Año 1996 VI Legislatura
Comisiones. Núm. 77



CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL
SENADO



COMISION DE ECONOMIA Y HACIENDA



PRESIDENCIA DE DON ROBERTO SORAVILLA FERNANDEZ



celebrada el miércoles, 11 de diciembre de 1996



ORDEN DEL DIA:



Dictaminar los siguientes Proyectos de ley:



--De medidas fiscales, administrativas y del orden social. (Número de
expediente 621/000003.)



--Orgánica de modificación parcial de la Ley orgánica 8/1980, de 22 de
septiembre, de financiación de las Comunidades Autónomas. (Número de
expediente 621/000006.)



--De cesión de tributos del Estado a las Comunidades Autónomas y de
medidas fiscales complementarias. (Número de expediente 621/000005.)



Se abre la sesión a las diez horas y quince minutos.




El señor PRESIDENTE: Buenos días, señorías, se abre la sesión.

Ruego al señor Letrado que compruebe las asistencias.




Por el señor Letrado se procede a la comprobación de las señoras
Senadoras y de los señores Senadores presentes y representados.




El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.

Creo que los señores portavoces habrán recibido copia del acta. ¿Tienen
alguna sugerencia que hacer? (Pausa.) Ninguna. Creo que podemos darla por
aprobada por asentimiento. (Pausa.) Que así conste.

Muchas gracias.




DICTAMINAR LOS SIGUIENTES PROYECTOS DE LEY:



--DE MEDIDAS FISCALES, ADMINISTRATIVAS Y DEL ORDEN SOCIAL. (621/000003.)

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--ORGANICA DE MODIFICACION PARCIAL DE LA LEY ORGANICA 8/1980, DE 22 DE
SEPTIEMBRE, DE FINANCIACION DE LAS COMUNIDADES AUTONOMAS. (621/000006.)



--DE CESION DE TRIBUTOS DEL ESTADO A LAS COMUNIDADES AUTONOMAS Y DE
MEDIDAS FISCALES COMPLEMENTARIAS. (621/000005.)



El señor PRESIDENTE: El acuerdo al que se ha llegado entre los portavoces
y la Mesa ha sido el de defender conjuntamente todos los vetos a los tres
proyectos de ley que configuran el orden del día de la sesión que estamos
iniciando.

En consecuencia, para la defensa de sus correspondientes vetos, es decir,
conjuntamente los vetos a los tres proyectos de ley, tiene la palabra la
Senadora doña Inmaculada de Boneta.




La señora DE BONETA Y PIEDRA: Gracias, señor Presidente.

Como cuestión previa a la defensa de la enmienda de veto que presento en
nombre de Eusko Alkartasuna, quiero decir que estoy aquí cumpliendo una
obligación, como es normal, y lamento que en el día en que hoy estamos,
los funcionarios que aquí están, independientemente de cuál sea su
posición con respecto a la situación que se ha creado como consecuencia
de la congelación de salarios de los funcionarios y empleados públicos en
general, y quisieran ejercer un derecho como es el de huelga no lo puedan
hacer en función del Decreto de Servicios Mínimos.

En todo caso, quiero dejar patente que la razón por la que esta Senadora
está aquí es la obligación de defender estas enmiendas que presentamos a
la ley de medidas fiscales, administrativas y del orden social.

Dicho esto, la razón por la que se presenta este veto es,
fundamentalmente, por una concepción progresista de la política fiscal,
por coherencia con nuestra concepción de autogobierno, que exige respeto
a las competencias tanto de la Comunidad Autónoma vasca, del Gobierno
vasco, como de la --Comunidad Foral y-- del Gobierno Foral de Navarra, y,
finalmente, también, por razones metodológicas.

Creemos que la creación de un nuevo impuesto indirecto sobre los seguros
de riesgo, que va a elevar en un 4 por ciento la prima que pagan los
clientes a las compañías de seguros, junto con la creación de ocho nuevas
tasas y la revisión al alza de algunas de las existentes, muestran una
orientación fiscal que va en contra del criterio de progresividad que, a
nuestro juicio, debe tener la política fiscal, si de verdad se quiere
llevar a la práctica el principio de que la contribución a las cargas
generales del Estado se produzca en función de la capacidad económica de
cada contribuyente, y se pretenda también avanzar por la senda que lleva
a la disminución de las desigualdades sociales.

Tenemos reparos también, desde una posición de progreso social, a las
modificaciones de los textos refundidos del Estatuto de los Trabajadores,
de la Ley de Seguridad Social o la Ley de Clases Pasivas del Estado y a
la modificación de la Ley de Medidas para la Reforma de la Función
Pública.

Por otra parte, las medidas que tienen relación con la ejecución y
explotación de autopistas, carreteras y obras públicas en general creemos
que no tienen en cuenta las opiniones previas de los representantes de la
Comunidad Autónoma Vasca, del Gobierno vasco y de las instituciones
competentes en la materia, pues ignoran las competencias que el Estatuto
de Gernika y la Ley de Amejoramiento del fuero otorgan tanto a la
Comunidad Autónoma del País Vasco como a la Comunidad Foral de Navarra en
materia de infraestructuras. También pensamos que pueden condicionar
decisiones futuras de estos gobiernos y ocasionar graves perjuicios a los
intereses de los ciudadanos de las Comunidades mencionadas.

Por último, coincidimos con los reparos metodológicos que ha señalado el
Consejo Económico y Social en su informe, porque a la disparidad de
materias que se agrupan en la presente ley sobre esta cuestión hay que
unir la ausencia de una memoria económica que evalúe los efectos de
dichas medidas propuestas en la Ley y, por lo tanto, es difícil lograr un
posicionamiento adecuado. Desde el punto de vista metodológico, la mezcla
de leyes y cuestiones afectadas pueden producir perjuicios a los
ciudadanos por dichas modificaciones o porque, de alguna manera, éstas se
producen de tapadillo.

Dicho lo anterior, creo que, desde un punto de vista general, están
suficientemente expresadas las razones de fondo de la presentación de
este veto.

Muchas gracias, señor Presidente.




El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, Senadora De Boneta.

Para la defensa de sus vetos, tiene la palabra el Senador Nieto
Cicuéndez.




El señor NIETO CICUENDEZ: Muchas gracias, señor Presidente.

Señorías, los vetos tienen por objetivo nuestro desacuerdo con la
orientación presupuestaria, ya que entendemos que no se resuelve ninguno
de los problemas que tiene planteados este país. La reactivación de la
creación de empleo, que, como todos decimos, es el objetivo básico, no se
va a cumplir, y además se disminuyen las prestaciones sociales. Por lo
tanto, por un lado, no se va a generar empleo, y, por otro, se va hacia
un retroceso de las prestaciones sociales en todos los aspectos:
educación, sanidad, etcétera. Incluso, como veremos más adelante, no se
garantiza el tema de las pensiones de cara al futuro. Dudamos incluso que
se pueda cumplir ese objetivo que se declara de llegar en la locomotora
de cabeza a Maastricht.

Por otro lado, la fiscalidad que se plantea es regresiva, porque están
desgravando impuestos a los que más tienen y, sin embargo, se gravan los
impuestos indirectos, que son los que afectan a la inmensa mayoría de los
trabajadores. En definitiva, pensamos que son unos presupuestos
regresivos, siendo éste el motivo de nuestros vetos.

Muchas gracias, señor Presidente.




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El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, Senador Nieto.

Para la defensa de sus vetos, tiene la palabra el Senador Granado.




El señor GRANADO MARTINEZ: Muchas gracias, señor Presidente.

Con la mayor brevedad, señorías, vamos a posicionarnos en este turno
sobre un paquete legislativo constituido por tres leyes, la ley de
medidas fiscales, administrativas y del orden social, la ley de
modificación de la Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades
Autónomas y la Ley de Cesión de Tributos a las Comunidades Autónomas.

En cuanto a las dos últimas, debemos señalar nuestro profundo desacuerdo
con el sistema utilizado por el Gobierno. Obviando la necesidad de un
acuerdo político entre las fuerzas más representativas de este país, se
va a modificar una ley que lleva 16 años en vigor y que ha servido para
el desarrollo de todos los decretos de traspasos de medios y servicios a
las Comunidades Autónomas, que ha garantizado hasta ahora que el proceso
de descentralización operado en España a raíz de la aprobación de la
Constitución se realice fundado en los principios de equidad y de
suficiencia financiera de las propias Comunidades Autónomas a la hora de
administrar las funciones que les han sido transferidas por los Estatutos
de Autonomía.

Con la modificación de la Lofca y de la Ley de Cesión de Tributos va a
modificarse un número importante de Estatutos de Autonomía de las
Comunidades Autónomas de nuestro país. Por primera vez, esta modificación
de los Estatutos se va a producir sin acuerdo y, por tanto, de una manera
absolutamente contingente. Las recientes decisiones, tanto en la
tramitación parlamentaria del proyecto de ley de presupuestos generales
del Estado y de la ley de medidas de acompañamiento, como de revisión de
decretos de traspaso de medios y servicios a algunas Comunidades
Autónomas y la adopción de criterios de financiación extrapresupuestaria
para otras Comunidades, incluso de financiación vía enmiendas a la ley de
presupuestos generales del Estado, nos llenan de preocupación. Al final,
estamos diseñando un sistema de ingresos para las Comunidades Autónomas
que, en teoría, debe responder a los principios de corresponsabilidad
fiscal y autonomía financiera y que en la práctica trata desigualmente a
unas Comunidades respecto de otras; garantiza una suficiencia para unas a
la vez que condena prácticamente a la dependencia a otras porque el
volumen de recursos propios sobre la participación en ingresos del Estado
va a ser mínimo. Por lo tanto, nosotros no podemos estar de acuerdo con
el sistema de financiación que tan reiteradamente ha impuesto el Gobierno
con sus socios parlamentarios y los partidos que lo apoyan.

Nosotros seguimos reclamando un acuerdo político, del cual no está
excluido nadie y en el que deberíamos participar todos para garantizar
una financiación de las Comunidades Autónomas que sirva al principio de
suficiencia y solidaridad al mismo tiempo que al principio de
corresponsabilidad. Y pensamos, además, que esto debe realizarse en el
marco de armonización fiscal al que estamos llamados, el de la Unión
Europea, que realmente no es el que proconizan los proyectos de ley
presentados por el Gobierno, que desarmonizan en vez de armonizar y que
hacen más desigual la financiación de las Comunidades Autónomas en contra
del principio de solidaridad.

En cuanto a la ley de medidas fiscales, administrativas y del orden
social, queremos posicionarnos en el sentido de señalar, en primer lugar,
la enorme dimensión de esta ley. Se realizan modificaciones enormemente
apresuradas de una cuarentena de leyes actualmente en vigor. Dichas
modificaciones están planteando en algunos casos posicionamientos en
contra de los principales sectores afectados. Ayer mismo conocíamos el
posicionamiento unánime de los siete principales ayuntamientos de este
país sobre las modificaciones que realiza esta ley en la Ley Reguladora
de las Haciendas Locales. Creemos que el Senado, que es la Cámara de los
territorios, no puede ser insensible a una posición tan unánime de
ayuntamientos tan importantes, dirigidos por los mismos partidos
políticos que van a apoyar estas modificaciones en el trámite legislativo
que estamos debatiendo. Pensamos que la ley, además de realizar este tipo
de modificaciones apresuradas, es incongruente con una petición de
sacrificios que se realiza por el Gobierno de la nación. Qué sentido
tiene pedir sistemáticamente sacrificios a los empleados públicos, por
ejemplo, cuando la ley concede beneficios absolutamente discriminatorios
y arbitrarios a sectores concretos de la actividad económica como son los
concesionarios de autopistas, las empresas que participen en las nuevas
formas de la gestión de las infraestructuras hidráulicas, donde parece
que volvemos a la antigua fórmula de los aguatenientes, a empresas de
todo tipo de sectores que se ven beneficiadas con pequeñas modificaciones
legales que no guardan ninguna relación con la sistemática de los textos
legales en vigor, y se ponen en marcha tasas que en algunos casos gravan
lo que es el cumplimiento de obligaciones tributarias de los ciudadanos
con la Administración o, incluso, con la Seguridad Social, como es la
tasa de acreditación e inscripción catastral.

En suma, la ley es incongruente en sí misma. Impone nuevas obligaciones a
los ciudadanos españoles que, efectivamente, son razonables desde el
punto de vista de consolidación fiscal de nuestro país y de disminución
del déficit y de la deuda pública para el cumplimiento de los requisitos
de la incorporación de España a la Unión Económica y Monetaria, al mismo
tiempo que otorga beneficios a sectores con una gran capacidad económica.

Pensamos que no es ésta la manera de hacer las cosas, que es necesario
producir este tipo de reformas con una mayor atención a los intereses
generales, que no es posible a la vez que se piden sacrificios a unos
otorgar beneficios a otros y que no es posible modificar por el trámite
de este Proyecto de ley --e incluso a veces por el trámite de enmiendas
que están presentadas al mismo-- cuestiones que deben ser objeto de
consenso con los sectores afectados y que deben ser objeto de una
reflexión detenida por parte de las Cámaras, reflexión que excluye este
procedimiento de urgencia y que excluye la aprobación de medidas de tanta
importancia con una tal precariedad de tiempo y de medios para
analizarlas en detalle.




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Por todas estas razones, evidentemente, vamos a rechazar el contenido de
estos tres Proyectos de ley.




El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, Senador Granado.

Turno en contra. (Pausa.)
Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el Senador Utrera.




El señor UTRERA MORA: Muchas gracias, Presidente.

Vamos a emplear este turno en contra para rebatir algunos de los
argumentos que se han expuesto aquí y que parece --según quienes los han
manifestado-- que para ellos justifican el veto a estos Proyectos de Ley
y, en consecuencia, su devolución.

Comenzamos, quizá, por la parte más sustancial y que tenemos más debatida
en el Senado por cuanto hemos dedicado muchas sesiones, tanto en Pleno
como en la Comisión General de Comunidades Autónomas, a debatir sobre la
financiación autonómica. Se nos acaba de decir que el Grupo Parlamentario
Socialista está lleno de preocupación y, efectivamente, lleno de
preocupación se ha manifestado en los últimos meses.

Básicamente su argumentación consiste en que les llena de preocupación un
sistema de financiación autonómica que ha sido acordado por la mayor
parte de las Comunidades Autónomas y que, al mismo tiempo, responde a lo
que los últimos años se ha venido considerando como el procedimiento más
adecuado de financiación de Haciendas subcentrales, como son las de las
Comunidades Autónomas --de hecho forma parte de los consensos más amplios
que en la sociedad española y en las Comunidades Autónomas se ha
producido en los últimos años--, pues resulta, insisto, que les llena de
preocupación. Nosotros no compartimos esa preocupación, aunque cada uno
mantiene el estado de ánimo que desea mantener, porque estamos
convencidos de que el nuevo sistema de financiación de las Comunidades
Autónomas va a aportar a este país lo que necesita en términos de
estabilidad en las relaciones entre las distintas Haciendas, la Hacienda
del Estado y las Haciendas de las Comunidades Autónomas.

Como casi siempre, se argumenta con dos latiguillos --latiguillos que
exigirían reflexiones que trascienden, desde luego, la defensa de esta
toma de posición en contra a los vetos-- que se pueden resumir en estos
dos enunciados; en primer lugar, el nuevo sistema de financiación trata
de forma desigual a las Comunidades Autónomas y, en segundo lugar, el
nuevo sistema de financiación no garantiza autonomía financiera a una
serie de Comunidades Autónomas, mientras que sí la garantiza, o por lo
menos aumenta, para otras.

Es lo cierto que no se le puede pedir a un sistema de financiación algo
que un sistema de financiación no puede dar, y ésa ha sido la
argumentación que nosotros hemos mantenido en los últimos tiempos. Si
analizamos qué ocurre en la actualidad con la situación económica y con
la situación financiera --esto es, los presupuestos-- de las Comunidades
Autónomas, nos encontramos con un hecho objetivo, un hecho probado, un
hecho cierto: que el nivel de desarrollo de las Comunidades Autónomas
españolas es distinto. Partiendo de esa realidad, de las dispersiones que
existen actualmente en la distribución de renta regional, encontramos que
ningún instrumento de financiación de Comunidades Autónomas puede
corregir esas disparidades si no es en el ámbito, o en el seno, de una
política de desarrollo regional que no se le puede atribuir a la
financiación autonómica, pues son dos cuestiones distintas. Ciertamente,
la financiación autonómica tiene que tratar de corregir desigualdades
porque constitucionalmente así está previsto, pero no es sólo la
financiación autonómica la que debe encargarse de promover esa
igualación, esa aproximación entre Comunidades Autónomas, sino que,
además, hay que instrumentar una política de desarrollo regional,
imbricada, lógicamente, en la política de fondos estructurales de la
Unión Europea.

Si eso es así, nosotros echamos en falta en los últimos años una
definición respecto de la financiación de Comunidades Autónomas que fuera
moderna, que tuviera futuro, pero es que, además --y esto es más grave--,
echamos en falta una definición de política regional. Lo que no ha habido
en España es política regional y esa ausencia de política regional se ha
tratado de cargar en la financiación autonómica basándose en unos
instrumentos, como por ejemplo el fondo de Compensación Interterritorial,
que por su propia cuantía --por cierto, congelada también en los últimos
cuatro años por el Gobierno socialista-- son incapaces de promover esa
aproximación en niveles de renta. Y ahora se dice que un nuevo sistema de
financiación no contribuye a la igualación de renta, cuando ni se
persigue ni, sencillamente, se puede conseguir. Lo que es necesario,
vuelvo a repetir, es una política de desarrollo regional y potenciar en
todo lo posible los instrumentos que permiten el reequilibrio, y eso
justamente es lo que se hace con el nuevo sistema de financiación.

Señor Granado, el Fondo de Compensación Interterritorial llevaba cuatro
años estancado, llevaba cuatro años congelado. Lo mismo que se congelaron
los salarios de los funcionarios en el pasado, el Fondo de Compensación
Interterritorial ha estado hibernando durante cuatro años, precisamente
porque se ha interpretado que al no aumentar la inversión pública tampoco
tenía que aumentar la inversión promovida a través del Fondo de
Compensación Interterritorial. Pues bien, ese gravísimo error, al suponer
una postergación a las Comunidades Autónomas en ese Fondo que para ellas
es tan importante --porque, no olvidemos, es un fondo finalista dedicado
a inversiones que promueven desarrollo--, se va a corregir en parte, en
pequeña parte, en unos Presupuestos austeros como los de 1997, en los que
se destinan 5.000 millones sobre los que ya tenía el Fondo de
Compensación Interterritorial para promover ese reequilibrio territorial.

Pero no olvidemos --como decíamos antes-- que esto es insuficiente, es
una gota de agua que tiene que venir acompañada de otros instrumentos.

¿Cuáles son esos otros instrumentos? Para el año 1997, y gracias a este
acuerdo que tanto le preocupa, se abre un nuevo instrumento previsto en
la Ley Orgánica de Financiación de Comunidades Autónomas desde el año
1980 y



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que los sucesivos Gobiernos socialistas no se habían atrevido, no habían
deseado o no habían tenido la voluntad política de iniciar, como son las
asignaciones de nivelación, previstas en el artículo 15 de la Ley
Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas. Se nos puede decir
que empezamos tímidamente; pues sí, es verdad, todos los comienzos de
instrumentos novedosos tienen que ser comienzos tímidos y, en principio,
éste lo es: 10.000 millones de pesetas y, sobre todo, una comisión para
analizar cómo se distribuyen esos 10.000 millones de pesetas.

Por tanto, no hay desigualdad de trato en las Comunidades Autónomas,
sencillamente se cambian unos instrumentos financieros, como es la pura y
simple transferencia de fondos --llamada participación en ingresos del
Estado-- desde los Presupuestos del Estado a los presupuestos de
Comunidades Autónomas por el reconocimiento de la capacidad fiscal de las
Comunidades Autónomas y, al mismo tiempo, la creación o la potenciación
de instrumentos de reequilibrio, como pueden ser las asignaciones para
nivelación y la ampliación de crédito en el Fondo de Compensación
Interterritorial.

En cuanto a la autonomía financiera, aquí es donde resulta mucho más
inconsistente su argumentación, porque autonomía financiera --entendida
como el derecho de las Comunidades Autónomas a financiar sus gastos con
ingresos estables-- ya la hay ahora. Yo alguna vez he argumentado a los
portavoces socialistas que tan ingresos de las Comunidades Autónomas son
la participación en ingresos del Estado, es decir, las transferencias que
desde el Estado van a las Comunidades Autónomas, puesto que existe una
Ley Orgánica de Financiación de Comunidades Autónomas que reconoce ese
derecho, tan ingresos son ésos, repito, tan estables y tan seguros, como
los ingresos que proceden de sus propias fuentes fiscales. La diferencia
en favor de estos segundos es que suponen una implicación de las
Comunidades Autónomas en la recaudación tributaria, lo que entendemos
nosotros que va a tener una gran eficacia a la hora de reducir el fraude
fiscal y a la hora de frenar las reivindicaciones que desde algunas
Comunidades Autónomas --de forma en muchos casos inconsistente y
continua-- se formulan a los Presupuestos Generales del Estado para
recibir unos fondos que ellos perciben como gratuitos, sin coste
político, y que permiten ampliar, también de forma muy poco eficiente, el
gasto público en esas Comunidades Autónomas.

Por lo tanto, como instrumento de eficaz asignación, y al mismo tiempo
como instrumento para reducir el fraude fiscal, es conveniente --y así se
viene diciendo en los últimos años y así lo argumentaba el Grupo
Parlamentario Socialista hace escasamente unos meses-- que aumentemos la
corresponsabilidad fiscal, y eso es justamente lo que hace ese acuerdo.

En consecuencia, pienso que esa preocupación no responde a la realidad
del sistema de financiación. Otra cosa es que se quiera utilizar el nuevo
sistema de financiación autonómica como pura arma arrojadiza política, en
cuyo caso cada uno tiene derecho a formular las propuestas que desee.

Pero, señor Granado, hay más. No consideramos que la preocupación que
aquí nos formula respecto del nuevo sistema de financiación autonómica
sea sincera, ni siquiera aceptamos eso. Porque recordemos que hace
escasas semanas, en debate en Pleno de esta Cámara, el Ministro de
Administraciones Públicas ofreció al Grupo Parlamentario Socialista la
posibilidad de formular enmiendas durante el trámite presupuestario y
durante el trámite de estos proyectos de ley --los que van a regular la
financiación autonómica en los próximos años-- y el Ministro afirmó que
esas enmiendas se estudiarían con atención para mejorar el sistema, ya
ciertamente acordado, pero susceptible de mejorarse en algunos extremos.

Y ustedes han tenido ocasión de hacerlo.

Nos encontramos con que en una ley tan fundamental --todavía proyecto de
ley-- como es el de la cesión de tributos, ustedes no solamente no
formulan enmienda alguna, sino que todas las que han presentado son de
supresión, supresión y supresión: Suprimen el artículo 1, suprimen el
artículo 2, suprimen el artículo 3, suprimen el artículo 4 y así
sucesivamente. Todas ellas son de supresión, ni una sola enmienda aporta
nada, ni una sola nos dice que con el instrumento del Impuesto sobre la
Renta de las Personas Físicas tenemos que hacer determinadas cosas; ni
una sola nos dice que la participación de las Comunidades Autónomas en
los órganos de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria debe
establecerse de una determinada forma para garantizar una mayor eficacia
de esa participación de las Comunidades Autónomas en ese organismo de
inspección que nosotros queremos que sea eficiente para corregir el
fraude fiscal. No se ha presentado ni una sola enmienda que intente
mejorar el sistema acordado de financiación autonómica para el próximo
quinquenio.

Por lo tanto, la preocupación --lo mismo que otros sentimientos humanos--
se tiene que convertir en actos, puesto que si simplemente se convierte
en una melancólica preocupación, nosotros pensamos sencillamente que no
es sincera. Por todo ello, creo que queda claro nuestro rechazo a los
vetos relacionados con el capítulo de financiación autonómica aquí
formulados y defendidos exclusivamente por el Grupo Parlamentario
Socialista.

En cuanto a la ley de medidas fiscales, administrativas y de orden
social, toda la argumentación que he escuchado de los portavoces que han
defendido sus vetos es que, de nuevo, hay una dialéctica de
enfrentamiento social entre sacrificados --es decir, asalariados que ven
congelados sus salarios-- y beneficiados por reformas tributarias
arbitrarias, por modificaciones tributarias arbitrarias.

Yo me pregunto ¿se está refiriendo usted, por ejemplo, a los trabajadores
en buques, en segundo registro de Canarias, que reciben una bonificación
del 90 por ciento en las cotizaciones a la Seguridad Social, con lo cual
garantizamos que sean españoles quienes prestan sus servicios en esos
buques en lugar de ser tripulaciones internacionales sin aseguramiento
social ninguno? ¿Se refiere usted a éstos? ¿Se refiere usted a las
pequeñas empresas --a las muy pequeñas empresas-- con volúmenes de
ingresos de ventas, con cifras de negocios anuales inferiores a 250
millones de pesetas que, a su vez, constituye la mayor parte de nuestro
tejido industrial y es donde se está generando el 90 por ciento del
empleo, el que se está creando ahora? ¿Se



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refiere usted a ésas, que para los primeros 15 millones de beneficio les
bajamos del 35 al 20 por ciento el Impuesto sobre Sociedades, con lo cual
pensamos que se está mandando una señal clara a estos pequeños
empresarios, muy pequeños --estamos hablando de talleres, de pequeña
hostelería-- en el sentido de que pueden empezar a invertir y contratar
porque no va a haber trabas fiscales para el desarrollo de sus negocios?
¿O se refiere usted, por ejemplo, al nuevo Estatuto Fiscal de Ceuta y
Melilla? ¿Se refiere usted a la regulación de la zona especial canaria,
la zona ZEC, prevista en el régimen económico fiscal de Canarias? ¿A qué
se está refiriendo usted?
¿Se refiere usted a las explotaciones forestales, que por su larguísimo
ciclo de producción necesitan un tratamiento fiscal específico porque, en
caso contrario, nos encontraremos con un país desertizado, en el que
debido a que no se han tomado medidas fiscales en los últimos 15 años, o
las que se han tomado han sido insuficientes, tenemos las graves
deficiencias que ahora soportamos en explotaciones forestales? ¿A qué se
está refiriendo usted con esos beneficios arbitrarios, como si hubiese
grupos que se están beneficiando de la política fiscal o económica de
este Gobierno? ¿Se refiere usted a los concesionarios de autopistas?
Lo que nosotros recogemos en este proyecto de ley --y ése es el contenido
y las enmiendas que presenta el Grupo Parlamentario Popular-- es que hay
que regular precisamente la concesión, hay que regular los supuestos en
los que esas concesiones pueden ampliarse y hay que regular también las
aportaciones de capital privado a la creación de infraestructuras
públicas, porque, entre otras cosas, los presupuestos públicos --lo
argumentábamos ayer mismo en la Comisión de Presupuestos--, no resisten
con la deuda existente, con la deuda que ustedes han dejado más sumándole
los compromisos en los que ustedes nos han metido a todos, como la
integración en la Unión Monetaria --compromisos con los que, por otro
lado, estamos muy de acuerdo-- no resisten la financiación de las
infraestructuras que este país necesita. Por eso, como una necesidad --no
ideológica, sino una necesidad práctica material-- hay que recurrir a
procedimientos para permitir que sea la iniciativa privada la que entre
tanto en infraestructuras viarias por carretera como en infraestructuras
ferroviarias como en otro tipo de capital social.

