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DS. Senado, Comisiones, núm. 248, de 05/03/1998
CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL
CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
Año 1998 VI Legislatura
Comisiones. Núm. 248
COMISION de OBRAS PUBLICAS, MEDIO
AMBIENTE, TRANSPORTES Y COMUNICACIONES
PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. VICENT BEGUER I OLIVERES
celebrada el jueves, 5 de marzo de 1998
ORDEN DEL DIA:
--Dictaminar el Proyecto de Ley sobre régimen del suelo y valoraciones.
(Número de expediente 621/000068.)
Mociones:
--Del Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos. Moción por
la que se insta al Gobierno a incorporar, en las previsiones del Plan
Director de Infraestructuras (PDI) la construcción de la denominada línea
2 del Ferrocarril Metropolitano de Bilbao (Vizcaya), así como a suscribir
un convenio de colaboración con las Administraciones Públicas Vascas para
la construcción del indicado ferrocarril. (Número de expediente
661/000009.)
--Del Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos, por la que
se insta al Gobierno a la equiparación de las tarifas del servicio móvil
marítimo para los tripulantes españoles tanto en buques de pabellón
extranjero como español. (Número de expediente 661/000086.)
--Del Grupo Parlamentario Socialista, por la que se insta al Gobierno a
exigir a la empresa pública Autopistas del Atlántico, Concesionaria
Española, S. A. (AUDASA), que el nudo resultante de la intersección entre
el tramo de la autopista A-9 entre Rande y Puxeiros, en el término
municipal de Vigo (Pontevedra), y la autovía que une Vigo con O Porriño
(Pontevedra) y la frontera portuguesa, sea un nudo completo que permita
los movimientos desde la A-9 hacia la autovía y viceversa en todos los
sentidos y direcciones, salvaguardando los intereses de los usuarios para
escoger libremente, así como evitar el tráfico pesado por la red viaria
local de la parroquia de Cabral. (Número de expediente 661/000124.)
--Del Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos, por la que
se insta al Gobierno para que, en el plazo de seis meses, presente a la
Cámara un proyecto de ley de actualización del derecho marítimo español,
adaptándolo a la realidad y necesidades actuales del transporte marítimo.
(Número de expediente 661/000126.)
--Del Grupo Parlamentario Socialista, por la que se insta al Gobierno a
que las obras de construcción del aeropuerto de Agoncillo (La Rioja) sean
costeadas en su totalidad por el Ministerio de Fomento, con cargo a sus
partidas presupuestarias o a través de la financiación de los fondos
europeos, y a que sea declarado de interés general, integrándose en el
sistema aeroportuario español gestionado por el ente público Aeropuertos
Españoles y Navegación Aérea (AENA). (Número de expediente 661/000142.)
--Del Grupo Parlamentario Socialista, por la que se insta al Gobierno a
que la Red Nacional de Ferrocarriles Españoles (RENFE) mantenga todos los
servicios ferroviarios actuales que conectan Granada con Madrid, y a que
se ejecute el convenio suscrito por dicha entidad y el Ayuntamiento de la
primera ciudad, por el cual se deben liberar terrenos de su estación de
trenes y construir una nueva terminal. (Número de expediente 661/000144.)
Se abre la sesión a las dieciséis horas y cuarenta y cinco minutos.
El señor PRESIDENTE: Señorías, se abre la sesión.
Ruego al señor Letrado que compruebe la asistencia de los señores
Senadores.
Por el señor Letrado se procede a la comprobación de las señoras y de los
señores Senadores presentes y representados.
El señor PRESIDENTE: Damos la bienvenida a los señores sustitutos y
deseamos un feliz desarrollo de la Comisión.
En primer lugar, procede la aprobación del acta de la sesión anterior,
que obra en poder de sus señorías. ¿Puede considerarse aprobada por
asentimiento? (Pausa.) Queda aprobada.
En segundo lugar, debo comunicar que el portavoz del Grupo Parlamentario
de Senadores Nacionalistas Vascos, señor Gatzagaetxebarría, ha solicitado
que las mociones de su Grupo sean aplazadas para su debate en otra
reunión de la Comisión, por lo que se modificaría el orden del día.
¿Están de acuerdo sus señorías? (Pausa.)
En consecuencia, las mociones del Grupo Parlamentario de Senadores
Nacionalistas Vascos se posponen para otra sesión.
-- DICTAMINAR EL PROYECTO DE LEY SOBRE REGIMEN DEL SUELO Y VALORACIONES.
(621/000068)
El señor PRESIDENTE: Pasamos a dictaminar el proyecto de ley sobre
régimen del suelo y valoraciones.
Se han presentado dos propuestas de veto, la número 1, de la Senadora
doña Inmaculada de Boneta, y la número 2, del Grupo Parlamentario
Socialista.
Para la defensa de la propuesta de veto de doña Inmaculada de Boneta,
tiene la palabra el Senador Nieto. (El señor Vicepresidente, Sanz Blanco,
ocupa la Presidencia.)
El señor NIETO CICUENDEZ: Con el fin de no repetir argumentos, voy a
defender la propuesta de veto en sus justos términos y voy a hacer
algunas consideraciones generales sobre el proyecto de ley.
Debo señalar que este Senador comparte tanto el veto presentado por la
Senadora De Boneta como el del Partido Socialista Obrero Español por las
razones siguientes.
En primer lugar, porque consideramos que este proyecto de ley sigue
invadiendo competencias de las Comunidades Autónomas y, por lo tanto,
introduce elementos de inconstitucionalidad.
En segundo lugar, porque el fin declarado en este proyecto de ley --como
argumenta el veto del Partido Socialista-- no va cumplir el objetivo que
se marca. Consideramos que, en lugar de pretender abaratar la vivienda,
como se dice en la exposición de motivos, se hace todo lo contrario. De
salir adelante este proyecto de ley --que imagino lo hará--, conforme
está concebido va a invadir competencias de las Comunidades Autónomas en
temas fundamentales, como en materia de cesión de suelo. Existen varias
Comunidades Autónomas, entre otras, Madrid, la Comunidad Valenciana, el
País Vasco, etcétera, donde se habla de cesiones. Por ejemplo, en Madrid
se habla del mínimo, el 15 por ciento; otras, del 5 al 15 por ciento,
etcétera.
Por tanto, consideramos que, indudablemente, se invaden competencias de
las Administraciones locales y autonómicas y se eleva el precio del
suelo. En nuestro país el precio del suelo es el más alto de la Unión
Europea, más alto incluso que en Holanda, que ya es decir, porque es un
país con un territorio muy limitado. Yo puedo recordar lo que dije en el
Pleno cuando discutimos esta ley; el suelo es un bien finito, no es
inagotable, y las plusvalías del suelo se generan a través de la acción
de la Administración Pública, a lo que no puede renunciar. No puede haber
vivienda social ni vivienda de cualquier tipo de protección si no hay
suelo disponible. Dejar todo eso a la iniciativa privada, indudablemente
significa que nos cargamos la vivienda de promoción pública, la de
protección oficial y, en definitiva, la posibilidad de hacer viviendas
para las capas más desfavorecidas.
Ese es un elemento importantísimo y capital y el argumento que se da en
la ley de que el problema es que
tiene que haber mucho suelo urbanizable para que éste se abarate, no es
verdad. Puede haber un montón de suelo urbanizable, pero el problema es
que el suelo urbanizable en las grandes ciudades, y no sólo en éstas,
está ya en manos de las inmobiliarias, de los intereses privados. Además
en esta ley se introduce la figura del agente privado que puede
promocionar o promover urbanizaciones independientemente de que la
Administración Pública lo contemple y de que, lógicamente, las plusvalías
reviertan en la Administración Pública. Si se renuncia a que los poderes
públicos jueguen un papel en la regularización del suelo, utilizando una
frase, a lo mejor, demasiado fuerte, la vivienda de protección oficial o
de promoción pública puede ser una falacia, máxime cuando sabemos otra
cuestión, que no contempla esta ley, y debiera hacerlo no con esas
pretensiones, sino sobre el valor del suelo, que es el problema de cómo
quedan las expropiaciones que, tal y como está planteado en la ley, en la
práctica no se pueden llevar a cabo, porque resulta mucho más caro para
las Administraciones y no se puede ejercer el derecho. Es decir, si un
propietario, por sus intereses, no quiere que su suelo entre en un
proceso de un polígono de desarrollo, pleitea, tarda tres o cuatro años,
y la Administración se ve obligada a negociar con él. Y cuando el
proyecto se refiere al justiprecio, ¿quién lo marca? ¿El Mercado? Lo
marcará un valor catastral, un interés social, porque el valor del
mercado de cada momento hace inviable cualquier operación desde el punto
de vista de que las Administraciones Públicas jueguen un papel regulador
y pueda haber suelo público que garantice la vivienda de protección
oficial. Esta ley, aparte de invadir las competencias de las Comunidades
Autónomas, se carga cualquier acción pública reguladora para,
efectivamente, abaratar el suelo de la vivienda.
Termino con una cuestión que no está en la ley, de la que quiero que
quede constancia en el «Diario de Sesiones»: esta ley obligaría al
Gobierno a revisar los módulos de la vivienda de protección oficial,
porque ya, con los precios actuales en una serie de grandes ciudades,
como Madrid, etcétera, si el valor del suelo no se abarata, no se puede
hacer vivienda de protección oficial, se sale fuera de los módulos, a no
ser que el módulo se revise y se tendría que revisar por encima del 20
por ciento. Por tanto, hay que ser coherentes y saber que nos estamos
planteando una ley que no es para abaratar la vivienda, sino para
encarecerla e imposibilitar en la práctica que pueda haber vivienda de
protección oficial, VPO, porque si las Administraciones no tienen suelo,
no puede jugar como factor regulador del mismo.
Nada más y muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Sanz Blanco): Muchas gracias, señoría.
¿Turno en contra? (Pausa.) Tiene la palabra el Senador Bris.
El señor BRIS GALLEGO: Sí, pero, si no le importa, prefiero acumular los
dos turnos.
El señor VICEPRESIDENTE (Sanz Blanco): Entonces, pasamos al veto del
Grupo Parlamentario Socialista. Tiene la palabra la Senadora
Pleguezuelos.
La señora PLEGUEZUELOS AGUILAR: Muchas gracias, señor Presidente.
Seré breve en aras de la tarde tan completa que nos queda. El veto que ha
presentado el Grupo Parlamentario Socialista a esta proyecto de ley
tiene, sin duda, muchos argumentos porque, entre otras cosas, incluso
tenemos un proyecto y un modelo alternativo. Podríamos decir que cada una
de nuestras enmiendas configuran ese texto alternativo. Sobre todo,
porque con este proyecto de ley, lejos de conseguir ese objetivo, que en
la memoria del proyecto dice el Gobierno pretender de abaratar el suelo
y, por ende, el precio de las viviendas, lo que tenemos claro es que con
este texto, si finalmente sale como parece que va a salir de las Cámaras,
lo que sí es seguro que se va a lograr es que se refuerce la posición de
los propietarios del suelo, creándoles muchas más expectativas de
beneficio y de incremento de su patrimonio de las que correspondería al
esfuerzo real que ese propietario haya hecho sobre ese suelo. Porque, sin
duda, el valor legal del suelo para el Grupo Parlamentario Socialista no
puede tener en cuenta, más allá de su valor inicial, otra cosa que el
esfuerzo que efectivamente haya hecho ese propietario sobre el suelo.
Se trata también de un texto poco o nada flexible, porque va a dificultar
y a complicar lo que es la aplicación por parte de las Comunidades
Autónomas de muchos de los aspectos que recoge el texto del Gobierno. Sin
duda, las condiciones básicas del derecho de propiedad y los métodos de
valoración que recoge ese texto van a suponer en algunos casos
actuaciones que corresponden a competencias autonómicas. Por tanto, hay
elementos que vamos a ir concretando a lo largo del debate en Pleno con
mayor profundidad.
Para terminar quisiera decir que este es un proyecto de ley que entró en
las Cámaras por vía de urgencia en junio y que llega a esta Cámara nueve
meses después, un auténtico parto en el que el Gobierno, aunque ha cedido
en otra cosas, no ha cedido en absoluto y continúa anteponiendo los
intereses particulares de los propietarios del suelo sobre los intereses
generales de un modelo de ciudad que sea fruto de la convivencia, de unos
equipamientos, de una infraestructura adecuada y, desde luego, que no les
dé expectativas a los especuladores de suelo, lejos posiblemente de esas
coyunturas económicas que tanto gustan a este Gobierno, que continuamente
en sus proyectos de ley apoya a esos colectivos, próximos
ideológicamente.
Por tanto, señorías, en el debate en Pleno insistiremos con más
profundidad en estos mismos argumentos, con más detalle, y en algunos
otros argumentos añadidos, pero nuestro veto se fundamenta básicamente en
un modelo alternativo al modelo del proyecto de ley que hoy debatimos.
Gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Sanz Blanco): Muchas gracias, Senadora
Pleguezuelos.
A continuación pasamos al turno en contra. Tiene la palabra el Senador
Bris.
El señor BRIS GALLEGO: Muchas gracias, señor Presidente.
Se han presentado dos vetos a la ley del suelo, uno del Grupo
Parlamentario Mixto y otro del Grupo Parlamentario Socialista. Disociando
ambos vetos, las razones por las que el Grupo Parlamentario Popular se
opone a ellos son diversas y distintas, aunque ciertamente hay un fondo
común. Respecto al veto de Eusko Alkartasuna se plantea de manera
especial un conflicto competencial en materia urbanística que no coincide
lógicamente con la filosofía del Grupo Parlamentario Popular ya que,
entre otras cosas, dentro de ese veto se afirma que habría que practicar
el absentismo de la normativa estatal en materia urbanística, cosa que
lógicamente no compartimos.
El Partido Popular ha preparado un proyecto de Ley en el que, con el fin
de que no ocurra lo mismo que sucedió con la Ley socialista del año 1990,
se ha cuidado al máximo el garantizar el respeto escrupuloso y exquisito
de las competencias de las Comunidades Autónomas, teniendo en cuenta,
como es lógico, la sentencia constitucional de 20 de marzo de 1997. Por
ello, no estamos de acuerdo con lo que ha manifestado el Senador Nieto
sobre que pueda existir una posible inconstitucionalidad, porque --vuelvo
a repetir-- este aspecto se ha cuidado al máximo por parte de nuestro
Grupo.
