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DS. Senado, Comisiones, núm. 97, de 04/03/1997
Año 1997 VI Legislatura
Comisiones. Núm. 97
CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL
SENADO
COMISION DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL
PRESIDENCIA DE DON JOSE MANUEL MOLINA GARCIA
Sesión Informativa
celebrada el martes, 4 de marzo de 1997
ORDEN DEL DIA:
--Moción del Grupo Parlamentario Socialista por la que se insta al
Gobierno a que informe a las familias españolas de los beneficios legales
existentes para proteger a las familias numerosas, particularmente los
referentes a los servicios aéreos regulares, a que actualice el
Reglamento que establece el régimen de responsabilidades y sanciones por
infracciones en este sentido, y a que aplique las sanciones pertinentes a
aquellas empresas y actividades privadas que se nieguen a aplicar las
prestaciones de dichos beneficios. (661/000038.)
--Dictaminar el Proyecto de Ley sobre derechos de información y consulta
de los trabajadores en las empresas y grupos de empresas de dimensión
comunitaria. (621/000012.)
Contestación del Gobierno a las siguientes preguntas:
--De don Joaquim Vidal i Perpiñá (GPCIU), sobre el importe de los
salarios de tramitación que el Estado ha abonado a diferentes empresas
como consecuencia de haberse dictado sentencias que declaren la
improcedencia de un despido transcurridos los sesenta días que contempla
el artículo 57 del Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo, por
el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto de los
Trabajadores. (681/000128.)
--De don Ignacio Díez González (GPS), sobre las previsiones del Gobierno
en relación con la regulación del contrato especial de formación
profesional para personas con minusvalía. (681/000136.)
--De don Ignacio Díez González (GPS), sobre las actuaciones previstas por
el Gobierno para atender las peticiones de los agentes sociales de la
Comunidad Autónoma de La Rioja en relación con el patrimonio sindical
acumulado. (681/000220.)
--De don Ignacio Díez González (GPS), sobre la demanda de prestaciones de
material ortoprotésico, por especialidades, que se ha producido por
prescripción de especialistas de la Seguridad Social, con indicación de
su coste, desglosado por Comunidades Autónomas, y con separación de las
prótesis auditivas y oculares. (681/000299.)
--De don Ignacio Díez González (GPS), sobre la valoración del Gobierno
acerca del funcionamiento y estructura del Registro de Prestaciones
Sociales Públicas. (681/000447.)
--De don Ignacio Díez González (GPS), sobre las razones por las que parte
de los solicitantes no percibían la prestación por maternidad en agosto
de 1996, cuando la Ley 42/1994, de 30 de diciembre, de medidas fiscales,
administrativas y del orden social que las ampara entró en vigor el 1 de
enero de 1996. (681/000446.)
--De don Ignacio Díez González (GPS), sobre los criterios seguidos en la
enajenación del mobiliario de la oficina del Instituto Nacional de Empleo
(INEM) de la calle Vitoria de Logroño (La Rioja). (681/000296.)
--De don Ignacio Díez González (GPS), sobre los criterios que han llevado
al Gobierno a variar, en el caso de la provisión del puesto de Director
Provincial del Instituto Nacional de Servicios Sociales (INSERSO) en La
Rioja, el requisito de adscripción de los funcionarios solicitantes.
(681/000297.)
--De don Joaquim Vidal i Perpiñá (GPCIU), sobre el porcentaje de despidos
objetivos llevados a cabo por las empresas y que han sido declarados
improcedentes durante los dos últimos años por los Juzgados de lo Social
y por los Tribunales Superiores de Justicia. (681/000165.)
--De don Joaquim Vidal i Perpiñá (GPCIU), sobre el coste que ha supuesto
para el Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) durante 1995 la
lista de espera quirúrgica de los trabajadores en situación de baja
laboral por enfermedad común. (681/000233.)
--De don Joaquim Vidal i Perpiñá (GPCIU), sobre las conclusiones a las
que ha llegado el Gobierno tras la realización de la prueba piloto de
implantación de la nueva tarjeta individual de la Seguridad Social en la
Comunidad Autónoma de Andalucía, con indicación de las previsiones
existentes en orden a hacerla extensiva al resto del territorio nacional.
(681/000283.)
--De don Heliodoro Gallego Cuesta (GPS), sobre las nuevas escuelas taller
y casas de oficio cuya concesión está prevista a los Ayuntamientos
solicitantes de la provincia de Palencia. (681/000315.)
--De doña Eloísa Fernández Valenzuela (GPS), sobre el número de escuelas
taller y casas de oficio aprobadas para 1996 en la provincia de Córdoba,
con indicación de su localidad y el presupuesto designado. (681/000317.)
--De don Félix Lavilla Martínez (GPS), sobre la existencia de alguna
deuda de la Diputación Provincial de Soria con la Seguridad Social, en
concepto de cotizaciones de los funcionarios, empleados y trabajadores,
con indicación de su importe y las medidas que piensa adoptar el Gobierno
a este respecto. (681/000348.)
--De doña Micaela Navarro Garzón (GPS), sobre el número de escuelas
taller y casas de oficio aprobadas para 1996 en la provincia de Jaén, con
indicación de su localidad y el presupuesto asignado. (681/000390.)
Se abre la sesión a las diez horas y cinco minutos.
El señor PRESIDENTE: Señorías, se abre la sesión.
Los portavoces de los grupos parlamentarios han recibido el acta de la
sesión anterior. ¿Puede ser aprobada? (Pausa.) Se aprueba y así consta.
Vamos a pasar a conocer los asistentes a la Comisión. Ruego al señor
Letrado que compruebe la asistencia de los señores Senadores.
Por el señor Letrado se procede a la comprobación de las señoras y de los
señores Senadores presentes y representados.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Letrado.
--MOCION DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA POR LA QUE SE INSTA AL
GOBIERNO A QUE INFORME A LAS FAMILIAS ESPAÑOLAS DE LOS BENEFICIOS LEGALES
EXISTENTES PARA PROTEGER A LAS FAMILIAS NUMEROSAS, PARTICULARMENTE LOS
REFERENTES A LOS SERVICIOS AEREOS REGULARES, A QUE ACTUALICE EL
REGLAMENTO QUE ESTABLECE EL REGIMEN DE RESPONSABILIDADES
Y SANCIONES POR INFRACCIONES EN ESTE SENTIDO, Y A QUE APLIQUE LAS
SANCIONES PERTINENTES A AQUELLAS EMPRESAS Y ACTIVIDADES PRIVADAS QUE SE
NIEGUEN A APLICAR LAS PRESTACIONES DE DICHOS BENEFICIOS. (661/000038.)
El señor PRESIDENTE: Vamos a pasar al primer punto del orden del día:
Moción del Grupo Parlamentario Socialist sobre beneficios legales para
las familias numerosas.
Para la defensa de la moción, tiene la palabra el portavoz del Grupo
Parlamentario Socialista.
El señor DIEZ GONZALEZ: Muchas gracias, señor Presidente.
Señorías, la moción que trae a debate esta mañana el Grupo Parlamentario
Socialista, en la Comisión de Trabajo y Seguridad Social, puede parecer
intrascendente por el asunto o la importancia que pueda tener a simple
vista con su lectura o planteamiento. Sin embargo, nosotros consideramos
que el asunto que trata la moción es de indudable interés y de mucha
importancia, sobre todo, para un amplio colectivo de ciudadanos españoles
que en este momento tienen la consideración de familia numerosa,
ampliada, como sus señorías conocen, en la pasada legislatura en el año
1994, en la Ley de Acompañamiento a los Presupuestos, para su aplicación
a partir de 1995, con la extensión de la consideración de familia
numerosa a aquellas que tienen tres hijos.
La situación de nuestro país desde un punto de vista demográfico
atraviesa por problemas y, evidentemente, las familias que tienen esta
consideración tienen una serie de cargas de todo tipo que hace necesario
que la cobertura se extienda en la medida de las posibilidades que en
este momento existen y las posibilidades que en este momento existen son
las legales. La Ley de junio de 1971 de familias numerosas establecía las
condiciones para dicha consideración y también las coberturas que estas
familias tienen a todos los efectos. Las coberturas sociales no son
tantas, se cifran, como sus señorías saben, en las tasas universitarias,
una serie de beneficios para el acceso de la vivienda y fundamentalmente
las que se refieren a los descuentos en los transportes de viajeros, no
solamente públicos sino privados, en el territorio nacional.
Cuando dicha Ley entró en vigor en 1971, evidentemente el transporte de
viajeros de naturaleza aeronáutica no tenía la importancia que tiene en
estos momentos. Lógicamente, en España hoy el transporte aeronáutico
afecta a un porcentaje muy alto de la población española y es muy
frecuente que en los viajes interiores o nacionales se utilice este tipo
de transporte y ya no digo en los casos de las comunidades insulares,
tanto Canarias como Baleares, en las que son obligados estos viajes para
todos los ciudadanos en sus desplazamientos intrainsulares o cuando se
tienen que comunicar con la península.
Recientemente, el uno de enero de 1993, se han puesto en marcha una serie
de medidas liberalizadoras del transporte aéreo comunitario y,
concretamente, los reglamentos comunitarios 2.408 y 2.409, uno de ellos
de acceso a las compañías para viajes intracomunitarios y el otro de
tarifas y fletes aéreos, que permiten que exista una gran variedad de
compañías aéreas operando en España, no solamente la compañía de bandera,
que cuando la Ley se puso en marcha en el año 1971 tenía sentido que
utilizase los mecanismos establecidos en la Ley y aplicase los descuentos
correspondientes sino que en este momento hay una gran cantidad de
compañías aéreas que, ateniéndose a las directivas comunitarias, operan
en el territorio nacional y surgen los problemas que queremos solventar
con la presente moción. En muchos casos estas compañías aéreas no
producen los descuentos inherentes a la legislación, que permiten la
bonificación a aquellas familias que tienen la consideración de numerosas
y el documento acreditativo, además, abaratando, en su caso, los precios
y las tarifas de estos transportes aeronáuticos.
Ya se producía este hecho en la pasada legislatura, se denunció en varias
ocasiones e, incluso, la Dirección General de Aviación Civil informó en
relación a este problema y tuvo las conversaciones correspondientes con
el entonces Ministerio de Obras Públicas, Transportes y Medio Ambiente,
dictaminando al respecto y diciendo que, en principio, las deducciones
por familia numerosa no son contrarias a los reglamentos comunitarios, a
los que he hecho referencia anteriormente, sobre tarifas y fletes de los
servicios aéreos, toda vez que las compañías aéreas fijarán libremente
sus tarifas y, una vez fijadas, siempre que se trate de líneas regulares
nacionales y de viajes en clase turista, aplicarán al descuento
establecido en la ley interna española, que entendemos que tampoco altera
el régimen de libre competencia si se obliga a todas las compañías aéreas
a cumplir con el mismo.
Es verdad que estas instrucciones --hace un par de años, en la pasada
legislatura, se dirigieron a las compañías aéreas que operaban en el
territorio español-- presionan, tratando de hacer ver a estas compañías
la necesidad de hacer los descuentos a los que legalmente tienen derecho
los ciudadanos españoles que tienen la consideración de familia numerosa.
En este momento hay más compañías aéreas que están operando en el
territorio nacional y se espera que haya bastantes más, en cuanto que la
entrada en vigor de las medidas liberalizadoras del transporte aéreo así
lo hace pensar. Por tanto, pedimos que en esta Comisión de Trabajo y
Seguridad Social se tenga en cuenta la presente moción, que no solamente
trata de hacer cumplir la legalidad con el lógico control que las
autoridades del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales deben de ejercer
sobre estas compañías aéreas y la exigencia de aplicación reglamentaria
de las disposiciones vigentes que, en caso de no cumplirse, puedan
traducirse en las sanciones correspondientes, sino también informar a los
ciudadanos españoles sobre el alcance de la legislación en materia de
familias numerosas y los beneficios que, en virtud de esa consideración,
tienen las familias numerosas españolas.
También se solicita en la moción que se actualice el actual Reglamento
que establece el régimen de responsabilidades y sanciones por infracción
en la protección de las familias numerosas --evidentemente el Reglamento
actualmente
vigente es obsoleto, no actualizado-- y, finalmente, que el Ministerio de
Trabajo y Asuntos Sociales en el uso de sus competencias, aplique las
sanciones pertinentes a aquellas empresas y actividades privadas que se
nieguen a aplicar las prestaciones de los beneficios que las leyes o
reglamentos atribuyen a las familias numerosas.
Por tanto, creemos que esta moción importa a un gran colectivo de
ciudadanos españoles, yo diría que a muchísimos, que en este momento
tienen la consideración de familia numerosa, lo que implica que sus
beneficios no sean muy amplios --lo decía anteriormente--: la exención
del 50 por ciento de las tasas universitarias y las bonificaciones
correspondientes a la utilización de los transportes públicos y privados
en el territorio nacional. Fundamentalmente son éstos los beneficios
directos que puede percibir una familia numerosa en España. Por tal
motivo, creemos que la exigencia que se debe hacer llegar a las compañías
aéreas privadas que están operando en el territorio nacional, debe
hacerse cumplir con la aprobación de esta moción y, sobre todo, la
consideración por parte del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales de
las responsabilidades que tiene en relación al desarrollo del Reglamento.
Nuestro Grupo es consciente de que en este momento existe un grupo de
trabajo en el Congreso de los Diputados, que está valorando la situación
y la aplicación de la legislación vigente en relación con las familias
numerosas, pero creemos que la aprobación de la presente moción tiene la
suficiente urgencia como para que unos beneficios que tiene en este
momento este importante colectivo de ciudadanos españoles pueda aplicarse
de forma inmediata, sin esperar los trabajos y las resoluciones de la
Comisión que en este momento está trabajando en el Congreso de los
Diputados.
Sin más, reitero la petición a sus señorías y espero el apoyo a esta
moción.
Nada más, señor Presidente. Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, Senador Díez.
Para turno en contra, tiene la palabra el Senador Lobo Asenjo.
El señor LOBO ASENJO: Muchas gracias, señor Presidente.
De la moción presentada por el Grupo Parlamentario Socialista se deduce
claramente que, en síntesis, su pretensión consiste en que, por parte del
Gobierno --de lo cual no nos ha hablado el Senador-- se informe al
colectivo de familias numerosas de la Ley o, mejor dicho, de los
beneficios que la Ley establece para protegerlas y, de forma especial, en
lo que hace referencia a las deducciones que deben efectuarse en los
viajes realizados a través de líneas aéreas regulares.
Por otra parte, en su moción insisten en que se actualice el Reglamento
sancionador y que, al tiempo, el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales
sancione a las empresas que no apliquen estos beneficios.
En primer lugar, he de decir que esta cuestión ya fue planteada por el
Senador Díez González en pregunta parlamentaria formulada al Gobierno el
pasado mes de noviembre, y fue ampliamente contestada. He de destacar de
esta respuesta que la Dirección General de Aviación Civil, al menos en
las fechas en las que preguntaba el Senador Socialista, apenas tenía
conocimiento o eran irrelevantes el número de quejas presentadas en
relación con el comportamiento de las compañías aéreas privadas que
realizan vuelos regulares nacionales, respecto a los descuentos a
familias numerosas.
En segundo lugar, hemos de decir también que, de forma relativamente
reciente --en mayo de 1995--, la Dirección General de Aviación Civil
remitió una circular a todas las compañías aéreas nacionales, instándolas
a la aplicación de los descuentos previstos en la Ley de protección a
familias numerosas.
Resulta evidente que la Administración Socialista entonces hizo lo que
hoy se nos pide a nosotros, pero no debieron darle demasiada importancia
a esta cuestión, puesto que si así hubiera sido no se hubieran conformado
con una simple circular y podían, por ejemplo, haber dictado al menos una
resolución.
Además, no debe de estar el tema tan claro, como pretende el Senador
proponente, ya que estas circulares a las que acabo de referirme, fueron
recurridas en su día por la Asociación Española de Líneas Aéreas. Señor
González, no está claro, ni mucho menos, que la entrada en vigor del
Reglamento CEE, 2409/1992, sobre tarifas y fletes de los servicios
aéreos, si lleva o no a la supresión de los beneficios previstos en la
Ley de familias numerosas, de 25/1971, dado que la Directiva comunitaria
da a las empresas privadas de transporte aéreo regular la libertad en el
establecimiento de sus tarifas, además de entender las compañías aéreas
--yo creo que con razón-- que el Estado les está trasladando una carga
sin contraprestación alguna, y no es que sea precisamente una carga
baladí, sino que tiene su trascendencia económica.
Por otra parte, ustedes piden en su moción que se modifique el Reglamento
de sanciones. Podríamos estar de acuerdo en ello, pero en ese caso yo
creo que también sería necesario modificar la actual normativa sobre
protección a familias numerosas, dado lo inadecuado de la redacción de la
actual normativa en lo que se refiere a la aplicación de las
bonificaciones sobre la clase turista, debido a que, como su señoría sabe
perfectamente y como conocen todos ustedes, dentro de la industria del
transporte aéreo el término «classic» no se identifica con tarifa o
precio del billete y la denominación turista podría incluir un amplio
espectro de tarifas, lo que da lugar a diferentes interpretaciones, como
decía antes, en la aplicación de esta normativa que, vuelvo a repetir, no
es clara.
Por ello y en coherencia con el criterio que tantas veces ha defendido
este Grupo, en numerosas ocasiones así lo hemos hecho, sobre la necesidad
de actualizar no sólo una parte del Reglamento, sino toda la Ley de 1971
sobre familias numerosas, que está vigente prácticamente en todos sus
términos a excepción de una modificación que se operó por una Ley de
Medidas del año 1994 y, asimismo, por ser coherentes con un acuerdo que
se adoptó en la Comisión de Política Social y Empleo del Congreso de los
Diputados el pasado mes de junio, en relación con una proposición no de
ley que presentó Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya casi
exactamente igual o en los mismos términos o de un tenor muy parecido a
ésta, creemos que el foro adecuado para abordarlo debería ser la Ponencia
sobre familia, constituida en el pleno de la citada Comisión como marco
específico de estudio de todas las propuestas sobre la misma, es decir,
sobre la familia, incluida esta que se nos acaba de hacer en este
momento.
También quiero decir, por lo que se refiere al ejercicio, en su caso, de
la facultad sancionadora, también saben sus señorías que una de las
competencias transferidas a las Comunidades Autónomas en materia de
protección social a las familias numerosas es precisamente ésta.
Por todo ello, vamos a desestimar la moción que hoy se nos ha presentado.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, Senador Lobo.
Turno de portavoces.
Tiene la palabra la Senadora De Boneta.
La señora DE BONETA Y PIEDRA: Muchas gracias, señor Presidente.
Señorías, entiendo que la moción que ha presentado el Grupo Parlamentario
Socialista es oportuna en cuanto que intenta abordar un problema concreto
e ir avanzando en la protección de las familias numerosas, sin perjuicio
de que en este momento exista una Ponencia en el Congreso de los
Diputados que esté tratando este asunto de una manera global y que deberá
avanzar en todos los aspectos que conviene modificar. En este caso, la
portavoz del Grupo Parlamentario Mixto está de acuerdo con ambos
portavoces, tanto con el que ha defendido la moción como con el portavoz
del Grupo Parlamentario Popular, en el sentido de que hace falta
actualizar y poner al día esta materia.
