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DS. Senado, Comisiones, núm. 369, de 23/11/1998
CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL
SENADO
Año 1998 VI Legislatura
Comisiones. Núm. 369
COMISION DE OBRAS PUBLICAS, MEDIO AMBIENTE, TRANSPORTES Y COMUNICACIONES
PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. VICENT BEGUER I OLIVERES
celebrada el lunes, 23 de noviembre de 1998
ORDEN DEL DIA:
Dictaminar la Proposición de Ley relativa a la declaración del Parque
Nacional de Sierra Nevada (Número de expediente 625/000005).
Debate y votación, en su caso, de las siguientes mociones:
--Del Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos, por la que
se insta al Gobierno para que, en el plazo de seis meses, presente a la
Cámara un proyecto de ley de actualización del derecho marítimo español,
adaptándolo a la realidad y necesidades actuales del transporte marítimo
(Número de expediente 661/000126).
--Del Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos, por la que
se insta al Gobierno a la ubicación en el puerto de Bermeo (Vizcaya) de
una nueva embarcación de salvamento marítimo destinada a actividades de
intervención rápida, que sustituya a la que actualmente se encuentra en
dicho puerto (Número de expediente 661/000147).
--Del Grupo Parlamentario Socialista, por la que se insta al Gobierno a
que ejecute, en el plazo de tiempo más breve posible, la remodelación del
Paseo Marítimo de Matalascañas, en la provincia de Huelva, según
establece el Plan de Desarrollo Sostenible de la Comarca de Doñana
(Número de expediente 661/000114).
--Del Grupo Parlamentario Socialista, por la que se insta al Gobierno de
la Nación a que financie y ejecute la construcción de un parque «Dunar»
en la Playa de Matalascañas, en el municipio de Almonte (Huelva), según
establece el Plan de Desarrollo de la Comarca de Doñana (Número de
expediente 661/000117).
--Del Grupo Parlamentario Socialista, por la que se insta al Gobierno a
poner en marcha, por medio del ente público Aeropuertos Españoles y
Navegación Aérea (AENA), los mecanismos que permitan dotar al aeropuerto
de Vigo (Pontevedra) de la señalización luminosa completa e idónea para
mejorar su operatividad actual y dar un mejor servicio a los usuarios del
área metropolitana de Vigo, sur de Galicia y norte de Portugal (Número de
expediente 661/000180).
--Del Grupo Parlamentario Socialista, por la que se insta al Gobierno a
exigir a la empresa Autopistas del Atlántico, S. A. (AUDASA), que
construya un falso túnel de una longitud aproximada de seiscientos metros
al paso de la autopista A-9 por el monte de A Madroa, a fin de reducir el
impacto ambiental y paisajístico que causará la construcción del tramo de
la misma comprendido entre Teis y Puxeiros, en Vigo (Pontevedra) (Número
de expediente 661/000193).
--Del Grupo Parlamentario Socialista, por la que se insta al Gobierno a
realizar las acciones necesarias para reducir al mínimo posible el plazo
de terminación de las obras de ejecución del desdoblamiento del tramo de
la carretera nacional N-IV comprendido entre el nudo de La Ardila y el
cruce de Tres Caminos, en el municipio de San Fernando (Cádiz), así como
a habilitar una alternativa temporal que, durante la construcción del
puente sobre el caño de Sancti-Petri, pueda solucionar la fluidez del
tráfico de aquella carretera a su paso por dicho tramo (Número de
expediente 661/000197).
Se abre la sesión a las dieciséis horas y diez minutos.
El señor PRESIDENTE: Buenas tardes, señorías. Se abre la sesión.
Dadas las características de esta sala, que cuenta con unos tapices de
alto valor histórico y artístico, les pido que no fumen. Muchas gracias.
Ruego al señor Letrado que compruebe la asistencia de los señores
Senadores.
Por el señor Letrado se procede a la comprobación de las señoras y los
señores Senadores presentes.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.
¿Se puede aprobar el acta correspondiente al día 12 de noviembre?
(Pausa.) Queda aprobada.
--PROPOSICION DE LEY RELATIVA A LA DECLARACION DEL PARQUE NACIONAL DE
SIERRA NEVADA (625/000005).
El señor PRESIDENTE: Pasamos al primer punto del orden del día:
dictaminar la Proposición de Ley relativa a la declaración del Parque
Nacional de Sierra Nevada.
Se ha presentado una propuesta de veto del Grupo Parlamentario
Socialista. Para su defensa, tiene la palabra la Senadora Pleguezuelos.
La señora PLEGUEZUELOS AGUILAR: Gracias, señor Presidente.
En aras de la brevedad, dado que durante la sesión del próximo Pleno se
va a ampliar mucho más, y supongo se procederá al debate de esta
proposición de ley, voy a hacer alguna reflexión sobre este veto que ha
presentado el Grupo Parlamentario Socialista, básicamente porque
entendemos que lo que se hizo en la Ley 41/1997, que modificó la Ley de
Conservación de Espacios Naturales y de la Flora y Fauna Silvestres, fue
adecuarlo a la sentencia del Tribunal Constitucional que sostenía --y
creo que es muy importante-- que, en lo que se refiere a parques
nacionales, corresponde al Estado formular la legislación básica
configurando unos mínimos homogéneos en todo el territorio nacional, y
corresponde a la Comunidad Autónoma el desarrollo de las bases estatales,
siendo su competencia natural la de gestión en materia de medio ambiente
y espacios naturales protegidos.
El Grupo Parlamentario Socialista entiende que la proposición de ley que
se debatió en el Parlamento andaluz y tuvo entrada en el Congreso de los
Diputados, ha sufrido durante su trámite parlamentario grandes, graves e
importantes modificaciones, muchas de las cuales afectan a la gestión y,
por tanto, al espíritu de la sentencia del Tribunal Constitucional.
Estos son básicamente dos de los elementos que fundamentan nuestro veto y
que iremos formulando con mayor amplitud a lo largo del debate en el
Pleno.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, Senadora Pleguezuelos.
Turno en contra. Tiene la palabra el Senador Calvo Poch.
El señor CALVO POCH: Muchas gracias, señor Presidente.
Voy a contestar brevemente también a la propuesta de veto planteada por
el Grupo Parlamentario Socialista. Correspondiendo al deseo de la
Senadora Pleguezuelos de llevar el grueso de los argumentos al Pleno de
la Cámara, simplemente me gustaría decir que la Ley originaria aprobada
por parte del Parlamento andaluz en el otoño de 1995 evidentemente
respondía a una situación extraña en la medida
en que en aquel momento estaba reciente la sentencia de junio de 1995 del
Tribunal Constitucional, que venía a decir que parte de la Ley 4/1989, de
Espacios Naturales, no respondía a esa constitucionalidad obligada de
todas las leyes. Esto hizo que el Parlamento andaluz legislara esta
materia en un momento en que existía una indudable, repito, indefinición
legal, lo cual no es obstáculo para que, una vez resuelta esa
indefinición, en la medida en que la Ley 41/1997 adecua la Ley 4/1989 a
la sentencia del Tribunal Constitucional, no hay ningún motivo para
permitir que una ley originaria del Parlamento andaluz contravenga una
Ley Orgánica aprobada por las Cortes Generales; es decir, flaco favor se
haría a esta Cámara o al Congreso de los Diputados, al sistema
constitucional español, si permitiéramos que de forma flagrante la Ley
que crea el importante Parque Nacional de Sierra Nevada conculcara la Ley
básica 4/1989 y su reforma, la Ley 41/1997.
No voy a intentar ahora repetir el debate que ya se efectuó en esta
Cámara con motivo de la reforma de la Ley 4/1989, pero entiendo que la
sentencia de constitucionalidad no debe emplearse de forma partidista
porque todos podemos leerla por partes. Señorías, leo literalmente la
sentencia: «Los parques nacionales son una realidad singular. La
característica que sirve para definirlos pone de manifiesto
simultáneamente la concurrencia de un interés general para el conjunto de
la Nación.
La posibilidad pues de una mera existencia reúne todos los rasgos de lo
básico. No repugna, por tanto, al orden constitucional de competencias
que pueda corresponder al Estado, como titular de ese interés general de
la Nación, la creación de tales parques, para lo cual, además, se
reconoce la facultad de propuesta de las Comunidades Autónomas, aunque no
vinculante jurídicamente.» Se lo repito: «aunque no vinculante
jurídicamente». «Sin embargo, no vale la misma respuesta para la gestión
de los parques nacionales que la Ley atribuye en exclusiva al Estado.» Y
se refiere a la anterior, la promulgada en el año 1989. Sigo leyendo:
«Desde esa perspectiva ha de predicarse la inconstitucionalidad parcial
del primer párrafo del artículo 22 en cuanto que atribuye la gestión
exclusivamente al Estado.»
Señorías, lo que dijo el Tribunal Constitucional es que la competencia
exclusiva para el Estado es inconstitucional y lo que ustedes proponen es
que nos vayamos al otro extremo y nuestro juicio vuelve a coincidir con
el Tribunal Constitucional, probablemente.
Gracias, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias, Senador Calvo.
Turno de portavoces. ¿Algún portavoz desea hacer uso de la palabra?
(Pausa.)
Tiene la palabra, por el Grupo Parlamentario Mixto, el Senador Román
Clemente.
El señor ROMAN CLEMENTE: Gracias, señor Presidente.
Compartimos --como no puede ser de otra forma-- los planteamientos que en
su momento defendió y plasmó en esta proposición de ley el Parlamento de
Andalucía. Pero consideramos que el procedimiento más adecuado puede y
debe ser la reforma de la Ley 41/1997 para no demorar más una aspiración
ciudadana largamente esperada e, insisto, para no dilatar más el
procedimiento de aprobación de una ley que consideramos necesaria.
Gracias, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, Senador Román.
Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra la Senadora
Pleguezuelos.
La señora PLEGUEZUELOS AGUILAR: Gracias, señor Presidente.
Senador Calvo, sin duda en el momento en que esta proposición de ley se
aprobó por unanimidad, es decir, también con los votos del Grupo
Parlamentario Popular en el Parlamento andaluz, usted entendió que
existía una indefinición legal. Es cierto que --como supongo conocerá su
señoría-- entre las Comunidades Autónomas que impusieron una propuesta de
inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional se encontraba
también la Comunidad Autónoma de Andalucía, en lo que se refiere a la
citada Ley 4/1989. Por tanto, la Comunidad tenía clarísimo que el modelo
de gestión era el que decía la sentencia. De hecho, también el Gobierno
andaluz cuestiona que la Ley de Conservación de Espacios Naturales y de
la Flora y Fauna Silvestres, de 1989, sea constitucional en ese aspecto.
Usted sabe que lo mantuvimos de esa manera.
Cuando usted dice que se le puede hacer un flaco favor al Parlamento con
esta actuación, sobre todo porque usted --y además creo que es verdad--
siempre aborda los problemas desde el aspecto jurídico, debido a sus
conocimientos, entenderá también que flaco favor ha hecho el Gobierno
popular, y aquí sí de forma partidista, por sus intereses, al determinar
que para algunos modelos de gestión, como es el del Parque Nacional de
Aigües Tortes, sí puede hacerse por la Comunidad Autónoma. Flaco favor,
repito, hace un gobierno y un jurista que mantiene, según convenga, por
conservar un sillón, distintas posturas.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
Tiene la palabra el Senador Calvo Poch.
El señor CALVO POCH: Muchas gracias, señor Presidente.
Respecto a Aigües Tortes, si quiere, hablamos en el Pleno, ya que usted y
su grupo parlamentario parece que quieren hacer de este debate, no el
necesario debate que merece el Parque Nacional de Sierra Nevada, sino el
debate, una vez más, sobre el Parque Nacional de Aigües Tortes.
Hablaremos en el Pleno sobre Aigües Tortes, señoría, y ya verá como los
argumentos que le podré presentar en ese momento la convencerán.
Todos coincidimos en lo fundamental, y es la necesaria aprobación de la
ley que cree uno de los parques nacionales más importantes de España, que
va a ser el Parque Nacional de Sierra Nevada, cuestión en la que sigue
existiendo por parte del grupo parlamentario en esta Cámara y
también en el Parlamento andaluz una coincidencia absoluta. Pero, de ese
espíritu que nació de la unanimidad por parte de los grupos de la Cámara
andaluza no puede fundamentarse que aquí se nos invite a incumplir el
ordenamiento jurídico de nuestro país.
Por tanto, poco más tengo que decir. Simplemente quiero recordarle,
Senadora Pleguezuelos, que el recurso de la Comunidad Autónoma andaluza
se interpuso ante la exclusividad que la Ley 4/1989 guardaba para el
Estado en cuanto a la gestión de los parques nacionales. Lo que no dijo
el Constitucional es que el pretendido modelo de gestión, en exclusividad
también, pero ahora para la Comunidad Autónoma, defendido por la
Comunidad Autónoma andaluza, fuera el bueno, señoría. Eso no lo dijo el
Constitucional. ¡Faltaría más!
El señor PRESIDENTE: Finalizado el debate sobre la propuesta de veto,
procede someterla a votación.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos a favor, seis;
en contra, 14; abstenciones, una.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada la propuesta de veto.
Procedemos, seguidamente, al debate de las enmiendas, empezando por las
números 1 a 7, del Senador Román Clemente, del Grupo Parlamentario Mixto.
Tiene la palabra, señoría.
El señor ROMAN CLEMENTE: Muchas gracias, señor Presidente.
Paso a defender las enmiendas que ha presentado este Senador, en
representación de Izquierda Unida.
Señorías, a través de la enmienda número 1 pretendemos que, como zona
periférica de protección, sean considerados todos aquellos municipios que
forman parte del parque natural, y que no lo son por tanto del parque
nacional por los límites que se han creado; pero esto permitiría,
señorías, que todos los municipios de Sierra Nevada pudieran acogerse a
los incentivos del plan de desarrollo sostenible.
La enmienda número 2 pretende la creación de una oficina técnica,
precisamente para el seguimiento de este Plan de desarrollo sostenible.
La enmienda número 3 pretende incrementar la representación de las
asociaciones ecologistas, de 3 a 4 miembros.
La enmienda número 4 quiere otorgar algunas competencias que no estaban
contempladas en el Patronato del parque nacional, como informar el Plan
de desarrollo sostenible y elegir los responsables de esta oficina a que
antes me refería.
La enmienda número 5 trata de establecer un compromiso temporal para este
Plan de desarrollo sostenible.
Señorías, me voy a detener un poco más en las enmiendas números 6 y 7.
Saben sus señorías que en el debate de esta ley y en la propuesta que se
hace, tanto desde el Parlamento andaluz como después en las exposiciones
de los expertos sobre los límites, se produce un entendimiento entre los
diferentes grupos parlamentarios. Posteriormente surge un problema,
porque se puede decir que es de los pocos lugares que tiene unas
caraterísticas concretas: zona habitada, población mayor, algo de
agricultura y de ganadería. Como digo, surgen algunas cuestiones por la
consideración de los límites, no precisamente los propuestos por los
expertos, que pudieran generar algunos problemas.
Ante esta situación, señorías, planteamos dos enmiendas que afectan a un
municipio de la provincia de Almería, Ohanes, a un núcleo en concreto de
ese municipio, Tices. Se trata de una zona que tiene población,
agricultura, ganadería y por las características del entorno no afecta de
manera sustancial al parque; sin embargo, con los límites que se
contemplan en la ley esta población sí sufrirá graves repercusiones. Con
las enmiendas números 6 y 7 pretendemos resolver un problema para el
futuro de esta población. Se proponen unos nuevos límites, es una zona
que sigue siendo protegida, porque queda en el entorno del parque
natural, aunque no con las características del parte nacional; no afecta
al propio desarrollo, a las características de conservación del parque
nacional, pero sí contribuimos a resolver un problema en uno de los pocos
núcleos de población que queda en el entorno del parque nacional.
Señorías, con los estudios necesarios y teniendo en cuenta la opinión
tanto del Parlamento andaluz como de los expertos, solicito que se pueda
proceder a la corrección de estos límites, con lo que resolveríamos un
grave problema para estos ciudadanos del entorno de Ohanes, en concreto
de Tices. También hay propuestas en este sentido por parte del Pleno del
Ayuntamiento de Ohanes, por unanimidad; todos los grupos municipales
coinciden en la necesidad de adecuar estos límites a las características
de la zona.
Con esto, señor Presidente, doy por defendidas todas las enmiendas.
El señor PRESIDENTE: Gracias, Senador Román.
Señoría, las enmiendas del Senador Ríos Pérez, del Grupo Parlamentario
Mixto, números 8 y 9, ¿las defiende su señoría?
El señor ROMAN CLEMENTE: Las mantenemos en sus justos términos, señor
Presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias.
Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el Senador Bella,
para defender las enmiendas números 10 a 26, excepto la número 17, que
fue retirada en Ponencia.
El señor BELLA GALAN: Muchas gracias señor Presidente.
Más que hacer un relato de cada una de las enmiendas en sí mismas, y para
ser más breve, voy a hacer una relación por bloques explicando el sentido
conjunto de cada una de ellas.
En primer lugar, tenemos una serie de enmiendas que pretenden,
fundamentalmente, mantener el texto aprobado por el Parlamento de
Andalucía, en función de varios criterios.
El primero de ellos en coherencia con lo ya dicho por los distintos
grupos en la Cámara andaluza y, sobre todo, por dos cuestiones y razones
de peso. La primera es la que hace referencia a la gestión, que es la
piedra filosofal del debate de esta ley, ya que se reclama la gestión del
parque para la Comunidad Autónoma, en este caso para la Junta de
Andalucía, sin entrar en ningún tipo de contradicción, aunque sí de
comparación con otros modelos ya establecidos en la actual Ley de
Espacios Protegidos, en la modificación que se hizo de la Ley 4/1989, y
cuya referencia más clara es el modelo de gestión establecido para el
Parque de Aigües Tortes, en la Comunidad Autónoma catalana.
Hay otro grupo de enmiendas que hacen una expresa denominación del órgano
consultivo como patronato. Asimismo, quiero mencionar la doble función
que se le atribuye a este órgano consultivo, sin dejar pasar por alto la
importancia de su composición ya que en el texto que se propone en lugar
de buscar un fiel equilibrio entre los distintos intereses que concurren
en la zona y el ámbito de la declaración de parque nacional, parece ser
que más bien el equilibrio que se busca es de carácter político, lo cual
no parece muy correcto para este órgano consultivo.
Existe una enmienda que hace referencia a las transferencias de fondo y a
las consignaciones presupuestarias para su financiación, entendiendo que
habrá de ser la Junta de Andalucía quien, como se defiende en el
preámbulo y en las principales enmiendas a esta ley, tiene que tener esa
capacidad de gestión y, evidentemente, también ha de tener la capacidad
de consignar presupuestariamente los fondos adicionales para la gestión
del parque una vez que se hayan transferido los fondos por parte del
Estado.
Son enmiendas muy importantes --así las consideramos al menos-- las que
se refieren a la participación de los ayuntamientos. Entendemos que no
pueden existir modelos distintos en un parque que en otro. Si la red de
parques nacionales ha de tener algunas características comunes,
indudablemente una de ellas y fundamental tiene que ser la representación
de los ayuntamientos, ya que son los principales receptores de los
problemas que plantea la declaración de los parques nacionales. Nos
parece que la representación de los mismos ha de estar en número
suficiente como para que todos los problemas que las poblaciones en torno
a estos parques nacionales plantean lleguen al seno del patronato y, por
lo tanto, puedan ser oídos a la hora de gestionar los distintos problemas
que surgen en la gestión de un espacio protegido de la importancia de un
parque nacional.
