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DS. Senado, Comisiones, núm. 375, de 09/12/1998
CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL
SENADO
Año 1998 VI Legislatura
Comisiones. Núm. 375
COMISION DE PRESUPUESTOS
PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. JOAN LERMA BLASCO
celebrada el miércoles, 9 de diciembre de 1998
ORDEN DEL DIA:
--Dictaminar el proyecto de ley de Presupuestos Generales del Estado para
1999 (Número de expediente 621/000112).
Se abre la sesión a las diez horas y veinte minutos.
El señor PRESIDENTE: Buenos días. Se abre la sesión.
En primer lugar, discutiremos las propuestas de veto. Se han presentado
cuatro.
Para la defensa de la propuesta de veto número 1 tiene la palabra la
señora De Boneta, aunque me parece que no está presente en la sala. (El
señor Román Clemente pide la palabra.)
Tiene la palabra el Senador Román.
El señor ROMAN CLEMENTE: Señor Presidente, he pedido la palabra para
defender la propuesta de veto de doña Inmaculada de Boneta en sus propios
términos.
El señor PRESIDENTE: Está bien, señoría. Tiene usted la palabra para
defender la propuesta de veto número 1, de doña Inmaculada de Boneta, y
también la suya, la número 4.
Pero antes quiero decirles que algunas de las enmiendas que han
presentado los grupos parlamentarios no han sido admitidas a trámite. Por
tanto, cuando concluya la defensa de las propuestas de veto daremos la
relación de dichas enmiendas.
Señoría, tiene usted la palabra.
El señor ROMAN CLEMENTE: Señor Presidente, damos por defendidas las dos
propuestas de veto.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.
A continuación, tiene la palabra don José Nieto para la defensa de la
propuesta de veto número 2, presentada por su señoría y por doña Pilar
Costa.
El señor NIETO CICUENDEZ: Muchas gracias, señor Presidente.
También con brevedad quisiera argumentar por qué presentamos nuestra
propuesta de veto a estos presupuestos.
En primer lugar, no creemos en las previsiones macroeconómicas que se
hacen en estos presupuestos, y a este respecto se nos plantean una serie
de dudas. A nuestro juicio, y en un plano general, no se tiene en cuenta
que, desgraciadamente, no se van a cumplir las previsiones del Gobierno
dado que la coyuntura económica va a entrar en una dinámica peor para la
economía en general en el próximo ejercicio presupuestario.
Tampoco compartimos las previsiones de ingresos que se recogen en los
presupuestos, y ello por varias razones. En primer lugar, las reducciones
que se han hecho del IRPF van a tener repercusiones a la baja en los
ingresos previstos en estos presupuestos; asimismo, no nos creemos el
aumento de las cotizaciones a la Seguridad Social, que en los
presupuestos se cifra en el 4,15, lo que representa una contradicción, a
nuestro juicio, cuando se prevé la disminución del paro en un 2,8. En
definitiva, nosotros estimamos que las previsiones de ingresos en las
distintas partidas no se van a cumplir y tampoco vemos medidas para
suplir con la persecución del fraude fiscal algunos de los ingresos, al
mismo tiempo que consideramos que el Impuesto sobre Sociedades también va
a diminuir más de lo que prevén los presupuestos.
En resumen, consideramos, por un lado, que los ingresos no se van a
ajustar a la realidad y, por otro, en la medida en que se tendrán que
seguir manteniendo al menos una serie de gastos ya previsibles, estos
presupuestos no van a cumplir los objetivos, y ello unido a la
regresividad de los mismos, por todo lo cual mantenemos la propuesta de
veto.
Nada más y muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.
Para un turno en contra, tiene la palabra el Senador Utrera.
El señor UTRERA MORA: Señor Presidente, hubiera preferido hacer el turno
en contra de todos los vetos conjuntamente, pero me referiré
brevísimamente a los tres hasta ahora defendidos, señalando, en primer
lugar, que dado que no ha sido muy extensa su defensa, tampoco me voy a
extender en los argumentos en contra, pero que hemos valorado que las
justificaciones que se han aportado son totalmente inadecuadas.
En el caso de la propuesta de veto número 1, donde el problema
fundamental son las transferencias a la Comunidad Autónoma del País
Vasco, no entendemos qué tiene que ver una cosa con otra, no entendemos
qué tiene que ver los Presupuestos Generales del Estado y el desarrollo
del Estatuto del País Vasco. Al mismo tiempo se esgrimen argumentos poco
adecuados, como que las políticas activas de empleo siguen siendo poco
ambiciosas, cuando precisamente en estos presupuestos, como se hizo ya en
los del año anterior, se cambia el campo de intervención prioritario del
Gobierno en favor de políticas activas de empleo, con lo cual el poco
ambiciosas depende de cómo se interprete, pero no parece que eso se
ajuste a la realidad.
Otras enmiendas se basan en que la crisis financiera internacional hace
temer el inicio de una recesión mundial, y eso es un concepto ya superado
hace bastantes semanas, pues, de acuerdo con todos los análisis más
solventes, está garantizado que los años 1999 y 2000 serán años de
bonanza económica, de ciclo positivo para la economía europea y sobre
todo para la española.
En definitiva, los argumentos señalados no nos convencen y no nos parece
que estén suficientemente fundamentados, ni económica ni políticamente.
Con esto termino mi turno en contra de las propuestas de veto números 1,
2 y 4. Gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.
¿Turno de portavoces? (Pausa.)
Pasamos a la propuesta de veto número 3. Tiene la palabra el portavoz del
Grupo Parlamentario Socialista, Senador Granado.
El señor GRANADO MARTINEZ: Muchas gracias, señor Presidente. Buenos días.
Voy a defender con brevedad la propuesta de veto del Grupo Parlamentario
Socialista a la Ley de Presupuestos, porque mañana será defendida la
propuesta de veto en la Comisión de Economía a la Ley de Medidas Fiscales
que acompañan al presupuesto y, lógicamente, si ya es difícil defender un
veto en Comisión para luego volver a defenderlo en Pleno, defender dos
vetos en Comisión para luego defenderlos agrupadamente en el Pleno tiene
una complejidad notable.
Por avanzar lo que van a ser las líneas fundamentales de nuestra defensa
del veto en el Pleno de la Cámara el próximo lunes, he de decir que los
presupuestos del año 99 debían ser unos presupuestos enfocados hacia el
horizonte del año 2002, el horizonte que se nos ha descrito por parte de
diferentes organismos de la Unión Europea como el momento en el que el
gasto público en los países que se incorporan a la tercera fase de la
Unión Económica y Monetaria no debe ser superior a los ingresos: el
déficit debe ser cero. En este sentido, ¿qué opciones realizan los
presupuestos del año 99 para conseguir progresar en ese horizonte de
consolidación fiscal al que todos los grupos que hemos dado nuestro apoyo
al proceso de incorporación a la Unión Europea estamos vinculados? Pues
las opciones que realiza son, a nuestro juicio, fundamentalmente
contradictorias con este objetivo.
En primer lugar, desde el lado de los ingresos, los presupuestos del año
1999 van a ver cómo van a progresar las cotizaciones sociales, cómo van a
crecer las cotizaciones sociales --bien es cierto que en parte debido al
incremento de la ocupación, de lo cual todos nos congratulamos, pero
también es cierto que incrementando su peso incluso en lo
que es el presupuesto consolidado del Estado en términos porcentuales--,
y cómo van a volver a crecer los impuestos indirectos y, por contra, van
a congelarse y van a disminuir, incluso en términos de producto interior
bruto, los impuestos directos. A nuestro juicio éste es un planteamiento
absolutamente equivocado porque hace recaer sobre impuestos que frenan el
consumo y el empleo el crecimiento de los ingresos del sector público.
Pero si por el lado de los ingresos las opciones en política
presupuestaria nos parecen equivocadas, por el lado de los gastos
realmente nuestra discrepancia es ya seriamente profunda. En primer
lugar, porque los presupuestos del año 1999 siguen la tendencia iniciada
en España desde 1996, desde que gobierna el Partido Popular, de disminuir
el peso en términos de relación con el producto interior bruto de las
aportaciones del Estado a los sistemas de protección social. Las
aportaciones del Estado a los gastos del INEM y de la Seguridad Social
--a las políticas de pensiones, de prestaciones a los desempleados y a la
asistencia sanitaria-- van a disminuir conjuntamente contempladas en
términos de producto interior bruto; esto lleva consigo que sean las
cotizaciones de los trabajadores las que soporten un peso importante de
las prestaciones no contributivas tanto en atención a los desempleados
como en bonificaciones, incluso a la creación de empleo, con lo cual
generamos un círculo perverso por el que se constituye en un gasto
asociado al empleo el incentivo a la creación de empleo, que nosotros no
compartimos. Y porque, además, el conjunto de políticas sociales van a
verse afectadas por medidas, algunas de índole presupuestaria, otras
contempladas en la Ley de Medidas, que de alguna manera vienen a
reconocer el fracaso de las políticas que el Partido Popular ha puesto en
marcha en estos tres últimos años en España.
Así, ante la imposibilidad de corregir el gasto farmacéutico, va a
modificarse el sistema de gestión de la Seguridad Social. Una política
sanitaria que sólo ha conseguido maquillar las estadísticas necesita de
nuevos instrumentos porque realmente hasta ahora ha sido incapaz de
conseguir una mayor eficiencia en la asignación del gasto público y, por
contra, los presupuestos del 99 reconocen que solamente los conciertos
con la medicina privada y el gasto de farmacia crecen en el sistema
sanitario.
En cuanto al gasto educativo, las propias Comunidades Autónomas
gobernadas por el Partido Popular reconocen que con los presupuestos de
1999 no va a poder producirse la transferencia educativa en muchas de
ellas. El gasto educativo es un gasto incompatible con los objetivos de
la LOGSE, no ha progresado debidamente, incluso se ha recortado en
términos de comparación de presupuestos liquidados anteriores con el
proyecto de presupuestos del año 1999, y es especialmente importante el
maltrato que se da en estos presupuestos a un sector muy sensible del
gasto educativo, como es el gasto en investigación y desarrollo. El gasto
en I + D sigue retrocediendo en términos de producto interior bruto y,
digámoslo así, como guinda que corona el pastel, incluso enmiendas
presentadas por el Partido Popular en el Senado van a hacer que este
gasto en investigación y desarrollo se reduzca todavía más, porque va a
haber detracciones importantes, de centenares de millones de pesetas, a
los proyectos de investigación pura y aplicada que gestiona el Ministerio
de Educación, mientras que siguen creciendo únicamente aquellos proyectos
de investigación vinculados al desarrollo de tecnologías militares, de
tecnologías de la defensa, lo cual, a nuestro juicio, siendo una
prioridad importante, no lo es más que otros gastos de investigación y
desarrollo que deben soportar la conversión del crecimiento económico en
desarrollo sostenido.
Asimismo, las prioridades equivocadas en materia de política de gastos
también se ponen de manifiesto de manera muy notable en la política de
infraestructuras. Así, los proyectos considerados prioritarios en los
anexos de inversiones de los presupuestos de 1997 y 1998 son preteridos,
es decir, son dejados de lado, mientras que se ponen en marcha otros que
ni siquiera tienen soporte presupuestario. La parte del león de lo que
son las obras públicas presupuestadas no se corresponde con las
directrices del Plan director de infraestructuras, salvo en el caso de
las que están vinculadas a fondos europeos. En este sentido, nos parece
que no sólo se gasta poco dinero en la promoción de infraestructuras
físicas, en la formación bruta de capital fijo, sino que además se está
malgastando ese dinero por utilizarlo en proyectos que no son
prioritarios.
Por otro lado, en el debate en el Pleno también nos referimos, y con una
cierta extensión, a lo que está pasando con el sistema de financiación
autonómica, que va a gravitar como una pesada carga sobre los
presupuestos del Estado porque va a suponer un gasto público de casi
200.000 millones de pesetas, cantidad que tiene que allegarse al sistema
de financiación ya que en caso contrario éste se podría considerar
quebrado porque perjudicaría claramente a las Comunidades que lo han
firmado.
Por tanto, y para concluir, ¿qué está sucediendo con la política
presupuestaria del Partido Popular, que es el núcleo central de toda su
política? Que en materia de política de ingresos y política de gastos
estamos asistiendo a la configuración de un país más desigual
socialmente, con una serie de sistemas comunitarios que funcionan de
forma más ineficiente y con menos recursos. Un país más desigual
socialmente, porque disminuyen las aportaciones del Estado a los sistemas
de protección social y ésta se hace recaer en exclusiva sobre las
cotizaciones a la Seguridad Social, lo cual nos parece una opción
estratégicamente muy equivocada y que va a tener un coste a medio plazo
realmente peligroso. Un país más desigual territorialmente, porque los
objetivos del sistema de financiación no se han cumplido, y para
cumplirse se necesita que el Estado siga allegando fondos cuantiosos para
la financiación de las Comunidades Autónomas, de las cuales están
excluidos los territorios que, debido a un sistema que no funcionaba,
rechazaron el mismo.
A fin de cuentas, estamos ante un sistema más ineficiente, porque tenemos
un gasto público que el Gobierno es incapaz de controlar en lo que a las
grandes vertientes se refiere. Así, durante estos días hemos podido ver
cómo, por ejemplo, se ha reconocido la incapacidad de controlar el gasto
en el Capítulo 1, de personal, de determinados
conceptos retributivos, o el gasto en el Capítulo 2, de bienes corrientes
y servicios, que siempre suponen decenas de miles de millones de pesetas
más de lo contemplado en el presupuesto. Lo mismo sucederá en 1999, para
el que se establece una asignación de recursos en materia de
infraestructuras que no es la que necesita este país para seguir
progresando, una disminución en gasto en inversión y desarrollo, del cual
depende nuestro desarrollo a medio y largo plazo, y un recorte en el
gasto educativo que hace imposible incluso la transferencia a las
Comunidades Autónomas de los servicios educativos, transferencias que
debería haberse producido desde 1995 y que estos presupuestos hacen
imposible.
En resumen, creemos que estos presupuestos son desiguales, ineficientes,
y que no van a permitir el avance hacia la consolidación de nuestras
políticas fiscales, que deben concluir en el año 2002 con ese presupuesto
equilibrado al que estamos vinculados. Por tanto, creemos que es
necesario que exista una nueva política de ingresos y de gastos, por lo
que vetaremos estos presupuestos.
Gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señoría.
Para turno en contra, tiene la palabra el portavoz del Grupo Popular.
El señor UTRERA MORA: Gracias, señor Presidente.
Una vez oídos los argumentos que sustentan la propuesta de veto número 3,
del Grupo Parlamentario Socialista, no nos queda sino reafirmarnos en
nuestra intención de votar en contra de dicho veto, que en nuestra
opinión se sustenta sobre una valoración de los presupuestos que no se
ajusta a la realidad.
Se han mezclado muchos conceptos; algunos que me han sorprendido más, y
otros, menos, pero que en todo caso son bastante incoherentes entre sí.
Se ha hablado de un determinado escenario, el enfoque hacia el año 2002,
en el que el déficit público tiene que ser cero. Y, efectivamente, eso ya
está al alcance de nuestras manos porque la credibilidad presupuestaria
ganada durante los ejercicios anteriores --así como en el correspondiente
a 1999-- ha permitido la consolidación presupuestaria y la reducción del
déficit público, existiendo previsiones para este año inferiores al
objetivo establecido, que se situaba en el 2,1 por ciento, si no recuerdo
mal. Asimismo, en 1998 el déficit público conjunto de las
administraciones públicas y del agente Estado quedará por debajo de las
previsiones, como así ha ocurrido con otras variables macroeconómicas
esenciales.
Como digo, se adopta el enfoque del 2002, fecha en la que se dice que el
déficit público será cero. Sin embargo, no he entendido si eso le parece
adecuado o no al portavoz socialista; es decir, si quiere seguir
impulsando políticas de demanda intensas --y recordemos que en 1995
estábamos por encima del 7 por ciento del producto interior bruto de
déficit público--, o si lo que se está proponiendo es volver a las épocas
del déficit público cuantioso y alegre y, por tanto, a tipos de interés
elevados y a la situación que hemos estado viviendo hasta hace
relativamente pocos años. Pero nosotros entendemos que el enfoque hacia
el año 2002, esta consolidación gradual del déficit público, reducción
del déficit público, es precisamente el anclaje básico de la política
económica y, por tanto, de la política presupuestaria que se está
desarrollando en los últimos años.
Sobre la base de ese enfoque hacia el 2002 se nos dice que el Gobierno
está adoptando opciones equivocadas --aunque parece que se comparte el
objetivo, a pesar de que eso no se diga explícitamente-- en materia de
ingresos y en materia de gastos; es decir, que todo está equivocado. Por
lo que a los ingresos se refiere, no están de acuerdo con la reforma
fiscal del Impuesto sobre la Renta. Nosotros ya sabíamos que habría
oposición, porque en el debate que mantuvimos hace pocas semanas a tal
efecto supimos que esa reforma no satisfacía al Grupo Parlamentario
Socialista, aunque no entendemos por qué exactamente, ya que no se nos
dieron argumentos de peso y, de hecho, el programa electoral con el que
concurrieron a las elecciones de 1996 parecía indicar todo lo contrario,
es decir, que serían bastante proclives a una reforma del Impuesto sobre
la Renta como la que se ha llevado a cabo. En cualquier caso, como digo,
no están de acuerdo con la reforma del Impuesto sobre la Renta.
Tampoco lo están con que suban los impuestos, es decir, con que se esté
normalizando la situación de gran parte de la economía sumergida, del
fraude fiscal en España, que está emergiendo en forma de pagos de
impuesto sobre el valor añadido, porque el crecimiento de impuesto sobre
el valor añadido no se corresponde con incrementos de consumo ni con
incrementos de la actividad económica. Y tampoco están de acuerdo con que
aumenten las cotizaciones a la Seguridad Social, que no es que aumenten
en porcentaje, sino que eso se debe, sencillamente, a que también está
emergiendo parte de la economía oculta; por eso están aumentando las
afiliaciones a la Seguridad Social. Por tanto, no sabemos exactamente con
qué están de acuerdo. En cualquier caso, todos debemos saber que no ha
habido modificación alguna en lo que se refiere a la normativa de los
impuestos indirectos, aun cuando está aumentando su peso recaudatorio.
Pero la explicación se encontraría más bien en la regularización de toda
la economía oculta que data de hace muchos años en España y que, con la
bajada del Impuesto sobre la Renta, con la mejora de mecanismos de
gestión, así como con la propia introducción de España en la moneda
única, está emergiendo.
En cuanto a las opciones de gastos, se nos dice que todavía son peores y
se utiliza el argumento del gasto social. Estamos de nuevo ante la
amenaza de que estos presupuestos son antisociales. En este sentido, he
estado repasando las cifras del presupuesto consolidado, y aunque usted
puede referirse a un apartado concreto del Estado, a un organismo
autónomo determinado, o a la Seguridad Social, si hablamos del gasto
público total previsto para 1999, de la misma forma que del
correspondiente a 1997 y 1998, hay que decir --se trata de un dato sobre
el que podemos estar discutiendo lo que usted quiera, pero los datos son
los que son-- que el gasto social en España crece más que el resto del
gasto público.
Como digo, eso ha ocurrido en los dos años anteriores, va a ocurrir en
1999 y, por tanto, el peso del gasto social --entendiendo por tal la suma
de pensiones, educación, sanidad y prestaciones por desempleo-- va a dar
como resultado una participación mayor en el gasto público que el resto
del gasto público no financiero. Eso es así; es un hecho. ¿Por qué?
Porque en materia de sanidad el año pasado se alcanzó un acuerdo --que
incorporamos a través de una enmienda en los presupuestos para 1998
precisamente en el Senado-- que promovía una estabilidad en la
financiación sanitaria que no solamente suponía un incremento monetario
al producto interior bruto, como anteriormente, sino también aportaciones
adicionales. Asimismo, porque en educación se está haciendo un esfuerzo
notable, con crecimientos en inversiones superiores al 9 por ciento.
Por otro lado, en lo que respecta a prestaciones por desempleo,
afortunadamente, el gasto está reduciéndose porque hay menos
desempleados. Por tanto, en esa partida le doy la razón: está
disminuyendo el gasto social, pero eso no se debe a que se actúe de forma
antisocial, sino a que la causa que origina ese gasto afortunadamente se
está mitigando. Y en pensiones porque llevan una evolución y, además,
porque en las enmiendas introducidas por todos los grupos parlamentarios,
no solamente por el nuestro, se garantiza la mejora efectiva de la
capacidad adquisitiva de las pensiones, siempre y cuando las previsiones
de inflación se cumplan, como está ocurriendo estos tres años, y se
mejoren y obtengan resultados todavía mejores de inflación.
Por tanto, no comparto en absoluto su argumentación. Usted puede decir
que no está de acuerdo con los presupuestos, que están desenfocados por
alguna razón, pero no utilice el argumento del gasto social porque no es
verdad. Las cifras de evolución de ese gasto son más dinámicas que el
resto de los gastos públicos en su conjunto.
Hace dos afirmaciones paradójicas, una, que la inversión en I + D
retrocede. Que parte sea militar, estamos de acuerdo, pero el crecimiento
porcentual del gasto público en I + D se mueve en torno a cifras del 40
por ciento y el crecimiento del gasto público total es del orden del 4
por ciento.
Otra cuestión ya de más calado que usted ha señalado es sobre la
separación de fuentes financieras en la Seguridad Social. Ya hemos tenido
ocasión de debatirlo alguna otra vez, precisamente en el debate del
Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y no está de más que lo
repitamos ahora. ¿Se están utilizando cotizaciones para financiar
políticas activas de empleo? Sí. ¿Se van a seguir utilizando? Sí, pero,
además, como opción política, porque esas cotizaciones, en tanto en
cuanto no se arbitre la absoluta separación de fuentes de financiación de
la Seguridad Social y el Estado, prestaciones contributivas por un lado y
no contributivas por otro, el Gobierno y el Grupo que le sustenta han
decidido que las cotizaciones no se reduzcan de momento y que con esas
cotizaciones a la Seguridad Social se financien preferentemente políticas
activas de empleo. Yo recuerdo todavía el debate que tuvimos sobre el
Plan de Empleo del Reino de España para el año 1998 y el que tendremos
próximamente para el año 1999. Recuerden que el primero fue avalado por
la Unión Europea como uno de los mejores, junto al francés. En dicho Plan
se hacía un gran hincapié en las políticas activas de empleo. Recuerdo
cómo, desde el Grupo Parlamentario Socialista, se nos decía que todavía
nos quedábamos cortos, que había que sacar más y más recursos para las
políticas activas de empleo con formación. No recuerdo bien las cifras
previstas, creo que eran del orden de 2 millones de desempleados. Esos
recursos hay que sacarlos de algún sitio y se sacan precisamente de
cotizaciones, que no son sólo de los trabajadores --también cambia los
términos--, sino, fundamentalmente, de los empresarios. Recuerde usted
que, por ejemplo, las aportaciones a las prestaciones por desempleo son,
en un 80 por ciento, empresariales y sólo un 20 por ciento serían de
trabajadores.
En definitiva, lo que se ha decidido es que, en tanto en cuanto no se
arbitre esa separación de fuentes financieras, en lo que se está
avanzando, se utilicen esas cotizaciones para la financiación, no sólo de
políticas pasivas de empleo, sino también de políticas activas, que
previenen precisamente los gastos pasivos de pura prestación de
desempleo, lo que entendemos que es un uso más que razonable. Por tanto,
no entendemos su crítica, pero, a lo mejor, ustedes propondrían un
aumento de impuestos, una reducción de cotizaciones en sentido
equivalente, etcétera. Expliquen cuál es su alternativa porque no la
entendemos. La nuestra es ésta y es la que está plasmada en los
presupuestos. Si tienen otra distinta explíquennos cuál es y la podríamos
estudiar y analizar.
Por último, por referirme sólo a algunas de sus reflexiones, no le he
oído decir que las inversiones en infraestructuras sean pocas, porque en
realidad no lo son, ya que las inversiones del Capítulo VI crecen a tasas
por encima del 10 por ciento en relación a un crecimiento de un gasto
conjunto del 4.3 por ciento. Qué duda cabe que usted no podía decir que
era insuficiente. Pero saca un concepto extraño, que es que se está
dedicando a proyectos no prioritarios. Me gustaría saber cuáles son,
explicíteme cuál es no prioritario para que podamos decir a los
ciudadanos de Castilla-La Mancha o a los de Castilla y León que algunos
proyectos, como autovías que se están realizando, no son proyectos
prioritarios para el Grupo Parlamentario Socialista y que el Gobierno,
por tanto, está desenfocando el gasto público realizando, por ejemplo, el
cierre, que hemos tenido ocasión de inaugurar la semana pasada, de la
autovía Madrid-Valencia --que a lo mejor para usted no era prioritario--,
que ha empleado más de 25.000 millones de pesetas y que llevaba ocho años
pendiente por disputas --me gustaría decirle que lo considere en los
términos en los que se lo estoy diciendo, amistosamente-- entre líderes
socialistas.
Consecuentemente, defíname qué son proyectos no prioritarios, qué
significa ese concepto y, sobre todo, para que lo conozcan los
ciudadanos, porque parece que estamos relegando inversiones absolutamente
esenciales para hacer otras superfluas y nos gustaría saber cuáles son.
Por lo demás, quiero agradecer los argumentos que aquí esboza,
solicitarle que plantee alternativas, que nosotros
nos ofrecemos a estudiar, pero, en todo caso, la propuesta de veto la
votaremos en contra.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.
Tiene la palabra el señor Granado Martínez para un breve turno de
rectificación.
El señor GRANADO MARTINEZ: Muchas gracias, señor Presidente.
Simplemente quiero comentar algunas de las cuestiones que tendremos
ocasión de debatir más extensamente en el Pleno del día 14.
En primer lugar, en cuanto a la situación de bonanza económica, sobre la
afloración de dinero negro, que es un hecho indiscutible y que se está
produciendo en todos los países que se van a incorporar a la tercera fase
de la Unión Económica y Monetaria, simplemente quiero señalar que dicha
afloración, que es la que explica mayores recaudaciones en impuestos
indirectos y el crecimiento importante de la demanda interna de nuestro
país, no está, precisamente, otorgando al Estado mayores recursos por la
mejor gestión de la Agencia Tributaria y, en general, del Gobierno,
porque los datos de la Intervención son bastante tozudos y, precisamente,
lo recaudado por liquidaciones, autoliquidaciones y, en general, por la
lucha contra el fraude fiscal, es menor en lo que va de año 1998 que lo
recaudado en 1995 ó 1996 y la previsión que hace los presupuestos del año
1999 es que esta recaudación sea todavía menor. Y, si no, que se
comprueben las cifras de ingresos que se prevén para la Agencia
Tributaria en el ejercicio 1999.
En segundo lugar, voy a tratar el tema de los impuestos y las
cotizaciones sociales y haré alguna referencia genérica al gasto social.
La opción presupuestaria del Partido Popular es disminuir los impuestos
directos en este país y que sigan creciendo los indirectos y las
cotizaciones sociales, lo que nos parece equivocado, en la misma medida
en que nos parece equivocado que, en contra de lo que viene a recoger el
Pacto de Toledo, sean esas cotizaciones sociales las que financian los
incentivos al empleo y no la fiscalidad general. El Partido Popular ha
disminuido la fiscalidad sobre los beneficios empresariales y la
tributación de las rentas empresariales, no sólo en el Impuesto sobre la
Renta de las Personas Físicas, sino también en el Impuesto sobre
Sociedades y otros, encontrándose en consecuencia con que deben seguir
soportando las cotizaciones sociales las prestaciones no contributivas,
tanto de la cobertura del desempleo, como de los incentivos a la
generación de nuevo empleo.
Y ésa no es nuestra opción, que es la del Pacto de Toledo, que debe ser
la fiscalidad general la que soporte las prestaciones no contributivas
del sistema de protección al desempleo o del de pensiones de la Seguridad
Social, para lo que es necesario que nuestro sistema fiscal y nuestros
impuestos directos tengan la recaudación que el propio Gobierno ha
previsto como razonable para los sucesivos presupuestos en 1997, en 1998
y en 1999, pero como no se consigue la tributación que se preveía por
impuestos directos, deben seguir sufragando las prestaciones no
contributivas las cotizaciones sociales.
En este sentido quiero señalar las diferencias en política fiscal cuando
gobierna el centro izquierda y la derecha, que son apreciables en los
Estados Unidos, en el Reino Unido, en Alemania o en España. En la década
de los ochenta este país también vivió una época de gran bonanza
económica, pero durante los años ochenta las contribuciones, las
aportaciones del presupuesto del Estado a los sistemas de protección
social crecieron en términos de producto interior bruto y en la década de
los noventa, desde que gobierna el Partido Popular, desde el año 1995,
disminuyen.
¿Disminuye el gasto social contemplado globalmente? No se incrementa
demasiado, pero no disminuye porque las cotizaciones sociales están
soportando el gasto social en este país. Sin embargo, las aportaciones
del Estado a los sistemas de protección social disminuyen. Al revés de lo
que pasó en los años ochenta, que las aportaciones del presupuesto del
Estado a los sistemas de protección social se incrementaron. Y si no se
utiliza la bonanza económica para que esto sea así, al final tendremos un
sistema cada vez más desequilibrado, en el que, en términos de
presupuesto consolidado, precisamente el peso de las cotizaciones
sociales sube, mientras que el de los ingresos tributarios y, en
particular, de los directos, baja. Es un sistema más desigual. Es un
sistema que plantea, además, la sostenibilidad de nuestra protección
social en umbrales muy altos. Si vivimos en una época de menor progreso
económico, las pensiones de los jubilados o el sistema sanitario se
pueden ver realmente perjudicados porque son las cotizaciones sociales
las que están soportando el mayor peso del sistema. Así, es posible que
cuando disminuye el número de desempleados disminuya también el número de
desempleados con prestación. Está disminuyendo la cobertura del
desempleo, al contrario de lo que pasó en los años ochenta. Y así es
posible que el peso de las cotizaciones sea cada vez mayor en el sistema
de Seguridad Social, a pesar de que se esté produciendo teóricamente la
separación de fuentes, cosa que tampoco sucedía en los años ochenta, ni
siquiera en los años de mayor bonanza económica en los que las
cotizaciones crecieron muy por encima de lo que están creciendo,
precisamente, en los años 1998 ó 1997.
En materia de inversión en infraestructuras el Senador Utrera ha puesto
en mi boca una afirmación que yo no he hecho. Yo he dicho --y además lo
reconoce el propio presupuesto-- que las inversiones están disminuyendo
en términos de relación con el producto interior bruto y también en
pesetas corrientes. La formación bruta de capital fijo va a ser menor en
el presupuesto de 1999 que en el presupuesto de 1995, en pesetas
corrientes. Es decir, no estamos descontando el efecto de la inflación.
Los empleos totales de capital en el presupuesto de 1999 van a ser
inferiores a los del presupuesto de 1995. Pero además de haberse
producido una disminución en esos términos --esto ha venido sucediendo
desde mediados del año 1996 de manera constante, pues en este año hubo
una caída del 40 por ciento y las recuperaciones que
está habiendo son absolutamente insuficientes para compensar esa caída--,
hemos de señalar cómo determinados proyectos de inversión, que eran
considerados prioritarios en el Plan Director de Infraestructuras, se
retrasan un año más. Se retrasa un año más la política hidráulica
--confiamos en que llueva--; se retrasan obras consideradas prioritarias
o, simplemente, no se consideran. Y al final, nos encontramos con que
para compensar estos retrasos y estos incrementos de la inversión
insuficientes o estas caídas de la inversión, si lo medimos en relación
con el Producto Interior Bruto --no hay más que ver cómo se está
ejecutando el presupuesto de 1998, con un crecimiento de la inversión
pública menor a la mitad de lo previsto--, tenemos que oír que se han
inaugurado autovías de 350 kilómetros cuando lo único que han inaugurado
son tramos de 25. En este sentido, la autovía Madrid-Valencia es un buen
ejemplo de cómo este Gobierno se atribuye como propias el 90 por ciento
de las realizaciones de gobiernos anteriores y de cómo vende tramos de 20
ó 25 kilómetros como grandes contribuciones al desarrollo del país, que
lo son. ¡Enhorabuena! Le damos la enhorabuena por estas inauguraciones,
pero hemos de resaltar que, a veces, tenemos cierta tendencia --la
intervención del Senador Utrera es un buen ejemplo-- a colgarnos medallas
que no nos corresponden porque, realmente, poco hay en el medallero que
nos podamos colgar legítimamente.
Nada más y muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias.
Tiene la palabra el Senador Utrera.
El señor UTRERA MORA: Muchas gracias, señor Presidente.
Voy a realizar una muy breve intervención para puntualizar tres de las
cuestiones que se han tratado. Empezaré por la última, por la autovía.
Cada uno se coloca las medallas que puede y las que quiere. En mi
intervención y también en las del Gobierno ha quedado muy claro que lo
que se ha hecho es cerrar la autovía Madrid-Valencia, es decir,
finalizarla. Pero ocurre que, a veces, finalizar algo es hacer ese algo
operativo. Si no se ultiman los tramos de una autovía es como si ésta
casi no existiera o, por lo menos, no generara los rendimientos que se
esperan de ella. Y eso es lo sorprendente. Sorprende que durante tantos
años haya estado detenido un proyecto, importante en su magnitud
financiera y delicado en cuanto a la naturaleza de los proyectos de
ingeniería que requería, de 20 ó 25 kilómetros --como usted dice, aunque
son algunos más-- de cierre de una autovía que, efectivamente,
congestionaba las comunicaciones de la tercera ciudad de España con la
capital, lo cual era sorprendente porque no permitía la dinamización de
una determinada región de España. De esto supongo que sabe mucho el
Presidente de la Comisión. Por lo tanto, dejémoslo ahí: medallas, a cada
uno las que les corresponde. Yo he hablado de cierre de la autovía y no
tengo empacho en reconocer que, efectivamente, se han hecho muchos
kilómetros de autovía durante la época socialista, como también se han
hecho durante los últimos años de Gobierno del Partido Popular.
Segunda cuestión: separación de fuentes de la Seguridad Social. Tal como
usted lo plantea, Senador Granado, comprendo que me diga que su opción es
que hay que reducir las cotizaciones, fundamentalmente --se lo vuelvo a
repetir-- las empresariales, que es la implicación de lo que usted está
diciendo, y que hay que aumentar los impuestos para separar absolutamente
las fuentes de financiación del gasto de aseguramiento social: lo que sea
contributivo iría a cargo de los afiliados al sistema, de los asegurados,
y, por tanto, a cargo de las cotizaciones y lo no contributivo, lo
general o lo universalizado iría a cargo de los Presupuestos Generales
del Estado, de los impuestos que pagamos todos los españoles. Esto está
acordado en el Pacto de Toledo. Esto es irreprochable conceptualmente. Lo
que nos gustaría saber es en cuánto bajamos las cotizaciones, cuál es su
propuesta concreta para bajar las cotizaciones y para subir los
impuestos.
Usted plantea un debate que no es real. Por ejemplo, hablemos de la
sanidad. Estará usted de acuerdo con que la sanidad es un servicio
universalizado y, por tanto, no contributivo. Es un servicio que tiene
que ser financiado presupuestariamente y no por cotizaciones al sistema
de Seguridad Social. ¿Estamos de acuerdo en eso?
Año 1995. Las aportaciones del Estado a la Seguridad Social --ustedes
decían que durante los gobiernos socialistas estaban muy satisfechos de
las aportaciones del Estado a la Seguridad Social-- ascienden a 2,49
billones de pesetas. Las aportaciones del Estado al Insalud, al sistema
sanitario, las cotizaciones sociales, ascienden a 658.000 millones de
pesetas, es decir, parte del total de los gastos de Insalud, una parte
sustancial, estos 658.000 millones, proceden de las cotizaciones a la
Seguridad Social. He de prevenirle de que éste es uno de los datos más
altos. En el año 1995 se tiró muy fuerte de las cotizaciones sociales
para financiar el Insalud.
Llegamos a los presupuestos del año 1998, con el acuerdo de financiación
que se adoptó a finales del 1997. Las aportaciones del Estado al Insalud,
por tanto, financiación del Insalud a través de los Presupuestos
Generales del Estado, asciende a tres billones 635.000 millones de
pesetas; es decir, ya hemos aumentado en términos absolutos más de un
billón 200.000 millones de pesetas entre los años 1995 y 1998.
Año 1999. El Estado aporta casi 4 billones de pesetas al Insalud, al
sistema sanitario. En el año 1998 las cotizaciones sociales afectadas al
servicio sanitario ascienden a tan sólo 103.000 millones de pesetas; es
decir, tan sólo 103.000 millones frente a los 658.000 del año 1995.
Año 1999. ¿Sabe usted cuánto se afecta al sistema sanitario de
cotizaciones sociales? Cero, ni una sola peseta. Precisamente, en
servicio sanitario la separación de fuentes de financiación se hace
efectiva en el año 1999.
Ese es el resultado de los acuerdos del Pacto de Toledo y de los acuerdos
para la aplicación gradual de esa separación de fuentes. Por lo tanto, no
nos debería de extrañar a ninguno. Esto es así. Estaba acordado hace dos
años que esto fuera así, que en el año 1999 las aportaciones de
cotizaciones a la financiación de uno de los grandes servicios
universalizados y, por tanto, no contributivos, que es la sanidad,
se realizara exclusivamente con impuestos del Estado.
Todavía quedan otras políticas, como los complementos de mínimos de
pensiones, las subvenciones a la contratación y, por lo tanto, las
políticas activas de fomento de empleo, si las aportaciones del sistema
de cotizaciones a la Seguridad Social todavía son efectivas --aunque
vayan disminuyendo-- y existen servicios que no son estrictamente
contributivos. Estamos de acuerdo, pero plantéelo usted en esos términos;
es decir, se está avanzando en la separación de fuentes, se está haciendo
lo que estaba previsto, pero en modo alguno este Gobierno y este Grupo
Parlamentario están inventando la financiación de políticas activas de
empleo, de complementos de mínimos ni de sanidad, porque esas tres
cuestiones ustedes las financiaban con cotizaciones de la Seguridad
Social y en un grado mucho mayor del que se hace ahora.
Por lo tanto, en esta materia hay un acuerdo básico, y no entendemos por
qué ustedes lo sacan a pasear cada vez que debatimos los Presupuestos y
mucho más cada vez que nos confrontamos en elecciones generales, donde
sacan a pasear los problemas de la Seguridad Social y el pago de las
pensiones. Como todo ello es --permítame que lo califique así-- un cuento
de viejas, algo bastante superado en la mentalidad de los españoles, no
tergiverse usted la información.
¿Que a ustedes les gustaría que la separación de fuentes de financiación
fuera efectiva ya, en su totalidad, en el año 1999? De acuerdo. Proponga
usted los aumentos impositivos correspondientes, proponga la reducción de
cotizaciones correspondientes, hagan una propuesta, pero no se limiten a
criticar un proceso que está en marcha, que está acordado, de disminución
gradual de aporte de financiación mediante cotizaciones a la Seguridad
Social a financiación de servicios que no constituyen beneficios
específicos de los cotizantes de afiliados al sistema, porque como está
acordado y es así, entendemos que toda su argumentación no es que sea
falaz, es que podría interpretarse como demagógica. Nosotros estamos en
un proceso, ese proceso gradual se está realizando --podrán ustedes estar
o no de acuerdo--, pero si no lo están propongan alternativas.
Por último, en relación con la Agencia Estatal de la Administración
tributaria y las opciones de impuestos directos, impuestos indirectos y
cotizaciones a la Seguridad Social, estimo que está suficientemente
debatido. Hemos superado ya la fase en la cual se pensaba que los
impuestos directos eran más equitativos, más justos que los indirectos o
al revés. No me gustaría tener un debate teórico sobre la eficacia o
equidad relativa de unos impuestos y de otros, porque puede ocurrir que
unos impuestos indirectos, como el Impuesto sobre el Valor Añadido, que
deja sin gravamen --o con uno muy reducido-- a productos de primera
necesidad y somete a un gravamen normal, elevado, a productos corrientes,
a lo mejor es bastante más progresivo en la cesta de la compra de
unidades familiares de muy bajo poder adquisitivo, y puede resultar en sí
mismo bastante más progresivo o más equitativo que otros impuestos
aparentemente muy progresivos, como el Impuesto sobre la Renta de las
Personas Físicas, si no existen instrumentos de control y se legisla como
a veces se hace, dando como resultado que grandes contribuyentes nunca
tributan por el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, sino que
lo hacen mediante formas societarias o incluso tributan fuera de España y
en paraísos fiscales, cosa que con la reforma del Impuesto sobre la Renta
de las Personas Físicas se ha corregido hasta cierto punto.
Yo personalmente no comparto esos tópicos tan manidos de que la
imposición directa es buena y la imposición indirecta es mala, y el
Gobierno tampoco, porque lo que estamos haciendo es no incrementar los
impuestos indirectos --Senador Granado, no ha aumentado el Impuesto sobre
el Valor Añadido--. Le puedo recordar que hubo años en los que se tuvo
que incrementar este impuesto, y tuvo que hacerse a pesar del efecto
inflacionista que tuvieran esos impuestos, porque hacía falta dinero para
cubrir un déficit público que, además, se estaba incrementando muy
rápidamente.
Pues bien, no hay una modificación normativa en el Impuesto sobre el
Valor Añadido ni en ningún impuesto, salvo en los impuestos de
hidrocarburos, que se actualiza conforme a la inflación. Le recuerdo que
es un impuesto sobre el volumen y, por lo tanto, o se actualizan o los
impuestos caen en su peso, por lo que se ha decidido mantenerlos
sencillamente.