Por el contrario, nosotros entendemos que, con el proyecto de Ley de
medidas, lo que se está haciendo es promoviendo auténticas reformas
estructurales en España. Recuerden todos los miembros de esta Comisión
cómo en los sucesivos Gobiernos del Grupo Parlamentario Socialista --creo
recordar que desde el año 1990 ó 1991--, con un primer documento
importante que salía del Ministerio de Economía y Hacienda, entonces
dirigido por el señor Solchaga --no recuerdo si era el Programa de
progreso o un nombre de esta naturaleza, que sería el precursor
posteriormente del programa de consolidación presupuestaria presentado a
la Unión Europea de cara a la Unión Económica y Monetaria--, ya en
aquellos documentos, desde el Ministerio de Economía y Hacienda se
insistía en la necesidad de reformas estructurales. Por ejemplo, se
decía: En España tenemos muy limitada la movilidad geográfica en el
mercado de trabajo, entre otras razones porque no se está potenciando la
vivienda en alquiler; hay que tomar medidas para potenciar la vivienda en
alquiler. Esto se decía a principios de los años noventa desde el
Ministerio de Economía y Hacienda.

Pues bien, no se ha hecho prácticamente nada desde entonces, y ahora se
dice: hay que potenciar la vivienda de alquiler. Se decía también: Hay
que suprimir organismos administrativos en la Administración que ya han
cumplido todas las funciones básicas para las que fueron creados. No se
suprimió ni uno solo. Por el contrario, si contemplamos algunos
Ministerios, vemos que tanto el número de empleados públicos como de
altos cargos, como las dispersiones administrativas, en lugar de seguir
una línea de descentralización jerárquica lo que teníamos era un
auténtico bosque por el gran número de altos cargos que se estaban
interponiendo entre la cabeza y la base en esos Departamentos
ministeriales. Y así sucesivamente. Hablo de documentos que a nosotros
nos hacían pensar esto. Y no quiero recordar las previsiones que a
finales de los ochenta se hacían sobre déficit público cero en el año
1992. Eso está escrito en los Presupuestos presentados por el señor
Solchaga a finales de los años ochenta.

En definitiva, líneas que podían haber permitido que ahora en el año 1997
actuáramos con mucha más holgura presupuestaria y no necesitáramos con
tanta premura aplicar estas reformas estructurales, todo eso que se
decía, sencillamente, se ha dejado sin cumplir, se ha dejado sin medida
normativa alguna y creo que casi todos podemos estar de acuerdo en que lo
que hemos vivido en los últimos años ha sido una parálisis de gobierno
que ahora tratamos de compensar desde el Gobierno sostenido por el
Partido Popular con una acción que en muchos casos no está siendo bien
entendida --y nosotros ponemos todo nuestro empeño en explicarla-- con
una acción, desde luego, decidida en materia presupuestaria (austeridad,
consolidación presupuestaria y cumplir los criterios de Maastricht) y en
materia de reformas estructurales, tocando los principales sectores
productivos de este país para conseguir abaratar precios, mejorar la
calidad de los servicios y conseguir una economía más competitiva y capaz
de generar más empleo.

Estas son las propuestas que nosotros incluimos en esta Ley de Medidas de
Acompañamiento. Yo quisiera que se me concretaran más esos beneficios
tributarios arbitrarios enfrentados a esos perdedores netos del
Presupuesto, como si se intentara penalizar a los funcionarios públicos.

Creo que su argumentación es demasiado simple, demasiado pobre, como en
otras muchas ocasiones y, además, es injusta, por no hablar de que es
incoherente que proceda, precisamente, del Partido Socialista donde se ha
recurrido mucho a la congelación salarial y --como le decía ayer mismo
también en la Comisión de Presupuestos-- con tasas de inflación mucho más
altas y con muchas menos garantías de que iba a servir para algo.

Nosotros estamos convencidos de que esta congelación sí va a servir
porque nos va a situar en Europa. Además, la pérdida de poder adquisitivo



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va a ser reducida dos puntos y medio de inflación, pero habida cuenta de
las ganancias que se están operando, por ejemplo, para todos aquellos que
están pagando plazos de hipotecas con la reducción de tipos de interés
que se están produciendo, la pérdida de poder adquisitivo va a ser muy
inferior a ese 2,6 por ciento.

En definitiva, este Grupo, como no podía ser de otra manera, y además
convencido de lo que hace y de lo que vota, va a apoyar los proyectos de
ley que presenta el Gobierno y aquellas enmiendas que van a mejorar estos
proyectos de ley.

Muchas gracias, señor Presidente.




El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, Senador Utrera.

Abrimos el turno de portavoces para fijar las correspondientes
posiciones. Yo rogaría que no abrieran de nuevo el debate y que se
remitieran a lo que es dicho turno, a la fijación de posiciones.

Tiene la palabra la Senadora De Boneta.




La señora DE BONETA Y PIEDRA: Muchas gracias, señor Presidente.

Yo creo que son muchas las argumentaciones que se han planteado. Me
ratifico en las propias, en las exposiciones que he hecho con
anterioridad. En todo caso, tendremos ocasión de debatir en Pleno
nuevamente la cuestión de fondo en lo que se refiere al veto planteado
por esta Senadora al proyecto de ley de medidas fiscales, administrativas
y de orden social.

Nada más y muchas gracias.




El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, Senadora De Boneta.

El Senador Nieto tiene la palabra.




El señor NIETO CICUENDEZ: Muchas gracias, señor Presidente.

Quiero manifestar, por un lado, que yo no he hecho mención en aras a la
brevedad a las tres leyes, pero que indudablemente me voy a referir al
tema de la financiación autonómica, pues solamente ha hablado de ella de
pasada el portavoz del Grupo Parlamentario Socialista. En este caso
concreto, los breves argumentos que ha dado dicho portavoz son
compartidos por el Grupo de Izquierda Unida.

Quiero también recordarle al portavoz del Grupo Parlamentario Popular que
cuando se habla del consenso de las Comunidades Autónomas, de las fuerzas
políticas, etcétera, hay que mencionar, fuera de ese consenso, a la
representación institucional que era de once millones de votos. La suma
de los votos del Partido Socialista y de Izquierda Unida, que están fuera
del consenso de la financiación de las Comunidades Autónomas, es de once
millones.




El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, Senador Nieto.

Por el Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos, tiene la
palabra el Senador Gangoiti.




El señor GANGOITI LLAGUNO: Muchas gracias, señor Presidente.

Muy brevemente voy a explicar cuál va a ser la posición de nuestro Grupo
y va a ser de rechazo de los vetos que se han presentado a los tres
proyectos. En el caso del proyecto de cesión de tributos y del nuevo
sistema de financiación autonómica nosotros no hemos presentado
absolutamente ninguna enmienda, lo cual indica una identificación total
con el proyecto que ha enviado el Gobierno.

Respecto del proyecto de ley de medidas fiscales, administrativas y de
orden social, creemos que es un buen complemento de los Presupuestos
Generales del Estado. Nosotros pensamos, tal y como decía ayer, que con
estos Presupuestos más esta Ley de Acompañamiento se consigue afianzar el
Estado de bienestar. Se va a tratar de relanzar la inversión productiva y
se va a hacer un esfuerzo serio, importante, para tratar de converger en
la moneda única. Mantenemos, lógicamente, algunas discrepancias que están
en las enmiendas que hemos presentado al respecto, pero globalmente
estamos de acuerdo con el proyecto. Por lo tanto, anunciamos el voto
contrario a los vetos y el apoyo a los textos que ha presentado el
Gobierno.

Nada más y muchas gracias, señor Presidente.




El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, Senador Gangoiti.

Por el Grupo Parlamentario de Convergència i Unió, tiene la palabra el
Senador Cambra.




El señor CAMBRA I SANCHEZ: Muchas gracias, señor Presidente.

Voy a intervenir también muy brevemente porque creemos que habrá tiempo
de debatir con mayor amplitud la globalidad de estos proyectos la semana
próxima en el Pleno. No obstante, sí quiero fijar la posición de nuestro
Grupo que es, lógicamente, de oposición a los vetos presentados a estos
tres proyectos de ley y, por tanto, de apoyo global a los textos que ha
traído el Gobierno y que nos han remitido del Congreso de los Diputados.

Por lo que hace referencia al proyecto de ley de cesión de tributos del
Estado a las Comunidades Autónomas y al proyecto de ley orgánica de
modificación parcial de la Ley de Financiación de las Comunidades
Autónomas, diré que estos textos cumplen en buena parte compromisos
adquiridos por el Gobierno y por nuestro Grupo que posibilitó la
investidura hace algunos meses y de ahí nuestro apoyo a los mismos.

Entendemos que en el proyecto de medidas fiscales, administrativas y de
orden social se incluyen toda una serie de medidas que inician unas
reformas estructurales que consideramos imprescindibles para el
cumplimiento de la Ley de Presupuestos y, por tanto, para poder conseguir
los objetivos de déficit imprescindibles para estar en la Unión Europea
en los plazos fijados. Por ello, aspectos trascendentes como los que ha
comentado el portavoz del Grupo Parlamentario Popular, Senador Utrera,
contenidos en este proyecto de ley, como son permitir mecanismos que
amplíen la inversión pública dando opción a la participación de la
iniciativa privada y disposiciones fiscales, etcétera,



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son pasos imprescindibles --repito-- para realizar las reformas
estructurales necesarias contempladas en esta globalidad que configuran
estos proyectos de ley y la Ley de Presupuestos y, por tanto, para
cumplir los objetivos previstos.

Por nuestra parte nada más, simplemente reiterar nuestra oposición a los
vetos presentados a estos tres proyectos de ley.




El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, Senador Cambra.

Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el Senador
Granado.




El señor GRANADO MARTINEZ: Muchas gracias, señor Presidente.

Intervendré con la mayor brevedad, pero el Senador Utrera me ha hecho
algunas preguntas concretas que intentaré contestar en este turno. Yo
empezaría por decir que el Senador Utrera ha intentado compensar con su
entusiasmo la falta de rigor de su argumentación. Intentar defender un
proyecto de ley presentado por este Gobierno hablando de los años ochenta
y de las previsiones de los gobiernos de los años ochenta, después de que
se han producido varias elecciones generales, demuestra, de alguna
manera, la falta de argumentos que tiene el Grupo Parlamentario Popular
para defender sus propias actuaciones.

Yo dije en una ocasión, en la tribuna del Pleno del Senado, que si bien
es cierto que los gobiernos socialistas se habían equivocado en sus
previsiones, también es cierto que de haberse cumplido las previsiones
que se anunciaban en las discusiones de las diferentes enmiendas a la
totalidad, presentadas por el Grupo Parlamentario Popular durante estos
trece años a los Presupuestos Generales del Estado, no estaríamos
viviendo en España, sino que estaríamos viviendo en Ruanda. (Rumores.) La
situación de nuestro país estaba descrita en términos tan catastrofistas
que, realmente, hubiera sido difícil reconocerlos.

Y, en este sentido, invitaría a señalar quién se ha equivocado más en sus
previsiones; por ejemplo, quienes decían en el año 1993 que no era
necesario congelar el salario a los funcionarios porque simplemente con
hacer una reforma buena de la Administración podía ahorrarse más dinero
público y más fondos públicos que congelando el salario a los
funcionarios, y cuando tienen la obligación de gobernar parece ser que
encuentran que la tan cacareada reforma de la Administración no produce
ningún ahorro y que realmente la única posibilidad de ahorrar dinero está
en congelar el salario a los funcionarios, a la vez que otros grupos
sociales van a verse beneficiados en rebajas impositivas.

Al final, estamos ante un bloque de medidas legislativas que se basan en
un principio general; el principio general de que los que pagan tienen
que pagar menos, sobre todo los que pagan más, que los que cobran también
tienen que cobrar menos y que los que reciben prestaciones del Estado
deben recibir menores prestaciones. De alguna manera es, lo hemos dicho
también en esta tribuna, el pacto del Estado mínimo; los que piensan que
hay que disminuir la capacidad reequilibradora del Estado con los que
piensan que es necesario que el Estado vaya desapareciendo gradualmente
en favor de las Comunidades Autónomas. Y ésta es la filosofía que anima a
las medidas del Grupo Popular.

Voy a hacer una referencia general al tema de financiación autonómica.

Senador Utrera, la corresponsabilidad fiscal y la autonomía financiera no
están en la Lofca, están en la Constitución. Y, en este sentido, nosotros
no estamos ni en contra de la corresponsabilidad fiscal ni en contra de
la autonomía financiera de las Comunidades Autónomas, todo lo contrario,
el problema es el sistema. El problema es que el sistema que ustedes han
diseñado no tiene arreglos ni mejoras parciales, porque lo que va a
suceder con el sistema que ustedes están imponiendo es que, al final del
proceso, va a haber algunas Comunidades Autónomas que van a tener cupo,
que la Comunidad Autónoma de Madrid va a poder financiar con los
impuestos que le sean cedidos, en función de lo que se considera recursos
propios, no sólo los servicios que tiene transferidos y los que se le van
a transferir, sino que, incluso, va a tener un excedente, y otras
Comunidades Autónomas van a llegar al 15 por ciento de autonomía
financiera, es decir, sus recursos propios en relación al presupuesto de
su Comunidad Autónoma no va a ser superior al 15 por ciento, como es el
caso de la Comunidad Autónoma de Extremadura.

Un sistema tan desigual, que no tiene parangón en ningún sistema de
financiación de los que existen en el mundo, es un sistema que no tiene
arreglos parciales y que necesita ser reconcebido. Su sistema no permite,
por lo tanto, la presentación de enmiendas parciales. Su sistema es malo
en general y tiene que ser abordado de otra manera.

Además, ustedes pretenden decirnos que con este sistema están otorgando
mayor autonomía a las Comunidades Autónomas y se desmienten semana tras
semana con sus propios hechos. En la tramitación del Proyecto de ley de
Presupuestos Generales del Estado se han aprobado enmiendas que
transfieren a una Comunidad Autónoma presupuestos extraordinarios para
financiar la educación. ¿Y qué va a pasar con las demás? La revisión de
los decretos de traspasos de medios y servicios producidos en los años
ochenta por las Comunidades Autónomas se cerró para todas en el año 1986
con el nuevo sistema de financiación que se puso en marcha aquel año.

Ustedes acaban de aprobar un decreto de revisión de traspasos a otra
Comunidad Autónoma, como acaban de aprobar la modificación del Concierto
Vasco, que todavía no sabemos cuándo va a llegar, ni siquiera, si va a
tener efectos en el año 1997 y van ustedes a seguir produciendo medidas
unilaterales que, al final, nos dejan muy claro que el volumen de
ingresos de cada Comunidad Autónoma no depende de su magnífico sistema,
sino de la capacidad de negociación de algunos grupos parlamentarios con
su grupo parlamentario y con el Gobierno.

Si tenemos un sistema de financiación tan magnífico, por qué es necesario
adoptar medidas tan unilaterales de modificación de los ingresos de
algunas Comunidades Autónomas en concreto. Si tenemos un sistema de
financiación



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tan magnífico, por qué algunos de sus autores intelectuales ya lo están
poniendo en cuestión porque este sistema se basa en el Impuesto sobre la
Renta. La posición del Gobierno ha sido que no era posible ceder los
impuestos especiales a las Comunidades Autónomas, a continuación, se
modifica el Concierto económico del País Vasco o se anuncia un acuerdo
político para esa modificación con la cesión de los impuestos especiales.

Y, lógicamente, a los dos días algunos de los coautores intelectuales de
este sistema de financiación, de los pactos de investidura, nos dicen que
los impuestos especiales acabarán cayendo, caerán en esta legislatura y,
por lo tanto, el sistema que estamos diseñando ahora es un sistema
eminentemente transitorio. Y, además, todavía ni siquiera sabemos si las
modificaciones producidas en este sistema van a poder entrar en vigor en
las Comunidades Autónomas en el año 1997, ni siquiera sabemos si estas
modificaciones van a suponer algo más que un mero brindis al sol y que
posibles acuerdos parlamentarios para garantizar la aprobación de
posibles Presupuestos para los años 1998 y 1999 no van a suponer nuevas
modificaciones al sistema.

En conclusión, éste es un sistema desigual que tiene en su propia
concepción problemas que no son susceptibles de corrección particular,
que está siendo desmentido con los hechos día a día por la acción del
Gobierno; que está siendo, digámoslo así, modificado día a día por sus
propios autores en sus propuestas y en sus reivindicaciones y que no
solamente no va a frenar la reivindicaciones de las Comunidades
Autónomas, y a los hechos me remito y cualquiera que lea la prensa puede
sacar esta conclusión, sino que las está alentando. Desde que ustedes han
pactado este nuevo sistema de financiación autonómica los agravios
comparativos entre las diferentes Comunidades Autónomas de nuestro país
se han multiplicado, no han disminuido ni un ápice y día a día ustedes
están viendo que realmente este sistema no se sostiene. Va a ser aprobado
mayoritariamente, es absolutamente legítimo, desde luego supone algún
avance en alguna dirección que nosotros compartimos, como es la
integración de las Comunidades Autónomas en la Administración tributaria,
pero no es un buen sistema y lo mejor que le puede pasar a este país es
que no se ponga en práctica nunca, que probablemente es lo que va a pasar
si en el año 1997 no se puede poner en práctica, porque en el año 1998,
deseemos todos que lleguemos al acuerdo necesario para dotar a nuestro
país de un sistema estable de financiación de las Comunidades Autónomas,
que no dependa de los pactos de investidura. Y hago autocrítica, Senador
Utrera. Hubo en el año 1993 una modificación de la financiación de las
Comunidades Autónomas vinculada a unos acuerdos de investidura, ha habido
otro en el año 1996, a ver si entre todos somos capaces de diseñar un
sistema de financiación que no está vinculado a los pactos de investidura
de un Gobierno, porque desde luego estamos entrando en una senda
peligrosa de ruptura de solidaridades territoriales.

En cuanto a la ley de acompañamiento, el Senador Utrera no ha hecho
ninguna referencia a los ayuntamientos, se ve que ésa es una herida que
está ahí latente. Yo confío que en el debate del Pleno podamos llegar a
una fórmula que consiga que los alcaldes, en muchos casos del Partido
Popular, de las principales ciudades españolas no digan que esta ley es
una agresión a las competencias municipales que les impide gobernar y que
les impide invertir, que es lo que han dicho ayer.

Y entramos en la cuestión fiscal que es una de las cuestiones más
relevantes de la propia ley. Senador Utrera, no me pongo como ejemplo de
buena gestión el presentar como enmiendas a la ley de acompañamiento en
el Senado un nuevo Estatuto Fiscal para Ceuta y Melilla, porque si
tenemos algún mínimo respeto por la dignidad de las ciudades autónomas de
Ceuta y Melilla, este debe ser un texto que quede en otro lugar y, desde
luego, que sea debatido de manera suficiente por las Cámaras. Porque,
además, ya no hay razones de urgencia; acabamos de convalidar, hace diez
días, en el Congreso de los Diputados un Decreto-ley para dotar de
suficiencia fiscal y financiera a las ciudades autónomas de Ceuta y
Melilla. Y nosotros decimos: en el lugar donde está, muy mal. Recordará
usted que en ponencia yo le hice la petición de que, incluso, por decoro
parlamentario, esta norma figurara en la Ley de Cesión de Tributos porque
me parecía más oportuno. En cualquier caso, lo que desde luego sería muy
conveniente es que las Cámaras, el Congreso y el Senado, se pudieran
pronunciar sobre el régimen fiscal de Ceuta y Melilla y no tuvieran que
aprobar con el sistema binario de las lentejas si quieres las tomas y si
no las dejas, una enmienda presentada en el último trámite parlamentario
por el Grupo Parlamentario Popular en el Senado, lo cual nos impide
pronunciarnos en detalle sobre los aspectos importantes que regula esta
enmienda que, además, le voy a decir que en sus términos generales
compartimos, porque aquí ya no estamos hablando del huevo de la cuestión,
estamos hablando del fuero de la tramitación parlamentaria de una
determinada norma, en este caso, del Estatuto fiscal de las ciudades de
Ceuta y Melilla.

Me dice usted que le ponga ejemplos de los agravios que se contienen en
este Proyecto de ley. Ha puesto usted uno divertido; el de las
explotaciones forestales. Ustedes tienen una enmienda que rebaja el 80
por ciento de las bases imponibles de las explotaciones forestales, de
los rendimientos forestales que se produzcan, a las personas que tienen
que tributar en renta. En estos momentos en mi Comunidad Autónoma, y es
un tema que conozco relativamente bien, con las subvenciones que se
reciben de la Unión Europea, hay empresas que realizan toda la inversión
en una determinada explotación forestal. Es decir, la oferta que se les
realiza a los propietarios es ésa: usted me pone los terrenos y yo con lo
que usted recibe de subvención de la Unión Europea le hago toda la
inversión, se despreocupa de ella y no tiene que poner ni un duro y,
además, la empresa gana mucho dinero; y esto es lo que está sucediendo en
este país.

Ahora le decimos al propietario de los terrenos que no se preocupe por
los rendimientos de esa inversión que ha financiado al 100 por cien con
subvenciones europeas, pues el 80 por ciento de esos rendimientos van a
estar exentos de tributación. Por tanto, se le va a rebajar la carga
fiscal el 90 ó 95 por cien. ¿Y me dice usted que eso no es



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un privilegio? ¿Sostiene usted que no es un privilegio decir que el pan
congelado esté a tipo ultrarreducido en el IVA? ¿Por qué el pan congelado
y no el pescado congelado, o por qué no la leche condensada o la leche en
polvo?
Es una medida que va a suponer la pérdida de competitividad de muchas
explotaciones tradicionales de panadería en nuestro país que no van a
poder soportar la competencia de las grandes instalaciones fabriles que
venden en grandes superficies comerciales pan de peor calidad a precios
más baratos.

¿Me dice usted que no supone un trato de privilegio haber realizado una
modificación normativa que tiene como único objeto conseguir que los
clubes de fútbol de este país se ahorren miles de millones de pesetas en
actas de infracción a Hacienda, y que ha sido considerado un abuso por
los propios funcionarios de la Hacienda Pública que estaban levantando
esas actas de infracción?
¿Considera usted, en contra de todos los informes del Tribunal de Defensa
de la Competencia, que no es un privilegio la ampliación de los plazos de
concesión a los concesionarios de autopistas o a los concesionarios de
transportes de los servicios regulares de transporte de viajeros en
carretera? Es una medida que va a afectar fundamentalmente a las
concesiones operadas antes de la Ley de Ordenación del Transporte y que
tiene ya unos precios mucho más altos que las operadas después, porque la
Ley de Ordenación del Transporte liberalizó el sector, y ustedes, en
contra del Tribunal de Defensa de la Competencia y en contra de los
informes, van a otorgar una vez más un mejor trato a las concesiones
anteriores, que tienen unos márgenes de suficiencia financiera mayores
por los precios que imponen a las tarifas de las que vienen
beneficiándose. Allá donde el Tribunal de Defensa de la Competencia nos
pide que acortemos los plazos, nosotros los ampliamos, y además decimos
que es para liberalizar y que no es un privilegio.

Lo mismo ocurre con el tratamiento de las retribuciones en especie, del
cual se benefician exclusivamente los directivos de las grandes empresas
de este país, porque yo no conozco ningún mecánico, ningún tornero ni
ningún fresador que reciba retribuciones en especie o acciones de sus
compañías; los que reciben acciones de las compañías suelen ser los
directivos. Ahora resulta que excluimos del Impuesto sobre la Renta las
acciones que puedan recibir de sus compañías los directivos de las
empresas. Todo ello, además, lo hacemos un año en el que imponemos una
congelación salarial, que cuando estábamos en la oposición decíamos que
era una medida que sólo se justificaba por la inoperancia y la
incapacidad del Gobierno, y hablamos de que no existe privilegio alguno.

Quiero hacer una referencia brevísima, y lo siento porque estoy
anticipando el debate del Pleno, pero el Senador Utrera con su habilidad
intenta sacarme algún argumento, probablemente para poder contestarme
mejor --que lo hará bien-- en el Pleno, al tema de las pequeñas y
medianas empresas.

En diciembre del año 1995 aprobamos una Ley que permite a una pequeña y
mediana empresa de nuestro país excluir de la base imponible del Impuesto
sobre Sociedades hasta 50 millones de pesetas por reinversión que pueda
practicar en tres años, es decir, le estamos aprobando indirectamente una
rebaja en la cuota del Impuesto de 17 millones y medio de pesetas,
siempre que reinvierta.

En el Decreto de junio de 1996 se dice que, por contratar a un solo
trabajador, una empresa podrá deducir un millón de pesetas por trabajador
en el Impuesto sobre Sociedades. Ahora vamos a aprobar una medida que en
el máximo de los supuestos permite una rebaja de 750.000 pesetas, y el
Secretario de Estado de Hacienda cuando hace los cálculos de lo que va a
suponer al Erario Público dice que supondrá una media de 100.000 a
150.000 pesetas por empresa a unas 150.000 empresas de este país. Eso es
lo que, en cálculos del Gobierno, supone esta medida.

¿Me quiere usted decir, Senador Utrera, cuántos puestos de trabajo va a
crear un empresario con 100.000 pesetas menos de impuestos? Están ustedes
lanzando un mensaje a sus empresarios, pero el mensaje no es de que
empleen, el mensaje es de que disponen de más dinero para gastar porque
van a pagar menos impuestos. ¿Que va a crear empleo esta medida? Desde
luego, probablemente en la hostelería, pero no porque los empresarios de
la hostelería paguen menos impuestos, sino porque los empresarios en
general podrán gastarse más dinero en la hostelería.

¿Usted cree, de verdad, que pueden decir que con una rebaja de 100.000 ó
150.000 pesetas se van a a crear puestos de trabajo en este país cuando
la rebaja afecta a los beneficios no reinvertidos? Nosotros estamos
dispuestos a hablar de todas las deducciones fiscales que sean necesarias
para beneficiar la reinversión y el empleo. Pero lo que ustedes hacen es
sustituir la deducción de un millón por puesto de trabajo contratado
--del Decreto de junio--, por una deducción de 100.000 a 150.000 pesetas
por el beneficio que se gasta, que no se reinvierte. Y ustedes dicen que
eso va a mejorar la situación económica del país. No, va a mejorar la
situación económica de las personas beneficiadas.

Podemos hablar en serio de armonización fiscal, sabemos que la
armonización europea, que la construcción de la Unión Económica y
Monetaria en Europa va a suponer la armonización de normas fiscales en
España, entre ellas las de renta, que ustedes desarmonizan segmentando el
Impuesto sobre la Renta en diecisiete impuestos diferentes en las
Comunidades Autónomas. Podemos hablar en serio de los incentivos a la
reinversión y a la contratación; no pensamos que con esos incentivos a la
contratación se cree mucho empleo, pero podemos hablar en serio. De lo
que no podemos hablar es de incentivos de esa naturaleza a los beneficios
que no se reinvierten y a los que no se utilizan en la creación de
empleo.

Senador Utrera, entenderá usted que no es muy congruente regalar
--digámoslo así--, beneficiar, disminuir los impuestos que pagan los
empresarios en 100.000 pesetas a la vez que se congelan los salarios de
los empleados públicos, porque los mismos argumentos de austeridad serían
válidos para soportar la denegación de la medida. ¿Por qué la austeridad
siempre tiene que afectar a unos y no a otros, y por qué la austeridad
tiene que afectar de manera tan diferente a unas y otras personas en
relación a cuál es su situación en la sociedad?



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Permítame que le diga, Senador Utrera, que mis argumentos pueden ser
pobres, pero los suyos tampoco tienen una enorme riqueza descriptiva.

Ustedes parten de la necesidad de que para reactivar la situación
económica, los que pagan impuestos paguen menos, y los empleados públicos
ganen menos. Yo no encuentro lógica a ese tipo de medidas, no encuentra
lógica una buena parte del funcionariado de este país, tampoco encuentra
lógica algunas Comunidades Autónomas ni algunos Ayuntamientos, ni
siquiera algunas empresas. Estamos oyendo todos los días cómo algunos
sectores están manifestándose en contra de modificaciones que se están
imponiendo en estos presupuestos, por considerarlas negativas para la
actividad económica.