También se habla de la participación económica de esos mismos
ayuntamientos; es decir, las distintas posibilidades de desarrollo
económico que van a surgir en torno a ese espacio protegido, en torno a
ese desarrollo sostenible, tienen que estar participadas por los
ayuntamientos. En ese sentido, como digo, hemos planteado algunas
enmiendas.
Hay algunas enmiendas que se refieren fundamentalmente a cuestiones
patrimoniales y establecen unos niveles patrimoniales distintos para el
parque nacional y el parque natural. Entendemos, desde la filosofía que
nos permite presentar estas enmiendas, que tiene que existir esa
distinción entre parque nacional y parque natural. Dicha distinción
conlleva, al mismo tiempo, una diferenciación en cuanto a elementos
patrimoniales pertenecientes, uno a la red de parques del Estado y otro a
la Comunidad Autónoma a través del parque natural.
Hemos presentado alguna enmienda referida a la potestad sancionadora y
algunas hacen hincapié en el Plan de desarrollo sostenible.
Evidentemente, en este texto se proclama la intención de ejecutar un plan
de desarrollo sostenible al cual nosotros le ponemos fecha. No se puede
establecer la elaboración de un plan de desarrollo sostenible sin que
tenga fecha en la misma ley.
Por otra parte, hay un bloque de enmiendas que hacen referencia a las
subvenciones y compensaciones que recibirán los ayuntamientos. Hasta este
momento se vienen recibiendo a través del artículo 18.2 y a partir de
ahora será a través del artículo 22.4 de la nueva ley. Pero estas
subvenciones y compensaciones tendrán que estar ajustadas al mismo tiempo
también, y desde la misma ley se debe obligar al Gobierno a que
cuantifique suficientemente esas partidas presupuestarias para compensar
a todos los ayuntamientos que se introducen dentro de las zonas de
influencia socioeconómica de los distintos parques nacionales, puesto que
si no, podríamos entrar en la contradicción de haber aumentado el
territorio protegido en torno a más parques nacionales, haber aumentado
el número de ayuntamientos, pero las compensaciones o subvenciones
estarían en contra del espíritu que establecen todos los grupos políticos
a la hora de definir que estas subvenciones son necesarias.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, Senador Bella.
Por parte del Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el Senador
Esteban Albert.
El señor ESTEBAN ALBERT: Muchas gracias, señor Presidente.
Muy buenas tardes, señorías.
En aras de ese esfuerzo que han hecho el resto de los grupos de no
inflacionar este tema y dejar para mayor abundamiento los argumentos para
el Pleno, también intentaré ser breve, no sin antes hacer unas
consideraciones de tipo general.
A esta ley se han presentado cuatro tipos de enmiendas con carácter
general: enmiendas a la delimitación de las zonas afectadas por el parque
nacional, enmiendas sobre su régimen jurídico, enmiendas sobre los
órganos de dirección y gestión del parque y, por último, enmiendas a las
competencias de las diversas administraciones públicas, como parece que
ya se ha puesto de manifiesto en el anterior debate de veto.
Quiero comentar, en general, que la declaración como parque nacional del
macizo de Sierra Nevada se ha visto envuelta en la propia evolución del
concepto y del modelo de declaración de los parques nacionales de España.
Dicha declaración fue propuesta en 1995 por el Parlamento de Andalucía, y
las Cortes españolas, con la aprobación de la
Ley 41/1997, establecieron el marco de declaración y gestión de estos
espacios, de acuerdo con la sentencia del Tribunal Constitucional a que
anteriormente se ha hecho referencia sobre la Ley 4/1989, de 27 de marzo,
de Conservación de Espacios Naturales y de la Flora y la Fauna
Silvestres. En la sentencia se establecía claramente que la declaración y
establecimiento del régimen legal de los parques nacionales correspondía
a las Cortes Generales y que su gestión no podía ser exclusiva del
Estado, sino que debía ser compartida con las Comunidades Autónomas.
Fruto de esta sentencia es el concepto de cogestión, que se ha
consolidado ya como fórmula de gestión de estos espacios que conforman
una red representativa de la diversidad española. La citada Ley 41/1997,
que modifica a la declarada parcialmente inconstitucional, la 4/1989,
supone la articulación práctica de este modelo de gestión compartida,
incluso denominando y dejando bien claro cómo se financia ese modelo.
En consecuencia, señorías, a su paso por el Congreso, los Diputados
tuvieron que realizar un gran trabajo y un notable esfuerzo para adecuar
una proposición de ley claramente contraria a la Ley 4/1989, modificada
por la Ley 41/1997, entre otras cosas por ser anterior a la misma y, a
efectos prácticos, por plantear un modelo de gestión exclusivo por parte
de la Comunidad Autónoma de Andalucía.
Lo que ahora recibe esta Cámara es un texto, a nuestro juicio, ya muy
ajustado a la Ley actual y, en consecuencia, el criterio general de
gestión de estos espacios. Desde nuestro punto de vista, pues, no cabe
--aun cuando siempre exista la eventualidad en el trayecto desde el
informe de esta Ponencia y el posterior dictamen de esta Comisión hasta
su debate y aprobación por el Pleno-- la posibilidad de llegar, en
algunas materias, a algún punto de encuentro para que pudiéramos trabajar
sobre ese tema. En este momento sólo cabe decir que mi Grupo va a votar a
favor del informe de la Ponencia.
Nada más y muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, Senador Esteban Albert.
Procede, por tanto, votar el informe de la Ponencia, teniendo en cuenta
que ésta no asume ninguna de las enmiendas que se acaban de defender por
los distintos grupos. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 22; a
favor, 14; en contra, ocho.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobado.
MOCIONES:
--DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE SENADORES NACIONALISTAS VASCOS, POR LA QUE
SE INSTA AL GOBIERNO PARA QUE, EN EL PLAZO DE SEIS MESES, PRESENTE A LA
CAMARA UN PROYECTO DE LEY DE ACTUALIZACION DEL DERECHO MARITIMO ESPAÑOL,
ADAPTANDOLO A LA REALIDAD Y NECESIDADES ACTUALES DEL TRANSPORTE MARITIMO
(661/000126).
El señor PRESIDENTE: Quiero hacer una observación antes de entrar en el
punto siguiente del orden del día. Se van a defender siete mociones y
sería práctico someterlas a votación consecutivamente al final. En
consecuencia, podría ser a la hora que sus señorías considerasen
conveniente dentro de otras obligaciones que puedan tener en el mismo
Senado. ¿Puede ser dentro de dos horas, concretamente a las diecinueve
horas? (Asentimiento.)
En el supuesto de que acabemos con antelación, no se votará hasta las
siete y, en su caso, si no se hubiese agotado el debate, a la
finalización del mismo. En todo caso, a las siete están sus señorías de
nuevo convocados todos para la votación.
En consecuencia, vamos a proceder al debate y votación de todas ellas,
empezando por la número uno, del Grupo Parlamentario de Senadores
Nacionalistas Vascos, por la que se insta al Gobierno para que, en el
plazo de seis meses, presente a la Cámara un proyecto de ley de
actualización del derecho marítimo español.
Tiene la palabra el Senador Gatzagaetxebarría.
El señor GATZAGAETXEBARRIA BASTIDA: Para una cuestión de orden, señor
Presidente.
Quería solicitar al Grupo Parlamentario Socialista y a los demás Grupos
que la segunda moción pasase a ser la tercera, a fin de que yo pueda
preparar mejor mi intervención relativa a nuestra segunda moción, sin que
ambas sean continuadas, de manera que se pudiera trata en segundo lugar
la moción del Grupo Socialista relativa al paseo marítimo de
Matalascañas.
E1 señor PRESIDENTE: ¿E1 Grupo Parlamentario Socialista no tiene
inconveniente?
La señora PLEGUEZUELOS AGUILAR: No hay ningún inconveniente, señor
Presidente. Pero, ¿en qué orden se producirían entonces? ¿Cuál es la
propuesta del Senador Gatzagaetxebarría?
E1 señor GATZAGAETXEBARRIA BASTIDA: Que la moción número dos pasara a ser
la tercera y viceversa.
La señora PLEGUEZUELOS AGUILAR: En ese caso, si no le importa, deberíamos
manifestárselo al Senador que las va a presentar e inmediatamente
estaríamos en disposición de poder actuar todos.
E1 señor GATZAGAETXEBARRIA BASTIDA: Gracias.
E1 señor PRESIDENTE: Es posible que al Grupo Parlamentario Socialista le
pueda convenir que la número cinco se discuta antes, según una
manifestación que me había hecho el Senador González Príncipe, quien en
estos momentos no está en la sala.
La señora PLEGUEZUELOS AGUILAR: El también tiene dos mociones seguidas.
Si vamos a producir alguna modificación, habría que reajustar el orden de
las personas que van a intervenir.
E1 señor PRESIDENTE: Ruego que, entre tanto se desarrolla la moción del
Senador Gatzagaetxebarría, el Grupo Parlamentario Socialista decida cuál
es la que vendrá a continuación. Y supongo que al Senador
Gatzagaetxebarría le dará igual, aunque pueda haber dos entre medias, con
tal de que haya un intervalo de tiempo para poder preparar la siguiente.
E1 señor GATZAGAETXEBARRIA BASTIDA: Efectivamente, señor Presidente, a
nuestro Grupo le es indiferente. Puede ser la número tres, o la número
cinco; lo que mejor le venga al Grupo Socialista. Simplemente es a
efectos de poder preparar mejor la intervención y no tener dos temas
seguidos.
E1 señor PRESIDENTE: Como ahora va a empezar el Senador
Gatzagaetxebarría, que ya tiene preparada la documentación, a renglón
seguido el Grupo Parlamentario Socialista hará llegar a la Presidencia
cuál o cuáles van a ser las mociones que van a seguir a la que va a
desarrollar el Senador Gatzagaetxebarría.
Su señoría tiene la palabra.
E1 señor GATZAGAETXEBARRIA BASTIDA: Gracias, señor Presidente.
Nuestro Grupo Parlamentario ha presentado esta moción con una finalidad
constructiva y es la de suscitar un debate sobre una problemática que
actualmente existe en el Derecho Marítimo español, cual es la de
encontrarnos con una legislación muy anquilosada, muy antigua y ubicada
en el ordenamiento jurídico de una manera muy asistemática, lo cual
origina una serie de disfunciones a los diferentes operadores del
transporte marítimo español, así como a los de su ordenamiento jurídico.
El Derecho Marítimo privado español se contiene fundamentalmente en el
Código de Comercio, aprobado por las Cortes Generales en el año 1885, un
texto legal, como ven sus señorías, con 113 años de vigencia, que se ha
ido modificando puntualmente, objeto de reformas parciales a lo largo de
su existencia y que, evidentemente, desde el mundo del transporte y del
Derecho Marítimo español siempre se ha mirado con mucho cariño. Podríamos
decir que son pocas las normas jurídicas que con posterioridad, en las
reformas parciales, lo hayan modificado en profundidad, lo que motiva que
la rica problemática que modernamente plantean las diversas instituciones
marítimas en la práctica mercantil encuentren difícil encaje o ubicación
en una legislación que está acusada de tanta vetustez como es el Código
de Comercio de 1885.
Señalaré también, señor Presidente, que el transporte marítimo y la
legislación que lo regula se caracterizan por un rasgo eminentemente
internacional, que es la base del negocio marítimo. Esto hace que esté
regulado por una serie de reglas, de costumbres, de usos uniformes que en
muchos casos encuentran difícil encaje en el texto base actualmente
vigente, es decir, la piedra angular del ordenamiento jurídico marítimo
español que es el Código de Comercio de 1885, lo cual suscita inseguridad
jurídica a la hora de su aplicación por parte de los diferentes
operadores del mismo.
Asimismo, a lo largo de los últimos años el Gobierno español ha suscrito
y ratificado un gran número de convenios internacionales en materia de
Derecho Marítimo, tanto público como privado, y ha ido incorporando al
Derecho interno español tales disposiciones de Derecho Internacional de
una manera asistemática, sin que exista un «corpus», un cuerpo
legislativo que sea la espina dorsal del Derecho Marítimo español. Y digo
que lo ha hecho de manera asistemática puesto que en el Derecho interno
español la integración del Derecho Internacional privado se ha realizado
sin que tengamos un texto único en la materia, lo que está originando que
nos encontremos con un ordenamiento jurídico a veces de difícil
interpretación, necesitado de clarificación, modernización y, sobre todo,
sistematización que ayude a todos los que actúan en el transporte
marítimo.
Señalaré también que nuestro Grupo, según la información que nos ha
suministrado el Gobierno a lo largo de los últimos cuatro años, puesto
que hemos realizado un seguimiento sobre esta materia tanto durante el
Gobierno del Partido Socialista como durante el Gobierno del Partido
Popular, conoce que los trabajos sobre esta cuestión se encuentran
ubicados en un organismo del Gobierno, en concreto del Ministerio de
Justicia, que es la Comisión General de Codificación, organismo técnico
de juristas en cuya sección segunda, de Derecho Mercantil, se estudian
los diferentes textos relativos al Derecho Marítimo español. En concreto,
según las informaciones suministradas a nuestro Grupo Parlamentario,
existen diferentes técnicas o posibilidades de llevar a cabo esta
actualización del Derecho Marítimo.
En primer lugar, el texto en el que más se ha avanzado, según los datos
de que disponemos, es en el borrador de proyecto de ley relativo al
contrato del seguro marítimo, el cual no se encuentra regulado en la Ley
principal que disciplina el seguro en España, que es la Ley 50/1980, de 8
de octubre, de Contrato de Seguro. La práctica y el incremento del
tráfico marítimo internacional en los últimos años ha supuesto la
existencia de cláusulas contractuales surgidas en el ámbito internacional
que se aplican como usos o costumbres aceptadas, pero que no tienen una
plasmación concreta en el Derecho contractual del seguro marítimo
español. Por eso, éste es uno de los borradores de proyecto de ley, según
la información de que dispone nuestro Grupo Parlamentario, que más
avanzado se encuentra, ya desde la etapa del Gobierno Socialista
anterior.
En segundo lugar, se encuentra la problemática relativa a la
responsabilidad del titular del transporte marítimo, que es el naviero, y
los accidentes originados por la navegación marítima. Por los datos que
tenemos, es un texto legal que se encuentra prácticamente elaborado y que
podría ser objeto de aprobación por parte del Gobierno y, por tanto,
sometido al trámite parlamentario para su entrada en vigor.
(El señor Vicepresidente, Sanz Blanco, ocupa la Presidencia.)
En tercer lugar, está la cuestión relativa a la legislación procesal
marítima. La legislación marítima internacional plasmada en los convenios
internacionales atribuye a los Estados suscribientes y ratificantes de
los mismos la competencia para disciplinar la materia procesal, en este
caso, marítima, en definitiva, el instrumento, el cauce, el camino a
través del cual los diferentes operadores del transporte marítimo pueden
reclamar, bien en materia de seguro, bien en materia de responsabilidad,
bien en materia de accidentes, a las diferentes administraciones o partes
contratantes en el tráfico marítimo internacional. Dicha legislación
procesal se encuentra ya elaborada en un texto que, por los datos que
recientemente nos ha suministrado el Gobierno, requeriría de una
actualización, a través de una ponencia de procesalistas en la materia y
de especialistas en Derecho Marítimo.
En cuarto lugar, nos encontramos con la cuestión relativa a la
modificación del Libro III del Código de Comercio, que es lo que, en
términos coloquiales del transporte marítimo, se denomina la regulación
de la maritimidad, es decir, aquellas cuestiones relativas a la figura
del naviero, a su régimen jurídico, a su estatus, al concepto, a la
definición de lo que se entiende por «naveiro».
Sería necesaria también la adaptación de este Libro III del Código de
Comercio en lo que atañe a las estructuras empresariales. La regulación
que contiene del naviero, del titular empresarial que desarrolla una
actividad de transporte marítimo, no tiene nada que ver con lo que es hoy
la Marina Mercante y lo que regula el Libro III del Código de Comercio,
las figuras de los agentes consignatarios, de los transitarios y, en
definitiva, lo que es el estatuto jurídico del buque. Todo ello requiere
una modificación, que sería la más profunda, que es la actualización del
concepto contenido en ese Libro III que es el de la maritimidad, y que
abarcaría todo estos subconceptos o definiciones a los que he ido
haciendo referencia.
Desde nuestro punto de vista, ésas son las cuestiones que habría que
actualizar en el Derecho Marítimo español. Se puede hacer a través de
diferentes técnicas. Se puede acometer una refundición o una
actualización integral del Código de Comercio, abordando en bloque todas
las reformas mediante una aprobación previa del Gobierno, a través de
proyectos de ley y, por tanto, con tramitación parlamentaria en las
Cámaras, o podría adoptarse otra técnica que es la presentación de textos
legales, por separado, en función del grado de desarrollo, de consenso y
de aprobación que aquéllos contienen en los diferentes trabajos previos
que actualmente se encuentran en la Comisión General de Codificación, en
su sección de Derecho Mercantil, ubicada en el Ministerio de Justicia.
Por ello, a nuestro Grupo parlamentario le es indiferente, ya que se
trata de una cuestión de técnica para la que hay que dejar un margen de
discrecionalidad al Gobierno que está gestionando la actualización de
este Derecho Marítimo. Por lo tanto, a este Grupo parlamentario le es
indiferente la técnica que se utilice. Lo que pretendemos con esta
iniciativa --y con ello concluyo, señor Presidente-- es una actualización
del Código de Derecho Marítimo español en sus diferentes versiones, que
he explicitado anteriormente, y para ello pueden utilizarse cualquiera de
las dos técnicas que hemos planteado. Nosotros planteamos --valga la
redundancia-- un plazo de seis meses al Gobierno. También nos es
indiferente; puede ser un plazo mayor. Lo que sí es necesario es abordar
esta problemática, porque los operadores del transporte marítimo español
están demandando que exista esta actualización, ya que nos encontramos
con una legislación muy dispersa, muy asistemática. Por un lado, está la
antigua española, las reformas parciales y, por otro, los usos y
costumbres y los convenios internacionales. Por eso es necesario que el
Derecho interno español tenga una regulación sistematizada y actualizada,
y ése es el espíritu y la intención con los que nuestro Grupo
parlamentario ha presentado esta moción.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Sanz Blanco): Muchas gracias, señoría.
Pasamos a continuación al turno en contra.
Tiene la palabra el Senador Bris.
El señor BRIS GALLEGO: Gracias.
Más que un turno en contra es un turno de matizaciones y de oferta de una
enmienda alternativa a la moción que ha presentado el portavoz.
El señor VICEPRESIDENTE (Sanz Blanco): Si le parece, señoría, pasamos
entonces al turno de portavoces. ¿Le es indiferente, Senador Bris? Es por
seguir el orden. (Pausa.)
Tiene la palabra el portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.
El señor LUIS CALVO: Gracias, señor Presidente, señorías.
Voy a hacer una serie de consideraciones respecto de la moción que ha
presentado el Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos.
A lo largo de la década actual, la Comisión Europea ha ido adoptando una
serie de acuerdos en sesiones de consejos de ministros de Transportes, en
la línea de la potenciación del transporte intermodal, desde la
perspectiva de la liberalización del transporte en el seno de la Unión
Europea. En dicha línea, ha sido muy variada la normativa elaborada por
la Unión Europea, que, además, durante los sucesivos gobiernos
socialistas se fue incorporando progresivamente al ordenamiento jurídico
español. De toda aquella normativa destacaría el Reglamento de la
entonces Comunidad Económica Europea, número 3.577/92, del Consejo, de 7
de diciembre, por el que se aplica el principio de libre prestación de
servicios a los transportes marítimos dentro de los Estados miembros --se
estaba refiriendo al cabotaje marítimo--, mediante el cual se ha
establecido, con algunos límites y períodos transitorios lógicos, la
libre prestación de servicios del transporte marítimo de cabotaje.
