Año 1996 VI Legislatura
Comisiones. Núm. 69



CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL
SENADO



COMISION GENERAL DE LAS COMUNIDADES AUTONOMAS



PRESIDENCIA DE DON JOAQUIN ESPERT PEREZ-CABALLERO



celebrada el jueves, 28 de noviembre de 1996



ORDEN DEL DIA:



--Dictaminar la Proposición de ley orgánica de reforma de la Ley Orgánica
8/1982, de 10 de agosto, de Estatuto de Autonomía de Aragón, modificada
por la Ley Orgánica 6/1994, de 24 de marzo, de reforma de dicho Estatuto.

(Número de expediente 605/000001.)



--Dictaminar la Proposición de reforma de la Ley Orgánica 10/1982, de 10
de agosto, de Estatuto de Autonomía de Canarias. (Número de expediente
605/000002.)



--Emitir informe sobre el contenido autonómico de los siguientes
Proyectos de ley:



* De Presupuestos Generales del Estado para 1997. (Número de
expediente 621/000002.)



* De medidas fiscales, administrativas y de orden social. (Número de
expediente 621/000003.)

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Se abre la sesión a las dieciséis horas y quince minutos.




El señor PRESIDENTE: Señorías, se abre la sesión.

Punto primero del orden del día: lectura y aprobación, si procede, del
acta de la sesión anterior.

Una copia del acta ha sido distribuida a los señores portavoces de los
grupos. Si no hay ninguna objeción u observación a la misma, ¿puedo
entender que queda aprobada por asentimiento? (Pausa.)
Así constará.




--DICTAMEN DE LA PROPOSICION DE LEY ORGANICA DE REFORMA DE LA LEY
ORGANICA 8/1982, DE 10 DE AGOSTO, DEL ESTATUTO DE AUTONOMIA DE ARAGON,
MODIFICADA POR LA LEY ORGANICA 6/1994, DE 24 DE MARZO, DE REFORMA DE
DICHO ESTATUTO. (605/000001.)



El señor PRESIDENTE: Segundo punto del orden del día: Dictamen de la
proposición de ley orgánica de reforma de la Ley Orgánica 8/1982, de 10
de agosto, del Estatuto de Autonomía de Aragón, modificada por la Ley
Orgánica 6/1994, de 24 de marzo, de reforma de dicho Estatuto.

Por acuerdo de Mesa y Junta de portavoces, se ha ordenado el debate,
interviniendo, en primer lugar, el representante del Gobierno de la
Comunidad Autónoma afectada, si desea hacer uso de la palabra, haciéndolo
seguidamente los representantes de otras Comunidades Autónomas, si desean
hacerlo, para entrar seguidamente a la intervención de los Senadores
inscritos en el registro de oradores. Seguidamente habrá un turno de
portavoces para los representantes de los grupos parlamentarios para
pasar a debatir las enmiendas al proyecto de ley, y terminar con la
votación del informe de la Ponencia.

Tiene la palabra el excelentísimo señor don Santiago Lanzuela, Presidente
de la Diputación General de Aragón.




El señor PRESIDENTE DE LA DIPUTACION GENERAL DE ARAGON (Lanzuela Marina):
Señor Presidente, señoras Senadoras y señores Senadores, es para mí un
gran honor subir a esta tribuna, en nombre del Gobierno de Aragón, como
Presidente del mismo y como aragonés, atendiendo a la invitación
formulada por esta Comisión, para hacer una intervención breve con
algunos comentarios alrededor del texto de reforma del Estatuto de
Autonomía de Aragón, que en las Cortes de Aragón, hace algo más de dos
años, aprobamos por unanimidad los distintos grupos parlamentarios, las
cuatro fuerzas políticas que entonces había en las Cortes aragonesas. Un
texto que confío, deseo y solicito a sus señorías que respeten en lo
sustancial y que, naturalmente, si tienen a bien, complementen o nos
hagan las sugerencias que crean que deben introducirse en el texto, como
así ha sucedido en el trámite del Congreso de los Diputados.

Querría que mis primeras palabras, además de agradecer a la Comisión y al
Presidente esta invitación, sean de reconocimiento y de gratitud; de
reconocimiento a todos cuantos han intervenido en la redacción final y
que siguen interviniendo, y hoy es una prueba de lo mismo, en este texto
del Estatuto de Autonomía de Aragón; de reconocimiento, por habernos
permitido cumplir con un compromiso que teníamos en el Partido Popular,
pero que también teníamos firmemente, a través de dos coaliciones, una de
Gobierno en Aragón, con el Partido Aragonés, y de nuevo en una coalición
preelectoral en las últimas elecciones generales, también con el Partido
Aragonés, y como primer compromiso teníamos ambas formaciones políticas
el apoyar con todas nuestras fuerzas este texto de reforma que un día
enviamos a las Cortes Generales Españolas.

Yo querría dar las gracias a la sociedad aragonesa, que fue la impulsora
principal del texto en reiteradas ocasiones. Los aragoneses llevamos
prácticamente dos décadas reivindicando, solicitando, pidiendo un texto
de Estatuto de Autonomía que nos sitúe en la plena autonomía en lo que,
por otra parte, nos hace posible la Constitución Española. Un compromiso
que adquirimos todos, pero particularmente los dos Grupos que hoy apoyan
al Gobierno de Aragón, y doy mi gratitud a ambos y doy mi gratitud
también al resto de las fuerzas políticas que en todo momento han ido
apoyando las reivindicaciones fundamentales que hacíamos desde Aragón.

Querría hacer un pequeño recordatorio --no sé si es necesario, pero me
van a permitir sus señorías que lo haga-- de quiénes somos los
aragoneses, de dónde venimos, para comprender bien qué es lo que pedimos
y qué es lo que hemos estado pidiendo en estas dos últimas décadas, y
particularmente desde el 30 de junio del año 1994, al aprobar
unánimemente en las Cortes de Aragón un determinado texto.

Ustedes saben que somos un conjunto fundamentalmente de cuatro cosas: de
un territorio, de una población, de una historia y de un derecho. De un
territorio estratégicamente situado en el mapa español, con casi el 10
por ciento del territorio español, pero con apenas tres españoles
aragoneses de cada cien españoles, rodeados por siete --si hoy se puede
decir ese término-- fronteras, seis con otras tantas Comunidades
Autónomas y 135 kilómetros con nuestro país vecino, Francia; un
territorio con enormes posibilidades, para el propio Aragón y para el
conjunto de España; un territorio muy diverso, muchas veces duro, otras
veces amable, otras domesticado, otras fiero; atravesado, entre otros,
por ese gran río el Iber que da nombre a toda la Península, y que, a
pesar de su dureza, en otros casos amabilidad, ha hecho posible que
muchas culturas, muchas poblaciones hayan ido asentándose a lo largo de
siglos. Tendríamos que hablar, naturalmente, de los íberos, de los
celtas, de los vascones, de los romanos, de los godos, de los árabes, de
los judíos, de los cristianos; y ahí, naturalmente, desembocamos en la
historia, en una historia que está cargada de luces y pocas sombras.

Pienso que la historia de Aragón, la propia y la compartida con otros
territorios del territorio español, es una historia cargada de luces.

Ayer hacíamos una celebración en Huesca, una de las tres capitales.

Celebrábamos el noveno centenario, 900



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años desde que esa ciudad fue asimilada al entonces naciente Reino de
Aragón; 900 años que después, en los 100 siguientes, dieron ya lo que hoy
conocemos por Aragón; hace poco más de 800 años ya teníamos delimitada la
frontera que ahora mismo les estaba recordando a sus señorías. Ahí
empezamos verdaderamente a tener una historia con unos reyes que son
orgullo de los aragoneses, que en muchos momentos compartimos con otras
comunidades, hoy Comunidades Autónomas, entonces con otras
denominaciones, desde condados a dos reinos, y compartimos principios
fundamentales, entre otros el de aquel de que antes fueron leyes que
reyes, y estamos aquí, en una casa de hacer leyes, y antes fueron leyes
que reyes. Ese fue el espíritu y la letra que los aragoneses, cuando
estuvimos dentro y cuando estuvimos fuera, aplicamos detalladamente,
tajantemente. Hicimos de los fueros realmente un ejemplo de respeto a las
libertades, a las individuales y a las colectivas, y desde aquel respeto
y desde la memoria de aquellos fueros hoy, desgraciadamente, cuando no
los tenemos, venimos a demandar lo que hoy serían los actuales fueros. Y
venimos cargados de historia, de razones y de peticiones al resto de los
territorios para que, una vez más, nos entiendan, nos comprendan, nos
apoyen.

Hemos hecho un texto en el que hay un primer aspecto en el que demandamos
el concepto de nacionalidad; concepto que, según nuestra historia,
estaría rebasado ampliamente por otras concepciones, pero la
nacionalidad, desde hace poco más de un siglo, es un término importante
que fue acuñado alrededor de la I República Española, que después,
naturalmente, dio origen a que se utilizase ampliamente, y este año que
también celebramos el 150 aniversario de don Joaquín Costa, recuerdo
cuando hablaba de la nacionalidad aragonesa a finales ya del siglo
pasado. Desde entonces hasta aquí ha habido cambios importantes, ha
habido la última Constitución Española de 1978, que diferencia entre
nacionalidades y regiones y, aunque digo que nosotros aspiraríamos a
algún otro concepto más amplio y más enraizado en nuestra propia
historia, naturalmente, no renunciamos, y por eso lo apoyamos en las
Cortes aragonesas, al término constitucionalmente acuñado en el texto de
1978. Y ése es un término, es un concepto que los aragoneses agradecemos
que tuviera el apoyo del Congreso de los Diputados, y que pedimos al
Senado que también mantenga su apoyo, porque ésa es la aspiración que los
aragoneses, a través de todos sus representantes, pusieron en el texto
que, desde el Parlamento regional, se mandó a las Cortes Generales. Hay
aspectos institucionales que nos equiparan con las autonomías que
entraron en ese concepto de autonomía plena antes que nosotros; hemos
hecho algunas aportaciones que ahora se han visto refrendadas, en lo que
a financiación se refiere, hablando expresamente de corresponsabilidad
fiscal; una concepción con la que Aragón se anticipó en la propuesta de
texto que hacía, en primer lugar, en nuestro Parlamento y, hoy, en las
Cortes Generales, y que, afortunadamente, por una mayoría de las
Comunidades Autónomas y una vez deliberado en el Consejo de Política
Fiscal y Financiera, se ha adaptado a la actual legislación española, hoy
todavía en trámite.

Querría pedir a los Senadores que hagan realmente un paréntesis en la
observación de que Aragón es la primera Comunidad que, dentro del grupo
de las del 143, viene a las Cortes Generales a pedir otro traje
administrativo, otro traje político, otro traje autonómico.

Algunos no hemos entendido muy bien las diferencias que hubo y, sobre
todo, la duración de esa diferencia, a pesar de que, como es natural, la
respetamos y entendamos que en la Constitución había dos velocidades,
pero creemos que ya ha transcurrido un plazo de tiempo considerable para
que hoy estemos en el grupo de las comunidades que se entiende que están
en la autonomía plena.

Cuando todavía no era Presidente, sino portavoz de mi Grupo Parlamentario
en las Cortes, dije que deseaba que el texto que estábamos aprobando en
Aragón sirviese de proa para que el resto de las Comunidades del 143
pudiesen optar también, voluntariamente, al mismo procedimiento y
contenido que nosotros estábamos ofreciendo, y ojalá sea así. Como
aragonés y como español deseo que el proceso de las diferenciaciones
empiece pronto a tocar su fin. Entiendo que política, personal y
modestamente, los grandes Estados no se hacen a base de ver qué es lo que
nos diferencia. Hemos estado buscando durante años --había una parte muy
lógica--, y estamos en unos días en los que aún seguimos buscando qué es
lo que nos diferencia. Entendemos que las Comunidades que estamos en el
143 --y en este caso, por ventura, encabezamos el procedimiento para
acabar esa diferenciación-- pronto entraremos voluntariamente en el nivel
al que cada una desea acceder dentro del marco constitucional, a ese
tratamiento equilibrado del conjunto del Estado español y que, a partir
de ahí empecemos a ver qué es lo que nos une, que, modestamente, sigo
pensando que es mucho más que lo que nos diferencia. En cualquier caso,
un Estado como el nuestro, al final del siglo, con los retos que tenemos
internos, europeos e internacionales, no podemos permanecer más tiempo
pensando y discutiendo más sobre las cosas que nos diferencian que sobre
las que nos unen. Ojalá que, al final --y muchas veces se ha dicho--, el
Estado de las Autonomías logre tener unas consecuencias prácticamente
iguales que las que tienen los Estados federales. Pero, una vez más,
querría recordar que los Estados federales --los fuertes-- se hacen, se
consolidan, se potencian, a base de ver lo que los une. Puedo asegurar a
todas sus señorías que Aragón va a estar ahí, lo ha estado siempre.

Ustedes ayúdennos a tener ese nivel de plena autonomía y pídannos después
que estemos, como hemos estado siempre, al lado del que esté a la cabeza
en la construcción de la España que nos están demandando los españoles de
este final de siglo, que dibujamos en el texto constitucional y que no
acabamos todavía de cerrar.

Ojalá que con este primer paso de Aragón se dé también el primer paso
para otras Comunidades y que todos juntos, con el respeto a las
diferencias, a las que contiene la Constitución y a aquellas hacia las
que, entre todos, podamos demostrar un respeto solidario, empecemos --y
perdonen que lo reitere-- a sumar esfuerzos y a ver, en definitiva, qué
es lo que tenemos que hacer en ese gran proyecto que sigue llamándose
España.

Muchas gracias, señor Presidente. (Aplausos.)



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El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Presidente.

¿Desea intervenir algún miembro de los Consejos de Gobierno que estén
presentes? (Pausa.)
Por la Comunidad Autónoma de Madrid, tiene la palabra el señor Pedroche
Nieto.




El señor CONSEJERO DE LA PRESIDENCIA DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE MADRID
(Pedroche Nieto): Gracias, señor Presidente.

Señorías, señor Presidente de la Comunidad Autónoma Aragonesa, voy a ser
muy breve, pues sólo deseo decirle lo siguiente, a usted y al resto de
sus señorías.

En nombre del Gobierno de Madrid, quiero felicitarle a usted, a su pueblo
y al Gobierno que usted preside, por la iniciativa de reformar el
Estatuto con objeto de prestar un mejor y más eficaz servicio público
--ésa es la vocación de los gobiernos y, por lo tanto, del suyo-- al
pueblo aragonés. Tanto Aragón como Canarias asumen más competencias y,
por consiguiente, asumen, en último término, más responsabilidad frente a
sus ciudadanos.

Tengo que decirle, señor Lanzuela, reiterando la felicitación del
Gobierno de la región de Madrid, que en nuestra Comunidad Autónoma
deseamos iniciar un camino similar al emprendido por ustedes, siempre
que, lógicamente, tengamos una de las características que usted ha
expuesto en su intervención, que es el acuerdo de todos los grupos
parlamentarios presentes en la Cámara madrileña: el Partido Socialista,
Izquierda Unida y el Partido Popular.

Señor Lanzuela, felicidades. Hoy es un día importante para su Comunidad
Autónoma y para su pueblo. No tengo nada más que decir.

Gracias.




El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Consejero.

En el turno de oradores, se ha inscrito un solo orador, el Senador
Garzarán García.

Tiene su señoría la palabra.




El señor GARZARAN GARCIA: Señor Presidente, señor Presidente de la
Comunidad Autónoma, señoras y señores Senadores, hoy subo a esta tribuna
simplemente como Senador electo por una provincia aragonesa, la provincia
de Teruel, y como aragonés, para expresar ante ustedes mi satisfacción y
mi visión personal, que creo que es importante, sobre el paso que hoy
inicia la Comunidad Autónoma de Aragón.

Este paso tiene como fin la reforma de nuestro Estatuto de Autonomía,
Estatuto que cumple con el compromiso que el Partido Popular y José María
Aznar adquirieron en nuestro programa electoral, en el discurso de
investidura, y que hay que reconocer que se ha ejecutado con una premura
digna de admiración. Este Estatuto de Autonomía cumple, además, con los
deseos larga y legítimamente expresados por el pueblo de Aragón, ya que
se trata de un Estatuto de los llamados de autonomía plena, similar, por
tanto, al de aquellas Comunidades Autónomas que accedieron a ella por la
vía del artículo 151 de la Constitución.

Además, incorpora sustanciales mejoras en la capacidad de autogobierno
como consecuencia de la adquisición de nuevas competencias que, además,
permitirá abrir a otras autonomías, como muy bien se ha dicho aquí, el
desarrollo del Título VIII de la Constitución.

Pero, además, reúne políticamente una virtud que es necesaria, y es que,
además, ha suscitado o va a suscitar un amplio consenso --estoy seguro de
eso-- entre las fuerzas mayoritarias de esta Cámara, imprescindible, por
otra parte, para posibilitar el desarrollo de este Estatuto y validar
políticamente su contenido.

La aprobación de este Estatuto de otra forma habría tenido consecuencias
políticas sobre la legitimación de la reforma estatutaria. Y llegado a
este punto, me gustaría hacer un llamamiento explícito a la incorporación
a este consenso de todas las fuerzas políticas representadas en esta
Cámara. Porque este paso, amplio e importante, no significa el cierre del
proceso, ya que también es cierto que, en virtud del Derecho
constitucional, el derecho competencial reconocido a todas las
Comunidades Autónomas consiste, al menos, en recibir las competencias que
ostentan las Comunidades Autónomas que accedieron por la vía del artículo
151.

Debe, pues, interpretarse el distinto nivel competencial como una
situación transitoria y temporal, ya que el proceso de ampliación habrá
de concluir con la virtual homogeneización de todos los ámbitos
competenciales. Dicho esto, también es cierto que la Constitución admite
contenidos varios cuando dice: «podrán ampliarse». Y, además, apostilla:
«sucesivamente». De ello puede deducirse que no es necesario llegar a un
determinado nivel competencial y que las ampliaciones pueden efectuarse
sucesivamente y en conexión con lo legislado en la Constitución, en los
artículos 148.2, 149.3, 150.1 y 150.2.

El techo competencial no está cerrado y nadie puede pretender cerrarlo
cuando constitucionalmente permanece abierto. Pero, asimismo, también es
cierto que cada vez el margen es menor, ya que lo limitan las
competencias exclusivas del Estado, reconocidas en el artículo 149, así
como las sentencias interpretativas del Tribunal Constitucional y también
la normativa comunitaria en relación con la soberanía cedida.

Hoy, Aragón debe sentirse pionera del proceso de reforma de los Estatutos
de autonomía. Y esto es un reto y un reconocimiento indudable. He dicho
al inicio de este parlamento que iba a expresar mi visión personal y,
para entrar en materia, me gustaría leerles la disposición adicional
quinta del Estatuto aprobado en 1982, Ley 8, de 10 de agosto. Dice: La
aceptación del régimen de autonomía que se establece en el presente
Estatuto no implica la renuncia del pueblo aragonés a los derechos que,
como tal, le hubiesen podido corresponder en virtud de su historia, los
que podrán ser actualizados de acuerdo con lo que establece la
disposición adicional primera de la Constitución.

¿Qué quiere decir esto? Pues, sencillamente, que la aceptación del
régimen de autonomía no implica, en ningún caso, la renuncia del pueblo
aragonés a sus derechos históricos. Pero, además, los traslada a una
disposición sustantiva, la adicional primera de la Constitución, que,



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como todos ustedes saben, ampara y respeta los derechos históricos de los
territorios forales. A nadie le debe extrañar, por tanto, que, mediante
esta disposición, Aragón pretenda desarrollar aspectos forales que,
además, lo son por su historia. Como tampoco debe extrañar que la
foralidad aragonesa no se considere suficientemente reconocida y
desarrollada. Es cierto que el texto constitucional no reconoce ni
garantiza los derechos forales preexistentes, pero, indudablemente, sí
los ampara y los respeta. Y al introducirlo en nuestro texto estatutario,
a través de esta disposición adicional quinta, reconoce al menos que hay
una cuestión jurídico-histórica del hecho foral de Aragón. Esto sí
enmarcado dentro del proceso autonómico, evidentemente. Pero es indudable
que permite abrir las posibilidades de actualización de la foralidad
aragonesa en el marco constitucional.

Este aspecto viene en parte reconocido por la norma estatutaria por la
competencia exclusiva sobre la conservación, modificación y desarrollo
del derecho civil aragonés. Pero esto no es suficiente, ya que la
foralidad es irrealizable sin otras competencias, entre ellas las
fiscales. Y debo reconocer, a renglón seguido, que en esta reforma
estatutaria que estamos debatiendo hoy en día se inicia un camino con la
aparición de los acuerdos bilaterales entre la Comunidad Autónoma y el
Estado en materias fiscales, concretamente, en el artículo 47, que yo
calificaría de trascendente en tanto en cuanto abre una puerta para el
futuro.

Este aspecto foral no debe interpretarse como una cuestión o un
planteamiento nostálgico, ni siquiera reivindicativo, sino más bien como
un derecho estatutario irrenunciable y profundamente enraizado en la
historia del pueblo aragonés, que lo mantuvo hasta principios del siglo
XVI. Y concretamente en el año 1707, por voluntad de Felipe V, todos sus
fueros, privilegios, exenciones y libertades fueron abolidos como
consecuencia del Decreto de Nueva Planta de 29 de junio de ese año. Y,
además, por la fuerza. Me estoy refiriendo, como ustedes saben de sobra,
a los Fueros de Aragón.

Aragón, señoras y señores Senadores, además de nacionalidad, es algo
mucho más importante: es soberanía, es España. Y, además, es foralidad.

Conjuga en su seno la virtualidad de haber contribuido de forma decisiva
a formar España desde su soberanía, ya que reino éramos, y la de mantener
sus fueros y sus derechos.

Señoras y señores Senadores, termino. Hoy es un día importante para
Aragón y para los aragoneses. Les pido a ustedes que sean generosos y
voten a favor de la reforma de nuestro Estatuto, que viene avalado,
además, por la más rancia tradición pactista de nuestro pueblo y, desde
luego, con la voluntad política de las fuerzas mayoritarias de esta
Cámara. Nos ha costado muchos años llegar hasta aquí, muchas
manifestaciones, muchos esfuerzos. Pero estoy seguro de que ha merecido
la pena y que los aragoneses tenemos hoy un buen Estatuto.

Termino, señorías, con una reflexión de mi querido Presidente referida a
Joaquín Costa; un pensamiento elocuente que dice que tuvo cuando iba
camino de Zaragoza: Vas al país más libre que ha existido sobre la
tierra; vas al país donde la libertad no es idea, sino hecho; donde la
libertad no es partido, sino nación.

Muchas gracias, señores Senadores. (Aplausos en los escaños del Grupo
Parlamentario Popular.)



El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, Senador Garzarán.

Abrimos un turno de portavoces.

Por el Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra el Senador Ríos.




El señor RIOS PEREZ: Señor Presidente, señorías, voy a manifestar unas
brevísimas palabras en representación de la mayoría del Grupo
Parlamentario Mixto, salvo los representantes de Izquierda
Unida-Iniciativa per Catalunya, que ya expresarán su opinión con voz
propia.

Hay miembros designados por los Parlamentos vasco, catalán, navarro,
aragonés, valenciano y canario. Y circunscripciones insulares de Ibiza,
Hierro y Lanzarote. Todos ellos respetan los acuerdos de los Parlamentos
en las modificaciones de sus propios Estatutos que hoy se debaten en esta
Comisión en el Senado.

Por mi vinculación personal con el Grupo de Coalición Canaria y su
relación, desde hace lustros, con el PAR, tengo que indicar que nuestras
relaciones son estrechas desde que hemos ido juntos en coalición
nacionalista en las elecciones europeas en 1989 y 1994 y, por lo tanto,
la posición personal de este Senador será lo que opine el Partido
Aragonés.

Muchas gracias, señor Presidente,



El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, Senador Ríos.

Por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió,
tiene la palabra el Senador Cardona.




El señor CARDONA I VILA: Muchas gracias, señor Presidente.

Excelentísimo señor Presidente Lanzuela, representante de la Comunidad
Autónoma de Madrid, señorías, voy a fijar la posición de nuestro Grupo
Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió en relación a
la reforma de la Ley Orgánica del Estatuto de Autonomía de Aragón, no sin
antes excusar la ausencia del portavoz de nuestro Grupo y de esta
Comisión debido a que se están debatiendo los Presupuestos de la
Generalitat de Catalunya en el Parlament.

Queremos manifestar de entrada nuestra satisfacción por el desarrollo del
Estado de las Autonomías, y un ejemplo claro lo es que veamos hoy, en
este trámite, la reforma de dos Estatutos y, en este caso en concreto, el
de Aragón, ya modificado con anterioridad, como ha dicho su Presidente.

Por lo tanto, primera constatación: nos satisface que las diferentes
Comunidades Autónomas vayamos ampliando nuestro techo autonómico,
aumentando nuestras competencias y la capacidad de ofrecer mayores y
mejores servicios a nuestros ciudadanos.

La importancia de los debates que en toda modificación de Estatutos de
Autonomía tengan lugar, además, tienen



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una importancia sobreañadida y yo diría que capital, y por lo tanto,
también la tiene la modificación en sí misma. No olvidemos que los
Estatutos y la Constitución, o mejor, la Constitución española y los
diversos Estatutos correspondientes configuran en su todo el bloque de
constitucionalidad, mediante el cual nos tenemos que regir todos.

Hemos de poner de manifiesto también nuestro más profundo respeto a las
aspiraciones autonómicas de todas y cada una de las Comunidades Autónomas
y, por tanto, a mejorar su nivel estatutario; pero también debemos ser
consecuentes con nuestras propias convicciones. Nos engañaríamos todos,
por lo menos nos engañaríamos a nosotros mismos y no seríamos sinceros
con ustedes si, por las razones que fuere, no les expresáramos lo que
pensamos. Por ello, nos vemos en la necesidad de expresar lo que para
nosotros representa la conceptualización de nacionalidad, que no es sólo
una expresión terminológica del artículo 2 de la Constitución española.

Bien es cierto que no especifica ni las nacionalidades, ni las regiones,
ni hace un listado, y, además, la Constitución prevé la modificación de
los Estatutos --y, por tanto, sus variaciones--, dando un claro soporte
legal a lo que se puede entender entre unas y otros. Pero también es
cierto que la Disposición Transitoria Segunda se previó en su momento
para considerar como nacionalidades aquellas Comunidades Autónomas que
tenían Estatutos plebiscitados antes de la promulgación de la propia
Constitución española de 1978.

Permítanme decir, señor Presidente, señorías, que realmente la
Constitución española lo que intentó solucionar en su espíritu --y a él
nos tenemos que remitir-- lo solucionó a medias: unas cuestiones
históricas planteadas por los hechos que se han denominado diferenciales
--en realidad a mí no me gusta demasiado hablar de diferenciales, sino de
diversidades-- de Cataluña, País Vasco y Galicia, además de permitir
también la descentralización administrativa que todos pretendíamos. ¿Y
cómo lo hizo? Con esta diferenciación que, repito, no es terminológica y
no podemos ni debemos banalizar so pena de alejarnos del espíritu de
nuestra Carta Magna. Y en esta apelación a la legitimidad moral y
política --ojo, que no excluye ni olvida la legalidad constitucional y
parlamentaria--, sí quisiera recordarles una intervención del debate en
el Pleno del día que se debatió en esta Cámara sobre la reforma
constitucional del Senado. Allí hablamos de una reforma de Constitución,
no de un Estatuto que forma parte del bloque de constitucionalidad, y se
decía que no se debería modificar lo ya constituido. Pues bien, aunque
aquí no modificamos en este sentido lo que la Constitución española
contempla, sí creo que viciaríamos su espíritu, su sentido político, lo
que equivaldría, por tanto, a alterar el sistema.

Pero es que, además, a bien seguro que el término nacionalidades tampoco
satisfizo plenamente ni a unos ni a otros y, a pesar de ello, se llegó a
este concepto y a este pacto de Estado, que no debería romperse por vía
de modificaciones estatutarias. El Presidente Lanzuela ha hecho
referencia a ello: pongámonos de acuerdo sobre a dónde vamos, a dónde nos
dirigimos, y a lo mejor encontramos la vía por donde todos tenemos que
dirigirnos. Este camino sabemos cómo empieza, pero seguro que nadie puede
cerciorarse de cómo puede finalizar; por tanto, desde nuestro punto de
vista, no deberíamos abrir este camino sin saber a dónde nos puede
conducir. Sería más lógico, repito, realizar el proceso a la inversa: si
sabemos a dónde queremos llegar, todos juntos estudiemos el sendero por
donde hemos de seguir, que muy probablemente encontraríamos.

Por último, tengo que lamentar que, por los motivos que fuere, no se ha
podido mantener el consenso entre las fuerzas políticas que en su día
aprobaron e impulsaron esta reforma del Estatuto de Aragón. En
consecuencia, nuestros votos irán en el sentido que he manifestado en
esta, espero que única, intervención.

Nada más y muchas gracias.




El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, Senador Cardona.

Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el Senador
Piquer.




El señor PIQUER JIMENEZ: Señor Presidente, señor Presidente de la
Comunidad Autónoma, señor representante de la Comunidad Autónoma de
Madrid
En primer lugar, querría manifestar nuestra satisfacción por el momento
en que nos encontramos, el final de un largo camino, largamente deseado
en mi Comunidad Autónoma. La reforma del Estatuto de Autonomía de Aragón
querría significar que Aragón está a punto de culminar un largo proceso,
no exento de malos entendidos ni de nominalismos e intentos de
apropiaciones indebidas de sentimientos del pueblo aragonés de forma
partidaria. Por ello, quiero dejar claro que, sin ninguna doblez, el
Grupo Parlamentario Socialista ha prestado en las Cortes de Aragón, en el
Congreso de los Diputados y hoy en el Senado su total apoyo a que Aragón
alcance la plena autonomía dentro del escenario de la articulación del
Estado en el marco de la Constitución. Defendimos el acuerdo político
allí, respetando la necesidad de adecuarlo a la Constitución en la sede
parlamentaria donde reside la soberanía nacional: estas Cortes. Y con el
mismo deseo de acuerdo político mi Grupo ha venido trabajando en estas
Cortes Generales, que son las que, mediante ley orgánica --a ellas
reservadas--, tienen que dar vigor a la propuesta aragonesa, esperamos
también que con el mayor grado de acuerdo posible.

Señores, señorías, son las aspiraciones legítimas de un pueblo que vio
truncada la posibilidad de acceder a la autonomía por la vía del artículo
151 de la Constitución por las posiciones de los conservadores aragoneses
en 1978; los mismos que no consideraron oportuno secundar la reforma que
propugnó el Presidente socialista del Gobierno aragonés, Santiago
Marraco, en 1987, de acuerdo con el artículo 148 de nuestra Constitución;
los mismos a los que, sin embargo, les pareció insuficiente la reforma de
1992 a los tres segundos de haberla firmado con el Partido Socialista.

Nosotros, pues, señorías, no tenemos que hacer profesión de fe de cuál ha
sido nuestra voluntad de reformar al alza el Estatuto de Autonomía de
Aragón, sin cambiar nuestra trayectoria, tanto en el proyecto de estatuto
aragonés en la República, como en la defensa de lo que



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anteriormente comentaba; esto nos hace no tener que proclamar cada día,
como les ocurre a algunos, su fe en la autonomía. Eso sí, queremos
hacerlo desde una lectura constitucional solidaria, sin agravios,
entendiendo que las diferentes vías que la Constitución abre para acceder
a la autonomía pueden conllevar en el tiempo diferencias competenciales,
ritmos diferentes, que concluirán confluyendo en una equiparación
sustancial del nivel competencial de todas las Comunidades, reduciendo
las desigualdades a las diferencias que constitucionalmente estén
establecidas y sólo a ellas.

La reforma que se plantea tiene todo el apoyo de mi Grupo Parlamentario
porque es útil para adaptar a la realidad política y social aragonesa sus
instituciones, porque eleva al máximo el techo competencial de nuestra
Comunidad y la capacidad de su Gobierno a la hora de tomar las decisiones
que más de cerca afectan a los aragoneses, porque soluciona las
peculiaridades lingüísticas y de todo tipo en nuestra Comunidad, porque
supera las barreras del pacto de 1981, en definitiva, porque adapta la
personalidad histórica del Reino de Aragón en el Estado autonómico con la
visión integradora de España, a la que, conste, tantos aragoneses siempre
se han sumado.

Frente a quienes quieran hacer creer que las enmiendas introducidas
producen distorsiones, nosotros afirmamos que, en el camino hacia la
legítima aspiración de igualdad competencial, el texto completa el
desarrollo del Estatuto aragonés hasta lo que constitucionalmente reserva
al Estado el artículo 149 de la Constitución. Las enmiendas introducidas
en el Congreso de los Diputados adecuan el texto a la jurisprudencia
constitucional, exceptuando dos títulos: la política autonómica --que, en
nuestra opinión, tiene una mejor solución para Aragón a través de la
posibilidad que se abre de adscribir una unidad del Cuerpo Nacional de
Policía a la Comunidad Autónoma--, y las competencias penitenciarias,
cuya inclusión en el texto, señor Presidente, en mi opinión, venía más
motivada por la posición partidista de algunos en un problema concreto
que ellos mismos han planteado en Aragón, que por la necesidad real y los
deseos del pueblo de Aragón.

Señorías, hay una modificación importante a la que quisiera referirme: la
del artículo 47 del texto, en la línea que habíamos propugnado algunos
parlamentarios, adecuando el modelo de financiación y de la Hacienda
autonómica a la Constitución. Quizás la polémica en torno a este asunto
está más motivada por el susurro de otra melodía para poder contar con el
apoyo parlamentario de algún grupo efectuado desde la Presidencia de
nuestra Comunidad Autónoma, intérprete de la anterior redacción. Nos
reafirmamos, pues, en el apoyo a la fórmula y al texto incorporado
regulando la financiación a través de la Ley Orgánica de Financiación de
las Comunidades Autónomas, pero, señorías, ni nosotros, ni las Cortes de
Aragón, estamos de acuerdo con la firma y la utilidad que hace de ello el
Partido Popular, el Gobierno del señor Aznar, para imponernos a los
aragoneses una financiación inadecuada a la realidad actual y, por
supuesto, a este Estatuto.

Hace poco más de 48 horas, a través de los Presupuestos de la Comunidad
Autónoma, la opinión pública aragonesa ha tenido su primera visión
numérica de los recursos que aporta a la Hacienda aragonesa el nuevo
sistema de financiación del Gobierno del señor Aznar, lo que todavía
reafirma más nuestro rechazo.

Y lo decimos quienes, como muchas otras Comunidades Autónomas del Estado
y formaciones políticas, no han participado en el modelo que se nos
impone desde los presupuestos generales del Estado, quienes defendemos
principios básicos en la financiación y mantenemos la idea del acuerdo
político en torno al sistema de financiación, tal y como se ha venido
haciendo en la España democrática, nos reafirmamos en la inconveniencia
que supone truncar acuerdos institucionales del desarrollo del Título
VIII para obtener una mayoría coyuntural en detrimento de la autonomía
financiera y la solidaridad entre las Comunidades Autónomas. Hacemos hoy
un nuevo llamamiento al Partido Popular para enmendar el desatino que
ello supone.

Permítanme que, como aragonés, llame la atención de quienes pretenden
aparecer como los impulsores del autogobierno y de la Autonomía aragonesa
e imponen, contra sus Cortes, su financiación con la que tienen que
desarrollar este Estatuto.

Nos parece que la cohesión del Estado tiene una importancia capital para
el bienestar de nuestros conciudadanos, y en esa misma dirección y en la
búsqueda del acuerdo y de la cohesión, mi Grupo ha propuesto dos
enmiendas en el Senado para su estudio, en la línea de evitar la política
de bandazos del Gobierno de España en el desarrollo del Título VIII.

En primer lugar, me referiré a la inclusión en el texto que nos remite el
Congreso de la capacidad de disolución de las Cortes con una serie de
limitaciones, tanto sobre la duración de los mandatos como de las fechas
de convocatoria de elecciones autonómicas, tras la posible disolución por
el Presidente de Aragón.

Señorías, hasta la fecha ningún Presidente de Comunidad Autónoma lo tiene
incluido en su Estatuto. Los Presidentes que hacen uso de ello es a
través de leyes aprobadas en sus Parlamentos. Aragón tiene su propia Ley
del Presidente que le faculta desde el 16 de febrero de 1995, y nos
preguntamos por qué, señorías, hay que introducir cambios ahora.

Haré otra reflexión. Si se producen cambios en nuestra legislación
electoral, en nuestra opinión, algo deseable y aconsejable para armonizar
los procesos electorales en España, ¿han pensado que habría que modificar
en las Cortes Generales lo que hoy aquí aprobamos?
Y la segunda cuestión, señor Presidente, sobre la que queríamos
reflexionar en especial y llamar la atención al Partido Popular, es la de
la nacionalidad.

La Constitución Española, en su artículo 2, utiliza la expresión --se ha
dicho aquí hace un momento-- una sola vez, y no obliga a definirse sobre
el particular. El Estatuto aragonés no lo hace, no lo hizo en su
nacimiento en 1982, no fue ése el problema de Aragón, como tampoco lo
hace la Ley de Amejoramiento de Navarra, y pienso que nadie pone en duda
la identidad histórica de ambas Comunidades, que se llaman así desde hace
1.000 años, como para que tengan que reafirmarlo ahora, a los 1.000 años
de ser



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navarros o aragoneses, después de haber accedido a la autonomía hace 15
años.

La solución que se dio por parte del constituyente, a través del artículo
2, fue resolver un problema de encaje constitucional, el de algunas
Comunidades, y si Aragón no tuvo ese problema entonces, no lo vieron
ustedes, ¿por qué dicen ustedes que lo tenemos ahora? ¿Sólo porque
coyunturalmente necesitan los apoyos para gobernar? Se lo diré de otra
manera.

Señorías, el Partido Popular, para llevar al señor Aznar a la Moncloa, ha
tenido que firmar unos acuerdos de financiación con Convergència i Unió
que rechaza el socio de Gobierno, que, para llevar al señor Lanzuela a la
presidencia de mi Comunidad, quiere que se incluya el término
«nacionalidad».

Pues bien, esas dos cuestiones, la debilidad de este Gobierno que tiene
que firmar unas cosas antinómicas en Aragón y otras en Cataluña, son las
que están impidiendo, en nuestra opinión, llevar el debate a sus justos
términos.

Señorías, Aragón ha sido identidad política desde hace 1.000 años; los
aragoneses no tenemos problemas de identidad histórica, ha sido Reino que
englobó a otras nacionalidades que combatieron los decretos de nueva
planta, no necesitamos recurrir ahora a lo que no recurrieron los
aragoneses para definirse como Comunidad Autónoma. Ustedes abren, con
ello, un problema de encaje constitucional que no es definitorio para el
pueblo aragonés, su posición responde más a la conveniencia coyuntural
del Partido Popular en Aragón para tener una mayoría parlamentaria que a
las necesidades reales de los aragoneses.

Lo que los aragoneses queremos es más autonomía política y financiera, la
mayor posible dentro de la Constitución, pero eso no tiene nada que ver
con reabrir lo que solucionó el artículo 2 de la Constitución, confundir
autonomía con llamarse nacionalidad es simplemente un desatino, que tiene
una gravedad extrema si se hace en función de contar aquí o allá de
apoyos para llegar al Gobierno de España o al de Aragón, y que conlleva
una dosis de frivolidad si, además, al hacerlo no se quiere contar con el
principal partido de la oposición en España.