En todo caso, una vez rotas las cántaras que ustedes rompen con este tipo
de privilegios fiscales, el año que viene tendremos que rebajar el 80 por
ciento de la tributación para las personas que trabajen en empresas cuyo
proceso de maduración de las inversiones sea muy largo, en lógica
coherencia con lo que vamos a hacer con las explotaciones forestales. El
año que viene tendremos que rebajar el IVA no solamente para el pan
congelado, sino para el pescado congelado, la leche en polvo, la leche
condensada y todos los derivados lácteos o derivados del huevo que en
estos momentos están en IVA normal, lógicamente, pedirán el IVA reducido,
igual que el pan congelado lo tiene.

Así seguiremos haciendo las cosas, es decir, introduciendo pequeñas
chinitas en un sistema fiscal que son incongruentes con la legislación
fiscal española y con las necesidades económicas de nuestro país, y
además diciendo que se hace para reactivar la situación económica. Su
discurso no es el nuestro. Nosotros no hemos tenido miedo a decir a la
sociedad que hay que hacer sacrificios en determinadas épocas, pero sí
tenemos un criterio algo más equitativo a la hora de distribuir estos
sacrificios.




El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, Senador Granado.

Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el Senador Utrera.




El señor UTRERA MORA: Gracias, señor Presidente.

Intervengo muy brevemente para agradecer el apoyo que, desde el Grupo
Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos y desde el Grupo
Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió, se presta a la
tesis del Gobierno y, por tanto, mostrar la oposición a los vetos que se
presentan desde el Grupo Parlamentario Mixto y desde el Grupo
Parlamentario Socialista.

Creo que es hora de serenar un debate que hasta ahora se ha pretendido
que no se basara en argumentos sino simplemente en impresiones, retazos e
imágenes como ésta de que se beneficia a los que pagan impuestos para que
paguen menos, y al mismo tiempo, los que cobran, cobren menos. Es una
frase, desde luego, ingeniosa, pero que no tiene más sentido que eso, que
el puro ingenio.

Yo creo haber explicado suficientemente por qué estos presupuestos son
austeros. Dentro de esa austeridad todos los Grupos sociales, también
todos aquellos organismos, incluidos los ayuntamientos u otras
administraciones públicas que reciben, legalmente reconocidas,
transferencias desde los Presupuestos del Estado, se han visto limitados
por este presupuesto austero. Hemos tenido un exquisito cuidado en que en
materias sociales, concretamente prestaciones asistenciales y desde luego
el sistema de pensiones, no quedasen dudas del compromiso del Partido
Popular con el mantenimiento de esas rentas. Al mismo tiempo, en todos
los demás casos, funcionarios --y nosotros queremos que esa medida sea
puramente excepcional-- o grupos de trabajadores también relacionados con
los presupuestos, tendrán durante 1997 recortes o congelación en las
transferencias o en las retribuciones o salarios que reciben desde los
presupuestos del Estado. Las cosas están así.

También hemos explicado el porqué de la financiación autonómica. Parece
que esto se ha caído del cielo y que el hecho de que hayamos avanzado en
el diseño de la financiación autonómica en este país es un compromiso de
Investidura. Eso no es cierto. Lo que ocurre es que cada cinco años hay
que renegociar el sistema de financiación autonómica y tocaba este año de
1996 realizarlo para que el 1 de enero de 1997 estuviera en vigor el
nuevo período quinquenal de financiación autonómica; ésa es la razón por
la cual se ha negociado, se ha pactado y se ha acordado con la mayor
parte de las Comunidades Autónomas el nuevo sistema de financiación para
1 de enero de 1997, y ésa es la razón por la cual lo estamos debatiendo
nosotros dentro de este gran paquete presupuestario que integran los
cinco proyectos de ley, los dos que vimos ayer y anteayer en la Comisión
de Presupuestos y los tres que estamos viendo hoy.

Yo creo que los hechos son la mejor forma de refutar malas
argumentaciones, y a los hechos nos remitimos. Venimos de un sistema de
financiación autonómica que prácticamente es continuista respecto de lo
que se diseñó ya a principios de los ochenta, y precisamente por esa
razón tenemos que referirnos a la historia, y no por falta de argumentos,
sino porque precisamente ése es el argumento; es decir, el argumento es
que durante demasiado tiempo se han arrastrado las inercias del pasado;
durante demasiados años en materia de financiación autonómica, en materia
de política fiscal e incluso en materia de política económica se han
arrastrado inercias del pasado que, en algunos casos, dieron lugar a
soluciones razonables entonces, pero que con el tiempo había que
modificar, y tenemos un ejemplo de libro con la financiación autonómica.

Yo ya lo he explicado en algunas de las intervenciones en Pleno, por
tanto está recogido en el «Diario de Sesiones» y no lo voy a hacer ahora
en detalle, pero hay que entender que así como el proceso de
descentralización territorial, admirable y muy rápido, que se operó en
España a principios de los años ochenta necesitaba una horma jurídica que
permitiese esa rapidez en las transferencias de competencias y que,
además, garantizase una financiación fluida a las Comunidades Autónomas,
esa horma no sirve ya cuando está asentado el proceso, cuando ya los
ciudadanos de las Comunidades Autónomas tienen no solamente asimilada la
propia existencia de los Gobiernos autonómicos, sino que, además, las
Comunidades Autónomas son ya competentes en muchísimos campos. Por lo
tanto, no sirve; no podemos



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arrastrar un sistema de pasado que básicamente --y esto se lo quiero
recordar al señor Granado porque tuve la ocasión de participar muy
directamente en la negociación del anterior quinquenio de financiación
autonómica que ahora vence-- era una pelea de iguales para buscar una
colocación un poco mejor en una variable sociodemográfica, es decir, no
era indiferente que se ponderase un poco más la descentralización
administrativa porque eso daba dinero a unas Comunidades Autónomas y se
lo quitaba a otras. Perdóneme, pero ponerme ahora ese sistema como
ejemplo, como referente y decir que no se avance ni un paso más, que no
se haga nada y que volvamos a él, en tanto en cuanto acordemos uno nuevo,
sencillamente no es la mejor de las soluciones; ya no lo era en el año
1993 y mucho menos ahora en el año 1996.

Los presidentes de Comunidades Autónomas que opinan, teniendo en cuenta
no ya los intereses de su propia Comunidad Autónoma, que estoy convencido
de que todos ellos lo tienen, sino que opinan de forma desapasionada o no
ideologizada en materia de financiación autonómica, reconocen las
bondades de un sistema que no solamente premia el mérito de la Comunidad
Autónoma y, por tanto, su capacidad de participar en la recaudación
tributaria, sino que, además, permite a las Comunidades Autónomas gozar
de un instrumento para conseguir los fines de política que ese Gobierno
autonómico tiene trazados. Es decir, ya no estamos hablando sólo de una
pura financiación en cuanto a pesetas, sino del poder político que todos
queremos que las Comunidades Autónomas tengan. Si eso es así, nosotros
estamos convencidos de que el nuevo sistema de financiación autonómica
--ya veremos sus resultados-- va a funcionar razonablemente bien y que
las cuestiones que gracias a las enmiendas de algunos Grupos
Parlamentarios --desde luego no gracias a las enmiendas del Partido
Socialista que ya he dicho que son todas de pura supresión, de puro
inmovilismo, para que estemos todos quietos y todo parado-- y gracias a
las sugerencias que durante estos meses han enriquecido el debate de
financiación autonómica se irán perfeccionando y entonces tendremos un
sistema de financiación vivo, como no puede ser de otra manera. No existe
el sistema de financiación de Haciendas Subcentrales perfecto. En todos
los países, incluso en democracias muy descentralizadas que llevan
centenares de años funcionando, periódicamente hay que replantearse las
relaciones financieras entre el Gobierno Central o Federal y los
Gobiernos subcentrales, ya sean estos Estados o sean Autonomías, es
decir, con independencia del poder político, de la fundamentación
política de esa descentralización.

Usted argumenta sobre la base de conceptos históricos y se refiere a
cuestiones como que ahora a Canarias se le está aportando una
financiación extraordinaria. Debido a ese procedimiento histórico que
estamos arrastrando de financiación, que era muy poco sensible a la
dotación insuficiente de infraestructuras, en este caso educativas pero
puede ser de otro tipo, ya que el sistema de financiación autonómica en
el que estamos viviendo únicamente consideraba el valor de lo que en ese
momento tenía transferida la Comunidad Autónoma y las dotaciones de
infraestructuras que entonces tenía la Comunidad Autónoma, debido a ello
resultaban unos valores de financiación que son insuficientes. Pero eso
está previsto en el artículo 15 de la LOFCA y no lo hemos inventado
ahora; eso se inventó en el año 1980 cuando se dijo que eran necesarias
asignaciones de nivelación y que era necesario que las Comunidades
Autónomas que tuvieran aportaciones insuficientes dotarlas de alguna
manera, como por ejemplo a través de Convenios. Y los convenios se han
utilizado con mucha intensidad por las administraciones socialistas, y
nosotros lo vamos a seguir utilizando porque son necesarios los convenios
específicos para determinadas actuaciones específicas con determinadas
Comunidades Autónomas, porque son necesidades de esas Comunidades
Autónomas y no necesidades de otras. Eso no afecta al bloque principal
que es la financiación autonómica, la financiación incondicionada, la que
reciben todas las Comunidades Autónomas de acuerdo con la Ley Orgánica de
Financiación.

De nuevo, le pido que revisen sus conceptos. Usted comete un error de
base importante. Las transferencias que reciben las Comunidades Autónomas
en concepto de participación en ingresos del Estado son tan ingresos de
las Comunidades Autónomas, son tan propios --usted ha utilizado el
término propio-- como los ingresos fiscales, ya procedan éstos de los
tributos cedidos, ya procedan, a partir del 1 de enero de 1997, de la
participación en el Impuesto sobre la Renta; son ingresos propios de las
Comunidades Autónomas, puesto que una ley orgánica les reconoce el
derecho a obtener esos ingresos que proceden de transferencias del
Estado. Eso no supone en modo alguno relegarlas ni considerarlas segundas
dentro del concierto, dentro del conjunto de Comunidades Autónomas;
sencillamente es que tienen una menor capacidad fiscal y, por tanto,
requieren unas mayores transferencias. Pero esas transferencias que
pretenden precisamente eso, la solidaridad, es decir, la igualación en la
prestación de servicios en todo el territorio nacional, cualquiera que
sea la Comunidad Autónoma en donde resida el ciudadano, eso precisamente
se corrige con un aumento en las transferencias que desde el Estado van a
aquellas Comunidades Autónomas con una menor capacidad fiscal. Entiendo
que eso es fácil de comprender y que no hay que argumentar, y que sólo
desde una posición a priori que no pretende extraer el contenido real de
un acuerdo de financiación autonómico, como el que estamos debatiendo,
sólo desde esa posición se puede negar la evidencia.

Pero a los hechos nos remitimos y, desde luego, no va a haber cupos,
señor Granado. No saque usted de su contexto una cuestión puramente
anecdótica y temporal en las circunstancias concretas, como puede ser la
Comunidad Autónoma de Madrid; es decir, en tanto en cuanto la Comunidad
Autónoma de Madrid no tenga transferidos todos los servicios de
educación, generará un cupo; en el momento en que las transferencias, que
ya están previstas para el año que viene, se colmen, ese pequeño desfase
presupuestario y financiero que usted ha apreciado con la sagacidad que
le caracteriza, ya habrá desaparecido.

Por tanto, es un cupo puramente transitorio, incluso yo me atrevería a
afirmar que fugaz en el tiempo, no más de



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uno o dos períodos presupuestarios; absolutamente fugaz, porque lo que no
creemos deseable es que se generalicen a todo el territorio español
relaciones de cupo, es decir, relaciones de excesos de recaudación de
ingresos en las Haciendas subcentrales y que la Hacienda central dependa
de las transferencias que procedan de las subcentrales, porque es un poco
el mundo al revés. Sobre eso no hay ejemplo significativo o relevante en
el resto del mundo occidental.

Tenemos, por las peculiaridades que todos conocemos, y recogido en
nuestra Constitución, un sistema muy peculiar de concierto y de convenio
con las Comunidades Autónomas del País Vasco y de Navarra, que está
perfectamente asentado tanto en la Historia como en la conciencia de los
ciudadanos españoles. Creemos que ésa es una cuestión que hay que
considerar como lo que es y, desde luego, no generalizable.

Respecto de las críticas que usted formula a la ley de acompañamiento,
sencillamente no las entiendo. Usted tiende a extraer de los argumentos
un jugo inexistente o sencillamente un jugo que no es del todo real.

¿Cuál es el problema de los ayuntamientos con esta ley de medidas de
acompañamiento? El problema no es un derrumbe de las Haciendas
municipales, ni tampoco es un enfrentamiento con el Gobierno, es una
disposición muy concreta que limita su capacidad de endeudamiento, porque
es hora de poner orden en la deuda de las haciendas subcentrales y,
especialmente, de las haciendas municipales.

Bien es verdad que hay instituciones y Administraciones públicas que son
muy dependientes de los Presupuestos Generales del Estado y que, además,
tienen reconocidas unas funciones y competencias muy caras. Por eso
reconocemos y consideramos que una de las cuestiones más importantes que
hay que debatir en este país y que hay que resolver en los próximos años
es la insuficiencia financiera crónica de las Administraciones Públicas
municipales. Sin embargo, lo que no se puede es que esa insuficiencia
crónica se materialice en unos endeudamientos que condicionen los propios
presupuestos municipales para períodos de 10, 15, 20 ó 30 años, en los
que prácticamente no se pueda hacer otra cosa más que pagar intereses de
la deuda que previamente se ha concertado.

Eso está ocurriendo ya con algunos municipios muy importantes algunos,
otros no tanto, pero está ocurriendo y por eso hay que poner orden en la
deuda municipal y ésa es la medida.

Si usted tiene algo que aportar, le vuelvo a repetir lo que ya dijo aquí
el Ministro de Administraciones Públicas, hágalo con sus enmiendas o con
sus sugerencias, pero, por favor, ni recurra a experiencias pasadas,
donde estas cuestiones se dejaron al albur de los deseos de los gobiernos
municipales, ni recurra al pasado, porque, desde nuestro punto de vista,
es decepcionante, ni tampoco bloquee decisiones que, ciertamente, tratan
de resolver problemas. ¿Que son mejorables? Hagan ustedes aportaciones
que mejoren estos instrumentos. Pero, en definitiva, ése es el problema,
no es otro, no hay una intromisión en la vida de los gobiernos
municipales más que en lo que se refiere a su capacidad de endeudamiento.

En cuanto al resto de sus reflexiones, creo que usted es particularmente
injusto con el empresariado español y, sobre todo, con el pequeño
empresario español, cuando también en una frase ingeniosa dice que lo
único que va a salir beneficiada es la hostelería en España porque se va
a hacer uso, goce y disfrute de los servicios de hostelería, e incluso
sólo le ha faltado decir que de hostelería sofisticada por parte del
empresariado español gracias a estas medidas tributarias. Creo que ha
sido particularmente injusto.

Podríamos hablar mucho, incluso debatir mucho y podríamos no ponernos de
acuerdo. Sí que es cierto que desde el Ministerio de Economía y Hacienda
de este Gobierno y desde el Grupo Parlamentario Popular pensamos que el
juego de expectativas es importante y que el hecho de que los empresarios
perciban, como es deseo de este Gobierno y compromiso electoral del
Partido Popular, que la presión fiscal en España va a bajar, son
instrumentos de modificaciones tributarias que van a continuar en el
tiempo en sucesivos presupuestos, en sucesivas medidas tributarias, que
la presión fiscal en España va a bajar para los que pagan impuestos, para
los empresarios y trabajadores. Nosotros tenemos decidido bajar los
impuestos de los españoles porque ésa ha sido nuestra promesa electoral.

Pues bien, en este caso creemos que las medidas que, como ésta, influyen
en expectativas, pueden tener una gran eficacia. Bien es verdad que
podríamos no tenerla --fíjese lo que le digo--; es decir, si todos nos
dedicáramos a decir que no van a tener eficacia y que este país va camino
del desastre o si, por el contrario, entre el empresariado español y los
agentes sociales también españoles triunfase la idea de que no vamos a
primera velocidad en la Unión Monetaria, o triunfase la idea de que este
país no tiene una dirección adecuada en materia de política económica,
entonces el juego de expectativas, sin duda alguna, anularía esta medida
tributaria, lo mismo que otras muchas.

Lo que ocurre, y otra vez repito lo que antes le decía, es que los hechos
desmienten esas afirmaciones, es decir, llevamos apenas ocho meses de
Gobierno y en ese tiempo, ¿sabe usted a cuánto está el diferencial con el
bono alemán a diez años, al día de ayer? A 1,22. ¿Sabe usted a cuánto
estaba en los meses de enero, febrero, marzo o diciembre de 1995? A 5
puntos de diferencia entre nuestros intereses a largo con los intereses a
largo de referencia, que son los alemanes. Esa ganancia de 4 puntos
respecto de los picos máximos de más de 500 puntos básicos de diferencia
llegamos a tener a finales del año pasado, de tres puntos y pico respecto
de la situación a primeros de marzo de 1996. Eso supone un alivio
financiero para las empresas, para los particulares y, desde luego, una
medida que levanta expectativas favorables a nuestro país, pero, al mismo
tiempo, despierta expectativas --que esperamos que se produzcan pronto en
consumo, pero que ya están teniendo eficacia en inversión-- que hacen
esperar para 1997 --y éste es el análisis más comúnmente aceptado en
estos momentos-- un año positivo.

Si en un año positivo echamos encima incentivos fiscales de este tipo,
ese año de actividad económica positiva, de crecimiento satisfactorio, se
puede convertir, además --y es lo que deseamos y esperamos--, en un año
de creación



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de empleo, y no de juergas en establecimientos de hostelería. Ese es el
sentido de las modificaciones tributarias que estamos introduciendo y no
otro.

Por otro lado, también creo que se equivoca cuando compara --y dice que
me anticipa este argumento del Pleno, pero creo que no debe utilizarlo en
el Pleno-- un incentivo a tipo fijo, es decir, de golpe un millón de
pesetas por creación de un empleo, o un incentivo permanente en el
tiempo, como es una deducción en el Impuesto sobre Sociedades. Son
incentivos totalmente distintos, y así como los incentivos monetarios a
la creación de empleo, como subvenciones en un solo ejercicio de una sola
vez, se han demostrado poco eficaces, excepto cuando se trata de
colectivos específicos, como es el caso de minusválidos o de parados de
larga duración, excepto en esos casos en que puede pensarse que hay
alguna eficacia, en general, un incentivo que se percibe como una pura
subvención se ha demostrado --y de esto tenemos ejemplos desde finales de
los setenta, una vez más abrimos paso al capítulo de la Historia, pero es
que la Historia es maestra de las decisiones que ahora se pueden
tomar--tradicionalmente muy poco eficaz.

Sin embargo, reducciones fiscales que mejoran la tasa de rendimiento de
las inversiones son las que en el mundo occidental se han demostrado más
eficaces para crear empleo, y ésta, la reducción del Impuesto sobre
Sociedades, mejora la tasa de rendimiento de las inversiones y no es una
subvención, un subsidio por creación de empleo, que normalmente es mucho
más volátil y, desde luego, menos eficaz, según la Historia próxima de
los últimos 20 años en España, para la creación de empleo, aunque sí lo
puede ser para colectivos específicos.

Lamento el tiempo que he empleado, que quizá haya sido excesivo, señor
Presidente. Agradecemos a quienes van a apoyar la posición del Grupo
Popular, e insisto en que nos ratificamos después de oír a los portavoces
en nuestra oposición a los vetos que estamos debatiendo.

Gracias.




El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, Senador Utrera.

Realmente, este turno no ha sido excesivo, puesto que se trataba de fijar
la posición acerca de los vetos a los tres proyectos. Creo que con esta
intervención el tema queda lo suficientemente debatido y concluido.

Puesto que se ha realizado el debate conjunto de los vetos, la votación
de los mismos puede ser también conjunta, salvo que sus señorías
prefieran una votación separada. (La señora De Boneta y Piedra pide la
palabra.)
Tiene la palabra, Senadora De Boneta



La señora DE BONETA Y PIEDRA: Aunque se han debatido todos los vetos a
estas leyes, yo sólo he presentado, en representación de Eusko
Alkartasuna, un veto al proyecto de ley de medidas fiscales. Por tanto,
me parece que dicho veto debería votarse separadamente. De otra forma, no
sé cómo podría materializar mi votación.




El señor PRESIDENTE. De acuerdo, señoría. (El señor Ríos Pérez pide la
palabra.)
Tiene la palabra, Senador Ríos.




El señor RIOS PEREZ: Muchas gracias, señor Presidente.

Al tratarse de vetos presentados por diferentes grupos, también desearía
que se votaran separadamente.




El señor PRESIDENTE: Vamos a proceder, pues, a la votación por separado
de los vetos a cada proyecto de ley.

En primer lugar, votamos los vetos al proyecto de ley de medidas
fiscales, administrativas y del orden social. (Pausa.)



Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, ocho;
en contra, 15; abstenciones, una.




El señor PRESIDENTE. Quedan rechazados.

Pasamos a la votación de los vetos al proyecto de ley orgánica de
modificación parcial de la Ley 8/1980, de 22 de septiembre, de
financiación de las Comunidades Autónomas. (Pausa.)



Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, ocho;
en contra, 15; abstenciones, una.




El señor PRESIDENTE. Quedan rechazados.

Por último, votamos los vetos al proyecto de ley de cesión de tributos
del Estado a las Comunidades Autónomas y de medidas fiscales
complementarias. (Pausa.)



Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, ocho;
en contra, 15; abstenciones, una.




El señor PRESIDENTE. Quedan rechazados.

Muchas gracias.




--PROYECTO DE LEY DE MEDIDAS FISCALES, ADMINISTRATIVAS Y DEL ORDEN
SOCIAL. (621/000003.)



El señor PRESIDENTE: Pasamos al debate de los distintos proyectos de ley,
advirtiéndoles que se va a hacer sin solución de continuidad y que las
votaciones se producirán al final, no antes de las siete de la tarde.

Comenzamos por el proyecto de ley de medidas fiscales, administrativas y
del orden social, cuyo debate se ha acordado que se haga por títulos. (El
señor Ríos Pérez pide la palabra.)



El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra, Senador Ríos.




El señor RIOS PEREZ: Muchas gracias, señor Presidente.

Abusando de su generosidad y tolerancia, como representamos a diez
Senadores diferentes, que han presentado distintas enmiendas, sin
perjuicio de que los señores Nieto, De Boneta y yo mismo las defendemos
cuando corresponda,



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quisiera pedir que las restantes enmiendas del Grupo Mixto se den por
defendidas en sus justos términos para que se mantengan para su debate en
el Pleno.




El señor PRESIDENTE: Así constará, para su mantenimiento como voto
particular para el Pleno.

Muchas gracias.

Antes de comenzar el debate de este proyecto, quisiera advertirles de que
hay errores tipográficos en la publicación; uno de ellos creo que se debe
a un lapsus, ya que en el Título I las Secciones figuran con letras hasta
la Quinta, que aparece con números romanos. Espero que eso sea corregido.

Comenzamos el debate por el Título I, artículos 1 a 58.

Para la defensa de las enmiendas a este título, en primer lugar tiene la
palabra el señor Ríos.




El señor RIOS PEREZ: Muchas gracias, señor Presidente.

En primer lugar, voy a referirme a la enmienda número 190.

Esta enmienda está en relación con la tasa aeroportuaria, que es de 150
pesetas para todas las salidas de los aeropuertos. Esto implicará para
Canarias un peaje nuevo, y supondría lo mismo que, si por ejemplo, a un
vehículo que circulara por la carretera nacional Madrid-Toledo, o a un
tren que fuera a Cuenca, antes de entrar en cualquiera de las poblaciones
se le exigiera un peaje de 150 pesetas.

Para Canarias los viajes interinsulares son totalmente imprescindibles,
son como las carreteras naturales entre las islas. Por tanto, esta
enmienda está orientada a los viajes interinsulares y también a aquellos
que tengan como destino la península y el extranjero. Hay que pensar que
en estos momentos hay alrededor de nueve millones y medio de salidas de
los aeropuertos canarios. Eso implica cerca de 2.000 millones de pesetas
a estos efectos.

Por tanto, la petición de la enmienda es la desaparición de las tasas en
los aeropuertos canarios.

Muchas gracias, señor Presidente.




El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, Senador Ríos.

Pasamos a las enmiendas del Senador Nieto, que son todas las que se
refieren al Título I, que abarcan hasta el artículo 58 tris.

Para su defensa, tiene la palabra el Senador Nieto.




El señor NIETO CICUENDEZ: Señor Presidente, todavía no tengo muy claro
hasta dónde llegan las enmiendas. Voy a intentar hacer una defensa
global.




El señor PRESIDENTE: Si están presentadas en un orden correlativo , que
no lo sé, serían hasta la enmienda número 85.




El señor NIETO CICUENDEZ: Todas ellas se refieren al tema fiscal y
financiero y las voy a defender en tres capítulos, porque todas están
encaminadas, lógicamente, a cambiar la tendencia de la fiscalidad que
viene reflejada en esta Capítulo.

El primer bloque se refiere al suelo y a la vivienda. Para incentivar
este sector y hacer una fiscalidad progresiva en el mismo, presentamos
una serie de enmiendas encaminadas, por un lado, a la deducción de lo que
es la vivienda habitual, la normal, la primera y, lógicamente, a que el
gravamen impositivo fiscal tenga una carga equitativa para la segunda
vivienda.

En cuanto al suelo, hacemos una distinción del gravamen. Distinguimos
entre suelo público y privado: de ayuntamientos, de Comunidades
Autónomas, que tiene que tener un tratamiento impositivo, a nuestro
juicio, distinto; y para incentivar la política de vivienda de nueva
construcción, damos un tratamiento distinto a lo que puede ser suelo
puramente especulativo, que hay mucho en este país. Se hacen inversiones
en suelo, se van haciendo pases del suelo, se generan unas plusvalías,
hasta que llega al que va a construir las viviendas, que será iniciativa,
en este caso, privada, que tiene que tener un tratamiento fiscal
diferente del que compra suelo para edificar. Tiene que tener una
fiscalidad distinta, porque de esta forma, con tantos pases y plusvalías
entre tantos intermediarios, se encarece la vivienda.

Planteamos una serie de enmiendas tendentes a corregir este tema y, al
mismo tiempo, a hacer la fiscalidad más progresiva, penalizando de alguna
manera a los que se dedican a pases permanentes sobre el suelo, que lo
único que hacen es encarecerlo y, al mismo tiempo, encarecer la vivienda.

Otro tema que planteamos son las bonificaciones fiscales de los servicios
sanitarios. Que tengan bonificaciones fiscales aquellos servicios
sanitarios que no están incluidos en la red pública. Porque con la
tendencia de los beneficios fiscales sanitarios a todos, los que pueden
pagar las operaciones privadas y no quieren ir a la red pública, si al
mismo tiempo tienen beneficios fiscales, lo que estamos haciendo es
deteriorar los servicios de salud y creando una sanidad de primera, otra
de segunda y otra de tercera. De esta forma, se garantiza una fiscalidad
más progresiva.

En lo que se refiere a los impuestos de sociedades, planteamos la
modificación de los mismos, en el sentido de hacer la fiscalidad más
progresiva, que es lo que hemos estado debatiendo en el veto.

Por lo tanto, estamos en desacuerdo con la reducción de los módulos.