Asimismo --y este es un argumento que también ha utilizado la Senadora
Pleguezuelos--, sinceramente creemos que con esta Ley del Suelo se va a
abaratar el precio de la vivienda. Coincidimos con el portavoz del Grupo
Parlamentario Mixto en que es cierto que en estos momentos el precio del
suelo en España es el más alto de toda la Unión Europea, es decir, el
modelo que hasta ahora existía no ha funcionado. Por tanto, nosotros
queremos ir a otro modelo distinto, en el que también exista un
equilibrio entre la iniciativa privada y la iniciativa pública, que
permita abaratar el coste del suelo y, con ello, como es lógico, el coste
de la vivienda.
Y ésta es también una de las razones que ha manifestado la portavoz del
Grupo Parlamentario Socialista. Pero, aunque es lógico que sea en el
Pleno donde se debata con mayor profundidad todos estos temas, también es
cierto que de las enmiendas que se han ido viendo y se han estudiado sale
un modelo muy parecido al que existía anteriormente, es decir, un modelo
--vuelvo a repetir-- que no ha tenido ningún éxito en lo que se refiere
al abaratamiento del coste de la vivienda. Es más, ha influido de manera
muy negativa y los precios de la vivienda han subido de forma muy
disparatada, pues, realmente, el coste del suelo no es sólo el más alto
de la Unión Europea, sino que también lo es el coste de la vivienda en
relación con los salarios que se perciben.
Estamos, por tanto, señor Presidente, estudiando y viendo dos filosofías
distintas en lo que se refiere a diversos derechos, como es el derecho a
la propiedad. Tampoco coincidimos en el concepto de cesión, sobre el que
también se ha dicho algo en relación con este asunto a lo largo de este
debate, ni en los sistemas de valoración, y es lógico que no exista
coincidencia. Aunque hemos optado, como se puede observar en el texto del
proyecto de ley, por un sistema flexible que refleje con la mayor
exactitud posible el valor real, eliminando esa dualidad que existía
anteriormente entre el valor inicial y el valor urbanístico, desde luego,
estamos seguros de que este texto no complica para nada su aplicación por
parte de las Comunidades Autónomas, ya que, como decimos, se ha tenido en
cuenta la sentencia del Tribunal Constitucional de marzo de 1997. ¿Qué
estamos proponiendo? Señores Senadores, un modelo de urbanismo que
permita el abaratamiento del suelo y, por tanto, de la vivienda, cosa que
hasta ahora, sinceramente, con los modelos de Ley del Suelo que hemos
tenido no sólo no se ha conseguido, sino que se ha agravado.
Por tanto, este es el motivo de que nuestro Grupo, con argumentos que
haremos más extensivos en el debate de Pleno, rechace los dos vetos
presentados por el Grupo Parlamentario Mixto y el Grupo Parlamentario
Socialista.
Nada más y muchas gracias, señor Presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Sanz Blanco): Muchas gracias, Senador Bris.
Pasamos, a continuación, al debate de portavoces.
Por el Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra el Senador Nieto.
El señor NIETO CICUENDEZ: Muchas gracias, señor Presidente.
Con brevedad, quiero manifestar que, efectivamente, el modelo anterior no
era perfecto, por lo que no lo compartíamos, pero menos podemos compartir
el que se nos propone. Y ello fundamentalmente por dos cuestiones.
Si, efectivamente, uno de los grandes defectos del modelo anterior era
que en la práctica se hacían inviables los expedientes expropiatorios y
las administraciones locales se veían obligadas a concertar con los
empresarios del suelo, por lo que, al final, resultaba más caro, el
modelo que se presenta es aún más perverso. ¿Por qué no optamos por el
modelo holandés, el modelo alemán o el modelo francés en cuanto a la
legislación sobre expropiación del suelo, a fin de que las
administraciones públicas puedan llevar a cabo una función que no se
obstaculice?, porque, en definitiva, son los empresarios privados los que
imponen las condiciones del valor del suelo.
Este es un problema de fondo que no se resolvía con la Ley socialista,
pero el proyecto actual aún da más alas a los propietarios del suelo que
aquella. Por tanto, no vemos que se resuelva dicho objetivo con este
texto. Esta Ley, a nuestro entender, debería llamarse de regulación de la
propiedad del suelo y no debería entrar en las competencias sobre
cesiones, suelos programados, etcétera, es decir, competencias de las
Comunidades Autónomas.
Nada más y gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Sanz Blanco): Muchas gracias.
¿Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos? (Pausa.)
Tiene la palabra el portavoz del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado
de Convergència i Unió.
El señor BEGUER I OLIVERES: Muchas gracias, señor Presidente.
Nuestra posición respecto a las dos propuestas de veto que se acaban de
defender es totalmente negativa.
En primer lugar, no podemos estar de acuerdo con los argumentos que
manifiesta la Senadora De Boneta y que ha expuesto muy claramente el
Senador Nieto. A pesar
de la claridad de la exposición, estamos totalmente en contra de los
mismos. Y es que, si se hubiesen formulado en el momento en que se aprobó
la anterior Ley del Suelo, la de 1990, y su texto refundido de 1992, en
buena parte, aunque no en su totalidad, estaríamos de acuerdo con estos
argumentos. Pero está claro que, a raíz de una serie de recursos de
insconstitucionalidad que se formularon --entre ellos, de la Generalitat
de Cataluña--, hubo una sentencia del Tribunal Constitucional, de 20 de
marzo del pasado año, donde claramente se determinó qué artículos --buena
parte de ellos, dicho sea de paso-- de la Ley anterior eran
inconstitucionales.
Por tanto, el proyecto de ley presentado ahora, pactado y acordado entre
diversos grupos, entre el Grupo del Gobierno, el Grupo Popular,
Convergència i Unió, Partido Nacionalista Vasco y Coalición Canaria, a
nuestro juicio en absoluto incide en terrenos que podrían ser
resbaladizos y que pudiesen afectar a su constitucionalidad, porque
entendemos que no entra en muchos de los aspectos urbanísticos, ya que
justamente una gran parte del planeamiento urbanístico y de la ordenación
del territorio pertenece a las Comunidades Autónomas y, por ello, la ley
pasa prácticamente de soslayo sobre estos puntos.
Tampoco podemos estar de acuerdo en otros aspectos que hagan referencia a
si la ley puede ser inoperante. Al contrario, creemos que la Ley anterior
demostró su inoperancia y que ésta, en las líneas que marca, por lo
menos, puede dar lugar a un mejor resultado. Y en cuanto a los demás
aspectos del proyecto de ley relativos a la propiedad, proceso
expropiatorio, valoraciones, responsabilidad de las administraciones
públicas o procedimiento administrativo común, entendemos que se
resuelven de un modo correcto y eficaz, por lo que, en consecuencia, no
vemos por qué esta Ley no pueda ser bastante mejor, por no decir mucho
mejor, que la anterior.
Por tanto, nuestro Grupo votará en contra de las dos propuestas de veto
que se acaban de defender.
El señor VICEPRESIDENTE (Sanz Blanco): Muchas gracias, Senador Beguer.
Tiene la palabra la portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, Senadora
Pleguezuelos.
La señora PLEGUEZUELOS AGUILAR: Muchas gracias, señor Presidente.
Senador Bris, decía usted que han intentado evitar que les ocurra algo
parecido a lo que sucedió con el Gobierno socialista: una sentencia del
Tribunal Constitucional en contra de algunos aspectos. Pues bien,
nosotros encontramos serios indicios de inconstitucionalidad también en
este texto, porque, desde luego, no respetan algunas de las indicaciones
contenidas en dicha sentencia, por ejemplo, en lo relativo a la
clasificación detallada y precondicionada de las categorías específicas
de suelo, etcétera. Me temo con que nos podamos encontrar al final que,
incluso, alguna Comunidad Autónoma presente un recurso de
inconstitucionalidad. De todas formas para qué adelantarnos si ustedes lo
saben desde el principio y, a pesar de ello, han incidido en un texto
que, insisto, puede tener y tiene serios indicios de
inconstitucionalidad.
Decía usted --quizá le falten los datos y por ello se los voy a dar-- que
el precio de la vivienda había subido mucho durante los Gobiernos
socialistas y había que hacer un proyecto de ley como éste para
abaratarlo. Me resulta curioso y le repito que quizá le faltan los datos.
Los datos de hoy jueves, 5 de marzo, en el que hablamos del índice
general del IPC y la componente vivienda. El índice general está en 4,85.
La variación porcentual para la componente de vivienda es 1,5 por encima
desde hace dos años, desde enero de 1996, es decir, en los dos años que
vienen ustedes gobernando y a partir, sin duda, de la Ley de
liberalización de suelo y colegios profesionales, y todo esto ocurre
teniendo, sin duda, un elemento a favor de ustedes que era la bajada de
los tipos de interés. Imagínese, si no se hubiera producido ese elemento,
cuánta sería esa variación porcentual de la componente vivienda en el
IPC.
Por tanto, señoría, sean ustedes serios. ¡Claro que hay modelos
diferentes! Hay un modelo como el del texto del Gobierno que prima los
intereses de los propietarios del suelo, que incentiva, sin ninguna duda,
la especulación y los beneficios y expectativas de estos propietarios,
frente a un modelo europeo de una ciudad con un urbanismo sostenible que
ustedes no priman, no mantienen en su texto y que, desde luego, va por
encima de los intereses generales de todos los ciudadanos. Hay
diferencias de modelos, sin duda, y por eso creemos que el resultado
final va a ser muy deprimente para este país si ustedes no corrigen las
deficiencias en este trámite, y tiempo tienen todavía.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Sanz Blanco): Muchas gracias, Senadora
Pleguezuelos.
Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el Senador Bris.
El señor BRIS GALLEGO: Muchas gracias, señor Presidente.
Quiero volver a insistir sobre el tema de la inconstitucionalidad. El
Gobierno ha mirado perfectamente la sentencia de marzo de 1997 para no
caer en esos graves errores en los que cayó el Grupo Socialista.
Realmente fue un récord del Libro Guinness cuando se tuvieron que
suprimir por el Tribunal más de 200 artículos, de aproximadamente 300 que
tenía aquella Ley. Por lo tanto, eso sí que fue verdaderamente un récord
importante.
Quiero decir que habría que ver cuál era y es la incidencia en los años
en los que ha estado en vigor esta Ley, desde el año 1990 al año 1997, en
que los precios de la vivienda se han disparado de manera desorbitada,
que, por otra parte, ha habido más especulación que nunca en España --fue
el momento de aquel gran pelotazo del que se hablaba que se podría
conseguir en muy poquito tiempo-- y realmente este modelo del cual está
hablando el Partido Socialista es un modelo obsoleto, es un modelo
fracasado, y nosotros indudablemente queremos tener un modelo más
moderno, un modelo más parecido al de otros países de Europa.
Por lo tanto, nosotros estamos convencidos de que este modelo va a ser
mucho más adecuado para la situación real que en estos momentos vive el
pueblo español que aquel otro modelo en el que primó la especulación y,
desde luego, primó el que la gente con menos recursos económicos
no pudiera acceder a un bien constitucional, como es el de la vivienda.
Por lo tanto, vamos a seguir manteniendo, como es lógico, nuestro voto en
contra de dichos vetos.
Nada más y muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Sanz Blanco): Muchas gracias, Senador Bris.
Pasamos, a continuación, a la votación de los dos vetos.
En primer lugar, votación del veto de la Senadora del Grupo Parlamentario
Mixto.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos a favor, nueve;
en contra, 16.
El señor VICEPRESIDENTE (Sanz Blanco): Queda rechazado.
A continuación, votamos el veto del Grupo Parlamentario Socialista.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos a favor, nueve;
en contra, 16.
El señor VICEPRESIDENTE (Sanz Blanco): Queda rechazado. (El señor Beguer
i Oliveres pide la palabra.)
El Senador Beguer tiene la palabra.
El señor BEGUER I OLIVERES: Muchas gracias, señor Presidente.
Señor Presidente, me parece que sería útil hacer un recuento de los
miembros que tiene el Grupo Parlamentario Popular.
El señor VICEPRESIDENTE (Sanz Blanco): Hecho el recuento, quedan
rechazados los dos vetos por 15 votos en contra y diez a favor.
Pasamos, a continuación, a realizar una ordenación del debate. Si les
parece, podríamos agrupar las enmiendas en cuatro grupos: en primer
lugar, Títulos I y II; en segundo lugar, Título III; en tercer lugar, los
restantes y, en cuarto lugar, la Exposición de Motivos. Las enmiendas a
las disposiciones finales podrán debatirse al hilo de cada Título.
Por lo tanto, en primer lugar, pasamos a la defensa de las enmiendas de
los Títulos I y II. El Grupo Parlamentario Mixto ha presentado a estos
títulos las enmiendas números 25 a 43.
Para su defensa, tiene la palabra el Senador Nieto Cicuéndez.
El señor NIETO CICUENDEZ: Muchas gracias, señor Presidente.
Voy a ser breve ya que no voy a argumentar las enmiendas una por una. Lo
único que pretendemos con las mismas, de acuerdo con lo que se expresa en
la Exposición de Motivos, es introducir los mecanismos para que el suelo
quede más regulado y buscar el abaratamiento del mismo.
Un tema que a nosotros nos preocupa es que cuando se inicia el proceso
expropiatorio, en el supuesto de que se inicie, el justiprecio del suelo
puede tener un valor distinto cuando el recurso termina, y el recurso
puede durar hasta dos o tres años. Nosotros creemos que el justiprecio
del suelo, aunque está en una ambigüedad terrible porque lo deja a nivel
del mercado, pero incluso a ese nivel, habría que valorarlo cuando se
inicia el proceso, no cuando termina, porque cuando termina puede ser una
prima más al propietario que ha obstaculizado el desarrollo de cualquier
proyecto urbanístico.
Espero que al menos esa enmienda sea aceptada por el Grupo Parlamentario
Popular.
Nada más y muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Sanz Blanco): Muchas gracias, señor Nieto.
Pido consejo a sus señorías sobre si después de la defensa de las
enmiendas de cada Grupo habrá turno en contra o, por el contrario, el
turno en contra y el turno de portavoces se dejan para el final de las
enmiendas de cada título. (Pausa.) Se realizará al final de cada título.
Pasamos a continuación a la defensa de las enmiendas números 68 a 101,
del Grupo Parlamentario Socialista.
El Senador Rodríguez de la Borbolla tiene la palabra.
El señor RODRIGUEZ DE LA BORBOLLA CAMOYAN: Gracias, Presidente.
También voy a ser breve, pero intentando dejar claras algunas cuestiones.
Las enmiendas que presentamos a los títulos I y II derivan de una
valoración general de la Ley y de los defectos que, desde nuestro punto
de vista, tiene, que es a lo que se ha referido la Senadora Pleguezuelos
en la justificación de nuestro veto.