En consecuencia, no hay ninguna variación normativa de aumento de la
presión fiscal indirecta sobre los contribuyentes. Sí ha habido una
opción de reforma de la imposición directa, concretamente del Impuesto
sobre la Renta de las Personas Físicas, para reducirla, y lo hemos hecho
y estamos muy orgullosos de ello. También estamos muy orgullosos por la
eficacia que está teniendo la reducción de la fiscalidad sobre la pequeña
y mediana empresa en España, y los efectos sobre el empleo y el
crecimiento es evidente para todos.
La política fiscal forma parte del conjunto de la política económica del
Gobierno y, naturalmente, usted no ha hablado de cuánto empleo se está
creando, de cómo se está conteniendo la tasa de inflación y no ha hablado
--quizá no le convenía-- de cómo ahora, en el contexto europeo, España
está considerada como un país que lidera o se incorpora a ese gran grupo
de cabeza de la Unión Monetaria, con unos equilibrios presupuestarios más
que razonables; es decir, usted no ha hablado de lo que no le interesaba.
Yo lo comprendo y tampoco he querido extenderme en ello, pero ha
planteado unas críticas que francamente entiendo que son superficiales.
En el caso de la separación de fuentes de la financiación de la Seguridad
Social, le sugeriría que repasara sus conceptos o, alternativamente, que
presentara propuestas más contundentes.
Gracias, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Abrimos un brevísimo turno de portavoces.
¿Grupo Parlamentario Mixto? (Pausa.)
¿Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos? (Pausa.)
Por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió,
tiene la palabra el señor Cambra.
El señor CAMBRA I SANCHEZ: Muchas gracias, señor Presidente.
Muy brevemente deseo manifestar que el Grupo Parlamentario Catalán en el
Senado de Convergència i Unió va a votar en contra de las cuatro
propuestas de veto que se han presentado. Es conocida nuestra posición de
apoyo a estos Presupuestos. En años anteriores ya manifestamos que la
línea que se estaba siguiendo globalmente de reducción del déficit y
cumplimiento con la convergencia monetaria era la correcta, no en sí por
este objetivo, sino porque era la línea correcta de la política económica
a seguir.
Entendemos que con estos Presupuestos se mantiene el objetivo de descenso
del déficit, incrementando de hecho la participación de los gastos
sociales entre los gastos globales no financieros, y se recupera el
incremento de inversiones en infraestructura. Asimismo, consideramos que
otro aspecto significativo para este año 1999, como es la reforma fiscal
del IRPF, se produce en un momento en el que la coyuntura lo permite,
compensándose además con un apartado, que nos ha citado, de gran
transcendencia, como es el descenso de los tipos de interés y su
repercusión en las cuentas públicas.
Por lo tanto, analizando globalmente la coyuntura y la orientación de los
Presupuestos, nuestro Grupo va a votar en contra de estos vetos y, en
consecuencia, muestra su apoyo a estos Presupuestos.
Nada más y muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.
Tiene la palabra el Grupo Parlamentario Socialista.
El señor GRANADO MARTINEZ: Gracias, señor Presidente.
Intervengo simplemente para contestar algunas de las afirmaciones del
Senador Utrera.
Suelo preciarme de utilizar cifras precisas y, en este sentido, me
gustaría que el Senador Utrera contestara si es o no verdad lo que voy a
manifestar, ya que considero que es él el que tiene dos confusiones.
La primera confusión es pensar que porque las aportaciones del Estado
sean suficientes para cubrir el presupuesto del sistema sanitario, el
presupuesto del Estado incrementa su aportación a los sistemas de
protección social, y esto no es así. En los años 1994 ó 1995 las
aportaciones que hacía el Estado al conjunto de los sistemas de
protección social en España ya eran suficientes y superiores al
presupuesto del sistema sanitario. Lo que sucede es que el Estado, que
destinaba en el año 1995 --por dar una última cifra-- 3,9 billones de
pesetas como aportación al conjunto de los sistemas de protección social,
mantenía las prestaciones no contributivas del sistema de desempleo y
aportaba además centenares de miles de millones de pesetas al sistema de
pensiones de la Seguridad Social.
¿Qué es lo que ha hecho el Gobierno del Partido Popular? En primer lugar,
disminuir, en términos de Producto Interior Bruto, el conjunto de las
aportaciones. Por dar una cifra global, estas aportaciones, que eran de
3,9 billones de pesetas en el presupuesto de 1995, en el presupuesto de
1999 van a ser de 4,4 billones de pesetas. Se puede decir que han crecido
en cuatro años, de 1995 a 1999, un 14 por ciento. En esos mismos cuatro
años, el Producto Interior Bruto, en términos nominales, ha crecido más
del 25 por ciento.
¿Qué es lo que ha hecho el Partido Popular? Incrementar las aportaciones
del Estado al presupuesto de la sanidad, disminuyendo las aportaciones al
sistema de desempleo y disminuyendo las aportaciones a las pensiones
mínimas de la Seguridad Social. Es decir, las cotizaciones de los
trabajadores --por cierto, sobre las cotizaciones que realizan los
empresarios por tener trabajadores por cuenta ajena hay abundante
jurisprudencia en todos nuestros tribunales de Justicia que dicen que
también son renta de los trabajadores, es decir, son cotizaciones de
empresarios pero también son renta de los trabajadores-- en el
Presupuesto del año 1999 tienen que pagar todas las cuantías de mínimos
no contributivas del Sistema de la Seguridad Social, porque se ha
disminuido en centenares de miles de millones de pesetas. Las
aportaciones que ahora hace el Estado en los presupuestos a las pensiones
mínimas son de 16.000 millones. Además, las cotizaciones de los
trabajadores y de los empresarios por cuenta de los trabajadores tienen
que soportar las prestaciones no contributivas del sistema de desempleo
que, por cierto, están disminuyendo su margen de cobertura. Es decir,
cada vez tenemos un mayor porcentaje de desempleados sin cobertura en
este país, a pesar de que disminuye en términos absolutos el número de
desempleados.
Y con el ahorro que obtenemos de disminuir ambas aportaciones del
presupuesto del Estado, incrementamos las aportaciones del Estado al
presupuesto de la sanidad. Lo incrementamos además, porque nuestro
sistema sanitario funciona mal, porque ahí se dijo que se iba a generar
un ahorro farmacéutico, que no se ha producido, y porque tenemos que
incrementar los conciertos con el sector privado para cubrir el déficit
de funcionamiento de nuestro sistema sanitario público. Porque todo hay
que decirlo, a veces hay un incremento del gasto sanitario que no es
simplemente mejora en los servicios sanitarios que recibe la población,
sino, sencillamente, empeoramiento del funcionamiento del sistema y tener
que allegar más fondos para cubrir este empeoramiento en el
funcionamiento del sistema.
La conclusión final es que cada vez tenemos un presupuesto del Estado que
aporta menos en términos de Producto Interior Bruto a los sistemas de
protección social, que deben soportarse cada vez en mayor medida sobre
las cotizaciones.
Y se dice --y ésta es la segunda confusión-- presenten ustedes una
alternativa. Senador Utrera, la alternativa está en nuestras enmiendas;
porque nosotros no hemos tenido ningún empacho en presentar enmiendas
equilibrando los estados de ingresos y de gastos. Lo haremos con torpeza,
pero por lo menos lo hemos hecho; ustedes en la oposición no lo hicieron
nunca, nunca tuvieron ni el más mínimo atisbo de intención de sugerir
equilibrar los presupuestos de ingresos y de gastos. Ustedes
presupuestaban menos ingresos y más gastos sin ningún empacho. Nosotros
intentamos equilibrar el presupuesto de ingresos y el de gastos.
¿Cómo? Incrementando la tributación sobre los beneficios; no estamos de
acuerdo con que baje el Impuesto sobre Sociedades, no estamos de acuerdo
con que baje el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas
fundamentalmente para los empresarios y para los contribuyentes con mayor
renta. Eso sí, lógicamente permite al Estado cubrir la parte no
contributiva del sistema y permite incrementos de las aportaciones del
presupuesto del Estado a la Seguridad Social, al sistema sanitario y a
las cotizaciones por desempleo.
¿Es posible que esta política económica sea acertada o desacertada? Esta
es una cuestión que es imposible de comprobar hasta que los socialistas
volvamos a ganar las elecciones. En cualquier caso, lo que es evidente es
que en su política se produce una situación de una cierta complejidad, y
es que deben ser precisamente las cotizaciones de los trabajadores, de
los que están ya trabajando, las que financien los incentivos a la
contratación de aquellas personas --por primera vez en la historia de
España se va a dar en el año 1999-- que van a entrar a trabajar, con lo
cual resulta que un gasto asociado al factor empleo es el que debe
incentivar el mayor desarrollo del factor empleo.
Usted me dice: presenten ustedes una alternativa; pero si la alternativa
ya existe; la alternativa es que no es posible bajar los impuestos en la
medida en que ustedes lo están haciendo, sobre todo para determinados
estratos de renta, cuando se incrementan las cotizaciones sociales. A
nosotros nos gustaría --como el año en que se incrementó el IVA para
disminuir las cotizaciones a la Seguridad Social-- que volviera a
producirse un equilibrio global del sistema, que las cotizaciones
disminuyesen su peso porcentual y que lo incrementaran los impuestos
pagados por todos los ciudadanos.
Evidentemente ésta es una política económica diferente, como son
diferentes las políticas de Clinton y de los republicanos en Estados
Unidos. Los republicanos querían bajar el impuesto sobre la renta y
Clinton quería mejorar la protección social. O es diferente la política
del señor Blair de la de la señora Thatcher, o es diferente la política
del señor SchrÜder de la del señor Kohl, son las diferencias de opciones
políticas. Nosotros pensamos que nuestra política es más justa. Ustedes
deben defender el mayor grado de justicia de sus políticas sociales, que
son políticas basadas en hacer pagar a los trabajadores más cotizaciones
para que otras personas paguen menos impuestos, así disminuir las
aportaciones del Estado a los sistemas de protección social, y conseguir
un país más desigual.
¿Todo eso consigue además que el sistema funcione con mayor eficiencia?
En cuanto al sistema sanitario ya hemos descubierto que no. Hay que
producir reformas de última hora para corregir todo el enorme disparate
de los dos últimos años.
En cuanto al sistema de Seguridad Social, estamos poniendo a revisión el
Pacto de Toledo. Yo no me voy a atribuir aquí ningún protagonismo
especial del Partido Socialista en un pacto, que se firmó con un Gobierno
socialista, porque es un acuerdo de todos los grupos políticos;
simplemente, lo que se dice en el Pacto de Toledo no se está cumpliendo,
y a usted le parece utópico que se cumpla. Es lo que ha venido a indicar
en su intervención. En cuanto al sistema de desempleo no parece muy
razonable que disminuyendo el número de desempleados en este país, no se
incremente la cobertura de las prestaciones por desempleo y, por contra,
las prestaciones no contributivas del sistema deban estar soportadas por
las cotizaciones de los trabajadores, pero esto es lo que están
produciendo sus políticas.
Para terminar, en materia de infraestructuras me gustaría saber si es
verdad o no que la formación bruta de capital fijo y los empleos de
capital del presupuesto de 1999 van a ser menores o mayores que los del
año 1995. Van a ser menores, lo reconoce el propio presupuesto,
simplemente comprobando el presupuesto de 1995 liquidado y la previsión
presupuestaria del año 1999. ¿Esa es una política que nos acerca al resto
de los países europeos en términos de convergencia real? No lo es,
estamos produciendo aquí ahorros aparentes, estamos produciendo en la
práctica desinversiones masivas, estamos produciendo en la práctica un
país menos equitativo desde el punto de vista fiscal y, encima, tenemos
que aceptar que se nos diga que no presentamos alternativas. La
alternativa se la están presentando ustedes constantemente porque se
enmiendan a sí mismos con una notable facilidad; ahora es el sistema
sanitario, el año pasado fue otro tipo de actuaciones con el mismo
sistema sanitario; al final, es su propia política la que carece de
alternativas en ustedes mismos, porque ustedes están teniendo que hacer
una política a corto plazo que intenta rectificar sus errores inmediatos.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias.
Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el señor Utrera.
El señor UTRERA MORA: Muchas gracias, señor Presidente.
Agradezco el apoyo explícito de Convergència i Unió al presupuesto
presentado por el Gobierno y, por tanto, su voto negativo a los vetos.
Respecto a los últimos argumentos utilizados por el portavoz del Grupo
Parlamentario Socialista, poco más hay que añadir a lo que antes he
señalado, pero sí quiero reiterar dos cuestiones. Se están argumentando
muchas cosas, creo que usted está mezclando conceptos heterogéneos,
dispares. Cuando habla de aumentos de cotizaciones de los trabajadores,
vuelvo a repetirle que no son de los trabajadores, puesto que la mayor
parte de las mismas corresponden a empresarios, y también los aumentos de
cotizaciones se refieren a la temporalidad. Es decir, son precisamente
los contratos de trabajo temporales por tiempo definido los que van
aumentando sus cotizaciones, pero no tanto por los ingresos que eso
suponga, ni por su capacidad de financiación del sistema, sino como una
señal clara de la política de empleo del Gobierno, que trata de frenar la
temporalidad --recuerde usted que más de un 30 por ciento del total de
activos lo son en forma temporal-- fomentando otras fórmulas de
contratación, indefinidas siempre, pero a tiempo completo o a tiempo
parcial, y en esos casos no hay aumento alguno de cotizaciones.
En segundo lugar, usted está haciendo muy flaco favor a la información
sobre qué está ocurriendo con la separación de fuentes de financiación.
Usted dice que efectivamente aumenta, lo ha reconocido, pues si solamente
a la sanidad se destinan 4 billones de pesetas en el ejercicio 1999 en
estos presupuestos que estamos debatiendo, difícilmente puede argumentar
que no han aumentado, cuando en el año 1995 el total de todas las
aportaciones del Estado al total del sistema de Seguridad Social no
llegaba a esa cifra. Por tanto, efectivamente usted está reconociendo ya
que aumenta; ahora dice: aumenta un poco menos que el Producto Interior
Bruto; efectivamente todo el gasto público ha aumentado bastante menos
que el Producto Interior Bruto y, de hecho, la mayor parte de las
partidas de gasto público han crecido bastante menos que las aportaciones
al sistema de aseguramiento social. Pero es que, además, vuelvo a
repetirle, se ha individualizado un sistema claramente universalizado,
que se mantiene en los términos en los que se ha definido socialmente:
sanidad pública, universal. Se mantiene la financiación exclusivamente
pública presupuestaria, con lo cual creo que se ha dado un gran paso en
el año 1999.
Usted, en lugar de reconocer ese gran paso que se ha dado, con una
separación estricta de fuentes, etcétera, lo que me contesta es que en lo
demás no. Pero, efectivamente, se está avanzando en esa línea, ya se ha
conseguido en la sanidad, y para presupuestos siguientes, hasta el año
2002, existe el compromiso de que se vayan separando todas las fuentes de
financiación. Desde una perspectiva financiera, el proceso se está
llevando a cabo ordenadamente y buena prueba de ello es que se está
reduciendo el déficit público, estamos cumpliendo nuestro programa de
convergencia europea y lo estamos haciendo sin excesivas tensiones. Según
los indicadores macroeconómicos, los llamados fundamentales, estamos en
línea con lo que se está haciendo fuera, con todos los programas de
estabilidad que hay fuera, y lo estamos haciendo --repito-- sin
tensiones.
Creo que no debe sorprender a nadie el que una parte de las aportaciones
se dedique a financiar políticas activas de empleo, porque ahí es donde
está la clave. Usted dice que el total de aportaciones del Estado al
sistema de previsión social no está aumentando lo suficiente. Pero está
olvidando un dato fundamental y es que en los últimos dos años y medio se
ha creado prácticamente un millón de nuevos puestos de trabajo en España
--estamos hablando de un millón de puestos de trabajo nuevos--. Le
recuerdo a usted que durante los primeros años noventa, aproximadamente
en dos años y medio, se vinieron a destruir del orden de 800.000 puestos
de trabajo. Ahora se está creando un millón, en lo que algo tendrá que
ver la política económica, además de la propia bonanza internacional.
Con esta creación de empleo qué duda cabe que se reducen los
requerimientos financieros del sistema de prestaciones pasivas, es decir,
los pagos por desempleo del sistema de Seguridad Social y, concretamente,
del Instituto Nacional de Empleo. Hay dos opciones: o se bajan las
cotizaciones y ajustamos los pagos por prestaciones por desempleo a éstas
--podría ser una opción-- o, como usted apunta, no se reducen las
cotizaciones --y usted no lo ha explicado bien--, sino que se aumentan
las prestaciones por desempleo, es decir, incidimos en políticas pasivas
de empleo, damos más prestaciones a los desempleados, lo cual, por otra
parte, se compadece muy poco con las socialdemocracias modernas europeas,
por ejemplo, la socialdemocracia inglesa, respecto de las que conocerá
usted todas las propuestas de la tercera vía, por cierto, firmadas y
prologadas por su candidato a la Presidencia, el señor Borrell, en el
último librito que ha salido publicado sobre la tercera vía, donde se
insiste precisamente en eso, en que las políticas pasivas de empleo han
de estar siempre condicionadas a las políticas activas, de forma que no
se puede crear un desestímulo a la incorporación al mercado de trabajo
mediante la insistencia en políticas pasivas, es decir, pagos de
prestaciones. Por el contrario, hay que desplazar la intervención
pública, que es necesaria, hacia políticas activas, es decir, dar
formación, subvencionar la contratación, etcétera.
Y que eso se haga con el presupuesto del INEM o directamente mediante
impuestos en los Presupuestos Generales del Estado es una cuestión que se
podría debatir. Este Gobierno, en lugar de reequilibrar las cuentas del
INEM bajando las cotizaciones de empresarios --fundamentalmente de
empresarios--, ha optado por recuperar parte de esos fondos y utilizarlo
en políticas activas de empleo. Es una opción política, que entendemos
muy adecuada y que ustedes entienden que no lo es. Pero no derive de ahí
argumentos extraños, como que se están pisoteando derechos, o que se está
maltratando el sistema de aseguramiento social. Es decir, argumentos tan
fuertes como los que usted utiliza no se corresponden con la realidad de
los hechos.
Y en cuanto a que no crezcan al ritmo del PIB las aportaciones al sistema
de aseguramiento social, se lo acabo de decir: como se está creando
empleo y no hay requerimiento --recuerde usted cómo entre los años 1992 y
1995 hubo que echar mucho dinero en el INEM porque las cotizaciones no
eran bastantes para pagar las prestaciones por desempleo que se estaban
generando como consecuencia de la destrucción de empleo--, en estos
momentos, afortunadamente --nosotros esperamos que este proceso dure
algunos años más--, estamos viviendo una situación diametralmente
opuesta, es decir, las cotizaciones al sistema de desempleo al INEM son
suficientes para pagar prestaciones y, además, suficientes para financiar
políticas activas de empleo. Y por esa razón se están financiando
políticas activas de empleo. Y creo que ésta es una opción política, pero
poco más, y no cabe sacar esas conclusiones descarnadas a las que usted
se refería.
A las demás argumentaciones no voy a contestar. Entendemos que ustedes
formulen un veto, que lo apoyen en este momento, pero ustedes entenderán
también por qué nosotros nos oponemos a él, porque estamos convencidos no
solamente de que este presupuesto es adecuado, sino de que, además,
continúa la línea de racionalización y eficacia del gasto público de años
anteriores.
Dice usted que en el gasto sanitario --y con esto concluyo-- nos estamos
enmendando continuamente. Eso también es forzar los argumentos. A finales
del año 1997
--y, por tanto, con eficacia para el año 1998--, cumplía el quinquenio,
el período de financiación de la sanidad en España --lo mismo que la
financiación de las haciendas locales o de las Comunidades Autónomas se
hace por períodos, en este caso cuatrienales--. Ese período vencía y
había que renegociar un nuevo sistema de financiación de la sanidad para
el año 1998 y sucesivos. Así se hizo y, por tanto, se incorporó. Y ahora,
mediante las enmiendas que el Grupo Parlamentario Popular ha presentado
en el Senado, lo único que hacemos es, no considerar la financiación, que
eso ya se hizo el año pasado y por un acuerdo estable para los próximos
años, sino racionalizar algo más el sistema, de acuerdo con el proyecto
de Ley que fue unánimemente votado por todos los Grupos Parlamentarios en
el año 1997 sobre nuevas normas jurídicas en la actuación de los centros
hospitalarios y centros asistenciales sanitarios en general.
De esto tendremos ocasión de debatir, pero no mezclemos las cosas. Es
decir, no nos estamos oponiendo a lo que el año pasado se dio en materia
de financiación sanitaria. Son dos cosas distintas. La financiación
sanitaria está estabilizada por los acuerdos del año 1997, concretados en
el presente año y, por otro lado, tenemos las medidas para la mejora de
la eficacia en el sistema hospitalario, en el sistema sanitario en
general, que es el próximo paso que queremos dar para el año 1999. Y
estamos muy satisfechos de que se esté avanzando. Lo sorprendente sería
que nos quedáramos parados, recordando períodos, afortunadamente
superados, de Gobiernos anteriores, en los cuales, efectivamente, no
había medidas normativas, no había enmiendas, no había modificaciones.
Ahora sí las hay. Ya debatiremos qué eficacia van a tener, por ejemplo,
las fundaciones sanitarias para mejorar la gestión y la descentralización
del gasto sanitario --creo que el propio Ministro de Sanidad viene mañana
mismo a explicarlo en la Comisión de Sanidad--, pero estamos convencidos
de que es una medida positiva. Pero en lo que ahora nos toca, respecto al
enfoque presupuestario, de nuevo creo que está usted violentando los
argumentos cuando dice que estamos enmendando lo que ya habíamos
enmendado previamente, porque no es verdad. Un cosa era la financiación
sanitaria y otra, ahora, la racionalización del gasto sanitario. Por
tanto, son dos cosas distintas.
Gracias, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.
Cumplido el debate de los vetos, vamos a pasar a su votación.
En primer lugar, votaremos el veto número 1, presentado por la señora De
Boneta.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos a favor, nueve;
en contra, 14.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazado el veto número 1.
A continuación, pasamos al veto número 2, del señor Nieto Cicuéndez y la
señora Costa Serra.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos a favor, nueve;
en contra, 14.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazado el veto número 2, del señor Nieto y
la señora Costa.
A continuación, pasamos a votar el veto número 4, del señor Román
Clemente.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos a favor, nueve;
en contra, 14.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazado el veto.
Pasamos a votar el veto número 3, del Grupo Parlamentario Socialista.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos a favor, nueve;
en contra, 14.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazado el veto del Grupo Parlamentario
Socialista.
Una vez rechazados los vetos, vamos a pasar a la discusión del texto
articulado y de las secciones del Proyecto de Ley de Presupuestos
Generales del Estado para 1999.
Tal y como expresé anteriormente, la Mesa ha rechazado las enmiendas
números 583 de los señores Nieto y Costa, porque no indican la baja
correspondiente; la 1.067, 1.068, 1.069, 1.070 y 1.080 del Grupo
Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos, por la misma cuestión;
la 1.357 del señor Román, porque indica una baja en una sección
diferente; la 1.391 del señor Román porque carece de motivación; la 1.690
del señor Román que indica una baja en una sección diferente; la 1.717
del señor Román que no indica baja, sino que incrementa ingresos en otras
secciones; la 1.818 del señor Román que no indica baja; la 1.879 por lo
mismo; la 1.953 por lo mismo; la 1.955 que no indica bajas, sino que
incrementa ingresos en otra sección; lo mismo que la 1.956, 1.961 y
1.963. En otros casos, la Mesa ha entendido que se trataba de errores y
ha admitido a trámite las enmiendas. Las que he enumerado son las únicas
que la Mesa no ha admitido a trámite.
A continuación, pasamos a la discusión del texto articulado y de las
secciones. Empezamos por el Título I, que versa sobre la aprobación de
los presupuestos y sus modificaciones, artículos 1 a 12, y Anexos I y II,
que tratan respectivamente de la distribución de los créditos por
programas y de los créditos ampliables.
A este Título hay presentadas las enmiendas números 241 y 244 del señor
Nieto y la señora Costa.
Para su defensa, el Senador Román tiene la palabra.
El señor ROMAN CLEMENTE: Muchas gracias, señor Presidente.
Se dan por defendidas las enmiendas en los términos en que están
expresadas.
El señor PRESIDENTE: Gracias, Senador.
A continuación, el señor Román Clemente tiene presentadas las enmiendas
1.169, 1.172, 1.173 y 1.236. Tiene su señoría la palabra.
El señor ROMAN CLEMENTE: Muchas gracias, señor Presidente.
De igual forma, se dan por defendidas.
El señor PRESIDENTE: Gracias, Senador.
El Grupo Parlamentario Socialista tiene las enmiendas números 699, 701,
702, 703, 704, 705, 706, 707, 708, 709, 738, 739 y 740.
El Senador Serrano tiene la palabra.
El señor SERRANO ALVAREZ-GIRALDO: Solicito su permiso, señor Presidente,
para defender en este trámite las dos enmiendas que tenemos presentadas
al Anexo VI.
El Título I que vamos a debatir, señor Presidente, es la síntesis de los
presupuestos, el resumen de las propuestas globales que los grupos
hacemos a la mayoría de la Cámara con la pretensión de que quienes apoyan
al Gobierno las atiendan, aun reconociendo la dificultad que tiene este
Título que después se verá modificado por las enmiendas que sean
admitidas. (El señor Vicepresidente, Tomey Gómez, ocupa la Presidencia.)
En el preámbulo de la ley asegura el Gobierno que se mantienen en este
proyecto el rigor, la austeridad, el control del déficit y la disciplina
presupuestaria de años anteriores. A nuestro modo de ver nada está más
lejos de la realidad; de ahí que presentemos nuestras enmiendas que
perfeccionan, mejoran y facilitan la gestión presupuestaria.
Como decía el señor Presidente, al Título I presentamos 11 enmiendas, de
la 699 a la 709, inclusive, que afectan a los artículos 8, 9, 10, 11 y
12.
¿Qué pretenden estas enmiendas? Las referidas a los tres primeros
artículos que acabo de mencionar pretenden que, como les venimos diciendo
desde 1997, el Gobierno limite la posibilidad de modificaciones
presupuestarias, que haya un mayor rigor en la gestión y que sea
mejorada, pues sucesivamente hemos podido comprobar cómo el Gobierno
transfiere créditos entre distintas funciones del presupuesto, a pesar de
las advertencias en contra que se le vienen haciendo desde los Grupos de
la oposición. Por lo que de nuevo intentamos, sobre todo con la enmienda
701, que los créditos del Presupuesto de la Administración General del
Estado tengan carácter vinculante dentro de cada servicio y programa a
nivel de concepto.
Un segundo bloque de enmiendas, las referidas al artículo 11 del proyecto
de ley, es decir la 705, la 706 y la 707, van dirigidas, en primer lugar,
a que no disminuya el nivel de inversiones, para lo que solicitamos que
durante el próximo ejercicio no se puedan efectuar transferencias de
crédito de operaciones de capital a operaciones corrientes. En segundo
lugar, a que el Gobierno no modifique sin límite lo aprobado por el
Parlamento, para lo cual proponemos que se efectúe un seguimiento
periódico, aportando un 10 por ciento, si fuera necesario, del importe
total de los créditos a los efectos de garantizar la consecución del
déficit inicialmente previsto en esta ley. En tercer lugar, incrementar
las aportaciones del Estado al sistema de la Seguridad Social para
reducir el déficit de ésta en relación con el del Estado.
Las enmiendas referidas al artículo 12 del proyecto tienen una pretensión
clara y meridiana: posibilitar el incremento de las pensiones con
complementos de mínimo y conseguir que lo establecido en el Pacto de
Toledo respecto a la financiación de la Seguridad Social se cumpla,
separando las fuentes de financiación para impedir su colapso, que mucho
nos tememos llegará de continuar esta gestión presupuestaria.
Respecto a las enmiendas presentadas por el Grupo Parlamentario
Socialista a los Anexos II y VI del Proyecto, es decir de la 738 a la 742
inclusive, las mantenemos en los términos expresados en las mismas y sólo
me detendré en la primera de ellas para insistir, una vez más, en que el
proyecto de ley recoja este año el compromiso adquirido por todos los
Grupos políticos de alcanzar progresivamente el objetivo de destinar el
0,7 por ciento del producto nacional bruto a la ayuda oficial al
desarrollo de aquellos países que lo necesitan.
Nada más y muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Tomey Gómez): Gracias, Senador.
Enmiendas 1.099 y 1.100 del Grupo Parlamentario Popular.
Para su defensa, tiene la palabra el Senador Alierta.
El señor ALIERTA IZUEL: Muchas gracias, señor Presidente.
Brevemente quiero señalar que tenemos presentadas dos enmiendas al Título
I que tratan de pequeñas precisiones; una de ellas consiste en que la
denominación de Ente Público de la Red Técnica Española de Televisión
sustituya a la palabra RETEVISION que en este momento pertenece a
RETEVISION, S. A.; la otra precisión es al artículo 11 apartado 3,
referida a una excepción a la norma de transferencia de gastos de capital
a gastos corrientes, por la que se reducen estas posibilidades.
Al mismo tiempo quiero señalar que al Anexo VI hemos presentado la
enmienda 1.116 que permite que los remanentes de crédito incorporados en
1999 también puedan ser aquellos relacionados con el Patrimonio Histórico
Español y que se hagan en el último trimestre del ejercicio.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Tomey Gómez): Gracias, Senador Alierta.
Continuamos con el siguiente Título II, Capítulo I, artículos 13 y 14 y
Anexos XIII y XIV.
El señor ALIERTA IZUEL: Señor Presidente, quería preguntarle si va a
haber turnos a favor y en contra en cada uno de los Títulos y, si no
estoy equivocado, hay una enmienda del Grupo Parlamentario Catalán en el
Senado de Convergència i Unió al Anexo VI.
El señor VICEPRESIDENTE (Tomey Gómez): Sí, es la enmienda 1.087.
Para consumir un turno en contra de las enmiendas del Grupo Parlamentario
Socialista, el Senador Alierta tiene la palabra.
El señor ALIERTA IZUEL: Muchas gracias, señor Presidente.
En el Capítulo I se recogen las grandes cifras del Presupuesto y, por lo
tanto, reflejan la integridad de las políticas presupuestarias recogidas,
tanto en ingresos como en gastos.
E1 Grupo Popular entiende que los presupuestos presentados reflejan
rigor, austeridad y disciplina presupuestaria, y la fundamentación de
estas afirmaciones está en los propios resultados habidos hasta el
momento en la política presupuestaria; de unos ejercicios en los cuales
el déficit público crecía de forma desmesurada y se encontraba en cifras
por encima del 6 por ciento --incluso se llegó a alcanzar el 7 por
ciento-- hemos pasado a un déficit público y unas magnitudes muchísimo
más reducidas, sin que esto haya implicado la necesidad de reducir gastos
dedicados a atenciones sociales, como la sanidad --y así se ha puesto de
manifiesto--, como la educación y cualquier otro tipo de atención social,
y con unos niveles de inversión satisfactorios.
¿Esto es reflejo de una política presupuestaria? Evidentemente. ¿Cómo ha
sido posible plantear una disminución en la presión fiscal para 1999,
concretamente en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, y
mantener estos gastos? Sencillamente, cuando se llegue a estudiar el
Título V, Operaciones financieras, o bien la Sección 06, que habla de
deuda pública, se verá cómo el crecimiento de los gastos financieros que
durante muchos años se había disparado, y que significaba que cada año
aumentaba en 500.000 millones de pesetas respecto al año anterior, en los
últimos ejercicios no sólo no se han producido estos incrementos, sino
que además en términos cuantitativos han disminuido, y la disminución de
estos gastos ha permitido, en primer lugar, dejar recursos para atender
esas necesidades, y además, el cambio de la política permite que el
incremento de recursos que en otros ejercicios se destinaba a estos
gastos financieros, en el ejercicio actual y en el de 1999 se pueda
destinar a gastos sociales y a atenciones de todo tipo.
En consecuencia, repito, los presupuestos sí reflejan el rigor, la
austeridad y la disciplina presupuestaria, que ya han producido sus
efectos positivos en este país y que esperamos que los siga produciendo
en el futuro.
En cuanto a las enmiendas concretas presentadas a los artículos 8, 9, 10
y 11, quiero señalar que el tema de las posibilidades de modificación es
muy antiguo, pero que en estos momentos está mucho más circunscrito que
lo estuvo en ejercicios precedentes. En ejercicios anteriores éste sí era
un punto nuclear de la discusión de los presupuestos por las facilidades
que había para hacer modificaciones. En estos momentos estas
modificaciones están reducidas. Incluso, por ejemplo, el artículo 9 que
aparece en los presupuestos de este año es nuevo y especifica, para una
determinada categoría de gastos, su gasto vinculante; es decir, es una
novedad adicional. Por tanto, entendemos que lo que hay en este momento
en los presupuestos facilita la gestión ordinaria, sin que esto
signifique que lo que se está aprobando en las Cámaras --como significó
quizás en otros momentos-- acabe siendo una cosa totalmente diferente.
No existen ni se recogen las transferencias de gastos de capital a gastos
corrientes, salvo unos supuestos muy tasados, incluso uno de estos
supuestos el Grupo Popular todavía lo reduce más, a través de una de sus
enmiendas, para evitar interpretaciones equívocas en este sentido. Por
ello, nosotros entendemos que lo que figura en la ley en cuanto a
modificación de los presupuestos es lo normal para una ejecución adecuada
y fluida, y en absoluto pretende que los presupuestos no se cumplan; más
bien, como señalaba, en los ejercicios últimos se han cumplido con
bastante corrección las cifras iniciales, sin necesidad de grandes
transferencias, y esperamos que en 1999 ocurra lo mismo.
Por último, respecto a las enmiendas presentadas sobre la financiación de
la Seguridad Social, ya en el debate de totalidad se ha hablado
ampliamente de las fuentes de financiación. Es en este artículo 12 donde
se recoge el incremento ya señalado de financiación al Insalud por parte
del Estado, que significa 350.000 millones de pesetas, cantidad que no ha
sido enmendada, como es natural, por ningún grupo. Pero debo señalar que
de 1998 a 1999 el incremento en la financiación de la sanidad es de
350.000 millones de pesetas. Asimismo, en los presupuestos de 1999 se
recoge, como se ha señalado anteriormente, que la Seguridad Social dejará
de aportar 103.000 millones de pesetas de cotizaciones para financiar el
Insalud; es decir, el sistema de la Seguridad Social, excluido el
Insalud, dispondrá de 103.000 millones de pesetas más que en los
presupuestos anteriores, y si lo comparamos con ejercicios precedentes
--1994 y 1995-- las cantidades son muy superiores. Por tanto, repito, en
1999 la Seguridad Social podrá contar con 103.000 millones de pesetas más
procedentes de sus propias cotizaciones, que antes tenía que dedicar o
que dedicaba en el ejercicio 1998 al Insalud para atender los
complementos de mínimos, las pensiones contributivas y las pensiones no
contributivas.
Debo señalar que esta cantidad es similar al importe que suponen todas
las enmiendas que presenta el Grupo Parlamentario Socialista, tanto al
artículo 12 como a la Sección 60. Sólo esta pequeña aportación que se
hace en los presupuestos de 1998 es comparable con todas la enmiendas que
presenta el Grupo Parlamentario Socialista en cuanto a financiación de la
Seguridad Social. Si además tenemos en cuenta que al Insalud se le
aportan 350.000 millones de pesetas más, vuelvo a insistir desde el Grupo
Popular en que nos extraña que se vuelva a plantear el debate sobre las
fuentes de financiación de la Seguridad Social, cuando las cifras de que
se dispone son tan contundentes. Como se ha hablado mucho sobre este tema
no es el momento de volver a insistir, pero estamos abiertos a hablar de
ello repetidas veces.
Los cuadros de las cifras iniciales de todos los presupuestos precedentes
están en los «Diarios de Sesiones», por lo que nos sorprende que se
plantee esta discusión. Evidentemente, estos cuadros no están disponibles
para todos los ciudadanos, por lo que a cualquiera se le puede contar
historias y presentar las cosas favorablemente, pero cuando uno tiene que
plantear estos debates con personas que, por su obligación, tienen que
conocer estas cifras, de hecho las conocen y les son accesibles, nos
parece una auténtica
demagogia, y desde el punto de vista del futuro del país es una
aportación muy pobre lo que, desde un ámbito financiero, aporta el Grupo
Parlamentario Socialista. Si el futuro lo basa en una deformación de las
cifras para 1999 y de lo que ha pasado hasta este momento, debería
revisar sus políticas y sus anotaciones porque, como decía aquél: se
puede engañar a alguno mucho tiempo y a muchos durante algún tiempo, pero
engañar a mucha gente durante mucho tiempo es muy difícil, y corren un
riesgo muy grande de sufrir las consecuencias que este dicho conlleva.
Con esto, señor Presidente, doy por terminado mi turno en contra,
señalando únicamente, puesto que se ha hecho mención a ello, que la ayuda
oficial al desarrollo no alcanza los límites que desearíamos, pero está
creciendo; ha crecido y crece sustancialmente con respecto a lo que se
venía haciendo en ejercicios anteriores. Por tanto, en este momento las
dotaciones que existen se consideran suficientes y, por tanto, no vemos
la necesidad de poner como crédito ampliable esa dotación, que es lo que
se pide. Es intención del Grupo Parlamentario Popular y del Gobierno
reducir a la mínima expresión la técnica de los créditos ampliables.
También fue éste un campo en el que los créditos ampliables que aparecían
en los Presupuestos del Estado ocupaban páginas y páginas, aunque
afortunadamente se han reducido en su extensión.
Nada más y muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Tomey Gómez): Gracias, Senador Alierta.
¿Turno en contra respecto a las enmiendas del Grupo Parlamentario
Popular? (Pausa.)
Pasamos al Título II, Capítulo I, artículos 13 y 14, anexos IV y V.
El Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos ha presentado
tres enmiendas, números 1.032, 1.033 y 1.034. Tiene la palabra su
portavoz.
El señor GANGOITI LLAGUNO: Muchas gracias, señor Presidente.
La enmienda número 1.032 es de modificación, y se refiere a los equipos
docentes y en concreto la ratio profesor-unidad de los centros
concertados, y la presentamos porque consideramos que al desaparecer, con
la Ley de Presupuestos Generales del Estado, la figura del profesor de
apoyo y pasar éste a formar parte, a todos los efectos, del equipo
docente del centro donde estuviese prestando servicios, supone la
determinación de una nueva ratio mínima para cada centro en cuestión.
La aprobación por la Ley de Presupuestos Generales del Estado para 1997
de estas nuevas ratios, no generales sino individualizadas al caso de
cada centro, implica que la baja en pago delegado de algún profesor que
en su día fuera conceptuado de apoyo no origina una disminución de la
ratio individualizada y, por tanto, la Administración educativa tiene la
obligación de financiar el alta en pago delegado del profesor que vaya a
sustituirlo.
La enmienda número 1.033 es de modificación y se refiere a los módulos
económicos de las unidades de BUP, COU y bachillerato LOGSE. El apartado
2 el artículo 49 de la LODE, así como la propia Ley de Presupuestos
Generales del Estado, establecen que los módulos económicos por unidad
escolar que aprueban las sucesivas leyes de presupuestos son básicos y
mínimos. Por ello, las administraciones educativas con competencias no
pueden adecuar sus propios módulos fijando cantidades inferiores a las
aprobadas en la correspondiente Ley de Presupuestos Generales del Estado
en vigor.
Por último, la enmienda número 1.034 es de adición por la cual
solicitamos la constitución de una comisión de seguimiento de la
distribución de los fondos públicos destinados a conciertos educativos
sobre la base de que haya un control en la aplicación del crédito y
verificar su suficiencia. Dado que los conciertos educativos son un pacto
entre titulares de los centros docentes y la Administración educativa,
incumbe exclusivamente a las organizaciones empresariales, que
representan legalmente a los centros concertados, el seguimiento de la
aplicación de los créditos presupuestarios destinados a conciertos
educativos. Los titulares de los centros concertados son, en definitiva,
los únicos responsables ante la Administración educativa de las
obligaciones derivadas del concierto. Por ello, las organizaciones
empresariales representadas de dichos titulares son las que deben
defender sus intereses.
Nada más y muchas gracias, señor Presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Tomey Gómez): Muchas gracias, Senador Gangoiti.
¿Agrupan los turnos en contra? (Asentimiento.)
Hay otras dos enmiendas del Grupo Parlamentario Socialista, las números
710 y 711. Para su defensa, tiene la palabra el portavoz socialista.
El señor OSTOS DOMINGUEZ: El Grupo Parlamentario Socialista presenta dos
enmiendas al artículo 13 porque entendemos que, una vez más, la Ley de
presupuestos, al igual que la Ley de medidas, se utiliza para introducir
modificaciones no reglamentadas o no deseadas en la propia Ley de
presupuestos. Se abren en este artículo 13 dos puertas. Una en el
apartado uno sobre la posible financiación o gratuidad de ciclos, ahora
mismo no concertados, de forma indiscriminada para todos los centros y a
petición de ellos mismos. Nosotros pretendemos suprimirlo porque creemos
que debe de estar regulado en una ley aparte y no en Ley de Presupuestos.
Por otro lado, en el apartado cinco de esta Ley, también se abre un
portillo a que los centros, individualmente y por decisión propia, puedan
aumentar sus plantillas con cargo a los Presupuestos Generales del
Estado. Así se desprende de dicho apartado cuando dice: «... así como de
la progresiva potenciación de los equipos docentes». Como hemos dicho, la
enseñanza concertada no tiene nada que ver con la Ley sobre la
concertación de centros y esta Ley de presupuestos abre ese portillo. Eso
va en contra de esa característica general que se quiere poner a los
Presupuestos sobre el rigor y el gasto presupuestario. Creemos que con
estas dos ventanas no se puede tener ni rigor ni control del gasto
presupuestario, puesto que son los propios
centros quienes podrían incrementar el gasto de enseñanza.