Debemos destacar que ya en el ordenamiento jurídico español elaborado a
partir de 1992, en nuestras leyes se
empiezan a incorporar disposiciones que desarrollan y transponen a
nuestro ordenamiento jurídico los contenidos e instrucciones dimanadas de
toda la normativa comunitaria reguladora de la liberalización del
transporte marítimo, con el fin de fomentar la libre prestación de
servicios, siempre que éste se lleve a cabo por buques comunitarios. Y
así, la Ley 27/1992, de 24 de noviembre, de Puertos del Estado y de la
Marina Mercante, estableció para España un régimen jurídico para el
transporte marítimo adaptado a la realidad económica y técnica del
sector, con el cual se perseguía, entre otras finalidades, no solamente
garantizar la libre competencia entre las empresas, sino también fijar
los mecanismos que permitiesen a las navieras españolas afrontar la
liberalización del transporte y posibilitar la competencia internacional
en el difícil y competitivo mercado internacional del flete marítimo.
Precisamente por ello, en la disposición adicional decimoquinta de la
citada Ley, se creó el Registro Especial de Buques y Empresas Navieras,
con sede en la Comunidad Autónoma de Canarias. El apartado 5.2 de la
citada disposición adicional facultaba al Gobierno para que, a la vista
del proceso de liberalización de la navegación del cabotaje, determinado
en el marco de la Comunidad Europea, permitiera mediante real decreto la
inscripción en el Registro Especial de los buques que se destinasen a
navegación de cabotaje, con la modulación del régimen aplicable que en su
caso se determinara. De ahí que, con posterioridad, se hayan podido ir
incorporando sucesivamente a ese Registro Especial y mediante reales
decretos, empresas navieras y buques que efectúan navegaciones de
cabotaje para el transporte de petróleo de productos derivados de él, de
agua potable y, por último, con el Real Decreto 2.221/1998, de 16 de
octubre, los restantes buques dedicados al cabotaje.
Con la descripción de este caso concreto, el Grupo Parlamentario
Socialista ha querido poner de manifiesto que ya en el ordenamiento
jurídico español se ha ido incorporando, por anteriores gobiernos y por
el actual, normativa que adecua nuestro ordenamiento jurídico al
comunitario en materia de liberalización del transporte marítimo, con el
objeto de situar a la empresa transportista española en condiciones de
competir --y repito la frase-- en el duro y difícil mercado internacional
del flete marítimo.
No obstante ello, es necesario reconocer que en la Unión Europea se
avanza notablemente en el debate y en la adopción de medidas que de él se
derivan, mientras que, en España, existe una atonía gubernamental que yo
calificaría de lacerante. Hay falta de creatividad, y no se da respuesta
a las demandas dimanadas de los sectores sociales implicados. A mí me
parece importante mencionar al respecto que el día 4 de julio de 1997 se
celebraba la Asamblea Anual de la Asociación de Navieros Españoles (la
Anave), y que en el acto de clausura tomó la palabra el Ministro de
Fomento, señor Arias Salgado, quien pronunció un encendido discurso
censurando --cómo no-- al anterior Gobierno socialista, y en el que
prometió solemnemente que, en los primeros meses de 1998, elevaría a las
Cortes Generales un conjunto de iniciativas tendentes a potenciar al
sector marítimo español y sacarlo del marasmo en el que se le había
sumido por los gobiernos anteriores. Tal afirmación --no podía ser de
otra manera-- generó unas ilusiones sin límite en todos los asistentes a
la referida Asamblea. Sin embargo, la realidad es que, hasta el día de
hoy, el Ministro no ha sido capaz de cumplir con su promesa ni se atrevió
a asistir a la asamblea del pasado mes de julio, circunstancia ésta que
resultó muy criticada por los medios de comunicación y, por supuesto, por
toda la Asamblea. En los dos últimos años, la Comisión de las Comunidades
Europeas ha elaborado un conjunto muy importante de documentos que ha
sometido a la consideración de los gobiernos respectivos y, sin embargo,
el Gobierno español no solamente no se ha hecho eco de ellos, sino que ni
siquiera los ha elevado a las Cortes Generales al objeto de recabar la
posición de nuestro Parlamento. En consecuencia, hacemos hincapié en que
el Gobierno español no ejerce el liderazgo social que debería llevar a
cabo sobre este sector tal como lo han demandado sindicatos y patronal y,
por otra parte, es cierto que hay que adaptar nuestro ordenamiento
jurídico al comunitario.
Por todo ello, la propuesta del Grupo Parlamentario de Senadores
Nacionalistas Vascos nos parece razonable y, por tanto, el Grupo
Parlamentario Socialista va a apoyarla.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Sanz Blanco): Muchas gracias, Senador Luis
Calvo.
Por el Grupo Parlamentario Popular tiene la palabra el Senador Bris.
El señor BRIS GALLEGO: Muchas gracias, señor Presidente.
Intervengo en este momento puesto que el señor Presidente me ha dicho que
hiciera uso del turno de portavoces, pero en realidad yo querría
intervenir en turno en contra puesto que la moción no se va a aprobar en
el sentido total y absoluto expuesto por el portavoz del Grupo
Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos. Esas matizaciones hacen
que en realidad no estemos hablando de la moción entera sino de la moción
junto con la enmienda que se iba a añadir por parte de nuestro Grupo.
Se trata de una moción por la que el Grupo Parlamentario de Senadores
Nacionalistas Vascos insta al Gobierno para que en un plazo determinado,
que ese Grupo fija en seis meses, presente a la Cámara un proyecto de ley
de actualización del derecho marítimo español. Desde luego, nadie puede
obviar la necesidad que en estos momentos existe de que haya un
ordenamiento jurídico moderno y actualizado del derecho marítimo español,
puesto que el que se está utilizando se basa en el Código de Comercio,
que data nada más y nada menos que del año 1885. Durante ese tiempo, como
se puede uno figurar, ha habido numerosos cambios. Entre otras cosas, se
han realizado numerosos convenios internacionales, y todo ello debe
incluirse dentro de una sola ley.
El portavoz del Grupo Parlamentario Socialista ha aprovechado para
criticar la política gubernamental y para poner en tela de juicio la
actuación del señor Ministro, pero yo le diría que ellos han estado
catorce años en el Gobierno y que en este sentido han hecho muy poco, tan
poco
que en realidad no han hecho nada. Todo se quedó en el aire. El
Parlamento concedió un plazo de seis meses para que todo aquello que se
prometió se pudiera llevar a cabo, pero las Cortes se disolvieron, con lo
cual no se pudo realizar en el tiempo previsto. Por tanto, más vale que
en lo que a esto se refiere no entrásemos en planteamientos de
profundidad porque, indudablemente, desde el año 1885 y después de
catorce años de Gobierno socialista, con ministros como el señor Borrell,
entre otros, debería haberse hecho mucho más de lo que se hizo.
En la anterior legislatura se aprobó una proposición no de ley del Grupo
Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos sobre remisión, en un
plazo de seis meses, de un proyecto de ley de actualización de la
legislación española a la realidad marítima, y en especial, como muy bien
ha dicho el Senador Gatzagaetxebarría, en relación con el Libro III del
Código de Comercio, proposición no de ley que fue aprobada por
unanimidad. Esto sucedía el 21 de junio de 1995. El Grupo Parlamentario
Socialista presentó una enmienda para que esto se aprobase por
unanimidad.
Como consecuencia de aquella proposición no de ley, se estudiaron y
aprobaron los dos primeros borradores --a los que se ha referido el
Senador-- de anteproyecto de contrato de seguro marítimo y de utilización
de buques. Estos dos proyectos --también se ha indicado aquí pero es
necesario recalcarlo-- pretendían aprobarse como una reforma parcial del
Código de Comercio, lo que no pudo llevarse a cabo por la disolución
anticipada de las Cortes Generales, como he dicho. Pero hay que decir
que, desde luego, se ha venido trabajando en este sentido. Hubo una
comisión especial que se ocupó de estos temas, comisión en la que existía
una ponencia que se disolvió porque no tuvo tiempo para acabar los
trabajos que tenía encomendados.
En relación con la reforma que se plantea en esta moción hay que decir
que el Ministerio de Justicia apunta el siguiente procedimiento a seguir:
en primer lugar, una fase de reforma parcial con el impulso y tramitación
de los anteproyectos de ley de contratos de seguro marítimo, de contratos
de utilización de buques y de responsabilidad marítima; en segundo lugar,
una fase de transición mediante la cual se elaboraría una ley especial
procesal, que también se ha indicado aquí, para el ordenamiento marítimo;
y, en tercer lugar, una fase de reforma global, con la elaboración del
anteproyecto de reforma del Libro III del Código de Comercio, que
englobaría ya los dos textos anteriores.
Hablaba yo de aquella ponencia constituida y que se tuvo que disolver, y
la propuesta que hace el Ministerio de Justicia es que sería conveniente
constituir de nuevo esa ponencia para elaborar la ley procesal marítima
--ponencia que deberá estar compuesta paritariamente por procesalistas y
maritimistas--, así como reactivar la ponencia especial encargada del
estudio de la reforma total del Libro III del Código de Comercio. Y
habría que añadir también que el Ministerio de Justicia sigue trabajando
en esa Comisión de codificación que está llevando a cabo los trabajos
preparatorios tendentes a la actualización del Código de Comercio en el
mismo sentido señalado por el Grupo Parlamentario de Senadores
Nacionalistas Vascos.
Por tanto, lo que yo digo --y así se lo manifestaba al Senador con
anterioridad a la celebración de esta Comisión-- es que yo no puedo
aceptar lo de «en el plazo de seis meses» por lo compleja que resulta la
fase procesal a que nos estamos refiriendo. Por tanto, puesto que los
trabajos se están realizando y a nadie le cabe la menor duda que es
necesaria la modernización y actualización del derecho marítimo,
considero que debería instarse al Gobierno para que en el plazo más breve
posible que permitan las fases que aquí estamos tratando, se presente a
esta Cámara un proyecto de ley de actualización del derecho marítimo
español adaptándolo a la realidad y necesidad actuales del transporte
marítimo. Esa sería la propuesta que yo, como portavoz del Grupo
Parlamentario Popular, hago al Grupo Parlamentario de Senadores
Nacionalistas Vascos, Grupo que ha presentado la moción.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Sanz Blanco): Muchas gracias, señoría.
Esta Presidencia entendió que no había ningún Grupo que quisiera hacer
uso del turno en contra y, en cualquier caso, la Mesa no tenía la
propuesta de modificación. Por tanto, si les parece bien a sus señorías,
entramos ahora en un nuevo turno de portavoces para que tomen posiciones
sobre la propuesta de enmienda realizada por el portavoz del Grupo
Parlamentario Popular.
Tiene la palabra el portavoz del Grupo Parlamentario de Senadores
Nacionalistas Vascos.
El señor GATZAGAETXEBARRIA BASTIDA: Muchas gracias, señor Presidente.
Quiero agradecer la posición del Grupo Parlamentario Popular así como la
del Grupo Parlamentario Socialista.
Nosotros aceptaríamos la indicación que ha hecho el portavoz del Grupo
Parlamentario Popular porque, a tenor de las informaciones que tenemos
sobre los trabajos que se están realizando, nos parece bien que se
contenga en la parte resolutiva esa modificación.
En relación con la intervención del portavoz del Grupo Parlamentario
Socialista, al cual agradezco la sensibilidad que tienen en el asunto que
nos ocupa, quiero comentar que nosotros habíamos dado ese enfoque no en
cuanto a la regulación del transporte marítimo, que es una regulación del
derecho marítimo privado que regula --valga el juego de palabras-- la
relación entre privados (los que contratan el flete, los transportistas,
el estatuto jurídico del buque, etcétera) y no en cuanto al marco de la
liberalización del transporte, a lo que usted ha hecho referencia
correctamente, y que es una normativa de obligado cumplimiento de la
Unión Europea. Nosotros hacíamos hincapié en la problemática del día a
día de los abogados, de las empresas que trabajan en temas de accidentes,
de responsabilidad, de cumplimiento de los contratos, de siniestros de
buques, respecto de lo cual existe una legislación muy asistemática que
está pendiente de actualización. Agradecemos la posición de ambos Grupos
Parlamentarios y aceptamos
la enmienda que nos ha propuesto el portavoz del Grupo Parlamentario
Popular.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Sanz Blanco): Muchas gracias, señoría.
Tiene la palabra el portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.
El señor LUIS CALVO: Muchas gracias, señor Presidente.
También nosotros nos sumamos a la matización que ha hecho el portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en relación con la propuesta que hace el
Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos, pero quiero llamar
la atención sobre una cuestión: no podemos olvidar, incluso también en el
ámbito del derecho marítimo privado, que todas las modificaciones de
índole liberalizadora que se han venido sucediendo y que se siguen
sucediendo en el marco comunitario, lógicamente hay que tenerlas en
cuenta.
Lo único que quería decir antes --y ello ha valido una crítica al Grupo
Socialista por parte del portavoz del Grupo Parlamentario Popular-- es
que se están produciendo una serie de documentos en los últimos tiempos,
por ejemplo, el documento titulado «Hacia una nueva estrategia marítima»,
que es una comunicación de la Comisión tanto al Consejo como al
Parlamento Europeo, al Comité Económico y Social y al Comité de las
Regiones. Hay también otra comunicación titulada «El futuro de la Europa
marítima: una contribución a la competitividad de las industrias
marítimas», que también se ha mandado al Parlamento Europeo, al Comité
Económico y Social y al Comité de las Regiones, y otra sobre puertos e
infraestructura marítima, pero ninguna de ellas se ha debatido en el
Parlamento español. Sería interesantísimo que el Consejo y el Gobierno
español conocieran la posición del Parlamento español respecto de todas
estas situaciones. Consideramos que el Gobierno está poco ágil en ese
tipo de situaciones. Nosotros nos sentimos halagados por el hecho de que
el Partido que sustenta al Gobierno siga haciendo oposición al partido
principal de la oposición, que somos nosotros, pero ya ha pasado
suficiente tiempo.
Gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Sanz Blanco): Muchas gracias, Senador Luis
Calvo.
Portavoz del Grupo Parlamentario Popular, Senador Bris.
El señor BRIS GALLEGO: Agradezco al Grupo Parlamentario de Senadores
Nacionalistas Vascos que admita esta modificación que, indudablemente, es
mucho más real por lo mucho que queda por realizar y por lo complejo de
esta modificación.
También quiero decirle a mi querido amigo y portavoz del Grupo
Parlamentario Socialista que no es cuestión de hacer oposición,
simplemente se trata de que cuando se critica a un Grupo que sustenta a
un Gobierno desde hace dos años y medio porque no ha hecho algo hay que
recordar que otro Grupo apoyó a otro Gobierno que tampoco lo hizo en
catorce años. Quedan muchas cosas por hacer y también los de antes
tuvieron que hacer muchas cosas, pero la crítica no ha nacido de mi Grupo
hacia el suyo, sino que surge como contestación a la crítica que había
hecho el Grupo Parlamentario Socialista con anterioridad.
Si aprobamos por unanimidad la moción modificada, habremos hecho un gran
favor a este proceso de modernización del derecho marítimo.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Sanz Blanco): Muchas gracias, Senador Bris.
En cualquier caso, rogaría al portavoz del Grupo Parlamentario Popular
que nos hiciera llegar la propuesta de enmienda para la posterior
votación.
Pasamos al debate de la siguiente moción que figura en el orden del día.
(El señor Luis Calvo pide la palabra.)
El señor VICEPRESIDENTE (Sanz Blanco): Tiene la palabra el Senador Luis
Calvo.
El señor LUIS CALVO: Señor Presidente, por una cuestión de orden habíamos
llegado a un acuerdo con la Presidencia para cambiar el orden del debate
de las mociones. Según dicho acuerdo debatiríamos, en primer lugar, la
moción número 1, que ya se ha debatido, y a continuación las números 5 y
6.
El señor VICEPRESIDENTE (Sanz Blanco): Entonces, la propuesta del Grupo
Parlamentario Socialista es que se debatan a continuación las mociones
números 5 y 6.
El señor LUIS CALVO: No, señor Presidente. Fue un acuerdo de la Mesa y
los Portavoces, a petición del señor Gatzagaetxebarría.
El señor VICEPRESIDENTE (Sanz Blanco): De acuerdo, ésa fue la propuesta.
¿Qué tiene que decir el Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas
Vascos al respecto?
El señor GATZAGAETXEBARRIA BASTIDA: Señor Presidente, nosotros habíamos
propuesto, por ser más operativo para nuestro Grupo, que se pudieran
tramitar previamente las mociones del Grupo Parlamentario Socialista.
Como dicho Grupo también tiene interés en que se tramitaran otras con
anterioridad, se llegó a ese acuerdo bajo la Presidencia del señor
Beguer.
Por lo tanto, se trata de tramitar ahora dos mociones socialistas y,
seguidamente, la siguiente moción del Grupo Parlamentario de Senadores
Nacionalistas Vascos.
--DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, POR LA QUE SE INSTA AL GOBIERNO A
PONER EN MARCHA, POR MEDIO DEL ENTE PUBLICO
AEROPUERTOS ESPAÑOLES Y NAVEGACION AEREA (AENA), LOS MECANISMOS QUE
PERMITAN DOTAR AL AEROPUERTO DE VIGO (PONTEVEDRA) DE LA SEÑALIZACION
LUMINOSA COMPLETA E IDONEA PARA MEJORAR SU OPERATIVIDAD ACTUAL Y DAR UN
MEJOR SERVICIO A LOS USUARIOS DEL AREA METROPOLITANA DE VIGO, SUR DE
GALICIA Y NORTE DE PORTUGAL (661/000180).
El señor VICEPRESIDENTE (Sanz Blanco): Pasamos al debate de la moción
número 5 del Grupo Parlamentario Socialista, por la que se insta al
Gobierno a poner en marcha, por medio del ente público Aeropuertos
Españoles y Navegación Aérea (AENA), los mecanismos que permitan dotar al
aeropuerto de Vigo (Pontevedra) de la señalización luminosa completa e
idónea para mejorar su operatividad actual y dar un mejor servicio a los
usuarios del área metropolitana de Vigo, sur de Galicia y norte de
Portugal.
Tiene la palabra el Senador proponente del Grupo Parlamentario
Socialista, señor González Príncipe.
El señor GONZALEZ PRINCIPE: Muchas gracias, señor Presidente.
Intervengo con brevedad para dejar constancia de que el aeropuerto de
Vigo carece en este momento de la señalización luminosa del eje central
de la pista. Cuenta con la señalización en los laterales, pero la falta
de señalización central afecta, sobre todo, a la operatividad de este
aeropuerto en condiciones de escasa visibilidad. Les pondré un ejemplo
para entenderlo mejor. Si hay luces de centro de pista, un avión puede
despegar con una visibilidad de 200 pies, que transformados al Sistema
Métrico Decimal son aproximadamente 70 metros; si no hay iluminación del
eje central de la pista, se necesitan 500 pies, unos 100 metros más.
Por las condiciones climatológicas de este aeropuerto y de los demás
aeropuertos de Galicia, el que no disponga de este dispositivo perjudica
a los usuarios porque se incrementa el número de desvíos y la no
utilización en la hora prevista de los vuelos que ofrecen las compañías.
En su momento se elevó por parte de Iberia y de Aviaco un informe hace
tres años, cuando se inauguró el aeropuerto nuevo en 1996, a las
autoridades de aviación civil, a AENA; me consta que por parte de esta
última se ha hecho el estudio e incluso se ha valorado el proyecto.
Alguna de estas personalidades responsables de AENA hace unos meses dijo
verbalmente que se abordaría el problema de la iluminación.
