas del territorio, sin que ello quiera decir que limite
su actuación a alguna parte del Estado, ya que se refiere a que los
acuerdos sólo podrán cubrir determinada zona de un territorio, no lo que
parece entenderse de la enmienda socialista de que pudiera alterarse
algún tipo de equilibrio territorial.
Por último, la enmienda número 29 ha sido retirada.
En relación con las enmiendas números 30 y 31, de Coalición Canaria, debo
decir que proponen dos nuevas disposiciones adicionales.
La primera no nos parece correcta, ya que la Comisión es un órgano
regulador de un sector de competencia exclusiva del Gobierno central,
especialmente técnico, y las Comunidades Autónomas están representadas en
el órgano consultivo del Estado, es decir, en el denominado Consejo
Asesor de Telecomunicaciones.
La enmienda número 31 debe rechazarse igualmente, ya que con esta
propuesta, en la que se exige informe previo de las Comunidades Autónomas
sobre otorgamiento de títulos habilitantes por parte del Estado, se está
desconociendo el contenido del artículo 149.1.21.a de la Constitución
española, que señala la competencia exclusiva del Estado sobre
determinadas materias.
Finalmente, la enmienda número 32, de Eusko Alkartasuna, al artículo 1,
apartado tres b), debe ser rechazada, pues si bien en cuanto al número de
miembros es igual que la enmienda número 1 de Izquierda Unida, el resto
es de una mayor complejidad y dificultad.
La enmienda número 33 pretende, al igual que la número 6 del Grupo
Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos, modificar el artículo
10, apartado seis de la LOT, en relación con las redes propias de las
Comunidades Autónomas. Debe ser estudiada en la Ley General de
Telecomunicaciones, y también debe ser rechazada en este trámite por los
mismos argumentos.
La enmienda número 34 es similar a la número 13 de los grupos
parlamentarios de Convergència i Unió y Senadores Nacionalista Vascos. Ya
se han expuesto las razones para que no sean admitidos en este proyecto
de ley.
La enmienda número 35 ha sido objeto de una transaccional firmada por
todos los grupos de la Cámara.
Creo de verdad, señorías, que no hay motivos suficientes para que se
ponga en peligro ese espíritu de consenso y ese acuerdo parlamentario a
los que hacía mención al inicio de mis palabras, en una ley de una
importancia económica y social como lo es esta de liberalización de las
telecomunicaciones, porque realmente es una ley que la sociedad española
está demandando, que la Unión Europea nos está exigiendo, y nosotros
tenemos la obligación de cumplirla lo más rápidamente posible.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Aguilar Belda): Gracias, Senador Bris.
Solicito autorización a la Cámara, toda vez que han transcurrido cinco
horas desde que comenzó el debate,
para continuar con él hasta terminar este proyecto de ley. (Pausa.)
Gracias.
Pasamos al turno de portavoces.
Por el grupo Mixto, tiene la palabra el Senador Nieto.
El señor NIETO CICUENDEZ: Gracias.
Quería manifestar brevemente, en este turno de portavoces, que en el
debate parlamentario todo es lícito, aparentemente, pero no me parece de
recibo, y lo digo sin acritud alguna, que, en este caso, porque el Grupo
Parlamentario Popular acepte enmiendas de Izquierda Unida, se hable se
pinzas. Porque de pinzas parlamentarias tenemos que estar hablando
permanentemente, ya que el debate parlamentario lleva unas veces a la
coincidencia de las enmiendas de unos grupos con las de otros. Si se
quiere emplear eso como elemento de propaganda política, creo que está
muy gastado y que no hace ningún bien a lo que debe ser el debate
parlamentario franco y sincero. Indudablemente, en los distintos
proyectos puede haber coincidencias o no, pero eso es fruto del debate
parlamentario y de los contenidos concretos de cada ley o de cada
propuesta, y en función de eso será la posición de Izquierda Unida en
cada momento.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Aguilar Belda): Gracias, Senador Nieto.
Por el Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos, tiene la
palabra el Senador Albistur.
El señor ALBISTUR MARIN: Muchas gracias, señor Presidente.
Mi intervención viene al caso fundamentalmente por la manifestación del
representante del Grupo Parlamentario Popular. Yo casi diría que es un
compromiso lo que él ha hecho a pesar d la moderación y de los matices
que ha puesto en sus palabras. La verdad es que no me lo había dicho con
tanta claridad en un breve encuentro que hemos tenido esta mañana
mientras firmábamos una enmienda transaccional, con la que tampoco
estábamos del todo de acuerdo. Pero si de verdad está abriéndose una
puerta al entendimiento, si de verdad hay un reconocimiento a las
Comunidades Autónomas y a su capacidad de actuación en esta materia,
daríamos por satisfactorias las explicaciones del representante del Grupo
Parlamentario Popular, aunque vamos a mantener vivas las enmiendas para
su votación porque consideramos que, testimonialmente, hay que
realizarlo. Digamos que esperamos que, en el trámite de la LOT, exista
verdaderamente ese consenso al que nos invita y parece invitar el
portavoz del Grupo Parlamentario Popular.
Lamentablemente tengo que seguir insistiendo en que ese consenso también
se ha roto. Esa fórmula debía haber sido consultada e informada, y debía
haberse buscado un acuerdo conjunto con el resto de los grupos que
apoyamos esta ley en el Congreso. Insisto en que se ha hecho por la
puerta de atrás, y dejaremos nuestra decisión final hasta el Congreso.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Aguilar Belda): Gracias, Senador Albistur.
Tiene la palabra el Senador Beguer.
El señor BEGUER I OLIVERES: Gracias.
Intervengo únicamente para tranquilizar por mi parte al Senador Nieto.
Desde luego nuestro Grupo no ha utilizado la palabra pinza. Sí ha
manifestado, de la misma manera que el Senador Albistur en otra ocasión,
nuestra disconformidad por el sistema de modificación de la Comisión del
Mercado de las Telecomunicaciones, pero, por descontado, con todo el
respeto que nos merece el Grupo Mixto y la propuesta que ha efectuado,
perfectamente legítima. En nuestro caso nuestra disconformidad no es
óbice para que tengamos todo el respeto por el Grupo al que representa el
Senador Nieto.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Aguilar Belda): Gracias, Senador Beguer.
Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el Senador Luis
Calvo.
El señor LUIS CALVO: Muchas gracias, señor Presidente.
El portavoz del Grupo Parlamentario Popular dice que se mantienen los
objetivos del proyecto. Nosotros entendemos que no es del todo cierto.
De los cuatro objetivos importantes de la ley, que son la creación del
Mercado, la modificación de la LOT, la modificación de la Ley del cable y
la creación de seguro de operador, hay que decir que, fruto del acuerdo
entre varios grupos parlamentarios en el Congreso, fue llegar a
establecer las condiciones necesarias para que la Comisión, que se creaba
en el Real Decreto-ley de una manera tímida, haya ampliado su horizonte,
haya ampliado sus competencias hasta convertirse en una verdadera
comisión reguladora de las telecomunicaciones. Pero es que la Orden
Ministerial de 31 de enero pasado ha hecho que las competencias de la
Comisión lleguen a ser insuficientes. Esa Orden, en una ley que se llama
de liberalización de las telecomunicaciones, suprime la competencia de
actuar en la fijación de las tarifas de interconexión de las redes fijas,
que es el núcleo sustancial de la liberalización de las
telecomunicaciones.
Y respecto de la modificación de la LOT, he de decir que el monopolio de
Telefónica ya no existe, pero tampoco existe el marco regulador que
sustituye a la LOT y que establecería los escenarios de competencia en
los que tiene que operar esta Compañía en los próximos años. Sin control
parlamentario alguno, el Gobierno decidió vender la totalidad de las
acciones de Telefónica. En ese escenario, consideramos que es
absolutamente preciso mantener el artículo 15.4 de la Ley de Ordenación
de las Telecomunicaciones porque la privatización absoluta de la Compañía
supone el imperio de la leyes del mercado en la gestión de la misma,
desconsiderando las funciones de interés social que hasta ahora venía
desarrollando en nombre del Estado a través de su contrato.
Hablemos de la Ley del Cable. Ustedes no se plantean una idea fija. En la
Ley del Cable se fijaba un plazo de 15 años, ampliables cinco y cinco, a
petición del concesionario. Por lo tanto, elevarlo a 25 de golpe, sin
ninguna flexibilidad, va a perjudicar a muchos concesionarios que tengan
la previsión hecha con antelación.
Por último, y respecto del segundo operador, diré que cuando intentamos a
principios de 1996, y digo intentamos porque era otro Gobierno el que
había en España, mediante un Decreto-Ley poner en marcha el segundo
operador no fue posible por la ceguera de su Grupo que ahora apoya al
Gobierno. Ha pasado más de un año y se ha perdido un tiempo precioso. Nos
da la impresión de que ese retraso ha producido, entre otras cosas, la
paralización del proyecto de Retevisión, aunque eso es opinable. Pero lo
que sí es evidente es que cada día que pasa sin que el segundo operador
se ponga en funcionamiento, puesto que se está llegando a un escenario de
libre competencia en el que el poder y el valor de las acciones del
segundo operador se están viniendo abajo, éste pierde valor patrimonial y
pierde también poder de implantación.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Aguilar Belda): Muchas gracias, señor
Presidente.
Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el Senador Bris.
El señor BRIS GALLEGO: Muchas gracias, señor Presidente.
Como contestación breve a las intervenciones, en turno de réplica, quiero
decir que, indudablemente, la política parlamentaria nos obliga a hablar
con todos los grupos políticos. Y yo creo que cuando se llega a un
acuerdo con todos los grupos políticos de la Cámara, toda la Cámara debe
estar satisfecha por los resultados obtenidos. Y que al consenso se pueda
sumar Izquierda Unida es un logro importante para la política
parlamentaria en este proyecto de ley.
Al Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos quiero decirles
que la palabra «compromiso» hemos de matizarla. Hablemos mejor de un
estudio en profundidad de los problemas que están planteados,
indudablemente, con la voluntad de poder llegar a acuerdos y consensos en
la mayoría de ellos. Hablemos, en un principio --lo reitero--, de
estudios en profundidad, que creo que es importante, porque sin estudios
en profundidad es difícil poder llegar a compromisos que sean estables y
duraderos.
La misma contestación le daría a CiU en relación con la enmienda número
13 que nos han presentado. Al Senador Luis Calvo, portavoz del Grupo
Parlamentario Socialista, quiero decirle que, a mi juicio, se siguen
manteniendo los cuatro objetivos del proyecto exactamente igual que
cuando se habló de ellos en aquel debate que se realizó en el Congreso de
los Diputados, debate en el que hubo consenso, como se ha destacado aquí.
No podemos decir que una Comisión de un Mercado de Telecomunicaciones
pueda hacer una labor distinta porque tenga un par de miembros más dentro
de la Comisión, sino que sigue haciendo exactamente la misma labor.
Unicamente estamos tratando que esa liberalización que se ha producido ya
en las telecomunicaciones tenga un calendario y haya una forma gradual de
poder llegar a ella. No hablamos de quitar competencias ni mucho menos a
la Comisión, sino de graduar el inicio de esas competencias. (Rumores.)
En lo que se refiere a Telefónica y al artículo 15, apartado cuatro,
quiero señalar...
El señor VICEPRESIDENTE (Aguilar Belda): Ruego silencio a sus señorías.
El señor BRIS GALLEGO: Quiero señalar --decía-- que ya se había suprimido
en el Congreso de los Diputados. Por lo tanto, si esto había sido objeto
de consenso en esa Cámara, indudablemente, al no haber variado aquí y al
haber presentado el Grupo Parlamentario Socialista la enmienda, el
consenso del que estamos hablando en este debate parlamentario, no tiene
por qué romperse.
Vuelvo a repetir que, a mi juicio, la Cámara va a votar en estos momentos
un proyecto de ley enormemente importante. Además, quiero expresar, de
nuevo, nuestra satisfacción, como Grupo que sustenta al equipo de
gobierno, por el diálogo que ha existido, por el talante con el que se ha
llevado el mencionado debate y, desde luego, por los resultados
obtenidos.
El señor VICEPRESIDENTE (Aguilar Belda): Muchas gracias, Senador Bris.
Vamos a proceder a las votaciones de este proyecto de ley. Esperamos unos
segundos. (Pausa.)
Votamos, en primer lugar, las enmiendas del Grupo Parlamentario Mixto.
¿Se pueden votar conjuntamente la 30 y la 31 del Senador Ríos Pérez y las
32, 33 y 34 de la Senadora De Boneta y Piedra? (La señora De Boneta y
Piedra pide la palabra.)
Tiene la palabra la Senadora De Boneta.
La señora DE BONETA Y PIEDRA: Muchas gracias, señor Presidente.
No he podido asistir al debate, pero me ha informado mi portavoz que la
enmienda número 32 está recogida en una enmienda aceptada al Grupo
Parlamentario Mixto correspondiente al Senador Nieto Cicuéndez, con lo
cual quedaría retirada, y se someterían a votación, por mi parte, la 33 y
la 34, toda vez que la 35 ha sido objeto de transacción.
El señor VICEPRESIDENTE (Aguilar Belda): Gracias, Senadora De Boneta. (El
señor Beguer i Oliveres pide la palabra.)
Tiene la palabra, Senador Beguer.
El señor BEGUER I OLIVERES: Muchas gracias, señor Presidente.
Nuestro Grupo solicita votación de la 30 y 31, por un lado, y de la 33 y
34, por otro. (El señor Bris Gallego pide la palabra.)
Tiene la palabra, Senador Bris.
El señor BRIS GALLEGO: Señor Presidente, la 32 no está recogida.
El señor VICEPRESIDENTE (Aguilar Belda): ¿Cómo?
El señor BRIS GALLEGO: Que la 32 no está asumida por el Grupo
Parlamentario Popular. (La señora De Boneta y Piedra pide la palabra.)
El señor VICEPRESIDENTE (Aguilar Belda): Senadora De Boneta, tiene la
palabra.
La señora DE BONETA Y PIEDRA: Señor Presidente, lamento haber entendido
mal la información. Mantengo entonces para la votación la número 32.
El señor VICEPRESIDENTE (Aguilar Belda): Gracias. (El señor Beguer i
Oliveres pide la palabra.)
El señor BEGUER I OLIVERES: Señor Presidente, en tal caso, pedimos la
votación de la 30 y 31, por un lado, de la 32 por otro y de la 33 y 34
por otro.
El señor VICEPRESIDENTE (Aguilar Belda): Gracias, Senador Beguer.
Pasamos a votar, a continuación, las enmiendas del Grupo Parlamentario
Mixto 30 y 31.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 207; a
favor, ocho; en contra, 193; abstenciones, seis.
El señor VICEPRESIDENTE (Aguilar Belda): Quedan rechazadas.
Pasamos, a continuación, a votar la enmienda número 32.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 208; a
favor, ocho; en contra, 197; abstenciones, tres.
El señor VICEPRESIDENTE (Aguilar Belda): Queda rechazada.
Pasamos, a continuación, a votar las enmiendas 33 y 34 del Grupo
Parlamentario Mixto.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 208; a
favor, 13; en contra, 194; abstenciones, una.
El señor VICEPRESIDENTE (Aguilar Belda): Quedan rechazadas.
Pasamos a votar las enmiendas del Grupo Parlamentario de Senadores
Nacionalistas Vascos 6, 7, 8, 9, 10 y 12, teniendo en cuenta que la 11
sustenta una transaccional. ¿Se pueden votar conjuntamente? (Pausa.) (El
señor Beguer i Oliveres pide la palabra.) Tiene la palabra el Senador
Beguer.
El señor BEGUER I OLIVERES: Señor Presidente, solicitamos votación
separada de las enmiendas números 6 y 10, por una parte, y de las
restantes por otra.
El señor VICEPRESIDENTE (Aguilar Belda): Gracias.
¿Hay alguna otra petición de votación separada? (Pausa.)
Pasamos a votar las enmiendas números 6 y 10, del Grupo de Senadores
Nacionalistas Vascos.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 207; a
favor, 12; en contra, 117; abstenciones, 78.
El señor VICEPRESIDENTE (Aguilar Belda): Quedan rechazadas.
Votamos a continuación las enmiendas números 7, 8, 9 y 12, del Grupo
Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 208; a
favor, ocho; en contra, 120; abstenciones, 80.
El señor VICEPRESIDENTE (Aguilar Belda): Quedan rechazadas.
Pasamos a continuación a votar la enmienda número 13, del Grupo
Parlamentario de Convergència i Unió.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 208; a
favor, 13; en contra, 117; abstenciones, 78.
El señor VICEPRESIDENTE (Aguilar Belda): Queda rechazada.
Votamos a continuación las enmiendas del Grupo Parlamentario Socialista
números 20, 21, 22, 23, 24, 26, 27 y 28, así como el mantenimiento de la
redacción inicial del artículo 3.Seis.3 y la del artículo 4.Nueve,
párrafo tercero, y la supresión de la disposición transitoria tercera,
volviendo así al texto remitido por el Congreso de los Diputados.
¿Se pueden votar conjuntamente? (Pausa.)
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 208; a
favor, 79; en contra, 117; abstenciones, 12.
El señor VICEPRESIDENTE (Aguilar Belda): Quedan rechazadas.
Solicito de la Cámara si se pueden votar por asentimiento las enmiendas
transaccionales que introducen una disposición adicional tercera nueva
sustentada sobre las enmiendas número 11, del Grupo Parlamentario de
Senadores Nacionalistas Vascos, y número 35, del Grupo Parlamentario
Mixto. Está firmado por todos los grupos parlamentarios.
¿Se puede aprobar por asentimiento? (Pausa.)
Así consta.
Hay una enmienda transaccional que introduce una disposición final
segunda en la que se dice que la presente Ley entrará en vigor al día
siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado». Está
suscrita por todos los grupos parlamentarios.
¿Se puede aprobar por asentimiento? (Pausa.)
Así consta.
Pasamos a continuación a la votación de los artículos 1 a 4,
disposiciones adicionales primera y segunda --la tercera era fruto de la
transacción y ha sido votada--, disposiciones transitorias primera a
quinta, disposiciones finales primera y segunda y exposición de motivos
según el texto del dictamen.
¿Podemos votarlo conjuntamente o desean votación separada del articulado
y de las disposiciones? (El señor Aleu i Jornet pide la palabra.)
Tiene la palabra el Senador Aleu.
El señor ALEU I JORNET: Señor Presidente, solicitamos votación separada
del apartado Cinco del artículo 2, del apartado Cuatro del artículo 3,
del segundo párrafo del apartado Ocho del artículo 3, y del apartado
Cinco del artículo 4, conjuntamente.
Además, señor Presidente, quería hacer una precisión a la Mesa sobre el
texto que vamos a votar.
Señor Presidente, no están a disposición de los Senadores ni el «Diario
de Sesiones» ni el texto taquigráfico de la sesión de la Comisión en la
que se votó este proyecto de ley. Pero entre las votaciones en Comisión y
el texto que se ha publicado de la Comisión hay claras diferencias. Hemos
hablado con los Letrados y hemos recibido la explicación de que son
mejoras técnicas. Nos damos por satisfechos con las explicaciones, pero
queremos hacer notar que en otra ley se ha presentado una enmienda
transaccional que cambia exclusivamente mayúsculas y minúsculas y una
coma, y para eso hemos hecho una enmienda transaccional. No estamos en
contra del texto que se propone, pero pedimos que se nos informe. Hasta
ahí todo correcto, a no ser que, como nos ha parecido entender, y esto sí
me parece grave, el Grupo Popular asumía y conocía estos cambios. Si
estos cambios se producen con conocimiento sólo de un Grupo, señor
Presidente, ésta no es manera de actuar.
Por tanto, nosotros estamos de acuerdo con el texto que se propone, pero
pedimos que esto no se repita más, tanto si es fruto de la actuación del
Letrado, como si es fruto del conocimiento de sólo un Grupo de la Cámara.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Aguilar Belda): Gracias, Senador Aleu.
Entiendo que vamos a votar el texto del dictamen (Rumores.) con las
modificaciones técnicas que apuntó en su intervención el Senador Bris.
(El señor Bris Gallego pide la palabra.)
Por otra parte, desconozco si todos los grupos tenían o no conocimiento
de lo que ha mencionado el Senador Aleu o si es fruto de la intervención
que acaba de hacer su señoría, pero viendo que por parte del Grupo
Parlamentario... (Rumores.--El señor Bris Gallego pide la palabra.)
Senador Bris, un momento, voy a concederle la palabra.
Decía que, teniendo en cuenta la apreciación manifestada por el Senador
Aleu cuando ha dicho que sin que sirva de precedente aceptarían la
presentación de las modificaciones de forma verbal, en cualquier caso yo
propongo que en la reunión de la Mesa de la próxima semana abordemos
cualquier problema de este tipo que se pueda plantear, si es que se trata
de un problema.
Tiene la palabra el Senador Bris.
El señor BRIS GALLEGO: Señor Presidente, al inicio de mi intervención he
explicado que lo había conocido cinco minutos antes de iniciarse el
propio debate. Se trata de cuestiones meramente técnicas que creí que no
afectaban en nada --y así es-- al espíritu de la ley, y eso ha sido
expuesto a este portavoz --lo repito-- al mismo tiempo que a los demás
portavoces de la Cámara. Lo he explicado al principio de mi intervención
y por eso no le he dado la menor importancia.
El señor VICEPRESIDENTE (Aguilar Belda): Gracias, Senador Bris. (El señor
Beguer i Oliveres pide la palabra.)
Perdón, Senador Beguer, enseguida le concedo la palabra.
Señorías, creo que estamos haciendo un problema --lo detecto como
Presidente de este debate en estos momentos y como miembro de la Mesa--
de algo que será tratado en la próxima reunión de la Mesa. Creo que
estamos haciendo un debate que considero está fuera de lugar en este
momento en que estamos ya en votaciones.
Me comunican los Servicios de la Cámara que esas modificaciones técnicas
que anunció el Senador Bris las conoció incluso con posterioridad a otros
portavoces de grupos parlamentarios de esa Cámara. (Varios señores
Senadores hacen signos negativos.)
En cualquier caso, tiene la palabra el Senador Beguer.
El señor BEGUER I OLIVERES: Gracias, señor Presidente.
Solicito votación separada. (Risas.--Aplausos.) del artículo 1.Tres.2.
El señor VICEPRESIDENTE (Aguilar Belda): ¿Desean alguna petición de
votación separada o aclaración sobre el incidente que ha surgido a raíz
de las votaciones? (Pausa.)
En ese caso, vamos a pasar a votar el artículo 1.Tres.2.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 208; a
favor, 197; en contra, 11.
El señor VICEPRESIDENTE (Aguilar Belda): Queda aprobado.
Votamos el resto del artículo 1.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 208; a
favor, 201; en contra, uno, abstenciones, seis.
El señor VICEPRESIDENTE (Aguilar Belda): Queda aprobado.
Votamos a continuación el apartado Cinco del artículo 2, el apartado
Cuatro del artículo 3, el segundo párrafo del apartado Ocho del artículo
3 y el apartado Cinco del artículo 4.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 207; a
favor, 124; en contra, 76; abstenciones, siete.
El señor VICEPRESIDENTE (Aguilar Belda): Quedan aprobados.
Votamos el resto del articulado, los artículos 1 a 4, a excepción de los
apartados que acabamos de votar, las disposiciones adicionales primera y
segunda, porque la tercera fue objeto de transacción y está votada, las
disposiciones transitorias primera a quinta, y disposiciones finales
primera y segunda, así como la exposición de motivos.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 208; a
favor, 201; en contra, uno; abstenciones, seis.
El señor VICEPRESIDENTE (Aguilar Belda): Quedan aprobadas.
Tal como dispone el artículo 90 de la Constitución, se dará traslado de
las enmiendas aprobadas por el Senado al Congreso de los Diputados para
que éste se pronuncie sobre las mismas, en forma previa a la sanción del
texto definitivo por Su Majestad el Rey.
La sesión se reanudará a las cuatro y media de la tarde.
Se suspende la sesión.
Eran las catorce horas y cuarenta y cinco minutos.
Se reanuda la sesión a las dieciséis horas y treinta y cinco minutos.
--DE LA COMISION DE SANIDAD Y ASUNTOS SOCIALES EN RELACION CON EL
PROYECTO DE LEY SOBRE HABILITACION DE NUEVAS FORMAS DE GESTION DEL
SISTEMA NACIONAL DE SALUD (PROCEDENTE DEL REAL DECRETO-LEY 10/1996, DE 17
DE JUNIO).
(S. 621/000016.) (C. D. 121/000006.)
El señor VICEPRESIDENTE (Aguilar Belda): Se reanuda la sesión con el
debate del proyecto de ley sobre habilitación de nuevas formas de gestión
del Sistema Nacional de Salud, procedente del Real Decreto-Ley 10/1996,
de 17 de junio, que se tramita por el procedimiento de urgencia,
publicado en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, serie
II, número 16, de fecha 4 de marzo de 1997.
Ruego al señor Presidente de la Comisión de Sanidad y Asuntos Sociales
que me indique quién va a hacer la presentación del dictamen. (Pausa.)
La Senadora Navarro Garzón tiene la palabra para la presentación del
dictamen.
La señora NAVARRO GARZON: Señor Presidente, señorías, haré una exposición
en relación con la tramitación del proyecto de Ley sobre habilitación de
nuevas formas de gestión del Sistema Nacional de Salud y sobre el
dictamen de la Comisión.