Nada más y muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Tomey Gómez): Muchas gracias, Senador Ostos.
En turno en contra, por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra
el señor Martínez García.
El señor MARTINEZ GARCIA: Gracias, señor Presidente.
Empezaré mi intervención refiriéndome a las dos enmiendas presentadas por
el Grupo Parlamentario Socialista.
Efectivamente, los dos calificativos de rigor y control con que etiqueta
nuestros Presupuestos responden a la verdad; lo que también responde a la
verdad y a la evidencia es esa especie de fijación por todo lo que sea
privado o concertado.
Por lo que se refiere a la primera enmienda, la número 710, de supresión,
y al párrafo cuarto que pretende suprimir, realmente no deja ningún tipo
de portillo abierto; lo único que deja es una actividad de sensatez y
realismo para atender lo que hay que atender.
En lo que se refiere a la enmienda número 711, que es en la que más ha
enfatizado, existen suficientes elementos de control y cautelas como para
que los dineros públicos se gasten en aquello que se deben gastar. Por
tanto, despéjense dudas, no se abran boquetes y, sobre todo, no se dé
rienda suelta a fijaciones extrañas porque no hay ningún peligro. Por
tanto, no se pueden admitir esas dos enmiendas.
En lo que se refiere a las tres enmiendas que ha presentado el Grupo de
Senadores Nacionalistas Vascos, la número 1.032, referida a la
modificación del apartado cinco del artículo 13, que es el que estamos
debatiendo, en lo que respecta a las ratios, en principio puedo
asegurarle que el texto, tal y como se nos remite y está plasmado, recoge
el problema en cuestión de manera conveniente y sensata.
En cuanto a la enmienda número 1.033, de modificación, ocurre exactamente
igual y, en principio, no parece conveniente.
Por lo que se refiere a la enmienda número 1.034, de adición, en la que
sugiere incluso el añadido de un apartado ocho al artículo 13, referido
precisamente a la relación de las administraciones educativas, prevé la
creación de unas comisiones de seguimiento. Pensamos que en este momento
existen suficientes medios como para garantizar y seguir toda la relación
entre las administraciones públicas y los centros concertados como para
que las relaciones Administración-administrado sea la conveniente.
Nada más y muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Tomey Gómez): Gracias, Senador Martínez.
Pasamos al Título II, Capítulo II, artículos 15 a 18. Hay dos enmiendas
presentadas por el Grupo Parlamentario Socialista, las números 712 y 713.
Tiene la palabra el Senador Ostos.
El señor OSTOS DOMINGUEZ: En primer lugar, quiero aclarar que la enmienda
número 712 figura presentada al apartado cuatro del artículo 16 y debe
decir al apartado tres. Es un error.
La introducción del artículo 16 dice: «Con respecto a las Entidades
creadas, o que se creen...», es decir, está hablando de entidades que
puedan crearse, por lo que el apartado tres del artículo 16 que
proponemos debe empezar diciendo: «La determinación y modificación de las
condiciones retributivas...» y no solamente referirse a la modificación,
puesto que si estamos hablando de entidades nuevas que se van a crear hay
que poner en primer lugar la posibilidad de determinar cuáles van a ser
y, en su caso, también la de modificar.
Por otro lado, las retribuciones de este personal deben estar sujetas al
igual que el resto del personal laboral y, por tanto, tienen que estar
autorizadas por el Ministerio de Economía y Hacienda y no sólo informadas
favorablemente.
Con la enmienda número 713, de adición de un nuevo apartado al artículo
16, pretendemos que la información que reciba el Ministerio de Economía y
Hacienda, a su vez, pase de forma obligatoria a las Cortes Generales para
que las Cortes Generales puedan debatir sobre ella, es decir, no
solamente se le comunicará al Ministerio, sino que añadimos un apartado
más, el número seis, para que a su vez el Ministerio de Economía y
Hacienda lo comunique a las Cortes Generales.
Nada más y muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Tomey Gómez): Muchas gracias, Senador Ostos.
¿Turno en contra? (Pausa.)
Tiene la palabra, por el Grupo Parlamentario Popular, el señor Alierta.
El señor ALIERTA IZUEL: Gracias, señor Presidente.
El artículo 16, que ha sido sometido a enmienda, establece el régimen
presupuestario de las fundaciones de naturaleza o titularidad pública. La
posible existencia de instituciones de este tipo exige la precisión de su
régimen presupuestario y creemos que el contenido de este artículo es
suficiente para añadir las precisiones necesarias que, dentro del margen
general que en todas las instituciones debe operar en la Ley General
Presupuestaria, hay que asignar a este régimen presupuestario de las
fundaciones. En consecuencia, entendemos que lo que se dice es suficiente
y las precisiones que se solicitan por el Grupo Parlamentario Socialista,
en este momento, no son estrictamente necesarias. La modificación
respecto al régimen de personal prácticamente requiere informe favorable
y en el texto dice que deberá ser informada favorablemente. Realmente no
hay mucha diferencia.
Por otra parte, entendemos que la referencia a la masa salarial no
procede en este momento y que, en cuanto a información, existen
mecanismos suficientes por los que las Cortes Generales pueden solicitar
del Gobierno todo tipo de información posible. En consecuencia, pensamos
que la petición de información, siendo, como es en principio,
considerada susceptible, añade un requisito de información adicional que,
en cambio, puede ser obtenida en cualquier momento por los mecanismos
tradicionales que utilizan las Cortes Generales.
Ya que se ha solicitado este régimen presupuestario de las fundaciones,
debo añadir que en la ley de medidas que acompaña a los presupuestos hay
una reforma bastante extensa de la Ley General Presupuestaria para
adaptar los organismos autónomos al régimen de la LOFAGE, la Ley de
Organización y Funcionamiento de la Administración General del Estado. En
esa referencia no sólo se establece el nuevo sistema de régimen
presupuestario que deben tener los organismos autónomos, sino que hay
muchas referencias a los requisitos que deben cumplir estas fundaciones.
Por tanto, su existencia o no será objeto de otro debate, pero quiero
señalar ante la Comisión que su régimen presupuestario no sólo se regula
en este artículo 16, sino que la modificación introducida en la Ley
General Presupuestaria, para adaptar organismos autónomos y entidades
públicas empresariales a la nueva organización que implica la LOFAGE,
trae asimismo una mención explícita de los requisitos presupuestarios que
deben cumplir estas fundaciones, por lo cual, en todo caso, el control
presupuestario y su sujeción al régimen presupuestario de las
Administraciones públicas, con las especialidades que les sean propias,
es completo, y esta cuestión no debe dar lugar a ninguna inquietud.
Nada más y muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Tomey Gómez): Gracias, Senador Alierta.
Pasamos al Título III, artículos 20 a 36.
Por el Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra el Senador Román para
defender las enmiendas números 220 a 224.
El señor ROMAN CLEMENTE: Muchas gracias, señor Presidente.
Damos por defendidas las enmiendas del Senador Ferrer.
El señor VICEPRESIDENTE (Tomey Gómez): Gracias, Senador Román.
Pasamos a las enmiendas números 245 a 264, del Senador Nieto Cicuéndez y
de la Senadora Costa Serra.
Tiene la palabra el Senador Román.
El señor ROMAN CLEMENTE: Muchas gracias, señor Presidente.
Damos por defendidas las enmiendas del Senador Nieto Cicuéndez y de la
Senadora Costa Serra.
El señor VICEPRESIDENTE (Tomey Gómez): Gracias, Senador Román.
Pasamos a la enmienda número 1.084, del Senador Ríos Pérez, del Grupo
Parlamentario Mixto.
Tiene la palabra el Senador Román.
El señor ROMAN CLEMENTE: Muchas gracias, señor Presidente.
Damos por defendida la enmienda del Senador Ríos Pérez.
El señor VICEPRESIDENTE (Tomey Gómez): Gracias, Senador Román.
Pasamos a las enmiendas números 1.174 a 1.193, del Senador Román
Clemente.
Tiene la palabra el Senador Román.
El señor ROMAN CLEMENTE: Muchas gracias, señor Presidente.
En los mismos términos, damos por defendidas las enmiendas.
El señor VICEPRESIDENTE (Tomey Gómez): Gracias, Senador Román.
Pasamos a la enmienda número 1.035, del Grupo Parlamentario de Senadores
Nacionalistas Vascos.
Tiene la palabra el Senador Gangoiti.
El señor GANGOITI LLAGUNO: Muchas gracias, señor Presidente.
La enmienda número 1.035 es de modificación. La presentamos basándola en
el hecho de que si una Comunidad Autónoma tiene sus finanzas saneadas, y
así lo certifica el Consejo de Política Fiscal y Financiera, pueda
retribuir al personal a su servicio sin atenerse estrictamente al
criterio del incremento del 1,8 por ciento que se fija con carácter
general.
Asimismo, en cuanto a la supresión del segundo inciso del apartado
cuatro, se considera improcedente constitucionalmente el mandato a los
presupuestos de las Comunidades Autónomas y de las Corporaciones Locales
de que reproduzcan la normativa básica.
Nada más y muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Tomey Gómez): Gracias, Senador Gangoiti.
Pasamos a la enmienda número 1.098, del Grupo Parlamentario Catalán en el
Senado de Convergència i Unió.
Tiene la palabra el Senador Cambra.
El señor CAMBRA I SANCHEZ: Muchas gracias, señor Presidente.
Esta enmienda, al artículo 21, tiene por objeto suprimir el último inciso
del primer párrafo del apartado uno, y también los apartados dos y tres
del citado artículo.
En el texto se refleja la orientación global de delimitar las
convocatorias de plazas de ingreso de nuevo personal, en los términos que
se prevén en el primer inciso del apartado uno. Creemos que con estas
supresiones se respeta la capacidad de autoorganización que deben tener
las Comunidades Autónomas y las Corporaciones Locales, permitiéndoles que
puedan fijar el número de plazas que pueden ofertar en función de sus
necesidades.
Entendemos que el espíritu de la normativa es correcto, pero en los
términos en los que está literalmente expresado en el artículo 21 está en
contra de esa autonomía de organización
de los entes locales y de las Comunidades Autónomas.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Tomey Gómez): Gracias Senador Cambra.
Pasamos a las enmiendas números 678 y 714 a 717, del Grupo Parlamentario
Socialista.
Para su defensa tiene la palabra el Senador Arévalo.
El señor AREVALO SANTIAGO: Muchas gracias, señor Presidente.
Señorías, en estos años atrás y también en el actual hemos mantenido
notables diferencias en lo que se refiere al Título III del proyecto de
ley de presupuestos; notables diferencias porque lo que se está haciendo
con la Función Pública, con los funcionarios y, en general, con los
servidores públicos, está lleno de discriminación y de secretismo.
En primer lugar, creemos que debe acabarse de una vez con la limitación
de la oferta de empleo público al 25 por ciento de la tasa de reposición
de efectivos. En la enmienda lo aumentamos hasta el 75 por ciento. Lo
cierto es que esto ha sucedido ya en los presupuestos de los dos años
anteriores, y es preciso que, de una vez, se desbloquee una situación que
ya no tiene sentido. No lo tiene porque, hace dos años, cuando se aumentó
la edad de jubilación voluntaria de 65 a 70 años, advertimos de los
problemas que esto podría traer consigo, y así ha sido. Resulta que gran
parte de los funcionarios de los grupos más altos, sobre todo del grupo
A, se están jubilando a los 70 años --desde luego, después de los 65--,
y, en cambio, los de los grupos más bajos no lo están haciendo. Esto,
naturalmente, requeriría que se aumentara la oferta de empleo público.
Además, se produce otro problema, y es que se pueden facilitar otras
fórmulas de acceso a la Función Pública que no son precisamente las más
ortodoxas y las que contiene la Ley de reforma del año 1984.
Pero con los funcionarios se está produciendo una situación anormal.
Resulta que, a lo largo del año, después de aprobar los Presupuestos, se
modifican las retribuciones de unos o de otros funcionarios --no de
todos--, de una forma discriminatoria y que beneficia a unos y perjudica
a otros, sin que exista un criterio coherente, que pueda determinar cuál
es el futuro retributivo de los funcionarios.
Precisamente por eso hacemos una llamada de atención sobre lo que está
sucediendo con el complemento de productividad. El complemento de
productividad se atribuye de una forma graciosa, no según el objetivo que
tenía cuando se creó, sino de manera completamente caprichosa en cada
momento. Y con esta enmienda pretendemos que no se supere el 30 por
ciento de las retribuciones establecidas al asignar el complemento de
productividad. Además, si no se da conocimiento público de este
complemento, seguirá sucediendo lo mismo que ha sucedido a lo largo de
1997 y 1998, que no es otra cosa que sorprendernos con la noticia de que
un grupo de servidores públicos, sean de carácter político o funcionarios
de carrera, tienen unos aumentos en concepto de complemento de
productividad que otros no tienen. Nosotros pretendemos que las
cantidades percibidas por este concepto de productividad sean de
conocimiento público, y así se evitaría el constante desconocimiento de
una situación que afecta a todos los funcionaros pero que sólo beneficia
a algunos, a aquellos a los que el Gobierno considera que debe favorecer.
Generalmente se favorece a colectivos del grupo A y no a los otros,
aunque tampoco se benefician todos los que integran el grupo más elevado
de funcionarios sino sólo algunos de ellos. A lo largo de este año nos
hemos encontrado con subidas sustanciales para cuerpos como el de
Secretarios de Estado, el de Jefes del Gabinete de los Subsecretarios o
el de los Inspectores de Trabajo, y yo no me manifiesto ni a favor ni en
contra de estas subidas. Sencillamente digo que a la hora de asignar
estos aumentos retributivos no se sigue un criterio formal y que el
Gobierno, seguramente para favorecer a algunos y perjudicar a otros,
aplica el complemento de productividad en la forma en que le viene en
gana.
En este sentido hemos asistido a una situación curiosa. Hace un año
criticamos intensamente el complemento de productividad que se atribuía a
los Secretarios de Estado. A éstos, que integraban junto con los
Ministros el grueso del Gobierno, no les correspondía complemento de
productividad por pertenecer a ese grupo. Sin embargo, de buenas a
primeras se les otorga la categoría de funcionario, aunque a la vez se
les asemeja a los Subsecretarios y Directores Generales, con el fin de
poder asignarles un complemento de productividad. Criticamos mucho esta
actuación suya porque no entendíamos a cuento de qué venía, y en las
discusiones que tuvimos con ustedes al respecto cada uno decía una cosa
distinta; mientras el Presidente del Gobierno argumentaba un motivo para
explicar lo que había sucedido con los Secretarios de Estado, el Ministro
de Economía y Hacienda decía otra cosa completamente diferente, y
distinta a su vez de lo que argüían el resto de Ministros. Lo cierto es
que se había producido una situación anormal y nosotros les llamamos la
atención.
Pero esa anormalidad se acentúa todavía más cuando en este momento se
pretende incorporar el complemento de productividad entre los conceptos
retributivos de la pensión indemnizatoria de los Secretarios de Estado,
cuando por definición la pensión indemnizatoria se asigna cuando el
sujeto al que va dirigida no produce nada. Sin embargo, quieren seguir
adelante con esta propuesta y atribuir una pensión indemnizatoria a los
Secretarios de Estado, y les voy a explicar lo que es la pensión
indemnizatoria para comprender la magnitud de su actuación. Se creó
cuando los Secretarios de Estado formaban parte del grupo al que
pertenecen los Ministros, es decir cuando no tenían complemento de
productividad y cuando tenían la obligación --como la siguen teniendo--
de incompatibilizar su actividad laboral durante los dos años siguientes
a su cargo de Secretario de Estado. Entonces era lógico, para compensar
esa incompatibilidad --por cierto, algunos no lo están cumpliendo--,
fijar la pensión indemnizatoria, que de ninguna manera podía incluir el
concepto de complemento de productividad. En este momento algunos
pretenden, y ya la Intervención del Estado ha llamado la atención sobre
esta anormalidad, que dentro de la pensión indemnizatoria de los
Secretarios de Estado se contemple la parte correspondiente al
complemento de productividad.
Como esto nos parece inaudito, hemos formulado esta enmienda que tiene la
suficiente consistencia para, junto a la anterior, llamar la atención
sobre todo lo que sucede en la Función Pública y para que dejen de
producirse hechos de esta índole; sencillamente queremos afrontar el año
1999 con la tranquilidad de que esto no volverá a suceder.
Mencionaré brevemente las otras dos enmiendas a las que hasta ahora no he
hecho referencia. Una de ellas se refiere a la modificación de la
cantidad asignada como gastos personales a los militares de reemplazo.
Pretendemos mejorar la retribución de éstos sin excluir las
gratificaciones concedidas por dificultad, movilidad geográfica y
responsabilidad.
Asimismo, formulamos la enmienda número 678, en la que nos referimos a la
determinación o modificación de las retribuciones del personal no
funcionario de los Entes Públicos Puertos del Estado y Autoridades
Portuarias, para que se siga con ellos el mismo procedimiento que el
utilizado para las Sociedades de Estiba. Consideramos que, dado que es un
sector que obtiene beneficios, merece la pena homologarlos.
Nada más, señor Presidente. Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Tomey Gómez): Muchas gracias, Senador Arévalo.
A continuación, daremos paso a la enmienda número 1.099 del Grupo
Parlamentario Popular. Para su defensa tiene la palabra el portavoz de
dicho Grupo, el Senador Alierta.
El señor ALIERTA IZUEL: La enmienda queda defendida en sus propios
términos.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Tomey Gómez): ¿Turno en contra? (Pausa.)
El Senador Espert tiene la palabra.
El señor ESPERT PEREZ-CABALLERO: Muchas gracias, señor Presidente.
Con la mayor brevedad posible intentaré contestar globalmente a las
distintas enmiendas. En primer lugar, señalaré que se han presentado una
serie de enmiendas al artículo 20 que pretenden, con una generosidad que
honra a los enmendantes, eliminar la limitación del incremento salarial o
retributivo de funcionarios y empleados públicos que está fijada en un
1,8 por ciento. Con ellas se pretende aumentar este porcentaje, y cada
uno de los enmendantes fija una cuantía: el Senador Nieto habla del 2,8
por ciento, el Senador Román Clemente de un 4 por ciento, y el Senador
Ferrer Roselló lo sitúa en un 2,6 por ciento.
Reiterando argumentos ya expuestos en el debate presupuestario del pasado
año, hemos de decir que la política retributiva y salarial llevada a cabo
por el Gobierno en esta ley de presupuestos ha dado sus resultados.
Obedece a unos fines muy conocidos por todos y concretos que se están
consiguiendo, como son la reducción del déficit, la contención del gasto
público y el mantenimiento de la inflación en los límites adecuados.
Además, con estas medidas los funcionarios públicos no sufren merma
alguna en su poder adquisitivo, y esta situación es la que viven en
realidad.
Por ello, aun siendo muy loable la intención de los enmendantes, no
podemos aceptar dichas enmiendas porque iríamos en contra de los
criterios de convergencia.
Igualmente, se formulan al citado artículo 20 una serie de enmiendas que
pretenden --y contesto así al Grupo Parlamentario de Senadores
Nacionalistas Vascos, que reitera en este sentido una enmienda similar a
la presentada el año anterior-- que aquellas Comunidades Autónomas que
acrediten que han cumplido los criterios del cuadro de convergencia
europea no estén sometidas a la limitación del incremento de un 1,8 por
ciento. Algunos, como el Senador Nieto Cicuéndez y la Senadora Costa
Serra, van mucho más allá y pretenden incluso eliminar dicho precepto,
dejando completa libertad a las Comunidades Autónomas y Corporaciones
Locales a la hora de fijar sus normativas retributivas.
El Tribunal Constitucional ha tenido ocasión de reiterar el carácter
constitucional de dicho precepto, ya que otorga carácter básico a la
normativa del artículo 20 y a la limitación en los incrementos
retributivos. Hay que destacar, además, que la obligación de convergencia
afecta a todos, y no se puede dejar que los distintos grupos actúen
libremente para atender a sus necesidades con criterios muy distintos.
Son varios los Grupos que intentan eliminar la limitación que establece
el artículo 21 en cuanto a la reposición de las plazas de nuevo ingreso.
Ello lo consiguen evitando la limitación, de forma que la reposición
afecte al cien por cien de los efectivos, o bien, como propone el Grupo
Parlamentario Socialista, haciendo que alcance hasta el 75 por ciento, y
no el 25 por ciento que establece la ley presupuestaria de este
ejercicio, así como las de los dos años anteriores. De todas maneras, las
razones que se esgrimen en contra de la ley de presupuestos generales del
Estado no son ciertas, porque ese malestar demostrado por los distintos
Grupos --y aquí, en concreto, por el Grupo Parlamentario Socialista-- con
esos argumentos agoreros de que se impedía el acceso a los jóvenes o de
que los servicios estaban peor atendidos no se han visto respaldados por
la realidad.
Por todo ello creemos que, atendiendo también a aquellos principios de
control del gasto, es necesario mantener este principio.
Así queda contestada también la enmienda del Grupo Parlamentario Catalán
en el Senado de Convergència i Unió que, respetando los principios de
contención del gasto y de reducción del déficit, sin embargo, dejaban en
libertad a las distintas Comunidades Autónomas para desarrollar su
política de personal en cuanto a nuevas contrataciones o de ingreso y
acceso a esos puestos de trabajo.
Hay otra serie de enmiendas que pretenden establecer controles o
criterios objetivos para la determinación de los complementos de
productividad. Aquí hacemos especial
hincapié en la enmienda del Grupo Parlamentario Socialista, que insiste
otra vez en el caso concreto de los Secretarios de Estado. Volvemos a dar
la misma respuesta. Una vez publicada la ley del Gobierno que hace que
los Secretarios de Estado ya no sean miembros de dicho Gobierno, les es
perfectamente aplicable la Ley 30/1984 y, por tanto, los principios
retributivos que ésta establece, dentro de los cuales está incluido el
complemento de productividad.
Otra enmienda es la relativa a la pensión indemnizatoria de dichos
cargos. Si se nos reconoce que se mantiene la incompatibilidad para los
Secretarios de Estado aunque no formen parte del Gobierno, es lógico
también que dicha incompatibilidad, posterior al ejercicio de su cargo,
sea compensada por esa pensión compensatoria. El decir que de dicha
pensión compensatoria no deben formar parte todos los elementos
retributivos que constituían su retribución en el momento en que estaban
en activo es tan absurdo como pretender que un trabajador que cobra un
plus de nocturnidad porque su trabajo es nocturno, al hallarse en
situación de baja por enfermedad ya no se considere ese plus de
nocturnidad a la hora de fijar la base reguladora de su prestación de
ILT, porque al estar de baja ya no trabaja ni de noche, desde luego, ni
de día.
En resumen, señorías, las enmiendas presentadas a este título son
reiteración de las presentadas en ejercicios anteriores. La política
adoptada por el Gobierno en dicho título, aparte de ofrecer todas las
garantías de transparencia, de objetividad en la fijación de los
complementos, etcétera, es una política que se adecua a la llevada por el
Gobierno de cumplimiento de los objetivos de convergencia.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Tomey Gómez): Gracias, Senador Espert.
¿Algún Senador desea consumir un turno en contra del resto de las
enmiendas de los demás Grupos? (Pausa.)
Tiene la palabra el Senador Arévalo.
El señor AREVALO SANTIAGO: Muchas gracias, señor Presidente.
Voy a ser muy breve, ya que sólo deseo hacer algún comentario sobre lo
que acaba de manifestar el Senador Espert, y me refiero a los Secretarios
de Estado. Me extraña que ahora quiera volver sobre un debate...
El señor VICEPRESIDENTE (Tomey Gómez): Perdón, Senador. Hay turno a favor
y turno en contra. No hay más debate. No hay turno de portavoces en esta
Comisión. Así lo aceptó la Mesa. Usted sí podría hacer uso de la palabra
para intervenir en contra de las enmiendas de los demás Grupos, si es que
lo desea, pero no para reabrir el debate. Perdóneme usted, pero es que
así está establecido. Repito, sólo hay turno a favor y turno en contra de
las enmiendas, pero no debate al respecto.
Muchas gracias.
Pasamos al Título IV, artículos 37 a 46, y al Título VIII, artículos 89 y
90, y a la Sección 07.
Enmienda número 273, del Senador Nieto Cicuéndez, del Grupo Parlamentario
Mixto.
Tiene la palabra el señor Román Clemente.
El señor ROMAN CLEMENTE: Gracias.
Se da por defendida la enmienda, señor Presidente.
Gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.
Enmiendas números 1.194 a 1.197, 1.213 y 1.214, del Senador Román
Clemente, del Grupo Parlamentario Mixto.
Tiene la palabra el Senador Román Clemente.
El señor ROMAN CLEMENTE: Gracias.
Se dan por defendidas las enmiendas.
Gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Tomey Gómez): Gracias.
El Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos tiene
presentadas cuatro enmiendas: las números 1.036, 1.037 y 1.038 y la
1.082.
Por el Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos, tiene la
palabra el Senador Gangoiti.
El señor GANGOITI LLAGUNO: Gracias, señor Presidente.
La enmienda número 1.036, de adición, se refiere a las pensiones
extraordinarias del Régimen de Clases Pasivas del Estado, ya que nos
parece un contrasentido o un causante de perjuicio injusto que, mientras
el artículo 47 del Texto Refundido de la Ley de Clases Pasivas, aprobado
por el Real Decreto de 1987, contempla las pensiones extraordinarias
originadas por el hecho causante de incapacidad permanente para el
servicio o inutilidad ocasionada en acto de servicio o como consecuencia
de éste y las originadas como consecuencia de actos de terrorismo, como
de carácter indemnizatorio, y mientras el artículo 49 del mencionado
texto legal establece para ambas, a efectos de su señalamiento, el 200
por 100 del regulador, sin embargo, aquellas pensiones originadas como
consecuencia de actos de terrorismo continúan exentas de los límites
máximos de percepción, y se pueden percibir otra u otras de carácter
público con la limitación exclusivamente sobre estas últimas, en el caso
de los inutilizados en acto de servicio o que, como consecuencia de éste,
ven cómo se encuentran sujetos a los límites máximos.
La enmienda número 1.037, de adición, también se refiere a las pensiones
extraordinarias del Régimen de Clases Pasivas. La presentamos porque
consideramos que los apartados anteriores impiden que, con la
compatibilidad de las pensiones que pudiera percibir, se sobrepasara la
limitación establecida en la letra d) del apartado siete del artículo 35.
La enmienda número 1.038 es de modificación y relativa a la cotización al
Régimen Especial de los Trabajadores del Mar. La presentamos teniendo en
cuenta que la Ley 65/1997 de Presupuestos Generales del Estado para 1998
prevé, en su artículo 89, apartado 6, que la cotización a la Seguridad
Social de los trabajadores del mar se efectuará
sobre las bases que determine el Ministerio de Trabajo y Asuntos
Sociales. Este modus operandi resulta en la práctica de una enorme
rigidez frente a la situación tremendamente cambiante del sector
pesquero. Asimismo, el actual sistema no reconoce la voluntad de
colaboración que debe presidir las relaciones Administración-sector al no
articular los necesarios instrumentos de consulta con los sectores
afectados, lo que no favorece de ningún modo el acercamiento entre la
realidad del mundo pesquero y las administraciones públicas. En este
orden de cosas se hace de todo punto necesario articular los oportunos
mecanismos de colaboración entre el sector pesquero y las
administraciones públicas, al objeto de garantizar una adecuada toma de
decisiones basada en la realidad sectorial. Es precisamente en esa
enmienda que presentamos en la que se refleja, desde nuestro punto de
vista, la explicación que he dado a los problemas que existen en estos
momentos.
Con la enmienda número 1.082, de adición, pretendemos encajar debidamente
la problemática de los buques pesqueros de la flota de altura y gran
altura en los que concurre la circunstancia del sistema de remuneración
«a la parte» y un tonelaje inferior a las 150 toneladas de registro
bruto. También queremos posibilitar un marco de acuerdo entre la empresa
y el trabajador, en el seno del grupo segundo, cotizando por salarios
reales, siempre que exista acuerdo entre ambas partes.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Tomey Gómez): Gracias, Senador Gangoiti.
Para defender las enmiendas números 679 a 683, 719 a 721 y 745, tiene la
palabra el portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.
El señor GONZALEZ PRINCIPE: Muchas gracias, señor Presidente.
El objetivo de las enmiendas que presenta el Grupo Parlamentario
Socialista es conseguir que se haga un mejor y más adecuado reparto de la
riqueza nacional que se está obteniendo en esta época de crecimiento
económico.
En lo que al sistema de pensiones se refiere concretamente, los
socialistas planteamos que se realice un mayor esfuerzo para intentar
corregir las cuantías de las pensiones de complementos de mínimos y de
las no retributivas para que, de ese modo, las familias que en este
momento tienen mayores dificultades económicas puedan verse más
favorecidas en una época de bonanza, de crecimiento económico. Además, en
este caso no solamente existe una razón moral y política como la que
acabo de exponer y por la que ese crecimiento económico debe favorecer a
las clases más desfavorecidas, sino que hay también en ello una cierta
lógica desde el punto de vista fiscal y presupuestario. No debe admitirse
que el Gobierno de la nación establezca en la última Ley del IRPF un
mínimo vital de 550.000 pesetas que quede exento de tributación cuando la
pensión mínima del sistema de la Seguridad Social no llega a esa cifra.
No es justo que las familias que más recursos tienen no paguen por las
primeras 550.000 pesetas cuando hay familias en este país, señoras y
señores Senadores, que no llegan siquiera a percibir esa cantidad. Por
tanto, lo que se intenta es acercar la realidad fiscal a la realidad
económica de aquellas familias que tienen serios problemas de
supervivencia. Esto, en lo que se refiere a las medidas relacionadas con
las pensiones.
En cuanto a las medidas relativas a las cotizaciones, el objetivo de las
enmiendas socialistas es muy sencillo: permitir que se cree más empleo.
Pero, señorías, lo que nosotros no entendemos es que se diga que se
quiere crear empleo y que, sin embargo, los tipos de cotización de las
horas extraordinarias estructurales sean inferiores al salario normal.
Creo que estamos abriendo de algún modo la puerta para que se hagan horas
extraordinarias estructurales cotizando menos en lugar de crear nuevos
puestos de trabajo. Por tanto, nos parece una razón de consecuencia
elemental el que las horas extras, cuando menos, tengan el mismo tipo de
cotización que el salario normal de la gente contratada.
El segundo grupo de enmiendas que presentamos tiene que ver con las
cotizaciones del Inem. He de decir muy brevemente, señorías, que el
portavoz del Grupo Parlamentario Popular reconocía la denuncia que hacía
el portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, el Senador Granado,
cuando se refería a que por primera vez en la historia presupuestaria de
este país vamos a financiar a los empresarios por medio de cotizaciones
obreras. Por supuesto que esto no es ni tercera vía, ni tampoco
modernización de la socialdemocracia. Para nosotros es algo mucho más
sencillo, es quitar parte de las rentas del trabajo y dársela a las
rentas del capital. Por tanto, lo que proponemos a este respecto es que
las cuotas de desempleo disminuyan para que no se penalice el factor
trabajo, es decir, que las cuotas que el trabajador tiene que pagar al
Inem disminuyan para que no se penalice el factor trabajo. Si van tan
bien las cuentas, levantemos ese pie que se ha puesto sobre la creación
de empleo y permitamos que ésta se incentive.
Por último, quisiera hablar de un sector muy especial de trabajadores, y
a este respecto he de decir que tengo una cierta obligación moral en la
medida en que el puerto de Vigo es la sede de la mayor parte de la flota
de altura española, lo que quiere decir que la mayoría de ciudadanos y
ciudadanas que se embarcan en la pesca de altura tienen que ver con la
provincia a la que yo represento.
Lo único que pretendemos los socialistas es que se haga realidad lo que
se establece en el Pacto de Toledo. En dicho Pacto viene a decirse que
tendríamos que acercar las bases de cotización al salario real. Es decir,
que lo que una persona cobra por su trabajo debe ser sensiblemente igual
a aquello por lo que se cotiza al sistema de Seguridad Social. Pues bien,
en el caso concreto de retribuciones «a la parte», es decir, en el caso
de trabajadores que aparte de un salario equis reciben al final de la
marea una parte de su salario en función de los objetivos, en función del
número de toneladas de pescado que han conseguido, la verdad es que las
bases de cotización del Régimen Especial de los Trabajadores del Mar
están muy lejos de lo que cada uno de ellos se lleva después a su casa.
Pero esto crea problemas a la larga, porque cuando estas personas llegan
a los 55, 56 ó 57 años y se jubilan, se
encuentran con que su sistema de protección social, con que sus pensiones
son muy inferiores en comparación con lo que han venido cobrando mientras
estaban en activo, lo que hace al mismo tiempo que en el Régimen Especial
de los Trabajadores del Mar no se recauden las cantidades debidas, con lo
cual hay una parte de economía sumergida que se tolera y que escapa a la
cotización social.
Por esa misma razón presentamos una enmienda de pura justicia social,
enmienda que contempla el futuro de esos trabajadores que tendrán que
acogerse al sistema, y que también va dirigida a que en el propio sistema
se perciben los ingresos totales sobre los salarios reales.
Nada más, señor Presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Tomey Gómez): Muchas gracias, Senador González
Príncipe.
Hay una enmienda presentada por el Grupo Parlamentario Popular, la número
1.167 bis.
Para su defensa tiene la palabra el Senador Fernández Menéndez.
El señor FERNANDEZ MENENDEZ: Señor Presidente, con esta enmienda
pretendemos variar los porcentajes de cotización en determinados modelos
de contratos de trabajo, ya que lo que intentamos buscar es una mayor
calidad en el propio contrato de trabajo para que el empresario no tienda
a hacer contrataciones que, aunque no mucho, están penalizadas.
Consideramos que de este modo se podría hacer una adaptación más adecuada
a los tipos de cotización que en este momento están en vigor.
Señor Presidente, si le parece bien, puedo continuar ahora con el turno
en contra.
El señor VICEPRESIDENTE (Tomey Gómez): Sí, señoría, tiene usted la
palabra para turno en contra.
El señor FERNANDEZ MENENDEZ: Las enmiendas que se han presentado al
Título VIII se fundan, en líneas generales, en dos temas concretos: uno
de ellos es la vuelta al sistema antiguo de cotización de los
trabajadores del mar, ya que en las cotizaciones por salarios «a la
parte» --cuyo control supone muchas dificultades, como todos sabemos--
pueden darse muchas injusticias desde el punto de vista del esfuerzo
laboral de cada persona. Por ejemplo, puede darse el caso de que unas
determinadas tripulaciones pueden estar faenando los mismos días y las
mismas horas que otras, pero a unas se les puede dar peor la pesca que a
las otras en esas mismas jornadas, pues resulta que entre esas
tripulaciones --repito, en iguales condiciones y en el mismo tiempo-- hay
otras que obtienen salarios mayores.
Pero, pásmense sus señorías, porque esto se nota concretamente --y aquí
es donde hay que buscar una protección-- cuando el trabajador está en
situación de baja o invalidez temporal. Si esa baja o invalidez coinciden
con una época de mala pesca, de mala producción, ese trabajador tendría
una base reguladora muy baja. Por tanto, entendemos que se trata de una
medida social buena.
Por otra parte, tampoco creo que sea el momento de cambiar esto ya que en
la Ley de Presupuestos Generales del año pasado, como recordarán sus
señorías, todos los grupos parlamentarios firmaron una enmienda
transaccional precisamente para modificar este tipo de cotizaciones y
llevar esa modificación al actual sistema, en el que se busca el promedio
de la recaudación anual para establecer unas bases fijas de cotización,
lo que no quiere decir que siempre sea la misma puesto que cada año se
van buscando los promedios de producción. Por tanto, en aquellos años en
que la producción sea mayor, también se sigue favoreciendo a estos
contingentes de trabajadores.
Por otra parte, señor Presidente, hay algunas enmiendas de los señores
Román Clemente y Nieto Cicuéndez que han sido dadas por defendidas y que
lo único que proponen es duplicar, y en algunos casos triplicar, la
cotización social. Nosotros no creemos que vaya por ahí el camino del
fomento del empleo y, como recoge nuestra enmienda, solamente se
establece una variación en las cotizaciones por desempleo en determinados
contratos de trabajo, con lo cual se pretende no incentivar ese tipo de
contrato de trabajo y sí un empleo más fijo y estable.
Respecto a la enmienda socialista que pide, entre otras cosas, la
cotización al alta en las horas extraordinarias, sabe de sobra su señoría
que hay determinados momentos en los que por circunstancias de
producción, por circunstancias de un consumo incluso temporal, es
necesario que haya horas extraordinarias. Esto no quiere decir que haya
que generalizarlas, esto no quiere decir que se dejen al libre albedrío,
pero lo que no se puede hacer es encarecer esa competitividad y esa
producción precisamente por llevar la cotización sobre horas
extraordinarias a la magnitud que proponen en su enmienda.
Nada más, señor Presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Tomey Gómez): Muchas gracias, Senador Fernández.
¿Algún turno en contra?
Tiene la palabra el Senador Martín Iglesias por cinco minutos.
El señor MARTIN IGLESIAS: Gracias, señor Presidente, voy a consumir un
turno en contra de las enmiendas al Título IV presentadas por Izquierda
Unida, el Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos y el
Grupo Parlamentario Socialista.
Respecto a las enmiendas del Senador Román Clemente, del Grupo
Parlamentario Mixto, que ha dado por defendidas, nosotros no tenemos nada
que decir y nos reservamos para el Pleno.
Al Senador Gangoiti quiero decirle que nuestro Grupo comparte esa
especial sensibilidad que demuestra en sus enmiendas y que el Grupo
Parlamentario Popular se compromete a estudiarlas detenidamente.
El Senador socialista, señor González Príncipe, ha hecho un discurso, a
mi modo de ver, demagogo porque a lo largo de los años que estuvo
gobernando el Gobierno anterior tuvieron tiempo suficiente para plasmar,
a través de unos presupuestos como los que hoy estamos debatiendo,
el incremento de las pensiones de nuestros mayores. Y ha sido
precisamente un gobierno del Partido Popular el que ha hecho posible que
nuestros pensionistas, todos, vean cómo ganan año tras año poder
adquisitivo sus pensiones; así, por tercer año consecutivo, no sólo
porque haya habido una contención de precios --lo cual es ya importante
porque supone implícitamente un incremento en ese poder adquisitivo--
sino por la vía de la realidad, nuestros mayores han visto incrementadas
todas las pensiones.
Nada más, señor Presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Tomey Gómez): Gracias, Senador Martín.
¿Algún turno en contra más? (Pausa.)
Pasamos al Título V, artículos 47 a 56, Anexo III y Sección 06.
El Senador Nieto Cicuéndez y la señora Costa Serra han presentado las
enmiendas números 242, 243 y 265.
Para su defensa, tiene la palabra el señor Román Clemente.
El señor ROMAN CLEMENTE: Señor Presidente, las damos por defendidas.
El señor VICEPRESIDENTE (Tomey Gómez): Muchas gracias.
Senador Román Clemente, su señoría tiene las enmiendas números 1.198 y
1.199.
Tiene la palabra para su defensa.
El señor ROMAN CLEMENTE: También las damos por defendidas.
El señor VICEPRESIDENTE (Tomey Gómez): Muchas gracias.
Por el Grupo Parlamentario Socialista se han presentado las enmiendas
números 684 a 686 y la número 757.
Para su defensa, tiene la palabra el Senador Granado.
El señor GRANADO MARTINEZ: Muchas gracias, señor Presidente.
Voy a hacer una defensa muy breve de estas enmiendas, que se vienen
reiterando año tras año en el proyecto de ley de presupuestos, sobre la
comunicación que, a nuestro juicio, debe hacer el Gobierno de los
créditos y de las operaciones de aval que se contemplan en este título,
así como sobre la necesaria obligación de que sea el Gobierno el que
autorice determinadas operaciones por importe mayor de 1.000 millones de
pesetas.
Quiero hacer también una brevísima referencia a la situación del Ente
Público Radiotelevisión Española. Nosotros entendemos que el Gobierno
hace una política meramente cosmética de externalización de determinados
endeudamientos de entes públicos --y lo que está sucediendo con
Televisión es un buen ejemplo--, haciendo que los mismos se endeuden pero
que no tengan ningún tipo de respaldo por parte del presupuesto en sus
operaciones. Pues bien, pretendemos que para hacer viable Radiotelevisión
Española el Estado asuma deuda del ente público por valor de 80.000
millones de pesetas con efectos de 1.º de enero de 1999.
Nada más y muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Tomey Gómez): Muchas gracias, Senador Granado.
El Grupo Parlamentario Popular tiene una enmienda, la número 1.101. Para
su defensa, tiene la palabra el Senador Alierta.
El señor Alierta Izuel: Gracias, señor Presidente.
La doy por defendida en sus propios términos, puesto que de su contenido
se desprende cuál es la finalidad que pretende.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Tomey Gómez): Muchas gracias, Senador Alierta.
Para turno en contra, tiene la palabra el Senador Alierta.
El señor ALIERTA IZUEL: Gracias, señor Presidente, también seré muy
breve.
En el Título V, que nos ocupa, existen numerosas referencias a
información que el Gobierno remitirá a las Comisiones de Presupuestos del
Congreso de los Diputados y del Senado en relación con múltiples
operaciones. (El señor Vicepresidente, Sánchez Cuadrado, ocupa la
Presidencia.) En consecuencia, entendemos que esta nueva información que
se solicita no es que sea superflua, pero pudiéndose obtener, en el caso
concreto de informaciones puntuales, por los mecanismos ordinarios y
tratándose de avales de entidades públicas y sociedades mercantiles que
tienen una cierta agilidad, esta información periódica se sumaría a una
amplia información también periódica que ya se remite. Luego existe
suficiente información, aparte de que es posible obtener información
adicional.