Para nosotros, hay dos cuestiones fundamentales que se reflejan en estos
títulos. Primera, la consideración que la Ley hace del urbanismo es una
consideración según la cual éste sería una actividad no integrada en
otras políticas más amplias --entre otras, el medio ambiente, la defensa
del uso racional de los recursos naturales, la defensa del Patrimonio
Histórico-artístico, etcétera-- en las cuales, de ser integrado en ellas,
existirían títulos competenciales propios del Estado para desarrollar
propuestas, que son las que nosotros pretendemos incorporar a esta Ley.
El urbanismo, por lo tanto, se considera como una actividad aislada no
relacionada con ninguna otra política de ordenación del territorio o de
la actividad económica.
En segundo lugar, en lo que se refiere al régimen del suelo, parece como
si éste y su ordenación fueran un ámbito, un territorio en el cual sólo
existiera un conflicto: el que se produce entre el interés del
propietario del suelo y el de la Administración Pública en la
planificación y ordenación del suelo. Esa es una visión sesgada y
alicorta de toda la problemática que se relaciona con la ordenación del
territorio y con la ordenación del suelo en general. En definitiva,
cayendo en ese vicio, el proyecto de ley entra en la falsa dialéctica
intervencionismo-mercado, de la cual, según dicen los postuladores de
este proyecto de ley, se pretende huir. Nada más incierto, puesto que, al
final, es esa la única dialéctica en la que se cae y, además, del lado
del interés privado del propietario del suelo exclusivamente, como si en
esta ordenación del suelo no hubiera otros intereses en conflicto. Los
hay. Hay otros intereses como son, desde una perspectiva
jurídico-constitucional, los llamados intereses difusos en la defensa del
medio
ambiente, en la mejora de la calidad de vida y en la defensa del
patrimonio. Existen otros intereses individuales que hay que defender,
aparte de los de los propietarios del suelo, como son los intereses de
cualquier otra iniciativa privada para participar en la urbanización y
ordenación del territorio. Existen intereses de colectivos o grupos
sociales que también merecen ser defendidos y contemplados en este
proyecto de ley. Y existen, finalmente, los intereses generales, ya sea
de la sociedad más inmediata al suelo que vaya a ser objeto de
transformación, ya sea de la sociedad en general, que merece la pena que
sean defendidos. Estos no están contemplados y, por lo tanto, se cae en
una serie de errores que pretendemos corregir con nuestras enmiendas,
porque, si no, al final, en este proyecto de ley parecería como si el
suelo fuera sólo una cuestión del propietario, pero el suelo, para la
ciudad, no es sólo una cuestión que ataña al propietario; el suelo atañe
a todos los ciudadanos. Por ello presentamos un conjunto de enmiendas que
relaciono muy brevemente.
Las que se refieren a los artículos 1 a 6, enmiendas 68 a 73, van
dirigidas a introducir en el proyecto de ley más precisión en el objeto
propio de la ley, en los principios rectores de la acción territorial y
en los fines que debe perseguir toda acción urbanística.
La enmienda 71 se relaciona con las plusvalía, y lógicamente defendemos
una posición gracias a la cual se posibilite una mayor participación de
la sociedad en el disfrute de esas plusvalías y, por lo tanto, un mayor
papel de las administraciones públicas en la disposición de servicios de
todo tipo para los ciudadanos.
En lo que se refiere a los artículos 7 a 11, diré que nos parece que en
éstos, como en otros, es preciso introducir correcciones importantes.
Así, la enmienda 75, relativa a las clases de suelo, pretende que se
introduzcan, a la hora de hacer la clasificación, los fines a los cuales
se ordena ésta, porque a los solos efectos de esta Ley, a los solos
efectos del régimen urbanístico, la clasificación del suelo en urbano,
urbanizable y no urbanizable puede incluso exceder del ámbito de lo
reglado por la Constitución. Nos parece que merece la pena que el suelo
sea clasificado en este proyecto de ley en urbano, urbanizable y no
urbanizable, pero no sólo a los efectos de esta Ley, sino también a los
de la mejora y conservación del medio ambiente orientado, en definitiva,
a un desarrollo sostenible.
En los artículos 12 a 22, presentamos enmiendas relacionadas con los
derechos y deberes de los propietarios y de cualquier otro agente que
pueda intervenir en el proceso de urbanización, intentando así
salvaguardar los derechos de otros agentes privados, otros representantes
de la iniciativa privada que no sean los meros propietarios.
En definitiva, señorías, se trata de una serie de enmiendas que van
dirigidas a hacer posible la actividad de la iniciativa privada, no sólo
de la iniciativa privada del propietario para defender los intereses no
sólo individuales del propietario, sino otros intereses individuales,
colectivos, sociales y generales, y a garantizar una mejor incardinación
de la ordenación del suelo en una serie de políticas que son atribuibles
al Estado en su conjunto y que es necesario que orienten la ordenación
del régimen del suelo.
Gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Sanz Blanco): Gracias.
Pasamos a la defensa de las enmiendas 2 a 7, de la Senadora De Boneta.
Tiene la palabra el Senador Nieto.
El señor NIETO CICUENDEZ: Gracias, señor Presidente.
Las doy por defendidas en sus justos términos, al igual que, para no
volver a pedir luego la palabra, doy también por defendidas en sus justos
términos las enmiendas de Coalición Canaria, firmadas por el señor Ríos.
Sugiero a la Presidencia que, puesto que está aquí, se dé la palabra al
Senador Ferrer para que defienda las enmiendas que ha presentado.
Gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Sanz Blanco): Muchas gracias, Senador Nieto.
Pasamos a continuación a la defensa de las enmiendas del Grupo
Parlamentario Popular, 55 a 59.
Tiene la palabra su señoría.
El señor BRIS GALLEGO: Muchas gracias, señor Presidente.
Como sabe la Mesa, la enmienda 55, al artículo 4, ha sido sustituida por
una enmienda transaccional que obra en su poder. En lo que se refiere a
la enmienda 56, que lo es al artículo 7, y a la enmienda 57, que lo es al
artículo 9, debo decir que se mantienen en sus justos términos, tal y
como figuran en las enmiendas cuando se presentaron.
Las otras dos enmiendas a las que se refiere la Mesa, que son la 58, al
artículo 15, y la enmienda 59, al artículo 16, se sustituyen por unas
enmiendas transaccionales cuyo texto también obra en poder de la Mesa.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Sanz Blanco): Muchas gracias, Senador Bris.
Pasamos a la defensa de las enmiendas del Grupo Parlamentario de
Senadores Nacionalistas Vascos, 19, 20, 21, 22 y 23.
Tiene la palabra el Senador Caballero.
El señor CABALLERO LASQUIBAR: Gracias, señor Presidente.
Intervengo para darlas por defendidas en sus justos términos.
Gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Sanz Blanco): Muchas gracias, señoría.
Enmiendas del Senador Ferrer, 10, 11 y 12.
El señor FERRER ROSELLO: Gracias, señor Presidente.
En 1994, la Administración socialista de la Comunidad Valenciana dio luz
verde a la que se dio en llamar Ley reguladora de la actividad
urbanística. Cabe pensar, pues, que el Grupo Parlamentario Socialista
tenía puestas las mayores esperanzas en la bondad del mencionado proyecto
y creía firmemente en él, si bien es cierto que los resultados
electorales dieron como resultado que fuera
el Partido Popular el que se viera en la obligación de aplicar el
mencionado proyecto.
Y voy a referirme a un informe aparecido en 1997, un informe que ya
proviene del Partido Popular, y que hace referencia directa, para ser
exactos, a las bondades del mencionado proyecto de ley. Resumiéndolo,
diría que en primer lugar destaca --y repito que es un informe de la
propia Administración Partido Popular-- que el proyecto ha intensificado
notablemente la actividad urbanizadora en la Comunidad Valenciana. Entre
otras muchas cosas dice, por ejemplo, que mientras el número de
actuaciones poligonales que se impulsaron por término medio durante el
período 1990-1994 era de 40 polígonos al año en la Comunidad Valenciana,
durante el año 1995 y los primeros diez meses del año 1996 el número
total de programas para el desarrollo de actuaciones integradas,
tratamitadas según la nueva ley valenciana, ha sido de 245.
Apunta también, respecto a la intensificación de la actividad
urbanizadora, un segundo aspecto que tiene notable interés, y es el
relativo a la importancia que ha cobrado la iniciativa privada en este
tipo de operaciones. Así, exponen que durante el período 1990-1994 el
número de actuaciones de iniciativa pública era similar a las de
iniciativa privada -- podríamos hablar de una actuación al 50 por
ciento-- y en el período 1995-1996 el peso relativo de la iniciativa
privada ha aumentado hasta alcanzar el 85 por ciento, mientras que la
iniciativa pública se mantiene en el 15 por ciento. Todo ello sin que
haya disminuido para nada --al revés, ha aumentado-- el montante total
absoluto de la intervención pública.
En segundo lugar, el informe manifiesta que ha sido una ley que ha tenido
una notable aceptación social. En este sentido señala que el 75 por
ciento de la inversión urbanística privada se ha gestionado mediante las
condiciones y mecanismos propios de la Ley Reguladora de la Actividad
Urbanística, la Ley valenciana, y se han utilizado, precisamente, estos
mecanismos porque con el sistema de compensación habría sido imposible,
repito, efectuar este tipo de actuaciones.
También destaca, respecto a su aceptación social, que ha tenido una
aplicación extraordinariamente homogénea. Lo ha sido en las tres
provincias prácticamente por igual y, lo que es todavía más notable, lo
ha sido en municipios con independencia de su tamaño. Así manifestaba,
por ejemplo, que en municipios pequeños, con población inferior a 15.000
habitantes, se ha comprometido el 30 por ciento de la inversión; en
municipios medianos, poblaciones entre 15.000 y 120.000 habitantes, se
agrupaba a un 31 por ciento de la inversión y en municipios grandes, de
más de 120.000 habitantes, se ejecutaba el 39 por ciento de la inversión.
Es decir, los mecanismos de la Ley Reguladora se aplicaban por igual en
todo tipo de municipios. Incluso aquellos mecanismos aparentemente más
sofisticados, como los concursos de selección del urbanizador, etcétera,
funcionan de igual manera en municipios grandes, medianos y pequeños.
Por último, hablaba de la mejora de la gestión. A este respecto decía, el
informe, por ejemplo, que el tiempo de tramitación de los planes se ha
reducido, pero no se ha hecho de cualquier manera. Es decir, planes que
de acuerdo con la legislación anterior a la aparición de la Ley
valenciana tardaban aproximadamente entre 4 y 5 años, tardan en este
momento entre 4 y 5 meses, o sea, se ha acelerado la tramitación
aproximadamente unas 12 veces.
Además, la oferta de suelo ha aumentado y excede en este momento la
demanda prevista. Es este, a nuestro juicio, uno de los sistemas más
racionales y más regulares para mantener e incluso abaratar el precio de
las viviendas. Cita exactamente que se está gestionando suelo para 39.000
viviendas anuales, cuando la demanda prevista es de 33.000 viviendas. Se
está, a nuestro juicio, regulando realmente el precio del suelo.
Finalmente, diré que el plazo de realización de estas obras de
urbanización --que son plazos habitualmente costosos, complicados, ya que
son obras importantes-- está siendo inferior siempre a los 30-32 meses.
El estudio acaba con una serie de conclusiones generales. Habla de que ha
habido un aumento de la producción del suelo urbanizado; se refuerza el
valor del planeamiento, puesto que lo que se está urbanizando en este
momento, no lo olvidemos, es lo que estaba previsto en los planes
generales; se potencia la actividad empresarial; hay un incremento de la
transparencia de los procedimientos y además se adivina una cierta
superación del conflicto entre lo público y lo privado.
Esta es, pues, señorías, la experiencia que ha tenido el partido en el
Gobierno en la Comunidad Valenciana, el Partido Popular, respecto de la
Ley Reguladora de la Actividad Urbanística. Y esta situación, que es
francamente muy interesante, se debe principalmente a la introducción de
la figura del urbanizador. Es decir, alguien que actúa como tal sin ser
necesariamente propietario del suelo. Se ha dicho que se abre una cierta
puerta en el artículo 4 para poder continuar con esta actividad. A
nuestro juicio, en realidad lo que se genera es un mayor grado de
confusión. También se ha dicho que esta figura del urbanizador afecta al
derecho de la propiedad, al derecho de los propietarios. Es una opinión
que no compartimos, puesto que, al fin y al cabo, el urbanizador lo único
que hace es exactamente lo mismo que deben hacer los ayuntamientos, sólo
que más rápido y a mejor precio.
Sin embargo, la aprobación de la nueva ley, señorías, dejaría fuera de
juego algo que cuando menos en la Comunidad Valenciana nos ha dado unos
más que notables resultados. En este sentido, solicitaríamos del partido
que sustenta al Gobierno un ejercicio de reflexión y, por lo menos, un
ejercicio de comunicación con sus compañeros en la Comunidad Valenciana,
que, repito, están aplicando y con brillantez un proyecto que está dando
los mejores resultados.
En este sentido van, básicamente, las enmiendas que hemos presentado. No
afectan al sistema general, pero dejan a salvo el sistema que seguimos en
la Comunidad Valenciana. Pensamos que es lo más razonable, lo más
racional y deseamos, repito, ese ejercicio de reflexión por parte de
todos.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Sanz Blanco): Muchas gracias, Senador Ferrer.
A continuación, pasamos al turno de portavoces.
Tiene la palabra el portavoz del Grupo Parlamentario Mixto.
El señor NIETO CICUENDEZ: Voy a ser breve. Aprovecho el turno de
portavoces para manifestar, en nombre del Senador de Coalición Canaria,
don Victoriano Ríos, que de aprobarse la enmienda número 57 del Partido
Popular se mantendría el texto tal y como ha venido del Congreso de los
Diputados.
Nada más y muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Sanz Blanco): Muchas gracias.
Tiene la palabra el portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.
El señor RODRIGUEZ DE LA BORBOLLA CAMOYAN: También voy a ser breve, señor
Presidente.
Nuestro anuncio, respecto al voto particular, es que de aceptarse las
enmiendas 57 y 59 del Partido Popular, mantendríamos el voto particular
para la vuelta al texto originario. Nos parece, sobre todo en el artículo
57, que el afán de defensa del interés privado en contra del interés
general es absolutamente desmadrado, valga la expresión. En términos
generales, la Administración sirve con objetividad los intereses
generales, según afirma la Constitución. No tiene que haber razones
explícitas de interés general para que ese interés general sea defendido
y nos parece que hacer una redacción de este tipo es darle la vuelta al
juego de los intereses privados, colectivos y generales.
El señor VICEPRESIDENTE (Sanz Blanco): Muchas gracias.
Tiene la palabra el portavoz del Grupo Parlamentario Popular.
El señor BRIS GALLEGO: Muchas gracias, señor Presidente.
