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DS. Senado, Pleno, núm. 18, de 05/11/1996
Año 1996 VI Legislatura
Núm. 18
CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL
SENADO
PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. JUAN IGNACIO BARRERO VALVERDE
Sesión del Pleno
celebrada el martes, 5 de noviembre de 1996
ORDEN DEL DIA:
--Lectura y aprobación, si procede, del Acta de la sesión anterior,
celebrada los pasados días 22 y 23 de octubre de 1996.
Preguntas:
--De don Jon Gangoiti Llaguno, del Grupo Parlamentario de Senadores
Nacionalistas Vascos, sobre las medidas que piensa adoptar el Gobierno
para que las sucesivas rebajas de los tipos de interés por parte del
Banco de España sean rentables para los ciudadanos en la renegociación de
sus préstamos hipotecarios. (Publicada en el «Boletín Oficial de las
Cortes Generales», Senado, Serie I, número 82, de fecha 4 de noviembre de
1996.) (Número de expediente 680/000105.)
--De don Francisco Xabier Albistur Marín, del Grupo Parlamentario de
Senadores Nacionalistas Vascos, sobre las razones que han llevado a
sustituir al titular de la Embajada de España en Cuba. (Publicada en el
«Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado Serie I, número 82, de
fecha 4 de noviembre de 1996.) (Número de expediente 680/000125.)
--De don José Castro Rabadán, del Grupo Parlamentario Socialista, sobre
las razones por las cuales se ha recortado desde la Secretaría de Estado
para la Cooperación Internacional y para Iberoamérica en casi un
cincuenta por ciento el proyecto para el programa de actividades de la
Coordinadora de Organizaciones no Gubernamentales (ONG). (Publicada en el
«Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado Serie I, número 82, de
fecha 4 de noviembre de 1996.) (Número de expediente 680/000128.)
--De don Joan Horaci Simó i Burgués, del Grupo Parlamentario Catalán en
el Senado de Convergència i Unió, sobre la fecha prevista por el Gobierno
para proceder al desdoblamiento del túnel de Viella, en la provincia de
Lleida. (Publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales»,
Senado Serie I, número 82, de fecha 4 de noviembre de 1996.) (Número de
expediente 680/000123.)
--De don Antolín Sanz Pérez, del Grupo Parlamentario Popular en el
Senado, sobre la valoración que hace el Gobierno del acuerdo alcanzado en
la Mesa de Salud Laboral con los agentes sociales para el desarrollo
reglamentario de la Ley de prevención de riesgos laborales. (Publicada en
el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado Serie I, número 82,
de fecha 4 de noviembre de 1996.) (Número de expediente 680/000133.)
--De don Juan Garrido Herráez, del Grupo Parlamentario Popular en el
Senado, sobre la valoración que hace el Gobierno del Programa de turismo
social para la tercera edad 1996-97. (Publicada en el «Boletín Oficial de
las Cortes Generales», Senado Serie I, número 82, de fecha 4 de noviembre
de 1996.) (Número de expediente 680/000135.)
--De don Juan Santaella Porras, del Grupo Parlamentario Popular en el
Senado, sobre la valoración que hace el Gobierno del acuerdo suscrito
entre el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales y los agentes sociales
en la Mesa de Diálogo para la reforma del Plan de Empleo Agrario.
(Publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado Serie
I, número 82, de fecha 4 de noviembre de 1996.) (Número de expediente
680/000137.)
--De doña Belén do Campo Piñeiro, del Grupo Parlamentario Popular en el
Senado, sobre la valoración del Gobierno acerca de la aplicación de las
medidas de lucha contra el fraude y la morosidad en el ámbito del
Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, aprobadas por el Consejo de
Ministros el 5 de julio de 1996. (Publicada en el «Boletín Oficial de las
Cortes Generales», Senado Serie I, número 82, de fecha 4 de noviembre de
1996.) (Número de expediente 680/000138.)
--De don Fernando Ignacio González Laxe, del Grupo Parlamentario
Socialista, sobre las acciones que piensa acometer el Gobierno ante la
Unión Europea a la vista de que sólo tres países (Portugal, Dinamarca y
España) han cumplido los objetivos del Plan de Orientación Plurianual
(POP-III) a mediados del año 1996. (Publicada en el «Boletín Oficial de
las Cortes Generales», Senado Serie I, número 82, de fecha 4 de noviembre
de 1996.) (Número de expediente 680/000130.)
--De don José María Barahona Hortelano, del Grupo Parlamentario Popular
en el Senado, sobre si tiene previsto el Instituto Nacional de la Salud
(INSALUD) algún plan de actuación para contener el gasto farmacéutico que
implique a los médicos, teniendo en cuenta que son ellos quienes expiden
las recetas. (Publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales»,
Senado Serie I, número 82, de fecha 4 de noviembre de 1996.) (Número de
expediente 680/000134.)
--De don José Manuel Gómez-Angulo Giner, del Grupo Parlamentario Popular
en el Senado, sobre la labor prevista por el Instituto de Salud Carlos
III en sus relaciones con las Comunidades Autónomas que tienen
transferidas las competencias sanitarias. (Publicada en el «Boletín
Oficial de las Cortes Generales», Senado Serie I, número 82, de fecha 4
de noviembre de 1996.) (Número de expediente 680/000136.)
--De don José Luis Alegre Escuder, del Grupo Parlamentario Socialista,
sobre las medidas que piensa tomar el Gobierno para frenar la subida del
precio del gasóleo. (Publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes
Generales», Senado Serie I, número 82, de fecha 4 de noviembre de 1996.)
(Número de expediente 680/000129.)
--De don Enrique Serafín Cobo Fernández, del Grupo Parlamentario
Socialista, sobre las cantidades que percibirá la Comunidad Autónoma de
Andalucía en cada uno de los ejercicios económicos comprendidos en el
quinquenio 1997-2001, conforme a la propuesta del Gobierno sobre el nuevo
modelo de financiación autonómica. (Publicada en el «Boletín Oficial de
las Cortes Generales», Senado Serie I, número 82, de fecha 4 de noviembre
de 1996.) (Número de expediente 680/000127.)
--De don Victoriano Ríos Pérez, del Grupo Parlamentario Mixto, sobre la
postura del Gobierno en relación con la situación en que quedará el
archipiélago canario en el supuesto de que España se integrara plenamente
en la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN). (Publicada en
el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado Serie I, número 82,
de fecha 4 de noviembre de 1996.) (Número de expediente 680/000126.)
--De don Fernando Novo Muñoz, del Grupo Parlamentario Socialista, sobre
si contempla el Gobierno la instalación de un polígono de tiro para el
Ejército del Aire, en el actual campo de maniobras que el Ejército de
Tierra tiene en Chinchilla de Monte Aragón (Albacete). (Publicada en el
«Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado Serie I, número 82, de
fecha 4 de noviembre de 1996.) (Número de expediente 680/000131.)
--De doña Laura Martínez Berenguer, del Grupo Parlamentario Popular en el
Senado, sobre la valoración que puede hacer el Gobierno, al día de la
fecha, de los resultados de la campaña turística del año 1996. (Publicada
en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado Serie I, número
82, de fecha 4 de noviembre de 1996.) (Número de expediente 680/000112.)
--De don Antonio García Correa, del Grupo Parlamentario Socialista, sobre
si ha estudiado el Gobierno el impacto sobre el medio ambiente producido
como consecuencia de las maniobras militares hechas en la base de Medano
del Loro, en Mazagón (Huelva), el día 28 de octubre de 1996. (Publicada
en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado Serie I, número
82, de fecha 4 de noviembre de 1996.) (Número de expediente 680/000132.)
--Declaración institucional sobre la situación de Zaire y los Grandes
Lagos. (Número de expediente 630/000002.)
Interpelaciones:
--De don Arseni Gibert i Bosch, del Grupo Parlamentario Socialista, sobre
la política del Gobierno en relación con la reordenación del sector
eléctrico. (Publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales»,
Senado Serie I, número 82, de fecha 4 de noviembre de 1996.) (Número de
expediente 670/000025.)
--De don Lluís Armet i Coma, del Grupo Parlamentario Socialista sobre las
medidas que pretende impulsar el Gobierno para orientar su política
autonómica y territorial. (Publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes
Generales», Senado Serie I, número 82, de fecha 4 de noviembre de 1996.)
(Número de expediente 670/000026.)
--De doña Pilar Costa Serra, del Grupo Parlamentario Mixto, sobre las
medidas que tiene previsto llevar a cabo el Gobierno para dar
cumplimiento a la Ley 26/1995, de 31 de julio, por la que se declara
Reserva Natural las Salinas de Ibiza («Ses Salines»), las islas des Freus
y las Salinas de Formentera, y concretamente, a los artículos 6, 7 y 8 de
la misma, relativos al nombramiento del Director de la Reserva, a la
creación del patronato y a la elaboración del Plan de Ordenación de
Recursos Naturales y Plan Rector de uso y gestión, respectivamente.
(Publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado Serie
I, número 82, de fecha 4 de noviembre de 1996.) (Número de expediente
670/000023.)
Conocimiento por el Pleno de tratados y convenios internacionales
remitidos por el Congreso de los Diputados:
--Convenio Internacional de Cooperación relativo a la Seguridad de la
Navegación Aérea «EUROCONTROL» (Bruselas 13-12-60); Protocolo Adicional
al Convenio Internacional de Cooperación para Seguridad de la Navegación
Aérea «EUROCONTROL» (Bruselas 6-7-70); Protocolo modificativo del
Protocolo Adicional al Convenio Internacional de Cooperación para la
Seguridad de la Navegación Aérea «EUROCONTROL» de 6-7-70 (Bruselas
21-11-78); Protocolo de Enmienda a la Convención Internacional de
«EUROCONTROL» para la Cooperación en la Seguridad de la Navegación Aérea
de 13-12-60 (Bruselas 12-2-81); Protocolo relativo a la aplicación de
ciertas disposiciones del Convenio sobre «EUROCONTROL» que afectan a la
defensa (Bruselas 13-12-60) y Acuerdo Multilateral relativo a la
protección de materias clasificadas «EUROCONTROL» (Bruselas 18-11-69). Se
tramita por el procedimiento de urgencia. (Publicado en el «Boletín
Oficial de las Cortes Generales», Senado Serie IV, número 4, de fecha 17
de octubre de 1996.) (Número de expediente S. 610/000004.) (Número de
expediente C. D. 110/000004.)
--Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, hecha en
Montego Bay el 10-12-82 y Declaraciones interpretativas que España va a
formular en el momento de la ratificación. Se tramita por el
procedimiento de urgencia. (Publicado en el «Boletín Oficial de las
Cortes Generales», Senado Serie IV, número 5, de fecha 17 de octubre de
1996.) (Número de expediente S. 610/000005.) (Número de expediente C. D.
110/000006.)
--Acuerdo relativo a la aplicación de la parte XI de la Convención de las
Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar de 10-12-82, hecho en Nueva York
el 28-7-94. Se tramita por el procedimiento de urgencia. (Publicado en el
«Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado Serie IV, número 6, de
fecha 17 de octubre de 1996.) (Número de expediente S. 610/000006.)
(Número de expediente C. D. 110/000007.)
--Convenio Internacional de las Maderas Tropicales, 1994, hecho en
Ginebra el 26-1-94. Se tramita por el procedimiento de urgencia.
(Publicado en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado Serie
IV, número 7, de fecha 17 de octubre de 1996.) (Número de expediente S.
610/000007.) (Número de expediente C. D. 110/000008.)
--Convenio entre el Reino de España y la República Portuguesa para la
construcción de un Puente Internacional sobre el río Caya entre las
localidades de Badajoz (España) y Elvas (Portugal), firmado «ad
referendum» en Madrid el 18-1-96. Se tramita por el procedimiento de
urgencia. (Publicado en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales»,
Senado Serie IV, número 8, de fecha 17 de octubre de 1996.) (Número de
expediente S. 610/000008.) (Número de expediente C. D. 110/000018.)
--Segundo y Tercer Protocolo Anexos al Acuerdo General sobre Comercio de
Servicios, Anejo al Acuerdo por el que se establece la Organización
Mundial del Comercio (OCM) --Marrakech 15-4-94-- hechos en Ginebra el
6-10-95. Se tramita por el procedimiento de urgencia. (Publicado en el
«Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado Serie IV, número 9, de
fecha 17 de octubre de 1996.) (Número de expediente S. 610/000009.)
(Número de expediente C. D. 110/000019.)
--Tratado de Extradición entre el Reino de España y la República Oriental
del Uruguay, firmado en Madrid el 28-2-96. Se tramita por el
procedimiento de urgencia. (Publicado en el «Boletín Oficial de las
Cortes Generales», Senado Serie IV, número 10, de fecha 17 de octubre de
1996.) (Número de expediente S. 610/000010.) (Número de expediente C. D.
110/000020.)
--Tratado entre el Reino de España y la República de Panamá sobre
Traslado de Personas Condenadas, firmado en Madrid el 20-3-96. Se tramita
por el procedimiento de urgencia. (Publicado en el «Boletín Oficial de
las Cortes Generales», Senado Serie IV, número 11, de fecha 17 de octubre
de 1996.) (Número de expediente S. 610/000011.) (Número de expediente C.
D. 110/000022.)
--Canje de Notas, de fechas 26-12-95 y 22-1-96, constitutivo de Acuerdo
entre España y Estados Unidos por el que se prorroga el Acuerdo entre
ambos países sobre Cooperación Científica y Técnica en Apoyo a los
Programas de Exploración Lunar y Planetaria y de vuelos espaciales
tripulados y no tripulados a través del Establecimiento en España de una
Estación de Seguimiento Espacial, firmado en Madrid el 29-1-64. Se
tramita por el procedimiento de urgencia. (Publicado en el «Boletín
Oficial de las Cortes Generales», Senado Serie IV, número 12, de fecha 17
de octubre de 1996.) (Número de expediente S. 610/000012.) (Número de
expediente C. D. 110/000023.)
--Convenio Internacional de Caucho Natural, 1995, hecho en Ginebra el 17
de febrero de 1995. (Publicado en el «Boletín Oficial de las Cortes
Generales», Senado Serie IV, número 1, de fecha 16 de septiembre de
1996.) (Número de expediente S. 610/000001.) (Número de expediente C. D.
110/000001.)
--Tercer Protocolo Adicional al Acuerdo General sobre Privilegios e
Inmunidades del Consejo de Europa, hecho en Estrasburgo el 6 de marzo de
1959, y el Estatuto por el que se modifica el Fondo de Desarrollo Social
del Consejo de Europa, aprobado por el Comité de Dirección del fondo en
virtud de sus Resoluciones 247 (1993), 248 (1993) y (93) 22, y reserva
que España pretende formular. (Publicado en el «Boletín Oficial de las
Cortes Generales», Senado Serie IV, número 2, de fecha 16 de septiembre
de 1996.) (Número de expediente S. 610/000002.) (Número de expediente C.
D. 110/000002.)
--Protocolo número 11 al Convenio para la Protección de los Derechos
Humanos y de las Libertades Fundamentales, relativo a la reestructuración
del mecanismo de control establecido por el Convenio, hecho en
Estrasburgo el 11 de mayo de 1994. (Publicado en el «Boletín Oficial de
las Cortes Generales», Senado Serie IV, número 3, de fecha 16 de
septiembre de 1996.) (Número de expediente S. 610/000003.) (Número de
expediente C. D. 110/000003.)
SUMARIO
Se abre la sesión a las dieciséis horas y diez minutos.
Lectura y aprobación, si procede, del Acta de la sesión anterior,
celebrada los pasados días 22 y 23 de octubre de 1996 (Página 534)
Se aprueba el acta.
PREGUNTAS (Página 534)
De don Jon Gangoiti Llaguno, del Grupo Parlamentario de Senadores
Nacionalistas Vascos, sobre las medidas que piensa adoptar el Gobierno
para que las sucesivas rebajas de los tipos de interés por parte del
Banco de España sean rentables para los ciudadanos en la renegociación de
sus préstamos hipotecarios.
Esta pregunta ha sido retirada.
De don Francisco Xabier Albistur Marín, del Grupo Parlamentario de
Senadores Nacionalistas Vascos, sobre las razones que han llevado a
sustituir al titular de la Embajada de España en Cuba.
Esta pregunta ha sido retirada.
De don José Castro Rabadán, del Grupo Parlamentario Socialista, sobre las
razones por las cuales se ha recortado desde la Secretaría de Estado para
la Cooperación Internacional y para Iberoamérica en casi un cincuenta por
ciento el proyecto para el programa de actividades de la Coordinadora de
Organizaciones no Gubernamentales (ONG) (Página 534)
El señor Castro Rabadán formula su pregunta. En nombre del Gobierno, le
contesta el señor Ministro de Asuntos Exteriores (Matutes Juan). En turno
de réplica, interviene de nuevo el señor Castro Rabadán. En turno de
dúplica, lo hace el señor Ministro de Asuntos Exteriores (Matutes Juan).
De don Joan Horaci Simó i Burgués, del Grupo Parlamentario Catalán en el
Senado de Convergència i Unió, sobre la fecha prevista por el Gobierno
para proceder al desdoblamiento del túnel de Viella, en la provincia de
Lleida.
Esta pregunta ha sido aplazada.
De don Antolín Sanz Pérez, del Grupo Parlamentario Popular en el Senado,
sobre la valoración que hace el Gobierno del acuerdo alcanzado en la Mesa
de Salud Laboral con los agentes sociales para el desarrollo
reglamentario de la Ley de prevención de riesgos laborales (Página 536)
El señor Sanz Pérez formula su pregunta. En nombre del Gobierno, le
contesta el señor Ministro de Trabajo y Asuntos Sociales (Arenas
Bocanegra).
De don Juan Garrido Herráez, del Grupo Parlamentario Popular en el
Senado, sobre la valoración que hace el Gobierno del Programa de turismo
social para la tercera edad 1996-97 (Página 537)
El señor Garrido Herráez formula su pregunta. En nombre del Gobierno, le
contesta el señor Ministro de Trabajo y Asuntos Sociales (Arenas
Bocanegra).
De don Juan Santaella Porras, del Grupo Parlamentario Popular en el
Senado, sobre la valoración que hace el Gobierno del acuerdo suscrito
entre el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales y los agentes sociales
en la Mesa de Diálogo para la reforma del Plan de Empleo Agrario.
Esta pregunta ha sido retirada.
De doña Belén do Campo Piñeiro, del Grupo Parlamentario Popular en el
Senado, sobre la valoración del Gobierno acerca de la aplicación de las
medidas de lucha contra el fraude y la morosidad en el ámbito del
Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, aprobadas por el Consejo de
Ministros el 5 de julio de 1996 (Página 538)
La señora Do Campo Piñeiro formula su pregunta. En nombre del Gobierno,
le contesta el señor Ministro de Trabajo y Asuntos Sociales (Arenas
Bocanegra).
El señor Laborda Martín interviene en este momento para plantear una
cuestión de orden, a la que responden el señor Presidente y el señor
Ministro de Trabajo y Asuntos Sociales (Arenas Bocanegra).
De don Fernando Ignacio González Laxe, del Grupo Parlamentario
Socialista, sobre las acciones que piensa acometer el Gobierno ante la
Unión Europea a la vista de que sólo tres países (Portugal, Dinamarca y
España) han cumplido los objetivos del Plan de Orientación Plurianual
(POP-III) a mediados del año 1996 (Página 539)
El señor González Laxe formula su pregunta. En nombre del Gobierno, le
contesta la señora Ministra de Agricultura, Pesca y Alimentación (De
Palacio del Valle-Lersundi). En turno de réplica, interviene de nuevo el
señor González Laxe. En turno de dúplica, lo hace la señora Ministra de
Agricultura, Pesca y Alimentación (De Palacio del Valle-Lersundi).
De don José María Barahona Hortelano, del Grupo Parlamentario Popular en
el Senado, sobre si tiene previsto el Instituto Nacional de la Salud
(INSALUD) algún plan de actuación para contener el gasto farmacéutico que
implique a los médicos, teniendo en cuenta que son ellos quienes expiden
las recetas.
Esta pregunta ha sido aplazada.
De don José Manuel Gómez-Angulo Giner, del Grupo Parlamentario Popular en
el Senado, sobre la labor prevista por el Instituto de Salud Carlos III
en sus relaciones con las Comunidades Autónomas que tienen transferidas
las competencias sanitarias.
Esta pregunta ha sido aplazada.
De don José Luis Alegre Escuder, del Grupo Parlamentario Socialista,
sobre las medidas que piensa tomar el Gobierno para frenar la subida del
precio del gasóleo.
Esta pregunta ha sido aplazada.
De don Enrique Serafín Cobo Fernández, del Grupo Parlamentario
Socialista, sobre las cantidades que percibirá la Comunidad Autónoma de
Andalucía en cada uno de los ejercicios económicos comprendidos en el
quinquenio 1997-2001, conforme a la propuesta del Gobierno sobre el nuevo
modelo de financiación autonómica (Página 541)
El señor Cobo Fernández formula su pregunta. En nombre del Gobierno, le
contesta el señor Ministro de Administraciones Públicas (Rajoy Brey). En
turno de réplica, interviene de nuevo el señor Cobo Fernández. En turno
de dúplica, lo hace el señor Ministro de Administraciones Públicas (Rajoy
Brey).
De don Victoriano Ríos Pérez, del Grupo Parlamentario Mixto, sobre la
postura del Gobierno en relación con la situación en que quedará el
archipiélago canario en el supuesto de que España se integre plenamente
en la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) (Página 543)
El señor Ríos Pérez formula su pregunta. En nombre del Gobierno, le
contesta el señor Ministro de Defensa (Serra Rexach). En turno de
réplica, interviene de nuevo el señor Ríos Pérez. En turno de dúplica, lo
hace el señor Ministro de Defensa (Serra Rexach).
De don Fernando Novo Muñoz, del Grupo Parlamentario Socialista, sobre si
contempla el Gobierno la instalación de un polígono de tiro para el
Ejército del Aire, en el actual campo de maniobras que el Ejército de
Tierra tiene en Chinchilla de Monte Aragón (Albacete) (Página 545)
El señor Novo Muñoz formula su pregunta. En nombre del Gobierno, le
contesta el señor Ministro de Defensa (Serra Rexach). En turno de
réplica, interviene de nuevo el señor Novo Muñoz. En turno de dúplica, lo
hace el señor Ministro de Defensa (Serra Rexach).
De doña Laura Martínez Berenguer, del Grupo Parlamentario Popular en el
Senado, sobre la valoración que puede hacer el Gobierno, al día de la
fecha, de los resultados de la campaña turística del año 1996
(Página 546)
La señora Martínez Berenguer formula su pregunta. En nombre del Gobierno,
le contesta el señor Ministro de Economía y Hacienda (De Rato y
Figaredo).
De don Antonio García Correa, del Grupo Parlamentario Socialista, sobre
si ha estudiado el Gobierno el impacto sobre el medio ambiente producido
como consecuencia de las maniobras militares hechas en la base de Medano
del Loro, en Mazagón (Huelva), el día 28 de octubre de 1996.
Esta pregunta ha sido aplazada.
DECLARACION INSTITUCIONAL SOBRE LA SITUACION DE ZAIRE LOS GRANDES LAGOS
(Página 547)
Se aprueba la declaración institucional por asentimiento de la Cámara.
INTERPELACIONES (Página 547)
De don Arseni Gibert i Bosch, del Grupo Parlamentario Socialista, sobre
la política del Gobierno en relación con la reordenación del sector
eléctrico.
Esta interpelación ha sido aplazada.
De don Lluís Armet i Coma, del Grupo Parlamentario Socialista, sobre las
medidas que pretende impulsar el Gobierno para orientar su política
autonómica y territorial (Página 547)
El señor Armet i Coma realiza la interpelación. En nombre del Gobierno,
responde a la misma el señor Ministro de Administraciones Públicas (Rajoy
Brey). Vuelve a intervenir el señor interpelante. Asimismo lo hace el
señor Ministro de Administraciones Públicas (Rajoy Brey). En turno de
portavoces, hacen uso de la palabra la señora De Boneta y Piedra, por el
Grupo Mixto, y los señores Zubía Atxaerandio, por el Grupo de Senadores
Nacionalistas Vascos; Ferrer i Roca, por el Grupo Catalán en el Senado de
Convergència i Unió, y Laborda Martín, por el Grupo Socialista. Toma
nuevamente la palabra el señor Ministro de Administraciones Públicas
(Rajoy Brey). Los señores Laborda Martín y Utrera Mora intervienen de
nuevo en virtud del artículo 87. Cierra el debate el señor Ministro de
Administraciones Públicas (Rajoy Brey.)
De doña Pilar Costa Serra, del Grupo Parlamentario Mixto, sobre las
medidas que tiene previsto llevar a cabo el Gobierno para dar
cumplimiento a la Ley 26/1995, de 31 de julio, por la que se declara
Reserva Natural las Salinas de Ibiza («Ses Salines»), las islas des Freus
y las Salinas de Formentera, y concretamente, a los artículos 6, 7 y 8 de
la misma, relativos al nombramiento del Director de la Reserva, a la
creación del patronato y a la elaboración del Plan de Ordenación de
Recursos Naturales y Plan Rector de uso y gestión, respectivamente.
Esta interpelación ha sido aplazada.
CONOCIMIENTO POR EL PLENO DE TRATADOS Y CONVENIOS INTERNACIONALES
REMITIDOS POR EL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS (Página 563)
Convenio Internacional de Cooperación relativo a la Seguridad de la
Navegación Aérea «EUROCONTROL» (Bruselas, 13-12-60); Protocolo Adicional
al Convenio Internacional de Cooperación para la Seguridad de la
Navegación Aérea «EUROCONTROL» (Bruselas, 6-7-70); Protocolo modificativo
del Protocolo Adicional al Convenio Internacional de Cooperación para la
Seguridad de la Navegación Aérea «EUROCONTROL», de 6-7-70 (Bruselas,
21-11-78); Protocolo de Enmienda a la Convención Internacional de
«EUROCONTROL» para la Cooperación en la Seguridad de la Navegación Aérea
de 13-12-60 (Bruselas, 12-2-81); Protocolo relativo a la aplicación de
ciertas disposiciones del Convenio sobre «EUROCONTROL» que afectan a la
defensa (Bruselas, 13-12-60), y Acuerdo Multilateral relativo a la
protección de materias clasificadas «EUROCONTROL» (Bruselas, 18-11-69).
Se tramita por el procedimiento de urgencia (Página 563)
No habiéndose consumido turnos a favor, en contra ni de portavoces, se
aprueba por asentimiento y se autoriza al Gobierno a prestar su
consentimiento para obligarse.
Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, hecha en
Montego Bay el 10-12-82 y Declaraciones interpretativas que España va a
formular en el momento de la ratificación. Se tramita por el
procedimiento de urgencia (Página 564)
No se consumen turnos a favor ni en contra. En turno de portavoces, hacen
uso de la palabra los señores González Laxe, por el Grupo Socialista, y
Soravilla Fernández, por el Grupo Popular.
Se aprueba por asentimiento y se autoriza al Gobierno a prestar su
consentimiento para obligarse.
Acuerdo relativo a la aplicación de la parte XI de la Convención de las
Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar de 10-12-82, hecho en Nueva York
el 28-7-94. Se tramita por el procedimiento de urgencia (Página 565)
No habiéndose consumido turnos a favor, en contra ni de portavoces, se
aprueba por asentimiento y se autoriza al Gobierno a prestar su
consentimiento para obligarse.
Convenio Internacional de las Maderas Tropicales, 1994, hecho en Ginebra
el 26-1-94. Se tramita por el procedimiento de urgencia (Página 565)
No habiéndose consumido turnos a favor, en contra ni de portavoces, se
aprueba por asentimiento y se autoriza al Gobierno a prestar su
consentimiento para obligarse.
Convenio entre el Reino de España y la República Portuguesa para la
construcción de un Puente Internacional sobre el río Caya entre las
localidades de Badajoz (España) y Elvas (Portugal), firmado «ad
referendum» en Madrid el 18-1-96. Se tramita por el procedimiento de
urgencia (Página 566)
No habiéndose consumido turnos a favor, en contra ni de portavoces, se
aprueba por asentimiento y se autoriza al Gobierno a prestar su
consentimiento para obligarse.