En cuanto al presupuesto del Ente Público Radiotelevisión Española en la
parte que afecta al Título V, la política del Gobierno ha sido la no
asunción de deudas de organismos públicos, sea Televisión Española o sea
cualquier otro, como se venía practicando en años anteriores. Esto
soluciona aparentemente la financiación de los entes públicos a los que
se aplica --que, vuelvo a repetir, no se aplicaba sólo a Televisión
Española, sino también a la Agencia Industrial, al Instituto Nacional de
Industria, a la Expo de Sevilla, incluso podría mencionar algunas
sociedades mercantiles--, pero significa asimismo una traducción en la
deuda que asume el Estado y en las cargas financieras que el Estado tiene
que asumir. Conjuntamente con el Título V estamos debatiendo la Sección
06, Deuda Pública, y en el propio contenido de esta Deuda Pública aparece
una partida concreta, deuda asumida de Radiotelevisión Española en el
pasado, que tiene un presupuesto para 1999, sólo por intereses, de 6.283
millones y de amortización de 18.894 millones de pesetas. Por tanto, esta
práctica en realidad supone trasladar de Televisión Española al Estado
los problemas financieros que se derivan.
Esta era una forma de financiación, que ya se denunció en su momento,
consistente en financiar por la puerta de
atrás. Sin embargo, la Unión Europea estableció limitaciones específicas
al respecto, y a partir de 1997 no se ha consignado. Entendemos que la
financiación de Televisión Española debe estudiarse en sus propios
términos, pero que este mecanismo no es el que procede. En su momento, y
en el contexto adecuado, se discutirá el presupuesto de esta entidad,
cuyo análisis exigirá conocer cuál es la financiación que tiene en cada
momento comparada con la de otros ejercicios, incluyendo las operaciones
de crédito que se le autorizan por este mismo título con la asunción de
las deudas que hubo en dichos ejercicios, con lo cual se verá que en los
últimos años la cifra total es inferior a la que llegó a ser, por
ejemplo, en 1995, con el proyecto de presupuestos que se presentó para
1996.
En cuanto a la Sección 06, se presenta una enmienda de devolución en cuya
defensa el portavoz del Grupo Socialista no se ha detenido. Por tanto, yo
tampoco me extenderé. Sin embargo, debo señalar que esta sección ha sido
objeto de enmienda en anteriores debates de presupuestos porque la
cuantía de los gastos financieros iba «in crescendo», hasta el punto de
llegar a desplazar los gastos sociales y los gastos destinados a
inversiones. Sin embargo, si se estudia el contenido de la sección y su
evolución se podrá ver cómo ha sido posible atender los gastos sociales
--porque la sección ha dejado un remanente para poder utilizarlo en ese
apartado-- y cómo después de un par de ejercicios es posible disminuir la
presión fiscal en 1999, lo cual va a favorecer a todos los españoles, sin
menoscabo del mantenimiento de los gastos sociales.
Por otra parte, pequeños cálculos sobre la evolución de la Sección 06 nos
indican que si hubiéramos seguido la tendencia que en lo que se refiere a
gastos financieros, es decir, a pagos por intereses, existía en los
presupuestos entre 1990 y 1996, para los próximos ejercicios habría que
haber consignado la cantidad de 4,3 billones de pesetas. Sin embargo, la
consignación que figura para 1999 no es de esa cifra; afortunadamente se
ha roto esa tendencia, y se han presupuestado tres billones de pesetas.
Es decir, tras la tendencia que existió durante esos años, hasta 1996, y
que incluso tuvo sus consecuencias en 1997, nos encontramos con una menor
necesidad presupuestaria, cifrada en 1,3 billones de pesetas, para
atender gastos financieros. Y es precisamente el hecho de no tener que
destinar 1,3 billones a gastos financieros lo que permite disminuir la
presión fiscal, entre otras cosas, no sólo sin menoscabo para otros
gastos, sino con la posibilidad de atenderlos de forma más que suficiente
y con incrementos muy sustanciales, como se ha puesto de manifiesto en
los debates habidos sobre la financiación de la sanidad.
Por tanto, si se estudian todas las secciones los presupuestos se
explican perfectamente, y comprendemos que el Grupo Socialista no se
extienda demasiado en la Sección 06. ¿Por qué? Por razones evidentes:
porque de su análisis se entiende por qué nos cuadran los presupuestos.
Esa cuadratura del círculo que se decía que era imposible no lo es. No
hay más que estudiar los últimos diez años de una sección que pasa tan
desapercibida como la Sección 06 para entender los presupuestos.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Sánchez Cuadrado): Muchas gracias, Senador
Alierta.
¿Algún otro turno en contra más? (Pausa.)
Pasamos al debate del Título VI, artículos 57 a 69.
Comenzamos por las enmiendas números 218 y 225, presentadas por el
Senador Ferrer Roselló, del Grupo Mixto.
Para su defensa, tiene la palabra su portavoz.
El señor ROMAN CLEMENTE: Gracias, señor Presidente.
Las damos por defendidas.
El señor VICEPRESIDENTE (Sánchez Cuadrado): Muchas gracias, Senador Román
Clemente.
En consecuencia, pasamos a las enmiendas números 266, 267 y 268, del
Senador Nieto Cicuéndez y la Senadora Costa Serra, también del Grupo
Mixto.
Para su defensa, tiene la palabra el Senador Román.
El señor ROMAN CLEMENTE: Gracias, señor Presidente.
Igualmente, las damos por defendidas.
El señor VICEPRESIDENTE (Sánchez Cuadrado): Muchas gracias.
Enmienda número 1.200, presentada por el Senador Román Clemente.
Tiene la palabra su señoría.
El señor ROMAN CLEMENTE: También la doy por defendida, señor Presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Sánchez Cuadrado): Muchas gracias.
Pasamos a las enmiendas presentadas por el Grupo Parlamentario
Socialista, números 687, 688 y 689.
Tiene la palabra el Senador Granado.
El señor GRANADO MARTINEZ: Muchas gracias.
Voy a hacer una breve defensa de estas enmiendas, que son congruentes con
el espíritu que anima la propuesta de veto presentada por el Grupo
Parlamentario Socialista.
Por un lado, se pretende que se difiera en el tiempo la aplicación del
Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas. En este sentido,
estimamos que la aplicación del nuevo impuesto durante el ejercicio de
1999 va a conllevar problemas muy serios de ejecución para el erario
público. Se trata de problemas que este proyecto de ley de presupuestos
intenta disfrazar previendo, de manera tan artificiosa como ya se hiciera
en años anteriores, que, a pesar de la reforma del Impuesto sobre la
Renta de las Personas Físicas, se incrementará la recaudación por dicho
impuesto, lo cual, evidentemente, va a ser falso, por lo que van a quedar
comprometidas las cuentas públicas por este exceso en la previsión. (El
señor Presidente ocupa la Presidencia.)
Asimismo, presentamos dos enmiendas puntuales que tienen por objeto, por
un lado, corregir una imprecisión técnica que puede dar origen a una
cierta picaresca en lo
que respecta al artículo 58, y por otro, modificar las retenciones de los
pagos fraccionados que se entregan a cuenta del Impuesto sobre
Sociedades, que nosotros establecemos en el 20 por ciento. Me gustaría
señalar que la aprobación de esta enmienda --algo que en nuestra opinión
no es especialmente gravoso en una época de bonanza económica para las
sociedades españolas-- podría permitir financiar las actuaciones que el
Grupo Parlamentario Socialista quiere promover para la mejora de las
pensiones no contributivas y las pensiones que cobran complemento a
mínimos en el Régimen General de la Seguridad Social y las Clases
Pasivas. Nos parece razonable que la riqueza nacional que se está
generando en una época de bonanza económica se distribuya de tal manera
que no sólo queden beneficiadas algunas decenas de miles de personas, de
empresarios y personas jurídicas, sino también millones de pensionistas
que no se ven beneficiados por los regalos fiscales del Gobierno.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señoría.
Para la defensa de las enmiendas del Grupo Popular, tiene la palabra el
Senador Blancas Llamas.
El señor BLANCAS LLAMAS: Muchas gracias, señor Presidente.
Quisiera aclarar que en este ejercicio ha habido una importante reducción
al Título VI, Normas Tributarias, tanto por la oposición como por parte
del Grupo Popular.
La base y el fundamento de ello están claros: recientemente se ha
aprobado la reforma del Impuesto sobre la Renta y del Impuesto sobre la
Renta de no residentes, lo que ha motivado que el número de enmiendas
presentadas sea mínimo y que, en el caso del Grupo Popular, se limiten a
una actualización de determinados parámetros con el fin de consolidar los
criterios de convergencia y proseguir en el objetivo de reducir el
déficit público.
En cuanto a las enmiendas que presenta el Grupo Popular, por lo que se
refiere al artículo 57, sobre los coeficientes de actualización del valor
de adquisición, con la enmienda número 1.102 pretendemos simplemente
corregir el texto y aclarar que se refiere a bienes inmuebles no afectos
a actividades económicas, para diferenciarlo de los bienes afectos a
actividades económicas, a los cuales se aplicará, lógicamente, los
coeficientes del Impuesto sobre Sociedades.
La enmienda número 1.103 afecta al Impuesto sobre el Patrimonio. Al
establecerse el mínimo exento en la cantidad de 17.300.000 pesetas, se
precisa modificar el artículo 37 de la Ley 19/1991, del Impuesto sobre el
Patrimonio, para establecer las personas que quedan obligadas a hacer la
declaración de patrimonio por obligación personal, siendo aquellas cuyas
bases superen la citada cifra de 17.300.000 pesetas. También tendrán
obligación de declarar, claro está, las personas cuyos bienes y derechos
tengan un valor que supere la cifra de 100 millones de pesetas. Por otro
lado, no se altera, pero se aclara, que las personas obligadas por
obligación real --valga la redundancia-- son aquellas no residentes en el
territorio nacional, que estarán obligadas a hacer la declaración del
patrimonio cualquiera que sea el valor de sus bienes o de sus bases
imponibles a los efectos del mencionado impuesto.
La enmienda número 1.104, del Grupo Parlamentario Popular, al artículo
64, es de carácter técnico y afecta al artículo 22 de la Ley 29/1987, que
regula el Impuesto sobre Sucesiones. Trata de incorporarse una
modificación que se incluyó por error en el proyecto de ley de medidas
fiscales, administrativas y de orden social.
La enmienda número 1.105 afecta al artículo 66 del proyecto de ley de
presupuestos generales del Estado. Trata de actualizar la situación de
las personas cuyas actividades hayan sido modificadas por el proyecto de
ley de presupuestos generales del Estado. El legislador se refiere
concretamente a que las personas afectadas por la modificación del
epígrafe correspondiente en el Impuesto sobre Actividades Económicas,
Tarifa del Impuesto, Sección I, apliquen lo regulado por el Real Decreto
243/1995 para actualizar sus declaraciones y aclarar su situación censal
tributaria como contribuyentes.
La enmienda número 1.106 es aclaratoria. El proyecto se refiere al
antiguo Reglamento de Máquinas Recreativas y de Azar, aprobado por Real
Decreto 593/1990, y se pretende sustituir esta referencia que contiene el
apartado Tres del artículo 69 por Reglamento de Máquinas Recreativas y de
Azar, aprobado por Real Decreto 2110/1998. Se trata de adecuarlo y hacer
la cita correctamente.
Paso a contestar las enmiendas presentadas por los Grupos de la
oposición.
En cuanto al Grupo Parlamentario Mixto, al estar ausentes los Senadores
Ferrer y Nieto Cicuéndez, daré respuesta en el Pleno a sus enmiendas
presentadas al articulado de normas tributarias.
No me quiero esperar al Pleno para contestar al Senador Román Clemente,
puesto que está aquí presente. Su señoría pide la actualización del
Impuesto de Circulación, conocido técnicamente como Impuesto sobre
Vehículos de Tracción Mecánica. Me permito remitirle a la sesión de
mañana en la que debatiremos el proyecto de ley de medidas, que en su
artículo 14 regula la actualización de este impuesto. Por otro lado,
usted conoce perfectamente que a través de las Ordenanzas Municipales de
cada municipio se pueden regular, de acuerdo con sus coeficientes, los
índices o tarifas resultantes del IVTM.
En cuanto a las enmiendas presentadas por el Grupo Socialista, la verdad,
señor Granado, volver a debatir ahora lo ya debatido los días 11 y 12 de
noviembre, cuando fue aprobado el Impuesto sobre la Renta de las Personas
Físicas, me parece que no tiene sentido. Entiendo su filosofía, pero no
la comparto. Volver a aplicar la Ley 18/1991 de Impuesto sobre la Renta
de las Personas Físicas, que va a quedar derogada el 31 de diciembre de
1998, sólo induce a confusión.
La enmienda número 688 pide modificar el apartado dos del artículo 58,
referido a los coeficientes de corrección monetaria aplicados en el
Impuesto sobre Sociedades. Simplemente quiero decirle que usted tiene una
opinión, aportan una idea razonable, pero yo le remito al artículo 15 de
la Ley de Impuesto sobre Sociedades, donde se habla de
amortizaciones contabilizadas, luego no se presta a error el texto del
apartado b) del artículo 58.Dos, cuando dice que los coeficientes se
aplicarán de la siguiente manera sobre las amortizaciones contabilizadas.
Es una configuración técnica que recoge nuestra Ley en el Impuesto sobre
Sociedades. Subir el tipo impositivo del pago fraccionado del Impuesto
sobre Sociedades del 18 al 20 no parece que sea acorde con la filosofía
del Grupo Parlamentario Popular y del Gobierno, cuando su tendencia es,
lógicamente, reducir los impuestos. En este caso consideramos acertada la
aplicación del 18 por ciento en los pagos fraccionados en el Impuesto
sobre Sociedades.
Nada más y muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Pasamos al Título VII, Secciones 32 y 33.
Incluye las enmiendas números 269 a 272, presentadas por el Senador Nieto
Cicuéndez y la Senadora Costa Serra.
Tiene la palabra el señor Román Clemente.
El señor ROMAN CLEMENTE: Muchas gracias, señor Presidente.
Damos por defendidas las enmiendas.
El señor PRESIDENTE: Pasamos a las enmiendas números 1.954 a 1.963 y
1.201 a 1.212, presentadas por Román Clemente, al que doy la palabra.
El señor ROMAN CLEMENTE: Muchas gracias, señor Presidente.
También las damos por defendidas.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.
El Grupo Parlamentario Socialista ha presentado las enmiendas números 690
a 698, 718 y 1.010 a 1.023.
Tiene la palabra el señor Granado Martínez.
El señor GRANADO MARTINEZ: Muchas gracias, señor Presidente.
Voy a intervenir con suma brevedad para señalar que las enmiendas
presentadas por el Grupo Parlamentario Socialista son congruentes con las
que ha venido manteniendo en los tres últimos años al proyecto de ley de
presupuestos generales del Estado.
Nuestras enmiendas van en el siguiente sentido: Que se reconozca la
población efectiva existente en cada Comunidad Autónoma para realizar las
asignaciones previstas en las Comunidades Autónomas y, asimismo, en los
ayuntamientos españoles; que se incrementen las subvenciones para el
transporte urbano colectivo por parte del Estado a los ayuntamientos
españoles, que creemos que es una política con un interés, no solamente
municipal, sino nacional; que se modifiquen las entregas a cuenta y el
sistema de liquidación de las Comunidades Autónomas que rechazaron el
modelo, de acuerdo con lo preceptuado en la Ley Orgánica de Financiación
de las Comunidades Autónomas, y que no han sido objeto de modificación y,
por tanto, en este sentido debe realizarse la liquidación y las entregas
a cuenta de acuerdo con lo preceptuado en la LOFCA; que se realice
también esta liquidación de acuerdo con lo preceptuado en ésta, de
acuerdo con la evolución de los ingresos tributarios ajustados
estructuralmente para el Estado; que se tengan en cuenta las asignaciones
complementarias previstas en los Estatutos de Autonomía de Andalucía y
Extremadura, y que el Fondo de Compensación Interterritorial mantenga una
cuantía fija en lo que es el porcentaje de relación del Fondo con la
inversión civil en obra nueva del Estado.
Damos por defendidas con esta explicación nuestras enmiendas presentadas
al Título VII, Entes Territoriales.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.
Para la defensa de las enmiendas del Grupo Parlamentario Popular y en
turno en contra, tiene la palabra el señor Tomey.
El señor TOMEY GOMEZ: Muchas gracias, señor Presidente.
La enmienda número 1.107 pretende corregir un error.
La enmienda número 1.108 tiene como finalidad aplicar un coeficiente de
ponderación en el tramo situado entre 20.001 y 50.000 habitantes, que
será de 1,30. En la enmienda está equivocado y figura 1,17. También hay
otro error, pues en lugar de poner m, municipios, hay una i.
En la enmienda número 1.109 se modifica el apartado Uno del artículo 73,
sobre las entregas a cuenta de la participación de los municipios en
tributos del Estado para el año 1999, en el que se concretan los valores
de las variables y de las participaciones mínimas garantizadas a favor de
los ayuntamientos.
La enmienda número 1.110 trata de modificar el apartado a) e incluir un
párrafo final al artículo 78, relativo a la información que han de
suministrar los ayuntamientos para el cálculo de la participación en los
tributos del Estado para el año 1999. Es adaptar la información que han
de suministrar las entidades locales al nuevo sistema de financiación.
Y la enmienda número 1.111 pretende exigir un interés, tanto a favor como
en contra del Estado, en cuanto a las cancelaciones de las deudas por
cuotas a la Seguridad Social, o en concepto de recaudación, etcétera, en
tributos del Estado. Se trata de clarificar el precepto.
Respecto a las enmiendas del resto de los grupos, vamos a aceptar la
enmienda número 270, del Grupo Parlamentario Mixto, presentada por el
señor Nieto Cicuéndez. Igual que se extendía con carácter retroactivo
desde 1993 para las personas físicas, se extiende ahora para los
ayuntamientos con el fin de que la recaudación de estas entidades locales
no se vea menoscabada.
Asimismo, se va a aceptar también la 691 del Grupo Parlamentario
Socialista, que es una corrección de errores.
Como el Grupo Parlamentario Mixto ha dado por defendidas sus enmiendas ya
las trataremos.
El Grupo Parlamentario Socialista mantiene su posición respecto de la
financiación de las Comunidades Autónomas y de los municipios. Le diré
que en el transporte hay un incremento importante. Además, hay que
considerar que los ayuntamientos de las islas Canarias están fuera
del cupo, por lo tanto, ese incremento aún es mayor y ya no proceden más
incrementos referidos al sector transporte.
Las demás enmiendas se ocupan de la financiación de las Comunidades
Autónomas. Mantenemos nuestras discrepancias con el Grupo Parlamentario
Socialista, pues ya ha sido defendido por el Grupo Parlamentario Popular
nuestro concepto de financiación autonómica.
Nada más, señor Presidente, y muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, Senador.
Pasamos, a continuación, a discutir las disposiciones adicionales 1 a 25.
Se han presentado enmiendas de la Señora De Boneta, del señor Ferrer
Roselló, del señor Nieto y de la señora Costa Serra, y del señor Román
Clemente, que tiene la palabra.
El señor ROMAN CLEMENTE: Muchas gracias, señor Presidente.
Voy a dar por defendidas las enmiendas del Senador Ferrer, del Senador
Nieto y la Senadora Costa, y de la Senadora De Boneta en los términos en
los que están expresadas, así como las enmiendas presentadas por este
Senador.
El señor PRESIDENTE: Gracias, Senador.
El Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos tiene
presentadas las enmiendas 1.039 y 1.040.
Para su defensa, tiene la palabra el Senador Gangoiti.
El señor GANGOITI LLAGUNO: Muchas gracias, señor Presidente.
Con la enmienda 1.039 tratamos de asegurar la financiación del acuerdo
vasco sobre formación profesional continua, suscrito en septiembre de
1995 en aplicación de los artículos 83 y 84 del Estatuto de los
Trabajadores.
La enmienda 1.040 es de adición. Se refiere a las actividades y programas
prioritarios del mecenazgo. La presentamos porque en el presupuesto de
1995 se incluyeron programas de ayuda al desarrollo (disposición
adicional decimoctava, punto 2) y fue prorrogada en el presupuesto de
1997 y, asimismo, en el del pasado año. Con todo, la mención a los
proyectos de cooperación al desarrollo se realiza con el calificativo de
«oficial», lo que ha hecho prácticamente imposible que los proyectos de
cooperación realizados por ONGD se vean beneficiados de estas medidas,
debido a la dificultad de certificar que dichos donativos van
estrictamente a proyectos de Ayuda Oficial al Desarrollo.
Nada más y muchas gracias, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias, Senador.
El Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió ha
presentado dos enmiendas, la 1.085 y la 1.086.
Tiene la palabra su portavoz para la defensa de las mismas.
El señor CAMBRA I SANCHEZ: Muchas gracias, señor Presidente.
A las disposiciones adicionales se han formulado dos enmiendas, la 1.085
y la 1.086. La 1.085 ya fue presentada por nuestro Grupo en el Congreso
de los Diputados y tiene por objeto equiparar, en lo referido a la
aplicación del estatuto jurídico del Instituto de Crédito Oficial, esta
entidad con las entidades que en el ámbito de las Comunidades Autónomas
desarrollan funciones de ejecución y de actuación en la política del
crédito público de las mismas.
La enmienda 1.086 pretende incorporar una disposición adicional nueva con
el título «Compensación de transferencias para cofinanciación de ayudas
estructurales». Su objeto es que las Comunidades Autónomas que gestionan
fondos del IFOP puedan, en el ejercicio de 1999, efectuar las
compensaciones entre las distintas transferencias recibidas de los
Presupuestos Generales del Estado para la cofinanciación de estas ayudas
estructurales pesqueras.
Nada más y muchas gracias, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias.
El Grupo Parlamentario Socialista tiene presentadas las enmiendas 722 a
737.
Tiene la palabra, para su defensa, el Senador Garcías Coll.
El señor GARCIAS COLL: Muchas gracias, señor Presidente.
De las 15 enmiendas del Grupo Parlamentario Socialista que ha citado el
señor Presidente, dos son de modificación, una es de adición, y 12 son
nuevas disposiciones adicionales. Permítame que haga una defensa
conjunta.
Las de modificación tienen una referencia económica. La primera hace
referencia a una rebaja en 0,5 puntos por ciento del interés del dinero
tanto en el interés de demora como en el legal. Creemos que con las
rebajas de interés que ha habido en estos últimos meses, el interés legal
que figura en los presupuestos tendría que adecuarse más al interés que
impera en estos momentos.
Nuestras enmiendas adicionales nuevas tienen un carácter municipalista.
En la enmienda 724 se pretende compensar a los municipios afectados por
el coste de las bonificaciones de que disfrutan las autopistas de peaje
en el IBI. Consideramos que esta pérdida de ingresos por parte de los
ayuntamientos tendría que ser compensada por el Estado y nunca tendría
que repercutir sobre las arcas municipales.
Otra de nuestras enmiendas pretende garantizar una cobertura mínima de
gastos por habitante a los municipios con población inferior a 5.000
habitantes. Creemos que cumple con los acuerdos de la Federación Española
de Municipios.
Otras de las enmiendas a las disposiciones adicionales tienen un carácter
de transparencia presupuestaria. Con una de ellas se pretende regular el
Consejo Consultivo de Privatizaciones. Este Consejo existe, pero es de
difícil control y de difícil seguimiento por el Parlamento. Por lo tanto,
sería necesario que el Consejo Consultivo de Privatizaciones, ya que se
ha convertido en un órgano importante de la Administración, estuviese
controlado y regulado por las Cámaras.
Otra de nuestras enmiendas pretende, en esta misma línea de transparencia
presupuestaria, conocer las aportaciones que la SEPI da a sus empresas
dependientes. Hoy en día no es posible saberlas. Con esta enmienda se
podrían conocer.
Asimismo, hay otra enmienda que busca facilitar el control sobre la
ejecución presupuestaria a través de la oficina presupuestaria. Existe
una oficina presupuestaria desde el año 1990, pero es muy difícil hacer
un seguimiento presupuestario, puesto que no se realiza un control diario
del propio presupuesto. Hemos formulado esta enmienda, por tanto, para
poder realizar este control.
La enmienda 730 tiene por finalidad garantizar el uso real y conforme al
ordenamiento jurídico del suplemento de crédito, por importe de 41.995
millones de pesetas, establecido en el artículo 4 del Real Decreto
12/1998 que regula un conjunto de inversiones para la Comunidad Autónoma
catalana. Nosotros creemos que este dinero debe destinarse a inversiones
necesarias y no a inversiones ya realizadas. Es una enmienda global en la
que determinamos este conjunto de inversiones destinadas a realizar las
obras e infraestructuras viarias o aeroportuarias necesarias para la
Comunidad Autónoma de Cataluña.
En otra enmienda solicitamos un incremento de un 0,5 por ciento además
del importe del aumento de los asalariados y funcionarios, que será del
1,8 por ciento. Consideramos que es necesario y tiene que contemplarse un
incremento superior al 1,8 por ciento, dado que hubo una pérdida de poder
adquisitivo por parte de los trabajadores adscritos a la Administración
del Estado.
Por último, presentamos una enmienda de adición para dar cumplimiento a
los acuerdos de la Administración Central y de la Junta de Andalucía para
el Plan de indemnización de intensificación del Programa de protección de
la cobertura vegetal, con una cantidad de 12.282 millones de pesetas.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.
Para la defensa de las enmiendas números 1.112 a 1.115 y turno en contra
de las restantes, tiene la palabra el Grupo Parlamentario Popular.
El señor ACACIO COLLADO: Gracias, señor Presidente.
La enmienda 1.112 es de modificación a la disposición adicional quinta, y
proponemos una nueva redacción, tal y como viene expresada en la
enmienda.
La justificación es clara. Es adaptarse a las nuevas situaciones y
contexto económico que existe actualmente en cuanto a tipo de intereses,
que van a la baja y con una estabilidad cada vez más creciente. Por lo
tanto, entendemos que la supresión de ese párrafo está más que
justificada.
Respecto a la 1.113, es una enmienda de supresión del segundo párrafo de
la disposición adicional decimoquinta, relativa a los proyectos
concertados de la Comisión Interministerial de Ciencia y Tecnología.
Entendemos que su extensión a proyectos del CDTI carece de fundamento, y
la posible renegociación de los créditos concedidos por el CDTI con cargo
al presupuesto propio de ese centro en sus distintas modalidades, tanto
para los anteriores a 1993 como para los posteriores, no debe precisar
habilitación legal expresa, ya que es competencia del propio Consejo de
Administración del organismo. Además, consideramos que la CICYT, la
Comisión Interministerial de Ciencia y Tecnología, no tiene competencia
respecto a estos proyectos, de ahí la presentación de la enmienda.
En relación a la 1.114, enmienda de supresión a la disposición adicional
vigésimo tercera, se justifica porque el contenido de esta disposición va
a integrarse en la Ley de Acompañamiento, en donde se van a incluir las
obras hidráulicas de interés general. Por lo tanto, es una enmienda de
mejora técnica.
La enmienda número 1.115 es a una nueva disposición adicional, que viene
defendida en sus propios términos. Con ella se beneficia la integración
social de los disminuidos, tanto físicos, psíquicos y sensoriales.
Obedece a los compromisos de este Gobierno con esta parte de la sociedad,
con la que somos todos muy sensibles.
Todo ello por lo que respecta a nuestras enmiendas.
En cuanto al turno en contra de las de los demás Grupos, con la misma
brevedad y extensión debo decir al Grupo Mixto que sus enmiendas van a
ser votadas en contra.
Respecto a las enmiendas defendidas por el Senador Gangoiti, del Grupo
Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos, en principio vamos a
votar en contra. En relación a los argumentos expuestos en la número
1.039, debo decir que, en el caso de que esta enmienda fuese aprobada,
podría entrar en contradicción con los principios de gestión y
administración que se regulan en el marco de la negociación a través de
los distintos acuerdos referidos a esta materia. Dichos acuerdos
establecen, entre otras cuestiones, que se mantendrá a nivel estatal el
control de los fondos provenientes de la cuota de formación profesional
de los trabajadores ocupados, así como que el protagonismo de la gestión
de la formación profesional continua corresponde a los agentes sociales.
Entendemos que la aceptación de esta enmienda supondría quebrar ambos
principios, ya que se perdería el control de los fondos a nivel estatal,
al quedar parte importante de ellos vinculados de manera inexorable a un
territorio, o a varios en su caso, de tal forma que el Estado perdería el
control de los mismos. Asimismo, supondría vulnerar el derecho --recogido
en los acuerdos-- que otorga a los agentes sociales el protagonismo a que
esta gestión se refiere, ya que en ningún caso aquéllos han acordado
dicha consignación presupuestaria en concreto, como sí se hizo en lo
relativo a la financiación continua de los trabajadores de las
Administraciones públicas en la Comisión tripartita de septiembre de
1998. En consecuencia, entendemos que no podemos aceptar dicha enmienda
que vulnerarían esos acuerdos.
En cuanto a las enmiendas defendidas por el Partido Socialista Obrero
Español, la número 722 se refiere a la disposición adicional quinta.
Hemos presentado una enmienda, que hemos defendido, similar. En
consecuencia, rechazamos ésta y apoyamos la nuestra.
La número 723 entendemos que es un simple juego de cifras. Consideramos
correcta la cifra que hemos propuesto, por lo que pasar de 550.000
millones a 700.000 es una manera de tirar por elevación y no la vemos
justificada por ninguna parte. Por lo tanto, mantenemos la cifra que
figura en los presupuestos.
El resto de las presentadas son enmiendas nuevas de adición. Debo señalar
que son variopintas, incluso algunas de ellas chocan con legislaciones
muy diferentes. Quizá podríamos llegar a algún acuerdo de tipo
transaccional con alguna de ellas de aquí al Pleno, pero en principio
nuestro voto va a ser desfavorable a todas ellas.
Nada más y muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.
Pasamos, a continuación, a las disposiciones transitorias primera a
cuarta.
Se ha presentado la enmienda número 284, del señor Nieto Cicuéndez y de
la señora Costa Serra.
Para su defensa, tiene la palabra el Grupo Parlamentario Mixto.
El señor ROMAN CLEMENTE: Gracias, señor Presidente.
Las damos por defendidas.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.
Se ha presentado una enmienda del Grupo Parlamentario Popular. Para su
defensa y para un turno en contra de las restantes, tiene la palabra su
señoría.
El señor ACACIO COLLADO: La damos por defendida en sus propios términos.
En cuanto al turno en contra, rechazamos las presentadas por el resto de
los Grupos.
Nada más y muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Al Anexo VI se ha presentado la enmienda número
1.087, del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i
Unió. Para su defensa, tiene la palabra su señoría.
El señor CAMBRA I SANCHEZ: Muchas gracias, señor Presidente.
Es una enmienda técnica, que tiene por objeto modificar la redacción del
apartado ñ) a este Anexo VI, precisando que se trata de un convenio
suscrito entre la Generalitat de Cataluña y la Administración General del
Estado.
Nada más y muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.
El Grupo Parlamentario Socialista ya ha defendido sus enmiendas
globalmente. Por tanto, tiene la palabra el portavoz del Grupo
Parlamentario Popular para la defensa de su enmienda y el turno en contra
de las anteriores. (Pausa.) ¿Podemos dar por defendida esta enmienda?
(Pausa.)
A continuación, pasamos a la enmienda número 743 al estado de ingresos,
presentada por el Grupo Parlamentario Socialista. Tiene la palabra el
señor Granado.
El señor GRANADO MARTINEZ: Muchas gracias, señor Presidente.
Esta enmienda es una lógica consecuencia de nuestras enmiendas a la
totalidad del presupuesto y, en este sentido, la damos por defendida.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.
¿Turno en contra? (Pausa.)
No se han presentado enmiendas a las Secciones 01, 02, 03, 04 y 05. A la
Sección 08, Consejo General del Poder Judicial, se han presentado las
enmiendas números 285 y 286, de los Senadores Nieto y Costa, y la número
1.239 del Senador Román Clemente, que tiene la palabra para su defensa.
El señor ROMAN CLEMENTE: Muchas gracias, señor Presidente.
Doy por defendidas las enmiendas presentadas por los Senadores Nieto y
Costa y la mía propia, en los términos en que están expresadas.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.
Para turno en contra, tiene la palabra la Senadora Vindel.
La señora VINDEL LOPEZ: Muchas gracias, señor Presidente.
A pesar del laconismo con que han sido defendidas las enmiendas, voy a
intervenir brevemente para manifestar la posición del Grupo Parlamentario
Popular respecto a estas enmiendas a la Sección del Consejo General del
Poder Judicial, que tradicionalmente no había venido registrando ningún
tipo de enmienda en el trámite parlamentario.
En este sentido, quiero decir que esta Sección representa un incremento
del 10 por ciento sobre el presupuesto del año anterior, cantidad que, en
principio, se considera la adecuada para el cumplimento de los objetivos
programados por el Consejo General del Poder Judicial. La determinación
del contenido concreto de los cursos a impartir por la Escuela Judicial,
a través de la cual se realiza la formación de jueces y magistrados, lo
establece el propio Consejo en función de las necesidades específicas de
los colectivos a formar.
El Senador Nieto y la Senadora Costa pretenden ampliar la dotación para
el desarrollo de cursos y edición de materiales dirigidos a jueces y
magistrados con el fin de prevenir y reprimir los delitos derivados de
violencia doméstica y para fomentar el conocimiento de lenguas distintas
del castellano entre el personal de la Administración de Justicia.
Creemos que carece de sentido la dotación expresa para los cursos que
proponen las dos enmiendas, ya que la dotación que figura en la Sección
31 es la que se considera la mínima necesaria para atender los
imprevistos que surjan durante el ejercicio presupuestario del año que
viene. Por lo tanto, en el Grupo Parlamentario Popular somos partidarios
de defender el informe de la ponencia y rechazar estas dos enmiendas.
En cuanto a la enmienda número 1.239, que pretende la recuperación de los
pasadizos subterráneos de Alcañiz con una dotación de 50 millones de
pesetas, es necesario manifestar que solicita un alta en la Sección 08 y
una baja en el artículo 63 correspondiente a la Sección 31, gastos de
diversos ministerios, sin especificar un concepto en concreto. Las
dotaciones presupuestarias de los distintos conceptos que conforman el
presupuesto de cada sección dependen, dentro de las restricciones de los
Presupuestos Generales del Estado, del orden de prioridades establecido
por los distintos Departamentos. En este sentido, la dotación de la
Sección 31 para dicho programa es la que se considera, vuelvo a insistir,
la mínima necesaria para atender estos imprevistos que surjan durante el
año que viene. Además, la Sección 08 no participa en el Programa 408.C.
relativo a la conservación y restauración de bienes culturales, que es
gestionado por la Sección 18 del Ministerio de Educación y Cultura.
En consecuencia, señor Presidente, señorías, entendemos que esta enmienda
ha de ser igualmente rechazada.
Nada más y muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.
Pasamos a la Sección 12, Asuntos Exteriores, a la que se han presentado
dos propuestas de veto, una, de los señores Nieto y Costa, y otra, del
Senador Román Clemente, y las enmiendas números 1.168, 1.241 a 1.261, del
señor Román Clemente, que tiene la palabra para su defensa.
El señor ROMAN CLEMENTE: Muchas gracias, señor Presidente.
En primer lugar, doy por defendida la propuesta de veto de los Senadores
Nieto y Costa, así como la propuesta de veto y las enmiendas presentadas
por este Senador.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.
El Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos ha presentado
las enmiendas números 1.041 y 1.042. Para su defensa, tiene la palabra el
señor Gangoiti.
El señor GANGOITI LLAGUNO: Muchas gracias, señor Presidente.
En efecto, con la enmienda número 1.041 pretendemos un incremento en el
importe de las ayudas para atender adecuadamente a los compromisos en
materia de ayuda al desarrollo. Consideramos que la partida que está
presupuestada está estancada desde 1995 y, en consecuencia, es necesario
un incremento de la misma.
La enmienda número 1.042 va dirigida a conseguir que se introduzcan
ayudas a procesos de democratización de países del Africa subsahariana de
habla castellana. En ese sentido, pensamos que debe haber un apoyo y por
eso hemos presentado esta enmienda.
Nada más y muchas gracias, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.
El Grupo Parlamentario Socialista ha presentado la enmienda número 746,
que es una propuesta de veto, y las enmiendas números 744, 747, 748, 749,
750, 751 y 752. Para su defensa tiene la palabra el Senador Granado.
El señor GRANADO MARTINEZ: Muchas gracias, señor Presidente.
Doy por defendida la propuesta de veto en sus propios términos por
entender que los presupuestos del Ministerio de Asuntos Exteriores no son
suficientes para cumplir los objetivos que tiene encomendados. Por otra
parte, haré una brevísima referencia al conjunto de enmiendas parciales
que ha presentado nuestro grupo parlamentario a esta Sección, que
intentan solucionar problemas concretos que, bien se han producido desde
la presentación del presupuesto hasta el día que nos ocupa, o bien
existían con anterioridad, pero que no han sido oportunamente reflejados
en el proyecto de ley de presupuestos. Por ejemplo, a los Senadores
socialistas nos preocupa especialmente la asistencia a los ciudadanos
españoles presos en el extranjero, que todos sabemos que, a veces, es
insuficiente y produce situaciones especialmente dramáticas para nuestros
conciudadanos, concretamente en algunos supuestos como en los de las
víctimas del síndrome de la inmunodeficiencia adquirida, que a la ya suma
complejidad de su situación en prisión, se añaden los padecimientos
derivados de una enfermedad tremendamente dura e incurable.
Hemos presentado dos enmiendas que intentan mejorar las aportaciones que
desde el presupuesto del Estado se pueden hacer, bien directamente, bien
a través de organizaciones no gubernamentales, a los países que se han
visto devastados por el huracán «Mitch». Creemos que ha habido un ejemplo
encomiable de muchos ciudadanos españoles y debería darse una línea de
cooperación concreta con una importancia presupuestaria. También hemos
presentado una enmienda que intenta dotar de cobertura presupuestaria al
funcionamiento de la Coordinadora de Organizaciones no Gubernamentales
para el Desarrollo, CONGAD, porque creemos que dicha Coordinadora de
hecho está realizando una labor de enorme colaboración con la propia
Administración. Alguna subvención concreta para sus gastos de
funcionamiento sería beneficiosa no sólo para los centenares de miles de
españoles que colaboran con organizaciones no gubernamentales, sino para
la propia Administración pública.
En suma, nuestras enmiendas pretenden corregir los problemas que nos
parecen más graves y que en estos momentos no tienen traducción en el
presupuesto del Ministerio. De alguna manera vienen a subrayar que la
carencia de partidas destinadas a estas finalidades justifican también el
veto a la propia Sección del Ministerio de Asuntos Exteriores.
Nada más y muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.
Para un turno en contra, tiene la palabra el portavoz del Grupo
Parlamentario Popular, señor Soravilla.
El señor SORAVILLA FERNANDEZ: Muchas gracias, señor Presidente.
En primer lugar, pido disculpas porque como me habían informado que la
defensa de las secciones iba a ser por la tarde, me encontraba un poco
con el pie cambiado. Lamento no haber podido escuchar todas las
intervenciones, pero creo que han sido muy breves y la mía se producirá
en los mismos términos.
Respecto a los vetos, por lo que me han comunicado, creo que tanto el
veto presentado por los Senadores Nieto y Costa como el presentado por el
Senador Román han sido defendidos en sus propios términos. Nos oponemos a
ellos, dejando para el turno correspondiente del Pleno su explicación.
Respecto al veto del Grupo Socialista, del que se ha hecho una sucinta
defensa, sinceramente, creo que, tal y como lo presenta el Grupo
Parlamentario, diciendo simplemente que hay una inadecuación con los
objetivos, responde más a una estética de la oposición que a otra cosa.
Más bien, casi parece un apoyo velado al propio presupuesto de esta
Sección, apoyo que, por otra parte, agradezco. Teniendo en cuenta que se
debe a la consideración de una inadecuación con los objetivos y a una
inadecuación presupuestaria, es obvio que no podemos coincidir. En todo
caso, esperaremos al Pleno para exponer otras razones al respecto.
Las enmiendas del Senador Román, así como la única que presenta el
Senador Nieto y la Senadora Costa, también expuesta por aquél, han sido
defendidas en sus propios términos. En consecuencia, daremos contestación
a las mismas en el debate en el Pleno.
El Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos presenta dos
enmiendas, a las que, en principio, también nos vamos a oponer.
Una de ellas, la número 1.041, se refiere a un incremento de 10.000
millones de pesetas para AOD, y, prácticamente, es coincidente con
algunas de los otros Grupos, como la que presenta el Grupo Mixto. A todas
ellas nos vamos a oponer, puesto que consideramos que está
suficientemente dotado.
La enmienda 1.042 se refiere al apoyo a la transición en Guinea
Ecuatorial por parte de los partidos políticos. En nuestra opinión, esta
partida está suficientemente dotada, por lo que también nos opondremos a
ella.
Con respecto a las siete enmiendas del Grupo Parlamentario Socialista,
prácticamente coincidimos con todas las propuestas, pero hay que tener en
cuenta algunas cuestiones. Por ejemplo, el portavoz socialista se ha
referido a la asistencia consular a los presos y a los que se encuentran
en una situación todavía más dramática, como son los afectados por el
Sida, o los enfermos crónicos --enmiendas 748 y 749--. Entendemos que
estas enmiendas suponen encorsetar lo que ya está presupuestado. Habría
que crear nuevos conceptos y creemos que con el concepto 493, dotado con
643 millones de pesetas, es más que suficiente. A nosotros también nos
preocupan estas cuestiones, pero consideramos que con esta estructura de
presupuesto será mucho más fácil poder atender todos estos casos, sin
estar encorsetados por un nuevo subconcepto.