Señorías, termino diciendo que creo que lo que ha sido posible y
necesario en Aragón, el Senado lo va a hacer posible y necesario en
España, pero no sin antes finalizar haciendo una reflexión a los señores
del Partido Popular. Hay tres cuestiones básicas sobre las que mi Grupo
quiere hacerles reflexionar: una, sobre la disolución de las Cortes;
otra, sobre la nacionalidad; y otra, sobre la conveniencia de revisar el
sistema financiero de las Comunidades Autónomas.

Muchas gracias, señor Presidente. (Aplausos en los escaños del Grupo
Parlamentario Socialista.)



El señor PRESIDENTE: Gracias, Senador Piquer.

Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el Senador Contín.




El señor CONTIN PELLICER: Muchas gracias, señor Presidente.

Señor Presidente de la Comunidad de Aragón, señorías, iba a ser muy breve
y muy conciso en la exposición de esta cuestión, pero los silogismos
políticos del representante del Partido Socialista y las llamadas a la
uniformidad en pro de la unidad de España de Convergència i Unió, quizá
nos hagan explicar más ampliamente y en posteriores momentos conceptos,
como el de la nacionalidad, sin necesidad de tener que aludir a problemas
políticos concretos y recientes, como pueda ser referirnos a las
consecuencias nefastas de unos pactos financieros sobre los presupuestos
aragoneses aprobados ayer, cuando estos pactos financieros no han tenido
aún efectividad alguna.

En fin, por vez primera llega al Senado el texto de reforma del Estatuto
de Aragón, que se aprobó con la unanimidad de todos los grupos políticos
en las Cortes en el año 1994. La Ley Orgánica 8/1992, de 10 de agosto,
aprobaba el Estatuto de Autonomía de Aragón, que señalaba la organización
institucional, las competencias y la administración de esta Comunidad
Autónoma.

La Ley Orgánica 6/1994, de 24 de marzo, elaboró la propuesta de reforma
del anterior Estatuto, con la unanimidad de todos los grupos políticos,
tras un largo proceso de nuestra autonomía, idea ésta --la de autonomía--
tan vinculada a la esencia misma de la Corona de Aragón, como lo expresa
la propia exposición de motivos de la propuesta de reforma.

Se requirió el empleo de la capacidad de entendimiento precisa de todas
las fuerzas políticas para alumbrar un texto que nació del consenso y del
predominio de las ideas institucionales sobre cualquier otra tendencia de
tipo partidista.

El pueblo de Aragón ya señaló el camino dando muestras sobradas de su
voluntad en pro de la plena autonomía y manifestándolo repetidas veces
con perseverancia, trabajando por la recuperación de su constante
histórica y confirmando, al tiempo, mandatos constitucionales tan
inequívocos como los de los artículos 1, 2, 137 y 138 de nuestra Carta
Magna.

La reforma que llega se inscribe del todo en el marco constitucional y
satisface en este momento la voluntad de los aragoneses de avanzar en la
plenitud de la reforma de su desarrollo autonómico.

Lo que en un principio pudo considerarse el agravio comparativo entre
distintas Comunidades Autónomas, el apetito igualitario, ha dado paso, y
no tengan duda, a un auténtico sentimiento social de autonomía, en
especial en el caso concreto de Aragón, que reaccionó unánimemente ante
la injusticia que le colocaba entre las Autonomías llamadas de vía lenta,
y que llega a calificarle de no histórica.

Astracanada, sin duda, hubiera sido, si no nos hubiera hecho llorar,
reconocer esta injusticia, y para no aceptarla todos los grupos hemos
recurrido a la reforma de nuestro Estatuto. La idea de autonomía está y
ha estado vinculada profundamente a la historia y a la esencia misma del
Reino y también de la Corona de Aragón como elemento vertebrador. Pactos
rompen fueros, decía el señor Piquer, hace unos meses, y aquí un posible
cauce, señorías --y lo han dicho todos los anteriores intervinientes--,
para considerar por otras Comunidades Autónomas distintas.




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A nosotros nos apoyan, sin duda, razones históricas, sociales, políticas
y constituciones para obtener en esta Cámara Alta el apoyo de sus
señorías.

El Estatuto de Autonomía no es sólo un texto político, sino también
jurídico. Por ello, el Congreso, cumpliendo con su papel, ha introducido
algunas modificaciones para la mejora, en general, del texto original en
concordancia con otros preceptos y, fundamentalmente, de incorporar
jurisprudencia del Tribunal Constitucional desarrollada hasta el momento.

De ahí surgen, sin duda, algunos aspectos diferenciales con los Estatutos
de otras Autonomías que fueron elaborados varios años antes, bastante
antes de que se llevara a la reforma el caso aragonés. Pero el alcance de
un Estatuto no sólo se circunscribe a la Comunidad que le corresponde,
sino que atañe a la estructura básica del Estado, integrando el
denominado «bloque de la constitucionalidad».

Cinco líneas básicas se señalaban en nuestro texto de reforma y se
recordaba en el Congreso. La primera, la configuración de Aragón como
nacionalidad. La segunda, la reforma institucional. La tercera, hace
referencia a las lenguas y modalidades lingüísticas. La cuarta, al
abordaje de un proceso más profundo de autonomía financiera. Y la quinta,
por último, a la aportación de 43 nuevas competencias frente al texto
anterior.

Por lo que ha supuesto de revulsivo en el proceso general del Estato de
las autonomías y por la gran valoración que el pueblo aragonés ha hecho
de ello, quiero referirme al reconocimiento de Aragón como nacionalidad.

No es una mutación de la autonomía, que ya existe en nuestro caso desde
1982, sino que, en este Estatuto, se califica taxativamente a Aragón como
nacionalidad. Independientemente del agrado o gusto que cause tal
concepto --sería muy discutible y a ello se refería antes el Presidente
de Aragón--, lo hemos incorporado de pleno al actual lenguaje político en
este país.

Ya Costa señalaba hace 100 años que la nacionalidad aragonesa, junto a la
vasca y a la catalana, serían el motor de empuje para la nación española,
como decía hace un momento el señor Lanzuela. La cita es prácticamente
literal. Ya saben ustedes que los aragoneses sistemáticamente hacemos una
serie de citas de Gracián, de Santiago Ramón y Cajal y de Costa y,
después, terminamos por una jota. Yo les citaría solamente una estrofa de
ella, aquella que dice: «mi patria es España entera». Pero, en fin, de la
nacionalidad hablaremos más adelante cuando llegue el turno de las
enmiendas.

Con la reforma podemos decir también que se avanza en modificaciones
competenciales, salvando limitaciones que le fueron impuestas por los
pactos autonómicos de 1981, ya felizmente superadas, señor Cardona. Se
incorporan reformas que potencien el autogobierno, referidas a las Cortes
como ampliación de períodos de sesiones, papel de la Diputación General
de Aragón, supresión en el límite del número de consejerías, papel del
presidente y papel del justicia.

Yo querría expresarle mi agradecimiento --no son cinco minutos de
publicidad, sino que lo hago voluntariamente y espero que ellos mismos me
perdonen la cita--, que como Diputado aragonés debo tener, a dos ex
Presidentes de nuestra Comunidad, los señores Bolea y Gómez de las Roces
que abrieron un camino que en este momento estamos culminando y que no es
un camino de final, sino que todavía tiene su andadura.

A otros puntos nos referiremos en el momento de las enmiendas. Pero
quiero acabar este turno de portavoces pidiendo a sus señorías el apoyo
para la reforma del Estatuto aragonés. Hoy abrimos una sugestiva etapa no
sólo para Aragón --no me cabe ninguna duda de los sentimientos de todas
sus señorías hacia nuestra tierra-- sino también para España. Por
sensibilidad, por justicia, les pedimos el voto favorable a nuestra
reforma del Estatuto. Muchas gracias. (Aplausos en los escaños del Grupo
Parlamentario Popular.)



El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, Senador Contín. He echado en falta
la jota. (Risas.)
Seguidamente pasamos a debatir las propuestas de veto. Defensa de la
propuesta de veto presentada
por el Senador Blasco Nogués. (El señor Fuster Muniesa pide la palabra.)
Señoría, tiene la palabra.




El señor FUSTER MUNIESA: Señor Presidente, en ausencia del Senador
Blasco, Senador del Partido Aragonés, yo, como Senador también del
Partido Aragonés, deseo asumir su defensa.




El señor PRESIDENTE: Gracias.

Tiene la palabra el señor Senador por 10 minutos, aunque seré generoso.




El señor FUSTER MUNIESA: Muchas gracias, señor Presidente.

Señor Presidente de la Diputación General de Aragón, señores consejeros
de las distintas Comunidades Autónomas, señorías, asumo, como Senador del
Partido Aragonés, la propuesta de veto presentada por mi compañero,
Senador del Partido Aragonés, Manuel Lorenzo Blasco Nogués, en la medida
en que es una propuesta de veto del Partido Aragonés. En la justificación
que hicimos de esta propuesta, y que ahora mismo manifestamos, decíamos
que la proposición de la Ley Orgánica de Reforma del Estatuto de
Autonomía de Aragón fue aprobada por unanimidad de las Cortes de Aragón
el 30 de junio de 1994, como muchos Senadores conocerán porque, incluso,
algunos de ellos vivieron ese importante acto parlamentario.

En su tramitación en el Congreso y en el Senado, señorías, ha sufrido
importantes modificaciones que afectan a aspectos fundamentales del
mismo, que afectan a aspectos competenciales, financieros e
institucionales, significando, a nuestro juicio, un considerable recorte
que se aleja del espíritu y, en definitiva, de la voluntad de las Cortes
de Aragón. Reconocemos, y se lo decimos sinceramente, la capacidad de
este Senado y del Congreso para introducir las modificaciones que
considere, a su juicio, de interés. Pero los Senadores del Partido
Aragonés, que asumimos, evidentemente, la propuesta de veto presentada



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por el Senador Blasco, justificamos esta presentación en torno a las
siguientes consideraciones. En primer lugar, porque significaba, ni más
ni menos, que la vulneración del consenso al que habíamos llegado en las
Cortes de Aragón, en cuya aprobación se produjo el voto unánime de los
grupos parlamentarios allí representados, es decir, Partido Popular,
Partido Socialista, Izquierda Unida y Partido Aragonés.

En segundo lugar, a nuestro juicio, porque ese voto permitió enviar al
Congreso de los Diputados un texto de consenso y, por lo tanto, ese
consenso se ha roto. Y esto nos parece evidente. Esperemos que en la
tramitación parlamentaria lleguemos a algunos acuerdos, cuantos más
mejor, y en eso apelo a sus señorías.

La reforma del Estatuto de Autonomía de Aragón, como decían en su
acuerdo, no recogió el texto de ningún partido político. Por lo tanto,
tampoco recogió el texto del Partido Aragonés. Pero en la medida en que
fue un acuerdo de todos los partidos políticos, también fue el texto del
Partido Aragonés. En consecuencia, señorías, hoy no podemos decir que
éste sea el texto del Partido Aragonés, puesto que el Partido Aragonés no
ha participado del consenso producido en el Congreso de los Diputados
mediante la presentación de las enmiendas del Partido Popular y del
Partido Socialista.

En tercer lugar, porque, justamente en su Exposición de Motivos, decía
algo claramente expresado. Decía: la reforma se enmarca íntegramente en
el cuadro constitucional del Estado de las autonomías. Por tanto,
coincidimos con esa apreciación y tendremos oportunidad, en el debate de
las enmiendas parciales, de expresar algunas consideraciones respecto de
las justificaciones que se han realizado en el Congreso de los Diputados
en torno a sentencias del Tribunal Constitucional.

Este Senador presentó en su momento, y lo estamos defendiendo
actualmente, en estos instantes, esta proposición de veto por coherencia
y por respeto a los aragoneses porque, a nuestro juicio, el texto
remitido del Congreso de los Diputados no es el Estatuto que Aragón
merece y necesita para abordar con garantías su futuro y, en definitiva,
porque en él no quedan bajo ningún concepto recogidas las sucesivas y
reiteradas manifestaciones expresadas por los aragoneses en defensa de su
plena autonomía.

Las propuestas del Partido Aragonés, señorías, no son nuevas en esta
Cámara. Me refiero a las propuestas de veto. Así, mi compañero y amigo,
el Senador Valentín Calvo, que muchos de ustedes recordarán, ya ejercitó
este instrumento parlamentario con motivo de la reforma del Estatuto de
Autonomía de Aragón en 1994, resultante de los segundos pactos
autonómicos. Y tanto es así, y fíjense si tenemos experiencia en este
instrumento parlamentario y, además, diría yo, coherencia, que --y me voy
a explicar-- en el Congreso de los Diputados, en 1982, el entonces
Diputado del Partido Aragonés, Hipólito Gómez de las Roces, presentó una
enmienda a la totalidad que, de alguna manera, era de devolución del
texto en aquel momento introducido, exponiendo las distintas razones,
plenamente justificadas, por las que había sido presentada; y la retiraba
--y hago hincapié en esta cuestión-- por algunas razones que luego
seguramente vamos a exponer nosotros, justificando plenamente aquella
medida.

Justificaba --como decía-- la retirada para que nadie entendiera que se
pretendía obstruir lo ya construido. Y en ese tenor, que recuperamos
muchos años más tarde, apelamos al consenso de la Cámara para recuperar
ese consenso y para mejorar lo ya construido e intentar acercarnos a ese
Estatuto que, sin ser del Partido Aragonés, fue de todos. En la retirada
decía también: y sin perjuicio de las defensas de las enmiendas
parciales, lo que vamos a proceder a hacer, posteriormente, cuando
tengamos oportunidad de defender las enmiendas parciales.

Señorías, la propuesta de veto presentada por el Partido Aragonés --por
los Senadores de este Partido en definitiva-- ha significado un gesto que
permitía garantizar un tiempo de exposición para fijar en Comisión y en
Pleno la posición del Partido Aragonés con respecto a la situación
parlamentaria en que se encuentra la reforma del Estatuto de Autonomía de
Aragón.

El Partido Aragonés quiere mejorar, desde la sensatez y desde el trabajo
parlamentario, la propuesta de reforma enmendada en el Congreso de los
Diputados por los Grupos Parlamentarios Popular y Socialista. Nuestro
objetivo siempre fue aprobar el Estatuto, que contó con la unanimidad de
las Cortes de Aragón, y a tal efecto, hemos presentado además, como
decía, 47 enmiendas parciales que, de aprobarse, obtendrían el objetivo
fijado.

Por tanto, el Partido Aragonés, aun retirando la propuesta de veto,
mantiene sus objetivos planteados en el trámite del Senado. El Partido
Aragonés quiere más, pero no vamos a correr riesgos innecesarios,
señorías. Por ello, no va a renunciar a los avances conseguidos. Más
concretamente, no vamos a renunciar a la inclusión del término y deseo de
los aragoneses a constituirnos como nacionalidad.

Tendremos oportunidad a lo largo del debate de hoy de contestar a las
intervenciones referidas a este aspecto, y con toda seguridad tendremos
aún más oportunidad de hacerlo en el Pleno de la próxima semana.

Gracias a nuestro trabajo, esfuerzo y a nuestra tozudez, diría yo, hemos
conseguido un artículo 1.º acorde con nuestras convicciones, todo ello en
defensa de lo que creemos son los legítimos intereses de la Comunidad
Autónoma de Aragón y de nuestra propia acción política. Este, que no es
nuestro Estatuto, contiene significativos avances, pero no nos engañemos,
no representa el Estatuto de Autonomía plena tan largamente reivindicado
por los aragoneses y refrendado por las Cortes de Aragón. Pero en esta
cuestión, el Partido Aragonés tiene la responsabilidad que le
corresponde, la que los aragoneses le han otorgado en las urnas,
señorías, siendo tres veces mayor el número de Diputados del Partido
Popular y del Partido Socialista, sin que sea necesario explicar cuál es
la correlación de fuerzas políticas en Madrid. Esta ha sido la voluntad
de los aragoneses, aunque sorprendan las posturas distintas que mantienen
el Partido Popular y el Partido Socialista según donde se ejerza el voto,
es decir, en Madrid o en Aragón.

También es cierto, señorías, que el PAR es el ingrediente básico en el
menú aragonés sin el cual esta tramitación



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parlamentaria, a pesar de su situación actual, es evidente que hubiera
sido distinta y posiblemente inexistente sin el Partido Aragonés.

Desde la responsabilidad, desde el deseo de la mejora del texto enmendado
por el Partido Popular y por el Partido Socialista, e intentando
recuperar el consenso perdido así como garantizar los avances producidos,
deseo manifestar la retirada de la propuesta de veto. El Partido Aragonés
no puede luchar contra tanto adversario para mantener asuntos capitales
por nosotros exigidos; no puede luchar contra el Partido Socialista ni
contra Convergència si además incluimos la advertencia --ya ven su
convencimiento-- del Partido Popular.

Este Estatuto, no recogiendo el todo, no puede desvanecerse en algo de lo
que mañana alguien podría acusarnos: la intransigencia del Partido
Aragonés. Debe mantenerse y mejorarse. Y justamente por la perseverancia
y por el deseo de consenso que quiero manifestarles, realizamos este
gesto de retirada que, por cierto, la Mesa de la Comisión no conoce
todavía puesto que ha sido presentada hace escasos momentos en el
Registro del Senado, aunque en este momento hago entrega al señor
Presidente de la documentación correspondiente.

Muchas gracias, señorías.




El señor PRESIDENTE: Gracias, Senador.

Habiendo sido retirado el veto que tan prolijamente ha defendido el
Senador Fuster, pasamos al turno correspondiente de la defensa de la
propuesta de veto presentada por los Senadores Román Clemente y Nieto
Cicuéndez. (El señor Laborda Martín pide la palabra.)
Tiene la palabra el Senador Laborda.




El señor LABORDA MARTIN: Señor Presidente, no he pedido la palabra por
una cuestión reglamentaria, sino porque creo que, con independencia de
que la enmienda haya sido retirada, el debate continúa abierto. Los
sucesivos precedentes a este respecto indican que cuando un interviniente
abre el debate, aunque retire la enmienda en el transcurso del mismo,
siempre hay un turno de portavoces para cualquiera de los grupos. Por
tanto, como entiendo que la mayoría deseará intervenir en estos momentos,
en defensa de esa mayoría le pido al señor Presidente que reconsidere su
posición.

Muchas gracias.




El señor PRESIDENTE: ¿Algún portavoz desearía intervenir en estos momento
en turno de portavoces?
Por el Grupo Parlamentario Socialista tiene la palabra el Senador
Laborda.




El señor LABORDA MARTIN: Señor Presidente, señor Presidente del Gobierno
Aragonés, señor Consejero, señoras y señores Senadores, espero que el
señor Presidente de la Comisión sea benigno conmigo por la improvisación
con que voy a intervenir en este turno, ya que yo esperaba que se
produjera una intervención de algún representante del Grupo Parlamentario
al que pertenece el Senador que acaba de intervenir.

De todos modos, subo con satisfacción a esta tribuna ya que creo que
merece la pena que en esta Comisión General, de composición tan compleja,
haga en nombre del Grupo Parlamentario Socialista algunas consideraciones
en relación con lo que hemos escuchado en el transcurso de esta tarde.

Mi primera consideración, absolutamente sincera y vehemente --quiero
subrayarlo--, va dirigida a felicitar a los representantes aragoneses en
la persona del Presidente de su Comunidad Autónoma, ya que sin duda
alguna el desarrollo del Estatuto de Autonomía de Aragón --y ya adelanto
que la posición de mi Grupo, al igual que en el Congreso, va a ser
favorable a la aprobación del texto-- es algo que, efectivamente, nos
llena de satisfacción, lo digo sinceramente.

Pues bien, ya que esta tarde, como en tantas ocasiones, se ha invocado la
Historia de España varias veces desde esta tribuna, y como acaba de decir
el representante de mi Grupo Parlamentario, el Senador Piquer, quiero
decirles que, sin duda, Aragón, como Castilla y León, como Navarra o como
Cataluña configuran nuestra Historia, bien es verdad que, en mi opinión
particular, no deberíamos invocar tantas veces la Historia para entender
lo que tenemos que hacer en el presente y, sobre todo, para interpretar
una Constitución que es un pacto que todos adoptamos asumiendo nuestra
propia Historia, eso sí, queriendo corregirla también en el año 1978. Y
es que, lo que a veces acaban generando las interpretaciones
historicistas de la Constitución, son interpretaciones no acordes con un
sentido del progreso, cosa a la que creo nos debe invitar la Constitución
en sus artículos 1 y 9.

Hecha esta consideración sincera, también de felicitación a los
representantes de Aragón, ha de decir que estamos discutiendo en las
Cortes Generales el Estatuto de Autonomía de la Comunidad Autónoma de
Aragón con la voluntad de incrementar al máximo sus niveles de poderes
políticos, sus niveles competenciales, ya que eso es lo que reclama
previsiblemente el buen funcionamiento del Estado en su conjunto, pero
las decisiones que estamos adoptando hoy aquí son más legítimas, están
más fundadas en la propia Constitución --ya que somos los representantes
a quienes se nos transfirió el poder estatuyente-- que las propias
decisiones que se han podido adoptar en la Asamblea Aragonesa.

Las decisiones de la Asamblea Aragonesa, que respetamos absolutamente,
son una indicación de hacia dónde debería marchar la decisión de las
Cortes Generales. Por eso, no se puede invocar, en nombre de un minoría
dentro de un grupo parlamentario, la defensa de los intereses de Aragón,
puesto que esa defensa corresponde, según el Estatuto, al Presidente de
la Comunidad Autónoma, y porque en esta fase en que estamos modificando
el Estatuto nos corresponde a los electos. Además, aquí no hay ningún
acuerdo entre el Partido Socialista y el Partido Popular para conculcar
los derechos que su señoría nos ha venido a defender aquí en nombre de
Aragón porque, entre otras muchas razones, usted pertenece al Grupo
Parlamentario Popular.




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Y ya le adelanto, por si hubiera alguna duda, que si usted ha retirado la
enmienda de veto, mi Grupo Parlamentario no va a aceptar votar sus
enmiendas. De manera que está todavía a tiempo de mantener la enmienda de
veto.

Nosotros creemos que, tal y como está el texto estatutario, con la
reserva que nosotros hemos hecho respecto de la definición de
nacionalidad, se satisface perfectamente la voluntad que los aragoneses
expresaron en su Parlamento y la voluntad que el pueblo de Aragón --en
comunicación con los demás pueblos de España, que forman lógicamente la
voluntad de este Estado-- pretende, tanto en esta tarde como en las
sucesivas, que le traslademos.

Señor Presidente, creo que en estos momentos debo hacer una reflexión
complementaria que explique por qué hemos presentado una enmienda a lo
que ha sido el objeto de la intervención del Senador del Partido
Aragonés, inscrito en el Grupo Popular. Así pues, con todo el respeto y
consideración que me merece el señor Presidente de la Comunidad Autónoma
Aragonesa, me voy a referir a lo que es nuestra enmienda en sí.

Nosotros no estamos de acuerdo con la definición de nacionalidad, y hay
algunas razones expuestas aquí por el Presidente Lanzuela, a las que creo
que damos perfecta satisfacción con nuestra enmienda. Cuando se ha
invocado la razón por la que se pretende que aparezca con una rotundidad
superior a la que aparece en el Estatuto de Canarias la definición de
nacionalidad para Aragón, se nos argumenta que se solicita la plena
autonomía.

Nosotros, que reconocemos la identidad histórica de Aragón y, por tanto,
su especificidad singular e histórica, con nuestra enmienda reconocemos
su voluntad de alcanzar el mayor grado de autogobierno. Porque no es
necesario reclamar la nacionalidad para tener el mayor grado de
autogobierno. Nuestra Constitución, que es un acuerdo que no trae del
pasado una historia, sino que trae del pasado, de 1977-78, el momento
constituyente, un acuerdo que en aquel momento fue historia --y que, como
ha señalado el Senador Cardona, cuya intervención reclamo que se relea,
trae, por tanto, un compromiso constituyente y, derivado de él, el
compromiso estatuyente--, cuando establece una diferenciación entre
nacionalidades y regiones, que posteriormente se trasladan a los
Estatutos de Autonomía, está señalando que se resuelven dos problemas.

Uno, la voluntad de todos los pueblos de España de dotarse, para ejercer
democráticamente mejor el poder político, de Estatutos de autogobierno
con el máximo nivel competencial, en un proceso gradual que, señor
Presidente, nadie puede cerrar; porque no se puede cerrar por la vía del
artículo 150, ni por lo que dice la propia Constitución: que,
sucesivamente, los Estatutos de Autonomía podrán ser reformados.

Esa dinámica que contempla nuestra Constitución es la que, en mi modesta
opinión, como representante del Grupo Socialista, nos ha de llevar a ser
respetuosos con lo constituido. Y lo constituido es que, cuando se define
la nacionalidad, no se está definiendo que se tenga un mayor nivel
competencial, en absoluto; cuando se define la nacionalidad no se está
definiendo que unos ciudadanos hayan de tener prerrogativas distintas que
las de otros, o servicios diferentes que los de otros, porque, entre
otras razones, el artículo 138 de la Constitución, en su punto 2, prohíbe
taxativamente que pueda haber privilegios derivados de la calidad o
definición de los Estatutos de Autonomía.

Cuando estamos definiendo nacionalidades y regiones en la Constitución y
las estamos vinculando a la vía de acceso, lo que estamos reconociendo no
es una historia, que su señoría, como representante, puede invocar
legítimamente en esta tribuna, como lo podría hacer el Presidente de la
Comunidad Foral de Navarra, o cualquier otro Presidente, como el de
Castilla y León, y que, efectivamente, configuran lo que es nuestra
historia de cinco siglos. A lo que está dando respuesta la Constitución
es al segundo problema, y es la incorporación en un proyecto común de una
sensibilidad política y cultural --que, efectivamente, fue el fracaso de
la Constitución republicana-- que se expresa políticamente de una manera.

Y nos gustará, o nos dejará de gustar, estaremos de acuerdo o no con
ella; pero como forma parte de lo constituido en nuestra Constitución, y
nuestra voluntad política de diálogo democrático nos dice que tenemos que
ser integradores, jugamos con ello.

Al definir la nacionalidad en este Estatuto con la pretensión de
garantizar así el mayor nivel competencial, estamos equivocando la vía.

El mayor nivel competencial lo obtiene su señoría, como representante de
Aragón, y el resto de los representantes de Aragón, por el acuerdo de
este Parlamento, que no tiene ninguna desconfianza en darle el mayor
nivel competencial. Pero es evidente que la Constitución de 1978, que por
arriba no establece límites en los niveles competenciales, por abajo sí
estableció una diferenciación, que seguramente no se puede explicar por
la Historia, ni tampoco en términos jurídicos, pero es parte de lo
constituido. Como dijo uno de los intervinientes en la Ponencia de la
reforma constitucional, España tiene debajo de sí una Constitución
triangular. Y nuestra historia de 1977 y 1978 indica bien claro que
cuando el Presidente Suárez quiere reunir el consenso constitucional,
conecta con el Presidente Tarradellas y con el Gobierno vasco en el
exilio. Eso no son privilegios sino, sencillamente, lo que el profesor
Trujillo --y lo cito-- nos dijo en la Ponencia, cuyos textos se van a
conocer y se harán públicos dentro de poco tiempo.

Por tanto, nacionalidad no es el vínculo para un mayor nivel
competencial; no es el vínculo para tener prerrogativas ciudadanas
diferentes, algo que la Constitución prohíbe taxativamente. Nacionalidad
es un concepto jurídico indeterminado, que está inserto en el artículo 2
de la Constitución, que nos permitió resolver el problema que los
constituyentes resolvimos en 1978. Ahora se está alterando, y vamos a
hacer un gran esfuerzo para que, efectivamente, esa alteración no tenga
más consecuencias. Porque, usted gobierna en coalición; pero ¿y si en su
Comunidad Autónoma --porque éste es un problema también del sistema de
partidos políticos-- la correlación de fuerzas entre usted y sus
coaligados fuera distinta? ¿Podríamos estar haciendo esta reflexión aquí
con el grado de tranquilidad con la que podemos hacerla? El señor
representante del Partido Aragonés, inserto en el Grupo Popular, tiene el



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turno de portavoces para dar una respuesta a lo que acabo de decir.

Este Estado de las Autonomías se ha desarrollado entre pactos con
partidos políticos, salvo cuando hemos reconocido, por la existencia de
esa Constitución triangular, la existencia de una diferenciación del
sistema de partidos políticos en Cataluña, en el País Vasco y, en otra
medida, en Galicia. Fuera de eso, hemos avanzado en 1981 y en 1992 por
acuerdos entre partidos políticos. Errores, que probablemente hemos
cometido todos, y mi Grupo, como cualquiera, nos han llevado a que hoy
estemos ante el hecho de que, efectivamente, el procedimiento con el que
hemos ido desarrollando el Estado de las Autonomías, o hemos resuelto los
momentos de crisis de desarrollo, de crecimiento del Estado de las
Autonomías, que son los acuerdos entre partidos, se fracturara, porque el
acuerdo de 1992 en Aragón no se tuvo en cuenta. En este caso nos
encontramos ante un hecho singular, cuya consecuencia, visto el Estatuto,
es asumible --y yo me felicito--, y es el desarrollo unilateral del
sistema autonómico por un acuerdo del Parlamento regional, de la Asamblea
aragonesa, de las Cortes de Aragón.

Ante esto, hemos hecho una propuesta, que en su momento podremos volver a
estudiar en el Pleno, y es el reconocimiento de lo que su señoría, con
toda legitimidad, nos ha planteado en esta tribuna. Ustedes necesitan
tener los máximos niveles competenciales. Pero, en mi modesta opinión, la
vía elegida de vincular y, por tanto, confundir los dos problemas a los
que la Constitución dio respuesta --uno, la necesidad de
descentralización y, dos, la necesidad de integración--, nos ha planteado
un problema difícil de cara al futuro. Porque, a la pregunta que
formulaba al representante del Partido Aragonés, añado la de si en el
futuro tenemos que volver a adoptar acuerdos autonómicos sobre niveles
competenciales o problemas de financiación, esta definición facilita o no
que usted, como miembro de un Partido político de implantación nacional,
pueda con su autoridad lograr que su Parlamento esté de acuerdo con la
política de Aragón, que creo que, como usted acaba de decir, no puede
estar en distorsión con una política general respecto de España. Porque
la Constitución, y lo hizo bien, le reconoce a su señoría, como
Presidente de la Comunidad Autónoma Aragonesa, la representación del
Estado.

Muchas gracias, (Aplausos en los escaños del Grupo Socialista.)



El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Senador.

¿Debo entender que, aprovechando este turno, ha defendido ya la enmienda
número 68? (Asentimiento.) Muchas gracias.

Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el Senador Fuster.




El señor FUSTER MUNIESA: Muchas gracias, señor Presidente.

De forma muy breve, voy a utilizar este turno para contestar al Senador
Laborda.

Señor Laborda, el Partido Aragonés no ha enmendado el texto de reforma en
el Congreso de los Diputados. Usted sabe que eso es así. Pero voy a decir
más: se ha avanzado más en el Estatuto de Autonomía de Aragón en seis
meses, que en trece años de Gobierno socialista. Usted también sabe
perfectamente que eso es así. En definitiva, son hechos objetivos
suficientes para, entre otras cosas, decir que no son correctas algunas
de las manifestaciones que se han hecho en esta tribuna. No he querido
entrar en ese debate. Si ustedes lo desean, tendremos oportunidad de
hacerlo, se lo puedo garantizar. Y hasta haremos la prueba del algodón
con el «Diario de Sesiones».

Señoría, a nosotros nos parece que la Autonomía es un proceso dinámico y
le puedo asegurar también que no ha sido ningún representante del Partido
Aragonés el que vino a Zaragoza a cerrar el proceso autonómico hace unos
años. Si su voluntad se hubiera impuesto, hoy no estaríamos hablando de
estas cuestiones.

Tampoco me voy a referir --con esto finalizo mi breve intervención-- al
instante en la historia en que ustedes soportan el término nacionalidad,
pero sí le diré que dicho término --como conoce perfectamente su
señoría-- está en más estatutos de los que se han nombrado en esta
tribuna.

Muchas gracias, señor Presidente.




El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, Senador Fuster.

Para la defensa del veto presentado por los Senadores Román Clemente y
Nieto Cicuéndez, tiene la palabra el Senador Nieto.




El señor NIETO CICUENDEZ: Muchas gracias, señor Presidente.

Buenas tardes, señorías.

En primer lugar, quiero saludar al Presidente de la Comunidad de Aragón y
a los representantes aquí presentes de las Comunidades Autónomas,
incluido mi Presidente del Consejo de Presidencia de la Comunidad de
Madrid.

En nombre de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, en coherencia con
el planteamiento que han hecho nuestros Diputados en las Cortes de Aragón
y en defensa, como nos pedía el Presidente de la Comunidad de Aragón, de
los máximos techos competenciales para Aragón, presentamos el veto, que
no vamos a retirar, porque entendemos que en el trámite parlamentario
producido en el Congreso de los Diputados hasta llegar a esta Cámara, se
han ido rebajando las competencias que habían sido aprobadas unánimemente
por las Cortes Generales de Aragón.

Por tanto, el hecho de que digamos sí o no a la nacionalidad no es el
motivo de que mantengamos el veto, sino por los elementos competenciales.

Luego hablaré algo del tema de la nacionalidad sí o no.

Nos encontramos aquí, en el debate de este Estatuto, con un test bastante
importante. Es el primer Estatuto que viene a esta Cámara de los que
accedieron a la autonomía por la vía del artículo 143 de la Constitución
y, de alguna manera, el marco competencial de este Estatuto se sitúa en
los mismos parámetros que los que accedieron por la vía



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del artículo 151 o por otra si tenían estatutos anteriormente.

Nosotros consideramos que eso es justo y, además, el señor Rajoy,
Ministro de Administraciones Públicas, manifestó en esta Cámara que en
este proceso --y a ser posible en esta legislatura-- todas las
Autonomías, independientemente de la vía por la que accedieran a ellas,
tendrían que alcanzar las plenas transferencias y, por tanto, el pleno
autogobierno y dirigirse a un sistema más igualitario entre las distintas
Comunidades Autónomas.

Por tanto, ése es el motivo por el que mantenemos el veto,
fundamentalmente. Al menos, en siete aspectos, durante el trámite
parlamentario hasta ahora, se rebajan las competencias del Estatuto de
Aragón. Podríamos preguntarnos por qué. Lógicamente tendríamos que darnos
una respuesta y lo voy a intentar.

El Estatuto de Aragón, tal y como viene a esta Cámara, ¿roza o trastoca
algo el hecho constitucional? ¿Transgrede algún aspecto de la
Constitución? Yo respondo --o, por lo menos, que se me demuestre en este
debate que sí-- que no, que con la Constitución en la mano, tal como
viene aprobado el Estatuto de Aragón por las Cortes Generales de Aragón,
no transgrede ninguno de los aspectos constitucionales.

Por tanto, si ése debería ser el único argumento para haber establecido
un diálogo con las Cortes Generales de Aragón con el fin de que
consensuadamente se rectificara lo que hiciera falta, no ha podido
hacerse porque el Estatuto de Aragón no transgrede ninguno de los
preceptos constitucionales.

Esta es la defensa de nuestro veto: el respeto a la soberanía plena de
Aragón, tal como viene aprobado por su Parlamento.

Otra reflexión que nos podíamos hacer --aunque ésta puede ser más
cáustica-- es que las fuerzas políticas que actuamos a nivel del Estado
tenemos una responsabilidad y se nos debe de pedir un mínimo de
coherencia.

¿Por qué aprobamos una cosa en un sitio y posteriormente la enmendamos en
otro? Los que caen en esas distorsiones al final crean una muy mala
imagen de la política y hay que hacer un esfuerzo por corregir esos
desiderata.

Hay bastantes Parlamentos y Estatutos con tantas competencias como las de
Aragón, incluso el de la disolución, el de convocar nuevas elecciones.

Por ejemplo, nosotros ya lo tenemos en el Estatuto de Madrid; además lo
hay en otros. El ejemplo de Navarra no es bueno, porque a los navarros no
les vale ni para andar por casa. ¿Por qué intentamos modificar ese
precepto?
En definitiva, no podemos estar creando permanentemente agravios
comparativos entre unas Comunidades u otras. Yo estaría de acuerdo en un
sentido --y lo estoy-- con lo que ha dicho el portavoz del Grupo
Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió. Efectivamente
tenemos que saber o, por lo menos, atisbar hacia dónde queremos ir porque
andamos a tirones. Lo coherente y lo mejor sería que, efectivamente,
tuviéramos una normativa y yo creo que tenemos una oportunidad en esta
Cámara: la reforma constitucional del Senado como Cámara territorial
--que tiene que tener un aspecto de reforma constitucional; creo que
todos coincidimos en eso-- que también debería de servir de base para los
techos competenciales de los distintos Estatutos, etcétera. Si no se
corrige lo que ahora es cada vez más asimétrico, porque empezó siéndolo,
se irá alejando más, y se va creando una situación que no es buena para
la configuración del Estado. Esa es la reflexión que tendríamos que
hacernos. Es importante saber hacia dónde queremos ir porque, en
definitiva, lo importante --en eso coincido con el Senador Laborda-- es
el grado de competencias que tengan unas Comunidades u otras.

¿Por qué cada vez que se trata un Estatuto existe la tendencia a situar
el tema de la nacionalidad? Efectivamente, no tendría que ser una prima
en el hecho competencial, pero como en la práctica sí lo es, resulta que
todos queremos ser nación. Y razones históricas nos sobran a todos; a los
castellanos, a los valencianos, a los andaluces, a los cántabros, a los
asturianos. A todos nos sobran razones; en cualquier momento de la
historia fuimos un reino diferente, incluso, que reinaba sobre otros
reinos y, al revés, otros reinos que reinaron sobre nosotros, es decir la
historia de España. Y España, al final ¿qué será? España al final será
una nación de naciones. ¿Es eso?, o ¿España ya no es nada? Todos somos
nación y ¿España qué es? España será entonces nación de naciones. Hagamos
ese debate con claridad y el fondo del tema es que tenemos que hablar en
serio en el nivel en que estamos es que hay que ir a un Estado Federal en
el que cada parte cede la parte que tenga que ceder y se ha de ir al
centro, si consideramos que tiene que haber un centro. Ese debate
tendremos que hacerlo y hablar de estas cosas en serio, con rigor de
Estado.

Resulta que estamos cediendo soberanía que, además, hay que cederla,
tengamos una concepción u otra, entramos en la Unión Europea y todos los
Estados vamos cediendo soberanía. Las directivas del Parlamento Europeo
nos van marcando y eso que todavía no tiene capacidad legislativa plena.

La unidad de Europa tendrá que ir por el camino de que el Parlamento
Europeo tenga cada vez más capacidad legislativa sobre el resto de los
Estados que lo componen. ¿Eso no es ceder soberanía? Eso es ceder
soberanía. Por tanto, éste es el objetivo y el debate que yo quería
suscitar aquí en esta tribuna que, efectivamente, tiene que ser serio,
sosegado y no a tirones cada vez que venga un Estatuto.

Mañana vendrá el Estatuto de Castilla-La Mancha, yo ya conozco algo de su
contenido y cosas que venían en el Estatuto de Aragón ahora son
propuestas por el Estatuto de Castilla-La Mancha o por otro. Nosotros, en
Madrid, estamos con el Estatuto, ya se ha marchado el señor Pedroche,
pero precisamente el otro día comentamos que lo mejor es pararlo de
momento hasta que decida el Senado. Lo cierto es que tampoco se pueden
estar parando las cosas, hay que ponerlas al día, pero teniendo una
directriz de Estado, coherente y que nos pongamos a discutir en serio.

