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DS. Senado, Pleno, núm. 23, de 04/12/1996
Año 1996 VI Legislatura
Núm. 23
CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL
SENADO
PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. JUAN IGNACIO BARRERO VALVERDE
Sesión del Pleno
celebrada el miércoles, 4 de diciembre de 1996
ORDEN DEL DIA:
Dictámenes de Comisiones sobre proyectos y proposiciones de ley remitidos
por el Congreso de los Diputados:
--De la Comisión General de las Comunidades Autónomas en relación con la
Proposición de Ley Orgánica de reforma de la Ley Orgánica 8/1982, de 10
de agosto, de Estatuto de Autonomía de Aragón, modificada por la Ley
Orgánica 6/1994, de 24 de marzo, de reforma de dicho Estatuto (publicada
en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie III-B,
número 1, de fecha 2 de diciembre de 1996). (Número de expediente S.
605/000001.) (Número de expediente C. D. 127/000001.)
--De la Comisión General de las Comunidades Autónomas en relación con la
Proposición de reforma de la Ley Orgánica 10/1982, de 10 de agosto, de
Estatuto de Autonomía de Canarias (publicada en el «Boletín Oficial de
las Cortes Generales», Senado, Serie III-B, número 2, de fecha 2 de
diciembre de 1996). (Número de expediente S. 605/000002.) (Número de
expediente C. D. 127/000002.)
Mociones consecuencia de interpelación:
--De doña Pilar Costa Serra, del Grupo Parlamentario Mixto, por la que se
insta al Gobierno para que, en el plazo de tres meses, elabore y apruebe
el Plan de Ordenación de Recursos Naturales y el Plan Rector de uso y
gestión de la Reserva natural de Las Salinas de Ibiza («Ses Salines») y
Formentera, a que se cree el patronato de dicha Reserva, se designe su
Director y se inicien contactos con el Gobierno de la Comunidad Autónoma
de las Islas Baleares a fin de proceder a la transferencia de su gestión
(publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie
I, número 101, de fecha 2 de diciembre de 1996). (Número de expediente
671/000011.)
--Del Grupo Parlamentario Socialista por la que se insta a que el
Ministro de Fomento informe ante la Comisión General de las Comunidades
Autónomas de la relación de Convenios y Acuerdos firmados con las
Administraciones Locales y con las Comunidades Autónomas, desde 1993,
para efectuar inversiones conjuntas en infraestructuras, así como del
calendario previsto para abordar ese conjunto de actuaciones y el tipo de
financiación que permitirá realizar las mismas (publicada en el «Boletín
Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie I, número 101, de fecha 2
de diciembre de 1996). (Número de expediente 671/000012.)
--Del Grupo Parlamentario Socialista por la que se insta al Gobierno a
que todas las decisiones relacionadas con la reordenación del Sistema
Eléctrico Nacional y todos los cambios en su regulación sean coherentes
con el objetivo de introducir gradualmente competencia en el sector y se
cuente con la colaboración y opinión previa de la Comisión Nacional del
Mercado de Valores (CNMV), la Comisión del Sistema Eléctrico Nacional
(CSEN) y, cuando la cuestión lo requiera, del Tribunal de Defensa de la
Competencia; y a que garantice la independencia operativa de las empresas
una vez culminado el proceso de concentración accionarial y antes y
después de la eventual privatización del grupo resultante (publicada en
el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie I, número
101, de fecha 2 de diciembre de 1996). (Número de expediente 671/000014.)
--Del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió por
la que se insta al Gobierno para que, en el marco del diálogo que se
lleva a cabo para la consecución del pacto local, profundice en las
conversaciones con las Comunidades Autónomas y la representación
municipal, en aras de lograr el adecuado marco competencial y un
equitativo reparto de la participación en los ingresos del Estado entre
los pequeños, medianos y grandes municipios (publicada en el «Boletín
Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie I, número 101, de fecha 2
de diciembre de 1996). (Número de expediente 671/000013.)
Mociones:
--De los Grupos Parlamentarios Popular en el Senado, Socialista, Catalán
en el Senado de Convergència i Unió, de Senadores Nacionalistas Vascos y
Mixto por la que se insta al Gobierno a que retire la Reserva que España
formuló en su día al Pacto Internacional de los Derechos Civiles y
Políticos, de 15 de diciembre de 1989 (publicada en el «Boletín Oficial
de las Cortes Generales», Senado, Serie I, número 101, de fecha 2 de
diciembre de 1996). (Número de expediente 662/000030.)
--Del Grupo Parlamentario Socialista por la que se insta al Gobierno a
que mantenga la defensa de los derechos de los empresarios y trabajadores
españoles en buques pesqueros con bandera británica frente a la actitud
del Gobierno del Reino Unido (publicada en el «Boletín Oficial de las
Cortes Generales», Senado, Serie I, número 101, de fecha 2 de diciembre
de 1996). (Número de expediente 662/000032.)
--De los Grupos Parlamentarios Popular en el Senado, Catalán en el Senado
de Convergència i Unió, de Senadores Nacionalistas Vascos y Mixto por la
que se insta al Gobierno a que resuelva el problema planteado por la
imposición de sanciones a diversos capitanes de pesca, así como a la
elaboración de una ley de infracciones y sanciones en dicho ámbito
pesquero (publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales»,
Senado, Serie I, número 101, de fecha 2 de diciembre de 1996). (Número de
expediente 662/000031.)
SUMARIO
Se abre la sesión a las diez horas y cinco minutos.
DICTAMENES DE COMISIONES SOBRE PROYECTOS Y PROPOSICIONES DE LEY REMITIDOS
POR EL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS (Página 769)
De la Comisión General de las Comunidades Autónomas en relación con la
Proposición de Ley Orgánica de reforma de la Ley Orgánica 8/1982, de 10
de agosto, de Estatuto de Autonomía de Aragón, modificada por la Ley
Orgánica 6/1994, de 24 de marzo, de reforma de dicho Estatuto (Página 769)
El señor Espert Pérez-Caballero, Presidente de la Comisión, presenta su
dictamen.
Se inicia el debate de totalidad.
El señor Nieto Cicuéndez, del Grupo Mixto, defiende la propuesta de veto.
No se hace uso del turno en contra.
Se rechaza la propuesta de veto de los señores Nieto Cicuéndez y Román
Clemente por 2 votos a favor, 214 en contra y 5 abstenciones.
Comienza el debate del articulado.
El señor Fuster Muniesa, del Grupo Popular, defiende las enmiendas
números 2 a 11, 14 a 30, 32, 33 y 35 a 47, retirando las números 1, 12,
31 y 34. El señor Nieto Cicuéndez, del Grupo Mixto, defiende las
enmiendas números 48 a 67. El señor Piquer Jiménez defiende las enmiendas
números 68 y 69, del Grupo Socialista. No se hace uso del turno en
contra. En turno de portavoces, hacen uso de la palabra los señores
Ferrer i Roca, por el Grupo Catalán en el Senado de Convergència i Unió,
y Contín Pellicer, por el Grupo Popular. El señor Fuster Muniesa
interviene de nuevo en virtud del artículo 87.
En turno de portavoces, relativo a la propuesta de veto anteriormente
debatida y que quedaba pendiente, hacen uso de la palabra los señores
Piquer Jiménez, por el Grupo Socialista, y Contín Pellicer, por el Grupo
Popular. El señor Nieto Cicuéndez interviene en virtud del artículo 87.
Se procede a votar.
Se aprueban las enmiendas números 3, 7, 20 y 25, de los señores Fuster
Muniesa, Blasco Nogués y Estaún García, del Grupo Popular, por 123 votos
a favor, 84 en contra y 11 abstenciones.
Se rechazan las enmiendas números 2, 4, 5, 6, 8, 9, 14, 18, 21, 22, 23,
24, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 36, 38, 39, 40, 41, 43, 44, 46 y 47, de los
mismos señores Senadores, por 6 votos a favor, 198 en contra y 15
abstenciones.
Se aprueban las enmiendas transaccionales sustentadas en las números 10,
11, 15, 16, 17, 19, 33, 35, 37, 42 y 45, de los mencionados señores
Senadores, por 217 votos a favor y 4 abstenciones.
Se rechaza la enmienda número 48, de los señores Nieto Cicuéndez y Román
Clemente, del Grupo Mixto, por 1 voto a favor, 212 en contra y 6
abstenciones.
Se rechazan las enmiendas números 49 a 67, de los mismos señores
Senadores, por 2 votos a favor, 206 en contra y 14 abstenciones.
Se rechaza la enmienda número 68, del Grupo Socialista, por 86 votos a
favor, 119 en contra y 13 abstenciones.
Se rechaza la enmienda número 69, del Grupo Socialista, por 87 votos a
favor, 119 en contra y 14 abstenciones.
Se aprueba el texto del dictamen, con las modificaciones introducidas,
por 203 votos a favor, 1 en contra y 13 abstenciones.
El señor Presidente comunica a la Cámara el traslado de las enmiendas
aprobadas por el Senado al Congreso de los Diputados.
De la Comisión General de las Comunidades Autónomas en relación con la
Proposición de reforma de la Ley Orgánica 10/1982, de 10 de agosto, de
Estatuto de Autonomía de Canarias (Página 783)
El señor Espert Pérez-Caballero, Presidente de la Comisión, presenta el
dictamen.
Se inicia el debate del articulado.
El señor Ríos Pérez, del Grupo Mixto, defiende las enmiendas números 62 y
63. El señor Padrón Rodríguez, del Grupo Mixto, defiende la enmienda
número 47. El señor Nieto Cicuéndez, del Grupo Mixto, defiende las
enmiendas números 1 a 46. El señor Pérez García defiende las enmiendas
números 64 a 72, 74 y 76 a 79, del Grupo Socialista. El señor Galván de
Urzaiz consume un turno en contra. En turno de portavoces, hacen uso de
la palabra los señores Ríos Pérez, por el Grupo Mixto; Pérez García, por
el Grupo Socialista, y Galván de Urzaiz, por el Grupo Popular.
Se procede a votar.
Se rechaza la enmienda número 62, del señor Ríos Pérez, del Grupo Mixto,
por 10 votos a favor, 206 en contra y 12 abstenciones.
Se rechaza la enmienda número 63, del mismo señor Senador, por 12 votos a
favor, 203 en contra y 13 abstenciones.
Se rechaza la enmienda número 47, del señor Padrón Rodríguez, del Grupo
Mixto, por 89 votos a favor, 128 en contra y 9 abstenciones.
Se rechaza la enmienda número 1, de los señores Nieto Cicuéndez y Román
Clemente, del Grupo Mixto, por 224 votos en contra y 2 abstenciones.
Se rechazan las enmiendas números 6, 7, 8 y 31, de los mismos señores
Senadores, por 90 votos a favor, 129 en contra y 9 abstenciones.
Se rechazan las enmiendas números 2 a 5, 9 a 30 y 32 a 46, de los señores
Senadores ya mencionados, por 1 voto a favor, 217 en contra y 10
abstenciones.
Se rechaza la enmienda número 64, del Grupo Socialista, por 97 votos a
favor, 128 en contra y 2 abstenciones.
Se aprueban las enmiendas números 67 y 71, del Grupo Socialista, por 214
votos a favor, 1 en contra y 11 abstenciones.
Se rechaza la enmienda número 78, el Grupo Socialista, por 91 votos a
favor, 128 en contra y 9 abstenciones.
Se rechazan las enmiendas números 65, 66, 68 a 70, 72, 74, 76, 77 y 79,
del Grupo Socialista, por 89 votos a favor, 126 en contra y 11
abstenciones.
Se aprueba una enmienda de corrección de errores del texto del dictamen
por 227 votos a favor y 1 abstención.
Se aprueba el texto del dictamen, con las modificaciones introducidas,
por 216 votos a favor y 12 abstenciones.
El señor Presidente comunica a la Cámara el traslado de las enmiendas
aprobadas por el Senado al Congreso de los Diputados.
MOCIONES CONSECUENCIA DE INTERPELACION (Página 796)
De doña Pilar Costa Serra, del Grupo Parlamentario Mixto, por la que se
insta al Gobierno para que, en el plazo de tres meses, elabore y apruebe
el Plan de Ordenación de Recursos Naturales y el Plan Rector de uso y
gestión de la Reserva natural de Las Salinas de Ibiza («Ses Salines») y
Formentera, a que se cree el patronato de dicha Reserva, se designe su
Director y se inicien contactos con el Gobierno de la Comunidad Autónoma
de las Islas Baleares a fin de proceder a la transferencia de su gestión
(Página 796)
La señora Costa Serra defiende la moción. El señor Font Barceló da por
defendida una enmienda a esta moción, del Grupo Popular. En turno de
portavoces, hacen uso de la palabra los señores Carrera i Comes, por el
Grupo Catalán en el Senado de Convergència i Unió; Garcías Coll, por el
Grupo Socialista, y Font Barceló, por el Grupo Popular. La señora Costa
Serra y los señores Font Barceló y Garcías Coll intervienen de nuevo en
virtud del artículo 87.
Se rechaza la moción del Grupo Mixto por 93 votos a favor, 117 en contra
y 11 abstenciones.
Se suspende la sesión a las catorce horas y diez minutos.
Se reanuda la sesión a las dieciséis horas y cinco minutos.
Del Grupo Parlamentario Socialista, por la que se insta a que el Ministro
de Fomento informe ante la Comisión General de las Comunidades Autónomas
de la relación de Convenios y Acuerdos firmados con las Administraciones
Locales y con las Comunidades Autónomas, desde 1993, para efectuar
inversiones conjuntas en infraestructuras, así como del calendario
previsto para abordar ese conjunto de actuaciones y el tipo de
financiación que permitirá realizar las mismas (Página 801)
La señora Pleguezuelos Aguilar defiende la moción. No se hace uso del
turno en contra. En turno de portavoces, hacen uso de la palabra el señor
Cambra i Sánchez, por el Grupo Catalán en el Senado de Convergència i
Unió; la señora Pleguezuelos Aguilar, por el Grupo Socialista, que
interviene en virtud del artículo 87, y el señor Bris Gallego, por el
Grupo Popular.
Se rechaza la moción del Grupo Socialista por 81 votos a favor, 127 en
contra y 1 abstención.
Del Grupo Parlamentario Socialista, por la que se insta al Gobierno a que
todas las decisiones relacionadas con la reordenación del Sistema
Eléctrico Nacional y todos los cambios en su regulación sean coherentes
con el objetivo de introducir gradualmente competencia en el sector y se
cuente con la colaboración y opinión previa de la Comisión Nacional del
Mercado de Valores (CNMV), la Comisión del Sistema Eléctrico Nacional
(CSEN) y, cuando la cuestión lo requiera, del Tribunal de Defensa de la
Competencia; y a que garantice la independencia operativa de las empresas
una vez culminado el proceso de concentración accionarial y antes y
después de la eventual privatización del grupo resultante (Página 805)
El señor Gibert i Bosch defiende la moción. No se hace uso del turno en
contra. En turno de portavoces, hacen uso de la palabra los señores Simó
i Burgués, por el Grupo Catalán en el Senado de Convergència i Unió, y
Gil-Ortega Rincón, por el Grupo Popular. El señor Albistur Marín
interviene en virtud del artículo 87.
Se rechaza la moción del Grupo Socialista por 85 votos a favor, 124 en
contra y 1 abstención.
Del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió, por
la que se insta al Gobierno para que, en el marco del diálogo que se
lleva a cabo para la consecución del pacto local, profundice en las
conversaciones con las Comunidades Autónomas y la representación
municipal, en aras de lograr el adecuado marco competencial y un
equitativo reparto de la participación en los ingresos del Estado entre
los pequeños, medianos y grandes municipios (Página 808)
El señor Beguer i Oliveres defiende la moción. No se hace uso del turno
en contra. En turno de portavoces, hacen uso de la palabra los señores
Armet i Coma, por el Grupo Socialista, y González Caviedes, por el Grupo
Popular.
Se aprueba la moción del Grupo Catalán en el Senado de Convergència i
Unió por asentimiento de la Cámara.
MOCIONES (Página 810)
De los Grupos Parlamentarios Popular en el Senado, Socialista, Catalán en
el Senado de Convergència i Unió, de Senadores Nacionalistas Vascos y
Mixto, por la que se insta al Gobierno a que retire la Reserva que España
formuló en su día al Pacto Internacional de los Derechos Civiles y
Políticos, de 15 de diciembre de 1989 (Página 810)
La señora Vindel López defiende la moción. No se hace uso del turno en
contra. En turno de portavoces, hacen uso de la palabra los señores
Bolinaga Bengoa, por el Grupo de Senadores Nacionalistas Vascos; Carrera
i Comes, por el Grupo Catalán en el Senado de Convergència i Unió, y
Marín Rite, por el Grupo Socialista, así como la señora Vindel López, por
el Grupo Popular.
Se aprueba la moción de los Grupos Popular, Catalán en el Senado de
Convergència i Unió y Senadores Nacionalistas Vascos, por asentimiento de
la Cámara.
Del Grupo Parlamentario Socialista, por la que se insta al Gobierno a que
mantenga la defensa de los derechos de los empresarios y trabajadores
españoles en buques pesqueros con bandera británica frente a la actitud
del Gobierno del Reino Unido (Página 813)
El señor González Príncipe defiende la moción. El señor Gatzagaetxebarría
defiende una enmienda a esta moción, del Grupo de Senadores Nacionalistas
Vascos. El señor González Príncipe expone la opinión de su grupo al
respecto. En turno de portavoces, hacen uso de la palabra la señora De
Boneta y Piedra, por el Grupo Mixto, y los señores Carrera i Comes, por
el Grupo Catalán en el Senado de Convergència i Unió, y Rubido Ramonde,
por el Grupo Popular. Los señores González Príncipe y Rubido Ramonde
intervienen de nuevo en virtud del artículo 87.
Se aprueba la moción del Grupo Socialista, con la modificación
introducida, por asentimiento de la Cámara.
De los Grupos Parlamentarios Popular en el Senado, Catalán en el Senado
de Convergència i Unió, de Senadores Nacionalistas Vascos y Mixto, por la
que se insta al Gobierno a que resuelva el problema planteado por la
imposición de sanciones a diversos capitanes de pesca, así como a la
elaboración de una ley de infracciones y sanciones en dicho ámbito
pesquero (Página 819)
El señor Gatzagaetxebarría Bastida defiende la moción. No se hace uso del
turno en contra. En turno de portavoces, hacen uso de la palabra la
señora De Boneta y Piedra, por el Grupo Mixto, y los señores Carrera i
Comes, por el Grupo Catalán en el Senado de Convergència i Unió; Rojo
García, por el Grupo Socialista; Gatzagaetxebarría Bastida, por el Grupo
de Senadores Nacionalistas Vascos, que interviene en este acto en virtud
del artículo 87, y Chapela Seijo, por el Grupo Popular. El señor Rojo
García, la señora De Boneta i Piedra y el señor Gatzagaetxebarría Bastida
intervienen de nuevo en virtud del artículo 87.
Se aprueba la moción de los Grupos Popular, Catalán en el Senado de
Convergència i Unió, Senadores Nacionalistas Vascos y Mixto, por 120
votos a favor, 77 en contra y 1 abstención.
Se levanta la sesión a las dieciocho horas y cincuenta minutos.
Se reanuda la sesión a las diez horas y cinco minutos.
DICTAMENES DE COMISIONES SOBRE PROYECTOS Y PROPOSICIONES DE LEY REMITIDOS
POR EL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS:
--DE LA COMISION GENERAL DE LAS COMUNIDADES AUTONOMAS EN RELACION CON LA
PROPOSICION DE LEY ORGANICA DE REFORMA DE LA LEY ORGANICA 8/1982, DE 10
DE AGOSTO, DE ESTATUTO DE AUTONOMIA DE ARAGON, MODIFICADA POR LA LEY
ORGANICA 6/1994, DE 24 DE MARZO, DE REFORMA DE DICHO ESTATUTO. (S.
605/000001.) (C. D. 127/000001.)
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Buenos días, señoras y señores
Senadores. Se reanuda la sesión.
El quinto punto del orden del día es el de Dictámenes de Comisiones sobre
proyectos y proposiciones de ley remitidos por el Congreso de los
Diputados. El primero es el de la Comisión General de las Comunidades
Autónomas en relación con la Proposición de Ley Orgánica de reforma de la
Ley Orgánica 8/1982, de 10 de agosto, de Estatuto de Autonomía de Aragón,
modificada por la Ley Orgánica 6/1994, de 24 de marzo, de reforma de
dicho Estatuto.
Para la presentación del dictamen por parte de la Comisión, tiene la
palabra el Senador don Joaquín Espert.
El señor ESPERT PEREZ-CABALLERO: Señor Presidente, señorías, el texto
remitido por el Congreso de los Diputados de Proposición de Ley Orgánica
de reforma de la Ley Orgánica 8/1982, de 10 de agosto, de Estatuto de
Autonomía de Aragón, modificada por la Ley Orgánica 6/1994, de 24 de
marzo, de reforma de dicho Estatuto, tuvo entrada en esta Cámara el 6 de
noviembre de 1996, publicándose en el «Boletín Oficial de las Cortes
Generales», Senado, Serie III-B, número 1 (a), el mismo día, señalándose
un plazo de enmiendas que finalizaba el 19 de noviembre.
En dicho plazo se presentaron dos propuestas de veto y setenta y nueve
enmiendas. El 25 de noviembre informó la Ponencia no incorporando ninguna
de dichas enmiendas al texto de la proposición de ley. El informe se
publicó en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie
III-B, número 1 (a), el día 28 de noviembre. El mismo día 28 de noviembre
la Comisión General de las Comunidades Autónomas dictaminó la propuesta
formulándose los siguientes votos particulares. Por el Senador don José
María Fuster Muniesa, manteniendo todas sus enmiendas, excepto la número
13. Por el Senador don Juan José Laborda Martín, en representación del
Grupo Parlamentario Socialista, para mantener en Pleno las enmiendas
números 68 y 69. Por los Senadores, don José Luis Nieto Cicuéndez y don
José Román Clemente, para mantener las enmiendas números 48 a 67 y el
voto particular número 2.
Asimismo, se recibió del Congreso de los Diputados una corrección de un
error cometido en el texto remitido que afectaba al artículo 1, apartado
15, relacionado con las materias 5 y 7 del artículo 37 del Estatuto.
Permítanme, señorías, para terminar la presentación del dictamen,
transmitir desde esta Cámara con vocación territorial su felicitación al
pueblo aragonés por este importante logro en sus aspiraciones a mayores
cotas de autogobierno, siempre dentro del marco constitucional y de la
unidad de España.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Muchas gracias, Senador Espert.
Debo advertir a los señores Senadores que ha habido una corrección del
texto que nos ha sido remitida por el Congreso de los Diputados y que no
ha llegado a tiempo de ser publicada. También debo advertir que los
portavoces de la Comisión son conocedores de ello, pero yo paso a leerlo
íntegramente para conocimiento de sus señorías. Dice así: Excelentísimo
señor, comunico a V. E. que, en el Anexo del Informe de la Proposición de
Ley Orgánica de reforma de la Ley Orgánica 8/1982, de 10 de agosto, del
Estatuto de Autonomía de Aragón, modificada por la Ley Orgánica 6/1994,
de 24 de marzo, de reforma de dicho Estatuto (expediente número 127/1)
publicado en el «BOCG» número 1-7 de la Serie A, de 29 de octubre de
1996, se ha procedido a hacer la siguiente corrección de error en el
artículo 1, apartado 15, materias cinco y siete. Donde dice: cinco:
ordenación del crédito, banca y seguros, debe decir: cinco. (Suprimido).
La materia «siete» no debe figurar. Palacio del Congreso de los
Diputados, a 2 de diciembre de 1996. Firmado Enrique Fernández-Miranda y
Lozana, Presidente en funciones del Congreso de los Diputados.
A este dictamen se ha presentado una propuesta de veto que se debatirá a
continuación.
Para un turno a favor, tiene la palabra, en primera intervención, el
Senador Nieto Cicuéndez.
El señor NIETO CICUENDEZ: Gracias.
Señorías, vamos a defender el veto al Estatuto de Aragón con el criterio
de que, hacerlo, es defender lo que aprobaron las Cortes Generales de
Aragón. Además de que ésta es la voluntad de las fuerzas políticas que
consensuaron en Aragón, voy a hacer también algunas reflexiones en torno
a la importancia que tiene que el primer Estatuto con el que se accedió a
la autonomía, por la vía del artículo 143, reclame, y está en su derecho
de hacerlo, la soberanía plena para los aragoneses.
Ese consenso al que se llegó en las Cortes de Aragón por todas las
fuerzas políticas y después de grandes movilizaciones, con la
participación del pueblo aragonés reclamando su plena soberanía, ha sido
en el fondo desvirtuado en el trámite parlamentario del Congreso de los
Diputados, y mucho me temo que en este trámite también,
independientemente de que se haga un esfuerzo para mejorar algunos
aspectos. Por tanto, ése es el objetivo que tiene el mantenimiento del
veto: ser defensores del consenso que se alcanzó en las Cortes Generales
de Aragón. A partir de aquí podríamos plantearnos algunas interrogantes,
al menos yo lo voy a hacer.
Si en el contenido del Estatuto de Aragón, en lo que se consensuó allí,
hubiese algo que transgrediese las normas constitucionales, a nuestro
modo de ver, lo que tendrían que hacer el Congreso de los Diputados y el
Senado, como Cortes Generales, era haber establecido el diálogo con el
Parlamento aragonés para intentar consensuar nuevamente lo que se
considerara que en ese aspecto no entraba en las normas constitucionales.
Indudablemente, eso no se ha hecho ni se puede hacer, y se me argumentará
que hay un derecho legítimo de las Cortes Generales, puesto que ésta es
una ley orgánica, de enmendar los Estatutos, pero, en nuestra opinión, el
argumento para enmendar este Estatuto no está en el hecho de que el
Estatuto de Aragón tenga algo que transgreda --repito-- la norma
constitucional. Si esto no es así, entonces, ¿por qué no se acepta la
plena soberanía y se intenta recortar el Estatuto de las Cortes de Aragón
cuando hay otros estatutos de otras Comunidades Autónomas que tienen la
plena soberanía, tal y como reclama con todo derecho el pueblo aragonés?
Si el problema es que cuando se hizo el desarrollo constitucional unas
Comunidades accedieron por la vía del artículo 151, otras por la vía del
143 y otras en función de los Estatutos que tenían aprobados o iniciados
anteriormente en los años 1936, si ésa es una cuestión perenne, eterna,
inamovible, a nuestro modo de ver no se interpreta correctamente el marco
constitucional. El marco constitucional
quedó abierto, e incluso cuando se hizo la Constitución ni siquiera se
sabía cuántas Comunidades se iban a constituir en el Estado español. Por
tanto, la cuestión relativa a cómo se accediera o no a la autonomía no
puede ser motivo de discriminación de unas Comunidades a otras, porque la
discriminación no está en el espíritu constitucional.
Por tanto, ningún argumento de este tipo ha podido darse para enmendar en
sentido negativo, a nuestro juicio, en el trámite parlamentario del
Congreso y del Senado, rebajando las competencias que legítimamente
reclamaba el pueblo aragonés con movilizaciones --repito-- y recogido por
las fuerzas políticas que operan en esta Comunidad autónoma.
Pero podíamos --y creo que es importante porque este debate es el primero
del Estatuto que se refiere al artículo 143-- hacernos alguna otra
interrogante.
La inmensa mayoría de los que estamos aquí y de las fuerzas políticas de
este país tenemos conciencia de que la construcción del Estado de las
Autonomías es un proceso semiagotado, por no decir agotado del todo. Es
la hora de redefinir y de adecuar el Estado de las Autonomías y, en
definitiva, el modelo de Estado. No lo digo yo solamente hoy. Durán
Lleida dice, con toda razón, que el modelo de estado está agotado; que
hay que realizar un esfuerzo para hacer un nuevo pacto de Estado y
establecer la nueva normativa constitucional que necesita y demanda el
Estado español.
Negarse a esa evidencia va a crear más perjuicios que beneficios. ¿Por
qué? Porque el problema de fondo que aquí estamos tratando no es sólo el
tema de la soberanía política y jurídica, que es importante, sino también
la autonomía financiera que reclaman las Comunidades Autónomas y, por
tanto, el traspaso de todas las competencias para que no haya agravios
comparativos entre ellas. Esta es una cuestión que está a la orden del
día. Además, es un reto que tenemos, más que en el Congreso aquí en el
Senado. El Ministro, señor Rajoy, en su comparecencia, tanto en la
Comisión de las Comunidades Autónomas como aquí en el Pleno, planteó que
en esta legislatura, a ser posible, todas las Comunidades Autónomas
tendrían que ir adecuando sus Estatutos para hacerse cargo de las
transferencias, en definitiva, ir avanzando hacia una autonomía plena.
Incluso aquí en las Cortes Generales somos conscientes de la necesidad de
ir avanzando hacia la autonomía plena de las diferentes Comunidades
Autónomas y se hace un mal servicio al consenso, a la voluntad de adecuar
el modelo de Estado a las nuevas realidades si se enmienda a la baja y se
recortan competencias al Estatuto aragonés. Estas son las reflexiones que
quería hacer.
A partir de aquí, hay una cuestión también muy importante, que supongo
que saldrá en el debate, porque ya salió en la Comisión de las
Comunidades Autónomas, y es el tema de las nacionalidades y regiones.
No tenía que ser motivo de discrepancia y de debate si denominarse
nacionalidad o no conllevara algún privilegio desde el punto de vista de
soberanía plena o desde el punto de vista económico. Eso tendríamos que
dejarlo, a ser posible, al margen del debate porque creo que, en
definitiva, lo va a enmarañar. Desde el punto de vista del Derecho, desde
el punto de vista histórico de cada uno de los pueblos, de las regiones y
de las Comunidades que componen nuestro país, todas tienen razones
históricas para reivindicar en un momento u otro de la historia que
fueron nación o fueron reino o fueron reinos de reinos, y así entraríamos
en un debate que no nos conduciría a buen puerto.
El tema de fondo que estamos discutiendo, a nuestro modo de ver, va mucho
más allá del Estatuto de Aragón, porque pone sobre el tapete la necesidad
de empezar a discutir y a adecuar el modelo de Estado a las nuevas
realidades. El otro día, en el debate en la Comisión de las Comunidades
Autónomas, el Senador que intervino por el Grupo Parlamentario Catalán en
el Senado de Convergència i Unió decía --con lo cual estoy de acuerdo--
que hay que saber, en primer lugar, adónde queremos ir. Eso no se hace
troceando, no se hace presionando una Comunidad por un lado, otra
Comunidad por otro, etcétera.
En definitiva, el problema es más de fondo, y espero que todos tomemos
estas reflexiones como lo que son, como una voluntad de ponernos a
discutir en serio todas las fuerzas políticas de este país sobre qué
modelo de Estado queremos, si es un Estado federal con parte de
confederación o no. Ese tema está, lógicamente, en el debate y debe
estar, porque hay elementos diferenciales no sólo por la historia pasada,
sino por la reciente, y hay que situarlos en el marco adecuado. Mientras
tanto, hacemos un mal servicio --por lo menos así lo consideramos desde
Izquierda Unida-- en empezar a dar primas de nacionalidad por un lado, a
recortar marcos competenciales por otro, en definitiva, creando agravios
comparativos, creando reinos de Taifas y con presiones coyunturales en un
momento o en otro.
En resumen, no realizamos el servicio que debemos hacer de representantes
de las Cortes Generales y de las Comunidades Autónomas. Las fuerzas
políticas de este país debemos ponernos a discutir en serio para adecuar
el modelo de Estado a las nuevas realidades, y esta fuerza política
entiende que, indudablemente, de una manera o de otra, más asimétrico o
menos asimétrico, deberá ser un Estado federal en donde cada una de las
partes cedamos la soberanía correspondiente, porque ésa es la demanda de
esta época.
Asimismo, sería malo no contemplar el modelo de Estado y la reforma de
los Estatutos teniendo en cuenta que estamos insertos en la Unión Europea
que, con independencia de la visión que tengamos cada uno de ella en su
construcción final, hay algo evidente, y es que todos los Estados
miembros estamos cediendo soberanía, porque ya incluso las directrices
que se marcan por la Unión Europea están siendo y van a ser cada vez más
obligatorias para todos sus Estados miembros. Es más, esperamos --o por
lo menos nosotros así lo deseamos-- que el Parlamento Europeo tenga cada
vez más capacidad legislativa, y esa capacidad legislativa debería
obligar a los Estados miembros.
Todos vamos a ceder soberanía, seamos de un signo o de otro, seamos una
Comunidad histórica con un Estatuto diferenciado o no. Por tanto, si eso
es así, en el marco europeo en el que nos vamos a mover todas las fuerzas
políticas
tendremos que ver, serenamente, qué marco de soberanía cedemos en el
Estado de las Autonomías para hacer un Estado federal, con todas las
asimetrías que puedan corresponderme, pero eso es lo que nos demanda
nuestro tiempo.
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Señoría, se le ha terminado el
tiempo.
El señor NIETO CICUENDEZ: Termino, señor Presidente.
La defensa del veto tiene el objetivo de mantener lo que se consensuó en
las cortes de Aragón que, desde luego, va mucho más allá de eso, porque
consideramos que este Estatuto es un test para empezar a discutir en
serio lo que debería ser el modelo de Estado y a él se tendrían que
adecuar el resto de los Estatutos.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Muchas gracias, Senador Nieto
Cicuéndez.
Desean hacer uso de la palabra para un turno en contra? (Pausa.)
Vamos a someter a votación el voto particular de los Senadores Nieto
Cicuéndez y Román Clemente sobre la proposición de ley orgánica de
reforma de la Ley Orgánica 8/1982, de 10 de agosto, de Estatuto de
Autonomía de Aragón, modificada por la Ley Orgánica 6/1994, de 24 de
marzo, de reforma de dicho Estatuto.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 221; a
favor, dos; en contra, 214; abstenciones, cinco.
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Queda rechazado. (Rumores.)
Pasamos, por tanto, al debate y posterior votación de las diversas
enmiendas presentadas.
Se han presentado enmiendas a los artículos 1 y 2 mediante un voto
particular de los señores Fuster Muniesa, Blasco Nogués y Estaún García,
del Grupo Popular, que se corresponde con las enmiendas 1 a 12 y 14 a 47.
(Fuertes rumores.)
Señorías, les pido que dejen el hemiciclo en disposición de que podamos
debatir el tema que nos proponemos. (Fuertes rumores.)
Señoría, espere un momento.
Pido de nuevo a los señores Senadores guarden el silencio que corresponde
a este debate. (Rumores.--Pausa.)
Quisiera llamar la atención de los señores Senadores que continúan
hablando. Este hemiciclo no dispone de las condiciones necesarias para
poder debatir este tema si no guardan silencio. (Pausa.)
Muchas gracias, señorías.
Senador Fuster, puede empezar.
El señor FUSTER MUNIESA: Muchas gracias, señor Presidente.
Señorías, les confieso que para este Senador es un honor intervenir en
este debate. Espero estar a la altura del mismo y hacerlo con la dignidad
que la ocasión merece. Si lo consigo, no les quepa la menor duda de que
será gracias a la inestimable ayuda que me han prestado varios compañeros
y amigos.
Intervengo en representación de los tres Senadores del Partido Aragonés
para defender las 46 enmiendas presentadas --la número 13 fue
transaccionadaen la pasada Comisión General de Comunidades Autónomas--,
enmiendas que hoy permanecen vivas en función del correspondiente voto
particular presentado al texto remitido por el Congreso de los Diputados
sobre la proposición de ley orgánica de reforma del Estatuto de Autonomía
de Aragón.
El Partido Aragonés, que defendió el acceso a nuestra Autonomía a través
del artículo 151 de la Constitución, no suscribió, ratificó ni aceptó los
acuerdos autonómicos de 1981 --acuerdos de los que el actual y vigente
Estatuto es el resultado--, y procedió a plantear la iniciativa de su
reforma pasados cinco años, tal y como contempla la Constitución en su
artículo 148.2.ª en referencia a los aspectos competenciales de las
Comunidades Autónomas, ampliando ese objetivo a una reforma amplia que
recogiese el concepto de autonomía plena, lo que no fue posible, y
ustedes saben por qué.
El 30 de junio de 1994 fue un día de esperanza para Aragón. Todos los
grupos parlamentarios de las Cortes de Aragón aprobaron por unanimidad
una reforma de nuestro Estatuto que daba satisfacción a las aspiraciones
de los aragoneses tras las manifestaciones de los años 1992 y 1993.
Este logro histórico fue saludado por el editorial de un centenario
periódico de nuestra Comunidad Autónoma, advirtiéndose en él que quedaba
por salvar una segunda etapa, la de las Cortes Generales. Decía así: ...
y en tal momento, no bastará con el consenso de las fuerzas políticas
presentes en Aragón, sino que será preciso contar con el beneplácito de
las direcciones centrales (nacionales) de los partidos mayoritarios.
Este editorial expresaba una serie de dudas, y planteaba la conveniencia
de mantener el mecanismo de movilización puesto en marcha por el Partido
Aragonés y por Izquierda Unida, que había arrastrado en el ámbito
regional al Partido Popular primero y finalmente al Partido Socialista.
La publicación que sobre el Estatuto realizó la Diputación General de
Aragón venía brevemente prologada y decía textualmente: El proyecto de
Estatuto no sólo es legítimo por su origen; no cabe obviar que su
aprobación se ha producido de forma unánime. Y esta unanimidad de los
representantes aragoneses convierte el Estatuto en inapelable porque es
la voluntad de Aragón como pueblo, manifestada en el texto y aprobada por
sus Cortes que, respetando la Constitución y la unidad de la nación
española, expresa la unidad histórica, cultural y jurídica de esta
tierra. (Así lo presentaba el entonces Consejero de Presidencia y lo
firmaba quien no quiero recordar desde esta tribuna.)
Terminada esta primera etapa, se iniciaban las declaraciones de
dirigentes regionales de los Partidos Popular y
Socialista, vertiendo en la otra parte la ineficacia a la hora de
conseguir el apoyo de las direcciones nacionales al texto aprobado. Un
proceso de retrasos en la tramitación, que una y otra vez el Partido
Aragonés denunció, confirmaba las cautelas con que saludábamos el
Estatuto.
El Senado aprobó por unanimidad una moción del Senador del Partido
Aragonés, don Valentín Calvo Lou, consecuencia del debate del Estado de
las Autonomías, en la que se instaba al Gobierno a impulsar políticamente
la tramitación del proyecto de reforma. Era el 28 de septiembre de 1994.
El Congreso de los Diputados admitió a trámite la reforma de nuestro
Estatuto el 11 de junio de 1996, y en la intervención de los portavoces
de las Cortes de Aragón quedó de manifiesto --y cito-- que el texto no
contenía --hay que decirlo y subrayarlo-- ningún concepto que no esté ya
incluido en los diferentes Estatutos que se han desarrollado al amparo
del Título VIII de la Constitución.
Como crónica de una muerte anunciada, los portavoces de los Grupos
Socialista y Popular nos comunicaban el deseo de no renunciar «a
perfeccionar el texto» --entre comillas-- «de debate, presidido por la
capacidad de entendimiento y el predominio de las ideas institucionales
para consensuar esta proposición de ley». Pronto entendimos los
aragoneses el significado de aquellas voluntades. En el Congreso se
presentaron 92 enmiendas suscritas, salvo dos, por los Grupos Popular y
Socialista.
Bajo el amparo de sentencias del Tribunal Constitucional, mejoras de la
redacción y enmiendas de técnica jurídica, el Estatuto propuesto por las
Cortes de Aragón fue recortado en aspectos institucionales,
competenciales y financieros, con criterios políticos apelando al
consenso constitucional, entre dos partidos, el Popular y el Socialista,
dejando la voluntad expresada por los aragoneses y sus Cortes en una mera
ilusión.
El Partido Aragonés reconoció en la Comisión Constitucional del 24 de
octubre el nuevo talante del equipo ministerial, el deseo del
cumplimiento de plazos --algo escasos en esta Cámara, creo que lo
lamentaremos--, e incluso el avance producido. Pero con la misma
contundencia puso de manifiesto el recorte --que no aceptamos-- y, en
definitiva, que el texto resultante de la aplicación de las enmiendas no
se correspondía con el espíritu de autonomía plena de los aragoneses y de
sus Cortes.
Señalamos la vulneración del consenso y también el incumplimiento del
Partido Popular, al no haber consensuado con el Partido Aragonés las
enmiendas a que estaba obligado por los pactos suscritos. De la sesión
del 31 de octubre en el Pleno del Congreso para nosotros quedará el
intento de enmudecer al Partido Aragonés. Gracias al Diputado de Unión
Valenciana --justo es reconocerlo hoy aquí, nuevamente-- el Partido
Aragonés expresó su postura. La política, decíamos, además de grandes
declaraciones, también se escribe y se hace con gestos. Aquel gesto se
descalificó por sí solo; afortunadamente, no se reproduce hoy en el
Senado.
