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DS. Senado, Comisiones, núm. 183, de 14/10/1997
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CORTES GENERALES



DIARIO DE SESIONES DEL



SENADO



Año 1997 VI Legislatura
Comisiones. Núm. 183



COMISION CONSTITUCIONAL



PRESIDENCIA DE DON PEDRO AGRAMUNT FONT DE MORA



Sesión Informativa



celebrada el martes, 14 de octubre de 1997



ORDEN DEL DIA:
--Dictaminar el proyecto de ley del Gobierno. (Número de expediente
621/000044.)
--Comparecencia de la Directora del Centro de Estudios Políticos y
Constitucionales, doña María del Carmen Iglesias Cano, a petición del
Grupo Parlamentario Popular, para que informe sobre las actividades
desarrolladas por tal institución. (Número de expediente 713/000339.)



Se abre la sesión a las once horas y diez minutos.




--DICTAMINAR EL PROYECTO DE LEY DEL GOBIERNO. (621/000044.)



El señor PRESIDENTE: Buenos días, señorías, se abre la sesión.

Como conocen sus señorías, los puntos del orden del día son: dictaminar
el proyecto de ley del Gobierno y tramitar la comparecencia de la señora
Directora del Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, doña María
del Carmen Iglesias Cano, a petición del portavoz del Grupo Parlamentario
Popular en la Comisión, don Manuel María Uriarte-Zulueta.

Iniciamos, pues, la sesión con el punto primero, y quiero advertirles
que, estando convocada la comparecencia de la Directora del Centro de
Estudios Políticos y Constitucionales a la una, si no finalizamos el
dictamen del proyecto de ley del Gobierno antes de esa hora,
interrumpiríamos



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el debate para realizar la comparecencia y continuaríamos después a las
cuatro de la tarde. Si terminamos, como es previsible, con el dictamen
antes incluso de la una, interrumpiríamos la sesión durante el tiempo que
fuera necesario para iniciar la comparecencia a la hora prevista, si
están de acuerdo sus señorías.

Antes de entrar en el orden del día, procede aprobar el acta de la sesión
anterior, celebrada el 16 de septiembre, repartida a sus señorías. ¿Hay
alguna advertencia que realizar? (Pausa.) ¿Puede aprobarse por
asentimiento? (Pausa.) Muchas gracias. Así se declara.

A continuación pasamos al dictamen del proyecto de ley del Gobierno. Si
sus señorías están de acuerdo, procederíamos a la defensa global de las
enmiendas por grupos parlamentarios o Senadores enmendantes.

Me permito señalar a sus señorías que el proyecto de ley no tiene la
disposición final referente a la entrada en vigor, lo que les indico por
si consideran oportuno reflexionar sobre si se incluye o no o se limita a
la referencia general, que son veinte días después de su publicación.

Empezamos con la enmienda número 1, del Senador Ríos Pérez, del Grupo
Parlamentario Mixto, al artículo 26.3.

¿Turno a favor? (Pausa.)



El señor NIETO CICUENDEZ: En nombre del Grupo Parlamentario Mixto, la
damos por defendida.




El señor PRESIDENTE: Se da por defendida.

¿Turno en contra? (Pausa.)
Senador Prada, tiene la palabra.




El señor PRADO PRESA: Gracias, señor Presidente.

Tengo que decir, en nombre del Grupo Parlamentario Popular, que no
aceptamos la enmienda que presenta el Senador Ríos en la medida en que el
proyecto de ley del Gobierno recoge no solamente los órganos del Gobierno
en cuanto a tal, sino también otros que no forman parte del Gobierno,
como es el caso de los Secretarios de Estado, los gabinetes, etcétera.

En consecuencia, mostramos nuestra disconformidad con el texto de dicha
enmienda.

Muchas gracias, señor Presidente.




El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, Senador Prada.

Turno de portavoces.

¿Grupo Parlamentario Mixto? (Pausa.)
¿Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos? (Pausa.)
¿Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió?
(Pausa.)
¿Grupo Parlamentario Socialista? (Pausa.)
¿Senador Marín Rite? (Pausa.)
¿Senador Prada? (Pausa.)
Muchas gracias.

Enmienda número 2, al artículo 18; número 3, al artículo 24.1.letra c, y
número 44, al artículo 24, apartado 1. Las tres enmiendas son de los
Senadores Nieto Cicuéndez y Román Clemente, del Grupo Parlamentario
Mixto.

Para turno a favor, tiene la palabra el Senador Nieto.




El señor NIETO CICUENDEZ: Intervengo brevemente porque en la motivación
de las enmiendas queda suficientemente claro que lo que pretendemos con
ellas es conseguir una mayor precisión.

La enmienda número 2 está motivada por entender que, aunque no se
publiquen, lógicamente, las deliberaciones del Consejo de Ministros, se
puede no obstante dar publicidad a los contenidos y a las resoluciones.

Por tanto, la idea es conseguir una mayor transparencia, sin añadir nada
especial.

En cuanto a las enmiendas al artículo 24, con la número 3 pretendemos
evitar las excepciones, porque, de no evitarlas, puede entenderse en un
momento u otro que todo puede ser excepcional. Por tanto, en la medida en
que se eviten las excepciones, se da mucha mayor claridad a la función
del Gobierno.

Con la número 4 pretendemos facilitar el conocimiento, agilizar la
información y proporcionar medios para el control de los actos del
Gobierno. Para ello, pretendemos que cuando la disposición reglamentaria
sea de las previstas en el número 1.º del apartado 3 del artículo
anterior, se remita a las Cortes Generales, a las Asambleas Legislativas
de las Comunidades Autónomas y a aquellas entidades sociales
fundamentales, como patronal y sindicatos más representativos.

Creemos que con nuestras enmiendas quedarían mucho más claros los
aspectos citados de la ley.

Nada más.




El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, Senador Nieto.

Para turno en contra, tiene la palabra el Senador Uriarte.




El señor URIARTE ZULUETA: En cuanto a la enmienda número 2, que propone
la modificación del artículo 18, en el sentido de que las actas de las
sesiones del Consejo de Ministros se hagan públicas, tengo que indicar
que esto no parece ni oportuno ni posible. No parece posible porque hay
resoluciones del Consejo de Ministros que corresponden a cuestiones cuya
publicidad está reservada y limitada específicamente. Por ejemplo, en el
artículo 37 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas está excluida la publicidad de las materias relativas a defensa
y a seguridad nacional, como es lógico, por lo que estimamos que sobre
estas materias las actas del Consejo de Ministros, que pueden tener, y
que frecuentemente tienen, contenidos de este tipo no pueden ser objeto
de publicidad.

Si lo que se quiere es regular el acceso de los particulares a los
archivos administrativos, esta cuestión, que es completamente distinta,
está regulada ya por la Ley 30 de 1992, en el artículo 37, donde se
regula el acceso a la información administrativa con las consiguientes
limitaciones.

Por tanto, creemos que no es posible acceder a esta enmienda, y estamos
en contra de su admisión.




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Las enmiendas números 3 y 4, de Izquierda Unida, se refieren al trámite
de audiencia previsto en el artículo 24 del proyecto. La enmienda número
3 se orienta en el sentido de excluir la posibilidad prevista por el
artículo 24.1.c de que sólo podrá omitirse dicho trámite de audiencia
pública cuando graves razones de interés público, que, asimismo, deberán
explicitarse, lo exijan. Efectivamente, se estima que es necesario
mantener la posibilidad de excluir la audiencia pública en estos casos,
y, por tanto, también estamos en contra de la admisión de la exclusión de
esta última posibilidad.

Por último, la enmienda número 4, de Izquierda Unida, se refiere también
al trámite de audiencia, concretamente en materia de reales decretos, y
establece un procedimiento complicadísimo: es necesario oír a las
organizaciones sindicales, a las empresariales, a las Cortes Generales y
a los Consejos de Gobierno y Asambleas Legislativas de las Comunidades
Autónomas. Naturalmente, un procedimiento tan complejo para la adopción
de cualquier real decreto complicaría enormemente la elaboración de los
mismos y la labor del Consejo de Ministros, y por lo tanto también
estamos en contra de la admisión de esta enmienda.




El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, Senador Uriarte.

Turno de portavoces.

¿Grupo Parlamentario Mixto? (Pausa.)
¿Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos? (Pausa.)
¿Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió?
(Pausa.)
¿Grupo Parlamentario Socialista? (Pausa.)
¿Grupo Parlamentario Popular? (Pausa.)
Pasamos, pues, a la siguiente enmienda, número 6, al artículo 4, apartado
3 nuevo, y a la enmienda número 7, al artículo 23, apartado 4, ambas del
Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos.

Para turno a favor, tiene la palabra el Senador Zubía.




El señor ZUBIA ATXAERANDIO: Gracias, señor Presidente.

Efectivamente, tan sólo son dos las enmiendas que nuestro Grupo
Parlamentario ha presentado al proyecto de ley del Gobierno en este
trámite ante el Senado, lo que constituye --hay que decirlo ya de
entrada--, sin duda, la mejor prueba del grado de aceptación y
conformidad que el texto actual del proyecto nos merece.

Al título I, y más concretamente a su artículo 4, referido a los
ministros, hemos considerado pertinente añadir un nuevo apartado, que
sería el 3 nuevo, con la finalidad última de hacer posible la exigencia
de responsabilidad política de un determinado ministro en su área de
actuación a través de una moción de censura individual.

Con la enmienda, que es concretamente la número 6, la primera a la que se
refería el señor Presidente, intentamos suscitar un debate sobre la
bondad o no de esa posibilidad de reprobación individual de un ministro.

Vaya por delante que a nuestro Grupo Parlamentario tal posibilidad se le
antoja, desde luego, factible desde una perspectiva jurídico
constitucional y le parece, además, un buen instrumento ante situaciones
políticas que realmente pueden llegar a darse.

Es bien cierto que no existe una previsión constitucional expresa en tal
sentido, pero también es cierto que no hay una prohibición o un
impedimento expreso. Diría incluso que la figura es perfectamente
acogible dentro del propio tenor constitucional si al juego del artículo
9.3 y del artículo 97 en su conjunción nos remitimos.

Quiero decir en definitiva, señorías, que la regulación que propugnamos
no sería en ningún caso anticonstitucional.

Finalmente, también quiero señalar como dato que ese principio de
responsabilidad individual, conviviendo por supuesto con la
responsabilidad solidaria, se da en otros países de nuestro entorno e
incluso está regulado en la propia Ley del Gobierno Vasco.