En este sentido, creemos que la moción es oportuna. Sin embargo,
coincidimos con el Grupo Parlamentario Popular al indicar que no se han
tenido en cuenta las competencias de las Comunidades Autónomas, por lo
cual considerando esta moción pertinente, pero no estando de acuerdo con
algunas de las atribuciones que se quiere dar al Gobierno del Estado y a
las Cortes Generales, nos abstenemos, abstendremos insistiendo en que sin
perjuicio de que se aborde cualquier cuestión que sea necesario modificar
de forma global, es bueno que aspectos concretos de determinadas
normativas se adelanten cuando no hay un problema especial en poner en
marcha algunos aspectos puntuales, que de alguna manera favorecerán la
situación en que se encuentran numerosas, valga la redundancia, familias
numerosas del Estado español.
Nada más y muchas gracias.
El señor PRESIDENTE. Muchas gracias, Senadora De Boneta.
Por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió,
tiene la palabra el Senador Vidal i Perpiñá.
El señor VIDAL I PERPIÑA: Señor Presidente, señorías, en lo relativo a la
familia, Convergència i Unió, como ustedes conocen, siempre ha sido una
clara defensora e impulsora de medidas a favor de esta unidad básica de
la sociedad. En su momento impulsó la ampliación del carácter de familia
numerosa a aquellas familias de tres o más hijos, modificando la Ley de
1971, y también impulsó otras medidas relacionadas en este caso con el
mundo laboral, concretamente relativas a la maternidad.
Desde la IV Legislatura, mi Grupo intentó la creación de una Ponencia
para estudiar la situación actual de la familia en España y que esta
Comisión formulara al Gobierno aquellas propuestas de modificaciones
legislativas para suplir las insuficiencias existentes. En la Legislatura
pasada la Ponencia llegó a constituirse, pero por la disolución que
provocó las elecciones del día 3 de marzo no pudo presentar sus
conclusiones. El 21 de mayo pasado y a petición de mi Grupo, el Pleno del
Congreso de los Diputados aprobó por 309 votos a favor la creación de
dicha Ponencia, cuyo informe debía presentarse antes de finales de 1996.
No fue así, pero está previsto que el próximo 12 de marzo se reúna la
subcomisión y cada grupo parlamentario presente sus conclusiones para que
antes del 31 de marzo pueda presentarse al Pleno del Congreso de los
Diputados.
Pienso que era necesario hacer este preámbulo para convencerles de que
sería preferible esperar ocho días, hasta el día 12 de marzo, que será
cuando todos los grupos parlamentarios presentarán sus conclusiones, en
lugar de debatir la moción presentada por el Grupo Parlamentario
Socialista, ya que hoy solamente haremos referencia a una parte de la
problemática que afecta a las familias numerosas.
Entiendo que en el seno de la Ponencia serán debatidos todos los
problemas que afectan a la familia, incluidos los que se refieren a esta
moción. El transporte aéreo es un problema. En estos momentos las
familias no disfrutan de beneficios si por lo menos no van de tres en
tres, esto tanto en las islas como en vuelos peninsulares, y supongo que
otros transportes que perjudican a las familias, como puede ser el
transporte marítimo o ferroviario. Estoy de acuerdo que debería
contemplarse también la actualización del Reglamento que regula el
régimen de responsabilidades y sanciones por infracciones, que entiendo
que de alguna forma quedará resuelto en esta subcomisión.
Para finalizar, quiero decirles que mi Grupo, supongo que al igual que
todos los demás aquí representados, tiene la voluntad de solucionar todas
las demandas y necesidades que pueda tener la familia en España, y así lo
hemos demostrado presentando iniciativas en estos últimos años. También
quiero remitirme a la exposición que hizo el Diputado de mi Grupo, Manuel
Silva, el día 21 de mayo, en el Pleno del Congreso de los Diputados, con
motivo de la aprobación de la constitución de la Ponencia, en la que hizo
hincapié en toda una serie de puntos, en los que cabe prestar especial
atención a esta unidad familiar.
Para terminar, mi Grupo se va a abstener, por considerar que debemos
esperar a las conclusiones de la subcomisión del día 12 de marzo.
Nada más y muchas gracias.
El señor PRESIDENTE. Muchas gracias, Senador Vidal i Perpiñá.
Tiene la palabra el Senador Díez.
El señor DIEZ GONZALEZ: Muchas gracias, señor Presidente.
Mi Grupo Parlamentario se da por satisfecho con el debate que se ha
suscitado en la Comisión alrededor de la problemática que en este momento
a nivel parlamentario se está teniendo para dinamizar las prestaciones,
los apoyos, la cobertura y la actualización de las familias numerosas.
Ha habido esfuerzos, en la última legislatura sobre todo, como recordaban
los portavoces del Grupo Parlamentario Mixto y del Grupo Parlamentario
Catalán en el Senado de Convergència i Unió, para actualizar, en la
medida de las posibilidades, la legislación al efecto. Así se ha hecho.
En este momento hay una Ponencia, como se recordaba también por los
portavoces que me han precedido, en el Congreso de los Diputados que está
analizando en profundidad todo lo relativo a las familias numerosas,
tratando de mejorar los aspectos de la legislación que puedan atender y
cubrir las necesidades de este gran número de ciudadanos españoles
afectados por esta legislación, que esperamos mejorar.
No obstante, dicho lo anterior, reitero la urgencia que tiene el tomar
determinadas decisiones. De ahí nuestro voto manteniendo, evidentemente,
la propuesta de la moción, que, como se decía anteriormente --y lo decía
el portavoz del Grupo Parlamentario Popular--, tiene un aspecto al que
nosotros damos absoluta prioridad, que es el aspecto informativo. Creemos
que es el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social el que tiene que
informar a los ciudadanos españoles sobre cuáles son las coberturas que
las familias numerosas tienen en este momento en España.
La Senadora De Boneta ha hecho una referencia, que no tengo que pasar por
alto porque, a mi juicio, tiene toda la razón, a que hay competencias que
tienen las Comunidades Autónomas en la materia, y se tendrán que
contemplar esas competencias para que cada palo aguante su vela. En este
caso, también en materia de protección de familias numerosas, la
responsabilidad de información debe radicar no solamente en el Gobierno
de la nación, en el Ministerio de Trabajo, sino también en las
Comunidades Autónomas. No olvidemos que son ellas las que extienden los
certificados que acreditan a las familias numerosas, y no solamente desde
ese punto de vista, sino también desde el control reglamentario que se
debe prestar al cumplimiento de la legislación y a las sanciones
correspondientes, en el caso de que esta legislación no se cumpla.
Me ha preocupado un aspecto de la intervención del portavoz del Grupo
Parlamentario Popular --a lo mejor es una sensación que tiene este
Senador, y ahora, en su intervención, me la despeja, y veremos cómo, en
la Ponencia correspondiente, esa preocupación pueda quedar despejada--,
pues me ha dado la sensación de que se ha centrado más en la defensa de
los intereses de las líneas aéreas que de los intereses de las familias
numerosas, cuando tanto por parte de esta Administración como de la
Administración socialista, en la pasada legislatura, todas las gestiones
se han dirigido, tanto desde el Ministerio de Trabajo como desde las
autoridades con responsabilidades en la política de transporte aéreo en
España, a exigir a las compañías aéreas el cumplimiento de la legislación
vigente en esta materia.
Por tanto, me gustaría que esa duda que ha tenido este portavoz --que a
lo mejor es un lapsus-- quedara despejada y todos los grupos apuesten
decididamente, en este y en los temas colaterales o centrales del trabajo
de la Ponencia en el Congreso de los Diputados, por la defensa de este
colectivo tan importante de ciudadanos españoles.
Nada más, señor Presidente, muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, Senador Díez.
Damos la bienvenida al señor Secretario de Estado Juan Carlos Aparicio a
esta Comisión, a quien agradecemos mucho su presencia. Cuando llegue el
turno de preguntas, tendrá oportunidad, naturalmente, de contestar a los
miembros de la Comisión. Pedimos, no obstante, disculpas por la duración
del debate, aunque yo creo que también viene bien, en la vida
parlamentaria, desde su posición en la Administración, asistir a los
debates en una Comisión como la nuestra.
Por el Grupo Parlamentario Popular, el Senador Lobo tiene la palabra.
El señor LOBO ASENJO: Gracias, señor Presidente.
En primer lugar, tengo que decir que está claro que no defendemos a nadie
en particular, sino que lo que intenta mi Grupo es defender los intereses
generales, y en este caso las compañías aéreas forman parte de los
intereses generales, pero lo que intentamos sobre todo es defender
nuestra posición en relación con lo que nosotros interpretamos que es la
legalidad vigente.
Y, así, nosotros creemos que la liberalización del transporte aéreo y sus
tarifas, en aplicación de la normativa comunitaria, lleva a la supresión
de los beneficios previstos por la Ley 25/1971, de 19 de junio, de
Protección a las Familias Numerosas, y, asimismo, hay una Orden del
Ministerio de Obres Públicas y Transportes de 29 de diciembre de 1992,
que regula la autorización de los servicios aéreos intercomunitarios y el
registro de sus tarifas. En cumplimiento de esta Orden Ministerial, las
compañías aéreas comunitarias y las españolas vienen obligadas únicamente
a registrar sus tarifas antes de su entrada en vigor. Y ocurre, además,
que, liberalizadas las tarifas aéreas, los beneficios que determina la
Ley 25/1971 quedan supeditados a lo que determine cada compañía aérea
concreta; por ejemplo, Iberia aplica un descuento del 25 por ciento a los
titulares de familia numerosa de primera categoría. A nosotros no nos
parece congruente, desde luego, imponer a las compañías aéreas unos
costes por subvenciones que se hallaban previstos por ley en un sistema
anterior basado en el régimen concesional de la Ley de Navegación Aérea,
trasladando dicha exigencia al marco jurídico actual, totalmente distinto
y caracterizado, sobre todo, por la libertad en la fijación de tarifas.
Nada más y muchas gracias, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, Senador Lobo.
Vamos a votar la moción. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos a favor, nueve;
en contra, diez; abstenciones, dos.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada la moción.
--DICTAMINAR EL PROYECTO DE LEY SOBRE DERECHOS DE INFORMACION Y CONSULTA
DE LOS TRABAJADORES EN LAS EMPRESAS Y GRUPOS DE EMPRESAS DE DIMENSION
COMUNITARIA. (621/000012.)
El señor PRESIDENTE: Punto segundo del orden del día: Proyecto de ley
sobre derechos de información y consulta de los trabajadores en las
empresas y grupos de empresas de dimensión comunitaria.
En primer lugar, hay dos enmiendas, números 1 y 6, según el documento que
me ha presentado la Ponencia. Pregunto a la Senadora De Boneta si ella
también va a defender las enmiendas números 4 y 5, presentadas por el
Senador Victoriano Ríos.
La señora DE BONETA Y PIEDRA: Sí, señor Presidente, las doy por
defendidas en sus propios términos.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, Senadora De Boneta.
Tiene usted la palabra para la defensa de la enmienda número 6.
La señora DE BONETA Y PIEDRA: Gracias, señor Presidente.
Dicho ya que quedan defendidas en sus propios términos las enmiendas
números 4 y 5 del Senador del Grupo Parlamentario Mixto don Victoriano
Ríos, debo pasar a explicar las razones por las cuales esta Senadora ha
presentado una enmienda en relación con el artículo 27.1, párrafo
primero.
Entendemos que la redacción de este artículo no es clara en este punto en
lo que se refiere al respeto al orden de representatividad, que es como
lo llamamos nosotros, aunque veo que existe otra enmienda en la que se
habla de proporcionalidad, que viene a decir lo mismo, en relación con
las organizaciones sindicales y la representatividad que ostentan cuando
se trata de la formación de la comisión negociadora y del comité de
empresa.
Efectivamente, estamos de acuerdo --lo decimos con terminología parecida
a la que figura en el artículo 27, que es el mismo texto de origen del
proyecto del Gobierno y que no ha sufrido modificaciones en el Congreso
de los Diputados--, pero consideramos que es necesario que se introduzca
la referencia a la proporcionalidad o a la representatividad --no podemos
objeciones a que se ponga una u otra palabra-- acreditada por su uso en
cada sindicato.
Por lo tanto, creemos que esta enmienda supone una mejora técnica del
texto para que éste se entienda mejor y quede reflejada esa situación de
respeto a la representatividad o a la proporcionalidad.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, Senadora De Boneta.
La enmienda número 1 está presentada por el Grupo Parlamentario de
Senadores Nacionalistas Vascos, que no están presentes en la sala. (La
señora De Boneta y Piedra pide la palabra.)
El señor PRESIDENTE: ¿Sí, Senadora De Boneta?
La señora DE BONETA Y PIEDRA: Señor Presidente, no sé si puedo asumir
esta enmienda, porque viene a decir lo mismo en otras palabras. Lo digo a
los efectos de que se pueda mantener para el Pleno.
El señor PRESIDENTE: Señoría, el Reglamento establece que al ser Grupo
Parlamentario los Senadores Nacionalistas Vascos pueden mantenerla en el
Pleno. El hecho de que no esté presente dicho Grupo no significa que vaya
a decaer. Por lo tanto, en ese sentido no tiene efectos procesales, sino
que en este momento no pueden defenderla aunque, efectivamente, coincide
con el punto citado.
Sólo queda por defender una enmienda, la número 3, presentada por el
Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió.
Tiene la palabra el Senador Vidal i Perpiñá.
El señor VIDAL I PERPIÑA: Muchas gracias, señor Presidente.
Con relación a esta enmienda número 3, nuestro Grupo Parlamentario vuelve
a insistir en la necesidad de encontrar un encaje legal en el marco
legislativo español a algo que existe y que en otros Estados de la Unión
Europea ya está resuelta y que se reconoce de una manera explícita: la
realidad de los cuadros.
Creemos que si este proyecto de ley no contempla la existencia de los
cuadros como un colectivo específico de participación en los mecanismos
de dirección de las empresas, estoy convencido de que se van a generar
problemas, y en este momento perderíamos una oportunidad para resolver y
regular una anomalía en nuestra actual legislación.
Por ello, desearía el voto afirmativo de todos los grupos parlamentarios.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, Senador Vidal i Perpiñá.
Turno en contra.
Tiene la palabra el Senador Sanz.
El señor SANZ PEREZ: Muchas gracias, señor Presidente.
Antes de fijar la postura del Grupo Parlamentario Popular creo que es
importante que exprese el deseo y la satisfacción que sentimos, porque ya
era hora de que un proyecto de ley como éste, que sigue una directiva
comunitaria, se apruebe en la Comisión de hoy, porque es un gran deseo de
los trabajadores y de las empresas, así como de los trabajadores que
representan al grupo de empresas en el ámbito comunitario. Este proyecto
de ley señala de forma clara la distribución de competencias en materia
social entre la Comunidad, los Estados miembros y las fuerzas sociales,
basándose todo ello en el diálogo social y dando un papel importante y
relevante a las acciones legislativas que cada uno de los Estados
miembros de la Unión Europea tienen que adoptar tras este proyecto de
ley. En el Pleno ampliaremos este tema con datos tan concretos como que
el cumplimiento de esta Directiva 94/45 supone una coordinación
importante entre las normas de carácter transnacional y las nacionales,
en función de lo que luego manifestaré en la fijación de posición de
nuestro Grupo, al igual que es importante que se resalten los objetivos
señalados por la Carta comunitaria en su punto 17, relativo a «Derechos
Sociales Fundamentales de los Trabajadores».
Dicho lo anterior, y entrando ya a fijar la posición del Grupo
Parlamentario Popular respecto de estas enmiendas, en el debate de
Ponencia se acordó agrupar las enmiendas números 1 y 6, igual que el
resto de las enmiendas, y recuerdo a sus señorías que se incluyó en la
Ponencia el artículo 35: «Ejercicio de la potestad jurisdiccional», al
que luego me referiré.
Respecto de las enmiendas números 1 y 6, de acuerdo con el proyecto de
ley, la designación puede producirse de dos maneras. Una de ellas es
mediante acuerdo mayoritario del comité de empresa y delegados de
personal, y la otra, mediante acuerdo de aquellas organizaciones
sindicales que en su conjunto representan a la mayoría de los miembros de
dichos grupos. Estas dos formas de procedimiento, según entiende el Grupo
Parlamentario Popular, responden a la propia dualidad del mecanismo de
representación de los trabajadores, que constituye, como es conocido por
todos, una de las características del sistema español de relaciones
laborales.
Por ello, entendemos que en ambos casos la proporcionalidad está
plenamente garantizada , e, igualmente, que la solución sería extraña a
la tradición jurídica española y contraria a la solución adoptada en el
único supuesto en el que la legislación laboral ha tratado un caso de
similares características. Como recordatorio a sus señorías, en la Ley de
Prevención de Riesgos Laborales 31/1995, de 8 de noviembre, se contempla
la designación de estos delegados de prevención en los mismos términos
que utiliza el presente proyecto de ley.
Además, es importante resaltar que dicho proyecto de ley que ahora se
debate obtuvo un gran apoyo de las organizaciones sindicales y
empresariales en el seno del Consejo Económico y Social, en el que,
quiero recordar a sus señorías, hay un amplio sector de organizaciones
sindicales y empresariales y donde hubo un consenso unánime, incluso
sometiendo a estudio una enmienda de similares características presentada
por el sindicato ELA-STV, que posteriormente fue retirada por el citado
sindicato.
Para terminar con este turno de fijación de posición del Grupo
Parlamentario Popular, deseo resaltar que una enmienda idéntica a la que
ahora se analiza fue presentada por el Grupo Vasco en el Congreso de los
Diputados y retirada también por dicho Grupo en la votación del informe
de la Ponencia en la Comisión de Política Social y Empleo del Congreso.
Por lo tanto, queda fijada nuestra postura desfavorable a ambas
enmiendas.
Respecto de la enmienda número 3, ya manifestó el Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso de los Diputados, en el debate de Ponencia y
Comisión, que la modificación propuesta por las enmiendas como
disposición final tercera es un planteamiento propio y, en su caso,
entendemos desde el Grupo Parlamentario Popular que este debate no debe
plantearse en el procedimiento en el que nos encontramos, de análisis y
aprobación del proyecto de ley, y no responde a la finalidad de una norma
que es la transposición de la Directiva 94/45. Nuestro Grupo entiende que
a las transposiciones de las directivas no es bueno que se introduzcan
propuestas que modifiquen otros textos legislativos. Las enmiendas en
estudio entran de lleno en el ámbito legislativo del Estatuto de los
Trabajadores en su artículo 71.1, en el cual, para recordatorio de sus
señorías, se dice que en las empresas de más de 50 trabajadores el censo
de electores y elegibles se distribuirá en dos colegios, uno integrado
por los técnicos y administrativos y otro por los trabajadores y
especialistas no cualificados.
Esta fijación de postura sirve también para las enmiendas números 4 y 5,
del Grupo de Coalición Canaria.
Por lo expuesto, nuestro Grupo votará desfavorablemente las enmiendas
presentadas 1, 6, 3, 4 y 5.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, Senador Sanz.
Turno de portavoces.
Tiene la palabra la Senadora De Boneta.
La señora DE BONETA Y PIEDRA: Muchas gracias, señor Presidente.
No sé si debo entender de la explicación de su señoría en relación con la
enmienda número 6, que, tal como ha dicho, vale también para la número 1,
de alguna manera el concepto representatividad o proporcionalidad, en el
caso concreto de sindicatos que siendo mayoritarios en un ámbito no
operan más que uno, en este caso el ámbito del Estado, está perfectamente
garantizado. Debo entender de su explicación que es así y, por lo tanto,
la adición que en este caso se propone en la enmienda número 6, a través
de la interpretación del Grupo Parlamentario Popular, queda perfectamente
garantizada. En todo caso, y si fuera así, esta Senadora no tendría
inconveniente en retirar para el trámite de Pleno esta enmienda, pero lo
que sí me interesaría es que, a efectos de interpretación, quedase
reflejada esta postura del Grupo Parlamentario Popular.