Yo creo que en los títulos que acabamos de debatir, los títulos I y II,
se ha puesto de manifiesto la actitud de consenso del Partido Popular,
puesto que ha presentado varias enmiendas transaccionales, que yo pienso
que ha satisfecho algunas de las cuestiones que se habían planteado por
parte de los grupos políticos. Desde luego, no puedo compartir, ni mucho
menos, lo que en relación con la enmienda número 57 acaba de manifestar
el portavoz del Grupo Parlamentario Socialista. Nosotros pensamos que el
urbanismo siempre tiene que estar movido por un interés general y por eso
las administraciones públicas son aquellas que son gestoras de ese
urbanismo. Lo que sí existe en nuestro texto, por esa filosofía distinta
y modelos diferentes, es el equilibrio que tiene que existir entre la
iniciativa pública y la privada, pero ni mucho menos no anteponer el
interés general --como se manifiesta en la enmienda a la que se ha
referido el portavoz socialista-- a cualquier otra cuestión.
Nada más y muchas gracias, señor Presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Sanz Blanco): Gracias.
Por el Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos, tiene la
palabra su portavoz, el Senador Caballero.
El señor CABALLERO LASQUIBAR: Muchas gracias, señor Presidente.
Quiero retirar las enmiendas 18, 19 y 24.
El señor VICEPRESIDENTE (Sanz Blanco): Senador Caballero, estamos en el
turno de portavoces de los Títulos I y II. La enmienda 24 pertenece al
Título III.
El señor CABALLERO LASQUIBAR: Creí que pertenecía al II. Entonces, la
retiraré más tarde.
El señor VICEPRESIDENTE (Sanz Blanco): Gracias.
¿Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió?
(Pausa.)
Pasamos, a continuación, a la defensa de las enmiendas correspondientes
al Título III.
Tiene la palabra el Senador Ferrer para defender la enmienda número 13.
El señor FERRER ROSELLO: Muchas gracias, señor Presidente.
Respecto de la enmienda 13, presentada al artículo 23, debemos manifestar
que el texto del Proyecto no sólo pretende regular las valoraciones
expropitarorias, lo que sin duda corresponde al Estado, sino que también
regula los criterios aplicables a la reparación o equidistribución.
Entendemos, señoría, que la sentencia del Tribunal Constitucional de
marzo de 1997 es absolutamente clara cuando manifiesta que al Estado le
compete regular la valoración a efectos expropiatorios. Pero en rigor y a
los efectos competenciales que interesan, recogidos en el artículo
149.1.18.ª de la Constitución, no es la reparcelación una institución
expropiatoria sobre la que haya de proyectarse el referido título
estatal. De ahí se infiere que las letras c) y e) del artículo 166.1 del
texto no pueden quedar amparadas por la competencia estatal sobre
expropiación forzosa y, en consecuencia, constituyen disposiciones
contrarias al bloque constitucional.
Señorías, de nuevo hacemos desde este banco una llamada a la reflexión
porque tal vez podríamos ahorrarnos problemas y dificultades si nos
adaptáramos mejor o más directamente a lo dispuesto por la sentencia del
Tribunal Constitucional.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Sanz Blanco): Muchas gracias, Senador Ferrer.
Pasamos a las enmiendas 60 y 61 del Grupo Parlamentario Popular.
Tiene la palabra el Senador Liso.
El señor LISO MARIN: Muchas gracias, señor Presidente.
Sustituyo en este momento a nuestro portavoz, el señor Bris.
La enmienda número 60 de nuestro Grupo, al artículo 23, está amparada por
una transaccional que ya está en poder de la Mesa.
La enmienda número 61 la damos por retirada.
El señor VICEPRESIDENTE (Sanz Blanco): Muchas gracias, Senador Liso.
Pasamos a las enmiendas del Grupo Parlamentario Socialista 110, 102 a la
112 y 113 y 114 que son de creación de nuevos Títulos, el Título III bis
y el Título III ter.
Tiene la palabra la Senadora Pleguezuelos.
La señora PLEGUEZUELOS AGUILAR: Muchas gracias, señor Presidente.
Hemos de añadir la enmienda 134 a una disposición transitoria nueva.
Podríamos decir que el Gobierno no ha cambiado un ápice, desde que el
Proyecto de Ley inició su tramitación, este Título III, «valoraciones».
El único cambio es que a lo que llamaba «valor real del suelo» ahora lo
llama exclusivamente «valor del suelo», pero mantiene el criterio de
valoración de ese suelo de acuerdo con el valor de finca análoga en lo
que se refiere, concretamente, al suelo urbanizable. Sin duda, no se ha
movido ni un ápice de su planteamiento original.
El Grupo Parlamentario Socialista entiende que este planteamiento, que
recoge el texto del Gobierno, está distorsionando los mecanismos que en
este momento se aplican. De nada sirve que en la legislación estatal se
introduzca la figura del agente urbanizador, como ocurre con el modelo
valenciano, si no se modifican los criterios de valoración del suelo. Al
final, lo que va a pasar es que se paralizará y, tras esa segurísima
especulación del suelo que van a protagonizar los propietarios, la
dinamización con que se está trabajando en el mercado del suelo, y que ha
tenido como modelo en los últimos años el de la Comunidad Valenciana, va
a servirnos de poco, yo diría que incluso se va a paralizar.
Por eso, señor Presidente, hemos formulado las enmiendas 102 --como decía
su señoría-- a 112. En ellas nosotros planteamos un criterio general de
valoración que en ningún caso tenga en cuenta las determinaciones del
planteamiento en vigor, pues el suelo vale en función de lo que ha
invertido en él el propietario, añadiéndole lógicamente su valor inicial.
No entendemos que se sobrevalore, que se hable de valores de mercado o de
precios de mercado en estos casos. Por eso, en nuestra enmienda
modificamos el texto de los artículos 26, 27 y 28 del proyecto de ley y
pedimos la supresión del actual artículo.
No podemos aceptar, en definitiva, que un suelo urbanizable, por el hecho
de serlo, pueda adquirir un valor legal que sea equivalente a ese valor
de mercado del que hablamos. Entendemos que son dos conceptos distintos.
El valor legal debe ser más estable, debe estar menos sujeto a las
coyunturas económicas. Si realmente queremos abaratar el precio del suelo
y, por ende, el de la vivienda, eso es lo que tenemos que hacer. Tenemos
que incidir en la estabilidad del valor legal del suelo sin someterlo a
los avatares de las coyunturas económicas.
Si se acepta el texto del Proyecto del Gobierno sufriremos un
encarecimiento de los suelos urbanizables y no urbanizables, porque
estaremos a expensas de las expectativas económicas y de especulación, a
las que me refería antes, de los propietarios del suelo. En ese sentido,
el punto segundo de la enmienda número 106 que voy a leer, si me lo
permite, nos deja claro, nos precisa nítidamente, diría yo, que el modelo
valenciano funcionaría y no pondríamos trabas al desarrollo de ese modelo
de la Comunidad Valenciana. Dice nuestro texto al artículo 27.2: «El
valor del suelo, una vez adquirido un derecho urbanístico, será el
correspondiente al valor urbanístico de la fase correspondiente añadiendo
el importe de los gastos ya efectuados y tendentes a la ejecución del
planeamiento, siempre que queden debidamente justificados». Es decir, que
se haga con dinamismo, con eficacia y sin problemas y que los
propietarios de suelo no sean especuladores, porque el modelo que
planteamos es más justo. El modelo da una contrapartida a aquellos
propietarios o agentes urbanizadores que quieren trabajar en pro de su
ciudad, pero, desde luego, no da expectativas a esos propietarios de
suelo especuladores que no sirven nada más que para enriquecerse y que no
aportan nada a los ciudadanos, pues tratan de sacar provecho de lo que
injustamente este proyecto de ley les revierte.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Sanz Blanco): Muchas gracias, Senadora
Pleguezuelos.
A continuación, pasamos a la enmienda número 24 del Grupo Parlamentario
de Senadores Nacionalistas Vascos.
Tiene la palabra el señor Caballero.
El señor CABALLERO LASQUIBAR: Muchas gracias, señor Presidente.
Voy a darla por retirada.
El señor VICEPRESIDENTE (Sanz Blanco): Pasamos al turno de portavoces.
Grupo Parlamentario Mixto? (Pausa.)
¿Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos? (Pausa.)
¿Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió?
(Pausa.)
¿Grupo Parlamentario Socialista? (Pausa.)
Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el Senador Liso.
El señor LISO MARIN: Muchas gracias, señor Presidente.
Voy a hacer unas simples precisiones, señor Presidente, a la intervención
que la Senadora Pleguezuelos ha hecho. Pienso que estamos reiterando o
repitiendo constantemente los conceptos. Todos los que componemos la
Comisión --como muy bien apuntaba usted-- estamos al tanto de lo que se
ha dicho en el transcurso del debate de las enmiendas a la totalidad por
unas partes y por otras. Nuestro portavoz ha expresado nuestras razones
de una forma rotunda y clara.
Existen dos concepto de qué es el urbanismo, cómo debe comportarse y cómo
se debe regir. La experiencia que hemos tenido durante muchos años ha
sido muy negativa. No quiero entrar en calificativos que puedan
distorsionar un debate que se va desarrollando de una manera muy
tranquila y sosegada, pero lo que sí es seguro es que no ha ido bien.
Estamos ahora con un proyecto de ley que a lo largo de su tramitación y
sus debates en comisión, tanto en la del Congreso como en la que hemos
iniciado hoy mismo aquí en el Senado, nos lleva a la conclusión de que el
Gobierno, apoyado por el Partido Popular, ha elaborado una ley en la que
admite toda una serie de compromisos, toda una serie de colaboraciones,
toda una serie de diálogos con el resto de los grupos, lo cual ha sido
aceptado mayoritariamente. Los grupos parlamentarios que no lo han hecho
desde el primer momento
se mantienen en esa tesitura y siguen planteando en sus enmiendas --en el
caso concreto del Partido Socialista prácticamente es un texto
alternativo-- una línea, una tesis de un urbanismo y de un comportamiento
similar, más o menos, a la Ley que ha sido prácticamente desbaratada por
la sentencia del Tribunal Constitucional. Nosotros vamos a continuar en
esta línea y, desde luego, no hay que ver tantos especuladores por todas
partes y no hay que prever que la iniciativa privada tenga única y
exclusivamente esos fines. Las valoraciones tienen que ajustarse a lo que
es el valor de las cosas; no se puede de una manera arbitraria, de una
forma burocrática, imponer unas valoraciones concretas. El régimen de
propiedad tiene esos derecho que queremos que se contemplen aquí, y ese
es uno de los contrapuntos precisamente que confluyen más con los grupos
parlamentarios que no apoyan este proyecto de ley. Nada más.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Sanz Blanco): Muchas gracias, Senador Liso.
Pasamos a continuación al debate de las enmiendas a los restantes títulos
y disposiciones que no hayan sido, lógicamente, defendidas previamente en
relación con las disposiciones finales.
En primer lugar, procedemos al debate de las enmiendas números 115 a 136,
presentadas por el Grupo Socialista.
Tiene la palabra la Senadora Blanco Barbero.
La señora BLANCO BARBERO: Gracias, señor Presidente.
Voy a defender las enmiendas que hacen referencia a los Títulos IV y V
del proyecto de ley, presentadas por el Grupo Socialista.
La enmienda número 115, que presentamos al Título IV, «expropiaciones»,
es de sustitución al texto del proyecto de ley que presenta el Gobierno.
Entendemos que es la alternativa más coherente con el proyecto que desde
el Grupo Socialista consideramos más adecuado para una política lo más
correcta y rigurosa posible en materia de suelo, cuya finalidad no es
otra que, sobre ese suelo, se puedan construir viviendas de calidad al
precio más barato y razonable posible para que puedan ser asequibles.
Nuestra enmienda recoge, de un lado, el régimen de expropiación forzosa
con una regulación más detallada del instrumento jurídico, a fin de
posibilitar el cumplimiento de la función social de la propiedad y los
deberes básicos que la propiedad del suelo tiene con la sociedad. Por
otro lado, recoge los aspectos más destacados del régimen de venta
forzosa que pretendemos incorporar a la futura ley lo más
pormenorizadamente posible.
En cuanto al régimen de expropiación forzosa, recogemos los supuestos
expropiatorios recogidos en este proyecto; los pasos a seguir por los
bienes públicos que, afectados por un uso determinado, cambian de
finalidad como consecuencia del cambio de planeamiento; la constitución
de servidumbres; la modalidad de gestión de la expropiación en función
del órgano, institución o administración que ha de llevarla a cabo; los
beneficiarios de la expropiación; la aplicación supletoria de la
legislación general de expropiación forzosa; la determinación del
justiprecio; el pago del justiprecio por adjudicación de terrenos; el
procedimiento; la tramitación de tasación conjunta; la aprobación y
efectos del procedimiento de tasación conjunta; el pago del justiprecio;
la ocupación e inscripción en el Registro; la adquisición libre de
cargas; los supuestos de reversión de los terrenos expropiados y la
reversión de la expropiación por incumplimiento.
Con respecto al régimen de venta forzosa, he de manifestar que supone una
fórmula alternativa a la expropiación cuando por razones de
incumplimiento de los deberes urbanísticos se opta, de acuerdo con el
procedimiento que debe establecer la legislación urbanística, por vender
tanto el derecho de propiedad como el derecho de ejecución de la
urbanización o de edificación. Creemos que debería incorporarse al
proyecto de ley para que éste tenga un contenido más pormenorizado, más
claro y completo que pueda hacer frente a gran parte de la casuística que
se puede plantear a su interpretación y aplicación.
Son varias las enmiendas que presentamos al Título V, que habla de
supuestos indemnizatorios. Son las enmiendas números 118, 119, 120, 121,
122 y 123. En consecuencia con nuestras enmiendas, en el artículo 41
hablamos de indemnizaciones por alteración de planeamiento. Entendemos
que este texto es más definitorio y concreto en cuanto a las condiciones
que deben reunir los respectivos supuestos indemnizatorios, tanto los
recogidos en el artículo 41 en relación con la alteración del
planeamiento, como los regulados en el artículo 42, en el que proponemos
que se diga «con derecho a edificar» en lugar de que figure «con licencia
en vigor», o en el artículo 43, cuyo texto es más completo y claro que el
que figura en el proyecto.
En cuanto a las disposiciones transitoria quinta y derogatoria,
proponemos que se sustituyan por los textos que figuran en nuestras
enmiendas 133 y 135, respectivamente.
El señor VICEPRESIDENTE (Sanz Blanco): Muchas gracias, señoría.