En cuanto a las primas históricas, cada Comunidad accedió de una forma a
la autonomía en este país. Unas Comunidades accedieron de una manera y
otras de otra, incluso, cuando el hecho constitucional no se conocía; no
se sabía, ni siquiera, cuántas Comunidades Autónomas iba a



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haber. Entonces, lo que tuvo de positivo la Constitución en ese marco es
que lo dejó muy abierto; hablaba de nacionalidades, naciones y regiones,
pero no estableció, per se, como lo decimos nosotros: las del artículo
151, con estas competencias y las del artículo 143 con éstas, y eso ya es
per se, eterno, eterno. No, eterno no hay nada y la prueba es que todo se
ha movido, todos nos movemos y lo que hay que hacer es moverse, al menos,
con coherencia.

Reconociendo los hechos diferenciales, para terminar, yo diría que
efectivamente estamos en un buen momento. La derecha tradicional de este
país que se siga centrando en estos temas y que la izquierda, la
tradicional y la menos tradicional, dejemos también de ser un poquito
jacobinos. Con esas dos premisas creo que sí haremos el modelo de Estado
que se necesita, abordando a fondo el tema.

Por estas razones, por coherencia en todo lo planteado, con nuestra
concepción de modelo de Estado, de soberanía igualitaria para todas
Comunidades Autónomas, mantenemos el veto que quiere decir que se respete
en su integridad el Estatuto de las Cortes de Aragón, tal como ha venido
a las Cortes Generales.

Muchas gracias, señor Presidente.




El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, Senador Nieto.

¿Turno en contra? (Pausa.) Tiene la palabra el Senador Contín.




El señor CONTIN PELLICER: Muchas gracias, señor Presidente.

Señorías, no hay nada en el texto del Estatuto reformado que desmienta el
común afán que tenemos en Aragón de coincidir en lo esencial y prescindir
de lo secundario. La reforma que aportamos, con las modificaciones que ya
se han realizado en el Congreso y con las precisiones que intentamos
lograr hoy y en estos días que faltan hasta su aprobación para el Pleno,
se enmarcan íntegramente en el cuadro constitucional del Estado de las
Autonomías en el que Aragón quiere encontrar su plenitud que se pretende
como deseable coacción de libertad para decidir y responsabilidad por lo
decidido dentro, como decíamos antes, del concepto de España. Creemos que
con la reforma que aportamos del Estatuto actual contribuimos al
redescubrimiento de identidad histórica aragonesa, por otra parte, jamás
dejada de sentir por nosotros, y buscando alentar la participación y
procurar el desarrollo socioeconómico y el reequilibrio territorial de
Aragón. El Estatuto asegura, en la medida en la que un texto legislativo
de estas características básicas puede hacerlo, el progreso de Aragón
como parte inseparable de España, por supuesto, enmarcada en la actual
unidad Europea.

Estas consideraciones no son obvias, no son gratuitas, frente a la
propuesta de veto de Izquierda Unida que, en caso de ser tomada en
consideración, llevaría consigo, contra lo que posiblemente pretende con
buena voluntad, la ruptura del consenso obtenido en el Pleno del año
1994, como consecuencia de desoír los deseos de los aragoneses. En caso
de que este Estatuto prospere, le aseguro, señoría, que se lograría la
satisfacción total, expresa, de los aragoneses en cuanto a autonomía
política y financiera de nuestra Comunidad. Es cierto que en el texto
original no había nada de inconstitucional, como usted decía, o que no
existiera ya contemplado en otros textos de otras Comunidades distintas a
la aragonesa, aprobados con anterioridad, con sus correspondientes
enmiendas en el Congreso y en el Senado que se proponen y se van a
proponer para su aprobación en esta Cámara.

Este Estatuto nos equipará, salvo en el caso de policía autonómica y en
competencias penitenciarias, con el resto de Comunidades Autónomas
consideradas con el nombre de históricas, no sé por qué, pero, en fin,
con ese nombre, con un sistema financiero similar al de Galicia, al de
Valencia o al de Andalucía que consideramos que para nosotros son los
mejores en estos momentos.

Aragón en este Estatuto ha previsto una fórmula que haga posibles
acuerdos y conciertos dentro del marco correspondiente, que no deben ser
vistos con recelos ni exclusivos de Aragón como fórmula que se abre en
estos momentos, que se basa en la Ley actual de Financiación de las
Comunidades Autónomas, como no puede ser de otra forma. Está claro que
actuamos con la responsabilidad que nos da la confianza que el pueblo
aragonés ha depositado en nosotros y, en especial, en el Partido Popular,
en las dos últimas convocatorias electorales de elecciones generales y
autonómicas. Nos consideramos como depositarios de un mandato del que
somos fieles cumplidores.

No puede utilizarse la autonomía plena, señoría, desde puntos de vista
partidistas y demagógicos, cuando lo que más se necesita para el
desarrollo de Aragón es el consenso de todas sus fuerzas en la línea
histórica que siempre Aragón marcó de tierra de pactos y de leyes.

En cualquier caso, la defensa que usted hacía en la mitad y al final de
su intervención de un Estado federal chocaría frontalmente con la
Constitución Española. Quizá no es momento de reabrir debate sobre el
modelo de financiación, después de lo que se trató y se dijo
recientemente en la última Comisión de las Comunidades Autónomas aquí
celebrada. La financiación autonómica no tiene un modelo definitivo que
se haya encontrado como panacea para el futuro. El actual modelo es
válido hasta el año 2001 y, salvo en el caso de Andalucía que no es útil
su aplicabilidad para Aragón, nadie ha presentado un modelo alternativo
válido especialmente para nuestros intereses. Con este modelo se avanza
en la corresponsabilidad fiscal acompañándose de los necesarios
instrumentos de solidaridad, como son los fondos de nivelación y de
garantía.

Debo recordar al Senador señor Nieto que en la reforma actual del
Estatuto se cumplen los deseos que el representante de Izquierda Unida en
el Congreso, Diputado señor Ríos, señalara el pasado 11 de junio:
incremento de competencias, que nos equipara prácticamente a las
Comunidades del artículo 151 y a las limítrofes con Aragón; reforma
institucional, que potencia los períodos ordinarios del Parlamento
aragonés, dándole más competencias; contemplación de las modalidades
lingüísticas aragonesas desde un punto de vista de realidad y de respeto
algo diferente del que aquí se ha señalado y, por último, abordaje de un
proceso de autonomía financiera.




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Que no se preocupe el Grupo de Izquierda Unida, que el texto a aprobar no
desvirtúa la voluntad de los aragoneses ni de la mayoría cualificada de
sus Cortes. Si lo mejor es enemigo de lo bueno, piensen sus señorías en
el viaje a ningún sitio que quiere que hagamos Izquierda Unida
proponiendo la devolución de este Estatuto a las Cortes de Aragón, con la
excusa de que se actúa desde arriba, como si las Cortes Generales,
Congreso y Senado, carecieran no sólo de las competencias, sino también
de la obligación de actuación en estos ajustes o reformas. Las
modificaciones competenciales modifican pero no desvirtúan el texto
original y suponen un gran avance, al que los aragoneses no podemos ni
debemos renunciar.

Si bien es cierto que, como dice la propuesta de veto que contemplamos,
no es posible hacer procesos homogéneos para todas las Comunidades
Autónomas, también es cierto que el modelo federal del Estado que
proponen, además de ser anticonstitucional, creo que serviría, sobre
todo, para el incremento de las desigualdades entre los pueblos de
España, y ése le garantizo que no es el deseo de Aragón.

Muchas gracias.




El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, Senador Contín.

Abrimos turno de portavoces. Por el Grupo Parlamentario Mixto, tiene la
palabra el Senador Nieto.




El señor NIETO CICUENDEZ: Voy a intervenir con brevedad, porque creo que
las argumentaciones están expuestas. Pero sí tengo que referirme a alguna
cuestión que ha planteado el Senador portavoz del Grupo Parlamentario
Popular en torno a lo que es constitucional o anticonstitucional.

Yo pregunto --y voy a seguir preguntando, con todo respeto, en el nivel
en el que estamos, e incluso en el que estamos planteándonos todos,
incluso ustedes-- qué es lo que queremos: ¿tener competencias plenas de
autogobierno, financieras, etcétera, las Comunidades Autónomas, todas,
tendiendo a igualarse en un cierto marco de tiempo? ¿Queremos eso? Sí,
claro, todos queremos eso, y ése es el objetivo del Estatuto. Y hemos
llegado a la conclusión, yo creo que casi todos de que hay que reformar
la Constitución, hay que retocar la Constitución. Nosotros decimos que
para construir un Estado federal es necesario reformar la Constitución, e
incluso para reformar el Senado hay que tocar la Constitución; para
convertir el Senado en Cámara territorial, hay que reformar la
Constitución.

Efectivamente, tal como está la Constitución, el Estado Federal no está
ahora en el marco previsto, pero tampoco están muchas cosas que estamos
discutiendo aquí. Estamos hablando, por tanto, de la necesidad de adecuar
el Estado de las Autonomías y el Estado de España, con mayúscula, con
toda su diversidad, a las nuevas realidades, para que no haya agravios
comparativos, etcétera. Y a eso póngale usted el nombre que quiera. ¿Eso
es federal? ¿Cómo se llama eso? ¿Cómo está articulado en una serie de
países modernos, incluso los Estados Unidos, etcétera?
No tengamos miedo a los nombres. Si somos conscientes de que queremos ir
a un proceso de autogobierno de las Comunidades Autónomas, con
capacidades financieras, etcétera, algún nombre le tendremos que poner, y
el nombre está inventado. Por tanto, no me diga usted que eso es
anticonstitucional, porque lo que ocurre es que no está en la
Constitución.

¿Que es necesario reformar la Constitución? Eso es lo que yo planteo y
eso es lo que estamos planteando. Incluso en esta Cámara hay un acuerdo
para retocarla y habrá que reformarla. Si solamente mencionamos en esta
Cámara el título III, muy bien; vamos a ver cómo rozamos o no el título
VIII. Pero ese debate habrá que hacerlo. No se puede andar a trompicones,
porque si no, vamos a tirones, mal y pegándonos unos con otros.

Una responsabilidad de Estado lleva a la responsabilidad de saber en el
grado que estamos y --lo que decía el portavoz del Grupo Parlamentario
Catalán en el Senado de Convergència i Unió-- adónde queremos ir. Y en
ese debate, seguramente, unos querremos ir a la federalidad, pero otros
ni siquiera eso, querrán ser, como mucho, confederación; dentro de una
federalidad, reclamarán tributos y competencias especiales; a lo mejor es
una federación o confederación. Pero ese debate tenemos la obligación de
hacerlo serenamente y con rigor las fuerzas políticas, no tirándonos
trastos a la cabeza; sabiendo que es una realidad que existe y que
tenemos que abordar.

Muchas gracias.




El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de
Convergència i Unió, el Senador Cardona tiene la palabra.




El señor CARDONA I VILA: Gracias, señor Presidente. Había dicho que no
volvería a intervenir, pero tengo que hacerlo, aunque no es por alusiones
ni tampoco para replicar, es para hacer alguna reflexión más en voz alta.

En primer lugar, yo quisiera pedirles que reflexionemos juntos sobre si
de no haber sido por la necesidad de resolver en su momento, en su día,
en los años 1977 y 1978, los contenciosos históricos de Cataluña, País
Vasco y, en menor medida, Galicia, hoy tendríamos este Estado de las
Autonomías o si tendríamos una Constitución española como la actual, y no
una mera descentralización administrativa. ¿Estaríamos debatiendo hoy
aquí entre nacionalidad y región? Desde nuestro punto de vista, desde mi
punto de vista personal, no.

Nacionalidades históricas, amigo y ex compañero de curso, Senador Contín,
nadie discute su historia, la que ha llevado en común y la que ha estado
secularmente fuera de lo común o en otro sentido. Pero el problema no es
de comunidad histórica o no histórica; el problema ya he dicho que es de
encajar esas cuestiones que no estaban resueltas dentro del conjunto de
lo que queremos que sea hoy España. Si no, no sería lo mismo.

¿Y adónde queremos ir? Nosotros lo tenemos claro, y la forma de
perfilarlo también, pero, en cualquier caso, no es el momento de decirlo
aquí. Sí entendemos que España es un Estado plurinacional y, por tanto,
Cataluña es una de



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sus naciones --y eso no es la primera vez que se dice en esta Cámara; en
el debate de Autonomías del año 1994, el Presidente de la Generalitat lo
decía con esa expresión o parecida--, porque tiene una lengua, una
cultura, un derecho civil propio y, además, y por encima de todo, una
voluntad de ser. Por tanto, está claro que si hay nacionalidades y
regiones, nosotros entendemos, y así lo defenderemos siempre, aquí y
allí, que Cataluña es una nación.

¿Y por qué nos conformamos, pues, en aquel momento, con nacionalidad, y
no nación? Porque había que llegar a un pacto, señores Senadores, señor
Presidente y señores representantes de Comunidades Autónomas; había que
llegar a un pacto que no fue satisfactorio, seguramente, para nadie, y
menos para todos, pero se acordó y se pactó, y tenemos que respetar lo
pactado y lo constituido, como decíamos anteriormente.

No es tampoco cuestión de competencias. Es cuestión de otras
sensibilidades y de otras cuestiones. Querer ser nacionalidad porque se
tienen más competencias no es el camino; el camino puede ser otro, y las
competencias pueden llegar por otro conducto. Por tanto, no es ésta la
cuestión. Si en un momento se solucionó, con el acuerdo de todos, aunque
no fuera a satisfacción de todos, con lo de nacionalidades y regiones, no
reabramos --aunque puede haber otros Estatutos en que esté contemplada--
la cuestión de la configuración del Estado español, de lo que es España,
si no queremos ir por un camino que no sabemos a dónde lleva. Si se
reabre este problema, este contencioso, la solución no va por la vía de
ir modificando cada Comunidad Autónoma individualmente su Estatuto, sino
que hay que hacer otro pacto de Estado, si es que llegara al caso, y
entonces podría ser que nos encontráramos o no.

Pero ya tenemos uno establecido y respetado durante un trayecto largo de
20 años de democracia --y son muchos años para este país que desde hace
tiempo no lo tenía-- y, sobre todo, un Estado de las Autonomías donde
todos nos podemos encontrar, más o menos, satisfechos.

Nada más y muchas gracias.




El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, Senador Cardona.

Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el Senador
Piquer.




El señor PIQUER JIMENEZ: Muchas gracias, señor Presidente.

En primer lugar, quiero expresar mi satisfacción por tener que intervenir
en el turno de portavoces sólo para un veto. Yo he tenido la sensación
durante todos estos días, señor Presidente, de que lo que se ha producido
aquí se iba a producir, es decir, que el Partido Aragonés Regionalista,
al final, retiraría su veto y no haría cuestión de ello. Tenía la
sensación de que era algo pactado. Pero no dejo de congratularme por
ello, porque, como aragonés, no me hubiera gustado que el Presidente de
mi Comunidad, a quien respeto y a quien lealmente hago oposición, hubiera
tenido que demostrar ante esta Cámara que no gozaba de la suficiente
mayoría en el Parlamento Regional. Por tanto, me congratulo desde esa
posición de tener que contestar simplemente a un veto. Y, además, lo hago
desde una posición de agradecimiento a algunas de las palabras que aquí
se han dicho por el representante del Grupo Parlamentario Catalán en el
Senado de Convergència i Unió, que me ha precedido en el uso de la
palabra, y que volvía a poner el acento en la misma cuestión que yo
intentaba, y que con mayor tino ha expuesto mi portavoz desde la tribuna
parlamentaria, sobre la situación un poco irreal que está viviendo
España. Es decir, los dos socios de Gobierno que en este momento tiene el
Partido Popular, uno en Aragón y otro en España, tienen que intervenir
para discrepar sobre dos cuestiones totalmente diferentes, los unos en
Aragón por el sistema de financiación y los otros en el Senado por el
sistema de la nacionalidad. Creo que lo que en este momento está
perjudicando al verdadero debate, que tendría que ser el debate sobre
cómo Aragón accede a la máxima autonomía, es la debilidad del Gobierno
del señor Aznar, el firmar una cosa aquí y otra allá sin un sentido de
Estado.

Respecto al veto, tendría que decirle al señor Nieto que me ha dejado un
poco perplejo, en primer lugar, por una cuestión que yo imagino que su
señoría no conoce, porque no la ha defendido, y es que su Grupo
Parlamentario en las Cortes de Aragón ha pedido la supresión de las
provincias de Huesca, Teruel y Zaragoza, y una provincia única. El hecho
de que usted mantenga un veto aquí en función de que lo que dice el texto
de Autonomía de Aragón no recoge el consenso, cuando su Grupo el día 4 de
junio de 1996 solicita el pleno de las Cortes de Aragón para que éstas se
dirijan al Gobierno de la Nación para que elabore un proyecto de ley
orgánica que contemple una única provincia, llamada Aragón, las
delimitaciones existentes de las provincias de Huesca, Teruel y Zaragoza,
pendiente de tramitación, señor Nieto, me deja sin saber cuál es el
proyecto que su señoría defiende para mi Comunidad Autónoma, si éste o el
que usted ha explicitado. Pero es más, le diré que todavía me llena un
poco más de perplejidad el que su señoría quiera decir que lo que tenemos
que hacer es volver al texto original. Entonces, ¿por qué lo tramitamos
por ley orgánica? Si está reconocida en la Constitución, la competencia
de las Cortes Generales para tramitar específicamente las leyes orgánicas
con unas mayorías cualificadas, ¿cómo nos pide usted aquí que no
introduzcamos modificación alguna y que, a la vez, sea ley orgánica?
Entiendo, señor Presidente, que el texto de Estatuto, que espero que hoy
aprobemos aquí, contempla las aspiraciones que Aragón necesita, y las
contempla desde lo que decía mi portavoz y el portavoz de Convergència i
Unió, separando muy bien lo que significa nacionalidad de lo que
significa autonomía y competencias; ese concepto de nacionalidad que,
como decía el representante del PAR inscrito en el Partido Popular, es
condición «sine qua non» para seguir manteniendo el Gobierno del señor
Lanzuela en la comunidad, es muy importante para mantener ese Gobierno,
pero no lo es, en mi opinión, tan importante para que Aragón acceda a la
plena autonomía, de la que se ha hecho merecedora.

Muchas gracias, señor Presidente.




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El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, Senador Piquer.

Vamos a proceder a votar el veto. Agradeceré que si hay algún Senador de
designación autonómica que no sea miembro de la Comisión se siente en el
último de los bancos ocupados.

Se somete a votación el veto, presentado por los Senadores Román Clemente
y Nieto Cicuéndez.




Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos a favor, uno; en
contra, 40; abstenciones, dos.




El señor PRESIDENTE: Queda rechazado.

Pasamos al debate de las enmiendas parciales. En primer lugar,
corresponde la defensa de las enmiendas 1 a 47, presentadas por los
Senadores Fuster Muniesa, Blasco Nogués y Estaún García.

Para su defensa, tiene la palabra el Senador Fuster.

Señorías, para la agilidad del debate, agradecería que, si las defiende
acumulada, consumiera el menor espacio de tiempo posible.




El señor FUSTER MUNIESA: Muchas gracias, señor Presidente.

Voy a hacer un esfuerzo por acortar lo más posible mi intervención, pero
comprenderá que para explicar y razonar 47 enmiendas se necesita un
tiempo, cuando menos, suficiente.

Señor Presidente de la Diputación General de Aragón, señorías, intervengo
para defender las enmiendas que los Senadores del Partido Aragonés --por
cierto, señor Piquer, Partido Aragonés; usted sabe perfectamente que hoy
nuestro Partido no se define como Partido Aragonés regionalista, sino que
es absolutamente claro que nos definimos como Partido Aragonés, como una
y otra vez decimos en esta Tribuna y en las Cortes de Aragón-- han
presentado al texto remitido por el Congreso de los Diputados sobre la
reforma del Estatuto de Autonomía de Aragón.

Quisiera iniciarla con el deseo de que no se cumpla una vez más la
célebre frase de aquel Grupo Aragonés, denominado la Bullonera, que en
1976 decía así: De aquí nadie saldrá con más convencimiento del que
entró.

Nuestro gesto de retirada de la propuesta de veto persigue, justamente,
la búsqueda del consenso y del acuerdo: recuperar el espíritu de los
acuerdos de los aragoneses, que bien podrían precisarse en la concordia
de Alcañiz, mi ciudad, o del compromiso de Caspe. ¡Ojalá puedan más las
razones! Este debate supone para nosotros el cumplimiento de un deber,
espero que para otros no signifique una obligación.

Señorías, como expresaban los portavoces en el Congreso en la toma en
consideración del Estatuto de Autonomía de Aragón, no existía en la
reforma, aprobada por las Cortes de Aragón el 30 de julio de 1994 y por
unanimidad, concepto alguno que no esté incluido en los distintos
Estatutos de Autonomía que se han desarrollado al amparo del Título VIII
de la Constitución. Como dice la Exposición de Motivos del texto de
Reforma, ésta se inscribe íntegramente en el marco constitucional.

Añadía, curiosamente --doctrina que compartimos--, otro portavoz que la
credibilidad de la autonomía reside en el respeto a la voluntad política
que expresan las instituciones democráticas, en este caso las Cortes de
Aragón, anunciando su voto favorable. Pueden comprobar cuan lejos quedó
el deseo formulado en la medida en que avanza el trámite parlamentario y
se llega a Madrid.

Nuestra Constitución estableció un único sistema autonómico que, sin
embargo, contemplaba dos ritmos distintos de acceso a la autonomía plena.

Todo ello, de acuerdo con los pactos autonómicos de 1981 que, obviamente,
el Partido Aragonés no compartió, solicitando la autonomía plena desde el
inicio del proceso autonómico, y es fiel reflejo de ello el «Diario de
Sesiones». Consúltenlo, señorías.

Los segundos pactados autonómicos de 1992 dieron como resultado la
aprobación de lo que nosotros denominamos la «reformita» de 1994. Una vez
más, los votos de los dos partidos nacionales, Partido Popular y Partido
Socialista, impusieron sus criterios de desarrollo autonómico. Han pasado
más de cinco años, muchos más, señoría, de los contemplados en el
artículo 148.2 de la Constitución, y aquí nos tienen.

Han sido necesarias reiteradas manifestaciones multitudinarias de los
aragoneses para que sus representantes en las Cortes de Aragón, por
unanimidad, impulsaran y acordaran una propuesta de reforma, que, aun no
coincidiendo con la que el Partido Aragonés presentó en 1988, en la
medida en que era el Estatuto de todos, como decíamos anteriormente, lo
era también de dicho partido. Pero, a pesar del retraso conyunturalmente
--y lo digo entre comillas-- producido por la convocatoria de elecciones,
y a pesar del pacto suscrito entre el Partido Popular y el Partido
Aragonés, el texto ha sufrido las consecuencias de las enmiendas
consensuadas por el Partido Popular y el Partido Socialista, de las que
fuimos informados, que han significado un recorte institucional,
competencial y financiero con respecto al aprobado el 30 de junio de
1994.

El Partido Aragonés, señorías, no niega el avance producido con respecto
al texto aprobado en 1982. Considera, además, cuestión indispensable el
concepto de nacionalidad, respetado en su artículo 1.º. Pero sería un
acto de cinismo por nuestra parte reconocer que el texto recibido del
Congreso de los Diputados se puede adjetivar como de autonomía plena. Nos
parece que el recorte choca frontalmente con las previsiones
constitucionales recogidas en el artículo 138. Así, las diferencias entre
Comunidades no podrán significar privilegios económicos y sociales. Sin
embargo, estamos dispuestos, si el clima de voluntades en la Cámara lo
permite, a aceptar aquellas enmiendas que han sido técnicamente
justificadas, y lo reiteramos: estamos dispuestos a aceptar aquellas
enmiendas que han sido técnicamente justificadas. Y, a la vez, con el
mismo convencimiento, señorías, exigiremos el mantenimiento de aquellas
enmiendas que, a nuestro juicio, se nos niegan sin que la justificación
ofrecida en el Congreso de los Diputados sea aceptable, satisfactoria o,
a nuestro juicio, ajustada a derecho. Apelamos a la recuperación del
consenso de Aragón, y



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nos queda tiempo hasta el próximo pleno de la semana que viene.

Las enmiendas presentadas por el Partido Aragonés para recuperar el texto
inicial de la reforma las hemos dividido en tres grandes apartados:
institucional, competencial y las que afectan a la financiación
autonómica. En el primer apartado, la enmienda número 1 defiende el texto
de que Aragón queda reconocido como nacionalidad. Y es cierto que el
Partido Aragonés votó la enmienda del Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, levemente modificada. Es evidente este deseo de los aragoneses,
y tendré oportunidad, en el Pleno, de extenderme en los argumentos de su
defensa, pero es necesario remarcar que hoy el principal hecho
diferenciador de Aragón, además de su voluntad como pueblo y su historia
íntimamente ligada a otras Comunidades reconocidas como nacionalidades,
son sus instituciones: las Cortes, la Diputación General de Aragón, el
Justicia y, por supuesto, el Derecho Civil Aragonés.

Aragón tuvo Cortes y legisló, señorías. Otras Comunidades no lo tuvieron.

Su Consejo de Gobierno se denomina, gracias a una enmienda del Partido
Aragonés, Diputación General de Aragón. La figura del Justicia está
reconocida por todos y es incluso anterior al «ombudsman» sueco y el
«Síndic de Greuges» --perdonen si la pronunciación no ha sido todo lo
adecuada que debiera--. Y, por supuesto, su Derecho Civil, asfixiado por
el Decreto de Nueva Planta.

Aragón, y lo digo entre comillas, por lo menos tiene los mismos derechos
y condicionantes que quienes opten por utilizarlo en referencia al
término de nacionalidad. Sin ir más lejos, baste citar el significativo
ejemplo de que las barras tradicionales de Aragón, que oficialmente
forman la bandera aragonesa, son también compartidas por Cataluña y el
País Valenciano. Con este ejemplo finalizaba una sensata argumentación
sobre el término nacionalidad el primer Presidente de la Diputación
General de Aragón, don Juan Antonio Bolea Foradada, en su conferencia del
Club Siglo XXI el 22 de octubre de 1979.

Respecto de otras enmiendas que hemos presentado en este capítulo, por
ejemplo, la número 4, a nuestro juicio, es una «reformatio impeius», es
decir, lo único que pueden tramitar las Cortes --a nuestro modo de ver, y
por eso proponemos su supresión en este caso, puesto que voy a justificar
cada una de las enmiendas en la medida en que pretendo poner nuestra
posición sobre los argumentos de la justificación de la enmienda
producida en el Congreso de los Diputados-- es sólo la reforma propuesta
por las Cortes de Aragón, y no el Estatuto entero, por lo que
difícilmente se puede enmendar el Estatuto, que no se somete a
consideración de estas Cortes. La reforma «impeius» contraviene la
propuesta de reforma de la Comunidad Autónoma de Aragón y desvirtúa el
principio de iniciativa territorial y la propia rigidez del Estatuto,
reglas constitucionalmente impuestas y que quedarían, en caso contrario,
burladas.

En cuanto a la enmienda de supresión de la Ley del Presidente, en el
artículo 23, a nuestro juicio no es propia del Estatuto porque eso supone
agotar el desarrollo del contenido del precepto, más propio del
desarrollo legislativo ordinario. A nuestro modo de ver, la Comunidad
Autónoma de Aragón ya dispone de una Ley del Presidente y consideramos
poco oportuna esta enmienda. Señorías, en esto sí que hemos sido los
aragoneses los primeros.

En cuanto a las enmiendas competenciales, tan importantes como las de
financiación, el artículo 148.2 de la Constitución, como decía
anteriormente, prevé que pasados cinco años los Estatutos de Autonomía
podrán asumir las competencias del artículo 149 mediante su reforma. Han
pasado más de cinco años, y es constatable que el texto emitido por el
Congreso de los Diputados no contiene competencias que ya disponen
Estatutos tramitados por la vía del 151.

Las enmiendas números 22 y 28, referentes a la Policía Autónoma y
competencia de ejecución en materia penitenciaria, han sido obviadas por
criterios políticos. La justificación en el Congreso de los Diputados de
la segunda enmienda se explicó por considerarla procedente por razones de
política penitenciaria, como si este concepto jurídico indeterminado no
fuera incluso entendido por nosotros. Pero el Partido Aragonés presenta
su enmienda para su inclusión en el texto porque ésta es la voluntad de
las Cortes de Aragón, sin que para nosotros sea prioritario su ejercicio.

Lo que se reclama es el título competencial, que, por cierto, de haberlo
ejercido con anterioridad, nos hubiéramos evitado el conflicto de la
macrocárcel de Zuera.

Y por las mismas razones deseamos la inclusión del artículo de la Policía
Autónoma. Para la vigilancia y protección de edificios es suficiente una
compañía privada de seguridad. Pero ello no añade ningún desarrollo
competencial posterior.

Otras enmiendas tienen que ver con este tema, por ejemplo, la número 9,
en la que se suprimió del texto que venía de las Cortes de Aragón la
palabra «actualización» en cuanto al Derecho Civil aragonés. Señorías, a
nuestro juicio, conservar y modificar significa actualizar y, por lo
tanto, estamos en desacuerdo con esa supresión. La Constitución permite
que los derechos civiles forales preexistentes puedan ser objeto no sólo
de conservación y modificación, sino también de una acción legislativa
que haga posible su crecimiento orgánico, reconociendo no sólo su
historicidad, sino también su vigencia y proyección social hacia el
futuro. Por lo tanto, no se ve razón alguna para suprimir dicho término,
del que, por cierto, no hablan las sentencias del Tribunal Constitucional
aludidas, señorías.

En segundo lugar, respecto de la enmienda número 10, que afecta a la
supresión del término «derechos reales», a nuestro juicio, la enmienda
que se presentó en el Congreso de los Diputados debería haberse
rechazado, y lo que proponemos nosotros en este caso es que se incluya,
porque, a nuestro modo de ver, el artículo 35.1.6 no se está refiriendo a
las especialidades en derechos reales contempladas en la Compilación de
Derecho Civil en Aragón, que se sobreentienden incluidas en el apartado
4, señorías, sino a los derechos reales administrativos.

La enmienda número 11 tiene que ver, en este caso, con las normas
adicionales de protección del medio ambiente. Si sus señorías repasan el
artículo 149.1.23 de la Constitución, verán que especifica claramente
«sin perjuicio de las



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facultades de las Comunidades Autónomas de establecer normas adicionales
de protección».

La enmienda número 13 tiene que ver con la concesión y ordenación de
recursos y aprovechamientos hidráulicos, y es correcto, a nuestro juicio,
que la concesión pueda incluirse en este artículo. Pero también es
cierto, señorías, que en otros Estatutos queda incluida la capacidad en
los hidroeléctricos, matizando una serie de conceptos constitucionalmente
aceptados, como que su transporte y energía se tienen que realizar dentro
del territorio de la Comunidad Autónoma de Aragón. Reléanse algunos
Estatutos y podrán comprobar cómo esto que les digo es así.

La enmienda número 14 tiene que ver con la enseñanza. Señorías, en este
tema, a nuestro juicio, nos dejan a cero. Yo diría, incluso, sin
competencia propia alguna. Recuerden que en el proyecto de Estatuto que
aprobaron nuestras Cortes por unanimidad, Aragón recibía la competencia
exclusiva en la materia utilizando una fórmula que, salvo la mención
final a las tres provincias de Aragón, transcribía las que ya figura en
los Estatutos vasco, catalán, gallego y andaluz. Así, se especificaba
cuál era el texto, que es innecesario que yo les relea. Pues bien, una
enmienda en el Congreso de los Diputados suprimiendo este texto ha
dispuesto que todo siga igual, esto es, que se nos reduzca lo poco que
teníamos, lo que significa que no nos reconoce competencia alguna en la
materia y que sólo nos permite la delegada del desarrollo legislativo y
la de ejecución de lo que nos ordene, es decir, nada que pueda llamarse
iniciativa propia. Alguno replicará aduciendo que hay una Ley Orgánica
que nos impide ejercer la plena competencia en materia de enseñanza. Pero
ésa es la coartada para burlar lo que la Constitución dispone e impedir
que ejerzamos idénticas competencias que vascos, catalanes, gallegos y
andaluces.

La enmienda número 18 hace referencia a la supresión de todo lo referente
a reestructuración de sectores industriales. A nosotros nos parece que
este aspecto debe quedar perfectamente reflejado en el artículo 35,
apartado 1.35 del Estatuto, porque supone una clara cercenación del
contenido del precepto, ya que el mismo se autolimita cuando dice: sin
perjuicio de lo que determinen las normas generales del Estado por
razones de seguridad, sanitarias, etcétera.

La justificación de la enmienda, en principio, nos podría parecer
correcta, incluso con el contenido de las sentencias del Tribunal
Constitucional citadas, pero, a nuestro juicio, el párrafo debe quedar
donde está y no trasladarlo al artículo 38 de ejecución, teniendo en
cuenta que el artículo 38 se refiere a competencias de ejecución de la
legislación general del Estado. Los artículos 35.1 y 35.2 se refieren a
una competencia de ejecución de planes de reconversión, y no de
legislación general del Estado. Los planes y programas de reconversión,
aunque cuentan con una regulación con rango de ley, lo que es la
declaración concreta de un sector en reconversión no es más que un puro
acto administrativo.

Señorías, la enmienda número 24 corresponde a la asistencia sanitaria y,
a nuestro juicio, debe quedar como estaba. Es cierto que la gestión de la
asistencia sanitaria es una competencia ejecutiva, lo dice la misma
palabra, gestión, pero también es cierto que a la Ley General de Sanidad
14/1987, de 25 de abril, que las Cortes aprobaron, hay que atribuirle,
como principal mérito y como plasmación de las previsiones
constitucionales, la creación de un marco general, organizativo y
competencial, necesario para la acción pública sanitaria en el Estado
Autonómico, partiendo de una concepción global de la sanidad,
compatibilizando la autonomía con la existencia de un único sistema
sanitario.

Así, la sentencia del Tribunal Constitucional, de 28 de abril de 1983,
expresa, en relación con las bases de la sanidad, que corresponde al
Estado establecer lo que entiende por las mismas, y le compete fijar los
límites a partir de las cuales las Comunidades Autónomas puedan ejercer
sus competencias de desarrollo legislativo.

Para la unidad del Sistema Nacional de Salud, el Estado se reserva las
bases y la coordinación general de la sanidad, lo que supone que las
Comunidades Autónomas tengan competencia no sólo ejecutiva, sino también
de desarrollo legislativo. El propio artículo 41.2 de la Ley General de
Sanidad de 1986 establece que las decisiones y actuaciones públicas
previstas en esta Ley, que no se hayan reservado expresamente para el
Estado, se entenderán atribuidas para las Comunidades Autónomas.

En la número 25 se establece la cuestión en la radiodifusión y televisión
en el marco de las normas básicas del Estado. A nuestro juicio, en la
modificación realizada en el Congreso de los Diputados no existe mejora
técnica. El artículo 37.2 ya se refiere al respeto de la normativa básica
del Estado.

En cuanto a la enmienda número 26, que hace referencia a la ordenación
del crédito, banca y seguros, entendemos que la sentencia del Tribunal
Constitucional citada solamente habla de un concepto, no de los tres, y
de forma colateral. Pueden ustedes comprobar que en el Estatuto de
Autonomía Catalán, en el artículo 10.4, y en el Estatuto de Autonomía del
País Vasco, en el artículo 11.2.a), se atribuyen competencias
legislativas y ejecutivas en el marco de la legislación básica del Estado
de ordenación del crédito, banca y seguros. En consecuencia, no se
entiende por qué la diferencia de trato con Aragón.

La enmienda número 27, que hace efecto a una supresión de la reserva del
sector público, debe quedar incluida. Al contrario, el artículo 128.2 de
la Constitución establece: «Mediante ley se podrá reservar al sector
público --sector público de las Comunidades Autónomas y del Estado--
recursos o servicios esenciales, especialmente en caso de monopolio y
asimismo acordar la intervención de empresas cuando así lo exigiere el
interés general.»
La enmienda número 33 hace referencia a la cuestión de las
infraestructuras y transportes, y se hace mención a una sentencia del
Tribunal Constitucional, de 27 de junio de 1996, en la que declara
inconstitucionales y, por consiguiente, nulos, los artículos 2, 42.6, 53
b) y c), 54 c) de la Ley 12/1987 del Parlamento de Cataluña, sobre
transporte de viajeros por carretera con vehículos a motor. Pero porque
este precepto, según el Tribunal Constitucional, para atribuir la
competencia a Cataluña, se excede del criterio de territorialidad a otros
criterios, como transportes que



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transcurran o se exploten --ésta es la cuestión de la sentencia--
íntegramente por el territorio catalán, atribuyendo, además, a la
Comunidad Autónoma de Cataluña una facultad de coordinación que no le
puede ser impuesta al Estado si el transporte se realiza íntegramente en
territorio autonómico.

Por tanto, una cosa es el párrafo 9 del artículo 11 del Estatuto catalán,
y otra cosa distinta es que el desarrollo legislativo de dicho precepto
estatutario se haya excedido del criterio de territorialidad al de
explotación o coordinación no previstos. En consecuencia, el artículo
38.1.10 del proyecto de reforma del Estatuto de Aragón debe mantenerse,
porque es similar al catalán. Si el artículo del Estatuto dice lo mismo
que el catalán, no hay por qué prejuzgar, señorías, que una futura ley
aragonesa incida sobre la misma extralimitación de la Ley del Parlamento
Catalán 12/1987.

Quiero entrar en el tercer bloque --señor Presidente, voy a intentar
abreviar lo máximo posible--, en cuanto a las enmiendas sobre
financiación, y voy a hacer una cuestión genérica sobre este asunto que,
a juicio de los Senadores del Partido Aragonés, es absolutamente
fundamental, como podrán comprender sus señorías.

Como tuve oportunidad de manifestar en el pasado debate sobre
financiación de las Comunidades Autónomas, en el seno de esta Comisión,
para el Partido Aragonés el modelo acordado por el Consejo de Política
Fiscal y Financiera, criterio que también hemos mantenido, como saben
perfectamente sus señorías, en las Cortes de Aragón, si no es
desfavorable, porque tan sólo no empeora nuestra capacidad, es, a todas
luces, insuficiente, no generando incrementos significativos.

Por ello, en el marco del vigente Estatuto de Autonomía de Aragón
solicitábamos el incremento del peso específico de los criterios del
territorio, el esfuerzo fiscal, la compensación automática por
disminuciones de recaudación en tributos cedidos, y la adecuada
compensación por la exclusión del Fondo de Compensación Interterritorial
y de la complementariedad de los presupuestos generales del Estado, así
como la exclusión del objetivo 1 de los fondos europeos, quedando, a
nuestro juicio, perjudicado Aragón desde los principios de suficiencia y
solidaridad.

Para el Partido Aragonés la autonomía política sólo es posible ejercerla
desde la autonomía financiera, es decir, como hemos dicho tantas veces,
sin economía no hay autonomía.

Me vienen como anillo al dedo las declaraciones a un periódico de Aragón,
una vez aprobada la reforma del Estatuto de Aragón en agosto de 1994 --se
refiere a la fecha de las declaraciones--, por el actual Presidente,
presente en este caso, de la Diputación General de Aragón. Decía sobre el
artículo 47 y sobre la financiación que contemplaba la reforma que ésta
era vital --lo digo entre comillas porque así lo hace en negrita el
periódico-- y sugirió --y leo textualmente el artículo-- que el Partido
Popular sin ésta no apoyaría la reforma porque --reitero las comillas--
no tendría ningún sentido.

Como saben sus señorías, la financiación ha sido enmendada para, entre
otros cambios semánticos, adecuarla a los acuerdos del Consejo de
Política Fiscal y Financiera, como expresaba el portavoz del Partido
Popular en las Cortes de Aragón el 4 de octubre de 1996. Y a pesar de
que, como decía textualmente --y reitero--, se lo digo con toda
sinceridad, no encuentro diferencia entre el texto elaborado aquí y el
texto propuesto por las enmiendas, es evidente, señorías, que no se
enmiendan varios artículos para decir lo mismo.