En relación con las restantes enmiendas del Grupo Parlamentario Mixto,
puesto que corresponden al Senador Ríos, de Coalición Canaria, y además
coinciden con las presentadas por el Grupo Parlamentario Catalán en el
Senado de Convergència i Unió, yo debo mantenerlas y dejar al criterio
del Senador Ríos el dejarlas vivas o no para el Pleno.
Nada más y muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, Senadora De Boneta.
¿Por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió?
(Pausa.) Gracias, Senador Vidal i Perpiñá.
Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el Senador Alonso
Buitrón.
El señor ALONSO BUITRON: Muchas gracias, señor Presidente.
Me voy a tomar la libertad en este turno de portavoces de permitirme un
pequeño desahogo personal, por el cual pido disculpas de antemano.
Hoy es para mí un día de gran satisfacción al poder respaldar con mi voto
y con el voto de todos mis compañeros del Grupo Parlamentario Socialista
este proyecto de ley, que viene a consolidar los derechos de los
trabajadores españoles para que puedan constituir comités de empresa de
ámbito comunitario o establecer órganos con derecho a la información y
consulta en las empresas o grupos de empresas de dimensión comunitaria.
Estoy totalmente seguro de que todas sus señorías son conscientes de lo
que este paso hacia adelante supone para el movimiento obrero español.
Las personas que, como quien les habla, tuvimos que asumir
responsabilidades sindicales antes y después de la transición política
sabemos que esta ley es un paso más en la larga lucha del movimiento
sindical español. Hace más de 25 años que los trabajadores españoles
iniciábamos una andadura en defensa de unos derechos que nos permitieran
instrumentos suficientes para caminar hacia una sociedad más justa y
solidaria, que nos permitieran caminar hacia una democracia industrial y
que tuviéramos organizaciones sindicales de clase fuertes y capaces de
enfrentarse de igual a igual al gran capital. Los más idealistas
aspirábamos a transformar la sociedad desde el poder sindical y el
movimiento obrero. El camino fue difícil, pero las conquistas se fueron
alcanzando. Lo primero fue forzar al Gobierno, por aquel entonces de la
Unión de Centro Democrático, para que España ratificara el Convenio
número 87 de la Organización Internacional del Trabajo, sobre la libertad
sindical y el derecho a la sindicación de los trabajadores; luego vino el
derecho de huelga, Estatuto de los Trabajadores, etcétera. Más tarde, con
el Gobierno socialista: la Ley de libertad sindical, la Ley de protección
por desempleo; la Ley de devolución del patrimonio sindical acumulado; la
Ley de prevención de riesgos laborales; el Estatuto del minero y un largo
etcétera. Hoy, con la aprobación de esta ley, se puede decir que
culminamos un proceso histórico que nos libera de aquellos complejos de
inferioridad que tantas veces hemos sentido los trabajadores españoles
frente a los trabajadores de los países de nuestro entorno.
Esta ley es una respuesta social al gran mercado interior europeo, que
alcanzó la realidad jurídica en enero de 1993. Este mercado ha dado lugar
a un complejo y creciente proceso de concentración de empresas, fusiones
transfronterizas, absorciones, asociaciones, unidades temporales, en
definitiva, una transnacionalización de empresas y grupos de empresas.
La Directiva comunitaria 94/45/CEE, que hoy trasladamos a la legislación
española mediante el proyecto de ley de derechos de información y
consulta de los trabajadores en las empresas y grupos de empresas de
dimensión comunitaria, va a permitir que los trabajadores españoles
constituyan comités de empresa de ámbito comunitario u órganos de
información y consulta que van a ser claves para unas mejores relaciones
laborales entre las partes.
Para nuestro Grupo, señorías, es de gran trascendencia lo que ya
recordaba el portavoz del Grupo Parlamentario Popular: que este proyecto
de ley haya contado con el total apoyo y consenso del Consejo Económico y
Social, donde se encuentran representadas las fuerzas sociales.
Y para terminar, señor Presidente, nuestro Grupo no ha presentado ninguna
enmienda en ninguno de los trámites parlamentarios que ha seguido este
proyecto de ley porque es un proyecto de ley que había sido elaborado por
el anterior Gobierno socialista, y a mí me cabe la gran satisfacción de
que haya contado, sobre todo, con el consenso de los partidos
mayoritarios de este país.
Por todo ello, señorías, vamos a votar a favor, oponiéndonos a las
enmiendas que aquí se han presentado.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, Senador Alonso Buitrón.
Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el Senador Sanz.
El señor SANZ PEREZ: Muchas gracias, señor Presidente.
Tan sólo voy a contestar a la Senadora De Boneta diciéndole que nos
gustaría que entendiera --al igual que lo entendemos nosotros y al igual
que lo entiende el propio Consejo Económico y Social-- que el proyecto de
ley, tal y como está redactado, con la modificación principalmente del
artículo 35, presentada por el Grupo Parlamentario Popular, garantiza los
derechos de los trabajadores. Por lo tanto, si garantiza los derechos de
los trabajadores, todas y cada una de las palabras que se recogen en el
proyecto de ley respetan claramente los Títulos II y III del Estatuto de
los Trabajadores. Para recordatorio de sus señorías les diré que el
Título II se define como de los derechos de representación colectiva de
los propios trabajadores y el Título III hace referencia a la negociación
colectiva y convenios colectivos. En definitiva, dado el visto bueno por
las propias organizaciones sindicales y los empresarios del Consejo
Económico y Social
--como decía el portavoz del Grupo Parlamentario Socialista--, se les
garantiza a los trabajadores la representación y el derecho de
información, que van a tener estos comités de empresa de carácter europeo
en cuanto a todos aquellos temas que impliquen a los trabajadores y a la
propia empresa.
Por lo demás, quiero repetir las palabras que decía al principio de mi
intervención, en el sentido de que es un día importante y se cumplen esos
objetivos. Estoy totalmente de acuerdo en que es un proyecto redactado
por el anterior Gobierno socialista, pero estará de acuerdo conmigo el
portavoz del Grupo Parlamentario Socialista en que esta Directiva tenía
que haber entrado en vigor como ley el 22 de septiembre de 1996 --fecha
tope de incorporación de la Directiva a los ordenamientos nacionales, de
acuerdo con su artículo 14--. Por lo tanto, estamos de acuerdo con su
señoría, pero el Gobierno del Partido Popular, en ese ámbito de diálogo
social y en otra serie de cuestiones, ha tenido que poner esta Directiva
cuanto antes a debate tanto en el Congreso como en el Senado para poder
aplicarse. En definitiva, mi crítica es a la poca agilidad del anterior
Gobierno socialista, que desde el año 1994 había tenido tiempo para
ponerla en marcha.
Muchas gracias. (La señora De Boneta y Piedra pide la palabra.)
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, Senador Sanz.
¿Me pide la palabra, Senadora De Boneta?
La señora DE BONETA Y PIEDRA: Por el artículo 87, señor Presidente,
puesto que he sido aludida y precisamente quiero darme por satisfecha con
las explicaciones del portavoz del Grupo Parlamentario Popular, al
entender que la interpretación que nos había movido a presentar esta
enmienda queda garantizada por la intervención del portavoz del Grupo
Parlamentario Popular. Por ello anuncio la retirada de la enmienda número
6.
Aunque no tiene relación con este tema, quiero explicar mi ausencia con
carácter inmediato para que no se interprete como una falta de interés
por las preguntas y, por supuesto, por la presencia y las respuestas del
señor Secretario de Estado. Las características de este Grupo me obligan
a correr hacia otro lado y a ausentarme en este momento de la Comisión.
Nada más y muchas gracias, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, Senadora De Boneta. Puesto que en su
intervención ha dado la explicación a la Comisión de por qué pedía la
palabra, creo que ya no hace falta que se la conceda, porque ya lo ha
explicado ampliamente. (Risas.)
Vamos a proceder a la votación del informe de la Ponencia. (Pausa.)
Efectuada la votación, fue aprobado por unanimidad.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobado por unanimidad.
Propongo a la Comisión que sea el Senador Garrido el que realice la
presentación del dictamen ante el Pleno. ¿Se aprueba la propuesta?
(Pausa.) Muchas gracias.
CONTESTACION DEL GOBIERNO A LAS SIGUIENTES PREGUNTAS;
--DE DON JOAQUIM VIDAL I PERPIÑA (GPCIU), SOBRE EL IMPORTE DE LOS
SALARIOS DE TRAMITACION QUE EL ESTADO HA ABONADO A DIFERENTES EMPRESAS
COMO CONSECUENCIA DE HABERSE DICTADO SENTENCIAS QUE DECLAREN LA
IMPROCEDENCIA DE UN DESPIDO TRANSCURRIDOS LOS SESENTA DIAS QUE CONTEMPLA
EL ARTICULO 57 DEL REAL DECRETO LEGISLATIVO 1/1995, DE 24 DE MARZO, POR
EL QUE SE APRUEBA EL TEXTO REFUNDIDO DE LA LEY DEL ESTATUTO DE LOS
TRABAJADORES. (681/000128.)
El señor PRESIDENTE: Pasamos al punto número tres del orden del día,
contestación por parte del Gobierno a preguntas presentadas por
Senadores.
Reitero, de nuevo, la bienvenida a don Juan Carlos Aparicio, Secretario
de Estado de la Seguridad Social, que nos acompaña hoy en la Comisión.
Por orden de presentación, le corresponde la palabra al Senador Vidal i
Perpiñá para la formulación de la pregunta sobre el importe de los
salarios abonado por el Estado por la improcedencia del despido.
El señor VIDAL I PERPIÑA: Muchas gracias, señor Presidente.
Señor Secretario de Estado, en primer lugar, quiero agradecer su
presencia hoy en esta Comisión.
Por otra parte, en el orden del día aparecen cuatro preguntas
intercaladas de este Senador. No sé si prefiere tratarlas una por una, o
de forma acumulada.
El señor PRESIDENTE: Señor Senador, tiene plena libertad para hacerlo
como guste y por parte de esta Presidencia tendrá el apoyo en la decisión
que adopte. Si quiere hacer la acumulación de las preguntas, le asiste su
derecho y el apoyo de esta Presidencia.
El señor VIDAL I PERPIÑA: Muchas gracias, señor Presidente.
Empiezo por la primera y, si acaso, seguiremos el orden del día.
La primera pregunta hace referencia al Real Decreto Legislativo 1/1995,
de 24 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del
Estatuto de los Trabajadores, que en su artículo 57, apartado 1, dice que
cuando la sentencia que declare la improcedencia del despido se dicte
transcurridos más de 60 días hábiles desde la fecha en que se presentó la
demanda, el empresario podrá reclamar del Estado el abono de la
percepción económica a que se refiere el apartado b) del apartado 1 del
artículo 56 satisfecha
al trabajador correspondiente al tiempo que exceda de los 60 días.
La presunta es: ¿Cuál es el importe de los salarios de tramitación
pagados por el Estado a las empresas durante los años 1995 y 1996 como
consecuencia de haberse dictado la sentencia que declara la improcedencia
del despido más allá de los 60 días?
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Secretario de Estado.
El señor SECRETARIO DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL (Aparicio Pérez):
Muchas gracias, señor Presidente.
Le voy a facilitar los datos del año 1995 con carácter de firme, así como
los datos relativos al año 1996 hasta donde son conocidos con firmeza,
que es hasta el mes de octubre.
El importe total de estos salarios de tramitación pagados por el Estado a
las empresas, en este caso con cargo al presupuesto del Ministerio de
Justicia, fue en el año 1995 de 1.013.994.148 pesetas, aproximadamente
mil millones, con un número de trabajadores afectados de 929. Como verá,
la media de días entre la demanda y la sentencia fue en ese año de 247
días.
Del año 1996 y dada la fecha en la que nos encontramos, le facilitaría
los datos hasta el 31 de octubre --aunque verá que hay una evidente
analogía o proporción--. Hasta dicha fecha, las cantidades reconocidas
por esta causa sumaban un importe total de 801.436.270 pesetas y el
número de trabajadores afectados, sensiblemente superior, era de 751. En
consecuencia, la media de días entre demanda y sentencia ha sido hasta el
momento, en este año 1996, de 270. (El señor Vicepresidente, Fernández
Menéndez, ocupa la Presidencia.)
No obstante, me gustaría señalar que estas cantidades no se refieren
solamente a las cuantías de cada año natural, sino que en ellas se han
incluido otras pertenecientes a expedientes que han sido recurridos con
anterioridad y a ejecuciones de sentencias correspondientes a
procedimientos de años anteriores.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández Menéndez): Tiene la palabra el Senador
Vidal.
El señor VIDAL I PERPIÑA: Muchas gracias, señor Secretario de Estado por
esta contestación. Estoy de acuerdo con estos datos facilitados y el
motivo de la pregunta se debía a que pensaba que esta cantidad podía ser
bastante superior.
Gracias. (El señor Presidente ocupa la Presidencia.)
El señor PRESIDENTE: Puede hacer la siguiente pregunta, Senador Vidal.
(El señor Díez González pide la palabra.)
Tiene su señoría la palabra.
El señor DIEZ GONZALEZ: Señor Presidente, este Senador tiene ocho
preguntas, pero tiene un problema que ya comentó con el Presidente de la
Comisión, y es que a las doce y media hay una comparecencia en la
Comisión de Interior a petición de este Senador y, evidentemente, no
puedo estar en los dos sitios a la vez. Si es posible, quisiera agrupar
las preguntas.
El señor PRESIDENTE: Si no tiene inconveniente el Senador Vidal i
Perpiñá, tiene la palabra el Senador Díez para formular las ocho
preguntas de manera acumulada a fin de agilizar el debate, de tal forma
que se pudieran contestar todas a la vez. El Reglamento permite que sean
todas aquellas que tengan una relación o materia similar. Y en esa
amplitud de interpretación de la Presidencia, en virtud de su necesidad,
podría hacer las acumulaciones correspondientes.
El Senador Díez tiene la palabra.
--DE DON IGNACIO DIEZ GONZALEZ (GPS), SOBRE LAS PREVISIONES DEL GOBIERNO
EN RELACION CON LA REGULACION DEL CONTRATO ESPECIAL DE FORMACION
PROFESIONAL PARA PERSONAS CON MINUSVALIA. (681/000136.)
--DE DON IGNACIO DIEZ GONZALEZ (GPS), SOBRE LAS ACTUACIONES PREVISTAS POR
EL GOBIERNO PARA ATENDER LAS PETICIONES DE LOS AGENTES SOCIALES DE LA
COMUNIDAD AUTONOMA DE LA RIOJA EN RELACION CON EL PATRIMONIO SINDICAL
ACUMULADO. (681/000220.)
--DE DON IGNACIO DIEZ GONZALEZ (GPS), SOBRE LA DEMANDA DE PRESTACIONES DE
MATERIAL ORTOPEDICO, POR ESPECIALIDADES, QUE SE HA PRODUCIDO POR
PRESCRIPCION DE ESPECIALISTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL, CON INDICACION DE
SU COSTE, DESGLOSADO POR COMUNIDADES AUTONOMAS, Y CON SEPARACION DE LAS
PROTESIS AUDITIVAS Y OCULARES. (681/000299.)
--DE DON IGNACIO DIEZ GONZALEZ (GPS), SOBRE LA VALORACION DEL GOBIERNO
ACERCA DEL FUNCIONAMIENTO Y ESTRUCTURA DEL REGISTRO DE PRESTACIONES
SOCIALES PUBLICAS. (681/000447.)
--DE DON IGNACIO DIEZ GONZALEZ (GPS), SOBRE LAS RAZONES POR LAS QUE PARTE
DE LOS SOLICITANTES NO PERCIBIAN LA PRESTACION POR MATERNIDAD EN AGOSTO
DE 1996, CUANDO LA LEY 42/1994, DE 30 DE DICIEMBRE, DE MEDIDAS FISCALES,
ADMINISTRATIVAS Y DEL ORDEN SOCIAL QUE LAS AMPARA ENTRO EN VIGOR EL 1 DE
ENERO DE 1996. (681/000446.)
El señor DIEZ GONZALEZ: Muchas gracias, señor Presidente.
Haré dos bloques de preguntas y trataré de que el señor Secretario de
Estado pueda ordenarlas, para lo que creo que no tendrá problema alguno.
Quiero agradecer a la Comisión las facilidades que da a este Senador para
hacer las preguntas, sobre todo al representante del Grupo Parlamentario
Catalán en el Senado de Convergència i Unió.
La primera pregunta se refiere a la Ley 13/1982, de 7 de abril. En su
artículo 34.2 plantea la regulación del contrato especial de formación
profesional para personas con minusvalía, que a esta fecha no ha sido
objeto de desarrollo.
¿Piensa regular el contrato especial de formación profesional para las
personas con minusvalía?
La siguiente pregunta hace referencia al patrimonio sindical. Ya en otra
Comisión de Trabajo, el señor Secretario de Estado contestó a una
pregunta de este Senador en relación a este asunto y, de su respuesta,
quedó patente la posibilidad de que algunas Comunidades Autónomas o
provincias pudieran tener un trato especial, habida cuenta, además, de
que, como ocurre en La Rioja, hay un consenso entre las fuerzas sociales
y económicas, entre la Federación de Empresarios de La Rioja y los
sindicatos mayoritarios al efecto. Habida cuenta de que los Presupuestos
Generales del Estado para 1997 destinan una partida de 252 millones de
pesetas para nuevas oficinas del INEM en La Rioja, el actual edificio de
la antigua AIS, con 400 metros cuadrados utilizados por aquellos
servicios, pudiera dar lugar a ampliar el patrimonio sindical para que
los sindicatos pudieran utilizar estos metros cuadrados de dicha
superficie, que quedaría vacía.
¿Qué va a hacer el Gobierno para atender las peticiones acordadas por los
agentes sociales en esta Comunidad Autónoma en relación con el patrimonio
sindical acumulado? (En este momento se produce un corte en la energía
eléctrica, produciéndose al mismo tiempo en la sala fuertes ruidos que
impiden oír al orador con nitidez.)
El señor PRESIDENTE: Rogaría a los servicios de la Cámara que dieran la
luz. Si se interrumpieran los golpes, aún con el incidente de la luz
podríamos entendernos. (Pausa.) Por lo visto uno de los incidentes que
nos han ocurrido en esta Comisión, los golpes, parece resuelto.
Continuamos la Comisión.
Señor Díez González tiene usted el uso de la palabra. Le ruego que sus
potentes pulmones sustituyan la falta de corriente.
El señor DIEZ GONZALEZ: Decíamos en la pregunta relativa al Patrimonio
Sindical que había un acuerdo entre las fuerzas sociales y económicas
representativas de La Rioja, que incluso solicitan a la Administración
conjuntamente, tanto la Federación de empresarios como la Unión General
de Trabajadores y Comisiones Obreras, la utilización de los edificios que
existen en Logroño. Las dificultades en la cabecera de comarca y la falta
de patrimonio sindical planteaban a la administración la necesidad de
cubrir esas deficiencias con prontitud.
Nos referíamos también, señor Secretario de Estado, a las previsiones de
los Presupuestos Generales del Estado para el año 1997 que evidentemente
librarían la posibilidad de la utilización que en este momento está
haciendo el Instituto de Empleo de unos locales de la antigua AIS y, por
tanto, preguntábamos sobre las previsiones del Gobierno al respecto.
La tercera y cuarta pregunta la vamos a dejar para el final. Continúo con
preguntas de contestación escrita que han pasado a la Comisión a ser
contestadas oralmente en virtud de la aplicación del Reglamento, en
cuanto que no se han contestado en tiempo y forma por parte del Gobierno.