Respecto al dramático problema que han causado las consecuencias del
huracán «Mitch», nosotros también somos sensibles a él y estamos
estudiando la posibilidad de llevar a cabo algunas medidas más de las que
ya se han adoptado, si bien también nos vamos a oponer a esta enmienda.
Lo mismo sucede con la número 752, que se refiere a un nuevo concepto,
dotado con 20 millones de pesetas, para la Coordinadora de ONGs, porque,
como todos los años decimos, lo que el Gobierno pretende es la subvención
de proyectos, pero no la subvención de ONGs.
De cualquier manera, como crítica general, puedo decir que todos los
Grupos --y es una razón más para rechazar todas estas enmiendas--
producen la baja en la Sección 31, una sección de imprevistos, y no
parece que sea muy conveniente dejarla absolutamente esquilmada.
A la Senadora Costa y los Senadores Nieto y Román puedo decirles que la
mayoría de sus enmiendas están técnicamente mal presentadas, puesto que
no conllevan aplicaciones presupuestarias, motivo por el que sería
absolutamente imposible poderlas aceptar.
Nada más y muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.
Vamos a suspender la sesión hasta las dieciséis horas, en que la
reanudaremos con la discusión de la Sección 13.
Eran las trece horas y cincuenta minutos.
Se reanuda la sesión a las dieciséis horas y diez minutos.
El señor PRESIDENTE: Señorías, se reanuda la sesión.
Debatimos la enmienda número 1.262 de veto, del señor Román Clemente, que
tiene la palabra para su defensa.
El señor ROMAN CLEMENTE: Muchas gracias, señor Presidente.
Doy por defendido el veto en los términos en que está expresado.
El señor PRESIDENTE: Gracias, Senador.
Enmienda número 753, de veto del Grupo Parlamentario Socialista. Tiene la
palabra su portavoz.
El señor MARIN RITE: Muchas gracias, señor Presidente.
Señorías, el año pasado, en idéntica ocasión a la actual, cuando
estábamos examinando los Presupuestos Generales del Estado de la Sección
13, Ministerio de Justicia, mantenía este Senador, en nombre de su Grupo,
la necesidad de realizar una inversión importante en la Administración de
Justicia, teniendo en cuenta la situación en que ésta se encontraba y se
encuentra en nuestro país. En aquel momento se nos dijo que el
presupuesto era bueno, que no hacía falta realizar esa inversión, que el
Grupo que apoyaba al Gobierno y el Gobierno no consideraban necesario
realizar la inversión que proponía el Grupo Parlamentario Socialista. Hoy
comprobamos que en los Presupuestos de este año se recoge
cuantitativamente la misma petición que
nosotros hacíamos el año anterior, aunque la distribución no es la misma
que la que realizaba nuestro Grupo; en definitiva, se reconoce
posteriormente la necesidad de una inversión fuerte en el Ministerio de
Justicia para salir de una situación que es muy difícil y que
reconocíamos también que venía arrastrada desde hacía muchos años.
Una vez más, señorías, el proyecto de ley de presupuestos generales del
Estado para el Ministerio de Justicia viene a defraudar las expectativas
que se habían puesto en él. Se nos dice, una y otra vez, que la situación
económica del país es buena, y uno tiene la tendencia a pensar que podía
haber llegado la hora para invertir en justicia. El presupuesto, con una
consignación total de 148.362 millones de pesetas, es, a nuestro juicio,
claramente insuficiente y no da cobertura a las exigencias y necesidades
recogidas en el Libro Blanco de la Justicia, elaborado por el Consejo
General del Poder Judicial; carece de las dotaciones necesarias para la
creación de los órganos jurisdiccionales precisos y de las obligaciones
derivadas del Código Penal, algunos de cuyos principios han sido ya
trastocados en virtud de esta carencia. Recordamos la modificación que se
ha hecho recientemente del artículo 14 de la Ley de Enjuiciamiento
Criminal, en la que se va a una disminución del principio de la
colegialidad que está ligado ineludiblemente a una justicia de calidad, a
una justicia más segura. Tampoco hay dotaciones para la implantación
efectiva de los juicios rápidos, ni para la aplicación de la ley de
responsabilidad penal del menor, ni para la necesaria creación de los más
de 22 juzgados de vigilancia penitenciaria, ni tampoco para la
modernización de la oficina judicial.
Asimismo, carece de dotaciones para la mejora del Servicio de
Asesoramiento y Defensa de los Intereses del Estado, ni para cubrir y
ampliar las necesarias plazas de abogados del Estado, ni para la
modernización de los registros vinculados a la fe pública, ni para dotar
a las nuevas agrupaciones de juzgados de paz. Sin embargo, señorías, el
escaso presupuesto es altamente generoso con partidas presupuestarias que
no son las más directamente relacionadas con la mejora de la prestación
del servicio público de justicia. Así, nuevamente, aumentan de manera
importante y generalizada las partidas dirigidas a altos cargos, a
personal sustituto, a indemnizaciones, a dietas, a incentivos, a trabajos
realizados por terceros, a otros gastos diversos y a otra serie de
partidas que afectan al gasto corriente y que no tienen una
justificación, a nuestro juicio, razonable. Por todo ello, señorías,
señor Presidente, el Grupo Parlamentario Socialista se ve en la necesidad
de mantener este veto, esta impugnación general a la Sección 13, del
Ministerio de Justicia.
Nada más y muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
A continuación, por el Grupo Parlamentario Mixto, el señor Armas tiene
presentada la enmienda número 87, la señora Costa Serra las números 96 y
97, el señor Ferrer Roselló las números 129 y 130, el señor Nieto
Cicuéndez y la señora Costa Serra las números 289 a 294, y el señor Román
Clemente las números 1.263 a 1.279.
Tiene su señoría la palabra, para su presentación.
El señor ROMAN CLEMENTE: Muchas gracias, señor Presidente.
A efectos de su posterior tramitación en Pleno, quiero dar por defendidas
las enmiendas del Senador Armas, de la Senadora Costa Serra, del Senador
Ferrer Roselló y de los Senadores Nieto Cicuéndez y Costa Serra en cuanto
a las enmiendas que comparten. Todo esto en un bloque, señor Presidente.
Y separadamente las enmiendas que ha presentado este Senador, insisto, a
efectos de la posterior tramitación.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
A continuación, los Senadores Fuster, Blasco Nogués y Estaún García, del
Grupo Parlamentario Popular, tienen presentadas las enmiendas números
610, 611 y 612. Tiene la palabra el señor Blasco, para su defensa.
El señor BLASCO NOGUES: Muchas gracias, señor Presidente.
Brevemente, para dar por defendidas las enmiendas números 610, 611 y 612,
que hacen mención a la necesidad --que ya habíamos presentado en
anteriores ocasiones-- de la reforma del Juzgado de Menores de Teruel,
del Juzgado de lo Social de Teruel, así como de la remodelación del
Juzgado de Monzón, en Huesca.
Nada más y muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
El Grupo Parlamentario Socialista ha presentado las enmiendas números 754
a 765. Tiene la palabra su portavoz para su defensa.
El señor MARIN RITE: Muchas gracias, señor Presidente.
La enmienda número 754, al programa 142 A, Tribunales de Justicia y
Ministerio Fiscal, es el detalle del veto que antes hemos presentado al
tratar este programa, sin duda el más importante de los que contiene la
Sección 13, todo lo relativo a los Tribunales de Justicia y al Ministerio
Fiscal. Por tanto, no vamos a detenernos aquí y ahora a relacionar uno
por uno todos aquellos puntos que contiene la enmienda y que dan pie a la
presentación del veto que acabamos de defender.
En definitiva, se trata de señalar y de intentar corregir las
deficiencias que el proyecto tiene en relación con el desarrollo del
Código Penal, con las inversiones necesarias para el desarrollo del
Código Penal, con las inversiones necesarias para el desarrollo de la Ley
Penal del Menor, con las inversiones necesarias para el desarrollo de la
futura legislación penitenciaria que, en definitiva, no vemos plasmadas
en el proyecto de ley, concretamente en el programa 142 A de los
Presupuestos.
Las demás enmiendas se refieren a aspectos más concretos. La número 755,
a la necesidad ineludible de establecer la dotación que en la misma se
establece; la número 756, a continuar el proceso de informatización del
Servicio Jurídico del Estado, que entendemos que no es posible con
los recursos que se establecen; la número 758, a aumentar el número de
efectivos de abogados del Estado, que se están reduciendo por falta de
cobertura de plazas; la número 759, a evitar la reducción de efectivos en
un servicio de gran importancia para la seguridad jurídica, como los
servicios que se refieren a los registros vinculados a la fe pública
registral; la número 760, a la agilización del proceso de informatización
de los registros civiles, tan necesarios en todo el territorio del país,
y la número 761, a los programas que en la misma se contienen: la
insuficiencia de dotaciones en el conjunto del programa para cumplir los
compromisos más necesarios, fundamentalmente para la creación de órganos
judiciales. La número 762, a la insuficiencia de dotación prevista,
habida cuenta de la necesidad del incremento de los conciertos con las
corporaciones locales; la número 763, en el mismo sentido, pero en este
caso en relación con las Comunidades Autónomas, y la última, en relación
con el aumento de dotación para el cumplimiento de algunos aspectos de la
presentación social sustitutoria.
Nada más y muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
Para turno en contra, tiene la palabra el portavoz del Grupo
Parlamentario Popular.
El señor PRADA PRESA: Muchas gracias, señor Presidente.
Señorías, en primer lugar, en nombre del Grupo Parlamentario Popular, nos
oponemos a la enmienda de veto, tanto del Senador Román Clemente como del
Grupo Parlamentario Socialista, manifestando en este sentido que si el
adjetivo calificativo que utilizamos el año pasado en relación con los
Presupuestos Generales del Estado relativos a la Sección 13 --al que se
ha referido el Senador Marín Rite-- fue el de «bueno», este año yo me
atrevería a utilizar el adjetivo calificativo de «excelente».
El argumento de la enmienda no se corresponde con la realidad de los
hechos, ya que en términos homogéneos el presupuesto del Ministerio crece
en un 11,7 por ciento respecto al inicial de 1997-1998, aplicado durante
este año, y en su programa más importante, el referido a los tribunales
de justicia, programa 142 A, el aumento es del 12,5 por ciento, cantidad
que, a nuestro juicio, es suficiente para atender la creación de nuevos
órganos judiciales, aumentar las plantillas de funcionarios, modernizar e
informatizar la Oficina Judicial, haciendo eficaces las nuevas leyes
incluidas en el programa legislativo del Ministerio de Justicia. Respecto
a los demás programas presupuestarios los aumentos, aunque menores, son
suficientes para conseguir sus objetivos, dada la mejora en su gestión y
la rebaja de los costes.
Los créditos que figuran en el Proyecto de Presupuestos para 1999, para
el conjunto de la Sección 13, se consideran adecuados para el
cumplimiento de los objetivos programados por el Gobierno, de acuerdo con
la escala de prioridades definida por el Ministerio de Justicia en el
contexto de austeridad presupuestaria exigida por la coyuntura económica
del país y la irrenunciable convergencia con Europa.
La enmienda de veto, por su parte, no propone ninguna alternativa
razonable para la asignación de los recursos y utiliza argumentos
erróneos o incompletos en su exposición. La dotación global consignada en
el proyecto asciende, como se ha dicho, a 148.362 millones de pesetas,
cantidad que supone, insisto, un incremento del 11,7 por ciento sobre el
presupuesto del año anterior, una vez deducidas las transferencias de
medios personales y materiales al servicio de la Administración de
Justicia que se han venido realizando a lo largo de 1997 con destino a
las Comunidades Autónomas, lo cual demuestra un esfuerzo considerable muy
superior al incremento del PIB para 1999, estimado como sus señorías
saben en un 3,8 por ciento, y ello permitirá, entre otras cosas, dar
cobertura a 111 nuevos juzgados, a ampliar el número promedio de
objetores de conciencia desde 83.000 a 95.000, etcétera.
Por otra parte, a nuestro juicio, no existen partidas opacas dotadas con
generosidad, como se dice en la enmienda; la subida de altos cargos es
consecuencia directa de la Ley Orgánica 5/1997, de reforma de la Ley
Orgánica 6/1985, del Poder Judicial, en la que, entre otras cosas, se
establece que las remuneraciones de los magistrados del Tribunal Supremo
se establecerán en cuantía similar a la de otros altos órganos
constitucionales, atendiendo a la naturaleza de sus funciones.
El incremento en personal sustituto obedece al plan de refuerzos para
reducir el gran número de recursos pendientes de resolución, y los
incrementos en dietas y gastos diversos se refieren exclusivamente a
gastos de oposiciones y derechos de exámenes financiados con tasas, que
anteriormente no aparecían recogidos en los presupuestos de gastos y
ahora se recogen por cambio de un criterio contable.
En cuanto a los trabajos realizados por otras empresas, no sólo no suben,
sino que disminuyen al pasar de 137 a 116 millones de pesetas.
En consecuencia, señorías, entendemos que la enmienda de veto, la
enmienda a la totalidad de la Sección 13, debe desestimarse y ser
rechazada.
En cuanto al resto de enmiendas presentadas por el Grupo Parlamentario
Mixto, así como por el Grupo Parlamentario Socialista, las rechazamos por
los propios términos que se recogen en el informe de la Ponencia.
Entendemos que dicho informe, en relación con la Sección 13, es ajustado
y nos parece adecuado a la realidad y a las necesidades que tiene el
Ministerio de Justicia.
Por último, señor Presidente, en relación con las enmiendas presentadas
por el Partido Aragonés, incluido en el Grupo Parlamentario Popular, pero
propias del Partido Aragonés, he de decir que tanto las que se refieren a
los Juzgados de Menores como al Juzgado de lo Social de Teruel, las dos
por importe de 20 millones de pesetas, van a ser desestimadas por nuestro
Grupo al existir una obra de reforma de las instalaciones judiciales en
la ciudad de Teruel dotada con 45 millones de pesetas que, una vez
finalizada,
permitirá para ambos juzgados una reubicación de todos los órganos
judiciales de esa ciudad, incluidos los que se refieren en las enmiendas,
es decir, el Juzgado de Menores y el Juzgado de lo Social de Teruel.
Por último, nos oponemos a la enmienda número 612, también del Partido
Aragonés, ya que en el anexo de inversiones se recoge con 70 millones de
pesetas la construcción del nuevo edificio de los juzgados de esa
localidad y, en consecuencia, hace innecesario adicionar 20 millones de
pesetas para un juzgado en Monzón, en la provincia de Huesca.
Nada más y muchas gracias, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.
Pasamos a la Sección 14, Defensa, a la que se ha presentado una enmienda
de veto por el señor Nieto Cicuéndez y la señora Costa Serra, otra
enmienda de veto del señor Román Clemente, del Grupo Parlamentario Mixto,
y la enmienda número 19, de la Senadora de Boneta, la enmienda número 91,
del señor Armas, la número 296, del señor Nieto y la señora Costa Serra,
la número 1, del señor Padrón Rodríguez y las enmiendas números 1.281 a
1.293, del señor Román Clemente, que tiene la palabra para la defensa de
todas ellas.
El señor ROMAN CLEMENTE: Gracias, señor Presidente.
Tal y como manifesté en el debate de la Sección 13, doy por defendida la
enmienda de veto del Senador Nieto y de la Senadora Costa, así como las
enmiendas de la Senadora De Boneta y Piedra, Armas Rodríguez, Nieto
Cicuéndez y Costa Serra y del Senador Padrón Rodríguez.
Por otra parte, quiero expresar que doy por defendido el veto y las
enmiendas presentadas por este Senador en los términos que están
expresados y su tramitación a los efectos de su posterior debate en el
Pleno.
Gracias, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.
También se ha presentado una enmienda de veto presentada por el Grupo
Parlamentario Socialista, la número 765, y las enmiendas números 766, 767
y 768, del Grupo Parlamentario Socialista.
Para su defensa tiene la palabra el señor González López.
El señor GONZALEZ LOPEZ: Gracias, señor Presidente.
El Grupo Parlamentario Socialista ha presentado una serie de enmiendas
parciales y una enmienda a la totalidad a la Sección 14, de Defensa,
porque tenemos la convicción de que estos Presupuestos no garantizan el
proceso de modernización de las Fuerzas Armadas y, además, difieren
gastos actuales a presupuestos futuros de una forma temeraria,
desplazando a la próxima década los compromisos ya asumidos.
El Gobierno ha escogido un sistema que, más que de ingeniería financiera
o política, nos parece una evasión --ya veremos lo que ocurre en el
futuro-- al intentar que créditos de Industria vayan a parar a las
empresas, tanto privadas como públicas, que se dedican a la construcción
de los tres grandes proyectos de inversión, tanto Eurofighter como las
fragatas o Leopard, y que estas empresas empezarán a devolver cuando el
Ministerio de Defensa, precisamente, empiece a comprar estas armas.
Mientras tanto, seguimos manteniendo unos presupuestos que el propio
Ministro, en unas declaraciones efectuadas el día 27 de julio, decía que
para actualizarlo necesitarían una inversión aproximadamente superior en
cien mil millones de pesetas a las contempladas en la actualidad.
¿Qué va a pasar a partir del año 2002-2005 cuando haya que pagar a las
empresas y devolver este dinero en estos créditos reembolsables al
Ministerio de Industria? ¿Va a haber suficientes créditos? Por eso
pensamos que es hora de que quizá se refleje la realidad en estos
Presupuestos contemplando precisamente en el Presupuesto de Defensa, que
es de donde va a tener que salir el dinero, estos créditos que van a
Industria.
Coincidimos en los tres proyectos y quiero dejar claro que mi Grupo
Parlamentario ha defendido y defenderá siempre estos tres proyectos del
Ministerio de Defensa, porque en parte fueron engendrados en la etapa
socialista, y no compartimos la metodología que se está haciendo para
conseguir llevar a cabo y a buen fin estos proyectos.
Entendemos que es una evasión de la responsabilidad política que tiene
que tener el Gobierno al no asumirlos y por eso, fundamentalmente,
presentamos una enmienda de veto a la totalidad.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.
Para consumir un turno en contra tiene la palabra el portavoz del Grupo
Popular.
El señor ELORRIAGA FERNANDEZ: Muchas gracias, señor Presidente.
En principio, el conjunto de enmiendas que se han dado por defendidas yo
las doy por atacadas. Ya las contradeciremos en el Pleno.
En relación con la enmienda de totalidad presentada por el Grupo
Socialista, aunque seguro que también tendremos que decir más cosas en el
Pleno, quiero subrayar la absoluta incongruencia que supone decir que
este Presupuesto no contribuye a la modernización de las Fuerzas Armadas.
Contribuye a la profesionalización, que es el tema clave de la
modernización, contribuye a la integración mayor en la OTAN con la
instalación del Cuartel General Regional en España, con lo cual hay una
mayor participación en el nivel más avanzado de política de seguridad de
defensa europea y transatlántica, y contribuye, evidentemente, en el
terreno del material.
En cuanto al tema reiterado en muchas enmiendas --aun en las que no se
han defendido aquí-- de que les llama la atención la forma de
financiación de los programas, he de decir que es una cosa absolutamente
normal que, por ejemplo, el Ministerio de Industria adelante empréstitos
para mantener los puestos de trabajo y la capacidad de innovación y de
investigación de unas empresas punteras de la industria española y nada
más. Lo hace en
política de Defensa y en otras políticas; así, el programa de
Eurofighter, efectivamente, está dentro de este sistema, como está el
programa de Airbus, que no es un programa militar. Por tanto, es
absolutamente imposible que le dijésemos a la empresa Iberia, por
ejemplo, que tenía que pagar los Airbus antes de que el Airbus existiese,
porque la empresa compra los aviones cuando los aviones existen. Los
programas de fragatas, de aviones o de carros serán abonados en su día,
en una década, como aquí se ha dicho, según sean entregados y según las
Fuerzas Armadas se vayan haciendo cargo de ellos, que es cuando serán
material de Defensa. Hasta ahora son proyectos, planos, trabajo
industrial, trabajo científico, aplicado a veces en sus innovaciones a la
industria civil y otras a la militar y no tienen por qué considerarse
parte del presupuesto de Defensa.
Por otro lado, es obvio que en el futuro habrá que hacerse cargo de
gastos de los programas de Defensa. No hay ningún programa de Defensa que
dure nada más que un año, como el Presupuesto. También el Gobierno
popular se ha tenido que hacer cargo de programas de Defensa iniciados
por los gobiernos socialistas. Es obvio que habrá unos presupuestos en
los que se tendrán que pagar y reembolsar estos gastos y por supuesto,
dadas las circunstancias, será en un momento en que no habrá que hacer el
Cuartel General de la OTAN, en que ya se habrá terminado la
profesionalización del Ejército y en que habrá otros medios disponibles
para estos gastos que, por otro lado, no serán tan aparatosos cuando se
pueden distribuir en diez años, es decir, no se ve dónde está esa
temeridad que supone el Partido Socialista. Inclusive, no es que yo le
acuse; yo estoy de acuerdo con esos programas, aunque los hayan hecho los
socialistas, igual que ellos están de acuerdo con los que hemos elaborado
nosotros. En todo caso, la temeridad estaría en haberlos iniciado sin
saber la fórmula financiera que se iba a utilizar para pagarlos. Nosotros
lo único que hemos hecho ha sido buscar la fórmula financiera para que
estos programas se vayan desarrollando normalmente y dentro de los
sistemas de apoyo a la industria avanzada española, propios de un
Ministerio de Industria, y no comprendo por qué sorprende tanto.
Dicho esto, y desestimada la enmienda, no hay más que decir, señor
Presidente.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.
Pasamos a la Sección 15, Economía y Hacienda, a la que se ha presentado
una enmienda de veto, por el señor Román Clemente, así como enmiendas
parciales: la número 20, de la Senadora De Boneta, del Grupo
Parlamentario Mixto; la 297, del Senador Nieto y de la Senadora Costa, y
las 1.295 a 1.305, del señor Román Clemente, que tiene la palabra para su
defensa.
El señor ROMAN CLEMENTE: Muchas gracias, señor Presidente.
Damos por defendida la propuesta de veto, dejando su defensa para el
Pleno. Damos también por defendidas las enmiendas a las que ha hecho
referencia: la de la Senadora de Boneta y Piedra, la del Senador Nieto
Cicuéndez y la Senadora Costa Serra, y las enmiendas de este Senador, en
los términos en los que están expresadas.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.
El Grupo Parlamentario Socialista ha presentado un veto y las enmiendas
números 770 a 788.
Para su defensa, por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra
el Senador Gibert.
El señor GIBERT I BOSCH: Muchas gracias, señor Presidente.
Voy a defender en este turno la propuesta de veto y las 20 enmiendas
presentadas.
El señor Rato, al presentar en el Congreso los presupuestos de la sección
y la memoria de la misma, habló de objetivos genéricos: prolongación del
crecimiento, creación de empleo, mejora de la calidad de los servicios,
preparación de la economía para la nueva fase euro, reducción de
desequilibrios básicos de nuestra economía, etcétera. Nosotros
compartimos esos objetivos genéricos con mucho gusto --cómo no--, pero, a
nuestro juicio, la estructura presupuestaria de los 570.000 millones, de
la Sección 15, y sus programas y aplicaciones no se corresponden con esos
objetivos, ni se corresponde tampoco con ellos el estado de ejecución al
día de hoy del vigente presupuesto de 1998, ni globalmente ni en la
mayoría de los programas. Tampoco se explica ni se justifica, por
ejemplo, el incremento de dotación del programa de elaboración y difusión
estadística, ni se prevé en los números reales que salen del presupuesto
la austeridad de la que tanto se blasona en el programa de dirección y
servicios generales, ni se fijan objetivos claros en programas como el
612B: planificación presupuestaria y política fiscal, ni nos parecen
adecuados los presupuestos de Improasa, de la Comisión Nacional del
Mercado de Valores, del Consorcio de Compensación de Seguros ICO y de la
Sociedad Estatal de Participaciones Patrimoniales.
No vamos a entrar en el debate sobre el IRPF --lo damos por
reproducido--, ni vamos a repetir el reciente debate en esta Cámara sobre
el funcionamiento de la Agencia Tributaria, sólo quiero reiterar que los
problemas de la Agencia Tributaria no están resueltos, ni mucho menos, ni
están en camino de solución --nos remitimos al tiempo para acreditar esta
afirmación--, y lo que se está debilitando es la capacidad recaudatoria,
por ineficacia y por funcionamiento inadecuado de la propia Agencia.
En realidad, el discurso presupuestario del Gobierno se sostiene en que,
de momento, los números cuadran globalmente, pero parcialmente ya no
cuadran y, desde luego, a medio plazo creemos que no lo van a hacer. La
coyuntura económica es magnífica, el crecimiento de la actividad compensa
los caprichosos, incluso arbitrarios cambios y retoques fiscales, y
permite generar empleo, reduciendo costes sociales por desempleo. Ya
hemos dicho que la capacidad recaudatoria desciende, en parte por
ineficiencia; el coste financiero de la deuda baja espectacularmente, en
función de los tipos de interés y también por una reducción de la deuda,
en base a privatizaciones, que es un filón que
se está agotando; la caída de inversiones ha sido bastante espectacular
en los últimos dos años --es cierto que este año se recupera, pero
todavía no llega a la cota de la inversión de 1995--, y parte de esta
inversión se hace con pagos aplazados --no sé si con un uso prudente o no
de este aplazamiento--; los gastos corrientes --lo digo con mucha
reserva-- se han desacelerado, pero sólo en algunos casos, en otros
muchos no lo han hecho. La conclusión es que si en este «mix» de
variables los números no cuadraran globalmente, sería el colmo, pero en
otra coyuntura y con otro «mix», desde luego, no cuadrarían. Por tanto,
no podemos avalar ni la política ni los presupuestos del Ministerio de
Economía.
Como no nos gustaría que se nos dijera que estamos reproduciendo el
debate de totalidad, vamos a entrar en el contenido de algunas enmiendas
parciales y, por tanto, en los temas más de detalle. Por ejemplo,
hablemos de la Secretaría de Estado de Comercio, Turismo y PYMEs, de los
programas 762 D, 763 A, 751 A y 724 B. En relación a esta Secretaría de
Estado, cabe reconocer que con el cambio del señor Fernández Norniella
por la señora Pisonero, el nivel de folclore, retórica, triunfalismo
gratuito, congresos nostálgicos, pomposas declaraciones, desideratas,
observatorios virtuales y otros festejos ha descendido, lo cual está
bien. Esto hace pensar que es posible que, con este cambio, en esta
Secretaría de Estado se esté trabajando con algo más de seriedad que en
la etapa anterior. Si es así --ojalá lo sea--, ya se verá en los próximos
meses, aunque de momento no se nota, y tampoco se nota en la estructura
presupuestaria. En cualquier caso, y sin cuestionar la competencia y
capacidad de la señora Pisonero --que todavía tiene que acreditar en su
nueva función en la Secretaría de Estado y que no dudamos--, creemos que
trabajar con algo más de rigor y seriedad que en la etapa anterior está
perfectamente al alcance de la señora Pisonero, como lo estaría de
muchísimas personas, porque el listón estaba francamente bajo.
Entrando más en detalle en relación a esta Secretaría, nos parece
sorprendente que, siendo la Ley de Comercio anterior --aprobada a finales
de 1995-- una de las que más lo necesita, a nuestro juicio, es
curiosamente una de las pocas leyes vigentes que no se modifica por el
astuto procedimiento de la Ley de Medidas Fiscales, Administrativas y del
Orden Social. Ya sé que esta ley la apoyamos casi todos, pero no es menos
cierto que debería sufrir algunos cambios, porque está retrasando la
modernización de la selección natural del sector, y algún día se pagarán
las consecuencias. Nos sorprende muchísimo que un Gobierno y un Ministro
de Economía pretendidamente liberales, tan aficionados a chapucear las
leyes con nocturnidad, se queden impávidos ante este tema, pero creemos
haber descubierto el secreto: Tal vez el Gobierno crea que liberalizar
consista en que los pequeños comerciantes, Farmaindustria, las empresas
eléctricas, etcétera, es decir, todos los grupos de presión redacten las
leyes que regulan sus respectivos sectores. No me voy a extender más en
estos temas.
Hemos presentado una serie de enmiendas en relación a esta Secretaría,
cuyo funcionamiento nos preocupa, insisto, porque es muy retórico.
Respecto al comercio exterior, creemos que en este momento es necesario
incrementar las ayudas, puesto que las exportaciones han descendido, por
razones que no son culpa del Gobierno --como tampoco era mérito del
Gobierno que crecieran últimamente, sino que lo hacían en función de la
coyuntura--, y va a necesitar una ayuda suplementaria para procurar
mantener los niveles de exportación.
En cuanto al turismo, pensamos que debería diseñarse una política que se
alejara de la política de turismo de este Gobierno, que yo definiría como
triunfalismo e inercia.
Respecto a las PYMEs, la retórica de los programas integrales y la falsa
horizontalidad de los mismos ya está siendo contestada, porque no se sabe
hasta qué punto las ayudas llegan con objetividad a las pequeñas empresas
y su uso parece ser muy discrecional. Aun así, creemos que deberían
incrementarse las cantidades, y en ese sentido presentamos algunas
enmiendas.
Con esto daría por defendidas las enmiendas y el veto, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias, Senador Gibert.
Para un turno en contra y para la defensa de las enmiendas presentadas,
tiene la palabra el Senador Blancas, por el Grupo Parlamentario Popular.
El señor BLANCAS LLAMAS: Muchas gracias, señor Presidente.
En primer lugar, voy a defender las enmiendas números 1.117 y 1.118, del
Grupo Parlamentario Popular.
La enmienda número 1.117 trata de impulsar y renovar el parque
informático del Instituto Nacional de Estadística, incrementando en 150
millones la ayuda para la informatización de este Instituto que, como
ustedes saben, el próximo ejercicio llevará a cabo actividades de censos
agrarios y elaboración de estadísticas sobre agricultores. Consideramos
que estaba infradotado, y de ahí la enmienda en la que se le apoya con
esta cantidad.
La enmienda número 1.118 trata de incrementar en 28.956 millones de
pesetas la partida dotada con 15.721 millones, alcanzando así la cifra de
44.677 millones de pesetas. Con ello se pretende incorporar los
incentivos regionales financiados con los fondos FEDER. Lógicamente, esta
partida irá destinada a la política de incentivos regionales y
potenciación de las industrias en las distintas áreas y Comunidades más
infradotadas.
En cuanto a las enmiendas de veto, quiero manifestar mi oposición a las
mismas en los términos en que se han pronunciado. En el Pleno tendremos
tiempo de debatirlas una a una, tanto la presentada por la Senadora De
Boneta como la del, aquí presente, Senador Román. Puesto que se ha
limitado a defenderla en sus propios términos, no vamos a profundizar en
ellas y en el Pleno ya tendremos ocasión de analizar una a una las
distintas puntualizaciones y oposiciones a las inversiones y a los
distintos programas que abarca la Sección del Ministerio de Economía y
Hacienda.
Entrando en los objetivos del Gobierno, en concreto en los del Ministerio
de Economía y Hacienda, hay que
decir algo que ha reconocido hasta el mismo Senador socialista. Objetivos
como la lucha contra el fraude, el crecimiento económico y la creación de
empleo están en línea con lo propugnado por el Ministro de Economía y
Hacienda, el señor Rato. Hay que desglosar en este Ministerio, que tiene
la responsabilidad de realizar las propuestas y ejecuciones de las
directrices del Gobierno en materia económica, presupuestaria, tributaria
y, por supuesto, de desarrollo, en políticas de comercio, de turismo y de
PYMEs, las políticas activas que, como decía nuestro Ministro en el
debate que tuvo lugar en el Congreso, se están llevando a la práctica. Y
tiene especial incidencia en este tipo de políticas el proyecto
recientemente aprobado del Impuesto sobre la Renta de las Personas
Físicas, que fue hace poco debatido en esta Cámara y convalidado en el
Congreso de los Diputados con las enmiendas incorporadas.
Comprendo que a ustedes les duela mucho, y me dirijo al Partido
Socialista, que este impuesto genere una reactivación económica y vaya a
producir que los españoles noten en sus bolsillos a final del mes de
enero un crecimiento de su capacidad adquisitiva. Creo que a ustedes les
hubiera gustado alcanzar este objetivo que se marcó este Gobierno y que,
como ni siquiera lo llegaron a plantear, no pueden estar de acuerdo con
la política tributaria del Partido Popular.
En principio dentro de la clasificación orgánica del Gobierno el
presupuesto del Ministerio de Economía y Hacienda crece en un 5,4 por
ciento, pasando a 266.454 millones de pesetas, cuantía que se sitúa por
encima de lo presupuestado en 1998. Pero sin duda dentro del Ministerio
la partida que más ha subido afecta a los organismos autónomos. Como sus
señorías saben, se han incorporado dos nuevos organismos autónomos que, a
pesar de ser de carácter administrativo, han de soportar una fuerte
inversión. Se trata del Comisionado para el Mercado de Tabaco y de la
Comisión Liquidadora de Entidades Aseguradoras, conocida vulgarmente como
CLEA. No cabe duda de que ambos organismos autónomos van a producir un
incremento que se situará en torno al 27 por ciento respecto a la
cantidad fijada en el ejercicio anterior.
Además, dos entes públicos, el Instituto Español de Comercio Exterior, el
ICEX, y la Agencia Estatal Tributaria, han sufrido un ligero incremento
en las partidas presupuestarias. La subida del ICEX, que se dedica a los
planes para la exportación, se fija en un 2 por ciento; por su parte la
Agencia Estatal Tributaria requiere otro incremento para su
informatización y prestación de ayuda al contribuyente. Como prueba de la
modernidad y eficacia de este organismo, hoy mismo habrán visto en las
noticias emitidas por televisión que todo contribuyente, siempre y cuando
suministre los datos necesarios para hacer el cálculo correspondiente,
puede conocer las retenciones que se producirán a partir del año que
viene en su nómina. En ese sentido nos mostramos a favor de la
modernización de la Agencia Estatal Tributaria cuyo presupuesto está
cifrado en 95.234 millones de pesetas.
No voy a entrar a desgranar uno a uno todos los programas que contempla
esta sección, en total son 28. Pero sí quiero decirle algo al Senador
socialista, porque del contenido de sus palabras se desprende un
sentimiento de pesimismo y de poca confianza en los programas
presupuestarios del Partido Popular. Manifestarle tan sólo que no tenga
miedo porque realmente se están haciendo bien las cosas, y ahí está el
resultado de una tarea bien hecha: la reducción del déficit público y el
incremento de las políticas de solidaridad. Si no está de acuerdo con
esto, le insto a que compare los datos presupuestarios desde el año 1996
hasta el 1999 para que compruebe cómo se sucede la inversión
presupuestaria en este tipo de políticas de solidaridad, tanto en
prestaciones sociales como en educación y sanidad.
Su señoría ha manifestado que con alguna enmienda pueden resentirse
ciertos ámbitos, y ha hecho hincapié sobre todo en las PYMEs. Tan sólo
decirle que no se preocupe porque las PYMEs son atendidas por el
Gobierno; es más, fue uno de los objetivos del Secretario de Estado de
Comercio Turismo y PYMEs saliente, y la nueva Secretaria de Estado sigue
la política trazada en su día por el señor Fernández Norniella. Quiero
ponerle de manifiesto que con el Programa 724.B de apoyo, las PYMEs
obtienen un incremento de capital de un 10,1 por ciento, que lógicamente
irá destinado a las Comunidades Autónomas para desarrollo de la
iniciativa PYMEs y de desarrollo empresarial. A partir de ahora hay que
ver cómo se aplica en cada Comunidad Autónoma esta política de incremento
a las pequeñas y medianas empresas; algo de lo que ustedes nunca se
preocuparon, o al menos así se deduce de su normativa tributaria de los
últimos años, especialmente desde la reforma fiscal.
En cuanto al Programa 762, no entiendo su preocupación por la promoción
comercial e internacionalización de las empresas, porque el presupuesto
destinado a este programa es de 133.290 millones de pesetas; por tanto,
se ha incrementado y con ello se potenciará la política exterior que va a
realizarse a través del Instituto Español de Comercio Exterior, el ICEX.
Concretamente, el incremento fijado para el Programa 751.A, de
Coordinación y Promoción del Turismo, es de un 9,1 por ciento.
Podría citarle alguno que otro programa de los que ustedes han omitido,
pero me limitaré a señalarle uno, el Programa 613.F, de gestión de
loterías y apuestas de juegos de azar. Como ustedes saben, debido al
establecimiento de un nuevo sistema de quinielas, se incrementará en un
53 por ciento. Lógicamente, la gestión del patrimonio del Estado
disminuirá en un 4 por ciento por la reducción de los intereses y por la
minoración de los activos financieros.
En definitiva, pienso que la política de austeridad iniciada por este
Gobierno que se traduce en la aplicación de políticas activas y de
inversiones productivas, empleo y fomento, está dando el resultado
deseado. Hoy en día estamos comprobando que es una realidad la reducción
de los intereses y la entrada en Maastricht cumpliendo los objetivos de
convergencia, que era un sueño para algunos de los líderes del Partido
Socialista. Considero que los hechos son los que dan la razón a la
política económica llevada a cabo por el Partido Popular.
Nada más y muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.
Entramos en la discusión de la Sección 16, Interior.
El señor Román Clemente ha presentado una propuesta de veto, la enmienda
número 1.306. ¿Defenderá su señoría las enmiendas de los demás miembros
del grupo, salvo la presentada por la señora De Boneta que se encuentra
presente? (Asentimiento.)
De acuerdo, defenderá entonces la propuesta de veto, las enmiendas
números 82 a 93 del señor Armas, las números 98, 99, 100 y 101 de la
Senadora Costa Serra, las enmiendas 131 y 132 del señor Ferrer Roselló,
las números 298, 299, de la 300 a la 313 del señor Nieto y de la Senadora
Costa Serra, la enmienda 2 del señor Padrón Rodríguez y, finalmente, las
presentadas por usted mismo, de la número 1.307 a la 1.330.
Tiene la palabra el Senador Román Clemente.
El señor ROMAN CLEMENTE: Gracias, señor Presidente.
Después de la lectura de estas enmiendas damos por defendidas tanto la
propuesta de veto como las enmiendas, a los efectos del «Diario de
Sesiones» y de su tramitación en el Pleno. Las de este Senador las
defendemos en sus justos términos.
Gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.
Para la defensa de su enmienda número 21, tiene la palabra la señora De
Boneta.
La señora DE BONETA Y PIEDRA: Gracias, señor Presidente.
Voy a ser muy breve, pues sólo deseo manifestar que estimamos que es
escandaloso el aumento casi al doble de la cifra destinada a fondos
reservados, que dejamos reducida a la mitad, es decir, a 426 millones de
pesetas.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora De Boneta.
Enmiendas números 613 a 621, de los señores Fuster, Blasco Nogués y
Estaún García, del Grupo Parlamentario Popular.
Para su defensa, tiene la palabra el señor Blasco.
El señor BLASCO NOGUES: Muchas gracias, señor Presidente.
Intervengo simplemente para defender las enmiendas de los Senadores del
PAR, en concreto las números 613, 614 y 615, que hacen referencia a la
construcción o mejora de centros penitenciarios en Aragón; la 616 y la
617, de mejora de los medios de protección civil en Huesca y Teruel, cuya
transferencia fue claramente insuficiente, y que es necesario reforzar en
cuanto a sus medios técnicos y humanos; las números 618, 619, 620 y 621,
que incorporan la reforma de los distintos cuarteles de la Guardia Civil
en amplias zonas bastante despobladas de Huesca y de Teruel, así como de
las comisarías de policía de Zaragoza, para dotarlas de los medios
necesarios para que puedan llevar a cabo la prestación de sus servicios
de una forma eficaz.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.
El Grupo Parlamentario Socialista ha presentado una enmienda de veto, la
número 789, más las números 790 a 806.
Para su defensa, tiene la palabra el portavoz del Grupo Parlamentario
Socialista.
El señor AREVALO SANTIAGO: Señor Presidente, señorías, hago la defensa de
todas las enmiendas, incluida la de impugnación, que es la primera, para
oponernos a los presupuestos de toda la Sección 16 por considerar que,
primero, ni siquiera las cifras confirman los objetivos previstos por el
Ministerio del Interior y, segundo, la regulación que se hace de cada una
de las partidas no es la adecuada o no es la que llevaría a la
consecución de los objetivos buscados.
Confirmar las cifras de estos presupuestos resulta claro en cuanto a la
total de 737.689 millones de pesetas, no así en el porcentaje que supone
el incremento bruto respecto al año anterior.
Con estos presupuestos del Ministerio del Interior se produce, además,
algo que viene coincidiendo también con lo que sucede en otros
ministerios, y es que se rompe la programación plurianual que se había
establecido en años anteriores y que abrían unas expectativas respecto a
los años siguientes, no sólo para el año del presupuesto --en ese caso
para los de 1998-- sino para los siguientes. En este caso también se
rompe en este Ministerio el programa plurianual previsto para los
siguientes años.