En definitiva, se trata de dotar esta zona, que es la más dinámica de
Galicia por contar con un aeropuerto que capta tráfico del norte de
Portugal y que ha efectuado el mayor crecimiento en pasajeros y en carga
en los últimos diez años en Galicia, de unos mecanismos muy baratos que
permitirán una mejor operatividad de esta infraestructura tan necesaria
para el área metropolitana de Vigo y el sur de Galicia.
Nada más.
El señor VICEPRESIDENTE (Sanz Blanco): Muchas gracias, Senador González
Príncipe.
Para turno en contra, tiene la palabra el Senador Bris.
El señor BRIS GALLEGO: Muchas gracias, señor Presidente.
Voy a referirme a la moción presentada por el Grupo Parlamentario
Socialista relativa a la señalización luminosa en el aeropuerto de Vigo,
que ha explicado el Senador González Príncipe y por la que se solicita la
puesta en marcha por parte de AENA de los mecanismos necesarios que
permitan dotar a este importante aeropuerto de la señalización luminosa
completa e idónea para mejorar su operatividad actual y dar un mejor
servicio a los usuarios del área metropolitana de Vigo, del sur de
Galicia y del norte de Portugal.
Ya se trató de este asunto en la Comisión de Presupuestos, puesto que fue
una de las preguntas que el Senador formuló al Presidente de AENA en su
comparecencia en la citada Comisión. En aquel momento ya expuso el
Presidente de AENA que la seguridad de las operaciones se basaba en un
conjunto de factores, como pueden ser los servicios, las
infraestructuras, las ayudas visuales y radioeléctricas y los
procedimientos y mínimos de utilización, que son los que convenientemente
equilibrados garantizarían el nivel adecuado de seguridad en las
condiciones meteorológicas en las que la operación se permite. En aquella
comparecencia en la Comisión de Presupuestos, el Presidente de AENA ya
manifestó que los aeropuertos gallegos estaban en unas condiciones
bastante idóneas y aceptables para hacer frente al servicio que tenían
que prestar, dadas las condiciones meteorológicas y climáticas de la
zona.
La dotación de ayudas visuales en todos los aeropuertos de AENA se ajusta
a las normas de la OACI, que son aceptadas internacionalmente y acogidas
en los aeródromos. Según se refería en la citada normativa de la OACI,
las luces del eje de pista no eran necesarias para las pistas que operan
en primera categoría, como es el caso de la pista del aeropuerto de Vigo,
y por eso en la comparecencia anteriormente citada se hablaba de la
posible reclasificación de los aeropuertos gallegos.
AENA ha entendido que la instalación de luces de eje de pista en el caso
del aeropuerto de Vigo incrementaría la confianza de usuario en la
operación siempre que hubiera malas condiciones de visibilidad, y así
disminuirían los mínimos de utilización en los despegues. Por todo ello y
para mejorar esa calidad del servicio, AENA tiene previsto la instalación
de luces de eje de pista en el aeropuerto de Vigo. En estos momentos se
encuentra el proyecto en fase de redacción, y, según manifiesta AENA, se
ejecutará la obra en el próximo año, en 1999.
Por eso, más que realizar un turno en contra pediría que el señor
González Príncipe retirase esta moción, puesto que está solicitando una
cosa que ya se está realizando. Al estar en marcha las acciones
necesarias, no creemos que sea oportuno votar a favor de una moción que
ya se está llevando a cabo.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Sanz Blanco): Muchas gracias, Senador Bris.
A continuación, pasamos al turno de portavoces.
Tiene la palabra el Senador González Príncipe.
El señor GONZALEZ PRINCIPE: Muchas gracias, señor Presidente.
No voy a retirar la moción, me parece un absurdo. Si usted quiere hacemos
constar «de acuerdo con el programa del Gobierno», y así el Gobierno se
siente cómodo, pero mi obligación política y moral, como representante de
los ciudadanos, es traer aquí las inquietudes. Si además coincide con que
el Gobierno tiene previsto llevar a cabo esta obra en el año 1999, me
parece muy bien. Si usted lo prefiere puede figurar: La Comisión de Obras
Públicas insta al Gobierno a poner en marcha esta obra de acuerdo con los
planes que ha expuesto la propia AENA.
Esta no es una moción contra nadie, sino a favor de la ciudad y de los
usuarios. No me parece de recibo, querido colega Bris, que usted me
plantee este tema. Por respeto al trabajo parlamentario que desempeñamos
todos y cada uno de los miembros de esta Cámara y por la dignidad del
cargo de Senador no debo retirar esta moción. Al contrario, me alegro de
que la podamos votar todos juntos y que resolvamos un problema que es
importante para mi ciudad y, supongo, para los representantes del Grupo
Parlamentario Popular. No tengo la impresión de que ustedes tengan la
intención de jorobar y yo tampoco he presentado la moción con ese fin,
sino con el de resolver un problema. Para una vez que coincidimos el
Gobierno y yo, ¿cómo nos vamos a privar de la oportunidad de votar
juntos? No caigan ustedes en el sinsentido, propongan la redacción que
quiera, pero no voy a retirar la moción.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Sanz Blanco): Muchas gracias, señoría.
Tiene la palabra el portavoz del Grupo Parlamentario Popular.
El señor BRIS GALLEGO: Muchas gracias, señor Presidente.
Con esta moción se pretende que la Comisión de Obras Públicas inste al
Gobierno a poner en marcha, pero es que ya está puesto en marcha. No es
algo en lo que partamos de cero y tengamos que poner en marcha. Con la
moción tal y como se contempla, incluso estaríamos yendo en contra de lo
que ya se está haciendo. Por tanto, no se puede poner en marcha una cosa
que ya está puesta en marcha, porque eso ya se está haciendo por parte
del Gobierno. (El señor González Príncipe: Puede decir: a ejecutar en el
plazo más breve posible.)
Podemos estudiar una moción con un texto alternativo que pueda contentar
a las dos partes, ya que tal como está expuesta, lo que se solicita ya
está hecho y lo más lógico sería retirar esa moción. Otra cosa es que en
ese afán constructivo que siempre tiene el Grupo Parlamentario Popular en
esta Comisión --y supongo que en todas-- busquemos un texto alternativo
que pueda reunir las exigencias de una y otra parte, pero nunca la
aprobación de la moción socialista en el sentido en que está redactada.
El señor VICEPRESIDENTE (Sanz Blanco): Muchas gracias, señoría.
En cualquiera de los casos, si antes de la hora de votación llegan a una
moción alternativa, les ruego que la hagan llegar a la Mesa para su
posterior votación.
--DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, POR LA QUE SE INSTA AL GOBIERNO A
EXIGIR A LA EMPRESA AUTOPISTAS DEL ATLANTICO, S. A. (AUDASA), QUE
CONSTRUYA UN FALSO TUNEL DE UNA LONGITUD APROXIMADA DE SEISCIENTOS METROS
AL PASO DE LA AUTOPISTA A-9 POR EL MONTE DE A MADROA, A FIN DE REDUCIR EL
IMPACTO AMBIENTAL Y PAISAJISTICO QUE CAUSARA LA CONSTRUCCION DEL TRAMO DE
LA MISMA COMPRENDIDO ENTRE TEIS Y PUXEIROS, EN VIGO (PONTEVEDRA)
(661/000193).
El señor VICEPRESIDENTE (Sanz Blanco): Pasamos a continuación a debatir
la moción 6, también del Grupo Parlamentario Socialista, por la que se
insta al Gobierno a exigir a la empresa Autopistas del Atlántico, S. A.
(AUDASA), que construya un falso túnel de una longitud aproximada de
seiscientos metros al paso de la autopista A-9 por el monte de A Madroa,
a fin de reducir el impacto ambiental y paisajístico que causará la
construcción del tramo de la misma comprendido entre Teix y Puxeiros, en
Vigo (Pontevedra).
Tiene la palabra el Senador González Príncipe.
El señor GONZALEZ PRINCIPE: Muchas gracias, señor Presidente.
Se trata de un problema grave desde el punto de vista medioambiental, ya
que un tramo del segundo cinturón de Vigo, el constituido por el ramal de
la autopista A-9, entre Teis y Puxeiros, tiene que atravesar una zona con
una orografía muy complicada. En concreto, es un tramo que va a media
ladera de uno de los montes que forman el circo montañoso en torno a la
ría de Vigo. Un monte, además, que tiene un valor simbólico y un gran
valor paisajístico en el entorno de la ría y de la ciudad.
Como la preocupación ha sido muy grande y ha habido movilizaciones, de
todos conocidas, por parte del movimiento vecinal y del movimiento
ecologista, el Ayuntamiento de Vigo encargó un estudio, de acuerdo con la
Xunta de Galicia y con Autopistas del Atlántico, para que un grupo de
expertos de la universidad dieran su consejo y su criterio. El consejo es
taxativo. Los expertos dicen que la única solución para minorar el
impacto ambiental de la construcción de ese tramo de autopista, que va a
media ladera en la falda del monte, poder salvar parte de la ladera e,
incluso, desde el punto de vista de la seguridad, estabilizar esa ladera
y que en el futuro no se produzcan, en una zona tan lluviosa como la
nuestra, problemas de otro tipo,
es la construcción de un falso túnel de una longitud nunca menor de
seiscientos metros, según figura textualmente en el informe. Nosotros, en
vez de copiar el informe de la universidad, hemos puesto de una longitud
aproximada de seiscientos metros. El objetivo final es salvar la ladera
del monte y de algún modo garantizar las mejores condiciones ambientales
y el valor altamente apreciado por los ciudadanos de Vigo del paisaje de
esa ladera, que me atrevería a decir que es parte de la postal de Vigo.
En definitiva, lo que traemos hoy aquí es un compromiso para ejecutar una
obra pública necesaria con las mejores condiciones ambientales y con el
menor daño posible al entorno y al paisaje. El propio Ayuntamiento de
Vigo ha hecho el estudio, de acuerdo con la Xunta de Galicia y la empresa
concesionaria, y existe un amplio consenso social del conjunto de la
ciudad.
El señor VICEPRESIDENTE (Sanz Blanco): Muchas gracias, señor González
Príncipe.
Para el turno en contra, tiene la palabra el Senador Bris.
El señor BRIS GALLEGO: Muchas gracias, señor Presidente.
Esta moción referida a la construcción del falso túnel del A Madroa ha
sido estudiada con el mayor interés. Sobre esta moción hay que informar
que estas obras de construcción del tramo Rande-Puxeiros de la Autopista
del Atlántico comenzaron en el año 1995. El proyecto de construcción fue
aprobado mediante resolución de fecha 31 de enero de 1994, y cuando se
llegó a la excavación del desmonte de A Madroa se empezaron a producir
desprendimientos localizados que, lógicamente, han dificultado su
ejecución. Para resolver este problema entre las diversas soluciones
técnicas que se barajaron se incluyó la posibilidad de construir un túnel
artificial. Las distintas alternativas fueron estudiadas por la entidad
Autopistas del Atlántico, que es la concesionaria de la autopista, por el
Ayuntamiento de Vigo y otros interesados, puesto que es cierto que hay
una gran preocupación social por este tema, así como por la Comisión de
seguimiento de estas obras que está presidida por un representante
municipal.
Como resultado de esta preocupación por este tramo de la autopista, se
introdujo la construcción de un falso túnel que, según los técnicos,
reúne la longitud suficiente en el proyecto modificado de obra del tramo
Rande-Puxeiros. Esta modificación fue aprobada el 17 de marzo de 1998 y
en la actualidad se encuentra en fase de ejecución la totalidad de las
obras del citado modificado. Tal como se está construyendo en estos
momentos, según los informes técnicos, se posibilita la restitución del
monte existente a su situación primitiva y se considera que es una
solución medioambiental que cubre las expectativas y las preocupaciones
de las que estábamos hablando. Cualquier posible modificación que se
tuviera que hacer de dicha obra daría lugar a un nuevo y considerable
retraso en la construcción de la misma. Teniendo en cuenta estas
consideraciones y los informes técnicos que se acompañan, sinceramente,
en estos momentos no creemos oportuno modificar este proyecto, por lo que
votaremos en contra de la moción que presenta el Grupo Parlamentario
Socialista.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Sanz Blanco): Turno de portavoces. Tiene la
palabra el Senador González Príncipe.
El señor GONZALEZ PRINCIPE: Gracias, señor Presidente.
Senador Bris, con todo mi afecto y mi respeto, que tiene por anticipado,
he de decirle, primero, que van a terminar haciendo un túnel con más
metros de los que pongo yo aquí; segundo, lo van a terminar más tarde.
¿Por qué? Porque mucho me temo que va a haber «movida», como decimos en
mi tierra. Que quede constancia, señoras y señores Senadores de que, una
vez más, vengo con el ramo de olivo, que es el árbol simbólico de mi
ciudad. Ustedes --no me refiero a usted, que no es el culpable-- no
entienden nada. Hace 15 días el Director General del Ministerio de Medio
Ambiente recibió a la Junta de Montes de Mano Común y les dijo que no
construyeran el túnel de 600 metros, sino de 800. ¡Pónganse de acuerdo!
No lo digo por usted. Lo que quiero decir es que los Ministerios de
Fomento y Medio Ambiente se pongan de acuerdo de una vez, porque le puedo
asegurar que los vecinos de Teis no van a dejar que se haga un falso
túnel menor de 600 metros. Senador Bris, no mire los papeles porque le
engañan los ingenieros, hágame caso a mí que siempre le doy buenos
consejos. Fíjese lo que le estoy diciendo, no lo van a terminar y el
túnel va a ser más largo. Este brindis al sol que usted hace hoy aquí
--sin saber de qué va el tema, está leyendo el informe del Ministerio--
le va a salir muy caro al Partido Popular porque, además, el alcalde o el
candidato a alcalde, uno de los dos, va a decir que hay que construir el
túnel de 700 metros, por superar lo que propongo. Por tanto, terminaremos
haciéndolo más largo y, desde luego, la cinta de la inauguración la
cortará otro alcalde, con toda seguridad.
¿Qué es lo que me preocupa? Que hace 15 ó 20 días, autoridades del
Estado, autoridades del Gobierno, se comprometieron con la Junta de
Montes de Mano Común de Teis a hacer todo lo contrario de lo que usted
está diciendo aquí. Nosotros ya sabíamos que el Partido Popular en Vigo
no tenía norte, estaba «desnortado», pero esperábamos que, al menos, si
un director general manifestaba algo, su criterio se mantuviera. No ha
dado usted un solo argumento, porque los directores generales que se han
sentado con la Junta de Montes han dicho lo contrario. El informe técnico
encargado a técnicos pactados entre un alcalde, un consejero y el
presidente de Autopistas del Partido Popular, que fue antiguo Senador en
la Cámara, de toda confianza, dice que dicho túnel se construya de al
menos 600 metros. Es decir, se han gastado un dinero público para que los
expertos dieran su opinión y ahora ustedes no la tienen en cuenta. No me
parece serio. A mí no me parece serio y mucho me temo que algunos
ciudadanos de Vigo tampoco lo van a encontrar serio. Y les va a ocurrir
lo que ya les ocurrió con este tramo de la autopista en relación al
Cabral. No sé si se acordarán de que en su momento vine aquí
con una moción y ustedes votaron en contra, pero terminaron haciéndola
cuatro meses más tarde cuando la obra estuvo paralizada un mes; ahora es
un magnífico momento para paralizar las obras.
Me gustaría que estos temas que son tan serios se trataran de otra manera
y que este ramal de la autopista del segundo cinturón de Vigo empezara a
funcionar cuanto antes y en mejores condiciones, que no se jugara desde
un punto de vista tecnocrático. He hablado de un problema político grave,
que es la construcción de un vial necesario para una ciudad, en un
espacio natural sensible. Le he dicho que hay un acuerdo entre las tres
administraciones para pedir el dictamen de unos científicos y de unos
técnicos, geólogos, ambientalistas, etcétera. Respetemos el dictamen de
los árbitros que hemos buscado y, para rematar la jugada, le comunico
--usted no tenía por qué saberlo-- que desde el Ministerio de Medio
Ambiente, en los últimos 20 días, se ha animado a los vecinos diciéndoles
que la obra tiene graves defectos ambientales y que el falso túnel cuando
menos ha de ser de 600 metros.
En este momento, con su voto, les auguro un mes de enero divertido en lo
que se refiere a este tramo de autopista. Menos mal que confío en que el
señor Cuiña vendrá rápidamente con el «jeep» a decir que tenemos razón
los socialistas y que hay que hacerlo de 600 metros porque, caso
contrario, se va a montar una buena.
Gracias, señor Presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Sanz Blanco): Turno de portavoces. Tiene la
palabra, por el Grupo Parlamentario Popular, el Senador Bris.
El señor BRIS GALLEGO: Gracias, señor Presidente.
El planteamiento que hace el señor González Príncipe es totalmente
político. Por eso trae a los medios de comunicación y se los sienta al
lado, para que tomen buena nota de lo que se está diciendo. Lo que se
está discutiendo aquí no es un planteamiento político sino un
planteamiento técnico. Si los técnicos del Ministerio de Fomento dijeran
que ese túnel se tenía que hacer de 800 metros, le estaría diciendo en
este momento que el túnel se tenía que hacer de 800 metros; si los
técnicos del Ministerio de Fomento dijeran que de 1.000 metros, de 1.000
metros. No es un planteamiento político, señor González Príncipe; el que
le estoy exponiendo es un planteamiento técnico. Por tanto, tenemos que
atenernos a ellos como políticos, porque es donde se basa el buen
funcionamiento de las cosas y es donde se basa realmente lo que todos
estamos buscando, que es la permanencia de los aspectos medioambientales
y paisajísticos de la zona de A Madroa.
Indudablemente yo no puedo hablar del ayuntamiento de Vigo, pero no me
parece correcto que se haga una crítica a la política que allí se
realiza, puesto que no hay nadie aquí que pueda defenderse en ese
sentido. Pero no estará tan mal cuando en las últimas elecciones, bien
sean las municipales o a la Xunta de Galicia, se ha demostrado que el
voto no ha ido al Partido Socialista sino al Partido Popular. Vamos a
trabajar con seriedad. A usted, que pide tanta seriedad, señor González
Príncipe, le diré que la seriedad es hacer caso de lo que dicen los
técnicos. Y se lo dice una persona que ha sido alcalde de una ciudad y ha
tenido que hacer caso --le gustase o no-- de lo que decían los técnicos,
porque era lo mejor para todos.
Respecto a sus declaraciones sobre los Ministerios de Fomento y Medio
Ambiente, son criterios que usted sigue y que yo no comparto, ni
muchísimo menos. Aquí únicamente estamos haciendo un planteamiento
técnico. Usted me dice que leo los informes que presentan los ingenieros.
¡Faltaría más que si un ingeniero está diciendo que se haga la carretera
de una forma u otra, un Senador o un alcalde dijera lo contrario! Es como
si a usted, que es médico, le dijera yo mañana el tratamiento que tiene
que aplicar a un niño que va a su consulta. Eso no lo consideraría usted
serio. Pues aquí ocurre lo mismo. Este es un planteamiento técnico, señor
González Príncipe, y los técnicos han dicho que con eso es suficiente, y
si los técnicos --vuelvo a repetir-- hubieran dicho al Partido Popular
que en lo referente al túnel el planteamiento es del doble o el triple de
metros, el Partido Popular lo hubiera aceptado. Como no ha sido así,
estamos ante algo que usted pide y que los técnicos afirman que no es
necesario. Por tanto, comprenderá que, entre un planteamiento político y
un planteamiento técnico, tendremos que aceptar el planteamiento técnico.
Este es el motivo y no otro, por mucho que quiera usted decir o dejar de
decir en Vigo. Aquí hay un planteamiento técnico y si cambiase,
indudablemente el comportamiento del Partido Popular cambiaría de acuerdo
con dicho planteamiento técnico. Como no ocurre así, estamos en contra de
esta moción.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Sanz Blanco): Muchas gracias, señor portavoz del
Grupo Parlamentario Popular.
--DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE SENADORES NACIONALISTAS VASCOS, POR LA QUE
SE INSTA AL GOBIERNO A LA UBICACION EN EL PUERTO DE BERMEO (VIZCAYA) DE
UNA NUEVA EMBARCACION DE SALVAMENTO MARITIMO DESTINADA A ACTIVIDADES DE
INTERVENCION RAPIDA, QUE SUSTITUYA A LA QUE ACTUALMENTE SE ENCUENTRA EN
DICHO PUERTO (661/000147).
El señor VICEPRESIDENTE (Sanz Blanco): Pasamos a la moción número dos.
Del Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos, por la que se
insta al Gobierno a la ubicación en el Puerto de Bermeo (Vizcaya) de una
nueva embarcación de salvamento marítimo destinada a actividades de
intervención rápida, que sustituya a la que actualmente se encuentra en
dicho puerto.
Tiene la palabra el Senador que ha presentado la moción.
El señor GATZAGAETXEBARRIA BASTIDA: Gracias, señor Presidente.
Efectivamente, nuestro Grupo Parlamentario ha presentado esta moción por
la que solicita al Gobierno central la ubicación de una embarcación de
salvamento marítimo en el puerto de Bermeo, que más que la ubicación
sería la sustitución de la actualmente existente.
La vigente Ley de Puertos del Estado y de la Marina Mercante de 1992
sufrió una reforma parcial en el año 1997 a través de la Ley 62/1997, de
26 de diciembre. En ella se concibe la actividad pública de salvamento
marítimo como un servicio público prestado por la Administración central
y por las Comunidades Autónomas para todas las embarcaciones pesqueras de
marina mercante, deportivas y recreativas que operan en un espacio de
agua del Mediterráneo y del Atlántico asignada al Estado español por la
Organización Marítima Internacional (OMI), es decir, es una zona de agua
en cuya gestión y responsabilidad, a efectos de transporte, de pesca, de
actividades recreativas y deportivas, corresponde al Reino de España y,
en concreto, de conformidad con el sistema de distribución de
competencias, a las Comunidades Autónomas y al Gobierno central.
En materia de salvamento marítimo, además de la competencia del Gobierno
central, diferentes Comunidades Autónomas con litoral ostentan
competencias en la materia. En esta situación se encuentra la Comunidad
Autónoma de Euskadi, que estatutariamente dispone de competencia para la
gestión y ejecución de la legislación estatal de salvamento marítimo en
las aguas territoriales correspondientes a su litoral. O sea, que nos
encontramos con un sistema de distribución competencial del siguiente
tenor: a los poderes centrales del Estado les corresponde la aprobación
de la legislación en la materia en su plenitud (legislación y desarrollo,
es decir, tanto la potestad legislativa como la reglamentaria) y la
ejecución del ordenamiento jurídico en materia de salvamento marítimo,
tanto de las fuentes legales como de las reglamentarias, depende de las
Comunidades Autónomas. Hay Comunidades Autónomas que tienen competencia
en la materia, con el País Vasco, Cataluña, Canarias y Galicia, siempre
en aguas territoriales a su litoral, y se entiende jurisprudencialmente
que esas aguas territoriales a su litoral son las correspondientes a las
doce millas. (El señor Presidente ocupa la Presidencia.)
Esto se ha ratificado en una disposición adicional contenida en la Ley
62/1997, de modificación parcial de la Ley de Puertos y Marina Mercante.
Por ello, vemos que en materia de salvamento marítimo, en ocasiones, se
cruzan y se solapan las actuaciones de la Administración central con las
desarrolladas por las Comunidades Autónomas, siendo una materia en la
cual es imprescindible la colaboración. El Tribunal Constitucional
traslada a estos supuestos la doctrina de los círculos concéntricos
--sentada en una sentencia del año 1983 en materia de protección civil,
reiterada y asumida nuevamente por la reciente sentencia de 1998 sobre la
Ley de puertos de 1992--, en virtud de la cual, las competencias de
actuación, de gestión, de ejecución, de un poder público --bien sea el
poder central del Estado o las Comunidades Autónomas en función de si
tienen o no competencias, porque no todas las Comunidades Autónomas con
litoral tienen competencia en salvamento marítimo-- en aquellos supuestos
en los cuales un siniestro, una catástrofe, un riesgo, excediera del
ámbito de actuación del círculo --llamémosle así-- de una Comunidad
Autónoma, es decir, el siniestro o el riesgo fuera de un ámbito superior
al de una Comunidad Autónoma, serían, bien sea en protección civil bien
sea en salvamento marítimo, de los poderes centrales del Estado. Ese es
el esquema atípico que se ha establecido a la hora de distribuir las
competencias. Por ejemplo, en un siniestro en aguas correspondientes al
litoral de la Comunidad Autónoma de Galicia, dentro de las aguas
territoriales que no excedieran de doce millas, la competencia de
intervención sería de la Comunidad Autónoma de Galicia, pero si ese
riesgo o siniestro excediera de las aguas territoriales de la Comunidad
de Galicia, por esa teoría de los círculos concéntricos podrían
intervenir los poderes centrales del Estado. Eso es lo que viene a
consagrar esta reciente sentencia del Tribunal Constitucional
--jurisprudencia consagrada en la sentencia de 1983 sobre la protección
civil--, qué se entiende por el concepto de protección civil y, en
definitiva, el salvamento sería un aspecto más específico dentro de un
título competencial más genérico que sería la protección civil.
En lo que concierne al Estado, las funciones de salvamento marítimo se
desarrollan en el Ministerio de Fomento a través de una sociedad pública,
la Sociedad Estatal de Salvamento y Seguridad Marítima, Sasemar, adscrita
a la Dirección General de la Marina Mercante.
El 16 de enero de 1998, el Consejo de Ministros aprobó el Plan de
salvamento marítimo 1998-2001 que, aparte de las cuestiones de salvamento
marítimo, contiene capítulos importantes para prevenir la contaminación
del medio marino. En este plan 1998-2001, según los datos que nosotros
tenemos, se contienen previsiones de inversión importantes en centros de
coordinación. Entre los diferentes objetivos que tiene el plan, uno de
ellos se plasma en acciones concretas, cuales son la construcción de
nuevos centros de salvamento marítimo hasta el año 2000, así como la
previsión de inversiones en embarcaciones de salvamento marítimo,
conocidas también como unidades de intervención rápida en la mar.
Nosotros consideramos que en esta materia es necesaria una mayor
colaboración --el caso que mejor conocemos y al que nos referimos es el
de la Comunidad Autónoma del País Vasco-- entre el Gobierno vasco y el
Gobierno central, de manera que esas previsiones de inversión que se
contienen en el Plan nacional de salvamento 1998-2001 en materia de
embarcaciones de unidades de intervención rápida, se plasmaran en la
realización de una inversión en el puerto de Bermeo (Vizcaya). Según la
información que tenemos del plan se prevé invertir en diez nuevas
unidades de intervención rápida, que vienen explicitadas, y no vemos que
esté prevista la sustitución de la embarcación que tiene Sasemar,
dependiente del Ministerio de Fomento, en el puerto de Bermeo, que es una
embarcación, la «Vizcaya I», muy obsoleta y que tiene en este momento 21
años de vida. No obstante, el mismo plan prevé que se pueda exceder de
esas diez embarcaciones, con posibilidad de aumentar hasta doce las
inversiones y quizá por ahí vemos la posibilidad de que a través del plan
se pudiera sustituir la embarcación que Sasemar tiene
desde hace 21 años en el puerto de Bermeo por una nueva embarcación más
moderna. Así, después de que parte de aquel litoral ya ha sido
modernizada con embarcaciones de salvamento gracias al Gobierno vasco, en
el puerto de Getaria o en Ondarroa, sería necesario ahora que el Gobierno
invirtiera en la sustitución de esa embarcación de que dispone el puerto
de Bermeo. Dado que el plan además de las inversiones previstas contempla
otras complementarias, consideramos que se podría realizar esa
sustitución de la embarcación «Vizcaya I», de la sociedad pública
Sasemar, que se encuentra obsoleta. Esa es la petición que, para
garantizar una buena gestión de las actividades marítimas, pesqueras,
recreativas y de transporte marítimo, se solicita con la presentación y
defensa de esta moción.
Nada más y muchas gracias, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, Senador Gatzagaetxebarría.
Para réplica, tiene la palabra el Senador Bris.
El señor BRIS GALLEGO: Muchas gracias, señor Presidente.
Senador Gatzagaetxebarría, compartimos su preocupación por las cuestiones
relacionadas con algo tan importante como es el salvamento y el
socorrismo.
Como consecuencia del convenio suscrito entre Sasemar y Cruz Roja
Española existe una embarcación, la «Vizcaya», que se encuentra destacada
en Bermeo. Es cierto que esta embarcación necesita una modernización.
Habría que destacar que en el marco de este convenio desde el año 1995 se
han venido suscribiendo diversos planes de actuación entre Cruz Roja y
Sasemar en materia de mantenimiento, formación, operatividad y personal
profesional de 39 embarcaciones propiedad de la Sociedad Estatal de
Salvamento y Seguridad Marítima, distribuidas por todo el litoral español
y que complementan el despliegue de medios de la Sociedad Estatal.
Todos estamos de acuerdo y somos conscientes de la necesidad de la
renovación de esta flota y, teniendo en cuenta lo que establece el actual
Plan de salvamento, el cual contempla, entre otras cosas, el incremento
de dicha colaboración, se ha previsto la sucesiva modernización de las
embarcaciones, estando programado que a lo largo del desarrollo del
citado plan se vayan renovando varias de estas unidades.
Por todo ello, se han recogido las sugerencias efectuadas al Gobierno,
que se han tenido en cuenta al realizar el estudio de renovación de estas
embarcaciones, contemplándose también la necesidad de una nueva unidad de
superiores características a la actual, con base logística en Bermeo, que
es lo que solicita el Senador, lo que está incluido en el desarrollo del
actual Plan de Salvamento 1998-2001, plan nacional al que también ha
hecho referencia su señoría.
Por tanto, lo que podríamos decir en relación a la moción es que ésta
sería aceptada si se añadiera «dentro del Plan de Salvamento 1998-2001»,
referencia que nos aproximaría a la realidad de cuándo se producirá esta
renovación, puesto que el año 2001 es el término del plazo. Se está
procediendo ya a la renovación de estas unidades y esta referencia
indicaría mejor cómo y cuándo se producirá la sustitución de la
embarcación «Vizcaya», si le parece bien al señor Senador.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señoría.
En turno de portavoces, tiene la palabra el Senador Gatzagaetxebarría.
El señor GATZAGAETXEBARRIA BASTIDA: Muchas gracias, señor Presidente.
Intervengo para manifestar que aceptamos dicha adición a la parte
resolutiva de la moción. Obviamente, la filosofía es ésa, que la
inversión debe ir incluida en el plan nacional 1998-2001.
Por tanto, agradecemos la sensibilidad del Grupo Parlamentario Popular en
esta cuestión y nos congratula que se nos haya manifestado que,
efectivamente, dentro de las previsiones del Gobierno de ejecución del
plan nacional se encuentra la sustitución de dicha embarcación.
Nada más. Muchas gracias, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: ¿Algún otro Grupo quiere hacer alguna manifestación
al respecto?
Tiene la palabra el Senador Bris.
El señor BRIS GALLEGO: El Grupo Parlamentario Popular está satisfecho de
que esta petición pueda llevarse a cabo y que esa renovación que todos
consideramos necesaria pueda producirse a lo largo de los tres años que
marca el plan.
Gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.
--DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, POR LA QUE SE INSTA AL GOBIERNO A
QUE EJECUTE, EN EL PLAZO DE TIEMPO MAS BREVE POSIBLE, LA REMODELACION DEL
PASEO MARITIMO DE MATALASCAÑAS, EN LA PROVINCIA DE HUELVA, SEGUN
ESTABLECE EL PLAN DE DESARROLLO SOSTENIBLE DE LA COMARCA DE DOÑANA
(661/000114).
El señor PRESIDENTE: Pasamos a la moción del Grupo Parlamentario
Socialista por la que se insta al Gobierno a que ejecute, en el plazo de
tiempo más breve posible, la remodelación del Paseo Marítimo de
Matalascañas.
Tiene la palabra el Senador Bella.
El señor BELLA GALAN: Muchas gracias, señor Presidente.
Quizás en esta ocasión la moción presentada ante esta Comisión responde
más al deseo de un Senador y de la población de una determinada zona que
a una cuestión de fondo. Por tanto, en este caso, sin querer convertir
esta moción
en una cuestión trascendental, sí quisiera lograr transmitir la
importancia que tiene, por lo que, para la defensa de la misma, me
gustaría establecer, en primer lugar, cuál es la situación en la que se
intenta que se desarrolle la acción de remodelación del paseo marítimo de
la playa de Matalascañas, en la comarca de Doñana, bien conocida por
buena parte de sus señorías, y enmarcada en el Plan de Desarrollo
Sostenible que en la misma se viene aplicando.
Como consecuencia del dictamen elaborado por una comisión de expertos en
el año 1992, a petición del Presidente de la Junta de Andalucía, se
empezó a desarrollar lo que se denominó el Plan de Desarrollo Sostenible
en la comarca de Doñana, en el que se contemplaba el desarrollo de una
serie de acciones, algunas de las cuales estaban encaminadas
fundamentalmente a poner de relieve la actividad turística que se venía
desarrollando en la comarca y que se matizaba con una serie de obras de
infraestructura que realzaban, sin duda alguna, el papel que el turismo
juega en la misma. Como consecuencia --digo-- de aquel dictamen de la
comisión de expertos, aparece un plan operativo de fondos comunitarios,
suscrito entre la Unión Europea, el Gobierno Central y la propia
Comunidad Autónoma para el desarrollo de cada una de las acciones
contenidas en el mismo. Una de esas acciones es la denominada
remodelación del paseo marítimo de playa de Matalascañas, acción que
desde el primer momento viene encomendada a la Administración central y
cuya descripción es la de ensanche de la zona peatonal, con
ajardinamiento y arbolado, con una dotación de 720 millones de pesetas.
A partir de ese momento, se inicia el camino para la ejecución de dicho
proyecto, respecto de lo que este Senador que hoy presenta esta moción en
nombre del Grupo Parlamentario Socialista ha recabado del Gobierno
distintas respuestas.
En concreto, el día 13 de noviembre de 1996, al interesarse por cuál es
la situación en que se encuentra el paseo marítimo de Matalascañas,
recibe una primera respuesta que dice: En lo que se refiere a las obras
previstas por el Gobierno a realizar en el litoral de Huelva, existen
varios proyectos, entre los que se encuentra el paseo marítimo de
Matalascañas, entre la rotonda de acceso y el faro de Torre La Higuera,
término municipal de Almonte, y en segundo lugar, el paseo marítimo de
Matalascañas, sector de levante, en el término municipal de Almonte.
Con posterioridad a esta fecha, concretamente, el día 5 de noviembre de
1996, en otra contestación se dice que estaba previsto que las obras se
materializasen a lo largo de tres anualidades: 1995, 1996 y 1997. No
obstante --se añade--, ha habido retrasos en la ejecución y, a 31 de
diciembre de 1995, los pagos materializados ascienden a 0,885 mecus, es
decir, el 60 por ciento del importe previsto para dicha anualidad.
También se nos dice que con cargo a una partida de fondos FEDER se han
realizado obras de emergencia para la regeneración de las playas de
Mazagón y Matalascañas, con un presupuesto de 273.354.000 pesetas, obras
que finalizarán en el mes de octubre para la playa de Mazagón y en los
primeros días de diciembre para Matalascañas.
Con posterioridad a esta respuesta --una más--, con fecha 25 de febrero
de 1997, se dice que ya están realizados los proyectos para la
determinada acción. Concretamente, se dice: Por último, en el programa
número 4, Turismo tiene asignada la medida 4.9, remodelación del paseo
marítimo de Matalascañas. En relación con esta medida, se ha realizado el
proyecto, así como un conjunto de actuaciones de emergencia por parte de
la Dirección General de Costas del Ministerio de Medio Ambiente. Está
prevista la continuidad de la misma, conforme a la programación
establecida en el plan. Es una respuesta, como digo, de 25 de febrero de
1997.
En marzo del mismo año, es decir, un mes después, y ante una pregunta en
la que se solicitaba que se nos indicaran cuáles eran las actuaciones que
se habían realizado en todas las costas, se nos dice en una coletilla al
final de la respuesta que existe además una obra presentada, con fondos
FEDER, en el año 1994 denominada «Paseo marítimo Matalascañas (Huelva)»,
por un presupuesto estimado de 700 millones de pesetas, en la que
únicamente se han invertido 141 millones, al no existir disponibilidad de
terrenos, que tiene que aportar el Ayuntamiento. Es una respuesta de
marzo de 1997.
En febrero de 1998, sorprendentemente se dice que se ha iniciado la
ejecución de remodelación de dicho paseo. En concreto, dice la respuesta:
Proyectos contratados desde marzo de 1996 con cargo al Plan Operativo de
Doñana II, segunda fase, por el Ministerio de Medio Ambiente... --y la
última de ellas-- ... Medida 4.9, remodelación del paseo marítimo de
Matalascañas. Consiste en el ensanche de la zona peatonal, con
ajardinamiento y arbolado. Se ha iniciado su ejecución. Esto es lo que
contesta el Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes el 16 de
febrero de 1998.
En otra contestación, en abril de 1998, un mes después, se indica que
sólo existe el proyecto. Se vuelve a entrar en contradicción y se dice
que lo que existe es la redacción del proyecto del paseo marítimo Balcón
del Atlántico y la redacción del proyecto de remate de una urbanización
de Matalascañas, por levante, en la confluencia con el Parque Nacional de
Doñana.
Con posterioridad a esta fecha, y en concreto en julio del año 1998, se
habla de que para ese año tan sólo existe una dotación presupuestaria de
1.513.043 pesetas, y que se está llevando a cabo la redacción del
proyecto del paseo marítimo del Balcón del Atlántico, de la remodelación
de la playa de Matalascañas, la reconstrucción de una escalera en la zona
del hotel Flamero, y el estudio de soluciones para el levantamiento y
retirada del muro aparecido en la playa de Matalascañas. En septiembre de
este mismo año 1998, hay una respuesta en la que se indica que, asimismo,
se está ultimando la redacción de los siguientes proyectos cuya ejecución
se realizará con cargo a dicha acción: proyecto de remate del sector de
levante de Matalascañas, con un coste estimado de 130 millones de
pesetas; sendero marítimo del Balcón del Atlántico, con un coste estimado
de la primera fase de 120 millones de pesetas.
En medio de todo esto hay una comparecencia de la señora Ministra de
Medio Ambiente, en concreto el 9 de
marzo de 1998, y lo que se nos expone a través de dicha comparecencia es
la situación que el Secretario de Relaciones con las Cortes indica para
marzo de 1997. Es decir, que la señora Ministra contesta justamente lo
mismo que me habían respondido por escrito con un año de anterioridad,
con lo cual hay un desfase de un año.
Planteo todo este tipo de cuestiones por una simple razón que expuse al
principio, y es que me parece que no es una cuestión de forma, sino de
fondo y de contenido. Creo que no se puede hablar de desarrollo
sostenible e intentar aplicarlo a todo lo que está relacionado con temas
medioambientales. No puede ser que el desarrollo sostenible se haya
convertido en una palabra de moda dentro del Ministerio de Medio
Ambiente, y que resulte que en aquellas ocasiones, cuando existen
realmente las ayudas porque hay dinero europeo que caducará a finales del
año 1999, si esta obra no se pone en marcha, a eso no se le dé respuesta.