Cuando en su día formulé las preguntas pensaba que las iba a contestar el
Ministerio de Sanidad y me encuentro con la sorpresa de que es el
Ministerio de Trabajo quien lo va a hacer. La verdad sea dicha, el
Ministerio de Trabajo es un todo terreno y estoy convencido de que las va
a contestar en forma.
El Instituto Nacional de la Salud con fecha 1 de junio de 1994 aprobó la
circular 8/1994 mediante la cual se regulaba la prestación de material
ortoprotésico, así como el catálogo general de este material.
Posteriormente, por Orden Ministerial se incluyeron en el Catálogo las
prótesis auditivas y oculares con carácter general para todo el
territorio nacional. De su exposición se deduce la importancia que tiene
esta pregunta para muchos ciudadanos españoles y de ahí que se planteara
por escrito en su momento qué demanda de prestaciones de material
ortoprotésico, por especialidades, se ha producido por prescripción de
especialistas de la Seguridad Social, con indicación de su coste,
desglosado por Comunidades Autónomas, y con separación de las prótesis
auditivas y oculares.
La siguiente pregunta hace referencia a otra cuestión planteada en forma
de contestación escrita al Gobierno, no contestada en su tiempo, y que ha
pasado a ser pregunta oral en la Comisión. Se refiere también a los
diferentes servicios de salud. No entiendo cuál ha sido la razón que ha
tenido el Gobierno para derivar estas preguntas a la Comisión de Trabajo
y Seguridad Social. Pensaba que eran cuestiones a plantear en la Comisión
de Sanidad correspondiente. Este Senador las había planteado con el
interés de que fueran respondidas por las autoridades del Ministerio de
Sanidad, concretamente por el Ministro, y nos las encontramos aquí. Si
hay algún problema al respecto no podemos sino trasladarlas a la Comisión
pertinente porque, como decía anteriormente, creo que son competencia del
Ministerio de Sanidad.
El señor PRESIDENTE: Ha sido la Mesa de la Cámara la que ha derivado
estas preguntas aquí, aunque deben ser contestadas por parte del
Ministerio de Sanidad. Por tanto, esta Comisión las trasladará a la Mesa
del Senado para que proceda reglamentariamente a su contestación, ya que,
como bien indica usted, son preguntas relativas a la Comisión de Sanidad.
El señor DIEZ GONZALEZ: Muchas gracias, señor Presidente.
He dicho antes que consideraba que el Ministerio de Trabajo y Seguridad
Social era capaz de contestar estas y otras preguntas, y estoy convencido
de que es así.
El señor PRESIDENTE: Sabe que esta Comisión no sólo puede contestar este
tipo de preguntas, sino que, además, es capaz de seguir trabajando,
haciendo honor a su nombre, con ruidos, golpes y sin luz. No obstante,
creo que es oportuno que la Mesa derive estas preguntas a la Comisión de
Sanidad para que tenga usted la respuesta oportuna.
El señor DIEZ GONZALEZ: Hay otras dos preguntas del primer bloque, la
primera es cómo valora el Gobierno el funcionamiento y estructura del
Registro de Prestaciones Sociales Públicas. La segunda está en relación
con una contestación parlamentaria que recibió este Senador y que hace
referencia a las razones por las que dos tercios de los solicitantes de
la prestación por maternidad en agosto de 1996, cuando la nueva Ley entró
en vigor en enero de 1995, no percibían la prestación por maternidad
correspondiente.
En la contestación que en su momento recibió este Senador se venía a
demostrar que había muchas solicitantes de estas prestaciones por
maternidad que no recibían las prestaciones y, a nuestro juicio --y en la
misma contestación del Gobierno así se refleja--, no se veían motivos
para que las prestaciones no pudieran percibirse, cuando los solicitantes
de las mismas pertenecían a todos los regímenes de la Seguridad Social y,
como conoce su señoría perfectamente, tienen derecho a recibir estas
prestaciones. De los datos de la contestación del Gobierno en el mes de
octubre del pasado año se deducía que había un desfase, y la razón de la
pregunta es conocer cuál es el motivo del desfase que la contestación
daba a conocer en su momento.
Nada más y muchas gracias, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, Senador Díez González.
El señor Secretario de Estado tiene la palabra.
El señor SECRETARIO DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL (Aparicio Pérez):
Muchas gracias, señor Presidente.
Intentaremos hacer un esfuerzo de voz para facilitar la labor de los
servicios de taquigrafía y de los medios de comunicación.
La primera pregunta del Senador se refería al desarrollo de ese tipo de
contratos especiales, que preveía la Ley 13/1982 de Integración Social
del Minusválido. Reconocía el Senador que a pesar de haber transcurrido
tanto tiempo, ya que la Ley data de 1982 y nos encontramos en 1997, no se
habían producido los desarrollos previstos de carácter reglamentario.
Durante estos años, cada vez que se han producido modificaciones en las
distintas modalidades contractuales, la tendencia ha sido la de mantener
el criterio de discriminación positiva respecto a los colectivos de
minusválidos. Así en el Real Decreto 92/1984, que regulaba el contrato
para la formación con carácter general, se recogió que no fuera aplicable
el índice de edad a los minusválidos. En 1985 en el Decreto 1368, que
regulaba las relaciones laborales de carácter especial para los centros
especiales de empleo de minusválidos, se establecían nuevas
peculiaridades tanto en cuanto a la aplicación máxima del contrato y
tiempo dedicado a la enseñanza, como a las tutorías del proceso formativo
cuando se realizaban en el ámbito de los centros especiales.
En el año 1992 en la Ley 22 de Medidas Urgentes sobre el Fomento del
Empleo se eliminaron los incentivos existentes para los contratos para la
formación que fueran mantenidos con carácter transitorio para los
minusválidos, siempre con el condicionante --y lo decía la Ley-- de que
se produjese la definitiva regulación del contrato especial de formación.
Finalmente, en el año 1993, el Real-Decreto-ley 18, que posteriormente
fue la Ley 10, eliminó los contratos para la formación y los sustituyó
por aprendizaje, y esta Ley también trasladó a los contratos de
aprendizaje, cuando se contratase con minusválidos, peculiaridades, en
algunos casos modificadas, inherentes al anterior contrato. Así, se
establecían nuevas bonificaciones en las cuotas de Seguridad Social, no
aplicar el límite de edad para los contratos de aprendizaje y no incluir
trabajadores minusválidos en el cómputo que determinaba el número máximo
de aprendices, y se mantenían peculiaridades establecidas anteriormente
para los contratos de formación. Todas estas características fueron
incorporadas con posterioridad al texto refundido de la Ley del Estatuto
de los Trabajadores.
Por tanto, si me lo permite, por resumir, y sin que de ello haga ningún
análisis de culpabilidad o responsabilidad, desde el año 1982 ningún
Gobierno ha cumplido con el mandato legal de regular independientemente
el contrato especial de formación profesional de minusválidos.
No se oculta que el actual Gobierno está tratando de poner los medios
necesarios para una modificación del actual mercado laboral que
entendemos, y así lo espero, debería contemplar un marco de
discriminación positiva hacia los minusválidos; pero el momento actual, a
la hora de hoy y al día de hoy, nos obliga a ser especialmente
respetuosos y prudentes a todos, estoy seguro de que sus señorías también
lo serán, con el desenvolvimiento de las conversaciones entre los agentes
sociales. Me consta que éstos han manifestado también la necesidad de
mantener, al menos, discriminaciones de carácter positivo. Una vez
producido --esperemos que sea con acuerdo-- el resultado de esas
conversaciones, si viésemos que no se produce la debida atención hacia
esta materia, será el momento de estudiar y de modificar, en su caso, las
condiciones contractuales de las personas con minusvalías.
En relación a la segunda pregunta que me formula, que es la cesión de
patrimonio sindical, que ya fue objeto de atención y de interés de una de
sus preguntas parlamentarias en la anterior sesión de esta Comisión, le
supongo perfectamente conocedor de toda la normativa aplicable de uno de
los conceptos básicos de ese requisito de acuerdo de quienes son sus
propietarios naturales quienes han contribuido, a través de las
cotizaciones, a la conformación de este patrimonio. Y creo que lo que
puedo dar es una buena
noticia: la Comisión consultiva del patrimonio sindical celebrará sesión
plenaria el próximo jueves día 6 y figura dentro del orden del día el
estudio de las solicitudes presentadas por diversos interlocutores
sociales para la cesión en uso de los espacios actualmente disponibles,
los 400 metros cuadrados en el edificio sito en Logroño, Avenida Pío XII,
número 33. Creo, por tanto, que estamos ante una muy buena expectativa.
Se refería en su tercera pregunta al Registro de prestaciones. También le
supongo conocedor de que estamos hablando de una normativa que nace en la
Ley 42/1994, de 30 de diciembre, en la que se creaba este Registro de
prestaciones sociales y atribuida su gestión al Instituto Nacional de la
Seguridad Social.
El 1.º de marzo de 1996 se reguló su constitución y contenido y una Orden
del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, de 9 de enero de este año,
ha regulado su funcionamiento.
En cumplimiento de la Disposición Final Primera de dicha Orden, el
Instituto de la Seguridad Social está elaborando la resolución por la que
se determinará la estructura básica del Registro, el procedimiento para
el suministro y actualización de los datos de identificación y otras
medidas de funcionamiento del Registro.
No cabe duda de que la puesta en funcionamiento de este Registro está
siendo muy larga en el tiempo, pero creo que también es necesario hacer
hincapié en la enorme complejidad que representa la tramitación de toda
la normativa que se ha dictado para su regulación, básicamente, la
multiplicidad de organismos a los que afecta, entre ellos las propias
Comunidades Autónomas, y llamo su atención sobre la consideración de
públicas o privadas de algunas instituciones, y especialmente la
consideración de públicas o privadas de aquellas en las que intervienen
las Comunidades Autónomas con las que se está tratando de llegar a un
acuerdo, digamos, consensuado, o un acuerdo armónico y pacífico de
interpretación de su carácter público o privado.
El informe de las Comunidades Autónomas es preceptivo y todo ello desde
una preocupación de un respeto escrupuloso a los principios y requisitos
de la Ley 5/1992, sobre tratamiento automatizado de los datos de carácter
personal.
Creemos que es importante tener en cuenta que es complejo diseñar la
futura base de datos del Registro, es preciso contar con los medios
informáticos que posibiliten la conexión con las entidades y las empresas
que gestionan prestaciones públicas, a fin de conocer sus
características, lo referente al mantenimiento del derecho a las mismas y
a fin también de incluir los requerimientos y validaciones
imprescindibles para la gestión de cada entidad o empresa en la citada
base de datos del Registro. En todo caso, debe manifestarse que es clara
voluntad del Gobierno, en plena sintonía con las medidas que ya se han
puesto en marcha en cumplimiento del acuerdo del Consejo de Ministros de
5 de julio, de lucha contra el fraude y la morosidad, que la entrada en
funcionamiento con plena operatividad del citado Registro se produzca
cuanto antes, ya que representa la correcta aplicación de las normas en
materia de protección social pública y el estricto cumplimiento de la
legalidad vigente.
A este respecto, su señoría conocerá, sin duda, las acciones de
verificación en la corrección de las percepciones que está llevando a
cabo el actual equipo de Gobierno.
Finalmente me pregunta por las circunstancias que podrían explicar la
alta tasa de denegación de las prestaciones de maternidad, y aquí me
permitirá que le dé una explicación que creo que es francamente sencilla
y que, sin duda alguna, a todos nos puede llevar a esa reflexión o a esa
duda.
Las modificaciones legales que se operaron en la ampliación, digamos, en
la mejor condición de esta prestación, llevaron a muchas personas que
habían agotado o consumido ya sus propias prestaciones, a reiterarlas a
la búsqueda de una ampliación o a la búsqueda de un carácter retroactivo
que no era posible desde la interpretación correcta de la norma. Son
solamente los datos referidos a las fechas que usted señala aquellos en
los que se produce, por decirlo así, un auténtico disparo en el número de
solicitudes, muchas de ellas no eran solicitudes nuevas, sino que se
trataba de solicitudes de ampliación o de mejora de aquella condición que
habían tenido durante su disfrute anterior.
Actualmente ya se puede hablar de una clara tendencia a la estabilidad,
no sólo en el número de perceptores, que se situaría en torno a unas
30.000 personas/mes, y también de una clara estabilidad entre el número
de solicitudes realizadas y de concesiones de dichas solicitudes.
Estaríamos en torno a unas cifras cuasi constantes de unas 30.000
personas al mes las que disfrutan con plena normalidad, y creo que en
mejores condiciones que en el pasado, de la prestación de maternidad.
Confío en haber dado, al menos, una primera cantidad de información
suficiente al señor Senador, pero, en cualquier caso, me brindo,
lógicamente, a ofrecerle nuevas ampliaciones en la réplica
correspondiente.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Secretario de Estado.
El Senador Díez tiene la palabra.
El señor DIEZ GONZALEZ: Muchas gracias, señor Presidente.
Muchas gracias, señor Secretario de Estado, por la precisión de los datos
que nos ha facilitado.
En relación a la primera pregunta, creemos que es razonable la
contestación. Es verdad que los colectivos de minusválidos precisan un
trato especialmente discriminatorio, desde el punto de vista de la
discriminación positiva, y a pesar de que la normativa se ha venido
desarrollando desde 1982, que era la fecha a la que nos ceñíamos, es
necesario que esa normativa sea más concreta, más extensa. Esperemos que
los acuerdos, a los que damos un voto favorable para que se puedan
producir, en relación con el mercado de trabajo --esos acuerdos que todos
esperamos hoy se produzcan--, den lugar a que, habida cuenta de que en
estos acuerdos habrá algún punto en el que se haga referencia a la
formación profesional de las personas con minusvalías,
posteriormente el Gobierno pueda desarrollar, como hemos expresado, la
normativa correspondiente.
En relación al patrimonio sindical en La Rioja, tengo que señalar que me
doy por satisfecho con la contestación que me ha dado. Evidentemente es
una contestación muy positiva, coherente con la aprobación en los
Presupuestos Generales del Estado de esa partida, y es positivo, además,
que la Comisión consultiva de este próximo jueves vaya a aprobar
--espero-- la propuesta que se lleva, habida cuenta que tiene un
fundamento presupuestario muy reciente y muy inmediato y, desde luego,
coincide con las propuestas que las partes, tanto los empresarios como
los sindicatos de La Rioja, han expresado documentalmente en los dos
últimos años.
En relación con las preguntas dirigidas a la Comisión de Sanidad, creo
que el señor Ministro de Sanidad las podrá contestar quizá con un mayor
conocimiento de causa, es decir, si no con el conocimiento que pueda
tener a este respecto el Ministro de Trabajo y Seguridad Social, sí con
el que le proporciona la responsabilidad de gestionar esos ámbitos.
En lo que se refiere a las otras dos preguntas relacionadas con el
Registro de prestaciones sociales y públicas, me alegro de que el
Gobierno dé importancia a este Registro al igual que se la dio el
Gobierno anterior, y es que este Registro constituye una materia muy
complicada ya que en él no solamente se sustentan todas las prestaciones
sociales públicas de las Administraciones públicas tuteladas o no
directamente por el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, sino que
también se sustentan las tuteladas por otras Administraciones variadas,
distintas y distantes como pueden ser las Comunidades Autónomas, las
entidades locales, Diputaciones, Cabildos, Ayuntamientos, etcétera.
Además, hay también un gran número de entidades privadas que también
desarrollan unas prestaciones sociales públicas con el patrocinio del
Ministerio de Trabajo en muchos casos y en otros con el de las propias
Comunidades Autónomas.
En cuanto a la referencia que ha hecho su señoría a la Ley del
tratamiento automatizado de datos de carácter personal, creo que es algo
satisfactorio para este Senador y para el conjunto de la Comisión.
Precisamente en la Comisión de Interior que se va a celebrar a
continuación tendremos entre nosotros al Director de la Agencia de
Protección de Datos para que nos hable de estas cuestiones, cuestiones de
indudable interés en un momento en que los manguitos ya no existen en las
Administraciones públicas ni tampoco en el resto de la sociedad. Lo que
existe ahora es el ordenador, la informática, que ha venido a
revolucionar los conocimientos de los ciudadanos.
Las garantías que he podido deducir de sus palabras en relación con el
escrúpulo que está teniendo el Ministerio de Trabajo en el cumplimiento
de la ley respecto del tratamiento automatizado de los datos de carácter
personal, la verdad es que me han dejado satisfecho. Además, me imagino
que habrá una relación muy directa, un contacto permanente con la Agencia
de Protección de Datos, organismo que nos debe proporcionar una
tranquilidad desde el punto de vista de que esos datos no van a ser
utilizados al margen de la legalidad. Ese es un peligro que siempre
existe cuando detrás de la utilización de esos datos hay tantos intereses
fundamentalmente económicos.
Finalmente, en relación con la pregunta sobre la prestación por
maternidad, creo que la contestación es de una lógica razonable y, por
tanto, me doy por satisfecho con ella. Sí es verdad que este Senador se
alarmó cuando recibió la contestación del Gobierno, contestación que no
daba precisiones en función de esa lógica, y es que se me daban muchos
datos por Comunidades Autónomas pero con un desfase bastante anormal,
entendiendo esa anormalidad en cuanto que había una gran diferencia entre
los solicitantes y las prestaciones concedidas. Incluso después de la
aprobación de la Ley --por cierto, toda esta cuestión tuvo un gran
seguimiento por parte de la opinión pública, se produjo un gran debate
público en relación con esta normativa, fue muy conocida por los
ciudadanos--, las expectativas llegaron hasta ciudadanas y ciudadanos que
no tenían derecho a nada en relación con esto. Esto es lo que he podido
deducir de la contestación de su señoría.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias, Senador Díez González.
Tiene la palabra el Secretario de Estado.
El señor SECRETARIO DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL (Aparicio Pérez):
Con toda brevedad quisiera decirle a su señoría que, efectivamente,
confiamos en que haya también esa sensibilidad o esa atención a los
agentes sociales, de producirse una reforma del mercado laboral, en el
establecimiento de un cuadro de discriminación positiva respecto a
quienes necesitan ese tipo de compensación que en algunas ocasiones la
naturaleza o las circunstancias de su vida laboral les han producido.
Respecto al tema del patrimonio sindical, quisiera insistir en que, desde
luego, lo que buscábamos es que hubiese --y así ha sido-- ese grado de
consenso entre los agentes sociales que facilitase la puesta a
disposición de esa parte de patrimonio existente en Logroño para el buen
funcionamiento de los propios agentes.
En cuanto al Registro de prestaciones públicas, es evidente el deseo de
proteger la intimidad de los datos. Prueba de ese deseo evidente son las
facilidades que se han dado por parte del Ministerio de Trabajo y Asuntos
Sociales y el celo que el mismo ha puesto para permitir que algunas
situaciones se corrigiesen --situaciones de las que es posible que su
señoría haya tenido conocimiento a través de los medios de comunicación--
y que podrían estar vulnerando esta privacidad.
Por otra parte, el otro gran terreno --sin duda alguna el más difícil--
es el de delimitación de fronteras entre lo público y lo privado,
especialmente cuando son otras Administraciones las que han de
pronunciarse. Son algunas Comunidades Autónomas las que nos están
suscitando dudas razonables sobre el carácter público o privado de
algunas entidades, que sin duda facilitan prestaciones, pero que a partir
de la conformación de los fondos que utilizaron para generar esas
prestaciones han podido cuestionar
--creo que tienen base suficiente para ello-- si estamos ante
prestaciones de carácter público o de carácter privado.
Finalmente, en cuanto al tema de prestaciones por maternidad y la
explicación que se solicitaba sobre las medidas de gestión, creo que tan
tranquilizadoras como mis palabras son las nuevas estadísticas que han
devuelto a una situación de plena normalidd, en mi opinión, el
funcionamiento y la gestión de esta prestación, sin duda alguna necesaria
y deseable.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Secretario de Estado.