La segunda y última de nuestras enmiendas, la número 7, es al artículo
23, referido a la potestad reglamentaria y tiene por objeto contemplar la
inderogabilidad singular de los reglamentos. Todos los miembros de la
Comisión saben de lo que estoy hablando y, por tanto, creo que huelga
cualquier explicación complementaria o por encima de la mera
justificación escrita de la enmienda. Soy conocedor, además, de que en el
trámite de ponencia se presentó ya una enmienda «in voce» en tal sentido,
posponiéndose, eso sí, la decisión final a un siguiente trámite
parlamentario que bien pudiera ser éste.

Por consiguiente, sólo me queda esperar a que se confirme formalmente la
posibilidad de esa enmienda «in voce» y anunciar antes de terminar mi
intervención que nuestro Grupo la acepta de buen grado en su momento.

Muchas gracias.




El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Zubía.

¿Turno en contra? (Pausa.)
Tiene la palabra el Senador Uriarte.




El señor URIARTE ZULUETA: Turno en contra en cuanto a la enmienda número
6 sobre la moción de censura individual. Creemos que ésta no está
prevista en nuestra Constitución y, por tanto, sería muy arriesgado
intentar introducirla con una ley ordinaria, e incluso tendría un encaje
muy difícil porque la moción de censura en nuestra Constitución prevé la
designación de un candidato, por lo que se daría la circunstancia absurda
de que al censurar a un ministro habría que proponer a otro candidato a
ocupar ese mismo ministerio.

Por tanto, consideramos que, sin perjuicio de que exista en la Ley del
Gobierno Vasco, con carácter general no se puede considerar admisible con
arreglo a nuestra Constitución.

En cambio, estamos casi totalmente de acuerdo con la enmienda número 7 y
nos limitamos a proponer una pequeñísima modificación a la redacción dada
por los Senadores Nacionalistas Vascos. Donde dice: «son nulas las
resoluciones administrativas que contengan actos administrativos que
vulneren lo establecido en un reglamento...»,



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nosotros planteamos una enmienda transaccional del siguiente tenor: «son
nulas las resoluciones administrativas que vulneren lo establecido en un
reglamento...», con lo cual se reproduce exactamente el artículo 52.2 de
la Ley de 26 de noviembre de 1992. Esta es la enmienda que proponemos con
la conformidad expresa del Grupo de Senadores Nacionalistas Vascos.




El señor PRESIDENTE: Gracias.

Senador Uriarte, la enmienda transaccional que está proponiendo es
idéntica a la que aparece en el informe de la ponencia: Son nulas las
resoluciones administrativas que vulneren lo establecido en un
reglamento, aunque hayan sido dictadas por órganos de igual o superior
jerarquía por el que lo haya aprobado. ¿Ese es el texto? (Asentimiento.)
Entonces, en ese caso, si los grupos parlamentarios están de acuerdo,
podemos incorporar directamente esta transaccional al informe de la
ponencia.

Pido el criterio de los señores portavoces sobre esta cuestión.

¿Hay algún inconveniente? (Pausa.)
Queda incorporado el texto tal como ha sido redactado en el informe de la
ponencia.

Muchas gracias.

¿Desean los grupos parlamentarios realizar turnos de portavoces en
relación con estas enmiendas? (Pausa.)
¿Grupo Parlamentario Mixto? (Pausa.)
¿Senadores Nacionalistas Vascos? (Pausa.)
¿Convergència i Unió? (Pausa.)
¿Grupo Parlamentario Socialista? (Pausa.)
Pasamos a las enmiendas números 8, al artículo 15; 9, al artículo 15.4;
10, al artículo 16 bis) nuevo; 11, al artículo 20; 12, al artículo 25, y
13, al artículo 26; todas ellas del Grupo Parlamentario Socialista.

Para turno a favor, tiene la palabra el Senador Marín Rite.




El señor MARIN RITE: Señor Presidente, señorías, paso a defender las
enmiendas de mi Grupo Parlamentario.

En primer lugar, las enmiendas números 8 y 9, al artículo 15, están en
relación --y, lógicamente, seguirán su misma suerte-- con las enmiendas
al artículo 16 bis) nuevo.

La enmienda número 10, al artículo 16 bis) nuevo, propone la creación de
un nuevo artículo inserto en el Capítulo III. Establece el régimen de
incompatibilidades de los órganos de colaboración y apoyo del Gobierno.

Por una parte, el régimen de incompatibilidades de titulares de órganos
directivos de la Administración General del Estado afectaría a
secretarios de estado, gabinetes del Presidente y Vicepresidente,
directores de gabinetes de los ministros y secretarios de Estado. Además,
se establece la posibilidad de que los secretarios de Estado puedan se
diputados y senadores. El régimen de incompatibilidades del personal al
servicio de las Administraciones Públicas se aplicaría a los restantes
miembros de los Gabinetes.

La enmienda número 11 pretende, señorías, dar una nueva redacción al
párrafo primero del artículo 20 con la intención de mejorar el sistema de
delegaciones. Nuestro Grupo entiende que no tiene demasiado sentido
encorsetar la delegación del Presidente del Gobierno solamente a los
Vicepresidentes y a los Ministros. Nos parece más lógico que el
Presidente puede delegar además en las Comisiones Delegadas del Gobierno,
en la Comisión General de Secretarios de Estado y Subsecretarios,
Secretarios de Estado adscritos al Presidente y delegados del Gobierno de
Comunidades. Igualmente, señorías, nos parece que debe regularse la
posibilidad de delegación de los Secretarios de Estado.

La enmienda número 12 pretende dar publicidad en el «Boletín Oficial del
Estado» a las resoluciones del Gobierno, de sus miembros y de las
Comisiones Delegadas que afecten a terceros, a no ser que la ley disponga
expresamente otra cosa.

La enmienda número 13 al artículo 26 es de modificación a la redacción
del mencionado artículo. Parte de la base del sometimiento al
ordenamiento jurídico del Gobierno, de sus actos y actuaciones, de
sometimiento sin exclusión al control parlamentario, de su impugnabilidad
ante el Tribunal Constitucional y de la revisión ante la jurisdicción
contenciosa-administrativa de los actos del Gobierno y de sus órganos de
colaboración sometidos al Derecho administrativo. Surge una diferencia
importante que se ha mantenido desde el inicio de la tramitación de este
proyecto de ley, ya que el texto del Gobierno hace una remisión a la Ley
Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, y nuestro Grupo
entiende que sería preferible establecer ya en el proyecto de ley del
Gobierno que los actos del mismo son revisables en la jurisdicción
contencioso-administrativa cuando se trate de actos sujetos al Derecho
administrativo. La propia Ley de la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa, en su artículo 1, hace referencia a los actos
de las Administraciones públicas sujetos al Derecho administrativo.

Lógicamente, no es lo mismo Gobierno que Administraciones públicas, y nos
parece que sería más claro, más completo y más adecuado técnicamente la
afirmación del control jurisdiccional de los actos del Gobierno en este
proyecto de ley cuando se trate de actos sujetos al Derecho
administrativo.

Nada más y muchas gracias.




El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Senador.

Para turno en contra, tiene la palabra el Senador Uriarte.




El señor URIARTE ZULUETA: Señor Presidente, voy a contestar al Senador
Marín Rite en lo relativo a los tres primeros Títulos del proyecto. A los
restantes contestará el Senador Prada.

Me voy a referir, en primer lugar, a las enmiendas números 8, 9 y 10.

Esta última es la verdaderamente sustantiva y propone la incorporación de
un nuevo artículo 16 bis, mientras que las números 8 y 9 no hacen sino
aplicar a la redacción del proyecto las consecuencias de una eventual
aceptación de la enmienda número 10, y me voy a referir a ella, que es la
importante. Propone la inclusión de un nuevo artículo 16 bis por el que
se establece que los secretarios



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de Estado tienen el mismo régimen de incompatibilidades que el de los
altos cargos de la Administración General del Estado, ampliando
enormemente el alcance de estas incompatibilidades. En primer lugar, lo
amplia a todos los miembros del Gabinete del Presidente del Gobierno y
del Vicepresidente o Vicepresidentes, y hay que tener en cuenta que
incluso pueden ser miembros de este gabinete funcionarios de muy escaso
nivel; en segundo lugar, a los directores de los Gabinetes de Ministros y
Secretarios de Estado. Consideramos que la ampliación es excesiva y que
el régimen de las incompatibilidades de los altos cargos solamente se
deben aplicar a partir del nivel de director general, y muchos de los
cargos aquí previstos tienen un nivel de subdirector general o inferior.

Por lo tanto, entendemos que es preferible mantener la situación actual;
declarar la aplicación de las incompatibilidades de los altos cargos
solamente para los secretarios de Estado, tal y como está previsto en el
párrafo 4 del artículo 15, y no admitir la enmienda número 10 ni las
enmiendas 8 y 9 directamente ligadas a la posible admisión de esta
primera.

La enmienda número 11 lo es al artículo 20 en materia de delegación.

Estimamos que ésta resulta excesiva. El artículo 20 del proyecto regula
las delegaciones directamente ligadas a la figura del Gobierno, mientras
que aquí se prevén situaciones que estimamos absolutamente anómalas como,
por ejemplo, que el Presidente del Gobierno delegue sus facultades en el
Delegado del Gobierno en una Comunidad Autónoma. Difícilmente sería
admisible esta delegación y crearía situaciones muy complicadas. Tampoco
parece lógico que el Presidente del Gobierno delegue en la Comisión de
Secretarios de Estados, Subsecretarios o en las propias Comisiones de los
Delegados del Gobierno. Estimamos que las delegaciones del Presidente del
Gobierno en favor del Vicepresidente o Vicepresidentes y de los
Ministros, y la de los Ministros en favor de los Secretarios de Estado
--aquí sí de los Delegados del Gobierno en las Comunidades Autónomas-- y
de los órganos directivos del Ministerio, tal y como está previsto en el
párrafo 1 del artículo 20 del proyecto, es suficiente y no es necesaria
ninguna ampliación.

En consecuencia, proponemos la desestimación de estas enmiendas.




El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, Senador Uriarte.

Tiene la palabra el Senador Prada para la defensa del resto de las
enmiendas.




El señor PRADA PRESA: Gracias, señor Presidente.

En relación con las enmiendas números 12 y 13, presentadas por el Grupo
Parlamentario Socialista, debo manifestar, en nombre del Grupo
Parlamentario Popular, nuestra oposición a las mismas.

En cuanto a la número 12, entendemos que siendo el proyecto de ley del
Gobierno muy novedoso, tampoco queremos introducir en este texto legal un
reglamentismo excesivo. Por lo tanto, consideramos que las resoluciones
administrativas se tienen que notificar directamente a los interesados o,
en su defecto, han de ser publicadas y notificadas conforme establece la
propia Ley 30/1992 que, como sus señorías saben, es la Ley de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común.