El pasado día 28 de febrero de 1997 tuvo entrada en la Cámara el texto
aprobado por el Pleno del Congreso de los Diputados relativo al proyecto
de ley mencionado anteriormente, procedente del Real Decreto-Ley 10/1996,
de 17 de junio. La iniciativa legislativa citada, declarada urgente, se
remitió a la Comisión de Sanidad y Asuntos Sociales, de conformidad con
las previsiones del artículo 104 del Reglamento del Senado.
Asimismo, se abrió un plazo de enmiendas, que concluyó el pasado día 4 de
marzo de 1997. Dentro del plazo, se presentaron un veto y 11 enmiendas.
El veto se presentó por los Senadores Nieto Cicuéndez y Román Clemente,
del Grupo Parlamentario Mixto. Las enmiendas números 1 a 3 se presentaron
por los citados Senadores. Las enmiendas números 4 a 6 corresponden al
Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió. El Grupo
Parlamentario Popular formuló las enmiendas números 7 y 8, y la Senadora
De Boneta y Piedra presentó las enmiendas números 9 a 11.
La Comisión se reunió para dictaminar el citado proyecto el pasado día 11
de marzo de 1997. En dicha sesión se aprobaron dos enmiendas
transaccionales, presentadas por todos los grupos parlamentarios de la
Cámara, que afectaban a la exposición de motivos y al artículo único. El
texto del dictamen se publicó en el «Boletín Oficial de las Cortes
Generales» el día 17 de marzo de 1997.
Entrando ya en el dictamen de la Comisión, quiero decirles, de manera
resumida, que la presente norma debe constituir un importante instrumento
de flexibilización y autonomía en la gestión sanitaria; necesidad
ineludible de la actual organización pública con vistas a mejorar la
eficacia del Sistema Nacional de Salud, cuya consolidación y
modernización es objetivo prioritario de nuestra sociedad.
En su artículo único dice: «1. En el ámbito del Sistema Nacional de
Salud, garantizando y preservando en todo caso su condición de servicio
público, la gestión y administración
de los centros, servicios y establecimientos sanitarios de protección de
la salud o de atención sanitaria o sociosanitaria, podrá llevarse a cabo
directa o indirectamente a través de la constitución de cualesquiera
entidades de naturaleza o titularidad pública admitidas en Derecho. En el
marco de lo establecido por las leyes, corresponderá al Gobierno,
mediante Real Decreto, y a los órganos de Gobierno de las Comunidades
Autónomas --en los ámbitos de sus respectivas competencias--, determinar
las formas jurídicas, órganos de dirección y control, régimen de
garantías de la prestación, financiación y pecualiaridades en materia de
personal de las entidades que se creen para la gestión de los centros y
servicios mencionados.
2. La prestación y gestión de los servicios sanitarios y sociosanitarios
podrá llevarse a cabo, además de con medios propios, mediante acuerdos,
convenios o contratos con personas o entidades públicas o privadas, en
los términos previstos en la Ley General de Sanidad.»
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Aguilar Belda): Muchas gracias, Senadora
Navarro.
A este proyecto de ley se ha presentado una propuesta de veto,
correspondiente al voto particular número 1, originariamente presentada
por los señores Nieto Cicuéndez y Román Clemente.
Para su defensa, tiene la palabra el Senador Nieto Cicuéndez.
El señor NIETO CICUENDEZ: Señor Presidente, señorías, voy a intentar ser
sintético en la exposición del veto. En primer lugar, voy a hacer una
pequeña introducción general.
Este importante proyecto de ley, de ordenación de la salud, trata uno de
los temas que de manera fundamental se debe garantizar en lo que se ha
venido en llamar el Estado del bienestar.
La salud, la educación, la vivienda, el trabajo son elementos básicos
para garantizar un mínimo a todas las capas de una sociedad. Ese es el
marco y ésos son los principios generales, las mínimas garantías para un
mínimo mantenimiento del Estado de bienestar, cuestión sobre la que no
pueden ir desentendiéndose los poderes públicos. Y estamos ante materias
que, con la ola de las privatizaciones, del liberalismo económico --y el
señor Ministro ponía ejemplos al respecto esta mañana--, en Europa,
Japón, Estados Unidos, están pasando a ser gestionadas mediante la
iniciativa privada, como es el caso que nos ocupa de la sanidad.
Desde nuestro punto de vista, éste no es el modelo que puede garantizar
lo que la Constitución consagra en nuestro país. En un Estado social y
democrático de Derecho se debe garantizar la salud para todos los
ciudadanos, independientemente de sus posibilidades económicas, y este
proyecto de Ley deja la puerta abierta para que cada vez más, en aras de
la eficacia, de la rentabilidad, de esto que está tan de moda, es decir,
en aras de cumplir los objetivos de convergencia, de reducir los déficit,
etcétera, ese papel que tiene que jugar el Estado para garantizar esos
derechos se vaya transfiriendo en la consideración de que la iniciativa
privada es mejor gestora. En definitiva, se introducen elementos que van
permitiendo cada vez más que el Estado mínimo del bienestar se vaya
deteriorando --y eso no ocurre solamente en nuestro país--, según lo que
determina esa ola neoliberal que nos invade.
Por tanto, creemos que es nuestra obligación oponernos a esta serie de
medidas, porque, repito, no van a garantizar lo que para nosotros es
prioritario. Introducir medidas de gestión empresarial en los servicios
públicos sanitarios, en aras a reducir el gasto público, etcétera,
conllevará el deterioro de este servicio básico. Además, hay aspectos de
la sanidad, ese derecho básico, que no puede garantizar nunca la gestión
privada, como los programas de prevención, etcétera.
Hay otro tema sobre el que quería llamar la atención de esta Cámara y que
podríamos considerar añadido. Estamos en un proceso en el que una serie
de Comunidades tienen transferidas ya las competencias sobre la sanidad y
otras lo tendrán --con lo que estamos totalmente de acuerdo--, en un
tiempo más o menos breve. Pero el problema es que los déficit de la
sanidad también se van a transferir a las Comunidades Autónomas, conforme
a lo que también se ha puesto de moda, que es la contabilidad creativa.
En definitiva, las Comunidades Autónomas se dan cuenta de que asumen
determinados servicios, pero también de que sus costos no han sido
transferidos conforme son en realidad.
Por otra parte, creemos que este problema se agudizará en el futuro y
que, al final, tanto en las Comunidades Autónomas que ya lo tienen
transferido, como en las que lo tengan en el futuro, los déficit y
deficiencias que tienen estos sistemas sanitarios les obligará a las
privatizaciones y a no prestar una serie de servicios fundamentales.
En definitiva, creemos que esta ley no garantiza lo que es para nosotros
fundamental, el derecho a la salud de todos los ciudadanos y que además,
la prevención de la sanidad va a sufrir un serio golpe. Por esta razón
mantenemos el veto.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Aguilar Belda): Muchas gracias, Senador Nieto.
Para turno en contra, tiene la palabra el Senador Barahona Hortelano.
El señor BARAHONA HORTELANO: Señor Presidente, señorías, tomo la palabra
en nombre del Grupo Parlamentario Popular para manifestar nuestra
posición en contra del veto interpuesto por el portavoz de Izquierda
Unida-Iniciativa per Catalunya, Senador Nieto, al proyecto de ley de
habilitación de nuevas formas de gestión del Sistema Nacional de Salud
que hoy debatimos en esta Cámara.
Aprovecharé este turno para hacer una breve defensa del proyecto de ley
remitido por el Gobierno. Debo adelantar que mi Grupo votará en contra
del veto planteado por dos motivos fundamentales.
En primer lugar, porque en modo alguno peligran los principios de
gratuidad, universalidad, eficacia y solidaridad
que rigen nuestro Sistema Nacional de Salud, al amparo de lo establecido
en la Ley General de Sanidad y que son los pilares sobre los que gravita
la justificación de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya a la hora de
presentar este veto.
Ni en el espíritu ni en la letra de la ley aparece elemento alguno que
contradiga, ni siquiera roce, los principios que inspiran nuestro Sistema
Nacional de Salud, basado en una sanidad universal, gratuita y solidaria,
y tan sólo intentan mejorar su eficacia. Es más, cabría preguntarse,
señorías, si alguno de estos principios ha estado en peligro o lo sigue
estando en la actualidad por culpa de la excesiva rigidez de un sistema
incapaz de adaptarse a las distintas circunstancias socio-económicas de
nuestro país.
Porque a la sanidad, como a los grandes hospitales, le ha ocurrido algo
similar a lo que les sucedió a los dinosaurios: les ha crecido más el
esqueleto que el cerebro, por eso apenas pueden percibir y mucho menos
adaptarse al cambio socio-económico del medio en el que viven.
Pensemos que el principio de universalidad no sólo debe establecerse en
el número de españoles protegidos, sino que también debemos introducir
criterios cualitativos, criterios de calidad en este tipo de protección
sanitaria. No sólo es importante que todos los españoles, sin excepción,
sean atendidos por el sistema público de salud, sino que, en idéntico
sentido, lo es que todos puedan ser perceptores de los beneficios del
sistema bajo criterios de igualdad.
Si nos atenemos a la acumulación de datos negativos de los últimos años,
referentes no sólo a las listas de espera quirúrgicas o ambulatorias, que
precisamente esta mañana ha sido debatido en esta Cámara --por cierto, la
cuantía de las listas de espera viene a ser como el patrón oro que se ha
utilizado para valorar la eficacia del sistema--, sino además a la propia
distribución geográfica de la estructura más primaria de nuestro sistema,
tendremos que coincidir necesariamente, señorías, en que esa
universalidad en la calidad de la prestación no se ofrece en la realidad.
Igual sucede con el carácter solidario del Sistema Nacional de Salud. No
puede serlo cuando las deficiencias de gestión marcan costes
excesivamente elevados en unos casos, que repercuten insolidariamente en
la población, o también grandes diferencias entre Comunidades que no
debieran de existir.
En idénticos términos podríamos hablar de la eficacia del propio sistema,
cuando a nadie se le escapa la dudosa rentabilización que de los recursos
humanos y materiales se ha venido obteniendo.
No viene, por tanto, este proyecto a romper esos principios básicos, que
el Gobierno no ha discutido en modo alguno, sino que, muy por el
contrario, el proyecto de ley pretende fortalecerlos mediante la
introducción en el sistema de nuevas fórmulas que los garanticen de cara
al futuro, encomendando en mayor grado la gestión a otros factores que no
sean el mismo Estado, un Estado operando en exclusiva y en régimen de
monopolio.
Comprendemos que dichos intentos despierten escasa simpatía en posiciones
políticas que persiguen al intervención del sector público como un fin en
sí mismo, sin interesarse por los resultados prácticos de dicha actitud
y, por supuesto, sin tener en cuenta criterios cualitativos o de
excelencia. Todos sabemos a dónde ha conducido esta posición
irreductible.
Decía al principio de mi intervención, señorías, que votaremos en contra
del veto por dos motivos. El segundo de éstos se establece en el hecho de
que el sistema mantiene su carácter público en contraposición a la
argumentación de Izquierda Unida, que habla textualmente de parasitación
de la sanidad pública por la empresa privada. Nada más lejos de la
realidad.
El servicio sanitario se mantiene, porque nunca se ha cuestionado y nunca
se ha discutido esta premisa, como un servicio público esencial,
financiado en más del 90 por ciento con impuestos, con lo que se marca la
solidaridad de su financiación y el propio sentido público de la misma,
al ser cada vez menor el porcentaje financiado mediante cuotas
dependientes siempre de la capacidad adquisitiva del ciudadano o incluso
de su situación laboral.
Sin embargo, ocurre que la gestión funcionarial, que se ha mostrado, o al
menos se está mostrando en nuestros días, rígida, escasamente operativa y
escasamente incentivadora, entendemos que debe ser sustituida, allá donde
sea susceptible de serlo y respetando, por supuesto, siempre las
situaciones consolidadas, por otra de corte empresarial, en la que la
flexibilidad sirva como elemento amortiguador y distribuidor a la vez de
los distintos cambios y avances que en la sociedad se produzcan. Ello no
supone, en absoluto, privatizar el sistema, sino únicamente introducir
criterios de gestión más avanzados que lo hagan rentable en lo social y
económico, a la vez que estable y posible y que permitan su continuidad.
A todos nos preocupa la pervivencia de nuestro sistema público de salud.
Es necesario corregir sus disfunciones y aliviar sus gastos, no
manteniendo estructuras y formas obsoletas y envejecidas. Representa, por
lo tanto, sumar a las formas de gestión directa que hasta ahora se han
venido utilizando otras nuevas de gestión indirecta, a través de entes de
naturaleza o titularidad pública sujetas a derecho, y todas ellas con la
tutela del Estado y la que ofrece la propia Ley General de Sanidad.
También supone poder hacer uso de los recursos propios de que dispone el
Estado y de aquellos que siga aplicando al sistema, como de aquellos
otros ajenos que con todas las garantías, como indicaba antes, se pongan
a disposición de dicho sistema. Sería el caso de las fundaciones ya
constituidas al amparo del Real Decreto-Ley 10/1996, de 17 de junio, que
ha servido de base a este proyecto de ley, como son las realidades de los
hospitales de Manacor y Alcorcón a los conciertos, consorcios y empresas
públicas que puedan establecerse en su caso.
Por tanto, señorías, el proyecto de ley que debatimos pretende,
manteniendo los principios sociales que rigen nuestro Sistema Nacional de
Salud y el propio carácter público del mismo, poner a su disposición los
criterios de gestión más idóneos para mejorar los niveles de calidad del
servicio que se preste al ciudadano. Todo supone el mantenimiento de los
principios sociales que sustentan el actual Sistema Nacional de Salud y
su carácter público. Simplemente se trata de agregar métodos de rigor y
eficacia para mejorar los niveles de calidad a los que debemos
aspirar, algo, todo ello, que se aleja mucho de los temores que encierra
el veto de Izquierda Unida y mucho más aún de las previsiones por las que
lo formulan.
Muchas gracias. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario
Popular.)
El señor VICEPRESIDENTE (Aguilar Belda): Muchas gracias, Senador
Barahona.
Se abre un turno de portavoces.
¿Por el Grupo Parlamentario Mixto? (Pausa.)
Por el Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos, tiene la
palabra el Senador Gatzagaetxebarría.
El señor GATZAGAETXEBARRIA BASTIDA: Muchas gracias, señor Presidente.
Intervengo desde el escaño para manifestar nuestra posición contraria al
veto planteado por el Senador Nieto, del Grupo Parlamentario Mixto.
Creemos que se ha hecho un esfuerzo considerable y políticamente muy
acertado entre los diferentes grupos parlamentarios en la primera fase de
la negociación política en el Congreso de los Diputados, garantizándose
que la gestión de los sistemas sanitarios públicos, el Insalud y los
modelos homónimos de las Comunidades Autónomas, reciban la consideración,
con carácter de normativa básica, de servicios públicos, con todo lo que
ello supone, y dejando un margen de autonomía muy importante --no podía
ser de otra manera en un Estado con una composición política
descentralizada-- para que las Comunidades Autónomas puedan gestionar,
por los métodos o formas de gestión que estimen más oportunos, este
sistema que siempre será público, y deberá ser a través de entidades o
centros que tendrán esa naturaleza o titularidad pública. Para nosotros
está suficientemente garantizado que el sistema sanitario público va a
tener un carácter universal, gratuito, solidario y abierto a la
generalidad de los ciudadanos.
No tenemos temor alguno a los planteamientos que aquí se nos han
manifestado. Nuestra posición va a ser, por tanto, contraria al veto
planteado por el Grupo Parlamentario de Izquierda Unida y favorable al
texto en el que hemos alcanzado un consenso político todos los grupos de
la Cámara a excepción de Izquierda Unida.
Nada más y muchas gracias, señor Presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Aguilar Belda): Gracias, señor
Gatzagaetxebarría.
Por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió,
tiene la palabra el Senador Cardona.
El señor CARDONA I VILA: Muchas gracias, señor Presidente.
Señorías, vamos a aprovechar este turno de portavoces para manifestar
nuestro voto en contra al veto que se ha presentado y para fijar la
posición de nuestro Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de
Convergència i Unió en relación a este proyecto de ley de habilitación de
las nuevas formas de gestión del Sistema Nacional de Salud.
En la escala de valores de los ciudadanos, la salud ocupa un lugar cada
vez más destacado, por lo que los poderes públicos deben dar una
respuesta a esta exigencia, incrementando la eficacia del sistema
sanitario para así aumentar el nivel de calidad de vida de los
ciudadanos.
Los sistemas sanitarios de los países desarrollados como el nuestro se
han asentado sobre la base de una pirámide poblacional joven y unas
condiciones económicas en plena expansión y crecimiento. Pero actualmente
nos encontramos con una estructura social con tendencia al envejecimiento
y, en consecuencia, se exigen más recursos y prestaciones del sistema
sanitario que, a su vez, está sujeto a las restricciones económicas con
tasas de crecimiento inferiores.
Todo ello plantea un reto a los poderes públicos, por lo que se hace
imprescindible acometer reformas dirigidas a mejorar la eficacia y la
eficiencia de los recursos sanitarios, encontrando medidas de evaluación
del sistema, a la vez que se ha de lograr un incremento de la calidad de
vida de la población mediante la mejora de su salud.
Nos encontramos, pues, ante una coyuntura en la que la sanidad, como una
de las manifestaciones principales del Estado de bienestar, ha de
afrontar una reestructuración que se fundamenta en la utilización de
nuevas fórmulas de gestión para rentabilizar al máximo los recursos
disponibles y poder de esta manera mantener la vigencia de los principios
irrenunciables de financiación pública, universalización, equidad en el
acceso, calidad en el servicio y satisfacción del usuario de todo el
sistema.
Una vez superado el discurso propio de la década de los ochenta sobre
sanidad pública «versus» sanidad privada, creemos que es necesario
avanzar, de acuerdo con las tendencias de los países más adelantados de
nuestro entorno, hacia sistemas imaginativos de gestión que rompan esos
esquemas rígidos que son más propios de sistemas estatalizados.
Las posibilidades de gestión que ofrecen las entidades tipo consorcios o
fundaciones benéfico-privadas son superiores a las que ofrecen las
entidades gestoras de los recursos que son titularidad de la Seguridad
Social. El reto que se plantea es, pues, demostrar que un sistema puede
estar planificado y al mismo tiempo ser capaz de gestionar eficazmente y
estimular la competencia generando diversidad en el mercado, sin que ello
implique una privatización de un servicio que ha de ser esencialmente
público, como es la protección de la salud.
Y hay que recordar, por tanto, la oferta asistencial, reordenando la
optimización de los recursos sanitarios, aumentando la calidad de la
asistencia sanitaria, máxime si se toma en consideración la actual
coyuntura económica, que hace incluso más necesario que nunca --si ello
cabe-- adoptar fórmulas de gestión de los servicios nacionales de salud
que permitan aplicar economías de escala y sumar recursos a efectos de la
financiación del sistema.
Podemos sintetizar como principios básicos alrededor de los cuales se han
de dirigir las medidas que se propongan: la igualdad y la equidad como
expresión de solidaridad, la necesaria eficacia y eficiencia para
optimizar los recursos ante el incremento de la demanda y la
transparencia ante los usuarios en tanto que destinatarios finales de la
gestión, en la que indudablemente han de intervenir de
forma imprescindible y decidida los profesionales de la Sanidad.
No quisiera terminar, señor Presidente, señorías, sin expresar nuestro
reconocimiento a los esfuerzos que se han hecho por parte de la mayoría
de los grupos parlamentarios de la Cámara, que han permitido finalmente
llegar si no a un consenso unánime, sí por lo menos a un amplio acuerdo
parlamentario. Estamos convencidos de que este esfuerzo valía la pena.
Nada más y muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Aguilar Belda): Muchas gracias, Senador Cardona.
Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el Senador
Zamorano.
El señor ZAMORANO VAZQUEZ: Señor Presidente, señorías.
Como fácilmente podrán deducir por haber firmado las dos enmiendas
transaccionales que en Comisión se presentaron al Proyecto de Ley de
habilitación de nuevas formas de gestión del Sistema Nacional de Salud,
el Grupo Parlamentario Socialista se posiciona en contra de la enmienda
presentada por Izquierda Unida.
En la exposición de motivos de dicha enmienda se recurre a una serie de
lugares comunes, principios básicos con los cuales todos estamos de
acuerdo --al menos todos los grupos que hemos estado debatiendo este
Proyecto de Ley--, como son la universalización, la equidad del sistema,
la titularidad pública, la financiación pública, gestión, provisión
pública, etcétera. Todo esto, recogido en la exposición de motivos que
justifica el veto, sigue estando hoy día en todo nuestro sistema
sanitario y, desde luego, no lo conculca para nada el acuerdo a que se ha
llegado con el resto de los grupos para sacar adelante este Proyecto de
Ley.
La alarma que se provoca en el veto de Izquierda Unida respecto a algunos
planteamientos, como la parasitación de la empresa pública en la sanidad
pública o la gestión privada de los servicios básicos, podría estar en la
línea de lo que era el contenido originario del Decreto-Ley de junio,
pero desde luego no está en la línea del Proyecto de Ley sobre el cual
hemos alcanzado un amplio consenso. Más bien parece que obedece a un
escenario en el que era posible hacer una mayor oposición --y con el cual
el Grupo Parlamentario Socialista estuvo en su momento radicalmente en
contra--, y no al escenario resultante de la Comisión.
Con el acuerdo que se ha alcanzado se pone de manifiesto la voluntad
existente por parte del Grupo Parlamentario Socialista de apoyar todas
aquellas actuaciones que tiendan a la mejora y a la consolidación de
nuestro actual sistema sanitario público español. Pero este Proyecto de
Ley ha tenido muchas vicisitudes, muchos comentarios, incluso a veces más
fuera que dentro de las Cámaras, y convendría efectuar una serie de
precisiones importantes de algunos de ellos.
Se ha hablado mucho de la necesidad de desarrollar nuevas experiencias
para la reforma y modernización del sistema y se han utilizado --a veces
con un doble sentido o con un sentido de controversia-- las actuaciones
realizadas en otras Comunidades Autónomas, como ha ocurrido con el caso
concreto de un hospital de la Comunidad Autónoma de Andalucía, el
Hospital Costa del Sol, al que debo hacer una especial referencia.
Comprenderán que tenga una especial consideración a este Hospital por
cuanto que ha sido objeto de constantes alusiones y porque es un hospital
público que surge como respuesta de un Gobierno socialista, en una
Comunidad Autónoma que es la mía, en una Provincia de la cual provengo y,
para mayor abundamiento, en la misma área sanitaria donde resido.
Y este hospital público, el hospital Costa del Sol, surge como una
respuesta de la Consejería de Salud de la Junta de Andalucía a los
grandes retos con los cuales se enfrentaba el Sistema Sanitario Público,
incorporando un conjunto de innovaciones que creo que deben ser
expuestas, por lo menos, a los tres niveles más elementales de la misma.
En el nivel de la gestión sanitaria pública se produce una separación
radical entre la figura de lo que es el financiador sanitario, que es la
Consejería de Salud, de lo que es el proveedor sanitario, que es el
hospital, con personalidades jurídicas distintas, pero ambas de
titularidad íntegramente pública.
También a nivel de gestión del centro se dota al hospital de una amplia
capacidad de gestión con los adecuados mecanismos de control de los
recursos utilizados y toma el hospital la forma de empresa pública;
insisto: empresa pública.
Asimismo, a nivel de la gestión clínica se crean los instrumentos para la
prestación de una asistencia de alta calidad científica, orientada
permanentemente al usuario y con una alta conciencia de la necesidad de
dar un uso eficiente de los recursos encomendados.
Este y no otro, señorías, es el modelo que se implantó en el hospital
Costa del Sol, una innovación dentro de la gestión sanitaria pública que,
sin perder tal naturaleza, es invocada hoy dentro del proyecto de ley que
debatimos y, desde luego, está muy lejos de otro tipo de intenciones que,
digamos, han permanecido emboscadas en lo que era el anterior Decreto-Ley
con una naturaleza y unas intenciones, como es el caso del hospital de
Alcira, muy distintas a esto que ahora estamos debatiendo.
Pero nosotros vamos a dar el voto favorable a este proyecto porque
entendemos que la aplicación de estos modelos de gestión pública dentro
del sistema público son necesarios para seguir avanzando y consolidando
el sistema, siempre y cuando se garantice la titularidad pública de los
mismos.
Esta afirmación sobre lo que es el contenido actual del proyecto no debe
dejar pasar el hecho de que este proyecto de ley ha tenido unos
antecedentes torcidos, con una tramitación algo tormentosa que conviene
repasar, por lo menos para no caer en los errores que en su día se
cometieron.
Como saben sus señorías, este proyecto de ley surge de la tramitación
como Ley del Decreto-Ley 10/1996 sobre habilitación de nuevas formas de
gestión del Insalud. Hoy día ya no coincide ni el título, con eso quiero
señalar cuál
ha sido el reflejo de las modificaciones que ha tenido a lo largo de su
tramitación.
Dicho Decreto-Ley contó en su aparición con el más amplio rechazo por
parte del Grupo Parlamentario Socialista. Fue una actuación, en mi
opinión, precipitada del Gobierno que puso en riesgo no sólo el consenso
solicitado por el Presidente del Gobierno en la sesión de investidura,
sino el propio modelo sanitario público.
Produjo un desconcierto entre todos los sectores al decir originariamente
que habilitaba centros creados por personas o entidades públicas o
privadas. Efectivamente, 48 horas después apareció en el Boletín Oficial
del Estado una rectificación, pero, si bien cambiaba el literal del
texto, no modificaba sustancialmente su contenido. (El señor Presidente
ocupa la Presidencia.)