--DE DON IGNACIO DIEZ GONZALEZ (GPS), SOBRE LOS CRITERIOS SEGUIDOS EN LA
ENAJENACION DEL MOBILIARIO DE LA OFICINA DEL INSTITUTO NACIONAL DE EMPLEO
(INEM) DE LA CALLE VITORIA DE LOGROÑO (LA RIOJA). (681/000296.)
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el Senador Díez González para
terminar de formular sus preguntas.
El señor DIEZ GONZALEZ: Señor Presidente, formularé en primer lugar la
pregunta referente a los criterios que se han tenido en cuenta para
enajenar el mobiliario de la oficina del Instituto Nacional de Empleo de
la calle Vitoria de Logroño.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, Senador Díez González.
Tiene la palabra el señor Secretario de Estado para contestar a la
pregunta.
El señor SECRETARIO DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL (Aparicio Pérez):
Gracias, señor Presidente.
El mobiliario que resultaba no utilizable por el Inem, procedente de la
antigua oficina de empleo situada en la calle Vitoria, números 10 y 12 de
Logroño, no ha sido enajenado --hago esta primera afirmación--, sino que
fue cedido después de haber sido dado de baja en los correspondientes
inventarios conforme a las normas administrativas comunes. De hecho, si
el INEM lo necesitase, podría recuperarlo, pero me gustaría hacer alguna
puntualización que explique este comportamiento.
La oficina de empleo de Logroño ha estado ubicada en la calle Vitoria,
números 10 y 12, desde el año 1976 hasta el día 2 de julio de 1994, en
que fue trasladada a una nueva oficina en la calle Calvo Sotelo de esa
misma ciudad. La antigua oficina de la calle Vitoria estaba dotada con el
mobiliario original que fue instalado en el año 1976 y con el que se fue
añadiendo en años posteriores en función de las necesidades que se habían
ido presentando debido fundamentalmente a la ampliación del número de
personas destinadas a esta oficina.
Al ser inaugurada la nueva sede en la calle Calvo Sotelo, se dotó esta
unidad con mobiliario totalmente nuevo, y llamo su atención sobre un
proyecto que data del 2 de julio de 1994 que incluía también la dotación
del nuevo mobiliario. El mobiliario que estaba en mejor estado y que se
consideró utilizable se distribuyó para intentar mejorar otras oficinas
de carácter provincial, reparto que se realizó en el año 1994.
¿Qué quedó, en consecuencia, en la oficina de la calle Vitoria? Esta
oficina quedó cerrada y en ella se dejaron almacenados los muebles que no
había posibilidad razonable de utilizar o de distribuir entre otros
centros del propio INEM. La dotación estaba conformada por el mobiliario
original, que entendían los responsables obsoleto y de desecho --estoy
hablando de 1994--, por lo que parecía que el fin más lógico sería su
destrucción, y por una serie de muebles más modernos que habían sobrado
después de la distribución que se hizo del resto de unidades.
Al rescindirse el contrato de arrendamiento del local de la calle
Vitoria, el antiguo, rescisión que estaba prevista para el día 5 de
noviembre, se procedió a un desalojo del mobiliario que quedaba en el
local, en buena medida obsoleto y en otra medida no aplicable, dando
traslado de este material a los almacenes del Centro de Formación
Ocupacional. Y, eso sí, por decisión de la Dirección Provincial de
Trabajo y Asuntos Sociales de La Rioja, se intentaron atender una serie
de peticiones de colaboración por parte de instituciones --cuya relación
podemos ver--, instituciones que entendemos tienen interés social, sin
contraprestación alguna y con el compromiso de que fuese recuperable,
como son la Organización de Apoyo a los Emigrantes, la Asociación de
Ayuda al Deficiente Mental Adulto (Asprodema) y el colegio Alcaste. Esta
cesión, según la normativa vigente, no requería ni concurso ni
procedimiento administrativo extraordinario alguno.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Secretario de Estado.
El Senador Díez González tiene la palabra.
El señor DIEZ GONZALEZ: Muchas gracias, señor Presidente.
La información que acaba de facilitar el Secretario de Estado coincide en
sus términos con la respuesta escrita del Gobierno al Diputado por La
Rioja, don Angel Martínez San Juan, sin embargo, no coincide en absoluto
con la información que en su día dio la Directora Provincial del INEM y
tampoco coincide con los datos que tenemos al respecto.
La Directora Provincial del INEM, en rueda de prensa, el día 29 de
noviembre de 1996, señaló que el material donado no había sido aún
desinventariado; sin embargo, la información que nos dan ahora refleja
todo lo contrario. En la respuesta de su señoría a la pregunta en
relación con este asunto se señala que el mobiliario fue cedido después
de haber sido dado de baja, pero la Directora dice una cosa totalmente
distinta. Es decir, aquí existe una diferencia notable entre la opinión
del Secretario de Estado y lo que en su
día dijo la Directora Provincial. Desde luego, no se está diciendo lo
mismo y hay una diferencia de opinión notable.
La Directora del INEM también dice en esa rueda de prensa que ha regalado
los muebles, y no lo ha rectificado; la respuesta de su señoría ha sido
que fueron cedidos y que si el INEM los necesita los podrá recuperar en
su momento. Evidentemente no coincide la opinión de la Directora
Provincial con la del Secretario de Estado. Si los muebles estaban
inutilizables o deteriorados, ¿cómo pueden ser cedidos para su uso a
diversas instituciones? Se dice que están en tan mal estado como para
destruirlos y, sin embargo, se ceden y son bien recibidos por las
instituciones.
Por otra parte, la Directora en su rueda de prensa afirma que el
mobiliario se distribuyó al Colegio Alcaste, a Asprodema, a CITE, en lo
que coincide la contestación del Secretario de Estado, pero también dijo
que se cedieron a la Federación de Tiro y a un vecino. No sabemos quién
sería el vecino, pero el hecho es que también le dieron mobiliario a un
vecino. La contestación del Gobierno omite al vecino y a la Federación de
Tiro, que no sé qué tendrá que ver con una institución sin ánimo de
lucro. ¿Qué tendrá que ver con una institución sin ánimo de lucro el
Colegio Alcaste? Curiosamente es el único colegio de La Rioja privado no
concertado, ahora parece que inicia los trámites de la concertación con
el nuevo Gobierno, y que además es propiedad de una entidad
suficientemente conocida, como es el Opus Dei. Este es el Colegio Alcaste
que, qué casualidad, imparte las enseñanzas correspondientes a los hijos
de la Directora Provincial del INEM. Es una coincidencia que incluso
reconoce la propia Directora Provincial del INEM. Pero es que además este
colegio es el que se lleva la cabeza del león del mobiliario que había en
la antigua oficina de empleo del INEM en Logroño, porque Asprodema, de la
que tengo los datos porque me los han facilitado, se lleva unas mamparas,
once pupitres y once sillas, por cierto, las mamparas no están en la
relación de materiales que facilita el Gobierno en la contestación
escrita a la que hacía referencia anteriormente; y a CITE, la ONG que
atiende a los emigrantes le corresponden dos mesas, dos sillas, dos
tableros y una mesa revistero, que tampoco están en la relación que
facilita el Gobierno. Sin embargo, la cabeza del león, es decir, lo
importante de lo que había en aquella oficina, se lo lleva el Colegio
Alcaste. Aquí hay otra diferencia de criterio notable entre la
información que da su señoría y la que facilitó en su día la Directora
Provincial del INEM. Evidentemente alguien no dice la verdad, o toda la
verdad. De ahí que queramos conocer cuál es la realidad de cómo se
utiliza una propiedad pública, como es el mobiliario que no está
desinventariado, y cómo se toma una decisión de esta naturaleza,
utilizando un bien público, como es el mobiliario, por las buenas, sin
autorización de la superioridad o de la Administración que lo tiene que
autorizar, en este caso el propio Ministerio de Trabajo y, desde luego, a
nuestro juicio, faltando al más elemental cumplimiento de la obligación
que tienen los funcionarios públicos, cual es guardar las propiedades
públicas y en este caso su mobiliario, que aunque deteriorado o antiguo
es abundante e importante, porque a una entidad con ánimo de lucro, como
es un colegio privado, le interesa ese mobiliario y lo recibe encantado;
sin embargo, organizaciones sin ánimo de lucro, como pueden ser las ONGs,
lo reciben en las condiciones que lo reciben y en una cantidad ínfima.
Por otra parte, ¿qué criterios se utilizan para que un vecino o la
Federación de Tiro se lleven mobiliario? ¡Pues menos mal que no pasaron
los miembros de esta Comisión por ahí, porque también nos podríamos haber
llevado mobiliario!
Creemos que no se ha dado la suficiente seriedad a esta cuestión y que ha
habido una actuación no adecuada de la Directora Provincial. No quiero
remitirme a las previsiones de la legislación vigente en relación a la
protección de los bienes inmuebles y la responsabilidad que tienen los
responsables públicos de que éstos no se utilicen de esta forma, es
decir, de forma graciable, sin criterio y sin control alguno. Esperamos
que lo que ha ocurrido en relación a la utilización de este mobiliario en
Logroño no se vuelva a repetir y, sobre todo, que se tomen las medidas
correspondientes y exigibles en un caso como éste. No olvidemos, y no me
quiero poner excesivamente serio, que el nuevo Código Penal establece
cautelas lo suficientemente serias como para que nos tomemos en serio la
utilización de un bien público, que aunque, como se dice, sea obsoleto,
sin embargo no lo es tanto como para que entidades privadas con ánimo de
lucro no tengan interés en utilizarlo. Creo que en este caso ha faltado
la mínima discreción y sobre todo la mínima responsabilidad por parte de
un responsable público a la hora de aplicar unos criterios que en la
Administración funcionan con mucho rigor.
Estoy convencido de que la decisión ha sido unilateral de la Directora
Provincial, su señoría lo reconocía en la contestación, sin respaldo o
consulta por parte de los responsables del INEM o del Ministerio de
Trabajo a nivel nacional, de otra forma, la responsabilidad se extendería
a ellos.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría, ya había rebasado el tiempo
correspondiente en la réplica.
Tiene la palabra el Secretario de Estado.
El señor SECRETARIO DE ESTADO DE SEGURIDAD SOCIAL (Aparicio Pérez):
Muchas gracias, señor Presidente.
Trataré de responder con la máxima brevedad. Permítame una reflexión
personal, y es que no me imagino a las señorías que conforman esta
Comisión en la situación que usted ha descrito: de que si hubiese una
serie de bienes disponibles iban a hacer uso de ellos, como si fuesen
bienes mostrencos, que creo que es el término que utiliza el Código Civil
al respecto. No me imagino a sus señorías disponiendo de bienes que saben
que no son suyos.
Segundo, usted ha adoptado la cabeza del león. Yo no sé si alguna cabeza
de león disecada forma parte de los bienes. Pienso que no estamos
hablando de un patrimonio abundante e importante, y le voy a decir por
qué: porque no me imagino que en el año 1994, cuando se adopta la
decisión de sustituir el mobiliario, de sustituir todos los bienes
a los que usted ha hecho mención, se tratase de bienes que tuviesen
condiciones de uso o de aplicación. Y no me lo imagino porque de haber
sido así no debería haberse tomado la decisión, insisto, en el año 1994
de darles de baja en su inventario correspondiente y cerrarlos en un
local que, por otro lado, se sabía, porque también estaba tomada la
decisión, que había de ser desalojado.
Supongo que estamos hablando de unos bienes que tendrán la trascendencia
que su señoría quiera darles, que tendrán la importancia social que su
señoría quiera darles en el pleno ejercicio de su libertad política, pero
espero que no nos lleve a reflexionar sobre la improcedencia de las
decisiones adoptadas en el año 1994 respecto al valor y a la aplicación
de los mismos. Por cierto, si hubiesen tenido también ese sentido social
y esa necesidad de organizaciones no gubernamentales, supongo que hubiese
estado en la inteligencia de los gestores de entonces, en el amplio plazo
que transcurre desde el año 1994 hasta el año 1996, de haber dispuesto de
ellos conforme a los criterios objetivos que se considerasen más
pertinentes. Pero parece que el único criterio objetivo fue dejarlos
cerrados en un local, local que se sabía que debía ser desalojado.
Me alegra mucho, por otra parte, que no haya cuestionado el carácter
normal, desde el punto de vista administrativo, de la disposición de
estos bienes, con sus aciertos o con sus errores, pero creo que es muy
digno de mencionar que la Directora Provincial y los responsables
provinciales en ningún momento se han alejado de los procedimientos
administrativos establecidos con anterioridad. Pienso que de las
observaciones que usted ha formulado y la contestación que en su momento
dio el Ministerio se desprende claramente que han sido actuaciones
perfectamente conformes a la normativa aplicable.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Secretario de Estado.
--DE DON IGNACIO DIEZ GONZALEZ, SOBRE LOS CRITERIOS QUE HAN LLEVADO AL
GOBIERNO A VARIAR, EN EL CASO DE LA PROVISION DEL PUESTO DE DIRECTOR
PROVINCIAL DEL INSTITUTO NACIONAL DE SERVICIOS SOCIALES (INSERSO) EN LA
RIOJA, EL REQUISITO DE ADSCRIPCION DE LOS FUNCIONARIOS SOLICITANTES.
(681/000297.)
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el Senador Díez González para
formular su última pregunta.
El señor DIEZ GONZALEZ: Muchas gracias, señor Presidente.
De la normativa aplicable vamos a hablar ahora. Pienso que la normativa
aplicable no se ha utilizado en el caso anterior, pero no voy a entrar en
ello. Tendremos ocasión de seguir hablando del caso.
La siguiente pregunta hace referencia a un nombramiento producido en la
Comunidad Autónoma de La Rioja, concretamente de la Directora Provincial
del Inserso, Inserso en este momento, en La Rioja. El nombramiento tiene
una génesis curiosa --y si me lo permiten sus señorías la voy a contar--
en el proceso de nombramientos que se producen después de la constitución
del nuevo Gobierno, proceso de nombramientos que se ha producido también
para el Inserso en La Rioja, y en su día calificamos como una chapuza lo
que se hizo en este caso, porque es un caso único en España, para nombrar
y proveer la Dirección Provincial del Inserso en La Rioja.
El procedimiento normal para la provisión de plaza que se tiene que sacar
a concurso es que previamente exista una vacante, cosa que no se produjo
en este caso. No hubo cese de quien ocupaba la plaza y, por lo tanto, no
había vacante. Sin embargo, se saca el puesto a concurso. El día 2 de
septiembre del pasado año se publica la resolución pertinente en el
«Boletín Oficial del Estado». El «Boletín Oficial del Estado» del 10 de
septiembre hace una corrección de errores. Parece que en esa época era
muy normal la utilización de los boletines para corregir errores, ya que
se cometían bastantes en ese momento en los nombramientos, y dedicaba
unas páginas a rectificaciones o modificaciones de un boletín inicial.
Algunos de los errores que se cometieron en ese momento son curiosos, y
se los cuento a sus señorías, porque en el Boletín del 15 de julio para
poveer la Dirección Provincial del Instituto Nacional de Empleo de
Valladolid se ubica la Dirección Provincial de Empleo de Valladolid en
Zamora.
El día 2 de septiembre, en resolución del Ministerio, se exigía que para
optar a esta plaza los funcionarios solicitantes perteneciesen a la
Administración del Estado. En la resolución de corrección de errores del
10 de septiembre los solicitantes pueden ser --se cambia el criterio-- de
la Administración del Estado, Comunidades Autónomas y administraciones
locales. No hay precedentes para este cambio de criterio; es decir, de
exigir que sea un funcionario de la Administración del Estado se pasa,
sin otro precedente, a la cantidad ingente de nombramientos que se
produjeron en esas fechas en los distintos organismos dependientes del
Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, como es INEM, Direcciones
Provinciales del INSS, Tesorería de la Seguridad Social, Instituto Social
de la Marina, Asuntos Sociales, Direcciones Provinciales de Trabajo. O
sea, en todos esos ámbitos en ningún caso se ha exigido lo que se exigía
en este nombramiento. Por eso digo que no hay precedentes en estas
exigencias. Hay una excepción de un criterio general.
¿Por qué el señor Ministro ha variado el criterio general en este caso?
Es una cuestión que nos llama poderosamente la atención y además se hace
por el procedimiento de la corrección de errores. Parece evidente que es
un error ubicar la Dirección Provincial del INEM de Valladolid en Zamora;
es un error muy claro. Sin embargo, un cambio de criterio de esta
naturaleza no puede ir al «Boletín Oficial del Estado» como un error, ya
es un cambio de criterio importante.
Además, la funcionaria nombrada, con todos los respetos que me merece, es
funcionaria de la Comunidad Autónoma
de La Rioja procedente del transferido Ministerio de Cultura, en el que
anteriormente se integró la Sección Femenina del Movimiento. Esta era la
procedencia por la que llegó al Ministerio de Cultura. Nos parece que
carece de experiencia para ejercer un puesto de responsabilidad de
gestión administrativa, presupuestaria y de personal tan importante,
puesto que tiene 250 trabajadores a su cargo, funcionarios y laborales,
14 centros de trabajo y un presupuesto aproximado de 1.200 millones de
pesetas. Sí es verdad que tiene un mérito, y así lo hemos dicho en La
Rioja y lo voy a decir aquí también, el de ser miembro del Comité
Ejecutivo Regional del Partido Popular. Creemos, y en este caso se ha
producido, que quien ha nombrado a esta persona Directora del Inserso no
ha sido el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, como se ha visto en
el trámite que se ha seguido en su nombramiento, sino el Presidente del
Partido Popular en La Rioja.
Nada más y muchas gracias, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias, Senador Díez González.
Tiene la palabra el señor Secretario de Estado.
El señor SECRETARIO DE ESTADO DE SEGURIDAD SOCIAL (Aparicio Pérez):
Muchas gracias, señor Presidente.
Creo que la pregunta plantea tres ámbitos que cabría abordar. El primero
sería ver si han existido errores en los nombramientos. Puede haber
habido algún error en los procedimientos o en la forma de proceder a los
nombramientos, pero personalmente creo que no ha habido error alguno en
los nombramientos, si a lo que se refiere es a las personas que
finalmente han sido designadas para dichas responsabilidades.
Citada como uno de sus argumentos que no existía vacante en el momento de
la convocatoria. Estoy seguro de que sabe bien que la normativa no exige
este requisito como absolutamente necesario, porque que no exista vacante
en el momento del nombramiento no impide la convocatoria si se tiene la
certeza, como se tenía, de su existencia en el momento del nuevo
nombramiento. Dicha certeza viene dada en este caso por el propósito ya
adoptado de relevar al titular del puesto, lo que dado el sistema de
provisión del mismo sólo exige motivar el acto de cese con la competencia
para adoptarlo. Lo verá reflejado en el artículo 57.2 del Real Decreto
364/1995.
Me habla de la corrección de errores que apareció en el «Boletín Oficial
del Estado» el día 10 de septiembre, modificando la adscripción del
puesto, esa clave que usted daba, la clave A3, Administración del Estado,
de las Comunidades Autónomas y locales, en lugar de AE, Administración
del Estado solamente. Yo creo que sería un error de escasa
intencionalidad política porque el resto de puestos análogos venían con
la calificación de AE que posteriormente quedó reflejada. Igual que
tampoco interpreto intencionalidad política en confundir los términos de
Valladolid y de Zamora. Y me pedía un precedente para este tipo de
situación, de por qué la clave aplicable es la que finalmente resultó
publicada. El precedente lo tiene usted en la resolución del 19 de
septiembre de 1990, en la que la comisión ejecutiva de la comisión
interministerial de retribuciones amplió la adscripción del puesto
Director Provincial del Inserso al resto de las administraciones
territoriales del Estado.