El resultado --de todos conocido-- lo recogimos en esta Cámara la pasada
semana en la Comisión General de las Comunidades Autónomas. No me
extenderé en los argumentos utilizados; tan sólo señalaré que nuestra
voluntad fue la de encontrar de nuevo el consenso necesario. Esa fue
nuestra intención con la retirada de la propuesta de veto que habíamos
presentado que, por añadidura, conllevaba la garantía del mantenimiento
del artículo 1, es decir, la voluntad de los aragoneses en definirse como
nacionalidad. Esta cuestión, fundamental para el Partido Aragonés, tiene
una significativa oposición en esta Cámara, lo cual lamentamos.
A pesar de la advertencia del Partido Popular, que demuestra su
convencimiento, y de la oposición de los Grupos Socialista y de
Convergència i Unió, el Partido Aragonés ha sido decisivo para su
mantenimiento, así se lo hicimos ver al Grupo Popular en su día.
La historia de Aragón, íntimamente ligada a otras Comunidades limítrofes
que tienen su reconocimiento como nacionalidad, ha sido una y otra vez
expuesta en defensa del término nacionalidad. Los hechos diferenciales de
Aragón se sustentan en sus instituciones; sus Cortes --Aragón legisló--;
su Consejo de Gobierno --que gracias a una enmienda de este partido se
denominaba como históricamente le correspondió: Diputación General de
Aragón--; el Justicia, figura reconocida, anterior al Ombudsman sueco y
al Sindic de Greuges, y, por supuesto, su Derecho, sus fueros, asfixiados
por el Decreto de nueva planta de 1707.
Pi y Margall recuerda en su libro «Las Nacionalidades» cómo Felipe V, con
motivo de la Guerra de Sucesión, abolió los fueros de Aragón, Cataluña y
Valencia. El término nacionalidad, aplicado a Aragón, no es, como alguien
ha dicho tendenciosamente, un invento oportunista de los políticos
aragoneses de hoy. Por citar un ejemplo significativo, hay que recordar
que Joaquín Costa, en un discurso pronunciado el 8 de septiembre de 1892
en la ciudad de Barbastro, en la Asamblea en defensa de la agricultura de
regadío, dijo: Que este río Ebro, que ha servido de cuna y de centro a la
nacionalidad aragonesa, maestra de España en cuestiones sociales, anuncie
ahora el nuevo evangelio político a los pueblos de la Península.
El artículo 2 de nuestra Constitución reconoce y garantiza el derecho a
la autonomía de las nacionalidades y regiones que la integran. El
artículo 147 detalla que los Estatutos de Autonomía deberán contener la
denominación de la Comunidad que mejor corresponda a su identidad
histórica.
Decía el primer Presidente de la Diputación General de Aragón, don Juan
Antonio Bolea Foradada, en su conferencia en el Club Siglo XXI del 22 de
octubre de 1979, que --y cito--: Aragón tiene por lo menos los mismos
derechos y condicionantes sobre el término nacionalidad que los de
quienes opten por utilizarlo. Sin ir más lejos, baste citar el
significativo ejemplo de que las tradicionales barras de Aragón, que
especialmente forman la bandera aragonesa, son también compartidas por
Cataluña y el País Valenciano.
La disposición adicional segunda de la Constitución previó el trámite
para los territorios que en el pasado hubiesen plebiscitado sus proyectos
de Estatuto a través del artículo 151, y no que fueran éstos --Cataluña,
País Vasco
y Galicia-- los únicos que pudieran disponer del término nacionalidad. Lo
demuestra el hecho de que Andalucía y Valencia contengan la definición
que nos ocupa --por cierto, este último accediendo a su autonomía a
través del artículo 143.
Aragón ha sido históricamente un territorio --y me atrevería a decir que
un proyecto político-- del que los aragoneses son conscientes, y sólo en
ocasiones lo explicitan. Si no, ¿cómo explicar la vinculación histórica
de un territorio que no tiene uniformidad? Desde el Alto Aragón y la zona
pirenaica, hasta las estribaciones del Sistema Ibérico, la serranía de
Teruel y Albarracín, Aragón está cruzado por una zona desértica y por el
río Ebro. Aragón ha vivido el suplicio de Tántalo, señorías, que, como
saben, fue condenado por los dioses a permanecer sumergido en el agua
hasta el cuello, pero el agua se retiraba cuando él se inclinaba a
beberla. Aragón ha estado deseando beber para vivir, y se le ha impedido
siempre poder nacer. Otros territorios pueden ser en alguna medida
producto del azar, de la contigüidad. Aragón es el producto de una
vocación histórica, de una arraigada y compartida identidad colectiva y,
como dijera Ramón J. Sender, un territorio tremendamente hermoso en sus
contrastes.
La identidad política, fundamento de la nacionalidad, es un hecho
histórico y no obedece a esencialismos ineludibles. Contra el «botijismo»
y alguna visión palurda de nuestra vida --expresada en algún reciente
artículo--, quisiera manifestar la conciencia de los aragoneses en la
definición que las Cortes de Zaragoza hicieron en 1283. Decían aquellas
Cortes: Aragón no consiste ni tiene su principal ser en las fuerzas del
Reino, sino en la libertad, siendo una la voluntad de todos que cuando
aquélla fenezca --se refiere a la libertad-- se acabe el Reino.
Ninguna nación del mundo se ha definido con esta gallardía, belleza y
respeto a los ciudadanos, cuya libertad era garantía de su nación
histórica.
Señorías, nos ha sorprendido --lo decimos con sinceridad-- la postura del
Grupo Catalán en esta cuestión. Creíamos que entenderían nuestra
sensibilidad y apoyarían las reivindicaciones de los aragoneses, que han
expresado nítidamente su deseo. Nos niegan lo que nosotros no le negamos
a ustedes. Ustedes sí son más que los aragoneses en las ganas de ser
--insisto, lo decimos con sinceridad--, pero porque han dispuesto desde
hace muchos años de un Estatuto de Autonomía plena que ejercen a diario,
que Aragón aún reclama y con toda seguridad seguirá reclamando.
Decían ustedes en la toma en consideración en el Congreso de los
Diputados que desde la perspectiva de un nacionalismo catalán era difícil
no justificar un apoyo a una iniciativa nacida en Aragón. Significaban
las relaciones históricas compartidas, y su portavoz decía: Creo que para
un catalán dar apoyo a esta iniciativa es especialmente importante.
Compartimos ese pasado y fuimos capaces de convivir en plena igualdad.
El resto de las enmiendas presentadas por los Senadores del Partido
Aragonés fueron defendidas en la Comisión, por lo que no me extenderé
demasiado en ellas. Parece que hemos llegado a algún entendimiento,
señorías --a lo que luego me referiré--, pero en la gran mayoría de las
enmiendas se ha impuesto la voluntad --cicatera, diría yo-- de los grupos
mayoritarios.
Así, nos han condicionado la enseñanza y utilización de las lenguas en
Aragón; el procedimiento y la consulta por la Diputación General de
Aragón para el nombramiento de registradores y notarios; la actualización
del Derecho Civil aragonés; la competencia exclusiva o plena en
enseñanza, hechas las salvaguardas constitucionales pertinentes; las
competencias penitenciarias que, como ya les dije, hubieran evitado en su
día el conflicto de la macrocárcel de Zuera; la policía autonómica
--incluso los municipios disponen de policía propia--; la competencia de
desarrollo legislativo en ordenación del crédito, banca y seguros,
contemplada en otros Estatutos, al igual que la competencia contemplada
en materia laboral y la precisión, innecesaria ya, del Inserso.
Todas estas enmiendas fueron defendidas, a nuestro juicio, con criterios
razonables en Comisión, en la que dediqué un apartado especial al bloque
que afecta a la financiación de la Comunidad Autónoma, fundamental en la
reforma de nuestro Estatuto. La autonomía política --lo hemos dicho
tantos-- no es posible ejercerla sin autonomía financiera. Lo hemos
dicho, y lo reiteramos. Con los actuales acuerdos del Consejo de Política
Fiscal y Financiera, Aragón queda perjudicado desde los principios de
suficiencia y solidaridad. Si no es desfavorable porque no recibimos
menos, sin atender a los criterios del esfuerzo fiscal, el territorio, la
compensación automática por disminuciones de recaudación en tributos
cedidos, la adecuada compensación por la exclusión del Objetivo 1 --que
además redunda en la exclusión del Fondo de Compensación
Interterritorial--, amén de la escasa complementariedad de los
presupuestos generales del Estado, nuestra financiación, estando de
acuerdo con los criterios de corresponsabilidad fiscal, es insuficiente.
La financiación prevista, entre otras, en el artículo 47 ha sido
enmendada para que, entre otros cambios semánticos, se adecue a los
acuerdos del citado Consejo y si se mantiene el compromiso de suscribir
el convenio o acuerdo, se condiciona en concretar lo establecido con
carácter general en la legislación sobre financiación.
Nos enmiendan varios artículos para decir lo mismo, señorías. Nuestras
enmiendas, que retoman el espíritu del acuerdo de las Cortes de Aragón,
encuentran su justificación en lo dispuesto en la disposición adicional
quinta del vigente Estatuto, donde se establece que la aceptación del
régimen de autonomía no implica la renuncia del pueblo aragonés de los
derechos que, como tal, le hubieran podido corresponder en virtud de su
historia, que podrán ser actualizados conforme a la disposición adicional
primera de la Constitución. Esta ampara y respeta los derechos históricos
de los territorios forales, exponiendo que su actualización se llevará a
cabo en el marco de la Constitución y en el de los Estatutos de
Autonomía.
Señorías, la disposición adicional quinta sólo se encuentra en dos
Estatutos más: el del País Vasco y Navarra. Si en el pasado sólo gozaron
de Hacienda propia los territorios forales, en consecuencia sólo a ellos,
Navarra, los territorios
históricos de Alava, Guipúzcoa, Vizcaya y Aragón, les corresponde un
sistema de financiación por concierto o convenio.
También nos parece importante destacar la enmienda a la disposición
transitoria novena, que recoge la voluntad de las Cortes sobre los
criterios que deben de prevalecer a la hora de efectuar las
transferencias, de la que tampoco se ha hablado.
Pero mencionamos también lo positivo, de lo conseguido mediante el
diálogo y el corto consenso que, sin ser suficiente, señorías, no es
poco.
Transaccionamos en Comisión la enmienda número 13, que ha permitido
incluir la competencia exclusiva en recursos y aprovechamientos
hidroeléctricos.
Además, se han presentado transacciones que afectan a la enmienda número
10, concretando los derechos reales como administrativos; a la enmienda
número 11, permitiendo mantener la competencia en desarrollo legislativo
en normas adicionales de protección de medio ambiente; a las enmiendas
números 15 y 16, respetando el texto inicial sobre competencias en
Cámaras agrarias, de comercio e industria, suprimiendo las extintas de la
propiedad, así como manteniendo los colegios profesionales; a la enmienda
número 17, que pierde la competencia exclusiva en asociaciones, de
acuerdo con la Constitución, pero que es recuperada en la enmienda número
35 como competencia en ejecución; a las enmiendas números 19 y 37, sobre
la reestructuración de sectores industriales, permite mantener la
ejecución de los planes establecidos por la Administración General del
Estado; a la enmienda número 33, sobre la competencia ejecutiva sobre
transportes de mercancías y viajeros; a la enmienda número 42, sobre los
ingresos de los entes locales y, finalmente, a la enmienda número 45, que
hace referencia a la unidad histórica del Archivo de la Corona de Aragón
que, tras el debate en la Comisión de Educación y Cultura en el Congreso
de los Diputados, esperemos se ponga en marcha el Patronato, que
contemplan los diferentes Estatutos.
Como ven, hay 12 enmiendas transaccionadas a las que espero se sumen
algunas enmiendas del Partido Aragonés, que sean votadas por los grupos
de la Cámara.
Sin embargo, señorías, lamentamos profundamente la falta de
disponibilidad del Grupo Parlamentario Socialista a transaccionar su
enmienda número 69, que hace referencia a la inclusión, mediante una
enmienda en el Congreso de los Diputados del Grupo Parlamentario Popular,
de la facultad del Presidente para la disolución de las Cortes. Su
inclusión, no sólo recortó la reforma, sino que, a nuestro juicio,
empeoró el Estatuto de 1982. Creo que el Partido Aragonés y el Grupo
Parlamentario Socialista coinciden en la no necesariedad de desarrollar
el precepto más propio del desarrollo legislativo ordinario que, por otra
parte, ya dispone nuestra Comunidad Autónoma mediante la Ley del
Presidente.
No entendemos --y ya lo explicarán ustedes-- que, estando incluso de
acuerdo el Grupo Parlamentario Popular, cuando menos no hayamos
encontrado una fórmula para transaccionar estas enmiendas y dejarlas en
la redacción del vigente Estatuto que, como saben, no desarrolla el
artículo 23.2 en los términos del texto remitido por el Congreso de los
Diputados. El que se quede como está en el vigente Estatuto --para
nosotros un mal menor--, debería de haber llevado a sus señorías, al
menos, a la adecuada reflexión que, además, contempla ya su enmienda.
Señorías, en la recta final de esta intervención, los Senadores del
Partido Aragónes se muestran satisfechos por lo conseguido, y lo
reiteramos. Además, también se muestran insatisfechos por lo no
conseguido.
En aras de esa razonabilidad, anunciamos nuestro deseo de retirar las
enmiendas números 1, 12 --en coherencia con la número 31-- y 34. Es
decir, al artículo primero que votamos ya en el Congreso de los
Diputados, a la inclusión de las denominaciones de origen como exclusivas
y, para que no quede ninguna duda, sobre la caja única de la Seguridad
Social.
Creemos que hemos avanzado, y relativizando nuestra representación, no es
poco --se lo digo sinceramente--. El resultado final tiene mucho que ver
con el trabajo, esfuerzo y diálogo del Partido Aragonés y, como dijera
nuestro portavoz en las Cortes de Aragón, José Angel Biel Ribera, en el
pasado debate de la Comunidad --lo digo entre comillas--, el Partido
Aragonés, mediante su participación activa en la vida política, a través
de sus acuerdos y desacuerdos --de todo ha habido--, ha sido decisivo en
la resolución o encauzamiento de buena parte de los problemas de esta
tierra o ha evitado otros. Y como dijo Emilio Eiroa, que nadie espere del
Partido Aragonés ni un radicalismo fácil ni dejación o renuncia a
nuestras aspiraciones. Fue Costa quien dijo que a los aragoneses nos
mueve el sentido de la justicia y la rectitud, pero también la tenacidad
en el propósito y en el esfuerzo.
Los aragoneses hemos sido los primeros en la iniciativa de esa amplia
reforma de nuestro Estatuto por nuestras Cortes y, como decía la
editorial de un periódico aragonés, el pueblo aragonés habrá de sacar sus
conclusiones mediante el simple y efectivo sistema de comprobar en el
inmediato futuro si efectivamente nuestra Comunidad dispone de medios
para equipararse en cuanto a recursos y capacidad de autogobierno a las
Autonomías de primera división.
El Partido Aragonés, como decía mi Presidente, José María Amor, seguirá
insistiendo, como siempre lo ha hecho, por el bien de Aragón y del Estado
de las Autonomías, que también nos preocupa. Y añadía: en Aragón,
conseguiremos la plena autonomía porque, ustedes, señorías, no lo podrán
evitar, pues solamente algunas aceptan aquello que no pueden evitar.
Finalmente, señor Presidente, señorías, anunciamos nuestra abstención al
texto final porque, como ya expresamos en 1982, ni podemos apoyar un
Estatuto que nos hace de peor condición jurídica que a otros territorios
españoles, ni esperamos contrariar explícitamente lo que ése, por este
Estatuto, tenga de mínima esperanza para Aragón, donde las esperanzas no
abundan. Si en ese Estatuto hay solamente una semilla de esperanza,
nosotros no vamos a dejar de compartirla y de trabajar para que germine.
Muchas gracias, señorías.
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Muchas gracias, Senador Fuster.
Esta Presidencia ha tenido un lapsus en el anterior debate del voto
particular del Senador Nieto Cicuéndez, que ha sido el de no dar turno de
portavoces. También es verdad que ningún portavoz ha reclamado este
turno, pero es conciencia general de los diversos grupos que, por
deferencia con el Senador que ha presentado este voto particular, sería
preciso también el poder manifestarse en este sentido.
Por tanto, si les parece bien y con la benevolencia de todos los grupos,
haríamos aquello que los griegos llaman «epieikeia», que es hacer una
interpretación momentánea única del Reglamento, que consistiría en lo
siguiente: que después de la votación de las enmiendas, los diversos
grupos que quieran se puedan posicionar y explicar su voto referente al
voto particular del Senador Nieto Cicuéndez. Si les parece bien, lo
ordenaríamos de este modo.
Muchas gracias.
A continuación pasamos al voto particular de los Senadores Nieto
Cicuéndez y Román Clemente, correspondiente a las enmiendas números 48 a
67.
Para su defensa, tiene la palabra el Senador Nieto Cicuéndez.
El señor NIETO CICUENDEZ: Señor Presidente, señorías, voy a defender las
enmiendas con brevedad porque, como habrán visto sus señorías, tienen
como objetivo volver al texto original que vino de las Cortes de Aragón a
las Cortes Generales. Por tanto, sería autoengañarnos --este Senador no
tiene intención de hacerlo-- y somos conscientes de que si el veto no
pasa por la puerta, las enmiendas --está convencido este Senador-- no van
a pasar por la ventana. (Risas.)
Por tanto, mi exposición sería reiterativa, puesto que ya he defendido el
veto explicando las razones, y hacerlo nuevamente en torno a las
enmiendas sería una redundancia. En consecuencia, con esta intervención
doy por defendidas las enmiendas, manifestando que tienen el mismo
significado que tenía el veto.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Muchas gracias, Senador Nieto
Cicuéndez.
Para el debate de las enmiendas números 68 y 69, por el Grupo
Parlamentario Socialista, tiene la palabra el Senador don Luis Carlos
Piquer.
El señor PIQUER JIMENEZ: Señor Presidente, siguiendo la recomendación de
la Presidencia, consumiremos ahora un turno de defensa de las enmiendas
números 68 y 69, para luego hacer una intervención general y manifestar
nuestra opinión sobre la tramitación del Estatuto, del veto presentado y
otra serie de consideraciones, incluso sobre la paradoja que supone que
portavoces del Grupo Parlamentario Popular acaben ahora en esta tribuna
de llamar la atención al otro aliado del señor Aznar en el Congreso y en
el Senado.
Nuestro Grupo, señor Presidente, durante toda la tramitación ha mantenido
fundamentalmente tres aspectos diferenciados con el texto, y uno de
ellos, al que luego me referiré, es la financiación autonómica. Pero en
este momento y en este trámite, señor Presidente, voy a hacer referencia
al texto que ha llegado del Congreso de los Diputados, que pretendemos
enmendar a través de las enmiendas números 68 y 69.
En primer lugar, señor Presidente, mencionaré la inclusión en el texto
que nos remite el Congreso de la capacidad de disolución de las Cortes,
con una serie de limitaciones tanto sobre la duración de los mandatos
como de las fechas de convocatoria de elecciones autonómicas tras la
posible disolución por el Presidente de Aragón de las Cortes Aragonesas.
Señorías, hasta la fecha, ningún Presidente de Comunidad Autónoma lo
tiene incluido en su Estatuto. Los presidentes que usan de ello lo hacen
a través de leyes aprobadas en sus Parlamentos. Aragón tiene su propia
Ley del Presidente, que le faculta desde el 16 de febrero de 1995. Y nos
preguntamos por qué, señorías, hay que introducir cambios ahora.
Lo diré de otra manera. Si se producen cambios en nuestra legislación
electoral --en nuestra opinión algo deseable y aconsejable para armonizar
los procesos electorales en España--, ¿han pensado, señorías, que habría
que modificar el Estatuto que hoy aprobamos aquí? Queremos hacerles
reflexionar sobre este particular, que ni beneficia a Aragón ni al
conjunto de la legislación electoral española.
La segunda cuestión, señor Presidente, sobre la que me extenderé un
poquito más, sobre la que querríamos reflexionar en especial y sobre la
que queríamos llamar la atención del Partido Popular es la de la
nacionalidad. La Constitución Española, en su artículo 2, utiliza la
expresión una sola vez y no obliga a definirse sobre el particular. El
Estatuto aragonés no lo hace; no lo hizo en su nacimiento en 1982; no fue
éste el problema para Aragón, como tampoco lo hace la ley de
Amejoramiento de Navarra. Y pienso que nadie pone en duda la identidad
histórica de ambas Comunidades, que se llaman así desde hace más de mil
años, como para que tengan que reafirmarlo ahora, a los mil años de ser
navarros o aragoneses.
Señorías, la solución que se dio por parte del constituyente a través del
artículo 2 fue resolver un problema de encaje constitucional: el de
algunas Comunidades. Y, señorías, si Aragón no tuvo ese problema
entonces, no lo vieron ustedes, ¿por qué dicen que lo tenemos ahora?
¿Sólo porque, coyunturalmente, necesitan los apoyos para gobernar?
Señorías, lo diré de otra manera. El Partido Popular, para llevar al
señor Aznar a la Moncloa ha tenido que firmar unos acuerdos de
financiación con Convergència i Unió que rechaza su socio de Gobierno, el
PAR. Y, sin embargo, quiere incluir el término nacionalidad para
asegurarse ese mismo apoyo parlamentario en Aragón.
Pues bien, son éstas dos cuestiones, la debilidad de este Gobierno, que
tiene que firmar unas cosas antinómicas en Aragón y otras en Cataluña,
las que están impidiendo, en nuestra opinión, llevar el debate a sus
justos términos.
Señorías, Aragón ha sido identidad política desde hace mil años. Los
aragoneses no tenemos problemas de identidad
histórica: ha sido un reino que englobó a otras nacionalidades que
combatieron los Decretos de nueva planta. No necesitamos recurrir ahora a
lo que no recurrieron los aragoneses para definirse como Comunidad
Autónoma. Ustedes abren con ello un problema de encaje constitucional que
no es definitorio para el pueblo aragonés. Su posición responde más a la
conveniencia coyuntural del Partido Popular de Aragón para tener una
mayoría parlamentaria que a las necesidades reales del pueblo de Aragón.
Lo que los aragoneses queremos, señorías, es más autonomía política y
financiera, la mayor posible dentro de la Constitución. Pero eso no tiene
nada que ver con reabrir lo que solucionó el artículo 2 de la
Constitución.
Confundir Autonomía con llamarse nacionalidad es, simplemente, un
desatino, que tiene una gravedad extrema si se hace en función de contar
aquí o allá con apoyos para llegar al Gobierno de España o al de Aragón,
y que conlleva una dosis de frivolidad mayor si, además, al hacerlo no se
quiere contar con el principal Partido de la oposición en España.
Señorías, señor Presidente, nuestro Grupo Parlamentario va a mantener
estas dos enmiendas intentando que el Partido Popular reflexione sobre
ellas. Muchas gracias, señor Presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Muchas gracias, Senador Piquer.
¿Turno en contra? (Pausa.)
¿Turno de portavoces? (Pausa.)
El Grupo Parlamentario Mixto no hace uso de la palabra.
¿Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos? (Pausa.)
Por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió,
tiene la palabra el Senador don Joaquim Ferrer.
El señor FERRER I ROCA: Señor Presidente, señorías, aprovecho este turno
para exponer la posición que el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado
de Convergència i Unió mantiene con referencia al proyecto de ley de
reforma del Estatuto de Aragón.
Quizá sea oportuno empezar haciendo algunas breves observaciones sobre el
marco en que esto se produce. Creo que es una ocasión lo suficientemente
importante como para recordar que existe un pacto --suscrito por todos
nosotros hace casi más de 20 años--, el pacto constitucional, que es el
que posibilita que hoy estemos debatiendo la reforma de una Comunidad
Autónoma determinada.
Hecha esta observación, obvia pero importante, quizá también sea oportuno
recordar que los años ochenta ha sido la década en la cual se han
elaborado y han entrado en funcionamiento todos los Estatutos de
Autonomía; ha sido el gran rodaje, la del inicio de una gran experiencia
histórica. La década de los noventa, como se está viendo hoy, en esta
sesión del Pleno del Senado, va a ser seguramente una década de
profundización de aquellos Estatutos de Autonomía. Esta es otra
observación que creemos oportuna.
También es oportuno recordar las características en las que se desarrolla
el proceso del Estado de las Autonomías. Señalaré simplemente tres
características, que a veces se apagan algo, otras se subrayan de una
manera más clara, pero que están siempre ahí en el proceso de
construcción del Estado de las Autonomías.
La primera es que es un proceso permanente. Permanentemente se está
elaborando, como sucede con cualquier realidad viva. Es, por otro lado,
un proceso dialogante, a veces con dificultades --con frecuencia--, pero
siempre dialogante entre las partes.
Finalmente, otra característica es que es un proceso diverso, un proceso
con elementos distintos entre ellos. Esta es la diversidad congénita del
Estado español en la diversidad congénita de España desde hace --ustedes
lo saben igual que yo-- muchísimos siglos.
Hechas estas observaciones de referencia, voy a entrar mucho más
concretamente en la reforma que se nos plantea del Estatuto de Aragón. El
Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió discrepa
de la formulación que se nos presenta en el artículo 1, porque se ha
incorporado el concepto de nacionalidad y, señorías, tengo que recordar
aquí que el concepto de nacionalidad no es ni más ni menos que otro;
simplemente recoge una especificidad política. Es decir, que nosotros no
estamos de acuerdo con lo que hemos oído desde esta tribuna respecto de
que el concepto de nacionalidad es sinónimo de determinadas competencias.
Creemos que el concepto de nacionalidad en el pacto constitucional surgió
para reflejar determinadas realidades nacionales o concretas existentes
en el conjunto del Estado español.
Por consiguiente, creemos que tiene virtualidad, que tiene realidad,
tiene justificación el concepto de nacionalidad referido a unas
realidades y no a otras. Por ello, nuestro Grupo discrepa de la
formulación que se nos presenta en la reforma del artículo 1, y por esta
razón apoyaremos con nuestro voto una enmienda del Grupo Parlamentario
Socialista, concretamente la número 68, que creemos presenta una
formulación mucho más correcta.
Por otro lado, he decir que hacemos una valoración muy positiva del resto
de enmiendas que amplían el Estatuto de Aragón. Creemos sinceramente que
demuestra que existe, concretamente en Aragón, un proceso de
enraizamiento, de rentabilidad de la dimensión autonómica, del
autogobierno, que existe una consolidación, que existe un impulso.
Analizando detenidamente las competencias que se amplían en el Estatuto
de Aragón, creo que cualquier observador con una pizca de objetividad
llegaría a la conclusión de que es una reforma importante.
El Senador que ha intervenido por parte del Grupo Parlamentario Popular,
dirigiéndose a nuestro Grupo, nos ha recriminado que tengamos una
posición contraria al artículo 1 que se nos presenta. No sé si es el
momento de extenderme más sobre lo que significa una nacionalidad, pero
el Senador que ha intervenido puede deducirlo fácilmente por el hecho de
que él, con sus ideas --ideas valiosas--, lo hace en el marco de un Grupo
que no es estrictamente de dimensión aragonesa.
Quiero decir con esto que una nacionalidad es un hecho nacional. Como
todos ustedes saben, cuando participamos en el pacto constitucional,
nosotros no hablábamos de nacionalidad. En Cataluña, la mayoría de grupos
políticos habla de nación catalana. Esto confluyó en un pacto del cual
surgió la expresión de nacionalidad no solamente referida a Cataluña,
sino también a Euskadi. Creo que esto forma parte de la información que
todos nosotros tenemos desde hace muchos años, y, por consiguiente, no
creo que tengamos que volver a repetirlo.
Cuando llegue el momento de votar en esta sesión la reforma del Estatuto
de Aragón, nosotros podríamos pedir votación separada del artículo 1 y
votar en contra y, a continuación, votar favorablemente el resto de la
reforma que se nos presenta. Pero, conscientes de que esta reforma es
importante no solamente para Aragón, sino también para el conjunto de
nacionalidades y regiones del Estado español, nuestro voto va a ser el de
abstención. No vamos a votar favorablemente, por esta única razón, es
decir, por nuestra discrepancia con el artículo 1, pero tampoco vamos a
votar en contra, nos vamos a abstener, y creemos que sus señorías van a
comprender, como es lógico, nuestra actitud tradicional, que es la de
contribuir lo máximo posible al fortalecimiento, al desarrollo, al
impulso del Estado de las Autonomías.
Nada más, señor Presidente, muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Muchas gracias, señoría.
¿Grupo Parlamentario Socialista? (Pausa.)
Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el Senador Contín
Pellicer.
El señor CONTIN PELLICER: Gracias, señor Presidente.
Señorías, aprovechando esta oportunidad que el señor Presidente nos
brinda de dividir en dos partes nuestras intervenciones, vamos a dedicar
al turno de enmiendas unos breves momentos con el fin de no ser
excesivamente prolijos en un día que va a ser duro para sus señorías. Y
comenzaremos tocando un tema que ha sido importante en las repetidas
ocasiones en que aquí han intervenido los anteriores oradores, que es el
de la nacionalidad, tema que hace referencia en Aragón a un sentimiento
colectivo no solamente por tener un pasado común, sino también por un
proyecto de futuro, como aquí lo expresamos repetidas veces.
Es algo no necesariamente relacionado con hechos, como la posesión de un
lenguaje común, aunque sin duda sea un elemento importante.
Constitucionalmente, es nacionalidad, como es o puede ser región, la que
así quiere definirse; es una decisión por la que la propia Comunidad
decide dotarse con ese título. Por lo demás, las obligaciones contraídas
seguirán siendo las mismas respecto a la nación, pues el término no debe
suponer ninguna especie de privilegio. Otra cosa podía ser que se
opusieran algunos para los que sí suponga un privilegio. En nuestros
caso, es un sentimiento colectivo, no privilegio, que implica un proyecto
de futuro basado en realidades históricas y culturales incuestionables.
Aragón, señorías, es un mosaico de tierras distintas y de gentes
diversas, en lo antropológico y en lo cultural, unidas por la historia, y
cuya base común es el sentirse o ser llamados por los demás aragoneses,
partiendo de una idea de unidad y de una política histórica en la que
influyen factores lingüísticos, jurídicos, costumbristas relativamente
uniformes. Los distintos pueblos de Aragón fueron forjando la
idiosincrasia del aragonés y creando un sentimiento de unidad histórica
anterior a la comunidad política administrativa y anterior, incluso, a
que se configurase el Reino de Aragón hace más de novecientos años, como
tal. (El señor Vicepresidente, Aguilar Belda, ocupa la Presidencia.)
Cada cual puede jugar con los términos para que signifiquen exactamente
lo que le conviene, y así se puede caer en la tragedia de confundir e
identificar raza, religión, lengua o cultura. Aragón, señorías, fue
comunidad histórica como condado y como reino mucho antes que otros y
desembocando en una de las más limpias creaciones políticas de nuestra
historia, de la que todos debemos sentirnos orgullosos, como es la Corona
de Aragón. No hacemos, pues, con esta declaración de nacionalidad más que
constatar lo que hace siglos que ya está escrito. Por otro lado, con la
reforma se avanza en modificaciones competenciales, salvando limitaciones
que le fueron impuestas por los pactos autonómicos de 1981 y que ya han
sido superadas.
Decía yo el otro día que hay tres citas obligatorias para todo aragonés,
que son Cajal, Costa y Gracián. Decía Gracián que las cosas selectas no
cansa el repetirlas hasta siete veces, y por eso no nos cansa volver a
recordar el largo proceso sufrido por la reforma del Estatuto de Aragón
desde que en 1994 se llega al consenso de todos los grupos políticos de
las Cortes de Aragón. El entonces candidato a la Presidencia del Gobierno
nacional se comprometió a impulsar la tramitación de la reforma, incluso
con fechas, y en estos momentos, señorías, estamos llegando al
trascendental momento para Aragón de la culminación de aquel compromiso.
A estas alturas, quizá no sea procedente hacer una enumeración
pormenorizada de las distintas enmiendas, ya debatidas, por otra parte,
en la anterior Comisión, aunque por nuestra parte traemos al Senado
propuestas que mejoran el texto remitido por el Congreso de los
Diputados, en cumplimiento de la legitimidad de ambas Cámaras para
introducir estas modificaciones. Algunas de las enmiendas que se
introdujeron en el texto aprobado por el Congreso, así como lo que
nosotros traemos al Senado, tienen un carácter técnico, primando razones
fundamentalmente institucionales sobre cualquier tendencia partidista, de
la que huiré totalmente a lo largo de mis dos intervenciones.
Nuestra reforma se integra del todo en el marco constitucional y también
en la legislación que regula las relaciones del Estado con las distintas
Comunidades Autónomas, dando cauce al verdadero sentido que tiene la
Comunidad Autónoma aragonesa para determinar su nivel de autogobierno
dentro del marco de la Constitución española.
Frente a posiciones maximalistas enmendantes e, incluso, posiciones para
nosotros muy respetables de vuelta al texto original de las Cortes de
Aragón que aquí se propusieron,
creemos que el texto remitido y las enmiendas que nosotros
transaccionamos o aquellas que vamos a apoyar satisfacen el deseo de
autogobierno aragonés.
Las competencias exclusivas se respetan en el artículo 35, destacando
régimen local, régimen a través de la ley de funcionarios, derecho civil
aragonés, denominaciones de origen, aprovechamientos hidráulicos, cajas
de ahorro, protección de menores, competencias sanitarias que, por otra
parte, serán exclusivas de la Comunidad. Se ha suprimido, como decía uno
de los anteriores intervinientes, el régimen económico de la Seguridad
Social, en el que todos los grupos están de acuerdo.
No vamos a volver a repetir los temas, tan manidos ya, de policía y
política penitenciaria, pero sí voy a dedicar un tiempo breve a la
financiación, ya que dentro del marco del artículo 157 de la
Constitución, el Estatuto establece que el Estado y Aragón suscribirán un
acuerdo bilateral, formalizado en Comisión mixta, que podrá ser revisado
periódicamente de forma conjunta y deberá tener en cuenta el esfuerzo
fiscal de Aragón, atendiendo criterios de corresponsabilidad fiscal y
solidaridad interterritorial. Esto aumentará nuestra capacidad de
autogobierno en materia económica.
Por fin, en este momento queremos pedir el apoyo de sus señorías --y aquí
les habla un Diputado de las Cortes de Aragón-- a nuestra reforma
estatutaria, en la seguridad absoluta de que es totalmente compatible y
complementaria con ese proyecto de futuro que es España. Cualquier
sentimiento en contrario, les garantizo, señoría, que no sería aragonés.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Aguilar Belda): Gracias, Senador Contín.
Señores portavoces, antes de pasar a la votación de las enmiendas,
¿hacemos el turno de portavoces del veto que quedaba pendiente? (El señor
Fuster Muniesa pide la palabra.)
El señor FUSTER MUNIESA: Señor Presidente, por el artículo 87, querría
intervenir para una cuestión de matiz.
El señor VICEPRESIDENTE (Aguilar Belda): Tiene su señoría la palabra.
El señor FUSTER MUNIESA: Muchas gracias, señor Presidente.
Simplemente quiero hacer dos matizaciones a la intervención del portavoz
de Convergència i Unió. La primera es que este Senador ha presentado
enmiendas, a título particular como Senador del Partido Aragonés. Quiero
que quede claro que ha sido así, en la medida en que le hemos defendido.
La segunda, es aclarar que nuestra abstención no debe confundirse con la
del Grupo catalán, en la medida en que su abstención ha sido justificada
por el término nacionalidad del artículo 1 y, la nuestra, ha sido
justificada en la medida en que el texto no recoge las aspiraciones de
autonomía plena que los aragoneses desean y de la que otras Comunidades
ya disponen.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Aguilar Belda): Gracias, señorías.
Pasamos al turno de portavoces que había quedado pendiente al veto del
Grupo Mixto, del Senador Nieto.
¿Grupo Mixto? (Pausa.) ¿Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas
Vascos? (Pausa.) ¿Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de
Convergència i Unió? (Pausa.) ¿Grupo Parlamentario Socialista? Tiene la
palabra el Senador Piquer.
El señor PIQUER JIMENEZ: Muchas gracias, señor Presidente.
Voy a explicar nuestro apoyo al texto del dictamen y nuestra oposición al
voto particular de Izquierda Unida.
Señor Presidente, querría empezar por expresar la satisfacción que nos
produce que la Comunidad Autónoma aragonesa esté a punto de culminar un
largo camino. Un proceso no exento de dificultades, de malentendidos, de
nominalismos, de intento de apropiaciones indebidas del sentimiento
aragonés, de usar en beneficio propio el interés de todo un pueblo que ha
sido el principal impulsor de esta reforma.
Una evidencia de lo que acabo de manifestar se está dando hoy en esta
Cámara, en el Senado, donde Senadores del mismo grupo parlamentario, del
Grupo Parlamentario Popular, intentan transmitir una doble visión de
nuestra reforma. Así viene ocurriendo en ponencia y en Comisión, sin que
haya precedentes parlamentarios. Lo curioso, lo paradójico, es que ese
Grupo es el que soporta al Gobierno del señor Aznar, con este peculiar
sentido de Estado, y al Gobierno de Aragón. Por ello, quizá sea un motivo
mayor de satisfacción que hoy superemos estos hechos en beneficio del
nuevo Estatuto de Autonomía de Aragón y de anteponer el interés general
al del apoyo puntual para obtener mayorías de Gobierno en España o en
Aragón.
El Grupo Parlamentario Socialista quiere dejar claro desde el primer
momento su apoyo al dictamen, que ya tuvo ocasión de mostrar votándolo en
Comisión, porque estamos convencidos de que en las diferentes vías que
abre nuestra Constitución para alcanzar los objetivos del Título VIII, el
nuevo Estatuto equipara Aragón competencialmente con el resto de
Comunidades Autónomas, refuerza sus instituciones, recoge nuestras
peculiaridades y dota al pueblo aragonés de los instrumentos precisos
para el desarrollo de su autonomía, haciendo justicia con el deseo
expresado por los aragoneses.
Mostramos este apoyo, señor Presidente, desde una opción política de
corte federal que no tiene, como algún otro, que hacer profesión de fe de
su convicción autonómica. Aragón vio truncada la posibilidad de
aprobación de su Estatuto en la Segunda República y se movilizó desde
1978 en defensa de su Estatuto. Quienes defendimos el acceso a la misma a
través de la vía del artículo 151 de la Constitución e impulsamos en 1987
su reforma frente a la incomprensión de otros, esperamos que hoy se abra
una
nueva etapa en el desarrollo autonómico de las Comunidades Autónomas que
accedieron por la vía del artículo 143, reduciendo las diferencias a las
constitucionalmente reconocidas, convencidos que desde una lectura
solidaria de la Constitución y a través de las diferentes vías que ésta
establece es posible caminar hacia la igualdad competencial, buscando lo
que nos une, reforzando la cohesión del Estado, sus señas de identidad,
con la misma visión integradora que Joaquín Costa proclamase de España y
en la que mi Grupo, tanto en las Cortes de Aragón, como en las Generales,
ha sumado su esfuerzo, con coherencia, desde 1978.
Señorías, se han oído voces y se ha presentado un veto. Se han expresado
opiniones, algunas desde los escaños que apoyan al señor Aznar, que
afirman que se ha vaciado la reforma en las Cortes Generales. En nuestra
opinión, esta afirmación carece de rigor, no se ajusta a la verdad,
puesto que las reformas lo son en beneficio del desarrollo constitucional
a posteriori de nuestro Estatuto.
Y pondré dos ejemplos; las Cortes de Aragón encargaron un informe
jurídico en 1994 y una buena parte de las enmiendas eran ya sugeridas por
el grupo de expertos a los que se solicitó el informe. Algo que se ha
silenciado sistemáticamente en mi tierra por algunas formaciones
políticas y que hoy portavoces, en nombre del Grupo Parlamentario
Popular, han vuelto a silenciar aquí.
Segundo, existió un acuerdo en las Cortes de Aragón para elaborar esta
propuesta de Ley orgánica, cuya potestad está residenciada en las Cortes
Generales. En torno al deseable acuerdo en la tramitación, a la lectura
conjunta de los diferentes Estatutos de autonomía y a la adecuación a la
jurisprudencia del Tribunal Constitucional, se ha producido este acuerdo
en el Congreso y en el Senado que es el que le da vigor y capacidad
jurídica a la propuesta aragonesa. Lo contrario, señorías, la no
adecuación a la jurisprudencia y al dictamen de las Cortes de Aragón, la
falta de acuerdos, en nuestra opinión, es lo que verdaderamente hubiera
perjudicado a la autonomía aragonesa y a su normal desarrollo.
Ya he dicho que el Estatuto que vamos a probar tiene el apoyo del Grupo
Parlamentario Socialista porque amplía sustancialmente la autonomía
aragonesa, porque responde a los deseos y a la realidad de Aragón y lo
hace desde dos perspectivas.
Desde un punto de vista institucional, adapta y recoge la personalidad
histórica del viejo Reino de Aragón y potencia sus instituciones; acoge
la realidad plurilingüística de sus habitantes; acaba con las
limitaciones en cuanto al número de sesiones de sus Cortes, la dedicación
parlamentaria, requisitos en determinados nombramientos, los «numerus
clausus» de sus consejerías. En definitiva, posibilita el futuro
institucional y la toma de decisiones por el pueblo aragonés.