A partir de ahí, le puedo indicar, además, que hay suficientes
compromisos, tanto de la Ministra de Medio Ambiente como del Director
General de Costas, en el seno del Patronato Nacional de Doñana, para
indicar que tales obras se iban a poner en marcha. Comprendo que es
difícil la situación, pero, además, pienso que posiblemente sea en esta
Cámara donde se tengan que aclarar cuáles van a ser las intenciones del
Gobierno o, al menos, del Grupo que lo sustenta. Recabo el apoyo del
Grupo Parlamentario Popular en este sentido para que se inste al Gobierno
a que esta obra se ponga en marcha, teniendo en cuenta que es colaborar
con una comarca con la cual todos estamos comprometidos, que es disponer
de unos fondos comunitarios que si no perderíamos a lo largo del año
1999, y sobre todo, porque se necesita, ante toda esta información
contradictoria, al menos una llama que derrame un poco de claridad sobre
este asunto.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias.
Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el Senador Bris.
El señor BRIS GALLEGO: Gracias, señor Presidente.
La obra a la que se se está refiriendo el Senador Bella es la
remodelación del paseo marítimo de Matalascañas, y no ha sido realizada
en su totalidad a la espera de que el propio Ayuntamiento de Almonte
ponga a disposición de la Dirección General de Costas del Ministerio de
Medio Ambiente los terrenos necesarios para ello.
El Senador Bella, que al mismo tiempo es Alcalde de Almonte, sabe que
existe allí un paseo construido sobre la ribera del mar, en la primera
playa, que venía siendo alcanzado periódicamente por el mar, lo que
origina su deterioro y continuos daños, que se tienen que reparar
prácticamente cada año, al tiempo que se está perjudicando la
regeneración natural de una playa que se encuentra dentro de una zona
activa.
En el año 1994, la Dirección General de Costas abordó la redacción del
proyecto con el fin de que se cumplieran los siguientes objetivos:
Primero, evitar los repetidos daños en el paseo existente,
retranqueándolo hacia el interior. Segundo, dar cumplimiento a lo
expuesto en el artículo 44, apartado 5, de la Ley de Costas, que señala,
como el Senador sabe, que los paseos marítimos se localizarán fuera de la
ribera del mar. Y, tercero, dar cumplimiento al Plan de ordenación del
territorio en el ámbito de Doñana, donde se ubica, el cual prevé como uno
de sus objetivos específicos la prohibición de nuevas infraestructuras
marítimo-terrestres que puedan alterar la dinámica del litoral.
Como ha manifestado el señor Senador, han sido muchas las reuniones y las
conversaciones mantenidas por los representantes de la Dirección General
de Costas con los del Ayuntamiento de Almonte que, según nuestras
noticias, se comprometieron a llevar a cabo una serie de iniciativas de
modificación del planeamiento urbanístico que les permitiera obtener el
suelo necesario para la ejecución de las obras a las que aquí nos estamos
refiriendo.
Por eso decía al principio que se está a la espera, porque la verdad es
que, hasta la fecha, esos terrenos no han sido puestos a disposición de
la Dirección General de Costas, habiéndose llevado a cabo numerosos
requerimientos para ello. El último se produjo con fecha 11 de marzo de
1997. La Alcaldía contestó con el envío de un acuerdo del Pleno del
Ayuntamiento, adoptado con fecha 28 de abril, en el que se limitaban a
poner a disposición de la Dirección General de Costas los mismos terrenos
que ya ocupaba el actual paseo, pero no el necesario para su retranqueo,
que era uno de los objetivos principales del proyecto que, según se ha
indicado, se habían marcado.
Durante este tiempo ha habido que hacer numerosas obras de inversión --el
Senador Bella las ha relacionado casi todas-- como consecuencia de que
esa ubicación ha producido un desgaste y un deterioro. Entre otras cosas,
ha sido necesario proteger urgentemente el paseo marítimo de Matalascañas
en la zona de Caño Guerrero, con un presupuesto de 135 millones de
pesetas; realizar obras de emergencia para la protección del paseo
marítimo de Matalascañas, con un presupuesto de 14.288.000 pesetas; y
llegar a la regeneración de la playa de Matalascañas, incluida la
reparación de una de las carreras del paseo que se había roto, con un
presupuesto de 54 millones de pesetas.
Como se puede deducir de estas cifras, que son continuas y que casi se
tienen que realizar cada año, la solución definitiva, o al menos la más
adecuada, tiene que pasar por el cambio de ubicación del paseo hacia el
interior. Lo que no fuese así nos obligaría, Senador, a continuar
llevando a cabo esa serie de obras todos los años, es decir, que sería
casi como ir perdiendo un dinero, porque cada año tendrían que volver a
invertirse esas cantidades.
Nos preocupa la actitud del Ayuntamiento en el sentido de que el
Ministerio, o sea, la Dirección General de Costas está esperando que se
faciliten los terrenos necesarios para poder estudiar la reubicación del
paseo, teniendo en cuenta los objetivos que se habían marcado y la propia
Ley de Costas.
El Director General de Costas del Ministerio de Medio Ambiente informó en
la última Comisión Permanente del Patronato del Parque Nacional de Doñana
sobre las obras de Almonte, del litoral y de su ejecución. Este Patronato
informó favorablemente dichas obras. Ahora bien, vuelvo
a repetir que es preciso que el Ayuntamiento de Almonte ponga a
disposición de la Dirección General de Costas el tramo de terreno que
necesitan para la finalización de las obras, si no sería del todo
imposible llevarlas a cabo. Por lo tanto, si presentamos algo alternativo
siempre sería dependiendo del momento en que Almonte pusiera a
disposición del Ministerio los terrenos necesarios para su realización,
ya que en caso contrario estaríamos faltando a los diversos acuerdos que
hemos planteado aquí, entre ellos el del propio Patronato, y no nos
parece correcto aprobar algo que obedece a estos planteamientos. A no ser
que el Ayuntamiento se comprometa a que esos terrenos sean puestos
inmediatamente a disposición del Ministerio, no podremos votar a favor
por las razones expuestas, no por otro motivo.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.
Tiene la palabra el Senador Bella.
El señor BELLA GALAN: Muchas gracias, señor Presidente.
Entiendo que el papel del Senador Bris, como portavoz en la Comisión, es
difícil, y sobre todo cuando se tienen que abordar múltiples temas aun
estando en posesión de todos los informes precisos --que me imagino que
los tiene--, pero sin tener la información de primera mano.
Para su conocimiento he de decirle que el paseo marítimo de Matalascañas
está terminado desde que Fraga era Ministro de Información y Turismo; que
la actual ley de Costas, una vez que hace el deslinde de la zona
marítimo-terrestre, incluye el paseo marítimo de la playa de Matalascañas
como zona urbana, y que, por lo tanto, no estamos hablando de nada que
contradiga en absoluto la actual Ley de Costas.
Si hay que hacer un deslinde adicional en esa zona, yo le pediría
imperativamente al Ministerio de Medio Ambiente y a la Dirección General
de Costas que lo hicieran cuanto antes. Mientras tanto, están a
disposición del Ministerio todos los terrenos que conforman la zona
urbana de la playa de Matalascañas.
Por tanto, en cuanto a la aportación de los terrenos, como le digo, es
una cuestión que se inventan en el Ministerio en marzo de 1997, pero creo
que el propio Ministerio ya lo ha superado, porque en esa misma reunión
de la que usted habla del Patronato del Parque Nacional de Doñana, ya el
Director General de Costas viene a decir que ha cogido los 722 millones
de pesetas disponibles para remodelar el paseo marítimo de Matalascañas y
que lo ha subdividido en varios proyectos o en varias actuaciones. Y
entre ellas se incluye --fíjese, señoría-- hasta una limpieza de la playa
de Doñana --la playa que va desde Matalascañas hasta Sanlúcar de
Barrameda-- por un importe aproximado a los cuatro millones y medio de
pesetas cuando Tony Blair visita Doñana. Es decir, que se utiliza dinero
del fondo operativo de Doñana, dinero procedente de fondos FEDER incluso
para tareas de limpieza, cosa que, evidentemente, hay que hacer con cargo
a partidas de mantenimiento normal. Pero no entremos en esa discusión.
Como le digo, el tema de los terrenos es un invento del Ministerio. Los
terrenos están disponibles desde que el señor Fraga era Ministro de
Información y Turismo puesto que él fue quien hizo el plan especial de
playas de Matalascañas.
Por tanto, creo que la información de primera mano es y debe ser la del
propio Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes, información en
la que se indica clarísimamente, salvo que haya en ella un error muy
grave, que la remodelación del paseo marítimo de Matalascañas consiste en
el ensanche de la zona peatonal, con ajardinamiento y arbolado, y que se
ha iniciado su ejecución.
En esto se tendrán que poner de acuerdo. O se ha iniciado la ejecución, o
están haciendo el proyecto, o están esperando, como en 1997, a que el
Ayuntamiento responda alguna otra cosa...
Sinceramente, señor Bris, creo que hay un gran confusionismo en torno a
esta cuestión dentro del Ministerio y en la Dirección General de Costas,
pero lo más preocupante de todo sería que unos fondos que están
disponibles desde el año 1994 con cargo al plan operativo Doñana II se
pudieran perder en 1999 por no haberse ejecutado. Eso por una parte.
Por otra parte, muchas de las inversiones que usted indica, según se dice
en la información que yo también tengo por escrito, se han hecho a lo
largo de 1996 y 1997, pero resulta que no es cierto. Probablemente se
hayan pagado, pero las reestructuraciones llevadas a cabo tanto en la
playa de Matalascañas como en la de Mazagón, se hicieron en 1994 y en
1995 con motivo de los temporales que azotaron aquella zona. Hubo que
hacer una regeneración aportando arena, pero en absoluto la acción que se
pretendía realizar en el plan operativo de Doñana era con cargo a los
fondos FEDER.
No sé si su apoyo a la moción se va a producir o no en este momento, en
cualquier caso, quiero decirle que pida más datos, pida que realmente le
aclaren que los fondos que se están utilizando para muchas de las
acciones que allí se están emprendiendo no son los correctos y, por otra
parte, pida que se diga lo que se tendría que hacer con cargo a esta
acción que, como digo, es la remodelación del paseo marítimo, paseo
marítimo que ya existe desde hace bastantes años. Por tanto, si hay algún
deslinde, si hay algo nuevo que hacer en la playa de Matalascañas, le
sugeriría que, al tiempo que aprobamos esta moción, instáramos al
Gobierno a que tuviera el suficiente valor como para plantear un nuevo
deslinde en esa playa y también en toda la zona hotelera y urbana que ya
está consolidada.
Usted ha aludido a mi función de Alcalde, y en relación con ello tengo
que decirle que en cuanto se nos ha solicitado al Ayuntamiento que
pusiéramos a disposición los terrenos, después de sorprendernos
gratamente --después de esperar cuatro años una acción se nos sorprende
diciendo que pongamos a disposición los terrenos--, hemos contestado
inmediatamente, después de acordado en el Pleno, y en el menor plazo de
tiempo que nos fue posible, y hemos dicho que los terrenos están
disponibles. Nuestra sorpresa es también que luego los 722 millones de
pesetas se han dividido en varias acciones distintas. Se nos dice que
cada una de ellas se ha realizado, cuando en realidad ya se habían hecho
años atrás.
Y ante contestaciones como la última, de fecha 16 de febrero de 1998, en
la que se nos dice que se ha iniciado la ejecución del paseo, debo decir
sinceramente que alguien no está hablando con claridad en todo este
asunto. Mucho me temo que lo que se está intentando hacer en todo momento
es marear la perdiz, e incluso aún más, se está esperando a que finalice
el año 1999 y estos dineros haya que devolverlos a Europa. Sinceramente,
me parece que quedaría en muy mala posición el Partido Popular y el
Gobierno.
Lo único que yo pretendo con esta moción es que esta Cámara inste a la
Dirección General de Costas y al Ministerio de Medio Ambiente para que
definitivamente cumplan con lo que ya tenían acordado tanto con la Junta
de Andalucía como con la Unión Europea. No se escuden en argumentos tan
baladís como el de que no están disponibles los terrenos porque, como he
dicho, ya los puso a disposición el señor Fraga cuando era Ministro de
Información y Turismo.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.
Tiene la palabra el Senador Bris.
El señor BRIS GALLEGO: Muchas gracias, señor Presidente.
Indudablemente, no pretendo conocer la zona como la conoce el Senador
Bella, ni mucho menos, pero es cierto que cuando se debate un proyecto
siempre intento enterarme al máximo de todo y hacer el desarrollo más
constructivo que puedo de las mociones correspondientes.
Senador Bella, en el turno de réplica su señoría ha tocado diversas
cuestiones. Indudablemente, se pudo haber construido el paseo en unos
tiempos determinados, pero hay que tener en cuenta que entre aquellos
tiempos en que se construyó el paseo y los momentos actuales se ha hecho
una Ley de Costas que todos estamos obligados a cumplir. Pero quiero
decir que lo que en cierto modo ha hecho el Ayuntamiento, en función del
acuerdo que tomaron en Pleno, y al que se refiere el Alcalde, señor
Bella, ha sido poner a disposición de la Dirección General de Costas los
mismos tramos que ocupaba el actual paseo. Pero ése no era realmente el
objetivo que nos habíamos marcado puesto que se hablaba de un retranqueo
y de acomodar a la Ley de Costas el paseo que debía hacerse para el
futuro, teniendo en cuenta también que debía ser un paseo que estuviera
protegido para evitar el deterioro grave que se ha ido produciendo a lo
largo de los años.
Senador, yo no he dado fechas sobre cuándo se producen las obras. Usted
ha hablado del año 1997, pero repito que yo no he dado fechas. Podría ser
el año 1995 y lo admito, pero yo no me he referido a fecha alguna.
Es cierto, y en ello no hay ninguna contradicción, que se están
redactando proyectos alternativos. Se está redactando un proyecto
alternativo para que se estudie. Se trata de un paseo de remate elevante
consistente en crear una zona peatonal de transición entre la
urbanización de Matalascañas, la playa y el Parque Nacional de Doñana,
rematando por la zona de levante el actual paseo en sentido
perpendicular. Ese proyecto se está realizando del mismo modo que se
están realizando otros que afectan a la otra pregunta que usted tiene
pendiente de que se debata.
Pero si hay esa buena disposición por parte del Ayuntamiento, si al
parecer no existe ningún problema en relación con este asunto, en una
tarde como la de hoy, en que se están presentando una serie de enmiendas
a la moción presentada, yo también presento una que consistiría en lo
siguiente: Se insta al Gobierno para que ejecute en el menor plazo de
tiempo posible la citada obra siempre que el Ayuntamiento de Almonte
ponga previamente a disposición de la Dirección General de Costas los
terrenos necesarios para reubicar el paseo marítimo de Matalascañas fuera
de la playa, en la zona de servidumbre-tránsito, de acuerdo con las
prescripciones contenidas en los artículos 44.5 y 27.3 de la Ley de
Costas de 28 de julio, así como el plan de ordenación del territorio del
ámbito de Doñana.
Eso cumple los objetivos que se había marcado el Patronato de Doñana y
cumple también los que nos habíamos marcado nosotros. Fíjese, señoría, le
presento una enmienda a una moción cuando ustedes están diciendo que han
hecho prácticamente todo. Por eso presento esta moción alternativa o esta
enmienda, como usted lo quiera entender. Creo que podríamos aprobarla
todos. Existe una voluntad de hacer las cosas, pero, señoría, tiene que
haber también una voluntad de hacerlas bien, y la previsión que se hizo
en un principio en relación con el paseo marítimo de Matalascañas fue
hacerlo bien para que no sufriera los deterioros anuales dada la
situación en que actualmente se encuentra, e indudablemente, cumplir una
Ley que son ustedes los que la propusieron cuando eran Gobierno, la
propia Ley de Costas. Este es el planteamiento que hacemos desde el Grupo
Parlamentario Popular.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: El Senador Bris ha hecho una propuesta de
modificación «in voce». El Senador Bella dirá si la acepta literalmente o
no.
El señor BELLA GALAN: Muchas gracias, señor Presidente.
Senador Bris, no se puede aceptar la proposición que usted hace por una
razón simple, y es que al final podría parecer que es el Grupo
Parlamentario Socialista el que está solicitando del Gobierno que se haga
una obra cuya realización poco más o menos depende de la voluntad del
Gobierno. Voy a explicar lo que estoy diciendo.
El plan de desarrollo sostenible de Doñana es un compromiso entre el
Gobierno español, la Comunidad Autónoma andaluza y la propia Unión
Europea, y ya no caben negociaciones ni caben expertos sobre expertos.
Hubo una Comisión de expertos, a petición del Presidente de la Junta de
Andalucía en el año 1992, que determinó las acciones que debían
realizarse. Una de las acciones que había que abordar, para la cual se
asignó un total de 722 millones de pesetas, era remodelar el actual paseo
marítimo de Matalascañas para convertirlo en un paseo de cuatro
kilómetros y medio y que fuera un frente litoral agradable que aportara
una mayor calidad al turismo que se desarrolla en aquella zona.
Eso está determinado, pero si ahora hay expertos, el propio Director
General de Costas y personas del Ministerio, que sobrepasan a los otros
expertos, pues que discutan entre ellos. Lo que nosotros estamos pidiendo
es que se haga algo que el Gobierno español ya se había comprometido a
hacer con la Unión Europea y con la Junta de Andalucía. La Unión Europea
ha puesto los fondos y está vigilante para que se lleven a efecto todos
esos proyectos, y la Junta de Andalucía está ejecutando en un 82 por
ciento todas las acciones previstas en el Plan operativo, y estamos
pidiendo que se lleve a cabo esa acción, sin necesidad de modificar ni
esperar a que se modifique el Plan de ordenación de la comarca de Doñana
ni otros muchos planteamientos que usted hace en su propuesta.
Queremos saber si se van a hacer o no, pero no busquen excusas. Usted
sabe que cuando está por medio la figura de un Alcalde, porque usted
también lo es, resulta difícil tener que asumir el hecho de que
permanentemente se esté diciendo desde un Ministerio que es un
Ayuntamiento, en este caso pequeño, el que no deja hacer una inversión de
este tipo. Eso no es cierto, o dicho más rigurosamente es mentira, tal y
como demuestran los escritos del Secretario de Estado para Relaciones con
las Cortes, y no podemos aceptar la propuesta que nos hace.
En nuestra moción instamos al Gobierno a que ejecute una acción que ya el
propio Gobierno español tiene comprometida con la Unión Europea desde el
año 1994, fecha en que se hizo operativo el Plan de Desarrollo sostenible
de la comarca de Doñana. Eso es lo único que pedimos, así como que seamos
todos consecuentes con lo que decimos. En estos momentos, dentro de la
política llevada a cabo por el Ministerio de Medio Ambiente, se habla
mucho del Plan de Desarrollo sostenible, y lo que hay que hacer es
cumplir con los compromisos que ya están adquiridos.
Por tanto, no podemos admitir ningún tipo de transaccional a la enmienda.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.
Senador Bris, tiene la palabra.
El señor BRIS GALLEGO: Muchas gracias, señor Presidente.
Precisamente lo que queremos es que se cumplan los compromisos adquiridos
en el año 1994, es decir con el Gobierno Socialista. Vuelvo a repetir
cuáles son estos compromisos: evitar los repetidos daños en el paseo
existente retranqueándolo hacia el interior; cumplimiento de lo dispuesto
en el artículo 44.5 de la Ley de Costas, que dice que los paseos
marítimos se localizarán fuera de la ribera del mar. Por otra parte, el
Plan de ordenación de la comarca de Doñana está apoyando estas dos
situaciones que aquí estamos planteando.