Y si se mantiene el compromiso de suscribir el convenio o acuerdo, sin
embargo, se condiciona en que se tratará sólo en concretar lo establecido
con carácter general en la legislación sobre financiación de Comunidades
Autónomas y se formalizará en Comisión Mixta. Y, además, se suprimen los
dos tercios necesarios de la Cámara para que se pudiese adoptar el
acuerdo y ni tan siquiera quedó en mayoría absoluta.

Con la modificación del artículo 47 hemos convertido, mejor dicho, han
convertido una autopista en una carretera nacional, y veremos --y no está
claro-- si por ella vamos a llegar a nuestro destino, es decir, a una
financiación suficiente.

Las enmiendas números 38, 39, 40, 41 y 46, presentadas por el Partido
Aragonés, hacen referencia a los aspectos sobre financiación de la
Comunidad Autónoma de Aragón y, especialmente, la número 40, que hace
referencia al artículo 47, tiene, a nuestro juicio y con el texto del
vigente Estatuto y su reforma, su plena justificación con lo expresado en
la Disposición Adicional Quinta del Estatuto, en la que textualmente se
dice: «La aceptación del régimen de autonomía que se establece en el
presente Estatuto, no implica la renuncia del pueblo aragonés a los
derechos que, como tal, le hubieran podido corresponder en virtud de su
historia, los que podrán ser actualizados de acuerdo con lo que establece
la Disposición Adicional Primera de la Constitución.» Señorías, esta
Disposición Adicional es absolutamente fundamental, como ustedes bien
saben. A cuyo tenor, la Disposición Adicional Primera de la Constitución,
ampara y respeta los derechos históricos de los territorios forales. La
actualización de dicho régimen foral se llevará a cabo en el marco de la
Constitución y de los Estatutos de Autonomía.

Podrán comprobar, señorías, que un texto como éste --la Disposición
Adicional Quinta del Estatuto de Autonomía de Aragón-- sólo se encuentra
en dos Estatutos más: el País Vasco y Navarra. Señorías, me parece
importante destacar esta cuestión, y en el pasado sólo gozaran de
hacienda propia los territorios forales, que sólo fueron tres, por
consiguiente, Navarra, los territorios históricos de Alava, Guipúzcoa y
Vizcaya, y Aragón. En consecuencia, sólo a ellos les corresponde un
sistema de financiación por concierto o convenio. Los fueros de Aragón,
abolidos por el Decreto de Nueva Planta, contenían un sistema completo de
instituciones políticas y administrativas propias, un derecho civil
propio y un sistema de exanciones, en definitiva, una hacienda propia.

Quiero finalizar mi intervención recordando la cautela y la ingenuidad
que expresaban los portavoces del Partido Aragonés en 1994 en las Cortes
de Aragón. Leo unas frases de un artículo de opinión de una periodista
aragonesa,



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que bien pudieran resumir el penúltimo acto de las reivindicaciones
aragonesas en favor de esa autonomía plena. Decía una parte: en aquella
manifestación de memoria obligada, el Partido Aragonés e Izquierda Unida
se las vieron y desearon para hacer del acto un gesto masivo. El Partido
Popular entró a regañadientes y el Partido Socialista Obrero Español,
salvo honrosas excepciones, no participó.

Y finalizaba este artículo de opinión: En la escena política aragonesa
todos se apuntan a ser actores de primera en esta tragicomedia de la
autonomía y el agua, pero la verdadera trama no se urde aquí, sino en
Madrid, y es ahí donde debemos observar la interpretación del Partido
Socialista y del Partido Popular en Aragón.

Finalmente, señorías, doy por defendidas en sus propios términos todas
aquellas enmiendas que en mi exposición --en la que he intentado ser lo
más breve posible-- no he citado.

Sin embargo, no quisiera concluir sin hacer una breve pero querida
mención al debate del Estatuto de Canarias que seguirá a éste en esta
Comisión General de las Comunidades Autónomas.

Señorías, el Partido Aragonés se siente comprometido con los deseos de
autonomía del pueblo canario, manifestando a la vez nuestra voluntad de
que la tramitación de estos dos Estatutos, el de Aragón y el de Canarias,
finalice coincidiendo con lo expresado por sus representantes.

En este sentido, y en justa correspondencia con lo expresado por el
Portavoz del Grupo de Coalición Canaria, anuncio que este Senador votará
ese Estatuto en el mismo sentido en que lo haga dicho Portavoz.

Muchas gracias, señorías.




El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, Senador Fuster.

En turno de portavoces tiene la palabra el Senador Piquer por el Grupo
Parlamentario Socialista.




El señor PIQUER JIMENEZ: Señor Presidente, voy a intervenir con toda
brevedad.

Quisiera decir que ya que en la Ponencia no pudimos llevar a cabo el
trámite correspondiente como consecuencia de que hubo dificultades para
llegar a acuerdos entre las dos formaciones políticas que sustentan al
Gobierno de Aragón, tampoco sería justo que los Senadores tuvieran que
soportar ahora lo que los propios Senadores que conformábamos esa
Ponencia no pudimos hacer en su momento. Por tanto, voy a señalar mi
oposición a las enmiendas en líneas generales, aunque me detendré en
algunas de las afirmaciones que aquí se han hecho.

En primer lugar, quisiera decir que creo que cometemos un error de
justicia si no decimos que el proceso autonómico en Aragón no arranca
solamente donde algunos parlamentarios quieren hacerlo arrancar, y es que
tienen mala memoria histórica. (El señor Vicepresidente, García Miralles,
ocupa la Presidencia.) El proceso autonómico en Aragón arranca en el año
1978. Y es el espectro de la derecha el que impide la propuesta de los
partidos de izquierda, es decir, que Aragón acceda a su autonomía por la
vía del artículo 151.

Pero también me hubiera gustado conocer qué ocurrió cuando en el año 1987
don Santiago Marraco Solana, Presidente del Gobierno Aragonés, propuso la
reforma del Estatuto en función del artículo 148 de la Constitución.

Quisiera saber por qué no se secundó por las fuerzas políticas lo que
ahora sí secundan.

Pues bien, señorías, dicho esto, en referencia al conjunto de las
enmiendas, quisiera decirle al Portavoz del PAR --incluido en el Grupo
Popular-- que, estando de acuerdo con algunas de las afirmaciones que ha
hecho su señoría, deberíamos hacer, en primer lugar, una reflexión sobre
la conveniencia o no de ese discurso sobre volver al texto aprobado por
las Cortes de Aragón.

Señorías, insisto en la idea que antes exponía. Si la Constitución
atribuye a esta Cámara y al Congreso de los Diputados la soberanía
nacional, si además determina que sea una ley orgánica la que desarrolle
los Estatutos de Autonomía de España, ¿cómo es posible que una y otra vez
se quiera volver al texto aprobado por las Cortes de Aragón? Lo deseable
será que en esta Cámara se produzca el mismo grado de acuerdo en torno a
una ley orgánica y en torno al desarrollo constitucional que la propia
Constitución y los Reglamentos del Congreso y del Senado prevén. Lo
contrario me parece que es insistir en una línea que nada tiene que ver
con el Derecho Constitucional.

Agradezco sinceramente las palabras que ha pronunciado el Portavoz del
PAR cuando se ha referido a la nacionalidad y ha dejado bien claro que
nada tiene que ver el desarrollo autonómico de Aragón, el de sus
competencias y posibilidades, con el término nacionalidad, término que
para él es otra cosa --irrenunciable en este Estatuto de Autonomía--, y
que condiciona su posición política en Aragón. Lo agradezco, porque eso
nos delimita bien el debate en Aragón de por qué algunas fuerzas
políticas lo aceptan, si por convencimiento o por necesidad, y a este
respecto mi Grupo ha presentado una enmienda que tuve el honor de
defender.

Pero también querría llamar su atención sobre las dos cuestiones que ha
tratado en referencia a la política autonómica y a las competencias
penitenciarias. El mismo lo ha dicho cuando se ha referido a la cárcel de
Zuera; se trata de la necesidad que tiene Aragón de contar con esas
competencias penitenciarias. En opinión de mi Grupo ése es un problema
político que no tiene por qué resolverse de conseguirse esas competencias
penitenciarias puesto que están mejor residenciadas en el Gobierno de
España, de la misma manera que a través de la Ley de Cuerpos y Fuerzas de
Seguridad del Estado se da una mejor solución a la policía autonómica en
Aragón.

Tengo delante la Ley del Presidente. Señoría, me ha parecido entenderle
que toda esa cuestión está mejor recogida en el Estatuto de Autonomía de
Aragón tal y como está ahora que como se recoge en esa Ley. Señoría,
quisiera que me dijera en qué apartado, en qué artículo está mejor
recogido.

Yo le insisto en que lo que pretende la enmienda de mi Grupo es conseguir
que lo que puedan hacer el resto de los Presidentes de las demás
Comunidades Autónomas a través de la Ley del Presidente también se pueda
seguir haciendo



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en Aragón y, por otra parte, que no condicionemos la posibilidad --que mi
Grupo entiende necesaria-- de armonizar los procesos electorales en
España y en Aragón.

Termino agradeciéndole al interviniente su posición en el tema de la
financiación, su reconocimiento de que el sistema de financiación que en
estos momentos tenemos en España no cubre las aspiraciones de los
aragoneses ni las de muchas Comunidades Autónomas. Creo que ése es el
camino en que debemos encontrarnos.

Comprendo que su señoría tenga dificultades a causa de los acuerdos de
Gobierno que tienen en Aragón, pero debo decirle que eso que usted hace
en defensa de Aragón debe hacerlo también con referencia al tema
financiero. Seguro que podremos encontrarnos en la redacción de las dos
enmiendas del Grupo Socialista y también en la posición política que su
señoría formula a la hora de evaluar el sistema financiero de las
Comunidades Autónomas.




El señor VICEPRESIDENTE (García Miralles): Tiene la palabra el señor
Fuster.




El señor FUSTER MUNIESA: Señor Presidente, solicito que su señoría me
permita compartir este turno de portavoces con mi compañero de Grupo
puesto que no constaba formalmente.




El señor VICEPRESIDENTE (García Miralles): Está bien, señoría.




El señor FUSTER MUNIESA: Gracias, señor Presidente.

Señoría, le puedo asegurar que este Portavoz no tiene dificultad alguna
puesto que es coherente con lo que este Partido ha dicho una y otra vez
en el Congreso de los Diputados, en este Senado y asimismo en las Cortes
de Aragón.

Cuando se habla de mala memoria, siempre les digo, y lo reitero ahora,
que se debe repasar el «Diario de Sesiones».

Señoría, el Partido Aragonés no estuvo de acuerdo en los pactos
autonómicos de 1981, y usted sabe que precisamente es consecuencia de
esos pactos el que el Estatuto de Autonomía de Aragón se creara en
función del artículo 143 de la Constitución. Me refiero en este caso al
Partido Aragonés.

Señor Senador, usted pretende hacer un juego de palabras al preguntarse
si este Portavoz actúa como representante del Partido Aragonés o del
Partido Popular, pero yo tengo que decirle claramente que el turno de
defensa de enmiendas --y espero que haya leído las enmiendas
presentadas-- se ha hecho a título particular por parte de los Senadores
del Partido Aragonés. Creo que eso aclarará bastante mi anterior
intervención.

Le agradezco sus últimas palabras. Espero que de ellas se deduzca ese
deseo de consenso que tantas veces ha mencionado en sus intervenciones
preparadas. Espero que podamos ejercer ese consenso de aquí al miércoles.

Sabe su señoría que en Ponencia le manifesté que necesitábamos tiempo
pero que, desgraciadamente, no lo teníamos puesto que, estando reunidos
en Ponencia, se había citado esta Comisión General de Comunidades
Autónomas. Es decir, que solamente se celebrará un Pleno hasta llegar al
de presupuestos. Usted sabe, por tanto, que confiábamos en que ese
consenso se iba a producir.

Este acuerdo no es una imposición. Es decir, si llegamos a acuerdos en
Aragón, ¿por qué no podemos llegar también a acuerdos en Madrid? Creo que
debemos intentarlo, pero tengo que decirle que nosotros no hemos podido
participar en esos acuerdos. Nosotros no hemos sido los que hemos
enmendado en el Congreso de los Diputados. Por otra parte, como ya le
dije el otro día, nos resulta curioso que los cinco ponentes del Estatuto
de Autonomía de Aragón hubiéramos sido capaces de acordar un nuevo
sistema de financiación de las Comunidades Autónomas a nivel nacional.

Hubiera sido paradójico. No nos competía a nosotros hablar de eso.

Pero, señoría, cuando nos hemos referido a que consideramos prioritario
desarrollar el título referente a la policía o el referente a la cuestión
penitenciaria, yo le he dicho que los aragoneses sí han decidido que
desean esa competencia, otra cosa es que luego la ejerzan, pero sí
quieren el título jurídico y, efectivamente, el criterio seguido para no
conceder esa competencia ha sido político. Puedo entender perfectamente
que ustedes defiendan esa cuestión, pero del mismo modo ustedes deben
respetar que nosotros defendamos justamente lo contrario.

Señoría, en todo caso, cuando me he referido a la Ley del Presidente,
estaba hablando del Estatuto procedente de las Cortes de Aragón, que es
el que nos parece adecuado, cosa que hemos reiterado una y otra vez.

Dejo ya lo que queda de este turno para que intervenga mi compañero de
Grupo, Senador Contín. (El señor Laborda Martín pide la palabra.)



El señor VICEPRESIDENTE (García Miralles): Tiene la palabra el Senador
Laborda.




El señor LABORDA MARTIN: Señor Presidente, no quiero crear ningún
problema de interpretación, pero considero que los turnos de portavoces
son indivisibles desde tiempo inmemorial en esta Cámara.




El señor VICEPRESIDENTE (García Miralles): El señor García-Escudero tiene
la palabra.




El señor GARCIA-ESCUDERO MARQUEZ: Señor Presidente, creo que cuando se
hace una defensa de enmiendas agrupadas es costumbre posibilitar a un
grupo dividir su turno de portavoces.




El señor VICEPRESIDENTE (García Miralles): Señor Portavoz del Grupo
Parlamentario Popular, la Presidencia no ha puesto objeción alguna porque
ya me lo había dicho el Presidente de la Comisión. Creo que lo que ocurre
es que el coportavoz no ha consumido exactamente un turno de portavoces,
sino otra cosa.

No obstante, tiene la palabra el señor Contín.




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El señor CONTIN PELLICER: Muchas gracias, señor Presidente, por
contemplar que el turno sea indivisible, pero que no sea uno.

En cualquier caso, quiero agradecer a los anteriores intervinientes --mis
colegas y paisanos, señores Fuster y Piquer; los dos terminan en er-- la
oportunidad que han dado a este Senado de contemplar el debate sobre el
«yo más que tú» o «tú más que yo» de nuestra Autonomía, que tanto se
repite en nuestras Cortes; el uno alegando, no la historia, sino la
prehistoria de sus sentimientos autonómicos y el otro una rica biografía
escrita en Zaragoza que, por supuesto, no hace suya.

Gracias en nombre del Grupo Parlamentario Popular y sepa que también
nuestros sentimientos autonomistas son tan grandes como los suyos, nunca
mayores. (El señor Presidente ocupa la Presidencia.)
Para ir a cosas más concretas, quiero abordar una cuestión sobre una
errata que se produce --no lo considere como tiempo de turno de
portavoces-- respecto al artículo 37.5. Lo hemos comentaba con alguno de
los portavoces. En ponencia, en el Congreso de los Diputados, se aprobó
una enmienda para suprimir el artículo 37.5 del Estatuto y, sin embargo,
por error este artículo sigue apareciendo en el texto que nos remiten al
Senado.




El señor PRESIDENTE: Perdón, Senador. El tema está estudiándose por la
Asesoría Jurídica, en contacto con el Congreso de los Diputados, para ver
si es un mero error de transcripción, en cuyo caso se trataría de una
mera corrección técnica. Si no, se solucionará el tema en el Pleno.




El señor CONTIN PELLICER: Muchas gracias, señor Presidente.

Quiero anunciar, como hecho positivo, que vamos a presentar una enmienda
transaccional sobre la enmienda número 13, de don José María Fuster y
compañeros firmantes, a los artículos 1.13, 35.1.16, referente a los
recursos y aprovechamientos hidroeléctricos. Nuestro interés es
transaccionar la Disposición Adicional Segunda 2, sobre el archivo de la
Corona de Aragón, en el que esperamos también coincidir con los
sentimientos y deseos del Grupo Parlamentario Socialista, así como en una
serie de enmiendas que esperamos poder aportar, en señal de este consenso
al que todos aludimos, para el Pleno del próximo miércoles.

Muchas gracias.




El señor PRESIDENTE: Se agradece especialmente la brevedad del Senador
interviniente.

Pasamos a debatir las enmiendas números 48 a 67, presentadas por los
Senadores Román Clemente y Nieto Cicuéndez.

Tiene la palabra el Senador Nieto.




El señor NIETO CICUENDEZ: Muchas gracias, señor Presidente.

En aras de la eficacia y con coherencia, voy a ser breve, puesto que a
nadie se le puede ocultar en esta Cámara, ni es el objetivo, que todas
las enmiendas que presentamos se refieren al Estatuto original de Aragón.

Mantenemos estas enmiendas para demostrar que, efectivamente, durante el
trámite parlamentario, desde las Cortes de Aragón al Congreso de los
Diputados, ha habido toda una serie de recortes a los Estatutos tal como
venían de las Cortes Generales de Aragón.

Por tanto, la defensa de estas enmiendas está en la práctica en la
proposición de veto, pero se sitúan así para demostrar que no es que se
hayan hecho unos pequeñitos recortes, sino bastantes, sobre todo en siete
aspectos fundamentales. No me voy a referir a todos porque, de alguna
manera, ya se han expuesto en el debate, pero sí a una cuestión a la que
se ha aludido, en aras a la claridad y para que conste en el «Diario de
Sesiones».

Las competencias penitenciarias, por ejemplo, se recortan,
independientemente de su mejor o peor ubicación. Es importante que forme
parte de un debate. Si todas las Comunidades Autónomas reclaman, por
ejemplo, las competencias penitenciarias, voy a nombrar otra vez aquí la
dicha: tendrá que haber algunas cárceles federales en la ordenación de
esta materia.

Tenemos que empezar, aunque parezca una matracaü a ver los temas en su
globalidad. Repito nuevamente que ese es el esfuerzo que tenemos que
hacer.

Ya termino, para no aprovechar más turnos de intervención, refiriéndome a
una cuestión que ha planteado antes el señor Piquer y que no he querido
contestar por agilizar el debate: si está planteando Izquierda Unida en
Aragón la ordenación del territorio aragonés o no. Creo que es un tema
totalmente diferente al del Estatuto. Voy a decir por qué. Si el Estatuto
tiene soberanía plena para ordenar su territorio, si el hecho provincial
de Aragón tiene sentido o no, como la comarcalización o no de una
Comunidad Autónoma, tendrá que ser la soberanía de Aragón la que lo
determine o, en todo caso, debería ser así en el concepto de soberanía
territorial, y puede modificar el territorio entre las distintas
provincias, siempre que no afecte a otra Comunidad Autónoma, o, al menos,
eso debería ser así estatutariamente. Es indudable, ya que está
originariamente en el Estatuto de Aragón la facultad de ordenar su
territorio, así como en el terreno industrial, transportes, etcétera.

Por tanto, hay recortes sensibles. Mantenemos las enmiendas y sobre este
tema ya no hago más uso de la palabra.

Muchas gracias.




El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, Senador Nieto.

Abrimos turno de portavoces.

Por el Grupo Parlamentario Socialista tiene la palabra el Senador Piquer.




El señor PIQUER JIMENEZ: Quiero dirigirme al Senador Nieto sobre la
última afirmación que ha hecho. Comprendo que no exista coordinación
entre el Grupo de Izquierda Unida en Aragón y usted, pero lo que usted me
acaba de decir se lo tienen que decir a sus compañeros de allá, porque
ellos son los que solicitaron el Pleno de las



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Cortes de Aragón para que éstas se dirigieran al Gobierno de la Nación
para que elaborara un proyecto de ley orgánica que contemplara una única
provincia, llamada Aragón. No lo estoy diciendo yo, señor Nieto, sino que
es la propuesta que tienen que hacer sus compañeros.

En todo caso, si tenemos que interpretar la Constitución y si esto tiene
que hacerse por ley orgánica o no, yo pienso que, para alterar los
límites provinciales, sí. Pero, en todo caso, señor Nieto, el problema es
que esto sí que afecta al Estatuto de Autonomía de Aragón.

Termino, señor Presidente, diciendo que nuestro Grupo Parlamentario, por
las mismas razones que he expresado con anterioridad --y espero que el
señor Nieto no lo tome como una descortesía--, se va a oponer también a
estas enmiendas, no sin antes aclarar al señor portavoz del PAR que nada
está más lejos de la intención de este Senador que quitar el uso de la
palabra a su señoría y al Partido que usted representa. Otra cosa es que
usted utilice el turno de portavoces para replicarme. Si alguien le ha
intentado quitar en el Congreso de los Diputados o en el Senado el uso de
la palabra al PAR, no ha sido el Grupo Parlamentario Socialista. Creo que
conoce usted quién ha sido.




El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.

Por el Grupo Parlamentario Popular tiene la palabra el Senador Contín.




El señor CONTIN PELLICER: No sé a qué se refiere exactamente, señor
Piquer, en este momento, pero nosotros sí queremos decir que frente a
posiciones enmendantes, que vemos con un carácter excesivamente
maximalista o, incluso las muy respetables para nosotros aquí expuestas
por dos portavoces, de vuelta al texto original de las Cortes de Aragón,
creemos que las enmiendas apoyadas en el Congreso de los Diputados, las
que nosotros podemos transaccionar y los que vamos a apoyar en su
conjunto, espero --ése es nuestro deseo-- que satisfagan las necesidades
y los deseos de autogobierno del pueblo aragonés.

Muchas gracias.




El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.

Pasamos al debate de las enmiendas números 68 y 69, presentadas por el
Grupo Parlamentario Socialista. ¿Turno a favor? (Pausa.) Tiene la palabra
el Senador Laborda.




El señor LABORDA MARTIN: Señor Presidente, las doy por defendidas.




El señor PRESIDENTE: Se dan por defendidas.

¿Turno de portavoces? (Pausa.) Tiene la palabra el Senador Contín.




El señor CONTIN PELLICER: Muchas gracias, señor Presidente.

Señorías, perdón por acudir a la tribuna; tengan la seguridad que ello no
quiere decir que mi intervención vaya a durar más tiempo, pero aprovechen
que va a ser una de las últimas oportunidades que van a tener de oír algo
en esta tribuna, pobre por venir de mí, que no sean números y más
números, casi como despedida del año a lo que no es matemática.

Había anunciado antes que quería hacer unas consideraciones respecto al
término nacionalidad, que yo creo que es la enmienda más importante de
las que el Grupo Parlamentario Socialista presenta. Vamos con ella, el
término nacionalidad, señorías, hace referencia en Aragón a un
sentimiento colectivo, no solamente a tener un pasado común, sino un
proyecto de futuro, como nos decía antes el portavoz de Izquierda Unida,
no necesariamente relacionado con hechos, como la posesión de un lenguaje
común, aunque éste sea un factor muy importante. Constitucionalmente es
nacionalidad, como es o puede ser región, quien quiere así definirse. Es
una decisión por la que la propia comunidad decide dotarse asimisma con
ese título. Por lo demás, las obligaciones contraídas seguirán siendo las
mismas respecto a nación, pues el término no debe suponer, como nos decía
el señor Cardona, ninguna especie de privilegio. Otra cosa sería que se
opusieran algunos que supongan que sí que es un privilegio el ser
nacionalidad. En nuestro caso, en el caso aragonés, es un sentimiento
colectivo que implica un proyecto de futuro basado en realidades
históricas y culturales incuestionables.

Nuestra tierra es un mosaico de tierras diferentes y de gentes diversas
en lo antropológico y en lo cultural unidas por la historia, cuya base
común es el sentirse o ser llamados por los demás aragoneses, partiendo
de una idea de unidad y de una política histórica en la que influyen
factores lingüísticos, jurídicos, costumbristas, relativamente uniformes.

Los distintos pueblos de Aragón fueron forjando la idiosincrasia del
aragonés y creando un sentimiento de unidad histórica anterior a la
comunidad política y administrativa, anterior incluso a que se
configurase el Reino de Aragón como tal. Cada cual puede jugar con los
términos para que signifiquen exactamente lo que le convenga y así puede
caer en la tragedia de confundir e identificar raza, religión, lengua y
cultura. No hace falta rememorarse a las polémicas alemanas sobre cultura
y civilización que llegaban a ser términos contrapuestos.

Aragón, señorías, fue comunidad histórica, como condado y como Reino
mucho tiempo antes que otros, desembocando en una de las más limpias
creaciones políticas de nuestra historia, la Corona de Aragón. No hacemos
pues más que declarar lo que hace siglos está escrito.

Muchas gracias.




El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, Senador Contín.

En la Mesa ha sido presentada una enmienda transaccional a la que se ha
referido uno de los portavoces, al artículo 1.13, que se refiere al texto
del artículo 35.1.18 del Estatuto. Aparece firmada por todos los
portavoces de los grupos presentes. ¿Puede entenderse aprobada esta
enmienda y, por lo tanto, incorporada al texto de la Ponencia que
seguidamente va a ser sometido a votación? (Pausa.)
Tiene la palabra el Senador Fuster.




El señor FUSTER MUNIESA: Muchas gracias, señor Presidente.




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Aceptamos esa transacción y esperamos que se sumen más fuerzas
parlamentarias a esa propuesta sobre la otra transacción que tiene que
ver con el Archivo de la Corona Histórica de Aragón, que parece que va a
ser el caso, y deseamos que a lo largo de estos días, fruto del consenso
y de los acuerdos parlamentarios, otras enmiendas sobre las que en estos
momentos se está trabajando den como realidad un mejor Estatuto.

Muchas gracias, señor Presidente.




El señor PRESIDENTE. Gracias, Senador.

Sometemos a votación el texto de la Ponencia.




Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos a favor, 32; en
contra, dos; abstenciones, dos.




El señor PRESIDENTE: Queda aprobado el texto de la Ponencia con la
enmienda transaccional ya incorporada.

Tiene la palabra el Presidente de la Diputación General de Aragón.




El señor PRESIDENTE DE LA DIPUTACION GENERAL DE ARAGON (Lanzuela Marina):
Muchas gracias, señor Presidente.

Señorías, en primer lugar, tengo que manifestar de nuevo mi
agradecimiento por dejarme intervenir por segunda vez, cosa que no sabía
al principio de la sesión, puesto que además de ser la primera vez que
acudo a esta Comisión, que también es una Comisión especial que está
comenzando su andadura, no conocía muy bien las reglas del juego. Algunas
cosas explicaré de mi extrañeza, incluso, mi sorpresa, por las
intervenciones que he escuchado atentamente aquí esta tarde. En cualquier
caso, muchas gracias, a todos los intervinientes por los distintos apoyos
producidos al texto enviado desde Aragón, incluso, con sus reticencias y
sus reservas.

Al portavoz del partido Aragonés, lógicamente no hago más que recordar
que es el tercer Gobierno de coalición en el que estoy. Esta vez como
Presidente, en las dos ocasiones anteriores, como Consejero, y estoy
acostumbrado a que, naturalmente, tiene que haber unas diferencias puesto
que son dos formaciones políticas distintas; una, además, con un ámbito
nacional y otra con un ámbito territorial. Lógicamente las concepciones
en algunos casos tienen que ser distintas y no pasa nada. Hemos trabajado
ya en tres andaduras distintas y ojála sigamos pudiendo colaborar en el
futuro.

Al portavoz de Izquierda Unida le diré que ha habido algunas cuestiones
que naturalmente respeto, pero algunas me extrañan e inciden en
contradicciones que ha puesto manifiesto el Senador Piquer. Por citarle
sólo una, el Grupo de Izquierda Unida en Aragón se autoenmendó y además
hizo que todos los demás grupos en el mes de mayo enmendásemos el texto
que habíamos enviado en junio de 1994, con una cuestión tan importante
como la caja única de la Seguridad Social. Luego no se puede decir o el
todo o nada, puesto que ustedes mismos ya proponían algunas enmiendas
importantes como era ésa. También ha dicho que hay otros Estatutos que
tienen la capacidad de disolución por parte del Presidente de la
Comunidad de turno; no hay ninguno. Ha citado la Comunidad de Madrid,
pero lo que hay es una ley ordinaria; en su Estatuto no está la
disolución por parte del Presidente.

Al señor Laborda le quiero manifestar mi extrañeza en cuanto a la forma y
no tanto en cuanto al fondo. Yo no sabía que podía replicar, porque se ha
dirigido sustancialmente a mí como si fuera otro Senador e, incluso, como
si fuera un portavoz, actitud que yo respeto pero no comparto.

Indudablemente es una pena que no haya hecho lo mismo, pero no le voy a
replicar. En cualquier caso, señoría, todas las reticiencias que me ha
mostrado a mí respecto al término nacionalidad ¿por qué no las mostraron
ustedes cuando se hizo el de Andalucía? No las he visto en ningún sitio y
el término nacionalidad consta en el Estatuto de Andalucía.

Esta misma tarde en esta tribuna se ha puesto de manifiesto que hay algo
más. Además, de tener todas las competencias que puedan tener las
Autonomías que mayor techo tienen, hay algo más en la práctica. Aquí ha
habido tres Senadores, el señor Contín, el señor Garzarán y también el
Senador Fuster que han hablado de una disposición que hay en el Estatuto
en la que se habla de nuestra posibilidad de volver a determinadas
cuestiones forales. No se la voy a leer porque la han leído dos veces. Ya
sé que usted ha mostrado un cariño limitado hacia la historia, yo lo
muestro mucho mayor.

En todo caso, yo he hecho una introducción muy breve y he intentado
hablar del presente, y más que del presente, incluso del futuro, pero la
historia es maestra, en el caso nuestro sumamente maestra, porque es un
ejemplo a través de esos fueros, que, si ustedes quieren --ojalá--, nos
ponemos a hablar de ellos, y no hablamos de nacionalidad. (Rumores.) No,
si está en nuestro Estatuto y está aprobado por un consenso; yo se lo
leo, señor Laborda, porque a lo mejor se le ha olvidado. Dice la
disposición adicional quinta del vigente Estatuto de Autonomía: La
aceptación del régimen de autonomía que se establece en el presente
Estatuto no implica la renuncia del pueblo aragonés a los derechos que,
como tal, le hubieran podido corresponder en virtud de su historia. Mire
usted, Senador, en virtud de su historia, en un texto aprobado en las
Cortes Generales, los que podrán ser actualizados de acuerdo con lo que
se establece en la disposición adicional primera de la Constitución. Si
ustedes quieren podemos hablar de esa vía aunque yo no sé si los dos
partidos nos van a respaldar a usted y a mí. Por mí, yo pido autorización
al mío, y nos sentamos usted y yo para ver si podemos entrar en esa vía;
yo abandono la de la nacionalidad.

En cualquier caso, el tema de la nacionalidad no es una cuestión --yo he
intentado decirlo aquí-- del año 1977 y del año 1978, de este siglo, sino
de atrás. Aquí se ha puesto de manifiesto, y ha discursos muy brillantes,
en algunos casos, catalanes, escritos, y ahí están los del primer
Presidente de la Primera República, y habrá cosas muy discutibles pero
muy ricas para que, naturalmente, cualquier aragonés pueda hablar de
ello. En cualquier caso, yo se lo he recordado: don Joaquín Costa ya lo
hizo, y lo escribió, pero no en el año 1978, sino en el siglo pasado,
señor Laborda.




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Yo le respeto, y le advierto que no les pasaba lo mismo a sus compañeros
de Aragón cuando yo no era Presidente pero, elegido por mi Grupo
Parlamentario, fui uno de los ocho Diputados regionales que propusimos el
texto; sus compañeros aceptaron el término de nacionalidad; lo aceptaron
y lo mandamos conjuntamente el Partido Socialista, el Partido Popular, el
Partido Aragonés e Izquierda Unida a las Cortes Generales. Lo aceptamos,
lo escribimos y, naturalmente, lo aprobamos entre todos. Yo respeto que
en este momento ustedes puedan matizar, como también mi Grupo puede
matizar en el Congreso y en el Senado, pero con argumentos que no sean
tan contundentes como los que usted me quería ofrecer y que, en cualquier
caso, no han mostrado en otras Comunidades Autónomas. (Rumores.) Señor
Piquer, usted y yo ya somos viejos conocidos, y en relación con sus
referencias, como las del señor Laborda, al Partido Aragonés y al Partido
Popular, tengo que decirle que ustedes han estado siendo apoyados
parlamentariamente por Convergència i Unió hasta hace muy pocos meses y
tenían pactos en otras Comunidades Autónomas con grupos como pueda ser el
Partido Nacionalista Vasco. En cualquier caso, señor Piquer, yo no he
tenido que escuchar de mi Partido coaligado lo que ha tenido que escuchar
el señor Jáuregui de sus coaligados hace bien pocos días. (Rumores y
protestas.) No me haga hacer comparaciones, porque yo no querría
hacerlas, y no nos haga entrar en algunas contradicciones que en este
caso no se han producido; habrá diferencias, pero no entre usted en
materias a las que son ustedes especialmente sensibles.

Pero hay una cuestión que no querría dejar sobre el tapete y es la de la
financiación. Lo que va en el texto que vino aquí es absolutamente acorde
con lo que iba en el programa electoral del Partido Socialista Obrero
Español en las última elecciones generales y con lo que iba en el
programa electoral del Partido Popular; absolutamente acordes. Y lo es el
artículo 47, tal como ha quedado después de haber sido enmendado en el
Congreso. Es absolutamente acorde con lo que ustedes decían en el
programa electoral de las últimas elecciones generales y con lo que
decíamos nosotros. Ustedes son los que tendrán que explicar por qué ahora
la corresponsabilidad fiscal no es buena, y sí que lo era antes de las
elecciones generales últimas. Lo tendrán que explicar ustedes, nosotros
no. En cualquier caso, este Presidente, que hoy representa a Aragón y que
ha sido uno de los que hicieron el artículo 47, quiere matizar, porque es
importante en el debate de hoy que está en toda España y en el que se va
a producir posteriormente --y aquí incluso hay alguna referencia de
cuando el Senador Lerma era Ministro del Gobierno último-- que no hay
contradicción en lo que estamos diciendo de corresponsabilidad fiscal con
lo enviado en el artículo 47, porque no hablábamos de concierto. Ustedes
nos acusaron continuamente de que constaba la palabra concierto. Y no era
cierto. En la Comisión especial que elaboró el texto, precisamente se
tuvo muy en cuenta --y está en las actas-- no poner la palabra concierto,
que la dejamos reservada a las dos Comunidades Forales.




El señor PRESIDENTE: Vaya terminando, por favor.




El señor PRESIDENTE DE LA DIPUTACION GENERAL DE ARAGON (Lanzuela Marina):
Sí, señor Presidente, es que me parece que es muy importante.

En cualquier caso, en un Gobierno de coalición del año 1991 planteamos
desde Aragón, por escrito, en el Consejo de Política Fiscal y Financiera,
una participación territorializada del IRPF del 25 por ciento. Está por
escrito: en el año 1991, en noviembre. Nosotros seguimos defendiendo lo
mismo, y lo hemos hecho en el Consejo de Política Fiscal de hace cinco
años y lo hemos hecho en el último. Y ustedes, hasta hace bien poco,
hablaban de corresponsabilidad fiscal en los mismos términos que hablaba
este Presidente, en los mismos. Son ustedes los que han cambiado en los
últimos cuatro meses. Realmente, el sistema está recogido en el artículo
47, que, por cierto, es acorde completamente con el artículo 44, señor
Piquer. Y el artículo 44 que mandamos desde las Cortes de Aragón dice que
las competencias y las atribuciones financieras serán respetuosas y
estarán, naturalmente, acordes con la Constitución, la Lofca y el
Estatuto de Autonomía. En ningún caso el texto que enviamos desde las
Cortes de Aragón decía que el artículo 47 no estaba acorde no ya con la
Constitución, sino con la Lofca. Léase usted el artículo 44 que enviamos
nosotros, ustedes y nosotros, aquí, a las Cortes Generales. Y no hay
contradicciones.

En cualquier caso, señor Presidente, muchas gracias. Querría manifestar
mi deseo de que ojalá sirva este Estatuto --lo he dicho antes-- como
modelo en parte, naturalmente, con nuestro respeto a todas las
sugerencias y a todas las cuestiones que tanto los Diputados en el
Congreso como los Senadores quieran hacer. Pero estamos en un camino que
entiendo que es constitucionalmente correcto, y naturalmente
agradeceremos sobremanera que las Cortes Generales apoyen lo que desde
las Cortes de Aragón dijimos. Y creo que sustancialmente se está
respetando; ojalá al final de toda la tramitación parlamentaria así sea.

Muchas gracias, señor Presidente. (Aplausos desde los escaños del Grupo
Parlamentario Popular.) El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, Presidente.

Yo quisiera, en nombre --estoy seguro-- de toda la Comisión, transmitirle
la enhorabuena por este avance que la reforma del Estatuto de Autonomía
de Aragón ha dado hoy.

Yo, en ese afán de protagonismo que quería reconocer a la Comunidad
Autónoma de Aragón, representada por su Presidente, quería que hubiera
cerrado usted el debate, señor Presidente, pero al contradecir a otros
grupos tan abiertamente, en parte lo ha reabierto, y me veo obligado a
dar la palabra al Senador que la ha solicitado.

Agradeceré mucha brevedad, porque todo lo que nos alarguemos en este
momento --que la generosidad de esta Presidencia está archidemostrada--
irá en detrimento de la atención que los señores Senadores vamos a
prestar a otro tema tan importante como es la reforma del Estatuto de
Autonomía de Canarias.

El Senador Nieto tiene la palabra.




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El señor NIETO CICUENDEZ: Tengo que manifestar que yo creía que la
intervención del Presidente de las Cortes de Aragón no iba a reabrir el
debate ni iba a entrar a polemizar con el resto de los Grupos. Me parece
que ése no es un buen sistema de funcionamiento. Pero como ha dicho algo
que a mí me afecta, quiero contestarle.

Cuando un Estatuto está en trámite parlamentario es normal que se discuta
y se enmiende una fuerza política, si usted quiere, a sí misma. Por lo
tanto, en eso no hay ninguna contradicción. Pero lo que sí es una
contradicción, a mi modo de ver y con todo respeto, es que en el trámite
parlamentario se vayan a cepillar gran parte del Estatuto de Aragón que
usted defiende porque, efectivamente, va a tener que decir: amén. Eso sí
que es una contradicción y gorda.




El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, Senador.

El Senador Laborda tiene la palabra.




El señor LABORDA MARTIN: Muchas gracias, señor Presidente.

Quisiera que fuera un turno que no se desviara del sentido de mi
intervención y, desde luego, con el máximo esfuerzo que fuera un turno de
cortesía al Presidente de la Comunidad Autónoma de Aragón, cuya
intervención creo que merece alguna respuesta.

Me hace una pregunta directamente que es: por qué nosotros votamos una
definición referente a la nacionalidad en el Estatuto de Andalucía.