Desde el punto de vista competencial, equipara a Aragón a las
competencias asumidas por las Comunidades Autónomas del artículo 151,
completando el tramo hasta lo que constitucionalmente se reserva el
Estado en el artículo 149 del texto constitucional. Le atribuye
competencias en educación, en sanidad, en industria, 43 nuevas
competencias, cuyas únicas modificaciones --insisto, señor Presidente--
lo han sido en función de darle un mayor rigor técnico y jurídico. Tan
sólo dos competencias han sido modificadas: el título sobre la policía
autonómica, que en nuestra opinión resulta oneroso e innecesario para los
aragoneses, abriendo la posibilidad de adscripción a la Comunidad
Autónoma de una compañía del Cuerpo Nacional de Policía que da una
solución real al problema planteado.
El segundo título es el de las competencias penitenciarias, cuya
inclusión en el texto se debió más a la posición partidaria que algunos
mantienen sobre la prisión de Zuera en Aragón --que hoy se ha nombrado
aquí--, que a la realidad política penitenciaria española y a los deseos
del pueblo aragonés.
El sistema financiero, la Hacienda de las Comunidades Autónomas, el
artículo 46 del texto, ha sido reformado, rectificado en la línea que
defendía el Grupo Parlamentario Socialista. La anterior redacción, obra
--según el mismo-- del actual Presidente de la Comunidad, ha sido
rectificada. Pero siendo cierta la rectificación del Partido Popular, no
es menos cierta que se hace después de obtener la rentabilidad política
en campaña electoral.
Nos felicitamos de que todos entendamos la necesidad de caminar en el
entorno del artículo 157 de la Constitución, de la Ley Orgánica de
Financiación de las Comunidades Autónomas, de que no existan diecisiete
sistemas diferentes de financiación en España. Mas si nos congratulamos,
señor Presidente, de este acuerdo, no podemos hacerlo pensando que ello
servirá para aplicar un sistema en Aragón que rechazan sus Cortes, un
sistema de financiación que no quieren los aragoneses. No parece
razonable que a quienes defendemos el acuerdo se nos imponga un sistema
contra la mayoría de nuestro Parlamento, que cercena e imposibilita el
desarrollo de nuestro Estatuto de Autonomía, en función de la necesidad
de apoyo del señor Aznar para llegar a la Moncloa. Con la mayor firmeza
expresamos nuestro total rechazo y nuestra voluntad de negociar un
acuerdo sobre financiación en el que participen las fuerzas políticas del
Estado y todas las Comunidades Autónomas. En esa línea, señor Presidente,
mi Grupo ha expresado sus enmiendas.
Quiero decirles, señores del Partido Popular, que hoy han dado un ejemplo
más, a través de sus portavoces, de lo que acabo de expresar. La política
de giros y de bandazos puede hacerles perder pie a ustedes y a los dos
partidos que le acompañan, Convergència i Unió y el Partido Aragonés
Regionalista.
El señor VICEPRESIDENTE (Aguilar Belda): Gracias, Senador Piquer.
Por el Grupo Popular, el Senador Contín tiene la palabra.
El señor CONTIN PELLICER: Muchas gracias, señor Presidente.
Señorías, vuelvo otra vez a la tribuna tras un breve lapso de tiempo, y
como posiblemente sea yo el último de los oradores que intervenga en este
tema, debo felicitarme
y felicitarles por el tono mesurado y acorde que ha habido en todo
momento en este debate tan importante y trascendental para Aragón.
Se ha comentado que la reforma aragonesa se inscribe del todo en el marco
constitucional satisfaciendo la voluntad de los aragoneses de avanzar en
la plenitud del desarrollo autonómico. Lo que en un principio en nuestra
autonomía pudo ser un agravio comparativo, un deseo de comparación y
lucha entre Comunidades Autónomas que quieren alcanzar similares niveles
competenciales, ha dado paso a lo largo de este tiempo a un auténtico
sentimiento autonómico en todas nuestras regiones, y en especial en
Aragón, que reaccionó unánimemente ante la injusticia que la colocó en su
día en el concepto de autonomía --se dijo-- de tercera, llegándose
incluso a la aberración de no calificarla como autonomía histórica. Es el
pasado, y afortunadamente vamos superando esta injusticia, incluso
mentalmente.
La idea de autonomía es y ha estado siempre, señores, vinculada a la
esencia misma de lo que fue la Corona de Aragón como su elemento
vertebrador, y de aquí surge un cauce para considerar por otras
Comunidades Autónomas.
A Aragón le apoyan razones históricas, sociales, políticas, incluso
razones constitucionales, para obtener en esta Cámara el apoyo de sus
señorías a este Estatuto y a estos conceptos.
Un Estatuto de Autonomía no es sólo un texto político, sino también
jurídico, y por ello el Congreso, cumpliendo con el papel que le
corresponde, introdujo algunas modificaciones para la mejora en conjunto
del texto general, en concordancia con otros preceptos, y
fundamentalmente de incorporación de jurisprudencia del Tribunal
Constitucional.
De ahí pueden surgir algunas diferencias con otros Estatutos distintos,
previos al aragonés actual, porque fueron elaborados unos años antes y ha
existido legislación posterior que obliga a estas modificaciones. Pero el
alcance de un Estatuto no sólo se circunscribe a la Comunidad en la que
se localiza, sino que atañe a la estructura básica del Estado, a la que
se denomina el bloque de la constitucionalidad.
Cinco líneas básicas señalábamos nosotros en el Congreso, se volvieron a
recordar el día del debate de la Comisión de las Comunidades Autónomas y
hoy mismo vuelve el Senador Piquer a recordarlas, con lo cual obviaremos
repetirlas. Pero, independientemente del agrado o gusto que pueda causar
a algunos esta denominación de nacionalidad --quiero volver un segundo
sobre ella-- quería recordar a Costa cuando decía hace más de cien años
que la nacionalidad aragonesa, tirando de las nacionalidades catalana y
vasca, en ese momento las más fuertes en España, sería el motor de empuje
de la nación española. La cita es prácticamente literal.
Señorías, no hay nada en el texto del Estatuto reformado que desmienta el
común afán de coincidir en lo esencial prescindiendo de lo secundario. Lo
hemos visto con la facilidad con la que se ha llegado a acuerdos en las
enmiendas. Las reformas que se aportan con las modificaciones realizadas
en el Congreso y con las precisiones que nosotros hacemos hoy aquí se
enmarcan íntegramente en el cuadro constitucional del Estado de las
Autonomías, en el que Aragón quiere encontrar su plenitud, pretendiéndolo
como deseable opción de libertad para decidir y responsabilidad por lo
decidido, dentro del claro concepto que tenemos de lo que es España.
Creemos que con la reforma que aportamos del Estatuto actual contribuimos
al redescubrimiento de la identidad histórica de Aragón que, por
supuesto, jamás hemos dejado de sentir, buscando alentar la participación
y procurando el desarrollo económico y el reequilibrio territorial de
Aragón. Estas consideraciones no son obvias frente a la propuesta de veto
de Izquierda Unida, que antes no hemos podido comentar, y que llevarían
consigo, posiblemente, la ruptura del consenso que logramos en su día.
Por otro lado, sí que conseguimos la satisfacción expresa de los deseos
aragoneses de autonomía política y financiera de la Comunidad. Si bien es
cierto que en el texto original --como decía el orador del Partido
Aragonés-- no había nada de inconstitucionalidad ni nada que no existiese
en el resto de otros textos de las Comunidades Autónomas, lo que se
aprueba hoy en esta Cámara nos equipara, sin duda alguna, con el resto de
Comunidades consideradas históricas, con sistemas financieros similares a
los de Andalucía, Valencia o Galicia. (Murmullos.)
El señor VICEPRESIDENTE (Aguilar Belda): Perdón, Senador, un segundo.
Ruego a sus señorías silencio, por favor, hay un Senador en el uso de la
palabra.
El señor CONTIN PELLICER: No puede utilizarse la autonomía plena desde
puntos de vistas partidistas y demagógicos, cuando lo que más se necesita
para el desarrollo de nuestra tierra es el consenso de todas sus fuerzas
dentro de la línea histórica de Aragón, que siempre fue tierra de pactos
y de leyes. En cualquier caso, señor representante de Izquierda Unida,
creemos que el Estado federal chocaría frontalmente con la Constitución.
En relación con el tema de la financiación autonómica, señor Piquer, creo
que no se ha encontrado un modelo definitivo para solucionar esta
cuestión. Hay un campo abierto hasta el año 2001, y de momento, nadie, ni
el Partido Socialista, ha presentado un modelo alternativo válido, en
especial para los intereses de Aragón, frente a lo que usted decía
respecto a lo acordado por las Cortes.
Creo que con este Estatuto se avanza en la corresponsabilidad fiscal y se
acompañan los necesarios instrumentos de solidaridad, como son los fondos
de nivelación y de garantía.
El texto que vamos a aprobar, señor Senador de Izquierda Unida, no
desvirtúa la voluntad de los aragoneses ni de la mayoría cualificada de
sus Cortes. Si lo mejor es enemigo de lo bueno, piensen sus señorías en
el viaje que haríamos a ningún sitio si aceptáramos lo que proponía
Izquierda Unida de devolver este Estatuto a las Cortes de Aragón, como si
las Cortes Generales carecieran de competencias, de ajuste o de reforma.
Las modificaciones competenciales en absoluto desvirtúan el texto
original, y
suponen un grave avance, como decía el representante del Partido
Aragonés, al que no podemos renunciar.
Si bien es cierto que no es posible hacer procesos homogéneos para todas
las Comunidades Autónomas --como decía el representante de Izquierda
Unida--, también es cierto que el modelo federal del Estado, además de
ser anticonstitucional, serviría, sobre todo, para el incremento de las
desigualdades entre las distintas Comunidades de España, y en eso no
estamos los aragoneses.
Muchas gracias, señorías, por su apoyo. (Aplausos.)
El señor VICEPRESIDENTE (Aguilar Belda): Gracias, Senador Contín. (El
señor Nieto Cicuéndez pide la palabra.)
¿Por qué me pide la palabra, Senador Nieto?
El señor NIETO CICUENDEZ: Para contestar al veto.
El señor VICEPRESIDENTE (Aguilar Belda): Senador Nieto, estábamos en el
turno de portavoces al veto y ya ha terminado.
En todo caso, por el artículo 87 tiene su señoría la palabra por dos
minutos.
El señor NIETO CICUENDEZ: Muchas gracias, señor Presidente.
Con brevedad quiero decir una cosa que me parece una obviedad, pero, como
Graciano, voy a manifestar que las obviedades hay que decirlas muchas
veces.
Cuando nosotros planteamos que hay que reformar la Constitución y que hay
que ir a un Estado Federal, no estamos fuera de la Constitución. Lo que
estamos diciendo es que la Constitución necesita esa reforma, y eso se ha
puesto de manifiesto en el debate, y ahora otra vez con el artículo 1:
nacionalidad sí, no, etcétera.
Por tanto, que no se repitan esos argumentos porque se salen fuera de la
realidad. Si no, que se lo digan a Durán i Lleida, a los socios de
Convergència i Unió que lo están planteando públicamente hasta en la
prensa y, además, con legítimo derecho. Ese no es un elemento argumental.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Aguilar Belda): Muchas gracias, Senador Nieto.
Vamos a someter a votación las enmiendas de los Senadores Fuster Muniesa,
Blasco Nogués y Estaún García, del Grupo Parlamentario Popular. Han sido
retiradas las enmiendas número 1, 12, 31, y 34 y existen enmiendas
transaccionales a la número 10, 11, 15, 17, 19, 33, 42 y 45, que me
comunican que se pueden votar conjuntamente. (El Senador Cardona i Vila
pide la palabra.)
El Senador Cardona tiene la palabra.
El señor CARDONA I VILA: Muchas gracias, señor Presidente.
Intervengo para pedir votación separada de la enmienda número 68 del
Grupo Parlamentario Socialista respecto de la 69, y votación separada de
la 48 del Grupo Mixto respecto de todas las demás.
El señor VICEPRESIDENTE (Aguilar Belda): ¿La 68 y la 48 se pueden votar
conjuntamente?
El señor CARDONA I VILA: No. (El Senador García Carnero pide la palabra.)
El señor VICEPRESIDENTE (Aguilar Belda): El Senador García Carnero tiene
la palabra.
El señor GARCIA CARNERO: Muchas gracias, señor Presidente.
Pediríamos votación separada de las enmiendas números 3, 7, 20 y 25 en un
mismo bloque. Asimismo quería indicar que, según nuestras anotaciones, la
enmienda número 16 también está soportando una transacción.
El señor VICEPRESIDENTE (Aguilar Belda): Según los datos que obran en la
Presidencia no. (El Senador Aleu i Jornet pide la palabra.)
El Senador Aleu i Jornet tiene la palabra.
El señor ALEU I JORNET: Según nuestros datos la 35 sí sustenta una
transaccional.
El señor VICEPRESIDENTE (Aguilar Belda): La 35 sí. O sea sustentan
transaccional la 10, la 11, la 15, la 17, la 19, la 33, la 35, la 42 y la
45. ¿Alguna otra indicación de votación separada de enmiendas? (El
Senador González Pons pide la palabra.)
El Senador González Pons tiene la palabra.
El señor GONZALEZ PONS: Muchas gracias, señor Presidente.
Quiero indicar que la enmienda número 16 soporta la misma transaccional
que la número 15. Hay una enmienda transaccional sobre la base de la 15 y
la 16.
El señor VICEPRESIDENTE (Aguilar Belda): De acuerdo, Senador González
Pons.
Entiendo que todas sus sus señoría, que han firmado las enmiendas
transaccionales, conocen el contenido de las mismas.
Vamos a someter a votación las enmiendas transaccionales a las enmiendas
números 10, 11, 15, 16, 17, 19, 33, 35, 42 y 45. Las podemos votar
conjuntamente.
Se inicia la votación. (Rumores.--El Senador Laborda Martín pide la
palabra.)
Perdón, señorías, se suspende la votación. El Senador Laborda tiene la
palabra.
El señor LABORDA MARTIN: Es más lógico que comenzáramos la votación por
las enmiendas no sometidas a transacción y que luego, con claridad,
supiéramos cuáles son éstas.
El señor VICEPRESIDENTE (Aguilar Belda): Por parte de la Presidencia no
hay inconveniente alguno. Lo que ocurre es que yo entendía que todos los
portavoces conocían las enmiendas transaccionales porque están todas
firmadas; lo proponía para no someter a votación las enmiendas que
soportan las transaccionales. (Rumores.)
Les ruego tranquilidad.
En cualquier caso, vamos a hacerlo de la manera más fácil posible para
que sea entendible por parte de todos los Grupos Parlamentarios.
Iniciamos la votación por las enmiendas presentadas por los señores
Fuster Muniesa, Blasco Nogués y Estaún García, que van de la 1 a la 47.
Votamos, en primer lugar, las enmiendas números 3, 7, 20 y 25, para las
que había pedido votación separada y conjunta el Grupo Parlamentario
Popular.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 218; a
favor, 123; en contra, 84; abstenciones, 11.
El señor VICEPRESIDENTE (Aguilar Belda): Quedan aprobadas.
Pasamos, a continuación, a votar el resto de las enmiendas de estos
señores Senadores a excepción de las números 1, 12, 31 y 34 que están
retiradas y de las que soportan una transacción que son las números 10,
11, 15, 16, 17, 19, 33, 35, 37, 42 y 45.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 219; a
favor, seis; en contra, 198; abstenciones, 15.
El señor VICEPRESIDENTE (Aguilar Belda): Quedan rechazadas.
Pasamos a votar las enmiendas transaccionales a las números 10, 11, 15,
16, 17, 19, 33, 35, 37, 42 y 45. ¿Se pueden votar conjuntamente? (Pausa.)
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 221; a
favor, 217; abstenciones, cuatro.
El señor VICEPRESIDENTE (Aguilar Belda): Quedan aprobadas.
Pasamos a votar la enmienda número 48.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 219; a
favor, uno; en contra, 212; abstenciones, seis.
El señor VICEPRESIDENTE (Aguilar Belda): Queda rechazada.
Votamos el resto de las enmiendas de los Senadores Román Clemente y Nieto
Cicuéndez, desde la número 48 hasta la número 67, a excepción de la ya
votada.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 222; a
favor, dos; en contra, 206; abstenciones, 14.
El señor VICEPRESIDENTE (Aguilar Belda): Quedan rechazadas.
A continuación, votamos la enmienda número 68.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 218; a
favor, 86; en contra, 119; abstenciones, 13.
El señor VICEPRESIDENTE (Aguilar Belda): Queda rechazada.
Votamos, a continuación, la enmienda número 69.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 220; a
favor, 87; en contra, 119; abstenciones, 14.
El señor VICEPRESIDENTE (Aguilar Belda): Queda rechazada.
Pasamos a votar el texto del Dictamen. ¿Se pueden votar conjuntamente los
artículos 1 a 3 y la exposición de motivos? (Pausa.)
Votamos el texto del Dictamen y la exposición de motivos.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 217; a
favor, 203; en contra, uno; abstenciones, 13.
El señor VICEPRESIDENTE (Aguilar Belda): Queda aprobado. (Aplausos.)
Tal como dispone el artículo 90 de la Constitución, se dará traslado de
las enmiendas aprobadas por el Senado al Congreso de los Diputados para
que éste se pronuncie sobre las mismas en forma previa a la sanción del
texto definitivo por Su Majestad el Rey.
--DE LA COMISION GENERAL DE LAS COMUNIDADES AUTONOMAS EN RELACION CON LA
PROPOSICION DE REFORMA DE LA LEY ORGANICA 10/1982, DE 10 DE AGOSTO, DE
ESTATUTO DE AUTONOMIA DE CANARIAS.
(S. 605/000002.) (C. D. 127/000002.)
El señor VICEPRESIDENTE (Aguilar Belda): Pasamos a debatir el siguiente
punto del orden del día: Dictamen de la Comisión General de las
Comunidades Autónomas en relación con la Proposición de reforma de la Ley
Orgánica 10/1982, de 10 de agosto, de Estatuto de Autonomía de Canarias,
publicado en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie
III-B, número 2, de fecha 2 de diciembre de 1996.
Tiene la palabra el señor Presidente de la Comisión, Senador Espert, para
la presentación del Dictamen.
El señor ESPERT PEREZ-CABALLERO: Gracias, señor Presidente.
Señorías, la Proposición de reforma de la Ley Orgánica 10/1982, de 10 de
agosto, de Estatuto de Autonomía de Canarias, fue remitida a esta Cámara
por el Congreso de los Diputados y tuvo entrada el día 6 de noviembre de
1996, publicándose en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales»,
Senado, Serie III-B, número 2(a), con esa misma fecha, señalando un plazo
para la presentación de enmiendas que terminaba el 19 de noviembre de
1996. En dicho plazo se presentaron 69 enmiendas.
El 25 de noviembre informó la Ponencia, acordando por mayoría incorporar
al texto remitido por el Congreso de los Diputados las enmiendas números
48 a 61, del Grupo Parlamentario Popular y de don Victoriano Ríos Pérez,
del Grupo Parlamentario Mixto, e introducir una transaccional que afecta
al artículo primero, apartado 68, en relación con la enmienda número 75,
del Grupo Parlamentario Socialista. El informe se publicó en el «Boletín
Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie III-B, número 2 (c), el
día 28 de noviembre.
Ese mismo día, 28 de noviembre, la Comisión General de Comunidades
Autónomas dictaminó la Proposición formulándose los siguientes votos
particulares: por el Senador don Victoriano Ríos Pérez, para la defensa
en Pleno de las enmiendas números 62 y 63; por el Senador don Pedro Luis
Padrón Rodríguez, para la defensa en Pleno de la enmienda número 47; en
representación del Grupo Parlamentario Socialista, por el Senador don
Juan José Laborda Martín, para la defensa en Pleno de las enmiendas
números 64 a 72, 74 y 76 a 79; por los Senadores don José Luis Nieto
Cicuéndez y don José Fermín Román Clemente, para la defensa en Pleno de
las enmiendas números 1 a 46.
En la publicación del Dictamen de la Comisión se ha detectado un error,
que será rectificado a lo largo de esta sesión por vía de enmienda.
Al igual que hice con el pueblo aragonés, aprovecho para transmitir
nuestra felicitación al pueblo canario por esta reforma estatutaria.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Aguilar Belda): Gracias, Senador Espert.
Existe la posibilidad de un turno a favor y un turno en contra. (Pausa.)
No hay turno a favor ni turno en contra.
Pasamos a debatir las enmiendas al articulado.
Al artículo primero, apartados 1 a 34, se ha presentado el voto
particular número 1, del señor Ríos, del Grupo Parlamentario Mixto, que
corresponde a las enmiendas número 62 y 63. Para su defensa, tiene la
palabra el Senador Ríos.
El señor RIOS PEREZ: Señor Presidente, señorías, en esta modificación del
Estatuto, primera que se realiza desde el año 1982, lentamente gestada
--llevamos más de cinco años en el empeño--, se ha puesto de manifiesto
la necesidad fundamental de unos mínimos de política exterior, que han
tenido que ser muchos más en base a la trascendental modificación que se
realizó después de que España, en 1985, negociara la entrada en la Unión
Europea --antes Comunidad--, en la cual Canarias se vinculó, en primer
lugar, a través de una forma específica llamada Protocolo 2,
posteriormente modificada hacia la total adhesión, Protocolo 1. Todo ello
por la necesidad de proteger nuestros sectores primarios, agrícolas, en
unos reglamentos específicos de desarrollo denominados Poseican y que,
junto a Madeira, Azores y los territorios D. O. M. franceses, han
permitido posteriormente confirmarse en el Tratado de Maastricht en lo
que se ha designado como regiones ultraperiféricas. Globalmente, esto ha
sido posible con la ayuda --a veces escasa y otras incumplida-- de
nuestro actual artículo 37 del Estatuto vigente, donde se dice que la
Comunidad canaria será informada.
Señorías, la enmienda que ahora defiendo, la número 62, recoge que la
Comunidad participará --usando el mismo tiempo de verbo que el «será»
anterior-- en el seno de las delegaciones españolas ante órganos
comunitarios europeos, especificando que sólo cuando se trate de temas de
exclusivo interés para Canarias y, además, de conformidad con lo que
establezca la legislación del Estado en la materia. Es decir, se ponen
todos los controles para que el legislador estatal y el mismo Gobierno
del Estado decidan, según su criterio, lo que es o no específico para
Canarias. Dada la situación actual, que figure «podrá participar» en vez
de «participará» significa un claro retroceso respecto al «será
informada» del Estatuto anterior. Mal podrá ser informada, y menos emitir
su parecer, si no participa. Como verán, señorías, la diferencia es algo
más que semántica, pero con plena garantía de control estatal.
La enmienda número 63 es otra vieja aspiración de Canarias. Si en la
defensa de la enmienda anterior me refería a que el Archipiélago estaba a
1.500 kilómetros de la Península Ibérica y del Continente Europeo, y se
necesitaba participar en los avatares de la Unión Europea en los asuntos
específicos de Canarias, en esta enmienda, siguiendo con cierto sentido
didáctico, tengo que indicar que la geografía vuelve a imponer su
impronta, pues estamos en el paralelo 28í de latitud norte y longitud
18í-19í del meridiano oeste, una hora menos desde el Meridiano 0 y a 100
kilómetros escasos del Continente Africano.
A través de una nueva disposición adicional planteamos el tema de la
posibilidad, a través del artículo 150.2 de la Constitución, de poder
delegar básicamente en la Comunidad Autónoma de Canarias funciones
administrativas en materia de comercio exterior. Las dificultades que se
presentan ahora con Mauritania, Camerún, Malí, Islas de Cabo Verde,
etcétera, son tan importantes como casi irresolubles, y prácticamente
invalidan todo intento de gestión a través de las estructuras
ministeriales centrales. Nuestra vocación siempre ha sido ser plataforma
de paz, y aunque ahora, con la nueva estructura de la OTAN, nos quieran
hacer algo beligerantes, nuestra ilusión es que el Archipiélago se pueda
convertir en el vehículo y en la senda de la ayuda al desarrollo que la
Unión Europea debe hacer llegar a la costa oeste del Continente Africano.
Esta es la esencia de la enmienda número 63, que espero y deseo que sus
señorías compartan conmigo. Con la enmienda número 62 declaramos nuestro
europeísmo y con la número 63 nuestra vocación americanista y la realidad
geográfica africana.
Señor Presidente, para terminar, solicito, en su momento, votación
separada para ambas enmiendas. Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Aguilar Belda): Gracias, Senador Ríos.
Al artículo 2 se ha presentado un voto particular número 2, del Senador
Padrón Rodríguez, del Grupo Parlamentario Mixto, que se corresponde con
la enmienda número 47.
Para su defensa, tiene la palabra el Senador Padrón.
El señor PADRON RODRIGUEZ: Muchas gracias, señor Presidente.
Señorías, la Agrupación Herreña Independiente sólo ha formulado una
enmienda a la proposición de reforma del Estatuto de Autonomía de
Canarias. Esta enmienda intenta modificar el artículo primero, punto 34,
que afecta a la disposición transitoria primera, apartado 2, de dicha
ley, y su objetivo no es otro que mantener el sentido actual del Estatuto
evitando que se aumenten los porcentajes de exclusión por entender que se
trata de una medida injusta que atenta contra los principios electorales
de igualdad previstos por la Constitución.
Elevar los porcentajes de exclusión en unos mínimos del 30 por ciento por
isla y del 6 por ciento por Comunidad Autónoma es una norma sin
precedentes en el Estado español que puede dar lugar tanto a que un
tercio del electorado de una isla pueda quedar sin representación
parlamentaria como a que existan listas con tres posibles opciones y
listas con una única opción, y además, y en definitiva, a que la voluntad
popular no se refleje exactamente en el cómputo de los comicios como
entendemos que debería ser.
Por otra parte, deseamos aclarar que no se trata en ningún caso de una
posición partidista, ya que la Agrupación Herreña Independiente, a la que
tengo el honor de representar en esta Cámara, supera ampliamente esos
límites de exclusión que se intentan consolidar a través de esta reforma.
Se trata únicamente de una postura ideológica y solidaria con los
partidos de ámbito insular que, como el nuestro, tienen legítimo derecho
a ocupar el lugar que el ciudadano, y sólo él, desea otorgarles.
Por lo tanto, señorías, rechazamos frontalmente el punto 34 del artículo
primero de esta reforma, basándonos únicamente en la aboluta
correspondencia que entendemos debe existir entre la opinión ciudadana y
la composición de la Cámara autonómica.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Aguilar Belda): Muchas gracias, Senador Padrón.
Existe un voto particular número 4, de los Senadores Nieto Cicuéndez y
Román Clemente, del Grupo Parlamentario Mixto, que se corresponde con las
enmiendas números 1 a 46.
Para su defensa, tiene la palabra el Senador Nieto.
El señor NIETO CICUENDEZ: Muchas gracias, señor Presidente.
Señorías, voy a intentar hacer una defensa global de las enmiendas,
aunque me detendré en los tres bloques que componen las mismas. Hay un
bloque de enmiendas por el que, desde Izquierda Unida-Iniciativa per
Catalunya y desde Izquierda Unida Canaria, se pretende elevar en algunos
aspectos el techo competencial que contempla el Estatuto. Uno de ellos se
refiere al desarrollo constitucional, porque entendemos que en el
Archipiélago Canario, por su peculiaridad isleña, tienen un importante
papel los cabildos a nuestro juicio superior, por esa característica
mencionada, al que pueda tener una diputación provincial normal y
corriente. Otro aspecto es el de la participación ciudadana, en la medida
de lo posible, en temas como referéndums, etcétera. Este bloque de
enmiendas, que pueden ser aceptadas o no, o transaccionadas,
independientemente de su contenido, repito, tienen ese objetivo.
Hay otro bloque de enmiendas que es una confrontación global acerca de
cómo se perfila el sistema electoral en Canarias. Las peculiaridades que
puedan tener las islas,y que nosotros reconocemos, no pueden cambiar el
sentido constitucional de la participación democrática, del valor del
voto de los ciudadanos. No puede establecerse un sistema electoral en el
que el voto de los ciudadanos, por vivir en una isla o en otra, tenga un
valor 18, 19 ó 20 veces mayor que el de los que viven en otras. Esas
peculiaridades recuerdan un poco a lo de la España diferente. Creemos que
ese sistema electoral roza, si no vulnera, el espíritu constitucional. Y
se ha hecho un mal servicio al Estatuto de Canarias mezclándolo en un
todo con el sistema electral, porque éste podría haber ido en una ley
normal y no formar cuerpo con el Estatuto, en cuyo caso nosotros
hubiéramos votado a favor del Estatuto canario. Al mezclarlo con el
elemento electoral, y más en la forma en que lo hace, consideramos que el
Estatuto sale con un déficit democrático enorme. Y es una cacicada, por
hablar en términos políticos, ya que, por un lado, teóricamente se quiere
quitar en la norma electoral la participación a los grupos menores que no
tienen representación en el marco de las islas, y por eso se pone el tope
del 30 por ciento, que es lo que ha defendido el Senador Padrón. Y, sin
embargo, también se eleva a nivel general, es decir, que no solamente hay
que tener una representación en las islas del 30 por ciento sino que hay
que tener en la globalidad del Archipiélago un 6 por ciento para tener
opción al reparto de escaños, además de haber una introducción por la que
el partido más votado en una isla ya lo tendría, independientemente del
porcentaje.
Eso hace inviable, sintiéndolo mucho, que votemos a favor del Estatuto
canario, reservándonos además --y lo vamos a hacer--, de aprobarse esa
norma electoral, el recurso de inconstitucionalidad que ello comportaría.
Esa norma establecida, «traspolada» a escala nacional, dejaría fuera del
Parlamento, de las Cortes Generales, a todos los partidos de corte
nacionalista, porque necesitarían un 6 por ciento a nivel de todas las
circunscripciones, independientemente de lo que sacaran en la suya. Eso
es una transgresión brutal y es un tema que afecta a todos, porque si
damos por bueno eso, en Derecho comparado
mañana una nueva correlación de fuerzas, a través de un pacto, puede
establecer ese «desideratum» de norma electoral.
Por tanto, sería una responsabilidad de esta Cámara legislativa que esa
parte se sacara fuera del Estatuto, pero debería hacerse una norma con
arreglo a la Constitución. Esa fórmula la vicia de origen, aunque en el
espíritu aparentemente no la toca, pero eso de la representación del voto
no lo contempló el legislador, porque incluso la Constitución establece
una norma y, aparte de la Constitución, está la Ley Electoral. El
Estatuto tiene que estar dentro del marco constitucional y la norma
electoral debería ser diferente y discutirse de otra manera.
Por tanto, si eso no se corrige, y en el trámite parlamentario que
estamos es difícil que se corrija, y por las voluntades y los acuerdos
políticos que hay --pero que todos seamos conscientes--, vamos a votar en
contra del Estatuto de Canarias, no por sus contenidos, aunque nosotros
tuviéramos vocación de darle más competencias, y votaremos todas las
enmiendas que vayan encaminadas en ese sentido, pero, desde luego, al
hacer cuerpo estatutario nos van a obligar a votar en contra del
Estatuto.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Aguilar Belda): Gracias, Senador Nieto.
Voto particular número 3, del Grupo Parlamentario Socialista, que se
corresponde con las enmiendas números 64 a 72, 74 y 76 a 79.
El Senador Pérez García tiene lapalabra para su defensa.
El señor PEREZ GARCIA: Muchas gracias, señor Presidente.
Señoras y señores Senadores, la tramitación parlamentaria de la reforma
del Estatuto de Autonomía de Canarias ha suscitado durante la semana
pasada un debate detenido, correcto, positivo, cuando abordábamos la
elaboración y aprobación del dictamen de la Comisión.
A lo largo de ese debate ha habido ocasión de expresar, con cierto
detenimiento, muchas de las posiciones que los portavoces de los
diferentes grupos esgrimíamos en la defensa de nuestras respectivas
enmiendas, de todo lo cual ha quedado una referencia exhaustiva en el
Acta y en el «Diario de Sesiones» de dicha Comisión.
Por tanto, voy a aprovechar este turno de defensa de las enmiendas,
presentadas por el Grupo Parlamentario Socialista, para resumir y dar un
contorno y una explicación, fundamentalmente política, de objetivos
políticos a la defensa de nuestras enmiendas.
Las enmiendas presentadas por el Grupo Parlamentario Socialista tenían,
en lo sustancial, tres grandes objetivos: uno, relativo a la creación de
la circunscripción electoral regional; otro, tendente a clarificar y a
garantizar el régimen jurídico y, por lo tanto, el papel de los cabildos
insulares; y un conjunto de enmiendas dirigidas a perfeccionar y a
ajustar a las peculiaridades canarias el espacio competencial, la esfera
de autogobierno que regula y que proclama nuestro Estatuto de Autonomía.
Esos eran nuestros tres grandes objetivos. Algunos de ellos los
consideramos cercanos a cumplirse en la medida en que se nos ha anunciado
por los portavoces de la mayoría de esta Cámara su disposición a aceptar
algunas de nuestras enmiendas de contenido competencial. Pero entremos en
materia electoral.
A lo largo de estos años de experiencia autonómica, el régimen electoral
para las elecciones al Parlamento de Canarias, regulado en nuestro
Estatuto de Autonomía, puede ser ya sometido a una valoración. Ese
régimen ha tenido, sin lugar a dudas, aspectos positivos; aspectos
positivos en la medida en que las islas más pequeñas, desde el punto de
vista geográfico, más reducidas, desde el punto de vista poblacional, e
históricamente caracterizadas por un menor desarrollo socioeconómico, han
dispuesto de una herramienta importante para defender sus aspiraciones.
Es verdad que normalmente un régimen electoral no admite una única
valoración, no puede ser valorado en una sola vertiente, y ese régimen
electoral ha hecho padecer, en cierto grado, un principio de igualdad en
el voto que ha sido enérgicamente defendido en el turno anterior por el
portavoz de Izquierda Unida, el Senador Nieto Cicuéndez.
Por esa razón, y para tratar de continuar aprovechando a favor de las
aspiraciones de las islas más pequeñas el actual régimen electoral, los
socialistas hemos propuesto crear al lado de, no en lugar de, al lado de
las circunscripciones electorales insulares, y respetando la proporción
que actualmente existe en la asignación de escaños parlamentarios a la
representación de cada una de las islas, una circunscripción electoral
regional. En nuestra civilización ha existido siempre la aspiración a que
los pueblos sean gobernados por leyes sabias, porque se entiende que las
leyes sabias contribuyen a mejorar la convivencia, los hábitos, la
civilización de los pueblos.
Señoras y señores Senadores, la creación de una circunscripción electoral
regional, modestamente, como es siempre el papel que las leyes juegan en
la mejora de los hábitos sociales, en la mejora de los comportamientos
humanos en el plano social y político, nos parece muy significativa, muy
relevante, porque esta creación, más allá del número de escaños que
proponemos se asignen a la misma, más allá del número de 20 escaños,
tiene un gran componente cualitativo. Ese componente cualitativo estaría
dirigido a reforzar la conciencia del pueblo de Canarias de que los
canarios somos un solo pueblo. Aunque no se incluya específicamente en
nuestra enmienda, aunque no se pretenda una regulación detenida de esta
cuestión, es evidente que la aparición de una circunscripción electoral
regional obligaría a las fuerzas políticas que concurren al Parlamento de
Canarias, con la aspiración de formar parte del Gobierno, con la
aspiración de ser Gobierno de Canarias, a proponer candidatos a la
presidencia del Gobierno de Canarias, a proponer programas regionales, es
decir, a aclarar qué es lo que quieren hacer desde el Gobierno de
Canarias con los problemas que nos afectan a los canarios como un todo,
como una única Comunidad política. Y esto más allá de que a esa
circunscripción se le asignaran 20, 15, 10, 5 escaños, porque para
nosotros la creación de la circunscripción electoral regional es
eminentemente un dato cualitativo,
un factor político tendente a consolidar la conciencia que los canarios
tenemos de formar un solo pueblo. En esa dirección los socialistas
presentamos las enmiendas número 66, 77, 78 y 79, y a esta última me voy
a referir muy brevemente.
Ante la previsión de que no fuera aceptada, como no lo fue en el
Congreso, nuestra propuesta concerniente a la creación de la
circunscripción electoral regional, los Senadores socialistas hemos
propuesto la posibilidad de que, a través del Estatuto, se autorice al
Parlamento de Canarias a crear, mediante ley votada con una amplia
mayoría parlamentaria, la circunscripción electoral regional. Sería algo
así como «desestatutizar» --permítanme emplear este malsonante término--
la creación de la circunscripción electoral regional, apoderando al
Parlamento de Canarias para que lo haga, sin que esa creación de la
circunscripción electoral regional por el Parlamento de Canarias exigiera
una modificación formal de nuestro Estatuto de Autonomía.
Nosotros hemos presentado enmiendas tendentes a perfilar, mejorar y
garantizar la autonomía de los cabildos insulares en tanto que órganos de
Gobierno de representación y administración de una entidad local, la
isla, una realidad indiscutible desde un punto de vista sociológico en
una comunidad archipielágica.
Cuando en el año 1982 se aprobó nuestro Estatuto de Autonomía, todavía no
se había perfilado en nuestro ordenamiento jurídico el código de las
Corporaciones Locales, definido básicamente por el legislador estatal en
el ejercicio de sus atribuciones competenciales al aprobarse la Ley
7/1985, reguladora de las Bases del Régimen Local. Nos parece que éste
era el momento clave para clarificar el régimen jurídico de los cabildos
en lo que concierne a la mención que de esas Corporaciones se hace en el
Estatuto de Autonomía.
Los cabildos insulares son --porque así lo establece nuestro Estatuto--
instituciones de la Comunidad Autónoma, y es positivo que lo sean, pero
esa naturaleza suya de instituciones de la Comunidad Autónoma no puede
tener una fuerza expansiva tal que contamine --permítanme la expresión--
la naturaleza fundamental de los mismos como órganos de Gobierno de una
entidad local, la isla. Es decir, que en tanto son órganos de Gobierno de
una entidad local, los cabildos deben disfrutar de un régimen jurídico
que les permita ejercer sus atribuciones con la autonomía que garantiza
la Constitución a las entidades locales y que se contiene en la Ley
Reguladora de Bases del Régimen Local, de tal modo que las competencias
de los cabildos, a nuestro juicio, deben clarificarse y simplificarse.
En nuestra opinión, los cabildos tienen un régimen competencial y
jurídico para el ejercicio de sus atribuciones propias, por lo que deben
estar sometidos a un régimen peculiar cuando ejercen atribuciones
delegadas por la Comunidad Autónoma, ya que el poder delegante puede
modular, condicionar y fijar determinados parámetros en el ejercicio por
parte de los cabildos, y asimismo de los ayuntamientos, de sus facultades
delegadas. Pero cuando el cabildo ejerce sus atribuciones propias en
tanto que entidad local, éste no puede verse sometido a tutelas
adicionales por parte de la Comunidad Autónoma al amparo de esa condición
que tiene el cabildo de ser también una institución de la Comunidad
Autónoma.
Por tanto, los cabildos no iban a experimentar un régimen jurídico y
financiero distinto en función de que ejerzan atribuciones propias
conferidas, bien por el legislador estatal, bien por el legislador
autonómico. A nuestro juicio, por tanto, los cabildos sólo tienen un
régimen competencial que debe ser claro, el régimen competencial para
ejercer sus competencias propias y el régimen competencial para ejercer
las competencias delegadas, es decir, no hay un «tertium genus», no hay
una tercera vía, la de las funciones transferidas. Estas deben pasar con
claridad a integrar la esfera competencial de los cabildos en tanto que
instituciones representativas de la entidad local llamada isla.
Nuestras enmiendas también pretendían mejorar y perfilar la esfera del
autogobierno y, por tanto, la esfera competencial de nuestra Comunidad
Autónoma en diversos órdenes. Hemos hecho una propuesta de cara a la
definición de Canarias como Comunidad Autónoma con nuestro lenguaje
propio. Hemos dicho --y esto es fundamental-- que Canarias tiene una
identidad singular y que quiere ejercer el máximo grado de autonomía que
se prevé en la Constitución.
Creemos que, en esencia, reflejamos así las dos grandes aspiraciones
contenidas en el texto aprobado en su día por el Parlamento de Canarias y
posteriormente aprobado también por el Congreso de los Diputados, pero lo
hacemos con nuestro lenguaje propio.
No se les oculta a sus señorías que la introducción del término
nacionalidad conlleva unos ciertos tintes ideológicos aunque, por
supuesto, sean debatibles. Nosotros hemos optado por presentar una
enmienda en la que con nuestro lenguaje propio definimos nuestra idea
sobre Canarias.
Pero, además de esta pretensión que acabo de mencionar, proponemos con
nuestras enmiendas mejorar la regulación estatutaria de una temática
vital para las Islas Canarias, no sólo su desarrollo socioeconómico, la
temática del sector de las aguas.
