Ruta de navegación
Publicaciones
DS. Senado, Comisiones, núm. 380, de 10/12/1998
CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL
SENADO
Año 1998 VI Legislatura
Comisiones. Núm. 380
COMISION DE ECONOMIA Y HACIENDA
PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. ROBERTO SORAVILLA FERNANDEZ
celebrada el jueves, 10 de diciembre de 1998
ORDEN DEL DIA:
--Dictaminar el proyecto de Ley de Medidas Fiscales Administrativas y del
Orden Social (Número de expediente 621/000113).
Se abre la sesión a las diecisiete horas y quince minutos.
El señor PRESIDENTE: Buenas tardes, señorías. Se abre la sesión.
Vamos a comenzar con la comprobación de asistencias por parte del señor
Letrado y, en su caso, la presentación por escrito a esta Mesa de las
sustituciones, si fuera necesario. Ruego al señor Letrado que compruebe
la asistencia de los señores Senadores.
Por el señor Letrado se procede a la comprobación de las señoras y de los
señores Senadores presentes.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.
¿Los señores portavoces tienen conocimiento del acta? (Pausa.) ¿Hay
alguna objeción a la misma? (Pausa.) ¿Se puede aprobar por asentimiento?
(Pausa.) Así quede constancia.
A continuación, voy a informar sobre el desarrollo del debate. Como sus
señorías saben, no hace falta que se lo recuerde, vamos a dictaminar como
único punto del orden del día el proyecto de ley de Medidas Fiscales,
Administrativas y del Orden Social.
Vamos a iniciar el debate, como es natural, con los tres vetos que han
sido presentados a este proyecto de ley. A continuación, se producirá la
votación. Después comenzaremos con el debate del articulado, y al
terminar, por el artículo 111 del Reglamento, suspenderemos la sesión
para que se reúna la Ponencia y llegue a los acuerdos correspondientes.
Una vez que tengamos esos acuerdos, reanudaremos la sesión simplemente
para tener informadas a sus señorías de cuál es el informe que se
convertirá en dictamen después de la votación. En principio, ese será el
orden, y de esta forma sólo produciremos una suspensión, que será al
final del debate del articulado, naturalmente si no prosperara ninguno de
los vetos.
¿Estamos de acuerdo? (Pausa.)
Por tanto, vamos a comenzar con los tres vetos presentados.
El primer veto es de los Senadores Nieto Cicuéndez y Costa Serra. Para su
defensa tiene la palabra el Senador Román.
El señor ROMAN CLEMENTE: Muchas gracias, señor Presidente.
Doy por defendido el veto en los términos en que está expresado. (Varios
señores Senadores: ¡Muy bien!¡Muy bien!)
El señor PRESIDENTE: Gracias, Senador Román, porque veo que su defensa ha
despertado las alegrías de todas sus señorías.
El veto número 3, que debatiremos en segundo lugar, es del Senador Román
Clemente. Para su defensa, no sé si en los mismos términos y con las
mismas alegrías, tiene la palabra.
El señor ROMAN CLEMENTE: Muchas gracias, señor Presidente.
Supongo que continuarán las alegrías porque voy a dar por defendido el
veto en los términos en que está expresado. Y si me lo permite, señor
Presidente, aprovecho para ampliar algo más la alegría, y dar por
defendidas las enmiendas presentadas al articulado por parte de los
Senadores Costa Serra, Nieto Cicuéndez y Costa Serra, así como las
enmiendas presentadas por este Senador. Por tanto, aprovechando este
trámite, damos por defendidas todas ellas en sus justos términos.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, Senador Román Clemente.
Pasamos pues al veto número dos, que debatiremos en tercer lugar,
presentado por el Grupo Parlamentario Socialista. Para su defensa, tiene
la palabra el Senador Gibert i Bosch.
El señor GIBERT I BOSCH: Muchas gracias, señor Presidente.
Siento no contribuir a la alegría general, y supongo que no extrañará a
nadie que en la defensa de este veto hablemos de método y de
procedimiento. En el proyecto de ley de Medidas Fiscales, Administrativas
y del Orden Social que entró en el Congreso de los Diputados se
modificaban exactamente 43 leyes. Para contribuir poco o mucho a esta
alegría, les voy a ahorrar enunciar cada una de ellas.
A nuestro juicio, en algunos casos se trata de modificaciones razonables
por su entidad y adecuadas al procedimiento y finalidad para la que fue
creada esta ley anual que acompaña a los Presupuestos Generales del
Estado. En otros casos, ya en esta versión inicial, se trataba de
modificaciones importantes que desde nuestro punto de vista requieren un
procedimiento legislativo ordinario, es el caso de leyes como la que
regula las empresas de trabajo temporal, la Ley General Presupuestaria
que se modifica sustantivamente, la ley que regula los contratos de las
Administraciones públicas, la de la televisión privada, la que regula los
planes de fondos de pensiones, etcétera. En otros casos se modificaban,
insisto, siempre en la versión oficial, leyes recién promulgadas, en
1988, como la Ley General de Telecomunicaciones, la Ley de Ordenación del
Mercado de Trabajo, o la Ley del Servicio Postal Universal y de
Liberalización de los Servicios Postales.
Pero esto no es lo grave, en algún momento estuvimos a punto de hacer
declaraciones públicas diciendo que de la ley de medidas de este año, se
había hecho un uso razonable porque nos parecía que había moderación
respecto a la del año pasado. Después de todo, la ley de medidas, a pesar
de que creemos que hay cosas que deberían tramitarse por otro
procedimiento, en su contenido inicial tiene un trámite ordinario:
informe del Consejo de Estado, debate ordinario en las Cortes, etcétera.
Lo grave es lo que viene después, el Grupo Parlamentario Popular
introduce enmiendas en el Congreso que doblan prácticamente la extensión
del proyecto, esto no es muy significativo, pero sí indicativo. Se
modifican siete nuevas leyes además de las 43: la Ley del Impuesto sobre
Sociedades, la Ley del Régimen Económico y Fiscal de Canarias, la Ley
General Tributaria, la Ley del Deporte, la Ley de Jurisdicción
Contencioso-administrativa, la Ley de Bases de Régimen Local, la Ley de
Modernización de Explotaciones Agrarias. Ya estamos en 50 leyes, las
siete últimas, por ejemplo, sin informe del Consejo de Estado.
Pero eso no es todo. En el Congreso de los Diputados se introducen, vía
enmiendas del Grupo Parlamentario Popular, modificaciones sustanciales
para el funcionamiento de la Agencia Tributaria y sobre todo una
modificación sustantiva del modelo de financiación de los ayuntamientos,
del famoso pacto local, algo a nuestro juicio tan importante como, por
ejemplo, el modelo de financiación de las Comunidades Autónomas, y que
debería tratarse no ya solamente por procedimiento ordinario, sino
incluso a nuestro juicio con una cierta solemnidad.
Esto sin embargo continúa sin ser lo más grave. Lo más grave es lo que
ocurre después del trámite del Senado. El Gobierno y el Partido Popular
guardan los grandes temas, los más conflictivos para el Senado, nosotros
interpretamos que intentando aprovechar, en principio, la hipotética o
eventual menor resonancia del trámite de las leyes en la Cámara alta, y
sobre todo hurtando el debate al Congreso de los Diputados, que sólo
tendrá opción de decir sí o no a las modificaciones introducidas en el
Senado. Nos parece sencillamente poco democrático y poco acorde con las
previsiones de legislación que tenemos en nuestra ordenación.
El Grupo Parlamentario Popular presenta en el Senado un total de 110
enmiendas, de todo tipo y pelaje. Nosotros ponemos mucho énfasis en dos
de ellas, una sobre la titulización de un billón de pesetas para las
empresas del sector eléctrico; otra sobre la normativa que posibilita el
cambio de titularidad y personalidad jurídica en los hospitales del
Insalud, que hoy se nos ha anunciado que no se verá --y estamos de
acuerdo con la decisión-- hasta el Pleno o no se incorporará en Ponencia,
en función
de que hoy el Ministro está explicando esta enmienda a todos los grupos
parlamentarios. Dos grandes cambios legislativos de gran trascendencia
que se intentan introducir, a nuestro juicio, de tapadillo mediante
empresas de un grupo parlamentario.
Ante esta situación que estaba más o menos anunciada por los medios de
comunicación, no por otra vía, el Grupo Parlamentario Socialista decidió
inventar --además de las que ya estaban inventadas: enmiendas de adición,
de modificación, de supresión-- lo que hemos llamado «enmiendas de
precaución», en previsión de que el Grupo Parlamentario Popular y el
Gobierno introdujeran este tipo de enmiendas, y cambiar con ello leyes
importantes y cosas de cierta trascendencia, sin que se note mucho; al
menos ésa nos parece que es la intención.
No me referiré a la enmienda sobre los hospitales del Insalud, por las
razones que ya he expuesto y que nos parece, como mínimo, una deferencia
razonable el que se aplace su introducción en la Ponencia, pero sí me
referiré, no muy extensamente pero sí con un cierto énfasis, a la
enmienda sobre la titulización de los mal llamados, a nuestro juicio,
«costes de transición a la competencia». Aparte de los problemas de
forma, que ya he creído expresar, tenemos razones de fondo para oponernos
a esta enmienda. Concretamente voy a hablar de seis razones.
La primera es que no nos parece aceptable que un asunto de tanta entidad
y alcance económico --ya lo he dicho, pero quiero repetirlo-- se intente
introducir en la legislación de una forma seminocturna, mediante una
enmienda incorporada a última hora, especulando con que el trámite
parlamentario en el Senado suele pasar muchas veces más desapercibido.
La segunda es que, en cualquier caso, el cálculo de los llamados costes
de transición a la competencia debe hacerse a posteriori, una vez
conocida la evolución anual de las variables que permiten hacer dicho
cálculo, ya que el resultado puede oscilar en función de dichas variables
desde cero al límite máximo fijado hace ya un par de años en el protocolo
eléctrico. De ninguna manera nos parece que se puede reconocer como fija
y prácticamente definitiva una cantidad superior a un billón de pesetas,
anticipar su cobro por parte de las empresas y repercutirlo a los
usuarios.
Tercera razón. El Ministro nos quiere vender la operación como un paso
más hacia la competencia; una competencia que, según él, ya existe. La
verdad es que cuando hay competencia se nota, caso por ejemplo en estos
momentos de la telefonía; todo el mundo lo nota. No creo que ninguna de
sus señorías haya notado que exista en este momento competencia en el
sector eléctrico. En realidad, la medida nos parece contraria a la
competencia. Hay mercado competitivo cuando hay muchos vendedores y
muchos compradores; el Gobierno a nuestro juicio ya cedió en exceso a las
compañías cuando en su momento autorizó mayor concentración empresarial
de la que ya había, y limitó a muy pocos casos los consumidores que
podían elegir suministrador; para ampliar el número de éstos no hace
falta pactar nada, puede hacerlo el Gobierno cuando lo crea conveniente.
Además, introducir de verdad competencia exigirá reestructuraciones, para
cuya implementación negociada los CTC variables son un buen instrumento
que desaparecerá con la titulización.
Cuarta razón. A nuestro juicio, un Gobierno nunca debería aceptar que un
grupo de presión le dicte la legislación que promueve, ni siquiera que lo
parezca. Este es un caso claro de legislación inducida, redactada por una
consultora que asesora a las compañías eléctricas, y a partir de un
preacuerdo en el que el Ministro de Industria actuó de manera, o bien
generosa y débil, o bien de forma ingenua e incompetente. La titulización
es una decisión, a nuestro juicio, arbitraria, malversadora, contraria a
la competencia e instrumentada de manera opaca, y no lo dice sólo el
Grupo Parlamentario Socialista, lo dice también la Comisión Nacional del
Sistema Eléctrico y su Consejo Asesor; la Asociación de grandes
consumidores de Energía Eléctrica; la Cámara de Comercio de Barcelona y
la Organización de Consumidores.
Quinta razón. Aprobando la enmienda, el Gobierno puede verse en el
probable trance de ser sancionado o desautorizado por la Comisión Europea
que, según anunció el Comisario Van Miert estará muy vigilante sobre si
la operación es o no una ayuda encubierta a las empresas y contraria a la
competencia, y que en pocos meses
--anunció-- establecerá un sistema para toda la Unión Europea sobre
la forma de calcular los posibles costes varados, derivados de un cambio
de sistema en la electricidad hacia la competencia. Este anuncio del
comisario europeo, al que respondió el Ministro Piqué diciendo que la
titulización no se llevará a cabo hasta que Bruselas se haya pronunciado,
es o nos parece una razón más para modificar la Ley del Sector Eléctrico,
por un procedimiento legislativo normal, puesto que no se va a hacer la
titulización, podría hacerse un procedimiento legislativo normal,
evitando así someter al Parlamento al papel subsidiario de legislar para
eventualmente rectificar dentro de unos meses, y evitando también, si se
hiciera así, una situación poco airosa para el Gobierno y para el país.
Finalmente, una última razón es que el aproximadamente medio billón que
corresponderá al grupo Endesa en la titulización, será con toda
probabilidad utilizado para potenciar medios de comunicación bajo control
indirecto del Gobierno, del Partido Popular y su entorno, para sus
batallas de control mediático y contra medios de comunicación
independientes.
Creemos que son razones suficientes para oponernos a esta enmienda y por
extensión, y por los motivos que he dicho antes, a la ley. Terminaré sólo
relatando que las nueve nuevas leyes modificadas en el Senado a través de
enmiendas del Grupo Parlamentario Popular, además de ampliar asuntos que
ya se hablan modificado en el Congreso de los Diputados, son
modificaciones sobre la Ley de Puertos del Estado y la Marina Mercante,
Bases de Puertos y Zonas de Depósitos Francos, de Aguas, de
Hidrocarburos, de Represión del Contrabando, del Mercado de Valores,
sobre Objetos Fabricados con Metales Preciosos, Básica de Cámaras de
Comercio y Patrimonio Histórico Español. Total, estamos en 59 leyes
modificadas, que nos parece que es un récord digno del Guinness.
A este paso, señorías, podríamos llegar a tramitar una sola ley por año.
Tal vez sería preferible, porque habría más tiempo para estudiarla y
debatirla, que hay poco para hacerlo, al menos en el trámite del Senado;
o podríamos llegar a una ley de medidas de artículo único, que al entrar
en el Congreso de los Diputados dijera simplemente:
ya nos veremos las caras en el Senado. Espero que no lleguemos a esta
situación, pero no estamos muy lejos de ella. Por estas razones,
presentamos el veto a esta ley.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, Senador Gibert.
Para turno en contra, tiene la palabra, por el Grupo Parlamentario
Popular, el Senador Utrera.
El señor UTRERA MORA: Muchas gracias, señor Presidente.
Nosotros vamos a votar en contra de los tres vetos formulados a este
proyecto de ley. Los dos primeros se explican en los mismos términos en
que se han defendido, aunque podríamos hacer alguna incursión en las
razones que los justifican, tal y como vienen recogidos en el «Boletín
Oficial del Senado», pero por hacer gracia a la Comisión y por meternos
en el debate de cuestiones de más contenido, podemos obviar estas
explicaciones.
En cuanto a la propuesta de veto número 2, defendida por el Grupo
Parlamentario Socialista, si no hemos entendido mal y creemos que no, son
dos las razones que llevan a formular la propuesta de veto.
La primera es el uso legislativo que se hace en este proyecto de ley de
modificaciones importantes en el resto de la normativa, que afecta tanto
a presupuestos como a leyes conexas, y, la segunda los costes de
transición a la competencia. No se ha hecho más que una referencia --que
yo agradezco-- a la enmienda relativa a las fundaciones hospitalarias,
que, en atención al hecho de que el señor Ministro de Sanidad está
compareciendo en este momento, a petición propia, en la Comisión de
Sanidad de esta Cámara, para informar sobre el contenido de la política
del Departamento en materia de descentralización de gestión en los
centros sanitarios, y para dar un tiempo de valoración a los otros grupos
parlamentarios, la reservaremos para el Pleno, con intención de que se
incluya en el mismo en los términos en los que actualmente está
redactada. Por tanto, apenas se han hecho referencias a esta enmienda, ya
se harán cuando se debatan los títulos de este proyecto de ley. Nosotros
estamos muy satisfechos con que se avance en nuevas fórmulas de gestión,
en este caso de gestión sanitaria, porque ésta ha sido la labor del
Gobierno y el impulso que ha recibido del grupo parlamentario que le
apoya y le sustenta durante estos dos años y medio, es decir, reformar,
modificar, introducir innovaciones de carácter fiscal y de carácter
organizativo. Una de ellas, la referida a esta enmienda, las fundaciones
públicas sanitarias, pretende, como estábamos diciendo, una mejora de la
eficacia de gestión, por la pura descentralización y por la capacidad
para que cada una de estas organizaciones públicas, jurídicamente
encarnadas en torno a la figura de fundación, puedan gestionar su propio
presupuesto y su personal, lógicamente con normas de control riguroso.
Centrémonos por tanto en las dos objeciones que se han formulado. La
primera, las modificaciones legales introducidas. El portavoz del Grupo
Parlamentario Socialista ha señalado que algunas son adecuadas. Yo, en
este mismo momento, estaba haciendo un repaso rápido de las enmiendas que
ha presentado el Grupo Parlamentario Popular a este proyecto de ley. Si
alguna de ellas le resulta disonante al Grupo Parlamentario Socialista,
podemos hacer una enumeración de las 110 enmiendas presentadas, y
comprobaremos que se están modificando aspectos que inciden sobre la
materia presupuestaria y sobre la organización de la actividad financiera
de los Presupuestos Generales del Estado, bien sea en su propio gasto:
Presupuestos Generales del Estado, bien sea en materia autonómica o en
corporaciones locales.
Efectivamente, se han introducido muchas modificaciones, pero no puede
ser de otra manera. Por ejemplo, vamos a ver algunas a título puramente
enunciativo: Se han establecido incentivos fiscales para la renovación de
flota mercante en el Impuesto sobre Sociedades --supongo que esa se
considerará una modificación necesaria--. Asimismo, se han introducido
mejoras en el Impuesto sobre el Valor Añadido, para gestión y
administración de inversiones en infraestructuras ferroviarias, que
alivian el coste de inversiones en este terreno --supongo que también la
considerarán adecuada--. En el sistema tributario local, se subsanan
determinados errores, se incorpora una disposición adicional a los de
presupuestos y se introduce la posibilidad de que los ayuntamientos
establezcan determinadas bonificaciones sobre determinados hechos
imponibles --supongo que también la considerarán adecuada--. En materia
de integración laboral de minusválidos, se modifica la LISMI --supongo
que también lo considerarán adecuado--. Se modifica la Ley General
Presupuestaria en lo relativo a transferencias corrientes, derivadas de
normas con rango de ley, relativas a suscripción de contratos programa;
también se modifican normas de contabilidad pública, relativas a
rendimientos de cuenta por medios electrónicos, informáticos o
telemáticos. Al contenido del presupuesto de las entidades locales, la
exigibilidad de obligaciones de pago y disponibilidad de sus créditos
presupuestarios --legislación local-- se incorporan todos los acuerdos
con la Federación Española de Municipios y Provincias, sobre el nuevo
sistema de financiación de las entidades locales, para el año 1999-2003.