Segundo y Tercer Protocolo Anexos al Acuerdo General sobre Comercio de
Servicios, Anejo al Acuerdo por el que se establece la Organización
Mundial del Comercio (OCM) --Marrakech, 15-4-94-- hechos en Ginebra el
6-10-95. Se tramita por el procedimiento de urgencia (Página 566)
No habiéndose consumido turnos a favor, en contra ni de portavoces, se
aprueba por asentimiento y se autoriza al Gobierno a prestar su
consentimiento para obligarse.
Tratado de Extradición entre el Reino de España y la República Oriental
del Uruguay, firmado en Madrid el 28-2-96. Se tramita por el
procedimiento de urgencia (Página 566)
No habiéndose consumido turnos a favor, en contra ni de portavoces, se
aprueba por asentimiento y se autoriza al Gobierno a prestar su
consentimiento para obligarse.
Tratado entre el Reino de España y la República de Panamá sobre Traslado
de Personas Condenadas, firmado en Madrid el 20-3-96. Se tramita por el
procedimiento de urgencia (Página 566)
No habiéndose consumido turnos a favor, en contra ni de portavoces, se
aprueba por asentimiento y se autoriza al Gobierno a prestar su
consentimiento para obligarse.
Canje de Notas, de fechas 26-12-95 y 22-1-96, constitutivo de Acuerdo
entre España y Estados Unidos por el que se prorroga el Acuerdo entre
ambos países sobre Cooperación Científica y Técnica en Apoyo a los
Programas de Exploración Lunar y Planetaria y de vuelos espaciales
tripulados y no tripulados a través del establecimiento en España de una
Estación de Seguimiento Espacial, firmado en Madrid el 29-1-64. Se
tramita por el procedimiento de urgencia (Página 566)
No habiéndose consumido turnos a favor, en contra ni de portavoces, se
aprueba por asentimiento y se autoriza al Gobierno a prestar su
consentimiento para obligarse.
Convenio Internacional de Caucho Natural, 1995, hecho en Ginebra el 17 de
febrero de 1995 (Página 567)
No habiéndose consumido turnos a favor, en contra ni de portavoces, se
aprueba por asentimiento y se autoriza al Gobierno a prestar su
consentimiento para obligarse.
Tercer Protocolo Adicional al Acuerdo General sobre Privilegios e
Inmunidades del Consejo de Europa, hecho en Estrasburgo el 6 de marzo de
1959, y el Estatuto por el que se modifica el Fondo de Desarrollo Social
del Consejo de Europa, aprobado por el Comité de Dirección del fondo en
virtud de sus Resoluciones 247 (1993), 248 (1993) y (93) 22, y reserva
que España pretende formular (Página 567)
No se consumen turnos a favor ni en contra. En turno de portavoces, hacen
uso de la palabra la señora Guirado Pérez, por el Grupo Socialista, y el
señor Ramírez Pery, por el Grupo Popular.
Se aprueba por asentimiento y se autoriza al Gobierno a prestar su
consentimiento para obligarse.
Protocolo número 11 al Convenio para la Protección de los Derechos
Humanos y de las Libertades Fundamentales, relativo a la reestructuración
del mecanismo de control establecido por el Convenio, hecho en
Estrasburgo el 11 de mayo de 1994 (Página 568)
No habiéndose consumido turnos a favor, en contra ni de portavoces, se
aprueba por asentimiento y se autoriza al Gobierno a prestar su
consentimiento para obligarse.
Se suspende la sesión a las diecinueve horas y cuarenta minutos.
Se abre la sesión a las dieciséis horas y diez minutos.
LECTURA Y APROBACION, SI PROCEDE, DEL ACTA DE LA SESION ANTERIOR,
CELEBRADA LOS PASADOS DIAS 22 Y 23 DE OCTUBRE DE 1996.
El señor PRESIDENTE: Señorías, se abre la sesión. Primer punto del orden
del día: Lectura y aprobación, si procede, del acta de la sesión
anterior, que celebramos los pasados días 22 y 23 de octubre de 1996. Los
portavoces tienen conocimiento de la misma. ¿Hay alguna alegación?
(Pausa.) ¿Se puede dar por aprobada? (Pausa.) Aprobada queda.
PREGUNTAS:
--DE DON JOSE CASTRO RABADAN, DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, SOBRE
LAS RAZONES POR LAS CUALES SE HA RECORTADO DESDE LA SECRETARIA DE ESTADO
PARA LA COOPERACION INTERNACIONAL Y PARA IBEROAMERICA EN CASI UN
CINCUENTA POR CIENTO EL PROYECTO PARA EL PROGRAMA DE ACTIVIDADES DE LA
COORDINADORA DE ORGANIZACIONES NO GUBERNAMENTALES (ONG). (680/000128.)
El señor PRESIDENTE: Pasamos al segundo punto del orden del día:
Preguntas. En primer lugar, la pregunta de don José Castro Rabadán, del
Grupo Parlamentario Socialista, sobre las razones por las cuales se ha
recortado desde la Secretaría de Estado para la Cooperación Internacional
y para Iberoamérica en casi un cincuenta por ciento el proyecto para el
programa de actividades de la Coordinadora de Organizaciones no
Gubernamentales.
Tiene la palabra el Senador Castro Rabadán.
El señor CASTRO RABADAN: Gracias.
Señor Presidente, señor Ministro, ¿por qué se ha recortado desde la
Secretaría de Estado para la Cooperación en casi un cincuenta por ciento
el proyecto para el programa de actividades de la Coordinadora de las
ONGs?
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, Senador Castro Rabadán.
Tiene la palabra el señor Ministro de Asuntos Exteriores.
El señor MINISTRO DE ASUNTOS EXTERIORES (Matutes Juan): Muchas gracias,
señor Presidente.
Señorías, el programa de actividades presentado por la Coordinadora de
ONG se estructura en torno a tres ejes fundamentales. Uno, la
representación de las ONGs ante las diversas administraciones. Dos, las
actividades de sensibilización de la opinión pública y, tres, los
servicios de formación e intercambio de experiencias entre sus asociados.
Como queda claro, no hay en esas líneas proyecto alguno, en sí mismo, de
cooperación al desarrollo. La Secretaría de Estado, en función de los
fines que le asignan la ley y los presupuestos, no financia las ONGs,
sino exclusivamente proyectos de cooperación al desarrollo y es, por
tanto, para la ejecución de esos proyectos para lo que la Secretaría de
Estado concede las subvenciones.
El proyecto presentado por la Coordinadora no es, por tanto, de
cooperación al desarrollo, sino que es un mero apoyo económico a las
actividades de la propia Coordinadora, como de hecho se reconoce en su
propio título, a pesar de lo cual, señorías, la Secretaría de Estado
consideró útil financiar con nueve millones de pesetas parte de ese
proyecto, con el ánimo de no cortar drásticamente el apoyo a este tipo de
acciones, pero al propio tiempo con el ánimo de hacer ver a la
Coordinadora que en el futuro tendrá que buscar, para la financiación de
este tipo de actividades que no son desarrollo de proyectos de
cooperación, una vía de financiación distinta a la del programa de
subvenciones de la Secretaría de Estado para la ejecución de proyectos de
cooperación al desarrollo.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Ministro de Asuntos
Exteriores.
Tiene la palabra el Senador Castro Rabadán.
El señor CASTRO RABADAN: Gracias, señor Presidente.
Señor Ministro, no me sorprende su contestación, la esperaba. Pero hay
que decir públicamente que la Coordinadora de ONGs es una federación de
organizaciones españolas que tienen como misión coordinar, fomentar,
fortalecer y representar a aquéllas en el campo de la cooperación al
desarrollo tanto en el ámbito nacional como en el internacional. Al mismo
tiempo, como usted ha dicho, trata de implicar con una participación
directa a los ciudadanos en acciones solidarias con el Tercer Mundo en el
ámbito de la cooperación.
La Coordinadora está comprometida en acciones destinadas a fortalecer la
capacidad técnica de las ONGs mediante el establecimiento de servicios de
apoyo, así como a transmitirlas información para su funcionamiento.
Agrupa cerca de cien ONGs tanto laicas como confesionales sin
discriminación alguna, y lleva la voz de todas ellas ante los diferentes
organismos de la Administración española e internacionales.
Por ello, consideramos que es necesario buscar siempre el fortalecimiento
y el apoyo a este tipo de organismos desde la propia Administración, para
que el diálogo y el consenso fructifiquen en propuestas eficaces evitando
así solapamientos que dupliquen innecesariamente los esfuerzos y
proyectos de cooperación al desarrollo. La Administración debe apoyar el
funcionamiento de este tipo de órganos que optimizan los recursos de la
cooperación al armonizarlos y coordinarlos haciendo puestas en común
eficaces para todos.
Como usted ha dicho, últimamente la Coordinadora de las ONGs recibía una
subvención directa; el año pasado fue de diecisiete millones ochocientas
mil pesetas y este año ha quedado reducida a nueve millones de pesetas.
Quizá podría darle en parte la razón en cuanto a que la vía de la
subvención directa posiblemente no sea la más indicada, pero lo que no ha
dicho el señor Ministro es que existe un convenio específico --que usted
debería conocer-- entre la Coordinadora y la AECI, del 23 de julio de
1990, que tuvo ejecución en ese año y que posteriormente quedó supeditado
a la subvención, convenio que sigue aún vigente. Quizá sea éste el
vehículo más adecuado a largo plazo para poder financiar la Coordinadora.
Por tanto, habría que ponerlo en marcha definitivamente, eso sí, no
anulando la subvención o el convenio, aunque de sus palabras parece
deducirse que ustedes quieren cortar por lo sano.
No obstante, hay organizaciones que reciben subvención y que no hacen
proyectos específicos de cooperación al desarrollo ni trabajos de campo
directamente. Por otra parte, las ONGs pagan una cuota a su Coordinadora
para los gastos de funcionamiento, y hacen un esfuerzo que tiene que
verse supeditado a la Administración.
También quiero decirle que en España hay sólo una Coordinadora mientras
que en distintos países de Europa existen varias, con lo cual se crean
problemas. El modelo español es el seguido por Alemania, país que tenía
varias coordinadoras y que ha llegado a la conclusión de que es mejor
tener una sola para conseguir coordinar y armonizar adecuadamente como
acabo de decir.
Nos parece que el recorte del 50 por ciento que ha sufrido la
Coordinadora de las ONGs está reñido con el mensaje de diálogo y consenso
social que entre la Administración y la sociedad civil tanto demanda el
Gobierno actual.
Señor Ministro, creo que hay que predicar y dar trigo al mismo tiempo. Si
no, se está realizando un ejercicio de cicatería política o de dobles
intenciones que aleja la acción política del Gobierno de la sociedad a la
que trata de dirigirse, perdiendo la credibilidad de la que no están
ustedes muy sobrados últimamente.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, Senador Castro Rabadán.
Tiene la palabra el señor Ministro de Asuntos Exteriores.
El señor MINISTRO DE ASUNTOS EXTERIORES (Matutes Juan): Señor Presidente,
señorías, todo cuanto acaba de afirmar el señor Senador en favor de las
ONGs, lo suscribe este Ministro en su integridad, pero no constituye
ningún argumento para que se financien este tipo de actividades. Es más,
no se trata de que neguemos pura y simplemente esta ayuda a las ONGs, es
que, en la medida en que financiamos este tipo de actividades, no podemos
financiar proyectos de cooperación al desarrollo, que es justamente lo
que tenemos que financiar.
Como único argumento en favor de su tesis, dice su señoría que eso es lo
que se venía haciendo en los últimos años. Tampoco es un argumento. Este
Gobierno, igual que la inmensa, por no decir la totalidad, de los
gobiernos occidentales,
que tienen una larga experiencia en proyectos de cooperación al
desarrollo, y la propia Comisión Europea, al frente de cuyos proyectos de
cooperación al desarrollo he estado yo cuatro años, no financian este
tipo de actividades, no financian a las organizaciones por el mero hecho
de existir, sino en la medida en que son útiles, presentan un proyecto de
cooperación al desarrollo que es interesante y aportan su parte
correspondiente de cofinanciación. Todo lo demás son brindis al sol y no
dice nada en favor de una acción eficaz, transparente y útil al tercer
mundo en términos de cooperación al desarrollo.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Ministro de Asuntos
Exteriores.
--DE DON ANTOLIN SANZ PEREZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL
SENADO, SOBRE LA VALORACION QUE HACE EL GOBIERNO DEL ACUERDO ALCANZADO EN
LA MESA DE SALUD LABORAL CON LOS AGENTES SOCIALES PARA EL DESARROLLO
REGLAMENTARIO DE LA LEY DE PREVENCION DE RIESGOS LABORALES. (680/000133.)
El señor PRESIDENTE: Pregunta de don Antolín Sanz Pérez, del Grupo
Parlamentario Popular en el Senado, sobre la valoración que hace el
Gobierno del acuerdo alcanzado en la Mesa de Salud Laboral con los
agentes sociales para el desarrollo reglamentario de la Ley de prevención
de riesgos laborales.
Tiene la palabra el Senador Sanz Pérez.
El señor SANZ PEREZ: Muchas gracias, señor Presidente.
Señor Ministro, como usted bien sabe, la Ley de Prevención de Riesgos
Laborales 31/1995, de 8 de noviembre, que entró en vigor el 10 de febrero
pasado, traspone, superando los mínimos exigidos en algunos aspectos, la
directiva de la Comunidad Económica Europea relativa a la aplicación de
medidas para promover la mejora de la seguridad y salud de los
trabajadores en el trabajo, conocida como Directiva Marco y cuya base
jurídica es el artículo 118 a) del Tratado de la Unión Europea. Esta
trasposición, como usted bien conoce, tenía que haberse producido en
nuestro país antes del 1.o de enero de 1993. Resulta claro que el Estado
español, al no haber traspuesto en aquellas fechas la directiva
mencionada, se hallaba en situación de incumplimiento, por lo que se
instruyó un procedimiento de infracción por no comunicación de medidas
que suponemos que ahora quedará sobreseído.
En la exposición de motivos de la ley se da cuenta de cuál es el objetivo
fundamental que se persigue, la protección de la seguridad y salud de los
trabajadores en el trabajo, así como qué estrategias y asignación de
recursos son pertinentes para lograr los mejores niveles de protección,
como son la evaluación de riesgos para la seguridad y salud de los
trabajadores, la adopción de medidas necesarias con el fin de que los
equipos de trabajo sean seguros y el deber de garantizar que cada
trabajador reciba una formación teórica y práctica suficiente y adecuada
en materia preventiva. Igualmente, dar participación y consulta a los
trabajadores, así como las obligaciones de los empresarios.
La ley establece las competencias del Instituto Nacional de Seguridad e
Higiene en el Trabajo y crea la Comisión Nacional de Seguridad e Higiene
en el Trabajo como órgano asesor de las Administraciones Públicas.
Es importante reseñar que su rango de ley formal ha permitido poner un
poco de orden en el enrevesado panorama legislativo español hasta ahora
vigente en materia de seguridad e higiene en el trabajo. No obstante, era
muy necesario un desarrollo reglamentario de la misma, dado que se estaba
impidiendo la plena aplicación de la ley, principalmente en su Capítulo
IV, relativo a los Servicios de Prevención, artículos 30, 31 y 32.
El pasado día 5 de junio quedó constituida la Mesa tripartita sobre
Seguridad y Salud Laboral, en desarrollo de ese diálogo social permanente
entre la Administración, las centrales sindicales --UGT y Comisiones
Obreras-- y las organizaciones empresariales --CEOE y Cepyme-- que entre
sus objetivos más importantes se marcaron la puesta en marcha con
carácter urgente e inmediato de los trámites necesarios para la
aprobación de un Real-decreto sobre composición de la Comisión Nacional
de Seguridad y Salud en el Trabajo.
Otro de los objetivos importantes es la discusión sobre un borrador de
proyectos de reglamento de los servicios de prevención.
Como tercer objetivo a destacar fue el desarrollo reglamentario de la Ley
de Prevención de Riesgos Laborales, correspondiente a las diez directivas
específicas derivadas de la Directiva 80-93/91 de la Comunidad Económica
Europea pendiente de trasposición.
Durante los meses de junio, julio y septiembre se ha realizado un
importante trabajo, debatiendo propuestas presentadas y alcanzando algo
más importante aún: un nivel básico de consenso en relación con el
contenido de proyecto de reglamento.
Afortunadamente el pasado 20 de septiembre la Mesa tripartita llegó a un
acuerdo global sobre el Reglamento de Servicios de Prevención de Riesgos
Laborales.
Por todo ello, señor Ministro, este Senador desearía conocer qué
valoración hace el Gobierno del acuerdo alcanzado en la Mesa de Salud
Laboral con los agentes sociales para el desarrollo reglamentario de la
Ley de Prevención de Riesgos Laborales.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, Senador Sanz Pérez.
Tiene la palabra el señor Ministro de Trabajo.
El señor MINISTRO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES (Arenas Bocanegra):
Muchas gracias, señor Presidente.
Quiero agradecer la pregunta formulada por el Senador del Grupo
Parlamentario Popular y decirle que la valoración
que hace el Gobierno en relación con el desarrollo de la prevención de
riesgos laborales es muy positiva.
En los últimos días se ha hecho un comentario generalizado ante la
opinión pública española de los grandes acuerdos que se han conseguido en
torno a las pensiones y al empleo agrario. Sin embargo, ese comentario no
ha sido generalizado en un asunto de tanta importancia para todos
nosotros, como es la prevención de riesgos laborales.
Como bien ha dicho el señor Senador, desde el primer día el Gobierno ha
definido el diálogo social como un fin en sí mismo y no tiene nada que
ver con estratagemas, estrategias o tácticas del Gobierno, sino con el
firme convencimiento de que los grandes problemas de la sociedad tienen
que abordarse en un diálogo permanente con la misma, con los sindicatos y
con los empresarios.
Como decía, se ha hablado mucho del acuerdo de pensiones y del empleo
agrario, pero es bueno que se hable del consenso básico que se ha
adquirido en materia de prevención de riesgos laborales.
El Gobierno ha sido extraordinariamente sensible con toda la problemática
de la calidad de vida en el trabajo y con los riesgos que soportan los
trabajadores en el desarrollo del mismo. Por eso a estas alturas podemos
hablar de un acuerdo amplio en torno a lo que es el Reglamento de
Servicios Básicos, que desarrolla la propia Ley; podemos hablar de una
decisión del Consejo de Ministros, aprobando la creación de la Comisión
Nacional de Seguridad e Higiene, podemos hablar de la constitución de
dicha Comisión en la fecha a la que se ha referido el señor Senador y
podemos hablar de los tres grandes pilares que desarrollan toda la
normativa: primero, la valoración de riesgos como primera obligación de
los empresarios; segundo, la prevención de los riesgos laborales, y
tercero, la formación en materia preventiva, que hay que desarrollar con
todas sus consecuencias.
Quiero decirle al señor Senador que vamos a continuar con el diálogo
social en esta materia, que ya tenemos los proyectos de reglamento que
desarrolla la Directiva marco, a cuya tardanza en su trasposición ha
hecho referencia su señoría. También quiero decirle, señoría, que todo el
dinero, todo el esfuerzo que se haga por parte de las administraciones,
de los sindicatos y de los empresarios en beneficio de la salud laboral
es poco, porque siempre estamos hablando de la salud y de la vida de los
trabajadores.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Ministro.
--DE DON JUAN GARRIDO HERRAEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL
SENADO, SOBRE LA VALORACION QUE HACE EL GOBIERNO DEL PROGRAMA DE TURISMO
SOCIAL PARA LA TERCERA EDAD 1996-97. (680/000135.)
El señor PRESIDENTE: Pasamos a la pregunta de don Juan Garrido Herráez,
del Grupo Parlamentario Popular en el Senado, sobre la valoración que
hace el Gobierno del Programa de turismo social para la tercera edad
1996-97.
Tiene la palabra el Senador Garrido Herráez.
El señor GARRIDO HERRAEZ: Señor Ministro, agradezco su presencia en esta
Cámara.
Dada la importancia que para el colectivo de la tercera edad representan
los programas de turismo social de su Ministerio, este Senador le formula
la siguiente pregunta: ¿Qué valoración hace el Gobierno del Programa de
turismo social para la tercera edad en el ejercicio 1996-97, dentro de la
programación de su Departamento?
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, Senador Garrido.
Tiene la palabra el Ministro de Trabajo y Asuntos Sociales.
El señor MINISTRO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES (Arenas Bocanegra):
Muchas gracias, señor Presidente.
De la misma forma que contestaba con anterioridad al Senador, tengo que
decir que la valoración que hace el Gobierno del programa de turismo
social para 1996-1997 es positiva. Entendemos que la experiencia de este
programa ha sido muy beneficiosa para los mayores. También quiero
significar a su señoría que este Gobierno nunca va a hacer utilización
partidista o política alguna de lo que significa el programa de turismo
social.
A la sociedad española se le había dicho que si había alternancia se iban
a producir grandes calamidades; que si había alternancia se acabarían las
pensiones, se acabarían los subsidios agrarios y los mayores no podrían
viajar. Pues bien, se ha producido la alternancia y en 1997 se mantiene
el programa de turismo social, y no solamente eso, señor Senador, sino
que en un año de austeridad presupuestaria se incrementa el programa de
turismo social 1996-1997.
Por concretarles, les diré que de un total de más de 360.000 plazas,
8.500 se destinan a españoles residentes en los países de la Unión
Europea, incrementándose en 1.400; 4.000 plazas para españoles residentes
en diversos países iberoamericanos, norte de Africa y Australia y 200
plazas que podrán disfrutar españoles residentes en la Federación Rusa.
También se han hecho unos cambios estructurales muy importantes, como es
el incremento de los convenios de colaboración con las corporaciones
locales y el incremento de la coordinación con las organizaciones de
consumidores y usuarios, pretendiendo que nunca más se repita en el
futuro que haya escándalos financieros o irregularidades en el desarrollo
de los programas de turismo social.
Este Gobierno puede decir con mucho orgullo que no solamente ha cumplido
su gran compromiso del mantenimiento del gasto social, sino que también
ha cumplido su compromiso de no solicitar esfuerzo alguno a los mayores y
que es especialmente sensible a toda la problemática que
rodea y debe rodear la dignidad de nuestros mayores, que nunca van a ser
objeto de utilización partidista por parte de este Gobierno.
Muchas gracias, señor Presidente. (Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Ministro de Trabajo y Asuntos
Sociales.
¿Senador Garrido? (Pausa.)
--DE DOÑA BELEN DO CAMPO PIÑEIRO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL
SENADO, SOBRE LA VALORACION DEL GOBIERNO ACERCA DE LA APLICACION DE LAS
MEDIDAS DE LUCHA CONTRA EL FRAUDE Y LA MOROSIDAD EN EL AMBITO DEL
MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES, APROBADAS POR EL CONSEJO DE
MINISTROS EL 5 DE JULIO DE 1996. (680/000138.)
El señor PRESIDENTE: Pregunta de doña Belén do Campo Piñeiro, del Grupo
Parlamentario Popular en el Senado, sobre la valoración del Gobierno
acerca de la aplicación de las medidas de lucha contra el fraude y la
morosidad en el ámbito del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales,
aprobadas por el Consejo de Ministros el 5 de julio de 1996.
Tiene la palabra la Senadora Do Campo.
La señora DO CAMPO PIÑEIRO: Muchas gracias, señor Presidente.
Señor Ministro, como decía nuestro ilustre escritor de la Generación del
98, Azorín, en España todas las cosas hay que hacerlas cuando deben estar
hechas. Parece, señor Ministro, que éste es el papel que le toca a usted
y al actual Gobierno de la nación. Han pasado muchos años y han pasado
muchos gobiernos por este país y la tónica general de los mismos ha sido
haber carecido de una política decidida y efectiva a medio y largo plazo
para el control del fraude en las prestaciones sociales y la morosidad
hacia la Seguridad Social.
Por ello, a mí y a mi Grupo nos pareció muy importante la decisión tomada
en el Consejo de Ministros del 5 de julio del presente año de aprobar un
marco de actuación de lucha contra el fraude y la morosidad dentro del
ámbito del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales y dentro del espíritu
del Pacto de Toledo, como importante nos ha parecido el presupuesto de la
Seguridad Social para 1997, que tiene como línea prioritaria, además del
mantenimiento del poder adquisitivo de las pensiones y la mejora de la
asistencia sanitaria, el reforzamiento de los mecanismos de control y de
lucha contra el fraude.
El señor Ministro nos recordaba en su primera comparecencia ante la
Comisión de Trabajo y Seguridad Social en esta Cámara que las
administraciones públicas adeudan a la Seguridad Social una cantidad que
asciende a más de un cuarto de billón de pesetas y que la morosidad
privada asciende a un billón de pesetas, así como la necesidad de mejorar
la gestión interna de la Seguridad Social aplicando mecanismos de control
que resulten idóneos para hacer frente a las principales bolsas de fraude
hoy existentes.
De ahí, evidentemente, la importancia de las 30 medidas aprobadas para el
control y la supresión del fraude en las prestaciones contributivas, en
las cotizaciones a la Seguridad Social y, cómo no, para prevenir el
trabajo ilegal o fraudulento de los menores.
Pasados tres meses desde la aprobación por parte del Consejo de Ministros
de las citadas medidas contra el fraude en las prestaciones sociales y
contra la morosidad hacia la Seguridad Social, entendemos que ya se puede
hacer una primera valoración de su aplicación por parte del Gobierno y,
en concreto, por parte del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.
Por ello, formulo al señor Ministro la siguiente pregunta: ¿Cuál es la
valoración del Gobierno sobre la aplicación de las medidas de lucha
contra el fraude y la morosidad en el ámbito del Ministerio de Trabajo y
Asuntos Sociales, aprobadas por el Consejo de Ministros el 5 de julio de
1996?
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, Senadora Do Campo.
El señor Ministro de Trabajo y Asuntos Sociales tiene la palabra.
El señor MINISTRO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES (Arenas Bocanegra):
Muchas gracias, señor Presidente.
En primer lugar, felicito a la señora Senadora por su brillante
intervención (Risas.) Veo que lo comparte la Cámara.
La primera valoración que hace el Gobierno con respecto al bloque de
medidas de lucha contra el fraude es que había acertado en el
diagnóstico. La señora Senadora convendrá conmigo en que en los últimos
años siempre se ha oído hablar mucho del fraude fiscal, pero se ha
hablado muy poco del fraude social, y la verdad es que cuando se
defienden unas ideas, cuando se defienden los derechos de los más débiles
y cuando se toman decisiones, como el mantenimiento del poder adquisitivo
de las pensiones, uno tiene especial legitimidad para acometer también la
problemática del fraude social.
Lo primero que tiene que decir el Gobierno es que cuando hablaba de
fraude fiscal y de fraude social, constata el Gobierno --expresión esta
de «constatar» de la pasada legislatura-- que existe fraude social en
España.
Como ha dicho su señoría, en el mes de julio el Consejo de Ministros
adoptó una serie de medidas contra la morosidad y contra el fraude. La
verdad es que tiene poco sentido que a diario los gobernantes se llenen
la boca defendiendo el Estado del bienestar y que luego lo último que se
pague en una Administración Pública o en una empresa pública, o lo
primero que no se pague, sea la Seguridad Social. Es cierto que tenemos
una morosidad superior a los 200.000 millones de pesetas y también es
cierto que en el ámbito privado tenemos una morosidad cercana al billón
de pesetas, si bien podemos hablar de 500.000 millones
que pueden entenderse como fallidos al no existir ya las empresas.
En concreto, en las medidas de lucha contra el fraude ya se han producido
los primero resultados. Hemos firmado convenios con Comunidades Autónomas
para acometer la problemática de la incapacidad temporal, un convenio con
el Ministerio de Sanidad y se ha introducido alguna modificación en el
marco de las nuevas leyes. Se han hecho comprobaciones y cruces
informáticos con el Ministerio de Hacienda. Sabe usted que muchas
prestaciones sociales están destinadas a cubrir la ausencia de rentas
familiares y esto, por ejemplo, en el caso de complementos de mínimos nos
ha puesto de manifiesto que hay 170.000 pensiones presuntamente
fraudulentas. Se han revisado también las pensiones que hacen referencia
a muerte y supervivencia, dando de baja las que no eran acordes con el
planteamiento de las leyes, suponiendo un ahorro de 9.700 millones de
pesetas.