Estamos en contra de dicha reducción porque, de entrada, ya es muy
difícil el control de lo que se llama economía sumergida, el fraude
fiscal, porque hay infinidad de establecimientos y de actividades cuya
rentabilidad es muy difícil de medir económicamente. Por eso se tomó la
medida de hacer un baremo por módulos. Otra cosa es que se revisen los
módulos, porque no es igual tener un metro cuadrado de local en Sol que
en el Puente de Vallecas. Una cosa es que se haga una valoración más
objetiva de los módulos, pero reducir la fiscalidad sobre los mismos
supone primar, por un lado, el fraude fiscal que ya existe en estos
sectores, y por otro, premiar y reducir los impuestos a quienes tienen
una actividad económica no medible.




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Un tema que ha planteado antes el Senador Granado como anécdota, pero que
no es tal, es lo que se refiere a la venta de la imagen y todas esas
políticas. Lo que se está haciendo es introducir una serie de medidas que
ya se intentaron introducir por parte del Grupo Parlamentario de
Convergència i Unió en la Legislatura pasada cuando se discutió la Ley de
Sociedades. En aquel momento no salió y ahora se intenta introducir, con
lo que se facilita la defraudación fiscal. Eso ya es de escándalo. Las
sociedades de imagen, la venta de la imagen de un futbolista, de un actor
o de un tenista --y ya tenemos ejemplos--, que no pagan impuestos en este
país; facilitar que se puedan crear incluso paraísos fiscales, si
tuvieran su sociedad en las Islas Caimán, o donde les dé la gana, es un
escándalo, al igual que esos traspasos millonarios como si estuviéramos
en el mundo de la mayor de las abundancias. Les premiamos, les hacemos
héroes nacionales y, además, no pagan impuestos. Esto es una agresión y
un insulto a la ciudadanía.

Estas cuestiones aparentemente constituyen una anécdota pero reflejan --y
con esto termino-- por dónde va la fiscalidad y cómo se quieren premiar y
legalizar incluso ilegalidades que han venido cometiéndose y que los
propios inspectores han venido denunciando, y ahora establecemos para
ellos en la práctica una amnistía fiscal.

Con esto he defendido las enmiendas.

Muchas gracias, señor Presidente.




El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Nieto.

Entendemos que ha defendido todas las enmiendas que tenía presentadas
hasta la número 85.

Enmiendas del Grupo Mixto. ¿Va a intervenir la Senadora De Boneta?
El Senador Ríos las había dado por defendidas.




La señora DE BONETA Y PIEDRA: Señor Presidente, las enmiendas que
aparecen, con el nombre del Grupo Parlamentario Mixto son, curiosamente,
las de esta Senadora. Probablemente, porque en mi calidad coyuntural de
portavoz del Grupo Mixto, han quedado así reflejadas, lo cual me ha
producido, añadido al orden que se nos ha facilitado a última hora, un
pequeño problema a la hora de identificar mis propias enmiendas. En todo
caso, esas enmiendas son de la Senadora De Boneta, de Eusko Alkartasuna,
y creo --corríjame, señor Presidente, si me equivoco-- que se refieren a
las enmiendas presentadas, que constan publicadas con los números 19, 18,
17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9 y 8, hasta el artículo 58. Me parece
que son correctas.




El señor PRESIDENTE: Así es.




La señora DE BONETA Y PIEDRA: He tenido tiempo suficiente para aclararme.




El señor PRESIDENTE: Le advierto a su señoría que si desea hacer una
defensa generalizada de las enmiendas, puede hacerla. No establecemos
rigor en la defensa por títulos, salvo en casos excepcionales y de
necesidad.

Gracias.

La señora DE BONETA Y PIEDRA: Esa era mi intención. Pero al iniciarse el
debate en la forma en que se ha hecho, considero --no en mi caso, ya que
lo tenía así ordenado, sino en el de los portavoces que tengan a bien
apoyar o argumentar en contra de mis enmiendas-- que puede provocar un
pequeño desconcierto defender todas de una vez. Me ajustaré a la fórmula
que la Presidencia ha marcado.




El señor PRESIDENTE: Puede hacerlo como lo desee.




La señora DE BONETA Y PIEDRA: La enmienda número 19 plantea la supresión
del artículo 10, que crea un nuevo impuesto indirecto sobre las primas de
seguros. En el planteamiento y en la defensa del veto ya hemos dicho que
nos parece que la imposición indirecta es en general regresiva. Creemos
que difícilmente se puede cubrir el objetivo de reducir la carga fiscal
sobre los ciudadanos, de la que hablaba el portavoz del Partido Popular
en sus argumentaciones, extensas, por otra parte, en contra de los vetos
planteados, cuando se crea en este momento un nuevo impuesto, con el
carácter regresivo y antipático --por decirlo en forma suave-- que tienen
los impuestos indirectos. Además, pensamos que este impuesto está
gravando el ahorro y por esa razón pedimos la supresión del artículo 10.

En relación con las enmiendas números 18 a 8 --las cito en orden inverso
al articulado del proyecto de ley y al informe de la Ponencia-- debo
decir que planteamos la supresión en todos los casos de los artículos a
que hacen referencia por tratarse de tasas que gravan usos que, a nuestro
juicio, no deben ser gravados o cuyo gravamen no debe ser aumentado. Por
ejemplo, en la enmienda número 18 nos referimos a patentes y marcas
industriales. Nos parece que es necesario primar de alguna manera y no
gravar el desarrollo de la investigación industrial que luego cristaliza
en la presentación de una patente. Igualmente creemos, y así lo decimos
en la enmienda número 17, que no es oportuno crear una tasa que grave el
permiso de trabajo a ciudadanos extranjeros, teniendo en cuenta los
problemas que se plantean con inmigrantes de determinado tipo.

En cuanto a transportes por carretera, vacunación, viajeros
internacionales, pensamos que no se puede poner precio al derecho a la
salud.

En lo referente a análisis físicos, químicos, biológicos, laboratorios
agroalimentarios, nos parece que todo lo relativo a la investigación no
debe estar gravado, sino promocionado.

Semillas, plantas de vivero y telecomunicaciones, entendemos que es un
sector que hay que impulsar y no gravar, y en este caso estamos de
acuerdo con la ley.

En cuanto a inscripción y publicidad de asociaciones, entendemos que no
hay que gravar la dinámica asociativa de la sociedad, valga la
redundancia, sino que en una sociedad democrática hay que primarla.

En cinematografía y obras audiovisuales, creemos que el sector lo tiene
lo suficientemente difícil como para imponer una tasa.

En cuanto al pasaporte --pasaporte nuevo, renovación, pérdida, etcétera--
creemos que la Administración tiene la



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obligación de dar determinados servicios a los ciudadanos y nos parece
que éste es un servicio fundamental.

Tampoco estamos de acuerdo con que se eleven las tasas notariales, sino
que se mantengan las que están, e igualmente en la enmienda número 8
--todas las he defendido en relación inversa a su número de orden-- con
relación a los aeropuertos.

Con esto doy por finalizada la defensa de las enmiendas presentadas hasta
el artículo 58, tal y como el señor Presidente ha indicado.

Muchas gracias.




El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señoría.

Para la defensa de sus enmiendas, tiene la palabra el Senador Gangoiti,
en nombre del Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos.




El señor GANGOITI LLAGUNO: Muchas gracias, señor Presidente.

Teniendo en cuenta que la semana que viene celebraremos el debate en
Pleno y donde tendremos la posibilidad de extendernos más y en aras de la
brevedad --si la Presidencia está de acuerdo--, pasaría a defender todas
las enmiendas que hemos presentado a esta ley de acompañamiento, las
comprendidas entre los números 21 a 39.




El señor PRESIDENTE: No hay inconveniente.




El señor GANGOITI LLAGUNO: Muchas gracias, señor Presidente.

Me centraré básicamente en la explicación de cuatro de las enmiendas. En
primer lugar, la enmienda número 22, de adición, relativa a la Ley del
Impuesto sobre el Valor Añadido. En ella pedimos que se incorpore un
nuevo párrafo, que dice: «No obstante lo dispuesto en el párrafo
anterior, no será de aplicación a las salidas de bienes que coticen en la
bolsa de los metales de Londres, es decir, estaño, cobre, cinc, níquel,
aluminio y sus aleaciones, y plomo, los cuales figuran en el Anexo I de
la Sexta Directiva 778/388/CEE, del Consejo, de 17 de mayo de 1977, en
redacción dada por la Directiva 95/7/CE del Consejo, de 10 de abril de
1995, salidas que tendrán la consideración de adquisiciones
intracomunitarias de bienes a efectos del hecho imponible.»
¿Por qué planteamos la enmienda? Porque consideramos que es conveniente
planificar una modificación del IVA que suponga la equiparación del
tratamiento recibido por las salidas de determinados bienes de las áreas
exentas para su consumo, al otorgado en buena parte a los Estados
miembros de la Unión Europea, esto es, a operaciones intracomunitarias.

La segunda enmienda en cuya defensa me voy a extender es la número 25, de
adición, y a través de la cual proponemos un texto tres nuevo, que dice
literalmente: «La exención prevista en la letra l) del artículo 64 de la
Ley 39/1988, de 28 de diciembre, reguladora de las Haciendas Locales, en
la redacción dada por la Ley 22/1993, de Medidas Fiscales de Reforma del
Régimen Jurídico de la Función Pública y de la Protección por Desempleo,
será aplicable a las cuotas devengadas desde el 1 de enero de 1993.»
¿Por qué presentamos esta enmienda? A juicio del Grupo Parlamentario de
Senadores Nacionalistas Vascos, con anterioridad a la vigente Ley de
Haciendas Locales y la entrada en vigor en todos sus términos de los
nuevos impuestos por ella instaurados, los Centros docentes gozaban de
exención total o bonificación permanente del 95 por ciento de la cuota en
la Contribución Territorial urbana, beneficios ambos que se extinguieron
desde el 31 de diciembre de 1992.

Posteriormente, desde el 1 de enero de 1994, los Centros docentes
privados acogidos al régimen de conciertos educativos, en tanto mantengan
su condición de centros total o parcialmente concertados, recuperaron la
exención total en virtud de la adición de la letra l) al artículo 64 de
la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.

Pese a la recuperación de la exención antes citada, dicho beneficio
fiscal tiene efectos desde el 1 de enero de 1994, quedando desamparado
aún todo el ejercicio de 1993.

Por tanto, nosotros consideramos que ha de recogerse expresamente la
ampliación de la exención con efectos de 1 de enero de 1993 y eliminar
una laguna injustificada para evitar que la carga impositiva
correspondiente a dicho ejercicio recaiga sobre los Centros concertados
sólo para el ejercicio de 1993, como está ocurriendo en estos momentos.

La siguiente enmienda en la que me voy a centrar es la número 31. Se
trata de una enmienda que consideramos de gran importancia de cara a la
peculiaridad de nuestro concierto económico y, en consecuencia, de las
operaciones financieras de las diputaciones forales. Solicitamos que las
Diputaciones Forales del País Vasco únicamente precisen la comunicación a
los órganos competentes del Ministerio de Economía y Hacienda para la
concertación de cualquier operación de crédito y, en general, de
cualquier operación financiera derivada de las mismas, siempre que se
formalice en el interior. En el caso de operaciones de crédito que se
realicen en el exterior, las Diputaciones Forales, sin perjuicio de
comunicar las condiciones financieras de las mismas a la Dirección
General de Coordinación de las Haciendas territoriales del Ministerio de
Economía y Hacienda, precisarán la previa autorización de la Dirección
General del Tesoro y Política Financiera.

¿Por qué hacemos este planteamiento? Porque las Diputaciones Forales
deben atender la financiación del sector público del País Vasco con los
recursos que genera su propio sistema tributario. La pertinente
adaptación del ritmo de generación de tales recursos al que exige la
satisfacción de las necesidades de inversión, obliga a apelar al
endeudamiento como instrumento idóneo de reparto y periodificación del
esfuerzo financiero. Se convierte así en una imperiosa necesidad la
salida a los mercados financieros y el recurso permanente a cuantos
instrumentos ofrece el mismo para adaptar en todo momento la carga
financiera a la constante evolución y variación de dichos mercados.

La repetición de autorizaciones que, en la práctica, se han mostrado como
simples requisitos formales, entorpece



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la agilidad requerida en tales actuaciones y resulta difícilmente
compatible con la adaptación continua que caracteriza a la actividad
financiera.

La redacción propuesta garantiza la información y, a través de ella, el
seguimiento del endeudamiento de las Diputaciones Forales por parte del
Ministerio de Hacienda, al tiempo que respeta el mantenimiento de la
autorización previa en aquellos casos en que aparece bien justificada por
la concurrencia de elementos exteriores, tal y como he citado
anteriormente.

El sistema de cupo y los controles que conlleva son, por otra parte,
garantes tan efectivos o más que un sistema de autorizaciones de la
solvencia de las Diputaciones. En este sentido, las juntas generales de
diversos territorios históricos, en concreto recientemente la de Vizcaya,
se han pronunciado en este sentido.

Por último, paso a comentar la enmienda número 38, que presentamos a esta
Ley de acompañamiento. Dicha enmienda es de adición. En ella pedimos la
modificación del artículo 78 en el sentido de que, para los tripulantes
de los buques inscritos en el Registro Especial de Buques y Empresas
Navieras, se establezca una bonificación del 90 por ciento en la cuota
empresarial a la Seguridad Social.

Hacemos este planteamiento porque se ha comprobado que los beneficios
establecidos en el Registro Especial han resultado escasos, originando el
abanderamiento de una parte importante de la flota controlada por
intereses españoles en otros Registros Comunitarios, especialmente el de
Madeira, o en las llamadas banderas de conveniencia. Se trata de evitar
un mayor éxodo de flota, de forma que se genere en el Estado español el
mayor valor añadido posible, impidiendo un mayor deterioro de la balanza
de fletes, muy deficitaria.

El día 1 de enero de 1997 se liberaliza el tráfico de cabotaje de los
llamados tráficos estratégicos, hasta esa fecha reservados a la bandera
española, por lo que es de temer una nueva salida de buques, si no se
mejoran las condiciones competitivas del Registro Especial.

El sacrificio presupuestario de estas medidas es prácticamente nulo,
porque difícilmente se iban a recaudar estas cifras ante las
posibilidades de abanderamiento exterior a la que vienen acudiendo los
navieros, lo cual podría suponer también pérdidas de puestos de trabajo.

Con esto, señor Presidente, como decía al principio, doy por defendidas
las enmiendas de nuestro Grupo. Las que no he mencionado aquí, en esta
explicación, las doy defendidas en sus propios términos, y anuncio el
mantenimiento de todas nuestras enmiendas para la votación.

Muchas gracias.




El señor PRESIDENTE: Así constará.

Muchas gracias, Senador Gangoiti.

Para la defensa de sus enmiendas, y en nombre del Grupo Parlamentario
Catalán en el Senado de Convergència i Unió, tiene la palabra el Senador
Cambra.




El señor CAMBRA I SANCHEZ: Gracias, señor Presidente.

Voy a aprovechar este turno para dar por defendidas en sus propios
términos las 47 enmiendas que nuestro Grupo mantiene vivas, en este
trámite de Comisión, a la Ley de medidas fiscales, administrativas y del
orden social.

Asimismo, si la Presidencia me lo permite, aprovecho también para dar por
defendidas las tres enmiendas que hemos presentado a los artículos 14, 15
y 16 del proyecto de ley de cesión de tributos del Estado a las
Comunidades Autónomas y de medidas fiscales complementarias.

Gracias.




El señor PRESIDENTE: Así constará.

Muchas gracias.

Para la defensa de sus enmiendas, tiene la palabra, en nombre del Grupo
Parlamentario Socialista, el Senador Novo.




El señor NOVO MUÑOZ: Muchas gracias, señor Presidente.

Prometo hacer la defensa de estas y otras enmiendas juntamente con otros
ponentes de mi Grupo. Vamos a hacerla con buen estado de ánimo, como nos
pedía el Senador Utrera, sobre todo porque nos ha alegrado oírle
manifestar, en su primera y convencida intervención, que apoyarán todas
las enmiendas que mejoren el proyecto de ley. Esperamos que alguna de
ellas merezca esa consideración, razón por la cual hacemos la defensa de
las enmiendas con un estado de ánimo sin duda muy eufórico, señor
Presidente.

Paso a efectuar la defensa de las 35 enmiendas que presenta nuestro Grupo
al Título I, normas fiscales, que contiene 58 artículos. Voy a tratar de
hacerla por orden numérico.

La enmienda número 207 propone la supresión del artículo 1, retribuciones
en especie, y lo hacemos por considerar que dicho artículo es inadecuado
respecto al conjunto de las retribuciones en especie.

La enmienda número 208, al artículo 1, es de adición. Con ella tratamos
de que se consideren retribuciones en especie determinadas donaciones de
empresas a profesionales, aun sin que exista vínculo laboral. Decimos eso
porque últimamente hemos visto en ciertos medios que se ha realizado
algún tipo de inspección y apertura de expediente a determinados
profesionales públicos en relación con determinadas donaciones que
reciben de determinados proveedores --digámoslo entrecomillado--.

Pretendemos que esas donaciones que se hacen a particulares también
tengan consideración de retribuciones en especie, aun cuando no exista
vínculo laboral.

La enmienda número 209, rendimientos sujetos al Impuesto sobre la Renta
de las Personas Físicas, pretende la supresión del artículo 2. Podría
merecer amplios comentarios. Estamos hablando de lo que aquí se entiende
por artistas y profesionales de espectáculo, futbolistas, etcétera. El
compañero del grupo que intervino, el señor Granado, ya aludió a todo
esto, que también está en la transitoria 11 y de la que hablaremos
oportunamente.

Para no hacer extensa la defensa de esta enmienda, diré escuetamente:
¿qué persigue el proyecto con esta norma?



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¿Cuántos profesionales ajenos a las actividades deportivas, artísticas,
se acogerán a ella porque la norma lo permite? ¿Dónde queda el trabajo de
los funcionarios inspectores de la Inspección de la Agencia Tributaria
que levantaron actas de todos conocidas --los medios de comunicación se
han encargado de recogerlo--, por importes millonarios o mil millonarios
o, como se dice ahora, en millardos?
En la enmienda número 210 solicitamos la supresión del artículo 4
referente a la reducción del rendimiento neto en estimación objetiva por
signos, índices o módulos. En el texto del proyecto se pretende mantener
durante un ejercicio más la reducción del 15 por ciento en la
determinación del rendimiento neto de las actividades, cosa justificable
en otros momentos, aunque no en éstos, puesto que venimos oyendo
repetidas veces la bondad de la situación económica y financiera del
país. Por tanto, consideramos que éste es el momento de poner fin a esa
renovación de un año más de ese 15 por ciento de reducción a la base
imponible puesto que de hecho eso se justificó ya en otros ejercicios
presupuestarios.

La enmienda número 211 se refiere a la sustitución del artículo 7,
relativo a la modificación de la Ley 43/1995, del Impuesto sobre
Sociedades. Nosotros querríamos que se mantuviera la misma deducción que
en el año 1996 para este ejercicio de 1997 por cada persona/año de
incremento neto de plantilla de trabajadores minusválidos.

Debo decir que el Portavoz del Grupo Parlamentario Popular, en sus
intervenciones precedentes sobre las propuestas de veto, hacía alusión a
la eficacia que esta norma tiene precisamente como subvencionadora a los
efectos de contratación de personal minusválido. Entendemos que esto
debería mantenerse.

La número 212 al artículo 8 es de adición. Con esta enmienda se pretende
introducir un nuevo apartado en el artículo 20 de la Ley del Impuesto
sobre el Valor Añadido que haga posible la no inclusión de las ayudas
procedentes de la política agraria en la base imponible de dicho
Impuesto. Esto ya se estableció en relación con el aceite de oliva. Nos
parece que debería extenderse al resto de ayudas por entender que se
ajusta perfectamente a la Sexta Directiva comunitaria.

Con la enmienda número 213 al artículo 8, también de adición, pretendemos
evitar cualquier agravio al incluir el tipo superreducido del IVA también
a los vehículos particulares destinados al transporte de personas con
minusvalías y no sólo a los autotaxis o autoturismos especiales. Creemos
que es de justicia evitar el agravio que se ha venido produciendo hasta
ahora.

Con la enmienda número 214, de modificación del apartado tercero del
artículo 8, tratamos de aclarar la norma manteniendo la cautela
necesaria, especialmente en situaciones concursales o de impago del IVA.

Evito hacer comentarios sobre la enmienda número 215 diciéndoles que es
la que se refiere al pan. Sobre esta cuestión ha argumentado ya el
Senador Granado en sus intervenciones.

La número 216 al apartado séptimo del artículo 8 es de adición. Tratamos
de mejorar la función de comprobación que corresponde a la Administración
tributaria.

La número 217 también es de adición. Queremos que se mantenga la
redacción del apartado uno del artículo 137 de la propia Ley del IVA.

La número 218 al apartado cinco.1 del artículo 10 se basa en numerosas
razones que la justifican, tal y como se recoge en la motivación, pero a
nosotros nos parece recomendable la lectura del último punto, que se
refiere a los agravios de beneficios estimados para entidades con
beneficio de lucro y no estimados para entidades con la misma función sin
ánimo de lucro.

La número 219, al artículo 10, es de adición. Pretendemos con ella dejar
exentas operaciones de seguro de las que se benefician grandes
colectivos, exenciones que consideramos se justifican por sí mismas.

En la enmienda número 220 planteamos la supresión del artículo 14 de este
proyecto de ley puesto que no le vemos justificación. Ustedes siguen
planteando la eliminación de límites a beneficios fiscales, cosa a la que
hay que poner coto en algún momento.

La número 221 es de sustitución y se justifica por sí misma.

En cuanto a la enmienda número 222, pretendemos con ella la exención del
pago de la tasa a las personas procedentes de países subdesarrollados o
sujetos a ayudas al desarrollo.

La número 223 es de supresión del artículo 23, tasa por vacunación de
viajeros internacionales. En nuestra opinión, esa tasa significa
desconocer el derecho a la salud como derecho fundamental. A este
respecto se podrán plantear otras objeciones, pero lo que acabo de
expresar sobre que la salud es un derecho fundamental creo que debe ser
suficiente como para que se suprima este artículo.

Al artículo 26 presentamos dos enmiendas, las números 224 y 225. Queremos
aclarar que la necesaria protección del dominio público radioeléctrico
debe seguir teniendo fuentes de financiación adecuadas. Entendemos que el
porcentaje fijo es el más oportuno y que debe evitarse su fijación por
rango reglamentario.

Las enmiendas números 226 y 227 tratan de evitar que se graven las
obligaciones del ciudadano para con la Administración. Hay que entender
que éste es un campo propicio para la colaboración ciudadana y para
intentar el acercamiento del ciudadano a la Hacienda. De establecerse la
tasa, se crearía un obstáculo para poder conocer la realidad
socioeconómica, sobre todo en determinados territorios y en situaciones,
por ejemplo, de parcelas muy pequeñas cuya titularidad se desconoce.

Considero que gravar esto con una tasa contribuirá a aumentar la afición
por parte de los ciudadanos a aclarar la realidad. Por tanto, solicitamos
la supresión de dicha tasa.

La enmienda número 228 solicita la supresión del artículo 29 por entender
--aquí también debemos ser radicales-- que el derecho de asociación no
debe tener servidumbres tributarias. A nuestro modo de ver se trata de
una tasa inadecuada y de muy poca consistencia en lo que a su recaudación
se refiere.

Por la número 229 al artículo 34, modificación de tasas consulares,
introducimos ponderación en las tasas que han de satisfacer los
emigrantes. A este respecto podríamos hacer



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un discurso, pero no es éste el momento. De ser necesario, en el Pleno
nos referiremos al papel que jugaron en la economía española los
emigrantes hace veinte o treinta años. Creemos que introducir moderación,
ponderación, es decir, reducciones en las tasas consulares es una
obligación que todos tenemos para con los españoles que han tenido que
marcharse de nuestro país.

Al artículo 36 prestamos dos enmiendas, las números 230 y 231. La primera
de ellas es de supresión ya que entendemos que el concepto de seguridad
se considera esencial y de consumo obligado en cualquier Estado de
Derecho.

Y la segunda, porque aun a pesar de la buena disposición que ha mostrado
el Portavoz del Grupo Parlamentario Popular cuando ha hablado de aceptar
aquellas enmiendas que mejoren el proyecto, nos tememos que no podrá ser
así, la enmienda número 231 se refiere a eximir del pago de la tasa a los
vuelos de líneas aéreas regulares que tengan consideración de interés
social. Sería bueno que se llevara a cabo esa supresión o que se
intentara paliar ese pago.

La enmienda 232 es de supresión del artículo 41.Tres. No podemos
compartir la reducción de tres a cuatro días la sanción mínima para
establecimientos que hayan sido objeto de sanción por delitos de
contrabando. Nos parece que modificar la Ley de Represión del Contrabando
a los dieciocho, veinte o veintidós meses de su aprobación es bastante
desconcertante, pero bastante más desconcertante resulta incluirla en
este proyecto de ley de acompañamiento.

En cuanto a las enmiendas números 233 a 241 --y termino ya, señor
Presidente--, referidas a la Sección Sexta, del régimen económico y
fiscal de Canarias, las doy por defendidas en sus justos términos.

Anuncio que todas nuestras enmiendas serán defendidas en el Pleno.

Muchas gracias, señor Presidente.




El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.

Para la defensa de las enmiendas del Grupo Parlamentario Popular tiene la
palabra el Senador Utrera.




El señor UTRERA MORA: Muchas gracias, señor Presidente.

Empezaré defendiendo todas nuestras enmiendas y argumentando de modo
breve el sentido del texto del proyecto de ley en relación con las
mismas. Al hilo de mi intervención haré también algunas observaciones
sobre las enmiendas defendidas por los portavoces de otros grupos
parlamentarios.

En primer lugar, y siguiendo el mismo orden del proyecto, me gustaría
debatir algunos de los argumentos que se han utilizado puesto que
considero que no son del todo comprensivos en relación con lo que en este
proyecto de ley se está regulando o con lo que pretenden las enmiendas
presentadas por el Grupo Parlamentario Popular.

Por ejemplo, en el debate de vetos, de totalidad, que hemos tenido hace
unos minutos, se hablaba de retribuciones en especie, del pago con
acciones a los trabajadores de la empresa, como una de las cuestiones más
escandalosas que se pueden encontrar en este proyecto de ley. Y yo, como
creo que los textos legales tienen que conocerlos todos, me permito hacer
un breve resumen de lo que en este artículo 1 se recoge, para que se vea
que, en realidad, no se está limitando ni a un pequeño grupo de
directivos ni, mucho menos, se está permitiendo una retribución ejecutiva
a través de las acciones.

En síntesis, el artículo 1 del proyecto de ley establece que queda
exenta, porque no se considera como rendimientos en especie, la entrega
gratuita o por precio inferior al normal de mercado que de sus propias
acciones o participaciones, o de las de la sociedad dominante del grupo,
efectúen las sociedades a sus trabajadores en activo, en la parte que no
exceda de --ya empezamos con las restricciones-- 500.000 pesetas anuales
o 1.000.000 de pesetas en los cinco últimos años, es decir, como máximo,
1.000.000 de pesetas en cinco años, de este tipo de retribución, que no
se considera en especie y que quedaría exenta, con lo que saldríamos a
200.000 pesetas por año. Y, además, exige que se cumplan tres requisitos:
el primero, que la oferta se realice en idénticas condiciones para todos
los trabajadores de la empresa, por tanto, no está limitada a equipos
directivos; en segundo lugar, que estos trabajadores, sus cónyuges o
familiares, hasta segundo grado, no tengan una participación conjunta en
la empresa superior al 5 por ciento porque se entiende, con este
requisito limitativo, que quienes ya poseen participaciones de capital
significativas, como sería el caso a partir del 5 por ciento, ya tienen
bastantes intereses en la empresa y no necesitan ser retribuidos con
participaciones en el capital, y la tercera limitación es que los títulos
se mantengan al menos durante tres años, precisamente para implicar a los
adquirentes de los mismos en los resultados de la empresa. Este es un
mecanismo que ha demostrado su eficacia en los países occidentales
avanzados donde se ha aplicado y que, cuando se trata de aplicar en
nuestro país --y se va a aplicar ciertamente cuando se apruebe esta ley
dentro de unos días--, recibe críticas como que así estamos retribuyendo
a ejecutivos, totalmente ajenas a la realidad del texto que se está
expresando.