Se añaden cinco artículos, en lo relativo a procedimiento de disciplina
de tráfico aéreo en materia de ruido, infracciones y sanciones
administrativas, responsables o con competencias para imponer sanciones y
también el propio procedimiento sancionador. Se modifica la Ley General
de Telecomunicaciones, para evitar el actual régimen jurídico
diferenciado entre las concesiones por radiotelevisión y las concesiones
por emisoras de radiofonía. En fin, podríamos seguir enumerando, por
ejemplo, las modificaciones en la Ley de Hidrocarburos, en cuanto a las
garantías exigidas para los planes de inversión relativos a esta ley;
modificación del artículo 93 de la Ley de Hidrocarburos, fijando precios
máximos de compra para los gases licuados del petróleo, gas natural,
etcétera.
Por tanto, dicho en abstracto, efectivamente, las modificaciones de leyes
tan importantes como la de hidrocarburos o la del sector eléctrico,
enunciadas en su conjunto, pueden dar la impresión --como aquí se ha
dicho-- de que se intentan llevar de tapadillo o burlar a1 debate
cuestiones importantes. Nosotros entendemos, primero, que no hay burla
alguna al debate y que tampoco se trata de minimizar la importancia o
hacer pasar
modificaciones sustanciales en un debate final de los Presupuestos
Generales del Estado. Buena prueba de ello son los costes de transición a
la competencia, y también serían las fundaciones sanitarias, porque se
lleva meses discutiendo la titulización de los costes de transición a la
competencia y la posibilidad de dar personalidad jurídica a los centros
sanitarios, fundamentalmente hospitalarios. Por tanto, no hay un intento
de obviar el debate público, ni tampoco de acelerarlo. Por ejemplo el
acuerdo con la Federación Española de Municipios y Provincias se ha
alcanzado el mes de noviembre, no se ha alcanzado el mes de septiembre, y
como ha sido así tuvo que ser incorporado de forma preliminar, en el
Congreso de los Diputados, por enmiendas y el nuevo sistema de
financiación local ha tenido que ser alterado y confirmado por enmiendas
en el Senado, precisamente en la tramitación de estos dos proyectos de
ley, de prepuestos y de acompañamiento.
Por tanto, cada uno mantiene su opinión. Yo comprendo sus razones. Qué
duda cabe que el tratamiento individualizado de proyectos de ley puede
enriquecer y puede aportar a todos los grupos, a toda la opinión y a
todos los agentes un mayor conocimiento y una mayor proximidad a los
proyectos de ley, pero lo cierto es que la actividad legislativa del
Gobierno --de éste y de los anteriores--, y la decisión respecto a la
incorporación de modificaciones normativas necesarias para la gestión de
la política económica y social de cada ejercicio presupuestario, tienen
que llevar el ritmo que tienen que llevar, y en este caso habría que
afectar a determinados proyectos de ley, que son justamente los que se
modifican con nuestras enmiendas y con las suyas, porque usted también
reconocerá que con sus propias enmiendas también se modifican algunos
proyectos de ley. Por tanto, diremos que esta es la práctica normal en la
ley de acompañamiento.
Entremos en la segunda, que es la enmienda que usted ha individualizado
más en este debate, que son los costes de transición a la competencia. De
la misma forma que no se puede decir --y, efectivamente, usted no lo ha
hecho aquí-- que se trata de un regalo de dinero a nadie, tampoco se
puede decir, como se ha hecho por algún grupo de la oposición, que de los
Presupuestos Generales del Estado salen estos fondos para compensar a no
se sabe quién. Todos los grupos parlamentarios hemos de reconocer que los
costes de transición a la competencia son una necesidad normativa.
Voy a tratar de explicar qué es lo que quiero decir con esta afirmación.
Teníamos un sistema regulado, un sistema de tarifas estables y
garantizadas y un sistema de tarifas que cada año llevaba una progresión
en torno al IPC --algo por encima o por debajo del mismo--, pero, en todo
caso, una senda de crecimiento de precios continua en tarifa de la
energía y además teníamos unos repartos de esa tarifa entre generadores y
distribuidores mediante acuerdos puramente reglamentados y se pasa a un
sistema de libertad regulada, lógicamente porque el sector eléctrico
tiene que estar regulado. Se pasa a un sistema en el que se segregan
actividades de generación, actividades de transporte y actividades de
distribución, donde se llega, incorporando esa normativa comunitaria, a
la liberalización y ala competencia de operadores, ya sea en la
generación o en la distribución, para abaratar los precios de la energía.
Si ese abaratamiento, si esa reducción de las tarifas es real --porque ya
es un hecho durante los tres años transcurridos, 1997, 1998 y 1999, y
ahora lo estamos presupuestando o modificando en la ley de medidas de
acompañamiento de los Presupuestos Generales del Estado--, se va a
abaratar otros dos puntos y medio la tarifa eléctrica en España.
En su conjunto, en estos tres años y en términos reales, tenemos una
reducción superior al 20 por ciento del coste de la tarifa eléctrica. Si
además sabemos que hay un calendario previsto a dos años de total
liberalización, prácticamente, en cuanto al precio negociado entre
distribuidores y usuarios de la energía, nos encontramos con que han
cambiado las reglas de juego del sistema. Eso es lo que se reconoció en
el debate sobre la Ley del Sector Eléctrico de 1997. En aquel debate se
determinó, después de valorarlo, que los costes que suponía haber
mantenido a las empresas del sector eléctrico en un marco regulado de
tarifa garantizada y sin competencia y, por tanto, haberlas llevado a
determinadas inversiones dentro de ese marco regulado, sin competencia y
con tarifa garantizada y creciente y pasando a un sistema liberalizado y
de tarifa a la baja, en dicho debate se terminó que esos costes por esas
inversiones --los llamados en economía costes enterrados o costes ocultos
de las inversiones-- tendrían que ser recuperados por el sector, y se
valoraron al coste que se valoraron, en torno a dos billones de pesetas.
De esos dos billones se ha recuperado una parte, que no llega al 10 por
ciento durante el ejercicio de 1998. Sobre lo que queda, sobre la parte
de costes pendiente, lo que hacemos en esta enmienda, no es reconocerlos,
puesto que ya están reconocidos en la Ley del Sector Eléctrico; lo que se
hace es permitir a las empresas del sector realizar una pura operación
financiera, por tanto, sin implicación en los Presupuestos Generales del
Estado, por la cual pueden anticipar en el tiempo, apelando al sistema
financiero, un billón de pesetas de esos costes ya reconocidos de
transición a la competencia. Piense usted también, Senador, que estamos
hablando de un sector con un valor añadido bruto prácticamente estancado
o con un crecimiento muy débil. Es un sector ya maduro, que
necesariamente tiene que diversificarse hacia otras actividades, y lo
está haciendo, y también tiene que diversificarse internacionalmente, y
lo está haciendo, con inversiones muy importantes, sobre todo en países
que nos son muy próximos, y habida cuenta de que ya tiene reconocidos los
costes de transición a la competencia, lo que se hace con esta enmienda
es facultarle a anticipar parte de esos costes mediante una operación
financiera, a los tipos de interés actuales que, no lo olvidemos, son
tipos de interés reducido y, por tanto, esa operación financiera tiene
interés --a los tipos de interés que había hace tres o cuatro años no
habría sido posible esta operación de titulización--, y con esa operación
de titulización recuperan o anticipan una parte importante de esos costes
de transición a la competencia al tiempo que se elimina, se hace una
quita de más del 12 por ciento del total de los costes de transición a la
competencia, del orden de 250.000 millones de pesetas, de tal forma que
la operación económico-financiera está equilibrada, es decir, que lo que
se anticipa de recuperación inmediata de costes de transición a
la competencia a los tipos de interés actuales bajos de mercado, se
equilibra con la parte que se quita del total, es decir, que se deja de
reconocer a las compañías que reciben estos costes por un importe de
250.000 millones de pesetas, con lo cual la operación está equilibrada
financieramente. No entendemos, por tanto, esta formulación que ustedes
realizan, puesto que se trata de una operación financiera sin
trascendencia presupuestaria.
La segunda cuestión a la que usted no ha hecho referencia, y que nosotros
creemos que sí es la cuestión medular, básica en esta operación, es que,
en efecto, los costes de transición a la competencia lo son, están
reconocidos en la medida en que estemos hablando de un mercado
liberalizado con tarifas a la baja, con precios bajos de energía, porque
si el mercado liberalizado diera como resultado precios altos de la
energía, entonces no habría que recuperar tales costes por parte del
sector, puesto que no tendríamos una diferencia esencial con el actual
marco tarifario regulado. Consecuentemente, los costes estaban en el
diseño de la Ley del Sector Eléctrico, y siguen estando en esta operación
de titulización condicionados a una determinada evolución de las tarifas
eléctricas. Si la evolución es, como previsiblemente lo será, a la baja,
es decir, con menores costes para los usuarios del sector, para los
consumidores y para las empresas, entonces habrá que reconocer los costes
en la magnitud que se ha determinado en la Ley del Sector Eléctrico. Si,
por el contrario, una vez que la negociación de precios sea libre para la
mayor parte de los usuarios, los precios de mercado evolucionarán al
alza, entonces los costes de transición a la competencia se reducirían de
forma equivalente. En consecuencia, está garantizado, por un lado, el
equilibrio económico-financiero de la operación, y, por el otro, está
garantizada una característica que es muy importante: que la operación
está condicionada a una evolución futura a la baja de los precios de la
energía. Con ambas cautelas recogidas en nuestra enmienda no entendemos
la posición que ustedes han adoptado con los costes de transición a la
competencia. E insisto en que, sencillamente, no la entendemos. Y no sólo
no la entendemos, sino que rechazamos con energía cualquier afirmación de
que se esté regalando nada a nadie, puesto que eso es falso. Dicho lo
cual, como esta ha sido la enmienda que más interés ha suscitado en quien
la ha defendido, la enmienda de veto al proyecto de medidas de
acompañamiento del Grupo Parlamentario Socialista, damos por finalizada
ésta intervención afirmando, una vez más, que vamos a votar en contra de
la propuesta de veto, de la misma manera que afirmamos que introduciremos
nuestra enmienda relativa a costes de transición a la competencia,
abriendo la posibilidad a la titulización de una parte de esos costes.
Gracias, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, Senador Utrera. Abrimos el turno de
portavoces.
¿Por el Grupo Parlamentario Mixto? (Pausa.)
Tiene la palabra la Senadora De Boneta y Piedra.
La señora DE BONETA Y PIEDRA: Gracias, señor Presidente.
Voy a ser muy breve. Había pensado incluso no utilizar este turno, pero
por razones reglamentarias me parece mejor hacerlo ahora, diciendo lo que
deseo manifestar al inicio de la discusión de las enmiendas parciales.
Este año es la primera vez que, en nombre de Eusko Alkartasuna, no
presento ningún veto a este Proyecto de Ley de Medidas Fiscales,
Administrativas y del Orden Social, llamada ley de acompañamiento.
Inicialmente consideramos, como ya lo ha mantenido también el portavoz
socialista, que, a pesar de que el Consejo Económico y Social volvía a
afear la conducta --entre comillas-- del Gobierno por este sistema, sin
embargo, es ya habitual en todos los gobiernos, tengo que decirlo,
modificar un número ingente de leyes a través de esta Ley de
acompañamiento de los Presupuestos, y parecía que habían sido no voy a
decir más discretos o menos indiscretos este año al menos en cuanto al
número de las leyes que se modificaban. En consecuencia, no apreciamos la
necesidad de presentar una vez más una enmienda de veto.
En todo caso, el Grupo Parlamentario Mixto tiene vetos presentados. En
este sentido tengo que decir que en relación con las modificaciones y la
introducción de nuevas cuestiones que no han pasado por los filtros que
el Gobierno debe hacer pasar antes, por ejemplo, el dictamen consultivo
del Consejo Económico y Social --antes se ha referido al Consejo de
Estado--, ya en el Congreso se planteaban unos nuevos añadidos, pero por
mi parte, aunque no por la de otros miembros del Grupo, mantuvimos la
misma posición de no plantear un veto. Pero al encontrarnos con la
publicación de las enmiendas, al igual que alguien decía ayer, durante el
debate de los presupuestos, y refiriéndose a uno de los intervinientes:
Este no es mi Juan, que me lo han cambiado, yo también tengo que decir:
Esta no es la ley que entró en el Congreso, que me la han cambiado. Y
digo esto, porque, independientemente de nuestras opiniones sobre el
fondo de las enmiendas del Grupo Popular, como digo, tras la publicación
de las enmiendas nos encontramos con la indefensión de ver que se ha
modificado sustancialmente el proyecto de ley que había entrado, no ya en
el Congreso, sino en el Senado.
En este sentido, si a esta Senadora le correspondiera votar en esta
Comisión, sólo por esa sensación de indefensión ante un cambio radical de
la ley, independientemente de que podamos considerar algunas cosas
razonables o no en su explicación, deberíamos votar a favor de los vetos.
Esta es la intervención que, en nombre del Grupo Mixto y, sobre todo, de
los compañeros que han sido más precavidos, y por si acaso han vetado,
debo hacer en este turno de portavoces.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, Senadora De Boneta.
Por el Grupo de Senadores Nacionalistas Vascos, tiene la palabra el
Senador Gangoiti.
El señor GANGOITI LLAGUNO: Muchas gracias, señor Presidente.
Voy a ser breve, dividiendo mi intervención en dos partes. La primera,
para decir que vamos a votar en contra de los vetos, al igual que hicimos
en el Congreso, y a favor del dictamen en Comisión. Y subrayo en
Comisión, por lo que luego diré.
La segunda parte de mi intervención se refiere a toda esta batería de
enmiendas que nos ha presentado el Grupo Popular. Tal como ya se ha dicho
por parte de anteriores portavoces, señorías, esto no es de recibo; esto
es inaudito. Se reforman más de 50 leyes; incluso se reforman cuatro o
cinco leyes aprobadas este mismo. Por otro lado, hemos dispuesto de la
publicación de las enmiendas el día 4, y teniendo en cuenta que ayer
comenzó el debate de presupuestos y que hoy debatimos la ley de
acompañamiento, como digo, esto no es de recibo. Nuestro Grupo está
estudiando todas estas nuevas enmiendas que ha presentado el Grupo
Popular y, por tanto, a la vista de lo que surja de un estudio
pormenorizado, expresará su postura definitiva en el Pleno. Ahora bien,
insisto en que en Comisión vamos a mantener la misma postura que en el
Congreso.
Cuando vimos el texto primitivo que se envió al Congreso de los Diputados
pensamos que se había entrado en unos planteamientos más racionales de lo
que debe ser la Ley de acompañamiento, pero, insisto, a la vista de esta
batería de enmiendas, de la reforma de un montón de leyes, a este paso
quizá el Senado no tenga por qué legislar y se convierta única y
exclusivamente en una Cámara que se dedique al control parlamentario a
través de las preguntas e interpelaciones y la presentación de mociones,
porque, si seguimos así, se modificarán todas las leyes en este trámite
del Senado.
Por tanto, quiero expresar la protesta de mi Grupo por esta actitud del
Grupo Popular, en este momento damos por defendidas todas las enmiendas
en sus propios términos, y como acto de protesta no vamos a participar en
el debate.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, Senador Gangoiti.
Por el Grupo de Convergència i Unió, tiene la palabra el Senador Cambra.
El señor CAMBRA I SANCHEZ: Muchas gracias, señor Presidente.
En nombre del Grupo de Convergència i Unió voy a intentar centrar este
debate, ya que entiendo que en estos momentos estamos debatiendo las
propuestas de veto al texto remitido por el Congreso de los Diputados y
no efectuando la defensa de una enmienda presentada por el Grupo Popular
ni un turno en contra previo a la defensa de dicha enmienda. Creo que
este es un debate poco habitual sobre propuestas de veto a la globalidad
de un proyecto de ley. En este sentido, vamos a votar en contra de estas
propuestas de veto sobre el texto que remitió el Congreso de los
Diputados --ya que, como digo, entendemos que este es el trámite en el
que nos encontramos--, y en cualquier caso ya habrá tiempo de
pronunciarse sobre las enmiendas de todos los Grupos, incluidas las que
ha presentado el Grupo Popular, bien sea a través del debate y la
votación individualizada de enmiendas en el Pleno, bien a través de los
votos particulares que se introduzcan sobre el texto que apruebe después
de este debate esta Comisión.
Por tanto, en cuanto se refiere a las propuestas de veto publicadas sobre
el texto remitido por el Congreso de los Diputados, insisto en que
nuestro Grupo votará en contra de las mismas, y en cualquier caso en su
momento nos manifestaremos sobre las enmiendas que posteriormente se
debatan.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, Senador Cambra.
Por el Grupo Socialista, tiene la palabra el Senador Gibert.
El señor GIBERT I BOSCH: Muchas gracias, señor Presidente.
La verdad es que con el esfuerzo que requiere, y ustedes lo comprenderán,
trabajar en pocos días sobre este texto, no he tenido tiempo --ni tampoco
una excesiva preocupación-- para buscar «Diarios de Sesiones». De todas
formas, creo que algunas de sus señorías aquí presentes recordarán,
aunque no sea en su literalidad, lo que el Grupo Popular decía hace tres
o cuatro años sobre el abuso que los Gobiernos socialistas hacían del uso
de esta ley. Lo cierto es que tenemos una ventaja: para saber si somos
consecuentes con nuestras críticas actuales --que es la primera vez que
tenemos la oportunidad de formular desde la oposición-- tendrán que
esperar a que volvamos a gobernar, mientras que nosotros, como digo,
tenemos la ventaja de que ustedes lo criticaban cuando el abuso era mucho
menor. Y acepto que fuera un abuso, pero bastante menor del que, por
ejemplo, se produjo el año pasado y, sobre todo, este último año. Por
tanto, creo que no deberían haber ejercido este método con este tipo de
abuso, que me parece que es la palabra que se debe utilizar.
El señor Utrera se ha referido a la coherencia entre los presupuestos y
la Ley de acompañamiento. En este sentido, voy a poner algunos ejemplos.
El primero, sobre la Ley del Deporte. Así, de las 18 páginas que
modifican un montón de cosas, salvo dos líneas, el resto no tiene nada
que ver con los presupuestos. Y eso es una modificación importante o
significativa de una ley.
Otro ejemplo es el de las vicepresidencias de las cámaras de comercio,
que tampoco tienen nada que ver con los presupuestos, y supongo que
estará de acuerdo conmigo, señor Utrera. Por tanto, voy a hacerle una
sugerencia: sería más razonable y coherente con el estilo liberal que
blasonan que la enmienda relativa a las cámaras de comercio propusiera
simplemente que no esté legislado cuántos vicepresidentes deben tener las
cámaras de comercio y que éstas se lo «monten» como quieran. Como digo,
probablemente eso sería más coherente con lo que ustedes dicen
representar y ser.
Y pongo un ejemplo más. Entrando ya en el tema de la titulización, usted
mismo ha dicho, señor Utrera, que esta era una operación financiera que
no afectaba a los presupuestos del Estado. Razón de más para que se
contemple de otra manera y no en una ley de acompañamiento de los
presupuestos. Me ha dado usted un octavo argumento para añadir a los
siete que he intentado expresar.
Haré alguna observación más. Reconocidos, no; reconocidos como cifra
máxima en la ley eléctrica. Por tanto, si estaban reconocidos como cifra
máxima, no se puede hablar de quita de 250.000 millones ni de equilibrio.
Máximo
quiere decir que se deberían calcular en función de la evolución real de
las variables a partir de las cuales se calcularon los costes de
transición. Y nosotros no estamos en contra de que se compense con costes
de transición, o como se les quiera llamar, el cambio normativo y de
situación de mercado de la energía eléctrica. No es esa la cuestión.