Se van a intensificar los requisitos de control de la prestación por
desempleo. La prestación por desempleo o prestación contributiva es un
derecho, pero con la misma fortaleza que se dice que es un derecho hay
que impedir que las personas que no tienen los requisitos puedan acceder
a la prestación por desempleo y, por supuesto, que cumpliendo las leyes
ni se rechacen ofertas adecuadas de trabajo, ni se rechace la acción
formativa que propone el INEM, que es la que permite acceder a un empleo
en el futuro.
Me comprometo a presentar trimestralmente un informe ante las Cámaras
sobre la evaluación de las medidas de lucha contra el fraude. Desde luego
a cualquier gobernante le gustaría que no existiera el fraude, pero
nosotros tenemos que decir que hay fraude fiscal, que hay fraude social y
que cuando se mantiene todo el gasto social, como ha hecho este Gobierno,
es cuando más se está legitimado para luchar contra aquellos
privilegiados que abusan de la Seguridad Social. Luchar contra el fraude
social es beneficiar a los trabajadores y a los más desprotegidos.
Muchas gracias, señor Presidente. (El señor Laborda Martín pide la
palabra.)
El señor PRESIDENTE: El señor Laborda tiene la palabra.
El señor LABORDA MARTIN: Señor Presidente, si su señoría lo permite,
quiero plantear una cuestión de orden, que más bien sería una doble
cuestión de orden, aunque el orden lo marca su señoría. La primera es
hacer la observancia de que los discursos en esta Cámara han de
pronunciarse dirigidos a la Presidencia. Una cosa es que el Grupo que
sostiene al Gobierno pregunte al Gobierno --y prácticamente son éstas las
únicas preguntas que tenemos-- sobre la valoración que el Gobierno hace
de los obvios actos que el Gobierno tiene que hacer, y otra cosa es que
el señor Ministro se dirija a sus compañeros de Grupo dándonos la espalda
a todos los demás. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario
Socialista.--Protestas en los del Grupo Parlamentario Popular.)
El señor PRESIDENTE: Ruego silencio a sus señorías.
El señor LABORDA MARTIN: La segunda cuestión, señor Presidente, es que a
estas alturas de la tarde deberíamos conocer, para saber a qué atenernos
--al menos los miembros de mi Grupo--, si alguna de las cuestiones
señaladas en la Junta de Portavoces en relación a convocatorias hechas se
van a mantener o no.
Muchas gracias, señor Presidente. (El señor Ministro de Trabajo y Asuntos
Sociales pide la palabra.)
El señor PRESIDENTE: Señor Laborda, antes de dar la palabra al señor
Ministro, he de decir que estoy seguro de que el señor Ministro en ningún
momento ha querido faltar a la consideración de nadie, sino todo lo
contrario, posiblemente atender a la consideración de la preguntante.
En segundo término, que sepa esta Presidencia, no se va a producir ningún
cambio respecto a lo acordado esta mañana. Si se refiere a la Comisión
convocada en el Congreso de los Diputados, la última noticia que tengo es
que estaban intentando desconvocarla o atrasarla a las ocho de la tarde.
Pero como todo se ha hecho con gran premura, hasta este momento en que se
están realizando gestiones no tenemos conocimiento de más datos.
Tiene la palabra el señor Ministro.
El señor MINISTRO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES (Arenas Bocanegra): Señor
Presidente, con mucha brevedad y con toda humildad, pido perdón a los
miembros de la Cámara que puedan haberse visto ofendidos por el hecho de
que no me haya dirigido a toda ella. Tengo que reconocer, señor
Presidente --como saben he sido Senador--, que he visto a muchísimos
Ministros dirigirse a la Presidencia, pero también al Senador
interpelante. Lo he visto siempre. En cualquier caso, señor Presidente,
nunca más me dirigiré a Senador alguno, sino siempre a la Presidencia.
Finalmente, tengo que decir que lamento personalmente la absoluta
descortesía parlamentaria del señor Laborda. Lo lamento mucho. (Aplausos
en los escaños del Grupo Parlamentario Popular.--Protestas en los escaños
del Grupo Parlamentario Socialista.)
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ministro.
-- DE DON FERNANDO IGNACIO GONZALEZ LAXE, DEL GRUPO PARLAMENTARIO
SOCIALISTA, SOBRE LAS ACCIONES QUE PIENSA ACOMETER EL GOBIERNO ANTE LA
UNION EUROPEA A LA VISTA DE QUE SOLO TRES PAISES (PORTUGAL, DINAMARCA Y
ESPAÑA) HAN CUMPLIDO LOS OBJETIVOS DEL PLAN DE ORIENTACION PLURIANUAL
(POP-III) A MEDIADOS DEL AÑO 1996. (680/000130.)
El señor PRESIDENTE: Pregunta de don Fernando Ignacio González Laxe, del
Grupo Parlamentario Socialista, sobre las acciones que piensa acometer el
Gobierno ante la Unión Europea a la vista de que sólo tres países
(Portugal,
Dinamarca y España) han cumplido los objetivos del Plan de Orientación
Plurianual a mediados del año 1996.
Tiene la palabra el señor González Laxe.
El señor GONZALEZ LAXE: Gracias, señor Presidente.
Señora Ministra, el Programa de Orientación Plurianual, el POP-III,
1992-1996, establece unas reducciones de flotas pesqueras comunitarias
atendiendo tanto a una disminución de sus capacidades como a una
reducción de sus actividades, aprobándose diversos mecanismos atendiendo
también a criterios de segmentación de flotas y niveles de esfuerzo
pesquero, que debían culminar con una reducción de las flotas pesqueras
comunitarias.
Las diversas comunicaciones anuales de la Comisión Europea evaluando los
grados de cumplimiento de dicho POP-III han puesto de manifiesto que
ciertos países cumplen y otros no, que ciertos países reducen más que la
media y otros no, y que a finales de este año usted misma tendrá que
estar presente en el Consejo de Ministros de Pesca de la Unión Europea
para aprobar el POP-IV, el Programa de Orientación Plurianual que abarca
desde 1997 al 2002, que tiende a continuar ajustando los recursos
disponibles y accesibles a las flotas pesqueras, lo que conllevará
teóricamente a una reducción de las flotas.
La pregunta que le formulo es la siguiente: ¿Qué va a hacer el Gobierno
español ante la Comisión Europea y ante los restantes países de la misma
en relación a aquellos Estados que han incumplido y que no cumplen de
forma reiterada el Programa de Orientación Plurianual III, como en su día
tampoco cumplieron el II ni el I? ¿Qué va a hacer usted?
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor González Laxe.
Tiene la palabra la señora Ministra de Agricultura, Pesca y Alimentación.
La señora MINISTRA DE DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACION (De Palacio
del Valle-Lersundi): Muchas gracias, señor Presidente.
Efectivamente, los informes de los que dispone la Unión Europea y que nos
han sido facilitados a los distintos países reflejan un cumplimiento
irregular de los objetivos del Plan de Ordenación Plurianual, POP-III, a
mediados de julio del año 1996. En ese sentido, países como Dinamarca,
España, Alemania y Portugal cumplimos según los criterios de la Comisión
y según los criterios contemplados en el POP-III.
Como muy bien sabe su señoría, lo primero que hay que decir es que la
Comisión pretende sustituir el criterio inicial de apreciación de la
capacidad pesquera de las flotas que contemplaba el POP-III, que era
toneladas de registro bruto, por tonelaje bruto. Una sustitución que
España considera que no es la adecuada, por cuanto la transformación que
efectúa de las reducciones en toneladas de registro bruto a la nueva
unidad de tonelaje bruto es perjudicial tal y como está contemplada. En
ese orden de cosas, hemos planteado la necesidad de que el cumplimiento
del POP-III se contemple conforme a las unidades de toneladas de registro
bruto que fueron las utilizadas para elaborar las reducciones exigidas a
las distintas flotas. Si se contemplara de nuevo esa unidad, algunos
países más cumplirían el POP-III, pero indudablemente hay dos países
concretos, fundamentalmente Holanda y Gran Bretaña, que en ningún caso,
fuera cual fuera la unidad utilizada, estarían en condiciones de
cumplirlo.
Su señoría debe saber que España reclama, primero, que se vuelva a la
unidad de toneladas de registro bruto y que, además, el margen de
sobrerreducción que hemos llevado a cabo --como muy bien sabe su señoría
nosotros hemos más que cumplido las previsiones del POP-III-- se nos
contemple como un crédito de cara a futuras reducciones de capacidad de
flota, y segundo, exigimos que no sea obligatoria ninguna reducción
suplementaria en ningún nuevo POP hasta tanto no cumplan todos los países
con sus obligaciones.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Ministra de Agricultura.
Tiene la palabra el señor González Laxe.
El señor GONZALEZ LAXE: Muchas gracias, señor Presidente.
En términos generales, como una gran pincelada, no habría nada que
objetar a la contestación de la señora Ministra; en términos más
concretos habría que continuar precisando, en la medida en que hay países
no cumplidores a los que hay que llamar por su nombre. Creo que la
Ministra, si es Ministra del Gobierno de España, tendría que denunciar
públicamente a Bélgica, Grecia, Irlanda, Italia, Reino Unidos y Holanda,
que son países que no cumplen en cuanto a tonelaje el POP-III. Y también
habría que denunciar a Alemania, Francia, Italia, Reino Unido, Irlanda y
Holanda que están reduciendo menos de lo que les había correspondido en
su programación
Sabe usted, señora Ministra, que en el mes de diciembre tiene una tarea
fundamental. No solamente se va a programar el POP-IV, de 1997 al 2002,
con el inconveniente adicional --sobre el cual no quiero discutir-- de
que las perspectivas financieras acaban en 1999 y las subvenciones irán
con destino a esa flota, por lo tanto, nos quedan tres años sin posibles
subvenciones, sino que también en el mes de diciembre tendrá que discutir
aquellas reducciones correspondientes a los «stocks» pesqueros en las
áreas reguladas por la Comisión europea.
Evidentemente, cuando a España le vayan a obligar o a imponer --y no sé
qué criterio podrá adoptar usted-- una reducción de sus posibilidades de
pesca, tendrá que argumentar de alguna forma que hay países que han
cometido infracciones creciendo su flota más de lo debido,
desequilibrando la ecuación flota-recursos. Por eso, mi Grupo lo que
quiere es ayudarle y respaldarle en cualquier tipo de acción, siempre que
aquellos países que están incumpliendo sus compromisos de forma reiterada
pongan su flota a los niveles a los que se han comprometido. Ese es el
verdadero objetivo de esta pregunta: tratar de ayudar al sector pesquero
español. Si hay países que están incumpliendo, España tiene que levantar
la voz en el sentido de que hay países que están cometiendo infracciones
y, cuando en el mes de diciembre usted tenga que defender las
posibilidades de pesca en las aguas reguladas por la Unión Europea,
tratar de poner en primer lugar a aquellos países que han tenido un
comportamiento ilegal durante todo este período.
Como puede comprender, señora Ministra, la pregunta no tiene otro
objetivo malsano más que éste: defender al sector pesquero español, con
la buena intención de tratar de buscar aquel elemento que nos permita
defender los intereses del sector pesquero en aquellos foros en los que
se están jugando las posibilidades de pesca del año 1997 al 2002 que,
como puede comprender, es un quinquenio muy importante.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, Senador González Laxe.
Tiene la palabra la señora Ministra de Agricultura.
La señora MINISTRA DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACION (De Palacio del
Valle-Lersundi): Muchas gracias, señor Presidente.
Por supuesto, tengo que decir a su señoría que no dudo de la buena
intención que hay detrás de esta pregunta. Léase lo que ha sido mi
primera contestación y verá que le he dado nada más que una información
de la que además supongo a su señoría informado en gran medida; lo único
que he hecho ha sido corroborar lo que en gran medida conocía su señoría.
Obviamente, España ha denunciado ya que hay países que no cumplen con las
obligaciones contempladas en el POP-III, pero, como muy bien ha dicho su
señoría, no es la primera vez, en este tipo de programas de orientación
plurianual, que hay países que incumplen sus obligaciones de reducción de
flota y de adaptación de capacidades.
Su señoría sabe muy bien que ha pasado en ocasiones anteriores y que no
es fácil paralizar nuevas reducciones de capacidades, aunque es una
cuestión que sí se tiene en cuenta. De hecho, desde la Comisión ya se ha
anunciado que se va a valorar el distinto grado de cumplimiento de los
objetivos del POP-III. En ese sentido, España, como le he señalado al
principio, no sólo ha cumplido sus objetivos, sino que ha ido más allá y
ha reducido más de lo exigido su flota.
En cuanto a la adaptación de capacidades de la flota europea, como muy
bien sabe su señoría, lo que se está discutiendo y empezando a plantear
en este momento es que, si no hay un acuerdo sobre el POP-IV, donde hay
varias dificultades, a las cuales ha hecho referencia, como, por ejemplo,
que se terminan las perspectivas presupuestarias de cara al año 1999 y
que nos encontraríamos con tres años sin respaldo presupuestario
--cuestión que ha sido, evidentemente, denunciada por la delegación
española y, desde luego, personalmente, por mí en el pasado Consejo de
Pesca--, nos podemos encontrar con que se sustituya, mientras se termina
de cerrar el nuevo POP, o bien se divida en dos: un primer período, que
sería aquel que tiene respaldo presupuestario, y un segundo, que quedara
a resultas de que las perspectivas presupuestarias lo respaldaran
suficientemente, o bien, la segunda cuestión, que sería retrasar la
aprobación definitiva del POP-IV, caso en el que supongo que la Comisión
entraría sencillamente a una adaptación de los TAC a las distintas
capacidades de esfuerzo pesquero que entienda ésta que sea posible llevar
a cabo en las aguas comunitarias.
En cualquier caso, señoría, esté tranquilo porque España ha denunciado ya
y va a seguir denunciando el incumplimiento irregular, como muy bien ha
dicho usted y había dicho yo también antes, por parte de algunos países.
Hay algunos que incumplen en un 10 o en un 20 por ciento, y otros,
sencillamente, en un dos por ciento; hay gradación en los incumplimientos
de sus obligaciones de adaptación de su flota pesquera.
Además, a esta Ministra, lo que más le podría satisfacer es que cuando
fuera a Bruselas pudiera llevar el apoyo unánime de esta Cámara y, desde
luego, el apoyo de su Grupo Parlamentario.
Nada más y muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Ministra de Agricultura.
--DE DON ENRIQUE SERAFIN COBO FERNANDEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO
SOCIALISTA, SOBRE LAS CANTIDADES QUE PERCIBIRA LA COMUNIDAD AUTONOMA DE
ANDALUCIA EN CADA UNO DE LOS EJERCICIOS ECONOMICOS COMPRENDIDOS EN EL
QUINQUENIO 1997-2001, CONFORME A LA PROPUESTA DEL GOBIERNO SOBRE EL NUEVO
MODELO DE FINANCIACION AUTONOMICA. (680/000127.)
El señor PRESIDENTE: Pregunta de don Enrique Serafín Cobo Fernández, del
Grupo Parlamentario Socialista, sobre las cantidades que percibirá la
Comunidad Autónoma de Andalucía en cada uno de los ejercicios económicos
comprendidos en el quinquenio 1997-2001, conforme a la propuesta del
Gobierno sobre el nuevo modelo de financiación autonómica.
El Senador Cobo Fernández tiene la palabra.
El señor COBO FERNANDEZ: Muchas gracias, señor Presidente.
Señor Ministro, ésta es una cuestión ya antigua que, ante reiteradas
preguntas sin contestación en esta misma Cámara y ante multitud de
declaraciones recientes con cifras absolutamente contrapuestas, le vengo
a formular en el convencimiento de que en la madurez de los tiempos el
señor Ministro ya habrá dado con una cifra, bien confirmando los 7.500
millones de pesetas que anunciaba el señor Torres Hurtado, Delegado del
Gobierno en Andalucía, bien confirmando los 18.000 del señor Juan Ojeda,
bien
confirmando los 85.000 del señor Atienza, bien los 476.000 del Partido
Popular en Andalucía, o bien los 644.661 que su señoría, señor Ministro,
anunció en contestación a un parlamentario socialista en el pasado Pleno
del Congreso de los Diputados.
¿Por qué hacemos esta pregunta? Hacemos esta pregunta para saber cómo nos
quedamos, para saber cómo se queda España, en primer lugar, cuánto va a
costar y, de ahí, poder ir deduciendo.
Nos gustaría que alguna vez, cuando usted pueda y tenga tiempo, señor
Ministro, nos dijera cómo queda con su modelo cada una de las autonomías
en cada uno de los años y cuál es el final dentro de cinco años, tanto en
coste económico para la nación española como en percepciones y ventajas
para cada Comunidad Autónoma, no sólo en términos absolutos, sino también
en términos de objetivos políticos, autonomía financiera, etcétera.
Por tanto, señor Ministro, creo que no puede pasar más tiempo sin que
esta Cámara sepa cuánto le correspondería a Andalucía en todos y cada uno
de los años del próximo quinquenio según el modelo que ustedes han
fabricado, en caso de que se aceptara.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, Senador Cobo Fernández.
Tiene la palabra el señor Ministro de Administraciones Públicas.
El señor MINISTRO DE ADMINISTRACIONES PUBLICAS (Rajoy Brey): Muchas
gracias, señor Presidente; muchas gracias, Senador Cobo.
Dentro del relato que usted ha hecho de posibles cifras, podía también
haber dado las del Presidente de la Junta de Andalucía, señor Chaves, las
de la Consejera de Economía y Hacienda de la misma Comunidad, o las que
publican ustedes, Partido Socialista de Andalucía. (Un señor Senador: Eso
no se pregunta.--Rumores.)
El señor PRESIDENTE: Silencio, por favor.
Señor Ministro, continúe.
El señor MINISTRO DE ADMINISTRACIONES PUBLICAS (Rajoy Brey): Le decía al
señor Cobo que, dentro de las cifras que él ha apuntado, he echado de
menos las que dio a conocer al conjunto de la opinión pública el
Presidente de la Junta de Andalucía, señor Chaves, como las que dio a
conocer a esa misma opinión pública la Consejera de Economía y Hacienda
de la misma Comunidad Autónoma, y no sé por qué no trae usted a colación
las que el Partido Socialista de Andalucía ha publicado con todo tipo de
lujos y detalles en distintos medios de comunicación, en concreto
hablando de que con el nuevo modelo Andalucía perdía 250.000 millones.
Creo que usted tiene aquí una magnífica oportunidad para explicarnos el
porqué de esa pérdida a la que usted y su partido han hecho referencia a
lo largo de los últimos días. (Rumores.--Una señora Senadora: Eso no se
pregunta.)
El señor PRESIDENTE: Silencio, por favor.
Señor Ministro, puede continuar.
El señor MINISTRO DE ADMINISTRACIONES PUBLICAS (Rajoy Brey): Yo
sinceramente llego a la conclusión de que el Grupo Parlamentario
Socialista no quiere que le responda porque no es la primera vez ni la
segunda... (Rumores.) ¿Lo ve?
El señor PRESIDENTE: Por favor, silencio.
Tiene la palabra el señor Ministro.
El señor MINISTRO DE ADMINISTRACIONES PUBLICAS (Rajoy Brey): Como dije en
el Congreso de los Diputados la pasada semana, la Junta de Andalucía
recibirá --según comunicación que ya se le ha remitido por el
Vicepresidente Segundo de Economía y de Hacienda a la Consejera de
Economía y Hacienda de Andalucía-- con el nuevo modelo, si es que al
final lo acepta la Comunidad Autónoma, la cantidad de 644.661 millones de
pesetas, de las cuales, 85.398 serían en concepto de 15 por ciento de
cuota líquida territorializada, es decir, con el modelo actual, 85.810,
15 por ciento con capacidad de ejercer la autonomía normativa y la de
gestión, y el resto sería la PIE actual incrementada según el índice
conocido como ITAE.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Ministro.
Tiene la palabra el Senador Cobo.
El señor COBO FERNANDEZ: Es una dicha poder tener una cifra.
Saco una consecuencia, señor Ministro, y por eso queríamos conocer esa
cifra, que nos deja como estábamos. Es decir, según la comunicación que
ya obra en nuestro poder, la Comunidad Autónoma Andaluza, de aceptar o no
su modelo, puede tener una diferencia del orden de 500 millones de
pesetas. La verdad es que los incentivos para Andalucía deben de estar en
otra parte además de en lo cuantitativo, porque una proporción de una
centésima sobre la cantidad no va a hacer que nos decidamos, sino que
deben ser otros temas cualitativos como, por ejemplo, la construcción de
un Estado solidario y el poder compartir unos objetivos comunes de
futuro, los que nos hagan sacrificarnos en mor de la solidaridad.
De todas maneras también le quería expresar, señor Ministro, que al menos
esto desactiva una amenaza, un chantaje. Le decían a don Manuel Chaves
que si no aceptaba el nuevo modelo, prácticamente íbamos a vivir en la
indigencia. Menos mal que con las cifras que nos dan ya sabemos que no,
que esto es más o menos igual. Por tanto, si hablamos del objetivo de la
autonomía financiera nos quedaríamos como estábamos, si fuera darnos más
dinero, también nos quedaríamos como estábamos. ¿Cuáles serían otros
objetivos? Será, quizá, motivo de una reflexión más seria que debamos
hacer con tranquilidad, con un diálogo sosegado, para que el modelo
resultante no sea consecuencia de varios pactos bilaterales, con un
diálogo creativo pero no con unas Comunidades desde sus perspectivas
sobre
España de una en una, con otras Comunidades a la trágala por cuestión de
disciplina partidaria y con otras por mor de la amenaza de que van a
perder mucha financiación, con un diálogo positivo, pensando todos desde
nuestra perspectiva, pero todos pensando en el bien común y en un
proyecto común que sigue siendo España, colaborando decentemente,
honestamente con nuestras aportaciones para conseguir un modelo que pueda
ser definitivo o por lo menos vislumbrar como definitivo.
Además, no sabemos si alegrarnos o no porque de lo que estamos seguros es
de que éste no es un modelo para cinco años. No sabemos la sorpresa que
se nos dará dentro de una semana, un mes, un año acerca del modelo
definitivo. No lo sabemos. Por tanto, esta cantidad como referencia en el
momento actual es válida para 1997, según el señor Ministro y según que
se cumplan las variables sobre las que se sostiene. ¿Será la del mes que
viene? ¿Será la de 1998? Desde luego, todos los datos y las
circunstancias nos llevan a pensar que ésta no es la cantidad de
referencia para cinco años.
Quisiéramos que a través del diálogo sereno, a través de un diálogo menos
crispado que el que ahora mismo ustedes están provocando con el
enfrentamiento, pudiéramos ir diseñando un sistema financiero que fuera
una alegría para todas y cada una de las Comunidades Autónomas en virtud
de los sacrificios que todas y cada una de ellas hacen para conseguir su
autonomía financiera y la solidaridad entre todos los ciudadanos de
España que desean...
El señor PRESIDENTE: Senador Cobo, ruego que termine.
El señor COBO FERNANDEZ: ... unos servicios iguales para todos los
ciudadanos.
Muchas gracias y perdón, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, Senador Cobo.
El señor Ministro tiene la palabra.
El señor MINISTRO DE ADMINISTRACIONES PUBLICAS (Rajoy Brey): Muchas
gracias, señor Presidente.
Senador Cobo, usted ha celebrado el que yo haya dado aquí una cifra. Yo
celebro que a usted esto le satisfaga, pero hubiera celebrado también que
puesto que también le dimos una cifra el día 24 de octubre en la
comunicación a que antes he hecho referencia del Vicepresidente Segundo
de Economía y Hacienda a la Consejera de Economía y Hacienda y, por
tanto, al Gobierno de Andalucía, se hubiese usted ahorrado esta pregunta
y también algún compañero suyo se hubiese ahorrado en el Congreso otra
que en idéntico sentido que ésta me hizo la semana pasada.
En cualquier caso también dice usted que esa cifra nos deja como
estábamos --ha sido la expresión literal que usted ha utilizado--. Yo no
soy culpable de que eso sea así. Será que ustedes no lo entienden, pero
eso ya no es un problema mío, será suyo.
Habla del chantaje, de la amenaza y de que en el supuesto de que
Andalucía no adopte este modelo quedaría en la indigencia. Yo no sé quién
ha dicho eso. Yo no lo he dicho. Probablemente quien lo haya dicho haya
sido el señor Chaves y la Consejera de Economía y Hacienda de la Junta de
Andalucía. (Rumores.) Yo, desde luego, no lo he dicho.
Hablan ustedes de que son partidarios de un diálogo en serio sobre este
asunto; nosotros también. Pero no nos parece que el modelo más adecuado
para el establecimiento de ese diálogo sea la publicación en diversos
medios de comunicación de Andalucía de una serie de agresiones, por
supuesto, no físicas, como es natural, sino en letra impresa contra el
Gobierno; ése no es el mejor sistema para el establecimiento del diálogo.
¿Y qué le aporta este modelo a Andalucía? Le aporta lo que al resto de
las Comunidades Autónomas, capacidad normativa. Hay mucha gente que opina
que no es bueno que en España haya tres Instituciones de gasto, como son
la Administración local, la central y la autonómica, y sólo dos asuman
responsabilidad en el ingreso, como son la Administración central y la
Administración local. Probablemente haya otros que no piensen igual, pero
la inmensa mayoría de las fuerzas políticas y de las personas que saben,
al menos, una palabra de este asunto, entienden que esta situación no
podía demorarse durante mucho tiempo, y que era necesario establecer
mecanismos de corresponsabilidad fiscal, aumentar la autonomía financiera
y, con ello, la responsabilidad de los gobernantes autonómicos. Lo dicen
los programas electorales de todas las fuerzas políticas. Es probable que
haya otros procedimientos distintos, pero no parece que el Gobierno se
haya equivocado mucho eligiendo dos instrumentos como son los tributos
cedidos, que en este momento ya son gestionados por las Comunidades
Autónomas que reciben la totalidad de los mismos, sin ningún tipo de
topes, y como es el 30 por ciento del IRPF, que tiene un antecedente en
el 15 por ciento. Son los dos impuestos sobre los cuales se han generado
y que han sido vinculados a los ingresos de las Comunidades Autónomas a
lo largo de estos últimos años. Podía haber otros sin duda, pero éstos
son los más razonables por los argumentos que he expuesto y porque todos
los expertos así lo recomiendan. (Rumores y protestas en los escaños del
Grupo Parlamentario Socialista.)
En cualquier caso, si ustedes quieren establecer un diálogo, es posible
que podamos hacerlo, pero con actitudes como la que acaban de tener ahora
mismo no va a ser fácil.
Gracias. (Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Ministro.
--PREGUNTA DE DON VICTORIANO RIOS PEREZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO,
SOBRE LA POSTURA DEL GOBIERNO EN RELACION CON LA SITUACION EN QUE QUEDARA
EL ARCHIPIELAGO EN EL SUPUESTO DE QUE ESPAÑA SE INTEGRARA PLENAMENTE EN
LA ORGANIZACION DEL TRATADO DEL ATLANTICO NORTE (OTAN). (680/000126.)
El señor PRESIDENTE: Pregunta de don Victoriano Ríos Pérez, del Grupo
Parlamentario Mixto, sobre la postura del Gobierno en relación con la
situación en que quedará el archipiélago canario en el supuesto de que
España se integrara plenamente en la organización del Tratado del
Atlántico Norte.
Tiene la palabra el Senador Ríos.
El señor RIOS PEREZ: Señor Presidente, señor Ministro, señorías,
últimamente ha circulado la noticia en diversos medios de comunicación de
ámbito estatal sobre un supuesto plan del Gobierno español relativo a la
solicitud, para un militar español, del mando de una nueva subregión
suroccidental de la OTAN, delimitada por el eje
Baleares-Madrid-Gibraltar, dejando fuera de éste al archipiélago canario
y vinculándolo a otro eje del Atlántico --Lisboa-Trópico de Cáncer--, en
relación con el Tratado de Washington, con mando foráneo.
Por otra parte, al no haberse firmado aún por parte de España el Tratado
de Pelindaba de desnuclearización total del continente africano e islas
adyacentes, es por lo que se hace la siguiente pregunta al señor
Ministro.