En lo que a este sector se refiere, el archipiélago canario ha venido
históricamente disfrutando de ciertas peculiaridades que le permitieron
resolver con éxito un problema esencial de abastecimiento, el cual se
logró satisfacer adecuadamente a lo largo de la historia del archipiélago
a partir de un importante esfuerzo por parte de las energías económicas
del sector privado. Fue este sector el que logró resolver una temática
angustiosa en muchos momentos y siempre trascendental para la vida en el
archipiélago: el abastecimiento del agua.
Con estas enmiendas, pues, y con las que han presentado los Senadores de
Coalición Canaria y del Grupo Popular, posteriormente incorporadas,
consideramos que el régimen de nuestro Estatuto de Autonomía, en lo
concerniente a las competencias en materia de aguas, se mejora y se
adapta de forma notable a las necesidades de nuestro archipiélago.
Pensamos que algunas de estas mejoras se refieren a competencias de las
que, en realidad, ya disponía el archipiélago con el estatuto vigente,
pero para llegar a
esta conclusión ha hecho falta realizar un esfuerzo de interpretación
jurídica, lo que ha llevado a que por el camino se plantearan importantes
problemas de orden práctico y de política legislativa.
A nuestro juicio, el Estatuto de Autonomía va a mejorar considerablemente
con estas enmiendas en lo que debe ser su objetivo fundamental: facilitar
al archipiélago canario un acervo competencial que le permita resolver
satisfactoriamente sus peculiares necesidades.
Al mismo tiempo, hemos pretendido conseguir --y en cierto modo lo hemos
logrado ya-- que los principios y normas derivados de la declaración de
Canarias como región ultraperiférica en el seno de la Unión Europea pasen
a incorporarse al Régimen Económico y Fiscal de Canarias, acervo que
viene históricamente condicionando nuestro propio perfil y nuestra propia
personalidad como pueblo del Atlántico.
Ya en los tiempos de la conquista de Canarias por los soldados
castellanos, los reyes de Castilla reconocieron a nuestro archipiélago
una serie de peculiaridades en el orden económico y fiscal puesto que en
aquel momento ya fueron conscientes de que Canarias tenía que afrontar
muy serios problemas derivados de su lejanía, del carácter archipielágico
de sus islas, de la reducción y de la fragmentariedad de su mercado a
causa de la ausencia de recursos naturales para afrontar su desarrollo
económico. Por todo ello, desde entonces se le reconocieron a nuestro
archipiélago toda una serie de peculiaridades.
Ese es el acervo económico y fiscal de nuestro archipiélago. Queremos
enriquecerlo y mejorarlo incorporándole todo lo que se pueda derivar de
que Canarias sea considerada en el seno de la Unión Europea como una
región ultraperiférica. Deseamos que a esa condición se asocien una serie
de normas específicas a que los canarios aspiramos, para que a su vez
sean reconocidas en las propias normas fundamentales de la Unión Europea,
lo que los canarios llamamos el estatuto de ultraperificidad.
Finalmente, nos parecía necesario que entre los organismos que tienen
relevancia estatutaria, que pasan a formar parte de la constelación de
instituciones fundamentales para la autonomía de nuestro archipiélago
--como son el Diputado del Común, el Consejo Consultivo y la Audiencia de
Cuentas--, dos de ellos, el Consejo Consultivo y la Audiencia de Cuentas,
que están llamados --como ocurre en la actualidad-- a realizar tareas de
asesoramiento jurídico-estatutario esenciales para el funcionamiento de
nuestra autonomía, o a realizar una función de fiscalización económica y
financiera también fundamental, tuvieran garantizado desde el propio
Estatuto una cierta independencia en su composición para poder realizar
satisfactoriamente esas funciones estatutarias, a nuestro juicio, de
extraordinaria relevancia. Y la forma de hacerlo era garantizar una
intensa participación del Parlamento de Canarias en la elección de sus
miembros, de los componentes de estas instituciones.
Estos eran, en esencia, los fines que pretendíamos con nuestras
enmiendas. A lo largo de este debate tendremos ocasión de definir nuestra
posición sobre algunas de las enmiendas que en su día fueron presentadas
por los Senadores de los Grupos Popular y de Coalición Canaria y que han
sido incorporadas al dictamen, y que a nosotros nos merecen un cierto
juicio crítico que, como digo, tendremos oportunidad de expresar
serenamente, con claridad, a la hora de fijar nuestra posición global
sobre esta reforma.
En todo caso, estamos ya a las puertas de una reforma importante de
nuestro Estatuto de Autonomía; reforma que los socialistas, globalmente,
valoramos de forma positiva y que nos va a permitir que el Estatuto de
Autonomía vuelva a ser un espacio de convivencia entre todos los
canarios, que vuelva a garantizarla, que sea, en palabras del recordado
profesor García Pelayo, un espacio agonal, un espacio pacificado, el
espacio en el que se deben seguir marcando las reglas de juego, las
reglas de convivencia entre todos los canarios y nuestro propio proceso
de consolidación como un único pueblo.
Muchas gracias, señoras y señores Senadores.
El señor VICEPRESIDENTE (Aguilar Belda): Gracias, Senador Pérez.
Para el turno en contra de estas enmiendas, tiene la palabra el Senador
Galván de Urzaiz.
El señor GALVAN DE URZAIZ: Muchas gracias, señor Presidente.
En primer lugar, quiero expresar mi agradecimiento a los señores y
señoras Senadores que permanecen en sus escaños en esta larga mañana de
discusión de los Estatutos de Autonomía de Aragón y, en estos momentos,
de Canarias, porque ya sabemos que lo normal es ausentarnos. Por tanto,
insisto en agradecer su permanencia en la Sala; en este caso, para
debatir la reforma del Estatuto de Autonomía de Canarias.
En segundo lugar, quisiera dejar expresa constancia en el «Diario de
Sesiones» del reconocimiento por parte del Grupo Popular del esfuerzo
realizado por el resto de los Grupos de esta Cámara para aportar
enmiendas y una reflexión en el análisis de la reforma del Estatuto de
Autonomía de Canarias, lo que contribuye a mejorar nuestra función
legislativa. Insisto, en nombre del Grupo Popular, este Senador quiere
dejar perfectamente claro que es una participación activa que hay que
favorecer y plantear como un ejemplo a seguir.
Intervengo para fijar la posición del Grupo Popular en relación con las
enmiendas defendidas por los portavoces del Grupo de Coalición Canaria,
Agrupación Herreña Independiente, Izquierda Unida y el Grupo Socialista.
En aras de la economía legislativa, sólo haré alusión a las enmiendas de
mayor calado, agrupándolas por conceptos y grupos, y empezando, para
seguir el mismo orden de intervenciones, por las enmiendas números 62 y
63, defendidas por el Senador Ríos.
El Senador Ríos ha dado un breve repaso a la historia política reciente
de Canarias desde 1982, momento en que nos dotamos de nuestro Estatuto de
Autonomía. En este período de catorce años Canarias no sólo ha ejercido
su derecho al autogobierno, haciendo un esfuerzo para dotarse de un
gobierno que favoreciera el equilibrio interinsular, el desarrollo
económico y social de cada una de nuestras islas,
sino que, además, ha tenido que realizar un esfuerzo excepcional para
mejorar nuestras condiciones de acceso a la Unión Europea, entonces
Comunidad Europea.
En 1985, España se integró en la Comunidad Europea. Canarias también lo
hizo, pero con un «status» especial, conocido como Protocolo II. Dicho
Protocolo establecía una serie de condiciones, modulaciones y unas
derogaciones al Derecho comunitario, pero que no permitían un desarrollo
equilibrado de los tres sectores básicos de la economía canaria. Por esa
razón, las fuerzas políticas de Canarias iniciaron todo un proceso de
mejora de sus condiciones de acceso a la Comunidad Europea, y en ese
esfuerzo se participó activamente con la Administración del Estado, con
la representación permanente de España en la Comunidad Europea.
Por tanto, hay que resaltar que, de la mano de nuestra Administración
--en este caso, de la Administración española, en aquel momento ejercida
por el Partido Socialista--, Canarias consiguió lo que en principio los
expertos consideraban casi impensable: un «status» específico de cuasi
plena integración, con unas modulaciones y derogaciones que, si bien
transitorias, han permitido a partir de 1991 un despegue equilibrado del
conjunto de la economía canaria. Eso lo conseguimos, insisto, de la mano
de la Administración central.
Las enmiendas números 62 y 63 plantean, básicamente, que la Comunidad
Autónoma Canaria gane en competencias para poder participar directamente
en las negociaciones que España mantenga con la Unión Europea y que
afecten a temas específicos de la Comunidad Canaria.
Quiero señalar que en el trámite del Congreso para esta reforma del
Estatuto de Autonomía de Canarias ya se ha hecho un esfuerzo especial, un
esfuerzo importante por dotar a la Comunidad Autónoma de Canarias de las
cautelas necesarias para garantizar en todo momento, y de cara al futuro,
que esa negociación continua con la Unión Europea se encuentre en los
parámetros de favorecer los intereses generales de la Comunidad Autónoma
de Canarias. En ese sentido, tenemos que hacer referencia a las enmiendas
que se introdujeron a los artículos 36 y 37 del Estatuto.
En el artículo 36, apartado 2, se estableció que el Gobierno de Canarias
podrá participar en el seno de las delegaciones españolas ante órganos
comunitarios europeos cuando se trate de temas de específico interés. Por
tanto, ya se le dio introducción, o un matiz importante, al Gobierno de
Canarias en esa negociación.
Por otro lado, en el artículo 37 se estableció que la Comunidad Autónoma
de Canarias será informada en el inicio del proceso de negociación de
cualquier materia que afecte al «status» que conforma el acervo
comunitario de nuestra región archipielágica.
Por tanto, señorías, no cabe duda de que la enmienda 62, del Grupo de
Coalición Canaria, plantea una cuestión estrictamente semántica. Pero
creo que también plantea una cuestión que, si se aceptara en sus justos
términos, podría rozar una posible inconstitucionalidad de cara al
artículo 149.1.3.ª de nuestra Constitución. Reitero que se ha hecho un
esfuerzo importante, y creemos que ello es suficiente para garantizar el
futuro en la defensa de los intereses generales de Canarias, teniendo en
cuenta que ello ha sido así con anterioridad, sin necesidad de que
figurasen estas dos cautelas en nuestro texto estatutario. Por tanto, no
podemos aceptar la enmienda número 62.
En cuanto a la enmienda número 63, señoría, y de acuerdo con dicha
enmienda, las competencias en cuestiones administrativas de comercio
exterior tendrían que ser delegadas a la Comunidad Autónoma Canaria.
Entendemos que tampoco puede ser aceptada, por las mismas razones
invocadas con anterioridad y básicamente haciendo referencia al artículo
149 de la Constitución. No cabe duda de que en Canarias las delegaciones
de comercio están funcionando adecuadamente y buena prueba tenemos en
toda la materia concerniente al REA y al régimen de importación en
materia de contingentes tabaqueros, etcétera.
Pasando a la enmienda número 47, que ha defendido el Senador de la
Agrupación Herreña Independiente, quiero recordar hoy en esta Cámara que
la mayoría de las fuerzas políticas adoptaron recientemente en el
Parlamento de Canarias una resolución, en la que básicamente mantenían el
sistema electoral, el llamado de las tres paridades, vigente hacia el
futuro, introduciendo una modificación, que ya ha sido aprobada en el
Congreso de los Diputados y que será introducida formalmente en esta
Cámara. Me refiero concretamente a la posibilidad de que la lista más
votada de la circunscripción insular pueda tener acceso al Parlamento,
sin necesidad de cumplir con los topes o barreras establecidos en el
propio Estatuto.
Con esto quiero señalar que el sistema de las tres paridades ha
permitido, en el curso de los 14 años de duración de nuestro
autogobierno, lo que antes he señalado también, el desarrollo
equilibrado, desde el punto de vista económico y social, de las islas. La
participación de las islas menores en el Parlamento de Canarias ha hecho
posible con notable diferencia una política que ha favorecido el
desarrollo de dichas islas.
La introducción de un sistema o lista regional debilitaría posiblemente
--más adelante me detendré más en ese concepto-- el sistema que nos ha
permitido precisamente hasta la fecha favorecer ese desarrollo de las
islas menores. Por tanto, entendemos que en su conjunto la enmienda
número 47 no puede ser aceptada.
Entrando en las 46 enmiendas de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya,
presentadas por el Senador Nieto, con todos los respetos para él, no
podemos aceptarlas --ya fueron presentadas y debatidas en el Congreso de
los Diputados y nuevamente reproducidas hoy en el Senado-- básicamente
porque la gran mayoría de ellas entran en articulados que fueron
consensuados en el Parlamento de Canarias por todas las fuerzas
políticas. Hay que recordar que el Parlamento de Canarias, en un
ejercicio político muy importante, consensuó prácticamente todo el texto
de la reforma del Estatuto de Autonomía, a excepción del sistema
electoral. Por tanto, nos parece que plantearnos nuevas redacciones sobre
un texto consensuado en el Parlamento de Canarias no tendría demasiada
cabida desde el punto de vista político viéndonos forzados a no aceptar
dichas enmiendas.
En cuanto a las enmiendas del Grupo Parlamentario Socialista, mantenidas
vivas y defendidas hoy por el Senador don Santiago Pérez, y atendiendo a
lo que señalaba como objetivo de su defensa, es decir, el establecimiento
de una lista regional, el mejoramiento del estatuto jurídico de los
cabildos y el contribuir a incrementar el techo competencial de la
Comunidad Autónoma Canaria, entendemos que ese planteamiento inicial de
objetivos a cubrir son perfectamente asumibles, salvo en lo que se
refiere a la lista regional, pero desde la perspectiva de las enmiendas
en cuanto a los cabildos, pensamos que las consensuadas por el Grupo
Parlamentario Popular con Coalición Canaria definen claramente y por
primera vez en este trámite del Senado algo fundamental, consustancial a
la situación archipielágica de Canarias y, concretamente, a la
preeminencia, a la importancia que tienen las islas en la autonomía
canaria y, en definitiva, a los cabildos en la organización de esa
Comunidad Autónoma.
Las islas se convierten en entes territoriales de la Comunidad y son los
cabildos, las instituciones, los órganos de gobierno, los que ejercen las
competencias propias de esas islas y, en definitiva, señorías, es de
entender fácilmente que también son los cabildos los que se convierten en
instituciones de la Comunidad Autónoma Canaria. No podría ser en ningún
caso de otro modo.
Por tanto, las enmiendas que ha consensuado el Grupo Parlamentario
Popular junto con Coalición Canaria definen por primera vez, con luz
propia, lo que debe ser el papel de las islas en el contexto de la
Comunidad Autónoma Canaria y el de los cabildos, sin lugar a ningún tipo
de dudas, sin lugar a que se puedan plantear interpretaciones contrarias
al papel de los cabildos en el nuevo contexto de lo que debe de ser el
desarrollo y el funcionamiento de nuestra Comunidad Autónoma Canaria. Por
tanto, las enmiendas defendidas por el Grupo Parlamentario Socialista en
relación con los cabildos no pueden ser aceptadas, ya que no aportan
virtualmente ninguna matización, ningún elemento que pueda enriquecer lo
que ya de forma consensuada --Grupo Parlamentario Popular y Coalición
Canaria-- se ha introducido en el texto a reformar.
En cuanto a las enmiendas que hacen referencia al sistema electoral, las
números 66, 67, 77, 78 y 79, del Grupo Parlamentario Socialista, tampoco
podemos estimarlas ya que introducen una reforma sustancial del sistema
electoral canario, incorporando la denominada lista regional, que no fue
aceptada en el Parlamento de Canarias en reciente votación, así como
tampoco en el Congreso de los Diputados, a pesar de ser propuesta y
defendida de forma específica.
Además, estas enmiendas en su conjunto proponen el incremento del número
de Diputados regionales, rompiendo así el equilibrio de las tres
paridades, que han servido durante 14 años a Canarias, consolidando el
desarrollo de las islas menores. Señorías, con la lista regional se
incrementa el número de Diputados, que ha sido el parangón del equilibrio
entre las dos islas mayores y las menores, es decir, que el número de
Diputados que sumamos respecto al de las islas mayores --15 en Gran
Canaria, más 15 en Tenerife, más 15 en las islas menores-- forman los
tres equilibrios necesarios para hacer posible el juego político en
Canarias, en definitiva, un reparto justo y equitativo de los
presupuestos de la Comunidad Autónoma, favorecedores de un desarrollo
equilibrado. Ello ha sido así. Si introducimos la lista regional, con un
número de más Diputados, no cabe duda de que nadie podría garantizar de
dónde proceden éstos, a qué circunscripción, a qué isla van a pertenecer,
y se podría producir un desequilibrio a favor de unas y en contra de
otras.
No cabe duda de que si nos ha ido bien durante 14 años con un sistema
electoral, es obvio que tendamos a mantenerlo, pero eso sí, introduciendo
una modificación fundamental, sacando del texto del Estatuto todo aquello
que no haga referencia a la necesidad de la circunscripción insular en el
sistema electoral canario. Precisamente por eso hemos modificado la
Disposición Transitoria Primera en ese sentido. Una Ley que aprobó el
Parlamento de Canarias por dos tercios podrá introducir las mejoras del
sistema electoral en la medida en que los parlamentarios canarios
quieran. Creo que es la mejor fórmula, la mejor garantía para un futuro
próspero para nuestras islas.
Por otra parte, y termino con la cuestión de la lista regional, es
discutible, pero podríamos hablar de los posibles integrantes de esa
lista regional como Diputados de primera y de segunda, como los que
supuestamente serían candidatos a ejercer la Presidencia del Gobierno y
los Diputados de circunscripción insular, que exclusivamente se quedarían
como Diputados de isla. Y eso nos parece que no contribuye precisamente a
dotar a las Islas Canarias de mayor estabilidad política.
Termino, señorías --perdonen si me he extendido más de la cuenta--,
haciendo alusión a las enmiendas números 74 y 76, respecto al Consejo
consultivo de Canarias y a la Audiencia de Cuentas. Lamentándolo mucho,
no podemos aceptarlas porque entendemos que en su configuración legal ya
se garantizan la independencia de sus componentes --miembros en el caso
del Consejo Consultivo-- y el funcionamiento correcto de la Audiencia de
Cuentas.
Voy a hacer una última mención a las enmiendas números 67 y 71,
presentadas y defendidas por el Grupo Parlamentario Socialista. Después
de debatirlas en el seno de nuestro Grupo, pasamos a valorarlas
positivamente, a cuyos efectos solicitaríamos que se votaran de forma
separada. Decimos esto porque, efectivamente, tras su análisis, la 67 es
de precisión técnica, de mejoramiento técnico de la redacción del
artículo del Estatuto con referencia a principios constitucionales en
lugar de principios generales. La número 71, relativa al dominio público,
viene en el texto competencial a completar de una forma clara lo que
serán las competencias legislativas de la Comunidad Autónoma de Canarias
para legislar en materia de recursos hidráulicos y de seguridad en la
minería del agua ya que, a diferencia del resto de la minería que tenemos
en la Península, la de Canarias es específica, responde a unas
condiciones especiales dado el terreno volcánico de nuestras islas y las
peculiaridades en la prospección del agua.
Termino ya, señorías, dejando clara la posición de nuestro Grupo. Muchas
gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Aguilar Belda): Gracias, Senador Galván.
Abrimos un turno de portavoces.
Por el Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra del Senador Ríos.
El señor RIOS PEREZ: Señor Presidente, señorías, ocupo el estrado en
nombre del Grupo Parlamentario Mixto y también en mi condición de miembro
de Coalición Canaria. En nombre del Grupo Parlamentario Mixto debo decir
que, en general y por mayoría --ya se han visto las posiciones que tiene
Izquierda Unida y también en algún aspecto la Agrupación Canaria
Independiente-- se respetan los acuerdos de los Parlamentos autonómicos.
Ya en mi condición de miembro de Coalición Canaria, tengo que señalar
que, cuando en el año 1981 comenzó a fraguarse el actual Estatuto que se
modifica, las formaciones nacionalistas eran extraparlamentarias en
aquellas fechas y no fuimos invitados --quizá deba decir no admitidos-- a
las conversaciones para los Acuerdos estatutarios mantenidos por los
Grupos Parlamentarios existentes.
A pesar de la manifestación mayoritaria de los ayuntamientos a favor de
la tramitación por la vía del 151, por decisión de los Grupos políticos
enunciados anteriormente se tramitó el Estatuto por el artículo 143. Hay
que reseñar que se recogieron notablemente nuestras peculiaridades
históricas que están plasmadas en la disposición adicional tercera de la
Constitución, y sus características geográficas insulares en el artículo
138 de la Carta Magna para una especial consideración.
A lo largo de estos catorce años, con sus cuatro legislaturas, hemos ido
construyendo con esfuerzo, dificultades, pero no sin evidentes aciertos,
nuestra estructura autonómica. Se han sucedido cinco gobiernos con cuatro
Presidentes y se han promulgado más de 200 leyes.
El Estatuto que hoy tramitamos en su primera modificación ha sido un
instrumento muy útil para ir construyendo nuestro autogobierno. Entre
todos hemos ido superando, profundizando en nuestra identidad peculiar de
canarios, muchos de nosotros en la doble insularidad con la lejanía y
nuestra peculiar idiosincrasia de isleños. El haber realizado el concepto
de capitalidad compartida entre Santa Cruz de Tenerife y Las Palmas de
Gran Canaria fue un gran acierto para el necesario e imprescindible
equilibrio interinsular.
La adhesión a la Comunidad Europea desde un «status» especial fue un hito
histórico por el que hemos apostado fuertemente, ya que nos sentimos
cultural, social y económicamente vinculados al continente europeo a
pesar de nuestra vocación americana y nuestra proximidad africana.
Aunque desde su primer momento el Estatuto no llenó nuestras necesidades,
simultáneamente se puso en marcha una ley orgánica especial, la Lotraca,
que nos ha permitido, junto con la Lotrava valenciana --que, por cierto,
posteriormente también consiguió el concepto de Nacionalidad
Valenciana--, adelantar las transferencias e ir asumiendo muchas de
ellas, asimilándonos a las Comunidades del Artículo 151 de la
Constitución.
Durante estos años, y por esa razón se han quintuplicado los presupuestos
generales de la Comunidad. Esta modificación que tramitamos ha sufrido
una lenta gestación de más de cinco años pues cuando se fraguó el Pacto
autonómico PP-PSOE de 1990 y 1991, entre ambas fuerzas no tenían mayoría
de escaños en el Parlamento de Canarias para poderla llevar a efecto.
Esta lenta gestación nos permitió que la terminásemos a finales de 1994 y
ahora se realiza por unanimidad de todas las fuerzas políticas
integrantes, Coalición Canaria, PSOE y PP principalmente, salvo la
cuestión electoral que, a pesar del esfuerzo realizado, no fue posible.
En cambio, las otras modificaciones importantes se han visto reforzadas
en un acuerdo mayoritario del pasado 30 de octubre --más de las tres
quintas partes del total de la Cámara-- que ha sido enviado a estas
Cortes Generales y a los Grupos Parlamentarios por parte del Parlamento
de Canarias.
Así, en esta Resolución existe ratificación a los siguientes puntos
básicos: En la consideración de Canarias como nacionalidad existe un
determinismo geográfico que sustenta al histórico, avalado desde finales
del siglo XV por Edictos reales, mantenido por imposiciones de rango real
a lo largo de cinco centurias y plasmado definitivamente en la
disposición adicional tercera de la Constitución; en el concepto de
Archipiélago para la Comunidad Autónoma sin limitar el territorio
únicamente a las islas que proyecta las competencias a nuestros mares
interiores aumentado nuestras especificidades y posibilidades de
desarrollo y de defensa del medio ambiente; ratificar el sistema
electoral aprobado en el Congreso, pero contemplando que a la lista más
votada a nivel insular pueda accederse sin contar con ningún tipo de
barrera; la conformidad en la creación de una Comisión Federal de
Cabildos insulares en el seno del Parlamento, así como de otras
modificaciones que confirmen a las Islas como elementos esenciales de su
territorio y a los cabildos como órganos de gobierno y Administración
insular y, al mismo tiempo, instituciones de la Comunidad Autónoma.
Muchas de estas enmiendas ya han sido aprobadas en el Congreso de los
Diputados. Esta nueva consideración de los cabildos insulares es el sello
y el encuentro entre el pasado con el presente, que nos permitirá una
fecunda proyección de autogobierno para un próximo futuro. También
reafirma la propuesta que el Gobierno de Canarias participará en el seno
de las delegaciones españoles ante los órganos comunitarios europeos. Por
último, dar plena conformidad a que en las declaraciones de interés
general de obras e instalación de los servicios en Canarias se tenga en
cuenta por el Estado la singularidad del Archipiélago.
Estoy convencido de que este Senado, está Cámara de representación
territorial, apoyará las decisiones del Parlamento de Canarias. Pero,
según el diccionario español, el concepto de archipiélago es un trozo de
mar, un trozo de océano poblado de islas. Es decir, nuestra Comunidad es
tierra y mar, isla y océano.
El concepto de nacionalidad canaria consagrado en su artículo 1 del texto
remitido del Congreso, en su artículo 2 la define y afirma como el factor
primordial de identidad singular característica y peculiar. Nuestra
Comunidad,
además de una nacionalidad, es una identidad geográfica, hecho insular
consagrado en la Constitución.
Según la doctrina clásica constitucionalista, este tipo de disposición
adicional matiza --perdonen la expresión--, colorea de «canaridad» a todo
el articulado cuando se aplicase la Constitución a nuestras Islas. No hay
que olvidar que se padece --perdonen nuevamente la expresión-- del
concepto de insularidad alejada a 1.500 kilómetros de distancia y con la
servidumbre añadida a las llamadas ultraperiféricas y de doble
insularidad.
La voluntad de ser el sentido del pueblo no lo traemos a votación,
señorías, sino a las competencias y al desarrollo del autogobierno.
Fuimos posada y fonda, en el devenir de los siglos, hacia América, y poco
a poco nos fuimos convirtiendo en meta y destino. Antes se llegaba a
decir: Pasé una o alguna vez por Canarias, camino de América; en estas
postrimerías del siglo XX, ya no se pasa por Canarias con el turismo de
masas, se va a Canarias, meta y fin, no posada ni tránsito. Pues bien,
además de esto último, desearíamos volver a ser, en cierta medida, sitio
de paso, tránsito en la ayuda de Europa a Africa, puente de intercambio
comercial, cultural y universitario. Por esto hay que recordarle al
Estado que, cuando lo deseen, nos deleguen las funciones administrativas
en el comercio exterior, para lo que estamos, como antes he indicado,
totalmente dispuestos.
Quisiéramos ser el brazo ejecutor de las ayudas de la Unión Europea al
continente africano, plataforma de paz y de ayuda, no cabeza de puente,
sino avanzadilla benefactora, no agresiva. No solicitamos ni el cuándo ni
el cómo ni el cuánto, sino que se nos facilite la corriente de la
solidaridad europea-africana a través del archipiélago. Todo ello con la
vista en una aspiración legítima: desearíamos tener una institución
comunitaria europea propia y estable para ese cometido en el próximo
futuro.
Pero, indudablemente, ésta no será, señorías, la última modificación de
este Estatuto. Han quedado aparcadas una serie de cuestiones, como los
derechos sobre el mar archipielágico, la capacidad de disolución de las
Cámaras por el Presidente de la Comunidad, sin vinculación a ningún
tiempo de mandato previo a la celebración de un referéndum sobre este
Estatuto para conocer el grado de apoyo que tiene ante nuestro pueblo, la
capacidad de regulación sobre ciertos aspectos del movimiento de
capitales, empleo y extranjería, la capacidad del comercio exterior y el
«status» especial dentro de las organizaciones de defensa.
Creemos que con lo logrado y con lo que se pueda avanzar en el futuro,
iremos profundizando en el autogobierno y, con ello, en la consecución de
las mayores cotas de bienestar para nuestro pueblo. Con nuestra
solidaridad, hospitalidad, laboriosidad y trabajo por la paz,
contribuiremos a la construcción de la nueva Europa, y estamos
convencidos de que con todo ello ayudamos también en la cohesión y el
fortalecimiento del Estado. Hemos tenido un pasado, señorías, tenemos un
presente y proyectamos claramente un futuro. Esas son las credenciales
que presentamos ante este Senado.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Aguilar Belda): Gracias, Senador Ríos.
¿Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos? (Pausa.)
¿Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió?
(Pausa.)
¿Grupo Parlamentario Socialista? (Pausa.) Tiene la palabra el Senador
Pérez García. (El señor Padrón Rodríguez pide la palabra.) Senador
Padrón, el turno de portavoces no es divisible.
El señor PEREZ GARCIA: Señor Presidente, señoras y señores Senadores,
quiero iniciar mi intervención expresando mi agradecimiento al Senador
Galván por un reconocimiento que él ha hecho, a propósito de sus
comentarios sobre una de las enmiendas de don Victoriano Ríos, la que
tiene que ver con la participación de Canarias en aquellas negociaciones
entre el Gobierno de España y las autoridades comunitarias que conciernen
a aspectos específicos de nuestro archipiélago. Senador Galván, su
reconocimiento de que a lo largo de estos años, de la mano del Gobierno
de España, Canarias ha ido logrando objetivos respecto a su «status»
comunitario extremadamente positivos para nuestro archipiélago y que
parecían en un principio difícilmente alcanzables, es un reconocimiento
que a usted le honra como Senador y como canario.
Quiero aprovechar este momento en el que la reforma de nuestro Estatuto
está a punto de culminar para recordar a aquellos Senadores canarios,
como su propio padre, don José Miguel Galván, como el Senador Barbuzano,
como el Senador Segura, como los lamentablemente desaparecidos Senador
don Alberto de Armas, don Asén Galván o don César Llorens, que nos
precedieron en este trabajo y que, seguramente, hoy asistirían
satisfechos a este debate y a una nueva mejora y un nuevo
perfeccionamiento de nuestro Estatuto de autogobierno.
Ha hecho usted alguna mención que yo voy a aprovechar para comentar. Con
la legislación electoral que se va a aprobar en esta reforma, se va a
producir un efecto seguramente no querido por sus señorías y que, como ya
les dije el otro día, es el fruto de una cierta imprevisión al respecto.
El Estatuto de Autonomía proclama, en el que va a ser su artículo 9, el
principio de proporcionalidad para nuestra legislación electoral. Pues
bien --y ahí lo dejo como antecedente legislativo, para que se medite
sobre el mismo--, la normativa que se va a introducir estableciendo un
umbral de entrada del 30 por ciento de los votos válidos para que las
fuerzas políticas que sólo concurren en las elecciones en el ámbito de
una isla y que no tienen una formación regional que les permita alcanzar
el umbral del 6 por ciento de los votos regionales, va a significar que
en alguna isla, en un próximo futuro, el principio proporcional que
consagra el Estatuto de Autonomía devenga en principio mayoritario en
algunas de las islas de nuestro archipiélago. Se puede dar perfectamente
el supuesto de que tres fuerzas políticas, una con el 29, otra con el 28
y otra con el 26 por ciento de los votos, concurran en esas elecciones y
sólo la más votada acapare el conjunto de la representación de esa isla.
El principio proporcional que se
introduce solemnemente por la puerta del Estatuto acaba, en este
supuesto, corriendo el riesgo de ser arrojado por la ventana.
Senador Galván, las referencias a que con nuestras enmiendas sobre la
circunscripción electoral regional se podrían configurar Diputados de
primera y Diputados de segunda es una mera suposición, porque en esta
misma Cámara existen Senadores que tienen un origen distinto, sin que ese
origen module en absoluto ni limite su estatuto como Senadores. Nosotros
sabemos que a través de nuestras enmiendas, y meramente por el camino de
la práctica política, los partidos se verían impulsados a colocar a sus
candidatos a la Presidencia del Gobierno en la lista regional, pero eso
en absoluto afectaría, en términos jurídicos ni en términos políticos, a
las posibilidades parlamentarias de ninguno de los Diputados.
Sobre las enmiendas presentadas por el Senador de Izquierda Unida, a
quien ya el otro día reconocí su esfuerzo para intentar mejorar nuestro
Estatuto, tengo que anunciarle que el Grupo Parlamentario Socialista va a
votar favorablemente las enmiendas números 6, 7, 8 y 31, la primera de
ellas dirigida a consagrar la relevancia estatutaria de determinados
órganos de nuestra Comunidad Autónoma, como el Consejo Consultivo, como
el Diputado del Común, como la Audiencia de Cuentas, y las tres últimas
relacionadas con el tema de la circunscripción electoral regional. Nos
parece que hay una vocación común entre su formación política y la
nuestra de introducir la circunscripción electoral regional, y, como
prueba de ello, vamos a votar favorablemente sus enmiendas.
Quiero hacer una mención especial a la enmienda presentada por el Senador
Pedro Padrón, de la Agrupación Herreña Independiente, la enmienda número
47, que también vamos a votar favorablemente. A nosotros nos parece que a
materializar el fortalecimiento de la conciencia de los canarios de que
formamos un solo pueblo se contribuye modestamente, ya lo hemos dicho, a
través de la circunscripción electoral regional. Pero nos parece que, por
abajo, en nuestro sistema electoral hay que favorecer el máximo de
representatividad del Parlamento de Canarias. No nos parece razonable que
formaciones políticas que han obtenido en cualquiera de las islas más del
20 por ciento, por ejemplo, de los votos queden desplazadas del
Parlamento de Canarias. Se les coloca en una situación de
extraparlamentarismo y se merman, a nuestro juicio, las bases
representativas del propio Parlamento de Canarias. Algún ejemplo muy
parecido hemos tenido en nuestra historia autonómica, y la valoración de
ese ejemplo no nos merece a nosotros una consideración particularmente
positiva, sino lo contrario.
Quiero terminar, señoras y señores Senadores, con lo siguiente. Nos
parece que en esta reforma se consagran como tareas fundamentales o como
fines rectores de nuestro autogobierno la cooperación con otros pueblos.
Esta cooperación es algo que nos resulta exigible a los canarios, a
nosotros mismos, no sólo por razones de solidaridad, sino también por
razones de agradecimiento. Nuestro archipiélago se vio condenado a lo
largo de su historia a soportar las reiteradas crisis cíclicas de su
modelo productivo, y en esas crisis cíclicas los canarios encontramos en
otros pueblos, especialmente en los de Latinoamérica, una puerta abierta
a la esperanza y al progreso y a la mejora de las condiciones de vida que
a nuestros propios hijos les negaba la precariedad de la economía canaria
y lo injusto de sus relaciones sociales.
Nos parece importante que se consagre la cooperación con otros pueblos,
como una tarea fundamental del autogobierno de nuestro archipiélago, así
como considerar un fin especial, un fin rector de nuestra política de
autogobierno, la defensa y la protección del medio ambiente. Nos parece
muy importante que el ámbito de la Comunidad Autónoma acaba consagrado
como un ámbito archipiélagico. Decía en su día el Senador Carmelo Artiles
que no se pueden hacer ficciones jurídicas sobre la naturaleza, y la
naturaleza es para los canarios una naturaleza archipielágica; somos agua
y mar. Creo que en este reconocimiento obtienen compensación Senadores
como don Victoriano Ríos, que ha convertido esta temática en un objeto de
permanente lucha, de permanente reivindicación. A partir de ahora, los
canarios seremos, como hemos sido siempre, isla y mar y sobre esas aguas
marítimas de Canarias van a concurrir las competencias estatales en
materia de aguas jurisdiccionales y las competencias estatutarias de
nuestro archipiélago que tienen que ver con el medio ambiente, con el
transporte, con la ordenación de los recursos pesqueros; porque esas
competencias también tienen en las aguas marítimas de Canarias el soporte
físico su ámbito físico de ejercicio. Nos parece que es muy importante
que se incorporen al acervo que significa nuestro régimen económico y
fiscal aquellos principios y normas derivados de la condición
ultraperiférica de nuestro archipiélago en el seno de la Unión Europea.
Nos parece muy importante que continuemos en la lucha de los canarios
para conseguir un Estatuto de ultraperificidad en el seno de la Unión
Europea.
Señoras y señores Senadores, es un orgullo y una satisfacción poder
intervenir en la tramitación de una ley tan importante como la de la
reforma de nuestro Estatuto de Autonomía. Se consolida nuestro
autogobierno, se incorporan definitivamente a nuestra esfera competencial
aquellas competencias que fueron transferidas a través de la Ley Orgánica
de Transferencias Complementarias para Canarias, que se aprobó
simultáneamente a nuestro Estatuto de Autonomía allá por el año 1982.
Recuerdo que en el año 1977, cuando se iniciaba la transición política,
se celebró un simposio en la Isla de Tenerife sobre autonomía y
federalismo y el entonces profesor de la Universidad de Harvard, Juan
Lynch, exhibió una encuesta, según la cual sólo el 52 por ciento de los
canarios tenían conciencia de voluntad autonómica o querían acceder a un
«status» de autonomía. Estos pocos años, un segundo casi en la historia
de un pueblo, han servido para robustecer la conciencia de autogobierno,
para robustecer nuestra indentidad en ese proceso complejo que es siempre
la convivencia en un pueblo archipielágico.
Creo que con la reforma de este Estatuto de Autonomía se cumple un nuevo
hito en la maduración de nuestro pueblo y en la maduración de nuestra
propia identidad. Todos
los Senadores hemos realizado un trabajo serio, constructivo, positivo, a
lo largo de la tramitación de este proyecto de ley orgánica en esta
Cámara y todos, señoras y señores Senadores, debemos sentirnos orgullosos
de ello.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Aguilar Belda): Gracias Senador Pérez García.
Senador Galván, tiene su señoría la palabra.
El señor GALVAN DE URZAIZ: Muchas gracias, señor Presidente.
Señoras y señores Senadores, hoy, día 4 de diciembre de 1996, será un día
importante para Canarias, pero también es un día importante para este
Senado, porque el Senado con respecto al archipiélago canario, al igual
que respecto a Baleares, es el nexo de unión del Estado con esos
archipiélagos. Y quiero decir esto porque especialmente en este Senado, y
por circunscripción insular, cada una de las islas tiene sus propios
Senadores. Por lo tanto, podemos decir que Canarias, en este caso, está
representada en su totalidad en este Senado.
Y precisamente es en este trámite del Senado donde se producen
incorporaciones realmente importantes al texto de reforma del Estatuto de
Autonomía. Quizás ustedes, señorías, no puedan apreciar lo que quiero
transmitir con mis palabras, pero ciertamente la reforma que se ha
practicado en este trámite del Senado cubre un especial hito histórico,
porque después de 1982, y estamos en 1996, se recuperan figuras
fundamentales del funcionamiento administrativo político de las Islas
Canarias, concretamente, la figura de los cabildos insulares.
Quiero agradecer especialmente las palabras del compañero, Senador
socialista, don Santiago Pérez, porque ha hecho un recuerdo histórico de
aquellos Senadores que nos han precedido, de aquellos Senadores de altura
política que en este Senado han defendido los intereses de las Islas
Canarias. Y, en especial, Senador Santiago Pérez, quiero agradecerle la
mención a quien fue Senador y también fue mi padre, que ejerció en el
período comprendido entre 1986 y 1989.
Con ello quiero decir que Canarias, por acuerdo del Parlamento de 1991,
decidió iniciar el trámite de la reforma del Estatuto de Autonomía y han
transcurrido unos cinco largos años desde aquella fecha, pero podemos
afirmar que este lento proceso ha valido y valdrá para alcanzar un
inmejorable Estatuto de Autonomía. Se cumple, además, plenamente el
compromiso político asumido por los Senadores del Grupo Popular con el
pueblo canario de dotar a éste de un mayor techo competencial y también
se cumple un compromiso formal, asumido por nuestro Presidente del
Gobierno, señor Aznar, de dotar a Canarias de un Estatuto de Autonomía
reformado y, ello, antes del 1 de enero de 1997. Por lo tanto, para este
Senador que hace uso de la palabra es una doble satisfacción, un
compromiso doblemente cumplido. (El señor Vicepresidente, Rigol i Roig
ocupa la Presidencia.)
No cabe duda de que se hace necesario en este proceso de reforma destacar
el gran esfuerzo político desarrollado por el Parlamento de Canarias, por
todas las fuerzas políticas, para consensuar por unanimidad el texto de
la reforma, que se ha visto notablemente enriquecido por las aportaciones
verificadas desde el punto de vista técnico en el Congreso de los
Diputados y también incorporaciones en materia de Derecho Constitucional,
a través de sentencias y criterios establecidos por Tribunal
Constitucional. En el trámite del Congreso se ha mejorado notablemente el
texto del Estatuto. Se ha creado la Comisión Especial de Cabildos en el
seno del Parlamento de Canarias, que antes no tenía participación en la
política desarrollada por éste y se ha incluido en el trámite del
Congreso, así como la participación de la Comunidad Autónoma de Canarias,
en colaboración con otros pueblos, como destacaba el Senador Santiago
Pérez. Se han introducido mejoras técnicas de primer nivel.