Estamos diciendo, simplemente, que se deben calcular «a posteriori», que
están en función de variables que pueden dar resultados muy distintos.
Por tanto, no es razonable hablar de reconocimiento, como si fuera una
cantidad fija, ni de quita.
Por otra parte, no hace muchas semanas el Ministro dijo en esta Cámara
que escucharía a todas las partes. Sin embargo, ha escuchado sólo a una,
porque el resto de las partes le ha desaconsejado que tomara esta medida.
El sabrá por qué ha escuchado sólo a una parte, a las compañías
eléctricas. Y si el montante fuera menor, calculando «a posteriori» los
costes adecuados, los que se obtengan en función de determinadas
variables, lógicamente, eso tendría que afectar, bien mientras haya
tarifa normativa, o bien por un sistema simple de mercado, tendría que
afectar a un mayor o menor importe de las tarifas. Por tanto, creo que
esta enmienda debería retirarse, o bien aprobar nuestra enmienda de
precaución correspondiente, lo que produciría los mismos efectos, aunque
sólo fuera por una razón: simplemente para esperar que la Comisión
Europea indique para toda Europa, incluida España, cómo se deben calcular
los costes de transición a la competencia, porque eso es algo que todos
los países van a hacer. Hace 10 años nadie creía que podía haber
competencia en un sector de este tipo. Ahora sabemos que sí porque
podemos contrastar las experiencias que hay en el mundo. Somos
absolutamente partidarios de que la haya, ustedes y nosotros. Pero la
Comisión Europea se ha comprometido a decir en pocos meses, en un par de
meses más o menos, cómo se deben calcular estos costes para evitar, como
mínimo, suspicacias. Además, el Ministro ha dicho que no se va a proceder
a la titulización hasta que se cuente con este informe de la Comisión
Europea, razón suficiente --insisto en ello-- para que no se trámite
--con esto conseguiríamos llegar a un acuerdo fácil sobre este punto--
esta enmienda en la ley. Así, cuando fuera oportuno, cuando se tuviera el
informe de la Comisión Europea, se modificaría en el sentido que fuera la
Ley del Sector Eléctrico. Contra esto no tendríamos nada formalmente y ya
veríamos si tendríamos algo contra el fondo en función del texto que se
presentara en aquel momento. Esta nos parece --insisto-- una razón
suficiente para tomar alguna decisión en este sentido, pero parece que no
va a ser así y lo lamentamos.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias, Senador Gibert.
Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el Senador Utrera.
El señor UTRERA MORA: Muchas gracias, señor Presidente.
En un muy breve turno que voy a realizar, puesto que los argumentos que
se han esgrimido prácticamente los mismos que se formularon inicialmente
en la propuesta de veto número 2 socialista, quiero manifestar que
sentimos que Eusko Alkartasuna y el Partido Nacionalista Vasco se sumen a
la valoración que se ha hecho de que en la ley de acompañamiento se está
haciendo un uso excesivo de la habilitación que, en definitiva, supone
esta ley para modificar otras leyes del mismo rango y de contenido
relativo a materia financiera, presupuestaria o económica y de política
social aplicable especialmente en un ejercicio económico.
Por otro lado, tendremos ocasión de debatir a lo largo de la tarde de hoy
sobre las enmiendas concretas que se han formulado. Unicamente quiero
señalar, para concluir, que nosotros hemos pretendido, en todas las
enmiendas que se han presentado, que han sido numerosas, pero, al mismo
tiempo, equilibradas en sus contenidos, que para el ejercicio 1999 --no
olvidemos que es un ejercicio en el que se avanza en el proceso de
consolidación presupuestaria donde se lleva a cabo una profunda reforma
tributaria, concretamente en la imposición directa, Impuesto sobre la
Renta de las Personas Físicas, y donde se inaugura la Europa del euro, si
bien para operaciones fundamentalmente financieras y no para
transacciones corrientes dinerarias--, nosotros creíamos que era
necesario, y lo seguimos pensando, realizar una determinada modificación
de ciertas normas de tipo tributario, de tipo organizativo en
determinados sectores productivos y también de control y gestión en la
Administración pública y en determinadas ramas, como puede ser la
sanidad.
Con todas estas medidas y con los Presupuestos Generales del Estado
creemos que se podrán conseguir los objetivos que se pretenden en
términos de reducción del paro y de crecimiento económico equilibrado,
así como el mantenimiento de tipos de interés reducidos en el seno de la
Europa del euro y una tasa de inflación también reducida.
Hay que señalar --creo que ésta es la ocasión puesto que estamos hablando
de los vetos-- que la enmienda presentada por todos los grupos
parlamentarios ha sido posible gracias a lo que ha sido posible, a la
política económica de los últimos años, que permite mejoras del poder
adquisitivo para todos los pensionistas. Nosotros también, mediante una
enmienda que vamos a incorporar en Ponencia, que enlaza con esta enmienda
y que vamos a ofrecérsela a la Comisión, vamos a extender a clases
pasivas --supongo que todos los grupos parlamentarios estarán de acuerdo
en que así sea-- para que la actualización y la mejora del poder
adquisitivo de las pensiones sea un hecho con tasas de inflación
reducidas como estamos viendo.
En definitiva, nosotros nos felicitamos por la aprobación esta mañana de
los Presupuestos Generales del Estado. Rechazamos las enmiendas de veto
porque estamos convencidos --y así lo vamos a defender-- de que el
conjunto de modificaciones que introducimos en la ley de acompañamiento
están íntimamente vinculadas con la política presupuestaria que se está
desarrollando para conseguir los objetivos de política económica
perseguidos. Por esa razón quiero reafirmar nuestro voto negativo a los
vetos y lamentar especialmente la actitud del Partido Nacionalista Vasco
que hace una protesta que no llegamos a entender ni a calibrar y que,
desde luego, resulta disonante no sólo en esta Cámara, sino en esta
Comisión y en las prácticas que nosotros nos hemos dado a nosotros
mismos, máxime si tenemos en cuenta las conversaciones que hemos
mantenido esta misma mañana en que se les han ofrecido interesantes
enmiendas transaccionales para algunos de los proyectos que nosotros
considerábamos que eran importantes para el País Vasco, que encajaban
dentro de las líneas presupuestarias del Gobierno y que fueron rechazadas
en principio, aunque ya se hablará de ello.
Esta actitud de protesta, que no se plasma en votar o en dejar de votar,
sino en no participar en el debate, nos resulta realmente más
sorprendente y es la nota más negativa de esta presentación de vetos en
esta Comisión.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias, Senador Utrera.
¿Podemos cerrar el debate? (Pausa.)
El Senador Gangoiti, que ha sido de alguna manera aludido, tiene la
palabra.
El señor GANGOITI LLAGUNO: Muchas gracias, señor Presidente.
Simplemente quiero decir que lo que se nos ha ofrecido --como decía el
Senador Utrera-- se ha hecho en el debate de presupuestos y no de cara a
la ley de acompañamiento. Creo que no es bueno mezclar unas cosas con
otras. Estamos hablando de la Ley de acompañamiento, y se ha referido su
señoría a la postura del Partido Nacionalista Vasco y a unas ofertas que
se nos ha hecho.
En consecuencia, para que quede claro y para no engañar a la opinión
pública, diré que las ofertas se nos han hecho en el debate de
presupuestos y no en la ley que estamos debatiendo ahora. Se nos han
hecho en la Comisión de Presupuestos y no en la Comisión de Economía.
En segundo lugar, ha dicho que es una nota disonante el que no vayamos a
participar en el debate, al margen de lo que votemos, y en cambio, ha
dicho que le da exactamente igual lo que votemos. Yo me he reafirmado en
que en Comisión vamos a votar exactamente lo mismo que votamos en el
Congreso y en que de aquí al Pleno ya veremos qué es lo que hacemos en
relación con las 110 enmiendas que ha presentado el Partido Popular. En
todo caso, ya que él ha iniciado el debate, me remito a lo que han dicho
aquí algunos otros portavoces, a que el Partido Popular cuando estaba en
la oposición criticaba fuertemente que la ley de acompañamiento reformase
un montón de leyes. Aquí, desde luego, se reforman más de 50 leyes, cinco
de este año. Eso a nosotros nos parece realmente impresentable. Si esto
sirve para reforzar toda la política económica que está teniendo tanto
éxito y que presenta el Gobierno --como decía el señor Utrera--, tenían
que haberlo hecho cuando se presentaron los presupuestos en el trámite
del Congreso y no en el Senado donde hay una mayoría absoluta y donde hay
sólo cinco días para estudiar las leyes desde que se publicaron hasta
hoy.
Nada más y muchas gracias, señor Presidente. (El señor Utrera Mora pide
la palabra.)
El señor PRESIDENTE: Gracias, Senador Gangoiti.
Tiene la palabra el Senador Utrera.
El señor UTRERA MORA: Muchas gracias, señor Presidente.
Unicamente quiero hacer una puntualización. Yo no he dicho que me resulte
indiferente el voto del Partido Nacionalista Vasco. He dicho textualmente
que, independientemente del voto que se emita, esa actitud de no
participar en el debate es la que nosotros sentimos con pesar que se
manifieste en esta Comisión.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias, Senador Utrera.
Con esto si cerramos el debate de los vetos presentados.
Vamos a iniciar su votación en el mismo orden en el que han sido
debatidos. Se somete a votación el primer veto presentado por el Senador
Nieto y la Senadora Costa.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos a favor, nueve;
en contra, 15; abstenciones, una.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazado.
A continuación, sometemos a votación la propuesta de veto presentada por
el Senador Román Clemente.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos a favor, nueve;
en contra, 15 ; abstenciones, una.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazado.
Pasamos a votar el último de los vetos, el presentado por el Grupo
Parlamentario Socialista.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos a favor nueve;
en contra, 15; abstenciones, una.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazado.
A continuación, entramos en el debate del articulado del proyecto de ley.
¿Podemos realizar el debate por títulos? (Asentimiento.)
Por tanto, comenzamos por el Título I del proyecto de ley. Las enmiendas
del Senador Román Clemente han quedado defendidas en el turno que
consumió en el debate de los vetos. En consecuencia, tiene la palabra el
Senador Ríos Pérez para defender la enmienda número 209, que corresponde
a este Título I.
El señor RIOS PEREZ: Muchas gracias, señor Presidente.
La enmienda pretende evitar el efecto de acumulación de las cuotas del
Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y del impuesto
patrimonial porque esa suma es muy perjudicial. Por tanto este es el
contenido básico de la enmienda número 209.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias, Senador Ríos.
El Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos, por las razones
expuestas, también ha dado por defendidas sus enmiendas. Por el Grupo
Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió, tiene la
palabra el Senador Cambra para la defensa de las enmiendas al Título I,
números 219 a 224.
El señor CAMBRA I SANCHEZ: Muchas gracias, señor Presidente.
Doy por defendidas todas estas enmiendas en sus justos términos, así como
las demás enmiendas presentadas por nuestro Grupo a los otros títulos del
proyecto de ley.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, Senador Cambra.
Para defender las enmiendas del Grupo Parlamentario Socialista, en primer
lugar, tiene la palabra el Senador Cobo, y en sucesivas oleadas irán
interviniendo el resto de los portavoces.
El señor COBO FERNANDEZ: Muchas gracias, señor Presidente.
Debatir enmiendas parciales a este proyecto de ley es harto complicado,
entre otras cosas porque, como ha señalado la portavoz de Eusko
Alkartasuna, ni siquiera se puede ejercer el derecho que tenían, si
hubieran sido el caso, de enmendar a la totalidad. Pero es que para
nosotros, los que tenemos enmiendas a la totalidad y también parciales,
al ver la presentación en el último momento de esta cantidad de
enmiendas, es imposible matizar. Parece ser que el Legislativo no sólo
está para votar sí o no, que es la única oportunidad que tenemos, sino
para poder matizar. Algunas cuestiones podrían ser discutibles y se
podría ver la conveniencia o no de hacer matizaciones que pudieran
incluirse en el proyecto de ley. Pero así, ustedes nos obligan a no tener
ni la capacidad de matizar que el Legislativo debería tener.
Estas son razones de peso suficientes no sólo por el voluminoso número de
leyes que aquí se enmiendan, sino por un estricto sentido democrático en
el que hay que dar la oportunidad a todos los miembros de la Cámara de
participar en el debate de una ley que tiene muchísima importancia.
En concreto, las enmiendas que presenta mi Grupo y que voy a defender se
refieren prácticamente a todo el sistema impositivo español, que se
enmienda por virtud de esta ley, en algunos textos de manera insustancial
y, en otros, de forma importantísima. Importantísima no quiere decir
absolutamente rechazable; en algunos casos es absolutamente rechazable en
otros, matizable. ¿Qué es lo que hacemos para ver si, en concreto en la
enmienda número 241 del Grupo Parlamentario Popular, podemos matizar
acerca de la tributación por el Impuesto sobre Sociedades en el caso de
los montes vecinales, si es conveniente que los miembros de las
comunidades titulares de estos montes vecinales se apropien de las
plusvalías generadas, y qué tratamiento deben tener? No nos dan
oportunidad para poder matizar.
Por otra parte, quisiera que me aclararan la enmienda número 243 para
fijar nuestra posición. ¿Son partidarios de que se aplique el IVA al
listado que figura al final de la enmienda? Porque la redacción es tal
que, al final, yo no sé adivinar --quizá sea mi torpeza-- si lo que
quieren ustedes es aplicar el IVA a dicho listado o que se le exima.
En cuanto a la enmienda número 242, ¿no es de suficiente calado esta
enmienda que ustedes han presentado sobre incentivos fiscales para la
mejora o sustitución de los buques de la marina mercante? ¿No sería
importante tratar no solamente de la fiscalidad de la reposición o del
arreglo de los buques mercantes de nuestra marina, sino también de otros
asuntos necesariamente ligados, de los que tenemos que tener una visión
de globalidad para poder definir nuestra posición, y no ser sectarios en
la elaboración de las leyes en virtud de la consideración de un sector o
de otro, sino intentar hacer justicia equitativa tratando de manera
similar a todos aquellos que están en iguales condiciones? ¿Es posible
que nosotros no podamos matizar ni siquiera la enmienda número 242?
En cuanto a la enmienda número 213 sobre exoneraciones fiscales en
expropiaciones con traslado forzoso de población, ¿ustedes creen
conveniente limitar el capital de la expropiación a unas determinadas
cantidades o no? Sea cual sea la cantidad de la expropiación, ¿es
necesario exonerarla de impuestos? Hay casos en los que la cantidad es
superior a 1.000 millones, ¿es necesario exonerar de impuestos esa
cantidad? Es imposible dialogar, no es ya que nos ofendamos, aunque
realmente estemos ofendidos respecto a nuestra consideración de
participantes en esta Cámara con voluntad de diálogo, es la forma que
ustedes tienen de abordar las leyes, sobre todo esta ley, aquí en el
Senado.
Voy a defender, con escasas esperanzas, dado el estilo que mantiene el
Grupo Parlamentario Popular en la tramitación de esta ley, algunas de
nuestras enmiendas, en concreto, las números 36, 37, 38, 39, 40, 127,
134, 135, 136, 137 y 172. La mayor parte de ellas pretenden evitar la
desfiscalización de los grandes patrimonios, en concreto las números 36,
37 y 38. Otras se refieren a la no aplicación del IVA, con justificación
en la VI Directiva Comunitaria, cuyo artículo 4.5 afirma el principio
general de no sujeción al IVA de los entes públicos, con el fin de que
las empresas públicas municipales, que hacen una gestión directa de los
servicios públicos distinta, estén exentas del IVA, así como los
servicios realizados por las cooperativas agrícolas a sus socios en razón
de ser socios de esas cooperativas y en cumplimiento del objeto social de
las mismas. Esto se justifica para adecuar este principio a la sentencia
del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas de 5 de mayo de
1998.
La enmienda 127 tiene la finalidad de mantener la recientísima ley sobre
reforma del tabaco, puesto que lo que se pretende es, no un texto legal,
sino una interpretación del texto legal, que pasaría a ser texto legal;
el colmo del rigor legislativo.
La enmienda 134 pretende evitar la desfiscalización de los grandes
patrimonios, haciendo que funcionen como verdaderas empresas, cuestión
que, según su planteamiento, podría hacerlos eludir esta forma de
tributación.
Finalmente, la enmienda número 135 tiene la finalidad de modificar la
redacción de la letra b) del apartado 2 del artículo 40 de la Ley del
IRPF, a fin de que, para evitar la desfiscalización de los grandes
patrimonios, se produzcan mínimas cautelas en lo que es una actividad
económica de una verdadera empresa, y no una forma elusiva de mercadear
con el patrimonio.
Este planteamiento es coherente con las posiciones que hemos mantenido a
lo largo de todo este tiempo en cuanto a las respectivas leyes fiscales
que en esta Cámara se han ido presentando y nos gustaría que el Grupo
Parlamentario Popular también fuese consecuente en esta Ley con las
posiciones que ha adoptado en los distintos trámites parlamentarios
respecto de las sucesivas leyes fiscales que nos ha ido presentando a lo
largo de la Legislatura.
Si no es así, habremos de entender que no se quiere un debate, sino una
trágala.
Los Grupos Parlamentarios se ven en la necesidad de estudiar estas
cuestiones de una manera irresponsable, puesto que debe hacerse
rápidamente, sin ni siquiera poder matizar y, en último extremo, dadas
las circunstancias que han aparecido con ocasión de otras leyes fiscales,
que el resultado sea imprevisto puesto que ustedes enmiendan aquí, en
concreto, una enmienda que presentaron al texto que presentó el Gobierno
en el Congreso de los Diputados, es decir, enmiendan su enmienda a su
texto. Por tanto, a ver si se ponen de acuerdo los miembros del Partido
Popular del Gobierno, los Diputados del Grupo Popular y los Senadores del
Grupo Popular, para no marear a los miembros de la Cámara respecto de qué
es lo que nos someten a consideración. Creo que deben tener un poco menos
de prisa, un poco más de seriedad y un poco más de responsabilidad.
Y en cuanto a una crítica mucho más política les dirá que si dejaran de
servirse del método de legislar a petición de parte, a lo mejor podrían
conseguir otro método más riguroso, de manera que se contemplara la
fiscalidad como una globalidad y no sólo por la demanda de interesados.
Posiblemente así el Senado pudiera ser una Cámara legislativa para todos
los españoles, y no una Cámara de sugerencias o de peticiones de parte.
Nada más y muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, Senador Cobo.
Para seguir el orden de títulos, ¿el Senador Gibert defiende las
enmiendas 41 y 42?
El señor GIBERT I BOSCH: Con su permiso, señor Presidente, defendería en
bloque algunas enmiendas del Título I y otras enmiendas de otros títulos.
Y lo mismo harían nuestros compañeros.
Creo que esto aligera el debate, porque algunas...
El señor PRESIDENTE: Sí, ya hemos iniciado el sistema.
Estoy abierto a esta propuesta.
¿Hay algún inconveniente por parte del Grupo Parlamentario Popular,
fundamentalmente, en que siga un debate un poco más heterogéneo en sus
contenidos?
El señor BLANCAS LLAMAS: Señor Presidente, yo le pediría que se
circunscribiera al Título I, normas tributarias, y dejase las normas
administrativas y de orden social para más adelante. Digo esto porque
posiblemente habrá algún Senador que en estos momentos no esté presente
en la sala y no pueda rebatir si usted se refiere a normas
administrativas y de orden social.
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el Senador Gibert.