Precisamente a esto es a lo que yo me refería cuando he intervenido por
primera vez en la tribuna. Andalucía en el momento en el que adopta la
decisión --en el momento estatuyente y a través de un procedimiento
enormemente complejo que es el que la Constitución contemplaba-- llegó a
definirse como nacionalidad en el primer momento. En aquel contexto, la
mayoría de las fuerzas políticas andaluzas y, desde luego, la mayoría del
pueblo andaluz en referéndum, en el momento estatuyente y cumpliendo
exactamente la Constitución y, por lo tanto, desarrollándola sobre lo
constituido, se definen como nacionalidad, pero en unos términos que no
son tan rotundos como lo que hoy aparece en el artículo 1 del Estatuto de
Autonomía de Aragón, lo que indudablemente introduce un factor al que
otros portavoces se han referido, y que yo simplemente he querido
manifestar como punto de reflexión, y quisiera equivocarme dentro de unos
años de mi reflexión, porque no creo que esto sea una cuestión meramente
semántica, señor Presidente. En todo caso, si su señoría acierta, yo
retiraré lo que yo he afirmado.

Se lo digo con preocupación: el nivel de autogobierno no es necesario
vincularlo a la definición de nacionalidad, ni mucho menos en los
términos en los que aparece hoy en el Estatuto y que no apareció en el
momento estatuyente en Aragón, porque legítimamente los aragoneses
eligieron una vía que en aquel momento no reclamó nadie. Los momentos
estatuyentes y constituyentes son los que conforman una nacionalidad, una
región, una nación, y alterar posteriormente esto por razones que tienen
que ver con la política, pero que tienen que ver mucho con el hecho de
que alterando un acuerdo autonómico, que habíamos suscrito su partido
político y el mío en 1992, por razones políticas, coyunturales, que
pueden ser entendibles, pero como usted pertenece a un partido político,
y lo acaba de decir en la tribuna, de ámbito estatal, yo simplemente lo
que digo es que, a veces, el ejercicio político conlleva a la
responsabilidad de decir que no a algo para poder mantener lo
fundamental.

Señor Presidente, con todo el respeto, no me vale que me señale que a
cambio de retirar nacionalidad, le reconozcamos, el PP y el PSOE --como
si usted estuviera fuera de ese juego de partidos, que es el que conforma
el desarrollo del Estado de las Autonomías--, una foralidad. Porque de
los pocos privilegios que yo tengo, y desde luego la mayor recompensa de
mi vida, es haber sido constituyente en una Cámara en la que
efectivamente la disposición adicional que recoge la actualización de los
derechos forales de los territorios históricos en la Constitución, lo que
hizo, en dramática sesión, fue supeditarlos al texto constitucional,
sencillamente porque así había sido siempre, porque Navarra y el País
Vasco, desde la Constitución de 1876 --y esto es la historia, yo no
quiero jugar a la historia como se juega a los dados, porque uno puede
coger un momento histórico, otro se va a los romanos; así no se construye
el presente ni se hace política--, pero lo cierto es que la Constitución
de 1978 lo que hace es actualizar lo que la Constitución de 1876
resolvió; es parte de nuestra historia, y usted la sabe mucho mejor que
yo.

De manera que --concluyo, señor Presidente-- hemos votado a favor de esta
reforma. Cuando llegue el momento de votar el articulado, nosotros
defenderemos nuestra enmienda al artículo 1. Creemos que es una vía para
dar satisfacción al pueblo de Aragón y lo que reclamo a las demás fuerzas
políticas de esta Cámara es que no estemos al juego, al que a veces
condenamos a nuestros representantes en las Comunidades Autónomas, de
pedirlo todo porque allí es muy difícil decir que no, para después tener
que escuchar en la tribuna, lo que respetuosamente hemos escuchado del
representante del Partido Aragonés que gobierna con su señoría en
coalición, pero que curiosamente ha sido el único que no ha votado a
favor del Estatuto.

Muchas gracias, señor Presidente. (Aplausos en los escaños del Grupo
Parlamentario Socialista.)



El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Laborda.

Por alusiones y por tiempo de un minuto, tiene la palabra el Senador
Lerma.




El señor LERMA BLASCO: Muchas gracias, señor Presidente.

Me será suficiente ese tiempo para intervenir, en primer lugar, por
alusiones pero, también, para congratularme del reconocimiento de la
singularidad de Aragón y para expresar mi satisfacción por el avance
competencial que supone la aprobación de este Estatuto, y para decir,
conforme ha sido la alusión, que fundamentalmente en 1991 lo que se
planteaba de cesión del 25 por ciento no hacía una referencia expresa a
lo que hoy estamos discutiendo, que no es tanto la cesión de un
porcentaje o la participación de un



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porcentaje del IRPF, sino fundamentalmente la capacidad normativa, que es
lo que puede generar desequilibrios entre Comunidades Autónomas.

Nada más y muchas gracias, señor Presidente.




El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, Senador.




--DICTAMINAR LA PROPOSICION DE REFORMA DE LA LEY ORGANICA 10/1982, DE 10
DE AGOSTO, DE ESTATUTO DE AUTONOMIA DE CANARIAS. (605/000002.)



El señor PRESIDENTE: Terminado el debate, pasamos al siguiente punto del
orden del día: dictamen de la Proposición de reforma de la Ley Orgánica
10/1982, de 10 de agosto, de Estatuto de Autonomía de Canarias. (El señor
Laborda Martín pide la palabra.)



El señor LABORDA MARTIN: Quisiera hacer una sugerencia, si los demás
miembros de la Comisión están de acuerdo.

Como los representantes de las Comunidades Autónomas están aquí desde las
cuatro de la tarde, solicito alterar el orden del día, si se puede, y
pasar al informe sobre el contenido autonómico de los proyectos y después
seguir con el Estatuto de Canarias, pues creo que sería un gesto a favor
de esta Comisión porque, sin duda, los señores Consejeros están aquí hace
ya tiempo. En todo caso, señor Presidente, creo que en el futuro
tendríamos que ordenar separadamente este tipo de debates porque la
composición de la Comisión y los turnos de los que se puede hacer uso
prolongan de manera excesiva estos debates.




El señor PRESIDENTE: Este Presidente, en atención a la importancia que
reconozco que para determinadas Comunidades Autónomas, y sólo hemos
discutido el tema de Aragón, tenía, ha habido momentos en que he estado
tentado de llamar a los portavoces, a los Senadores a la cuestión, porque
realmente se han planteado temas que se iban del contenido de una
discusión de una enmienda o de un veto y que, además, queda todavía el
marco del Pleno para haberlo discutido. En ese sentido, no creo que sea
necesario hacer reformas, sino más bien pedir a los Senadores un esfuerzo
que no es de brevedad, sino de que tengan consideración con sus
compañeros que tienen temas a debatir.

Realmente, ordenado el debate esta mañana, nuestra extrañeza es que el
interés de los representantes de las Comunidades Autónomas, aparte del
Presidente de la Comunidad Autónoma de Aragón, sea intervenir en el
último punto del orden del día porque esta mañana hemos ordenado el
debate la Junta y Mesa de Portavoces y no se ha previsto en este punto
del orden del día intervención de los representantes de las Comunidades
Autónomas, lo cual no quiere decir que no vayan a intervenir. Este
Presidente, como ha estado dando muestras, pretende que intervengan en
todo momento. Pero lo que no veo, salvo que me ofrezcan unanimidad en el
tema, es que se pueda alterar el orden del día. Pido disculpas,
precisamente, a los representantes de las Comunidades Autónomas. (El
Senador Ríos Pérez pide la palabra.)



El señor RIOS PEREZ: Muchas gracias, señor Presidente.

Como no se sabe después cuánto tiempo va a durar la otra cuestión en
relación con lo que vimos en la Junta de Portavoces del mediodía, yo lo
que sí le puedo asegurar es que seré lo más breve posible en las
intervenciones que por mi parte vaya a tener, y le ruego que acepte el
orden que estaba establecido.




El señor PRESIDENTE: Creo que como directamente afectado, respetamos la
voluntad del Grupo Mixto y en este caso representante de Coalición
Canaria.

A la vista de que los representantes de los Gobiernos autonómicos no
tienen intención de intervenir en el debate de la reforma del Estatuto de
Canarias, se inicia el turno de portavoces.

Tiene la palabra el Senador Ríos.




El señor RIOS PEREZ: Muchas gracias, señor Presidente.

Señorías, buenas tardes. En aras de la brevedad, y en nombre del Grupo
Parlamentario Mixto, reitero que la mayoría de nosotros, igual que
Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, respeta y apoya los acuerdos de
los Parlamentos y las modificaciones de sus propios Estatutos que hoy se
debaten en esta Comisión del Senado y, por lo tanto, apoyarán lo acordado
en el Parlamento de Canarias.

Entrando ya en mi condición de miembro de Coalición Canaria, en el Grupo
Parlamentario Mixto, y por indicación verbal que me han hecho, tengo que
señalar que el Presidente de la Comunidad no ha podido estar hoy
presente, como era su deseo, porque es de todos conocido que en estos
momentos está recibiendo al Presidente del Gobierno del Estado, que hace
una visita a Canarias para celebrar allí mañana el Consejo de Ministros.

Asimismo, el Consejero de la Presidencia, que también estaba previsto que
viniera, ha avisado de que se ha puesto enfermo. Yo comunico esto a la
Cámara; pero eso no significa en absoluto que yo vaya a sustituirlos.

(Risas.)
Retomando el hilo de mi intervención, en la que intentaré, como digo, ser
lo más breve posible, no puedo dejar de hacer una pequeña y breve
historia.

En primer lugar, ésta es la primera modificación del Estatuto de
Autonomía de Canarias que se realiza desde su aprobación en 1982, porque,
como saben sus señorías, el resto de las Comunidades que accedieron a su
autonomía por el artículo 143 ya han modificado sus Estatutos. A lo largo
de estos 14 años, con sus cuatro legislaturas, hemos ido construyendo con
esfuerzo, dificultades, pero no sin evidentes aciertos, nuestra
estructura autonómica.

Como digo, la primera modificación del Estatuto que hoy tramitamos ha
sido un instrumento utilísimo para ir construyendo nuestro Gobierno.

Entre todos hemos ido superándonos, profundizando en nuestra identidad
peculiar de canarios, en esa doble insularidad de muchos de nosotros, en
la lejanía y en nuestra peculiar idiosincrasia de isleños.




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Y, entre otros aciertos, tengo que destacar haber aceptado, aprobado y
desarrollado la capitalidad compartida entre Santa Cruz de Tenerife y Las
Palmas de Gran Canaria, porque ha sido un acierto para el necesario e
imprescindible equilibrio interinsular.

La adhesión a la Comunidad Europea desde un estatus especial fue un hito
histórico, pues hemos apostado fuertemente por ella ya que nos sentimos
cultural, social y económicamente vinculados al continente europeo a
pesar de nuestra vocación americana y de nuestra proximidad africana.

Aunque desde su primer momento el Estatuto no llenó nuestras necesidades,
simultáneamente se puso en marcha, como se sabe, una ley orgánica
especial, la Lotraca, Ley de Transferencias para Canarias, que nos ha
permitido, junto con la Lotrava, de la Comunidad Valenciana, adelantar
las transferencias e ir asumiendo muchas de ellas, casi su totalidad,
asimilándonos a las Comunidades que accedieron por el artículo 151 de la
Constitución. Durante estos años, y por esa razón, se han quintuplicado
los presupuestos generales de la Comunidad.

Esta modificación que tramitamos, ha sufrido una lenta gestación, de más
de cinco años, pues cuando se fraguaron los pactos autonómicos PP-PSOE de
1990 y 1991 entre ambas fuerzas no tenían mayoría de escaños en el
Parlamento de Canarias para poderla sacar adelante. Esta lenta gestación
--repito-- nos permitió que a finales de 1994 terminásemos esta
modificación que ahora se tramita por unanimidad de todas las fuerzas
políticas integrantes, Coalición Canaria, PSOE Y PP, principalmente,
salvo en la cuestión electoral, que a pesar del esfuerzo realizado no fue
posible. Pero, salvo las circunscripciones insulares, tema que permaneció
en el seno del articulado, conseguimos que el resto de las cuestiones
electorales: número de escaños por circunscripción, barreras insulares y
regionales, etcétera, pasaran a una disposición transitoria para que, por
una ley del Parlamento con mayoría cualificada, pudieran modificarse en
el futuro sin tener necesidad de ser refrendadas, en su caso, por estas
Cortes Generales.

Otra de las cuestiones importantes ha sido el concepto básico de que para
el futuro nuestra Comunidad se defina como un archipiélago. La referencia
en el diccionario es simple, e indica que archipiélago significa trozo de
mar, trozo de océano, poblado de islas. Es decir, nuestra Comunidad es
tierra y mar, isla y océano. Hecho insular, por lo demás, consagrado en
el artículo 138 de la Constitución y elevado a carácter histórico en la
disposición adicional tercera de la Constitución Española, con la
salvaguarda de su régimen económico-fiscal. Según la doctrina clásica
constitucionalista, este tipo de disposiciones adicionales matizan y,
perdonen la expresión, «colorean de canariedad», todo el articulado
cuando se aplica la Constitución a nuestras islas. No hay que olvidar que
se padece, perdonen nuevamente la expresión, del concepto de insularidad
alejada, a 1.500 kilómetros de la Península Ibérica, de la España
continental, del Continente Europeo y de la servidumbre añadida de las
llamadas ultraperiféricas y de la doble insularidad.

Otra modificación importante que se ha visto reforzada ha sido un acuerdo
muy mayoritario, de más de las tres quintas partes del total de la
Cámara, que ha sido enviado hace pocos días a estas Cortes Generales y a
los grupos parlamentarios de ambas Cámaras por parte del Parlamento de
Canarias como acuerdo plenario del pasado 30 de octubre.

En esta resolución enviada existe ratificación sobre los siguientes
puntos básicos: Primero, a la consideración de Canarias como
nacionalidad.

Segundo, en el concepto de archipiélago para la Comunidad Autónoma, sin
limitar el territorio únicamente a las islas.

Tercero, ratificar el sistema electoral aprobado en el Congreso de los
Diputados pero contemplando que a la lista más votada a nivel insular
pueda accederse sin contar con ningún tipo de barrera.

Cuarto, la conformidad en la creación de una Comisión Federal de Cabildos
Insulares en el seno del Parlamento, así como otras modificaciones que
confirman a las islas como elementos esenciales de su territorio y a los
Cabildos como órganos de gobierno y administración insular y, al mismo
tiempo, instituciones de la Comunidad Autónoma --muchas de esta enmiendas
ya han sido aprobadas en el Congreso de los Diputados.

Quinto, también se reafirma la propuesta de que el Gobierno de Canarias
participará en el seno de las delegaciones españolas ante las
instituciones comunitarias y europeas cuando se traten temas de
específico interés para Canarias desde su peculiar situación ante la
Unión Europea como única zona ultraperiférica del Estado a la que son
aplicables muchas normas específicas y comunitarias.

Y sexto, da su plena conformidad a que en las declaraciones de interés de
obras, instalaciones o servicios para Canarias se tengan en cuenta por el
Estado las singularidades del archipiélago.

Esta resolución, como he dicho, fue aprobada en el Pleno de la Cámara
celebrado el 30 de octubre pasado. Creemos, señorías, que con todo ello
se ha logrado que se pueda avanzar en el futuro, e iremos profundizando
en el autogobierno y en la consecución de las mayores cotas de bienestar
para nuestro pueblo. Con nuestra solidaridad, laboriosidad y trabajo por
la paz, contribuiremos a la construcción de la nueva Europa, y estamos
convencidos de que con todo ello ayudaremos a la cohesión y
fortalecimiento del Estado.

Muchas gracias, señor Presidente.




El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, Senador Ríos.

Por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió,
tiene la palabra el Senador Cardona.




El señor CARDONA I VILA: Muchas gracias, señor Presidente.

Nuestro Grupo, puesto que la mayoría de las cosas que hemos explicitado
en la reforma del Estatuto de Aragón serían válidas para la del Estatuto
de Canarias, renuncia a la intervención, exponiendo, por supuesto, que
nos felicitamos



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de que Canarias pueda tener un techo competencial, como hemos dicho en la
intervención anterior.

Muchas gracias, señor Presidente.




El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, Senador.

Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el Senador Pérez.




El señor PEREZ GARCIA: Muchas gracias, señor Presidente.

Señoras y señores Senadores, creo que la tramitación de la reforma del
Estatuto de Autonomía de Canarias, que ya se acerca a su momento
definitivo, es un acontecimiento relevante para nuestro archipiélago.

Canarias ha llevado a cabo un proceso de consolidación de su
autogobierno, proceso en el que cada uno de los partidos políticos y cada
uno de los representantes políticos, a título individual, ha tenido
momentos de coherencia y es responsable de esos momentos de perplejidad o
de incoherencia. En todo caso, creo que ésta es una ocasión, la ocasión
de la reforma de nuestro Estatuto de Autonomía, para que todos los
canarios miremos hacia adelante.

Hay algunos aspectos muy significativos de una reforma que los
socialistas valoramos positivamente, prueba de ello será nuestro voto
favorable al informe de la Ponencia, que se producirá al finalizar este
debate. Es conveniente subrayar esos elementos significativos.

A través de esta reforma del Estatuto, se acentúa la consagración y el
reconocimiento de que el pueblo canario posee una identidad singular. Al
mismo tiempo, queda subrayada en la reforma del Estatuto, sea cual sea la
fórmula que finalmente se apruebe por mayoría, la voluntad del pueblo de
Canarias de acceder, de disfrutar y de ejercer el más alto grado de
autonomía en el marco de la Constitución Española.

Hay algunas novedades, de signo claramente positivo, que, con toda
seguridad, van a quedar recogidas en esta reforma de nuestro Estatuto. El
Senador Ríos ha subrayado un dato significativo, que es la configuración
de nuestra Comunidad Autónoma como una Comunidad archipielágica.

Seguramente no podría ser de otra manera, a pesar de que esa propuesta
haya experimentado, a lo largo de su tramitación, dificultades,
obstáculos, sencillamente porque no se puede imponer una ficción jurídica
sobre la naturaleza. A los canarios el mar nos une y el mar nos separa,
pero somos, sin lugar a dudas, un pueblo del Atlántico, un pueblo que
vive en islas y un pueblo cuya cohesión y cuya consagración experimenta
los aspectos positivos, las ventajas y las desventajas de ser un pueblo
archipielágico. Es ésa nuestra condición, no podemos renunciar a ella y
creo que es muy positivo que esa condición quede consagrada en nuestro
Estatuto de Autonomía.

Uno desde niño ha estado acostumbrado a referirse a nuestro pueblo, a
nuestras islas como un archipiélago, somos del archipiélago canario.

Es importante que en el frontispicio de nuestro Estatuto de Autonomía se
recoja, como uno de los objetivos fundamentales de la Autonomía de
Canarias, participar activamente en la cooperación con los demás pueblos.

No sólo por razones de solidaridad, también por razones de
agradecimiento, nos parece muy importante, muy significativo que, entre
los objetivos fundamentales del ejercicio de nuestro autogobierno, además
del progreso para las islas, además de la libertad para las islas, además
de la solidaridad entre las islas, se incluya el compromiso del pueblo de
Canarias de participar en la cooperación con otros pueblos del mundo que,
a lo largo de nuestra atormentada historia, nos brindaron una salida, un
refugio, una esperanza ante las dificultades que, como pueblo, hemos
tenido que arrastrar.

Es importante que en el texto, que previsiblemente va a ser aprobado, se
continúe consolidando nuestro acervo económico y fiscal, reconocido por
la Constitución, un «continuum» en toda la historia de nuestras islas y
que se ve enriquecido, se va a ver enriquecido con la incorporación al
acervo, que constituye nuestro régimen económico y fiscal, de los
principios y de las normas derivados de la condición de
ultraperifericidad como región europea.

Hubiera sido importante --y tendré ocasión de subrayarlo posteriormente--
que pudiéramos haber aprovechado la reforma de nuestro Estatuto de
Autonomía para incluir lo que es, a nuestro juicio, una ley sabia. En
nuestra civilización, en nuestra cultura ha habido siempre la aspiración
de que los pueblos sean gobernados por leyes sabias. Sería, a nuestro
juicio, una ley sabia la de introducir en el Estatuto de Autonomía la
circunscripción regional.

Esta es una de las reivindicaciones, uno de los objetivos históricamente
sostenidos por los socialistas desde los albores de la historia de
nuestra Autonomía, porque creemos que la convivencia entre las islas es
una convivencia compleja, rica, con dificultades, por el mismo hecho de
ser un pueblo archipielágico. Y nos parecía oportuno aprovechar esta
reforma del Estatuto para crear la circunscripción regional, más allá del
número de escaños que se asignaran a esa circunscripción regional, porque
no es la creación de la circunscripción regional tanto un dato
cuantitativo, que esté pensado y que esté previsto para influir, por
medio de la ley, en las correlaciones de fuerzas parlamentarias a nuestro
archipiélago, cuanto un dato cualitativo.

Crear la circunscripción regional al lado de las circunscripciones
insulares, aunque fuera sólo para proveer dos, tres, cinco, diez escaños
en el Parlamento de Canarias, sería, a nuestro juicio, una medida
legislativa sabia, porque redundaría, sin lugar a dudas, en el
fortalecimiento entre todos los canarios de la conciencia de que los
canarios somos un solo pueblo.

Esta es una de las propuestas que históricamente hemos mantenido los
socialistas canarios, que históricamente ha mantenido la izquierda de las
islas, y que vamos a tener ocasión de defender en el turno de nuestras
enmiendas.

Quiero subrayar, en nombre de los Senadores Socialistas, la importancia
de este momento parlamentario y manifestar nuestro voto positivo desde
ahora al informe de la Ponencia, porque este Estatuto, una vez sea
aprobado por las Cortes y en todos sus términos, será también --y lo
defenderemos como tal-- el Estatuto de los Socialistas y, en particular,
el Estatuto de los Socialistas canarios.

Muchas gracias, señor Presidente (Aplausos.)



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El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, Senador Pérez.

Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el Senador Galván.




El señor GALVAN DE URZAIZ: Muchas gracias, señor Presidente.

Señorías, los canarios nos entendemos bien y desde hace ya muchos años,
desde que España se dotó de su democracia, hemos hecho un esfuerzo todos
los que formábamos parte de la fuerza política en aras del entendimiento,
en aras de hacer posible la política, porque siempre hemos tenido la
conciencia de que, siendo ciudadanos de islas y estando éstas lejanas,
tenemos que hacer ese esfuerzo especial para poder acercarnos, para poder
ganarnos nuestro futuro.

Desde mi punto de vista, esta tarde --y quiero dejar expresa constancia--
ha valido la pena esperar para oír las palabras del Senador Ríos, del
Senador Pérez, todos nosotros canarios, y ver un talante, un modo de
dirigirse a esta Cámara que nos hace sentir perfectamente coincidentes en
las ideas fundamentales, porque lo que ha venido a decir el Senador
Santiago Pérez en nada nos separa, sino todo lo contrario, nos une. Por
eso, yo, personalmente, como Senador de este Grupo Parlamentario Popular,
le he aplaudido. Ello es así por cuanto que ha manifestado que va a votar
a favor del informe de la Ponencia.

Ya el otro día, en el trabajo que desarrolló la Ponencia para redactar el
informe, tuvimos un debate, de aproximadamente una hora y media, casi dos
horas, donde el concepto fundamental de la idea de los cabildos, de las
islas, que ha retenido nuestra atención, tuvo una gran aproximación. Por
eso hoy, especialmente, tengo que agradecer ese adelanto de voto
favorable al informe de la Ponencia.

Pero, señoría, en nombre del Grupo Parlamentario Popular, vengo aquí
especialmente gratificado por participar en el proceso legislativo para
dotar a un pueblo de mayor autogobierno, de mayores competencias, y en
este caso el pueblo canario, lo que para mí es altamente satisfactorio. Y
es que soy plenamente consciente, como lo es obviamente, el Grupo
Popular, de que ese esfuerzo va precisamente en favor de una región
lejana y merecedora de todos los auxilios y de todos los apoyos.

Desde esa perspectiva, está claro que me siento responsable, como se
siente el Grupo Popular, del compromiso que ya asumimos antes de las
elecciones y que también asumimos ahora en esta Cámara, el de luchar por
dotar al pueblo canario de un techo más alto en relación con las
competencias necesarias para defender nuestros propios intereses. Pero
ese compromiso a la vez fue asumido por el Presidente de nuestro
Gobierno, el señor Aznar --lo que nos produce plena satisfacción--, quien
incluso puso fecha a la culminación de este proceso tan fundamental en la
reforma del Estatuto de Autonomía de Canarias. El día 1.º de enero de
1997 Canarias tendrá un nuevo Estatuto de Autonomía.

Como decía el Senador Ríos, es de destacar que, desde su aprobación, en
1982, y a pesar de que han transcurrido catorce años, nuestro Estatuto no
ha sido objeto de modificación alguna. Destacaba también el Senador Ríos
que, no obstante, los canarios y las distintas fuerzas políticas han
hecho un esfuerzo de entendimiento en su autogobierno. Ni siquiera las
previsiones contenidas en la Lotraca han sido incorporadas. Por ello,
todo el techo competencial derivado de esa Ley, encuentra hoy su encaje
en el nuevo texto que vamos a aprobar.

No cabe duda de que en estos catorce años que han transcurrido Canarias
ha tenido que hacer un esfuerzo excepcional --eso nos diferencia del
resto de Comunidades españolas-- para poder mejorar una situación que
devino cuando España se integró en la Comunidad Económica Europea en
enero de 1985.

Tuvimos que hacer un esfuerzo excepcional y especial, ya que no solamente
nos habíamos integrado en unas condiciones distintas, diferenciales, a
través del llamado Protocolo II, sino que, además, teníamos que luchar
por mejorar nuestras condiciones económicas para conseguir vernos en el
mismo estatus que el resto de los españoles, sin que se nos considerara
--como puede ser el caso de Ceuta y Melilla-- en una situación de
diferenciación política, dado que Canarias está aún más lejos del
territorio peninsular que esas dos ciudades.

Debido a todo eso, tuvimos que concentrarnos básicamente en mejorar
nuestro Estatuto de integración en la Comunidad Europea, lo que dio lugar
a un Reglamento comunitario, el 1.911/1991, un régimen de compensación de
la lejanía llamado Poseican, y finalmente a un reconocimiento por parte
de la hoy Unión Europea respecto de Canarias como región ultraperiférica.

Por eso, este proceso de reforma estatutaria se hace necesario y
fundamental en estos momentos precisamente para acomodar todos los
mecanismos y competencias que hoy necesita Canarias como Comunidad
Autónoma que es.

En el transcurso de esta tarde hemos oído hablar del término
«nacionalidad», pero creo que en lo que a Canarias se refiere, lo
fundamental es hablar de techo competencial y de los instrumentos de que
se dota a la Autonomía para proporcionar a los ciudadanos canarios lo que
realmente reclaman. Desde esta perspectiva, creo que en el informe de la
Ponencia se incorporan los elementos necesarios para despejar el futuro
autonómico de las Islas Canarias y para conseguir que su Gobierno sea
realmente eficaz a través de los cabildos, que hasta ahora, desde esa
perspectiva del texto autonómico, no estaban iluminados. Así pues, esta
reforma que hemos desarrollado en la Ponencia constituye precisamente una
de las claves fundamentales, lo que supondrá previsiblemente un rayo de
luz en el futuro de Canarias.

Muchas gracias, señor Presidente. (Aplausos.)



El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, Senador.

No existiendo veto a este proyecto de ley, pasamos a debatir a
continuación las enmiendas parciales.

Enmiendas 1 a 46 presentadas por los Senadores Román Clemente y Nieto
Cicuéndez.

Tiene la palabra el Senador Nieto.




El señor NIETO CICUENDEZ: Señorías, voy a intentar sintetizar mi
intervención.




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No voy a defender, por tanto, mis enmiendas una por una, sino que las
agruparé en dos bloques. El primero de ellos se refiere a aspectos
competenciales.

Nuestras enmiendas intentan proporcionar más competencias de las que se
reflejan en el Estatuto Canario puesto que nosotros consideramos que
deben igualarse los techos competenciales en todas las Comunidades
Autónomas. En este sentido van, pues, la mayoría de nuestras enmiendas.

Quisiera decir que a la hora de votar el informe de la Ponencia yo
desearía que se hiciera una votación diferenciada.

En el segundo bloque se contienen enmiendas referidas al hecho
diferencial de las Islas en función de sus territorios mayores o menores.

Creemos que no se justifica una Ley Electoral en la que priman los
territorios sobre los ciudadanos, ya que eso está en contradicción con el
derecho democrático y, en definitiva, con el derecho que todos tenemos a
ser iguales.

Es decir, el voto de cada ciudadano, independientemente de dónde viva, no
tiene por qué sufrir una desproporción tan abismal a la hora de
configurar las instituciones como la que se establece en el proyecto de
reforma del Estatuto de Canarias. Por ejemplo, el voto de un ciudadano de
Santa Cruz de Tenerife o de Las Palmas tiene el valor de uno mientras que
el de un ciudadano que habite en una isla menor tiene un valor de
diecisiete o de dieciocho.

Permítanme que diga sin acritud que eso tiene muy poco que ver con el
concepto que se refleja en nuestra Constitución de la democracia. Yo
diría aún más, creo que ahí hay un tanto de cacicada electoral moderna a
la hora de configurar el sistema electoral en Canarias.

Por tanto, vamos a mantener todas estas enmiendas. Nuestro voto estará en
contra del informe de la Ponencia.

Aunque no es lo que más nos gustaría, apoyaremos la enmienda del Grupo
Socialista que intenta corregir algo que nosotros consideramos una
brutalidad, algo que incluso puede rozar la inconstitucionalidad de
llevarse a efecto tal y como está planteado. Y es que se establece un
mecanismo aún más perverso que paso a explicarles.

En las islas menores, el primer partido, que puede tener, por ejemplo, el
42 por ciento de los votos, tiene un Diputado aunque no tenga nada en el
resto de las islas, mientras que el segundo partido, si no tiene al mismo
tiempo el 6 por ciento de los votos --éste es el porcentaje más elevado
de todos los Estatutos de Autonomías, en algunas Comunidades ese
porcentaje es del 3 por ciento--, no obtiene escaño.

Es decir, que por la vía de jurisdicción de las islas, por la asignación
de escaños que se da a cada isla, se establece un sistema electoral
totalmente arbitrario y antidemocrático --permítaseme la expresión--,
puesto que no se da el mismo valor a cada voto ni tan siquiera se la da
un valor aproximado.

Repito que con ese sistema se hace un mal servicio a la democracia. El
sentido --lo ha reflejado el portavoz del Grupo Parlamentario Socialista,
que me ha precedido en el uso de la palabra-- del archipiélago y su
diversidad debería de corresponderse también con la representación en su
Parlamento o, por lo menos, acercarse, pero no con esa desproporción que
se establece aquí.

Con ese sistema de penalización a los partidos menores, que solamente
operan en las islas, a lo mejor se quiere combatir un tipo de cacicato,
pero se crean otros caciques mayores. Con todos los respetos, votaremos
en contra a todo lo referente al sistema electoral canario.




El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, Senador.

¿Turno en contra? (Pausa.)
Tiene la palabra el Senador Galván de Urzaiz.




El señor GALVAN DE URZAIZ: Muchas gracias, señor Presidente.

En relación con las enmiendas presentadas por el Grupo de Izquierda
Unida-Iniciativa per Catalunya, quiero decir que son básicamente las
mismas 46 enmiendas que en su día fueron tramitadas ante el Congreso de
los Diputados. Cabe señalar que entran en un gran número de artículos del
texto de la reforma, que fue expresamente consensuado por el Parlamento
de Canarias, como texto único remitido al Congreso de los Diputados,
razón ésta por la que no tuvieron favorable acogida allí, motivo éste
igualmente válido para su no aceptación en este trámite del Senado.

Con respecto al sistema electoral al que se refería el Senador, quiero
señalarle que en Canarias --ya sabemos que son siete islas-- ha venido
funcionando hasta la fecha un sistema, el de las tres paridades, que, en
definitiva, y a partir de 1982, ha permitido un desarrollo claro de las
llamadas islas menores. Evidentemente podríamos hacer responsable a ese
sistema electoral y a esa participación que tienen las islas menores en
el desarrollo claro de esas islas mal llamadas menores.

Por tanto, el sistema ha funcionado, ha pervivido hasta la fecha y no
podemos decir que sea malo. ¿Que es corregible? Como todo en la vida.

Muchas gracias, señor Presidente.




El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, Senador Galván.

En turno de portavoces, tiene la palabra el Senador Ríos.




El señor RIOS PEREZ: Desde mi esfera de portavoz del Grupo Parlamentario
Mixto, en el que está incluido el Senador Nieto, aunque en este momento
está excluido voluntariamente, tengo que decirle que en sus enmiendas hay
cuatro cuestiones que ya nos gustaría a nosotros haber podido consensuar
con los grupos mayoritarios y aprobarlas. Pero las realidades son las
realidades y no lo que uno desearía.

Por ejemplo, la posibilidad de la soberanía de las aguas archipielágicas
es un deseo que ya lo ha expuesto aquí algún Senador. Desde luego
nosotros lo hemos intentado, pero no ha habido posibilidad porque
realmente en estos momentos va en contra del Derecho Internacional, por
lo menos en esta situación.

En cuanto al tema de la disolución del Parlamento, que tuviera libertad
no sólo para estos cuatro años, sino para otros próximos cuatro años, me
hubiera gustado conseguirlo, pero no fue posible.




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El tener un referéndum y que nuestro pueblo defina claramente si quiere o
no este Estatuto, es una de las condiciones que siempre hemos intentado
defender.

Por tanto --lo cortés no quita lo valiente--, a nosotros nos gustaría
votarle, señor Nieto, estas enmiendas, pero como hemos concertado con
otro grupo político la imposibilidad de hacerlo, me encuentro en la
obligación de no apoyarle.

Muchas gracias, señor Presidente.




El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, Senador Ríos.

El Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió
renuncia a intervenir.

Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el Senador Pérez.




El señor PEREZ GARCIA: Señor Presidente, simplemente quiero valorar
positivamente el esfuerzo que han hecho los representantes parlamentarios
del Grupo de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, tanto en el
Congreso de los Diputados como en el Senado, para formular un conjunto de
propuestas.

Yo creo que el avance de la autonomía canaria, como el desarrollo y la
maduración del autogobierno de las demás regiones y nacionalidades, de
los demás pueblos de España --para emplear una expresión no
controvertida--, va a ser el fruto de las aportaciones de todos. Cada uno
de los agentes políticos colectivos, como en el caso de los partidos, o
individuales, como en el caso de los responsables políticos, va
formulando propuestas en atención --entre otras circunstancias-- a su
propio grado de responsabilidad en el ejercicio cotidiano del poder, de
su participación o no en mayorías gubernamentales, de sus expectativas o
no de convertirse en mayoría, pero todas las aportaciones van
configurando al final una serie de objetivos, de perspectivas, que sin
lugar a dudas contribuyen a ir madurando el ejercicio del autogobierno de
los diferentes pueblos de España.

Yo creo que en el momento en que se voten individualmente algunas de las
enmiendas presentadas por el Grupo de Izquierda Unida-Iniciativa per
Catalunya, después del debate en el Pleno de la Cámara, contarán con
nuestro voto favorable. Hay otras que seguramente no contarán con él,
pero que no dejamos de considerarlas positivamente, como, por ejemplo, la
enmienda número 6, que trata de plasmar la relevancia estatutaria,
consagrándolas como instituciones de la Comunidad Autónoma, a realidades
como el Diputado del Común, el Consejo Consultivo o la Audiencia de
Cuentas.

También la enmienda número 8 que, aunque tiene criterios frente a los que
tenemos posición diferenciada, apuesta --como ha sido un distintivo
tradicional de la izquierda canaria-- por la creación de la
circunscripción regional.

Por ejemplo, la enmienda número 31 que, pretendiendo asegurar la
independencia del Consejo Consultivo como órgano de asesoramiento máximo
de la Comunidad Autónoma, propone que sus miembros sean nombrados por el
Presidente, previa designación del Parlamento, con mayoría de tres
quintos de los Diputados.

Señor Presidente, termino la intervención, como portavoz del Grupo
Parlamentario Socialista, como la empecé: valorando positivamente las
propuestas formuladas por el Senador representante del Grupo de Izquierda
Unida-Iniciativa per Catalunya, el señor Nieto Cicuéndez.

Muchas gracias.




El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, Senador Pérez.

Por el Grupo Parlamentario Popular no se hace uso de la palabra.

Pasamos a la defensa de la enmienda número 47, presentada por el señor
Padrón Rodríguez.




El señor NIETO CICUENDEZ: La damos por defendida en sus justos términos.




El señor PRESIDENTE: La asume el Senador Nieto y la da por defendida en
sus justos términos, a efectos de mantener el voto particular en su caso.

Pasamos a la discusión de las enmiendas números 62 y 63, presentadas por
el Senador Ríos Pérez.




El señor RIOS PEREZ: Señor Presidente, señorías, antes tuve una
intervención muy corta porque quería extenderme un poco en estas dos
enmiendas que presento de forma aislada ante esta Cámara.

Desde un primer momento, cuando Canarias empezó su autogobierno, se dio
cuenta con claridad de que en política exterior era donde teníamos
nuestro gran fallo. La política exterior mirada desde Madrid es
totalmente distinta a la que puede verse desde el archipiélago, 1.500
kilómetros más allá de la realidad objetiva de la Península Ibérica.

Por eso, empezamos a ver y a estudiar qué posibilidades teníamos de
cooperar con la política exterior del Estado. Pero, sobre todo, fue de
una gravedad imperiosa cuando, en 1985, España negocia la entrada en la
Comunidad Europea, hoy Unión Europea, con lo cual en un primer momento,
Canarias se vincula a través de una forma específica, el llamado
Protocolo II, que no era una adhesión plena, sino una adhesión peculiar,
específica. Posteriormente, se modificó hacia una total adhesión. Fue, me
van a perdonar las palabras, un parto duro y difícil entrar en las mismas
condiciones que el resto del Estado. Todo ello se hizo por la necesidad
de proteger nuestros sectores primarios, fundamentalmente los agrícolas,
y después se concretó en unos reglamentos específicos de desarrollo,
denominados Poseican, que junto a Madeira, Azores y los territorios
franceses, han permitido posteriormente que se confirmasen como regiones
ultraperiféricas e introducirse en el Tratado de Maastricht.

Globalmente, esto ha sido posible con la ayuda, a veces, escasa, y otras,
incumplida, de nuestro actual artículo 37 del Estatuto, vigente desde
1982, que ordena al Gobierno del Estado que la Comunidad Canaria será
informada en la elaboración de los tratados y convenios internacionales y
en las negociaciones de los mismos en las materias de su



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específico interés para, posteriormente, emitir y remitir, ésta a aquél,
su parecer. En este proceso de reforma ya se ha añadido en el Congreso
que todo ello debe ocurrir desde el mismo inicio del propio proceso
negociador. La enmienda que ahora defiendo, señorías, es que la Comunidad
participará, usando el mismo tiempo de verbo que el «será informado
anterior», en el seno de las delegaciones españolas ante los órganos
comunitarios europeos, especificando, que sólo cuando se trate de temas
de exclusivo interés para Canarias y, además, de conformidad con lo que
establezca la legislación del Estado en la materia. Es decir, se ponen
todos los controles para que el legislador estatal y el mismo Gobierno
decida, según su criterio, lo que es o no específico para Canarias. Dada
la situación actual con los términos «podrá participar», en vez de
«participará», significa un claro retroceso respecto al «será informada»
del Estatuto anterior. Mal podrá ser informada y menos emitir su parecer,
si no participa.