En la convalidación del Decreto en el Congreso manifestamos distintas
argumentaciones por las cuales nos mostrábamos en contra de la misma y
solicitábamos --como así se hizo posteriormente-- su tramitación como
proyecto de ley. Políticamente no considerábamos de recibo solicitar el
consenso, obtenerlo y, una vez obtenido, decidir unilateralmente por
medio de un Decreto-ley. Afortunadamente, la tramitación que luego se
siguió como proyecto ha podido salvar estas dificultades, en su momento
planteadas por el Grupo Parlamentario Socialista, y recuperar el intento
de consenso que se sigue manteniendo en la comisión.
También dudábamos mucho de su constitucionalidad, porque no veíamos las
características que el Constitucional le da al Gobierno para que pueda
legislar por decreto-ley. No veíamos las razones de urgencia; tanto es
así que se ha tardado ocho meses en tramitar ese proyecto de ley. Creo
que el tiempo también nos ha dado la razón en cuanto a la inconveniencia
--desde este aspecto-- del Decreto. Y, en cuanto al fondo, creíamos que,
tal como estaba redactado, provocaba una deslegalización de lo que era la
organización sanitaria. Afortunadamente, los cambios que hemos
introducido, tanto en la Exposición de Motivos como en el articulado de
la Ley, han modificado sustancialmente lo que era aquel proyecto de ley,
de tal forma que ni siquiera --como he dicho en un principio-- el título
y la denominación de la misma vienen a coincidir ahora mismo.
Podríamos preguntarnos, no sin cierta preocupación, qué hubiese ocurrido
si al amparo de aquel Decreto-Ley se hubiese creado algún centro y su
constitución no cumpliese los requisitos que ahora son contemplados en
este proyecto. ¿En qué situación veríamos a estos centros?
Como dije al principio, esta reflexión sólo debe ser tomada como un
ejemplo de lo que pudo haber sido pero que, afortunadamente, no fue. Debe
despejar las dudas que puedan existir sobre la voluntad de consenso del
Grupo Parlamentario Socialista en todas aquellas materias que se refieran
a la mejora de nuestro sistema sanitario público. Debe servir para
comprender la labor de este Parlamento, que ha sabido entender la
necesidad de la reforma, ha sabido modificar esos errores y aprobar, como
es previsible que se apruebe, un texto con un amplio consenso que, sin
duda, será de gran utilidad para la sanidad pública.
El Gobierno debe tomar buena nota de este acuerdo y de la labor
parlamentaria que lo ha posibilitado. Debe dejar de tener miedo al
Parlamento y dedicarse a la faceta que cada uno tiene encomendada
constitucionalmente: el Ejecutivo, que gobierne, y el Legislativo, que
legisle.
Gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, Senador Zamorano.
¿Grupo Parlamentario Popular? (Pausa.)
Vamos a pasar a la votación del veto. (Pausa.)
--VISITA OFICIAL DE UNA DELEGACION DEL CONGRESO DE LA UNION DE LOS
ESTADOS UNIDOS MEJICANOS CON OCASION DE LA NOVENA REUNION
INTERPARLAMENTARIA ESPAÑA-MEJICO. (829/000015.)
El señor PRESIDENTE: Señorías, antes de iniciar la votación, quiero
significarles que se encuentra en la tribuna de invitados una delegación
del Congreso de la Unión de los Estados Unidos Mejicanos, presidida por
la excelentísima señora doña María de los Angeles Moreno Uriegas,
Vicepresidenta del Senado de Méjico, que ha estado participando en la
novena reunión interparlamentaria España-Méjico. (Aplausos.)
--DE LA COMISION DE SANIDAD Y ASUNTOS SOCIALES EN RELACION CON EL
PROYECTO DE LEY SOBRE HABILITACION DE NUEVAS FORMAS DE GESTION DEL
SISTEMA NACIONAL DE SALUD (PROCEDENTE DEL REAL DECRETO-LEY 10/1996, DE 17
DE JUNIO) (Continuación). (S. 621/000016). (C. D. 121/000006.)
El señor PRESIDENTE: Vamos a proceder a la votación del veto.
Se inicia la votación (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 207; a
favor, uno; en contra, 203; abstenciones, tres.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazado.
Pasamos a la discusión de las enmiendas, artículo único, disposición
derogatoria y disposición final. Vemos, en primer término, el voto
particular número uno del Grupo Parlamentario Mixto que corresponde a las
enmiendas números 1 y 3, originariamente presentadas por los señores
Nieto Cicuéndez y Román Clemente, y 9 a 11, originariamente presentadas
por la Senadora De Boneta Piedra.
Tiene la palabra, Senador Nieto.
El señor NIETO CICUENDEZ: Muchas gracias, señor Presidente.
Señorías, este Senador se alegra de que en el trámite parlamentario de
esta ley, los distintos grupos hayan llegado a
un cierto grado de consenso, aunque este Senador no lo comparta. Ese fue
el espíritu que quisieron plasmar en la Exposición de Motivos y en la
Comisión el Grupo Parlamentario Popular y otros grupos de esta Cámara.
(Rumores.)
El señor PRESIDENTE: Silencio, por favor.
El señor NIETO CICUENDEZ: Gracias.
Las tres enmiendas que mantenemos vienen a curarnos --por qué no
decirlo--, porque somos recelosos de que la vía que se pueda abrir de la
gestión de lo público a través de lo privado tenga en su desarrollo
algunos efectos nocivos como el que defendía anteriormente a la hora de
plantear el veto. (Rumores.)
El señor PRESIDENTE: Silencio.
El señor NIETO CICUENDEZ: No obstante, estas tres enmiendas se
corresponden en esos recelos e intentan garantizar que en el Proyecto de
Ley no haya ese desvío que nosotros tememos que pueda haber, es decir,
que una parte de la sanidad pública se fuera privatizando cada vez más.
Mantenemos, por tanto, esas tres enmiendas, con ese espíritu y con la
intención de que, al menos, alguna de ellas pudiera ser aprobada.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias, Senador Nieto Cicuéndez.
Tiene la palabra la Senadora De Boneta.
La señora DE BONETA Y PIEDRA: Gracias, señor Presidente.
Voy a defender en un mismo turno las tres enmiendas, dos de ellas a la
exposición de motivos, dado que se trata en realidad del mismo texto que
el que se introduce en la enmienda al artículo único.
En este caso se trataba únicamente de intentar que, desde un punto de
vista semántico, se diferenciara la existencia, dentro del Estado, de los
sistemas de salud propios, como es el caso del País Vasco, Osakidetza, ya
que en este caso nos parecía que podía conducir a error la denominación
de Sistema Nacional de Salud, teniendo en cuenta que se trata más de un
sistema estatal que de un sistema nacional de salud.
No obstante, dado el grado de consenso que se ha alcanzado en este
proyecto, y dado también que las competencias --es decir, el fondo de la
cuestión-- de las Comunidades Autónomas en general y, naturalmente, las
de la Comunidad Autónoma del País Vasco y las de la Comunidad Foral de
Navarra quedan perfectamente salvadas por el texto del artículo único
final, voy a repetir las tres enmiendas.
Votaremos, por tanto, a favor del texto al que se ha llegado en la
tramitación parlamentaria.
Nada más, muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, Senadora De Boneta.
Entiendo que su señoría ha retirado todas sus enmiendas. (Asentimiento.)
Muchas gracias.
En turno en contra tiene la palabra el Senador Barahona.
El señor BARAHONA HORTELANO: Gracias, señor Presidente.
Señorías, hago uso de palabra para expresar nuestra posición en contra de
las enmiendas presentadas a este proyecto de ley por Izquierda Unida.
En cuanto a las enmiendas presentadas por el Senador Nieto, entiendo que
he sido lo suficientemente explícito en el turno en contra del veto. Por
otra parte, dado que las enmiendas reproducen el espíritu que motivaba
ese veto, creo innecesario incidir nuevamente sobre ellas.
En relación con las enmiendas presentadas por la Senadora De Boneta,
agradezco muy vivamente su retirada.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.
Se abre un turno de portavoces.
¿Desea intervenir el Grupo Mixto? (Pausa.)
¿Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos? (Pausa.)
¿Grupo Catalán de Convergència i Unió? (Pausa.)
¿Grupo Parlamentario Socialista? (Pausa.)
Por el Grupo Parlamentario Popular tiene la palabra el Senador Barahona.
El señor BARAHONA HORTELANO: Gracias, señor Presidente.
Señorías, quiero manifestar con suma brevedad la satisfacción de mi Grupo
por el amplio consenso alcanzado a lo largo de la tramitación de este
proyecto de ley, consenso que confío sea aún mayor a la hora de la
votación.
Lo que nació allá por el mes de junio del pasado año como Real
Decreto-ley 10/1996, de 17 de junio, sobre nuevas formas de gestión del
Insalud, que ciertamente levantó algunas controversias, se ha
transformado con el paso de los meses, y a través de las Cámaras
parlamentarias, en el proyecto de ley de habilitación de nuevas formas de
gestión en el Sistema Nacional de Salud que a continuación vamos a votar;
proyecto de ley que llega sustancialmente enriquecido al Pleno tras su
paso por la Comisión de Sanidad gracias al trabajo crítico y de
concreción que hemos procurado todos los grupos políticos, lo que es
motivo de satisfacción.
Es cierto que han sido muchas las horas de negociación, las horas de
debate que se han consumido en este proyecto, pero no lo es menos que
cuando el resultado coincide con el criterio de la amplia mayoría hemos
de sentirnos satisfechos.
En definitiva, el tiempo nos ha dado la razón; la razón del valor que
tiene la negociación en la práctica parlamentaria; negociación a la que
no siempre algunos grupos han sido muy pródigos.
Un curso legislativo como el que evoco, requiere un notable esfuerzo
intelectual, un experto examen y una crítica
reforma, por lo que es oportuno expresar aquí y ahora nuestra gratitud al
resto de los grupos políticos.
La sanidad es un objetivo prioritario del actual Gobierno. Los esfuerzos
económicos que se están llevando a cabo tratan de minimizar al máximo los
factores negativos que ahora inciden sobre ella. Pero, señorías, entiendo
que la sanidad debe ser un punto de encuentro, debe ser un lugar común
entre las distintas fuerzas políticas, conocedores como somos del
importante carácter social que la anima. En esta ocasión creo que hemos
dado muestras más que suficientes de la voluntad que en esta dirección
nos mueve y no puedo más que felicitarles y felicitarnos por ello.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias, Senador Barahona.
Terminado el debate, y retiradas las enmiendas números 9 a 11, de la
Senadora De Boneta y Piedra, pasamos a votar las enmiendas que quedan
vivas, concretamente, las números 1 a 3, ambas inclusive, presentadas
inicialmente por los señores Nieto Cicuéndez y Román Clemente.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 212; a
favor, dos; en contra, 206; abstenciones, cuatro.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Pasamos a la votación del artículo único, disposición derogatoria final y
exposición de motivos, según el texto del dictamen. Se inicia la
votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 212; a
favor, 211; en contra, uno.
El señor PRESIDENTE: Quedan aprobados. (Rumores.)
Tal como dispone el artículo 90 de la Constitución, se dará traslado de
las enmiendas aprobadas por el Senado al Congreso de los Diputados para
que éste se pronuncie sobre las mismas en forma previa a la sanción del
texto definitivo por Su Majestad el Rey. (El señor Vicepresidente,
Aguilar Belda, ocupa la Presidencia.)
--DE LA COMISION DE SANIDAD Y ASUNTOS SOCIALES EN RELACION CON EL
PROYECTO DE LEY DE AMPLIACION DEL SERVICIO FARMACEUTICO A LA POBLACION
(PROCEDENTE DEL REAL DECRETO-LEY 11/1996, DE 17 DE JUNIO). (S.
621/000017.) (C. D. 121/000007.)
El señor VICEPRESIDENTE (Aguilar Belda): Pasamos a continuación a debatir
el proyecto de ley de ampliación del servicio farmacéutico a la
población, procedente del Real Decreto-Ley 11/1996, de 17 de junio, que
se tramita por procedimiento de urgencia, publicado en el Boletín Oficial
de las Cortes Generales, Senado, Serie II, número 17, de fecha 4 de marzo
de 1997.
Para la presentación del dictamen, tiene la palabra la Senadora López
Garnica.
La señora LOPEZ GARNICA: Gracias, señor Presidente.
Con el permiso de la Presidencia, y antes de comenzar mi intervención,
quisiera, hoy, día de San José, felicitar desde aquí a todos los Josés,
Pepes, Josefas, Pepas, a los papás y a Senadores valencianos. (Aplausos.)
El señor VICEPRESIDENTE (Aguilar Belda): Senadora, no sólo cuenta con mi
permiso, sino que me uno a la felicitación que acaba de hacer.
La señora LOPEZ GARNICA: Sé que en algunas Comunidades Autónomas, como es
el caso de Navarra, hoy es día festivo, y ya que no hemos podido
disfrutar de este día con nuestros familiares, por lo menos desde esta
tribuna les deseo a todos lo mejor.
Ahora paso a presentar el dictamen de la Comisión de Sanidad y Asuntos
Sociales sobre el proyecto de ley de ampliación del servicio farmacéutico
a la población. He sido designada por esta Comisión para presentar a la
Cámara este proyecto, sabiendo que la ordenación de las oficinas de
farmacia es, como lo dice la exposición de motivos de esta ley, una de
las cuestiones pendientes de reforma de la sanidad española.
La Ley General de Sanidad, que incluye la prestación farmacéutica entre
las prestaciones del Sistema Nacional de Salud, ya anunció, aunque no
desarrolló, la regulación de las oficinas de farmacia. La Ley del
Medicamento ya estableció en 1990 algunos principios sobre la ordenación
farmacéutica y reconoció a las oficinas de farmacia el carácter de
establecimiento sanitario, pero no profundizó en su regulación. Por ello,
el Real Decreto 909/1978, preconstitucional, ha continuado en vigor,
aunque ha sido sustituido en su desarrollo por las diferentes
legislaciones autonómicas que algunas Comunidades Autónomas han aprobado,
como es el ejemplo de Cataluña, País Vasco, Extremadura o Castilla-La
Mancha.
Sigue, pues, en estos momentos viva la necesidad de completar la
legislación común sobre ordenación de las oficinas de farmacia
reemplazando el régimen preconstitucional del Real Decreto 909/1978. Por
esto mismo, el Gobierno aprobó el pasado 17 de junio el Real Decreto-Ley
11/1996, del que trae causa esta disposición que hoy debatimos. Este Real
Decreto-Ley fue convalidado por el Congreso de los Diputados el 27 de
junio de 1996 y fue posteriormente tramitado como proyecto de ley.
El pasado 28 de febrero tuvo entrada en la Cámara el texto aprobado por
el Congreso de los Diputados relativo a este proyecto de ley de
ampliación del servicio farmacéutico a la población , proyecto procedente
del Real Decreto-ley 11/1996, de 17 de junio. Esta iniciativa legislativa
fue declarada urgente y se remitió a la Comisión de Sanidad y Asuntos
Sociales, de conformidad con el artículo 104 del Reglamento del Senado.
Se abrió un plazo de enmiendas que fue ampliado hasta el día 6 de marzo
de 1997. Dentro de este plazo se presentaron 43
enmiendas, las números 1 a 14, presentadas por los Senadores Nieto
Cicuéndez y Román Clemente; las enmiendas números 15 a 20, por el Senador
Ferrer Roselló, también del Grupo Parlamentario Mixto; la Senadora De
Boneta y Piedra, del mismo Grupo, presentó la enmienda número 21; el
Senador Ríos Pérez, también del Grupo citado, presentó las enmiendas
números 22 a 26, y los Grupos Parlamentario Socialista y Popular
presentaron las enmiendas números 27 y 28, y 29 a 43, respectivamente.
La Comisión de Sanidad y Asuntos Sociales se reunió para dictaminar este
proyecto de ley el pasado 11 de marzo de 1997, en cuya sesión fueron
aprobadas las enmiendas números 25 y 26, del Senador Ríos Pérez, y las
números 32 a 42, del Grupo Parlamentario Popular. Asimismo se aprobaron
dos enmiendas transaccionales sobre las números 29 a 31, del Grupo
Parlamentario Popular, que afectaban a la exposición de motivos y al
artículo 1.9.
El texto del dictamen se publicó en el Boletín Oficial de las Cortes
Generales el 17 de marzo de 1997.
El objetivo de este proyecto de ley no es otro que mejorar el servicio
farmacéutico a la población garantizando una adecuada atención
farmacéutica a todos los núcleos de población responsabilidad de la
administración sanitaria de las Comunidades Autónomas a quienes tanto la
Constitución como sus Estatutos de Autonomía reconocen competencias en
ordenación y en establecimientos sanitarios: unas, con competencia
exclusiva; otras, con competencia de desarrollo legislativo y de
ejecución; otras, de ejecución de la legislación básica del Estado, y
otras con competencias aún pendientes. El reconocimiento de dichas
competencias de las Comunidades Autónomas está presente en el espíritu de
esta ley.
En consecuencia con todo lo expuesto, este proyecto de ley contempla los
siguientes aspectos novedosos en cuanto a la ordenación de las oficinas
de farmacia. Define lo que es oficina de farmacia y enumera los servicios
básicos de las mismas; fija unos criterios básicos de ordenación de éstos
y atribuye a las Comunidades Autónomas la ordenación de la asistencia
farmacéutica a la población, en consonancia con la Constitución Española,
la Ley General de Sanidad y la Ley del Medicamento.
Por otra parte, modifica la demarcación de referencia para la
planificación farmacéutica, estableciendo como unidades básicas de
atención primaria como demarcación de referencia las unidades que hayan
sido fijadas por las diferentes Comunidades Autónomas. Establece los
principios de concurrencia competitiva, publicidad, transparencia, mérito
y capacidad, que serán los que rijan los procedimientos de autorizaciones
administrativas a las oficinas de farmacia, que serán tramitados y
resueltos por las Comunidades Autónomas. Finalmente, flexibiliza el
régimen de jornada y horario de apertura de las oficinas de farmacia.
Todo ello, como he dicho al principio, con el objetivo de mejorar el
servicio farmacéutico a la población y garantizar el acceso a la
prestación farmacéutica, en condiciones de equidad y universalidad, a
todos los españoles como usuarios del Sistema Nacional de Salud.
(Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Popular.)
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Aguilar Belda): Gracias, Senadora López Garnica.
Turno a favor. (Pausa.)
Turno en contra. (Pausa.)
Turno de portavoces. (Pausa.)
¿Grupos que desean hacer uso de la palabra? (Pausa.)
Pasamos al debate del articulado.
Voto particular número 5, del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de
Convergència i Unió.
Para su defensa, tiene la palabra el Senador Cardona.
El señor CARDONA I VILA: Muchas gracias, señor Presidente.
Señorías, nuestro Grupo ha presentado este voto particular con el
objetivo de mantener el texto aprobado en el Congreso de los Diputados de
este proyecto de ley de ampliación del servicio farmacéutico a la
población, procedente del Real Decreto-Ley 11/1996, de 17 de junio, y lo
hacemos por conceptuación competencial.
El texto llegado del Congreso de los Diputados significaba un acuerdo
referente a la consideración de carácter básico de los artículos 2.1,
2.2, 2.5, 4, 5 y 6. Es por ello que, respetando el mismo, no habíamos
presentado enmiendas. En el trámite de Comisión, el Grupo Parlamentario
Popular presentó 15 enmiendas que, naturalmente, modifican el texto del
proyecto, tanto desde el punto de vista estrictamente legal, como en el
sentido competencial, al modificar el texto de aquellos artículos que
hemos mencionado considerados como de carácter básico.
Aun habiendo retirado la enmienda número 43, a la disposición final, que
consideraba toda la ley como norma básica y haber suprimido el último
párrafo de la exposición de motivos, que también recogía el carácter
básico de la ley en su totalidad, lo cual agradecemos, desde nuestro
punto de vista entendemos que aún continuaban figurando aspectos que
incidían en este sentido competencial al que hacíamos referencia.
Así, entendemos que la configuración de las oficinas de farmacia que se
expone en la exposición de motivos no es posible hacerla con carácter de
básico, ya que la regulación de estos centros corresponde a la
Generalitat, que tiene competencias exclusivas para ello. Entendemos
también que la transmisión de las farmacias no puede interpretarse que se
haga a través de una norma básica estatal, ya que forma parte de las
competencias exclusivas de la Generalitat de Cataluña en materia de
ordenación farmacéutica.
En el artículo 2.2, la referencia que se hace a los núcleos o grupos de
población entendemos que no es correcta, ya que contraviene otros
criterios que pueden ser utilizados por las leyes autonómicas, como
pudiera ser el criterio de áreas básicas de salud. Además, el criterio de
núcleos de población era ya contemplado en la norma anterior, el Real
Decreto 909/1978, que, por cierto, dio lugar a una gran inseguridad
jurídica y conflictividad judicial.
El artículo 4, relativo a la transmisión de las oficinas de farmacia,
entendemos que no debe regularse con carácter básico. Está claro que
forma parte de la competencia de ordenación farmacéutica.
Y, en cuanto al artículo 5, entendemos que la ley no debe especificar las
circunstancias que las Comunidades Autónomas deben tener en cuenta para
fijar la regulación del número mínimo de farmacéuticos, puesto que
pertenece a las competencias de ordenación farmacéutica.
En todo ello nos fundamentábamos para hacer la reserva del voto
particular, con el fin de volver al texto que venía del Congreso de los
Diputados, pero después se ha hecho un nuevo esfuerzo de aproximación en
esta Cámara y se ha podido llegar a unos acuerdos, por lo que se
presentan unas enmiendas transaccionales sobre la base de nuestro voto
particular que satisfacen nuestras pretensiones en relación a las
competencias, fundamentalmente con el inciso de la disposición final:
«...sin perjuicio de las competencias estatutarias de ordenación
farmacéutica que corresponden a las Comunidades Autónomas», aun cuando se
considera todo el proyecto de ley con carácter de norma básica. Por esta
razón, retiraríamos --éste es el caso que supongo que se ha presentado a
la Mesa-- este voto particular, al objeto de que sirvan de base para
sustentar las enmiendas transaccionales suscritas --lo cual agradecemos--
y presentadas por todos los grupos parlamentarios.
Nada más y muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Aguilar Belda): Gracias, Senador Cardona.
Voto particular número 1, del Senador Ríos, Grupo Mixto, correspondiente
a las enmiendas 22 a 24. Tiene la palabra su señoría.
El señor RIOS PEREZ: Muchas gracias, señor Presidente.
Señorías, después de las enmiendas transaccionales sobre el voto
particular número 5, del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de
Convergència i Unió, han disminuido notablemente los despropósitos de
este proyecto de ley que vienen desde el anuncio de la promulgación del
Decreto Ley en junio de 1996, despropósitos que figuraban en las
modificaciones hechas en el Congreso de los Diputados y, sobre todo, en
lo introducido en el Senado por parte del Grupo Parlamentario Popular.
Creo que el debate en Comisión realizado en profundidad y su votación
posterior dejó bien clara la posición de los diversos grupos políticos,
especialmente la de los Senadores catalanes, vascos y de Coalición
Canaria, dentro del Grupo Parlamentario Mixto, que quizá han podido
aconsejar al Grupo mayoritario, el Partido Popular, a reflexionar.
Coalición Canaria, como mal menor, acepta estas enmiendas transaccionales
porque corrige varios de los despropósitos añadidos en el Senado y
algunos de los que vinieron del Congreso de los Diputados.
Debo hacer hincapié en la desaparición de los conceptos de mérito y
capacidad para la autorización de nuevas oficinas de farmacia, que pone
en entredicho el sentido de la profesionalidad de los farmacéuticos, pero
que, de alguna forma, quedan compensadas por el reconocimiento pleno de
las competencias estatutarias de las Comunidades Autónomas.
Congruentemente retiro las tres enmiendas, las números 22, 23 y 24, que
seguían vivas.
Para acabar, señorías, deseo expresar mi esperanza de que en la actual
comisión Especial de Ordenación del Servicio Farmacéutico, en la que en
estos momentos estamos trabajando intensamente, se llegue a un dictamen
consensuado y pueda, en un futuro próximo, servir para mejorar en
profundidad el presente proyecto de ley, por lo que a éste le deseo una
muy corta y breve vida.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Aguilar Belda): Muchas gracias, Senador Ríos.
Pasamos al voto particular número seis, del Grupo Parlamentario Mixto,
correspondiente con las enmiendas números 1 a 14 suscritas por los
Senadores Nieto Cicuéndez y Román Clemente.
Para su defensa, tiene la palabra el Senador Nieto Cicuéndez.
El señor NIETO CICUENDEZ: Señor Presidente, señorías, creo que era una
necesidad imperiosa el hacer esta ley que estamos debatiendo, ya que, por
un lado, la Ley de Comercio no contemplaba el tema de farmacia, habiendo
una laguna y, por otro, hay que adecuar este servicio comercial al
aspecto sanitario que también tiene.
Hago esta reflexión no baladí porque, en aras de la argumentación que voy
a hacer en la defensa de las 14 enmiendas, nosotros creemos que hay una
laguna que se queda sin concretar. Se reconoce que las oficinas de
farmacia, aunque tengan una parte de actividad comercial, no son un
comercio más, no son una actividad comercial más --por eso se incluyen en
el marco del funcionamiento y de la regulación de la salud-- y eso ya es
positivo.
Por tanto, al cubrir el aspecto fundamental, que es y debe de ser el
servicio de salud, hay que definir --por lo menos, nosotros lo intentamos
en las primeras enmiendas-- mejor las funciones que deben realizar las
farmacias en su aspecto estrictamente sanitario y no comercial. Es la
primera parte de las tres o cuatro primeras enmiendas.