El señor GIBERT I BOSCH: Me referiré a bloques homogéneos. Por ejemplo,
hay un tema, al que hemos dado el nombre de pacto local --y creo que
todos nos entendemos al referirnos a ello--, que aparece en varias partes
del proyecto. Por tanto, nos parecía lógico tratarlo en un sólo bloque y
ahora nos resultaría bastante difícil separar las intervenciones por
Títulos. De todas formas, salvo en cuanto a estos casos en los que hay
una unidad temática, podemos atenernos a una discusión por títulos. No es
un grave problema.
El señor PRESIDENTE: Propongamos un sistema pragmático. Su señoría expone
el bloque en el que haga la defensa de sus enmiendas y permitimos al
Grupo Popular que conteste en turnos diferentes. Creo que esto soluciona
el problema para un Grupo y para el otro.
¿Estamos de acuerdo? (Asentimiento.)
En ese caso, el Senador Gibert tiene la palabra.
El señor GIBERT I BOSCH: Gracias.
Voy a referirme, en primer lugar, a las enmiendas sobre el llamado pacto
local. Esta es una cuestión que, a nuestro juicio, se plantea en tonos
claroscuros.
Por una parte, esta Ley que introduce el Gobierno a través del Grupo
Popular mejora, en general, la financiación local y, por otra parte, en
cuanto al resto de aspectos no relacionados con la financiación y, por
tanto, que no aparecen en esta Ley, pero sí con los ayuntamientos y otras
entidades locales, parece ser que se están tratando en el Congreso de los
Diputados, en una conversación que va por buen camino entre los Grupos
Parlamentarios. Esta es la parte positiva.
No obstante, subsisten aspectos de fondo que no compartimos. En primer
lugar, no nos parece una ordenación o modificación suficiente ni
definitiva, entre otras razones, porque no aborda adecuadamente las
transferencias en cascada de competencias a los entes locales bajo el
principio de subsidiariedad o de proximidad. Asimismo, también hay
problemas de forma. Estamos ante una cuestión, como he dicho en el turno
de veto, al menos desde nuestro punto de vista, de una gran importancia,
no menor, por ejemplo, que la de todo el sistema de financiación de las
Comunidades Autónomas, y que, a nuestro juicio, requeriría haber pasado
por un proceso de negociación distinto, con el acuerdo de todas las
fuerzas políticas si fuera posible, con presencia significativa en la
vida local, y que requeriría una tramitación legislativa algo más solemne
y reposada que el procedimiento de presentación de tantas enmiendas,
distintas y precipitadas, primero en el Congreso y después en esta
Cámara, por parte de un Grupo Parlamentario.
Aún así y precisamente por la importancia del tema, seguimos abiertos a
un proceso de transacción, si es que de la opinión de los demás Grupos
--y del Popular, en particular-- sobre este tema así se desprende como
conveniente.
Con ello daría por defendidas las enmiendas al Título I y las que están
en otros apartados relativas al pacto local.
En relación al Título II de la Ley, nos parece una frivolidad el cúmulo
de pequeñas y grandes modificaciones legales que se introducen y que no
pueden dar otro resultado que el crear confusión y desconcierto, por lo
menos durante los primeros meses, en la aplicación y uso de los nuevos
resortes locales, con una gran dispersión legislativa sobre estos temas.
A través de estas enmiendas se puede observar también que hay importantes
diferencias de fondo en relación
a las modificaciones propuestas por el actual texto y las enmiendas del
Grupo Popular.
En cualquier caso, excuso la ausencia hoy del Senador Rodríguez de la
Borbolla, que en el debate en Pleno desarrollará con mayor amplitud
nuestras propuestas y posición ante los temas afectados por el Título II
del proyecto de Ley.
Por lo que se refiere al Título III, también algunas de las
modificaciones, a nuestro juicio, deberían haber seguido otro
procedimiento. Creemos que nuestras enmiendas introducen racionalidad en
algunos aspectos y quisiera destacar la que prevé que las horas extras de
los funcionarios públicos --si es que en alguna ocasión debe haber horas
extras, que es posible que sea así-- sean compensadas con horas libres,
en lugar de ser retribuidas. Y, en realidad, a este Título presentamos
pocas enmiendas porque las discrepancias son menores que en otros casos.
En otro orden más disperso de temas, queremos manifestar una vez más
nuestra absoluta disconformidad con el procedimiento y destacar en ese
sentido que nos parecen especialmente diferencias de forma y de fondo,
además de algunas otras a las que se referirán otros Senadores del Grupo
Socialista, las modificaciones de la legislación sobre el mercado de
valores, la Ley del Deporte --a las que ya hemos hecho algunas
referencias en la defensa del veto--, el sector eléctrico, de
hidrocarburos, televisión privada, administración tributaria, etcétera.
Por todo ello --y para terminar--, me gustaría insistir una vez más --por
tanto, que se entienda que damos mucha importancia al procedimiento-- en
que, por lo menos, las enmiendas más conflictivas --no vemos razones de
peso para que sean tramitadas por este procedimiento-- deberían
tramitarse mediante ley sustantiva y específica, tal y como proponemos en
nuestras enmiendas 101 y 102.
Y aprovecho, señor Presidente, si usted me lo permite, para decir que el
señor Zamorano, que debe defender sus enmiendas en relación a los temas
sanitarios y está en la Comisión de Sanidad, las defenderá si llega a
tiempo y cuando le corresponda, pero que, en caso contrario, las daría
por defendidas en estos momentos.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, Senador Gibert. (El señor Ríos Pérez
pide la Palabra.)
¿Sí, Senador?
El señor RIOS PEREZ: Intervengo para dar por defendidas las enmiendas de
la Senadora De Boneta, por cuanto que también corresponden a este Título.
El señor PRESIDENTE: Creo que la Senadora De Boneta no tiene ninguna
enmienda al Título I.
El señor RIOS PEREZ: Sí, al artículo 21 bis.
El señor PRESIDENTE: Efectivamente, pero el artículo 21 bis corresponde
al Título II.
El señor RIOS PEREZ: En todo caso, todas las enmiendas de la Senadora De
Boneta quedan defendidas en sus propios términos.
El señor PRESIDENTE: Gracias, Senador Ríos.
A fin de continuar con el orden en el Título I, para defender la enmienda
número 35, tiene la palabra el Senador Blasco.
El señor BLASCO NOGUES: Esta enmienda que presentamos los Senadores del
Partido Aragonés, el Grupo Parlamentario Popular parece ser que tiene
intención de incluirla en el informe de la Ponencia, lo cual le
agradecemos. Por tanto, la damos por defendida.
Gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, Senador Blasco.
A continuación, tiene la palabra el portavoz del Grupo Popular.
El señor BLANCAS LLAMAS: Muchas gracias, señor Presidente.
Voy a comenzar haciendo un poco de historia, porque, al parecer, la Ley
de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social es un invento
nuevo del Partido Popular.
Quiero recordar al Grupo Parlamentario Socialista, que critica con razón
la abundante legislación que se une a esta ley, que fue el Tribunal
Supremo, en su día, el que modificó los criterios de que en la Ley de
Presupuestos no se podía incorporar cierta normativa, sino que tenía que
ser interpretada, desarrollada y ejecutada en una ley independiente, lo
que motivó la ley de medidas. No dejo de reconocer que este minicódigo,
como yo llamo particularmente a dicha ley de medidas, en este caso y para
el ejercicio de 1999 es más reducido que el del año anterior. En el
Título I, normas tributarias, que es el que estamos defendiendo, este
aspecto afecta a quince artículos y las modificaciones son mínimas,
porque con la nueva normativa en materia de rentas y de rentas de no
residentes ha quedado bastante condensada toda la tributación directa
para el próximo ejercicio de 1999.
Comenzaré contestando a las enmiendas del Senador Ríos, que solicita con
buen criterio desde mi punto de vista, que se deduzca en el cómputo del
Impuesto sobre la Renta y en el del Patrimonio el 60 por ciento, como
máximo, de la tributación. Lógicamente, la modificación, de haberse
incorporado, debió hacerse en el Impuesto sobre la Renta y no en esta ley
de medidas. Por tanto, le manifiesto nuestra oposición a esta inclusión.
En cuanto al Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos,
lamento que no esté presente el Senador Gangoiti para manifestarle que
algunas de sus enmiendas serán aceptadas. Las defenderemos y se lo
manifestaremos en el Pleno.
A las enmiendas de los Senadores Román Clemente y Nieto Cicuéndez, que
hemos podido leer detenidamente, se les dará debida respuesta en el
debate en Pleno.
Los senadores del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de
Convergència i Unió dan por defendidas sus enmiendas. Lamento no poder
contestarles, aunque me ahorren la exposición. Alguna pienso que será
incorporada en el dictamen de la Comisión, aunque otras lamentablemente
no podrán ser asumidas.
El Grupo Parlamentario Socialista ha presentado varias enmiendas.
Curiosamente, el Senador Cobo comienza
criticando la política tributaria del Gobierno y las enmiendas del
Partido Popular, que todavía no han sido defendidas, pero no he visto
ningún fundamento jurídico ni tributario para avalar sus enmiendas, desde
la número 36 a la número 42. Independientemente de esto yo le voy a
contestar, ya que he contestado a todos los grupos, y dejaré para el
final nuestras enmiendas.
La exención que proponen en la enmienda número 39 para la prestación de
servicios de las cooperativas a los socios no puede aceptarse por razones
de armonización con la Sexta Directiva, anexo H, que se refiere al IVA,
que no comprende estos servicios que, por otro lado, tributarán al 7 por
ciento.
Con la enmienda número 40 pretenden que la entrega de bienes y prestación
de servicios por entes públicos quede no sujeta. La Directiva Comunitaria
limita la no sujeción del impuesto a ciertas actividades de entes
públicos municipales, pero no está comprendida la exención a las empresas
participadas o empresas mixtas. Por otro lado, el señor Senador se ha
limitado a enumerar las enmiendas, pero el Senador Gibert ha planteado la
enmienda número 41, es decir, la adición de la referencia catastral que
se refiere a la modificación de la Ley 31/1988, de Haciendas Locales, por
parte de los notarios, y nosotros consideramos que ya con la aportación
generalizada del IBI en el otorgamiento de instrumentos públicos queda
perfectamente recogida esta referencia catastral. Por otro lado, más
adelante se podrá también decir --y lo defenderé-- que está prevista la
regulación mediante reglamento de la colaboración, tanto de notarios como
de registradores, en los temas de identificaciones catastrales.
La enmienda número 42 pretende modificar el artículo 14.8 será rechazada
porque nos parece correcta la redacción del artículo 12 que se da en la
ley. Yo creo que se han basado y siguen basándose en la filosofía y en
los criterios de la Ley 18/1991, del Impuesto sobre la Renta, que va a
terminar su singladura el 31 de diciembre, y de ahí que todas sus
enmiendas vayan concatenadas a recuerdos del pasado, a una normativa que
está ya a punto de pasar a la historia, de no ser aplicada.
No entiendo lo que solicitan en la enmienda número 37, es decir, «la
modificación del artículo 4 de la Ley 19/1991, de 6 de junio, del
Impuesto sobre el Patrimonio», y solicitan la elevación al 20 por ciento
de la participación de los accionistas para quedar exentos.
Tampoco incentivan las herencias con la enmienda número 38, ya que hablan
de limitar la herencia de viviendas entre los cónyuges. Nosotros
lamentamos que no sea aceptada la iniciativa del Grupo Parlamentario
Popular y del Gobierno plasmada en el Real Decreto 7/1996, desarrollado
posteriormente con otros sucesivos para potenciar las transmisiones de
padres a hijos en el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones, con
reducciones del 95 por ciento.
Por lo que se refiere a las enmiendas que presenta el Grupo Popular, me
limitaré a las más sustanciosas e importantes, puesto que, como he dicho
anteriormente, la normativa tributaria ha quedado detallada en los textos
de IRPF y en los textos de renta de no residentes. Hay que reseñar sobre
todo la modificación realizada en el artículo 5, especialmente en cuanto
a la Ley 37/1992, relativa al IVA, donde hay una modificación sustancial
del impuesto y una exención que va a afectar a partir del 1 de enero a
entidades y empresas privadas incluso que presten servicios con el
deporte. Esta exención a este tipo de entidades está motivada, como sus
señorías saben, por la sentencia del Tribunal de Justicia de las
Comunidades Europeas, de 7 de mayo de 1998.
Considero, por otro lado y como he dicho anteriormente, que el Gobierno
está propiciando y potenciando acuerdos con la FEMP y que, fruto de ello,
es la reforma sustancial --y pienso que la más amplia que se ha
realizado-- del artículo 14 de esta ley de medidas.
Quisiera detenerme un poco en nuestra enmienda número 242, muy criticada,
donde pedimos la adición de una disposición adicional decimoquinta a la
Ley 43/1995, del Impuesto sobre Sociedades, en la que se incorporan
incentivos fiscales para la renovación de la flota mercante. Se está
potenciando con esto la construcción naval y, en este caso, con algunos
requisitos. Por ejemplo, que estas embarcaciones sean nuevas, que se
inscriban de acuerdo con el Real Decreto que regula la inscripción de
buques, el 1027/1989, que se explote directamente mediante arrendamiento
y que la construcción se realice en un Estado de la Unión Europea.
También se propone una amortización acelerada para este tipo de bienes
para incentivar la renovación de la flota mercante.
Por otro lado, la enmienda número 245 modifica --y también ha sido
criticada por el Grupo Parlamentario Socialista-- el IVA para los
servicios que tengan por objeto la cesión de derechos a utilizar en
infraestructuras ferroviarias, equiparándolas a puertos y aeropuertos, lo
que incentivará este tipo de inversiones.
La enmienda número 246, del Grupo Parlamentario Popular, propone una
disminución del IVA, que se gravará al 7 por ciento, en vez de al 17 por
ciento, que afectará --y alegrará-- a los aficionados a la fiesta
taurina, especialmente novilladas. Esta disminución del IVA también
afectará a atracciones, a parques y a ferias.
En cuanto a las enmiendas sobre impuestos especiales, está la número 247,
que solicita una nueva Sección Primera bis, en la que en el artículo 5 se
dice que la responsabilidad solidaria del pago del impuesto se amplía a
todas las personas que resulten obligadas al pago. En cuanto a los
carburantes, se incentiva el uso del gasóleo, que tendrá un tratamiento
especial siempre que sus fines sean agrícolas, u otros como la
horticultura.
La enmienda 248, sobre el Régimen Económico Fiscal de Canarias, solicita
la exención de vehículos tipo jeep. Esta enmienda recuerda otra del
Senador Ríos, y puede ser aceptada, estableciéndose ese precio de
4.090.503 pesetas, para la exención de este tipo de impuestos en el
Impuesto Insular Canario, el IGIC.
En cuanto a las enmiendas relativas a tasas, se crean nuevas tasas
exigidas para la obtención de licencias de armas y autorización de
concursos. Consideramos que esto dolerá un poquito a los aficionados a la
caza mayor, puesto que la tasa es un poco elevada, pero creemos que estos
servicios, prestados por la Dirección General de la Guardia Civil, deben
ser remunerados y satisfechos por el contribuyente, normalmente, aquellas
empresas que se dedican a la formación y a la obtención de estos títulos
para personas que quieren conseguir licencias de armas largas rayadas y
licencias de armas similares.
Por otro lado, la tasa de seguridad aeroportuaria, que es la enmienda
251, solicitará el 50 por ciento recaudado, para que se ingrese por AENA
en el Tesoro Público.
En cuanto a las tasas por derecho de exámenes, se exime a las personas
con minusvalía del 33 por ciento y a los demandantes de empleo de este
tipo de tasas para acceder a titulaciones oficiales o a exámenes de la
Administración.
La enmienda 253, que afecta al artículo 14: Sistema Tributario Local,
relativa a los catastros inmobiliarios, se propone que la inspección
catastral se lleve a cabo por los órganos de la Administración, la cual
podrá delegar este tipo de servicios en ayuntamientos y diputaciones.
Por parte de este Senador, por lo que se refiere al Título I, no queda
nada más. Simplemente quiero decir que las enmiendas son escasas, no
afectan en gran medida a la normativa tributaria y se trata --como he
dicho anteriormente-- de perfeccionar las normas de la Ley de
presupuestos e interpretarla y ejecutarla correctamente.
Nada más y muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, Senador Blancas. (El señor Ríos Pérez pide
la palabra.)
Tiene la palabra el señor Ríos.
El señor RIOS PEREZ: Pido la palabra para una cuestión de orden, señor
Presidente.
Quiero agradecerle al Senador del Grupo Parlamentario Popular esta oferta
que me ha hecho de aprobar una enmienda, pero tengo que decirle que la
enmienda es del Grupo Parlamentario Popular, no de Coalición Canaria.
Se trata simplemente de un problema técnico de adaptación a una enmienda
aprobada en el Congreso de los Diputados.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias, Senador Ríos.
Teniendo en cuenta la estructura que ha adquirido el debate, creo que va
a ser mejor dar un turno consecutivo a los grupos y, después, otro turno
consecutivo. No hacer turno de portavoces con arreglo a los títulos, como
había previsto en principio, sino al final. De esta manera
simplificaríamos el debate, porque, si no, se nos va a complicar
demasiado, sabiendo por dónde va cada uno.
Rompiendo el esquema, para retomarlo de nuevo, ¿desea el Senador Ríos
hacer la defensa de las enmiendas que tiene vivas? (Asentimiento).
Tiene la palabra el Senador Ríos.
El señor RIOS PEREZ: Muchas gracias, señor Presidente.
La enmienda 209 fue la que indiqué anteriormente, en relación con la
acumulación de las cuotas del IRPF y del Impuesto Patrimonial.
La enmienda 210 está vinculada básicamente a una enmienda en relación a
la adecuación a la estrategia europea en la materia y coherencia con el
espíritu de la Ley de envases y residuos de envases.
La enmienda número 211, a la Disposición Adicional Trigésimo cuarta
(Nueva), plantea la necesidad de la homogeneización del régimen jurídico
del personal del Sistema Nacional de Salud, en tanto en cuanto se están
produciendo una serie de problemas en instituciones sanitarias con
personal de cuatro y cinco sistemas contractuales distintos y que va
llevando a un problema complejísimo de interferencias de deberes y
derechos. Por tanto, se plantea la necesidad de una homogeneización, a
pesar de lo que esto puede significar.
La enmienda 212, a la disposición adicional trigésimo quinta (Nueva), es
la tercera o la cuarta vez que la traigo a esta ley cajón que tenemos. No
hay manera de colocar al Cuerpo de Catedráticos de Música y Artes
Escénicas de los conservatorios. Son unos personajes fantasmas que están
flotando y no se sabe cuándo van a aposentarse definitivamente en sus
cátedras; por tanto, se trata de su integración en el sistema general de
educación.
La enmienda 213 está en relación con las tasas municipales, que
oficialmente deberían haberse puesto en marcha el 1 de enero de 1999. En
el Congreso de los Diputados se aceptó una enmienda que prolongaba el
plazo hasta abril de 1999 y ésta solicita que se prorrogue hasta el 1 de
enero del 2000, porque, si no, el efecto de la puesta en marcha del nuevo
sistema va a ser un caos municipal.
La enmienda 214 está vinculada al sector eléctrico. Tiene por objeto
determinar con mayor detalle el ámbito de los derechos que se entienden
transferidos a las sociedades que deben constituirse en su momento, de
conformidad con el principio de separación de las actividades que
--recordarán-- está en la base del artículo 14 de la Ley 54/1997.
La enmienda 215 está retirada.
Nada más y muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, Senador Ríos.