Pasamos a continuación a las enmiendas números 44 a 52, del Senador Nieto
y la Senadora Costa, la enmienda número l del Senador Nieto y las
enmiendas números 8, 9 y 17, de la Senadora De Boneta, que ya ha asumido
en la defensa el Senador Nieto Cicuéndez.
Tiene la palabra el Senador Nieto Cicuéndez.
El señor NIETO CICUENDEZ: Intervengo con brevedad para darlas por
defendidas en sus justos términos.
El señor VICEPRESIDENTE (Sanz Blanco): Muchas gracias, señoría.
A continuación, pasamos a debatir las enmiendas números 62 a 66, del
Grupo Parlamentario Popular.
Tiene la palabra el Senador Liso.
El señor LISO MARIN: Gracias, señor Presidente.
La enmienda número 62, al artículo 36, se mantiene en sus propios
términos.
La enmienda número 63, a la disposición transitoria segunda, queda
retirada en este momento.
La enmienda número 64, a la disposición transitoria cuarta, se sustituye
también por una transaccional que, al igual que otras ya presentadas,
está en poder de la Mesa.
Creo que no ha hecho mención la Presidencia a más enmiendas nuestras.
Tenemos dos pendientes, pero son a la disposición derogatoria.
El señor VICEPRESIDENTE (Sanz Blanco): Muchas gracias, Senador Liso.
A continuación, pasamos a las enmiendas números 14 y 15, del Senador
Ferrer.
El señor FERRER ROSELLO: Gracias, señor Presidente.
La primera enmienda hace referencia a la disposición transitoria primera,
y más concretamente al tema de los concursos públicos.
El precepto que pretendemos enmendar ya está en la legislación estatal
vigente. Es prácticamente igual que lo que se dice al respecto en la Ley
7/1997, sólo que en esta Ley ese precepto tiene un carácter expresamente
declarado supletorio y ahora se pretende imponer con carácter básico,
elevándolo de rango y, por tanto, imponiéndoselo a las Comunidades
Autónomas.
En la Comunidad Valenciana, como pueden imaginar, todo el proceso de
urbanización funciona mediante concursos públicos selectivos del agente
urbanizador, y el texto que pretendemos enmendar viene poco menos que a
eliminar dichos concursos. En nuestra Comunidad esos concursos públicos
han permitido --ya lo decía al principio-- multiplicar por cuatro la
inversión privada urbanística y nos ha ido francamente bien con ellos. Lo
único que pedimos en esta enmienda es que se nos deje seguir funcionando
con nuestra legislación autonómica, que en dos años ha conseguido hacer
funcionar lo que durante los veinte anteriores había funcionado
francamente mal. Por eso, la enmienda sólo dice que se aplicará esta
regla del no concurso --puesto que no pretendemos en absoluto imponer
nuestro sistema al resto del país--, salvo que la legislación autonómica
diga lo contrario, y hemos de tener en cuenta que la única legislación
autonómica pro-concurso es precisamente la valenciana. Los concursos,
repito, pueden hacerse ustedes una idea, son absolutamente vitales para
la ley valenciana, porque sin concurso público transparente y limpio no
puede funcionar el sistema de los agentes urbanizadores. ¿Cómo vamos a
seleccionar sin concurso y qué garantía tendrán entonces los propietarios
de que el urbanizador seleccionado es el más ventajoso para sus
intereses? La única solución sería que el urbanizador fuera siempre la
misma persona que el propietario, y volveríamos al viejo modelo estatal
que, en nuestra Comunidad, no ha funcionado.
Respecto a la última enmienda, relativa a una disposición adicional,
viene de alguna manera a ofrecer una segunda oportunidad para salvar
todas las anteriores. Evidentemente, si esta última enmienda fuera
considerada, carecería de sentido que mantuviéramos todas las demás.
En la Comunidad Valenciana el concepto hectárea es puramente teórico. En
nuestra tierra vendemos y contamos la tierra por palmos. Cuando te
encuentras delante de un proyecto de urbanización que afecta a 100 o
200.000 metros cuadrados, necesario para el desarrollo urbano, en la
Comunidad Valenciana equivale a estar hablando de 100, 150, 200
propietarios. Sin la figura del agente urbanizador está condenado a la
inviabilidad más absoluta y, por tanto, estaríamos impidiendo gravemente
el desarrollo de nuestra Comunidad.
Yo creo que esto merece, repito, un breve pero profundo ejercicio de
reflexión. Para que se hagan una idea, en la Comunidad Valenciana, por
ejemplo, hay más promotores que en toda la república francesa. ¿Por qué?
Porque llevamos 2.000 años fragmentando la tierra, y eso permite la
existencia de pequeñas y medianas empresas de promoción y de construcción
que actúan, precisamente, en razón de que esa propiedad está
tremendamente fragmentada.
Yo quisiera, sencillamente, que se meditara, ya que debemos tener el
absoluto convencimiento de que de no salvar la figura del urbanizador, y
de no salvarlo claramente, se van a perjudicar gravemente los intereses
de la Comunidad Valenciana, y, francamente, no hay ninguna razón para
hacerlo.
Por tanto, repito, pido insistentemente un ejercicio de reflexión.
El señor VICEPRESIDENTE (Sanz Blanco): Muchas gracias, Senador Ferrer.
Para defender las enmiendas números 137 y 138, del Grupo Parlamentario
Catalán en el Senado de Convergència i Unió, tiene la palabra el Senador
Beguer.
El señor BEGUER I OLIVERES: Muchas gracias, señor Presidente.
La enmienda número 137 ha sido transaccionada y la número 138 la
retiramos.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Sanz Blanco): Muchas gracias.
Pasamos a continuación al turno de portavoces.
¿Grupo Parlamentario Mixto? (Pausa.)
¿Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos? (Pausa.) ¿Grupo
Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió? (Pausa.)
¿Grupo Parlamentario Socialista? (Pausa.)
¿Grupo Parlamentario Popular? (Pausa.)
Muchas gracias, señorías.
Vamos a pasar a continuación a debatir las enmiendas relativas a la
exposición de motivos y al título del proyecto; en primer lugar, la
enmienda número 16, de la Senadora De Boneta, y la número 53 del Senador
Nieto y la Senadora Costa.
Tiene la palabra el Senador Nieto Cicuéndez.
El señor NIETO CICUENDEZ: Gracias, señor Presidente.
La exposición de motivos ya está hecha y, por tanto, las doy por
defendidas.
El señor VICEPRESIDENTE (Sanz Blanco): Gracias.
Por el Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos, tiene la
palabra el Senador Caballero para defender la enmienda número 18.
El señor CABALLERO LASQUIBAR: Gracias, señor Presidente.
La enmienda número 18 está transaccionada y, por lo tanto, la retiro en
este momento.
El señor VICEPRESIDENTE (Sanz Blanco): Gracias.
Para defender la enmienda número 54, del Grupo Parlamentario Popular,
tiene la palabra el Senador Liso.
El señor LISO MARIN: Gracias, señor Presidente.
También forma parte de una transaccional, por lo que se retira.
El señor VICEPRESIDENTE (Sanz Blanco): Muchas gracias, señoría.
Pasamos a continuación a la enmienda número 67, del Grupo Parlamentario
Socialista.
Tiene la palabra la Senadora Pleguezuelos.
La señora PLEGUEZUELOS AGUILAR: Se da por defendida en sus justos
términos.
El señor VICEPRESIDENTE (Sanz Blanco): Muchas gracias, señoría. (El señor
Presidente ocupa la Presidencia.)
El señor PRESIDENTE: Vamos a someter a votación las enmiendas de acuerdo
con las solicitudes que han llegado a la Mesa de votaciones separadas.
En primer lugar, las del Grupo Parlamentario Mixto a excepción de las del
Senador Ferrer, firmadas por la Senadora De Boneta y Piedra, Senador
Nieto Cicuéndez y Senadora Costa Serra.
Votamos, en primer lugar, la enmienda número 1.
Efectuada la votación dio el siguiente resultado: Votos a favor, 10; en
contra, 15.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Votamos las números 2, 4, 5, 6, 8, 9, 16 y 17, también del Grupo
Parlamentario Mixto.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos a favor, uno; en
contra, 14; abstenciones, 10.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Votamos la enmienda número 3.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos a favor, dos; en
contra, 23.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Votamos la enmienda número 7.
Efectuada la votación dio el siguiente resultado: Votos a favor, 11; en
contra, 14.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Enmiendas números 25 a 32, ambas inclusive.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos a favor, 10; en
contra, 14; abstenciones, una.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Votamos las enmiendas números 39 a 46.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos a favor, 10; en
contra, 15.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Votamos las enmiendas números 47 a 53.
Efectuada la votación dio el siguiente resultado: Votos a favor, 10; en
contra, 15.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Votamos las enmiendas números 33 a 38.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos a favor, uno; en
contra, 15; abstenciones, nueve.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Las enmiendas del Senador Ferrer las vamos a agrupar en tres bloques. En
primer lugar, votamos la enmienda número 10.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos a favor, uno; en
contra, 23; abstenciones, una.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Votamos las enmiendas números 11, 12, 14 y 15.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos a favor, 10; en
contra, 14; abstenciones, una.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Por último, votamos la enmienda número 13.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos a favor, uno; en
contra, 14; abstenciones, 10.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
A continuación, pasamos a las enmiendas del Grupo Parlamentario de
Senadores Nacionalistas Vascos, que se van a agrupar en dos bloques. En
el primer bloque las enmiendas números 20, 21 y 23. (El señor Bris
Gallego pide la palabra.) Tiene la palabra su señoría.
El señor BRIS GALLEGO: Solicitamos votación separada de la número 20.
El señor PRESIDENTE: Votamos la enmienda número 20.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos a favor 24;
abstenciones, una.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.
Votamos las enmiendas números 21 y 23.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos a favor, 11; en
contra, 13; abstenciones, una.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Votamos la enmienda número 22, también del Grupo Parlamentario de
Senadores Nacionalistas Vascos.
Efectuada la votación dio el siguiente resultado: Votos a favor, 16;
abstenciones, nueve.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.
Pasamos a votar las enmiendas del Grupo Parlamentario Popular, números 56
y 62.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos a favor, 24;
abstenciones una.
El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas.
Pasamos a votar la enmienda número 54. (El señor Bris Gallego pide la
palabra.) Tiene la palabra.
El señor BRIS GALLEGO: Esa enmienda es una transaccional a la exposición
de motivos, apoyada en las enmiendas números 54, 55, 58, 59, 60 y 64.
El señor PRESIDENTE: Votaremos conjuntamente las transaccionales, si no
hay ninguna solicitud de voto separado.
Votamos, entonces, la enmienda número 57.
Efectuada la votación dio el siguiente resultado: Votos a favor, 13; en
contra, 11; abstenciones, una.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.
Votamos las enmiendas números 65 y 66, también del Grupo Parlamentario
Popular.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos a favor, 14; en
contra, nueve; abstenciones, dos.
El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas.
Votamos las enmiendas transaccionales del Grupo Parlamentario Popular: la
número 54, que va junto con la enmienda número 18 del Grupo Parlamentario
de Senadores Nacionalistas Vascos, las números 55, 58, 59, 60, y la
número 64, que va junto con la enmienda número 137 de Convergència i
Unió. Las votaremos en bloque.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos a favor 15; en
contra, uno; abstenciones nueve.
El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas.
Vamos ahora a proceder a la votación del texto del proyecto en los
términos que incluyen las enmiendas aprobadas. (La Senadora Pleguezuelos
Aguilar pide la palabra.)
Tiene la palabra.
La señora PLEGUEZUELOS AGUILAR: ¿No se votan las enmiendas socialistas?
Señoría, no tengo inconveniente en ordenar el debate de toda la Cámara,
pero como tengo en mi cabeza el sentido del voto del Grupo Parlamentario
Socialista no consta en la chuleta que le he pasado al resto de los
compañeros.
El señor PRESIDENTE: Es verdad, una perfecta chuleta que, evidentemente,
no incluía las enmiendas socialistas números 67 a 136, ambas inclusive.
¿Hay alguna solicitud de votación separada de alguna de ellas? (Pausa.)
Entonces, se vota el bloque de enmiendas del Grupo Parlamentario
Socialista que incluye los números 67 a 136.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos a favor 10; en
contra, 15.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Ahora, efectivamente, se va a proceder a la votación del texto del
proyecto en los términos que incluyen las enmiendas aprobadas.
Efectuada la votación dio el siguiente resultado: Votos a favor, 14; en
contra, 10; abstenciones, una.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobado.
Como sus señorías saben, este proyecto de ley irá al próximo Pleno y hay
que designar al Senador o Senadora que lo presente. Creo que como hay
tres proyectos de ley inmediatos, éste y dos más, uno lo puede presentar
el Presidente y los otros dos los miembros de la Mesa de los grupos
mayoritarios. Por tanto, este proyecto lo presentará el Senador don
Clemente Sanz y, en su momento, se decidirá quienes presentan los
proyectos de ley que se debatirán en las próximas semanas.
MOCIONES:
-- DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, POR LA QUE SE INSTA AL GOBIERNO A
QUE LA RED NACIONAL DE FERROCARRILES ESPAÑOLES (RENFE) MANTENGA TODOS LOS
SERVICIOS FERROVIARIOS ACTUALES QUE CONECTAN GRANADA CON MADRID, Y A QUE
SE EJECUTE EL CONVENIO SUSCRITO POR DICHA ENTIDAD Y EL AYUNTAMIENTO DE LA
PRIMERA CIUDAD, POR EL CUAL SE DEBEN LIBERAR TERRENOS DE SU ESTACION DE
TRENES Y CONSTRUIR UNA NUEVA TERMINAL. (661/000144)
El señor PRESIDENTE: Acabado el debate del proyecto de ley, vamos a pasar
al debate de las mociones. En primer lugar, vamos a debatir las tres
mociones del Grupo Parlamentario Socialista, que ha solicitado que la
última de las mociones pase al primer lugar. ¿Hay inconveniente por parte
de los señores portavoces? (Pausa.)
Entonces, vamos a debatir en primer lugar la moción número 6, del Grupo
Parlamentario Socialista, por la que se insta al Gobierno a que la Red
Nacional de Ferrocarriles Españoles (RENFE) mantenga todos los servicios
ferroviarios actuales que conectan Granada con Madrid, y a que se ejecute
el convenio suscrito por dicha entidad y el Ayuntamiento de la primera
ciudad, por el cual se deben liberar terrenos de su estación de trenes y
construir una nueva terminal.
Tiene la palabra la Senadora Pleguezuelos.
La señora PLEGUEZUELOS AGUILAR: Muchas gracias, señor Presidente.