Lo mismo pasa con las tasas, y voy a coger solamente un par de ejemplos
que ahora, hace unos minutos, nos estaba explicando el portavoz
socialista en este Título I. Por ejemplo, la tasa por vacunación de
viajes internacionales, recogida en el artículo 23, se explicaba por el
portavoz socialista como una limitación al derecho a la salud, y hay que
violentar mucho los argumentos para llegar a esa conclusión, porque voy a
leer textualmente lo que esta tasa es: La tasa por vacunación se devenga
cuando se solicita un servicio, y ese servicio es la vacunación contra
enfermedades contempladas en el Reglamento Sanitario Internacional, así
como cualquier otra solicitada por el interesado, así como la expedición
del certificado de vacunación internacional. Ocurre que para determinados
viajes son requisitos obligados determinadas vacunaciones, lo que implica
unos costes para la Administración, que nada tiene que ver con la
política sanitaria del país ni, mucho menos, con la prestación gratuita y
universal del servicio de salud en España. El hecho es que quien desee
viajar a Afganistán, pongo por caso, aunque no estoy seguro de que así
sea, tiene que estar



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vacunado del cólera o de la malaria, y por ello, esas personas recurren a
medios públicos y los utilizan con unos determinados costes, y el
servicio no es solamente que reciban esa vacuna, sino que, además, tienen
que acreditar, mediante certificado, que son portadores de la misma.

Consecuentemente, también en este caso se está haciendo uso no ya sólo de
un servicio sanitario, sino también de un servicio administrativo. Y para
eso se establece una tasa, muy modesta, por otro lado, de 2.500 pesetas
para quien piense hacer tan largo viaje a país exótico, para el que
normalmente cuestan desproporcionadamente más los billetes de avión y las
estancias en hoteles, etcétera. Por tanto, no saquemos las cosas de su
sitio: ésta es una tasa para viajes, sobre todo, a determinados destinos
para los que, por las especialidades climáticas o de otro tipo, son
imprescindibles estas vacunaciones.

Y lo mismo ocurre respecto al artículo 29, sobre el que el portavoz
socialista nos explicaba que con una tasa se estaba limitando el derecho
de asociación y de reunión, que no es verdad. La tasa por inscripción y
publicidad de asociaciones es solamente eso, una tasa por inscripción y
publicidad de asociaciones, que en nada limita el derecho básico y
fundamental, recogido en la Constitución española, de asociación.

Simplemente, se abona una tasa por el hecho de solicitar la instrucción
de expediente de inscripción o modificación de asociaciones y la
solicitud de cualquier información que conste en el Registro Nacional de
Asociaciones. Estamos hablando, por ejemplo, de expediente de inscripción
de federaciones, confederaciones y uniones, ciertamente muy
significativas y muy necesarias para la vitalidad del tejido social en
España, con una tasa de 7.500 pesetas, que entendemos que no limita, en
modo alguno, el derecho básico de asociación y, en este caso, de
inscribir una federación, una confederación o una unión, y mucho menos la
inscripción de asociaciones por 5.000 pesetas, que es la tasa
establecida.

Quiero decir que, en materia de tasas, como en tantas otras cuestiones,
como, por ejemplo, las retribuciones en especie que hemos visto, o se
está de acuerdo o no se está de acuerdo. Aquí son legítimas todas las
opiniones: se puede pensar que es un error retribuir a los trabajadores
de las empresas mediante participaciones accionariales, que, muy
limitadas en cuantía, quedan exentas de impuestos; puede pensarse que lo
idóneo son las formas de retribución ya heredadas de finales del siglo
XIX, principios del XX, de retribución salarial pura y simple y, además,
sueldo fijo, contratos laborales fijos, etcétera. Lo que ocurre es que el
mundo está cambiando, y lo mismo que en el mercado laboral ahora tenemos
que un tercio de los asalariados españoles lo son por contratos
temporales, ciertamente mejorables en cuanto a sus contenidos
contractuales, también lo es que determinado tipo de actividades dentro
de las empresas se retribuyen mejor o más convenientemente o se incentiva
mejor al trabajador si se le implica en la propiedad e, incluso, diríamos
que las técnicas modernas de dirección empresarial también tratan de
implicar más en la propia dirección, es decir, de integrar a los
trabajadores en unas líneas jerárquicas no solamente las verticales
tradicionales, sino incluso horizontales, que permitan la creación de
grupos, grupos de calidad, grupos de sugerencias, grupos de I+D,
etcétera, que, aparte de las aportaciones que pueden hacer, renuevan, de
alguna manera, el espíritu empresarial.

Esto, que puede ser una argumentación que tiene muy poco que ver con la
realidad del proyecto de ley que estamos viendo, sin embargo, tiene mucho
sentido, porque estas tomas de posición contrarias a retribuciones en
especie o a que sea la tasa un instrumento básico de nuestro sistema
tributario y que, en definitiva, los demandantes de servicios públicos
sepan que van a hacer frente a los costes de producción de esos servicios
públicos en aquellos casos en que eso puede ser así, porque hay otros
servicios públicos que, como sabemos, tienen que ser universales y
gratuitos, son, en definitiva, concepciones generales que pueden variar
de unas formaciones políticas a otras. Y nosotros defendemos la que
defendemos: defendemos un sistema de tasas en las que, como este año se
hace, se actualizan, porque llevaban varios años sin actualizar, la mayor
parte de las existentes y se crean otras nuevas que, efectivamente,
suponen un uso concreto de dominio público o la prestación
individualizada, particularizada, de servicios públicos. Y allí donde sea
identificable el beneficiario de un servicio, parece ser --al menos eso
es lo que dice la teoría de la Hacienda pública-- que es conveniente que
ese usuario abone parte del precio, allí donde sea identificable; en
aquellos otros servicios donde eso no es posible, entonces la tasa no
tiene sentido. Por tanto, ¿es identificable un viajero internacional a
Afganistán? Sí, y, por tanto, como es identificable y él recurre a la
prestación de un servicio concreto como es un certificado de vacunación,
entonces hay una tasa por certificado de vacunación, que pretende cubrir,
en parte, el coste de prestación de ese servicio. ¿Es identificable el
beneficiario de la sanidad pública por los beneficios que para la
sociedad española supone la sanidad pública? No; por tanto, no hay tasa
ninguna para la prestación concreta del servicio sanitario público que se
realiza a través del Insalud.

Por ello, se trata, en definitiva, de una toma de posición dentro de la
cual se inscriben las medidas más importantes que el Gobierno presenta en
este proyecto de ley y que el Grupo Parlamentario Popular introduce
también como mejoras al mismo en las enmiendas que defiende. Así, por
ejemplo, en el Impuesto sobre Sociedades, la más significativa y
relevante de todas es la reducción del tipo impositivo, que recae sobre
las pequeñas explotaciones, sobre las pequeñas empresas, y no requiere
ninguna explicación. Sucede lo mismo con el Impuesto sobre el Valor
Añadido, donde, como pueden comprobar en las enmiendas que presentamos,
se pretende que las empresas regularicen las cuotas soportadas por IVA
antes del inicio de las actividades empresariales, que era una cuestión
técnica que quedaba por resolver. Y también acelerar las devoluciones,
que es una de las reclamaciones más importantes del sector exportador o
asimilado a él, es decir, operaciones en depósitos francos. Hay que
agilizar las devoluciones del IVA a las que tienen derecho, y esto se
consigue con las enmiendas presentadas por el Grupo Parlamentario
Popular, al menos en parte.




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Podríamos decir lo mismo acerca del Impuesto sobre Seguros. Este es un
impuesto indirecto --desagradable, como nos recordaba la Senadora De
Boneta-- pero, al mismo tiempo, necesario y, además, muy extendido en
toda la Europa occidental, pues prácticamente en todos los países existe
un impuesto que grava seguros. Pero no olvidemos que los más difundidos,
los socialmente más necesarios, como pueden ser los seguros sobre la
vida, o los seguros agrarios, ahora, con una enmienda del Grupo
Parlamentario Popular, quedan exentos de este impuesto del 4 por ciento
sobre las primas abonadas.

Y lo mismo cabría decir respecto de las modificaciones fiscales
sustanciales que se introducen en el Régimen Económico y Fiscal canario,
desde la delimitación o mayor concreción en la Zona Especial de Canarias,
regulada en ese Régimen, hasta los incentivos a la inversión o el segundo
registro de buques, donde los beneficios se concretan, en la enmienda del
Grupo Parlamentario Popular, en una bonificación que pasa del 70 al 90
por ciento de las cuotas empresariales a la Seguridad Social. Todo ello
configura una necesidad básica --así lo sienten en las Islas Canarias y
lo sentimos todos, al menos en el Grupo Parlamentario Popular--: que es
necesario potenciar un archipiélago que por la lejanía y por sus
circunstancias insulares requiere este tratamiento fiscal diferenciado.

En definitiva, señor Presidente, defendemos todas las enmiendas al Título
I presentadas por el Grupo Parlamentario Popular y manifestamos nuestra
posición contraria a bastantes de las que aquí se han detallado. No
obstante, reservamos para la votación de esta tarde el detalle concreto
de las enmiendas que va a apoyar nuestro Grupo.

Muchas gracias, señor Presidente.




El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, Senador Utrera. (El señor Ríos Pérez
pide la palabra.)
¿Sí, Senador Ríos?



El señor RIOS PEREZ: Señor Presidente, a este Título I, Sección Sexta,
tengo un paquete de enmiendas, en relación con el Régimen Económico y
Fiscal de Canarias, que no he defendido porque pensaba que no se llegaría
a ese punto. Si la Presidencia tiene a bien concederme un minuto,
debatiré acerca de las mismas.




El señor PRESIDENTE: Tiene su señoría la palabra.




El señor RIOS PEREZ: Señorías, se trata de las enmiendas números 192,
193, 194 y 196, que en conjunto vienen a mejorar la situación actual en
relación con el Régimen Económico y Fiscal y la Zona Especial de
Canarias. Sobre todo, en la zona ZEC, que es un espacio geográfico que se
amplía a los lugares donde están enclavadas las fábricas de tabaco, pues
de lo contrario no podrán disfrutar de los beneficios de dicha zona.

Las demás enmiendas están en relación con una mejora de la transparencia
fiscal en adquisiciones y transmisiones, así como en relación con la
deuda pública. La enmienda número 195 ya ha sido asumida por la Ponencia,
y está relacionada con el segundo registro de buques y el 90 por ciento
del beneficio empresarial en la Seguridad Social.

Por otra parte, las enmiendas números 477 y 478, que han sido presentadas
conjuntamente con el Grupo Parlamentario Popular, también han sido
incorporadas a la Ponencia, pero quiero llamar la atención sobre el hecho
de que complementariamente a ellas se encuentra la enmienda número 197,
en relación con la disposición final, y por un error de fechas habrá que
realizar una modificación de las mismas o una transaccional para que
tengan plena vigencia las enmiendas ya introducidas en la Ponencia.

Muchas gracias, señor Presidente.




El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, Senador Ríos.

Con esto damos por concluido el debate del Título I.

Pasamos al debate del Título II, que comprende los artículos números 59 a
87, de lo social.

Para la defensa de sus enmiendas números 86 a 114, tiene la palabra el
Senador Nieto.




El señor NIETO CICUENDEZ: Muchas gracias, señor Presidente.

Voy a defender estas enmiendas con brevedad y de manera global,
deteniéndome sólo en algunos aspectos.

El texto y la motivación de dichas enmiendas tienen coherencia con la
sensibilidad que nosotros sentimos acerca de los temas del mundo del
trabajo, del mundo sanitario, y sobre una cuestión que nos preocupa, que
al Instituto Nacional de Empleo se le quiten una serie de competencias
sobre la fiscalización y seguimiento de los fraudes que se puedan
producir.

Me voy a detener en una enmienda, originada en el Senado, sobre un asunto
de sensibilidad social que a la mayoría de los grupos interesa, aunque no
sea un tema estrella. Me refiero al problema de las adopciones. Dada la
disminución de la natalidad y los problemas que existen para adoptar un
niño en España, pues es algo complicado y difícil, existe la posibilidad
de las adopciones de tipo internacional. En este sentido, tenemos dos
enmiendas, las números 98 y 99, que coinciden con otras de la Senadora De
Boneta y del Grupo Parlamentario Socialista --no sé si también habrá de
algún otro Grupo-- que, como digo, se refieren a un tema de sensibilidad
social, no suponen un gran coste económico y merecería la pena que
quedara recogido en el texto. No me extiendo más en el contenido de las
mismas.

También me voy a referir a otro tema sobre el que, al parecer, hay
voluntad para abordarlo: los contratos de aprendizaje. Hay que
actualizarlos y que sean de verdad de aprendizaje, no utilizarlos, como
se viene haciendo en nuestro país, para abaratar la mano de obra. Este
también es un tema de sensibilidad social, y así lo expresó en una
comparecencia el Ministro de Trabajo al referirse a la necesidad de poner
este tema al día. El contrato de aprendizaje está concebido ahora con un
límite de edad, y creemos que para los minusválidos debería hacerse una
excepción para facilitar la incorporación de estos ciudadanos a la
sociedad y al trabajo, es decir, solicitamos que no se establezca



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tope de edad para los contratos de aprendizaje para personas con
minusvalías.

Las demás enmiendas las doy por defendidas en sus justos términos,
sabiendo el destino que van a tener.

Muchas gracias, señor Presidente.




El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, Senador Nieto.

Para la defensa de sus enmiendas, tiene la palabra la Senadora De Boneta.

La señora DE BONETA Y PIEDRA: Muchas gracias, señor Presidente.

Lamento que no esté presente en la defensa de estas enmiendas el hasta
ahora portavoz del Grupo Parlamentario Popular, Senador Utrera --sin que
ello suponga menosprecio hacia los otros cualificados portavoces del
Grupo Parlamentario Popular que sí están--, porque había hecho un
comentario sobre el tema del que voy a tratar.

Me voy a referir a las enmiendas números 6 y 7, al artículo 79, que
coinciden, como ya ha señalado el Senador Nieto, con enmiendas
presentadas por el mismo y con la número 245, del Grupo Parlamentario
Socialista. Todas estas enmiendas se refieren a un problema que, quizá
por imprevisión, no se ha tenido en cuenta respecto a la adopción,
especialmente a la adopción internacional: se trata de homologar la
adopción múltiple, es decir, la adopción de más de un niño a la vez, al
parto múltiple.

La Federación Española de Entidades de Defensa de la Adopción ha
planteado a todos los grupos un problema que se produce como consecuencia
de la previsión que se establece en la ley sobre una serie de beneficios
para los adoptantes de un niño menor de nueve meses y unas condiciones
específicas cuando lo adoptan entre los nueve meses y los cinco años.

Pues bien, tratándose de adopción internacional es prácticamente
imposible --por razones obvias, incluso por razones de tramitación--
conseguir adoptar un niño menor de esa edad y en muchos casos los niños o
niñas adoptados superarán la edad de cinco años. Por tanto, se trata de
introducir esta previsión, a la vez que en la otra enmienda se prevé la
posibilidad de que si los padres adoptantes son funcionarios puedan
obtener una licencia no superior a tres meses, porque en la mayoría de
los casos la adopción internacional exige un tiempo de permanencia en el
país de origen del niño a adoptar --además de otros requisitos que exige
el Ministerio de Asuntos Exteriores español-- y, sin embargo, no pueden
obtener la licencia necesaria que tienen que pedir por ser funcionarios
públicos para hacer este tipo de viajes.

Ya señalaba el Senador Nieto que es una cuestión de sensibilidad social y
yo tengo que añadir una experiencia personal por razones de trabajo: en
el ayuntamiento de Bilbao he tenido encima de la mesa problemas de este
tipo, padres que intentaban ejercitar la adopción internacional, y por
eso quiero llamar la atención de los portavoces del Grupo Parlamentario
Popular y el resto de los grupos --no me refiero, naturalmente, a los que
ya han enmendado, porque han demostrado esa sensibilidad-- para que lo
estudien en este momento, pues parece razonable que, una vez que se trata
el tema en el Proyecto de Ley de medidas fiscales, administrativas y del
orden social, se tenga en cuenta este problema.

Quizá me he extendido demasiado en estas dos enmiendas, pero me parecía
necesario dar una explicación a fondo del problema y creo que es una
petición razonable. Asimismo, puesto que lo que proponemos no implica un
aumento, sensible al menos, de gasto para la Administración, es
perfectamente asumible por el Grupo que apoya al Gobierno y por el propio
Gobierno.

En relación con la enmienda número 5, simplemente voy a decir que con la
misma se trata de dar la calificación de recursos públicos no sólo a
aquellas aportaciones en forma de gastos fiscales, sino a otras
aportaciones financieras directas; es decir, se trata de dar un
tratamiento de igualdad a ambas aportaciones; igualdad que, por supuesto,
debe mantenerse no solamente en las recomendaciones del propio Consejo
Económico y Social, sino que también deben mantenerse en el propio
artículo 14 de la Constitución --por eso hablábamos en la justificación
de razones de índole constitucional.

Si el señor Presidente no tiene inconveniente, y para evitar hacer el
debate separado por Títulos, voy a defender las únicas enmiendas que me
quedan, las números 4, 3, 2 y 1, además de la número 20, que hacen
referencia a los Títulos III y V y a las Disposiciones Adicionales. Creo
que con ello no voy a introducir problemas en el debate, puesto que son
enmiendas muy concretas.

El contenido de las enmiendas números 3 y 4 es de defensa autonómica y en
este caso de las peculiaridades del Estatuto de Guernica y de las
peculiaridades del Concierto económico vasco, que creo que no están
contempladas. La enmienda número 4 pretende que cuando las Diputaciones,
en virtud de su autonomía financiera, salgan a los mercados financieros
--tanto si la salida es exterior como interior-- no deban pedir la
autorización previa, puesto que en realidad al final es un aspecto
puramente formal y sería suficiente la comunicación a la Dirección de
Hacienda correspondiente para que la Hacienda del Estado conozca del
tema. Por otra parte, cualquier diferencia que se pudiera producir en
torno a aportaciones --me refiero, dicho de forma coloquial, al arreglo
de cuentas-- se va a dilucidar a la hora de liquidar el cupo. Las Juntas
Generales de Vizcaya, y están de acuerdo el resto de los territorios
históricos, han aprobado un acuerdo que hace referencia a estas enmiendas
y creemos que debe recogerse aquí, pues no haría sino homologar algo que,
curiosamente --probablemente por una imprevisión en su momento--, el
Convenio con la Comunidad foral de Navarra ya contempla.

También quiero llamar la atención sobre otra enmienda, cuya justificación
es mucho más reducida, la número 3, que hace referencia a la previsión de
la posibilidad de no prolongación de la ampliación de las concesiones en
autopistas hasta los 75 años, puesto que en este caso, al tratarse de
carreteras, nos parece que afecta a competencias forales y que no se debe
hacer esto, bien sin la previa transferencia, bien sin el contacto previo
con las Diputaciones afectadas.

Respecto a las enmiendas números 2 y 1, si bien en el texto se recoge que
la número 2 es a la Disposición Adicional



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Segunda, es una evidente equivocación pues se refiere a la Disposición
Adicional Tercera. La enmienda número 1 es a la Disposición Adicional
Novena y pretende que, en relación con las autorizaciones que se otorgan
en esta Ley al Ministerio de Defensa para, una vez desafectadas, proceder
a la venta de patrimonio correspondiente a este Ministerio, no solamente
se tengan en cuenta las normas urbanísticas a la hora de proceder a estas
ventas, sino que es de justicia tener en cuenta que muchas de estas
instalaciones del patrimonio de Defensa que se pretenden vender en un
momento dado forman parte del patrimonio del Estado como consecuencia de
cesiones de los ayuntamientos para unos fines concretos de defensa. No
sería lógico que se vendieran estos bienes, a particulares o no
particulares, sin devolver ese patrimonio, sin que se produzca la
reversión como consecuencia del cambio del fin --dada la desafectación--
de ese bien que inicialmente los ayuntamientos cedieron para utilización
por el Ministerio de Defensa.

Por último, en la enmienda número 20 hay un error de transcripción; se
habla de una Disposición Adicional nueva y en la redacción se dice
Disposición Transitoria Nueva. Es de adición de una disposición
transitoria referida al régimen fiscal de acomodación de los compromisos
por pensiones mediante Mutualidades de Previsión Social.

Llamo la atención sobre ella --en el Pleno me extenderé más en su
explicación por no alargar mi intervención-- en el sentido de que el
Consejo Económico y Social formuló un dictamen a la Ley 30/95, sobre el
seguro privado, en su recomendación 17, que dice: la opción debe ser
ofrecida, para lo cual es imprescindible dar un mismo tratamiento fiscal
a los instrumentos en que puedan materializarse los compromisos por
pensiones. Es una recomendación del Consejo Económico y Social.

Esta enmienda que planteábamos también a la Ley 30/95, de 8 de noviembre
--una vez revisado el debate de esta Ley tengo que decir que fue, si no
me equivoco, apoyada por el Grupo Parlamentario Popular--, es idéntica.

Se introduce ahora de nuevo porque es pertinente y viene al caso, por lo
que ruego a sus señorías --en especial a los portavoces del Grupo
Parlamentario Popular-- que la estudien y tengan en cuenta que en su día
el Consejo Económico y Social no veía razones --antes me he referido a
otra disposición adicional-- para establecer diferencias en las pensiones
según se tratase de Mutualidades o de entidades de previsión social
voluntarias y se diera el mismo tratamiento de recursos públicos en ambos
casos.

Con esto doy por terminada la defensa de todas las enmiendas presentadas
al proyecto de ley de medidas fiscales.

Muchas gracias, señor Presidente, por su paciencia y por haberme
permitido hacer la defensa en este momento.




El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, Senadora De Boneta.

No hace falta que me eche el piropo de la paciencia porque es una
obligación. Consideramos que ha acumulado todos sus turnos y, en
consecuencia, ha dejado defendidas todas las enmiendas a este proyecto de
Ley.

Para la defensa de sus enmiendas, tiene la palabra el portavoz del Grupo
Parlamentario Socialista, Senador Novo.




El señor NOVO MUÑOZ: Muchas gracias, señor Presidente, sin piropos,
obviamente, no porque no los merezca.

Al Título II nuestro Grupo presenta seis enmiendas. La número 242,
referida al artículo 62, lógicamente es de supresión. Digo lógicamente
porque el artículo 62 lo que pretende consagrar es la adjudicación o
contratación directa, sin publicidad ni concurrencia, para todo un
conjunto de servicios concertados de la asistencia sanitaria.

Nos parece grave. Los procedimientos de contratación directa, sin
publicidad --entrecomillado--, secretos, y que sólo pueden ser
procedimientos excepcionales se convierten y se extienden con este
artículo 62 a todo un conjunto de prestaciones de servicio a la
asistencia sanitaria concertada que alcanzará --no sé muy bien la cifra
prevista-- ciento y pico mil millones de pesetas en los presupuestos y
seguramente llegará a los 200.000 millones.

Señorías, nos parece que no se pueden eludir las cautelas que tiene el
Derecho Administrativo interno e incluso determinadas Directivas
comunitarias. Y no es válida la cautela que en una parte de este artículo
se expresa en referencia a las normas de adjudicación de la ley de
Contratos del Estado, pues en ella no se contempla lo que ahí se denomina
contrato marco. Creemos que, de mantenerse este artículo 62, tendremos, a
futuro, consecuencias negativas o muy negativas en el sector sanitario.

La enmienda número 243, al artículo 66, con una redacción más matizada,
pretende posibilitar el cumplimiento de los objetivos que este mismo
artículo persigue.

Por la enmienda número 244, al artículo 68, pretendemos establecer con
mayor precisión las competencias del Consejo Interterritorial de Salud
que ahí quedan bastantes oscuras, incluso equivocadas.

Por la número 245, al artículo 79 --es una enmienda que no es exactamente
igual que alguna otra presentada por la Senadora De Boneta--, queremos
ayudar a resolver los problemas de adaptación a su nuevo ambiente que
puede tener la adopción de niños mayores de cinco años, sobre todo ahora
que esas adopciones generalmente provienen de otros países. Parece claro
que hasta los 12 años --porque se están produciendo adopciones de niños
mayores de 5 años, aunque no de forma masiva--, para su adaptación al
medio, sus padres adoptivos puedan tener unas licencias que les permitan
una mayor dedicación.

La número 246 es muy simple, es de adición, y pretende que se incluyan en
los beneficios de asistencia a extranjeros a todos los procedentes de la
cultura española.

En la número 247, al artículo 83, referida a ayudas a los afectados por
delitos de terrorismo, quiero hacer hincapié en que pretendemos incluir
--y creemos debería ser aceptada-- la frase «incluido su esclarecimiento
y represión».

Con brevedad, pero también con firmeza, nos parece que esta enmienda
debería ser aceptada. Evitaríamos llevar estas situaciones al régimen
común, al régimen de la Ley de Procedimiento Administrativo, que supone
retrasos, me parece que indebidos, para los que padecen esos daños y,



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además, dejan en manos de jueces la fijación de criterios y ayudas. No es
ninguna crítica personal a jueces, pero nos parece que sería
absolutamente necesario dejarlo incluido en este tipo de ayudas.

Estas son nuestras enmiendas al Título II.

Muchas gracias, señor Presidente.




El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, Senador Novo.

Para la defensa de las enmiendas del Grupo Parlamentario Popular, tiene
la palabra el Senador Acacio.




El señor ACACIO COLLADO: Gracias, señor Presidente.

Voy a defender las enmiendas números 393, 394, 395, 442, 443, 444, 445,
446 y 447, pertenecientes a este Título II.

La número 393 es de mejora técnica y viene bien explicada en el texto.

Con la enmienda número 394 se pretende permitir a los servicios médicos
de las Mutuas expedir altas provisionales en los casos de bajas por
incapacidad temporal. Con ello se intenta controlar mejor y evitar el
posible fraude en las bajas laborales y en la prestación por incapacidad
temporal.

La número 395 tiene como finalidad elevar el tipo de cotización de las
horas extraordinarias de carácter estructural hasta el nivel del tipo
ordinario cuando se supere el máximo de las 80 horas/año establecido en
el Estatuto de los Trabajadores.

Las números 442, 443 y 444 son enmiendas de mejora técnica, que vienen
perfectamente reflejadas en el texto.

La número 445 trata de destipificar como sancionable la falta de
protección por parte de una misma Mutua de la totalidad de los
trabajadores de la misma empresa como consecuencia de la obligación que
en este sentido establecía la Ley General de la Seguridad Social. La
justificación de esta enmienda viene inducida por lo propuesto en la
enmienda 446 --que aprovecho también para defender--, donde se pretende
una liberalización del sistema de Mutuas, permitiendo que cada empresa
pueda asegurar a sus trabajadores en Mutuas diferentes, quedando la
limitación que existía hasta ahora de Mutua única al ámbito de los
centros de trabajo establecidos en la misma provincia. Por lo tanto, si
ya hemos quitado la obligación, no podemos mantener, que es por lo que
está la enmienda 445, como sancionable una cosa que ya no es obligatoria.