Como verán sus señorías, la diferencia es algo más que semántica, pero
con plenas garantías de control estatal. Por ejemplo, en la fría
notificación de las arduas y continuas negociaciones con la OCM del
plátano, donde Canarias, como se sabe, es permanentemente agredida por
una gran potencia europea que protege al banano caribeño, ¿cómo se podrá
emitir informe rápido y contundente sin participar? Creo que es una grave
incongruencia, basada en una errónea visión de brujas y temores poco
confesables, como es el invocar transgresiones a la Constitución en el
artículo 149.1.3.ª por la exclusividad del Estado en las relaciones
internacionales. Señorías, participar no es transgredir, ni tampoco es
perder soberanía, o esas posibles sospechas de emulaciones por otras
Comunidades Autónomas que no tienen acervo comunitario propio y, por lo
tanto, no existe urgencia en la materia.

Respecto a la enmienda número 62, en el texto enviado y aprobado por el
Congreso, figura además en el artículo 43.2.2 el concepto de «status»
permanente como región ultraperiférica de la Unión Europea que exige para
su consecución y seguimiento una participación efectiva, apoyada además
en la sentencia del Tribunal Constitucional sobre la legitimidad de la
existencia de oficinas de las Comunidades Autónomas en Bruselas. Si la
Unión Europea nos reconoce como una Comunidad especial y diferenciada,
que debe tener un tratamiento específico dentro de la misma, el Estado
español debe considerarlo también así, como no puede ser menos; cualquier
otra actitud sería impensable. Además de ello, nos jugamos parte de
nuestra supervivencia actual y de forma global también parte de nuestro
futuro próximo. Señorías, hemos apostado muy fuerte con nuestra adhesión
europea; sus señorías la tienen en sus manos con sus votos.

Resumiendo, la enmienda número 62 sólo pretende sustituir la expresión
«podrá participar» por «participará», que además se convertiría para la
Comunidad Canaria en una obligatoriedad, en un mandato.

Paso a defender, señorías, la enmienda número 63, que es una vieja
aspiración de Canarias. Si en la defensa de la enmienda anterior me
refería a que el Archipiélago estaba a 1.500 kilómetros de la Península
Ibérica y del Continente Europeo y se necesitaba participar en los
avatares de la Unión Europea en los asuntos específicos de Canarias y a
través de la legislación del Estado, en esta enmienda número 63,
siguiendo con cierto sentido didáctico, tengo que indicar que la
geografía vuelve a imponer su impronta, pues estamos en el paralelo 28 de
la latitud Norte y en la longitud 18 19 meridiano Este, es decir, una
hora menos desde el meridiano cero y a 100 kilómetros escasos del
Continente Africano.

Señorías, a través de una nueva disposición adicional tercera, que ya ha
sido aprobada en el Congreso, se indica que una ley orgánica de las
previstas en el artículo 150.2 de la Constitución Española podrá atribuir
a Canarias facultades de específica aplicación en el archipiélago,
derivadas de su régimen económico y fiscal. Pues bien, esta enmienda
número 63 pretende añadir un punto dos a esta disposición adicional para
que otra ley, siguiendo el mismo derrotero de las previstas en la
Constitución Española en el artículo 150.2, pueda delegar a la Comunidad
Autónoma Canaria, básicamente, funciones administrativas en materia de
comercio exterior. Señorías, es el complemento natural a lo ya aprobado.

La peculiaridad económica y la proximidad a los Estados continentales
africanos e islas adyacentes aconsejan la imperiosa necesidad de una
mayor flexibilidad en los acuerdos comerciales, tanto en el desarrollo
del Poseican industrial, medidas protectoras que la Unión Europea
proyecta para nuestro sector secundario, escalón muy endeble en nuestra
economía, como también con el intercambio comercial en los países
próximos. Las dificultades que se presentan ahora con Mauritania,
Camerún, Mali, Isla de Cabo Verde, etcétera, son tan importantes como
casi irresolubles y prácticamente invalidan todo intento de gestión a
través de las estructuras ministeriales centrales. Nuestra vocación
siempre ha sido de plataforma de paz, aunque ahora, con la nueva
estructura de la OTAN, nos quieran hacer algo beligerantes, y nuestra
ilusión es que el Archipiélago se pueda convertir en el vehículo y en la
senda de la ayuda al desarrollo que la Unión Europea debe hacer llegar a
la costa oeste del Continente africano.

Leo entonces la enmienda número 63: Por Ley orgánica de las previstas en
el artículo 150.2 de la Constitución Española, se podrá delegar a la
Comunidad Autónoma Canaria funciones administrativas en materia de
comercio exterior. Ni se vulnera nada estatal, ni se pide a gritos, ni se
exige, se recuerda un grave problema actual y se abre una puerta a la
voluntad política de la esperanza. Así la geografía haría historia, como
siempre hasta la fecha ha ocurrido, en el Archipiélago Canario.

Muchas gracias, señor Presidente.




El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, Senador Ríos.

¿Turno en contra? (Pausa.) Tiene la palabra el Senador Galván.




El señor GALVAN DE URZAIZ: Muchas gracias, señor Presidente.

El Senador Ríos acaba de mantener y ha defendido sus dos enmiendas, las
números 62 y 63 y ha hecho un breve



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relato histórico para justificar el contenido de ambas enmiendas. Sin
embargo, lo que nos separa al Senador Ríos y a este Senador, que en este
momento está en el uso de la palabra, es que el Senador Ríos creo
recordar que en los años 1990-1991 estaba en el ámbito de la Comunidad
Autónoma de Canarias y yo estaba, no en el ámbito de la política, pero sí
defendiendo intereses concretos de la Comunidad Autónoma Canaria.

En aquellos años habíamos pasado por una integración a las Comunidades
Europeas muy limitada y habíamos tenido que provocar un pronunciamiento
del Parlamento de Canarias en favor de una mayor integración que
favorecía resolver problemas económicos y también problemas políticos,
porque esa mayor integración en las Comunidades Europeas, la Unión
Europea hoy, permitía vincularnos políticamente con lo que es el
Continente y la civilización más avanzada y desde esa perspectiva muchos
trabajamos.

En aquel entonces no solamente tuvimos que andar de la mano, codo con
codo, con la representación permanente de España en las Comunidades
Europeas, sino que los que no estábamos en política tuvimos que andar de
la mano, conjuntamente, analizando textos, proyectos, trayéndolos a
Canarias para debatirlos y en todo momento tuvimos las puertas abiertas
de una correcta colaboración en aras de los intereses generales, en este
caso de los intereses generales de Canarias.

Eran precisamente los representantes de la Administración Central en la
representación permanente de la Unión Europea, en el Ministerio de
Asuntos Exteriores, en el Ministerio de Agricultura los que nos ayudaron,
de verdad, a conseguir una modificación puntual, ajustada, correcta a
nuestro modelo de integración, con el Reglamento 1.911 que por primera
vez desarrollaba derogaciones y modulaciones al derecho comunitario. Y no
solamente eso, sino que conseguimos, además, un programa de desarrollo
para Canarias que favoreciera los inconvenientes de su lejanía, por los
condicionantes permanentes derivados de nuestra orografía, etcétera.

Conseguimos modificar el estatuto de integración en la Comunidad Europea
e, insisto, de la mano de los representantes de España en las Comunidades
Europeas y lo hicimos, creo, francamente bien.

No solamente conseguimos aquello, sino que después, en el año 1992,
iniciamos toda una andadura para conseguir lo impensable en aquellos
tiempos: una OCM que protegiera a los cultivos exóticos de bananas o
plátanos en la Comunidad Europea y solamente éramos dos pequeñas
comunidades archipiélagicas y alejadas, era el caso de Madeira y de
Canarias.

Pues bien, nuevamente conseguimos lo impensable: que se montara en 1992,
cuando ya se había iniciado el proceso de desmantelamiento de la política
agrícola común, nada menos que una OCM con tres mecanismos magníficos,
que hoy por hoy garantizan precios remuneradores a los agricultores
canarios, igual que a los de Madeira o Guadalupe y Martinica, todo ello
en una negociación participando activamente, estudiando proyectos,
alternativas, buscando las mejores soluciones, que en aquel momento eran
difíciles, para dar una perspectiva de futuro, nada menos que diez años
--los que conocen derecho comunitario saben que estoy hablando de algo
importante-- revisables, es decir, a partir del 2002 volveremos a revisar
las condiciones de la OCM del plátano. Y todo eso lo hicimos con la
representación de la Administración española de la mano. (El señor
Vicepresidente, García Miralles, ocupa la Presidencia.)
Por eso, Senador Ríos, estamos hablando en términos moderados que es como
se hace el auténtico debate, pero no podemos decir que nos hayamos
sentido en este concreto apartado no auxiliados puntualmente, que se nos
haya impedido participar en las negociaciones y yo sí que afirmo que
participamos bien, y lo hago en nombre del Partido Popular, que hicimos
un trabajo de equipo loable y que está produciendo beneficios en todos
los órdenes para los intereses generales de Canarias.

Por lo tanto, creo que en este momento y en esta oportunidad para
reformar el Estatuto no cabe duda de que el esfuerzo que se ha hecho,
partiendo de la base de que las competencias en asuntos exteriores y en
comercio exterior corresponden al Estado, principio constitucional, el
que se haya partido de la base de introducir un precepto en el Estatuto
de Autonomía que faculte al Gobierno de Canarias para poder participar en
esas negociaciones formalmente cuando ya de hecho con anterioridad se
estaba permitiendo, es un plus, un avance notable.

Por eso, entendemos, desde la posición de mi Grupo, que no se puede
forzar más allá la realidad de las cosas, aunque quizás se pueda pensar
que es lo correcto. Pero en este caso no podemos apoyar las dos enmiendas
del Senador Ríos.

Muchas gracias, señor Presidente.




El señor VICEPRESIDENTE (García Miralles): Tiene la palabra el Senador
Ríos.




El señor RIOS PEREZ: Quiero agradecer la intervención del Senador Galván.

Ha hecho un gran esfuerzo para convencer a la Cámara, pero dudo que lo
haya hecho. De todas formas, enhorabuena por su disertación.




El señor VICEPRESIDENTE (García Miralles): Tiene la palabra el señor
Pérez.




El señor PEREZ GARCIA: Muchas gracias, señor Presidente.

Las enmiendas que ha defendido don Victoriano Ríos conciernen a dos
asuntos importantes para el archipiélago: el primero es el de la
aspiración del archipiélago canario a estar presente, a través de sus
representantes, en aquellas delegaciones españolas ante las autoridades
comunitarias que estén participando en negociaciones que afecten a
materias de interés exclusivo para nuestro archipiélago.

El texto vigente del Estatuto de Autonomía introduce dos mecanismos, con
la clara voluntad de que en las negociaciones entre España y las
instituciones comunitarias se preserve y se tenga cuenta el acervo y las
peculiaridades de nuestro archipiélago. Son, efectivamente, más que nada
el mandato del legislador, formalmente poco articulado, hay que decirlo,
del artículo 37.1 del Estatuto de Autonomía y



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el mandato del legislador estatuyente contenido en el artículo 45.2 de
nuestro Estatuto. Si los mecanismos legales de garantía se fueran a
evaluar por los efectos producidos, tendríamos que llegar a la conclusión
de que estos mandatos del legislador, bastante poco articulados
técnicamente, han sido sumamente eficaces.

El senador Galván ha expuesto algunos de los hitos de lo que han sido las
decisiones comunitarias concernientes a nuestro archipiélago. La
aprobación del Reglamento 1.911; la atribución a nuestro archipiélago de
la condición de región Objetivo número 1; la creación de la organización
común de mercado para el plátano y otras decisiones relevantes de las
instancias comunitarias en los últimos años le han ido proporcionando a
nuestro archipiélago un «status» comunitario cada vez más ajustado a
nuestras necesidades. Para eso ha sido importante la presencia, el
esfuerzo y la presión permanente de los agentes socioeconómicos y
políticos de nuestro archipiélago, en el entorno de las negociaciones
sostenidas entre la representación española ante las instancias
comunitarias y las propias autoridades comunitarias.

El Senador Galván no lo ha dicho, pero creo que hay que subrayarlo,
porque en muchas ocasiones ha sido subrayado, sobre todo por los
representantes de los sectores económicos y sociales del archipiélago, es
la tenacidad con la que el Gobierno de España a lo largo de estos años ha
batallado y sostenido la defensa de las peculiaridades canarias, ante
foros tan importantes como la Ronda Uruguay, del Acuerdo general sobre
Aranceles y Comercio y ha sostenido el pulso frente a vectores políticos
tan importantes como la presión norteamericana en apoyo de los intereses
de los países productores del banano.

Insisto, si los mecanismos tan genéricamente esbozados por el legislador
estatuyente se fueran a medir por su eficacia, éstos han sido unos
mecanismos eficaces. Yo estoy de acuerdo con don Victoriano Ríos en el
fondo de sus enmiendas. Sus enmiendas simplemente traslucen una
aspiración de la Comunidad canaria en estas materias a las que él se ha
referido. Nuestro voto con respecto a las mismas lo explicitaremos en el
debate del Pleno, porque será en ese momento cuando habrá que votar
enmiendas específicas.

Para terminar, y en lo que hace referencia a su propuesta de que a través
del mecanismo del artículo 150.2 de la Constitución Española se puedan
delegar a nuestro archipiélago competencias y funciones administrativas
en materia de comercio exterior, quiero subrayar que Canarias, por su
situación geográfica y por sus intereses económicos está obligada a
establecer líneas de actividad comercial, de relaciones comerciales con
muchos países, sobre todo el Continente africano, y para el
establecimiento y desarrollo de esas líneas de relaciones comerciales se
está convirtiendo en un obstáculo casi insuperable el recurso permanente
a trámites burocráticos en los que está presente la burocracia estatal, y
empleo la palabra burocracia en el más aséptico sentido del término y no
con connotaciones de valoración negativa.

En cualquier caso, lo que don Victoriano nos plantea es,
fundamentalmente, una aspiración política, porque si fuera aprobada su
enmienda, no aparecería ninguna novedad, ningún «novum», ninguna
ampliación de las competencias de nuestra Comunidad Autónoma, porque a
través del mecanismo del artículo 150.2 de la Constitución, lo diga o no
lo diga el Estatuto de Autonomía, el legislador estatal puede delegar a
Canarias funciones administrativas en materia de comercio exterior, como
las que, con toda razón, en el fondo de su argumentación, está planteando
don Victoriano Ríos.

Nada más y muchas gracias.




El señor VICEPRESIDENTE (García Miralles): Para la defensa de las
enmiendas números 64, 74 y 76 a 79, tiene la palabra, en representación
del Grupo Parlamentario Socialista, el Senador Santiago Pérez.




El señor PEREZ GARCIA: Señor Presidente, voy a defender las enmiendas del
Grupo Parlamentario Socialista intentando mantener dos actitudes: la
primera, la de convicción sin vehemencia y, la segunda, la de síntesis en
la mayor medida que sea posible. Y para mantener esas actitudes, tengo
que expresar que nuestras enmiendas pretenden, en lo fundamental, tres
grandes objetivos. El primero de los objetivos, que ya tuve ocasión de
adelantar en el turno de portavoces general, es el de la creación de una
circunscripción regional. A nosotros nos parece que, desde la aprobación
del Estatuto de Autonomía, la preservación de los llamados en Canarias
«los tres equilibrios», es decir, el equilibrio entre las dos islas
mayores, el equilibrio entre las islas mayores, geográfica y
poblacionalmente hablando, y las islas menores, hablando también en estas
mismas dimensiones, y el equilibrio entre lo que fueron, y aún, en cierto
modo, continúan siendo, las dos provincias canarias, siendo ya casi como
un vestigio del pasado, ha tenido importantes consecuencias positivas.

Sobre todo, consecuencias desde el punto de vista de la potenciación de
los instrumentos políticos de las islas tradicionalmente menos
desarrolladas para hacer valer en el foro del Parlamento de Canarias, en
el foro de la política canaria, sus aspiraciones. Desde luego, valorar
esos tres equilibrios, después de esta andadura de nuestra experiencia
autonómica, en términos negativos, sería poco sensato y, seguramente,
poco acorde con la realidad de las cosas.

Sin embargo, nos parece importante la creación de una circunscripción
regional. Nosotros pretendemos que esa circunscripción se cree, y por eso
hemos reproducido en el Senado las dos enmiendas que formularon los
representantes socialistas en el Congreso de los Diputados, pero además
hemos presentado una nueva enmienda. La nueva enmienda pretende conseguir
un objetivo terminológicamente muy difícil de expresar: sería la
«desestatutización» de la creación de la circunscripción regional. En
palabras llanas, se trataría de que el legislador estatuyente, el
legislador que ahora acomete la reforma del Estatuto de Autonomía,
habilitara al Parlamento de Canarias para crear una circunscripción
regional al lado de las circunscripciones insulares, que, sin que, por el
número de escaños, pudiera a priori preverse que va a incidir
notablemente en la correlación de fuerzas parlamentarias en nuestro
archipiélago,



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sí sea portadora la creación de esa circunscripción de una «virtus», de
un elemento dinámico, y es el siguiente: obligar a las formaciones
políticas de Canarias, ante los procesos electorales en nuestro
archipiélago, a tener que presentar candidatos claros a la Presidencia
del Gobierno y, sobre todo, programas claros para el Gobierno de nuestra
región.

Con las leyes no se pueden cambiar radicalmente los hábitos, que tienen
raíces ancladas en la realidad socioeconómica, pero sí se puede ir
contribuyendo a modificar esos hábitos en un sentido que se considere
positivo. Nosotros consideramos desde siempre positivo el objetivo de
intensificar la cohesión entre los canarios, reforzar la conciencia de
los canarios en el sentido de que formamos un solo pueblo. Y este
objetivo puede contribuir a ir haciendo realidad, modestamente, como toda
modificación legislativa, la propuesta que nosotros traemos, que volvemos
a defender, de crear una circunscripción regional.

Nuestras propuestas tienen también que ver con el régimen jurídico de los
cabildos insulares, y voy a tratar de ser lo más breve que pueda en la
defensa de éste que es uno de los grandes objetivos de nuestras
enmiendas.

Cuando se aprobó el Estatuto de Autonomía en el año 1982, aún no estaba
configurado el ordenamiento jurídico de las corporaciones locales, que,
por disposición constitucional, incumbe diseñar en lo fundamental, en lo
básico, al legislador estatal, que luego tiene que poner a disposición de
los legisladores territoriales un amplio espacio de configuración
normativa.

El Estatuto fundamental de las corporaciones locales fue aprobado por la
Ley 7/1985, Reguladora de las Bases del Régimen Local, y nosotros creemos
que a partir de la aprobación de esa Ley hay que hacer un esfuerzo
clarificador del estatuto jurídico de los cabildos. Los cabildos son,
además de entidades locales, instituciones de la Comunidad Autónoma, es
bueno que lo sean, pero, a nuestro juicio, la condición de instituciones
de la Comunidad Autónoma no puede tener una fuerza expansiva tal, que
acabe, si se me permite el término, contaminando y, en cierto modo,
debilitando el «status» de los cabildos como entidades locales, que es un
«status» de autonomía en el marco de la Ley.

Nos parece que los cabildos, en tanto que corporaciones locales, tienen
una importante esfera de autoorganización, representan a unas realidades
socioeconómicas, las islas, perfectamente identificables, perfectamente
definidas en lo que es el panorama de la realidad canaria, y nos parece
que el dispositivo competencial de los cabildos es conveniente
clarificarlo. Los cabildos deben tener competencias propias o
competencias delegadas; no debe haber una especie de «tertium genus», de
tercera vía, que sería la vía de las competencias transferidas, que los
cabildos, a pesar de considerarse en el propio texto estatutario y en la
Ley de las Administraciones Públicas canarias, aprobada en el año 1990
por el Parlamento de Canarias, a pesar de que las configuran como
competencias propias de los cabildos, luego, en el ejercicio de las
mismas, se ven sometidos a una cierta tutela por parte de las autoridades
regionales, de las instancias regionales, que, a nuestro juicio, se
integra poco armónicamente en el «status» básico de los cabildos como
entidades locales. Por eso, nos parece que sería este el momento de
realizar esta clarificación.

No queremos dramatizar los términos de nuestra propuesta, porque es una
propuesta de un tema sobre el cual hemos meditado muy intensamente; hemos
meditado política y técnicamente, porque, al fin y al cabo, las
consecuencias de las modificaciones que ahora se van a proponer por parte
de la mayoría, que conforman en esta Cámara los votos del Partido Popular
y de Coalición Canaria, es decir, las enmiendas, tímidamente, a nuestro
juicio en medida no suficiente, apuntan en la dirección que nosotros,
intentando mayores dosis de claridad, propugnamos.

No va a haber consecuencias políticas de dimensión, se apueste por
nuestras enmiendas o se apueste por el texto que han defendido los
Senadores de Coalición Canaria y del Partido Popular, porque hasta la
fecha los cabildos han venido padeciendo esta poca clarificación de su
estatuto jurídico y, por el contrario, han venido desempeñando, en líneas
generales, satisfactoriamente los objetivos y defendiendo los intereses
que están llamados a defender. Pero es éste uno de los objetivos de
nuestras enmiendas, al que añadimos la necesidad de que exista un
pronunciamiento estatutario claro de su eficiencia financiera no sólo con
respecto a los cabildos, sino también con respecto a los ayuntamientos,
entidades locales a las que el Estatuto, en la nueva redacción, va a
permitir --ya lo posibilitabala Ley de Proceso Autonómico-- ser
receptores de funciones delegadas desde las autoridades autonómicas. Por
tanto, a cabildos y ayuntamientos nos parece aconsejable asegurarles, por
mandato del legislador estatuyente, la suficiencia financiera con
respecto a todas aquellas nuevas responsabilidades que, por decisión de
las autoridades autonómicas, vayan a desempeñar en el futuro, sean estas
nuevas responsabilidades a título propio, incorporándolas a su esfera
competencial, sean responsabilidades a título de funciones delegadas o
sean, simplemente, esos cometidos de colaboración en el desarrollo y la
ejecución de los acuerdos del Gobierno de Canarias, que a los mismos
cabildos se les encomienda, según el tenor del Estatuto vigente y del
Estatuto resultante de esta reforma.

Finalmente, entre nuestras enmiendas había una serie de objetivos
concretos que tienen mucho que ver con el intento de ir consolidando un
espacio de autogobierno que responda cada vez más satisfactoriamente a la
medida de nuestras necesidades específicas.

Una de ellas, la enmienda número 71, está pensada para clarificar que el
Parlamento de Canarias tiene competencias para adaptar el régimen
jurídico del dominio público, como las tiene, y las va a continuar
teniendo, para adaptar el régimen jurídico de las concesiones
administrativas, que es la herramienta jurídica fundamental para el
manejo y la gestión de aquellos bienes que han sido declarados como
pertenecientes al dominio público.

Nosotros esperamos, expresamente con respecto a esta enmienda, que cuente
en el momento de la votación en el Pleno de la Cámara con el apoyo de
todos los grupos. Nos parecía importante declarar en el texto del
Estatuto que los miembros del Consejo consultivo de Canarias, un órgano
de relevancia estatutaria que debe desempeñar sus funciones



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en el marco de la mayor independencia, sean desginadas por el Parlamento
de Canarias.

Nos parece también importante --y en esto hemos coincidido con los demás
grupos, y se ha aceptado transaccionalmente a partir de nuestra enmienda
una nueva redacción del Estatuto de autonomía-- la integración en el
acervo que expresa nuestro régimen económico y fiscal la condición, los
principios y las normas derivadas de nuestra declaración como región
ultraperiférica, como comunidad ultraperiférica, en el ámbito de la Unión
Europea.

Finalmente, nos parecía también importante, subrayar que la Audiencia de
Cuentas de Canarias, que es un organismo de fiscalización y de control
financiero, tenga y pueda desempeñar sus funciones en régimen de
autonomía.

En el texto del Estatuto que se propone le va a corresponder al
legislador canario configurar la organización del funcionamiento y las
atribuciones, en definitiva, de la Audiencia de Cuentas, pero nos parecía
importante que, por mandato del legislador estatuyente, se estableciera
un solo parámetro cuyo respeto debiera mantener el legislador canario a
la hora de configurar el régimen jurídico, la competencia de organización
de la Audiencia de Cuentas, y es que la Audiencia de Cuentas debe
disfrutar de un margen de autonomía para poder desempeñar cabalmente la
misión de control financiero que le está encomendada.

Voy a terminar, señor Presidente, con su permiso, haciendo una defensa de
la enmienda que hemos presentado los senadores socialistas al que va a
ser el artículo 1.º del Estatuto de Autonomía.

El próximo, con toda seguridad, artículo 1.º del Estatuto de Autonomía,
se expresará en los siguientes términos: primero hará una mención expresa
a la identidad singular de Canarias y luego hará una proclamación de la
voluntad de Canarias de acceder al máximo grado del autogobierno que la
Constitución reconoce a toda nacionalidad.

Nosotros hemos presentado una enmienda a este artículo, que quiero en
este momento defender. Nos parece que del futuro texto del artículo 1.º
del Estatuto de Autonomía hay dos elementos que concitan el acuerdo de
todos los grupos políticos que actúan y que representan a nuestro
archipiélago. El primero, el de definir a Canarias como una identidad
singular, una identidad abierta, una identidad que aspira a disponer de
una esfera de autogobierno que le permita al pueblo canario tomar las
riendas de todos aquellos asuntos que le conciernen específicamente. Por
eso, muchas de nuestras enmiendas han ido encaminadas a ir adaptando
nuestra esfera de autogobierno para que responda a unas demandas
específicas de la sociedad canaria.

El otro elemento, el otro común denominador, es el deseo de los canarios
de disfrutar del máximo grado de autogobierno en los términos previstos
en la Constitución española. Esto ha sido definido por el Parlamento de
Canarias relacionando la condición de nuestra Comunidad Autónoma con la
definición de nacionalidad. Como ustedes comprenderán, nosotros, desde el
Grupo Parlamentario Socialista, no vamos a hacer una crítica directa a la
proclamación que contendrá el artículo 1.º del Estatuto de Autonomía,
porque creemos que no es una declaración que genere en nuestro
archipiélago divergencias políticas de fondo, sino que concita un
importante apoyo.

No cabe la menor duda de que en la definición que se hace de Canarias se
incluye un elemento ideológico: el considerar a Canarias una
nacionalidad, que es un elemento dogmática y políticamente discutible,
pero no vamos a hacer nosotros una crítica a esta proclamación; nos vamos
a limitar a hacer una defensa de nuestra concepción de Canarias con
nuestro propio lenguaje. Y nuestro propio lenguaje dice que Canarias es
una identidad singular y que aspira a acceder al máximo grado de
autogobierno en los términos de la Constitución española. No vamos a
hacer tanto una intervención contra la propuesta que, previsiblemente,
saldrá aprobada y que cuenta con el apoyo unánime del Parlamento de
Canarias, cuanto en este ámbito de las Cortes Generales hablar de
Canarias con nuestro lenguaje, y esto es algo a lo que tenemos derecho y,
en cierto modo, tenemos el deber de hacer.

Nada más, señor Presidente, muchas gracias.




El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.

Para turno en contra tiene la palabra el señor Galván.




El señor GALVAN DE URZAIZ: Muchas gracias, señor Presidente.

Intentaré ser lo más breve posible, dada la hora tan avanzada de la
tarde.

Respecto a las enmiendas del PSOE, tendría que destacar, en primer
término, el esfuerzo del Senador Santiago Pérez para garantizar la
autonomía de una institución fundamental en Canarias, y seguramente todos
ustedes saben a qué me refiero: la figura de los cabildos. Pero quiero
dejar sentado de antemano que esa cautela por garantizar la autonomía de
los cabildos es una preocupación de todos los canarios sin excepción.

Entrando en el contenido de las enmiendas presentadas, no cabe duda de
que en la enmienda número 64, el PSOE, en el trámite ante las Cámaras,
elimina la identificación de Canarias como nacionalidad en contradicción
con lo ya aprobado por unanimidad en el Parlamento de Canarias, con el
voto del propio PSOE canario. Yo entiendo las dificultades, las
cuestiones semánticas, y no voy a entrar en exceso sobre esta cuestión.

El Grupo Parlamentario Popular es respetuoso con los acuerdos adoptados
por unanimidad en el Parlamento de Canarias.

Las enmiendas números 65 a 68, que hacen referencia a los cabildos --y
empezaba mi intervención refiriéndome a ellos-- contienen un valor
añadido, pero no sustancialmente diferenciado de las enmiendas que
Coalición Canaria y el Partido Popular han pactado, que se han
incorporado al informe de la Ponencia, y que, con toda probabilidad,
votaremos a favor. No cabe duda, señor Pérez, de que los cabildos tienen
en la nueva propuesta de redacción, tras la reforma, una perfecta
identificación, cosa que no se producía con anterioridad en el texto del
Estatuto de Autonomía aprobado en 1982. Y eso respondía a un debate que
ocupó varios años en Canarias, un debate que ocupó en aquel entonces a
las fuerzas políticas que habían ganado las primeras elecciones
democráticas.




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¿El modelo autonomista canario tenía que basarse en los propios cabildos,
en los siete cabildos de cada una de las islas, o teníamos que configurar
un modelo autonómico a imagen y semejanza de otros territorios españoles?
Pues bien, en aquel entonces, la idea de los cabildos no cuajó del todo;
la idea de montar nuestra propia autonomía sobre la gestión, sobre la
probada eficacia que habían tenido los cabildos no se consideró oportuno,
y por esa razón, entre otras cosas, pero por esa razón básicamente, no se
les iluminó debidamente en el texto autonómico. Esa fue una de las
razones.

Hoy, sin embargo, tras la reforma y con las propuestas de las enmiendas
que hacemos conjuntamente Coalición Canaria y Partido Popular, dos
conceptos sustanciales de la Comunidad Autónoma Canaria cobran luz
propia: las islas, por supuesto que las islas, como entidades
territoriales de la Comunidad Autónoma Canaria. La Comunidad Autónoma
Canaria se basa sobre entes locales, entes territoriales que son las
islas. Las islas son las que tienen sus competencias, y no cabe duda de
que los cabildos son los órganos de gobierno, administración y
representación de esas islas; son órganos de la Comunidad Autónoma; son
instituciones de la Comunidad Autónoma. No podría ser de otra forma.

¿Entonces, qué podrían ser los cabildos? Con el nuevo tratamiento los
encardinados jurídicamente en el concepto de institución de la Comunidad
Autónoma, por lo tanto, no cabe duda de que los cabildos pasarán a cubrir
el papel histórico que les corresponde debidamente, ejerciendo las
competencias, las competencias propias, las que les vienen de su
legislación específica y, en este caso, de la legislación que se derive
de la ley que apruebe el Parlamento de Canarias por mayoría absoluta en
el marco constitucional; no cabe duda de que ejercerán esas competencias
seguramente que con mayor eficacia y con mayor rigor, porque están
actuando en su propio territorio insular.

Podemos pensar, señorías --y quizás me estoy extendiendo algo-- en una
isla lejana, pequeña, como puede ser El Hierro, o La Gomera o
Fuerteventura, con su cabildo, y el Gobierno autónomo con la doble
capitalidad en Las Palmas y en Santa Cruz de Tenerife, quizás algo
alejado. El Cabildo está ejerciendo las funciones propias, las delegadas,
las transferidas, las competencias, en definitiva, que el Gobierno
Autónomo de Canarias, que el Parlamento de Canarias le haya asignado con
toda responsabilidad. Son organismos de la Comunidad Autónoma. ¿Ahora qué
son? Esa es la pregunta que resolvemos, creo que muy satisfactoriamente,
en este trámite de reforma y a buen seguro en el nuevo Estatuto de
Autonomía de Canarias.

Por lo tanto, Senador Pérez, le agradezco el tono; le agradezco su
reflexión; le agradezco el estudio profundo que ha realizado sobre esta
cuestión. Y el otro día nos dio una magnífica lección en el trámite de la
Ponencia.

En cuanto a las enmiendas 66, 67, 77, 78 y 79, no pueden ser aceptadas ya
que introducen una reforma sustancial del sistema electoral canario,
incorporando la lista regional. Entiendo lo que quiere decir el Senador
Santiago Pérez; entiendo que de cara al futuro podría ser positivo para
la Comunidad Autónoma que todos los integrantes de la Comunidad empezaran
a pensar en una posibilidad de lista regional, pero, hoy por hoy, ese
sistema no es posible; hoy por hoy, estamos en el de las tres paridades.

Decía antes, contestando a las enmiendas del Senador representante de
Izquierda Unida, que ese sistema de las tres paridades ha permitido un
equilibrio positivo para hacer política en Canarias, para hacer
conciliables los intereses que también el Estatuto establece claramente:
la solidaridad entre las siete Islas Canarias. Esa representación
aparentemente, digamos, no demasiado constitucional, sí que ha jugado un
papel fundamental en los catorce años de experiencia autonómica en
Canarias para enriquecer a las islas menores, para hacer un equilibrio
interinsular, y es positivo.

Por lo tanto, podemos decir que el sistema electoral no ha sido tan malo,
y como no no lo ha sido, quizá corramos más riesgos modificando todas las
piedras que constituyen los cimientos para no saber en dónde quedarnos.

Creo que las enmiendas de Coalición Canaria y del Partido Popular son
hábiles, son adecuadas y, como decía el Senador Ríos, dejamos para la
Disposición Transitoria Segunda la posibilidad de hacer cambios a través
de una ley electoral aprobada en el Parlamento de Canarias, pero sin
quitar las circunscripciones insulares, sin quitar ese elemento
fundamental que ha permitido definir la política autonómica de Canarias.

En cuanto a las enmiendas 74 y 76, respecto al Consejo Consultivo y la
Audiencia de Cuentas, tratan de plantear como justificación el hecho de
que si se eligen sus componentes por el Parlamento, la independencia está
garantizada.

En primer lugar, quiero dejar constancia de que la ley que regula el
funcionamiento, la constitución del Consejo Consultivo permite al
Gobierno designar a dos miembros y al Parlamento a tres de ellos. Por lo
tanto, ya hay una fórmula combinada, y es buena. Desde esa perspectiva no
podemos aceptarlas.

En cuanto a la enmienda número 75, que hacía referencia a las
modulaciones y derogaciones que contempla nuestro específico régimen como
región ultraperiférica, creo que finalmente ha quedado una mejor
redacción incorporada al informe de la Ponencia.

Respecto de las enmiendas 67, 70 y 71, a las que hacía referencia el
Senador Santiago Pérez, creo que nuestro Grupo estaría en disposición de
reflexionar sobre ellas y considerarlas en el debate del Pleno. En todo
caso, someterlas a una votación en aras a ese consenso que desde luego en
representación del Grupo Popular, nada deseo más en favor de los
intereses generales, de los intereses de los ciudadanos de Canarias.

Muchas gracias, señor Presidente. (Aplausos en los escaños del Grupo
Parlamentario Popular.)



El señor VICEPRESIDENTE (García Miralles). Gracias, señoría.

El Senador Ríos tiene la palabra.




El señor RIOS PEREZ: Muchas gracias, señor Presidente.




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Como portavoz intervengo para fijar una posición no general respecto de
todas las enmiendas, sino solamente con respecto a las que se refieren al
problema electoral.

Me congratula el que estemos en la misma situación prácticamente que en
el año 1994, cuando todos los Grupos políticos apoyamos de forma unánime
todas las modificaciones, toda la reforma del Estatuto, salvo el tema
electoral. El tema electoral es una asignatura pendiente y probablemente
habrá de pasar un tiempo para que todas las fuerzas políticas lleguen a
un acuerdo.

La defensa de la circunscripción regional tiene una contrapartida
negativa, como puede ser los Diputados de dos categorías, los regionales
y los insulares, y aún más, si he entendido bien al Senador Pérez, en
esos regionales deberían estar los candidatos a la Presidencia, con lo
que habría una diferencia mayor entre unos Diputados y otros.

No hay duda de que Canarias es una Comunidad compleja a efectos
electorales. Fíjense ustedes que simplemente proyectando el mapa del
Archipiélago sobre la Península Ibérica, si situamos la Isla del Hierro,
por ejemplo, en Madrid, Lanzarote quedaría en Barcelona. Con esto quiero
remarcar la gran dispersión y la gran distancia que existe en el ámbito
del Archipiélago lo que ha marcado el carácter y la psicología de cada
Isla. Creo, por tanto, que es una asignatura pendiente. Sacar todas las
barreras y los números de las circunscripciones de los escaños fuera del
articulado permite una mayor flexibilidad para poder aumentar o disminuir
las circunscripciones en relación con el número de escaños. Pienso que
hay posibilidad de seguir en el futuro dialogando sobre el tema.

Quisiera hacer hincapié en estos momentos en que Tenerife y Gran Canaria
que tienen 15 escaños, en las últimas elecciones el número 16 fue de
Izquierda Unida en la Isla de Gran Canaria y el número 17 fue de
Izquierda Unida en la isla de Tenerife, es decir, se quedó en las puertas
de la distribución de los escaños. Espero, no es que lo desee, que en un
momento determinado puedan estar presentes en la Cámara Autonómica estas
fuerzas políticas. (El señor Presidente ocupa la Presidencia.)
Por último, quiero agradecer al Senador Pérez los enfoques que ha hecho
del resto de las enmiendas e invitarle a seguir profundizando en nuestras
diferencias, sobre todo, a seguir dialogando en el tema de nuestra
asignatura pendiente, el problema electoral. Porque no hemos hablado de
la posibilidad de doble Cámara, dobles funciones de los Diputados,
etcétera, que es un camino abierto, porque no hay que dudar una cuestión:
en estos momentos el 15 por ciento de la población del Archipiélago tiene
el 50 por ciento de los escaños de la Cámara. Por lo tanto, ésa es una
situación claramente anómala.

Entre todos debemos seguir estudiando y trabajando para llegar en un
futuro, más o menos próximo, a una solución que a todos nos agrade,
aunque indudablemente la compleja situación del Archipiélago entre la
población y el territorio lleva muchas veces a un callejón sin salida.

Muchas gracias, señor Presidente.




El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, Senador Ríos.

Por el Grupo Parlamentario Socialista, el Senador Pérez tiene la palabra.




El señor PEREZ GARCIA: Muchas gracias, señor Presidente.

Como creo que hemos hecho el debate con una cierta flexibilidad y
bastante acotado en cuanto a los tiempos, voy a utilizar el turno de
portavoces para hacer algunas últimas consideraciones como intervención
final en nombre del Grupo Socialista.

La primera es una sugerencia que quiero hacer a los representantes del
Grupo Parlamentario Popular y de Coalición Canaria, y es que una enmienda
que ha sido incorporada en el informe de la ponencia, la número 61
--quiero que mediten sobre esta cuestión con vistas al debate plenario--,
produce una reducción de las posibilidades competenciales de Canarias si
la comparamos con el texto remitido por el Congreso de los Diputados. Se
habla en el texto del Congreso de que se podrá atribuir a la Comunidad
Autónoma de Canarias, basándose en el artículo 150.2 de la Constitución,
facultades relativas a las figuras tributarias contenidas en nuestro
Régimen Económico y Fiscal. El texto remitido por el Congreso --insisto--
habla de atribuir. En cambio, el texto de la enmienda que ha sido
integrada en el informe de la ponencia habla simplemente de delegar. Como
en el lenguaje constitucional, cuando se mencionan las leyes orgánicas en
el artículo 150 de la Constitución, se habla de la posibilidad de
transferir o delegar, seguramente sin quererlo se ha producido una
reducción de las posibilidades de nuevas atribuciones competenciales
previstas en el texto remitido por el Congreso.

Además, quiero pedirles que mediten sobre una cuestión concerniente a las
nuevas disposiciones sobre legislación electoral canaria que sus señorías
introducen por acuerdo, que son las siguientes.