La moción que presenta mi grupo consta de dos partes. La primera de ellas
nace porque en el mes de enero
apareció una serie de informaciones por las cuales RENFE planteaba la
posibilidad de suprimir algunos de los servicios ferroviarios que unen la
ciudad de Granada con Madrid, concretamente suprimir los Talgos de los
sábados y los coches-litera de los expresos nocturnos. La Federación de
Transportes y Telecomunicaciones de la UGT denunció que las razones que
tenía RENFE para plantearse la cancelación de tales servicios estaba en
base a la necesidad de reforzar con esos talgos y con esos trenes otras
líneas ferroviarias en Alicante y en Murcia.
Tenemos muy claro que el ferrocarril granadino no es ninguna prioridad ni
para RENFE ni para el Gobierno del Partido Popular, que en ninguno de los
presupuestos que ha aprobado en las Cámaras ha destinado un solo duro
--por no decir una peseta, porque la peseta ya vale poco-- para las
infraestructuras ferroviarias de Granada. Hace poco preguntábamos al
Gobierno por las inversiones ferroviarias en esta provincia y nos decía
que en 1996 no hubo un duro porque la Junta, a pesar de que la
titularidad es de RENFE, iba a invertir en las líneas ferroviarias de
esta provincia de Granada del orden de 1.800 millones de pesetas y,
concretamente, para el ejercicio en curso, el de 1998, nos dijo que
tampoco había una peseta ni para Granada ni para Jaén, en otra respuesta
parlamentaria de hace tan sólo unos días.
A pesar de todo eso, hubo una cierta movilización ciudadana, una
preocupación en toda la provincia por el abandono que suponía para el
ferrocarril granadino la posición de RENFE. De manera que,
momentáneamente RENFE prometió que no iba a cancelar esos servicios,
aunque tendrá que plantearse en el futuro la viabilidad, o no, de los
mismos. Por eso, traemos esta moción aquí para obtener en sede
parlamentaria el compromiso firme de RENFE de mantener esos servicios
ferroviarios que actualmente son escasos, pero muy necesarios para la
provincia de Granada en su conexión con la capital del país, con Madrid.
La segunda parte de la moción se refiere a un compromiso aún más antiguo.
El 5 de mayo de 1993 se firmó un convenio entre el antiguo MOPTMA, la
Consejería de Obras Públicas de la Junta de Andalucía, RENFE y el
Ayuntamiento de Granada para liberalizar por parte de RENFE los terrenos
de la actual estación ferroviaria y hacer una nueva. Los trámites, aunque
fueron arduos, paulatinamente fueron concretándose en actuaciones. La
última de ellas, por parte del Ayuntamiento de Granada, fue el 25 de
abril de 1997, cuando el Pleno del Ayuntamiento aprobó el convenio
urbanístico de ese plan especial de RENFE y facultaba al Teniente de
Alcalde para firmar y actuar a partir de ahí, con el compromiso de poder
llevar a término ese convenio firmado en 1993.
Creemos que es importante que se ejecute dicho convenio que suscribió
RENFE con el Ayuntamiento de Granada y la Junta de Andalucía, a fin de
que los granadinos podamos disponer de esa nueva estación ferroviaria, en
primer lugar, sin duda alguna, porque beneficiará a la ciudad, pero
también porque beneficiará a la propia RENFE. Actualmente, la estación se
ha quedado anticuada y a veces no puede prestar servicios acordes con las
necesidades de los usuarios. Y, desde luego, los espacios administrativos
de la misma también son escasos y están mal dotados. En definitiva, este
convenio resolvería, por una parte, una trama urbana, puesto que hay dos
barrios que quedan separados por un muro del centro de la ciudad, y por
otra, resolvería también un problema para RENFE.
Por tanto, esperamos el apoyo del Grupo Popular para que se ejecute este
convenio, que, en definitiva, permitirá beneficiarse tanto a los usuarios
de RENFE en la provincia de Granada y a los usuarios de Madrid y de otras
provincias cuando visitan esa hermosa ciudad, como a la propia ciudad,
puesto que la ubicación que refleja el convenio también dejaría a la
nueva estación de RENFE en el centro de la ciudad, pero en un lugar
mejor, más adecuado y, desde luego, con unas dotaciones acordes con lo
que debe ser la modernidad del ferrocarril español, que lo es ya en otras
partes, y que lo sería también en Granada de no ser por el abandono que
en estos dos últimos años hemos venido sufriendo por parte de RENFE.
Nada más, señor Presidente. Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, Senadora Pleguezuelos.
Para turno en contra, tiene la palabra el Senador Bris.
El señor BRIS GALLEGO: Muchas gracias, señor Presidente.
En primer lugar, voy a decir unas palabras para tranquilizar a Granada,
puesto que RENFE no va a suprimir ninguno de los servicios ferroviarios
que unen Granada con Madrid y, más concretamente, aquellos a los que hace
mención la propia moción: el Talgo de los sábados y los coches litera de
los expresos nocturnos. No se ha suprimido ninguno de ellos, ni es
intención de RENFE suprimirlos en el futuro.
En cuanto a la segunda parte de la moción, en la que se insta para que se
ejecute el convenio suscrito en el año 1993 entre RENFE y el Ayuntamiento
de Granada y por el cual RENFE debe liberar terrenos de la estación de
trenes de Granada y hacer una nueva terminal, debemos decir --y la
Senadora Pleguezuelos lo sabe-- que el Plan General de Ordenación Urbana
de Granada está actualmente en revisión, que en el avance del Plan se
proponía un levantamiento de unos tramos de la línea de Moreda desde la
autovía hasta la estación y su correspondiente sustitución por una nueva
variante de conexión, con el acceso ferroviario de la línea de Bobadilla,
que esta revisión del Plan General --cuya tramitación, como conocen los
señores Senadores, es larga-- se aprobó inicialmente y que la propuesta
consiste en una reestructuración total de las infraestructuras
ferroviarias de dicha ciudad, trasladando todas las instalaciones a otro
municipio, a excepción de la estación de viajeros.
En la actualidad, junto con el Plan General --también lo conoce la
Senadora Pleguezuelos--, está en período de presentación el plan de
ordenación del territorio de la aglomeración urbana de Granada, documento
de bases y estrategias, que realiza la Consejería de Obras Públicas y
Transportes de la Junta de Andalucía y que está proponiendo para el
ferrocarril actuaciones similares a las que se plantean en la revisión
del Plan General. En estos momentos, continúan esas reuniones, la última
de ellas mantenida hace muy pocos días con RENFE por parte del
Ayuntamiento, y se va a someter a nueva información pública
la red arterial ferroviaria propuesta, también la variante de Moreda, la
depresión de la vía de Bobadilla, la nueva estación de mercancías, la
solución urbanística de los terrenos de RENFE que se liberarían, y, por
tanto, sinceramente, pensamos que el aprobar esta moción significaría
invadir desde el Senado unas competencias constitucionales, que son las
de la autonomía municipal y que son también las de la autonomía que tiene
la propia Junta de Comunidades. Ambas están trabajando en ese asunto y
ambas se encuentran esperando a que los planes de que estamos hablando
den un resultado definitivo.
Por tanto, por esos motivos, sobre todo por el respeto constitucional a
esa autonomía, no podemos votar a favor de dicha moción en la parte
segunda, porque vuelvo a repetir que la primera parte no tiene
fundamentos para ser debatida.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, Senador Bris.
Turno de portavoces.
¿Grupo Mixto? (Pausa.)
¿Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos? (Pausa.)
Tiene la palabra la Senadora Pleguezuelos.
La señora PLEGUEZUELOS AGUILAR: Muchas gracias, señor Presidente.
Sin duda, tranquilizará a Granada el que el compromiso aparente que
apareció en los medios de comunicación sobre los servicios ferroviarios
que se iban a suprimir no se llevase a cabo, como se dice en sede
parlamentaria y objeto de la primera parte de esta moción, porque estamos
ya bastante acostumbrados a que aparezca una información y, si hay
movilización en contra, se lo replantean. Hoy tenemos una por «el
recetazo» y esperamos que el Ministro lo reconsidere. Lo mismo sucede con
este globo sonda respecto a que se iban a suprimir esos servicios
ferroviarios. Parece que la sede parlamentaria debe significar un
compromiso mayor para el Gobierno y, en ese sentido, Senador Bris, le
agradezco su respuesta a la primera parte de la moción.
No me satisface tanto en la segunda parte porque, si bien es verdad que
la revisión del Plan General está en tramitación, usted sabe --y si no,
yo dispongo de todas las actas que supongo se las habrán hecho llegar--
que el 26 de noviembre de 1993 se aprobó el Plan Especial de RENFE para
la ordenación de la zona donde se encuentra la actual estación del
ferrocarril y su entorno, al que usted hacía referencia. Ese era el
primer compromiso, al que se llegó por unanimidad; el segundo era someter
el presente acuerdo a información pública, etcétera. Esa primera solución
está abordada y es verdad que la propuesta consiste en una
reestructuración global de todas las infraestructuras ferroviarias, pero
si mientras tanto RENFE se entretiene en tener esa propuesta global, no
destina ni un solo recurso económico para la infraestructura ferroviaria
de la provincia de Granada y no va abordando, ni siquiera paulatinamente,
la liberalización de esos terrenos, cumpliendo parte de ese convenio, no
adelantaremos mucho.
Cuando hablamos de respeto a la autonomía municipal, yo sé que usted lo
dice convencido, pero el ayuntamiento ya ha realizado parte de sus
compromisos en esa línea, ha aprobado por unanimidad desde hace tiempo el
Plan especial de RENFE en lo que respecta a esa ubicación y,
consecuentemente, debería empezar a ejecutarse el convenio que está
firmado, porque si no, nos tememos que vuelvan a aparecer unos nuevos
presupuesto en los que RENFE no invertirá una sola peseta para la
infraestructura ferroviaria de Granada.
Decía el señor Ollero que cuando su grupo presenta preguntas al Gobierno,
éste le contesta: no invertimos dinero en la infraestructura ferroviaria
porque no es rentable. ¡Claro que no es rentable! Al no invertir recursos
no se producen mejoras y los ciudadanos dejan de usarla. Es una
pescadilla que se muerde la cola, y al final ocurrirá lo que decía el
Ministro Arias-Salgado en aquella reunión interna de la Comisión Nacional
de Infraestructuras del Partido Popular, y es que la infraestructura
ferroviaria no es una prioridad para este Gobierno, de cara a las
elecciones es mejor abordar las autopistas y las carreteras, que parece
que le ofrecen mayor rentabilidad.
Siento mucho que no se lleve a término esta segunda parte de la moción
porque, en definitiva, la primera parte era confirmar en sede
parlamentaria lo que, afortunadamente, RENFE se había comprometido de
forma informal en medios de comunicación. En la segunda parte de la
moción estamos trabajando todas las fuerzas políticas de Granada, desde
el año 1993 en que se aprobó por unanimidad, con el apoyo del Grupo
Parlamentario Popular, al que pertenece el Alcalde de la ciudad, don
Gabriel
Díaz Berbel, que en aquel momento era el portavoz de la oposición. Siento
que cinco años después, con todos los trámites bastante avanzados, en
algunos casos hasta finalizados, no exista disposición por parte de RENFE
para abordar la ejecución de ese convenio, por lo menos para comenzar a
destinar recursos al mismo.
Por último, señor Presidente, espero que RENFE y el Gobierno Popular
recapaciten, y que el Alcalde de la ciudad, que también es miembro de
esta Cámara, presione un poco más a la fuerza política hermana en las
Cortes y en el Gobierno Central.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el Senador Bris.
El señor BRIS GALLEGO: Senadora Pleguezuelos, no le hemos dicho que no,
le hemos dicho que hay que respetar algo que en la Constitución se recoge
de manera muy especial, que es la autonomía municipal, y desde el Senado
no pueden forzarse los acuerdos de ninguna corporación local, que es lo
que se pretende a través de esta moción.
Si usted no confía en la Junta de Andalucía, y yo creo que sí... (Risas.)
Yo sí confío en ella, como confío en el Ministerio de Fomento, en la
Consejería de Obras Públicas y Transportes de municipios afectados y en
RENFE, que son los que están reunidos en este momento para tratar de
buscar una solución adecuada a lo que estamos planteando aquí.
Yo formo parte de esa Junta de Infraestructuras a nivel nacional del
Partido Popular, y nunca le he oído decir al señor Ministro lo que usted
ha manifestado de la estructura
ferroviaria (La señora Pleguezuelos Aguilar: Le haré copias.)
Pasará copia, pero yo no se lo he oído decir. Por tanto, no coincido con
sus planteamientos. RENFE no se entretiene, y el Ayuntamiento tampoco;
ambos están trabajando de manera continua buscando la posibilidad, dentro
de lo que marcan los planes generales, de una revisión de un Plan
General, que es algo muy importante para un ayuntamiento porque marca las
normas y el diseño urbanístico de una ciudad, y supongo que tan
importante será ese Plan de Ordenación Territorial que está preparando la
Comunidad Autónoma de Andalucía.
A la espera de estos dos documentos, RENFE sigue manteniendo esos
compromisos, pero siempre en ese cauce, y no desvirtúe usted el tema
diciendo que RENFE no quiere. No, RENFE está pendiente de que esos planes
salgan adelante, y nosotros también esperamos que salgan porque Granada
es una ciudad maravillosa --y en eso es en lo único en lo que
coincidimos-- y se merece todo el esfuerzo de todas las administraciones.
Nada más y muchas gracias, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, Senador Bris.
Vamos a proceder a la votación de la moción.
Efectuada la votación dio el siguiente resultado: Votos a favor, ocho; en
contra, 13: abstenciones, una.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
-- DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, POR LA QUE SE INSTA AL GOBIERNO A
EXIGIR A LA EMPRESA PUBLICA AUTOPISTAS DEL ATLANTICO, CONCESIONARIA
ESPAÑOLA, S. A. (AUDASA), QUE EL NUDO RESULTANTE DE LA INTERSECCION ENTRE
EL TRAMO DE LA AUTOPISTA A-9 ENTRE RANDE Y PUXEIROS, EN EL TERMINO
MUNICIPAL DE VIGO (PONTEVEDRA) Y LA AUTOVIA QUE UNE VIGO CON O PORRIÑO
(PONTEVEDRA) Y LA FRONTERA PORTUGUESA, SEA UN NUDO COMPLETO QUE PERMITA
LOS MOVIMIENTOS DESDE LA A-9 HACIA LA AUTOVIA Y VICEVERSA EN TODOS LOS
SENTIDOS Y DIRECCIONES, SALVAGUARDANDO LOS INTERESES DE LOS USUARIOS PARA
ESCOGER LIBREMENTE, ASI COMO EVITAR EL TRAFICO PESADO POR LA RED VIARIA
LOCAL DE LA PARROQUIA DE CABRAL. (661/000124)
El señor PRESIDENTE: Vamos a proceder al debate de la moción número 3,
del Grupo Parlamentario Socialista, por la que se insta al Gobierno a
exigir a la empresa pública Autopistas del Atlántico, Concesionaria
Española, S. A. (AUDASA), que el nudo resultante de la intersección entre
el tramo de la autopista A-9 entre Rande y Puxeiros, en el término
municipal de Vigo y la autovía que une Vigo con O Porriño y la frontera
portuguesa, sea un nudo completo que permita los movimientos desde la A-9
hacia la autovía y viceversa.