La enmienda 447 tiene como finalidad impedir la pertenencia de una misma
persona a dos órganos de gobierno de mutuas diferentes. La
incompatibilidad que se propone se justifica por el carácter de
confidencialidad de la información a la que tienen acceso los miembros de
las juntas directivas de las mutuas.

En cuanto a las enmiendas presentadas por el resto de los grupos
parlamentarios, señalaré que, en concreto, vamos a votar en contra de las
enmiendas 86, 87, 88, 90 y 91, de Izquierda Unida, que son de supresión a
los artículos 62, 63, 65, 68 y 74 respectivamente. Lo que se pretende en
estos artículos que quiere suprimir Izquierda Unida es agilizar la
gestión de los centros y su mejor adaptación a las necesidades,
cumpliéndose siempre la Ley de Contratos del Estado. Se trata de emplear
el procedimiento negociado del artículo 160.2 de la Ley 13/1995, de
Contratos de las Administraciones Públicas. Suprimirlos significaría, por
lo tanto, renunciar a una mejor eficacia en la contratación, respetando
siempre la ley y la transparencia. Esta no era nuestra intención y, por
eso, votaremos en contra de estas enmiendas de supresión que acabo de
mencionar. También votaremos en contra del resto de las enmiendas de
Izquierda Unida --la mayoría de ellas son de supresión-- porque pensamos
que con su adaptación empeoraríamos el texto que hemos propuesto en esta
ley.

Votaremos también en contra de la enmienda 242, del Grupo Parlamentario
Socialista, que es similar a la 86, de Izquierda Unida, por los mismos
motivos que lo hicimos con la 86. Asimismo, votaremos en contra de la
243, del Grupo Parlamentario Socialista. Pensamos que es mejor el texto
que se propone en la ley. La pretensión de esta enmienda del Grupo
Parlamentario Socialista de retener en favor de la Seguridad Social
cualquier ingreso de las diferentes administraciones es un proceso
complicado, incluso legalmente, que podía, además, ocasionar problemas
para el funcionamiento de las administraciones en cuestión.

Votaremos también en contra de las enmiendas 244, 245 y 247, de
modificación a los artículos 68, 79 y 83, propuestas por el Grupo
Parlamentario Socialista, porque nosotros mantenemos el texto propuesto
en la ley. Sin embargo, votaremos favorablemente la enmienda 246, del
Grupo Parlamentario Socialista.

Como ya se ha ido la Senadora De Boneta, que se quejaba de que no estaba
el Senador Utrera, no le digo lo que le iba a decir, dado que nos había
pedido que estudiáramos sus enmiendas. Simplemente, para que conste en el
«Diario de Sesiones», diré que no está tampoco la señora De Boneta en
estos momentos. Quizás es que le parecemos poco los que estamos, puesto
que no está el Senador Utrera. Diré únicamente, por lo tanto, que vamos a
votar en contra de sus enmiendas. Si hubiera estado le habría dado más
explicaciones.

La enmienda número 30...




El señor PRESIDENTE: En este momento entra, señoría.




El señor ACACIO COLLADO: Ha llegado tarde. Estaba hablando ya de la
enmienda número 30, del Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas
Vascos. Al respecto señalaré prácticamente lo mismo, que no la
consideramos oportuna y que, como ellos la han defendido en sus propios
términos, yo simplemente diré que la vamos a votar en contra.

También le diré a los Senadores de Convergència i Unió, que tampoco están
presentes, que votaremos en contra de las enmiendas 327 y 328 que
presentan. La explicación se la daremos cuando ellos nos den la
justificación de sus enmiendas. Como me imagino que ellos la darán en el
Pleno, yo también daré las explicaciones en el Pleno.

Nada más y muchas gracias, señor Presidente.




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El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, Senador Acacio.

Con esto damos por concluido el debate del Título II. Pasamos al Título
III, del Personal al Servicio de las Administraciones Públicas, que
comprende los artículos 88 a 119.

Para la defensa de sus enmiendas 106 a 125, tiene la palabra el Senador
Nieto.




El señor NIETO CICUENDEZ: Muchas gracias, señor Presidente.

En estas enmiendas hay distintos aspectos, pero yo me voy a detener
solamente en algunos que me parece que tienen importancia. Consideramos
que algunas de las propuestas que hay aquí en el texto invaden, a nuestro
juicio, lo que debía de ser el Estatuto de la Función Pública. En el
marco presupuestario introducimos elementos que creemos que son motivo
del Estatuto de la Función Pública que, además, por los conocimientos que
tengo, está en trámite en el Congreso. Por tanto, hay algunos aspectos
que debían dejarse para esta ley. En este sentido, hemos formulado
nosotros la enmienda 117.

Otro tema que nos parece importante, que habría que abordar aquí y quizás
también en el marco de la ley, es el de la modificación de los cuerpos y
escalas cerrados que tiene la Administración para facilitar el acceso a
ciertas categorías. Un catedrático de instituto --voy a poner un ejemplo,
aunque no sé si será acertado o no-- no puede optar a una cátedra de
universidad. Creemos que ésta no es una manera correcta de promocionar la
función pública. Habría que romper todas estas escalas cerradas. Y esto
vale también para todos los cuerpos de la Administración para que si se
accede a un cuerpo, ese funcionario pueda tener opción a promocionarse o
a optar en igualdad de condiciones, realizando el examen correspondiente.

Queremos, en definitiva, que pueda haber más movilidad de cuerpos y
escalas en la función pública. Este es un tema que se debería abordar. Y
aunque en el marco de los Presupuestos hay algunas cuestiones de este
tipo, habría que hacer una reflexión cara a la posible ley de la función
pública.

Lo mismo cabe decir, lógicamente, de los trabajadores laborales de la
Administración, incluso, de los interinos. Hemos de darles formación y
facilitarles la promoción para hacer más eficaz la Administración y para
que puedan tener estímulo, para que si entran en un cuerpo determinado y
tienen estímulo o vocación para ampliar sus conocimientos puedan acceder
a otras escalas de la Administración, siempre que reúnan los requisitos
que se exijan, como ser licenciado, etcétera. Hay trabajadores interinos
en la Administración pública que son, incluso, licenciados, que tienen un
puesto de trabajo inferior a su nivel. Sin embargo, pueden tener
conocimientos para acceder a otros puestos y vocación de promoción. Esta
sería una manera de estimular estos temas.

Una vez hechas estas consideraciones generales, doy las enmiendas por
defendidas en sus propios términos.




El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, Senador Nieto.

Para la defensa de sus enmiendas al Título III, tiene la palabra el
Senador Arévalo, del Grupo Parlamentario Socialista.




El señor AREVALO SANTIAGO: Muchas gracias, señor Presidente.

Señorías, el Título III es un conjunto de disposiciones que modifican
varias leyes y para nada era necesario que se hicieran esas
modificaciones en esta Ley de Medidas Fiscales, Administrativas y del
Orden Social. Ya el Tribunal Constitucional llamó la atención para que en
la Ley de Acompañamiento no se modificaran otras leyes. Nos llamó la
atención a todos sobre esta cuestión, pero este año resulta que lo que
debía ser excepcional se comporta como lo normal por la cantidad de leyes
que se modifican. Mucho más grave es que en este Título se modifiquen una
serie de disposiciones que estaban sujetas por ley a una previa
negociación que, una vez concluida, serían presentadas por el Gobierno,
como proyecto de ley, a las Cortes donde se haría la tramitación
legislativa ordinaria.

Es un exceso, es un incumplimiento de la Ley 7/1990, donde se especifica
que es necesaria la negociación colectiva y la participación en la
determinación de las condiciones de trabajo. Y, aquí, como iré
desgranando a continuación en distintos artículos, se producen
modificaciones, en algunos casos sustanciales, más teniendo en cuenta que
en este momento está anunciado un Estatuto de la Función Pública, que se
supone que estará en las Cámaras en el año 1997 y que sería el lugar
adecuado donde se podrían incorporar algunas de las medidas que ahora se
proponen en este Proyecto de ley.

No es que vayamos a hacer del Título III un rechazo total; vamos a votar
en contra de algunos artículos, no así de otros, y vamos a precisar en
cada caso cuál es nuestra postura para que las modificaciones que se
introduzcan tengan por lo menos una llamada de atención y no se considere
como un asentimiento indiscriminado o complaciente lo que suceda con el
Título III.

Resulta que en el artículo 90 se modifica el sistema de la excedencia
voluntaria. La excedencia ha tenido hasta ahora un límite máximo; tenía
un período mínimo y un límite máximo. Pues bien, según este artículo, no
tiene límite máximo. Y esto resulta especialmente grave porque,
naturalmente, aparte de que se elimina todo tipo de previsiones dentro de
la Función Pública, además, se aprovecha esta circunstancia para que el
funcionario pueda reincorporarse al puesto de trabajo cuando lo desee,
cuando mejor le venga al funcionario que ha solicitado la excedencia y,
probablemente, pensando en etapas de mayor aprovechamiento económico, sin
descartar la jubilación. Resulta que ésta es una modificación a la que se
tendría que haber llegado, si es que tuviera que haberse llegado a ella,
negociando previamente, tal como prevé la Ley de 1990 y, entonces, en el
Estatuto de la Función Pública podría haberse incorporado, así o de otra
manera, seguramente de otra manera porque esto desde luego resulta
excesivo.

El artículo 93 regula la jubilación. Del mismo modo, la jubilación
debería haber sido incluida en el Estatuto; y, aquí, cumpliendo
naturalmente lo que ya había anunciado



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el Partido Popular, se introduce una sustancial reforma en la jubilación
de los funcionarios: será voluntaria a los 65 años y obligatoria a los
70. Por tanto, se puede continuar en la Función Pública después de los 65
años. Llama la atención que sobre esta medida no se haya acompañado
ningún plan que prevea lo que esto puede provocar, tanto en el sentido
económico como en el comportamiento de hecho de la Administración. Por
una parte, se recortan las posibilidades de acceso de los jóvenes, porque
si en este momento hay muchos que están pensando en acceder a la Función
Pública, deben saber que de ahora en adelante van a tener muchas menos
posibilidades, ya que se supone que muchos de los que se podían jubilar a
los 65 años, no lo van a hacer. Esta es una consecuencia natural, pero
tampoco está prevista ninguna de las otras consecuencias que se pueden
producir por la reforma del procedimiento de jubilación.

Una cuestión completamente distinta de ésta es aquella a la que se
refiere el artículo 96 y para la que presentamos nuestra enmienda número
250. A lo largo del tiempo, desde las primeras etapas que siguieron a la
aprobación de la Constitución, se había ido acomodando el Ministerio de
Defensa al mismo modelo organizativo existente en los demás Ministerios:
del Subsecretario dependía el personal. Pues no hay manera de entender
cómo se retrocede y se vuelve hacia atrás para quitar al Subsecretario
sus competencias sobre el personal y pasárselas al Jefe del Estado Mayor
de la Defensa, no se entiende. Hasta ahora en las explicaciones que se
han dado, tanto en el Congreso de los Diputados como en algunas
declaraciones públicas, no hemos encontrado ninguna respuesta a cuál es
el motivo por el que se haya podido hacer esto que supone un retorno a lo
antiguo. No tiene ni pies ni cabeza y suponemos que lo mejor que podía
hacer el Grupo Parlamentario Popular es aceptar nuestra enmienda número
250 y volver las cosas a como estaban, que era la fórmula adecuada y
oportuna como se organizan los Ministerios en la Administración, sea el
Ministerio de Defensa o el de Fomento.

Nuestra enmienda número 251 se refiere al artículo 101, que establece una
situación privilegiada en base al Real Decreto-ley 10/1996, de 17 de
julio. Se trata de aplicar una excedencia voluntaria, que no es tal, sino
una reserva de plaza por tres años, contradiciendo el propio artículo 90
de esta misma Ley, que introduce un nuevo beneficio a la gestión privada
y que, otra vez, parece que puede deteriorar la gestión del Sistema
Nacional de Salud. Por tanto, estamos ante un privilegio insólito que se
incorpora en este Proyecto de ley y que tampoco tiene precedentes. No es
una excedencia voluntaria, es una reserva de plaza por tres años. No
sabemos a qué viene, seguramente tampoco lo saben los que han elaborado
este proyecto; me refiero en términos técnicos o jurídicos, porque
seguramente por otras razones sí que saben por qué lo han puesto.

Como también es difícil que se nos pueda dar una explicación --hasta
ahora no la han dado-- sobre el artículo 112. Se prevé la existencia de
diez plazas servidas por notarios y registradores de la propiedad en el
Ministerio de Justicia, Dirección General de los Registros y del
Notariado. Hasta ahí lo podemos entender. ¿Es una fórmula correcta dentro
de la organización de la Administración Pública? A mi juicio, no, pero se
puede entender que se quiera tener a notarios o registradores de la
propiedad sirviendo plazas dentro de la Dirección General de los
Registros y del Notariado. Lo que ya no hay quien entienda es cómo van a
cobrar, porque aquí se dice que por arancel. ¿Dónde cobran el arancel?
¿El notario que sustituya a éste que ha sido incorporado a la Dirección
General va a repartir sus beneficios del arancel con el notario que está
en la Dirección General? ¿Y el registrador de la propiedad igual? Pues no
lo sabemos, hasta ahora no nos lo han explicado; y, como me temo que como
no haya explicación, lo que deben hacer, naturalmente, es suprimir este
artículo 112, y aquí no ha pasado nada. Porque, además, se trata sólo de
diez plazas que van a ir a asesorar en la Dirección General de los
Registros y del Notariado; pueden ir de otros cuerpos de letrados de la
Administración, entre ellos Abogados del Estado.

Que no se me diga: ya no existen Letrados de la Dirección General. Bien,
no existen, pero no digan que no existen Cuerpos de asesoramiento
jurídico en la Administración Pública como para que no se les pueda
adjudicar estas plazas --diez, si son muy necesarias-- a aquellos que
puedan cumplir las labores --y las pueden hacer suficientemente--, igual
que un notario y un registrador de la propiedad, por sus mismos
conocimientos. Si quieren tener una especialización en derecho
inmobiliario la puedan tener exactamente igual, haciendo un concurso que
cubra esas diez plazas entre otros Cuerpos de la Administración que
cobran su retribución, no por arancel, sino por el sistema normal de los
funcionarios de cobrar de la Administración directamente.

Al artículo 114, número cinco, se ha presentado nuestra enmienda número
253. Se trata de la ampliación de la edad de orfandad de Clases Pasivas.

Tengo que llamar la atención sobre esta enmienda. Fíjese que decimos:
«Las pensiones de orfandad del Régimen de Clases Pasivas del Estado
extinguidas antes de la entrada en vigor de esta Ley en función de
preceptos modificados por la misma, serán revisadas de oficio y
reconocidas con efectos de la fecha de entrada en vigor de la Ley si los
beneficiarios reúnen los requisitos exigidos.» ¿Hay algo que pueda entrar
en colisión con nuestra enmienda?; ¿hay algo que se considere que no es
razonable si se incorpora nuestra enmienda, que es de adición?;
¿distorsiona el resto del artículo? Yo creo que no, señorías.

Permítanme que haga unas referencias meramente materiales. He notado
--pero no puedo tener seguridad, porque en estas cosas uno puede
equivocarse-- que, tanto en el Boletín donde se publica el proyecto de
ley como el Informe de la Ponencia, en el artículo 117 hay unas
referencias a mi modo de ver erróneas. Dice este artículo «... según la
redacción dada en el artículo 86 de este texto...», y creo que debe
decirse «artículo 93». También llamo la atención sobre las enmiendas
números 430 y 453, del Grupo Parlamentario Popular, que dice que se
refieren al artículo 117, y creo que no se refieren a dicho artículo.

Solamente hago estas advertencias, y además sin la seguridad de que esté
acertado. A lo mejor me estoy equivocando al llamar la atención sobre
estos extremos.




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Si me permite, señor Presidente, voy a seguir con las disposiciones
adicionales y transitorias que tienen relación con el Título III. De esta
manera cubrimos todo lo que se refiere a esta materia.




El señor PRESIDENTE: No hay inconveniente.




El señor AREVALO SANTIAGO: Muchas gracias.

En la Disposición Adicional Séptima, nosotros mantenemos la enmienda
número 292, que coincide prácticamente con la 361 del Grupo Parlamentario
Catalán en el Senado de Convergència i Unió, a la Disposición Transitoria
Novena. Naturalmente, nos da igual que sea en la Disposición Adicional
Séptima o que sea en la Transitoria Novena.

En la Disposición Transitoria Séptima, mantenemos la enmienda número 302,
que, naturalmente, viene a cubrir lo que habíamos defendido antes
respecto a la sustitución del Subsecretario por el Jefe del Estado Mayor
de la Defensa.

Ya he hecho referencia a las disposiciones adicionales a las que teníamos
presentadas enmiendas y que tienen relación con el Título III.

Con esto concluyo, señor Presidente. Muchas gracias.




El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.

Se ha tomado nota de las referencias que ha hecho y, si la Ponencia lo
considera oportuno, se harán las correcciones correspondientes.

No obstante, quería hacerle una salvedad. Su señoría se ha referido al
artículo 93, y me da la sensación de que su Grupo no ha presentado
ninguna enmienda a este artículo, luego debemos tomarlo como una crítica
y no como una defensa de enmienda. (Asentimiento.)
Muchas gracias, señoría.

Para la defensa de las enmiendas del Grupo Parlamentario Popular a este
título, tiene la palabra el Senador García Carnero.




El señor GARCIA CARNERO: Muchas gracias, señor Presidente.

Intervendré con suma brevedad, pero utilizando el mismo procedimiento que
el Senador Arévalo que, por otra parte, nos parece bastante sensato, que
es hacer una valoración crítica al Título III, en el que, efectivamente,
se recogen una serie de disposiciones normativas que, al estar incluidas
dentro de una ley, tienen tal carácter, y no hay por qué rebajarlas ni
otorgarle una menor consideración. Decía que en este Título III se
recogen una serie de disposiciones relativas al personal al servicio de
las Administraciones públicas, que al Grupo Parlamentario Socialista le
parecen un exceso, incluso nos hablaba en su crítica de un incumplimiento
de ley. El adjetivo de exceso es asumible en términos políticos, pero el
de incumplimiento de una ley no lo es, y habrá que decirle que si cree
que se vulnera con ello algún precepto legal, debería adoptar las medidas
que bien conoce su grupo.

En todo caso, he de decirle que las referencias que se han hecho a que
muchas de estas normas deberían estar recogidas en el Estatuto de la
Función Pública, no parece que sean achacables a este Gobierno, que tiene
ya anunciado como uno de sus propósitos inmediatos llevar adelante este
Estatuto, que ha sido multitud de veces prometido por gobiernos
anteriores y no llevado a la práctica. No me parece, por tanto, que sea
un reproche admisible por parte nuestra.

Cuando dice que muchas de estas disposiciones serían innecesarias por ser
excesivas en este momento, quiero manifestar la contradicción que a veces
se observa en la defensa de los portavoces socialistas de sus posiciones
políticas dependiendo del momento en el que ésta se hace. Hoy es un día
especialmente señalado para los funcionarios públicos, y este título hace
algunas modificaciones normativas que les afectan mucho. No me parece,
por ejemplo, que los funcionarios públicos consideren que el artículo 88,
en el que se regula la forma de devengo de las pagas extraordinarias,
pueda ser superfluo; ni me parece tampoco que puedan considerar
innecesario lo recogido en el artículo 89, por el que se modifica el
régimen de provisión de puestos de trabajo, dando, a nuestro juicio, un
tratamiento favorable, por cuanto que las vacantes de plazas incluidas en
las convocatorias de ingreso de nuevo personal no precisan de un concurso
previo a quienes ya tienen la condición de funcionaros; ni me parece
tampoco asumible la crítica que ha hecho al artículo 90, relativo a la
excedencia voluntaria, porque lo que hace es potenciar una de las --no
aceptaré llamarle privilegio, como creo que en algún momento se ha
llamado-- prerrogativas que tiene la condición de funcionario, y que, en
todo caso, lo que hace es regular situaciones que venían produciéndose.

Me detendré en el artículo 93, que para nosotros recoge uno de los
compromisos políticos de nuestro grupo y del Gobierno en lo que se
refiere a la prolongación optativa por parte de los funcionarios de la
edad de jubilación hasta un máximo de los 70 años. Rechazo plenamente la
crítica que se ha hecho a ella, aludiendo a que esto puede perjudicar a
los jóvenes diciendo que aquellos que tengan la voluntad de ingresar en
la función pública, que sepan que lo tienen más difícil, puesto que no es
así. Lo único que se hace es dar esa posibilidad a los funcionarios cuyas
normas específicas de jubilación no contravengan esta disposición, y
sobre todo aprovechar para la sociedad un periodo en el que determinados
funcionarios públicos están en su plena madurez y, por tanto, en
disposición de aportar al servicio público, que es la función pública,
los mejores conocimientos. Aquí delante hay algunos funcionarios
públicos. Me imagino a Letrados de las Cortes Generales, o Letrados del
Estado, o Catedráticos de universidad en una edad de 65 años, en
plenitud, por tanto, de su madurez intelectual, y no me parece positivo
para la sociedad haber formado a lo largo de la carrera funcionarial a
estas personas y no ofrecerles voluntariamente la posibilidad de que en
ese momento en el que, como digo, su rendimiento es máximo, pueda
enriquecerse la sociedad de ello.

Tampoco he visto que el artículo 96 limite alguna de las competencias al
Subsecretario de Defensa. Lo único que hace --y yo le recomendaría que lo
leyese más detenidamente-- es que aquellas competencias propias de Jefes
de Estado Mayor: de Tierra, de Armada o del Aire, cuando se trate de
personal común a ambas fuerzas, sean atribuidas al



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Jefe del Estado Mayor, lo cual parece lógico, porque no son fuerzas
asignadas a ninguno de los ejércitos en concretro, sino en común.

Me gustaría señalar que alguna de las disposiciones, por ejemplo, las
recogidas en los artículos 107 ó 108, también eran necesarias para
regularizar el proceso de integración de funcionarios públicos
procedentes, por ejemplo, de la Administración Autónoma de Guinea
Ecuatorial o del centro regional de enseñanza informática.

Por lo que se refiere al artículo 112 sobre el que se dice que no se
conoce la forma en que van a ser retribuidas las diez plazas de Notarios
y Registradores de la Propiedad que se adscriben a la Dirección General
de Registro y Notariado, lo expresa el propio texto con toda claridad:
quienes ocupen estos puestos mantendrán su régimen retributivo propio --y
dice a continuación--, regulado por la legislación hipotecaria. De manera
que existe una normativa que regula esa forma de retribución y, en todo
caso, las dudas que puedan suscitársele no serán sobre este texto, sino
al texto al que se remite.

Nos parece también importante el reconocimiento que se hace de derechos
pasivos causados para quienes han perdido la condición de funcionario
cualesquiera que fuera la causa. Los derechos pasivos que tienen
reconocidos no se pierden por haber perdido la condición de funcionario.

Es un hecho que aun para situaciones difíciles para los funcionarios,
como es perder tal condición, no se les priva de derechos adquiridos con
anterioridad.

También nos parecen destacables las modificaciones que recoge el artículo
116 sobre los requisitos necesarios para el reconocimiento de pensiones
familiares en los supuestos de adopción. Aquí ya se ha hecho referencia
también a temas de adopción y hay que decir que existía un impedimento
que exigía, tanto para los progenitores como para los hijos adoptivos,
que al menos hubiesen convivido dos años desde la fecha de la adopción
para tener derecho a ello, y eso queda suprimido.

Con todo ello hemos querido contestar a algunas de las razones en las que
se fundamentan las enmiendas formuladas por los Grupos, principalmente
por el Grupo Socialista.

Concluiremos, señor Presidente, defendiendo íntegramente las enmiendas
que nuestro Grupo tiene a este Título III, en concreto la 448 que es una
pura enmienda técnica; la 450 que es una forma de regular más ajustada
los puestos directivos en las instituciones sanitarias dependientes de la
Seguridad Social, e igualmente la 449.

Con todo ello concluimos, como decía, dando por defendidas nuestras
enmiendas y manifestando nuestra posición general, en lo que se refiere a
este Título III, a las críticas que hacia él se han vertido.

Muchas gracias, señor Presidente.




El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, Senador García Carnero.

Pasamos al debate del Título IV. Si los portavoces son capaces de
sintetizar, creo que podremos concluir el debate de todo este proyecto de
ley antes de la hora del almuerzo.

El Título IV trata de las normas de gestión y de organización y comprende
los artículos del 120 al 139.

Para la defensa de sus enmiendas a este título, que van de la 126 a la
151, el Senador Nieto tiene la palabra.




El señor NIETO CICUENDEZ: Muchas gracias, señor Presidente.

Voy a ser breve. Hay una serie de enmiendas a este título que las hemos
presentado porque consideramos que se atenta contra la autonomía local.

Aquí estamos rozando, a nuestro entender, lo que debía ser la
actualización de la Ley de Régimen Local, el pacto local; se quitan
poderes a los ayuntamientos; se hace más difícil su gestión, una gestión
que por los déficit y por la financiación que tienen ya es de por sí
mala, y creemos que se les ponen toda una serie de trabas. Voy a explicar
alguna de esas enmiendas.

Hay ayuntamientos que tienen empresas, por ejemplo, de actividades
económicas, como puede ser suelo y vivienda, y en vez de facilitarles que
puedan acceder a créditos, etcétera, se les pone cada vez más trabas, con
lo cual va a ser mucho más difícil que los ayuntamientos puedan seguir
con estas actividades que han iniciado, unos más, otros menos; ojalá ése
fuese un ejemplo que cundiera si queremos, efectivamente, abordar
políticas de vivienda: viviendas en alquiler, viviendas de un régimen
especial para los que cobran dos veces y media por debajo del salario
mínimo interprofesional, etcétera. Si eso no se activa y se facilita que
sea a través de las Administraciones locales será muy difícil superar en
nuestro país el déficit tan importante que tenemos en el capítulo de
vivienda. Creemos que tal y como están redactadas estas medidas se ponen
trabas para que estas políticas se puedan desarrollar.

También vemos con cierta preocupación que al mismo tiempo que se adoptan
estas medias, están las licitaciones de obras, servicios de las
administraciones locales y de las administraciones públicas, en general,
para que los promotores privados, las empresas licitadoras puedan tener
más facilidad de actuación. Eso indudablemente obedece a la filosofía que
ustedes tienen, pero consideramos que esto no va a favorecer que la
economía española sea más igualitaria, más justa, etcétera.

Sobre las medias que favorecen, lógicamente, a todo este entramado
financiero, de dar facilidades incluso a entidades, creemos que hay una
gran opacidad y que se puede prestar a ocultismo.

Estamos lógicamente también en contra de aquellas medidas que toman
ustedes para que se facilite legislativamente, bajo el punto de vista de
su filosofía, privatizar incluso servicios básicos --así los entendemos
nosotros--, como las autopistas, autovías, es decir toda una serie de
servicios básicos para el desarrollo económico. Al final no vamos a saber
qué es lo que vamos a poder vender; si pudiéramos vender el aire, da la
impresión de que también buscaríamos medidas para hacerlo.

Nada más y muchas gracias, señor Presidente.




El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, Senador Nieto.

Para la defensa de las enmiendas al Título IV presentadas por el Grupo
Parlamentario Socialista, el Senador Novo Muñoz tiene la palabra.




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El señor NOVO MUÑOZ: Muchas gracias, señor Presidente.

Autoconvertido voluntariamente en Senador sintético, en justa
reciprocidad a la generosidad del Presidente, aceptamos su sugerencia.

Al Título IV presentamos 19 enmiendas, de algunas hablaré en grupo.