Introducimos un elemento nuevo de flexibilidad en el debate. Se ve que
esta Presidencia es como un junco que se pliega a los intereses de todos,
incluidos los horarios de Iberia.
Como ha sido defendido el Título II, daremos la palabra al Senador don
Angel Fernández para turno en contra y para hacer la defensa de las
enmiendas --con eso volveremos al esquema que habíamos planteado en un
principio--, para que pueda alcanzar el avión a tiempo.
Tiene la palabra el Senador Fernández.
El señor FERNANDEZ MENENDEZ: Muchas gracias, señor Presidente.
Primero voy a defender las enmiendas del Grupo Parlamentario Popular.
La enmienda 299 pretende modificar la redacción de la disposición
adicional quinta de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la
Jurisdicción Contencioso-Administrativa.
En la misma enmienda se trata de modificar también la disposición final
tercera de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa, dándole una mejor redacción técnica. Este es
el motivo de esta enmienda.
La enmienda 258 es de supresión del apartado 15 contenido en el artículo
25, que modifica el Texto Refundido
de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, aprobada por Real Decreto
Legislativo 1/1995, de 24 de marzo. Con ello se pretende que haya una
negociación del contenido de este apartado 15 con los interlocutores
sociales.
La enmienda 257 propone la modificación del artículo 24 que modifica la
Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales
respecto del artículo 47.14 de dicha Ley. Se pretende introducir la
figura del promotor como sujeto responsable por incumplimiento de las
labores de información sobre riesgos laborales, en paralelo con el nuevo
apartado 10 del artículo 48 de la misma Ley, aunque sí le imputa
responsabilidad, pero sólo cuando las actividades estén
reglamentariamente consideradas como peligrosas o con riesgos especiales.
La enmienda número 256 trata de modificar el apartado 11 del artículo 23,
que queda redactado de la siguiente forma: «Once. Se introducen los
siguientes nuevos apartados en el artículo 27: 5. El incumplimiento en
materia de integración laboral de minusválidos de la obligación legal de
reserva de puestos de trabajo para minusválidos, o de la aplicación de
sus medidas alternativas de carácter excepcional». La justificación de
esta enmienda, señor Presidente, está en una adecuación de carácter
técnico de la Ley 13/1982, de 7 de abril.
La enmienda número 255 al artículo 22, apartado cuatro, trata de cambiar
algunas frases. Por ejemplo, la frase «incluidas las cotizaciones por los
conceptos de recaudación conjunta» ya figuraba en el apartado Tres.3 de
la disposición adicional cuadragésimo tercera de la Ley 66/1997, de 30 de
diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social. Se
considera que debe mantenerse con la redacción que ahora la sustituye, y
ello para mayor garantía jurídica y para evitar que, por la no inclusión
de su referencia expresa, pueda entenderse que ahora las cotizaciones por
los conceptos de recaudación conjunta ya ingresadas no tienen la misma
consideración de cotizaciones debidas que se da a las cotizaciones a la
Seguridad Social, sin que existan razones que justifiquen un tratamiento
distinto entre ambos tipos de cotizaciones.
La enmienda número 348 modifica la disposición adicional decimoquinta de
la Ley 30/1995, de 8 de noviembre, de Ordenación y Supervisión de los
Seguros Privados, que queda redactada de una forma distinta con el fin de
buscar una adecuación de la Ley a la realidad que se está dando en estos
momentos.
La enmienda número 254 modifica el artículo 22.Tres del proyecto por el
que se da nueva redacción al artículo 21 de la Ley de Sociedades
Laborales en los siguientes términos: «... y quedarán comprendidos en la
protección por desempleo cuando esta contingencia estuviera prevista en
dicho Régimen y en la otorgada por el Fondo de Garantía Salarial», que se
sustituye por «...y quedarán comprendidos en la protección por desempleo
en la otorgada por el Fondo de Garantía Salarial cuando estas
contingencias estuvieran previstas en dicho Régimen». Lo que se pretende
con esta enmienda es extender la salvedad relativa al desempleo a la
protección otorgada por el Fondo de Garantía Salarial.
Dados los términos en que han sido defendidas las enmiendas de los demás
grupos políticos, podría decirse que no se ha tratado de un turno en
contra sino de un turno de espera para su debate en el Pleno, porque
quizás, de haber oído a los portavoces de los grupos, a lo mejor
podríamos tener una opinión distinta de la que tenemos ahora mismo, tal y
como están redactadas.
Gracias, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, Senador Fernández.
Ahora sí iniciamos el sistema que habíamos previsto en un principio.
Tiene la palabra la Senadora Pleguezuelos.
La señora PLEGUEZUELOS AGUILAR: Gracias, señor Presidente.
Con el ánimo de aclarar un poco más el debate, voy a ir detallando las
enmiendas de mi Grupo que voy a defender y que corresponden el Título IV,
y a algunas de las disposiciones adicionales transitorias y derogatorias
que afectan a los artículos que defiendo.
En primer lugar, paso a defender las enmiendas al articulado números 85,
95, 96, 97 y 98.
La enmienda número 85 lo es al artículo 41, que lo que hace es plantear
una serie de enajenaciones de determinados inmuebles e instalaciones de
Defensa y del Patrimonio del Estado, a las que van ligadas también las
enmiendas 170 y 173 de mi Grupo, a una disposición transitoria,
concretamente la tercera, y a la derogatoria segunda. ¿Por qué planteamos
estas enmiendas?
En primer lugar, creemos que el objetivo del Gobierno cuando recoge en
este proyecto de ley de acompañamiento esta futura privatización de
empresas públicas como Santa Bárbara o Bazán, no hace más que, si me
permiten la licencia, cargarse el marco jurídico, cargarse los elementos
que contractualmente permitían a estas empresas públicas tener una carga
de trabajo, tener un contrato INI-Defensa, que hacía posible que esa
carga de trabajo fuese a una serie de comarcas donde se encuentran
ubicadas las empresas Bazán y Santa Bárbara, y con una serie de
trabajadores que están ligados básicamente en su trabajo a lo que es el
sector estratégico de la Defensa nacional. Por lo tanto, entendemos que
ni es este el procedimiento --recordemos que en estos momentos hay
abierto un proceso de negociación entre Industria y los representantes de
los trabajadores, por lo que, como mínimo, debería haberse esperado a
obtener unos resultados al menos negociados en cuanto a la paz social--
y, por supuesto, tampoco estamos de acuerdo con el contenido, dado que
creemos que lo que pretende el Gobierno es liquidar los vínculos que
tienen estas empresas públicas de Bazán y Santa Bárbara con los
ministerios de Industria y de Defensa y, por tanto, con las relaciones
contractuales entre ambos, con el consiguiente deterioro para un sector
estratégico, el de la Defensa nacional, como decía antes, y también para
la contribución al mantenimiento del empleo en las comarcas donde están
asentadas estas empresas.
Hay otras dos enmiendas al artículo 47 y al artículo 53, que pensamos que
también son básicas. Plantean que el Consejo de Administración del
Patrimonio Nacional, que se ha regido hasta el presente por lo regulado
en una Ley propia, se incluya en un proceso legal que lo determinaría, no
como ente público, sino como organismo con distinta legislación, y
supletoriamente no entendemos
que quedase acogido al proceso constitucional que hasta ahora viene
manteniéndose. De ahí nuestra enmienda número 97, que incluye este
Consejo de Administración en la disposición adicional décima de la Ley
6/1997 de la LOFAGE.
La enmienda número 95, de supresión, pretende, del mismo modo, que los
organismos públicos de investigación se adapten también a esta Ley
6/1997. Creemos que tampoco es el texto adecuado, ni mucho menos, porque
en el Congreso de los Diputados, no hace demasiado tiempo, a finales de
1997, se aprobó una proposición no de ley apoyada por todos los partidos
políticos, por todos los grupos representados en la Cámara, y la
regulación especifica que se planteaba no es la que hoy presenta la ley
de medidas.
La enmienda número 98 lo es al artículo 54, que adapta el Organismo
Nacional de Loterías y Apuestas del Estado para esta Ley 6/1997 a la que
nos estamos refiriendo. Pensamos que tampoco dicha adaptación es
adecuada. Con nuestra enmienda pretendemos que se habilite la forma de
darle un rango legal para que, a propuesta del Ministerio de Economía y
Hacienda, se proceda a elaborar una nueva Instrucción General de Loterías
y Juegos del Estado para que establezca desde la configuración y el
desarrollo hasta el funcionamiento y las concesiones de los juegos que
son de competencia estatal, porque pensamos que cualquier nueva
organización de juegos y apuestas del Estado ha de hacerse por ley, y en
ningún caso por vía de decreto, a la que tan acostumbrados nos tiene este
Gobierno.
Y paso ya a defender nuestras enmiendas a las disposiciones adicionales,
transitorias y derogatorias.
A la disposición adicional sexta, que se refiere a las fianzas de
arrendamiento depositadas en el antiguo Instituto para la Promoción
Pública de la Vivienda, el texto del Gobierno plantea un plazo máximo de
veinte años. Creo que a cualquier ciudadano que lea esto le parecerá
cuando menos alucinante que se establezca un plazo tan amplio para abonar
una serie de compromisos financieros del Ministerio de Fomento con las
Comunidades Autónomas. Como eso no parece razonable, mi Grupo presenta
una enmienda en la que se propone que dicho plazo sea como máximo de un
año, que es bastante más reducido que lo que plantea el Gobierno.
En cuanto a la disposición adicional octava, relativa al plazo de
adaptación de estatutos de fundaciones, tampoco entendemos que el
Gobierno amplíe en dos años dicho plazo de adaptación. Así pues, por
estar en disconformidad con la misma, proponemos su supresión.
Quisiera referirme a tres enmiendas, las números 124, 125 y 126, a los
apartados uno, dos y tres, respectivamente, de la disposición adicional
decimonovena. Dicha disposición se refiere a la Ley de Envases y Residuos
de Envases, y con estas enmiendas pretendemos básicamente mejorar el
texto, sobre todo, en lo relativo a la financiación de los sistemas
integrados de gestión, al entender que el texto del Gobierno es bastante
confuso, y en ocasiones incluso indeterminado para abordar el proceso de
financiación de esos sistemas integrados.
Por último, presentamos una enmienda para la adición de una disposición
adicional nueva que propone modificar el tendido de líneas de servicios
públicos. Entendemos que hay que corregir el trato que,
injustificadamente, de forma privilegiada reciben las compañías titulares
de esas líneas de servicios públicos, cuyo trazado se tiene que alterar
como consecuencia de las obras y servicios que ejecute la Administración.
Por tanto, insisto, al entender que el texto del Gobierno da un trato
privilegiado a estas compañías que no parece razonable, presentamos esta
enmienda.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, Senadora Pleguezuelos.
A continuación, tiene la palabra el Senador Nieto.
El señor NIETO LEDO: Muchas gracias, señor Presidente.
Señorías, en el texto de la ley de medidas que ha sido remitido por el
Congreso de los Diputados aparecen treinta y una modificaciones
sustanciales de la Ley General Presupuestaria en su texto refundido. Y
por si eso aún fuese poco, esta mañana, al analizar el «Diario de
Sesiones», he observado que el Grupo Popular incluye cuatro
modificaciones más.
La Ley General Presupuestaria fue aprobada por Real Decreto- Legislativo
de 1988, y a nuestro entender es una norma fundamental en el área de la
Hacienda Pública. En la misma se contienen los principios generales de
carácter permanente referentes a la actuación del Gobierno y a la
Administración.
Tras el anuncio por un cualificado miembro del Gobierno, como es el
Ministro de Economía y Hacienda, de que se iba a modificar la Ley General
Presupuestaria, era de suponer que, dada la trascendencia de la misma,
ello se realizase por los cauces ordinarios; máxime cuando esta
modificación afectaba a treinta y cinco disposiciones significativas. Por
tanto, consideramos que una regulación legal de esta importancia no se
atiende adecuadamente a través de la ley de medidas. Además, como ha
dicho un compañero de mi Grupo con anterioridad, el procedimiento
empleado evita la posibilidad de conseguir un mayor grado de acuerdo y de
aproximaciones, lo que él ha denominado matizaciones en las leyes.
Asimismo, creemos que el procedimiento utilizado complica la seguridad
jurídica de la ciudadanía, al darse la sensación de que es difícil
encontrar una ley o decreto --en este caso, el texto refundido de la Ley
General Presupuestaria-- que no haya sido modificado deprisa y corriendo.
Realmente, pienso que sometemos a una tortura al funcionario responsable
de la gestión y el control de las finanzas de un determinado organismo
público, al tener que estar permanentemente consultando varios documentos
para ver en cuál de ellos se encuentran las normas que tiene que aplicar.
Ciertamente, se trata de una pintoresca y rocambolesca forma de elaborar
las leyes.
Por otro lado, consideramos que el método de modificar a trozos las leyes
pervierte el procedimiento y, señorías, el procedimiento en democracia es
esencial para el mantenimiento del sistema.
Además, en nuestra opinión, las treinta y una modificaciones de la Ley
General Presupuestaria no suponen un complemento necesario de lo
contenido en los Presupuestos Generales del Estado, como reiteradamente
se ha
expuesto aquí al analizar otros de los aspectos de la ley de medidas, y
desde nuestro punto de vista se puede caer en una clara
inconstitucionalidad.
Por ello, comenzaré el análisis de las enmiendas presentadas por el Grupo
Socialista con la número 62, al artículo 39, de supresión, por las
razones que he expuesto.
Con la enmienda número 63 proponemos una adición al artículo 39.Uno bis,
de la ley de medidas, de tal forma que las actuaciones de carácter
plurianual se inicien en el ejercicio en el que se ha adquirido el
compromiso. Consideramos que esto es esencial, porque si no puede haber
inversiones de carácter plurianual que simplemente difieran los créditos
a años posteriores.
En cuanto a la enmienda número 64, al artículo 39.Dos, de supresión,
consideramos que debe conservarse la actual redacción de la Ley General
Presupuestaria. Es decir, pensamos que las transferencias de créditos
entre programas deben seguir siendo en todos los casos competencia del
Consejo de Ministros y no debe establecerse la excepción de que los
fondos correspondientes procedan de fondos europeos en sus diversas
modalidades.
A través de la enmienda número 65, al artículo 39.Tres, proponemos la
supresión del nuevo tercer párrafo, que establece un régimen especial
para los anticipos de caja fija relativos al programa de Seguridad
Ciudadana. Consideramos que no debe rebajarse el porcentaje de los pagos
a no justificar estableciendo una excepción en este caso, porque no
existen razones suficientes para ello.
La enmienda número 66, al artículo 39, propone la supresión del párrafo
segundo del apartado 1 del artículo 99, porque consideramos que en los
organismos autónomos no solamente se debe efectuar el control permanente,
sino que también deben estar sometidos al control interno propio de todos
los organismos que utilizan fondos públicos.
Con las enmiendas números 67, 68, 71, 73 y 78 tratamos de introducir
mejoras técnicas. Por ejemplo, se propone la modificación de la expresión
«... las fundaciones de naturaleza estatal...» por la de: «... las
fundaciones constituidas por la Administración General del Estado o por
Entidades de ella dependientes». Consideramos que en el Derecho español
no existe el concepto de fundación pública, sino que las fundaciones son
de carácter privado. Por tanto, debe modificarse la expresión en el
sentido que nosotros exponemos.
La enmienda número 69, al artículo 39.Doce, se refiere a la nueva
redacción que se le da al artículo 130 bis, de la Ley General
Presupuestaria, y con ella proponemos un cambio de redacción,
sustituyendo la expresión «La contabilidad pública...», por la de «La
contabilidad de la Administración General del Estado y de los Organos y
Entidades a los que se refiere el artículo 123.1...».
Con la enmienda número 70, al artículo 39.Doce, de ley de medidas,
también de sustitución, proponemos que en la nueva redacción que se le da
al artículo 127.1.b) de la Ley General Presupuestaria se sustituya «... y
las Entidades del Sistema de la Seguridad Social» por «... y las
Entidades del Sistema de la Seguridad Social, incluidas las Mutuas de
Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales...», en tanto que
entidades colaboradoras de la gestión de la Seguridad Social. Creemos que
esta expresión evitaría problemas jurídicos posteriores.
Con la enmienda número 74, al artículo 39.Doce de la ley de medidas, de
adición, proponemos que tras la expresión: La contabilidad pública queda
sometida a verificación..., se añada: «... sin perjuicio de las
competencias del Tribunal de Cuentas».
En la enmienda número 75, de adición, tratamos de añadir al artículo
131.2 de la Ley General Presupuestaria dos expresiones. Cuando el
articulado al que estoy haciendo referencia expresa que la Intervención
de la Administración del Estado remitirá con periodicidad mensual
información sobre la ejecución del presupuesto a las Cortes Generales,
creemos que se debe de añadir: «... y al Tribunal de Cuentas, información
sobre la ejecución de los presupuestos en curso de ejecución». Creemos
que esa segunda expresión mejora técnicamente el artículo.
En la enmienda número 76 planteamos una sustitución en el artículo
39.Doce. En la nueva redacción que se da al artículo 132.1 de la Ley
General Presupuestaria consideramos que debe sustituirse la expresión
«Cuenta General de las Administraciones Públicas Estatales...» por
«Cuenta General de la Administración General del Estado y demás entidades
públicas...». Creemos que esta expresión también mejoraría técnicamente
la redacción.
En cuanto a la enmienda número 77, de adición al artículo 39.Doce de la
ley de medidas, tratamos de añadir un nuevo apartado cuatro al artículo
132 de la Ley General Presupuestaria en su texto refundido. Cuando se
expresa cuáles son los componentes de la Cuenta General del Estado,
creemos que falta una referencia a la Cuenta General de la Seguridad
Social. Incluimos en esta adición los aspectos que deben estar contenidos
en la cuenta correspondiente de la Seguridad Social.
En la enmienda número 79, al artículo 39.Doce, consideramos que debe
sustituirse en el artículo 137 de la Ley General Presupuestaria la
expresión «El Pleno oído el Fiscal, dictará...», por la expresión «El
Pleno del Tribunal, dictará...», porque consideramos que el Fiscal forma
parte del Pleno y, por tanto, la redacción actual es reiterativa.
En cuanto a las enmiendas números 80, 81 y 82, son de adición al artículo
39.Doce, a la nueva redacción que se da al artículo 124 de la Ley General
Presupuestaria. En dichas enmiendas vamos introduciendo correlativamente
nuevas competencias al Ministerio de Economía y Hacienda, g), h) e i),
respectivamente.
En síntesis, la competencia g) sería: determinación del coste y
rendimiento de los servicios; la competencia h), ejercicio del control de
la gestión económico financiera del sector público y la competencia i),
que sirva de instrumento de análisis de los efectos económicos y
financieros de las medidas adoptadas por el sector público.
Creemos que así se adecua más la redacción de las competencias del
Ministerio de Economía y Hacienda a lo que realmente es su ejercicio.
Por último, en las enmiendas números 83 y 84 tratamos de que no se
supriman los artículos 134 y 135 de la Ley General Presupuestaria, que
creemos que, tal y como aparecen en la actual redacción, introducen
cautelas que mejoran la transparencia que debe acompañar a todos los
procesos financieros públicos.
En el artículo 134 se considera obligatorio que se añada a la Cuenta de
la Administración General del Estado
una memoria del coste real de los servicios y una demostrativa del
cumplimiento de sus objetivos.
En el artículo 135 debe añadirse a la cuenta de los organismos autónomos
los estados anuales agregados, con una visión general de su gestión.
Creemos que de esta forma se aumenta la transparencia e, incluso, la
eficacia del sector público.