Por lo que se refiere a la enmienda número 13, también del Grupo
Parlamentario Socialista, en relación al artículo 26 del proyecto de ley,
la redacción que propone el grupo enmendante, a nuestro juicio, es menos
adecuada que la redacción del proyecto que estamos en este momento
debatiendo. El texto legal establece un completo elenco de controles a
los actos del Gobierno. El Gobierno está sujeto, como el resto de los
órganos --tanto personas físicas como jurídicas--, a la Constitución, al
ordenamiento jurídico vigente, y el texto legal remarca este lógico
sometimiento de manera muy particular en toda la actuación del Gobierno.

A nuestro juicio, el texto alternativo de la enmienda del Grupo
Parlamentario Socialista es menos genérico y, en consecuencia, menos
claro.

Las discrepancias en relación al párrafo segundo son más bien de tipo
gramatical y, a nuestro juicio, el texto legal es más correcto que la
enmienda que debatimos.

En relación a las modificaciones del Grupo Parlamentario Socialista
referidas al párrafo tercero de la enmienda número 13, que se corresponde
con el párrafo cuarto del proyecto, igualmente estamos ante una expresión
--la del proyecto de ley-- más amplia y más genérica. El Grupo
Parlamentario Socialista limita el control de los actos y omisiones ante
el Tribunal Constitucional, mientras que para nosotros este control debe
extenderse a toda la actuación del Gobierno, sea de la clase que sea,
bien por acción bien por omisión.

El párrafo cuarto de la enmienda, que se corresponde con el tercero del
proyecto, se refiere muy especialmente al control de los actos políticos,
tanto del Gobierno como de los órganos y autoridades a los que alude el
proyecto de ley del Gobierno. El texto pretende --a mi juicio consigue--
evitar que existan vacíos de control con el fin de evitar arbitrariedades
o la falta de tutela judicial efectiva. Sin duda, este control se verá
incrementado, completado o, si se quiere, clarificado, con las
disposiciones del nuevo texto de la Ley Reguladora de la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa, remitido por el Gobierno en estas fechas a
las Cortes Generales para su debate y tramitación.

En consecuencia, manifestamos nuestra postura negativa a la inclusión de
estas dos enmiendas en el informe de la Ponencia.

Muchas gracias, señor Presidente.




El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, Senador Prada.

¿Turno de portavoces? (Pausa.)
¿Grupo Parlamentario Socialista? (Pausa.)
¿Grupo Parlamentario Mixto? (Pausa.)
¿Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió?
(Pausa.)
¿Grupo Parlamentario Socialista? (Pausa.)
¿Grupo Parlamentario Popular? Tiene la palabra su señoría.




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El señor PRADA PRESA: Señor Presidente, ¿va a haber un turno final de
intervención?



El señor PRESIDENTE: No estaba previsto pero ya que lo solicitan se
concederá.

Hemos terminado el debate de todas las enmiendas presentadas y vamos a
iniciar un turno final sobre su conjunto, solicitado por los señores
Portavoces.

¿Grupo Parlamentario Mixto?
Tiene la palabra la Senadora De Boneta.




La señora DE BONETA Y PIEDRA: Muchas gracias, señor Presidente.

Intervengo para manifestar la posición del Grupo Parlamentario Mixto en
relación con las enmiendas presentadas que, independientemente de la
posición individual, las votaremos a favor, y para añadir que algunas de
las precisiones que se han hecho por otros grupos parlamentarios, en
particular en las enmiendas presentadas por el Grupo Parlamentario de
Senadores Nacionalistas Vascos y en algunas otras, mejoran la ley, y en
este sentido recibirán el apoyo del Grupo Parlamentario Mixto, sin
perjuicio de que, como es habitual, y teniendo en cuenta la diversidad de
su criterio, la posición general sobre las enmiendas sea de abstención.

Nada más y muchas gracias.




El señor PRESIDENTE: Gracias, Senadora De Boneta.

Tiene la palabra el Senador Zubía.




El señor ZUBIA ATXAERANDIO: Muchas gracias señor Presidente.

La próxima semana, en sesión plenaria, tendremos ocasión de manifestar de
una manera pormenorizada la opinión global que nos merece el proyecto de
ley que nos ocupa, pero quiero adelantar desde ahora nuestra satisfacción
por encontrarnos dando fin a la tramitación parlamentaria de este
proyecto de ley del Gobierno; satisfacción también porque, por fin,
cuando la Constitución está a punto de cumplir veinte años de vigencia,
un texto legal va a definir la composición y el estatuto del Poder
Ejecutivo; satisfacción igualmente porque el texto originario del
proyecto era muy aceptable, creo que la mejor prueba de ello es el hecho
de que no se presentara ninguna enmienda a la totalidad ni en el primer
trámite --en el Congreso de los Diputados-- ni en éste, y satisfacción,
finalmente, por el número importante de enmiendas que a nuestro Grupo
parlamentario le han sido aceptadas en unos y otros trámites;
satisfacción, en definitiva, por el consenso amplio que se ha alcanzado
en la tramitación del presente proyecto de ley. Este cúmulo de
satisfacciones significa que nuestro grupo votará favorablemente el
informe de la Ponencia.

Muchas gracias, señor Presidente.




El señor PRESIDENTE: Gracias, Senador Zubía.

Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el señor Marín
Rite.




El señor MARIN RITE: Muchas gracias, señor Presidente.

No quería yo crear ningún tipo de expectación en relación con ese turno
final, se trata simplemente de afirmar la importancia de la ley que
tenemos sometida a consideración, ahora en Comisión y posteriormente en
el Pleno.

La señora Letrada, que de manera tan competente nos asiste, dice en una
de sus notas informativas que ésta es una ley que completa una triada de
leyes: la Ley del Gobierno, la Lofage y la Ley de Procedimiento
Administrativo común, que van a regular de una manera más precisa y
uniforme una materia tan importante como es la actividad del Gobierno y
de la Administración y que, de alguna manera, constituyen una nueva
generación de leyes administrativas y políticas. Es cierto, y de alguna
manera hay que saludar la concreción, la terminación de ese pequeño
ordenamiento jurídico.

Es una ley, por otra parte, que por su propia naturaleza contiene una
exigencia de acuerdo entre los grupos parlamentarios. No estamos
regulando la ley del Gobierno de ningún partido, estamos regulando la ley
que ha de regir las actividades, la composición y el funcionamiento del
Gobierno de España. Por tanto, eso obliga a todos los grupos
parlamentarios a hacer un esfuerzo de entendimiento y de consenso.

Creemos que la ley ha mejorado desde su presentación en el Congreso de
los Diputados, creemos que podría mejorar más, y esperamos que con un
esfuerzo en esta Cámara todavía sea posible.

Quiero terminar diciendo que saludamos ese nivel importante de acuerdo
que ha habido y que está en consonancia con la propia naturaleza de la
norma que tenemos sometida a consideración, y esperamos que todavía pueda
ampliarse dicho acuerdo.

Nada más y muchas gracias.




El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, Senador Marín Rite.

Tiene la palabra el Senador Prada.




El señor PRADA PRESA: Muchas gracias, señor Presidente.

Desde el Grupo Parlamentario Popular quiero, en primer lugar, manifestar
el grado de satisfacción en la tramitación que este proyecto de ley está
teniendo en su trámite parlamentario del Senado, compartimos esa
satisfacción que expresaba el Senador Zubía en su condición de portavoz
del Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos, y también el
acuerdo con lo manifestado por el Senador Marín Rite en el amplio grado
de consenso que se está alcanzando en la tramitación de esta ley.

La filosofía de este proyecto de ley está reflejada en la Exposición de
Motivos, y no voy a incidir más en ello pero, a juicio del Grupo
Parlamentario Popular, era necesario y preciso la regulación de un texto
de esta naturaleza, en definitiva que en nuestro país se contara con una
ley del Gobierno.

Señor Presidente, en este último trámite queremos proponer para su
incorporación al Informe de la Ponencia dos enmiendas «in voce». Una,
referida a la propia exposición de motivos, que en su primer párrafo
comienza diciendo: «Transcurridos dieciocho años desde



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la aprobación de la Constitución Española.» Como quiera que cuando este
texto se publique en el «Boletín Oficial del Estado» quizá los dieciocho
años ya estén pasados, es decir que la Constitución haya cumplido un año
más, y estemos hablando de diecinueve años, a juicio de nuestro Grupo
sería más adecuado establecer la fórmula... «desde la aprobación de la
Constitución española en 1978, puede observarse con satisfacción...», el
resto igual, si los Grupos lo consideran pertinente, por una mejora
gramatical.

En cuanto a la disposición adicional primera, por una mejora de
redacción, y de acuerdo con lo que en el trámite de Ponencia acordamos
los diversos grupos parlamentarios, proponemos su modificación por el
siguiente texto: «El Consejo de Estado, supremo órgano consultivo del
Gobierno, se ajustará en su organización, funcionamiento y régimen
interior a lo dispuesto en su Ley Orgánica y en su Reglamento en garantía
de la autonomía que le corresponde.» Nos parece que de esta forma se
mejora la redacción, y aunque sabemos, y nos consta, que existen
discrepancias en algunos grupos en cuanto a la introducción de la mención
expresa del Consejo de Estado, nuestro grupo entiende que es conveniente
que en esta ley del Gobierno se haga una mención expresa al órgano
consultivo del Gobierno.

Insistiendo en que nos felicitamos por la satisfacción que está
produciendo este proyecto de ley en su tramitación, fundamentalmente por
el amplio grado de acuerdo que estamos alcanzando, y sin perjuicio de
mayores debates que se puedan producir en el Pleno la semana que viene,
reiteramos nuestro voto afirmativo al informe de la Ponencia, solicitando
la inclusión de esas dos enmiendas expuestas.

Muchas gracias, señor Presidente.




El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, Senador Prada.

Antes de pedir el criterio a los portavoces, le ruego que, para mayor
precisión, entregue por escrito ambas enmiendas, sobre todo la segunda,
aunque seguramente habrán sido bien recogidas en el «Diario de Sesiones».




El señor PRADA PRESA: Muchas gracias, señor Presidente.

En relación con la primera enmienda, la repetiré porque no la tengo
escrita, a efectos de que conste en el «Diario de Sesiones». Sería
modificar el primer párrafo de la exposición de motivos, que dice:
«Transcurridos dieciocho años desde la aprobación de la Constitución
Española, ...» por la siguiente frase: «Desde la aprobación de la
Constitución Española en 1978, ...» y el resto igual.