Para el supuesto de la plena integración de España en la Alianza
Atlántica, es decir en su estructura militar global, ¿podría el Gobierno
explicarnos su postura respecto al hecho de que el archipiélago canario
pudiera quedar en una situación singular y específica, diferenciada del
resto del Estado español?
Muchas gracias, señor Presidente.
Muchas gracias, señor Ministro.
El señor PRESIDENTE: Gracias, Senador Ríos.
Tiene la palabra el señor Ministro de Defensa.
El señor MINISTRO DE DEFENSA (Serra Rexach): Gracias, Presidente.
La respuesta es tajante y firme: no, señoría. En primer lugar, el
archipiélago canario, como otro punto del territorio nacional, está
defendido por las propias Fuerzas Armadas españolas. Pero si España
participa plenamente en la Alianza --para lo cual estamos en trámites, y
en la próxima semana se presentará la oportuna propuesta de resolución en
el Congreso de los Diputados--, el propósito del Gobierno es mantener,
dentro del posible mando subregional que existiría en España, la
jurisdicción sobre las Islas Canarias.
Hay que recordar que la situación actual ha permitido que las Islas
Canarias estuvieran vinculadas a la península por mor de los acuerdos de
coordinación entre la Alianza Atlántica y España, sin perjuicio de que su
ubicación geográfica correspondiera al mando estratégico del Atlántico o
Saclant. Pero como le digo, señoría, la voluntad firme, la voluntad
decidida del Gobierno es no alterar la situación de Canarias en la nueva
estructura. Y esta voluntad viene avalada por la propia doctrina de la
Alianza, tanto el llamado estudio a largo plazo --«long term study»--,
como la implementación militar de la estrategia de la Alianza, el
documento que se conoce como el MC-400, dicen que ningún territorio
nacional será dividido o subdividido entre varios mandos si la nación no
lo quiere. Y el Gobierno de España no lo quiere.
Además de esto, señoría, hay razones puramente estratégicas y militares
y, como le he dicho, la situación hoy vigente ha permitido conjugar los
intereses políticos con los militares y con los estratégicos de manera
que, a pesar de estar España fuera de la Alianza, el archipiélago ha
permanecido vinculado a la Península y así lo estará en el futuro.
Incluso en el futuro --y con esto termino, Presidente-- será más fácil
porque la nueva estructura de la Alianza se va a caracterizar por una
mayor flexibilidad de los límites: no van a ser límites rígidos y van a
estar orientados a misiones.
Repito que, desde este punto de vista --y con ello espero tranquilizar a
su señoría--, no hay que temer que de ninguna manera se desgajen las
Canarias de la responsabilidad de España y del mando que en su caso
pudiera albergar España.
Muchas gracias, Presidente.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Ministro de Defensa.
Tiene la palabra el Senador Ríos.
El señor RIOS PEREZ: Muchas gracias, señor Presidente.
Señor Ministro, yo le agradezco mucho esto que ha contestado ante el
Senado sobre la posibilidad o lo posible, pero yo quiero seguridad. Este
no es el momento de debatirlo ni mucho menos, habrá ocasiones para ello,
pero sí quiero decirle que me da la impresión --y le da la impresión a
Coalición Canaria-- de que la cuestión va con excesiva prisa y con la no
tranquilidad de la información.
Estamos muy poco informados de lo que puede ocurrir, y no solamente los
grupos políticos que estamos interesados en el tema, sino incluso la
población en general. Le voy a hacer una referencia muy rápida al último
cuestionario del CIS, de septiembre, en el que aparecen unas cifras
realmente preocupantes: por ejemplo, solamente el 17 por ciento del total
de los preguntados tiene alguna idea de la nueva situación de la futura
OTAN, frente a un 48 por ciento que dicen que les gustaría interesarse
por la política pero que no les llega esa información; por otro lado, el
53 por ciento de todos los españoles entrevistados, frente al 13 por
ciento, consideran a la OTAN el instrumento político-militar de Estados
Unidos en Europa.
En síntesis, señoría, y para terminar, quisiera decirle que necesitamos
más información. Queremos saber exactamente cuál es nuestro inmediato
futuro dentro de la Organización del Atlántico Norte porque nos jugamos
mucho en el envite --al señor Ministro no se le ocultan las razones ni es
momento de desmenuzarlo, pero habrá ocasiones para hacerlo--. Porque, ¿es
que Gibraltar va a quedar vinculado solamente a Inglaterra, con todo lo
que significa conceptualmente esa vinculación definitiva a Inglaterra, o
va a tener después influencia sobre el Mediterráneo, sobre Tolón o
Nápoles? ¿Qué va a ocurrir en toda el área de influencia del Magreb,
pues, al fin y al cabo, Magreb significa las tierras donde se pone el
sol, y el oeste para Marruecos,
las tierras donde se pone el sol, es el archipiélago canario?
En resumen, queremos más información, estamos muy preocupados por la poca
información y, por lo tanto, nuestra postura dependerá de la información
que tengamos cara al futuro, porque en ningún caso quisiéramos ni que en
Canarias hubiera una nueva base de la OTAN, ni que hubiera tránsito de
armas nucleares; en definitiva, no queremos ser un gendarme sobre el
continente africano.
Muchas gracias, señor Presidente y señor Ministro.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, Senador Ríos.
Tiene la palabra el señor Ministro de Defensa.
El señor MINISTRO DE DEFENSA (Serra Rexach): Muchas gracias, señor
Presidente.
Señoría, me parece que esa encuesta del Centro de Investigaciones
Sociológicas que ha citado no se refiera a la nueva Alianza, se refiere a
la alianza de siempre, sobre la que es más que posible que haya una falta
de información. En cualquier caso, yo creo que ahora no es el momento de
saber el detalle de la nueva estructura de la Alianza, simplemente,
señoría, porque no está definida y le voy a poner un ejemplo: ayer por la
tarde los expertos del Comité Militar estuvieron analizando las
alternativas posibles en cuanto a mandos regionales; no se ha hablado,
señoría, de mandos subregionales y nosotros estamos hablando aquí de la
hipótesis de un futuro mando subregional.
Todavía las negociaciones entre los miembros de la Alianza están a un
nivel anterior al que se ha suscitado aquí esta tarde, señoría. Es verdad
que le propósito era conocer en la reunión de los ministros en diciembre,
la estructura de la Alianza para que después cada país tome las
decisiones que estime pertinentes. Las últimas noticias parece que van a
exigir una demora y que hasta la primavera no se podrá saber. En
definitiva, señor Presidente, es posible que tradicionalmente se dé poca
información sobre la Alianza, pero en este momento no se puede dar lo que
no se sabe. Y, en este momento, los órganos de la Alianza no han llegado
a discutir con ese detalle la futura estructura.
Nada más y muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Ministro de Defensa.
--DE DON FERNANDO NOVO MUÑOZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, SOBRE
SI CONTEMPLA EL GOBIERNO LA INSTALACION DE UN POLIGONO DE TIRO PARA EL
EJERCITO DEL AIRE, EN EL ACTUAL CAMPO DE MANIOBRAS QUE EL EJERCITO DE
TIERRA TIENE EN CHINCHILLA DE MONTE-ARAGON (ALBACETE). (680/000131.)
El señor PRESIDENTE: Pregunta de don Fernando Novo Muñoz, del Grupo
Parlamentario Socialista, sobre si contempla el Gobierno la instalación
de un polígono de tiro para el Ejército del Aire, en el actual campo de
maniobras que el Ejército de Tierra tiene en Chinchilla de Monte-Aragón
en la provincia de Albacete.
El Senador Novo tiene la palabra.
El señor NOVO MUÑOZ: Muchas gracias, señor Presidente.
Señor Ministro, noticias de prensa de la última semana de algún medio de
comunicación de ámbito nacional, que lógicamente trasladan a los medios
locales y regionales con prontitud, me obligan a formularle la pregunta
que el señor Presidente enunciaba y que repito: ¿Contempla el Gobierno la
instalación de un polígono de tiro para el Ejército del Aire, en el
actual campo de maniobras que el Ejército de Tierra tiene en Chinchilla
de Monte-Aragón en la provincia de Albacete? Gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, Senador Novo.
El señor Ministro de Defensa tiene la palabra.
El señor MINISTRO DE DEFENSA (Serra Rexach): Muchas gracias, señor
Presidente.
Señoría, como ya he mencionado ante esta Cámara en otros ocasiones, de
nada vale una fuerza aérea si no sabe cómo cumplir sus misiones, si los
pilotos no están acostumbrados a entrenarse en época de paz. No tendría
ningún sentido dedicar los recursos económicos que se dedican para
mantener la fuerza aérea si luego no hubiera capacidad para entrenar a
nuestros pilotos. Por tanto, quiero dejar establecido una vez más, de
modo claro y tajante, que es imprescindible para la fuerza aérea contar
con un polígono donde adiestrarse y donde entrenarse.
En la actualidad, el Ministro de Defensa está considerando, entre otras
alternativas, pues hemos pedido y se nos ha ofrecido la cooperación del
Ministerio de Medio Ambiente, si sería posible situar, en alguno de los
campos de tiro del Ejército de Tierra o en una parte de ellos, un
polígono de tiro para el Ejército del Aire. Para ello, estamos valorando,
entre otros, los siguientes parámetros: la seguridad del campo, la
situación geográfica que permita el fácil acceso a las diferentes bases
aéreas, las condiciones climatológicas, la meteorología, la superficie
disponible y, naturalmente, el respeto al medio ambiente.
Hasta aquí puedo llegar, señoría. En el Ministerio se está estudiando las
alternativas. No se ha adoptado ni siquiera una propuesta definitiva. Yo
me puedo comprometer a traerla a la Cámara, cuando se adopte la solución,
en cooperación --como he dicho-- con el Ministerio de Medio Ambiente,
para que sea la primera en conocerla.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Ministro.
Senador Novo Muñoz, tiene la palabra.
El señor NOVO MUÑOZ: Muchas gracias, señor Presidente.
Señor Ministro, desde luego, no tengo nada que objetar a sus comentarios
iniciales. Lo que le voy a decir en modo alguno tiene que ver con la
vehemencia provinciana o con la irracionalidad. No tiene nada que ver.
Dicho esto, debo decir también que la falta de concreción, es decir, el
mantener como expectativa la que usted me manifiesta, me parece un
trabajo inútil, porque hay elementos absolutamente objetivos que harían
absolutamente inútil cualquier tipo de estudio sobre la posibilidad de un
campo de tiro en el campo de prácticas del Ejército de Tierra de
Chinchilla.
Señor Ministro, voy a ser muy concreto. Estamos hablando de la zona de
mayor densidad de población de Castilla-La Mancha. Estamos hablando de
una distancia de 15 kilómetros de la población más populosa de
Castilla-La Mancha, que es Albacete. Estamos hablando del nudo de
comunicaciones --hacia el sureste, Murcia; hacia levante, Valencia y
Alicante-- más importante de la región.
Es decir, que de inmediato a uno le sobran argumentos para no contemplar
esa posibilidad y no alarmar indebidamente. Y no quiero decirle que a
este mismo respecto se han presentado mociones en ayuntamientos apoyadas
por todos los grupos ni tampoco que hay resoluciones de Parlamentos
regionales sobre ese mismo asunto. En una palabra, no quiero decir con
esto que no haya que estudiar algo que sin duda debe estudiarse --repito
que comparto con usted desde la racionalidad las necesidades de
adiestramiento que puedan tener nuestras Fuerzas Aéreas--, pero por otra
parte considero que esto es algo totalmente fuera de lugar, es una locura
simplemente contemplarlo alarmando sin motivo --como decía un miembro de
alguna asociación ciudadana de Albacete, lo he leído ayer o anteayer--
porque, repito, si hacemos ejercicio objetivo de ello, hay que decir que
esa zona es la más poblada, es la de mayor densidad de población de
Castilla-La Mancha, está a quince kilómetros de la ciudad con mayor
población, que es Albacete.
Me parece, por tanto, que deberíamos recibir contestaciones lógicas sobre
que eso no debería ni tan siquiera contemplarse aunque haya un estudio
previo y aunque todo ello no vaya más allá de ese estudio.
Muchas gracias, señor Ministro.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.
Tiene la palabra el señor Ministro de Defensa.
El señor MINISTRO DE DEFENSA (Serra Rexach): Muchas gracias, señor
Presidente.
Quisiera hacer tan sólo dos comentarios aparte de decirle a su señoría
que me alegro de que comparta la necesidad de un polígono de tiro para el
Ejército del Aire.
En primer lugar, con la lógica que aplica su señoría, probablemente no
habría polígonos de tiro en media Europa. En segundo lugar, señoría, creo
que no es justo achacar la creación de alarma al Ministerio de Defensa
porque hasta ahora no ha abierto la boca. Sólo estamos haciendo los
estudios. Y mientras que su señoría piensa que eso es descartable «ab
initio» por esas razones, hay quien piensa que, por otras razones
igualmente válidas, no es descartable «ab initio».
Por otra parte, nos parece --y en esto coincido con su señoría-- que
sería prematuro sacar una especie de lotería de los posibles
emplazamientos porque entonces sí que crearíamos alarma social. Hasta
ahora, señoría, la alarma la han podido crear otros, pero, desde luego,
le garantizo que el Ministerio de Defensa no la ha creado. Lo único que
ha hecho, con la mayor discreción posible, ha sido estudiar posibles
emplazamientos para el futuro polígono de tiro del Ejército del Aire.
Gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Ministro de Defensa.
--DE DOÑA LAURA MARTINEZ BERENGUER, DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL
SENADO, SOBRE LA VALORACION QUE PUEDE HACER EL GOBIERNO, AL DIA DE LA
FECHA, DE LOS RESULTADOS DE LA CAMPAÑA TURISTICA DEL AÑO 1996.
(680/000112.)
El señor PRESIDENTE: Pregunta de doña Laura Martínez Berenguer, del Grupo
Parlamentario Popular en el Senado, sobre la valoración que puede hacer
el Gobierno, al día de la fecha, de los resultados de la campaña
turística del año 1996.
Tiene la palabra la Senadora Martínez Berenguer.
La señora MARTINEZ BERENGUER: Señor Presidente, le ruego me disculpe.
Sufro una afonía.
¿Podría formular la pregunta alguno de mis compañeros de Grupo?
El señor PRESIDENTE: Efectivamente, señoría, no podemos oírla.
¿Podría su señoría dar por formulada la pregunta puesto que está impresa?
(Asentimiento.)
Muchas gracias, Senadora.
Tiene la palabra el señor Vicepresidente Segundo del Gobierno y Ministro
de Economía y Hacienda.
El señor MINISTRO DE ECONOMIA Y HACIENDA (De Rato y Figaredo): Gracias,
señor Presidente.
Conforme a la pregunta impresa, valoración que hace el Gobierno de los
resultados de la campaña turística de 1996, tengo que decir que, según
los datos publicados por la Secretaría de Estado de Comercio, Turismo y
Pequeña y Mediana Empresa el día 21 de octubre, el número de turistas, es
decir, el de los visitantes que pernoctan en nuestro país entre enero y
septiembre, ha ascendido a 33,5 millones de personas frente a los 31,6
millones en el mismo período del año anterior, es decir, que ha habido un
6,1 por ciento más en 1996.
En lo que se refiere a la temporada de verano, de junio a septiembre, el
número de visitantes que entraron en nuestro país ascendió a 28,65
millones, de los que 19,6 millones, el 68 por ciento, corresponden a
turistas, es decir, a personas que pernoctan, y el resto corresponde a
personas
que transitan por nuestro país, es decir, excursionistas, según la
clasificación que hace la Secretaría de Estado. Y de este 31,6 por ciento
de personas que o bien transitan por nuestro país para ir a otro destino
o se les considera excursionistas de un solo día, la segunda figura
representa el 80 por ciento.
Estos resultados se han conseguido como consecuencia del funcionamiento
satisfactorio de la mayor parte de los mercados, y quiero recordar aquí
cómo a principios de la temporada, en los pasados meses de mayo y junio,
a preguntas formuladas tanto en el Congreso de los Diputados como en el
Senado, el Gobierno y algunos de los parlamentarios interesados
expresaban las dificultades que algunos mercados, como el británico,
estaban teniendo en la temporada turística presente. A lo largo del
verano esa situación se ha corregido y se ha compensado por otros
mercados. También me parece importante resaltar que las previsiones del
Gobierno para finales de año, es decir, para el conjunto de la campaña,
supondrán un aumento del número de turistas entre el 5 y el 6 por ciento.
Desde el punto de vista de la contribución del sector turístico a los
equilibrios comerciales y a los equilibrios exteriores de nuestro país,
la balanza turística ha sido extraordinariamente positiva este año,
alcanzando casi los dos billones de pesetas, es decir, un 7,7 por ciento
más que el año anterior. Y desde el punto de vista de ofrecer a sus
señorías datos cualitativos y no sólo cuantitativos, les doy los
siguientes: Con respecto a la fidelidad hacia España como objetivo
turístico, el 60 por ciento de los turistas declara haber estado ya en
España al menos una vez; el 50 por ciento , haber estado cuatro o más
veces, y el 47 por ciento expresa su intención de volver en los próximos
12 meses. La estancia media del turista en España también es muy alta,
12,6 días, y el 52 por ciento ha pasado entre 8 y 15 noches. Ese
porcentaje supera el 60 por ciento en las Comunidades de Baleares y
Canarias.
En ese sentido, tengo que expresar el alto grado de satisfacción que
siente el Gobierno por la evolución de la campaña turística de 1996, que
viene a consolidar los resultados alcanzados en ejercicios anteriores,
resultados que se han mejorado este año y que presentan a la industria
turística española como una de las más importantes del mundo.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Ministro.
--DECLARACION INSTITUCIONAL SOBRE LA SITUACION DE ZAIRE Y LOS GRANDES
LAGOS. (630/000002.)
El señor PRESIDENTE: Señorías, antes de pasar al punto siguiente del
orden del día, quiero leer una Declaración Institucional que ha sido
suscrita por todos los grupos parlamentarios con representación en la
Cámara:
«El Senado de España, impresionado por la situación de guerra que vive el
Zaire y las dramáticas circunstancias que padecen millones de personas en
la región de los Grandes Lagos de Africa; consternado porque la comunidad
internacional no ha podido poner fin a esa violencia y ayudar
humanitariamente a las víctimas; constatando que hasta el momento los
acuerdos entre Estados no han podido cristalizar de manera positiva y que
las circunstancias empeoran día a día, hace un llamamiento a la opinión
pública para que desarrolle todo tipo de acciones tendentes a incrementar
la ayuda humanitaria y de cooperación con los habitantes de la región,
respalda la acción del Gobierno encaminada a realizar todas y cuantas
operaciones sean necesarias para evitar el enfrentamiento y la guerra y
consigan paliar los efectos dramáticos en torno a los problemas derivados
de las condiciones sanitarias y alimentarias e impulsa a que se realicen
de manera urgente las acciones políticas necesarias e imprescindibles
para lograr el restablecimiento de las condiciones políticas y sociales
en la región.»
¿Aprueba la Cámara por asentimiento esta Declaración? (Pausa.) Así se
declara.
INTERPELACIONES:
El señor PRESIDENTE: Punto siguiente del orden del día: Interpelaciones.
--DE DON LLUIS ARMET I COMA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, SOBRE
LAS MEDIDAS QUE PRETENDE IMPULSAR EL GOBIERNO PARA ORIENTAR SU POLITICA
AUTONOMICA Y TERRITORIAL. (670/000026.)
El señor PRESIDENTE: Interpelación de don Lluís Armet i Coma, del Grupo
Parlamentario Socialista, sobre las medidas que pretende impulsar el
Gobierno para orientar su política autonómica y territorial.
Tiene la palabra el Senador Armet i Coma.
El señor ARMET I COMA: Señor Presidente, señoras y señores Senadores,
señor Ministro, vamos a hacer un gran esfuerzo en esta interpelación para
situar los elementos de impulso y aspectos positivos por encima de las
legítimas críticas que podríamos hacer como Grupo Parlamentario. (El
señor Vicepresidente, Rigol i Roig, ocupa la Presidencia.)
En este sentido, la interpelación tiene como objetivo orientar las
actuaciones del gobierno y, más concretamente, reorientarlas en relación
a la política autonómica y territorial. Nuestra voluntad no es presentar
ningún tipo de moción como consecuencia del debate, sino afirmar el
carácter institucional del desarrollo autonómico de nuestro país.
Me gustaría empezar por hacer una afirmación, si quieren ustedes enfática
pero orgullosa: los demócratas de España, de sus distintas nacionalidades
y regiones, de todo el arco parlamentario hemos contribuido a desarrollar
un proceso de transformación de un Estado claramente centralista
a un Estado autonómico con gran potenciación de la autonomía local. El
proceso de transformación de nuestro Estado no tiene parangón en ningún
país europeo y los resultados obtenidos nos han de enorgullecer a todos
los que hemos participado en él de una forma efectiva. Sin lugar a dudas,
los que hemos tenido representaciones gubernamentales y la
responsabilidad de dirigir procesos complejos estamos también
modestamente orgullosos de lo que hemos hecho. Esto no se improvisa; es
el esfuerzo de todos, pero de una sensibilidad y de una inteligencia
política al servicio de grandes ideales institucionales.
Me gustaría empezar por señalar un aspecto que para nosotros es clave.
Sólo es posible avanzar en política institucional por la senda de la
racionalidad y fortalecer de esta forma nuestra rica y variada
arquitectura institucional. Sólo así podemos avanzar. Si avanzamos por la
vía de la afirmación de la emocionalidad, no avanzamos, retrocedemos.
Cada uno legitima posiciones políticas territoriales o partidistas, pero
no avanzamos institucionalmente.
En relación al tema de política autonómica y territorial, se ha producido
durante los últimos quince días una cadena de despropósitos que
introducen una gran desorientación en la opinión pública. Esto se produce
con una gran pasividad por parte del Gobierno y su Presidente. Hemos
asistido al espectáculo de una dialéctica cruzada, donde las legítimas
reivindicaciones de las Comunidades Autónomas se tornaban recelos y
acusaciones mutuas, originándose así una reacción en cadena cada vez que
surgían indicios de novedad y quiebra en el siempre difícil equilibrio
competencial y financiero del sistema institucional del que nos hemos
dotado.
En estricta teoría combinatoria --no en falsa teoría de probabilidades--
se han producido todo tipo de combinaciones ideológico territoriales que
han significado un juego de despropósitos que nunca deberían ser el
elemento básico de afirmación de cualquier actividad política. Esta ha de
introducir siempre minimización de problemas, combinatoria perfectamente
calculada y no dejar que las fuerzas de lo aleatorio se produjeran con
toda la fuerza posible. No voy a dar aquí las 72 citas de irracionalidad
--alguna de ellas de claro surrealismo-- que se han producido durante 15
días en la vida política española, porque creo que serían elementos
negativos y, posiblemente, en muchos casos los propios actores han
rectificado lo que habían dicho.
El Gobierno no informaba, el Gobierno no esclarecía, el Gobierno no
modulaba, lo cual significa una grave dejación de responsabilidad. Esta
actitud propicia todo tipo de demagogia institucional y éste es el
elemento más peligroso. La ausencia de un Gobierno que tome la
responsabilidad de dirigir los procesos complejos origina en nuestra
arquitectura institucional todo tipo de planteamientos recelosos, basados
legítimamente en posiciones, en algunos casos defendidas por la historia
o amparadas por la Constitución y, en algunos casos, como elementos
defensivos de la Comunidad vecina.
El desarrollo institucional requiere inteligencia política, una extrema
sensibilidad, ideas claras, es decir, lo que se llama un pensamiento
político, y tener una clara voluntad política de conseguir objetivos
razonables. Y esto es lo difícil en política: señalar un objetivo
razonable y saber que el camino más corto nunca es la línea recta, sino
que el camino más corto es el camino del consenso sistemático y
persistente que nos permite llegar a este objetivo por difícil que sea.
Desde este punto de vista, el Grupo Parlamentario Socialista quiere
manifestar lo siguiente: en esta Cámara hay que reivindicar la
trasparencia frente a la opacidad. El bilateralismo puede ser justificado
en política, ha de ser justificado en asuntos fundamentales de los
político, pero el bilateralismo opaco es lo peor que puede haber en la
actividad política, porque genera una reacción en cadena de difícil
consecuencia y de difícil solución a corto y medio plazo.
Desde este punto de vista, me gustaría señalar los aspectos que creo han
surgido y pienso que entre todos deberíamos hacer el esfuerzo,
especialmente por parte del Gobierno, para intentar situarlos en sus
justos términos. Son tres cuestiones básicas de opacidad. La primera es
el concierto autonómico. Yo no voy a referirme a un derecho amparado por
la Constitución, a un derecho que nosotros consideramos que se sitúa
plenamente en lo que es la lógica democrática y en los parámetros
constitucionales. Me gustaría decir muy enfáticamente que no se puede
hacer ninguna crítica frívola y elemental sobre lo que es un derecho
reconocido y cuando se han establecido privilegios territoriales ha sido
precisamente en los períodos de dictaduras, que es cuando los privilegios
territoriales han jugado contra un territorio que legítimamente defendía
por su historia lo que era el derecho a su concierto.
Pero también es cierto que cuando el cupo de un concierto da un resultado
negativo en un momento histórico determinado es como un semáforo rojo que
cualquier Gobierno responsable ha de saber entender para enderezar, para
canalizar el problema y para hacer la pedagogía conveniente. Esta gran
pedagogía que debería hacer el Gobierno cuando se encendía el cupo
negativo era del todo necesaria, ya que estamos entrando en la senda de
una irracionalidad irrecuperable. Desde este punto de vista, la pasividad
del Gobierno ante el problema es realmente lamentable y la opacidad de
acuerdos políticos sin la trasparencia adecuada es el peor servicio que
se puede hacer al concierto.
La segunda cuestión es la financiación autonómica, de la que ya
hablaremos, pues habrá una sesión para tratarla a fondo. Es importante
situarla en una senda de racionalidad y lo peor que puede suceder es que
cada Comunidad piense que puede obtener el máximo de un sistema que no
está acotado, que deja un conjunto de aspectos a desarrollar y que
algunos de ellos son de garantía del propio sistema, con lo cual se
establece una lectura interesada de un sistema que debe tener una lectura
acotada. Es responsabilidad del Gobierno acotar esta lectura, es
responsabilidad del Gobierno ser capaz de señalar los mínimos y máximos
que se mueven en un sistema de financiación para crear desde ese punto de
vista la senda de racionalidad delante de lo que es la legítima posición
del todos queremos más, como aquella vieja canción que todos los
Senadores y Senadoras conocen perfectamente.
Desde este punto de vista, sinceramente creo que el tema es
significativamente grave. Quedan pendientes aspectos tales como
asignaciones por nivelación de servicios. No hay nada establecido. Existe
una voluntad difusa, grupos de trabajo, incrementos sobre el Fondo de
Compensación Interterritorial. Es una voluntad difusa que veremos cómo se
concreta. Existe una incertidumbre extraordinaria sobre cómo puede
evolucionar el sistema impositivo español en relación con el PIB nominal.
Dependiendo de cómo éste evolucione, el esquema de financiación tendrá un
resultado u otro.
Nosotros en los últimos años nos hemos movido con un sistema de una
fiscalidad potente y ascendente en relación con un Estado de bienestar y
un Estado autonómico y local que queríamos fortalecer. Estamos delante de
otra perspectiva por la propia voluntad de Gobierno. Esta nueva
perspectiva tiene unos efectos muy importantes en el esquema de
financiación autonómica. ¿Qué quiere decir esto? Incertidumbre. Grado de
opacidad e incertidumbre y cada uno interpreta lo que quiere interpretar
en relación al mismo.
El tercer elemento de opacidad, que nos preocupa enormemente, es la
inversión pública. Ustedes, obviamente, han optado por una posición
legítima --la podemos criticar en el debate de Presupuestos--, que es
reducirla ostensiblemente. Hay que cuadrar el presupuesto y hay que
disminuir la inversión. Esta reducción ha tenido una trascendencia
territorial distinta en unas zonas u otras. Esto es exactamente igual,
pero tiene su importancia.