Hay otro tema, del que también ha hablado aquí el representante del Grupo
Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió, que es cómo se
regula el tema de las oficinas de farmacia en el marco competencial,
fundamentalmente, de las Comunidades Autónomas, puesto que, por un lado,
el aspecto comercial es prácticamente todo competencia de las Comunidades
Autónomas y, por otro, una gran parte del aspecto sanitario es ya
competencia de las Comunidades Autónomas y otra lo será en el futuro.
Por tanto, precisar y definir que las Comunidades Autónomas son las que
tienen que establecer el tipo de farmacia, el número de habitantes y toda
una serie de cuestiones es importante e intentamos, por lo menos ésa es
la intención, que sean las Comunidades Autónomas, partiendo de mínimos
generales, las que establezcan la normativa.
En otra serie de enmiendas establecemos las incompatibilidades. Sabemos
que hay unas situaciones de hecho, pudiéramos decir unos derechos
adquiridos. Todos conocemos
cómo se han adjudicado hasta ahora las oficinas de farmacia.
Afortunadamente, el proyecto de ley da las competencias a las Comunidades
Autónomas. No puede ser --y quiero precisarlo-- como hasta ahora, a
través de los colegios profesionales, que se convertían en auténticos
monopolios de esta actividad comercial y sanitaria. Este aspecto está
reflejado en alguna de las enmiendas, aunque no me voy a remitir a ellas,
porque quiero referirme globalmente al contenido de las 14 enmiendas.
También es importante poner una serie de cortapisas o de vetos, porque la
licencia de farmacia no puede ser algo patrimonial, que pase de padres a
hijos. ¿Por qué si los hijos no son farmacéuticos? Por tanto, habría que
regular eso, como la incompatibilidad en las adjudicaciones para los
farmacéuticos que ya tienen una oficina de farmacia, ya que hay en
parados expectativa que tienen necesidad de crear una actividad. Queremos
que eso se garantice y sea prioritario. Creemos que se debe concretar
mejor en cada Comunidad Autónoma, aunque nosotros aquí intentamos
precisar algunas cosas como normativa general y a lo mejor, en aras de
globalizar las cuestiones, nos pasamos, como vulgarmente se dice, un
pelín. Hay cosas que nosotros pensamos que deben ser competencia de las
Comunidades Autónomas.
Por último, me referiré a la inspección que tienen que tener las oficinas
de farmacia. La inspección deben ejercerla aquellos que no sean titulares
de oficinas de farmacia. La primera incompatibilidad que tiene que haber
es en el cuerpo de inspección de las oficinas de farmacia. Esta tiene que
ser una incompatibilidad, aparte de otras que reseñamos, pero que nos
parece que es de vital importancia.
Dicho esto, doy por defendidas las 14 enmiendas.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Aguilar Belda): Gracias, Senador Nieto.
Para la defensa de las enmiendas 15 a 20 de este mismo voto particular
número 6, tiene la palabra el Senador Ferrer.
El señor FERRER ROSELLO: Considerando suficientemente recogidas en las
enmiendas transaccionales el espíritu de las presentadas por este
Senador, procedo a la retirada de las mismas.
El señor VICEPRESIDENTE (Aguilar Belda): Gracias, Senador Ferrer.
En este mismo voto particular número 6, queda viva la enmienda número 21,
de la Senador De Boneta y Piedra, que tiene la palabra para su defensa.
La señora DE BONETA Y PIEDRA: Muchas gracias, señor Presidente.
No nos gustaban algunas cosas en la regulación, pero sobre todo no nos
gustaba que la misma afecte a las competencias de las Comunidades
Autónomas con competencia, al declarar una serie de artículos, a nuestro
juicio no procedentes, básicos en función de las competencias que en este
caso el Estatuto de Gernika tiene asignadas en esta materia.
Una vez presentada la enmienda transaccional sobre la base del voto
particular número 5, del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de
Convergència i Unió, entendemos que salvadas esas competencias y no
habiéndonos pronunciado sobre el fondo, puesto que considerábamos que era
una cuestión que atañía al desarrollo estatutario del Estatuto de
Gernika, y respetando, por supuesto, esta enmienda transaccional estas
competencias, esta Senadora retira su enmienda.
Nada más y muchas gracias, señor Presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Aguilar Belda): Muchas gracias, Senadora De
Boneta.
Voto particular número 2, del Grupo Parlamentario de Senadores
Nacionalistas Vascos, que corresponde a la vuelta al texto del Congreso
de los Diputados, en relación con los artículos 2.2, 2.3, 4, 5 y 6.2.
Para su defensa, tiene la palabra el Senador Gatzagaetxebarría.
El señor GATZAGAETXEBARRIA BASTIDA: Muchas gracias, señor Presidente.
Voy a defender el voto particular de mi Grupo parlamentario y a fijar la
posición del mismo en relación al dictamen, consumiendo un único turno.
Señor Presidente, nuestro Grupo parlamentario estaba básicamente conforme
con el acuerdo político que se alcanzó en el Congreso de los Diputados
durante su tramitación parlamentaria en relación a la normativa sobre la
ordenación farmacéutica, pero nos vimos desagradablemente sorprendidos
por un conjunto de enmiendas que presentó el Grupo Parlamentario Popular
en el Senado, cuestión que se ha podido reconducir sobre la base de las
negociaciones y el diálogo político que están inspirando los trabajos
parlamentarios de esta Cámara en los últimos tiempos. En este sentido,
nuestro Grupo Parlamentario ha suscrito una serie de enmiendas
transaccionales a lo largo del día de hoy, con las cuales daríamos por
retirados los votos particulares que en su día presentamos, y en ellas
plasmaríamos el acuerdo político. Creemos que se da un nuevo matiz al
tema de la regulación de las farmacias, porque esta Cámara va a fijar la
ordenación farmacéutica basándose en un título competencial, que es la
legislación básica en materia de sanidad, lo cual es una cuestión muy
importante. Aquí, señor Presidente, hay dos títulos competenciales en
juego: por un lado, la legislación básica en materia de sanidad,
concretada y desarrollada en lo que es la Ley General de Sanidad de 1986
y, posteriormente, en la Ley del Medicamento de 1990. Otra cuestión
distinta en materia de sanidad es la ordenación farmacéutica, y así está
explicitado en diferentes Estatutos de Autonomía, que constituyen el
bloque de la constitucionalidad, la jurisprudencia del TC, que diferencia
claramente entre lo que es bases en sanidad y lo que es ordenación
farmacéutica, que es de la competencia exclusiva de las Comunidades
Autónomas.
Pues bien, se hace una salvaguarda muy importante en la disposición
final, que se plasma en las enmiendas transaccionales, de que esta
regulación que estamos discutiendo el día de hoy es legislación básica en
materia de sanidad. Nuestra discrepancia radicaba en ese tema. Creíamos
que inicialmente las enmiendas que se habían planteado en esta fase
procedimental parlamentaria del Senado excedían de lo que son bases en
sanidad y entraban a disciplinar una cuestión que no era tal sino que era
ordenación farmacéutica.
En este sentido, nos parece importante el consenso alcanzado entre los
diferentes grupos parlamentarios cuando se normativiza el artículo 4, que
es uno de los aspectos nucleares de la ordenación que hoy estamos
discutiendo en el sentido de que norma la transmisión de la farmacia,
que, evidentemente, está disciplinada por legislación autonómica
basándose en el título competencial de ordenación farmacéutica.
Extremadura ha regulado esta cuestión, Castilla-La Mancha y el País Vasco
también. Eso supone modelos de gestión de una materia pública como la
ordenación farmacéutica, acorde con las orientaciones políticas de las
autoridades que gobiernan en cada una de las administraciones públicas
con competencia. Con eso hemos de ser muy respetuosos.
Aquí no hay una ordenación farmacéutica única. No cabe ese modelo porque
políticamente no lo quiso el constituyente ni lo quisieron los
estatuyentes al diseñar la Constitución y los Estatutos de Autonomía. Por
tanto, eso se salvaguarda con las enmiendas transaccionales, con las que
hemos logrado alcanzar un acuerdo en esta cuestión.
También, señor Presidente, es un avance importante que cuando se habla de
la ordenación territorial, de las autorizaciones administrativas en el
artículo 3, hay una remisión en bloque a las Comunidades Autónomas, y no
podía ser de otra manera, porque la regulación del procedimiento
administrativo en materia de ordenación farmacéutica no puede ser más que
competencia de las Comunidades Autónomas, porque nos estamos encontrando
ante un procedimiento administrativo especial, distinto del normado en la
Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común. El procecimiento administrativo
especial corresponde regularlo a la autoridad administrativa competente
por razón de la materia, en este caso a las Comunidades Autónomas.
Y eso, señor Presidente, queda bien recogido en este proyecto de ley.
En relación con el ejercicio de la actividad, de la jornada, del horario,
etcétera, respecto a lo que se establece una disposición general
--normativa básica en materia de Sanidad--, su desarrollo, con el título
que sea --puede haber un cruce de títulos y ser desde «desarrollo de
legislación básica de sanidad» a «ordenación farmacéutica» o cualquier
otro--, va a corresponder, en definitiva, a las Comunidades Autónomas.
Señor Presidente, nosotros nos congratulamos por el acuerdo alcanzado ya
que de esta manera volvemos al espíritu de consenso inicial, que se
plasmó en el Congreso de los Diputados con la regulación que aquí se
plantea, y, por lo tanto, vamos a votar favorablemente estas enmiendas
transaccionales y, por supuesto, el dictamen fruto de la plasmación del
acuerdo político reflejado en estas enmiendas.
Nada más y muchas gracias, señor Presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Aguilar Belda): Senador Gatzagaetxebarría,
¿puedo entender entonces que están retiradas las enmniendas?
El señor GATZAGAETXEBARRIA BASTIDA: Efectivamente, señor Presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Aguilar Belda): Muchas gracias.
Votos particulares números 3 y 4, del Grupo Parlamentario Socialista, que
se corresponden con las enmiendas números 27 y 28 y vuelta al texto del
Congreso de los Diputados en relación con el artículo 4.
Para su defensa, tiene la palabra el Senador López Carvajal.
El señor LOPEZ CARVAJAL: Señor Presidente, señorías.
El proyecto de ley que hoy debatimos tiene un contexto fundamental, y es
que tratamos de legislar en un tema sobre el que tienen competencias las
Comunidades Autónomas. Por consiguiente, hay que hacerlo con una extrema
delicadeza al objeto de no invadir competencias que son propias ya de las
Comunidades Autónomas, máxime cuando algunas de ellas ya han desarrollado
textos legislativos al respecto.
En segundo lugar, el proyecto de ley que hoy debatimos tiene un artículo
que es el eje fundamental de la discusión política, el artículo 2, que
hace referencia a lo que se denomina: «Ordenación territorial» de las
oficinas de farmacia.
Pues bien, el Grupo Parlamentario Socialista ha presentado una enmienda
de sustitución del referido artículo por la que pretende modificar el
tradicional modelo regulador del sector farmacéutico --nuevamente
consolidado en este proyecto de ley-- por otro basado en el principio de
libertad de establecimiento de las oficinas de farmacia.
En opinión del Grupo Parlamentario Socialista, un sistema de limitación
en la apertura de oficinas de farmacia no resulta justificado ni desde el
interés público, que reclama un mayor número de farmacias para una mejor
atención, ni desde el de la planificación sanitaria; principio que
seguimos defendiendo pero entendemos que, tratándose de una actividad
privada, debería limitarse al establecimiento de mínimos y nunca de
máximos, es decir, un númro máximo de farmacias por territorio y por
habitante. Nosotros compartimos la teoría de que las farmacias son
establecimientos sanitarios sujetos a una determinada planificación, pero
ello no es sinónimo de fijar topes --como decía antes-- al número de
farmacias y, por tanto, restricciones al libre ejercicio de la profesión
liberal, consagrada como un valor fundamental en nuestro ordenamiento
jurídico. Quienes argumentan en sentido contrario yo creo que lo hacen
desde un punto de vista que trata de inculcar fundamentalmente el
principio de que la liberalización del sector conllevaría
necesariamente la desatención farmacéutica tanto en zonas rurales como en
zonas marginales.
Permítaseme que haga una pequeña referencia a algunas declaraciones a
este respecto. La liberalización concentraría los establecimientos en las
zonas más rentables, mientras las áreas marginales quedarían abandonadas
--según el Presidente del Consejo General del Colegio Oficial de
Farmacéuticos--. Liberalización de farmacia es sinónimo de suicidio y
frivolidad. La libre instalación dejaría sin servicio a los pequeños
municipios --señor Fernández-Miranda, al que todos ustedes conocen
perfectamente--. Se pone en peligro la red asistencial, se confunde la
oficina de farmacia con un comercio --es la opinión del Presidente del
Colegio Oficial de Farmacéuticos de Madrid--. A mi entender, estas
opiniones descansan en un solo argumento, y es que están absolutamente
infundadas e inspiran principios catastrofistas.
Yo no discuto que la dicotomía zona rural-zona urbana o barrios
rurales-barrios periféricos ocasione, como de hecho ocurre, farmacias de
una rentabilidad mayor o menor. Pero en ningún momento llevaría a efecto
el principio de liberalización la ausencia de farmacias en determinadas
zonas, porque, afortunadamente, el derecho universal al Sistema Nacional
de Salud, del que gozamos todos los españoles, garantiza lo contrario.
Permítaseme, como botón de muestra, que haga alguna pequeña referencia a
los anuncios de farmacias que se hacen en los diarios más o menos
especializados. Municipios de interior, con 2.400 habitantes, ventas: 86
millones de pesetas; municipio rural, zona ganadera, ventas --se
entienden anuales--: 43 millones de pesetas; periferia de Barcelona,
ventas anuales: 103 millones de pesetas. Señales absolutamente evidentes
de por qué precio se traspasan las farmacias y que están absolutamente en
contradicción con esos enunciados teóricos que ustedes ponen en marcha,
evidentemente, para crear un clima de confusión en la sociedad.
Creo que en ningún momento se puede identificar la ruptura del modelo que
regula en este momento el sector farmacéutico con la amenaza de la
viabilidad de las prestaciones a los ciudadanos. Eso es un principio
--repito-- absolutamente perverso. Lo que se pone verdaderamente en juego
es, en primer lugar, que los beneficios de las farmacias se van a
repartir y, por tanto, que no van a ser tan grandes como lo son ahora en
determinadas zonas; y, en segundo lugar, que se va a quebrar un sistema
de privilegio centenario que ha producido situaciones tan absolutamente
aberrantes como que un abuelo puede dejar la farmacia a un nieto si ya
estudiando Educación General Básica el niño, según los hados del destino,
dice que el día de mañana va a ser farmacéutico.
Esa situación de privilegio es la que hay que romper, ese mercado actual
en virtud del cual se accede a la titularidad --repito--, se accede a la
titularidad en función no de la capacidad del farmacéutico, sino de la
capacidad económica. Por tanto, se está en un sistema regulado del que se
beneficia exclusivamente quien tiene más capacidad económica, y eso hay
que sustituirlo por un sistema que, permitiendo una cierta regulación,
sin embargo, permita, al mismo tiempo, simultanearlo con el libre
ejercicio de la profesión de farmacéutico para que, aquellos que lo
deseen, una vez titulados, quieran llevar a efecto.
El señor VICEPRESIDENTE (Aguilar Belda): Senador López Carvajal, vaya
concluyendo.
El señor LOPEZ CARVAJAL: Termino, señor Presidente.
Esta es, fundamentalmente, señorías, la enmienda al artículo 2 y, por
tanto, el eje del discurso del Grupo Parlamentario Socialista.
Las otras enmiendas son absolutamente accesorias, las doy por defendidas.
Creo que aquí se plasma el otro postulado fundamental del proyecto de ley
que hoy estamos discutiendo. Todo lo demás, en mi opinión, es accesorio.
(Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Socialista.)
El señor VICEPRESIDENTE (Aguilar Belda): Gracias, Senador López Carvajal.
El señor Hernández Guimerá tiene la palabra.
El señor HERNANDEZ GUIMERA: Muchas gracias, señor Presidente.
Señorías, creo que la aprobación de este proyecto de ley que hoy
debatimos va a ser de verdad decisiva para que las prestaciones de las
oficinas de farmacia estén mejor regladas en la sociedad y siga siendo
uno de los pilares del Sistema Nacional de Salud.
Quiero agradecer de antemano a todos los grupos de esta Cámara sin
excepción la colaboración y el trabajo realizado, y estoy completamente
seguro de que se ha hecho, yo diría que con mucho cariño, y con verdadero
afán de llegar a conseguir lo que todos nos proponemos no solamente en
esta Cámara, sino en el Parlamento nacional.
En este turno en contra voy a intentar contestar lo más esquemáticamente
posible a cada uno de los anteriores intervinientes, empezando por el
Senador Cardona al que, por supuesto, agradezco la retirada de su voto
particular, porque creo que sí es verdad que hemos llegado, después de
muchas vueltas y de mucho trabajo en beneficio de la ley, a conseguir que
ésta sea de verdad buena, después de que lo último que tuviéramos fuera
el Decreto 909/1976. Creo que lo vamos a conseguir con la colaboración de
todos nosotros.
Señor Ríos, le agradezco su apoyo y la retirada de sus enmiendas, porque
sé que se ha entendido que se recogen en el espíritu de las
transaccionales y que no cabe la menor duda de que lo que se pudo
aprobar, y de hecho se aprobó, con buen trabajo y con buen quehacer, como
usted muy bien dijo, en Comisión, era la parte de mérito y capacidad, y
eso está incluido en las competencias de las Comunidades Autónomas.
Señor Nieto, tengo que decirle que usted me confunde en muchísimos
aspectos. Voy a intentar no ser muy exhaustivo ya que usted tampoco lo
fue, pero sus enmiendas, desde el punto de vista del Grupo Parlamentario
Popular, y le digo más, desde el punto de vista de una posible ley
consensuada,
no tienen cabida, son totalmente opuestas al funcionamiento de las
oficinas de farmacia que nosotros queremos en esta sociedad.
No sé si le he entendido mal, pero usted ha hablado, por ejemplo, del
traspaso de padres a hijos no farmacéuticos. Yo no conozco ninguna ley,
ni anterior ni actual, en la que eso sea así.
En cuanto a la inspección de las oficinas de farmacia, quienes la hacen
son inspectores del Cuerpo de Sanidad, ahora de las Comunidades
Autónomas, antes del Cuerpo General de Sanidad del Estado. Nunca han sido
los propios farmacéuticos con oficina de farmacia. Tampoco conozco
ninguna ley sobre este aspecto, ni anterior ni actual.
Pero le digo más. De las catorce enmiendas que presentó Izquierda
Unida-Iniciativa per Catalunya en el Congreso, trece son repetitivas, y
la única que no se repite no aporta nada nuevo, señor Nieto, porque su
contenido está comprendido en el mismo artículo 1, en los puntos 5, 6, 7
y 8 y en la nueva redacción del punto 9.
Nos habla usted de un mapa farmacéutico de términos municipales --quiero
hacer hincapié en esto por lo que luego diré-- y de manera muy detallada,
yo diría que exhaustiva, de habitantes y distancias. Estamos metiéndonos
también en competencias de las Comunidades Autónomas. En las enmiendas
números 4, 5, 6, 7 y 8 nos habla usted de concesión administrativa. Tengo
que decirle, señor Nieto, que esto choca frontalmente con nuestra forma
de plantear el tema. Incluso el Ministerio de Sanidad y Consumo ha
presentado un recurso de inconstitucionalidad contra la ley de atención
farmacéutica extremeña.
En cuanto a los créditos blandos, ¿qué pensarían las Comunidades
Autónomas si nosotros aprobásemos una disposición que les obligara a
facilitar créditos blandos a los posibles farmacéuticos que tengan que
abrir oficinas de farmacia? Vuelvo a repetirle que estamos invadiendo
competencias, e incluso yo diría que podría haber agravios comparativos,
porque habría otras concesiones, como usted dice, que también tendrían
derecho a ellas.
En cuanto al régimen de incompatibilidades le vuelvo a repetir que se
sale no ya de lo que pueda ser esta futura ley básica, sino de la
competencia total de la ley, incluso en las Comunidades Autónomas. Eso va
por otro camino.
Dice usted, señor Nieto, que los colegios profesionales actúan con un
carácter monopolista. Yo tengo que reconocerle que algunos sí. Usted dice
que no se le den ningún tipo de competencias a los colegios
profesionales. Nuestro Grupo piensa que quien tenga que legislar que
legisle y no ceda competencias, como ha ocurrido hasta ahora, después del
año 1992. Pero nosotros no podemos ni debemos --imagino que usted lo
sabe-- ir contra la Ley 30/1992 de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas, que admite la delegación de competencias de
las Comunidades Autónomas a los Colegios. Les repito que nuestro Grupo no
está por esa labor, pero eso no quiere decir que nosotros tengamos que ir
contra una ley.
En la enmienda número 13 habla usted de productos sanitarios. Si por
productos sanitarios entendemos medicamentos, no hace falta legislar
nada, ya que de hecho está legislado desde hace bastantes años. Ahora
bien, si se refiere a otro tipo de productos sanitarios, como pueden ser
apósitos, material de cura, etcétera, su legislación es libre y no se
pueden tratar en esta ley.
En su última enmienda nos habla de horarios mínimos de ocho horas que,
repito, es competencia de las Comunidades Autónomas. Nos dice, además,
que exista también una oficina de farmacia de guardia por cada zona
básica de salud. ¿En qué quedamos, señor Nieto? ¿Términos municipales o
zonas básicas de salud? Nosotros defendemos que sean zonas básicas de
salud porque creemos que es mucho más conveniente, pero yo no sé qué es
lo que usted nos ha querido explicar. Por eso, tengo que decirle que a
nosotros nos parece, de verdad, incongruente.
Yo pienso, una vez leídas detenidamente, que sus enmiendas no han sido
bien pensadas. Como es lógico no las vamos a apoyar porque, a pesar de
que el muro de Berlín cayó hace muchos años, creo que ya ni siquiera en
esos países del Este hay una legislación donde tuviesen cabida sus
enmiendas.
Señor Ferrer, le repito lo que he dicho a los Senadores anteriores. Le
agradecemos la retirada de sus enmiendas porque creo que ha visto el
espíritu de los últimos trabajos. De verdad, se lo agradecemos.
Senadora De Boneta, tengo que decirle que también, como es lógico, le
agradecemos la retirada de su enmienda. Pero, sinceramente, nuestro Grupo
cree que no choca ni con el artículo 149.1.16.a ni --yo diría más-- con
el artículo 10.15 del Estatuto de Guernika, ya que si fuese así no creo
que el Partido Nacionalista Vasco hubiese apoyado nuestras
transaccionales. De verdad, creo que no es así y que es factible que
podamos legislar en beneficio de todos dando un poco el brazo a torcer
--todos-- para conseguir lo que aquí se pretende: mejorar el servicio
farmacéutico en la sociedad.
Señor Gatzagaetxebarría, yo le agradezco también la retirada de sus
enmiendas, y tengo que decirle, en cuanto a los comentarios que usted ha
hecho --su señoría siempre hace comentarios especialmente en cuestiones
sanitarias que sigo siempre atentamente--, que estoy en casi todo de
acuerdo con usted.
Y para terminar esta primera intervención quisiera hacerle algún
comentario, señor López. Usted dice que el artículo 2 es muy importante.
Yo creo que todos los artículos de este proyecto de ley son
verdaderamente importantes, yo no dejaría ninguno detrás de otro, pero
nos sigue sorprendiendo que ustedes vuelvan a repetir estas dos enmiendas
que ya fueron presentadas en el Congreso de los Diputados.
En lo que se refiere a la enmienda número 27, tengo que decir que me he
llegado a confundir posiblemente por haberla leído demasiadas veces. ¿Por
qué me he confundido? Resulta que en el primero de los tres apartados que
tiene esta enmienda se pide la liberalización total de la oficina de
farmacia, y usted lo ha repetido hoy aquí, pero en el segundo ustedes
proponen una planificación y una regulación. Y en el tercer apartado
--permítame que se lo diga con tanta crudeza-- ustedes hacen un refrito
en el que llegan a decir --al menos así lo hemos interpretado nosotros--
que las Comunidades Autónomas adoptarán
medidas para llegar a aquellos sitios donde lo privado no pueda llegar.
Es decir, que ustedes ya están previendo o temiendo que se va a producir
o que se puede producir una concentración, una acumulación de oficinas de
farmacia con esa liberalización. O sea, que incluso les están ustedes
dando la razón a quienes usted acaba de nombrar que, por supuesto, no son
personas vinculadas al Partido Popular.
Además, nos llama la atención que en la Cámara baja y después aquí
ustedes defiendan la liberalización de las oficinas de farmacia y, sin
embargo, en dos Autonomías en las que ustedes gobiernan saquen dos leyes
en las que, muy lejos de profundizar en la liberalización del servicio
farmacéutico, van ustedes hacia un intervencionismo a ultranza y, yo
diría, a una socialización de las oficinas de farmacia. Tengo que decir
que esto nos parece totalmente incongruente.
En cuanto a la enmienda número 28, tengo que decirle que al igual que en
Comisión en el Congreso de los Diputados se habló a propósito de esta
enmienda de que deberá acreditarse que los locales, instalaciones y
servicios de las oficinas de farmacia cumplen todos los requisitos
exigidos por la legislación vigente, creo que está claro que,
efectivamente, eso lo tienen que cumplir. Y lo tienen que cumplir porque
eso no es misión, ni de esta ley, ni de lo que depende de sanidad en las
Comunidades Autónomas; es decir, esa parte de sanidad depende del
ayuntamiento; tienen que tener unos locales que deben cumplir unos
requisitos sanitarios, etcétera, cosa que no depende para nada de la ley.