Todas las enmiendas que presentamos al Título IV y, concretamente, las 31
modificaciones a las que he hecho alusión de la Ley General
Presupuestaria, se resumen en tres grandes actuaciones. La primera, que
la Ley General Presupuestaria deba ser tramitada por el procedimiento
ordinario, de forma que asegure un debate transparente y evite la
inseguridad jurídica que supone su elaboración a trozos, como la hemos
denominado.
En segundo lugar, hemos realizado algunas aportaciones de mejora técnica,
como, por ejemplo, la aparición de la expresión fundaciones de naturaleza
pública, por: fundaciones constituidas por la Administración General del
Estado y entidades de ella dependientes.
En tercer lugar, una serie de enmiendas que mejoren la transparencia y el
control de la actividad financiera pública, así como una serie de
mecanismos que mejoren también su eficiencia.
Nada más y muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, Senador Nieto.
Tiene la palabra la Senadora Blanco Barbero.
La señora BLANCO BARBERO: Muchas gracias, señor Presidente.
Señorías, defenderé las enmiendas números 104, 105, 110, 111, 112, 153,
154, 160, 161 y 162, presentadas por el Grupo Parlamentario Socialista,
que hacen referencia a los Capítulos II y IV del Título V de Medidas
Administrativas en materia de educación y agricultura, respectivamente,
así como las disposiciones adicionales.
En cuanto a la enmienda número 104, al artículo 70, de supresión, está
directamente relacionada con la enmienda número 160, que propone una
disposición adicional nueva. Estas medidas han sido presentadas y, a su
vez, rechazadas, en la tramitación de este proyecto de ley en el Congreso
de los Diputados, pero desde mi Grupo nos gustaría insistir en el
carácter constructivo que tienen para, de acuerdo con la LODE y la LOGSE,
conseguir el pleno derecho a la enseñanza gratuita de los niveles
obligatorios.
Las enmiendas del Grupo Parlamentario Socialista proponen avanzar
progresivamente en un plazo de cuatro años hasta alcanzar la gratuidad de
los libros de texto y material didáctico necesario para el desarrollo y
aplicación de los currículos correspondientes a Enseñanza Primaria y
Secundaria Obligatoria.
Consideramos que, tras haber cumplido el esfuerzo de la escolarización en
los últimos años, es ahora el momento de profundizar en el concepto de
gratuidad para lo cual el Grupo Parlamentario Socialista ha presentado
una enmienda a la Sección 18 del proyecto de ley y de Presupuestos
Generales del Estado para dotar su cumplimiento con una partida de 40.000
millones de pesetas.
También hemos de tener en cuenta, señoría, que se debatirá una ley de
iniciativa popular en torno a este asunto.
La enmienda número 105 es de supresión al artículo 71. Nos parece
incorrecto el tratamiento que otorgan a la enseñanza de la religión.
Consideramos prematuro regular las condiciones laborales de los
profesores de religión antes de cerrar el debate de fondo, en el que los
sectores educativos hablan de definir asuntos como el sentido o la
metodología de la enseñanza de religión en las escuelas públicas.
Este debate aún está abierto, por lo que entendemos inadecuado el momento
para tomar decisiones que puedan condicionar el futuro.
Por otra parte, este artículo propone una regulación para los profesores
de religión, sin tener en cuenta que ésta debe estar sujeta a los
criterios de capacidad, mérito y publicidad. Esto nos crea ciertas dudas,
como ¿quién controlará y administrará los recursos públicos destinados a
pagar estas retribuciones? ¿Quién o qué criterios se seguirán para estas
contrataciones? Conocemos la existencia de sentencias que han obligado al
Ministerio y a la administración educativa a pagar la Seguridad Social de
los profesores de religión, pero una cosa es consignar las dotaciones
suficientes para hacer frente a la Seguridad Social y otra dar pasos que
puedan crear agravios comparativos dentro del sistema de acceso a la
función docente.
Las enmiendas números 110 y 111, de supresión de los artículos 75 y 76,
respectivamente, están directamente relacionadas con la enmienda número
154, que propone una disposición adicional nueva, a través de la cual
pretendemos que el Gobierno en seis meses remita al Congreso de los
Diputados un proyecto de ley de regulación de las infracciones y
sanciones administrativas para los compradores y productores de leche y
productos lácteos. Entendemos que este asunto merece una reflexión muy
detallada y un gran consenso. Consenso por parte de los agentes
económicos, que han de colaborar forzosamente en el control estadístico
para que se cumpla la normativa comunitaria que posibilita el mercado de
la OCM de la leche. Consenso con organizaciones profesionales agrarias.
Consenso con cooperativas. En definitiva, consenso con el sector. En
estos momentos saber cuál es la producción real, cuál es el volumen de la
leche almacenada y qué parte de leche va a la elaboración de productos
lácteos son elementos clave a la hora de fijar el futuro de la política
del sector. Queremos que haya un control lo más eficaz posible para la
producción de leche y consideramos necesario un cuerpo legal específico.
La enmienda número 112 es de supresión al artículo 77. Estamos hablando
de la creación de sociedades mercantiles estatales para la ejecución de
obras e infraestructuras de modernización y consolidación de riegos.
El artículo 77 comienza diciendo: En el marco previsto en el Plan
Nacional de Regadíos. Hemos de puntualizar que a los efectos de dicho
Plan lo consideramos inexistente, ya que en su difusión previa a cada
Comunidad Autónoma les niega el conocimiento global de los planes de
regadío para el resto del territorio nacional, pero sí me gustaría decir
que por el conocimiento que tenemos del mismo existen razones de fondo
para que nos opongamos.
Ustedes me dirán que no hay intención de privatizar el agua de riego,
porque la propia Ley de Aguas lo prohíbe, el agua no puede ser
privatizada. Pero ¿y la privatización del uso del agua? Entendemos que la
aportación de 25.000 millones por parte de la iniciativa privada se hará
pensando en algún beneficio para este capital que se invierte. ¿Qué
beneficio puede provenir a estas empresas que se enmarcan en al Plan
Nacional de Regadíos? Desde nuestro punto de vista, sólo puede provenir
la clara privatización de la utilización del agua. El Grupo Parlamentario
Socialista está radicalmente en contra de esta privatización, llámese
como se llame.
La enmienda número 153 propone una disposición adicional nueva a fin de
evitar la no contratación de trabajadores españoles en función de costes
derivados de una doble imposición, por lo que proponemos que las empresas
pesqueras mixtas, reguladas al amparo del Real-Decreto 222/1991, gocen de
una bonificación de un 60 por ciento en las cuotas de la Seguridad Social
siempre que contraten trabajadores españoles con empleo estable regulado
por un convenio colectivo estatal de pesca y durante la duración del
contrato, según se recoge en el dictamen del Consejo Económico y Social
sobre empresas mixtas.
La enmienda número 161 también propone una nueva disposición adicional,
cuyo objetivo es dotar de cobertura por bonificaciones fiscales a la
Capitalidad Europea de la Cultura Salamanca 2002. El texto es de una
amplia redacción, por lo que vamos a darla por defendida en los términos
que proponemos en el mismo.
La enmienda número 62 propone también una nueva disposición adicional,
cuyo objetivo es adecuar el tratamiento fiscal de las cooperativas
agrarias, para lo que proponemos que, con efectos de 10 de enero de 1999,
se añada un nuevo apartado cuatro al artículo 10 de la Ley 43/1995, de 27
de diciembre, del Impuesto sobre Sociedades, con la siguiente redacción:
No se integrarán en la base imponible las ayudas procedentes de la
Política Agraria Común y que tengan su origen en la menor producción
aportada por los socios a las sociedades o entidades en las que ellos se
encuadren.
Nada más y gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, Senadora Blanco.
Tiene la palabra el Senador Ostos.
El señor OSTOS DOMINGUEZ: Gracias, señor Presidente. Intentaré ser lo más
breve posible.
Al Título IV hemos presentado dos enmiendas, las números 99 y 101. La
primera es una enmienda de sustitución, relativa a la Fábrica Nacional de
Moneda y Timbre. Estimamos que después de la aprobación de la Ley de
Introducción del Euro se hace necesario adecuar la Fábrica Nacional de
Moneda y Timbre al nuevo reto que se avecina para el año 1999. Sin
embargo, tal y como está redactado el texto, se utiliza esta
justificación coyuntural para hacer una reforma estructural que
consideramos que no es conveniente en este momento, en esta ley y de esta
forma, por lo que sería deseable un debate en donde se abordara de una
forma más general la naturaleza de la propia entidad. Al mismo tiempo,
rechazamos de plano la letra b) al entender que lo que se pretende es
desviar el área de negocio de la Fábrica de Moneda y Timbre y a la vez
darle una naturaleza nueva sobre su acción en el futuro. Probablemente
esa naturaleza nueva esté justificada, pero tendría que ser después de un
debate y una reflexión profunda sobre el papel que debe desempeñar en el
futuro la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre.
Al Título IV también presentamos la enmienda número 103, de supresión del
apartado 6, en coincidencia con las enmiendas relativas al Patrimonio
Nacional.
Al Título V hemos presentado la enmienda 106, de supresión del artículo
72. La justificación es que la Ley de Telecomunicaciones es de reciente
aprobación, 24 de abril de 1998, y consideramos que se vulnera la
seguridad jurídica del ciudadano, ya que cuando una Cámara aprueba una
ley debe tener un futuro, por lo que resulta una inconveniencia proceder
a modificaciones de normas de recientísima aprobación parlamentaria.
Este mismo argumento me sirve para el caso de otras leyes, que más tarde
comentaré, al producir una cierta inseguridad jurídica al ciudadano por
la forma de actuar de este Gobierno.
Nosotros nos hemos opuesto a los principios de la Ley de
Telecomunicaciones. Asimismo, también lo hacemos a las modificaciones que
se quieren introducir a esos principios. Esas son las razones por las que
solicitamos la supresión de este artículo 72. Por cierto, esperemos que
algún día el Mercado de Valores de Telecomunicaciones pueda fijar
precios, tarifas, licencias, etcétera.
La enmienda número 107 es de supresión del artículo 73, por los mismos
argumentos que he expuesto anteriormente. Esta Ley es de julio de 1998.
En su momento nos opusimos a los principios de la Ley de Servicios
Postales, y por congruencia --como se ha reiterado por parte de otros
portavoces de este Grupo-- vamos a seguir oponiéndonos a la modificación
de leyes de recientísima aprobación. Esta enmienda al artículo 73 era
fundamental. Como tenemos la leve sospecha de que no va a ser aprobada
esta enmienda, pretendemos que se apruebe al menos la enmienda 108 de
modificación del apartado tres de este artículo 73, entre otros cosas,
porque la redacción actual sólo obliga al Servicio Postal Universal y no
a los operadores privados, que pueden actuar de forma compartida con
otras actividades. Consideramos que con la redacción que proponemos se da
un trato igual a los operadores privados y a los que operan en el
Servicio Postal Universal.
La enmienda 109 es de supresión del artículo 74 y tiene un mayor calado,
ya que afecta a la Ley de la Televisión Privada. Estimamos que esta
modificación lo que pretende es, en primer lugar, cambiar la naturaleza
de las acciones de la televisión privada y pasarlas a acciones no
nominales. En segundo lugar, cambiar la autorización administrativa para
la compra de acciones por una mera información al Ministerio de Fomento
y, en algunos casos, cuando no sobrepase el 5 por ciento de las acciones,
ni siquiera es necesaria esta información.
¿Qué creemos se enmarca detrás de esta propuesta? Probablemente se trata
de permitir que las acciones de la televisión privada puedan cotizar en
Bolsa y, por lo tanto, no tendrían que estar sujetas a la naturaleza
misma de las acciones anteriores y a la autorización y con el
conocimiento de quién es el titular de todas y cada una de ellas.
Por otro lado, de esta forma se pretende dar al Ministerio de Fomento una
potestad que debería tener el Mercado de Valores de las
Telecomunicaciones, como he señalado anteriormente. ¿Por qué al Gobierno,
a través del Ministro de Fomento? Probablemente para que el Ministro de
Fomento pueda influir sobre los medios de comunicación aunque ni siquiera
directamente, al tener ya a sus socios personales que lo hacen. Una vez
más tenemos en esta Ley uno de los más significativos ejemplos de que se
legisla a petición de parte: esta propuesta está hecha a petición de
parte del señor Villalonga, el Presidente de Telefónica, Sociedad
Anónima, entre otras cosas porque él mismo ha comentado --y se ha
publicado-- que junto con sus socios, Banco Santander y Central Hispano,
pretende la adquisición de paquetes importantes, no ya de Antena 3, sino
de otra serie de televisiones, amén de las últimas empresas que el señor
Villalonga, a través de Telefónica y de otros medios, está adquiriendo
dentro del mercado de la telecomunicación. Por ello creemos que, de
alguna manera, con esta medida el Gobierno no hace ni más ni menos que
legislar en favor o a petición de un señor determinado, por cierto,
compañero de clase del señor Presidente del Gobierno.
Por último, tenemos dos enmiendas, una a la adicional vigésimo segunda y
otra que propone una adicional nueva. La disposición adicional vigésimo
segunda se refiere a que la producción de largometrajes pueda ser
incentivada en los coproductores, y por eso pedimos que pase del 5 al 15
por ciento la desgravación. Lo mismo proponemos en el apartado cuarto de
esta adicional vigésimo segunda.
Respecto a la disposición adicional nueva, puesto que el 24 de diciembre
termina el plazo que tenían las 700 pequeñas y medianas empresas
operadoras de televisión por cable en España para adecuarse a la
normativa vigente, proponemos que se prorrogue otros cuatro años más
dicho plazo.
Nada más y muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, Senador Ostos.
Senador Serrano, tiene la palabra.
El señor SERRANO ALVAREZ-GIRALDO: Muchas gracias, señor Presidente, con
mi intervención termino el turno de mi Grupo de defensa de las enmiendas.
En primer lugar, quiero dejar constancia de que tenía un turno de
portavoces en el Título I de la ley respecto a algunas de las enmiendas
de las que se ha ocupado el Senador Blancas. No voy a entrar en él por no
dar un salto hacia atrás ahora de nuevo, pero sí anuncio que en el Pleno
sí haré mención y utilizaré el turno para las enmiendas 247, 249, 250 y
251, que creo que tienen más calado del que el Senador popular ha querido
darles en su defensa. Y paso directamente a defender las enmiendas de
nuestro Grupo al artículo 79 de la Ley de Medidas, que son las números
113 y 114, y a las disposiciones adicionales y derogatorias.
Las enmiendas números 113 y 114, del Grupo Parlamentario Socialista,
pretenden modificar el artículo 79 ante la necesidad de adecuar el
funcionamiento de los Fondos de Ayuda al Desarrollo a las previsiones de
la vigente Ley 23/1998, de 7 de julio, de cooperación internacional para
el desarrollo, por lo que proponemos que todas las operaciones de activo
realizadas con cargo al FAD, incluso la refinanciación de los créditos,
ya tomen la forma de operaciones singulares o de líneas de crédito,
habrán de ser autorizadas por el Consejo de Ministros, debiendo aplicarse
a programas y proyectos que se atengan a los principios, objetivos y
prioridades establecidos en la ley citada, dejando al margen la
referencia a la compensación anual al Instituto de Crédito Oficial pues
nos parece redundante, ya que, en concreto, en el apartado tres de este
mismo artículo se manifiesta lo mismo, siendo irrelevante, por otra
parte, quién apruebe la compensación.
La enmienda número 114 abunda más en aspectos como la gestión, la
administración, el seguimiento y la evaluación del FAD, en su
consideración de créditos a la exportación con apoyo oficial, fijando la
función que debe desarrollar la Comisión Interministerial del Fondo de
Ayuda al Desarrollo, el papel de los distintos Ministerios y las
Secretarías de Estado, con la pretensión de que los proyectos y ayudas a
desarrollar se ciñan a las labores sociales básicas y que sean
específicamente destinados a mejorar las condiciones de vida de los
sectores más necesitados.
Mediante la enmienda número 123 --y paso a las disposiciones
adicionales-- queremos suprimir la adicional decimoctava, pues con ésta
lo único que se pretende es sacar el seguro de crédito a la exportación a
través de la titulización a entidades financieras ajenas a las
colaboradoras del Ministerio de Economía y Hacienda y de los Presupuestos
Generales del Estado. Es decir, recurriendo al argot bancario, lo que se
pretende es empaquetar los activos para que los adquieran entidades o
particulares y soltar riesgos del Estado para que los asuman otros.
La enmienda número 159 propone la adición de una nueva disposición
adicional para mantener la recaudación normativa de las Comunidades
Autónomas, pues con la anterior disposición del Impuesto de Transmisiones
Patrimoniales en las subastas judiciales el precio era el de adjudicación
salvo que la tasación fuera mayor, y siempre dejaba la posibilidad de
comprobación de valores a la Administración. El Texto Refundido del
Impuesto nada dice de lo anterior y el Tribunal Supremo estimó que hay
concurrencia entre el precio de la subasta y el valor real, por lo que
nuestra enmienda trata de evitar esta interpretación recuperando la
normativa anterior.
Y, por último, señor Presidente, la enmienda número 117 pretende la
adición de una nueva disposición derogatoria para el artículo 33 de la
Ley de Medidas del 1996, por el que se crean las tasas por inscripción y
acreditación catastral, ya que estas tasas no se corresponden a un
servicio que presten las Administraciones a los beneficiarios, sino que
es una forma de facilitar el trabajo de aquéllas en la gestión del
catastro y del IBI y el coste del servicio puede resultar superior a los
ingresos que genere la recaudación, de ahí que pidamos su derogación.
Nada más, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, Senador Serrano.
Las enmiendas que iba a defender el Senador Zamorano se dan por
defendidas según nos ha comunicado el Senador Gibert. No obstante, desde
esta Presidencia yo detecto que hay dos sobre las que no se han
pronunciado, las números 163 y 177.
El señor GIBERT I BOSCH: Muchas gracias, señor Presidente, por la
advertencia, es posible que se nos hayan pasado por alto en la relación.
En cualquier caso, creo que estarían incluidas en algunos de los temas
tratados y, por lo tanto, le ruego que sean dadas por defendidas.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, Senador Gibert.
Comenzamos el turno del Grupo Parlamentario Popular. Tiene la palabra el
señor Galán.
El señor GALAN CAZALLAS: Gracias, señor Presidente.
En primer lugar quiero disculpar al Senador Espert porque está
presidiendo la Comisión de Comunidades Autónomas y le correspondía
defender el Título III. En cualquier caso, lo sustituyo yo y paso a
defenderlo, si bien voy a ser bastante breve por las razones esgrimidas.
Las enmiendas correspondientes al Grupo Parlamentario Popular quedan
defendidas en sus justos términos, señor Presidente.
En cuanto a las enmiendas presentadas por los grupos parlamentarios,
quiero darles las gracias por su colaboración, pero siento decir que van
a quedar rechazadas. Me voy a centrar en varias de ellas simplemente para
darles algunas razones.
Así, respecto a la enmienda número 190, que hace referencia a la
transgresión del principio de igualdad y de la jurisprudencia
constitucional y ordinaria sobre los Procesos de selección de carácter
restringido, quiero señalar que se trata de un concurso oposición y que,
por lo tanto, no se vulnera el principio de igualdad, ya que responde a
criterios discrecionales pero nunca arbitrarios.
En cuanto a la enmienda número 191, que hace referencia al personal
laboral fijo adscrito al Servicio de Sanidad Marítima, quiero señalar que
esta enmienda es contraria a la finalidad perseguida por el precepto, que
es la de garantizar la dotación y adscripción del personal al Servicio.