Pero no es a esto a lo que me quiero referir. A lo que me quiero referir
es a que abren ustedes una puerta, que es la puerta de la esperanza de
futuro, a la creación de mecanismos institucionales por los cuales se
crea una empresa que podrá hacer un endeudamiento determinado y podrá
canalizar un tipo de inversiones que no tendrá control de esta Cámara ni
del Congreso de los Diputados.
Por tanto, asistiremos a un tipo de política de compensación por la vía
de unas inversiones a través de estos organismos públicos, con lo cual
ustedes van creando unas esperanzas en algunos, desesperanzas en otros, y
pueden situar su contacto político bilateral al nivel del desconcierto.
Pero, obviamente, llega un momento en que el desconcierto tiene un
sumatorio, que este desconcierto no puede ir más allá de lo razonable,
que este desconcierto tiene que tener unos límites, que debe acotarse,
porque es una mala política la creación de expectativas por encima de lo
que serán después las realidades vivenciales.
Desde este punto de vista, en estos tres elementos básicos --concierto,
financiación autonómica, inversión pública-- se va a una política de
incrementar la incertidumbre, e incrementar la incertidumbre es el peor
remedio que se puede hacer en una política de racionalización de los
procesos de transformación de un Estado central a un Estado autonómico,
sobre todo en un momento en que el 80 por ciento del trabajo está hecho y
el recorrido ha sido muy potente. Lo que hay que afinar es la dirección,
lo que hay que tener es la sensibilidad de apuntar exactamente hacia
dónde queremos ir; no es difícil encontrar un acuerdo, lo difícil es
encontrar un acuerdo en los pasos iniciales, lo difícil es tomar un
acuerdo de rectificación.
Posiblemente no seríamos racionales si no dijéramos que entre los
sistemas de concierto y los sistemas de financiación autonómica no puede
haber de aquí en unos años unas diferencias económicas. Si los hay de
origen se ha de corregir, en cinco, en diez, en quince o en veinte años,
pero hemos de crear unas bases para que todo ciudadano, con independencia
de los sistemas, pueda acceder a los servicios públicos de la misma
forma. Creo que esto es importante.
Por tanto, no estamos delante de una situación de extrema dificultad,
estamos delante de una situación de esperanza y de posibilidad.
Por ello, no nos parece positiva esta incertidumbre generalizada, este
desconcierto que el Gobierno ha permitido de forma espectadora. Vea usted
en esta interpelación una voluntad de que rectifiquen posiciones, de que
gobiernen, de que tomen iniciativas maduras y, sobre todo, de que tomen
aquellas iniciativas que se fundamentan en dos aspectos básicos: el
máximo consenso institucional posible, el máximo consenso entre partidos
posible, fundamentado, y el de la máxima transparencia y control
democrático posible, fundamentado. Con estos dos principios básicos es
como se avanza, y los avances no retroceden nunca, sino que son avances
en la claridad, y si las dificultades existen son dificultades que las
podemos solventar entre la inmensa mayoría que afirmamos determinadas
posiciones.
Me gustaría también, porque sería deshonesto por mi parte no hacerlo,
señalar la aparición de nuevas situaciones que me parecen especialmente
peligrosas y que a nuestro Grupo le preocupan enormemente. Las citaré
brevemente, y no me gustaría hacer alarmismo, pero son situaciones que se
empiezan a dar y cuando esto ocurre hay que alertar para corregir
radicalmente lo que serían comportamientos anómalos.
Primera de ellas: la aparición, como un elemento nuevo, de una dialéctica
norte-sur que podría ser extraordinariamente peligrosa en nuestro país.
El Senador que les habla es un Senador catalán, socialista, y una de mis
obsesiones políticas, como la de muchos de mis compañeros y de todo
nuestro Grupo, ha sido que nunca se produjera en el conjunto de España
una situación de dialéctica norte-sur. Hemos visto el tema italiano con
pavor, hemos podido contemplar lo que eran políticas absolutamente
equivocadas en esta línea. Mantener este difícil equilibrio para que este
tema no surja requiere fuerza, inteligencia política, sensibilidad y
actuar inmediatamente cuando aparece cualquier tipo de problema.
Es la única cita que haré aquí. No es el Presidente de la Generalitat,
señor Pujol, el que tiene que ir a Andalucía, es el Presidente Aznar el
que tiene que ir a Andalucía. Esto es clave, porque cuando aparece un
recelo de esta magnitud hay que cubrirlo, y con esto no estoy amparando
ninguna actitud demagógica que pudiera surgir del territorio, estoy
defendiendo una política de Estado que me parece absolutamente
fundamental. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario
Socialista.)
Por tanto, le ruego, señor Ministro, que comunique nuestra preocupación.
En esta cuestión hemos de trabajar todos juntos, y me consta de muchos
partidos aquí representados
que tienen o han tenido este tema como uno de los órdenes de su política,
y esto no quiere decir paternalismos, porque ya no estamos en épocas de
paternalismos, estamos en épocas de fomento del desarrollo y de la
dignidad.
Segundo tema. Aparecen aspectos de cuestión de nombres --todos los
señores Senadores y Senadoras me van a entender--, y no puede ser que si
llegamos a unos acuerdos en la Constitución --que posiblemente no nos
satisfacen a todos al cien por cien-- vayamos, a partir de vías que no
corresponden a un nuevo pacto político, sino vías particulares o de
reformas de Estatuto, a cambiar el nombre de las cosas. Aparentemente
puede parecer poco importante, porque las grandes discusiones, las
fundamentadas en la irracionalidad y algunas veces en la imbecilidad, se
fundamentan en pequeños aspectos emocionales. Es necesario mantener los
equilibrios de nombres porque son señas de identidad, y las señas de
identidad, evidentemente, lo que hacen es racionalizar sentimientos, y
todo lo que sea racionalizar sentimientos creo que es tremendamente
positivo.
Un tercer aspecto que nos preocupa es que con todo el desarrollo
autonómico ha habido un perdedor: la Administración local. Ha habido un
perdedor claro --miren ustedes los Presupuestos de este año, miren los
que van a tener para los próximos años-- y no puede ser que en el
desarrollo institucional de nuestro país se produzca un desequilibrio
favorable --lo voy a decir con todas las palabras--, un neocentralismo
autonómico en contra de la voluntad autonómica de los propios municipios.
Debemos desarrollar al máximo el potencia autonómico compatible con un
desarrollo de la Autonomía local, y este doble hecho es consustancial,
dejando claramente definidas cuáles son las jerarquías institucionales
que hay que establecer.
Señoras y señores del Gobierno, no estamos en la transición política.
Estamos en la maduración democrática, estamos en la fase final de un
proceso de transformación.
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Senador Armet, si no le aviso que
ha consumido su tiempo me van a acusar de favoritismo.
El señor ARMET I COMA: Termino, enseguida, señor Presidente.
En la transición política se podían hacer cosas con nocturnidad, con
precipitación y con secretismo, porque había una urgencia histórica;
ahora se ha de hacer todo con transparencia, con diálogo, con pedagogía,
con información, impulso y control democrático de cada uno de los pasos.
Desde este punto de vista, nos gustaría que el Gobierno tuviera el más
alto sentido de la responsabilidad institucional, que fuera capaz de
dirigir un proceso que obtuviera el más amplio consenso político de orden
ideológico y de orden territorial, sin exclusiones. En este sentido,
usted nos encontrará, pero las alertas de hoy no son gratuitas, son
preocupaciones profundas, y las preocupaciones profundas, cuando se
establecen, señoras y señores Senadores --se establecen pocas veces-- ,
es una señal de alarma no con voluntad de crítica al Gobierno, sino para
poner encima de la mesa una necesaria y urgente rectificación del
Gobierno.
Muchas gracias. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario
Socialista.)
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Muchas gracias, Senador Armet i
Coma.
Tiene la palabra el señor Ministro de Administraciones Públicas.
El señor MINISTRO DE ADMINISTRACIONES PUBLICAS (Rajoy Brey): Señor
Presidente, señoras y señores Senadores, señor Armet, por paradójico y
sorprendente que pueda parecer, yo estoy sustancialmente de acuerdo con
el contenido de la intervención del Senador Socialista, señor Armet, y
con la misma claridad con la que él ha hablado aquí voy a intentar
pronunciarme yo mismo; además, voy a hacer una intervención en la línea
de la suya. Por lo tanto, si él no ha querido dar las 72 citas de
irracionalidad y de surrealismo, yo tampoco haré ninguna. Me parece que
es lo justo, lo más sensato y, desde luego, en plena correspondencia con
lo que él ha hecho.
Yo voy a intentar con la mayor claridad de la que soy capaz, haciendo un
esfuerzo para ser claro, sin que mi intervención sirva para generar más
tensión y más polémica que la que se ha producido en los últimos días,
exponer qué es lo que ha hecho el Gobierno en política autonómica a lo
largo de estas últimas fechas, sobre todo, cuáles son sus objetivos de
futuro. Me va a permitir también el señor Armet que, en el tono similar
al que él ha utilizado, yo intente dar alguna explicación de lo que ha
sido la actuación del Gobierno y procuraré ser poco crítico con algunas
de las afirmaciones, clarísimamente injustas, que se han hecho.
Yo coincido sustancialmente con el comienzo de su intervención.
Probablemente, el proceso de descentralización política que se ha
producido en España en los últimos tiempos no tenga parangón, y
probablemente debamos estar orgullosos de ello, pues era difícil y
complejo. Es lo cierto que España en el año 1978 era un Estado sin ningún
nivel de descentralización política y hoy tiene una importantísima
descentralización política, la tiene administrativa y la tiene en el
gasto público; no la tiene en el ingreso, pero ése será, sin duda, uno de
los temas que abordaré a lo largo de mi intervención, si el señor
Presidente me lo permite. También estoy de acuerdo con la afirmación que
ha hecho el señor Armet de que el 80 por ciento de los asuntos que
afectan a la organización territorial del Estado están prácticamente
resueltos; estoy absolutamente de acuerdo con que eso es así.
En mi opinión, son cinco los temas más importantes que, en teoría, ahora
tenemos pendientes para darle al actual modelo de Estado una
configuración más definitiva que la que tiene actualmente. En primer
lugar, los llamados asuntos competenciales: qué competencias deben
ejercer las Comunidades Autónomas, cuáles la Administración central del
Estado y, si se quiere, y hago una alusión aquí a su última referencia a
las corporaciones locales, cuáles deben ser ejercidas por los
ayuntamientos. Hay un segundo
tema muy importante: cómo se deben financiar las Comunidades Autónomas.
Un tercer tema es el que hace referencia al proceso de construcción
europeo y, por ende, a la participación de las Comunidades Autónomas en
el mismo. Nosotros ahí hemos hecho un esfuerzo, como hizo también y es
justo reconocerlo el anterior Gobierno, hasta el punto de que se ha
presentado un proyecto de ley, que está en este momento tramitándose en
el Congreso, sobre la Conferencia Sectorial para Asuntos Europeos para
que haya una participación de las Comunidades Autónomas en la formación
de la voluntad nacional en estos temas de tanta trascendencia e
importancia. Hay un cuarto asunto importante, la reforma del Senado
--aquí hay una ponencia constituida para tratarlo--. Y, por último, hay
un quinto tema que es cómo debe configurarse la Administración periférica
del Estado en el futuro porque, después de un proceso de traspasos
durante dieciséis años, que no se haya producido ninguna reforma de la
Administración periférica del Estado no parece ciertamente lo más normal.
Por tanto, en mi opinión, esos cinco son los temas claves. Yo de los
cinco voy a hacer fundamentalmente referencia a dos de ellos, a los temas
competenciales y a los de financiación, porque los otros tres que, sin
duda, son también importantes, no han sido tocados en su intervención por
el Senador Armet, lo cual no quiere decir que si él lo estima oportuno y
conveniente, yo haga una referencia a los mismos en el turno de réplica,
si es que puedo disponer de él.
Centrando mi intervención en los temas competenciales y en los de
financiación, sin perjuicio de responder luego o hacer alguna precisión a
las afirmaciones que ha hecho el señor Armet, en mi opinión, lo que habrá
que resolver en un período de tiempo no excesivamente largo es qué
competencias deben ejercer las Comunidades Autónomas que en este momento,
como es sabido, ya ejercen muchas, y cuáles deben ejercer la
Administración Central del Estado y también las corporaciones locales. En
fin, yo no voy a hacer un análisis histórico porque sus señorías conocen
perfectamente lo que ha sucedido en España desde el año 1978 en esta
materia y tampoco hace al caso, basta simplemente apuntar a los efectos
que aquí nos interesan que la Constitución distinguía entre Comunidades
Autónomas del artículo 151; primero había tres, luego cuatro, después
hubo otras dos que se asimilaron vía Lotraca, Ley Orgánica de
Transferencias a Canarias, y vía Lotrava, Ley Orgánica de Transferencias
a la Comunidad Valenciana, con lo cual asumieron un nivel competencial
similar a las otras cuatro Comunidades Autónomas a que antes he hecho
referencia. Además de éstas estaban las Comunidades Autónomas del
artículo 143.
En relación con este asunto voy a introducir un tema nuevo en el debate,
un tema al que el señor Armet no ha hecho referencia, pero que me parece
de suma importancia. El texto constitucional distinguía entre
nacionalidades y regiones, luego me referiré a este asunto, sin embargo,
no fijaba con claridad cuáles eran los efectos jurídicos de tal
distinción, asunto, sin duda, de enorme importancia y sobre el cual habrá
que pronunciarse, pero no sólo el Gobierno, sino todas las fuerzas
políticas. Pero lo que parece claro es que la Constitución, el texto
constitucional hoy vigente, no establece entre las Comunidades Autónomas
diferencia por razones competenciales. Sí dice que unas Comunidades
podrán asumir determinadas competencias en un momento concreto y
determinado: cuando se apruebe su primer Estatuto de Autonomía, pero
luego prevé para las demás, para las de la vía del artículo 143, que
asuman nuevas competencias una vez que hayan transcurrido cinco años
desde la aprobación de sus respectivos Estatutos de Autonomía.
Pues bien, en un primer momento ha habido una distribución competencial,
que es la que ustedes conocen. Unas Comunidades, las del 151 y
asimiladas, tienen y ejercen, de hecho, más competencias que las
Comunidades Autónomas del 143, aunque en el año 1992 un pacto autonómico
entre el Partido Popular, el Partido Socialista y el Gobierno de la
nación amplió las competencias de las Comunidades Autónomas, un pacto
autonómico en el que, entre otras --cito como las más importantes--,
figuraban las competencias del Inserso, con lo cual los servicios
sociales pasaron a ser asumidos y, por tanto, ejercida esa competencia
por las Comunidades Autónomas, las universidades y la educación. El
proceso de educación es el que va con más retraso y es intención de este
Gobierno producir su traspaso el 1 de enero del año 1998, para lo cual
precisamente el jueves de esta semana en el Ministerio de
Administraciones Públicas hay convocada una reunión a la que asistirán
los Consejeros de Economía y Hacienda y de Educación de las distintas
Comunidades Autónomas que todavía no ejercen competencia.
Esta es la situación en materia competencial y creo que es importante que
hablemos de ella, porque es uno de los temas básicos que restan todavía
para darle una configuración más definitiva al modelo. Hay unas
Comunidades, las del 151 y asimiladas --y dentro de ellas, sin duda
también, hay diferencias y las hay importantes--, que ejercen unas
determinadas competencias y hay otras, las del artículo 143, que ejercen
otras. ¿Que cree el Gobierno que hay que hacer ahora en un tema tan
importante como el competencial? Creo que dentro de ese 20 por ciento que
todavía resta por delimitar con claridad del nuevo Estado Autonómico al
que hacía referencia el señor Armet uno de los asuntos que sin duda se
incluye es el de incrementar el nivel competencial de esas Comunidades
Autónomas del artículo 143, fundamentalmente para que se produzca el
traspaso de sanidad, de suerte que todas las Comunidades Autónomas al
final ejerzan las competencias en lo que son los grandes servicios
públicos fundamentales: la sanidad, la educación y los servicios
sociales. Creo que eso es mucho más razonable que una situación como la
actual, en la cual unas Comunidades Autónomas ejercen la competencia de
educación --seis--, otras no la ejercen; unas Comunidades Autónomas
gestionan la sanidad y otras seis no lo ejercen. Parece que lo lógico, lo
sensato es que todas las Comunidades Autónomas gestionen esos servicios
públicos y que el Estado, las Cortes Generales, aprueben las leyes bases,
las leyes marco, etcétera.
Por eso, hemos propuesto un nuevo pacto autonómico, similar al del año
1992, un nuevo pacto autonómico que se
comenzó a estudiar entre representantes del Partido Socialista y el
Gobierno. Yo mismo he participado en esas conversaciones para la firma de
un nuevo pacto autonómico que le diera ya una configuración definitiva en
materia competencial al actual modelo de Estado.
Hay un acuerdo sustancial --al menos eso a mí se me dijo-- entre el
Partido Socialista y el Partido Popular para hacer un pacto similar al
del año 1992 y al final, por razones que en este momento desconozco, el
Partido Socialista no está --perdón por la utilización de la expresión
que voy a usar-- por la labor de firmar en este momento ese pacto, en el
que, repito, hay un acuerdo sustancial. Y tenga usted la absoluta
seguridad de que digo la verdad.
Por tanto, con ese pacto autonómico, además de resolver algunos temas
competenciales, resolveríamos otros institucionales, como, por ejemplo,
qué hacer con la posibilidad de disolución de las Cámaras, o la duración
de los períodos de sesiones en Comunidades Autónomas que tienen períodos
de sólo cuatro meses y que ahora parece lógico que tengan ya períodos de
ocho o diez meses, puesto que van a asumir competencias tan importantes
como la educación, la sanidad, etcétera. Por tanto, creo que un pacto en
el que se resuelvan esos dos tipos de asuntos, sin duda, dará ya una
configuración mucho más definitiva en materia competencial al Estado
autonómico.
Por eso, el Gobierno tiene muy claro lo que hay que hacer: un pacto
autonómico en el que, a ser posible, estén todas las fuerzas políticas,
pero en el que, al menos y necesariamente --y que nadie se moleste por
eso--, tiene que estar el Partido Socialista, por su representación
popular, como estuvo en el año 1992 el Partido Popular. ¿Qué habrá que
hacer luego? Resta el cumplimiento de los Estatutos de Autonomía, de las
Comunidades del artículo 143 y de las del 151. Y ahí hay problemas, hay
dificultades de interpretación. Hay temas que ha tenido que resolver el
Tribunal Constitucional. Pero tampoco es un asunto que pueda generar una
polémica insalvable ni que cree tensiones absolutamente insuperables.
Naturalmente, una vez que se cierre este pacto autonómico, el Gobierno
entiende que no es precisa ninguna nueva modificación de Estatutos de
Autonomía, al menos en un período de tiempo razonable. Eso lo entiende el
Gobierno, pero también entiende que esta operación de proceder a los
nuevos traspasos debe ir acompañada del fortalecimiento de los necesarios
mecanismos de cooperación a través de las conferencias sectoriales
porque, a partir de entonces, el acuerdo entre quien legisla y quien
gestiona será mucho más necesario a medida que el proceso de traspasos se
vaya produciendo.
Tengo que decir que, en este sentido, el Gobierno ha procurado aplicarse
la consecución de estos objetivos. Se han hecho a lo largo de estos meses
muchos traspasos, en concreto cuarenta traspasos a Comunidades Autónomas
del artículo 143 y quince a Comunidades Autónomas del artículo 151, con
un coste efectivo de 27.875 millones largos y 5.295 funcionarios. El
jueves de esta misma semana, como he señalado antes, se procederá a la
primera reunión para iniciar los trabajos previos al traspaso de la
competencia de educación.
En segundo lugar, y como ya he señalado antes, el Gobierno ha intentado
aplicarse en esta materia y ha ofertado un pacto autonómico al Partido
Socialista, en justa reciprocidad al que el Gobierno firmó en el año 1992
y porque, además, el Gobierno sabe que el Partido Socialista tiene
interés en que este tipo de acuerdos se produzcan.
Por tanto, señor Armet, en lo único que discrepo con usted es en los
juicios de valor sobre si el Gobierno no tiene objetivos, sobre si es
transparente o deja de serlo. Creo que en este tema competencial usted
tendrá que convenir conmigo en que la postura del Gobierno es muy clara.
El Gobierno cree que es preciso, una vez que se han reformado los
Estatutos de Autonomía de Aragón y Canarias, o que están en trámite de
hacerlo, reformar los Estatutos de Autonomía de las otras nueve
Comunidades Autónomas del artículo 143, y cree que no es necesario
proceder a ninguna otra reforma de Estatutos de Autonomía a lo largo de
los próximos años. Para que eso sea así hemos ofrecido un pacto al
Partido Socialista. Por tanto, creo que los objetivos y la estrategia del
Gobierno son claros y transparentes, y no me parece justo que se le acuse
al Gobierno de no ser todo lo claro y transparente que tiene que ser en
este tipo de asuntos.
Otro tema ciertamente importante al que usted ha hecho referencia es el
famoso asunto de la financiación autonómica, y ha dedicado un apartado
muy especial al acuerdo con el Gobierno Vasco sobre el concierto
económico de su Comunidad. Voy a intentar con la mayor claridad de la que
soy capaz, dar cumplida respuesta a algunas de las afirmaciones que usted
ha hecho aquí.
El actual modelo de financiación, lo conocen todas las señoras y señores
Senadores, data del año 1980 y desde esa fecha prácticamente no ha habido
modificaciones importantes en el mismo. Se ha pasado de la situación de
costo efectivo a la de financiación incondicionada, pero no ha habido
reformas importantes, si acaso la más importante fue la cesión en su día
del 15 por ciento del IRPF, que era una participación territorializada,
que fue la más llamativa y la que probablemente más polémica generó en su
día.
El modelo, como sin duda le hubiera ocurrido a cualquier otro que hubiera
estado en vigor, tenía sus carencias y también sus problemas. Quizá la
más importante de las carencias, y así lo han venido a reconocer el
conjunto de las fuerzas políticas y muchos de los expertos de la materia
y de las personas que han tenido a bien opinar sobre este asunto, era la
falta de autonomía en el ingreso, que prácticamente todo el mundo
denunciaba, y creo sinceramente que usted también piensa, señor Armet,
que hay poca autonomía en el ingreso por parte de las Comunidades
Autónomas.
He de significar que en este sentido la práctica totalidad de los
programas electorales de las distintas fuerzas políticas que se
presentaron a las últimas elecciones hablaban de la necesidad de
incrementar la corresponsabilidad fiscal. Es lógico que así sea. No es
normal, como dije antes en la respuesta a una pregunta formulada por un
Senador de su Grupo, que haya tres instancias de gasto, tres
administraciones: la local, la central y la autonómica, y solamente haya
dos instancias de ingreso, dos instancias que asuman
su responsabilidad a la hora de ingresar ante el conjunto de los
ciudadanos.
No parece, por otra parte, sensato que haya en España un modelo de Estado
con autonomía política, con autonomía legislativa, con autonomía en el
gasto, pero que no tenga autonomía en el ingreso, no es normal. No es
normal que estemos inmersos en un proceso constante de reivindicaciones
de las Comunidades Autónomas a la Administración Central del Estado. Esta
situación se produce en todas las Comunidades Autónomas, y ya sé que esto
que voy a decir a unos les va a gustar más que a otros, probablemente no
le guste a nadie, pero la dinámica de que haya diecisiete Comunidades
Autónomas diciendo que alguien les debe algo no es bueno, porque va a
llegar un momento en que necesariamente alguien tenga que identificar al
deudor habiendo tantos acreedores, y eso nos conduce a una situación
ciertamente ridícula, como ustedes, sin duda alguna, entenderán.
Por otra parte, es bueno, es necesario y todo el mundo lo demanda que los
ciudadanos perciban con meridiana claridad la relación que hay entre
aquello que dan a sus gobernantes y aquello que reciben de los mismos.
Esta relación la percibe claramente el vecino cuando paga el Impuesto de
Bienes Inmuebles o el de Actividades Económicas y, desde luego, lo
percibe quien paga el Impuesto de Sociedades, el IVA o quien paga el
Impuesto de la Renta de las Personas Físicas a la Administración Central
del Estado. Pero nadie percibe qué es lo que hace la Comunidad Autónoma
con sus ingresos lisa y llanamente.
Señor Armet y señoras y señores Senadores, yo creo que nadie niega este
principio. Yo creo que todo el mundo quiere que se produzca un aumento en
la corresponsabilidad fiscal de las Comunidades Autónomas. El Partido
Popular ha dado un paso adelante y ha utilizado dos instrumentos --lo he
dicho antes--, los tributos cedidos y el 30 por ciento del Impuesto de la
Renta de las Personas Físicas. No lo hemos hecho caprichosamente. Sin
duda, hay otros posibles impuestos: está el IVA, están los Impuestos
Especiales. Pero, ¿por qué nos hemos decidido por los tributos cedidos y
la cesión de un 30 por ciento del IRPF? En primer lugar, porque son los
instrumentos que recomienda el mayor número de expertos que han escrito
sobre esta materia. Sin duda, habrá otros que no lo recomienden, pero el
mayor número de quienes escribieron sobre esta materia han optado por
estos dos instrumentos.
En segundo lugar, porque hay antecedentes claros que relacionan este tipo
de ingresos con el presupuesto de ingresos de las propias Comunidades
Autónomas. Las Comunidades Autónomas gestionan en este momento los
llamados tributos cedidos, los de Sucesiones, Transmisiones, Actos
Jurídicos Documentados y Patrimonio, y toda la recaudación que se produce
en el territorio de la Comunidad forma parte del presupuesto de ingresos
de esa misma Comunidad, sin ningún tipo de topes máximos.
En tercer lugar, en relación con esa misma idea, el IRPF tiene un
antecedente muy claro. ¿Cuál es el antecedente del IRPF? La actual cesión
de una cuota líquida del 15 por ciento. Otro argumento es que sólo los
tribunales cedidos y el IRPF permiten atribuir una capacidad normativa a
las Comunidades Autónomas, porque en caso de que no se pueda ejercer la
capacidad normativa, no estaríamos hablando de corresponsabilidad fiscal,
estaríamos hablando de otra cosa. Porque la actual cesión del 15 por
ciento de la cuota líquida sin capacidad normativa es otra cosa; eso no
es corresponsabilidad fiscal; eso es, lisa y llanamente, vincular los
ingresos de una Comunidad al IRPF que se recaude en su territorio.
Por tanto, yo no creo que esta decisión que ha adoptado el Gobierno sea
una decisión opaca, ni sea una decisión poco transparente. Es una
decisión conocida. Es una decisión que yo creo que se entiende con
meridiana claridad: ¿Qué instrumentos hemos elegido?, ¿a qué se debe que
queramos hacer la corresponsabilidad? y, ¿cuáles son los efectos que se
producen? Naturalmente, este modelo va acompañado de mecanismos de
solidaridad: se garantiza que nadie recibirá con este modelo menos que
con el antiguo; se garantiza que todas las Comunidades Autónomas tienen
asegurado el 90 por ciento de las ganancias que produzca este modelo; se
garantiza también que, al final del quinquenio, ninguna Comunidad
Autónoma percibirá menos de un 90 por ciento de financiación por
habitante; se pone en marcha el artículo 15 de la LOFCA.
Usted critica, probablemente con razón, que se ponga en marcha el
artículo 15 de la LOFCA sin especificar con claridad a qué se van a
destinar los fondos de nivelación. Pero llevamos desde el año 1980 sin
que nadie haya puesto un solo duro en los Presupuestos Generales del
Estado para poner en marcha el artículo 15 de la LOFCA. Yo creo que ahora
el Gobierno ha hecho un esfuerzo. Ha dicho: en los Presupuestos Generales
del Estado para el año 1997 van destinados 10.000 millones, creemos un
grupo de trabajo y abordemos de una vez este asunto.
También hace crítica --no le entendí bien, supongo que luego usted me lo
aclarará-- de las decisiones que se han adoptado sobre el Fondo de
Compensación Interterritorial. Yo creo que ha sido positivo. En un
presupuesto tan austero y restrictivo como éste, por primera vez en cinco
años, durante los cuales ha estado congelada la dotación para el Fondo,
el presupuesto establece un incremento. Y éste...
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Señor Ministro, llevamos ya
bastante tiempo empleado de más. Puede usted ir terminando, por favor.
El señor MINISTRO DE ADMINISTRACIONES PUBLICAS (Rajoy Brey): Perdón,
señor Presidente, intentaré ser rápido.