Pero aquí, en este trámite del Senado, se han establecido cuatro líneas
fundamentales para mejorar ese texto. La primera línea fundamental hace
referencia, como ya indiqué anteriormente, al concepto de islas como
entes territoriales de la Comunidad Autónoma sobre las que se sustenta la
Comunidad Autónoma Canaria y al concepto de cabildo como órgano de
representación, administración y gobierno de esas islas que asumen sus
competencias. Y éste es un tema que, como ya dije antes, es de primera
magnitud.
La segunda línea directriz hace referencia a la posibilidad de la
Comunidad Autónoma Canaria de legislar en materia de recursos hidráulicos
y fundamentalmente en materia de seguridad en la minería del agua. Los
dos elementos competenciales interrelacionados son fundamentales porque
Canarias, desde la incorporación a la Corona de Castilla, recibió
especificidades normativas en materia de agua que, de alguna forma, han
sido recogidas en toda la normativa de la que a lo largo de todos estos
años se ha ido dotando, pero su cautela o su inclusión como competencia
específica en el texto estatutario no cabe duda que favorecerá para poder
legislar, de acuerdo con las peculiaridades específicas en esta materia
de Canarias.
La tercera línea directriz de la reforma del Estatuto hace referencia a
los tributos que puede ceder el Estado a la Comunidad Autónoma de
Canarias y a que, por vía de una ley orgánica, del artículo 150.2, estas
competencias puedan ser transferidas específicamente a nuestra Comunidad
Autónoma.
Por último, en la cuarta línea directriz se ha incorporado una mejora
sustancial del régimen electoral, en cuanto que hace referencia a la
posibilidad de acceso al Parlamento de Canarias de aquellas listas
electorales insulares que no hayan podido alcanzar el 30 por ciento.
No puedo coincidir en la apreciación del Senador Santiago Pérez en cuanto
a la posibilidad de sustituir el criterio de representación proporcional
por el sistema de representación mayoritaria. Espero que no suceda pero,
en todo caso, para la tranquilidad de todos los Senadores canarios, la
posibilidad de que el Parlamento de Canarias, conforme a lo dispuesto en
la disposición transitoria primera, pueda regular el sistema electoral
con las mayorías requeridas de los dos tercios, es una garantía, es una
cautela para el buen
funcionamiento, para el futuro y para el desarrollo político, social y
económico de las islas en su justo equilibrio. No pretendemos otra cosa
sino que continúe el justo equilibrio, ese que ha hecho posible y que a
buen seguro hará posible que Canarias alcance mayores cotas de
autogobierno y de bienestar social.
Muchas gracias, señorías. (Aplausos.)
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Muchas gracias, señoría.
Vamos a proceder a las votaciones.
Sometemos a votación las enmiendas que hacen referencia a la proposición
de reforma de la Ley Orgánica 10/1982, de 10 de agosto, del Estatuto de
Autonomía de Canarias.
Empezamos votando primero la enmienda número 62, presentada por el Grupo
Parlamentario Mixto.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 228; a
favor, 10; en contra, 206; abstenciones, 12.
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Esta enmienda ha sido rechazada.
Votamos a continuación la enmienda número 63.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 228; a
favor, 12; en contra, 203; abstenciones, 13.
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): La enmienda ha sido rechazada.
A continuación vamos a votar la enmienda número 47, del Senador Padrón
Rodríguez, también del Grupo Parlamentario Mixto.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 226; a
favor, 89; en contra, 128; abstenciones, nueve.
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Esta enmienda ha sido rechazada.
Votamos a continuación las enmiendas de los señores Nieto Cicuéndez y
Román Clemente, también del Grupo Mixto. (El señor Aleu i Jornet pide la
palabra.)
Tiene la palabra el Senador Aleu.
El señor ALEU I JORNET: Solicito votación separada de las enmiendas
número 6, 7 8 y 31. (El señor Cardona i Vila pide la palabra.)
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Tiene la palabra el señor
Cardona.
El señor CARDONA I VILA: Solicito votación separada de la enmienda número
1.
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): ¿No hay ninguna petición más de
votación separada?
Empezamos votando la enmienda número 1.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 226;
en contra, 224; abstenciones, dos.
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Esta enmienda ha sido rechazada.
A continuación vamos a votar en un solo bloque las enmiendas números 6,
7, 8 y 31.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 228; a
favor, 90; en contra, 129; abstenciones, nueve.
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Estas enmiendas han sido
rechazadas.
A continuación votamos el resto de las enmiendas presentadas por los
Senadores Nieto Cicuéndez y Román Clemente.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 228; a
favor, uno; en contra, 217; abstenciones, 10.
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Estas enmiendas han sido
rechazadas.
A continuación votamos la enmienda número 78, presentada por el Grupo
Parlamentario Socialista. (El señor García Carnero pide la palabra.)
Tiene la palabra el señor García.
El señor GARCIA CARNERO: Muchas gracias, señor Presidente.
Solicitamos votación separada en un mismo bloque de las enmiendas números
67 y 71. (El señor Cardona i Vila pide la palabra.)
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Tiene la palabra el señor
Cardona.
El señor CARDONA I VILA: Pedimos votación separada de la número 64.
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Empezamos, pues, votando la
enmienda número 64. Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 227; a
favor, 97; en contra, 128; abstenciones, dos.
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Queda rechazada.
Votamos a continuación las enmiendas números 67 a 71.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 226; a
favor, 214; en contra, uno; abstenciones, 11.
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Quedan aprobadas.
Votamos a continuación la enmienda número 78.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 228; a
favor, 91; en contra, 128; abstenciones, nueve.
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Queda rechazada.
Votamos a continuación el resto de enmiendas presentadas por el Grupo
Parlamentario Socialista.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 226; a
favor, 89; en contra, 126; abstenciones, 11.
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Quedan rechazadas.
Debemos votar, ahora, una enmienda para la subsanación del error de
transcripción detectado en el dictamen de la Comisión en el artículo 1.22
de la presente reforma, relativo al artículo 34, que pasa a ser el
artículo 31.2 del Estatuto, que los representantes de los Partidos
Políticos ya conocen. Por lo tanto, vamos a someter a votación esta
enmienda de subsanación.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 228; a
favor, 227; abstenciones, una.
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Esta enmienda ha sido aprobada.
Debo hacer presente a la Cámara que, tal como está publicado en el
«Boletín Oficial del Senado», la Disposición Adicional Final debe decir
Disposición Final, exclusivamente y, por lo tanto, situarse al final del
redactado de la propia Ley.
Vamos a votar en una única votación el texto del dictamen.
Se inicia la votación. (Pausa.) Efectuada la votación, dio el siguiente
resultado: Votos emitidos, 228; a favor, 216; abstenciones, 12.
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): El texto del dictamen ha sido
aprobado. (Aplausos.)
Tal y como dispone el artículo 90 de la Constitución, se dará traslado de
las enmiendas aprobadas por el Senado al Congreso de los Diputados para
que ésta se pronuncie sobre las mismas en forma previa a la sanción del
texto definitivo por Su Majestad el Rey.
MOCIONES CONSECUENCIA DE INTERPELACION:
--DE DOÑA PILAR COSTA SERRA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO, POR LA QUE SE
INSTA AL GOBIERNO PARA QUE, EN EL PLAZO DE TRES MESES, ELABORE Y APRUEBE
EL PLAN DE ORDENACION DE RECURSOS NATURALES Y EL PLAN RECTOR DE USO Y
GESTION DE LA RESERVA NATURAL DE LAS SALINAS DE IBIZA («SES SALINES») Y
FORMENTERA, A QUE SE CREE EL PATRONATO DE DICHA RESERVA, SE DESIGNE SU
DIRECTOR Y SE INICIEN CONTACTOS CON EL GOBIERNO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA
DE LAS ISLAS BALEARES A FIN DE PROCEDER A LA TRANSFERENCIA DE SU GESTION.
(671/000011.)
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): El sexto punto del orden del día
es el que se refiere a mociones consecuencias de interpelación, y la
primera de ellas es la que formula al Senadora doña Pilar Costa Serra,
del Grupo Parlamentario Mixto, por la que se insta al Gobierno para que,
en el plazo de tres meses, elabore y apruebe el Plan de Ordenación de
Recursos Naturales y el Plan Rector de uso y gestión de la Reserva
natural de Las Salinas de Ibiza («Ses Salines») y Formentera, a que se
cree el patronato de dicha Reserva, se designe su Director y se inicien
contactos con el Gobierno de la Comunidad Autónoma de las Islas Baleares
a fin de proceder a la transferencia de su gestión. A esta moción se ha
presentado también una enmienda.
Para su defensa, tiene la palabra la Senadora Costa Serra.
La señora COSTA SERRA: Muchas gracias, señor Presidente.
Señorías, en nombre de la Agrupación de Electores de Ibiza y Formentera
se presenta esta moción consecuencia de interpelación, a fin de que se dé
cumplimiento a la Ley 26/1995, de 31 de julio, que declaró reserva
natural Las Salinas de Ibiza y Formentera. (El señor Presidente ocupa la
Presidencia.)
En el anterior Pleno ya tuvimos ocasión de debatir, ante la interpelación
de este mismo tema, cuáles eran los motivos o las argumentaciones que
defendía cada Grupo Parlamentario. En esta interpelación la Ministra de
Medio Ambiente manifestó que la Ley de Las Salinas era nula de pleno
derecho y que, en último término, había que esperar a la decisión del
Tribunal Constitucional sobre la inconstitucionalidad o no de la
mencionada Ley. Sin embargo, se olvida que de momento se está
incumpliendo no sólo la Ley de Reserva natural de Las Salinas.
El señor PRESIDENTE: Pido silencio, por favor.
Senadora Costa, puede continuar.
La señora COSTA SERRA: Decía que con esto se estaba incumpliendo no sólo
la Ley de Reserva natural de las Salinas, sino también el auto del
Tribunal Constitucional,
de fecha 21 de mayo de 1996, que denegó el efecto suspensivo de la Ley,
como pretendían los recurrentes y, por tanto, estamos ante una Ley que
está plenamente en vigor.
Se nos está queriendo hacer creer que ésta es una discusión jurídica de
invasión de competencias. Pero, desde mi punto de vista, nada más lejos
de la realidad. Estamos ante una discusión y ante una decisión política
que debe determinar si queremos o no presevar el área natural más
importante del archipiélago balear, como es el de Las Salinas de Ibiza y
Formentera, área que está formalmente protegida a través de esta Ley,
pero no se desarrollan los mecanismos necesarios para que esta protección
sea una realidad.
Se me acusó en el anterior Pleno de contar historias inciertas sobre
intereses particulares en la zona, como si esas manifestaciones fueran
fruto de mi imaginación. Pues bien, yo sólo a título informativo
periodístico citaré dos noticias aparecidas recientemente en dos medios
distintos de comunicación escrito. La primera noticia, aparecida el 21 de
noviembre de este año, dos días después de que en el último Pleno se
discutiera la interpelación al Gobierno, se refería a la crisis del
Partido Popular en Baleares y se decía en el periódico «El Mundo»: La
desprotección de «Ses Salines» marca la diferencia. «Ses Salines» donde
la familia política, en sentido estricto, de Cañellas mantiene intereses
que se entrecruzan con los del grupo de empresas de Abel Matutes, se ha
convertido para el Partido Popular de Ibiza en una auténtica cruz. Sigo
leyendo textualmente: El Partido Popular se niega a aumentar la
protección frente al 85 por ciento de la población que, según un estudio
sociológico encargado por el Icona, cree que «Ses Salines» deberían estar
más protegidas. Y acaba el artículo diciendo: ¿Por qué el Partido Popular
de Ibiza no se suma a la opinión de la mayoría? Maritur, y con él otros
miembros destacados del Partido Popular de Ibiza, comparten el criterio
de la oposición por los intereses de Matutes y de Cañellas en la zona.
Yo simplemente he querido leer este breve artículo de un periódico
porque, si no, parece que aquí una se está inventando las noticias que en
Baleares son «vox populi», y esta información --repito-- es de 21 de
noviembre de este mismo año. Y yo creo, señorías, que no me pueden decir
que yo acuda a los Tribunales para denunciar estas acusaciones y estos
hechos porque proteger o no una zona es una decisión política, pero no
constituye ningún delito dejar de proteger una zona o un área natural,
sino que, simplemente, pone de manifiesto la sensibilidad o la
insensibilidad hacia los temas medioambientales de determinadas personas.
Y digo de determinadas personas, porque tampoco quiero generalizar en el
Grupo Popular, porque me parece tremendamente injusto que estén pagando
las consecuencias de estos hechos todo un Grupo cuando estoy convencida
de que muchos de sus integrantes no quieren amparar este tipo de
actuaciones y tienen, además, una verdadera preocupación por temas
medioambientales. Así que deseo a estos integrantes del Grupo
Parlamentario Popular mucha suerte en la batalla interna que tienen en su
propio Grupo.
Para acabar con las noticias periodísticas a la que me había referido,
quiero reseñar que, en otro periódico distinto, concretamente en «El
País» de este pasado domingo, día 1 de diciembre, se decía --y leo
también textualmente--, haciendo referencia a los poderes en la sombra en
las islas Baleares: En conversaciones privadas cuya transcripción no ha
negado, Cañellas ha dicho que no deja el escaño para poder seguir de
cerca la evolución de la protección de «Ses Salines» de Ibiza y
Formentera, propiedad en la que su familia tiene grandes intereses. Esta
es otra noticia aparecida en un medio de comunicación escrito. Si después
de estas noticias todavía alguien tiene duda o piensa que ésta es una
cuestión simplemente jurídica y no política, es que es todavía más
ingenuo o más ingenua que yo, aunque no sea más joven. (Risas y aplausos
en los escaños del Grupo Parlamentario Socialista.)
Por último, y en cuanto al contenido de nuestra moción, deseo reiterar
que ésta sólo se ciñe al estricto cumplimiento de la Ley 26/1995,
solicitando que se creen los organismos que en ella se recogen para el
pleno desarrollo de la reserva natural y que así, en el plazo de tres
meses, se elabore y apruebe el plan de ordenación de recursos naturales,
el plan rector de uso y gestión, se cree el Patronato y se designe al
Director de la reserva natural. Por último, está el punto cuarto, que yo
creo que, además, es importantísimo, porque parece ser que ésta era la
línea que apuntaba el Grupo Parlamentario Popular: que el Gobierno
central inicie contactos con el Gobierno de la Comunidad Autónoma de las
islas Baleares a fin de proceder a la transferencia de la gestión de
dicha reserva natural.
Muchas gracias, señorías. Muchas gracias, señor Presidente. (Aplausos en
los escaños del Grupo Parlamentario Socialista.)
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, Senadora Costa Serra.
El Grupo Parlamentario Popular ha presentado una enmienda a esta moción.
Tiene la palabra su portavoz, el Senador Font.
El señor FONT BARCELO: Gracias, señor Presidente.
Nos gustaría dar por defendida la enmienda en sus propios términos y así,
en el turno de portavoces, podríamos manifestar el sentido de nuestro
voto.
Gracias.
El señor PRESIDENTE: Perfectamente. Está en su derecho.
Gracias.
Se abre un turno de portavoces para los que quieran intervenir por un
tiempo de cinco minutos.
¿Grupo Parlamentario Mixto? (Pausa.)
¿Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos? (Pausa.)
¿Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió?
(Pausa.)
Tiene la palabra el Senador Carrera.
El señor CARRERA I COMES: Gracias, señor Presidente.
Intervengo para fijar nuestra posición en cuanto a la moción presentada.
Creo que el propio texto de la moción está claro. Se están pidiendo
cuatro puntos: que se elabore y apruebe el plan de ordenación de recursos
naturales, siempre haciendo referencia a las salinas de Ibiza y
Formentera; que se cree el patronato; que se designe al director y, como
decía la presentadora de la moción, que se inicien contactos con el
Gobierno de la Comunidad Autónoma de las Islas Baleares.
A esta moción se ha presentado también una enmienda de modificación que,
por lo que ha dicho el portavoz del Grupo Parlamentario Popular, será
defendida en sus justos términos.
Por nuestra parte, deseo indicar lo siguiente. Encontramos correcta la
presentación y, por tanto, el texto de la moción. En definitiva, como
decía antes, hace referencia a la elaboración de un plan de ordenación y
gestión y a la creación de un patronato. Quizás tengamos más dudas que
sus señorías --remarco que por desconocimiento-- cuando hace referencia a
la transferencia de gestión de «Ses Salines», pero, en su conjunto, no
nos parece que sea una moción desacertada, sino correcta.
También debo reconocer que, por el texto que se nos ha hecho llegar, nos
parece bien, y, por consiguiente, asumible, la enmienda presentada por el
Grupo Parlamentario Popular. De la intervención de la Senadora Pilar
Costa entiendo que no se acepta, pero repito que nosotros la encontramos
correcta, porque no hace más que reconocer la plena competencia del
Gobierno balear y que, al mismo tiempo, se adopten medidas cautelares
para evitar cualquier tipo de degradación. Por tanto, estamos ante dos
textos que, en su conjunto, entendemos que son correctos. Sólo deseo
dejar constancia de lo siguiente. Habría resultado positivo --y ésta es
la intención de nuestra explicación-- que hubiera habido acuerdo entre el
texto y la enmienda presentada, y por una razón, porque habría sido bueno
llegar a un acuerdo general en un asunto que así lo requería por ser
realmente importante.
Nuestro Grupo no va a ser capaz de dilucidar la cuestión en un sentido o
en otro. Si acaso, sólo quiero dejar constancia de que nos parecería muy
importante que la Comunidad Autónoma tuviera una participación decisiva
en esta polémica final. En consecuencia, nos vamos a abstener en la
votación sobre esta moción.
Gracias, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, Senador Carrera.
Tiene la palabra el Senador Garcías Coll.
El señor GARCIAS COLL: Gracias, señor Presidente.
Tomo la palabra en nombre del Grupo Parlamentario Socialista para
expresar el sentido de nuestro voto, tanto en lo referente a la moción
como a la enmienda presentada por el Grupo Parlamentario Popular.
Lo primero que debemos decir es que la moción presentada por la Senadora
Pilar Costa es coherente con la interpelación que se presentó en el
pasado Pleno. En la moción se insta al Gobierno a que dé cumplimiento a
la Ley 26/1995, con la elaboración del plan de ordenación de recursos
naturales, el plan rector de uso y gestión, la creación del patronato y
la designación de su Director. Es decir, que trata de que el Gobierno
elabore las fases de gestión de un espacio protegido.
Por otra parte, el apartado cuarto es una cuestión importante. Estamos
totalmente de acuerdo con la intención de que el espacio pase a ser
gestionado por la Comunidad Autónoma, que esta reserva natural tenga la
protección adecuada y que el gestor sea la propia Comunidad Autónoma. Por
tanto, nosotros no podemos más que felicitar a la Senadora por la
presentación de la moción y mostrar nuestro total acuerdo con ella, en
todos los apartados. Creo incluso que, para deslegitimar algunas
aseveraciones que se hicieron en esta tribuna, queda claro que la
competencia en la gestión, a raíz de la sentencia del Tribuna
Constitucional, sea de la Comunidad Autónoma.
También creo que la enmienda del Grupo Parlamentario Popular es
coherente, pero no lo es tanto con relación a los asuntos competenciales
que plantea, sino con su falta de voluntad proteccionista, que ha
demostrado en este espacio durante prácticamente veinte años. Los isleños
conocemos los avatares que ha sufrido este espacio, y en todo momento la
coherencia del Grupo Parlamentario Popular ha ido ligada a la
desprotección de una parte del espacio protegido, con la finalidad de
permitir la urbanización en el mismo.
La primera declaración por parte del Parlamento de las islas Baleares,
como área natural de especial interés, que preveía unos límites
espaciales, parecidos o los mismos que plantea la reserva natural y que
no permitían la urbanización, fue modificada por el Partido Popular
cuando éste tuvo la mayoría suficiente para cambiar la protección. Por lo
tanto, creo que la enmienda que presentan tiene el mismo objetivo que
ustedes lograron cuando tuvieron la mayoría suficiente en el Parlamento
balear: cambiar los límites espaciales para permitir la urbanización, y
si no ya me dirán qué otro objetivo tiene plantear que ya se establecerá
la figura de protección, si cualquiera de las figuras que se plantean en
la Ley 4 de 1989 deberá contener unos límites espaciales determinados,
límites que ya vienen definidos en la Ley de reserva natural. En
consecuencia, ustedes deben responder si aceptan los límites espaciales o
no los aceptan, y así conoceremos su verdadera voluntad proteccionista.
Con ello quiero expresar que su enmienda nos preocupa porque no vemos por
ninguno de sus costados que ustedes pretendan proteger este espacio. Por
lo tanto, por nuestra voluntad proteccionista, no podemos votarla
favorablemente. Sí nos hubiera gustado que se hubiese podido consensuar
una enmienda transaccional que hubiese disipado cualquier preocupación
sobre las posibles urbanizaciones de este terreno y, además, que se
hubiese consensuado que este espacio no sufriese ningún peligro de
desprotección. Como eso no ha sido posible, nosotros seguimos dudando de
la voluntad proteccionista del Partido Popular. Además, sin la ejecución
de la protección y gestión del espacio a través del PORN, nos preguntamos
si este tema no tendremos que debatirlo otras veces porque
no pueda o no quiera ser protegido por parte del Partido Popular.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.
Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el Senador Font.
El señor FONT BARCELO: Muchas gracias, señor Presidente.
Señoría, no voy a entrar en la batalla de la discusión entre personas
porque si de verdad queremos proteger «Ses Salines» debemos hablar de
ello, y no, dada la presentación de la moción, pasarse el 90 por ciento
del tiempo hablando de opiniones de periódicos y de batallas internas del
Partido Popular en Baleares, que están bien cerradas, y usted lo sabe.
Por otra parte, deseo decirle al Senador don Antonio Garcías Coll que los
límites no están bien. He de recordar que en el trámite de la ley en
Ponencia y en Comisión, un Senador ponente del Grupo Parlamentario
Socialista, designado por el PSOE, don Manuel Alonso, presentó, y se
aceptaron, correcciones importantísimas. Y usted lo sabe. Pero como el
dictamen de la Comisión fue rechazado, la proposición de ley salió del
Senado igual que había entrado. Si los cambios introducidos en la
Ponencia se hubiesen tenido en cuenta, las delimitaciones sobre la ley no
estarían como ahora.
Señor Presidente, señorías, volvemos a hablar hoy en el Senado un tema
que en Baleares, y concretamente en Ibiza y Formentera, tiene una
especial significación. «Ses Salines» de Ibiza y Formentera han sido
siempre un punto de referencia en nuestra tierra. Por razones históricas,
ese enclave ha sido y es el símbolo de nuestro pueblo, y mucho más, sin
duda, de Ibiza y Formentera. Con la pérdida de nuestro derecho al
autogobierno se perdieron «Ses Salines», que nos fueron arrebatadas en
1715 por derecho de conquista, puesto que Baleares, y en concreto las
islas de Ibiza y Formentera, cometieron el delito de defender sus
instituciones particulares de autogobierno, su derecho a una lengua
propia y, en definitiva, a su identidad como pueblo.
«Ses Salines» se configura como algo más que un territorio con un
increíble valor ecológico y paisajístico que hay que proteger. «Ses
Salines» han de ser motivo de orgullo de nuestro pueblo y, sobre todo,
símbolo de unión. Y hubiésemos podido conseguirlo hoy. Sin embargo, y por
desgracia, hasta ahora no ha sido así. Y una buena prueba de ello es la
moción, o, mejor, el interés que subyace en ella y que ahora se debate,
la interpelación de la que trae nombre y tantos debates, por demás
estériles, que últimamente tienen como referencia a «Ses Salines» de
Ibiza y Formentera.
Se acusa al Partido Popular de no querer proteger «Ses Salines», de
querer urbanizarlas, y se oculta maliciosamente que en marzo de 1985 el
Parlamento balear protegió los humedales de las zonas dunales, las playas
y el entorno de «Ses Salines» de Ibiza y Formentera, así como los islotes
des Freus. Y once años después, una ley tan poco original como la 26/95,
que hasta copia literalmente el título de la promulgada por el Parlamento
balear, se pretende como solución definitiva a la protección de «Ses
Salines». Una ley que invade competencias exclusivas de la Comunidad de
las Islas Baleares en materia de urbanismo, pues califica terrenos
sujetos de protección de suelo no urbanizable y, por su excepción, sus
núcleos de población como urbanos, y también invade competencias en
materia de ordenación del territorio y de pesca en aguas interiores --lo
son las existentes entre las islas de Ibiza y Formentera--. Cuando se
debatió la Ley 26/95, el Grupo Popular ya expuso esta cuestión, y lo hizo
siguiendo la doctrina del Tribunal Constitucional sobre la materia. Por
contra, se nos acusó de querer dilatar la pomposidad llamada protección
de «Ses Salines». Sin embargo, nadie debatió los argumentos presentados,
y se nos dijo que los tribunales ya decidirían. Pocos días después, el
Tribunal Constitucional dictó la sentencia en virtud de la cual se
anulaba el artículo 21.3 de la Ley 4/89, de marzo, de Conservación de los
espacios naturales, de la flora y la fauna sudeste, que es la base
jurídica por la que se sustenta la Ley 26/95, de declaración de Reserva
Natural de «Ses Salines». Esta sentencia no causó novedad, pues seguía la
tradicional doctrina del Tribunal Constitucional, pero, en el tema que
nos ocupa, venía a dar explícitamente la razón a nuestro Grupo: al ser
nulo el artículo 21.3, es nula también la Ley 26/95, lo queramos o no,
porque si a un edificios se le quitan sus cimientos, es evidente que de
inmediato se derrumba y se convierte en una ruina. Y esto es lo que le ha
ocurrido a la Ley 26/95. Sin sus cimientos, sin el artículo 21.3, la Ley
4/89 ha desaparecido.
Así, en lugar de buscar una alternativa y un camino pacífico para llegar,
entre todos, al objetivo común, que es la protección de «Ses Salines», se
empecinan en mantener un enfrentamiento estéril y sin sentido invocando
una ley inconstitucional que, además, adolece de deficiencias que impiden
su correcta aplicación. Quien se haya molestado en leer la Ley 26/95
podrá fácilmente comprobar que parte de las coordenadas que fijan el
perímetro que encierra la reserva natural de «Ses Salines» son erróneas
y, por ello, es imposible, hoy por hoy, fijar de un modo claro y
definitivo sus límites en la reserva natural. Y recuerdo lo que he dicho
anteriormente al Senador Garcías Coll, que tanto en el trámite de
Ponencia como en el de Comisión un Senador, ponente designado por el
Partido Socialista, presentó, y se aceptaron, correcciones importantes de
las coordenadas en las que se fijaba la delimitación de la reserva
natural de «Ses Salines». Pero como el dictamen, como he dicho, no
prosperó, la ley salió del Senado como había entrado. A pesar de todo
ello, hoy se insiste, a través de la moción presentada, en una cuestión
que quedó claramente definida en la interpelación de la que trae causa,
si bien, en esta ocasión, se presenta una novedad en el punto 4 de la
misma, que pretende que se inicien contactos con el Gobierno de la
Comunidad Autónoma de las Islas Baleares a fin de proceder a la
transferencia de gestión de reserva natural de «Ses Salines» de Ibiza y
Formentera.
Señorías, no se puede dar lo que no se tiene, ni se puede recibir lo que
ya se posee. Eso hay que reconocerlo. Ni las Cortes Generales ni el
Gobierno del Estado tienen competencia alguna para declarar o gestionar
la reserva natural de «Ses Salines» de Ibiza y Formentera. Esta
competencia corresponde
al Parlamento balear. Esta teoría que pretende la transferencia de la
gestión de la reserva de «Ses Salines» a la Comunidad Autónoma la inventó
el Partido Socialista a poco de publicarse la sentencia del Tribunal
Constitucional que anulaba el artículo 21.3 de la Ley 4/89, como salida a
la difícil situación en que había quedado la Ley de Declaración de
Reserva Natural de «Ses Salines». Es decir, el Partido Socialista,
todavía en el Gobierno --la sentencia se publicó a finales de junio de
1995--, no se atrevió a desarrollar la Ley de Declaración de Reserva
Natural de «Ses Salines». Y, Senadora Costa, usted se presentó en Ibiza
con el respaldo del Partido Socialista. ¿Por qué no la desarrollaron
cuando ellos gobernaban? Porque sabían perfectamente que esta ley es nula
por aplicación de la citada sentencia.
Por otro lado, tenían la necesidad de justificarse ante la opinión
pública de Ibiza y Formentera, a la que habían engañado prometiendo una
solución para «Ses Salines» tan inviable entonces como hoy, después de
publicada la sentencia del Tribunal Constitucional que declara la
inconstitucionalidad de la norma que sirve de base a la ley de «Ses
Salines». La situación la ideó el PSOE, y los demás partidos, hasta cinco
la apoyaron, así como una agrupación de electores a los que representa
usted, Senadora Costa. Fue algo tan sencillo como maquiavélico:
propusieron la transferencia de la gestión de la reserva natural a la
Comunidad Autónoma de las Islas Baleares. De esta manera se quitaban el
problema de encima y ocultaban la realidad a la opinión pública,
confundiéndola todavía más. Y hoy, la Senadora Costa, consecuente con los
partidos que la apoyan y con la política de confusión que ellos practican
con destreza, vuelve a proponer la transferencia de la gestión de la
Reserva Natural de «Ses Salines». Pero, señorías, el Gobierno central no
puede transferir dicha reserva porque esta competencia ya está
transferida a la Comunidad Autónoma y porque invade, como he dicho antes,
temas de mar interior y urbanísticos que son transferencias que ésta ya
tiene. No nos van a transferir nada; ya está transferido.
Lástima que con esta enmienda, como decía el Senador Garcías, el problema
sea de urbanizaciones, etcétera. La letra b) dice que entre tanto adopte
las medidas mínimas cautelares al objeto de evitar cualquier tipo de
degradación que en esta etapa se pudiera plantear sobre los valores
naturales del paraje, y ello --en la etapa de transición-- hasta que el
Gobierno balear pueda declarar la figura de protección que estime
pertinente. Porque es él, el Gobierno balear, es Parlament de ses Illes
Balears, el que tiene la competencia de fijar cuál es la protección que
ha de tener y quedaba claro que urbanísticamente no tiene por qué haber
ningún problema. Por otra parte, la letra a) de la enmienda pretendía,
única y exclusivamente, que se reconociera la plena competencia del
Gobierno balear.
Lástima que se haya perdido esta oportunidad, porque era una forma de
empezar a trabajar conjuntamente y no había por qué ver fantasmas de
clase alguna. Votaremos que no y me sabe muy mal.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.
Senadora Costa Serra, ¿acepta la enmienda?
La señora COSTA SERRA: Gracias, señor Presidente.
No se acepta la enmienda y por el artículo 87 rogaría al señor Presidente
que me concediera un minuto.
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra, Senadora.
La señora COSTA SERRA: Gracias.
Lo primero que quisiera decir al Senador Font es que la Agrupación de
Electores por la que me presenté en la circunscripción de Ibiza y
Formentera contó con el apoyo no solamente del Partido Socialista, sino
también de Izquierda Unida, Los Verdes, Esquerra Republicana de Cataluña
y de Entessa Nacionalista y Ecologista.
No podemos aceptar la enmienda que ustedes presentan a esta moción porque
precisamente lo que está pretendiendo es rebajar el actual grado de
protección de la zona, y si no solamente basta con leer literalmente lo
que dice su enmienda: ustedes hablan de la figura de protección que se
establezca, es decir que ni siquiera ustedes quieren aceptar la actual
protección que tenemos de la zona. Nosotros estamos dipuestos a aceptar
--y así se lo hemos comunicado al señor Font y estuvimos discutiendo
sobre otra porpuesta transaccional-- que sea el Gobierno balear el que
gestione el área natural. Estamos completamente de acuerdo, pero lo que
no quieren aceptar ustedes es la actual protección que tenemos, porque en
esta enmienda en ningún momento hablan de reserva natural y hacen
maravillas y peripecias para evitar el nombre de la protección que se le
quiere dar a la zona.
Respecto a la letra b), me parece una tomadura de pelo, porque ustedes
dicen: entre tanto se adopten las medidas mínimas cautelares al objeto de
evitar cualquier tipo de degradación. Es que nosotros no queremos medidas
mínimas, precisamente lo que queremos son medidas máximas que preserven
este espacio natural. Ustedes evitan en todo momento hablar de reserva
natural y yo entiendo que a ustedes les gustaría hablar, por ejemplo, de
reserva de hormigón, que es precisamente lo que nosotros no queremos.
Estamos completamente de acuerdo en que sea la Comunidad Autónoma la que
gestione este espacio y yo también siento que no se haya podido llegar a
un acuerdo, pero de verdad que con esta enmienda era imposible.
El señor PRESIDENTE: Senadora Costa, vaya terminando.
La señora COSTA SERRA: Acabo, señor Presidente.
La otra enmienda que yo les había propuesto --y que parecía que en
principio podía ser aceptada-- simplemente decía que se iniciaran las
conversaciones con la Comunidad Autónoma para que ésta desarrollara la
reserva natural, pero ustedes tampoco han querido aceptar ni siquiera
estas tres líneas y lo siento muchísimo, señor Font.
Gracias, señor Presidente. (El señor Font Barceló pide la palabra.)
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, Senadora Costa.
Señor Font, como supongo que me pide la palabra por el artículo 87, la
tiene por dos minutos.
El señor FONT BARCELO: Muchas gracias, señor Presidente.
La señora Senadora ha dicho que nosotros queremos rebajar la protección.
Nosotros lo que no queremos --y ahora le hablo como Senador por
Mallorca-- es que nos rebajen las competencias que ya tenemos --así de
claro--. Esta Ley la ha hecho el Gobierno central y tiene que hacerla el
Gobierno autonómico, es Parlament de ses Illes Balears. Y parece mentira
que usted, que también representa a Esquerra Republicana de Cataluña,
partido nacionalista --no tengo nada en contra de él ni de ningún otro--,
quiera que se quiten funciones al Parlamento de donde usted es. No hay
quien lo entienda.
La letra a) pretende, única y exclusivamente, que se reconozca que la
competencia es des Parlament de ses Illes Balears, de la Comunitat
Autònoma de ses Illes Balears. Y la letra b) es para que estemos todos
tranquilos acerca de que no se pueda hacer nada allí dentro, de que no se
pueda urbanizar nada. Pero quien tiene que decir si es reserva o la
protección que se quiera es, precisamente, es Parlament de ses Illes
Balears --y esto es así de claro--. Si reconocemos, como usted me dijo
esta mañana a través del portavoz que estarían dispuestos a reconocer,
que es competencia plena de ses Illes Balears, entonces son ses Illes
Balears quienes han de hacer la protección. Si no, todo esto lo hacemos
para mantener un fuego caliente a fin de salir a la prensa cada día y
contar la historia que a cada uno le apetezca. Lo que hay que hacer es
que es Parlament de ses Illes Balears, la Comunitat Autònoma de ses Illes
Balears, pueda tener la competencia para protegerla. Nosotros queremos
protegerla y en 1985 fuimos los primeros que protegimos aquel paraje. Si
se va a proteger más, lo protegeremos, pero hemos sido siempre nosotros.
La Comunidad Autónoma de las Islas Baleares, que siempre es noticia por
estos temas ecológicos, es la Comunidad Autónoma más protegida de toda
España, es la región más protegida de toda Europa, tiene el 42 por ciento
protegido. Ya está bien de esta historia, que de verdad me indigna.
(Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Popular.)
Muchas gracias. (El señor Garcías Coll pide la palabra.)
El señor PRESIDENTE: Gracias, Senador Font.
¿Para qué me pide la palabra, Senador Garcías?
El señor GARCIAS COLL: Por el artículo 87, señor Presidente, porque ha
nombrado concretamente al Senador Antonio Garcías Coll.
El señor PRESIDENTE: Yo no he observado que le haya aludido ni que le
haya contestado en absoluto, pero como tampoco quiero aplicar el
Reglamento de forma estricta, tiene un minuto.
El señor GARCIAS COLL: Gracias, señor Presidente.
En primer lugar, quiero recordar que no existen debates estériles. Las
personas podemos hacer el debate estéril o no estéril, pero todos los
debates tienen que ser fructíferos y, por tanto, en todos tenemos que ir
a buscar un resultado.
En este debate hay un conjunto de fuerzas que pretenden obtener un
resultado, y es proteger «Ses Salines» de Ibiza y Formentera, y a través
de ese debate queremos que por parte del Partido Popular se nos asegure
definitivamente que habrá protección para este espacio, que no habrá
ninguna urbanización en este espacio. Ese es el debate que planteamos en
esta Cámara, todo lo demás son consideraciones que no caben.
Por último, quiero recordar a la Cámara que en la votación sobre la
reserva natural el Partido Popular votó en contra y ni planteó el tema de
los límites, ni ninguno de los temas que ahora plantea. La realidad es
que cuando hemos hablado del tema de la protección de «Ses Salines» de
Ibiza y Formentera el Partido Popular ha estado en contra, motivado por
unos argumentos o por otros. La realidad es que en las Islas Baleares
este espacio protegido está en peligro de ser urbanizado.
Muchas gracias. (Pausa.)
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.
Rechazada por el Grupo proponente la enmienda, vamos a pasar a votar la
moción.
El señor PRESIDENTE: Vamos a proceder a la votación.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 221; a
favor, 93; en contra, 117; abstenciones, 11.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Se suspende la sesión hasta las cuatro de la tarde.
Eran las catorce horas y diez minutos.
Se reanuda la sesión a las dieciséis horas y cinco minutos.
MOCIONES CONSECUENCIA DE INTERPELACION (Continuación):
--DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA POR LA QUE SE INSTA A QUE EL
MINISTRO DE FOMENTO INFORME ANTE LA COMISION GENERAL DE LAS COMUNIDADES
AUTONOMAS DE LA RELACION DE CONVENIOS Y ACUERDOS FIRMADOS CON LAS
ADMINISTRACIONES LOCALES Y CON LAS COMUNIDADES AUTONOMAS, DESDE 1993,
PARA EFECTUAR INVERSIONES CONJUNTAS EN INFRAESTRUCTURAS, ASI COMO DEL
CALENDARIO PREVISTO PARA ABORDAR ESE CONJUNTO DE ACTUACIONES Y EL TIPO DE
FINANCIACION QUE PERMITIRA REALIZAR LAS MISMAS. (671/000012.)
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Se reanuda la sesión.
La siguiente moción la presenta el Grupo Parlamentario Socialista. En
ella se insta a que el Ministerio de Fomento informe ante la Comisión
General de las Comunidades Autónomas de la relación de Convenios y
Acuerdos firmados con las Administraciones Locales y con las Comunidades
Autónomas desde 1993 para efectuar inversiones conjuntas en
infraestructuras, así como del calendario previsto para abordar ese
conjunto de actuaciones y el tipo de financiación que permitirá realizar
las mismas.
Para la defensa de esta moción tiene la palabra la Senadora Pleguezuelos
por un tiempo de cinco minutos.
La señora PLEGUEZUELOS AGUILAR: Gracias, señor Presidente.
Quisiera decir, en primer lugar, que mi Grupo Parlamentario ha remitido
una enmienda con la intención de que se añada que también el Ministerio
de Medio Ambiente presenta tales acuerdos y convenios ante la Comisión
general de las Comunidades Autónomas, ya que en la moción sólo consta el
Ministerio de Fomento.
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Señora Senadora, así consta. La
Presidencia tiene ya la enmienda a que usted se refiere.
La señora PLEGUEZUELOS AGUILAR: Muchas gracias, señor Presidente. (El
señor Presidente ocupa la Presidencia.)
El pasado 19 de noviembre, durante la interpelación que mi Grupo planteó
al señor Ministro de Fomento a la vista de la importancia --grave en
nuestra opinión-- que tiene la reducción de la inversión pública de los
presupuestos generales del Estado para 1997, requerimos del Ministro que
nos permitiera conocer cuál era el futuro de esa panoplia de compromisos
--así lo llamaba yo-- que adquirió el anterior Ministerio de Obras
Públicas, Transportes y Medio Ambiente con otras administraciones
territoriales. Pues bien, el señor Ministro no sólo nos sorprendió, sino
que lo hizo doblemente. En primer lugar, sorprendió a esta Cámara negando
la reducción en inversión pública en los presupuestos para 1997.
Afirmaba el Ministro lo contrario de lo que todos --repito, todos-- los
analistas políticos y económicos, incluido el señor Rato, vienen diciendo
desde que se conoció el proyecto de presupuestos del Gobierno del Partido
Popular, esto es, que la inversión pública de estos presupuestos se
reduce en un 7 por ciento. Pues bien, el señor Arias Salgado nos dijo el
otro día que eso no era así, que se incrementaba la inversión pública
para 1997.
También nos sorprendió el Ministro, aunque yo diría que en menor grado
--ya nos tienen habituados a eso los Ministros y Ministras del Gobierno
del Partido Popular--, con sus respuestas opacas y no comprometidas;
respuestas que dejaron sin resolver los interrogantes que se le
plantearon sobre el futuro de los acuerdos y convenios de la
Administración central con otras Administraciones.