En cuanto a la segunda propuesta, en relación con el Consejo de Estado,
paso a la Presidencia el texto escrito.




El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, Senador Prada.

Voy a pedir el criterio a los señores Portavoces en relación con la
aceptación o la inclusión de estas enmiendas transaccionales en el
Informe de la Ponencia.

¿Grupo Parlamentario Mixto? (Pausa.)
Las aceptan.

¿Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos? (Pausa.)
Las aceptan.

¿Grupo Parlamentario Catalán en Senado de Convergència i Unió? (Pausa.)
Las aceptan.

¿Grupo Parlamentario Socialista? (Pausa.)
Tiene la palabra el señor Marín Rite.




El señor MARIN RITE: Muchas gracias, señor Presidente.

Mi Grupo manifiesta su acuerdo con la primera de las enmiendas
transaccionales y su desacuerdo en relación con la segunda. Como ya
conoce el Senador Prada, en la Ponencia nosotros mantuvimos la
inconveniencia de la mención del Consejo de Estado en la forma que se
hace. Aunque reconocemos que ha mejorado la redacción y que se ha hecho
un esfuerzo para dicha mejora, entendemos que tiene su ley reguladora,
que el Consejo de Estado no es un órgano ni consultivo ni de apoyo del
Gobierno y que la afirmación del apoyo a la autonomía viene dada ya por
una ley orgánica que lo regula, y que no es necesario regularlo en una
ley del Gobierno, que podría dar, incluso, la imagen contraria a la que
se persigue.




El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, Senador Marín Rite.

En este caso, entiendo que la primera enmienda, en relación con la
exposición de motivos, queda incorporada por unanimidad al informe de la
ponencia.

La segunda enmienda, referente al Consejo de Estado, también queda
incorporada al informe de la ponencia por mayoría de acuerdo con el voto
ponderado de la ponencia.

Debatidas las enmiendas, procede votar, conforme al artículo 116.2 del
Reglamento de la Cámara, la propuesta que formula la Ponencia, que de
resultar aprobada pasará a ser el texto del dictamen, mientras que si se
rechazase votaríamos las enmiendas mantenidas. Por tanto, vamos a pasar a
la votación del dictamen, y como hay una serie de enmiendas que se
mantienen vivas, suponemos que va a haber alguna petición de votación
separada, por lo que la realizaremos por títulos.

Vamos a proceder a votar el Título I, artículos 1 a 10. (El señor Marín
Rite pide la palabra.)
Tiene la palabra el Senador Marín Rite.




El señor MARIN RITE: Señor Presidente, someto a la consideración de su
señoría y de la Mesa la posibilidad de producir una votación separada por
artículos. Es decir, que solicitamos la votación separada, en un bloque,
de la exposición de motivos; en otro bloque, los artículos 8, 15, 20, 25
y 26 y la disposición adicional segunda; y, en un tercer bloque, el resto
de la ley.




El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, Senador Marín Rite.




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Título I, artículos 1 a 10, excepto el artículo 8, que votaremos a
continuación. (Pausa.)



Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos a favor, 25.




El señor PRESIDENTE: Quedan aprobados.

Sometemos a votación el artículo 8. (Pausa.)



Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos a favor, 16; en
contra, nueve.




El señor PRESIDENTE: Queda aprobado.

Pasamos al Título II, artículos 11 a 16, excepto el artículo 15, que se
votará a continuación, dado que está afectado por enmiendas del Grupo
Parlamentario Socialista. (Pausa.)



Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos a favor, 16;
abstenciones, nueve.




El señor PRESIDENTE: Quedan aprobados.

Sometemos a votación el artículo 15. (Pausa.)



Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos a favor, 16; en
contra, nueve.




El señor PRESIDENTE: Queda aprobado.

Pasamos a la votación del Título III, artículos 17 a 19, puesto que el 20
se votará a continuación. (Pausa.)



Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos a favor, 24;
abstenciones, una.




El señor PRESIDENTE: Quedan aprobados.

Artículo número 20. (Pausa.)



Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos a favor, 16; en
contra, nueve.




El señor PRESIDENTE: Queda aprobado.

Pasamos a la votación del Título IV, artículo 21. (Pausa.)



Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos a favor, 25.




El señor PRESIDENTE: Queda aprobado por unanimidad.

Título V, artículos 22 a 26.

En primer lugar, votaremos los artículos 22, 23 y 24, incluyendo la
enmienda transaccional sobre la enmienda número 7, del Grupo
Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos, que ya se entiende
incorporada al informe. (Pausa.)



Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos a favor, 25.

El señor PRESIDENTE: Quedan aprobados por unanimidad.

Senador Marín Rite, ¿se pueden votar conjuntamente los artículos 25 y 26?
Gracias.

Votamos los artículos 25 y 26. (Pausa.)



Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos a favor, 16; en
contra, nueve.




El señor PRESIDENTE: Quedan aprobados.

Disposiciones adicionales, excepto la adicional segunda, que votaremos
después. (Pausa.)



Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos a favor, 25.




El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas por unanimidad.

Disposición adicional segunda. (Pausa.)



Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos a favor, 15; en
contra, nueve; abstenciones, una.




El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.

Aclaro que queda aprobada con la transacción que fue previamente
establecida e incorporada.

Votación de la disposición derogatoria, conforme al texto de la ponencia.

(Pausa.)



Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos a favor, 25.




El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.

Votación de la exposición de motivos, que incluye la enmienda
transaccional aceptada por unanimidad de la ponencia, en relación con el
primer párrafo. (Pausa.)



Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos a favor, 16;
abstenciones, nueve.




El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.

Finalizado el dictamen del proyecto de ley procedemos a la designación de
su presentador ante el Pleno, conforme al artículo 120.1 del Reglamento
del Senado.

Ruego a los portavoces que me indiquen quién será el presentador del
dictamen ante el Pleno.




El señor URIARTE ZULUETA: Proponemos al Presidente de la Comisión.




El señor MARIN RITE: De acuerdo con ese saludable uso parlamentario,
nosotros también. (Risas.)



El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, Senadores Uriarte y Marín Rite, y
resto de portavoces.

Son las doce. Suspendemos la sesión en este momento y la reanudaremos a
las trece hora para continuar con el segundo punto del orden del día.

(Pausa.)
Se reanuda la sesión.




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--COMPARECENCIA DE LA DIRECTORA DEL CENTRO DE ESTUDIOS POLITICOS Y
CONSTITUCIONALES, A PETICION DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR, PARA QUE
INFORME SOBRE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR TAL INSTITUCION.

(713/000339.)



El señor PRESIDENTE: Continuamos con el segundo punto del orden del día,
que es la comparecencia de la Ilustrísima señora Directora del Centro de
Estudios Políticos y Constitucionales, doña María del Carmen Iglesias
Cano.

Es para esta Comisión un honor y una satisfacción recibir por primera vez
en el seno de la Comisión Constitucional a la Directora del Centro de
Estudios Políticos y Constitucionales, Centro, por cierto, recientemente
remodelado en algunas de sus funciones, composición e incluso en el
nombre.

Para explicarnos todo ello y todo aquello que tenga a bien, tiene la
palabra la señora Directora del Centro de Estudios Políticos y
Constitucionales, doña María del Carmen Iglesias Cano.




La señora DIRECTORA DEL CENTRO DE ESTUDIOS POLITICOS Y CONSTITUCIONALES
(Iglesias Cano): Muchas gracias, señor Presidente.

Muchas gracias a todos por esta invitación, en realidad el honor es para
mí estar por primera vez aquí. Es la primera vez que hago una
comparecencia, por lo tanto tendrán que ser sus señorías indulgentes
conmigo si cometo algún error o estoy un poco indecisa. Realmente el
marco del Senado es para mí bastante significativo. Como historiadora de
las ideas como función fundamental de mi actividad universitaria, el
Senado, esta Casa, revisten una significación muy especial y estoy
verdaderamente contenta de que esta primera comparecencia haya sido aquí,
por la vinculación que ha existido histórica e institucionalmente entre
el Senado y el Centro de Estudios Constitucionales. Es además el Senado
--y no hace falta decírselo a vuestras señorías-- una Institución
absolutamente fundamental en la vertebración del Estado de Derecho y de
la democracia que vivimos y, por lo tanto, lo poco que yo y que nuestro
Centro podamos aportar a las labores del Senado lo damos por muy bien
empleado y estamos totalmente a su disposición.

Precisamente uno de los objetivos que yo quería aprovechar al estar hoy
ante ustedes es invitarles muy sinceramente a visitar nuestro Centro,
donde será para mí un honor recibir a los portavoces y a todos aquellos
Senadores que tengan la amabilidad, el gusto y el interés de visitar
nuestra magnífica biblioteca y nuestros fondos, de los que ahora voy a
hablar.

Como bien ha dicho el señor Presidente, hemos iniciado una nueva etapa
--que al cabo de un año se ha plasmado fundamentalmente en ese nuevo
Decreto que se publicó en el último mes de agosto-- que tiene tantos
puntos de innovación como de continuidad. Creo que uno de los atractivos
mayores del Centro de Estudios Políticos y Constitucionales ahora es
precisamente el que ha sido histórica y fundamentalmente un centro
académico, un centro abierto, un centro muy plural que ha recibido
absolutamente a todo tipo de personas --profesores, alumnos, estudiosos
de todo tipo y de toda procedencia-- y ése es un matiz y una
consideración creo que muy fundamentales para entender lo que en esta
nueva etapa pretendemos impulsar en el Centro.

Señorías, me van a permitir una brevísima referencia histórica como
recordatorio. El Centro, como ustedes bien saben, se creó en 1977 como
fusión del Instituto de Estudios Políticos --donde algunos de nosotros,
estudiantes, tuvimos también el honor y el gusto de participar en
seminarios de grandes maestros del momento-- con el Instituto de Estudios
Administrativos. En los años 1980, 1985 y 1996 tuvo distintas pequeñas
reorganizaciones parciales, por lo que cuando hemos visto toda la
legislación en bloque nos hemos encontrado con que había incluso algunas
contradicciones; por ejemplo, el CESCO había dependido de un Ministro que
ya no existía en la función actual en la nueva reorganización. Por todo
ello estimamos fundamental reestructurar este Centro con vistas a
redefinir --como digo, dentro de esa tradición de pluralidad y de
apertura que siempre ha tenido-- su estructura y sus funciones para
acomodarse a la realidad política y constitucional que verdaderamente se
estaba desarrollando.