Quiero hacer notar que el 80 por ciento del presupuesto del Ministerio
del Interior se refiere a gastos de personal, y es aquí donde se produce
el mayor oscurantismo, tanto dentro de los presupuestos de este
Ministerio como de los de todos los demás. En gastos de personal tampoco
hay claridad y, por tanto, sería necesario, y así lo vamos a proponer con
nuestras enmiendas, que hubiera posibilidad de modificar lo previsto en
los presupuestos del Ministerio del Interior. De esa manera, dado que no
se garantiza en los presupuestos la seguridad ciudadana ni los objetivos
en la construcción de cuarteles, ya que antes he hablado de cómo se han
roto las programaciones plurianuales previstas en los años anteriores,
será necesario que se elabore un plan integral de construcción en
cuarteles de la Guardia Civil, y también se debe incrementar la dotación
del crédito destinado a comisarías de policía. Son dos aspectos que no
están suficientemente aclarados en los presupuestos.
Es preciso igualmente que se atienda al riesgo que existe en los
municipios cercanos a las centrales nucleares, creando las
infraestructuras necesarias para desarrollar los planes de emergencia
nuclear. Este sería un crédito para que las corporaciones locales
pudieran atender a estas exigencias. Ya sé que el Grupo Parlamentario
Popular ha presentado una enmienda parecida a ésta que seguramente se nos
explicará después.
Son ya muchos los meses --casi un año-- durante los cuales el Gobierno
viene anunciando una serie de medidas respecto a la atención a las
mujeres maltratadas. Hasta se ha elaborado un plan después de nuestras
numerosas e insistentes advertencias sobre una situación que empezaba a
revestir caracteres de gravedad, y de oír cómo el Gobierno nos decía que
ésta era una situación coyuntural, personal, que nada tenía que ver, se
reconoce por el Gobierno que no era así y que era necesario hasta
elaborar un plan sobre mujeres maltratadas en general, es decir, sobre
las víctimas de los malos tratos que se producían, generalmente por las
relaciones de pareja. Pues resulta que en estos presupuestos no hay ni
una sola peseta dedicada a lo tan cacareadamente anunciado desde hace
muchos meses. Por eso estamos obligados a determinar algo, no limitarnos
sólo a decir que hay que atender a las mujeres maltratadas, a las
víctimas de los malos tratos. No es sólo eso: hay que determinar también
cómo se debe hacer, y por eso es necesario que se cree una policía
especializada en la protección, en la atención, en el tratamiento y en la
prevención, de la misma forma que, por medio de una programación de la
formación, se debe atender y prevenir toda esta situación, agravada en
los últimos tiempos seguramente porque han aumentado las denuncias en
unos términos en que no sucedía antes. Es necesario, por tanto, que todo
esto se tenga en cuenta a efectos de atender estas enmiendas, porque
llevan una programación más determinada de lo que en términos generales
se hace en los presupuestos generales, en los que no se dedica ni una
sola peseta a este fin.
Tampoco está bien atendido todo lo que se refiere a los inmigrantes, y en
dos aspectos distintos. Uno, los inmigrantes legales que llegan a España,
y para los que es necesario encontrar apoyo en asociaciones que los
asistan y que los asesoren. Por eso presentamos una enmienda con el fin
de que se atienda a esta necesidad. Y hago constar que está repetida la
enmienda número 798 y que, por tanto, la reitero, ya que es idéntica a la
794. Se mantiene la 794, pero no así la 798, por haber sido un error al
transcribirla en los mismos términos que la 794. Si unos inmigrantes
llegan y necesitan este asesoramiento y esta asistencia, también hace
falta que encuentren medios de acogida e instalaciones para retener a los
inmigrantes ilegales, los cuales se encuentran en situaciones muy
injustas. Además, recientemente se han producido hechos gravísimos por no
existir instalaciones adecuadas para recibir a inmigrantes ilegales que,
aunque lo sean, son seres humanos que necesitan recibir toda la atención
y a los que hay que prestar toda la ayuda.
En el capítulo de drogas de los presupuestos tampoco se fija el cuidado
necesario para atender este problema, que también es gravísimo. Ha
disminuido en estos presupuestos la lucha contra el narcotráfico. No se
atiende a la formación de posgraduados en drogodependencia ni tampoco se
llevan a cabo programas autonómicos dentro del Plan Nacional sobre
Drogas. Para todo ello sería necesario habilitar cantidades que, unidas a
aquellas que se destinaran a la rehabilitación y reinserción de
toxicómanos con problemas jurídicos penales, permitieran ayudar a quienes
sufren este mal para que pudieran ser atendidos también por medio de los
presupuestos del Ministerio del Interior. También es necesaria la
creación de servicios de atención a drogodependientes a través de
organizaciones sociales adecuadas y de organizaciones no gubernamentales,
como también es necesario que se creen programas supracomunitarios
siempre dentro del Plan Nacional sobre Drogas.
Y a fin de dotar adecuadamente a las Comunidades Autónomas de los bienes
necesarios que deben destinarse al programa de prevención y desarrollo de
organizaciones sociales, así como para que se puedan crear los medios
precisos para dotar la asistencia y formación en el ámbito laboral,
consideramos que dos partidas procedentes del Ministerio del Interior
deberían destinarse directamente a las Comunidades Autónomas.
Con esto, señor Presidente, termino la defensa de todas las enmiendas
presentadas por el Grupo Parlamentario Socialista.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.
Para la defensa de las enmiendas números 1.119, 1.120 y 1.121, y para
consumir un turno en contra, tiene la palabra el portavoz del Grupo
Popular.
El señor GARCIA CARNERO: Muchas gracias, señor Presidente.
(El señor Vicepresidente, Tomey Gómez, ocupa la Presidencia.)
En primer lugar, vamos a exponer las razones que justifican las enmiendas
números 1.119, 1.120 y 1.121 presentadas por el Grupo Parlamentario
Popular.
La enmienda número 1.119, por la que se pretenden asignar a la Dirección
General de Protección Civil 300 millones de pesetas suplementarios para
su transferencia a corporaciones locales a fin de crear infraestructuras
derivadas de la aplicación de planes de emergencia nuclear, tiene su
justificación en que, tras numerosas mociones y debates que han tenido
lugar en el Congreso en la propia Comisión de Industria y Energía, se ha
llegado a la conclusión, mediante resolución, de que es necesario dedicar
una adecuada dotación de recursos destinados a la operatividad de ese
plan básico de emergencia nuclear y a los planes provinciales de
emergencia. Pues bien, para que esa actuación pueda iniciarse en el año
1999, consideramos necesario ese suplemento de 300 millones de pesetas al
que he hecho referencia, suplemento que, por cierto, coincide en parte
con el solicitado en una enmienda presentada por el Grupo Parlamentario
Socialista aunque en cantidad diferente.
La enmienda número 1.120 consiste en suplementar con 35 millones de
pesetas las cantidades destinadas a la renovación de los sistemas
informáticos centrales del sistema de información Schengen. Aunque éste
es un proyecto gestionado por la Administración francesa en nombre de los
países firmantes del Acuerdo Schengen, a causa del efecto 2000 se
requiere que la contribución española, que era de 22 millones de pesetas,
sea superior a la que en principio se había presupuestado, con lo cual,
como acabo de decir, esa cantidad debe suplementarse con 35 millones de
pesetas más.
Finalmente, nuestra enmienda número 1.121 consiste en realidad en una
redistribución de recursos presupuestarios a fin de reforzar las
infraestructuras en materia de seguridad ciudadana en Ceuta y Melilla.
Para que resulten más prácticas las cuantías previstas, y para que se
haga también una mejor aplicación presupuestaria, se hace en esta
enmienda una revisión perfectamente detallada de esas infraestructuras en
cada una de esas dos ciudades.
A continuación, señorías, nuestro Grupo va a fijar su posición en
relación con las enmiendas que han sido defendidas por otros grupos
parlamentarios.
Respecto a las que ha defendido el Senador de Izquierda Unida, del Grupo
Mixto, hemos de decir que, en los mismos términos en que las defiende su
señoría, nosotros, por el contrario, las consideramos innecesarias.
En cuanto a la Senadora De Boneta, consideramos que su señoría ha
utilizado un adjetivo inadecuado cuando ha dicho que es escandalosa la
cuantía asignada para fondos reservados. Señoría, quiero decirle
simplemente dos cosas. En primer lugar, esta cuantía es la que se estima
necesaria para poder continuar con las prestaciones de los servicios que
en este momento ya se están tramitando e incluso realizando. En segundo
lugar, se trata de una partida totalmente transparente que se controla a
través de una Comisión creada a tal efecto en el Congreso de los
Diputados. Por tanto, creo que su señoría no debe poner en duda la
utilización adecuada de esa partida. Finalmente quiero decirle que esta
partida que su señoría considera como escandalosa es muy inferior a las
que en otras ocasiones se han destinado para cubrir esta necesidad en los
Presupuestos Generales del Estado. Me parece, por tanto, innecesario
ampliar más las razones que, a nuestro juicio, justifican sobradamente
esa dotación presupuestaria.
Por lo que se refiere a las enmiendas números 613 y siguientes,
presentadas por los Senadores del Grupo Parlamentario Popular
pertenecientes al Partido Aragonés Regionalista, Senadores Fuster
Muniesa, Blanco Nogués y Estaún García, hay que decir que en principio
nuestro Grupo se muestra contrario a su aprobación por entender que todas
las dotaciones presupuestarias que en ellas se señalan tienen unas
finalidades muy específicas, por ejemplo, cuarteles de la Guardia Civil,
centros penitenciarios u otro tipo de instalaciones de seguridad en
Aragón, con lo cual, y sin perjuicio de que podamos entrar en una mayor
discusión de aquí a la celebración del debate plenario, consideramos que
en principio ya hay dotaciones económicas suficientes en las partidas que
se establecen en la Sección 16 de este presupuesto para poder atender
convenientemente esas necesidades que se señalan.
Finalmente, señorías, vamos a detenernos más exhaustivamente en la
exposición que hacía el Senador Arévalo en defensa de las enmiendas del
Grupo Parlamentario Socialista.
Por lo que se refiere a la enmienda parcial de veto a la Sección 16 he de
decir que, frente a lo que aquí se ha dicho, nuestra opinión es que
estamos hablando de unos presupuestos realistas en los que se dotan
adecuadamente, y con la rigurosidad característica de este Gobierno, las
partidas presupuestarias necesarias para atender a la seguridad pública,
que es la función que tiene encomendada el Ministerio del Interior, una
seguridad pública entendida como un servicio a los ciudadanos que se
presta de forma eficaz y bien gestionada y que cuenta con la
participación de la sociedad y con la de los propios profesionales que se
encargan de ella. Pues bien, nosotros consideramos que la función
presupuestaria no es otra que dotar económicamente las plantillas
adecuadas para que esos servicios se puedan prestar de forma adecuada y
razonable.
Señorías, hemos oído hoy los mismos argumentos que se esgrimieron con
ocasión de otras propuestas de veto en años anteriores, y he de decir que
la realidad es suficiente razón para desestimar los argumentos que una
vez más se reiteran. Hemos oído decir aquí que las dotaciones previstas
en el Capítulo II para atención de vehículos o para otras
infraestructuras relacionadas con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del
Estado no iban a llegar ni al mes de abril. Señorías, creo que puede
decirse que las dotaciones previstas en el ejercicio anterior han
cumplido suficientemente su finalidad puesto que han durado todo el año y
dado que con ellas se ha atendido suficientemente todo aquello que las
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado han podido necesitar.
Señoría, me gustaría señalar que este presupuesto tiene un crecimiento
notable de casi un 7,5 por ciento, es decir, de más de 737.000 millones
de pesetas, y decir también que es verdad --y creo que ya se ha
manifestado en alguna ocasión-- que en los Capítulos II y IV hay
dotaciones para atender los gastos propios para las próximas elecciones
del año 1999, capítulos estos que rondan los 20.000 millones de pesetas.
Pero a pesar de ello he de decir que el crecimiento del presupuesto del
Ministerio del Interior es notablemente superior al crecimiento del
presupuesto del Estado en su conjunto. Y especialmente en lo que se
refiere al Capítulo VI, de inversiones, no es verdad, señoría, que se
estén desatendiendo, como se ha dicho, las dotaciones para casas-cuartel
de la Guardia Civil, de comisarías de policía, etcétera.
Señoría, a diferencia de otras épocas, nosotros ya manifestamos en su día
un principio que hoy se está cumpliendo: el compromiso adquirido por el
Partido Popular de no cerrar casas-cuartel e ir mejorándolas y dotándolas
de los medios necesarios en la medida en que presupuestariamente ello sea
posible. Y creemos que esto se va haciendo.
Pues bien, este presupuesto se orienta en tres principios que enmarcan el
concepto de seguridad que el actual Gobierno tiene. Uno de ellos es el
principio de la adición, de la suma, principio que tiene por finalidad
cooperar con las policías de otros países, con las policías de los
Gobiernos autónomos, con las de las instituciones locales. Pues
precisamente en ese esfuerzo de coordinación, en ese esfuerzo de creer
que la mejor manera de fortalecer la seguridad es coordinar y sumar
adecuadamente todos los recursos de que disponen las distintas
Administraciones, no actuando de manera aislada --cuando no enfrentada--,
como en ocasiones ha podido producirse, puede ponerse como ejemplo una
inversión notable en este presupuesto, la destinada al SIRDE que, como
sus señorías saben, es un
nuevo sistema de radiocomunicaciones digitales de emergencia del Estado
que permitirá que todas las fuerzas de seguridad utilicen un único
sistema de comunicaciones para coordinar y mejorar la capacidad y la
seguridad de las comunicaciones policiales.
Por otro lado, tal como ya he señalado, para los nuevos cuarteles y las
nuevas comisarías de policía se destinan cantidades que seguramente
puedan y deban incrementarse, pero en cualquier caso se trata de una
cuantía muy importante, ya que en los presupuestos de este año se dedican
cerca de 4.000 millones de pesetas a esa mejora de infraestructuras.
Un segundo concepto de la seguridad es la proximidad. Ya han oído hablar
a diversos representantes del Ministerio del Interior y al propio
Ministro --y ya tenemos los datos que avalan por sí mismos su
efectividad-- del proyecto de la policía de proximidad, iniciado a lo
largo del año que está a punto de concluir. Como saben, al principio se
puso en funcionamiento en algunos distritos de la capital y
posteriormente se ha ido extendiendo a otras ciudades españolas; y tanto
su propio éxito, como la demanda ciudadana, hacen que se vaya a extender
a todos los rincones donde tenga operatividad la Policía Nacional. A ello
habría que añadir el proyecto de Policía 2000, que pretende desarrollarse
a partir del próximo año y que ya cuenta con la suficiente dotación
presupuestaria.
Para conseguir esa mejor coordinación y la mejor gestión de los trabajos
en aras de la seguridad hay más de 4.000 millones de pesetas de
incremento con destino a la productividad, con el fin de evaluar los
objetivos, valorarlos y compensarlos adecuadamente.
Un tercer pilar de la seguridad, también inevitable de cara al próximo
ejercicio, es la especialización en los distintos campos, a algunos de
los cuales ya se ha hecho referencia, así como en las nuevas formas de
delincuencia que aparecen, lo que exige un esfuerzo importante. Por ello,
para el año próximo se pretende contratar un nuevo sistema de
identificación dactilar, que se conoce como SAID que servirá para
modernizar y actualizar el que en estos momentos está operativo y que fue
adquirido en 1985. Ello va a permitir multiplicar por tres las
operaciones de este tipo de identificación que se hacen cada día, pasando
éstas de 500 a más de 1.500 diarias.
Por otra parte, hay que reseñar que algunos proyectos puestos en práctica
el año pasado, y de los cuales se dudaba --como, por ejemplo, el sistema
«renting» para la mejora y la modernización del parque de vehículos--, a
nuestro juicio han sido un éxito, por lo que continúan contando con
dotación presupuestaria.
Para concluir, me referiré a algunas cuestiones a las que se ha hecho
referencia. Por ejemplo, el Plan Nacional sobre Drogas se incrementa casi
un 8 por ciento en las dotaciones presupuestarias. Y en materia de
seguridad vial también se produce un importante incremento, tanto para el
mantenimiento y la conservación de carreteras, como para las actuaciones
en tramos o puntos peligrosos, conocidos como puntos negros.
En definitiva, señor Presidente, señorías, creemos que el presupuesto que
se recoge en la Sección 16, correspondiente al Ministerio del Interior,
supone un importante esfuerzo en esa nueva cultura de la seguridad que no
implica necesariamente una relación directamente proporcional a la
inversión; ya lo hemos dicho en más de una ocasión y creo que los hechos
vienen a constatar nuestras aseveraciones anteriores. Es cierto que es
necesario una importante dotación de medios económicos, pero también lo
es que no siempre existe una relación directa según la cual a mayor
inversión, mayor seguridad. Señorías, existe más seguridad cuando los
recursos se optimizan y se gestionan adecuadamente y cuando se crea una
mayor relación y cohesión entre los dos elementos que conforman la
seguridad: las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y los propios
ciudadanos, a los que va destinada.
Por nuestra parte, nada más. Muchas gracias, señor Presidente, y muchas
gracias, señorías.
El señor VICEPRESIDENTE (Tomey Gómez): Gracias, señor García.
Pasamos a la Sección 17, a la cual se ha presentado un veto por parte del
señor Ferrer Roselló, del Grupo Mixto; otro, del señor Nieto Cicuéndez y
de la señora Costa, y un tercero, del señor Román Clemente. Asimismo, se
han presentado las enmiendas de los siguientes representantes del Grupo
Mixto: las números 86 y 94, del señor Armas; las números 102 y 103, de la
señora Costa; las números 134 a 240, del señor Ferrer Roselló; las
números 315 a 591, del señor Nieto y la señora Costa; la número 3, del
señor Padrón, y las números 1.332 a 1.505, del señor Román Clemente.
Para su defensa, tiene la palabra el señor Román Clemente.
El señor ROMAN CLEMENTE: Gracias, señor Presidente.
En primer lugar, quiero anunciar que la Senadora De Boneta defenderá sus
propias enmiendas.
Doy por defendido el veto del Senador Ferrer Roselló, así como el del
Senador Nieto Cicuéndez y la Senadora Costa Serra. También doy por
defendidas las enmiendas de los Senadores Armas Rodríguez, Costa Serra,
Ferrer Roselló, Nieto Cicuéndez, y Padrón Rodríguez, así como la
propuesta de veto del Senador que les habla y sus propias enmiendas, en
los términos en que están expresadas. Asimismo, y en nombre del Senador
don Victoriano Ríos, anuncio la posición en contra de la enmienda número
1.123, del Grupo Popular, y les comunico que en el supuesto de que se
aprobara dicha enmienda se interpondría el correspondiente voto
particular.
Gracias, señor Presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Tomey Gómez): Gracias, Senador Román Clemente.
Pasamos a las enmiendas números 22 a 33, de la Senadora De Boneta.
Para su defensa, su señoría tiene la palabra.
La señora DE BONETA Y PIEDRA: Gracias, señor Presidente.
Efectivamente, hemos presentado a la Sección 17 las enmiendas números 22
a 33, ambas inclusive. Todas ellas tratan de recuperar dotaciones para
infraestructuras olvidadas o infradotadas desde nuestro punto de vista,
creando el correspondiente nuevo crédito o aumentando los ya existentes,
y efectuando la consiguiente baja o el cargo correspondiente en la
Sección 31.
Paso a referirme muy brevemente a las mismas, cuyas cuantías vienen
especificadas. En primer lugar, las enmiendas números 22, 23 y 31 se
refieren a infraestructuras para las que durante largos años se ha
planteado la necesidad de dotarlas o de mejorar su dotación con el fin de
que las obras finalicen antes. Me refiero al Teatro de Eibar, para que
pueda terminarse en el año 2000; a las dotaciones necesarias para el
Teatro Victoria Eugenia, en San Sebastián, para que se pueda concluir en
el 2001, y a la dotación para el Teatro Ercilla, de Bermeo.
La enmienda número 24 se refiere a la recuperación del entorno del
antiguo paso fronterizo del puente de Santiago, en Irún. Allí se puede
ver una serie de banderas que indican que ya somos europeos, pero no
quiero decir con qué países podría compararse el entorno de dicho paso
fronterizo si miramos alrededor.
Igualmente, con la enmienda número 25 pedimos una dotación de 500
millones de pesetas para embellecer y mejorar el entorno del Museo
Guggenheim, en Bilbao.
Hay otra serie de enmiendas relativas a dotaciones para infraestructuras
de carreteras. Por ejemplo, por lo que respecta a la de Maltzaga-Urbina,
se trata de una deuda histórica, toda vez que el Estado en su plan de
autopistas aprobó en 1973 la construcción de la autopista
Burgos-Cantábrico --eso quiere decir Burgos-Maltzaga--, pero con su
adjudicación a las concesionarias este proyecto quedó incumplido y está
pendiente. Por tanto, como ya hemos dicho en otros debates de
presupuestos, estimamos que debe cumplirse.
Igualmente en la enmienda número 26 pedimos la cesión de las antiguas
vías de Castejón a Soria, que están en desuso y que posibilitarían la
instalación de «vía verde del Plazaola» que uniría Navarra con Guipúzkoa.
Además de estas carreteras, creemos que también es necesaria para la
adecuada comunicación de Pamplona con Madrid la autovía Madrid-Tudela, a
lo que nos referimos en una de nuestras enmiendas.
En la enmienda número 28 pedimos un aumento de dotación para la «Y»
ferroviaria vasca. Es una vieja reivindicación.
En la enmienda número 29 pedimos una dotación para intermodal o
Eusko-Modal de Irún, toda vez que la intermodal de Hendaya está
totalmente bloqueada.
Hay otra serie de enmiendas que yo creo que son importantes. En la
enmienda número 30 pedimos la eliminación de paso entre vías, muy
transitado en la margen izquierda de la ría de Bilbao, de Ibaizábal,
entre Urbiaga y Sestao. Además, pedimos una dotación insignificante,
teniendo en cuenta las cantidades que se manejan en el presupuesto.
En la enmienda número 32 pedimos la supresión de pasos a nivel en
Navarra.
En lo que hace referencia a la Comunidad Autónoma del País Vasco y a la
Comunidad Foral de Navarra, creo que han quedado más o menos fijadas
todas aquellas cuestiones que consideramos han sido olvidadas o
infradotadas.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Tomey Gómez): Muchas gracias, Senadora De
Boneta.
El Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos tiene tres
enmiendas, las números 1.043, 1.044 y 1.045, que se ha incorporado a esta
Sección, ya que estaba en la 32 anteriormente.
Tiene la palabra el señor Gangoiti.
El señor GANGOITI LLAGUNO: Señor Presidente, efectivamente la enmienda
número 1.045 se ha incorporado a esta Sección porque estaba en un
articulado que no la correspondía.
En cuanto a la enmienda número 1.043, se refiere a la problemática
relacionada con el puerto de Bilbao, y se pretende un incremento de 3.048
millones de pesetas. La razón estriba en un acuerdo del Consejo de
Ministros en el mes de septiembre de 1998, en el cual se aprobaba la
Reserva Demencial, por la cual la Autoridad Portuaria de Bilbao cedió
165.103 metros cuadrados ganados al mar en la obra de ampliación, al
Ministerio de Fomento, para la realización de la «Nueva Estación de
Mercancías en el Puerto de Bilbao, sustitutiva de la terminal, conocida
como Terminal Teco de Abandoibarra. Por tanto, simplemente se trata de
cumplir ese acuerdo de 1998 del Consejo de Ministros.
La enmienda número 1.044 la hemos presentado en repetidas ocasiones
porque su origen está incluso --asústense Señorías-- en un régimen
anterior al nuestro, el régimen autoritario de la época del General
Franco, precisamente, en septiembre de 1973. Se trata de la autovía de
Urbina-Maltzaga. Fue aprobado en 1973 y en 1994, con un Gobierno distinto
al actual, se llegó a un acuerdo, y como no se había construido,
evidentemente, una parte de la autopista, a partir de ahí, había que
tomar una serie de decisiones.
En consecuencia, estamos ante un caso que arranca hace 25 años; se le iba
a dar una solución con un Gobierno anterior y sigue sin tenerla. Se trata
de una autovía que forma parte del eslabón del Eje Transeuropeo y, de
acuerdo con un Consejo Europeo, también forma parte de los acuerdos de
redes de carreteras transeuropeas.
Además, señorías, estamos incluso ante un tema de votación en los famosos
debates del Estado de la Nación y, en consecuencia, de credibilidad sobre
si las mociones aprobadas en el desarrollo de dicho debate llegan a buen
término o, al fin y al cabo, es una salida de cara a conseguir un
planteamiento y un voto respecto a los pronunciamientos del Ejecutivo. Y
en el Debate de la Nación, celebrado recientemente, se aprobó una moción
por la que se acordaba instar al Gobierno a colaborar con las
administraciones vascas en la búsqueda de las fórmulas de viabilidad
confesional y financieras, que permitan la construcción de esta autovía,
que, como he dicho, tuvo su origen en 1973, en el más breve plazo
posible.
Por último, la enmienda número 1.045, señor Presidente, solicita 2.000
millones de pesetas para la línea 2 del
metro de Bilbao. Como sabrán sus señorías, se hizo la línea número 1, que
costo 100.000 millones de pesetas, única y exclusivamente con el esfuerzo
de las instituciones vascas y en estos momentos la línea 2 está
presupuestada en 40.000 millones de pesetas. Hasta el momento no ha
habido ninguna aportación por parte del Gobierno Central. Creemos que los
fondos de cohesión europeos se dedican básicamente a infraestructura y
medio ambiente. Dichos fondos son muy importantes, han representado, como
estamos viendo en la prensa, casi billón y medio de pesetas del año 1993
al año 1999; en estos momentos están en tela de juicio y se dedican, como
he dicho, en una parte importante a obras de infraestructura.
Además, hubo un preacuerdo de convenio entre el MOPTMA y la Comunidad
Autónoma de Euskadi para la financiación de la línea 2 de este metro de
Bilbao, denominado metro de la margen izquierda.
Nada más y muchas gracias, señor Presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Tomey Gómez): Muchas gracias, señor Gangoiti.
El Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergencia i Unió ha
presentado las enmiendas números 1.088 y 1.089.
Tiene la palabra el Senador Cambra.
El señor CAMBRA I SANCHEZ: Muchas gracias, señor Presidente.
Quería aprovechar este turno de defensa de estas dos enmiendas a la
Sección 17 para darlas por defendidas en sus justos términos, así como el
resto de las enmiendas que mantiene nuestro Grupo a las Secciones dentro
de esta Ley de Presupuestos Generales del Estado.
El señor VICEPRESIDENTE (Tomey Gómez): Muchas gracias.
Queda un veto del Grupo Parlamentario Socialista, el número 831, y las
enmiendas números 813 a 847.
Tiene la palabra el señor Luis Calvo.
El señor LUIS CALVO: Muchas gracias, señor Presidente.
Yo diría que hay dos vetos o, por lo menos, dos enmiendas de impugnación,
una a la Sección 17 y otra, aunque esté dentro de ésta, a la entidad
pública empresarial Correos y Telégrafos, que es la enmienda número 830.
Con su venia, voy a defender todas las enmiendas.
En el texto de las enmiendas se detalla claramente: impugnación a la
Sección de la entidad pública empresarial Correos y Telégrafos. De todas
maneras, la voy a subsumir en la defensa del veto a la sección 17, si le
parece al señor Presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Tomey Gómez): De acuerdo.
El señor LUIS CALVO: Gracias.
Señor Presidente, señorías, por tercera vez el Ministerio de Fomento, el
Gobierno, presupuesta sin planificación. Si leemos el presupuesto de la
sección 17 se comprueba, sin que parezca que el Gobierno se sonroje por
ello, que las obras que se incluyen son coincidentes con las indicadas,
en su mayoría, en aquella ya famosa reunión de la Comisión Nacional de
Transportes del Partido Popular, el 29 de septiembre de 1997.
Ustedes negarán una vez más esta reunión y su acta, pero en esto como en
las meigas «haberlas haylas». Hay una absoluta ausencia de planificación.
Es necesario preguntarse si los ciudadanos españoles consideran en cada
territorio creíbles estos presupuestos para 1999.
En efecto, la concepción del gasto de la sección 17 y su estructura
interna son, a nuestro juicio, imposibles de creer. Cada vez se aprecia
una mayor distancia entre las obras previstas en el Anexo de inversiones
reales y su posterior realización. Todo se presupuesta, aunque una parte
muy importante no se ejecute. Esto ha venido ocurriendo a lo largo de
estos dos años.
Con la inclusión de créditos ridículos se comprometen créditos
millonarios, lo que --como decíamos al principio-- resta credibilidad al
presupuesto, teniendo en cuenta, además, que en él se producen
transferencias de capital encubiertas con cargo a créditos de
inversiones.
Con todo ello se confirma que el presupuesto del Ministerio de Fomento,
la sección 17, tiene una marcada perspectiva electoral, habida cuenta de
las próximas elecciones locales y autonómicas y aparentemente, pero sólo
aparentemente, contienen un crecimiento en inversiones reales.
En efecto, durante los dos años y medio últimos, la inversión ha sido
utilizada como variable de ajuste del déficit público sin que se hayan
intentado otras posibles alternativas para su control. En consecuencia,
el aparente incremento que parecen presentar los presupuestos para el
próximo año solamente frena y en muy escasa medida la extraordinaria
caída de la inversión pública hasta hoy, casi un 40 por ciento entre 1995
y 1997.
Una vez corrida la cortina de la apariencia, lo cierto es que en 1999 se
producirá para nuestra desgracia, para desgracia de todos los españoles,
una caída real de la inversión si comparamos el presupuesto para el
próximo año con el presupuesto modificado de 1998. Recuérdese si no la
convalidación del Decreto-Ley 12/1998 hace unos días, a la que se
opusieron nuestros compañeros del Grupo Parlamentario Socialista del
Congreso, el cual incrementó los créditos con cargo al Capítulo VI de
este Ministerio en 133.000 millones de pesetas nada más y nada menos.
Por otra parte, las grandes estrellas de la política del Gobierno en
infraestructuras han sido, por un lado, la participación de capital
privado en la financiación adelantada de las mismas, lo que de manera
errónea llamaron modelo alemán y, por otro, la creación de entes públicos
para hacer lo que denominaron la financiación extrapresupuestaria de las
mismas, admitiendo cofinanciación privada.
Pues bien, hoy se puede decir que más allá de nuestra opinión al respecto
ambas políticas han fracasado estrepitosamente. Son los terceros
presupuestos que presenta el Gobierno del Partido Popular y posiblemente
sean éstos los más expresivos de su estilo de gobernar, que es decir
una cosa y hacer otra, manejar la propaganda sobre promesas que luego no
encuentran soporte presupuestario y ampararse en el ciclo económico para
ocultar sus carencias, su pasividad y su fracaso.
Respecto de Correos, el Gobierno del Partido Popular optó en su día, en
la primavera pasada, en un debate en esta Cámara, por un modelo del que
nosotros advertimos entonces, el de un correo social residual, con
liberalización total del mercado que inexorablemente conducirá al
incremento de la desigualdad entre los ciudadanos y que va a dañar
gravemente un servicio --está dañándolo ya-- que debe garantizar la
cohesión económica, social y territorial.
El primer paso fue optar por ese modelo. El segundo paso lo dan en estos
presupuestos para 1999 rebajando nada menos que en un 60 por ciento las
transferencias corrientes a Correos, con lo cual la desaparición del Ente
a medio plazo está más que asegurada.
En atención a todo ello hemos presentado esta enmienda a la totalidad y
solicitamos su devolución al Gobierno. Asimismo, defendemos --como ha
dicho ya la Presidencia-- una serie de enmiendas, 39 en concreto, que
hemos dividido en diferentes capítulos. Al de infraestructuras de
carreteras hemos presentado la 813, la 822, la 826, la 829, la 846 y la
847. En ellas incluimos 11.000 millones de pesetas para el plan de
infraestructuras de las Illes Balears que deben sustituir la partida del
convenio de carreteras por otro bajo el concepto de convenio de
infraestructuras a fin de dar cumplimiento a la reciente Ley de Régimen
Especial de las islas.
Proponemos el gasto de 2.176 millones de pesetas para tres importantes
proyectos en Cataluña por la necesidad de reponer las previsiones
iniciales de inversión en los mismos. Proponemos un montante de algo más
de 168.000 millones de pesetas para las Comunidades de Andalucía,
Valencia, Madrid, La Rioja, Castilla-La Mancha, Aragón, Cantabria,
Galicia, Asturias, Murcia, Extremadura y Castilla y León.
Se trata de reorganizar el gasto interno para garantizar de forma más
eficaz la verdadera finalidad inversora de todos los créditos de gasto de
capital. Todo ello debe repercutir en el Anexo de inversiones reales y en
los correspondientes programas o proyectos, detallados en cada una de las
enmiendas referidas a las Comunidades Autónomas de cuya concreción hemos
hecho relato anteriormente y cuyo detalle dilataría en exceso la
intervención de mi Grupo Parlamentario.
Respecto de las infraestructuras de transporte ferroviario, a los efectos
de establecer una reorganización del gasto interno de la sección y de
garantizar una eficaz asignación de recursos cuyo fin debe ser la
inversión directa y no su inmovilizado, presentamos las enmiendas números
832 a 845 en las que proponemos se incluyan 89.000 millones de pesetas
para inversión nueva a las Comunidades Autónomas de Cataluña, de Castilla
y León, Madrid, Asturias, Andalucía, País Vasco, Comunidad Valenciana,
Murcia, Castilla-La Mancha, Galicia, Extremadura, Aragón y La Rioja que
también deben repercutir en el Anexo de inversiones reales y en los
correspondientes programas y proyectos detallados en cada una de las
enmiendas, cuya concreción omitimos, puesto que figura en el texto de
cada una de ellas, añadiendo la petición de inversión de 4.000 millones
de pesetas para la supresión de pasos a nivel.
Respecto de la entidad pública empresarial Puertos del Estado y
Autoridades Portuarias, presentamos la enmienda 807 por 250 millones de
pesetas; la enmienda 808 también por 250 millones y la enmienda 810 por
150 millones de pesetas. La primera trata de una inversión
correspondiente a la ejecución de la segunda fase de ampliación del
Puerto del Rosario en la Isla de Fuerteventura. Se presenta porque hay
una necesidad de ampliación del puerto comercial para tráfico de
pasajeros, carga rodada y graneles del Puerto del Rosario en la Isla de
Fuerteventura, como hemos dicho.
La 808 se trata de una inversión correspondiente a la ejecución de la
obra del contradique y nueva terminal de cruceros en el Puerto de
Arrecife de la Isla de Lanzarote. El coste total de la construcción de un
contradique protector y del edificio de nueva terminal de cruceros
asciende a 620 millones. La necesidad de esas infraestructuras ante la
importancia de la inclusión de la Isla de Lanzarote en la ruta de
cruceros turísticos de ese área del Atlántico justifica por sí misma el
adelantamiento temporal de la obra.
En la isla de Tenerife, para el puerto comercial de Guía de Isora,
estudios y redacción del proyecto, ya que desde el año 1994 la autoridad
portuaria de Santa Cruz, ante el colapso del antiguo puerto comercial de
Los Cristianos, considera imprescindible aportar una nueva solución a las
necesidades del tráfico marítimo y de pasajeros y carga rodada desde la
isla de Tenerife a las restantes más próximas en su entorno.
En relación a la entidad pública empresarial Aeropuertos Españoles y
Navegación Aérea, presentamos tres enmiendas, por un total de 550
millones de pesetas. En el aeropuerto de La Gomera, para la construcción
de la torre de control; en el Aeropuerto de Tenerife Sur, para el
proyecto de diseño técnico de la nueva área terminal y desarrollo del
Plan Director; y para el aeropuerto de Gran Canaria, el campo de vuelos
complementario y plataforma de estacionamiento de aeronaves.
En vivienda, hemos presentado las enmiendas números 823, 824, 825 y 827.
Pretendemos subvencionar con 500 millones de pesetas la adquisición y
rehabilitación de viviendas en Canarias y 2.500 para Madrid. Tienen por
finalidad invertir en la reparación del grupo de viviendas Averroes en
Melilla, por un importe de 425 millones de pesetas; inversiones de
reposición en viviendas en general, 825 millones de pesetas, y 20.000
millones de pesetas para la subsidiación de intereses de préstamos y
otros poyos.
Por último, la enmienda 828, por importe de 1.700 millones de pesetas,
tiene por objeto subvencionar el transporte aéreo y marítimo de
mercancías entre las islas Baleares y la Península, en aplicación del
artículo 7 de la Ley de Régimen Especial para las islas Baleares.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Tomey Gómez): Gracias, señor Senador.
Enmiendas de los señores Fuster Muniesa, Blanco Nogués y Estaún García,
del Grupo Parlamentario Popular, de la número 600 a la 649.
Para su defensa, tiene la palabra el Senador Blasco.
El señor BLASCO NOGUES: Gracias, señor Presidente.
Voy a defender concretamente de la número 600 a la 605 y de la 622 a la
649.
Efectivamente, estas enmiendas presentadas por los Senadores del Partido
Aragonés no hacen sino llevar a detalle algunos de los puntos recogidos
en el programa electoral que el Partido Popular y el Partido Aragonés
suscribieron en su momento, cuya realización redundaría notablemente en
el desarrollo de algunas de las comarcas de Aragón que se están
despoblando a marchas forzadas.
Algunas enmiendas --no voy a detallarlas todas-- hacen referencia a la
articulación de Aragón con las Comunidades Autónomas vecinas,
concretamente a la autovía Lleida-Huesca-Pamplona; otra autovía entre
Levante y el Somport, y otras hacen más concreción en esas comarcas que,
como señalábamos, se encuentran en franca despoblación, fomentando el uso
y la rehabilitación del ferrocarril, así como la solución a las
carreteras de esas zonas tan deprimidas.
Por todo ello, si en los presupuestos figurasen definitivamente unas
partidas importantes y reales, podríamos, entre otras cosas, llevar a
cabo un programa que prometimos a nuestros electores.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Tomey Gómez): Gracias, Senador Blasco.
A continuación, tiene la palabra el Grupo Parlamentario Popular para la
defensa de las enmiendas números 1.122 a 1.132, así como para consumir un
turno en contra de los vetos y del resto de las enmiendas.
Tiene la palabra el Senador Bris.
El señor BRIS GALLEGO: Muchas gracias, señor Presidente.
Empezando por las enmiendas que ha enunciado, he de señalar que varias de
ellas tienen como finalidad acelerar determinadas obras, y alguna otra,
como la número 1.123, hace relación al cumplimiento estricto de la Ley de
Puertos del Estado y de la Marina Mercante.
Asimismo, de las enmiendas que presentamos dos están destinadas a
afrontar una cancelación de gastos de ejercicios anteriores, y se tocan
de manera especial temas como lo referente a Melilla en lo relativo a las
viviendas de Averroes o a la torre de control del aeropuerto, y a Ceuta,
en lo que se refiere a la subvención del tráfico o al dinero invertido
dentro del helipuerto civil o a las viviendas de dicha ciudad.
La enmienda 1.128 tiene por objeto la reordenación de créditos. La número
1.131 amplía el concepto de subvención de tráfico aéreo a las ciudades de
Ceuta y Melilla.
Por lo tanto, estas enmiendas son las que introducimos en el Dictamen de
Comisión y sometemos a votación para que puedan ser incluidas en el
mismo.
Una vez defendidas, vamos a pasar a analizar los vetos y las diversas
enmiendas que han presentado los demás Grupos políticos.
Se han presentado 4 vetos, de los cuales solamente se ha defendido uno,
así como lo que considera el portavoz del Grupo Parlamentario Socialista
como un veto a la Sección de Correos y Telégrafos. Por lo tanto, en
relación a los vetos del señor Ferrer Roselló, de los Senadores Nieto
Cicuéndez y Costa Serra y del Senador Román Clemente, por las mismas
razones y argumentos, manifestaremos nuestra posición en el trámite del
Pleno.
En lo que se refiere al Partido Socialista, hay que tener en cuenta que
estamos hablando de dos modelos distintos; un modelo, que es el que apoya
el Partido Popular, que cree en la colaboración privada, no solamente en
la pública, y otro, el del Partido Socialista, que al parecer solamente
piensa en la pública, con lo cual considero que quedan muy restringidas
sus propias propuestas. Habla de planificación y programación, cosa que
me extraña, porque si se está discutiendo y de alguna forma se va en
contra de los programas que el Partido Popular presenta en esta Sección
17 es señal de que existe una planificación. Por lo tanto, el Partido
Socialista incurre en una contradicción. Es lógico que haya una
concepción del gasto y una estructura interna que ellos no comprendan,
pues es otra forma distinta de hacer política. Indudablemente, el Partido
Popular lo que está haciendo no es colocar créditos ridículos en las
partidas presupuestarias, sino poner realmente en cada partida
presupuestaria lo que se gasta o se piensa gastar ese año.
También se ha referido el portavoz del Grupo Socialista a la marcada
perspectiva electoral, creo recordar. Yo le digo que eso no es así.
Quizás antes sí se hiciera. Por ejemplo, podemos recordar el Plan
Director de Infraestructuras, que fue una expectativa durante muchísimos
años, que siempre resucitaba en las campañas electorales, pero nunca se
llegó a ejecutar ni a realizar; quedaba todo en papel mojado, se exponía,
se debatía, etcétera. Esa sí es una perspectiva electoral; como lo era
cuando se venía a los municipios y se hablaba de que se iban a firmar una
serie de convenios y luego no se firmaba absolutamente nada, ni se han
podido ejecutar esos programas ni esos convenios porque no tenían un
fondo económico detrás. Considero que eso no es serio. Nuestro Gobierno,
lógicamente, no va a entrar en esa dinámica que no es buena y genera unas
expectativas y unas ilusiones que luego no se cumplen.
Se ha criticado al GIF, se ha dicho que es un fracaso. Yo no coincido en
absoluto en que sea un fracaso; al revés, el GIF está funcionando
perfectamente y está haciendo una de las infraestructuras más importantes
que va a tener el Estado español en los próximos años, que es el tren de
alta velocidad Madrid-Barcelona.