Señorías, de todos es conocido que los presupuestos generales del Estado
para 1997 recogen una notable reducción en materia de inversión pública,
de modo que ni siquiera ese cajón de sastre que es el Capítulo 8,
Transferencias de capital, va a permitir resolver los desajustes que, sin
duda, se producirán en el proceso de modernización iniciado en todas las
Comunidades Autónomas y ayuntamientos. Sobre todo, nos tememos que puedan
incidir negativamente en el proceso vertebrador de nuestras Comunidades.
Unos presupuestos restrictivos como éstos requieren, no de creatividad
contable --como se ha dicho por algunos miembros del Partido y el
Gobierno Popular--, sino yo diría que de voluntad política para buscar
mecanismos complementarios, pero también transparentes, que ayuden al
desarrollo y la realización de las infraestructuras más urgentes y
precisas para que no frenemos la modernización y, por ende, el
crecimiento y el empleo.
Como decía en la defensa de la interpelación, para los socialistas, el
método de financiación concertada ha sido uno de esos mecanismos, que ha
permitido abordar un conjunto mayor de inversiones y, sobre todo, que nos
enfrentemos con el conjunto de inversiones especialmente cooperativas
entre las distintas Administraciones públicas. Ha sido, pues, un
instrumento que ha permitido que a través de los flujos presupuestarios
se pueda abordar y compensar el desfase entre los recursos
presupuestarios y las necesidades de inversión de los distintos
territorios, sin duda, legítimas, justas y necesarias.
Ese conjunto de inversiones consideradas estratégicas por las Comunidades
Autónomas y los ayuntamientos fue el que nos movió a todos --y digo
todos, porque todas las fuerzas políticas se han visto implicadas en
estos acuerdos-- a que las Administraciones actuantes firmaran acuerdos
con el antiguo Mopma; acuerdos y convenios que hoy no conocemos, insisto,
por la falta de respuesta del Gobierno Popular. Tampoco sabemos si forman
parte o no de sus compromisos, señores del Gobierno Popular, ni el
calendario de actuación previsto, si es que existe. Ni siquiera conocemos
los mecanismos de financiación para abordarlos, en el caso hipotético de
que vayan a realizarlos.
Entendemos, Senador Bris --porque me imagino que será usted quien dé
respuesta a esta moción--, que el Parlamento tiene derecho a conocer el
contenido territorial, las prioridades y las condiciones presupuestarias
y extrapresupuestarias de las inversiones públicas. Creemos que el
Senado, como Cámara de representación territorial, es el marco adecuado
para conocer el cuadro de compromisos que el Estado tiene con las
restantes Administraciones en materia de infraestructuras. Por tanto,
también nos interesa conocer el grado de respaldo que el Gobierno del
Partido Popular da a esos acuerdos, conseguidos a través del consenso con
distintas Administraciones, y que, como antes he dicho, en muchas
ocasiones incluso han sido firmados por su fuerza política.
Por ello, nuestra moción insta a los Ministerios inversores, los
Ministerios de Fomento y de Medio Ambiente, para que comparezcan ante la
Comisión General de las Comunidades
Autónomas e informe a ésta de la relación de convenios y acuerdos
firmados con las Administraciones territoriales para efectuar inversiones
conjuntas en infraestructuras.
Señorías, hemos elegido la fecha de 1993 porque entendemos que los
proyectos plurianuales requieren de una inversión consecuentemente
dilatada en el tiempo y quisiéramos conocerlos desde esa fecha, así como
el calendario previsto para abordar el tipo de financiación que pueda
permitir realizarla.
Consideramos que en el seno de esa Comisión, como usted sabe, Senador
Bris, se abordan los problemas de los entes territoriales. Por tanto, es
el lugar idóneo para conocer y debatir sobre los convenios y los acuerdos
entre estos entes y el Estado.
En esa Comisión también tendremos ocasión de conocer la opinión y las
prioridades de los titulares de las distintas Consejerías y de los
representantes públicos de las otras administraciones y --esto es muy
importante-- el grado de compromiso político y presupuestario con que
ellos mismos respaldan en sus presupuestos los acuerdos convenidos con el
antiguo Moptma.
Señorías, sabemos y compartimos que estos presupuestos de 1997 son y
deben ser restrictivos --se lo decía el otro día en mi interpelación--,
pero no compartimos la filosofía presupuestaria del Grupo Parlamentario
Popular de reducir la inversión pública en los porcentajes en que lo
hacen, Senador Bris.
Todavía hay algo que creemos que es peor que el porcentaje de reducción
de la inversión pública, y es que no conocemos cuáles van a ser los
proyectos a los que finalmente se destinarán esos algo más de 100.000
millones de pesetas del Capítulo 8, de Transferencias de capital.
El señor PRESIDENTE: Le ruego que vaya terminando.
La señora PLEGUEZUELOS AGUILAR: Ya termino, señor Presidente.
Al Parlamento no se le puede negar el conocer la regla «ex ante», que
permita un control social de esas inversiones. No basta, señorías, con
conocer las reglas «ex post». No queremos conocer sólo las reglas finales
cuando se hayan abordado. Creemos que la Comisión General de las
Comunidades Autónomas deben de tener esa información porque así podremos
saber cuál es, y si peligra, la vertebración social de nuestros
territorios, de nuestros municipios, de nuestras Comunidades.
Por ello, señorías, les pido el apoyo a esta moción para que las
Comunidades Autónomas, los ayuntamientos y, desde luego, esta Cámara,
puedan conocer el futuro de esas inversiones comprometidas por el
anterior Ministerio y que aún hoy, a fecha 4 de diciembre, no sabemos si
constituyen o no compromiso del Grupo Parlamentario Popular.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.
¿Turno en contra? (Pausa.)
¿Turno de portavoces? (Pausa.)
¿Por el Grupo Parlamentario Mixto? (Pausa.)
¿Por el Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos? (Pausa.)
¿Por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió?
Por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió,
tiene la palabra el Senador Cambra i Sánchez.
El señor CAMBRA I SANCHEZ: Muchas gracias, señor Presidente.
Voy a intervenir muy brevemente para hacer patente nuestra posición sobre
esta moción.
Para no repetir el debate que celebramos hace 15 días en el anterior
Pleno, quiero manifestar que vamos a votar negativamente a esta moción
porque, como ya dijimos en el debate de la interpelación, entendemos que
el recorte de la inversión figura efectivamente en los presupuestos como
teórico, por cuanto que hay previstos unos mecanismos
extrapresupuestarios que deben compensar --y esperemos que con creces, si
se implementan como está previsto-- este déficit de inversión.
Por otro lado, en cuanto al contenido concreto de la moción, entendemos
que estos acuerdos en su momento fueron públicos y, por tanto, conocidos.
En consecuencia, es cuestión de recopilar esta información para saber
cuáles fueron los acuerdos firmados por el Gobierno, a partir del año
1993.
Por este motivo reitero el voto negativo de nuestro Grupo a esta moción.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, Senador Cambra.
Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra la señora
Pleguezuelos Aguilar.
La señora PLEGUEZUELOS AGUILAR: Muchas gracias, señor Presidente.
No es que no tenga intención de intervenir --lo voy a hacer-- y de
contestar al Senador Cambra, pero este debate parece bastante vacío. Una
vez más el Grupo Parlamentario Popular nos vacía de contenido.
El señor PRESIDENTE: Senadora Pleguezuelos, suponía que solicitaba la
palabra por el artículo 87. Usted ya ha intervenido y no puede hacerlo
ahora.
La señora PLEGUEZUELOS AGUILAR: Sigo, señor Presidente, por el artículo
87. (Risas.)
El señor PRESIDENTE: Tiene un minuto.
La señora PLEGUEZUELOS AGUILAR: Gracias, señor Presidente.
Senador Cambra, los acuerdos son bilaterales o multilaterales. No cabe
duda. Algunas veces son conocidos pero, más que los acuerdos, quiero
conocer el calendario para
dar contenido y solución a los mismos. Creo que esta Cámara debe
conocerlos.
Sé que hay fuerzas políticas a las que les interesan mucho más los
acuerdos bilaterales, pero eso es hurtar a las Cámaras el conocimiento.
Ni siquiera pretendo, señoría, conocerlo con detalle, que podríamos
hacerlo, quiero saber el respaldo que da el Grupo Parlamentario Popular,
el Gobierno Popular, a los acuerdos ya firmados. Ni siquiera pido los
nuevos acuerdos, sólo ese calendario, ante unos Presupuestos que, sin
duda, comportarán demoras. ¿Cuáles? ¿Qué proyectos se demoran? ¿Por qué
circunstancias y qué prioridades son las que se establecen?
Debo reiterar, señor Presidente, que el debate se queda vacío de
contenido, porque si una fuerza política que sustenta al Gobierno no
interviene en un turno en contra, señoría, vacía de contenido al
Parlamento, a pesar de las tremendas y graves promesas electorales que se
hacen en campaña por parte del Grupo Parlamentario Popular.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, Senadora Pleguezuelos.
Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el Senador Bris.
El señor BRIS GALLEGO: Señor Presidente, señorías, Senadora Pleguezuelos,
he de decirle que yo no he hecho el Reglamento, lo ha hecho toda la
Cámara.
En el Pleno del día 19 de noviembre, presentó su señoría una
interpelación en el mismo sentido que el contenido de la moción que hoy
estamos debatiendo. En el transcurso de la misma, y como conclusión
parcial, decía la Senadora que el señor Ministro no había contestado a la
misma y anunciaba, reiterando en este punto, la presentación de una nueva
moción. Una moción que insiste en un tema lleno de sombras como es el de
convenios, acuerdos y promesas --que todo cabe en este amplio cajón-- que
se dejan firmados, y a veces sin firmar, con otras Administraciones
públicas, Comunidades Autónomas, diputaciones y ayuntamientos --a veces,
en épocas preelectorales--. Toda esta situación de convenios y acuerdos,
muchos sin consignación presupuestaria, ha supuesto y supone una enorme
preocupación para el actual Gobierno, que ha podido comprobar cómo se ha
producido un grave agujero presupuestario de más de 700.000 millones de
pesetas que, como sus señorías saben, está causando graves perturbaciones
en la economía española, y que para el reajuste del mismo se vio obligado
a la adopción de medidas extraordinarias que, desde luego, nadie deseaba.
He de decirles, señorías, que en los presupuestos generales del Estado
para 1997 no se produce notable reducción alguna en materia de inversión
pública, como señala la Exposición de Motivos de la misma, aunque sí es
cierto que desde el año 1990 se venía produciendo una caída sistemática
en la inversión de infraestructuras --caída ya denunciada en este
Parlamento--, que tuvo su cenit en el último recorte presupuestario hecho
por el Gobierno socialista, y una tendencia a la baja que precisamente se
rompe en 1997, cuando el presupuesto consolidado del Ministerio de
Fomento asciende --y son cifras del propio Presupuesto-- a 1 billón
103.000 millones de pesetas, lo cual supone un incremento del 5,8 por
ciento en relación al Presupuesto programado de 1996, pasando, señoría,
del 0,78 por ciento del PIB en 1995, al 0,89 para 1997.
Por lo tanto, señoría, no se puede hablar de otros desajustes que no sean
los que produjo el Gobierno socialista con su promesa de políticas
incumplidas y convenios de acuerdos electoralistas, sin dinero alguno
para poder cumplirlos. En todo caso, señorías, sí podemos hablar de
ajustes presupuestarios y de tratar precisamente de ordenar las
inversiones, marcando un calendario ordenado a las posibilidades
presupuestarias y a la prioridad de las infraestructuras a considerar,
que es en parte lo que sus señorías conocen, por figurar de esa forma en
el proyecto de Presupuestos que del Congreso nos ha sido enviado al
Senado.
El Ministerio de Fomento y el Gobierno del Partido Popular sí han tenido
en cuenta aquellos convenios firmados por el anterior Ministerio de Obras
Públicas que se encuentran conformes a la norma política y
presupuestaria, pudiendo afirmar que en ellos, como ya señaló el señor
Ministro, no aparecen actuaciones importantes en materia de
infraestructuras que no se encuentren ya incluidas en los presupuestos, y
dentro de esas líneas de compromiso que recogen sus plurianualidades va a
ejercer este presupuesto un impacto notable sobre la economía española,
en especial en uno de los sectores en los que posiblemente haya más
convenios firmados con el resto de las administraciones, nos referimos al
de la construcción, ya que en España es éste, señorías, un factor que
contribuye en un 9 por ciento al total del PIB frente al 6 por ciento de
la media de la Unión Europea, pretendiendo, como decimos, a través del
presupuesto, financiar las actuaciones de la política de vivienda para
mantener el impulso necesario y recuperar el tramo perdido.
Por otra parte, no entendemos cómo se puede hablar de desaceleración de
la inversión y de pérdida en el impulso modernizador de nuestras
infraestructuras cuando en el período comprendido entre los años 1990 y
1995 los gastos de infraestructura del antiguo Ministerio de Obras
Públicas y actual de Fomento disminuyeron 0,26 puntos porcentuales, lo
que representa en torno al 16 por ciento de caída del total de las
inversiones de las administraciones públicas. Y lo mismo, señorías, se
puede decir de la inversión total del Ministerio y de los organismos y
entes dependientes del mismo, que disminuyó desde el 1,20 por ciento del
PIB en 1990 al 0,78 por ciento en 1995.
Esta es una moción que quiere instar al Gobierno de la nación a algo que
ya está regulado por ley, ya que la tramitación de los convenios de
colaboración entre la Administración del Estado y las Comunidades
Autónomas las regula el acuerdo del Consejo de Ministros de 2 de marzo de
1990, que se complementó con el de 21 de julio de 1995, de delegación de
competencias del Consejo de Ministros en los propios Ministros, normas
entre las que figuran la obligación de publicarlos en el «Boletín Oficial
del Estado», por lo que tienen de consideración de documentación pública
y de general conocimiento y publicidad.
Si los convenios, señorías, no hubieran sido publicados, adolecerían de
un defecto de forma que sería responsabilidad del correspondiente
Ministro. Por lo tanto, no consideramos oportuna, puesto que ya está la
norma y ya están publicados en el Boletín, la moción a la que insta el
Partido Socialista.
Por otra parte, quiero señalar que los convenios de colaboración con
otras administraciones territoriales distintas de las Comunidades
Autónomas, principalmente los ayuntamientos, no están sujetos a esta
obligación de publicación en el «Boletín Oficial del Estado», pero su
número es muy reducido y, por tanto, irrelevante.
En razón de estos argumentos, anuncio nuestro voto en contra de la
moción.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, Senador Bris.
Terminado el debate, vamos a proceder a la votación de la moción.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 209; a
favor, 81; en contra, 127; abstenciones, una.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
--DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA POR LA QUE SE INSTA AL GOBIERNO A
QUE TODAS LAS DECISIONES RELACIONADAS CON LA REORDENACION DEL SISTEMA
ELECTRICO NACIONAL Y TODOS LOS CAMBIOS EN SU REGULACION SEAN COHERENTES
CON EL OBJETIVO DE INTRODUCIR GRADUALMENTE COMPETENCIA EN EL SECTOR Y SE
CUENTE CON LA COLABORACION Y OPINION PREVIA DE LA COMISION NACIONAL DEL
MERCADO DE VALORES (CNMV), LA COMISION DEL SISTEMA ELECTRICO NACIONAL
(CSEN) Y, CUANDO LA CUESTION LO REQUIERA, DEL TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA
COMPETENCIA; Y A QUE GARANTICE LA INDEPENDENCIA OPERATIVA DE LAS EMPRESAS
UNA VEZ CULMINADO EL PROCESO DE CONCENTRACION ACCIONARIAL Y ANTES Y
DESPUES DE LA EVENTUAL PRIVATIZACION DEL GRUPO RESULTANTE. (671/000014.)
El señor PRESIDENTE: Moción del Grupo Parlamentario Socialista por la que
se insta al Gobierno a que todas las decisiones relacionadas con la
reordenación del Sistema Eléctrico Nacional y todos los cambios en su
regulación sean coherentes con los objetivos de introducir gradualmente
competencia en el sector y se cuente con la colaboración y opinión previa
de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, la Comisión del Sistema
Eléctrico Nacional y, cuando la cuestión lo requiera, del Tribunal de
Defensa de la Competencia; y a que garantice la independencia operativa
de las empresas una vez culminado el proceso de concentración accionarial
y antes y después de la eventual privatización del grupo resultante.
Para defender la moción, su señoría tiene cinco minutos.
El señor GIBERT I BOSCH: Muchas gracias, señor Presidente.
Señorías, instar al Gobierno a que actúe de acuerdo con las
prescripciones legisladas o a que actúe de forma coherente con sus
propias declaraciones de intenciones o de acuerdo con sus propios
compromisos puede parecer una obviedad. Lo obvio debería, seguramente,
considerarse superfluo en un debate parlamentario. La no necesidad de
confirmar obviedades sería tal vez la única razón que se nos ocurre para
votar que no a esta moción que presenta el Grupo Parlamentario
Socialista, ya que no podemos ni queremos interpretar, si alguien vota
que no, que este voto negativo significa que se insta al Gobierno a no
cumplir las prescripciones legisladas, a no ser coherente con su propia
declaración de intenciones o a no actuar de acuerdo con sus propios
compromisos.
Pero nos parece que confirmar esta obviedad no es superfluo, por dos
razones que, a nuestro juicio, tiene cierta entidad. La primera es que el
actual Gobierno no ha tenido en sus actitudes esta coherencia hasta
ahora, y la segunda, más grave, que sigue sin tenerla. Basta para
comprobar esto con leer la prensa de hoy mismo en relación con los
pintorescos avatares del famoso protocolo eléctrico; basta leer la prensa
de hoy para hacer esta afirmación. La lectura de la prensa de hoy ha
modificado, incluso, en alguna medida esta intervención que, en nombre
del Grupo Parlamentario Socialista, estoy realizando en relación a la que
tenía prevista, porque prueba y avala nuestra afirmación en el debate de
la interpelación del día 19 de octubre de que las compañías eléctricas
están actuando como legisladores en la sombra y que el Gobierno ha
dimitido, por tanto, de su función en este sentido.
En el protocolo que el Gobierno estaba dispuesto a firmar hace tan solo
quince días, se reconocían costes de hundidos o de ineficiencia o
derivados de decisiones políticas, como se quieran llamar, por importe de
2,3 billones de pesetas, a repercutir durante los próximos diez años en
las tarifas eléctricas. Pues bien, hoy nos enteramos por la prensa, sin
que se haya modificado ninguna variable en relación al cálculo de este
tipo de costes y gracias a los informes de la CSEN que han obligado a
negociar al Gobierno, que estos costes ya se estiman tan sólo en 1,9
billones. Se dirá que esto es fruto de una negociación, pero es que hace
tan sólo quince días el Gobierno estaba dispuesto a firmar estos costes
con 2,3 billones; hoy con 1,9 billones. Es decir, se estaban regalando
literalmente, como mínimo, porque creo que esta cantidad todavía tiende a
descender, 0,4 billones de pesetas, 400.000 millones de pesetas, que iban
a parar directamente a las cuentas de explotación de las compañías
eléctricas. Además, subsiste hoy, y nos enteramos también por la prensa,
el carácter no revisable de este cálculo de costes de ineficiencia, a
pesar de que puede haber variaciones a la baja. Son previsibles algunas,
por
ejemplo, costes financieros, el precio del dinero, y en el caso de un
descenso del precio del dinero, no se modificaría el cálculo de estos
costes, por lo tanto, seguirían gravando la tarifa eléctrica y estos
beneficios adicionales pasarían también directamente a las cuentas de
explotación de las compañías.
Por si hacen falta más argumentos, sus señorías deben saber que, a
principios de octubre, antes de las primeras filtraciones y de los
primeros movimientos en relación a este tema de la reestructuración del
sector, diversos confidenciales de las corporaciones de análisis
financieros prospectivos, conocedores y divulgadores de la orientación
que iba a tener el protocolo, aconsejaban comprar y pronosticaban nuevos
valores con incrementos entre el 8 y el 66 por ciento del valor bursátil
de las acciones de las distintas compañías. A nuestro juicio, no hay
prueba mejor de hasta qué punto de protocolo era y sigue siendo
beneficioso para las mismas. Aunque parezca increíble es verdad. Hay
tiempo para rectificar, no todo, naturalmente --la absurda triple
concentración impulsada por el Gobierno en el sentido horizontal,
territorial y vertical, de que hablábamos el otro día, ya no tiene
remedio-- pero todavía se puede evitar nuevas barreras a la libre
competencia y nuevos errores derivados de la negociación bilateral opaca
con una parte del sector. Basta con que el Gobierno haga caso de esta
moción, recuperando así su papel de órgano regulador desde el punto de
vista de los intereses generales, asesorado por la CSEN, en lugar de
delegar esta función en una de las partes que actúa evidentemente como
parte interesada.
Por lo tanto, los dos puntos de la moción dicen simplemente esta
obviedad: que el Gobierno haga lo que deba hacer en función de sus
compromisos y las prescripciones legisladas, es decir, que todas las
decisiones relacionadas con la reordenación del sistema eléctrico y todos
los cambios en su regulación se tomen en aras de introducir libre
competencia y contando con la opinión previa de la Comisión Nacional del
Mercado de Valores y de la CSEN. Y el segundo, que garantice la
independencia operativa de las empresas una vez culminado el proceso de
concentración accionarial y antes y después de la eventual privatización
del grupo, con el doble compatible objetivo de favorecer la competencia y
de mantener la vinculación de las empresas a su ámbito territorial y su
compromiso con los respectivos desarrollos regionales. Pedimos a todos
los grupos el voto afirmativo, puesto que, según parece, este Gobierno
precisa, incluso, que le recordemos obviedades.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, Senador Gibert.
¿Turno en contra? (Pausa.) ¿Turno de portavoces? (Pausa.) ¿Grupo Mixto?
(Pausa.) ¿Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos? (Pausa.)
¿Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió?
(Pausa.) El Senador Simó tiene la palabra.
El señor SIMO I BURGUES: Muchas gracias, señor Presidente.
Señorías, como ya dijimos cuando se presentó la interpelación que ha dado
motivo a la presente moción, la reordenación del sector eléctrico es una
cuestión fundamental, cuya liberalización, con todas las dificultades que
pueda comportar, no sólo es necesaria y conveniente para nuestra
economía, sino también imprescindible, debido a nuestra pertenencia a la
Unión Europea, con cuyos países, tanto en éste como en otros campos,
debemos homologarnos.
En su intervención, el señor Gilbert ha hecho referencia a toda una serie
de hechos que tuvieron lugar con motivo del preacuerdo firmado por Endesa
y Fecsa y a la intervención de los organismos competentes, obligando a
que se tomasen diversos compromisos con el fin de salvar intereses de los
consumidores y aceptar el arbitraje previo del Tribunal de Defensa de la
Competencia.
Naturalmente, la reordenación del sector eléctrico debe hacerse con toda
transparencia. Esta es la opinión de nuestro Grupo. Hay que tomar las
decisiones que sean necesarias pero teniendo en cuenta esa transparencia
--ya lo decíamos en el momento de intervenir con motivo de la
interpelación--. En realidad se está iniciando el camino, y nosotros
consideramos que el Gobierno debe avanzar por ese camino de claridad en
su política de reordenación y liberalización del sector, y, en todo caso,
explicando en cualquier momento aquellos aspectos que puedan resultar
confusos o suscitar suspicacias.
Hoy se presenta ante la Cámara la moción que nos ocupa por la que se
insta al Gobierno a que se tome una serie de medidas a lo largo de todo
el proceso. Sin embargo, y aun coincidiendo en parte con el sentido de la
moción, no acabamos de compartir en su totalidad la redacción del texto.
Por tanto, nuestro voto va a ser negativo a dicha moción.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.
Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el señor Gil-Ortega.
El señor GIL-ORTEGA RINCON: Gracias, señor Presidente.
Señorías, esta moción, consecuencia de la interpelación realizada por el
Grupo Parlamentario Socialista el pasado 19 de noviembre, tuvo cumplida
respuesta por el señor Piqué, Ministro de Industria y Energía, y es, por
tanto, una moción reiterativa y poco novedosa, pero que da pie a
manifestar nuevamente la política ya expuesta por el Gobierno en relación
a la reordenación del sector eléctrico, y sobre todo a dar respuesta a
las dudas planteadas en ella. La moción insta al Gobierno a que todas las
decisiones relacionadas con la reordenación y todos los cambios en su
regulación sean coherentes con el objetivo de introducir gradualmente
competencias en el sector, y se cuente con la colaboración y opinión
previa de la Comisión Nacional del Mercado de Valores y la Comisión del
Sistema Eléctrico Nacional y, cuando la cuestión lo requiera, del
Tribunal de Defensa de la Competencia.
He leído textualmente la moción para decirles que todo eso ya se hace y
se hará según la legislación vigente, en
aras, claro está, a la transparencia indispensable en todo proceso de
reordenación. He leído también la moción porque en ella se nos pide
coherencia y qué mayor coherencia, señorías, que, de acuerdo con el
programa del Partido Popular, se haga un planteamiento general de la
política energética basada en la introducción de la competencia y en la
liberalización de los mercados energéticos en general, no sólo del
eléctrico. Qué mayor coherencia, señorías, que comprometerse a bajar las
tarifas eléctricas, que están por encima del promedio de la Unión
Europea, en una disminución del 20 por ciento, incluyendo la inflación, y
que para las pequeñas y medianas empresas supondrá un ahorro de entre un
25 y un 30 por ciento, lo que redundará en una mayor competitividad,
concepto este imprescindible para la supervivencia de muchas de ellas, y
que conlleva no perder valor adquisitivo en un porcentaje importante, así
como el compromiso de liberalizar el mercado de acceso a las materias
primas, producción de electricidad y acercar los precios de esta
adquisición de materias primas a los precios internacionales. Todo ello
basado en un modelo de competencia y no de monopolio, según el modelo
europeo de la competitividad y de libre mercado.
Esta misma coherencia energética nos lleva a proseguir con la
diversificación de la fuente de producción de energía política, y hay que
reconocerlo, iniciada por el anterior Gobierno Socialista y que sigue
siendo válida en estos momentos. Y ahí está la apuesta del gas como
fuente de producción de energía eléctrica.
Desde este planteamiento, señorías, y dando respuesta al texto de la
moción presentada hoy, puedo asegurarles que las decisiones adoptadas en
relación con la reordenación del sistema eléctrico lo han sido previo
informe de los órganos que de acuerdo con la legislación vigente,
elaborada, por cierto, durante el mandato socialista, tiene que informar.
En este contexto se solicitó informe de la Comisión Nacional del Mercado
de Valores, cosa que también se hubiera hecho con el Tribunal de Defensa
de la Competencia en el caso de que hubiera sido preciso, organismo este
que, como ustedes saben, ha de velar por la competencia en general,
actuando cuando se produzcan hechos que puedan atentar contra la libre
competencia, y no sobre la base de un conjunto de intenciones expresadas,
por ejemplo, en un protocolo.
En cuanto a la Comisión del Sistema Eléctrico Nacional, como órgano
consultivo del Ministerio de Industria y Energía y que debe velar por la
transparencia del Sistema Eléctrico, siempre se solicita informe a la
misma cuando lo que requiere la legislación vigente, como fue el caso que
nos ocupa.
Por lo que respecta al futuro de las empresas involucradas en la
reordenación, las mismas firmaron entre ellas sendos acuerdos en los que
se destaca de una forma precisa que la integración como grupo, a la que
aspiran las mismas como conjunto, será congruente con el mantenimiento de
una filosofía de descentralización y autonomía operativa de cada una de
las empresas firmantes.
Por todo ello, consideramos innecesaria y fuera de lugar la moción ya
que, por un lado, es obvio, como usted decía, señor Senador, que el
Gobierno recurrirá a los órganos competentes cuando así lo exija la
legislación vigente y, por otro, los acuerdos firmados por Endesa,
Sevillana de Electricidad y Cepsa permiten, dentro del mismo grupo, la
autonomía futura de dichas empresas en sus respectivos ámbitos de
actuación.
Señor Senador, el voto negativo no significa, en absoluto, incumplir
compromisos, significa que ya se están cumpliendo, y no hay por qué ser
reiterativos ni machacar sobre lo mismo.
Señor Senador, para su tranquilidad, el Gobierno, como usted bien ha
dicho, está haciendo lo que tiene que hacer.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señoría. (El Senador Albistur Marín
pide la palabra.)
El Senador Albistur tiene la palabra.
El señor ALBISTUR MARIN: Señor Presidente, acudo a su magnanimidad para
poder manifestar una breve posición de nuestro Grupo en función de un
pequeño problema que ha ocurrido que tanto usted como yo conocemos.
El señor PRESIDENTE: En función de ese pequeño problema y de la
aplicación, siempre obligada, del artículo 87, su señoría tiene la
palabra por tres minutos, a los que ruego que se ciña estrictamente.
El señor ALBISTUR MARIN: Muchas gracias, señor Presidente.
Seré más breve que tres minutos, y agradezco sinceramente y, además,
muestro a esta Cámara su magnanimidad, pues creo que es un ejemplo
clarísimo de buena comprensión y de tolerancia parlamentaria.
Quiero manifestar, en principio, el acuerdo de nuestro Grupo a gran parte
de la Moción presentada por el Partido Socialista, sobre todo en lo que
significa la introducción de las funciones que la Comisión Nacional del
Mercado de Valores y la Comisión del Sector Eléctrico Nacional deben
cumplir en cualquier actuación que dentro del sector se vaya a realizar.
La operación de Endesa ha estado cubierta por un relativo oscurantismo.
No creemos que se haya pretendido, pero sí que ha sido un cierto error y
que ha habido una actitud cuando menos ocultista hacia todas las partes
interesadas en la intervención y en la actuación de la empresa Endesa. Y
cuando me refiero a todas estas partes, me refiero, precisamente, a este
Senado y a las Cortes en general, que deberían haber sido informadas y
haber conocido cuáles eran las finalidades que se buscaban con la
operación que se estaba planteando por el Ministerio o que, por lo menos,
éste estaba promocionando.
Desde nuestro punto de vista, solicitamos del Ministro una información
clara sobre esta operación, y éste es el día en que todavía no hemos
obtenido contestación.
Sin embargo, no estamos de acuerdo tampoco con todos los aspectos de la
propuesta planteada por el Grupo Parlamentario Socialista, porque durante
la época en la que gobernaron pudieron haberse llevado a cabo operaciones
que habrían impedido el que llegásemos hoy a esta situación,
habiendo reconocido una mayor contribución, más que al Ministerio de
Industria, a la Comisión del Sector Eléctrico Nacional, que para eso se
creó mediante la Ley aprobada en el año 1994. Sin embargo, la prevalencia
del Ministerio de Industria sobre la Comisión nos ha llevado a la
situación que hoy tenemos entre nosotros, y eso no es cuestión del
Partido Popular o del partido que gobierne; es una cuestión de quienes de
alguna forma no le reconocieron en su momento todas las competencias que
correspondían.
Nuestro Grupo va a votar a favor de la moción, pero esperemos, sobre
todo, que sea como una llamada de atención al señor Ministro,
fundamentalmente porque creemos que debe ser contemplada una mayor
transparencia, una mayor comunicación con las Cortes Generales, y que,
sobre todo, debe existir una mayor información pública sobre estos
asuntos.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.
Terminado el debate, vamos a proceder a la votación.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 210; a
favor, 85; en contra, 124; abstenciones, una.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
--DEL GRUPO PARLAMENTARIO CATALAN EN EL SENADO DE CONVERGéNCIA I UNIO POR
LA QUE SE INSTA AL GOBIERNO PARA QUE, EN EL MARCO DEL DIALOGO QUE SE
LLEVA A CABO PARA LA CONSECUCION DEL PACTO LOCAL, PROFUNDICE EN LAS
CONVERSACIONES CON LAS COMUNIDADES AUTONOMAS Y LA REPRESENTACION
MUNICIPAL, EN ARAS DE LOGRAR EL ADECUADO MARCO COMPETENCIAL Y UN
EQUITATIVO REPARTO DE LA PARTICIPACION EN LOS INGRESOS DEL ESTADO ENTRE
LOS PEQUEÑOS, MEDIANOS Y GRANDES MUNICIPIOS. (671/000013.)
El señor PRESIDENTE: Moción del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado
de Convergència i Unió por la que se insta al Gobierno para que, en el
marco del diálogo que se lleva a cabo para la consecución del pacto
local, profundice en las conversaciones con las Comunidades Autónomas y
la representación municipal, en aras de lograr el adecuado marco
competencial y un equitativo reparto de la participación en los ingresos
del Estado entre los pequeños, medianos y grandes municipios.
Tiene la palabra el Senador Beguer.
El señor BEGUER I OLIVERES: Muchas gracias, señor Presidente.
Señorías, en la interpelación que presentamos hace dos semanas quisimos
dejar constancia de que la problemática de la definición de las
competencias de las corporaciones locales y de su financiación preocupa a
los más de 8.000 municipios españoles, interesa a la totalidad de los
ciudadanos y ocupa, sin duda alguna, buena parte del tiempo del Gobierno
central y de los gobiernos de las Comunidades Autónomas en la búsqueda de
las mejores soluciones.
En el debate que tuvo lugar en esta Cámara quedó patente por parte de
quienes intervinieron --el Senador que les habla, el Senador y ex
Ministro don Joan Lerma y el Ministro de Administraciones Públicas, don
Mariano Rajoy-- que existe una base de acuerdo entre las distintas
fuerzas políticas en cuanto se refiere al pacto local, pero que es
necesario concretarlo.
En nuestra interpelación quisimos hacer hincapié, sobre todo, en la
financiación, seguramente el aspecto más difícil de resolver. Y dentro de
ella, insistimos en el desequilibrio que se produce entre los grandes y
los pequeños municipios. Es decir, en la fórmula del reparto que, por
decirlo de alguna manera, castiga, entre comillas, a los pequeños
municipios, y especialmente a los de menos de 5.000 habitantes, mediante
una fórmula que los deja a poco más de un tercio por habitante que a los
grandes municipios. Tampoco los medianos salen, a nuestro juicio,
equitativamente tratados.
Ocurre, además, que las grandes ciudades pueden hacer oír su voz con más
facilidad, tienen acceso, como grupo o individualmente, a las puertas del
Presidente del Gobierno central y de los presidentes de las Comunidades
Autónomas, y cualquier pequeño problema o planteamiento de las grandes
ciudades goza enseguida de un eco y de una atención que no logran los
pequeños y medianos municipios, ni siquiera actuando unidos en una sola
voz.
Hace poco, la prensa se refería al compromiso del Presidente del Gobierno
ante un alcalde de una gran capital donde le refería su voluntad de sacar
adelante el año próximo la ley de grandes ciudades. Y no es que, por
nuestra parte, nos opongamos a ello. Entendemos que Madrid, Barcelona,
Valencia, Sevilla, Zaragoza, Málaga y Bilbao tienen una problemática
específica y son unas capitales que requieren, evidentemente, un
tratamiento especial. Pero no hemos de olvidar que si los ayuntamiento
son la Administración más próxima al ciudadano, y la que está obligada a
dar respuesta a los problemas que plantea la necesidad o, a veces, la
presión popular, ello ocurre de un modo especialmente relevante en los
pequeños y en los medianos municipios. La falta de trabajo, las
necesidades de vivienda, las dificultades en la relación familiar, el
desarraigo social, la droga, son problemas comunes; pero los
requerimientos de segundo orden, aquellos que podríamos caracterizar como
de desarrollo económico, cultural, estudios de segundo o tercer nivel,
universidad, etcétera, se dan principalmente y de forma muy especial en
los pequeños y medianos municipios.
En el último Pleno aportamos datos suficientes --entiendo-- sobre la
financiación municipal y sobre lo ponderado de la gestión municipal. Es
decir, entendemos que la Administración municipal es correcta y que,
aunque debe recurrir frecuentemente a fuentes de financiación elevadas,
ello ocurre porque en España la financiación municipal sobre el producto
interior bruto es netamente inferior a la de
otros países de nuestro entorno, y dimos ejemplos numéricos sobre ello.
Por tanto, en el debate nos agradó comprobar que tanto don Joan Lerma
como el Ministro sintonizaban en esta idea y nos agradó comprobar también
cómo el Ministro, hablando del aspecto competencial, afirmaba la creación
de un grupo de trabajo para regular aquellas cuestiones cuya competencia
corresponde actualmente al Estado, y ponía a modo de ejemplo el estudio
para que las Corporaciones Locales puedan recurrir al Tribunal
Constitucional en determinados casos.
En resumen, señorías, es posible y deseable llegar a un pacto local tras
las necesarias consultas y conversaciones con las Comunidades Autónomas y
con la representación del municipalismo. A nosotros nos gustaría que se
consultase no sólo a la Federación Española de Municipios y Provincias,
sino también a las diversas asociaciones más representativas.
Y acabo, señorías, confiando en que se apruebe y se lleve a cabo el
contenido de la moción en los términos que en la misma se fijan, es
decir, que se alcance el pacto local en aras de lograr el adecuado marco
competencial y un equitativo reparto en la participación en los ingresos
del Estado entre los pequeños, medianos y grandes municipios.
Nada más y muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.
¿Turno en contra? (Pausa.)
¿Turno de portavoces? (Pausa.)
Por el Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra el Senador Ferrer.
El señor FERRER ROSELLO: Señor Presidente, únicamente quiero manifestar
que mi Grupo apoyará la moción presentada por el Grupo Parlamentario
Catalán en el Senado de Convergència i Unió.
Gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.
¿Por el Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos? (Pausa.)
Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el Senador Armet.
El señor ARMET I COMA: Gracias, señor Presidente.
La moción, tal y como está, merece nuestra aprobación. Lo que dice la
moción no es una obviedad, sino que señala una voluntad política. Estamos
en esta voluntad política y, desde este punto de vista, esta moción
tendrá todo nuestro apoyo.
Pero sí nos gustaría señalar algunos de los aspectos que podrían inducir
a confusión, que serían los siguientes. En primer lugar, no podemos hacer
una clasificación contradictoria en pequeño municipio, mediano municipio
y municipio grande, porque dentro de cada uno de ellos existen
subclasificaciones con problemáticas muy específicas que hay que atender.
El municipalismo, precisamente, es el campo de la riqueza, es el campo
del contraste, especialmente por lo que hace a los grandes municipios;
sobre todo cuando son centros de conurbaciones urbanas presentan unas
problemáticas muy específicas desde el punto de vista de su necesidad de
financiación --especialmente en todo lo que sea grandes infraestructuras
y, concretamente, en temas de transporte especializado para este tipo de
conurbaciones-- y esto, obviamente, tiene su traslado en cuestiones de
financiación municipal.
Nosotros estamos de acuerdo en que debe haber --y es positivo que lo
haya-- un pacto local, que exista una potenciación del municipalismo, que
el peso específico del municipalismo en el desarrollo del gasto total
público en España pueda tener un incremento --estamos hoy en un 11-13 por
ciento y debemos tender a una vocación de incremento del peso específico
del municipalismo--, pero ello sólo será posible básicamente si se hace
un gran esfuerzo por parte de Comunidades Autónomas y por parte del
Estado. Es decir, debe producirse una redistribución de gestión
competencial de forma armónica, pactada y positiva para que pueda
establecerse aquel ideal que todos pensamos algún día de un esquema de
instituciones solidarias y cooperativas que permita que el Estado tenga
un 50 por ciento del gasto público, las Comunidades Autónomas un 25 por
ciento y las Corporaciones Locales otro 25 por ciento. Esto crearía una
lógica que no se puede implementar a corto plazo, pero que se ha de
implementar con una voluntad política.
Por último, me gustaría recordar la intervención del señor Ministro en
relación con este tema, cuando colocó la responsabilidad del desarrollo
del pacto local y del incremento del peso específico de las corporaciones
locales en manos distintas de las Comunidades Autónomas. No es cierto,
aquí existe la voluntad política de un Gobierno que ha de impulsarlo o no
impulsarlo. Desde ese punto de vista, creemos que el Gobierno ha de ser
el primero que participe en esta lógica, que ha de incentivar esta
lógica, que ha de corresponsabilizarse con esta lógica, juntamente con
las Comunidades Autónomas, pero no dejando el problema en manos de las
Comunidades Autónomas y que sean éstas quienes lo hagan o no lo hagan,
porque, de hacerlo así, tendríamos un marco competencial inarmónico,
lleno de desequilibrios, con tensiones muy fuertes y que se habría
desarrollado en función del grado de jacobinismo territorial en cada uno
de los rincones de España, lo cual no sería positivo, dado que nuestra
Constitución reconoce la autonomía a las corporaciones locales.
Por esto, vamos a votar a favor y hemos querido hacer estas
consideraciones que creemos son de fondo y que forman parte de nuestro
pensamiento político.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, Senador Armet.
Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el Senador González
Caviedes.
El señor GONZALEZ CAVIEDES: Muchas gracias, señor Presidente.
Señorías, con brevedad, como exige precisamente, el carácter de estas
mociones como consecuencia de interpelación, voy a intentar fijar la
postura del Grupo Parlamentario Popular.
En el Pleno anterior, durante el debate de la interpelación, expusimos ya
nuestros criterios, así como enumeramos algunas de las actuaciones que
desde distintas instituciones, hoy gobernadas por el Partido Popular, se
están llevando a cabo para impulsar lo que se ha venido en llamar el
pacto local.