Este es el precedente. Es una decisión tomada por el anterior Gobierno el
año 1990 que no sólo permitía esto sino que ampliaba al resto de las
Administraciones la posibilidad del desempeño de los puestos de
directores provinciales del hoy Inserso. Creo que sólo se produjo esa
errata en este caso, el resto de los puestos análogos salieron con la
calificación AE.
Permítame también que le diga que no voy a entrar en los juicios de valor
que usted quiera emitir, ni en los de que la militancia o el puesto de
responsabilidad en un partido tenga carácter de invalidante o
incapacitante para el desempeño de un puesto político, criterio que, de
manera general, seguro que tampoco asume su señoría, ni en el de la
militancia, o pertenencia en este caso, como funcionario a organizaciones
anteriores al año 1975, porque estoy seguro de que su señoría también
podrá encontrar entre los compañeros de su partido personas que ocupando
altas responsabilidades parlamentarias --al menos yo conozco varias--
también tuvieron puestos de trabajo semejantes al que ha citado de la
Directora Provincial del Inserso. Tengo la certeza de que ninguna de las
dos circunstancias es invalidante o incapacitante; merecerán la opinión
que usted libremente quiera expresar al respecto, pero permítame que no
lo asuma o no lo comparta desde esta Secretaria de Estado a la hora de
producir un nombramiento.
Por último, debo decirle que fueron valoradas y puntuadas toda las
peticiones y solicitudes realizadas.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Secretario de Estado.
Tiene la palabra el señor Díez González.
El señor DIEZ GONZALEZ: Muchas gracias, señor Presidente.
A pesar de lo chusco del procedimiento --lo he calificado anteriormente
de chapuza-- como se ha podido deducir de las palabras del señor
Secretario de Estado su señoría me ha reconocido que es el único caso en
el que se han cambiado los criterios por parte del Ministerio de Trabajo
y Asuntos Sociales. Y en los nombramientos producidos para renovar
responsabilidades, después del cambio de Gobierno, en los ámbitos
provinciales o Comunidades Autónomas, el Ministerio de Trabajo y
Seguridad Social es el que más ha nombrado, porque tiene mas ámbitos
administrativos de responsabilidad en los entes territoriales, y he
citado las direcciones provinciales del INEM, las de Trabajo, las del
INSS, las de las Tesorerías Territoriales de la Seguridad Social, las del
Instituto Social de la Marina... Es decir, muchísimos nombramientos. Los
criterios utilizados por el Ministerio en todos los casos han sido
siempre los mismos. El único caso en el que se han cambiado estos
criterios es en el que nos ocupa en relación al nombramiento de la
Directora del Inserso en La Rioja.
Nosotros planteamos en su momento la casualidad del procedimiento. Este
no ha sido acertado. Parece que ha habido un cambio de opinión; parece
que ha habido un telefonazo de última hora: en el que se dijera: me
tenéis que nombrar a ésta, porque ésta es de los nuestros y va a ser
beligerante en los temas que nos interesan. Y claro, el Ministerio de
Trabajo, que debo reconocer que en el resto de los nombramientos ha
tenido un procedimiento cuasi intachable al cien por cien, acogiéndose a
los procedimientos reglamentarios y legales correspondientes, en este
caso, sin embargo, ha producido un nombramiento de una forma bastante
chapucera. No digo que sea ilegal, señor Presidente. No es ilegal, es
legal, pero torticera, no adecuada. Ha quedado en evidencia el Ministerio
en este nombramiento. Por eso, este Senador se hacía una serie de
preguntas que mencionaba anteriormente: el interés del partido en esta
circunscripción parece que ha hecho que el Ministerio de Trabajo tenga un
patinazo muy evidente, como se ha demostrado.
Es verdad que el Ministerio se ha acogido a la ley, se ha acogido a la
legalidad vigente, y es posible que miembros de otras Administraciones
puedan acceder al puesto, como hizo con la corrección de errores; pero
que no se nos diga que era un error. Por eso yo hacía la comparación con
el asunto de Valladolid y Zamora. Eso sí que fue un error: todo el mundo
sabe que la Dirección Provincial del INEM de Valladolid no puede estar en
Zamora. Eso es un error. Sin embargo, el cambio de criterio por primera
vez, sin que sirva de precedente, se da en este caso. Luego no es un
error. Es un cambio muy importante que se produce por la necesidad de
nombrar a una persona determinada. Y esa necesidad, a nuestro juicio y
por nuestro conocimiento, no surge de la previsión que tiene el
Ministerio al respecto, sino de una presión de la propia dirección
política del Partido Popular en La Rioja.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, Senador Díez González.
Tiene la palabra el Secretario de Estado.
El señor SECRETARIO DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL (Aparicio Pérez):
Muchas gracias, señor Presidente.
Créame, señor Senador, se lo digo con toda cordialidad, si hablamos de
errores en el BOE, se puede hablar de mayor y menor cuantía. Para mí,
evidentemente, éste es de menor cuantía. Por cierto, le agradezco que nos
haya dado tan alta tasa de éxito: que de los múltiples, numerosísimos
nombramientos que se han producido desde el Ministerio --efectivamente,
existe un promedio de tres o cuatro nombramientos por provincia-- sólo en
uno haya habido posible polémica, además, tan reducida o limitada como
que la calificación fuese A3 o AE, si se observa, es algo fácil de
explicar desde el punto de vista mecanográfico. Pero, como digo, errores
en el «Boletín Oficial del Estado» los puede haber mayores o menores, y
pueden llegar incluso hasta el nombramiento de la Directora General del
mismo.
Tampoco quiero hacer ningún juicio de valor de lo que no sé si son
ejercicios de reflexión o de memoria. Lo de las imaginarias
conversaciones telefónicas: le puedo garantizar que este tipo de
situaciones no se han dado en el caso que usted cita, y menos aún en
éste, pues como Secretario de Estado firmé la resolución sin tener que
utilizar para nada el teléfono, simplemente valorando la documentación y
las solicitudes obrantes con la máxima objetividad.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE. Muchas gracias, señor Secretario de Estado.
--DE DON JOAQUIM VIDAL I PERPIÑA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO CATALAN EN EL
SENADO DE CONVERGéNCIA I UNIO, SOBRE EL PORCENTAJE DE DESPIDOS OBJETIVOS
LLEVADOS A CABO POR LAS EMPRESAS Y QUE HAN SIDO DECLARADOS IMPROCEDENTES
DURANTE LOS DOS ULTIMOS AÑOS POR LOS JUZGADOS DE LO SOCIAL Y POR LOS
TRIBUNALES SUPERIORES DE JUSTICIA. (681/000165.)
--DE DON JOAQUIM VIDAL I PERPIÑA SOBRE EL COSTE QUE HA REPRESENTADO PARA
EL INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL (INSS) DURANTE 1995 LA LISTA
DE ESPERA QUIRURGICA DE LOS TRABAJADORES EN SITUACION DE BAJA LABORAL POR
ENFERMEDAD COMUN. (681/000233.)
--DE DON JOAQUIM VIDAL I PERPIÑA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO CATALAN EN EL
SENADO DE CONVERGéNCIA I UNIO, SOBRE LAS CONCLUSIONES A LAS QUE HA
LLEGADO EL GOBIERNO TRAS LA REALIZACION DE LA PRUEBA PILOTO DE
IMPLANTACION DE LA NUEVA TARJETA INDIVIDUAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL EN LA
COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA, CON INDICACION DE LAS PREVISIONES
EXISTENTES EN ORDEN A HACERLA EXTENSIVA AL RESTO DEL TERRITORIO NACIONAL.
(681/000283.)
El señor PRESIDENTE: Pregunta del Senador Vidal i Perpiñá, del Grupo
Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió, sobre el
porcentaje de despidos objetivos llevados a cabo por las empresas y que
han sido declarados improcedentes durante los dos últimos años por los
Juzgados de lo Social y por los Tribunales Superiores de Justicia.
Asimismo, agrupará las otras dos preguntas en esta intervención.
Tiene la palabra el Senador Vidal i Perpiñá.
El señor VIDAL Y PERPIÑA: Muchas gracias, señor Presidente.
Señor Secretario de Estado, precisamente en estos días, en plena
negociación por parte de los interlocutores sociales para llegar a un
acuerdo en la reforma del mercado laboral, uno de los puntos donde
encuentran mayores dificultades
es en clarificar las causas por despidos objetivos. Si estas causas
fuesen clarificadas, creo que los magistrados podrían hacer una mejor
interpretación de la ley. Por ello me remito a la primera pregunta que ha
hecho el señor Presidente, que no voy a repetir.
Mi siguiente pregunta, la número cinco, se refiere al coste que ha
representado para el INSS durante 1995 la lista de espera quirúrgica de
los trabajadores en situación de baja laboral por enfermedad común, que
en muchos casos se aproxima a los dos meses pero que actualmente son
algunos más, aparte de las molestias y problemas que esto representa para
la persona afectada y las empresas.
Por último, mi pregunta número seis versa sobre las conclusiones a las
que ha llegado el Gobierno tras la realización de la prueba piloto de
implantación de la nueva tarjeta individual de la Seguridad Social en la
Comunidad Autónoma de Andalucía, con indicación de las previsiones
existentes en orden a hacerla extensiva al resto del territorio nacional.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, Senador Vidal i Perpiñá.
Tiene la palabra el Secretario de Estado.
El señor SECRETARIO DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL (Aparicio Pérez):
Muchas gracias, señor Presidente.
En relación a la primera pregunta, sobre cuál sería el porcentaje de
despidos objetivos que se han llevado a cabo por las empresas y que han
sido declarados improcedentes en los Juzgados de lo Social, tengo que
significarle que, desgraciadamente, las estadísticas laborales que
existen facilitan información sobre las sentencias en materia de despido
de carácter global, es decir, contemplan globalmente las demandas que en
este ámbito llegan a los citados Juzgados sin que sea posible, lo digo
con tristeza, diferenciar cuáles de esos despidos responden a causas
objetivas y cuáles a los que se denominan despidos disciplinarios.
Por tanto, los datos que puedo ofrecerle y que se encuentran recogidos en
el Boletín de Estadísticas Laborales del Ministerio hacen referencia a la
totalidad de los despidos, con independencia de la causa. En el año 1994,
de los 52.336 recursos por despido presentados ante los juzgados, el 37,1
por ciento fueron resueltos con sentencia favorable al trabajador. A ello
habría que añadir un 3,2 por ciento con sentencia favorable sólo en parte
al trabajador y un 20,4 por ciento que han sido objeto de conciliación
entre las partes. En el año 1995 y en el período enero a junio de 1996 se
han venido manteniendo, prácticamente, los mismos niveles que en el año
1994, con un ligerísimo descenso, muy poco significativo, en el
porcentaje de resoluciones favorables al trabajador.
Sobre el comportamiento de los despidos objetivos, después de la reforma
realizada en el año 1994 en el Estatuto de los Trabajadores, existe un
estudio realizado por los juzgados de lo social de Madrid, en los que se
ha tratado de recoger de una forma sistemática los criterios mantenidos
por parte de los mismos a la hora de aplicar e interpretar los preceptos
reguladores de la extinción del contrato por causas objetivas después de
esta reforma. El estudio ha analizado un total de 493 sentencias dictadas
en el período comprendido entre el mes de septiembre de 1994 y finales de
octubre del año 1995. De las 493 sentencias, el 58 por ciento declararon
el despido improcedente y el 27 por ciento lo declararon nulo por
diferentes causas. Aunque evidentemente se trata de un estudio muy
parcial, de una muestra muy limitada, y porque corresponde al primer año
de una reforma que introducía novedades importantes, que como tal
requiere un período de adecuación en su realización práctica, existe una
impresión generalizada de que la concreción efectiva del espíritu que
motivó las modificaciones efectuadas en esta materia está resultando de
muy difícil realización. Creemos que el principal motivo de ello puede
ser una insuficiente concreción normativa sobre los elementos a valorar
para establecer la existencia de las causas esgrimidas por las empresas
en estos casos, lo que dificulta la valoración de los jueces y la
aplicación de unos criterios comunes por parte de los diferentes
juzgados, como señalaba acertadamente su señoría en la primera
intervención.
En este sentido, también creo que es digno de resaltar, por su
importancia clarificadora para el futuro, una sentencia reciente del
Tribunal Supremo, dictada el 24 de abril de 1996, en casación para la
unificación de doctrina, contra una sentencia de la Sala de lo Social del
Tribunal Superior de Navarra, en la que se señala textualmente que no es
preciso que el despido objetivo adoptado sea por sí solo medida
suficiente e ineludible para la superación de la crisis, pues basta a tal
fin que esa rescisión contractual contribuya a la mejoría de la empresa,
es decir, que ayude o favorezca la consecución de esa mejoría. Esta
sentencia introduce, por tanto, un criterio en cuanto a la existencia de
una base jurisprudencial unificadora que resulta de gran relevancia para
las decisiones judiciales que se dicten con posterioridad a la misma, por
lo que habrá que analizar su efectiva repercusión actual y futura.
No obstante, el Ministerio de Trabajo se propone contribuir también al
logro de una aplicación más efectiva de la reforma operada en 1994
introduciendo nuevos criterios clarificadores en las causas del despido
objetivo con la finalidad de facilitar su labor a los tribunales, pero,
por el momento --y lo digo también especialmente en el día y la hora de
hoy--, hemos querido respetar el diálogo que bilateralmente están
manteniendo las organizaciones empresariales y sindicales en materia
laboral y en el que, entre otros temas, están tratando de llegar a un
acuerdo en materia de despidos objetivos, lo que sin duda facilitaría de
forma esencial las posibles modificaciones que se puedan introducir.
Me preguntaba también su señoría sobre el coste que ha supuesto para el
Instituto Nacional de la Seguridad Social, para el INSS, durante el año
1995 esa lista de espera quirúrgica de los trabajadores en situación de
incapacidad temporal, de enfermedad común. Le anticipo que bien que nos
gustaría poder disponer también de esta información. A este respecto, le
significo que ya el 60 por ciento de la población española --y entiendo
que también la población laboral española-- tiene Sanidad transferida a
las Comunidades
Autónomas, con lo cual el proceso de circulación y fluidez de datos no
tiene tal vez todos los elementos de eficacia que nos gustaría, y lo digo
porque este tipo de datos que usted solicita y que entiendo que tienen un
alto interés no sólo político, sino que también lo serían a efectos de
gestión, no pueden ser todavía estructurados de una manera útil para su
señoría y para quienes tenemos que tomar decisiones en esta materia. Le
puedo decir que, evidentemente, el coste es alto. Piense que en España el
coste medio de los procesos por incapacidad temporal se sitúa en torno a
las 3.900 pesetas por trabajador y día, con lo cual verá que,
rápidamente, cualquier prolongación indebida de cualquier proceso --bien
sea de lista de espera diagnóstica, o bien sea de lista de espera
quirúrgica-- va a tener una importante trascendencia, máxime si estamos
también hablando de procesos que entendemos que son de una alta e
innecesaria duración en muchos de los casos.
¿Qué es lo que el Gobierno ha realizado hasta la fecha en esta materia
--y permítame que también le diga que compartiendo su preocupación--? En
el marco jurídico, hemos llevado a cabo distintas propuestas encaminadas
a fijar los supuestos en los que puede originarse esta prestación, la
incapacidad temporal, a clarificar los conceptos de recaída y de
acumulación de procesos, para evitar permanencias indefinidas en el
devengo de esta prestación y para desarrollar las funciones y
competencias de los médicos evaluadores incorporados ya a las dotaciones
del Instituto Nacional de la Seguridad Social para los programas de
control.
En el marco sanitario y desde el respeto, evidentemente, a la
configuración autonómica y competencial, las actuaciones del Instituto se
han dirigido a colaborar en programas de información y formación de los
médicos con el fin de obtener mayores niveles de corresponsabilidad, a
conocer datos sobre el diagnóstico médico, si éste es definitivo o
provisional, la duración probable del proceso, y todo ello mediante
claves codificadas --porque esto nos preocupa también mucho, que
garanticen la confidencialidad de dichos datos-- y a proponer la
homogeneidad de criterios y pautas para la calificación de la situación
de incapacidad temporal, poniendo a su disposición --y así se ha hecho
con los facultativos-- un protocolo de estándares que interrelacionen la
edad, las patologías, la profesión o el sector laboral y la posible
incapacidad para el trabajo.
En el marco institucional, se han concentrado las actuaciones en la
adopción de acuerdos de cooperación entre el Instituto de la Seguridad
Social y las organizaciones públicas sanitarias. Se han firmado acuerdos
con el Ministerio de Sanidad y Consumo, el Insalud, y con los servicios
de salud de las Comunidades Autónomas de Cataluña, Andalucía, Navarra,
País Vasco y Canarias.
Y, finalmente, el Instituto Nacional de la Seguridad Social participa en
la coordinación y cooperación con la Inspección de Trabajo y Seguridad
Social, con las mutuas de accidentes de trabajo y enfermedades
profesionales y con las restantes entidades y servicios comunes de la
Seguridad Social para, mediante la modificación de los sistemas de
información, disponer de datos cualificados, como su señoría requiere,
sobre todos los aspectos que configuran la incapacidad temporal, con el
fin de mejorar el control y la calidad de dicha prestación.
Insisto --permítame su señoría-- en que estamos ante una labor difícil,
en la que hay que conciliar esos datos que antes decía, que pueden
afectar el campo de la confidencialidad y de la intimidad de las
personas, respetar el marco de configuración, en el cual un alta y una
baja médica y la decisión de prescripción quirúrgica corresponden a los
servicios públicos de salud de las distintas Comunidades Autónomas, y la
propia responsabilidad del INSS, que es la que figura como pagadora de
esta prestación. La vía por la que se ha optado es fundamentalmente la
del diálogo, la vía del convenio y la vía de la obtención de acuerdos,
respecto de la que hasta ahora debo valorar muy positivamente los
alcanzados. Pero, ciertamente, disponer de esa información estadística
pasa no solamente por la voluntad, en este caso creo que buena voluntad,
del Instituto Nacional de la Seguridad Social, sino también por el buen
ánimo y la buena disposición efectiva de los distintos servicios públicos
de salud.
La última pregunta que queda por contestar es la relativa a la valoración
que puede tener el Gobierno de las experiencias --y quiero subrayar ese
carácter-- de la aplicación de la llamada tarjeta inteligente, que, en
algunos casos, se la quiere apellidar como tarjeta inteligente sanitaria,
y que, en cualquier caso, dada la financiación mayoritaria que a tal
efecto ha realizado la Tesorería, estaríamos hablando de una nueva
tarjeta de mayor aplicación y calidad informática por parte de la
Seguridad Social.
Creo que la valoración, reconociendo las limitaciones de la escala, ha
sido satisfactoria, especialmente en las pruebas de carácter tecnológico
--y ahora distinguiré las tecnológicas de las operativas de gestión-- de
la provincia de Córdoba, donde ya se ha desarrollado el plan piloto del
proyecto para la implantación de esta tarjeta individual de la Seguridad
Social.