Decía el Senador Galván --y éste será seguramente el único atisbo de
polémica que se desprenda de mis intervenciones-- que el sistema
electoral de Canarias ha funcionado satisfactoriamente, como argumento
frente a nuestra propuesta, ya inveterada, de que se cree la
circunscripción regional, no para sustituir las circunscripciones
insulares, sino para ponerlas al lado, para yuxtaponerlas a las
circunscripciones insulares. Pero si ese argumento es bueno y es válido,
es decir, que nuestro sistema electoral ha funcionado bien, también es
válido con vistas a algunas de las modificaciones que sus señorías
proponen, como es --y a nosotros nos preocupa-- la de elevar el umbral de
votos exigidos a las fuerzas políticas que concurren sólo en una
circunscripción insular para tener opción a algún escaño parlamentario.

Exigir el 30 por ciento de votos válidos para poder tener opción
--«chance», que dirían los latinoamericanos-- a un escaño parlamentario,
va a crear, a nuestro juicio, consecuencias seguramente no queridas pero,
en todo caso, no convenientes, como es la de que, opciones políticas que
tengan en una determinada isla un apoyo electoral importante, como es el
apoyo del 25 por ciento --la cuarta parte de los electores insulares--,
quede, por aplicación de la norma que ustedes introducen ahora, fuera del
Parlamento regional. Yo creo que el Parlamento



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de Canarias pierde en representatividad. Yo creo que se coloca extramuros
del Parlamento de Canarias a algunas fuerzas políticas con una
representatividad significativa en sus respectivas islas, que se van a
ver obligadas --y ejemplos históricos y experiencias tenemos de ello en
esta singladura autonómica de nuestro archipiélago-- a seguir haciendo
política, porque la van a seguir haciendo, a seguir defendiendo sus
propuestas fuera del Parlamento.

Yo creo, además, que con la propuesta de sus señorías, que ya han
modificado porque percibieron que conllevaba algunas consecuencias no
deseables y hasta un tanto absurdas, se podía dar perfectamente el
supuesto, con el texto que los compañeros de su señoría votaron en el
Congreso de los Diputados, de que alguna isla se quedara sin
representación parlamentaria si no hubieran introducido la rectificación
que ahora introducen en el Senado, a saber, que la fuerza mayoritaria en
cada isla, aunque no alcance el 30 por ciento ni esté, en unión de otras,
por encima del 6 por ciento de los votos válidos en cómputo regional,
pueda acceder al Parlamento. Pero al estar intentando ustedes rectificar
las posibles consecuencias de sus propias propuestas, están llegando,
seguramente sin darse cuenta, a otra situación sobre la cual quiero que
sus señorías mediten. El texto del Estatuto de Autonomía, según va a ser
aprobado, consagra el principio proporcional en materia de legislación
electoral canaria. Ustedes, sin darse cuenta, están incluyendo en el
Estatuto de Autonomía, en sus disposiciones adicionales, es decir, fuera
del cuerpo estatutario, una norma que puede dar lugar a muchos supuestos
de aplicación lisa y llana del principio mayoritario y no del
proporcional. Tal sería el caso de que, por ejemplo, en una isla, la de
La Palma, concurran varias fuerzas políticas a las elecciones sólo de
base insular, que alguna de ellas, que no sea la fuerza política más
votada, que, por ejemplo, podía tener el 28 por ciento de los votos, y
simplemente por ser la fuerza más votada, tener opción a escaños
parlamentarios, otras fuerzas políticas que se ordenaran, como ha
ocurrido en la isla de Tenerife en las elecciones al Senado, con escaso
margen de diferencia entre ellas --el 26, el 25, el 24 por ciento--
quedaran sin representación parlamentaria si son fuerzas exclusivamente
insulares, con lo cual el principio proporcional que se instaura en el
frontis, que entra por la puerta del Estatuto, se echa por la ventana
como consecuencia posible y no remota --no es una previsión remota, es
una hipótesis que incluso ya la hemos vivido en Canarias-- de aplicación,
seguramente sin quererlo sus señorías, del principio mayoritario. Les
pido que mediten. Yo tengo la impresión de que este asunto no está
suficientemente meditado. Prueba de ello es que han tenido que
rectificar, del Congreso al Senado, consecuencias no deseables de la
nueva normativa electoral que sus señorías introducen. Insisto en que
creo que sería bueno que meditaran sobre ello.

Termino, señor Presidente, diciendo lo siguiente. Yo creo que, en la
trayectoria de nuestra autonomía, todos somos responsables de nuestras
coherencias y de nuestras inconsecuencias. Pienso que éste no es el
momento de estar sometiéndonos, recíprocamente, a juicio. Creo que es el
momento de dialogar, de debatir, de sostener argumentos, de llegar al
máximo número de acuerdos y, sobre todo, de mirar hacia el futuro. Los
socialistas tenemos --dije antes-- el deber y el derecho de hablar de
estas cosas con nuestro propio lenguaje.

Creo que este debate en el Senado, que ya termina su trámite de Comisión,
está llevándose a cabo en un ambiente y en unos términos muy positivos.

Seguramente tendremos ocasión de nuevo, en el Pleno, de volver a
reproducir algunos argumentos y de referirnos a cosas que no han sido
suscitadas en este debate como son, por ejemplo, las propuestas de
sustitución del término cabildo insular por el de isla, que es una
propuesta acertada en una buena parte de las ocasiones en que se propone,
seguramente no tan acertada en otras, pero tendremos ocasión de hablar de
esto seguramente en el Pleno, porque procedimentalmente no era posible
hacerlo ahora ya que son enmiendas que han sido incorporadas en el
informe de la ponencia.

Como canario, estoy satisfecho del tono, estoy satisfecho del ambiente,
estoy satisfecho del clima de trabajo que hemos creado en esta Cámara
entre todos, y pienso que nuestro archipiélago, nuestra Comunidad
atlántica, puede estar en estos momentos, digamos, mirándonos desde
lejos, con una actitud satisfecha y maternalmente complaciente.

Muchas gracias.




El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, Senador.

Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el Senador Galván.




El señor GALVAN DE URZAIZ: Gracias, señor Presidente.

Dada ya la hora tan avanzada, voy a ser muy breve. Sólo deseo señalar que
coincidimos en la última parte con el Senador Santiago Pérez en cuanto al
clima de trabajo, al tono empleado, que sólo, como es evidente, redunda
en beneficio de ese pueblo lejano de la Península, pero que es España. Y
no cabe duda de que en las cuestiones de materia electoral está previsto
que una ley canaria, una ley debatida en el Parlamento de Canarias, en el
ejercicio del autogobierno, buscará la mejor solución para prever ese
futuro.

Muchas gracias.




El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.

Habiendo transcurrido ya más de cinco horas desde el inicio de la sesión,
pido autorización a la Comisión para continuar hasta terminar el orden
del día. (Pausa.) Se entiende concedido este permiso por asentimiento.

Se ha presentado una enmienda transaccional o de modificación, firmada
por los grupos parlamentarios presentes en la Cámara, salvo por el
representante de Convergència i Unió, relativa a una sustitución
gramatical en el sentido de que en todos los preceptos del Estatuto en
que se hable de Diputados regionales se sustituya la expresión por la de
Diputados autonómicos. (El señor Cardona i Vila pide la palabra.) Tiene
la palabra su señoría.




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El señor CARDONA I VILA: Gracias.

No se me ha ofrecido la oportunidad de firmarla, porque no me lo han
dicho. Habrá sido un despiste, pero la asumo perfectamente. Me parece
bien y la firmaré en cuanto la tenga.

Gracias.




El señor PRESIDENTE: ¿Se adhiere usted en este momento?



El señor CARDONA I VILA: Sí, señor Presidente.




El señor PRESIDENTE: En ese caso, pregunto a la Comisión si se puede
considerar incluida en el texto de la Ponencia. (Pausa.) Además, hay dos
enmiendas, presentadas por el Grupo Parlamentario Popular y el Senador de
Coalición Canaria, don Victoriano Ríos Pérez, que tienen su apoyo en
enmiendas ya incorporadas al texto, las números 49 y 53. ¿Existe
oposición por parte de alguno de los otros grupos a que también se
consideren incluidas en el texto de la Ponencia, o seguimos el trámite de
las mismas?



El señor PEREZ GARCIA: Señor Presidente, nosotros no tenemos ningún
inconveniente formal en que se incorporen en el texto del informe de la
Ponencia, haciendo una interpretación bastante flexible de los términos
del Reglamento. Ahora bien, muy brevemente, nos gustaría emitir una
consideración sobre esta enmienda, porque no ha sido debatida hasta la
fecha.




El señor PRESIDENTE: En ese caso, doy un turno a favor de las enmiendas
de los firmantes que quieran asumirlo.

Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el Senador Galván.




El señor GALVAN DE URZAIZ: Muchas gracias, señor Presidente.

Señorías, la enmienda número 49, firmada por Coalición Canaria y el
portavoz de nuestro Grupo, hace referencia a correcciones puntuales de
tipo técnico, concretamente en el apartado tercero del artículo 23 del
Estatuto de Autonomía de Canarias, se hace referencia a que una ley del
Parlamento de Canarias establecerá el funcionamiento de los Cabildos; ley
que, por supuesto, deberá quedar encajada en el marco de la Constitución.

Es decir, que se hizo un añadido con referencia al marco de la
Constitución.

Por lo que hace a la enmienda número 53, señorías, se trata de un cambio
de ubicación de artículo. Tal y como habíamos planteado inicialmente la
enmienda, estaba incluido en el artículo 31, que pasa al artículo 32,
apartado 9, del Estatuto, que estaba anteriormente incluido en el
artículo 34, que pasaba a ser 31, y es exclusivamente una corrección
técnica, de encaje, ya que estábamos hablando de la posibilidad de que la
Comunidad Autónoma de Canarias, en cuanto a su competencia en el régimen
minero, pudiera regular la seguridad en la minería del agua, dado que es
una cuestión específica de Canarias. Lo explicaré para que sus señorías
estén ilustrados. En la Isla de Tenerife hay aproximadamente 1.000
kilómetros de galerías de agua. Si las pusiéramos una a continuación de
otra, podríamos llegar de Tenerife a Cádiz. Por lo tanto, es una
especificidad propia de nuestras islas volcánicas que afecta
especialmente a la Isla de La Palma y a la Isla de Tenerife. En materia
de seguridad minera, la especificidad de Canarias es una realidad y por
ese motivo habíamos introducido esta enmienda, pero junto al capítulo de
competencias, desarrollo legislativo y ejecución de la Comunidad Autónoma
en este apartado 9.º del artículo 32.

Muchas gracias, señor Presidente.




El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, Senador Galván.

Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el Senador Pérez.




El señor PEREZ GARCIA: Muchas gracias, señor Presidente.

Creo que la enmienda que se vincula a la número 49 de las presentadas en
su momento por el Grupo Parlamentario Popular y por el Senador don
Victoriano Ríos, va en la dirección correcta. Por medio de aquella
enmienda, se atribuía al Parlamento de Canarias la plena potestad
legislativa para regular el régimen jurídico de los Cabildos insulares.

Estos, en tanto que corporaciones locales, tienen un estatuto jurídico
que básicamente tiene que definir el Estado, que no puede agotar
normativamente ese espacio y debe dejar al legislador territorial un
amplio espacio de configuración normativa. Ahora introducen una
rectificación que va en una línea, a nuestro juicio, acertada. No nos
resulta del todo satisfactoria pero mejora claramente los términos de la
enmienda número 49.

Y por lo que se refiere a la otra enmienda que presentan, nosotros la
consideramos positiva. Tanto la enmienda número 51 como la número 53 de
las presentadas por el Grupo Parlamentario Popular y Coalición Canaria,
como la número 71, del Grupo Parlamentario Socialista, tienden a
configurar con precisión el espacio competencial que Canarias necesita
para dar respuesta a una necesidad específica de las islas, la
relacionada con el abastecimiento de aguas, que, en unas islas quizá más
que en ningún otro sitio, son un bien escaso y estratégico, de necesidad
vital, no sólo económica, sino en el plano de la mera supervivencia de
las islas.

Con estas tres enmiendas, si finalmente la número 71, del Grupo
Parlamentario Socialista, es votada afirmativamente en el Pleno,
configuramos un abanico competencial, al que se podría haber llegado a
través de técnicas interpretativas utilizando la Constitución y el texto
vigente del Estatuto. Pero nos parece positiva, desde el punto de vista
político-legislativo, y va a tener buenas consecuencias desde el punto de
vista práctico, la introducción de estas mejoras en nuestro Estatuto.

Muchas gracias, señor Presidente.




El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, Senador.




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Por esta intervención, consideramos que quedan incorporadas dichas
enmiendas al texto de la Ponencia, que pasamos a votar.




Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 38;
abstenciones, dos.




El señor PRESIDENTE: Queda aprobado el texto de la Ponencia con las
enmiendas incorporadas.




--EMITIR INFORME SOBRE EL CONTENIDO AUTONOMICO DEL PROYECTO DE LEY DE
PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO PARA 1997 Y DEL PROYECTO DE LEY DE
MEDIDAS FISCALES, ADMINISTRATIVAS Y DEL ORDEN SOCIAL. (621/000002 y
621/000003.)



El señor PRESIDENTE: Pasamos al último punto del orden del día, emitir
informe sobre el contenido autonómico del proyecto de ley de Presupuestos
Generales del Estado para 1997 y del proyecto de ley de medidas fiscales,
administrativas y del orden social.

Agradezco la presencia de los dignos representantes de las Comunidades
Autónomas. Ruego perdón por la espera y la demora y quiero expresarles
que en la reunión de la Mesa y Junta de Portavoces de esta mañana se ha
hecho un examen y se ha asumido, en principio, el dictamen elaborado por
los servicios de la Cámara. No sabiendo de la presencia de estos
representantes de las Comunidades, por no haber sido anunciada alguna de
ellas, se había previsto que se abriría un turno de portavoces, pero,
siguiendo la costumbre habitual de esta Cámara, iniciamos la intervención
por los representantes de las Comunidades Autónomas.

El objeto de estos informes es cumplir el Reglamento de la Cámara en su
artículo 56, apartados b) y o), que dicen que es emitir informe sobre el
contenido autonómico de estos proyectos de ley. Por lo tanto, dada su
experiencia de gobierno y parlamentaria, entenderán perfectamente a qué
se debe limitar dicho informe del contenido autonómico. No me obliguen a
tener que llamar a sus señorías a la cuestión.

En primer lugar, tiene la palabra, por tiempo de diez minutos, la
Consejera de Economía y Hacienda de la Junta de Andalucía, doña Magdalena
Alvarez Arza, pidiéndole su comprensión acerca de por qué me veo obligado
a limitar el tiempo.




La señora CONSEJERA DE ECONOMIA Y HACIENDA DE LA JUNTA DE ANDALUCIA
(Alvarez Arza): Muchas gracias, señor Presidente.

Señoras y señores Senadores, muy buenas noches. El Gobierno andaluz, ante
la posibilidad de intervenir en esta Comisión General de las Comunidades
Autónomas, quiere fijar la posición de la Comunidad Autónoma de Andalucía
sobre el proyecto de Presupuestos Generales del Estado para 1997, sobre
todo, en los aspectos relativos al sistema de financiación autonómica.

La elaboración y aprobación de los primeros presupuestos del Partido
Popular coinciden con un momento muy importante, el de la revisión del
modelo de financiación autonómica. Y una de las principales razones que
ha argumentado el Gobierno para cerrar apresuradamente la financiación
autonómica para el próximo quinquenio, sin la reflexión, el debate y el
consenso que una cuestión de este calibre requiere, ha sido que el nuevo
modelo de financiación autonómica estuviese reflejado en los Presupuestos
Generales del Estado para 1997, y en éstos, sorprendentemente, por
primera vez, no se reflejan todas las cuestiones relativas a la
identificación autonómica de este modelo de financiación.

El sistema de financiación autonómica determina cualitativa y
cuantitativamente los recursos financieros que tienen que llegar a cada
Comunidad Autónoma. Por tanto, la elección de un sistema de financiación
autonómica o de otro va a decidir en cada momento la naturaleza y el
volumen de los recursos financieros de cada autonomía; o, lo que es lo
mismo, el sistema de financiación autonómica va a definir el marco
político y económico de actuación de cada Comunidad Autónoma: político
por cuanto que determina el grado de autonomía financiera y, por lo
tanto, determina su autonomía política, y económico porque es,
precisamente, el que va a posibilitar el ejercicio pleno de las
competencias que tiene asumidas cada Comunidad Autónoma, la ejecución de
las políticas económicas y sociales propias y el avance en la reducción
de los desequilibrios socioeconómicos interterritoriales.

La importancia y la trascendencia de la revisión del modelo de
financiación ha ocupado gran parte del debate político de estos últimos
tiempos y ha supuesto un decidido posicionamiento del Gobierno andaluz,
que es contrario a la imposición de un modelo de financiación autonómica
que lesiona los derechos de Andalucía y, por tanto, afecta a su posición
política y económica en la estructura del Estado.

Me voy a referir a continuación a los mecanismos financieros, que bien
figuran en los Presupuestos Generales del Estado o bien deberían haber
figurado, todo ello relativo al sistema de financiación autonómica
aplicable a andalucía.

En primer lugar, tengo que destacar por su importancia cuantitativa lo
relativo a la participación de los ingresos del Estado. Por primera vez
en los Presupuestos Generales del Estado no se identifican ni se
cuantifican las partidas de la PIE --como es conocida la participación de
los ingresos del Estado-- correspondientes a cada Comunidad Autónoma, y
una omisión de esta naturaleza tiene un efecto, que es imposibilitar la
determinación del volumen de recursos que tienen que llegar a cada
Comunidad Autónoma y, por tanto, dificulta la elaboración de los
presupuestos autonómicos y el empleo eficaz de los recursos públicos.

Además, este desconocimiento --que se establece por no identificar
concretamente la partida que por PIE corresponde a cada Comunidad
Autónoma-- imposibilita a las Comunidades Autónomas, y en este caso a
Andalucía, interponer reclamación alguna contra la misma porque supone
situarla en un terreno de la inconcreción y, por lo tanto, de la
indefensión de lo que son los legítimos intereses de los andaluces.

Podría constituir una grave lesión de



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los intereses de los andaluces esta inconcreción de las partidas
autonómicas que corresponden por participación en los ingresos del
Estado.

En segundo lugar, en lo referente a las asignaciones de nivelación de los
servicios, para lo que se establece una dotación de 10.000 millones de
pesetas, no se especifica, tal y como establece el artículo 15 de la
Lofca, ni su destino, ni las Comunidades Autónomas beneficiarias y, por
lo tanto, esta partida que figura en los Presupuestos Generales del
Estado puede ser inaplicable en los términos presupuestarios en los que
se consigna.

Asimismo, respecto a las asignaciones de nivelación, quiero comentar lo
reducido de su cuantía y resaltar que los términos en los que están
recogidas en los Presupuestos Generales del Estado no son los mismos
términos en los que aparecen en el modelo de financiación autonómica
propuesto en el Consejo de Política Fiscal y Financiera del 23 de
septiembre; concretamente en el modelo propuesto figura exclusivamente la
constitución de un grupo de trabajo que analice los términos en los
cuales se tienen que desarrollar estas asignaciones correspondientes al
artículo 15 de la Lofca. Y su no distribución en los Presupuestos
Generales del Estado introduce una dificultad adicional a las Comunidades
Autónomas, concretamente a Andalucía, desde la perspectiva de la defensa
de los legítimos intereses de los andaluces, así como una dificultad
adicional para la elaboración del presupuesto de nuestra Comunidad
Autónoma.

En definitiva, la necesaria y obligada claridad de los Presupuestos
Generales del Estado se ha convertido en una versión oscurantista de las
cuentas públicas. Se rompe el principio de coordinación recogido en el
artículo 2 de la Lofca, de tal forma que se quiebra la tradición de
informar en el Consejo de Política Fiscal y Financiera de las grandes
decisiones presupuestarias que afectan a las Comunidades Autónomas. No se
ha informado a Andalucía del contenido de la Sección 32, ni de las
medidas tributarias y financieras que se recogen en los Presupuestos
Generales del Estado que, a pesar de las reiteradas peticiones de
información, no solamente no se detallan en los Presupuestos Generales
del Estado, sino que no se ha informado de los aspectos imprescindibles
de las mismas en el Consejo de Política Fiscal y Financiera, tal y como
está establecido.

En tercer lugar, me referiré a otro instrumento recogido en los
Presupuestos Generales del Estado, que es el Fondo de Compensación
Interterritorial. Para el Gobierno andaluz es positivo el incremento de
su dotación para 1997, si bien hay que resaltar que este incremento es
muy exiguo comparado con el que tuvo lugar en la última revisión del
modelo de financiación autonómica en 1992. En aquel momento de revisión
del sistema, en 1992, tuvo lugar un incremento cinco veces mayor que el
que tiene lugar en esta ocasión, con una dificultad adicional, y es que
el FCI no ha sido objetivo de modificación en la revisión del sistema,
sino que exclusivamente se ha recogido un incremento concreto de 4.400
millones de pesetas en el Presupuesto de 1997. Esto significa que, al
quedar al margen del modelo, no se garantiza su continuidad en los años
sucesivos y, por lo tanto, se introduce un elemento más de incertidumbre
en la financiación autonómica, al no garantizar, precisamente, su
continuidad. Es decir, su inclusión como incremento del FCI en los
Presupuestos Generales del Estado y su exclusión del modelo de
financiación autonómica añade una incertidumbre más a la financiación
autonómica de las que estamos comentando.

En cuarto lugar, me referiré a la financiación sanitaria. Ya tuvimos
ocasión de exponer en nuestra intervención en esta Comisión, con motivo
del debate de los Presupuestos Generales del Estado de 1995, que la
Comunidad Autónoma andaluza está de acuerdo con la filosofía del nuevo
modelo de financiación sanitaria. No obstante, hemos manifestado en
reiteradas ocasiones que hay determinados aspectos del modelo con los que
no estamos de acuerdo y que estas modificaciones no se incluyen en los
Presupuestos Generales del Estado para 1997. En primer lugar, no se ha
avanzado en el concepto de desplazado, tal y como ha planteado el
Gobierno andaluz y tal y como está pendiente de cierre precisamente este
modelo para su aplicación a la sanidad andaluza. No se ha reconocido, no
se ha revisado, el nuevo porcentaje de población protegida andaluza. No
se han incorporado en los Presupuestos Generales del Estado los intereses
de las operaciones de saneamiento ni los retrasos que se producen en las
liquidaciones de la financiación sanitaria.

1997 es el año en que acaba la vigencia del actual modelo y, por lo
tanto, esperamos que, con tiempo, se empiece a negociar el nuevo modelo a
aplicar en 1998 --digo con tiempo porque en pocos días no se puede
discutir el 30 por ciento de los ingresos que componen los presupuestos
de la Comunidad Autónoma andaluza--. Por tanto, en 1997 se tenían que
haber dejado resueltas dos cuestiones: el reconocimiento de la deuda
sanitaria con Andalucía y cerrar durante este año el nuevo modelo para
los próximos años.

Por último, en quinto lugar, me voy a referir a la Disposición Adicional
Segunda del Estatuto de Autonomía andaluz. Como saben sus señorías,
nuestro Estatuto establece en su Disposición Adicional Segunda que en los
Presupuestos Generales del Estado se consignarán unas asignaciones
excepcionales para garantizar la consecución de un nivel mínimo en alguno
o algunos de los servicios transferidos por el Estado. En el Proyecto de
Presupuestos Generales del Estado para 1996 se instrumentaba el efectivo
cumplimiento de esta Disposición; ante el rechazo de este Proyecto por el
Parlamento, este compromiso se plasmó en el artículo 37 del Decreto-Ley
que adapta y complementa los efectos de la prórroga. En la Comisión Mixta
del Estado-Comunidad Autónoma de Andalucía, del 22 de febrero de 1996, se
acordó, por un lado, la dotación de 20.000 millones para el ejercicio
1996 en concepto de anticipo a cuenta de la asignación que
definitivamente se fijase para dicho ejercicio, y, por otro lado, que se
crearía un grupo de trabajo para que culminase los estudios para
cuantificar de manera definitiva estas asignaciones excepcionales. Pues
bien, señorías, en el Proyecto de Presupuestos Generales del Estado para
1997 no se incluye ningún mecanismo que haga efectiva la continuidad en
la aplicación de la Disposición Adicional Segunda para la Comunidad
Autónoma de Andalucía.




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De esta manera, se rompe con el proceso iniciado en la anterior
legislatura, vulnerando lo establecido en el Estatuto de Autonomía
andaluz.

Además, señorías, el Grupo Parlamentario Popular olvida una proposición
no de ley, presentada por este mismo Grupo, con motivo de la discusión de
los Presupuestos Generales del Estado para 1996. En ella se instaba al
Gobierno de la nación a disponer lo necesario para determinar la cuantía
de la asignación excepcional que había que establecer en los Presupuestos
Generales del Estado en los términos previstos en la disposición
adicional segunda y en el apartado 2 de la disposición transitoria sexta
del Estatuto de Autonomía, en concordancia con la legislación vigente y
con la máxima urgencia.

Segundo punto. Se insta al Gobierno de la anterior legislatura a adoptar
las medidas necesarias para que, en los sucesivos presupuestos generales
del Estado, se incluyan las asignaciones excepcionales que procedan en
cada ejercicio. Es más, señorías, en el Congreso de los Diputados han
sido rechazadas, con los votos del Partido Popular, sendas enmiendas del
Partido Socialista e Izquierda Unida, que solicitan la inclusión de los
créditos necesarios para hacer frente a las mencionadas asignaciones
excepcionales.




El señor PRESIDENTE: Señora Consejera, ruego que vaya terminando.




La señora CONSEJERA DE ECONOMIA Y HACIENDA DE LA JUNTA DE ANDALUCIA
(Alvarez Arza): Sí, señor Presidente, voy terminando.

El Gobierno andaluz espera que, a la vista de todo lo que les acabo de
exponer, y para subsanar los errores cometidos, a la vez que en aras de
una mayor coherencia política por parte del Partido Popular, se aprueben
las enmiendas que, en este sentido, se han presentado en el Senado.

Para concluir, señorías, quiero recordar que la financiación autonómica,
que propone el proyecto de presupuestos generales del Estado para 1997 y
para Andalucía, incumple el principio de suficiencia financiera,
proporciona una escasa autonomía financiera y no atiende suficientemente
el principio de reequilibrio territorial.

En cuanto al principio de suficiencia, la información suministrada por el
Ministro de Economía y Hacienda, que no por los presupuestos generales
del Estado, pone de manifiesto que para Andalucía, en su cálculo, no se
ha tenido en cuenta ni la población real andaluza ni el incremento de
población que se ha ido produciendo, y se deja fuera de cobertura a
463.000 andaluces de los servicios públicos que tienen que recogerse en
los presupuestos generales del Estado. Esta grave insuficiencia
financiera de nuestra Comunidad Autónoma va a restar la posibilidad de
prestar satisfactoriamente los servicios públicos, de tal manera que algo
más del 6 por ciento de la población queda fuera de cobertura.

Asimismo, en un análisis cuantitativo del contenido autonómico del
proyecto de presupuestos, señala que no se produce avance alguno en la
autonomía financiera de las Comunidades Autónomas, por cuanto su
financiación mantiene el mismo grado de dependencia de las transferencias
de los presupuestos generales del Estado. Desde la perspectiva andaluza
se ha perdido una buena ocasión para dejar claro que lo que se estaba
defendiendo era, precisamente, un avance en la autonomía financiera al
defender un nuevo sistema de financiación autonómica.

En tercer lugar, el principio de reequilibrio territorial no es atendido
satisfactoriamente en el proyecto de presupuestos, por cuanto los
mecanismos específicamente diseñados con tal fin experimentan incrementos
de menor cuantía que el resto de los instrumentos de financiación.

Además, la previsible atribución del crédito global de la PIE entre las
Comunidades Autónomas que resultará de la puesta en práctica del modelo
de financiación, puede provocar la aparición de desequilibrios
financieros entre las Comunidades Autónomas, beneficiando a las más
favorecidas, de tal forma que la intensidad de estos desequilibrios no
podrá ser corregida por el FCI y por el Fondo de nivelación que se recoge
en los Presupuestos Generales del Estado, dado el escaso incremento y la
exigua dotación de los mismos.

En definitiva, señorías, en los presupuestos generales del Estado para
1997 se produce una curiosa paradoja: por un lado, no se contempla la
traducción financiera del modelo de financiación autonómica que se había
cerrado precisamente para incluirlo en los presupuestos generales del
Estado; y, por otro lado, sí se incluyen instrumentos financieros que han
quedado al margen, precisamente, de esta revisión del modelo de
financiación autonómica.

La trascendencia que tiene el presupuesto del Estado en los ingresos de
las Comunidades Autónomas, concretamente en Andalucía el 87 por ciento de
la previsión de nuestros ingresos procede de los presupuestos generales
del Estado, hace preciso que, en aras de la necesaria transparencia e
información, se detalle la cuantía correspondiente a cada Comunidad
Autónoma, al contrario de lo que ya ha sucedido en el proyecto de
presupuestos presentado por el Gobierno de la nación para 1997.




El señor PRESIDENTE: Vaya terminando, señora Consejera.




La señora CONSEJERA DE ECONOMIA Y HACIENDA DE LA JUNTA DE ANDALUCIA
(Alvarez Arza): Termino, señor Presidente.

Por tanto, es imprescindible potenciar la participación de las
Comunidades Autónomas en la elaboración de los sucesivos proyectos de
presupuestos generales del Estado.

Termino, en primer lugar, con un agradecimiento por su atención. En
segundo lugar, con un ofrecimiento, reiterando la voluntad de mi
Comunidad Autónoma, de mi Gobierno de colaborar cuantas veces y a la hora
que sea necesaria con esta Comisión. Y con un ruego, Senadores, y es que
realicen su trabajo de tal manera que mejoren la equidad de los
presupuestos generales del Estado, esto con respecto al fondo, y con
respecto a la forma, a ver si con su esfuerzo son un poco más
transparentes y un poco más claros.

Muchas gracias, señor Presidente.




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El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Consejera.

Por la Comunidad de Castilla-La Mancha, tiene la palabra su Consejero de
Economía y Administraciones Públicas, don Miguel Angel Montañés.




El señor CONSEJERO DE ECONOMIA Y ADMINISTRACIONES PUBLICAS DE LA JUNTA DE
COMUNIDADES DE CASTILLA-LA MANCHA (Montañés Pardo): Señor Presidente,
señores Senadores, antes de nada quiero aclarar una cosa. De las palabras
del Presidente me ha dado la impresión de que los Consejeros que hemos
comparecido aquí a intervenir en este debate somos unos intrusos. Tengo
que decir que, primero, se nos ha convocado y, segundo, estamos en
nuestro derecho, conforme al Reglamento de esta Comisión, de participar.

Por lo tanto, ésta es mi intervención.

Quiero aclarar también que mi intervención viene forzada por un hecho
llamativo y preocupante: la falta de foros necesarios para que las
Comunidades Autónomas podamos debatir con el Gobierno aquellas medidas de
contenido autonómico que nos afectan y, además, por el incumplimiento
absolutamente grave que el Gobierno ha hecho para adoptar algunas medidas
de tipo fiscal y financiero, desoyendo, por no convocarlo, al Consejo de
Política Fiscal y Financiera.

Por eso comparecemos aquí, para hacer expresa nuestra protesta y para
tener un foro donde podamos hacernos oír en estos temas que nos afectan
directamente.

Voy a ser muy breve y voy a decir tres temas de contenido autonómico que
nos afectan.

En primer lugar, el contenido presupuestario de la ley de presupuestos.

Lo ha dicho la Consejera de la Comunidad de Andalucía, por primera vez en
la Sección 32 no se especifica el dinero que las Comunidades Autónomas
van a recibir por la PIE. Este es un hecho insólito, y creo que solamente
tiene una razón: hay miedo a poner sobre un papel, sobre una norma el
importe de la participación de las Comunidades Autónomas en los ingresos
del Estado, y hay miedo por una razón, porque cuando se ponga será
posible demostrar, por primera vez, que es imposible que todos ganemos y
que el Estado no pierda. Por tanto, creo que hay un temor a ponerlo.

También quiero decir que en la Sección 32 se introduce un Fondo de
nivelación de 10.000 millones de pesetas. Este Fondo de nivelación pone
de manifiesto, a nuestro juicio, dos cosas: en primer lugar, que el
sistema es insolidario y por eso hay que acudir a mecanismos de
nivelación; pero, además, en segundo lugar, esos mecanismos de nivelación
son tan ridículos, tan insignificantes, 10.000 millones para todas las
Comunidades Autónomas, que lo que pone de manifiesto con absoluta
claridad es que el sistema de financiación y las medidas que se adoptan
son absolutamente insolidarios y rompen los principios constitucionales
de solidaridad y de equilibrio territorial.

Y, como también he dicho, en la ley de presupuestos se contienen medidas
de tipo fiscal y presupuestario que afectan a las Comunidades Autónomas
sin haber sido oídas, sin haber sido convocado el Consejo de Política
Fiscal y Financiera, y nos parece un grave incumplimiento de la normativa
vigente.

En segundo lugar, muy brevemente, me quiero referir a la ley de
acompañamiento. En la ley de acompañamiento hay medidas que afectan
también a las Comunidades Autónomas y a otro principio constitucional,
que es el de la autonomía financiera en su vertiente de gasto. Qué
paradojas de la vida que cuando el Gobierno está intentando vender la
idea de que el sistema de financiación aumenta la autonomía financiera,
paralelamente en la ley de acompañamiento se nos limita la autonomía
financiera en su vertiente de gasto. Porque la autonomía financiera en su
vertiente de gasto --y lo ha dicho el Tribunal Constitucional-- es que
las Comunidades Autónomas podamos hacer nuestros propios objetivos
políticos, administrativos, sociales y económicos, con independencia de
la fuente de los ingresos, pues se nos ha limitado la autonomía
financiera.

Se ha impuesto una congelación salarial que nos parece injustificada. Se
nos pone a las Comunidades Autónomas en la tesitura de cumplir los
acuerdos con los sindicatos, que tenemos válidamente firmados, o respetar
la jurisprudencia constitucional que obliga a respetar esa congelación
salarial. Y no ha habido ni un solo foro para poder hacer llegar al
Gobierno nuestra voz, ni siquiera el Consejo Superior de Función Pública
se ha reunido previamente a la adopción de esta medida en la ley de
acompañamiento.

En esta ley de acompañamiento hay una medida que también afecta a la
autonomía de las Comunidades Autónomas: la restricción de la oferta
pública de empleo. Hemos de saber por qué el Gobierno, sin consultar a
las Comunidades Autónomas declara básico un precepto, de tal manera que
las ofertas de empleo público no puedan sobrepasar el 25 por ciento de la
tasa de reposición. Y nos preocupa, además, que cuando esto afecta a las
políticas de personal de las Comunidades Autónomas resulta que, vía
enmienda, se dice que para los Mozos de Escuadra ya no afecta esta
limitación en la tasa de reposición. Para las demás Comunidades Autónomas
sí. Nos preocupa que esto pueda ocurrir sin haber intervenido para nada.

Y nos preocupa, además, el abuso que ha hecho el Gobierno central de la
declaración de básico de todo el articulado de esta ley de
acompañamiento. Nos parece que tiene la capacidad constitucional de
declarar básico aquello que es básico, pero que cuando se excede en esa
declaración de básico y se declaran básicos preceptos que no tienen por
qué serlo, se está invadiendo y limitando la autonomía de las Comunidades
Autónomas. Además, se está haciendo sin haber siquiera oído a las
Comunidades Autónomas.

Por último, y termino, también hay medidas en la ley de presupuestos que
tienen un contenido autonómico, aunque sea indirecto. Me voy a referir
brevísimamente a la educación. La Comunidad Autónoma de Castilla-La
Mancha es competente en educación, aunque todavía no tengamos
transferidas las competencias. Pero nos preocupa que en el año,
precisamente, en que se van a hacer las transferencias, donde ya han sido
convocadas las Comisiones Mixtas de transferencias, el programa de
inversiones en educación se haya limitado o reducido de forma
absolutamente preocupante. Voy a poner tres ejemplos. La inversión nueva
en



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educación infantil en mi Comunidad Autónoma es ridícula. En Albacete cero
millones. En Ciudad Real cero millones. En Guadalajara 10 y en Cuenca 10.

Y es sólo un ejemplo. La inversión nueva en educación secundaria, en
Cuenca cero millones. Y la inversión nueva en educación especial, en toda
la Comunidad Autónoma es de poco más de 700.000 pesetas. Adoptar estas
medidas que afectan a competencias autonómicas que tenemos reconocidas en
el Estatuto y que, además, se hacen en un año donde vamos a negociar las
transferencias de educación, es, al menos, una grave irresponsabilidad
por parte del Gobierno.

No tenemos ni siquiera la pretensión de que nuestras ideas, nuestras
denuncias o nuestra voz aquí sirvan para que en el informe se hagan
constar, pero sí queremos que conste en el «Diario de Sesiones» nuestra
oposición a unos presupuestos que consagran un sistema de financiación
insolidario e injusto, que adoptan medidas que afectan a la autonomía
financiera en su vertiente de gasto sin haber sido consultadas las
Comunidades Autónomas y que no tienen la sensibilidad de prever
inversiones en educación en un año en el que vamos a recibir las
transferencias.

Sé que mis palabras no servirán para nada en el informe definitivo, pero
en Castilla-La Mancha vamos a buscar siempre todos los foros para hacer
oír nuestra voz, porque pensamos que con el tiempo y poco a poco la
verdad siempre sale adelante y nuestra posición también saldrá adelante.

Muchas gracias.




El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Consejero.

En representación de la Comunidad Autónoma de Extremadura, tiene la
palabra su Consejero de Economía, Industria y Hacienda, don Manuel Amigo.




El señor CONSEJERO DE ECONOMIA, INDUSTRIA Y HACIENDA DE LA JUNTA DE
EXTREMADURA (Amigo Mateos): Muchas gracias, señor Presidente. Buenas
noches, señores Senadores.

Desde Extremadura vemos con inquietud el proyecto de presupuestos
generales del Estado. Digo con inquietud, pero también podría decir con
escándalo. Y digo con escándalo por lo que suponen de agresión para mi
Comunidad los efectos y el tratamiento que estos presupuestos dan a
Extremadura. No solamente por intentar consagrar un sistema de
financiación autonómica que, como han dicho anteriormente los Consejeros
de Andalucía y Castilla-La Mancha, es insolidario, sino porque, como yo
también apunto, es un sistema perverso.

No hay que olvidar, señorías, que lo que la financiación autonómica
pretende no es otra cosa que pagar los servicios que antes se realizaban
desde la Administración del Estado para que ahora lo hagan las
Comunidades Autónomas. Cuando se liga la evolución a la renta, al
desarrollo económico, estamos transgrediendo el fundamento de esta propia
financiación. ¿Qué tienen que ver los derechos de los ciudadanos con la
evolución económica de un territorio? ¿Qué tiene que ver que crezca el
producto interior y, por tanto, la renta como consecuencia de una mayor
recaudación con los derechos de un niño a tener escuela o de un anciano a
tener los servicios necesarios para su salud y para su bienestar?
Es perverso porque consagra el principio de que si en un territorio la
economía va bien crece el producto interior, crece la renta: necesito
menos, te doy más; y, por el contrario, consagra también el principio de
que una zona del país que tenga la desgracia de tener coyunturalmente una
economía no tan boyante como otras, crezca poco el producto interior y,
por supuesto, la renta: necesito más, pues te doy menos. Es un sistema
absolutamente perverso que ha sido ya en multitud de ocasiones denunciado
por los representantes de la Junta de Extremadura.