Señor Armet, éste es el modelo. Creo que es un modelo que no es opaco,
que es transparente, que se sabe lo que es y que usted sabe que no es
malo. Usted sabe que ha habido parlamentos autonómicos en los que se ha
votado exactamente este modelo, y lo han votado muchas fuerzas políticas,
entre ellas la suya y la mía; es decir, se ha votado este modelo. Ha
habido campañas electorales, campañas a elecciones autonómicas en los
últimos tiempos en las cuales dirigentes políticos de su Partido y del
mío han pedido la transferencia de tributos estatales con capacidad
normativa del IRPF y sin topes. No es, por tanto, ningún disparate.
Este no es un tema que salga ahora de ningún sitio. Este es un tema que
se ha debatido en numerosas ocasiones y que responde a unos razonamientos
que a mí me parecen, con absoluta franqueza, bastante sensatos.
Tras la llamada al orden del señor Presidente, voy a hacer algunos otros
comentarios.
Creo que no merece la pena responder a sus manifestaciones sobre
despropósitos, irracionalidad, falta de transparencia y bilateralismo,
etcétera. Sí quisiera hacer un simple comentario sobre el concierto
económico vasco, porque es una cuestión muy importante.
El acuerdo al que han llegado el Gobierno de España y el Gobierno vasco
sobre el concierto es exactamente el mismo acuerdo que se hizo público en
el mes de mayo. En ese mes, el Partido Popular, como es sabido, llegó a
un acuerdo con tres fuerzas políticas. Una de ellas era el Partido
Nacionalista Vasco. El Partido Popular presentó ese acuerdo al conjunto
de la opinión pública, y lo hizo en la sesión de investidura, con tres
puntos básicos: concertación de los no residentes, concertación de los
impuestos especiales y autonomía de la capacidad normativa del IRPF. Esto
no es ninguna insensatez, señor Armet. En este momento, el Gobierno vasco
recauda --a lo mejor, algunos señores Senadores no lo saben-- el IRPF, el
IVA, el Impuesto de Sociedades y todos los llamados tributos cedidos, es
decir, que recauda todos los impuestos salvo los especiales. ¿Es alguna
insensatez que estén concertados también los tributos especiales cuando
lo único que supone eso es un aumento del cupo que, como es natural,
tendrá que pagar el Gobierno vasco al Gobierno de España, porque,
lógicamente, este traspaso se produce en una situación de neutralidad
financiera? ¿Es alguna insensatez aumentar la capacidad normativa del
IRPF del Gobierno vasco en un momento en que a todas las Comunidades
Autónomas se les da capacidad normativa en el Impuesto sobre la Renta de
las Personas Físicas? Yo no lo creo así, y le voy a decir una cosa.
Probablemente, el principal problema que genera el concierto vasco es la
regulación del Impuesto de Sociedades, que no es una regulación que viene
de ahora, sino que data, como usted muy bien ha dicho o ha insinuado en
su intervención, de hace mucho tiempo, y es que el Gobierno vasco, al
igual que el Gobierno navarro, tienen capacidad para fijar el tipo en el
Impuesto de Sociedades. El Gobierno, en muchas ocasiones, ha recurrido
ante el Tribunal Constitucional determinadas decisiones fiscales del
Gobierno vasco y ha perdido, y este Gobierno también ha recurrido algunas
decisiones en materia del Impuesto de Sociedades. Yo creo que hay que ser
consciente de lo que votamos cuando aprobamos la Constitución.
El propio Partido Socialista --y estoy absolutamente seguro de que usted
no va a interpretar esto como una crítica-- ha concertado el IVA con el
Gobierno vasco, y el Partido Popular concierta en los impuestos
especiales.
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Señor Ministro, quisiera que
fuera terminando.
Gracias.
El señor MINISTRO DE ADMINISTRACIONES PUBLICAS (Rajoy Brey): Sí, señor
Presidente. Si desea que termine, lo haré con mucho gusto. Creo que éste
es un debate importante, pero si usted cree que es conveniente que yo
finalice, lo haré, y si tengo turno de réplica, lo utilizaré.
Muchas gracias. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario
Popular.)
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Muchas gracias, señor Ministro.
¿Sabe qué sucede, señor Ministro? Es que me han puesto aquí para intentar
dirigir con una cierta equidad, y lo intento, de veras.
Muchas gracias.
Por el artículo 87, tiene la palabra el Senador Armet i Coma, para
consumir un turno de cinco minutos.
El señor ARMET I COMA: Señor Presidente, su ecuanimidad es proverbial. Me
conformo con el 10 por ciento del excedente del Ministro en cuanto al
tiempo que debo emplear.
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Señor Armet, las virtudes no se
evalúan numéricamente, sino por su contenido. (Risas.)
El señor ARMET I COMA: Tiene usted toda la razón, señor Presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Muchas gracias.
El señor ARMET I COMA: La interpelación tenía un propósito, que era
conocer las medidas que pretende impulsar el Gobierno para orientar y
reorientar su política económica y territorial. Eso fue exactamente lo
que el señor Ministro vino a explicar a esta Cámara --los cinco puntos
básicos de su política autonómica-- el día de su estreno preferente. Eso
es exactamente lo que ha hecho, y recordando las bondades de un sistema
de financiación.
He intentado señalar aspectos de profundidad y de calado institucional.
Lo que pedía era una modificación de actitudes delante de este calado
institucional. Puede parecer que yo estoy en contra del concierto.
Defiendo el concierto y su legitimidad. La España democrática y el
concierto vasco han ido siempre unidas. Fue la dictadura la que troceó el
concierto vasco. Lo que ocurre es que contactos que se realizan con
nocturnidad, sin conocimiento, sin transparencia, con opacidad total,
comportan un conjunto de reacciones que hacen que retroceda el clima
institucional del país, y rehacer esta situación es lo que cuesta. Eso es
lo que estoy pidiendo. A usted le estoy pidiendo que no actúe como un
tecnócrata; le estoy pidiendo que actúe como un político democrático al
servicio de un pensamiento político y al servicio de las instituciones
del país. Esto es lo que yo estoy pidiendo y me parece que es
fundamental. Si no sabemos distinguir estos estadios de nuestra actuación
nos equivocaremos, porque puede darse el
caso de que usted y yo coincidamos en un 80 por ciento de los temas
técnicos y coincidamos en un cero por ciento en temas políticos.
Me perdonarán que haga una cita de una persona que para mí era
entrañable, el Presidente Tarradellas, a quien le preguntaron en cierta
ocasión: President, ¿qué es la política? Su contestación fue: Política
quiere decir hacer las cosas de una manera determinada. El interlocutor
replicó: Es obvio, todo se hace de una manera determinada. Y añadió él:
Pero, en política, cada cosa de una manera determinada, y, cuando se
producen acontecimientos políticos determinados, el político ha de
conocer perfectamente las reacciones legítimas que se pueden producir en
otros colectivos, partidos políticos o sectores de la sociedad que puedan
sentirse realmente afectados por la posición que se ha adoptado. Esto es
lo que nosotros intentábamos situar encima de la mesa con esta
interpelación: queríamos situar los elementos de responsabilidad por
encima de cualquier otra consideración. ¿Que pueden existir acuerdos
técnicos? Es obvio. ¿Que hablamos de problemas concretos como la
financiación autonómica? Efectivamente, ¿pero qué es lo que está
ocurriendo? Hay mucha gente que no ve mal, evidentemente, que existan
unos impuestos cedidos, una corresponsabilidad fiscal, pero lo que
algunas Comunidades no ven es que exista una dependencia excesiva en los
Presupuestos del Estado cuando podía haber una cesta de impuestos
complementaria para compensar la situación. Y esto es lo que se ha
expresado políticamente, porque se pueden encontrar soluciones
relativamente sencillas que puedan compatibilizar determinadas
alternativas.
Pero el tema, señoría, no es ése: ustedes no pueden ofrecer un pacto
autonómico desligado del tema de la financiación. Es como si ustedes
dijeran: vamos a hablar del jamón y hablen ustedes del hueso del jamón.
Ya sabemos lo que queda del hueso del jamón; en cambio, lo que da el
nervio, lo que da la potencia, lo que da la característica fundamental
del desarrollo constitucional e institucional son, evidentemente, los
aspectos de financiación. ¿Por qué? Porque son a cinco años; porque hay
aspectos muy importantes a debatir; porque hay fondos europeos por medio;
porque hay un tema de inversión pública que vemos que está decayendo
--usted no ha contestado nada-- y ustedes tienen su estrategia
complementaria; porque hay un conjunto de variables nuevas que hacen que
los aspectos de financiación pasen nuevamente a primer plano, no sólo por
la financiación autonómica en sí, sino por el conjunto de aspectos que la
adornan, puesto que son altamente significativos. Y es precisamente por
todo esto que nosotros queríamos hablar de esas consideraciones.
Hoy me gustaría decirle con toda sinceridad y con todo afecto que cuando
nosotros hablamos de opacidad va acompañada siempre de la expresión
bilateralismo o pacto. Usted puede ir a una Comunidad Autónoma y decirle
--y cuando digo usted, puede entenderse el Presidente del Gobierno--: no
te preocupes, lo vamos a compensar por esta vía, lo vamos a compensar por
esta otra --los periódicos diariamente nos dicen vías de este tipo--,
vamos a crear una sociedad de inversiones, te garantizamos esta salida
por aquí, esta salida por allá, etcétera. Es decir, existen políticas que
no hacen nada más que romper con un principio básico, que es el
alejamiento de los problemas reales de las Cámaras --las cuales, por
cierto, tienen la responsabilidad institucional del control democrático
de la actuación de los Gobiernos--, y a partir de aquí se pueden hacer
políticas de bilateralidad que, de una forma o de otra, son falsas medias
verdades de las que cada uno entiende lo que quiere entender y que el
Gobierno dirige con una cierta habilidad, y nunca sabemos la resultante
del sistema. No estoy reivindicando un cartesianismo cerrado, en
absoluto; estoy reivindicando una mayoría de edad de las Comunidades
Autónomas y estoy reivindicando que no se hagan ya más políticas de
oscuridad, entendiendo por oscuridad políticas que no sabemos por dónde
van y a dónde irán a parar.
También me gustaría señalar que los tres aspectos que nos ha interesado
colocar encima de la mesa son más serios de lo que parecen. Cuando hemos
hablado de cuestión de nombres he querido decir cuestión de nombres. Los
temas institucionales siempre se complican por cuestiones económicas, por
cuestiones de signos de identidad y por cuestiones de tipo nominalista.
Debemos evitar cualquier error en esta línea, cualquier deriva en esta
línea sería un retroceso de una importancia trascendental para la
evolución del proceso en nuestro país, y se lo digo desde la cordialidad
y desde el convencimiento de que esto se puede y se ha de compartir.
Cuando yo digo que no podemos tener actitudes de frivolidad quiero decir
de paternalismo, de consentimiento, de entendimiento puntual de las
cosas. Hemos de darnos cuenta de que la arquitectura institucional es,
indudablemente, contrastada, diversa, rica, variada y que, lógicamente,
su proceso necesita una delicadeza, una firmeza y una claridad de
objetivos, y éste es un tema básico.
Respecto a la aparición de una dialéctica norte-sur, ustedes pueden decir
tranquilamente que las Comunidades Autónomas de Andalucía, de Castilla-La
Mancha y de Extremadura son tres Comunidades socialistas --y me refiero a
ello porque lo han dicho en los medios de comunicación--. Yo le digo: por
favor, paren ustedes un momento, atención a ese tema, no nos podemos
permitir ningún tipo de situaciones tensas en este campo; todos los
sacrificios son pocos, es un tema clave a nivel del país. Estoy
convencido de que ustedes lo van viendo y lo saben. Pero no se puede ser
frívolo con la responsabilidad institucional que exige este tipo de
comportamientos. De la misma forma, se ha de ser profundamente sensible
con las nacionalidades históricas del país, con su tratamiento y con la
forma, por tanto, de entendimiento político. No hemos de pensar sólo y
exclusivamente en compensaciones económicas puntuales, sino en el
reconocimiento que se merecen.
Estos temas son los que nos interesa situar a la hora de tomar en
consideración esta interpelación. Pero, en última instancia, lo que
nosotros queremos decir es lo siguiente: cuando se habla de pactos se ha
de hablar de la dimensión del pacto, de qué se va a pactar. Se ha de
pactar un clima, una forma de entender los asuntos institucionales, pues
esto obliga al Gobierno a rectificar actitudes. Se han de pactar
contenidos competenciales o de desarrollo competencial,
aspectos financieros, que son los básicos. No se puede disociar este tipo
de realidades. ¿Y de qué forma hay que hacerlo? No con bilateralismos, no
pensando que esto lo aguantan dos columnas. Las dos columnas tienen la
responsabilidad que tienen, la mayor responsabilidad del país, como
fuerzas que están presentes en el conjunto de las nacionalidades y
regiones de España, pero también en el conjunto del arco parlamentario de
esta Cámara que ha de participar activamente en la consecución de un
consenso positivo. El consenso positivo es un consenso de plazos, de
ritmos, de acuerdos para hacer cosas en líneas determinadas, de claridad,
de transparencias, de evitar determinado tipo de comportamientos,
determinados tipos de vicios que no conducen a ningún lugar. ¿Por qué?
Por una razón muy simple, porque estamos en una situación histórica en la
que el peso de lo público se reduce por voluntad del Gobierno y también,
a corto plazo, por una necesidad estratégica de política europea.
Ante tales circunstancias todas las alertas son pocas, todos los
estímulos para hacer una política bien ajustada deben ser preferentes. No
estamos ante crecimientos exponenciales, ante crecimientos desbordantes,
ante crecimientos que permiten un desarrollo a todo el conjunto de las
administraciones. Si pensamos en un desarrollo asimétrico en favor de las
Comunidades Autónomas, esto va en contra de la administración local. Si
no ajustamos los movimientos, tendremos una resultante a medio plazo...
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Señor Armet, concluya.
El señor ARMET I COMA: Ante este clima --y con esto acabo señor
Presidente, y muchas gracias por su benevolencia--, nosotros volvemos a
reiterar nuestra voluntad de actuación decidida, actuación clara,
actuación nítida para conseguir estos objetivos. Pero esta actuación no
es pedir al Gobierno: déjenos participar. Yo creo sinceramente que es una
exigencia institucional del país. Y esta exigencia institucional del país
exige que ustedes, como mínimo, se den cuenta de que el espectáculo de
estos 15 días en la política institucional española no se ha de repetir
en el futuro, si no queremos debilitar profundamente sus raíces, sus
bases y su estructura.
Gracias. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Socialista.)
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Muchas gracias.
Antes de dar la palabra al señor Ministro, me advierten los servicios de
megafonía de la Cámara que los teléfonos móviles crean interferencias y
les obligan a bajar el volumente de nuestro servicio de megafonía. Les
pediría a los Senadores que utilicen estos teléfonos móviles que no lo
hagan dentro de la Cámara.
Tiene la palabra el señor Ministro por cinco minutos.
El señor MINISTRO DE ADMINISTRACIONES PUBLICAS (Rajoy Brey): Muchas
gracias, señor Presidente.
A lo largo de mi intervención anterior no pude dar respuesta a algunas de
las afirmaciones que hizo el señor Armet. Por eso, intentaré hacerlo
ahora en el turno de réplica, además de precisar alguna de las cosas que
ha dicho. Lo que he entendido, al final, de toda su intervención --y se
lo digo con absoluta claridad-- es que el clima que se ha generado a lo
largo de los últimos días no es bueno y que, por tanto, hay que
recomponerlo. Pero a partir de ahí, señor Armet, muy pocas cosas ha
aportado usted. Y probablemente, éste sea uno de los problemas más
importantes con los que se ha encontrado el Gobierno en estas últimas
fechas en las que ha tenido que tomar decisiones sobre temas importantes.
Al menos sé que uno de los temas que preocupan al Gobierno en este
momento, que es la necesidad de que se produzca un nuevo pacto
competencial para las Comunidades del artículo 143, no lo vamos a tener.
Y no lo vamos a tener porque, según ha dicho el señor Armet,
necesariamente ese acuerdo tiene que ir acompañado de otro sobre el
propio modelo de financiación.
Voy a hacerle dos o tres comentarios solamente sobre esa cuestión.
Nosotros hemos firmado un pacto autonómico en el año 1992, después de
que, como partido, nadie nos consultara el modelo de financiación para
las Comunidades Autónomas, años 1992-1997. ¿Cree usted, aunque no haya un
acuerdo de financiación, que es mejor respuesta el negarse a un acuerdo
sobre temas competenciales o, por el contrario, cree que es mejor, aunque
no haya ese acuerdo de financiación, que haya un acuerdo sobre temas
competenciales? Simplemente le hago esa pregunta.
Le voy a hacer otro comentario que considero de suma importancia. Es muy
difícil pactar con su partido, señor Armet, porque en materia autonómica,
a lo largo de estos últimos años, no es que hubiera habido acuerdos; lo
que ha habido es una decisión de dejar las cosas como están, y llega un
determinado momento en que, respecto del modelo de financiación, o
tomamos la decisión de que introduzca determinados mecanismos de
corresponsabilidad fiscal o seguimos exactamente igual que hemos estado
hasta ahora, en una situación que todo el mundo dice que no es la buena.
Su partido, a lo largo de estas últimas fechas, ha actuado de forma muy
diferente según las Comunidades Autónomas. El Partido Socialista de
Cataluña, ya lo he dicho antes, ha votado --y lo ha dicho en su campaña
electoral su candidato a presidente de la Generalitat--, y se ha mostrado
a favor de la cesión del 30 por ciento del IRPF con capacidad normativa.
Pero es que ha habido otros dirigentes de su propio partido que eran y
son radical y absolutamente contrarios a que el IRPF sea un instrumento
que pueda servir para financiar el presupuesto-ingreso de las Comunidades
Autónomas. Y es muy difícil pactar con una fuerza política que no es
capaz de ponerse de acuerdo entre sí. Eso es ciertamente difícil y
complejo. ¿Quién crea el mal clima institucional? ¿Quién crea la tensión?
¿El que pide un referéndum o el que presenta un modelo de financiación
que al final recibe el apoyo de 14 Comunidades Autónomas? (Aplausos en
los escaños del Grupo Parlamentario Popular.)
Segundo asunto: habla usted de la cuestión nombres. Estaba usted haciendo
referencia, y debería decirlo con meridiana claridad, a la utilización en
dos reformas de Estatutos de Autonomía, que se están tramitando ahora en
las Cortes, del término nacionalidad. Probablemente será necesario que
nos pongamos todos los partidos de acuerdo en cómo resolver este tipo de
cuestiones institucionales. Pero probablemente también fuera necesario
que el Partido Socialista lo hiciera dentro de sí mismo, porque los dos
Estatutos que han llegado aquí lo hicieron con el apoyo del Partido
Socialista, tanto en Aragón como en Canarias. Sería bueno que, además de
ponernos de acuerdo las distintas fuerzas políticas, también el Partido
Socialista, dentro de sí mismo, fuera capaz de ponerse de acuerdo.
En el tema del norte y el sur, con absoluta franqueza, señor Armet, yo no
veo ese peligro que usted menciona. Usted habló en su primera
intervención de los posibles problemas del norte y del sur. Como yo en mi
intervención no hice la más mínima alusión a este asunto, usted buscó
algunas posibles declaraciones que habían hecho algunos dirigentes del PP
para preparar, nuevamente en réplica, su discurso sobre este asunto. Yo
no creo que exista aquí un problema entre el norte y el sur ni que exista
aquí el famoso problema italiano. No lo creo; pero, en cualquier caso, sí
coincido con usted en una cosa: no es bueno el discurso que se produce en
determinadas Comunidades Autónomas fomentando este tipo de debates,
tensiones y polémicas. Y usted sabe en qué Comunidades Autónomas se han
hecho afirmaciones como que tener dos lenguas no es igual que tener dos
bocas, y afirmaciones similares. (Aplausos en los escaños del Grupo
Parlamentario Popular.) No es bueno que se produzcan ese tipo de
decisiones.
Por último, el Gobierno tiene muy claro, primero, que va a votar a favor
de la Ley del Concierto, tal y como se ha acordado con el Partido
Nacionalista Vasco. Yo creo que el Partido Socialista también lo va a
votar, estoy convencido. Segundo, el Gobierno tiene muy claro que va a
aprobar el modelo de financiación que aprobaron la mayoría de las
Comunidades Autónomas en el Consejo de Política Fiscal y Financiera. Lo
tenemos muy claro. Ese es el modelo; no sé si hay otro modelo
alternativo. Conozco 15, pero no conozco el modelo alternativo de
financiación autonómica que debería tener el principal partido de la
oposición. Y, desde luego, tengo también muy claro que es objetivo del
Gobierno que se produzca un pacto autonómico similar al del año 1992. Lo
que no sé claramente es si el Partido Socialista tiene pensado no
hacerlo.
Por lo tanto, la claridad y la transparencia, sintiéndolo mucho, en este
momento están del lado del Gobierno. Y mire usted, cuando alguien sube a
la tribuna a preguntarle al Gobierno cuáles son sus objetivos, al menos
podía presentar un mínimo --sólo un mínimo-- de alternativa para ser
creíble. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Popular.)
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Muchas gracias, señor Ministro.
En turno de portavoces, por el Grupo Parlamentario Mixto, tiene la
palabra la Senadora De Boneta y Piedra.
La señora DE BONETA Y PIEDRA: Gracias, señor Presidente.
Señorías, señor Ministro, quisiera dejar constancia de la posición del
Grupo Mixto, aunque en este caso debería más bien manifestar las
dificultades que en este caso concreto, y como Portavoz del Grupo Mixto,
puedo tener para expresar hoy aquí una posición coherente de Grupo, toda
vez que, como Portavoz del mismo --repito--, represento al conjunto de
una serie de sensibilidades, es decir, represento una pluralidad difícil
de sintetizar, puesto que en el tema objeto de la interpelación, política
autonómica y financiación, coexisten en el Grupo Mixto sensibilidades muy
distintas, una representación de nacionalidades y regiones muy amplias
que a menudo tienen posiciones encontradas y, además, partidos con muy
distintos planteamientos políticos.
Creo que la próxima semana, cuando celebremos un debate en la Comisión
General de las Comunidades Autónomas, en la que todos los Senadores
autonómicos estamos representados, habrá ocasión de que cada uno de los
miembros del Grupo Mixto deje establecidas sus posiciones respecto de los
temas que hoy nos ocupan.
De todas formas, no quería dejar pasar este turno de intervención del
Grupo Mixto por si la falta de intervención pudiera interpretarse como
insensibilidad o falta de interés ante un tema que, como éste, nos parece
crucial a todos los miembros del Grupo Mixto en este caso concreto.
En todo caso, y hablando ya como Senadora de Eusko Alkartasuna designada
por el Legebiltzarra, el Parlamento de la Comunidad Autónoma Vasca, debo
decir que me congratula el respeto que el Senador Armet ha expresado en
relación con el concierto económico, al igual que respeta --lo supongo
aunque no ha hecho ninguna referencia a ello-- el convenio con la
Comunidad Foral de Navarra. Asimismo me congratula su comprensión ante
las relaciones bilaterales, relaciones que, en mi opinión, vienen
justificadas por un hecho diferencial reconocido respecto de los
territorios histórico-forales en este caso concreto.
Comparto también con el Senador Armet la defensa que ha hecho a propósito
de la transparencia, del mismo modo que, también como él, estoy en contra
de cualquier planteamiento que pudiera resultar opaco o que no fuera
expresado con la claridad requerida ante los representantes de la
ciudadanía en general.
También estoy de acuerdo con lo manifestado por el señor Ministro en
relación con el concierto económico, un sistema por otra parte antiguo,
admitido por la legislación vigente y consagrado por la propia
Constitución, como estoy de acuerdo con lo que ha indicado respecto de la
capacidad normativa y la congruencia que, también en mi opinión,
representa ese traspaso de la recaudación y gestión de los impuestos
especiales, cuestiones que siempre, pero mucho más ahora a mi modo de
ver, cuando ya no se corresponden con situaciones de monopolio, no hay
razón alguna para que queden fuera de un sistema concertado como el resto
de los impuestos.
En todo caso, reitero una vez más que, por respeto a la representación
que en este caso ostento, la del Grupo Mixto, dejaré mis planteamientos
como Senadora por Eusko Alkartasuna para manifestarlos en la Comisión
General de las Comunidades Autónomas. En cuanto al resto de miembros del
Grupo Mixto, quiero dejar clara constancia en su nombre del interés y
preocupación que estos temas tienen para todos ellos, aunque esa
preocupación no se exprese a través de los mismos planteamientos ni en la
misma dirección.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Muchas gracias, Senadora De
Boneta y Piedra.
Por el Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos tiene la
palabra don Joseba Zubía.
El señor ZUBIA ATXAERANDIO: Muchas gracias, señor Presidente.
Señorías, a decir verdad nuestro Grupo Parlamentario no tenía previsto
inicialmente realizar ningún tipo de intervención por dos razones
fundamentales: una primera, cual es sostener que en una interpelación
siempre deben ser protagonistas fundamentales interpelantes e interpelado
--siempre lo ha entendido así mi Grupo y así lo seguimos entendiendo--, y
una segunda referida a que el próximo martes tendremos ocasión de tener
en la Comisión General de las Comunidades Autónomas al señor Ministro
como compareciente para exponer y abordar en profundidad estos temas a
los que inexorablemente nos conduce esta interpelación en el día de hoy.
Pero al hilo de las interpelaciones habidas me veo obligado a hacer dos
apuntes fundamentales: primero, congratularme del tono y --por qué no--
del fondo --aunque con matices que no es preciso enumerar ahora-- de la
toma de posición del portavoz del Grupo Parlamentario Socialista en el
día de hoy con respecto a todos los temas. En definitiva, es preciso
hablar de dichos temas y prueba de ello es, precisamente, que el próximo
martes hablaremos y los abordaremos --como ya he dicho-- en profundidad.
La segunda anotación que me veo obligado a hacer tiene relación,
evidentemente, con el acuerdo sobre actualización del concierto económico
alcanzado entre el Gobierno central y el vasco. Sin pretender entrar en
un debate que no ha lugar, tan sólo quiero hacer un llamamiento desde
esta tribuna a que no se critique ese acuerdo sin razón. El señor Armet
no lo ha hecho; se lo agradezco tanto a él como a su Grupo. Por otra
parte, la explicación del señor Ministro me ahorra cualquier otra
aclaración en este momento.
Tan sólo quisiera añadir que los derechos históricos están en la propia
Constitución, y más concretamente en la disposición adicional primera.
Uno de esos derechos específicos es precisamente el concierto económico.
Señor Presidente, termino con una cita: El sistema concertado que rige en
las provincias vascongadas entraña un notorio privilegio con relación al
resto del territorio nacional. Esto lo afirmó el día 24 de junio de 1937
un tal Francisco Franco. Es nuestro deseo --y confío que el de toda esta
Cámara-- que no se repitan nunca más este tipo de manifestaciones, ni que
se genere ni que se ayude a generar este tipo de impresión entre la
ciudadanía.
Muchas gracias. (Aplausos en los escaños de la izquierda.)
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Muchas gracias, Senador Zubía.
Por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió,
tiene la palabra el Senador Ferrer i Roca.
El señor FERRER I ROCA: Señor Presidente, señorías, la interpelación que
ha traído hoy a este Pleno el Senador Lluís Armet coincide con una serie
de iniciativas parlamentarias similares, que produce el hecho muy
explicable de que el tema de la estructuración del Estado, del desarrollo
autonómico, sea en esta Cámara un debate permanente --como debe ser--, de
una forma coincidente plenamente con su vocación de Cámara territorial.
Por nuestra parte, hay que empezar agradeciendo el que esta tarde el
Senador Lluís Armet haya planteado este tema que tantos debates suscita
en esta Cámara, de la misma manera que debemos agradecer al señor
Ministro las reiteraciones que ha hecho sobre posiciones que nos son
conocidas porque las ha ido repitiendo --no diré que a diario-- con mucha
frecuencia.
Aprovechando el hilo de esta cuestión, por nuestra parte también queremos
recordar algunas cosas sabidas por todos, pero que tienen su perfil
pedagógico y que es interesante repetir.