A este respecto, quiero recordar el compromiso del Presidente del
Gobierno, señor Aznar, y las reuniones del Ministro de Administraciones
Públicas, señor Rajoy, con la Federación Española de Municipios y
Provincias. En ningún momento el señor Rajoy está diciendo que tienen que
ser las Comunidades Autónomas, sino que hay que contar con las
Comunidades Autónomas, puesto que muchas de las competencias que eran del
Estado, en este momento las tienen las Comunidades Autónomas. Lógicamente
tiene que venir un segundo paso, que es consultar con las Comunidades
Autónomas para que puedan transferir competencias a los ayuntamientos.
En este sentido, también hay que tener en cuenta que la Presidenta de la
Federación Española de Municipios y Provincias incluyó el pacto local
como un objetivo prioritario de su Gobierno.
Por otro lado, la moción, a mi entender, tiene dos partes perfectamente
diferenciadas que convergen en un objetivo común: el marco competencial y
la financiación adecuada y equitativa para gestionar dicho marco
competencial. Por lo tanto, el «petitum» de la moción coincide
prácticamente con el proceso que se está siguiendo en estos momentos.
En efecto, el proceso iniciado por las corporaciones locales en la
Asamblea extraordinaria, celebrada en La Coruña, para la consecución de
un pacto local que implicase una clarificación y ampliación de las
competencias locales, así como de su financiación, y que está siendo
impulsado con celeridad por los actuales órganos rectores, se ha enfocado
como un proceso en dos etapas; en primer lugar, delimitación de las
competencias; y, en segundo lugar, definición del modelo de financiación.
En el momento actual nos encontramos en la primera etapa que arranca, con
la aprobación por unanimidad de la Comisión Ejecutiva del día 24 de
septiembre, de un documento titulado «Bases del pacto local», en el que,
sin ser un documento cerrado, se recoge la propuesta de las competencias
y funciones que, tras el oportuno acuerdo de las fuerzas políticas con
representación parlamentaria, deberían ser transferidas a las
corporaciones locales.
Y, en segundo lugar, en dicho proceso de limitación de competencias se ha
dado ya con la creación de un grupo territorial de trabajo, compuesto por
personal de la Federación Española de Municipios y Provincias y por el
Ministerio de Administraciones Públicas, que se constituyó el día 21 de
noviembre, y que es el encargado de preparar los trabajos técnicos en
relación con aquellas competencias que residen en el Estado y en las
Comunidades Autónomas y que el citado documento propone que sean
transferidas a las corporaciones locales.
Como hemos dicho al principio, la segunda etapa del proceso del pacto
local será, precisamente, la definición del modelo de financiación de las
corporaciones locales. Creo que todos estamos de acuerdo en que la
financiación municipal es fundamental para que las corporaciones locales
cumplan con dignidad y eficacia su cometido. Por tanto, es necesario y
urgente una modificación sustancial del marco legal de las haciendas
locales, pues el actual ha sido calificado como incapaz para cumplir los
objetivos propuestos.
No obstante, en opinión de la Federación Española de Municipios y
Provincias --opinión que compartimos--, esta etapa sobre la financiación
no debería abordarse en tanto no quede concluida la primera etapa y
alcanzado el consiguiente acuerdo político en relación con las
competencias que deben residenciarse en las Corporaciones Locales, ya que
de ello dependerá en gran medida el modelo de financiación por el que se
opte; modelo que deberá contemplar una revisión de las bases de reparto
que nos permita un reparto más equitativo, lo que no quiere decir que
estemos hablando de distintos grupos de municipios, ya que entendemos que
en este momento las bases de reparto del Fondo de Cooperación Local no
son equitativas, con lo cual se está perjudicando a un tramo poblacional
de las Corporaciones Locales.
Por tanto, estoy de acuerdo con lo que realmente se plantea en la moción,
con que a la hora de hablar de la financiación de las Corporaciones
Locales se deben tener en cuenta también las bases de reparto.
Para concluir diré que, aunque consideramos que en estos últimos meses se
han dado pasos importantes, se han adquirido compromisos al más alto
nivel y asimismo se han sentado las bases para avanzar a buen ritmo en el
pacto local, el Grupo Parlamentario Popular apoyará cualquier iniciativa
parlamentaria que tenga como fin prioritario colaborar a la consecución
del adecuado marco competencial y a una financiación acorde y más
equitativa para gestionar dicho marco competencial.
Por tanto, el Grupo Parlamentario Popular va a votar favorablemente esta
moción.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, Senador González Caviedes.
Por el tenor de las intervenciones de los distintos portavoces entiendo
que esta moción se puede aprobar por asentimiento. (Pausa.)
Queda, pues, aprobada.
Comunico a los señores Senadores que la sesión de la Comisión de
Agricultura, Ganadería y Pesca, así como la de la Comisión de Educación y
Cultura, cuya celebración estaba prevista para mañana día 5 de diciembre
a las nueve y a las diez horas, respectivamente, han quedado
desconvocadas.
MOCIONES:
--DE LOS GRUPOS PARLAMENTARIOS POPULAR EN EL SENADO, SOCIALISTA, CATALAN
EN EL
SENADO DE CONVERGéNCIA I UNIO, DE SENADORES NACIONALISTAS VASCOS Y MIXTO
POR LA QUE SE INSTA AL GOBIERNO A QUE RETIRE LA RESERVA QUE ESPAÑA
FORMULO EN SU DIA AL PACTO INTERNACIONAL DE LOS DERECHOS CIVILES Y
POLITICOS, DE 15 DE DICIEMBRE DE 1989. (662/000030.)
El señor PRESIDENTE: Pasamos al séptimo y último punto del orden del día,
mociones.
En primer lugar, moción de los Grupos Parlamentarios Popular en el
Senado, Socialista, Catalán en el Senado de Convergència i Unió, de
Senadores Nacionalistas Vascos y Mixto por la que se insta la Gobierno a
que retire la reserva que España formuló en su día al Pacto Internacional
de los Derechos Civiles y Políticos, de 15 de diciembre de 1989.
En turno a favor, tiene la palabra la Senadora Vindel, por un tiempo de
veinte minutos.
La señora VINDEL LOPEZ: Señor Presidente, señorías, en 1989 se firmó en
la ciudad de Nueva York el Pacto Internacional de Derechos Civiles y
Políticos, destinado en principio a abolir la pena de muerte.
Dos años más tarde, en 1991, España ratificó dicho Pacto, y al mismo
tiempo presentó una Reserva al mismo por la cual España conservaba el
derecho de aplicar la pena de muerte en casos excepcionales y
extremadamente graves, es decir, en tiempos de guerra, ya que en aquel
entonces todavía, en 1991, tal castigo estaba vigente en nuestro
ordenamiento.
Fue necesario que transcurrieran seis años desde la firma del Pacto y
otros cuatro más desde la formulación de dicha Reserva para que, gracias
a la iniciativa de esta Cámara en el año 1995, finalmente aprobáramos la
abolición absoluta de la pena de muerte. Y así, el año pasado la pena de
muerte desapareció del Código Penal Militar, de la Ley Procesal Militar y
asimismo de la Ley de Competencia y Organización de la Jurisdicción
Militar.
Hoy no se trata tanto de repetir aquel gratísimo debate --y les puedo
asegurar, señorías, señor Presidente, que al menos para esta Senadora es
uno de los mejores recuerdos de la anterior Legislatura--, como de que,
en aras de una necesaria coherencia política y jurídica, dado que ya no
existe pena de muerte, se pretenda con esta moción que el Gobierno retire
la Reserva formulada en su día al Pacto de 1989. Así, las obligaciones
internacionales españolas y su legislación serán y dirán lo mismo.
En el capítulo de agradecimientos, quiero agradecer a Amnistía
Internacional su especial insistencia en el tema de la pena de muerte y,
muy especialmente, al resto de los portavoces de los distintos grupos
parlamentarios --la Senadora De Boneta, el Senador Zubía, el Senador
Ferrer i Roca, el Senador Laborda y, desde luego, el Senador
García-Escudero-- que hayan respaldado con su firma, y sin dudarlo por un
momento, esta moción, convirtiéndola con ello tanto en suya, como del
Grupo Popular.
Muchas gracias a todos.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, Senadora Vindel.
Supongo que no habrá turno en contra. (Pausa.)
Abrimos turno de portavoces.
¿Por el Grupo Mixto? (Pausa.)
Por el Grupo de Senadores Nacionalistas Vascos, tiene la palabra el
Senador Bolinaga.
El señor BOLINAGA BENGOA: Muchas gracias, señor Presidente.
Señorías, en este turno de portavoces voy a hacer uso de la palabra, en
primer lugar, para mostrar nuestra entera satisfacción y, en segundo
lugar, para expresar ante sus señorías el tono de nuestro agradecimiento
por el hecho, ciertamente relevante, de que la presente moción haya sido
presentada con la firma y el aval de todos los grupos políticos
representados en esta Cámara. Efectivamente, el consenso alcanzado es un
reflejo lógico de actuaciones precedente en el Senado, así como en el
Congreso de los Diputados, en función de la materia de fondo que
documenta esta moción.
Es una sensata conclusión del primer proceso, iniciado en este mismo foro
con fecha 15 de noviembre de 1994, a través de una interpelación dirigida
al Gobierno por parte de nuestro Grupo. De aquella interpelación surgió
la consecuente moción, de fecha 30 de noviembre del mismo año, por la que
se instaba al Gobierno a la abolición absoluta de la pena de muerte.
Felizmente, dicha moción dispuso del voto favorable de todos los señores
y señoras Senadores presentes en aquel debate.
Tanto aquélla, como la presente moción consensuada, son de las que hacen
muy feliz a un parlamentario y, sin duda alguna, prestigian a una Cámara,
al igual que el Gobierno se sentirá muy prestigiado en cuanto proceda a
retirar definitivamente la Reserva formulada en su día al Pacto
Internacional de Derechos Civiles y Políticos, a cuyos efectos se
circunscribe lo instado en esta moción.
Por tanto, señor Presidente, señorías, éste es un momento de gran alegría
y, sobre todo, es un día de buen hacer. Es, sin duda, un día de
particular relevancia parlamentaria, en el que paladinamente queda de
manifiesto la responsabilidad adquirida, y por todos compartida, en pro
de los derechos humanos y, en particular, en pro del primero de todos
ellos, que no es otro que la vida misma, es decir, el respeto, y no sólo
el respeto, sino también el amor a la vida del ser humano ante cualquier
circunstancia y cualquier supuesta motivación en contra de la misma. En
definitiva, señorías, es mostrar la superioridad de la razón, el triunfo
de lo racional sobre el instinto irracional y primario de la venganza o
del odio y sobre la absurda aplicación de la muerte «ex officio» en un
acto de justicia mal interpretada.
Con el consenso y la aprobación de esta moción, señorías, venimos a
primar, en su sentido más noble y positivo, aquello que, precisamente, es
lo más justo y lo más ajustado a la ley natural, conforme a los
principios de la civilización humanista y europea.
Termino, no sin señalar que, aunque sea en base a que la ley que cae en
desuso pierde su fuerza y que toda ley debe de ser adecuada al país,
lugar y tiempo, mucho más habida cuenta, en particular, de los sendos
acuerdos adoptados ya
sobre la materia, después de aprobada esta moción, únicamente nos resta
un acto último de voluntad política y un último consenso en relación al
artículo 15 de la Constitución, a fin de anular el último apéndice de su
segundo párrafo, que confío en que pueda lograrse con la aquiescencia de
todas las fuerzas en un período breve.
Nuestro Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos queda a
disposición de los demás grupos para los efectos pertinentes.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, Senador Bolinaga.
Por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió,
tiene la palabra el Senador Carrera.
El señor CARRERA I COMES: Señor Presidente, señorías, debemos sentirnos
satisfechos de presentar esta iniciativa conjunta y, por tanto, por
unanimidad. Ya la hubo --es cierto-- en 1995, cuando se aprobó la
supresión de la pena de muerte en caso de guerra y la hay hoy --diciembre
de 1996-- al plantear la anulación de la reserva hecha al segundo
Protocolo facultativo del Pacto Internacional de los Derechos Civiles y
Políticos, de 15 de diciembre de 1989, hecho en Nueva York. Diría más: no
sólo debemos sentirnos satisfechos, sino que debemos congratularnos de
que las circunstancias hicieran posible el acuerdo anterior y también lo
hagan hoy. Y debemos hacer todos una felicitación colectiva porque llegar
a este punto final hace que, sin duda, sea hoy un día importante para
esta Cámara.
Señorías, considero que la historia de la humanidad es la de la lucha
secular del hombre por conseguir, no sólo el respeto de su dignidad
humana, sino también el de los derechos humanos. En este proceso, yo
diría que las conquistas habidas serán incompletas si no culminan con la
abolición sin paliativos, sin ningún tipo de reservas, de la pena de
muerte.
Es cierto que nuestra Constitución hizo una reserva acerca de la
posibilidad de que permaneciera la pena de muerte en tiempo de guerra,
pero también lo es que en 1995 se aprobó por unanimidad la abolición de
este precepto y, por tanto, la reserva vigente todavía hoy a este segundo
Protocolo de Nueva York carece de sentido; más aún, mantenerla es del
todo rechazable e, incluso, anacrónico.
Un Estado cuya Constitución consagra el derecho a la vida como un valor
absoluto, no puede mantener una reserva de estas características. Y sin
rememorar en absoluto el propio debate que hubo en su momento, tanto en
el Congreso de los Diputados como en el Senado, sí me voy a permitir
exponer también hoy algunas de las cuestiones que allí se dejaron: desde
que la abolición de la pena de muerte debe ser sin distinción alguna
entre tiempo de paz y de guerra, a que el derecho a la vida no puede ser
objeto de disposición alguna porque contradice, ni más ni menos, el
espíritu constitucional o a que no tiene razón de ser este tipo de penas.
Yo diría que los temores y las reticencias de hace años ya no tienen
razón de ser en este momento.
Estamos incluso --y es así-- ante una cuestión de principios y, por
tanto, como tal no admite excepciones de ninguna clase. La pena de muerte
es una violación al derecho a la vida y lo es en todos los casos porque
forma parte de un núcleo de derechos humanos básicos, que no pueden
quedar en suspenso. Porque los derechos fundamentales, entre los que
destaca el derecho a la vida y a la integridad física y moral, son el
fundamento del ordenamiento jurídico y de la paz social. Si abolir la
pena de muerte totalmente, sin excepciones posibles, es reforzar la
legitimidad del Estado democrático y hacer más patente su supremacía
ética y moral frente a quienes la cuestionan, habría que desear y esperar
que en el futuro ni siquiera se mencione en los textos constitucionales.
Señorías, debemos congratularnos todos con la anulación de la reserva que
hoy hacemos, porque pienso que con la aprobación de la de 1995 y la de
hoy lo que vamos a hacer seguramente es cumplir lo que estaba en el
espíritu de los constitucionales cuando redactaron la Constitución.
Nada más y gracias, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, Senador Carrera.
Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el Senador Marín
Rite.
El señor MARIN RITE: Señor Presidente, señorías, al cumplirse un año de
la abolición por nuestras Cortes Generales de la pena de muerte en tiempo
de guerra, el Senado insiste hoy en la eliminación de una de las secuelas
de aquella regulación: la reserva de la aplicación de la pena de muerte
en tiempo de guerra, formulada por el Gobierno español en el segundo
Protocolo del Pacto de Nueva York, de 15 de diciembre de 1989, sobre
Derechos Civiles y Políticos.
La presentación de esta moción por los portavoces de los Grupos
Parlamentarios del Senado cobra hoy, a nuestro juicio, una singular
importancia; y cobra una singular importancia porque esta iniciativa,
señorías, conecta con una determinada sensibilidad, conecta con la
sensibilidad abolicionista de esta Cámara. El Senado ha demostrado en el
transcurso del tiempo una sensibilidad abolicionista en forma, yo diría,
que militante.
Señorías, no vamos a reproducir aquí el debate que sobre la abolición de
la pena de muerte tuvimos el 15 de noviembre de 1995. No es éste el
debate de aquel día. Aquel día los portavoces Herrero Merediz, Barbuzano,
Bolinaga, Ibarz y la Senadora Vindel afirmaron de manera solemne --y,
según ellos decían, emocionadamente también-- la voluntad abolicionista
del Senado. Afirmaron que el Senado de España no estaba de acuerdo con la
permanencia del castigo de la pena de muerte en nuestro ordenamiento
jurídico.
Podría hoy pensarse, señorías, que esta moción tiene simplemente un valor
simbólico porque, abolida la pena de muerte en tiempo de guerra, la
permanencia de la reserva carece ya de sentido. No obstante, pensamos que
esta moción es oportuna, es necesaria y lo es tanto jurídica como
políticamente. Jurídicamente --ya se ha dicho--, porque
es necesario hacer concordar el Derecho interno y el Internacional en el
que España se encuentra comprometida y, de la misma manera que
trasponemos las directivas de la Comunidad Europea a nuestro Derecho
interno, tenemos algunas veces que adaptar ese Derecho internacional al
Derecho interno español. Por lo tanto, es oportuna y necesaria
jurídicamente.
El Gobierno español, señorías, planteó en su día la reserva a la pena de
muerte y lo hizo correctamente; el Gobierno español tenía que hacer
aquello, no tenía otra solución. En el Derecho interno español existía la
pena de muerte regulada para tiempo de guerra, y el Gobierno español de
aquel momento, lógicamente, planteó la reserva, obró correctamente. Yo
pienso que hoy, el Gobierno, de ninguna manera haría esta reserva porque
no tiene apoyatura alguna en su Derecho interno.
El Senador Bolinaga ha hecho referencia a la Constitución. Efectivamente,
en el artículo 15 se dice: «Queda abolida la pena de muerte, salvo lo que
puedan disponer las leyes penales militares para tiempos de guerra.» La
verdad es que cabría preguntarse, señorías, cómo es posible que la
Constitución de 1978, que propugna los valores superiores en el Título
Preliminar de la Constitución pueda mantener este inciso en el artículo
15. La Constitución de 1978 que regula en su Título I el catálogo de
derechos y libertades fundamentales, cómo es posible que esta misma
Constitución mantenga este inciso en el artículo 15. Cómo es posible,
señorías, que la misma Constitución que en el artículo 25 --y no trato de
abrir aquí ahora el debate sobre la finalidad de la pena-- habla con
claridad de la finalidad reeducadora y reinsertadora de la pena mantenga
al mismo tiempo el inciso del artículo 15 tal como lo hace. Se trata, en
definitiva, de una contradicción interna que ha hecho hablar a algunos
tratadistas, a algunos constitucionalistas de la inconstitucionalidad de
la propia Constitución.
Nosotros defendimos en su día la eliminación de este inciso. Otros no lo
hicieron. Pero desde la distancia que nos da el tiempo, señorías, creo
que podemos afirmar que aquella regulación se debió, sencillamente, a las
circunstancias políticas y sociales en las que la Constitución Española
se debatió y aprobó, y nada más que eso. También tenemos que afirmar, sin
duda, ahora que estamos a escasos días del aniversario de la
Constitución, que la Constitución fue el gran pacto generoso, inteligente
que nos sacó de la dictadura y que convirtió a España en un Estado de
derecho. Pero esa cuestión, ese anacronismo está ahí. Yo quisiera dejar a
la reflexión lo contradictorio lo anacrónico que hoy resulta el último
párrafo del artículo 15 de la Constitución.
Por último, señorías, y para terminar, yo quisiera decir que es bueno,
que es positivo que las Cámaras, que los parlamentarios, que los
demócratas en general nos ocupemos de las grandes causas. Ha habido en la
humanidad grandes causas, aunque no voy a relacionarlas aquí: la causa
del sufragio universal; el voto de las mujeres; la causa de los derechos
civiles; la lucha contra el «apartheid»; la abolición de la pena de
muerte. Estas causas, señorías, son causas universales que afectan a
todos los hombres y estas causas, señorías, simbolizan el camino del
mundo hacia la civilización. Estas causas significan, señorías, el
esfuerzo de los hombres y mujeres de buena voluntad por hacer una
sociedad más justa. Los socialistas de ayer y los socialistas de hoy nos
sumamos a estas grandes causas con fervor, porque constituyen, en
definitiva, la esencia del socialismo democrático que defendemos.
Muchas gracias. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario
Socialista.)
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.
Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra la Senadora Vindel.
La señora VINDEL LOPEZ: Muchas gracias, señor Presidente.
Voy a ser muy breve. En primer lugar, quiero decir que y o no tengo
ninguna prevención por lo dispuesto en el artículo 15 de la Constitución
Española, que nos habla del brutal castigo de la pena de muerte para
tiempos de guerra, porque, como antes he tenido ocasión de explicar, tal
castigo ha sido neutralizado desde el año pasado en el Código Penal
Militar, en la Ley Procesal Militar y en la Ley de Organización de la
Jurisdicción Militar.
En segundo lugar, quiero decir --y esto lo hago, señor Presidente, como
Presidenta de la Comisión de Justicia de esta Cámara-- que estoy
plenamente de acuerdo con lo manifestado por el Senador Marín Rite, tan
de acuerdo que fui yo misma quien promovió, y se sumaron el resto de los
grupos, como no podía ser de otra manera, una declaración institucional
dirigida a los Senadores y Diputados de las Cámaras chilenas, que se
encuentran ahora en el mismo y apasionante debate que tuvimos ocasión de
celebrar nosotros el año pasado y desde el más escrupuloso y estricto
respeto a su soberanía nacional los Senadores de la Comisión de Justicia
les animábamos a que siguieran el mismo camino que nosotros emprendimos
hace un año.
Por último, quiero reiterar nuevamente el agradecimiento por prestar el
consentimiento del voto afirmativo a todos los Senadores que han
intervenido en este debate y tan sólo me resta, señor Presidente, dejar
en sus manos la conveniencia de llamar a votación o de entender aceptada
por asentimiento esta moción.
Nada más y muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Yo entiendo que, por el contenido de las
intervenciones de los distintos grupos, se puede aprobar por asentimiento
esta moción. ¿Es así? (Pausa.) Pues queda aprobada por asentimiento de la
Cámara.
--DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA POR LA QUE SE INSTA AL GOBIERNO A
QUE MANTENGA LA DEFENSA DE LOS DERECHOS DE LOS EMPRESARIOS Y TRABAJADORES
ESPAÑOLES EN BUQUES PESQUEROS CON BANDERA BRITANICA FRENTE A LA ACTITUD
DEL GOBIERNO DEL REINO UNIDO. (662/000032.)
El señor PRESIDENTE: Moción del Grupo Parlamentario Socialista por la que
se insta al Gobierno a que mantenga la defensa de los derechos de los
empresarios y trabajadores españoles en buques pesqueros con bandera
británica frente a la actitud del Gobierno del Reino Unido.
Tiene la palabra el representante del Grupo Parlamentario Socialista,
como firmante de la moción.
El señor GONZALEZ PRINCIPE: Buenas tardes, señor Presidente, buenas
tardes, señoras y señores Senadores.
Como ustedes saben, la política exterior es una mezcla de intereses y
principios, y la moción que hoy presentamos los socialistas ante esta
Cámara concilia perfectamente la defensa de los principios y de los
intereses económicos del Estado español.
Quisiéramos decir con claridad que el Gobierno español ha tenido en el
pasado reciente demasiadas evidencias de la falta de solidaridad del
Gobierno inglés en materia pesquera. No les voy a recordar a ustedes los
acontecimientos en los que el Gobierno inglés rompió la necesaria
solidaridad en el seno de la Unión Europea para defender los puros y
estrictos intereses comerciales de Gran Bretaña.
Lo que estamos discutiendo hoy aquí, señorías, es algo muy sencillo:
estamos hablando de cerca de cien barcos, de una inversión hecha por
empresarios españoles de más de 25.000 millones de pesetas y de más de
1.500 empleos, fundamentalmente desempeñados por trabajadores españoles,
pero también --quiero decirlo-- por una minoría importante de
trabajadores portugueses. De esos cien barcos, más de 50 fueron
adquiridos por capital español antes de 1986, es decir, antes de que
España entrase a formar parte de la Unión Europea. Y ha sido la
iniciativa de esos empresarios españoles, fundamentalmente gallegos, y de
la provincia de La Coruña, la que ha permitido desarrollar en esa serie
de puertos del sur de Inglaterra una nueva fuente de riqueza, que,
además, exporta. Debe quedarles claro, señorías, que la pesca capturada
por esos barcos se comercializa, fundamentalmente, fuera de la Gran
Bretaña, y más precisamente en el mercado español. Estamos hablando, por
tanto, del esfuerzo de empresarios y trabajadores españoles, de un
mercado receptor final, que es el español, y de una actitud que vulnera
los principios del derecho y que cae en el más puro chantaje político por
parte del Gobierno conservador británico. (Un señor Senador del Grupo
Parlamentario Socialista: ¡Así se habla!)
El Gobierno conservador de la señora Thatcher ya intentó en los años
ochenta discriminar a esas empresas británicas con capital español,
promulgando una ley, la Merchant Shipping Act, que fue recurrida no sólo
por los armadores afectados, sino también por las instancias
gubernamentales españolas. El Tribunal Europeo de Justicia, en su
momento, condenó al Gobierno del Reino Unido y le obligó a indemnizar,
indemnizaciones que todavía, al día de hoy, no se han producido. (El
señor Vicepresidente, Rigol i Roig, ocupa la Presidencia.)
A lo largo de 1996, por parte del Secretario de Pesca, Mister Baldry, y
del Primer Ministro, el señor Major, se han venido produciendo, casi
coincidiendo con la bajada electoral del partido conservador,
declaraciones incendiarias, xenófobas, dirigidas fundamentalmente al
consumo interno de las poblaciones de esas zonas costeras inglesas en las
que el Gobierno británico plantea que las empresas registradas en Gran
Bretaña, que pagan sus impuestos en Gran Bretaña, que han generado
riqueza en Gran Bretaña, por el hecho de tener capital español, un
miembro más de la Unión, tendrían que tener un trato discriminatorio. La
pretensión del Gobierno británico es que esas empresas consuman cuota
nacional, cuota española, a la hora de fijar los TAC y las cuotas anuales
en el caladero conocido como Gran Sol.
Por lo tanto, estamos ante una evidente vulneración de los principios que
inspiraron la fundación del Mercado Común y que se recogieron después en
el Acta Unica y sucesivos documentos institucionales sobre los que se
basa la construcción de la Unión Europea. Estamos ante una pretensión del
Gobierno británico que atenta contra los fundamentos de la política
pesquera común, los principios de estabilidad relativa, de libertad de
circulación, libertad de acceso, etcétera. Estamos ante un chantaje
descarado del Gobierno inglés que, aprovechando la Conferencia
Intergubernamental que debe fijar las nuevas bases institucionales de la
nueva Unión Europea del siglo XXI, dice que la renacionalización de las
políticas pesqueras es condición «sine qua non» para poder llegar a un
acuerdo en los otros temas de la Conferencia Intergubernamental.
Nosotros hemos presentado esta moción el día 25 de noviembre; no sabíamos
que el Presidente del Gobierno español, el señor Aznar, iba a
entrevistarse con el señor Major el día 27. No lo podíamos saber, no
conocíamos la agenda. Nuestra sorpresa es que el día 28, en la prensa
británica y, muy especialmente, en el «Financial Times», nuevas
declaraciones de responsables gubernamentales británicos incrementan la
escalada contra los armadores españoles y contra nuestros marineros.
Ahora el Secretario de Estado pretende que sea obligatorio la utilización
del inglés y así se recoge en algunos tabloides y en alguna prensa seria.
No sólo eso, el señor Major después de estar con el señor Aznar, vuelve a
insistir, y no sale en la prensa española pero sí en la inglesa el día
28, lo pueden ustedes comprobar, en que sobre el acuerdo de pesca ha de
basarse en un nuevo acuerdo para la Conferencia Intergubernamental y que
éste pasa, de algún modo, por renacionalizar la política pesquera
comunitaria y que de alguna forma se rompan los fundamentos que hasta
ahora venían inspirando la política de la Unión Europea.
Yo creo que esto es algo muy serio. Seguramente el señor Presidente del
Gobierno cuando hizo las declaraciones diciendo que le parecía muy bien y
que podrían aprender ingles, no calibró este tema o no tendría a mano los
datos oportunos, pero los socialistas creemos que hay que plantarle cara
al Gobierno inglés porque, si no, en la Conferencia Intergubernamental, a
finales de junio del año próximo, la pesca española de fresco puede
perder una batalla importante. Desde el año 1986 hemos tenido todos, y
digo hemos tenido porque ha sido fruto del acuerdo y de la preocupación
de todos los grupos parlamentarios, una obsesión
que era superar la situación discriminatoria que se había impuesto a la
flota de Gran Sol en el año 1986 con motivo de nuestra adhesión.
Cuando se negoció la nueva ampliación, y coincidiendo con la posible
entrada de Noruega, el Gobierno español de entonces forzó a que se
adelantara el plazo transitorio que se había dado a la flota española
para acceso a todos los caladeros.
No podemos permitirnos, señorías, un paso atrás. El temor de los
socialistas es que ese paso atrás se puede dar si no conseguimos la
necesaria unidad y la necesaria unanimidad para defender los principios
sobre los que se fundamenta la Unión Europea, pero también para defender
los intereses económicos y sociales de nuestro país, de nuestros
marineros y de nuestros armadores.
Por esa razón, antes del Consejo Europeo de Dublín, donde este tema va a
ser abordado porque está en la agenda, queremos mandar un mensaje a la
opinión pública española y a las autoridades inglesas de que nuestro
Gobierno va a tener detrás de sí a todas las fuerzas parlamentarias para
impedir que el chantaje del Gobierno británico se pueda consumar, para
que la política pesquera comunitaria no se renacionalice, para que se
defienda y se reciban ya las indemnizaciones que el Tribunal Europeo de
Justicia fijó a nuestros empresarios y a nuestros trabajadores y que el
Gobierno inglés está demorando excesivamente y para, en definitiva,
garantizar que España no sea sólo un buen mercado para la pesca de otros
países, sino para que la pesca española siga siendo un sector de la
economía productiva que ayude a generar riqueza y empleo también en
nuestro país. Ese es el compromiso que hoy presentamos ante esta Cámara
con el apoyo de las organizaciones de armadores, pero también, tengo que
decírselo, con el apoyo que hemos recabado del sector sindical, de los
representantes de los trabajadores.
Pedimos a todos los grupos parlamentarios que hagan un esfuerzo para
defender a nuestro sector pesquero, una actividad en la que España es el
líder indiscutible de la Unión Europea, un sector en el que España debe y
puede marcar la pauta y un sector que ofrece nuevas oportunidades de
empleo y de riqueza a nuestro país. Ese es el esfuerzo que les pedimos a
todos ustedes: trabajar por el interés del Estado español, por la defensa
de los principios en que se basa la Unión Europea y por las oportunidades
de empleo y de riqueza para trabajadores y empresarios de nuestro país.
(Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Socialista.)
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Muchas gracias, Senador González
Príncipe.
Se ha presentado una enmienda del Grupo Parlamentario de Senadores
Nacionalistas Vascos. Para defenderla tiene la palabra el Senador
Gatzagaetxebarría.
El señor GATZAGAETXEBARRIA BASTIDA: Muchas gracias, señor Presidente.
Nuestro grupo parlamentario ha presentado una enmienda a la moción del
Grupo Parlamentario Socialista, que expondré a continuación. También voy
a fijar posición sobre las cuestiones no enmendadas.
Inicialmente, quiero decir que a nuestro grupo parlamentario le parece
muy oportuna la moción que correctamente ha defendido el señor González
Príncipe, del Grupo Parlamentario Socialista, porque en estos momentos
esta cuestión se está debatiendo en los foros europeos.
Tengo aquí, señor Presidente, el documento original que el Reino Unido ha
suministrado a la Unión Europea sobre qué anexo debía constar en el
Tratado de Reforma del Tratado de la Unión --valga la redundancia--, y,
evidentemente, lo que se pretende es una renacionalización de la política
pesquera común y que cada uno de los Estados miembros pueda fijar
condiciones restrictivas especializadas; en definitiva, ejercer una
regulación estricta y específica que va en contra de los principios de la
política pesquera común.
Por lo tanto, a nosotros nos parece que la moción en ese sentido es muy
oportuna, a pesar de que ya el Gobierno ha realizado gestiones
importantes sobre tal cuestión, y nos parece políticamente acertado el
que se presente esta cuestión. Afecta, como se decía, a la flota de
altura al fresco de toda la cornisa cantábrica, fundamentalmente afecta
al puerto de La Coruña, donde hay un núcleo muy importante de buques de
pesca que tienen bandera de nacionalidad británica y afecta también a
puertos del País Vasco, como pueden ser Pasaia u Ondárroa.
Señor Presidente, yo querría hacer una exposición refiriéndome a la
fundamentación y, en definitiva, a los antecedentes del mismo. La
problemática actual viene del año 1977, cuando se aprueba con un consenso
mundial la extensión de las 200 millas entre los diferentes países. ¿Qué
es lo que empieza a hacer el sector pesquero español? Empieza a exportar
buques de pesca al Reino Unido; con ello se perdía capacidad extractiva,
se perdía esfuerzo pesquero, pero se podía ejercer la misma actividad en
el caladero en que se venía efectuando. Así desde 1978 a 1982 España
exporta al Reino Unido 49 buques. El segundo paso importante es el año
1983 cuando se produce la regulación del principio de estabilidad
relativa, el PER pesquero como se denomina en terminología
político-pesquera. Se establece un sistema de distribución de cuotas.
Pero he ahí que al Reino Unido se le fija un sistema de imputación de
cuotas de merluza que por casualidad es fruto de que el sector pesquero
español había exportado en ese período de tiempo 1978-82 barcos al Reino
Unido. Por tanto, el Reino Unido no pescaba, por ejemplo, la especie de
la merluza ni el gallo ni el rape y obtiene, de conformidad con el
principio de la estabilidad relativa asentado por la Jurisprudencia del
Tribunal de Luxemburgo, unas cuotas que no eran pescadas por el Reino
Unido y que son fruto de la existencia de estos buques hispano-británicos
pero que faenan con pabellón británico. Es ahí cuando se produce,
evidentemente, un hecho muy importante, que también tiene repercusión
para los buques de altura que faenan con pabellón español.
A continuación, señor Presidente, se producen una serie de conflictos,
pero vamos a remontarnos al año 1986 que es cuando España entra en la
Unión Europea. Primer conflicto
es el de la sentencia del Tribunal de Luxemburgo del caso Agegate. En el
caso Agegate, ¿qué es lo que se disciplina? Se disciplina que tras la
entrada de España y Portugal el Reino Unido dicta una norma en virtud de
la cual el 75 por ciento de los tripulantes de los buques de pabellón
británico han de ser de nacionalidad comunitaria y se excluye
expresamente de la nacionalidad comunitaria a los españoles y a los
portugueses en una disposición adicional que prorroga ello «sine die»,
indefinidamente. Se plantea una reclamación ante los tribunales
británicos y a su vez éstos presentan una cuestión de prejudicialidad a
la Corte de Luxemburgo. La Corte de Luxemburgo en la sentencia conocida
como Agegate, de 14 de diciembre de 1989, dice que es contraria a los
principios de la política pesquera común, en definitiva, a la libre
circulación de mercancías, capitales y personas tal disposición interna
del Reino Unido.
Segunda fase, señor Presidente, el asunto Jaderow, sentenciado el 14 de
diciembre de 1989, dicta nuevamente, una vez perdida tal cuestión el
Reino Unido, una norma que exige que todas las descargas de los buques
hispano-británicos con pabellón británico sean realizadas en el Reino
Unido. La sentencia es neutral; en definitiva otorga la razón a ambas
partes diciendo que no puede establecerse esa norma en la medida en que
suponga una distorsión al comercio pesquero; no pueden realizar descargas
en puertos británicos, pero ello no puede distorsionar la actividad
normal de explotación, la actividad pesquera de estos buques españoles y,
por lo tanto, satisface también a los intereses españoles.
Tercer conflicto, y es del que trae causa también el planteamiento que ha
hecho hoy el Grupo Parlamentario Socialista, es la sentencia conocida en
los términos judiciales como el Factor Time. El Factor Time sentenciado
en su primera fase el 25 de julio de 1991, sentencia y resuelve
judicialmente la adecuación al Tribunal de la Unión Europea de la Ley
Merchant Shipping Act. ¿Qué pasa? El Gobierno español recurre en primera
instancia a la Cámara de los Lores porque en este caso --en las dos
anteriores hablamos de disposiciones reglamentarias del Reino Unido y
aquí de una ley-- por las peculiaridades del régimen interno de
competencias británico la Cámara de los Lores, asimilable un poco al
Senado español, tiene competencias judiciales en determinados supuestos
especiales, y presenta una cuestión prejudicial al Tribunal de Justicia
de Luxemburgo. El Tribunal de Justicia de Luxemburgo dicta sentencia en
1991 y dice que esa ley --las anteriores normas de derecho interno habían
sido reglamentarias-- es contraria al Tratado de la Unión y a la
jurisprudencia que ha sentado en relación a la interpretación del
principio de libre circulación de mercancías, capitales y personas.
A continuación --entramos ya en una de las últimas fases--, el Reino
Unido sigue poniendo pegas al respecto, y el sector pesquero español
tiene que demandar nuevamente el pago de indemnizaciones de daños y
perjuicios a los tribunales británicos. Nuevamente se plantea una
cuestión de prejudicialidad interna en el Reino Unido. Se presenta la
cuestión a la Corte de Luxemburgo, y ésta ha sentenciado recientemente, a
finales del año pasado, la necesidad de que haya una indemnización que, a
su vez, basándose en el principio de remisión, se está tratando de nuevo
en los tribunales británicos y, por lo tanto, la cuantía de la
indemnización. En este momento, la discusión jurídica es si ha habido
intencionalidad, si ha habido dolo en la actuación de los poderes
públicos británicos. Se puede entender que sí, sobre todo porque ha
habido dos sentencias anteriores a las disposiciones reglamentarias-- los
casos Agegate y Jaderow-- y, por lo tanto, ésa es la cuestión que en este
momento se está debatiendo internamente en el tribunal de Justicia
británico competente por razón del territorio y de la materia, pero
basándose en esa jurisprudencia.
Señor Presidente, ésta es la historia de la problemática que
adecuadamente ha planteado la moción del Grupo Parlamentario Socialista,
pero que yo quería ilustrar a sus señorías con unos datos.
Señor Presidente, el año 1995 el Reino Unido tiene unas toneladas de
registro bruto de 239.783 toneladas. De ellas, el sector pesquero español
hispanobritánico representa únicamente el 7,51 por ciento, es decir,
18.000 toneladas. El Reino Unido tiene 9.983 barcos censados a 31 de
diciembre de 1995. Hispanobritánicos sólo hay 80, es decir, el 0,8 por
ciento de la flota británica. Pero es más, del TAC de las diferentes
especies fijadas para el año 1996 para el Reino Unido, de 386.347
toneladas, solamente 6.625 toneladas, el 1,71 del total, es capturado por
esta flota hispanobritánica. Por lo tanto, tenemos que tratar la cuestión
en sus justos términos, una cuestión que es muy importante para el sector
pesquero español, que tiene una gran repercusión social y que, por
consiguiente, no podemos magnificar, tal y como usted dice, desde el
punto de vista británico, porque estamos hablando del 0,8 por ciento del
total de unidades y del 1,71 por ciento del TAC, es decir, del tope
admisible de capturas fijado por la Comisión Europea para el año 1996.
En definitiva, lo que hay es una decisión política del Reino Unido de ir
contra la política que se ha seguido por parte del sector pesquero
español, política respecto a la cual el Gobierno español ha presentado su
posición ante la Unión Europea --el memorándum famoso que ha presentado
oficialmente el Gobierno español-- y, por lo tanto, nosotros creemos que
se está defendiendo adecuadamente tal cuestión. No obstante, nos parece
muy oportuno y reiterativo y, por lo tanto, también lo hemos enmendado,
que este asunto tenga una posición política fijada con el mayor consenso
posible del Parlamento.
Señor Presidente, nuestro Grupo va a presentar una enmienda en el sentido
de que es importante que el Gobierno español se oponga a la reforma del
Tratado, porque ésta es la propuesta que el Reino Unido presenta --está
en inglés-- al Tratado de Adhesión. Se pretende incluir un anexo que
dice: Protocolo anexado al Tratado constitutivo de la Unión. Ni desde el
punto de vista de la jurisprudencia de la Corte de Luxemburgo ni desde
ningún punto de vista es inadmisible.