La enmienda número 254 es de supresión al artículo 120 y consiste en una
modificación del Texto Refundido de la Ley General Presupuestaria que
deberá tener un debate seguramente más en profundidad en la Ley de
Disciplina. Parece que este artículo 120 sólo estuviese pensado para
evitar el control. Es un artículo que en apariencia es de mayor control
de las subvenciones. Sin embargo, resulta que el punto central es de
descontrol, pues dice no ser necesaria la publicidad en el otorgamiento
de ayudas para financiar a las entidades que se puedan crear al amparo
del Real Decreto --ley número 10 de habilitación de nuevas formas de
gestión del Instituto Nacional de la Salud. Creo que es justificación
suficiente para nuestra enmienda de supresión.

Las enmiendas números 255, 256 y 257 de supresión a los artículos 123,
124 y 125 están en relación con las Corporaciones Locales y al hilo
incluso del debate inicial de la discusión de las propuestas de veto. Las
medidas de disciplina financiera en relación con el mundo local afectan a
la parte de la Administración --lamento que el señor Utrera no esté
aquí-- que menos representa en la generación del déficit público en
nuestro país; si mal no recuerdo está en el 0,2 ó 0,3 o ésa es la
previsión final de año. Se reforman preceptos de la Ley Reguladora de
Haciendas Locales de forma, a nuestro entender, precipitada y que, en
nuestra opinión, vulnera la autonomía de las Corporaciones Locales.

Huelga decir que, lo decía el Senador Granado en la misma intervención a
que aludía antes, los municipios parece que tampoco van a ser muy
favorables a la implantación de estas nuevas normas.

La enmienda 258 pretende la supresión del artículo 131, que se refiere a
los contratos de obra bajo la modalidad de abono total del precio. Por
hacerlo tan sintético como el señor Presidente quería, tengo que decir
que es una regulación tan incompleta y tan precipitada que va a resultar
casi imposible que pueda aplicarse. Les puedo hacer un juicio de valor,
señorías: seguramente será inviable jurídica y políticamente. El tiempo
nos lo dirá, porque no espero que prospere nuestra enmienda
evidentemente.

La enmienda número 259, de supresión, al artículo 132, es lógica, pues
elimina la publicidad y la concurrencia de determinadas operaciones
financieras, y supongo que tiene algo que ver también con colisionar
determinadas directivas comunitarias.

Las enmiendas números 260 a 265 se refieren al artículo 135, que es
modificación del régimen jurídico de la Sociedad Estatal de
Participaciones Industriales, la SEPI.

Las enmiendas números 266 a 273, que se refieren al artículo 136,
modificación del régimen jurídico de la Agencia Industrial del Estado.

Unas son de supresión de determinados preceptos de ley, que tienden a
modificar el texto legislativo actual, y otras de adición, presuponiendo,
evidentemente, que no van a prosperar nuestras enmiendas de supresión,
que tratan de incluir algunas cautelas a las modificaciones que se
introducen y que presumo continuarán, porque, repito, nuestras enmiendas
difícilmente prosperarán.

A nosotros nos parece que los artículos 135 y 136 de este proyecto de ley
ponen a punto la ofensiva de privatizaciones que se quiere introducir en
los presupuestos generales del Estado de 1997, y la nueva redefinición de
la organización del sector público empresarial.

Con las enmiendas pretendemos expresar una crítica al efecto encubridor
del nivel del déficit público, lo que venía en llamarse la
centrifugación.

De todas formas, queremos evitar que los organismos que contribuyan a las
privatizaciones no sean el saco donde se almacenen recursos para el
cumplimiento de compromisos parlamentarios por vía extrapresupuestaria.

Señorías, recomiendo el artículo en «El País» de hace unos días de un
ilustre compañero socialista, Diputado en el Congreso, el señor Borrell,
que se llamaba «El presupuesto extrapresupuestario». Creo que esto tiene
bastante que ver con todas estas normas de gestión y organización.

Muchas gracias, señor Presidente.




El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, Senador Novo, por su concisión y por
ser un Senador sintético en el sentido de conciso y no de artificial.

(Risas.)
Para la defensa de las enmiendas del Grupo Parlamentario Popular, tiene
la palabra el señor Blancas.




El señor BLANCAS LLAMAS: Muchas gracias, señor Presidente.

Intervengo muy brevemente, tan sintético como el señor Novo. Me voy a
referir, exclusivamente, a las modificaciones de los artículos 123 a 126
de la ley de medidas fiscales, administrativas y del orden social. En
síntesis, el objeto del Gobierno del Partido Popular de atajar un poco
esta reforma de las Haciendas Locales no es otro que potenciar y dar a
las Haciendas Locales un poco de liquidez, ya que, como todos sabemos,
raro es el municipio o entidad local que no está en situación precaria,
por no decir caótica o apremiante.

En este caso el Partido Popular contestará en el Pleno con las enmiendas
introducidas --aunque no serán aceptadas-- por CIU, con algunos matices
por el Partido Nacionalista Vasco, y, lógicamente, no entendemos la
oposición frontal que ha hecho el Partido Socialista a las enmiendas
diciendo que son irreflexivas, incoherentes y que vulneran la autonomía.

Creemos que no se vulnera principio alguno de legalidad ni de autonomía.

El objetivo no es otro que potenciar y financiar a las entidades locales
y equiparar el sistema de contratación de las operaciones de crédito en
el ámbito local al resto del sector público. Este es el objetivo y será
defendido, lógicamente, en el Pleno en estos términos.

Muchas gracias, señor Presidente.




El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, Senador Blancas.

El Senador Alierta tiene la palabra.




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El señor ALIERTA IZUEL: Muchas gracias, señor Presidente.

Para completar el turno del Grupo Parlamentario Popular, haré referencia
al resto del título que se está debatiendo.

En primer lugar, me referiré a las enmiendas que presenta el propio Grupo
Parlamentario Popular y que se someten a debate en esta Comisión.

En una de ellas se intenta establecer una modificación en el artículo
120. Se propone la exceptuación de las subvenciones con objeto de que
éstas se puedan administrar adecuadamente, puesto que muchas de ellas
alcanzan a más de un ejercicio, como se pone de manifiesto en las ayudas
a las pequeñas y medianas empresas, cuyas necesidades de inversión suelen
tener un plazo más largo.

Asimismo, en el artículo 122 se pretende también ampliar las
posibilidades del Ministerio de Defensa de las disponibilidades en el
Capítulo 2, teniendo en cuenta que la existencia de operaciones recientes
en el exterior obliga a disponer de medios con los que hacer frente a
necesidades muy urgentes y, en consecuencia, esta disponibilidad interesa
poder potenciarla.

También se hacen pequeñas mejoras en el artículo 131, en el que se
incluye el contrato de obra fija. Se introduce en España una modalidad de
financiación de infraestructuras públicas cuya eficacia viene avalada por
la experiencia en otros países y que, dadas las circunstancias en las que
se desenvuelve el presupuesto de gasto español, parece oportuno regular.

Esto es lo que se hace en este artículo 131.

Una de las enmiendas propone que en el texto, donde pone «abono total del
precio», se diga «pago único», puesto que, en realidad, es de lo que se
trata. El contrato tiene por referencia que, en lugar de hacer pagos
conforme las certificaciones se van produciendo, se hace un pago único al
terminar la obra. Esta modalidad está introducida en otros países; no es
una novedad, y está funcionando satisfactoriamente; son países cuya
trayectoria --en términos de ejecución presupuestaria-- no ha sido puesta
tan en entredicho como la que hemos tenido en los últimos años en el
nuestro, donde ha sido cuestión casi de debate público.

Es evidente que necesita una serie de mecanismos compensadores de control
que se introducen en el propio artículo. La decisión de estas obras se
sitúa en un contexto determinado y la autorización corresponde al Consejo
de Ministros y, además, se determina que se deben contabilizar por
separado las obligaciones que queden para el futuro como consecuencia de
estos contratos.

Permite --es de esperar-- que se pueda ampliar el espectro de
infraestructuras disponibles en este país como se han utilizado en otros
de nuestro entorno europeo. Para mayor exigencia y para evitar que este
contrato se extienda de una forma incontrolada en el conjunto de las
Administraciones Públicas y que su introducción se haga en aquellos
contextos en los cuales tiene su lógica operativa y de una forma prudente
mientras se va desarrollando, se propone en una enmienda que se fije y se
determine reglamentariamente qué tipo de actividades va a poder aplicar
este contrato de obra pública con pago único. En consecuencia, admite una
posibilidad, pero también se permiten los mecanismos de control.

El portavoz del Grupo Parlamentario Socialista ha hecho referencia a una
frase ingeniosa del señor Borrell sobre presupuestos
extrapresupuestarios. Siempre que estén bien contabilizados, siempre que
se asuman las responsabilidades por quien tiene capacidad, no tenemos por
qué temer que esto conduzca a una situación incontrolada.

El señor Borrell debería haberse referido a la existencia de presupuestos
extracontables, que es la situación con la cual nos hemos encontrado y en
la que él, personalmente, ha participado, porque el problema de las
insuficiencias presupuestarias que se detectaron no es que fueran
presupuestarias o no presupuestarias, es que no estaban recogidas en la
contabilidad.

Este es un problema que ha existido en este país y se ha puesto de
manifiesto la necesidad de corregirlo, por lo que se han adoptado las
medidas que se han introducido en la propia ley que lleva este tema y que
también hacen referencia, en la medida que afecta a la Ley General
Presupuestaria, a los artículos que debatimos en este proyecto de ley.

Por tanto, si un gasto existe, debe contabilizarse. Pero el problema de
esos gastos no es que no se hubieran producido, sino que estaban encima o
debajo de la mesa, y éste es un problema no sólo del Estado. En este
sentido, últimamente he tenido responsabilidades en un importante
ayuntamiento de Aragón y puedo decirle que esas obligaciones sin
consignación presupuestaria ascendían al 20 por ciento del presupuesto de
ingresos, ya que en unos presupuestos de ingresos de 51.000 millones
había 9.000 millones sin consignación presupuestaria, es decir, que no
estaban contabilizados, que no figuraban en ninguna parte.

Los temores de este país deben dirigirse, pues, hacia la inexistencia de
contabilización. E insisto en este tema, porque en la segunda parte del
título, que se refiere a la organización, las enmiendas más importantes y
numerosas se dirigen, fundamentalmente, a tratar de controlar el ámbito
de actuación tanto de la SEPI, como de la Agencia Industrial del Estado.

En relación con esta cuestión, en primer lugar, hay que decir que no hay
razones para que se intenten modificar estas empresas, que se crean para
aumentar la flexibilidad, ya que en las normas que se introducen se
establece quién tiene la responsabilidad de tomar las decisiones. Además,
en muchos casos, las decisiones más importantes deben depender del
Consejo de Ministros, decisiones que no son secretas, en absoluto; ahí
están y constan. Por otro lado, también en estos dos casos, se deben
contabilizar y reconocer adecuadamente las decisiones importantes que se
adopten. Por tanto, no hay ninguna dificultad en este punto.

En cuanto a la información que ustedes solicitan sobre estos aspectos
--por si sus enmiendas no prosperan--, existe, y pueden disponer de ella
en cualquier momento. Puedo decirle que este Senador ha formulado
bastantes preguntas al respecto durante estos años. Una de ellas,
formulada en mayo de 1995, se refería a la deuda de estos organismos,
para los que ahora ustedes solicitan información



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trimestral sobre sus contratos. Realmente, no hace falta tener grandes
conocimientos para conocer esa cifra, pero entonces se me contestó por
parte del Gobierno que, de acuerdo con la ley, estas entidades cerraban
sus ejercicios el 30 de septiembre y que hasta el 1.º de octubre no se me
daría ninguna contestación. Por tanto, están pidiendo unos niveles de
información que no han proporcionado, ni por aproximación, en la etapa en
que el Partido Socialista estaba en el Gobierno. Con esto no quiero decir
que la información que ustedes piden se les vaya a negar; antes al
contrario, va a ser más transparente, y las decisiones más importantes
van a estar contabilizadas y adoptadas por quien corresponda.

El problema de los gastos indisciplinados, por llamarlos así, es que se
asumían por un departamento, pero no se contabilizaban. En este sentido,
habrá visto usted que en muchas de las disposiciones de esta ley se
establece la autorización previa del Ministerio de Economía y Hacienda,
que es el que, al final, tiene que pagar. Por tanto, antes de hacer un
gasto, alguien tiene que aceptarlo --porque es el que va a pagarlo-- y,
en consecuencia, lo autoriza o no. Debe haber, pues, flexibilidad en la
gestión, pero control en la contabilización y en el gasto. No deberían
tener, pues, esos temores sobre el gasto indisciplinado, porque no existe
voluntad política de hacerlo ni sobre la disciplina presupuestaria del
gasto, porque hay mecanismos legales suficientes para ello.

Por otro lado, tampoco debería existir --y termino en dos minutos, señor
Presidente-- esa preocupación, que ustedes intentan crear, por una
privatización. Señoría, el mundo no es ni blanco ni negro, sino de
colores grises. No hace mucho tiempo cayó en mis manos el libro sobre los
programas políticos de los partidos en 1976, que he estado repasando. Es
curioso volver a leer los libros de aquellos tiempos. Entonces, el
Senador que les habla y, en general, las personas que pertenecen al
Partido Popular, no estábamos por la autogestión, ni por la planificación
centralizada, cosa que quería mucha gente en este país. Tampoco estábamos
por una especial credibilidad de la empresa pública, que en 1976 ya
estaba entrando en crisis en toda Europa. Estábamos por adelantar
mecanismos de mercado en ese sentido, pero sin perder la preocupación
social que condujo a la creación en la posguerra de lo que se denomina
economía social de mercado; básicamente, las líneas sobre las que se ha
creado la sociedad europea.

Un caso típico es Alemania, donde incluso la socialdemocracia incorpora
en 1956 --creo recordar en Bad Godesberg-- este modelo, que es,
básicamente, el que seguimos manteniendo, aunque adecuándolo a estos
tiempos. Y debo decirles que no deben ustedes sorprenderse de nuestra
posición; más bien, la sorpresa ha sido nuestra. En este sentido, nos
alegra que se hayan incorporado en líneas generales a este modelo.

Nuestra sorpresa consiste en que a veces hemos visto que los socialistas
se incorporaban con demasiada rapidez; incluso la negación de la empresa
pública, que a veces he advertido, va mucho más allá de donde yo
llegaría, porque la empresa pública tiene un papel y no hay que
descartarla por definición. Habrá que estudiar, pues, caso por caso.

Por tanto, no somos negros ni blancos. Vamos a diferenciarnos en
eficacia, pero no traten de diferenciarse falsamente dando de nosotros
una imagen que no es cierta. No somos «manchesterianos» a ultranza --si
es que éstos existieron--, sino unos señores que hemos mantenido siempre
una línea más o menos coherente --que seguimos manteniendo en términos de
eficacia y que hay que cuidar--, que no descartamos en principio la
empresa pública, y que estamos un poco sorprendidos de ver cómo algunas
veces nos han adelantado por la derecha en los temas de privatización.

En términos de legítima competencia política, establezcamos la diferencia
en eficacia en la Administración, pero no tratemos de crear imágenes que
no son, porque la preocupación social que se tiene hoy en día está
reflejando que es necesario que el Estado atienda eficazmente servicios
básicos que son irrenunciables para el Estado, como la educación, la
sanidad, etcétera. Pero hay muchas otras actividades que se pueden
ejercer en otro lugar y, por tanto, permiten al Estado concentrar sus
recursos donde de verdad lo tiene que hacer. Ese es el principio básico.

En última instancia, los ciudadanos tienen que ganarse la vida, pero
también hay que proveerles de servicios. En eso estamos de acuerdo. ¿Cómo
hacerlo? De la forma más eficaz para los ciudadanos. Pero, insisto, no
creen imágenes de que estamos volviendo a tiempos «manchesterianos». Ni
en su día creíamos en la planificación económica, ni nunca hemos
abandonado una preocupación social.

En última instancia, debe reconocer su señoría que, más o menos, todo el
mundo ha llegado a la opinión de quienes teníamos aquellas ideas
entonces, pues se trata de las sociedades que podríamos definir como
menos malas. En este sentido, los obreros de Alemania Occidental no se
fueron a Alemania Oriental, sino que los de ésta fueron a Alemania
Occidental. Es decir, los que en 1977 defendíamos con claridad el modelo
de Alemania Occidental seguimos manteniendo esa posición y no hemos
abandonado la preocupación social.

Pido perdón a la Presidencia por mi larga intervención.

Muchas gracias.




El señor PRESIDENTE. Muchas gracias, Senador Alierta.

Con esto, creo que podemos dar por concluido el debate del Título IV.

Pasamos al debate del Título V y último, que comprende los artículos 140
a 160, y trata de la acción administrativa.

Tiene la palabra el Senador Nieto, para la defensa de sus enmiendas a
dicho título, números 152 a 165.




El señor NIETO CICUENDEZ: Gracias, señor Presidente.

Esta vez sí que voy a ser breve, porque las voy a dar por defendidas en
sus justos términos.




El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señoría.

Eso sí que es el colmo de la síntesis.




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Para la defensa de sus enmiendas al Título V, tiene la palabra la
portavoz del Grupo Socialista. (El señor Ríos Pérez pide la palabra.)
Tiene la palabra, Senador Ríos.




El señor RIOS PEREZ: Señor Presidente, tengo presentada la enmienda
número 191 al artículo 152, que creo que debo defender antes.




El señor PRESIDENTE: Tiene toda la razón.

Tiene la palabra el Senador Ríos.




El señor RIOS PEREZ: Muchas gracias, señor Presidente.

Cuando el actual Gobierno hace unos meses entró con fuerza a tratar el
tema de los gastos de la sanidad, de los medicamentos y de la ordenación
farmacéutica, todos lo aplaudimos porque veíamos que había un déficit
importante.

Ahora plantea el tema de la modificación de la Ley 25/1990, del 20 de
diciembre, en el artículo 152 del actual proyecto de ley, en el cual se
introduce un tema importantísimo, que es la especialidad farmacéutica
genérica, en la que todos tenemos grandes esperanzas en cuanto a que se
puedan conseguir grandes ahorros en el gasto farmacéutico.

Pero nos sorprende muchísimo que en el punto cuatro, 6. se diga
concretamente: «El Gobierno, a medida que se vayan introduciendo
especialidades farmacéuticas genéricas en el mercado, previo informe del
Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, podrá limitar la
financiación pública de medicamentos...»
Hay demasiados condicionamientos que nos preocupan muchísimo porque, de
aplicar este artículo literalmente, significaría que hasta que no se
hayan introducido especialidades farmacéuticas genéricas en el mercado,
no se podrá limitar la financiación pública de los medicamentos.

Por ello presentamos esta enmienda, cuya finalidad es sencillamente
suprimir «a medida que se vayan introduciendo especialidades
farmacéuticas genéricas en el mercado». Es decir, que el Gobierno, previo
informe del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, ya
puede limitar la financiación pública de los medicamentos cuando lo
desee; que no tiene que estar pendiente de la introducción o no de las
especialidades farmacéuticas genéricas porque quizá se podría bloquear
durante demasiado tiempo la limitación en el gasto farmacéutico.

Muchas gracias, señor Presidente.




El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, Senador Ríos.

Pido disculpas a la Senadora Pleguezuelos. En esta ocasión sí que tiene
la palabra para defender sus enmiendas.




La señora PLEGUEZUELOS AGUILAR: Muchas gracias, señor Presidente.

Trataré de ser breve más que sintética, sobre todo porque este título
recoge una serie de medidas administrativas muy novedosas, a las cuales
mi grupo tiene algunas aportaciones y críticas que hacer.

Hemos presentado 13 enmiendas particularmente al Capítulo I, que recoge
todas las medidas administrativas en materia de inversiones públicas y
amplía la participación de la iniciativa privada en estas inversiones en
infraestructuras, en lo relativo a autopistas en régimen de concesión, a
carreteras estatales o a la infraestructura ferroviaria y, en definitiva,
facilita las condiciones de acceso de la iniciativa privada a la
inversión en infraestructuras públicas.

Hemos presentado cinco enmiendas. La enmienda número 274, al artículo
140. Este artículo propone, como decía antes, ampliar el objeto social de
las sociedades concesionarias e incorporar, además de la explotación
habitual, otras en el área de servicios, como las propias estaciones de
servicios, los aparcamientos o los centros integrados de transportes;
pero también les permite la concurrencia a procedimientos de adjudicación
de vías de peaje en el extranjero y la conservación de carreteras en
España. Por último, también recoge una ampliación del plazo máximo de la
concesión de 50 a 75 años y retrasar excepcionalmente la devolución de
los anticipos reintegrables y de los préstamos subordinados, hasta que la
sociedad obtenga unos beneficios positivos.

Señoría, entendemos que, sin duda, este artículo otorga grandes
beneficios a los concesionarios de autopistas de peaje. Estos beneficios
son bastante desmedidos y, desde luego, nosotros no entendemos que sean
justificables, salvo que eso comportase algunas reducciones en la tarifa
de peaje y, hoy por hoy, no tenemos conocimiento de que el Gobierno
Popular tenga intención de hacerlo.

Por estas razones pedimos la supresión de este artículo, lo mismo que la
del artículo 141, relativo a la gestión directa de la construcción y
explotación de determinadas obras públicas. Este artículo autoriza al
Consejo de Ministros a crear una o varias sociedades estatales para esta
construcción o explotación.

Entendemos que está poco definido, entre otras cosas porque ese «una o
varias» nos preocupa por su indefinición; no sabemos cuáles son, en qué
sentido van ni cuál va a ser finalmente su utilidad. El propio Secretario
de Estado, en la comparecencia presupuestaria en esta Cámara confirmó que
no tenía clara cuál era la utilidad de estas sociedades. Por tanto,
entendemos que quieren introducir elementos --que nos preocupan-- de
mercado en la gestión del agua --quizás sólo es ésa la intención del
Gobierno Popular--. De todas formas, ante esa incertidumbre y, desde
luego, estando en contra de ese sistema de mercado para la gestión del
agua --entendemos que podía ser un paso para la privatización, en algunos
casos, de esa gestión--, pedimos la supresión del artículo.

La enmienda número 276, al artículo 142, trata fundamentalmente de
beneficiar a las sociedades, de nuevo, concesionarias de autopistas y de
túneles, a través del Impuesto de Sociedades. Entendemos que en este
proyecto ya se hacen bastantes regalías y ésta es una más. Estamos en
contra de este artículo.

Me voy a detener, señorías, en dos enmiendas --las números 277, 278, a
los artículos 143 y 144-- relativas a las infraestructuras ferroviarias
porque configuran una de esas



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nuevas estructuras administrativas a las que antes me refería: una nueva
estructura del sistema ferroviario; separa la gestión de la
infraestructura de la relativa a la explotación de este transporte
ferroviario, creando lo que ya todos llamamos el GIF --el ente público
GIF--, que está destinado a la construcción y administración de esta
infraestructura ferroviaria.

En primer lugar, quiero señalar que la oportunidad de esta medida y de
sus consecuencias, sin duda, en política de transportes no parece que se
deba abordar a través de una ley de acompañamiento, en la que se abordan
muchos temas y, desde luego, el modificar todo lo que es el planteamiento
estratégico de la empresa ferroviaria debiera hacerse de forma mucho más
pausada y no entendemos que éste sea el procedimiento.

De todas formas sí que es evidente que se está imponiendo un nuevo modelo
organizativo en el campo del transporte ferroviario en España, que las
experiencias a nivel internacional son pocas --en contra de lo que han
señalado en alguna ocasión el Ministro de Fomento y el Secretario de
Estado-- y bastante negativas. En el caso del Reino Unido se tienen datos
de las empresas ferroviarias y reflejan que la seguridad ha bajado de
forma importante y grave para los usuarios del ferrocarril. Y, desde
luego, Francia, que es un país solvente --hablando en términos
ferroviarios--, ya se ha pronunciado porque este modelo no es el adecuado
y ha vuelto al tradicional. Desde luego, todas las empresas ferroviarias
europeas insisten en mantener el sistema de transporte ferroviario como
un conjunto integrado, como lo es actualmente: integrar infraestructuras
y explotación.

Por estas razones entendemos que el mantener estos dos artículos
perjudicarían gravemente al sistema ferroviario y proponemos su
supresión.

La enmienda número 279 es puramente técnica, relativa a las subvenciones
al transporte aéreo. Entendemos que mejoraría el transporte aéreo de
Canarias, Baleares, Ceuta y Melilla.

Al Capítulo III, relativo a la acción administrativa en materia educativa
y sanitaria, hemos presentado cuatro enmiendas, todas ellas a cada uno de
los distintos puntos del artículo 152, pidiendo su supresión, salvo en el
punto tercero, en que se trata de mejorarla técnicamente.

La supresión del punto uno del artículo 152, que vendría a añadir un
nuevo apartado al artículo 8 de la Ley del Medicamento, se fundamenta en
que discrimina porque obliga a comparar los medicamentos genéricos con la
especialidad de referencia y exige para estos medicamentos unas
características que no exige para las demás especialidades.

Pedimos la supresión del punto segundo de este artículo porque entendemos
que confunde los términos. Cuando se habla de una especialidad
farmacéutica se está designando con una denominación común o científica;
estamos en presencia de una especialidad farmacéutica genérica y no al
revés.

Por último, solicitamos la supresión del punto cuatro del artículo 152
porque el sistema de financiación selectiva que implantaba el Real
Decreto 83/1993 es mucho más eficaz para controlar el gasto y, desde
luego, mucho más equitativo para el paciente.

Yo creo que merece la pena dedicar una atención específica al Capítulo
VI, relativo a la acción administrativa en materia de agua. Mi Grupo ha
enmendado los tres artículos de este capítulo. Entendemos que en los
artículos 155 y 156 el régimen que diseña el proyecto en cuanto a
establecer sistemas de recuperación de la inversión y del coste del
capital en la infraestructura hidráulica, va a tener, sin duda, unas
connotaciones muy negativas en la factura del agua que tendrán que pagar
los consumidores porque no establece ninguna diferenciación entre las
aplicaciones tarifarias para los distintos usos del agua. Hay actividades
que son productivas, estoy pensando en los agricultores y en algunas
industrias, en las que su competitividad, sin duda, está bastante
condicionada por el precio del agua. La medida que recoge el artículo 155
pone en peligro el principio de solidaridad intercuencas y quiebra la
idea que recoge la exposición de motivos de la Ley de Aguas sobre el
tratamiento unitario y uniforme de este recurso que es el agua.

La última de nuestras enmiendas lo es al artículo 157 y trata de
modificar su texto. El artículo del proyecto del Gobierno hace una serie
de delegaciones de competencias por parte del Secretario de Estado de
Aguas a las confederaciones hidrográficas. Mi Grupo entiende que siendo
importante y algo que podemos compartir como genérico, al final son
escasas estas competencias y funciones. Por ello, en el texto recogemos
una serie de facultades para la contratación de las confederaciones
hidrográficas y de otros organismos que creemos que son las que realmente
recogen y dan carácter competencial suficiente a las confederaciones
hidrográficas para que sean éstas las que al final realicen esos
proyectos, esos anteproyectos, esas licitaciones, etcétera, que parece
que estaba en la primitiva idea del legislador, pero que al final no la
ha concluido como entendemos que daría el mayor margen de competencias.

Nada más, señorías, y muchas gracias.




El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, Senadora Pleguezuelos.

Para la defensa de sus enmiendas a este título, por parte del Grupo
Parlamentario Popular, tiene la palabra el Senador García Carnero.




El señor GARCIA CARNERO: Muchas gracias, señor Presidente.

Atendiendo a sus requerimientos, que yo creo que están en la voluntad de
todos, de brevedad, solicito de la Presidencia poder defender las
enmiendas de este Título V, así como el paquete de las disposiciones
transitorias, adicionales y finales en un mismo turno.