También se decía que utiliza la inversión para, de alguna forma, regular
el déficit público. Es lógico. Los gobiernos tenemos esa obligación. Hay
que tener en cuenta que el Partido Popular ha rebajado el déficit público
de un 7,3 del producto interior bruto, de hace muy pocos años, a un 1,6,
que es el déficit público que se tiene previsto para este año.
Indudablemente hay que hacerlo con un rigor económico importante,
tratando de que los gastos se controlen
al máximo. Por ese motivo, en un momento determinado se utilizó el modelo
alemán. Una vez que el déficit ha cumplido las expectativas que todos
esperábamos, se ha dejado el modelo alemán, no para siempre, sino que ahí
queda porque, posiblemente, si hubiera un problema de crecimiento del
déficit público, tendríamos que volver a actuar.
No hay una caída de la inversión pública, como se ha dicho; en
conservación de carreteras se aumenta en este ejercicio un 7,9 por
ciento, en transporte ferroviario, incluido lógicamente el GIF, un 35,4
por ciento, en vivienda un 3 por ciento, incluidas las actuaciones de
SEPES. Y es cierto que, por ejemplo, en aeropuertos ha habido una bajada
de un 7 por ciento debido a la inversión fuerte realizada en Barajas en
el año 1998. También se ha aumentado la inversión en Correos y
Telégrafos. Por tanto, sinceramente no entendemos cómo se presenta un
veto a esta Sección.
Se afirma que se dicen unas cosas y se hacen otras, yo creo que se dice y
se hace lo que realmente marcan los presupuestos. Se habla de promesas
pero lo que estamos consiguiendo son realidades y se está viendo en la
política del Gobierno. Nos parece que este presupuesto es histórico; no
se utiliza para regular el déficit público, sino para invertir en las
expectativas que tienen todas las regiones. Por tanto, nosotros vamos a
decir no a los vetos que presenta el Grupo Parlamentario Socialista.
Haciendo mención a lagunas de las enmiendas que se han ido debatiendo a
lo largo de esta Comisión --no vamos a entrar en todas ellas porque, si
no me equivoco, son nada menos que 451--, por ejemplo, la de la Senadora
De Boneta referida a los teatros de Eibar y Victoria Eugenia están
incluidos por una comisión en lo que se refiere al empleo del 1 por
ciento de utilización en obras culturales. Asimismo, cuando habla de la
circunvalación del Museo Guggenheim resulta que no es competencia del
Estado. Y, por ejemplo, cuando habla de la «Y» vasca, tiene una
consignación presupuestaria, que le puede parecer insuficiente, pero ahí
está.
Por otra parte, el portavoz del Grupo Parlamentario de Senadores
Nacionalistas Vascos ha expuesto perfectamente sus enmiendas, todas
importantes, pero muchas de ellas utilizan recursos de la propia Sección
en unas prioridades que ya tenía el Ministerio de Fomento y por lo tanto
es imposible dar de baja; o se utiliza lo que todos llamamos ese cajón de
sastre de la Sección 31, que de utilizarse para las medidas de los que
estamos hablando daría lugar a que el déficit no se pudiera comprometer.
En el mismo sentido van las dos enmiendas del Grupo Parlamentario Catalán
en el Senado de Convergència i Unió, números 1.088 y 1.089, que tampoco
vamos a poder admitir.
En cuanto a las enmiendas del Grupo Parlamentario Socialista, es
complicado hablar de ellas porque aunque se dice que son 39 enmiendas,
realmente son más de 150, ya que incluyen una relación por Comunidades
Autónomas que configurarían un presupuesto de inversiones totalmente
nuevo, que posiblemente sobrepasaría el gasto del Ministerio de Fomento.
Por lo tanto, aunque en el Pleno sigamos hablando sobre ellas y
expliquemos por qué razón no votaremos a favor de unas o de otras,
parecen enmiendas un poco improvisadas, no muy estudiadas, y que tratan
de buscar una especie de demagogia política en los respectivos
territorios. Por eso vamos a votar en contra.
El señor VICEPRESIDENTE (Tomey Gómez): Muchas gracias, Senador Bris.
Pasamos a la Sección 18, Ministerio de Educación y Cultura, a la que se
han presentado dos vetos, uno del Senador Nieto y de la Senadora Costa y
otro del señor Román Clemente. También se han presentado a dicha Sección
las enmiendas de la Senadora Costa Serra números 104 a 109, las enmiendas
del Senador Ferrer Roselló números 179 a 182, la enmiendas del Senador
Nieto y la Senadora Costa números 434 a 477, la enmienda número 18 del
señor Padrón, la enmienda número 1.404 del señor Román Clemente y las
números 1.507 a 1.620 del mismo Senador.
Tiene la palabra el Senador Román Clemente.
El señor ROMAN CLEMENTE: Muchas gracias, señor Presidente.
Doy por defendidos los vetos a los que ha aludido al principio el señor
Presidente. Por tanto, a efectos del «Diario de Sesiones» quedan
defendidos en los términos en que están expresados para su posterior
defensa en el Pleno.
Por otra parte, la Senadora De Boneta defenderá sus enmiendas, y este
Senador aprovecha este turno para defender, además de su veto, las
enmiendas presentadas en los mismos términos en que están expresadas.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Tomey Gómez): Muchas gracias, señor Román
Clemente.
La señora DE BONETA Y PIEDRA: Muchas gracias, señor Presidente.
Habida cuenta de que en la Sección anterior se ha hecho referencia a
cuestiones muy importantes y muy viejas planteadas no solamente por esta
Senadora sino por el representante de otro grupo parlamentario, creo que
no merece la pena citar ni contar la historia o las razones de cada una
de las enmiendas que, por otra parte, ya vienen explicadas. A la vista de
que en este momento no parece que vaya a establecerse el debate en los
términos en que a esta Senadora le parecen oportunos, voy a hacer una
referencia puramente simbólica a los apartados en los que se centran las
enmiendas números 34 a 59, con una sola explicación un poco más amplia,
aunque sea en tres palabras, en relación con la enmienda número 45, por
la carga política que tiene y a efectos de su constancia en el «Diario de
Sesiones».
Efectivamente entre las enmiendas números 34 a 59 hay algunas que
pretenden dotaciones para la recuperación del patrimonio tanto histórico
como artístico, para acondicionar e incluso para crear, en su caso, algún
museo en relación con el Camino de Santiago; para conseguir subvenciones
para acontecimientos artísticos de carácter internacional, que se
celebran en la Comunidad Autónoma vasca y no reciben ninguna ayuda;
subvenciones también para
instituciones reconocidas como Euskaltzaindia, Eusko Ikaskuntza o la Real
Sociedad Bascongada de Amigos del País, de sobra conocidas de todos, que
creemos que deben ser ayudadas desde el Estado, por mucho que se vengan
subvencionando desde los presupuestos generales de la Comunidad Autónoma
del País Vasco.
Este sería el contexto en el que se mueven las enmiendas números 34 a 59,
de las que daremos mayor explicación en el Pleno por las razones que he
mencionado.
No quiero dejar sin comentar la enmienda número 45 porque podría parecer
una notable incoherencia que por parte de Eusko Alkartasuna se
pretendiera, como se pretende de hecho con esta enmienda, hacer
desaparecer un programa, el 542.A, de investigación.
Obviamente, Eusko Alkartasuna da una gran importancia a todo lo
relacionado con la investigación como motor de cualquier desarrollo y
base para el bienestar y la calidad de vida de todos los ciudadanos y
ciudadanas. Pero, de paso que vengo a insistir en que la dotación para el
programa de investigación, además de encubrir, quizás, algunas cantidades
que nada tienen que ver con lo que es I+D propiamente dicho, es
insuficiente para aumentar ese, todavía, raquítico porcentaje que en los
Presupuestos Generales del Estado se destina a I+D, puesto que no llega
al uno por ciento, diré que, no obstante, pedimos la baja de este
programa, aun considerándolo muy importante, puesto que en este caso no
se cumple el Estatuto de Guernika, toda vez que la investigación es una
competencia que dicho Estatuto otorga a la Comunidad Autónoma Vasca y que
sigue sin transferirse.
Para dar más cumplida explicación, además de la importancia que se otorga
a este apartado en la Comunidad Autónoma Vasca, debo dar algunos datos y,
así, decir que durante el último ejercicio se han invertido más de 59.000
millones de pesetas, de los cuales, con cargo a fondos públicos --se ha
invertido esa mala relación que existe, sobre todo en I+D, entre
investigación pública y privada--, y representando aproximadamente el 36
por ciento del total, se han invertido 21.000 millones de pesetas, de los
cuales, en una transferencia obligada pero no realizada a esta Comunidad
Autónoma, sólo 5.000 millones de pesetas han salido de los Presupuestos
Generales del Estado, y el resto hasta 21.000 millones de pesetas de los
fondos de la Comunidad Autónoma Vasca, pese a no tener transferida la
competencia.
Creía que era importante dar todos estos datos, al tiempo que defiendo
esta baja del programa 542A, lo que podría parecer, como he dicho al
principio, algo incoherente, teniendo en cuenta la relevancia que
otorgamos a la investigación, pero en este caso viene motivado por una
razón política muy fuerte. No obstante, insisto una vez más en que
consideramos que la dotación de este programa --en el caso de que no
tuviéramos este planteamiento político para oponernos al mismo-- es muy
pequeña y que se hace un esfuerzo muy por debajo de lo que sería
necesario siquiera para irnos acercando --y no alejándonos cada vez más--
de los países de nuestro entorno en materia de investigación.
Nada más y muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.
El Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos tiene
presentadas las enmiendas que van de la 1.046 a la 1.062 y la 1.080.
Para su defensa, tiene la palabra el portavoz del Grupo
Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos.
El señor GANGOITI LLAGUNO: Muchas gracias, señor Presidente.
Trataré de ser breve. La número 1.046 es una enmienda relacionada con la
subsidiación de intereses en préstamos y otros aportes para la reforma de
centros concertados. Es una enmienda que ciframos en 1.000 millones de
pesetas y mediante la misma pedimos la incorporación de una dotación en
los presupuestos generales del Estado que ayude a los centros concertados
a la financiación de los intereses de los préstamos que la mayoría de los
centros necesitarán pedir en su momento para adecuarse a los requisitos
exigidos por la LOGSE para la impartición de las nuevas enseñanzas. Como
recordarán sus señorías, esta dotación se aprobó en los Presupuestos
Generales del Estado de 1995, con un pequeño crédito de 90 millones de
pesetas, cantidad que estaba muy lejos de cubrir los intereses de los
préstamos solicitados.
La número 1.047 es una enmienda por la que se pide un incremento de 9.000
millones de pesetas para hacer efectiva la gratuidad de la enseñanza en
centros de educación infantil.
La enmienda 1.048 se refiere a la participación de las universidades
privadas en los campeonatos estatales universitarios y asociaciones e
instituciones sin fines de lucro. Creemos que el proyecto de ley de
presupuestos generales del Estado no trata adecuadamente esta partida.
La enmienda 1.049 pide un apoyo para la Asociación de Escritores Vascos,
para el desarrollo de sus actividades, porque creemos que la traducción
de obras literarias al castellano, al catalán y al gallego desde el
euskera es una forma de fomentar el carácter plurilingüe de este Estado
plurinacional.
La enmienda 1.050 solicita 150 millones de pesetas para la Fundación
Museo Balenciaga, para la remodelación de su sede. Creemos que la
Fundación creada en torno al modisto Cristóbal Balenciaga tiene una
dimensión internacional y que, en consecuencia, es necesario un aporte a
la misma, que redundará en beneficio de todos.
Con la enmienda 1.051 pretendemos incrementar la partida destinada a
ayudas para la promoción del libro, la lectura y las letras en el Estado
español. En este sentido, pensamos que es necesario dicho incremento para
fortalecer la creación literaria en las diferentes lenguas que son
oficiales en el Estado, de acuerdo con la Constitución.
La enmienda 1.052 está destinada a incrementar las ayudas a instituciones
sin fines de lucro editoras de revistas culturales, teniendo en cuenta
que es necesario el incremento de esta partida para poder responder
adecuadamente a las demandas de un sector de gran interés cultural.
La enmienda 1.053 se refiere a ayudas para el fomento de la traducción y
edición entre las lenguas oficiales del Estado de obras de autores
españoles. En definitiva, lo que
pretende es significar una ayuda y un soporte para fortalecer el
conocimiento de los ciudadanos de los valores literarios de las
diferentes lenguas que componen el Estado.
La enmienda 1.054 está relacionada con una institución tremendamente
arraigada en el País Vasco y en Bilbao y que tiene una dimensión
internacional, cual es la ABAO En este sentido, pensamos que, teniendo en
cuenta que se prevé que para la próxima temporada va a haber un traslado
de su sede actual al Palacio de Congresos y de la Música Euskalduna, es
necesario un apoyo para ese traslado y para que, al final, la temporada
lírica de Bilbao siga teniendo el rango que ha mantenido históricamente.
La enmienda 1.055 está relacionada con el Auditorio Euskalduna de Bilbao,
el Palacio de Congresos y Exposiciones, un Palacio de Congresos que será
finalizado a principios del próximo año, que está en la zona de
Abandoibarra, los antiguos astilleros de Euskalduna, la zona más
deprimida de lo que es Bilbao centro, y donde se está haciendo el nuevo
Bilbao. En esa zona está el Museo Guggenheim, está este proyecto, que va
a ser una realidad el año que viene, y está también un nuevo proyecto,
diseñado por el famoso arquitecto argentino afincado en Estados Unidos,
Pelli, y que, como digo, obedece a la reestructuración del nuevo Bilbao,
producto del cierre de los astilleros Euskalduna. Pero no es sólo una
sustitución de los astilleros por una serie de monumentos, sino un nuevo
planteamiento de futuro, económico y de sociedad de servicios avanzados.
Hasta ahora hemos tenido la experiencia del Museo Guggenheim, que creemos
que es positiva, y el Palacio Euskalduna, por los compromisos que tiene
ya, antes de que se haya inaugurado, prácticamente cerrados todos hasta
pasado un año desde su inauguración, será, evidentemente, una nueva
fuente de ingresos para el País Vasco, así como de entrada de divisas en
el Estado español.
La 1.056 es una enmienda en la que se pide un apoyo de 20 millones de
pesetas para el Festival Internacional de Cine Documental y Cortometraje
de Bilbao, que tiene una gran proyección internacional, que en su género
es el número uno no sólo de Europa sino a nivel mundial y que
precisamente el próximo año se cumple el cuadragésimo aniversario de su
creación.
La enmienda número 1.057 toca un tema que puede ser conflictivo para
algunas personas, pero que, desde luego, en algunas de las nacionalidades
que voy a citar tiene un fuerte apoyo. Se trata de una ayuda de 25
millones para la constitución de las selecciones deportivas de Euskadi,
Catalunya y Galiza.
La 1.058 es una enmienda por la cual solicitamos compensar en 150
millones de pesetas la financiación del Centro de Alto Rendimiento de
Bilbao, el antiguo Palacio de la Alhóndiga. Con esta enmienda pretendemos
que el Consejo Superior de Deportes pueda tener derecho a ese dinero para
que sea destinado a financiar ese proyecto importante, que se va a
enclavar en el propio centro de Bilbao, en un lugar emblemático y que de
cara al deporte tiene importancia no ya sólo a nivel mediático, sino,
sobre todo, a nivel de sociedad y a nivel de juventud.
Con la enmienda 1.059 pretendemos un incremento de 5 millones de pesetas,
y está relacionada con las asociaciones y agrupaciones deportivas, entes
de promoción deportiva y otras instituciones sin fines de lucro para el
fomento de actividades de equipamiento. Esto es importante de cara a
generar el apoyo para que la juventud pueda hacer deporte.
la enmienda 1.060 está relacionada con el Centro Mixto de Biofísica
y Física de Materiales, que será el primer centro del CSIC en la
Comunidad Autónoma del País Vasco. Pretendemos que haya una
territorialización del Consejo Superior de Investigaciones Científicas.
El objetivo de la enmienda 1.061 es conseguir un incremento de 200
millones de pesetas destinado a inversiones en las Reales Academias e
instituciones adscritas al programa que se contempla en esta sección. Las
inversiones en las Reales Academias están necesitadas de una mayor
actualización a los parámetros instrumentales y planteamientos de la
sociedad de la información, en aras de poder prestar mejor sus servicios
y poder ponerlos a disposición de los ciudadanos y de la sociedad en
general.
La enmienda 1.062 la ciframos en 50 millones a favor de la Asociación
denominada en euskera Klasikoak. ¿Qué es Klasikoak y qué es lo que
pretendemos con esta enmienda? Lo que pretendemos es el fomento y la
difusión del programa Klasikoak de traducción de obras científicas
universales a nuestra lengua vasca, en el fortalecimiento de la dimensión
plurilingüe del Estado dentro del programa sectorial de promoción general
del conocimiento.
Por último, la enmienda 1.080 está relacionada con el Aquarium de
Donostia, la Sociedad Oceanográfica de Donostia viene de principios de
siglo, y éste es uno de los «aquarium» pioneros a nivel de Estado y es la
institución más visitada por los turistas a nivel de Euskadi. En
consecuencia, con la inversión importante que ha hecho, consideramos que
es necesario un apoyo a ese respecto porque representa un símbolo para la
ciudad de San Sebastián y, también, como decía antes en el caso del
Palacio Euskalduna, un importante incremento de entrada de divisas de
capital extranjero, ya que hay que tener en cuenta que estamos en una
capital fronteriza.
Nada más y muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Senador.
Como recordarán, esta mañana dije que la 1.080 era una de las enmiendas
que no estaba admitida a trámite.
El señor Gangoiti tiene la palabra.
El señor GANGOITI LLAGUNO: Señor Presidente, aun discrepando del acuerdo
que ha tomado la Mesa, acepto lo que ha dicho el señor Presidente y, en
consecuencia, retiro lo que he manifestado.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Senador.
A continuación, tiene la palabra el señor Blasco Nogués para defender las
enmiendas números 650 a 657.
El señor BLASCO NOGUES: Muchas gracias, señor Presidente.
Doy por defendidas las enmiendas, haciendo hincapié en la número 654 que
atiende fundamentalmente a la posibilidad de hacer real una promesa del
Presidente aragonés, don Santiago Lanzuela, en el sentido de que se pueda
celebrar este importante campeonato, para eso hacen falta unas buenas
inversiones y esperamos que se puedan cumplir.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Senador.
Para defender la propuesta de veto del Grupo Parlamentario Socialista,
más las enmiendas números 848 a 909, tiene la palabra el Senador
Iglesias.
El señor IGLESIAS MARCELO: Muchas gracias, señor Presidente.
En primer lugar, solicito la corrección de un error que por una
deficiencia en la transcripción de una enmienda de nuestro Grupo aparece
en el texto publicado, es la número 865, que tiene una justificación que
no se corresponde en absoluto con el contenido de la misma, en la que se
pide una dotación para la rehabilitación del Museo Pau Casals de El
Vendrell en Tarragona. La justificación correcta que debería figurar
sería la siguiente: solicitar el crédito correspondiente para el
cumplimiento de la moción, aprobada por unanimidad en el seno de la
Comisión de Educación y Cultura de esta Cámara, en su sesión del día 27
de junio del año 1997. Corrijo el error involuntariamente introducido en
la presentación de las enmiendas.
Tenemos una propuesta de veto y 60 enmiendas parciales. Los presupuestos
de la sección 18 suponen la pérdida de una gran oportunidad en el sentido
de dar el salto cualitativo en los presupuestos educativos que el momento
actual requiere, y ello por dos razones fundamentales: En primer lugar,
porque la situación económica en la que estamos es muy distinta de la de
los últimos años del Gobierno socialista, 1994, 1995 y 1996, que no nos
permitieron hacer el esfuerzo que hubiera sido necesario y, en segundo
lugar, porque la demanda social de ese salto cualitativo en educación es
insistente, recurrente y permanentemente demandada por la opinión pública
y a la que es necesario contestar, porque, o lo hacemos ahora, o tal vez
no podamos hacerlo nunca, ya que el ciclo económico tiene sus curvas de
subida y tendrá sus curvas de bajada, y cuando el ciclo económico esté en
fase de descenso, no será tan fácil disponer de recursos abundantes para
la mejora cualitativa de la educación.
Estos presupuestos suponen el mantenimiento del gasto real en educación.
Teniendo en cuenta el crecimiento del PIB previsto para el año 1999, más
la inflación prevista que da, en números redondos, el aumento
presupuestario de la sección 18, se mantiene el gasto real en educación,
pero, a pesar de ello, no se responde en absoluto a las expectativas del
momento, ni a las necesidades del sistema educativo.
El sistema educativo ha crecido de una manera vertiginosa en los últimos
15 ó 20 años en número de alumnos y en extensión universal de la
educación. La educación universitaria, como saben sus señorías, tiene en
estos momentos más de 1.500.000 alumnos. Están escolarizados
prácticamente la totalidad de los alumnos de educación obligatoria. En
educación infantil hay porcentajes altísimos de escolarización. Por todo
lo expuesto, consideramos que los aspectos cualitativos de la educación
están necesitados de una auténtica respuesta, y nosotros creemos que este
proyecto de presupuestos para la sección 18 no responde en absoluto a las
demandas del momento.
Estos presupuestos dan la callada por respuesta a posicionamientos
sociales de una gran relevancia que se han producido últimamente: la
declaración conjunta en favor de la educación, que se firmó hace algo más
de un año, en la que asociaciones, sindicatos, asociaciones de colegios,
la FERE, la CEAPA, la CONCAPA, etcétera, pidieron un posicionamiento
claro y un aumento cuantitativo de los presupuestos educativos, así como
los rectores de las universidades españolas, y lo mismo puede decir de la
declaración de la Confederación de Asociaciones de Vecinos de España.
Todo ello supone una demanda social evidente, ante la cual nos parece que
la postura del equipo directivo del Ministerio de Educación y Cultura es
la del «dolce far niente», es decir, dejan pasar la situación; se está
produciendo una cierta deriva a favor de la enseñanza privada concertada,
pero se dejan de dar respuestas importantes a problemas importantes. Yo
creo que el momento actual es el momento de la educación, y, por tanto,
hay que aprovechar este momento, no hay que dejarlo pasar.
La LOGSE no puede ser correctamente desarrollada con los créditos
presupuestarios que tiene la sección 18, es prácticamente imposible que
la LOGSE se pueda desarrollar con estos créditos presupuestarios. Buena
prueba de ello es que una parte muy importante de los alumnos de
educación secundaria --una de las grandes innovaciones de la LOGSE, que
es la educación para la adolescencia-- tienen que continuar realizando
sus estudios en centros de enseñanza primaria, con lo cual una de las
grandes virtualidades de la ley queda absolutamente arrumbada. No es
posible; hay un secreto designio de que la LOGSE deba morir por
inanición, ya que no se atreven a matarla directamente porque los votos
no se lo permiten. ¿Existe el designio de dejar morir la reforma
educativa para que, cuando esté en estado de putrefacción, tenga que
hacerse una renovación importante del sistema educativo? La interrogación
queda ahí.
Estos presupuestos no van a permitir las transferencias educativas a las
siete Comunidades Autónomas que todavía las tienen pendientes;
naturalmente, no sólo Comunidades Autónomas gobernadas por el Partido
Socialista, sino cinco Comunidades Autónomas gobernadas por el Partido
Popular, cuya concreción final de las transferencias educativas está
todavía difícil, porque ningún gobierno de una Comunidad Autónoma con el
sentido de la responsabilidad que debe tener, y que tienen todos ellos,
podrá aceptar transferencias educativas en condiciones que no hagan
posible que su gestión, que se quiere brillante y exitosa, pueda llevarse
a cabo, por lo que no se ve que sea posible realizar las transferencias
educativas; con el coste efectivo que estos presupuestos contienen no
será posible hacer eso.
Por último, tengo que decir que los presupuestos de cultura son
extraordinariamente raquíticos; son muy insuficientes, más de 8.500
millones de pesetas por debajo del último presupuesto del Partido
Socialista en el Gobierno, en el año 1995, y no hablo del proyecto de
1996, proyecto de presupuestos nonato, sino del de 1995. Es decir, 8.500
millones de pesetas menos que el presupuesto de este año, que supone un
crecimiento sobre el del año 1998, pero también supone una disminución
evidente y, además, tiene como víctimas propiciatorias unos cuantos
programas que quedan en una situación enormemente precaria: los programas
relativos al libro ya la difusión del libro; los programas relativos a la
promoción cultural en el exterior y los programas relativos a la música y
a la danza quedan heridos de muerte en el presupuesto del Ministerio de
Educación y Cultura. Otras partidas han mejorado, por ejemplo la relativa
al cine, aunque más para pagar compromisos adquiridos que para abrir el
horizonte de un pleno desarrollo de la industria cinematográfica. Pero
creemos que son razones suficientes para presentar esta impugnación a la
sección 18 en su totalidad.
Y del conjunto de 60 enmiendas que hemos presentado, voy a destacar
algunas de ellas; no las mencionaré todas porque son muchas. Hay un
primer paquete de enmiendas, a partir de la número 849, que se refieren a
la promoción del libro y a la difusión cultural en el exterior, y entre
ellas me permito señalar una pequeña, modesta y raquítica dotación de 15
millones de pesetas para ampliar lo que se contempla en el proyecto para
la Asociación de Revistas Culturales de España, que siendo una asociación
que agrupa a todas las revistas culturales, que son muchas y que realizan
una meritoria labor de difusión cultural, artística, literaria,
científica, etcétera, sin embargo ve recortada de una manera tan terrible
la dotación de sus subvenciones que hará prácticamente imposible la
continuación del ejercicio de sus actividades.
Me permito también señalar dos enmiendas, en las que coincidimos
parcialmente con el Grupo Parlamentario Popular, al solicitar créditos
para financiar el convenio de la ciudad de Ceuta con la Universidad de
Granada para el desarrollo de los centros universitarios de las ciudades
de Ceuta y de Melilla, aunque nosotros solicitamos créditos ligeramente
superiores a los que se contemplan en las enmiendas del Partido Popular.
Hay un par de enmiendas cuya justificación es tan obvia y tan evidente
que resulta un tanto ruboroso tener que decirlo. Hay dos enmiendas en las
que solicitamos créditos para el cumplimiento de mociones que han sido
aprobadas por unanimidad en el seno de la Comisión de Educación y Cultura
de la Cámara. Concretamente, un crédito para el cumplimiento de la moción
sobre utilización de instalaciones deportivas de los centros públicos en
horarios no lectivos, y que requiere algún gasto. Eso se aprobó por
unanimidad de la Comisión de Educación y Cultura, y no aparece ni una
sola peseta para el cumplimiento de la moción. Igualmente ocurre con los
50 millones de pesetas para la rehabilitación del Museo Pau Casals, de El
Vendrell, también aprobada por unanimidad de la Comisión de Educación y
Cultura y que no figura por ningún lado en el correspondiente capítulo de
los presupuestos. Nosotros creemos que las mociones se aprueban para
algo; no se aprueban para quedar bien; no se aprueban para cubrir el
expediente; no se aprueban para dar una buena imagen momentánea y fugaz,
sino que se aprueban para cumplirse, para que se haga lo que se dice,
porque si no se quiere hacer, lo más honesto y lo más correcto es votar
en contra y argumentarlo; cuando no se hace, resulta absolutamente
injustificable que esas preocupaciones y esos propósitos sean
sistemáticamente incumplidos.
Dedicamos una serie de partidas interesantes y de enmiendas importantes a
todo el tema de la investigación científica y técnica, que aparentemente
aumenta mucho en los presupuestos, pero el incremento no es tan grande si
descontamos la inversión destinada a la fabricación de elementos
necesarios para la defensa nacional: un carro de combate, un avión y una
fragata, que tiene créditos de más de 200.000 millones de pesetas, que
figuran en la función 54, de investigación y desarrollo, pero, en
realidad, no son ni investigación básica ni investigación aplicada, sino
fabricación de elementos necesarios para la defensa, a los que no nos
oponemos en absoluto, pero sí creemos que no deben figurar dentro del
capítulo de investigación y ciencia, porque enmascara la realidad de la
inversión en lo que se refiere a investigación y ciencia.
Hay un conjunto de enmiendas entre las cuales quiero destacar una que es
muy modesta en su contenido, que tiene el aval de las palabras del
Secretario de Estado de Universidades en esta misma Comisión hace una
semana, en la que yo le planteaba la necesidad de apoyar el proyecto de
creación de un instituto de astrobiología en el Consejo Superior de
Investigaciones Científicas, un centro mixto INTA-Consejo Superior de
Investigaciones Científicas, y que tiene nada más y nada menos que el
aval de ser considerado por la NASA como un centro asociado para el
proyecto de investigación de astrobiología que se va a desarrollar en los
próximos años. El único centro en el mundo que ha sido considerado como
centro asociado por la NASA es este que se está proyectando en la
universidad de Madrid y para el cual yo solicito un crédito de 150
millones de pesetas, al cual el Secretario de Estado me contestó diciendo
que tenían previsto un crédito de cien millones de pesetas y que, sin
embargo, no aparecen por ningún lado. Dejar pasar esa oportunidad sería
un error gravísimo, porque ese programa de investigación en astrobiología
con implicaciones en la investigación básica, en la investigación
aplicada y en la defensa será uno de los grandes programas de la
investigación científica de los Estados Unidos durante el próximo siglo,
y tenemos la oportunidad de entrar, desde el momento inicial, en la
elaboración de ese enorme proyecto, y por 150 millones de pesetas, ¿quién
estaría dispuesto a dejar pasar la oportunidad? No deberíamos dejar pasar
la oportunidad.
Por último, y con esto termino, señor Presidente, presentamos un conjunto
de enmiendas que van al corazón del sistema educativo. Solicitamos 40.000
millones para la gratuidad de los libros de texto en la etapa obligatoria
de la educación. Entendemos que el concepto de obligatoriedad y de
gratuidad debe abarcar también los libros de texto, y
deberíamos dar los primeros pasos para que la gratuidad de los libros de
texto en enseñanza primaria y en enseñanza secundaria obligatoria fuera
posible en lugar de ampliar la escolaridad gratuita en la educación
infantil, que no es obligatoria ni gratuita constitucionalmente, aunque
no nos oponemos a que lo sea, a que se amplíe, pero atendiendo, en primer
lugar, a lo que es prioritario, naturalmente. Creemos que es una partida
que supondría empezar un gran proyecto.
Por último, presentamos un conjunto de partidas referidas a inversión en
educación, en centros tanto de reposición como de nueva inversión, en
centros de primaria, centros de educación infantil, centros de educación
secundaria y centros de formación profesional, la gran olvidada de los
presupuestos, la gran ignorada de los presupuestos, la gran asignatura
pendiente, a pesar de la enorme implicación que en muchos aspectos de la
vida social podría tener una formación profesional adecuada. Con estas
partidas --12.000 millones para inversión de reposición en secundaria,
30.000 millones para inversión nueva en secundaria-- podrían abordarse
con ciertas garantías de éxito las necesidades de aplicación de la
reforma educativa. Estas partidas, en el proyecto de presupuestos, se
encuentran en niveles extraordinariamente bajos, con partidas de más de
mil millones de pesetas para una Comunidad Autónoma como Extremadura para
construir edificios de educación secundaria, y, siendo necesario un
número elevado de ellos, no es posible abordar con éxito las exigencias
de la reforma.
Por todo ello, pedimos la aprobación de estas enmiendas y su
incorporación al proyecto de presupuestos.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.
El Grupo Parlamentario Popular tiene presentadas las enmiendas números
1.133 a 1.138.
Tiene la palabra el señor Martínez García para defender dichas enmiendas
y consumir un turno en contra.
El señor MARTINEZ GARCIA: Gracias, señor Presidente.
Respecto a las enmiendas números 1.133 a 1.138, la primera está referida
--curiosa y sabrosamente coincidente con una enmienda que ha planteado el
Grupo Socialista-- a posibilitar que los centros de Ceuta y Melilla
puedan seguir funcionando, a pesar del Gobierno socialista de Andalucía.
La enmienda número 1.134 pretende posibilitar el cumplimiento de los
compromisos adquiridos por el Estado como consecuencia de su integración
en el Consorcio organizador del Foro Universal de las Culturas de
Barcelona del año 2004. Esta enmienda tiene un error de carácter formal
que debe rectificarse y debe incluirse en el alta el programa 455.C.,
Promoción y cooperación cultural.
La enmienda número 1.135, que es la referida a los créditos destinados a
la retribución de los profesores de religión, también tiene una errata y
debe aparecer en el alta el programa 131, personal laboral.
La enmienda número 1.136 hace referencia a la reproducción de la Cueva de
Ekain. Se trata de crear un nuevo concepto con destino al ayuntamiento de
Cestona para realizar la reproducción de la Cueva de Ekain por un importe
de 70 millones.
La enmienda número 1.137, que hace alusión a la adquisición del Bosque de
Béjar, también contiene un error de carácter formal que debe
rectificarse. El concepto al que se aplica el alta debe ser el 676
(nuevo) en lugar del 765.
Finalmente, la enmienda número 1.138 tiene como finalidad preparar el XIV
Congreso Internacional de Archivos que se celebrará en el Palacio de
Exposiciones y Congresos de Sevilla en el año 2000.
A continuación, supongo que llega el momento del turno en contra.
Empezaré por el Senador Román Clemente y, con la misma brevedad con que
él ha dado por defendida tanto la propuesta de veto como las enmiendas,
el Grupo Popular simplemente manifiesta su rechazo.
La Senadora De Boneta ha defendido globalmente las enmiendas y ha hecho
especial énfasis en la número 45, referente al tema de educación. Qué
duda cabe de que coincidimos en los fines, pero he de afirmar que
discrepamos en los medios o en las formas de llegar a esos fines.
El Grupo parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos ha presentado 17
enmiendas. Sería muy pesado detenerse en cada una de ellas y, por tanto,
haré una mención muy breve. (La Senadora De Boneta y Piedra: ¡Será por el
fútbol!)
No, Senadora De Boneta, no por razones de fútbol, sino por razones de
operatividad.
En lo que se refiere a los centros concertados, que sería la enmienda
número 1.046, la verdad es que con las fórmulas existentes creemos que se
da solución satisfactoria a esa preocupación.
En cuanto a la enmienda número 1.047, que hace alusión a la educación
infantil, simplemente mantenemos una diferencia de criterios.
Por lo que se refiere a la enmienda número 1.048, no compartimos los
criterios, aunque en las cosas buenas, en principio, claro que hay que
estar de acuerdo.
La enmienda número 1.049 creemos que está mal instrumentada, por cuanto
se propone con cargo al programa 633.A, de la Sección 31, y no está en
consonancia con la naturaleza ni con los objetivos del programa de
gastos.
Casi en una misma situación se encuentra la enmienda número 1.050,
referida a la Fundación Balenciaga. La consideramos mal formulada.
En la enmienda número 1.051 hay un desajuste entre la financiación, la
naturaleza y los objetivos.
En la misma situación se encontraría la enmienda número 1.052, referida a
la promoción del libro y las publicaciones. Otro tanto les ocurre a las
enmiendas números 1.053, 1.054, 1.055 y 1.056.
Me paro momentáneamente en la enmienda número 1.057, relativa a la
constitución de las selecciones deportivas de Euskadi, Cataluña y
Galicia, por cuanto, efectivamente, aquí, habría que definir primero la
posición respecto al objetivo y después respecto al logro del mismo.
Consideramos que las enmiendas números 1.058, 1.059, 1.060, 1.061, 1.062
y la 1.080, que ha decaído, están
mal instrumentadas, no especifican la financiación y, en consecuencia,
suponen un incremento de gastos sobre el proyecto de ley de presupuestos
no previstos.
Los señores Fuster, Blasco y Estaún han presentado ocho enmiendas Las
números 650, 651, 652 y 653 proponen respectivamente la restauración del
Castillo de Montearagón de Quicena, la del Monasterio de Villanueva de
Sijena, del Monasterio de San Juan de la Peña y la de San Beturián. La
654 pretende la instalación Deportes motor y ruedas en Alcañiz. La 655 se
refiere al Plan de Catedrales para Aragón. La 656 al Archivo Histórico de
Zaragoza y la última la 657 al Certamen de Bandas y Tambores del Alto
Aragón. En casi todos los casos, las enmiendas no se justifican
adecuadamente en la necesidad de llevar a cabo una modificación
presupuestaria del tenor de la que se plantea. Por otra parte, la
financiación que se propone es la socorrida Sección 31, Programa 633, que
se nos van a suicidar, porque no sé cómo van a soportar esta pobre
sección y este pobre programa tantas perchas. En principio, no podemos
aceptar estas enmiendas.
Finalmente, el Grupo Parlamentario Socialista presenta, primero, el veto
y, después, las enmiendas. Oyendo la argumentación de su portavoz, el
Senador Iglesias, se me ha ocurrido pensar: «Este no es mi Juan, que me
lo han cambiao». (Risas.) Sólo en un escenario de presupuestos se puede
entender que un hombre con la documentación y con el respeto que sé que
tiene por la educación pueda caer en amnesias tan momentáneas y en
situaciones tan exigentes, cuando hace tan poco tiempo que muchas de esas
exigencias pudieron y debieron satisfacerse. Habla de la pérdida de una
gran oportunidad, pero las oportunidades no han surgido, Senador
Iglesias, por generación espontánea; no han aparecido de la noche a la
mañana. Sabemos que todos los que estamos en educación somos unos
insatisfechos, y en eso coincidimos, pero de ahí a esa grandilocuencia de
la pérdida de una gran oportunidad en la batalla de la calidad va una
distancia, porque esa oportunidad era vigente después de 1996 y antes de
1996. Es cierto que la situación económica es la que es, pero algo tendrá
que ver quien propicia que así sea, aunque también influya el escenario
en el que nos movemos. La demanda social, Senador Iglesias, no es nueva,
es decir, la batalla de la calidad la llevamos planteando todos hace
mucho tiempo. Por una vez se ponen ustedes la túnica de la generosidad y
del reconocimiento y admiten que el marco creado por las políticas del
actual Gobierno permite crecer el Producto Interior Bruto y controlar la
inflación de manera oportuna.
Desde luego, no es verdad que se esté dando la callada por respuesta, y
se lo demostraré con argumentos. Que nadie se coloque la túnica de la
defensa de la educación --ya se lo decía hace unos días en un Pleno--,
porque hay muchos banderines de enganche de antaño, que se les han caído
hogaño. Es decir, nadie es el abanderado de lo conveniente y de lo bueno
para los ciudadanos; todos percibimos --se lo reconozco a usted y a su
grupo-- sus preocupaciones, pero «obras son amores y no buenas razones»,
y ya veremos quién soporta el examen de los datos, no de los lirismos, de
los grandes pronunciamientos y de las demagogias. Habla de los rectores,
de las asociaciones de vecinos y de la enseñanza privada; ésa es un
fijación. En la enseñanza privada --y usted lo sabe--, los incrementos
que tienen lugar en los centros concertados se deben lisa y llanamente al
incremento de dos cursos en la ESO, y como ellos tienen derecho a la
gratuidad por la obligatoriedad, que usted ha reconocido, es justo
pagárselo, y eso ha demandado un fuerte incremento, pero no por
devociones extrañas, sino, lisa y llanamente, porque tienen derecho a
ello. Por tanto, ese incremento no obedece a ninguna situación de
privilegio, sino al cumplimiento de una obligación.
Realmente, cuando sus argumentos son enternecedores es cuando me habla de
la LOGSE y dice que con estas cantidades es imposible desarrollarla. Este
Senador que habla asistió a los últimos debates de presupuestos del
anterior Gobierno socialista y, desde todos los ámbitos, se les exigía y
se les demostraba que con las cantidades que se preveían en los
presupuestos ordinarios era imposible la materialización de la LOGSE y,
sobre todo, en el medio rural, que es donde resulta realmente cara,
porque ahí es más difícil dar la respuesta de calidad que todo alumno
requiere, aunque haya nacido en el medio rural. Entonces tuvieron la
oportunidad y, vez tras vez, domaron como pudieron sus argumentos, pero
nunca dieron por bueno lo que ahora parece ser un descubrimiento del
Senador Iglesias, y donde realmente encaja mi expresión: «ése no es mi
Juan» es cuando dice que parece que existe un secreto designio para que
la LOGSE muera por inanición.
Acabamos de celebrar el cumpleaños de nuestra Constitución, y creo que ha
sido una constante en todos los que hemos hablado de ella, en público o
en privado, decir que la gran ventaja que tuvo fue que no era de nadie y,
por tanto, era de todos, y con una cosa tan seria no se podía jugar.
No se torture, no hay ningún designio. Como tantas veces he dicho, la
educación como palanca de movilidad social --y soy un beneficiario de
ella-- y como herramienta para ejercer el principio de igualdad de
oportunidades no es patrimonio de nadie, sino que es un derecho de todos
los españoles, y todos consideramos que invertir en educación es la mejor
de las inversiones. No mantenemos ninguna versión sectaria, no hay ningún
designio secreto para que la LOGSE muera por inanición. Su mantenimiento
no se debe a la aritmética parlamentaria, sino a un ejercicio del sentido
de la responsabilidad; sin ser nuestra ley, se están realizando todos los
esfuerzos --como le demostraré en seguida con datos-- para que no muera y
sirva a quien debe servir, a las nuevas generaciones.
En cuanto a cultura, usted plantea unas operaciones aritméticas de todo
tipo pero, una vez más, en el tema del libro, «éste no es mi Juan». Tal
vez en sus datos figuran ediciones distintas a las que yo tengo en los
míos, pero en los libros de texto, don Juan Iglesias, se consolida un
descuento de hasta el 12 por ciento, mientras que ustedes sólo llegaron
al 5. Pero además el nuevo IRPF, ese que ofrece una serie de
posibilidades que se empiezan a intuir por el escozor que se siente en la
bancada socialista, establece una deducción de 25.000 pesetas en material
escolar por cada hijo de entre 3 y 16 años. Todo esto son novedades
bondadosas y tendentes a favorecer a las familias que tienen hijos en
edad de educación.