En este sentido queremos recordar que la Conferencia Intergubernamental
tiene otra finalidad, y lo fundamentamos en nuestra enmienda cuando
decimos que no tiene como función trazar la política pesquera común. La
Conferencia Intergubernamental tiene como misión, en primer
lugar, según los acuerdos del Tratado de Maastricht, tratar de la
revisión institucional, los órganos de la Unión Europea, los órganos
comunes. En segundo lugar, si se va a comunitarizar o no la política de
consumo. Es una cuestión muy concreta. En tercer lugar, cómo ahondar, en
la construcción europea, en la política común de Justicia e Interior. Ese
es el parámetro en el que está establecido el debate político en la Unión
Europea en el Consejo de Estado último en el que se aprobó el Tratado de
Maastricht entre los diferentes países. El Reino Unido quiere aprovechar
esta cuestión para colar como un anexo al Tratado de la Unión, y lo que
éste dice es que no se puede efectuar ninguna modificación en él si no
hay unanimidad y, por lo tanto, es importante que el Gobierno español se
oponga a tal cuestión. Con esa oposición del Gobierno español se logra
que no se incluya en el anexo del Tratado de la Unión Europea la
pretensión política británica de la renacionalización de la política
pesquera común. Ese es el sentido de la enmienda que nuestro Grupo
parlamentario ha presentado a la moción del Grupo parlamentario
Socialista y, por lo tanto, nos congratulamos de que podamos alcanzar un
consenso sobre tal cuestión y de la oportunidad de tal iniciativa
parlamentaria.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Muchas gracias, Senador
Gatzagaetxebarría.
Para posicionarse respecto a esta enmienda, tiene la palabra el Senador
González Príncipe.
El señor GONZALEZ PRINCIPE: Muchas gracias, señor Presidente.
Señorías, quisiera agradecer, en nombre del Grupo Parlamentario
Socialista, la intervención del Senador del Grupo Parlamentario de
Senadores Nacionalistas Vascos, sobre todo, porque hace hincapié en lo
esencial de nuestra propuesta: defender el conjunto del sector pesquero y
dar fuerza a las tesis de la política pesquera comunitaria frente a
cualquier intento de racionalización. Y en ese sentido, buscando el
máximo consenso, nos parece que la enmienda que usted ha presentado, así
como la defensa tan documentada e ilustrada que ha hecho, merecen nuestra
aceptación.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Muchas gracias, señoría.
En turno de portavoces, tiene la palabra la Senadora doña Inmaculada de
Boneta y Piedra.
La señora DE BONETA Y PIEDRA: Muchas gracias, señor Presidente.
Señorías, voy a fijar la posición del Grupo Parlamentario Mixto en
relación con la moción presentada por el Grupo Parlamentario Socialista,
con la que estamos de acuerdo tanto en sus términos como en la
argumentación.
Conocíamos el problema y, tal como ha hecho el Senador Gatzagaetxebarría,
debemos insistir en la oportunidad de la moción y en el servicio que la
misma puede prestar, incluso como apoyo a todas las gestiones que, sin
duda, el Gobierno del Estado va a realizar ante las autoridades y el
Gobierno británicos y también en la Conferencia Intergubernamental.
Estamos de acuerdo con la enmienda presentada, y este Grupo va a votar a
favor no sin antes dejar patente el acuerdo con lo manifestado por el
Senador Gatzagaetxebarría, coincidiendo en que los problemas que afectan
a las tripulaciones del sector de armadores españoles vienen de antiguo,
fundamentalmente de la exportación de buques que se realizó en su momento
y que actualmente pescan bajo pabellón británico, así como en los hechos
descritos, en los que no es oportuno insistir puesto que nada nuevo
cabría añadir a lo ya manifestado.
En consecuencia, ahora es el momento de plantear este problema. El
Gobierno español debe oponerse en la Conferencia, tal y como indica la
enmienda, a que se produzca cualquier intento de renacionalización de la
política pesquera en el sentido de restringir los derechos del resto de
los países comunitarios, y muy especialmente del Estado español, y los de
los armadores y pescadores de la cornisa cantábrica, que ya están gozando
esos derechos, por muchos problemas que se pongan por delante.
Insisto en que se debe evitar un cambio en la política comunitaria en
estos aspectos. Nos parece oportuna su presentación porque tanto esta
moción como la enmienda representan un verdadero apoyo a la política que
entendemos debe desarrollar el Gobierno del Estado español.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Muchas gracias, señoría.
¿Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos? (Pausa.)
¿Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió?
Tiene la palabra el Senador Carrera.
El señor CARRERA I COMES: Muchas gracias, señor Presidente.
Intervengo muy brevemente para manifestar que vamos a votar
favorablemente la moción presentada, en los justos términos en que se
plantea, junto con la enmienda presentada por el Grupo Parlamentario de
Senadores Nacionalistas Vascos, que ha sido aceptada.
Sin duda, la exposición de motivos nos sirve para hacer referencia una
vez más a la permanente posición británica sobre este y otros aspectos
que nos afectan en el marco de la Unión Europea y del Tratado de Roma
como son los varios intentos, desde 1986, para discriminar a pesqueros
propiedad de empresarios españoles; que la legislación fuera declarada
contraria al derecho comunitario por el Tribunal Europeo de Justicia, o a
manifestaciones en la línea de intentar cambiar las actuales competencias
y acuerdos en materia de pesca en la Unión Europea.
Nada que objetar a los cuatro puntos de la moción, que van desde la
defensa de los derechos de los empresarios y trabajadores, a ayudar a
dichos empresarios y trabajadores y a la defensa de los principios,
competencias y acuerdos.
Por tanto, nuestro voto va a ser favorable a esta moción que ha sido
presentada.
Gracias, señor Presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Muchas gracias, Senador Carrera.
Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el Senador Rubido.
El señor RUBIDO RAMONDE: Gracias, Presidente.
Señorías, conocemos la sensibilidad del Grupo Parlamentario Socialista
ante los problemas pesqueros, pues no en vano nos honramos con la amistad
del señor González Laxe, gran conocedor del sector. Y si es justo
reconocerlo, también es justo admitir que el Grupo Parlamentario Popular
está igualmente sensibilizado, pues somos muchos los Senadores del mismo
que vivimos día a día de cerca, muy de cerca, el problema --un servidor
es Senador por La Coruña--. Por ello, y por lo que a continuación vamos a
exponer, anunciamos nuestro voto positivo a la moción que se propone.
Señorías, el Estado español --lo podemos afirmar-- seguirá manteniendo la
misma actitud de firmeza en defensa de los intereses españoles de las
empresas pesqueras en el Reino Unido. De hecho, tras la última sentencia
dictada por el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas, de 6 de
marzo de este año, reconociendo el derecho que asiste a las empresas
afectadas para obtener las indemnizaciones que les corresponden como
consecuencia de los perjuicios causados por la aplicación de la «Merchant
Shipping Act», en respuesta al proyecto del protocolo tratado por la CE,
presentado por el Reino Unido en la Conferencia Intergubernamental sobre
la cesión de cuotas, el Estado Español ha elaborado y trasladado tanto a
la Comisión Europea como a los Estados miembros un memorándum rechazando,
una vez más, las propuestas británicas plasmadas en el proyecto de
protocolo citado, según el cual un Estado miembro, para conseguir que los
buques de pesca enarbolan su pabellón tengan un vínculo económico real
con las Comunidades que dependen de la pesca e industria afines de dicho
Estado, puede distribuir las cuotas a él asignadas de conformidad con
unos requisitos que, como ya ha señalado el Tribunal de Justicia de las
Comunidades Europeas, son contrarias al Derecho comunitario.
De otra parte, como reza nuestro memorándum, no existe disposición alguna
en los tratados que permita considerar a la Política Común de Pesca como
un caso especial, porque si se admite que por la especificidad de la
pesca no rija en este sector la libertad de establecimiento, la libre
prestación de servicios o la libre circulación de mercancías y capitales,
nada impide que en otros sectores que también plantean ciertas
especificidades y que puedan ser principalmente sensibles para algunos
Estados miembros se trata de conseguir lo mismo, con lo que estaríamos
abriendo una puerta al desmantelamiento de la Comunidad y caminaríamos
hacia un objetivo totalmente opuesto al Mercado Unico.
Por último, señorías, cabe transcribir la conclusión del memorándum, de
la cual se deduce la posición de firmeza que España mantiene y seguirá
manteniendo ante posiciones tan redicales y contrarias al Derecho
comunitario. España rechaza tanto la argumentación como las propuestas
concretas británicas en el asunto de empresas pesqueras con la
participación de capital español. La presentación de este fenómeno como
una apropiación de cuotas destinadas a pescadores británicos por parte de
armadores españoles no es más que una tergiversación de la realidad y un
nuevo intento de falsear los principios fundamentales del Tratado de Roma
y su aplicación a la Política Común de Pesca, justo en el momento en el
que el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas ha dado la razón
a los armadores españoles afectados por la entrada en vigor de la Ley al
reconocer su derecho de solicitar al Reino Unido el pago de los daños y
perjuicios causados.
El planteamiento británico equivale a admitir una excepción de
aplicabilidad de las reglas de mercado interior para la actividad
económica pesquera más allá de los límites reconocidos por el Tribunal de
Justicia, sobre la base de especificidad del sistema de cuotas de pesca a
favor de algunas regiones costeras dependientes de esta actividad.
El hecho de que puedan derivarse efectos indirectos sobre la población
dependiente de esta actividad, no es una justificación para establecer
derogaciones que vayan más allá de la especificidad que ya reconoce la
actualidad del Derecho Privado. Ese mismo argumento llevaría a imponer
también condiciones similares en otros sectores sensibles, especialmente
en aquéllos sujetos a reconversión que afectan en igual o mayor medida a
las poblaciones próximas.
No hay que perder de vista la interpretación que se daría al escenario
final resultante de la aplicación del planteamiento británico. Por un
lado, el Reino Unido utiliza la política común de pesca para introducir
derogaciones de las reglas del mercado interior en favor de su
producción; y, por el otro, seguirán rigiendo las reglas del mercado
interior, naturalmente, sin derogación alguna, y a los efectos de
garantizar la libertad de acceso de sus productores pesqueros al
lucrativo mercado español.
Señorías, este doble rasero de discriminación es sencillamente
inaceptable. La política común de pesca no puede ser objeto de medidas de
tratamiento aislado, diferenciado y específico, más allá de las admitidas
por el Tribunal de Justicia, con independencia de los principios y de las
cuatro libertades básicas, indispensables, indiferenciables y
garantizadas por el Tratado, cuya aplicación uniforme en todos los
Estados miembros es una condición indispensable para asegurar su
efectividad y la no discriminación.
Si se admiten excepciones sectoriales más allá de las reconocidas por la
jurisprudencia comunitaria, entraríamos en una peligrosa dinámica de
demanda de excepciones similares en otros sectores igualmente afectados
--reconversión, etcétera--, que lo llevarían a una ruptura del mercado
interior.
Quede, pues, manifestado nuestro voto a favor.
Muchas gracias, señor Presidente. (Aplausos en los escaños del Grupo
Parlamentario Popular.)
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Muchas gracias, Senador Rubido.
(El señor González Príncipe pide la palabra.)
Senador González Príncipe, supongo que su señoría me pide la palabra por
el artículo 84. (Pausa.)
Tiene la palabra por un minuto.
El señor GONZALEZ PRINCIPE: Señor Presidente, abusando de su generosidad,
quiero emplear medio minuto para precisar que el Senador del Partido
Popular me ha confundido con mi querido compañero, el Senador González
Laxe, y yo soy simplemente González Príncipe. Lo digo para que conste en
el «Diario de Sesiones» correctamente.
Señor Senador, no tenga temor ni lo tenga tampoco el Partido Popular,
porque cuando haya que defender los intereses de España, sea cual sea el
Gobierno, por encima de los intereses partidistas, los socialistas
estaremos en primera línea.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol y Roig): Muchas gracias, señoría.
El Senador Rubido tiene la palabra por un minuto.
El señor RUBIDO RAMONDE: Muchas gracias, señor Presidente.
No le he confundido con el señor González Laxe; he dicho que me une una
gran amistad con él, por tanto, no le he podido confundir, pero he
manifestado que es un gran conocedor del sector, motivo por el cual creo
que influirá en su Grupo.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol y Roig): Muchas gracias.
Esta presidencia entiende, por lo dicho en las diversas intervenciones,
que les puede proponer que sea aceptada por asentimiento, incluyendo,
lógicamente, la enmienda del Grupo Parlamentario de Senadores
Nacionalistas Vascos.
¿Puede entenderse aprobado por asentimiento? (Pausa.) Queda aprobado.
--DE LOS GRUPOS PARLAMENTARIOS POPULAR EN EL SENADO, CATALAN EN EL SENADO
DE CONVERGéNCIA I UNIO, DE SENADORES NACIONALISTAS VASCOS Y MIXTO POR LA
QUE SE INSTA AL GOBIERNO A QUE RESUELVA EL PROBLEMA PLANTEADO POR LA
IMPOSICION DE SANCIONES A DIVERSOS CAPITANES DE PESCA, ASI COMO A LA
ELABORACION DE UNA LEY DE INFRACCIONES Y SANCIONES EN DICHO AMBITO
PESQUERO. (662/000031.)
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol y Roig): Por consiguiente, pasamos al
debate de la siguiente moción, que han presentado los Grupos
Parlamentarios Popular en el Senado, Catalán en el Senado de Convergència
i Unió, de Senadores Nacionalistas Vascos y Mixto por la que se insta al
Gobierno a que resuelva el problema planteado por la imposición de
sanciones a diversos capitanes de pesca, así como a la elaboración de una
ley de infracciones y sanciones en dicho ámbito pesquero.
Esta moción cumple el cupo del Grupo Parlamentario de Senadores
Nacionalistas Vascos y, por lo tanto, para su defensa tiene la palabra el
señor Gatzagaetxebarría Bastida.
El señor GATZAGAETXEBARRIA BASTIDA: Gracias, señor Presidente.
Señorías, nuestro Grupo Parlamentario, en compañía de otros grupos de la
Cámara ha presentado una moción dirigida a resolver una cuestión
controvertida y de importante trascendencia para el sector pesquero
español.
Hay un colectivo de capitanes, de trabajadores de nuestro sector
pesquero, que se ven afectados por unas determinadas actuaciones
administrativas. En reuniones mantenidas con diferentes grupos
parlamentarios, dicho colectivo nos ha pedido que realizáramos alguna
gestión pública, alguna iniciativa parlamentaria a propósito de tal
cuestión.
Por tanto, ése es el fundamento de esta iniciativa parlamentaria que
pretende intentar resolver la grave situación en que se encuentran
algunos trabajadores, en este caso capitanes y patrones de pesca de la
flota de gran altura, puesto que en este momento están en ejecución por
la vía administrativa actos administrativos sancionadores que están
afectando a determinadas familias, encontrándose algunas de ellas en el
desempleo y otras con familiares ya jubilados.
Hemos sido sensibles ante esta petición del sector, y por eso hemos
presentado esta iniciativa parlamentaria.
Señor Presidente, quiero señalar que la Administración pesquera central
emprendió diversas actuaciones sancionadoras contra capitanes de la flota
arrastrero-congeladora por diferentes conductas que infringían la Ley
52/1982, de 13 de julio, y el Real Decreto de 1980 por el cual se efectúa
la ordenación del sector pesquero español.
El número de trabajadores afectados de este colectivo asciende en este
momento a una cifra de quince personas, y la infracción pesquera imputada
de manera más generalizada la constituye el ejercicio de la actividad
pesquera sin PTP, es decir, sin permiso temporal de pesca, y el uso
indebido de éste por haber faenado en un caladero para el que no estaban
autorizados por el correspondiente PTP. Junto con éstas, existen algunas
otras infracciones adicionales cometidas en el desarrollo de la actividad
pesquera.
Señor Presidente, quería recalcar que no hay imputación administrativa
alguna sancionada por sobrepesca ni por utilización de redes
antirreglamentarias, sino que las imputaciones están relacionadas con la
falta del PTP o con el uso indebido de éste.
Las infracciones administrativas imputadas han supuesto unas sanciones
económicas muy elevadas para este colectivo de trabajadores del mar,
sanciones que oscilan entre los dos y los cinco millones de pesetas por
cada capitán
de pesca, todos ellos gallegos, de la zona de Vigo y de la península del
Morrazo, que se encuentran en una crítica situación social puesto que se
trata de una zona afectada por la reconversión y por las limitaciones que
el sector pesquero sufre a causa del acuerdo firmado con Marruecos.
La aplicación de la Ley 53/1982, la última ley que aprobó esta Cámara en
el período de mandato de la Unión de Centro Democrático --lo digo como
dato curioso--, se ha caracterizado por basarse en un criterio de
imputación de la responsabilidad administrativa de carácter objetivo, lo
que es atentatorio para los principios que inspiran el derecho
administrativo sancionador, inspirado a su vez en los mismos principios
que el derecho punitivo penal general, lo cual ha supuesto la existencia
durante todos estos años de una tradición administrativo-pesquera de
imposición de sanciones a los trabajadores, en este caso a los capitanes
de pesca.
Entre los problemas que tienen en la práctica estos capitanes
trabajadores sancionados en sus empresas de pesca, constatamos supuestos
y circunstancias distintos, pues mientras en unos casos la empresa se ha
hecho cargo de la sanción para que el capitán siga prestando sus
servicios como trabajador, en otros casos esto no ocurre, lo que está
generando que el capitán esté asumiendo de manera personal y solitaria
las consecuencias jurídicas, económicas y sociales de la sanción
impuesta.
Quiero resaltar que la ejecución de las elevadas sanciones económicas
impuestas está originando un resultado desproporcionado y no ajustado a
la conciencia social actual, ya que los capitanes de pesca son empleados
de una empresa pesquera --que es la que ejerce la actividad y que es la
titular de la explotación--, con lo cual, en aplicación de la Ley, se
suscita una situación notoriamente injusta.
La Administración pesquera central es consciente de las injusticias que
la aplicación estricta de la legalidad ha originado, y por eso ha
expresado recientemente la voluntad política de modificarla, considerando
que en la actualidad la firmeza jurídica de estas sanciones
administrativas impuestas supone la imposibilidad de acceder a otras
instancias judiciales. La jurisdicción contencioso-administrativa ha
sentenciado con carácter firme, sin posibilidad de recurso posterior, los
actos administrativos.
Por tanto, es preciso en este momento, a través de esta iniciativa
parlamentaria que planteamos, que se adopten los actos jurídicos precisos
para resolver las graves consecuencias que he explicitado anteriormente,
actos jurídicos que pueden ser de diferente naturaleza puesto que la
aplicación del principio de legalidad que inspira la actuación de los
poderes públicos y, por tanto, la de la legislación vigente, está
originando unos resultados legales pero injustos.
Pero, a su vez, esta Cámara, los poderes del Estado, ha dotado a los
diferentes poderes institucionales de mecanismos jurídicos para que en
determinados supuestos se utilice alguna herramienta que pueda matizar o
excluir los efectos sancionatorios que tienen los actos administrativos,
en su eficacia «erga omnes».
La primera figura jurídica que el ordenamiento jurídico español otorga a
los poderes públicos es la condonación. Saben sus señorías que la
condonación supone un perdón, la extinción de los efectos que origina un
acto administrativo respecto de un particular. Pues bien, si acudimos,
por ejemplo, a la Ley General Tributaria, vemos que ésta regula la figura
de la condonación --que, como he dicho, es una manifestación del perdón,
del indulto, en definitiva, de la extinción de las sanciones, de la pena
que el Estado o, en este caso, el poder administrativo, ha impuesto a un
particular-- y da potestad discrecional al Ministro de Economía y
Hacienda para perdonar las sanciones devenidas de infracciones
tributarias. Recalco esto, porque es importante: los efectos derivados de
las infracciones tributarias y sus correspondientes sanciones. Por tanto,
tenemos una antecedente jurídico importante.
En segundo lugar, hay otra figura jurídica, que las Cortes han dotado a
los poderes institucionales, como es el indulto. Regulado con una
legislación de carácter general en una Ley de 1870, el indulto es una
institución esencial en el derecho sancionador y, por ende, trasladable
al campo de las sanciones punitivas administrativas en aplicación de la
doctrina jurisprudencial del Tribunal Constitucional, que establece
idénticos principios esenciales, al ser las sanciones penales y
adiministrativas ramas de un tronco común como es el «ius puniendi» de
Estado. (El señor Presidente ocupa la Presidencia.)
Hay que invocar también otra regla o máxima del razonamiento jurídico,
máxima que nos lleva a que, quien puede lo más --en este caso lo más es
la extinción por el Gobierno de los efectos de las sanciones penales--
puede lo menos, es decir, la extinción de los efectos de las sanciones
administrativas que, como reflejo del «ius puniendi» del Estado, tienen
menor trascendencia administrativa y social.
A mayor abundamiento, señor Presidente, quiero reseñar que diversa
legislación sectorial en el ámbito administrativo, tanto estatal, como
autonómica --la estatal es la Ley 30/1984, de la Función Pública,
básica--, admite como figura jurídica, como herramienta que puede
utilizar el poder institucional al que ha dotado de mandato esta Cámara,
la extinción de las sanciones administrativas a través del indulto. La
Ley de Policía de la Comunidad Autónoma del País Vasco también admite esa
posibilidad.
La tercera figura que el ordenamiento jurídico atribuye al legislador, en
la que entraría --por eso mandatamos políticamente al Gobierno--
cualquier otro acto jurídico, sería la revocación. La Ley 30/1992, de 12
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, dice --y leo textualmente--: Las
Administraciones Públicas podrán revocar en cualquier momento sus actos
expresos o presuntos no declarativos de Derecho y los de gravamen,
siempre que tal revocación no sea contraria al interés social, al
ordenamiento jurídico.
Esta es la tercera herramienta jurídica que tienen los poderes
institucionales para poder dar soporte jurídico a actuaciones que, siendo
legales, producen efectos perversos, un efecto social desproporcionado y,
en definitiva, una injusticia en estos casos. Por ello, señor Presidente,
esta iniciativa parlamentaria pretende mandatar políticamente al
Gobierno para que lleve a cabo los actos jurídicos que estime oportunos,
cualquiera de las herramientas jurídicas a las que me he referido en mi
intervención y que crea oportunas, para eliminar esos efectos perversos
que está originando la aplicación estricta de la ley.
Quiero finalizar, señor Presidente, señalando que se solicita al Gobierno
la elaboración de un proyecto de ley que modifique la Ley 53/1982, de
Infracciones Pesqueras, cuestión sobre la que nuestro grupo ya ha
presentado una iniciativa parlamentaria, ya que actuamos en una doble
vía; en primer lugar, para resolver los efectos derivados de las
sanciones actualmente impuestas y, en segundo lugar, para que este
problema no vuelva a ocurrir en el futuro.
Para evitar esta cuestión, presentamos una iniciativa parlamentaria
concreta: una proposición de ley que modifique la Ley 53/1982;
modificación que ha de ir en la línea de la adecuación de los principios
de la responsabilidad administrativo-sancionadora a la jurisprudencia del
Tribunal Constitucional, en la medida en que el Tribunal Constitucional
afirma que la responsabilidad sancionatoria es de carácter subjetivo y no
objetiva, como se regula actualmente en la Ley 53/1982, que se la imputa
a los capitanes.
La responsabilidad será de quien haya cometido la infracción; podrá ser
del capitán, del titular de la embarcación, del maquinista, o del
engrasador del buque. En definitiva, hay que acudir a la regulación
general. Por cierto, la Ley 30/1992, de Régimen de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, establece una
responsabilidad de carácter subjetivo. La responsabilidad definitiva,
administrativa y sancionadora es del autor de la infracción, que puede
ser el capitán o cualquier otro agente que intervenga en la conducta en
cuestión.
Ese es el espíritu de la moción, señor Presidente, presentada por
diferentes grupos parlamentarios; en definitiva, resolver una situación
injusta, que está originando una sensibilidad importante entre un
colectivo de trabajadores del sector pesquero español.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, Senador Gatzagaetxebarría Bastida.
¿Turno en contra? (Pausa.)
Pasamos al turno de portavoces.
Por el Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra la Senadora De Boneta
y Piedra.
La señora DE BONETA Y PIEDRA: Señor Presidente, señorías, como firmantes
de esta moción, estamos absolutamente de acuerdo y nos sentimos
representados con la intervención del Senador Gatzagaetxebarría Bastida
en defensa de la misma.
Por tanto, sólo queda reiterar la posición de todo el Grupo, favorable a
la moción que hemos firmado.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.
¿Por el Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos? (Pausa.)
¿Por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió?
Por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió,
tiene la palabra el señor Carrera i Comes.
El señor CARRERA I COMES: Muchas gracias, señor Presidente.
Nuestro Grupo Parlamentario es uno de los firmantes de la moción que
ahora debatimos y, por tanto, vamos a votarla afirmativamente.
Creemos que al texto inicial del Grupo Parlamentario de Senadores
Nacionalistas Vascos se han ido introduciendo una serie de
consideraciones que lo complementan y clarifican, lo que ha permitido
consensuar los dos puntos de la moción.
Las consideraciones son varias. Entre ellas remarcaría las siguientes:
que las infracciones pesqueras imputadas son por lo general debidas al
ejercicio de la actividad pesquera sin permiso temporal o al uso indebido
de éste, que los supuestos y circunstancias son distintas, y que es
necesaria la adaptación de la legislación sancionadora vigente.
Por tanto, no estamos hablando de indultar, sino de regular y adoptar de
manera individualizada los actos jurídicos precisos, elaborando, al mismo
tiempo, un proyecto de ley sobre infracciones en materia de pesca que
modifique la vigente Ley 53/1982.
Por consiguiente, siendo éste el sentido de los puntos de la moción,
vamos a votarla favorablemente.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, Senador Carrera.
¿Por el Grupo Parlamentario Socialista?
Tiene la palabra el Senador Rojo García.
El señor ROJO GARCIA: Señor Presidente, señorías, subo a la tribuna para
fijar la posición del Grupo Parlamentario Socialista respecto de esta
moción, consecuencia de la que el Grupo Parlamentario de Senadores
Nacionalistas Vascos retiró en el pasado Pleno y que hoy presentan cuatro
Grupos Parlamentarios, como nos explicaba el Senador Gatzagaetxebarría.
Les diré, señorías, que son numerosos los argumentos que podríamos
utilizar para no prestar nuestro apoyo a la iniciativa que debatimos,
presentada por los cuatro Grupos Parlamentarios.
Seleccionaré alguno de ellos. Señor Gatzagaetxebarría le diré --y lo haré
con firmeza-- que queremos que el Gobierno busque una solución al
conflicto que usted nos plantea aquí en nombre de los cuatro Grupos
Parlamentarios.
Por otra parte, no estamos de acuerdo con la vía elegida: nada menos que
todo un acuerdo de Pleno para instar a un indulto encubierto a una
sanción administrativa. Le recordaré que el artículo 162.2 del Reglamento
del Senado dice que no se permiten preguntas de interés de personas
singularizadas. Entiendo, señorías, que es el caso que nos ocupa.
Señoría, deberíamos de tener todos claro que las peticiones de gracia y
la tramitación del indulto tienen en la Ley un procedimiento específico.
Si legalmente el Gobierno puede hacer uso de su derecho de gracia o de
condonación de la multa o sanción, y si entiende que es de justicia, que
lo haga. Una moción no puede salvar las dificultades o límites legales.
Señorías, si queremos ser rigurosos y transparentes en vía parlamentaria,
este asunto podría plantearse en la Comisión de Peticiones y, una vez
tratado en la misma, y si ésta lo acordase, se daría traslado al
Gobierno, como determina el artículo 77 de nuestra Constitución.
En todo caso, las sanciones son firmes en la vía administrativa, y no
conocemos las posibilidades que tienen en la revisión jurisdiccional. Lo
contrario, señorías, sería establecer un trato desigual para muchos
ciudadanos que acuden a la vía jurisdiccional.
Quisiera recordarles uno de los considerandos expuestos en la motivación
de la moción, que dice textualmente: El colectivo de capitanes de pesca
afectado ha solicitado a los representantes parlamentarios la adopción de
medidas para la resolución de la situación creada.
En cualquier caso, y muy importante, se genera un precedente que supondrá
en el futuro o un tratamiento desigual a supuestos parecidos o la
generalización de un procedimiento parlamentario que interrumpirá las
vías legales previstas, de forma que vayan pensando que, de aprobarse
esta moción, tendremos una avalancha de peticiones de este tipo difíciles
de discriminar.
Cabe concluir que se estará creando un procedimiento que puede incentivar
el que grupos de interés presionen a las Cámaras con asuntos que escapan
a sus competencias, enfrentándolas a las competencias del Gobierno y de
los tribunales de Justicia. Caminos, desde mi punto de vista, cuando
menos, señorías, preocupantes.
Señorías, termino como empecé mi intervención: Que sea el Gobierno quien
dé la solución al conflicto si es de justicia. Este es nuestro punto de
vista. Pero voy a decir más respecto a la argumentación de todo lo que he
dicho anteriormente, y lo voy a hacer porque ha argumentado ya el
Gobierno del Partido Popular.
El pasado 25 de noviembre, el Secretario General de Pesca Marítima, don
Samuel Jesús Juárez Casado, a una pregunta de la señora De Boneta sobre
esta preocupación que ella tenía, expone los motivos por los cuales están
estas sanciones y dice: Es materialmente imposible retrotraer esa
situación debido a que son expedientes que administrativamente han
llegado a su fin; incluso en algunos casos han sido recurridos ante los
tribunales y éstos han declarado firmes esas sanciones. Eso lo dice el
Gobierno, no lo decimos nosotros.
Y les diré, señorías, que desde la responsabilidad, el Grupo
Parlamentario Socialista se podría sumar a la iniciativa de los cuatro
Grupos para que saliese por mayoría. Desde la responsabilidad de un grupo
político que ha tenido el Gobierno de este país, que ayer fue Gobierno,
hoy es oposición --y mañana no tengan duda de que será Gobierno-- decimos
que no estamos de acuerdo por las razones que he explicado a la hora de
apoyar esta moción. Porque entendemos que entramos en un camino
peligroso, señorías, y si el Gobierno entiende que es de justicia
solucionar este problema, que se haga. No tratemos de enmascarar esta
situación en el Parlamento para tener una cobertura que, desde el punto
de vista no nuestro, sino del propio Gobierno, éste dice que eso no se
puede hacer.
Estas son las razones, señorías, por las cuales el Grupo Socialista va a
votar en contra.
Gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, Senador Rojo. (El señor
Gatzagaetxebarría pide la palabra.) Señor Gatzagaetxebarría, en base a
qué pide la palabra.
El señor GATZAGAETXEBARRIA BASTIDA: Brevemente, señor Presidente, por el
artículo 87.
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra por tiempo de un minuto.
El señor GATZAGAETXEBARRIA BASTIDA: Gracias, señor Presidente.
Unicamente para manifestar, en primer lugar, que esta iniciativa
parlamentaria ha sido calificada jurídicamente por los Servicios de la
Cámara, y éstos no han visto ningún impedimento de naturaleza
reglamentaria y, por lo tanto, en esta ocasión entienden que no tiene
encaje el argumento jurídico que ha expuesto el Grupo Parlamentario
Socialista en el sentido de que fuera una iniciativa de carácter personal
o con un interés individualizado. Así consta en los Servicios Jurídicos,
que la admiten a trámite.
En segundo lugar, dentro de las actuaciones que un Grupo Parlamentario
puede plantear están todas aquellas relativas a realizar alguna gestión o
a instar al Gobierno cuestiones que entran dentro de su esfera
competencial y, por lo tanto, ésta es una de ellas.
En tercer lugar, señor portavoz del Grupo Socialista, debo indicarle que
todos los Grupos Parlamentarios --inclusive ustedes--, cuando plantean
iniciativas, como las que han planteado recientemente sobre la minería,
es porque han estado en contacto con un colectivo, pulsando la realidad
social que trasladan al Parlamento. O cuando están en contacto con el
sector agrícola y presentan en el Congreso una proposición no de ley
relativa a la patata, o cuando se trata de una iniciativa sobre la
defensa de los acuerdos de la Función Pública, etcétera.
En definitiva, señor Presidente, son cuestiones de iniciativa social que,
en este caso, diferentes Grupos Parlamentarios hemos entendido que había
que plantear y los Servicios Jurídicos de la Cámara han avalado la
adecuación al Reglamento de tal iniciativa.
Nada más y muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.
Tiene la palabra el señor Chapela.
El señor CHAPELA SEIJO: Muchas gracias, señor Presidente.
Señorías, voy a exponer brevemente el punto de vista del Grupo
Parlamentario Popular, suscribiente de esta moción. Señorías, nosotros
refrendamos total e íntegramente lo expuesto en lo legal y en lo
reglamentario por el Senador del Partido Nacionalista Vasco. El que les
habla, Senador por Pontevedra, primera provincia pesquera de España,
conoce este problema porque los afectados son de allí, concretamente de
una península, península del Morrazo, situada entre las rías de
Pontevedra y Vigo.
Es ésta una cuestión más de carácter jurídico que pesquero.
Jurídicamente, la norma que viene regulando desde 1982 las infracciones y
sanciones en materia pesquera es un real decreto, real decreto que aunque
es posterior a la Constitución establece un régimen de responsabilidad un
tanto peculiar. Señorías, establece un régimen de responsabilidad
subjetivo y atribuye la responsabilidad por muchas de las actuaciones
susceptibles de infracción o de sanción no al titular del buque que las
comete, no a la empresa titular del buque, sino al capitán, al patrón del
buque.
Ante esta situación legal, que tiene 14 años y que es necesario, por lo
tanto, señorías, modificar, a finales de 1989 y principios de 1990 una
serie de capitanes de la flota arrastrera congeledora marcharon con sus
buques a aguas internacionales de la NAFO, al Atlántico Norte, a la pesca
de una especie que empezaba a estar de moda, el fletán negro.
Con motivo de la salida de estos buques, los cuales partieron, todo hay
que decirlo, sin el pertinente permiso temporal de pesca y con permisos
de pesca para otras zonas, la Administración, en estricto cumplimiento de
la ley, tampoco vamos a decir nosotros lo contrario, incoó los
preceptivos expedientes sancionadores, pero esos expedientes, señorías,
se los incoaron a un trabajador, al capitán del buque, no al titular del
buque, al obligado jurídicamente a obtener el permiso temporal de pesca.
Eso motivó que esos expedientes concluyeran en una serie de sanciones
económicas que oscilan entre los dos y cinco millones de pesetas.
Sin embargo, los empresarios, los titulares de los buques, conscientes de
lo que había ocurrido en la mayor parte de los casos, señorías, se
hicieron responsables de la multa de sus capitanes, pero otras empresas
armadoras, bien porque se disolvieron bien porque no lo aceptaron así
porque jurídicamente no estaban obligados, se negaron a pagar la sanción
que la Administración impuso a los capitanes. Ello motivó que estas
sanciones hayan continuado sus trámites y que en estos momentos una serie
de familias se encuentren ante una situación de apremio y de anuncio de
embargo.
Nosotros, obviamente, no pedimos soluciones que estén fuera de la ley; de
ahí que no compartíamos --y así se lo hicimos llegar al portavoz del
Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos-- medidas tales
como el indulto. Nosotros creemos que la Administración, señorías, en
este y en todos los temas, tiene que actuar de conformidad con la ley y
con el ordenamiento jurídico. Creemos, sin embargo, que la Administración
debe intentar solucionar este problema; la solución de este problema pasa
por estudiar caso por caso, y nos consta que se está haciendo por parte
del Delegado Provincial de la Delegación del Ministerio de Agricultura y
Pesca y se está intentando dar una solución, señoras y señores Senadores,
tan fácil como la de convencer a los armadores, bien a los que existían o
a los actuales, que cambiaron la empresa, para que se hagan cargo de las
multas, de las sanciones de sus capitanes.
Por otro lado, pedimos que se modifique la ley. Un régimen de
responsabilidades tan peculiar no cabe hoy en día en nuestro vigente
ordenamiento jurídico, y que no cabe está claro, incluso, en este sector
de la mar. La Ley de Puertos y de Marina Mercante establece en el tema de
la responsabilidad, señorías, un régimen absolutamente distinto:
establece la responsabilidad directa de la empresa armadora y subsidiaria
del capitán del buque. Apliquemos, señorías, este mismo régimen de
responsabilidad a la pesca.
Señorías, sobre esta solución tengo incluso, aunque no voy a sacarlas
aquí, cartas dirigidas por el anterior Ministro de Agricultura y Pesca a
alguno de los capitanes afectados donde venía a manifestar la necesidad
de modificar este tan peculiar régimen de responsabilidades. No ha sido
antes, es una pena. El Ministerio está en ello, nos consta que
posiblemente antes de febrero o marzo del año próximo se nos va a
presentar una nueva Ley de Responsabilidad de Infracciones y de Sanciones
en Materia de Derecho Marítimo, y creemos, por tanto, señorías, que,
aunque tarde, este tema tiene una feliz solución. Yo me alego, y
especialmente me alegro por estos capitanes y sus familias.
Muchas gracias. (Aplausos desde los escaños del Grupo Parlamentario
Popular.)
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, Senador Chapela.
Terminado el debate...
(El señor Rojo García pide la palabra.)
Senador Rojo, ¿por qué pide la palabra?
El señor ROJO GARCIA: Por el artículo 87, naturalmente.
El señor PRESIDENTE: Tiene un minuto.
El señor ROJO GARCIA: Solamente para decirle, señoría, con los argumentos
del Grupo Parlamentario Popular, que todas estas cosas que nos ha dicho
que hay que hacer le decimos al Gobierno, a su Gobierno, al Gobierno del
Partido Popular que las haga, que no nos oponemos a que el Gobierno haga
eso. Que lo haga; si lo puede hacer, que lo haga.
Yo he dicho algo a lo que no se me ha contestado y me parece que es
importante porque es algo que ha dicho el Gobierno, no lo hemos dicho
nosotros. Y el Gobierno dice, a través de su Secretario General, que es
materialmente imposible. Yo no sé si hay otra solución. Si lo puede
hacer, que lo haga, no nos oponemos, pero el Gobierno del Partido Popular
es el que dice esto, no lo decimos nosotros, ante una pregunta de la
señora De Boneta.
Como queremos que el Gobierno solucione esto, no estamos en contra del
punto segundo de la moción, y si se puede votar por separado, el Grupo
Parlamentario Socialista votará la segunda parte de la moción, porque
estamos de acuerdo. Si se puede hacer. Si no se puede hacer, que conste
en acta que el Grupo Parlamentario Socialista está de acuerdo con la
segunda parte de la moción.
Gracias.
(El señor Gatzagaetxebarría Bastida y la señora De Boneta y Piedra piden
la palabra.)
El señor PRESIDENTE: ¿Sí, Senadora De Boneta?
La señora DE BONETA Y PIEDRA: Señor Presidente, he sido aludida en dos
ocasiones.
El señor PRESIDENTE: Senadora De Boneta, yo no he entendido que haya
ninguna alusión. Nadie en esta Mesa ha escuchado una alusión personal.
La señora DE BONETA Y PIEDRA: Señor Presidente, he sido aludida en dos
ocasiones. Primero, en la intervención en la tribuna y, después, desde el
escaño se ha hecho alusión a una pregunta y a la respuesta que se me da,
desde mi punto de vista, de una forma que no es exactamente igual. No me
corresponde a mí defender al Gobierno del Partido Popular, pero debo
decir que a mí lo único que se me contesta es que los expedientes están
finalizados y nada más.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Entiendo que ha intervenido por el artículo 87 y,
por tanto, su intervención es correcta.
Senador Gatzagaetxebarría, ¿me indica para qué quiere intervenir?
(Pausa.)
El señor GATZAGAETXEBARRIA BASTIDA: Señor Presidente, ha habido una
petición del Grupo Parlamentario Socialista para que se pueda efectuar
una votación separada.
El señor PRESIDENTE: Eso es decisión de esta Presidencia. La verdad es
que no conocemos precedentes pero, en todo el caso, para empezar tenemos
que ver la opinión del grupo proponente y a partir de ahí tomar una
decisión.
El señor GATZAGAETXEBARRIA BASTIDA: Señor Presidente, nuestro Grupo
parlamentario quiere facilitar la posición del Grupo Parlamentario
Socialista. Nos parece que, en definitiva, intentar los mayores acuerdos
posibles es bueno en política y, por lo tanto, no tenemos inconveniente
en que, como ha solicitado dicho Grupo, se haga votación separada en la
medida en que está de acuerdo con un planteamiento y no lo está con otro
y lo pueda manifestar. Por tanto, desde este Grupo parlamentario no hay
oposición a que se pueda votar separadamente.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.
No hay precedente de votación separada en una moción de un párrafo. Se ha
podido presentar una enmienda en ese sentido y, en su caso, hubiéramos
debatido esa enmienda referida a ese párrafo. Por tanto, yo entiendo que
es difícil poder desglosar ese párrafo y, en tanto en cuanto considero
que ello es así, tendremos que pasar a votar la moción tal y como está
redactada. (El señor Rojo García pide la palabra.)
Tiene la palabra el Senador Rojo.
El señor ROJO GARCIA: Señor Presidente, si no existe precedente no se
vota, pero queremos que, a efectos del acta, se sepa que el Grupo
Parlamentario Socialista está de acuerdo en el segundo punto de la
moción.
El señor PRESIDENTE: Así consta.
Vamos a proceder a la votación.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 198; a
favor, 120; en contra, 77; abstenciones, una.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.
Terminado el debate de los puntos del orden del día previstos, se levanta
la sesión.
Eran las dieciocho horas y cincuenta minutos.