Sin embargo, sí dependen de la parte sanitaria en sí, aunque no de la
parte farmacéutica, otra serie de requisitos que tienen que cumplirse y
que no tienen nada que ver con esta ley.
Creo que si es por ahí por donde se va, no ha lugar a que esta enmienda
sea apoyada. Además de todo esto, lo que sí le quiero decir es que
ustedes hablan de que no se va a hacer, de que no se está haciendo, que
no se quiere hacer. Señorías, yo les digo y repito donde ustedes quieran,
que nosotros estamos intentando hacer posiblemente en seis meses,
muchísimo más de lo que ustedes no hicieron en 14 años.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Aguilar Belda): Gracias, Senador Hernández
Guimerá.
Abrimos turno de portavoces. Por el Grupo Parlamentario Mixto, tiene la
palabra el Senador Nieto.
El señor NIETO CICUENDEZ: Muchas gracias, señor Presidente.
Quiero manifestar un par de cuestiones al hilo de la contestación que ha
dado el portavoz del Grupo Parlamentario Popular. Señoría, ya he dicho en
la tribuna que efectivamente había alguna enmienda en la que, a lo mejor,
en aras de un exceso reglamentista, invadimos competencias de las
Comunidades Autónomas. Desde luego no está en nuestro ánimo y creo que no
viene al caso, ni viene a cuento el muro de Berlín. No estamos en ese
debate y, por tanto, eso sí que obedece al pasado.
Por otra parte, una cosa es que ustedes lo ignoren, pero haberlo haylo.
Me refiero a que hay inspectores de farmacia que al mismo tiempo son
funcionarios de la Seguridad Social. Eso existe y queremos establecer
esas incompatibilidades. Como existen hoy titulares de farmacia que
tienen tres, cuatro, o cinco farmacias. Las licencias de farmacia, como
ha dicho el portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, no por
casualidad se traspasan por millones y se especula y se hace negocio con
ellas. Entonces, lo que intentamos, con peor o mejor fortuna, es
regularlo. Ello es necesario porque no hay una ley, son los hechos y los
Colegios de Farmacéuticos se repartían entre sus colegiados las farmacias
y los mejores sitios. Con los hechos sangrantes además de que, primero,
para entrar en el reparto había que ser titular de farmacia y los
farmacéuticos que terminaban la carrera o que estaban en paro, aunque
reunieran los requisitos de idoneidad, no podían tener ni siquiera acceso
u opción a la farmacia porque primero tenían que estar colegiados y para
ello había que pagar una pasta y ellos eran los que les daban, o no, el
plácet. Efectivamente, ya que hacemos una ley, lo que queremos es con
nuestras enmiendas intentar, repito que con mejor o peor fortuna,
corregir una cosa que existir, existe, e ignorarlo es dejarlo pasar o
ignorar cómo hemos estado planteando hoy el tema. Por tanto, ése es el
sentido de las enmiendas.
El señor VICEPRESIDENTE (Aguilar Belda): Muchas gracias, Senador Nieto.
¿Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos? (Pausa.)
¿Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió?
(Pausa.)
¿Grupo Parlamentario Socialista? (Pausa.)
Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el Senador López
Carvajal.
El señor LOPEZ CARVAJAL: Muchas gracias, señor Presidente.
Señor Hernández, créame, tenía la impresión de que estaba escuchando el
discurso del señor Burgos Gallego en el Congreso y no el suyo propio,
aquí en el Senado. Pero voy a ser generoso y como tiene usted una segunda
intervención, voy a recalcarle nuevamente una serie de preguntas que me
gustaría que usted respondiera. Me gustaría que usted no se refugiara,
como de costumbre, en el pasado, que no se refugiara en la gestión del
Gobierno socialista y que tuviera, por lo menos, la intuición y la
capacidad de responder a una serie de preguntas que están en el aire,
porque el sector farmacéutico necesita respuestas, entendiendo por sector
farmacéutico, no los titulares de farmacia, sino todos los licenciados en
farmacia.
En primer lugar, estamos ante un proyecto de ley que se llama de
ampliación del servicio farmacéutico. Así se llama, un proyecto de ley
que viene de un Real Decreto que ha tardado ocho meses en tramitarse. Las
contradicciones de ustedes han sido tan grandes en todo ese trámite
parlamentario, que hoy han cambiado el título de esa ley. Ya no se llama
de ampliación del sector farmacéutico, porque son ustedes conscientes de
que con la normativa que
aquí se aprueba no se abre ni una sola nueva farmacia. Le han cambiado de
nombre; no me interesa ni siquiera el que le han puesto porque sigue
siendo un nombre equívoco. Pero les voy a decir una cosa: para cualquier
legislador, la exposición de motivos es algo fundamental; primero se hace
la exposición de motivos, que es la síntesis filosófica que luego inspira
el texto normativo. ¿Y qué es lo que han hecho ustedes a lo largo de todo
el proceso parlamentario? Han ido modificando, uno a uno, los artículos,
y conforme los modificaban, iban cambiando la exposición de motivos. Han
ido ajustando la exposición de motivos de forma tal, que han dado
cobertura a cada una de las modificaciones que han ido introduciendo,
porque no han tenido nunca un proyecto concreto, fijo, sólido, sobre el
que basar lo que ustedes estaban haciendo. Incluso, en algunos momentos,
como aquí en el Senado, han emprendido la aventura de presentar 14
enmiendas sin contar previamente con las opiniones de aquellos socios que
les sostienen, y al final, lógicamente, han tenido que modificarlas
porque saben ustedes que no pueden hacer estrictamente aquello que desde
su punto de vista les gustaría.
En la exposición de motivos el Gobierno justifica el proyecto de ley por
varias razones, en primer lugar, por la demanda generalizada de
ampliación de los servicios farmacéuticos. Esto es una falacia. No hay
demanda generalizada de los servicios farmacéuticos; lo que hay es
demanda generalizada de farmacias, que son dos cosas distintas. Los
servicios farmacéuticos se suelen prestar normalmente con una cierta
eficacia. Hay una demanda de ampliación de las farmacias. Son dos
conceptos que ustedes están confundiendo no porque no sepan, sino porque
saben perfectamente que para ampliar la farmacia tienen que modificar el
concepto de ordenación y hacerlo más flexible; que nosotros no defendemos
la liberalización a ultranza, como ustedes dicen, sino que lo que estamos
defendiendo es el principio de que se pueda abrir una farmacia, como
principio general, pero dentro del límite de que las Comunidades
Autónomas tienen esa capacidad para aquellas zonas en las que, por sus
circunstancias, pudiese producirse desequilibrio.
En segundo lugar, en la exposición de motivos dicen ustedes que estamos
ante una de las cuestiones pendientes de reforma en la sanidad española y
que, en tanto sigue subsistiendo la vigencia del famoso Real Decreto
909/78, que en su día fue válido, este Decreto es una fuente manifiesta
de litigiosidad y de frustración profesional. Pues muy bien, es posible
que lo sea, pero ¿sabe usted por qué? Simple y exclusivamente porque este
Decreto contiene unos módulos de ordenación territorial y de distancia
basados en 4.000 habitantes por farmacia y en un mínimo de 250 metros,
que impiden, evidentemente, que se pueda abrir un mayor número de
farmacias, y eso crea frustración profesional en algunos, mientras otros
viven una situación de privilegio.
Pero lo más importante de todo --y con esto concluyo-- es que lo que
ustedes han legislado no produce ningún efecto práctico en la realidad
sobre la que pretenden incidir; o son nulas las incidencias de los
artículos o son profundamente irrelevantes. Y voy a poner algunos
ejemplos. En primer lugar, son nulas las incidencias de los artículos 1,
3 y 5, los referidos a las funciones de la oficina de farmacia, a las
autorizaciones administrativas y al personal de oficinas de farmacia,
porque en ambos casos ustedes han hecho una recopilación incompleta, es
decir, un refrito, de una serie de órdenes, como son la Orden del 17 de
enero de 1980, la Ley 30/92, del Régimen Jurídico de Administraciones
Públicas, o el artículo 88 de la Ley del Medicamento, y las han
trasladado a este texto normativo. Y son irrelevantes aquellos artículos
en los que introducen pequeñas modificaciones normativas. Por ejemplo, en
el artículo 2 se limitan a crear una banda entre 2.800 y 4.000
habitantes, un módulo para la creación de una oficina de farmacia al que
pueden acogerse las Comunidades Autónomas en el mínimo o en el máximo.
Pues bien, señorías, eso es lo que hay en estos momentos. Tengo aquí los
datos municipio a municipio de la provincia de Jaén, que he estudiado
detenidamente, así como del conjunto de la Comunidad andaluza, ¿saben
ustedes cuántas farmacias se van a abrir con el nuevo texto? Dos. Y éste
no es un ejemplo atípico. Si preguntan en cualquier otra provincia o
hacen esa extrapolación a cualquier otra Comunidad, se van a encontrar
con que la incidencia real de lo que ustedes han legislado es
absolutamente nula.
Por otra parte, en el artículo 6, cuando ustedes se refieren a una nueva
jornada y horario de servicio, eso es lo que ya han conseguido en los
tribunales de justicia aquellos farmacéuticos que tuvieron el valor de
poner en tela de juicio las normas que sobre el particular habían
establecido los colegios profesionales. Han dado ustedes cuerpo legal a
lo que es un derecho adquirido ante los tribunales por esos titulares de
las farmacias. Por lo tanto, no tienen ustedes ninguna incidencia real
sobre lo que pretenden operar. Por eso han tenido que cambiar el texto a
este proyecto de ley y es por lo que, en definitiva, nosotros no podemos
apoyarles.
Cuando hacen referencia a que se ha legislado en sentido contrario en
otras Comunidades, debo admitir que ciertamente hay en principio algunas
diferencias, pero hay un núcleo común que es muy importante y que quiero
resaltar en este momento. ¿Saben ustedes cuál es? Que, tanto en
Castilla-La Mancha como en Extremadura con las dos leyes, en primer
lugar, se van a abrir farmacias y, en segundo lugar, se ha atacado
directamente al corazón de un núcleo de privilegios del sector
farmacéutico que está absolutamente fuera de lugar: el que regula las
transmisiones tanto «inter vivos» como «mortis causa», y que a ustedes
les preocupa tanto que lo han recurrido ante el Tribunal Constitucional.
Pero tengan ustedes cuidado y léanse a estos efectos el auto que ha
dictado hace tres días el citado Tribunal que ha suspendido
cautelarmente, como saben perfectamente, la vigencia del recuro que
ustedes interpusieron.
Yo creo que esta ley se tenía que haber hecho más despacio. Se tenía que
haber hecho una ley como la que ustedes prometían en la exposición de
motivos del Real Decreto, que luego han retirado. Se tenía que haber
hecho una vez concluyese sus trabajos la Comisión Especial para la
Ordenación del Servicio Farmacéutico creada en el Senado.
Pero se precipitaron ustedes por una política de imagen, que tanto les
preocupa, y eso les ha llevado simplemente al vacío. Por eso votamos en
contra. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Socialista.)
El señor VICEPRESIDENTE (Aguilar Belda): Gracias Senador López Carvajal.
Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el Senador Hernández
Guimerá.
El señor HERNANDEZ GUIMERA: Muchas gracias, señor Presidente.
Señorías, comenzaré diciendo que si esta ley se encuentra hoy aquí es
precisamente porque en el siglo pasado, en 1860, salieron las primeras
Reales Ordenanzas de Farmacia --las boticas se podían abrir libremente--
lo que conllevó que siguiesen saliendo leyes --todas ellas muy
distanciadas, por cierto-- que fueron poniendo una serie de pegas para
que las farmacias no se acumularan, como de hecho podemos ver que pasó en
las grandes capitales por culpa de dichas Ordenanzas. La verdad es que se
hablaba de esos grupos de privilegio, y el privilegio era por estar en la
situación en que estaban.
En el año 1941 se empieza a legislar sobre esta materia, se continúa en
el siguiente año, con la Ley de bases de sanidad nacional, y en los años
1957 y 1978 se regula lo que de verdad es la Ley de oficinas de farmacia.
Lo último es el Real Decreto 909, que se hizo sobre dos ideologías
totalmente diferentes: una, desde un punto de vista funcionarial, y,
otra, sobre la base de ideas liberales y totalmente profesionales, lo
cual hizo muy difícil su aplicación con carácter práctico. Tanto es así
que se comenta que este Real Decreto es de los que más jurisprudencia han
creado en España.
En la época socialista se promulgan --no me lo pueden negar-- la Ley
General de Sanidad, el 25 de abril de 1986, y la Ley del Medicamento, el
20 de diciembre de 1990 --la historia manda--, y en un momento con graves
problemas en cuanto a la ordenación de las oficinas de farmacia --que ya
se veían venir y, de hecho, estaban ya sucediendo--, en el artículo 88 de
esta Ley del Medicamento se insta a las administraciones sanitarias con
competencia en la ordenación de oficinas de farmacia a realizar dicha
ordenación conforme a criterios de planificación. No se hace nada a nivel
estatal y solamente Cataluña, en diciembre de 1991, y el País Vasco, en
junio de 1994, aprueban sus respectivas leyes de farmacia.
Y tengo que dar la razón al señor Nieto en una cosa respecto del Real
Decreto 909, y es que las farmacias eran para las personas mayores,
porque es verdad que el criterio seguido, según el baremo de méritos,
aparte de incongruente era hasta inhumano. Las primeras farmacias que se
abrieron en España, es decir, en Madrid, según este Real Decreto, las
regían personas mayores de 70 años, aquellas que podían alcanzar un nivel
de puntuación que no podía obtener, pro supuesto, un recién graduado y ni
siquiera una persona con 40 años de edad o 20 de profesión.
Aunque ustedes me digan todo lo que quieran sobre lo que se ha hecho
durante los trece años de Gobierno socialista, es cierto que a finales de
la V Legislatura, cuando se presumía que las Cámaras se iban a cerrar,
exactamente en el mes de marzo de 1995, se solicitó que se creara una
ponencia en el Senado para el estudio de la reforma farmacéutica. Así se
hace, pero no da tiempo a trabajar y el día 20 de diciembre la ponencia
nombrada al respecto finaliza sus trabajos, recomendando, aparte de lo
que cree que se debe hacer desde un punto de vista profesional, que se
continúen dichos trabajos en la siguiente Legislatura mediante una nueva
ponencia. Se crea una Comisión Especial, no una ponencia como dijeron
todos los grupos reiteradamente en el debate en la Cámara Baja, pero no
se crea para el estudio de las oficinas de farmacia. Creo que esto es
algo que hay que aclarar porque por la intervención del señor López, y
por otros comentarios que he oído en los pasillos de esta Cámara, veo que
no se sabe exactamente qué es lo de la Comisión Especial para el Estudio
de la Ordenación Farmacéutica.
Se trata de estudiar todo lo que abarca y las posibilidades que tiene la
licenciatura en farmacia. Están hechos siete capítulos, y dentro del
capítulo tercero hay una parte referida a la apertura y transmisiones de
oficinas de farmacia. Por tanto, no tiene nada que ver ni es
incompatible, señor López, con lo que usted ha dicho en cuanto a que por
qué no se ha esperado. Pues porque no se tenía que esperar. No tiene nada
que ver una cosa con la otra. Y si no, pregúntele a su Portavoz. No tiene
nada que ver.
En la Comisión se ven los planes de estudios, las salidas profesionales,
que son 62, la legislación comparada, que abarca desde la europea hasta
las autonómicas, y de ese modo se pretende elaborar un dictamen que a su
vez se elevará al Gobierno de modo que englobe todo eso y decida si es
conveniente tener una ley, no exclusivamente la que se va a aprobar, de
ordenación de las oficinas de farmacia. No tiene nada que ver. Yo le
rogaría que se estudiara ese tema un poquito mejor.
En cuanto a que se van a abrir farmacias en Extremadura y en Castilla-La
Mancha, posiblemente sí, pero también se van a abrir en Andalucía. No
dos, como usted ha dicho, sino muchísimas más. Lo que no podemos es
llegar a una liberalización, aunque usted haya dicho ahora aquí que es
regulada. Yo no entiendo lo que es una liberalización regulada. O se
liberaliza o no. Es así de claro.
Usted me pide una mayor flexibilidad, que se intente un mayor
acercamiento a la sociedad. ¿Qué es lo que está pretendiendo esta ley? ¿O
es que la de Extremadura no está en contra de ésta? Está en ciertas
cosas. Aunque usted diga que han suspendido el auto. Lo tienen que
suspender porque es de ley, pero ya veremos cuál será al final el fallo,
dónde llega, cómo llega y qué se va a hacer con lo que se haya hecho
entre medias. Eso es lo que ustedes tienen que ver también, y lo he
leído.
Le digo más, vamos a recurrir también --de hecho ya está en camino-- la
de Castilla-La Mancha por los mismos motivos, porque nosotros creemos que
es anticonstitucional ir contra la propiedad de cualquier cosa. En
este caso de una oficina de farmacia, que es un ente privado. Eso no hay
quien lo discuta, por mucho que ustedes quieran.
Usted dice que los artículos 1, 3 y 5 son nulos y los otros son
irrelevantes. Léase el apartado segundo del artículo tercero, porque me
da la sensación de que usted no se ha leído ni el dictamen que nos ha
mandado la Cámara. Lo dice bien claro: la autorización de nuevas oficinas
de farmacia se tramitará con arreglo a... No se lo voy a leer porque a lo
mejor se lo aprende, pero lo que sí le digo es que creo que ustedes están
equivocados, como lo han estado hasta este momento. Y tengo que volver a
decir lo de los 14 años.
A pesar de haber promulgado la Ley General de Sanidad, a pesar de haber
promulgado la Ley del Medicamento, ustedes no han hecho nada, por no
mover no han movido ni una coma. Eso que quede claro. Porque a la vista
está.
El señor VICEPRESIDENTE (Aguilar Belda): Le ruego que vaya concluyendo.
El señor HERNANDEZ GUIMERA: Termino, señor Presidente.
Señorías, yo lo único que sí espero, y repito el agradecimiento a todos
los grupos, es que esta ley sirva, de verdad, de base para lo que se
propone: dar un mejor servicio de la oficina de farmacia a la sociedad
española. Estoy seguro de que lo vamos a conseguir. Esta ley va a servir
de cimiento, y yo diría que en algunos casos de primer piso, para que las
Comunidades Autónomas sepan, puedan y quieran legislar en beneficio de la
sociedad.
Muchas gracias, señor Presidente. (Aplausos en los escaños del Grupo
Parlamentario Popular.)
El señor VICEPRESIDENTE (Aguilar Belda): Gracias, Senador Hernández
Guimerá.
Concluido el debate, vamos a proceder a la votación.
En primer lugar, votamos las enmiendas del Grupo Parlamentario Mixto,
suscritas por el Senador Nieto Cicuéndez, enmiendas de la 1 a la 14,
ambas inclusive, que votamos conjuntamente.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 213; a
favor, dos; en contra, 208; abstenciones, tres.
El señor VICEPRESIDENTE (Aguilar Belda): Quedan rechazadas.
A continuación, votamos las enmiendas números 27 y 28, así como el
mantenimiento del texto remitido por el Congreso de los Diputados en
relación con el artículo 4, correspondientes al Grupo Parlamentario
Socialista.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 213; a
favor, 82; en contra, 129; abstenciones, dos.
El señor VICEPRESIDENTE (Aguilar Belda): Quedan rechazadas.
Han sido retiradas el resto de enmiendas, a excepción del voto particular
número 5, del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i
Unió, que sustenta diez enmiendas transaccionales firmadas por todos los
grupos parlamentarios.
Me gustaría saber si habría que someter a votación una a una, o se pueden
votar por asentimiento. (Pausa.)
Por las indicaciones que me hace el portavoz socialista, Senador Aleu,
parece que, aunque estén suscritas, no hay acuerdo en su votación.
El señor ALEU I JORNET: Nuestro grupo desearía votarlas en tres grupos:
uno, el que se refiere a la corrección de un error gramatical...
El señor VICEPRESIDENTE (Aguilar Belda): Senador Aleu, ¿me puede decir el
número de registro de entrada?
El señor ALEU I JORNET. El 17.162; otro, que afecta al artículo 4, cuyo
número es el 17.158. Estas dos enmiendas en un grupo.
Si la única finalidad de la enmienda que modifica el artículo 5 es
suprimir lo añadido en el Senado de que en ningún caso será posible la
compatibilidad de la titularidad de una farmacia con la cotitularidad,
adjunta o cualquier otro tipo de participación en otra oficina de
farmacia, pedimos votación separada de ella. El número de registro de
entrada de esta enmienda transaccional es el 17.159.
El señor VICEPRESIDENTE (Aguilar Belda): La enmienda con número de
registro 17.159 hay que votarla separadamente de las números 17.162 y
17.158, y éstas se pueden votar conjuntamente.
¿Alguna otra indicación en cuanto a votación de estas transaccionales?
(Pausa.)
Votamos en primer lugar la enmienda transaccional de corrección de error
gramatical, con registro de entrada número 17.162, que se propone
sustituir en todo el texto del proyecto de ley la expresión «poblacional
o poblacionales» por «de población», y la 17.158, que hace referencia al
artículo 4, Transmisiones.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 212; a
favor, 211; abstenciones, una.
El señor VICEPRESIDENTE (Aguilar Belda): Quedan aprobadas.
Votamos a continuación la enmienda transaccional que tiene como registro
de entrada el número 17.159, correspondiente al artículo 5, Presencia y
actuación profesional.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 213; a
favor, 130; en contra, 82; abstenciones, una.
El señor VICEPRESIDENTE (Aguilar Belda): Queda aprobada.
En el siguiente bloque votamos las otras siete enmiendas transaccionales.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 213; a
favor, 130; en contra, una; abstenciones, 82.
El señor VICEPRESIDENTE (Aguilar Belda): Quedan aprobadas.
Votamos a continuación los artículos 1 a 6, disposiciones transitorias
primera y segunda, disposición derogatoria, disposiciones finales primera
y segunda y exposición de motivos, según el texto del dictamen, con la
incorporación de las enmiendas transaccionales que acabamos de votar.
¿Se puede votar conjuntamente? (Pausa.)
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 213; a
favor, 130; en contra, 81; abstenciones, dos.
El señor VICEPRESIDENTE (Aguilar Belda): Quedan aprobados.
Tal como dispone el artículo 90 de la Constitución, se dará traslado de
las enmiendas aprobadas por el Senado al Congreso de los Diputados para
que éste se pronuncie en forma previa a la sanción del texto definitivo
por Su Majestad el Rey.
--DE LA COMISION DE OBRAS PUBLICAS, MEDIO AMBIENTE, TRANSPORTES Y
COMUNICACIONES EN RELACION CON EL PROYECTO DE LEY DE ENVASES Y RESIDUOS
DE ENVASES. (S. 621/000015.) (C. D. 121/000011.)
El señor VICEPRESIDENTE (Aguilar Belda): A continuación pasamos a debatir
el Proyecto de Ley de envases y residuos de envases. Se tramita por el
procedimiento de urgencia. Fue publicado en el Boletín Oficial de las
Cortes Generales, Senado, Serie II, número 15, de fecha 4 de marzo de
1997.
Ruego al Presidente de la Comisión, Senador Beguer, que indique qué
Senador va a hacer la presentación del dictamen.
El señor BEGUER I OLIVERES: Señor Presidente, va a presentar el dictamen
de la Comisión la Secretaria Segunda de la Mesa, Senadora doña Francisca
López Yébenes.
El señor VICEPRESIDENTE (Aguilar Belda): Gracias, Senador Beguer.
La Senadora López Yébenes tiene la palabra.
La señora LOPEZ YEBENES: Gracias, señor Presidente.
Señorías, intervengo en esta tribuna designada por la Comisión de Obras
Públicas, Medio Ambiente, Transportes y Comunicaciones para presentar a
la Cámara el Proyecto de Ley de envases y residuos de envases. Dicha
Comisión, tras deliberar sobre el mismo, así como sobre las enmiendas
presentadas, decidió elevar el dictamen para su debate en el Pleno de la
Cámara.
Este Proyecto, señorías, fue aprobado por el Plano del Congreso de los
Diputados en su sesión del pasado día 13 de febrero de 1997 y tramitado
por el procedimiento de urgencia, ordenando su publicación, de
conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara, en el Boletín
Oficial de las Cortes Generales el día 24 de febrero de 1997. El mismo
tuvo entrada en esta Cámara el 28 de febrero de 1997, procediendo, según
el artículo 191 del Reglamento del Senado, a su publicación, siendo
remitido, al amparo del artículo 104 del mismo Reglamento, a la Comisión
de Obras Públicas, Medio Ambiente, Transportes y Comunicaciones,
informando que al ser declarado urgente, según el artículo 135.1 del
Reglamento, el plazo para presentar enmiendas finalizaba el 4 de marzo de
1997.
Este Proyecto consta de siete capítulos, conteniendo 22 artículos, seis
disposiciones adicionales, una disposición derogatoria, tres
disposiciones finales y un anejo. Se han presentado al mismo 135
enmiendas a su artículado --78 por el Grupo Parlamentario Mixto, siete
por el Grupo Parlamentario Popular, 11 por el Grupo Parlamentario Catalán
en el Senado de Convergència i Unió y 39 por el Grupo Parlamentario
Socialista--, incorporándose al dictamen de la Comisión 14 más: siete del
Grupo Parlamentario Popular, cuatro del Grupo Parlamentario Catalán en el
Senado de Convergència i Unió, dos del Grupo Parlamentario Socialista y
una por el Grupo Parlamentario Mixto.