Así pues, en el nuevo Decreto se impulsó la creación de un Consejo
Rector, que todavía está en fase de nombramientos, donde hemos querido
dar la máxima representación institucional a aquellas instituciones que
verdaderamente son los paradigmas y los puntos de referencia
fundamentales para el quehacer diario del Centro. Por ejemplo, el
Presidente de la Comisión Constitucional del Senado es miembro nato de
dicho Consejo, igual que el del Congreso de los Diputados; el Tribunal
Constitucional envía también un magistrado, etcétera.

Lo que se ha hecho con el Consejo Rector, que antes sólo existía de una
manera muy difusa y jamás se había reunido, es darle una calidad y
aumentar en su cantidad para que instituciones y personalidades del mundo
académico, investigador, docente y, desde luego, del mundo
político-institucional, tuvieran capacidad, voz y, desde luego, voto para
potenciar todas las actividades del Centro.

La finalidad fundamental es abrir en todo lo posible el organismo a toda
participación social, aumentando, además, de alguna manera, su autonomía,
puesto que este Consejo Rector está formado por miembros de procedencias
muy diferentes y con una capacidad de decisión bastante amplia y seguir
impulsando lo que creo que son las señas de identidad del Centro, es
decir, un centro de reflexión y de debate politíco-institucional sobre la
realidad.

Por ello, en esa potenciación que hemos intentado de las funciones que
venía desempeñando el Centro y que, de alguna manera, unas son impulsadas
y otras algo modificadas y siempre teniendo en cuenta la realidad de lo
que hacía el Centro, añadimos el nombre de «políticos» --Centro de
Estudios Políticos y Constitucionales--, puesto que toda su
estructuración y documentación --podemos pasar revista, tanto a
publicaciones como a cursos existentes en el Centro-- ha sido fundamental
desde el año 1977. Como he dicho antes, es heredero del Institucional



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de Estudios Políticos. Todo lo que abarca ese campo amplio de la política
ha sido tan fundamental para el Centro como lo constitucional, en la
medida en que podamos separar de forma totalmente abstracta y académica
unos conceptos y otros.

En esa reestructuración también hemos querido marcar unos objetivos
especiales: especial atención a las instituciones de los países
iberoamericanos, así como a las relaciones de éstos con España y con
Europa. Luego volveré sobre este punto. En el coloquio sus señorías
pueden preguntar sobre esto. Es un punto fundamental que sí que es una
innovación querida y marcada especialmente en esta nueva etapa.

Aunque no figura de una manera tan expresa en el Decreto porque se da por
sentado, dado el Estado en el que vivimos, otro de los objetivos que se
ha perseguido en esta nueva reestructuración es que el Centro dirija una
especial atención a las Comunidades Autónomas. Vuelvo a lo que decía al
principio, es decir, al honor y a la satisfacción que tengo de estar hoy
en la Cámara que es la fundamentación de la vertebración territorial que
tenemos en el Estado español.

El Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, como bien saben
ustedes, es fundamentalmente un organismo de estudios e investigación,
que depende del Ministerio de la Presidencia, que realiza igualmente
funciones de apoyo a las instituciones que así lo desean --no sólo al
Gobierno--, en materia de derecho público. En este sentido quisiera
insistir --volveré a hacerlo a lo largo de esta pequeña introducción--
que estamos a disposición de los señores Senadores, con todo gusto y con
toda nuestra capacidad de documentación, que creo que es bastante y a la
que luego voy a aludir.

La reflexión en temas politológicos y constitucionales ha sido la
vertebración de nuestro Centro, se ha plasmado, entre otras cosas, en una
importante labor editorial; ha otorgado al Centro un reconocido prestigio
en todas sus publicaciones dentro del panorama académico, tanto nacional
como internacional. A lo largo de estas publicaciones y de esta actividad
ha contribuido, como saben ustedes bien, a la formación de una doctrina
constitucional española, que era inexistente a comienzos de la década de
los 80, quizás en un proceso, de alguna forma, paralelo a lo que se
desarrolló en los años 50 en el Instituto de Estudios Políticos, con el
desarrollo de la doctrina administrativista en torno a la revista de
Administración Pública, que sigue editándose por el Centro, que es una de
sus joyas y que ahora va a cumplir, además, 50 años de publicación, de lo
cual estamos muy orgullosos.

Es decir, la función primordial, que luego se plasma en distintos
aspectos en el Centro, ha sido --diría yo-- la de movilizar ideas y
debates acerca de los problemas de arquitectura constitucional. Esto es
un poco lo que intentamos seguir manteniendo al día y con verdadero
entusiasmo e interés. Es decir, movilizar la teoría y la tradición para
los problemas contemporáneos, poner el énfasis en análisis
académico-políticos, que a veces la urgencia política no permite acometer
en otros foros, pero que aquí puede hacerse, y que no sea totalmente en
abstracto, sino siempre vinculados a la realidad.

Hay varios pivotes fundamentales en el Centro, a los que quiero hacer
mención muy brevemente, para que sus señorías se hagan idea de nuestra
labor. En un punto fundamental yo marcaría el acento en lo que llamamos
documentación. Es uno de los puntos fuertes de nuestro Centro. Tenemos,
quizás, el depósito más relevante de Derecho Constitucional, ciencia
política y Derecho Público en general. Es un depósito de revistas y de
libros especializados, formado a lo largo de muchos años que, insisto,
está a disposición de sus señorías y que ha dado lugar a que poseamos una
documentación legislativa y jurisprudencial de índole legislativo de las
primerísimas del país. Eso permite que en muchas ocasiones algunas
instituciones --a veces Presidencia-- pidan informes sobre problemas
concretos. Estamos en disposición de hacer unos buenos dossieres
--permítanme hacer esta afirmación, puesto que tenemos un personal
muy dedicado a estas cuestiones y que creo que está muy identificado con
su trabajo-- sobre temas muy variados, tanto atendiendo a título
individual, a las personas que así lo requieren, como a título
institucional. Es decir, es un archivo abierto al público y, por
supuesto, a disposición de las instituciones.

Además de la documentación --quizá luego podamos dar algunas cifras si
están interesados, sobre todo en el campo de las revistas, que es un
depósito fundamental--, la cultura jurídica que se ha acumulado en el
Centro se ha plasmado, como decía antes, en otro de los pivotes de la
Institución, que son las publicaciones de gran tradición y prestigio. Las
mejores traducciones de clásicos que se hicieron en nuestro país hace
años las tenemos en el catálogo del Centro. En cuanto a los problemas de
vertebración del Estado, tanto históricos como contemporáneos,
generalmente ustedes pueden hallar esas cuestiones elaboradas en nuestras
publicaciones, en autores conocidos, en autores históricos, pero también
en autores contemporáneos y en estudiantes de doctorado que han hecho
unas tesis notables y que han merecido ser publicados en el Centro.

Es decir, dentro del marco restrictivo, por lo demás presupuestario que
todos ustedes conocen bien, la publicación de revistas, de trabajos y de
monografías no se ha interrumpido en el Centro y no se ha hecho
atendiendo al mismo tiempo a criterios de calidad y ahorro en la gestión
y en el gasto. A este efecto hemos procedido a una reordenación de las
publicaciones existentes. Tenemos seis colecciones, teníamos siete y una
de ellas, la de clásicos políticos, la hemos unido --por la muerte
lamentada por todos y que siempre seguimos echando en falta del profesor
Tomás y Valiente, que dirigía una de nuestras colecciones-- a la otra
colección de clásicos y, por lo tanto, esas seis colecciones se han
reordenado, se han racionalizado. Por otro lado, hemos hecho convenios
con distintas instituciones, muy fundamentalmente tenemos el respaldo
generoso del «Boletín Oficial del Estado», que nos permite hacer unas
coediciones de una gran dignidad y que ha permitido no interrumpir estas
publicaciones de trabajos, de monografías y de revistas.

Al mismo tiempo, sí hemos hecho un nuevo diseño gráfico que unificara
todas las colecciones, que hiciera enseguida visible la pertenencia a
este tipo de colecciones, creo



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que serán de su agrado, y hemos mantenido todos los convenios de
colaboración y coedición que ya existían y los hemos aumentado. Además
del BOE tenemos un convenio con esta Casa, con el Senado, con el Tribunal
Constitucional, con el Consejo General del Poder Judicial, con la
Asamblea de la Comunidad de Madrid, con el Instituto Valenciano de
Estudios e Investigación y con el Departamento de Justicia de la
Generalitat de Cataluña. Es decir, hay toda una actividad alrededor del
nuevo plan editorial, que está plasmado en el catálogo que me he
permitido traer a vuestras señorías y que da fe de esta actividad no
interrumpida, insisto, a pesar de las restricciones.

Creo que las revistas de nuestro Centro son conocidas por sus señorías.

Me permito recordar de nuevo la revista Administración Pública, que ya he
calificado de joya y no quisiera insistir, pero que es recibida, como
saben, nacional e internacionalmente como una de las primeras revistas
europeas; la revista de Derecho Constitucional; la revista de Estudios
Políticos, que digamos que son tres emblemáticas que seguimos manteniendo
rigurosamente. La revista de Instituciones Europeas la hemos convertido
en revista de Derecho Comunitario Europeo porque nos pareció que había
cumplido una etapa y de acuerdo con sus directores se ha cambiado el
Consejo Asesor y se ha convertido en esta nueva revista.

La revista de derecho privado y Constitución hemos tenido que reducirla
en periodicidad, en vez de cuatro números tres, y en algunos casos uno,
como esta revista de Derecho Privado, para poder mantener dentro de las
restricciones presupuestarias el mismo nivel de las revistas. Suprimimos
una sexta revista que había, que quizá alguna de sus señorías conociera,
que era la revista del Centro de Estudios Constitucionales, que nos
parece que se solapaba con la revista de Derecho Constitucional y la
documentación, que era lo más interesante, a nuestro parecer, que se
publicaba en esa revista, la hemos incorporado al boletín de
documentación que empieza a funcionar en Internet justo a partir de esta
semana.

También hemos creado una pequeñísima colección bastante económica, y de
nuevo con la generosa ayuda de las coediciones, de textos y documentos
que creíamos que faltaban en el Centro para facilitar al público
universitario compilaciones de nivel científico de documentos y de textos
jurídicos o histórico-políticos de interés actual. Por ejemplo, ahora
están en prensa y van a salir de un momento a otro en libros pequeños y
de fácil manejo y divulgación las Constituciones de España, la Transición
española en sus documentos y las treinta mejores sentencias del Tribunal
Constitucional.