¡Claro que queremos cumplir el compromiso! Pero de acuerdo con lo que se
dijo en el año 1994, que era reubicar el paseo por los daños que se
venían produciendo, lo cual hace que haya que invertir una cantidad
desmesurada de dinero cada año en el arreglo de los deterioros que se
producen. Nosotros decimos que vamos a cumplir el compromiso de acuerdo
con lo que se dijo.
Senador Bella, si estamos exigiendo a la iniciativa privada el
cumplimiento de la Ley de Costas, cómo no vamos a ser nosotros los
primeros obligados en cumplirla. Eso no merece la más mínima discusión.
No se trata, como usted apunta, de confrontar a una gran Administración
con un pequeño Ayuntamiento, simplemente se pretende que el Ayuntamiento
de Almonte ponga a disposición de la Dirección General de Costas los
terrenos para que se cumplan estos objetivos. En cuanto tenga los
terrenos, el Gobierno se compromete a hacer la obra inmediatamente, de
acuerdo con los objetivos que se había marcado.
Como usted ha presentado una moción que no admite las situaciones que yo
le estoy exponiendo, no podemos aprobarla.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, Senador Bris.
--DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, POR LA QUE SE INSTA AL GOBIERNO DE
LA NACION A QUE FINANCIE Y EJECUTE LA CONSTRUCCION DE UN PARQUE «DUNAR»
EN LA PLAYA DE MATALASCAÑAS, EN EL MUNICIPIO DE ALMONTE (HUELVA), SEGUN
ESTABLECE EL PLAN DE DESARROLLO DE LA COMARCA DE DOÑANA (661/000117).
El señor PRESIDENTE: Pasamos al debate de la moción número 4 del Grupo
Parlamentario Socialista sobre la construcción de un parque «Dunar» en la
Playa de Matalascañas.
Tiene la palabra el Senador Bella.
El señor BELLA GALAN: Muchas gracias, señor Presidente.
Esta moción tiene el mismo ámbito territorial que la anterior y, por lo
tanto, voy a evitar repetir determinados argumentos que ya conocen sus
señorías, aunque son fundamentales de cara a conocer cuál es la intención
de la misma. En cualquier caso, he de matizar una serie de elementos que
consideramos tremendamente importantes para la comprensión de la moción
que se plantea.
En la exposición de motivos manifestamos que se trata de la construcción
del Balcón del Atlántico. El dictamen de la Comisión de expertos, que
convocó el Presidente de la Junta de Andalucía, don Manuel Chaves, en el
año 1992, sacó como conclusión principal que el área de Matalascañas,
centro turístico esencial en la provincia de Huelva porque aporta casi el
70 por ciento de las plazas hoteleras que actualmente tiene la provincia,
necesitaba de una serie de elementos que complementaran el uso turístico
de dicha zona.
La playa de Matalascañas, que es una urbanización turística nacida en los
años 60-70 con vocación turística de sol y playa, tiene que remodelar ese
papel de turismo de sol
y playa para vencer la estacionalidad que ese tipo de turismo provoca y
convertirse en el auténtico soporte de la comarca de Doñana; una comarca
de 270.000 hectáreas donde hay tres núcleos fundamentales de población
que aportan la mayor parte del turismo: Sanlúcar de Barrameda,
Matalascañas y Mazagón.
En ese sentido, el dictamen de la Comisión de expertos estableció que era
necesario iniciar una serie de actuaciones parejas territorialmente a la
playa de Matalascañas, con idea de dotar a dicha playa de los otros
elementos turísticos necesarios para alcanzar el fin que se perseguía.
Uno de ellos es precisamente el parque «Dunar»; por el que se convierten
150 hectáreas del margen derecho de la playa de Matalascañas en un parque
destinado a la interpretación de lo que es la duna. La duna, un elemento
de suma importancia en el Parque Nacional de Doñana, tanto las móviles
como las fijas, se aprovecha como elemento interpretativo para montar un
parque «Dunar» que, con una inversión total aproximada de unos 3.000
millones de pesetas con cargo a fondos de la Junta de Andalucía, se
convertirá en un elemento imprescindible en toda la comarca de Doñana y
en la provincia de Huelva.
En dicho parque habrá los consiguientes paseos interpretativos de la
duna, un gran aparcamiento que dé respuesta a todo el turismo de día que
acuda a la zona; unas instalaciones, patrocinadas por la Universidad de
Huelva y la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía, en las que
se ubicará el denominado centro de convenciones ecológicas y
medioambientales, para el que se ha calculado una inversión total de
aproximadamente unos 800 millones de pesetas; y un gran centro
interpretativo dedicado al mundo marino y, fundamentalmente, a los
cetáceos, el primero que se hará en toda la costa andaluza, que tendrá un
gran atractivo para los visitantes.
Detrás de todo este gran esfuerzo está la Junta de Andalucía, a través de
diversas Consejerías, el propio Ayuntamiento y el Estado. Uno de los
compromisos que asume el Estado desde el principio es la realización del
proyecto del Balcón del Atlántico. Los expertos de Doñana califican a
éste como un elemento esencial dentro del parque «Dunar», porque es uno
de los pocos lugares desde donde se puede mirar al océano Atlántico
teniendo a la espalda exclusivamente naturaleza virgen de una categoría
como la que forma parte del espacio protegido en Doñana.
Ese elemento de gran importancia se lo asigna el propio Estado, a través
del Ministerio de Medio Ambiente y la Dirección General de Costas, para
ejecutarlo. No voy a citar aquí los compromisos sobre el parque «Dunar»,
casi son los mismos a los que me he referido cuando he hablado del paseo
marítimo de Matalascañas. En principio la intención es que fuera con
cargo a los fondos propios del Ministerio y de la Dirección General de
Costas, pero según se indica en algunos escritos se va a hacer con cargo
a los fondos FEDER. Concretamente, para la acción de remodelación del
paseo marítimo de Matalascañas se plantea un primer borrador sobre el que
todo el mundo actúa, pero la última posición adoptada por la Dirección
General de Costas, dado que hemos tardado mucho tiempo en tramitar esta
moción en Comisión, es la de no llevar a cabo ni el proyecto ni la obra
del Balcón del Atlántico hasta que el Ayuntamiento de Almonte elimine
algunos ranchos de pescadores que permanecen en la zona.
No sé si estamos ante el mismo dilema planteado con el tema del paseo
marítimo de Matalascañas; se trata de una cuestión en la que no es
competente el Ayuntamiento de Almonte, puesto que estas instalaciones
están situadas dentro de la zona marítimo-terrestre y, por lo tanto, es
competencia exclusiva del dominio público, en este caso, de la Dirección
General de Costas. No sé si al final se espera que concluyan los plazos y
el capital disponible hasta finales del año 1999 y, una vez más, nos
quedemos sin ver realizado el Balcón del Atlántico.
Yo no quisiera ver en este rechazo la voluntad del Gobierno de la nación
de no contribuir en el Plan de Desarrollo Sostenible de la Comarca de
Doñana, que no es un compromiso del Gobierno anterior, sino del Estado
español. Un compromiso del Estado español que está basado
fundamentalmente en acuerdos presupuestarios y económicos para la
utilización de los fondos europeos. No me gustaría ver una utilización
baladí en este tipo de cuestiones. Creo que esos compromisos adquiridos
por el Estado, firmados por el Ministerio de Economía y Hacienda en
representación del Estado español, por la Junta de Andalucía y por la
Unión Europea, tendrán que ser asumidos por los gobiernos que vengan,
porque, si no, apañados estamos. Es decir, si el argumento que utilizamos
aquí es que ése era un compromiso del Gobierno anterior, apañados
estamos.
Respecto a la Ley de Costas, tengo que indicar una vez más que se cumple
escrupulosamente lo establecido en dicha ley. De hecho, el deslinde de la
zona marítimo-terrestre es distinto en la zona ocupada por el Parque
«Dunar», que es un kilómetro y medio de costa, frente a los cuatro
kilómetros y medio que tiene Playa Matalascañas a continuación. Con la
nueva Ley de Costas se hace un nuevo deslinde que permite que exista ese
paseo así como el llamado Balcón del Atlántico. Luego, no hay problemas
ni de carácter jurídico, ni de carácter patrimonial de suelo, ni de nada
que se le parezca; sencillamente estamos ante la voluntad de la Dirección
General de Costas y del Ministerio de querer llevar a cabo este Parque
«Dunar» o, en este caso, el Balcón del Atlántico que, como digo, es una
pieza fundamental de dicho Parque.
Es más, los compromisos que están sobre la mesa han sido asumidos por
parte de las Administraciones Públicas, todos están trabajando, y lo
único que falta es que la Dirección General de Costas, tal como dicen
algunas contestaciones escritas, presente el proyecto y ejecute esas
obras que son fundamentales y complementarias. No se trata de que lo haga
una Administración u otra, sino de que entre todos hagamos lo que hace
mucho tiempo creímos y seguimos creyendo que era bueno para la Comarca de
Doñana, y lo que se hace en todos los parques nacionales, que es llevar a
cabo un Plan de Desarrollo Sostenible, pero en la parte que corresponde a
la inversión pública, no nos debemos echar atrás.
Por tanto, Senador Bris, sin ánimo de entrar en contradicción ni en
polémica, tanto en un caso como en otro no existen problemas de carácter
jurídico, ni patrimonial; no
hay nada que contradiga la Ley de Costas, sencillamente nos encontramos
ante la voluntad de querer invertir en una zona donde, eso sí, el voto es
socialista, pero ello no es condición, en absoluto, para rechazar
permanentemente las acciones que ya estaban comprometidas y que, además,
en este caso tienen hasta financiación.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias.
Tiene la palabra el Senador Bris.
El señor BRIS GALLEGO: Muchas gracias, señor Presidente.
No es la dirección del voto lo que debe incentivar a los grupos políticos
o a los Gobiernos a hacer las inversiones necesarias. Creo que se debería
recapacitar sobre si se están cumpliendo por parte del Ayuntamiento de
Almonte sus compromisos, porque lo que no se ha podido explicar bajo
ningún concepto es que no se cumpla la Ley de Costas al tomar
determinadas iniciativas, máxime cuando los compromisos del Gobierno
anterior, de 1994, exigían una actividad y una actuación por parte del
Ayuntamiento que no se han producido. Desde luego ésa no es la intención
del Gobierno del Partido Popular, ni muchísimo menos.
En relación con esta moción, debo señalar que en la pasada reunión que el
Patronato de Doñana celebró el día 1.º de octubre, en la que estuvo
representado el Ministerio de Medio Ambiente a través del Secretario
General de Medio Ambiente y el Director General de Costas, se asumió la
realización de la primera fase, no del paseo marítimo, sino del sendero
marítimo --supongo que usted, como miembro de ese Patronato, escucharía
las explicaciones que allí se produjeron--, con un proyecto denominado
Balcón del Atlántico y un presupuesto que se estima en 120 millones de
pesetas.
Dice usted que no dejemos perder ese dinero; ese dinero no se está
perdiendo. De los 720 millones de pesetas que había destinados para
Matalascañas, en el año 1995 una parte de ese dinero se ha gastado en
obras de mejora y de arreglo del paseo de Matalascañas y, después, para
que hubiera proyectos alternativos se ha hablado del proyecto del Paseo
de Levante, que le he expuesto hace un momento, y que está ahí preparado
por si sucediera algo que no permitiera hacer legalmente las obras que se
están solicitando, con el fin de invertir ese dinero en un proyecto como
es el del Balcón del Atlántico. Vuelvo a repetir que en la reunión del
Patronato de Doñana se determinó que fuera un sendero y no un paseo. En
estos momentos se ha redactado el pliego de bases necesario para la
contratación del proyecto constructivo.
Por otra parte, hay que ver si queremos tener en cuenta o no la Ley de
Costas. Si la tenemos en cuenta, cosa que debemos hacer, el sendero no se
va a construir sobre la Playa de Matalascañas, sino fuera de la ribera
del mar, porque eso es lo que exige la Ley de Costas. No es que nosotros
digamos que se haga por aquí o por allí, se tiene que hacer donde nos
permite realizarlo la Ley de Costas. En estos momentos se está redactando
el pliego de bases y el presupuesto estimado del proyecto que se está
elaborando para la primera fase del sendero del Balcón del Atlántico es
de aproximadamente 120 millones de pesetas.
¿En qué consiste? No se lo voy a explicar a usted, que lo conoce
perfectamente, pero sí lo comentaré para que lo conozcan los componentes
de la Comisión. Consiste en prolongar el paseo por el lado poniente mucho
más retranqueado y con una tipología de sendero menos agresiva para el
entorno. El presupuesto, de 120 millones de pesetas, estaría incluido en
el proyecto de remodelación del paseo marítimo de Matalascañas.
Con su moción pretende que la Comisión inste al Gobierno de la nació a
que financie la citada obra, pero la financiación no corresponde al
Gobierno de la nación, sino a los fondos que existen precisamente para la
remodelación del Paseo de Matalascañas. Yo le pediría que aceptara una
enmienda en la que se dice algo más completo: por la que se insta al
Gobierno a contratar, en función de las disponibilidades presupuestarias
de esos fondos, la construcción de la primera fase del sendero marítimo
peatonal previsto en el marco del anteproyecto Balcón del Atlántico de
Matalascañas, Huelva, garantizando su adecuación ambiental al entorno y
previa cesión por parte de la Junta de Andalucía de los terrenos
necesarios para tal fin.
¿Por qué? Usted sabe, Senador Bella, que esos terrenos son de la Junta de
Andalucía y se pone simplemente porque es necesario recibir esa cesión.
Esto sería un poco más completo de lo que usted está deseando que se
apruebe o, por lo menos, así parece deducirse de su explicación. Vamos a
ir a cosas más concretas. No es que el Gobierno financie, sino que dentro
de las prioridades presupuestarias que marcan esos fondos, se realice el
contrato de construcción de esa primera fase del sendero marítimo de
Matalascañas. Lógicamente tenemos que garantizar los terrenos, y estoy
seguro de que ahí no habría ningún problema, porque usted mismo lo ha
manifestado. La Junta de Andalucía, a la que pertenecen estos terrenos,
indudablemente estaría dispuesta a ponerlos a disposición de manera
inmediata para la realización de estas obras. Esa sería la moción
alternativa que le presento.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias, Senador Bris.
Senador Bella, si quiere responder a la propuesta de modificación «in
voce» que ha efectuado el Senador Bris, tiene la palabra.
El señor BELLA GALAN: Muchas gracias, señor Presidente.
Senador Bris, sin duda, voy a aceptar la propuesta que me hace. Tenga en
cuenta que yo venía con el ánimo de que el denominado Balcón del
Atlántico, sendero o paseo, como se quiera llamar, no se iba a realizar.
Esa era la noticia que yo tenía del Director General de Costas. Por
tanto, es magnífico que el Partido Popular, a través de esta Comisión,
acepte instar al Gobierno a que se ejecute esta obra, con el presupuesto
que sea, 120, 40, 30 millones de pesetas, pero que se haga, que muestre
su voluntad de que realmente se va a hacer.
Sin embargo, hay unos conceptos que es imprescindible aclarar, sobre todo
aludiendo a su condición de alcalde, que es importante, porque cuando uno
es alcalde siente las cosas más de cerca. Yo sé que usted lo es y seguro
que lo va a entender. La Playa de Matalascañas es regresiva, no porque se
haya avanzado en la urbanización, sino porque funciona de esa manera. Hay
una torre, que llaman Torre de La Higuera, que es una piedra dentro del
mar, que en su día estaba fuera, a la misma altura de otras torres de
almenara a lo largo de la provincia de Huelva. ¿Qué es lo que ha
ocurrido? Que la dinámica litoral funciona de tal manera que ha hecho que
en determinados sitios la orilla se vaya hacia dentro y esa torre sea un
testigo mudo, silencioso, bonito, apreciable, que ahora mismo está dentro
del mar, una torre con los cimientos al revés. Esa dinámica sigue
existiendo.
Así pues, no es argumento suficiente decir que todos los años ocurre un
desastre en la Playa de Matalascañas, porque eso no es así ni mucho
menos. En 1995 se produjo una fuerte marea que rompió parte del paseo
marítimo, pero eso se ha arreglado y punto. Lo que pasa es que debido,
sobre todo, a determinados espigones que se han construido en la zona de
poniente de la propia provincia de Huelva y en la zona de Faro, en
Portugal, la dinámica litoral no es la normal, no se regenera la arena de
manera natural y, por tanto, hay que hacer aportes de arena artificial.
Pero ya se hizo ese aporte, por un valor de 135 millones de pesetas;
aunque insisto en que esa cantidad no se puede cargar a los fondos FEDER,
porque ese dinero no estaba previsto para esa actuación, sino para otro
tipo de obras.
Por otro lado, después de toda la información que le han proporcionado
quisiera saber si usted se ha planteado por qué no se han iniciado ya las
obras del paseo de Levante, es decir, el que va a unir la Playa de
Matalascañas con el Parque Nacional de Doñana, porque allí no hay
problemas para que el ayuntamiento ceda terrenos, ni para el deslinde de
costas, ni para el propio paseo marítimo. No hay nada: sólo las dunas, el
mar, la naturaleza, y un proyecto que establece que se va a hacer un
sendero peatonal en el interior del parque nacional. Además, la
Presidenta del Patronato es la propia Ministra, el Director General de
Costas ha estado en el terreno, y el Secretario General de Medio Ambiente
pertenece al Patronato. No entiendo, pues, la razón para que no se
acometan las obras, por lo que permíteme que siga albergando ciertas
dudas sobre la voluntad del Gobierno actual sobre esa zona. No sé si la
contribución de algunos --que en este caso no es escasa, sino
importante-- va a dar al traste con el esfuerzo que estamos haciendo
todos los demás en la zona. Por supuesto, como Alcalde, y como Senador
por la provincia de Huelva, voy a insistir en estos temas hasta el
extremo de que todos y cada uno de los ciudadanos de Huelva entienda cuál
es el papel de cada uno y su responsabilidad, porque eso me parece
fundamental.
En cuanto al respeto a la Ley de Costas, le diré que el Ayuntamiento de
Almonte tiene 56 kilómetros de costas: desde Sanlúcar de Barrameda --es
decir, desde la desembocadura del Guadalquivir-- hasta Mazagón. Y de esos
56 kilómetros de costa tan sólo cuatro kilómetros doscientos metros están
urbanizados; el resto forma parte del Parque Nacional de Doñana, del
Parque Natural, o son zona virgen. Insisto, de los cien kilómetros de
costa con arena y playas que quedan en España, 56 kilómetros pertenecen a
dicho municipio. No cabe, pues, más respeto a la Ley de Costas. Por otro
lado, los deslindes están hechos y firmados, tanto en la zona del Parque
«Dunar», como en la de Matalascañas. Lo que ocurre es que para construir
un paseo marítimo en Matalascañas por encima del que actualmente existe
hay que derribar cuatro hoteles y no sé cuántos chalés. Háganlo ustedes.
Yo ya he dicho en el Ministerio que lo plantee así, pero no puede servir
de excusa decir que el Ayuntamiento de Almonte no va a derribar los
chalés, que no pone a su disposición ese suelo como urbano y que no va a
indemnizar a los propietarios --lo que no se sabe lo que costaría-- para
construir un paseo marítimo que cuesta 720 millones de pesetas, cantidad
con la cual lo único que se va a hacer es ese paseo y nada más.
Y con respecto al valor de las obras, lo admito, porque he venido
pensando que no se iba a hacer nada, según lo que ya han expresado los
propios técnicos del Ministerio. Por tanto, si de esos 720 millones se
destinan 120 millones a realizar la obra correspondiente al Parque
«Dunar», no tendremos paseo marítimo en Matalascañas, según parece. Pero
al menos contaremos con un paseo en el Parque «Dunar» que complementará
la acción que ya han emprendido el resto de las Administraciones, que
están comprometidas muy seriamente con el plan de desarrollo sostenible
de la comarca de Doñana.