Desde el punto de vista de su estructura, el Proyecto de Ley trata: el
Capítulo I, de Disposiciones Generales. En el Capítulo II se asume el
compromiso de fomentar las medidas preventivas y la reutilización. En el
Capítulo III se fijan los objetivos de reciclado y valorización y se
establecen compromisos de reducción, a determinar en el programa nacional
de residuos de envases y envases usados. En el Capítulo IV se regulan los
sistemas de recogida y gestión de residuos y envases, estableciéndose un
sistema obligatorio de depósito, devolución y retorno para todos aquellos
residuos de envases y envases usados que no estén acogidos a algunos de
los denominados sistemas integrados de gestión de residuos de envases y
envases usados. En los Capítulos V, VI y VII, por último, se regulan
respectivamente los requisitos aplicables a los envases, los sistemas de
información, programación e instrumentos económicos en el régimen
sancionador.
La norma contiene una serie de disposiciones que regulan: las excepciones
en la aplicación de los sistemas de recogida y gestión de los residuos de
envases, reglas especiales que puedan determinar las Comunidades
Autónomas en sus respectivos ámbitos territoriales para establecimientos
que comercialicen alimentos líquidos envasados, el fomento de los
objetivos prioritarios en la contratación pública, consideración del
hecho insular y de la especialidad de Ceuta y Melilla por el mayor coste
del traslado
de los residuos de envases a la Península para ser tratados, creación de
una comisión mixta integrada por representantes de la Administración
General del Estado, de las Comunidades Autónomas, de las Entidades
Locales, sectores industriales y comerciales afectados y por expertos
técnicos y científicos.
Esta Comisión tendrá como finalidad, analizar las posibilidades de
reducción de envases de mayor consumo y estudiar la posibilidad de
solicitar a la Comisión Europea la autorización para revisar al alza los
objetivos de reciclado y valorización.
Señorías, este proyecto de ley que hoy se presenta a la Cámara para ser
debatido, tiene como finalidad regular definitivamente la gran
problemática que genera la gestión de los envases y residuos de envases,
su impacto sobre el medio ambiente, la participación de los sectores
sociales y económicos en la devolución, recogida y recuperación de los
residuos de envases y envases usados, ofreciendo alternativas de gestión
adecuadas y adaptadas a la Directiva 94/62/CE del Parlamento Europeo y
del Consejo. Dicho proyecto de ley se tramita con carácter de urgencia
porque, según el artículo 2.21 de la Directiva, los Estados miembros
habrían de incorporar a sus ordenamientos internos en el año 1996, por lo
que vamos con cierto retraso.
Debemos regular, además, como mínimo, que las restricciones técnicas de
producción y gestión, a las que están sometidos los productos españoles,
tengan el mismo tratamiento en nuestro país que en cualquiera de los
Estados miembros.
En definitiva, señorías, se trata de debatir en la seguridad de que las
enmiendas aportadas enriquecerán el texto definitivo de la Ley y aprobar
posteriormente un proyecto de ley que articule los medios idóneos para
proteger nuestro medio ambiente, propiciando, a la vez, como ya se ha
dicho anteriormente, la reutilización, reciclado o valorización tendente
a evitar o reducir la eliminación de estos residuos.
Muchas gracias, señor Presidente. (Aplausos.)
El señor VICEPRESIDENTE (Aguilar Belda): Gracias, Senadora López Yébenes.
¿Turno a favor? (Pausa.)
¿Turno en contra? (Pausa.)
¿Turno de portavoces?
Por el Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra la Senadora Costa.
La señora COSTA SERRA: Muchas gracias, señor Presidente.
En este turno de portavoces, como portavoz del Grupo Parlamentario Mixto
tengo que decir que no nos satisface, tal y como llega a esta Cámara, el
texto del proyecto de ley de envases, por cuanto si bien es cierto que es
una trasposición de la Directiva europea, se ha limitado simplemente a
esto y no se ha atrevido a dar un paso más en temas tan importantes como
son los que se recogen en las distintas enmiendas de los diferentes
grupos parlamentarios. Posteriormente haremos las alegaciones en el turno
de defensa de enmiendas.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Aguilar Belda): Gracias.
¿Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos? (Pausa.)
¿Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió?
Tiene la palabra el Senador Beguer.
El señor BEGUER I OLIVERES: Muchas gracias, señor Presidente.
Señorías, realmente nos satisface tomar la palabra en relación con este
proyecto de ley, porque, a pesar de que sea la transposición de la
Directiva 94/62/CEE, no cabe duda de que es un proyecto de ley importante
por cuanto supone la preservación del entorno, sobre todo del entorno
urbano, la mejora del medio ambiente, entrando en un campo hasta ahora
inédito; es decir, la minimización de los residuos, su reciclado, su
valorización, su reutilización y, lo que es más importante, la
prevención.
Una ley de esta índole va a obligar a todos, a la Administración Central
por descontado, por sus competencias básicas, y a la Administración
Autonómica, que tendrá que llevarla a la práctica, tendrá que
controlarla, tendrá que llevar a cabo convenios con las corporaciones
locales y con entes económicos en este campo, por descontado afecta a
fabricantes, a envasadores, a distribuidores, a recuperadores de residuos
de envases usados y de envases, y obliga, a la vez, a los consumidores
finales.
Se ha elegido el sistema de gestión integrada. Podría haber sido otro.
Pero pensamos que este sistema es aceptado, es bueno, compromete a todos
los sectores, desde la Administración hasta a aquellos a los que hemos
hecho referencia, y estamos convencidos de que si existe una verdadera
sensibilización por parte de todos los sectores, si existe una convicción
ecológica, si existe sentido de solidaridad y, a la vez, viene completado
por un régimen sancionador, como es el caso, la ley puede ser
verdaderamente eficaz. Cuando la gestión integrada no se lleve a cabo,
habrá el otro sistema, el de depósito, devolución y retorno.
Además, creemos que también es interesante destacar que, antes del 30 de
junio del año 2001, se habrá de cumplir una serie de objetivos de
reciclado y de valorización e incluso de reducción, y antes de esta
fecha, en el plazo de 36 meses, se reducirá al menos un 10 por ciento de
la totalidad del sistema de reciclado. Por eso es por lo que, en
Convergència i Unió, apoyamos de un modo que podríamos decir casi íntegro
la ley, y decimos casi porque el artículo 13 nos gustaba más como estaba
redactado anteriormente, es decir, cuando se señalaban y concretaban los
niveles máximos de ciertos metales pesados. No dudamos de que, a través
del reglamento, pueda igualmente ponerse límite a esos porcentajes de
metales pesados, pero creemos que comprometía más tal y como estaba
inicialmente.
En cualquier caso, pensamos que la ley va a ser útil, que en el proceso,
no sólo en el Congreso, donde se mejoró, sino en el Senado, donde ha
sufrido algunos cambios, algunas enmiendas, algunas transaccionales que,
en su conjunto, con la pequeña salvedad a la que hemos hecho referencia,
mejoran la ley y, por tanto, creemos que podemos
estar satisfechos, porque ha de tener forzosamente un resultado positivo.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Aguilar Belda): Gracias, Senador Beguer.
Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra la Senadora
Pleguezuelos.
La señora PLEGUEZUELOS AGUILAR: Gracias, señor Presidente.
Señorías, intervengo para fijar la posición del Grupo Parlamentario
Socialista en un proyecto de ley que sin duda es de gran trascendencia
futura. Este proyecto de ley de envases y residuos de envases tiene una
aplicación en los próximos años que va a ser determinante a la hora de
abordar el problema de nuestras basuras, y no hay que olvidar que el
volumen de basuras o de residuos de una sociedad no es índice de calidad
de vida, yo diría más bien que puede serlo de su irresponsabilidad con el
medio ambiente y, sobre todo, con las generaciones futuras.
En la actualidad, la basura urbana tiene un porcentaje alto, de un 60 por
ciento de un volumen de envases y embalajes, y eso supone prácticamente
un 33 por ciento del peso total. Eso significa que papel, carbón,
plástico, hierro aluminio, son materiales que fundamentalmente aumentan
cada año, uno tras otro, y van entonces en detrimento de la materia
orgánica.
Es evidente, por tanto, señorías, la importancia de este proyecto de ley
que hoy estamos debatiendo y que el Gobierno remitió a las Cortes en
noviembre pasado.
Yo creo que este proyecto adolece, al menos, de falta de compromiso. La
primera falta de compromiso es con la defensa del medio ambiente en sí
mismo. Pero adolece también de haber dado --y yo diría que sustanciosas--
concesiones, y no precisamente al medio ambiente sino al sector
empresarial, del que tengo que decir que, en este país, ha hecho una
fuerte presión en el Ministerio de Medio Ambiente.
Este proyecto de ley que, como dijo la señora Ministra en su intervención
en el Congreso de los Diputados, es una transposición de una directiva
europea, que se aplica en el mercado de envases de todo el marco
comunitario, supone sin duda una serie de obligaciones para los países,
obligaciones que entendemos que no siempre recoge el texto que nos
remitió el Gobierno Popular.
El Gobierno Popular se encontró, al llegar al Ministerio de Medio
Ambiente, con un anteproyecto del Gobierno anterior, del Gobierno
socialista, que tenía dos características importantes y que hoy es
importante también poner aquí de manifiesto. Era un anteproyecto
consensuado con la Comisión Mixta Intersectorial y, desde luego, con los
agentes sociales y las asociaciones ecologistas. Era un texto, además,
bastante ambicioso en lo que se refiere a la reducción de los residuos.
Sin embargo, este proyecto que hoy debatimos adolece, precisamente, de
eso, pues no apuesta por una reducción firme de esos residuos ni, por
tanto, por la defensa del medio ambiente.
Una prueba bastante evidente de ello es que, a pesar de que el Proyecto
de Ley debería tener como objetivo reducir esos residuos y, desde luego,
la toxicidad de los mismos, no ha regulado, por ejemplo, la reducción del
PVC, siendo éste un material contaminante. Y esta Cámara sabe de eso,
puesto que una Comisión de la misma promovió en 1995 que fuésemos
abandonando paulatinamente el uso de este producto. Sin embargo, el
Proyecto de Ley que hoy nos presenta el Gobierno no contempla la
reducción del PVC en los envases de uso alimentario.
El Ministerio de Medio Ambiente ha hecho --como decía antes-- importantes
concesiones en este Proyecto al sector empresarial en detrimento de un
interés común, como es la protección del medio ambiente. Ha hecho --como
digo-- una evidente concesión que afecta a dos temas básicos: al PVC y a
la inclusión de la valorización energética o incineración. La moratoria
de un año para incluir la restricción del PVC, sin duda, es una concesión
al sector empresarial. La valorización energética o incineración sólo
puede interesar a determinados sectores para asegurar la permanencia en
el mercado de envases, para que no se puedan reciclar. Por tanto,
insisto, ha habido grandes concesiones.
En lo referente a la gestión de envases, el Proyecto de Ley se decanta a
favor de los sistemas integrados de gestión que, como sabe su señoría, no
son más que acuerdos entre los productores y las administraciones locales
para establecer una red de contenedores de material que facilite el
aprovechamiento de los envases. Estamos de acuerdo con eso, pero éste no
puede ser el único sistema. También hay que apostar por el sistema de
depósito, de devolución y de retorno, y este Proyecto de Ley no lo hace.
Todos estos aspectos, señorías, han sido la línea argumental de las
enmiendas que tanto en el Congreso como en el Senado ha presentado el
Grupo Parlamentario Socialista; enmiendas que, sin duda, han seguido las
directrices internacionales en cuanto a la generación de residuos y,
desde luego, a la reducción de los mismos; es decir, las tres famosas
erres: reducir, reutilizar y reciclar; y ésa es, sin duda, la alternativa
socialista frente a la actual política del Gobierno Popular que gestiona
los residuos una vez que éstos se han producido.
No obstante, debo reconocer, por lealtad, que en el trámite del Congreso
y del Senado se ha mejorado este proyecto de ley con las aportaciones de
todos los grupos parlamentarios. Así, recoge aspectos que eran
irrenunciables para el Partido Socialista: la reducción en origen de los
envases con un objetivo del 10 por ciento o la posibilidad de que la
Administración central pueda hacer un seguimiento eficaz de los sistemas
de gestión integrada de estos residuos; y, cómo no, ese objetivo
intermedio en materia de reciclaje y valorización. Pero, aun siendo estos
aspectos muy importantes, no son suficientes.
Señorías, seguimos manteniendo serias discrepancias con el texto actual.
La reducción del PVC, como decía antes, es una de ellas, y en esta Cámara
ya mantuvimos un fuerte debate al respecto. Mi Grupo será quien lo
plantee, pero creo que seguiremos en ese mismo camino en lo que se
refiere a la reducción paulatina del PVC.
Pero es que, además, tenemos ya datos de la Organización Mundial de la
Salud, que ha confirmado el mes pasado en su último informe que las
dioxinas son cancerígenas, y las dioxinas aparecen como subproducto de la
fabricación de derivados del cloro, es decir, el PVC, los disolventes, lo
pesticidas y otros productos y, desde luego, también aparecen como
residuo en la incineración de estos productos a los que acabo de
referirme.
Por tanto, señorías, la reducción del 20 por ciento de los envases de PVC
en un plazo limitado que establecíamos en cinco años, que es lo que, en
definitiva contemplaba nuestra enmienda, no creemos que sea descabellada.
No hacemos más que seguir las directrices y hacer lo que hacen los países
europeos de nuestro entorno.
Pero también hemos encontrado en este proyecto de ley otros aspectos que
tampoco nos satisfacen. Entre otros, está el relativo a las entidades
locales. Creemos que las entidades locales no están suficientemente
consideradas en el texto que propone el Gobierno. Ustedes han evitado que
estas entidades participen en el proceso de fijación de las cantidades
individualizadas sobre los distintos tipos de envase, y asimismo en las
cuantías de financiación complementaria que requieren dichas entidades
locales para poder atender la recogida selectiva. Pues bien, señorías, si
estas entidades no participan en ello a pesar del interés que las mismas
tienen en este sistema y dado lo personalizado que el tema está en la
entidad local, creo que estaremos haciéndole un flaco favor a todo el
proceso de recogida selectiva.
Señorías, desde el Grupo Parlamentario Socialista consideramos que todos
estos elementos son más que suficientes para mantener nuestro voto en
contra de este proyecto de ley que no hace una apuesta decidida por algo
que podría significar un paso hacia adelante en el tratamiento de una
parte considerable de los residuos sólidos urbanos como son los envases
domésticos, que no hace una apuesta seria y decidida por la mejora del
medio ambiente a través de un instrumento tan importante como es este
proyecto de ley de envases y residuos de envases, que no hace una
apuesta, en definitiva, que el Ministerio de Medio Ambiente debería haber
hecho, perdiendo así éste una oportunidad histórica. Y es que este
proyecto de ley es la primera oportunidad que el Ministerio de Medio
Ambiente ha ofrecido a la sociedad para que se pueda establecer si de
verdad la mejora y la defensa del medio ambiente, la política
medioambiental era una prioridad de este Gobierno o si por el contrario
priman otros intereses como son los intereses del mercado.
Pero en este proyecto de ley también podemos ver que el mercado de los
envases --como le ocurre a este mismo Ministerio con el mercado del
agua-- ha estado, sin ninguna duda, en el pensamiento del Ministerio de
Medio Ambiente, por denominarlo como ente jurídico.
Señorías, para terminar quisiera expresar mi agradecimiento a los
ponentes del Grupo Parlamentario Popular, que han hecho esfuerzos
considerables, algunos de ellos de reconocido resultado en relación con
la mejora de este texto, pero, señorías, hubiese sido mucho mejor que a
la hora de trasponer la Directiva y elaborar este importante proyecto de
ley no hubiéramos hecho exclusivamente aquello que decía la Directiva en
sus justos, justitos términos. Deberíamos haber dado otro paso aún para
aproximarnos más a la política medioambiental de los países europeos de
nuestro entorno que apuestan por una política mucho más progresiva en la
defensa del medio ambiente.
Gracias. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Socialista.)
El señor VICEPRESIDENTE (Aguilar Belda): Muchas gracias, Senadora
Pleguezuelos.
Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el Senador Esteban.
El señor ESTEBAN ALBERT: Muchas gracias, señor Presidente.
En primer lugar, quiero agradecer el tono de todos los portavoces que han
intervenido, manifestando sus posiciones respecto a esta ley. Después del
transcurso del debate en el Congreso, después de lo que hemos tenido
oportunidad de leer, de ver y de hablar durante estos días con los
distintos sectores, e incluso entre nosotros, los ponentes de esta ley,
voy a intentar dar una visión de qué es la ley, por qué sale esta ley,
para qué sirve la ley y cuáles son los frutos que podemos conseguir en el
futuro.
Pero, si me lo permite, señor Presidente, quisiera agradecer el tono,
especialmente a la Senadora Pleguezuelos, al tiempo que decirle que, de
verdad, después de su intervención me ha quitado un profundo peso. La
oposición del Partido Socialista a esta ley me preocupaba y, después de
escucharla, estaré muy atento al transcurso del debate y a las distintas
enmiendas porque creo que la diferencia que expresan ustedes para
anunciar el voto negativo a esta ley tiene que ser de bastante más calado
que lo que ha expuesto su señoría, a pasar de que, como digo, lo ha hecho
usted con un tono magnífico y, desde luego, yo se lo agradezco.
El PVC no puede ser en ningún caso un motivo de rechazo frontal a una ley
que, como usted dice, no es solamente una trasposición de una Directiva
Comunitaria que, en cualquier caso, por el mero hecho de serlo, ya
tendría que tener una valoración positiva por su propósito de integración
en todo el territorio comunitario. En definitiva, viene usted a decir que
los sistemas integrados que se han utilizado o que se prevén en la ley no
le gustan y que le gustaría más que se hubiera primado la reutilización
sobre esos temas. Pues bien, el artículo 4 de esta ley se titula: Fomento
de la reutilización y del reciclado. Por lo tanto, no entiendo cuáles son
esas posiciones. Creo que es muy legítimo que se pueda tener una posición
distinta de la del Gobierno, pero me gustaría que a lo largo de este
proyecto, quizá para mi tranquilidad, pusiera de manifiesto que su
oposición a la ley tiene más fundamento del que, al menos hasta ahora,
hemos podido escuchar.
En todos los países desarrollados, señor Presidente, y especialmente en
las grandes concentraciones urbanas, la correcta gestión de los residuos
sólidos urbanos es uno de los problemas con incidencia medioambiental más
importante. Tampoco hay que olvidar su incidencia económica,
ya que en todos los grandes ayuntamientos, la partida para la gestión de
los residuos sólidos urbanos es una de las de mayor cuantía. Por aportar
alguna cifra, el canon de eliminación de basuras por medio de procesos de
incineración con valorización energética se sitúa hoy en España en el
entorno de las 5.000 pesetas por tonelada tratada. La importancia de los
envases en los residuos sólidos urbanos es cada día mayor. Se puede
comprobar cómo el aumento del nivel de vida implica una disminución de la
densidad de los residuos sólidos urbanos precisamente por la reducción de
la cantidad de materia orgánica en ellos y el aumento del número de
envases mucho más ligeros. Sus señorías pueden ver con frecuencia que en
los cubos de basura hay diez veces más plástico que hace 50 años.
Estadísticamente, señorías, los envases suponen un tercio del peso de los
residuos sólidos urbanos y hasta la mitad de su volumen. La reducción del
volumen de residuos de envase implica directamente la disminución del
volumen de residuos sólidos urbanos y, en consecuencia, atenúa los
problemas medioambientales de su gestión, desde la necesidad de espacio
para vertederos, con los costes de inversión que eso supone, hasta los
problemas asociados a la incineración, tales como el incremento de
emisiones contaminantes a la atmósfera o la necesidad de instalar nuevos
depósitos de seguridad para las escorias o cenizas volantes, en el caso
de que éstas sean residuos tóxicos y peligrosos. Por ello, señoría, la
estrategia de gestión de los envases ha de estar basada en una reducción
en origen, su reutilización y su reciclado. Esta estrategia, avalada por
la Unión Europea y plasmada, como saben, en la Directiva 94 del
Parlamento Europeo, y del Consejo del 20 de diciembre, relativa a los
envases y a los residuos de envases, acaba de ser adoptada por el
Gobierno español al trasponer la anterior norma en el proyecto de igual
nombre, aprobado por el Consejo de Ministros del 23 de agosto, que hoy
debatimos en esta Cámara.
La reducción, la reutilización y el reciclado de los residuos de envases
no sólo aliviarán los problemas medioambientales de la gestión de los
residuos sólidos urbanos, sino que tiene, además, otras ventajas claras,
aunque dependientes, en muchos casos, del tipo de envase. El ejemplo más
claro es el del vidrio; desde hace tiempo, los envases de vidrio o se
reutilizan o se recuperan con sistemas de gestión inmersos en las leyes
del mercado. La razón no es otra más que la siguiente: una tonelada de
cascos reciclados ahorra 1.200 kilos de materia prima y el consumo en
energía de 130 kilos de fuel, siendo económicamente rentable, por tanto,
la recuperación del residuo. El ahorro de materias primas, señorías,
tiene una importancia fundamental desde el punto de vista del medio
ambiente y de la utilización racional de los recursos, contribuyendo a un
desarrollo sostenible.
Los objetivos señalados en el proyecto de ley de envases y residuos de
envases ya se han dicho aquí, y recordemos que serían los siguientes:
valorizar el 50 por ciento, como mínimo, y el 65 por ciento, como máximo,
en peso, de la totalidad de los residuos de envases generados; dentro del
objetivo anterior, reciclar el 25 por ciento, como mínimo, y el 45 por
ciento, como máximo, en peso, de la totalidad de los materiales de
envasado que formen parte de los residuos de envases generados con un
mínimo del 15 por ciento en peso; reciclar un 15 por ciento en peso de la
totalidad de los materiales de envasado que formen parte de todos los
residuos de envases generados con un mínimo del 10 por ciento en peso por
cada tipo de material de envasado, antes del 30 de junio de 1999, como
objetivo intermedio.
Señorías, se podrá decir del proyecto de ley lo que se quiera,
probablemente legítimamente, pero, además de incorporar un derecho
comunitario a nuestro derecho interno, el proyecto de ley es valiente y
va a hacer que se cambien los hábitos domésticos y los hábitos de los
fabricantes. Creo que esto es progresivo y que es muy importante este
proyecto de ley por una razón a la que usted también se refería antes,
señora Pleguezuelos. Usted no lo verá así, quizá, pero creo que este
proyecto de ley combina perfectamente el binomio famoso de conservación
del medio ambiente y desarrollo económico.
Creo que hoy es un buen día para aprobar este proyecto de ley, señorías
--y termino, señor Presidente--, porque vamos a poder poner los cimientos
de nuestro futuro, que no será ni más ni menos que el presente de las
nuevas generaciones.
Nada más y muchísimas gracias. (Aplausos.)
El señor VICEPRESIDENTE (Aguilar Belda): Gracias, Senador Esteban.
Pasamos a continuación al debate del articulado, en primer lugar,
capítulos I a IV, artículos 1 a 12. Se ha presentado el voto particular
número 2, de la Senadora Costa Serra, del Grupo Parlamentario Mixto, que
corresponde a las enmiendas 124 a 127. Para su defensa, tiene la palabra
la Senadora Costa.
La señora COSTA SERRA: Gracias, señor Presidente.
Señorías, en cuanto a las cuatro enmiendas presentadas por esta Senadora,
me referiré en primer lugar a la última, la número 127, que es una
enmienda al artículo 2 del proyecto de ley, dedicado a las definiciones,
en cuyo apartado 6), concretamente, se define el concepto de reciclado.
En esta enmienda número 127 se propone una redacción que excluya el
compostaje, dentro del reciclado, ya que éste se produce con materia
orgánica de la cual están excluidos cualquier tipo de envases de papel,
vidrio, etcétera, por cuanto el compostaje se genera con restos de basura
orgánica descompuesta.
En cuanto a la enmienda número 126, al artículo 2, apartado 7, referido a
la valorización, que coincide básicamente o en parte con la enmienda
número 11, de Izquierda Unida, en esta definición de la valorización
entendemos que se encubre un sistema de incineración que, además, no
recoge una incineración selectiva, sino que en este concepto amplio
parece que se permite casi todo, incluso la incineración indiscriminada,
en vez de potenciar el reciclado como fórmula prioritaria de
valorización.
Por lo que hace a la enmienda número 125, al artículo 5, apartado 1,
letras apartados a) y b), por un lado, se intenta evitar que se imponga
un tanto por ciento máximo de reciclado,
ya que ésta debería ser la fórmula principal de valorización ecológica y,
por lo tanto, no poner topes máximos. Por otro lado, con esta enmienda se
aumenta el porcentaje mínimo de reciclaje de un 50 a un 65 por ciento. Y
en el apartado b) se pretende aumentar el mínimo del 25 al 50 por ciento,
en peso, de la totalidad de los materiales de envasado que formen parte
de todos los residuos de envases generados, con un mínimo de un 30 por
ciento --aquí, por lo tanto, se elevaría del 15 al 30 por ciento-- en
peso de cada material de envasado. Por supuesto, en este apartado b)
también se eliminaría este tanto por ciento máximo del 45 por ciento por
los motivos anteriormente expuestos.