Para empezar, en el tema de la dinámica constitucional que se desprende
del Estado de las Autonomías, hay que recordar que se producen, se
plantean con frecuencia tres posiciones fundamentalmente --quizás algunas
más--: una es de recelo. Recuerden sus señorías las veces que hemos oído
la necesidad de cerrar el Estado de las Autonomías, de cerrar el proceso,
como si algo en el mundo que estuviera vivo pudiera ser congelado. En
este sentido, voy a explicar una breve anécdota que sucedió en esta
Cámara, en este hemiciclo, con un Senador, tras un debate similar al que
estamos celebrando ahora. Este dijo: Hay que cerrar el Estado de las
Autonomías y dedicarse a hacer carreteras y hospitales. En fin, nuestra
réplica enseguida fue: para qué queremos la autonomía si no es para hacer
carreteras, hospitales y muchísimas cosas más. Es decir, continúa
habiendo, cada vez más en regresión naturalmente, una posición de recelo
o de cierto temor al desarrollo constitucional del Estado de las
Autonomías. Esta es una posición en regresión.
Otra posición es la instrumentalización del desarrollo del Estado de las
Autonomías. Nosotros hemos oído en debates parecidos a éste grandes
movimientos de bancos y debates muy agitados en un lado u otro del
hemiciclo cuando se suscitaban y se planteaban cuestiones como las que
estamos analizando esta tarde. Aún existe la tentación a la
instrumentalización. Por último --y no hace falta que les diga que
creemos que es la adecuada--, existe la posición del impulso al
desarrollo del Estado de las Autonomías
por creer que ésta es la solución histórica, el reencuentro histórico de
España con su propia tradición.
Hay un autor, que yo he de reconocer que tengo una cierta debilidad por
citarlo, el Rector de la Universidad de Barcelona, que dio una
conferencia en el año 77 en Valencia, en donde dijo que el futuro de
España está en el respeto a su tradición, analizada a través de la razón.
La tradición y la razón. El Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de
Convergència i Unió cree que la posición del impulso es la posición
adecuada ante estos problemas, problemas dinámicos, que suscita el
desarrollo del Estado de las Autonomías.
Por consiguiente, hay que rechazar el catastrofismo. Periódicamente se
nos aducía que el Estado de las Autonomías tiene un sinfín de defectos.
Seguramente que algunos serán verdad. Pero, en general, este análisis
catastrofista no conduce a ninguna parte y es erróneo. La realidad nos
dice que España, y el Estado de las Autonomías en concreto, hoy cohesiona
y relaciona mucho más a sus pueblos, como no lo había hecho durante
siglos el otro Estado. Y, además, nos dice que durante estos últimos
veinte años ha sido posible un salto hacia adelante, como es muy difícil
encontrar parangón en los últimos siglo. Por consiguiente, rechazamos el
catastrofismo.
También quisiera decir, aunque sea brevemente, que la autonomía no es una
fotografía fija, sino que es un proceso. El señor Lluís Armet nos ha
dicho que en un 80 por ciento ya está realizado. Yo, señorías, me
considero de los optimistas y discutiría con él que el 80 por ciento esté
realizado. Pero lo que sí es cierto es que es un proceso dinámico, un
proceso que se alimenta de la dinámica constitucional y que ha recorrido
un gran trecho de camino. Yo discutiría que estuviésemos ya en el 80 por
ciento. En fin, lo interesante es comprender que estamos en un proceso,
que no es una fotografía fija.
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Senador Ferrer, «Tu quoque, fili
mi».
El señor FERRER I ROCA: Sí, acabo enseguida, señor Presidente.
En resumen, señorías, nuestra intervención en este debate, simplemente,
es para decir que hay que alejar el pesimismo, mirar hacia adelante y
dejarnos de nerviosismos. El Estado de las Autonomías va desarrollándose.
La negociación de muchos de los acuerdos y de las fórmulas que ha
planteado el Gobierno del señor Aznar fueron iniciadas por nuestra parte
--como el sistema de financiación, la Lofage-- con el Gobierno anterior
del señor González, continúa con el señor Aznar y lo que hay que ver es
el perfil histórico que nos lleva hacia una situación de consolidación
democrática, de consolidación cordial entre nosotros, de fortaleza y, al
mismo tiempo, de respeto a todos los pueblos, a todas las nacionalidades
y regiones que formamos este Estado.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Muchas gracias, Senador Ferrer.
Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el Senador don
Juan José Laborda.
El señor LABORDA MARTIN: Muchas gracias, señor Presidente.
Señor Ministro, no se equivoque otra vez; desde el mes de mayo el Grupo
Parlamentario Socialista le ha estado haciendo a su señoría y al Gobierno
el mismo tipo de oferta que ha hecho, en nombre de los socialistas del
Senado, el Senador Armet, la misma oferta que yo hoy me permito
reiterarle en esta tribuna en el turno de portavoces, exactamente la
misma oferta de consenso en este tipo de materias que hizo el Secretario
General del Partido hace breves días.
Señor Ministro, no vuelva a equivocarse, no me busque pretextos ni citas
de portavoces socialistas; reconozca que en el clima de estos últimos
quince días, al que el Senador Armet se ha referido, la posición de los
socialistas, el pronunciamiento de Felipe González ha contribuido a que
usted pueda venir hoy a esta tribuna a responder a una interpelación en
los términos de búsqueda de consenso que nosotros le hemos hecho en esta
sesión plenaria y se los seguiremos haciendo con la misma perseverancia,
serenidad y lealtad al Estado de las Autonomías con el que siempre hemos
funcionado.
Señor Ministro, en el año 1994 se celebró un debate sobre el Estado de
las Autonomías y el portavoz de su Grupo, hoy Presidente de la Comunidad
Autónoma, expuso el pensamiento que su Grupo Parlamentario y el Partido
Popular tenían sobre el Estado de las Autonomías, que se reiteró en la
campaña electoral.
Yo reconozco a su señoría la flexibilidad, la altura de miras, incluso el
ingenio para salir del aprieto con el que su señoría se desenvuelve aquí,
pero su señoría tiene que tener bien presente que cuando se ha propuesto
a la sociedad española desde esta misma tribuna cerrar el modelo
autonómico, cuando se ha propuesto en la campaña electoral ir a una
homogeneidad competencial con la sana intención de continuar en una
campaña que en septiembre de 1994 estaba tensionando por los hechos
diferenciales idiomáticos a unas Comunidades contra otras --y no fueron
en estos bancos donde se levantaron palabras como las que escuchamos--,
cuando todo eso ha venido sucediendo, no se extrañe que por mucha buena
voluntad y sentido deportivo con el que su señoría afronta estos temas,
haya una tensión en la sociedad española que ustedes no pueden
desconocer, porque es un síntoma de que, efectivamente, si en la
oposición a veces incurrieron en el error de que «todo vale», a veces
desde el Gobierno no digo que actúen con el «todo vale», sino que dan la
sensación de que todo vale por seguir en el Gobierno.
Señor Ministro, no busque en nuestras filas las críticas más acerbas a la
técnica con la que ustedes han llegado a legítimos acuerdos no con el
Gobierno Vasco, sino con el Partido Nacionalista Vasco sobre el concierto
económico.
Yo estoy completamente de acuerdo con el portavoz, señor Zubía, y lo
mismo con la intervención del Senador Armet, en que el concierto vasco es
un resultado de la Constitución, es un resultado del pensamiento
constitucional
español. Desde 1876 para acá sólo los que no contemplaron las virtudes
democráticas consideraron el concierto vasco como un privilegio,
derogándolo para Guipúzcoa y para Vizcaya por razones que tenían que ver
con los conflictos que ellos habían desencadenado. De este Grupo
Parlamentario no van a escuchar nunca un enfrentamiento entre
Comunidades.
Yo he de decir que el Estado de las Autonomías ha sido el Estado que más
ha acercado los territorios en sus condiciones de vida, que más ha
aproximado las condiciones de vida de los ciudadanos, y que ha sido más
eficaz corrigiendo desigualdades, buscando la homogeneidad en las
condiciones de vida que cualquier otra fórmula centralista que nunca se
haya ensayado en nuestro país y, desde luego, infinitamente más que la
anulación que supuso el centralismo de la dictadura.
Señor Ministro, usted tiene que ser consciente de que de donde han
surgido las críticas no ha sido del Grupo Parlamentario Socialista,
porque se acordara a las cuatro de la mañana y seguramente por tener
cinco minutos de gloria de decir en una tribuna del Congreso --fuera del
hemiciclo-- que la misma mayoría política que apoyó la investidura se
tiene para el presupuesto y para el concierto. No han surgido de nuestras
filas las críticas, porque lo que el Senador Armet les ha dicho en esta
tribuna es que ustedes practican un bilateralismo opaco, porque ha sido
en el Grupo Parlamentario de Convergència i Unió donde yo he oído
críticas seguramente más mordaces que las de mi propio Grupo
Parlamentario. Ustedes tienen que reflexionar sobre esto, porque luego
tendrán que llegar a acuerdos con Coalición Canaria, y volverán a
encontrarse en la misma situación.
Mire, señor Ministro, el Gobierno adquirió unos compromisos de
gobernabilidad que nosotros hemos dicho desde el primer momento que son
legítimos. Pero el Gobierno tiene que tener en cuenta que no solamente
está gobernando para mantener un programa que haya pactado con las
minorías nacionalistas, sino que tiene que representar al conjunto de
este país y que tiene la obligación de ampliar sus apoyos, pero no
negociando, a las cuatro de la mañana, el concierto con el Partido
Nacionalista Vasco --insisto en esta idea porque no es el Gobierno Vasco
el que ha participado en la negociación--; tiene que tener en cuenta que
debe mantener los apoyos parlamentarios con Convergència i Unió. Y, señor
Ministro, debe tener en cuenta una cosa más importante, y es que el
Estado de las Autonomías ha descansado siempre --porque es un Estado
dispositivo que no se puede cerrar-- en un acuerdo con la otra fuerza
política que tiene representación en todo el territorio nacional.
Y no busque pretextos de que un Presidente de Comunidad Autónoma,
socialista, ha dicho o propuesto lo que sea. Cíteme a mí, cite al señor
Armet, cite al señor González. Estas son las voces autorizadas, las que
se pronuncian en esta Cámara ofreciéndoles a ustedes acuerdo y consenso.
Porque sabemos --y usted también lo sabe-- que un gobierno, aun con
mayoría absoluta --y ustedes no la tienen--, no puede desarrollar el
Estado de las Autonomías porque, siendo éste dispositivo, depende de la
voluntad de los representantes políticos. Lógicamente, tenemos que llegar
a acuerdos de la naturaleza de los de 1981, 1992 o los que hicieron
posible la aprobación de los tres o cuatro primeros Estatutos de
Autonomía.
No me busque pretextos. Venga a esta Cámara, no rehúya el que pueda haber
un debate sobre el Estado de las Autonomías. Colaboren y no entierren la
Ponencia sobre la financiación autonómica.
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Senador Laborda, vaya terminando.
El señor LABORDA MARTIN: Señor Presidente, me mantengo aquí un instante
sólo por su voluntad.
Expliquen aquí lo que la sociedad española no conoce. Técnicamente,
nosotros podemos estar de acuerdo, pero lo que le decimos es que,
políticamente, su sistema de financiación --y no hablo del concierto
económico del País Vasco--, con la capacidad normativa, una de dos, o
estará en dirección contraria a lo que es la tendencia europea
--precisamente es lo que estamos procurando los países de renta menor--,
que es la existencia de una homogeneidad fiscal para que haya una
competencia leal entre todos, o generará déficit o daría el gran pretexto
a los enemigos del Estado de las Autonomías al demostrar lo que hasta
ahora no ha sido posible demostrar, sino todo lo contrario, que el Estado
de las Autonomías genera insolidaridad o fractura territorial. El Estado
de las Autonomías no genera insolidaridad ni fractura territorial; lo que
puede generar insolidaridad y fractura territorial es equivocarse en el
camino, rechazar las voces que le ofrecen consenso y acuerdo. Porque
pensar que gobernar y conducir el Estado se reduce a contar con el apoyo
parlamentario de un voto más que los contrarios en la oposición en cada
momento es perder el norte de la gobernabilidad. Y usted lo ha tenido
siempre, y yo se lo reconocí en una primera interpelación en la que yo le
ofrecí este consenso.
Espero, señor Ministro, señores miembros del Gobierno, señores del Grupo
Parlamentario Popular, que esta oferta que nosotros le ofrecemos no la
acepten demasiado tarde.
Gracias. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Socialista.)
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Muchas gracias, Senador Laborda.
¿Grupo Parlamentario Popular? (Pausa.)
Señor Ministro, su señoría puede intervenir ahora o hacerlo al final de
las diversas intervenciones, que es lo que normalmente hacemos. Si lo
estima conveniente, puede hacerlo ahora, por tiempo de cinco minutos.
El señor MINISTRO DE ADMINISTRACIONES PUBLICAS (Rajoy Brey): Muchas
gracias, señor Presidente.
Señor Laborda, se lo voy a decir con meridiana y absoluta claridad; yo no
creo en sus discursos mientras esos discursos no se vean correspondidos
con hechos. Usted ha dicho que a lo largo de estos últimos años hubo un
acuerdo
en materia de política autonómica y de organización territorial del
Estado entre el Gobierno, el partido que lo apoyaba, el Partido
Socialista, y el principal Partido de la oposición, pero lo hubo porque
el Partido Popular estaba en la oposición, señor Laborda, y ahora tienen
ustedes una magnífica oportunidad para demostrar si son capaces de llegar
a acuerdos cuando están ustedes en la oposición.
Le voy a dar un dato absolutamente concluyente para que usted pueda
demostrar en esta Cámara que es capaz de pasar del discurso, igual que el
señor González, a los hechos. Ustedes tienen un proyecto de pacto
autonómico para incrementar el techo competencial de las Comunidades del
artículo 143 que a lo largo de los últimos meses hemos negociado el señor
Benegas y yo, habiendo acuerdo en lo fundamental; si ustedes quieren
realmente llegar a un acuerdo, fírmenlo; yo estoy dispuesto a firmarlo
ahora mismo. Si ustedes lo firman, yo les creeré, si no, señor Laborda,
ni le creo a usted, ni le creo al señor González, porque una cosa son los
discursos y otra cosa son los hechos. Es muy difícil creerles a ustedes
cuando dicen que hay que llegar a un acuerdo en materia de financiación
autonómica; permítame que, al menos, me sorprenda. Dice usted: No haga
usted caso de las declaraciones que hacen algunos dirigentes del Partido
Socialista; haga caso de lo que digo yo, de lo que dice el señor González
o de lo que dice el señor Armet. ¿Cómo se puede pactar un modelo de
financiación autonómica con un Partido que tiene un modelo distinto en
cada una de las quince Comunidades Autónomas? ¿Cómo se puede pactar un
modelo de financiación con un señor que está pidiendo un referéndum?
¿Cómo se puede pactar un modelo de financiación con el Presidente de una
Comunidad Autónoma que se reúne en Madrid con el Vicepresidente Segundo y
Ministro de Economía y Hacienda y con el Ministro de Administraciones
Públicas, con el ánimo de llegar a un acuerdo y al día siguiente inunda
su Comunidad de pasquines agrediendo al Gobierno? O, ¿cómo se puede
pactar con un Partido que tiene un Presidente de Comunidad que dice en su
Comunidad que el nuevo modelo supondrá que por cada peseta que reciba un
ciudadano de esta Comunidad, un ciudadano catalán recibirá siete o un
ciudadano valenciano recibirá nueve y el mismo día en la Comunidad
valenciana se le pide al Presidente Zaplana que explique los efectos
lesivos que el nuevo modelo de financiación autonómica tiene para su
Comunidad? Pero, ¿con quién estamos tratando aquí? ¿Cuál es su modelo de
financiación autonómica, señor Laborda? Ustedes tienen quince. ¿Qué
opinan ustedes del concierto económico vasco? ¿Cuál es su postura, van a
votar que sí, van a votar que no o qué es lo que van a hacer? ¿Qué es lo
que no le gusta de lo que se ha negociado entre el Partido Popular y el
Gobierno vasco del Partido Nacionalista Vasco? Yo le he dicho que ustedes
en su día concertaron el IVA; nosotros concertamos los impuestos
especiales. ¿No está de acuerdo? ¿Va a votar que no? Cuando usted dice
que el acuerdo se consiguió con el Partido Nacionalista Vasco, ¿está
diciendo que el señor Jáuregui está en contra de ese acuerdo? Dígalo. Eso
es a lo que tiene que responder, señor Laborda. Yo se lo digo con
absoluta franqueza, empiezo a estar harto de discursos y de demagogias
baratas. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Popular y
rumores en los escaños del Grupo Parlamentario Socialista.) Tienen
ustedes pacto, fírmenlo, fírmenlo. (Aplausos en los escaños del Grupo
Parlamentario Popular y rumores en los escaños del Grupo Parlamentario
Socialista.) Señor Laborda, el Gobierno tiene que gobernar; el Gobierno
tiene la obligación de presentar un modelo de financiación autonómica al
Consejo de Política Fiscal y Financiera, usted lo sabe, y tiene la
obligación de presentar el día 30 de septiembre los Presupuestos
Generales del Estado en la Cámara, y lo hace, y ahí va incorporado el
modelo de financiación autonómica porque la Ley obliga al Gobierno. A lo
largo de dos meses, hemos tenido múltiples conversaciones con los
Presidentes autonómicos, sin distinción de color político, con los
Consejeros autonómicos, sin distinción de color político, con las
distintas fuerzas políticas, y resulta que al final se ponen de acuerdo
en el modelo todas las fuerzas políticas menos ustedes e Izquierda Unida,
aunque Izquierda Unida no se pone de acuerdo con ustedes porque le parece
poca la corresponsabilidad fiscal que se cede a las Comunidades
Autónomas.
Alguna reflexión van a tener que hacer ustedes sobre este asunto, porque
todo el mundo se pone de acuerdo salvo ustedes. Y es que ustedes ni
siquiera son capaces de presentar un modelo distinto y, más aún, ni
siquiera son capaces de ponerse de acuerdo entre ustedes.
Por tanto, la oferta de pacto y de diálogo sólo se la acepto en materia
de política autonómica cuando terminen los discursos y pasen a los
hechos. Y tienen ustedes magníficas oportunidades para hacerlo.
Muchas gracias. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario
Popular.--El señor Laborda Martín pide la palabra.)
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Muchas gracias, señor Ministro.
Supongo que es por el artículo 87, Senador Laborda. Tiene la palabra por
tiempo de dos minutos.
El señor LABORDA MARTIN: Muchas gracias, señor Presidente.
Señor Ministro, demagogias baratas las que hicieron ustedes contra el 15
por ciento. Y no me hable de que pactamos con ustedes el desarrollo
competencial de los Estatutos y que no aceptamos su posición respecto del
15 por ciento, porque ustedes nos han dado la razón cediendo el 30 por
ciento. Con lo que no estamos de acuerdo --y ustedes acabarán no estando
de acuerdo-- es con la capacidad normativa.
No es miembro de mi Grupo Parlamentario ni de mi Partido político aquel
--al que respeto mucho, por cierto-- que, ante el desconcierto que se ha
producido --y no es una paradoja ni un juego de palabras-- por cómo han
negociado ustedes el concierto, ha dicho que para poner fin a esos
problemas lo que nos pide el Presidente de mi Comunidad es que
modifiquemos la Constitución para que no haya Concierto en el País Vasco.
No ha sido nadie de mi grupo político el que ha hecho esto. Debería tomar
nota.
(Un señor Senador del Grupo Parlamentario Socialista: ¿Lo conoce?)
Respecto a los pactos autonómicos, tanto cuando era el Gobierno del señor
Calvo Sotelo, como cuando era el Gobierno de mi compañero Felipe
González, es el Gobierno el que está obligado a llevar un documento, a
hacer las propuestas, porque ustedes han ganado las elecciones. Entérese
de que ustedes han ganado las elecciones, que a usted no le están pagando
el sueldo para que haga en la tribuna de líder de la oposición; que la
oposición soy yo, señor Ministro. Preséntelo usted. Díganos lo que nos
cuesta el Cupo. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario
Socialista.) Díganos las consecuencias --que ustedes las saben, porque
las han calculado y no las quieren decir-- de la capacidad normativa.
Ustedes han calculado --y lo saben, porque yo lo sé-- para dentro de
cinco años, en lo que está preceptuado en el acuerdo de financiación, si
se cumplen los parámetros de las Comunidades que tengan menos del 90 por
ciento de la financiación, o sus servicios estén por debajo del 90 por
ciento, en cuánto se dispara el déficit.
Ustedes no lo quieren decir, porque bastantes líos han creado ya en
Europa hablando de agujeros que no existían, porque no se atreven a
hablar del agujero que ustedes están creando con la irresponsabilidad
alegre con la que han pasado ustedes de negar demagógicamente el 15 por
ciento a aceptarlo todo.
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Senador Laborda, dos minutos.
El señor LABORDA MARTIN: Termino, señor Presidente.
Ofrézcanos un acuerdo. No se escude en declaraciones, porque en guerra de
declaraciones y en traer la hemeroteca, desde que ustedes eran Alianza
Popular hasta ahora, desde luego, ustedes baten todos los récords,
empezando por no votar a favor el Título VIII de la Constitución.
(Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Socialista.--Protestas
en los escaños del Grupo Parlamentario Popular.) O sea, que eso vamos a
olvidarlo, señor Ministro.
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Senador Laborda, le pido que
termine.
El señor LABORDA MARTIN: Yo lo que quiero es hacerle una oferta de
futuro.
Nada más y muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Gracias.
Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el Senador Utrera.
El señor UTRERA MORA: Muchas gracias, señor Presidente.
Una muy breve intervención para aclarar algunas de las cuestiones que
aquí se han expuesto, para reafirmar nuestro compromiso con el Estado
autonómico y con el acuerdo pactado en el Consejo de Política Fiscal y
Financiera y para poner de manifiesto las gravísimas contradicciones en
que el Partido Socialista se halla sumido en materia de financiación
autonómica.
Ahora mismo, el segundo portavoz socialista en materia de Comunidades
Autónomas --o primer portavoz, no sabemos cuál es uno y cuál es otro--
acaba de señalar que nuestra posición en el debate sobre el 15 por ciento
de participación en la recaudación en las Comunidades Autónomas originó
una ruptura de consenso y fue un debate, en definitiva, en el que se
utilizaron argumentos que en este momento son reprobables.
Me gustaría leer, precisamente, un texto derivado de una interpelación
que se realizó en esta cámara, en el Senado, por nuestro entonces
portavoz y hoy Presidente de la Comunidad Autónoma de Madrid, en la que
quedaba muy claro --y leo-- nuestro compromiso con la corresponsabilidad
fiscal, con la verdadera corresponsabilidad fiscal, y no con los
sucedáneos que suponía un instrumento como era la mera participación en
la recaudación sin capacidad normativa en el IRPF.
Decía nuestro portavoz entonces, y leo: Nosotros no nos oponemos, sino
que, antes al contrario, defendemos la corresponsabilidad fiscal, ni
siquiera nos oponemos a una hipotética cesión del 15 por ciento del IRPF
a las Comunidades Autónomas siempre y cuando sea un instrumento para
alcanzar esa corresponsabilidad fiscal.
Esta intervención se realizó el 21 de septiembre de 1993. Muchas
experiencias tenemos, algunas positivas y otras negativas. Pero lo más
importante que hay que constatar como resumen de este debate es que el
Partido Socialista se ha sumido en un nihilismo absurdo en no avanzar en
la financiación autonómica, en tratar de bloquear cualquier vía de
progreso y en crear los climas para posteriormente, con esa teoría de las
reacciones o de los climas que hoy se nos ha expuesto aquí, detener los
procesos que los originan, con lo cual entraríamos en lo que en economía
se denomina las previsiones autorrealizadas, es decir, que uno puede
hacer previsiones porque sabe que posteriormente tiene los medios para
que se cumplan esas previsiones.
El señor Ministro asiste prácticamente a todos los plenos y a la mayor
parte de las reuniones de la Comisión General de las Comunidades
Autónomas, agradecemos su presencia y lo didáctico, claro y transparente
de sus argumentos en defensa del acuerdo de financiación autonómica
(Rumores.), por lo menos así nos lo ha parecido en el Grupo Parlamentario
Popular.
Frente a la dialéctica del bilateralismo opaco, frente a la dialéctica
del norte o sur y frente a crear desconcierto en la sociedad, creo que es
hora de que este Gobierno, y también los grupos parlamentarios que se
sientan comprometidos con la financiación autonómica, pongan algo de
sosiego, que podría formularse en dos o tres principios básicos: el
primero, que el sistema de financiación autonómica acordado no amenaza
nada ni a nadie, sino que introduce precisamente la capacidad para que
las Comunidades Autónomas puedan decidir una mayor parte de sus recursos
financieros para igualar o, por lo menos, aproximarse a la ya autonomía
de gasto que tienen;
en segundo lugar, que las Comunidades Autónomas tengan capacidad
normativa para establecer variaciones fiscales en algunos de los
impuestos importantes, que los ciudadanos perciben, pero que no afecten a
las grandes libertades económicas, como pueden ser la de desplazamiento
de personas, bienes o capitales, y en tercer lugar, que pongamos sentido
común en un debate que hemos de finalizar en algún momento, en el próximo
debate en el Senado del proyecto de Presupuestos Generales del Estado,
porque vamos a iniciar un quinquenio muy interesante, en el que las
Comunidades Autónomas van a gestionar una parte del Impuesto sobre la
Renta y van a cooperar con la Administración tributaria para reducir el
fraude fiscal en los territorios. Nosotros tenemos una gran confianza en
esos mecanismos de cooperación y en que este sistema va a permitir
mejorar la recaudación para el Estado que, no lo olvidemos, obtiene el 70
por ciento de la recaudación de todos los territorios, y para las propias
Comunidades Autónomas.
Por eso, en la paradoja que ustedes denuncian continuamente sobre quién
gana y quién pierde, creo que cuando introducimos un cambio tan
sustancial en el modelo de financiación autonómica, es decir, cuando
salimos del «impasse» en que lo habían situado ustedes durante tantos
años, es lógico prever durante los próximos años y ver cómo funciona ese
mecanismo, pero no denunciar ahora cuáles van a ser las posiciones
relativas de cada uno.
Por tanto, agradecemos al señor Ministro sus explicaciones, porque
creemos que este modelo de financiación autonómica va a consolidarse en
el futuro y va a permitir también en el futuro denunciar y ver las
contradicciones en que se está incurriendo desde el Partido Socialista
denunciando algo que es sólido y coherente en su concepción.
Muchas gracias. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario
Popular.)
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Muchas gracias, Senador Utrera
Mora.
El señor Ministro tiene la palabra por dos minutos.
El señor MINISTRO DE ADMINISTRACIONES PUBLICAS (Rajoy Brey): Muchas
gracias, señor Presidente, y espero que me sobre tiempo.
Quiero hacer un breve resumen del sentido que he querido darle a mi
intervención. Yo creo que el Gobierno tiene claros, y así los ha expuesto
hoy aquí, sus objetivos en materia de política autonómica, que pasan
fundamentalmente, como he señalado antes, por la consecución de un pacto
autonómico, similar al del año 1992, para resolver insuficiencias, en
nuestra opinión, competenciales; en segundo lugar, por la aprobación y
puesta en marcha del nuevo modelo de financiación autonómica que el
Gobierno ha pactado con catorce de las diecisiete Comunidades Autónomas,
y es deseo del Gobierno que se incorporen el resto de las mismas para lo
cual continuará las conversaciones que han tenido lugar a lo largo de
estos últimos meses; en tercer lugar, la pronta aprobación de la Ley del
Concierto Vasco en la línea en la cual se ha pactado por el Gobierno y el
Partido Nacionalista Vasco en los momentos previos a la celebración de la
sesión de investidura y se ha concretado hace muy pocos días.
Por otra parte, el Gobierno, una vez que fija claramente sus objetivos
quiere que sean compartidos por el mayor número de fuerzas políticas y
está dispuesto a negociarlos y tiene en este momento encima de la mesa
del principal partido de la oposición una propuesta, repito, ya entregada
de pacto autonómico para las Comunidades del artículo 143. El Gobierno
está dispuesto a firmarla ahora o a negociarla cuando el Partido
Socialista lo estime oportuno y conveniente.