Respecto a la enmienda número 60, creemos que es contraria al proceso que
está impulsando el Ministerio de Administraciones Públicas.
La enmienda número 61 pretende unificar la situación de funcionarios
docentes sujetos al régimen de Seguridad Social y al de Clases Pasivas,
que tienen sustanciales diferencias, y resulta muy difícil unificar en
esta norma tan escueta dos cuerpos legales que son muy diferenciados.
En cuanto al resto de las enmiendas, vuelvo a decir que, dando las
gracias a todos los grupos parlamentarios, vamos a rechazarlas.
Nada más y muchas gracias, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, Senador Galán.
El Senador Alierta tiene la palabra.
El señor ALIERTA IZUEL: Gracias, señor Presidente.
Voy a ceñirme a aquellas enmiendas presentadas por el Grupo Parlamentario
Popular al Título IV, así como a la contestación a las enmiendas
presentadas por otros grupos que han sido defendidas relativas a este
título.
Empiezo por señalar que esta ley es verdaderamente compleja en su lectura
y en su análisis; sin embargo tiene una cierta estructura y, una vez que
se lee y con la experiencia que a todos nos dan los años que llevamos
aquí, se ve cierta lógica que a veces en el marasmo de las disposiciones
es difícil de encontrar.
El Título IV habla de normas de gestión y de organización. Una
Administración dinámica como lo es la española en este momento --está en
un proceso rápido de adaptación a una nueva situación que se va a
presentar el próximo ejercicio con la incorporación a la moneda única--
ha propiciado numerosas leyes que hemos tramitado aquí sobre modificación
de la estructura general del Estado, de la Administración, y
concretamente me referiré a la LOFAGE, es decir a la Ley de Organización
y Funcionamiento de la Administración General del Estado. Esta Ley que
reorganiza, por así decir, el subsector Estado, los organismos autónomos,
refunde la vieja división organismos autónomos administrativos-organismos
autónomos comerciales, y dentro del amplio abanico de los diferentes
tipos de entes públicos que existen intenta poner orden de alguna forma,
estableciendo qué son entes públicos y delimitando una nueva categoría
que llama entidades públicas empresariales. Desde mi punto de vista
personal y desde el de otros Senadores, esta diversidad de organismos nos
complica en cierta manera el análisis de los Presupuestos.
Esta Ley del año 1997 se ha ido poniendo en práctica y estas adaptaciones
de organismos públicos vienen haciéndose a través de la ley que en este
momento estamos debatiendo. La exigencia de, antes de que comience el
ejercicio que viene, terminar el proceso de adaptación de organismos
vigentes a la LOFAGE, a esta ley hace que este capítulo sea extenso y que
existan numerosos artículos, en los cuales su propia lectura indica cuál
es la finalidad como la adaptación de Organismos autónomos de carácter
comercial, industrial, financiero a la LOFAGE; adaptación de organismos
públicos de investigación a la Ley; adaptación de la Mutualidad General
de Funcionarios Civiles y otras mutualidades; adaptación del Consejo de
Administración del Patrimonio Nacional, adaptación del Ente Público
Aeropuertos Nacionales Españoles y Navegación Aérea, adaptación del Ente
Gestor de Infraestructuras Ferroviarias, adaptación de la Gerencia del
Sector de la Construcción Naval, adaptación de la Comisión Liquidadora de
Entidades Aseguradoras, y aún quedan varias que hago gracia a sus
señorías de
leerlas y no voy a insistir más. Todos estos organismos están allí y
es conveniente adaptarlos a una ley vigente y que, además, obtuvo un
respaldo bastante amplio de la Cámara. Este tipo de organismos que solían
hacerse en la ley, es lógico que se hagan en esta ley para que entren en
vigor el 1 de enero de 1999. Este apartado de la adaptación de unas
instituciones es necesario y es algo que se venía haciendo.
La organización de la Administración pública en este Capítulo II de este
Título IV es especialmente intensa porque en estos momentos la
Administración pública del
Estado necesita un amplio impulso de adaptación a una ley que se aprobó
hace un año y que significa una mayor posibilidad de una administración
más dinámica en una situación nueva, que todos esperamos sea beneficiosa
para el conjunto de la economía. Hago esta referencia porque se está
criticando mucho esta ley, y concretamente la que estamos tramitando. En
estos momentos en los cuales la economía y la Administración es dinámica,
es lógico que este capítulo, al menos, que estamos debatiendo incurra en
una extensión quizás algo desproporcionada con respecto a lo que hemos
debatido en otras ocasiones, porque --y ahora viene la segunda parte-- en
el Capítulo I se habla de la gestión, y una de las secciones de esta
gestión es la gestión financiera, y es evidente que si terminamos la
adaptación de todos los Organismos autónomos, que antes eran
administrativos y comerciales y ahora los fundimos en una nueva
categoría, creamos entidades públicas empresariales u otras instituciones
que se proponen, lo lógico es que en la Ley General Presupuestaria se
recojan las modificaciones necesarias para que en la parte que afecta a
Organismos autónomos, a entidades públicas empresariales y a otras
instituciones que se pueden crear, la Ley General Presupuestaria se
adapte a la situación de estos nuevos organismos; por supuesto, no se
modifica esencialmente, pero hace falta recoger las precisiones y saber
en qué medida, por ejemplo, los Organismos autónomos comerciales, que
ahora dejan de serlo y pasan a tener una nueva categoría, hace falta
saber en qué medida les va a afectar unas disposiciones anteriormente
vigentes para ellos o no vigentes. Por lo tanto, de ahí la necesidad de
adaptar la Ley General Presupuestaria, y de ahí el que en la Ley General
Presupuestaria no se modifiquen artículos, sino que tengamos
prácticamente un título y dos capítulos que se modifican. ¿Por qué?
Porque hacen referencia a los que afectan a estos organismos, organismos
que en el capítulo siguiente de organización, el Título IV recoge.
En consecuencia, esta ley es farragosa, pero en la práctica que se viene
haciendo de la adaptación de esta Ley de medidas al funcionamiento de la
Administración en el ejercicio siguiente, todas estas páginas dedicadas
tanto a organización como a modificación de la Ley General Presupuestaria
tienen su sentido, no porque se modifique la Ley General Presupuestaria
por la vía de atrás, sino porque la nueva organización que viene de una
ley --y ahora recogemos la adaptación de todos y cada uno de los
Organismos autónomos nombrando a qué categoría corresponde cada uno de
ellos, que a veces no es una cuestión fácil-- al mismo tiempo nos exige
modificar la Ley General Presupuestaria para adaptarla a la nueva
situación de Organismos autónomos que han cambiado, ya que la nueva Ley
General Presupuestaria estaba hecha para otros Organismos autónomos. Por
tanto, tenemos explicado casi el 50 por ciento de lo que es el Título IV.
Si además tenemos en cuenta que a través de este Título IV se ha recogido
la modificación de la participación de las Corporaciones Locales en los
impuestos del Estado, puesto que la financiación de las Corporaciones
Locales se hace por convenios que tienen una duración de cinco años, y
ahora vamos a recoger el que empieza en 1999 hasta el año 2003, y si
tenemos en cuenta que las negociaciones dentro de la Federación Española
de Municipios y Provincias se prolongaron, como a veces suele pasar,
quizás unas fechas más de lo que hubiera sido deseable para introducirlas
en el propio proyecto de ley, hubo que incluirlas quizá de forma
provisional en el Congreso, pero en el ínterin la Federación Española de
Municipios y Provincias ha llegado a un acuerdo de cómo va a ser esta
financiación de las Corporaciones Locales y sus relaciones con el Estado
así como su distribución entre las propias Corporaciones Locales, ello
implica que haya habido que recoger aquí en el Senado todas estas
modificaciones o estas precisiones con respecto a las que se habían
introducido en el Congreso. Estas enmiendas que se introducen son páginas
y modifican la Ley de Haciendas Locales, pero la modifican en función de
los acuerdos a los que los propios ayuntamientos han llegado con el
Gobierno para su financiación en los próximos cinco años. ¿Esta es una
forma de legislar por la puerta de atrás? Hubiera sido mucho más cómodo
para todos que este acuerdo de la Federación Española de Municipios y
Provincias hubiera estado el 1 de septiembre y que se hubiera podido
recoger. Pero si, como es comprensible, este acuerdo se ha alcanzado
cuando este proyecto de presupuestos y el de las medidas que le acompañan
ya estaba avanzado, ha habido que recogerlo por este procedimiento. ¿Este
es un procedimiento por la puerta atrás? Sencillamente no.
Con estas tres observaciones que acabo de hacer se explica cuál es el 80
por ciento del componente del Título IV y prácticamente todas las
novedades que interesan. Las demás cuestiones que se introducen son
modificaciones puntuales y, además, esta Ley de medidas suele utilizarse
para pequeñas adaptaciones. Es decir, un organismo encuentra que una
determinada cláusula de su legislación le está creando problemas de algún
tipo, y se llega a la conclusión de que verdaderamente no es necesario
para el control presupuestario financiero, etcétera, esa cláusula para su
funcionamiento, y en este caso solicita una modificación puntual, que es
la que se recoge en algún apartado. Por ejemplo, la sociedad
Construcciones Aeronáuticas está en un proceso de reorganización de la
industria de defensa europea. Hasta los franceses están abandonando el
chovinismo con respecto a la industria de defensa. CASA que está en ese
proceso y que está muy situada en este momento se encuentra en una base
militar y para poder actuar con personalidad necesita que esos terrenos
sean de su propia titularidad para poder hablar de tú a tú, en las mismas
circunstancias y sin problemas jurídicos que le hipotequen, con otras
empresas. Hay un pequeño artículo que dice: se le podrán vender, por
parte de quienes corresponda, a esta empresa los terrenos que ocupa. ¿Por
qué? Porque la supervivencia de esta empresa depende de que pueda hablar
de tú a tú con otras empresas, y ese es un artículo, y esas pequeñas
modificaciones de este tipo se han introducido siempre en la Ley de
medidas y tienen esta explicación. No se trata de regalarle nada a nadie,
sino que CASA, que está muy bien situada en el mercado de defensa
europeo, esté en mejores condiciones para que España pueda participar en
este futuro mercado que está en total evolución. Quien dice
modificaciones de este tipo, como la de CASA que se propone en una
enmienda del Partido Popular, así ocurre con otras, como la modificación
puntual de la Ley de Contratos del Estado para la
que se propone una enmienda y que tiene por objeto soslayar una
dificultad o incomprensión que ha resultado manifiesta con la práctica,
es decir, a los contratos de abono total no tiene por qué aplicárseles
una cláusula que se aplica a los contratos en varias anualidades cuando
no tiene sentido. Si se estudia la enmienda, se verá que tiene una
perfecta lógica.
En consecuencia, si se analizan estas razones de por qué esta ley está
estructurada de esta forma, se verá que las críticas que vienen
haciéndose al mantenimiento de esta ley son infundadas o, por lo menos,
si tienen fundamento, son fundamentos que han debido existir para todos
los Grupos que se han pasado por el Gobierno, es decir, se podrá criticar
el funcionamiento de la ley, pero, desde luego, lo que nos sorprende --y
lo puedo decir porque a lo largo de este debate se ha vuelto a comentar--
son las palabras dichas por el Grupo Socialista cuando son precisamente
los que inventaron la ley de medidas, y me sorprende que se utilicen
palabras como que esta legislación ofrece inseguridad jurídica a los
ciudadanos, y me sorprende que se utilice la palabra
inconstitucionalidad, señor Presidente, porque si esta ley produce
inseguridad jurídica a los ciudadanos, o produce inconstitucionalidad,
los primeros responsables que deben considerarse en esta circunstancia
son los propios socialistas que la han practicado y puesto de manifiesto
durante muchos años. Por eso nos extraña verdaderamente que estos
comentarios puedan llegar a hacerse.
Señor Presidente, es una ley compleja porque recoge muchas cosas y,
además, la exposición de las enmiendas por parte de los diferentes
Grupos, alternando varios títulos, la ha hecho especialmente complicada
en cuanto a la defensa individual de cada una de las enmiendas.
Me excusará que, quizá por no extenderme demasiado, no haga referencia a
las enmiendas concretas que han sido defendidas por los diferentes
portavoces del Grupo Socialista y que, habiendo utilizado el tiempo en
esta exposición de cuál es el contenido y la lógica del Título IV, dé por
terminada mi intervención, dando por defendidas las restantes enmiendas
no mencionadas del Grupo Popular y diciendo que, en principio, nosotros
mantenemos nuestro rechazo a las enmiendas presentadas por los restantes
Grupos.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, Senador Alierta.
Tiene la palabra el Senador García Carnero.
El señor GARCIA CARNERO: Gracias, señor Presidente.
Señorías, intervenimos en este turno para hacer la defensa de las
enmiendas presentadas por el Grupo Parlamentario Popular a los artículos
de la ley que estamos debatiendo, comprendidos dentro del Título V, de la
acción administrativa, desde el artículo 69 hasta el final del
articulado.
Señorías, aparte de las amplias argumentaciones señaladas en cada una de
las enmiendas que justifican las razones que nuestro Grupo ha encontrado
para presentar tales correcciones al texto que se nos presenta a debate,
haré una breve referencia a algunas de las enmiendas más significativas
sobre las cuales se ha hecho algún tipo de debates, críticas o se ha
puesto en duda la finalidad de las mismas.
Previamente también nos gustaría manifestar la posición del Grupo
Parlamentario Popular respecto de una crítica que viene siendo
generalizada en los últimos tiempos y que se acentúa especialmente este
año en el debate de la ley de medidas, conocida como ley de
acompañamiento, diciendo que esta es una ley que da encaje a una serie de
actuaciones o disposiciones que el Gobierno pretende colar aquí poco
menos que de rondón.
Creo que ya algunos portavoces de nuestro Grupo han hecho referencia a
ello, pero es bien claro que no fuimos nosotros quienes establecimos este
procedimiento legislativo que, por otra parte, goza de toda la legalidad,
y sí convendría recordar ahora aquí que fueron gobiernos anteriores
quienes utilizaban todo este tipo de actuaciones incluidas en la Ley de
Presupuestos Generales del Estado y que tuvo que pronunciarse el Tribunal
Constitucional para apartarlas. Por lo tanto, me parece absolutamente
injustificado, cuando no insólito, que quienes establecieron este
procedimiento, quienes hubieron de ser corregidos en sus actuaciones por
el Tribunal Constitucional, ahora pongan en solfa la legalidad de esto,
de la misma manera que también me parece, señorías, que es hacer un flaco
favor a esta Cámara cuando a veces se hacen alusiones a que sea el Senado
el lugar donde se incorporen o se modifiquen textos legales.
Tengo que decir que esta forma de criticar al Gobierno me parece
absolutamente desacertada, porque a quien se está criticando en el fondo
es a la propia Cámara de la que formamos parte negando, de alguna manera,
o restando la capacidad legislativa que el Senado tiene como Cámara
parlamentaria.
Por lo tanto, hechas esas dos aclaraciones sobre la perfecta legalidad de
este procedimiento, que no ha sido inventado por el Gobierno actual, y
sobre la perfecta legitimidad del Senado como Cámara para corregir
durante los debates parlamentarios cualquier norma que se someta a
nuestra consideración, y mucho más normas de tanta importancia como son
la Ley de Presupuestos y la ley de medidas fiscales que la acompaña,
pasamos a hacer algunas referencias a las enmiendas que consideramos más
significativas.
La enmienda número 281 pretende añadir una serie de nuevos artículos, el
69 bis, el 69 ter, etcétera, y trata de regular un tema por el que
creemos que existe una gran sensibilidad social, sobre todo en lugares
como la Comunidad de Madrid, me refiero a los ruidos que provocan las
aeronaves en las proximidades de los aeropuertos y que no tienen
establecido en nuestro cuerpo normativo regulaciones específicas para
corregir estos defectos que se están planteando y que, de esta manera, se
pretenden incorporar.
La enmienda número 282, al artículo 72, que como sus señorías saben,
trata de modificar algunos aspectos de la Ley General de
telecomunicaciones, pretende mejorar la redacción del texto que ahora
mismo existe y establecer un régimen razonable para las participaciones
de sociedades no comunitarias. Se corrige la Ley General de
Telecomunicaciones y se autoriza mediante esta enmienda, participaciones
procedentes de empresas de países no
comunitarios a condición de la reciprocidad por parte de empresas
españolas.
La enmienda número 283, al artículo 73, sobre la liberalización de los
servicios postales, tiene como finalidad salvaguardar algunas
imprecisiones relativas a la Ley postal, mejorándose la redacción y
corrigiéndose algunos defectos que se habían observado.
La enmienda número 284, al artículo 74, eleva la cifra de porcentajes de
adquisición de capital en las sociedades concesionarias de la televisión
privada. A partir de esos porcentajes que ahora se elevan se hace
necesaria la comunicación de tal situación al Ministerio de Fomento.
Nosotros creemos que de esta manera se completa mejor la redacción del
texto.
A los artículos 75 y 76 que, como sus señorías saben, se refieren a las
infracciones establecidas a compradores y productores de leche, nuestro
Grupo presenta las enmiendas números 285 y 286, por las que se pretende
mejorar técnicamente el texto en lo relativo a este tipo de infracciones,
tanto respecto a los compradores, artículo 75, como en lo que se refiere
a los productos, artículo 76. Y, además de mejorarlo se incorporan una
serie de sugerencias de la Comisión Europea. Ya saben sus señorías que,
en relación con las sugerencias de la Comisión Europea relativas a las
cuotas lácteas, las infracciones son enormemente dolorosas para el
conjunto de los productores y parece que es necesario y fuertemente
demandado por otra parte establecer unas normas que regulen esta materia
para que, después, no paguen justos por pecadores y quienes infringen los
preceptos establecidos por la Comunidad Europea sean los responsables de
las mismas.
Por otra parte, no se trata sino de directrices establecidas por la
Dirección General de Política Económica Comunitaria del pasado 27 de
noviembre.
La enmienda número 288 añade una obra hidráulica con declaración de
interés general en la provincia de Guipúzcoa y otras en Almería y en Vall
d'Uixó, además de en Canarias, especificando que todas estas obras llevan
implícita la declaración de utilidad pública y la urgencia a efectos de
lo previsto en la Ley de Expropiación Forzosa.
Las enmiendas números 289, 290 y 291 se refieren a aspectos agrícolas y
se regulan las profesiones de enólogos, técnicos especialistas de
vitivinicultura y técnicos en la elaboración de vinos. Otra se refiere a
las plantaciones de olivos y la última a la competencia del Estado para
declarar y prevenir los efectos de enfermedades agropecuarias de alta
transmisibilidad.
En la enmienda número 292, al artículo 80, se favorece la compra venta de
acciones en la Sociedad del mercado eléctrico.
Queríamos hacer especial referencia a la enmienda número 294, porque a
veces ha sido objeto de crítica desde nuestro punto de vista infundadas.
Es la que se refiere a los costes de transición a la competencia del
sector eléctrico. Yo creo que nuestro partido, el Partido Popular, ha
expresado con claridad cuál es su posición. Señorías, aquí, sobre lo que
debemos pronunciarnos es sobre si la liberalización de estos mercados es
un aspecto positivo para la sociedad, si creemos que es bueno para las
ciudadanos que se liberalice este campo del sector eléctrico o no lo es.