La última enmienda, la número 124, al artículo 10, apartado 2, pretende
introducir un nuevo párrafo que evite compensar por los gastos
ocasionados antes de la entrada en vigor de la ley a aquellas entidades
que ya tengan sistemas de recogida selectiva de basuras.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Aguilar Belda): Gracias, Senadora Costa.
Voto particular número 3, del Grupo Parlamentario Mixto, que se
corresponde con las enmiendas números 2 a 8, 12, 14 a 22 y 25 a 41,
presentadas originariamente por los Senadores Román Clemente, Nieto
Cicuéndez y Costa Serra.
Para su defensa, tiene la palabra la Senadora Costa.
La señora COSTA SERRA: Muchas gracias, señor Presidente.
Como ya se ha dicho anteriormente, debemos manifestar que estamos ante
una importantísima ley, de la que, por otro lado, hemos dicho que, a
pesar de que es un gran paso, no nos deja del todo contentos a casi
ninguno de los colectivos de ciudadanos, tanto organizaciones de
consumidores como organizaciones ecologistas, etcétera.
Ya se ha dicho que esta ley es una trasposición de la Directiva
Comunitaria del año 94. Pero yo no la definiría como una ley valiente,
como ha hecho el portavoz del Grupo Parlamentario Popular, sino más bien
todo lo contrario. Yo diría que es poco ambiciosa, porque no da ni un
paso más adelante, por lo que es previsible que en un plazo de tiempo muy
corto pueda quedar desfasada, como sucedería con la directiva
comunitaria, teniendo en cuenta que los países de la Unión Europea
quieren avanzar más en la gestión de envases y de residuos de envases con
el fin de prevenir y reducir su impacto sobre el medio ambiente,
potenciando las medidas de reciclaje y de prevención.
Después de los diversos borradores que existían sobre este proyecto,
parece que se han eliminado o modificado medidas tan importantes como la
reducción de residuos de envases de PVC de uso alimentario en un 20 por
ciento, como estaba previsto y como aquí ha sido manifestado por la
portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.
Me dirán desde el Grupo Parlamentario Popular que ni la directiva ni
ningún país europeo miembro limita o prohíbe el PVC. Pero esta
afirmación, sin ser falsa, no nos dice del todo la verdad ni es
transparente, por cuanto ya existen más de 300 municipios europeos, como
Berlín, Frankfurt o Bonn, en los que se ha acordado restringir el uso del
PVC en las obras, edificios y mobiliario.
No voy a introducir ahora el debate sobre los daños medioambientales y
sobre la salud que provoca el PVC, porque, desde luego, debe ser un
debate técnico, de especialistas en la materia, pero existen numerosos
informes, a los cuales me remito, además de numerosas empresas que
embotellan agua que ya han optado por reducir paulatinamente el uso de
este material.
Asimismo, el Parlamento Europeo incluye entre las sustancias peligrosas
al PVC, teniendo en cuenta, además, que en diciembre de 1996 se aprobó un
documento en el Consejo de Ministros de Medio Ambiente en Bruselas que
determinaba que los Estados miembros deben reducir en el origen los
residuos y las sustancias peligrosas, dentro de las cuales, por supuesto,
incluimos el PVC. Y ahora, que tendríamos la posibilidad de recoger estas
tendencias europeas en la legislación española y por una vez nos
podríamos adelantar en un tema medioambiental, resulta que vamos a perder
esta oportunidad, diría que incluso histórica.
Por otra parte, en cuanto a la definición del concepto de valorización
que se recoge en el artículo 2.7, ya he señalado en la anterior
intervención que encubre una incineración que puede llegar a ser
indiscriminada, con la excusa de la valorización energética. Y este hecho
lo han puesto de manifiesto tanto las organizaciones defensoras del medio
ambiente, como las asociaciones de consumidores, que, además, han
mostrado su decepción y descontento al no haber podido participar
aportando sus ideas y criterios, teniendo en cuenta, por otra parte, que
los consumidores son uno de los agentes principales en el proceso de
recogida selectiva de basuras.
El portavoz del Grupo Parlamentario Popular ha hecho anteriormente una
referencia al título del artículo 4, que se refiere al fomento de la
reutilización y del reciclado. Dicho artículo prevé que las
administraciones públicas «podrán», es decir, no es imperativo. Por
tanto, entendemos que la redacción que se propone con las enmiendas que
presentamos cambia sustancialmente su contenido, en el sentido de que se
impone a la Administración el cumplimiento de los objetivos de esta Ley.
Y por lo que se refiere al Capítulo IV, se propone que se recoja en la
rúbrica del mismo, así como en la Sección 1.ª, el sistema general de
depósito, y en la Sección 2.ª, sistemas complementarios de gestión de
residuos de envases y envases usados. Entendemos que es vital la
inclusión del sistema de depósitos en estos apartados para aquellos
envases que, por sus características o contenido, puedan considerarse
especiales o peligrosos. De esta forma, se eliminaría uno de los factores
limitantes que más peso tienen en la gestión de residuos municipales y
supondría también un impacto menor sobre el medio ambiente. Ha habido un
intento de transacción de una enmienda del Grupo Parlamentario Socialista
en este sentido y en estos momentos desconozco si, por fin, se ha llegado
a un acuerdo, pero creo que sería un punto importantísimo para el avance
de esta Ley, ya que la aplicación del sistema de depósito para los
envases, al menos para los envases considerados peligrosos
o tóxicos, tendría que recogerse en esta Ley con carácter general para
todo el Estado español.
Además, no separar estos envases provoca una contaminación de algunas de
las fracciones de residuos, lo que puede hacer inviable su recuperación.
Así, por ejemplo, la contaminación de la materia orgánica, que es casi el
50 por ciento en peso de la basura, por la presencia de envases y
productos tóxicos, impide que el compostaje que se obtenga pueda
aplicarse posteriormente como abono o directamente al suelo y, por tanto,
no puede reciclarse la parte mayoritaria de los residuos, que es la
materia orgánica, y obliga a depositarla en vertederos controlados, con
un coste elevado y reduciendo, además, la capacidad de los mismos.
En definitiva, si bien con esta importante Ley se da un paso adelante en
cuanto a los envases, lamentamos que no haya existido la voluntad de
crear un proyecto más ambicioso, más progresista, acorde con la tendencia
europea, y se haya hecho una simple transcripción de la Directiva
europea, perdiendo, pues, la oportunidad de mejorarla y adaptarla a los
tiempos actuales.
Gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Aguilar Belda): Muchas gracias, Senadora Costa.
Para la defensa de las enmiendas números 9 a 11, 13, 23, 24 y 42, tiene
la palabra el Senador Nieto Cicuéndez.
El señor NIETO CICUENDEZ: Señor Presidente, señorías, voy a intervenir
con brevedad.
Las enmiendas números 10, 11 y 13, de alguna manera se refieren a todo lo
relativo al tratamiento, tanto de la incineración y el traslado a los
vertederos, como al de los residuos orgánicos.
Creo que está suficientemente explicado que el problema no reside
solamente en el tema estricto de la Directiva, sino que ya hay
experiencias concretas de distintos países que están avanzando algo más
en estos temas. Es lo que pretendemos decir también con estas enmiendas.
Es decir, no solamente hay que ayudar a la población en el tratamiento de
los envases. La primera cuestión para que los envases no sean tóxicos es
adoptar medidas en origen, empezar a introducir elementos alternativos.
Por otro lado, también hay que acostumbrar a la población a que el envase
tenga un precio, porque hay envases que no son reciclables, que se pueden
tirar, etcétera. De esta manera se podría hacer una recogida de los
envases en los propios supermercados, sitios de compra, etcétera, lo que
abarataría el control de los residuos y, por tanto, facilitaría todo el
proceso posterior. Se iría introduciendo aparte el elemento de la
distribución y se empezaría a hacer el reciclaje en origen.
Nada más y muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Aguilar Belda): Muchas gracias, Senador Nieto.
Para la defensa de las enmiendas números 128, 132 y 134, tiene la palabra
la Senadora De Boneta y Piedra.
La señora DE BONETA Y PIEDRA: Muchas gracias, señor Presidente.
A este bloque mantenemos tres enmiendas que, como bien ha dicho el señor
Presidente, son las números 128, 132 y 134.
En primer lugar, debo decir que antes no he consumido el turno de
portavoces porque no me ha parecido oportuno, ya que es muy breve lo que
tengo que decir.
Nuestro Partido, Eusko Alkartasuna, ha modificado su actitud de la
enmienda a la totalidad en el Congreso de los Diputados a una serie de
enmiendas parciales presentadas aquí, en el Senado, precisamente porque
se considera que en su paso por el Congreso de los Diputados el proyecto
ha recogido muchas de las cuestiones que planteábamos.
Sin embargo, las que queremos plantear aquí, en este momento, son
importantes y querríamos que se mantuviera una cierta atención sobre las
mismas.
En primer lugar, la enmienda número 132, al artículo 5, pretende que,
fijando los porcentajes en peso que se indican en este artículo, incluso
obligándose a la reducción de al menos un 10 por ciento en peso, se
tengan también en cuenta las características de los materiales de los
residuos de envases generados.
Esto quiere decir que no hay que hacer referencia únicamente al peso de
los residuos de esos envases, sino que hay que tener muy en cuenta los
materiales de los que están compuestos los envases y, en función de esos
materiales, se deben fijar los porcentajes en peso que se indican en los
puntos que se contienen en el artículo 5; hay que atender, insisto, a la
naturaleza, a la clase de los materiales en función de su mayor o menor
componente nocivo y contaminante.
En relación con la enmienda al artículo 9, la mantenemos porque, en el
primer párrafo de dicho artículo se plantea la posibilidad de elaborar
convenios con las corporaciones o con las entidades locales y en el
segundo párrafo se está dejando que en esos convenios no haya ningún tipo
de obligatoriedad por parte de esas mismas entidades locales, porque dice
que en esos convenios podrían fijarse una serie de cuestiones que
tendrían que ser obligatoriamente determinadas para la participación de
las entidades locales en las labores de recogida y en las distintas
labores en relación con los residuos y envases que se establecen en esta
ley.
En este sentido hemos planteado la enmienda 134, en la que decimos que
«Dichos convenios establecerán, en todo caso, el compromiso de las
entidades locales de realizar la recogida...» Si no van a tener las
entidades locales ningún tipo de compromiso, huelgan los convenios.
En este punto, tengo que agradecer la aprobación y la inclusión de
nuestra enmienda número 135 en el trámite de Comisión, a la que no pude
acudir, y aprovecho ahora para agradecer que se haya tenido en cuenta la
necesidad de la separación de materiales en este tipo de labores.
La enmienda número 128, al artículo 10, propone la siguiente redacción:
«En todo caso, los sistemas integrados de gestión compensarán a las
entidades locales o las Comunidades Autónomas contempladas en el párrafo
anterior» --se refiere a aquellas entidades y a aquellas comunidades
que hayan celebrado convenios para proceder a estas labores--, «de
acuerdo con los términos de los convenios de colaboración que se
establezcan, por las amortizaciones y carga financiera de las inversiones
ya realizadas para la gestión de residuos de envases y envases usados,
siempre que las mismas respondieran a lo establecido en esta Ley o
pudieran adaptarse, reduciendo sensiblemente la diferencia de coste entre
el sistema preexistente y los sistemas integrados de gestión».
¿Qué es lo que pretendemos? Hay entidades locales, hay Comunidades que,
con una sensibilidad mayor de la que ha planteado el Estado, se han
adelantado a la propia directiva comunitaria y al Estado en la
reglamentación que ahora intentamos trasladar. En este caso consideramos
en cierto modo lesivo e injusto para esas entidades que se compense por
la diferencia de costes a las entidades que forman parte de los planes
integrados y, sin embargo, no se tengan en cuenta aquellas inversiones
que se han realizado por entidades locales y por Comunidades Autónomas
antes de que esta ley entre en vigor. Pensamos que estas entidades
locales y Comunidades Autónomas están soportando una carga financiera
importante como consecuencia de esas inversiones y de alguna manera no
sería justo que se premiase, y lo digo de forma irónica, justamente al
revés, su sensibilidad ecológica, no compensándoles en absoluto y
compensando a las que vayan a integrarse con posterioridad a la
promulgación de la ley.
Nada más y muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Aguilar Belda): Gracias, Senadora De Boneta.
Para la defensa de las enmiendas 65 a 68, del Grupo Parlamentario Catalán
en el Senado de Convergència i Unió, tiene la palabra el Senador Beguer.
El señor BEGUER I OLIVERES: Muchas gracias, señor Presidente.
Antes de entrar en la defensa de estas enmiendas, queremos hacer notar
que en Comisión se nos aceptaron las enmiendas números 69, 70, 71 y 72;
alguna de ellas hacía referencia a uno de los temas que nosotros
consideramos importantes en este proyecto de ley, y es el de que sean
informados los colectivos ecologistas o, por decirlo de un modo más
correcto, las organizaciones no gubernamentales cuyo objeto sea la
defensa del medio ambiente.
Es por ello que, teniendo ya este reconocimiento en algunas de las
enmiendas que se nos aceptaron en Comisión, y para dar mayor brevedad al
debate y denotar nuestra satisfacción por algunas de las enmiendas
aprobadas, vamos a retirar las enmiendas números 67 y 68. También
retiramos la número 66, toda vez que se refiere a un tema de concepto
quizá discutible y, en cualquier caso, no vamos a cuestionar el redactado
del proyecto de ley.
En cambio, mantenemos la enmienda número 65 por cuanto consideramos que
la valorización de los materiales debe tener preferencia frente a las
operaciones de valorización energética. Entendemos que no es un tema
nimio, que mantener esta preponderancia en este concepto es un tema de
cierta consideración y, por tanto, mantenemos esta enmienda número 65, y,
repito, retiramos las números 66, 67 y 68.
Nada más y muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Aguilar Belda): Gracias, Senador Beguer.
Para la defensa de las enmiendas números 87 a 93 y 95 a 105, del Grupo
Parlamentario Socialista, tiene la palabra la Senadora Pleguezuelos.
La señora PLEGUEZUELOS AGUILAR: Muchas gracias, señor Presidente.
Voy a defender las enmiendas que aún permanecen vivas a los Capítulos I a
IV.
En el Capítulo I, disposiciones generales, permanecen vivas cinco
enmiendas.
Al artículo 2, de definiciones, hemos presentado las enmiendas números
87, 90 y 91, que son básicamente de adición y que tratan de incluir todas
las definiciones de la Directiva europea sin excepciones, porque el texto
del Gobierno incluye algunas definiciones, pero obvia algunas otras.
Entendemos, por ejemplo, que definir también como envase los embalajes y
los envoltorios previstos en el Catálogo Europeo de residuos que se
aprobó en 1993 es importante y debe recogerlo la Ley. Lo mismo que
entendemos que hay que incluir también entre las definiciones los de
compostaje y biometanización.
Otras enmiendas a este mismo Capítulo I son las números 88 y 89, que
pretenden básicamente especificar la reducción en lo que es la toxicidad
de los materiales utilizados en los envases y en los residuos de envases.
Al Capítulo II, sobre los principios de actuación en materia de
prevención, reutilización y reciclado, hemos presentado dos enmiendas,
una de ellas muy sustancial, que quiero poner de manifiesto.
Al artículo 3 presentamos un texto alternativo al proyecto de ley del
Gobierno. ¿Por qué? Porque el artículo 3 se define, se nombra o se llama
de prevención, y el texto del proyecto de ley no prioriza los objetivos
de prevención. Por tanto, como no cumple con la legislación europea de
priorizar esos objetivos de prevención y no fija tampoco esa prioridad en
el Plan Nacional de Residuos Sólidos Urbanos, entendemos que había que
plantear un texto alternativo, y en ese sentido la enmienda de mi Grupo
recoge dos apartados que podrían subsanar este error del texto del
Gobierno. El primero de los apartados fija la prevención como objetivo
prioritario de la política de residuos sólidos urbanos --que entendemos
que es lo fundamental y lo que cumple con la normativa europea-- y el
segundo determina, dentro de los respectivos ámbitos de competencia de
las distintas Administraciones, la adopción de otras medidas, referidas
fundamentalmente al diseño, al proceso y a la producción de envases, con
la finalidad --y eso es lo importante-- de minimizar y prevenir en origen
la producción de residuos de envases.
El Capítulo III --y aquí sí que hay una mayor divergencia con el texto
del Gobierno-- se refiere a los objetivos de reducción, reciclado y
valorización. Al mismo permanece viva una enmienda, la número 95, que
pretende recoger
esa reducción, en el caso de residuos de envases de PVC de uso
alimentario, del 20 por ciento, supuesto al que me refería en mi
intervención anterior. Como decía antes, ésta es una de las claves que
nos diferencian de ustedes y que sin duda alguna, Senador Esteban, son
suficientes para justificar ese voto en contra.
El PVC es, en efecto, un producto en el que las dioxinas aparecen como
subproductos de fabricación derivados del cloro y, por tanto, tiene un
efecto nocivo. Pero es que, además, también hay ejemplos múltiples del no
uso del PVC: en la actualidad más de 300 ciudades en Europa ya se han
declarado libres del PVC. En esas ciudades se va prohibiendo
progresivamente el uso de este plástico en envases y también en la
construcción, dándose facilidades para irlo sustituyendo; incluso en
España existen --y ustedes lo saben-- empresas embotelladoras de agua y
cadenas de alimentación que voluntariamente han aceptado abandonar el
PVC. Por tanto, no se dejen influir por nadie, no se dejen influir por
los intereses de los fabricantes de PVC y sean mucho más atrevidos y
progresistas en la defensa del medio ambiente.
Pero no sólo no han cumplido en este y en otros temas la normativa
europea --y en algunos otros lo han hecho pero mal--, sino que hay otros
países que han fijado una cuota de envases y embalajes para el año 2000,
que tienen que reducir un mínimo del 10 por ciento, reciclar como mínimo
el 55 por ciento y limitar la incineración --y éste es otro punto de
discordia con el texto del Gobierno-- a un 25 por ciento, de forma que
ningún envase tendrá que llegar al vertedero para esas fechas. Por
ejemplo, Francia propone alcanzar un 75 por ciento de valorización para
el año 2002, un 10 por ciento más, por tanto, de lo que propone el
Gobierno español. Sin duda no han sido ustedes nada valientes ni en este
tema del PVC ni en la eliminación ni en los límites de las instalaciones
de incineradoras y en otros muchos aspectos, como el sistema de depósito
frente al sistema integrado de gestión.
En el Capítulo IV, de sistemas de depósito, devolución y retorno y
sistemas integrados de gestión de residuos de envases y envases usados,
quiero anunciar la retirada de la enmienda número 96, quedando vivas, por
tanto, ocho enmiendas, aunque respecto a una de ellas, la número 101,
creo que la Mesa dispone de una transaccional firmada por todos los
grupos.
La enmienda número 97 pretende dar participación --y creo que esto es
importante también-- a los municipios en la consulta que el Ministerio de
Medio Ambiente hace a las Comunidades Autónomas en la obligación de ese
sistema de depósito, devolución y retorno. Señorías, entendemos que es
importante que los municipios, que son parte interesada directamente en
este proceso, sean consultados por parte del Ministerio, y no se recoge
así en el texto del Gobierno.
El reciclado --y también la eliminación-- supone un riesgo para la salud
de las personas y para el medio ambiente. En ese sentido, la enmienda
número 102 pretende completar los requisitos y los efectos de las
autorizaciones de los sistemas integrados de gestión de residuos y deja
muy claro --y esto es importante en el texto de nuestra enmienda-- que se
podrá suspender dicha autorización cuando se deje de cumplir alguna de
las obligaciones. Porque es curioso que el texto del Gobierno cuando se
refiere a la autorización dice que si se producen algunos cambios, el
Gobierno podrá suspender esa autorización, pero en ningún caso dice
cuándo y con qué requisitos o incumplimientos procedería a suspender la
autorización correspondiente.
La enmienda número 103 propone también un texto alternativo al del
Gobierno, ya que en éste sólo se plantea la participación de las
entidades locales. Ya incluso en el nombre del artículo entendemos que no
debemos hablar exclusivamente de entidades locales; tenemos que hablar de
entidades locales, de Comunidades Autónomas, de consumidores y usuarios,
porque todos ellos intervienen en el proceso correspondiente al que hace
referencia el artículo. Por eso, para garantizar la participación de
todas las administraciones interesadas, también de las Comunidades
Autónomas y de los consumidores y usuarios, en nuestra enmienda damos una
cobertura y establecemos unos procesos inmediatos, que van desde las
Comunidades Autónomas a las corporaciones locales y a la consulta con
esos consumidores, para que cerremos el circuito correspondiente y todos
los interesados estén informados y participen en este procedimiento.
La enmienda número 104 pretende determinar claramente también la
financiación del sistema integrado de gestión, porque no se puede hablar
de sistema integrado de gestión y dejar su financiación tan poco
determinada como lo hace el texto del Gobierno.
La enmienda número 105 trata de asegurar también esa participación de las
administraciones y de los consumidores y usuarios en todas y cada una de
las fases del sistema, como decíamos antes, no sólo en lo que es el
producto final o el control del mismo.
Las restantes enmiendas son de carácter técnico.
Hay una enmienda --aún hoy no sabemos si dispondremos de la transaccional
porque el Grupo Parlamentario Popular lo estaba meditando-- respecto a lo
que es el sistema de depósito como sistema prioritario para que se
aplique en aquellos envases cuya composición química o el material que
han contenido presenten unas características muy especiales de
peligrosidad o de toxicidad. Señorías, consideramos esta enmienda muy
relevante e importante y un elemento más que nos separa de la propuesta
del Gobierno y del Grupo que le apoya, en espera de esa transaccional.
Entendemos que el resto de las enmiendas están defendidas.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Aguilar Belda): Gracias, Senadora Pleguezuelos.
Pregunto al Grupo Parlamentario Popular si desea hacer el turno en contra
a estos capítulos o agrupar el resto de los capítulos.
El señor UNCETA ANTON: Turno en contra.
El señor VICEPRESIDENTE (Aguilar Belda): Tiene la palabra el Senador
Unceta.
El señor UNCETA ANTON: Muchas gracias, señor Presidente.
En aras de la brevedad de este trámite y dado que este Senador tiene que
contestar de alguna forma a todas las enmiendas que han sido o van a ser
rechazadas con los argumentos correspondientes, con su venia, voy a
mencionar el número que tiene asignado cada enmienda sin hacer una
historia de toda la enmienda, pero sí dando los resultados, porque, si
no, señor Presidente, hoy dormimos aquí.
Empezaré por las enmiendas a los votos particulares de las Senadoras
Costa Serra y De Boneta.
Respecto a la enmienda número 124, al artículo 10.2, debo decirle,
Senadora, que no se acepta por considerar más adecuado el texto del
artículo 10.2 del proyecto de ley, que fue consensuado, además, entre los
agentes económicos, que son los que tendrán que pagar, y los entes
locales, que son los que tendrán que cobrar. Por ese motivo, el Grupo
Parlamentario Popular rechaza la enmienda.
La enmienda número 125, al artículo 5.1.a) y b), no podemos aceptarla
debido a que los objetivos de reciclado sólo pueden rebasarse si se
obtiene la plena conformidad de la Comisión, tal como se establece en el
apartado 1 de la disposición final primera, segundo guión, por lo que el
Grupo Parlamentario Popular la rechaza.
Tampoco podemos aceptar la enmienda número 126 al artículo 2, apartado 7,
debido a que, tanto la Directiva de envases como la Directiva marco de
residuos, establecen que la incineración con recuperación de energía es
una operación de valorización. Esa es la base un poco telegráficamente.
Podríamos ampliarlo si éste fuera un trámite más largo y tuviéramos más
tiempo.
La enmienda número 127 al artículo 2, apartado 6, también es rechazada
debido a que la Directiva que se transpone considera el compostaje como
una operación de reciclado. Está en el artículo 3, apartados 7 y 9.
La Senadora De Boneta y Piedra ha presentado la enmienda número 128, al
artículo 10, apartado 2. Nos habría gustado haber podido aceptarle más
enmiendas, Senadora, como usted ha dicho en su trámite en esta tribuna,
pero ésta tenemos que rechazársela porque consideramos que es más
adecuado el texto del artículo 10.2 del proyecto de ley, que fue
consensuado --le digo lo mismo que a la Senadora anterior-- entre los que
tienen que pagar y los que tienen que cobrar, es decir, entre los agentes
económicos y los entes locales.
La enmienda número 132, al artículo 5, también es rechazada, porque el
porcentaje de reducción del artículo 5.c) es global y no para cada
material envasado.
La enmienda número 134, de la Senadora De Boneta, lo es al artículo 9,
apartado 1. Debo decir que la rechazamos basándonos en que, en el
artículo 9.2, se impone a los entes locales la obligación de llegar a un
acuerdo con la Comunidad Autónoma a la que pertenezcan cuando aquéllos no
participen en un sistema integrado de gestión. Como la obligación queda
clara --creemos--, es conveniente dejar libertad a los entes locales y a
las Comunidades Autónomas sobre la forma en que se van a poner de
acuerdo, puesto que la ley lo define como obligatorio.
Pasamos a dar contestación a las enmiendas del Grupo Izquierda
Unida-Iniciativa per Catalunya. Voy a englobar las números 10, 11 y 13,
del Senador don José Nieto, y el resto las voy a contestar en el orden en
el que han sido presentadas.