Tiene la palabra el Senador González Príncipe.
El señor GONZALEZ PRINCIPE: Muchas gracias, señor Presidente.
La intención del Grupo Parlamentario Socialista y de este Senador es que
hoy el Senado corrija una chapuza de una empresa pública que supone una
grave discriminación para los usuarios de la ciudad de Vigo y su área de
influencia, el área económica más importante de Galicia.
Estamos hablando, señorías, de si en el nudo super-sur, que habitualmente
cogen ustedes o que pueden coger cuando se dirigen hacia Barajas, no
pudieran hacerse todos los movimientos de intersección entre la M-40 y la
autovía correspondiente. En este caso se trata de impedir que los
usuarios, los automovilistas y los camiones que vienen de la frontera
portuguesa, de Orense o de Madrid y se dirigen hacia la ciudad de Vigo,
al llegar a la zona de Puxeiros, en el cruce con el segundo cinturón, con
el tramo Rande-Puxeiros, tengan que salirse de la autovía, gratuita, e
irse por un vial de la red local de 6 metros de ancho, durante varios
kilómetros, para coger el tramo que permite por el segundo cinturón
llegar hacia la zona este de la ciudad, o a la inversa, los señores que
vienen de la zona este por el segundo cinturón y que quieren dirigirse
hacia la frontera portuguesa o hacia Madrid tendrán que salirse
previamente, ir por la red viaria local kilómetro y medio y dirigirse
después a captar la autovía.
¿Por qué se hizo esta chapuza? Todo tiene su explicación. Porque
Autopistas del Atlántico quiere construir el nudo completo algunos
kilómetros más allá de esta intersección con la autovía donde se prevé
que un día se construya el tramo de peaje final entre Vigo y la frontera
portuguesa. De algún modo se quiere impedir que los usuarios tengan la
libertad de escoger un tramo de autovía libre de peaje creando una
conexión incompleta e incómoda que les obligue a utilizar por comodidad
un tramo de peaje que, en el mejor de los casos, no estará terminado
antes del año 2001 o 2003, porque en este momento no está aprobado ni el
trazado ni hay declaración de impacto ambiental. Por lo tanto, mientras
no se haga eso, no se podrá contratar el proyecto; mientras no haya
proyecto, no se podrán contratar las obras, y calculen ustedes, en el
mejor de los casos, no menos de cinco años.
En cualquier caso, comprobarán sus señorías que estamos hablando de
35.000 usuarios que pasan por ese nudo, y estamos hablando de un derecho
elemental que tienen todos los ciudadanos españoles, y es que las
intersecciones de dos vías de alta capacidad permitan movimientos en
todas las direcciones.
Les ponía el ejemplo del nudo super-sur aquí en Madrid, pero les puedo
poner el ejemplo de la ciudad de Burgos: no es normal que el señor que
viene por la autovía de Madrid no pueda coger la circunvalación de Burgos
y después ir a la autopista de peaje, si quiere, o a la carretera
nacional, sino que obligatoriamente se le conduzca a la autopista de
peaje. Repito que no es normal.
Pero, además de no ser normal, yo le aseguro que este tema ha creado ya y
va a crear un profundo malestar social. No es por casualidad que el
ayuntamiento de Vigo, con presencia de tres fuerzas políticas bien
diferentes y con mayoría absoluta del Partido Popular, haya votado una
moción exactamente igual que la que hoy se propone aquí por unanimidad.
Tampoco es casualidad que los movimientos ciudadanos, instituciones, como
la Cámara de
Comercio, la Caja de Ahorros, la Confederación de Empresarios, los
sindicatos, el Consejo Económico y Social y la Federación de vecinos se
hayan posicionado en la misma dirección.
Porque simplemente creemos que es un derecho y porque queremos que se
corrija un error técnico que en el fondo supone una decisión política
para favorecer el pago de peaje de un tramo todavía no construido y que
supone un error desde el punto de vista del plan de circulación de la
ciudad de Vigo es por lo que traemos esta propuesta para que el Senado
inste al Gobierno de la nación a exigir a la empresa pública AUDASA que
el nudo resultante de la intersección entre el tramo de la A-9
entre Rande y Puxeiros y la autovía que une Vigo con
O Porriño y la frontera portuguesa sea un nudo completo que permita los
movimientos desde la A-9 hacia la autovía y desde la autovía hacia la A-9
en todos los sentidos y en todas las direcciones, salvaguardando los
intereses de los usuarios para escoger libremente, así como también
evitar el tráfico pesado. Por darles un dato, de esos 35.000 usuarios,
más de 4.000 son camiones de alto tonelaje que van a tener que circular
obligatoriamente durante no menos de kilómetro y medio por una red viaria
local de 6 metros de anchura.
Por estas razones y esperando que sepan comprender la unanimidad con que
la sociedad viguesa se ha manifestado contra esta discriminación a
nuestra ciudad y a nuestros ciudadanos, es por lo que les solicitamos su
voto hoy.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, Senador González Príncipe.
El Senador Bris tiene la palabra.
El señor BRIS GALLEGO: Muchas gracias, señor Presidente.
Desde luego, nuestro Grupo no va a defender a Autopistas del Atlántico.
Nuestro Grupo está defendiendo los intereses generales de todos los
ciudadanos españoles.
Quería recordar que actualmente todas las autopistas que se van
previendo, indudablemente tienen una autovía al lado, de tal manera que
no sea obligatorio el pago de ese peaje. En anteriores años no ha
sucedido exactamente esto, pero sí es el propósito del Partido Popular.
En el tramo Rande y Puxeiros de la autopista A-9, al cual se refiere la
moción, según los datos del Ministerio de Fomento que obran en poder de
este portavoz, se permiten todos los movimientos a los que está aludiendo
la moción, con excepción del movimiento hacia O Porriño, debido a que
según parece presenta una difícil solución constructiva, por un lado, y
afecta a emplazamientos industriales, por el otro.
El movimiento hacia O Porriño de todas formas, que es uno de los enlaces
a los cuales se refiere la moción, está resuelto entrando desde el enlace
de Puxeiros en la autovía nacional-120 haciendo un cambio de sentido, una
vez rebasado el enlace de este municipio de Puxeiros.
Por otra parte, y el señor Senador quizá también lo sepa, se va a
construir el enlace de Rebullón que es la prolongación de los tramos
Rande-Puxeiros y Puxeiros intercambiador de Rebullón, en el que se
contemplan todos los movimientos posibles.
Por último, se ha referido a los vehículos pesados que pasan por la
parroquia de Cabral. Tengo que decirle que este paso de vehículos pesados
no será necesario en cuanto finalicen las obras anteriormente descritas.
Por lo tanto, analizándolo con la objetividad que debemos tener en esta
Cámara, no parece que exista motivo para la presentación de esta moción
puesto que se rebaten los argumentos que el portavoz del Grupo
Parlamentario Socialista ha manifestado y, por lo tanto, quizá fuera una
moción innecesaria a la que quizá habría que pedir, Senador González
Príncipe, que se retirase porque esos enlaces y esos cambios de
circulación y esos accesos de los que usted habla, al parecer están o
bien ya ejecutados o, a través de ese intercambiador del que hablamos, a
punto de ejecutar.
Por esos motivos, nuestro Grupo no va a apoyar la moción presentada.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, Senador Bris.
El Senador González Príncipe tiene la palabra.
El señor GONZALEZ PRINCIPE: Muchas gracias, señor Presidente.
Senador Bris, tiene usted toda mi gratitud porque yo sí sé que su trabajo
es ingrato. Yo, desgraciadamente, todos los días que cojo el avión tengo
que pasar por ese nudo; todavía esta mañana a las once horas y treinta
minutos he pasado.
Allí en Galicia, en mi tierra que somos pescadores, decimos que por la
boca muere el pez; pues el Ministerio ha muerto por la boca.
Reconoce usted, porque usted nos ha dado la información que le ha
suministrado el Ministerio de Fomento, que hay un movimiento que no se
puede hacer. Si se circula por el tramo Rande y Puxerios, que es una de
las patas de la segunda circunvalación de Vigo, los que vienen, por
decirlo así, de la zona de Pontevedra o de la zona de La Coruña, cogen
ese segundo cinturón y quieren dirigirse hacia Madrid o hacia la frontera
portuguesa, ustedes reconocen que no van a poder, pero dicen: no se
preocupen ya que unos kilómetros más allá si va a ser posible. Es lo que
yo he dicho exactamente, señor Bris. Se quiere llevar a esos usuarios
hasta el intercambiador que usted llama del Rebullón, aproximadamente
unos dos o tres kilómetros más allá, porque es donde ustedes creen que va
a empezar el tramo de autopista --no está aún aprobado el trazado--.
Usted comprenderá que un señor que viene por el tramo de la segunda
circunvalación, libre de peaje, si queda a pie de la autopista de peaje,
va a ser difícil que dé marcha atrás tres kilómetros por una red viaria
local para volver a tomar la autovía no de peaje.
Hay una clarísima intencionalidad económica y usted, que es una persona
honesta, acaba de dar esa información para que la gente la entienda. Por
lo tanto, más que nunca me reafirmo en que hay que hacer un nudo viario
como los que tienen en otras provincias. ¿En Guadalajara hay algún nudo
que conecte la autovía con la ciudad que no tenga los movimientos en
todas las direcciones? ¿Por qué nos dejan sin algún movimiento en ese
nudo? Me dice usted que porque es difícil la asunción constructiva. Usted
es arquitecto, yo soy pediatra. Por lo tanto, sabe usted bastante más que
yo de todo eso. Se puede encontrar la solución pero quizá el costo
económico no es del gusto de Autopistas y, sobre todo, lo que intenta
Autopistas es que salgan al intercambiador del Rebullón, que es donde va
a tener su autopista de peaje. Esa es la intención de verdad.
Yo he traído en nombre de los socialistas esta moción aquí porque en
Vigo, el Partido Popular, que tiene mayoría absoluta, lo ha votado y
porque la unanimidad de las fuerzas económicas y sociales, de las fuerzas
políticas, los periódicos, los medios de comunicación, la radio, la
televisión local, las otras televisiones lo han exigido. Yo creo que
quien defiende el interés general de los vigueses, en este caso de los
usuarios del sur de Galicia, somos los socialistas y no tenemos miedo a
coincidir en eso con ustedes, con el Partido Popular de Pontevedra. Lo
que nos preocupa es que usted, señor Bris, está defendiendo ahora, en
este momento, los intereses económicos de una empresa, pública, hay que
decirlo, que se llama AUDASA y que quiere ponernos peaje por respirar, si
es posible. Compréndame, créame.
Hace un año discutimos el peaje de Rande-Puxeiros; ustedes votaron que
no, menos mal que después se rectificó. Esto todavía se va a poder
rectificar porque va a haber una presión social insostenible sobre este
tema. No va a ser viable. En este sentido, prefiero que sean las
instituciones democráticas las que se pongan al frente de la
reivindicación a que nos desborde la presión social. Y perdóneme, pero
creo que le podría pedir un poco de generosidad y que el Grupo
Parlamentario Popular no discriminase a los usuarios de Vigo. Voten
ustedes como han votado sus compañeros allí.
Gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias.
Tiene la palabra el Senador Bris.
El señor BRIS GALLEGO: Gracias, señor Presidente.
Deseo hacer dos puntualizaciones. Una, que no soy arquitecto. (El señor
González Príncipe: Lo siento.) No, no lo sienta, es una profesión muy
digna.
He vivido en Galicia muchos años de mi vida. Tengo un enorme cariño a
esas tierras y tres hijas nacidas en ellas que me lo recuerdan de manera
continua. Por lo tanto, mi conocimiento de Galicia es muy grande, pero
también tengo que decirle otra cosa. El esfuerzo del Partido Popular para
resolver los problemas de comunicación de las tierras gallegas es algo
que no puede usted cuestionar. (El señor González Príncipe: ¡Si no lo he
cuestionado!) Basta simplemente con que usted vea los esfuerzos y las
inversiones que venimos realizando en Galicia. Volvemos a repetir que
aquí no existe ningún tipo de intencionalidad económica ni yo soy
defensor de ningún interés de ninguna empresa privada, siempre y cuando
esos intereses no coincidan con los intereses generales, en este caso
concreto del pueblo gallego.
Le he explicado por activa y por pasiva que el movimiento hacia Porriño
tiene problemas, por una parte, por unas cuestiones constructivas, y por
otra, por la situación en la que se encuentran las industrias, ubicadas
al otro lado de la carretera, y que los técnicos determinan que lo mejor
para poder solucionar toda la cuestión de accesos y de enlaces de los que
usted está hablando, que realmente es una preocupación grande para el
Partido Popular y que supone para él una inversión importante, es el
intercambiador de Rebullón y, por lo tanto, no es que el Partido Popular
tenga olvidado ese tramo Rande y Puxeiros, ni muchísimo menos, sino que
el Partido Popular está incidiendo en ese tramo, tratando de buscar la
solución más positiva que crea que es la más conveniente para allí.
Vuelvo a repetir, por lo tanto, que a nosotros nos parece que es una
moción --y se lo digo con el enorme cariño, si vale la palabra, que tengo
al Senador González Príncipe-- que, puesto que el Partido Popular está ya
haciendo ese esfuerzo considerable y que se presentan una serie de
cuestiones que hacen difícil algún otro tipo de solución, que retirase
usted lo del interés a favor de una empresa que no sea el interés general
del ciudadano gallego, y también que se retirase esa moción, porque ya se
está tratando de buscar soluciones adecuadas, soluciones que siempre
tienen una base técnica. Pero como, al parecer, eso no va a ser posible,
nosotros vamos a seguir trabajando para resolver los problemas que tienen
los accesos, las carreteras, el ferrocarril y todo lo que lleva consigo
la dificultad topográfica y orográfica de Galicia para dar la mejor
solución posible a sus justas reivindicaciones.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor GONZALEZ PRINCIPE: Deseo hacer una precisión, señor Presidente.
Nunca dije --y debe constar así en el acta-- que el señor Bris defendiera
ningún interés de ninguna empresa privada. Al contrario, he dicho que
defendía el interés de una empresa pública, es decir, todo lo contrario.
Por lo tanto, que quede a salvo su honorabilidad. Lo dije exactamente
así.