También tenemos en elaboración, en coedición con el Tribunal
Constitucional, un Anuario Español de Justicia Constitucional, en el que
pretendemos abordar de forma temática las materias de Justicia
Constitucional, recapitulando la actividad del Tribunal y eso se haría a
partir del año próximo y sí se ha publicado ya el Anuario Iberoamericano
de Justicia Constitucional. Este ha sido, tengo que decirlo, acogido con
una gran satisfacción por los países iberoamericanos y está previsto
continuar su publicación en los años sucesivos, haciendo partícipes de
este Anuario a los tribunales de justicia constitucionales y a las
universidades de los países iberoamericanos.

No quiero cansarles con las publicaciones concretas. para cualquier
detalle que deseen, aquí están y estamos a su disposición. Como saben,
entre esas publicaciones una labor que me parece que hay que seguir
manteniendo poco a poco, porque ésa sí es costosa a pesar de las ayudas,
es la publicación de las obras completas de los maestros que vamos
teniendo en España y que a veces son desconocidos por la falta de cuidado
que en general en la Universidad a veces se manifiesta una vez que estos
maestros dejan de existir. Saben que el Centro publicó unas magníficas
obras completas de García Pelayo. Estamos a punto de sacar, al venir el
nuevo equipo nos lo encontramos en avanzado estado de elaboración y lo
hemos impulsado al máximo, las obras completas de don Francisco Tomás y
Valiente, que serán seis volúmenes, y también está en vía de elaboración,
para un poquito más adelante pero estamos ya en ello, las obras completas
de don Luis Díez del Corral, que es uno de los máximos maestros que hemos
tenido en el país.

Además de este Centro de documentación y plasmado en estas publicaciones,
otro de los pivotes que quisiera resaltar ante sus señorías del Centro es
la Subdirección de Estudios. Aquí ha sido tradicional dar una serie de
cursos que hemos modificado si no sustancialmente, por lo menos de forma
significativa. Estos cursos se diferencian radicalmente de los cursos de
doctorado de las universidades. Son cursos de una gran especialización en
la excelencia y que estaban basados muy fundamentalmente en seminarios
monográficos en función de personalidades. Hemos procurado mantener, como
verán ustedes por los trípticos que hemos elaborado con esos cursos y con
los seminarios, las personalidades académicas y docentes que además
proceden de un campo muy plural. Una de las notas distintivas, insisto,
del Centro es esta apertura, esta pluralidad y este carácter
interdisciplinar que tienen estos cursos, pero al mismo tiempo dentro de
una estructura muy vertebrada, dentro de una vertebración que haga que no
sea una dispersión exagerada como, a mi entender, podía parecer en el
transcurso del tiempo.

Además hemos fortalecido la carga lectiva. La rigurosidad de estos
cursos, como saben muchos de ustedes, tienen un gran prestigio tanto en
las universidades españolas como en las iberoamericanas; hemos
fortalecido también la presencia de estudiantes iberoamericanos --este
curso prácticamente la mitad de los estudiantes proceden de países del
otro lado del Atlántico-- y en conjunto hemos seguido impulsando que el
Centro sea un lugar de encuentro y de debate entre esta pluralidad de
profesores, esta pluralidad de alumnos y al mismo tiempo dentro, insisto,
de una cierta vertebración académica y de rigor universitario que les
permita luego aplicar esos saberes. No creo que sea el momento de exponer
detalles menores, como que estos cursos puedan servir para créditos de
doctorado, etcétera, pero sepan sus señorías que hemos procurado cumplir
todos los campos. Estamos tramitando distintos convenios con
Universidades de todo tipo, en Madrid, con la Universidad a Distancia,
que es la Universidad de ámbito nacional más



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grande que tenemos en este momento, como con la Complutense, y
posteriormente abordaremos el convenio con la Autónoma y la Carlos III.

Tenemos también convenios con la Universidad Rovira i Virgili, de
Cataluña, y con el Instituto de Estudios Sociales y Políticos de la
Universidad Autónoma de Barcelona, y pretendemos seguir ampliando estos
campos. Estamos también en conversaciones con la Universidad de Deusto
para que los estudiantes puedan gozar de las ventajas de las
Universidades y del Centro.

Aparte de estas actividades, el Centro se preocupa, naturalmente, en este
año que comienza, de algunas efemérides, de algunas conmemoraciones, que
no celebraciones, de las fechas de acontecimientos histórico-políticos
que son de relevancia y que tocan a las funciones en las que todos
estamos interesados. Por ejemplo, va a haber un pequeño ciclo de
conferencias-seminarios sobre Cánovas, abordando distintas facetas de su
pensamiento, que luego se publicarán. Tenemos previsto que, a partir de
finales de noviembre, comience un breve ciclo de conferencias sobre
«España actual, problemas y perspectivas», al que vendrán personalidades
de la vida nacional que creo que darán verdadero interés por su visión
sobre determinados problemas. Tenemos también cursos-seminarios
específicos entre expertos alrededor de temas que nos parecen
fundamentales para el debate sosegado, al mismo tiempo que riguroso, y
para poner sobre el tapete ciertas perspectivas amplias, en comparación
siempre con lo que ocurre en el resto de los países democráticos
europeos. Habrá un seminario sobre «Corona y Constitución» y habrá otro
también entre expertos referentes a las «Comunidades Autónomas»,
seminario al que, además, invito muy especialmente a sus señorías, aunque
también lo publicaremos.

Precisamente, también con esta ilustre casa, a la que, como decía al
principio, nos sentimos especialmente vinculados histórica e
institucionalmente, tenemos dos proyectos. Uno de ellos fundamental, que
es celebrar los 20 años de la Constitución, proyecto que hemos presentado
al Presidente, cuya respuesta esperamos para cerrar detalles, consistente
en hacer unos comentarios a la Constitución en cuatro volúmenes, que se
diferencian poco de los que también están saliendo de otras
instituciones. Pretendemos con esta obra que la celebración sea un punto
de referencia y un modelo y que los comentarios, como los que se hicieron
en 1987, queden como obra de consulta y de referencia.

También tenemos con el Senado un proyecto menor, pero muy atractivo, a mi
parecer --quizá aquí la deformación profesional como docente me
traicione--, sobre la enseñanza de la Constitución a un profesorado de
enseñanza media que está muy interesado en ella y que se queja --ha
habido alguna nota hace meses en el periódico-- de no recibir esa
atención. Por ello, hemos propuesto precisamente a esta casa hacer una
labor conjunta a través de seminarios semanales, ya que creemos que son
actividades lentas, pero cuyo fruto a medio plazo es muy importante.

Para no cansarles, les diré, en fin, que estamos presentes, naturalmente,
en los organismos internacionales que son afines a nuestras actividades;
muy especialmente participamos en el Consejo de Europa, en la Comisión
Europea para la Democracia a través del Derecho, para lo cual va
personalmente algún representante del Centro o algún experto que no
pertenezca al Centro pero que sea la persona indicada para ciertos temas.

Además, hemos hecho informes que nos han ido pidiendo sobre protección de
minorías, descentralización política, financiación autonómica, que nos
piden muchos sobre todo desde los países del Este, y justicia
constitucional. Podemos decir que en esta Comisión Europea para la
Democracia, en un primer momento, la finalidad era atender a la
constitución de los Estados, a fortalecer el Estado de Derecho en los
países iberoamericanos, pero con la caída de los países del Este, se ha
volcado la actividad muy fundamentalmente hacia estos países, y, desde
luego, en ello estamos participando, como digo, haciendo todos los
informes que nos piden y, además, yendo a las conferencias.

Tenemos también otra serie de actividades internacionales. Puedo
mencionar el Instituto de Derecho Comparado de Siena, que supongo que
muchos de ustedes también conocen, que es de gran prestigio y con el cual
estamos muy vinculados.

En fin, para no cansarles más, el resumen sería que los tres pivotes
fundamentales son: documentación y publicaciones, cursos, más un tercero
que tuvo una cierta floración en sus orígenes y que luego se ha perdido
quizá por falta de presupuesto y que estamos intentando potenciar a
través de estos convenios con Universidades, que es el de investigación.

Investigación no para investigar de una manera abstracta, sino para que
ustedes, las instituciones con las que nos sentimos especialmente
vinculados, nos digan qué temas, qué vacíos, qué huecos hay que cubrir, y
entonces intentar, a través de esta articulación, cubrir esas necesidades
con investigaciones concretas sobre temas que a veces surgen y sobre los
que falta un estudio serio y continuado.

Como decía antes, movilizar la teoría y la tradición para abordar los
problemas contemporáneos es lo que creemos que es la labor del Centro, la
necesidad de ese conocimiento que estamos, en la medida que podamos,
dispuestos a proporcionar y que ponemos una vez más a disposición de sus
señorías.

Muchas gracias.




El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Iglesias, por su muy
interesante explicación. Estoy convencido de que sus señorías habrán
tomado buena nota, y procedemos, por tanto, al turno de portavoces, que
iniciamos por el Grupo Parlamentario solicitante de la comparecencia, en
este caso, el Grupo Parlamentario Popular.

Tiene la palabra el Senador Uriarte.




El señor URIARTE ZULUETA: Muchas gracias, señor Presidente.

En primer lugar, quiero excusar, porque me lo ha pedido especialmente, a
la Senadora De Boneta, portavoz del Grupo Parlamentario Mixto, que se ha
visto precisada a salir porque tenía que tomar un avión con urgencia, y
le expreso en su nombre cuánto lamenta no haber podido escuchar
íntegramente su intervención.




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Yo quiero referirme fundamentalmente a dos problemas que considero
importantes y a otros dos de carácter más bien anecdótico. El primero es
el tema de la intervención del Centro de Estudios Políticos y
Constitucionales en los asuntos iberoamericanos. Está expresamente
mencionado en la exposición de motivos y en el texto del Decreto de 24 de
julio de 1997, y creo que es muy necesario porque en esta materia
probablemente nos hemos pasado en determinada época en una actitud
excesivamente paternalista y ahora, quizá, corremos el peligro de
pasarnos en el sentido contrario y adoptar una postura excesivamente
inhibicionista, porque veo que el planteamiento se hace muy correctamente
en el sentido de estudiar e intensificar las relaciones entre los países
iberoamericanos, España y Europa. Es decir, no podemos tener ningún
sentido patrimonialista sobre este tema, pero sí tenemos que hacer uso de
nuestra posición y tratar de conseguir el máximo de posibilidades.

Nos ha dicho la profesora Iglesias que la mitad de los alumnos de este
curso son iberoamericanos. Esto quiere decir que ese objetivo marcado por
el decreto de organización del centro, al parecer, está cumpliéndose
satisfactoriamente.