Concluida esa prueba --que nos ha permitido ajustar y validar algunos
aspectos de la misma-- y realizada su distribución, se ha proseguido con
el proyecto, conocido por sus siglas, TAS, en la Comunidad Autónoma de
Andalucía. Así, en Jaén, Almería y Málaga se han instalado por parte del
Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales todas las infraestructuras
previstas en las oficinas del propio Ministerio --Tesorería, INSS, ISM e
INEM-- y las del Servicio Andaluz de Salud y se han fabricado todas las
tarjetas correspondientes a ciudadanos afiliados --no digo beneficiarios,
sino afiliados-- a la Seguridad Social en dichas provincias. En las
cuatro provincias andaluzas restantes --Cádiz, Huelva, Granada y
Sevilla-- se lanzará el proyecto en sus facetas de seguridad social,
empleo y sanidad tan pronto como se produzca la adquisición por el
Servicio Andaluz de Salud del equipamiento y la contratación del personal
de apoyo a que dicho organismo se ha comprometido. Evidentemente, nos
gustaría también situar esta experiencia en un marco de cooperación
positiva que quiere establecer el Ministerio con la Comunidad Autónoma de
Andalucía, con la Junta de Andalucía, y en la que, evidentemente, operan
unos compromisos de carácter recíproco, sobre los que, por respeto,
valoraré solamente los
efectuados por el propio Ministerio, que tienen un altísimo grado de
cumplimiento.
Ya fuera de Andalucía, porque lógicamente se quiere que esta experiencia
pueda ser --como supongo que le interesa a su señoría-- trasladable a
otras provincias, se han seleccionado Toledo, Cáceres y Salamanca, donde
próximamente se comenzará a fabricar las tarjetas y se instalarán en las
oficinas de trabajo y asuntos sociales las infraestructuras para la
utilización de las mismas, volcadas, ahora ya, en los otros aspectos que
entendemos también muy deseables para esta tarjeta. Esta tarjeta puede
tener una aplicación inicial intrínseca de Seguridad Social,
complementaria con la sanidad, pero también queremos que exista otra gran
área de desarrollo del resto de áreas del Departamento, especialmente en
materias de empleo y desempleo.
Dicha esta primera impresión positiva, la valoración final será la que
permita la planificación ya definitiva de su expansión, pero hasta ahora
debo decir que se pueden considerar razonablemente satisfactorios los
trabajos realizados.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Secretario de Estado.
El Senador Vidal i Perpiñá tiene la palabra.
El señor VIDAL I PERPIÑA: Muchas gracias, señor Presidente.
Con relación a la primera pregunta, el señor Secretario de Estado ha
hecho referencia a una sentencia de 24 de abril de 1996, que conozco,
pero lo que me ha sorprendido es que el Gobierno en estos momentos no
pueda decir el porcentaje de estos despidos objetivos, a favor o en
contra, entre trabajadores y empresa, ya que creo que sería un dato
importante de conocer. He podido leer en los medios de comunicación que
había un porcentaje por encima del 90 por ciento a favor de los
trabajadores y quería confirmarlo con el Gobierno. Como son datos que han
aparecido, supongo que de alguna forma hay unos estudios que los apoyan,
pero, en este caso, usted me dice que esto puede estar alterado por otros
despidos. Insisto en que este dato sería interesante conocerlo de cara a
esta negociación que se está produciendo entre los interlocutores
sociales.
Con referencia a la segunda pregunta, señor Secretario de Estado, también
me dice que no tiene información suficiente y que nos podemos imaginar
que el coste por persona/día hospitalizada es de 3.900 pesetas, y que
aquí podemos hacer números. Yo pienso que en este momento el Gobierno sí
sabe a cuánto asciende toda esta demora o retraso que se está produciendo
en los hospitales, incluso por Comunidades Autónomas. Reconozco que
muchas Comunidades están gestionando el tema sanitario pero sería
importante conocer este dato y que llegasen, si no lo han hecho, a
acuerdos con las Mutuas correspondientes pues creo que así se ahorrarían
muchos días de retraso, muchas esperas en hospitales y también habría un
ahorro importante económico por parte de las empresas, por parte del
Estado y, de alguna forma, las personas afectadas igualmente se
ahorrarían una cantidad de molestias que hoy están soportando.
Con relación a la última pregunta, usted me ha dicho que la prueba en
estos momentos es satisfactoria respecto a la Comunidad Autónoma de
Andalucía, y que piensan --si he entendido bien-- para este año trasladar
su implantación a las provincias de Toledo, Cáceres y Salamanca. Me
gustaría conocer, además, si esto es para este año 1997 y cuándo se va a
implantar a las demás provincias y, en este caso, a Cataluña y,
principalmente, Girona.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, Senador Vidal i Perpiñá.
Hay que tener en cuenta que los Senadores son representantes
territoriales y, por tanto, ha cumplido usted con uno de sus mandatos,
aparte de las funciones de carácter nacional que le corresponden.
El señor Secretario de Estado tiene la palabra.
El señor SECRETARIO DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL (Aparicio Pérez):
Muchas gracias, señor Presidente.
Le insisto en que bien que nos hubiera gustado disponer de series
estadísticas relativas al funcionamiento de la Justicia más acordes con
lo que son las necesidades de estudio y de acción dentro del mercado
laboral, pero tristemente son las que son y con la estructura que tienen,
y lo digo de igual manera que podría sorprender a su señoría ver que, por
ejemplo, algo tan vital para muchas áreas de la Administración, como es
el Registro Civil, no tiene hoy las calidades o las cualidades
informáticas que a lo mejor ya están implantadas en otras áreas de la
Administración. Pues bien, en la forma de elaborar las estadísticas
relativas a sentencias, no hay ninguna que avalada por el propio
Ministerio o por otros Ministerios pudiera dar satisfacción a su
pregunta. Entiendo que su señoría ha hecho mención a estudios; yo le he
citado el que para nosotros tiene en principio mayor rigor, sobre todo
por su desinterés, como es el realizado por el conjunto de juzgados de lo
social de Madrid. Sé que se han aportado estudios desde los propios
agentes sociales, pero, sin duda alguna, sin restarle ni un ápice de su
rigor entiendo que responden al propio esquema de las posiciones
negociadoras, y tal vez alguno de los estudios a los que hacía alusión su
señoría son estudios sin duda serios y sin duda respetables, pero que
reflejan la visión --digamos-- parcial, en el mejor sentido de la
palabra, de esta cuestión.
En el segundo aspecto no me gustaría llevarle a confusión. El dato de
3.900 pesetas por trabajador y día es el coste genérico de la
presentación de incapacidad temporal, se produzca por la causa que se
produzca, sea por una lista de espera quirúrgica, sea por una lista de
espera diagnóstica o sea en una situación absolutamente normal de un
trabajador, pero esto permite dar una idea del importante coste de esta
prestación; prueba de ello es que este año --esperemos que no supere--
nos situaríamos muy próximos al medio billón de pesetas en lo que la
Seguridad Social destina al pago de prestaciones de incapacidad temporal.
No me gustaría dar la sensación de inactividad en lo que son las dos
grandes áreas. Le he dicho que se ha podido completar, y me siento
relativamente satisfecho, el cuadro de convenios no sólo con el Insalud y
con el Ministerio de Sanidad y Consumo, sino con las Comunidades
Autónomas que tienen transferidas las competencias de sanidad. Yo creo
que esos convenios reflejan el buen ánimo, la buena disposición y el
sentido de la responsabilidad política y de gestión no ya del INSS, sino
también de las propias Comunidades Autónomas. Existe un marco de
colaboración que hace escasamente unos meses no existía; lo cual creo que
es un avance positivo.
Y en el ámbito de las Mutuas, que son el otro gran apartado de
colaboración posible en materia de incapacidad temporal, ya conocerá que
hace escasamente diez días el Consejo de Ministros aprobó un primer
Decreto que adaptaba las normas existentes a esta mayor participación y
mayor colaboración en materia de incapacidad temporal, y es deseo del
Gobierno, suficientemente anunciado, producir un segundo decreto que
regule específicamente la colaboración de las mutuas en el campo de la
prestación de incapacidad temporal. Espero que en pocas semanas pueda
estar a disposición no ya de sus señorías, sino del conjunto de la
sociedad española en ese deseo de perfeccionar y mejorar con plenas
garantías el funcionamiento de esta prestación.
También le digo que el contacto con las Comunidades Autónomas es
permanente, y yo debo valorar positivamente la disposición, el ánimo y
los hechos que hasta ahora se han producido también en esa materia.
Finalmente, respecto a esa tarjeta de la Seguridad Social, le hacía
hincapié antes en dos aspectos: todo lo que le he citado sigue teniendo
un carácter evidentemente experimental máximo, cuando se trata de una
sola provincia piloto, como así se definió el caso de Córdoba,
experimental porque todavía no hemos podido pasar a una gestión operativa
en el resto de provincias andaluzas, donde también estamos supeditados al
cumplimiento de las obligaciones de la otra parte colaboradora, en este
caso cooperante como es la Junta de Andalucía, y siendo conscientes de
las dificultades que puede tener para su aplicación práctica, pero donde
lógicamente hasta que no lleguemos a ese grado de eficacia operativa yo
no quitaré el rótulo de carácter experimental, pero quedaba --le decía
también-- por experimentar otra gran área de aplicaciones posibles que
son las aplicaciones de empleo y desempleo. Para ese fin, y sin desdeñar
las aplicaciones sanitarias ya iniciadas, es para lo que se eligieron las
tres provincias citadas de Cáceres, Salamanca y Toledo, en las cuales se
le quiere dar un perfil más intenso a las aplicaciones del área de empleo
y desempleo que a otras aplicaciones de carácter sanitario, sin
desdeñarlas en modo alguno, sino tratando de incorporarlas.
Es un proceso complejo desde el punto de vista técnico; conlleva no sólo
el desarrollo de nuevas tecnologías, sino también de los soportes y de
los programas informáticos asociados; es un volumen de una extraordinaria
calidad y cantidad económica, motivo por el cual creemos que hay que
seguir actuando con exquisita prudencia y ciertamente acomodándonos, como
en cualquier otra área inversora del Estado, a las prioridades que no
sean determinadas para el conjunto para, evidentemente, poder cumplir con
nuestros objetivos presupuestarios y nuestros objetivos de mejora de
gestión.
Hechas todas esas precauciones, habrá visto que tampoco he querido
calificar la actitud de ninguna Comunidad Autónoma, ni aquellas en las
que ya se están realizando, ni aquellas a las que en un momento también
nos hemos dirigido, porque comprenderá su señoría que la decisión de si
una tarjeta de estas características puede ser la tarjeta sanitaria de
Cataluña y de Girona, no es una decisión que competa a este Secretario de
Estado, sino que, evidentemente, sería una decisión que adoptarían, en el
ejercicio de su propio marco normativo, las autoridades sanitarias
catalanas. Son decisiones que trascienden, en las cuales lo que sí le
puedo manifestar es la buena disposición, el buen ánimo de este Gobierno
y el hasta ahora también creo que buen ánimo y buena disposición de los
servicios públicos de salud correspondientes.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Secretario de Estado.
Señor Vidal i Perpiñá, estoy convencido que cuando la experiencia se
convierta en vía práctica el señor Secretario de Estado tendrá en cuenta
Girona.
--DE DON HELIODORO GALLEGO CUESTA (GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA), SOBRE
LAS NUEVAS ESCUELAS TALLER Y CASAS DE OFICIO CUYA CONCESION ESTA PREVISTA
A LOS AYUNTAMIENTOS SOLICITANTES DE LA PROVINCIA DE PALENCIA.
(681/000315.)
El señor PRESIDENTE: Pasamos a la siguiente pregunta, realizada por el
Senador Gallego Cuesta, que tiene la palabra.
El señor GALLEGO CUESTA: Muchas gracias, señor Presidente.
Esta pregunta tendría que haber sido contestada por escrito puesto que la
formulé el 26 de septiembre de 1996 para obtener o recabar información.
No habiéndola obtenido, me veo en la necesidad de hacerla aquí en la
Comisión de Trabajo.
Señor Secretario de Estado, quiero decirle que, como sabe, Palencia fue
la pionera en el establecimiento de las escuelas taller y casas de
oficio, básicamente porque impulsó esta idea «Peridis», José María Pérez
«Peridis», y desde entonces ha tenido una trayectoria muy adecuada, hasta
el punto de que en el año 1995, y de acuerdo con la contestación que me
dio el Gobierno, se habían hecho 66 proyectos de escuelas taller y casas
de oficio y habían pasado 2.617 alumnos. Ocurre que desde que el Gobierno
del Partido Popular está ejerciendo sus funciones, sólo se ha concedido
prácticamente una escuela taller, puesto que la otra ya se había
trasladado el informe de viabilidad con anterioridad
a que tomara posesión. Es evidente que si en toda la provincia esto se
nota demasiado (estamos con una reducción sustancialmente a la baja, con
una devaluación del programa de escuelas taller y casas de oficio muy
perceptible en una provincia habituada a las cifras a las que antes me he
referido), se nota mucho más en la cuenca minera, que es donde resulta
más necesaria la aplicación de estos programas; de más de 300 alumnos
hemos pasado a menos de 50 alumnos. Desde ese punto de vista se nota
también en el Camino de Santiago, en el Canal de Castilla y en la zona
sur de Palencia. No hace mucho tiempo, un año y medio, había 4 escuelas
taller gestionadas por el Ayuntamiento, con 222 alumnos y una inversión,
primero, en calidad humana, en formación, y, después, económica, de 1.000
millones de pesetas.
Por eso, y como de golpe ha venido esta rebaja y esta reducción, quiero
preguntarle, respecto a las nuevas escuelas taller y casas de oficio que
han sido solicitadas por ayuntamientos y otras instituciones palentinas,
cuál es su ánimo, cuál es su disposición, se van a conceder o no se van a
conceder, porque hay una larga lista de espera.
Asimismo, quiero hacerle una observación respecto a la guía para la
justificación de las subvenciones, hecha por la Dirección General del
INEM y remitida no hace mucho tiempo a los ayuntamientos y a otras
instituciones. Quiero calificar esta guía --si me lo permite el
Presidente y con ello acabo-- como que una cosa es el rigor y otra caer
en el barroquismo administrativo y en el culto a la excesiva
burocratización, hasta tal punto que está poniendo barreras innecesarias
a la gestión de las escuelas taller.
Seguro que así se lo han transmitido desde los ayuntamientos, me consta
que así ha sido y por eso lo hago yo.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, Senador Gallego Cuesta.
Tiene la palabra el Secretario de Estado.
El señor SECRETARIO DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL (Aparicio Pérez):
Muchas gracias, señor Presidente.
Quiero expresarle una preocupación que comparto, pero que comparto por el
buen funcionamiento de las escuelas taller en la provincia de Palencia y,
además, puedo anunciarle que esta misma semana espero poder visitar
algunos de estos centros en su provincia. Lo digo porque, indudablemente,
una provincia que fue pionera, estoy seguro que tiene la generosidad no
sólo de ánimo, sino de hechos, de reconocer que es una experiencia que
debía extenderse a otras Comunidades Autónomas, a otros centros y a otras
provincias, cosa que ha sucedido en los últimos años y que, lógicamente,
es una línea en la que este Gobierno no tiene inconveniente alguno en
progresar, en buscar una configuración territorial que durante algunos
años pudo ser más favorable a quien tuvo esa buena idea, sin duda alguna,
pero que hoy parece lógico que alcance a todas aquellas zonas de nuestra
geografía en las que puedan existir problemas semejantes.
Respondiendo de manera muy concreta a su pregunta, el presupuesto para
las escuelas taller y casas de oficio para 1997 en su provincia, en
Palencia, será de 442 millones de pesetas; 325 van a destinarse a
subvencionar las escuelas taller y casas de oficio procedentes de años
anteriores --ahí no me negará que parece necesario también que puedan
culminar los proyectos que tenían emprendidos--; y 114 millones se
aplicarán a la creación de nuevas escuelas taller y casas de oficio, en
función siempre del número de alumnos de cada una, y podrían oscilar
entre cuatro o seis. Lógicamente por debajo de esas cifras entendemos que
no serían ni deseables ni viables.
Las aprobaciones se harán en función de la calidad de los proyectos que
presenten las distintas entidades promotoras y teniendo en cuenta,
además, criterios objetivos, como usted solicitaba. Entendemos que los
criterios objetivos son el número de desempleados jóvenes menores de 25
años, la previsión de inserción de estos trabajadores, los resultados de
las escuelas taller y casas de oficio anteriores en su caso, y la
adecuación del proyecto para desarrollar prácticas formativas de las
especialidades u ocupaciones que se solicitan.
En estos momentos, a fecha de hoy, se están analizando las memorias
presentadas en esa primera programación y en breve se procederá a su
aprobación para la provincia de Palencia que, insisto, se situaría en las
cifras antes citadas de cuatro o seis proyectos, dependiendo,
lógicamente, de su dimensión, si fuera necesario una concentración de las
mismas.
Respecto a la normativa aplicable, bien que me gustaría --y lo sabe su
señoría-- que no hubiese habido que lamentar incidencias e incidentes en
la gestión de algunas escuelas taller, no por afirmación de este
Secretario de Estado, sino por afirmación del propio Tribunal de Cuentas.
Y que no hay ningún ánimo de un control o de un intervencionismo excesivo
por parte de la Administración, sino simplemente el deseo de que todas y
cada una de las pesetas de carácter público se administren adecuadamente.
Vuelvo a insistirle, desgraciadamente no es positiva toda la experiencia
acumulada en cuanto a la gestión de las escuelas taller y casas de
oficio, no digo ya en Palencia, sino en amplias zonas de nuestra
geografía española. Esos son los motivos principales, que usted puede
interpretar como un juicio de valor, yo lo interpreto simplemente como la
necesidad de adecuarse a las recomendaciones del Tribunal de Cuentas que
formuló a este respecto.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias. Tiene la palabra el Senador Gallego
Cuesta para réplica.
El señor GALLEGO CUESTA: Muchas gracias, señor Presidente.
Gracias por la respuesta del Secretario de Estado, pero es evidente que
Palencia, como en general la Comunidad de Castilla y León, siempre ha
sabido practicar la solidaridad, y usted procede de esa Comunidad
Autónoma. Lo digo a efectos de que conste en Acta para que no se acuse de
actitudes insolidarias o individualistas, siempre hemos sabido ejercer la
solidaridad.
A continuación le digo que realmente poco trigo vamos a tener para este
año, porque 114 millones no dan cuatro o seis nuevas escuelas taller,
creo que más bien serán cuatro que seis. Desde ese punto de vista sí que
me gustaría que concretara algo más. ¿Por qué? Porque la lista de espera
es muy larga y produce desesperación, agobios y a veces ciertas
inquietudes en los gestores de los ayuntamientos y otras instituciones
sin ánimo de lucro que allí, como sabe, tienen especial relieve. Sí que
me gustaría que precisara porque estoy convencido de que algún análisis
de las memorias que les han remitido estará prácticamente resuelto y no
es bueno que lo deje usted para el jueves que va a ir a la provincia,
sino que lo haga hoy, porque esto es reforzar el Parlamento y las Cortes
Generales, en este caso el Senado.
No me parecería correcto --y con ello acabo, señor Presidente-- que ahora
diga que usted está analizando las memorias y el jueves, que van a
inaugurar un centro de atención de la Seguridad Social, realizado en la
etapa anterior, lógicamente manifieste allí cuáles son las nuevas
escuelas taller. Sé que no es su talante, que no es su forma de actuar, y
lo digo para que conste también, y estoy convencido de que si algo tiene
avanzado lo dirá ahora y no lo dejará para el jueves.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, Senador Gallego Cuesta.
Tiene la palabra el señor Secretario de Estado.
El señor SECRETARIO DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL (Aparicio Pérez):
Vaya por delante mi gratitud, no sólo hacia un reconocimiento de mi
talante, que creo es sobradamente conocido en esta Cámara, sino también
porque, como castellano que soy --condición, que desde luego, llevo con
orgullo--, y por haber ostentado responsabilidades de representación de
mi Comunidad Autónoma, agradezco que quede fuera de toda duda ese
carácter solidario y de generosidad que pueda haber manifestado, no sólo
Castilla, sino en cualquier caso Castilla y León respecto al resto de las
Comunidades Autónomas. Tampoco en eso quisiera arrogarme exclusiva
alguna.