Hay ejemplos suficientes de otros campos, que hasta ahora estaban
funcionando en régimen de monopolio o en regímenes altamente
restringidos, que se han abierto a la competitividad y a la competencia
exterior, y eso ha redundado en mejor calidad de los servicios para los
ciudadanos y mayor abaratamiento de los costes. Nosotros creemos que esa
política es buena para los ciudadanos. Lo que ocurre es que en el tema
del sector eléctrico, señorías, hay unos compromisos de unas inversiones
realizadas a lo largo de una serie de años que ahora, con la apertura de
este período de transición a la competencia, se ven legítimamente
perjudicados, y lo que se hace es establecer unos costes de acuerdo con
todos los sectores afectados. Pienso que se puede estar o no de acuerdo
con las cuantías, que es una cuestión puramente técnica y de aplicación
de complicadas fórmulas, que no se encuentran repasando simplemente los
convenios y los compromisos adquiridos por el Estado con las compañías.
Lo que a nosotros nos interesa es dejar clara la posición de nuestro
Grupo. Creemos que la apertura a la competencia exterior es buena; que la
liberalización de estos mercados redunda siempre, como se viene
demostrando en los últimos años, en favor de los ciudadanos, de los
usuarios, que obtienen mejores productos con menores costos. Esa es la
razón de que nosotros apostemos por esa política. La cuantía económica es
una cuestión puramente técnica, de hacer cálculos, no es una cuestión de
voluntarismo político. Lo que verdaderamente es una cuestión de
voluntarismo político es apostar por uno u otro procedimiento. Nosotros
nos pronunciamos clarísimamente, nunca lo hemos ocultado porque creemos
que es bueno, por esa liberalización en la mayor parte de los sectores y
también dentro del sector eléctrico.
En la enmienda 295 se modifican algunos artículos de la Ley del Sector de
Hidrocarburos, relativos a las garantías que se exigen para los permisos
de investigación y concesiones de explotación.
Las enmiendas 296 y 297 se refieren también a este sector de
hidrocarburos y gases consumidos, a la titulación de consumidor
cualificado y a aclarar exactamente cuál es el volumen.
Finalmente, señorías, quería hacer referencia a la enmienda 347, relativa
a las fundaciones públicas sanitarias, que está siendo casi el principal
eje del ataque político a los presupuestos. Señoría, nosotros hemos de
decir con toda claridad que creemos que a estas alturas no deberían
exhibirse esos demonios que hemos escuchado durante mucho tiempo.
Acuérdense, señorías, que no hace mucho tiempo se decía: ¡Ojo con el
Partido Popular porque puede desde eliminar las pensiones de las personas
mayores hasta poner en riesgo la sanidad pública, los derechos de
educación, etcétera! Creo que dos años y medio de gobierno demuestran más
que suficientemente que ese tipo de demonios con los que se amenazaba a
la población ya no existen, y que hoy nadie en España cree en ese tipo de
cosas. Algo parecido está ocurriendo con esto. Se está demonizando un
nuevo procedimiento, que además es opcional, para la gestión de los
hospitales públicos. Insisto en el tema de los hospitales públicos,
porque aquí nadie está diciendo que con este procedimiento se vaya a
privatizar nada de la sanidad; la titularidad sigue siendo pública. Lo
único que se pretende, señorías, es establecer la posibilidad de un nuevo
procedimiento de gestión de esos centros. Una gestión que los ejemplos
que conocemos en España y fuera de España demuestran que es más ágil, que
es más rápida, que redunda no sólo en mayores beneficios económicos, sino
directa e indirectamente en una mejor asistencia sanitaria, porque a
veces las decisiones se toman inmediatamente en el propio centro, que
tiene capacidad para gestionarse, y tiene un control y una vigilancia
pública y está sometido a todos los efectos, señoría, a la titularidad
pública.
Por tanto, si se desea hacer todo tipo de críticas, en este caso a la
atención sanitaria del Gobierno, se pueden buscar otros campos, pero lo
que no se puede hacer es disfrazar o decir medias verdades, que son en
ocasiones las peores mentiras. Señorías, el procedimiento que se faculta
a través de esta enmienda, que presenta el Grupo Parlamentario Popular,
de fundaciones públicas sanitarias no es sino un sistema que posibilita
la elección por parte de los propios hospitales públicos de un nuevo
procedimiento de gestión. No se impone nada, se facilita esa posibilidad
para que aquellos centros que quieran utilicen el sistema de las
fundaciones públicas para gerenciar adecuadamente los recursos de salud.
Nosotros creemos que ofrecer a los centros esa posibilidad de que opten,
si así lo desean, por este campo, no limita para nada, sino todo lo
contrario, la atención, las prestaciones y los compromisos del Estado.
Vuelvo a insistir en lo que decía al principio. Para hacer crítica al
Sistema Nacional de Salud se utilizaba este argumento e, incluso, se
decía: ¡Colaban esta enmienda de rondón en el Senado! Miren ustedes, de
rondón, nada, y el Senado tiene perfecta legitimidad, como decía al
principio, como Cámara legislativa que es, para discutir, para aceptar
enmiendas, para debatirlas y para incorporar legítimamente a nuestro
texto normativo todas aquellas propuestas que se consideren positivas.
Esa es nuestra posición, señorías, con toda claridad, intentando eliminar
los demonios o las tinieblas que a veces se lanzan sobre propuestas que
son absolutamente claras, que no pretenden en absoluto fines ocultos,
recónditos, ni pretensiones torticeras, como a veces se nos señala.
Concluyo, señor Presidente, solicitando el apoyo a estas enmiendas que
plantea nuestro Grupo y que consideramos que mejoran notablemente el
texto que habíamos recibido del Congreso de los Diputados.
Nada más y muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, Senador García Carnero.
Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el Senador Blancas.
El señor BLANCAS LLAMAS: Muchas gracias, señor Presidente.
Restan por defender las enmiendas del Grupo Parlamentario Popular
relativas a las disposiciones transitorias, derogatorias y finales.
También quiero contestar, aunque sea muy someramente, a la defensa que ha
hecho el Grupo Parlamentario Socialista de algunas de sus enmiendas a
este apartado. La mayoría de ellas, de la 170 a la 178, son de supresión.
Quiero incidir especialmente en la enmienda 175 de adición, que pide la
derogación del Real Decreto-ley 7/1996, de medidas fiscales y desea
restablecer el sistema de plusvalías que, en su día, se modificó por este
Real Decreto-ley. Quieren volver al inmovilismo de los patrimonios,
bienes y derechos para que queden exentos de tributación. La respuesta
fue clara y contundente cuando el Partido Popular llegó al Gobierno y
promulgó este Real Decreto-ley para dar movilidad a la economía y a los
patrimonios y para que no se permitiese amasar fortunas por el transcurso
del tiempo.
También quiero detenerme en otra enmienda, la número 177, del Grupo
Parlamentario Socialista, que no tiene mayor incidencia. Pide la
derogación del artículo 33, de la Ley 13/1996, sobre tasas por
inscripción y acreditación catastral. Ya lo he dicho en más de una
ocasión, pienso que esta tasa de 500 pesetas por la información,
inscripción y anotación de parcelas y fincas urbanas es intrascendente y
está justificada, puesto que viene a cumplir su objetivo: pagar lo que se
solicita a la Administración, en este caso al Catastro, de naturaleza
rústica o urbana. Lógicamente, rechazaremos esta petición de derogación.
En cuanto a las enmiendas que defiende el Grupo Parlamentario Popular
quisiera hacer hincapié, al menos por su novedad en la enmienda número
332 que se refiere a la modalidad de retención en los contratos que se
realicen por el Ministerio de Fomento y el de Medio Ambiente con empresas
dedicadas a la construcción de infraestructuras. En ella se pide la
retención del 10 por ciento sobre los contratos que se realicen como
garantía, eximiendo aquellos que tengan un pago anticipado puesto que
tienen una normativa específica.
Otras enmiendas de interés se refieren a mejoras técnicas, la mayoría
correcciones de error. Entre las novedades cabe citar el sistema de
compensación de las entidades locales con la Agencia Tributaria, donde se
facilita a los entes locales para que puedan compensar con las
retenciones a la Agencia Tributaria las deudas pendientes que tengan con
la Administración.
Se formula una enmienda, la número 345, a la disposición derogatoria
quinta (nueva), sobre el Régimen Económico Fiscal de Canarias. Trataremos
de estudiarla a fondo porque consideramos que puede existir invasión de
competencias con el Parlamento Canario. No obstante, la someteremos a
consideración y la estudiaremos con vistas al Pleno.
Por último, el Grupo Parlamentario Popular formula una enmienda a la
disposición final tercera, la número 346, en la que solicita la
incorporación de los Notarios y Registradores para la cumplimentación de
las obligaciones de información tributaria. Para ello se regulará el
sistema de información de estos profesionales con la Administración,
especialmente en materia de inmuebles y en lo que se refiere a
transmisiones de bienes.
Este Senador ha terminado la defensa de las enmiendas que se formulan a
las disposiciones transitorias, derogatorias y finales.
Tan sólo me queda decir que la ley de medidas, aunque es compleja porque
afecta a mucha de la normativa administrativa, tributaria y social, es la
que pone el broche a toda la regulación en materia presupuestaria;
materia que ha sido recogida en la ley marco que nos regirá durante el
año 1999, que es la ley de presupuestos.
Nada más y muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, Senador Blancas.
Terminada la defensa de las enmiendas y el turno en contra, abriremos un
turno de portavoces que será único y no haremos sustitución de portavoces
a lo largo de las intervenciones.
¿Grupo Parlamentario Mixto? (Pausa.)
El Senador Ríos tiene la palabra.
El señor RIOS PEREZ: Intervengo brevemente para decirle al Senador del
Grupo Parlamentario Popular que la enmienda número 345 afecta
directamente al Régimen Económico Fiscal de Canarias. No ha sido
solicitado el informe preceptivo constitucional y estatutario y, por lo
tanto, nos encontramos un déficit de tramitación grave.
Me congratulo de que vuelvan a estudiarlo en profundidad y de que
volvamos a tratarlo en el Pleno.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, Senador Ríos.
¿Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió?
(Pausa.)
Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el Senador
Gibert.
El señor GIBERT I BOSCH: Muchas gracias, señor Presidente.
Hemos oído que el Senador García Carnero hacía un canto a la
liberalización, y claro que compartimos su idea de introducir la
competencia en el sector servicios --lo vemos necesario en todos los
sectores, pero es en el sector servicios donde más falta hace--, puesto
que es bueno para los usuarios y consumidores, que somos todos.
Pero, a nuestro juicio, hay que tener en cuenta dos cosas. La primera es
que los sectores empresariales suelen ser partidarios de liberalizarlo
todo excepto su propio sector, y es lógico. Cuando se trata de lo suyo,
anuncian grandes catástrofes y pérdidas de calidad, y tenemos el ejemplo
de lo ocurrido en otros países cuando se ha procedido a llevar a cabo una
liberalización. Lo veo lógico, repito, porque la obligación de un
empresario, como ya hemos dicho en otras ocasiones en esta Cámara, es
conseguir la máxima cuota de mercado para sus empresas, y será mejor si
se alcanza en una situación ventajosa: de oligopolio o algo parecido.
Ciertas regulaciones como la de defensa de la competencia pretenden
evitar esas situaciones, pero hay que tener en cuenta que lo natural es
que los empresarios busquen situaciones ventajosas.
La segunda cuestión que hay que tener en cuenta es que no se debe
confundir, y no digo que el PP lo confunda siempre pero a veces sí,
liberalizar con dejar que cada grupo empresarial legisle sobre su propio
sector. En algunos casos es así o al menos lo parece, lo que es
igualmente grave. Hoy estamos hablando de las eléctricas, pero podríamos
referirnos a Farmaindustria o al sector gasístico.
Al Grupo Parlamentario Popular, que le gusta hablar últimamente del
interés general, debe tener en cuenta algo evidente y obvio: que la suma
de intereses corporativos no da como resultado el interés general.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, Senador Gibert.
Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el Senador Alierta.
El señor ALIERTA IZUEL: Muchas gracias, señor Presidente.
Con ocasión de la presentación de un informe que realizó el Círculo de
Empresarios con respecto a los Presupuestos Generales del Estado, se
invitó a una serie de Diputados y Senadores de diferentes grupos
parlamentarios a una reunión en su sede. Asistieron algunos
representantes del Grupo Parlamentario Socialista, concretamente yo
recuerdo la presencia del señor Eguiagaray, pero también fuimos algunos
de los que estamos en este momento en esta Comisión.
Recuerdo aquella reunión porque considero que contrastan un poco los
cariñosos calificativos de los que fuimos objeto, tanto el Gobierno como
el partido y los grupos parlamentarios que lo sustentamos, con lo que en
este momento el Partido Socialista afirma que estamos haciendo. Existe un
gran contraste entre la impresión que trata de dar aquí el Grupo
Parlamentario Socialista, al decir que venimos de correveidiles y de
mandados, con las sugerencias --entre comillas-- insistentes sobre las
cosas que lamentaban que no se hicieran o se dejaran de hacer. Se trataba
de una reunión educada, como no podía ser menos, pero cualquier
observador que hubiera estado presente habría comprobado que las
pretensiones que tienen como grupo corporativo están muy lejanas de
reflejarse en la legislación.
El Gobierno Popular tiene en cuenta los intereses de los empresarios, de
los consumidores, de los trabajadores, de los pensionistas, de los
estudiantes y de las mujeres amas de casa. Desde hace tiempo somos un
partido interclasista, y siempre hemos sido un partido humanista. Nos
alegra que todos los grupos políticos se vayan acercando a estas
posiciones ideológicas, pero presentarnos como un grupo que persigue
determinados fines corporativos es una inexactitud. Además, el propio
señor Eguiagaray podrá darles testimonio de la reunión celebrada en ese
Círculo de Empresarios, que no es más que una representación de una
ideología inspirada y sostenida por un grupo de empresarios a los que hay
que agradecer el interés con el que elaboran sus informes y análisis, y
comprobarán que las afirmaciones que acaba de hacer el Grupo
Parlamentario Socialista lo descalifica.
No cabe duda que los intereses de los empresarios están incluidos en sus
propuestas, pero puedo decirle al Grupo Parlamentario Socialista que los
criterios con los que nos regimos para juzgar el funcionamiento de un
sistema económico no atienden exclusivamente a los beneficios de los
empresarios. Nos preocupan los niveles de empleo, y afortunadamente
estamos muy satisfechos con lo que se viene realizando. También nos
preocupan cuáles son los niveles de los salarios reales que las personas
tienen, y en estos años, gracias a que se ha contenido la inflación, los
incrementos habidos se han traducido en un aumento de la capacidad
adquisitiva de esos salarios. Las dos facetas que son prioritarias a la
hora de enjuiciar el funcionamiento del sistema económico en los dos años
de gobierno popular, empleo y salarios reales han sido afortunadamente
positivas, bastante más positivas de lo que lo han sido con un partido
que, al menos, tiene una tradición clasista y que, sin embargo, ha
llevado a los trabajadores a altos niveles de desempleo y a que los
salarios reales, en ocasiones, no hayan avanzado lo que debieran.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, Senador Alierta.
Con esto damos por concluido el debate del articulado.
Si no hay inconveniente, dado que la Ponencia tendrá que reunirse, vamos
a suspender la sesión más o menos durante tres cuartos de hora.
Quisiera que sus componentes indicaran a esta Presidencia si están de
acuerdo con esta propuesta. ¿Senador Cambra? (Pausa.) ¿Senador Alierta?
(Pausa.)
Gracias.
Suspendemos la sesión hasta las nueve de la noche, hora en que
iniciaremos la votación. (Pausa.)
El señor PRESIDENTE: Señorías, se reanuda la sesión.
Ruego al Letrado que, sucintamente, y dentro de las dificultades, informe
a los miembros de esta Comisión de los acuerdos de la Ponencia para poder
votar posteriormente el informe que ha emitido.
El señor LETRADO: La Ponencia ha acordado aplazar para el Pleno el
estudio de las enmiendas números 277, 307, 309, 291, 310, 348, 345 y 347.
La Ponencia, igualmente, ha acordado incorporar la enmienda número 214,
una transaccional sobre las enmiendas números 237 y 318, una modificación
del artículo 26 del texto remitido por el Congreso de los Diputados, las
enmiendas rectificadas números 320, 241 y 246 y determinadas correcciones
de errores, y proceder a una reordenación del artículo 1 en la materia
del Impuesto sobre Sociedades incorporando las enmiendas del Grupo
Popular números 241 a 244 ambas inclusive.
Igualmente ha acordado incorporar la enmienda número 251 rectificada, la
número 253 rectificada, y la número 288, dándose por admitidas las
enmiendas números 412 y 163, la enmienda número 221, dándose por admitida
la enmienda número 331, la enmienda número 308 en sus propios términos,
la número 346 rectificada, una nueva disposición final, la enmienda
número 262 rectificada y la número 263 rectificada, así como las
rectificaciones de las enmiendas números 283, 290, 293, 294, 299, 301,
302 y 312.
Igualmente ha acordado incorporar la enmienda número 317, considerándose
aceptadas las enmiendas números 232 y 169. También ha acordado incorporar
la enmienda número 323 rectificada, la número 326 rectificada o
corregida, la número 327 corregida, coincidiendo con la número 239, así
como la enmienda número 329 rectificada, así como dos nuevas
disposiciones adicionales, una modificación al artículo 71.1, una
modificación al artículo 1 en relación con el artículo 108.1 de la Ley
del Impuesto sobre Sociedades, una modificación nueva como artículo 2
afectando a la Ley del Impuesto sobre Residentes, y determinados errores
en las enmiendas números 273 y 272, debiendo considerarse incorporadas
las enmiendas del Grupo Popular no mencionadas y no aplazadas en su
debate para el Pleno, incluida la número 288, que supone la incorporación
de las enmiendas números 412 y 163.
La incorporación de la enmienda 221 supone la admisión de la enmienda
331; se retira la enmienda número 275, y los anteriores acuerdos se
adoptan con el voto a favor de los representantes en la Ponencia de los
Grupos Parlamentarios Popular y de Convergència i Unió, con la excepción
de las enmiendas números 294, 246, 247 y 263, en que se produce la
incorporación por la votación a favor de los representantes del Grupo
Popular, con la abstención del Grupo Parlamentario de Convergència i
Unió.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.
¿Sus señorías están suficientemente informados? (Pausa.)
En consecuencia, vamos a votar el informe de la Ponencia, es decir, el
texto tal como ha quedado después de las modificaciones introducidas,
sobre las cuales nos ha informado el señor Letrado. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos a favor, 15; en
contra, seis; abstenciones, una.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobado.
Unicamente queda por designar a la persona que presentará ante el Pleno
este proyecto de ley. Me temo lo peor. (Varios señores Senadores: El
señor Presidente.)
El señor Presidente, como ocurre con mucha frecuencia.
Antes de levantar la sesión, en primer lugar, quiero dar las gracias a
todas sus señorías porque han facilitado enormemente la labor de
ordenación del debate a esta Presidencia. Por tanto, quiero agradecerles
el esfuerzo que han hecho. Asimismo, quiero agradecer muy sinceramente el
esfuerzo que han hecho los taquígrafos en esta Comisión. Pero dado que
esta es la última sesión del año, también les agradezco la labor
realizada durante el mismo, ayudándonos en nuestros trabajos.
Y por ser la última sesión de la Comisión en este año, como Presidente de
la misma --otra cosa será como Senador-- les felicito a todos las
Pascuas.
Muchas gracias. Se levanta la sesión.
Eran las veintiuna horas y treinta y cinco minutos.