Un tema que me preocupaba era que en el decreto de organización no había
ni la más pequeña referencia al tema autonómico. España es un Estado
autonómico y cualquier análisis político de España y de la realidad
española no puede olvidar estos temas. Observo también con satisfacción
que, al parecer, no es más que una falsa alarma. Hay una relación
constante con una serie de instituciones de las Comunidades Autónomas;
pero, de todas formas, quisiera expresar mi preocupación porque me parece
que ése es un tema vital para cualquier estudio político y constitucional
español. Y quisiera expresar mi deseo de que esas relaciones se
intensifiquen, se busquen puntos de enlace, la presencia de las
Comunidades Autónomas en los órganos rectores del Instituto. Es decir,
cualquier fórmula de colaboración me parece interesante.

Quiero expresar una cierta alarma, porque se dice que se va a publicar un
libro con las 30 mejores sentencias del Tribunal Constitucional. Va a ser
muy difícil que los letrados españoles se pongan de acuerdo sobre cuáles
son las mejores sentencias; quizá sería mejor decir las 30 sentencias más
importantes. En fin, el tema me ha sorprendido gratamente, pero me ha
preocupado.

Por último, tengo que confesar un pecadillo. Al preparar esta
comparecencia me he ocupado de buscar un poco de bibliografía sobre la
profesora Iglesias y he encontrado una cosa notabilísima: la profesora
Iglesias es autora de un libro sobre la falsa memoria y la investigación
histórica. No sé si a sus señorías el tema les apasionará como a mí. A mí
me apasiona profundamente. Creo que en España estamos inmersos en una
nebulosa de falsa memoria que, además, es especialmente espesa en
determinadas regiones españolas. Así pues, me felicito de que a dicho
tema le haya dedicado un trabajo la profesora Iglesias y confío en tener
la posibilidad de acceder al mismo.

Nada más. Muchas gracias por su magnífica intervención.

Muchas gracias, señor Presidente.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, Senador Uriarte.

Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra la Senadora
Arnáiz.




La señor ARNAIZ DE LAS REVILLAS GARCIA: Muchas gracias, señor Presidente,
y permítame su señoría que, en primer lugar, salude a las Senadoras y
Senadores miembros de esta Comisión en este mi primer día como portavoz
del Grupo Parlamentario Socialista y haga votos porque nuestro trabajo
sea, como viene siendo, absolutamente constructivo y de lealtad política
e institucional en los acuerdos y, sobre todo, en las discrepancias.

En segundo lugar, saludo, felicito y doy la bienvenida a la señora
Iglesias, a la que deseo que se considere en esta Comisión como en su
casa y se sienta lo suficientemente a gusto y cómoda como para reincidir
y venir más a menudo. Se lo agradeceremos profundamente.

En tercer lugar, quiero felicitar a su señoría por su primer año de
gestión. El Grupo Parlamentario Socialista y la Senadora que le habla
consideran que ha sido un año de continuidad pero con un nuevo impulso
personal y ascendente, que el Centro de Estudios Constitucionales ha ido
siempre aumentando desde su creación y que se ha visto reflejado en la
buena gestión de la adquisición e incremento de los fondos documentales y
bibliográficos que tiene, que son verdaderamente notables, en las
publicaciones y en los cursos, así como por los estudios e
investigaciones que, si se van a retomar a partir de ahora, nos ofrecen
optimismo sobre lo que pueden ser en el futuro. Al rigor científico y
académico, hay que añadir también, en mi opinión, un considerable valor
político, histórico y de oportunidad. Creo que la altura de miras de este
centro y la perspectiva que siempre ha tenido y que esperamos que siga
gozando, son una máxima garantía de lo que puede ser su trabajo y los
resultados del mismo.

A partir de julio de este año, mediante un Real Decreto, se produce un
cambio de denominación, como nos ha dicho la Directora, y parece que
también hay un cambio de funciones y de competencias para dar cabida a
instituciones y personalidades del mundo académico, investigador y
docente. Esto nos parece muy acertado en cuanto a lo que pueda ser
actualización de una institución de este tipo para acercarla más a lo que
es la realidad política, la vigencia de los temas que pueda tratar. Sin
embargo, hay un tema que nos preocupa, y quisiéramos que nos disipara
dicha preocupación, pues hay un cambio de estructura que no sabemos si
responde a las necesidades que se han demandado desde dentro de la
Institución o responde a una simple voluntad del Gobierno, porque son
cambios que nos parecen significativos, no triviales. Hay un Consejo
Rector cuya composición aumenta bastante. Hay un número muy importante de
nuevas instituciones. Nos parece magnífico, y el único problema sería la
falta de operatividad que se podría producir al haber tantos miembros en
el citado Consejo Rector, casi la mitad de funcionarios que tiene la
Institución, o algo similar. Es algo que resulta un poco asombroso, más
que nada por la funcionalidad que pueda tener.




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En cuanto a la composición, en el Consejo Rector figura como Presidente
el Ministro de la Presidencia, pero hay un Vicepresidente que está por
encima de la Directora del Centro de Estudios Constitucionales, que es el
Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes. Y, al mismo tiempo,
esta persona es la que va a presidir la Permanente del Consejo Rector.

Pero, además, en dicho Consejo Rector entra a formar parte también un
Subsecretario del Ministerio de la Presidencia. Es decir, en lo que sería
la administración cotidiana del Centro, hay dos personas del Ministerio,
una, por encima de la Directora, y otra, influyendo muy directamente en
todas las gestiones, y esto en un número muy pequeño de cargos, porque
son seis o siete personas las que forman parte de esta Permanente.

Tememos, y no quisiera que fuera así, que esto fuera verdaderamente la
causa última de la reestructuración. Nos gustaría que la Directora nos
disuadiera de ello. Estamos dispuestos a no tener ningún tipo de
prejuicio, pero tememos que ésta fuera la causa última de la
reestructuración de este organismo y que con ello se perdieran la
autonomía y la independencia tan necesarias para ese punto de vista
amplio, académico, plural, del que ha hablado la Directora. Que no fuera
una mayor politización en el sentido de control o injerencia del
Ejecutivo, no en el de que sea un centro de estudios políticos que, como
su nombre indica, tiene que estar absolutamente politizado. Nos gustaría
que no fuera así, porque perdería la razón de ser y la trayectoria que ha
tenido el Centro.

Las reuniones de trabajo de esta Institución han sido siempre abiertas.

Yo quisiera saber si en la nueva orientación van a ser más restringidas y
si las prioridades van a estar condicionadas por algo más que la
actualidad política. Y, si es así, aprovecharía --no quiero alargarme
mucho-- para sugerirle a la Directora algunas inquietudes que esta
Senadora y su Grupo tienen al respecto.

En primer lugar, da la sensación de que, a partir de los meses de julio o
agosto, están ustedes en un «impasse». A lo mejor están estudiando cómo
van a abordar el nuevo impulso de la investigación. Nos gustaría saber
qué planes van a seguir adelante y con qué recursos. Hay una queja que
tiene esta Senadora, y es la escasez de los recursos, pues creo que han
disminuido y, al parecer, tiene menos que el Centro de Investigaciones
Sociológicas. Me parece que el dinero en esta Institución está muy bien
empleado, muy bien gastado, y es una pena que la evolución presupuestaria
no sea favorable a todos en este caso. También me gustaría contemplar la
suficiencia o insuficiencia presupuestaria que, en su opinión, pudiera
tener el Centro. Y desearía plantearle mis dudas sobre el Boletín, que no
está saliendo en este momento. No he entendido muy bien si es que va a
ser sustituido por la nueva página en Internet que sacarán de inmediato,
y si los cursos y el impulso a la investigación van a tener el mismo
nivel de excelencia. Nos parece imprescindible garantizar eso.

En cuanto a las sugerencias que me gustaría hacerle, tomando su palabra,
sobre la petición de informes o de cauces de investigación, esta Senadora
destacaría un tema, aunque no sé si ya es una línea prioritaria la que
ustedes mismos se han marcado, porque coincide con un asunto de mi
interés publicado en la Revista Española de Derecho Constitucional, la de
mayo-agosto de 1997, sobre principio de igualdad y representación
política de las mujeres, cuota, paridad y constitución. Parece algo
interesante; la coyuntura o la decisión política no puede hacernos perder
de vista lo que es un estudio sereno y en profundidad. Sería muy
importante, tanto ahí como en los ámbitos de colisión de derechos, porque
esa reflexión académica serena, previa a las decisiones políticas, no
puede nada más que enriquecer.

Se me ocurren también, por ejemplo, temas como el derecho a la
información y la protección de la intimidad, sobre todo de la infancia,
que son de mucha actualidad. También temas de objeción de conciencia,
pero no sólo respecto de lo que trataremos en el futuro en esta Comisión,
referente a la prestación social sustitutoria, sino de las prácticas
profesionales. En este caso, se me ocurre el ejemplo de los médicos ante
las nuevas tecnologías, la ingeniería genética, la prestación de
determinados servicios profesionales, que son esenciales para las
personas y donde el derecho del profesional puede colisionar con los
derechos de los ciudadanos.

También me gustaría que me dijera si piensan abordar de alguna manera una
reciente sentencia que da preferencia al varón respecto a la mujer para
la obtención de títulos nobiliarios. Eso nos parece muy importante y
significativo.

Quiero terminar simplemente reiterándole nuestra colaboración, nuestro
agradecimiento por su exposición brillante y espero que nos veamos en un
plazo no muy largo.

Muchas gracias.




El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, Senadora Arnáiz.

Tiene la palabra la señora compareciente, doña María del Carmen Iglesias,
para responder a los señores portavoces.




La señora DIRECTORA DEL CENTRO DE ESTUDIOS POLITICOS Y CONSTITUCIONALES
(Iglesias Cano): Muchas gracias.

Voy a empezar por orden. En cuanto a las cuestiones planteadas por el
señor Uriarte, efectivamente el problema de la articulación con los
países iberoamericanos, como decía, figura en el Decreto y en la práctica
del día a día del Centro. Para responder muy brevemente al Senador, le
daría los tres puntos fundamentales en los que estamos articulando esa
vinculación. En primer lugar, la creación del Anuario Iberoamericano de
Justicia Constitucional es una publicación con vocación de convertirse en
nexo de unión entre los distintos Tribunales Constitucionales y foro de
encuentro entre los especialistas en la materia de uno y otro lado del
Atlántico. Como dije antes, ha sido recibido con mucho entusiasmo. Han
escrito desde todos los países y creo que es uno de los puntos
vertebradores más importantes de esta conexión. En segundo lugar, como el
propio Senador ha mencionado, la mayor presencia de estudiantes
iberoamericanos es algo que estamos fomentando, porque, personalmente,
algunos de nosotros estábamos alarmados,



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ya que sabemos que estudiantes que son llamados la mayoría de ellos a
formar parte de las élites dirigentes y de las clases dirigentes
políticas y sociales de sus países se estaban yendo preferentemente a
otros países europeos para esta formación específica: a Italia, a
Alemania --menos, por la dificultad de la lengua--; y estamos haciendo un
esfuerzo para que sean nuestras instituciones en España las que acojan a
estos estudiantes, o sea, que ese punto también es fundamental. Y, en
tercer lugar, porque en nuestros planes editoriales y en nuestras
revistas estamos fomentando también que los autores de estos países nos
manden trabajos, es decir, que haya en la política editorial, a la que
damos bastante importancia, una presencia de estos países. A estos tres
puntos debo añadir algunas conferencias y coloquios que irán surgiendo,
pero digamos que esos tres pivotes los tenemos bastante fuertemente
asegurados.