No está entre mis proyectos anunciar decisiones que no entran en mi
estricta área de competencia. El motivo de mi visita el próximo jueves a
Palencia no es otro que el conocer fundamentalmente las actuaciones que
se están llevando a cabo y que no dudo atribuir en la parte que
corresponda a gobiernos anteriores, como por ejemplo, algunas inversiones
de la Seguridad Social no sólo en lo que se refiere a edificaciones sino
a mejorar calidad de servicios. Pero ya le digo a su señoría que entre
mis planes no está el anticipar una decisión, y es que en esa
subjetivación indudable que tiene el concepto de prisa, no siempre se
compadece la prisa con la calidad de las decisiones. Le puedo garantizar,
por tanto, que en mi ánimo no está producir ningún anuncio sorprendente,
sino poder dar en el momento adecuado la objetivación que usted antes me
solicitaba. A ese criterio de objetivación es al que responderemos y a
ese criterio se acomodarán los calendarios. Si puede ser este jueves, me
alegraré como uno más, pero a fecha de hoy puedo garantizarle que eso no
entra en mis cálculos.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Secretario de Estado.
--DE DOÑA ELOISA FERNANDEZ VALENZUELA (GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA),
SOBRE EL NUMERO DE ESCUELAS TALLER Y CASAS DE OFICIO APROBADAS PARA 1996
EN LA PROVINCIA DE CORDOBA, CON INDICACION DE SU LOCALIDAD Y EL
PRESUPUESTO DESIGNADO. (681/000317.)
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra la Senadora Valenzuela para
formular una pregunta similar en este caso sobre la provincia de Córdoba.
La señora FERNANDEZ VALENZUELA: Muchas gracias, señor Presidente.
Señor Secretario de Estado, la verdad es que ésta no es una pregunta para
formular en Comisión sino para hacerla por escrito ya que la contestación
es larga.
Esta pregunta fue formulada el día 26 de septiembre de 1996. Pasó un mes
desde su formulación sin que esta Senadora obtuviera contestación por
escrito, y llegó a pasar incluso el tiempo reglamentario, con lo cual, la
pregunta pasó a Comisión el día 26 de noviembre de 1996. Creo que el
tiempo que ha pasado entre noviembre y marzo es prueba de que esta
Senadora ha sido lo suficientemente paciente con el Presidente de esta
Comisión, pero el caso es que la pregunta sigue sin traerse aquí, y lo
mismo puedo decir respecto de otras preguntas parecidas. Da la sensación
de que el tema de las escuelas-taller es uno de los que menos gustan al
Ministerio a la vista de que no se nos contesta a las preguntas
relacionadas con esta cuestión.
En cualquier caso, yo quisiera saber, qué número de escuelas-taller y
casas de oficio se han aprobado desde 1996 en la provincia de Córdoba, en
qué localidades y qué presupuesto se ha asignado para cada una de ellas.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, Senadora Fernández Valenzuela.
Quiero informarla de que existe un problema en el Reglamento de esta
Cámara en relación con las comparecencias de altos cargos de la
Administración para contestar a las preguntas que formulan los Senadores.
Su señoría sabe que en el Congreso de los Diputados un Secretario General
de Empleo, que tiene rango de Subsecretario, puede contestar en nombre
del Ministro y, sin embargo, al Senado sólo puede venir a responder un
Secretario de Estado. Creo que esto lo conocen ustedes perfectamente.
Quiere decirse que esto no se le puede imputar ni mucho menos al
Secretario de Estado que hoy nos acompaña.
Muchas gracias.
Tiene la palabra el señor Secretario de Estado.
El señor SECRETARIO DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL (Aparicio Pérez):
Muchas gracias, señor Presidente.
Voy a intentar ceñirme estrictamente a la pregunta que formula su
señoría.
Durante el año 1996, y hasta el día 21 de octubre, se han aprobado en la
provincia de Córdoba 12 escuelas taller y ocho casas de oficio con la
denominación, localización y número de alumnos que figuran en el anexo
que tendré a bien entregarle cuando finalice mi intervención para evitar
a todas sus señorías una tediosa lectura del mismo.
En cuanto a la subvención para cada una de ellas, ésta viene fijada en
función de los módulos y cuantías, pesetas, hora y alumno que fijan la
Orden Ministerial de 3 de agosto de 1994 y la Resolución de 7 de julio de
1995 del Instituto Nacional de Empleo, de aplicación y desarrollo de la
mencionada Orden. Las cantidades que se consignan en el cuadro que dejo a
disposición del Presidente para que se lo facilite a su señoría se
refieren a las subvenciones previstas en las resoluciones de concesión de
las diferentes escuelas-taller y casas de oficio, y el presupuesto de
cada escuela-taller o casa de oficio, que era otro aspecto de su
pregunta, como bien sabe su señoría, es competencia de la entidad
promotora.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Secretario de Estado.
Si lo desea, la señora Senadora puede hacer uso de la palabra. (Pausa.)
Le trasmitiré esta documentación, señoría.
--DE DON FELIX LAVILLA MARTINEZ (GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA), SOBRE
LA EXISTENCIA DE ALGUNA DEUDA DE LA DIPUTACION PROVINCIAL DE SORIA CON LA
SEGURIDAD SOCIAL, EN CONCEPTO DE COTIZACIONES DE LOS FUNCIONARIOS,
EMPLEADOS Y TRABAJADORES, CON INDICACION DE SU IMPORTE Y LAS MEDIDAS QUE
PIENSA ADOPTAR EL GOBIERNO A ESTE RESPECTO (681/000348.)
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el Senador Lavilla Martínez para
formular su pregunta al señor Secretario de Estado.
El señor LAVILLA MARTINEZ: Muchas gracias, señor Presidente.
Señor Secretario de Estado, con mi pregunta sucede lo mismo que con las
de algunos compañeros que me han precedido en el uso de la palabra.
La pregunta que formulo de nuevo al señor Secretario de Estado en los
términos en que está redactada era una pregunta por escrito que pasó a
ser pregunta oral en Comisión debido a que el Gobierno no la contestó en
los plazos establecidos. Lógicamente, esto ha alterado la filosofía de la
propia pregunta formulada por escrito puesto que el objetivo fundamental
de toda pregunta por escrito es recabar datos con precisión, con
prontitud, con transparencia y con eficacia, así como también --y esto es
lo más importante--, de ser contestada en los plazos establecidos, que el
Gobierno colabore con el Legislativo, concretamente con esta Cámara del
Senado.
Pues bien, los hechos que hemos podido constatar hasta la fecha no
reflejan estos criterios, pero no solamente en lo que se refiere a este
Ministerio, sino también con relación a otros. Las preguntas que se
formulan al Gobierno a veces se contestan en bloque. Eso es lo que ocurre
concretamente con esta pregunta que hoy formulo referente a las deudas de
la Diputación provincial de Soria. Se contesta de una manera genérica,
sin precisar lo que concretamente se está preguntando. Es decir, que con
esta imprecisión y con la tardanza en darles respuesta se van
desvirtuando la filosofía y el trabajo que los parlamentarios hacemos en
esta Cámara.
En este sentido, y dado que la pregunta va dirigida concretamente al
conocimiento de la deuda que tiene contraída la Diputación provincial de
Soria con la Seguridad Social, me permitirá la benevolencia del señor
Presidente --dado que ha habido una tardanza en la respuesta a esta
pregunta-- que también la relacione con la deuda que a su vez mantiene el
ayuntamiento de Soria. Y es que esa tardanza, repito, dejando a un lado
el nivel de eficacia y de colaboración por parte del Gobierno, ha podido
llevar a pensar que se ha establecido un tiempo para solucionar ese
problema.
Todo esto puede estar relacionado a su vez con las declaraciones que hizo
el verano pasado el Ministro de Trabajo, señor Arenas, en el sentido de
que había una deuda importante que la Seguridad Social no cobraba. Es
decir, la Seguridad Social tenía una deuda monstruosa y los anteriores
gestores no eran capaces de cobrarla. En respuesta oficial el Gobierno
dijo que la deuda del Ayuntamiento de Soria ascendía a 146 millones de
pesetas, pero hete aquí que esa deuda deja de serlo, según
manifestaciones del propio Gobierno, pasando a ser una cantidad que se
puede compensar con cargo a la participación en los tributos del Estado
--esto se publicó en el Boletín del Senado del 17 de febrero.
Es decir, una deuda que no era tal, por arte de magia pasa a ser una
deuda que se tiene que compensar. Por eso, dada la tardanza del Gobierno
en contestar, me he permitido hacer este amplio preámbulo para decir que
si no existía esa deuda y todo está incurso en cierto modo en un
procedimiento administrativo en el que una de las partes reclama que
puede ser o que puede no ser --eso es lo normal muchas veces--, considero
que eso no debe ser computado como deuda. Y es que, si eso se hace de esa
forma, llegaremos al final de mes de marzo y podremos afirmar con
contundencia lo siguiente: de la deuda «x» que estaba establecida en el
mes de junio, hemos pasado a que tan sólo se le debe a la Seguridad
Social la cantidad «y». Podremos ver entonces el nivel de eficacia y de
gestión del actual Gobierno. Creemos que esto no debe llegar a suceder.
Lo que pediría al señor Secretario de Estado es que, en la medida de lo
posible, las preguntas escritas se contesten en los plazos establecidos
para evitar que se desvirtúe
nuestro trabajo parlamentario. Que preguntas que se formulan, por
ejemplo, en junio y que se vienen arrastrando por imprecisiones o porque
el Gobierno no contesta, que esas preguntas se respondan en marzo, es
algo que desvirtúa bastante --lo repito de nuevo-- nuestro trabajo
parlamentario.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Lavilla.
Tiene la palabra el señor Secretario de Estado.
El señor SECRETARIO DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL (Aparicio Pérez):
Gracias, señor Presidente.
Ciertamente conocíamos que el Senador Lavilla presentó una pregunta por
escrito en el mes de septiembre de 1996 sobre la deuda de la Diputación
provincial de Soria.
La Secretaría de Estado respondió a esta pregunta en octubre de 1996
diciendo que la Diputación provincial de Soria no mantenía deuda alguna
con la Seguridad Social. Son motivos que desconoce esta Secretaría de
Estado los que impidieron que llegase esta noticia a su señoría.
Sí puedo decir que ciertamente la voluntad del Ministerio de Trabajo y
Asuntos Sociales y, desde luego, de este Secretario de Estado es dar
riguroso cumplimiento a todas y cada una de las iniciativas
parlamentarias que nos dirigen y lamento, sinceramente, que
circunstancial y excepcionalmente no se haya hecho en este caso, máxime
cuando la respuesta era muy sencilla, ya que ni en aquella fecha ni a
fecha de hoy, nos hemos tomado la molestia de comprobarlo a 31 de enero
de 1977, último dato disponible, tampoco existe deuda alguna.
Me pregunta por otras Administraciones y me gustaría lógicamente poder
darle una precisión idéntica. De haber previsto su interés por otra
Administración de la circunscripción a la que usted representa, sin duda
alguna se lo hubiese facilitado. Quiero dejar bien claro un hecho: la
actual Administración se encuentra con un importante nivel o tasa de
deuda pública o morosidad pública respecto a la Seguridad Social. Si
usted analiza esa morosidad o esa deuda, no se genera en un solo
ejercicio, tiene una etapa básica de crecimiento en el período que va de
1991 a 1995 y se genera con una configuración territorial o distribución
geográfica que, si su señoría quiere, lógicamente podríamos facilitarle
e, incluso, si usted aspira a una configuración de carácter político,
también se lo podría facilitar. No ha habido ni va a haber por parte de
esta Secretaría de Estado trato discriminatorio alguno respecto a
cualquier Administración que quiera normalizar o regularizar su situación
de deuda respecto a la Seguridad Social. Eso se lo digo con plenas y
absolutas garantías. No va a haber trato discriminatorio. Toda
Administración que siendo consciente de la deuda que mantiene con la
Seguridad Social desee proceder a un proceso de fraccionamiento, de
aplazamiento y en cualquier caso de compromisos firmes de regularización
de esa deuda, va a tener idénticas e iguales facilidades por parte de la
Secretaría de Estado. Ese es el compromiso y la garantía. Desconozco si
se ha hecho así o no se ha hecho así en otros momentos y desde luego no
es el tema que principalmente me preocupe. Creo que la obligación en este
momento de la Secretaría de Estado, desde ese objetivo de normalidad de
relación entre las Administraciones, es facilitar, primero, la
conciliación de las cantidades y, en segundo lugar, el establecimiento de
procedimientos que puedan ser asumidos como compromiso por ambas partes
en orden a su reducción y en esa línea es en la que estamos trabajando.
Puedo decirle que, desgraciadamente, no toda la reducción de morosidad se
ha traducido a liquidez, existía mucha deuda sin regularizar; mucha deuda
que lisa y llanamente no se ingresaba. Hoy, afortunadamente, estamos en
niveles mucho más razonables. Ha descendido la morosidad como
consecuencia de estos procesos de fraccionamiento y aplazamiento a los
que antes hacía mención. Lo que le puedo garantizar es que no ha habido,
ni va a haber discriminación en razón del signo político del gobierno de
los Ayuntamientos, Diputaciones o Comunidades Autónomas.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Secretario de Estado.
Para réplica, tiene la palabra el Senador Lavilla.
El señor LAVILLA MARTINEZ: Muchas gracias, señor Presidente.
Quiero preguntarle al señor Secretario de Estado, porque consta en una de
las respuestas parlamentarias, si el Ministerio contempla el concepto de
deuda como las cantidades que debe una entidad local a la Seguridad
Social o, por lo contrario --y leo literalmente en relación al
Ayuntamiento de Soria, pero valdría para cualquier entidad porque es
importante y es uno de los conceptos que se barajó en la provincia en su
día y que nos interesa políticamente que se precise: El Ayuntamiento de
Soria a través del programa de cooperación económica local del Estado no
puede resultar deudor del Ministerio para las Administraciones Públicas,
sino en todo caso beneficiario de las subvenciones gestionadas a través
del mismo--, parece ser que el concepto de deuda se desplaza al concepto
de compensación. Es decir, el Estado transfiere a la entidad local unas
cantidades y lo que viene a decir de una manera, a mi entender, un tanto
barroca es que simplemente se realiza el descuento y ya está.
Por ello, quisiera que el señor Secretario de Estado precisase este
concepto, porque a fecha 10 de junio se hablaba de deuda y a fecha 17 de
febrero se habla ya de compensaciones que se realizan entre las
Administraciones Públicas.
También quisiera dejar claro que parte de la deuda que el señor
Secretario de Estado ha mencionado y la que corresponde precisamente a mi
circunscripción, que no era una cantidad pequeña puesto que de las
cantidades que se adeudaban en toda la Comunidad de Castilla y León, que
conoce usted muy bien, Avila, León, Salamanca, Soria, con un importe
total de 175 millones de pesetas, la mayor parte de la deuda correspondía
precisamente al Ayuntamiento de Soria, con 146 millones; por la tardanza
en la
contestación, se ha ido regularizando, con un aplazamiento, y ahora
parece ser que de esos 146 millones que se reclamaban, y por eso he
hablado de proceso administrativo, no de deuda consolidada, se han
condonado 143 millones de pesetas, según la respuesta que el Gobierno me
ha dado y que está publicada también en el «Diario de Sesiones».
Muchas gracias, por la benevolencia del señor Presidente y del señor
Secretario de Estado por haberme permitido esta ampliación de
información.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, Senador Lavilla.
Tiene la palabra el señor Secretario de Estado.
El señor SECRETARIO DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL (Aparicio Pérez):
Muchas gracias, señor Presidente.
Ciertamente me hubiese gustado que hubiera seguido abundando en la línea
de análisis que esbozaba, pues esta cantidad podría ser considerada
significativa en el conjunto de la Comunidad Autónoma de Castilla y León.
Supongo que no la consideraría significativa en relación a otros
ayuntamientos o a otras Comunidades Autónomas. Como decía, me hubiese
gustado que hubiese seguido en esa línea, no lo ha hecho y entra dentro
de su libre ejercicio de responsabilidad política.
Sí le diré que los procedimientos de compensación están solamente
previstos respecto a la retención sobre las subvenciones y transferencias
que pudieran recibir los ayuntamientos para deudas líquidas y exigibles y
es ese proceso de depuración y conciliación el que permite a veces que
las cantidades oscilen; el acuerdo o firmeza sobre la cantidad exigible
y, en consecuencia, sobre la cantidad a que es aplicable esos descuentos,
a las cantidades que debería ingresar por otros conceptos o por otras
transferencias un ayuntamiento. Eso, unido a lo que citaba antes. Yo creo
que han sido muchos, y me congratulo de ello, los ayuntamientos que han
procedido a una regularización de su deuda. Ciertamente una cantidad en
determinada fecha podría parecer como abultada y también soy consciente
de que algunos ayuntamientos no han resuelto sus dificultades internas y
externas consecuentes a la integración de la Munpal en la Seguridad
Social, y hay entidades que podían tener unas determinadas cifras en una
fecha, cifras que se han visto modificadas tan pronto, insisto, como se
ha producido la aproximación de ambas Administraciones.
Lamento no abundar más en la contestación, pero no tenía previsto que
circunscribiese su pregunta a esta otra materia.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Secretario de Estado.
--DE DOÑA MICAELA NAVARRO GARZON, DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA,
SOBRE EL NUMERO DE ESCUELAS TALLER Y CASAS DE OFICIO APROBADAS PARA 1996
EN LA PROVINCIA DE JAEN, CON INDICACION DE SU LOCALIDAD Y EL PRESUPUESTO
ASIGNADO. (681/000390.)
El señor PRESIDENTE: Por último, una pregunta de la Senadora Navarro
Garzón. Tiene su señoría la palabra.
La señora NAVARRO GARZON: Muchas gracias, señor Presidente.
La pregunta se presentó en el mes de octubre para obtener respuesta por
escrito y como no ha sido así, la traemos hoy a Comisión. ¿Qué número de
escuelas taller y casas de oficios se han aprobado en el año 1996 para la
provincia de Jaén, indicando localidad y presupuesto asignado en cada una
de ellas?
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, Senadora Navarro Garzón.
Tiene la palabra el señor Secretario de Estado.
El señor SECRETARIO DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL (Aparicio Pérez):
Muchas gracias, señor Presidente.
Comprenderá la absoluta analogía de mi contestación respecto a la
pregunta anteriormente formulada por su compañera de grupo; ya he puesto
a disposición de la Presidencia, para que les sea facilitado, el anexo
que contempla exactamente la relación que nos ha solicitado. No obstante,
me permito decir a efecto de constancia en el «Diario de Sesiones» que
durante el año 1996 y hasta la fecha de 21 de octubre, se aprobaron en la
provincia de Jaén siete escuelas taller y tres casas de oficios, con esa
denominación, localización y número de alumnos que ya obra en su poder y
la subvención para cada una de ellas, como citaba antes, se ha hecho
aplicando la normativa que básicamente contiene la Orden Ministerial de 3
de agosto de 1994. Sin poderle dar mayor precisión en el presupuesto de
cada una de ellas, como responsabilidad del Gobierno, ya que es
competencia de la entidad promotora.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Secretario de Estado.
Terminado el orden del día, quisiera agradecer al Secretario de Estado su
presencia. Pido disculpas por los diversos problemas técnicos no
imputables a esta Comisión ni a esta Presidencia. Y no habiendo más
asuntos que tratar, se levanta la sesión.
Eran las trece horas.