Para terminar con el veto tan sólo decirle que su defensa del mismo no va
a morir de un ataque de originalidad.
El señor PRESIDENTE: Señoría, vaya abreviando.
El señor MARTINEZ GARCIA: Estos presupuestos, y los datos así lo avalan,
constituyen el mayor esfuerzo económico y la cantidad más elevada de
medios que jamás ha puesto el contribuyente, desde la aprobación de la
LOGSE, al servicio de la educación. Nunca se ha destinado tanto dinero,
tantas becas, tantos institutos y colegios, tantos profesores y tantos
programas sociales como este año dedica el Gobierno a la enseñanza,
especialmente a la pública, que no es banderín de enganche de nadie.
Para demostrar mis argumentaciones baste poner las cosas blanco sobre
negro y comparar los presupuestos del Gobierno socialista --tengo aquí
los datos de los ejercicios que van desde 1991 hasta el año 1996, de
donde se deducen los incrementos negativos de los ejercicios 1992-1993,
1993-1994 y 1995-1996-- con los presupuestos aprobados desde que el
Gobierno Popular está en el poder.
Para finalizar, quiero decirle que me alegro de que se preocupe tanto,
porque es un indicio de que estima y ama a la educación, aunque creo que
su manera de proceder no es la más correcta.
Se han tocado muchos puntos y todos son importantes, pero me voy a ceñir
a una de las enmiendas que resulta, en el mejor de los casos,
enternecedora; esa en la que ha dicho que coincidimos y que se refiere a
Ceuta y Melilla. Efectivamente, con el fin de que puedan sobrevivir los
centros de Ceuta y Melilla, se ha formulado una enmienda por parte del
Grupo Parlamentario Popular en la ley de presupuestos para que se
inyectaran 664 millones de pesetas. Pero no ha dicho toda la verdad,
porque cuando Ceuta y Melilla adquieren su Estatuto de Autonomía y su
autonomía universitaria la Junta de Andalucía, gobernada por los
socialistas, recibía las partidas correspondientes para el sostenimiento
de esos dos campus. Claro que le fueron transferidas las competencias a
Ceuta y Melilla, pero no las partidas presupuestarias. De manera que ha
tenido que ser una enmienda presentada por el Grupo Parlamentario Popular
la que, saliendo al quite del incumplimiento del Gobierno autónomo
socialista del señor Chaves en Andalucía, garantice que en el futuro las
universidades de Ceuta y Melilla puedan seguir sobreviviendo hasta que se
regularice su situación y cuenten con sus propias formas de financiación.
Termino diciéndole que todo lo referido a investigación científica, tanto
en el campo teórico como en el experimental --en los dos don Juan
Iglesias-- y sobre carros de combate, aviación y fragatas va a suponer
simultanear programas interesantísimos de investigación teórica con su
sustanciación en campos concretos de nuestro desarrollo. Es decir, la
intencionalidad es la misma que la de ustedes pero los medios son
rigurosamente distintos, y es justo en eso donde nos diferenciamos.
En cuanto al tema de la gratuidad de los libros de texto, ya le he dicho
quién es quién en la historia de los libros y de su gratuidad. Desde
luego, hasta ahora, el Gobierno del Partido Popular, que demuestra una
preocupación a la hora de ayudar a las familias en la compra de los
libros de texto, les gana por goleada.
Nada más y muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.
Pasamos a la Sección 19, Sección 60 e Inserso.
La Senadora de Boneta y Piedra ha formulado una propuesta de veto, las
enmiendas números 77 y 61. Tiene su señoría la palabra para defenderla.
La señora DE BONETA Y PIEDRA: Señor Presidente, por razones políticas y
teniendo en cuenta que no se ha procedido a la transferencia estatutaria
que contiene el Estatuto de Gernika, hemos planteado la enmienda de veto.
Concretamente, presentamos la enmienda número 61 en relación a la partida
del INEM.
Creo que son conocidos más que de sobra los argumentos que venimos
reiterando durante sucesivos presupuestos, a los que también hemos hecho
referencia cuando hemos hablado de la investigación, y por eso no voy a
alargarme más para permitir a sus señorías cumplir con sus obligaciones.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.
A continuación, corresponde defender las enmiendas de veto del señor
Nieto Cicuéndez y de la señora Costa Serra, enmiendas números 478 y 590,
más las números 479, 480, 481 y 482 de los mismos Senadores. Asimismo, es
el turno de las enmiendas propuestas de veto del señor Román Clemente,
las números 1.621 y 1.896, así como las enmiendas 1.622 a 1.680 del
citado Senador.
Tiene la palabra el Senador Román Clemente para defenderlas.
El señor ROMAN CLEMENTE: Muchas gracias, señor Presidente.
Doy por defendidas las propuestas de veto de los Senadores Nieto
Cicuéndez y de la Senadora Costa Serra, así como sus enmiendas parciales.
Asimismo, doy por defendidos los vetos presentados por este Senador y las
enmiendas formuladas a esta Sección en los términos en que están
expresadas.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.
A continuación, pasamos a debatir la enmienda número 658 del señor Fuster
Muniesa, Blasco Nogués y Estaún García.
Tiene la palabra el señor Blasco Nogués.
El señor BLASCO NOGUES: Muchas gracias, señor Presidente.
Intervengo simplemente para darla por defendida.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, Senador Blasco.
Pasamos a las propuestas de veto presentadas por el Grupo Parlamentario
Socialista, las números 910 y 1.024, más las enmiendas que van de la 911
a la 921, así como las números 1.025 y 1026.
Tiene la palabra el portavoz socialista para defender las enmiendas.
El señor ALEU I JORNET: Muchas gracias, señor Presidente.
El portavoz que iba a defender las enmiendas no ha podido personarse
debido a problemas con el tráfico aéreo, por lo que vamos a darlas por
defendidas en sus propios términos.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.
A continuación, tiene la palabra el portavoz del Grupo Parlamentario
Popular para la defensa de sus enmiendas y para rechazar las defendidas
anteriormente.
El señor LOBO ASENJO: Gracias, Presidente.
Voy a darlas por defendidas en sus propios términos. No voy a esforzarme
ni a molestarme lo más mínimo. En el Pleno debatiremos tanto los vetos
como las enmiendas parciales, una a una, que se han presentado a esta
sección, que son nada menos que 82. Sí quiero decir que se trata de un
buen número de enmiendas, pero no por eso voy a decir a los Senadores y a
los grupos parlamentarios que hacen obstrucción parlamentaria, que hacen
filibusterismo, como ha pretendido decírsenos, sino que están ejerciendo
legítimamente un derecho que les otorga el Reglamento del Senado: el
derecho a enmendar los proyectos de ley y el derecho fundamental de los
senadores a la iniciativa legislativa.
Como resumen, deseo manifestar que nosotros presentamos un presupuesto
que pienso que merece el apoyo y la confianza de mi Grupo --eso seguro--,
ya que este presupuesto está en la línea de aumentar la capacidad para
crear empleo, de mejorar los niveles ya alcanzados de bienestar social y,
al mismo tiempo, potenciar las políticas de solidaridad. Además, coadyuva
al logro de la convergencia real con los países europeos más próximos. Y
lo que a nuestro juicio es más importante: porque garantiza y mantiene
los niveles de protección y cobertura efectiva. Por eso pediría a todos
los grupos parlamentarios su voto, que retiren sus enmiendas, al menos
las de totalidad. E insisto en que nos den su voto favorable.
Son varias las enmiendas presentadas a esta sección, y tienen un carácter
fundamentalmente técnico. También las voy a dar por defendidas en sus
propios términos con objeto de que puedan ser incorporadas al dictamen de
la Ponencia, si es que merecen la aprobación de la mayoría de sus
señorías.
Pero antes he de destacar la enmienda 1.140, en la que se pide la
supresión del límite de edad a los 25 años para poder participar en los
programas de escuelas taller y casas de oficios, con objeto de poder
captar para este programa parados de larga duración que superen esa edad
de 25 años y puedan así conseguir más fácilmente su inserción laboral.
Si mi compañero Angel Fernández quiere decir algo sobre la sección 60, le
cedo la palabra con mucho gusto, porque comparte conmigo el turno.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias.
Tiene la palabra el Senador Fernández Menéndez.
El señor FERNANDEZ MENENDEZ: Señor Presidente, creo que lo correcto, en
virtud de que no han utilizado el argumento que les ha movido a presentar
estos vetos, es que yo también los rechace en los mismos términos y los
debatamos en el Pleno.
Gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.
Pasamos a continuación a la sección 20, Industria y Energía. Se ha
presentado la enmienda de veto número 1.681, del señor Román Clemente,
más las enmiendas 1.682 a 1.693.
Para su defensa, tiene la palabra el señor Román Clemente.
El señor ROMAN CLEMENTE: Gracias, señor Presidente.
Las doy por defendidas en los términos en que están expresadas.
Gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias.
Hay también dos enmiendas números 483 y 484, del señor Nieto y de la
señora Costa, que supongo que también dará por defendidas.
El señor ROMAN CLEMENTE: También las damos por defendidas, señor
Presidente.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.
A continuación, pasamos a las enmiendas números 63, 64 y 65, de la señora
Boneta. Para su defensa, tiene la palabra su señoría.
El señor ROMAN CLEMENTE: Gracias.
También las damos por defendidas, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.
Pasamos a las enmiendas números 1.063, 1.064, 1.065, 1.066 y 1.071 a
1.078, del Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos.
Para su defensa, tiene la palabra el señor Gangoiti.
El señor GANGOITI LLAGUNO: Gracias, señor Presidente.
La enmienda número 1.063 es relativa a investigación y desarrollo. Con
ella se pide un incremento de 6.315 millones de pesetas.
La enmienda número 1.064 pretende incrementar las ayudas a las
Comunidades Autónomas para la concesión
de becas de postgrado, que pensamos que es importante para la formación
de la juventud.
La enmienda número 1.065 se refiere a un incremento del presupuesto del
Miner para crear el fondo de riesgo para una cuestión tan importante como
es, en el marco de la Unión Europea y de un mundo globalizado, la
innovación empresarial.
En la enmienda número 1.066 se pide un incremento de 17 millones de
pesetas para las Comunidades Autónomas en todo lo relativo a la Oficina
Española de Patentes y Marcas.
La Mesa no ha admitido a trámite las enmiendas números 1.067, 1.068,
1.069 y 1.070. Al igual que decía antes respecto a la enmienda del
acuario de San Sebastián, acepto la decisión de la Presidencia, pero así
como en el caso anterior, aunque la aceptaba, no estaba de acuerdo, creo
que esta vez sí tienen razón y que hemos cometido un error de tipo
administrativo, motivo por el que no la defenderé.
La enmienda número 1.071, relativa a toda la cuestión de tecnología y
seguridad y calidad industrial, solicita un incremento de 950 millones de
pesetas. Con ella pretendemos que todos los gastos a los que se va a dar
cobertura con estos recursos correspondan a gastos corrientes y no a
inversiones reales, por lo que procede su inclusión en el capítulo IV y
su seguimiento en el origen y aplicación de aquéllos.
La enmienda número 1.072 está provocada por el reiterado incumplimiento
de la convocatoria del Consejo de Coordinación de Seguridad Industrial y
de la definición conjunta y compartida del programa de control de
productos, lo que sólo puede conducir a la actuación directa desde las
Comunidades Autónomas, con la consiguiente aportación, en consecuencia,
de recursos por parte del órgano responsable de su gestión. Pedimos que
se incrementen en 1.000 millones de pesetas los Presupuestos Generales
del Estado.
Con la enmienda número 1.073 pretendemos crear un programa que establezca
unas condiciones que favorezcan el desarrollo de la actividad industrial
en zonas especialmente desfavorecidas, con altas tasas de desempleo y con
graves dificultades para la atracción de nuevas actividades industriales.
Me estoy refiriendo a las regiones de antigua industrialización, como las
denominó la Unión Europea, donde evidentemente, y tal y como decía la
propia Unión Europea, existe una capacidad endógena muy fuerte, pero
donde hay unas bolsas de desempleo, de marginación, y con un PIB muy
bajo. Según las informaciones que tenemos, durante 1997 se han recibido
solicitudes de apoyo para proyectos de reindustrialización que suponen
cerca de 100.000 millones de pesetas, y quiero decirle, con los datos que
tenemos de Euskadi, que solamente para la margen izquierda, la ría del
Nervión, donde estaba situada la antigua industrialización de Vizcaya
--Altos Hornos, la Naval, etcétera-- existen proyectos ya viables que
absorben 20.000 millones de pesetas, es decir, un 20 por ciento de lo que
se ha presentado a nivel estatal y una cantidad, como ven ustedes, muy
superior a la que ha presupuestado el Gobierno.
Con la enmienda número 1.074 mantenemos también un planteamiento en la
misma dirección que he mencionado anteriormente, es decir, que está
relacionada con el Miner, no ya con regiones, sino con zonas, con
comarcas dentro de regiones industrializadas en reconversión, gravemente
afectadas por el desempleo y con un PIB bajo.
La enmienda 1.075 va también en el mismo sentido.
Presentamos la enmienda número 1.076 basándonos en que el IDAE es una
sociedad estatal que está definida en la correspondiente ley, cuya
financiación de gastos de personal o corrientes se debe incluir en el
capítulo IV, y esta interpretación es la que cabe hacer de la aportación
de capital que se propone, porque si fuera como ampliación de capital
público debería incluirse la correspondiente variación de activos
financieros.
La enmienda número 1.077 ya la presentamos el pasado año. Se trata de una
enmienda que no ha tenido efectos en los presupuestos generales del
ejercicio 1998 y que se refiere a la sociedad «Zabalgarbi». Solicitamos
en ella un apoyo financiero por parte de la Administración del Estado
para la viabilidad económica de la Planta de Tratamiento de Residuos
Sólidos Urbanos «Zabalgarbi» en Vizcaya. Es el segundo proyecto que se
hace en Europa a partir del proyecto primario que se realizó en Holanda a
ese respecto.
En la enmienda número 1.078 solicitamos un incremento de 1.000 millones
de pesetas para las Comunidades Autónomas, solicitud que hacemos porque
creo que no es necesario recordar la incidencia de accidentalidad en el
sector de la minería y la necesidad de reforzar la seguridad laboral de
las explotaciones mineras, cuya responsabilidad corresponde a los centros
gestores de la minería como autoridad laboral.
Con esto, señor Presidente, doy por defendidas las enmiendas que ha
presentado nuestro Grupo a la Sección del Ministerio de Industria y
Energía.
Nada más y muchas gracias, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.
El Grupo Parlamentario Socialista ha presentado una enmienda de veto, la
número 922, más las enmiendas números 923 a 930.
Para su defensa tiene la palabra don Angel Franco.
El señor FRANCO GUTIEZ: Muchas gracias, señor Presidente.
El Grupo Parlamentario Socialista tiene presentada una enmienda de veto,
la número 922, a la Sección 20, Ministerio de Industria.
Creemos que los presupuestos de la Sección 20 profundizan los rasgos
negativos detectados en ejercicios anteriores por varias razones que a
continuación pretendo detallar. En el Ministerio de Industria no existe
ninguna estrategia industrial que permita aprovechar el ciclo alcista de
la economía para posicionar a nuestras empresas en las mejores
condiciones del mercado cuando el ciclo alcista se convierta en ciclo de
recesión. Y esto no sólo porque no hay estrategia por parte del
Ministerio, como digo --otra cosa es que el crecimiento económico y el
propio ciclo alcista generen una actividad industrial razonable--, sino
porque estamos hablando de política industrial activa al menos tal y como
la concibe este presupuesto. (El señor Unceta Antón pronuncia palabras
que no se perciben.)
Pero no solamente está habiendo fracasos en la pequeña y mediana empresa,
sino que estamos teniendo también fracasos --que yo lamento-- en algunos
sectores industriales que están ayunos de estrategia industrial y en
otros que están en vías de tener una caída vertiginosa. Y pondré algunos
ejemplos: el sector naval, el sector de la industria militar, el minero,
etcétera. Además, ya empezamos a tener problemas de competitividad con la
bajada de las exportaciones teniendo en cuenta que nosotros competimos
fundamentalmente con el núcleo más duro de la economía internacional, con
el núcleo europeo. Los programas de fomento de competitividad no prestan
la suficiente atención al impulso y difusión de la tecnología y olvidan a
las PYMEs como principales destinatarias de las políticas industriales.
En primer lugar, en cuanto al denominado Plan de innovación industrial,
única novedad introducida en estos presupuestos respecto de ejercicios
anteriores, no es definido con precisión en sus objetivos y actuaciones.
En segundo lugar, desde mi punto de vista, hay una ausencia de política
activa de reindustrialización, es decir, de política capaz de utilizar
con la máxima objetividad los fondos más bien escasos que se establecen
este año en los presupuestos para el desarrollo económico de las comarcas
más castigadas por las pérdidas de empleo o por la reconversión de la
empresa pública.
Pero es que, además, existe una falta de transparencia muy importante en
la utilización de los fondos asignados a los programas de
reindustrialización, que se rigen más por criterios localistas en función
del amiguismo o del oscurantismo. Pero no quiero poner ningún ejemplo a
este respecto puesto que ha habido algunos muy evidentes y de escándalo
en las últimas semanas, concretamente en el sector de la minería en
relación con la reordenación o reindustrialización de las comarcas
mineras.
Por otro lado, dentro de la distribución de estos fondos se desconoce el
papel que deben jugar las Comunidades Autónomas, con lo cual se hurta el
derecho que las mismas tienen a conocer exactamente con qué criterios de
transparencia y de objetividad se distribuyen los respectivos fondos para
el desarrollo de las comarcas en las diferentes Comunidades Autónomas.
En tercer lugar, en cuanto a la política de privatizaciones --a la que yo
llamaría política de desamortización--, que ustedes han calificado de
política de modernización del sector público, es verdad que es una
política de privatización demasiado ideologizada, oscurantista y
precipitada, al igual que es verdad que no ha conseguido modernizar el
sector público puesto que lo que ha hecho ha sido liquidar dicho sector.
Lo que ha conseguido esta política que yo califico de desamortizadora ha
sido crear un importante grupo económico emergente a cuya cabeza se
sitúan gentes cercanas a la alta dirección del Gobierno y del Partido
Popular. Y al mismo tiempo, hay una ausencia de información sobre la
aplicación de los fondos conseguidos dentro de la SEPI que no se mejora
en este presupuesto.
En cuarto lugar, en cuanto a la política estrella de este Gobierno, la
llamada política de I+D, querría decir que lo que se está produciendo por
un lado es una pérdida de potencia de esa política de I+D en tanto en
cuanto la venta de la empresa pública hace que muchos centros de
investigación desaparezcan al haber caído en manos de multinacionales o
de empresas a cuya matriz no le interesaba mantener los centros de
investigación que poseían hasta ese momento las empresas públicas. Eso
por un lado.
Y por otro, ustedes falsean de una forma bastante clara la política de
I+D al intentar utilizar como tal política lo que son en sí gastos
importantísimos de empresas que dependen del Ministerio de Defensa, es
decir, que esas partidas deberían estar en el presupuesto del Ministerio
de Defensa y no en el de Industria. Y al mismo tiempo, ustedes maquillan
el déficit público y consiguen trasladar a ejercicios posteriores
importantes cantidades de deuda. Porque hay que esperar todavía a que se
cobren esas deudas que en principio deberían ser cobrables, que aumentan,
por consiguiente, la deuda del Estado.
Efectivamente, aumentan algunas de las partidas de I+D --a las que luego
intentaré referirme--, pero eso se debe a que se detraen cantidades de
otras. En consecuencia, el presupuesto aumenta un 34 por ciento, pero,
como digo, eso es consecuencia fundamentalmente de partidas que
corresponderían al Ministerio de Defensa.
En quinto lugar, tenemos que constatar la errática política energética
del Gobierno. Y hablo de errática política energética, porque cuando se
aprobó la Ley de 1997 ésta era un buen instrumento para potenciar la
competitividad de las industrias. Sin embargo, al cabo de nueve meses
esta política energética es un rotundo fracaso: no existe mercado
eléctrico y prácticamente ninguna empresa española ha entrado en el mundo
de la competitividad, lo que, en definitiva, era el objetivo fundamental
para el cual fue aprobada dicha ley. Al mismo tiempo, nos encontramos con
un elemento que ha escandalizado a todo el país, salvo al Gobierno y a
cuatro empresas eléctricas. Así, la liberalización del sector que podría
haber llevado a cabo el Gobierno se va a quedar reducida a 8.000 empresas
--y no hace falta hablar del volumen de empresas que existe en España--,
con lo cual los beneficios de la liberalización son raquíticos. Y a
cambio de esa presunta liberalización se entrega de forma descarada --en
contra del criterio de la mayoría del sector y del conjunto de los
ciudadanos-- un billón largo de pesetas a las empresas eléctricas, que
cargarán fundamentalmente sobre las espaldas de los consumidores. Y eso
se realiza negociando de forma oscura y a espaldas de todo el mundo con
cuatro compañías eléctricas. Mediante esta negociación ustedes han
conseguido poner en contra del Gobierno, no solamente al mundo
industrial, sino también al mundo de las grandes empresas, y no digamos
el mundo de los consumidores, a los que van a aplicar un 4,5 por ciento
de aumento durante casi quince años para pagar el favor, o lo que sea, a
las empresas eléctricas.
Por otra parte, la distribución económica del gasto por operaciones no
financieras no presenta novedades en relación con 1998, y capítulos
importantes apenas sufren algún
tipo de transformación. En algunos casos se pierde poder, como ocurre en
la investigación y desarrollo de la minería. Apenas se aumenta el Ciemat,
y disminuye la competitividad en la empresa industrial. Asimismo, el
presupuesto queda muy parejo en materia de seguridad industrial y aumenta
muy poco en ahorro energético.
Por consiguiente, se trata de un presupuesto que, como he dicho al
principio, no contiene ninguna estrategia que impulse nuestra industria
en un momento positivo de la economía. Y si el Ministerio de Industria no
tiene estrategia industrial, ya me contarán para qué lo queremos.
En relación con nuestras enmiendas, queremos paliar algunos de los
errores del presupuesto que consideramos importantes. Con la enmienda
número 923, que se refiere a la explotación minera, y como todos los años
les decimos, existe un compromiso firmado con los sindicatos para
destinar 2.000 millones de pesetas para la seguridad minera. Sin embargo,
ustedes mantienen la cantidad de 1.100 millones, con lo cual faltan 900
millones de pesetas. Por tanto, si ustedes quieren cumplir con los
sindicatos les pedimos que admitan lo propuesto en esta enmienda.
En cuanto a la enmienda número 924, al Programa 723B, «Reconversión y
reindustrialización», dada la ya comentada escasez de medios que ustedes
dedican este año, y teniendo en cuenta la necesidad de impulsar unas
comarcas que están sufriendo un grave retroceso desde el punto de vista
industrial, solicitamos la cantidad de 10.000 millones de pesetas, que
además deben ser distribuidos a través del mecanismo reglamentario que
existe en estos momentos de participación de las Comunidades Autónomas.
La enmienda número 925 tiene por objeto algo que ya he anunciado: dotar
una partida de 7.000 millones de pesetas para el desarrollo alternativo
de las comarcas de la minería no energética que, como usted bien sabe, en
estos momentos se encuentran en una situación prácticamente de desplome,
algo que ustedes no quisieron reconocer el año pasado, con lo cual, en
estos momentos nos encontramos en una situación mucho más complicada y
con un futuro mucho más incierto, habiendo perdido un año, porque ustedes
ni tan siquiera cumplen lo que aprobamos en el Senado en varias mociones,
algunas de las cuales fueron presentadas incluso por su propio Grupo.
Con la enmienda número 926, al Programa 542E, pedimos 2.000 millones de
pesetas para investigación y desarrollo en la minería de los sulfuros
polimetálicos. Ya he dicho antes que éste es uno de los campos de la
minería no energética que se encuentra en una profunda postración y que
es necesario un impulso de investigación, y ya está trabajando en este
sentido la Comunidad Autónoma de Andalucía.
Hay otra serie de enmiendas destinadas fundamentalmente a las Illes
Balears que tratan de las energías renovables, del desarrollo de la
competitividad del sector industrial y de algunos otros aspectos que,
para no alargarme, no voy a citar, y que mantendremos para el Pleno.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señoría.
Para la defensa de la enmienda número 1.142, del Grupo Parlamentario
Popular, y consumir un turno en contra, tiene la palabra el señor Unceta.
El señor UNCETA ANTON: Gracias, señor Presidente.
Empezaré por la defensa de la enmienda número 1.142, referente a una
inversión asociada al funcionamiento operativo del Servicio 620, que
tiene como base y fundamento la construcción del nuevo edificio de la
Oficina Española de Patentes y Marcas. Esta enmienda propone, pues, un
incremento de 2.000 millones de pesetas en la aplicación 20.102, Programa
722B, concepto 620, para el proyecto de construcción del edificio de la
sede de la OEPM, la Oficina Española de Patentes y Marcas.
Como saben, se presenta esta enmienda porque había una partida que
asignaba a tal fin 1.531 millones de pesetas, pero resulta insuficiente
para hacer frente al desembolso inicial de la escritura pública de
adquisición, ya que el artículo 63.3 de la Ley General Presupuestaria
exige que el citado desembolso inicial no sea inferior al 50 por ciento
del precio. Con esto, señor Presidente, doy por defendida esta enmienda.
Por tanto, ante el nutrido y distinguido grupo de Senadores que nos
acompaña a esta hora --algo que tampoco es malo, porque así los
disparates que ha dicho mi buen amigo Angel Franco quedan casi en
familia--, y como lo cortés no quita lo valiente, voy a utilizar un turno
en contra de los vetos presentados a la totalidad de la Sección 20 por
parte de Izquierda Unida y del Grupo Parlamentario Socialista, que a
juicio del Grupo Parlamentario Popular carecen de consistencia política,
técnica y presupuestaria, como se deduce de la exposición de motivos o
justificación, aun cuando el portavoz, señor Franco, ha mezclado en su
disertación --aunque está en su derecho a hacerlo-- temas que incluso no
figuran en la justificación del veto.
Dicho esto, señor Presidente, y en aras de la brevedad, como el veto
presentado por Izquierda Unida ha sido defendido en sus justos términos,
creo que lo propio en este caso es decir que también en sus justos
términos, es decir, tal como está redactado, rechazamos ese veto. Y si
continúa como voto particular, en el Pleno ya tendremos ocasión de
ampliar las causas del rechazo.
En cualquier caso, aunque se ha presentado de forma diferente, realmente
hay coincidencias con el veto del Grupo Socialista. Paso, pues, a
referirme al mismo.
El Grupo Parlamentario Socialista plantea la devolución de la Sección 20
de los Presupuestos Generales del Estado de 1999 al Gobierno, alegando
falta de objetivos y criterios claros en las actuaciones y utilización de
procedimientos presupuestarios poco transparentes, se tacha de
insuficiente la política de impulso y difusión de tecnología y se critica
la utilización de créditos --Capítulo VIII-- y la política de
privatizaciones. Se afirma que el proyecto traslada déficit al futuro y
que impide conocer el conjunto de gastos y endeudamiento del sector
público empresarial de forma general. Esto es lo que el veto presenta.
Pues bien, señor Presidente y señorías presentes, de forma general es lo
que presenta el veto del Grupo Parlamentario
Socialista como justificación, pero realmente hay argumentos que podrían
valer para los dos grupos, para PSOE e Izquierda Unida y como, además, se
encuentra aquí el Senador que ha presentado el veto de Izquierda Unida
aprovecho para que conozca parte de por qué el Grupo Parlamentario
Popular rechaza el veto de Izquierda Unida.
Debo recordar a ambos grupos lo manifestado en diversas ocasiones, tanto
por el Gobierno, por el Grupo Parlamentario Popular, tanto en Comisiones
como en Pleno, y que el tiempo y los hechos lo atestiguan. Me estoy
refiriendo al tema de privatizaciones de empresas públicas.
Señor Presidente, la política de privatizaciones no responde a un
criterio ideológico, apriorístico, como se nos acusa, sino a la
convicción de que las empresas públicas se encuentran siempre en grandes
dificultades derivadas de las restricciones a que está sometido el
titular, el Estado, como son las presupuestarias, las políticas e,
incluso, la de control por parte de instituciones de carácter
supranacional, como es la Unión Europea.
Las privatizaciones, señorías, no sólo en España, sino en toda Europa,
como se viene demostrando, es la única forma de liberar a las empresas
públicas de dichas restricciones y asegurar su supervivencia productiva
y, por tanto, del empleo, de cara a su futuro.
El PSOE habla de transparencia también y control de las privatizaciones y
del accionista principal, la SEPI. Señor Senador, la transparencia es
total y absoluta y, además, me obliga usted a recordarle --quizá sea
cuestión de memoria-- que las privatizaciones realizadas entre los años
1985 y 1996 supusieron dos billones de pesetas. Es posible, Senador
Franco, que usted, como yo, que estaba en la oposición, no se haya
enterado, pero yo le aseguro que ninguno, por lo menos la oposición en
aquellos tiempos, se enteró de dónde, cómo, en qué lugar, por qué dinero,
quién las compró y a dónde fue destinado el dinero de todas las
privatizaciones hechas en esa época, equivalentes a la nada despreciable
cifra de dos billones de pesetas.
Por eso, yo le diría con la mejor voluntad --sabe que usted y yo
dialogamos y debatimos--, Senador Angel Franco, que debería estar en este
tema vigilante, pero calladito y aportando los datos que conozca, pero
que no hable de falta de transparencia y que no utilice esos epítetos
que, desde luego, no son parlamentarios, sino un poco tabernarios.
Voy a dejar este tema porque, quizá, yo me excite demasiado con el
discurso que usted ha hecho. (El señor Franco Gutiez: Con las
privatizaciones.) No, con las privatizaciones no, Senador Franco, sino
con la forma en que usted ha instrumentado su discurso político, que no
tiene ningún fundamento.
Ambas enmiendas de veto apoyan su devolución por falta de objetivos de
política industrial. Señorías, si algún Gobierno ha tenido política
industrial definida ha sido éste, porque nosotros desde el Grupo
Parlamentario Popular nunca hemos considerado que la mejor política
industrial es la que no existe. El otro día yo le decía en una
interpelación que ustedes se estaban haciendo los apóstoles del
liberalismo, pero con el tema de la política industrial no creo que
Gobiernos anteriores hayan tenido una ni parecida a la que tiene este
Gobierno y, además, desarrollada por el Miner.
Además, yo le voy a enumerar solamente tres ejes básicos. La política del
Gobierno y del Ministerio de Industria y Energía se basa en tres
actuaciones principales, y muchas más, pero ni el tiempo ni el señor
Presidente me van a permitir nombrarlas. Voy a dar tres: Actuaciones de
carácter horizontal, destacando en estos Presupuestos Generales del
Estado para 1999 de forma contundente el apoyo a la tecnología, a la
calidad de la seguridad industrial, factores que van a permitir la
diferenciación del producto y del precio, algo que hasta estos dos años
no se ha considerado.
Políticas de carácter sectorial, medidas de apoyo que regulen y aseguren
el tipo de tratamiento específico en los sectores en que sea necesario.
Podemos hablar, si no aquí en el Pleno, de estas medidas.
Políticas de carácter de reindustrialización en zonas en las que se
producen ajustes laborales en las empresas públicas.
No le voy a hablar más del Plan de la Minería porque dirá usted que soy
un poco pesado, pero es que lo vivo, estoy allí y, por eso, me ha llamado
la atención su desconocimiento. Dice que las Comunidades Autónomas no
saben nada de la distribución de los fondos de reindustrialización en
estas zonas. Los proyectos, señor Senador --usted es más del este y quizá
no tenga estos problemas--, son los que presentan las Comunidades
Autónomas. (El señor Franco Gutiez: En el Plan de la Minería.) Estamos
hablando de planes de reindustrialización, todos, Senador, entérese bien,
todos. Y en el Plan de la Minería con mayor razón porque, además, hay más
dinero. Pero lo que sí que es cierto es que son las propias Comunidades
Autónomas las que los presentan y cuando los aprueba el Ministerio
participan incluso de un 25 por ciento adelantado, a cuenta del proyecto
total. Eso, Senador, hay que vivirlo todos los días, incluso leer el
«Boletín Oficial del Estado», que es muy esclarecedor.
Pero hablando de lo que usted me ha dicho sobre la falta de apoyo de la
tecnología, yo, señor Presidente, lo único que puedo decir al Senador
Franco es que estas actuaciones se concretan en la Sección 20 de estos
Presupuestos dentro del área de industria, en la política tecnológica, en
el programa de fomento de la tecnología industrial, que se dota con
21.300 millones de pesetas en 1999, que supone un incremento de un 8,7
por ciento sobre el año 1998 y ya no le voy a decir qué supone sobre el
año 1996. Bueno, se lo voy a decir porque lo he calculado: un 72 por
ciento más que en el último presupuesto del Gobierno Socialista. Vaya
usted tomando nota. Además, se complementa con una línea de créditos de
2.500 millones de pesetas, además de los 10.000 del nuevo Plan de
Innovación Industrial. Estas acciones en I+D, señorías, se complementan
con las actividades del CDETI que en 1999 alcanzan 25.000 millones de
pesetas, la cifra récord de toda su historia, que supone un 23 por ciento
más sobre 1998 y con el Ciemat cuyo presupuesto crece un 6,9 por ciento.
Señorías, señor Presidente, he de destacar frente a las críticas a
programas en I+D que se han vertido y, sobre
todo, a la Sección 20 por parte de los grupos que han presentado los
vetos, que los programas específicos en I+D, asociados a proyectos
militares, también se critican por medio del Capítulo VIII.
Señor portavoz socialista --de paso aprovecho que está usted también
aquí, Senador que ha presentado por Izquierda Unida el veto--, el
Gobierno trata de vincular las necesidades de defensa al futuro del
tejido industrial español. Por eso están las acciones sobre el
«eurofighter», en las fragatas, el carro de combate Leopard y
últimamente, no sé si lo habrán detectado ustedes en los Presupuestos, el
avión antisubmarino, el P-3 Orión, Casa 295, Airbus, que son unos
programas que ya venían desarrollándose, el sector aeronáutico, las
tecnologías de la comunicación y proyectos espaciales. En total, la
módica cifra de 220.874 millones de pesetas. Yo les invito a ustedes a
que vayan revisando tiempos pasados y a que comparen el número de pesetas
a invertir con los presupuestos anteriores.
Esta política industrial, señorías --voy terminando--, sustituye a la
política de compras en el exterior por el apoyo y participación en
tecnologías internacionales, en las que participa nuestra industria
tecnológica y productivamente.
Hay otra acusación que se hace en el veto, y es que se utilizan de forma
intensiva y abusiva los créditos del Capítulo VIII en estos presupuestos,
de ahí que también lo rechazamos. Realmente, no entendemos sus recelos.
Quizás esta desconfianza se deba a situaciones pasadas. Se trata de un
mecanismo presupuestario previsto en la normativa vigente tan legal y
transparente como el resto de capítulos del presupuesto. Les puede gustar
más o menos, pero es legal y transparente.
Rechazamos además con convicción y categóricamente la falta de
transparencia en la asignación de fondos públicos. Señorías, la década
pasada quizás les haya hecho un poco desconfiados. Yo les garantizo que
la época pasada no es repetible ni en la forma ni en el fondo y, además,
tampoco sería admisible por los ciudadanos españoles que conocen y tienen
la historia pasada muy presente.
No entiendo esa falta de transparencia porque en esta Comisión de
Industria y en todas las Comisiones en el Congreso y en el Senado han
estado todos los cargos públicos, en comparecencias de presupuestos y
fuera de los presupuestos, para dar cuenta de la marcha de la gestión
económica de algo que en mi etapa de oposición nunca logré: los famosos
PAIF, los planes de actuaciones e inversiones financieras. Eran un
secreto. No se podían explicar. Algún cargo público me dijo que podía ir
a estudiarlos al Ministerio. Ahora los tenemos. Ahora están encima de la
mesa. Ahora los balances de las empresas públicas están cada tres meses
encima de las mesas de los parlamentarios. No entiendo entonces a qué se
refiere. Supongo que lo que pasa es que usted tiene que decir algo.
Señor Presidente, señorías, rechazamos la presentación de los vetos, de
los dos, porque con los argumentos expuestos no han demostrado que los
objetivos y cifras de los Presupuestos Generales del Estado dejan de
respaldar una política industrial firme y especialmente en lo que
respecta al fomento de la competitividad de las empresas españolas, en
coherencia, además, con los objetivos de la política económica del
Gobierno que ha hecho que en estos años --ahí están las cifras y no creo
que sean sospechosas-- la industria aporte un seis por ciento, terminado
este año, al IPC. Además, con el índice de precios industriales ha
ocurrido algo inaudito. Yo, desde luego, no he llegado nunca a ver ni en
mi historia política ni profesional que los precios industriales lleven
dos años prácticamente, no ya que tengan inflación, con una deflación.
Este año terminaremos aproximadamente con un 1,6 por ciento.
Terminada esta defensa para rechazar el veto, voy a rechazar las
enmiendas de Izquierda Unida, del Grupo Parlamentario Mixto, y de la
Senadora De Boneta, dada la hora que es, aunque ni siquiera nos metemos
en danza y empiezo una por una. Como han sido defendidas en sus propios
términos y supongo que las presentarán como voto particular en el Pleno,
en el mismo tendremos tiempo para debatirlas.
Con las enmiendas del PNV voy a hacer lo mismo, señor Presidente, porque
a pesar de que tenemos a los notarios aquí, las señoras taquígrafas,
creo, francamente, que sin estar el portavoz no es aconsejable hacer otra
cosa.
Dicho esto entramos en las del Grupo Parlamentario Socialista, pues está
nuestro Senador socialista y portavoz, señor Franco.
La enmienda 923, que solicita 900 millones de pesetas, se deniega, ya que
la consignación para la seguridad minera destinada al proyecto de
empresas privadas en el presupuesto para 1999, que es de 1.000 millones
de pesetas, se considera suficiente dada la solidez presentada por
empresas privadas en convocatorias anteriores.
La 924, de 10.000 millones de pesetas, se deniega porque se considera que
en el año 1999 las dotaciones presupuestarias son suficientes para la
reindustrialización. Por lo tanto, consideramos que no es asumible.
Rechazamos la 925, que supone una aplicación presupuestaria de 7.000
millones de pesetas, porque creemos que las políticas de
reindustrialización del Ministerio de Industria y Energía contempladas en
el Programa 723 B creemos que son suficientes y cubren las necesidades de
cara al año 1999.
La 926 es otra aplicación presupuestaria por un importe de 2.000 millones
de pesetas a la Comunidad Autónoma de Andalucía destinada a una planta
hidrometalúrgica en desarrollo de la minería de los sulfuros
polimetálicos. Por lo tanto, se deniega también, ya que teniendo en
cuenta los momentos actuales de austeridad presupuestaria y la situación
económica y financiera desfavorable que atraviesa la empresa que
realizaría el proyecto parece conveniente posponer la decisión de ayudar
a la Comunidad Autónoma de Andalucía para construir una planta
hidrometalúrgica dadas las fuertes inversiones que habría que acometer y
la dificultad de obtener el resto de la financiación necesaria.
Rechazamos las 927, 928, 929 y 930 porque consideramos que el capítulo de
presupuestos que recoge ya de por sí la Ley Presupuestaria, amparando
estos programas, se encuentra en fase de desarrollo previa a la
construcción de productos terminados, momento en que será más discutible.
Desde luego, quedan rechazadas las cuatro.
Hay una parte que no quiero pasar por alto y que es aplicable a todas las
enmiendas. Yo he pasado aquí esta tarde viendo las enmiendas que se
presentaban y la detracción en las altas, de dónde salía el dinero, e iba
a las bajas. Todo el mundo, concretamente, tira de la Sección 31.02,
enmiendas 633 a 630. Es el cajón de sastre. Su señoría no sé si se da
cuenta de que no caben todas, salvo que --y eso no lo dicen ustedes
cuando están defendiendo sus enmiendas y deben hacerlo-- pretendan que
tiene que ser sobre la base, porque con el cajón de sastre ya no es
suficiente, de incrementar los impuestos, como dice el Grupo
Parlamentario Socialista en la enmienda 743, cuando habla de hacerlo con
mayores impuestos. ¿De dónde? Del Impuesto sobre la Renta de las Personas
Físicas --siguen insistiendo en gravar más el IRPF con 701.000 millones
de pesetas-- y del Impuesto de Sociedades que lo subirían al 35 por
ciento con 229.000 millones.
Señoría, no se puede meter el cajón de sastre en el cajón de sastre.
Díganlo ustedes. Estas enmiendas están en base a que se apruebe la
enmienda de ampliación o crecimiento de los impuestos del IRPF y del
Impuesto de Sociedades porque, si no, son rechazables, señor Presidente,
porque se pasan. El cajón de sastre no da de sí para todo.
Lo mismo le digo a Izquierda Unida, que ha presentado también una
enmienda en la que solicita casi un billón de pesetas de recaudación a
base de subir los impuestos. Efectivamente, de esa forma podemos hacer un
cambio de presupuestos total y absoluto, lo que define que los
Presupuestos están bien hechos y que no se puede sacar más dinero de
donde no lo hay.
Nada más y muchas gracias, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Unceta.
Vamos a suspender la sesión hasta mañana, a las diez horas, en que
comenzaremos con la Sección 21, Agricultura, Pesca y Alimentación.
Se suspende la sesión.
Eran las diecinueve horas y cincuenta y cinco minutos.
(El debate continúa en el Diario de Sesiones número 377.)