Por tanto, agradezco al Grupo Popular su apoyo y la enmienda
transaccional que nos ofrece, que aceptamos plenamente.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.
Tiene la palabra el Senador Bris, a quien ruego que haga llegar a la Mesa
una copia de esa enmienda transaccional.
El señor BRIS GALLEGO: Muchas gracias, señor Presidente.
Señoría, la voluntad del Partido Popular se manifestó precisamente en la
reunión que el 10 de octubre pasado --hace poco más de un mes-- tuvo
lugar en Doñana, cuando en la reunión del Patronato el Secretario General
de Medio Ambiente y el Director General de Costas asumieron la
realización de esa primera fase del sendero. Por tanto, no entiendo su
temor, porque esa obra ya estaba asumida. Se trata de un proyecto de 120
millones de pesetas,y únicamente se necesita la garantía de que esos
terrenos, que pertenecen a la Junta de Comunidades, se puedan ceder
--cuestión en la que no habrá ningún problema-- para hacer el mencionado
sendero. Por otro lado, quiero destacar la belleza de la zona, que
tuvimos la suerte de que nos fuera mostrada por usted mismo, que acompañó
a los miembros de la Comisión de Obras Públicas y Medio Ambiente del
Senado, y así pudimos conocerla en toda su extensión y belleza.
Asimismo, ha hecho usted una llamada a mi condición de alcalde, pero
precisamente esa condición muchas veces
nos hace ver las cosas sin la amplitud de miras que desearíamos, a lo que
hay que añadir la dificultad que puede conllevar la demolición de
edificios. Estoy totalmente de acuerdo en eso. Conseguir el retranqueo
del que estamos hablando supone la demolición de algunos edificios
--aunque no sé si también de hoteles--, pero hay que tener en cuenta que
la Ley de Costas ya contempla esas situaciones, y en algunos lugares se
han llegado a demoler edificios. No sé si ése sería el único obstáculo
que podría existir, pero, como digo, eso ya ha ocurrido.
Indudablemente, es voluntad del Ministerio llevar a cabo esas obras, pero
tiene que realizarlas bien, y en ellas también tiene que intervenir el
ayuntamiento. Por tanto, la voluntad del Gobierno del Partido Popular es
seguir trabajando en una de las zonas más bonitas de España y más
necesitada de protección. Y para ello siempre encontrará nuestro apoyo,
cumpliendo, como es lógico, las normas que en estos momentos regulan
todas las situaciones que puedan producirse en los entornos parecidos a
los terrenos de los que estamos hablando.
Muchas gracias, señor Presidente.
--DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, POR LA QUE SE INSTA AL GOBIERNO A
REALIZAR LAS ACCIONES NECESARIAS PARA REDUCIR AL MINIMO POSIBLE EL PLAZO
DE TERMINACION DE LAS OBRAS DE EJECUCION DEL DESDOBLAMIENTO DEL TRAMO DE
LA CARRETERA NACIONAL N-IV COMPRENDIDO ENTRE EL NUDO DE LA ARDILA Y EL
CRUCE DE TRES CAMINOS, EN EL MUNICIPIO DE SAN FERNANDO (CADIZ), ASI COMO
A HABILITAR UNA ALTERNATIVA TEMPORAL QUE, DURANTE LA CONSTRUCCION DEL
PUENTE SOBRE EL CAÑO DE SANCTI-PETRI, PUEDA SOLUCIONAR LA FLUIDEZ DEL
TRAFICO DE AQUELLA CARRETERA A SU PASO POR DICHO TRAMO (661/000197).
El señor PRESIDENTE: Por último, pasamos a la moción número siete, del
Grupo Parlamentario Socialista, sobre el desdoblamiento del tramo de la
carretera nacional IV comprendido entre el nudo de La Ardila y el cruce
de Tres Caminos, en el municipio de San Fernando, Cádiz.
Tiene la palabra la Senadora Castro Mateos.
La señora CASTRO MATEOS: Muchas gracias, señor Presidente.
Señorías, en un periódico de Cádiz del día de hoy, 23 de noviembre de
1998, se dice literalmente: El puente Suazo provocó retenciones de
tráfico de dos kilómetros aproximadamente durante la tarde de ayer.
Pero las retenciones de dos kilómetros que se produjeron en la tarde de
ayer no tienen nada que ver con lo que ocurre en el período estival,
donde en las horas punta estas retenciones pasan a ser de quince
kilómetros. Cualquier repaso a las hemerotecas hará ver que en la bahía
gaditana las ciudades se encuentran entre sí a una distancia de entre 10
y 20 kilómetros, y en las situaciones a las que acabo de aludir se tarda
más de una hora en ir de una ciudad a otra.
Ya en febrero de este año esta Senadora preguntó por el retraso de las
obras del desdoblamiento de la carretera nacional IV a su paso por la
localidad de San Fernando, antigua isla de León, y la construcción de un
paso elevado sobre el caño de Sancti-Petri para desdoblar la variante.
Dichas obras, que estaban adjudicadas desde junio de 1996, tenían un
plazo de ejecución de veintidós meses, por lo que de haberse cumplido el
plazo previsto el problema de tráfico de la ciudad debería haberse
resuelto antes del verano de 1998.
La demora de las obras está ocasionando incalculables pérdidas y
perjuicios en los sectores económicos de la bahía de Cádiz. Además de los
problemas económicos, la situación se hace insostenible para los
ciudadanos de la bahía, ya que, por sus características de área
metropolitana y contando con una población aproximada de medio millón de
habitantes, deben desplazarse diariamente por motivos de trabajo,
estudios, etcétera, entre esta conurbación de ciudades a la que nos
estamos refiriendo.
Como consecuencia de esta situación insostenible se han realizado
manifestaciones ciudadanas y ha habido cortes de tráfico para denunciar
el estrangulamiento que en el corazón de la bahía produce el paso por el
puente Suazo. Y hay anunciadas otras manifestaciones en el caso de que no
se terminen en un plazo prudencial las obras que actualmente se están
llevando a cabo.
El pasado verano el Ministerio de Fomento anunció que la finalización de
las obras se produciría en junio de 1999. Posteriormente, y una vez que
esta Senadora ya había presentado la moción que estamos debatiendo en el
Senado, el Ministerio anunció la posibilidad del uso de dos carriles en
el puente que se está construyendo, paralelo al de Suazo, para paliar
este problema circulatorio.
A partir del mes de marzo, por las condiciones climatológicas de la zona
y como consecuencia de que muchos ciudadanos de la Bahía empiezan a
habitar su segunda vivienda, el tráfico en esta zona aumenta de forma muy
considerable, por lo que la situación será de nuevo insostenible.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente
moción que insta al Gobierno a realizar las acciones necesarias para
reducir al mínimo posible el plazo de terminación de las obras de
ejecución del desdoble de la Nacional N-IV, desde el nudo de La Ardila
hasta el cruce de Tres Caminos, así como habilitar una alternativa
temporal que, durante la construcción del puente sobre el caño de
Sancti-Petri, pueda solucionar la fluidez de tráfico de la nacional N-IV
a su paso por dicho tramo.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, Senadora Castro.
Tiene la palabra el Senador Bris.
El señor BRIS GALLEGO: Gracias, señor Presidente.
Las obras de duplicación de la calzada en la variante de San Fernando
N-IV, de Madrid a Cádiz, en el tramo de
San Fernando, como muy bien ha señalado la Senadora Castro, fueron
adjudicadas el 28 de junio de 1996, firmándose el acta de comprobación de
replanteo el 31 de agosto de ese año e iniciándose las obras el día 2 de
septiembre de 1996.
El concurso de adjudicación incluía un proyecto de tramo inicial en
variantes sobre el proyecto base, de un kilómetro y medio
aproximadamente, que afectaba al Parque Natural Bahía de Cádiz y al
dominio público marítimo terrestre. Por tanto, fue necesario solicitar,
con posterioridad a la adjudicación de las obras, los correspondientes
permisos a la Consejería de Medio Ambiente y a la Demarcación de Costas,
respectivamente.
Este proyecto se remitió a ambos organismos en julio de 1996 y en
diciembre del mismo año se suspendieron obligatoriamente las obras en el
tramo inicial a la espera de las autorizaciones que debían llegar de la
Consejería de Medio Ambiente y de la Demarcación de Costas.
Fue en enero de 1997 cuando se autorizó por la Consejería de Medio
Ambiente la ejecución de las obras dentro de los límites del Parque
Natural Bahía de Cádiz, imponiendo dicha autorización una serie de
medidas correctoras y compensatorias que debieron de realizarse, y la
Dirección General de Costas autorizó la continuación de las obras, pero
imponiendo de igual forma una serie de prescripciones.
Para cumplir esas medidas correctoras y dichas prescripciones fue
necesario modificar ese proyecto tal como se había adjudicado. Se redactó
un proyecto modificado de las obras que afecta, fundamentalmente, a las
estructuras del nuevo puente de Suazo, y acceso al Polígono Industrial
Tres Caminos, con un coste adicional de 283 millones de pesetas.
Una vez redactado este proyecto, superados los trámites reglamentarios,
de informe de la Inspección General, así como la fiscalización por la
Intervención del Estado y la aprobación económica, las obras se
reanudaron en septiembre de 1998. No obstante, como se sabía que podían
aprobarse e iniciarse las obras en septiembre de 1998, en junio
comenzaron los trabajos para la construcción del nuevo puente,
consistente en el relleno parcial del cauce.
El plazo vigente para la finalización de las obras es el 31 de octubre de
1999. Sin embargo, se han ajustado en todo lo posible los plazos para
tratar de terminar las obras el 30 de junio de 1999, adelantando cuatro
meses el plazo oficial y unos seis meses el plazo real, teniendo en
cuenta que las obras han estado paralizadas, aproximadamente, 18 meses y
el plazo inicial es de 22 meses. Esto hubiera supuesto acabar las obras a
finales de 1999. Las previsiones son, por tanto, terminar las obras a 30
de junio de 1999. Esta es mi contestación a la primera fase de la moción
que nos presenta.
En cuanto al segundo punto de la moción en la que se dice que se habilite
una alternativa temporal para que durante la construcción del puente
sobre el caño de Sancti-Petri pueda solucionarse la fluidez de tráfico de
la carretera N-IV a su paso por dicho tramo, me contestan que no es
posible, ya que para acceder a San Fernando hay que pasar ineludiblemente
por el cauce de Sancti-Petri y, por tanto, no se puede construir ninguna
infraestructura provisional que no fuera una que tardase más que la
construcción de la obra e hiciese que la misma elevase su presupuesto
económico a unas cifras imposibles lógicamente de asumir.
Esta es la explicación que podemos darle en cuanto a esta moción. Se ha
realizado un gran esfuerzo por parte del Grupo Parlamentario Popular. No
vamos a poder aprobarla, pero creo que las explicaciones han sido
suficientes e importantes para el objetivo que usted, Senadora Castro,
venía persiguiendo.
Muchas gracias, señores Senadores.
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra la Senadora Castro.
La señora CASTRO MATEOS: Gracias, señor Presidente.
Me gustaría realizar algunas aclaraciones. Es cierto que si la obra se
termina el 30 de junio se adelantará en cuatro meses el plazo oficial,
pero hay que recordar que, cuando se adjudicó la misma, se produjeron una
serie de circunstancias, algunas de las cuales comprendo dado lo
problemático de la zona ya que es parque natural La Bahía en sí y, sobre
todo, estas zonas son muy complejas a la hora de realizar alguna
intervención en ellas, pero ha habido otra serie de circunstancias --a la
que no vamos a referirnos-- que han hecho que la obra se demore de forma
ya inaceptable por parte de la población.
Asumimos que el plazo de finalización de dichas obras sea el mes de
junio; el Grupo Parlamentario Socialista así lo entiende. Lo que
solicitábamos en la moción era la posibilidad de habilitar dos carriles
de la nueva obra que se está realizando y utilizar los que hay ahora
mismo en funcionamiento mientras que se llevan a cabo las obras hasta el
mes de junio, habilitar dos carriles de ida y dos de vuelta con objeto de
poder acelerar el tráfico, porque a las personas que tienen que trabajar
en esta zona les supone dedicar cuatro horas más de su tiempo debido a
estas dificultades.
Y esto no sólo lo digo yo. Después de presentar la moción, no sé si como
consecuencia de la cantidad de instituciones y personas que estamos
protestando por esta situación, en la prensa de la provincia aparece una
noticia según la cual fuentes del Ministerio de Fomento manifiestan que
podrían utilizarse dos carriles cuando se finalizase la construcción del
puente mientras no se terminasen las obras del desdoble de la variante.
Aunque esta noticia aparece a mediados de noviembre y mi moción es de
principios de octubre, parece que abunda en lo que estábamos defendiendo.
La propuesta es la que los técnicos me han trasladado: que para habilitar
estos dos carriles desde La Ardila hasta Tres Caminos y el paso del
Puente, la solución podría estar en funcionamiento en el mes de marzo,
porque el tramo desde La Ardila hasta el puente paralelo al puente Suazo
puede estar terminado en el plazo de un mes, a contar desde ahora. El
otro tramo de carretera desde el puente a Tres Caminos, al ritmo que
lleva en los dos últimos meses, podría estar finalizado perfectamente en
el mes de enero. Y nuestra propuesta era que esa posible
utilización de dos carriles que dice el Ministerio de Fomento que se
podría hacer al finalizar las obras del puente, se hiciera ahora mediante
la construcción de uno de los dos tableros, con lo que podríamos utilizar
el puente, que ya tiene los pilares y todo lo demás acabado, para el mes
de marzo.
Rogaría a su señoría que lo volviese a consultar porque ya le digo que no
es sólo una propuesta mía, sino que el Ministerio también recoge esta
posibilidad. La fecha de finalización de las obras, después de los
problemas que han surgido, podemos aceptar que sea para finales de junio,
pero cabría la posibilidad de realizar primero uno de los tableros del
puente, con la finalización del desdoble de la vía sin los ramales de
acceso, para que el puente con los dos carriles se pudiera empezar a
utilizar en marzo, porque en esa época empieza de nuevo a haber una
densidad de tráfico mucho mayor debido al uso de la segunda vivienda que
poseen en esa zona gran cantidad de ciudadanos, con el consiguiente
incremento de kilómetros de atasco que llegan a crear un verdadero
problema.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, Senadora Castro.
Tiene la palabra el Senador Bris.
El señor BRIS GALLEGO: Muchas gracias, señor Presidente.
La primera parte de la moción creo que está cumplida. Es cierto que ha
habido un retraso, aunque como ocurre muchas veces no es culpa del
organismo ejecutor, sino que hay que cumplir unas normas para que en la
zona de referencia no se llegue a producir un impacto ambiental. Por
ello, tanto la Consejería de Medio Ambiente como la Dirección General de
Costas pidieron una serie de modificados y unas prescripciones que
lógicamente ha habido que cumplir, lo que ha producido el retraso. Ahora
bien, después del mismo habría que agradecer el esfuerzo del Ministerio
de Fomento para comprometerse a unos plazos que nos llevan hasta junio de
1999. Por tanto, repito, la primera parte de la moción se cumple con ese
esfuerzo que se está haciendo para que se pueda agilizar la realización
de esas acciones.
En cuanto a la segunda parte, se trata de una cuestión muy técnica. En la
Cámara no tenemos elementos suficientes como para poder decir, con
objetividad, que se aplique lo que propone la Senadora Castro, aunque yo
la entiendo perfectamente; nos faltan los planteamientos técnicos para
poder asegurarlo. A lo que yo me comprometo, como portavoz de la
Comisión, es a decir cuáles son las alternativas que se están planteando
y la necesidad de las mismas. Pero una cosa es poder explicar eso y como
portavoz hablar de ese tema, y otra cosa es que haya un acuerdo
fundamentado en unos planeamientos que no tienen esa base para poder
realizarlos. Por tanto, vuelvo a repetir, aunque esta moción no la
podemos aprobar en su contenido, sí compartimos el espíritu de la misma y
la necesidad de que esos problemas que nos plantea la Senadora Castro,
que indudablemente se van a hacer mucho más graves a medida que vaya
acercándose el verano, época en que se incrementa el turismo, se
resuelvan. Por ello haré las gestiones oportunas ante el Ministerio para
exponerle esta situación.
Nada más y muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, Senador Bris.
Finalizado el debate, se van a someter a votación las mociones, no sin
antes solicitar a sus señorías que designen a la persona que deba
presentar ante el Pleno la proposición de ley relativa a la declaración
del Parque Nacional de Sierra Nevada. (Pausa.)
¿Tienen inconveniente en que sea presentado ante el Pleno por la
Secretaria de la Mesa, la Senadora López Yébenes? (Pausa.) Queda
designada, porque se lo merece.
Vamos a dar lectura, en primer lugar, si a sus señorías les parece, a las
transaccionales, de tal forma que las mociones correspondientes podrían
aprobarse por asentimiento.
La moción número 1 tiene una transaccional, que dice así: ...insta al
Gobierno para que, en el plazo más breve posible que permitan las fases
del proceso, presente en las Cortes Generales un proyecto de ley de
actualización del derecho marítimo español, adaptándolo a la realidad y
necesidades actuales del transporte marítimo.
¿Se aprueba? (Pausa.) Queda aprobada por asentimiento.
La moción número 2 tiene también una transaccional, que dice así: El
Senado insta al Gobierno central a la ubicación, en el puerto de Bermeo,
de una nueva embarcación de salvamento marítimo destinada a actividades
de intervención rápida, que sustituya a la que se encuentra en la
actualidad en dicho puerto, dentro del Plan Nacional de Salvamento
1998-2001. ¿Es correcto este texto? (Pausa.) ¿Se aprueba la enmienda
transaccional? (Pausa.) Queda aprobada por asentimiento.
Las dos primeras mociones a que he hecho mención son del Grupo
Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos. Las dos próximas son del
Grupo Parlamentario Socialista.
La moción número 4 tiene también una transaccional o propuesta de
modificación, que dice así: La Comisión de Obras Públicas, Medio
Ambiente, Transportes y Comunicaciones insta al Gobierno a contratar, en
función de las disponibilidades presupuestarias, la construcción de la
primera fase del sendero marítimo peatonal, previsto en el marco del
anteproyecto Balcón del Atlántico, de Matalascañas (Huelva), garantizando
su adecuación ambiental al entorno y previa cesión, por parte de la Junta
de Andalucía, de los terrenos necesarios para tal fin.
¿Se aprueba? (Pausa.) Queda aprobada por asentimiento.
La moción número 5, también transaccionada dice: La Comisión de Obras
Públicas, Medio Ambiente, Transportes y Comunicaciones, insta al Gobierno
a que, en el más breve plazo posible, se acabe de efectuar el proyecto de
redacción y se puedan realizar las obras en 1999 que permitan dotar al
aeropuerto de Vigo (Pontevedra), de la señalización luminosa completa e
idónea para mejorar su operatividad actual y dar un mejor servicio a los
usuarios del
área metropolitana de Vigo, sur de Galicia y norte de Portugal.
¿Se aprueba? (Pausa.) Queda aprobada por asentimiento.
Quedan pendientes de votar, en consecuencia, las mociones números 3, 6 y
7. Votamos la número 3, relativa al paseo marítimo de Matalascañas.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos a favor, ocho;
en contra, 11; abstenciones, dos.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Votamos la moción número 6, del Grupo Parlamentario Socialista, relativa
a la empresa Autopistas del Atlántico para que construya un falso túnel.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos a favor, ocho;
en contra, 11; abstenciones, dos.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Votamos, por último, la moción número 7, del Grupo Parlamentario
Socialista, que hace referencia a la carretera nacional N-IV.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos a favor, ocho;
en contra, 11; abstenciones, dos.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Se levanta la sesión.
Eran las diecinueve horas y quince minutos.