Consideramos, señor portavoz del Grupo Mixto, que la enmienda número 3,
al artículo 1, es innecesaria, porque la jerarquía de opciones de gestión
de residuos está clara en la ley, y a la eliminación en vertedero se le
concede en el proyecto de ley un carácter meramente residual que debe
evitarse o reducirse a los mínimos imprescindibles. Por lo tanto, nuestra
postura frente a esta enmienda es la de rechazarla en este Pleno.
La enmienda número 4 lo es al artículo 2, apartado 1. Consideramos que,
por razones de técnica legislativa, es más correcto hacer las
definiciones pormenorizadas en vía reglamentaria, con lo cual, Senador,
le estoy contestando que los asuntos que usted propone en esta enmienda
serán recogidos, lógicamente, en vía reglamentaria.
Respecto a la enmienda número 5, al artículo 2, apartado 3, debo decirle
que nosotros consideramos que el concepto de pre-recogida está incluido
dentro del de recogida, y no queremos variar el texto porque puede dar
lugar a falsas interpretaciones antes, después o durante. Es recogida.
Lo más importante de la enmienda número 6, al artículo 2, es el concepto
de producto limpio. Creemos que adolece de una gran inseguridad jurídica,
y puede ser fuente de confusión entre los consumidores. Existe, además,
en nuestro ordenamiento, para este fin y de forma reglada, la etiqueta
ecológica comunitaria.
La enmienda número 7 también es rechazada porque creemos que el concepto
de prevención que figura en el proyecto de ley coincide con la Directiva
comunitaria y, además, es más adecuado que el de la enmienda que ustedes
proponen.
En cuanto a la enmienda número 8, el concepto de eliminación es más
correcto que el propuesto tratamiento de residuos finales, porque es el
empleado en la Directiva comunitaria de envases y en la Directiva marco
de residuos. (El señor Presidente ocupa la Presidencia.)
La enmienda número 9 no añade ningún dato significativo, a nuestro
juicio, a la definición de reciclado que da el proyecto de ley. Este es
el fundamento base para no admitirla.
En la enmienda número 10, del Senador Nieto, es innecesaria la
diferenciación entre reciclado primario y secundario. Vuelve a crear
dudas y problemas.
Respecto a la enmienda número 11, del mismo Senador, la Directiva que se
transpone deja bien claro que el concepto de valorización incluye la
incineración con recuperación de energía.
La enmienda número 12 no añade ningún dato significativo, a nuestro
juicio, a la definición de recuperación de energía. Asimismo, rechazamos
la 13, del Senador José Nieto, porque entendemos que la parte dispositiva
de la ley no define conceptos como compostaje o biometanización. En todo
caso, creo que queda abierta la vía reglamentaria, señor Senador.
La enmienda 14 argumenta que no se puede hablar de eliminación, sino que
es más correcto hacerlo de tratamiento de residuos finales. Esto es lo
que propone la enmienda de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, del
Grupo Parlamentario Mixto. Además, así figura en la Directiva transpuesta
y en la Directiva marco de residuos, con lo cual no buscamos complejidad
o errores posibles al traspasarla de un lado a otro, de una Directiva a
esta ley.
El motivo del rechazo de la enmienda número 16, al artículo 3, es que las
medidas de prevención que adopten las distintas administraciones
públicas, fundamentalmente las Comunidades Autónomas, de acuerdo con el
reparto constitucional de competencias en materia de medio ambiente,
forman parte del Programa Nacional de Residuos de Envases y Envases
Usados, en la medida en que este programa nacional es el resultado de la
integración de los programas autonómicos, por lo que no tiene sentido
crear otro programa de prevención que, a fin de cuentas y según la
enmienda, tendría que formar parte del Programa Nacional de Residuos de
Envases y Envases Usados.
Emplearemos el mismo argumento que hemos utilizado para no aceptar esta
enmienda para rechazar las enmiendas 17 y 18. Utilizamos el mismo
argumento para no aceptar estas tres enmiendas.
Rechazamos también la enmienda número 19, de adición, que añade un nuevo
artículo entre el 3 y el 4. Consideramos más adecuada la redacción del
artículo 5.c), señor Senador, porque, además, así ha quedado aprobada en
el Congreso. Modificarla sería variar algo que, en principio, no tendría
por qué. No vemos la parte positiva de esa enmienda.
Tampoco vamos a aceptar la enmienda número 20, al artículo 4, porque no
tiene sentido elaborar un nuevo programa de reutilización cuando, a fin
de cuentas, se tiene que integrar en el Programa Nacional de Residuos de
Envases y Envases Usados. Por lo tanto, queda rechazada en este trámite,
pues habrá que votar.
La enmienda número 21 quiere establecer una serie de porcentajes
obligatorios de reutilización en el caso de envases de vidrio de bebidas,
etcétera. La imposición de estos porcentajes de reutilización es
contraria a la Directiva que se transpone, que sólo impone a los Estados
miembros la obligación de poner en marcha sistemas de reutilización, pero
no hace mención alguna a porcentajes concretos, como ocurre en el caso de
la valorización y reciclado, sino que exige que los sistemas de
reutilización que se implanten estén diseñados para evitar obstáculos al
comercio y distorsiones de competencia de conformidad con el Tratado, lo
que claramente se produciría si se aplicasen porcentajes, incluso con la
reutilización, como se propone en la enmienda, del 90 por ciento.
La enmienda número 22 ha sido formulada a la rúbrica del Capítulo III.
Creemos que la rúbrica está perfectamente definida y responde al
contenido. Por lo tanto, tampoco es aceptado.
La enmienda número 23, al artículo 5, no puede aceptarse porque, a fin de
cuentas, el programa de reciclado tendrá que integrarse en el Programa
Nacional de Residuos, como he explicado anteriormente.
La enmienda número 24, al artículo 5, que ha sido expuesta por distintos
portavoces en esta tribuna, habla de la regulación de los límites de
emisión de dioxinas. La normativa no tiene que regularse en esta ley,
sino que ha de hacerse en la normativa sobre incineración de residuos y
no en la norma sectorial sobre residuos de envases.
También rechazamos la enmienda número 25, a la rúbrica del Capítulo IV,
porque el sistema obligatorio de depósito, devolución y retorno se
plantea en la norma como claramente disuasorio para que sirva como
incentivo de suscripción de los acuerdos voluntarios sobre los que se
implanten los sistemas integrados de gestión de residuos y envases y
envases usados.
Por el mismo razonamiento y argumento rechazamos también la enmienda
número 26.
En cuanto a la número 27, como es lógico, no vamos a darle nuestro voto
en el trámite correspondiente sobre la base de que la práctica totalidad
de los países que han aprobado esta normativa sobre residuos y envases
comienzan exigiendo responsabilidades a partir del envasador, que es
quien en puridad pone en el mercado un producto, el producto envasado;
producto cuyo uso genera necesariamente un residuo, de acuerdo con el
principio de responsabilidad del productor y con el principio de que
quien contamina paga, tal y como ha sido entendido por la Unión Europea.
En cualquier caso, si el envasador es a su vez fabricante del envase,
también tendría que cumplir las obligaciones establecidas en el artículo
6.
En cuanto a la enmienda número 28, al artículo 6, apartado 1, párrafo
primero, consideramos que no es necesaria, puesto que la rúbrica está
suficientemente definida y no merece hacer ningún cambio sobre la misma.
Sobre la número 29 no podemos decir sino que la consideramos totalmente
reiterativa.
Rechazamos en este trámite la enmienda número 30 porque consideramos más
conveniente regular la cantidad a cobrar en concepto de depósito por vía
reglamentaria. Además, no es necesaria la reserva de ley debido a que la
cantidad percibida en concepto de depósito no tiene la consideración de
prestación patrimonial pública, sino que, como su nombre indica, se rige
por las reglas generales de Derecho privado.
No aceptamos la enmienda número 31 porque, con independencia de que se
pongan en marcha o no mediante sociedades cooperativas de la economía
social, las medidas establecidas en esta ley tienen como finalidad
conseguir un elevado nivel de protección ambiental, y nada impide que
estas sociedades se beneficien, además, con las acciones de fomento que
se apliquen de acuerdo a lo establecido con carácter general en el
artículo 18 de la ley.
La número 32, al artículo 6 bis, no puede aceptarse porque la creación de
un Fondo de Garantía no tiene mucho sentido desde el momento en que se
ponen a disposición de los comerciantes varios mecanismos para garantizar
que pueden aceptar únicamente la devolución de los residuos de envases
que ellos hayan expedido, a lo que habría que añadir la garantía
adicional de que siempre pueden entregar a su vez estos residuos de
envases al envasador para recuperar la cantidad que previamente habían
satisfecho, con
lo cual, tal y como está redactado el artículo 6, se garantiza que el
consumidor pueda recibir el reintegro correspondiente cuando entregue el
envase.
La número 34, al artículo 7, apartado 1, párrafo primero, está
prácticamente ligada con la enmienda número 33.
En las enmiendas hasta aquí tratadas hay un tema generalizado que he
intentado explicar: que los sistemas integrados de gestión de residuos de
envases y envases usados son los que se piensan aplicar con carácter
general, ya que tanto estos sistemas como el de obligado depósito,
devolución y retorno no se aplicarán a envases reutilizables, porque los
envases reutilizables, que cuentan con su propio sistema de devolución,
podrán mantenerlo de acuerdo con lo establecido en la disposición
adicional primera.
En cuanto a las enmiendas número 35 y número 37, ésta al artículo 8,
apartado, 1, mantenemos la misma argumentación para rechazarla.
Señorías, señor portavoz del Grupo Parlamentario Mixto, exigir un estudio
de impacto ambiental a los sistemas integrados de gestión, con carácter
previo a su autorización, significaría conectarlos con la legislación
sobre evaluación de impacto ambiental, que sólo se aplica a obras
públicas, instalaciones o actividades, lo que no ocurre en este caso, ya
que estos sistemas integrados no hacen la recogida y transporte de los
residuos de envases, sino que son actividades realizadas actualmente por
los entes locales.
No admitimos la enmienda número 38 porque el Estado no concede ninguna
autorización de los sistemas integrados de gestión, es una competencia de
las Comunidades Autónomas, señor portavoz del Grupo Parlamentario Mixto.
La enmienda número 39 la desestimamos porque crear la Comisión para el
control de la gestión de los residuos de envases no es posible, entre
otras razones, porque el Estado carece de competencia en el control de
esta materia. Por tanto, no puede ser el Estado el que cree esta Comisión
que ustedes proponen.
Respecto a la enmienda número 40, les recuerdo que en el artículo 9.2 se
impone a los entes locales la obligación de llegar a un acuerdo con la
Comunidad Autónoma a la que pertenecen. Es similar a una enmienda
particular de la Senadora De Boneta. Por lo tanto, si tiene que llegar a
un acuerdo, esta obligación queda resuelta por ley y, en este caso,
conviene dejar en libertad a los entes locales y a las Comunidades
Autónomas para que lo desarrollen.
El motivo por el que no se ha admitido la enmienda número 41 es porque,
tal como se desarrolla dicha enmienda, no consideramos conveniente
imponer obligaciones de participación en sistemas de recuperación a los
fabricantes de envases, a menos que sean también envasadores, que no es
el caso.
En la enmienda número 42, al artículo 10.2, el argumento que tengo que
darle, señor portavoz del Grupo Parlamentario Mixto, es que el coste de
los gastos que se originen como consecuencia de las obligaciones que
tienen encomendadas las entidades locales, de acuerdo con la Ley de
Residuos Sólidos Urbanos de 1975, ya se financia de forma ordinaria
mediante los presupuestos de las entidades locales y previa aprobación de
los correspondientes tributos. En consecuencia, si los sistemas
integrados de gestión volvieran a financiar esa parte, se produciría de
hecho una doble imposición a los consumidores, que son los que, en última
instancia, soportan los costos de uno y otro sistema. Con esto, señor
Presidente, he terminado con las enmiendas correspondientes al Grupo
Parlamentario Mixto, Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya.
Respecto a las enmiendas del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de
Convergència i Unió, tengo que decir, en primer lugar, que agradezco a su
portavoz la retirada de las enmiendas números 66, 67 y 68, aunque no sea
más que porque descanse este portavoz. Una vez dadas las gracias, le diré
que la enmienda número 65 no podemos aceptarla por varias razones que le
voy a exponer. En primer lugar, la valorización energética es en sí
misma, y como su nombre indica, un método de valorización, por lo que no
puede afirmarse que la propia valorización de los materiales, método que,
como decimos, incluye la valorización energética, tenga, con carácter
general, preferencia sobre la propia valorización energética. Cuestión
distinta es que se quiera dar una prioridad al reciclado sobre las otras
formas de valorización, y ello ya lo hace el proyecto de ley al dar
preferencia de forma expresa, en el artículo 4, tal como ha quedado
redactado y ha entrado en esta Cámara, al reciclado junto con la
reutilización sobre las demás formas de valorización. Creemos que, tal
como lo recoge la ley, se considera más correcto desde el punto de vista
de técnica legislativa, pues no resultaría adecuado hacer esta precisión
en el apartado de definiciones como Senadores de Convergència i Unió
proponen en su enmienda.
Paso a contestar a las enmiendas propuestas por el Grupo Parlamentario
Socialista, defendidas por la Senadora Pleguezuelos. En primer lugar,
tengo que agradecerle las frases que nos ha manifestado en esta tribuna
porque realmente todos hemos trabajado, todos hemos tratado de mejorar
esta ley. Es posible y es lógico que no hayamos llegado a un consenso
absoluto, pero le repito que le agradezco las frases que nos ha dedicado
en su turno como portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.
Empecemos por la enmienda número 87. No aceptamos esta enmienda,
Senadora, porque creemos que en el artículo 2, punto 1, del proyecto de
ley se hace ya una definición de envase, mientras que el catálogo europeo
de residuos, como su propio nombre indica, contiene una enumeración de
residuos por los que los embalajes y envoltorios previstos en dicho
catálogo son residuos de envases, pero no envases, según la propia
Directiva.
Rechazamos la enmienda número 88 porque es evidente que la reducción del
impacto ambiental de los envases a todos nos interesa, como hemos podido
comprobar en este trámite del proyecto de ley, pero el impacto ambiental
de los envases mediante el desarrollo de productos y técnicas no
contaminantes, como ya contempla el proyecto de ley, implica,
necesariamente, una reducción de su toxicidad, por lo que no consideramos
oportuno reiterarlo.
En cuanto a la enmienda número 89, consideramos más adecuado emplear el
término «eliminación» que el de «tratamiento de las fracciones residuales
finales», entre otras
cosas, por no ser más papistas que el Papa --perdóneme la expresión--,
porque es el utilizado en la Directiva de los envases y en la Directiva
marco de residuos, que es la que estamos traspasando.
Respecto a la enmienda número 90, Senadora, la definición del término
«compostaje» se haría, en todo caso --y deje una puerta abierta--, por
vía reglamentaria, ya que no la consideramos necesaria para una correcta
y clara comprensión, por lo menos en los mandatos que impone la ley.
La enmienda número 91 se refiere a otro término, que es la base de la
enmienda: biometanización, sobre el que vuelvo a decirle lo mismo, es
decir, dejémoslo para que se haga vía reglamentaria, y no compliquemos
más el proyecto de ley en este momento.
En cuanto a la enmienda número 92, que se refiere al artículo 3, yo creo
que queda fuera de toda duda que la política preventiva debe trasladarse
no al plan de residuos sólidos y urbanos, sino al plan de residuos de
envases y envases usados, que, lógicamente, se integrará en el otro, que
es superior. Y respecto al contenido del apartado 2) que se propone,
tengo que decirle que consideramos que es excesivamente reglamentarista
para una ley y que, por razones de técnica legislativa, creemos que es
mejor no complicarlo más de lo que ya está.
En cuanto a la enmienda número 93, creemos que no pueden imponerse de
forma imperativa a otras Administraciones públicas, como pretende la
enmienda, en este caso autonómicas y locales, obligaciones sobre asuntos
de su competencia, pues creemos que ello sería contrario al principio de
autonomía financiera de las Comunidades Autónomas y al de la autonomía
municipal, garantizadas incluso por la Constitución.
Rechazamos la enmienda número 95, de adición al artículo 5, apartado d),
por entender que la definición del proyecto de ley es más correcta.
Nuestra oposición a la enmienda número 97 se basa en entender que las
entidades locales no tienen participación alguna en la recuperación de
los residuos de envases mediante el sistema de depósitos, devolución y
retorno, por lo que no nos parece correcto ni procedente que tengan que
ser consultadas a la hora de fijar el importe de la cantidad que tenga
que pagarse por el envase y retenerlo y en concepto de depósito. Si no
participan, no tenemos por qué consultarlas.
En cuanto a la enmienda número 98, no creemos que haya razones
ambientales que justifiquen la prioridad del sistema del depósito para
recuperar los residuos de envases que presenten especiales
características de toxicidad o peligrosidad, ya que, en última instancia,
tanto el propio sistema obligatorio de depósito como los sistemas
integrados de gestión son sólo sistemas de recuperación de residuos de
envases, pero una vez que éstos han sido recogidos, según el artículo 12
del proyecto de ley, se entregarán para su reutilización de la misma
forma, con independencia del sistema mediante el que hayan sido
recogidos.
Voy terminando, señor Presidente. La enmienda número 99 tiene
prácticamente los mismos argumentos que la que acabo de señalar, Senadora
Pleguezuelos.
La enmienda número 100 incluye la expresión «en particular». Si se
admitiera, daría a entender que los sistemas integrados de gestión de
residuos de envases y envases usados tienen otras finalidades distintas a
la de su recogida y su traslado a los centros de reutilización, de
reciclado o valorización, lo que no sería cierto. Y ya he hecho
referencia en enmiendas anteriores a temas parecidos.
En la enmienda número 101 está confusa. Entendemos que si se refiere a
los envases industriales propiamente dichos, éstos tendrán su propio
sistema. Y si no lo son la ley 42/1975, de desechos y residuos sólidos
urbanos, ya permite que los entes locales puedan exigir a sus poseedores
un tratamiento previo para eliminar su toxicidad antes de recogerlos. Lo
digo para el caso de que sean residuos industriales de gran tamaño o
residuos de esos envases. Por una causa o por otra, están cubiertos y,
por lo tanto, no creemos necesaria esa enmienda.
En la enmienda número 102, al artículo 8.4, creemos que la suspensión de
la autorización, tal como está planteada, supondría aplicar un verdadero
régimen sancionador encubierto sin las garantías del procedimiento
sancionador que exigen las leyes y la propia Constitución.
La enmienda número 103, al artículo 9, no podemos aceptarla ni adaptarla
al proyecto de ley porque la consideramos reglamentarista e impropia de
una norma con rango de ley.
La enmienda número 104, al artículo 10.1, la consideramos innecesaria y
no merece más comentario.
La enmienda número 105 tampoco podemos admitirla, pues queda claro en la
ley que las entidades locales participan con carácter general en el
seguimiento y control de los sistemas integrados, y no es necesario
puntualizar sobre ello. Por lo tanto, no creemos conveniente incorporarla
al texto del proyecto de ley.
Con esto, señor Presidente, salvo que se me haya olvidado reseñar alguna
enmienda, caso que estaría dispuesto a subsanar, el Grupo Parlamentario
Popular, en lo que se refiere a los Capítulos I, II, III y IV, ha
terminado su turno en contra de las enmiendas presentadas.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, Senador Unceta.
Turno de portavoces.
¿Grupo Parlamentario Mixto? (Pausa.)
¿Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos? (Pausa.)
¿Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió?
El Senador Beguer tiene la palabra.
El señor BEGUER I OLIVERES: Señor Presidente, intervengo únicamente para
manifestar, además de nuestro criterio sobre la única enmienda que
mantenemos, la número 65, que, por otra parte, damos soporte a la
enmienda número 98, del Grupo Parlamentario Socialista y, por lo tanto,
sería bueno encontrar una enmienda transaccional que pudiera complacer a
todos los grupos.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.
Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra la Senadora
Pleguezuelos.
La señora PLEGUEZUELOS AGUILAR: Muchas gracias, señor Presidente.
Senador Unceta, hemos podido comprobar que sí había argumentos y
enmiendas más que suficientes en sólo cuatro Capítulos como para que
usted haya tenido que responder usando bastante tiempo.
Es decir, Senador Esteban una vez más se irá confirmando que tenemos
elementos suficientes de discrepancia para nuestro voto en contra.
Como no dispongo del tiempo necesario para ir respondiendo detalladamente
a las contraenmiendas, por llamarlo de alguna manera, que su señoría ha
ido exponiendo e, incluso, algunas no las ha defendido, voy a argumentar
tres cuestiones solamente.
Prevención en el sentido de la Directiva europea significa, primero,
reducir en origen, después reciclar y, desde luego, reutilizar, pero en
absoluto es no abordar el problema de la reducción, como hace el proyecto
de Ley. Y que conste que en aquello que se ha mejorado que ha sido en la
reducción en origen según una propuesta del Grupo Parlamentario Catalán
de Convergència i Unió en el Congreso de los Diputados y del Grupo
Parlamentario Socialista, la propia Ministra dijo que se trataba de un
brindis al sol, porque difícilmente podría cumplirse.
Por tanto, no es verdad que este proyecto de Ley apueste por la
prevención en el sentido europeísta. Estar en Europa no es sólo, señores
del Grupo Popular, reducir el déficit público. Estar en Europa, por lo
que se refiere a la política ambiental, es creerse el documento del
Consejo de Ministros que se aprobó el pasado mes de diciembre, que, desde
luego, apuesta por una estrategia política que cuantifica también los
objetivos de reducción en origen.
Por otra parte, el PVC provoca otra gran divergencia. La industria del
PVC ha distribuido documentación de la que dispongo, y un documento del
Instituto Holandés de los Plásticos reconoce que en los países de nuestro
entorno europeo es prácticamente nulo el uso del PVC. Ni Dinamarca ni
Austria ni Suecia ni Suiza ni Holanda lo utilizan y, sin embargo, el
Ministerio de Medio Ambiente no acepta restricción alguna en el uso de
este plástico. Curiosamente, el grupo Anaif enviaba el día 5 de
septiembre de 1996 un comunicado en el que manifestaba que no ocultaba su
satisfacción ante este proyecto de Ley, aprobado en el Consejo de
Ministros, que suprimía aquella propuesta del Gobierno socialista de
reducir en un 20 por ciento el uso de PVC. Sin duda, es posible que algún
día todos tengamos claro esto, incluso aquellos que creyeron que el
Ministerio de Medio Ambiente iba a ser un instrumento fundamental para
hacer política medioambiental.
Para terminar, señor Presidente, me voy a referir a un documento de
«Green Peace» --no estoy hablando de alguna asociación menor, en términos
ecologistas-- que manifiesta: Es erróneo afirmar que en el tema de los
residuos no se había avanzado con anterioridad. Muy al contrario, el
componente ambiental --dice-- ha encontrado en la política de residuos
socialistas un buen elemento --y expone varios ejemplos--. Sin embargo,
se plantea qué es lo que ha pasado con la política de residuos durante
los meses transcurridos desde la creación del Ministerio de Medio
Ambiente.
Lo que ha sucedido es que se ha producido un preocupante giro hacia los
planteamientos tradicionales defendidos por la industria y no por el
medio ambiente.
Gracias, señorías.
El señor PRESIDENTE: Gracias, Senadora Pleguezuelos.
Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el Senador Esteban
Albert.
El señor ESTEBAN ALBERT: Muchas gracias, señor Presidente.
Con brevedad, para no alargar la sesión, quiero dar las gracias a todos
los portavoces que han intervenido. Porque, efectivamente, más allá de
las divergencias que necesariamente tienen que surgir en política, en el
Senado --y nos debemos sentir, por tanto, orgullosos-- todos hemos hecho
y estamos haciendo un trabajo constructivo, probablemente desde la
diferencia, pero por causas comunes, para intentar objetivos que
preserven más el medio ambiente y sea mejor la calidad de vida en el
futuro.
Quería agradecer --por su comprensión-- que se hayan retirado algunas
medias, así como pedir que entiendan que mantenemos una posición, a
nuestro juicio, loable; que estamos en un punto muy importante en cuanto
a la trasposición de la Directiva y que se ha escogido un determinado
modelo --puede que a unos les guste y a otros no-- que está funcionando
perfectamente en Europa.
A la señora Pleguezuelos, portavoz del Grupo Parlamentario Socialista,
que quiere insistir en que tenemos grandes diferencias en el proyecto de
ley, quiero decirle que no las hay. Usted sabe que no. Usted me habla
solamente del PVC y de la incineración, de la reducción; nada más que de
eso.
Pero, fíjese usted, solamente hay que acercarse a la ley para ver que la
disposición final segunda, en su apartado 4, dice: «En relación con la
utilización del policloruro de vinilo (PVC) como material de envasado, el
Gobierno, en el plazo de un año desde la entrada en vigor de esta ley,
propondrá, oídos los agentes económicos y sociales, las medidas oportunas
basándose en las conclusiones del estudio técnico que elaborará una
Comisión de expertos de reconocido prestigio.»
¿No le parece a usted suficiente garantía esta cláusula que se admite
aquí, como para tener que cortar de golpe y porrazo en la ley, como
ustedes quieren, con todo un sistema industrial que existe en España y en
el mundo, que es muy importante?
Creo que es conveniente que haya una comisión de expertos que averigüe en
el plazo de un año qué riesgos tiene el policloruro de vinilo, o si no
los tiene. Eso es lo que usted no quiere ver pero, en definitiva, en la
ley existe.
Nada más y gracias nuevamente, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, Senador Esteban Albert.
La ley se votará al final del debate.
Se suspende la sesión hasta mañana a las diez horas.
Eran las veinte horas y cuarenta y cinco minutos.