Del tema autonómico ya mencioné que, aunque no figura en el Decreto como
tal, porque se da por sentado que estamos en el Estado de las autonomías,
para el nuevo equipo del Centro, desde el primer momento, supuso uno de
los temas que más nos importaba, porque había habido convenios con las
Comunidades Autónomas pero para cosas muy concretas. Nosotros pretendemos
--con la Consejería de Justicia de la Generalitat lo estamos haciendo--
establecer marcos de convenio de carácter un poco indefinido y muy
amplios, que abarquen coediciones, cursos y una colaboración bastante
estrecha. También lo hemos hecho con la Comunidad de Madrid, donde está
muy avanzado. La facilidad de tenerlos tan cerca quizá ha impulsado más
esta relación con la Comunidad Autónoma de Madrid, pero ése es uno de los
puntos fundamentales que queremos impulsar, y tengan la seguridad sus
señorías de que, desde luego, haremos todo lo posible --y estamos ya en
contactos con distintas Comunidades-- para ver cómo podemos impulsar y
ofrecer de nuevo, insisto, el gran depósito que tenemos en el Centro, que
creo que es fundamental para las necesidades de estas Comunidades.

Las 30 sentencias, efectivamente, habrá que matizarlas. No hemos elegido
nosotros el título, sino que me parece que es el profesor López Guerra
quien hace el libro y le transmitiremos esta preocupación de matizar un
poquito el título porque, indudablemente, vendrá bien. Le doy las
gracias, aunque no es un libro el de «La falsa memoria y la investigación
histórica», sino un artículo largo que, como profesional de la historia,
trata de uno de los temas recurrentes que tengo en varios trabajos,
porque cada vez me preocupa más. Saben ustedes --y perdonen de nuevo la
deformación profesional-- que no se pueden hacer planes para el futuro ni
se puede conocer el presente si no conocemos nuestro pasado, y si no
conocemos nuestro pasado de forma lo más objetivamente posible. No se
puede contar cualquier cosa en función de unas subjetividades, sino que
hay unos límites objetivos que los historiadores los ciframos siempre en
documentos y en señas materiales de los que, de alguna manera, podemos
fiarnos, no en recuerdos subjetivos, y ésa, desde luego, es una función a
la que, con los ciclos que estamos programando, el Centro quiere
contribuir.

Como Centro figuramos en la Comisión Nacional sobre 1898 y también ahí la
aportación va en el sentido de recuperar el pasado, con sus luces y sus
sombras, pero de forma objetiva y, si me permiten una última
consideración, con lo que los griegos llamaban, en el sentido profundo,
la piedad hacia el otro, la piedad hacia el pasado, el no establecernos
en jueces de unas circunstancias que nosotros nos podemos ver más que a
través de nuestra actualidad, es decir, no atribuir nuestros valores y
prejuicios a tiempos pasados que se movían en otro contexto. Poder
comprender esa objetividad del pasado nos parece fundamental para la
convivencia actual y, desde luego, para los planes de futuro.

Muchas gracias por sus palabras.

Muchísimas gracias, Senadora Arnáiz, por su generosidad y por todo lo que
tan amablemente ha dicho. Voy a ver si puedo contestar bien a sus
inquietudes porque, por supuesto, me importa mucho que queden totalmente
satisfechas. Yo venía aquí impresionada, y lo estoy todavía, pero me
encuentro a gusto, si así se puede decir, y noto que la acogida es grata
y favorable y vendré cuantas veces ustedes quieran, sin hacerme demasiado
pesada, porque si no pueden acabar cansados del Centro, pero sí me
importa mucho despejar esas inquietudes. A ver si contesto bien, y si no
estoy a su disposición fuera de aquí también para aclararlo todo.

Con referencia al Decreto, nos encontramos con que en el año 1977 el
CESCO dependía del ministro adjunto al Presidente encargado de la
coordinación legislativa. Cuando esto dejó de existir, el vicepresidente
fue el Secretario General de la Presidencia. Esto daba lugar a órdenes
contradictorias: de repente hay una que dice que el vicepresidente es el
Director del Centro y otra posterior, sin anular la anterior, que decía
que el vicepresidente era el Secretario General de la Presidencia. Me
permito recordar aquí a don Virgilio Zapatero --que aparte de todo es
buen amigo--, que impulsó el Centro cuando fue ministro de Relaciones con
las Cortes de forma fundamental. Por tanto, tradicionalmente el Centro ha
estado vinculado a ese Departamento. En este sentido, cuando se reordenó,
en vez de depender del ministro adjunto al Presidente, que ya no existe,
pasó a ser competencia del ministro de la Presidencia y, jerárquicamente,
el vicepresidente es el Secretario de Estado para las Relaciones con las
Cortes que sustituye, por así decirlo, la labor del Ministro de
Relaciones con las Cortes que se ocupaba más de los problemas técnicos
del Centro.

Quisiera asegurar a la senadora Arnáiz que no perderemos un ápice de
autonomía, por lo menos mientras yo esté al frente de este Centro. El
número de instituciones, efectivamente, no ha aumentado tanto porque
había un Consejo en el que había entre 12 y 15 personas. Ahora hemos
aumentado algo más; no llega a la mitad de los que trabajamos en el
Centro, pero es bastante numeroso. Creo que le da a nuestra actividad una
calidad que antes no tenía, sobre todo por lo que decía antes, porque nos
importa mucho saber las necesidades que tienen las instituciones.

Un centro de este tipo creo que puede cumplir una función muy importante
cubriendo esos huecos, esas necesidades que en el día a día de las
instituciones no se pueden satisfacer y nosotros sí podemos tener una
cierta capacidad para irlas cubriendo. Ese ha sido el motivo del cambio,
desde luego, no politización y no restricciones. A la vista



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están las publicaciones y los cursos con un nivel de excelencia y con una
procedencia plural, tanto de áreas académicas como de espectro
ideológico. Es decir, lo único que ha contado es el nivel de excelencia
de cada persona en su materia. En ese sentido figura, como podrán ver sus
señorías, todo tipo de profesorado con independencia de su pertenencia a
un matiz u otro.

Hay un tema que nos llega al corazón y es el tema del dinero.

Efectivamente, como en el resto de la Administración ha habido
restricciones y hemos tenido que apretarnos el cinturón todo lo que hemos
podido. Por ello, también hemos buscado salidas hasta el punto en que yo
estoy en tratos para ver si consigo financiación exterior, de la empresa
privada, para algunos temas de estos seminarios, porque parece que no
tenemos más remedio, ya que estamos en una coyuntura muy importante para
el país y hay que ajustarse a ella. Todo lo que nos puedan apoyar los
señores Senadores en la evolución presupuestaria lo agradecemos muchísimo
porque, efectivamente, tenemos unas condiciones muy limitadas. Por ello,
también le agradezco mucho que saque este tema. Hacemos lo que podemos y
a veces no podemos más, pero conste que creo que esa falta presupuestaria
no afecta al nivel de excelencia que estamos dando a los cursos y a las
publicaciones.

Con referencia al Boletín, no sale en papel, por así decirlo, porque es
muy costoso y porque hasta ahora no encontramos una ayuda externa que lo
pueda financiar. El Centro está informatizado, como pueden ustedes
suponer, y se ha abierto una ventana en Internet a través del Ministerio
de la Presidencia que empieza, me parece, esta misma semana. Todos
tenemos que recurrir ya forzosamente a los nuevos soportes informáticos
para estar al día, aunque yo quisiera algún día plasmarlo en papel. No es
un «impasse» en este sentido, procurábamos sacarlo pero, en fin, sale en
Internet.

Respecto a las sugerencias, me parecen todas estupendas y magníficas.

Además, algunas de ellas tocan muy directamente temas que he tratado
desde otras perspectivas. Por ello, las tengo muy en cuenta y podemos
hablar en cualquier momento para ver qué se puede hacer con el Centro
sobre estas cuestiones.

Otra vez quiero agradecerles a todos ustedes su benevolencia y su
generosidad y el honor que me brindan de estar hoy aquí.




El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, profesora Iglesias.

Si lo desean, abriría un turno de intervención para quien quiera hacer
algún tipo de pregunta a título individual. Si no, volveríamos a dar la
palabra a los portavoces por si tienen algún matiz final que precisar.

¿Algún Senador quiere realizar alguna pregunta o matización? (Pausa.)
No habiéndola, tiene la palabra el Senador Uriarte.




El señor URIARTE ZULUETA: Quiero dar las gracias a la Directora, una vez
más. Creo que sus explicaciones han sido muy interesantes y no tengo que
hacer ninguna otra aclaración.




El señor PRESIDENTE: Gracias.

Tiene la palabra la Senadora Arnáiz.




La señora ARNAIZ DE LAS REVILAS GARCIA: Igualmente darle las gracias y
aceptar su invitación para visitar el Centro en la fecha en que nos
pongamos de acuerdo y le parezca bien.




El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, Senadora Arnáiz.

Iba a hacer referencia a ello. Hemos tomado buena nota de esa invitación
y vamos a organizarlo para poder realizar esa visita que pienso puede ser
muy interesante para toda la Comisión.

Tiene usted la palabra por si quiere decir alguna cosa.




La señora DIRECTORA DEL CENTRO DE ESTUDIOS POLITICOS Y CONSTITUCIONALES
(Iglesias Cano): Vuelvo a agradecer su generosidad y sus palabras y les
reitero esa invitación. Me permito, dentro de nuestras modestas
posibilidades, pues a eso sí llegamos, invitar a un desayuno a los
señores portavoces y, desde luego, a todos los Senadores que se quieran
sumar. Creo que es una buena hora para vernos. Fijaremos la fecha con el
señor Presidente y nos sentiremos muy honrados de recibirles en nuestra
Casa.

Muchas gracias a todos.




El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Iglesias.

Se levanta la sesión.




Eran las catorce horas y diez minutos.