El señor BRIS GALLEGO: Ni interés de empresa pública ni de empresa
privada; interés de los ciudadanos en general.
El señor PRESIDENTE: Vamos a proceder a la votación.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: a favor, ocho; en
contra, 13; abstenciones,una.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
-- DEL GRUPO PARALAMENTARIO SOCIALISTA, POR LA QUE SE INSTA AL GOBIERNO A
QUE LAS OBRAS DE CONSTRUCCION DEL AEROPUERTO DE AGONCILLO, EN LA RIOJA,
SEAN COSTEADAS EN SU TOTALIDAD POR EL MINISTERIO DE FOMENTO, CON CARGO A
SUS PARTIDAS PRESUPUESTARIAS O A TRAVES DE LA FINANCIACION DE LOS FONDOS
EUROPEOS, Y A QUE SEA DECLARADO DE INTERES GENERAL, INTEGRANDOSE EN EL
SISTEMA AEROPORTUARIO ESPAÑOL GESTIONADO POR EL ENTE PUBLICO AEROPUERTOS
ESPAÑOLES Y NAVEGACION AEREA (AENA). (661/000142)
El señor PRESIDENTE: Queda la última moción, del Grupo Parlamentario
Socialista, por la que insta al Gobierno a que las obras de construcción
del aeropuerto de Agoncillo, en La Rioja, sean costeadas en su totalidad
por el Ministerio de Fomento, con cargo a sus partidas presupuestarias o
a través de la financiación de los fondos europeos, y a que sea declarado
de interés general, integrándose en el sistema aeroportuario español
gestionado por el ente público Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea
(AENA).
Tiene la palabra don Ignacio Díez.
El señor DIEZ GONZALEZ: Muchas gracias, señor Presidente, señorías.
La construcción de un aeropuerto civil de tercer nivel en una parte de
las instalaciones del antiguo aeródromo militar de Agoncillo, hoy base
militar de la Comunidad Autónoma de La Rioja, es una petición con la que
coinciden todas las fuerzas políticas, económicas y sociales de la
Comunidad Autónoma. El Gobierno de La Rioja encargó un Plan director del
aeropuerto de Agoncillo que fue concluido el pasado 16 de mayo de 1997, y
en el que se prevé, además de la pista de rodadura, de dos kilómetros de
longitud, próxima al río Ebro, otra serie de instalaciones, como una
terminal de pasajeros, de mercancías y de carga para otro tipo de
transportes y los accesos correspondientes desde la carretera N-232.
Evidentemente, para que esta obra sea posible, se debe contar con el
acuerdo de las autoridades del Ministerio de Fomento y con las
autoridades de AENA, que es la empresa pública que organiza y ordena la
aviación civil y la navegación aérea y que, además, tiene la
responsabilidad de la gestión de los aeropuertos y todo lo concerniente a
la regulación y al funcionamiento de los mismos, tanto de transporte de
viajeros como de mercancías. Es decir, que en España todos los
aeropuertos de uso civil vienen siendo administrados por esta empresa
pública, AENA.
Los estudios de mercado que se han realizado, encargados por el Gobierno
de La Rioja, dan unas cifras positivas en cuanto que la viabilidad del
aeropuerto lo hace factible y, por lo tanto, se ha avanzado más. El
gobierno regional, en los pasados Presupuestos Generales del Estado para
1998, introdujo una partida para que se redactara el proyecto
constructivo que en estos momentos está muy avanzado, si no terminado.
Recientemente, los medios de comunicación de La Rioja avanzaron las
características del mismo.
No existe, sin embargo, ningún tipo de convenio entre el gobierno
regional, el Ministerio de Fomento y AENA, cosa que nos llama
poderosamente la atención, cuando hay precedentes en otros casos, y voy a
citar el de la Diputación de León. Allí se quiere transformar un
aeropuerto de uso militar en aeropuerto civil y, sin embargo, se han
establecido los convenios pertinentes entre las instituciones, en este
caso la Diputación de León, como decía anteriormente, y AENA, la empresa
pública, con convenios que van desde la viabilidad del aeropuerto hasta
todo lo relativo a su funcionamiento. Es un precedente que expongo aquí a
sus señorías porque, razonablemente, debiera ser el primer paso antes de
tomar decisiones que ya el gobierno de La Rioja ha adoptado en este
momento, cuando ya en sus presupuestos generales introduce partidas
presupuestarias que llegan hasta el encargo de un proyecto constructivo
del citado aeropuerto. (El señor Vicepresidente, García Correa, ocupa la
Presidencia.)
Además, el gobierno regional ha informado en el Parlamento y fuera de él
en el sentido de que hay estudios bastante serios, con una proyección de
15 o 20 años, en relación con las posibilidades que tiene, tanto en el
transporte de viajeros como en el de mercancías. Es decir, los estudios,
el proyecto constructivo, todo ello indica que hay una voluntad por parte
del gobierno regional, pero que no hemos visto hasta este momento
contrastada ni en los Presupuestos Generales del Estado ni a través de
convenios que, a nuestro juicio, debieran establecerse con el Ministerio
de Fomento y con la empresa pública AENA, dada, además las
reponsabilidades que ambos tienen, tanto en el proyecto constructivo como
en la construcción, en la licitación de la obra y en su financiación.
Sus señorías conocen perfectamente que la empresa pública AENA tienen
competencias exclusivas en esta materia, atribuidas por ley, y todos los
aeropuertos dedicados al transporte de viajeros y mercancías, como decía
anteriormente, tienen la calificación de interés general. Por lo tanto,
es AENA la organización competente en lo relativo al funcionamiento,
gestión de los aeropuertos y todo lo que afecta a la navegación aérea.
Creemos que son pertinentes los convenios. Es necesario garantizar esa
financiación a través de los Presupuestos Generales del Estado, vía
Ministerio de Fomento; tener en cuenta las garantías que establece la
declaración de interés general y, por consiguiente, el patrocinio de
AENA, y estar bajo los convenios a establecer con esta empresa pública.
La financiación puede ser mixta, como ha sucedido en otros casos, dado
que en este tipo de infraestructuras, como sus señorías conocen, puede
haber una financiación pública a través de los fondos europeos, que
dedican partidas importantes, combinada con la que se contempla en los
Presupuestos Generales del Estado y se vota en las Cámaras.
De ahí que solicitemos la aprobación de que esta moción, que está
acompañada de la correspondiente memoria económica, como prescribe el
Reglamento de la Cámara; memoria económica que aproxima los datos que el
Gobierno regional ha aportado en estos últimos meses al Parlamento
regional. La construcción de la pista de rodadura y aproximación, con el
balizado correspondiente, tendría un coste aproximado de 850 millones de
pesetas; la construcción de la terminal de pasajeros e instalaciones para
el transporte de mercancías ascendería, aproximadamente, a 250 millones
de pesetas y los accesos necesarios, independientes al aeropuerto,
procedentes de la carretera N-232, ascenderían a unos 450 millones de
pesetas. Además, se tendrá que tener en cuenta la mejora de las
instalaciones de navegación aérea, puesto que las instalaciones que en
estos momentos está utilizando el Ministerio de Defensa no son
suficientes, no son adecuadas y existe la necesidad de una autonomía en
el funcionamiento del aeropuerto. Todo ello induce a pensar que la moción
que proponemos en esta Comisión --quiero entenderlo así-- va a ser
apreciada positivamente por el Partido Popular.
La moción propone que la Comisión de Obras Públicas, Medio Ambiente,
Transportes y Comunicaciones
inste al Gobierno a que las obras de construcción del aeropuerto de
Agoncillo, en La Rioja, sean costeadas en su totalidad por el Ministerio
de Fomento con cargo a sus partidas presupuestarias o a través de la
financiación de los fondos europeos; en segundo lugar, que el aeropuerto
de Agoncillo, en La Rioja, sea declarado de interés general, integrándose
en el sistema aeroportuario español, gestionado por el Ente Público AENA.
Nada más, señor Presidente, y muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (García Correa): Muchas gracias.
Para un turno en contra, tiene la palabra el Senador Bris.
El señor BRIS GALLEGO: Muchas gracias, señor Presidente.
Tengo que comenzar diciendo, en relación con la moción que presenta el
Senador Díez como miembro del Grupo Parlamentario Socialista, que el
aeropuerto de La Rioja, concretamente en la base aérea de Agoncillo, es
un tema de gran importancia. Además, la propia Comunidad Autónoma lleva
trabajando en él desde hace tiempo; el propio Senador lo ha manifestado.
En mayo de 1997 se recibió en la Dirección General de Aviación Civil el
Plan Director del Aeropuerto de Logroño, Agoncillo, que añadía un estudio
de mercado que presentaba la Comunidad Autónoma de La Rioja. Ese Plan
Director se ha analizado técnicamente por los servicios de la Dirección
General de Aviación Civil y se ha llegado a la conclusión de que el
proyectado aeropuerto es técnica y operativamente viable. Eso no quiere
decir que ya estén dados todos los pasos. Hay que seguir avanzando e
incluso se habla, en ese Plan Director y en los informes de la Dirección
General de Aviación Civil, de las dimensiones de la pista de vuelo, que
es aproximadamente de 2.000 por 30 metros, que permitiría incluso --tan
avanzado está el Plan Director y los estudios-- la operación de aeronaves
del tipo turbo-hélice.
Por tanto, estas gestiones de las que habla la moción ya se vienen
realizando desde hace algún tiempo. Estas cuestiones ya se están tratando
entre la Comunidad Autónoma de La Rioja y el Ministerio de Fomento, a
través de la Dirección General de Aviación Civil. Lo que se está pidiendo
en la moción es como ir detrás de lo que ya se está haciendo, es como
seguir un carro que ya esta avanzando y al que se quiere alcanzar. Por
consiguiente, consideramos que no es necesaria la aprobación de la misma
para que los trabajos que está haciendo la Comunidad Autónoma sigan
adelante, que la voluntad del Ministerio de Fomento y de la Dirección
General de Aviación civil no cambian para nada, en el sentido de que ese
aeropuerto es viable para una zona importante de España, como es La
Rioja, y que, por ello, no se añade nada con esta moción a lo que
realmente ya se está haciendo. Como no añade nada nuevo, sino que va por
detrás de lo que se está ejecutando, nosotros decimos que no al contenido
de esta moción.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (García Correa): Para turno de réplica, tiene la
palabra el Senador Díez.
El señor DIEZ GONZALEZ: Muchas gracias, señor Presidente.
Agradezco las palabras y el tono del Senador Bris. Como siempre, tiene
que asumir un papel difícil. La verdad es que no ha añadido nada nuevo a
lo que aquí se ha dicho en anteriores comparecencias que al efecto han
tenido lugar en los pasados períodos de sesiones en los que hemos tenido
que hablar de esta cuestión. Creemos que sí añade mucho esta moción,
puesto que hasta el momento los únicos dineros que se están invirtiendo,
tanto en los estudios como en el proyecto constructivo, provienen de los
Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de La Rioja. Todavía no
ha habido ni una sola aportación de los Presupuestos Generales del
Estado. (El señor Presidente ocupa la Presidencia.)
Pero no es lo malo esto. Nosotros pensamos que esa voluntad que afirma
que tiene el Ministerio de Fomento --no me ha dicho nada de lo que piensa
la empresa pública AENA, que tiene una gran responsabilidad en el
asunto-- debería manifestarse con el convenio correspondiente. Su señoría
sabe que ha habido muchas conversaciones. Desde hace mucho tiempo se ha
afirmado que tiene que firmarse un convenio, que tiene que establecerse
un acuerdo entre las dos administraciones, así como un acuerdo con la
empresa pública AENA, y hasta hoy no se ha hecho nada en este sentido.
Por lo tanto, la moción va muy por delante de esa voluntad que usted está
afirmando aquí y que el Secretario de Estado de Comunicaciones manifestó
en las sesiones correspondientes hace casi un año y no vemos,
lamentablemente, ninguna solución. Nos tememos que una vez más este
aeropuerto sea, como ocurre con otras muchas obras públicas anunciadas,
de juguete, sea una maqueta, porque cuando tengamos el proyecto, se
encargará una maqueta, que nos irán exhibiendo. Pero mientras no veamos
un compromiso en sede parlamentaria, en la ley de presupuestos generales
del Estado, un compromiso que puede ser un convenio entre ambas
administraciones y la empresa pública AENA, no creeremos que el Gobierno
de la nación tenga interés en que este aeropuerto sea una realidad y no
quede únicamente en un proyecto y en una maqueta.
Nada más, señor Presidente, y muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el Senador Bris.
El señor BRIS GALLEGO: Muchas gracias, señor Presidente.
Quiero resaltar de nuevo el interés que el Gobierno de la nación y el
Ministerio de Fomento tienen en la construcción de este aeropuerto. Como
he puesto de manifiesto a lo largo de mi intervención, AENA ha dicho,
entre otras cosas, que considera, después de estudiado el Plan Director,
que es viable tanto técnica como económicamente. Ha dicho lo que no se
había dicho hasta ahora, que se puede hacer allí un aeropuerto. En estos
momentos, como digo, las conversaciones entre el Ministerio de Fomento, a
través de la Dirección General de Aviación Civil y la Comunidad Autónoma
de La Rioja continúan adelante para hacer realidad lo que hace algunos
años parecía una labor imposible. Por eso,
consideramos que esta moción no añade nada a lo que realmente ya se está
ejecutando, a lo que se está trabajando y al esfuerzo grande que está
haciendo la Comunidad Autónoma de La Rioja, el Ministerio de Fomento y la
Dirección General de Aviación Civil por dar respuesta a una pregunta
ciudadana que hace mucho tiempo tienen los españoles que viven en la
Comunidad Autónoma de La Rioja.
Hay quien dice en Logroño que se hará el aeropuerto de Agoncillo aun en
contra de las actuaciones de algún destacado miembro del Partido
Socialista Obrero Español de La Rioja. Hay que recordar al Senador Díez
que en la etapa del anterior Gobierno se dificultó la puesta en marcha
del aeropuerto, e incluso el año 1994 se cerró la base aérea,
convirtiéndola en una base del Ejército de Tierra. Yo creo que son
situaciones distintas. El Partido Popular está reaccionando de una forma
y el Partido Socialista Obrero Español reaccionó en aquel momento de una
manera que no era la que querían los ciudadanos de La Rioja.
Por consiguiente, rechazamos la moción que se ha presentado.
Nada más y muchas gracias. (El señor Díez González pide la palabra.)
El señor PRESIDENTE: No hay turno de réplicas o contrarréplicas.
Vamos a proceder a la votación de esta moción.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos a favor, ocho;
en contra, 11; abstenciones, una.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Se levanta la sesión.
Eran las diecinueve horas y veinte minutos.