En cualquier caso, sí que es bueno también dejar muy claro que el
Gobierno no puede abdicar de sus responsabilidades y que si no logra
acuerdos mayoritarios, como es deseable, el Gobierno tiene que gobernar.
El uno de enero de 1997 tiene que haber un nuevo modelo de financiación,
y si un determinado partido político no quiere ponerse de acuerdo o le es
imposible ponerse de acuerdo, el Gobierno no puede renunciar a gobernar.
Por tanto, el Gobierno, señor Presidente, cumplirá con la voluntad que he
dicho de cumplir escrupulosamente los pactos que se han firmado para la
investidura y, desde luego, cumplirá con las obligaciones que establece
la legislación vigente.
Muchas Gracias, señor Presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Muchas gracias, señor Ministro.
(Aplausos en los escaños del Partido Popular.)
En Junta de Portavoces se ha acordado que sustanciaremos ahora el
conocimiento por el Pleno de Tratados y Convenios Internacionales, cosa
que vamos a hacer a continuación en el cuarto punto del orden del día.
CONOCIMIENTO POR EL PLENO DE TRATADOS Y CONVENIOS INTERNACIONALES
REMITIDOS POR EL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS:
--CONVENIO INTERNACIONAL DE COOPERACION RELATIVO A LA SEGURIDAD DE LA
NAVEGACION AEREA «EUROCONTROL» (BRUSELAS 13-12-60); PROTOCOLO ADICIONAL
AL CONVENIO INTERNACIONAL DE COOPERACION PARA LA SEGURIDAD DE LA
NAVEGACION AEREA «EUROCONTROL» (BRUSELAS 6-7-70); PROTOCOLO MODIFICATIVO
DEL PROTOCOLO ADICIONAL AL CONVENIO INTERNACIONAL DE COOPERACION PARA LA
SEGURIDAD DE LA NAVEGACION AEREA «EUROCONTROL», DE 6-7-70 (BUSELAS
21-11-78); PROTOCOLO DE ENMIENDA A LA CONVENCION INTERNACIONAL DE
«EUROCONTROL» PARA LA COOPERACION EN LA SEGURIDAD DE LA NAVEGACION AEREA
DE 13-12-60 (BRUSELAS 12-2-81); PROTOCOLO RELATIVO A LA APLICACION DE
CIERTAS DISPOSICIONES DEL CONVENIO SOBRE «EUROCONTROL» QUE AFECTAN A LA
DEFENSA (BRUSELAS 13-12-60),
Y ACUERDO MULTILATERAL RELATIVO A LA PROTECCION DE MATERIAS CLASIFICADAS
«EUROCONTROL» SE TRAMITA POR EL PROCEDIMIENTO DE URGENCIA (BRUSELAS
18-11-69). (S. 610/000004.) (C. D. 110/000004.)
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): El primero es el Convenio
Internacional de Cooperación relativo a la Seguridad de la Navegación
Aérea «EUROCONTROL» (Bruselas 13-12-60); Protocolo Adicional al Convenio
Internacional de Cooperación para la Seguridad de la Navegación Aérea
«EUROCONTROL» (Bruselas 6-7-70); Protocolo modificativo del Protocolo
Adicional al Convenio Internacional de Cooperación para la Seguridad de
la Navegación Aérea «EUROCONTROL», de 6-7-70 (Bruselas 21-11-78);
Protocolo de Enmienda a la Convención Internacional de «EUROCONTROL» para
la Cooperación en la Seguridad de la Navegación Aérea de 13-12-60
(Bruselas 12-2-81); Protocolo relativo a la aplicación de ciertas
disposiciones del Convenio sobre «EUROCONTROL» que afectan a la defensa
(Bruselas 13-12-60); y Acuerdo Multilateral relativo a la protección de
materias clasificadas «EUROCONTROL» (Bruselas 18-12-69). Se tramita por
el procedimiento de urgencia. No se han presentado propuestas en relación
a este Convenio. Como no hay intervención de los grupos, ¿puede
entenderse aprobado por asentimiento? (Pausa.) Queda aprobado por
asentimiento y se autoriza en este acto todo lo relativo a lo que he
leído anteriormente.
--CONVENCION DE LAS NACIONES UNIDAS SOBRE EL DERECHO DEL MAR, HECHA EN
MONTEGO BAY EL 10-12-82 Y DECLARACIONES INTERPRETATIVAS QUE ESPAÑA VA A
FORMULAR EN EL MOMENTO DE LA RATIFICACION. SE TRAMITA POR EL
PROCEDIMIENTO DE URGENCIA. (S. 610/000005.) (C. D. 110/000006.)
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): El siguiente Convenio es el de la
Convención de la Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, hecha en
Montego Bay el 10-12-82 y Declaraciones interpretativas que España va a
formular en el momento de la ratificación. También se tramita por el
procedimiento de urgencia. No se han presentado propuestas en relación a
este Convenio y en turno de portavoces tiene la palabra el Senador don
Fernando González Laxe.
El señor GONZALEZ LAXE: Muchas gracias, señor Presidente.
Quiero consumir un turno en muy poco tiempo, porque creo que vale la pena
hacer una intervención para que conste en el «Diario de Sesiones».
Estamos ante una Convención muy importante, habida cuenta de que ya en el
año 1958 Naciones Unidas empezó a discutir sobre los temas relativos al
Derecho del Mar, llegando a principios de acuerdos pero relativos, en
aquel año de 1958, en la ciudad suiza de Ginebra.
Posteriormente, en el año 1960, se reanuda la Segunda Conferencia sobre
el Derecho del Mar. En ella se ponen las piezas fundamentales de lo que
va a ser la nueva regulación o el orden marítimo internacional.
Fíjense, señor Presidente, señorías, en que, desde aquel año de 1960 en
que tuvo lugar la Segunda Conferencia sobre el Derecho del Mar, hasta
1973, en que se inician los trabajos de la Tercera Conferencia y, por
tanto, lo que hoy sometemos a debate, ya han pasado trece años. Ha
cambiado el mundo, las nuevas normas y derechos han ido modificándose y
las nuevas circunstancias también han ido sustanciando un nuevo orden.
Esa Tercera Conferencia del Derecho del Mar, iniciada en 1973, culmina en
1982, prácticamente un decenio para una discusión tan larga, que pone de
manifiesto la complejidad, la dificultad y, sobre todo, el nuevo orden
que está inspirando.
Yo creo, señor Presidente que esta Tercera Conferencia sobre el derecho
del mar plantea tres ideas-fuerza. En primer lugar, el nuevo orden
jurídico para los mares y los océanos. En segundo lugar, promueve los
usos pacíficos de los mares y de los océanos y, en tercer lugar, la
utilización equitativa y eficiente de los recursos, con el objeto de
preservar y conservar los recursos vivos en el mar.
En consecuencia, ¿qué aporta esta Convención que hoy tenemos la
satisfacción de someter a debate y a aprobación? Pues el aprovechamiento
económico de los fondos marinos y el «status» especial para los estados
archipelágicos.
Las consecuencias que se derivan de esta conferencia son los intereses y
las necesidades de los países en desarrollo, bien sean ribereños o con
litoral, y la posibilidad del uso de los recursos de los fondos marinos y
del subsuelo fuera de los límites de jurisdicción que sean patrimonio de
la Humanidad, en contra de aquella inicial referencia de Truman, hecha en
la década de los años treinta, y en contra de la apropiación --entre
comillas-- que quería el canciller y representante americano, Kissinger,
en los comienzos y debates de esta conferencia.
Esta Conferencia tiene por norma e incluso por finalidad haber cambiado
todo el orden marítimo, el orden oceánico. Así, países que antes tenían
un acceso libre a los recursos ahora tienen que buscar un acceso que es
controlado y limitado por los países ribereños. También se pone de
manifiesto otro tipo de dificultades, como la de que aquellas flotas o
explotadores de recursos en el subsuelo, para los nódulos metálicos o los
recursos minerales, puedan ser propiedad de unos o de otros países, pero
manteniendo el principio de que la mayoría de las cosas deben conservarse
y preservarse en beneficio de la Humanidad.
Simplemente voy a enumerar una serie de cuestiones que, para aquellas
poblaciones ribereñas que tengan intereses económicos o sociales o
mantengan la cultura del mar, son muy importantes, y España es uno de los
primeros países en el mundo por su perímetro costero.
Creo que los asuntos que delimita esta Conferencia, como son el mar
territorial y la zona contigua, el derecho de paso inocente, las zonas
económicas exclusivas, la conservación y utilización de los recursos
vivos, tanto en
aquellas poblaciones que se encuentren en la zona económica exclusiva y
en la zona económica exclusiva adyacente, las especies altamente
migratorias, la explotación de los mamíferos, las especies anódromas, las
catódromas, las sedentarias, la posibilidad de los Estados sin litoral o
en situación desventajosa, la plataforma continental, la libertad de alta
mar, el derecho de navegación, etcétera, son cuestiones que, debido a su
complejidad, han hecho que se haya tardado tantos años en llegar a un
acuerdo y que hoy, en 1996, todavía sean el punto de lanzamiento para
nuevas convenciones.
Espero que, a pesar del retraso con que ha llegado aquí esta Convención,
sí venga con la celeridad oportuna, por ejemplo, esa otra Convención de
las Naciones Unidas sobre las especies traszonales y las altamente
migratorias, firmada en diciembre del año 1995 en Nueva York, porque, de
esta forma, España, país costero, ribereño, que mira al mar por todos los
lados, pueda estar a la vanguardia de aquellos países que impulsen nuevas
negociaciones en beneficio de la Humanidad y se pueda llegar a acuerdos
fructíferos entre todos aquellos Estados que tengan como objetivo
trascendental y de gran vitalidad para sus economías y sociedades
aquellos asuntos que se refieren a lo que es el Derecho del Mar.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Muchas gracias, señor González
Laxe.
Tiene la palabra el Senador don Roberto Soravilla.
El señor SORAVILLA FERNANDEZ: Muchas gracias, señor Presidente.
Yo quería intervenir también pero no voy a abundar en las palabras del
Senador González Laxe, que ha hecho un preciso resumen tanto histórico
como de contenidos de esta Convención que nos congratula aprobar.
El Derecho del Mar tiene su origen en los albores de la sociedad
internacional moderna y es una de las ramas fundamentales del Derecho
Internacional clásico. Yo creo que la Convención que nos ocupa tiene un
carácter eminentemente político, dada la relevancia entre los sujetos de
la sociedad internacional y los compromisos que entraña para nuestra
política exterior en el ámbito marítimo y también en la
institucionalización de un nuevo sistema de cooperación en la explotación
y la exploración de determinados espacios marinos. Además, esta
Convención supone un avance en el incremento de la protección, de la
prevención de la contaminación y de la seguridad marítima en general,
como bien ha dicho el Senador González Laxe.
España firmó ya la Convención de Jamaica en el año 1984 y formuló
entonces una declaraciones interpretativas. Los Estados industrializados
tuvieron algún reparo en una modificación que se ha producido ahora de la
parte XI de esta Convención, se rectificó en el año 1994 y entró en vigor
tras la firma del Estado número 60. La ratificación de esta Convención se
ha producido por parte de países de la Unión Europea, como Alemania,
Italia, Grecia y Austria; el resto de los países de la Unión Europea lo
harán dentro de unos meses y también está en trámite para que pueda ser
ya ratificada por Estados Unidos y Japón.
En consecuencia, naturalmente, estamos a favor de esta Convención y
también de las declaraciones interpretativas que se van a formular en el
momento de su ratificación relativas a cuestiones diversas pero
fundamentalmente nos interesa resaltar una, que es la salvedad que
hacemos respecto a Gibraltar y la reivindicación que en ella tenemos.
Agradecemos que el señor González Laxe haya hecho por nosotros este
resumen tan preciso y, naturalmente, apoyamos la aprobación de esta
Convención.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol y Roig): Muchas gracias, Senador
Soravilla.
¿Puede entenderse aprobado por asentimiento? (Pausa.) Queda aprobado por
asentimiento y se autoriza en este acto que el Gobierno pueda prestar su
consentimiento para obligarse por medio de la Convención de las Naciones
Unidas sobre el Derecho del Mar, hecha en Montego Bay el 10-12-82, y
Declaraciones interpretativas que España va a formular en el momento de
la ratificación.
--ACUERDO RELATIVO A LA APLICACION DE LA PARTE XI DE LA CONVENCION DE LAS
NACIONES UNIDAS SOBRE EL DERECHO DEL MAR DE 10-12-82, HECHO EN NUEVA YORK
EL
28-7-94. SE TRAMITA POR EL PROCEDIMIENTO DE URGENCIA. (S. 610/000006.)
(C. D. 110/000007.)
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Acuerdo relativo a la aplicación
de la parte XI de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho
del Mar de 10-12-82, hecho en Nueva York el 28-7-94. También se tramita
por el procedimiento de urgencia.
¿Puede entenderse aprobado por asentimiento? (Pausa.) Queda aprobado por
asentimiento y se autoriza en este acto que el Gobierno pueda prestar su
consentimiento para obligarse por medio del Acuerdo relativo a la
aplicación de la parte XI de la Convención de las Naciones Unidas sobre
el Derecho del Mar de 10-12-82, hecho en Nueva York el 28-7-94.
--CONVENIO INTERNACIONAL DE LAS MADERAS TROPICALES, 1994, HECHO EN
GINEBRA EL 26-1-94. SE TRAMITA POR EL PROCEDIMIENTO DE URGENCIA. (S.
610/000007.) (C. D. 110/000008.)
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Convenio Internacional de las
Maderas Tropicales, 1994, hecho en Ginebra el 26-1-94. Se tramita por el
procedimiento de urgencia.
¿Puede entenderse aprobado por asentimiento? (Pausa.) Queda aprobado por
asentimiento y se autoriza en este acto que el Gobierno pueda prestar su
consentimiento para obligarse por medio del Convenio Internacional
de las Maderas Tropicales, 1994, hecho en Ginebra el 26-1-94.
--CONVENIO ENTRE EL REINO DE ESPAÑA Y LA REPUBLICA PORTUGUESA PARA LA
CONSTRUCCION DE UN PUENTE INTERNACIONAL SOBRE EL RIO CAYA ENTRE LAS
LOCALIDADES DE BADAJOZ (ESPAÑA) Y ELVAS (PORTUGAL), FIRMADO «AD
REFERENDUM» EN MADRID EL 18-1-96. SE TRAMITA POR EL PROCEDIMIENTO DE
URGENCIA. (S. 610/000008.) (C. D. 110/000018.)
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Convenio entre el Reino de España
y la República Portuguesa para la construcción de un Puente Internacional
sobre el río Caya entre las localidades de Badajoz (España) y Elvas
(Portugal), firmado «ad referendum» en Madrid el 18-1-96. Se tramita por
el procedimiento de urgencia.
¿Puede entenderse aprobado por asentimiento? (Pausa.) Queda aprobado por
asentimiento y se autoriza en este acto que el Gobierno pueda prestar su
consentimiento para obligarse por medio del Convenio entre el Reino de
España y la República Portuguesa para la construcción de un Puente
Internacional sobre el río Caya entre las localidades de Badajoz (España)
y Elvas (Portugal), firmado «ad referendum» en Madrid el 18-1-96.
--SEGUNDO Y TERCER PROTOCOLO ANEXOS AL ACUERDO GENERAL SOBRE COMERCIO DE
SERVICIOS, ANEJO AL ACUERDO POR EL QUE SE ESTABLECE LA ORGANIZACION
MUNDIAL DEL COMERCIO (OCM) --MARRAKECH 15-4-94-- HECHOS EN GINEBRA EL
6-10-95. SE TRAMITA POR EL PROCEDIMIENTO DE URGENCIA. (S. 610/000009.)
(C. D. 110/000019.)
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): El siguiente es el Segundo y
Tercer Protocolo anexos al acuerdo general sobre comercio de servicios,
anejo al acuerdo por el que se establece la organización mundial del
comercio (OCM) --Marrakech 15-4-94-- hechos en Ginebra el 6-10-95. Se
tramita por el procedimiento de urgencia. Si no hubiera intervención pido
a la Cámara que sea votado por asentimiento. (Pausa.) Queda aprobado por
asentimiento y se autoriza en este acto que el Gobierno pueda prestar su
consentimiento para obligarse por medio del Segundo y Tercer Protocolo
anexos al acuerdo general sobre comercio de servicios, anejo al acuerdo
por el que se establece la organización mundial del comercio (OCM)
--Marrakech 15-4-94-- hechos en Ginebra el 6-10-95.
--TRATADO DE EXTRADICION ENTRE EL REINO DE ESPAÑA Y LA REPUBLICA ORIENTAL
DEL URUGUAY, FIRMADO EN MADRID EL 28-2-96. SE TRAMITA POR EL
PROCEDIMIENTO DE URGENCIA. (S. 610/000010.) (C. D. 110/000020.)
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): El siguiente es el Tratado de
extradición entre el Reino de España y la República Oriental del Uruguay,
firmado en Madrid el 28-2-96. Se tramita por el procedimiento de
urgencia. Si no hay ninguna intervención en los distintos grupos, pido a
la Cámara que sea aprobado por asentimiento. (Pausa.) Queda aprobado por
asentimiento y se autoriza en este acto que el Gobierno pueda prestar su
consentimiento para obligarse por medio del Tratado de extradición entre
el Reino de España y la República Oriental del Uruguay, firmado en Madrid
el 28-2-96.
--TRATADO ENTRE EL REINO DE ESPAÑA Y LA REPUBLICA DE PANAMA SOBRE
TRASLADO DE PERSONAS CONDENADAS, FIRMADO EN MADRID EL 20-3-96. SE TRAMITA
POR EL PROCEDIMIENTO DE URGENCIA. (S. 610/000011.) (C. D. 110/000022.)
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): El siguiente es el Tratado entre
el Reino de España y la República de Panamá sobre traslado de personas
condenadas, firmado en Madrid el 20-3-96. Se tramita también por el
procedimiento de urgencia. Si no hay ninguna petición de intervención,
pido a la Cámara que sea aprobado por asentimiento. (Pausa.) Queda
aprobado por asentimiento y se autoriza en este acto que el Gobierno
pueda prestar su consentimiento para obligarse por medio del Tratado
entre el Reino de España y la República de Panamá sobre traslado de
personas condenadas, firmado en Madrid el 20-3-96.
--CANJE DE NOTAS, DE FECHAS 26-12-95 Y 22-1-96, CONSTITUTIVO DE ACUERDO
ENTRE ESPAÑA Y ESTADOS UNIDOS POR EL QUE SE PRORROGA EL ACUERDO ENTRE
AMBOS PAISES SOBRE COOPERACION CIENTIFICA Y TECNICA EN APOYO A LOS
PROGRAMAS DE EXPLORACION LUNAR Y PLANETARIA Y DE VUELOS ESPACIALES
TRIPULADOS Y NO TRIPULADOS A TRAVES DEL ESTABLECIMIENTO EN ESPAÑA DE UNA
ESTACION DE SEGUIMIENTO ESPACIAL, FIRMADO EN MADRID EL 29-1-64. SE
TRAMITA POR EL PROCEDIMIENTO DE URGENCIA. (S. 610/000012.) (C. D.
110/000023.)
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): El siguiente punto es el Canje de
notas, de fechas 26-12-95 y 22-1-96, constitutivo de acuerdo entre España
y Estados Unidos por el que se prorroga el acuerdo entre ambos países
sobre cooperación científica y técnica en apoyo a los programas de
exploración lunar y planetaria y de vuelos espaciales tripulados y no
tripulados a través del establecimiento
en España de una estación de seguimiento espacial, firmado en Madrid el
29-1-64. Se tramita por el procedimiento de urgencia. Si no hay ninguna
intervención, pido que sea aprobado por asentimiento. (Pausa.) Queda
aprobado por asentimiento y se autoriza en este acto que el Gobierno
pueda prestar su consentimiento para obligarse por medio del Canje de
notas, de fechas 26-12-95 y 22-1-96, constitutivo de acuerdo entre España
y Estados Unidos por el que se prorroga el acuerdo entre ambos países
sobre cooperación científica y técnica en apoyo a los programas de
exploración lunar y planetaria y de vuelos espaciales tripulados y no
tripulados a través del establecimiento en España de una estación de
seguimiento espacial, firmado en Madrid el 29-1-64.
--CONVENIO INTERNACIONAL DE CAUCHO NATURAL, 1995, HECHO EN GINEBRA EL 17
DE FEBRERO DE 1995. (S. 610/000001.) (C. D. 110/000001.)
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Convenio internacional de Caucho
natural, 1995, hecho en Ginebra el 17 de febrero de 1995.
No se han presentado propuestas. Tampoco hay petición de intervención.
Pido que sea aprobado por por asentimiento. (Pausa.) Queda aprobado por
asentimiento y se autoriza en este acto que el Gobierno pueda prestar su
consentimiento para obligarse por medio del Convenio internacional de
Caucho natural, 1995, hecho en Ginebra el 17 de febrero de 1995.
--TERCER PROTOCOLO ADICIONAL AL ACUERDO GENERAL SOBRE PRIVILEGIOS E
INMUNIDADES DEL CONSEJO DE EUROPA, HECHO EN ESTRASBURGO EL 6 DE MARZO DE
1959, Y EL ESTATUTO POR EL QUE SE MODIFICA EL FONDO DE DESARROLLO SOCIAL
DEL CONSEJO DE EUROPA, APROBADO POR EL COMITE DE DIRECCION DEL FONDO EN
VIRTUD DE SUS RESOLUCIONES 247 (1993), 248 (1993) Y (93) 22, Y RESERVA
QUE ESPAÑA PRETENDE FORMULAR. (S. 610/000002.) (C. D. 110/000002.)
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Tercer protocolo adicional al
Acuerdo General sobre privilegios e inmunidades del Consejo de Europa,
hecho en Estrasburgo el 6 de marzo de 1959, y el Estatuto por el que se
modifica el Fondo de Desarrollo Social del Consejo de Europa, aprobado
por el Comité de Dirección del Fondo en virtud de sus resoluciones 247
(1993), 248 (1993) y (93) 22, y reserva que España pretende formular.
No se han presentado propuestas, pero hay una petición de intervención.
Tiene la palabra la Senadora Ana Guirado Pérez.
La señora GUIRADO PEREZ: Gracias, señor Presidente.
El Consejo de Europa crea en el año 1956 una institución como fondo de
reinstalación para los refugiados y los excedentes de población en la
Europa Occidental.
Se crea como mecanismo de provisión de recursos para ayuda a la
instalación en los países del Consejo de refugiados provenientes de los
países del bloque comunista cuando países como Austria, Alemania,
Francia, etcétera, tienen que hacer frente a las necesidades de los
refugiados provenientes fundamentalmente de Hungría como consecuencia de
las convulsiones políticas que en ese país se desarrollan.
El Fondo adquiere un gran impulso en esos momentos que se mantiene hasta
años sucesivos. En la actualidad el Fondo está adquiriendo nuevamente un
gran impulso como consecuencia de los gravísimos problemas derivados de
la guerra en los antiguos países de la ex Yugoslavia.
El Fondo a veces ha sido fuertemente criticado por miembros de la
Asamblea Parlamentaria por su política de acrecentar fondos de manera
importante como resultado de sus operaciones, aunque desde el punto de
vista financiero de gran eficacia, y por inversiones un tanto inadecuadas
y a veces bastante escandalosas.
El Consejo de Europa, y por ende el Fondo, no son organismos demasiado
conocidos por los ciudadanos españoles quizá debido a que nuestra
incorporación se produce muchos años después, prácticamente treinta
después de su creación. Sin embargo, esta institución obra con un capital
disponible de 100.000 millones de pesetas, y se han realizado proyectos
muy interesantes en el terreno de la agricultura en Almería y en el
terreno de la vivienda.
El nuevo Estatuto por el que se modifica el Fondo de Desarrollo Social
que vamos a aprobar, cuyo Tercer Protocolo adicional no se aprobó el día
1 de enero de 1978 cuando España ingresó, dice textualmente: para
precisar el régimen jurídico de los bienes, activos y operaciones del
Fondo así como del Estatuto jurídico de sus órganos y funcionarios.
Estamos completamente de acuerdo con las reservas que se proponen al
artículo 7.º, no aceptando nosotros automáticamente la exención de los
impuestos sobre las cantidades correspondientes a los intereses de las
obligaciones emitidas o de los empréstitos concertados por el Fondo.
Recordamos hoy aquí la comparecencia del Gobernador del Fondo el día 22
de octubre en la Comisión de Emigración del Consejo de Europa, donde se
nos instaba a los parlamentarios a actuar por dos vías, en primer lugar,
por la de pedir a los países que todavía no son miembros del Fondo
--recuérdese que son 23 países de los 39 que son miembros del Consejo de
Europa, que dentro de unos días serán 40-- y a los que ya lo son, una
mayor dotación presupuestaria para el mismo, ya que los fondos no son, a
pesar de las cantidades, tan terriblemente importantes.
España reúne condiciones para plantear proyectos de restauración de
barriadas periféricas y otros derivados de actuaciones no controladas de
la naturaleza --por no decir catástrofes naturales-- que son financiados
a intereses bajos que están entre el 5 y el 6 por ciento.
Desde aquí alentamos al Gobierno actual, como se ha venido haciendo hasta
el momento, para que busque más
beneficios, para la institución. Consecuentemente, vamos a votar a favor
de la ratificación de este documento.
Muchas gracias, señor Presidente. (El señor Ramírez Pery pide la
palabra.)
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Muchas gracias, Senadora Guirado
Pérez.
El señor RAMIREZ PERY: Gracias, señor Presidente.
Simplemente quisiera pronunciar dos palabras por no repetirme.
Como es natural, el Grupo Popular muestra su conformidad ante un tema tan
importante como es el Estatuto por el que se modifica el Fondo, pero
queremos subrayar también que lo aceptamos con la reserva que hace España
respecto de los intereses que se produzcan en lo que se refiere a las
cantidades dispuestas en el fondo, como acaba de señalar la Senadora
Guirado.
Por otra parte, queremos resaltar la importancia que tiene este tema
dadas las ingentes cantidades de refugiados y dados también los problemas
que en relación con esto se plantean.
Gracias, señor Presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Muchas gracias, Senador.
Si no hubiere otra intervención, pido a la Cámara que permita que se
apruebe por asentimiento. (Pausa.) Queda aprobado por asentimiento y se
autoriza en este acto que el Gobierno pueda prestar su consentimiento
para obligarse por medio del Tercer Protocolo Adicional al Acuerdo
General sobre Privilegios e Inmunidades del Consejo de Europa, hecho en
Estrasburgo el 6 de marzo de 1959, y el Estatuto por el que se modifica
el Fondo de Desarrollo Social del Consejo de Europa, aprobado por el
Comité de Dirección del Fondo en virtud de sus Resoluciones 247 (1993),
248 (1993) y (93) 22, y reserva que España pretende formular.
--PROTOCOLO NUMERO 11 AL CONVENIO PARA LA PROTECCION DE LOS DERECHOS
HUMANOS Y DE LAS LIBERTADES FUNDAMENTALES, RELATIVO A LA REESTRUCTURACION
DEL MECANISMO DE CONTROL ESTABLECIDO POR EL CONVENIO, HECHO EN
ESTRASBURGO EL 11 DE MAYO DE 1994. (S. 610/000003.) (C. D. 110/000003.)
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Protocolo número 11 al Convenio
para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades
Fundamentales, relativo a la reestructuración del mecanismo de control
establecido por el Convenio, hecho en Estrasburgo el 11 de mayo de 1994.
No se han presentado propuestas.
¿Desea intervenir algún Grupo Parlamentario? (Pausa.) No hay petición de
palabra. Muchas gracias.
¿Puede entenderse aprobado por asentimiento? (Pausa.)
Queda aprobado por asentimiento y se autoriza en este acto que el
Gobierno pueda prestar su consentimiento para obligarse por medio del
Protocolo número 11 al Convenio para la Protección de los Derechos
Humanos y de las Libertades Fundamentales, relativo a la reestructuración
del mecanismo de control establecido por el Convenio, hecho en
Estrasburgo el 11 de mayo de 1994.
Se levanta la sesión hasta mañana a las diez de la mañana.
Eran las diecinueve horas y cuarenta minutos.