El señor PRESIDENTE: De acuerdo.




El señor GARCIA CARNERO: Gracias.

En cuanto al Título V, me voy a referir a los artículos que mayor número
de enmiendas han provocado y que a la vista de las intervenciones de los
portavoces también plantean una mayor diferencia en cuanto a la
concepción política



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de la acción de Gobierno por parte de unos y de otros. Me estoy
refiriendo a los artículos 140 y 141, que modifican la legislación sobre
construcción, conservación y explotación de autopistas en régimen de
concesión y a los referidos a las infraestructuras ferroviarias. Con toda
claridad y síntesis, tengo que decir que a nosotros no nos sorprende la
posición del Partido Socialista respecto a estas dos formas de gestionar
las infraestructuras viarias en general, porque su concepción del Estado,
de la obra pública, de la financiación y de la gestión nos diferencia.

¿Cuáles son las razones para que se abra esta nueva forma de gestión, de
construcción y de financiación de este tipo de obras?
Fundamentalmente tres. En primer lugar, las imposibilidades
presupuestarias de la situación económica que trae como lastre nuestro
país, que impiden continuar con el endeudamiento como fórmula para la
inversión pública, que nos exigen mitigar la carga financiera que existe
sobre el Estado y que además nos impone unas fechas para la Unión
Monetaria Europea. De manera que no se puede continuar con los
procedimientos que los gobiernos anteriores han utilizado durante los
últimos años, que es hacer crecer y crecer el déficit como fórmula única
para la mejora de las infraestructuras en España.

En segundo lugar, se abre la posibilidad a la participación de la
sociedad civil, del inversor privado. Eso es algo que ya sé que en los
planteamientos socialistas es de difícil concepción, pero hay
experiencias sobradas en el mundo occidental que demuestran que eso lo
hace más ágil, más participativo, que tiene, a pesar de las connotaciones
que se le ha dado a la palabra privada, una mayor vinculación de la
sociedad en la acción del Estado y que además repercute directamente en
los impuestos que han de pagar los ciudadanos. Al final, señorías,
nosotros creemos que las infraestructuras han de mejorarse; han de
construirse nuevas infraestructuras, que tiene que haber posibilidades de
que el capital privado participe de ello y que eso no tiene que recaer
sobre las espaldas de los contribuyentes o sobre el déficit del Estado.

Eso es lo que hace que se cree este nuevo Ente, que todos conocemos como
el GIF, el Ente Gestor de Infraestructuras Ferroviarias, que se refiere
exclusivamente a la inversión en infraestructuras y no a la gestión en
cuanto a la prestación del servicio. La Senadora Pleguezuelos hablaba de
que existen experiencias no muy aconsejables en otros países respecto a
esto. Yo no pretendo hablar de experiencias, pero no hace falta ir muy
lejos para ver que nuestras experiencias en inversiones ferroviarias más
modernas de los últimos años no han sido un modelo de gestión y de
financiación.

Estoy absolutamente convencido de que este nuevo Ente, bajo la
supervisión y bajo la dirección del Ministerio de Fomento, conseguirá
unas inversiones financieramente, por ser suaves, mucho más transparentes
y mucho menos gravosas para los bolsillos de los ciudadanos.

En cualquier caso, dejen que las cosas funcionen y hagan luego la crítica
a su funcionamiento; no se nieguen por sistema a pensar que existen otras
maneras de hacer inversión pública, que nosotros creemos mucho más
participativas.

Finalmente y en lo que se refiere a las disposiciones transitorias, doy
por defendidas, al igual que en el Capítulo V, todas las enmiendas
presentadas por mi Grupo y me referiré a lo que yo creo que ha sido el
paquete más abundante de enmiendas en cuanto a disposiciones, que son
disposiciones nuevas que han propuesto todos los grupos. Por lo que se
refiere a mi Grupo, con la defensa, como digo, en sus propios términos,
me referiré exclusivamente a cuatro y de forma muy breve.

La enmienda número 414 crea una nueva disposición adicional y aunque
pueda parecer sectorial, tiene su fundamento importante. Se pretende que
los catedráticos y profesores de música que prestan servicio en
conservatorios superiores puedan compatibilizar el desempeño con un
segundo puesto de trabajo en el sector público. Si no es así, la
experiencia nos demuestra que los mejores instrumentistas del país
abandonan las orquestas y la enseñanza pública porque están mucho mejor
pagados en el sector privado y abandonaríamos un capital muy importante
en la enseñanza de la música pública, que son aquellas personas con una
mejor formación a las que si no se les permite esa compatibilidad
abandonan el sector público.

En cuanto a la enmienda número 418, nos parece que propone una medida
especialmente importante y por eso la hemos propuesto para combatir el
fraude fiscal. Con esta enmienda se pretende que mediante una norma con
rango de ley se obligue a las personas responsables de bancos, de cajas
de ahorro, de cooperativas de crédito y en general a cuantas personas
físicas o jurídicas se dediquen al tráfico bancario o crediticio a que
tengan la obligación de informar a la Administración Tributaria sobre las
personas autorizadas por el titular de cuentas bancarias para uso y
disposición de las mismas y que no se eviten, como la práctica viene
demostrando, fórmulas de camuflaje, de manera que sea difícil acceder por
la Administración Tributaria al conocimiento exacto de determinadas
cuentas.

La enmienda número 422 pretende la creación de una nueva disposición
adicional por la que se declaran de interés general cinco obras
hidráulicas. Nos estamos refiriendo a la presa de Castrovido, en Burgos,
a la canalización del Río Siero, en La Coruña, a la presa de Herrerías,
en Vizcaya, a la presa del Esera, en Huesca, y a la presa de
Villamarchante, en Valencia. Es preceptivo, para que pueda haber una
inversión con cargo a los Presupuestos Generales del Estado, que las
obras sean declaradas previamente de interés general.

Finalmente, nos parece también muy importante, en relación con el
discurso anterior de las infraestructuras en materia de autopistas, la
disposición que se pretende añadir con la enmienda número 432 y que
obliga al Gobierno a que, en un plazo de ocho meses desde el momento en
que entre la ley en vigor hasta antes del 1 de septiembre de 1997, a que
se establezcan ya medidas que posibiliten la reducción del precio del
peaje en las autopistas, que es uno de los objetivos que se pretende
alcanzar con esta nueva fórmula de gestión de la infraestructura viaria:
abaratar el precio del peaje en las autopistas, que repercute
directamente en los ciudadanos.




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Con esto, señor Presidente, damos por concluida la defensa de las
posiciones del Grupo Parlamentario Popular en todo lo relativo a esta
ley.

Muchas gracias.




El señor PRESIDENTE: Así constará.

Muchas gracias, Senador García Carnero. (La señora Pleguezuelos Aguilar
pide la palabra.)
Tiene la palabra la señora Pleguezuelos.




La señora PLEGUEZUELOS AGUILAR: Gracias.

Aunque no ha sido habitual, sólo pido un minuto para responder.




El señor PRESIDENTE: No ha sido lo habitual, pero tiene el minuto.




La señora PLEGUEZUELOS AGUILAR: Gracias, señor Presidente.

Senador García, no creo que sea oportuno en ningún caso decir a una
fuerza política: déjennos hacer y luego veremos qué ocurre. No creo que
eso sea oportuno. Pienso que no era su voluntad decirlo. De todas formas,
yo le recomendaría que nos valiéramos de las experiencias buenas y malas
de otros países para aprender. Le voy a recomendar, para que pueda
defender con criterio político --y no digo técnico, pero sí avalado por
otros países--, que lea las conclusiones de la Conferencia Internacional
sobre Transporte Ferroviario, celebrada en Budapest en 1995. Señoría,
todos los países decían sí a la modernización, no a la fragmentación, y
ustedes están fragmentando el ferrocarril. La enmienda presentada en el
Senado define muy claramente que el patrimonio del GIF es propio y está
separado del patrimonio del Estado, y cuando uno sabe los millones de
metros cuadrados que tiene RENFE en el centro de las ciudades, nos
tememos mucho que el GIF pueda acabar siendo, más que un negocio
ferroviario, un negocio inmobiliario.

Muchas gracias.




El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, Senadora.

No hay más peticiones de palabra.

Con esto concluimos el debate del Título V, que era el último.

Quisiera pedir su criterio, a las pocas señorías que nos quedan, sobre si
entramos en este momento en el debate de las disposiciones finales,
adicionales, finales y derogatoria, teniendo en cuenta que es el último
tramo pendiente de este proyecto de ley, o si prefieren que lo aplacemos.

(Pausa.)
Señorías, creo que el criterio más claro y manifiesto, por parte del
portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, es que suspendamos la
sesión.

Teniendo en cuenta que los otros proyectos de ley van a ser más breves,
reanudaremos la sesión a las cinco de esta tarde.

Se suspende la sesión.




Eran las catorce horas y cuarenta minutos.

Se reanuda la sesión a las diecisiete horas y diez minutos.




El señor PRESIDENTE: Señorías, reanudamos la sesión a una hora realmente
taurina para continuar con la faena.

Queda pendiente la defensa de las enmiendas presentadas a las
disposiciones adicionales, disposiciones transitorias, disposición
derogatoria única y disposiciones finales del proyecto de ley de medidas
fiscales, administrativas y del orden social. Con ello daríamos por
concluido el debate de dicho proyecto de ley.

Creo que el Senador Ríos tenía presentada una enmienda que fue
incorporada al texto en el trámite de Ponencia. (El señor Ríos Pérez pide
la palabra.)
Puede hacer uso de la palabra.




El señor RIOS PEREZ: Señor Presidente, si su señoría lo permite quisiera
decir que esa enmienda que se ha incorporado a una de las disposiciones
finales contiene un error. Por ello, en su caso se planteará una enmienda
transaccional que corrija el error de fechas que aparece.




El señor PRESIDENTE: El Senador Díaz ya nos lo había advertido. Creo que
el Letrado tomó nota de ello. De todos modos, se tendrá en cuenta para
que en el trámite posterior y último de la Ponencia se corrija ese error.




El señor RIOS PEREZ: Muchas gracias, señor Presidente.




El señor PRESIDENTE: Para la defensa de las enmiendas del Grupo
Parlamentario Socialista tiene la palabra el Senador Novo.




El señor NOVO MUÑOZ: Muchas gracias, señor Presidente.

Con la autorización de su señoría, y aprovechando la presencia en la
Comisión del Senador Alierta, quisiera hacer alguna precisión a propósito
de su discurso centrifugado al Título IV y algunos comentarios añadidos
sobre posiciones ya viejas, cosa que en realidad es una desgracia para
los dos puesto que al ser viejas llevan también implícita nuestra edad,
cuando lo deseable sería --a fuer de sinceros-- tener que pasar por ellas
todavía. Eso sería señal de una juventud que ya no tenemos, dicho todo
ello con cortesía.

En su discurso el señor Alierta se ha referido a situaciones
extracontables, a esas situaciones que ahora son «versus» agujeros,
aunque, evidentemente, el Vicepresidente del Gobierno y Ministro de
Economía no ha utilizado nunca esas expresiones. Ahora las llamamos
situaciones extracontables hacia posiciones monolíticas del año 1976.

A mí me parece que uno debe sentirse satisfecho de la evolución en sus
pensamientos, todos, porque mantenerse pertinaz en posiciones parece que
no es bueno para el futuro de todos nosotros y del país. Y no todos han
evolucionado, y yo, como ejemplo de esa evolución, querría recordar



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en este momento a una persona para mí muy querida, y sin duda para muchas
de sus señorías y de los Senadores de esta Cámara, que es don José Prat,
que es un ejemplo de evolución, tolerancia y muchas otras cosas.

A uno le produce cierto pudor hablar a título personal de ciertos temas,
pero, aunque me lo produzca, lo voy a decir: en el año 1983 tuve el honor
de clausurar unas jornadas, señor Alierta, en el salón de grados de la
Universidad de la Sorbona --me parece que el organizador era el profesor
Fernández Díaz, de la Complutense-- que se llamaban --fíjese usted, era
el año 1983, y le prometo que si encuentro las conclusiones y las
conferencias en mi desorganizada biblioteca, se las enviaré-- «Papel de
la empresa pública en una economía en crisis»; y estábamos hablando,
repito, del año 1983. Por eso digo que de estas cosas todos podemos decir
mucho.

Pero ciñéndome ya a las disposiciones adicionales, transitorias, finales,
etcétera, y agradeciendo al Presidente que me haya permitido esta
exposición inicial, proponemos el Grupo Parlamentario Socialista un
conjunto de enmiendas, dos de las cuales ya han sido defendidas por mi
compañero el Senador Arévalo en su intervención al Título III. Pero, por
hacer ya resumen de cada una de ellas, la número 287, de supresión de la
Disposición Adicional Primera, organizaciones interprofesionales
agroalimentarias, modificación de la Ley 38/1974, a mí me parece que esta
Ley, aprobada con el rango que merecía y con las discusiones en la Cámara
Baja y en esta Cámara, no debía ser modificada porque se ven recortadas
competencias atribuidas a organizaciones profesionales agrarias y
cooperativas, justamente en favor de grandes operadores en este momento.

No nos parece adecuado este recorte de competencias atribuidas a las
organizaciones profesionales agrarias y a las cooperativas.

A la Disposición Adicional Sexta hemos presentado tres enmiendas
relativas a los programas de fomento de empleo, con los que no
pretendemos otra cosa que mejorar y ampliar cualitativamente las medidas
contempladas por el Gobierno. En nuestra opinión, es imprescindible
continuar con las políticas activas de empleo.

La enmienda número 292, a la Disposición Adicional Séptima, es una de las
defendidas por el Senador Arévalo.

Las enmiendas números 293 a 300, a las disposiciones adicionales, se
explican en sus propios términos.

Y presentamos cuatro enmiendas, de las cuales una ya defendió también el
señor Arévalo, que son las números 301, 302, 303 y 304, por pura
coherencia. Pero a la 304, referida a la Disposición Transitoria
Undécima, quería hacer algún comentario para que reflexionen. Seguimos
hablando de ventajas a los derechos de imagen, etcétera, y nos sorprende
--y en sentido estricto parece que podemos tener razón por esta
sorpresa-- que sólo será aplicable para los períodos impositivos
iniciados con posterioridad a la entrada en vigor de esta ley. Nos
tememos que va a quedar en vacío el año 1997, porque esta ley entra en
vigor el 1 de enero de 1997, si así se aprueba, como es lógico, y los
períodos impositivos posteriores van a ser de 1998, no de 1997. Repito
que, en sentido estricto, puede ocasionar algún problema, añadido a los
muchos que sin duda estas medidas de beneficios a los derechos de imagen,
etcétera, ya de por sí ocasionan.

Y, ya para terminar, la enmienda número 305 es de adición a la
Disposición Derogatoria Unica, referida al Real Decreto 7/1996, del 7 de
junio, a los aspectos relacionados con el tratamiento de incentivos y
disminuciones de patrimonio que en la ley aparecen y la norma de
actualización de balances contenida en el Real Decreto citado, sobre la
que, como saben sus señorías, nuestra posición es coherente con la que
mantuvimos en su momento.

Y la última enmienda, la número 306, de adición a la Disposición Final
Octava, para tratar --y supongo que también merecería el reconocimiento
de todos-- que en los beneficios a la creación de empleo evitemos fraude
por parentesco, cosa que se está produciendo, como todas sus señorías
conocen. Sería bueno poner no puertas al campo, sino cautelas a las
disposiciones.

Y, por mi parte, he terminado con todas las enmiendas que presentaba el
Grupo Parlamentario Socialista a este proyecto de ley.

Muchas gracias, señor Presidente.




El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, Senador Novo.

El Grupo Parlamentario Popular había hecho ya la defensa de sus enmiendas
a estas disposiciones. No sé si quieren un turno de portavoces, en este
caso. (Pausa.) No quieren.

No hay más enmiendas ni a la exposición de motivos ni al título, y con
esto damos por concluido el debate de este proyecto de ley.




--ORGANICA DE MODIFICACION PARCIAL DE LA LEY ORGANICA 8/1980, DE 22 DE
SEPTIEMBRE, DE FINANCIACION DE LAS COMUNIDADES AUTONOMAS. (621/000006.)



El señor PRESIDENTE: Pasamos al punto segundo del orden del día, que es
dictaminar el proyecto de ley orgánica de modificación parcial de la Ley
Orgánica 8/1980, de 22 de septiembre, de financiación de las Comunidades
Autónomas.

A este proyecto se han presentado enmiendas, y, en primer lugar, el
Senador Nieto tiene un bloque. Los Senadores Blasco Nogués, Fuster
Muniesa y Estaún García son autores de una enmienda.




El señor ALIERTA IZUEL: Señor Presidente, si es posible, que se mantenga.




El señor PRESIDENTE: Así constará.

El Senador Nieto tiene un grupo de enmiendas a este proyecto de ley. Para
su defensa, el Senador Ríos tiene la palabra.




El señor RIOS PEREZ: Efectivamente, de la número 2 a la número 15, ambas
inclusive, y después las números 16, 17 y 18, que quedan defendidas en
sus justos términos.

Muchas gracias, señor Presidente.




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El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, Senador Ríos, así consta.

Tiene la palabra el Grupo Parlamentario Socialista, para la defensa de
sus enmiendas.




El señor GRANADO MARTINEZ: Gracias, señor Presidente.

Quedan defendidas en sus propios términos. No son sino una mera
prolongación de la enmienda de veto que se mantiene al texto de esta ley.




El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Granado.

Queda concluido este dictamen.




--DE CESION DE TRIBUTOS DEL ESTADO A LAS COMUNIDADES AUTONOMAS Y DE
MEDIDAS FISCALES COMPLEMENTARIAS. (621/000005.)



El señor PRESIDENTE: Pasamos, en consecuencia, al punto tercero del orden
del día, que es dictaminar el proyecto de ley de cesión de tributos del
Estado a Comunidades Autónomas y medidas fiscales complementarias.

Creo que lo debatiremos también en un solo bloque, sino hay
inconveniente. El Senador Nieto tiene un grupo de enmiendas.




El señor RIOS PEREZ: Efectivamente, señor Presidente, son las enmiendas
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, que, en representación del
Grupo Parlamentario Mixto, doy por defendidas en sus justos términos.

Muchas gracias, señor Presidente.




El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, Senador Ríos.

Las enmiendas del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de
Convergència i Unió ya fueron defendidas, y quedan pendientes las del
Grupo Parlamentario Socialista.

Para su defensa, tiene la palabra el Senador Granado.




El señor GRANADO MARTINEZ: Muchas gracias, señor Presidente.

El Grupo Parlamentario Socialista va a dar por defendidas sus enmiendas
que, como en el proyecto anterior, son una mera prolongación de la
propuesta de veto porque son enmiendas de supresión a diferentes
preceptos de esta ley.

Pero, con el permiso de la Presidencia, querría utilizar un minuto de
esta intervención para llamar la atención sobre el contenido, que me
parece realmente atípico, de algunas de las enmiendas que el Grupo
Parlamentario Popular ha presentado a este proyecto de ley.

Mediante enmiendas presentadas al proyecto de ley de Cesión de Tributos
del Estado a las Comunidades Autónomas vamos a regular el régimen fiscal
de las contraprestaciones derivadas de la cesión del derecho a la
explotación de imagen o del consentimiento de autorización para su
utilización, vamos a establecer cuál va a ser el régimen de aplicación de
las modificaciones introducidas tanto en el Impuesto sobre Sociedades
como en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas por el
artículo 5 de la ley de medidas fiscales, administrativas y del orden
social que acabamos de dictaminar y que se desarrolla en su régimen
transitorio por una disposición adicional de la ley de cesión de
tributos, y vamos a establecer un período para la modificación de la Zona
Especial de Canarias.

La verdad es que este portavoz no está en disposición de advertir lo que
pueden ser errores o chapuzas en la tramitación de estos proyectos de
ley, porque este portavoz ha cometido algunas de las más notables, pero
sí tenemos que llamar la atención sobre los problemas que va a generar en
el futuro la interpelación de los preceptos legales que estamos aprobando
de manera tan notablemente apresurada y que al final nos llevan a un
auténtico «cacao» legal en el sentido de que tenemos que acudir a tres y
cuatro proyectos de ley diferentes para enterarnos de qué es lo que se
pretende conseguir en la práctica con una determinada modificación legal.

En estos momentos, por ejemplo, el tema de los derechos de imagen de los
futbolistas, de los deportistas de elite y de los artistas tiene que ser
considerado estudiando la Ley del Impuesto sobre Sociedades, la Ley del
Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, la Ley de Presupuestos,
la Ley de Acompañamiento y ahora la Ley de Cesión de Tributos. No está
nada mal. Y en cuanto a la modificación del régimen de retenciones en el
Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, nos encontramos con una
situación relativamente parecida. Esto va a traer consigo un notable
trabajo para los gabinetes de asesoramiento jurídico y de gestión de
recursos que desarrollen sus actividades profesionales, y tampoco va a
dejar de traernos trabajo a los parlamentarios a la hora de estudiar qué
es lo que se pretende hacer con todas estas modificaciones legales.

Muchas gracias, señor Presidente.




El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, Senador Granado.

Para la defensa de las enmiendas del Grupo Parlamentario Popular, tiene
la palabra el Senador Alierta.




El señor ALIERTA IZUEL: Muchas gracias, señor Presidente.

Damos por defendidas nuestras enmiendas en sus propios términos.

Aprovechando la intervención del portavoz del Grupo Parlamentario
Socialista, Senador Granado, quiero decir que le agradeceríamos su
colaboración en el trámite que queda de Ponencia, inmediatamente antes de
la reunión del pleno de la Comisión, para que podamos articular una
mejora en ese sentido que él ha manifestado.

No cabe duda que han entrado en esta Cámara numerosos proyectos, entre
ellos el de Presupuestos, cuya tramitación ya es de por sí compleja, una
Ley de acompañamiento y tres proyectos más, y nos piden que los
tramitemos con especial celeridad, en un mes, con unos plazos de
presentación de enmiendas breves, por ir por el procedimiento de
urgencia, e incluso, como se ha visto en la Ponencia, algunas enmiendas
se presentaron de forma duplicada,



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que ha habido que corregir. En algunos casos, incluso hemos estudiado la
posibilidad de que hubiese una reordenación.

Por lo tanto, en ese sentido, si es posible, agradeceríamos la
colaboración de los restantes grupos para tratar de evitar esto que ha
pasado otras veces. Quizás las circunstancias especiales que han
concurrido en este mes de diciembre de 1996, con la confluencia de seis
proyectos de ley en la Cámara, entre ellos, repito, el proyecto de Ley de
Presupuestos, con la complejidad que conlleva su trámite, puede ser una
explicación --no quiero decir que lo sea-- para que se produzcan estas
desintonías.

Muchas gracias, señor Presidente.




El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, Senador Alierta.

Con esto finaliza el debate sobre este proyecto de ley.

Quiero recordar a sus señorías que los tres vetos ya fueron votados en la
sesión de la mañana y quedan por votar los distintos informes de la
Ponencia. Ruego a los señores ponentes que se reúnan a las siete, que es
la hora a la que habíamos quedado, y que pasen a la Mesa esos informes
modificados para poder someterlos a la votación del pleno de la Comisión.

Se suspende la sesión hasta las siete de la tarde. (Pausa.)



El señor PRESIDENTE: Se reanuda la sesión.

En primer lugar, quiero expresar el reconocimiento y agradecimiento
público a las señoras taquígrafas, que han estado esperando durante
larguísimo rato, quiero pedir disculpas a todas sus señorías por el
retraso que hemos tenido y por la paciencia que han mostrado, así como el
reconocimiento al esfuerzo de la Ponencia --ya sabemos que los partos
múltiples siempre suelen ser laboriosos.

Ruego al señor Letrado que nos informe sobre las modificaciones que se
han producido en el informe de la Ponencia relativo al Proyecto de Ley de
medidas fiscales, administrativas y del orden social, que pasaremos a
votar posteriormente.




El señor LETRADO: La Ponencia, por mayoría, con el voto a favor de los
Grupos Parlamentarios Catalán en el Senado de Convergència i Unió y
Popular, propone respecto del informe de la Ponencia ya publicado las
siguientes modificaciones: incorporar la enmienda número 366 con un texto
transaccional, así como las enmiendas números 368, 369, 370, 372, 373,
375, 377, 378, 380 a 385 inclusive, 386 a 393 inclusive, 394 con un texto
transaccional; 395, 396, 401, 402, 405 a 409 inclusive, 411, 414, 415,
418, 423, 427, 428, 430, 435 con un texto transaccional, 438, 439, 440
con una modificación «in voce», 441 con un texto transaccional, 442 a 447
inclusive, 448, 449, 450, 451, 452, 453, 455, 456, 459, 460, 461 con un
texto transaccional, 463, 464 con un texto transaccional, 467, 317 con un
texto transaccional, 342 con un texto transaccional, 362 y 363 con un
texto transaccional, 338 con un texto transaccional, 333 y 355 cada una
con un texto transaccional, y 360.

Igualmente, la Ponencia propone con la misma mayoría la adición de un
apartado 15 al artículo 10 nuevo, una enmienda transaccional a la
enmienda número 190, de don Victoriano Ríos, y una modificación técnica
de inclusión de un nuevo párrafo en la exposición de motivos.

Quedan retiradas las enmiendas números 367, 371, 328, 416, 424, 440, 357,
454, 325, 341 y 319.




El señor PRESIDENTE: Gracias. (El señor Granado Martínez pide la
palabra.)
Tiene la palabra el señor Granado.




El señor GRANADO MARTINEZ: Señor Presidente, según mis notas, la enmienda
número 419 del Grupo Parlamentario Popular también estaba retirada y
estaba incluida en el informe de la Ponencia la enmienda número 458, del
Grupo Parlamentario Popular, que no ha leído el señor Letrado (El señor
García Carnero pide la palabra.)



El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor García Carnero.




El señor GARCIA CARNERO: Señor Presidente, según nuestras notas se han
omitido las enmiendas números 425 y 462, que también se incluían. La
enmienda número 419 está retirada, así como la número 410.




El señor LETRADO: Efectivamente, la enmienda número 410 está retirada y
las números 425 y 462 incorporadas.




El señor PRESIDENTE: ¿Los señores Senadores están suficientemente
informados? ¿Estamos en condiciones de poder votar? (Pausa.)
Procedemos a la votación del informe modificado de la Ponencia sobre el
proyecto de Ley de medidas fiscales, administrativas y del orden social.

(Pausa.)



Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos a favor, 14; en
contra, siete.




El señor PRESIDENTE: Queda aprobado.

Vamos a pasar al proyecto de Ley Orgánica de modificación parcial de la
Ley Orgánica 8/1980, de 22 de septiembre, de financiación de las
Comunidades Autónomas. (Pausa.) Me informa el señor Letrado que es el
mismo Informe que ya está publicado y obra en poder de sus señorías.

Votamos el Informe de la Ponencia. (Pausa.)



Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos a favor, 14; en
contra, siete.




El señor PRESIDENTE: Queda aprobado.

A continuación, pasamos a la votación del proyecto de Ley de cesión de
tributos del Estado a las Comunidades Autónomas y medidas fiscales
complementarias. El Informe de la Ponencia, igualmente, es el mismo que
obra en poder de sus señorías. (Pausa.)



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Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos a favor, 14; en
contra, siete.




El señor PRESIDENTE: Sólo queda que sus señorías comuniquen a este
Presidencia quién va a hacer la presentación de los dictámenes ante el
Pleno. (Pausa.)
Este Presidente agradece a los señores Senadores la confianza que han
depositado en su persona.

Como información adicional, les comunico que los juegos de las enmiendas
transaccionales están a su disposición.

Agradeciendo nuevamente a las señoras taquígrafas su colaboración, se
levanta la sesión.

Muchas gracias.




Eran las veintiuna horas y cinco minutos.