Además, con la cantilena del incremento de la autonomía financiera
estamos consagrando dos niveles de Comunidades Autónomas, en definitiva,
dos niveles de ciudadanos. Estamos consagrando Comunidades Autónomas que
pueden alcanzar el cien por cien de la autonomía financiera y estamos
condenando a otras, como a Extremadura, a no serlo nunca, a no tener
nunca la autonomía financiera como otras Comunidades del territorio
español. Del 100 al 24 por ciento se puede abrir el abanico de la
autonomía financiera que soporta este nuevo sistema. Como queda
absolutamente demostrado, los efectos económicos van ligados
indefectiblemente al grado de autonomía financiera. A mayor autonomía
financiera mayor recaudación en la evolución de esa cesión del 30 por
ciento del IRPF.

No quería referirme solamente en esa sesión a los efectos de la
financiación autonómica porque creo que son conocidos por todas sus
señorías, sino que quisiera también entrar a señalar las consecuencias de
esa agresión, a la que me refería, de unos presupuestos que en su
inversión territorializada cae un siete por ciento. Si ya es grave que
caiga un siete por ciento en el conjunto del Estado, ¿qué pensarán sus
señorías cuando en Extremadura cae el 28 por ciento? Cuatro veces la
media del Estado. Yo estoy seguro de que los Senadores de mi Comunidad
tratarán, al menos, de enmendar estas partidas o votarán en contra de
aquello que es absolutamente injusto para los extremeños.

En pesetas/habitante, señorías, la media de la inversión territorializada
es de 27.295 pesetas por habitante. Extremadura, 14.000. No se puede
decir que las zonas pobladas de ciudades como Madrid sean el argumento
necesario para que su financiación por habitante, en este caso, la
inversión territorializada de los presupuestos generales del Estado para
la Comunidad, sea de 49.000 pesetas o 38.591 en Cataluña. No se puede
argüir, en modo alguno, que esto sea así porque hay más población. La
Comunidad Autónoma más poblada del territorio español es Andalucía y se
le financia el 50 por ciento.

En relación a la disposición adicional segunda del Estatuto, coincidimos
absolutamente con la posición de la Junta de Extremadura y, en este caso,
con lo manifestado por la Consejera andaluza. Nos preocupa que el Partido
Popular permita agresiones como la que le voy a señalar. Me estoy
refiriendo a la enmienda número 1.330, presentada en el Congreso de los
Diputados, por la cual hay una minoración de 800 millones de pesetas en
un convenio ya firmado para vivienda en Extremadura para aplicarla a la
Comunidad canaria.




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Me congratula que la Comunidad Canaria pueda obtener recursos para paliar
los defectos que puedan tener allí en relación con la vivienda, pero eso
nunca debe ser a costa de disminuir un convenio referente a vivienda ya
firmado y necesario para mi Comunidad.

Nos preocupa, como también decía el Consejero de Castilla-La Mancha, el
recorte en educación, especialmente porque nos encontramos en un proceso
de transferencias. Señorías, les recuerdo que esa competencia ya
pertenece a la Comunidad, sobre la base de la ley correspondiente, y que
lo único que falta es dotarla de medios y de servicios. En el proceso en
que nos encontramos se produce un recorte brutal en materia educativa, lo
que a buen seguro entorpecerá la necesaria negociación para transferir
esta competencia de importancia vital para mi región.

Me preocupa tremendamente, señorías, no encontrar en el presupuesto
partidas que doten la renegociación de transferencias, por ejemplo, en
materia de obras públicas. Yo anuncio desde aquí que ya se ha abierto la
vía para poder modificar esto. Hemos podido leer en la prensa que
Cataluña acaba de renegociar algunas transferencias que no estaban bien
dotadas y que ha obtenido para dos de ellas concretamente 34.000 millones
de pesetas.

Me preocupa, por tanto, que no existan partidas en el presupuesto para
que cuando desde mi Comunidad reclamemos la revisión de las dotaciones
podamos tener cobertura presupuestaria.

Señorías, me gustaría también conocer algo que ya es común que aparezca
en la prensa nacional, me refiero a las inversiones extrapresupuestarias.

Desde Extremadura queremos saber cuánto nos toca de esa financiación.




El señor PRESIDENTE: Señor Consejero, vaya terminando. Cíñase a la
cuestión, por favor.




El señor CONSEJERO DE ECONOMIA, INDUSTRIA Y HACIENDA DE LA JUNTA DE
EXTREMADURA (Amigo Mateos): Señor Presidente, ya termino.

Repito que en el presupuesto existen partidas para dotar determinados
servicios y que fuera de él se presentan otras vías de financiación. Por
eso mismo desearía conocer qué cantidad nos toca a nosotros.

Muchas gracias.




El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Consejero.

Por la Comunidad Autónoma de Madrid tiene la palabra su Consejero de
Presidencia, don Jesús Pedroche.




El señor CONSEJERO DE PRESIDENCIA DE LA COMUNIDAD DE MADRID (Pedroche
Nieto): Señor Presidente, señorías, señora Consejera de la Junta de
Andalucía, señores Consejeros de Castilla-La Mancha y Extremadura, tengo
la impresión de que mis palabras van a contrastar algo con las de los
anteriores intervinientes, y es que el Gobierno de la Comunidad Autónoma
de Madrid debe manifestar, en primer lugar, su satisfacción por la
consecución de unos presupuestos generales del Estado para 1997 que,
siendo ciertamente rigurosos en sus políticas de gasto público, no sólo
logran salvaguardar, sino que, aún más, fortalecen e incrementan los
niveles de cobertura y calidad de las prestaciones sociales.

Debemos, por tanto, aplaudir una decisión inequívoca del Gobierno de la
nación de establecer un marco inicial presupuestario riguroso en su firme
voluntad de alcanzar el objetivo de consecución de los criterios de
convergencia previstos en el Tratado constitutivo de la Comunidad
Europea. Los controles presupuestarios establecidos garantizan, sin duda,
el rigor necesario en la política presupuestaria.

Señor Presidente, señorías, la Comunidad de Madrid respalda también la
postura del Gobierno expresada en el proyecto de ley de presupuestos de
incrementar la deuda, estableciendo un tope al saldo vivo de la misma a
31 de diciembre de 1997 y la decisión de que el Estado no asuma deuda de
empresas y organismos públicos. También le parece muy adecuada la idea de
contribuir, mediante una serie de medidas modificativas del sistema
fiscal, a la corrección del desequilibrio presupuestario.

Así, en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas se modifican
las rentas exentas, la deuda tributaria por obligación real de
contribuir, y se elevan los importes correspondientes a la obligación de
declarar. En materia del Impuesto sobre Sociedades cabe destacar el
incremento de las obligaciones referentes al pago fraccionado.

Finalmente, se respalda la regulación contenida en el proyecto sobre
financiación de las Haciendas territoriales a través de los porcentajes
de participación de las Corporaciones Locales y los criterios para
distribuir la subvención por transporte colectivo urbano. Por otra parte,
no es necesario incidir en el apoyo decidido que la Comunidad de Madrid
presta a las normas derivadas del nuevo acuerdo de financiación
autonómica suscrito el día 23 de septiembre de 1996.

Señor Presidente, los presupuestos se complementan con una ley de
acompañamiento de medidas fiscales, administrativas y del orden social,
cuyo fin último es el de facilitar la consecución de los objetivos
económicos planteados por el Gobierno de la nación y, en concreto, el
cumplimiento de los criterios de convergencia ya citados.

Tiene, por tanto, plena justificación la articulación de una serie de
medidas que regulen de manera eficaz y eficiente la actividad del Estado
y que ultimen las adoptadas en el mes de junio, tendentes a liberalizar
sectores económicos y a modificar la tributación de las plusvalías.

Este ambicioso proyecto de reformas estructurales sobre la economía
española a través de las medidas adoptadas por el Gobierno de la nación
no puede sino ser valorado muy positivamente por el Gobierno de nuestra
Comunidad Autónoma, y no sólo por las repercusiones positivas que tendrán
sin duda para la consecución de los objetivos económicos que afectan al
conjunto del Estado, sino también por el impacto concreto que la mayor
parte de ellas producirá en la economía de nuestra región.

Así, en cuanto al aspecto fiscal, que aborda diversas modificaciones en
el ámbito impositivo, se introducen en un primer apartado una serie de
reformas en la regulación del mercado de la vivienda y del Impuesto sobre
Bienes Inmuebles



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cuyo fin último es agilizar y hacer más eficaz la gestión tributaria.

En este sentido, la modificación de la calificación del suelo de
naturaleza urbana, el establecimiento de una referencia catastral a modo
de NIF para operaciones inmobiliarias, o las diversas modificaciones
relativas a la gestión catastral en plazos, procedimientos y
notificaciones, suponen inequívocamente, a nuestro juicio, el inicio de
una nueva forma de entender la política de la vivienda y de reducir los
efectos negativos que genera un excesivo intervencionismo de la
Administración en los procesos de ordenación y urbanización del suelo.

Sin duda, estas medidas beneficiarán extraordinariamente a una región
como la nuestra, cuya capital sufre, como tantas otras en el conjunto del
Estado, los efectos perniciosos de un mercado inmobiliario y urbanístico
complejo, excesivamente burocratizado y no siempre transparente.

Los efectos de estas modificaciones, junto con los que resulten de la
mejora acometida también en esta ley de acompañamiento en el trato fiscal
a la vivienda en el IRPF, que se traduce en una reducción del gravamen
por vivienda propia en el caso de aquellas viviendas cuyo valor catastral
haya sido revisado, sin duda dinamizarán de manera excepcional el mercado
de la vivienda y permitirá a los ciudadanos acceder al mismo con mayor
agilidad y menores costes.

Tampoco podemos dejar de señalar, señor Presidente, la importancia de
ciertas medidas fiscales recogidas en la ley de acompañamiento, que
suavizan determinadas cargas tributarias tales como la tributación de los
seguros y, sobre todo, por su importancia cualitativa, la tributación del
régimen de módulos del IRPF, que sin duda beneficiarán y fomentarán la
actividad empresarial.

Van a ser los pequeños empresarios acogidos a este régimen de módulos los
principales beneficiados por estas modificaciones, ya que verán reducida
su carga fiscal, pero no podemos pasar por alto en este punto que las
pequeñas y medianas empresas son la base del tejido económico que impulsa
a la economía madrileña y la principal fuente de recuperación de empleo
de nuestra Comunidad.

Para finalizar nuestra valoración sobre las medidas de orden fiscal
recogidas en la ley, quiero hacer especial referencia a las decisiones
relevantes que discurren por la vía de la imposición directa, por la
aplicación de precios en forma de tasas por el uso de determinados
servicios públicos.

Desde nuestro Gobierno regional no tenemos nada que objetar a esta
decisión, sino todo lo contrario. La imposición sobre el consumo y, en
este caso concreto, las tasas y precios públicos permiten que el
ciudadano valore y aprecie en su justa medida el uso y disfrute de
determinados servicios públicos no universales, permitiendo a la vez una
mayor correspondencia entre el coste real de los servicios que presta el
Estado y el pago de los mismos por sus beneficiarios.

Por tanto, desde el Gobierno regional de Madrid compartimos con el
Gobierno de la nación una buena parte de la teoría fiscal actual que
entiende que el cobro mediante tasas o precios públicos de determinados
servicios públicos, que no tienen carácter universal, dan mayor
progresividad, eficiencia y equidad al sistema impositivo que la lograda
mediante la imposición personal.

Señor Presidente, señorías, en otro orden de materias, la Ley de
Acompañamiento recoge también medidas administrativas y de orden social,
que buscan y pretenden, en nuestra opinión de una manera acertada, la
consecución de objetivos de todo punto de vista deseables, como es, sin
duda y con especial importancia entre los restantes, la mejora
organizativa y protectora del sistema de Seguridad Social.

Para finalizar mi intervención, debo destacar, de entre los muchos
objetivos que pretende esta Ley, aquel que incide en la lucha contra el
fraude, tanto a nivel general en las prestaciones por desempleo o
incapacidades laborales, como a nivel específico en materia de fraude
fiscal, ya que éste es también un objetivo prioritario de nuestra
Administración Regional, en la gestión de nuestros tributos cedidos y
acometido en el Plan de Lucha contra el Fraude, presentado por el Consejo
de Gobierno en el pasado mes de mayo.

Señorías, ha sido un honor para mí intervenir en esta Comisión General de
las Comunidades Autónomas.

Muchas gracias. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario
Popular.)



El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Consejero.

Abrimos turno de portavoces.

¿Desea intervenir el Grupo Parlamentario Mixto? (Pausa.)
Declina hacer uso de la palabra.

Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el Senador
Onaindia, por tiempo máximo de diez minutos.




El señor ONAINDIA NACHIONDO: Muchas gracias.

Señor Presidente, señores Consejeros y señores Senadores, yo pensaba que
hoy podía ser un día importante y feliz para esta Comisión porque,
realmente, se han conseguido bastantes logros en lo que es nuestra
función. Se han aprobado dos reformas de Estatutos de Autonomía y por
primera vez se va a debatir el contenido autonómico de un proyecto de ley
tan importante como los Presupuestos Generales del Estado, que significan
una cierta mejora aparentemente para las Comunidades Autónomas, en la
medida en que aumenta la capacidad de financiación en un 17,6 por ciento,
tal y como dice el informe del Letrado.

Es muy importante también la valoración positiva que hemos hecho en la
mesa de la Junta de Portavoces sobre este informe del Letrado, que es
preceptivo desde 1994, pero no se había hecho en los años anteriores.

Abre una vía por la que tenemos que caminar todos juntos a través del
consenso pues es mucho más importante que vayamos todos juntos, unidos,
agarrados del hombro y con una cierta connivencia mutua sobre las nuevas
funciones de la Comisión General y, particularmente, la de analizar el
contenido autonómico de los proyectos de



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ley, que el que algunos tengamos ganas de correr con la idea de avanzar
más deprisa ya que al final se puede romper ese consenso y connivencia
que se precisan para avanzar.

El Grupo Parlamentario Socialista considera que este dictamen podía haber
sido más completo, si no se hubiera ceñido, de acuerdo con el artículo
56.O, exclusivamente a la autonomía financiera de las Comunidades
Autónomas. Se podía haber hecho un tipo de estudio más exhaustivo pero
nos parece importante que se haya dado un primer paso porque es el primer
proyecto de ley cuyo contenido autonómico se debate y pensamos que a lo
largo de este año podemos ir desarrollando y analizando otros proyectos
de ley y que en los Presupuestos Generales del Estado se podrá hacer un
estudio más completo.

Me voy a ceñir a lo que trata este dictamen, que es la financiación
autonómica. Yo no sé qué sensaciones habrán tenido los Senadores a lo
largo de estos dos meses, caracterizados en la política española como
algo realmente preocupante, que se ha venido a llamar --expresión que
creo que no es muy afortunada-- carajal autonómico que, sin embargo, ha
hecho fortuna porque, como todos los neologismos, viene a describir una
situación nueva, una situación de cierto «desmadre», una situación en la
que los problemas nos superan y hay una serie de descalificaciones de
representantes de unas Comunidades respecto de otras.

Esta situación yo la he contemplado con una sensación de fracaso, sobre
todo de la propia Comisión General de Comunidades Autónomas. Si en esta
Comisión nos hubiésemos tomado mucho más en serio la Ponencia sobre
financiación autonómica y hubiéramos avanzado un dictamen, creo que no se
habría dado esta situación tan preocupante.

Creo que el año pasado por estas fechas o hace dos años cuando se creó
esta Ponencia, todos los Senadores, independientemente de la ideología y
del grupo, estábamos de acuerdo en cinco o seis cosas absolutamente
fundamentales: en que había sido muy importante y muy positiva la
experiencia de la LOAFCA, por lo menos hasta 1993 ó 1994; en que había
que reformarla porque se había conseguido ya un desarrollo autonómico,
que no existía en sus comienzos en 1980; que la reforma era necesaria
para conseguir una mayor corresponsabilidad fiscal; que hacía falta una
autonomía financiera que garantizara la autonomía política; que la
reforma debería ser a través de la cesión de impuestos del Gobierno
Central a las Comunidades Autónomas y nadie, absolutamente nadie,
reivindicaba la capacidad normativa para las Comunidades Autónomas de
régimen común.

Es decir, había un corpus en el que estábamos absolutamente de acuerdo,
que no era cuestionado por nadie. Por tanto, el único debate posible era
sobre qué tipo de impuestos había que ceder que para unos era el IRPF y
para otros los impuestos especiales. En cualquier caso, algo que se puede
contabilizar y medir. Yo creo que si hubiéramos trabajado relativamente
bien, si hubiéramos elaborado ese dictamen y si los integrantes de esta
Cámara no nos hubiéramos dejado dominar por el ambiente de crispación que
existía en otras Cámaras y en otros ambientes, yo creo que habríamos
aportado muchísimo a la estabilidad del sistema democrático, al
autogobierno y a la tranquilidad de los ciudadanos.

En cuanto a la vía que se ha emprendido, yo particularmente considero
tres motivos: primero, afecta a los impuestos; es decir, no afecta sólo a
la sensibilidad y a la forma de pensar de los ciudadanos, que es muy
respetable, sino que afecta directamente al bienestar de los ciudadanos.

En segundo lugar, afecta a la integración del país: a cómo se organiza, a
cómo se estructura. Es decir, es más básico todavía que la defensa del
Estado del bienestar, que puede ser algo defendible desde posturas
ideológicas, y por tanto parciales, pues es algo que afecta a la propia
sustancia del Estado.

En tercer lugar, yo creo que debemos reflexionar sobre cuál es el
principal enemigo de la democracia en toda Europa --occidental y
oriental-- en estos momentos. El enemigo principal de la democracia no
reside en la dictadura totalitaria de signo de extrema izquierda o de
extrema derecha, sino que reside en la insolidaridad. Lo que une a Le
Pen, por una parte, a la Liga Norte en Italia, o a la extrema derecha de
Austria, es que es un tipo de insolidaridad distinto; un tipo de falta de
solidaridad obsceno. Hoy la gente se mueve en política para rechazar la
solidaridad; porque quieren que los emigrantes no tengan derechos
sociales; porque quieren que se expulse a gente que ha venido a trabajar
a Europa de nuestros propios países. Esto no tiene nada que ver con el
egoísmo que ha existido y que siempre existirá; no tiene nada que ver con
el viejo corporativismo; es un fenómeno nuevo, el cual no existe en
España. ¿Por qué no existe? Yo creo que algo tendrá que ver con que sea
una democracia joven, algo tendrá que ver con que somos capaces de
articular la sociedad española en un Estado autonómico, algo tendrá que
ver con que haya habido 13 años de Gobierno Socialista y también tiene
mucho que ver con que la derecha española se haya democratizado, y
democratizado profundamente y que eso se haya considerado por el conjunto
de la sociedad como un valor.

Por tanto, yo creo que no nos podemos permitir el lujo de jugar con
frivolidad sobre estos temas; creo que España no se merece la situación
política que está atravesando y precisamente sobre este tema. Yo creo que
esta Cámara, y en concreto esta Comisión General de Autonomías, tiene una
responsabilidad para retomar este tema, porque era nuestra obligación
haber hecho que funcionara esa Ponencia, que hubiera un Dictamen y que
éste hubiera servido para reflejar el consenso logrado, que se podría
haber aprobado con el apoyo de todos los Grupos o con el apoyo de
algunos, pero estarían perfectamente claras las posiciones.

Creo que el Partido Popular todavía tiene la oportunidad de, una vez más,
haber jugado con un globo sonda. ¿Ustedes saben lo que representa esto?
¿Saben cuál es el tipo de reacción que ha habido en otras Comunidades
Autónomas y sabe cómo reaccionan los partidos políticos? A través de esta
Comisión del Senado se debería devolver la



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propia dignidad de la Cámara, porque es nuestra tarea fundamental velar,
por una parte, por el autogobierno de las Comunidades y, por otra, porque
todos los españoles tengan derecho a los mismos servicios, así como que
se desarrolle la solidaridad entre aquéllos y las Comunidades Autónomas.

Creo que una ley, como fue la Loafca, que no era una ley del Partido
Socialista, sino de la UCD, que ha durado dieciséis años, que fue
aprobada en el Congreso por el 94 por ciento de los votos, no se merece
esta continuidad. Debemos reflexionar todos para retomar este tema, pues
es mucho lo que nos estamos jugando y debemos cumplir nuestra tarea.

Por otro lado, hay que tener en cuenta que si se creó la Comisión General
de las Comunidades Autónomas no fue para que repitiéramos aquí los
debates del Congreso, sino para resolver estos temas. En la legislatura
pasada hubo temas no de tanta trascendencia, pero tan complicados como
éstos, en los que esta Comisión trabajó, se elaboraron dictámenes y se
resolvieron problemas.

Creo que tenemos esa deuda, pero una deuda física, real, porque estamos
cobrando para resolver estos problemas y estamos en esta Comisión de una
forma voluntaria, pues se supone que tenemos cierto espíritu autonomista.

Yo no dudo del espíritu autonomista de ningún Senador, sea del Grupo que
sea. Tenemos esa responsabilidad y, si no, será un fracaso; en primer
lugar, de esta Comisión, en segundo lugar, de la Cámara y, en tercer
lugar, de la propia España. Además, ni España ni los ciudadanos españoles
se merecen este espectáculo que hemos estado dando, porque no podemos
caer en esas tentaciones y no tenemos ninguna garantía, si no resolvemos
esta cuestión en esta Comisión o en el Senado este año, de que el año que
viene no se vaya a reproducir otro carajal o habrá que inventar otro
neologismo porque habrá otra situación. Este mismo fin de semana ha
habido líderes políticos representantes de Comunidades Autónomas que han
dicho que los impuestos especiales van a caer, y esos líderes son
especialistas en agitar. Y, si no cae el impuesto especial, caerá algo,
porque algo va a caer, porque van a seguir haciendo esa agitación.

Por lo tanto, estimo que no deben dejar que caiga en saco roto este tipo
de reflexiones que hace el Grupo Socialista y el representante de
Izquierda Unida --quien hace un tipo de reflexión similar-- y deben
pensar que los votos del Partido Socialista y de Izquierda Unida suman
tantos votos o más que los votos que están apoyando este tipo de reforma.

Y no tiene sentido que cometan este error con esa Ley, que ha sido
positiva para este país --porque realmente ha sido de los momentos más
dificultosos del desarrollo autonómico--, ahora que está culminando ese
desarrollo y que hay acuerdos en la reforma de los Estatutos de Autonomía
y en cierto modelo de país.

Muchas gracias.




El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, Senador Onaindia.

Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el Senador Utrera.




El señor UTRERA MORA: Muchas gracias, señor Presidente.

En primer lugar, quiero agradecer la presencia de los representantes de
los Consejos de Gobierno de Comunidades Autónomas. Ciertamente, no son
intrusos aquí, como parecía apuntar el Consejero de Castilla-La Mancha,
don Miguel Angel Montañés, y no solamente no son intrusos sino que
nosotros agradecemos mucho su presencia. Lo que sí que son ustedes son
fugaces, porque desde que han hablado hace unos minutos hasta ahora veo
que ya han desaparecido dos de ustedes, la Consejera de Andalucía y el
Consejero de Extremadura. (Pausa.) Y algún otro. (Risas.)
Ante esta situación quisiera señalar que el debate de esta tarde no es un
fracaso. A diferencia de cómo lo ha presentado el Senador don Mario
Onaindia, creo que ha resultado un éxito. Ha resultado un éxito porque se
han podido percibir una vez más las posiciones irreductibles que se están
manteniendo en una cuestión tan debatida, tan conocida ya después de
tantos debates, como es la financiación autonómica. Se han vuelto a
repetir absolutamente todos los tópicos, pero, eso sí, se ha añadido
valor en esta reunión de la Comisión de Comunidades Autónomas, porque
este trámite iba a ser breve, como correspondía a un primer ensayo de
Informe visto en Pleno de la Comisión sobre una ley tan importante como
es la de Presupuestos Generales del Estado, iba a tener un turno único de
portavoces, con unos pocos minutos de valoración exclusivamente del
Informe elaborado por los Servicios Jurídicos de la Cámara, y nos hemos
encontrado con que, efectivamente, en su legítimo derecho, cuatro
Consejeros de Comunidades Autónomas han venido aquí a manifestar su
opinión referente no tanto a ese Informe como respecto de los
Presupuestos Generales del Estado.

He de confesar que el Grupo Parlamentario Popular no es que tuviera
prevención, sino que sencillamente queríamos una cautela en la forma de
ordenar el debate por cuanto podríamos, si nos descuidábamos, vaciar el
debate que corresponde a la Comisión de Presupuestos --donde se han de
ver los Presupuestos Generales del Estado--, o a la Comisión de Economía,
donde se han de examinar el resto de las leyes que constituyen el paquete
presupuestario para 1997.

Eso ha ocurrido en parte. Es decir, asistimos a un debate en Pleno, con
veto, o sea, con enmiendas a la totalidad de los Presupuestos, hasta el
punto de que se ha venido a expresar inquietud, se ha hablado de
escándalo, de Presupuestos agresivos, de Presupuestos perversos e incluso
se ha venido a decir que se está practicando el oscurantismo. Esos son
los adjetivos que se han utilizado respecto de los Presupuestos.

Además, nos encontramos también con una propuesta alternativa y, además
de alternativa, graciosa --es la primera vez que oigo tal cosa en sede
parlamentaria--: se nos ha ofrecido, nada más y nada menos que por una
Consejera de Comunidad Autónoma, que a ver si en el futuro potenciamos la
participación de las Comunidades Autónomas en la elaboración de los
Presupuestos Generales del Estado. Esa ha sido la conclusión de una
intervención --por



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cierto, muy desafortunada--, pero la conclusión lógica a la cual nos ha
ido conduciendo esa enmienda de veto. Es decir, no satisfacen los
Presupuestos que presenta el Estado, pero se está convencido --al menos
desde alguna Comunidad Autónoma-- de que el Estado sí debe someter sus
Presupuestos al consenso previo con las Comunidades Autónomas. Es la
primera vez que escucho tal paradoja y tal despropósito y, por lo tanto,
así lo manifiesto.

Hemos oído básicamente --y perdóneme que haga primero un debate sobre las
tres o cuatro cuestiones que aquí se han manifestado en esa enmienda
triple de veto que han sufrido los Presupuestos Generales del Estado--que
los Presupuestos Generales del Estado no especifican las partidas que
dentro de la Sección 32 corresponden a cada una de las Comunidades
Autónomas por participación en ingresos del Estado. Hemos oído también
que los fondos dotados para la nivelación de servicios, 10.000 millones
de pesetas, son insuficientes y --una auténtica pirueta verbal-- que, al
ser insuficientes, no resuelven los problemas para los que existen estas
asignaciones de nivelación y que, consecuentemente --es la conclusión a
la que nos ha llevado--, prácticamente sería mejor no haberlos dotado y
así se hubiera podido criticar más y mejor.

En tercer lugar, se ha acusado también al Fondo de Compensación
Interterritorial de crecer, pero poco, y ese crecer poco se ha
considerado como un valor negativo en sí mismo frente a no crecer en
absoluto, que era la práctica de los últimos cuatro años.

Se ha criticado también la injerencia sobre la autonomía financiera de
las Comunidades Autónomas que supone incluir en legislación básica y, por
tanto, de obligado cumplimiento para todas las Administraciones públicas
dentro de la Ley de Acompañamiento, de determinadas normas que, qué duda
cabe, son básicas y de regulación del comportamiento de esas
Administraciones públicas.Y por último, se han hecho incursiones, que yo
sí que calificaría de escandalosas, diciendo, por ejemplo, que si la
economía de una Comunidad Autónoma no crece lo bastante, entonces un niño
se va a quedar sin escuela o un anciano sin atención sanitaria, en un
desconocimiento absoluto de lo que supone un sistema que, no sólo incluye
la variable económica de las Comunidades Autónomas para determinar la
financiación, sino que también incluye mecanismos que garantizan la
distribución satisfactoria de recursos para que todos los ciudadanos de
todas las Comunidades Autónomas reciban una prestación suficiente de
servicios públicos básicos.

En definitiva, acusaciones todas ellas de las que ya hemos hablado en
esta Comisión, en el Pleno de Senado y en otras ocasiones, concretamente,
yo hace unos días debatí con el Consejero de Castilla-La Mancha sobre el
tema, en la Universidad de Albacete. Por tanto, hemos debatido mucho y a
mí me extraña que a estas alturas todavía sigan sosteniendo esas
opiniones.

Voy a darles información, sin hacer valoración alguna. ¿Por qué no se
recoge en los Presupuestos Generales del Estado la PIE, la participación
en ingresos del Estado, correspondiente a cada Comunidad Autónoma para el
ejercicio 1997? Porque dado que todavía no se conoce, dentro de las
Comunidades Autónomas de régimen común, quiénes van a aceptar el nuevo
sistema de financiación, entonces, no conocemos la financiación que van a
recibir cada una de ellas. Pero lo que es seguro es que quien acepte el
nuevo modelo de financiación autonómica recibirá, como mínimo, puesto que
ése es el mecanismo de garantía establecido en el acuerdo, lo que ya
venía recibiendo o, mejor dicho, lo que recibiría con las reglas del
modelo anterior, prorrogado al ejercicio de 1997. Por tanto, una decisión
que es soberana de las Comunidades Autónomas, que tendrá que adoptarse en
los próximos días o semanas, como es participar del nuevo modelo de
financiación autonómica, o no, determinará una participación diferente en
los ingresos del Estado, por unas vías o por otras y, además, distintas
en cuantía, siendo mayor la cuantía para aquellas Comunidades Autónomas
que sí que se adhieran al nuevo modelo de financiación autonómica.

Por tanto, ésa es la explicación y no otra por la cual no se incluyen
esas cantidades en los Presupuestos Generales del Estado. Bien es verdad
que las Comunidades Autónomas que lo han solicitado para elaborar sus
Presupuestos, precisamente para facilitar la tarea de presupuestar, han
recibido indicación de cuáles serían las cantidades que, caso de
prorrogarse el sistema anterior, recibirían en esa Comunidad Autónoma.

En segundo lugar, decimos que las asignaciones de nivelación de servicios
públicos son 10.000 millones de pesetas, nada más y nada menos, para unos
menos y para otros más. Pero, en todo caso, para el Gobierno anterior
muchísimo más porque nunca dieron ni una peseta. Y es paradójico que
quienes durante tantos años, desde la Comunidad Autónoma de Andalucía,
desde la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha, incluso, desde la
Comunidad Autónoma de Extremadura, aunque bien es verdad que en el caso
de Extremadura se ha mantenido una actitud algo más beligerante, han
soportado cero pesetas para asignaciones de nivelación, han soportado
cero pesetas de crecimiento en el Fondo de Compensación Interterritorial,
ahora vienen aquí --por supuesto, bien recibidos, no son intrusos, además
agradecemos su presencia y su participación-- a decirnos que es
suficiente. No sé si es que estarían acostumbrados a más o, posiblemente,
es que estaban acostumbrados a que no se les considerara en absoluto y,
entonces, una vez que se ha abierto la espita, dicen que no es
suficiente.

Nosotros también estamos de acuerdo en que no es suficiente y hubiéramos
deseado, lo mismo que en Educación y que en otros servicios básicos, que
los Presupuestos Generales del Estado para el año 1997 hubieran permitido
una financiación más satisfactoria para las Comunidades Autónomas, una
financiación más satisfactoria para la Educación y una financiación
también más satisfactoria en esas otras atenciones. Pero, de nuevo, no
recogen el objetivo general que según ustedes y sus líderes, estoy
hablando de Felipe González y también del señor Borrell, declaran como
esenciales para la política española, como es cumplir los objetivos de
Maastricht. Es decir, cumplir determinados criterios en



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términos de déficit público. Ahora toca olvidarse y se dice que qué mala
suerte que hay que aplicar congelación salarial a las Comunidades
Autónomas, pero que no por el gusto de los gestores de esas Comunidades
Autónomas, aunque a su vez esos mismos gestores reconocen que el objetivo
de control del déficit público es esencial para el futuro de España.

Yo sigo pensando que ustedes, y me estoy refiriendo específicamente a los
Consejeros de las tres Comunidades Autónomas que acabo de mencionar,
Andalucía, Castilla-La Mancha y Extremadura, que por ese orden han
intervenido, siguen teniendo una enorme confusión. Confusión respecto de
lo que realmente quieren, confusión respecto de lo que realmente creen
que tienen y confusión respecto del modelo de financiación autonómica. Y
esa confusión la quieren trasladar, con mayor o peor fortuna, a las
poblaciones de sus respectivas Comunidades Autónomas. Sólo así cabe, y
ésa es la aseveración final que nos ha hecho el Senador Mario Onaindia,
ese ambiente de catástrofe, ese ambiente de caos en que se dice que se
está moviendo la sociedad española por culpa de la financiación
autonómica.

Yo tuve ocasión de decir, concretamente en esta misma sala, entonces
había una representación mucho más nutrida del Partido Socialista, que se
equivocaban. Que todos los grupos políticos en esta Cámara, con la
excepción de Izquierda Unida, negaban y, es más, calificaban de frívolas
sus afirmaciones respecto a esa presunta teoría del caos social que
ustedes están intentando propagar y que realmente no está prendiendo en
absoluto como consecuencia de algo tan elemental como es la financiación
autonómica. Es decir, poca cosa es la financiación autonómica como para
poder desvertebrar o poder producir caos en la sociedad española. No
confundan; si ustedes no saben hacer oposición en otras cuestiones más
importantes, dejen de hacerla o háganla racionalmente en una cuestión,
que afecta ciertamente a la gobernación de España, pero que no tiene el
alcance potencial de catástrofe que ustedes le quieren atribuir, como es
la financiación autonómica.

Y ya que hablamos de financiación autonómica, digamos una vez más que
este modelo recoge y lo que en sus intervenciones olvidan
permanentemente. ¿Qué es el modelo de financiación autonómica que vamos a
estrenar en 1997? Es fruto de una larguísima reflexión y de un consenso
muy amplio que hasta hace unos meses existía en grupos políticos en la
universidad española, y en los medios que opinaban y conocían de la
financiación autonómica, acerca de que había que salir de un «impasse» en
el cual la mayor parte de las Comunidades Autónomas se sentían acreedoras
a todo y con obligaciones de nada. Que de ese «impasse» había que salir y
que la forma de hacerlo, estoy hablando en estrictos términos
financieros, entiéndaseme, era dar mayor responsabilidad política a las
Comunidades Autónomas, es decir, declarar su mayoría de edad a la hora de
obtener gran parte de sus recursos financieros, y éste es el objetivo de
la reforma que en el modelo de financiación autonómica hemos introducido.

Ese es el modelo que se pactó en la Mesa del Consejo de Política Fiscal y
Financiera por casi todas las Comunidades Autónomas allí presentes. Y ése
es, en definitiva, el modelo que vamos a aplicar porque estamos
convencidos de su eficacia para conseguir lo que nosotros pretendemos:
que las Comunidades Autónomas se hagan adultas, que las Comunidades
Autónomas no vuelvan a repetir, como aquí se nos ha dicho esta misma
tarde, que qué pena que algunas se van a financiar al cien por cien, van
a tener autonomía financiera y otras no la van a tener, porque esa
situación se está dando ya en estos momentos y simplemente se están
confundiendo los términos. En conclusión, que las Comunidades Autónomas
con los instrumentos fiscales de los que van a disponer puedan implicarse
en la recaudación tributaria, puedan implicarse en la gestión tributaria,
puedan implicarse también en la corrección del fraude fiscal en sus
respectivos territorios y que de esa manera resulte una recaudación mayor
en la que participaremos todos, el Estado y las Comunidades Autónomas.

Por tanto, nosotros entendemos que este sistema, como todos, es
perfeccionable y, señores, seguimos esperando propuestas razonables que
mejoren ese sistema y no descalificaciones globales que simplemente
reflejen el fracaso a la hora de analizarlo por quienes no quieren
aceptarlo como razonable y coherente. Como digo, ese sistema va a entrar
en vigor el 1.º de enero, y eso a pesar del espíritu de consenso que
anima siempre el comportamiento --buena prueba de eso tenemos en todas
las intervenciones, que tanto se han prodigado en el Senado-- del
Gobierno, concretamente desde el Ministerio de Administraciones Públicas
y también desde el Grupo Parlamentario Popular, porque consideramos que
ese consenso es positivo para mejorar lo que hay, pero nunca para
destruirlo, ofreciéndonos nada a cambio, simplemente un retroceso a una
situación a la cual, aquellas Comunidades Autónomas que son conscientes
del futuro de este país, no quieren de ninguna manera volver.

Por tanto, olviden ustedes el sistema de financiación 1992-1996. Este
acaba dentro de mes y medio para no volver, y entraremos en un nuevo
sistema de financiación autonómica, que implicará unas nuevas relaciones
entre el Estado y las Comunidades Autónomas.

Señor Presidente, quiero finalizar mi intervención agradeciendo de nuevo
a los representantes de los consejos de Gobierno su participación y, en
definitiva, sus juicios, siempre positivos, porque implican valoraciones
que desde distintos territorios se pueden hacer. Pero nosotros, el Grupo
mayoritario de esta Cámara, seguimos pensando que los presupuestos
generales del Estado responden precisamente a eso, a los objetivos y a
los compromisos que tiene este país, tanto en el exterior como en el
interior, y precisamente por eso apoyamos los presupuestos generales del
Estado, y entendemos que el informe, y no las intervenciones que se han
desarrollado en esta Comisión de Comunidades Autónomas, elaborado por los
servicios jurídicos, es el que debe representar la opinión de los grupos
de esta Cámara.




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Muchas gracias, señor Presidente. (Aplausos.--El señor Onaindia Nachiondo
pide la palabra.)



El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.

Señor Onaindia, no hay más turnos. Lo siento.

¿En qué consiste la alusión?



El señor ONAINDIA NACHIONDO: Me ha citado a con mi nombre y apellidos.




El señor PRESIDENTE: Tiene medio minuto para responder a la alusión,
señor Onaindia.




El señor ONAINDIA NACHIONDO: Hay un proverbio árabe que dice que no hay
que despistar al enemigo cuando se equivoca. Pero como yo no soy árabe y
tampoco les considero enemigos, he querido aconsejarles sobre cuál podría
ser la mejor vía para salir de ese atolladero. Usted no ha querido
aprender la lección. Por tanto, le agradezco mucho que sigan ustedes en
el error.

Gracias.




El señor PRESIDENTE: Lamento que ni siquiera los Senadores se hayan
sometido a la benévola disciplina de este Presidente.

No ha contestado a ninguna alusión, señor Onaindia. (El señor Onaindia
Nachiondo pronuncia palabras que no se perciben.)
Dadas las intervenciones de los portavoces, entiendo que se ratifica la
postura de la Mesa y de la Junta de Portavoces de aprobar el informe
emitido por los servicios técnicos de la Comisión. (Pausa.)
Agradezco a todos su presencia.

Sin más asuntos que tratar, se levanta la sesión.

Muchas gracias.




Eran las veintidós horas y treinta y cinco minutos.




CORRECCION DE ERRORES: En el «Diario de Sesiones» número 56,
corrrespondiente a la sesión informativa de la Comisión General de las
Comunidades Autónomas del martes, 12 de noviembre de 1996, en las páginas
83 y 84, donde dice: La señora CONSEJERA DE ECONOMIA DE LA COMUNIDAD
AUTONOMA DE ANDALUCIA (Carrasco Lorenzo), debe decir: La señora CONSEJERA
DE ECONOMIA DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA (Alvarez Arza).

Asimismo, en la página 84, las dos acotaciones relativas a la señora
Carrasco Lorenzo se refieren a la señora Alvarez Arza.

En este mismo Diario de Sesiones, en la página 88, en la intervención del
señor Laborda Martín, segunda columna, tercer párrafo, donde dice:
«Usted, que se parece a aquel viejo borro que a veces vendía con gran
credulidad...», debe decir: «Usted que se parece a aquel viejo Borrow,
que a veces vendía con gran credulidad...»